La mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, suspenderá sus operaciones durante al menos tres meses luego de concluir los trabajos de búsqueda del último de los cuatro mineros que quedaron atrapados tras la filtración de jales mineros ocurrida el pasado 25 de marzo.

Así lo informó Álvaro Vargas Miranda, gerente administrativo de Industrial Minera de Sinaloa (IMSSA), quien precisó que durante ese periodo se realizarán revisiones para identificar las causas del accidente y evitar que se repita.

El último trabajador en ser localizado fue Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo. Su cuerpo fue ubicado en la madrugada del 28 de abril, a las 2:15 horas tiempo del Pacífico, tras 33 días de búsqueda ininterrumpida.

Dos sismos, entre las causas bajo investigación

El accidente ocurrió cuando una membrana se rompió y permitió que el jal —residuo del proceso minero— se infiltrara dentro del yacimiento. En ese momento quedaron atrapados 25 trabajadores, de los cuales 21 lograron salir el mismo día y cuatro permanecieron al interior.

Entre los factores que se analizarán durante el receso destacan dos sismos registrados en el municipio de El Rosario en lo que va del año:

• 17 de enero: magnitud 3.9, profundidad de 5 kilómetros, al sureste del municipio.
• 13 de marzo: magnitud 4.1, profundidad de 5 kilómetros, al noroeste del municipio.

Vargas Miranda señaló que los expertos revisarán minuciosamente estos y otros posibles factores, además de realizar trabajos de limpieza interior del yacimiento para preparar las condiciones que permitan reanudar las operaciones.

Trámites pendientes con familias y autoridades

Antes de que el receso técnico arranque formalmente, IMSSA atiende gestiones administrativas con instancias de gobierno. La empresa también está pendiente del traslado del cuerpo de Leandro Isidro Beltrán a su lugar de origen, en Zimapán, Hidalgo.

En cuanto a las compensaciones, Vargas Miranda indicó que se cubrirán a través de pólizas de seguros privados contratadas para cada trabajador minero, las cuales serán entregadas directamente a los familiares.

Reconocimiento pendiente para los rescatistas

El gerente de IMSSA mencionó que la empresa analiza realizar un reconocimiento a todos los trabajadores mineros que participaron en las labores de rescate durante las 33 jornadas que duró la emergencia.

En total, el operativo desplegó a 389 elementos de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del estado de Sinaloa.

De los cuatro mineros atrapados, dos fueron rescatados con vida: José Alejandro Cástulo Colín, de Michoacán, localizado tras más de 100 horas, y Francisco Zapata Nájera, de Durango, rescatado al día 14. Los otros dos —Abraham Aguilera Aguilera, de Guanajuato, y Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de Hidalgo— fueron hallados sin vida.

Luego de 33 días de búsqueda, fue hallado sin vida el cuarto trabajador que permanecía atrapado en de la mina Santa Fe, ubicado en El Rosario, Sinaloa.

Se trata de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años de edad, originario de Zimapán, Hidalgo, quien luego de trabajos ininterrumpidos fue ubicado dentro de la mina luego de quedar atrapado desde el pasado 25 de marzo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que su localización se dio la madrugada de este lunes, a las 2:15 horas del Pacífico (3:15 horas del centro del país).

Luego de ubicarlo, las autoridades dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) para iniciar los protocolos de recuperación del cuerpo del minero. Es así que los equipos de búsqueda esperan a los peritos estatales para llevar a cabo el proceso correspondiente.

Finalizan trabajos de búsqueda que desplegaron más de 380 elementos

Luego de que se registró el siniestro, fue desplegado un equipo de 389 elementos de diversas instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno del estado de Sinaloa.

Al localizar al último minero que permanecía atrapado, las autoridades continuarán con el acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante el proceso.

Se espera que sea en las próximas horas en las que se lleve a cabo el rescate del cuerpo del cuarto minero para que sea entregado a sus familiares.

Cronología de la búsqueda de los cuatro mineros: entre lodo y altos niveles de agua que impedían su ubicación

Luego del rompimiento de una presa de jales al interior de la mina que provocó que 25 mineros lograran salir, pero cuatro de ellos quedaran atrapados, las labores de búsqueda enfrentaron diversas complicaciones debido al laberinto de galerías inundadas.

Buzos, militares y personal especializado fueron desplegados en el sitio con el objetivo de ubicar con vida a los cuatro trabajadores, de los cuales solo dos lograron sobrevivir.

La presencia de lodo y altos niveles de agua impedían que el equipo de rescate pudiera ingresar a la mina, por lo que los trabajos se enfocaron en la extracción del líquido a través de motobombas.

El primer trabajador fue localizado con vida luego de más de 100 horas. Se trató de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, originario de Angangueo, Michoacán.

Durante las jornadas, equipos de buzos del Ejército Mexicano también ingresaron a la mina con el objetivo de continuar la exploración del lugar, lo que permitió ubicar al segundo trabajador con vida.

Luego de 14 días, Francisco Zapata Nájera de 42 años (originario de Durango) fue ubicado y al siguiente día rescatado. Su extracción de la mina se vio dificultada debido a los altos niveles de agua en la zona en la que permanecía.

El pasado 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la localización sin vida del tercer trabajador, quien fue identificado dos días después como Abraham Aguilera Aguilera de 33 años de edad, originario de Guanajuato.

A poco más de un mes de distancia, los cuatro trabajadores fueron ubicados, mientras la familia de Leandro Isidro Beltrán permanecen en espera de recuperar su cuerpo para despedirlo.

Este miércoles 22 de abril se cumplen 28 días del derrumbe en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, donde aún permanece atrapado uno de los trabajadores de este lugar. A las afueras se encuentra el Puesto de Comando, donde elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Marina y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantienen realizando acciones de trabajo coordinado para el rescate.

Las labores en el lugar se mantienen 24/7, buscando avanzar de manera constante, orientando las acciones en la zona. Las autoridades aseguran que mantienen comunicación permanente con familiares, así como acompañamiento cercano, mientras continúan los esfuerzos en el sitio.

Cuarto minero se trasladaba en razer

El día 21 de abril, durante una conferencia de prensa el gobernador Rubén Rocha Moya, aseguró que han encontrado piezas del razer donde se presume que se trasladaba el minero identificado como Isidro Beltrán:

“Se han encontrado pedazos del razer, porque es el único que traía razer porque era supervisor. Entonces, sí se han encontrado, eso es lo que ha dado guía de una manera, pero se han complicado tanto las cosas que se ha llenado de jal los accesos”.

En el caso de los otros tres mineros, el equipo siguió las indicaciones que proporcionaron los compañeros sobre las actividades que desempeñaban cuando ocurrió el derrumbe, explicó Rocha Moya.

El gobernador aseguró que, pese a las dificultades que han complicado el avance de la búsqueda, el operativo no se suspenderá y continuará bajo condiciones seguras con el objetivo de llegar al punto donde se presume podría encontrarse el cuarto minero.

Así ocurrió el accidente en la mina Santa Fe

El accidente en la mina Santa Fe ocurrió el 25 de marzo, cuando colapsó la presa de jales al interior de la mina. En ese momento, 25 trabajadores se encontraban en la instalación; 21 lograron salir por sus propios medios y cuatro quedaron atrapados.

El primer rescate se realizó el 29 de marzo a las 23:52 horas. José Alejandro Cástulo Colín fue hallado por personal de rescate y logró subir a la ambulancia por su propio pie. El traslado se realizó con apoyo del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

El segundo trabajador, Francisco Zapata Nájera, fue localizado el 7 de abril a las 13:50 horas y rescatado el 8 de abril a las 10:36 horas. Paramédicos lo estabilizaron en la superficie y lo trasladaron en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para recibir atención especializada.

El tercer minero, Abraham Aguilera Aguilera, fue encontrado sin vida el pasado 8 de abril. Las autoridades continúan con la búsqueda de Leandro Isidoro Beltrán, el cuarto trabajador atrapado.

La tarde de este sábado 18 de abril la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que continúan los trabajos en campo para definir la ruta para avanzar en la búsqueda del cuarto trabajador atrapado tras el derrumbe en la mina Santa Fe de El Rosario en Sinaloa.

Entre las actividades que se destacan, son:

• La preparación de materiales.
• Revisan equipo para aplicar a concreto en zona del interior y reforzar el espacio.
• Personal de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y grupo IMSSA, sostuvieron una reunión de trabajo para afinar estrategia.
• Elementos de CFE, Semar y CNPC, descendieron a la mina para analizar las condiciones en el sitio.

“Estamos trabajando día y noche, sin descanso para rescatar al cuarto minero, a Leandro Isidoro Beltrán”, detalló la coordinadora Laura Velázquez Alzúa.

Así ocurrió el incidente en la mina Santa Fe

Cabe recordar que el accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando colapsó la presa de jales al interior de la mina, estructura donde se acumulan los residuos de la extracción, alrededor de las 15:00 horas.

Cuatro trabajadores permanecieron atrapados tras el incidente, mientras que 21 de sus compañeros consiguieron salir del yacimiento por sus propios medios. En total, había 25 personas dentro de la instalación al momento del siniestro.

El pasado 27 de marzo se instaló un puesto de mando unificado con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno federal y el Gobierno de Sinaloa.

Protección Civil dio a conocer el rescate de tres mineros

El domingo 29 de marzo a las 23:52 horas, personal de rescate notificó al Puesto de Comando Unificado sobre el hallazgo y rescate de uno de los mineros, lo que activó de inmediato los protocolos de atención prehospitalaria y traslado para su valoración médica.

Según el informe preliminar, José Alejandro Cástulo Colín logró subir a la ambulancia por su propio pie. Para el operativo se utilizaron tres ambulancias terrestres, entre ellas una del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), que realizó el primer traslado.

Mientras que el trabajador identificado como Francisco Zapata Nájera fue rescatado el pasado miércoles 8 de abril a las 10:36 horas, una vez que las brigadas especializadas confirmaron condiciones favorables dentro de la mina, personal paramédico lo estabilizó en la superficie y lo trasladó en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán para recibir atención especializada.

Antes de su ascenso, recibió una valoración médica en el interior como parte de los protocolos de seguridad implementados por las brigadas de emergencia.

El hallazgo de Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, ocurrió a las 13:50 horas del martes 7 de abril, activando de inmediato los protocolos de rescate y el bombeo continuo para reducir el nivel del agua y garantizar una extracción segura.

Tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, las brigadas de búsqueda y rescate lograron localizarlo con vida en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa.

Mientras tanto, el 8 de abril fue recuperado el cuerpo sin vida de Abraham Aguilera Aguilera.

El rescate del último minero atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, avanzó con extracciones de material y recorridos técnicos realizados durante la madrugada, según información compartida por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) la tarde este 15 de abril.

El derrumbe en el sitio ocurrió el pasado 25 de marzo y dejó a cuatro trabajadores atrapados; dos de ellos fueron rescatados con vida y uno más fue localizado sin signos vitales.

En el operativo para salvar a la última víctima trabajan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional , la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Marina, Protección Civil de Sinaloa y personal de la empresa IMSSA. Este grupo coordinado realizó la remoción de escombros para avanzar hacia una rampa e instalar la cimbra necesaria para reforzar la estructura interna de la mina.

Además, las autoridades señalaron que la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informa directamente a los familiares del hombre atrapado sobre cada avance en las actividades de localización.

Reportes de medios nacionales identificaron al último trabajador como Isidoro Beltrán, presuntamente originario del estado de Hidalgo. De acuerdo con la información publicada, Beltrán se desempeñaba como supervisor en las operaciones de la mina.

Estos son los últimos avances en el rescate

Durante la madrugada de este miércoles 15 de abril, los equipos de rescate continuaron con la extracción de material en el interior de la mina Santa Fe. El objetivo de estas maniobras fue avanzar hacia una rampa que podría facilitar el acceso a la zona donde se presume permanece el último trabajador atrapado. De manera simultánea, los especialistas trabajaron en la instalación de la cimbra, una estructura utilizada para reforzar techos y paredes en el área afectada por el derrumbe.

Además, el personal de las diferentes instituciones realizó un recorrido por los túneles para supervisar el estado de las labores y verificar el progreso en la zona conocida como el tapón. En el sitio, los trabajos de instalación de la cimbra continuaron según el reporte oficial.

Asimismo, por la mañana autoridades y representantes de las dependencias involucradas sostuvieron una reunión en el Puesto de Comando. En ese encuentro, los responsables de cada área presentaron un reporte de los avances logrados durante la madrugada y detallaron las acciones que se implementarían a lo largo del día para mantener y acelerar el operativo de rescate.

Cada una de estas acciones fue comunicada tanto al equipo técnico como a los familiares del trabajador, quienes han permanecido informados de cada paso en el proceso, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Quiénes son los tres mineros rescatados hasta el momento

Desde el derrumbe ocurrido el 25 de marzo en la mina Santa Fe, las autoridades lograron la localización y rescate de tres trabajadores, dos de ellos con vida y uno más sin signos vitales.

El primer minero rescatado con vida fue José Alejandro Cástulo Colín, quien logró salir de la mina el 30 de marzo, cinco días después del incidente.

El segundo trabajador localizado con vida fue Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Papasquiaro, Durango. Zapata permaneció más de 300 horas bajo tierra y fue encontrado la tarde del 8 de abril por buzos del Ejército Mexicano.

El tercer minero localizado fue Abraham Aguilera Aguilera, originario de Guanajuato y de 33 años de edad, quien fue extraído de la mina sin vida la noche del 8 de abril. La identificación formal estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mediante estudios realizados en el Servicio Médico Forense y con apoyo de muestras sanguíneas de sus familiares.

La búsqueda del último minero atrapado continúa con el acompañamiento de autoridades federales, estatales y cuerpos de rescate.

Diversas instituciones continúan realizando labores en la mina Santa Fe de Sinaloa con el objetivo de hallar al último minero que quedó atrapado en el sitio. Las actividades en el lugar continúan 24/7.

El 12 de abril la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre las labores de avance hacia el contra pozo 48-2 con las que se consolidan las condiciones que permitan progresar en la zona, según compartió la institución a través de sus canales oficiales.

“En el Puesto de Comando, en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, se realizó la reunión de coordinación para dar continuidad a la búsqueda del minero, con la participación de la #CNPC de la @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @CFEmx, @sinaloagobmx y @PC_Sinaloa”, es parte del mensaje de las autoridades.

Aunado a lo anterior, son reforzadas las labores en el tapón y se preparan otras intervenciones, según compartió la CNPC en su cuenta de X.

El informe de las autoridades muestra parte de las labores de rescate en la mina.

Únicamente queda un minero atrapado en Santa Fe; podría seguir con vida

Cabe destacar que apenas un día antes, la CNPC informó sobre la identidad del tercer minero que fue rescatado del lugar. Se trata de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años de edad y originario de Guanajuato y quien quedó atrapado tras el derrumbe registrado el 25 de marzo pasado.

Todavía falta por encontrar al último minero, un supervisor de 50 años de edad. Reportes del periodista Marco Dueñas de Nmás, quien cita a la coordinadora Nacional de Protección Civil (Laura Velázquez Alzúa), señala que los estudios confirmaron el hallazgo de una zona con oxígeno. En caso de que el hombre esté en el sitio entonces podría ser recatado con vida.

Una lámpara fue clave para hallar a uno de los mineros

Fue la noche del 7 de abril que Francisco Zapata Nájera, un hombre de 42 años, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con vida de la mina.

Al ser hallado por elementos de seguridad el hombre comentó: “Aquí estamos... Yo no perdí la fe”. Laura Velázquez Alzúa detalló que una característica relevante parea que fuera rescato fue una lámpara minera que llamó la atención de los rescatistas.

“Ese fue el indicio de que había alguien ahí con vida”, dijo Velázquez Alzúa.

De igual manera el primer minero en ser rescatado fue Cástulo Colín, quien fue sacado de la mina el 30 de marzo, cinco días después del derrumbe que dejó atrapados a cuatro trabajadores.

Este sábado 11 de abril la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó la identificación del trabador localizado sin vida en la mina Santa Fe de El Rosario, Sinaloa, se trata de Abraham Aguilera Aguilera.

El hombre originario de Guanajuato y con 33 años de edad, fue el tercer minero encontrado desde el inicio del operativo de búsqueda, después del derrumbe que ocurrió el 25 de marzo.

Las autoridades rescataron el cuerpo de Abraham la noche del 8 de abril, luego de trabajos coordinados entre cuerpos de rescate, fuerzas federales y estatales.

El proceso de identificación del cuerpo fue realizado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). El cuerpo de Abraham se encontraba en el Servicio Médico Forense de la entidad, donde fueron realizados los estudios correspondientes para conocer su identidad, esto con ayuda de muestras sanguíneas de familiares.

Los primeros dos mineros extraídos de la mina salieron con vida y posteriormente fue localizado el cuerpo de Aguilera, mientras que uno más permanece atrapado en el interior, de acuerdo con la información proporcionada por la CNPC.

Según los reportes, el Comando Unificado mantiene el acompañamiento con familiares de la víctima y ofrecerá apoyo institucional durante todo el proceso. Este grupo de trabajo esta integrado por diversas instituciones como la CNPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, entre otras.

Anuncio y rescate del cuerpo de Abraham aguilera

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la conferencia mañanera del 8 de abril el hallazgo sin vida de un tercer minero luego de trece días de labores de rescate:

“Se localizó a un tercer trabajador, lamentablemente sin signos vitales”, afirmó.

La recuperación del cuerpo ocurrió la noche del 8 de abril y fue trasladado a la superficie para su identificación formal ante la autoridad ministerial. El operativo incluyó el uso de maquinaria y equipo especializado para remover escombros y apuntalar los túneles. Posteriormente las autoridades informaron que los trabajos de rescate del minero fallecido concluyeron a las 19:43 horas.

Instituciones estatales y federales han reiterado que las acciones de búsqueda no se detienen para poder encontrar al último trabajador atrapado en el sitio.

Quiénes son los dos mineros rescatados con vida

Los dos mineros rescatados con vida de la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa, fueron José Alejandro Cástulo Colín y Francisco Zapata Nájera.

El primero en salir fue Cástulo Colín, quien fue rescatado el 30 de marzo, cinco días después del derrumbe que dejó atrapados a cuatro trabajadores.

El segundo minero en salir fue Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango, quien permaneció más de 300 horas bajo tierra y fue localizado con vida la tarde del 8 de abril. Zapata fue encontrado por buzos del Ejército Mexicano, quienes reportaron que la luz del casco del trabajador facilitó su localización.

Al ser rescatado, Zapata fue valorado por paramédicos y trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, donde ingresó en estado estable y quedó bajo observación médica. Este 11 de abril diversos medios han reportado que fue dado de alta de la unidad médica en la que se encontraba llevando a cabo su recuperación por deshidratación.

Trabajadores de la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, denunciaron haber sido víctimas de amenazas por parte del crimen organizado, sin que autoridades federales o estatales atendieran sus solicitudes de apoyo, de acuerdo con una investigación publicada por La Jornada.

Los hechos involucran a integrantes de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, quienes aseguran que la violencia e intimidación afectaron un proceso clave para la vida laboral del yacimiento.

El caso quedó asentado en el procedimiento especial colectivo 758/2024 ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

Según los testimonios, el sindicato solicitó desde noviembre de 2024 la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) para garantizar condiciones de seguridad durante el recuento que definiría la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT).

El objetivo, señalaron, era asegurar que la votación se realizara “sin violencia y sin que intervengan delincuentes del narcotráfico”. Sin embargo, no hubo respuesta efectiva de las autoridades.

Asimismo, el tribunal laboral solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal el envío de 10 elementos para resguardar la jornada de votación programada para el 22 de noviembre de 2024. La dependencia respondió que no contaba con personal suficiente para cubrir dicha tarea, dejando sin protección a los trabajadores.

Disputa por contrato colectivo

Pese a las irregularidades denunciadas, la titularidad del CCT fue ratificada por tribunales federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a favor del Sindicato Nacional Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. No obstante, la empresa canadiense Orla Mining, operadora de la mina, se ha negado a reconocer dicho resultado.

Este conflicto laboral se desarrolla en un contexto de tensión y presunta injerencia de grupos delictivos, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

El caso también fue analizado por el panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, el cual, en su resolución preliminar, reconoció que si bien el día del recuento se garantizó el voto libre y secreto, existió un “efecto disuasivo” derivado de meses de amenazas y silencio por parte de la dirección de la empresa.

Según los expertos, esta situación favoreció al sindicato patronal Beneficio de Minas, lo que pone en entredicho la legitimidad del proceso laboral.

Empresa reconoce limitaciones ante el crimen

En el documento revisado, se expone que la propia Orla Mining reconoce no contar con la capacidad suficiente para enfrentar el riesgo que representa la infiltración del crimen organizado en sus operaciones.

La empresa admitió que “las políticas, controles internos, la seguridad y la capacitación podrían no ser suficientes” para hacer frente a estas amenazas, lo que evidencia la vulnerabilidad del sector minero en regiones con presencia delictiva.

Falta de acción de la STPS

El Sindicato Nacional Minero también denunció que presentó pruebas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), incluyendo videos, fotografías y testimonios que evidencian la presencia de presuntos delincuentes dentro de las instalaciones de la mina.

Sin embargo, la dependencia habría rechazado intervenir argumentando que se trata de un asunto penal y no laboral, lo que ha sido criticado por los trabajadores como una omisión grave ante un contexto de riesgo.

Uno de los casos más alarmantes retomado por La Jornada, es el de Jaime Alberto Pulido León, integrante del comité local de la sección 335, quien sobrevivió a un aparente atentado. De acuerdo con la denuncia, un individuo armado intentó ingresar a su domicilio, lo que refuerza las acusaciones de violencia e intimidación contra miembros del sindicato.

Este hecho fue denunciado incluso ante la sede de Orla Mining en Vancouver, Canadá, como parte de una estrategia para visibilizar el conflicto a nivel internacional.

El rescate de Francisco Zapata Nájera en la mina Santa Fe, en Sinaloa, expuso la capacidad de resistencia del ser humano. Tras 14 días sin ver la luz del sol, el minero sobrevivió a 300 metros bajo tierra gracias a una burbuja de aire y a la luz intermitente de su lámpara, que permitió a los rescatistas ubicarlo en la penumbra.

El operativo, coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional, se desarrolló en un escenario de riesgo, con túneles inundados, lodo y temperaturas extremas.

Mientras la atención pública se centraba en el avance de las brigadas, el hallazgo de Zapata Nájera representó el segundo rescate con vida tras el derrumbe del 25 de marzo. Más de 300 rescatistas trabajaron sin pausa entre sistemas de bombeo, binomios caninos, cámaras y soportes improvisados para avanzar en galerías con un metro de altura y cubiertas de jal.

Fue hasta el 30 de marzo que se logró la extracción de José Alejandro Cástulo Colín y, días después, el operativo se reorientó para llegar a la zona donde Zapata sobrevivía en condiciones precarias.

El balance hasta el 8 de abril incluye dos mineros rescatados con vida, uno sin vida y un trabajador cuya búsqueda continúa. Según la Fiscalía de Sinaloa, se mantiene el acompañamiento a los familiares y el operativo no se detiene hasta dar con el último atrapado.

El rescate de Francisco Zapata: la luz que rompió la oscuridad

La noche del 7 de abril, después de más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, los rescatistas localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Santiago Papasquiaro, Durango.

De acuerdo con la CNPC, el minero fue hallado en una burbuja de aire, una cavidad improvisada que él mismo escarbó para sobrevivir. “El agua llegó hasta acá, hasta arriba”, dijo Zapata a los soldados del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano.

La clave del rescate fue una lámpara minera que nunca se apagó. Zapata la prendía y apagaba para lanzar destellos a través de la oscuridad y el agua, guiando a los buzos hacia la vida. “Con una lámpara envió una luz a los rescatistas y ese fue el indicio de que había alguien ahí con vida”, relató Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil. Los destellos intermitentes fueron la señal para los brigadistas, que avanzaron entre el silencio y la humedad que se sentía como un peso muerto.

El encuentro quedó registrado en video, difundido en redes sociales. “¿Qué tal? Ejército Mexicano. ¿Cómo te llamas?”, preguntó un rescatista, rompiendo el aislamiento de dos semanas. “Francisco Zapata Nájera”, respondió con voz firme. “¿Tienes fe?”, insistió el rescatista. “Sí. Aquí estamos... Yo no perdí la fe”, contestó. Mientras señalaba la marca del desastre, explicó: “El agua llegó hasta acá, hasta arriba”, describiendo la burbuja de aire que le permitió resistir.

Zapata permaneció más de trece días en completa oscuridad y humedad, rodeado de lodo y agua, soportando la presión y el aislamiento. Su primer mensaje al salir fue una pregunta: “¿Cómo está mi familia?”.

El equipo médico de Protección Civil lo asistió en el interior de la mina y, tras su estabilización, fue cubierto con una manta térmica y recibió suero, oxígeno y raciones de atún. Los rescatistas lo recibieron entre aplausos antes de ser trasladado en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán. Presentaba deshidratación, pero su estado de salud se reportó como estable.

El rescate tardó más de medio día desde el hallazgo hasta la extracción, pues fue necesario bombear miles de litros de agua para que Francisco pudiera salir por su propio pie. Durante esas horas finales, la esperanza se mezcló con la tragedia: mientras Zapata ascendía a la superficie, los rescatistas confirmaban el hallazgo de un compañero sin vida.

El operativo de rescate

El derrumbe en la mina Santa Fe ocurrió el 25 de marzo, cuando una presa de jales colapsó e inundó los túneles con lodo y agua. Veinticinco trabajadores estaban en la mina; 21 lograron salir por sus propios medios y cuatro quedaron atrapados. El gerente de la empresa explicó que los túneles tenían un metro de altura y estaban cubiertos de jal, lo que dificultó la evacuación y la ventilación.

El 30 de marzo, tras 100 horas bajo tierra, fue rescatado con vida José Alejandro Cástulo Colín, originario de Michoacán. Su experiencia reveló la gravedad de las condiciones: “Estaba solo. No había luz; toda la luz se la llevó el lodo. No podía caminar de un lado a otro porque el lodo me llegaba a la mitad del estómago”, dijo Colín a medios tras su rescate.

Sobre el minero localizado sin vida, la Fiscalía de Sinaloa inició el protocolo de identificación y traslado del trabajador fallecido.

Mientras tando, la búsqueda del cuarto minero continúa, con los equipos de rescate enfocados en el bombeo, la exploración de zonas profundas y la vigilancia estructural de las galerías.

Las familias de los trabajadores reciben acompañamiento psicológico, alimentación y actualizaciones diarias sobre el avance del operativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de los rescatistas y la fe de Zapata: “Los excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes”.

Desde hace 16 días, el derrumbe en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, ha movilizado a más de 300 rescatistas y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas ante una emergencia subterránea.

El pasado 25 de marzo, una falla en la presa de jales provocó la inundación de túneles y dejó atrapados a cuatro trabajadores a más de 300 metros bajo tierra, mientras otros 21 lograron salir por sus propios medios. La búsqueda se convirtió en una carrera contrarreloj.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Comisión Federal de Electricidad, coordina un despliegue que incluye ingenieros con experiencia en rescates como el de Pasta de Conchos, así como binomios caninos, sondas, cámaras y equipos de comunicación autónomos.

Hasta ahora, el saldo del operativo es de tres trabajadores localizados: dos con vida y uno ya fallecido; mientras las labores continúan para ubicar al cuarto y último minero.

A continuación, la cronología de los hechos.

25 de marzo: Colapso e inicio de la emergencia

A las 14:00 horas, una falla en la presa de jales de la mina Santa Fe provocó la entrada súbita de lodo y agua en los túneles. Veinticinco trabajadores estaban en la mina; 21 lograron salir por sus propios medios y cuatro quedaron atrapados.

El gerente administrativo de la empresa explicó que el túnel tenía un promedio de un metro de altura y estaba cubierto de jal, lo que dificultaba el avance y la ventilación.

26 de marzo: Aviso oficial a las autoridades

La empresa reportó la emergencia a las autoridades municipales. La notificación formal permitió escalar el caso al gobierno estatal.

27 de marzo: Despliegue federal y coordinación interinstitucional

El Gobierno de México activó los protocolos federales de emergencia y desplegó personal de Defensa Nacional, Marina, CNPC y CFE para coordinar el rescate. Se instaló el Puesto de Mando Unificado en el sitio, se sumaron brigadas especializadas, se instalaron sistemas de ventilación, se taponaron zonas críticas y se inició el retiro de material.

30 de marzo: Rescate del primer minero

A las 00:25 horas del 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido, los equipos localizaron y extrajeron con vida a José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Michoacán.

Su rescate ocurrió a 350 metros de profundidad, después de que los rescatistas lograron asegurar 264 metros de tablones para avanzar por los túneles anegados. Cástulo Colín, con 19 años de experiencia minera, reaccionó instintivamente al percibir el descenso de lodo: abandonó su maquinaria y buscó refugio en un contrapozo, una zona elevada.

Desde ahí, observó cómo el lodo cubría rampas y galerías y bloqueaba todas las salidas. “Estaba solo. No había luz; toda la luz se la llevó el lodo. No podía caminar de un lado a otro porque el lodo me llegaba a la mitad del estómago”, describió a medios.

El calor, la deshidratación y la oscuridad absoluta se sumaron al encierro. Sobrevivió porque permaneció en una zona ventilada, con temperatura estable y porque había comido antes del accidente. El pensamiento constante en su familia lo sostuvo: “Mis hijas me esperaban. Pensaba que se iban a quedar solas”.

Al ser rescatado, José Alejandro fue estabilizado en superficie y trasladado en helicóptero al Centro de Convenciones de Mazatlán, y después en ambulancia al Hospital General, donde ingresó deshidratado y desorientado pero sin riesgo vital. Fue dado de alta horas después, solo con tratamiento para deshidratación leve.

31 de marzo al 6 de abril: Intensifican operativo

Durante esos días se instalaron bombas de extracción de agua y lodos, se construyeron tapones de concreto y barreras de contención. Brigadas mineras de otros estados, ingenieros de la CFE, binomios caninos y equipos de comunicación autónomos se sumaron al operativo. Más de 350 elementos trabajaron en turnos continuos, acumulando más de 250 horas de labores.

El operativo incluyó el uso de genéfonos (dispositivos de comunicación autónomos), cámaras de inspección y sondas.

Se habilitaron rutas seguras con costales y láminas, se avanzó en la perforación de barrenos y se mantuvo el monitoreo técnico y la vigilancia estructural permanente.

Las familias recibieron información diaria y apoyo logístico: alimentación, espacios para descanso y atención psicológica.

7 de abril: Localizan al minero Francisco Zapata Nájera

A las 13:50 horas, tras más de 312 horas de trabajo, los rescatistas localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Santiago Papasquiaro, Durango.

El primer contacto ocurrió gracias a la luz de su casco, que permitió a los buzos ubicarlo en el interior de la mina. Fue hallado sin playera, solo con su casco.

Autoridades compartieron un video en donde se le escucha decir su nombre a los rescatistas y mencionar: “Yo no perdí la fe, yo no perdí la fe”.

Zapata describió que el agua alcanzó zonas elevadas del túnel y que él mismo escarbó para intentar drenar parte del líquido: “Llegó hasta allá arriba”. Durante el rescate, su voz fue entrecortada pero coherente.

Los rescatistas lo tranquilizaron: “Todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí”, y le explicaron cada paso para la extracción segura. El equipo médico lo evaluó dentro de la mina y lo estabilizó.

8 de abril: Extracción de Francisco Zapata y hallazgo del tercer minero

A las 10:36 horas, Francisco Zapata fue extraído y estabilizado por paramédicos antes de ser trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán. El mismo día, durante la madrugada, los equipos localizaron el cuerpo de un tercer minero sin vida.

A las 19:43 horas, el Comando Unificado logró la recuperación del cuerpo, que fue trasladado por la Fiscalía de Sinaloa para su identificación forense.

9 de abril en adelante: Sigue la búsqueda del cuarto minero

Tras la recuperación de los cuerpos y los rescates con vida, la búsqueda del cuarto minero continúa con tareas de bombeo, exploración en zonas profundas y refuerzo estructural.

A 16 días del derrumbe, el operativo en la mina Santa Fe se mantiene activo sin pausa. Las autoridades han reiterado que los trabajos continuarán hasta localizar al último trabajador, mientras las condiciones dentro de la mina —marcadas por la acumulación de agua, lodo y el riesgo de nuevos colapsos— siguen representando un desafío para los equipos de rescate.

El cuerpo del tercer trabajador atrapado en la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa, fue recuperado este miércoles a las 19:43 horas, mientras equipos de emergencia continúan la búsqueda del último minero desaparecido tras el derrumbe del 25 de marzo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa trasladó el cuerpo en una camioneta blanca rotulada con las siglas de Semefo, custodiada por la Policía de Investigación, desde el sitio del accidente hasta la cabecera municipal de Rosario y posteriormente a Mazatlán para la necropsia y pruebas de genética.

En la zona permanecen más de 300 elementos entre personal militar, buzos especializados y brigadas de Protección Civil, quienes intensifican las labores para localizar al cuarto trabajador.

Las autoridades mantienen la atención y acompañamiento a las familias de las víctimas, con presencia de médicos y psicólogos asignados por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

La búsqueda del último trabajador se mantiene activa

Hasta el cierre de esta jornada, un cuarto minero continúa sin ser localizado dentro de la mina Santa Fe, su ubicación exacta aún es desconocida.

El operativo de rescate continúa con énfasis en el bombeo de agua y la estabilización de los túneles. El terreno sigue presentando riesgos por la presencia de agua y lodo, lo que exige inmersiones y exploraciones bajo condiciones de visibilidad nula.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de los rescatistas y envió un mensaje a las familias: “Tenemos el corazón con ustedes”, publicó en su cuenta oficial.

El accidente, que dejó a cuatro mineros atrapados, ocurrió por el colapso de una presa de jales, estructura utilizada para contener residuos mineros.

La súbita filtración de agua y lodo inundó varios túneles y complicó el acceso a las zonas profundas de la mina, operada por Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V.. Según autoridades federales, 21 trabajadores lograron salir por sus propios medios tras el derrumbe.

Así ha sido el rescate de los mineros

El primer minero rescatado con vida fue José Alejandro Cástulo Colín, quien salió de la mina el 30 de marzo, cinco días después del derrumbe. El segundo trabajador localizado y rescatado con vida fue Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Durango, quien permaneció más de 300 horas bajo tierra.

Videos difundidos por el Gobierno de México muestran el momento exacto del contacto entre buzos del Ejército Mexicano y Zapata Nájera. La luz de su casco fue clave para su localización.

Durante el diálogo en el túnel, los rescatistas preguntaron: “¿Cómo te llamas?”, a lo que Zapata respondió: “Francisco Zapata Nájera”. Al preguntarle si tenía fe, el trabajador contestó: “Sí”. Al salir, repitió: “Yo no perdí la fe”.

El minero, encontrado sin playera y únicamente con su casco de trabajo, fue valorado por paramédicos en el interior de la mina, ya estabilizado, fue sacado de la mina y trasladado en helicóptero Black Hawk al Hospital General de Mazatlán.

El IMSS Bienestar reportó que Zapata ingresó estable y permanece hospitalizado bajo observación. Durante su permanencia en la mina, Zapata explicó a los rescatistas que el nivel del agua “llegó hasta allá arriba” y que escarbó para intentar desaguar parte del túnel.

El rescate de Francisco Zapata Nájera, uno de los mineros atrapados tras el derrumbe en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, no solo representó un avance en el operativo de búsqueda, sino que dejó un testimonio directo de supervivencia.

Durante el contacto con los rescatistas, el trabajador de 42 años expresó con claridad la idea que sostuvo su resistencia durante casi dos semanas bajo tierra: “Yo no perdí la fe”.

Rescate en mina Santa Fe: el momento del contacto con vida

El primer contacto entre los buzos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército mexicano y el minero ocurrió en el interior de la mina, tras más de 300 horas de labores.

En ese momento, los rescatistas iniciaron un diálogo para confirmar su identidad, evaluar su estado y prepararlo para la extracción.

“¿Cómo te llamas?”, preguntó uno de los elementos. “Francisco Zapata Nájera”, respondió el trabajador.

A lo largo del intercambio, el minero respondió de forma breve pero constante, lo que permitió a los equipos confirmar que se encontraba consciente y estable.

“¿Tienes fe?”: la respuesta que marcó el rescate

Uno de los momentos más significativos del diálogo ocurrió cuando un rescatista le preguntó directamente si mantenía la esperanza.

“¿Tienes fe?”, se escucha en el registro del operativo. “Fe”, respondió Zapata.

Minutos después, el trabajador reforzó esa idea con una frase más amplia: “Yo no perdí la fe, yo no perdí la fe”, reiteró, mientras recibía instrucciones para colocarse el equipo de rescate.

Esta declaración se convirtió en el elemento central del testimonio, al reflejar su estado emocional durante los días que permaneció atrapado.

Testimonio desde el interior: cómo sobrevivió bajo tierra

Durante la conversación, Zapata también describió las condiciones dentro de la mina y las acciones que realizó para mantenerse con vida.

Al ser cuestionado sobre el nivel del agua, explicó que esta alcanzó zonas elevadas del túnel: “Llegó hasta allá arriba”, indicó, señalando el punto máximo.

Asimismo, confirmó que intervino para intentar reducir el agua: “Sí… para empezar a desaguar”, respondió al ser cuestionado sobre si había escarbado.

Estas declaraciones aportan elementos sobre las condiciones extremas en las que permaneció y las decisiones que tomó para resistir.

Estado de salud y reacción durante el rescate

A pesar del tiempo transcurrido bajo tierra, el minero indicó encontrarse “bien” cuando los rescatistas le preguntaron por su estado físico.

Durante el diálogo, su voz se percibe entrecortada por la respiración, pero mantiene coherencia en sus respuestas.

El equipo de rescate lo mantuvo en calma durante todo el proceso: “Todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí”, le aseguraron, mientras le explicaban el uso del equipo de buceo necesario para su salida.

Derrumbe en mina Santa Fe: qué ocurrió el 25 de marzo

El accidente se registró el 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales al interior de la mina, lo que provocó la entrada súbita de agua y lodo en las galerías subterráneas.

Este tipo de estructuras, utilizadas para contener residuos mineros, pueden generar emergencias graves cuando fallan, debido a la presión acumulada y el volumen de material.

En ese momento, 25 trabajadores se encontraban en la mina.

De ellos, 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados en zonas profundas, donde el acceso se volvió limitado por la inundación.

Las condiciones posteriores al derrumbe incluyeron túneles completamente anegados, visibilidad nula y riesgo constante de nuevos colapsos, lo que convirtió el rescate en una operación de alta complejidad.

El rescate de Zapata se concretó el 8 de abril, luego de que los niveles de agua permitieran una extracción más segura. Para lograrlo, fue necesario implementar un sistema continuo de bombeo, que redujo gradualmente la inundación en los túneles.

En el operativo han participado más de 300 elementos, incluidos buzos especializados, personal militar y brigadas de Protección Civil.

Las tareas han consistido en:

• Drenaje constante de agua en galerías subterráneas
• Exploración mediante inmersiones en espacios inundados
• Estabilización de túneles con riesgo de colapso
• Uso de equipos de respiración y comunicación en condiciones de baja visibilidad

Tras su rescate, el minero fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, donde recibió atención médica por deshidratación.

Situación de los otros mineros atrapados

El balance hasta ahora del derrumbe es el siguiente:

• Dos trabajadores han sido rescatados con vida
• Uno fue localizado sin vida
• Uno más continúa desaparecido

El primer sobreviviente fue rescatado el 30 de marzo, tras más de 100 horas bajo tierra.

En contraste, el hallazgo de un tercer trabajador sin vida fue confirmado el 8 de abril, lo que evidenció la gravedad del accidente.

Las autoridades mantienen las labores para localizar al último minero, con trabajos centrados en el bombeo de agua y el acceso a zonas más profundas.

Minería y riesgos: un contexto recurrente en México

El accidente en la mina Santa Fe se suma a otros eventos que han evidenciado los riesgos estructurales de la minería en el país, especialmente en operaciones subterráneas donde factores como inundaciones, ventilación limitada y fallas geológicas pueden derivar en emergencias.

En este contexto, el rescate de Francisco Zapata destaca no solo por el tiempo que permaneció atrapado, sino por las condiciones en las que logró sobrevivir.

Sus palabras, breves pero contundentes, sintetizan esa experiencia: mantenerse con vida en un entorno adverso, sin perder la expectativa de ser rescatado.

El rescate de cuatro trabajadores de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, se convirtió en una carrera contra el tiempo y las condiciones naturales, donde la esperanza de ubicarlos con vida no ha desaparecido a 14 días de labores.

Fue el pasado 25 de marzo cuando una presa de jales se rompió dentro de la mina. Veinticinco mineros lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados en el laberinto de galerías inundadas. Desde entonces, la operación de rescate se convirtió en una carrera contra el tirante de agua y los escombros.

Más de 300 rescatistas, entre militares, buzos y personal especializado de diversas corporaciones, acudieron al sitio con el objetivo de localizar a los mineros, pero la presencia de lodo complicó las labores desde los primeros días.

A cuatro días del colapso, el equipo de rescate había podido avanzar 1.5 kilómetros robre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda, que era donde se estimaba la posible ubicación de los mineros.

Sin embargo, los túneles también se convirtieron en ríos subterráneos con visibilidad nula, lo que requirió la colocación de motobombas para la extracción de agua acumulada en la parte más baja de la mina.

Primer rescate ocurrió 5 días después del colapso: pasó 100 horas bajo tierra

La madrugada del 30 de marzo, el equipo de rescate logró ubicar y rescatar con vida al primer minero, esto luego de más de 100 horas de trabajo ininterrumpido.

José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años y originario de Angangueo en Michoacán, logró sobrevivir luego de que abandonó su máquina al sentir el descenso del lodo y de refugiarse en un contrapozo, una zona elevada dentro de la mina.

“Me resignaba a lo que dios dijera”, declaró el trabajador a medios de comunicación luego de ser rescatado. El lodo le llegaba a la mitad del estómago y la oscuridad era total. Solo pensaba en su familia: “Mis hijas me esperaban. Pensaba que se iban a quedar solas”.

Cástulo Colín fue trasladado en helicóptero y ambulancia hasta el Hospital General de Mazatlán, donde fue dado de alta horas después, afectado solo por una deshidratación leve.

En cada avance, las autoridades de Protección Civil informaban a los familiares de los atrapados. Se les proporcionaron alimentos, atención psicológica y espacios de descanso en la zona de operaciones.

Dos mineros más fueron localizados: uno muerto y otro en medio del agua

Los trabajos al interior de la mina continuaron sin detenerse, donde el equipo llevaba a cabo periodos operativos de relevo. Los niveles de agua continuaron subiendo, por lo que el equipo se enfocaba tanto en el reforzamiento de las estructuras como en la extracción del liquido.

Durante las jornadas, equipos de buzos del Ejército Mexicano también ingresaban a la mina con el objetivo de continuar la exploración del lugar, esto mientras se bombeaban los niveles de la misma.

La tarde del martes, Francisco Zapata Nájera fue localizado, pero su rescate no se logró hasta la mañana de este miércoles 8 de abril, 14 días después del colapso.

Su extracción se vio dificultada debido a los altos niveles de agua en la zona, por lo que durante horas se realizó la extracción del liquido para mantener condiciones de máxima seguridad para el equipo de rescate.

El minero, de 42 años de edad y originario de Durango, fue rescatado a las 10:36 horas. Dentro de la mina recibió una valoración médica como parte de los protocolos de seguridad, y al salir, el personal paramédico procedió con su estabilización.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles 8 de abril la localización sin vida de otro de los trabajadores atrapados, siendo el tercero de los cuatro que permanecían dentro del lugar.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) inició las diligencias para su traslado a la unidad forense, donde se llevarán a cabo las pruebas correspondientes para su identificación.

Luego del rescate de tres de los mineros, el equipo de rescate continúa trabajando para localizar al último trabajador que permanece atrapado. Asimismo, los trabajos se enfocan en el desalojo de agua y de jales para permitir hallarlo.

El segundo trabajador localizado con vida en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, Sinaloa, fue rescatado y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada luego de cumplir 14 días atrapado.

Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad y originario de Durango, fue extraído de la mina con éxito luego de su localización con vida la tarde de este martes.

Los trabajos de rescate comenzaron luego de su ubicación, pero los altos niveles de agua en la zona complicaron el ingreso del equipo de manera segura, por lo que las labores se enfocaron en la extracción del líquido.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el minero fue rescatado a las 10:36 horas de este miércoles 8 de abril, luego de quedar atrapado desde el pasado 25 de marzo junto a tres de sus compañeros, de los cuales solo falta uno por ubicar.

El trabajador recibió una valoración médica al interior de la mina como parte de los protocolos de seguridad; sin embargo, a su salida a la superficie, el personal paramédico procedió con su estabilización inmediata.

Francisco Zapata Nájera fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde será atendido por especialistas.

Su rescate se suma al de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad y originario de Michoacán, quien fue extraído con vida el pasado 30 de marzo.

Buscan al último trabajador atrapado

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la localización sin vida de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina.

Fue así que el equipo de rescate llevó a cabo los procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se llevarán a cabo las pruebas correspondientes para su identificación.

Las autoridades mantienen comunicación con los familiares sobre las diligencias que realizan, esto con el fin de entregar el cuerpo a sus familiares.

Con el hallazgo de tres de los cuatro mineros, el equipo de rescate mantiene sus operaciones en el sitio para localizar al último trabajador. En tanto, las labores se enfocan en la extracción de agua y de jales.

Además, para favorecer los trabajos y garantizar la seguridad del equipo de rescate, el Comando Unificado también realiza actividades de reforzamiento de la estructura, ya que la presencia de lodo también ha sido un factor clave.

Las autoridades detallaron que desde los primeros días de labores se le brinda acompañamiento a las familias, a quienes se les dan informes sobre los avances, atención psicológica, cobertura de alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios de descanso.

El segundo minero atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, fue localizado con vida este martes 7 de abril, en un avance clave dentro del operativo de rescate que se mantiene activo desde hace casi dos semanas.

El Comando Unificado informó que el hallazgo ocurrió a las 13:50 horas, luego de más de 312 horas de labores ininterrumpidas.

El trabajador fue identificado como Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango.

Tras su localización, se activaron de inmediato los protocolos de extracción para garantizar su traslado seguro a la superficie.

Con este resultado, suman dos los mineros rescatados con vida, por lo que las labores se concentran ahora en ubicar al último trabajador que permanece bajo tierra.

Colapso en mina de Sinaloa: así ocurrió el accidente que dejó trabajadores atrapados

El incidente se registró el 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales dentro de la mina Santa Fe, lo que provocó la entrada súbita de agua y lodo en los túneles donde laboraban los trabajadores.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el sitio se encontraba una cuadrilla de 25 mineros realizando labores de excavación.

• 21 trabajadores lograron salir por sus propios medios tras el colapso
• Cuatro quedaron atrapados en el interior de la mina
• El primer minero fue rescatado con vida después de más de 100 horas
• Este 7 de abril fue localizado el segundo trabajador
• Solo un minero permanece atrapado

El rescate más reciente ha sido considerado un punto de inflexión en el operativo, al confirmar que existen condiciones que han permitido la supervivencia prolongada dentro de la mina.

Extracción de agua en mina Santa Fe: el factor que define el avance del rescate

Uno de los principales obstáculos para acceder a las zonas profundas de la mina ha sido la acumulación de agua, producto del colapso de la presa de jales.

Para hacer frente a esta situación, las autoridades implementaron un sistema de achique que ha sido reforzado en los últimos días con mejoras técnicas que buscan acelerar el desalojo del líquido.

Actualmente, el sistema opera con los siguientes parámetros:

• Caudal de extracción de 9.5 litros por segundo
• Desalojo de aproximadamente 34 mil 200 litros de agua por hora
• Flujo constante que permite mantener condiciones operativas

La instalación de una segunda línea de conducción en la electrobomba principal ha sido clave para optimizar el proceso.

Además, se prevé la incorporación de una tercera línea para incrementar la capacidad de bombeo.

A pesar de estos avances, las autoridades han reconocido que la magnitud del agua acumulada y la presencia de jales mineros continúan dificultando el acceso al área donde se presume se encuentra el último trabajador.

Estrategia técnica: refuerzan comunicación, monitoreo y seguridad estructural

De manera paralela al desagüe, el operativo ha incorporado diversas acciones técnicas para mejorar la seguridad y la coordinación de las brigadas de rescate.

Entre las medidas implementadas destacan:

• Instalación de genéfonos, dispositivos de comunicación sin necesidad de energía externa
• Tendido de aproximadamente tres kilómetros de cableado eléctricoMonitoreo constante de las condiciones al interior de la mina
• Planeación de rutas seguras de acceso hacia el punto de búsqueda

En el plano estructural, las cuadrillas realizan trabajos de perforación para colocar anclajes de soporte, así como la construcción de un muro de concreto en zonas críticas.

Estas acciones buscan reducir riesgos de nuevos colapsos durante las maniobras.

El gerente de la empresa operadora, Industrial Minera Sinaloa, señaló que no es posible establecer tiempos precisos para el rescate.

“No podemos dar plazos porque desconocemos los volúmenes exactos de agua y la cantidad de jale que tendremos que sacar”, explicó.

Operativo coordinado: participación federal y respaldo a familias de mineros

El rescate en la mina Santa Fe involucra a múltiples instituciones federales y estatales, que trabajan de manera coordinada para enfrentar las condiciones adversas del terreno.

En el operativo participan:

• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
• Secretaría de la Defensa NacionalSecretaría de Marina
• Coordinación Nacional de Protección Civil
• Comisión Federal de Electricidad
• Brigadas especializadas de búsqueda y rescate

Personal de la empresa mineraLas autoridades han mantenido comunicación permanente con los familiares de los trabajadores atrapados, a través de reuniones informativas en las que se detallan los avances y las acciones previstas.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, subrayó que la prioridad es el rescate con vida del último minero. “Siempre mantendremos la esperanza”, afirmó.

Sin plazos definidos, pero con avances sostenidos en el rescate

Aunque el hallazgo del segundo minero representa un avance significativo, el operativo continúa sin un plazo definido para su conclusión.

Factores como el volumen de agua restante, la cantidad de material a remover y las condiciones estructurales de la mina siguen condicionando el ritmo de los trabajos.

Autoridades locales han señalado que existe la posibilidad de alcanzar el punto donde se ubicaría el último minero en las próximas horas o días, aunque esto dependerá de las condiciones al interior del sitio.

Mientras tanto, las labores se mantienen de forma ininterrumpida, en un esfuerzo contrarreloj que combina recursos técnicos, humanos y logísticos para lograr el rescate del trabajador que aún permanece atrapado bajo tierra.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles la localización sin vida de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario en Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria federal reveló que los trabajos en la mina continúan para lograr el rescate del trabajador localizado con vida este martes, cuya extracción ha sido afectada debido a los altos niveles de agua.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que tras el hallazgo del tercer trabajo sin vida al interior de la mina, llevaron a cabo los procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se llevarán a cabo las pruebas correspondientes para su identificación.

Por su parte, los familiares ya fueron informados del hallazgo por parte de las autoridades, quienes mantienen comunicación constante con ellos sobre las diligencias para determinar de qué trabajador se trata.

Niveles de agua complican rescate del segundo trabajador localizado con vida

La tarde de este martes fue localizado con vida Francisco Zapata Nájera, originario de Durango, en una zona con altos niveles de agua, por lo que el Comando Unificado ha concentrado las labores en su extracción para permitir que su rescate se realice en condiciones de máxima seguridad.

Es así que el equipo se enfoca en la operación de bombeo para reducir el altura del agua en la zona donde se encuentra el trabajador, quien fue hallado trece días después de que registró el colapso en la mina.

Para llevar a cabo esto, la bomba mantiene un gasto de extracción de 9 litros por segundo, esto para disminuir los 2.05 metros restantes del tirante.

Cabe señalar que el pasado 30 de marzo fue rescatado con vida el primero de los trabajadores atrapados, quien fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, originario del estado de Michoacán.

Con estos hallazgos, solo fata un trabajador por ser localizado luego de permanecer atrapados desde el pasado 25 de marzo.

Presencia de lodo y agua complicaron labores de rescate

A 14 días del colapso de la mina, las labores de rescate se han visto afectadas tanto por la presencia de lodo como por el aumento del nivel de agua.

Con el objetivo de favorecer los trabajos y garantizar la seguridad del equipo de rescate, el Comando Unificado también centró sus actividades en el reforzamiento de la estructura.

Las autoridades detallaron que desde los primeros trabajos de rescate se brinda acompañamiento a las familias, a quienes se les dan informes sobre los avances cada vez que se concluye el ingreso de las células de rescate.

Además, se les brinda atención psicológica, cobertura de alimentación , facilidades para el aseo personal y espacios para el descanso.

Luego de la localización con vida de Francisco Zapata Nájera dentro de la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, en Sinaloa, las labores de rescate han sido impedidas a causa del nivel del agua en la zona en la que se encuentra el trabajador.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el Comando Unificado se enfoca en la operación de bombeo para reducir el altura del agua en la zona donde se encuentra el trabajador, esto con el objetivo de que su rescate se realice en condiciones de máxima seguridad.

Para llevar a cabo la extracción del agua, la operación de la bomba ha permitido la reducción de 1 metro en el nivel del agua. Hasta el momento, mantienen un gasto de salida de 9 litros por segundo para disminuir los 2.05 metros restantes del tirante.

Mientras tanto, el equipo de búsqueda continúa trabajando al interior de la mina para que en el momento en que consideren que los niveles de agua son favorables para movilizar al minero, se implemente el protocolo para su valoración y traslado a una unidad médica.

Uno de los trabajadores ya fue rescatado

Cabe señalar que el trabajador fue localizado con vida a las 13:50 horas de este martes 7 de abril luego de más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, es decir, tras 13 días de presentarse el derrumbe que dejó a cuatro mineros atrapados.

Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, es originario del municipio de Papasquiaro, en Durango. Con su próximo rescate, solo faltarán dos trabajadores por localizar y extraer de la mina.

El primer trabajador rescatado fue José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, originario del municipio de Angangueo, Michoacán. El minero fue extraído con éxito durante la madrugada del 30 de marzo, luego de cinco días de búsqueda.

Sheinbaum anuncia localización sin vida del tercer trabajador

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la localización sin vida del tercer trabajador de la mina que quedó atrapado junto a tres de sus compañeros, por lo que las labores de búsqueda se mantienen para hallar al último minero.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que tras la localización del trabajador, se llevaron a cabo los procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para el traslado del cuerpo del trabajador a la unidad forense, donde se harán las pruebas de ADN para lograr su identificación.

Por su parte, las autoridades mantienen comunicación directa con los familiares para informarles sobre las diligencias que se llevan a cabo para determinar de qué trabajador se trata.

La adecuación realizada en el sistema de bombeo implicó la integración de un adaptador para doble descarga y la planeación de una tercera línea de expulsión de agua. Este proceso permitió alcanzar un caudal de extracción estable de 9.5 litros por segundo, lo que representa un volumen desalojado de 34,200 litros por hora, manteniendo la estabilidad en el flujo de salida y posibilitando la continuidad de las acciones, de acuerdo con el Puesto de Comando responsable de las labores en el sitio.

Actualmente, el sistema de evacuación hídrica se sostiene en parámetros estables, pero la magnitud de los volúmenes acumulados y la cantidad de jale o desechos mineros que es necesario mover impide prever un periodo claro para recuperar a los trabajadores. Álvaro Vargas Miranda, gerente administrativo de Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., empresa operadora de la mina, precisó: “No podemos dar plazos porque desconocemos los volúmenes exactos de agua y la cantidad de jale que tendremos que sacar”.

El refuerzo de comunicaciones y monitoreo estratégico

Junto a la intervención en el sistema de achique, el equipo técnico instaló tres kilómetros de cableado eléctrico, tarea que se completó en la mañana del sábado y servirá para alimentar la operación continua de las bombas sumergidas. El mediodía del mismo día, el denominado Puesto de Mando Unificado inició una reunión de coordinación para organizar el monitoreo temporal y determinar las rutas de ingreso seguras hacia el punto donde se ubican los mineros.

Complementando la infraestructura tecnológica, se integraron dos genéfonos—dispositivos de telefonía capaces de operar sin fuente de energía externa ni baterías—en el interior de la mina, con el objetivo de proporcionar comunicación confiable entre los miembros del equipo de exploración durante las fases críticas del operativo.

El resultado inmediato de estas medidas ha permitido mantener un flujo coordinado de información y una mejora notable en la efectividad de la logística de rescate, facilitando también la gestión de los riesgos asociados a la extracción forzada de agua y sedimentos que caracteriza este tipo de emergencia minera.

Reforzamiento estructural y mitigación de riesgos operativos

En la zona del tapón del crucero, las cuadrillas mantienen actividades permanentes de limpieza de jales y desarrollan procesos de sellado mecánico para fortalecer la estructura y reducir riesgos operativos durante la aproximación al sitio donde podrían hallarse los mineros. El procedimiento técnico contempló la realización de barrenos, perforaciones especializadas en la roca destinadas a colocar anclas de soporte, como antesala para el armado del muro de concreto que sirva de refuerzo.

Este abordaje estructural tiene como propósito dotar al frente de trabajo de las condiciones necesarias de seguridad para las cuadrillas de búsqueda y rescate, incrementando la protección tanto para el personal involucrado como para la estabilidad de la veta afectada.

Participación institucional y acompañamiento a las familias

Las acciones de rescate involucran de manera coordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Federal de Electricidad, autoridades del estado de Sinaloa, la brigada USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) y personal de Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V.

Los familiares de los trabajadores mantienen un acompañamiento directo en cada paso del procedimiento técnico. Las sesiones informativas periódicas permiten que los allegados estén actualizados respecto de cada avance, con notificaciones inmediatas tras las reuniones del comité de rescate.

El operativo mantiene un ritmo constante, pero sin plazos determinados

A pesar del avance tecnológico y la integración de recursos, las autoridades insisten en que no es posible establecer una estimación precisa del tiempo necesario para alcanzar el área donde se encuentran los mineros. Las variables técnicas —desde la cantidad de agua pendiente por drenar hasta la proporción de jales— condicionan la evolución de los trabajos y determinan la incertidumbre en la proyección de resultados.

La coordinación entre fuerzas estatales y federales, sumada a la experticia de las brigadas especializadas y los ingenieros de la operadora minera, constituye el marco de referencia con el que se busca garantizar la seguridad del operativo y maximizar las probabilidades de éxito en la recuperación de los trabajadores atrapados.

• La optimización de la extracción hídrica en la mina Santa Fe permite desalojar 34,200 litros de agua por hora tras la instalación de una segunda línea de bombeo.
• Las labores de refuerzo estructural incluyen perforaciones y armado de un muro de concreto para mitigar riesgos operativos.
• No existe hasta el momento una estimación oficial del tiempo requerido para acceder al sitio donde permanecen los mineros atrapados desde el 25 de marzo.

Minero que sobrevivió 100 horas a 350 metros bajo tierra

La madrugada del 30 de marzo, José Alejandro Cástulo Colín emergió a la superficie tras permanecer más de 100 horas atrapado en la mina Santa Fe, localizada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Su rescate, ocurrido a 350 metros de profundidad, marcó un punto de inflexión en una operación que movilizó a más de 300 rescatistas y mantuvo en vilo a la región.

“Me resignaba a lo que Dios dijera”, expresó el trabajador al relatar su experiencia ante los medios de comunicación.

Con 19 años de experiencia en minería, Cástulo Colín reaccionó instintivamente al percibir el descenso repentino de lodo por los túneles subterráneos. Abandonó su maquinaria y buscó refugio en un contrapozo, una zona elevada dentro de la mina.

La empresa minera canadiense Vizsla Silver confirmó que ya fue identificado el cuerpo del noveno de los 10 mineros que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa. Se trata de Miguel Tapia Rayón.

“Se han encontrado fallecidos nueve compañeros. Mantiene un contacto estrecho con la familia de un compañero que sigue desaparecido y continúa colaborando con las autoridades en la investigación en curso”, es parte de lo compartido por la empresa.

A través de un comunicado compartido el 6 de abril, el director ejecutivo de la corporación, Michael Konnert, expresó:

“Es un desenlace devastador, y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias afectadas. Les brindamos nuestro apoyo constante mientras lamentamos la pérdida de nuestros colegas y amigos”.

Cabe recordar que el pasado 1 de abril la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó sobre la identificación de un hombre de origen chihuahuense y que fue hallado muerto en Sinaloa.

Los otros mineros ya identificados

Fue el pasado 1 de abril que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó sobre los servicios de acompañamiento a los familiares de un trabajador minero que fue identificado. Se trató del octavo trabajador de la mina.

“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y la Fiscalía de Distrito Zona Sur, brindan acompañamiento integral a la familia del minero chihuahuense Saúl Alberto O. P., quien fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado sin vida en el estado de Sinaloa", es parte del reporte de las autoridades.

Mientras que, de manera previa, el pasado mes de marzo fue informada la identificación de dos mineros que laboraban para la empresa Vizsla Silver. Se trató de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela.

Los otros cinco trabajadores del sector minero son:

1. José Ángel Hernández Vélez
2. José Manuel Castañeda Hernández
3. Ignacio Aurelio Salazar Flores
4. Aurelio Salazar Flores
5. Un hombre cuyos familiares solicitaron a esta casa editorial no difundir su identidad

El Cártel de Sinaloa estaría detrás del secuestro y muerte de los mineros

Las averiguaciones de las autoridades federales apuntan a que los trabajadores fueron secuestrados por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa al ser confundidos con un grupo rival.

Sin embargo, desde febrero pasado, en una entrevista con el medio local Reporte 100 Sonora, dos mineros aseguraron que sujetos armados ya habían sido alertados de manera directa por grupos criminales de la zona.

“Tuvimos algunos encuentros con grupos delictivos… ellos nos dijeron literalmente: ‘Por favor, sálganse, que no podemos garantizar su seguridad’. Los grupos delictivos son los que nos dijeron eso. Realmente la empresa no tuvieron esa delicadeza", comentaron.

Si bien Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que no contaban con reportes previos de inseguridad en el caso, la empresa admitió en abril de 2025 que tuvo que frenar actividades por la situación de seguridad.

Las autoridades continúan con labores de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, tras el accidente que mantiene a tres mineros atrapados desde el pasado 25 de marzo de 2026.

Este 4 de abril el Puesto de Mando Unificado informó que se han instalado tres kilómetros de cable eléctrico para fortalecer el sistema de bombeo de agua y residuos mineros, con el objetivo de crear condiciones seguras que permitan a las brigadas acercarse a la zona donde permanecen atrapados los trabajadores.

Según la información, publicada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), las labores se centran en la estabilización estructural del área afectada.

Las autoridades reportaron que, en el punto crítico conocido como el tapón del crucero, persisten las tareas de limpieza de residuos y el sellado mecánico para reforzar la firmeza del terreno y mitigar riesgos operativos.

Además, reportaron que se ejecutó el chifloneo en el techo, una técnica que emplea agua o aire a presión para desprender material suelto. Tras limpiar el área, se realizaron perforaciones para colocar anclas de soporte y comenzar el armado de un muro de concreto que refuerce la estructura.

Refuerzo eléctrico y técnico en la mina

La CNPC detalló que la instalación de los tres kilómetros de cable eléctrico permite la operación de nuevas bombas destinadas a la extracción continua de agua y residuos mineros (también conocidos como jales).

Estos trabajos contribuyen a disminuir el nivel de inundación y facilita el ingreso de las brigadas de rescate.

Además, señalaron que el refuerzo técnico fue coordinado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y personal especializado de empresas mineras, quienes trabajan de manera conjunta con las autoridades para restablecer la seguridad en la zona comprometida.

Las labores incluyen monitoreo constante de la estabilidad estructural y la implementación de nuevos sistemas de soporte, con la participación de diferentes instancias federales y estatales.

De acuerdo con el reporte oficial, el esfuerzo interinstitucional se mantiene sin interrupciones, priorizando en todo momento la seguridad de los equipos de búsqueda y rescate.

En el operativo colaboran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la CNPC, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la CFE, junto con brigadas especializadas de rescate provenientes de otros estados y personal del Gobierno de Sinaloa.

Atención a familiares de los mineros atrapados

Además, este mismo 4 de abril la CNPC informó que su titular, Laura Velázquez Alzúa, se reunió con los familiares de los tres mineros que permanecen atrapados en la mina Santa Fe.

La dependencia, perteneciente a la SSPC, reportó que durante el encuentro la funcionaria informó de manera puntual sobre los trabajos realizados y los avances en las labores de rescate.

Durante la cobertura del rescate de los mineros atrapados al interior de la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa, se reportó la desaparición de Juan Díaz, colaborador e ingeniero operador de dron de N+.

Según la información proporcionada por el propio medio de comunicación, la última vez que se vio al ingeniero fue cerca de la mina Santa Fe, donde realizaba labores técnicas en apoyo a la cobertura informativa.

Medios nacionales han señalado que el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, sin embargo, las actualizaciones de N+ proporcionadas en el noticiero televisivo relataron cerca de las 5 de la tarde que el ingeniero llevaba 4 otras sin aparecer.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con el reporte de N+, el incidente derivó luego de que Díaz intentaba recuperar un dron posiblemente afectado por un inhibidor de señal, el cual fue derribado en vuelo.

El aparato habría caído a una distancia aproximada de 500 metros de la mina Santa Fe.

El ingeniero Juan Díaz salió a pie hacia la ubicación estimada del dron y, tras más de cuatro horas, no se ha reportado su regreso. Hasta el momento se desconoce si el dron fue interceptado por por un inhibidor de las autoridades o por externos.

La cobertura de N+ en El Rosario, Sinaloa, se centra en el seguimiento de las acciones de rescate de los tres trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, lo cuales quedaron atrapados desde hace 8 días.

N+ solicitó el apoyo de las autoridades locales y federales para que se sumen a las labores de búsqueda del ingeniero Juan Díaz.

Operativos en la zona para localizar al ingeniero

De acuerdo con reportes de Radio Fórmula, se ha montado un operativo en las inmediaciones de la mina Santa Fe, en el municipio de Rosario, para localizar a un corresponsal de N+ reportado como desaparecido durante la cobertura del rescate de mineros.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa),la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y brigadas de rescate estarían participando en estas labores.

Además, el medio ha señalado que un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de la Marina (Marina) realiza sobrevuelos en la zona como parte del operativo de búsqueda de Juan Díaz.

Actualizaciones sobre la mina Santa Fe

Según información proporcionada por la CNPC a las 17:00 horas de este 2 de abril a través de sus canales oficiales, se reforzó la seguridad estructural en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, como parte de la estrategia para avanzar hacia la zona donde se encuentran los tres mineros atrapados.

Las autoridades reportaron la construcción de un tapón de concreto con especificaciones técnicas para controlar el flujo de agua y permitir el ingreso seguro al área de rescate. La construcción de el tapón tiene un avance cercano al 50 por ciento.

Además, la CNPC señaló que en las labores participan más de 300 elementos, quienes han acumulado más de 190 horas de trabajo continuo.

Este jueves, durante la madrugada, continuaron los trabajos al interior de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, con el ingreso de un grupo conformado por personal de la Comisión Federal de Electricidad y especialistas, fortaleciendo, con ello, las acciones en el sitio.

Así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) por medio de una publicación compartida en redes sociales, en la que se mostraron fotografías de los trabajos.

Las labores, se aseguró, permiten consolidar condiciones para seguir avanzando de manera segura y sostenida en las tareas de rescate.

En un comunicado aparte, se informó que la estrategia de rescate de los tres mineros en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, se enfocaba en la consolidación de la seguridad estructural del yacimiento.

Ante las condiciones de inestabilidad estructural detectadas en un tapón natural de rezaga y lodo en el interior de la mina, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los especialistas de la CFE, ayer inició la edificación de un tapón definitivo de concreto de cinco metros de dimensión, anclado al terreno y con armado por tempetratura, diseñado para soportar la carga hidráulica total de la zona.

Dicha obra, se informó, presenta un avance del 50% y se desarrolla en cinco etapas técnicas: limpieza (concluida), anclaje, armado, cimbrado e inyección de concreto, esta última actualmente en ejecución bajo la supervisión directa de especialistas.

De manera paralela se registra un avance acumulado de 129 metros en la remoción de jales, destacando un progreso de 30 metros durante la última jornada de trabajo. Con el objetivo de optimizar los tiempos de operación, el material se almacena en puntos estratégicos dentro de la propia mina, lo que evita desplazamientos innecesarios hacia la superficie y agiliza las maniobras.

También se ejecuta un barreno de exploración para determinar las condiciones del frente de trabajo y se realizan labores de canalización de aguas subterráneas hacia el sector norte de la mina.

De manera complementaria se mantienen activas las tareas de bombeo hacia el exterior mediante la instalación de nuevas líneas de energía.

Se cuenta con un despliegue de 300 elementos pertenecientes a los tres órdenes de gobierno, quienes llevan más de 180 horas de trabajo ininterrumpido de manera conjunta con brigadas de emergencias voluntarias provenientes de otras unidades mineras y estados del país.

Este esfuerzo interinstitucional es coordinado estrechamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración directa con la CFE y las autoridades del Gobierno de Sinaloa.

Cabe destacar que apenas el pasado miércoles, la misma dependencia señaló que en la mina Santa Fe seguían las acciones coordinadas para el rescate de los tres mineros que están atrapados en el lugar. En una reunión del Puesto de Mando, que fue encabezada por Laura Velásquez Alzúa, titular de la CNPC de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se definieron tareas prioritarias para avanzar en el barreno, el suministro de energía al interior, el traslado de equipo, la colocación de barricadas y el monitoreo técnico de las maniobras, con la participación de CNPC, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la CFE e IMSSA.

Ocho de los diez trabajadores de una mina localizada en el poblado de El Verde del municipio de Concordia, Sinaloa, fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en la misma región donde desaparecieron.

Los mineros fueron reportados como desaparecidos el 23 de enero pasado, luego de que sus familiares perdieron comunicación con ellos cuando se encontraban en el sitio donde descansaban de sus labores.

Tras los hechos, se desplegó un dispositivo de búsqueda que derivó en la localización de una fosa clandestina el 5 de febrero, en la que peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) hallaron 10 cuerpos humanos.

Hasta este miércoles 1 de abril, ocho de esos cuerpos han sido plenamente identificados como pertenecientes a una parte de los trabajadores de la empresa Vizsla Silver, de los cuales dos permanecen en calidad de desaparecidos.

El octavo minero fue identificado como Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario del municipio de Meoqui en Chihuahua. Al respecto, la Fiscalía del Estado informó que le brindan acompañamiento a la familia del trabajador, así como respecto a los trámites necesarios para que su cuerpo sea entregado.

Los otros mineros ya identificados

Los ocho trabajadores localizados sin vida hasta el momento son:

• José Ángel Hernández Vélez
• Antonio de la O Valdez
• José Manuel Castañeda Hernández
• Ignacio Aurelio Salazar Flores
• José Antonio Jiménez Nevares
• Javier Guillermo Vargas Valle
• Javier Emilio Valdez Valenzuela

Mineros que faltan por localizar

Los dos mineros que se mantienen en calidad de desaparecidos son:

• Miguel Tapia Rayón, de 56 años de edad, originario del Estado de México.
• Francisco Antonio Esparza, de 65 años de edad.

Cabe señalar que como parte de la exigencia de justicia y en memoria de los trabajadores localizados sin vida, la comunidad minera realizó una mega marcha nacional en al menos seis estados del país.

Cientos de personas salieron a las calles con coronas de flores y mantas para exigir seguridad para los trabajadores del sector extractivo, quienes recorrieron diferentes puntos de los estado de Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora e Hidalgo.

Las movilizaron comenzaron a las 11:00 horas del sábado 14 de febrero, en el que cientos de asistentes portaban cascos, chalecos, lámparas y camisas blancas.

Los Chapitos estarían detrás del crimen

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en días pasados que tras la detención de cuatro integrantes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa se pudo conocer que los mineros desaparecidos fueron confundidos como miembros de un grupo antagónico.

Con esto, el funcionario señaló que los mineros habrían sido secuestrados y asesinados luego de que se les identificó como presuntos miembros de Los Mayos, grupo con el que mantienen una disputa desde septiembre de 2024.

Sin embargo, otros trabajadores mineros afirmaron que se trataría de una represalia debido a amenazas y extorsión por parte de grupos criminales en la región.

Como Saúl Alberto O. P. fue identificado el cuerpo del octavo minero de los 10 que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa. El crimen, según las averiguaciones de las autoridades federales sería responsabilidad del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua aseguró que brindan acompañamiento a los familiares del ingeniero del sector minero.

Fue el 1 de abril que las autoridades de nivel federal confirmaron la identidad del cuerpo, el cual fue hallado junto con otros cadáveres el 8 de febrero pasado en Concordia, lo anterior después de realizar el análisis de perfiles genéticos. “Se logró establecer la identidad de uno de ellos, correspondiendo al minero chihuahuense”, es parte del reporte.

“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y la Fiscalía de Distrito Zona Sur, brindan acompañamiento integral a la familia del minero chihuahuense Saúl Alberto O. P., quien fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado sin vida en el estado de Sinaloa”, se puede leer en el informe de las autoridades estatales.

Cabe recordar que con la ultima actualización de la Fiscalía General de la República (FGR), publicada el pasado 5 de marzo, sumaban siete trabajadores identificados, con las acciones recientes la cantidad asciende a ocho.

Mientras que, de manera reciente, fue determinado que Saúl Alberto era originario del municipio de Meoqui y vivía en la ciudad de Parral. Las autoridades de Chihuahua fueron alertadas de su no localización desde el pasado 23 de enero pasado.

El proceso de acompañamiento a los familiares por parte de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en conjunto con la CEAVE, incluye asesoría jurídica para los familiares del minero mencionado, así como ayuda en los trámites necesarios para que el cuerpo del mismo sea entregado.

Los otros cuerpos ya identificados

Hasta el momento, de los 10 mineros secuestrados, las autoridades ya confirmaron la muerte de ocho trabajadores. Los otros cuerpos pertenecen a:

1. José Ángel Hernández Vélez
2. José Manuel Castañeda Hernández
3. Ignacio Aurelio Salazar Flores
4. Aurelio Salazar Flores
5. Un hombre cuyos familiares solicitaron a esta casa editorial no difundir su identidad
6. Javier Guillermo Vargas Valle
7. Javier Emilio Valdez Valenzuela

Cártel de Sinaloa estaría detrás del crimen

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo el pasado mes de febrero que detrás de la desaparición de los mineros estaría el Cártel de Sinaloa, de manera particular la facción de Los Chapitos.

Los criminales habrían “confundido” a los trabajadores, según la versión del funcionario. Sin embargo, mineros que trabajaban en la zona aseguran que el secuestro y muerte de sus compañeros sería un represalia, pues ya habían sido amenazados por criminales, según compartieron en una entrevista radiofónica con Reporte 100 Sonora.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, en un operativo conjunto con dependencias federales, estatales y municipales, se han intensificado las labores de rescate para localizar a tres mineros que permanecen atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

El informe detalla que los trabajos se concentran en la estabilización de las estructuras internas de la mina, particularmente en las bóvedas, así como en el control del flujo de jales (residuos que quedan después de procesar el mineral) que ha complicado las maniobras de acceso.

También se realizan perforaciones de barrenos de hasta 230 metros y se mantienen sistemas de bombeo continuo para reducir niveles de agua y permitir el ingreso seguro de las brigadas.

Más de 160 horas de maniobras

Las acciones se desarrollan tras más de 160 horas de trabajo ininterrumpido —a siete días del incidente—, con un avance de 3.2 kilómetros de exploración en rampas subterráneas. Sin embargo, las condiciones más complejas se concentran en la denominada Zona 0, donde la acumulación de materiales y la presencia de agua han obligado a modificar la estrategia operativa.

Las autoridades precisaron que estos ajustes buscan reducir riesgos para el personal de rescate, ante la posibilidad de saturación de jales y desplazamiento de sedimentos dentro de la estructura minera. En este punto, se prioriza la seguridad de las brigadas sobre la velocidad de avance en las maniobras.

En el operativo participan elementos de las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, Coordinación Nacional de Protección Civil y el gobierno de Sinaloa, además de brigadas especializadas de empresas mineras y cuerpos de rescate locales.

Como parte del seguimiento integral del caso, la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene vigilancia sobre el estado de salud de José Alejandro Cástulo Colín, el minero que fue rescatado previamente y que permanece bajo atención médica.

En paralelo a las labores subterráneas, las autoridades reiteraron que el operativo se mantendrá activo con el uso de todos los recursos técnicos disponibles hasta lograr la localización de los tres trabajadores, bajo un esquema en el que la estabilidad del terreno y la seguridad del personal continúan como factores determinantes en la estrategia de intervención.

El rescate de los tres trabajadores que permanecen atrapados en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, en Sinaloa, continúa bajo estricta vigilancia luego de seis días de búsqueda.

Luego de cumplir 136 horas de operación ininterrumpida desde el incidente ocurrido el 25 de marzo, las autoridades mantienen la esperanza de hallar con vida a los trabajadores que aún se encuentran en el yacimiento mineral.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este martes que el equipo de rescate ha recorrido 2.2 kilómetros de galerías subterráneas para acercarse a los puntos donde se presume que se encuentran los mineros.

Actualmente, la labor principal se centra en la extracción de agua acumulada en la parte más baja de la mina, utilizando una motobomba de 10 HP. El objetivo es acceder a una elevación natural ubicada después del tramo inundado, donde se cree que podrían estar los trabajadores.

Brindan acompañamiento a los familiares de mineros

Actualmente, tres mineros permanecen atrapados: Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán, cuyos familiares reciben información constante y directa por parte de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien se encuentra en el sitio y supervisa las estrategias implementadas desde el Puesto de Comando Unificado.

Además, se les brinda atención psicológica, cobertura de alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios para el descanso.

Cabe señalar que en las operaciones de búsqueda y rescate en la mina se cuenta con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades locales.

Desde el inicio del incidente, los equipos trabajan sin interrupción, operando las 24 horas del día y enfrentando condiciones adversas dentro de la mina, cuya profundidad lineal alcanza los 300 metros.

Para favorecer los trabajos de extracción, en el sitio se cuenta con un sistema de alarma para maniobras subterráneas con el objetivo de emitir avisos oportunos ante posibles riesgos y llevar a cabo la evacuación inmediata del lugar.

Primer minero fue rescatado el lunes

Fue durante los primeros minutos del lunes 30 de marzo que el equipo de rescate logró hallar y extraer con vida al primer minero atrapado, esto luego de más de 100 horas de trabajo ininterrumpido.

El trabajador fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, quien es originario del municipio de Angangueo en Michoacán.

Luego de encontrarse en la superficie, el minero fue trasladado vía aérea al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica, y tras ser dado de alta, las autoridades confirmaron que ya se encuentra en su domicilio y con su familia en condiciones óptimas de salud.

El primer trabajador de cuatro que quedaron atrapados en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, en Sinaloa, fue rescatado con vida tras cinco días de búsqueda por parte de un equipo interdisciplinario que ha enfrentado la presencia de lodo en la zona.

Las autoridades informaron que su extracción se llevó a cabo a las 00:25 horas de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido por parte de las brigadas de emergencia, quienes lograron hallar al trabajador con vida.

El trabajador rescatado fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, quien es originario del municipio de Angangueo en Michoacán.

Fue trasladado vía área a un hospital tras salir a la superficie

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalló que después de activarse los protocolos de extracción segura y de encontrarse en la superficie, el trabajador fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica.

A cinco días de búsqueda en la mina, aún permanecen tres trabajadores atrapados, quienes de acuerdo con los análisis realizados por los rescatistas, se encuentran en la zona más profunda del sitio.

Ante los hechos, el Mando Unificado en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como autoridades de Sinaloa, reiteró que continuarán en las labores para rescatar a los tres mineros restantes.

Las autoridades detallaron que se mantienen en comunicación con las familias de los trabajadores que se encuentran atrapados en la mina, a quienes les brindan informes sobre los avances cada que se concluye el ingreso de las células de rescate, así como atención psicológica, cobertura de alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios para el descanso.

Maniobras se realizan a 300 metros de profundidad: presencia de lodo limita trabajos

Cabe señalar que el derrumbe en la mina se registró el pasado miércoles 25 de marzo, cuando un depósito de residuos mineros compuesto por agua y sedimentos, los cuales descendieron por la rampa principal y provocaron el bloqueo de salidas.

Tras los hechos, las labores de búsqueda comenzaron para identificar la zona en la que se encuentran los trabajadores. Este domingo la CNPC informó que los trabajos se realizan a 300 metros de profundidad con el apoyo de más de 300 elementos y 42 unidades, quienes trabajan 24 horas del día organizados en periodos operativos de relevo.

Durante las labores, los elementos de rescate se enfrentan a la presencia de lodo, lo que dificulta su avance para la identificación de las zonas donde se encuentran los mineros.

Para favorecer los trabajos se cuenta con un sistema de alarma para maniobras subterráneas, esto con el objetivo de emitir avisos oportunos ante riesgos y llevar a cabo la evacuación inmediata.

De manera paralela se realiza el bombeo en la presa para disminuir los niveles de agua y evitar riesgos adicionales en la zona.

La madrugada del 30 de marzo, José Alejandro Cástulo Colín emergió a la superficie tras permanecer más de 100 horas atrapado en la mina Santa Fe, localizada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Su rescate, ocurrido a 350 metros de profundidad, marcó un punto de inflexión en una operación que movilizó a más de 300 rescatistas y mantuvo en vilo a la región.

“Me resignaba a lo que Dios dijera”, expresó el trabajador al relatar su experiencia ante los medios de comunicación.

Una decisión crucial frente al desastre

Con 19 años de experiencia en minería, Cástulo Colín reaccionó instintivamente al percibir el descenso repentino de lodo por los túneles subterráneos. Abandonó su maquinaria y buscó refugio en un contrapozo, una zona elevada dentro de la mina.

Desde ese punto, observó cómo el lodo inundaba rampas y galerías, bloqueando todas las salidas posibles. Según relató él mismo a medios de comunicación, el lodo le impedía avanzar y la oscuridad era total: “Estaba solo, no había luz; toda la luz se la llevó el lodo. No podía caminar de un lado a otro porque el lodo me llegaba a la mitad del estómago”, describió en su primer testimonio tras el rescate.

El accidente se registró el 25 de marzo, cuando un derrumbe dejó a cuatro trabajadores atrapados dentro de la mina. Desde ese momento, equipos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades estatales implementaron un operativo de búsqueda sin pausas, enfrentando condiciones adversas, entre ellas la acumulación de lodo y el reducido espacio de los túneles.

Resistencia bajo tierra: oxígeno, calma y esperanza

Durante su confinamiento, José Alejandro se mantuvo en una zona con ventilación y acceso a oxígeno, lo que resultó determinante para su supervivencia.

Factores como temperaturas estables entre 20 y 30 grados Celsius (68 y 86 grados Fahrenheit), haber ingerido alimentos antes del accidente y mantenerse sobre un área elevada contribuyeron a que resistiera más de cuatro días bajo tierra.

El minero reconoció que el pensamiento constante en su familia, especialmente en sus hijas y nieta, fue el principal motor para no rendirse. “Mis hijas me esperaban. Pensaba que se iban a quedar solas”, declaró a Debate.

En el exterior, su esposa, Martha Pérez Colín, aguardaba con esperanza el desenlace, convencida de que se produciría un milagro. Mientras tanto, los equipos de rescate mantenían contacto con los familiares de los mineros, informando avances tras cada incursión subterránea y brindando apoyo psicológico, alimentación, facilidades para el aseo y espacios para descanso.

El rescate de Cástulo Colín requirió el traslado en helicóptero desde la mina al Centro de Convenciones Internacional de Mazatlán, y posteriormente en ambulancia terrestre al Hospital General del puerto.

De acuerdo con TV Azteca Sinaloa, el subdirector médico del hospital, César Tonatiú Rocha Puente, informó que el trabajador ingresó deshidratado y desorientado, pero su estado no comprometía la vida y evolucionó favorablemente. Fue dado de alta horas después, recibiendo únicamente tratamiento por deshidratación leve.

Continúa la búsqueda

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Zarzúa, reiteraron el compromiso de mantener los trabajos hasta localizar a todos los trabajadores.

Los tres trabajadores que permanecen atrapados estarían ubicados en la zona más profunda de la mina,según la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El gerente administrativo de la empresa responsable, Álvaro Enrique Vargas Miranda, explicó que el túnel tiene un promedio de un metro de altura y está cubierto de “jal”, residuos del material extraído, lo que dificulta el avance de los rescatistas.

El calor dentro de la mina incrementa el riesgo de deshidratación para los atrapados y para quienes participan en el operativo.

La empresa no precisó el origen de los trabajadores que permanecen bajo tierra, solo se indicó que no son de Sinaloa.

En la operación participan ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, con experiencia en rescates mineros como el de Pasta de Conchos. Los equipos trabajan de forma ininterrumpida, con más de 300 personas cubriendo turnos durante las 24 horas.

A cuatro días del colapso de la mina Santa Fe del municipio de El Rosarito, Sinaloa, que dejó cuatro trabajadores atrapados, las labores de búsqueda continúan con más de 300 elementos rescatistas que se enfrentan a la presencia de material lodoso que dificulta el avance hasta la zona donde se encuentran los mineros.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que este domingo 29 de marzo se sumaron a las labores especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua.

Esta incorporación se suma a las tareas que llevan a cabo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y diversas brigadas, así como a la participación del Grupo Minero IMSSA, Grupo Lobos de Guanaceví y el Grupo Actus.

Maniobras se realizan a 300 metros de profundidad

Este domingo se informó que las maniobras de rescate se realizan a 300 metros de profundidad, en los que más de 300 elementos y 42 unidades trabajan 24 horas del día organizados en periodos operativos de relevo.

Durante las labores, los elementos de rescate se enfrentan a la presencia de lodo, lo que dificulta su avance. La CNPC detalló que las brigadas operan bajo condiciones de ventilación óptima y a una temperatura aproximada de 25 grados Celsius.

“El objetivo de estas jornadas es avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros”, se informó.

Rescatistas cuentan con sistema de alarma

Durante la operación del trabajo rescatista se mantiene activo un sistema de alarma para las maniobras subterráneas, esto con el objetivo de emitir avisos oportunos ante cualquier riesgo y llevar a cabo la evacuación inmediata.

Además, la CNPC informó que se implementa un proyecto de estabilización de posibles caídos estructurales mediante una mezcla térmica con cemento, lo que se reforzará con resina expansiva que está programada para llegar a la zona el día lunes.

Como parte de los trabajos, también se lleva a cabo el bombeo en la presa para disminuir los niveles de agua y mitigar riesgos adicionales en la zona.

Las autoridades detallaron que se brinda acompañamiento a las familias, a quienes se les brindan informes sobre los avances cada que vez que se concluye el ingreso de las células de rescate. Asimismo, se les brinda atención psicológica, cobertura de alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios para el descanso.

Cabe recordar que el derrumbe se registró el pasado miércoles 25 de marzo, luego de que una presa de jales se rompió. Esta presa es un depósito de residuos mineros compuesto por agua y sedimentos, los cuales descendieron por la rampa principal y provocaron el bloqueo de las salidas.

La búsqueda de los cuatro mineros atrapados en una mina ubicada en El Rosario, Sinaloa, continúa bajo la atención de autoridades estatales y equipos de rescate especializados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mediante el Plan DN-III-E. Al sitio se trasladó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien acompaña a las familias y supervisa el desarrollo de las acciones.

Mediante su cuenta de X, el mandatario aseguró que las tareas de rescate no cesarán hasta lograr que todos los mineros sean puestos a salvo. Además, compartió actualizaciones a los medios de comunicación presentes en el sitio.

Siete mineros lograron ser rescatados poco después del derrumbe, ocurrido el pasado 25 de marzo, pero cuatro más siguen bajo tierra. La esperanza continúa debido a que se ha reportado que en la zona los equipos especializados han detectado ruidos.

Estrategia y avances en el operativo de rescate

De acuerdo con declaraciones de Rubén Rocha Moya, los equipos de rescate ingresan de forma continua a los puntos de la mina donde, según información de los propios mineros, podría haber personas atrapadas.

El plan contempla relevos regulares: “Existe una estrategia que establece turnos de cuatro a cinco horas en el interior, para luego salir y dar paso a nuevos grupos”, explicó el gobernador.

El avance de los trabajos depende de las condiciones internas de la mina, pues el material conocido como “jal” -una piedra volcánica- obstaculiza el acceso en ciertas áreas.

La exploración minuciosa busca identificar todos los posibles caminos hacia los trabajadores, con el objetivo de acelerar el rescate y buscar nuevas vías de rescate.

Apoyo institucional y acompañamiento a las familias

Durante la jornada, autoridades estatales reiteraron su compromiso con las familias de los mineros afectados.

Rubén Rocha Moya utilizó su cuenta de X para expresar solidaridad y subrayar que los equipos “mantienen las maniobras con responsabilidad y coordinación” y que “no se detendrán hasta rescatarlos”.

El operativo se desarrolla bajo la supervisión de personal especializado y con la colaboración de diversas dependencias.

Según las autoridades, la proximidad de las con los familiares de los cuatro mineros atrapados ha sido constante, en un ambiente marcado por la incertidumbre y la espera de noticias favorables.

El derrumbe de la mina en El Rosario, Sinaloa

Cuatro trabajadores permanecen atrapados en la mina de El Rosario desde el miércoles 25 de marzo, después de un derrumbe provocado por la ruptura de una presa de jales, un depósito de residuos mineros compuesto por agua y sedimentos.

Según reportes previos de este medio, el material descendió por la rampa principal, bloqueando las salidas y dificultando las labores de rescate.

Las estimaciones señalan que uno de los trabajadores podría estar en el área del comedor, mientras que los otros tres estarían en una zona más profunda.

La empresa minera informó que los conductos de aire no habrían sido completamente bloqueados, lo que mantiene la esperanza de encontrarlos con vida.

La incertidumbre persiste en el municipio de Rosario, Sinaloa, donde cuatro trabajadores permanecen atrapados al interior de una mina tras un derrumbe registrado esta semana. Aunque hasta el momento no se ha logrado establecer contacto directo con ellos, la detección de ruidos dentro del yacimiento ha generado esperanza entre rescatistas y familiares.

De acuerdo con información proporcionada por directivos de la empresa minera, no existe comunicación con los trabajadores, pero durante las primeras horas posteriores al accidente se percibieron sonidos provenientes del interior, lo que hace suponer que podrían estar con vida.

Un derrumbe provocado por lodo y residuos mineros

El accidente ocurrió luego de la ruptura de una presa de jales, un depósito de residuos mineros compuesto por agua y sedimentos, que generó una especie de avalancha de lodo dentro de la mina.

Según explicaron responsables de la empresa, este material descendió como un río por la rampa principal —el acceso habitual de los trabajadores—, bloqueando las salidas y dificultando las labores de rescate.

El flujo de jal provocó acumulaciones de entre medio metro y metro y medio en distintas zonas, e incluso formaciones más densas que impiden el paso del personal de auxilio.

Atrapados en distintas zonas de la mina

Las estimaciones indican que uno de los mineros podría encontrarse en el área del comedor, mientras que los otros tres estarían en una zona más profunda del yacimiento.

De acuerdo con la empresa, existe la posibilidad de que las áreas donde se encuentran no presenten problemas graves de ventilación, ya que los conductos de aire no habrían sido completamente bloqueados por el lodo.

Esto ha sido clave para mantener la esperanza de encontrarlos con vida, pese a las horas transcurridas desde el derrumbe.

Rescate contrarreloj en condiciones complejas

Las labores de rescate se han intensificado con la participación de autoridades y equipos especializados, quienes trabajan para remover el material y abrir paso hacia las zonas donde se presume están los trabajadores.

El incidente ocurrió el miércoles 25 de marzo, y aunque en un inicio se reportó que más mineros habían quedado atrapados, siete lograron ser rescatados con vida en las primeras horas, lo que confirmó la magnitud del accidente.

Sin embargo, los cuatro restantes continúan bajo tierra, mientras las condiciones del terreno —inestable y saturado de residuos— representan un riesgo constante para los rescatistas.

La espera de las familias y la esperanza en los sonidos

En el lugar, familiares de los trabajadores permanecen a la espera de noticias, en medio de la angustia y la incertidumbre.

Los ruidos detectados dentro de la mina se han convertido en el principal indicio de vida, en un contexto donde cada hora es crucial.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para establecer contacto y lograr el rescate, en un operativo que mantiene en vilo a toda la comunidad.

Un amplio operativo interinstitucional se mantiene en el municipio de El Rosario, Sinaloa, para rescatar a cuatro mineros que permanecen atrapados tras el colapso de una presa de jales en la mina “Minerales de Sinaloa”, ocurrido el pasado 25 de marzo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se incorporó a las labores mediante una Misión ECO, con la finalidad de coordinar acciones en el puesto de mando, además de brindar acompañamiento a los familiares de los trabajadores afectados.

Despliegue de fuerzas federales y especialistas

Como parte del reforzamiento de las labores, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 38 elementos del Batallón de Atención a Emergencias, especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

El personal fue trasladado a bordo de una aeronave C-27J Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana hacia el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde se movilizaron a la zona del siniestro.

Estos elementos se suman a más de 60 efectivos militares que ya brindaban seguridad periférica, alcanzando un total de 98 elementos desplegados, quienes trabajan en coordinación con autoridades estatales, municipales, Protección Civil, la Fiscalía estatal y corporaciones de seguridad.

Rescate ininterrumpido en “zona cero”

De acuerdo con autoridades, en la zona cero continúan de manera ininterrumpida las labores de rescate, iniciadas por la propia empresa minera y reforzadas posteriormente por instancias gubernamentales.

En estas acciones participan elementos del Ejército Mexicano, así como personal de distintas dependencias que implementan estrategias conjuntas de extracción y localización.

Además, se prevé la incorporación de elementos especializados de la Secretaría de Marina (Semar) para fortalecer las operaciones.

Equipo especializado y binomios caninos

El personal del Batallón de Atención a Emergencias cuenta con equipo especializado para enfrentar este tipo de contingencias, entre ellos:

• Cuatro binomios canófilos para búsqueda de personas
• Equipos de respiración autónoma
• Herramientas para corte de estructuras colapsadas
• Generadores de energía
• Botiquines de primeros auxilios y sistemas de radiocomunicación

Estas herramientas son clave para avanzar en las labores en condiciones complejas y de alto riesgo dentro de la mina colapsada.

Llamado a la población y coordinación institucional

Las autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por caminos cercanos a la zona del siniestro, particularmente hacia la sindicatura de Cacalotán, con el objetivo de facilitar el paso de maquinaria pesada y vehículos de emergencia.

El operativo forma parte de una respuesta coordinada entre los tres órdenes de gobierno, que busca maximizar las posibilidades de localizar con vida a los mineros atrapados.

Compromiso ante emergencias

Finalmente, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reiteraron su compromiso de participar en labores de auxilio a la población en casos de desastres naturales o provocados, como parte de su misión permanente.

Las labores de rescate continúan bajo condiciones complejas, mientras familiares y autoridades mantienen la esperanza de un desenlace favorable.

La empresa Mineros S.A. anunció la compra del 100 % del proyecto aurífero La Colosa, ubicado en Cajamarca, Tolima, en una operación que podría alcanzar hasta 70 millones de dólares. El proyecto es considerado uno de los yacimientos de oro más grandes proyectados en Colombia.

La adquisición se realizó a una filial de la compañía AngloGold Ashanti y revive el interés empresarial por el desarrollo del depósito aurífero, citado por Semana.

El nuevo propietario indicó que buscará abrir una etapa distinta del proyecto basada en el diálogo con las comunidades y actores locales de la región, de acuerdo con ese medio de comunicación.

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La transacción fue informada al mercado de valores debido a que Mineros S.A. es una empresa que cotiza en bolsa. En ese reporte se aclaró que el acuerdo no está relacionado con el proyecto Quebradona, también impulsado por AngloGold Ashanti, el cual continuará siendo desarrollado por esa compañía.

El acuerdo contempla un pago inicial de 10 millones de dólares en efectivo al momento del cierre de la operación.

Adicionalmente, el contrato incluye una contraprestación contingente que podría alcanzar hasta 60 millones de dólares, dependiendo de varios factores relacionados con el desarrollo del proyecto.

Entre esas condiciones se encuentran el volumen de mineral autorizado dentro de un eventual plan de trabajo y obras, así como la obtención de la licencia ambiental correspondiente.

Según lo informado por la compañía, el cierre definitivo de la operación está previsto para el primer trimestre de 2026, siempre que se cumplan los requisitos habituales para este tipo de transacciones empresariales.

El proyecto La Colosa fue descubierto alrededor del año 2006, durante un periodo en el que Colombia impulsaba la llegada de inversión extranjera en el sector minero.

Los estudios iniciales realizados en la zona permitieron estimar que el depósito podría contener recursos auríferos cercanos a 24 millones de onzas de oro, lo que lo posicionó como uno de los yacimientos más grandes proyectados en el país y en América Latina.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha estado marcado por fuertes controversias ambientales y sociales desde hace más de una década.

A partir de 2011, comenzaron a surgir movimientos sociales y ambientales que manifestaron preocupación por los posibles impactos del proyecto sobre el agua, la agricultura y los ecosistemas del municipio de Cajamarca y de otras zonas del Tolima.

Las protestas y debates sobre el proyecto derivaron en la realización de una consulta popular en 2017, en la que los habitantes de Cajamarca votaron sobre la posibilidad de permitir proyectos mineros en el municipio.

En esa votación ganó el “no”, lo que llevó a la paralización del proyecto durante varios años.

Posteriormente, en 2024, AngloGold Ashanti informó nuevas estimaciones sobre el depósito, señalando que el yacimiento podría contener decenas de millones de onzas de oro en recursos potenciales.

No obstante, esas estimaciones correspondían a recursos geológicos y no a reservas explotables confirmadas, por lo que el proyecto continuaba sin avances hacia una fase de explotación.

Tras la adquisición anunciada por Mineros S.A., la empresa señaló que su intención es iniciar un proceso participativo con las comunidades del Tolima para redefinir el enfoque del proyecto.

La compañía indicó que incluso se contempla la posibilidad de cambiar el nombre de la iniciativa como parte de una estrategia para marcar una nueva etapa distinta a la que ha caracterizado históricamente al proyecto.

El objetivo de este proceso sería construir una relación basada en el diálogo con las comunidades, las autoridades locales y otros actores regionales.

No obstante, la empresa aclaró que el desarrollo de cualquier actividad minera dependerá de varios factores clave.

Entre ellos se encuentran la claridad en el marco regulatorio, la obtención de las licencias ambientales necesarias y la existencia de consensos con las comunidades que permitan avanzar en el proyecto.

Mineros S.A., con sede en Medellín, cuenta con más de 50 años de trayectoria en la explotación de oro en América Latina.

Actualmente la empresa opera activos mineros en Colombia y Nicaragua, además de mantener proyectos de exploración y desarrollo en otras regiones del continente.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch aseguró que continúan las indagaciones por el caso de los mineros desaparecidos en Sinaloa, durante la mañanera del pueblo de este 27 de febrero.

“Estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes y vamos a detener a todos los involucrados y seguiremos operando en coordinación con la autoridad estatal para detener a los responsables”, afirmó el funcionario.

Declaró que desde que se tuvo conocimiento del incidente se activaron mecanismos de colaboración interinstitucional, así como un despliegue de células de investigación de campo para integrar información técnica y operativa.

Se implementaron recorridos de reconocimiento y patrullaje a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional en múltiples poblados del municipio de Concordia en conjunto con elemento de la Fiscalía General del Estado y el apoyo de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Autoridades reforzaron el trabajo en coordinación con la finalidad de robustecer las carpetas de investigación y ampliar las diligencias ministeriales.

El pasado 3 de febrero, como resultado de las labores de inteligencia y seguimiento, el Ejército detuvo a cuatro personas presuntamente relacionadas con estos hechos. Entre ellas se encuentra Jesús Abel “N”, identificado como generador de violencia en el municipio de Concordia y vinculado a una célula de “Los Chapitos”, a quien se le relaciona con delitos como extorsión, homicidio, robo de hidrocarburos, así como tráfico de drogas y armas.

A partir de nuevas líneas de indagación, se obtuvo información sobre la posible existencia de fosas clandestinas, por lo que se solicitó la intervención de peritos especializados de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

“Las investigaciones continúan, se está dando seguimiento puntual al caso y se mantiene el despliegue operativo en la zona, para ubicar a otros responsables que ya se tienen identificados y esclarecer plenamente los hechos”, afirmó el secretario de seguridad.

Ataque contra diputados en Culiacán

Tras el ataque perpetrado el 28 de enero en Culiacán contra los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres, Harfuch informó que se activó de manera inmediata un esquema de trabajo conjunto y estrecha colaboración con la policía estatal.

Con base en la información recabada, se desarrollaron diversas líneas de investigación que permitieron, como se informó en su momento, la detención de uno de los presuntos responsables. Asimismo, las autoridades continúan integrando los elementos necesarios para obtener nuevas órdenes de aprehensión y avanzar con más arrestos.

La recuperación e identificación de los restos de dos mineros en Pasta de Conchos supone un avance relevante en los trabajos en Coahuila.

Según un comunicado oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) difundido este 25 de febrero, se notificó a las familias de la plena identificación de José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, correspondientes a los rescates número 24 y 25 desde el inicio de la búsqueda en la mina.

La CFE precisó que, tras la localización de los restos, se aplicará el protocolo establecido para su entrega digna a los familiares. Este procedimiento cuenta con la supervisión constante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), el Gobierno de Coahuila y autoridades municipales de la región carbonífera.

Quedan 38 mineros por rescatar en Pasta de Conchos

La notificación y entrega de los restos forman parte de un protocolo enfocado en preservar la dignidad de quienes perdieron la vida y el bienestar de sus allegados. El comunicado de la CFE subrayó que la STPS participará activamente en todas las etapas del proceso, desde el reconocimiento hasta el destino final de los restos.

Autoridades reiteraron su compromiso de cumplir con los procedimientos que se han seguido en los 23 casos anteriores, asegurando así transparencia y respeto. El acompañamiento se realiza en colaboración con instancias federales, estatales y municipales, además del apoyo técnico del INMEGEN en la identificación genética.

La comunicación oficial de la CFE reiteró que las labores de búsqueda y rescate de los 38 mineros restantes continuarán con un enfoque de transparencia, seguridad y participación de la comunidad. Las autoridades recalcaron que se mantienen los trabajos en distintos frentes de la mina, priorizando la seguridad de los equipos y la comunidad.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta la fecha se han recuperado 25 restos de los 65 mineros atrapados durante el accidente de 2006.

Compromiso de Claudia Sheinbaum con los mineros y sus familias

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro el 20 de febrero con familiares de las víctimas en Coahuila, reafirmando el compromiso de su gobierno para recuperar los restos de los mineros aún desaparecidos.

En esa reunión, Sheinbaum afirmó: “En Coahuila, reafirmamos el compromiso con las familias de los 65 mineros de Pasta de Conchos; buscaremos los restos de los 38 cuerpos que falta localizar. A 20 años de la tragedia, hemos rescatado 25. Siempre lucharemos por justicia y verdad”.

Durante su visita al memorial de Pasta de Conchos, la presidenta agradeció públicamente el esfuerzo de los rescatistas y dialogó de manera cercana con los familiares, a quienes les transmitió su pésame. Destacó que esta labor representa un deber de justicia social y reiteró que su administración mantendrá la búsqueda.

En la reunión estuvieron presentes Ernestina Godoy, fiscal General de la República, Emilia Calleja Alor, titular de la CFE, y Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social.

La tragedia de Pasta de Conchos ocurrió el 19 de febrero de 2006, cuando una explosión de gas metano atrapó a 65 trabajadores en la mina de San Juan de Sabinas, propiedad de Grupo México. El cierre definitivo de la mina tuvo lugar en 2018, con la entrada sellada por motivos de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este viernes con las familias de los 65 mineros que fallecieron en la explosión de la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, a 20 años de que ocurrió la tragedia.

La mandataria reafirmó su compromiso de hallar y rescatar los cuerpos de los 38 mineros que continúan atrapados en la mina, destacando que a la fecha se han recuperado 25 de las 68 víctimas.

En su cuenta de X, Sheinbaum Pardo publicó un video con aspectos de la reunión con los familiares, afirmando que su gobierno buscará “justicia y verdad” sobre el caso.

“En Coahuila, reafirmamos el compromiso con las familias de los 65 mineros de Pasta de Conchos; buscaremos los restos de los 38 cuerpos que falta localizar. A 20 años de la tragedia, hemos rescatado 25. Siempre lucharemos por justicia y verdad”, escribió en la red social.

La presidenta también agradeció el trabajo de los rescatistas y visitó el memorial en San Juan de Sabinas, donde tuvo un mayor acercamiento con algunos de los familiares, con quienes dialogó de manera más personal e incluso, los abrazó y expresó sus condolencias.

“Lo primero es decirles que vamos a seguir buscando a los 38 mineros. Lo segundo, pues es agradecer a los rescatistas todo el trabajo que hacen, porque es gracias a ustedes que se han encontrado a los 25 mineros.

“Y ahora podemos decir que hay algo que marca además el momento actual, que es el humanismo, es la justicia social. (...) Hay que hacer justicia, y justicia quiere decir rescatar a todos los mineros. ¡Que viva Pasta de Conchos! ¡Que viva México!¡Y que vivan los mineros!“, concluyó.

En la reunión también participó Ernestina Godoy, fiscal General de la República (FGR); Emilia Calleja Alor, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social.

¿Qué pasó en la mina de Pasta de Conchos?

La madrugada del 19 de febrero de 2006, una explosión por acumulación de gas metano atrapó a 65 de los 73 trabajadores de la mina Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México y ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila.

Hasta la fecha, se han recuperado 25 cuerpos, mientras que los restos de 38 víctimas siguen en el interior de la mina.

De acuerdo con diversas investigaciones y denuncias previas, desde antes de la explosión ya habían documentado las condiciones precarias de seguridad y la falta de ventilación en la mina.

Según dicha información, los trabajadores, subcontratados y con salarios bajos, laboraban en minas semi-clandestinas conocidas como “pocitos”, expuestos a riesgos por la ausencia de equipo adecuado y el uso de maquinaria obsoleta no permitida por la normatividad mexicana.

Las estructuras internas estaban deterioradas, con vigas deformadas y muros insuficientes para proteger ante derrumbes.

El accidente ocurrió durante el gobierno de Vicente Fox, quien no visitó el sitio y evitó reunirse con los familiares de las víctimas, con el argumento de que no quería “interferir en las labores de rescate con vida de los 65 trabajadores”.

A esto se sumó que los gobiernos siguientes, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no impulsaron el rescate, lo que generó que las familias presentaran el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó la recuperación de los cuerpos, aunque los trabajos de rescate se han visto frustrados, la última vez en febrero de 2024 tras la cancelación de labores por parte de la CFE.

Pasta de Conchos cerró definitivamente en 2018, sellándose la entrada de la mina.

Familiares y activistas mantienen sus demandas de justicia y rescate, recordando a los mineros con un antimonumento en Paseo de la Reforma, símbolo de su exigencia permanente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este día sostendrá un encuentro con familiares de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, para dar seguimiento a los trabajos de rescate y a los procesos de justicia pendientes desde hace casi dos décadas.

La mandataria subrayó que existe un trabajo permanente en torno a este caso, el cual —dijo— comenzó durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y al que su gobierno está dando continuidad.

“No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero y vamos a seguir trabajando con las familias”, reiteró.

Sheinbaum destacó que el rescate en Pasta de Conchos representa un compromiso histórico asumido desde 2006 por López Obrador, cuando en su primera campaña presidencial prometió buscar alternativas para recuperar los cuerpos, pese a que en su momento se consideraba técnicamente inviable.

Seguirán los trabajos de rescate y apoyos a familiares

Según expuso, los avances logrados en los últimos años demuestran que sí es posible realizar estas labores de rescate con los estándares de seguridad adecuados.

“Aun cuando se había dicho que era imposible rescatar los cuerpos, hemos demostrado que es factible. Habla de una política humanista de los gobiernos de la transformación y vamos a seguir trabajando”, destacó Sheinbaum.

En ese sentido, recordó que durante el sexenio anterior se llevó a cabo una reunión inicial con los deudos para definir la ruta de acción. En ese encuentro —explicó— se planteó la disyuntiva entre priorizar una reparación integral del daño o concentrar esfuerzos en el rescate de los cuerpos.

Ante la división de posturas entre las familias, el entonces mandatario optó por impulsar ambas acciones de manera simultánea: avanzar en el rescate y fortalecer las medidas de reparación.

Desde entonces, dijo Sheinbaum, se han hecho trabajos técnicos en la mina, al tiempo que se mejoraron las condiciones de pensión para viudas y familiares de los trabajadores fallecidos.

Trabajo de FGR y Fiscalía estatal

La presidenta también informó que continúan las investigaciones en coordinación con la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República, con el objetivo no sólo de recuperar los restos de los mineros, sino de esclarecer responsabilidades y garantizar justicia.

El caso de Pasta de Conchos se ha convertido en uno de los episodios más emblemáticos en la agenda de derechos humanos y justicia laboral en el país. A casi 20 años de la tragedia, las familias han insistido en la necesidad de mantener la búsqueda hasta recuperar a todos los trabajadores y establecer responsabilidades legales.

Sheinbaum enfatizó que su administración mantendrá el diálogo directo con los familiares y que las labores no se suspenderán.

La reunión de este día forma parte de esa estrategia de seguimiento y acompañamiento. Con ello, el gobierno federal busca dar continuidad al rescate en Pasta de Conchos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este martes, durante la conferencia de prensa matutina, que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de informar sobre los avances en la investigación de la desaparición de los 10 mineros, y el paradero de los cinco que faltan de localizar.

La mandataria nacional expuso que el pasado lunes hubo una reunión con la Cámara de la Industria Minera, en la que habían participado la mayor cantidad de industrias mineras de México, con el gabinete de seguridad.

“La Fiscalía General de la República es quien debe informar, o el gabinete de Seguridad, ayer hubo una reunión con la Cámara de la Industria Minera, donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país, con el gabinete de seguridad, para poder tener una relación mayor en caso de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo, no lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas”, señaló Sheinbaum.

Dijo que “así fue la reunión, eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que no haya ocurrido en algún caso, y en todo caso se tiene que investigar, ya tiene la relación directa con el gabinete de seguridad para poderse atender en caso de que se presente una situación de extorsión o alguna otra situación relacinada con problemas de seguridad”.

La mandataria dijo que la industria minera solicitó mayor comunicación y a partir de la reunión de ayer, se dio una comunicación más directa con el gabinete federal.

Sheinbaum dijo que la FGR estaba investigando y ellos eran quienes tenían que informar avances. “Buscamos que puedan, en el momento en que así se permita la investigación, dar mayor información”, expuso la presidenta de México.

Un total de 30 artefactos explosivos fueron asegurados en el municipio de Concordia, en Sinaloa.

Por medio de un comunicado, se dio a conocer que los artefactos fueron localizados en la localidad de El Verde.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, participaron en el operativo.

Se señaló que, en el marco del operativo que se lleva a cabo en Concordia para la búsqueda y localización de los mineros desaparecidos, personal naval había encontrado los 30 artefactos explosivos, mismos que fueron asegurados y destruidos en la zona por parte de elementos especializados.

La zona en la que se encontraron los 30 artefactos, es una zona considerada corredor de movilidad para grupos armados que operan entre la zona minera y la región agrícola del sur de Sinaloa.

El aseguramiento se dio dentro del despliegue implementado tras la desaparición de 10 mineros, reportada hace unas semanas en el municipio de Concordia, lo que generó operativos permanentes en caminos rurales, brechas serranas y campamentos de extracción, donde autoridades federales buscan indicios de fosas clandestinas, campamentos criminales y rutas de trasiego.

En la zona operan células armadas que utilizan explosivos improvisados como método de contención territorial, para bloquear, principalmente, acceso a comunidades, frenar incursiones militares o proteger rutas de trasiego hacia la zona serrana de Durango. Los dispositivos suelen colocarse en terracerías, entradas a rancherías o veredas mineras.

Concordia se ha convertido en un punto estratégico por su conexión con la carretera libre Mazatlán-Durango y caminos que conducen a la región de explotación minera, lo que lo vuelve relevante para el control logístico del transporte de minerales, combustibles y rutas clandestinas.

Autoridades federales han documentado, en operativos recientes, el creciente uso de artefactos explosivos improviosados por parte de organizaciones criminales en la sierra de Sinaloa, particularmente desde 2023, donde han sido utilizados para bloquear patrullajes o emboscar convoyes.

La destrucción de los 30 explosivos encontrados, evitó riesgos a la población y personal de seguridad, según informó la Marina, al tiempo que mantiene presencia permanente en la región dentro de la operación de búsqueda.

Concordia forma parte del cinturón serrano donde autoridades han intensificado reconocimientos terrestres y aéreos ante reportes de enfrentamientos, hallazgos de restos humanos y desplazamientos intermitentes de habitantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando el motivo por el cual fueron secuestrados 14 ingenieros y mineros en Concordia, Sinaloa, luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que presuntamente fueron confundidos con integrantes de un grupo criminal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria aclaró que en su momento, García Harfuch precisó que la versión sobre que los mineros fueron confundidos con criminales derivó de una declaración de una de las personas detenidas por el caso.

“Aquí, el secretario de Seguridad dio la información de que los detenidos habían dicho que habían confundido a los mineros con miembros de un grupo delictivo, esa es la información que él da, que es la declaración de los detenidos.

“Evidentemente la Fiscalía está haciendo una investigación más profunda, no solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo indicó que como parte de la investigación, las autoridades dialogan con los familiares de los ingenieros y mineros desparecidos, así como con otros trabajadores de la empresa Viszla Silver, donde laboraban al menos 10 de las víctimas, así como con representantes de la industria minera para “conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho”.

Indicó que a esto suma el “apoyo permanente” las familias de las víctimas, “más allá de cuál haya sido la causa”, además de que se buscará conocer las condiciones laborales de los mineros y si la empresa tuvo alguna responsabilidad con lo ocurrido.

Comentó que en este sentido también se dialogará con las cámaras mineras para conocer si son víctimas de extorsión, debido a que este delito ha sido señalado como una de las causas por las que fueron secuestrados los 14 trabajadores, de los cuales cinco fueron hallados sin vida.

“Entonces tenemos que apoyar a las víctimas, estar cercanas a ellos, averiguar la condición laboral de los mineros, ver si hay alguna responsabilidad de la minera, y también una investigación profunda de cual es la causa de esta situación.

“Y por otro lado, hablar con la cámara de los mineros, de la industria minera para saber si son víctimas de extorsión y que es lo que tenemos que hacer para poder proteger tanto la actividad productiva como a los trabajadores”, puntualizó.

Ante los señalamientos de extorsión en el caso y hacia las empresas mineras, la presidenta destacó que su gobierno implementó desde julio del 2025 la Estrategia Nacional contra la Extorsión, señalando los avances en la atención y erradicación del delito.

Sin embargo, recalcó que respecto a la desaparición de los mineros, la Fiscalía General investiga si fue por extorsión.

“Tan sabemos que existe y tan nos interesa erradicar este delito que tenemos una estrategia particular contra la extorsión y vamos a seguir así, por que evidentemente tenemos que erradicar la extorsión en nuestro país.

“En este caso de los mineros está la fiscalía haciendo la investigación para ver si fue un caso en efecto de extorsión de amenaza y tomar todas las medidas necesarias”, concluyó.

Vizsla Silver suspende operaciones en Concordia

La empresa Vizsla Silver anunció ayer la suspensión indefinida de sus operaciones presenciales en Concordia, Sinaloa, tras el secuestro de diez trabajadores, cinco de los cuales fueron hallados sin vida.

En un comunicado, la minera canadiense informó que continuará con labores administrativas y de exploración únicamente a distancia.

Vizsla evitó pronunciarse sobre posibles extorsiones previas a sus empleados y tampoco abordó las denuncias de familiares sobre omisiones en la protección y atención a las víctimas.

El mensaje de la empresa reiteró su colaboración con las autoridades mexicanas y expresó solidaridad con los afectados, aunque no ofreció detalles adicionales sobre las medidas de seguridad implementadas.

Mientras tanto, familiares y colectivos exigieron que la minera asuma responsabilidad y brinde información transparente sobre los hechos, así como garantías para los trabajadores.

La suspensión marca un nuevo episodio en la crisis de seguridad que enfrenta la industria minera en la región.

Vizsla Silver, la minera canadiense en la que laboraban los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa (cinco de ellos encontrados sin vida en fosas clandestinas), lanzó un comunicado este jueves, en el que da una actualización sobre la situación en Concordia, municipio en el que sucedieron los hechos, así como las medidas que se toman para apoyar a las familias afectadas y los colaboradores.

De acuerdo con el comunicado, Michael Konnert, presidente y director general de la compañía, declaró que se pasa por un momento sumamente doloroso para las familias de los colaboradores desaparecidos, así como para el equipo de la minera y para la comunidad de La Concordia.

“Estamos con las familias y estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para apoyarlas, al mismo tiempo que cuidamos a nuestros colaboradores durante este periodo tan difícil”, se lee en el comunicado.

Lamentaron confirmar que cinco colaboradores seguían en calidad de no localizados y reconocieron la incertidumbre y la dificultad que la situación sigue generando para sus familias, para sus colaboradores y para la comunidad en general.

La empresa minera dijo mantener su esfuerzo en apoyar a las familias afectadas y en permanecer en estrecha coordinación con las autoridades competentes mientras continúan las labores correspondientes. “La Compañía se encuentra en contacto directo con las familias afectadas y está proporcionando apoyo logístico y financiero, así como acceso a servicios adecuados de acompañamiento. Representantes de la Compañía continuarán trabajando de cerca con las familias para atender sus necesidades. Asimismo, Vizsla está brindando a sus equipos en México y Canadá acceso a apoyo psicológico y esquemas de trabajo flexibles”.

Se aseguró que la seguridad de los colaboradores y contratistas de Vizsla sigue siendo una prioridad absoluta, y que desde su creación, la empresa ha realizado inversiones significativas en seguridad y gestión de riesgos, con supervisión activa de la alta dirección, incluyendo visitas periódicas al sitio.

Dijo que trabajaba con asesores de seguridad experimentados y reconocidos internacionalmente, además de que evalúa, de manera continua, las condiciones de sus áreas de operación.

Vizsla también dijo cooperar plenamente con las autoridades mexicanas mientras continúa la investigación y las labores correspondientes, y aseguró que se lleva a cabo una revisión exhaustiva de las circunstancias relacionada con los hechos.

También informó que se limitará a comunicar información confirmada por las instancias correspondientes, conforme esté disponible, y no participará en rumores o especulaciones sin sustento.

Además, aseguró que el proyecto Pánuco continúa, mientras que las operaciones en el sitio, permanecen suspendidas. “Gran parte del avance a corto plazo del proyecto Pánuco se basa en trabajos de ingeniería que pueden realizarse de manera remota, y dichas actividades continúan conforme Vizsla avanza hacia sus hitos clave. La Compañía reitera su compromiso con el desarrollo responsable del distrito Pánuco a largo plazo y con el mantenimiento de su inversión en la comunidad de Concordia”, se lee en el texto.

Luego de darse a conocer la muerte de cinco trabajadores de la empresa Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, el sector minero convocó a diversas marchas pacíficas en diferentes estados del país.

A través de sus redes sociales, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) de nivel nacional publicó que preparan movilizaciones para el sábado 14 de febrero en memoria de sus colegas.

Cabe recordar que al menos desde 28 de enero pasado surgieron los reportes sobre la privación de la libertad de 10 ingenieros, de los cuales la mitad ya fueron confirmadas sus muertes.

Los estados donde fueron convocadas las marchas

Zacatecas es uno de los estados en los que se planea marchar. La cita es alas 11:00 horas del 14 de febrero y el punto de partida es la Unidad Académica de Ingeniería Universidad Autónoma del estado (UAZ).

Cabe recordar que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado la identificación de cinco cuerpos de los 10 trabajadores. Dos de los fallecidos son originarios de Zacatecas.

Mientras que en Chihuahua la marcha pacífica fue convocada a iniciar en la Glorieta de Pancho Villa, también a las 11:00 de la mañana del sábado.

Tanto en Chihuahua como en Zacatecas se pide a los participantes usar camisa blanca, chaleco y casco.

Por su parte, en Sonora la hora de reunión es la misma (11:00 de la mañana), en Tabasco 191, esquina con Gpe. Victoria, colonia San Benito.

En esta entidad son preparadas dos misas:

• Misa en Catedral Metropolitana de Hermosillo: 13:00 hrs.
• Misa en la Parroquia Santa Eduwiges: 19:00 hrs.

Además, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México de Durango busca que la marcha parta de Soriana Centro y finalice en el Palacio de Gobierno.

“Es momento de hacer oír nuestra voz. La lucha por la dignidad y los derechos de nuestros trabajadores mineros no termina”, se puede leer en la convocatoria.

Mientras que el sector minero de Guanajuato fue convocada una Marcha del Silencio por el caso de los trabajadores secuestrados en Concordia el 11 de febrero a las 7:00 de la noche.

Luego del reporte de las 10 personas no localizadas, el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que detrás del crimen estaría la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Las declaraciones de los detenidos indican que el secuestro de los trabajadores habría sido una “confusión” con integrantes de un grupo rival.

El funcionario agregó que no contaban con reportes previos de que los trabajadores hayan sufrido extorsión o hayan sido molestados por algún grupo delictivo.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el caso de los 10 trabajadores del sector minero que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa, y de los cuales ya fueron hallados e identificados cinco cuerpos.

Durante su participación en la conferencia matutina del 10 de febrero, el funcionario expresó que las investigaciones apuntan a que el secuestro de los trabajadores fue porque la facción de Los Chapitos los confundió con un grupo antagónico. El funcionario añadió que habrá más detenidos y más datos del caso.

Por su parte, informes de la empresa Vizsla Silver de abril de 2025 dan cuenta de situaciones de inseguridad.

Tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024, las facciones de Los Chapitos y Los Mayos comenzaron con una pugna entre sí. El secuestro y muerte de los mineros suceden en este contexto.

No había reportes previos, asegura Harfuch

El arresto de cuatro personas es lo que permite a las autoridades informar de manera preliminar que los hechos habrían derivado de una confusión.

Además, García Harfuch fue cuestionado de manera directa acerca de si contaban con reportes por parte de esta u otras empresas respecto a actividades criminales.

“En este caso específico [Vizsla Silver], no habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados, o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial. No lo teníamos registrado".

Por su parte, un informe de abril de 2025 identifica problemas de seguridad para el proyecto en Concordia.

Suspensión temporal por motivos de seguridad, la versión de la empresa

En un informe la empresa de origen canadiense anunciaba la suspensión temporal de labores de campo en el proyecto Pánuco por temas de seguridad.

“Por precaución, ha suspendido temporalmente las labores de campo en el proyecto Pánuco debido a las condiciones de seguridad actuales en la zona”, se puede leer.

El reporte añade que en dicha ocasión los contratistas que participan en el desarrollo de la mina, en la perforación y en el programa de exploración estaban “en estado de alerta” y preparados para continuar con sus actividades laborales cuando las condiciones de seguridad lo permitieran.

La información compartida por la empresa minera no detalla el tipo de actividades que derivaron en el freno de sus labores. Una revisión de los acontecimientos noticiosos cercanos a la fecha en que fue anunciada la suspensión de la labores derivó en el hallazgo de un eventos relevante.

El 21 de abril de 2025 elementos militares realizaron el aseguramiento de más de 2 mil 800 artefactos explosivos, algunos preparados para ser lanzados desde drones, según reportó Ríodoce.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que los responsables del secuestro de 10 mineros, y homicidio, hasta el momento, de 5 de ellos, en Sinaloa fue una facción de Los Chapitos.

El funcionario dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) había identificado a cinco de los 10 mineros desaparecidos, y que una célula de Los Chapitos habían sido los responsables.

“La lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos, entonces estos sujetos, estos detenidos, son de la célula de Los Chapitos”, señaló, y confirmó que fueron cuatro los detenidos por las autoridades.

Sheinbaum, por su parte, dijo que la empresa minera canadiense en la que laboraban las personas desaparecidas y asesinadas, han tenido comunicación con el gobierno del Estado de Sinaloa, y con la Comisión de Víctimas.

“Con el gobierno del estado han estado platicando, nosotros a través de Rosa Icela (Rodríguez), con la Comisión de Víctimas, se ha estado en contacto con la Comisión del Gobierno del Estado y con las familias, y como dije hoy, le pedí al Gabinete de Seguridad que estuviera en contacto con la Cámara de la Industria Minera para conocer sus necesidades de seguridad y poder apoyar más", dijo Sheinbaum.

Ejército detivo a cuatro involucrados en el caso

Omar García Harfuch también dio a conocer que el Ejército detuvo a cuatro personas presuntamente involucradas en el caso, quienes mencionaron que los desaparecidos fueron confundidos con integrantes del grupo antagónico.

Señaló que no se había tenido denuncia o queja de que los trabajadores desaparecidos hubieran sido extorisonados o molestados por algún grupo delincuencial.

También señaló que desde el primer momento en el que se supo de la situación, Sheinbaum instruyó un reforzamiento en la zona, y hubo un reforzamiento principalmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias a ese despliegue fue que el Ejército logró la detención de los primeros cuatro responsables del hecho.

Sobre cuántos cuerpos faltan por identificar, será la FGR quien informará esto, pues es un tema 100% pericial.

“Estos son los primeros cuatro detenidos y son 10 los mineros privados de la libertad”, aseguró.

Las investigaciones sobre la desaparición de trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, apuntan a que el secuestro ocurrió tras una confusión por parte de una organización criminal, que habría identificado erróneamente a las víctimas como integrantes de un grupo delincuencial rival. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al detallar los avances del caso ocurrido el pasado 23 de enero.

De acuerdo con autoridades federales, los mineros —empleados de una empresa vinculada a operaciones en la zona serrana de Concordia— fueron interceptados por un grupo armado que opera en la región, en medio de disputas entre células del crimen organizado. Testimonios obtenidos de personas detenidas indican que los trabajadores fueron privados de la libertad al ser confundidos con miembros de una facción antagónica, sin que existieran antecedentes de amenazas o vínculos del personal con actividades ilícitas.

El funcionario explicó que esta línea de investigación se fortaleció tras los operativos desplegados en Sinaloa y las declaraciones recabadas por fuerzas federales, lo que permitió esclarecer el móvil del ataque. No obstante, subrayó que las indagatorias continúan abiertas para deslindar responsabilidades y determinar la cadena de mando dentro del grupo criminal involucrado.

Localizan mineros sin vida

Este lunes, autoridades confirmaron la localización sin vida de varios de los mineros desaparecidos, cuyos cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en la zona serrana de Concordia. La identificación de las víctimas fue posible gracias a trabajos periciales y al acompañamiento de sus familias, lo que generó una fuerte reacción de condena por parte del sector minero a nivel nacional.

El hallazgo provocó que organizaciones empresariales, cámaras y asociaciones del gremio exigieran justicia, el esclarecimiento total de los hechos y garantías de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país. Asimismo, reiteraron el llamado a que se mantenga como prioridad la búsqueda de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos.

Las autoridades federales han señalado que los operativos de seguridad en Sinaloa continuarán y que el caso no quedará impune. Mientras tanto, el crimen ha puesto nuevamente en el centro del debate los riesgos que enfrentan trabajadores en zonas afectadas por la violencia del crimen organizado y la urgencia de reforzar la presencia del Estado en estos territorios.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes 9 de febrero de 2026 la localización e identificación de cinco cuerpos sin vida, parte de los diez mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

Los trabajadores, empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver, desaparecieron el 23 de enero de 2026, según las fichas de búsqueda emitidas por las fiscalías estatales.

Las autoridades federales y estatales coordinan el proceso de entrega de los restos a sus familiares y el traslado a los estados de origen.

Según reportes previos de Infobae México, basados en medios locales e información proporcionada por las familias de las víctimas, entre los mineros identificados se encuentran José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevarez, José Manuel Castañeda Hernández y una víctima más, cuyo nombre permanece bajo reserva por solicitud de la familia.

La FGR señaló que en el sitio se localizaron otros cinco cuerpos, los cuales no han sido identificados.

Estados de destino y criterios para el traslado

Mediante un informe oficial, la FGR detalló que todos los cuerpos serán entregados a las familias de las víctimas, afirmando que dos serán trasladados a Zacatecas, uno a Chihuahua, uno a Sonora y uno más a Guerrero, sin embargo, no detallaron los nombres y a qué sitio será trasladado cada uno.

Según reportes previos realizados por Infobae México, José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores tenían ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, lo que determinaría el destino de sus restos a esa entidad. Asimismo, una cuenta de Facebook administrada por empleados de la empresa Capstone Copper, con sede en Cozamin, reconoció públicamente la trayectoria de ambos en el sector minero.

Por otra parte, según reportes periodísticos, el geólogo José Manuel Castañeda Hernández sería trasladado a Guerrero. Esta misma tarde el Sindicato Minero de Taxco emitió una declaración exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de su muerte.

Asimismo, según reportes previos de Infobae México, la cuarta de las victimas identificadas se encuentra sin autorización de divulgación por parte de su familia, aunque en redes sociales se ha compartido su presunta identidad y una publicación de pésame por parte del Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua.

Por último, medios nacionales han reportado la identificación José Antonio Jiménez Nevarez como el quinto minero encontrado sin vida en la fosa. Presuntamente él sería trasladado al estado de Sonora.

Hasta el momento la FGR no ha confirmado los sitios de traslado y tampoco las identidades de los 5 mineros localizados sin vida, los posibles sitios señalados se basan en reportes previos.

Proceso de identificación y acompañamiento familiar

El reporte oficial de la FGR destaca que el trabajo de identificación fue resultado de la colaboración entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

Además, señalaron que FGR mantienen comunicación directa con los familiares, garantizando el respeto a su privacidad y el cumplimiento de los protocolos en el traslado de los restos.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en un predio de la localidad de El Verde, municipio de Concordia.

En el mismo lugar fueron localizados otros cinco cuerpos, que siguen en proceso de identificación.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para identificar a las demás víctimas y determinar las circunstancias de la desaparición y muerte de los trabajadores mineros.

Luego de diversos reportes periodísticos sobre la identificación de algunos de los 10 mineros que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) destacó que ya han sido identificados la mitad de ellos.

El 9 de febrero la institución a cargo de Ernestina Godoy aseguró que diversas agencias de seguridad participaron en el reconocimiento y que hay otros cinco cuerpos hallados en la localidad de El Verde y sobre los que continúan las labores de reconocmiento.

“En el sitio mencionado fueron hallados otros cinco cuerpos, en los que se trabaja en su identificación”, señala la FGR en su reporte compartido en redes sociales.

Cabe destacar que el reporte de las autoridades sucede luego de que al menos desde el 8 de febrero diversos reportes indicaron la identificación de al menos tres de los trabajadores de la minera y durante las primeras horas del día siguiente, el 9 de febrero, fue reportada la identificación de la cuarta víctima.

La identificación de los cinco cuerpos fue resultado de labores en la fosa clandestina, sitio al que acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y elementos estatales.

Los cuatro trabajadores que ya fueron identificados

Si bien el reporte de las autoridades no detalló el nombre de las personas, los registros realizados por Infobae México identificaron que se trata de:

1. José Ángel Hernández Vélez
2. José Manuel Castañeda Hernández
3. Ignacio Aurelio Salazar Flores

Por su parte, familiares solicitaron no divulgar la identidad del cuarto minero hallado sin vida en Sinaloa.

Labores de búsqueda continúan

El informe de la FGR especifica el número de cuerpos que han sido identificados, lo cual complementa la información de la empresa de origen canadiense Vizsla Silver, la cual compartió el 9 de febrero que “varias familias” reconocieron los cuerpos de los trabajadores de la corporación.

Ante esta situación, tanto la FGR como la empresa mencionada indican que siguen las labores sobre la búsqueda de indicios y cualquier elemento que lleve a la aclaración de los hechos ocurridos en Concordia.

“Nos centramos en la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas”, aseguró el director ejecutivo y presidente de Vizsla Silver.

Asimismo, la FGR asegura que ha mantenido contacto con los familiares de las víctimas.

En su momento el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que en el lugar donde fueron secuestrados los trabajadores opera una facción del Cártel de Sinaloa.

“En esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona, y también estamos en su búsqueda", destacó a finales de enero pasado.

El director de la empresa minera de origen canadiense Vizsla Silver, Michael Konnert, expresó su sentido pésame respecto al caso de los hallazgos de diversos trabajadores de la empresa que laboraban en Concordia, Sinaloa y que fueron secuestrados por un grupo armado.

Vizsla Silver publicó el 9 de febrero un actualización del caso de los 10 trabajadores desaparecidos en el que asegura que “varias familias”, sin especificar número, ya han informado que fueron rescatados los cuerpos sin vida de sus parientes.

Ante esta situación, la empresa está a la espera de que las autoridades confirmen los datos sobre los cuerpos hallados.

Buscan centrarse en la ubicación de los mineros no localizados

Además de compartir su sentido pésame a los familiares y amigos de los trabajadores y extenderlo a la comunidad de Concordia, Michael Konnert señaló que los esfuerzos están centrados en la recuperación de los hasta ahora no localizados.

“Nos centramos en la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante estos momentos increíblemente difíciles”, expresó el también presidente de la minera.

Cabe destacar que hasta el momento de la edición de esta nota, Infobae México ha registrado la identificación de por lo menos cuatro de los 10 trabajadores.

Van cuatro trabajadores identificados

Si bien el pasado 6 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el hallazgo de restos humanos que podrían pertenecer a uno de los trabajadores, posteriormente diversos reportes anunciaron la identificación de algunos de los empleados de la minera.

El primer sujeto en ser identificado fue José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas Felipe Pescador, Zacatecas.

A través de redes sociales, la cuenta Facebook Mineros Capstone expresó que personal y directivos de la empresa ofrecieron condolencias por la muerte de José Ángel Hernández.

El segundo minero identificado fue el geólogo José Manuel Castañeda Hernández. Mientras que el tercer trabajador en ser identificado es Ignacio Aurelio Salazar Flores, este último de origen zacatecano y quien contaba con una ficha de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa, al menos desde el 29 de enero.

Fue la senadora Geovanna Bañuelos quien confirmó el fallecimiento de Aurelio Salazar.

Si bien la cuarta persona ya fue identificada, familiares habrían solicitado no revelar más detalles sobre la identidad del sujeto en cuestión.

Por su parte, en su cuenta de X, la exsenadora Julieta Macías Rábago compartió un mensaje con el que expresa su solidaridad con las familias de los mineros que han sido identificados.

“Merecen verdad, justicia y acompañamiento. El país no puede normalizar esta violencia ni dejar solos a quienes hoy lloran a sus seres queridos”, escribió.

Fuentes cercanas al caso confirmaron el hallazgo e identificación del cuarto cuerpo sin vida, sin embargo, la familia solicitó no revelar el nombre. Además, habría otro cuerpo más identificado, pero se espera la confirmación de las autoridades.

Esta mañana, el sector minero expresó su pesar por la confirmación del fallecimiento de tres trabajadores que habían sido privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, y exigió a las autoridades el fortalecimiento de las investigaciones, así como garantías reales de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país.

A través de un comunicado conjunto, organizaciones y cámaras del sector lamentaron la muerte de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, empleados de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron secuestrados junto con otros compañeros el pasado 23 de enero y posteriormente localizados sin vida por las autoridades.

El gremio señaló que la agresión contra los trabajadores es inaceptable bajo cualquier criterio técnico o social, y advirtió que mantendrá una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

En el posicionamiento, el sector minero unido subrayó que las familias y la comunidad minera merecen una resolución que vaya más allá de cifras y se traduzca en justicia efectiva. Reafirmaron su compromiso de acompañar a los deudos y colaborar con las autoridades hasta que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

Asimismo, hicieron un llamado para que la prioridad absoluta continúe siendo la localización con vida de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos tras los hechos ocurridos en Concordia, con el objetivo de que puedan regresar con sus familias.

¿Qué pasó en Concordia, Sinaloa?

El 23 de enero de 2026, un grupo armado privó de la libertad a varios trabajadores vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver Corp. en el municipio serrano de Concordia, Sinaloa. Inicialmente se reportó el secuestro de al menos diez personas, entre ingenieros, geólogos y personal de seguridad que se encontraban en un campamento del proyecto Pánuco; familiares y asociaciones incluso señalaron que podrían ser 14 los trabajadores afectados tras reanalizar distintas versiones del caso.

La ausencia de comunicación con las víctimas generó alarma nacional y llevó a la empresa a suspender temporalmente operaciones en la zona mientras las autoridades —estatales y federales— activaban protocolos de búsqueda y despliegue de seguridad. El operativo incluyó el envío de más de mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y fuerzas especiales en apoyo a la localización de los trabajadores.

Con el paso de los días, la tragedia se agravó: fosas clandestinas en la zona de El Verde arrojaron restos humanos que corresponden a varios de los mineros secuestrados, confirmando la muerte de algunos de ellos e intensificando el reclamo de justicia por parte de sus familias y del sector minero. Hasta ahora, la búsqueda de los restantes desaparecidos continúa en medio de un contexto de violencia ligada a grupos del crimen organizado en la región.

“Estamos en búsqueda, todas las instituciones del gabinete de seguridad, y ya estamos participando también en la investigación [...] En esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes y estamos en su búsqueda", son parte de las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre el caso del secuestro de 10 trabajadores mineros en Sinaloa.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el de febrero que uno de los cuerpos hallados por las autoridades sería de uno de los mineros que trabajaba en Concordia.

Los mineros identificados

Fue hasta el 8 de febrero que comenzaron a surgir reportes sobre la identidad de por lo menos tres personas que aparecen en la lista de los trabajadores secuestrados, se trata de dos hombres originarios de Zacatecas.

El primer caso es el de José Ángel Hernández Vélez, quien es originario de Cañitas Felipe Pescador, Zacatecas.

Asimismo, la cuenta de Facebook Mineros Capstone compartió una imagen sobre el fallecimiento del hombre mencionado.

Un geólogo entre los hombres identificados

Poco después de que fue reportada la identificación del primer minero, los reportes indicaron que el segundo sería José Manuel Castañeda Hernández.

Dichos sujeto contaba con un lunar ubicado en la comisura del labio derecho y otro lunar en el ojo derecho, además de una cicatriz en la frente. De igual manera, tenía una iguana tatuada en la mano derecha y en la izquierda una cruz.

“Se le vio por última vez en la Colonia Centro, perteneciente al municipio de Concordia, Sinaloa", detalla el reporte de brusquedad.

El hallazgo sin vida del segundo trabajador de origen zacatecano fue Ignacio Aurelio Salazar Flores. La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre confirmó a través de su cuenta de X la muerte de dicho hombre y publicó una foto del minero.

Poco antes de las 7:00 de la noche del 8 de febrero, la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) publicó una imagen con la que lamenta la muerte del hombre que se desempeñaba como ingeniero.

La no localización de los trabajadores ocurrió desde el 23 de enero, incluso la empresa canadiense Vizsla Silver confirmó el secuestro de 10 personas en Concordia.

Hasta el momento de la edición de esta nota ninguna autoridad había compartido un posicionamiento o detalles sobre los cuerpos hallados en Sinaloa, lo anterior a pesar de que tras el informe de la FGR, los colectivos de búsqueda Sabuesos Guerreras, A.C. y Por las voces sin justicia A.C. exigieron la publicación de datos sobre los hallazgos en Sinaloa.

“La incertidumbre es una forma de tortura, las familias necesitan saber qué se está encontrando para identificar posibles señales de sus tesoros”, se puede leer en uno de los posicionamientos.

A través de sus redes sociales, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre lamentó la muerte del tercer minero de los 10 que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa. Se trata de Ignacio Aurelio Salazar Flores.

Si bien la funcionaria señala que se trata del segundo minero de origen zacatecano que es identificado, los registros periodísticos indican que se trata de las tercera persona que es reconocida tras el secuestro de los mineros en Concordia.

“Con profunda tristeza lamento el fallecimiento de Ignacio Aurelio Salazar Flores, segundo minero zacatecano identificado tras haber sido privado ilegalmente de la libertad”, escribió la senadora alrededor de las 7:30 de la noche del 8 de febrero.

Si bien previamente surgieron informes preliminares que señalaban la muerte de dicho hombre, fue Geovanna Bañuelos quien confirmó los hechos.

Fue el pasado 29 de enero que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa compartió la ficha de búsqueda del hombre mencionado, en donde se le describe como un sujeto con un piercing en el labio inferior, con tatuajes en el brazo derecho (n demonio, un pez Koi).

De igual manera, tenía una figura de una Samurai, una calavera, un pez koi y el nombre de “Christopher” a la altura de la muñeca tatuados en su brazo izquierdo.

“Visto por última vez: El dia viernes 23 de enero del 2026, siendo las 07:00 horas aproximadamente, se le vio por última vez en la Colonia Centro, perteneciente al municipio de Concordia”, es parte de la ficha de búsqueda.

Suman tres mineros identificados tras el secuestro de 10

El primer minero que fue identificado es José Ángel Hernández Vélez, este último originario del municipio de Cañitas Felipe Pescador. Mientras que el segundo es

Con lo anterior, suman tres trabajadores que han sido identificados de los 10 que fueron privados de su libertad. El resto de personas que aún son buscadas son:

• Francisco Antonio Esparza Yáñez
• Saúl Alberto Ochoa Pérez
• Antonio de la O Valdez
• Ignacio Aurelio Salazar Flores
• José Antonio Jiménez Nevárez
• Javier Emilio Valdez Valenzuela
• Javier Guillermo Vargas Valle
• Miguel Tapia Rayón

Colectivos exigieron información a las autoridades

Por su parte, los colectivos de búsqueda Sabuesos Guerreras, A.C. y Por las voces sin justicia A.C. solicitaron a las autoridades que proporcionaran información respecto al caso.

“Exigimos que se emitan comunicados constantes con información clara y específica para las familias que no pueden estar presentes físicamente en el sitio. La incertidumbre es una forma de tortura; las familias necesitan saber qué se está encontrando”, exhorta Sabuesos Guerreras a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y al Gobierno de Sinaloa.

Como José Manuel Castañeda Hernández fue identificado de manera preliminar un cuerpo en una fosa clandestina de Sinaloa. De confirmarse la información se trataría del segundo minero en ser reconocido.

Los primeros informes del 8 de febrero indican que fue hallado en la comunidad de El Verde, además de que fueron familiares del trabajador los encargados de reconocer el cuerpo que fue hallado en la zona sur de Sinaloa.

José Manuel se desempeñaba como geólogo y aparece en la lista de los trabajadores desaparecidos en Concordia, laboraba para empresa de origen canadiense Vizla Silver.

Cabe destacar que, previamente fue informado el hallazgo de un cuerpo, el primer minero hallado muerto fue identificado como José Ángel Hernández Vélez, este último originario de Zacatecas.

Los otros mineros, quienes siguen siendo buscados, son:

• Francisco Antonio Esparza Yáñez
• Saúl Alberto Ochoa Pérez
• Antonio de la O Valdez
• Ignacio Aurelio Salazar Flores
• José Antonio Jiménez Nevárez
• Javier Emilio Valdez Valenzuela
• Javier Guillermo Vargas Valle
• Miguel Tapia Rayón

El medio local Luz Noticias consiguió información sobre el caso Castañeda Hernández, apuntando a que es uno de los 10 mineros secuestrados.

Colectivos de búsqueda exigen información a las autoridades

Días antes de que fueran reportadas las identidades de los mineros los colectivos de búsqueda Sabuesos Guerreras, A.C. y Por las voces sin justicia A.C. solicitaron datos claros a las autoridades.

“Exigimos que se emitan comunicados constantes con información clara y específica para las familias que no pueden estar presentes físicamente en el sitio. La incertidumbre es una forma de tortura; las familias necesitan saber qué se está encontrando”, exhorta Sabuesos Guerreras a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y al Gobierno de Sinaloa.

Mientras que, en un mensaje dirigido a la fiscal de Sinaloa, el colectivo Por las voces sin justicia, exigió a la institución informar el número de cuerpos o en su caso restos localizados, así como estado de los mismos y las acciones forenses realizadas.

Fue el 6 de enero pasado que la FGR informó que uno de los cuerpos hallados en una fosa de El Verde podría ser de una de las 10 personas desaparecidas en una mina en Concordia.

Crimen organizado estaría detrás del secuestro de los mineros

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que en la zona donde ocurrió el secuestro de los trabajadores es una donde opera la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

“En esta área opera una célula de “Los Chapitos”, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona, y también estamos en su búsqueda", comentó el funcionario.

Este domingo 8 de febrero, medios locales reportaron que el cuerpo localizado por autoridades de Sinaloa en una fosa clandestina en Concordia podría corresponder al minero José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas Felipe Pescador, Zacatecas.

Según informes, familiares del trabajador recibieron la notificación directamente de las autoridades.

Tras la noticia, colectivos de personas buscadoras y cuentas relacionadas con el gremio minero han brindado el pésame a la familia de Ángel.

El pasado 6 de febrero la FGR informó la localización de una fosa clandestina en el poblado de El Verde, municipio de Concordia, resaltando que uno de los cuerpos tenía características similares con uno de los 10 mineros desaparecidos.

Hasta el momento las autoridades no han emitido confirmación oficial sobre la localización sin vida de José Ángel Hernández Vélez.

Uno de los cuerpos sería el de José Angel

Según información publicada por El Sol de Zacatecas, familiares de José Ángel Hernández confirmaron este domingo haber sido notificados oficialmente por las autoridades sobre el hallazgo.

Información obtenida por el medio antes señalado tras una entrevista con la familia de Hernández, detalla que el ingeniero de 37 años era egresado del Instituto Tecnológico de Zacatecas.

Además, informaron que José Ángel tenía 11 meses de haberse trasladado a laborar a la mina ubicada en Concordia, tras siete años de trabajo en la mina Capstone Copper.

Junto a Hernández, fueron privados de la libertad los siguientes nueve trabajadores, quienes aún no son localizados:

1. Francisco Antonio Esparza Yáñez
2. José Manuel Castañeda Hernández
3. Saúl Alberto Ochoa Pérez
4. Antonio de la O Valdez
5. Ignacio Aurelio Salazar Flores
6. José Antonio Jiménez Nevárez
7. Javier Emilio Valdez Valenzuela
8. Javier Guillermo Vargas Valle
9. Miguel Tapia Rayón

Hasta el momento ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la FGR han confirmado públicamente la cantidad de cuerpos y restos humanos recuperados en la zona, ubicada aproximadamente a 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.

Integrantes del colectivo de buscadoras Por las Voces sin Justicia señalaron que un coordinador de la FGR les comunicó el pasado sábado 7 de febrero que los cuerpos y restos hallados ya fueron procesados e identificados, y que esa información fue notificada a los familiares afectados.

Hasta el momento las autoridades tampoco han dado a conocer información sobre los posibles motivos de la privación de la libertad de los trabajadores.

El operativo en la fosa clandestina continúa bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, mientras se desarrollan nuevas diligencias en el lugar.

Reportes de la FGR

Según información publicada por Infobae México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que uno de los cuerpos localizados en una fosa clandestina en el poblado de El Verde, municipio de Concordia, presenta características similares a uno de los trabajadores mineros reportados como desaparecidos desde el 23 de enero.

La desaparición de los diez trabajadores mineros, entre ellos José Ángel Hernández Vélez, ocurrió luego de que salieran del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina, empleados por la empresa Vizsla Silver y CICAR S.A. de C.V.

Colectivos de búsqueda han solicitado información clara y comunicación directa sobre el estado de los restos y los avances en la identificación.

Pronunciamientos sobre el posible hallazgo de José Ángel

A través de la cuenta Mineros Capstone en Facebook, personal y directivos de la empresa expresaron sus condolencias por el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez.

En su mensaje, la empresa manifestó solidaridad con la familia, amistades y seres queridos del minero, y expresó su pesar por la pérdida.

En la publicación destacaron que el recuerdo de Hernández Vélez permanecerá entre la comunidad minera y deseó fortaleza y consuelo para sus allegados en estos momentos difíciles.

Redacción Medioambiente, 6 feb (EFE).- El oro, que en enero batió máximos históricos de precio y protagoniza desde entonces sucesivos desplomes y recuperaciones, es un metal de creciente demanda cuya industria defiende haberse librado del problema de la contaminación, pero cuya extracción sigue presentando grandes riesgos, tanto para la salud humana como para la ambiental, en la minería artesanal.

El uso del mercurio en la minería a pequeña escala, sobre todo en Sudamérica y zonas de Asia y África, tiene consecuencias nocivas para la salud de hasta 100 millones de personas, según el proyecto PlanetGOLD del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Este sector, en manos de mineros artesanos o de pequeñas explotaciones, a veces ilegales, es "la mayor fuente de contaminación por mercurio en el mundo".

Desde hace 3.000 años las gotas de este metal se utilizan para amalgamar las partículas de oro y facilitar así su extracción. Pero el mercurio que queda en el agua y en los sedimentos llega a los árboles o es ingerido por los animales, sobre todo los peces, y alcanza así a la cadena alimentaria humana.

"Yo he visto en Nicaragua con mis propios ojos a mineros bateando en el río, como los vaqueros de antaño, con una botellita de mercurio atada al cinturón. Echan unas gotitas y estas atrapan las pequeñas partículas de oro hasta que se hace una bolita, que luego meten al fuego para evaporar el mercurio. Esto es supercontaminante", describe el ingeniero de minas Alberto Lavandeira, consejero delegado de Atalaya Mining, dueña de Riotinto.

Lavandeira, con más de 40 años de experiencia internacional, asegura a EFE que el 95 % del oro procede de explotaciones industriales modernas, en las que jamás se emplea el mercurio.

Pero sí se utiliza un compuesto cuyo nombre está asociado a prácticas peligrosas: el cianuro.

"La mayor parte de la minería de oro puro se arranca de la roca", explica el ingeniero. "Se tritura y se muele utilizando un reactivo que lo disuelve, que es el cianuro sódico, y una vez disuelto se fija en carbón activo y se recupera. La polémica es por el cianuro. Pero todas las minas utilizan cianuro en circuito cerrado, no hay vertidos. Sería caro, porque si se vierte estaríamos tirando lo que se obtiene, el oro. Y cerrarían la explotación", señala.

El ingeniero defiende que, "como cualquier actividad industrial", la minería del oro está sujeta a una reglamentación estricta en materia de contaminación que nada tiene que ver con lo que él conoció cuando acabó la carrera en 1979 "y los lodos negros se vertían al río".

"Las cosas ahora mismo se hacen mejor, primero porque los técnicos queremos. ¿Qué sentido tendría hacerlo mal para que un problema nos llevara a la cárcel? Y segundo, porque lo marca la legislación. ¿La minería del oro es contaminante? Siempre puede haber alguien que lo haga mal, pero, en general, no", afirma.

Pero sigue siendo un reto "poner fin al rastro tóxico de la minería de oro a pequeña escala", según señala PlanetGOLD, programa financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Según sus datos, la minería artesanal emite más de 2.000 toneladas al año de mercurio, un metal que no se degrada.

"Esto incluye las emisiones a la atmósfera de amalgamas de calentamiento, así como las pérdidas directas de mercurio a la tierra y el agua", señala.

Los efectos ambientales y sobre la salud de la contaminación por mercurio "no son visibles de inmediato y pueden variar dependiendo de múltiples factores".

El programa incide en que hay prácticas que reducen o eliminan el uso de mercurio, entre ellas técnicas mejoradas de aplastamiento y fresado y herramientas de concentración por gravedad.

Pero la principal dificultad, apunta, es la falta de conciencia de los peligros por parte de los mineros artesanales, y hacia ahí se enfocan muchas de sus acciones.

A las pequeñas entidades mineras que entran en el programa se les pide una licencia ambiental para trabajar en la zona, un plan para reducir la degradación de la tierra y el agua y medidas para proteger los ecosistemas circundantes, entre otros requisitos.

A Alberto Lavandeira le sorprendió la subida tan alta del precio del oro en enero, aunque la entiende por tratarse de "una moneda más" a la que se recurre en épocas de inestabilidad.

Y destaca dos aspectos: no se puede aumentar la producción de oro - "si no produce más es porque no hay: construir una mina llevaría 3 o 4 años"- y se trata de una moneda que nunca se destruye.

"Todo el oro que se ha sacado históricamente, desde los faraones, está todavía en circulación en algún lado", asegura.

La familia de Pablo Osorio, uno de los al menos 10 ingenieros y mineros reportados como desaparecidos en Concordia, Sinaloa, señaló el reclutamiento forzado y la extorsión como los dos posibles motivos del secuestro.

En entrevista con Infobae Mx, Maurilio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.), destacó “la actual problemática que hay en el país” entorno a ambos delitos, aunque precisó que Pablo laboraba en la empresa CICAR A.C, ajena Vizsla Silver, donde trabajaban la mayoría de los mineros desaparecidos.

“Nosotros consideramos que hay un reclutamiento de profesionales en el país. Un reclutamiento de mano calificada, profesionales. Este no es el primer caso, se han dado otros casos que tenemos conocimiento, pero que el Estado mexicano no ha hecho nada al respecto.

“Tampoco se descarta que sea el cobro de piso también a la minera, ¿no? De que efectivamente esos grupos delictivos estén cobrando cobro de piso y que a lo mejor la minera no haya aceptado y haya una forma de presionar al respecto. Hay que mencionar que el ingeniero Pablo no, eh, es trabajador de la minera, sino que trabaja en la empresa CICAR. No sabemos qué relación puede tener con la empresa minera", enfatizó.

¿Cómo desapareció Pablo?

Santiago Reyes precisó que a diferencia de los demás mineros e ingenieros desaparecidos, Pablo “fue levantado” cuando esperaba a abordar el transporte público en el tramo carretero de la ‘súper carretera’ a Durango, mientras hablaba por teléfono con su novia, quien vive en Oaxaca.

Indicó que fue ella quien notificó a la familia sobre la desaparición de Pablo, aunque desconoce los detalles de sus captores.

Acusan falta de atención del gobierno federal

Denunció que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y las autoridades estatales, no han respondido a su situación, a pesar del despliegue militar y de que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un exhorto al Estado mexicano.

Explicó que el Comité de la ONU solicitó al gobierno federal implementar medidas inmediatas para la búsqueda y protección de la persona desaparecida. Señaló que ninguna autoridad federal, estatal o municipal se ha comunicado con la familia.

Expresó su esperanza de que el caso de Pablo reciba la atención necesaria, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también inició procedimientos para emitir medidas cautelares.

Santiago Reyes indicó que, según información recibida, los familiares de los otros mineros tampoco han sido contactados por el gobierno y buscan que la ONU intervenga en cada caso.

Agregó que la familia, originaria de Oaxaca y de bajos recursos, está organizando una colecta para poder trasladarse a la Ciudad de México y solicitar atención de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como viajar a Sinaloa para contactar a autoridades locales.

El viernes pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales y estatales investigan la desaparición de 10 trabajadores de la minera Vizsla Silver, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano, al mencionar la posible implicación de una célula de “Los Chapitos” en el caso.

Pablo Osorio, un joven ingeniero civil que laboraba en la empresa CICAR, fue reportado como desaparecido el 23 de enero pasado junto con al menos 10 mineros más de la empresa Vizsla Silver,en Concordia, Sinaloa, un caso que no solo ha generado preocupación sino también una significativa movilización por parte de las Fuerzas Armadas en dicho estado.

Sin embargo, su familia acusó al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y a las autoridades estatales, de ignorarlos a pesar del despliegue militar y que el Comité Contra la Desaparición Forzada, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un exhorto al Estado mexicano.

En entrevista con Infobae Mx, Maurilio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.), precisó que el domingo pasado dicho Comité de la ONU solicitó al gobierno federal adoptar “medidas inmediatas para la búsqueda, localización y protección de la persona desaparecida”.

“Ninguna autoridad federal, estatal, municipal se han comunicado con la familia. (...) En el caso de Pablo, esperemos que se retome el, el gobierno retome la importancia del caso, ya que hace tres días el, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente al Estado mexicano y también la Comisión Interamericana inició un procedimiento para poder emitir medidas cautelares”, dijo.

Comentó que, de acuerdo con información que le proporcionaron, los familiares de los demás mineros desparecidos tampoco han sido contactados por el gobierno y que también están en la búsqueda de que la ONU se pronuncie sobre los respectivos casos como ocurrió con Pablo.

Buscarán reunión con SEGOB

En este sentido, indicó que la familia del joven de 26 años de edad vive en Oaxaca y son de escasos recursos, por lo que realizan una colecta de recursos para viajar a la Ciudad de México y buscar ser atendidos por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), actualmente encabezada por Rosa Icela Rodríguez, la próxima semana.

Señaló que de igual forma prevén viajar a Sinaloa, para también contactar a las autoridades locales.

“No hay ninguna respuesta del Estado mexicano en su ámbito de gobierno municipal, estatal y federal. Entonces, con la familia ahorita estamos haciendo una recolecta económica a la sociedad para poder viajar a la Ciudad de México y al estado de Sinaloa porque es una familia con de muy bajos recursos”, puntualizó.

El viernes pasado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que autoridades federales y estatales trabajan en la investigación por la desaparición de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa.

Detalló que el operativo incluye la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano.

Asimismo, señaló la posible implicación de una célula de “Los Chapitos”, identificando a un líder que opera en la zona.

Familiares apuntan a reclutamiento forzado o cobro de piso

Maurilio Santiago Reyes comentó que la desaparición de Pablo y de al menos 10 mineros más podría haber sido ocasionada por la actual problemática que hay en el país entorno al reclutamiento forzado, que incluye a personas con ciertas profesiones.

Sin embargo, destacó que otro móvil podría ser el cobro de piso hacia la empresa CICAR.

“Nosotros consideramos que hay un reclutamiento de profesionales en el país. Un reclutamiento de mano calificada, profesionales. Este no es el primer caso, se han dado otros casos que tenemos conocimiento, pero que el Estado mexicano no ha hecho nada al respecto.

“Tampoco se descarta que sea el cobro de piso también a la minera, ¿no? De que efectivamente esos grupos delictivos estén cobrando cobro de piso y que a lo mejor la minera no haya aceptado y haya una forma de presionar al respecto. Hay que mencionar que el ingeniero Pablo no, eh, es trabajador de la minera, sino que trabaja en la empresa CICAR. No sabemos qué relación puede tener con la empresa minera", concluyó.

Socorro, la madre de Pablo, hizo un llamado a que las autoridades encuentren con vida a su hijo, a quien describió como un joven trabajador que buscaba sacar a su familia adelante.

Entre las al menos 10 víctimas más, están ingenieros y proveedores de seguridad: José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.

El autobús que trasladaba a trabajadores mineros tras su jornada laboral se convirtió en el epicentro de un ataque, según detalló la empresa energética DTEK a través de su canal de Telegram, cuando un vehículo aéreo no tripulado impactó en la localidad de Pavlogrado, en la región de Dnipropetrovsk. De acuerdo con la información publicada por DTEK, el ataque se dio en el marco de una ofensiva más amplia dirigida contra instalaciones mineras de la zona, cobrándose la vida de quince empleados y dejando a siete heridos.

Tal como informó el medio citado, el incidente tuvo lugar este domingo durante una acción descrita como un "ataque masivo ruso" en la que el dron ruso alcanzó directamente el autobús que transportaba a los mineros. DTEK comunicó: "El epicentro de uno de los ataques fue un autobús de trabajo que transportaba a mineros desde la empresa tras un turno en la región de Dnipropetrovsk. Hasta el momento, se sabe que 15 mineros han muerto. Según información preliminar, 7 mineros también resultaron heridos".

En paralelo, El País consignó que el responsable militar regional, Oleksandr Ganzha, confirmó la apertura de una investigación oficial después del ataque para esclarecer detalles acerca de la trayectoria del dron y el desarrollo de los hechos. El funcionario anunció además que las autoridades han declarado una alerta regional en señal de prevención ante la posibilidad de que puedan producirse más agresiones. Ganzha utilizó su canal de Telegram para comunicar la reacción inmediata de los cuerpos de emergencia y el desarrollo de operativos de seguridad.

Según la información publicada por El País, la ofensiva que involucró este ataque con dron formó parte de un conjunto de acciones militares dirigidas específicamente contra las minas explotadas por la empresa DTEK en la zona, lo que elevó la preocupación entre trabajadores y residentes locales. El impacto directo sobre un vehículo de transporte laboral acentuó el clima de inseguridad y llevó a la compañía y a las autoridades a reforzar las medidas de precaución.

Tras el impacto, los equipos médicos llegaron al lugar para socorrer a las víctimas y trasladar a los heridos a centros hospitalarios de la región. El medio El País destacó que los servicios de emergencia actuaron de manera coordinada para intentar minimizar las consecuencias del ataque. Las primeras evaluaciones médicas identificaron diferentes niveles de gravedad entre los siete mineros lesionados, por lo que algunos debieron recibir atención especializada.

El ataque se produjo en un contexto de alerta creciente en el centro-este de Ucrania, donde los incidentes con drones se han intensificado en los últimos meses, según informó El País consignando la preocupación recurrente entre las autoridades y la población civil ante la amenaza de nuevos episodios de violencia. La activación de la alarma regional responde a la necesidad de vigilar posibles movimientos adicionales y preparar respuestas rápidas.

DTEK, la empresa responsable de la mina, mantiene comunicación constante con las autoridades ucranianas para coordinar medidas de protección tanto para su personal como para las infraestructuras críticas de la zona. De acuerdo con la información difundida por El País, la compañía alertó a sus trabajadores y puso en marcha protocolos de prevención tras el ataque, a fin de evitar la repetición de incidentes similares.

La investigación en curso, liderada por la administración militar local y los cuerpos de seguridad, busca obtener datos precisos sobre las circunstancias del ataque y sobre la tecnología utilizada en el dron que alcanzó el autobús. El País reportó que la recopilación de indicios y testimonios forma parte del proceso para determinar responsabilidades y establecer nuevas estrategias de vigilancia en la región de Dnipropetrovsk.

De acuerdo con las declaraciones oficiales recogidas por El País, los habitantes de Pavlogrado y zonas cercanas han recibido instrucciones para mantenerse atentos e informar de cualquier movimiento inusual. Las fuerzas de seguridad patrullan las inmediaciones de los centros laborales más vulnerables, especialmente aquellas relacionadas con la industria minera y energética.

El episodio se suma a una serie de ataques que, según El País, han afectado a la infraestructura energética e industrial de Ucrania desde el inicio del conflicto. Las autoridades ucranianas han reiterado su condena a las agresiones sobre objetivos civiles y han solicitado respaldo internacional para fortalecer los sistemas de defensa aérea en regiones como Dnipropetrovsk.

La empresa DTEK reiteró su compromiso con el bienestar de los empleados afectados y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. El País indica que los dirigentes de la empresa trabajan en conjunto con las autoridades locales y regionales para evaluar los daños materiales y humanos y definir los pasos a seguir en el desarrollo de las tareas cotidianas bajo condiciones de emergencia.

Finalmente, el reporte de El País suma el testimonio de ciudadanos que fueron testigos indirectos del ataque, los cuales relataron escenas de temor y desorientación tras la explosión que destruyó el autobús donde se transportaban los mineros fallecidos. La incertidumbre persiste entre los trabajadores y la comunidad mientras avanza la investigación oficial y se mantienen en vigor las alertas por potenciales nuevos ataques en la región.

Tras la desparición de 10 mineros en Sinaloa conforme han pasado los días se ha sabido que son más las personas secuestradas, en total serían 14 quienes habrían sido levantados el 23 de enero de 2026.

La familia de Pablo Osorio Sánchez, un ingeniero civil de 26 años originario de Tlaxiaco, Oaxaca, y activistas del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) pidieron la intervención urgente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para encontrar al joven, en el municipio de La Concordia, Sinaloa, por un grupo armado.

Pablo Osorio, quien se encontraba realizando su residencia profesional en la empresa CICAR S.A. de C.V., fue secuestrado en la mañana del 23 de enero junto a 13 personas más, trabajadores de las empresas CICAR y la minera canadiense Vizsla Silver Corp. El grupo armado los desapareció cuando se encontraban en una parada de camiones en la carretera Villa Fuente-Durango, a las afueras de La Concordia, a tan solo 40 minutos de Mazatlán.m

El 28 de enero, a través de sus redes sociales, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) reportó los hechos. Mientras que reportes periodísticos señalan que los ingenieros estarían ligados con una empresa minera.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de #Concordia, #Sinaloa, desde el pasado 23 de enero", se puede leer.

Dicha asociación también destacó que se ha acercado a las autoridades estatales con el objetivo de que intervengan para que los ingenieros regresen a sus hogares con bien.

Dos de las fichas de búsqueda (Facebook/Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa)

A través de redes sociales, la periodista Michelle Rivera compartió una imagen en la que aparecen los rostros de algunas de las personas que no han sido localizadas.

Algunos cuentan con ficha de desaparición

Entre las personas no localizadas están:

José Ángel Hernández Vélez, de 38 años de edad.

Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 65 años

José Manuel Castañeda Hernández, de 35 años.

Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 35 años.

Antonio de la O Valdez, de 30 años.

Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años.

Así como los proveedores de Seguridad:

José Antonio Jiménez Nevárez, de 32 años de edad.

Javier Emilio Valdez Valenzuela, de 40 años.

Javier Guillermo Vargas Valle, de 40 años.

Miguel Tapia Rayón, de 40 años.

Vizsla Silver confirma personas secuestradas

También el 28 de enero la empresa minera Vizsla Silver confirmó en su página web que una decena de personas secuestradas. Añade que se trata de un tema bajo investigación y que han sido suspendidas ciertas actividades en el sitio.

“Se ha notificado a las autoridades locales y los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la Compañía están trabajando activamente”, es parte del reporte de la empresa.

Asimismo, a inicios de diciembre del 2025 las autoridades de Sinaloa informaron sobre el Proyecto Pánuco en Concordia con la empresa señalada y el cual contó con un financiamiento de 300 millones de pesos.

“Entre 2021 y 2025, Vizsla Silver ha destinado más de 250 millones de dólares a exploración, generando 230 empleos directos e indirectos. Hasta ahora, la exploración representa apenas el 14% del potencial total del proyecto“, refiere la Secretaría de Gobierno de Sinaloa.

Por su parte, el mismo 28 de enero los diputados los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron atacados a balazos en Culiacán, por estos hechos también fue herido un escolta. No han sido reportadas personas detenidas, únicamente un auto que estaría relacionado con el caso.

Mandan a mil 190 soldados a buscar a mineros desaparecidos

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, a partir de este domingo 1 de febrero se reforzó de manera significativa el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en Concordia.

De acuerdo con lo informado por el Gobernador Rubén Rocha Moya a través de sus redes sociales, el despliegue contempla un total de mil 190 efectivos de distintas corporaciones federales y estatales, con el objetivo de intensificar las acciones de localización en la zona.

El operativo está integrado por 800 elementos del Ejército Mexicano, 270 efectivos de Fuerzas Especiales, 100 integrantes de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales. A este despliegue terrestre se suma el apoyo aéreo de tres helicópteros artillados y dos aeronaves T6C Texan.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anunció el refuerzo del operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, siguiendo instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla.

“A partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia”, informó el mandatario estatal desde su cuenta oficial en ‘X’.

El despliegue ordenado suma 1,190 efectivos: ochocientos del Ejército, doscientos setenta de Fuerzas Especiales, cien de la Guardia Nacional y veinte elementos ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

El anuncio responde a la creciente presión colectiva y mediática tras el secuestro de 10 mineros en Sinaloa ocurrido el pasado 23 de enero del 2026. Este hecho que llevó a la minera canadiense Vizsla Silver a suspender operaciones en la zona desde el 30 de enero.

El 28 de enero, Vizsla Silver confirmó a través de su página web el secuestro de una decena de personas en instalaciones vinculadas a la compañía. En el comunicado, la empresa informó que el caso se encuentra bajo investigación y precisó la suspensión de ciertas actividades en el sitio afectado.

“Se ha notificado a las autoridades locales y los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la compañía están trabajando activamente”, señala el reporte emitido por la minera.

La crisis de seguridad escaló cuando se confirmó que no eran solo diez los trabajadores plagiados, sino al menos catorce mineros secuestrados el mismo día, como revelaron familiares y autoridades locales.

¿Qué pasó?

Las víctimas, en su mayoría ingenieros y personal operativo, desaparecieron al salir del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina.

La esposa de una de las víctimas relató que la última comunicación con su esposo fue la noche del jueves, y desde la mañana del viernes ya no obtuvo respuesta. Según la información proporcionada, los trabajadores se preparaban para iniciar su jornada laboral a las 7:30 de la mañana cuando fueron secuestrados.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa recibió la denuncia formal el 24 de enero y abrió una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares. La acción incluyó la coordinación con autoridades estatales, federales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para realizar operativos en la zona, sin que hasta el momento se haya reportado el hallazgo de los trabajadores.

Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que ya se encuentran en coordinación con las autoridades estatales para esclarecer los hechos ante la desaparición de 10 trabajadores en Sinaloa, durante la mañanera del pueblo este 30 de enero.

“Estamos en búsqueda, todas las instituciones del gabinete de seguridad, y ya estamos participando también en la investigación”, aseguró el funcionario.

Declaró que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano están realizando un despliegue de elementos para la localización de las víctimas privadas de la libertad en el área de Concordia el 24 de enero.

Cuando se le cuestionó al secretario de seguridad sobre si existe contacto con el Gobierno de Canadá y la empresa minera a la que los empleados brindaban sus servicios, expresó que por el momento se desconoce si existe contacto por parte de la cancillería, pero continúan dándole seguimiento al caso.

Por otro lado, manifestó que en los primeros informes a los que accedieron no se reporta una amenaza previa hacia los trabajadores de la compañía, por lo que siguen reuniendo información para las investigaciones.

“En esta área opera una célula de “Los Chapitos”, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona, y también estamos en su búsqueda”, comunicó Harfuch.

Desaparición de los trabajadores en Sinaloa

Ingenieros y personal operativo que trabajaban para la minera canadiense Vizsla Silver fueron privados de su libertad tras salir del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el 24 de enero recibió la denuncia formal del caso, y posteriormente abrió una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares. Autoridades estatales, federales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas han comenzado a realizar operativos en la zona, pero hasta el momento no se tiene detalles del paradero de los empleados.

Adicionalmente, la empresa encargada suspendió de manera temporal sus operaciones en el proyecto Pánuco, ubicado en Concordia tras el incidente. A través de un comunicado dio a conocer que actualmente existe una investigación y que la información disponible es limitada.

Hasta el momento las familias afectadas no han recibido llamadas de extorsión, ni solicitudes de rescate, por lo que piden que se intensifique la búsqueda e incorporen a más dependencias de seguridad.

Víctimas de secuestro de empresa minera

Ingenieros secuestrados:

1. José Ángel Hernández Vélez, 38 años
2. Francisco Antonio Esparza Yáñez, 65 años
3. José Manuel Castañeda Hernández, 35 años
4. Saúl Alberto Ochoa Pérez, 35 años
5. Antonio de la O Valdez, 30 años
6. Ignacio Aurelio Salazar Flores, 37 años

Proveedores de seguridad secuestrados:

1. José Antonio Jiménez Nevárez, 32 años
2. Javier Emilio Valdez Valenzuela, 40 años
3. Javier Guillermo Vargas Valle, 40 años
4. Miguel Tapia Rayón, 40 años

La acumulación repentina de gases dentro de la mina El Diamante 42, ubicada en el municipio de Socha, en el departamento de Boyacá, se volvió mortal en cuestión de minutos durante una inspección nocturna. Según informó Noticias RCN, las autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas, incluidos tres mineros y una inspectora de seguridad laboral, quienes perdieron la vida asfixiados debido a los gases tóxicos presentes en el lugar mientras realizaban controles en una de las galerías.

Tal como detalló el medio Noticias RCN, el incidente ocurrió en la madrugada mientras el grupo se encontraba desempeñando tareas de revisión en la mina. Durante estas actividades de inspección, la concentración de gases dentro del yacimiento se elevó rápidamente a niveles críticos. El equipo no logró salir a tiempo y terminó atrapado en una atmósfera carente de oxígeno, lo que, según las autoridades consultadas por Noticias RCN, provocó que los trabajadores y la inspectora se asfixiaran en el lugar.

Las víctimas, identificadas por los equipos de rescate y los funcionarios encargados de la seguridad minera, se encontraban cumpliendo labores relacionadas con el control y la supervisión de las condiciones del subsuelo, en labores habituales para monitorear riesgos en minas subterráneas. El ambiente tóxico detectado en la galería de la mina evidenció, según indicó Noticias RCN, fallas en la ventilación y en la detección temprana de gases peligrosos, factores que resultan clave en la prevención de este tipo de tragedias en explotaciones mineras.

El departamento de Boyacá, reconocido por su actividad minera, ha reportado accidentes previos vinculados a la acumulación de gases como el metano y otros compuestos, que son frecuentes en minas de carbón y pueden poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los supervisores. De acuerdo con la información publicada por Noticias RCN, la rápida escalada en la concentración de estos gases tóxicos dentro de El Diamante 42 impidió la evacuación oportuna de quienes se encontraban en el interior.

Los organismos de socorro y las autoridades locales iniciaron de inmediato protocolos de rescate y recuperación de los cuerpos, además de abrir investigaciones para determinar las causas exactas de la acumulación de gases y evaluar posibles responsabilidades en materia de seguridad industrial. Según reportó Noticias RCN, la presencia de una inspectora de seguridad laboral entre las víctimas evidenció que la inspección respondía a protocolos oficiales y que las tareas se realizaban en horario nocturno, escenario habitual para evitar interrupciones en las explotaciones mineras diurnas.

El incidente generó la movilización de recursos de emergencia y la colaboración entre diferentes entidades del departamento de Boyacá, en cumplimiento de los protocolos establecidos para incidentes de este tipo. Las autoridades, según consignó Noticias RCN, pusieron en marcha exámenes especializados y verificaciones de los equipos de medición y ventilación presentes en la mina.

Cada uno de los trabajadores fallecidos y la inspectora representaban parte del equipo responsable de garantizar operaciones seguras y de mitigar riesgos ambientales en contextos subterráneos. Tras el accidente, los equipos de rescate también realizaron pruebas para determinar las concentraciones residuales de gases en las galerías, lo que sirvió tanto para la seguridad del personal de emergencia como para la investigación que llevan a cabo las autoridades del sector minero, destacó Noticias RCN.

El municipio de Socha y el conjunto de comunidades mineras de Boyacá manifestaron su preocupación por la recurrencia de episodios mortales relacionados con gases tóxicos en las minas de carbón, situación que refuerza la necesidad de controles más frecuentes, la actualización de equipos y la capacitación continua del personal. Según publicó Noticias RCN, la investigación continuará para establecer si los sistemas de advertencia y de evacuación rápida estaban en funcionamiento o si fallaron en el momento crítico de la acumulación de gases.

Las investigaciones preliminares señalan que el conductor del autobús perdió el control antes de que el vehículo se precipitara por un barranco de unos 50 metros en la región de Arequipa, en el sur de Perú. Este accidente, ocurrido en el distrito de Cotahuasi, provocó la muerte de al menos tres personas y dejó más de 20 heridos, según reportó la emisora peruana RPP.

De acuerdo con RPP, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa precisó que entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del autobús y dos trabajadores de la mina La Inmaculada. Estas personas formaban parte de un grupo de mineros que viajaban a bordo del vehículo siniestrado, que se dirigía por una vía montañosa cuando ocurrió el percance.

El accidente sucedió el jueves y generó una rápida movilización de los equipos de emergencia, que llegaron al sitio para socorrer a los pasajeros. Los heridos están recibiendo atención médica, según consignó la radio peruana. Las autoridades regionales continúan colaborando en las tareas de rescate y han garantizado el traslado seguro de las personas afectadas a centros de salud cercanos.

RPP detalló que las causas exactas del siniestro aún se desconocen y que permanece abierta una investigación para determinar los factores que provocaron la caída del autobús. No obstante, los primeros reportes indican que el vehículo se precipitó tras la pérdida de control durante el trayecto por una zona de difícil acceso.

La presencia de mineros entre los pasajeros ha sido confirmada por autoridades locales, quienes además precisaron que entre los heridos figuran trabajadores con lesiones de distinta gravedad. La Gerencia Regional de Salud realiza el monitoreo de los afectados y comunica que los demás ocupantes del autobús accidentado están bajo observación médica.

El medio RPP describió que en el rescate han participado varias brigadas de socorristas, apoyadas por personal de salud y autoridades distritales. El terreno accidentado complicó las labores de auxilio, por lo que fue necesario el uso de equipos especiales para acceder al lugar donde descansó el autobús tras la caída.

Mientras avanzan las investigaciones oficiales sobre el accidente, las autoridades solicitan precaución a los viajeros que circulan por rutas similares en la región de Arequipa. La información recolectada por los servicios de emergencia servirá para esclarecer el motivo del descarrilamiento y evaluar posibles medidas preventivas en el futuro.

Dos personas murieron tras ser sepultados por un alud de tierra mientras realizaban labores de extracción en una mina artesanal en Liberia, Anorí, en el nordeste de Antioquia. La tragedia ocurrió el pasado lunes 5 de enero, cuando los trabajadores intentaron salir del lugar para ponerse a salvo, pero fueron alcanzados por la avalancha.

En específico, el Cuerpo de Bomberos de Anorí reportó que el derrumbe fue ocasionado por un movimiento en masa que generó el colapso parcial de la mina, lo cual impidió la huida de los mineros.

Las detonaciones se escucharon minutos antes de que los trabajadores ingresaran al socavón, según informaron las autoridades ese lunes al confirmar el deceso de los afectados.

Las autoridades locales detallaron que la recuperación de los dos cuerpos en Anorí requirió varias horas de trabajo por parte de los organismos de socorro, que trasladaron a las víctimas a una funeraria en el municipio de Zaragoza para su entrega a los familiares.

Debido a esta tragedia, las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer las causas del accidente y reiteraron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en explotaciones artesanales.

Antioquia fue epicentro de este tipo de tragedias en sus minas durante 2025

En 2025, Antioquia fue escenario de varias tragedias mineras, destacando el derrumbe en Remedios/Segovia en julio que atrapó a 18 mineros (rescatados vivos), y otro colapso en Segovia en septiembre que atrapó a 23 mineros (rescatados tras días). En ambos casos se trataban de zonas de minería ilegal.

Así mismo, en noviembre ocurrió un accidente similar en el municipio de Segovia, también en el nordeste antioqueño, donde cuatro mineros fallecieron por inhalar gases tóxicos luego de una explosión dentro de la mina Las Delicias.

Colombia registró 60 mineros fallecidos en 46 accidentes laborales hasta mediados de 2025, consolidando a Antioquia como una de las regiones con mayor índice de accidentalidad minera.

El elevado número de víctimas refleja la persistencia de condiciones riesgosas en el sector durante el año, según los datos acumulados a nivel nacional. En el mismo periodo, la situación en Antioquia evidenció una tendencia preocupante al concentrar una significativa proporción de los incidentes reportados en el país.

Así le fue a Colombia en materia de accidentes en el sector minero durante 2025

El sector minero enfrentó durante 2025 un año marcado por emergencias frecuentes y tragedias mortales, siendo en su mayoría casos que se presentaron en minas artesanales.

La Procuraduría General detectó que las actividades ilícitas impactaron a 29 de los 32 departamentos, consolidándose como la principal causa de accidentes fatales en las minas del país.

La falta de ventilación, derrumbes y la interrupción de agua en los yacimientos son patrones que se repiten en los distintos casos que se presentaron durante todo el año.

La Región Pacífica y el Suroccidente exhibieron los incidentes de mayor letalidad. El departamento del Cauca, por ejemplo, registró en septiembre un derrumbe en Santander de Quilichao que costó la vida de ocho mineros.

En la Región Andina, Antioquia se consolidó como el epicentro de los rescates de gran escala y los accidentes de mayor volumen. Sin embargo, en Tolima, la mina artesanal de oro “La Granja”, en el municipio de Ataco, enfrentó un derrumbe que dejó atrapadas a 20 personas.

En el Caribe, entre enero y abril la tasa de mortalidad fue de un fallecido por cada accidente ocurrido, lo que suscitó la preocupación de las autoridades locales y nacionales, sobre todo en el departamento de Bolívar donde más se presentaron derrumbes en las minas.

El balance de siniestralidad en el sector minero durante 2025 sostiene que la totalidad de las muertes se atribuyó principalmente a inhalación de gases por carencias en la ventilación adecuada, derrumbes asociados a deficiencias estructurales y la irrupción inesperada de agua en los socavones.

La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, decidió este jueves mantener las protestas contra el decreto que retiró la subvención a los combustibles, incluida una huelga general indefinida que, por el momento, solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado, tras una reunión realizada en La Paz.

“Seguir con la movilización, con el paro general indefinido escalonado”, afirmó ante los medios el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, al término del encuentro de los sindicatos afiliados a la entidad. La dirigencia resolvió sostener las medidas de presión pese a la disminución de participantes en las marchas registradas en los últimos días.

Los sindicatos movilizados, integrados en su mayoría por trabajadores mineros, continuarán concentrados en La Paz, sede del Gobierno y del Ejecutivo boliviano, y mantendrán las protestas incluso “pese a los feriados” por las fiestas de fin de año, según indicó Argollo. El dirigente señaló que las manifestaciones seguirán de forma permanente mientras el decreto continúe vigente.

Durante la reunión también se definió impulsar marchas en las nueve regiones del país y profundizar la difusión del contenido de la norma. “Se ha determinado socializar aún más este decreto”, sostuvo Argollo, al señalar que el objetivo es que la población comprenda que la medida resulta “dañina” para los trabajadores y “para la economía del país”. Según el dirigente, la decisión del Ejecutivo permitirá “enajenar” los recursos naturales de Bolivia.

Antes del encuentro, los afiliados a la COB volvieron a marchar por el centro de La Paz en rechazo al decreto, aunque con una participación menor respecto de los primeros días de protestas. Las movilizaciones comenzaron el lunes, cuando la entidad sindical convocó a una huelga general e indefinida contra la eliminación de la subvención a los combustibles.

La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), mantiene la convocatoria a la huelga, aunque la medida solo es acatada por los mineros estatales. Otros sectores que inicialmente se sumaron a las protestas, como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas, levantaron las medidas tras alcanzar acuerdos con el Ejecutivo.

En La Paz, las marchas impulsadas por la COB recibieron cuestionamientos de parte de sectores de la población, que expresaron rechazo a los bloqueos y a la continuidad de las protestas en el centro de la ciudad. Las autoridades municipales informaron afectaciones al tránsito y a las actividades comerciales durante las jornadas de movilización.

Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con el presidente Rodrigo Paz, en un intento de abrir un canal de diálogo. Sin embargo, el encuentro finalizó sin acuerdos, debido a que la entidad sindical condicionó cualquier negociación a la derogación previa del decreto, una posibilidad que el Gobierno descartó de manera pública.

En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara, ex policía, expresó su respaldo a los sectores movilizados mediante un video difundido en TikTok. En el mensaje, Lara pidió a los manifestantes que sean “fuertes” y aseguró que “los tiranos van a caer” y que “se vienen días mejores”.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos”, afirmó Lara en el video. El vicepresidente se declaró días atrás en “oposición constructiva” al presidente Paz, lo que generó reacciones dentro del oficialismo.

El decreto 5503, vigente desde hace poco más de una semana, fijó nuevos precios para los combustibles, con incrementos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel en relación con los valores subvencionados que rigieron durante más de 20 años. La medida formó parte de un paquete económico anunciado por el Ejecutivo.

El retiro de la subvención estuvo acompañado por otras decisiones, como el aumento del salario mínimo, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y la suba de beneficios sociales, entre ellos el bono para estudiantes del sistema público y la renta destinada a adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno defendió el decreto al sostener que la subvención a los combustibles ya no resultaba sostenible y afirmó que su eliminación permitió garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina, que fue irregular durante casi un año y medio. Según el Ejecutivo, la medida genera un ahorro diario de 10 millones de dólares para el Estado.

(Con información de EFE)

Tras años de afectaciones sanitarias y ambientales, el Plan de Justicia en Cananea plantea una respuesta integral a los daños provocados por el derrame de sulfato de cobre acidulado en la mina Buenavista del Cobre, sobre el Río Sonora, operada por Grupo México en agosto del 2014.

El programa articula acciones en materia de trabajo digno, atención médica, medicamentos gratuitos, bienestar ambiental, derecho al agua y mejoramiento urbano, con el objetivo de atender de forma estructural a las comunidades afectadas en Sonora.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, junto con un dirigente minero, solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dar seguimiento al plan, planteado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para garantizar su cumplimiento.

Financiamiento del Plan de Justicia en Cananea

El financiamiento del plan asciende a 2 mil 22.6 millones de pesos, integrados principalmente por aportaciones de Grupo México, el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora. Del total:

• Grupo México dará el 70.14% corresponde a mil 500 millones de pesos, además de 59 millones depositados previamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019.
• El Gobierno de México contribuye con 21.7%, equivalente a 483.6 millones de pesos.
• El Gobierno de Sonora aporta 8%, con 180 millones de pesos.

Obras y acciones prioritarias del plan

Los recursos permitirán entregar apoyos económicos directos a trabajadores mineros y viudas, impulsar acciones de justicia ambiental y desarrollar infraestructura estratégica para la región.

Entre las obras contempladas destacan la construcción de 16 plantas potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección así como la adecuación de cuatro de las seis ya existentes bajo la supervisión de Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, se creará del Laboratorio Regional de Calidad del Agua, la instalación de estaciones de monitoreo permanente en el río Sonora y la construcción del Hospital Regional de Ures.

Justicia ambiental y reparación a largo plazo

En el contexto de la remediación ambiental en la cuenca del río Sonora, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena informó que se pondrán en marcha acciones específicas para eliminar o reducir los contaminantes presentes en los sitios afectados, entre las medidas propuestas destaca la caracterización y análisis de suelos y sedimentos en las zonas identificadas como contaminadas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el acuerdo como “muy importante” dentro del Plan de Justicia en Cananea, al señalar que busca reparar los daños ocasionados por el derrame que provocó la liberación de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Comités de Cuenca Río Sonora insisten: “Justicia, Reparación y No Repetición” tras el derrame en el Río Sonora

Tras el anunció del plan federal frente al desastre ambiental ocurrido en 2024, los Comités de Cuenca Río Sonora advirtieron la persistencia de vacíos estructurales y la necesidad de que las comunidades afectadas participen de forma real y efectiva en la toma de decisiones.

Las organizaciones, a través de un comunicado de prensa remarcó que, durante la administración federal anterior, tales líneas de acción no se tradujeron en avances concretos, ni representaron una reparación para las localidades impactadas por el derrame tóxico.

Los Comités demandan cuatro acciones al gobierno federal:

• Claridad y transparencia sobre el futuro del Fideicomiso Río Sonora, ya que la Suprema Corte determinó que no puede extinguirse sin un proceso de consulta y sin el consentimiento de las comunidades, además de reconocer que éstas debieron participar en su diseño y evaluación.
• Demandan conocer a detalle el acuerdo y convenio con Grupo México, pues no basta informar montos económicos: “las comunidades deben participar en la definición de acciones, plazos, supervisión, sanciones por incumplimiento y garantías de derechos colectivos”.
• Reiteran la urgencia de establecer una calendarización pública y verificable, con responsabilidades claras, indicadores de cumplimiento, acceso a la información y espacios de participación comunitaria, ya que a once años del derrame no existe certeza de avances reales.
• Subrayan que la atención a la salud de las personas afectadas debe ser inmediata y prioritaria, recordando que durante estos años ha habido fallecimientos por enfermedades relacionadas con la contaminación, sin atención médica ni seguimiento epidemiológicoadecuados.

Una multitudinaria marcha de mineros paralizó este lunes el centro de La Paz, en el inicio de un paro obrero nacional convocado para rechazar la eliminación del subsidio a los combustibles establecida por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz. La medida de fuerza incluyó además protestas en otras ciudades del país.

“Estamos en las calles en una lucha que va a continuar hasta derogar ese decreto que elimina la subvención”, dijo Andrés Paye, dirigente minero, a la prensa. “Este gobierno aprueba normas para favorecer a los empresarios y castigar a los pobres”, agregó.

En la sede de gobierno, la policía cercó los accesos a la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, para impedir el ingreso de los manifestantes. La marcha de mineros congestionó las principales calles del centro paceño, mientras que en la vecina ciudad de El Alto juntas vecinales mantenían cortadas varias avenidas. Además, se reportaron bloqueos carreteros en rutas de seis de las nueve regiones de Bolivia, según la Administradora de Carreteras.

En Cochabamba, la tercera ciudad del país, sindicatos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) protagonizaron una marcha y bloquearon dos rutas troncales que conectan con el oriente boliviano.

El paro general fue convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), aunque su impacto fue parcial. El gobierno logró desactivar la protesta del sector transporte tras cerrar acuerdos durante el fin de semana con la mayoría de sus sindicatos y abrió negociaciones con otros sectores.

En La Paz, el transporte público funcionó con normalidad, mientras que en Santa Cruz, la ciudad más poblada del oriente, el servicio urbano fue escaso. “No hay paro, los transportistas trabajaremos en servicio del pueblo”, dijo a la prensa Lucio Gómez, dirigente del gremio, tras la reunión con autoridades. Otro dirigente sindical, Luis Paco, reconoció que el retiro del subsidio era previsible: “Sabíamos que en algún momento iba a terminar la subvención, no era el momento, no se concertó el ajuste, pero era inevitable”, señaló.

Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre, puso fin a un subsidio a los combustibles que se había mantenido durante más de 20 años por los gobiernos de izquierda, con un precio de 0,53 dólares por litro. Según el Ejecutivo, las importaciones de gasolina y diésel —que alcanzaban los 3.000 millones de dólares anuales— agotaron las reservas de divisas y profundizaron la peor crisis económica que atraviesa el país en cuatro décadas, tras el declive de la industria de hidrocarburos, principal sostén de la economía boliviana.

“El país está enfermo y hay que sanarlo. Cada día se destinan 10 millones de dólares a una subvención que termina beneficiando al contrabando. La medida no tiene marcha atrás, pero es el punto de partida”, afirmó el mandatario centroderechista durante un encuentro con ciudadanos el domingo en la televisora estatal.

Desde el gabinete, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que “estas medidas inician un nuevo ciclo país tras 20 años de populismo”, mientras que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, remarcó que la eliminación del subsidio implica “un ahorro de 10 millones de dólares al día para el Estado”.

Como medidas complementarias, Paz decretó un aumento salarial del 20% que beneficiará al 15% de la fuerza laboral formal, dado que el 85% de los trabajadores se desempeña en el sector informal. Asimismo, mantuvo los bonos sociales para ancianos y familias pobres, los cuales —según anunció— tendrán un incremento, y autorizó a los transportistas a importar autopartes sin aranceles.

Las decisiones del Ejecutivo cuentan con el respaldo de los sectores empresariales y del gobierno de Estados Unidos. En ese marco, Paz busca atraer inversiones externas para reactivar la economía.

“Los grupos afines a Evo Morales y la COB están buscando mostrar su fuerza, pero han quedado debilitados”, analizó el politólogo Carlos Cordero. “En muchos sectores del país hay la convicción de que el ajuste era necesario. Los que perdieron poder buscan recuperar convocatoria en las elecciones de abril de gobernadores y alcaldes cuando se complete de reconfigurar el poder político en Bolivia”.

(Con información de AP)

El accidente, originado por el desprendimiento de tierra y carbón a unos 200 metros de profundidad, bloqueó completamente el principal acceso a la excavación. La dificultad del terreno y la persistente inestabilidad han complicado la labor de los rescatistas, mientras el ambiente de angustia y colaboración permanece entre familiares, vecinos y responsables de la emergencia.

Dos víctimas confirmadas tras rescate parcial

La cifra de fallecidos asciende a dos, identificados como Pascual Saavedra y Ángel Lumba, luego de que los equipos de salvamento lograran recuperar uno de los cuerpos durante la madrugada, de acuerdo con declaraciones de Santos Saavedra, integrante de los ronderos que trabajan en la zona, según los reportes de RPP Noticias. El otro cuerpo permanece en una zona de alto riesgo, lo que ha imposibilitado su extracción por el peligro de nuevos deslizamientos.

Las autoridades han señalado que la operación de rescate se ha visto interrumpida por lapsos, ya que la continuidad de movimientos en el terreno representa un riesgo elevado tanto para rescatistas como para posibles sobrevivientes.

Búsqueda contrarreloj para hallar al tercer minero

El tercer trabajador, identificado como Román Lumba, padre de una de las víctimas, aún no ha sido localizado de manera definitiva. Se manejan versiones que indican que podría estar con vida, según informaciones dadas por los equipos en el punto del derrumbe. No obstante, las condiciones dentro del socavón dificultan determinar con precisión su estado.

El operativo se ha concentrado en remover con extremo cuidado los escombros de tierra y carbón, recurriendo a métodos manuales y utilizando herramientas básicas proporcionadas por vecinos y familiares, quienes permanecen apostados en las inmediaciones y han instalado puntos de apoyo para los rescatistas.

Dificultades y participación comunitaria marcan el operativo

Los primeros esfuerzos de búsqueda iniciaron pasada la medianoche, tras superar las limitaciones de visibilidad y la complejidad geológica del lugar. Autoridades locales, ronderos y personal de salud han trabajado de forma continua para despejar el acceso, aunque la estructura del socavón ha generado una serie de retos logísticos ante el peligro persistente de derrumbes.

La colaboración entre pobladores de Rosas Pampa y habitantes del cercano centro Santa Clara ha permitido reunir recursos como iluminación, suministros y apoyo emocional para los allegados de los mineros atrapados. La presencia de representantes del Ministerio Público y de la Policía asegura el monitoreo permanente de las acciones.

Mientras prosiguen los trabajos y el clima de expectativa se mantiene, las autoridades supervisan de cerca la evolución de la situación y evalúan la seguridad de quienes intervienen en la emergencia. Se ha informado que la fiscalía y la policía permanecen en el lugar a la espera de poder acceder en condiciones seguras a todos los puntos donde continúan las operaciones.

Según testigos y familiares, los trabajadores lograron responder brevemente a quienes intentaron auxiliarlos durante las primeras horas. Sin embargo, la comunicación se perdió cerca de las 11:00 p. m., lo que ha incrementado la preocupación sobre su estado de salud y las condiciones internas del socavón.

Operativo en marcha

Las labores de búsqueda comenzaron recién a la 1:00 a. m., debido a la poca visibilidad nocturna y a las dificultades para movilizar equipos en un terreno de gran inestabilidad. Desde entonces, autoridades locales, ronderos y personal de salud se encuentran trabajando sin interrupción para remover tierra, rocas y carbón, en un esfuerzo por reabrir un acceso seguro hacia la zona donde se presume se encuentran los mineros.

El avance es lento y se realiza principalmente de manera manual, ante el riesgo de nuevos desprendimientos. A pesar de estas limitaciones, los rescatistas han logrado coordinar turnos continuos para no detener el operativo en ningún momento.

Identidad de los trabajadores

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los mineros atrapados, aunque se presume que serían del centro poblado de Santa Clara. Sus familiares permanecen en la zona del derrumbe, acompañados por habitantes de Rosas Pampa, quienes han organizado puntos de apoyo, iluminación y herramientas para facilitar el trabajo de los rescatistas.

Según informaron, aún no se ha logrado establecer contacto con los tres trabajadores, por lo que las autoridades y la comunidad mantienen la expectativa de que el acceso pueda abrirse en las próximas horas. El ambiente en la zona es de tensión, pero también de colaboración permanente, mientras continúa el esfuerzo por llegar a la profundidad del socavón y conocer la situación de los mineros atrapados.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este sábado que las condiciones de seguridad en la mina de Vega de Rengos eran “muy elevadas”, tras la muerte el viernes de dos trabajadores por un derrumbamiento en las instalaciones. Una inspección había comprobado este mismo jueves que se cumplía con los requisitos para seguir operando en la explotación subtérranea situada en el concejo de Cangas de Narcea, gestionada por la empresa TYC Narcea, a la que el gobierno regional suspendió la licencia temporalmente a mediados de año después de otro accidente mortal en una mina asturiana.

A las 16:58 horas del viernes, una de las víctimas dio la voz de alarma a los servicios de emergencias locales a través de una llamada y horas después los operativos desplazados al lugar del accidente encontraban los cuerpos sin vida de Anilson Soares, de 42 años, y Óscar Díaz, de 32 años. El incidente ocurrió por culpa de un hundimiento del terreno en el nivel -2 de la mina, a aproximadamente un kilómetro y medio de la entrada.

Esta tragedia recuerda a los vecinos de la zona al fallecimiento hace ocho meses de varios trabajadores en un accidente en la explotación minera de Cerredo, en el municipio de Degaña (Asturias), a apenas 35 kilómetros de Cangas de Narcea. Durante la mañana del 31 de marzo, una explosión en las instalaciones, gestionadas por Blue Solutions, se cobraba la vida de cinco mineros en lo que en ese momento se convirtió en el accidente más trágico en la minería asturiana desde 1995.

La investigación en Narcea

A la noticia de los fallecimientos en Cerredo se sumó una semana después el anuncio de la suspensión de la actividad de TYC Narcea para estudiar las licencias con las que contaba la empresa para desarrollar sus labores. Según explicitó el Ejecutivo autonómico, el expediente se abrió con motivo de una denuncia por parte de la compañía Special Anthracites en la que se pedía comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo se ajustaban a los permisos concedidos, que únicamente permitían la extracción de hasta 90.000 toneladas de material para un proyecto de investigación.

Ante la suspensión cautelar aprobada a principios de abril, la empresa inició el 14 de mayo un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) sobre el 100% de la plantilla de 70 personas de la planta de Vega de Rengos. Sindicatos y trabajadores organizaron movilizaciones para reclamar la reanudacion de la actividad y destacaron que el parón no se había dado por motivos de seguridad, mientras en las instalaciones se permitía únicamente la realización de servicios mínimos de mantenimiento.

Dos meses después, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo levantó la suspensión cautelar y la plantilla de Vega de Rengos puedo volver a sus puestos de trabajo. En una nota de prensa fechada del pasado 5 de junio, el Gobierno de Asturias considera que queda “acreditado el cumplimiento de las condiciones exigidas” en las actividades relativas al proyecto de investigación complementario en la mina. En declaraciones recogidas por La Nueva España, empleados de la mina celebran el regreso a la explotación de carbón y destacaban que se había organizado un nuevo protocolo de prevención de riesgos, incluyendo provisiones para evitar accidentes en caso de hundimiento.

Una explotación totalmente en regla

Tras el accidente, Barbón ha insistido en que el área donde se produjo el derrumbe había sido objeto de inspección apenas un día antes del incidente, cuando técnicos revisaron la zona afectada. Además, destaca que TYC Narcea implementó revisiones exhaustivas en sus instalaciones tras el accidente ocurrido en Cerredo, que abarcaron todos los protocolos de seguridad e incluyeron la participación de representantes sindicales que también validaron que se estaban cumpliendo los estándares requeridos.

El presidente asegura que hasta “a los propios trabajadores les cuesta entender lo que sucedió, más allá de lo que es una tragedia en el ámbito de la mina”, dado el riguroso control preventivo que se había ejecutado en la mina como respuesta a la paralización de la actividad este año.

Tanto los técnicos de TYC como Barbón apuntan a un posible origen geológico en eta tragedia, aunque subrayan la importancia de aguardar los resultados de la investigación en curso antes de establecer responsabilidades o causas definitivas. Barbón ha insistido en que “hay que dejar que se investiguen bien las causas”, reiterando que todas las comprobaciones recientes indicaban que la explotación contaba con “condiciones de seguridad muy elevadas”.

El accidente en la mina subterránea de Cangas del Narcea que provocó la muerte de dos trabajadores este viernes 21 de noviembre pudo haber sido causado por razones geológicas ajenas a las medidas de seguridad de la explotación, según ha avanzado el el alcalde de la localidad, José Luis Fontaniella. Tanto el edil canguense como los técnicos de TYC Narcea, empresa encargada de la gestión de la mina subterránea, han situado el foco de las investigaciones sobre las condiciones del terreno en el que ocurrió el siniestro, desplazando la atención de posibles errores humanos o deficiencias en la seguridad.

El derrumbe, producido poco antes de las 17:00 horas en el nivel menos dos de la explotación, a un kilómetro y medio de la entrada, se ha saldado con el fallecimiento de los trabajadores Anilson Soares, de 42 años, y Óscar Díaz, de 32 años.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado que las condiciones de seguridad de la mina eran “muy elevadas” y también ha sugerido que el accidente podría haberse debido a un problema de origen geológico, sin descartar otras causas hasta que finalicen las pesquisas oficiales. “Hay que dejar que se investigue bien”, ha pedido Barbón, insistiendo en la rigurosidad de los protocolos empleados en la explotación.

La explotación contaba con todos los permisos

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha respaldado esta posición al afirmar que la mina no presentaba “absolutamente ningún problema” y contaba con todos los permisos en regla. En la misma línea, Fontaniella ha defendido el modelo de gestión de la compañía minera y ha asegurado que “administrativamente, es un ejemplo de empresa”. Respecto al siniestro, ha explicado que todo apunta a que se produjo por la rotura imprevista de unas rocas, desencadenando un desprendimiento imposible de prever ni calcular.

Tras el accidente, los gobiernos del Principado de Asturias y Castilla y León han decretado dos días de luto oficial mientras continúa la investigación para esclarecer cómo una posible causa geológica pudo desembocar en una tragedia a pesar del cumplimiento de los más estrictos protocolos de seguridad.

Nuevo accidente minero en Asturias

Fontaniella ha querido subrayar las diferencias entre este accidente y el registrado en Cerredo, señalando que se trata de una situación completamente diferente. CCOO de Industria de Asturias también ha insistido en que los trabajadores realizaban su labor “en condiciones que, según la información disponible, cumplían los estándares de seguridad exigidos”. Así lo ha ratificado el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, quien ha incidido en que la empresa “iba más allá de lo legalmente exigible”.

El incidente ocurrido el pasado mes de marzo en la localidad asturiana de Degaña, en el que una explosión de gas acabó con la vida de cinco mineros, ha vuelto a ser tema de conversación por las similitudes con este último siniestro. Las autoridades investigan todavía si la empresa Blue Solutions realizaba extracciones que no se correspondían con los permisos concedidos en la mina de Cerredo y la revocación temporal de la licencia de TYC Narcea para realizar una comprobaciones similares poco después del accidente de marzo ha provocado comparaciones entre los dos casos. Sin embargo, el Principado de Asturias consideró en junio que la mina de Cangas de Narcea sí contaba con la autorización necesaria para continuar operando y la actividad se reaunudó por completo.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó a RPP que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) era una medida “inevitable” ante la falta de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y la vigencia de más de 30 mil registros que quedaban próximos a vencer. Según explicó, estos Reinfos no podían quedar sin cobertura legal, por lo que la prórroga se convirtió en una obligación para evitar que miles de mineros quedaran en un limbo normativo.

El parlamentario precisó que los registros vigentes tienen un plazo que culmina el 31 de diciembre de 2025, razón por la cual el Congreso decidió ampliar su vigencia y garantizar la continuidad del proceso de formalización minera.

Rospigliosi sostuvo que, si bien aún no ha tenido acceso al dictamen final aprobado en la comisión correspondiente, la decisión de extensión se ajusta a la necesidad de mantener un marco regulatorio operativo mientras se debate la nueva normativa que reemplazaría al Reinfo. Añadió que, según la información preliminar que recibió de los congresistas involucrados, no existía otra salida viable.

Apoya exclusión de 50 mil mineros

Uno de los puntos más sensibles del proceso es la exclusión de 50 mil mineros del Reinfo durante la gestión anterior. Sobre este tema, Rospigliosi señaló a RPP que respalda plenamente la decisión, pues —según afirmó— la mayoría incumplió los trámites exigidos para permanecer en el registro.

“En mi opinión está muy bien excluir esos Reinfos porque habían incumplido prácticamente todos los trámites”, indicó, subrayando que el proceso de depuración era necesario para asegurar que el sistema de formalización minera no se convierta en un mecanismo sin control.

Rospigliosi afirmó que lo aprobado en comisión contempla que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) revise si algunos de los excluidos pueden ser reincorporados. No obstante, precisó que esta posibilidad será limitada, ya que solo se evaluará a quienes solicitaron formalmente la revisión del caso.

Solo 2 mil presentaron apelación

De acuerdo con el presidente del Congreso, de los 50 mil mineros separados del Reinfo, solo 2 mil presentaron apelaciones. Este grupo reducido será el que el Minem evaluará para determinar si existió algún error administrativo en el proceso de exclusión.

Rospigliosi aclaró que no habrá reincorporaciones automáticas, pues cada caso deberá ser revisado individualmente y solo se permitirá el reingreso si se confirma que hubo una equivocación en la depuración realizada por la gestión anterior.

El congresista enfatizó que el objetivo del proceso es corregir eventuales fallas, mas no revertir la exclusión general. “No van a volver a menos que el Ministerio de Energía y Minas encuentre que ha habido algún error, supongo yo, en esos 2.000 Reinfos”, señaló para el citado medio.

Información preliminar

Finalmente, Fernando Rospigliosi remarcó que toda la información brindada se basa en reportes previos, ya que aún no ha podido revisar el texto completo aprobado en la comisión. Indicó que será necesario contar con la versión final del documento para evaluar con precisión los alcances de la prórroga y los mecanismos de revisión previstos.

“Insisto, para finalizar, que ya veremos cuando tengamos el texto redactado en la mano”, concluyó el presidente del Congreso, dejando en claro que las decisiones formales dependerán del contenido definitivo del dictamen.

Minem sobre el Reinfo

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, reconoció que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) viene siendo utilizado por operadores vinculados a la minería ilegal. Sin embargo, evitó cuestionar la ampliación del registro hasta el 31 de diciembre de 2027, aprobada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. “Estamos a la espera de lo que diga el Pleno sobre el mismo”, afirmó el titular del Minem.

Bravo remarcó que el Ejecutivo es “muy respetuoso de lo que diga el Legislativo” y sostuvo que el Reinfo debe emplearse exclusivamente con fines de formalización. “Existen dentro del Reinfo muchos mineros que quieren ser formales y necesitan el acompañamiento del Estado para lograrlo”, declaró, al señalar que el registro no debe quedar desprotegido mientras miles de mineros buscan cumplir con los requisitos establecidos.

El ministro insistió en que el Estado debe eliminar del registro a quienes lo usan para actividades irregulares. “Hay que excluir a aquellos que lo utilizan de manera inadecuada para encubrir otras actividades no reguladas”, subrayó, al enfatizar que la formalización debe estar acompañada de mecanismos de control que impidan que la herramienta sea aprovechada por actores de la minería ilegal.

La protesta y las peticiones de retirar a los militares presentes en la explotación minera se intensificaron tras el derrumbe que dejó al menos cuarenta personas muertas en la mina Kalando, ubicada en las proximidades del poblado de Mulondo, dentro del territorio de Mutshatsha, en la provincia de Lualaba, al sur de la República Democrática del Congo. Según detalló el portal congoleño Actualité, las demandas de los manifestantes también incluyen la creación de una investigación independiente para esclarecer las responsabilidades en la tragedia.

El incidente tuvo lugar el sábado, cuando un puente improvisado construido con madera sobre una zanja cedió a causa del peso de numerosos mineros artesanales que lo cruzaban durante una avalancha humana. De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Asistencia y Supervisión de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala del Gobierno de la República Democrática del Congo y recogida por Actualité, el pánico entre los presentes se originó a raíz de disparos realizados al aire por militares desplegados en el área. Los tiros llevaron a los mineros a apresurarse en masa sobre la estructura, lo que resultó en la caída sucesiva de personas a la zanja y provocó que muchas sucumbieran aplastadas.

La zanja sobre la que se ubicaba la pasarela improvisada había sido excavada por una empresa minera de capital chino, con la función original de servir como límite y barrera de seguridad dentro del recinto minero. Sin embargo, la estructura temporal instalada para cruzarla se convirtió en una trampa letal cuando la huida colectiva sobrecargó sus capacidades de resistencia, de acuerdo con un informe oficial citado por el medio Actualité.

Tanto la cooperativa COMIKAM como los mineros artesanales de la región han manifestado en reiteradas ocasiones ante las autoridades su oposición a la presencia de fuerzas militares y de actores sin autorización en la explotación minera. Según reportó Actualité, estas organizaciones denunciaron que los militares y ciertas partes externas habrían desplazado en varias oportunidades tanto a las cooperativas legales como a los mineros artesanales para favorecer los intereses de socios privados de origen chino.

Tras el derrumbe y la conmoción resultante, los mineros organizaron protestas espontáneas cerca del lugar del accidente, exigiendo atención inmediata a la situación. Actualité relató que el secretario provincial de Interior acudió personalmente al sitio en un intento por mediar con los manifestantes y buscar mecanismos para responder a sus demandas inmediatas.

El enfoque principal de las exigencias de los manifestantes recae en la petición de una salida urgente de los militares que patrullan la mina Kalando y el inicio de una investigación externa e independiente que revise las circunstancias exactas del colapso del puente y de la intervención militar en el lugar. La participación persistente de militares y el desplazamiento de cooperativas han sido señalados por trabajadores locales como uno de los factores que han creado un clima creciente de tensión en la región minera, según informó Actualité.

Cinco mineros fueron asesinados en un ataque armado ocurrido el martes 4 de noviembre en la vereda El Jardín, municipio de San Pablo (Bolívar).

El ataque, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fue perpetrado por un grupo de hombres armados que irrumpió en una mina de oro de la zona, donde dispararon de manera indiscriminada contra los trabajadores.

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El secretario de Seguridad departamental, Manuel Berrio, declaró a medios de comunicación que en la zona actúa el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se atribuye presuntamente el ataque.

Berrio añadió que “este año ya ha habido dos incursiones en ese mismo sitio por parte del ELN. En ambas hubo muertos y la quema de la maquinaria”.

Según las versiones, el área es escenario de una disputa entre grupos ilegales por el control de la minería de oro y de los corredores estratégicos de la Serranía de San Lucas.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por Indepaz, cinco mineros fallecieron en el ataque, tres de ellos identificados preliminarmente como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano. Aún no se conoce los nombres de los otros dos fallecidos.

Otras versiones recogidas por medios de la región reportan que dos personas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde murieron posteriormente, y que entre los heridos figura un menor de edad.

La organización agregó que en el lugar fue destruida la maquinaria amarilla utilizada en las labores mineras, así como el desplazamiento de varias familias que habitaban en la zona, a causa de la incursión armada. La entidad enfatizó que la violencia recrudecida en el sur de Bolívar se relaciona con el interés de grupos armados ilegales en el control de las rutas y economías derivadas de la explotación del oro.

Defensoría del Pueblo ya había alertado el riesgo de la población en San Pablo

La Defensoría del Pueblo alertó en un comunicado sobre el alto riesgo humanitario que enfrenta el municipio de San Pablo debido a la disputa de estos sectores ilegales, que ha derivado en desplazamientos forzados, amenazas y control social sobre la comunidad.

En ese sentido, la Defensoría instó al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes para proteger a la población, advirtiendo que la imposición de formas ilegales de gobernanza vulnera de manera permanente los derechos humanos de los habitantes.

Por su parte, autoridades locales informaron que se encuentra en marcha un Consejo de Seguridad para esclarecer lo ocurrido y establecer acciones en materia operacional dirigidas a contrarrestar el accionar de los grupos armados.

Según declaraciones del Ejército, se trabaja en la recolección de información mediante diferentes agencias de inteligencia para planificar operaciones militares orientadas a la neutralización de estas amenazas.

“Ante los hechos ocurridos en la vereda El Jardín del municipio de San Pablo, se encuentra en ejecución un Consejo de Seguridad con el fin de determinar la situación precisa de lo ocurrido y establecer acciones en materia operacional que permitan continuar contrarrestando el accionar de grupos armados ilegales. Asimismo, se trabaja en la recolección de información a través de las diferentes agencias de inteligencia para el planeamiento de operaciones militares orientadas a la neutralización de estas amenazas”, indicó el comunicado oficial.

En el área hacen presencia tanto el ELN como el Clan del Golfo, que disputan el dominio de las rutas estratégicas y las economías ilegales, entre ellas, la explotación minera.

Por su parte, la comunidad expresó su preocupación por los hechos violentos que han marcado la región: “Esto demuestra que la guerra no ha terminado para nuestras comunidades”, expresó un líder social de la zona, citado por La noticia.com.

El hecho eleva a 68 las masacres registradas en el país en lo que va del año, de acuerdo con el observatorio de Indepaz.

La pensión media de jubilación en España alcanzó en agosto de 2025 los 1.507,5 euros mensuales, una cifra que representa un aumento del 4,4% respecto al año anterior, según datos publicados por el Diari de Girona. El promedio de todas las pensiones contributivas, incluyendo las de viudedad, incapacidad y orfandad, se situó en 1.314 euros al mes.

El coste total mensual que afronta la Seguridad Social se eleva así a 13.638 millones de euros, un 6% más que en 2024, impulsado tanto por el incremento de las cuantías como por el número creciente de beneficiarios.

De cara a 2026, las previsiones oficiales contemplan una nueva subida del 2,5% en las pensiones, lo que sumaría un gasto adicional de 6.500 millones de euros a las arcas públicas.

El sector que cuenta con la jubilación más alta

Aunque el promedio nacional de la pensión de jubilación ronda los 1.500 euros, las diferencias entre sectores son notables. Según ha informado el Diari de Girona, los trabajadores pertenecientes al sector de la minería del carbón reciben una pensión media de 2.905,43 euros mensuales, la mayor de todo el sistema.

Estas cifras contrastan con otros regímenes laborales: en el Régimen General, la pensión media es de 1.665 euros al mes, mientras que los autónomos perciben algo más de 1.000 euros. En el Régimen del Mar, destinado a trabajadores del sector marítimo, el promedio supera ligeramente los 1.660 euros.

El caso de la minería del carbón responde a la existencia de cotizaciones especiales y condiciones laborales que reconocen la penosidad y peligrosidad de este trabajo. Esto permite a sus trabajadores jubilarse antes sin penalizaciones y disfrutar de prestaciones más elevadas durante la jubilación.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 935 euros mensuales, aunque las beneficiarias del Régimen General superan, de media, los 990 euros.

Tendencias en el acceso a la jubilación

Entre enero y junio de 2025 se registraron más de 183.000 nuevas jubilaciones en todo el país. Un dato destacado es el crecimiento en las jubilaciones demoradas, que ya suponen el 11% del total, casi el triple respecto a las que se contabilizaban en 2019, según publicó el Diari de Girona.

Esta tendencia responde principalmente a los incentivos económicos que la Seguridad Social ofrece a quienes deciden retrasar el retiro, premiando a los trabajadores que optan por alargar su vida laboral.

La Seguridad Social paga actualmente más de 10,3 millones de pensiones contributivas en España, de las cuales tres de cada cuatro corresponden a jubilaciones. Además, se ha implantado un complemento para reducir la brecha de género que beneficia principalmente a mujeres, con una paga media de 75 euros adicionales al mes, ha detallado diario local.

El reto del gasto y la sostenibilidad

El aumento constante de los beneficiarios y de las cuantías medias de las pensiones plantea un reto para el sistema, que asume un gasto creciente año tras año. A medida que se implementan ajustes en los diferentes regímenes y aumentan los incentivos a la jubilación demorada, expertos y administraciones vigilan el equilibrio entre protección social y sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.

Un importante contingente de mineros asalariados se movilizó en el centro de La Paz, Bolivia, en una protesta masiva contra las tomas ilegales de yacimientos mineros.

Según los sindicatos del sector, esta práctica afecta de manera directa sus fuentes de trabajo y genera serias preocupaciones por las consecuencias sociales y ambientales. Cientos de afiliados de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) marcharon desde El Alto hasta la sede de gobierno como parte de un reclamo articulado y multitudinario.

De acuerdo con la agencia EFE, la movilización tuvo como principal demanda que el Gobierno de Bolivia intervenga de forma efectiva para frenar el avance de actividades mineras no autorizadas y sancione a quienes, según los trabajadores, actúan al margen de la ley y ocasionan daños significativos al medioambiente.

La concentración comenzó en la Ceja de El Alto, donde delegaciones de distintos puntos del país se reunieron antes de descender a la capital paceña. Los manifestantes, identificados por sus uniformes y cascos, avanzaron por las principales avenidas, portaron pancartas y utilizaron petardos, además de detonar bloques de dinamita.

El tránsito vehicular colapsó en varias zonas debido a la marcha, que llegó hasta las puertas del Ministerio de Minería. Allí, los sindicalistas realizaron un mitin para exigir al presidente Luis Arce y a Alejandro Santos Laura, titular de la cartera, la aplicación de la Constitución y las leyes relacionadas con la actividad minera y la propiedad de concesiones.

El secretario ejecutivo de la Fstmb, Andrés Paye, criticó la inacción gubernamental durante la manifestación. En declaraciones difundidas por EFE, denunció que diversas áreas de explotación gestionadas por sus afiliados han sido “tomadas de manera ilegal” por grupos identificados como cooperativas mineras, especialmente en Potosí, Oruro y La Paz.

El conflicto no es reciente. Según Televisión Unitel, en las últimas semanas ocurrieron intentos de apropiación violenta de concesiones en Andacaba, Reserva Tres Amigos, Porco, Colquiri y Caracoles. En estos sitios, los asalariados afirman que cooperativistas y residentes de comunidades aledañas ingresaron sin autorización, desatando episodios de tensión y enfrentamientos. Esta escalada llevó a la Fstmb a declararse en “emergencia permanente” y a advertir que podrían endurecer sus medidas si sus demandas no son atendidas.

En una resolución interna, el sector minero asalariado apostó por “acciones de hecho” y calificó la movilización como una “gran marcha nacional de protesta contundente, en repudio a los avasallamientos delincuenciales”.

De acuerdo con Televisión Unitel, las denuncias llegaron al Ejecutivo y el ministro de Minería, Alejandro Santos, prometió “mano dura” contra los responsables.

“Es un delito que está penado por la ley, está penado por las normativas vigentes del pueblo boliviano. Si no vamos a colocar mano dura, cualquier otro momento va a haber algún avasallamiento”, expresó Santos en respuesta a la presión sindical.

La situación en Viacha visibiliza el riesgo, donde denuncias de pobladores señalaron que al menos veintitrés empresas, principalmente extranjeras, operan sin autorización.

(Con información de EFE)

Organismos de socorro continúan adelantando las labores de búsqueda de siete trabajadores de una mina ubicada en la vereda Brasilia, en el corregimiento de San Antonio, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca.

La emergencia se registró el viernes 12 de septiembre de 2025, cuando un colapso en la estructura subterránea dejó a los trabajadores sin posibilidad de salir. La profundidad del socavón, calculada entre 28 y 30 metros, y la presencia de agua acumulada en el interior han complicado las tareas de salvamento.

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Tras conocerse el hecho, equipos de la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja y la Agencia Nacional de Minería (ANM) han desplegado un operativo de rescate que enfrenta serias dificultades técnicas y logísticas.

Incluso, en un video revelado por el medio local Tubarco News, se observa a los rescatistas operando una retroexcavadora para remover escombros y facilitar el acceso de las autoridades e indagar sobre el paradero de los trabajadores.

En declaraciones a Telepacífico Noticias, el teniente Alex Colorado, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Santander de Quilichao, aseveró que la maquinaria solamente puede remover ocho metros, por lo que se requiere de nuevos elementos para priorizar el rescate de los mineros atrapados.

“Desde que llegó la máquina, ha sido, por ahí, aproximadamente ocho o nueve metros, aproximadamente, que se ha hecho de profundidad. Entonces, es muy difícil decir que mañana o pasado mañana estemos haciendo respuesta”, declaró el oficial en el medio local.

Entre tanto, Diana Marcela Collazos, jefe de Gestión del Riesgo en Santander de Quilichao, aseveró que esta no es la primera emergencia que se presenta en esta zona.

“Estamos a la espera del apoyo del gobierno departamental e incluso del Gobierno nacional. Sabemos que esto es una zona que presenta riesgo, que son de actividades de minería y ya anteriormente se han reportado estas mismas emergencias”, indicó la funcionaria al noticiero local.

Mientras tanto, las familias de los mineros aguardan en las inmediaciones de la mina, a la espera de información sobre el estado de sus seres queridos. Hasta el momento, no existe confirmación oficial acerca de la situación de los atrapados.

Para coordinar los esfuerzos y centralizar la información, se ha instalado un Puesto de Mando Unificado, desde donde se monitorea el avance de las labores y se mantiene la esperanza de lograr un rescate exitoso.

Identificación de los mineros atrapados

Según información publicada en El Tiempo, los trabajadores atrapados fueron identificados como Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Tróchez y Carlos José Piña Valencia.

Tambien, en el grupo se encuentra un joven de 17 años, amigo de Dairo Velazco Galarza, de 19 años, que fue identificado como la primera víctima reconocida y compartía origen en la vereda Bajo San Francisco.

La comunidad local ha respondido con muestras de solidaridad, acercándose al lugar con alimentos y utensilios de cocina para apoyar a los familiares que aguardan información. El ambiente de incertidumbre se refleja en los testimonios de los allegados.

Aura Lida Galarza, familiar de uno de los mineros, expresó a Blu Radio: “Yo guardo la esperanza de que Dios me los tiene en un refugio, esperando que los socorran”.

Por su parte, María Helena Trochez, tía de uno de los trabajadores, relató a Noticias RCN: “Por favor que nos ayuden, el municipio, el alcalde. Alguien que nos pueda colaborar porque con una sola máquina no vamos a poder. No se imaginan la angustia que tenemos de ver si encontramos a nuestros familiares”.

Hasta el momento, los rescatistas no han logrado llegar al punto exacto donde se encuentran los trabajadores atrapados. Las acciones continúan bajo la coordinación del grupo de rescate minero de la ANM en Jamundí, que lidera los esfuerzos en el terreno.

Las autoridades locales han reiterado que se trata de un operativo de alta complejidad, tanto por la profundidad como por las condiciones del socavón, y han solicitado apoyo adicional para avanzar en la búsqueda de los mineros. La situación mantiene en vilo a la comunidad y a los equipos de emergencia, que persisten en su intento de rescatar a los trabajadores atrapados en condiciones adversas.

El presidente Gabriel Boric decretó tres días de duelo nacional por los seis trabajadores muertos tras un derrumbe el pasado jueves en la mina El Teniente, ubicada en Machalí (94 kilómetros de Santiago), accidente que dejó además otros nueve heridos.

La tragedia que mantuvo en vilo al país siguiendo las tareas de rescate todo el fin de semana ocurrió a las 17:34 del jueves pasado debido a un movimiento sísmico que se generó “como una reacción de la roca a la actividad de perforación que hacemos al hacer minería subterránea”, según explicó el presidente de la estatal Codelco, Máximo Pacheco,

En conferencia de prensa este domingo, el presidente Boric entregó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que la mayor empresa cuprífera del mundo llevará a cabo una auditoría “internacional e independiente”, a fin de establecer responsabilidades en el hecho.

“A los trabajadores de la mina El Teniente, que lamentablemente perdieron la vida tras el accidente del día jueves. A sus familias, a sus compañeros de trabajo, a toda la comunidad minera de nuestro país, y a toda la gente que ha seguido atento el desenvolvimiento de los hechos les entrego, en particular a sus seres queridos, mis más sinceras condolencias”, partió su alocución.

“Esta bandera a media asta será un símbolo de la desolación ante su pérdida, pero también de unidad de un país que ante la tragedia se vuelve uno solo, como siempre ha sido”, agregó Boric.

Tocante a la auditoría anunciada, el mandatario pidió “plena objetividad y que no exista ningún tipo de defensa corporativa para establecer no solamente qué sucedió, sino cuáles son las responsabilidades de lo sucedido, y eso se establezca claramente por la memoria y el respeto que le debemos a las familias de los mineros fallecidos y también por el respeto que tenemos por los trabajadores de la minería en Chile”.

“No descansaremos hasta tener claridad de lo que sucedió”, remató.

SML entregará cuerpos en dos días

En paralelo, familiares de cuatro de los mineros fallecidos criticaron la lentitud del Servicio Médico Legal (SML) para entregar sus cuerpos y aunque desde dicho organismo reconocieron la tardanza, explicaron sus razones.

“Hemos estado trabajando incansablemente para hacer todas las pericias correspondientes que el Ministerio Público nos demanda, pero también para poder entregar los cuerpos a las familias y de esta manera puedan llevar adelante sus procesos de duelo”, señaló su directora, Marisol Prado Villegas.

“Los otros cuatro cuerpos, por la situación en que fueron encontrados y la complejidad del proceso pericial forense, tendremos que hacer una identificación por ADN, lo que va a demorar la entrega. Nuestros funcionarios están trabajando con toda celeridad para poder entregar los cuerpos lo antes posible a sus familias", agregó.

“Necesitamos hacer esta identificación distinta por la complejidad del proceso forense y eso lo hemos explicado en detalle a cada una de las familias”, complementó Prado.

“Esperamos tener una respuesta positiva ojalá el martes por la mañana y a más tardar el viernes por la tarde. Es un proceso forense muy complejo por lo que no podemos tener certeza en los tiempos”, remató la mandamás del SML.

Pie: El SML entregará los cuerpos de los fallecidos a los familiares en dos días

Cinco mineros artesanales murieron el viernes en el interior de la mina de oro Amayapampa, ubicada en el departamento boliviano de Potosí, tras un derrumbe que los sepultó bajo un talud de tierra, informó la Policía el sábado.

El accidente ocurrió a más de 4.000 metros de altitud, en uno de los yacimientos auríferos más grandes de la región, explotado a cielo abierto por la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Las víctimas, de entre 23 y 25 años, no pertenecían al personal regular de la empresa, pero contaban con autorización oficial para realizar labores de “paqoma”, una práctica tradicional que permite recolectar mineral residual.

“Cinco personas, mayores de edad, fueron encontradas dentro de la mina. La causa de la muerte es asfixia por aplastamiento. Asumimos que el cerro cedió en alguna porción y los aplastó”, declaró a la prensa el comandante de la Policía de Potosí, coronel Fernando Benítez. El oficial añadió que hasta el viernes por la tarde lograron recuperar los cinco cuerpos, aunque solo dos de ellos habían sido identificados.

El derrumbe se suma a una serie de accidentes similares registrados en Bolivia durante el año. “En lo que va del año, 73 mineros han perdido la vida en incidentes mineros solo en Potosí”, informó Benítez. La cifra pone en evidencia el alto riesgo al que se enfrentan los trabajadores del sector, en particular aquellos que operan de forma independiente o en condiciones informales.

El comandante regional, coronel Fernando Barrientos, precisó que los fallecidos eran trabajadores artesanales provenientes de comunidades rurales cercanas a la mina. “La causa de la muerte fue por asfixia por aplastamiento. Gran cantidad de tierra se desprendió en el interior de la mina y los aplastó. Estamos investigando las causas del accidente”, dijo Barrientos.

El hecho reaviva la preocupación por las condiciones de seguridad en las operaciones mineras del país. De acuerdo con la Policía, gran parte de las víctimas de este tipo de incidentes trabaja en minas gestionadas directamente por mineros o cooperativas, en contextos donde la precariedad laboral y la ausencia de medidas de seguridad son comunes.

La mina de Amayapampa se encuentra a unos 578 kilómetros al sur de La Paz. A pesar de su magnitud y producción, la práctica del paqoma persiste en sus alrededores como una forma de subsistencia para habitantes de comunidades vecinas, que extraen restos de mineral con herramientas básicas y sin infraestructura adecuada.

En marzo, un derrumbe similar en una mina de la ciudad de La Paz provocó la muerte de cinco trabajadores. Las autoridades no informaron de sanciones ni modificaciones estructurales tras aquel episodio.

El Ministerio de Minería no emitió comentarios públicos tras el accidente del viernes. Tampoco se reportaron inspecciones inmediatas o medidas de suspensión temporal de actividades en la mina afectada.

Las investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar las condiciones en las que se produjo el derrumbe permanecen abiertas, según confirmaron fuentes policiales.

(Con información de AFP y AP)

Rescatistas hallaron, este sábado por la tarde, el cuerpo sin vida de uno de los cinco mineros atrapados desde el jueves. “En la intersección del Loop central con el socavón norte, hemos encontrado restos de una persona”, anunció Andrés Music, gerente general de la mina situada en la región de O’Higgins, a unos 120 kilómetros al sur de Santiago, y precisó que aún no se ha confirmado la identidad de esta víctima. El derrumbe ya había causado la muerte de otro operario y dejó nueve heridos, quienes se encuentran fuera de peligro.

Durante una rueda de prensa realizada en la sede de la mina, Boric insistió en que la máxima prioridad del gobierno y de la empresa es el rescate de los trabajadores atrapados. “Hay muchas cosas que aclarar en una situación de estas características, en un accidente de estas características. Pero hoy día lo primero es lo primero, y eso es el rescate de los cinco mineros. Toda atribución de responsabilidades, todo tipo de quién tiene la culpa de por qué sucedió esto, se tiene que saber, lo conversamos con la familia”, declaró el presidente en relación al siniestro.

El mandatario especificó que la información cambia de manera constante según avanza el proceso de búsqueda. Por este motivo, volvió a pedir que se evite la especulación pública sobre las posibles causas del derrumbe. “Tiene que haber justicia y claridad, pero todas nuestras energías hoy día están en el rescate”, subrayó Boric tras confirmar que la localización exacta de los trabajadores sigue sin determinarse.

Los mineros atrapados han sido identificados como Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta, Gonzalo Núñez Caroca y Moisés Pavez Armijo. Las brigadas de rescate, explicó el presidente, emplean todo tipo de equipamiento especializado. “Que sepan que se están haciendo todos los esfuerzos con toda la tecnología disponible, no en Chile, en el mundo, para poder rescatarlos”, afirmó.

En el operativo participan más de 100 rescatistas y técnicos de diversas áreas, incluidas figuras reconocidas internacionalmente como Laurence Golborne, ex ministro de Minería de Chile y uno de los líderes del célebre rescate de los 33 mineros en 2010, así como el ingeniero Andrés Sougarret, también protagonista del operativo de la mina San José.

“Para apoyar estas labores de rescate, es importante que todo el mundo sepa que se cuenta con la experiencia de quienes también, antes han enfrentado situaciones de estas características. Por eso valoro el llamado que ha hecho Codelco de sumar estos trabajos al ex gerente general de El Teniente, Andrés Sougarret, y también al ex ministro de Minería, Laurence Golborne”, indicó Boric.

Los esfuerzos se concentran en desbloquear una galería de aproximadamente 90 metros de longitud, colapsada tras el accidente. Según datos de CODELCO, hasta el momento, los equipos han removido 2.200 de las 5.000 toneladas de material que obstruyen el acceso al área donde podrían encontrarse los trabajadores.

De acuerdo con un testimonio recogido por el canal CNN-Chile, los mineros estarían en una zona de difícil acceso, pero dotada de refugios con insumos de supervivencia. “En ese sector, que es de alta complejidad para trabajar, existen refugios mineros para aproximadamente 20 personas, con todo su equipamiento: oxígeno, agua, comida... de todo para estar un par de días en caso de que no puedan ser encontrados”, relató un compañero de los desaparecidos.

La ubicación precisa de los mineros se sigue estimando por los dispositivos electrónicos que portan y el monitoreo constante de las condiciones subsuperficiales. Los equipos de rescate han reiterado la exigente naturaleza técnica de las maniobras debido a la profundidad aproximada de 1.200 metros bajo tierra.

Las causas del derrumbe se investigan actualmente. Las primeras versiones apuntan a la posibilidad de que un terremoto, atribuido probablemente a una operación de perforación en la división de minería subterránea, desencadenara el accidente, indicó el presidente de CODELCO, Máximo Pacheco, a la radio local Cooperativa. El mismo evento provocó la muerte de otro trabajador y dejó nueve heridos.

Por instrucción del Ministerio de Minería, todas las actividades de El Teniente están paralizadas desde el viernes para facilitar las labores de búsqueda. El yacimiento, con 4.500 kilómetros de galerías subterráneas, produjo en 2024 unas 356.000 toneladas de cobre, lo que equivalió al 6,7% del total anual del país, que lidera la producción mundial con 5,3 millones de toneladas.

Los accidentes en la minería chilena continúan representando un riesgo significativo pese a la reducción gradual de la siniestralidad mortal desde el accidente de 2010 en la mina San José. En lo que va de 2025, según datos oficiales, se han reportado siete fallecidos relacionados con accidentes en explotaciones mineras, principalmente entre la región de Antofagasta y Valparaíso.

El Gobierno mantiene un único canal oficial de comunicación para proporcionar información actualizada primero a las familias de los trabajadores y, posteriormente, al resto del país y los medios de comunicación.

(Con información de AFP y EFE)

Cuatro trabajadores permanecen atrapados desde el jueves en la mina El Teniente, ubicada en la región de O’Higgins, a 120 kilómetros de Santiago de Chile. El incidente ocurrió tras un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter a 500 metros de profundidad en el sector Andesita, que causó el derrumbe de una galería subterránea. El suceso ha provocado también dos fallecidos y nueve heridos de distinta gravedad.

El Teniente es propiedad de Codelco, la estatal chilena que lidera la producción mundial de cobre desde 1971. El yacimiento cuenta con más de 4.500 kilómetros de túneles excavados en sus 120 años de operación. Esta distancia equivale a la que separa Madrid de Moscú, lo que ha convertido a El Teniente en un coloso mundial de la minería subterránea. Según cifras oficiales, en 2024 la mina produjo 356.000 toneladas métricas de cobre fino.

Juan Andrés Jarufe, académico de la Universidad de Santiago de Chile, explicó que la mina emplea el método de “block caving” o hundimiento por bloques, lo que genera cavidades de gran tamaño. “En superficie tiene más de un kilómetro cuadrado y, en profundidad, casi otro kilómetro”, indicó Jarufe a EFE.

En el interior del yacimiento existen instalaciones que incluyen casino y comedor, oficinas, talleres para mantenimiento de equipos, un tren interno y sistemas de chancado para el procesamiento de la roca. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, señaló que la mina posee un macizo rocoso único a nivel global, en el que operan distintas minas internas como Esmeralda o Diamante. Más de 20.000 personas ingresan diariamente a El Teniente, cifra comparable al tamaño poblacional de una ciudad pequeña.

Operativo de rescate y protocolos de seguridad

La ubicación de los mineros atrapados se conoce gracias a los dispositivos de geolocalización de la empresa, sin embargo, todavía no se ha logrado establecer contacto ni conocer su estado de salud actual. El plan de rescate contempla la remoción de las rocas con equipos teledirigidos y el acceso hasta el punto donde se presupone se encuentran los trabajadores.

La causa exacta del sismo que originó el derrumbe permanece bajo investigación. La Fiscalía Regional de O’Higgins abrió una causa para determinar si el movimiento fue natural o inducido por las actividades de perforación de Codelco. André Sougarret, ex presidente ejecutivo de Codelco y líder del rescate de los 33 mineros de la mina San José en 2010, declaró en Tele 13 Radio que El Teniente cuenta con una de las más completas redes de monitoreo sísmico del mundo, con cerca de 150 sensores, y protocolos estrictos de operación.

Además de sus operaciones subterráneas, El Teniente incorporó en 2012 la explotación a cielo abierto con el proyecto Rajo Sur. Arturo Belmonte, de la Universidad de Concepción, destacó el papel pionero de la mina en la industria, señalando que toda tecnología de punta aplicada en la minería global tiene lugar en El Teniente, aunque enfatizó la imposibilidad de eliminar completamente los riesgos de la ingeniería.

Historia y relevancia global

Situada entre los 2.200 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera de Los Andes, El Teniente es uno de los yacimientos más antiguos en funcionamiento extranjero y nacional. Su historia moderna comenzó en 1905, cuando el empresario estadounidense William Braden adquirió la mina y puso en marcha la industrialización. El lugar también es conocido por el pueblo de Sewell, considerado Patrimonio Mundial de la Unesco, que funcionó como asentamiento para trabajadores durante el apogeo de los llamados “company towns”.

En 1971, tras la reforma constitucional auspiciada por el entonces presidente Salvador Allende, la mina fue nacionalizada y pasó a manos de Codelco. Carla Rojas, ex vicepresidenta de la organización Women in Mining, afirmó a EFE que “El Teniente cumple un rol relevante en la industria mundial del cobre. Su contribución es fundamental no solo para el abastecimiento global, sino también para el PIB chileno”.

El accidente actual es el más grave registrado en la mina desde 1990, cuando seis trabajadores fallecieron en un evento similar de estallido de roca. En Chile, la tasa de fatalidad en la minería ha descendido un 75% desde 2010, según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que registró 11 decesos en nueve accidentes en 2023.

Las labores de rescate y la investigación continúan mientras autoridades, expertos y el sector siguen de cerca una de las operaciones mineras de rescate más complejas en la historia reciente de la minería chilena.

(Con información de EFE)

“Hemos aprendido que de la violencia no se gana nada. Que en el odio y en el rencor o en la palabra negacionista no se gana nada. La misma palabra lo dice: negación de la negatividad. Nada positivo podemos lograr”, señaló.

En otro momento, la jefa de Estado se dirigió directamente a los mineros que se manifiestan en distintas regiones del país exigiendo la ampliación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) y una nueva prórroga para continuar con el proceso de formalización.

“Ahora están en la calle los mineros ilegales. Solo ellos. Y a ellos, hermanos peruanos, hermanas peruanas que se mantienen en ese extracto de la ilegalidad minera. A ustedes los llamo a que trabajemos unidos, pero para formalizar a la minería legal”, agregó.

La mandataria recordó que una minería legal y formalizada no solo es posible, sino que representa una actividad rentable para el país. En cambio, subrayó que los recursos extraídos mediante concesiones informales e ilegales no generan beneficios para el Estado.

“Son millones y millones y millones de divisas que pierde el Perú. Trabajemos unidos, juntos, caminemos a la formalización”, puntualizó.

¿Por qué protestas los mineros?

La nueva ola de protestas mineras tiene como punto de partida la decisión del Gobierno de anular los registros del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) que superan los cuatro años de antigüedad. La medida, que busca limitar la expansión de la minería informal, ha encendido la respuesta del sector y desatado un paro indefinido con bloqueos en al menos siete corredores viales estratégicos, especialmente en regiones como La Libertad, Cusco, Arequipa e Ica.

Las organizaciones que agrupan a los pequeños productores exigen una prórroga al proceso de formalización y la promulgación de una ley que atienda de manera específica las condiciones de la minería artesanal y de pequeña escala. Máximo Franco, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), aseguró que esta lucha ya no se limita a la defensa del trabajo, sino que busca garantizar derechos fundamentales. El dirigente también anticipó la llegada de nuevas delegaciones mineras a Lima para presionar al Parlamento.

Desde el Ejecutivo, la respuesta ha sido tajante: no se dará marcha atrás. La anulación de los registros es, según argumentan, una acción necesaria para contener el avance de la informalidad en el sector extractivo. No obstante, en el Congreso algunos legisladores han mostrado disposición para debatir salidas legislativas, mientras que el sector empresarial plantea la necesidad de una solución estructural que respete el marco normativo sin comprometer otras actividades económicas.

El conflicto se agudiza sin una salida clara y ya comienza a dejar serias consecuencias. Los bloqueos han golpeado con fuerza sectores clave como el comercio, el transporte y, en particular, el turismo, aún en etapa de recuperación. Cada día de paralización representa pérdidas económicas y mayor incertidumbre para las familias que dependen del flujo de viajeros en el país.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República rechazó el predictamen de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que proponía modificar el régimen especial de formalización para este sector. La iniciativa solo obtuvo cinco votos a favor, frente a 12 votos en contra y una abstención, lo que impidió su aprobación y dejó la propuesta archivada.

El predictamen, impulsado por el congresista Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial, buscaba cambiar el nombre del actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma), sin alterar las condiciones de acceso ni los requisitos principales del sistema vigente. Esta continuidad fue uno de los puntos más cuestionados por los legisladores que se opusieron.

Reconsideración y críticas por la ausencia de ministros

Tras la votación, algunos congresistas como Katy Ugarte, Segundo Montalvo y Pasión Dávila solicitaron la reconsideración del resultado, lo que fue anunciado por el presidente de la comisión, Paul Gutiérrez. Estas solicitudes deberán ser evaluadas en una próxima legislatura.

Por otro lado, durante la sesión, se esperaba la presencia de los ministros de Energía y Minas, Economía, Ambiente y Cultura; sin embargo, ninguno asistió, lo que generó críticas entre los integrantes de la comisión. Solo participó el viceministro de Minas, Isidoro Ibarra, quien tuvo una breve intervención.

Votación ocurrió en medio de protestas y bloqueos de vías

La sesión se desarrolló en un contexto de alta tensión social, marcado por protestas de mineros informales en diversas regiones del país. En al menos cinco departamentos —Lambayeque, La Libertad, Cusco, Ica y Arequipa— se reportaron bloqueos en nueve tramos de carreteras. En Lima, decenas de trabajadores mineros agrupados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) mantienen plantones frente al Congreso.

Las movilizaciones responden al anuncio del Ejecutivo sobre el fin del Reinfo, previsto para el 31 de diciembre de este año, lo que afectaría directamente a miles de mineros aún no formalizados. La propuesta legislativa buscaba atender esas demandas, pero su rechazo ha generado mayor incertidumbre entre los manifestantes.

Proyecto fue acusado de favorecer a la informalidad

El predictamen de la nueva Ley MAPE fue duramente criticado por mantener las mismas condiciones de acceso al registro minero sin introducir cambios estructurales que fomenten una verdadera formalización. Diversos parlamentarios señalaron que la propuesta, lejos de ordenar el sector, podría perpetuar la minería informal al permitir que continúen operando bajo los mismos criterios flexibles.

Mientras tanto, el Congreso deberá evaluar las reconsideraciones planteadas y decidir si vuelve a debatir el tema en la próxima legislatura.

Cinco observaciones del Minem contra la Ley Mape

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, advirtió que existen cinco puntos críticos en el predictamen de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE). Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), estos aspectos deben revisarse con cautela para evitar retrocesos en el proceso de formalización minera.

• Limitación a la fiscalización ambiental de los gobiernos regionales:El predictamen restringe la capacidad de los gobiernos regionales para fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales, contraviniendo la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que les otorga dicha competencia.
• Riesgo de nuevos vacíos legales en el proceso de formalización:La propuesta plantea modificaciones al régimen de formalización minera del Reinfo —vigente hasta el 31 de diciembre de 2025— sin prever una transición normativa adecuada, lo que podría generar vacíos legales aprovechables por operadores ilegales.

• Vulneración del derecho de propiedad en el otorgamiento de servidumbres:Se establece un procedimiento que obligaría a los titulares de concesiones mineras a ceder derechos a terceros, lo cual podría constituir una expropiación indirecta sin garantías constitucionales, en contravención del artículo 70 de la Constitución Política del Perú.
• Contradicción con la normativa vigente sobre minería aluvial:El predictamen permite actividades que contravienen el Decreto Legislativo N.° 1100, que prohíbe el uso de dragas en cuerpos de agua, norma ratificada por el Tribunal Constitucional. El Minem recomienda respetar criterios técnicos y sociales sustentados en evidencia científica y buenas prácticas internacionales.
• Propuesta inconstitucional de exoneración de responsabilidad penal:Se cuestiona que se pretenda liberar de responsabilidad penal a mineros en proceso de formalización por delitos ambientales, lo cual es jurídicamente inviable e inconstitucional.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha reforzado las medidas de seguridad en los alrededores del Congreso de la República, ante la alerta de una posible toma de las instalaciones por parte de los mineros agremiados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin).

Los manifestantes, que han bloqueado parte de la avenida Abancay, exigen la ampliación del proceso de formalización minera. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) está previsto para cerrarse el 31 de diciembre de este año.

El presidente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, afirmó que el fracaso del proceso de formalización es la causa principal de la protesta, y no el cierre del Reinfo, como se había señalado inicialmente. Los mineros, en su mayoría informales, exigen que se amplíe el proceso de formalización para poder regularizar sus actividades y evitar ser excluidos del mercado legal. Mientras tanto, la situación se mantiene tensa, con bloqueos en puntos clave de Lima que están afectando la movilidad en la zona.

Refuerzo de la seguridad parlamentaria

Según informó RPP, un documento de inteligencia de la PNP alerta sobre la posibilidad de una toma de las instalaciones del Congreso y locales conexos por parte de los mineros agremiados a la Confemin.

En los últimos días, los manifestantes han bloqueado parcialmente un tramo de la avenida Abancay, lo que ha generado una intensa congestión vehicular en la zona. Ante la amenaza de posibles actos violentos, la PNP ha decidido reforzar las medidas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

El objetivo es garantizar la seguridad de los parlamentarios, proteger las instalaciones del Palacio Legislativo y evitar que las protestas se radicalicen. Las autoridades han dispuesto que el personal policial extremen las medidas de vigilancia y control antes, durante y después de la manifestación, con el fin de prevenir cualquier altercado que pueda derivar en enfrentamientos violentos.

Bloqueos en carretera por protesta de mineros

El paro nacional de los mineros agremiados, que afecta varias regiones del sur y norte del país, ha generado bloqueos en carretera, interrumpiendo el transporte terrestre interprovincial y afectando a miles de pasajeros. La protesta, impulsada por la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), exige la derogatoria de ciertos decretos y una prórroga en los plazos de formalización minera. Como resultado, algunas empresas de transporte, como CIVA, se han visto obligadas a suspender temporalmente sus servicios a destinos como Cusco, Arequipa y La Libertad debido a la falta de seguridad en las vías bloqueadas por los manifestantes.

En Arequipa, la situación es aún más grave, con bloqueos persistentes en puntos clave de la Panamericana Sur. Desde el 30 de junio, mineros artesanales han establecido piquetes en zonas como Ocoña y Chala, paralizando el tránsito por varias horas. Aunque se han registrado treguas intermitentes que permiten la circulación de vehículos, los manifestantes continúan con su protesta, lo que ha obligado a las empresas de transporte a suspender y reprogramar sus viajes, afectando la circulación de carga y pasajeros.

La situación ha generado un caos en los terminales de transporte y ha afectado gravemente la circulación de vehículos en las rutas bloqueadas. La falta de previsibilidad en los horarios de tránsito ha afectado tanto a los viajeros como a las empresas de transporte, quienes han tenido que adaptar sus operaciones en medio de una creciente incertidumbre.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha desplegado más de 300 efectivos policiales en las zonas afectadas con el objetivo de garantizar la seguridad y desbloquear las rutas. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa, ya que los manifestantes permanecen firmes en sus exigencias. Hasta el momento, las autoridades no han logrado llegar a un acuerdo con ellos.

El tránsito vehícular en la avenida Abancay, localizada en el Centro de Lima, se encuentra restringido desde el mediodía de este jueves 3 de julio debido a una gran manifestación de mineros artesanales e informales que exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en los exteriores del Congreso de la República.

El multitudinario grupo, perteneciente a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), entre otros gremios, acampa desde el viernes 27 de junio en el cruce con el Jirón Áncash hasta el jirón Huallaga.

Durante estos días, los manifestantes ocuparon dos carriles de la avenida Abancay con sus carpas y bolsas de dormir, sin embargo, este miércoles 3 de julio, se convocó a una concentración de mayor magnitud para hacer escuchar sus exigencias a las autoridades.

Como respuesta, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un fuerte contingente en los exteriores del Palacio Legislativo. El encuentro entre los agentes del orden y los mineros devino en conatos de bronca que fueron controlados rápidamente.

Desvío y caos vehícular

Producto de la gran multitud de mineros que se encuentra en una de las vías más transitadas de Lima Metropolitana, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que los servicios 404, 405 y 406 del corredor Morado desviaron sus recorridos por Puente Huánuco, jr. Huanta y av. Grau, rumbo a Magdalena y San Isidro.

Asimismo, Lima Expresa, a través de su cuenta oficial de X, red social antes conocida como Twitter, informó a la ciudadanía que la Vía de Evitamiento con sentido al norte, desde el puente Caja de Agua hasta el puente Ricardo Palma, se encuentra con gran congestión vehícular debido a los manifestantes que se encuentran bloqueando el acceso a la avenida Abancay.

En tanto, desde diversos puntos del Centro de Lima informaron que el caos se ha apoderado de las vías aledañas y colindantes a la avenida Abancay. Principalmente, la av. Garcilaso de la Vega, que se encuentra saturada de vehículos.

¿Cuáles son sus demandas?

Esta protesta busca presionar al Legislativo para que amplíe el Registro Integral de Formalización Minera más allá de diciembre de 2025 y para que apruebe la nueva Ley de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE), que facilitaría su proceso de formalización.

Los manifestantes han instalado decenas de carpas y organizado ollas comunes en los alrededores. A pesar de las lluvias, han mantenido su presencia en la vía pública, interrumpiendo parcialmente el tránsito en la zona. Además, han bloqueado otras vías importantes en regiones como Arequipa, Cusco e Ica, afectando el transporte interprovincial.

Entre sus demandas, los mineros exigen la ampliación del Reinfo sin condiciones y la promoción de la Ley MAPE para regularizar sus actividades. También han solicitado la destitución del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por considerar que su gestión ha sido ineficiente en el avance del Reinfo.

El desastre de la mina de cobre “El Teniente” era una tragedia anunciada, cuya única incógnita cifraba en cuándo iba a ocurrir. Lo que nadie imaginó fue su magnitud, que lo convirtió en la peor catástrofe de la historia de la minería mundial, donde perdieron la vida 365 mineros y otros sesenta se salvaron gracias a la rápida reacción de un capataz. Según los datos del sindicato de los trabajadores de la mina, las víctimas tenían un promedio de 31 años y dejaron 150 viudas y 420 hijos huérfanos de padre.

Ubicada en Sewell, a unos 50 kilómetros de Rancagua, Chile, El Teniente era por entonces y sigue siendo hoy el mayor yacimiento subterráneo de cobre del planeta. Su explotación comenzó en 1905 y cuarenta años después estaba a cargo de la empresa estadounidense Braden Copper Company. Para 1945 la compañía había perforado miles de kilómetros de galerías subterráneas para extraer el mineral, una tarea que desarrollaban alrededor de un millar de obreros en extenuantes turnos lejos de la luz del sol.

El inicio del horror

El infierno se desató a las 7.30 de la mañana del martes 19 de junio de junio de 1945, hace exactamente 80 años, con un accidente en principio pequeño pero que, potenciado por la falta de medidas de seguridad y el desconocimiento de las vías de evacuación, terminó convirtiendo a la mina en una trampa mortal. No hubo derrumbes, como suele suceder en los accidentes mineros, sino que fue el resultado de un humo letal que se expandió por las galerías y dejó sin oxígeno a los hombres, que murieron asfixiados, casi sin poder reaccionar. Por eso se la conoce como “La tragedia del humo”.

Se podría decir que todo comenzó con un simple chispazo, en realidad un pequeño incendio en la fragua del taller mecánico, ubicada en la boca de un socavón, que se encendía todas las mañanas. Ese día se utilizó para calentar el combustible necesario para aceitar unos carros, algo que también se hacía habitualmente. Pero era un día muy frío y, a causa del congelamiento de la capa superior del aceite, el combustible entró en ebullición y después explotó, lo que provocó un fuego se expandió por el maderamen y el rubberoil que había en el área.

Los trabajadores no pudieron apagar el fuego porque no había llaves de agua entre el pozo de las locomotoras y la fragua. Según el informe de la comisión investigadora, media hora después se produjo una explosión ocasionada porque la “combustión de rubberoil desprendió abundante monóxido de carbono, que al saturar un lugar cerrado y ubicado al borde de una boca mina, empujó los tapados hacia fuera, desatando una violenta corriente de aire. La entrada de oxígeno generó un espiral en forma de L con la chimenea principal de la mina, cundiendo el fuego y propagando el humo mortalmente. Además, provocó la expulsión de la puerta contra incendios y la rápida invasión del gas tóxico en el interior de la mina”.

La falta de canillas donde debía haberlas fue el primer eslabón de una cadena de fallas de seguridad; el segundo fue la desidia de la compañía. La gerencia de Braden Cooper demoró 45 minutos en dar las órdenes de evacuar a los obreros del yacimiento, apagar el sistema de ventilación para que el humo no se propagara y cerrar las puertas de seguridad para controlar el incendio. Ya era tarde: el humo tóxico había invadido casi todo el yacimiento, incluso las jaulas (ascensores) y las escaleras por los cuales los trabajadores podían salir de las profundidades de la mina.

Infierno en las profundidades

No eran tiempos – y mucho menos en sus explotaciones de países periféricos – en que las empresas invirtieran recursos en la prevención de accidentes o dinero en cursos de seguridad para capacitar a sus trabajadores. Por eso, pese a los avisos, muchos de los mineros que estaban en las galerías de las profundidades no creyeron que estuvieran en peligro y, además, no conocían las vías de evacuación.

Al llegar el gas tóxico hasta las jaulas, los jauleros debieron abandonar sus puestos de trabajo porque no tenían máscaras de oxígeno, con lo que el sistema de ascensores quedó anulado como vía de escape. Atrapados bajo tierra, los trabajadores fueron rápidamente alcanzados por ese humo que primero los desmayaba y luego los mataba. Mientras tanto, el gas se seguía expandiendo, y aprovechaba los canales de ventilación que seguían abiertos y los piques (las perforaciones verticales por donde ascienden y descienden los ascensores) para ganar espacio.

Unos 45 minutos después de iniciado el fuego, el gas de la muerte ya había ganado toda la parte inferior de la mina. Es decir, cuando las autoridades de la empresa dieron el aviso de evacuar, decenas de obreros ya estaban muertos por asfixia. “Si fue que se asfixiaron, no se quemaron. Fue una asfixia que hubo y quiere que le diga una cosa, ese humo era de color amarillo…porque los bigotes de los hombres, los vellos de las fosas nasales y el pelo estaban ligeramente amarillos”, recordó años después Rosa Ubilla que por entonces era una niña y corrió a las inmediaciones de la mina con su madre.

En medio de la confusión, uno de los capataces, con cincuenta mineros en su cuadrilla, se dio cuenta de que la única manera de salvarse era escaparle al humo. En lugar de correr hacia los ascensores para tratar de llegar a la superficie – lo cual era el camino hacia una muerte segura – se adentró aún más en las galerías en busca de otra salida. La encontró casi del otro lado del cerro y así salvó su vida y las de todos sus hombres. Rosa Ubilla, en una entrevista que le hicieron décadas después, lo contó así: “Despareció un nivel entero, con un jefe de nombre Ramón Torres y no lo ubicaban. Y este jefe con sus cincuenta o sesenta trabajadores en vez de salir a encontrase con el Humo, le hizo el quite (esquivó) al Humo. Siguió, siguió con su gente y apareció en una parte en las puertas del cerro, y ya era puro cerro y la abrieron y ahí se salvaron”.

La procesión de los muertos

Recién a la tarde se pudieron iniciar las tareas de rescate que se prolongaron durante toda la noche. “Controlado el siniestro, al caer la tarde, de inmediato aumentó la labor general de rescate que se prolongó toda la noche. La orden fue registrar cada rincón para encontrar a todos los que estuvieran aislados y llegar a tiempo para reanimar a los que estaban inconscientes. Pero como había que ir con cuidado, sólo jefes y empleados que conocían bien el interior de la mina y entrenaban en rescate, ingresaron provistos de máscaras de oxígeno”, dice el informe que aún guarda en sus archivos el sindicato de los trabajadores de la mina “El Teniente”.

Era muy tarde: por la boca de la mina salían unos pocos sobrevivientes, mientras los rescatistas sacaban los primeros cadáveres. Los muertos fueron trasladados a la morgue del campamento y, cuando superaron el centenar, comenzaron a ser llevados a una escuela en Sewell, la localidad más cercana. Una vez allí, comenzaron las labores de reconocimiento e identificación: los cadáveres quedaban marcados con una tarjeta blanca que exhibía el número de ingreso y, posteriormente, el nombre del obrero. “Cuando fue la catástrofe del humo, nosotros estábamos durmiendo y mi mamá nos despertó a todas nuestras hermanas y dijo, a levantarse porque fíjese que han pasado ocho camillas, y nos levantamos y ya no eran ocho. Después eran dieciocho, después eran ochenta, después eran cien, después eran doscientas, después eran trescientas”, recordó Rosa Ubilla en el testimonio que está guardado en los archivos del sindicato.

El primer funeral de los trabajadores se realizó el miércoles 20 de junio, y contó con la presencia del presidente Juan Antonio Ríos. “El primer mandatario y autoridades encabezaron la columna fúnebre, seguidos de la banda militar que rendía honores, y de los ataúdes, que avanzaron rodeados del público y lamentos”, registra una crónica del diario El Rancagüino.

Cada tumba fue adornada con una lápida y una cruz blanca, y frente a ellas se hizo un gran muro con placas de bronce donde fueron escritos los nombres de los obreros. La Braden Copper declaró tres días de duelo, paralizando las faenas durante el rescate y las siguientes tres jornadas, para retomar el trabajo el sábado de la misma semana. “La vida en Rancagua se detuvo. El comercio cerró y todos participaron en los funerales. Destacaron la labor de Bomberos en el traslado de los féretros y de la Cruz Roja en la atención de las viudas y parientes de las víctimas que recibían a sus seres queridos a la llegada del tren”, señala otra crónica, publicada días después.

“No es el gas: es la codicia”

Chile entero se conmovió, no solo por las muertes sino por la desidia de la empresa que magnificó la tragedia. En su “Canto General”, Pablo Neruda dedicó a las víctimas un poema titulado “Catástrofe en Sewell”. Allí dice en unos versos: “Sánchez, Reyes, Ramírez, Núñez, Álvarez./ Estos nombres son como los cimientos de Chile./ El pueblo es el cimiento de la patria./ Si los dejáis morir, la patria va cayendo,/ va desangrándose hasta quedar vacía (...)/ Hoy es el humo del incendio, ayer fue el gas grisú,/ anteayer el derrumbe, mañana el mar o el frío,/ la máquina y el hambre, la imprevisión o el ácido (...)/ No es el gas: es la codicia la que mata en Sewell”.

Al mismo tiempo que la justicia comenzaba investigaciones para establecer quiénes habían sido los culpables del incendio que inició el desastre, el Congreso chileno creó una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de la Braden Copper Company. En uno y otro caso, los resultados fueron nulos, y la empresa no debió pagar las consecuencias de su negligencia en cuanto a la seguridad de la mina. Recién en 1949, la compañía contrató al ingeniero norteamericano Stanley Jarret para organizar un Departamento de Seguridad.

Además de sufrir el dolor por las muertes de sus seres queridos, las familias de las víctimas también quedaron en una situación económica mucho peor que la precaria en la que ya vivían. “Lamentablemente, la empresa les pagó una miseria, no me acuerdo si eran 1.100 o 1.200 pesos, que recibían mensual las viudas. Entonces una miseria. La gente, todos nosotros, sufrimos harto y mucho. Los hijos mayores nos quedamos sin educación por lo mismo, tendrían que haber ayudado a la gente, a los hijos, por lo menos a los mayores a educarse, cosa que no hicieron”, explicó Rosa Ubilla en el testimonio que guarda el sindicato de los mineros. Ella, en cambio, se consideraba afortunada: “Yo, a Dios gracias, no perdí a mi papá, pero voy todos los años al cementerio”, contó en su testimonio sobre “La tragedia del humo”.

La detención se efectuó tras una orden emitida el miércoles por las autoridades peruanas, que fue ejecutada por la Interpol en colaboración con la Policía Nacional de Colombia.

En conversación con RPP, Kevin Díaz, abogado defensor de Rodríguez Díaz confirmó que el arresto ocurrió al rededor de las 3:30 p.m. durante una llamada de coordinación legal. En sus declaraciones, destacó que su cliente se encontraba en Colombia después de haber viajado a Venezuela desde Perú.

Operativo para la captura y extradición

Según relató su abogado, la detención de ‘Cuchillo’ fue ejecutada por la Policía de Colombia en coordinación con la Interpol. Durante el operativo, los agentes le ordenaron que se arrojara al suelo y, tras solicitarle su identificación y teléfono celular, procedieron con su captura definitiva.

El abogado informó que actualmente se encuentran a la espera de obtener la carpeta fiscal y copias del expediente, con el fin de interponer un recurso de apelación. Señaló además que Rodríguez Díaz había ingresado legalmente a Colombia y cumplía con los requisitos de permanencia establecidos por ese país.

Finalmente, explicó que, conforme a la legislación colombiana, cuando se produce una detención con fines judiciales internacionales, se debe iniciar un proceso de extradición. En este caso, corresponde que Rodríguez Díaz sea entregado a las autoridades peruanas para que enfrente un juicio penal en el Perú.

Planeaba regresar a Perú

Como se recuerda, el presunto criminal viajó a Colombia tras los hechos ocurridos en Pataz. Sin embargo, su estancia en el país cafetero fue breve, ya que pocos días después se trasladó a Venezuela, según indicó su abogado, “hasta que se solucione el asunto” en Perú. Aunque Rodríguez tenía la intención de regresar al país, fue detenido en el aeropuerto por las autoridades, debido a que pesaba sobre él una orden de detención.

“Él estaba regresando de Venezuela, con rumbo a Perú, y justo en Colombia ha sido detenido. Hemos tomado conocimiento que existe un mandato judicial de detención internacional desde el día de ayer. Evidentemente, por la naturaleza de este tipo de resoluciones, no se notifica, pero ya se ejecutó la medida”, acotó el letrado para el citado medio.

Interpol: ‘Peligroso y violento’

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’, es sindicado como uno de los responsables de la matanza en Pataz. Fue capturado en Colombia durante su segundo día en ese país, según declaraciones de su abogado. La detención fue realizada en el marco de una notificación roja de Interpol que ordenaba su búsqueda a nivel internacional.

Según informó Canal N, el documento de Interpol califica a ‘Cuchillo’ como una persona peligrosa, propensa a la evasión y con antecedentes de violencia. La notificación roja fue emitida y actualizada el 15 de mayo de 2025, dejando constancia de una orden de captura vigente, a pesar de que su defensa sostenía inicialmente que no existía tal medida.

Pareja y abogada de ‘Cuchillo’ fue detenida

La Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad – Equipo 2 logró, hoy, jueves 15 de mayo, la detención de Liliana Estefany Pizán Chirado, abogada y presunta pareja sentimental de alias ‘Cuchillo’. Pizan es sindicada de brindar asesoría y presentar recursos dilatorios y cubrir actividades ilícitas.

Según informaron medio locales, el seguimiento a Pizán Chirado fue determinante para ubicar y capturar a Rodríguez Díaz, sindicado como uno de los responsables de la matanza de Pataz. La intervención de la abogada se realizó en territorio peruano como parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

Cabe mencionar que Liliana Pizán Chirado no es ajena al ámbito político. Según la plataforma del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la joven abogada está actualmente afiliada al partido ‘Perú Primero‘. Anteriormente, entre 2018 y 2019, estuvo inscrita en el Partido Morado, y antes de ello, formó parte de Alianza para el Progreso.

PNP encontró S/100 mil durante allanamiento

Se conoció que la mujer intervenida, identificada como Pizan, fue candidata a regidora por la Municipalidad Distrital de El Porvenir, en Trujillo. Según fuentes de RPP, ella habría comprado los boletos de avión para que alias ‘Cuchillo’ viaje a Colombia, donde finalmente fue capturado por la Policía de ese país.

Durante la intervención, realizada en su vivienda del Barrio 5 de Alto Trujillo, las autoridades hallaron más de S/100 mil entre billetes de moneda nacional y dólares estadounidenses de distintas denominaciones.

En paralelo, agentes de la PNP, en coordinación con representantes del Ministerio Público, ejecutan el allanamiento de dos inmuebles vinculados a Rodríguez Díaz, en la ciudad de Casma, región Áncash.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó sobre los avances en las labores de recuperación en las minas Pasta de Conchos y El Pinabete, en el contexto de su reunión el día 16 de mayo con las familias de los mineros.

Durante su conferencia matutina del 15 de mayo, Sheinbaum subrayó que en el caso de Pasta de Conchos no se han encontrado evidencias de una explosión, como se había sugerido inicialmente tras la tragedia ocurrida en 2006, y reiteró que las labores de búsqueda continúan con el objetivo de localizar a todos los mineros desaparecidos.

Sheinbaum confirmó que ya se han localizado restos humanos en la mina de Pasta de Conchos, lo que representa un avance importante después de años de excavaciones.

También indicó que esta reunión con los familiares responde a un compromiso asumido previamente, y que en septiembre de 2024, durante una visita al lugar, reiteró personalmente su respaldo a los deudos y a la continuidad de los trabajos.

En relación con las demandas de los familiares, la jefa de Gobierno explicó que las viudas solicitaron un incremento en las pensiones que actualmente reciben, petición que ya ha sido atendida en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Además, mencionó que se están desarrollando otras acciones destinadas a mejorar la situación de las familias afectadas por la tragedia.

El colapso en la mina de Pasta de Conchos, ubicada en el estado de Coahuila, dejó un saldo de 65 mineros atrapados en 2006.

Según recordó Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió un compromiso desde su campaña presidencial para atender a los deudos, ofreciéndoles dos alternativas: una reparación integral del daño o la continuación de los trabajos de búsqueda. Finalmente, se optó por llevar a cabo ambas vías.

Desde entonces, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha encabezado las labores de excavación, destinando recursos significativos para lograr este objetivo.

El hallazgo reciente de restos humanos ha sido considerado por Sheinbaum como una señal alentadora para los familiares, quienes han esperado respuestas durante casi veinte años. Por su parte, la Fiscalía de Coahuila mantiene una investigación abierta sobre el caso.

Información en desarrollo...

El asesinato de 13 trabajadores mineros a manos de bandas criminales y el macabro hallazgo de sus cuerpos en un socavón al interior de una mina propiedad de la empresa Poderosa, en Pataz, Trujillo ha generado una ola de indignación a nivel nacional.

El periodista César Hildebrandt, a través de su programa semanal, emitió un pronunciamiento y le pidió a la presidenta Dina Boluarte su renuncia, enfatizando que su gobierno es lo peor que le ha podido pasar al país.

“Pataz es el nuevo Vraem. Es la república del terror. Es el daño colateral del Congreso del hampa y de la minería ilegal y cobra de ella y del Gobierno de una señora que está acostumbrada a los cadáveres. Es la señal más clara de que hemos llegado al límite”, inició.

Después, le recordó que su interés en mantener a Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior, a quien se refirió como un “vago canallesco”, era porque la defendía de las investigaciones que enfrentaba.

También recordó las declaraciones de la mandataria sobre Pataz, quien afirmó que “es momento de actuar”. En ese sentido, expresó: “Si es hora de algo, es hora de que usted se vaya, señora Boluarte. El Congreso del hampa no se lo va a pedir, porque el Congreso del hampa vive de esta farsa que hizo de usted la gobernante formal de un gobierno ilegítimo. Hágalo usted, por el país, señora”.

Críticas hacia los ministros y el Congreso

El periodista optó por apelar a la “benevolencia” de Boluarte para que se retire de la presidencia, por lo que le sugirió que ignore las recomendaciones de los asesores de su círculo cercano.

“Quizás algo de benevolencia le sea reservada a usted, si convoca a elecciones de emergencia, no le haga caso a los mediocres que la parasitan y la halagan para atontarla aún más. Hágale caso a los restos de conciencia que presumo debe conservar usted. Es usted lo peor que le pudo pasar al país”, lamentó.

También recordó la responsabilidad del Parlamento con el debilitamiento de lucha contra la minería ilegal, debido a las leyes para prorrogar el Reinfo y otras iniciativas que debilitan el trabajo del Ministerio Público ante las organizaciones criminales.

“Y el Congreso que la sostiene es una mega banda de forajidos que la protege. Usted y el Congreso, señora Boluarte, son los responsables que el crimen organizado haya secuestrado al país. El Congreso, que legisla a favor de la delincuencia, sus abogados y sus coartadas, es un factor clave en este clima de horror en el que vivimos”, expresó.

Hildebrandt recuerda muertes en las protestas

En otro punto de su extenso comunicado, César Hildebrandt recordó la muerte de 50 peruanos que salieron a protestar contra el gobierno de Dina Boluarte en diciembre de 2022.

El periodista comparó la orden que en ese entonces dio la mandataria, de reprimir las protestas sociales y el discurso que mantuvo contra los manifestantes, a quienes acusó de ser terroristas.

“Piensan que el Perú está gobernado por los de su calaña. Ejecutar a 13 secuestrados, al final, es semejante a ordenar la muerte de 13 compatriotas que protestaban por el carácter ilegal de su gobierno, señora Boluarte. Y esa fue la orden que usted dio, cuando le dijo a las fuerzas del orden que tenía que combatir a terroristas”, recordó.

Cuestiona las medidas del gobierno

En la parte final de su intervención, Hildebrandt se refirió a las medidas adoptadas por el gobierno en respuesta a la masacre en la mina, que incluyen el toque de queda y la militarización de la zona. En ese contexto, sostuvo:

“No importa cuántos toques de queda dicte, ni a qué regimientos del Ejército acuda. No importa que llame terroristas a los criminales de las minas. Su gobierno está corrompido. Su gobierno ha perdido legitimidad (...) Su gobierno no puede derrotar al crimen, porque su gobierno es la personificación del crimen”, enfatizó.

No hubo aviso previo ni señales que anticiparan lo ocurrido. En una zona remota del distrito de Totora Oropesa, en la provincia de Antabamba, región Apurímac, tres jóvenes mineros fueron hallados sin vida al interior de una bocamina abandonada. Las víctimas eran naturales de la región Arequipa, de la localidad de Huayanacotas, y se encontraban realizando trabajos de extracción artesanal en condiciones aún no esclarecidas.

La mina Puchungo, situada en el cerro Lomo, fue el lugar donde se produjo el hallazgo. Hasta allí llegaron familiares y autoridades luego de que los compañeros de los fallecidos alertaran sobre la situación. A unos 40 metros de profundidad, en un ambiente sin ventilación y con un generador eléctrico en funcionamiento, fueron encontrados los cuerpos sin signos vitales.

Según información preliminar brindada por la Policía Nacional del Perú (PNP), los fallecidos llevaban aproximadamente dos semanas dentro del socavón, presuntamente participando en actividades de minería informal. Las primeras investigaciones apuntan a que la causa de muerte estaría relacionada con la inhalación de gases tóxicos, posiblemente monóxido de carbono o cianuro.

Todo indicaría que hubo una mala manipulación de los equipos dentro del túnel. El generador en uso generó gases que se acumularon, y no había ninguna salida de aire adecuada.

Los nombres tras la tragedia

Las víctimas fueron identificadas como Abraham Pérez Huanacchiri (21), Darío Huanacchiri Pérez (26) y Pablo Huanacchiri Pérez (20). Todos compartían lazos familiares y provenían de una zona andina de la provincia de La Unión, Arequipa.

Los restos fueron recuperados por personal policial, en coordinación con el Ministerio Público. El fiscal provincial de Grau acudió al lugar junto con peritos y familiares para proceder con el levantamiento de los cuerpos. Las diligencias continuaron en la zona hasta bien entrada la tarde.

La investigación preliminar del caso contempla la posibilidad de intoxicación con cianuro, una sustancia química utilizada frecuentemente en procesos de lixiviación para separar oro del material extraído. Esta hipótesis aún se encuentra bajo análisis por parte del personal especializado, quienes deben determinar con precisión si hubo presencia de dicho compuesto en el interior del socavón.

No es la primera vez que se reportan casos similares en zonas alejadas donde la minería artesanal opera sin control técnico ni medidas básicas de seguridad. La falta de ventilación, el uso de combustibles en espacios cerrados y la manipulación de sustancias químicas sin protección adecuada forman parte de un patrón que se repite en distintas regiones.

Familiares reclaman justicia y traslado de cuerpos

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la provincia de Cotabambas para la necropsia legal. Posteriormente, serán llevados a la región de Arequipa para el entierro. Las familias aguardan los resultados oficiales, pero también pidieron que se investigue si existía alguna organización detrás de la actividad minera donde murieron sus hijos.

En tanto, la Policía continúa con las diligencias y no descarta citar a personas del entorno de las víctimas que podrían aportar información clave sobre las condiciones de ingreso al socavón. El Ministerio Público también investiga si hubo incumplimiento de normas de seguridad o si existe responsabilidad penal por parte de terceros involucrados en la operación minera.

La minería ilegal en el Perú

Un escalofriante video de 13 trabajadores de una mina de oro que habían sido secuestrados, torturados y asesinados en un socavón en el norte de Perú por parte de delincuentes ha evidenciado la “ola de terror” que ha desplegado las bandas de mineros ilegales, una actividad que cada vez tiene un mayor impacto social y ambiental.

Según lo reportado por EFE, la minería formal aporta el 10 % PIB del país andino. En 2024, supuso una inversión de 4.960 millones de dólares, pero la minería ilegal mueve hasta 3.000 millones de dólares al año y crece por el aumento del precio de materiales como oro y la falta de intervención de las autoridades.

En el sur, esta actividad es particularmente intensa en la región de Puno y el departamento amazónico de Madre de Dios, donde se han destruido miles de hectáreas de selva y está la Pampa, una zona devastada por la minería, donde no hay presencia de autoridades y abunda la trata de personas y narcotráfico.

En el norte, se ubica la provincia de Pataz, donde los criminales perpetraron los últimos ataques y, pese haber sido declarada en emergencia en febrero de 2024, ha aumentado la violencia.

El hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 mineros en Pataz, La Libertad, ha conmocionado a todo el país. En medio del dolor y la indignación generalizada, el Grupo 5, una de las orquestas más representativas de la cumbia peruana, emitió un contundente mensaje dirigido a las autoridades.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la orquesta exigió una intervención inmediata del Estado y clamó: “Necesitamos paz”.

Los trabajadores, que laboraban para la empresa minera R&R, fueron reportados como desaparecidos el 25 de abril. Días más tarde, sus cuerpos fueron hallados en circunstancias atroces, en lo que se presume fue un ataque perpetrado por bandas criminales que operan en la zona.

Esta tragedia ha dejado a familias enteras enlutadas y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la fragilidad de la seguridad en distintas regiones del país.

Grupo 5 hace llamado a las autoridades

En su mensaje, el Grupo 5 no solo expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, sino que también cuestionó la pasividad de las instituciones responsables de brindar protección a la ciudadanía.

“Otra noticia desgarradora nos roba nuevamente la paz. Esta vez fueron nuestros hermanos de Pataz, cuyas vidas inocentes han sido arrebatadas de manera brutal mientras cumplían con su trabajo”, señala parte del pronunciamiento.

La banda piurana también hizo hincapié en el impacto que tiene la criminalidad sobre distintos sectores del país, más allá del ámbito minero.

“Nos envuelve el luto, el miedo y la rabia ante la inseguridad y la proliferación de la extorsión y delincuencia que se ensañan por igual contra emprendedores, colegios, bodegas, pollerías, transportistas, músicos y trabajadores”, añadieron.

En otra parte del texto, la agrupación se dirigió directamente al Gobierno y exige una rendición de cuentas por parte del aparato estatal.

“¿Por qué nuestros sistemas de seguridad y justicia resultan tan frágiles y vulnerables? ¿Adónde van nuestros impuestos? ¿Están bien utilizados?”, cuestionaron con firmeza.

Christian Yaipén se pronunció en el caso de Paul Flores

Este no es el primer llamado de atención de Grupo 5 sobre la creciente ola de violencia en el Perú. En marzo de este año, tras el asesinato del cantante Paul Flores, exvocalista de Armonía 10, el líder del grupo, Christian Yaipén no solo mostró su dolor, sino que lanzó un reclamo fuerte y claro a las autoridades.

Paul Flores fue asesinado por sicarios mientras se trasladaba en un bus de su orquesta en la Vía de Evitamiento, luego de haber ofrecido un concierto en San Juan de Lurigancho. El crimen ocurrió el 16 de marzo y conmovió profundamente a la comunidad artística. En medio del sepelio, Christian Yaipén habló con los medios con evidente pesar.

“Es muy difícil venir y ver a nuestro colega en un ataúd por simplemente haber salido a trabajar como todos los peruanos. Salir a trabajar ahora es no saber si es que llegamos vivos a nuestras casas”, expresó con la voz entrecortada.

Yaipén, visiblemente afectado, no solo expuso su dolor personal, sino que hizo una crítica directa a las políticas de seguridad del Gobierno. Cuestionó las respuestas tibias y populistas frente al crimen organizado.

“Las autoridades deben hacer algo, pero rápido, no hacer estas propuestas populistas, estas mentiras que sacan a los militares. Eso no sirve de nada porque dentro de las casas están extorsionando gente, están matándonos. Los extorsionadores están bien armados y organizados”, declaró en ese momento.

El cantante también recordó que hace más de dos años, su familia vivió un hecho similar, cuando delincuentes colocaron un explosivo en su vivienda. “¿Y quién nos apoyó? Nadie”, dijo con firmeza.

“Ellos (los policías) saben qué hacer. Ellos tienen todo como para solucionar todo esto en el acto, pero no lo están haciendo”, dijo, dejando en evidencia su frustración por la inacción de las autoridades.

El vocalista también hizo un llamado a la conciencia colectiva, resaltando que este es un problema nacional: “Esto no es solo un problema de la cumbia, no es solo Apdayc reuniéndose con el ministro del Interior, es un problema de todos los peruanos que salimos a trabajar y no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas vivos”, sentenció.

El caso de Pataz, que se suma a una preocupante escalada de crímenes en distintas partes del país, ha generado una ola de indignación y reacciones por parte de diversas personalidades públicas y del sector artístico, como Grupo 5, que con décadas de historia, se ha sumado al clamor popular por justicia y seguridad.

El sector minero en España se enfrenta a una realidad compleja, marcada por salarios competitivos, altos riesgos laborales y una industria en transformación.

El sueldo promedio de un minero en el país se sitúa entre los 2.500 y los 3.000 euros brutos al mes, aunque esta cifra puede variar significativamente dependiendo de factores como la experiencia, el tipo de minería y la ubicación geográfica.

Además, los complementos salariales y las bonificaciones vinculadas a la extracción de minerales específicos pueden incrementar notablemente los ingresos de estos trabajadores.

Sin embargo, pese a estas cifras, el trabajo de los mineros sigue siendo uno de los más peligrosos del país, con una incidencia de mortalidad que supera ampliamente a otros sectores.

Un sector marcado por el riesgo

La minería es el sector con mayor índice de mortalidad laboral en España. Durante el año 2024, se registraron seis fallecimientos en esta industria, lo que equivale a una tasa de 27,7 muertes por cada 100.000 trabajadores.

Este índice es más del doble que el del segundo sector más peligroso, el de transporte y almacenamiento. En este contexto, la naturaleza del trabajo minero incluye la manipulación de maquinaria pesada, el uso de explosivos y la perforación de roca.

Además, las condiciones laborales varían según el tipo de minería. Mientras que algunos mineros trabajan en minas subterráneas, excavando túneles para extraer minerales, otros lo hacen en minas a cielo abierto, donde los recursos se extraen directamente de la superficie terrestre.

La minería en Europa y su impacto en España

En el contexto europeo, la industria minera ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la búsqueda de nuevas fuentes de energía y materias primas críticas. Este auge ha generado una mayor demanda de ingenieros especializados y ha provocado un aumento en los salarios de estos profesionales.

En España, un ingeniero de minas puede ganar alrededor de 40.000 euros brutos anuales, aunque esta cifra es considerablemente inferior a la de países como Noruega, donde los ingresos pueden alcanzar los 70.000 euros.

No obstante, el panorama para los mineros es diferente. Aunque su trabajo es esencial para la extracción y procesamiento de minerales como carbón, hierro, oro, cobre y diamantes, sus salarios se encuentran por debajo de los de los ingenieros.

Además, el sector minero español ha experimentado una reducción en los últimos años, especialmente en la minería del carbón, que ha sufrido una reestructuración significativa con el cierre de numerosas explotaciones.

Factores que influyen el salario y la jubilación

El sueldo de un minero en España no solo depende de su experiencia o del tipo de minería en el que trabaje, sino también de la empresa en la que esté contratado y del mineral que extraiga.

Por otro lado, la ubicación geográfica también juega un papel diferencial. Las minas situadas en regiones más remotas o con condiciones más adversas suelen ofrecer salarios más altos para atraer y retener a los trabajadores.

Del mismo modo, estas mismas condiciones pueden aumentar los riesgos asociados al trabajo, lo que refuerza la percepción de la minería como una profesión de alto peligro.

En contraposición, y debido a la peligrosidad inherente al trabajo minero, los empleados de este sector cuentan con condiciones especiales en cuanto a la edad de jubilación. En España, los mineros pueden retirarse a partir de los 52 años, siempre y cuando se apliquen los coeficientes reductores correspondientes.

Londres, 2 ene (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este jueves con un avance del 1,07 %, en una jornada alentada sobre todo por el buen rendimiento de grupos como los mineros.

El índice principal del selectivo, el 'footsie', subió 87,07 puntos, hasta los 8.260,09 enteros, mientras que el secundario, el FTSE-250, avanzó el 0,09 %, 17,62 puntos, hasta 20.640,23 enteros.

En el segundo día del nuevo año, los ganadores de la sesión bursátil fueron el grupo minero Endeavour Mining, que sumó al cierre un 4,90 %, al igual que el grupo Fresnillo, que registró ganancias del 4,51 % y la cadena de supermercados Marks And Spencer, que avanzó el 3,68 %.

También la empresa de automoción Rolls-Royce logró registrar ganancias al cierre con una subida de su valor del 3,48 %.

Por contra, entre los principales perdedores de la sesión figuraron hoy el grupo Howden Joinery, que se dejó al término de la jornada un 1,70 %, seguida de la empresa St James' Place, que descendió el 1,67 %, y Barratt Redrow, con un 1,25 % menos de su valor. EFE

Oviedo, 17 dic (EFECOM).- La actividad en los pozos de Hunosa se encuentra este martes paralizada y más de 200 mineros se han movilizado frente a la sede central de la compañía estatal, en Oviedo, para exigir un plan de empresa que garantice empleos de futuro, estables y de calidad para sus 600 trabajadores, entre fijos (430) y subcontratados (170).

Más de la mitad del empleo se concentra en el pozo San Nicolás, el único de la compañía en el que aún se extrae carbón para abastecer a la térmica de La Pereda, en Mieres, cuyo cierre posiblemente se lleve a cabo a finales de este año o principios del próximo, según fuentes sindicales, aunque la dirección de la empresa aún no les ha comunicado una fecha concreta.

Representantes sindicales y de la dirección de Hunosa iniciaron hace nueve meses la negociación de la segunda fase del plan de empresa (2019-2027) que, de acuerdo a los sindicatos, permitió alcanzar hace unas semanas un principio de acuerdo que no asumió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la que pertenece el Grupo Hunosa.

"Ha habido una rotura absolutamente desleal de los acuerdos alcanzados que muestra el desinterés de la SEPI por garantizar el futuro de Hunosa", ha considerado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Damián Manzano.

Para Manzano, es imprescindible que la SEPI ponga un interlocutor válido para consensuar "alternativas reales para cerca de 600 trabajadores" y aclarar qué va a pasar con los del pozo San Nicolás porque el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, "está totalmente desautorizado".

"No queda otra que salir a la calle", ha añadido su homólogo del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, tras apuntar a lo que ha señalado como falta de coherencia y descoordinación entre la dirección de Hunosa y la SEPI, y la "falta de compromiso del Gobierno de España" con el futuro de la compañía.

Según Alperi, el principio de acuerdo incluía abordar proyectos como un centro nacional de entrenamiento en rescates, que generaría unos 50 empleos, con una inversión de entre cinco y siete millones.

También recogía la creación de un parque de energías en el San Nicolás, con generación minihidráulica y fotovoltaica, el reconomiento de Hunosa como medio propio de la administración, bajas no traumáticas para varias decenas de trabajadores y la incorporación del personal de subcontratas.

Tras la protesta que ambos sindicatos el pasado 2 de diciembre llevaron a cabo en Madrid para exigir que se retome la negociación con un interlocutor válido, fuentes de la SEPI consultadas por EFE expresaron su respeto a las empresas del grupo en materia de negociación colectiva y consideraron que ese es el "ámbito legítimo de diálogo".

Por su parte, fuentes de Hunosa aseguraron que "no ha existido acuerdo con la dirección de la compañía", sino "un planteamiento razonado de los sindicatos, fruto de un grupo de trabajo, que ellos entendían razonable y que ahora interesa llamar acuerdo". EFECOM

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia publicó la resolución 0221 de 2025 con la que definió una zona de reserva de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo del páramo de Santurbán.

En el documento publicado por la cartera, se contempla una zona de 75.44,65 hectáreas, que cubre los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y parte de la ciudad de Bucaramanga.

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De igual manera, el ministerio resaltó que el objetivo de esta zona de reserva temporal es la protección de la biodiversidad y de los recursos hídricos que abastecen a Bucaramanga y a otros municipios de la región.

“Mientras esté vigente la zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal que se declara en el presente acto administrativo, las autoridades mineras y ambientales competentes, en virtud del principio de precaución, no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales, hasta tanto se desarrollen los estudios que conlleven a la protección y conservación de los recursos naturales renovables”, se lee en la resolución.

La normativa expedida por el Ministerio de Ambiente generó todo tipo de reacciones en los sectores sociales del departamento. Mientras que algunos consideraron necesaria esta resolución para proteger esta reserva ambiental, otros consideran que la medida es inconstitucional.

Por un lado, Danikka Macias, representante del Comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán, celebró el anuncio firmado por la entonces ministra Susana Muhamad.

“Esta noticia trae consigo un hecho concreto y es que se detiene durante dos años la actividad minera de Aris Mining y de Minesa. Además, como lo habíamos venido denunciando, no afecta ningún tipo de actividad agrícola ni pecuaria del territorio en donde se va a despedir”, explicó la defensora en declaraciones citadas por W Radio.

Además, la líder ambiental señaló que, más allá de sus posiciones políticas, es un triunfo de la naturaleza y de la población santandereana.

“Hacemos énfasis en que esta es una victoria, no de derecha ni de izquierda, sino de la ciudadanía bumanguesa y del Área Metropolitana (de Bucaramanga) que ha salido a movilizarse, se ha tomado las calles y le ha dicho al Gobierno nacional y departamental que no va a permitir que se metan con su territorio y que pongan en riesgo el agua de todas y todos los santandereanos”, comentó.

Criticas a la resolución del Ministerio de Ambiente

Entre tanto, Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, afirmó que “esta resolución no tiene sustento técnico, viola el Acuerdo de Escazú y fomenta la minería ilegal. Miles de familias se verán obligadas a la pobreza y el desplazamiento si el Gobierno no revoca esta medida”.

A su vez, más de 40 asociaciones de pequeños mineros, campesinas, comunales y sociales de Soto Norte aseguraron que el Ministerio de Ambiente habría cometido un error en el artículo dos de la resolución mencionada, en la que se detalla el área de reserva que, según la cartera, fue definida con información cartográfica y digital, pero que podría ser ajustada en el futuro, una vez se finalice la delimitación definitiva del Complejo de Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.

“La falta de rigurosidad con la que el Ministerio manejó esta resolución es indignante. El afán y la improvisación fueron tales que incurrieron en un error gravísimo. Si el Ministerio pretende corregir este gigantesco fallo y modificar la cifra de 75 hectáreas a 76 mil hectáreas, deberá emitir una nueva resolución. Además, dado que este cambio es sustancial, pues amplía significativamente el área de reserva y afecta a más personas, prácticamente tendrían que reiniciar el proceso desde cero. Por eso, el Ministerio guarda silencio, no han publicado la resolución ni emitido un comunicado en su página web”, manifestaron las organizaciones sociales en un comunicado.

Para corregir este error, según los expertos y las normas vigentes, el Ministerio de Ambiente estaría obligado a hacer una nueva consulta pública sobre la extensión de 75 mil hectáreas, expedir otra resolución firmada por la designada ministra de Ambiente, Lena Estrada.

“Eso pasa cuando uno quiere hacer las cosas a última hora, corriendo, para cumplir pactos políticos con activistas. La Ministra sacó esa resolución con esos errores y otros insubsanables, que miles de habitantes de Soto Norte vamos a demandar y tutelar”, añadieron.

El macizo de Santurbán ha sido objeto de múltiples debates en los últimos años debido a su importancia ambiental y a los conflictos generados por la actividad minera en la región. La delimitación del páramo y la creación de áreas protegidas han sido temas recurrentes en la agenda ambiental del país, enfrentando posturas encontradas entre defensores del medio ambiente y sectores económicos.

Una emergencia se registró en la vereda Alto Jiménez de Morcá, Sogamoso (Boyacá) el 7 de febrero de 2025 en una zona minera. De acuerdo con el medio local Siete Días Boyacá, dos trabajadores murieron en el interior de la mina Minertrac luego de que se presentara una explosión.

La detonación se registró a 180 metros de la bocamina, cerca de la 10:00 a. m. Se cree que la situación pudo haber sido ocasionada por la acumulación de una bolsa de gas. Los mineros, identificados como Jhon Andrés Sánchez y Carlos Alberto Mesa, quedaron atrapados; sin embargo, las labores de rescate se dificultaron por la acumulación de gases al interior de la mina.

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“Cuando llegamos había diez trabajadores haciendo las labores propias, pero no se presentaron más afectados”, explicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Cruz Roja, Fredy Riveros, citado por Noticias RCN.

No obstante, según el medio citado, los mismos compañeros de los mineros lograron trasladarlos hasta encontrarse a 45 metros de la bocamina, esperando poder salvar su vida. En el lugar ya hacen presencia funcionarios de la Cruz Roja, la Agencia Nacional de Minería y de Gestión del Riesgo. Se espera que uniformados de la Sijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación (FGN) lleguen al sitio.

De acuerdo con el informativo local, la acumulación de gases ya no supone un riesgo en la mina, puesto que el lugar cuenta con un equipo de ventilación.

Tres mineros murieron en una mina de Sogamoso

Un hecho similar se registró el sábado 14 de diciembre de 2024 en el mismo municipio. Tres mineros, dos de ellos de nacionalidad venezolana, murieron en una explosión que se presentó en la mina La Antigua, ubicada en el centro poblado de Morcá, sector El Portillo. Las víctimas de los hechos fueron tres hombres llamados Fabio Merchán, Jonathan Gaitán y Ferney Cano.

Para entonces, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Sogamoso, Camilo Castro, informó que la emergencia fue causada por la acumulación de gas metano. Los mineros que estaban atrapados en el lugar se encontraba a 150 metros de profundidad. Las autoridades intentaron rescatarlos con vida, pero, pese a sus esfuerzos, los ciudadanos murieron.

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, se refirió a la tragedia registrada en ese momento: “Este trágico suceso es otro de los tantos accidentes ocurridos en nuestro departamento que nos llena de dolor y tristeza”, precisó.

Por su parte, la Alcaldía de Sogamoso emitió un comunicado informando que haría un acompañamiento a las familias de los tres mineros fallecidos y que la Oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente estaría a disposición para asistirlas.

“Estamos en contacto con las autoridades competentes para garantizar que se investiguen las causas de este lamentable accidente y se tomen las acciones necesarias para evitar que tragedias de esta magnitud se repitan”, detalló

Según la Guía técnica para la gestión de los riesgos mineros causados por fallas geomecánicas de la Agencia Nacional de Minería, la mayor cantidad de emergencias que se presentan en Colombia en zonas de trabajo minero son el resultado de fallas en materia de geomecánica.

“Las fallas geomecánicas constituyen la mayor causa de accidentalidad minera y el mayor número de emergencias y fatalidades reportados a la ANM en los últimos años, por lo que se convierte en uno de los riesgos mineros que demanda mayor compromiso en su gestión, buscando preservar la salud e integridad de los trabajadores mineros”, detalla el documento.

Además, según la entidad, las explosiones en minas de carbón suelen producirse por la presencia de gas metano y una fuente de ignición. El metano, entonces, es liberado por el manto de carbón y, cuando se encuentra en concentraciones volumétricas de 5 a 15%, se generan las explosiones.

Un grupo de 40 mineros del Nordeste de Antioquia bloqueó la vía Porce-Yolombó en protesta por lo que consideran incumplimientos del Gobierno en materia de formalización minera y por el aumento de operativos policiales en la zona, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana Blu Radio.

La manifestación, realizada como respuesta a recientes intervenciones de la Policía, advierte que, de no recibir soluciones concretas, las movilizaciones continuarán.

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Los voceros de los mineros informales señalaron que la situación se está volviendo insostenible y que, si no hay respuestas claras por parte de la Agencia Nacional de Minería y otras entidades gubernamentales, se verán obligados a tomar medidas más drásticas.

Uno de los manifestantes recordó que en octubre del año pasado, durante una reunión en Caucasia, se establecieron compromisos que, según ellos, el Gobierno no ha cumplido. “Nosotros, como Mesa Minera Sur Regional, advertimos al Gobierno que esto es una bomba de tiempo, lo que está pasando en el territorio, que después no se quejen cuando en un país que está en guerra, en conflicto social, siguen estos operativos contra los mineros”, afirmó.

El malestar de los mineros también está relacionado con la intensidad de los operativos realizados por la Policía en las últimas semanas. De acuerdo con Yarley Marín, presidente de la Mesa Minera de Segovia, los controles aumentaron significativamente después del 15 de enero, afectando la actividad de los trabajadores del sector.

“Iniciando diciembre hubo muchos operativos como a fin de diciembre, luego se calmaron y ahorita ya después del 15 de enero hasta la fecha, han intensificado operativos en la región, decomisándole el oro a las comunidades, quemando maquinaria”, denunció.

Además de la presencia policial, los mineros sostienen que el proceso de caracterización y formalización avanza con demasiada lentitud, lo que les impide regularizar su actividad.

“Necesitamos dinero que nos reconozcan, que nos identifiquen, que nos ayuden y en esos procesos el Gobierno realmente a través de la Agencia Nacional y el Ministerio de Minas están muy lentos. No caminan nada a esos temas de caracterización, esos temas de identificación, únicamente es el tema de la criminalización”, agregó.

Ante la falta de respuestas, el próximo domingo 2 de febrero se llevará a cabo una reunión interna con la Mesa Minero Agroambiental del Norte. En este encuentro, que se realizará en el corregimiento de Villa Nueva, municipio de Yolombó, participarán representantes de aproximadamente 70.000 mineros para definir las próximas acciones.

Sun Valley Investments AG, una firma de inversión con sede en Zúrich, Suiza, se ha convertido en el accionista mayoritario de Mineros S. A., una de las principales empresas de extracción de oro en Colombia. Esta adquisición se concretó tras el cierre de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia a finales de noviembre.

Con esta movida, Sun Valley incrementó su participación del 24,99% al 30,85%, mediante una inversión de $54.166 millones, consolidándose como socio mayoritario de la empresa minera.

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La OPA fue organizada desde la oficina de servicios corporativos de Sun Valley en Toronto, Canadá, y contó con la asesoría de la firma de abogados Dentons, tanto en su filial colombiana como en su sede canadiense. Esta firma, reconocida como la más grande del mundo, tiene a Bernardo Cárdenas como socio fundador y director en Colombia.

Sun Valley había dado un primer paso para consolidarse como el principal accionista de Mineros en mayo, tras adquirir la participación de Mercantil Colpatria, propiedad de la familia Pacheco. Este movimiento reafirma su interés en fortalecer su presencia en la industria de metales preciosos de América Latina.

Mineros, con sede en Medellín, es la tercera compañía de extracción de oro y metales preciosos en Colombia. En 2023, registró ingresos de $833.988 millones, de los cuales el 94% provinieron del oro. Sus operaciones incluyen propiedades en Colombia, como Nechí Alluvial en El Bagre, Antioquia, y en Nicaragua, con Hemco. Además, participa con un 20% en el proyecto La Pepa en Chile.

Vikram Sodhi: el visionario detrás de Sun Valley

La figura clave detrás del éxito de Sun Valley es Vikram Sodhi, un empresario e inversionista de origen indio. Socio, gerente y cofundador de la firma, Sodhi tiene más de dos décadas de experiencia en el sector de metales y minería. Bajo su liderazgo, Sun Valley ha gestionado transacciones en esta industria por un valor de USD 2,5 billones.

Graduado de la Universidad de Yale, donde obtuvo una beca internacional completa, Sodhi también realizó investigaciones en neurociencia en la Facultad de Medicina de Yale. Actualmente, es miembro del Consejo del Presidente de Yale sobre Actividades Internacionales y ostenta el título de Sterling Fellow en la institución.

Además de Sun Valley, Sodhi es presidente ejecutivo de Goldlogic Corp y ha cofundado varios fondos de capital privado en Estados Unidos, América Latina e India. Estas iniciativas han manejado transacciones relacionadas con metales, minería y viviendas asequibles por más de USD 2.000 millones, atrayendo más de USD 1.000 millones de capital institucional de fondos soberanos, fundaciones y compañías de seguros.

La influencia de Sodhi no se limita al mundo empresarial. Creó la Fundación Sodhi, una organización sin fines de lucro enfocada en descubrir nuevos tratamientos para el trastorno de estrés postraumático (TEPT) e invertir en educación infantil y empoderamiento económico en 30 comunidades marginadas de Colombia e India.

Con esta adquisición, Sun Valley busca financiar toda la cadena de suministro de metales preciosos, desde la exploración y construcción de minas hasta el procesamiento y refinación. Este enfoque integral busca posicionar a la compañía como un actor estratégico en el mercado global de metales.

La llegada de Vikram Sodhi como el principal accionista de Mineros podría marcar una nueva etapa en la historia de la empresa. Para el sector de metales preciosos en Colombia y la región, esta alianza podría representar una oportunidad de consolidación y desarrollo a largo plazo, pues hay expectativa sobre el impacto que pueda generar la visión y experiencia del inversionista en las comunidades donde opera la compañía.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en el accidente de Pasta de Conchos -en 2006- y aseguró que el caso no se cerrará hasta que la totalidad de los trabajadores sean recuperados.

“No se va a cerrar el caso hasta que no encontremos a todos (los mineros), sigue el trabajo (de recuperación). La coordinadora de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia, Leticia Ramírez, estuvo hace poco en una reunión con las familias de los mineros, le pedí que atendiera el tema de manera personal. También solicité apoyo especial a Laura (Velázquez Alzúa), la coordinadora nacional de Protección Civil. Estamos trabajando en esos temas”, aseguró la mandataria durante ‘La Mañanera’ de este lunes.

Familiares piden ‘formalizar’ plan de rescate

El pasado domingo 15 de diciembre, familiares y viudas de los mineros de Pasta de Conchos pidieron al gobierno federal formalizar el nuevo plan de trabajo para la recuperación de la totalidad de los restos, además de incluir otras alternativas para acelerar los tiempos de rescate, ya que están por cumplirse 19 años del accidente, ocurrido la madrugada del 19 de febrero de 2006 y en el que quedaron sepultados 65 trabajadores.

Dos cuerpos fueron recuperados un año después del accidente, en 2007. En junio de 2024 se localizó a otro trabajador y en noviembre se hallaron nuevos restos de mineros, pero sus familias solicitaron confidencialidad. Actualmente, dentro de la mina aún se encuentran los cuerpos de 60 trabajadores.

¿Cómo fue el accidente?

Como ya se mencionó, la tragedia ocurrió el 19 de febrero de 2006 en la mina de carbón del mismo nombre, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, México.

Este es considerado uno de los accidentes mineros más graves en la historia del país, en el que murieron 65 trabajadores. La mayoría de ellos quedaron atrapados luego de una explosión causada por acumulación de metano en el interior de la mina.

En nuestro país, la industria de la minería, particularmente en las minas de carbón del norte de México, se ha conocido históricamente por sus condiciones de trabajo precarias, el incumplimiento de las normativas de seguridad y las violaciones a los derechos laborales. En la mina de Pasta de Conchos ya se habían registrado denuncias por estas malas prácticas que culminaron con la tragedia.

La explosión fue provocada por la acumulación de metano, un gas que se puede liberar en grandes cantidades en minas de carbón. Esto ocasionó que los mineros quedaran atrapados y, a pesar de los esfuerzos por parte de los equipos de rescate y emergencias, no pudieron ser rescatados.

Luego de esta tragedia, hubo muchas críticas y señalamientos contra las autoridades y la empresa dueña de la mina, Grupo México. Familiares y viudas de las víctimas denunciaron corrupción y negligencia.

Tres hombres perdieron la vida y uno más se encuentra hospitalizado al quedar expuestos al monóxido de carbono en la mina subterránea El Limón Guajes, ubicada en Cocula, Guerrero.

Tras este accidente, la compañía canadiense Torex Gold Resources informó que se han suspendido las operaciones en su mina Media Luna para realizar las investigaciones sobre la muerte de dos empleados y un contratista. En tanto, se dará seguimiento al estado de salud de la cuarta persona intoxicada.

Hasta el momento, las autoridades del estado de Guerrero no han emitido un comunicado oficial sobre el suceso. Sin embargo, de manera extraoficial, se ha mencionado que el número de fallecidos podría ser mayor y que al menos siete personas han sido trasladadas para recibir atención médica.

El presidente y director ejecutivo de Torex Gold, Jody Kuzenko, confirmó que las víctimas tenían 32, 36 y 39 años.

El reciente incidente fue reportado al mediodía del jueves a través del número de emergencias 911, donde se informó sobre un grupo de personas intoxicadas en la comunidad de El Nuevo Balsas.

La empresa expresó su consternación por la pérdida de sus colegas y aseguró que su prioridad es apoyar a las familias afectadas y al personal mientras se investigan las causas del accidente.

De origen canadiense, esta empresa minera mantiene operaciones en México dedicada a la extracción de oro. Su proyecto principal es el complejo El Limón-Guajes, ubicado en el estado de Guerrero. La compañía se centra en la exploración, desarrollo y operación de minas de oro.

Qué pasó con los cuerpos de mineros atrapados en El Pinabete y Pasta de Conchos

En El Pinabete, región carbonífera del estado de Coahuila, México, un derrumbe ocurrido el 3 de agosto de 2022 dejó atrapados a diez mineros. Del total, nueve cuerpos fueron recuperados e identificados mientras que uno aún permanece en la mina.

En otro incidente, el 19 de febrero de 2006, 65 mineros quedaron sepultados tras otro derrumbe en la mina Pasta de Conchos. Las acciones para la recuperación de los cuerpos continúan sin interrupciones, según lo afirmó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

¡Felicitamos a @TorexGold por su primer premio Casco de plata, Ing. Jorge Rangel! El trabajo de más de 2 mil colaboradores ha puesto la seguridad al centro de sus decisiones y se ha demostrado en sus resultados. Conoce las acciones que han llevado a cabo: #MineríaConsciente pic.twitter.com/LuX4Mcckqd

— Camimex Oficial (@Camimex_Oficial) November 15, 2024

Durante su visita, Sheinbaum se reunió con los familiares de los mineros afectados y presentó avances en las estrategias de rescate desarrolladas para ambas minas.

“Seguirá el rescate, eso no se detiene”, declaró la mandataria a la prensa antes de adentrarse en la mina Pasta de Conchos, recordando sus promesas previas junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, junto con Sheinbaum, formalizó en septiembre pasado un acuerdo para asegurar la continuidad de estas operaciones de recuperación.

El encuentro con los familiares fue efectivamente organizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), quienes lideran los esfuerzos de rescate.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por seis meses adicionales hasta el 30 de junio del 2025, con la opción de extenderse por seis meses adicionales vía decreto del Ejecutivo.

El texto sustitutorio del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 7462/2023-CR, 8899/2024-CR, 9259/2024-CR, 9294/2024-CR, 9393/2024-CR, 9554/2024-CR, 9579/2024-CR y 9597/2024-CR, Ley que establece la rectoría y la ampliación del plazo del proceso de formalización minera integral de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal, modifica la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), para que este organismo del Ejecutivo ejerza la “rectoría” de la actividad de pequeña minería y minería artesanal.

Del mismo modo, la ampliación del REINFO propuesta por la Comisión de Energía y Minas modifica la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a efectos de que estos organismos subnacionales “coordinen con el Minem la ejecución de acciones administrativas y de formalización para la actividad de la pequeña minería y minería artesanal”.

Finalmente, se modifica el Decreto Legislativo 1293, Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, para que “el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 30 de junio de 2025″.

No obstante, existe una atingencia: dicho plazo se establece bajo un “marco transitorio” solo hasta que el Poder Ejecutivo termine de promulgar la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, tal cual quizo hacer el censurado ministro Rómulo Mucho con la Ley MAPE.

Vale precisar que la presentación de esta Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal partía como una exigencia de la Ley N°31388, que dio, en enero de 2022, vida al REINFO hasta el 31 de diciemrbe de 2024.

¿Qué es el Reinfo y por qué beneficia la minería ilegal?

En Perú, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido objeto de críticas debido a su presunta relación con la minería ilegal.

Según una investigación de Ojo Público, entre 2021 y 2023 más de 5.800 personas y empresas registradas en el Reinfo no cumplieron con la obligación de presentar sus reportes semestrales de producción de oro, lo que ha generado preocupaciones sobre la efectividad del sistema de fiscalización.

Actualmente, el Congreso peruano está debatiendo una nueva prórroga del Reinfo, la cual ha sido rechazada por procuradores y fiscales ambientales, ya que los inscritos en el registro están eximidos de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.

En 2017, el Reinfo se estableció como un listado en proceso de regularización, con el objetivo de ordenar la actividad. Aunque inicialmente se planeó que funcionara por un plazo excepcional de 24 meses, ha sido extendido en cuatro ocasiones por el Congreso y el Ejecutivo.

En los últimos cinco años, las fiscalías ambientales han abierto 10.008 expedientes por delitos relacionados con la minería ilegal, incluyendo investigaciones por lavado de activos y organización criminal. Estos casos destacan la importancia de una supervisión efectiva en el sector.

Mineros informales mantienen bloqueada la Panamericana Sur en Nasca

Mineros informales en la región de Ica han bloqueado el tránsito en la Panamericana Sur, específicamente en el kilómetro 419, desde la madrugada del 28 de noviembre.

Esta acción es parte de una protesta que ya lleva diez días, liderada por la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (Fenamarpe). Los manifestantes han permitido el paso únicamente a ambulancias y vehículos de emergencia.

Los manifestantes han advertido que, de no recibir una respuesta favorable, intensificarán sus acciones de protesta. La situación ha generado una extensa fila de vehículos detenidos en la carretera, afectando el tránsito en la zona.

La protesta refleja la tensión existente entre los mineros informales y las autoridades, en un contexto donde la formalización de la minería es un tema crítico. La falta de consenso en el Congreso sobre el predictamen ha contribuido a la prolongación de las manifestaciones.