Panamá lanzó nuevas plataformas digitales de salud para que los pacientes puedan gestionar citas, consultar resultados y acceder a orientación médica sin trasladarse, en algunos casos, a una instalación sanitaria.

El Ministerio de Salud de Panamá presentó MinSalud PDP, el Portal del Paciente, y nuevas herramientas del Programa Nacional de TeleSalud.

La iniciativa busca acercar la atención a la población y simplificar los trámites vinculados con el sistema público.

Incorporación de estas plataformas permite solicitar, administrar y revisar el estado de las citas médicas desde canales digitales. También da acceso a resultados de laboratorio, registros de vacunación y medicamentos, información sobre prestaciones disponibles y la ubicación de los centros de salud.

La aplicación MinSalud PDP concentrará varias gestiones en un mismo espacio digital. Los usuarios podrán consultar datos de su atención y disponer de información necesaria para continuar controles médicos.

La plataforma prevé sumar de forma gradual la Teleconsulta Espontánea en todo el país. El servicio permitirá recibir orientación de atención primaria con profesionales de medicina general sin una cita programada.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sostuvo durante el acto realizado en el Centro de Control de Atención del Ministerio de Salud que la puesta en marcha de las herramientas confirma la posibilidad de modernizar la administración pública y usar los recursos estatales de forma responsable.

“Esta transformación no empieza ni termina aquí”, afirmó el funcionario.

Boyd Galindo señaló que el ministerio ya lleva telemedicina a comunidades alejadas mediante maletines portátiles.

El titular de la cartera también indicó que el Minsa utiliza drones para trasladar medicamentos y pruebas de laboratorio en Darién, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Esas acciones cuentan con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

La herramienta RAISA, integrada al Programa Nacional de TeleSalud, permite tramitar citas a través del buscador de Google, el sitio web del Ministerio de Salud, Telegram y la aplicación MinSalud PDP.

El sistema ofrece actualmente turnos para tres servicios de TeleSalud: seguimiento y control de enfermedades crónicas, cesación de tabaquismo y lectura con orientación sobre resultados de laboratorios.

La atención está disponible a escala nacional. Los médicos asignados al Centro de Contacto del Minsa son los responsables de brindar esos servicios.

La digitalización se inserta en una estrategia de transformación del sistema sanitario panameño. El objetivo oficial es reducir obstáculos para acceder a consultas, facilitar la comunicación con los centros médicos y acelerar procedimientos que antes requerían gestiones presenciales.

En febrero de 2025, la Caja de Seguro Social (CSS) inició su propio programa de telemedicina. La entidad informó entonces que buscaba disminuir las barreras de acceso a la atención especializada.

El plan comenzó con la especialidad de nefrología. Luego incorporó neurología y proyectaba incluir cardiología entre las áreas disponibles.

Uno de los proyectos previstos por la CSS era el desarrollo de telestroke. El programa permitiría evaluar a distancia a pacientes con infartos cerebrales para definir si podían recibir trombólisis intravenosa en el centro de atención más cercano.

La expansión de las consultas remotas aparece como uno de los puntos de coincidencia entre los esfuerzos del Minsa y la CSS. Mientras el ministerio amplía servicios de atención primaria y seguimiento, la Caja avanzó sobre especialidades y eventuales urgencias neurológicas.

El presidente José Raúl Mulino vinculó el lanzamiento de las plataformas con una mejora en la atención de los pacientes. El mandatario definió la iniciativa como parte de un sistema enfocado en prevención, diagnóstico y atención primaria.

“Hoy iniciamos una transformación del servicio de salud”, dijo, y sostuvo que la tecnología y el uso responsable y coordinado de la inteligencia artificial pueden contribuir a mejorar la asistencia médica. Una nota de prensa oficial indicó que el jefe de Estado anunció también la próxima apertura del primer centro de tratamiento del cáncer en Bugaba, Chiriquí.

Las autoridades regionales de Salud podrán presentar directamente ante el Ministerio Público las denuncias cuando detecten posibles conductas delictivas relacionadas con certificados médicos de incapacidad.

Esto, en vías de fortalecer las acciones contra las irregularidades en la emisión de diagnósticos y la comercialización ilícita de expedientes médicos.

Así lo explicó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, al referirse al Decreto Ejecutivo No. 29 del 19 de agosto de 2026, publicado esta semana en la Gaceta Oficial No. 30593.

“Esta modificación permite que los directores regionales de salud, cuando detecten una posible irregularidad que pueda constituir un delito, puedan presentar la denuncia directamente ante el Ministerio Público”, explicó el ministro Boyd Galindo.

El certificado médico de incapacidad ocupa un lugar central en la regulación de las relaciones laborales en Panamá porque es el documento que acredita, frente al empleador y frente al sistema de seguridad social, que un trabajador no puede ejecutar temporalmente sus funciones por razones de salud.

En la práctica cotidiana, el certificado de incapacidad cumple un doble rol: por un lado, protege al trabajador enfermo frente a posibles sanciones disciplinarias por no asistir al trabajo; por otro, sirve como base documental para que la Caja de Seguro Social determine si corresponde o no el pago de un subsidio por incapacidad temporal, y eventualmente para sustentar pensiones de invalidez en casos de afectaciones más graves.

Esta doble naturaleza médico-laboral del certificado explica por qué su emisión está estrictamente reservada a médicos y odontólogos idóneos, debidamente registrados ante el Consejo Técnico de Salud y la Dirección General de Salud.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 17, únicamente estos profesionales pueden expedir certificados de incapacidad, los cuales deben reflejar en forma fiel e indudable la atención médica al paciente y estar fundamentados en un diagnóstico real consignado en el expediente clínico.

El diseño del sistema parte del supuesto de que el médico actúa como garante técnico de la veracidad de la incapacidad, de manera que el empleador y las instituciones de seguridad social puedan confiar en la información ofrecida.

Sin embargo, cuando esta confianza se rompe por la compra de certificados, la falsificación de datos o la emisión de incapacidades sin motivo clínico, toda la cadena de protección social se ve comprometida.

Boyd Galindo explicó que la nueva normativa modifica el numeral 8 del artículo 8 y el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 17 del 11 de agosto de 2025, que regula el procedimiento para verificar la autenticidad de los certificados médicos de incapacidad.

El titular de Salud destacó que esta medida permitirá fortalecer los mecanismos de control y actuar de manera más oportuna ante posibles irregularidades en la emisión de diagnósticos, así como frente a la falsificación y comercialización ilícita de expedientes médicos.

Boyd Galindo reiteró que el Minsa continuará impulsando acciones para garantizar la transparencia, fortalecer los controles y proteger la integridad de los procesos relacionados con la emisión y verificación de certificados médicos de incapacidad.

El problema de estos certificados es de vieja data. Es un secreto a voces de que algunos trabajadores acuden a “clínicas” que se dedican a la actividad de vender certificados de incapacidad, compran el documento y lo presentan al empleador para justificar una ausencia que no está realmente vinculada a un problema de salud.

En muchas ocasiones el certificado es percibido por ciertos actores como un instrumento susceptible de ser “comercializado” y utilizado estratégicamente para obtener días libres o ventajas laborales, lo que genera tensiones entre la necesidad de garantizar el descanso por enfermedad y la sospecha empresarial frente al posible fraude.

Además de su función laboral, el certificado de incapacidad tiene efectos en otros ámbitos jurídicos, como los procesos judiciales, de allí que la verificación de la autenticidad de estos documentos se haya considerado relevante no solo para la relación empleador-trabajador, sino también para el funcionamiento de la administración de justicia.

Un total de 83.949 personas en Panamá dejaron de estar en situación de pobreza multidimensional entre 2022 y 2025, según datos del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del Ministerio de Economía y Finanzas.

El informe oficial sostiene que la reducción de la pobreza representa una caída de 2,3 puntos porcentuales en el indicador, pasando del 14,7 % al 12,4 % en ese período.

Hoy día, la última Encuesta del Mercado Laboral de la Contraloría General de la República revela que la tasa de desempleo en el país ha alcanzado el 10.4%, dejando a más de 227 mil ciudadanos sin trabajo.

El IPM, basado en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo, muestra, de acuerdo al informe oficial, avances en la mayoría de los ámbitos evaluados. De los 17 indicadores de privación, 15 reflejaron mejoras, con progresos en rubros como educación, vivienda, servicios básicos, empleo, salud y entorno.

Entre los logros más notables, el documento destaca que 3.407 viviendas en zonas rurales, comarcales y de difícil acceso fueron electrificadas. Esta acción, se afirma, redujo en 39,8 % la privación relacionada con la falta de electricidad.

En el ámbito de la salud, se indica que la introducción de la herramienta SIPWEB PLUS para el monitoreo prenatal contribuyó a disminuir en 33% la privación asociada al control del embarazo.

Además, manifiesta que se dieron mejoras en la conectividad terrestre, mediante obras viales y programas de mantenimiento, permitieron reducir en 31,1 % la carencia vinculada al acceso a rutas de comunicación.

“Las regiones con mayores retrocesos en pobreza multidimensional fueron territorios históricamente postergados”, se afirma.

El informe detalla que en la Comarca Emberá se observó una baja de 16 puntos porcentuales, mientras que en Bocas del Toro el descenso fue de 9,9 puntos y en la Comarca Ngäbe Buglé, de 7,9 puntos.

El informe también indica que la “intensidad” de la pobreza disminuyó: quienes permanecen en esta condición conviven, en promedio, con menos privaciones simultáneas. El IPM se consolida como una herramienta para orientar políticas públicas y focalizar la inversión según las necesidades específicas de cada territorio.

Por otro lado, en el ámbito legislativo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para modificar el esquema del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) sobre la primera venta de viviendas nuevas.

La propuesta establece una exención para los primeros $120.000 de la base imponible en la operación de venta, sin importar el valor total del inmueble. Para propiedades con bases imponibles entre $120.000 y $200.000, se aplicará una escala tributaria preferencial solo sobre el excedente. En casos superiores a $200.000, se mantiene la exención para el tramo inicial y el resto tributa bajo el régimen general.

Esta medida, siempre según el documento oficial, busca facilitar el acceso de las familias panameñas a una vivienda principal, promover la inversión privada y el desarrollo habitacional, así como potenciar el empleo formal bajo criterios de equidad y responsabilidad fiscal.

Chapman subrayó que el acceso a una vivienda adecuada contribuye a la estabilidad familiar, al patrimonio y a la movilidad social, además de dinamizar sectores como la construcción, la industria de materiales y los servicios profesionales y financieros.

El diseño del beneficio tributario concentra su impacto en los segmentos de vivienda social, evitando que aumentos en el valor de una propiedad eliminen completamente la exención fiscal.

Aunque el ITBI corresponde legalmente al vendedor, el Ejecutivo explicó que su estructura incide en los costos y la viabilidad de los desarrollos inmobiliarios, pudiendo influir en el precio final de las viviendas.

Para compensar el impacto fiscal de la propuesta, el Gobierno presentó en paralelo una iniciativa para modernizar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), incluyendo operaciones digitales y tecnológicas actualmente no reguladas.

Víctor -Ito- Bisonó asumió este lunes la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana tras ser juramentado por la vicepresidenta Raquel Peña, en cumplimiento del decreto presidencial 554-26.

El acto oficial, realizado en Santo Domingo de Guzmán, formalizó la designación de Bisonó al frente de la Cancillería, una decisión adoptada por el presidente Luis Abinader. La información fue difundida por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), que detalló los pasos iniciales de la nueva gestión.

Tras la toma de posesión, Bisonó sostuvo una reunión de trabajo en la sede del MIREX con Roberto Álvarez, quien ocupó el cargo hasta el domingo anterior. El encuentro, que contó con la presencia de los viceministros Rubén Silié, Francisco Caraballo, Hugo F. Rivera, Opinio Díaz y Celinés Toribio, así como directores de la institución, formó parte del proceso de transición para asegurar la continuidad de las políticas y proyectos en curso.

La transición en la Cancillería

De acuerdo con el comunicado divulgado por el Ministerio, durante la reunión ambos funcionarios intercambiaron información sobre los principales asuntos de la política exterior dominicana y revisaron los temas prioritarios que actualmente gestiona la Cancillería. “La transición se desarrolla con normalidad y en un clima de colaboración institucional”, se lee en la nota oficial.

El nuevo canciller cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el servicio público. Antes de asumir este cargo, Bisonó se desempeñó como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, y anteriormente, como ministro de Industria, Comercio y Mipymes. También desarrolló una carrera legislativa de 18 años, en la que fue electo en cuatro ocasiones como diputado por el Distrito Nacional.

Entre los asistentes al acto se encontraban la señora Vilma Arbaje de Contreras, Carolina Cáceres, María Eugenia Castillo y Ramón Pérez Fermín, quienes ejercen funciones directivas en el Ministerio.

La designación de Bisonó busca aportar experiencia administrativa y legislativa a la política exterior dominicana en una nueva etapa gubernamental, según la perspectiva institucional que transmitió el MIREX.

Durante la gestión de Álvarez, el gobierno impulsó reformas orientadas a modernizar la Cancillería. Entre los principales hitos figuran la celebración de concursos públicos para el ingreso a la Carrera Diplomática, la reforma del sistema de recaudación consular y la optimización de los mecanismos de asistencia a ciudadanos dominicanos en el exterior, con especial atención a situaciones de emergencia como el conflicto en Ucrania y los terremotos en Venezuela.

El rol de la Cancillería en la crisis haitiana

Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, la diplomacia dominicana también tuvo un rol durante la crisis haitiana, al contribuir a la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la Fuerza de Supresión de Bandas en Haití. Además, el país fue anfitrión de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno en 2023 y ejerció en dos ocasiones la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

A República Dominicana llega una amplia cantidad de ciudadanos haitianos en busca de mejores condiciones, pero muchos de manera irregular.

En conferencia de prensa la ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó su renuncia al cargo, señalando que se han dado “muchos ruidos en algunos temas, particularmente en el de las computadoras”-

Molinar señaló que pidió al Ministerio Público que investigue el caso, señalando que prefiere dar un paso al lado para que se realicen las investigaciones correspondientes.

“El Ministerio Público se va a encargar de esclarecerlo. Y es la entidad más neutra posible que puede hacerlo y lo va a hacer. Y como siempre, la verdad sale”, indicó la ahora exfuncionaria al referirse a los cuestionamientos surgidos en torno a la adquisición de computadoras.

Un comunicado del Ministerio de Educación (Meduca) señala que Molinar presentó formalmente su renuncia al cargo y que durante su gestión lideró importantes iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema educativo nacional.

Sin hacer mención a la compra de las computadoras, el comunicado continúa indicando que la ahora exministra impulsó acciones dirigidas a mejorar la calidad de la educación, la transparencia, las condiciones de los centros educativos, la formación docente, la innovación y las oportunidades para miles de estudiantes y docentes a nivel nacional.

Este martes también renunció Roberto Elías Sevillano Shin de su cargo como viceministro administrativo del Ministerio de Educación.

El viceministerio administrativo tiene bajo su responsabilidad la gestión presupuestaria, la logística operativa, los procesos de compras e insumos, así como el seguimiento a las obras de infraestructura escolar a nivel nacional.

Durante su gestión, Sevillano también asumió temporalmente el cargo de ministro de Educación en ocasiones en que Molinarse encontraba fuera del país.

Hasta el momento, el Meduca no ha divulgado un comunicado oficial sobre la salida de Sevillano ni ha informado quién ocupará el cargo.

La salida de Sevillano ocurre después de la renuncia de Delia Marcela Herrera, quien dejó el cargo de viceministra de Infraestructura del Meduca. Con ambas salidas, ya son dos los viceministros que han dejado sus cargos durante la actual administración, según reportó el diario La Prensa.

El medio agregó que Molinar no asistió este martes a la reunión del Consejo de Gabinete.

El 4 de agosto el Ministerio de Educación inició la entrega de computadoras portátiles con inteligencia artificial a docentes del sector oficial de todo el país, como parte, según se informó, de una estrategia gubernamental orientada a cerrar la brecha digital y dotar a los educadores de herramientas tecnológicas acordes con las necesidades de la educación actual.

Una de las principales ventajas de estos equipos, de acuerdo con la información oficial, es que tienen aplicaciones de inteligencia artificial que pueden utilizarse sin necesidad de conexión a internet, lo que permite a los docentes acceder a estas herramientas, incluso, en lugares sin wifi o señal, lo que facilita la preparación de sus clases y el desarrollo de contenidos educativos.

Con este proyecto, se aseguró que Panamá se convierte en el primer país del mundo en entregar a todos sus educadores computadoras portátiles con capacidad de inteligencia artificial, con herramientas que pueden ser utilizadas tanto con conexión a internet como sin ella.

El Meduca indicó que hasta la fecha, 1,839 docentes han recibido sus computadoras portátiles, como parte de la Agenda Nacional de Tecnología Avanzada, Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica que impulsa el Gobierno Nacional.

Una nota de prensa institucional manifestó que las escuelas pasaron de conexiones de 10 megabits a velocidades de hasta 1 gigabit, con un mínimo de 100 megabits por plantel. Además, se incorporó un sistema de filtrado de contenidos para garantizar un acceso seguro y con fines educativos.

La licitación del servicio fue adjudicada por $44 millones para los próximos cinco años, lo que se afirmó representa un ahorro cercano al 97% frente al costo estimado de $1,563 millones bajo el esquema tradicional.

El dengue parece ceder en Panamá y hasta la semana epidemiológica No. 25, que corresponde del 21 al 27 de junio de 2026, se han registrado 3,596 casos acumulados de la enfermedad a nivel nacional. Del total, 3,145 casos son sin signos de alarma, mientras que 428 presentan signos de alarma y se reporta 23 casos de dengue grave.

El informe del Ministerio de Salud menciona que hasta la fecha se presenta un total de 446 hospitalizados, en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se habían reportado 576, cifra equivalente a una reducción del 23%.

El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos.

El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio Sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, en cambio, en el hemisferio Norte, los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento corresponde a los meses más cálidos y lluviosos.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Al detallar los casos se indica que la Región Metropolitana encabeza la lista con 912 casos, seguido por las provincias de Colón con 712 casos, Panamá Oeste con 359 casos, Bocas del Toro 333 y el distrito de San Miguelito con 303 casos.

Igualmente, la provincia de Chiriquí registra 242 casos, Panamá Este con 226 casos, Panamá Norte 161 casos, Herrera con 130 casos, Veraguas con 63 casos; Los Santos con 57 casos, la comarca Kuna Yala 39, Coclé 29 casos, Darién 18 casos y la comarca indígena Ngäbe-Buglé presenta 11 casos, y también se presenta un caso extranjero.

Hasta la semana 24 se mantienen 10 defunciones, que se reportan en las provincias de Bocas del Toro y Los Santos con tres defunciones cada una, mientras que las provincias de Coclé, Colón, Veraguas y la región de Panamá registran un caso cada una.

De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica No. 25 es de 76.2 casos por 100 mil habitantes.

Entre los corregimientos con más de 100 casos se encuentran: Veracruz (228 casos), Tocumen (188 casos), Puerto Pilón (169 casos) y 24 de Diciembre (107 casos).

La tasa de incidencia demuestra esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 113.6 casos por 100,000 habitantes.

El Ministerio de Salud continúa intensificando los operativos en todo el país, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas. A pesar de la tendencia decreciente de las últimas semanas, las autoridades del Ministerio de Salud enfatizan la necesidad de no bajar la guardia.

La única unidad quirúrgica extrahospitalaria del Ministerio de Salud (Minsa) a nivel nacional continúa realizando cirugías ambulatorias en pacientes que, por su condición clínica, pueden regresar a sus hogares pocas horas después del procedimiento.

Actualmente, la unidad cuenta con un quirófano donde diariamente se realizan entre tres y cinco procedimientos, dependiendo de su complejidad, atendiendo semanalmente a decenas de pacientes que reciben una alternativa quirúrgica eficiente, segura y con atención especializada.

Entre las especialidades que se ofrecen en la unidad quirúrgica extrahospitalaria se encuentran cirugía general, ginecología, urología y oftalmología, mediante un trabajo coordinado con especialistas provenientes de distintos centros de salud y policentros ubicados en la Región Metropolitana.

En ginecología, uno de los procedimientos más solicitados es la salpingectomía como método permanente de planificación familiar.

Jorge Benítez, director del Centro de Cirugía Ambulatoria, explicó que las pacientes que solicitan salpingectomía solo requieren cumplir con los criterios establecidos y una referencia del especialista para ingresar al proceso quirúrgico.

Dijo que actualmente los tiempos de espera para este procedimiento se han reducido considerablemente, permitiendo que muchas pacientes sean intervenidas en un período aproximado de tres semanas.

El Centro de Cirugía Ambulatoria también contribuye al diagnóstico temprano del cáncer de mama. El galeno hizo un llamado a las mujeres para practicarse el autoexamen de las mamas y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier anomalía.

Benitez explicó que la Región Metropolitana cuenta con un esquema de atención que permite realizar biopsias en corto tiempo cuando existe una lesión sospechosa, facilitando un diagnóstico oportuno y, de ser necesario, la referencia temprana al Instituto Oncológico Nacional para iniciar el tratamiento correspondiente.

Por otra parte, Oris Iglesias, directora nacional de Promoción de la Salud, le recordó a la ciudadanía mantener una adecuada hidratación mediante el consumo frecuente de agua, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera y de colores claros, preferiblemente de algodón, así como permanecer en lugares frescos y ventilados cuando sea posible.

Esto, debido al Análisis de la Situación de Salud Pública ante el evento climático El Niño (2026-2027) elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advierte que los efectos sobre la salud varían entre países y comunidades de acuerdo con los niveles de exposición, las condiciones de vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

Iglesias reiteró la importancia de reconocer oportunamente los signos de agotamiento por calor. En caso de presentar mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso, confusión, debilidad o desmayos, recomendó acudir de inmediato a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica.

Ante este escenario, el organismo internacional señala por su parte que resulta fundamental fortalecer las acciones preventivas, la vigilancia en salud pública y la coordinación interinstitucional para reducir el impacto del fenómeno sobre la población.

En Panamá el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que el desarrollo del fenómeno atmosférico de El Niño influirá significativamente en las condiciones climáticas del país durante el segundo semestre de 2026.

Entre los meses de julio y diciembre, indica el instituto, se prevé un déficit de lluvias en gran parte del territorio nacional, acompañado por un aumento de las temperaturas del aire y una mayor sensación térmica, condiciones que podrían incrementar el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre.

Ante la extensión del fenómeno climático, el incremento de las temperaturas y la sensación térmica en el país, las autoridades sanitarias refuerzan las recomendaciones a la población para prevenir afectaciones a la salud asociadas al calor extremo.

Médicos, enfermeras y farmacéuticos de las entidades oficiales de salud y de hospitales privados participaron en una jornada sobre el uso racional de medicamentos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que más del 50% de los medicamentos en el mundo se prescriben, dispensan o utilizan de forma inadecuada.

Esta estimación, difundida en las últimas revisiones técnicas del organismo, plantea uno de los mayores desafíos actuales para los sistemas de salud globales.

La entidad también alertó que cerca de la mitad de los pacientes no emplean los fármacos según las indicaciones médicas, lo cual incrementa los riesgos de complicaciones y reduce la efectividad de los tratamientos.

Es fundamental que todos los profesionales de la salud se involucren activamente en el uso racional de los medicamentos y guíen a los pacientes en el día a día a través de la consejería y la orientación, manifestó el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang.

Por ello, agregó que la jornada pretende que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes, durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible.

“Cada medicamento correctamente utilizado representa una oportunidad para mejorar la salud y salvar vidas; cada medicamento utilizado de manera inadecuada representa un riesgo para el paciente y un desafío para el sistema de salud”, señaló la representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en Panamá (OPS/OMS), Zohra Abaakouk.

Abbakouk señaló que los medicamentos son una de las intervenciones más costo-efectivas en salud. Sin embargo, su impacto depende de que cada persona reciba el medicamento adecuado, en la dosis correcta, durante el tiempo indicado y con la información necesaria para utilizarlo de forma segura.

Según informó la OMS, el uso inapropiado de medicamentos implica prácticas como la automedicación, la prescripción excesiva, el abandono prematuro de tratamientos o la utilización de dosis incorrectas. Estas conductas afectan tanto a países de ingresos altos como bajos, y se presentan en hospitales, clínicas y farmacias de todo el mundo.

En América Latina, el desafío es aún mayor debido a la venta libre de medicamentos y la falta de control en algunas regiones.

Expertos citados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS, explicaron que la educación sanitaria y el acceso a la información son claves para revertir la tendencia.

“La única manera de reducir los daños asociados al mal uso de medicamentos es a través de una estrategia multidisciplinaria que involucre a gobiernos, médicos, farmacéuticos y ciudadanos”, señaló la OPS.

De acuerdo con un informe citado por Reuters, el mal uso de fármacos puede provocar resistencia a los antibióticos, reacciones adversas graves y un aumento en los costos sanitarios.

La organización internacional de salud señala que la falta de seguimiento médico, la presión de la industria farmacéutica y el acceso sin receta a ciertos medicamentos contribuyen al problema. En países con sistemas de control menos estrictos, la automedicación se volvió una práctica habitual.

“El uso irracional de fármacos representa una amenaza para la salud pública, especialmente ante el avance de bacterias resistentes”, indicó la OMS en un reciente reporte técnico.

Según la entidad, cada año se pierden millones de dólares por hospitalizaciones evitables y complicaciones tratables que derivan del uso indebido de medicamentos.

Estudios recientes citados destacan que la falta de información clara y la escasa comunicación entre profesionales de la salud y pacientes agravan el panorama.

Más de $48.1 millones en infraestructura sanitaria invertirá el Ministerio de Salud, tarea que beneficiará a más de 225 mil residentes de la provincia de Panamá Oeste, anunció la entidad.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo inspeccionó las obras del Minsa-CAPSI de Puerto Caimito, en el sector oeste, abandonadas por más de 10 años.

Se trata de una infraestructura largamente anhelada por esta comunidad y que fue postergada con el pasar de los años y hoy día se encuentra en ruinas.

Para la recuperación de esta instalación sanitaria se destinarán aproximadamente $11.8 millones y se proyecta que los trabajos inicien a finales de este año, lo que beneficiará a más de 47 mil residentes de la comunidad.

Durante su recorrido por los terrenos donde se construirá el nuevo Centro de Salud de Arraiján, Boyd Galindo dijo que esta es una obra estimada en más de $25 millones, que será de provecho para más de 150 mil residentes de 110 comunidades.

Otra de las obras que el Ministerio de Salud construirá en Panamá Oeste es el nuevo Centro de Salud Rosa Tasón, ubicado en la comunidad de Chame, mediante un contrato adjudicado por más de $11.3 millones, inversión que beneficiará a más de 28 mil personas.

Mientras, el gobierno recibió la donación de un nuevo camión del programa Amor sobre Ruedas, entregado por la embajada de la República de Corea en Panamá, una unidad tendiente a fortalecer la atención preventiva en todo el país mediante la prestación de servicios especializados de salud dirigidos principalmente a las mujeres.

El programa Amor sobre Ruedas ha superado los 150 mil exámenes preventivos realizados durante los últimos dos años.

Se explicó que el vehículo incorpora equipos especializados que permitirán llevar servicios de tamizaje y diagnóstico oportuno a las áreas de difícil acceso, contribuyendo al objetivo de que Panamá logre la eliminación del cáncer cervicouterino para el 2029.

Esta enfermedad es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres del mundo, afectando a más de 600 mil por año y produce más de 300 mil muertes.

Entre los años 2015 al 2024, en Panamá el Instituto Oncológico Nacional registró el ingreso de 3,695 mujeres con diagnóstico de cáncer cérvico uterino, entre edades de 20 a 80 años y más, siendo este tipo de cáncer la segunda causa de muerte en mujeres.

A pesar de que se trata de un tumor cien por ciento curable con su detección temprana, normativas vigentes con la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y en las campañas de concienciación a la población, la infección por el VPH sigue produciendo lesiones en el cérvix lo suficientemente importantes para degenerar en cáncer.

Se ha demostrado que el estudio de la muestra que se toma en el cérvix o cuello de la matriz, conocida como Papanicolaou (PAP), permite la detección temprana y el tratamiento oportuno y eficaz de éste. Se trata de un estudio sencillo y económico accesible a la población y forma parte de un examen ginecológico.

Panamá ha sido el pionero en la vacunación contra el VPH en niñas de 10 años desde el 2009, incluyéndose a los niños posteriormente; siendo esta estrategia altamente efectiva en la prevención de infecciones por este virus, por lo que permitir que vacunemos a nuestros niños es regalarle vida.

Las autoridades invitaron a las mujeres a aprovechar estos servicios gratuitos cuando las clínicas móviles visiten sus comunidades, recordando que las unidades permanecen generalmente dos días en cada sector y recorren las diferentes provincias del país como parte de las caravanas de atención integral.

La clínica móvil también permitirá realizar mamografías, Papanicolaou, ultrasonidos y otros servicios preventivos en comunidades de difícil acceso.

En Panamá el Ministerio de Salud realizó la consulta pública para la reglamentación de la Ley 514 del 1 de abril de 2026, que establece medidas para prevenir la pérdida de alimentos y promover su eficiente aprovechamiento a nivel nacional.

La entidad gubernamental supervisará la trazabilidad y calidad de los productos donados en la lucha contra el hambre, reduciendo el desperdicio de los alimentos.

Fuentes ministeriales explicaron que la Ley 514 establece las normas que se requiere para la donación de alimentos, que exige que los productos deben contar con registro sanitario, el personal que manipule los alimentos debe contar con carnet de salud y los lugares de almacenamiento deben cumplir con todas las normas sanitarias del Ministerio de Salud.

La legislación establece el marco legal que promueva el reaprovechamiento responsable de los alimentos, priorizando su uso para el consumo humano fomentando una cultura de solidaridad, sostenibilidad y eficiencia en toda la cadena alimentaria.

Se consigna que todo producto o alimento que haya alcanzado su fecha límite de comercialización deberá ser retirado del punto de venta y se destinará prioritariamente a la donación a los bancos de alimentos u organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas, que desarrollen actividades de asistencia alimentaria o de erradicación del hambre.

Los productos que no sean aptos para el consumo humano se orientarán hacia usos alternativos de carácter social o ambientalmente responsables, como la producción de compost o la alimentación animal, de acuerdo con los criterios de inocuidad existentes.

“Hoy iniciamos formalmente esta consulta pública la cual nos permite recoger los aportes, experiencias y recomendaciones, con el fin de fortalecer el instrumento y garantizar su implementación en beneficio del país”, manifestó Anais Vargas, directora de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

Dijo que le corresponde a la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria ser la autoridad sanitaria responsable de liderar la coordinación técnica y garantizar la inocuidad de los alimentos.

Un repaso a la ley destaca entre los aspectos más relevantes la reducción del desperdicio, facilitación de la donación y la garantía de inocuidad, entre otros aspectos.

Cerca de 200 mil personas en Panamá sufren de hambre, lo que representa aproximadamente 5.3% de la población, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).

Esta situación se agrava en las comarcas indígenas, donde el 50% de los niños padecen de desnutrición, al mismo tiempo que 350 toneladas de alimentos se descartan y desechan a diario.

La ley establece como objetivo establecer, actualizar e implementar el marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, el cual se enfocará en el fortalecimiento de la educación, concienciación y movilización de los involucrados en la cadena de suministros de alimentos.

De igual manera, se pretende contribuir a combatir el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que genera el desperdicio de alimentos producidos no consumidos.

El alcance de la ley involucra a los productores agropecuarios y sus organizaciones, a los procesadores, elaboradores y distribuidores de productos alimenticios, a las cadenas de distribución mayoristas y minoristas, como supermercados, minisúper, tiendas de comestibles, abarroterías y comisariatos.

A nivel mundial, se calcula que en 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos en los sectores minorista, alimentario y hogares. Esto equivale a 132 kilogramos per cápita al año, de los cuales 79 kilogramos per cápita se desperdiciaron en los hogares, relata en un informe el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Muy pocos países, afirma, han recopilado datos sólidos sobre el desperdicio de alimentos, a lo largo del tiempo y de forma coherente, aunque la disponibilidad de datos está aumentando y se están identificando muchos puntos de datos a nivel urbano, a medida que las ciudades y los países reconocen que una gran parte de los residuos que llegan a los vertederos son alimentos.

El Ministerio de Salud puso en marcha una jornada de inducción y actualización dirigida a profesionales de la salud del sector público, con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre el manejo clínico, seguimiento y los procesos de certificación de las personas afectadas por la intoxicación con dietilenglicol en 2006.

Durante la capacitación se abordan aspectos clínicos fundamentales relacionados con las secuelas derivadas de la intoxicación, así como los criterios médicos utilizados para la evaluación de los pacientes afectados, explicó el ministro encargado de Salud, Manuel Zambrano Chang.

Destacó la importancia de que médicos y demás profesionales sanitarios mantengan actualizados sus conocimientos sobre este tema, a fin de garantizar una adecuada atención y evaluación de los pacientes.

"Estamos dando docencia sobre lo que fue la intoxicación con dietilenglicol. Es importante que el personal de salud conozca y refresque todos los conocimientos relacionados con este manejo", afirmó el ministro encargado.

Las solicitudes de certificación y recertificación, dijo, continúan siendo evaluadas por las comisiones correspondientes, las cuales han sido reactivadas para garantizar la revisión técnica de cada expediente.

“Todos estos expedientes se están reevaluando y se está dando seguimiento a los pacientes que ya cuentan con certificación", indicó Zambrano Chang.

El envenenamiento masivo por jarabes contaminados con dietilenglicol ocurrido en Panamá en 2006 constituye uno de los episodios más graves de intoxicación por medicamentos en la historia moderna y un caso paradigmático de cómo una falla sistémica en la cadena de suministro farmacéutica puede transformar un insumo industrial en un veneno distribuido por el propio Estado a su población.

Investigaciones epidemiológicas demostraron que el brote de insuficiencia renal aguda con manifestaciones neurológicas, inicialmente catalogado como un síndrome de causa desconocida, se originó en un jarabe para la tos producido en los laboratorios de la Caja de Seguro Social (CSS) y elaborado con glicerina contaminada con aproximadamente 22 % de dietilenglicol.

El dietilenglicol es un compuesto orgánico, un diol, usado principalmente como solvente industrial en productos como anticongelantes, fluidos de frenos, removedores de papel tapiz, así como en la fabricación de resinas, plásticos, tintes y otros materiales.

Se trata de un líquido incoloro, de sabor dulce y sin olor, características que lo hacen especialmente insidioso cuando contamina medicamentos líquidos, ya que no produce cambios organolépticos evidentes para el consumidor.

El dietilenglicol sustituyó fraudulentamente a la glicerina farmacéutica en la cadena de comercialización entre China, España y Panamá.

Las cifras oficiales y de organismos internacionales sobre este caso oscilan desde algo más de un centenar hasta casi 300 fallecidos reconocidos, con cientos de personas afectadas y fuertes indicios de un subregistro significativo, lo que ha mantenido abierta la discusión pública sobre la verdadera magnitud del daño.

A nivel jurídico, el caso derivó en condenas penales contra directivos de la empresa intermediaria panameña Medicom y funcionarios de la CSS, así como en fallos posteriores de la Corte Suprema de Justicia que empezaron a reconocer la responsabilidad del Estado y a ordenar indemnizaciones a las víctimas, casi dos décadas después de los hechos.

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito incluyeron a Panamá como estudio de caso emblemático en su informe sobre medicamentos contaminados y la integridad de la cadena de suministro de excipientes.

Subrayaron que este episodio no fue un accidente aislado, sino parte de un patrón global de intoxicaciones por dietilenglicol y etilenglicol que se ha repetido en distintos países.

El Ministerio de Salud intensificó la preparación su red hospitalaria ante el riesgo de casos de sarampión importado, debido a una mayor circulación global de la enfermedad y más movilidad internacional, sobre todo de los nacionales que viajarán a México, Estados Unidos y Canadá con motivo del Mundial de Fútbol.

Actualmente, en Panamá se han confirmado tres casos importados de la enfermedad. Mientras, entre enero y mediados de mayo de este año en México se han presentado 10,920 casos, Canadá ha notificado 1,018 casos y Estados Unidos 1,952 casos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Durante ese periodo, se han notificado 184,489 casos de sarampión en 155 países, de acuerdo con datos recopilados por el Ministerio de Salud (MINSA). El aumento de la circulación mundial, debido al evento futbolístico, es el argumento central del plan de contingencia activado por las autoridades panameñas.

Humberto Vanegas, de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, informó que el sistema sanitario ejecuta un plan nacional de contingencia para garantizar una respuesta oportuna y coordinada ante posibles casos sospechosos.

Según el MINSA, la estrategia busca fortalecer la capacidad de reacción hospitalaria frente a eventos foráneos. La preparación incluye una evaluación de la infraestructura hospitalaria realizada por direcciones nacionales y regionales de salud para verificar la capacidad de respuesta inmediata.

Esa revisión también apunta a asegurar que el personal médico y de enfermería disponga de los recursos necesarios para la atención de pacientes.

Vanegas explicó que la revisión operativa ya se puso en marcha. “Hace dos semanas nos reunimos con todos los directores de hospitales y directores regionales para revisar las capacidades instaladas".

El galeno añadió que “estamos aprovechando la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19 y adoptando las medidas necesarias para garantizar una respuesta eficiente y coordinada ante cualquier eventualidad”.

El MINSA destacó que todos los hospitales del país permanecen en fase de preparación activa, aunque la situación del sarampión sigue bajo vigilancia y control en el territorio nacional. La respuesta prevista contempla la habilitación y adecuación de espacios destinados al aislamiento seguro de pacientes con sospecha de la enfermedad.

Esos espacios buscan evitar el contacto entre casos sospechosos y otros usuarios de los servicios de salud. De acuerdo con la entidad de salud, esa medida forma parte del esquema de contención hospitalaria preparado para una eventual detección de nuevos contagios.

Las autoridades también reforzaron los sistemas de vigilancia epidemiológica y los procesos de triaje en las salas de urgencias. El objetivo, de acuerdo a lo informado, es identificar de manera temprana a personas con síntomas compatibles con sarampión y con antecedentes recientes de viaje.

El ministerio reiteró que fortaleció la capacitación del personal sanitario mediante la actualización de protocolos, manuales de bioseguridad y procedimientos de atención. Para esa actualización, el sistema tomó como referencia las experiencias obtenidas durante emergencias sanitarias anteriores.

El llamado de las autoridades a la población se concentra en revisar y completar los esquemas de inmunización, en especial durante las próximas semanas.

La vacunación continúa siendo la herramienta principal para prevenir la enfermedad, indican las autoridades.

Vanegas subrayó esa línea de prevención con un mensaje directo a la población: “la mejor herramienta para prevenir el sarampión sigue siendo la vacunación. Panamá ha logrado mantener el control de esta enfermedad gracias a las altas coberturas de inmunización, por lo que exhortamos a la población a acudir a los centros de salud y verificar su esquema de vacunas”.

La combinación de vigilancia permanente, detección temprana, aislamiento de sospechosos y refuerzo de coberturas de inmunización es la respuesta que mantiene activa Panamá ante un brote internacional que ya alcanza a 155 naciones, de acuerdo con la OPS.

El Ministerio de Salud (MINSA) continúa desarrollando la normativa que exige el registro sanitario digital y controles más estrictos para alimentos y suplementos, medida que impacta a la industria local e importadores.

El objetivo, según las autoridades, es fortalecer la vigilancia y la seguridad en la cadena alimentaria en todo el país.

Advierte que al aumentar las temperaturas y la inestabilidad del tiempo se atenta contra la disponibilidad de los alimentos por pérdidas de cultivos, baja producción, empobrecimiento del suelo y aumento de los precios.

Recuerda que la actualización del marco regulatorio introduce procesos digitalizados para el registro, control y vigilancia de alimentos, tanto nacionales como importados.

La regulación contempla además la supervisión de establecimientos, recogida y análisis de muestras y la expedición de licencias de operación sanitaria, todo bajo estándares técnicos y científicos. Las autoridades revisarán periódicamente la normativa y las tarifas para adaptarlas a los cambios del sector y a la evolución de los riesgos sanitarios.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ratificó el compromiso con la promoción de entornos alimentarios seguros.

Boyd Galindo sostuvo que la política pública debe asegurar que la población disponga de información clara sobre los alimentos que consume.

“Los alimentos deben ser inocuos, deben llegar sanos al consumidor, libres de parásitos, de químicos, de bacterias”, señaló por su parte Magally Bullen, jefa del departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria de la región de Salud de la provincia de Coclé.

En una actividad que dio inicio al mes de la inocuidad de alimentos, agregó que el consumidor debe estar atento sobre dónde compra sus alimentos, de la vestimenta del personal, cómo están las manos del manipulador de alimentos y cómo protege los alimentos, entre otras consideraciones.

Desde el MINSA se indicó que en Panamá fabricantes, importadores, distribuidores y operadores deben seguir cumpliendo con nuevos requisitos de documentación y responsabilidades, que abarca a todos los productos industrializados y suplementos dietéticos.

El registro sanitario ahora es obligatorio y se gestiona íntegramente a través de una plataforma digital administrada por las autoridades sanitarias.

El documento obtenido bajo la nueva regulación tiene una validez de 5 años y las empresas deberán presentar las solicitudes de renovación al menos 2 meses antes de la fecha de vencimiento.

Además, la normativa establece que cualquier modificación a los registros debe tramitarse con antelación, evitando cambios cercanos al periodo de expiración.

Las importaciones requieren notificaciones formales al menos 48 horas antes del arribo del producto al país, todo mediante el sistema digital unificado.

Uno de los aspectos destacados es la adopción de nuevos estándares de etiquetado, que incluyen la divulgación obligatoria de alérgenos, conforme a las guías internacionales del Codex Alimentarius.

Estas normativas buscan garantizar que los consumidores panameños accedan a información transparente y fiable sobre los productos que adquieren.

El Ministerio de Salud también cuenta con la potestad de realizar muestreos aleatorios y análisis de laboratorio en cualquier etapa de la cadena de distribución, incrementando el monitoreo posterior a la comercialización.

Esta vigilancia se extiende a productos agrupados, empaques promocionales, materias primas y artículos para uso personal.

En cuanto a los costos, la entidad estableció una tabla de tarifas para los servicios relacionados con la inocuidad alimentaria.

El Decreto Ejecutivo No.4 de 5 de febrero de 2026, publicado en la Gaceta Oficial Digital, establece que los registros sanitarios para alimentos nacionales tienen un costo de $420, aunque existen tarifas diferenciadas para micro, pequeñas y medianas empresas, así como para productos importados y artesanales.

Unas 50 clínicas de cesación del tabaquismo funcionan en Panamá para hacerle frente a este hábito, que en el país ocasiona aproximadamente 1,000 muertes al año.

Las clínicas tienen como meta la prevención, vigilancia, educación, cesación del consumo y protección de la población frente a los efectos del tabaco y los nuevos productos de nicotina.

Esta red asistencial de clínicas cobra especial relevancia si se considera que en el país existen actualmente 146 mil fumadores activos, de acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos de 15 años y más, presentada recientemente.

Estos centros especializados forman parte de la estrategia nacional de control del tabaco y ofrecen atención basada en evidencia científica para ayudar a los pacientes a superar la dependencia física y psicológica asociada al consumo de nicotina.

Quienes participan de las clínicas reciben gratuitamente terapia grupal especializada, atención médica continua y medicamentos para el manejo del síndrome de abstinencia.

Desde 2009 las clínicas de cesación de tabaquismo tienen presencia en las distintas regiones de salud del país, incluida la comarca indígena Ngäbe-Buglé.

Actualmente, las estadísticas dadas a conocer por el Ministerio de Salud reflejan una alta disposición al cambio entre la población fumadora: el 64.3% de los fumadores actuales manifestó que planeaba o estaba considerando dejar de fumar.

La entidad estatal indicó que el rol de los profesionales de la salud ha sido fundamental en la captación de pacientes, puesto que el 56.9% de los fumadores que acudieron a una consulta médica durante los últimos 12 meses recibieron la recomendación formal de abandonar el hábito.

El programa que se desarrolla en las clínicas de cesación del tabaquismo está dirigido a personas de todas las edades, incluidos los adolescentes, y contempla un proceso de atención de entre ocho y 12 semanas, con sesiones semanales orientadas a fortalecer el abandono definitivo del tabaco, dijo Aldacira de Bradshaw, de la Sección de Salud Mental del Ministerio de Salud.

La también presidenta del Consejo Nacional para la Salud Sin Tabaco, se refirió a la importancia de aprovechar estos servicios, antes de que el consumo de tabaco provoque enfermedades crónicas que deterioren la calidad de vida.

Oris Iglesias, directora de Promoción de la Salud del citado ministerio, detalló que el tabaquismo es considerado uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diversos tipos de cáncer.

Precisó que en Panamá la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes 2023 reveló un aumento en la prevalencia de consumo de productos de tabaco entre adolescentes, pasando de 7.8% en 2017 a 8.5% en 2023, lo que refleja la necesidad de fortalecer las acciones de prevención dirigidas a esta población.

Iglesias manifestó que a nivel mundial el uso de vapeadores y otros productos con nicotina continúa aumentando entre adolescentes y jóvenes, quienes presentan una mayor probabilidad de desarrollar dependencia a la nicotina desde edades tempranas.

Entre las principales razones señaladas por encuestados que utilizan estos dispositivos se encuentran los sabores agradables, el gusto por utilizarlos y la percepción de que ayudan a dejar de fumar.

No obstante, la funcionaria mencionó que los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2025 muestran avances importantes en la población de 15 años y más, donde la prevalencia de consumo de productos de tabaco disminuyó de 6.4% en 2013 a 5% en 2025, evidenciando el impacto positivo de las políticas públicas implementadas en el país para el control del tabaquismo.

El sistema de Salud panameño identificó al menos a 386 personas que tuvieron algún tipo de contacto con las dos personas que ingresaron al país afectadas por el sarampión.

Las personas que hasta el momento han sido contactadas, cuya cantidad no se especificó, estarán durante 21 días bajo monitoreo médico, tiempo en el que se produce la incubación de la enfermedad.

“A muchas personas se les ha contactado vía telefónica, pero han evitado las llamadas, temiendo que se trate de un fraude”, dijo el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Pablo González.

Indicó que es imperante ubicar a los contactos, para evitar una posible cadena de transmisión.

Panamá presentó en 2011 cuatro casos de sarampión importado y el último caso autóctono se registró en 1995, por lo que el país estaba declarado como libre de la enfermedad.

Actualmente, en la búsqueda de posibles contactos con el primer caso de sarampión importado, en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, se realiza la trazabilidad de 28 personas que tuvieron contacto con un joven holandés que el 23 de abril llegó a esa región, afectado por la enfermedad.

Las 28 personas pertenecen a un total de 78 contactos, por lo que se coordina con las autoridades costarricenses y nacionales de Migración para detectar los movimientos que han realizado las restantes 50 personas, por si todavía están o ya han salido del país.

El joven holandés, de 25 años de edad, estuvo por cuatro días en Bocas del Toro y luego se trasladó utilizando el transporte público hacia la ciudad de Panamá.

“Durante el fin de semana hemos podido aumentar a 78 la cantidad de contactos ubicados para este caso de sarampión que pasó por Bocas del Toro", dijo el epidemiólogo Abdiel Rodríguez.

Detalló que de esa cantidad, "tenemos 28 localizados, de los que 14 son personas extranjeras, por lo que estamos en coordinación con Migración y otras entidades tratando de ubicar a las restantes, para saber dónde pudieran estar, o si ya salieron del país”.

El 8 de mayo fue cuando las autoridades de Salud de Panamá dieron a conocer que se había detectado ese caso importado de sarampión en el viajero internacional.

En seguida se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica en medio de un contexto regional marcado por la rápida propagación de la enfermedad en la región.

México fue el punto de partida del viajero, que posteriormente pasó por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y el 23 de abril llegó a la provincia panameña de Bocas del Toro.

Ese mismo 8 de mayo también se informó de un segundo caso confirmado en una viajera suiza de 19 años de edad, que ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Costa Rica.

La información oficial detalló que luego de realizar las pruebas de laboratorio, la confirmación diagnóstica fue emitida por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

Añadió que la joven presentó un cuadro de fiebre, exantema (erupciones cutáneas), tos y secreción nasal, por lo cual recibió atención médica en una instalación hospitalaria privada.

El Ministerio de Salud dio a conocer que actualmente cuenta con 245 mil dosis disponibles y espera recibir otras 200 mil próximamente, por lo que instó a los panameños a revisar el esquema de vacunación.

Durante las primeras semanas de la campaña de vacunación en las Américas, se aplicaron alrededor de 360 mil dosis en el país.

Luego de las denuncias interpuestas por el Ministerio de Educación ante el Ministerio Público para que se investiguen supuestas faltas administrativas y presuntos delitos, más de 200 colaboradores han renunciado.

Mientras, un número no determinado de maestros y profesores han abandonado sus puestos.

Así lo dieron a conocer las autoridades de Educación, quienes indicaron que desde hace 2 años le han dado seguimiento a denuncias por supuestas personas fallecidas que seguían cobrando, hurtos en centros escolares, cobro indebido de salarios, uso de documentación falsificada, diplomas falsos y a una supuesta red de corrupción integrada por funcionarios.

Hasta el momento, la entidad gubernamental ha interpuesto 141 denuncias y siete querellas relacionadas con delitos contra la administración pública.

En cuanto al abandono de sus deberes por parte de los educadores, se informó que ya se avanza en el proceso para cubrir esas vacantes.

Las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y las comarcas indígenas es donde se han registrado la mayor cantidad de estos casos.

Al referirse a la falsificación de diplomas, se explicó que se está trabajando en conjunto con las universidades para cotejar los supuestos títulos obtenidos.

Los presuntos responsables supuestamente inscribían títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles, con el objetivo de favorecer a determinados docentes que mediante esta práctica fraudulenta buscaban obtener mayor puntaje en los concursos, para así asegurarse una vacante.

Con anterioridad se dijo que varias universidades, que no fueron identificadas, habían confirmaron que los diplomas detectados como irregulares no aparecen en sus registros.

A través del sistema de control del programa de vacantes en línea, conocido como el Programa de Vacantes en Línea (Provel), donde se gestiona el Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores, fue donde se observaron las incongruencias relacionadas con la posible venta de vacantes, uso de documentos falsos y participación de funcionarios en estas prácticas delictivas.

Las presuntas falsificaciones de diplomas no son nuevas en el Ministerio de Educación. En abril de 2025 un grupo de docentes de la zona educativa de San Miguelito, en las afueras de la ciudad capital, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente utilizar diplomas falsos para obtener plazas y ascensos dentro de la entidad.

“La magnitud del tema ha sido una sorpresa, tanto para estas casas de estudios superiores, como para el propio Ministerio de Educación, donde las investigaciones también alcanzan al personal de la institución que presuntamente se prestó para estas irregularidades”, indica un comunicado del citado ministerio.

Por otra parte, estudiantes de centros educativos de las 16 regiones escolares se preparan para el inicio de los Juegos Intercolegiales Meduca y de la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol, actividades que de acuerdo con las autoridades educativas buscan a través del deporte promover la formación integral, la sana competencia y el trabajo en equipo.

Durante el lanzamiento del evento, la ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que los participantes en esta competencia demostrarán sus habilidades en diversas disciplinas, que inicia con el fútbol, destacándose no solo por su rendimiento físico, sino también por valores como el respeto, la disciplina y la solidaridad.

Más de 30 mil estudiantes participaron en la convocatoria, lo que para el Ministerio de Educación es una cifra histórica.

La Copa Intercolegial Panamá de Fútbol inicia este 11 de mayo, mientras que los Juegos Intercolegiales lo harán el 22 de julio, con 11 disciplinas deportivas, entre ellas béisbol, futsal, softbol, voleibol de playa, natación, ajedrez, atletismo, entre otras, rumbo a los Juegos CODICADER Honduras 2026.

El Ministerio de Educación presentó una denuncia por los presuntos delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir en contra de funcionarios y docentes vinculados al sistema educativo en distintas regiones del país.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público señala que los hechos se dieron en las regiones educativas de las provincias de Bocas del Toro, Herrera y Darién, así como en la comarca Ngäbe Buglé.

Los presuntos responsables supuestamente inscribían títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles, con el objetivo de favorecer a determinados docentes que mediante esta práctica fraudulenta buscaban obtener mayor puntaje en los concursos, para así asegurarse una vacante.

Se informó que varias universidades, que no fueron identificadas, ya confirmaron que los diplomas detectados como irregulares no aparecen en sus registros.

La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada, junto a un equipo del Ministerio de Educación, por la directora de Asesoría Legal, Nilka González, y por la directora de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, según un comunicado de la entidad educativa.

A través del sistema de control del programa de vacantes en línea, conocido como el Programa de Vacantes en Línea (Provel), donde se gestiona el Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores, fue donde se observaron las incongruencias relacionadas con la posible venta de vacantes, uso de documentos falsos y participación de funcionarios en estas prácticas delictivas.

Las presuntas falsificaciones de diplomas no son nuevas en el Ministerio de Educación. En abril de 2025 un grupo de docentes de la zona educativa de San Miguelito, en las afueras de la ciudad capital, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente utilizar diplomas falsos para obtener plazas y ascensos dentro de la entidad.

La denuncia, según reportes de prensa, detallaba una serie de irregularidades en la documentación presentada por varios docentes, presumiendo que los diplomas, títulos universitarios y certificaciones académicas, fundamentales para validar su idoneidad profesional, serían apócrifos.

En su momento, la Fiscalía Anticorrupción inició las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar la autenticidad de los documentos incriminados, pero posteriormente no trascendieron mayores detalles a la opinión pública.

En febrero pasado el Ministerio de Educación también presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar 16 presuntos diplomas falsificados durante el proceso de revisión de documentos del Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores para el año lectivo 2026.

Los diplomas, que correspondían a una universidad privada que tampoco fue identificada, fueron verificados directamente con la casa de estudios, la cual certificó que no habían sido expedidos por dicha institución, aportó el diario La Prensa.

Los 16 casos detectados corresponden a aspirantes que participaban por primera vez en los concursos docentes, manifestó Luis Herrera, en ese momento viceministro administrativo encargado de Educación.

El funcionario aclaró que, debido a la reserva del sumario y al carácter incipiente de la investigación, no se podían brindar mayores detalles sobre las especialidades, niveles académicos ni los años de emisión de los diplomas.

Las irregularidades fueron identificadas durante una revisión exhaustiva de la documentación presentada por aspirantes a cargos docentes a nivel nacional.

Ante estos hechos, el Ministerio de Educación rechazó, igual que lo hace ahora, que funcionarios y docentes, estos últimos llamados a formar y orientar a niños y jóvenes, incurran en este tipo de irregularidades, por lo que pidió que las investigaciones llegaran hasta sus últimas consecuencias.

Desde 2024 hasta la fecha, Panamá ha incorporado más de 300 nuevos guardaparques, o custodios del ambiente, formados a través de la Escuela de Guardaparques, ampliando la capacidad de vigilancia, manejo y conservación del patrimonio natural del país.

La labor de los guardaparques es fundamental para la protección efectiva de 122 áreas protegidas.

Durante el periodo de capacitación, los guardas forestales son instruidos en temas como legislación, aplicación de la legislación ambiental vigente y técnicas para la gestión de áreas protegidas, adquisición de habilidades en control y vigilancia y entrenamiento en técnicas de supervivencia en selva.

De igual manera, los guardabosques se entrenan en primeros auxilios, manejo de incendios forestales, y manejo de la flora y fauna, identificación de especies y conocimiento de los recursos naturales.

Una vez superada la instrucción, pasan a convertirse en la primera fuerza para la protección de la biodiversidad panameña, para frenar los delitos contra la fauna y flora, tanto terrestre como marina.

Para el Ministerio de Ambiente estos profesionales tienen un rol esencial en la vigilancia, monitoreo y divulgación dentro de las áreas protegidas del país.

Su labor se hace cada vez más necesaria, en momentos en que el país y el mundo se enfrentan, afirma la entidad gubernamental, a una crisis ambiental que conlleva la desertificación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, por lo que reconocer el papel de cada persona como agente de cambio resulta esencial para hacerle frente a estos desafíos.

La desertificación, agrega, demanda la restauración de suelos mediante prácticas como la reforestación, mientras que la pérdida de biodiversidad implica la disminución o desaparición de especies y ecosistemas, asociada a factores como la sobrepesca, el uso de redes de arrastre y la degradación de hábitats terrestres y acuáticos.

La biodiversidad resulta esencial, ya que permite mantener el equilibrio ecológico necesario para la vida y la salud humana.

El cambio climático, por su parte, es una de las mayores preocupaciones actuales y sus efectos se manifiestan en sequías, escasez de agua, incendios forestales, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo polar y tormentas intensas, junto con alteraciones en las temperaturas y los patrones meteorológicos que afectan los ecosistemas.

En el Día de la Tierra la entidad estatal invitó a reflexionar sobre la importancia de proteger el planeta y mantener un equilibrio entre las necesidades sociales, económicas y ambientales, tanto para las generaciones actuales como para las futuras.

Este enfoque implica una responsabilidad moral y legal en el uso de los recursos naturales, orientada a evitar su agotamiento y asegurar un entorno sano y habitable.

Una alocución ministerial recuerda que el Día de la Tierra tiene su origen en 1970, cuando en Estados Unidos surgió un movimiento orientado a generar conciencia sobre problemas ambientales como la contaminación y la destrucción de ecosistemas.

La primera movilización con motivo de esta conmemoración se realizó el 22 de abril de ese año, con la participación de 20 millones de personas, dando inicio a una corriente ambiental de gran impacto.

El Ministerio de Ambiente panameño anota que en 1990 esta conmemoración impulsó una movilización internacional con la participación de 141 países y cerca de 200 millones de personas, con el objetivo de promover la protección del planeta.

Años después, en 2009 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Asamblea General, designó oficialmente el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra.

El Ayuntamiento de Almonte ha manifestado que la falta de propuestas formales y de medidas concretas por parte del Gobierno central pone en riesgo la actividad turística y comercial en Matalascañas en los meses previos al verano. Según publicó el medio, el consistorio aseguró que la obra en el paseo marítimo avanza con la intención de finalizarla antes del inicio de la temporada estival, e instó a la administración central a aportar “soluciones ejecutables” para garantizar dicha meta.

De acuerdo con la información difundida este viernes por el Ayuntamiento de Almonte, hasta el momento no se han recibido propuestas oficiales ni documentos técnicos enviados por el Ministerio relacionados con la actuación en el paseo marítimo. El consistorio subrayó en un comunicado que la ausencia de un planteamiento formal impide avanzar hacia una negociación o lograr una respuesta institucional efectiva, lo que supone un obstáculo para la resolución expedita del asunto.

El equipo de gobierno local indicó que no fue invitado a la reunión desarrollada a principios de semana en la Subdelegación del Gobierno en Huelva, donde participaron propietarios y asociaciones vinculadas a la zona afectada. Según detalló el Ayuntamiento de Almonte, su actuación no busca generar conflicto, sino que responde a la urgencia de resolver una problemática que, a su juicio, no admite más demoras.

El consistorio señaló que cuando se han solicitado medidas inmediatas ante la situación en la playa, las respuestas que han recibido hasta ahora se han centrado en propuestas a largo plazo, sin aportar acciones concretas y urgentes. En esta línea, el Ayuntamiento hizo referencia a la regeneración de arena en la zona, proceso que demoró casi diez años en realizarse, como un ejemplo de iniciativas cuyo plazo de ejecución ha resultado excesivo frente a las necesidades reales de Matalascañas. En la nota difundida, el gobierno local insistió en que la situación actual requiere respuestas inmediatas y no proyectos a largo plazo ni declaraciones públicas que no vayan acompañadas de propuestas formales.

El comunicado del Ayuntamiento de Almonte destacó que la obra en el paseo marítimo se encuentra enfocada y que la principal prioridad del gobierno municipal está en asegurar la apertura del paseo durante el verano. Para ello, el gobierno municipal aseguró que realiza un seguimiento permanente con el fin de cumplir los plazos estipulados para la finalización de los trabajos. Además, el consistorio volvió a manifestar su disposición a colaborar institucionalmente y a que otras administraciones se integren en el esfuerzo por concluir la obra.

La administración local advirtió que cualquier retraso o falta de definición en las acciones podría afectar directamente a Matalascañas, especialmente en lo relativo al turismo, los negocios de la zona y la vida cotidiana de los residentes. Según reportó el Ayuntamiento, la intención es consolidar una solución estable que beneficie a la localidad, basada en la responsabilidad y la colaboración.

El gobierno municipal concluyó que el trabajo que se está realizando pretende sentar las bases de una solución sólida desde el presente, reiterando el llamado a que las diferentes administraciones participen y respalden las acciones destinadas a resolver una situación que consideran insostenible ante la inminencia de la temporada turística y comercial.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, indicó a los medios de comunicación, tras el primer encuentro de la comisión, que la previsión apunta a un flujo significativo de personas interesadas en asistir a la observación del eclipse. De acuerdo con la información recogida por la Xunta, Galicia ocupará un lugar especialmente favorable para presenciar este fenómeno, ya que la sombra del eclipse recorrerá la Península Ibérica de oeste a este y atravesará varias capitales provinciales, comenzando en A Coruña. Durante los próximos eclipses solares de 2027 y 2028, el fenómeno no será visible en la Comunidad, remarcó Calvo, quien describió este eclipse como “la única vez en la que podremos ver” un evento de tal magnitud en la región durante este periodo temporal.

En noviembre anterior, el Ministerio planteó a las comunidades autónomas la necesidad de diseñar operativos de movilidad y seguridad específicos ante la multitud de desplazamientos previstos. Tomando en cuenta este reto, la Xunta ha concretado que la planificación de controles viales y la gestión de posibles aglomeraciones recaerán sobre el área de Presidencia, mientras que la coordinación general incluirá también a la Axencia Turismo de Galicia y a las consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático; Educación, Ciencia, Universidades e FP; y Sanidade. Según detalló la administración gallega, el dispositivo abarcará todos los aspectos necesarios para responder tanto a las demandas logísticas como a los riesgos de seguridad asociados a la afluencia masiva de visitantes.

Tal como consignó la Xunta de Galicia, dentro de las funciones de la comisión recién conformada se encuentra la preparación de actuaciones preventivas frente a riesgos y emergencias, además de la organización de campañas informativas enfocadas en la divulgación de recomendaciones de seguridad visual para el público. La Xunta comunicó que los operativos de seguridad y movilidad incluirán comunicación periódica sobre los avances de los preparativos y las medidas programadas, proporcionando información actualizada para residentes y visitantes.

La vertiente turística representa un segundo eje de la estrategia del Gobierno gallego ante el eclipse. La Axencia Turismo de Galicia evaluará junto con los órganos responsables la posible promoción del evento como atractivo para el territorio, integrando la colaboración con otras administraciones que planeen campañas similares. El propósito, según informaron desde la Xunta, será canalizar el interés del público hacia acciones coordinadas que permitan tanto la observación segura como la proyección de la imagen de Galicia como destino vinculado a la divulgación científica y la naturaleza.

Durante la primera reunión de coordinación, celebrada este miércoles y con la presencia de representantes de todas las consellerías implicadas, la Xunta confirmó que la comisión abordará también la gestión de los próximos dos eclipses solares de los próximos tres años, asegurando la continuidad de la planificación y la cooperación interinstitucional para estos fenómenos. En declaraciones recogidas por la Xunta, Diego Calvo subrayó que, aunque no existen aún “datos muy objetivos” sobre la expectativa de desplazamientos o visitas, “se irá informando periódicamente del trabajo desarrollado” para ajustar los planes conforme se acerque la fecha del eclipse.

La Xunta de Galicia adelantó que una de las prioridades inmediatas será potenciar la coordinación con otras administraciones autonómicas y estatales involucradas en la promoción de sus respectivos territorios ante el fenómeno. Esta actuación conjunta permitirá, según reportó el Ejecutivo gallego, unificar criterios tanto para la prevención de problemas derivados de la movilidad como para el desarrollo de estrategias comunes de información y promoción turística y científica.

El evento astronómico, previsto para el 12 de agosto, ha movilizado recursos y personal en diferentes departamentos del gobierno regional y de entidades asociadas, quienes señalaron que la singularidad del eclipse, al no repetirse en la zona hasta dentro de varias generaciones, incrementa el interés tanto local como foráneo. Por este motivo, el Ejecutivo gallego enfatizó la importancia de una respuesta planificada capaz de abarcar operativos de emergencia, campañas educativas para prevenir riesgos visuales y logísticos, y acciones conjuntas con otros territorios para maximizar los beneficios científicos, turísticos y culturales del fenómeno.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, anunció tras finalizar una reunión con quienes encabezan las protestas que la administración autonómica seguirá apostando por el diálogo y la cooperación como vías para solventar los cortes viarios y la disconformidad surgida tras la reciente adopción del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Según detalló el medio que cubrió el encuentro, Ordeig subrayó que el Govern buscará alternativas basadas en el entendimiento para encauzar la situación que vive el sector agrícola catalán y garantizar la continuidad de la actividad en el territorio, con un firme compromiso por exigir garantías ante las autoridades estatales y europeas.

Tal como publicó el medio, Ordeig transmitió su “firme voluntad” de garantizar la defensa de los intereses agrícolas catalanes frente a los desafíos derivados de la alianza entre Bruselas y los países de Mercosur. El conseller realizó estas declaraciones en Reus, Tarragona, tras reunirse con los agricultores que desde el jueves participan en acciones de protesta en distintos tramos de la red viaria catalana en respuesta a la aprobación del acuerdo. El encuentro representó una oportunidad para escuchar de primera mano las inquietudes de los afectados y confirmar su respaldo institucional al tejido agrícola.

De acuerdo con la información difundida, Ordeig señaló que las demandas de los manifestantes se trasladarán ante el Ministerio español y la Comisión Europea, agregando que la Generalitat exigirá mecanismos efectivos de control y la puesta en marcha de garantías que eviten perjuicios al sector. El conseller compartió este compromiso a través de un mensaje en la red social X, donde insistió en la necesidad de mantener la vigilancia sobre la aplicación del acuerdo, con el objetivo de proteger la competitividad de los productores catalanes.

El medio consignó que el conseller expresó respeto hacia las protestas, reclamando al mismo tiempo comprensión entre la ciudadanía ante la afectación generada por los cortes y movilizaciones. La Generalitat, según las declaraciones de Ordeig, sostiene la disposición de seguir trabajando en la elaboración de propuestas que permitan restablecer la normalidad mediante el consenso, la negociación y la cooperación con el colectivo agrícola. Las acciones institucionales priorizarán el pacto como vía para desbloquear la situación y atender las consecuencias que puedan derivarse de la presión producida por la nueva Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo Mercosur.

La aprobación del pacto entre la Unión Europea y Mercosur ha provocado reacciones inmediatas dentro del sector agrícola, reflejadas en las movilizaciones de agricultores que han extendido sus protestas a diversos puntos de Cataluña. Estas manifestaciones buscan expresar la preocupación por el impacto que las nuevas condiciones podrían acarrear sobre la producción local y la viabilidad de las explotaciones agrícolas. Según reportó el medio que cubre los hechos, los representantes de los agricultores defienden la necesidad de controles eficaces en la ejecución del acuerdo para mitigar los riesgos de competencia desleal y defender el modelo de proximidad característico de la agricultura catalana.

En este contexto de reivindicación y diálogo, la administración catalana reitera mediante su conseller su intención de actuar como interlocutora frente a las instituciones nacionales y europeas, reclamando salvaguardias y transparencia en la implantación de las regulaciones asociadas al acuerdo. El compromiso manifestado incluye el seguimiento de la evolución del sector y la cooperación permanente con los agentes afectados, con el objetivo de anticipar y atender sus demandas.

A lo largo de los próximos días, la Generalitat prevé impulsar canales de acercamiento con los representantes de los agricultores para avanzar hacia una resolución pactada de los problemas surgidos. El conseller Ordeig inscribió este nuevo episodio de movilización dentro de un proceso amplio de negociación que incluye la defensa del sector agroalimentario y la revisión de los criterios de la PAC, destacando la importancia de la participación directa de los actores implicados. El Govern mantiene así su línea de actuación basada en el respeto institucional a las protestas, la exigencia de garantías antes las autoridades superiores y la búsqueda de soluciones por vías de cooperación y diálogo efectivo.

El reciente nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad ha generado controversia por el presunto incumplimiento del principio de paridad de género en el gabinete presidencial.

Dos demandas buscan anular su designación después de que, según documentos divulgados por Cambio, su llegada al Ministerio de la Igualdad rompería el equilibrio exigido legalmente en la composición ministerial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La designación de Florián Silva, politólogo y activista Lgbtq, por parte del presidente Gustavo Petro el pasado 11 de agosto de 2025, reemplazó a Carlos Rosero y generó alertas sobre la paridad en los altos cargos del Gobierno nacional.

De acuerdo con cifras citadas por el medio citado, tras el ingreso de Florián el gabinete pasó a contar con diez hombres y nueve mujeres, lo que representa un 52,63% frente a un 47,37% de representación femenina.

Este diferencial es el centro de las acciones legales radicadas tanto ante el Consejo de Estado como en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde los demandantes argumentan que el Gobierno vulnera la Ley 2424 de 2024, que modificó la tradicional Ley de Cuotas, y el Decreto 859 de 2025 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública.

Según el texto divulgado por Cambio, la ley estipula: “Para cumplir con la cuota de género del 50% exigida por la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, se necesitaría que al menos 10 de los 19 cargos fueran ocupados por mujeres. Dado que actualmente solo 9 de los 19 cargos son ocupados por mujeres, existe un déficit de 1 mujer para cumplir con el mínimo legal requerido. Esto es irrazonable y desproporcionado a la luz de las normas superiores que rigen este tipo de actos de nombramiento”.

Los demandantes, el ciudadano Juan Manuel López Molina y la representante a la Cámara Catherine Juvinao, solicitan la nulidad del decreto 0892 con fecha del 11 de agosto, que formalizó el nombramiento.

Cabe destacar que, López ya había cuestionado por motivos similares la designación de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, mientras Juvinao respalda la acción judicial con la premisa de que el incumplimiento empezó desde la inclusión de Montealegre en el gabinete.

“La expedición del Decreto 892 del 11 de agosto de 2025, mediante el cual se designó al doctor Juan Carlos Florián, en vez de revertir esta situación y dar cumplimiento efectivo a la Ley 2424 de 2024, continuó su incumplimiento y mantuvo la participación femenina en 47,37 por ciento y la participación masculina en 52,63 por ciento”, sostiene la demanda presentada.

La jurisprudencia reciente respalda la viabilidad de estas demandas; Cambio recordó que en 2022 el Consejo de Estado anuló el nombramiento de ministros y altos funcionarios durante el gobierno de Iván Duque Márquez por similares razones.

Juan Carlos Florián afirmó que prefiere el trato en femenino: “Yo no soy gay, soy una marica”

La reciente posesión de Juan Carlos Florián como nueva ‘ministra’ de Igualdad ha suscitado debate por sus declaraciones sobre identidad de género y su experiencia personal.

Florián explicó que prefiere el trato en femenino, afirmando: “Me nombro en femenino porque soy una persona y porque soy una marica. Yo no soy gay, respeto mucho, yo soy una marica y por eso hablo en femenino”.

En una entrevista para el pódcast A Pelo, Florián abordó distintos aspectos de su vida, incluyendo su acercamiento al presidente Gustavo Petro cuando trabajó en la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

Recordó que allí fue nombrada como primera subdirectora para asuntos LGBT, lo que sentó las bases para su carrera en la gestión pública.

“Es una persona que reconoce mi trabajo, que me ha apadrinado mi trabajo muchísimo. Hay un nivel importante de confianza en el momento en que me hace el llamado para participar como viceministra en un ministerio que él creó”, dijo Florián.

La ‘ministra’ reveló que tras el fin de su paso por la Secretaría de Integración Social, vivió en el extranjero y realizó diferentes labores para salir adelante.

En ese contexto, compartió sus reflexiones acerca del trabajo sexual y la industria del entretenimiento para adultos. “Las personas que hacen trabajo sexual y que son profesionales de la industria del sexo son personas que merecen tener las mismas garantías laborales que tiene cualquier persona de la clase trabajadora”, señaló.

Durante la conversación, Florián también abordó las críticas recibidas por ser una persona que vive con VIH.

“Siempre he hablado abiertamente que es portadora del virus desde hace más de 20 años, pero una cosa es que yo lo diga y otra que me acusen de tener VIH, que lo usen en mi contra, porque los que vivimos con la enfermedad no somos menos aptas o menos capaces para asumir un cargo”, manifestó la titular de Igualdad en el pódcast.

"El lema del Gobierno es la esperanza, la misión es lograr la seguridad, la prosperidad y una vida cómoda para todos los ciudadanos sudaneses. Mientras la visión del gobierno se basa en impulsar a Sudán hacia el nivel de países desarrollados, los valores fundamentales son la honestidad, la integridad, la justicia, la transparencia y la tolerancia", señaló Idris en un discurso televisado.

Afirmó que "el Gobierno civil de la esperanza es el primer gobierno en la historia de Sudán que combina dos cosas buenas: tecnocrático, lo que significa gobernar al pueblo a través de la agencia de sus servidores académicos basándose en su experiencia y formación técnica; y no partidista, lo que significa que sus miembros no pertenecen a partidos políticos sino que representan la voz de la mayoría silenciosa".

Asimismo, apuntó que "las condiciones" para ser miembro de este nuevo gobierno -cuya fecha de formación no ha precisado- son que "la persona sea de nacionalidad sudanesa, independientemente de su raza o religión, que no esté afiliada a ningún partido político, que posea valores fundamentales, habilidades de liderazgo y los más altos niveles de conocimiento, competencia y experiencia técnica requeridos en el campo relevante".

Este anuncio se produce pocos días después de que Idris dijese que iba a comenzar una reubicación gradual de ministerios e instituciones gubernamentales de Port Sudán -capital administrativa temporal- a Jartum, dos meses y medio después de que el Ejército se la arrebatara a los paramilitares.

El Gobierno sudanés ha operado desde Port Sudán desde el estallido de la guerra entre el Ejército y las FAR, a mediados de abril de 2023.

El poder ejecutivo se vio forzado a trasladarse a esta ciudad en el este de Sudán y a orillas del mar Rojo debido a la escalada de los combates en Jartum

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, el desplazamiento de alrededor de 13 millones y ha dividido, a grandes rasgos, el país en dos: el norte, este y centro, controlado por el Ejército; y la vasta región occidental de Darfur, en manos de los paramilitares; mientras que amplias zonas del sur están en disputa. EFE

El obispo de Santander, Arturo Ros, ha ordenado este domingo sacerdote al joven nicaragüense Eliar Blandón Gadea para el servicio de la iglesia cántabra, en la primera ordenación presbiteral que preside el prelado desde que tomó posesión de la Diócesis hace más de un año.

En el acto, celebrado en la Catedral de Santander, han estado presentes religiosos de la geografía diocesana, en especial de Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y de las parroquias de Santiago y el Barrio Pesquero de la capital cántabra.

También han acudido amigos de Valencia, Pamplona y Oviedo que han sido hitos dentro del itinerario formativo del nuevo sacerdote.

En su homilía, Ros le ha invitado a una donación "total y para siempre" en un ministerio en que "no existe una entrega a tiempo parcial" y en el que es llamado a "transparentar la bondad de Dios manifestada en Jesucristo".

Durante el acto se ha seguido la liturgia de la unción de las manos con el Crisma --un ungüento, mixtura de aceite y perfume, que fue confeccionado por el obispo en la pasada Semana Santa-- y de la entrega del cáliz y la patena --la copa y el cuenco con los que se celebra la Eucaristía--.

Al finalizar la misa, monseñor ha invitado a los jóvenes a responder con "generosidad a la llamada de Dios". "¿Qué estáis esperando? El Señor da el ciento por uno", ha afirmado al mismo tiempo que ha enfatizado "os espero, o iré a buscaros", ha señalado en nota de prensa la Diócesis de Santander.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha avanzado que la entidad catalana participará en la consulta pública lanzada por el Gobierno sobre la operación.

"El Banco Sabadell evidentemente va a contestar a la pregunta que ha formulado el Gobierno. Contestará específicamente de cuáles son los elementos de interés general que están en juego en esta operación", ha indicado el consejero delegado en una rueda de prensa celebrada este jueves con motivo de la publicación de sus cuentas trimestrales.

El primer ejecutivo del banco ha avanzado que la respuesta del banco todavía no está cerrada, porque tiene que ser decidida por el conjunto del consejo de administración.

La respuesta se está elaborando en este momento, y aunque ya hay un borrador listo, todavía no ha pasado por el consejo. Además, será el propio consejo de administración el que decida si la respuesta que dan al Gobierno se hace pública o no.

Preguntado por si ha participado o participará a título individual, ya que es una opción posible, González-Bueno ha avanzado que "cada uno es libre" de hacerlo o no.

Se trata de la primera vez que el Gobierno emplea una consulta pública de este tipo para una operación corporativa de este tipo, aunque es un procedimiento habitual en otro tipo de desarrollos normativos.

El Ministerio tendrá entre el 16 de mayo, que es cuando expira el plazo del formulario, hasta el 27 de mayo para decidir si eleva o no el caso al Consejo de Ministros con las argumentaciones recopiladas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha optado por el general Eyal Zamir como candidato a jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel tras el anuncio de la dimisión de Herzi Halevi.

Zamir, que ahora ocupa el cargo de director general del Ministerio de Defensa, cuenta también con el apoyo del ministro de Defensa, Israel Katz, informa el diario 'The Times of Israel'.

El propio Halevi ha felicitado a Zamir en un comunicado oficial. "Conozco a Eyal desde hace muchos años y confío en que liderará a las FDI a la luz de los desafíos que se avecinan y le deseo mucho éxito". Además ha prometido "una transferencia de mando de las FDI profesional y de alta calidad".

Zamir, de 59 años, era el favorito para el cargo tras la dimisión de Halevi, que será efectiva el 6 de marzo. Está considerado como cercano al propio Netanyahu.

Ahora su nombramiento deberá ser aprobado por la Comisión de Nombramiento de Altos Cargos de la Knesset o Parlamento israelí y posteriormente ratificado por el Consejo de Ministros. Solo entonces será aprobado como 24º jefe del Estado Mayor.

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El Gobierno prepara el lanzamiento de la segunda estrategia de pobreza energética para hogares vulnerables y el bono social, con el objetivo de tenerla lista antes de final de año.

El anuncio comunicado este jueves por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, plantea una serie de mejoras en relación con el anterior plan, una vez superado el contexto de altos precios energéticos de 2022, 2023 y 2024 y los efectos provocados en los consumidores.

La iniciativa incluye el impulso de nuevas medidas "para que todos los hogares con derecho al bono social accedan efectivamente a él", ha señalado la vicepresidenta, tras reunirse con la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y las asociaciones de consumidores.

La próxima semana se abrirá la consulta pública previa, para que todos los agentes interesados puedan enviar sus aportaciones de cara a diseñar esta estrategia.

La propuesta incluye que la pobreza energética sea una variable en distintos programas de ayudas, con la financiación del plan social para el clima, que se recoge en el Fondo Social para el Clima.

El proceso participativo también incluirá un calendario de trabajo conjunto entre el ministerio y las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la pobreza energética. EFECOM

Madrid, 10 ene (EFE).- La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) exige al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades "una explicación detallada y transparente" sobre la cancelación de una convocatoria de ayudas en el área de la inteligencia artificial (IA).

La COSCE ha mostrado, en un comunicado, su "insatisfacción" por la respuesta que le ha dado ya el Ministerio sobre los motivos de la suspensión de esa convocatoria, que contaba con un presupuesto de 31 millones de euros en forma de subvención.

Por su parte, fuentes del ministerio han indicado a EFE que el compromiso es que, "en el menor tiempo posible", se elabore una nueva convocatoria en 2025.

La convocatoria suspendida fue publicada en julio de 2023, en aquel momento por el Ministerio de Universidades, y contemplaba ayudas para la financiación de planes de investigación en cooperación en el área de la inteligencia artificial desarrollados por grupos de investigación interdisciplinares.

El pasado diciembre y este enero, la COSCE pidió información sobre la situación de la convocatoria y ayer recibió una respuesta escrita del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa.

Durante el desarrollo del procedimiento administrativo para la resolución de la convocatoria "han surgido una serie de circunstancias sobrevenidas que han provocado que finalmente no sea posible técnicamente resolver esta convocatoria", indica la carta recibida por la COSCE.

A estas circunstancias se suma "la necesidad de priorizar la gestión de normas y programas de ayuda para la reconstrucción de infraestructuras y comunicaciones y recursos de diversa índole hacia los territorios afectados por la dana”, agrega la misiva.

La confederación considera esa respuesta "totalmente insatisfactoria" y exige al ministerio "una explicación detallada y transparente sobre los motivos de la cancelación de la convocatoria y los responsables de los retrasos, en aras de una transparencia indispensable en un sistema científico basado en el rigor y la confianza entre todos sus agentes".

Igualmente, pide "la restitución inmediata de la convocatoria" y la publicación de un cronograma "claro y preciso para su resolución", que garantice la financiación de los proyectos de investigación.

Así como la compensación a los equipos de investigación afectados por la cancelación de la convocatoria, para que puedan continuar con sus proyectos. También pide la puesta en práctica de medidas que garanticen la agilidad y transparencia en los procesos de concesión de futuras convocatorias.

Para la COSCE, solo así "puede atenuarse, en parte el perjuicio que la cancelación de las ayudas ha causado a multitud de investigadores y investigadoras".

Fuentes del Ministerio de Ciencia han indicado, por su parte, que el compromiso es que, "en el menor tiempo posible", se elabore una nueva convocatoria en 2025.

En esta ocasión, estará gestionada por la Agencia Estatal de Investigación y responderá a los objetivos científicos que inspiraban la convocatoria inicial, con una dotación económica y un diseño que faciliten y aseguren su ejecución.

Desde el ministerio, agregan las fuentes, lamentan "profundamente" que las propuestas presentadas no vayan a poder llevarse a cabo bajo la convocatoria ahora suspendida y destacan que, "en ningún caso, su cancelación tiene relación con la valoración científica" de las mismas.

Además, reiteran el compromiso del ministerio con el desarrollo del ecosistema científico, tecnológico y de innovación que incorpore la inteligencia artificial como herramienta esencial.

El ministerio es consciente de la importancia estratégica para el país de promover activamente la investigación y la transferencia entorno a la IA y su desarrollo en diferentes campos científicos, económicos y laborales, según las misma fuentes.

Sobre la suspensión de la convocatoria, también ha mostrado hoy su "malestar" y "perplejidad el Grupo 9 de Universidades, conformado por aquellas universidades públicas que son las únicas de titularidad estatal en sus respectivas comunidades autónomas

El grupo, que ha celebrado su asamblea general en Oviedo, ha indicado, en una rueda prensa posterior, que se trata de una situación “insólita, que menosprecia el intenso trabajo de diversos grupos de investigación”, por lo que están estudiando las "vías legales oportunas" para la impugnación de dicha resolución.

El Grupo 9 está conformado por la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Oviedo, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia como entidad colaboradora. EFE

Madrid, 25 oct (EFE).- La patronal de las empresas de alquiler de vehículos Feneval ha asegurado este viernes que la mayoría de estas compañías "no podrán estar preparadas" para la entrada en vigor de la nueva normativa de registro de viajeros, que exige a los subsectores del turismo solicitar datos adicionales a sus clientes.

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval) ha señalado en una nota que el Real Decreto 933 de 2021 supondrá "un esfuerzo" para las empresas, en su mayoría pymes, "al no encontrarse lo suficientemente desarrolladas a nivel administrativo y tecnológico".

También ha calificado como "dispendio económico" que las compañías de alquiler de coches tengan que desarrollar tres interfaces en vez de solo una que cumpla con las obligaciones en las diferentes comunidades autónomas.

Ha agregado finalmente que en el sector están abiertos al diálogo sobre los ajustes que conduzcan al cumplimiento de la normativa, "siempre y cuando" el Ministerio acompañe a las empresas en ese proceso "que conlleva una inversión tecnológica y económica".

El decreto en cuestión implicará que estos negocios vinculados al sector turístico deban solicitar a los viajeros información que no aparece en ninguno de los documentos de identificación que portan (DNI, NIE, pasaporte, etc.), como la forma de pago del servicio, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil, domicilio real y otros.

Este reglamento entró en vigor bajo un periodo de adaptación sin sanciones desde el 2 de enero de 2023 e iba a ser aplicable con todos sus efectos a partir del pasado 1 de octubre, pero su implementación fue recientemente prorrogada para el próximo 2 de diciembre. EFE

Madrid, 17 oct (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han mantenido este jueves una “cordial” reunión en la que han acordado colaborar entre todas las administraciones implicadas en el soterramiento de la A-5 para alumbrar el “mejor” plan de movilidad ante estas obras.

Los trabajos que se van a acometer en un tramo de la carretera de Extremadura a su paso por el distrito de Latina, si bien ya han empezado, no supondrán cortes de carriles de la autovía del suroeste hasta mediados de diciembre.

En el encuentro, celebrado en el ministerio, también han estado presentes el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santana, quien ha aseverado en declaraciones a la prensa que el ministerio no se cierra “a nada”, en alusión a la posible gratuidad de la radial de peaje R5 en horas punta y días laborales por la que apuesta el Gobierno de Almeida para descongestionar otras carreteras cuando empiecen los cortes de carriles en la A-5.

Almeida, que ha hecho declaraciones a la prensa antes que Santana tras una reunión que ha sobrepasado la hora y media de duración, ha puesto en valor el “ambiente cordial” del encuentro, en el que, además de las obras de la A-5, se han abordado otros asuntos como la situación de Cercanías Madrid y las futuras obras de la estación de Atocha.

“Hemos acordado una colaboración entre ambas administraciones y también dentro del Consorcio Regional de Transportes, porque tenemos tiempo. Los cortes de tráfico no se van a producir hasta dentro de dos meses, aproximadamente a mediados de diciembre, y por tanto (hay margen) para establecer cuáles son todas las alternativas y todas las propuestas y que desde el punto de vista técnico se puedan tomar las mejores decisiones”, ha señalado el regidor de la capital.

Así pues, los técnicos, que son “los que mejor saben”, van a “darnos su criterio y sobre su criterio tendremos que tomar las decisiones”, ha dicho Almeida sobre la posible gratuidad de la R-5.

“Lo que no me parece tampoco apropiado -ha añadido- es que lo hagamos sin que los técnicos también tengan la oportunidad de poder pronunciarse. Nosotros hicimos esta propuesta porque en el ámbito interno del Ayuntamiento nos trasladaron que era una cuestión que positivamente podía influir, pero nosotros, en ese marco de colaboración entre administraciones, queremos también que lógicamente se pueda trabajar conjuntamente. Queremos contar con una opinión definitiva y en ese marco tomaremos la decisión”, ha dicho Almeida, incidiendo en que no quiere hacer “ya conclusiones aventuradas”.

Santana, que ha valorado el encuentro como “muy cordial”, ha señalado que las obras para soterrar la A5 entre la avenida de Portugal y la avenida del Padre Piquer es una cuestión “de alta preocupación también para el ministerio”, porque van a impactar “durante mucho tiempo”, en torno a dos años, en la movilidad de “muchos miles y miles de ciudadanos de Madrid”.

Además de la “preocupación” que tiene el ministerio por las obras, desde la cartera de Transportes, que “desconoce” el plan de movilidad del Ayuntamiento, han planteado al alcalde “la necesidad de establecer un plan de movilidad consensuado”.

“Un plan de movilidad que creemos que debe fraguarse en el marco del Consorcio de Transportes de Madrid, en el comité técnico correspondiente. Desde el Ayuntamiento se nos ha mostrado una posición favorable a esta petición que ha hecho el ministro, y, a partir de ahí, nosotros lo que hemos transmitido es la intención de colaborar con todos los medios del ministerio para que esta obra que tiene que hacerse durante los próximos meses resulte lo menos problemática” para los ciudadanos, ha resumido el secretario de Estado.

También ha señalado que el Ayuntamiento les ha confirmado “que tiene la intención de convocar con rapidez ese comité”, y ha querido dejar “claro” que el ministerio no se ha cerrado “a nada”.

Preguntado sobre la posible gratuidad de la R-5, Santana ha insistido: “Vuelvo a decir: el ministerio, y además el ministro ha sido muy claro, porque nuestra actitud es de colaboración plena, no nos cerramos a nada”.

“Lo único que queremos es que exista un plan consensuado de transporte”, ha aseverado el secretario de Estado, quien ha adelantado que se está trabajando con Renfe “en una propuesta” de refuerzo de la línea C5, propuesta que el ministerio llevará “a ese comité técnico”. EFE

1011766

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha instado a "acotar el alcance de la corrupción" en el marco del 'caso Koldo' y a determinar "la responsabilidad y los responsables políticos en esa trama, llegue hasta donde llegue".

Ahora bien, ha pedido dejar trabajar a los tribunales y ha reprochado al PP su "hipocresía" por querellarse contra el PSOE. "Primero que arreglen su casa y después la de los demás", ha manifestado en rueda de prensa.

Así ha valorado la querella contra el PSOE que ha registrado este lunes el PP por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, al margen de la investigación ya abierta sobre el llamado 'caso Koldo', tras la información desvelada por 'The Objective' acerca de un empresario que "afirma haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos".

Baldoví ha subrayado que para Compromís "la corrupción no tiene colores" porque "cualquier tipo de corrupción atenta contra la ciudadanía": "Quien la haya hecho que la pague, sea Koldo y llegue hasta donde llegue dentro del Ministerio", ha aseverado, para recordar que es algo que corresponde determinar a los tribunales.

Dicho esto, ha defendido que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deberían tener "el mismo valor" en todos los presuntos casos de corrupción, ya que cree que el PP actúa "de manera absolutamente diferente" en el que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

"No puede ser que en uno sean prácticamente palabra de dios y en otro no tengan ese mismo valor acusatorio", ha señalado, para insistir en que Compromís los valora de la misma forma.

Sobre la querella del PP, el síndic de Compromís ha reprochado a este partido que "tiene más cara que espalda" y que su "hipocresía y fariseísmo llega a unas cotas estratosféricas".

"Todavía no sabemos quién es M. Rajoy", ha añadido en alusión al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al 'caso Bárcenas' sobre la contabilidad opaca del Partido Popular.

Baldoví ha afeado así al PP que "intente ensuciar a los demás" y le ha instado a denunciar "si hay algo", mientras ha hecho hincapié en que para Compromís "no hay corrupción buena ni mala".

Zamora, 11 oct (EFE).- La exministra de Transportes que sustituyó a José Luis Ábalos al frente de esa cartera y actual presidenta de Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, ha defendido este viernes la legalidad que rigió en su etapa al frente del ministerio.

Preguntada por si a su llegada al ministerio en julio de 2021 vio algo raro en relación al denominado 'caso Koldo', Sánchez ha indicado que no, que está "muy tranquila" y tomó "las decisiones que tuve que adoptar en ese momento".

Ha agregado que el trabajo que se realizó durante su etapa al frente de ese Ministerio, que se prolongó hasta noviembre del año pasado, fue "un trabajo que se ajustó en todo momento a la legalidad".

Del mismo modo, ha defendido la profesionalidad de los funcionarios del Ministerio, que "nada tienen que ver con presuntas conductas individuales que están y que son objeto de investigación y respecto a las cuales tampoco puedo aportar nada nuevo".

Preguntada por los ceses que llevó a cabo al entrar en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre otros el de Koldo García, ha declarado que llevó a cabo ceses y nombramientos como hacen todos los ministros cuando asumen el cargo.

"Yo hice ceses y nombramientos, los ceses de las personas que estaban en ese momento pero consideraría que no formaban parte de mi equipo y nombré a otras personas, así fue", ha concluido Raquel Sánchez en Zamora, donde ha presentado las obras de reforma que se van a llevar a cabo en el Parador de Turismo. EFE

aff/mr/jlg

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía radicaron en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Presupuesto de Regalías 2025-2026. La iniciativa alcanza un monto de $30,9 billones, equivalentes a 1,7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el proyecto, el 82,5% de los ingresos corresponde a ingresos corrientes ($25,5 billones) y el 17,5% restante a otros ingresos, la gran mayoría proveniente de rendimientos financieros ($5,2 billones). Este proyecto permitirá aumentar el gasto social en las regiones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La iniciativa continúa para el estudio y posterior votación de las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara.

Los recursos que se incorporan en este presupuesto son esenciales para: fortalecer la descentralización, la autonomía y el desarrollo territorial, impulsar la reactivación económica, apoyar la transformación de la economía en el marco de la transición energética justa y una producción ambientalmente sostenible, contribuir al cierre de brechas regionales y favorecer el cumplimiento de las metas propuestas en los planes de desarrollo de las entidades territoriales.

Descentralización de los dineros del Estado

Es así como dando cumplimiento al artículo 361 de la Constitución Política, esta iniciativa favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por $29 billones, de los cuales:

• $6,4 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.
• $8,8 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos.
• $2 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $511.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
• $5,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios que hagan parte del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

• $2,8 billones se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
• $255.000 millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, propósito que será fortalecido por la inversión de $432.000 millones, que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas
• $592.000 millones serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.
• Cormagdalena recibirá $128.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.

Qué pasará con el ahorro

Es de destacar que, para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,1 billones. Asimismo, $255 mil millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.

También se destinarán $511.000 millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.

Producción de hidrocarburos

La producción de hidrocarburos seguirá siendo la principal fuente de generación de regalías del país. En el próximo bienio, en promedio, 68% de los ingresos corrientes del SGR serán generados por el sector hidrocarburos y el 32% restante por el sector minero.

Este presupuesto da estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales que rigen la materia; los cuales están contenidos en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, la Ley 2056 de 2020 y el Decreto Único reglamentario del SGR (1821 de 2020).