En la montaña que se alza sobre el pueblo austríaco de Hallstatt, los arqueólogos han localizado un entramado de 305 metros de galerías y cámaras. El hallazgo llegó de la mano de perforaciones exploratorias realizadas por el Museo de Historia Natural de Viena (NHM), que buscaba zonas de la mina de sal que ningún investigador había podido examinar hasta ahora. Los sondeos arrancaron en 2022 con una perforadora de núcleo de la empresa Salinen Austria AG.

Esperaban encontrar una sola cavidad de grandes dimensiones, pero las perforaciones mostraron algo más complejo: varias cámaras dispuestas en paralelo, a varios niveles, que en conjunto forman un extenso complejo minero.

La primera hipótesis apuntaba a una sola cavidad de grandes dimensiones. Sin embargo, las perforaciones mostraron algo más complejo: varias cámaras dispuestas en paralelo, algunas por encima y otras por debajo, que en conjunto forman un extenso complejo minero. Daniel Brandner, responsable de las excavaciones subterráneas del departamento de Prehistoria del museo, lo describe así en declaraciones a APA: “Se trata de múltiples cámaras que corren paralelas entre sí, apiladas unas sobre otras y otras debajo de otras”. Y añadió: “Nunca habíamos visto algo así en Hallstatt”.

La actividad minera se remonta al Neolítico

Las cámaras localizadas corresponden a la Edad del Hierro, en concreto al siglo VI antes de Cristo, un periodo en el que Hallstatt ya era uno de los grandes centros de producción de sal de la Europa prehistórica. Pero la explotación del yacimiento arrancó mucho antes. Los primeros pobladores llegaron al valle situado sobre la montaña hace unos 7.300 años y empezaron a extraer sal casi de inmediato, según confirman los picos de asta de ciervo y las herramientas de piedra halladas en distintos puntos del interior.

La producción alcanzó su punto más alto hacia el año 1200 antes de Cristo, ya en la Edad del Bronce tardía, con una extracción diaria de alrededor de 1,5 toneladas de sal. El propio museo señaló en un comunicado que estos hallazgos demuestran cómo la minería de sal impulsó innovaciones en tecnología, organización y transporte desde la prehistoria, con un papel determinante en la conversión de Hallstatt en uno de los centros industriales más antiguos de Europa.

Las cámaras conservan ADN de los mineros y pruebas de su alimentación

Las cámaras recién halladas siguen los depósitos naturales de sal dentro de la montaña, lo que deja ver cómo los mineros de la Edad del Hierro ajustaban su trabajo a la geología del terreno. Miden unos 25 metros de ancho y 20 de alto, y el suelo conserva una capa de residuos que en algunos tramos supera los nueve metros de espesor. Entre esos materiales aparecieron astillas de pino quemadas, herramientas rotas, fragmentos de ropa y desechos humanos. La sal actuó como conservante natural y permitió que sobreviviera también ADN de los propios mineros y de los alimentos que consumían.

Los mangos de las herramientas encontradas en estas cámaras difieren de los usados en eras anteriores, cuando los utensilios seguían formas más estandarizadas, lo que sugiere cambios en las técnicas empleadas. Los investigadores encuentran, además, semejanzas con los hallazgos de Dürrnberg, cerca de Hallein, en Salzburgo, donde la minería de sal comenzó también en el siglo VI antes de Cristo.

Desprendimientos de tierra sepultaron varias veces las galerías

A lo largo de los siglos, grandes desprendimientos de tierra sepultaron en varias ocasiones las labores subterráneas y rellenaron las cámaras vacías con material de la superficie. Pese a ello, los mineros volvían a la actividad pocos años después. De ese contexto procede el llamado “hombre de sal”, un minero cuyo cuerpo, hallado en 1734, se conservó gracias a las propiedades del mineral. Probablemente murió durante uno de esos desprendimientos, aunque en su época nadie supo que se trataba de un resto prehistórico.

Los hallazgos se presentaron al público este mes, aunque sin acceso directo a las cámaras recién descubiertas. El Museo de Historia Natural de Viena organizó, junto a Salzwelten y Salinen Austria AG, la jornada “Arqueología en la Montaña”, celebrada el 12 y el 13 de septiembre en torno a la Alte Schmiede, la sede del museo en Hallstatt.

La actividad, con entrada gratuita, se desarrolló en la superficie del yacimiento: los visitantes pudieron probar herramientas prehistóricas, ver cómo se cocía la salmuera, seguir de cerca la perforación de tuberías de madera y vestirse con la indumentaria que usaban los antiguos mineros.

Las cámaras de la Edad del Hierro descubiertas mediante las perforaciones de núcleo permanecen fuera del alcance del público, ya que forman parte de una excavación en curso. Quien quiera recorrer parte del histórico complejo minero puede hacerlo a través de las visitas guiadas diarias que ofrecen las Salzwelten, aunque ese circuito turístico corresponde a sectores ya conocidos del yacimiento y no a las galerías halladas en la investigación reciente.

La Argentina y Estados Unidos lanzaron este miércoles en Nueva York el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de infraestructura que prevé inversiones de hasta USD 7.000 millones para 2027. Las obras se concentran principalmente en energía, pero también alcanzan a la minería, el transporte y las telecomunicaciones.

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Christopher Landau lo rubricaron en nombre de los presidentes Javier Milei y Donald Trump. El acto se realizó en el Consulado argentino en esa ciudad, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ambos gobiernos difundieron una declaración conjunta con el detalle de los sectores comprendidos y de las herramientas de financiamiento previstas. Estas son las claves del acuerdo.

1. Qué es el Corredor Andes-Atlántico

Es una iniciativa conjunta para fortalecer y modernizar la infraestructura que une los sectores económicos de mayor peso de Argentina con los puertos del Atlántico y con los mercados occidentales. Según el texto oficial, el proyecto se inscribe en el compromiso de ambos países con la seguridad, la protección y la prosperidad del Hemisferio Occidental y de sus cadenas de suministro estratégicas.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, señaló en una publicación que el respaldo de Trump y el liderazgo de Milei se traducen ahora en una iniciativa concreta para conectar la matriz productiva argentina con Occidente.

2. El monto y el calendario

El acuerdo contempla inversiones de hasta USD 7.000 millones, que se destinarán durante 2027 a obras de infraestructura. La mayor parte corresponde a proyectos energéticos. El resto se reparte entre minerales, transporte y telecomunicaciones.

3. La geografía que busca conectar

El Corredor apunta a vincular dos zonas: el noroeste argentino, con presencia de minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta. Ambas quedarían conectadas con los puertos atlánticos mediante ferrocarriles, oleoductos y gasoductos, puertos, redes eléctricas y tecnología digital. El Departamento de Estado indicó que la iniciativa busca atender la demanda creciente de los sectores energético y minero y reducir los cuellos de botella en transporte y energía.

4. El peso de Argentina LNG

Unos USD 6.000 millones del total serán destinados a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que lidera YPF junto con la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. Es la mayor inversión anunciada en la historia del país, con un monto global de 51.000 millones de dólares.

La financiación contará con el respaldo del EXIM y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).

5. Los proyectos de transporte

En el rubro de transporte, ambos países se proponen identificar obras prioritarias para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos. Las empresas estadounidenses podrán competir en las licitaciones o participar como subcontratistas.

El documento menciona la Hidrovía, los trenes que serán privatizados, como el Belgrano Cargas, y otras líneas, entre ellas una que podría unir Vaca Muerta con Bahía Blanca. No se informaron montos para estos proyectos.

6. Las herramientas para el sector energético

Además del gas, el acuerdo prevé desarrollar comercialmente los recursos de Vaca Muerta con inversión, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos. Entre ellos figuran préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros, pensados para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios de ese país.

También se menciona el proyecto AMBA I, de transporte de energía eléctrica. Las obras de generación y transmisión forman parte de las inversiones que, según el texto, permitirán aumentar las exportaciones de petróleo y gas.

7. Minerales críticos

El Corredor se apoya en el Acuerdo Marco de Minerales Críticos entre ambos países. Su meta es identificar oportunidades para respaldar la minería y el procesamiento de estos recursos, asegurar las cadenas de suministro y promover su diversificación a nivel global. El Departamento de Estado mencionó al litio y al cobre, junto con el petróleo y el gas, entre los recursos cuyas cadenas de suministro se buscan fortalecer.

8. El componente digital

El sector digital incluye el apoyo al uso de tecnología confiable y la colaboración en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera. Este punto se enmarca en el Artículo 3.2 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos entre ambos países.

Entre los proyectos mencionados figuran la expansión de las telecomunicaciones, iniciativas de Arsat, cables submarinos y fibra óptica. El documento señala además que la estadounidense Metrotel quedará con 6 millones de clientes móviles tras la fusión entre Telecom y Telefónica.

9. Quién financia y a qué se compromete Argentina

Del lado estadounidense, el acuerdo habilita el uso de las herramientas de financiamiento, desarrollo y asistencia técnica de la DFC, el EXIM y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, además de la participación del sector privado de ese país.

Al ser consultado en Nueva York sobre el funcionamiento del mecanismo, Quirno explicó que el EXIM “financia proveedores estadounidenses” para que participen en los proyectos que se desarrollan en Argentina. En diálogo con Infobae, el canciller sostuvo que “el país no necesita financiamiento como país” y que lo que hizo fue generar las condiciones para que entidades, como ese banco, puedan respaldar a empresas estadounidenses que, en el pasado, no se animaban a ingresar al mercado argentino.

Argentina, por su parte, se compromete a seguir fortaleciendo su marco legal y regulatorio y la protección a la inversión. Eso incluye reglas transparentes, predecibles y efectivas para las concesiones de infraestructura, con la bienvenida a empresas y financistas estadounidenses. El Departamento de Estado citó como respaldo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales, comerciales y cambiarios de largo plazo para inversiones de gran escala en sectores prioritarios.

10. El marco internacional y el contexto

El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global. Según el Departamento de Estado, es el primero de esa alianza en el Hemisferio Occidental. Se suma a otros corredores impulsados por Washington: el que une India, Medio Oriente y Europa; la Ruta Transcaspiana en Asia Central y el Cáucaso; el Corredor de Lobito, en el África subsahariana; y el Corredor Económico de Luzón, en Filipinas.

El anuncio se produce en un escenario en el que el conflicto en Medio Oriente afecta el transporte de energía por los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab.

Quirno describió un contexto internacional en el que se busca resolver conflictos preexistentes y en el que las cadenas de suministro y de valor adquirieron una importancia que, según indicó, no tenían en los últimos treinta años. Ese cambio, agregó, lleva a los gobiernos a definir con una mirada estratégica y política “quiénes son los países amigos y los países afines” con los que asegurarán el suministro de lo que consideró el futuro del hemisferio.

Horas antes de la firma, Milei invitó ante la Asamblea de la ONU a invertir en Vaca Muerta y planteó que Argentina no será indiferente frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal. Ambos gobiernos indicaron, además, que buscan profundizar la relación bilateral mediante mayor inversión estadounidense, cooperación en seguridad y valores compartidos.

Las comunidades cercanas al proyecto minero, antes denominado Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala han alertado sobre una menor disponibilidad de agua y posibles afectaciones a la salud.

La preocupación también alcanza a El Salvador por la conexión entre los cuerpos de agua de la zona fronteriza y el río Lempa.

Héctor Aguirre, gerente general de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, afirmó que pobladores vecinos al proyecto han comunicado dificultades para acceder al agua desde que la empresa comenzó a extraerla de pozos ya perforados en el área.

Según explicó, esa demanda se suma a la reducción de lluvias y al descenso de los mantos acuíferos en el corredor seco centroamericano.

Aguirre indicó que dos comunidades se han acercado a la Mancomunidad para reportar problemas de abastecimiento, entre ellas La Lima. “Ya están extrayendo agua” y ello “está afectando la disponibilidad de agua de las comunidades vecinas”, sostuvo.

La entidad trinacional participó el 18 de septiembre en una conferencia de prensa en Asunción Mita, durante la conmemoración del cuarto aniversario de la consulta municipal de vecinos de 2022. En esa votación, 7,481 de los 8,509 participantes rechazaron la minería metálica en el municipio.

En una publicación difundida tras la actividad, la Mancomunidad reiteró su rechazo institucional a la minería metálica en la Región Trifinio. El texto señala que la preocupación se centra en los eventuales impactos ambientales y transfronterizos sobre las fuentes de agua compartidas por Guatemala, Honduras y El Salvador.

Comunidades denuncian enfermedades y piden análisis del agua

Durante la conferencia, representantes comunitarios también expusieron denuncias sobre problemas de salud en poblaciones cercanas al proyecto.

Aguirre afirmó que el tránsito de vehículos pesados y el polvo generado por obras vinculadas a la mina han sido asociados por habitantes de la zona con afecciones respiratorias.

El gerente de la Mancomunidad agregó que residentes han mencionado enfermedades en personas y animales, además de inquietudes por la calidad del agua.

Estas denuncias coinciden con un antecedente planteado por vecinos de Asunción Mita, quienes han señalado la presencia de altos niveles de arsénico en el agua que circula por el municipio.

Aguirre aclaró que las comunidades han solicitado muestreos a instituciones públicas para documentar la posible contaminación.

La ruta hídrica que conecta Asunción Mita con San Salvador

La preocupación por la calidad del agua parte de la conexión entre el río Ostúa, el lago de Güija y el río Lempa. De acuerdo con Aguirre, el río Ostúa recibe aguas de la zona donde se ubica el proyecto minero, atraviesa municipios guatemaltecos y desemboca en el lago de Güija.

Desde ese lago, el agua llega al río Lempa, una de las principales fuentes de abastecimiento para el Área Metropolitana de San Salvador. La Mancomunidad advierte que una eventual contaminación con metales pesados podría desplazarse por esa red hídrica transfronteriza.

Aguirre mencionó sustancias como arsénico, plomo y mercurio al describir los riesgos planteados por organizaciones ambientales. También sostuvo que las autoridades guatemaltecas deben realizar controles y emitir informes técnicos sobre la calidad del agua en la cuenca.

El uso de agua y el riesgo de un mayor déficit hídrico

La extracción de agua para las operaciones mineras aparece como otra preocupación para las comunidades. Aguirre sostuvo que el uso de pozos por parte del proyecto podría profundizar el déficit hídrico en una región donde las fuentes, los nacimientos y los caudales ya muestran reducciones, según testimonios de pobladores.

La Mancomunidad señaló que no cuenta con una medición técnica integral sobre la disminución de los caudales, aunque ha recopilado informes comunitarios en Guatemala, Honduras y el norte de El Salvador.

La publicación de la entidad concluye que la protección de la cuenca del río Lempa requiere acciones coordinadas entre los tres países, debido a que los efectos sobre el agua trascienden las fronteras municipales y nacionales.

Perú quedó en el puesto 87 de 177 países en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) 2026, con 41,01 puntos sobre 100. El resultado lo ubicó en la mitad baja de la clasificación mundial y por detrás de varios países de América Latina, pese a que concentra parte de la Amazonía, glaciares tropicales y ecosistemas marino-costeros ligados a la corriente de Humboldt.

El EPI es una medición comparativa elaborada por centros de investigación de las universidades de Yale y Columbia. El índice evalúa la cercanía de los países a metas ambientales mediante variables sobre salud ambiental, protección de ecosistemas y cambio climático. Por eso, no mide solo la disponibilidad de recursos, sino también la capacidad de los Estados para protegerlos, reducir daños y aplicar políticas con resultados verificables.

La distancia de Perú con los referentes regionales es amplia. Chile, que encabezó América Latina y el Caribe, obtuvo 50,95 puntos y alcanzó el puesto 41 global. Costa Rica llegó a 49,28 puntos; Colombia, a 48,83; Brasil, a 48,27; México, a 46,10, y Argentina, a 46,07.

La brecha peruana con Chile fue de 9,94 puntos. Frente a Colombia, la diferencia alcanzó 7,82 puntos, mientras que Brasil superó a Perú por 7,26. Ecuador y Panamá también quedaron por encima, con 45,46 y 45,14 puntos, respectivamente.

Perú quedó por detrás de sus vecinos amazónicos y andinos

La comparación resulta relevante porque Colombia, Brasil y Ecuador enfrentan desafíos similares: presión sobre la Amazonía, expansión agrícola, extracción de recursos naturales y dificultades para vigilar territorios extensos. Los tres registraron mejores resultados que Perú en la clasificación.

El índice no premia la existencia de bosques, ríos, montañas o especies por sí sola. Un país con alta biodiversidad puede obtener una calificación limitada si no controla la deforestación, la contaminación, las emisiones, la degradación de cuencas o la exposición de la población a aire contaminado.

En el caso peruano, el resultado contrasta con la extensión de su patrimonio natural. El país reúne áreas amazónicas, bosques secos, ecosistemas altoandinos, glaciares tropicales y una franja marina de alta productividad. Sin embargo, enfrenta problemas persistentes de deforestación, minería ilegal, contaminación por mercurio, deterioro de ríos y una capacidad desigual de fiscalización en zonas alejadas.

La gestión ambiental urbana también forma parte del desafío. Lima, Callao y otras ciudades deben responder a problemas de calidad del aire, transporte, residuos, expansión informal y déficits de saneamiento. Las emergencias vinculadas con lluvias, huaicos, sequías e inundaciones exponen, además, la vulnerabilidad del país ante el cambio climático.

El ranking mide resultados y no solo recursos disponibles

Perú superó a Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Guatemala y Haití, entre otros países latinoamericanos. A escala mundial, quedó cerca de Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Mauricio y Rusia, cuyas puntuaciones se ubicaron alrededor de los 41 puntos.

Estonia lideró el EPI 2026 con 74,79 puntos, seguida por Luxemburgo, con 74,24, y el Reino Unido, con 71,51. La distancia entre Perú y Estonia fue de 33,78 puntos. España ocupó el puesto 11, mientras que Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá quedaron fuera de los primeros lugares, aunque conservaron calificaciones superiores a la peruana.

El informe también identificó una correlación de 0,69 entre las puntuaciones ambientales y el producto interno bruto per cápita. Los países con más ingresos suelen contar con mayor capacidad para financiar infraestructura sanitaria, tratamiento de residuos, monitoreo, transición energética y control de emisiones.

Esa relación no determina por completo el resultado. El EPI señala que algunos países superan a otros con niveles de ingreso similares. La posición de Perú, por lo tanto, debe analizarse frente a sus pares latinoamericanos y a otras economías dependientes de actividades extractivas.

El EPI evaluó 47 indicadores en 12 categorías

La edición 2026 del Índice de Desempeño Ambiental analizó 47 indicadores agrupados en 12 categorías temáticas y tres objetivos políticos: salud ambiental, vitalidad de los ecosistemas y cambio climático. El estudio cuenta con apoyo de la Fundación McCall MacBain.

La metodología permite observar la posición general de cada país y revisar sus resultados por áreas. El puesto 87 no identifica por sí solo qué variable explica más el desempeño de Perú, pero plantea una brecha entre su riqueza natural y su capacidad de traducirla en protección ambiental, prevención de daños y mejores condiciones para la población.

“Cuando no hay enchufes, no hay reefer, listo, nos vamos por Buenos Aires”. Con esa frase, Lorena resume una rutina que se repite en Puerto Madryn cada temporada de pesca. Ve de cerca cómo la escasez de barcos y de contenedores termina definiendo, más que ninguna otra variable, el destino de las exportaciones patagónicas, y cómo esa misma logística limitada también le pone un techo al desarrollo de nuevos exportadores de la región.

¿Qué representa trabajar como despachante de aduana en un puerto como Puerto Madryn?

Acá no es solo pesca y aluminio, aunque hoy ese es el grueso de lo que se mueve. Antes también había lana, pero ya no hay laneras y esos embarques desaparecieron. El aluminio es constante durante todo el año, la producción nunca para, mientras que la pesca tiene temporadas bien marcadas. Esa diferencia de ritmos es la que más condiciona el trabajo diario del despachante en esta zona.

¿Qué complicaciones logísticas enfrenta hoy la exportación de pescado desde Madryn?

Nos pasa que no siempre hay disponibilidad de contenedores vacíos para exportar, o colapsa el puerto en cuanto a enchufes para los reefer. El barco que llega es único, viene desde el norte y hace toda la vuelta hacia el sur, así que si se retrasa en un puerto intermedio, ese atraso se traslada a todos los puertos siguientes, incluido el nuestro.

¿Y antes esta situación era distinta?

Hace cuatro o cinco años teníamos siempre dos barcos a disposición, que se iban turnando: mientras uno llegaba, el otro ya estaba saliendo. Cada diez días había un barco disponible tanto para exportar como para importar. Coincidió con la fusión de dos navieras grandes, las únicas que llegaban hasta acá, y ahí empezamos a quedarnos con un solo barco para todo el sur.

Cuando falta el enchufe o el contenedor, ¿qué alternativas quedan para exportar?

Cuando no hay enchufes, no hay reefer, listo, nos vamos por Buenos Aires. Ahí entra la figura del forwarder: se alquila el transporte, se cotiza el flete nacional y el internacional, y se arma un tránsito de exportación. Es una salida, pero conlleva más tiempo: un trámite que un día normal nos lleva cuatro horas se transforma en seis u ocho, porque el tránsito implica más papelerío.

Más allá de la gestión de trámites, ¿cuál es el rol real del despachante en toda la cadena?

Mucha gente tiene la imagen de que uno gestiona dos papeles y listo. La realidad es que terminás siendo el intermediario entre el importador, el forwarder y el proveedor en el exterior. Revisás el draft del BL, chequeás que la documentación cumpla con lo que exige la reglamentación argentina, y muchas veces terminás hablando directamente con el proveedor en representación de tu cliente.

¿Ese trabajo de revisión evita problemas concretos en la operación?

Sí, sobre todo con las importaciones desde China. Allá generalmente no pesan la mercadería, mandan un estimativo, y acá la aduana es estricta: te pesan igual aunque vendas por unidad. Una diferencia de peso puede hacer que una carga que salió canal verde termine en rojo, con un extracosto para el cliente. Por eso conviene pedir que pesen antes de emitir el conocimiento de embarque.

Pensando en el crecimiento de la economía regional patagónica, ¿qué hace falta para acompañar a los nuevos exportadores?

Tenemos mucho potencial: aparecen productores nuevos, de vinos, de whisky patagónico, de aceite de oliva, con ganas de exportar. Pero muchas veces la maquinaria o la producción que traen o llevan es chica, no llena un contenedor, y acá no se hacen cargas fraccionadas ni el aéreo es una opción por el costo. Si queremos que la economía regional crezca, la logística tiene que acompañar ese impulso.

Dos ciudadanos panameños fueron aprehendidos por su presunta participación en actividades de minería ilegal dentro del Parque Nacional Chagres, en la provincia de Panamá.

El operativo se realizó en la quebrada Peluca, ubicada en el corregimiento de Caimitillo.

En el lugar, las autoridades hallaron equipos que, según la información disponible, se usaban para extraer material del cauce.

Se informó que durante la diligencia se decomisaron dos motobombas, cuatro palas y dos bateas de madera. Los objetos quedaron bajo custodia como indicios para la investigación.

La intervención incluyó la participación de personal técnico del Ministerio de Ambiente y de guardaparques, quienes documentaron las afectaciones detectadas en el área protegida.

Los dos hombres y los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales. La entidad deberá determinar si existieron delitos vinculados con la extracción clandestina de recursos minerales y el daño al ecosistema.

De forma paralela, el Ministerio de Ambiente abrirá un proceso administrativo y efectuará los trámites correspondientes ante el Ministerio Público.

La acción reunió a unidades de la Policía Ambiental, la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales y el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental. El despliegue formó parte de las tareas de vigilancia en zonas con recursos naturales bajo protección.

La legislación panameña contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes, en contravención de las normas ambientales, extraigan recursos minerales de forma ilegal y afecten el equilibrio ecológico o las fuentes de agua.

La Ley General de Ambiente también prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y dentro de áreas protegidas, como el Parque Nacional Chagres.

En julio de este año el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental informó que aprehendió a seis personas, entre ellas dos menores de edad, después de ser sorprendidas realizando actividades de extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto.

Los reportes indican que la acción se dio durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en el Corredor de Los Pobres, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

La operación se ejecutó de manera mancomunada con la participación de efectivos de la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales (UCDA), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) Ambiental, la Policía Ambiental y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

La intervención respondió a información previa que alertaba sobre la presencia de personas dedicadas a la actividad minera ilegal, la cual estaba provocando afectaciones al ecosistema, entre ellas la desviación del cauce de la quebrada y la degradación del suelo.

Durante la operación fueron aprehendidos cuatro adultos y dos menores de edad. En cumplimiento de los protocolos establecidos, los adolescentes fueron remitidos a las autoridades competentes a través de la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

A los involucrados se les informó sobre su aprehensión por la presunta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales.

Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron diversos implementos utilizados para la extracción ilegal, entre ellos: cuatro palas, cuatro bateas, cuatro canalones, diez cubos plásticos, una manguera con filtro, un tanque de gasolina, una coa y una motobomba.

Asimismo, personal técnico del Ministerio de Ambiente entregó las citaciones correspondientes para dar continuidad al proceso administrativo.

Los aprehendidos fueron trasladados a la 14.ª Zona Policial Metro Norte, subestación de Caimitillo, donde se realizaron los trámites legales pertinentes.

Con este tipo de acciones, MiAmbiente, en coordinación con los estamentos de seguridad, mantiene su labor de vigilancia y respuesta frente a las actividades que atentan contra los recursos naturales y los ecosistemas del país.

Cuando se habla del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la discusión suele concentrarse en Neuquén, por su asociación directa con Vaca Muerta, o en San Juan y Catamarca, las provincias mineras que empujaron buena parte del debate original sobre el régimen. Sin embargo, si el criterio para medir el impacto no es el volumen de dólares comprometidos sino el peso que esos proyectos tienen sobre la economía de cada jurisdicción, la respuesta cambia. La provincia que más se beneficia, en términos relativos, es Río Negro, que no tiene un solo proyecto minero aprobado bajo el régimen.

El dato surge de un informe del Ieral (Fundación Mediterránea), que comparó el monto de los proyectos aprobados por el RIGI en cada provincia con el Producto Bruto Geográfico (PBG) de esa jurisdicción. El PBG es el indicador que refleja la actividad económica de la producción de bienes y servicios en el territorio de una provincia. Es asimilable al cálculo del PBI de un país, pero en escala provincial.

Según ese cálculo, elaborado por el economista Marcelo Capello, los proyectos aprobados en Río Negro equivalen al 196% de su PBG, el valor más alto de todas las provincias con iniciativas en marcha. Detrás se ubican San Juan, con el 150%, y Catamarca, con el 64 por ciento. A partir de ahí la distancia se agranda de manera notoria: Salta llega al 21%, Neuquén al 19%, Jujuy al 17%, La Pampa al 8% y Mendoza al 5%. En el caso de Santa Fe y Buenos Aires, los proyectos aprobados no llegan al 1% de sus respectivos PBG.

El contraste con Neuquén es el que mejor explica el fenómeno. Pese a ser la provincia sede de Vaca Muerta y la que concentra buena parte de la actividad hidrocarburífera no convencional del país, su economía es lo suficientemente grande como para que los montos aprobados representen “apenas” el 19% de su producto.

Río Negro, en cambio, tiene un PBG considerablemente menor, de modo que el mismo tipo de inversiones, ligadas también a Vaca Muerta pero radicadas en su territorio, multiplican su peso relativo casi por dos frente al tamaño de su economía provincial.

Una provincia con la llave de la exportación

Río Negro es la quinta provincia productora de petróleo del país, aunque no figura entre las jurisdicciones con proyectos mineros aprobados bajo el RIGI. Lo que capturó fue, sobre todo, la infraestructura de evacuación y exportación de la producción que sale de Vaca Muerta, gracias a su salida al mar por el Golfo San Matías y a la cercanía de localidades como Punta Colorada y San Antonio Oeste.

El proyecto de mayor escala es el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que contempla la construcción de un ducto de 437 kilómetros con capacidad para transportar 377.400 barriles diarios y almacenar 3,77 millones de barriles, con el objetivo declarado de duplicar las exportaciones de petróleo del país. El proyecto podría ampliarse hasta una capacidad máxima de 700.000 barriles diarios, lo que habilitaría exportaciones por más de 16.000 millones de dólares anuales. La inversión total del proyecto, a cargo de VMOS S.A., es de 2.900 millones de dólares, y se estiman 3.108 empleos directos e indirectos.

El segundo proyecto en magnitud es el de licuefacción de gas natural que impulsa Southern Energy S.A., también en el Golfo San Matías, a través de la instalación de dos unidades flotantes, Hilli Episeyo y Esperanza. Con una capacidad de producción de 6 millones de toneladas anuales de GNL y el inicio de exportaciones previsto para 2027, el proyecto apunta a incrementar en aproximadamente un 20% la producción nacional de gas. Es, además, el de mayor inversión de los cuatro: 15.156 millones de dólares, con 836 empleos directos e indirectos proyectados.

A estos se suman dos iniciativas que Río Negro comparte con provincias vecinas. Una es el gasoducto de San Matías Pipeline S.A., de 480 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro, que trasladará gas desde el predio cabecera de Tratayén, en Neuquén, hasta la estación compresora de San Antonio Oeste, en Río Negro, con una capacidad de 27 millones de metros cúbicos diarios. Demanda una inversión de 1.300 millones de dólares y prevé 2.489 empleos directos e indirectos. La otra es la ampliación de la planta de Compañía Mega S.A., que incrementará en 1.500 toneladas diarias la capacidad de producción de líquidos de gas natural, con obras que se extienden entre Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Su inversión es de 365 millones de dólares y contempla 792 empleos directos e indirectos.

Entre los cuatro proyectos que tienen a Río Negro como sede total o parcial, la inversión comprometida supera los 19.700 millones de dólares, aunque dos de ellos —el gasoducto de San Matías y la ampliación de Mega— se reparten con otras provincias.

Un núcleo de provincias con poder de veto

El informe de Ieral sostiene que, a partir del peso de los proyectos aprobados sobre el PBG de cada jurisdicción, hay un grupo de provincias que está conformando lo que define como un “núcleo duro” dentro de la nueva geografía económica del país.

Según el informe, “hay seis provincias que muy probablemente queden organizadas y dispuestas a ejercer un ‘poder de veto’, si fuera necesario: se trata de Río Negro, San Juan, Catamarca, Salta, Neuquén y Jujuy”. Esas seis provincias, remarca el economista, suman “18 senadores, el 25% de la Cámara respectiva”.

La lógica detrás de esa hipótesis es que, a medida que los proyectos empiecen a generar exportaciones y empleo, y a demandar mejoras de infraestructura, también elevarán el perfil técnico de los funcionarios provinciales involucrados, consolidando un incentivo político para sostener el RIGI en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno.

En ese esquema, Río Negro ocupa un lugar particular: concentra buena parte de la infraestructura que necesita el gas y el petróleo de Vaca Muerta para llegar a los mercados internacionales. Esa función logística explica por qué, medida contra el tamaño de su economía, es hoy la provincia con mayor exposición relativa al éxito o al fracaso del régimen de grandes inversiones.

La actuación tuvo lugar en el marco de las Jornadas del Patrimonio, una iniciativa que cada año abre al público sitios históricos de todo el país. Bongonga, integrante de la compañía de artes Cie Basinga, avanzó paso a paso con concentración sobre el tendido y, en varios tramos del recorrido, ejecutó figuras suspendida a gran altura. Un grupo de músicos y un coro acompañaron la travesía con una interpretación de “Les Corons”, la canción de Pierre Bachelet que funciona como himno de la identidad minera de la zona.

Los montículos gemelos de Loos-en-Gohelle alcanzan hasta 186 metros y forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Los dos montículos artificiales del yacimiento conocido como Base 11/19 se elevan hasta los 186 y 182 metros respectivamente, lo que los ubica como las escombreras de carbón más altas de Europa. Son el producto de casi un siglo de extracción carbonífera: la mina operó desde 1894 hasta su cierre en 1986. En ese período acumuló toneladas de pizarra, arenisca carbonosa y otros residuos del proceso extractivo que fueron conformando las dos cimas simétricas que hoy dominan el paisaje del norte francés.

En 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió la cuenca minera Nord-Pas de Calais en su lista de Patrimonio Mundial, al reconocerla como un paisaje cultural vivo y en evolución, testimonio del desarrollo industrial europeo de los siglos XIX y XX.

Los terriles de Loos-en-Gohelle figuran entre los 353 elementos destacados de esa distinción. La cuenca produjo aproximadamente la mitad del carbón francés entre 1940 y 1960, antes de que el cierre progresivo de los yacimientos desencadenara una profunda crisis económica local.

Sin arnés y a 80 metros del suelo, Bongonga completó el trayecto con figuras acrobáticas

La ausencia de cualquier sistema de protección fue uno de los rasgos centrales de la actuación registrada por Euronews. La artista recorrió los 400 metros con su equilibrio y entrenamiento como únicas herramientas. En distintos puntos se detuvo para ejecutar maniobras de precisión, mientras el público seguía cada movimiento en silencio desde el suelo.

La organización del evento requirió la participación de unos 200 voluntarios que trabajaron durante semanas en la logística y el montaje del tendido entre ambas cimas. Al llegar a la segunda escombrera, Bongonga recibió una ovación prolongada y un ramo de flores.

La travesía convirtió las antiguas escombreras mineras en escenario de un espectáculo artístico

La elección de los terriles como escenario responde a un proceso de reconversión cultural que Loos-en-Gohelle impulsa desde hace más de dos décadas. La Base 11/19 alberga hoy un centro de desarrollo sostenible, espacios culturales y rutas de senderismo. Las colinas, antes vistas como vertederos industriales sin valor, se conocen en la zona como las “Pirámides del Norte” y reciben visitas turísticas durante todo el año.

La canción “Les Corons”, compuesta por Bachelet en 1982, narra la vida cotidiana de las comunidades mineras del norte francés y su inclusión en el espectáculo reforzó el vínculo entre la actuación artística y la memoria colectiva del lugar. Dentro de los 353 sitios que integran la distinción de la UNESCO en la cuenca, los montículos albergan una notable diversidad biológica: se registraron 159 especies animales y 190 especies vegetales en el entorno de la Base 11/19, reflejo de la transformación del sitio en un polo de turismo cultural y sostenible.

La inversión es el único camino real para mejorar las condiciones de vida de la población: genera nuevas fuentes de empleo, impulsa la eficiencia productiva a través de la tecnología y, por supuesto, fortalece la educación.

Según los últimos informes del MEF y del BCRP, la inversión privada - que es cuatro veces mayor que la pública - mantiene un desempeño sólido en lo que va del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Durante el segundo trimestre de 2026, la inversión privada creció 17.6% a nivel nacional, acumulando dos años y medio de crecimiento ininterrumpido.

En el caso de la región Arequipa, la ejecución de inversión pública alcanzó el 60.8% de un presupuesto total de S/ 894.3 millones, un avance considerado adecuado para lo que va del año. El antecedente es alentador: en 2025, el gobierno regional logró ejecutar el 99.8% de su presupuesto, una cifra que refleja una notable capacidad de gestión. A ello se suma el destrabe de 46 obras que permanecían paralizadas, entre ellas los hospitales Maritza Campos y Camaná, y el puente Arequipa–La Joya, recientemente inaugurado. Sin duda, un desempeño destacable por parte del gobierno regional.

Por su parte, en junio pasado, PROINVERSIÓN presentó un conjunto de megaproyectos para Arequipa, varios de ellos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Entre los más relevantes destacan Majes-Siguas II, la central fotovoltaica La Joya, el sistema SITGAS y el megapuerto de Corío.

Arequipa, que representa el 6% del PBI nacional, es la segunda economía regional del país. La minería, que explica el 32% de su PBI regional, es el sector más dinámico: solo en proyectos de corto y mediano plazo suma US$ 7,583 millones en inversión, entre los que destacan la ampliación de Cerro Verde (US$ 2,100 millones), Tía María (US$ 1,802 millones), Zafranal (US$ 1,900 millones) y Pampa de Pongo (US$ 1,781 millones). En el primer cuatrimestre de 2026, el sector minero nacional invirtió US$ 2,051 millones, de los cuales Arequipa aportó el 16.7%, una participación nada despreciable a nivel nacional.

Vivimos, sin duda, un buen momento para la inversión pública y privada. La confianza de los inversionistas se ajustó al alza tras la certeza de los resultados electorales, con Keiko Fujimori como presidenta del Perú para el período 2026-2031, lo que ha generado condiciones favorables para la inversión, tanto nacional como extranjera.

A la buena ejecución del presupuesto regional se suma un sector minero con gran proyección, un sector agropecuario que se beneficia de la creciente demanda de China - primer socio comercial del Perú - y un sector energético con amplias posibilidades en energías renovables, factores que en conjunto harán a Arequipa una región cada vez más competitiva.

La exportación de oro de origen ilegal superó a la de procedencia legal durante el primer semestre de 2026, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE).

La entidad proyectó que este año los envíos irregulares representarían entre 52% y 55% del volumen total exportado y tendrían un valor de al menos USD 16 mil millones.

Los envíos ilegales aventajaron en 8,7 toneladas a los formales

El IPE indicó que las exportaciones de oro de origen ilegal crecieron 19,4% entre enero y junio, mientras que las de origen legal cayeron 5,9% en el mismo período.

Como resultado, el metal procedente de la minería ilegal superó en 8,7 toneladas a las exportaciones formales durante la primera mitad del año. El volumen asociado a esa actividad representó 54% del total de oro enviado al exterior por Perú, de acuerdo con las estimaciones difundidas este 17 de septiembre.

La institución calculó que, al cierre de 2026, las exportaciones ilegales alcanzarían por lo menos 110 toneladas. La cifra incluso podría superar las 120 toneladas, lo que consolidaría su predominio sobre la producción formal dentro del comercio exterior aurífero peruano.

El alza del oro impulsa el valor de los envíos irregulares

El precio internacional del oro promedió USD 4.500 por onza en lo que va de 2026, 44% más que en el mismo tramo de 2025, cuando se ubicó cerca de USD 3.125, según los datos citados por el IPE.

JP Morgan proyectó que el promedio anual llegaría a USD 4.545 por onza. Esa cotización duplicaría el promedio registrado durante los últimos cinco años, de acuerdo con la entidad.

Bajo ese escenario, el valor exportado del oro de origen ilegal llegaría a USD 16 mil millones y podría exceder los USD 18 mil millones. El cálculo mínimo supone un aumento de 39% frente a los USD 11.500 millones estimados para 2025 y equivale a casi nueve veces el monto registrado una década atrás.

El IPE sostuvo que la minería ilegal se consolidó como la actividad ilícita con mayor generación de recursos en el país. Sus ingresos, según sus estimaciones, duplicarían el tamaño conjunto de otras economías criminales.

El Reinfo solo formalizó a 2% de sus inscritos desde 2016

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado en 2016 como un mecanismo temporal para ordenar la situación de pequeños mineros y mineros artesanales. Sin embargo, el IPE señaló que apenas 2% de los inscritos culminó el proceso de formalización.

El registro fue prorrogado en cinco ocasiones y mantiene vigencia hasta diciembre de 2026. El Ministerio de Energía y Minas no descartó una nueva ampliación, según el comunicado.

La entidad cuestionó que la inscripción en el Reinfo exima de responsabilidad penal a quienes figuran dentro del registro. A su juicio, ese marco facilitó la expansión de operaciones en zonas restringidas, entre ellas áreas naturales protegidas, reservas indígenas y espacios arqueológicos.

La expansión alcanza minas formales y proyectos aún sin ejecutar

El IPE indicó que la minería ilegal también afecta operaciones formales como Poderosa, en La Libertad, y Las Bambas, en Apurímac. Asimismo, la institución advirtió graves riesgos sobre áreas destinadas a proyectos mineros como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira.

Esas iniciativas concentran más de USD 12 mil millones en inversiones potenciales. El avance de la actividad ilegal, señaló, puede generar conflictos por el control territorial y limitar el desarrollo de nuevos proyectos extractivos.

El instituto propuso cerrar de manera definitiva el Reinfo y establecer un proceso de formalización con plazos definidos. También planteó fortalecer la trazabilidad del oro, sostener la fiscalización en las zonas afectadas y ampliar la cooperación con otros países para seguir la ruta comercial del mineral.

El Gobierno presentó oficialmente PERUMIN 38, la próxima edición de la Convención Minera que se realizará en Arequipa en septiembre de 2027.

Durante el lanzamiento, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, adelantó que su sector busca acelerar permisos y facilitar el avance de inversiones como Zafranal, Galeno y Michiquillay, dentro de una estrategia orientada a elevar el crecimiento de la economía peruana al 6%.

Minem apunta a acelerar permisos para destrabar inversiones mineras

Shinno señaló que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) trabaja para que los proyectos de inversión puedan ingresar con mayor rapidez. El funcionario vinculó el avance de la cartera minera con la meta de crecimiento económico planteada por el Gobierno.

“Nosotros vamos a trabajar porque cada proyecto minero ingrese lo más rápido posible”, afirmó durante la ceremonia de lanzamiento de la convención. También sostuvo que el objetivo de crecer al 6% requiere que las iniciativas privadas avancen sin demoras.

Entre los proyectos mencionados figuran Zafranal, una iniciativa de cobre y oro ubicada en Arequipa; Galeno, proyecto cuprífero situado en Cajamarca; y Michiquillay, también vinculado a la producción de cobre en esa región. El ministro incluyó además la ampliación de Cerro Verde, Tía María, La Granja y el proyecto de plata Corani.

La lista reúne iniciativas que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y que requieren permisos, definición de condiciones operativas o avances en sus procesos de inversión. El Minem no detalló qué medidas específicas aplicará a cada uno de los proyectos citados.

Arequipa concentra proyectos y volverá a ser sede de la convención

Durante su intervención, Shinno destacó el potencial minero de Arequipa, donde se desarrollará PERUMIN 38 entre el 20 y el 24 de septiembre de 2027. La sede será el Campo Ferial Cerro Juli y la presidencia del encuentro estará a cargo de Víctor Gobitz.

La convención tendrá como lema “Integración y formalización para el desarrollo regional”. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), organizador del evento, informó que la agenda buscará abordar los retos de la industria, la relación con las regiones, la formalización de pequeños mineros, la infraestructura y la articulación entre el Estado, las empresas y la academia.

PERUMIN es uno de los encuentros mineros más grandes de América Latina. En su edición de 2025, realizada también en Arequipa, reunió a cerca de 65 mil asistentes, más de 1.200 stands y 740 organizaciones públicas y privadas.

La exploración aparece como una prioridad para ampliar la cartera

El titular del Minem remarcó que la exploración resulta necesaria para madurar futuros proyectos de inversión. En ese sentido, anunció que el Ejecutivo prepara iniciativas destinadas a facilitar los permisos para esa fase de la actividad minera.

“Es claro que la exploración es vital para poder conseguir madurar los proyectos de minería”, dijo Shinno. El ministro no precisó la fecha de presentación ni el contenido de las medidas que prepara su cartera.

La exploración permite identificar y evaluar recursos minerales antes de que una iniciativa pase a etapas de ingeniería, construcción y operación. La agilización de permisos figura entre los pedidos recurrentes de empresas y gremios del sector, aunque el desarrollo de cada proyecto depende también de aspectos sociales, ambientales, territoriales y financieros.

El Gobierno también prepara una reforma para hidrocarburos

El ministro adelantó que el Ejecutivo trabaja en una reforma del marco legal aplicable al sector hidrocarburos. El objetivo, según explicó, es elevar la competitividad del país frente a otras naciones de la región y atraer inversiones que permitan incrementar las reservas de petróleo y gas natural.

Shinno también destacó que Estados Unidos será País Aliado de PERUMIN 38. El funcionario consideró que esa participación puede reforzar los vínculos de inversión y cooperación bilateral en minería y energía.

La edición de 2027 incluirá espacios como la Cumbre Minera, la Exhibición Tecnológica Minera (EXTEMIN), el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, el Encuentro Internacional y PERUMIN Jóvenes. El IIMP también prevé desarrollar actividades previas en distintas regiones mediante la agenda Rumbo a PERUMIN.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron USD 4.742 millones en la primera mitad de 2026, el nivel más alto registrado para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables para el sector, según un relevamiento conjunto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El número más que duplica el récord previo —fijado en 2011, en el pico del ciclo anterior de precios de los metales— y proyecta una trayectoria que, de sostenerse, llevaría las ventas externas del sector a USD 18.500 millones en 2030 y a USD 35.000 millones en 2035.

El salto exportador respecto de períodos anteriores es importante. Frente al primer semestre de 2025, las exportaciones crecieron casi un 75%; frente al mismo período de 2024, la suba fue del 156 por ciento. La comparación de largo plazo es aún más elocuente: hace veinte años, las ventas externas del sector representaban menos de una octava parte del registro actual. Entre 2012 y 2021, el primer semestre de cada año se movió en una franja de entre USD 1.184 millones y USD 2.000 millones, sin lograr recuperar los niveles de 2010 y 2011. La ruptura de ese techo comenzó en 2025 y se consolidó con fuerza este año.

El litio se afirma como segundo mineral exportador y el cobre aparece en el horizonte

El resultado no responde a un único factor. El oro continúa siendo el principal mineral exportado, con alrededor del 61% del total del semestre, y su desempeño se explica por los elevados precios internacionales, dado que las perspectivas productivas para 2026 apuntan a menor volumen con mayores costos. La plata acompaña ese desempeño y se mantiene como tercer mineral del período.

El cambio estructural más significativo proviene del litio. En el primer semestre de 2026 se consolidó como el segundo mineral en las exportaciones mineras —posición que ocupa desde 2023, cuando desplazó a la plata— y aportó cerca de una cuarta parte del total. Su participación era inferior al 5% hace una década y menor al 3% hace veinte años. La puesta en marcha y ampliación de nuevos proyectos en la Argentina explican una porción muy alta de ese crecimiento: las cantidades exportadas del complejo litio subieron más del 68% respecto del primer semestre de 2025, según relevamientos de la Secretaría de Minería.

El cobre, en tanto, es el mineral que el sector identifica como el gran protagonista de los próximos años. Referentes de la industria señalan que Argentina está, en sus términos, “fabricando una industria desde cero” en torno a ese metal, dado el escaso desarrollo que tiene el país en ese segmento en comparación con economías mineras más maduras. Al día de hoy, se presentaron unos USD 40.000 millones en proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); de ese total, USD 21.000 millones ya cuentan con aprobación, mientras que los restantes USD 19.000 millones están pendientes.

La inversión extranjera directa en minería también alcanzó un máximo histórico

El récord exportador convive con el nivel más alto de Inversión Extranjera Directa (IED) que la minería argentina haya registrado. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el stock de IED del sector alcanzó los USD 24.849 millones a marzo de 2026, frente a los USD 22.049 millones del trimestre inmediato anterior. En dos años, ese stock se duplicó: en marzo de 2024 se ubicaba en USD 12.402 millones. Y en septiembre de 2019 era de USD 8.361 millones, lo que implica que la inversión extranjera acumulada en el sector casi se triplicó en menos de siete años.

El flujo del primer trimestre de 2026 fue el más alto de toda la serie del BCRA: ingresaron USD 2.799 millones netos de IED en minería, un 36% por encima del récord anterior —los USD 2.055 millones del segundo trimestre de 2024—. El contraste con el período 2017-2021 es marcado: en esos años, los flujos trimestrales rara vez superaron los USD 500 millones y en varios trimestres fueron negativos. A partir de 2023 el patrón cambió, con ingresos que comenzaron a superar esa cifra con regularidad, y desde 2024 la mayoría de los trimestres se ubicó por encima de los USD 1.000 millones.

La simultaneidad de ambos máximos —el exportador y el de inversión— refleja dos etapas distintas de un mismo proceso: la maduración de inversiones previas en un contexto de precios alcistas, y el ingreso de nuevos capitales orientados a la producción de los próximos años, con énfasis en litio y cobre. En la primera mitad de 2026, la minería explicó casi el 10% de las exportaciones argentinas totales, un récord histórico de participación.

El modelo chileno, la referencia

En el sector se cita con frecuencia la experiencia de Chile como el caso más ilustrativo de lo que puede generar la minería del cobre en una economía. El material impulsó el crecimiento chileno de una manera que pocas industrias lograron en cualquier economía: el Estado chileno, a través de su participación en Codelco —la principal minera de mayoría estatal del país—, recauda hasta el 46% de la actividad vía impuestos, una tasa que los referentes del sector describen como difícil de replicar en cualquier otra industria.

Perú siguió un camino similar, aunque con una estructura de propiedad distinta. En ambos casos, la clave no fue solo el potencial geológico —condición necesaria pero no suficiente—, sino la construcción de condiciones de estabilidad económica e institucional que se sostuvieron en el tiempo. En Chile, esas condiciones se consolidaron en la década de 1990, tras el período de la dictadura, y habilitaron la explotación a escala. Un instrumento central fue el Decreto Ley 600 (DL600), un régimen de estabilidad para inversiones extranjeras que los analistas del sector comparan con el RIGI argentino y que fue clave para la atracción de capitales.

En 2004, la producción de cobre se estancó en Chile, pero los precios internacionales continuaron su alza y tocaron máximos históricos. El episodio ilustra, según los referentes de la industria, una de las condiciones básicas del negocio: el potencial geológico tiene que combinarse con institucionalidad —reglas estables, regulación eficiente, asesoría estatal, fomento de la actividad y capacidad de coordinación sectorial— para que la extracción sea posible y sostenible. La minería requiere de capital intensivo cuya recuperación se extiende, en general, a lo largo de 30 años, lo que hace que la previsibilidad no sea un atributo deseable sino una condición de entrada.

El impacto social también es medible. En Chile, un trabajador de la industria minera percibe alrededor de USD 1.600 mensuales, un 688% más que el promedio nacional, y el sector representa el 10% de la fuerza laboral ocupada del país.

Argentina tiene un punto de partida que Chile, Perú, Canadá y Australia no tuvieron

Frente a ese modelo, los referentes del sector identifican en Argentina una ventaja que los países que desarrollaron antes esta industria no tenían al momento de hacerlo: un entramado industrial preexistente y un capital humano de alta calificación. Mientras que Chile, Canadá o Australia construyeron sus cadenas de proveedores en paralelo al crecimiento minero, la Argentina parte de una base industrial instalada que puede reconvertirse para abastecer a una industria que proyecta crecer de forma sostenida durante los próximos 15 años.

En ese contexto, el sector plantea que la minería puede funcionar como un puente de divisas que aporte estabilidad macroeconómica, con un impacto que se haría sentir especialmente en las provincias donde se concentra la actividad. No se trata, aclaran los analistas, de un reemplazo de los puestos de trabajo perdidos en otros sectores en los últimos años, sino de un vector de crecimiento con lógica propia y de largo aliento.

La exploración insuficiente y los compres locales, los principales cuellos de botella

El cuadro tiene, sin embargo, limitantes concretos. El más urgente, según los referentes del sector, es el estado de la exploración. Argentina se ubica en el octavo lugar mundial por potencial geológico, pero apenas el 20% del territorio con aptitud minera ha sido explorado. El año pasado se invirtieron USD 400 millones en exploración; en Australia, la cifra fue de USD 2.000 millones. Sin exploración no hay nuevos proyectos: esa es la ecuación que el sector plantea como prioritaria para sostener la trayectoria exportadora proyectada.

El segundo conjunto de problemas gira en torno a las exigencias de contenido local. Los regímenes de compre local varían entre jurisdicciones provinciales y se superponen con la exigencia del 20% de producción nacional prevista en el RIGI, lo que genera incertidumbre en la toma de decisiones de inversión. La industria señala que el problema no es la preferencia por proveedores locales en sí, sino que la oferta disponible puede no tener la escala, la calidad o la competitividad que demandan las grandes operaciones mineras. La propuesta que circula en el sector apunta a una mayor regulación —o desregulación— de las certificaciones en materia de seguridad, sustentabilidad y cumplimiento normativo para empresas locales, de modo que puedan convertirse en proveedoras calificadas de las mineras que operan bajo esos estándares.

Las decisiones de inversión de las compañías dependen en última instancia del retorno, y allí es donde los países compiten entre sí. La demanda internacional de cobre es estable y estructural: China concentra la mayor parte de las plantas de procesamiento del metal, indispensable para los autos eléctricos, los paneles solares, las energías renovables y los centros de datos. Para la Argentina, mantener la competitividad en ese escenario implica preservar la integración al mundo, dado que los clientes e inversores que llegan al país lo hacen para producir con destino a la exportación, no al mercado interno.

La maternidad adolescente generó en Perú un costo de oportunidad de S/1.159,5 millones en 2019, una cifra equivalente a la recaudación interna anual del Impuesto General a las Ventas (IGV) del sector minero en ese período, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El monto, presentado durante la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, refleja las consecuencias que los embarazos tempranos tienen sobre la educación, el empleo y los ingresos de las adolescentes.

Los datos muestran una baja del indicador nacional en 2025, aunque persisten diferencias marcadas entre las adolescentes que viven en zonas urbanas, rurales y de la selva. Cerca de tres de cada cuatro embarazos entre jóvenes de 15 a 19 años no fueron intencionales.

El costo de oportunidad mide los estudios y empleos que quedan postergados

El representante de UNFPA en Perú, Gregor von Medeazza, explicó a Infobae Perú que la estimación reúne las oportunidades educativas, laborales y económicas que se reducen cuando una adolescente asume la crianza antes de completar su formación.

“Cada embarazo temprano puede limitar el desarrollo de las adolescentes, al dificultar la continuidad de sus estudios y reducir sus posibilidades de acceder a un empleo e ingresos propios”, afirmó. También contempla las responsabilidades de cuidado que surgen con la maternidad y que pueden profundizar las barreras para retomar esas trayectorias.

La comparación con el IGV del sector minero busca dimensionar el impacto económico de este tipo de maternidad. Según explicó, los S/1.159,5 millones equivalían a unos USD 329,4 millones y superaban los S/1.125 millones de recaudación interna por ese impuesto en la actividad minera durante 2019.

La prevención puede devolver hasta USD 40 por cada dólar destinado

El informe regional de UNFPA estimó que, por cada dólar invertido en prevención del embarazo adolescente, los países de América Latina y el Caribe analizados —entre ellos Perú— pueden obtener entre USD 15 y USD 40 en retornos sociales y económicos.

Von Medeazza sostuvo que la prevención requiere presencia sostenida del Estado en los sectores de salud, educación, justicia y protección. El representante mencionó la importancia de que el tema tenga lugar en las políticas públicas, los presupuestos y las normas de alcance nacional y local.

La prevalencia nacional descendió en 2025. El 7,4% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado embarazada alguna vez, de acuerdo con información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) difundida por UNFPA.

El funcionario señaló que la reducción representa un avance respecto de los niveles superiores al 8% de años previos. “Es un progreso”, afirmó, aunque remarcó que la meta planteada por el organismo es que ninguna niña o adolescente enfrente un embarazo.

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según las estimaciones difundidas durante la presentación. Los embarazos en ese grupo de edad están asociados a violencia sexual y requieren intervención de los sistemas de salud, protección, justicia y reparación.

El informe señaló que el 15,3% de las muertes maternas registradas en 2025 correspondió a menores de 20 años. En 2019, ese grupo representaba el 10,9% del total.

Entre 2020 y 2024, la tasa de mortalidad materna en niñas de 10 a 14 años alcanzó 84 por cada 100.000 nacidos vivos. UNFPA planteó que esos casos exponen fallas en la prevención de la violencia sexual y en la respuesta institucional ante sus consecuencias.

Las adolescentes rurales registran una prevalencia superior al doble del promedio

La disminución nacional no tuvo el mismo alcance en todos los territorios. En las áreas rurales, el 16,3% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado embarazada alguna vez. La proporción rural fue más de dos veces mayor que el promedio nacional.

La prevalencia llegó a 14,6% en la selva, mientras que en las zonas urbanas fue de 5,4%. UNFPA asoció esas diferencias con las brechas de acceso a información, servicios de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y mecanismos de protección.

Los indicadores también reflejan esa desigualdad en la tasa de nacimientos. En 2025, el promedio nacional de nacimientos entre niñas y adolescentes fue de 16,7 por cada 1.000. En Lima, la cifra descendió a 9,2 por cada 1.000.

En Ayacucho, la tasa de nacimientos en niñas y adolescentes pasó de 33,2 por cada 1.000 en 2019 a 16,3 en 2025. La reducción se acercó al 50%, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud y estimaciones de población.

UNFPA vinculó el resultado con un Plan Regional de Prevención, la asignación presupuestaria y la coordinación entre salud, educación, protección, justicia, gobiernos locales, organizaciones sociales y adolescentes.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite una demanda contra la quinta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las normas que, según el Colegio de Abogados de Loreto, permiten un régimen de inmunidad para actividades vinculadas con la minería ilegal.

La acción cuestiona la Ley 32537, que extendió la vigencia del proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, y modificaciones al Código Penal introducidas por el Decreto Legislativo 1695.

Loreto cuestiona una formalización que se prolonga desde hace más de 24 años

La demanda fue presentada el 30 de junio por el Colegio de Abogados de Loreto, bajo el expediente 0009-2026-PI/TC. El 11 de septiembre, el Tribunal publicó la resolución que admite el proceso y notificó al Poder Ejecutivo y al Congreso para que formulen sus descargos.

El principal cuestionamiento se dirige contra el artículo único de la Ley 32537, que prorrogó por quinta vez el proceso de formalización minera integral.

Para el gremio, un mecanismo creado con carácter transitorio se convirtió en una vía de permanencia para personas que realizan extracción minera sin contar con autorización.

La institución también impugna el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695, que modificó los artículos 307-A y 307-F del Código Penal, referidos al delito de minería ilegal. Según la demanda, esos cambios sostienen un sistema que evita la aplicación de responsabilidades civiles, administrativas y penales a inscritos en el Reinfo.

¿El registro funciona como una protección frente a sanciones?

El Colegio de Abogados sostiene que permanecer en el registro puede impedir que quienes desarrollan actividad minera fuera de la legalidad enfrenten consecuencias penales.

Su planteamiento apunta a que el Reinfo establece un tratamiento distinto frente al resto de personas y empresas obligadas a cumplir exigencias ambientales, administrativas y judiciales.

En el comunicado difundido por la institución, se afirma que las normas cuestionadas consolidaron un “régimen paralelo” al margen de las bases de un Estado constitucional. El gremio considera que esa situación vulnera el derecho a vivir en un ambiente equilibrado, la salud, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia ambiental.

Además de pedir que se declare inconstitucional la última prórroga, el recurso solicita que el TC establezca que el proceso de formalización ya no se encuentra vigente. También busca que se eliminen las supuestas inmunidades asociadas al régimen y que otras normas conexas sean invalidadas.

El río Nanay concentra las alertas por el abastecimiento de agua en Iquitos

La demanda pone especial atención en el avance de actividades extractivas en Loreto, sobre todo en la cuenca del río Nanay, fuente de agua para la población de Iquitos. El Colegio de Abogados advierte que la minería ilegal se incrementó en distintas zonas de la región y que la extracción de oro representa un riesgo para el ambiente y la salud pública.

El gremio sostiene que la falta de fiscalización ambiental y de tecnologías limpias facilita la contaminación de los ríos amazónicos. También vincula esta actividad con una mayor deforestación y con efectos sobre comunidades en situación de vulnerabilidad.

“El Estado no debe avalar a la minería ilegal”, señaló el decano del Colegio de Abogados de Loreto, Erick Salas Barrera, en la nota institucional emitida el 12 de septiembre. El comunicado alerta, además, sobre anuncios que plantean nuevas ampliaciones del Reinfo después de su vencimiento previsto para fines de este año.

Un fallo anterior exhortó a cambiar el régimen de formalización minera

El actual expediente tiene como antecedente la demanda 0017-2023-PI/TC, presentada por el mismo gremio contra una prórroga anterior. En abril de 2025, cuatro magistrados consideraron que correspondía declarar improcedente el caso por sustracción de la materia.

En minoría, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez votaron para declarar fundada esa demanda. La resolución incluyó una exhortación al Congreso y al Ejecutivo para aprobar un marco normativo que no contemple exenciones de responsabilidades civiles, administrativas o penales dentro de la formalización minera.

El Colegio de Abogados afirma que esa recomendación no fue atendida y que la nueva prórroga mantiene los efectos cuestionados. El Congreso y el Ejecutivo tendrán 30 días útiles para responder ante el TC, que luego deberá resolver el fondo de la controversia.

Cerca de las 5 de la mañana, los trabajadores de la mina de oro Kinross comenzaban su jornada. Para los 2.400 mineros que habían iniciado el turno aquel martes 16 de septiembre de 1986, nada hacía pensar que sería una jornada distinta. Como cada día, descendían cientos de metros bajo tierra para trabajar en una de las grandes explotaciones del metal de Sudáfrica, a unos 100 kilómetros al este de Johannesburgo.

A más de 1000 metros de profundidad, cerca de las 8:45, una cuadrilla realizaba trabajos de reparación cuando un incendio estalló en las galerías. En cuestión de minutos, las llamas y una nube de gases tóxicos comenzaron a avanzar por los túneles y convirtieron la mina en una trampa mortal. Pero las llamas no fueron las que mataron a la mayoría... Hubo materiales altamente tóxicos que desataron una nube de humo y gases que se propagó rápidamente por los túneles. El aire se volvió irrespirable y los trabajadores comenzaron a caer mientras intentaban escapar.

Cuando terminó el rescate, 177 hombres habían muerto y otros 235 habían resultado heridos. Más de dos mil hombres lograron ser evacuados de las zonas afectadas por el incendio y los gases tóxicos. La mayoría de las víctimas eran trabajadores negros sudafricanos y migrantes de otros países del sur de África, entre ellos Lesotho, Mozambique y Malawi. Kinross se convirtió en el peor desastre de la historia de la minería de oro sudafricana y, en pleno apartheid, expuso una realidad que iba mucho más allá del incendio: las condiciones en las que los trabajadores negros descendían cada día a las profundidades para extraer el oro que sostenía una parte fundamental de la economía del país.

La chispa de la tragedia

La investigación oficial determinó que el incendio comenzó en el nivel 15 de la mina, a unos 1.600 metros de profundidad. Un soldador y su ayudante realizaban trabajos de reparación en una tubería de agua cuando una chispa alcanzó un cilindro de acetileno, un gas altamente inflamable. Lo que parecía un incendio menor encontró rápidamente combustible para expandirse a su alrededor: tuberías plásticas, cables recubiertos y, sobre todo, la espuma de poliuretano aplicada sobre las paredes y estructuras de las galerías para contener las filtraciones de agua.

Para las 9:30, apenas 45 minutos después del inicio, el incendio había alcanzado esos revestimientos. La espuma y los demás materiales comenzaron a arder y liberaron una enorme cantidad de humo y gases tóxicos que entraron en el sistema de ventilación. El fuego ya no era el principal peligro: la nube venenosa podía avanzar por los túneles y alcanzar a trabajadores que estaban a cientos de metros del lugar donde había comenzado el siniestro: ahora, el aire que respiraban los mineros se había convirtido en una amenaza mortal.

La nube avanzó por las galerías y los niveles conectados mientras los trabajadores intentaban escapar. Algunos llegaron a correr hacia zonas donde todavía se podía respirar; otros cayeron antes de conseguirlo. Los equipos de rescate descendieron con aparatos de respiración y comenzaron a buscar sobrevivientes entre los sectores contaminados. Era tan la toxicidad que incluso algunos de los propios rescatistas terminaron convirtiéndose en víctimas.

El último minero encontrado con vida apareció casi doce horas después, protegido por una bolsa de oxígeno.

Para el amanecer, buena parte de los dos niveles más afectados ya habían sido despejados, pero todavía quedaban alrededor de una docena de trabajadores desaparecidos y casi ninguna esperanza de encontrarlos vivos. Durante la noche, las ambulancias habían salido de la mina una detrás de otra; en uno de los momentos más dramáticos, llevaban cuerpos a la morgue cada tres minutos.

El fuego que no quemó a la mayoría

La paradoja de Kinross quedó clara desde las primeras horas: la mayoría de los trabajadores no murió quemada. Murió por el aire que respiró. Mientras los equipos de rescate todavía trabajaban bajo tierra, comenzaron a aparecer preguntas que iban mucho más allá del origen del incendio: ¿por qué había materiales capaces de liberar gases letales en una mina de semejante profundidad y cuánto se sabía sobre sus riesgos?

El poliuretano utilizado la General Mining and Union Corporation en Kinross ya había despertado preocupación en la industria minera internacional. En los días posteriores al desastre, medios internacionales señalaron que materiales de ese tipo habían sido prohibidos en las minas británicas y que existían advertencias sobre sus riesgos en otros países. La controversia se agravó cuando se supo que la compañía había perdido el año anterior la máxima calificación de seguridad en su mina de Kinross, descendiendo a tres estrellas debido a sus malas condiciones de infraestructura.

Pero la empresa sostuvo que sus responsables no conocían el peligro que representaba el producto utilizado y argumentó que la mina había solicitado una espuma resistente al fuego, pero había recibido un producto diferente. Para los sindicatos, en cambio, el desastre no podía explicarse como un simple error durante una reparación: había que investigar las decisiones empresariales y las condiciones de seguridad de la mina.

El proceso judicial tampoco responsabilizó penalmente a la dirección: siete trabajadores fueron llevados ante la Justicia, seis supervisores fueron absueltos y un soldador se declaró culpable de dos infracciones de las normas mineras y recibió una multa.

177 muertos y una pregunta que atravesaba el apartheid

De las 177 víctimas, 172 eran trabajadores negros y cinco eran blancos, según los registros difundidos después del desastre. Muchos de los trabajadores negros eran migrantes provenientes de Lesotho, Mozambique, Malawi y otros territorios del sur de África, además de distintas regiones de Sudáfrica. La composición de las víctimas reflejaba el sistema de migración laboral sobre el que se había construido buena parte de la minería sudafricana.

En 1986, Sudáfrica seguía bajo el apartheid y las grandes minas dependían de una enorme fuerza laboral negra, mientras los puestos de supervisión y dirección estaban mayoritariamente ocupados por hombres blancos. Para el Sindicato Nacional de Mineros, la tragedia de Kinross no podía quedar reducido a un accidente aislado. Su secretario general, Cyril Ramaphosa, denunció en los medios las condiciones de seguridad y afirmó ante la BBC que el desastre demostraba que el país había vuelto a la “época oscura” de la minería.

La disputa alcanzó incluso el funeral. Los propietarios de la mina organizaron un servicio conmemorativo, pero los trabajadores protestaron porque los representantes sindicales habían quedado excluidos. La ceremonia fue interrumpida y el NUM convocó para el 1 de octubre una jornada de duelo y protesta en memoria de los muertos.

El Grupo de Monitoreo Laboral calculó que alrededor de 325.000 mineros participaron de la huelga y jornada de protesta, mientras las empresas estimaron unos 250.000. Los trabajadores abandonaron sus puestos y participaron en las conmemoraciones organizadas en distintas zonas mineras.

Kinross había dejado de ser solamente el nombre de una mina y de una tragedia. Para los trabajadores, condensaba una realidad cotidiana: bajar cada día a cientos de metros de profundidad, asumir riesgos permanentes y tener una participación limitada en las decisiones sobre seguridad. La protesta convirtió el desastre en una disputa mucho más amplia sobre las condiciones laborales de la minería durante el apartheid.

Después de Kinross

El desastre no terminó con el entierro de los trabajadores fallecidos. En noviembre de 1988, las autoridades mineras prohibieron el uso de espumas de poliuretano expandido en las explotaciones subterráneas, salvo excepciones muy limitadas y bajo autorización. La medida entró en vigor en enero de 1989 y estuvo acompañada por la incorporación de equipos de autorescate destinados a proteger a los trabajadores atrapados en atmósferas contaminadas.

Kinross también quedó entre los antecedentes de una revisión mucho más amplia de la seguridad minera sudafricana. La Comisión Leon, creada años después para investigar las condiciones de seguridad y salud en la industria, cuestionó el modelo de autorregulación que había predominado durante décadas y señaló que los riesgos asociados al poliuretano eran conocidos antes del desastre.

En 1996, ya después del fin del apartheid, Sudáfrica aprobó la Mine Health and Safety Act (Ley de Salud y Seguridad Minera), que modificó profundamente el marco regulatorio de la minería y reforzó las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores en materia de salud y seguridad.

La República Dominicana proyecta declarar sus primeras reservas de tierras raras en el primer semestre de 2027, después de completar los estudios que definirán qué parte del yacimiento puede explotarse con viabilidad técnica, económica, ambiental y logística.

El Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana ya reunió más de 5,000 resultados de muestras analizadas y prevé determinar los recursos del depósito en noviembre de 2026, según BNamericas.

Esa evaluación establecerá el volumen de material existente, su distribución y sus características.

La definición de recursos será una etapa previa a la declaración de reservas. Un recurso mineral es una concentración de material cuyo volumen y propiedades pueden calcularse a partir de pruebas geológicas y análisis técnicos; una reserva, en cambio, es la parte que puede extraerse de forma técnica y económicamente factible, tras considerar condiciones ambientales, regulatorias y de transporte.

Los análisis metalúrgicos avanzan en paralelo con el diseño conceptual de la logística, las evaluaciones económicas y los estudios ambientales. El objetivo es determinar la viabilidad integral del proyecto antes de que el país certifique sus primeras reservas.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que conocer la cantidad de mineral no basta para avanzar hacia una explotación. “La determinación de recursos nos permitirá tener una estimación técnicamente sustentada de cuánto material existe, su distribución y sus características. Ese es un paso indispensable antes de poder hablar propiamente de reservas”, dijo.

La cartera prevé finalizar esos procesos para alcanzar la meta de 2027. Santos sostuvo que la futura declaración deberá demostrar qué proporción del material puede aprovecharse de manera viable, responsable y sostenible.

El proyecto se desarrolla junto con un Marco de Cooperación suscrito por República Dominicana y Estados Unidos para respaldar el suministro de minerales críticos y tierras raras.

El entendimiento busca ampliar la cooperación bilateral, atraer capitales y fortalecer cadenas de abastecimiento para industrias tecnológicas y de defensa.

“Este acuerdo refleja el entendimiento de ambos países sobre la importancia que tienen hoy los minerales críticos y las tierras raras, no solamente desde el punto de vista económico y tecnológico, sino también por su dimensión geopolítica y por el papel que desempeñan en la seguridad y resiliencia de las cadenas globales de suministro”, afirmó Santos.

Financiamiento, procesamiento y cartografía mineral

El acuerdo contempla apoyo estatal y privado para proyectos de minería y procesamiento mediante garantías, préstamos, inversiones de capital, contratos de compra, seguros y facilidades regulatorias. Durante los seis meses posteriores a la firma, ambos gobiernos deberán adoptar medidas para canalizar financiamiento hacia iniciativas ubicadas en sus territorios.

También prevé identificar conjuntamente oportunidades de inversión y fuentes de financiamiento para el sector. Las partes acordaron crear mecanismos para reforzar las cadenas de suministro y proteger los mercados de políticas que no respondan a condiciones de mercado o de prácticas comerciales desleales.

La cooperación incluye la cartografía de recursos minerales, una herramienta para profundizar el conocimiento geológico dominicano. Esa tarea apunta a diversificar las fuentes de abastecimiento y a mejorar la seguridad de las cadenas de suministro.

Para Santos, el vínculo con Estados Unidos abre espacios de colaboración técnica, exploración y desarrollo de proyectos, además de facilitar la identificación de mecanismos de inversión. El Ministerio de Energía y Minas concentrará esos trabajos en el yacimiento antes de establecer si puede convertirse en una reserva explotable.

América Latina, segundo polo mundial de reservas conocidas

El anuncio dominicano coincide con la estrategia de Washington para reducir su dependencia de China en minerales críticos. Días antes, Estados Unidos firmó un acuerdo de características similares con Colombia durante una gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por Ecuador, Colombia y Perú.

En Brasil, la compañía estadounidense USA Rare Earth completó esta semana la compra de Mineração Serra Verde por USD 2,800 millones. En Argentina, el Congreso debate un proyecto para declarar las tierras raras de interés nacional estratégico, mientras Perú busca destrabar una cartera minera superior a USD 64,000 millones.

América Latina concentra el segundo mayor volumen de reservas conocidas de tierras raras, detrás de China. La región se ha convertido en un área de interés para Estados Unidos, que busca nuevos socios para el suministro de minerales estratégicos destinados a la industria tecnológica y de defensa.

La inteligencia artificial comienza a ganar espacio en la automatización industrial peruana. Empresas de tecnología, capacitación y servicios de ingeniería buscan aplicarla a tareas como planos eléctricos, presupuestos, informes y soporte técnico.

El avance promete acelerar procesos, aunque mantiene un límite: la supervisión de ingenieros y técnicos sigue siendo necesaria en sectores donde un error puede tener consecuencias operativas y económicas, de acuerdo con un análisis de Escuela Control+.

La IA acelera tareas técnicas y gana terreno en la industria peruana

Suler Altamirano, ingeniero mecatrónico y fundador de Control+, explica que la incorporación de estas herramientas responde a una necesidad concreta de las empresas: reducir el tiempo destinado a tareas repetitivas de ingeniería.

Una cotización técnica puede tomar desde unas horas hasta varios días, debido a que exige revisar requerimientos, calcular materiales, consultar catálogos, preparar planos preliminares y estimar costos. Un informe de cierre de proyecto también puede requerir varios días de trabajo.

La inteligencia artificial busca intervenir en esas etapas. Puede ordenar información, preparar diagramas, generar listas de materiales, estructurar documentos y ofrecer una primera estimación de costos.

El resultado, según sostuvo Altamirano, requiere una revisión posterior de profesionales que conozcan las condiciones de cada operación. “Te entrega una base, pero el profesional tiene que revisar el proyecto”, dijo a Infobae Perú.

La minería conserva un lugar central en la demanda tecnológica

La minería figura entre los sectores con mayor demanda de automatización en Perú. Sus procesos requieren controlar motores, bombas, tableros eléctricos, presión, caudales, temperatura, consumo energético y niveles de líquidos.

Según Altamirano, la digitalización de los procesos permite centralizar esa información y advertir anomalías antes de que se conviertan en fallas operativas.

Altamirano estimó que, en la experiencia de Control+, la minería puede representar entre 30% y 40% de la demanda de soluciones de automatización. Aunque el dato no equivale a una medición de todo el mercado, muestra el peso de este sector para proveedores de sensores, sistemas de control, software y servicios de mantenimiento.

“La minería ya incorpora análisis de datos, monitoreo remoto, control de procesos y mantenimiento predictivo para anticipar fallas y optimizar sus operaciones”, explicó Altamirano.

La agroindustria, la pesca, la manufactura, las cementeras, el sector eléctrico y el petróleo y gas también tienen margen para incorporar estas soluciones. En la agroindustria, por ejemplo, la automatización puede aplicarse al riego, bombeo, refrigeración, clasificación de productos, trazabilidad y control del consumo energético.

La capacitación busca reducir la distancia entre las aulas y las plantas

El avance tecnológico también alcanza a la formación de técnicos e ingenieros. Altamirano considera que existe una brecha entre los contenidos universitarios y las tareas que exige una planta industrial, como elaborar planos, programar controladores lógicos programables (PLC), seleccionar equipos o documentar una intervención técnica.

Bajo esa lógica, las herramientas digitales pueden detectar errores básicos en un plano eléctrico, orientar una secuencia de trabajo o servir de apoyo en una programación inicial.

“Cuando uno sale de la universidad y llega a la industria, encuentra una realidad muy distinta a la que aprendió en las aulas”, afirmó Altamirano.

La Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) advierte que Perú y otras economías emergentes registran una menor adopción de tecnologías de Industria 4.0 frente a los países líderes. Entre las barreras identifica la falta de conocimiento especializado y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para incorporar nuevas soluciones.

El ahorro de tiempo puede mejorar el retorno de inversión

Altamirano calcula que automatizar parte de las cotizaciones, planos e informes puede generar ahorros anuales de entre 24 mil y 30 mil soles por trabajador. Algunas fases de un proyecto podrían pasar a tomar una quinta o una sexta parte del tiempo habitual.

La expansión de estas soluciones también abre una discusión sobre la adopción regional. Un informe basado en una encuesta a 1.107 líderes empresariales señaló que el 82% de las empresas consultadas en EEUU ya usaba inteligencia artificial, frente al 74% en América Latina. La diferencia también aparece en la adopción de computación en la nube, análisis de datos y robótica.

Con todo, las proyecciones globales muestran la magnitud de la apuesta, destaca Control+. El Foro Económico Mundial estimó que la inversión anual en aplicaciones de inteligencia artificial podría alcanzar USD 1,5 billones hacia 2030, impulsada por soluciones específicas para distintos sectores.

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que la adopción de IA suele ser más frecuente en compañías grandes, jóvenes y vinculadas a actividades tecnológicas o profesionales. La infraestructura digital, la capacitación y el uso de otras herramientas tecnológicas condicionan los resultados.

Para Altamirano, la oportunidad para Perú está en ampliar el acceso a estas herramientas sin trasladar decisiones críticas a los algoritmos. En una planta, la inteligencia artificial puede acelerar cálculos y documentos, pero la responsabilidad final sigue en manos de quien conoce el proceso industrial.

El dato

• Escuela Control+ ofrece formación virtual en automatización industrial, con cursos sobre PLC, planos eléctricos, instrumentación, diseño de tableros, domótica e Industria 4.0.
• La empresa crece a tasas anuales de dos dígitos y sus herramientas reducen algunas etapas de un proyecto a una quinta o sexta parte del tiempo habitual.
• Sus contenidos gratuitos alcanzaron a más de 500 mil alumnos interesados en automatización industrial, programación de PLC, diseño eléctrico e incorporación de nuevas tecnologías a procesos productivos.

La demanda mundial de cobre podría superar en 10 millones de toneladas la capacidad de producción disponible hacia 2030, según proyecciones citadas por INDECO by Nexans.

El escenario abre una discusión para Perú, tercer productor mundial y poseedor de la segunda mayor reserva del metal: ampliar la extracción, procesar una mayor proporción dentro del país y recuperar el cobre de productos que llegaron al final de su vida útil.

La producción peruana avanzó 1,9% durante el primer semestre

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que Perú produjo cerca de 1,36 millones de toneladas métricas de cobre entre enero y junio, un aumento de 1,9% frente al mismo período del año anterior. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) estima que la cartera minera alcanza los US$67.000 millones y que cerca de 70% de ese monto corresponde a proyectos cupríferos.

Ese volumen de inversión podría elevar la participación peruana en el mercado internacional. El desafío, según el planteo de la industria de conductores eléctricos, también pasa por elevar el valor que queda en el país a partir de la transformación del metal en productos industriales.

La electrificación elevará la presión sobre la oferta mundial

INDECO by Nexans calcula que la demanda global podría llegar a 40 millones de toneladas de cobre en 2030, mientras que la capacidad productiva se ubicaría cerca de 33 millones. La diferencia obligaría a sumar en una década un nivel de suministro que, históricamente, requirió unos 25 años de expansión minera.

La proyección adquiere relevancia por el uso del metal en redes eléctricas, energías renovables, vehículos eléctricos, sistemas de transporte y procesos de digitalización industrial. Hacia 2035, la capacidad minera instalada a escala global se acercaría a su límite, de acuerdo con la empresa.

Para las compañías mineras y los proyectos de infraestructura, la disponibilidad de cobre puede pasar a formar parte de la planificación de abastecimiento, junto con los costos, los plazos de entrega y los contratos de provisión.

Del cátodo al cable, la cadena industrial retiene valor

El cobre extraído en las minas puede salir del país como cátodo o atravesar etapas posteriores de transformación. El proceso incluye la producción de alambrón y, luego, de cables para alimentar maquinaria, correas transportadoras, perforadoras y sistemas de izaje en las propias faenas mineras.

“Las minas producen cátodos y nosotros los convertimos en alambrón y luego en cable. Son dos etapas en las que agregamos valor al cobre dentro del país”, afirmó Fernando Sandoval, gerente de Ventas para Minería de Nexans, según un comunicado de la compañía.

El ejecutivo sostuvo que recuperar el metal al final de la vida útil de los cables constituye una tercera etapa para mantener el recurso dentro del circuito productivo. La firma compra cátodos a productoras locales y les provee conductores para sus operaciones.

El reciclaje puede aliviar la demanda de metal nuevo

La circularidad aparece como una alternativa ante la futura escasez de oferta. Nexans fijó como objetivo que 25% del cobre de sus cables provenga de material reciclado hacia 2028. La empresa indicó que su planta peruana opera con energía de origen renovable.

La recuperación del metal reduce la necesidad de incorporar cobre virgen a la cadena, aunque no elimina la demanda de nueva producción. También puede disminuir la huella de carbono asociada a los materiales utilizados por la minería y las obras de infraestructura.

En un cable eléctrico, los conductores metálicos concentran entre 70% y 90% de la huella de carbono, de acuerdo con los datos presentados por la empresa. Por ese motivo, la trazabilidad del cobre y la información sobre su origen comenzaron a ganar espacio en licitaciones mineras y de infraestructura.

La pureza del cobre incide en el consumo de energía

La calidad del metal también tiene efectos operativos. Un cobre con una pureza de 99,9% ofrece una mayor conductividad, lo que reduce pérdidas eléctricas durante la vida útil de una instalación.

El dato cobra importancia en operaciones ubicadas a más de 4.000 metros de altitud, expuestas a humedad, golpes, arrastre de materiales y otras condiciones que exigen mayor desempeño de los conductores. “Cada tonelada rinda más veces”, planteó Sandoval, al referirse a la necesidad de combinar producción minera, transformación industrial y reciclaje.

España enfrenta dificultades para cubrir miles de puestos técnicos y especializados, una situación que abre opciones para profesionales peruanos interesados en trabajar en ese país, de acuerdo con la Fundación Venancio Salcines.

Ese escenario ha llevado a la organización a iniciar en Lima una agenda de reuniones con instituciones de formación técnica. La meta es establecer alianzas que conecten a estudiantes y profesionales peruanos con procesos de selección de empresas españolas de minería, mecánica, mantenimiento industrial y construcción.

Mecánicos, soldadores y trabajadores de construcción figuran entre los perfiles más buscados

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 43.495 vacantes permanecieron sin cubrir durante al menos 90 días en el cuarto trimestre de 2025, con mayores problemas en actividades vinculadas con la construcción y la industria manufacturera.

La falta de personal con competencias técnicas se concentra en puestos que requieren formación específica y, en algunos casos, experiencia previa. Mecánicos, soldadores, especialistas en mantenimiento industrial y trabajadores de construcción figuran entre las ocupaciones que presentan dificultades de cobertura en el mercado laboral español.

La propuesta no plantea una convocatoria abierta y masiva, sino la identificación de candidatos para vacantes concretas, de acuerdo con las necesidades de cada empresa, de acuerdo con el comunicado de la Fundación Venancio Salcines.

“No venimos únicamente a buscar talento; venimos a colaborar con las instituciones que lo forman y a construir oportunidades junto a ellas”, señaló Venancio Salcines, doctor en Teoría Económica y también presidente de efbs Grupo Educativo.

La fundación prevé seleccionar candidatos de una red de más de 1.000 empresas

La Fundación Venancio Salcines cuenta con una red de más de 1.000 empresas colaboradoras en España. Su plan en Perú se dirige, en una primera etapa, a profesionales y estudiantes próximos a concluir programas técnicos relacionados con las áreas priorizadas.

Los procesos de selección evaluarán la formación especializada, las competencias técnicas y la experiencia laboral cuando el puesto lo requiera. Los postulantes también deberán cumplir los requisitos migratorios y laborales exigidos para desarrollar actividades remuneradas en España.

La entidad indicó que busca acompañar a los candidatos durante el proceso de movilidad laboral. “No queremos traer al mayor número posible de personas. Queremos que quienes confían en la Fundación puedan desarrollar un proyecto que responda a sus expectativas y sepan que no estarán solos”, afirmó Salcines.

La organización sostiene que las instituciones educativas cumplen una función central en esa articulación. La relación con los centros de formación permitiría conocer las capacidades de los estudiantes y egresados, así como facilitar su vinculación con empresas que demandan trabajadores en áreas técnicas.

Más de 43.000 vacantes llevan al menos 90 días sin cubrir en España

Desde 2017, la fundación informó que benefició a 8.000 jóvenes recién graduados mediante programas que canalizaron cerca de 40 millones de euros en becas. También indicó que, desde 2023, contribuyó al retorno laboral de 200 profesionales que se encontraban fuera de España.

En 2024, la entidad facilitó prácticas profesionales en España para 180 estudiantes de educación superior procedentes de Colombia. La experiencia será tomada como referencia para el proyecto que la fundación busca desarrollar con instituciones peruanas.

La agenda en Lima apunta a definir mecanismos de cooperación con los centros educativos y a identificar perfiles que puedan acceder a futuras convocatorias. La prioridad estará en ocupaciones técnicas vinculadas con minería, construcción, mecánica y mantenimiento industrial.

Un gráfico incluido en el reciente informe de un histórico y reconocido consultor describe de modo muy preciso la “economía de dos velocidades” a la que se suelen referir quienes evalúan la actual configuración de la economía y sus efectos sociales y políticos.

El más reciente reporte mensual del estudio que hace más de 40 años encabeza Miguel Angel Broda ubica allí a cada sector económico en función de cuánto variaron su nivel de actividad y de empleo desde noviembre de 2023. Cada uno está representado por un círculo cuyo tamaño refleja su participación en el empleo formal: cuanto mayor el círculo, más empleo genera el sector.

Una línea horizontal identifica un nivel de empleo estanco y una vertical hace lo mismo con el nivel de actividad. Aparecen así cuatro cuadrantes. En el superior y a la derecha del observador, donde crecen la actividad y el empleo, hay un solo sector: Agro y Ganadería, que en el período creció 18,1%, pero aumentó su empleo 4,3%, cuatro veces menos. El pequeño círculo denota que es un sector que emplea poca gente, al menos de modo directo.

En el espacio superior a la izquierda aparecen los sectores que desde noviembre de 2023 crecieron, pero emplean de modo directo menos gente que entonces. Como Minería y Energía, cuyo nivel de actividad se expandió 29,7%, pero su empleo se contrajo 8,4%, y actividad inmobiliaria, que creció 5,1%, pero emplea 2,7% menos que en noviembre de 2023.

El cuadrante más poblado es el inferior izquierdo y su frontera. Allí aparecen dos círculos grandes, que identifican al Comercio (creció apenas 0,5%, emplea 1,1% menos que antes) y la Industria (se contrajo 4,1% y redujo 7,2% su nivel de empleo) y otro algo más pequeño, Construcción, cuya actividad se achicó 8,6% y su empleo 14,2 por ciento. El cuadrante inferior derecho está desierto: ningún sector exhibió la rara combinación de reducir su actividad y emplear más gente.

Para el conjunto de la economía, muestran los datos, el nivel de actividad medido por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el Indec es 5,3% superior al de fines de 2023, pero el empleo formal se contrajo 3,8 por ciento.

La calle

La elaboración grafica resume así el conflicto que entraña la “economía de dos velocidades”: poco empleo y reflejo en “la calle”, en especial en las grandes ciudades, en un país altamente urbanizado.

Esa configuración, explica el informe de Broda, resulta de una actividad que se estancó en medio de una transición profunda y de alto costo y en la que, en el mejor de los casos, a los sectores más expuestos a la apertura, la desregulación y el retiro de antiguos motores de demanda (déficits, subsidios, protección) reconvertirse y ganar productividad les llevará tiempo y capital. Mientras, los nuevos motores no logran aportar suficiente nivel actividad y, en particular, de empleo.

Además, prosigue el estudio, la estrategia anti-inflacionaria oficial estira la debilidad de la demanda al apoyarse en un trípode (política monetaria restrictiva, ancla fiscal, retraso cambiario) no tan eficaz, pues la economía sigue estando fuertemente indexada, no logra quebrar cierta inercia inflacionaria y aumenta los costos sociales y políticos.

El resultado es una “economía de la calle” estancada, en la que desde febrero de 2025, cuando se detuvo la expansión en base a crédito iniciada en el segundo trimestre de 2024, los sectores primarios crecieron 11% y el resto cayó 0,9%, combo que más o menos se mantiene, pues en el primer semestre de 2026, precisa Broda, los sectores primarios crecieron 11,3% y el resto, que abarca casi el 90% del PBI, creció apenas 0,6 por ciento.

Viento de cola y salarios en dólares

La economía mileísta cuenta con el viento a favor de excelentes “términos de intercambio” (relación entre los precios de lo que exporta y lo que importa el país), pero combinado con un salario en dólares que duplica los niveles de fines de 2023 y cuyo saldo de poder adquisitivo “disponible” cayó desde entonces 18,5% y soporta una alta carga financiera, que engendró el problema de la morosidad.

Según el informe, a pesar del discurso ortodoxo de Milei, Economía intenta reactivar, pero dispone de pocas herramientas. Flexibilizó líneas de crédito bancario permitiendo el uso de hasta 15% de los depósitos en dólares para prestar a no exportadores, recurrió al FGS de la Anses para fondear crédito hipotecario y a la baja de tasas del Nación y al intento de fijar un salario mínimo por sobre el millón de pesos vía sumas no obligatorias para categorías convencionales, además de impulsar concesiones viales e intentar avanzar con la “inocencia fiscal”, de incierto impacto sobre depósitos, crédito y actividad.

De cara a 2027, el panorama no luce mejor: el aumento de la tasa de interés internacional y la “incertidumbre electoral” pesarán sobre el riesgo país, complicarán el financiamiento y meterán presión al dólar. Y el gobierno no cuenta con instrumentos para apurar una desinflación lenta que mantiene deprimida la demanda interna. Dilemas de la economía de cuatro cuadrantes y dos velocidades que expuso el informe del conocido consultor.

La minería argentina atraviesa un momento de expansión que combina el ingreso sostenido de capitales extranjeros con un desempeño exportador sin precedentes. Se trata de un proceso que se da en medio de un contexto de precios internacionales elevados para los principales minerales que produce el país. Un informe elaborado en conjunto por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) permite dimensionar el alcance de ese fenómeno.

De acuerdo con datos del Banco Central (BCRA), el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) del sector minero alcanzó los USD 24.849 millones a marzo de 2026. La cifra representa un máximo histórico y se ubica por encima de los USD 22.049 millones registrados en el trimestre inmediato anterior. Desde la BCR remarcaron que “más IED implica más empresas extranjeras invirtiendo capital en Argentina para potenciar la producción y las exportaciones mineras del país”.

El stock de IED es un indicador distinto al de los flujos trimestrales: mientras estos últimos registran cuánto capital entra o sale de un sector en cada período, el stock funciona como una fotografía del total acumulado. El informe lo describe como “el valor total de la inversión que empresas del exterior tienen efectivamente colocada en la minería argentina en un momento dado”, una cifra que incluye los aportes de capital de las casas matrices, las utilidades reinvertidas en el país y el financiamiento que reciben las filiales locales de sus grupos empresariales. Su relevancia radica en que se trata, en su mayor parte, de capital inmovilizado en activos de larga vida, como minas, maquinarias, campamentos e infraestructura industrial.

Un stock que se multiplicó en menos de una década

La comparación histórica permite entender la velocidad del crecimiento reciente. En dos años, el stock de IED minera se duplicó: en marzo de 2024 se ubicaba en USD 12.402 millones. Si la comparación se extiende a un plazo mayor, la diferencia es todavía más marcada. En septiembre de 2019 el stock era de USD 8.361 millones, lo que implica que la inversión extranjera acumulada en el sector “casi se triplicó en menos de siete años”. A comienzos de 2017, cuando comienza la serie desagregada disponible, el stock rondaba los USD 6.000 millones.

La apertura por actividad muestra en qué segmento se concentró ese crecimiento. La explotación de minas y canteras pasó de superar apenas los USD 1.000 millones en 2017 a más de USD 13.000 millones en el último dato disponible, con lo cual pasó a explicar el mayor bloque del stock total. La extracción de minerales metalíferos y los servicios de apoyo a la actividad minera completan el cuadro, con expansiones significativas en ambos casos durante los últimos tres años.

Récord trimestral de ingresos de capital

En el primer trimestre de 2026 ingresaron USD 2.799 millones netos de inversión extranjera directa en minería, el registro trimestral más alto de toda la serie del BCRA. La cifra supera en un 36% al récord anterior, de USD 2.055 millones, correspondiente al segundo trimestre de 2024.

El contraste con el comportamiento previo del sector es muy marcado. Entre 2017 y 2021, los flujos trimestrales rara vez superaron los USD 500 millones y, en varios trimestres, fueron directamente negativos. La BCR señala que la caída registrada a fines de 2023 “da la pauta de lo perjudiciales que resultan para el sector las fluctuaciones económicas en nuestro país para el sector minero, siendo ésta una actividad de largo aliento”.

A partir de 2023 el patrón cambia: los ingresos comienzan a superar con regularidad los USD 500 millones, y desde 2024 la mayoría de los trimestres se ubicó por encima de los USD 1.000 millones, con algunos registros puntuales en terreno negativo que no alteraron la tendencia de fondo. El sostenimiento de estos flujos a lo largo de los últimos dos años es lo que explica, según el informe, tanto la duplicación del stock como, con los tiempos propios de la actividad minera, la expansión exportadora que hoy se observa en las estadísticas de comercio exterior.

Un récord exportador que acompaña a la inversión

En paralelo con los máximos de inversión, las exportaciones mineras argentinas totalizaron USD 4.742 millones en la primera mitad de 2026, el mayor nivel exportador registrado para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables para el sector. La cifra implica una expansión de casi el 75% respecto de los USD 2.712 millones del mismo período de 2025 y del 156% frente a los USD 1.852 millones de 2024.

La magnitud del salto se aprecia con mayor claridad en perspectiva histórica. El récord anterior para un primer semestre correspondía a 2011, en el pico del ciclo previo de precios de los metales, cuando las exportaciones rondaron los USD 2.260 millones: el registro de 2026 lo supera en más del 100%. Respecto de las estadísticas de hace veinte años, las ventas externas se multiplicaron por más de ocho. Entre 2012 y 2021, en tanto, las exportaciones del primer semestre se habían movido en una franja relativamente estrecha, entre los USD 1.184 millones del piso de 2020, afectado por la pandemia, y valores en torno a los USD 2.000 millones, sin lograr recuperar los niveles de 2010 y 2011.

Qué exporta argentina

La apertura por mineral muestra que el resultado no responde a un único producto. El oro continúa siendo el principal mineral exportado y aporta alrededor del 61% del total del semestre, con un valor muy por encima del promedio de los años anteriores. La plata acompaña ese desempeño y sostiene su participación como tercer mineral del período. Sin embargo, el informe advierte que las perspectivas productivas para ambos minerales en 2026 son de menor producción, con un incremento de costos asociado, por lo que el impacto positivo sobre las exportaciones proviene de los elevados precios internacionales que actualmente rigen para estos bienes.

El cambio estructural más significativo, según la BCR, proviene del litio, que se consolidó en el primer semestre de 2026 como el segundo mineral más relevante en las exportaciones mineras, por encima de la plata desde 2023. Con cerca de una cuarta parte del total exportado, el litio viene creciendo desde representar menos del 5% de las exportaciones mineras hace una década y menos del 3% hace dos décadas. La puesta en marcha y la ampliación de operaciones en el país explican, de acuerdo con relevamientos de la Secretaría de Minería, una suba en cantidades exportadas del complejo litio de más del 68% respecto al primer semestre del año pasado.

CAEM y la BCR destacan que la coincidencia entre ambos máximos —el exportador y el de inversión— constituye el dato central del período. La minería es una actividad de ciclos largos, en la que “entre la decisión de inversión y el primer embarque pueden transcurrir varios años”. Que el récord de exportaciones del primer semestre de 2026 coincida con el récord de ingreso de capitales del primer trimestre del mismo año indica que se están capturando dos etapas distintas de un mismo proceso: la maduración de inversiones realizadas en un contexto alcista de precios y el compromiso de nuevos capitales para sostener la producción de los próximos años, con especial énfasis en litio y cobre.

La puesta en marcha del RIGI, la ampliación de los proyectos de litio y el avance de grandes emprendimientos de cobre, oro y plata permiten anticipar un fuerte crecimiento de las exportaciones durante la próxima década. Pero hay una pregunta que todavía no ocupa el lugar suficiente en la agenda pública: ¿Por dónde, en qué condiciones y cómo se movilizarán, almacenarán y exportarán esos nuevos volúmenes de producción?

Para que un mineral llegue competitivamente a los mercados internacionales necesita caminos, ferrocarriles, centros de transferencia, depósitos, instalaciones de acondicionamiento, controles de calidad, trazabilidad, aduanas, seguridad ambiental y capacidad portuaria.

Si la Argentina promueve inversiones mineras por miles de millones de dólares, pero no desarrolla la infraestructura necesaria, corre el riesgo de encontrarse con un verdadero cuello de botella logístico.

El salto exportador que se aproxima

Entre los objetivos del RIGI se encuentra expresamente el desarrollo de las cadenas productivas locales asociadas a los proyectos y el incremento de las exportaciones argentinas. La normativa contempla sectores como minería, energía, infraestructura, siderurgia y petróleo y gas, con inversiones mínimas que, como regla general, parten de los USD 200 millones.

En junio de 2026, el Ministerio de Economía informó que existían 16 proyectos aprobados bajo el RIGI, por aproximadamente USD 29.892 millones, y otros 25 proyectos en evaluación. En conjunto, representaban un universo superior a los USD 140.000 millones y un potencial cercano a los 197.000 empleos directos e indirectos.

Argentina necesitará transportar más toneladas. Deberá manejar productos con características físicas, comerciales y ambientales diferente

Estos proyectos muestran que la Argentina necesitará transportar más toneladas. Deberá manejar productos con características físicas, comerciales y ambientales diferentes.

La solución no consiste simplemente en construir grandes galpones. Se necesitan plataformas industriales diseñadas según el riesgo de cada sustancia, con habilitaciones ambientales, protocolos operativos y capacidad de respuesta ante emergencias. Nada mejor que un Parque Industrial Planificado.

Puertos rodeados por ciudades

Muchos puertos del litoral argentino se desarrollaron cuando las ciudades tenían una escala mucho menor. Con el crecimiento urbano, numerosos complejos portuarios quedaron rodeados por barrios, avenidas, actividades comerciales, áreas residenciales, y esta convivencia genera conflictos territoriales cada vez mayores.

Entiendo que los puertos deben preservar su superficie operativa para aquello que verdaderamente necesita estar junto al muelle: recepción y despacho de buques, carga, descarga y transferencia inmediata. Pero no resulta eficiente utilizar terrenos portuarios escasos y costosos como depósitos permanentes.

No resulta eficiente utilizar terrenos portuarios escasos y costosos como depósitos permanentes

Tampoco es razonable acumular cargas potencialmente riesgosas dentro de áreas urbanas cuando pueden almacenarse y acondicionarse en zonas industriales planificadas, ubicadas a una distancia operativamente cercana, pero ambientalmente segura.

El parque industrial como antepuerto

Los parques industriales, próximos a los puertos, pueden funcionar como antepuertos o plataformas extraportuarias. Allí pueden instalarse depósitos de minerales y fertilizantes, centros de consolidación de cargas, playas de camiones, laboratorios, balanzas, servicios aduaneros, instalaciones de acondicionamiento, talleres, empresas transportistas y operadores logísticos.

De esta manera, el mineral podría permanecer en el parque hasta que exista una ventana cierta de embarque. Recién entonces sería trasladado al puerto mediante un sistema programado, reduciendo tiempos de permanencia, congestión y riesgos.

Una oportunidad para el norte bonaerense

El corredor norte de la provincia de Buenos Aires, conectado con la Ruta Nacional 9, la Hidrovía, el ferrocarril y los puertos sobre el Paraná, tiene condiciones especialmente favorables para desarrollar parques industriales y logísticos de nueva generación.

Localidades sobre el río Paraná como Ramallo-San Nicolás pueden ser estratégicas si ordenan anticipadamente su territorio, reservan superficies industriales, planifican accesos independientes de las áreas urbanas y genera las condiciones ambientales necesarias.

Localidades sobre el río Paraná como Ramallo-San Nicolás pueden ser estratégicas si ordenan anticipadamente su territorio

Para que la Argentina se desarrolle productivamente, requiere reducir costos logísticos, evitar conflictos urbanos, generar empleo calificado, atraer operadores internacionales y crear oportunidades para transportistas, talleres, laboratorios, empresas tecnológicas, firmas de seguridad, servicios ambientales y proveedores industriales.

Planificar antes de que lleguen las cargas

El crecimiento minero puede convertirse en una oportunidad para la Argentina, pero las inversiones productivas y las inversiones logísticas deben avanzar simultáneamente.

No podemos esperar a que los minerales lleguen masivamente a las rutas y a los puertos para comenzar a discutir dónde almacenarlos. Las decisiones territoriales requieren años: adquisición de tierras, rezonificación, estudios ambientales, obras hidráulicas, infraestructura energética, accesos viales y ferroviarios, habilitaciones y acuerdos entre diferentes jurisdicciones.

La Nación debe establecer una estrategia logística minera. Las provincias deben identificar corredores y nodos prioritarios. Los municipios cercanos a los puertos deben preservar suelo industrial y evitar que el crecimiento urbano siga encerrando las áreas operativas. El sector privado debe participar mediante inversiones, concesiones y modelos asociativos.

También debería crearse una mesa permanente integrada por autoridades mineras, portuarias, ambientales, aduaneras y de transporte, junto con provincias, municipios, empresas, puertos y parques industriales.

El desafío no es solamente exportar más. Es hacerlo con seguridad, competitividad, trazabilidad, responsabilidad ambiental y capacidad para agregar valor dentro del país.

Debería crearse una mesa permanente integrada por autoridades mineras, portuarias, ambientales, aduaneras y de transporte, junto con provincias, municipios, empresas, puertos y parques industriales

La Argentina minera que viene necesitará puertos eficientes. Pero necesitará parques industriales planificados que respalden esos puertos, organicen los nuevos flujos de mercaderías y protejan a las ciudades.

Los países que comprendieron esta integración con anticipación construyeron complejos industriales y logísticos. Nuestro país todavía está a tiempo de hacerlo. Pero debe comenzar ahora.

El autor es presidente de la Red de Parques Industriales Argentinos y miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires

República Dominicana y Estados Unidos acordaron un marco de cooperación para la extracción y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras, con el objetivo de identificar proyectos de interés común, facilitar financiamiento y reforzar las cadenas de suministro de recursos destinados a tecnologías avanzadas.

El convenio fue firmado el 10 de septiembre en Santo Domingo por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Ito Bisonó, y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos. En el acto también participó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el instrumento busca promover inversiones y desarrollo en las distintas etapas de la actividad minera, desde la extracción hasta la separación y el procesamiento de los materiales. Las partes prevén además mecanismos de coordinación para proteger sus mercados y detectar iniciativas ubicadas en ambos territorios.

Bisonó sostuvo que el acuerdo abre una posibilidad para elevar el aprovechamiento local de los recursos dominicanos. “Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente”, afirmó.

El principal foco de las expectativas sobre tierras raras está en la provincia de Pedernales, en el suroeste dominicano. Allí, la Reserva Fiscal Minera Ávila reúne depósitos de bauxita kárstica que han sido objeto de estudios para determinar la presencia y el potencial de elementos de tierras raras, además de galio y escandio.

La bauxita, materia prima para la producción de aluminio, tuvo actividad extractiva en Pedernales durante décadas. Datos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas de República Dominicana (EITI-RD) señalan que la provincia posee grandes reservas explotables de este mineral y que contienen indicios de elementos de tierras raras.

La zona comprende sectores de la Sierra de Bahoruco, una formación geológica compartida entre Pedernales, Independencia y parte de Barahona. El potencial señalado hasta ahora no equivale a una reserva certificada ni supone que exista una explotación inmediata: los estudios de caracterización y evaluación deberán precisar la concentración, viabilidad técnica y rentabilidad de los yacimientos.

Campos vinculó la cooperación con la necesidad de reducir dependencias externas en la cadena de suministro de recursos estratégicos. “Este acuerdo no se limita únicamente a minerales; se trata sobre soberanía, seguridad y prosperidad compartida”, declaró la representante diplomática estadounidense.

La embajadora agregó que el propósito es que ambos países actúen “como socios de confianza, y no como países que dependan de la buena voluntad de otro” al momento de extraer, procesar y fabricar materiales necesarios para industrias del futuro.

Oro, plata, cobre y ferroníquel integran la base minera del país

La riqueza mineral de República Dominicana incluye recursos metálicos, minerales industriales, rocas ornamentales y piedras semipreciosas. El mapa de recursos del Servicio Geológico Nacional identifica depósitos e indicios de oro, plata, cobre, zinc, hierro, níquel y bauxita en formaciones de la Cordillera Central, la Cordillera Oriental, el Cibao y la Sierra de Bahoruco.

La producción metálica se concentra principalmente en Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega. En Cotuí, Sánchez Ramírez, opera la mina Pueblo Viejo, que extrae oro y plata. En Maimón, Monseñor Nouel, se encuentran operaciones y recursos de cobre, zinc, oro y plata. La explotación de ferroníquel se sitúa en la franja de Loma Caribe, entre Monseñor Nouel y La Vega.

Las provincias de Hato Mayor y El Seibo presentan condiciones geológicas favorables para depósitos de oro, plata, cobre y otros metales básicos, aunque varias de esas áreas permanecen en etapa de prospección. En San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago y Santiago Rodríguez también se han identificado zonas con potencial para oro, plata y metales básicos.

Estados Unidos ha suscrito marcos de cooperación similares con 27 países, según la Cancillería dominicana. El acuerdo ahora firmado no anuncia una concesión minera específica, sino una plataforma bilateral para estudios, proyectos, inversión y posibles desarrollos en recursos considerados estratégicos.

“Argentina producía 32.000 toneladas de carbonato de litio en 2022 y pasó a 116.000 en 2025, con una capacidad instalada de 200.000 toneladas”. Ese salto productivo es, para Roberto, la mejor muestra de un sector que empieza a resolver sus cuellos de botella de infraestructura y transporte, aunque todavía enfrenta desafíos logísticos para consolidarse como potencia exportadora de cobre y litio.

¿Cómo evolucionó en los últimos años el marco de inversión minera y qué impacto tuvo eso en la actividad?

En los últimos dos años la minería avanzó con fuerza gracias al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que llevó a que grandes jugadores mineros apostaran por el país y entraran en la etapa previa a la construcción de los proyectos de cobre y litio.

El régimen mejoró la carga tributaria para volver a la Argentina competitiva frente a otros receptores de inversión minera como Perú, Chile, Canadá o Australia. También habilitó, según la etapa de cada proyecto, un porcentaje de libre disponibilidad de divisas, clave en un país donde fue difícil girar fondos al exterior.

El tercer punto, producto de incumplimientos del pasado, es la posibilidad que tienen los inversores de litigar en el exterior si no se respetan las reglas aplicadas al momento de aprobar su adhesión al régimen de incentivos a las inversiones mineras.

¿Qué desafíos logísticos aparecen a la hora de integrar a la industria y a los transportistas al mundo minero?

Hay posibilidades grandes porque los volúmenes de transporte son enormes, tanto para la recepción de insumos en los yacimientos como para el traslado de los materiales que luego se comercializan. Ahí entra el desafío de preparar recursos humanos que conozcan los requisitos de la actividad minera.

Se trata de empresas internacionales con normas rigurosas en seguridad, cuidado ambiental y compliance. El desafío es tener esos recursos disponibles y aprovechar que en muchos servicios hay más posibilidades de competir con proveedores del exterior, porque deberían resolverse a nivel local. Y cuando hablo de local me refiero primero al país, y después a las provincias: la prioridad es dar trabajo a las comunidades cercanas y sostener el empleo nacional.

¿En qué zonas se están concentrando los nuevos proyectos y qué necesidades de infraestructura genera eso?

A diferencia del petróleo, que se concentra en una sola provincia, la minería tiene una dimensión mucho mayor. En el norte, Catamarca, Jujuy y Salta vienen expandiendo el litio, incorporando proyectos y llegando a niveles de producción estándar. Argentina producía 32.000 toneladas de carbonato de litio en 2022 y pasó a 116.000 en 2025, con una capacidad instalada de 200.000 toneladas.

La expectativa es llegar en cuatro o cinco años a entre 350.000 y 400.000 toneladas, 12 o 13 veces lo que se producía en 2022. El cobre, en cambio, se concentra en San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza, y al no estar en una sola zona exige más infraestructura y recursos humanos.

Un proyecto de cobre demora entre cuatro y cinco años desde el inicio de la construcción hasta empezar a producir, un período en el que genera empleo enorme en la construcción y en el transporte logístico de los materiales necesarios.

¿Cómo es la relación con Chile en materia de comercio exterior minero?

La relación con Chile es buena, pero hay que tener en claro que no estamos en su misma situación. Chile lleva 40 años de estabilidad macroeconómica y un expertise minero enorme: es el principal productor mundial de cobre, con más de cinco millones de toneladas de cobre fino por año.

Ese expertise puede servirnos si se traslada con inteligencia, con empresas chilenas que se incorporen respetando las prioridades de empleo local de Argentina. La minería no va a resolver el problema del empleo, pero va a mejorar la calidad de vida de miles de personas, con salarios en blanco.

El transporte hacia Chile atravesó cortes frecuentes en los pasos fronterizos este año. ¿Cómo impacta eso en la logística de exportación minera?

En la etapa de producción, la actividad se mantiene constante todo el año, salvo paradas cortas por condiciones climáticas muy adversas. Las dificultades para cruzar la cordillera hacia Chile no afectan demasiado, porque gran parte del transporte va hacia la cordillera y no en sentido contrario.

La excepción es el litio, que en parte sale por el norte a través del paso de Jama; el resto de la producción sale hacia el Atlántico. Este año, muy riguroso en lo climático, hubo algunas interrupciones puntuales, pero en general no son relevantes.

Habrá que tener en cuenta, de cara a una integración logística mayor con Chile, que los pasos que existen hoy no alcanzan, y que con el tiempo va a hacer falta contar con más pasos fronterizos entre los dos países para sostener el crecimiento.

¿Qué mensaje le dejarías a quienes todavía ven a la minería como una actividad ajena a su día a día?

Es bueno que la gente sepa que la minería va a ser una opción importante, con una dimensión tal que también va a generar movilidad social. No sería extraño que gente que hoy vive en centros urbanos vea en la minería la posibilidad de radicarse en otro lugar para mejorar su calidad de vida.

Cuando los grandes proyectos muestren resultados va a haber un interés mucho mayor, y lo que buscamos es la integración total del país: que Argentina se convierta definitivamente en un país minero, como también es agrícola, ganadero e industrial.

Tenemos la certeza de que, por el crecimiento esperado, en cinco, seis o siete años la minería va a tener un nivel de comercio exterior muy relevante, comparable con el campo o con la energía, hoy dos de los pilares de lo que viene.

En el siglo XIX la disyuntiva era “libre cambio o proteccionismo”; en el siglo XX fue “campo o industria”. En el siglo XXI, nuestra tradición dicotómica y maniquea, además de retroalimentar las viejas disyuntivas, ha generado otras nuevas: “desarrollo o medio ambiente”; “minería o medio ambiente”; “hidrocarburos o medio ambiente”. Las “o” disyuntivas siempre han sido paralizantes de nuestro desarrollo económico y social. El modelo productivo superador de estas disyuntivas debe canalizar el ahorro interno hacia inversiones productivas, con un aumento sustancial de la tasa de inversión bruta, y generar un salto en la productividad sistémica. Se trata de desarrollo y medio ambiente; de minería y medio ambiente; de hidrocarburos y medio ambiente.

Hay que maximizar la producción y la renta de estos sectores intensivos en capital, que están transformando la estructura productiva del país a partir de ventajas comparativas que permitirán radicar otras industrias. Un nuevo modelo productivo debe integrar cadenas de negocios que promuevan la creación de empleos formales y maximicen el valor agregado nacional exportable, articulando sectores primarios, industriales y de servicios, recreando las bases de un mercado regional y consolidando los cimientos de un desarrollo sustentable.

Las “o” disyuntivas siempre han sido paralizantes de nuestro desarrollo económico y social

Ese desarrollo sustentable está asociado a la licencia social y a la licencia ambiental que imponen estas actividades. El respeto a las normas ambientales de orden nacional, provincial y aun municipal debe ser correspondido por estas industrias mediante la implementación de las mejores prácticas, y respondiendo por las infracciones administrativas o los daños que deriven en responsabilidad civil cuando una conducta negligente provoque un daño ambiental.

Y aquí aparece la preocupante novedad que recrea la disyuntiva “desarrollo o medio ambiente” y que puede convertirse en un obstáculo al proceso de desarrollo intensivo que ya experimentan Vaca Muerta y la minería del litio, y que se viene en el cobre a partir de Vicuña: la figura penal del “ecocidio” contenida en un proyecto de ley que tiene tratamiento en la Cámara de Senadores.

De traducirse el proyecto en ley, una negligencia que pueda provocar un daño ambiental —conducta que será evaluada dentro del amplio y, a veces, difuso espectro de normas nacionales, provinciales y municipales que regulan el medio ambiente— quedaría sujeta a la discreción interpretativa de jueces federales o locales y podría derivar en una pena de hasta 15 años de prisión, y hasta 25 si hubiera una muerte.

La Argentina viene de una decadencia cuasi secular que ha degenerado en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos

El proyecto, de dudosa constitucionalidad por las lagunas que plantea la definición del tipo penal —el artículo 18 de la Constitución Nacional exige una ley previa que determine tanto la conducta prohibida como la pena—, agrava las penas cuando en el hecho interviene un funcionario público: prevé un aumento de un tercio en el mínimo y el máximo, además de una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La cuestión adquiere especial relevancia para actividades como la energía y la minería, donde los proyectos requieren evaluaciones de impacto ambiental, permisos, inspecciones y sucesivas autorizaciones de organismos públicos. Frente a una figura cuyos límites pueden resultar difíciles de anticipar, especialistas identifican un riesgo de “parálisis decisoria”: que los funcionarios se vuelvan reacios a autorizar o acompañar proyectos, ralentizando trámites legítimos y generando un impacto sobre los proyectos y su factibilidad.

En la práctica, las autoridades, además de su ya existente responsabilidad por el desempeño como funcionarios públicos, agregarían un escalón más de precaución ante la eventual penalización de sus actos administrativos. Seamos claros: si Vaca Muerta no estuviera en proceso de plena expansión productiva, es muy posible que la figura penal del “ecocidio”, tal como la propone esta norma, hubiera producido un “industricidio”, frustrando el desarrollo intensivo del petróleo y el gas que, según lo hemos planteado en Infobae (06-09-26), está generando una verdadera revolución energética. Pero puede haber consecuencias disuasorias sobre nuevas inversiones a futuro.

No hay magia ni atajos. Para volver a crecer a tasas altas y poner un punto de inflexión a nuestra decadencia hace falta mucha más inversión

La Argentina viene de una decadencia cuasi secular que ha degenerado en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos. El diagnóstico derivado de la contabilidad del crecimiento es contundente respecto de las causas: baja inversión y productividad, con un insuficiente ahorro interno que, en parte, se deriva al exterior o emigra del sistema. La tasa de crecimiento potencial de los últimos 50 años promedió un 1,8% anual acumulado, y eso se tradujo en un paupérrimo incremento del ingreso per cápita, que permanece estancado desde 2011.

No hay magia ni atajos. Para volver a crecer a tasas altas y poner un punto de inflexión a nuestra decadencia hace falta mucha más inversión —tasas del 25/28 %— y un aumento sustancial de la productividad total de los factores (PTF). Las locomotoras energética y minera están a la cabeza de esta transformación productiva, y paralizar su desarrollo con propuestas de un ecologismo ideológico sería un grave error político y económico.

Tal vez lo que habría que criminalizar en la Argentina es esta variante de “industricidio”. Sugiero el siguiente tipo penal: “Todo funcionario público nacional, provincial o municipal, de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, que, invocando causas sociales o ambientales fundadas en argumentos de corte ideológico, dicte o sancione normas o resoluciones que puedan ser disuasivas o paralizantes de procesos de inversión productiva nuevos o en curso, será reprimido con penas de tantos años de prisión, multa e inhabilitación accesoria”.

El autor es ex secretario de Energía y ex presidente de YPF

La inteligencia artificial avanza con mayor velocidad en sectores como banca, seguros, retail, educación y entretenimiento, mientras que minería, logística, construcción y agroindustria enfrentan mayores obstáculos para incorporarla a gran escala en Perú.

La complejidad de sus operaciones, el peso de los procesos manuales y la desconexión entre sistemas internos limitan la aplicación de estas herramientas, según explicó José Antonio Murillo, cofundador y co CEO de Primero.

El ejecutivo señaló que las actividades productivas cuentan con un volumen relevante de documentación, registros y datos operativos. En minería, logística y agroindustria, esa información incluye movimientos de inventario, cadenas de abastecimiento, operaciones en campo, producción, facturación y controles financieros.

El desafío consiste en transformar esos datos en información útil para automatizar tareas y respaldar decisiones. Murillo sostuvo que la adopción de IA no depende exclusivamente del sector, sino de la disposición de las empresas para revisar sus procesos e integrar la información que ya generan.

Primero, que trabaja con compañías de servicios financieros, seguros, bienes de consumo, manufactura y retail, considera que las industrias con operaciones complejas presentan oportunidades para aplicar sistemas de inteligencia operativa.

La inversión en IA aumentó, pero persiste una brecha de preparación

El interés empresarial por estas tecnologías creció durante los últimos años. Según el EY Chief Data Officer Study 2026, citado por la compañía, el 85% de las organizaciones consultadas en Perú aumentó su presupuesto para inteligencia artificial.

Las estimaciones de Sonda Perú recogidas por Primero indican que el mercado local de IA pasó de USD 412 millones en 2024 a casi USD 497 millones en 2025. La proyección apunta a un crecimiento cercano al 20% anual hasta 2027.

El aumento de la inversión convive con una brecha en las capacidades internas de las compañías. Apenas 3% de las empresas peruanas se considera plenamente preparada para adoptar inteligencia artificial generativa, de acuerdo con los datos mencionados por Murillo.

La diferencia entre presupuesto y preparación abarca la infraestructura tecnológica, la calidad de la información disponible y la formación de los equipos que utilizarán estas herramientas.

Perú ocupa el quinto lugar de América Latina en preparación para IA, por delante de Colombia, Ecuador y México, según cifras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Aun así, señaló que los avances se concentran en actividades de servicios, donde los procesos suelen estar más digitalizados.

Los sistemas aislados dificultan la automatización de procesos

Uno de los principales obstáculos para llevar IA a áreas operativas es la fragmentación tecnológica. Las organizaciones administran en promedio 957 aplicaciones distintas, pero solo el 27% está conectado entre sí, según el Connectivity Benchmark Report 2026 de MuleSoft citado por Primero.

En la práctica, esa desconexión separa información que suele estar distribuida entre sistemas de planificación de recursos empresariales, gestión de almacenes, plataformas de ventas, herramientas financieras y programas contables. Cada área puede tener datos relevantes, aunque sin una integración que permita analizarlos de forma conjunta.

Murillo señaló que muchas empresas buscan evitar proyectos tecnológicos extensos y desarrollos a medida que pueden requerir meses de implementación. La propuesta de Primero parte de conectar los sistemas y las bases de datos ya existentes para incorporar las reglas y la lógica de cada negocio a una misma capa de información.

La compañía informó que, en una empresa de bienes de consumo, esta integración permitió identificar más de USD 10 millones en deducciones de retail incorrectas que antes quedaban dispersas entre distintas plataformas. En un cliente del sector productivo, la tecnología automatizó el 85% de un proceso que requería revisión manual concepto por concepto, mientras que el 15% restante continuó bajo revisión humana.

La falta de alternativas económicas y la expectativa de obtener ingresos rápidos empujan a decenas de personas a la minería ilegal de oro en Cuba, una actividad prohibida por el Estado que se extiende en áreas rurales de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila. El fenómeno combina explotación clandestina, presión sobre recursos estratégicos, riesgos ambientales y episodios de violencia vinculados a la delincuencia.

Según un reportaje publicado por Havana Times, pequeños grupos de mineros excavan pozos en busca de vetas auríferas, pese a que la legislación cubana reserva la extracción de oro para proyectos autorizados. El metal es considerado un recurso estratégico y las licencias suelen concentrarse en compañías estatales o empresas extranjeras.

Uno de los focos está en Guáimaro, municipio del este de Camagüey, donde abundan los relatos de jóvenes que abandonaron actividades tradicionales para buscar oro. En una zona de fuerte tradición ganadera, palas, picos y zarandas reemplazaron en algunos casos al trabajo con ganado, cuyo control está sujeto a regulaciones estatales.

El principal incentivo es el valor del mineral. Un minero identificado como Jesús afirmó, según la Havana Times, que el gramo de oro refinado puede venderse por más de 60,000 pesos cubanos, una suma superior a 80 dólares. Incluso una jornada con una extracción menor puede dejar cerca de 3,000 pesos por trabajador.

Jesús, originario de Guantánamo y residente en Guáimaro desde hace tres años, forma parte de un grupo de cuatro personas que trabaja cerca del río Jobabo, en la frontera entre Las Tunas y Camagüey. Antes había participado en explotaciones clandestinas en El Pilar, un campo del municipio avileño de Baraguá.

El antecedente de Ciego de Ávila expone la dimensión de la respuesta oficial. Jesús relató que perdió sus herramientas durante un operativo policial contra una mina que comenzaba a producir. Más de 300 personas fueron detenidas en aquella redada, que ocurrió antes de una visita del ministro de Energía y Minas, Vicente La O Levy, a la zona.

La presencia estatal no ha eliminado la actividad. Los grupos buscan sitios alejados y acuerdan con propietarios rurales el alquiler de terrenos. Algunos dueños exigen pagos en efectivo; otros reclaman una parte de la extracción. Son pactos informales, sin documentación ni mecanismos legales para exigir su cumplimiento.

Golden Hill concentra los proyectos formales en Las Tunas

Mientras la explotación artesanal se multiplica fuera de la ley, el principal proyecto establecido bajo la normativa vigente es Golden Hill, en el municipio tunero de Jobabo. Sus instalaciones comenzaron a operar a inicios de la década de 2010 como parte de un convenio de cooperación entre Cuba y Venezuela.

El yacimiento se encuentra a unos 20 kilómetros de la zona donde trabajan grupos informales. La cercanía alimenta entre los mineros la expectativa de que existan reservas adicionales en los alrededores, aunque no hay información oficial que confirme la cantidad o calidad de los depósitos que buscan.

Durante una visita en 2023, La O Levy convocó a dialogar con comunidades de Ciego de Ávila y otras provincias del centro-oriente donde se detectaron yacimientos ilegales. El objetivo oficial era reducir esos episodios, preservar las reservas para su explotación regulada y aumentar los ingresos del país.

La cartera de oportunidades para inversión extranjera incluye decenas de proyectos ligados a la minería. Entre ellos figuran yacimientos de pórfidos de cobre y oro en Ciego de Ávila, una ampliación de Golden Hill para incorporar cobre y una propuesta para extraer sulfuros de oro en Florencia-Maclama, en la frontera entre Las Tunas y Camagüey.

La delincuencia y el mercurio suman riesgos a la extracción clandestina

La ilegalidad deja a los mineros sin posibilidad de recurrir a la policía cuando sufren robos o agresiones. En Guáimaro, algunos grupos establecieron turnos nocturnos para vigilar las herramientas y el material extraído. En momentos de mayor tensión, los trabajadores permanecieron en parejas y con machetes o piedras para protegerse.

Un habitante citado por Havana Times sostuvo que el crecimiento de la actividad trajo conflictos, carreras de motos, consumo de alcohol y disputas en bares de la localidad. El escenario contrasta con las décadas de 1960 y 1970, cuando una explotación estatal de oro en Flor de María dejó viviendas, una guardería y obras de infraestructura antes de cerrar en los años 80 por el agotamiento de la veta.

También persiste el riesgo de contaminación. En el proceso artesanal, los mineros lavan y tamizan la tierra para obtener una mezcla a la que agregan mercurio, conocido localmente como azogue, para separar el oro. En zonas como Flor de María existen pozos vinculados al abastecimiento de agua y a infraestructura ganadera, por lo que una eventual filtración podría afectar recursos esenciales para Guáimaro.

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 63.521 millones entre enero y julio de 2026, un alza de 33,3% frente a los US$ 47.642 millones registrados en el mismo período de 2025.

El incremento estuvo impulsado, en gran medida, por la cotización internacional de los minerales, según el reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La minería explicó 8 de cada 10 dólares vendidos al exterior

El sector tradicional concentró US$ 50.935 millones, equivalentes al 80,2% de los despachos totales. La cifra representó una expansión de 44% interanual, con la minería como principal actividad exportadora.

Las ventas mineras alcanzaron US$ 46.283 millones, con un crecimiento de 49,2%. El cobre y el oro en bruto encabezaron la demanda y concentraron el 64,8% de los envíos del sector tradicional, de acuerdo con el informe de ADEX.

China fue el principal destino de esta oferta, con el 46,1% del total, seguida por India, Canadá, Estados Unidos y Suiza. Los hidrocarburos también crecieron, con una variación de 28,4%, mientras que la pesca tradicional retrocedió 19,7%. El agro tradicional mostró un avance de 0,4%.

La oferta con valor agregado avanzó a un ritmo menor

Los productos no tradicionales, identificados por ADEX como oferta con valor agregado, alcanzaron USD 12.586 millones entre enero y julio. El resultado implicó una variación positiva de 2,5% frente a los USD 12.277 millones del mismo lapso de 2025 y representó el 19,8% de las exportaciones peruanas.

La agroindustria lideró este grupo con US$ 6.017 millones. Le siguieron los sectores químico, con USD 1.536 millones; pesca y acuicultura, con USD 1.443 millones; y siderometalurgia, con USD 1.372 millones.

También figuraron las confecciones, con USD 669,8 millones; la minería no metálica, con USD 563,3 millones; la metalmecánica, con USD 418 millones; y el sector textil, con USD 305,8 millones. Las ventas de maderas llegaron a USD 40,9 millones y las de joyería, a USD 31 millones.

La palta fue el producto con mayor valor exportado dentro de este segmento, al sumar USD 1.128 millones. Las uvas frescas, la pota congelada, los arándanos, el alambre de cobre refinado, las chapas de cobre, los mangos, los fosfatos de calcio naturales, el cacao en grano y el zinc sin alear completaron la lista de los principales productos.

ADEX: Nueve sectores redujeron el volumen de sus despachos

Pese al aumento del valor total exportado, el reporte registró descensos en el volumen enviado al exterior en nueve de los 15 sectores analizados.

Las caídas alcanzaron a la pesca tradicional, los hidrocarburos, la agroindustria, el textil, las confecciones, la metalmecánica, la siderometalurgia, la joyería y las maderas.

En valor FOB, cinco subsectores cerraron el período en terreno negativo: pesca primaria, confecciones, metalmecánica, minería no metálica y joyería. El comportamiento refleja que el crecimiento general dependió en buena parte de la evolución de los precios de materias primas, especialmente minerales.

Estados Unidos encabezó los destinos de la oferta no tradicional, con el 27,9% del total. Países Bajos ocupó el segundo lugar, con 9,4%, seguido por China, Chile y España. Colombia, Ecuador, México, Brasil y Corea del Sur integraron los diez principales mercados.

Prepárese: Perú romperá los USD 100.000 millones en envíos por primera vez en 2026

Con los datos disponibles se puede afirmar que Perú se encamina a superar los USD 100 mil millones en exportaciones en 2026, pero debe plantearse como una proyección condicionada a que se sostenga el ritmo de los primeros siete meses.

Para llegar a USD 100 mil millones necesita sumar USD 36.479 millones entre agosto y diciembre, un promedio mensual de USD 7.296 millones. Entre enero y julio, el promedio fue de USD 9.074 millones por mes.

En 2025, Perú exportó USD 90.082 millones, un récord histórico y un incremento de 21% frente a 2024, según ADEX. Por lo tanto, si en 2026 supera los USD 100 mil millones, implicaría un aumento de al menos 11%.

ADEX pidió reducir costos y preparar infraestructura ante El Niño

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, pidió avanzar en una agenda proexportadora que amplíe la participación empresarial en el comercio exterior, incorpore a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor y eleve el valor agregado de la oferta nacional.

Tello Ramírez también reclamó medidas para atraer inversiones, reducir sobrecostos y eliminar barreras que afectan la competitividad.

Además, advirtió sobre el posible impacto de El Niño Costero en distintas actividades económicas y planteó la necesidad de desarrollar infraestructura capaz de mantener su operatividad ante episodios climáticos extremos.

Entre enero y julio, 7.731 empresas peruanas exportaron 3.671 partidas a 166 países. El número de compañías aumentó en 255, mientras que la cantidad de productos se redujo en 89 y los mercados de destino crecieron en cuatro.

La presidenta Keiko Fujimori reivindicó este miércoles el carácter minero del Perú y aseguró que su Gobierno promoverá la inversión responsable, al tiempo que anunció medidas para combatir las economías ilegales que, según afirmó, destruyen bosques, contaminan ríos y amenazan áreas naturales protegidas.

Durante la inauguración de la décima edición de Expomina Perú 2026, Fujimori sostuvo que la minería y la protección ambiental “no se oponen” y deben avanzar de manera complementaria, en un discurso dirigido a empresarios, inversionistas, proveedores y representantes de distintos países.

“El Perú es un país minero y debemos sentirnos orgullosos”, afirmó al destacar que el país cuenta con una cartera de 67 proyectos mineros por unos 64.000 millones de dólares.

La jefa de Estado señaló que el reto de su administración es convertir ese potencial en nuevas inversiones, empleo e infraestructura, además de contribuir a reducir la pobreza y la anemia en las regiones donde se desarrollan los proyectos. “La inversión significa empleo, infraestructura, servicios y oportunidades para nuestras regiones”, manifestó.

También defendió un cambio en el papel del Estado frente a los inversionistas y afirmó que su Gobierno busca que la administración pública deje de actuar como una “barrera burocrática” para convertirse en un facilitador del desarrollo.

En ese sentido, prometió mayor predictibilidad para las empresas y decisiones administrativas dentro de “plazos razonables”, como parte del proceso de reestructuración del Estado que su Gobierno ha planteado.

Uno de los ejes del discurso fue el compromiso de combatir las actividades económicas ilegales vinculadas, según Fujimori, con la destrucción de bosques, la contaminación de ríos y las amenazas contra áreas naturales protegidas.

“Vamos a enfrentar a las economías ilegales que destruyen nuestros bosques, contaminan nuestros ríos y amenazan nuestras áreas naturales protegidas”, sostuvo.

Planteó al mismo tiempo una política de promoción de la minería sostenible y destacó la creación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente para abordar los principales proyectos del sector.

Fujimori señaló que el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, tendrá entre sus funciones contribuir a “destrabar los grandes proyectos”, en coordinación con el sector minero. Y remarcó que la llamada minería del siglo XXI debe generar riqueza, pero también confianza entre el Estado, las empresas, los trabajadores y, especialmente, las comunidades.

“Una minería que proteja nuestros recursos y que se traduzca en oportunidades y bienestar para las familias”, afirmó antes de destacar que Expomina reúne a empresarios, inversionistas y especialistas de más de 30 países en una edición con más de 1.250 stands y que proyecta intenciones de compra por más de 300 millones de dólares.

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) propuso que el 5 % de los aportes derivados de la actividad minera en República Dominicana cuente con un mecanismo trazable y verificable dentro de una modernización de la Ley Minera 146-71, con el argumento de que los recursos que las empresas entregan al Estado no se reflejan en las comunidades donde se extraen los minerales.

La iniciativa incorpora un modelo de gobernanza para ese porcentaje basado en planificación municipal, participación comunitaria, priorización técnica de obras, ejecución transparente, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y vigilancia ciudadana. El objetivo, según la propuesta, es impedir que esos fondos queden absorbidos por gasto corriente o decisiones discrecionales y dirigirlos a proyectos estructurales que mejoren la calidad de vida y la competitividad de los territorios mineros.

Según Listín Diario, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana sostiene que la industria cumple con los aportes que le corresponden, pero que ese flujo de recursos no se traduce en mejoras visibles en las zonas mineras. La organización plantea por eso que el dinero deje resultados concretos en infraestructura, formación técnica y profesional, y acceso a salud dentro de las provincias donde opera el sector.

Desde 2016, el país aplica el Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), cuyo propósito es promover la transparencia y la rendición de cuentas sobre los ingresos procedentes de la minería y los hidrocarburos. Pedro Esteva, presidente del consejo de directores de Camipe, explicó que ese esquema funciona como un acuerdo entre productores y Gobierno para auditar tanto lo que las empresas pagan en impuestos según la ley o los contratos como lo que el Estado declara haber recibido.

Esteva afirmó durante una visita al director de Listín Diario a comienzos de junio que existen alrededor de cuatro auditorías que confirman la recepción de esos recursos por parte del Gobierno. “El problema es que no va a la comunidad; entonces, se le mete la presión a la minera”, dijo.

El directivo agregó que cada empresa desarrolla programas sociales adicionales a los aportes tributarios que reporta. También sostuvo que la infraestructura de las provincias mineras ha quedado bajo administración del Gobierno central, pero sin que una parte importante de ese dinero se dedique al desarrollo de esos territorios.

La respuesta directa que plantea la entidad es esta: el 5 % debe contar con una herramienta que permita seguir su recorrido y comprobar su aplicación final en las comunidades mineras. Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, dijo al medio que ese instrumento deberá ser definido por el Gobierno y, cuando corresponda, por el Congreso, con la intención de dar credibilidad tanto al Estado como a las empresas.

“Nosotros proponemos que el 5 % tiene que tener una herramienta o un mecanismo en el que pueda ser, no solamente aplicable, sino verificable y trazable”, afirmó Valerio. Añadió que las empresas también deben participar en la discusión sobre el uso de esos recursos y en la definición de cómo mejorar esas localidades para las generaciones futuras.

La reforma de la ley incluye siete ejes y una revisión del papel del Estado sobre el subsuelo

La propuesta de actualización no se limita al destino de ese porcentaje. La Cámara identificó otros aspectos para reformar en la normativa de 1971, entre ellos un mayor alineamiento con la Constitución dominicana, que establece que el Estado es dueño del subsuelo, además de siete ejes que, a juicio del sector, permitirían construir una ley más aplicable.

Valerio resumió esa visión con una definición operativa de la reforma: “Una ley mejor no es precisamente la que tenga más artículos o la que ponga palabras más de este tiempo, sino la que mejor se pueda aplicar”. La asociación está compuesta por 44 empresas del sector minero y petrolero.

Entre los ejes mencionados figuran la identificación clara de los objetivos y del objeto de la ley desde el inicio para reducir la discrecionalidad, la delimitación de funciones de los organismos vinculados al área, la protección del medio ambiente y la prevalencia de los principios de seguridad jurídica y debido proceso. Para la cámara, esos elementos deben beneficiar no solo a las compañías, sino también al Estado, a las comunidades y a la fiscalización ambiental.

“Se supone que cuando hay seguridad jurídica beneficia a todos: a las empresas, porque te da certeza en lo que tú estás haciendo; al Estado, porque lo hace más fuerte y a la comunidad, porque sabe a qué atenerse; y al mismo medio ambiente, de hecho, porque sabe quién lo fiscaliza”, sostuvo Valerio.

En medio de una retracción industrial que dejó casi 8.000 puestos de trabajo menos en la provincia de Buenos Aires en el último año y en pleno debate por el compre local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) lanzó su propia propuesta. Se trata de un programa de vinculación entre pymes fabriles y los grandes proyectos de energía y minería al que sus propios impulsores llaman, sin eufemismos, el “Tinder industrial”.

Las importaciones vinculadas a los proyectos adheridos al RIGI acumularon cerca de USD 460 millones hasta agosto y registraron un salto de unos USD 140 millones solo en ese mes, según una compilación de datos del investigador Federico Bernini, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA). Esa cifra equivale a casi el 1% de los USD 47.073 millones de inversión comprometida por los proyectos aprobados, frente a la cláusula del régimen que exige que al menos el 20% del total de cada inversión se cubra con proveedores nacionales.

La lógica del programa es tan simple como la aplicación que le da nombre: conectar oferta con demanda. El programa funciona como una plataforma de matching que cruza las necesidades concretas de insumos y servicios de los sectores de oil & gas, minería y energía con la capacidad de producción —real o potencial— del entramado fabril bonaerense. El objetivo declarado es que esa demanda, hoy cubierta en buena medida con importaciones, empiece a resolverse con industria local.

Actualmente el programa nuclea a más de 60 empresas industriales y de servicios de toda la provincia, de rubros como metalmecánica, equipos para oil & gas y servicios industriales, convocadas a través de una red de cámaras sectoriales y territoriales.

La provincia concentra el 46% de la industria manufacturera del país

Irini Wentinck, prosecretaria de la Uipba, precisó que la provincia de Buenos Aires reúne el 46% de las industrias manufactureras de la Argentina. De los 23 proyectos aprobados hasta ahora bajo el RIGI en los sectores energético y minero, solo cuatro se ubican en territorio bonaerense; el grueso se radica en otras provincias, con epicentro en Vaca Muerta, donde se concentran los recursos.

Esos cuatro casos son el proyecto siderúrgico de Sidersa en San Nicolás, el parque eólico de Olavarría, la ampliación de la planta de Mega para exportar líquidos de gas y la planta de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca —con una inversión de USD 2.700 millones destinada a construir una de las plantas de urea más grandes del mundo—. En conjunto, esos cuatro proyectos suman USD 3.620 millones comprometidos y 17.257 empleos según el registro oficial del régimen.

La radicación territorial no es, sin embargo, una barrera insalvable. La apuesta de la Uipba es que empresas bonaerenses puedan incorporarse como proveedoras de proyectos ubicados en otras provincias. Con esa lógica, autoridades de la entidad ya mantuvieron reuniones con las principales petroleras del país, entre ellas, con el área de cadena de proveedores de YPF.

La brecha entre lo que una pyme fabrica y lo que el proyecto necesita

Para hacer ese cruce, la Uipba relevó qué produce cada empresa socia, con qué maquinaria cuenta y qué certificaciones tiene, y lo compara contra los requerimientos concretos de los grandes compradores. La mayoría de las pymes que integran el grupo hoy le venden a otros sectores; la apuesta es que, con ajustes puntuales —una certificación que falta, un cambio de insumo, adaptar una línea de producción—, puedan empezar a proveer a la minería o al oil & gas.

“Las capacidades industriales del país están realmente muy concentradas en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Wentinck. “En la provincia hay una cantidad enorme de industrias que tienen las capacidades, no es que hay que desarrollarlas, simplemente hay que certificarlas.”

El proceso de certificación puede demandar hasta seis meses, un plazo que en muchos casos no coincide con los tiempos de las licitaciones. “Si esta información no llega con el tiempo que se requiere para desarrollar estas capacidades de última milla, la realidad es que cuando la licitación salió llegó tarde la información y entonces la empresa no pudo participar”, explicó la referente.

Para atacar ese cuello de botella, la Uipba cerró un acuerdo con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y mantiene conversaciones con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para explorar un esquema que homologue certificaciones y agilice el ingreso de proveedores locales a las mineras, una iniciativa que todavía está en etapa de borrador.

La reconversión productiva

El programa no se limita, sin embargo, a vincular oferta con demanda. Su trabajo diario consiste en identificar qué le falta a cada empresa para producir lo que los grandes proyectos necesitan y acompañarla en ese proceso. “Hacer un producto nuevo o un producto adaptado no es de un día para el otro”, señaló Wentinck: requiere inversión, innovación, tecnología, capital humano formado y financiamiento.

Para cubrir esa brecha, la Uipba mantiene conversaciones con distintos bancos para articular líneas de crédito destinadas a pymes que necesiten reconvertir procesos o adquirir bienes de capital. El trabajo también tiene una dimensión internacional: mediante contactos con embajadas de potencias mineras, la entidad busca promover esquemas de asociatividad para abastecer esos mercados con producción bonaerense e intercambiar conocimiento técnico.

“Estos sectores traccionan mucho y el desafío es lograr que la industria bonaerense también se beneficie de eso”, planteó Wentinck.

La carga impositiva encarece al proveedor local frente a la competencia importada

En paralelo al programa de vinculación, la Uipba impulsa junto con otras cámaras una gestión ante el Estado para reducir la carga tributaria que hoy resta competitividad a los proveedores locales frente a la competencia importada, justamente uno de los principales debates que se generan alrededor de los proyectos que se inscriben en el RIGI. La trabaja en una propuesta para bajar el impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires sin comprometer las finanzas provinciales.

La iniciativa apunta a un esquema progresivo: en una primera etapa, mediante un ajuste del mínimo no imponible, las micro y pequeñas empresas quedarían eximidas del tributo; en un horizonte de entre tres y cinco años, la baja se extendería en forma gradual a las medianas y grandes hasta llegar a cero. Hasta 2008, el sector estaba exento en la provincia.

La demanda se enmarca en un reclamo más amplio por un esquema de incentivos específico para las empresas que integran las cadenas de valor de los sectores energético y minero, como complemento del RIGI. Uno de los referentes que participó de las conversaciones con la Uipba, sintetizó: “Sin financiamiento y sin un nuevo esquema tributario, los grandes sectores van a elegir otros proveedores”.

Wentinck introdujo el concepto de competitividad sistémica para explicar por qué la reconversión productiva no alcanza si no va acompañada de condiciones macroeconómicas favorables. “Cuando un producto argentino tiene que competir con un producto que viene de Brasil, o de México, o de China, no solamente lleva dentro la productividad puertas adentro de nuestras fábricas, sino también la competitividad que tiene el país, que tiene la provincia”, argumentó.

Nicaragua concedió este lunes una nueva concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., un permiso que elevó a 21 las autorizaciones entregadas a firmas asiáticas desde que Estados Unidos impuso sanciones al sector aurífero nicaragüense.

La resolución, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, habilitó a la compañía a operar en el lote denominado Jade, una superficie de 26.205,75 hectáreas situada en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

La Dirección General de Minas certificó la concesión a favor de Linze Excelente Minería S.A., representada en Managua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Shiliang Yang, según informó EFE.

Las firmas chinas recibieron permisos sobre más de 1.2 millones de hectáreas

Entre 2021 y junio de 2026, el Ejecutivo sandinista otorgó concesiones para 84 lotes a 22 empresas chinas, de acuerdo con registros de la organización ambientalista Fundación del Río.

Empresas mineras chinas ya controlaban 10% del territorio de Nicaragua hasta julio de este año, a través de concesiones que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, según un estudio divulgado en Costa Rica y citado por la agencia EFE y el medio E&N.

El informe, elaborado por la ONG ambientalista Fundación del Río junto con otras tres organizaciones, sostuvo que esas firmas administran 1,277,389.38 hectáreas en concesiones mineras, y lo plasmó en un atlas que ubica los lotes, detalla el origen del capital y registra su superposición con la red hídrica del país.

Durante la presentación del documento, el presidente de la organización, el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, afirmó que entre 2021 y junio de 2026 el Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó concesiones a 22 empresas chinas en 84 lotes para minerales metálicos.

Ruiz advirtió que 62 lotes afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes —14 titulados y cuatro proyectados— con una superficie de afectación minera de 681,574.73 hectáreas. También alertó por el impacto sobre 163 ríos, 80 arroyos y 1.894 kilómetros de la red hídrica.

La Fundación del Río indicó que las compañías chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no tienen páginas web y que la organización no encontró pruebas de que formen parte de empresas que coticen en bolsas de valores.

Estados Unidos sancionó a empresas y funcionarios vinculados al oro

A mediados de abril de 2026, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos hijos de los copresidentes autoritarios, Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de un viceministro, otros cuatro ciudadanos y siete compañías mineras.

Las sanciones alcanzaron a personas y empresas relacionadas con la extracción y la comercialización de oro, una actividad que se consolidó como la principal fuente de ingresos por exportaciones de Nicaragua. Los datos oficiales indicaron que las ventas externas del sector minero totalizaron USD 2,009.2 millones en 2025, un alza del 44.4% frente al año anterior.

El oro en bruto concentró USD 1,971 millones de esos ingresos, el 22.7% de las exportaciones nacionales. El país vendió 19.9 toneladas métricas de oro, el mayor volumen registrado hasta ahora, según las cifras oficiales recogidas por EFE.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó este lunes una concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., en el lote denominado Jade, una superficie de 26.205 hectáreas en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La cesión, publicada en el Diario Oficial La Gaceta y certificada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de la República, eleva a 22 empresas chinas el número de empresas de capital chino con concesiones activas en territorio nicaragüense.

Linze Excelente Minería está representada en Managua por el ciudadano chino Shiliang Yang, quien cuenta con residencia nicaragüense y figura también como apoderado legal de otra firma del mismo grupo empresarial, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group. Antes de esta última adjudicación, Linze Excelente ya controlaba 10.592 hectáreas en los departamentos de Chontales y Nueva Segovia, transferidas en julio pasado por su empresa hermana. Con el nuevo lote, su superficie total en el país supera las 36.000 hectáreas.

El otorgamiento se produce cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara, el 16 de abril, a Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, dos hijos de la pareja presidencial con cargos gubernamentales, junto a otras cinco personas y siete empresas vinculadas a la extracción y comercialización de oro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostuvo entonces que ese entramado permite al régimen “generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a la industria aurífera.

Las sanciones no han frenado la expansión del capital chino en el sector. Según el registro de la Fundación del Río, organización ambientalista que monitorea las publicaciones de La Gaceta, el régimen sandinista ha otorgado entre 2021 y septiembre de 2026 concesiones en 85 lotes a 22 empresas chinas, que suman en conjunto 1.277.389 hectáreas: alrededor de 10% del territorio nacional, con superposiciones sobre áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. La organización ha documentado que el Ejecutivo modificó el marco jurídico minero para facilitar esas inversiones y reducir el impacto de las sanciones estadounidenses sobre el sector.

Entre las compañías con mayor extensión concesionada destacan Thomas Metal S.A., con más de 228.000 hectáreas, y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, con cerca de 184.000 hectáreas antes de sumar el lote Rama de 38.621 hectáreas adjudicado en mayo. Cinco de las firmas del listado operan bajo sanciones directas de Washington, lo que no les ha impedido seguir recibiendo nuevos títulos o transfiriendo derechos entre sociedades vinculadas, como ocurrió entre Xinxin Linze y Linze Excelente.

El auge minero se refleja también en las cuentas externas del país. Las exportaciones del sector ascendieron a USD 2.009 millones en 2025, un 44,4% más que el año anterior, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua. El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación, con USD 1.971 millones y un volumen de 19,9 toneladas métricas, el registro más alto desde que existen datos comparables, según el Banco Central de Nicaragua.

La expansión de las concesiones chinas en momentos de creciente presión estadounidense anticipa un pulso que difícilmente se resolverá en el corto plazo. Washington ha advertido que las instituciones financieras que faciliten transacciones significativas con los sancionados podrían enfrentar restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense, una amenaza que, de aplicarse contra los socios chinos de Managua, tensionaría aún más el frágil circuito por el que el oro nicaragüense llega a los mercados internacionales.

En los últimos tres años el mapa exportador argentino sumó nuevos protagonistas. Un grupo de provincias, que hasta hace poco tenían un rol relativamente acotado en las ventas al exterior, lograron un crecimiento exponencial que se destaca por sobre el resto del país. Un informe del Indec permite conocer de qué jurisdicciones se trata y qué las llevó a duplicar su facturación externa en tan poco tiempo.

De acuerdo con el estudio, entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, Catamarca incrementó sus envíos al exterior un 195,1 por ciento. En el ranking de aumento porcentual le siguieron Neuquén, con 156,6%; Santa Cruz, con 128,1%; San Juan, con 127,4%; Salta, con 102,9%; y Jujuy, con 100,4% de crecimiento.

Los denominadores comunes son energía y minería. Cuatro de los seis casos —Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan— tienen entre sus rubros más dinámicos a productos químicos y conexos o a piedras, metales preciosos y sus manufacturas, categorías en que el Indec agrupa buena parte del producto minero. Los otros dos, Neuquén y Santa Cruz, muestran un perfil distinto: la primera se apoya en el petróleo crudo de Vaca Muerta, y la segunda combina minería y crecimiento en pesca.

Petróleo y minería en la Patagonia

Neuquén es, de las seis provincias, la que más factura en términos absolutos. En el primer semestre de 2026 exportó USD 4.304 millones, contra USD 1.677 millones en el mismo período de 2023, lo que representa la suba de 156,6% que la ubica entre las seis que lograron duplicar su presencia en el exterior. Solo en el último año, la variación interanual fue de 42,5%. El motor de ese crecimiento es prácticamente uno solo: el petróleo crudo, que totalizó USD 3.903 millones y explicó el 90,7% de todo lo exportado por la provincia. Estados Unidos y México, agrupados en el bloque USMCA, fueron el principal destino, con USD 1.313 millones, seguidos por Chile, con USD 1.173 millones.

Santa Cruz, por su parte, pasó de exportar USD 943 millones en el primer semestre de 2023 a USD 2.150 millones en el mismo tramo de 2026, lo que representó una suba de 128,1% en tres años y de 86,2% respecto del año anterior. A diferencia de Neuquén, el principal rubro no fue energético sino minero: piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, sumaron USD 1.617 millones y representaron el 75,2% del total exportado por la provincia. El petróleo crudo, en cambio, tuvo un rol menor, con apenas 2,7% de la facturación. Otro dato relevante fue el desempeño de los pescados y mariscos sin elaborar, que crecieron 69,8% interanual. El principal mercado de destino fue el bloque USMCA, con USD 935 millones, de los cuales USD 589 millones correspondieron a Estados Unidos.

El salto exportador del NOA

En el Noroeste, tres provincias integran la lista: Catamarca, Jujuy y Salta. Catamarca fue la que mostró el mayor incremento porcentual entre las seis, con una suba de 195,1% en tres años: sus exportaciones pasaron de USD 133 millones en el primer semestre de 2023 a USD 392 millones en igual período de 2026, con un alza interanual de 119,6%.

El Indec destaca allí al rubro de productos químicos y conexos -donde está incluido el litio- como el más relevante, mientras que las piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, tuvieron un aumento de 41,3%. Los cereales, en tanto, subieron 20,3% interanual, aunque con una participación menor, del 1,5% del total. China fue el principal comprador, con USD 263 millones, seguido por el bloque USMCA, con USD 45 millones.

Jujuy exportó USD 973 millones en el primer semestre de 2026, frente a USD 485 millones en el mismo período de 2023, lo que arroja una suba de 100,4% en tres años y de 100,8% respecto de 2025. El rubro con mayores ventas externas fue productos químicos y conexos, con USD 538 millones, el 55,4% del total provincial, que creció 122,9% interanual. China concentró el 75,4% de las exportaciones jujeñas, con USD 733 millones.

Salta completa el trío del NOA. Sus exportaciones pasaron de USD 472 millones en el primer semestre de 2023 a USD 959 millones en 2026, una suba de 102,9% en tres años y de 85,2% en el último año. Al igual que en Jujuy, el principal rubro fue productos químicos y conexos, con USD 309 millones. Las piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, representaron el 18,8% del total y crecieron 33,0% interanual, mientras que los cereales avanzaron 8,5%. China, con USD 249 millones, el bloque USMCA, con USD 210 millones, y la Unión Europea, con USD 146 millones, fueron los principales destinos.

El caso cuyano

San Juan es la única provincia de Cuyo dentro del grupo. Sus exportaciones treparon de USD 564 millones en el primer semestre de 2023 a USD 1.284 millones en 2026, lo que marcó una suba de 127,4% en tres años y de 14,5% interanual. El rubro que explica ese desempeño es, otra vez, la minería: piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, sumaron USD 1.078 millones y representaron el 84,0% de toda la facturación externa de la provincia. También se destacaron las hortalizas y legumbres sin elaborar, con una suba de 22,6%, aunque con una participación acotada, del 2,6%. India fue el principal mercado, con USD 282 millones, por delante del Mercosur, con USD 88 millones.

El resultado combinado de estas seis provincias confirma un fenómeno que atraviesa a buena parte del comercio exterior argentino en los últimos años: el peso creciente de la energía y la minería en la estructura exportadora, en particular en jurisdicciones que hasta hace poco tiempo tenían una inserción externa limitada.

El Estado peruano deberá devolver cerca de USD 200 millones a SMM Cerro Verde Netherlands B.V., filial de la japonesa Sumitomo Metal Mining, tras un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por una controversia tributaria vinculada a la mina Cerro Verde, en Arequipa. El monto incluye USD 160 millones de capital y alrededor de USD 40 millones por intereses.

El reclamo se originó en acotaciones tributarias de 2005 y 2007

La demanda fue presentada por SMM Cerro Verde Netherlands B.V., accionista de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., y no por la compañía minera de forma directa. La firma posee el 21% de la operación, una de las principales productoras de cobre de Perú, mientras que el resto de la participación pertenece principalmente a Freeport-McMoRan y Compañía de Minas Buenaventura.

El conflicto se remonta a obligaciones que fueron determinadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sobre la operación de Cerro Verde. Las acotaciones corresponden a 2005 y 2007, en un proceso que se extendió durante cerca de dos décadas entre instancias nacionales e internacionales.

Cerro Verde suscribió en 1998 un convenio de estabilidad jurídica y tributaria con el Estado peruano. La empresa sostuvo que ese acuerdo mantenía determinadas condiciones fiscales para sus inversiones, entre ellas las relacionadas con el concentrador que comenzó a operar en 2006 tras una inversión cercana a USD 850 millones.

El Ciadi validó el tributo, pero cuestionó las multas y los intereses

El tribunal arbitral coincidió con la interpretación de la normativa tributaria que sostuvo el Estado peruano respecto del pago principal. La decisión, sin embargo, cuestionó la aplicación de multas e intereses moratorios sobre la deuda.

“El Ciadi ha revisado el problema concreto de esta compañía minera y, si bien ha coincidido con la interpretación del alcance de la ley que le dio la autoridad tributaria peruana, sí ha cuestionado que se le exija adicional al tributo el pago de multas e intereses”, dijo una fuente para Infobae Perú.

La posición expuesta por la defensa de la empresa es que las autoridades indujeron a la compañía a un error por cambios de criterio respecto de la aplicación de las obligaciones fiscales. En ese contexto, la controversia no recae sobre el tributo principal, sino sobre los cargos adicionales que se acumularon con el paso de los años.

Las multas y los intereses moratorios representaban cerca de dos tercios de la deuda total. Esos conceptos crecieron durante el tiempo que duró el litigio, lo que elevó la cifra que ahora deberá asumir el Estado.

Sumitomo había efectuado los pagos bajo protesta

La devolución se vincula con pagos que la empresa realizó bajo protesta durante la disputa. Con el laudo favorable, el Estado deberá restituir el capital pagado y los intereses correspondientes a Sumitomo, como inversionista que inició el arbitraje al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Países Bajos.

El procedimiento ante el Ciadi habría comenzado alrededor de 2019. La duración del caso refleja la complejidad de un reclamo que tuvo como antecedente procesos tributarios locales y que luego pasó a la jurisdicción internacional prevista para controversias de inversión.

En paralelo, Freeport presentó un arbitraje distinto contra Perú por obligaciones vinculadas con Cerro Verde. Ese proceso tuvo un desenlace diferente: en mayo de 2024, el tribunal rechazó los reclamos de la empresa estadounidense.

Perú enfrenta al menos cuatro procesos ante el Ciadi vinculados con asuntos tributarios de grandes compañías. Entre los casos públicos mencionó los arbitrajes de Telefónica, Backus y Cerro Verde.

“Estamos armando una ciudad en la montaña”. Así describe Mónica el trabajo que hay detrás de cada proyecto minero en San Juan, donde se desempeña hace 25 años. Desde una provincia sin salida al mar y sin pasos internacionales propios, coordina rutas, pasos cordilleranos y tiempos de tránsito que hacen que la mercadería llegue a la mina sin frenar la producción, en un rubro donde ninguna operación arranca con menos de tres meses de anticipación.

¿Cómo fue tu recorrido profesional hasta especializarte en logística minera?

Soy licenciada en comercio internacional, despachante de aduana y agente de transporte aduanero. Hace 25 años que estoy en el rubro, y casi 20 los trabajé de lleno en la industria minera, cuando esa actividad todavía era incipiente en San Juan.

Vengo de una familia con tradición agrícola y vitivinícola, y tengo experiencia en importación y exportación de esos rubros. Con el tiempo me especialicé en minería, trabajando in situ en los yacimientos, a 4.000 metros de altura, con la falta de oxígeno y la fatiga que eso implica. Eso hace que respetemos mucho el trabajo que se realiza en la mina.

¿Cómo estás viviendo la actualidad del sector minero en San Juan, más allá de lo que se ve en los medios?

Hoy tenemos cuatro proyectos aprobados, con un nivel de inversión de 13 mil millones de dólares que amplía la vida útil de los yacimientos de 25 o 30 años a entre 40 y 80. Ese monto no está puesto de una sola vez: hay un cronograma de inversión y de reingeniería que hay que cumplir.

Un proyecto minero está a 4.000 o 4.500 metros sobre el nivel del mar, en medio de la cordillera. Antes de llegar a la mina hay que desarrollar caminos, tendido eléctrico, campamento y cocina. Nada de eso es inmediato, y esa es la confusión que se genera cuando una inversión se anuncia como si fuera a ejecutarse toda de una vez.

¿Cómo es tu mapa logístico y de comercio exterior desde San Juan?

San Juan es una aduana mediterránea, no tiene pasos internacionales propios y depende de otros puntos del país. Buenos Aires está a 1.100 kilómetros, y el paso Los Libertadores hacia Chile son 360 kilómetros hasta la frontera y 800 hasta el puerto de Valparaíso.

La ruta depende del tipo de producto y de su origen. Los grandes proyectos suelen ingresar por Puerto Zárate, que tiene un calado especial para ese tipo de mercadería; lo que se adquiere en la Zona Franca de Antofagasta entra por el paso de Jama, y lo que llega a Valparaíso o San Antonio ingresa por Los Libertadores.

El principal cuello de botella aparece con cargas sobredimensionadas que no pasan por los túneles: ahí Gendarmería no autoriza el paso y hay que desviar por otros pasos abiertos. La aduana de San Juan se fue consolidando con proyectos mineros históricos, y hoy tiene una ruta bastante aceitada para trabajar.

¿Por qué es necesario que un despachante de aduana conozca de cerca un campamento minero?

Porque estamos armando una ciudad en la montaña. A veces la verificación final de una mercadería, tanto en importación como en exportación, se tiene que hacer in situ, según el tipo de producto o a requerimiento de la autoridad de aplicación. Si hay que viajar, se viaja y se visita la mina.

Cuando uno logra ver todo ese ensamble en funcionamiento dimensiona lo que hay detrás de un camión con mercadería en la ruta. Es apasionante ver lo que logra el trabajo humano en esas condiciones, a 4.000 metros de altura.

¿Cómo se planifica una operación para que la cadena logística no frene la producción?

Cualquier operación tiene por lo menos tres meses de preparación y coordinación, desde que se emite la orden de compra hasta que se define la logística, el puerto, el tratamiento tributario y las intervenciones que corresponden. Recién ahí se da luz verde de carga para que la mercadería suba al medio de transporte.

Una vez que la mercadería está en viaje pueden pasar muchas cosas: conflictos bélicos, tifones, nevadas, como nos tocó hasta ahora. Son imprevistos lógicos del comercio internacional, y hay que tener una estructura preparada para sortearlos y liberar la carga a tiempo, porque parar una línea de producción es carísimo para cualquier empresa.

La comunicación con el cliente es permanente, sobre todo con los proveedores más chicos de la minería, que muchas veces necesitan ayuda para cotizar un servicio o elegir el origen más adecuado para el producto que van a comprar.

¿Qué expectativas tenés para el sector de cara a los próximos años?

Creo que se viene un boom muy interesante para Argentina. Son proyectos que consumen mucha mano de obra, con un roster que se duplica por el recambio de personal, y eso genera un efecto derrame hacia toda la economía, empezando por la propia ciudad.

San Juan tiene licencia social para la minería: de diez familias, cinco están directamente relacionadas con la actividad y las otras cinco de forma indirecta. Por eso trabajo mucho con gente joven para que se profesionalice, porque hay proyectos con hasta 80 años de vida útil y hay que empezar a planificar a largo plazo.

El mapa exportador argentino atraviesa una transformación impulsada por la energía y la minería, con la Patagonia como una de las regiones que más terreno ganó. En el primer semestre de 2026, la región pasó a representar el 17,8% de las ventas externas del país, frente al 14,8% registrado durante 2025. En ese escenario, Neuquén se convirtió en el caso más destacado: alcanzó US$4.283 millones en exportaciones, con una suba interanual del 84,5%, y ya ocupa el tercer lugar entre las provincias exportadoras, detrás de Buenos Aires y Santa Fe.

El salto neuquino resulta todavía más significativo cuando se observa su evolución de largo plazo. En 2015, la provincia explicaba apenas el 0,25% de las exportaciones nacionales, mientras que en el primer semestre de 2026 esa participación llegó al 8,7%, es decir, se multiplicó más de 30 veces. Los datos surgen de un informe del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral, que señala que el fenómeno no supone el reemplazo de la estructura exportadora tradicional, sino la incorporación de nuevos motores a la economía nacional.

El agro conserva el liderazgo

Pese al avance de los hidrocarburos y la minería, la agroindustria continúa siendo el principal componente de las exportaciones argentinas, con una participación del 32% del total. Sin embargo, otros sectores presentan una dinámica más acelerada: las Manufacturas de Origen Industrial aumentaron 27,5%, mientras que Combustibles y Energía avanzaron 42,5%. En paralelo, las exportaciones de minerales metalíferos y litio se incrementaron 111,1%, consolidando a la minería como otra de las actividades con mayor impulso dentro de la nueva matriz exportadora.

La energía es, precisamente, el principal factor detrás del salto de Neuquén y de la Patagonia. Las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron US$4.693 millones, con una mejora del 47,7%, mientras que las ventas externas de carburantes aumentaron 53,5%.

La mayor producción nacional también comenzó a modificar la relación con las importaciones: entre 2022 y el primer semestre de 2026, el índice de cantidades importadas de combustibles y lubricantes cayó 62,1%, en línea con la expansión de la producción energética, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

La transformación también se refleja en los destinos de los productos argentinos. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones hacia China aumentaron 59,1%, mientras que las destinadas a Estados Unidos subieron 42,1% y las dirigidas a los países de ASEAN avanzaron 59,8%. Para el CIG, el desafío consiste ahora en lograr que el mayor flujo de divisas generado por energía, minería y agroindustria se traduzca en desarrollo productivo, con más proveedores nacionales y regionales, inversión, tecnología, capacidades de ingeniería y empleo calificado.

La minería argentina atraviesa una etapa de crecimiento que plantea nuevos desafíos para las empresas vinculadas con la actividad. La expansión de proyectos en zonas de alta montaña exige soluciones capaces de garantizar eficiencia, disponibilidad energética y continuidad operativa.

Las operaciones ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar requieren una planificación específica. Las bajas temperaturas, las grandes distancias y las condiciones permanentes de trabajo convierten al abastecimiento energético en un factor clave para la productividad.

En ese escenario, contar con combustibles formulados para ambientes extremos adquiere un papel central. Durante Argentina Mining Salta 2026, YPF presentó su propuesta para la industria y destacó Diesel 10 Minero, un producto que ya está disponible en el mercado nacional.

El nuevo combustible fue desarrollado especialmente para las necesidades de las operaciones mineras. Cuenta con ultra bajo contenido de azufre y no posee biocomponentes, características pensadas para ofrecer desempeño y confiabilidad en territorios de alta montaña y con temperaturas reducidas.

Una solución para la alta montaña

Diesel 10 Minero responde a una demanda concreta del sector: disponer de productos formulados para escenarios donde una interrupción puede afectar el ritmo de producción. Su desarrollo contempla las nuevas exigencias tecnológicas y ambientales de una industria con proyectos de mayor escala.

Por otra parte, el producto forma parte de una estrategia más amplia de YPF para el segmento minero. La compañía posee una participación superior al 90% en el mercado de abastecimiento de combustibles para minería, junto con una oferta que suma logística especializada, soluciones energéticas y asistencia técnica.

La infraestructura representa otro de los pilares de esta propuesta. En San Antonio de los Cobres, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, funciona una nueva base logística integral destinada a fortalecer el abastecimiento de los proyectos ubicados en la Puna salteña.

Infraestructura para una industria en expansión

El complejo cuenta con una estación de servicio modular, una planta de suministro de combustible orientada a las operaciones mineras y un patio logístico para la carga, descarga y movimiento de equipos e insumos. Su ubicación permite sumar cercanía y capacidad operativa en una zona estratégica para la actividad.

A su vez, YPF Luz aporta alternativas para las distintas etapas de los proyectos mediante contratos de abastecimiento eléctrico, energía renovable, generación on-site y desarrollo de líneas de alta tensión. La compañía posee una capacidad instalada de 3,8 GW y presencia en ocho provincias.

En paralelo, YPF Gas ofrece soluciones para operaciones ubicadas en zonas remotas mediante suministro de GLP, infraestructura, logística, telemedición y soporte técnico especializado. Su presencia en General Güemes permite atender requerimientos asociados a proyectos de gran escala y escenarios logísticos complejos.

La propuesta también incluye el trabajo de Servicio Técnico YPF, con una oferta que contempla lubricantes, refrigerantes, urea automotriz y herramientas de mantenimiento predictivo. A través de servicios como AUCTOR, la compañía busca anticipar fallas, optimizar intervalos de mantenimiento y extender la vida útil de activos críticos.

Una propuesta integral para la minería

De esta manera, la estrategia apunta a cubrir distintas necesidades de los emprendimientos mineros. Combustibles, electricidad, gas, infraestructura y asistencia técnica quedan articulados dentro de una misma propuesta destinada a mejorar la eficiencia y la confiabilidad.

Asimismo, Diesel 10 Minero representa una respuesta específica ante las condiciones de la minería de alta montaña. Su formulación busca aportar una alternativa confiable para equipos que deben funcionar en territorios exigentes, con bajas temperaturas y grandes desafíos logísticos.

De esta forma, YPF plantea una mirada integral sobre el crecimiento de la minería argentina. Esta propuesta se suma a un conjunto de soluciones que buscan acompañar las demandas energéticas de una industria estratégica para el desarrollo y las exportaciones del país.

El nuevo combustible permite ampliar la oferta de la compañía para un sector que requiere productos especializados, abastecimiento seguro y respaldo técnico. La apuesta combina una formulación adaptada a condiciones extremas con infraestructura y servicios destinados a sostener la continuidad de las operaciones mineras.

El pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días puso en discusión tres frentes que el Gobierno considera urgentes: la seguridad ciudadana, el empleo juvenil y la inversión privada. La solicitud plantea una vía rápida para aprobar cambios normativos, aunque abre interrogantes sobre el alcance de las medidas, los mecanismos de ejecución y los controles que deberá ejercer el Congreso.

La economista Paola del Carpio, integrante de la Red de Estudios para el Desarrollo, sostuvo que la delegación de facultades suele utilizarse cuando el Ejecutivo entiende que existen problemas que no pueden atravesar el trámite ordinario de debatir y aprobar una ley por vez. Con la autorización parlamentaria, el Gobierno puede emitir decretos legislativos dentro de un plazo definido y el Parlamento luego revisa las normas aprobadas.

El debate, sin embargo, excede la necesidad de acelerar los tiempos. La discusión se concentra en la calidad de las propuestas, la precisión de los objetivos y los vacíos que persisten en áreas capaces de determinar su resultado. Para Del Carpio, las prioridades expuestas por el Ejecutivo reflejan problemas reales, pero requieren instrumentos más claros para evitar que las medidas queden limitadas a declaraciones generales o a cambios normativos sin efecto en la práctica.

Las extorsiones crecieron cinco veces desde antes de la pandemia

La seguridad ciudadana ocupa el capítulo más desarrollado del pedido de facultades. Del Carpio advirtió que las extorsiones se multiplicaron por cinco desde el período previo a la pandemia, una evolución que ayuda a explicar la frustración de la población y el impacto cotidiano sobre pequeños negocios, transportistas, comerciantes y trabajadores expuestos a amenazas de organizaciones criminales.

El planteamiento del Ejecutivo incluye modificaciones vinculadas con el endurecimiento de sanciones y con una nueva clasificación para ciertas organizaciones delictivas. La intención es que esos grupos reciban un tratamiento legal distinto, con mayores herramientas para investigar sus actividades y sancionar a sus integrantes. La propuesta busca responder a una demanda social que se profundizó ante la expansión de delitos como la extorsión, el sicariato y los ataques contra actividades económicas.

Del Carpio consideró que el énfasis en las penas deja pendiente una pregunta central: qué ocurrirá antes de que el responsable llegue a una sentencia. La especialista señaló que una sanción más dura pierde eficacia si la probabilidad de captura sigue siendo baja. El problema, según explicó, se concentra en la impunidad, porque la norma puede elevar las consecuencias penales, pero necesita instituciones capaces de investigar, detener, procesar y condenar a los responsables.

La inteligencia y la reforma policial aparecen como vacíos del proyecto

La economista observó que el documento menciona el fortalecimiento de la inteligencia, aunque no desarrolla con precisión cómo se ampliarán sus capacidades operativas, qué instituciones asumirán nuevas funciones ni qué controles se establecerán para evitar abusos. La inteligencia criminal resulta determinante para identificar estructuras, rutas financieras, redes de protección y vínculos entre organizaciones que operan en distintas zonas del país.

La ausencia más visible, a juicio de Del Carpio, es la reforma policial. El pedido de facultades prioriza la reacción frente al delito, pero no detalla cambios en la organización, la formación, la supervisión interna, la investigación criminal ni la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esos factores inciden en la capacidad del Estado para transformar una denuncia en una investigación y, finalmente, en una sanción efectiva.

La discusión legislativa deberá definir si la delegación se limita a elevar penas y crear figuras penales o si incorpora medidas para mejorar toda la cadena de seguridad y justicia. La prevención, la recepción de denuncias, la protección de víctimas, el trabajo policial, la persecución fiscal y la ejecución de las condenas forman parte de un mismo proceso. Si una de esas etapas falla, la respuesta estatal puede perder capacidad disuasiva.

El desempleo juvenil se mantiene cerca del 11%

El empleo juvenil constituye el segundo eje del pedido del Ejecutivo. La tasa de desempleo entre los jóvenes ronda el 11%, cerca del doble del promedio nacional, según señaló Del Carpio. La situación adquiere peso en un mercado laboral donde muchos jóvenes alternan entre la informalidad, empleos temporales y períodos prolongados de búsqueda de trabajo.

La propuesta contempla seis medidas dirigidas a ampliar las oportunidades laborales y facilitar la contratación de jóvenes por parte de empresas. También plantea mecanismos de financiamiento y acciones de capacitación. Del Carpio remarcó que el texto todavía presenta una formulación amplia, sin suficiente detalle sobre los requisitos, los beneficiarios, las metas de cobertura, los incentivos para las compañías ni las fuentes de financiamiento.

El empleo total mostró una recuperación después de la pandemia, aunque ese repunte no alcanzó con la misma intensidad a la población joven. La especialista indicó que la capacitación debe ocupar un lugar más definido en la propuesta, con criterios sobre las habilidades requeridas, los sectores con mayor demanda y el momento en que debe intervenir el Estado. La empleabilidad juvenil se vincula con la productividad y con la posibilidad de acceder a puestos de mayor calidad.

Los proyectos mineros pendientes suman cerca de USD 60.000 millones

En materia de inversión privada, el pedido se concentra en la actividad minera. Del Carpio señaló que Perú invierte cerca de la mitad que Chile en minería, en relación con el tamaño de sus economías. La comparación cobra relevancia en un escenario internacional favorable para el cobre y otros minerales en los que el país mantiene una posición competitiva.

La economista sostuvo que la prioridad debería pasar por destrabar proyectos cercanos a los USD 60.000 millones que permanecen pendientes por procesos administrativos, permisos y aprobaciones sin resolver. Si esas inversiones avanzaran, la inversión minera podría duplicarse. El desafío consiste en reducir demoras sin debilitar las evaluaciones ambientales, los procedimientos técnicos y los mecanismos de diálogo con las comunidades involucradas.

Entre las herramientas que se analizan figura el silencio administrativo positivo, que presume aprobada una autorización cuando el Estado no responde dentro del plazo establecido. Del Carpio advirtió que la medida requiere una revisión detallada. Una habilitación acelerada puede derivar en conflictos, cuestionamientos o paralizaciones si deja asuntos sin resolver. El Congreso deberá definir qué facultades concede, bajo qué límites y con qué mecanismos de supervisión sobre las normas que emita el Ejecutivo.

Estados Unidos está en medio de una disputa estratégica con China por el control de la cadena de suministro de minerales críticos, un mercado en el que el país asiático concentra entre el 70% y el 75% del procesamiento mundial de litio, cobre y otros insumos esenciales para la industria tecnológica y de defensa. En ese contexto, por la inmensa disponibilidad de reservas naturales, sobre todo de litio y cobre, la Argentina ganó terreno como socio prioritario de Washington.

El diagnóstico se expuso durante el Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, organizado este jueves por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Citi en el hotel Alvear Palace, en Buenos Aires. Del encuentro participaron funcionarios argentinos, diplomáticos estadounidenses, gobernadores provinciales y representantes de bancos multilaterales, que expusieron los términos de esa alianza y los pasos pendientes para consolidarla, en un contexto en el que, a nivel político, ambos países se encuentran alineados y desde Washington no quieren dejar pasar la oportunidad de asegurarse su participación en los proyectos que se enmarcan bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que, aseguran, están dispuestos a financiar.

Una estrategia de diversificación frente al dominio chino

La subjefa de misión de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo, explicó que la concentración del procesamiento en un solo país impide trazar el origen de los minerales y las normas ambientales bajo las que fueron refinados. “Los compradores no pueden identificar dónde se refinaron los minerales ni con qué normas ambientales”, advirtió, y agregó que esa opacidad deja abierta la puerta a la manipulación de precios internacionales.

Según la funcionaria, los riesgos crecen a medida que avanzan sectores como la defensa, la inteligencia artificial y la energía, todos dependientes de estos insumos. “No podemos construir la tecnología del día de mañana en cadenas de suministro que sean tan opacas y frágiles”, afirmó, aunque no se refirió al gigante asiático de forma directa.

La estrategia estadounidense se apoya también en la llamada Pax Silica, un acuerdo que busca alinear a Washington con proveedores estratégicos de América para garantizar tanto las inversiones de empresas de Estados Unidos como el aprovisionamiento de recursos clave. El CEO de AmCham, Alejandro Díaz, definió el mecanismo como una política de friend-shoring, una estrategia mediante la cual Washington busca competir con Beijing en momentos en que el gigante asiático concentra alrededor del 70% de la elaboración de materiales críticos.

Gómez Rápalo situó a la Argentina en el centro de esa ecuación por sus reservas de litio y cobre, y sostuvo que el capital internacional fluye hacia esa oportunidad protegido por normas claras a través del RIGI. Según la diplomática, el país debe dar dos pasos concretos, ratificar el ARTI —el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos firmado el 5 de febrero de 2026, que se encuentra a la espera de ser enviado y ratificado por el Congreso de la Nación para entrar formalmente en vigencia— y aprobar regulaciones robustas en materia tecnológica, medidas que catalogó como determinantes para habilitar la inversión extranjera directa y consolidar la confianza de Estados Unidos.

“Estados Unidos está listo para ayudar y respaldar a la Argentina para convertirse en un referente mundial de minerales críticos”, afirmó la funcionaria, quien remarcó que su país busca ser parte activa del proceso: “Son la solución, no son observadores pasivos”. Gómez Rápalo llamó a las empresas interesadas a acercar sus proyectos a la embajada, a las oficinas de comercio y a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), con el objetivo de construir en conjunto cadenas de suministro seguras.

“No es solo América primero, es las Américas”, agregó la diplomática, quien atribuyó el interés de Washington en la Argentina a la decisión del Gobierno de alinearse con Estados Unidos y a las reservas de litio del país, que según distintas mediciones oficiales se ubican entre las terceras y las mayores del mundo, con una participación del 13% del total global. En ese marco, mencionó también la necesidad de avanzar con la protección de la propiedad intelectual, un capítulo en el que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y resta su tratamiento en el Senado.

El RIGI, la plataforma que sostiene las inversiones mineras

El economista Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, ubicó el origen de esta oportunidad en la corrección macroeconómica que encaró el Gobierno de Javier Milei, cuya administración cumplió 30 meses en el poder. Según Brun, el proceso comenzó con la eliminación de un déficit fiscal equivalente a cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI), una caída del gasto público real superior al 30% y una desinflación que dejó atrás niveles que el funcionario consideró incompatibles con una economía normal.

Ese ordenamiento, sostuvo Brun, funciona como plataforma para la construcción sostenida de negocios a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los proyectos mineros aprobados bajo ese régimen superan los USD 47.000 millones, con otros USD 147.000 millones adicionales en evaluación, dentro de un pipeline total que Brun calculó en USD 200.000 millones. Solo los proyectos ya aprobados generarán 96.000 puestos de trabajo, según el funcionario, quien remarcó que en junio la minería representó el 9% de las exportaciones totales del país, un récord histórico que superó el pico anterior de 2025.

Las provincias mineras reclaman infraestructura

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, situó el debate en la escala provincial. Recordó que la Constitución argentina de 1994 otorgó a las provincias la propiedad de los recursos del subsuelo y que, a diferencia de Chile o Perú, el país no posee una tradición minera consolidada, salvo en distritos como San Juan o Jujuy. Según el mandatario, la combinación de estabilidad macroeconómica y compromiso provincial no se había dado antes en la Argentina. “De nada sirve tener los recursos si no se pueden sacar en tiempo y forma”, advirtió, en referencia a la necesidad de inversión conjunta en infraestructura.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, cuya provincia ocupa el tercer lugar en exportaciones mineras del país, coincidió en el diagnóstico. Sadir señaló el deterioro de la red vial nacional, en particular de las rutas 52, 34 y 9, y reclamó mayor control sobre pesos y medidas de carga en articulación con el Gobierno nacional. También pidió avanzar en la conectividad con los pasos fronterizos hacia Chile, lo que permitiría exportar producción minera por el océano Pacífico y reducir los costos logísticos que hoy implica operar a través de los puertos de Rosario y Buenos Aires.

La mirada del sistema financiero internacional

El representante en Argentina de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Patrick Alexander Avato, sostuvo que el RIGI transformó una oportunidad que dependía de recursos ya conocidos en un proyecto concreto de desarrollo. El responsable global de Metales y Minería de Citi, William Husband, ofreció una lectura financiera del proceso: recordó que el diferencial de riesgo de los bonos soberanos argentinos bajó de 24% a 4% en los últimos años y definió al cobre como el mineral central de la próxima década, ante una demanda mundial que no podrá cubrirse en los próximos cinco a siete años sin nuevas fuentes de producción.

La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Viviana Alva-Hart, planteó que el financiamiento de estos proyectos depende de tres condiciones: infraestructura, dado que la mayoría de los yacimientos se encuentra en zonas remotas sin acceso pleno a energía, agua y logística; previsibilidad institucional, con permisos ágiles sobre todo a nivel provincial, y sostenibilidad ambiental y social como eje central de la toma de decisiones. “Los proyectos exitosos no van a necesitar solo capital”, advirtió la funcionaria.

El asesor de inversiones para Brasil y el Cono Sur de la DFC, Humberto Pereira, cerró el panel al señalar que la agencia financia proyectos capaces de generar escala tanto para abastecer la cadena de suministro estadounidense como para desarrollar el mercado argentino, sobre la base de un análisis previo del estado de los activos, los permisos vigentes y la estructura de cada proyecto. Según el embajador argentino ante la Casa Blanca, Alec Oxenford, la adhesión de la Argentina a la Pax Silica no garantiza inversiones automáticas, pero mejora la posición del país para competir por ellas frente a otros destinos mineros globales.

El Senado de Brasil aprobó en la noche del miércoles un proyecto de ley para regular la explotación de minerales críticos y estratégicos, un paso hacia una mayor extracción de las reservas de tierras raras del país, solo superadas por las de China. Horas más tarde, sin embargo, la misma cámara frenó otra de las iniciativas centrales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de dos meses de una elección que se presenta reñida.

La aprobación del marco regulatorio para tierras raras llega después de que la Cámara de Diputados lo respaldara de forma contundente el 6 de mayo. El texto ahora pasa a manos del mandatario, quien se espera que lo convierta en ley.

La legislación crea un régimen jurídico básico para las tierras raras y otros minerales considerados críticos, además de un fondo destinado a otorgar crédito a proyectos mineros. También contempla incentivos fiscales para el procesamiento de esos materiales dentro del territorio brasileño.

Brasil posee las segundas reservas más grandes del mundo de elementos de tierras raras, utilizados en una amplia variedad de productos, entre ellos teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, paneles solares y motores de aviones. Mientras China continúa dominando las cadenas globales de suministro de minerales críticos, el país sudamericano busca posicionarse como una alternativa a partir de sus reservas, en momentos en que distintas naciones buscan diversificar sus socios comerciales para reducir su dependencia del gigante asiático.

La norma crea el Fondo de Garantía de la Actividad Minera, con un aporte de 2.000 millones de reales (unos USD 391 millones) del Gobierno federal para respaldar proyectos vinculados a la producción de estos minerales. También incluye un programa específico para incentivar el procesamiento y la transformación de los materiales dentro de Brasil, con beneficios fiscales federales por 5.000 millones de reales (USD 978 millones) distribuidos en créditos impositivos durante cinco años.

El proyecto crea, además, el Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos, encargado de señalar los proyectos prioritarios que recibirán respaldo del fondo. La minería, que en algunos casos podría desarrollarse cerca de reservas en la Amazonia, conlleva riesgos ambientales considerables, según se advirtió.

Un análisis conjunto de The Associated Press y Reporter Brasil identificó una ola de inversión estadounidense luego de que China restringiera el año pasado las exportaciones de tierras raras en respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Entre esas operaciones figura la compra de Serra Verde, el único productor comercial de tierras raras de Brasil, por parte de una firma en la que el Gobierno estadounidense tiene participación.

En abril, la empresa USA Rare Earth informó que había acordado pagar aproximadamente USD 2.800 millones por Serra Verde, propietaria de la mina y la planta de procesamiento Pela Ema, en el estado de Goiás.

Lula reiteró en varias oportunidades que Brasil debe capitalizar el interés internacional por estos minerales para desarrollar una industria nacional, en lugar de limitarse a exportar la materia prima. La disponibilidad de tierras raras en Brasil ya despertó inversión extranjera concreta, como la compra de Serra Verde por parte de una firma vinculada al Gobierno de Estados Unidos, mientras el país sudamericano avanza en un marco legal que busca retener el procesamiento industrial de esos minerales dentro de su propio territorio.

“No vamos a repetir lo que pasó con la plata y el oro en América Latina”, dijo Lula a periodistas en Washington el 7 de mayo, tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Con las tierras raras, vamos a cambiar nuestro comportamiento. Queremos que Brasil sea el gran ganador de estas riquezas.”

Tras ese encuentro, Lula dejó en claro que Brasil también mantiene conversaciones con otros países. “Brasil tiene la obligación de compartir con quien quiera participar con nosotros, sea Estados Unidos, China, Alemania o Francia”, afirmó. En febrero, Brasil e India firmaron un memorando de entendimiento no vinculante sobre minerales críticos y tierras raras para reforzar la cooperación entre ambos países.

El Observatorio del Clima, la mayor red de organizaciones ambientales de Brasil, cuestionó el proyecto al considerar que aumenta la flexibilidad regulatoria sin garantizar contrapartidas económicas, climáticas o socioambientales.

“Los minerales críticos y estratégicos son necesarios para la transición energética, pero esto no puede convertirse en un cheque en blanco para la minería. No tiene sentido (...) acelerar propuestas legislativas que no garantizan los derechos de las comunidades y los territorios afectados”, sostuvo Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima, en un comunicado del 1 de septiembre.

Leonardo Paz Neves, profesor de relaciones internacionales de la Fundación Getulio Vargas (FGV), consideró que Brasil debería dar un debate público sobre la exploración y producción de sus recursos. “El acceso ya existe”, señaló Paz Neves en referencia a la reciente compra de Serra Verde por parte de USA Rare Earth. “La gran pregunta aquí es si el Estado va a querer negociar algún tipo de acuerdo privilegiado respecto de ese acceso.”

La misma semana legislativa dejó un revés para Lula. Una comisión del Senado aprobó el jueves una enmienda constitucional para reducir la jornada laboral estándar de seis a cinco días, pero el presidente de la cámara alta, Davi Alcolumbre, no llegó a incluir el proyecto en la agenda de votación del recinto.

La iniciativa, conocida en Brasil como medida “6x1”, es la bandera legislativa que el exsindicalista colocó en el centro de su discurso de campaña, en momentos en que encuestas recientes sugieren que las investigaciones sobre su hijo, Fábio Luís Lula da Silva, en el marco de una pesquisa federal por presunta corrupción y tráfico de influencias, le restan apoyo. La postergación dejó al mandatario molesto y con señalamientos directos hacia sus rivales.

“Ayer, Brasil volvió a ver quién es quién en el Congreso”, escribió Lula en la red social X. “Mientras intentábamos avanzar con la enmienda constitucional para terminar con la semana laboral de seis días en el Senado, la oposición, liderada por el coordinador de campaña de mi oponente en esta carrera presidencial, trabajaba para bloquearla.”

El senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la contienda presidencial, suspendió esta semana sus actividades de campaña y respaldó una propuesta alternativa que otorgaría a los trabajadores mayor libertad para negociar sus horarios directamente con los empleadores. Bolsonaro no estuvo presente en Brasilia el miércoles, pero sus aliados trabajaron para impedir una votación en el recinto, convencidos de que su aprobación le daría a Lula una victoria política en un momento en que las encuestas muestran una contienda presidencial pareja.

El Senado no logró reunir el jueves los votos necesarios para tratar la reforma de la semana laboral, por lo que la enmienda quedó pendiente para una eventual sesión especial más adelante en septiembre, con expectativas de que recién pueda someterse a votación después de la primera vuelta electoral. Al tratarse de una enmienda constitucional, la medida requiere al menos 49 votos de los 81 miembros del Senado en cada una de dos rondas, un umbral que el oficialismo no tenía garantizado.

El senador Randolfe Rodrigues, líder del Gobierno en el Congreso, señaló que los aliados de Lula intentarán convencer a Alcolumbre de convocar una sesión especial de votación dedicada a la propuesta más adelante este mes. De todos modos, reconoció que una votación resultaría más viable recién después de la primera vuelta electoral, cuando los senadores regresen a Brasilia.

“Los trabajadores esperan un tema como este desde 1988, y no podíamos arriesgarnos a someterlo a votación, quedar por debajo del número requerido y que la enmienda constitucional fuera rechazada”, dijo Rodrigues. “No teníamos las garantías ni la confianza de que contábamos con los votos.”

El revés se dio en la misma semana en que el Congreso avanzó con al menos otros dos puntos de la agenda prioritaria de Lula: un proyecto que apunta a acelerar megaproyectos de centros de datos y la legislación sobre minerales críticos que otorga al Gobierno mayor control sobre acuerdos mineros. También está prevista una votación final para eliminar de manera permanente un impuesto sobre importaciones de bajo valor, después de que el mandatario resolviera una disputa previa con Alcolumbre.

El proyecto de cobre Coroccohuayco podría extender por más de 25 años la actividad minera en Espinar, en Cusco, si completa sus procesos técnicos y regulatorios y entra en operación. La iniciativa de Glencore, ubicada a 7 kilómetros de la mina Antapaccay, prevé una inversión cercana a USD 1.800 millones.

Luis Rivera, director de Operaciones de Glencore para Sudamérica, informó que la empresa avanza con las evaluaciones necesarias para definir las condiciones de un posible desarrollo.

El ejecutivo, que además preside el Mining Investment America de Expomina 2026, evitó precisar una fecha de inicio de producción o un volumen estimado de cobre.

El mineral de Coroccohuayco se procesaría en la planta ya instalada en Antapaccay

El proyecto está situado junto a la actual operación de Antapaccay, en la provincia de Espinar. Si se concreta, el mineral será trasladado a la planta concentradora existente, una infraestructura que permitiría integrar el nuevo yacimiento a la operación minera instalada en la zona.

Hace un año y medio, la compañía proyectaba que Coroccohuayco podía ampliar la actividad extractiva en el área durante 20 años. La estimación actual elevó ese horizonte.

“De concretarse, el proyecto tendría el potencial de extender la actividad minera en Espinar por más de 25 años, generando inversión, empleo, oportunidades para proveedores y mayores aportes a la economía regional y nacional”, señaló Rivera.

El ejecutivo sostuvo que el desarrollo tendría efectos sobre la cadena de proveedores y el empleo vinculado a la minería en Cusco, aunque aclaró que la iniciativa continúa sujeta a los análisis y autorizaciones correspondientes.

Glencore busca elevar su producción mundial de cobre hacia 2035

Coroccohuayco forma parte de la estrategia global de crecimiento de Glencore en cobre. La compañía espera superar el millón de toneladas de producción anual hacia fines de 2028 y llegar a cerca de 1,6 millones de toneladas en 2035.

Rivera incluyó también al proyecto Quechua entre las oportunidades de crecimiento de largo plazo que la empresa mantiene en evaluación. Ambos activos dependen de sus respectivos procesos de desarrollo, por lo que la compañía no difundió plazos ni cifras de producción para cada uno.

El director de Operaciones afirmó que Perú ocupa un lugar dentro de la visión regional de la empresa por su potencial cuprífero. De todos modos, indicó que Glencore no comenta posibles transacciones ni activos específicos que no hayan sido comunicados de manera pública.

Expomina reunirá propuestas privadas sobre inversión y regulaciones

En paralelo al avance de Coroccohuayco, Rivera planteó que el Mining Investment America de Expomina 2026 buscará reunir al sector público, los inversionistas y la industria para elaborar propuestas orientadas a mejorar las condiciones de inversión minera en las Américas.

“El MIA permitirá acercar las perspectivas del sector público, los inversionistas y la industria, y convertir ese diálogo en propuestas concretas”, afirmó. Según explicó, el sector privado puede aportar experiencia técnica para reducir ineficiencias y ofrecer mayor previsibilidad a los proyectos.

El planteo apunta a revisar procesos regulatorios y administrativos que inciden en el desarrollo de inversiones. Rivera remarcó que la discusión no debe implicar una reducción de exigencias ambientales, sociales o técnicas.

“El objetivo no es flexibilizar los estándares, sino hacer más eficientes y previsibles los procesos, manteniendo los estándares que corresponden”, sostuvo.

La reducción de lluvias, las altas temperaturas y la degradación ambiental están afectando la disponibilidad de agua en El Salvador. Para la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la situación adquiere una dimensión regional en la cuenca del río Lempa, que depende de los aportes hídricos de Guatemala y Honduras y enfrenta además el riesgo de nuevos proyectos de minería metálica.

Luis González, director de Gestión Ambiental de la UNES, recalcó que agosto fue el mes más seco desde 1971 y que durante ese período se registraron 15 récords de temperatura, según el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). A su juicio, la combinación de calor y falta de precipitaciones golpea los cultivos, la ganadería, los ecosistemas y las fuentes de agua.

Las declaraciones fueron hechas en el programa de radio de 105.3. González señaló que los efectos asociados al fenómeno de El Niño se suman a tendencias más amplias vinculadas con el cambio climático, con períodos secos más prolongados y lluvias concentradas en lapsos cortos.

El caudal de los ríos disminuye pese a episodios de lluvia intensa

El director ambientalista afirmó que, durante las últimas tres o cuatro décadas, las fuentes superficiales del país han reducido su caudal. “Todas las fuentes superficiales de agua en el país han disminuido su caudal, es decir, disminuyen el agua que transportan”, indicó.

Según González, la disminución responde a cambios en el régimen de lluvias, pero también a la deforestación y a la impermeabilización del suelo. Explicó que las precipitaciones intensas ya no permiten una recarga hídrica sostenida, pues gran parte del agua corre por la superficie y provoca inundaciones, derrumbes y arrastre de sedimentos.

“Hoy no tenemos ya temporal, lo que tenemos es que está nublado, pero llueve media hora muy fuerte y se para”, afirmó. Para el especialista, este patrón reduce la infiltración y limita la recuperación de acuíferos, ríos y quebradas.

El río Lempa representa un caso particular por su carácter trinacional. “Ha disminuido su caudal, pero dependemos mucho de Guatemala y Honduras para que se mantenga”, dijo González. Añadió que el Lempa aporta cerca del 60% del agua superficial disponible en El Salvador y abastece a una parte importante de la población.

La sequía impacta en la energía, la producción agrícola y el abastecimiento

La baja de los caudales también puede afectar la generación hidroeléctrica. González señaló que una menor disponibilidad de agua obliga a recurrir a otras fuentes, como combustibles fósiles, que pueden elevar los costos de producción de electricidad.

“Cuando disminuye la matriz en el tema hidroeléctrico, pues le aumentan el tema del búnker”, expresó. Aunque mencionó que el país cuenta con fuentes fotovoltaicas y geotérmicas, advirtió que la reducción de agua añade presión sobre el sistema energético.

En el sector agrícola, la sequía ha golpeado con mayor fuerza al oriente del país, en especial La Unión, San Miguel, el sur de Usulután y parte de Morazán. González afirmó que en esas zonas ya hubo pérdidas de maíz y frijol, mientras el ganado enfrenta falta de agua y temperaturas elevadas.

La minería en países vecinos aparece como un riesgo adicional

González advirtió que la conservación de la cuenca depende también de las decisiones que se adopten fuera de El Salvador. “Si allá desarrollan minería metálica, deforestan, pues va a haber cada vez menos agua que llegue por el río Lempa”, afirmó.

Mencionó el caso de la mina Cerro Blanco, ubicada en Guatemala, cerca de la zona de nacimiento del Lempa. Según explicó, la empresa que adquirió el proyecto prepara un nuevo estudio de impacto ambiental tras observaciones de las autoridades guatemaltecas. “Hoy por hoy está detenido, pero eso puede cambiar”, afirmó sobre ese proyecto minero en Guatemala.

En Honduras, indicó que existen proyectos mineros en la zona fronteriza que permanecen en fase de exploración. “Con solo uno podría afectar la cuenca del río Lempa u otras cuencas compartidas como Guascorán”, señaló González.

El Congreso brasileño aprobó este miércoles una ley para impulsar la extracción de minerales críticos, una de las prioridades del presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva frente a las presiones de Donald Trump.

El Senado votó a favor de la norma de forma simbólica, tras pasar previamente por la Cámara de Diputados, en lo que supone una victoria legislativa para Lula a poco más de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La medida busca promover la exploración de minerales críticos y tierras raras a través de incentivos fiscales de hasta 5.000 millones de reales (unos 980 millones de dólares) para quienes inviertan en este campo a lo largo de un periodo de cinco años.

Además, prevé la creación de un consejo gubernamental que regulará el sector y tendrá poder de veto sobre cambios de control societario en las empresas mineras, así como el establecimiento de un registro obligatorio para los proyectos.

La Agencia Nacional de Minería, a su vez, deberá priorizar la realización de procesos de concesión de áreas con potencial para la producción de este tipo de recursos naturales.

“Va a posibilitar la generación de empleo y renta en territorio brasileño, agregando valor a los minerales críticos que Brasil posee y que lamentablemente estaban siendo exportados brutos”, apuntó durante el debate el senador Eduardo Braga.

Lula ha defendido la regulación del sector como parte de su discurso de defensa de la soberanía nacional, frente al empuje de la Casa Blanca por hacerse con los recursos naturales de otros países.

“Estamos creando las condiciones para que seamos capaces de dominar el ciclo completo de extracción, producción, manufactura y exportación”, afirmó el mandatario en redes sociales tras la votación.

El proyecto de ley pasó varios meses frenado en el Senado, debido a conflictos entre los legisladores y el Gobierno, pero fue destrabado luego de un acuerdo con Lula.

Brasil cuenta con una de las mayores reservas mundiales de estos materiales esenciales para la transición energética y que son usados en una variedad de productos, desde baterías de vehículos eléctricos hasta turbinas eólicas.

Nicaragua otorgó una concesión minera a CUKRA Development Corporation en Kukra Hill sobre 225,03 hectáreas, en una decisión que se inscribe en un proceso más amplio de expansión extractiva marcado por la cesión de tierras estatales y comunitarias, la flexibilización de controles legales y una proyección oficial que busca llevar la superficie concesionada del país hasta el 40 % del territorio.

El dato se conoce por una publicación de La Gaceta Nicaragua, donde consta que el lote “El Almendro” fue concedido el 14 de mayo de 2026 por la Dirección General de Minas. La nueva área se ubica en el municipio de Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, una zona donde también pesan denuncias por superposición de lotes mineros sobre territorios indígenas y afrodescendientes titulados.

La ampliación de este modelo ocurre en un contexto de fuerte concentración territorial. Cerca del 25 % del territorio nacional ya ha sido concesionado para minería industrial y reservas, mientras que la proyección oficial apunta al 40 %. Solo las empresas de origen chino controlan más del 8 % del territorio, según la información de medios nacionales.

La concesión en Kukra Hill fue aprobada tras dictámenes técnicos, legales y catastrales

La resolución oficial señala que CUKRA Development Corporation presentó la solicitud el 20 de noviembre de 2025 para explotar minerales en “El Almendro”. El lote tiene una superficie de 225,03 hectáreas y quedó localizado formalmente en Kukra Hill, dentro de la RACCS.

De acuerdo con la publicación oficial, la empresa cumplió con los requisitos previstos en la Ley 387, la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. El expediente también incorporó un dictamen catastral minero del 9 de diciembre de 2025, que concluyó que las coordenadas presentadas satisfacían los requisitos de ley.

El trámite sumó además un dictamen técnico fechado el 4 de mayo de 2026 y un dictamen legal del mismo día, ambos favorables a la solicitud. A eso se añadieron una opinión favorable de la Procuraduría para las Municipalidades y la aprobación del Concejo Regional de la Costa Caribe Sur.

La resolución firmada por el director general de Minas Norman Henríquez Blandón sostiene que la compañía acreditó capacidad técnica y financiera para desarrollar las actividades mineras y que estaba legitimada para realizar ese aprovechamiento. Con esa base, la autoridad dispuso el otorgamiento de la concesión el 14 de mayo de 2026 en Managua.

El avance minero coincide con la eliminación de salvaguardas y reclamos por despojo

La concesión a CUKRA Development Corporation se produce después de reformas legales que, según La Gaceta, desmantelaron controles institucionales. Entre esos cambios figura la modificación de normas como la Ley 1128 para eliminar estudios de impacto ambiental y consultas públicas obligatorias.

Ese marco también quedó atravesado por maniobras para eludir sanciones. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas, ENIMINA, el Estado transfirió y reconfiguró concesiones a nombre de empresas extranjeras sin historial público, con el objetivo de evitar bloqueos financieros.

El impacto no se limita al plano administrativo. Comunidades rurales e indígenas denuncian el ingreso de empresas mineras privadas que cercan tierras y anulan la propiedad comunal y la propiedad privada campesina sin orden judicial.

En el caso concreto de “El Almendro”, el título obliga al concesionario a pagar derechos de vigencia o superficiales y una regalía del 3 % sobre el valor de las sustancias extraídas. La empresa también deberá entregar información anual sobre sus actividades y permitir inspecciones de la Dirección General de Minas-PGJ.

La resolución agrega otras condiciones: cumplir normas de seguridad laboral y protección ambiental y de recursos naturales, inscribir el título en el Registro Público de la Propiedad y publicarlo en el diario oficial a su costa dentro de 30 días. Antes de cualquier actividad minera, además, deberá solicitar permiso a los propietarios de los terrenos ubicados dentro del área concedida.

La autorización también prohíbe trabajos de exploración y explotación a menos de 100 metros de pueblos, cementerios, edificios religiosos, pozos y vías de comunicación. El concesionario deberá demarcar el terreno con mojones en sus vértices e iniciar actividades de exploración dentro de un plazo máximo de cuatro años, prorrogable por un año más.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mantiene un desempeño positivo durante el 2026. Al cierre de agosto, el mercado bursátil peruano acumuló una rentabilidad de 36,78% en soles, mientras que medida en dólares alcanzó un avance de 37,29%, de acuerdo con Ángel Alcalá Canales, funcionario de inversiones de Juan Magot & Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

El resultado estuvo impulsado principalmente por el comportamiento de las empresas vinculadas a la minería, favorecidas por el incremento de las cotizaciones internacionales de los metales. El oro, la plata y el cobre destacaron entre los productos que contribuyeron al mejor desempeño de las compañías del sector.

Minería concentra las mayores ganancias

Según Alcalá Canales, el sector minero fue el que obtuvo los mejores resultados en la plaza bursátil local, en un contexto marcado por el fuerte avance de los precios internacionales de los metales. Esta tendencia permitió que varias empresas vinculadas a la actividad extractiva registraran un desempeño destacado en bolsa.

El precio del oro se ubicó entre USD 4.400 y USD 5.000 por onza, situación que favoreció los resultados empresariales. De acuerdo con el especialista, las compañías mineras alcanzaron utilidades récord durante el primer semestre del año.

Entre las empresas que sobresalieron en este comportamiento figuran Southern Copper, Buenaventura, Volcan y Atacocha, cuyos desempeños estuvieron vinculados al favorable escenario para los metales.

Empresas junior ganan protagonismo

Otro segmento que cobró fuerza en la BVL fue el de las empresas junior, compañías que todavía se encuentran principalmente en fases de exploración. Alcalá Canales destacó en particular a Panoro Minerals y PPX.

Estas firmas incrementaron de manera significativa sus volúmenes de negociación en el mercado local, impulsadas por el mayor interés de los inversionistas en activos relacionados con los metales. El mayor apetito por riesgo también les permitió obtener importantes retornos durante el año.

Sector financiero ocupa el segundo lugar

El sector financiero se posicionó como el segundo grupo con mejor rentabilidad en lo que va del 2026. El desempeño responde, según el funcionario de inversiones, a una mejora en las perspectivas macroeconómicas, a la estabilidad en la colocación de créditos y a una menor presión por provisiones relacionadas con la morosidad.

A ello se sumó el efecto de las medidas y operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que contribuyeron a mantener la liquidez en moneda nacional y favorecieron la estabilidad del sistema financiero.

Dentro de este segmento, Credicorp continúa entre las alternativas preferidas por los inversionistas, debido a los niveles de rentabilidad que presenta y a su política de distribución de dividendos.

Industria muestra señales de recuperación

El sector industrial se ubicó en el tercer lugar entre los segmentos con mayor rentabilidad de la bolsa peruana. Su evolución estaría relacionada con la recuperación progresiva del consumo interno, que viene generando mejores condiciones para las empresas de esta actividad.

En este grupo, Alcalá Canales resaltó el desempeño de Aceros Arequipa, compañía que, según explicó, ha mostrado avances importantes tanto en sus volúmenes como en los retornos obtenidos mediante dividendos.

De esta manera, la minería se mantiene como el principal motor de las ganancias acumuladas por la BVL durante el 2026, seguida por el sector financiero y, en tercer lugar, la actividad industrial.

La actividad de explotación de minas y canteras en Nicaragua cayó 15.5% hasta junio de 2026, una contracción que ubicó al sector entre los de mayor retroceso durante el primer semestre, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) divulgado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) el 27 de agosto.

Los datos, citados por Artículo 66, relacionan la baja con una menor producción y exportación de oro, uno de los principales productos de venta externa del país.

La minería acumuló así su tercer mes consecutivo de resultados negativos, mientras el resto de la actividad económica registró un crecimiento de 1.8%.

El economista y exdiputado Enrique Sáenz, citado por el mismo medio, señaló que la producción de oro cayó 2.5% en abril, 16.2% en mayo y 15.5% en junio. La secuencia se produjo pese a los elevados precios internacionales del metal.

En contraste, el IMAE mostró avances en energía y agua, con 17.9%; construcción, con 11.3%; hoteles y restaurantes, con 8.6%; actividad pecuaria, con 7.8%; y comercio, con 4.9%.

Sáenz cuestionó que el retroceso minero coincida con el escenario favorable para las cotizaciones del oro y planteó dudas sobre la información disponible acerca de la producción del sector. Según recogió Artículo 66, el economista afirmó que el régimen de Daniel Ortega ha hecho “charanga con la repartición de concesiones”.

El exdiputado sostuvo que existen interrogantes sobre el destino final del oro nicaragüense, en un contexto marcado por sanciones internacionales y por la concentración del negocio minero alrededor de grupos cercanos al poder.

“Definitivamente aquí hay gato encerrado”, afirmó Sáenz. El economista planteó dos hipótesis: que algunas empresas mineras oculten parte de sus resultados ante eventuales sanciones o que haya tenido un efecto mayor al previsto el cierre de la mina El Choritito.

Esa planta recibía material procedente de minas de Costa Rica y Venezuela, de acuerdo con el análisis citado por Artículo 66. La dimensión de ese impacto aún no figura de forma detallada en los informes oficiales del BCN.

El papel de China y el avance de las concesiones mineras

En este escenario de incertidumbre, destaca el acelerado proceso de entrega de concesiones mineras a empresas chinas. El régimen de Ortega ha otorgado 47,000 hectáreas de tierra a una compañía minera china en una zona protegida de Río San Juan. Esta decisión refuerza la tendencia de los últimos años, en los que el Gobierno nicaragüense ha priorizado la entrada de capital extranjero, especialmente de China, en proyectos extractivos estratégicos.

El otorgamiento de estas concesiones coincide con el deterioro de la transparencia y la supervisión ambiental sobre las operaciones mineras. Organizaciones ambientalistas y comunidades locales han denunciado la falta de consultas y el impacto en zonas de alta biodiversidad, como el propio Río San Juan, donde se concentra parte del territorio concesionado.

La expansión de la presencia china en la minería nicaragüense responde, en parte, a la necesidad de Managua de diversificar sus socios comerciales y de inversión en un contexto internacional adverso, marcado por el aislamiento respecto a Estados Unidos y la Unión Europea. Empresas chinas han mostrado interés en la extracción de oro, cobre y otros minerales, aprovechando la flexibilización de los requisitos legales y ambientales que ha implementado el Gobierno de Ortega.

Pese a la caída de la producción aurífera, las concesiones siguen en aumento, lo que alimenta especulaciones sobre una eventual recuperación a mediano plazo o, en el peor de los casos, sobre una estrategia de acumulación y almacenamiento de oro que no se reporta oficialmente. Analistas advierten que este fenómeno podría estar vinculado a la volatilidad de los mercados globales y a la búsqueda de refugio financiero por parte del régimen nicaragüense.

Perspectivas y dudas para el cierre de 2026

El segundo semestre de 2026 se presenta con un panorama incierto para la minería nicaragüense. Por un lado, la caída prolongada en la extracción de oro genera preocupación entre exportadores, trabajadores y autoridades locales. Por otro, el avance de las concesiones a capitales chinos y la falta de información clara sobre los volúmenes reales de producción y exportación alimentan el debate sobre el futuro del sector.

Mientras tanto, la sociedad civil y expertos como Sáenz exigen mayor transparencia y vigilancia sobre la gestión de los recursos minerales del país, alertando sobre el impacto social y ambiental de las concesiones y la necesidad de proteger los intereses nacionales en un contexto de creciente influencia extranjera.

La economía de Nicaragua mantuvo un crecimiento interanual en junio de 2026, pero el resultado estuvo acompañado por caídas en cinco actividades económicas, entre ellas la explotación de minas y canteras, que disminuyó 15.5%, según el Informe de Resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua (BCN).

El IMAE registró un aumento de 1.8% frente a junio de 2025. La cifra fue inferior al crecimiento de 6.5% informado para el mismo mes del año pasado y quedó lejos de las tasas observadas en el primer trimestre de 2026, cuando el indicador creció 6.9% en enero, 6.1% en febrero y 5.3% en marzo.

El informe mostró que el menor dinamismo no quedó limitado al resultado general. Cinco actividades cerraron junio con variaciones interanuales negativas: explotación de minas y canteras, industria manufacturera, pesca y acuicultura, administración pública y defensa, y silvicultura y extracción de madera.

Cinco actividades cierran junio en negativo

La actividad de explotación de minas y canteras registró el peor resultado sectorial de junio, con una reducción interanual de 15.5%. El Banco Central atribuyó el descenso a una menor extracción de oro, material selecto y piedra cantera. La caída se produjo después de otra baja de 16.2% en mayo.

Aunque la minería acumuló un crecimiento de 4.6% entre enero y junio, esa tasa mostró una desaceleración marcada. En marzo, el crecimiento acumulado del sector era de 24%; en abril se redujo a 16%, en mayo a 8.9% y en junio llegó a 4.6%.

Por otro lado, la industria manufacturera cayó 4% en junio y acumuló una contracción de 4.8% durante los primeros seis meses de 2026. El informe explicó que el resultado respondió a una menor producción de textiles, productos no metálicos y arneses automotrices.

El sector registró caídas interanuales desde febrero. Tras un crecimiento de 1,7% en enero, la manufactura disminuyó 2.6% en febrero, 4.9% en marzo, 8.7% en abril y 11% en mayo. La baja de junio fue menor que la de mayo, aunque no modificó el balance negativo del semestre.

La pesca y acuicultura disminuyó 3.2% en junio. Esa baja mensual estuvo asociada a una menor captura de peces de escama, camarón costero y langosta en el litoral Pacífico. El aumento de la producción de camarón de cultivo y de otros recursos no logró revertir el resultado negativo.

El sector únicamente registró variaciones interanuales negativas durante el primer semestre. La caída llegó a 28.5% en mayo, antes de moderarse en junio. Pese a esa reducción, el acumulado semestral confirmó un deterioro sostenido de la actividad pesquera.

La actividad de silvicultura y extracción de madera cayó 0.8% en junio, 0.7% en el acumulado del semestre y 1.2% en el promedio anual. El Banco Central relacionó el resultado con una menor extracción de madera en troza y leña.

La administración pública y defensa, por su parte, disminuyó 3% en junio y acumuló una contracción de 3.1% durante el primer semestre. El informe no detalló los factores que explicaron esa reducción, aunque el sector mantuvo tasas negativas durante los seis meses del año.

A esos resultados se sumó la agricultura, que creció apenas 0.1% en junio, pero acumuló una caída de 2.5% entre enero y junio. El reporte señaló mayores labores en maíz, frijol y arroz, junto con descensos en café, maní, sorgo y hortalizas.

Un agravamiento de los efectos del Fenómeno El Niño podría volver a poner en riesgo la continuidad de operaciones empresariales en Perú, incluso en compañías cuyas instalaciones no sufran daños.

Un análisis de Marsh Perú advierte que el ausentismo, las enfermedades y la dificultad para retener personal técnico y operativo pueden trasladar el impacto de las lluvias hacia la producción, como ocurrió durante el El Niño Costero de 2017.

Ese año, algunas empresas exportadoras del norte operaron con cerca de 30% de su plantilla disponible y registraron caídas de hasta 20% en su producción, según la consultora.

El golpe no se explicó únicamente por carreteras bloqueadas o predios inundados: trabajadores afectados por enfermedades, daños en sus viviendas o interrupciones en el transporte no pudieron acudir a sus puestos. Así, la falta de previsiones expuso una vulnerabilidad que suele quedar fuera de los planes de contingencia.

El ausentismo puede paralizar una operación sin daños materiales

Las empresas concentran gran parte de sus recursos preventivos en proteger almacenes, plantas, maquinaria y cadenas de suministro. Para Marsh, esa estrategia puede resultar insuficiente si no incluye medidas para sostener la disponibilidad de personal en áreas críticas.

“Una empresa opera con personas”, señaló Percy Mesías, gerente vicepresidente de Seguridad y Salud Ocupacional de Marsh Perú. El especialista sostuvo que el impacto no se limita a infraestructura o pérdidas financieras, porque la productividad cae cuando aumentan las enfermedades, las ausencias y el agotamiento entre los trabajadores.

El riesgo podría prolongarse después de la emergencia. La firma indicó que, tras El Niño Costero de 2017, varias empresas afrontaron una mayor rotación y dificultades para conservar a personal técnico y operativo.

En zonas con inundaciones o desplazamientos, la decisión de permanecer en un empleo puede depender de factores que exceden el salario, como la posibilidad de acceder a atención médica, movilidad o apoyo ante daños en la vivienda.

Dengue, problemas gastrointestinales y calor extremo presionan a las empresas

Las lluvias y el aumento de temperatura abren un frente sanitario que puede afectar la asistencia laboral. El agua acumulada facilita la reproducción de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya, mientras que los problemas en el suministro de agua elevan el riesgo de enfermedades gastrointestinales.

Los golpes de calor representan otra amenaza para trabajadores de agricultura, construcción y minería. En paralelo, la humedad y las alteraciones ambientales pueden incrementar las afecciones respiratorias y dermatológicas.

El resultado es una mayor demanda de atención médica, más licencias y dificultades para cubrir turnos o mantener los niveles de producción, explica Marsh.

En ese contexto, la ausencia de protocolos internos puede ampliar el impacto de una emergencia climática sobre actividades que dependen de mano de obra presencial.

Los beneficios de salud enfrentan mayores costos y una posible saturación

Marsh revela que el costo de los beneficios de salud para las empresas peruanas aumentó 8% en los últimos seis meses y 6,5% en el segundo trimestre de 2026. Es decir, cada vez es más caro para las empresas asegurar a sus trabajadores.

Un eventual pico de enfermedades podría elevar la presión sobre los seguros privados, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y los convenios médicos corporativos.

La advertencia también alcanza a la salud mental. De acuerdo con el estudio de bienestar emocional de Marsh Perú, 42% de las empresas no cuenta con programas de bienestar o salud mental, mientras que 48% trata este asunto como una medida aislada y no como parte de la prevención.

La pérdida de vivienda, el temor por la familia y los desplazamientos pueden afectar el desempeño y la permanencia de los trabajadores.

Las áreas críticas pueden quedar sin reemplazos durante una emergencia

El análisis de la agencia especializada plantea también que muchas compañías tampoco tienen identificados los puestos cuya ausencia puede detener una operación.

Un incremento de las faltas o una reubicación temporal expone la falta de planes de sucesión, movilidad interna y reemplazo para cargos técnicos, supervisores y personal operativo.

“La preparación dejó de ser un gesto de bienestar para convertirse en una decisión de negocio”, afirmó Diana Plasencia, líder de Estrategia de Talento en Mercer.

De cualquier forma, la consultora concluye que las empresas tienen una ventana limitada para revisar sus coberturas de salud, mapear roles críticos y preparar a sus líderes ante posibles interrupciones. Y usted, ¿ya está listo?

La nueva competencia mundial por los minerales críticos abre una oportunidad extraordinaria para el Perú, pero poseer recursos geológicos no bastará. El desafío real es desarrollar la capacidad científica para descubrirlos, caracterizarlos y convertirlos en tecnología e industria.

Esa competencia ya dejó de ser un asunto solo minero. Estados Unidos, China, la Unión Europea y otras economías buscan asegurar cadenas de suministro de los elementos que alimentan baterías, redes eléctricas, semiconductores, energías renovables y tecnología de defensa. El mapa de los minerales críticos empieza a pesar geopolíticamente lo que pesó el petróleo durante buena parte del siglo XX.

El Perú tiene una posición privilegiada en esta transformación. Somos potencia minera y contamos con una geología extraordinariamente diversa. Más allá del cobre, hay potencial real para desarrollar recursos hoy considerados estratégicos a nivel mundial.

Antes de celebrar esa oportunidad, vale preguntarse algo incómodo: ¿queremos limitarnos a vender materia prima, o queremos construir también el conocimiento para encontrarla, caracterizarla y transformarla?

No partimos de cero. El Perú ya participa en mecanismos de cooperación con Estados Unidos y otros países en minerales críticos, cadenas de suministro e inversión tecnológica, y colabora con el Organismo Internacional de Energía Atómica en aplicaciones nucleares para la minería. INGEMMET aporta décadas de cartografía, geoquímica y prospección; nuestras universidades tienen investigadores en geología, física, química, electrónica e ingeniería; y el IPEN posee una infraestructura científica excepcional, el reactor de investigación RP-10.

Durante mi gestión en el IPEN defendimos una idea que sigo considerando esencial: el RP-10 no debe verse como un reactor del IPEN, sino como una infraestructura científica del país. Una de sus capacidades, el análisis por activación neutrónica, permite determinar con gran precisión la composición elemental de un material, con aplicaciones directas en investigación geológica, minera y de ciencia de materiales.

El siguiente paso debería ser ampliar esa visión: que investigadores de Arequipa, Puno, Moquegua, Cajamarca o cualquier otra región puedan desarrollar proyectos que aprovechen el RP-10 mediante mecanismos transparentes, y que las empresas puedan hacer lo mismo en proyectos conjuntos.

Pero no podemos quedarnos solo en el reactor. La minería moderna incorpora espectrometría gamma, fluorescencia de rayos X, sensores hiperespectrales y sistemas geoquímicos capaces de analizar materiales casi en tiempo real. Dentro de ese universo hay un campo particularmente interesante para el Perú: las técnicas nucleares basadas en neutrones, y en especial el Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA). El principio es relativamente simple: los neutrones interactúan con los núcleos de los elementos presentes en un material y producen radiación gamma característica; analizando esa señal se obtiene información sobre su composición.

Hoy existen generadores de neutrones mucho más compactos que hace una década, detectores gamma más avanzados y sistemas de procesamiento con inteligencia artificial. Esto plantea una pregunta científica atractiva: ¿podemos llevar parte de estas capacidades del laboratorio al terreno? Una línea de investigación podría explorar sistemas móviles que integren generadores compactos, detectores gamma y georreferenciación, incluso sobre plataformas no tripuladas que realicen mediciones controladas a baja altura.

No conviene presentar esto como tecnología ya resuelta. Falta demostrar qué elementos pueden identificarse, con qué sensibilidad, a qué distancia y bajo qué condiciones geológicas, y falta resolver con rigor los aspectos de seguridad radiológica y regulación. Ahí está precisamente la oportunidad para nuestros científicos: no importar la solución, sino construirla.

Podríamos desarrollar un proyecto piloto en el que INGEMMET aporte zonas y muestras geológicas, el IPEN y el RP-10 establezcan composiciones y firmas elementales de referencia, las universidades desarrollen detectores y algoritmos, y las empresas participen en la ingeniería y validación de campo. Por eso creo que el Perú debería impulsar un Programa Nacional de Tecnologías Avanzadas para Minerales Críticos: no otra burocracia, sino una misión que integre geología, minería, física nuclear, sensores, inteligencia artificial y capacidad industrial, que financie proyectos piloto y abra nuestras infraestructuras científicas a investigadores de todo el país.

Los acuerdos internacionales importan. Los minerales también. Pero ninguno de los dos garantiza desarrollo por sí solo: la diferencia entre un país que solo posee recursos naturales y otro que los transforma está en el conocimiento que construye alrededor de ellos.

En esta nueva geopolítica, quizás el recurso más crítico del Perú no esté debajo de nuestros pies, sino en nuestra capacidad científica y tecnológica para saber qué tenemos debajo de ellos.

La industria minera en México enfrenta una transformación en materia de seguridad. En 2024, el 83% de las muertes registradas por empresas del sector estuvo vinculado con fallos en los controles críticos, de acuerdo con el Consejo Internacional de Minería y Metales.

Frente a este panorama, la tecnología emerge como aliada para anticipar condiciones de riesgo, integrando datos operativos y señales tempranas que permitan prevenir accidentes graves antes de que ocurran.

El avance hacia una gestión proactiva del peligro marca un cambio de paradigma en la actividad minera, impulsado por la inminente entrada en vigor del Convenio 176 de la OIT en México y la aparición de plataformas como Safety Intelligence.

Tecnología y análisis de datos: anticipando riesgos mineros

La minería mexicana se encuentra en una etapa de transición en la gestión de seguridad. Tradicionalmente, las estrategias se orientaban a documentar incidentes y reforzar medidas a partir de los hechos consumados. Sin embargo, la digitalización y el uso de datos están permitiendo un enfoque distinto: anticipar los riesgos antes de que deriven en tragedias.

Durante el año 2024, las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México reportaron 13 accidentes mortales, una reducción respecto a los 16 casos del año anterior. Además, la tasa de incidencia de accidentes disminuyó 38.3%, pasando de 1.33 a 0.82.

Aunque estos números muestran progresos, existe consenso en que la mayoría de los accidentes graves podrían evitarse mediante una prevención más eficaz, especialmente en lo concerniente a los controles críticos de seguridad.

El análisis de datos operacionales cobra un rol central en este proceso. Las operaciones mineras generan diariamente volúmenes importantes de información a través de distintos sistemas y plataformas. El desafío reside en que estos datos suelen estar fragmentados y, observados de forma aislada, pueden no revelar patrones significativos.

El concepto de “señales débiles” resulta clave en este contexto. Se trata de indicadores que, por separado, no parecen representar un riesgo relevante, pero cuya coincidencia en tiempo y lugar puede advertir vulnerabilidades serias.

La capacidad tecnológica para integrar y analizar estos datos dispersos permite identificar situaciones de exposición y anticipar escenarios de peligro, transformando la prevención minera.

Safety Intelligence y el papel de la inteligencia artificial en la minería

El desarrollo de sistemas como Safety Intelligence introduce una nueva dimensión en la gestión del riesgo minero. Esta tecnología, implementada por ZYGHT, tiene la función de reunir y analizar los datos que las propias faenas generan cotidianamente.

La finalidad no es predecir con total certeza cuándo ocurrirá un accidente, sino identificar con antelación condiciones que aumentan la probabilidad de un evento grave.

A través de la integración de información proveniente de múltiples fuentes, Safety Intelligence permite que tanto los equipos operativos como los niveles ejecutivos y directivos accedan a una visión unificada del riesgo.

Mario Jara, CEO de la empresa en cuestión, describe el nuevo reto: “Hoy el desafío no es necesariamente generar más información, sino lograr interpretar de manera integrada los datos que las operaciones ya producen. Cuando esas señales se cruzan y se transforman en información accionable, es posible entregar a los ejecutivos una mirada anticipada del riesgo y apoyar decisiones antes de que ocurra un evento grave”.

La incorporación de inteligencia artificial y análisis avanzado de datos lleva a las empresas mineras a replantear sus preguntas clave. El foco deja de estar únicamente en el pasado —qué ocurrió y cómo evitar que se repita— para considerar el presente y el futuro: qué señales estaban presentes antes del evento y qué acciones se pueden tomar al detectarlas.

Impacto empresarial y normativo en la seguridad minera digital

El giro hacia la prevención apoyada en tecnología no solo responde a exigencias operativas, sino también a factores regulatorios y de negocio. En junio de 2026, México ratificó el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas. Este marco internacional impone obligaciones adicionales para la protección de los trabajadores y entrará en vigor en junio de 2027.

En este contexto, la digitalización de la gestión de riesgos adquiere una relevancia estratégica. La capacidad de anticipar condiciones de vulnerabilidad permite reducir la exposición a paralizaciones, pérdidas económicas, responsabilidades legales y daños reputacionales. La identificación temprana de riesgos puede además traducirse en menor incidencia de accidentes y mayor protección para el personal.

La transformación digital, lejos de limitarse a la recolección de datos, consiste en conectar la información operativa con decisiones que eviten la materialización de peligros.

Para la empresa mencionada y otras compañías del sector, el siguiente paso reside en aprovechar los datos generados cotidianamente para fortalecer la cultura preventiva y minimizar las consecuencias negativas de los accidentes.

La evolución hacia una minería más segura y preventiva dependerá de la capacidad de las empresas para interpretar de manera integral los datos disponibles y convertirlos en acciones concretas, en un entorno regulatorio cada vez más exigente y con la tecnología como aliada central en el proceso de transformación.

Perú exhibe cifras económicas favorables en minería, exportaciones que superan los US$21.000 millones y una cartera de inversión que bordea los US$64.000 millones. Pero ese optimismo convive con una amenaza que ningún plan de gobierno quiso nombrar con claridad durante la campaña: la minería ilegal e informal, que hoy constituye la economía ilícita más grande del país, por encima del narcotráfico.

En su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta sí se refirió al problema, en tono contundente, su gobierno usará las herramientas que le da la Constitución para recuperar los territorios tomados por la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado, con decretos de urgencia, facultades legislativas y modernización policial. Pero conviene no confundir un anuncio contundente con una política, la minería ilegal apareció diluida dentro de una estrategia general contra el crimen organizado, sin capítulo propio, y especialistas como Iván Arenas ya advirtieron que tampoco fue eje central del borrador de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo. Más llamativo aún, en un discurso con espacio para el crimen organizado, la presidenta no mencionó una sola vez al Reinfo, el mecanismo que la propia industria minera formal identifica como el principal “camuflaje jurídico” de la minería ilegal.

Ese silencio no es menor. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha sido más explícito, reconoció que, al renovarse el Congreso, la Ley MAPE “vuelve a foja cero”. Hasta ahí, razonable. Lo que preocupa es que, consultado sobre una eventual ampliación del Reinfo, no la descartó. De ahí que el primer reto de este gobierno sea de coherencia, no basta con hablar duro sobre crimen organizado si, en la letra chica de la política sectorial, se sigue abriendo la puerta a una nueva prórroga. Ya vivimos ese contraste con el reglamento de la Ley MAPE de mayo del año pasado, aunque el Minem argumentaba que el Reinfo dejaría de existir con la nueva norma, el propio texto sustitutorio que manejaba la Comisión de Energía y Minas seguía otorgando beneficios a los inscritos, prolongando su vigencia por la puerta de atrás.

Si el patrón se repite, la nueva Ley MAPE corre el riesgo de convertirse en un Reinfo con otro nombre.

El segundo reto es normativo, la ley necesita plazos definitivos, no vocación de permanencia. Cada requisito de formalización —titularidad de concesión, instrumento ambiental, contrato de explotación— debe tener fecha límite y consecuencias reales para quien no la cumpla.

Un proceso sin plazos, como ha sido el Reinfo, es una zona gris donde conviven, sin distinción, el minero que sí quiere ordenarse y el que usa el registro como licencia para extraer, transportar y comercializar mineral ilegal sin fiscalización.

El tercer reto es institucional: diferenciar con claridad la minería informal de la ilegal, con responsabilidades precisas para cada entidad del Estado. La formalización le corresponde al Minem, en coordinación con los gobiernos regionales; la persecución del delito exige articulación real entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial.

Pero si hay un punto donde este gobierno puede lograr un efecto multiplicador con relativamente pocos recursos, pero sí voluntad política, es el control de las plantas de beneficio. A diferencia de la extracción —dispersa en miles de puntos, muchos en zonas remotas—, el mineral extraído ilegalmente tiene que pasar, en algún momento de la cadena, por una planta procesadora antes de volverse un producto comercializable.

Son relativamente pocas, están identificadas, y son el cuello de botella natural de la economía ilegal minera, quien controla las plantas de beneficio controla buena parte de la ruta del mineral ilícito. Por eso la trazabilidad no debe pensarse solo desde la extracción, sino sobre todo desde el procesamiento, exigir condiciones técnicas y financieras para comprar y procesar minerales y acabar con la libre disponibilidad de minerales sin origen verificado. Si a esto se suma la articulación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Sunat para rastrear los flujos de dinero asociados a esas plantas, el Estado tendría, por primera vez, un punto de control real sobre una cadena que hoy se mueve casi con total impunidad entre la extracción informal y la exportación formal.

Los primeros cien días serán determinantes, no porque la Ley MAPE deba aprobarse en ese plazo —sería ingenuo pensarlo dado los procesos del nuevo Congreso—, sino porque ahí se verá si los anuncios se traducen en una propuesta firme, con las plantas de beneficio como punto de control central, o si el gobierno termina cediendo, una vez más, a la presión de ampliar el Reinfo.

Perú tiene una ventana de oportunidad minera excepcional. Pero se construye también puertas adentro, ordenando lo que durante más de una década hemos permitido que crezca en la informalidad y la ilegalidad. El nuevo gobierno tiene la evidencia, tiene el mandato y tiene la fecha límite del 31 de diciembre. Lo que todavía no sabemos —y lo dicho hasta ahora no despeja la duda— es si tendrá la voluntad política para no repetir los mismos errores.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reportó un crecimiento significativo en la producción nacional de hierro, estaño y molibdeno durante el mes de junio de 2026, consolidando la importancia estratégica de la minería para la economía peruana y su aporte a la generación de empleo, inversión y recursos.

Según el Boletín Estadístico Minero (BEM), tres de los ocho principales productos mineros metálicos registraron importantes incrementos en comparación con junio de 2025. El hierro experimentó una variación exponencial, mientras que la producción de estaño creció 12.9% y la de molibdeno 5.4%.

Producción minera registra notables incrementos en 2026

En el acumulado de enero a junio de 2026, la producción de hierro aumentó 41.1% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el estaño mostró un incremento de 6.5%. En cuanto al molibdeno, la producción nacional presentó un alza intermensual de 6.5% y un incremento interanual de 5.4%.

Las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna representaron en conjunto el 79.9% del total de molibdeno producido en el país. Por su parte, la producción acumulada de cobre mostró un avance de 1.9% frente al primer semestre de 2025.

El informe elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del MINEM subraya que la minería continúa siendo uno de los pilares de la economía peruana, por su contribución a la producción, las exportaciones, la inversión privada, el empleo y la generación de recursos fiscales para el desarrollo nacional y territorial.

El ministerio destacó que estos resultados reflejan una minería que sigue generando empleo, movilizando inversión y aportando recursos para el desarrollo territorial, reafirmando el rol fundamental del sector en el crecimiento del país.

Hierro, estaño y molibdeno lideran el crecimiento sectorial

Por otro lado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que las exportaciones mineras del Perú sumaron US$ 42,221 millones en el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 56% respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 27,061 millones).

Este aumento se debió principalmente a los mayores ingresos por envíos de cobre, oro y plomo. Las exportaciones de cobre alcanzaron US$ 19,455 millones, un incremento de 53.3% en comparación con el primer semestre de 2025. Mientras tanto, las ventas de oro sumaron US$ 15,808 millones, con un crecimiento de 62% respecto al año anterior.

La minería, pilar del desarrollo económico nacional

La SNMPE precisó que el cobre representó el 46.1% del valor de las exportaciones mineras y el oro el 37.4%. A su vez, las exportaciones mineras significaron el 74.8% del total de envíos de productos peruanos al extranjero en el primer semestre de 2026.

Solo en junio, las exportaciones mineras sumaron US$ 6,429 millones, un aumento de 35.2% en comparación con el mismo mes del año pasado, destacando el desempeño del cobre (US$ 2,626 millones, con un crecimiento de 18%) y del oro (US$ 2,655 millones, un alza de 45%).

Estos resultados reflejan el aporte del sector minero al dinamismo económico del país y su papel estratégico en la generación de divisas, empleo y desarrollo para el Perú.

Hay una situación que explica, mejor que cualquier informe, lo que le pasó a la provincia: mientras Neuquén convirtió una formación de roca en el motor económico de su suelo y del país entero, Santa Cruz dejó pasar la oportunidad. Los santacruceños tienen debajo de sus pies una riqueza inmensa en minería, y se sigue administrando como si fuera un problema y no una oportunidad.

No exagero cuando digo que, en los hechos, es la Vaca Muerta de la minería argentina. Los números son contundentes. Durante 2025, Santa Cruz concentró cerca del 40% de las exportaciones mineras de todo el país, con un acumulado de exportaciones de oro y plata que en el año superó los 2.400 millones de dólares, más que el propio presupuesto provincial.

Es la primera provincia exportadora de minerales de la Argentina, por encima de San Juan, Catamarca y Jujuy. Siete minas en producción (Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Cerro Moro, San José, entre otras, operadas por compañías de primera línea internacional) generan hoy más de 8.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos en el Macizo del Deseado.

Solo Cerro Negro tiene reservas certificadas por 3,2 millones de onzas de oro. Un proyecto como Cerro León estima un potencial de 92 millones de onzas de plata equivalente. Esto no es una promesa: es geología confirmada. Y sin embargo, alcanza con adentrarse un poco para ver el otro lado de la historia.

En julio de este año una falla en la línea de alta tensión entre Piedra Buena y La Esperanza dejó sin luz a Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre, con cortes que tuvieron que priorizar hospitales y plantas potabilizadoras porque no había respaldo energético propio.

El Calafate, la postal turística de Argentina, no cuenta con generación de emergencia. El presupuesto provincial proyectó para este año un déficit de 350.000 millones de pesos, en donde las exportaciones mineras superan largamente esa cifra. ¿Cómo puede ser que una provincia que exporta más de 2.000 millones de dólares al año en oro y plata no logre garantizar el suministro eléctrico de sus propios pueblos? La respuesta está en la gestión.

La comparación con Neuquén también vale mirarla con atención. Entre 2006 y 2024 los ingresos por regalías de esa provincia crecieron 245%, impulsados casi exclusivamente por Vaca Muerta. Ese caudal de recursos le permitió a Neuquén crear un fondo anticíclico, volver a emitir deuda en Wall Street, liderar el crecimiento del empleo privado en el país y anunciar hace apenas unos días una nueva inversión de 6.400 millones de dólares de Tecpetrol para el desarrollo de un solo bloque, con la meta de sumar 70.000 barriles diarios hacia 2027. Cada puesto de trabajo directo en Vaca Muerta multiplica tres empleos indirectos en logística, construcción, comercio y servicios. Eso es lo que hace un Estado provincial cuando decide correrse de en medio y dejar que la inversión fluya con reglas previsibles.

Santa Cruz tuvo, y tiene, todo lo necesario para recorrer un camino parecido, pero para eso hace falta lo que el sector minero viene reclamando hace años: previsibilidad jurídica, un esquema sindical que no expulse inversiones y una carga impositiva que no castigue a quien viene a invertir.

Argentina en su conjunto destina apenas el 2% del gasto minero a exploración, contra más del 10% en Chile, y en Santa Cruz esa brecha se siente todavía más porque las minas más importantes necesitan nuevas reservas ya mismo y no las están encontrando al ritmo necesario.

Santa Cruz espanta inversiones es Vox Pópuli la historia de una empresa que llegó a la provincia dispuesta a invertir 3.000 millones de dólares y cuyo CEO terminó encerrado varios días dentro de una planta por un conflicto gremial y nunca más volvió. Ese no es un incidente aislado, es un modelo de gestión de extracción sindical que fue extorsivo con las empresas en su tiempo, y que ahora se para del otro lado del mostrador pidiendo inversiones. Pero administrar una provincia no es lo mismo que manejar un sindicato.

Mientras se pierden oportunidades en minería, los sueldos estatales son cada vez más bajos, los hospitales están desbordados y los recursos públicos se usan para financiar agendas de género. Si Santa Cruz hubiera sido administrada con una lógica de previsibilidad, con equilibrio fiscal y con políticas que fortalezcan la seguridad jurídica, hoy tendríamos una provincia con superávit, con un sistema eléctrico robusto, con salarios dignos para maestros y trabajadores de la salud, y con miles de puestos de trabajo adicionales sostenidos por la minería.

Esos dólares que hoy exportamos casi en piloto automático, sin un plan de largo plazo detrás, podrían haber financiado escuelas, hospitales, rutas y un sistema energético acorde a las necesidades y el país entero se hubiera beneficiado: más dólares genuinos, más empleo privado, menos dependencia de un Estado nacional que hoy tiene que mirar para el sur con la misma pregunta de siempre: ¿Por qué, con todo lo que tenemos, seguimos entre los últimos?.

La minera surcoreana Posco consiguió USD 700 millones para extraer litio en el Salar del Hombre Muerto, en Salta y Catamarca, a través de un financiamiento del BID Invest —el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— que respaldará la expansión de su proyecto Sal de Oro, uno de los más grandes del país.

La estructura del préstamo combina un tramo de hasta USD 250 millones aportados directamente por BID Invest con la posible movilización de hasta USD 450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales privadas. Los fondos financiarán la puesta en marcha y el aumento gradual de producción en dos plantas: una de hidróxido de litio, con capacidad para 25.000 toneladas anuales, y otra de carbonato de litio, con capacidad de 23.000 toneladas anuales.

Según BID Invest, una vez que ambas plantas alcancen plena operación, el proyecto producirá y exportará cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio y generará alrededor de 620 empleos permanentes formales. “Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

La operación se enmarca en IDB LAC Minerals, la iniciativa del Grupo BID orientada a desarrollar cadenas de suministro de minerales críticos con mayor valor agregado en América Latina y el Caribe. La segunda etapa de Sal de Oro —que supone una inversión adicional de USD 208 millones— había recibido el visto bueno del gobierno de Javier Milei para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en junio pasado, lo que le otorga a Posco exenciones impositivas, estabilidad regulatoria por 30 años y acceso al arbitraje internacional.

El financiamiento llega en un momento en que el proyecto Sal de Oro acaba de registrar su primer trimestre con ganancia operativa: en el segundo trimestre de 2026, Posco Argentina obtuvo un beneficio operativo de 11.000 millones de wones (unos USD 8 millones), ocho años después de la llegada de la compañía al país y casi dos años después del inicio de su operación comercial, en octubre de 2024. Hasta ese resultado, la unidad argentina había acumulado pérdidas operativas cercanas a los 300.000 millones de wones.

La apuesta de Posco en Argentina comenzó en 2018, cuando adquirió los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto por USD 280 millones. Desde entonces, la compañía perforó decenas de pozos, construyó piletas de evaporación que superan el tamaño combinado de 1.000 canchas de fútbol y avanzó durante años sin ver retornos. La inversión total en derechos mineros y en la construcción de las dos primeras plantas de litio supera los USD 2.700 millones.

Este año, la compañía profundizó aún más su posición en el país: en abril, adquirió el proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) —también en el Salar del Hombre Muerto— por USD 65 millones, a través de la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South. El activo, en fase de exploración avanzada, tiene potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

La expansión empresaria de Posco se dio en paralelo a un acercamiento político entre Argentina y Corea del Sur. El 31 de julio, el presidente Lee Jae Myung visitó Buenos Aires —la primera visita de un mandatario surcoreano al país en 22 años— y se reunió con Milei en la Casa Rosada. Ese mismo día, el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Kim Jeong-kwan, firmaron un memorando de cooperación en minerales críticos, con foco en el litio, para promover inversiones conjuntas en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento, y fortalecer cadenas de suministro para las industrias de baterías y tecnología avanzada.

Lee había definido el acceso al litio como una “consideración estratégica” para Corea del Sur. Frente a las disrupciones en las cadenas globales de suministro y al avance de la inteligencia artificial, el presidente surcoreano sostuvo que los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”. La visita también incluyó conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y el Mercosur.

Con el financiamiento del BID Invest asegurado, Posco planea adelantar la construcción de su tercera y cuarta planta de litio en brine para 2027 y 2030, respectivamente. El objetivo de largo plazo del grupo es alcanzar una producción combinada de 173.000 toneladas anuales de litio para 2033 —incluyendo producción en roca desde Australia—, lo que le permitiría posicionarse entre las cinco mayores compañías productoras de litio del mundo.

Argentina ocupa el quinto lugar entre los mayores productores mundiales de litio, detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue, y el tercero en reservas. Según la Secretaría de Minería, el país cuenta con 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance, de los cuales solo siete están en producción. En 2025, las exportaciones mineras totalizaron USD 6.037 millones, el registro más alto desde que existen datos consolidados del sector, con un crecimiento del 29,2% respecto del año anterior.

El Gobierno estima un ingreso de USD 7.737 millones en inversiones durante 2026 y 2027, los dos últimos años del mandato de Javier Milei, a partir de los proyectos ya aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La cifra surge de sumar los USD 4.252 millones proyectados para el corriente año y los USD 3.485 millones estimados para el próximo, en el marco de los 22 proyectos aprobados hasta la fecha por el Comité Evaluador dependiente del Ministerio de Economía, según datos publicados en la página web oficial del RIGI.

El total de inversión comprometida por esos 22 proyectos asciende a USD 47.073 millones, con un horizonte de ejecución que se extiende hasta 2055 y una promesa de generación de 95.950 empleos directos e indirectos. La cartera abarca cinco sectores: minería (12 proyectos), petróleo y gas (6), energía eléctrica (2), siderurgia (1) e infraestructura (1).

Los dos últimos ingresos al régimen se formalizaron en las últimas semanas. Este miércoles, el Ministerio de Economía aprobó el plan de Compañía Mega —sociedad controlada por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%)— por USD 365 millones para ampliar su complejo industrial en cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. La obra elevará un 27% la producción de líquidos del gas natural y sumará más de 500.000 toneladas anuales de capacidad, con el 80% del volumen incremental destinado a mercados externos. El cronograma de obras se extiende hasta fines de 2028.

La semana pasada, en tanto, el Comité Evaluador había dado luz verde al proyecto Los Toldos II Este de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint del empresario Paolo Rocca. Con una inversión total de USD 6.400 millones, el proyecto apunta a una producción de 70.000 barriles diarios en Vaca Muerta y generará 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

Uno de los proyectos de mayor volumen dentro de los aprobados es el de licuefacción de gas natural de Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy (Reino Unido) y Golar LNG (Noruega), con una inversión de USD 7.000 millones en la primera etapa —escalable a más de USD 15.000 millones en dos décadas—. El proyecto prevé instalar dos buques de licuefacción frente al Golfo San Matías, Río Negro, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL). El inicio de operaciones del primer buque está previsto para noviembre de 2027.

En el segmento minero, Vicuña Argentina —la sociedad formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para desarrollar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol en San Juan— es el proyecto de mayor escala: USD 9.700 millones en una primera etapa, escalables a USD 18.000 millones en una década. Cuando llegue al pico de construcción, entre 2027 y 2030, demandará 12.000 puestos directos. En plena operación, proyecta exportaciones de USD 6.000 millones anuales.

La minería concentra más de la mitad de los proyectos aprobados. Rio Tinto (Reino Unido) tiene dos iniciativas dentro del régimen: el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón, Salta, con una inversión de USD 3.000 millones para producir 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio; y el Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, con USD 530 millones para incorporar 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional. En marzo de 2026, Rio Tinto realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde Rincón: 200 toneladas con destino a Shanghái.

El Hombre Muerto Oeste (HMW), de la australiana Galan Lithium Ltd, es el segundo proyecto RIGI en estar operativo. La planta de producción de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, arrancó el 1 de abril de 2026 con una capacidad de 12.000 toneladas anuales. Apenas cinco meses transcurrieron entre la aprobación del régimen, en agosto de 2025, y el inicio de operaciones.

En infraestructura de transporte de hidrocarburos, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) —consorcio integrado por YPF, PAE, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol— registra un avance de entre el 70% y el 73% en la construcción de sus 437 kilómetros entre Añelo (Neuquén) y Punta Colorada (Río Negro), con una inversión de USD 3.000 millones. Transportadora de Gas del Sur (TGS) obtuvo en mayo de 2026 la aprobación para la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, con USD 550 millones de inversión y una capacidad adicional de 12 millones de metros cúbicos diarios.

El primer proyecto upstream de petróleo en acceder al régimen fue Rincón de Aranda, de Pampa Energía, aprobado a fines de junio. La iniciativa, en la ventana de shale oil de Vaca Muerta, demandará USD 4.521 millones y apunta a un plateau de 45.000 barriles diarios en 2027, con exportaciones proyectadas de USD 17.000 millones a lo largo de 30 años.

En energía eléctrica, el Parque Solar El Quemado de YPF Luz, la primera iniciativa aprobada por el RIGI, ya está en operación desde el 23 de diciembre de 2025: una planta fotovoltaica de 305 MW en Jocolí, Mendoza, con una inversión de USD 212 millones. El Parque Eólico Olavarría, de PCR y Acindar, con USD 276 millones de inversión y 180 MW de capacidad, tiene previsto su inicio de operaciones para el 1 de diciembre de 2026.

Otros 20 proyectos aguardan evaluación del Comité, con una inversión comprometida de USD 110.883 millones y el potencial de generar 145.615 empleos adicionales. El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años.

La minería en República Dominicana experimentó una caída de 15.9% en julio, lo que repercutió tanto en el crecimiento acumulado del sector como en los ingresos fiscales.

Durante ese mes, una menor extracción de oro impactó en las exportaciones y en la recaudación pública, aunque la economía nacional mantuvo una expansión de 4.5% en los primeros siete meses de 2026.

El efecto negativo se manifestó en distintos frentes. Las exportaciones de oro disminuyeron 17.2% respecto al año anterior, con envíos que alcanzaron USD 200.6 millones en julio, es decir, USD 41.7 millones menos que en el mismo mes de 2025, según la Dirección General de Aduanas. Por su parte, los ingresos tributarios relacionados con la minería descendieron 15.7%, lo que supuso 1,189.8 millones de pesos (aproximadamente USD 20.3 millones) menos para el erario en ese periodo, de acuerdo con datos publicados por Diario Libre.

En contraste, la exportación de plata registró un aumento interanual de 1,604.5%, con envíos superiores a USD 230,000.

El crecimiento acumulado de la explotación de minas y canteras, que entre enero y junio era de 11.3%, bajó a 6.6% al cierre de julio, reflejando el impacto de la contracción mensual. El Banco Central de la República Dominicana asoció esta variación negativa a la disminución en los volúmenes de extracción de oro y plata.

A pesar del retroceso en julio, la minería continuó como la cuarta actividad con mayor crecimiento acumulado en lo que va de 2026, solo superada por servicios financieros (7.6%), enseñanza (7.3%) y construcción (6.9%), según información recogida por Diario Libre.

En materia fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos reportó una baja en los ingresos provenientes de los cuatro tributos aplicados a la minería: impuesto sobre la renta, impuesto mínimo anual, participación en utilidades netas y retorno neto de fundición. La menor extracción de oro fue el factor principal de esta disminución, ya que implicó menores exportaciones y, en consecuencia, menos recursos para el Estado.

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana señaló que la evaluación del sector no debe limitarse a los resultados de un solo mes. Martín Valerio Jiminián, director ejecutivo de la entidad, indicó que “los datos del Banco Central deben leerse en su contexto. Una variación mensual puede reflejar cambios en los volúmenes de producción sin que ello implique necesariamente un cambio estructural en la capacidad de aporte de la minería. Lo importante es observar la trayectoria del sector y su contribución al conjunto de la economía”.

Valerio Jiminián añadió que la minería debe medirse no solo por los minerales extraídos en un mes, sino también por la inversión que moviliza, las divisas que genera, los encadenamientos productivos que desarrolla y la confianza que el país construye para operar, explorar y ampliar proyectos responsables.

Según la información disponible, el desempeño de julio no eliminó el avance acumulado del sector en 2026, pero sí moderó de forma considerable la expansión que hasta junio era de dos dígitos, reduciendo su aporte inmediato tanto al crecimiento productivo como a la recaudación pública.

Rio2 Limited logró un avance clave en el desarrollo de la minería peruana al obtener la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para la mina Condestable, ubicada en la costa central del país.

El permiso, que cierra un proceso de 14 meses con la participación de autoridades ambientales y comunidades locales, permitirá a la compañía incrementar su capacidad de procesamiento y extender la vida útil del yacimiento por al menos una década más.

Condestable: un paso clave tras más de un año de gestiones

La obtención de la MEIA representa el cierre de un proceso administrativo y técnico iniciado más de un año atrás, en el que Rio2 Limited debió cumplir con exigencias ambientales y dialogar con los actores de la zona.

El anuncio se da en un contexto donde la demanda de cobre a nivel global sigue en aumento y las inversiones mineras deben ajustarse a regulaciones ambientales cada vez más estrictas.

“El permiso amplía nuestro horizonte operativo, confirma el enfoque ambiental de la empresa y habilita la ampliación de la producción”, afirmó Andrew Cox, presidente y CEO de Rio2.

Aumento de capacidad y futuro de la operación

Gracias a la aprobación ambiental, Condestable podrá aumentar su capacidad de procesamiento de 8,400 toneladas diarias de mineral a un máximo de 10,000 toneladas diarias.

Este salto productivo refuerza la posición de la mina como una de las más relevantes en la región y permitirá aprovechar mejor los recursos de cobre, oro y plata presentes en el yacimiento.

Otra novedad importante es la autorización para construir un nuevo depósito de residuos mineros, que inicialmente almacenará 43 millones de toneladas y podrá ampliarse hasta los 170 millones de toneladas.

Esta infraestructura es clave para mantener una gestión ambiental moderna y reducir los riesgos asociados a los relaves, uno de los principales desafíos de la minería actual.

La aprobación también autoriza a Rio2 a avanzar en campañas de exploración para buscar nuevas fuentes de mineral dentro del área de concesión, lo que podría traducirse en más recursos y una mayor proyección a largo plazo para la mina.

Compromiso ambiental y sostenibilidad

La compañía reiteró su compromiso con una minería responsable y moderna, alineada con los estándares ambientales más exigentes.

El permiso obtenido exige el cumplimiento de prácticas rigurosas en el manejo de residuos y el cuidado de los recursos naturales, además de mantener canales de diálogo con las comunidades vecinas.

Rio2 Limited informó que continuará con estudios de ingeniería y programas piloto para optimizar la explotación y el aprovechamiento de los recursos existentes, asegurando así la sostenibilidad del proyecto.

Condestable, una mina histórica de la costa peruana

La mina Condestable es una de las operaciones subterráneas más antiguas y relevantes del Perú. Está ubicada en el distrito de Mala, provincia de Cañete, a unos 90 kilómetros al sur de Lima y cerca de la carretera Panamericana Sur.

Gracias a su localización a baja altitud, entre 100 y 400 metros sobre el nivel del mar, cuenta con ventajas logísticas frente a otras minas situadas en zonas más elevadas de los Andes.

La mina extrae principalmente cobre, pero también obtiene oro y plata como subproductos. Opera de forma continua desde hace más de 60 años, consolidándose como un motor para la economía local y la industria minera nacional.

En diciembre de 2025, Rio2 Limited adquirió el 99,1% de la mina por aproximadamente US$ 241 millones y completó la compra a Southern Peaks Mining en enero de 2026. Desde entonces, la empresa impulsa un plan de modernización y expansión para asegurar el desarrollo sostenible de la operación.

Los equipos del organismo encontraron y documentaron rupturas y desplazamientos en el terreno que no estaban plenamente identificados antes del evento. Además, se confirma que estas evidencias están relacionadas con la reactivación de segmentos de la falla de los Altos del Mantaro.

Evaluaciones en campo y hallazgos recientes

La información se presentó en la reunión técnica organizada por el Gobierno Regional de Junín el 26 de agosto, con el objetivo de coordinar acciones para la reconstrucción en las zonas afectadas.

Especialistas del INGEMMET expusieron los avances de sus investigaciones en el valle del Mantaro, una zona donde se concentran comunidades como Chongos Bajo y Chupuro, que sufrieron daños considerables tras el sismo.

Las evaluaciones de campo permitieron precisar la ubicación y características de las áreas donde se observaron rupturas y desplazamientos, lo que confirma la reciente reactivación de la falla.

Actualmente, los equipos del instituto están desarrollando una nueva etapa de investigaciones para delimitar y caracterizar las fallas y segmentos involucrados en el evento.

El trabajo de campo se enfoca en definir la geometría y extensión de las estructuras geológicas, así como en identificar más evidencias de actividad reciente que puedan tener impacto en la seguridad de la región.

Importancia para la reconstrucción y la seguridad

El INGEMMET subrayó que la información geológica recopilada es fundamental para orientar la reconstrucción de viviendas e infraestructura en las áreas dañadas.

Con estos datos, las autoridades locales y regionales pueden planificar nuevas inversiones, prevenir y reducir riesgos y, si es necesario, considerar alternativas de reasentamiento en zonas de alto peligro sísmico.

“Conocer la geología del territorio es fundamental para reconstruir con mayor seguridad y reducir el riesgo frente a futuros sismos”, señaló la entidad en su reporte técnico.

La identificación precisa de las fallas activas y la evaluación de su grado de actividad ayuda a evitar que se reconstruya en lugares vulnerables y orienta la aplicación de normas técnicas más estrictas en el diseño de nuevas edificaciones, priorizando siempre la seguridad de la población.

Junín: apoyo estatal y criterios científicos

Como parte de la respuesta al sismo, el Gobierno autorizó hasta S/88,7 millones para atender las necesidades habitacionales de las familias afectadas.

Mediante el decreto de urgencia 009-2026, se transfirieron S/63 millones 254 mil 400 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, destinados a la mejora de viviendas rurales destruidas o declaradas inhabitables.

El respaldo científico del INGEMMET permite que estos recursos se inviertan de manera eficiente, priorizando zonas seguras y considerando criterios técnicos y científicos en cada decisión.

“Reconstruir no es solo reponer lo afectado: es conocer el territorio para hacerlo más seguro frente a futuros sismos”, remarcó la institución.

¿Qué es INGEMMET?

El INGEMMET es una entidad estatal adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) del Perú. Su función principal es generar, recopilar y administrar información geológica, minera y metalúrgica del país.

Entre sus tareas se encuentran la elaboración de mapas geológicos, el catastro minero, la investigación de peligros naturales y la asesoría para la gestión del territorio y la prevención de desastres. Su información es fundamental para la seguridad, el desarrollo y el manejo responsable de los recursos naturales peruanos.

El crecimiento proyectado de la minería de cobre y litio en Argentina no solo implicará mayores inversiones y producción. También exigirá reorganizar las cadenas de abastecimiento que conectan a los principales centros industriales con los yacimientos, ubicados mayormente en el NOA y Cuyo. En ese escenario, disponer de repuestos, insumos y servicios más cerca de las operaciones aparece como una condición para reducir tiempos de respuesta y evitar interrupciones.

Así surge del informe Proveedores Mineros en Argentina. Escenarios y proyecciones de desarrollo, elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estudio identifica más de 72 proyectos con necesidades de inversión superiores a 50.000 millones de dólares y analiza cómo esa expansión podría modificar la demanda de bienes, servicios e infraestructura durante la próxima década.

El documento señala que la escala simultánea de los proyectos puede tensionar capacidades disponibles en actividades como movimiento de suelos, montajes y logística. A eso se suma la distancia entre los polos metalmecánicos y petroquímicos de la región centro y las zonas mineras, junto con limitaciones en rutas, ferrocarriles y otros sistemas de transporte.

Stocks más cerca para reducir riesgos de abastecimiento

Las distancias tienen un efecto directo sobre la gestión de inventarios. Según el informe, las demoras durante la construcción o las paradas de planta por falta de repuestos e insumos críticos pueden generar impactos económicos elevados. Por ese motivo, los proveedores deben mantener inventarios de seguridad para responder a contingencias y urgencias operativas, una estrategia que al mismo tiempo incrementa sus costos de operación.

Frente a esa situación, el estudio plantea como desafío para la logística y el transporte especializado incrementar la cantidad de hubs regionales en el NOA y Cuyo. Estos espacios deberían combinar almacenamiento de repuestos críticos, grúas y equipos de izaje y servicios en sitio coordinados con las tareas de mantenimiento, con el objetivo de reducir los tiempos de recuperación y el riesgo logístico.

La proximidad también empieza a pesar en las decisiones de compra. El análisis sostiene que contar con proveedores cercanos puede brindar ventajas por menores costos logísticos, mayor seguridad de abastecimiento y capacidad de respuesta, especialmente cuando se necesitan reparaciones, reemplazos de piezas o servicios posventa. Por eso, las empresas mineras estructuran parte de sus estrategias de compras mediante “anillos geográficos”, en función de la cercanía de cada proveedor con el proyecto.

Esta lógica adquiere todavía más relevancia para los insumos críticos. En el caso de la industria química y petroquímica, por ejemplo, el informe identifica la necesidad de avanzar en acuerdos de stock de proximidad que garanticen continuidad operativa. Para los operadores logísticos, además, señala como capacidades especialmente relevantes la experiencia en cargas sobredimensionadas, operaciones en altura y última milla hacia los yacimientos.

Una demanda que crecerá con la puesta en marcha de los proyectos

La magnitud de los requerimientos permite dimensionar el desafío. Para los proyectos de cobre analizados, cuya construcción se extendería principalmente entre 2026 y 2037, el estudio estima que podrían incorporarse durante la etapa de inversión cerca de 500 camiones mineros de extracción de alto tonelaje y un parque inicial de aproximadamente 2.100 vehículos 4x4 destinados al apoyo logístico.

La construcción también requerirá transportar grandes volúmenes de acero, hormigón, combustibles, equipos y materiales hacia zonas alejadas de los principales centros de producción. Una vez que las minas comiencen a operar, esa demanda cambiará de composición y pasará a sostenerse mediante flujos recurrentes de combustibles, explosivos, neumáticos, repuestos y consumibles industriales.

En el litio ocurre algo similar. El informe proyecta que habrá al menos un proyecto en construcción durante todos los años entre 2026 y 2033, mientras que la expansión de las operaciones elevará progresivamente el consumo de productos químicos. La demanda anual estimada de soda ash, por ejemplo, pasaría de unas 316.000 toneladas en 2026 a cerca de 855.000 toneladas en 2035, mientras que la de cal superaría los 1,8 millones de toneladas hacia el final de ese período.

Estos movimientos convierten a la capacidad logística en un factor que excede el transporte. El desafío abarca almacenamiento, planificación de inventarios, mantenimiento, disponibilidad de repuestos y coordinación con proveedores, especialmente porque parte del equipamiento de mayor porte y contenido tecnológico continuará dependiendo de fabricantes internacionales.

El estudio señala que Argentina cuenta con capacidades para aumentar la participación de proveedores nacionales en la cadena minera, pero advierte que ese proceso requerirá planificación anticipada de la demanda, mayor coordinación y capacidad para cumplir plazos estrictos. En una actividad donde la continuidad operativa tiene un peso elevado, la cercanía entre los stocks, los servicios técnicos y los proyectos aparece así como uno de los factores que pueden definir la eficiencia de las nuevas cadenas de abastecimiento.

“Lo ideal, cuando se trabaja con una minera, es poder ser un socio estratégico y planificar en conjunto”. Así resume Rocío la lógica que atraviesa su trabajo diario: coordinar el traslado de equipos de perforación, los tiempos de aduana y los plazos contractuales con clientes mineros, donde cualquier demora logística repercute directamente en el cronograma de exploración.

¿Cómo se vincula el proceso de exploración inicial con la logística y el comercio exterior?

La logística es un pilar, diría que es un componente principal a la hora de plantear cualquier etapa del ciclo de vida de una mina, incluida la exploración. Hay proyectos que están a seis o siete horas del pueblo más cercano.

Muchas máquinas no están en el mercado local, así que hay que traerlas desde afuera, y a eso se suma el esfuerzo de trasladar un equipo de grandes dimensiones por caminos de tierra durante cuatro o cinco horas hasta el proyecto. Esa es la primera planificación que se hace al iniciar una campaña.

Hay que definir cómo se van a trasladar los módulos, los campamentos, la parte de catering y hasta los comedores. Todo eso, sin excepción, se traslada al proyecto en camiones, así que planificar ese movimiento es un eje fundamental por donde empezar cualquier campaña.

¿Cómo entra la parte contractual en esa planificación logística?

Ahí lo principal es poder transmitirle al cliente cómo se va a trasladar el equipo, en qué tiempos y bajo qué compromisos, y qué permisos requiere ese traslado. En nuestro caso serían las máquinas para perforar, que son lo de mayor dimensión.

Hay que considerar cuánto va a tardar en llegar un equipo desde Canadá o desde donde sea, hasta cruzar a destino. Es una cadena que empieza en buscar una cotización, conseguir la naviera, hacer el tránsito y la aduana, y traerlo hasta la base.

Recién ahí se puede ser claro con la parte comercial y transmitir los tiempos exactos, para que a su vez esos plazos se puedan comprometer con el cliente. Es un compromiso que empieza puertas adentro, mucho antes de que el equipo llegue a destino.

¿Cómo se equilibra la necesidad de planificar con la rigidez de los contratos y los tiempos que no siempre se cumplen?

Lo ideal, cuando se trabaja con una minera, es poder ser un socio estratégico y planificar en conjunto, justamente por esos tiempos. Uno puede empezar la planificación tres meses antes para traer una máquina y de golpe perder el barco, que son entre 28 y 30 días más de tránsito según de dónde venga.

Esa demora afecta tanto al proveedor como a la minera en la programación de la perforación. Son riesgos que hay que asumir entre las dos partes, y se van planificando de forma conjunta para tratar de hacer todo en tiempo y forma, de manera segura.

¿Qué rol juega la comunicación en esa relación con el cliente?

La comunicación es importante desde el lado del contratista, porque ya no alcanza con cumplir el trabajo y ejecutarlo correctamente. Hay que tener una comunicación efectiva y ser socios en ese aspecto, porque hay que anticiparse a los problemas y tener capacidad de respuesta.

No sirve ser comunicativo recién cuando aparece un desvío. Lo importante es anticiparse y resolver los desvíos de forma conjunta, porque en el proyecto están las dos partes y cualquier problema afecta tanto comercialmente como en el cronograma.

¿Cómo describirías la disponibilidad de transporte especializado para este tipo de operaciones?

La disponibilidad de equipos de transporte es escasa. Se puede conseguir transporte para lo que es ruta, pero es complicado encontrar proveedores que puedan llegar hasta el proyecto, porque los camiones necesitan adecuaciones para subir a grandes alturas o hacer tramos largos en caminos de ripio.

No siempre hay disponibilidad en el mercado y también es costoso. Son puntos clave a mirar antes de definir una fecha, porque a la hora de salir a cotizar uno se da cuenta de que capaz no hay camiones disponibles para afrontarlo.

Hay proveedores locales que se dedican al transporte, pero también hace falta desarrollarlos para que puedan abarcar el mercado actual, porque en etapas exploratorias pueden arrancar siete u ocho proyectos al mismo tiempo y no alcanza la capacidad para cubrir todo eso.

¿Qué reflexión te queda sobre la infraestructura y la competitividad del sector?

Actualmente no se pueden desarrollar los proyectos en Argentina si no se los acompaña con infraestructura. Se puede tener inversión, pero si no hay infraestructura un proyecto no va a ser viable, y eso queda muy atado a las expectativas que tenemos como sector.

Hace falta poner foco en el desarrollo de caminos, en mejorar tiempos y costos logísticos, porque hay cosas que nos dejan fuera de competencia. Es importante ver cómo mejorar esos puntos para posicionar a Argentina como un actor estratégico y competir mundialmente con Perú, Chile y otros países de la región.

Dos mediciones privadas coincidieron en julio en una misma fotografía de la actividad económica: una caída frente a junio y un crecimiento respecto a igual mes de 2025. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que anticipa la consultora Equilibra mostró una suba de 0,5% interanual, mientras que en la comparación desestacionalizada contra junio registró una baja de 0,5%. En la misma línea, el Índice General de Actividad (IGA) que elabora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) arrojó un incremento de 0,3% frente a julio de 2025 y una contracción de 0,9% en la medición desestacionalizada respecto al mes anterior.

Ambos relevamientos funcionan como una aproximación temprana a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI), ya que se conocen semanas antes de que el Indec difunda el dato oficial del EMAE. En los dos casos, julio interrumpió una racha de mejoras: para Equilibra, el retroceso llegó después del rebote de 0,8% registrado en junio, mientras que para OJF la baja mensual cortó los avances que se habían anotado en los dos meses previos.

Con estos resultados, la comparación acumulada de los primeros siete meses del año también quedó en terreno positivo para ambas mediciones, aunque con matices que cada informe desarrolla por separado, tanto en el ritmo de crecimiento como en el comportamiento de los distintos sectores que integran cada índice.

Los sectores primarios traccionan

De acuerdo con el anticipo de Equilibra, el EMAE acumuló en los primeros siete meses del año una suba de 1,7% frente a igual período de 2025. Sin embargo, ese resultado está traccionado casi en su totalidad por los sectores primarios: agro, minería, energía y pesca acumulan un alza de 11,7% en lo que va de 2026, mientras que los sectores no primarios permanecen sin variación, con un 0,0% en el acumulado.

La consultora remarca que calcula por separado la actividad primaria porque depende de factores distintos a los del resto de la economía, como el clima o el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En julio, los sectores primarios crecieron 11% interanual, pero cayeron 0,8% mensual en la serie desestacionalizada, un retroceso explicado fundamentalmente por la contracción de la pesca, actividad que en junio había crecido más de 30% y dejó una base de comparación extraordinariamente elevada. Así, los sectores primarios aportaron 1,4 punto porcentual a la suba interanual del EMAE, más que compensando la incidencia negativa de 0,9 punto porcentual que tuvieron los sectores no primarios.

Estos últimos, que excluyen agro, minería, energía y pesca, cayeron 1,0% interanual en julio y 0,4% en la comparación mensual desestacionalizada, con lo cual acumularon cuatro descensos mensuales consecutivos y quedaron 1,7% por debajo del nivel de marzo de 2026, que había sido el máximo histórico de la serie. Equilibra describe una dinámica de “serrucho” en la actividad: desde febrero de 2025, el nivel general cayó en 10 de los últimos 17 meses.

El informe también da cuenta de resultados dispares entre las distintas ramas de actividad medidas en términos interanuales. Minería registró la mayor suba, con un alza de 16,0%, seguida por el sector de suministro de luz, gas y agua, con 3,2%, y por el agro, con un incremento de 6,0%. También mostraron variaciones interanuales positivas transporte y comunicaciones, con 0,9%; intermediación financiera y servicios sociales y de salud, ambos con 1,0%; enseñanza, con 0,5%; y actividades inmobiliarias y servicios empresariales, con 0,3%. En el terreno negativo se ubicaron la industria, con una caída de 2,7%, el comercio, con una baja de 2,8%, y la administración pública, con un descenso de 1,5%, mientras que la construcción prácticamente no mostró variación, con una suba de apenas 0,1%.

Con este panorama, y tras considerar que en el trimestre móvil compuesto por julio, junio y mayo la serie desestacionalizada del EMAE arrojó una baja de 0,5% frente al promedio de los tres meses previos, La consultora redujo su proyección de crecimiento para todo 2026 a 2,0% promedio anual.

Recuperación demorada

El Índice General de Actividad que elabora OJF & Asociados describió un escenario similar. Bajo el título “Se demora la recuperación”, el informe señaló que “la actividad económica volvió a mostrar un traspié en julio, con una baja de 0,9% mensual en la serie sin estacionalidad, interrumpiendo los avances de los dos meses anteriores”.

El IGA-OJF anotó en julio una suba de 0,3% interanual, la misma cifra que quedó reflejada en la variación acumulada de los primeros siete meses del año. El informe destacó que “ocho de los once sectores muestran cifras anuales positivas, con Intermediación financiera, Minas y canteras, y Construcción quedando como los sectores de mayor suba de julio”. Los tres registraron subas interanuales de 6,2%, 5,1% y 4,0%, respectivamente. Les siguieron electricidad, gas y agua, con 3,6%; transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 2,0%; industrias manufactureras, con 0,7%; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,6%; y servicios sociales y de salud, con 0,2%.

Entre las bajas, el informe ubicó a administración pública y defensa, con una contracción de 0,5%; el comercio al por mayor y menor, con una caída de 1,2%; y el sector agropecuario, con el retroceso más pronunciado, de 4,8%. Según el estudio, “el cambio de signo está relacionado a que durante el tercer trimestre del año la agricultura pierde incidencia, y la contracción de la ganadería toma mayor importancia en el agregado”. De todas formas, el reporte aclaró que el sector acumula en los primeros siete meses del año una expansión de 7,1%, con lo cual se mantiene “entre las actividades con mayor aporte al crecimiento en lo que va de 2026”.

En cuanto a la industria manufacturera, el informe precisó que “en la medición sin estacionalidad del IPI-OJF, la actividad industrial registra una contracción mensual de 0,4%, que se suma a la baja revisada a 0,2% de junio”. La suba interanual de 0,7% del sector estuvo “impulsada por la actividad en refinerías, metálicas básicas, química y alimentos”, aunque en el acumulado de los siete meses transcurridos todavía exhibe una baja de 2,1 por ciento.

Minas y canteras, por su parte, “continúa ubicándose entre las actividades más dinámicas de la economía” tras crecer 5,1% interanual en julio, y acumula en los primeros siete meses del año un alza de 11,2%, la mayor entre los sectores relevados por el IGA-OJF.

De cara a los próximos meses, OJF espera una recuperación gradual, aunque señaló que “la actividad continúa mostrando vaivenes y la mejora de los sectores más vinculados a la demanda interna todavía es frágil”, por lo que el rebote puede demorarse más de lo anticipado.

Desde LCG explicaron que la dinámica del EMA “sigue mostrando la dinámica serrucho observada desde comienzos de año, sumando ya tres meses con suba y tres con baja. En total acumula una caída de 1% contra diciembre. El arrastre estadístico para lo que queda del año es 1,2%”.

Y continuaron: “Seguimos sin encontrar un motor claro que empuje la actividad económica en el corto plazo. La inversión lleva 4 trimestres de caída y posiblemente esté entrando en una nueva fase de wait and see típica de un período electoral, por lo que poco podrá aportar. El consumo seguirá afectado por salarios que en el mejor de los casos empatan a la inflación y por niveles de endeudamiento, morosidad y tasas que difícilmente habiliten una recuperación generalizada vía crédito”.

“La apuesta estará, entonces, en la tracción que pueda seguir ejercer la demanda externa neta. Por fuera de los sectores hoy pujantes (agro, minería, y petróleo), el resto de las exportaciones crecen más lento. En conclusión, esperamos meses de subas y bajas como los que se vienen dando, con un crecimiento menor, apenas por encima del 2% anual”, concluyeron los analistas.

La minería peruana, motor central de la economía nacional, enfrenta un desafío crítico en la calidad y seguridad del suministro energético.

Según el informe “La nueva ecuación de la minería en América Latina: los límites invisibles entre energía y operación”, elaborado por Aggreko, la viabilidad y competitividad global de la industria minera dependen cada vez más de la confiabilidad de la infraestructura eléctrica.

Perú, que se mantiene como uno de los mayores polos mineros del mundo y lidera el ranking en producción de cobre, oro y zinc, ahora debe garantizar un suministro energético estable para sostener su posición en el escenario internacional.

Suministro eléctrico y cuellos de botella, el talón de Aquiles de Perú

El sector minero representa aproximadamente 10% del PBI peruano y cerca del 60% de las exportaciones totales. Solo en 2025, las exportaciones mineras alcanzaron USD 61.800 millones, según datos de José Albornoz Farias, Director de Minería para Latinoamérica de Aggreko.

Estos números, que sitúan a la minería como el principal motor económico del país, exigen una infraestructura energética robusta, capaz de operar sin interrupciones las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, la industria enfrenta retos estructurales.

La distancia entre los yacimientos y los centros de infraestructura eléctrica, la limitada capacidad de transmisión y las deficiencias en subestaciones, especialmente en regiones andinas y amazónicas, generan incertidumbre y obligan a las empresas a invertir en sistemas de respaldo costosos.

Estas condiciones afectan la viabilidad y el cronograma de nuevos proyectos, restando competitividad internacional frente a otros mercados, de acuerdo con el especialista.

“El retraso en el despliegue de infraestructura de red compromete los cronogramas, ralentiza la apertura de proyectos y resta competitividad internacional a las inversiones en el país”, advierte Albornoz para Infobae Perú.

La transición renovable, un reto urgente para mantener la competitividad

El Plan de Transmisión 2023-2032 busca expandir líneas y subestaciones en zonas mineras, conectando polos de producción con centros de consumo y puertos.

A pesar de ello, los procesos de licencias y permisos siguen siendo burocráticos y lentos, con trámites que pueden extenderse por años. Esta situación genera incertidumbre y eleva los costos de desarrollo, afectando el valor presente neto de las inversiones y la capacidad de Perú para atraer capital internacional.

La calidad del suministro eléctrico también incide directamente en la productividad y la rentabilidad de la minería peruana. Las fluctuaciones de voltaje o los cortes imprevistos pueden dañar equipos críticos y provocar paradas de producción no planificadas, reduciendo el nivel de extracción y elevando los costos unitarios.

Además, el informe de Aggreko revela que esta inestabilidad erosiona la competitividad de las exportaciones peruanas en el mercado global.

Minería peruana en un momento clave de expansión

A ello se suman los retos de la transición energética. El 40% de los especialistas consultados por Aggreko identifica barreras económicas asociadas al costo de implementar energías renovables y la dificultad de asegurar su disponibilidad continua.

La migración a una matriz más limpia exige contratos PPA a largo plazo, almacenamiento energético, electrificación de flotas y reconfiguración de plantas, inversiones intensivas en capital que mantienen al diésel y la generación térmica como opciones necesarias durante la transición.

La ubicación geográfica de muchas minas, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y en entornos de difícil acceso, limita la eficiencia de algunas tecnologías renovables y encarece el transporte de insumos, explica el experto.

Además, las exigencias socioambientales y la interacción con comunidades locales obligan a inversiones adicionales en monitoreo ambiental y en infraestructura social, alineadas a estándares internacionales de sostenibilidad.

En este contexto, la competitividad de la minería peruana depende de la capacidad del sector para asegurar energía confiable, flexible y de bajo impacto ambiental, factores que hoy resultan decisivos no solo para mantener la producción, sino para atraer inversiones y sostener el liderazgo de Perú en el mercado minero global.

“La calidad del suministro energético es un habilitador fundamental que define la viabilidad técnica y económica de los nuevos proyectos de inversión”, zanja Albornoz.

La inversión privada en Perú registró un crecimiento de 17,6 % durante el segundo trimestre de 2026, su tasa más alta desde 2010, sustentada principalmente en el avance de proyectos mineros y de infraestructura, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Con este resultado, el país acumula diez trimestres consecutivos de expansión en el sector, reflejando una recuperación sólida y sostenida de la actividad económica.

Inversión privada avanza 17,6 % en Perú

El incremento de la inversión privada se vio reflejado en la expansión de 5,2 % de la demanda interna entre abril y junio, periodo en el que la economía nacional sumó su décimo mes seguido de crecimiento.

Según el MEF, ambos indicadores evidencian la resiliencia de la economía peruana y la generación de mejores condiciones para sostener el crecimiento en los próximos trimestres.

El principal motor de este desempeño fue la inversión no residencial, especialmente la minera, que de acuerdo al ministerio habría crecido 42,8 % en términos nominales.

Proyectos como Tía María, Reposición Ferrobamba y Romina, junto a nuevas inversiones de sostenimiento en Antamina, Shougang y Antapaccay, impulsaron este repunte.

Además, las inversiones en infraestructura avanzaron, con obras como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y mejoras en los tramos de IIRSA Norte e IIRSA Sur - Tramo 4.

Consumo y empleo formal refuerzan el crecimiento

El desempeño del sector privado también se apoyó en el crecimiento del consumo. Durante el segundo trimestre, el consumo privado aumentó 3,7 %, sumando once periodos de expansión consecutiva.

Este resultado estuvo respaldado por una mejora de 4,1 % en el empleo formal en planilla, una subida de 4,3 % en los ingresos del sector formal y una expansión de 10,6 % en el crédito de consumo.

El MEF destacó que estos indicadores se producen en un contexto de expectativas empresariales optimistas.

De acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR), en julio de 2026 los doce principales indicadores de expectativas empresariales permanecieron en el tramo optimista durante dos meses consecutivos, alcanzando máximos históricos.

Gobierno mantiene compromiso con la inversión y estabilidad macroeconómica

Frente a este escenario, el Gobierno reafirmó su compromiso para continuar promoviendo el crecimiento económico mediante el impulso a la inversión privada, la preservación de la estabilidad macroeconómica y el fomento del empleo.

El objetivo, según el MEF, es que los mejores resultados económicos permitan generar igualdad de oportunidades y avanzar en el cierre de brechas de infraestructura.

El contexto de expansión y confianza empresarial observado en este segundo trimestre de 2026 representa, para el Ejecutivo, una oportunidad para consolidar la recuperación y fortalecer las bases de un crecimiento sostenido en los próximos años.

Se vienen las OxI exprés por El Niño

De otro lado, el MEF informó que el Gobierno peruano implementará el mecanismo de Obras por Impuestos Exprés (OxI Exprés), una iniciativa de carácter excepcional diseñada para reducir en un mes los procesos de adjudicación de proyectos.

Esta herramienta será aplicada, a través de ProInversión, en intervenciones prioritarias relacionadas con el fenómeno El Niño, la seguridad ciudadana, la culminación de saldos de obra y la prevención frente a desastres naturales.

La propuesta fue presentada ante funcionarios de los 18 ministerios y contempla la entrega de una lista de proyectos elegibles, que serán seleccionados por los gobiernos regionales. El mecanismo asegura la participación de la Contraloría General de la República en la fiscalización, mientras que las entidades públicas deberán conformar equipos técnicos exclusivos para agilizar los trámites.

La expansión de las Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) en Cajamarca avanza con una nueva etapa de financiamiento impulsada por COFIDE y la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC Newmont).

El programa, canalizado mediante el Fondo Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (FIDER), prevé una inversión conjunta de S/ 6,38 millones, destinada a crear y fortalecer 260 UNICA y beneficiar a unas 3.200 familias rurales en siete distritos de la región, según informó El Peruano.

El modelo UNICA, un motor de inclusión financiera

Desde su implementación en 2008, el modelo UNICA ha mostrado resultados en materia de inclusión financiera y desarrollo territorial.

Actualmente, Cajamarca cuenta con 536 organizaciones autosostenibles y casi 9.000 socios, quienes han acumulado más de S/ 22 millones en capital social y canalizado estos fondos hacia educación, salud e iniciativas productivas.

Una evaluación de impacto identificó un aumento de más de 60 puntos porcentuales en la propensión y tenencia de ahorro formal, con un uso principal orientado a educación superior, protección de la salud y capitalización de emprendimientos productivos.

La participación femenina representa más de dos tercios de los socios, lo que refleja un rol destacado de las mujeres en la gestión y el liderazgo de estas organizaciones comunitarias. Este aspecto ha sido subrayado por especialistas en desarrollo rural y por representantes de las entidades involucradas en el proyecto.

Nueva inversión y alcance territorial

La suscripción de un contrato marco entre COFIDE y Newmont ALAC marca la puesta en marcha de la etapa denominada “Territorios que Crecen: inclusión financiera y emprendimiento rural en Cajamarca”.

El financiamiento se distribuirá en un 60% aportado por FIDER (S/ 3,84 millones) y un 40% por Newmont ALAC (S/ 2,54 millones), con un horizonte de ejecución de 48 meses. El programa se implementará en siete distritos de las provincias de Cajamarca, Hualgayoc y Celendín.

Un equipo de 26 especialistas técnicos, financieros y productivos estará a cargo de la conformación y fortalecimiento de 260 nuevas UNICA, con el objetivo de alcanzar a unas 3.200 familias rurales.

El enfoque combina inclusión financiera, digitalización básica, fortalecimiento de capacidades técnico-productivas y acceso a mercados, así como educación financiera y liderazgo comunitario.

Digitalización y acceso a nuevas oportunidades

El proyecto contempla la digitalización progresiva de las UNICA, el fortalecimiento de cadenas de valor territoriales y el acceso a fondos concursables de capital semilla. Estas medidas buscan ampliar las capacidades productivas de las familias rurales y facilitar su inserción en mercados más competitivos.

El presidente ejecutivo de COFIDE, Jorge Velarde, sostuvo: “Esta alianza demuestra cómo la banca de desarrollo puede utilizar evidencia, capacidades técnicas y alianzas público-privadas para llevar soluciones financieras y productivas al territorio y escalarlas donde han demostrado resultados”.

Según Velarde, el ahorro comunitario actúa como punto de partida para generar capacidades, fortalecer emprendimientos y crear oportunidades sostenibles para las familias rurales.

Fernando Cabanillas, director y gerente país de Newmont en Perú, añadió: “Las UNICA han demostrado que cuando las personas cuentan con herramientas, acompañamiento y confianza, son capaces de generar sus propias oportunidades de desarrollo. El ahorro es solo el punto de partida; el verdadero valor reside en la capacidad de convertir esos recursos en emprendimientos, ingresos sostenibles y bienestar tangible para las familias”.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentra proyectos multimillonarios en minería, petróleo y gas y promete movilizar nuevos desembolsos durante los próximos años. Pero mientras varios de esos desarrollos recién comienzan a ponerse en marcha, su llegada al entramado productivo local todavía es reducida.

Una encuesta de la Fundación Observatorio PyME reveló que apenas 4,7% de las pequeñas y medianas empresas participa como proveedora directa o indirecta de iniciativas vinculadas con el régimen.

El dato abrió una discusión entre los sectores productivos: para la industria metalúrgica existen condiciones que dificultan una mayor integración nacional, mientras que desde la minería y el petróleo sostienen que todavía es demasiado pronto para medir el verdadero impacto de las inversiones sobre sus cadenas de proveedores.

Dentro de ese reducido universo, la participación directa es aún menor. Solo 1,5% de las pymes relevadas es proveedora directa, mientras que otro 3,2% participa de manera indirecta. Existe, además, un grupo más amplio que permanece afuera pero muestra interés por ingresar: un 3,2% tuvo o tiene intenciones de participar, aunque no cumplió con los requisitos, y otro 11,6% no participa pero manifestó interés por hacerlo en el futuro. El 80,5% restante no participa.

Solo 1,5% de las pymes relevadas es proveedora directa, mientras que otro 3,2% participa de manera indirecta

La fotografía actual muestra así una presencia limitada, pero también un universo potencialmente mayor de pequeñas y medianas empresas interesadas en vincularse con los proyectos. Si se suma el 3,2% que tuvo o tiene intenciones pero no cumplió los requisitos y el 11,6% que quiere participar en el futuro, otro 14,8% de las pymes aparece interesado en ingresar. La encuesta no detalla cuáles son los factores que explican que esas firmas todavía permanezcan afuera.

El alcance sobre el entramado productivo cobra relevancia frente al tamaño de las inversiones involucradas. El Comité Evaluador ya aprobó unos 21 proyectos y en conjunto, representan una financiación comprometida de USD 46.708 millones. Además, se prevé que esas iniciativas generarán 95.158 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

En un documento interno de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), el sector plantea reparos sobre cuánto de ese movimiento inversor puede convertirse efectivamente en demanda para fabricantes argentinos. Uno de ellos apunta al compromiso del 20% de compre local. Ese porcentaje no se calcula sobre la inversión total del proyecto, sino sobre el monto destinado al pago de proveedores de bienes y obras.

Según Adimra, esa base surge del plan de cada iniciativa y se informa a la autoridad de aplicación, pero no se publica individualmente, por lo que no puede verificarse externamente cuál es el monto concreto sobre el que se aplica el porcentaje.

A esto se suma que dentro del mismo 20% se computan tanto la adquisición de bienes como la contratación de obras, sin una proporción determinada entre ambas. Para la entidad, actividades como la construcción civil, el movimiento de suelos o el montaje, que por sus propias características tienden a contratarse localmente, pueden cubrir buena parte del compromiso sin que eso implique necesariamente una compra adicional de bienes industriales fabricados en la Argentina. La composición entre bienes y obras de cada plan tampoco se publica.

Otro de los puntos que la entidad metalúrgica incorpora al debate son las compras externas. Entre mayo de 2025 y junio de 2026, ocho VPU (Vehículos de Proyecto Único, es decir, las sociedades o estructuras jurídicas a través de las cuales se desarrolla cada proyecto adherido al RIGI) importaron bienes por USD 284 millones FOB. Y el 87% de ese monto se concentró en tres capítulos relacionados con el núcleo metalúrgico: manufacturas de hierro y acero, máquinas y aparatos mecánicos y material eléctrico.

El detalle incluye tanques y cisternas de acero, equipos de filtrado y ósmosis inversa, tubos para oleoductos, transformadores eléctricos, puentes grúa y subestaciones eléctricas. También aparecen tornillos, tuercas y arandelas importados por seis VPU diferentes.

Los proveedores metalúrgicos de petróleo y gas acumulan una caída de actividad del 5,4% en el comienzo de 2026, después de retroceder 3,2% en 2025 y 5,4% en 2024 (Admira)

En paralelo, los relevamientos de Adimra muestran que los proveedores metalúrgicos de petróleo y gas acumulan una caída de actividad del 5,4% en el comienzo de 2026, después de retroceder 3,2% en 2025 y 5,4% en 2024. En minería, la baja alcanza el 4,5% este año, tras descensos del 7,5% en 2024 y del 1,9% en 2025. En ambos casos, el nivel se encuentra por debajo del registrado en 2022, remarca el informe al que accedió Infobae.

La visión de la minería y el sector petrolero

Desde la minería, sin embargo, consideran que la foto actual resulta todavía prematura para evaluar cuánto terminará derramando el RIGI sobre las empresas proveedoras. El argumento se apoya fundamentalmente en la etapa en la que se encuentran los grandes proyectos que buscan ingresar o ya ingresaron al régimen.

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de Minera Santa Cruz, explicó a este medio que alrededor del 75% de las presentaciones mineras realizadas para el RIGI corresponde a proyectos de cobre; otro 18% pertenece a proyectos de litio y el 7% restante a oro y plata. La particularidad del primer grupo, que concentra ampliamente las iniciativas, es que parte prácticamente desde cero en términos de producción: antes de comenzar a producir, los proyectos deben construirse.

“Hay una ansiedad muy grande”, destacó Cacciola. Para el empresario, existe una expectativa elevada respecto del impacto que las inversiones deberían generar sobre los proveedores, aunque todavía no comenzó una etapa fuerte de construcción en buena parte de las iniciativas presentadas. Entre los casos que mencionó aparecen Pachón y Agua Rica, de Glencore, cuyas presentaciones al RIGI todavía están pendientes de aprobación.

Una situación diferente presenta Vicuña, cuyo proyecto (comprende dos yacimientos, Josemaría y Filo del Sol) ya está aprobado y la inversión comprometida es de USD 9.000 millones. La iniciativa atraviesa una etapa inicial de construcción y según Cacciola, actualmente trabajan allí unas 2.500 personas entre personal directo e indirecto del primer anillo de proveedores.

La incorporación de proveedores nacionales también generó controversias en torno a ese proyecto. La decisión de Vicuña de importar módulos habitacionales desde China, pese a que existía oferta local, recibió cuestionamientos. Según trascendió, existía una diferencia de precio de alrededor del 20% en favor del producto importado. Cacciola señaló que en el proceso de construcción existen decisiones relacionadas con la urgencia y los tiempos que requieren las obras.

Desde la minería local también ponen como referencia lo que ya sucede en el litio, un segmento que recorrió una etapa más avanzada. Según Cacciola, una vez que un proyecto entra en operación, entre el 75% y el 80% de sus materiales, insumos y servicios son locales. Las compras externas se concentran en elementos que no se fabrican en el país y en determinados materiales específicos que tampoco están disponibles en la Argentina.

Una vez que un proyecto entra en operación, entre el 75% y el 80% de sus materiales, insumos y servicios son locales (Cacciola)

En esa instancia, explicó el presidente de la CAEM: “La metalmecánica, los complejos químicos y otros proveedores de insumos comienzan a ganar participación. En el caso de servicios como catering y transporte, Cacciola señaló que todo se contrata localmente. En cambio, determinados equipos mineros necesariamente se adquieren en el exterior porque no existe fabricación nacional”.

Cacciola resaltó: “El desafío también involucra a las propias pequeñas y medianas empresas. Los proveedores que buscan incorporarse a la minería deben adaptarse a exigencias de seguridad y control ambiental más estrictas, entre otros requisitos. Esa necesidad llevó al desarrollo de programas de formación de proveedores en diferentes provincias”.

El empresario también destacó que el 20% de contratación local previsto por el RIGI funciona como un piso. El sector, además, busca avanzar con una mesa federal minera para ordenar ese proceso.

Como referencia del tamaño que ya tiene la cadena productiva, Roberto Cacciola dijo que a diciembre de 2025 la minería reunía 115.000 empleos en el denominado primer anillo, que incluye los puestos directos de los yacimientos y los correspondientes a proveedores contratados directamente por los proyectos. La expectativa de la actividad es alcanzar 300.000 personas cuando las nuevas iniciativas estén en desarrollo, hacia 2033.

Desde la industria petrolera, en tanto, plantean una lectura similar respecto de los tiempos. Fuentes del sector consideraron que todavía resulta demasiado pronto para evaluar el efecto del RIGI sobre las pymes.

Resalta en el sector que se trata de inversiones multimillonarias y proyectos que demandan como mínimo alrededor de tres años, por lo que esperan que muchas pequeñas y medianas empresas comiencen a beneficiarse a medida que avancen los desarrollos.

También sostienen que el efecto sobre las pymes no debería medirse únicamente por su incorporación directa a un proyecto del RIGI. Desde esa perspectiva, las grandes inversiones funcionan como un acelerador de otras actividades de la economía y pueden generar demanda sobre pequeñas y medianas empresas, aunque estas no formen parte directamente de los proyectos incorporados al régimen.

Las grandes inversiones funcionan como un acelerador de otras actividades de la economía y pueden generar demanda sobre pequeñas y medianas empresas, aunque estas no formen parte directamente de los proyectos

Como antecedente, las fuentes petroleras mencionan Fortín de Piedra, el yacimiento desarrollado por Tecpetrol, del Grupo Techint. Según contaron, 1.092 pymes participaron en su desarrollo, un ejemplo que utilizan para dimensionar la cantidad de proveedores que puede involucrar un proyecto energético a lo largo de su ejecución. También remarcan que el número de proyectos RIGI aprobados todavía es reducido y esperan que el denominado Súper RIGI acelere las inversiones.

El debate, para la industria petrolera, también pone bajo la lupa la capacidad de la producción nacional para competir por esa nueva demanda. Las fuentes plantearon preguntas sobre qué fabrica actualmente la Argentina, qué características tienen esos productos, cuáles son sus precios y si responden a las necesidades de los grandes proyectos. El caso de los módulos habitacionales importados aparece como uno de los ejemplos que impulsaron esa discusión.

Desde el sector sostienen, al mismo tiempo, que para las compañías resulta conveniente contar con un empresario pyme local cuando puede brindar el producto, el servicio o la solución requerida, entre otros motivos por la cercanía con la operación. Consideran que la magnitud de las inversiones abre conversaciones entre grandes compañías y proveedores nacionales que antes no se producían con la misma intensidad.

Las expectativas sobre el desarrollo de proveedores también aparecieron entre los gobernadores de las provincias que concentran proyectos mineros y energéticos.

Durante el Council of the Americas que tuvo lugar esta semana, Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, defendió el RIGI y afirmó que las inversiones generan “un derrame en nuestros proveedores mineros y de otros sectores también”. Además, señaló que Jujuy produce el 60% del litio que exporta el país y consideró que están dadas las condiciones para una expansión de la producción.

En los tres proyectos que se desarrollan en Salta se esperan inversiones por USD 12.000 millones en los próximos años, pido a las compañías que prioricen el desarrollo de proveedores de la provincia (Sáenz)

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, destacó que su provincia fue la primera en adherir al régimen y precisó que en los tres proyectos que se desarrollan en su territorio se esperan inversiones por USD 12.000 millones en los próximos años. Al referirse al impacto local, pidió a las compañías que prioricen el desarrollo de proveedores de la provincia por su efecto sobre la generación de empleo.

Los dos gobernadores también reclamaron inversiones en infraestructura y plantearon la necesidad de mantener la institucionalidad y la seguridad jurídica.

Gobernadores del norte argentino y de la Patagonia coincidieron en que la falta de infraestructura logística es hoy el principal freno para capitalizar el ciclo de inversión que atraviesan la minería y la energía en el país. El planteo se dio en un panel organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con la Americas Society, donde mandatarios provinciales y ejecutivos del sector privado repasaron el estado de los proyectos en marcha.

El encuentro reunió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén y Chubut, a funcionarios nacionales y al jefe de Gobierno porteño, además de referentes empresariales vinculados a la minería de litio y cobre y a la exportación de gas natural licuado. El eje común de las intervenciones sobre los proyectos productivos fue la necesidad de acompañar el crecimiento con obras viales, energéticas y portuarias que hoy resultan insuficientes.

Una región que el mundo empieza a mirar distinto

Susan Segal, presidenta y CEO de la Americas Society/Council of the Americas, abrió el panel con una lectura regional del momento macroeconómico. Segal señaló que existe una convergencia inédita entre lo que demanda un mundo atravesado por tensiones geopolíticas y lo que puede ofrecer América Latina en energía, minerales críticos y alimentos, y ubicó a la Argentina entre los países mejor posicionados para capitalizarla.

La titular del organismo remarcó que la oportunidad no pasa solo por extraer esos recursos sino por conectarlos con la región y el mundo, lo que exige más infraestructura y corredores compartidos hacia el Pacífico con países como Chile, Bolivia y Perú. Según planteó, hoy apenas el 14% del comercio de América Latina y el Caribe ocurre entre países de la propia región, un margen amplio para ganar peso en el comercio global.

El corredor bioceánico, la gran apuesta del norte

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, remarcó que la provincia lidera la producción de litio en el país, con más del 60% de las exportaciones nacionales del mineral y una capacidad instalada de 80.000 toneladas anuales que proyecta duplicar hacia 2028. Sadir advirtió que el atraso en obra pública complica el desarrollo del Corredor Bioceánico: “las rutas se van deteriorando, sobre todo en Jujuy, y sobre todo el Corredor Bioceánico tiene buena parte de su trayecto en rutas nacionales que demandan inversión”.

En la misma línea, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, informó que la provincia acumula compromisos de inversión minera por 5.000 millones de dólares, con una proyección de llegar a 12.000 millones de dólares en los próximos proyectos entre exploración y ampliaciones. Sáenz insistió en que la salida al Pacífico es un objetivo estratégico para reducir costos logísticos: “nos va a permitir que nuestros productos puedan salir sin la necesidad de tener que hacer un trayecto hasta Rosario para tener nuestra salida propia”.

La estabilidad jurídica, condición para las grandes inversiones

María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva y country manager de una compañía minera con operaciones auríferas en la Patagonia, explicó que las empresas globales eligen países, no solo proyectos, y que el régimen de incentivos vigente fue determinante para una inversión de 300 millones de dólares destinada a extender la vida útil de una mina más allá de 2035. Según detalló, ese anuncio generó en tres meses contratos por 96 millones de dólares con proveedores locales y la incorporación de más de 330 nuevos operadores.

Martín Pérez de Solay, titular de una minera con proyectos de cobre en Catamarca y San Juan, sostuvo que un yacimiento demanda entre 30 y 40 años de desarrollo y que, tras la reforma del régimen fiscal y de la ley de glaciares, Argentina logró competitividad frente a Chile y Perú. Anunció la reapertura de un yacimiento cordillerano cerrado en 2018, con una proyección de más de 500.000 toneladas anuales de cobre combinadas hacia 2030 entre ese proyecto y otro en desarrollo.

Vaca Muerta y el desafío energético patagónico

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, detalló que la provincia repavimenta 650 kilómetros de rutas y construye 100.000 metros cuadrados de escuelas para sostener el ritmo de radicación poblacional que genera Vaca Muerta, con 70 nuevos habitantes por día en la provincia. Figueroa remarcó que la renta que retiene la provincia sobre cada barril exportado debe reinvertirse íntegramente en esa infraestructura social.

Su par de Chubut, Ignacio Torres, describió un escenario distinto, el de una cuenca convencional madura en reconversión, donde el Estado nacional eliminó derechos de exportación y la provincia bajó regalías para atraer nuevos operadores. Torres celebró la llegada del primer proyecto de más de 1.000 millones de dólares bajo el régimen de incentivos en una cuenca convencional y reclamó que las divisas generadas se traduzcan en obras básicas, como el acueducto que recién ahora tendrá Comodoro Rivadavia tras un siglo de producción petrolera.

Rodolfo Freyre, CEO de la compañía que desarrolla el primer proyecto exportador de gas natural licuado del país, informó que el primer buque licuefactor llegará en junio de 2027, con un contrato de exportación a ocho años por más de 2.500 millones de dólares ya firmado. Ese volumen equivale a un 20% adicional sobre la demanda diaria actual de gas, lo que exige ampliar gasoductos y plantas compresoras en Neuquén y Río Negro.

Un mismo reclamo entre provincias distintas

Más allá de las diferencias entre los perfiles productivos de cada provincia, litio y cobre en el norte, gas y petróleo en la Patagonia, el diagnóstico fue el mismo: sin rutas, gasoductos, puertos y acueductos, la ola de inversiones corre el riesgo de no traducirse en desarrollo territorial. A eso se sumó la mirada regional planteada desde la Americas Society, que ubicó a la infraestructura como la pieza que falta para conectar los recursos argentinos con los mercados del mundo y con el resto de América Latina.

El hombre que escribió el mensaje más esperado de 2010 se llama José Ojeda. Tomó un lápiz rojo, garabateó siete palabras sobre un papel blanco y lo ató a una barra metálica a 700 metros de profundidad. Arriba, en el desierto de Atacama, Chile, nadie sabía todavía si había alguien vivo.

Habían pasado 17 días desde que la mina San José, en las afueras de Copiapó, se tragó a 33 hombres el jueves 5 de agosto de 2010. Fueron diecisiete días de silencio aterrador, de familias acampando en la entrada del yacimiento, de perforadoras trabajando sin pausa y de un gobierno que, en secreto, ya los había dado por muertos.

El rescate de los 33 mineros chilenos es una de las operaciones de salvamento más complejas de la historia de la minería mundial. El derrumbe ocurrió el 5 de agosto de 2010 en la mina San José, Copiapó, y dejó a 33 hombres atrapados a más de 700 metros de profundidad. Durante 17 días no hubo ninguna señal de vida. El gobierno llegó a suspender el rescate, pero la presión popular lo obligó a retomarlo. El 22 de agosto, hace 16 años, una sonda perforadora llegó hasta el refugio donde los mineros sobrevivían y trajo a la superficie el papel con el mensaje que paralizó a Chile: “Estamos bien en el refugio los 33”.

Eran las dos y media de la tarde del 5 de agosto cuando un estruendo sacudió las galerías. Un bloque de diorita del tamaño de un edificio de 45 pisos se desprendió de la montaña y cayó atravesando los distintos niveles del socavón, como una guillotina de 700 millones de kilos.

En ese momento había 34 hombres bajo tierra. Uno solo se salvó: Raúl Villegas, el conductor de un camión que iba subiendo y alcanzó a llegar a la boca de la mina. Los otros 33 quedaron sepultados sin salida posible.

A unos 30 metros por encima de la bocamina, el director del yacimiento, Carlos Pinilla, oyó el estrépito. Su primer pensamiento fue que se trataba de otra explosión programada dentro del pozo. Pero el ruido no cesaba. Sonó el teléfono y una voz le gritó: “Salga fuera y mire la bocamina”. Lo que vio fue una nube de polvo como no había visto en su vida, acompañada por crujidos que salían de las entrañas de la tierra.

Abajo, los mineros se encontraron frente a una pared de roca que bloqueaba la rampa de salida de arriba abajo. Luis Urzúa, el jefe de turno, murmuró: “Parece la losa del sepulcro de Jesús”. Otro, más escueto, dijo simplemente: “La hemos cagado”.

El primer impulso fue el más humano posible: comer. Mientras un grupo buscaba alguna ruta alternativa hacia la superficie, otro asaltó el armario de la despensa. Según reconstrucciones periodísticas de la época, Víctor Zamora tomó una cizalla para abrir el candado, aunque Franklin Lobos tenía la llave y terminó cediendo ante los hombres hambrientos. “Era absurdo pelearse”, dijo después. Los saqueadores comían a oscuras, con los frontales apagados, como avergonzados de su propio hambre.

El problema era que esa comida —galletitas dulces y saladas, latas de atún, algunas botellas de agua— estaba pensada para alimentar a 25 hombres durante 48 horas. Y casi la liquidaron en poco tiermpo.

El capataz Mario Sepúlveda fue el primero en reaccionar. Al mediodía del segundo día, alineó 33 vasos de plástico y puso una cucharadita de atún en conserva en cada uno, con un poco de agua a modo de caldo. Dos galletitas por persona. “Es delicioso, buen provecho, que les dure”, les dijo, sin conseguir arrancar ninguna sonrisa. Esa única comida diaria sumaba unas 300 calorías. Tenía que alcanzar hasta el mediodía siguiente.

El agua también se agotó pronto. Empezaron a tomar la que encontraron en los sistemas de refrigeración de las máquinas, turbia de aceite de motor. Era lo único disponible y también debieron racionarla.

Los días que siguieron fueron de una degradación física silenciosa y persistente. Muchos apenas podían incorporarse. Otros tenían temblores constantes. Algunos sufrían los efectos de la abstinencia de alcohol. La oscuridad y el encierro hacían el resto.

Mientras los mineros resistían en las profundidades, arriba se libraba otra batalla. Apenas dos días después del derrumbe, el 7 de agosto, el entonces presidente chileno Sebastián Piñera quiso suspender las tareas de rescate y ordenó levantar una cruz en la entrada de la mina para recordarlos. La reacción de los familiares y de la opinión pública lo obligó a dar marcha atrás.

Ese mismo sábado, un nuevo derrumbe cortó el acceso a la chimenea de ventilación, que era la única alternativa de salida que quedaba —y que de todos modos— tenía un tramo de escalera de emergencia que la empresa nunca había instalado. Para las autoridades, a partir de ese momento, los 33 mineros estaban muertos.

Los familiares no lo aceptaron. Se instalaron en la entrada de la mina en lo que se conocería como el Campamento Esperanza y presionaron sin pausa para que el rescate continuara. Las perforadoras siguieron trabajando.

Para el día 17, la mayoría de los mineros ya se había resignado a morir. Fue entonces cuando escucharon el ruido de un trépano y vieron aparecer la punta metálica que rompía la pared de roca.

Carlos Mamani, el único boliviano del grupo, cayó de rodillas frente a la salvación que representaba esa estructura metálica. “Sentí como si una mano hubiera atravesado la piedra y llegado hasta nosotros”, contó después. Richard Villarroel tomó una llave inglesa y golpeó el tubo con alegría y desesperación: un clanc-clanc incesante para anunciar presencia humana al operario de la superficie.

Los 33 se reunieron alrededor del trépano. José Ojeda tomó un lápiz rojo y escribió sobre un papel blanco. Otros pegaron más mensajes al tubo. Cuando los rescatistas en la superficie recuperaron la sonda, tramo a tramo, encontraron en el metal una marca roja. La lavaron con agua. Había papeles embarrados enrollados en la punta.

El ministro de Minería, Laurence Golborne, los abrió uno a uno. El primero decía: “El trépano abrió brecha en el nivel 94”. El segundo: “Querida Lilia. Estoy bien”. El tercero era el de Ojeda: “Estamos bien en el refugio, los 33”. Golborne levantó la vista y gritó: “¡Están vivos todos los huevones!”. Afuera, en el Campamento Esperanza, estalló una explosión de vivas y abrazos.

El presidente Piñera salió ante las cámaras con el papel en la mano. “Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos, que están unidos”, dijo. Y agregó: “Solo puedo decir en un momento de tanta alegría: viva Chile mierda”.

Ese mismo 22 de agosto, uno de los dueños de la mina, Alejandro Bohn, le dijo a un periodista que era “difícil” que la compañía pudiera pagarles los sueldos. A los mineros todavía les esperaban 52 días más bajo tierra.

Saber que los buscaban no terminó con el calvario. A partir de ese momento empezaron a pasarles agua, alimentos y medicinas por un agujero de apenas 12 centímetros de diámetro. Los médicos en la superficie tomaron una decisión que salvó vidas: no mandarles comida sólida de inmediato. Hombres privados de alimento por más de dos semanas corren riesgo de paro cardíaco si comen de golpe. Empezaron con bebidas energéticas con suplementos de potasio, fosfatos y vitamina B, a razón de 500 calorías diarias, y fueron aumentando de a poco.

Adentro, la espera tenía sus propias tensiones. Cuando les anunciaron que el rescate podría demorar hasta Navidad, Víctor Segovia lo anotó, con pesar, en su diario. El pastor evangélico José Henríquez, de 54 años y con cinco accidentes de mina encima, convocaba a sus compañeros a rezar. “No somos lo mejor de los hombres, Señor, pero ten piedad de nosotros”, decía, y varios se arrodillaban con él.

Sepúlveda seguía siendo el que mantenía al grupo en pie, a veces a los gritos. Cuando vio que Claudio Yáñez llevaba horas tirado en el piso, sin moverse, se plantó frente a él y le gritó: “¡Eh, concha de tu madre, incorpórate! Si sigues ahí tumbado te morirás y te comeremos”. Yáñez se levantó con las piernas temblando. “Era como ver a un potrillo recién nacido que intenta caminar”, recordó después Omar Reygadas.

Afuera, el mundo entero miraba. Cientos de periodistas de todos los continentes se instalaron junto al Campamento Esperanza. Las perforadoras trabajaban en tres turnos simultáneos con distintas técnicas, en una carrera contra el tiempo y contra la roca.

El 13 de octubre de 2010, a las 00.05, Florencio “Floro” Ávalos salió de la cápsula Fénix 2 y quedó enceguecido por los reflectores. Había sido el primero en subir los 722 metros que lo separaban de la superficie. Abrazó a su esposa y a su hijo. Luego abrazó a Piñera, que le susurró: “Florencio, no sabes cuánto te hemos esperado”.

Durante las 32 horas siguientes, la cápsula bajó y subió una y otra vez. Un hombre cada 30 o 40 minutos. Luis Urzúa, el jefe de turno que había murmurado aquello de la losa del sepulcro, fue el último minero en salir. A las 00.33 del jueves 14 de octubre subió el rescatista Manuel González, el último hombre en abandonar la mina. La Operación San Lorenzo —llamada así en honor al santo patrono de los mineros— había terminado con los 33 vivos.

Nadie reparó de inmediato en la coincidencia: ese 13 de octubre se cumplían exactamente 38 años desde que los sobrevivientes del accidente aéreo de los rugbiers uruguayos en la cordillera de Los Andes fueron encontrados con vida. A ellos también los habían dado por muertos.

La fama llegó de golpe y sin manual de instrucciones. Los 33 viajaron a España, Hollywood, el Vaticano, el estadio del Manchester United y el show de David Letterman. El millonario Leonardo Farkas le entregó a cada uno un cheque por 10.000 dólares apenas salieron de la mina.

Pero la vida real fue más dura. José Ojeda, el hombre que escribió el papel en letras rojas, nunca volvió a trabajar. Según contó Mario Sepúlveda en 2020, Ojeda padece diabetes avanzada, problemas cardíacos y Alzheimer, y ha estado internado en clínicas psiquiátricas. Sobrevive con una pensión estatal de alrededor de 530 dólares.

En 2023, 31 de los 33 ganaron un juicio contra el Estado chileno por fallas en la fiscalización del yacimiento. Cada uno recibió alrededor de 46.000 dólares. Los dos que no se sumaron fueron Raúl Bustos, que consideraba que el juicio debía ser contra la minera, y Juan Illanes, que dijo estar “en otra parada”. Urzúa, al conocer el fallo, fue claro: “Para mí no era tan importante la plata, sino que había que cerrar este ciclo”.

Ojeda, en cambio, no lo vivió como un cierre. “Acá no se hizo justicia”. “Se hizo solamente para cerrar el caso”, concluyó.

La Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a BHMB Mining Nicaragua una concesión minera para aprovechar minerales metálicos en el lote Tierra Santa, un área de 3,05 hectáreas ubicada en el municipio de Palacagüina, en Madriz, con una vigencia de 25 años contados desde su certificación, emitida el 26 de mayo de 2026.

La decisión se inserta en un mapa minero más amplio: Nicaragua tiene alrededor de 144 concesiones efectivas que cubren 1,74 millones de hectáreas, el 14,6% del territorio nacional.

El título de concesión minera No-054-PGJ-DGM-2026, según la Dirección General de Minas, fue extendido en Managua y lleva la firma de Norman Henríquez Blandón, al frente de esa dependencia de la Procuraduría General de Justicia. La certificación deja constancia de que la vigencia del título comenzó en la misma fecha de su emisión.

El documento indica que la concesión fue otorgada en atención a una solicitud de BHMB Mining Nicaragua, sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República de Nicaragua. El lote Tierra Santa está localizado en el departamento de Madriz, dentro del municipio de Palacagüina, y su polígono exterior quedó delimitado por coordenadas expresadas en metros en el sistema UTM, NAD 27 y Zona 16.

La concesión otorga exclusividad sobre exploración, explotación y plantas de beneficio

La resolución establece, en nombre del Estado de Nicaragua, que la empresa recibe una concesión para el aprovechamiento de minerales metálicos. Ese derecho confiere exclusividad para la exploración, la explotación y el establecimiento de plantas de beneficio sobre las sustancias minerales comprendidas por la ley y encontradas dentro de la circunscripción autorizada.

El título también precisa que la concesión constituye un derecho real inmobiliario distinto e independiente de la propiedad del terreno donde se ubica. Según el documento, ese derecho puede ser cedido, traspasado, dividido, arrendado y fusionado con otras concesiones de la misma clase, siempre con autorización previa de la Dirección General de Minas-PGJ.

La respuesta central del documento es concreta: el Estado nicaragüense autorizó a BHMB Mining Nicaragua a desarrollar actividades mineras metálicas en un lote de 3,05 hectáreas en Palacagüina y le reconoció, por 25 años, exclusividad sobre esos trabajos dentro del área concedida.

La autoridad sostuvo que la empresa cumplió requisitos legales, catastrales y técnicos

De acuerdo con la Dirección General de Minas, la empresa cumplió con los requisitos y procedimientos previstos en la Ley 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. La certificación añade que la revisión catastral concluyó que las coordenadas presentadas por la sociedad cumplen con las exigencias de ley.

La misma dependencia señaló que la revisión técnica minera determinó que el perfil de la reseña técnica entregada por la empresa satisface los requisitos correspondientes. También dejó asentado que BHMB Mining Nicaragua dispone de documentos indicativos de capacidad técnica y financiera para desarrollar y concluir las actividades mineras dentro de la concesión.

El título impone además obligaciones expresas a la titular. Entre ellas figuran el cumplimiento de las normas en materia de seguridad laboral, protección ambiental y recursos naturales, así como de cualquier otra disposición legal, reglamentaria o normativa aplicable.

El registro minero oficial del país, administrado por el Ministerio de Energía y Minas, concentra el detalle de cada título de concesión. Ese universo suma alrededor de 144 concesiones efectivas sobre 1,74 millones de hectáreas, mientras entre 2021 y mediados de 2026 se adjudicaron decenas de lotes a empresas de origen chino, como Thomas Metal S.A. y Palacagüina Mining, que controlan cerca del 10% del territorio nacional.

Ese proceso también tiene impacto territorial más allá del caso puntual de Tierra Santa. Parte de las concesiones vigentes se traslapan con reservas naturales y territorios indígenas de la Costa Caribe, mientras los nuevos otorgamientos se publican oficialmente en La Gaceta - Diario Oficial de Nicaragua y pueden consultarse mediante certificaciones o constancias del Registro Central de Concesiones.

El crecimiento de las exportaciones peruanas no solo está moviendo mayores volúmenes de minerales, alimentos y otras mercancías hacia el exterior. Alrededor de estas actividades también comienza a crecer la demanda por tecnología, logística, infraestructura y servicios financieros especializados.

Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron los US$45.128 millones, un incremento de 37% frente al mismo periodo del año anterior, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El avance estuvo impulsado principalmente por la minería: los envíos de minerales metálicos y no metálicos sumaron US$33.393 millones y crecieron 53,1%.

En ese escenario, un análisis elaborado por Grupo Fuentes identifica cuatro actividades donde el crecimiento de los negocios principales podría traducirse también en oportunidades para proveedores: minería, agroexportación, servicios fintech y logística portuaria. La lectura no implica que todas esas inversiones vayan a concretarse automáticamente, pero apunta a necesidades que aumentan conforme las cadenas productivas ganan escala.

Minería: de extraer minerales a digitalizar operaciones

La minería ofrece uno de los escenarios más visibles. La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 del Ministerio de Energía y Minas comprende 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos y representa una inversión conjunta estimada de US$64.075 millones.

Esa cartera no se traduce únicamente en compras de maquinaria o construcción de nuevas operaciones. A medida que las minas incorporan mayor tecnología, aparecen necesidades vinculadas con automatización de procesos, inteligencia artificial, mantenimiento predictivo, sensores conectados, ciberseguridad industrial y eficiencia energética.

“Cuando estas industrias aumentan su escala y competitividad, también crece la necesidad de automatización, inteligencia artificial, logística especializada, infraestructura y soluciones financieras”, sostiene Mihael Damas, especialista de Grupo Fuentes.

El espacio para nuevos proveedores estaría así menos en competir directamente con las grandes compañías mineras y más en atender problemas específicos de sus operaciones: desde anticipar fallas de equipos mediante datos hasta controlar consumos de energía y agua.

Agroexportación: cadena de frío y tecnología para llegar más lejos

La agroexportación también continúa expandiéndose. Perú cerró 2025 con un récord de US$15.013 millones en ventas agrícolas al exterior, 17,3% más que un año antes.

El crecimiento continúa en 2026. Entre enero y mayo, las agroexportaciones sumaron US$4.713 millones, un avance interanual de 5,2%. Las uvas, paltas y arándanos estuvieron entre los principales productos de la canasta no tradicional.

Para las empresas que operan alrededor del sector, una parte de la oportunidad está en todo lo que ocurre antes de que una fruta llegue a un supermercado en Estados Unidos, Europa o Asia.

Eso incluye sistemas de riego de mayor precisión, trazabilidad, empaques, certificaciones y, especialmente, cadena de frío y logística especializada, fundamentales para reducir pérdidas y mantener las condiciones exigidas en mercados internacionales.

Fintech: 1,8 pagos digitales diarios por adulto

La transformación también ocurre en un sector menos ligado a las exportaciones físicas: los servicios financieros.

El Banco Central de Reserva informó que durante 2025 el número de pagos digitales per cápita aumentó 45,8% y llegó a 665 operaciones por adulto, equivalente a un promedio de 1,8 pagos digitales diarios. Desde los niveles previos a la pandemia, el crecimiento acumulado supera el 1.200%.

El avance ha sido impulsado en gran medida por billeteras digitales, transferencias y tarjetas de débito, además del proceso de interoperabilidad promovido por el BCRP.

Para las empresas, especialmente pequeñas y medianas, el siguiente espacio de desarrollo incluye soluciones de factoring digital, financiamiento alternativo, análisis de datos, prevención de fraude y herramientas para administrar pagos y liquidez.

No se trata únicamente de pagar desde un celular: el crecimiento de las transacciones digitales genera también demanda por sistemas capaces de procesar información, evaluar riesgos y detectar operaciones sospechosas.

Puertos: más infraestructura también exige servicios alrededor

La modernización portuaria completa el mapa. Al cierre de abril de 2026, los terminales concesionados supervisados por Ositrán acumulaban US$2.376 millones en inversiones ejecutadas, equivalentes al 57% de los compromisos contemplados en sus contratos de concesión.

Las inversiones han permitido ampliar muelles, patios de contenedores y almacenes, además de incorporar grúas y otros equipos. Durante 2025, los puertos concesionados movilizaron más de 65 millones de toneladas y superaron los 3,8 millones de TEU.

El movimiento alrededor de los terminales genera a su vez demanda por centros de distribución, almacenes especializados, parques industriales, última milla y desarrollos inmobiliarios destinados a empresas.

Ese es precisamente el hilo que conecta a los cuatro sectores: una mina necesita software y mantenimiento; una agroexportadora, refrigeración y trazabilidad; una pyme, financiamiento y pagos; y un puerto en expansión, infraestructura logística a su alrededor.

Más que buscar únicamente el próximo gran proyecto, las oportunidades pueden estar también en las empresas que provean los servicios necesarios para que esos proyectos y cadenas productivas puedan seguir creciendo.

La inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital empiezan a ocupar espacio junto a disciplinas tradicionales como la geología y la metalurgia entre las propuestas desarrolladas desde las universidades para enfrentar problemas de la actividad minera peruana.

Un total de 49 proyectos fueron inscritos en el Premio Incubadora de Proyectos Técnicos del Sector Minero, una convocatoria dirigida principalmente a estudiantes universitarios desde el sexto ciclo, egresados con hasta tres años de haber concluido sus carreras e investigadores de distintas regiones del Perú. De ellos, 37 cumplieron los requisitos iniciales y pasaron a evaluación técnica.

El proceso fue reduciendo progresivamente el número de participantes: 16 proyectos avanzaron después de las primeras evaluaciones y actualmente 13 trabajos técnicos son revisados por un jurado integrado por profesionales con experiencia en el sector extractivo. El ganador tendrá la posibilidad de presentar su propuesta durante Expomina Perú 2026, que se realizará del 9 al 11 de septiembre en Lima.

Desde inteligencia artificial hasta seguridad minera

Las propuestas abarcan distintas áreas de la actividad minera. Entre ellas figuran inteligencia artificial, automatización, sostenibilidad, geología, metalurgia, seguridad, salud ocupacional y transformación digital.

El denominador común es que los trabajos no se queden únicamente como investigaciones académicas, sino que planteen soluciones que eventualmente puedan responder a necesidades concretas de las operaciones.

El premio es impulsado por la Organización Mundial de Apoyo a la Educación (OMA Perú) y Grupo Digamma. Según sus organizadores, la iniciativa busca acercar investigaciones desarrolladas en universidades al sector empresarial y técnico de la minería.

“Creemos firmemente que la innovación nace cuando el conocimiento encuentra una oportunidad para convertirse en una solución”, señaló María del Pilar Benavides Alfaro, presidenta y fundadora de OMA Perú.

La evaluación de los proyectos cobra además relevancia en una industria en la que la automatización, el procesamiento de datos y el uso de tecnologías digitales vienen ganando terreno. La agenda de Expomina 2026 incluye precisamente contenidos sobre automatización, minería inteligente, digitalización de operaciones y procesamiento de minerales.

¿Qué pasará con el proyecto ganador?

El trabajo seleccionado será presentado durante Expomina Perú 2026, que se desarrollará en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

La presentación permitirá que los autores expongan su propuesta ante especialistas, representantes de compañías mineras y empresas proveedoras que participarán en la feria. Para los investigadores, la instancia supone la posibilidad de trasladar un proyecto desarrollado en el ámbito académico a un espacio donde pueda ser conocido por actores directamente vinculados con las operaciones del sector.

No implica, sin embargo, que el proyecto vaya a ser implementado automáticamente por alguna compañía. La convocatoria plantea la exposición del trabajo como una instancia de acercamiento entre sus autores y la industria.

Expomina se realizará durante tres días y, según información de la organización, ocupará un área de 49.200 metros cuadrados y contará con más de 1.250 stands. También tendrá delegaciones internacionales, congresos técnicos y espacios dedicados a nuevas tecnologías aplicadas a la minería.

49 propuestas y un filtro hasta llegar a 13

El número de proyectos que continúa en competencia representa poco más de la cuarta parte de las iniciativas inicialmente presentadas.

La convocatoria comenzó con 49 inscripciones. De ese total, 37 fueron habilitadas por cumplir los requisitos establecidos; posteriormente 16 avanzaron en el proceso y, tras nuevas etapas de evaluación, 13 trabajos continúan actualmente ante el jurado senior.

La selección final permitirá conocer qué tipo de problema minero intenta resolver el proyecto ganador y qué tecnología o metodología propone para hacerlo. Será también el punto en el que una de estas investigaciones salga del circuito estrictamente académico para ser expuesta directamente ante profesionales y empresas del sector.

La actividad económica mostró en la primera mitad del año un comportamiento muy dispar. Mientras algunos rubros lograron sostener niveles de expansión de dos dígitos, otros continuaron mostrando dificultades para despegar, evidenciando una economía “a dos velocidades”.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador que mide mes a mes el nivel de actividad y que se desagrega por rama productiva, once rubros crecieron en el primer semestre del año, uno se mantuvo estable y cuatro se achicaron. Para reconstruir los resultados por sector, se promediaron los índices mensuales correspondientes a enero-junio de 2026 y se los comparó con el promedio de igual período de 2025. De esa manera surge la variación semestral de cada actividad, que no necesariamente coincide con la lectura mes a mes que difunde el organismo, pero que permite dimensionar la tendencia de fondo de cada rubro a lo largo de los primeros seis meses del año.

En ese marco, el nivel general de la economía acumuló una suba de 1,9% entre enero y junio de este año, en la comparación con el primer semestre de 2025.

Los sectores que más crecieron

La pesca fue, por lejos, la actividad con mejor desempeño del semestre, con una expansión de 34,1% respecto de igual período de 2025. El resultado estuvo empujado por el fuerte impulso exportador del sector, que en el arranque del año encadenó sucesivos máximos en la generación de divisas. Según datos oficiales difundidos a lo largo del año, las exportaciones pesqueras superaron los USD 1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026, con una suba interanual cercana al 23% en valor.

La explotación de minas y canteras fue el segundo sector con mejor desempeño, con un alza de 14,4% en el semestre. Ese resultado está directamente vinculado al avance de Vaca Muerta. Distintos informes oficiales dieron cuenta durante el año de sucesivos récords de producción: en junio, por ejemplo, la extracción de petróleo a nivel nacional llegó a 914.900 barriles diarios, lo que implicó un salto interanual de 17,1%, con el crudo no convencional explicando ya cerca del 70% de la producción total del país. Ese crecimiento productivo se trasladó también al frente exportador, con un superávit del sector energético que en el primer semestre del año superó los USD 5.000 millones, más de 60% por encima del registrado en igual período de 2025. En julio, según informó ayer el Gobierno, la balanza energética siguió siendo positiva, con un saldo a favor de USD 892 millones.

El agro, representado en el EMAE bajo el rubro “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, completó el podio de las actividades más dinámicas con una suba de 9,9% entre enero y junio. El resultado se explica en gran medida por la campaña agrícola 2025/26, que combinó una cosecha de soja de 50,1 millones de toneladas, apenas por debajo del ciclo anterior, pero lograda sobre una superficie sembrada considerablemente menor.

Detrás de esos tres sectores, otras ramas también mostraron subas, aunque de una magnitud más moderada. La intermediación financiera avanzó 5,6% interanual en el primer semestre, mientras que hoteles y restaurantes creció 2,7 por ciento. La construcción, por su parte, acumuló una mejora de 2,2%, en línea con la recuperación que viene mostrando la obra privada en los últimos meses. ”Electricidad, gas y agua" y “transporte y comunicaciones” registraron subas de 1,8% cada una, y los impuestos netos de subsidios treparon 1,6 por ciento.

Con incrementos más acotados cerraron actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,7%, y servicios sociales y de salud, con 0,6 por ciento. Enseñanza fue el único sector que permaneció en el mismo nivel que un año atrás, sin variación en el semestre.

Los sectores que retrocedieron

En el otro extremo se ubicaron cuatro ramas de actividad que no lograron revertir la comparación negativa con el primer semestre de 2025. “Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales” tuvo una caída marginal, de 0,1%, mientras que comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 1,2% y administración pública se contrajo 1,4 por ciento.

La caída más pronunciada, sin embargo, correspondió a la industria manufacturera, que se achicó 1,9% en la comparación semestral. El resultado confirma una tendencia que distintos indicadores privados y oficiales vinieron señalando a lo largo del año: la producción fabril acumuló varios meses consecutivos de retrocesos interanuales, con una dinámica marcadamente desigual entre ramas. Según relevamientos del propio Indec, la apertura de importaciones golpeó de manera particular a los sectores más expuestos a la competencia externa, como el textil, que llegó a acumular caídas de producción de dos dígitos en la comparación interanual, y a la industria automotriz, que también mostró retrocesos relevantes en la primera mitad del año. A esos factores se sumó la debilidad del consumo interno, que afectó de manera transversal a distintas cadenas productivas orientadas al mercado doméstico.

De esta manera, el balance del primer semestre muestra dinámicas muy diferentes según el sector. Mientras las actividades ligadas a la explotación de recursos naturales y a la demanda externa, como la pesca, la minería y el agro, se beneficiaron del impulso exportador y de condiciones productivas favorables, la industria manufacturera continuó siendo el sector más afectado por la combinación de apertura comercial y consumo interno debilitado.

En las últimas cuatro décadas, Perú experimentó una transformación profunda en el uso de su territorio. Según datos de la Red MapBiomas Perú, entre 1985 y 2025 el país perdió 3,7 millones de hectáreas de vegetación natural, equivalente al 4 % de la cobertura original registrada en 1985.

Paralelamente, los usos antrópicos —como la agricultura, la minería y el crecimiento urbano— sumaron 4,3 millones de hectáreas, lo que representa un aumento del 53 % en comparación con el inicio del período.

Minería, agricultura y urbanización: los motores del cambio

El análisis presentado en la nueva Colección 4 de MapBiomas Perú revela que la minería fue la actividad con mayor crecimiento relativo, con un aumento del 2510 % a nivel nacional. Madre de Dios se posiciona como el epicentro de esta expansión, concentrando el 57 % de la superficie minera del país en 2025.

La agricultura también mostró un incremento significativo, alcanzando 11,7 millones de hectáreas, lo que supone un 50 % más que en 1985. La superficie urbana, por su parte, creció un 168 %, con un aumento de 244 mil hectáreas, destacando el Desierto Costero, donde se sumaron 82 mil hectáreas urbanas adicionales.

Los cultivos de palma aceitera y arroz reflejan el avance de la frontera agrícola. La palma aceitera pasó de 11,6 mil hectáreas a 125 mil, lo que representa un incremento de 1075 %. El arroz más que cuadruplicó su extensión, mientras que las plantaciones forestales se triplicaron en el mismo periodo. Regiones como Cajamarca y San Martín lideran en plantaciones forestales y arroz, respectivamente.

Regiones: pérdidas y transformaciones diferenciadas

La Amazonía concentró la mayor pérdida absoluta de vegetación natural, con una reducción de 3,2 millones de hectáreas. Aunque el 94 % de los bosques amazónicos de 1985 se mantiene, cerca del 6 % se ha convertido en áreas agrícolas y mineras.

En el Bosque Seco Ecuatorial, la reducción proporcional fue la más alta del país, con un 4,5 % de disminución, y el 94 % de esa pérdida se destinó a la agricultura, equivalente a 221 mil hectáreas.

En los Andes, la vegetación natural retrocedió en 273 mil hectáreas y las superficies glaciares disminuyeron 111 mil hectáreas, lo que representa una reducción del 54 % respecto a 1985. En el Desierto Costero, el área natural sin vegetación se redujo en 271,6 mil hectáreas, con el 20 % transformado en tierras agrícolas y el 13 % en zonas urbanas.

Mural MapbioEl cambio del paisaje en Perú: vegetación natural retrocede y minería multiplica su presencia e... by Infobae Perú

Mapas anuales y validación académica

La Colección 4 de MapBiomas Perú incluye 26 clases mapeadas y dos nuevas categorías: Herbazal inundable de tierras bajas y Herbazal inundable altoandino. Esta edición incorpora mejoras metodológicas y una alianza con el Laboratorio de Gestión del Territorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para validar los datos académicamente.

Gilmer Medina, representante de la universidad, afirmó que el rigor académico fortalece la confiabilidad de los mapas y su utilidad para la investigación científica y la gestión pública.

“El rigor académico garantiza que los datos de MapBiomas sean precisos y confiables. Esto permite que los gestores públicos tomen decisiones más acertadas basadas en información verificada”, señaló Medina.

Herramientas para la gestión y la investigación

Durante el lanzamiento, especialistas del Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional de Amazonas y entidades como CENEPRED y el Banco Interamericano de Desarrollo destacaron el valor de los datos abiertos de MapBiomas Perú para la elaboración de políticas públicas y la gestión del riesgo de desastres.

Los mapas históricos permiten analizar tendencias frente a fenómenos como El Niño y sirven para la planificación territorial, la investigación y la toma de decisiones en distintos niveles de gobierno.

Toda la información generada por MapBiomas Perú está disponible gratuitamente en su plataforma digital, donde se pueden consultar los cambios por regiones, provincias, áreas protegidas y territorios indígenas. La red, liderada por el Instituto del Bien Común, integra ciencia y tecnología para revelar la transformación del territorio peruano y apoyar el diseño de políticas basadas en evidencia.

Los proyectos empresariales y de infraestructura en Perú con déficits en la gestión social y ambiental enfrentan tasas de interés más elevadas y mayores obstáculos para obtener financiamiento internacional, advirtió la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo del Banco Mundial dedicado al sector privado.

Las condiciones para acceder a créditos ya no dependen exclusivamente de la rentabilidad financiera, sino que la sostenibilidad social y ambiental ahora influye de manera directa en las tasas y en la aprobación de los préstamos.

La calidad social y ambiental define el acceso al crédito

Durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026) en Lima, la directora de país de la IFC, Ivana Fernandes Duarte, explicó que la evaluación social y ambiental debe ser parte integral de cualquier proyecto desde su etapa inicial.

“La preparación social y ambiental no debe comenzar después de que el proyecto ya salga, sino ser parte desde el principio”, afirmó la ejecutiva. Esta condición, recalcó, es determinante en el proceso de análisis y aprobación de financiamiento de la IFC.

Fernandes Duarte detalló que los proyectos que presentan deficiencias en su gestión social o ambiental no solo corren el riesgo de ser rechazados, sino que, en caso de que accedan a financiamiento, lo harán bajo tasas de interés más altas que aquellas ofrecidas a iniciativas con estándares adecuados.

“La calidad de la gestión social y ambiental de un proyecto influye en la decisión de IFC de invertir y en las condiciones de financiamiento, como la tasa de interés”, precisó ante empresarios, autoridades y especialistas reunidos en el evento.

Proyectos responsables acceden a mejores condiciones

El proceso de “due diligence” de la IFC exige que los proyectos contemplen desde el inicio el diálogo con comunidades locales, la coordinación con los gobiernos subnacionales y la capacidad de los territorios para sostener acuerdos.

“No se puede financiar un proyecto que es deficiente en la parte social y ambiental”, insistió Fernandes Duarte. El organismo internacional exige el cumplimiento de compromisos asumidos y la gestión activa de riesgos sociales y ambientales como requisitos clave para acceder a tasas competitivas.

La ejecutiva subrayó la importancia de estructurar los proyectos no como iniciativas aisladas, sino dentro de estrategias territoriales integrales, que consideren la infraestructura y el fortalecimiento de capacidades locales.

“En el IFC tenemos normas de desempeño internacionalmente reconocidas como estándares muy altos, que se utilizan globalmente para desarrollar proyectos y que abarcan condiciones ambientales y sociales. Son un buen punto de referencia para preparar un proyecto y aumentar la probabilidad de atraer financiación”, indicó Fernandes Duarte.

El mercado internacional exige proyectos integrados y sostenibles

Para la IFC, los inversionistas internacionales priorizan proyectos que formen parte del desarrollo territorial, generen empleo y aporten beneficios a proveedores locales. La evaluación social y ambiental tiene el mismo peso que la evaluación financiera o técnica al momento de determinar si un proyecto resulta financiable y bajo qué condiciones.

“La evaluación social y ambiental es transversal y tan relevante como la evaluación financiera o técnica para definir si un proyecto es financiable y bajo qué condiciones”, puntualizó la autoridad de la IFC.

Finalmente, Fernandes Duarte recomendó mantener reglas claras, procesos predecibles y una coordinación sólida entre los distintos niveles del Estado y las empresas. Esto, aseguró, es clave para fortalecer la capacidad local de ejecutar y sostener los acuerdos que permiten acceder a mejores condiciones de crédito.

La representante del Banco Mundial concluyó que sólo los proyectos que cumplen con altos estándares sociales y ambientales pueden aspirar a tasas de interés competitivas y a los recursos financieros del mercado internacional.

En zonas remotas como el Macizo del Deseado, la planificación de un proyecto minero empieza mucho antes de la primera perforación. Estanislao explica que los campamentos deben anticipar a todo tipo de imprevistos, porque en esta actividad el tiempo perdido se traduce directamente en costos: “cuatro o cinco días parados por falta de acceso a combustible o repuestos es un problema significativo”.

¿Qué particularidades presenta la exploración de oro y plata frente a otras ramas de la geología económica?

El universo de la geología económica se divide en dos grandes ramas: petróleo y minería. Dentro de la minería, la actividad se concentra en minerales preciosos, con foco en oro y plata en el Macizo del Deseado, una zona reconocida en Argentina y a nivel internacional para el desarrollo de proyectos mineros.

En los últimos años, la volatilidad mundial vinculada a guerras, tasas altas e inflación elevó el precio del oro y la plata. Ese contexto, sumado al respaldo del gobierno argentino a la energía y la minería, impulsó la actividad como un aporte adicional al histórico rol del agro en la economía del país.

¿Qué cambios ayudarían a mejorar el desarrollo del sector, más allá del buen momento actual?

Argentina hoy es competitiva porque muchos países tienen restricciones para la actividad minera, aunque no todas las provincias ofrecen las mismas condiciones para desarrollar un proyecto. Lo que podría mejorarse es el estímulo a la exploración, una etapa puramente de riesgo que hoy carga con costos impositivos pensados para una actividad que ya está en producción.

Un ejemplo es el IVA: durante la exploración no hay capacidad de recuperarlo, porque recién se recupera en la etapa de producción. En un proyecto de 40 o 50 millones de dólares, ese 20% promedio puede representar ocho, diez o doce millones de dólares inmovilizados en algo que, además, puede no convertirse nunca en una mina.

Cuando el proyecto avanza a la etapa de construcción, buena parte del equipamiento se importa: hoy la producción de flota minera en el país es prácticamente inexistente, así que traer plantas y equipos desde el exterior implica una carga logística y de comercio exterior significativa antes de la primera producción.

¿Qué requisitos logísticos tiene que cumplir un proyecto minero en su etapa de exploración?

Para llegar a una evaluación económica preliminar hace falta mucha exploración, y para explorar hace falta perforar. Eso requiere un campamento operativo en zonas remotas, como el Macizo del Deseado en Santa Cruz, una vieja zona de campos de lana hoy prácticamente despoblada, sin actividad ganadera.

En estas etapas tempranas, con pocos recursos, se suele operar con uno, dos o tres equipos de perforación como máximo, así que un campamento mal planificado se convierte en un problema. Cuatro o cinco días parados por falta de acceso a combustible o repuestos es un problema significativo, y si eso se repite durante los meses de exploración, encarece todo el proyecto.

Una evaluación económica preliminar ya contempla esos costos logísticos en el plano teórico. Cuando el proyecto avanza a una etapa de prefactibilidad, esa teoría se vuelve mucho más concreta: ahí se suma un agente de logística, porque hay que trabajar con números más finos y perforaciones puntuales para dimensionar el yacimiento, no ya para descubrirlo.

Una vez extraído el mineral, ¿cómo es la logística para exportarlo?

Lo que sale de la planta suele ser un doré, un lingote rústico de oro y plata con ciertas impurezas, que después viaja a un refinador. Ese lingote es muy valioso y tiene que estar custodiado en todo momento, porque el refinador determina cuánto oro y plata contiene, y de eso depende directamente el flujo de caja del proyecto.

El traslado puede ser por barco o por avión, y siempre incluye controles propios además de la custodia del transportista. Hay una anécdota conocida en Argentina: por beneficios en los puertos de Santa Cruz, un cargamento de dorés cruzó hacia Chile en un barco que terminó hundiéndose. El seguro pagó y después se recuperaron los lingotes, pero el episodio muestra el nivel de cuidado que exige ese traslado.

Tenés que imaginarlo casi como si lo llevaras en un camión de caudales: en el medio del trayecto se toman muestras para chequear que todo esté en condiciones, para que lo que efectivamente llegue a la refinería sea lo que se envió.

¿Qué lugar ocupa la logística en la economía general de un proyecto minero?

La logística hoy representa entre un 10% y un 20% de la economía de un proyecto minero. Hay que trasladar el mineral con mucha seguridad, para mantener la certeza de que lo que se envía a la refinación es exactamente lo que llega, y el que lo recibe también necesita esa seguridad porque organiza toda su cadena en función de lo declarado.

Lo mismo pasa en sentido inverso, con los insumos que se usan para producir el doré en planta: si esos insumos quedan retenidos en un puerto, o llegan con una calidad distinta a la que el proceso necesita, el problema es igual de grave. Por eso, en este tipo de proyectos, tener una logística adecuada para cumplir con los parámetros establecidos es tan importante como el propio hallazgo geológico.

De acuerdo con el reporte recogido por EFE, los agentes especiales de Senafront hallaron en el lugar campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos usados en la extracción ilegal de oro. Las autoridades panameñas atribuyen el control de estas operaciones a la organización criminal Clan del Golfo, la mayor estructura delictiva de Colombia, señalada por múltiples actividades ilícitas en la región.

Los 21 detenidos, cuya identidad no fue revelada, quedaron a disposición de las autoridades competentes para la apertura de las investigaciones correspondientes, detalló el comunicado citado por EFE. La selva del Darién, que abarca 266 kilómetros de frontera, constituye un territorio de difícil acceso donde convergen redes de tráfico de personas, narcotráfico y minería ilegal.

“En el marco de la estrategia de seguridad del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero, se desarrollaron dos operaciones de gran impacto. Una en el sector norte del área Caribe, específicamente en la cabecera del río Pito, donde se pudo desmantelar un campamento donde habían veintiún ciudadanos de nacionalidad colombiana dedicados al presunto delito de minería ilegal. Se pudo contactar también que habían dragas, así como narcobombas y otros indicios relacionados a este delito ambiental”, destacó el comisionado Juan de Dios Forera.

Operativos y despliegue en la frontera

Durante la semana previa, la agencia EFE participó en un sobrevuelo coordinado por Senafront sobre uno de los campamentos de minería ilegal y visitó el Puesto Binacional de Alto Limón. Según la información recabada, más de 700 agentes de fuerzas especiales han sido desplegados en puntos estratégicos, incluidos los puestos de vigilancia conjunta con Colombia, con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza ante el avance del Clan del Golfo.

El subdirector general de Senafront, Héctor De Sedas Cedeño, explicó a EFE que existe “un complejo sistema de economía ilícita basada en la extracción ilegal de oro, que controla el Clan del Golfo, y eso es lo que nosotros queremos romper”. De Sedas subrayó que en el Darién “nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano”.

En un operativo anterior, realizado en el río Mangle, se capturaron 13 personas, entre ellas miembros del Clan del Golfo, según relató De Sedas a EFE. Desde la perspectiva de las autoridades panameñas, el grupo criminal designado como terrorista por Washington obtiene ingresos cobrando por el acceso a territorio panameño y por la compra directa del oro extraído. “Cuando ese oro ingresa a Colombia tienen que pagarle un porcentaje que se estima es el 20 % del total del metal precioso extraído, y, encima de eso, también le compran el oro a estos mineros ilegales”, detalló el funcionario.

La organización Clan del Golfo cuenta con aproximadamente 9.840 integrantes, según un estudio de enero de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia. Además de la minería ilegal, el grupo está involucrado en el narcotráfico y el tráfico de migrantes, de acuerdo con la información proporcionada por EFE.

Perú ocupa una posición destacada en el suministro de recursos clave para la descarbonización global. Según el comunicado oficial del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), el país produce más del 50% de los minerales críticos que demanda la transición energética, como el cobre y el litio, insumos esenciales para tecnologías limpias y renovables.

La ventaja minera peruana y su impacto en la economía global

Durante su exposición en Lima, Tamiko Hasegawa, presidenta del GESS 2026, subrayó el rol estratégico de Perú para la economía global. Detalló que estos minerales resultan fundamentales para el desarrollo de baterías, vehículos eléctricos, energías renovables y sistemas avanzados de almacenamiento y transmisión eléctrica. Según Hasegawa, la transición hacia una economía baja en carbono ha elevado la importancia de estos insumos, considerados ahora críticos por su impacto en el nuevo modelo energético.

De acuerdo con un estudio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el país suramericano aporta más de la mitad de los minerales que el mundo requiere para avanzar hacia una matriz energética sostenible. Esta condición convierte a Perú en un actor relevante no solo en términos económicos, sino también como parte de la respuesta a los desafíos ambientales y climáticos internacionales.

Desafíos de sostenibilidad y la inclusión de nuevas generaciones

El liderazgo minero presenta retos importantes. Hasegawa advirtió que la escasez de mano de obra calificada y la baja participación de jóvenes podrían restringir los beneficios de este posicionamiento estratégico. La presidenta del GESS 2026 enfatizó la necesidad de una mayor diversidad profesional, así como de un enfoque en la innovación social y la responsabilidad ambiental para garantizar que los beneficios de la minería sostenible alcancen a toda la sociedad peruana.

Un ejemplo de transformación es la operación minera de Quellaveco, en Moquegua, donde la digitalización y automatización han permitido la incorporación de nuevas competencias y han reducido brechas de género. Según el comunicado, un programa de capacitación facilitó que mujeres accedieran a operar camiones autónomos en áreas tradicionalmente masculinas, acercando los niveles de participación femenina a la paridad y permitiendo que varias de ellas avanzaran hacia roles técnicos especializados.

El papel de los jóvenes y la multidisciplinariedad en la minería del futuro

Hasegawa recalcó que el futuro de la minería peruana dependerá de equipos multidisciplinarios, integrados por economistas, ingenieros ambientales, abogados y especialistas en sostenibilidad. La ejecutiva señaló que resulta fundamental incorporar la visión y experiencia de jóvenes de todas las regiones, incluyendo costa, sierra y selva, en los espacios de decisión del sector.

El comunicado destaca la existencia de programas impulsados por el sector minero y diversas instituciones enfocados en la capacitación y el liderazgo de jóvenes profesionales. El IIMP, por ejemplo, promueve iniciativas que involucran a más de 1.000 jóvenes de todo el país en actividades de formación, innovación y desarrollo profesional, facilitando su ingreso a la industria y su participación en procesos de toma de decisiones.

Hasegawa concluyó su intervención resaltando que la sostenibilidad y el futuro del sector dependen de la innovación, la reducción de brechas y la activa inclusión de nuevas generaciones en todos los niveles. “Ustedes no son el futuro, son el presente. Ya están ocupando espacios de liderazgo y toman parte en las decisiones que definirán el rumbo de la sostenibilidad en Perú y en la región”, afirmó la titular del GESS 2026.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no asistió este miércoles al plenario de comisiones que realizó el Senado para continuar con el debate del Súper RIGI -el funcionario de Economía avisó sobre el faltazo a horas de realizarse el convite-, donde se oyeron expositores invitados por la oposición que observaron y criticaron el articulado del Gobierno libertario, que ya fue aprobado por Diputados y que, por ahora, no avanza en la Cámara alta.

La iniciativa es analizada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General. El objetivo de texto es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”. Si se activaran modificaciones en el Senado, la ley deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.

El primero en disertar fue el director de Economía Fundar, Guido Zack, quien dijo: “Es necesario que haya un control anual en materia de cumplimiento ambiental, consumo hídrico, consumo energético, auditado y publicado en un registro público de las inversiones realizas”.

Sobre ese punto, Zack valoró los aportes realizados en Diputados, aunque preguntó “qué pasa si no se cumple, con multas de hasta $600 millones, una penalidad máxima que sería el 0,04% del valor mínimo de los proyectos que promociona el Súper RIGI”. “Son necesarias las garantías, pero no es lo mismo que concesiones ilimitadas”, agregó.

En tanto, la ex secretaria de Innovación Pública de la Nación Micaela Sánchez Malcolm -hoy, titular de una ONG- señaló que “lo que no queda claro son las condiciones que se exigen en término de los eventuales impactos que pueda tener los centros de datos”. Se sumó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, quien advirtió que “30 años de estabilidad sin condiciones ningún país ofrece un plazo comparado”.

Según Aguilar, “antes de votar este Súper RIGI, el Congreso debería pensar” en cuestiones como “una evaluación oficial de gasto tributario, porcentajes mínimos vinculantes de integración local” y “de inversión”. El primer libertario en responder fue el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. “Son 30 años porque venimos de 100 años de inestabilidad. Hay que tener en cuenta de dónde se viene”.

Olivera Lucero sumó: “Siempre hemos incumplido las reglas. Tenemos que hacer esto para salir del pozo en el que estamos, de una manera acelerada. Esto es para proyectos que no existen en el país. Es una de las ideas y no sabemos qué va a venir, pero sí generamos las condiciones. Veo que las críticas se centraron en data centers, pero uno podría ser una refinería de cobre. ¿Por qué no pensar en eso para exportar un mineral final y no una roca?”.

El sanjuanino además dejó en claro que, en el articulado, se sostiene la obligación “de un informe donde que no comprometan los recursos y la infraestructura existente”. Lo siguió después su colega de bancada Nadia Márquez (Neuquén), que pidió no “poner fantasmas” ni hablar sin conocer la historia de Vaca Muerta, donde se explotan recursos con medidas ambientales.

Márquez luego hizo mención a la contradicción de ser “millonarios debajo de la tierra” y “pobres arriba de la tierra” y denostó los dichos de “vienen por los ríos, las montañas, el agua, la tierra”. En esa línea, enfatizó: “Siempre lo mismo. No vienen por nada porque el gobierno kirchnerista se robó todo”.

El kirchnerismo tampoco dejó pasar las alocuciones mileístas. Por caso, el porteño Mariano Recalde manifestó que durante los últimos cuatro gobiernos -de distintos signos políticos- “hubo inversión extranjera directa, a diferencia del actual mandato de la administración central, con USD 596 millones negativo”.

“Todas las inversiones en Vaca Muerta se hicieron sin RIGI. Petronas iba a venir a invertir USD 35.000 millones sin RIGI y el gobierno de ustedes hizo que se fueran. Tengan un poco menos de soberbia”, sostuvo Recalde.

Cambios en la ley de Sociedades

Por la mañana, la comisión de Legislación General siguió con el debate de la nueva ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hoy en la mira de varios legisladores.

Durante el cónclave, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), anunció la idea del oficialismo y de aliados de “hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos”. Es decir, tocar el texto.

“Pensamos que va a dar más seguridad jurídica que el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados”, aseguró Bullrich.

En junio pasado, Sturzenegger no sólo despejó este punto, sino que el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, enfatizó que el articulado especificaba que quienes pretendan no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos”. A pesar de las precisiones, habrá modificaciones sobre lo enviado por la Casa Rosada.

La inversión minera en Perú mantuvo una trayectoria ascendente durante la primera mitad de 2026. Entre enero y junio, los recursos destinados al sector sumaron USD 3.304 millones, cifra que representa un aumento de 42,7% frente al mismo periodo del año anterior y que refleja un mayor dinamismo en las operaciones y proyectos mineros.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el resultado estuvo acompañado por un desempeño particularmente destacado en junio. Durante ese mes, las empresas mineras ejecutaron inversiones por USD 662 millones, el registro mensual más alto del año hasta ese momento.

Junio marca el mayor nivel mensual de inversión

El monto alcanzado en junio significó un avance de 10,6% respecto de mayo y un incremento de 39,1% frente a junio de 2025. El resultado estuvo explicado principalmente por el comportamiento de distintas áreas vinculadas con el desarrollo de las operaciones mineras.

Entre los rubros con mayores incrementos interanuales figuraron Desarrollo y Preparación, que avanzó 113,5%; Infraestructura, con un crecimiento de 84,9%; y Otros, que aumentó 76,6%. También se registraron variaciones positivas en Planta Beneficio, con 11,4%, y Exploración, con 2,8%.

Empresas mantienen sus desembolsos

El Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), señaló que las compañías continuaron destinando recursos a ampliar sus capacidades, mantener la continuidad de sus operaciones y avanzar en proyectos considerados estratégicos para el sector.

“La evolución observada confirma que el ciclo de inversión continúa sustentándose en proyectos de expansión, modernización y sostenimiento operativo, fundamentales para fortalecer la competitividad y el potencial productivo de la minería peruana”, añadió.

Southern Perú lidera el ranking

En el acumulado del primer semestre, Southern Peru Copper Corporation encabezó a las empresas con mayores montos de inversión. La compañía mantuvo desembolsos vinculados con “Acumulación Toquepala 1” y la Planta de Beneficio “Concentradora de Botiflaca”, además de incrementar recursos destinados a infraestructura, desarrollo y preparación, así como a equipamiento minero.

El segundo lugar correspondió a Shougang Hierro Perú S.A.A., que registró un crecimiento interanual de 135,4%, asociado principalmente a mayores inversiones en la Planta de Beneficio “Acumulación San Nicolás” y en la Unidad Económica Administrativa “CPS 1”.

Por su parte, Minera Las Bambas S.A. ocupó la tercera posición del ranking, debido a la continuidad de sus desembolsos en las Unidades Económicas Administrativas “Ferrobamba” y “Chalcobamba”.

Producción de cobre en el sur del Perú se triplicó en las últimas dos décadas

Durante las últimas dos décadas, la minería ha tenido un peso significativo en la economía peruana, al aportar el 15% del PBI y más del 60% de las exportaciones. Su importancia es todavía mayor en el sur, donde la actividad extractiva ha contribuido a ampliar la economía de la macrorregión, que se multiplicó por diez en los últimos 70 años. En ese periodo, Moquegua y Arequipa registraron tasas de crecimiento de 4,5% y 3,8%, respectivamente, por encima del promedio regional de 3,4%. Además, la producción de cobre del sur se triplicó en las últimas dos décadas y actualmente representa cerca del 64% del total nacional.

El crecimiento de la actividad minera también coincidió con una disminución de la pobreza en el sur del país. Desde 2004, alrededor de 2 millones de personas dejaron esa condición. Moquegua, con una actividad minera de larga trayectoria, se ubicó entre las regiones con mayores reducciones de pobreza durante este periodo, mientras que en Apurímac, donde la minería cobró mayor relevancia desde 2016, el indicador disminuyó en 17 puntos porcentuales. Asimismo, Moquegua, Tacna y Arequipa presentan las tasas más bajas de desnutrición crónica infantil del país, mientras que Apurímac fue la región que más posiciones escaló en el INCORE durante la última década.

El Gobierno nacional resolvió implementar cambios significativos en el Régimen de la Ley de Inversiones Mineras, que modificarán el sistema de gestión de las inversiones del sector. Entre los principales puntos, se aprobó el sistema denominado Registro de Inversiones Mineras (RIM), que permitirá identificar a los beneficiarios.

Por medio de la publicación de la Resolución 68/2026 en el Boletín Oficial, el secretario de Minería, Luis Lucero, dispuso la sustitución del artículo 1.º que originalmente había sido establecido en la Resolución N° 30 del 27 de diciembre de 2018.

De esta manera, se determinó que “todo trámite vinculado con el Régimen de la Ley de Inversiones Mineras deberá realizarse a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)”.

En línea con esto, se aprobó el sistema denominado Registro de Inversiones Mineras (RIM). Esta base de datos permitirá identificar a los beneficiarios del régimen de la ley 24.196 y sus modificatorias mediante la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Asimismo, deberán constituir domicilio legal electrónico en la primera presentación anual.

El CUIT será obligatorio no solo para identificarse, sino que sin él no se podrán realizar los trámites a distancia a través de la plataforma. En caso de que este fuera iniciado por un representante legal o apoderado del beneficiario, este deberá ingresar con su CUIT personal. Además, deberá estar facultado como apoderado en la plataforma o tendrá que presentar la documentación necesaria para acreditarse.

De acuerdo con la medida, los beneficiarios que presten servicios mineros quedarán obligados a cumplir con la constitución de domicilio legal electrónico en su primera presentación anual. El objetivo es facilitar la identificación y notificación de los sujetos alcanzados por el régimen.

Si llegara a detectarse un faltante de documentación, las autoridades indicaron que “se intimará al solicitante para que subsane las observaciones formuladas o presente documentación complementaria dentro de un plazo de diez (10) días hábiles administrativos”, por medio del domicilio electrónico o la plataforma TAD.

En el caso de que el plazo se cumpla y no se hubieran subsanado las observaciones, señalaron que la Dirección Nacional de Inversiones Mineras desestimará la solicitud. Para aquellos que fueran aceptados, se les emitirá un informe técnico “que recomiende o no la incorporación del solicitante al régimen promocional y elevará las actuaciones a la Autoridad de Aplicación para el dictado del acto administrativo correspondiente”.

La nueva normativa será aplicable a los trámites que estén en curso a la fecha de entrada en vigor de la medida, con la excepción de las declaraciones juradas ya presentadas, que continuarán su tramitación bajo la normativa vigente al momento de su presentación.

En línea con esto, informaron que la Dirección Nacional de Inversiones Mineras notificará a los interesados sobre las adecuaciones y documentación complementaria que sean necesarias para continuar con los respectivos trámites.

Frente a esto, el Gobierno sostuvo que era necesario adecuar los procedimientos registrales “a fin de lograr su adecuada individualización y optimizar el ejercicio de las funciones de control, seguimiento y fiscalización a cargo de la Autoridad de Aplicación”.

De la misma manera, destacaron que las modificaciones permitían que el sector se alineara con el marco propuesto por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, señalaron que el proceso de inscripción de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) contemplaría las particularidades del sector minero.

Cuáles serán los requisitos para inscribirse como titular de actividades mineras

A partir de los cambios en el régimen, todas las personas humanas o jurídicas que se encuentren interesadas en ser identificadas como beneficiadas y/o prestadoras de servicio tendrán que cumplir con la presentación de las documentaciones requeridas. Estas son las principales condiciones que serán tenidas en cuenta:

• Informe técnico del proyecto minero:
• • Descripción detallada de actividades, geología, yacimientos, recursos y reservas.
  • Asignación de nombre y definición del proyecto, considerando unidad operativa y realidad económica.
  • Identificación de proyectos unificados si cumplen al menos dos de las condiciones: proximidad geográfica, infraestructura compartida, plan de desarrollo centralizado.
• Localización:
• • Coordenadas geográficas, croquis de ubicación de yacimientos, plantas e infraestructura, rutas de acceso y distancias en línea recta.
• Integración regional:
• • Información que demuestre la integración entre explotaciones, plantas e infraestructura.
  • En plantas sin yacimiento propio, detallar georreferenciación, origen de insumos, procesos, proveedores principales y descripción de insumos y porcentajes requeridos.
• Servicios auxiliares:
• • Detalle de transporte, energía, agua, comunicaciones, y de actividades de fundición o refinación (diagrama de flujo y equipamiento).
• Productos finales:
• • Especificaciones técnicas y destino de la producción.
• Informe técnico según etapa del proyecto:
• • Prospección/exploración: cronograma, métodos, equipamiento.
  • Evaluación económica y factibilidad: estudios, permisos, estado de gestión.
  • Construcción/ampliación: infraestructura, cronograma de obra, permisos.
  • Explotación/extracción: métodos, equipamiento, insumos, producción reciente.
  • Plantas de elaboración primaria: método, equipamiento, capacidad.
• Plan de inversiones:
• • Cronograma e inversiones estimadas y ejecutadas, en dólares estadounidenses.
• Documentación legal:
• • Certificados de derechos mineros, contratos de arrendamiento o provisión de mineral.
• Declaraciones y certificaciones:
• • Declaración jurada sobre inexistencia de incompatibilidades legales.
  • Certificación contable de no tener deudas fiscales o tener plan de pagos vigente.
• Antecedentes registrales:
• • Declarar registros anteriores en el RIM, si los hubiere.
• Documentación societaria (personas jurídicas):
• • Estatuto social, actas de nombramiento de autoridades, inicio de trámite si corresponde, CUIT habilitada para la actividad minera.
• Compromiso:
• • Mantener actualizada toda la información presentada.

En el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026, que se celebra en Lima del 18 al 20 de agosto, el titular del Ministerio de Energía y Minas Guillermo Shinno, remarcó que la prioridad del gobierno con respecto a los proyectos mineros será en asegurar un bienestar tangible para la población.

Como se sabe, los conflictos de los proyectos mineros del país se generan justamente en torno a la licencia social, o porque los ciudadanos en esas zonas no son convencidos por los beneficios que se les ofrece por intervenir los ámbitos geográficos de sus hogares y comunidades.

Justamente esto tendría el gobierno de Keiko Fujimori como punto vital en su gobierno para destrabar proyectos. Según Shinno, se planea anticiparse a los conflictos sociales, y así como hacer “agilizar” los procedimientos. Con este plan, durante los próximos cinco años, esperan destrabar al menos US$ 40 millones, de una cartera de más de US$ 64 millones en todo el Perú.

Destrabar proyectos

Durante su exposición en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026, el titular del Ministerio de Energía y Minas remarcó que la prioridad del gobierno será transformar la riqueza minera en un bienestar tangible para la población, con un enfoque que ponga al ciudadano y al territorio en el centro de cada decisión.

“La verdadera riqueza se mide en el bienestar, la paz social y el desarrollo humano de las poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran estos recursos”, afirmó Shinno al explicar que el objetivo es que los beneficios de la actividad minera sean visibles y concretos para las comunidades. 

Cabe resaltar que la cartera minera nacional suma inversiones conjuntas por más de US$ 64.075 millones, distribuidas en proyectos a lo largo del país, y el gobierno espera lograr avances por US$ 40.000 millones en los próximos cinco años.

El ministro asegura que conoce la cartera y que “he revisado cada uno de los proyectos y vamos a llamar a distintas empresas sabiendo que varios de ellos pueden tener avances significativos e incluso poderse inaugurar la operación durante este quinquenio”, sostuvo el ministro.

Además, Shinno insistió en que el crecimiento del sector minero energético no puede medirse únicamente por cifras macroeconómicas, sino por el impacto positivo que genera en la vida cotidiana de las personas en las zonas de influencia minera.

‘Anticiparse’ a los conflictos

También el titular del Minem subrayó que la gestión del Estado actual dejará atrás el antiguo modelo reactivo de intervención ante conflictos sociales para avanzar hacia una gobernanza territorial preventiva.

Así, explicó que, en el pasado, la respuesta estatal solía limitarse a actuar cuando los conflictos ya habían estallado, sin lograr cambios sostenibles en las comunidades. En contraste, el nuevo enfoque busca anticipar y evitar crisis, planificando el desarrollo territorial junto con empresas, gobiernos locales y comunidades.

“La gente necesita ver tangiblemente el beneficio que trae la actividad extractiva”, sostuvo Shinno, quien señaló que el diálogo, por sí solo, ya no resulta suficiente para responder a las expectativas de la población. El ministro remarcó que su gestión apostará por el desarrollo territorial concertado y la implementación de soluciones estructurales para que los beneficios de la minería sean palpables y recurrentes.

La justicia dominicana ordenó la cancelación de la concesión minera a Falconbridge Dominicana (Falcondo), una decisión que marca el cierre a casi siete décadas de explotación en el yacimiento Quisqueya I. El fallo se emitió luego de detectarse diversas irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa, cuya actividad permanecía detenida desde finales de 2023. La resolución ha generado una fuerte expectativa entre las comunidades y sectores económicos de la zona.

Según documentos judiciales, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) concluyó que Falconbridge Dominicana incumplió obligaciones esenciales relacionadas con la explotación de los recursos mineros y la entrega de información técnica. Las operaciones en Quisqueya I, una zona de más de 22,000 hectáreas ubicada entre La Vega y Monseñor Nouel, permanecían sin actividad desde noviembre de 2023, de acuerdo con certificaciones oficiales. Este cese coincidió con una serie de reportes que no fueron entregados a tiempo, como los informes de avance correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, además de los reportes anuales exigidos por la legislación minera.

Las autoridades argumentaron que la inactividad de Falcondo generó un impacto directo en el interés general vinculado al aprovechamiento de los recursos naturales del país. El tribunal consideró que la falta de explotación efectiva y la omisión en la entrega de información comprometían el objetivo central de la concesión. El fallo también desestimó los recursos presentados por la empresa y sus representantes legales, quienes buscaban que la demanda fuera declarada inadmisible.

Las autoridades dominicanas señalaron a la empresa por incumplimiento en la entrega de informes técnicos, insolvencia económica y fuertes deudas con trabajadores y suplidores.

A raíz de la paralización de actividades, la provincia Monseñor Nouel experimentó una disminución en la circulación de efectivo y en la generación de empleos directos e indirectos. Más de 900 trabajadores fueron desvinculados en 2024 y recibieron sus prestaciones a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Para marzo de 2026, otro grupo de empleados había quedado fuera de la nómina y mantiene reclamaciones laborales que superan los 300 millones de pesos. Las obligaciones pendientes con proveedores y contratistas superan los 100 millones de dólares, según estimaciones de acreedores.

La decisión judicial se limita exclusivamente a la cancelación de los contratos de concesión minera y no implica la liquidación inmediata de Falcondo. La empresa continúa sometida a un proceso de reestructuración mercantil, iniciado por petición de sus acreedores bajo el marco de la Ley 141-15. Este procedimiento, que sigue un curso judicial independiente, deberá determinar el destino de las deudas y los pasivos de la compañía.

El caso de Quisqueya I pone en evidencia el nivel de supervisión que existe sobre las concesionarias mineras en República Dominicana, así como la capacidad del Estado para intervenir cuando se detecta el incumplimiento de las condiciones contractuales. El impacto laboral y económico todavía mantiene en alerta a los sectores productivos y las comunidades cercanas a la zona de explotación, en espera de definiciones sobre el futuro de los recursos y de los trabajadores afectados.

“Va relacionado a la criticidad de la mercadería y a la necesidad en sitio, es decir, en el proyecto por el cual se está trayendo la importación”. Teniendo en cuenta cada paso, Fernando explica cómo se decide el transporte de cada envío para la minería, un sector que hoy concentra buena parte de su trabajo como despachante de aduana. Desde la orden de compra hasta la liberación en zona primaria aduanera, cada operación combina bienes de capital y una logística pensada a medida de cada proyecto.

¿Te especializás como despachante en un rubro en particular?

Hoy en día manejo una actividad en particular. Si bien estoy abierto a recibir diferentes tipos de industrias, mi foco y fuerte está puesto en el rubro de la minería: oro, plata y, en un futuro no muy lejano, litio y cobre. Hay varios proyectos en el país y estoy enfocado en esos.

¿Cómo se vincula hoy en Argentina la minería con el comercio exterior?

El servicio que prestamos junto con la minería es una asistencia integral, desde que inicia la orden de compra hasta la finalización del proceso de liberación de la mercadería en zona primaria aduanera. Hoy en día es asesoramiento más despacho aduanero, todo en un mismo circuito.

¿Qué se trae del exterior para el desarrollo de la actividad minera?

Es una industria muy amplia: desde bienes de capital y maquinarias hasta insumos y repuestos, todo lo que esté relacionado a la industria se importa, desde el armado de una planta hasta el repuesto más chico e ínfimo que se pueda imaginar. Siempre va relacionado a un bien de capital o a una máquina.

¿Cómo se evalúa el transporte de esa mercadería, según lo que se importa?

Va relacionado a la criticidad de la mercadería y a la necesidad en sitio, es decir, en el proyecto por el cual se está trayendo la importación. De acuerdo a esa criticidad se evalúa una carga aérea; si los costos son más finos, se evalúa una carga marítima o terrestre desde países fronterizos.

¿Con qué países se vincula habitualmente el comercio exterior de la minería en Argentina?

Hay relación con muchos países a nivel internacional. También entran en juego las preferencias arancelarias, como en el caso del Mercosur, y se puede importar desde Estados Unidos, China o Europa. Es bastante abarcativo: no se centra en un solo origen, siempre va de la mano del desarrollo con cada proveedor.

¿Cuáles son los puntos críticos que no pueden fallar en la gestión de estas operaciones?

Los puntos críticos los relaciono con lo documental, y lo documental no puede fallar porque no puede haber errores. Es sumamente importante que todos los que participan en la cadena estén alineados y manejen la misma información, con buen feedback, para que el error sea casi nulo.

La minería suele asociarse a la importación, pero el resultado final es la exportación. ¿Cómo juega el despachante en ese otro extremo?

El despachante cumple la misma función tanto para importar como para exportar: es necesario un profesional idóneo para desarrollar tanto una operación de importación como una de exportación. La importación va vinculada a que el bien final producido en el país pueda exportarse después. Son importaciones productivas, pensadas para fabricar, producir o explorar, y llegar así a la exportación.

¿Hay algún mineral en particular que hoy te esté demandando más trabajo?

Hoy el litio está operando muy bien y es donde uno hace el foco más fuerte, porque requiere una atención y un compromiso especial en el trato: es un producto que no se puede humedecer ni manipular de cualquier manera. Hay que tener recaudos importantes en toda la operativa de exportación de ese tipo de carga.

Una nueva etapa se abre para la minería peruana y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la clase política será uno de los principales retos de las próximas elecciones regionales y municipales, según el sociólogo José Luis Gargurevich, exdirector ejecutivo de Proética.

El especialista advierte que solo será posible restablecer la credibilidad democrática si los candidatos priorizan la integridad, la capacidad de diálogo y la resolución efectiva de los problemas locales.

Recuperar la confianza exige candidatos íntegros y ciudadanos vigilantes

Gargurevich sostiene que el desánimo respecto al valor del voto y a la efectividad del sistema político se mantiene alto, en parte porque la democracia aún no responde a la demanda de autoridades honestas e íntegras.

“Recuperar la confianza en el sistema político, recuperar la confianza en la democracia es clave y es una misión que debería unir a todos los sectores del país”, subrayó.

El exdirector de Proética también remarcó la necesidad de que la sociedad civil, empresas y organizaciones locales impulsen que las agendas electorales respondan a los problemas y necesidades específicas de cada territorio.

La vigilancia ciudadana y la transparencia: herramientas clave

De cara a los comicios, Gargurevich recomendó a la ciudadanía asumir un papel más activo, revisando los posibles conflictos de interés de los candidatos, sus vínculos y la transparencia de sus actividades.

Alertó sobre la presencia de economías ilegales en la política y la urgencia de que el voto sirva para evitar que estos intereses accedan a cargos públicos.

Además, planteó que gobernadores y alcaldes permitan la vigilancia ciudadana desde el inicio de sus gestiones y durante la ejecución de obras, afirmando que “allí donde se prenden los reflectores de la transparencia y la información, la corrupción no puede subsistir”.

Propuestas para fortalecer la gestión pública y la rendición de cuentas

Entre las propuestas de Gargurevich figura la creación de Oficiales de Integridad en gobiernos regionales y municipales, seleccionados mediante criterios de independencia y meritocracia, como enlaces con la ciudadanía y responsables de atender riesgos y denuncias de corrupción.

Gargurevich también propuso reactivar espacios de trabajo conjunto entre empresas, Estado, sociedad organizada, academia y comunidades para dar seguimiento a las decisiones públicas y prevenir actos ilícitos.

Gargurevich expondrá estas ideas en el panel “La escucha como estrategia: gestionar las expectativas de una sociedad en transformación”, durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), que se realizará del 18 al 20 de agosto en Lima.

El reto de la minería: desarrollo que perdure más allá de la extracción

El verdadero desafío de la inversión minera es lograr que sus beneficios trasciendan la vida útil de las operaciones y dejen un desarrollo sostenible en los territorios, afirmó Luis Cortez, gerente general de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.

Durante la conferencia “Rumbo al GESS 2026: Fondos Sociales como motores del desarrollo territorial sostenible”, Cortez subrayó que no basta con ejecutar recursos, sino que deben transformarse en infraestructura, servicios, educación y productividad que perduren cuando la minería ya no esté presente.

“Esta inversión debe convertirse en proyectos, capacidades, infraestructura y oportunidades que puedan perdurar en el tiempo”, sostuvo.

Fondos sociales: articulación y proyectos que transforman territorios

El Fondo Social Alto Chicama administra recursos provenientes de las regalías de la operación minera Lagunas Norte y trabaja articuladamente con municipalidades, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la empresa minera.

Desde su creación en 2009, ha financiado 558 proyectos y 466 estudios y expedientes técnicos. Cortez destacó que uno de los mecanismos más efectivos ha sido financiar expedientes técnicos, los cuales han permitido apalancar, en promedio, 91 soles de inversión pública por cada sol invertido en estos estudios, potenciando el alcance de los recursos.

Entre los proyectos realizados se encuentran la sede universitaria de Trujillo en Santiago de Chuco, sistemas de agua y saneamiento, electrificación, infraestructura educativa y establecimientos de salud.

De la mina al futuro: asegurar que los beneficios permanezcan en la comunidad

Cortez remarcó que el propósito es que los proyectos sean transferidos a las entidades responsables para garantizar su operación y mantenimiento, asegurando que los resultados permanezcan cuando los recursos mineros disminuyan o la operación concluya—en el caso de Alto Chicama, proyectada hasta 2034.

Los logros incluyen la reducción de la brecha de electrificación, mejoramiento de infraestructura productiva, apoyo a organizaciones locales y la ampliación del acceso a la educación y agua potable.

La experiencia del Fondo Social Alto Chicama será expuesta en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), a realizarse del 18 al 20 de agosto en Lima.

El hallazgo del coral Laurinque Elenya en aguas profundas de Isla del Coco representó un avance en el estudio de la biodiversidad marina.

Este organismo fue identificado por la bióloga costarricense Odalisca Breedy junto a un equipo internacional, quienes determinaron que sus características eran tan particulares que se necesitó crear una familia taxonómica completamente nueva, denominada Laurinqueidae.

Breedy señaló que este tipo de hallazgos pone en evidencia la cantidad de especies aún desconocidas en los ecosistemas del océano profundo y llama la atención sobre los riesgos de la explotación minera en estas zonas.

La publicación científica que formalizó la descripción de la nueva especie, género y familia fue difundida el 30 de junio en la revista ZooKeys.

El organismo fue encontrado a profundidades de entre 362 y 529 metros, en un área donde el oxígeno disponible es muy bajo. En ese entorno, Laurinque elenya llegó a formar agrupaciones similares a bosques, con ejemplares que alcanzaron hasta un metro de altura.

Breedy relató que había observado este coral por primera vez varios años antes de la expedición realizada en 2023, aunque en ese momento no advirtió su singularidad.

Según detalló la investigadora en declaraciones a El Observador, el hallazgo se produjo en medio de una acumulación de estrellas de mar, lo que permitió observar la abundancia y el tamaño de los corales. El espécimen se encuentra actualmente en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, donde servirá como referencia para futuras investigaciones taxonómicas.

En la fase inicial de análisis, Breedy consideró que se trataba de una especie nueva. Empleó microscopía electrónica para estudiar la morfología del coral, sin encontrar coincidencias con grupos previamente descritos.

“Cuando se hacen los árboles filogenéticos, uno ve ciertas relaciones con otros grupos conocidos, pero se separa mucho de ellos”, explicó la especialista. Desde la perspectiva morfológica, tampoco fue posible ubicarlo dentro de una categoría existente.

El estudio contó con la colaboración de las científicas Catherine S. McFadden, Ana Belén Yánez-Suárez, Katleen Robert, Andrea M. Quattrini y la costarricense Catalina Murillo-Cruz. Los análisis genéticos iniciales no aportaron resultados concluyentes, y fue gracias a estudios moleculares más específicos realizados por Quattrini que el equipo pudo determinar que el coral correspondía a una especie, un género y una familia no documentados con anterioridad.

El nombre científico asignado fue Laurinque elenya, integrando un nuevo género y una nueva especie en la familia Laurinqueidae.

El origen del nombre, características y función ecológica

La denominación Laurinque elenya fue resultado de una conversación entre Breedy y otra investigadora, en la que buscaron un término que representara tanto la apariencia del coral como las condiciones de su hallazgo. Optaron por palabras de la lengua quenya, desarrollada por J.R.R. Tolkien para su obra de fantasía. “Laurinque” significa “árbol dorado” y “elenya”, “entre estrellas”. Breedy mencionó que la inspiración provino de la descripción de paisajes en los libros de Tolkien y que, tras revisar el código de nomenclatura científica, el nombre cumplía con los requisitos establecidos.

Según información recogida por El Observador, Laurinque elenya pertenece al grupo de los octocorales, diferenciados de los corales arrecifales por tener pólipos con ocho tentáculos. Estos organismos forman colonias que, en el fondo marino, pueden funcionar como bosques y atraer a otras especies, como moluscos, anémonas y crustáceos. Según Breedy, esta característica convierte a los octocorales en especies fundadoras, con un papel relevante en la estructura de los ecosistemas del océano profundo.

La especialista también advirtió que la investigación de estos ambientes resulta relevante, en particular frente a la posibilidad de actividades mineras en áreas poco exploradas, ya que el impacto sobre la biodiversidad aún es incierto.

Breedy había participado en el descubrimiento de una familia de corales en 2012, también en la isla del Coco. Considera que estos hallazgos deberían ser valorados como patrimonio tanto nacional como mundial. Destacó que nuevas exploraciones pueden revelar organismos desconocidos, lo que evidencia la falta de conocimiento sobre la vida en el océano profundo.

El descubrimiento de Laurinque elenya abre interrogantes sobre la diversidad biológica que aún no se ha documentado en estos entornos y subraya la necesidad de seguir investigando los ecosistemas marinos de profundidad.

La Argentina es el quinto país del mundo en reservas de litio, con 23 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE, métrica básica de ese mineral), precisó Fernando Ciacera, director de Promoción y Economía Minera de la Secretaría de Minería de la Argentina en un reciente evento de la Cámara de Comercio Argentino-Texana (ATCC, por sus siglas en inglés) y en la participó el Atlantic Council, un centro de estudios con sede en Nueva York.

Sin embargo, dijo Ciacera, con poco más de 165 millones de toneladas de LCE, la Argentina es el primer país del mundo en recursos litíferos, que con las inversiones en marcha e inyecciones de capital adicional pueden llevarla a encabezar también el ranking de reservas mundiales.

En el país ya hay 7 proyectos de litio en operación y 4 en construcción. Adicionalmente, hay otros 44 que van desde la etapa de exploración inicial (8), pasando por las de exploración avanzada (27) y evaluación económica preliminar (5) hasta la de estudios de factibilidad (cuatro). El crecimiento de la producción litífera argentina en 2026 es notable: en el primer semestre las cantidades exportadas (medidas en LCE) aumentaron 68,2% interanual. A eso se sumó el repunte del precio mundial, lo que llevó el aumento del valor exportado a USD 1.096 en seis meses, 185% más que en igual período de 2025.

De USD 6.000 millones de exportaciones mineras en 2025, el país llegaría a USD 9.800 millones este año, a USD 18.500 millones en 2030 y a USD 41.700 millones en 2035

En la Argentina hay nada menos que 327 proyectos mineros identificados y 28 minas en operación, con oro, plata, litio y cobre como los más importantes, pero también potencial en plomo, uranio y molibdeno.

De USD 6.000 millones de exportaciones mineras en 2025, el país llegaría a USD 9.800 millones este año, a USD 18.500 millones en 2030 y a USD 41.700 millones en 2035.

Geopolítica de los minerales

Tan importante como las cifras que en la semana exhibió Ciacera eran sus anfitriones: la Cámara de Comercio Argentino-Texana aumentó fuertemente su activismo (también participará en el evento Patagonia Oil & Gas 2026, a fin de septiembre y principios de octubre en Neuquén).

El Atlantic Council, en tanto, es un think tank influyente y pionero en análisis geopolítico. En septiembre pasado distinguió a Javier Milei como “Ciudadano Global 2025”, premio que el presidente argentino recibió de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. Pocos días antes, el Tesoro había comprado pesos y anunciado el acceso de la Argentina a hasta USD 20.000 millones de su “Fondo de Estabilización Cambiaria” en momentos críticos, por las presiones cambiarias y el aumento del riesgo país que había disparado el triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires.

Con ese apoyo, poco después el mileísmo se impuso ampliamente en las elecciones legislativas nacionales de mitad de mandato.

Menos de un año después, el Gobierno está de vuelta en dificultades: el nivel de actividad no despega y pesa sobre salarios y empleo, la desinflación no se consolida, la morosidad financiera pasó a ser un tema de primer orden y movimientos en el espacio político opositor y en el propio oficialismo reflejan que la reelección presidencial en 2027 no está asegurada, como presumía el gobierno hasta hace pocos meses.

Desafíos y oportunidades

Gabriela Aguilar, directora gerente de la ATCC, destacó que la Argentina está “en el centro” de la transición energética global y, por alineamiento político y ubicación, está “estratégicamente posicionada” en la relación con EE.UU.

Andrea Clabough, del Centro de Energía Global y experta en minería del Atlantic Council, subrayó que la demanda de electricidad en los próximos años crecerá a “alturas increíbles”, que la Argentina es un proveedor clave y que la diversificación de fuentes de energía es el nuevo “nombre del juego”.

La diversificación de fuentes de energía es el nuevo “nombre del juego” (Clabough)

Andrea Clabough (Atlantic Council)

Clabough apuntó a la importancia de nuevas fuentes de financiamiento e inversión como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por su sigla en inglés) de EE.UU., creada durante la primera presidencia de Donald Trump, a la que en 2025 se otorgaron facultades ampliadas para financiar proyectos en sectores críticos, como minería, y el Project Vault (Proyecto Bóveda) creado en febrero de este año tras el lanzamiento de una alianza sobre minerales críticos en la que Washington incluyó a 55 países, entre ellos la Argentina, para asegurar cadenas de suministro, luego de que, por caso, en 2025 en EE.UU. Ford fuera forzada a interrumpir la producción del modelo Explorer debido al bloqueo de acceso a tierras raras que dispuso China.

Ambas iniciativas evidencian la creciente preocupación de Washington por la presencia china en la región, como expresa cada vez más insistentemente el embajador de EE.UU. en la Argentina, Peter Lamelas.

Natalie Cote Muñoz, ejecutiva de Vantage Point Strategies, un fondo de inversión de EEUU. quien fuera directora de la Oficina de Planeamiento Político del Departamento de Estado durante el gobierno de Joseph Biden, alertó en un reciente artículo en Foreign Affairs, que Beijing incluso ya viró su estrategia hacia una política de contactos y alianzas a nivel de provincias y municipios.

Tal vez por eso José de Castro Alem, CEO de Alchemia, una firma de marketing y desarrollo de mercados basada en México, propuso -por caso establecer un “corredor de innovación” entre Texas y el Noroeste Argentino. Se trata, dijo, de “construir una relación industrial que trascienda el hecho minero”.

Y Ramón Escobar, de Valor Capital Group, un fondo de riesgo que conecta los mercados tecnológicos de EE.UU. y América Latina y que en Sudamérica tiene fuerte presencia en Brasil, destacó también la importancia de BID Invest, el brazo de inversión y financiamiento al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que EE.UU. detenta el 30% del capital accionario. La pregunta de fondo, destacó, es si la Argentina está lista para eso.

Proyectos mineros y cronograma del cobre

Los datos que presentó Ciacera apuntaron a una respuesta positiva. Además de señalar los 327 proyectos mineros ya identificados y mostrar un mapa de los 28 ya en operación, el funcionario destacó que el 70% del territorio con potencial minero aún no ha sido explorado, destacó el fortísimo crecimiento de la producción de litio y un cronograma de siete proyectos cupríferos que entrarán en operación a partir de 2027, cuando reinicie operaciones Alumbrera.

A eso le sucederán el inicio en 2028 de los proyectos San Jorge (Mendoza) y Los Azules (San Juan), en 2030 de los proyectos Taca Taca (Salta) y Vicuña (San Juan), en 2031 de Mara (Catamarca), en 2032 de Altar y en 2034 de Pachón, estos dos últimos también en San Juan.

La Argentina podría producir 1,6 millones de toneladas anuales de cobre hacia 2035, lo que lo posicionaría como el sexto productor mundial

Fernando Ciacera

La Argentina, proyecta la Secretaría de Minería, a partir de datos actuales de 20 millones de toneladas de reservas y 118 millones de toneladas de recursos, podría producir 1,6 millones de toneladas anuales de cobre hacia 2035, lo que lo posicionaría como el sexto productor mundial y un flujo de exportaciones cupríferas de más de USD 19.000 millones anuales, todo lo cual demandará inversiones por nada menos que USD 42.000 millones, solo en materia de cobre.

A eso apunta, dijo Ciacera, el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), con una rebaja de diez puntos porcentuales (de 35 a 25%) de la tasa de Ganancias, disminución de 7 a 3,5% al cabo de 7 años de la retención sobre la remisión de utilidades netas y estabilidad fiscal por 30 años, con recurso a litigar en tribunales extranjeros en caso de incumplimientos, como los que recientemente insinuó el gobernador riojano, Ricardo Quintela, al resaltar que un eventual gobierno desharía mucho de lo hecho por la gestión mileísta, llegando a expropiaciones en caso de ser necesario.

Los cuellos de botella siguen siendo la escasez de infraestructura y de oferta de ciertos niveles de calificación profesional, para lo cual Ciacera destacó la importancia de las concesiones de construcción de caminos, la licitación del Ferrocarril Belgrano Cargas y un RIGI para infraestructura.

En ese contexto, subrayó Clabough, del Atlantic Council, la clave es desarrollar una asociación entre la Argentina y EE.UU. que sea “mutuamente beneficiosa”, a diferencia -afirmó- de la “relación puramente extractiva” que China desarrolló en países de África. Se trata, concluyó, de “establecer una relación, más que una transacción”.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, negó que la Minera Poderosa haya financiado su campaña presidencial cuando era candidato por el partido Libertad Popular y afirmó que no recibió ningún dinero de esta empresa. Esto luego de que se promueva una moción de interpelación en su contra desde la Cámara de Diputados.

“Yo no he recibido un centavo de la señora Arias ni de la Minera Poderosa”, indicó el ministro Belaúnde en conversación con RPP tras la moción de interpelación presentada en su contra por la bancada de Juntos por el Perú.

La moción presentada por la bancada de oposición apunta a supuestos aportes económicos que, según el documento, Belaúnde Llosa habría recibido de Evangelina Arias, presidenta del directorio de la compañía minera, y a un supuesto despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar las instalaciones y campamentos de la empresa minera en Pataz, en la región La Libertad.

Como se recuerda, Pataz es una de las zonas principales en las que se desarrollan actividades de minería ilegal y se encuentra actualmente en estado de emergencia con presencia policial e incluso del Ejército por medio del Comando Pataz.

El titular del Ministerio de Defensa sostuvo que el apoyo económico recibido fue directo a la organización política y no a su candidatura presidencial, y que provino de una persona natural. “El financiamiento es al partido, no es a una persona. Y el financiamiento no es de una empresa”, dijo al medio radial.

Sobre el origen de esos aportes, agregó: “Evangelina Arias, porque tenía afinidad con Mario Vargas Llosa, que se inscribió al partido, decidió colaborar financiando al partido político”.

El estado de emergencia en Pataz

Belaúnde Llosa también rechazó que el estado de emergencia en Pataz se use para proteger a la minera Poderosa. “El estado de emergencia que hay en Pataz no es, para decirlo en términos criollos, ”chalequear" a Minera Poderosa. El estado de emergencia es para combatir a las organizaciones criminales que utilizan armamento de fuego…”, afirmó.

En paralelo, negó tener vínculos laborales o comerciales con la empresa. “No tengo relación comercial ni he sido empleado ni he trabajado. Conozco a la señora Arias, es hija de un gran minero, don Jesús Arias, una persona que se dedicó a recorrer el Perú”, señaló.

La respuesta a la interpelación

Ante la posibilidad de que avance la moción, el ministro dijo que acudirá al pleno de la Cámara de Diputados para responder el pliego de preguntas y remarcó que sería el primero en ser interpelado desde el retorno al sistema bicameral.

“Es una prerrogativa constitucional. Yo estoy estrenando esta facultad, soy el primer ministro interpelado desde que se ha regresado al sistema bicameral. Si me citan, iré y responderé el pliego”, indicó el ministro Belaúnde.

El documento fue presentado por el diputado Marino Lavado, quien solicita al Pleno que acuerde interpelar a Belaúnde Llosa para que concurra al Congreso y responda un pliego de 43 preguntas.

El eje central de la moción gira en torno a los aportes de campaña que recibió la agrupación Libertad Popular —partido con el que Belaúnde Llosa participó como candidato presidencial en las Elecciones Generales 2026— por parte de Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET) celebró su 47° aniversario institucional reafirmando su papel como referente en la investigación y aplicación de las ciencias de la tierra.

Durante la ceremonia central, el presidente ejecutivo, Denis Tapia Rodríguez, delineó los principales ejes que marcarán la gestión de la entidad en los próximos años, destacando la importancia de la información geológica para la seguridad y el desarrollo del país.

Un aniversario marcado por la prevención y la innovación

En un contexto de alta exposición a sismos, huaicos, deslizamientos e inundaciones, INGEMMET ha desplegado brigadas de campo con el objetivo de identificar alrededor de 1.295 zonas críticas por peligros geológicos asociados al fenómeno El Niño.

Los resultados de este trabajo se traducen en catorce informes técnicos que incluyen mapas, inventarios y recomendaciones para autoridades regionales y locales. Toda esta información está disponible en Perú en Alerta, la plataforma digital gratuita de la institución que permite consultar, en tiempo real, las zonas de mayor riesgo a nivel nacional.

Según explicó Walter León Lecaros, director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico de INGEMMET, la labor preventiva busca anticiparse a los desastres y proporcionar herramientas útiles para la toma de decisiones en gestión de riesgos.

“Queremos compartir con las autoridades que estamos desde mucho antes de que la desgracia toque las puertas del país”, sostuvo el funcionario, en el marco de la presentación de los avances del programa de identificación de zonas críticas.

Brigadas de campo identifican zonas críticas ante El Niño

Durante la ceremonia, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, en representación del ministro de Energía y Minas, resaltó el papel fundamental de INGEMMET en el desarrollo extractivo, científico y económico del país.

También participaron senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático y destacados ingenieros, quienes recibieron reconocimientos por su contribución al sector geológico y minero, entre ellos Rafael Luis Belaúnde Aubry, Hugo Rivera Mantilla, Daniel Hokama Tokashiki, Pedro Tumialán De la Cruz y Benjamín Morales Arnao.

El presidente Tapia Rodríguez enfatizó el compromiso de modernización del catastro y de las concesiones mineras, la reducción de plazos y la incorporación de tecnología, factores que permitirán optimizar procesos y fortalecer el rol de INGEMMET como instituto público de investigación.

De igual manera, Rodríguez subrayó la relevancia de los minerales críticos y tierras raras para el nuevo escenario mundial, y la función rectora de la entidad en materia paleontológica.

Modernización del catastro y el papel de los minerales críticos

Con 47 años de trayectoria, INGEMMET se consolida como el organismo técnico especializado en geociencias, minería y metalurgia, adscrito al Ministerio de Energía y Minas. La institución investiga y cartografía el subsuelo, evalúa peligros geológicos, custodia el patrimonio paleontológico, opera laboratorios de análisis y administra el catastro y las concesiones mineras.

Su labor convierte el conocimiento científico en decisiones que impulsan la inversión, ordenan el territorio y contribuyen a la seguridad de la población. El futuro de INGEMMET apunta a fortalecer su liderazgo nacional e internacional en las ciencias de la tierra, con una visión basada en la prevención y la modernización tecnológica.

El desarrollo de Vaca Muerta transformó a la Argentina en uno de los exportadores energéticos de mayor crecimiento en el mundo. En el primer semestre de 2026, el superávit en la balanza comercial de combustibles y energía alcanzó los USD 5.076 millones, un salto del 61,7% frente al mismo período del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Las proyecciones son todavía más ambiciosas: un informe privado estima que ese saldo podría escalar a USD 13.600 millones al cierre del año. El problema es que la Argentina carece de la infraestructura de transporte, almacenamiento y exportación que exigirá una mayor producción hidrocarburífera, y tampoco tiene salida directa al Océano Pacífico, el camino más corto hacia los mercados asiáticos que hoy concentran la mayor demanda global de energía. Justo ahí es donde podría entrar Chile.

Ximena Rincón llegó a Buenos Aires esta semana como parte de la delegación chilena para participar en la X Mesa de Diálogo del Siesur (Sistema de Integración Energética del Sur), el foro regional apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que reúne a los ministros de energía de la Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia con el objetivo de expandir las transferencias eléctricas entre países y trazar un plan de acción conjunto para 2026-2027.

Lleva poco más de cinco meses al frente del Ministerio de Energía del gobierno de José Antonio Kast y, en ese tiempo, visitó Vaca Muerta junto al canciller Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el ministro de Economía Luis Caputo y mantuvo contacto permanente con el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. En diálogo exclusivo con Infobae, detalló el estado de las negociaciones y su visión sobre lo que ambos países pueden construir juntos.

— ¿Qué puede ganar cada país con un acuerdo de integración energética?

— Chile y Argentina juntos serían dinamita. La Argentina tiene una riqueza enorme en materia de gas natural e hidrocarburos, y nosotros tenemos infraestructura para la salida de esos recursos al Pacífico. Pero además podemos poner nuestra energía renovable en Argentina. Es un win-win desde todo punto de vista. La pregunta es si somos capaces de construir un acuerdo de integración energética —ya no solo minero, ya no solo de cooperación— para aprovechar los recursos que existen en ambos lados de la cordillera.

— ¿Cómo sería ese acuerdo en términos concretos?

— Lo primero es darle un marco jurídico, porque eso da certeza. Un acuerdo binacional como el que tenemos en materia minera permite planificación, certeza y un apoyo recíproco que hoy es fundamental. Argentina acaba de destrabar una norma que prohibía ciertas ventas fuera del territorio nacional. Se entiende esa norma en un contexto donde no tenían disponibilidad de recursos, pero hoy tienen recursos para 200 años. Eso liberaliza la posibilidad de comercializar. Y un acuerdo de integración que pase por la validación de los parlamentos —como lo hicimos en materia minera— es el escenario deseable.

— Chile tiene la terminal de GNL Quintero. ¿Qué rol jugaría en este esquema?

— GNL Quintero son además socios de los argentinos. Entonces hay que articular con Codelco, con ENAP, con GNL Quintero, con todos los actores de allá y con los actores políticos que conocen la importancia del desarrollo productivo en esos territorios. Una parte del gas se queda en Chile y otra parte sigue camino, pero para eso se necesita almacenar, disponer y embarcar. Eso crea negocio, crea oportunidad. Esa infraestructura ya existe en Chile. De hecho, estamos trabajando con los alcaldes de Concón, Quintero y Puchuncaví para pensar una estrategia de desarrollo a largo plazo, en asociación público-privada, donde las empresas sean socias del territorio. Allá hablan de zonas de sacrificio: nosotros queremos hablar más de eso.

— Los cortes de gas de mediados de los 2000 dejaron una marca en Chile. ¿Cómo se reconstruye esa confianza?

— Eso tiene que ser una lección aprendida. Por eso son tan importantes los acuerdos bilaterales que den soporte de los Estados a los acuerdos entre privados. Lo que ocurrió en esa historia no tan lejana tiene que ser un ejercicio de aprendizaje, de entender lo importante que es respetar los compromisos. Hoy el escenario es distinto: está Vaca Muerta. Pero como no necesariamente las condiciones objetivas son las que crean realidad, tener un tratado con penalidades y un marco jurídico que permita pactar y lograr acuerdos firmes habla de un espacio diferente. Una integración energética con Argentina puede significar que la energía baje de precio para los chilenos, y eso es una buena noticia. Porque hoy la energía no es un elemento más: es habilitante de todo. En salud, en educación, en desarrollo productivo, en inteligencia artificial. Sin energía las cosas no pasan.

Relación bilateral

El vínculo de ambos países tiene larga data. El Tratado de Integración y Complementación Minera, firmado en diciembre de 1997 por Carlos Menem y Eduardo Frei —y relanzado este año—, sobrevivió 17 cambios de gobierno entre ambos países sin interrupciones y hoy respalda una cartera de inversiones conjunta superior a los USD 20.700 millones en proyectos de cobre, oro y litio a lo largo de los 6.691 kilómetros de frontera compartida en la Cordillera de los Andes.

Es, además, el único instrumento jurídico de este tipo en el mundo: ningún otro par de países vecinos habilitó la explotación minera binacional en la propia zona de frontera.

La propia Rincón integró el equipo técnico que negoció ese acuerdo hace casi tres décadas, al inicio de su carrera como abogada. Hoy, ese tratado minero es el modelo sobre el que ambos gobiernos quieren construir algo más amplio: un acuerdo de integración energética con respaldo parlamentario, penalidades y certeza jurídica para los contratos privados, que incluya garantías para evitar que se repitan los cortes de gas que marcaron la relación bilateral a mediados de los 2000.

— Argentina empieza a desarrollar su industria minera con fuerza. ¿Chile lo ve como una amenaza?

— Soy amiga de la competencia, porque cuando no la hay no existe ningún incentivo a mejorar ni a ser más productivo. Chile es un país minero, ha sido muchos años eminentemente minero, tiene grandes reservas aún en litio, las mejores sin lugar a duda. Y creo que la competencia le hace bien, porque lo dinamiza, lo activa, lo alerta. En materia minera, Chile exportó al mundo su conocimiento y sus capacidades técnicas. Que Argentina se desarrolle en ese sector, bienvenido sea.

— El gobierno de Kast acaba de tomar una decisión histórica respecto a Codelco. ¿Qué implica?

— Por primera vez en la historia, todas las utilidades de Codelco van a ser reinvertidas en la empresa. Eso no había sucedido nunca: los dividendos los recolectaba el Estado y no se quedaban en inversión. Para una empresa, eso tiene un costo muy grande. Desde el punto de vista de la mitología política, algunos podían pensar que el ideario del presidente Kast era privatizar Codelco. Esta decisión va exactamente en el sentido contrario: apuesta por la empresa para sacarla adelante, pagar la deuda que tenía, reactivarla, invertir en capital humano. Es como YPF.

— ¿La confluencia política entre los gobiernos de Kast y Milei facilita este tipo de acuerdos?

— Las personas y las comunidades no son ideológicas. Si se mira el porcentaje de militancia en cualquier país, es bajísimo. La ciudadanía quiere que los problemas se resuelvan, que existan proyectos. No les importa quién lo haga, lo que les importa es que se haga. Lo que el presidente Kast nos señaló es que tenemos que resolver los problemas, agilizar los proyectos, avanzar sin excusas. En Chile hablamos de “permisología”; acá tienen un ministro de Desregulación; la ministra de Uruguay habla de destrabar nudos. Es algo que atraviesa a todos. Si hay suficiente conciencia de la importancia de resolver esos problemas, puede haber un cambio que beneficie a todos los países. Pero nadie dice que va a ser para siempre, porque tenemos una ciudadanía que demanda que las promesas se cumplan.

Cada vez que en Argentina se plantea mirar a Australia como referencia para pensar una estrategia de desarrollo, aparece una objeción casi automática: no somos comparables. Australia tiene una superficie mucho mayor, una población sustancialmente menor y una disponibilidad de recursos naturales por habitante muy superior. Bajo esa premisa, cualquier comparación parecería inútil.

Sin embargo, esa conclusión parte de una pregunta equivocada. El verdadero valor del caso australiano no reside en reproducir su estructura productiva, sino en comprender qué hizo con sus ventajas naturales y qué enseñanzas pueden extraerse para Argentina.

Durante décadas, el debate económico argentino estuvo dominado por un indicador que suele presentarse como sinónimo de desarrollo industrial: la participación de la industria manufacturera en el PIB. La idea de que una reducción de esa participación implica necesariamente desindustrialización se instaló como un diagnóstico casi incuestionable.

El verdadero impacto económico de los recursos naturales está en las capacidades productivas que generan a su alrededor

Australia ofrece un ejemplo ilustrativo. Allí, la industria manufacturera representa alrededor del 7% del PIB, mientras que en Argentina alcanza aproximadamente el 16%. Si el peso relativo de la industria fuera el principal indicador del desarrollo, Argentina debería exhibir una economía considerablemente más próspera. Ocurre exactamente lo contrario.

Australia casi quintuplica el ingreso por habitante de Argentina y su industria manufacturera genera más valor agregado por persona, pese a representar una proporción mucho menor de la economía.

Los porcentajes describen cómo está compuesta una economía, pero no cuánto valor genera. Por eso, la discusión debería desplazarse desde la composición hacia la productividad: ¿cuánto valor agregado produce cada sector?, ¿cuánto exporta?, ¿qué capacidades desarrolla?

Esta mirada adquiere especial importancia para Argentina. Si el agro, la minería, el petróleo y el gas crecen más rápido que el resto de la economía, la participación de la industria podría disminuir sin que la producción industrial caiga. Incluso podría aumentar en términos absolutos mientras pierde participación porcentual.

Australia casi quintuplica el ingreso por habitante de Argentina y su industria manufacturera genera más valor agregado por persona

Confundir esos fenómenos puede conducir a diagnósticos equivocados y a políticas públicas ineficaces.

El caso australiano demuestra que una economía basada en recursos naturales no tiene por qué limitarse a exportar materias primas. La minería australiana impulsó un entramado de ingeniería, maquinaria, automatización, software, logística, infraestructura y servicios especializados.

Una mina, en realidad, demanda una enorme cantidad de conocimiento. La minería emplea directamente a unas 240.000 personas, pero el ecosistema de proveedores conocido como Mining Equipment, Technology and Services (METS) sostiene alrededor de 1,1 millones de puestos de trabajo. El verdadero impacto económico de los recursos naturales está en las capacidades productivas que generan a su alrededor.

El caso australiano demuestra que una economía basada en recursos naturales no tiene por qué limitarse a exportar materias primas

Ese es el principal aprendizaje para Argentina. La discusión no debería plantearse como una falsa dicotomía entre recursos naturales e industria. La minería puede impulsar bienes de capital e ingeniería; Vaca Muerta, infraestructura y empresas especializadas; el agro, biotecnología, maquinaria y software; y una mayor disponibilidad de energía puede atraer inversiones industriales.

Los recursos naturales no constituyen el punto de llegada del desarrollo, sino su punto de partida.

Argentina no necesita copiar a Australia, pero sí aprender una lección fundamental: el desarrollo no depende de alcanzar un porcentaje determinado de industria manufacturera dentro del PIB. Depende de construir una economía capaz de generar cada vez más valor, productividad y conocimiento a partir de sus ventajas competitivas.

La verdadera pregunta ya no es cuánto pesa la industria en la economía, sino cuánto valor somos capaces de crear con los recursos que ya tenemos.

El autor es Investigador senior del Centro de Investigaciones en Gobierno de la Universidad Austral

El Perú enfrenta uno de los mayores dilemas de su historia contemporánea: mientras sostiene una cartera de inversiones mineras valorizada en más de USD 64 mil millones y distribuidos en 66 proyectos a lo largo de 19 departamentos, la conflictividad social vinculada a la minería se mantiene en niveles críticos.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en junio de 2026 se registran 151 conflictos sociales activos, de los cuales 96 son de naturaleza socioambiental y tienen relación directa con la actividad extractiva.

El potencial de desarrollo y crecimiento económico es indiscutible, pero la distancia entre la riqueza del subsuelo y el bienestar de las comunidades sigue marcando la agenda nacional.

El desafío de la gestión social: construir confianza y dejar capacidades

Para Jimena Sologuren, copresidenta del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), la clave no está solo en sumar proyectos o ejecutar programas sociales, sino en “construir confianza, generar oportunidades y lograr que el desarrollo permanezca en los territorios mucho después del inicio de una inversión minera”.

La especialista subraya que la gestión social debe ser un puente entre el Estado, la empresa, la academia, la sociedad civil y, sobre todo, las personas. Según Sologuren, “el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza el desarrollo de los territorios”.

Con la pobreza monetaria alcanzando al 25,7% de la población y al 35,5% en zonas rurales, la urgencia de una gestión social más efectiva y articulada se vuelve una prioridad nacional.

La confianza, explica la vocera, no es un resultado automático ni una fórmula replicable en todos los territorios: “La confianza se construye con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, con transparencia, diálogo permanente, escucha activa y, sobre todo, cumpliendo los compromisos asumidos”.

El diálogo previo al conflicto es esencial, ya que las comunidades observan no solo los proyectos, sino cómo reaccionan las empresas ante las dificultades, aseveró.

Fortalecimiento institucional y el verdadero legado del sector

Uno de los puntos más destacados de la entrevista con Sologuren es la necesidad de que las empresas mineras contribuyan al fortalecimiento institucional de los territorios, pero sin reemplazar el rol que le corresponde al Estado.

Según la especialista, las empresas pueden compartir conocimiento, promover alianzas y acompañar a las autoridades y organizaciones locales para fortalecer capacidades y mejorar la gestión pública.

“El verdadero desafío es que esos recursos se conviertan oportunamente en agua, saneamiento, salud, educación e infraestructura”, dijo para Infobae Perú.

En 2025, la minería transfirió más de S/10.045 millones al presupuesto nacional entre canon, regalías y otros conceptos. Al cierre de mayo de 2026, las transferencias superan los S/4.000 millones.

Más allá de las cifras, el reto es asegurar que esos recursos impacten en la vida diaria de las personas, lo que requiere tanto eficiencia estatal como una ciudadanía activa y vigilante.

De programas sociales a estrategias de legado sostenible

El salto de los programas sociales tradicionales a las estrategias de legado sostenible implica cambiar la forma en que se mide el éxito de la intervención minera. Para Sologuren, no basta con contabilizar inversiones, talleres o participantes.

“La verdadera pregunta es otra: ¿mejoró realmente la vida de las personas?, ¿qué capacidades quedaron instaladas en el territorio?”, plantea. El enfoque de legado requiere pensar desde el inicio qué permanecerá cuando la empresa reduzca su presencia. Los programas deben construirse con la comunidad, con objetivos claros y responsabilidades compartidas.

“Cuando hablamos de legado, hablamos de pensar desde el inicio qué va a permanecer cuando el proyecto llegue a su fin”, sostiene la vocera.

El desarrollo a largo plazo depende de la continuidad, la evaluación y la capacidad de corregir lo que no funciona. “El mejor legado que puede dejar un proyecto es una comunidad con más herramientas para seguir construyendo su propio desarrollo”.

Participación, transparencia y desafíos del impacto social

La participación comunitaria en la toma de decisiones sobre proyectos mineros ha avanzado, aunque persisten retos sustanciales.

Sologuren destaca que la información clara, el diálogo temprano y la transparencia son fundamentales para reducir temores e incertidumbre en las comunidades. “Cuando la información llega tarde o no es clara, es natural que aparezcan temores”, advierte.

El impacto social real de la minería solo puede medirse analizando si la calidad de vida de la población mejora y si la comunidad fortalece su autonomía. Esto requiere ir más allá de los indicadores económicos y de inversión, evaluando la creación de oportunidades, servicios y capacidades locales.

“El éxito no es que un territorio dependa cada vez más de la empresa minera, sino todo lo contrario: que fortalezca sus propias capacidades, diversifique su economía y pueda seguir desarrollándose con autonomía”, explica Sologuren.

Finalmente, Sologuren destaca el rol fundamental de la academia y los jóvenes en la construcción de una minería más sostenible. La academia aporta investigación y formación profesional, mientras que los jóvenes lideran en innovación, sostenibilidad y participación comunitaria.

“No podremos construir el futuro de nuestros territorios sin escuchar a quienes vivirán y liderarán ese futuro”, concluye la copresidenta de GESS 2026.

Tras declarar el reordenamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el Gobierno peruano dispuso la ejecución inmediata de la reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), estableciendo un plazo máximo de 120 días para renovar su estructura organizacional, los procesos administrativos y los mecanismos de control.

La medida se formalizó a través del Decreto Supremo N° 009-2026-MIDAGRI, publicado en El Peruano y refrendado por la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el ministro Marco Antonio Vinelli Ruiz.

ANA ingresa a reorganización por 120 días

La reorganización, según el decreto, busca fortalecer el rol técnico y rector de la ANA, mejorar la atención al ciudadano y asegurar la gestión eficiente de los recursos hídricos. De acuerdo con el documento, la ANA debe enfocarse en:

• Rediseñar su estructura organizacional y fortalecer las capacidades técnicas.
• Implementar la gestión integrada de recursos hídricos con enfoque de cuenca.
• Simplificar la administración y establecer plazos internos claros.
• Digitalizar la trazabilidad de expedientes.
• Reforzar los controles internos de integridad, especialmente en puestos sensibles.
• Crear un tablero público de resultados para informar sobre el avance de los procesos.
• Priorizar la atención de expedientes según antigüedad, riesgo e impacto.
• Garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los derechos de los usuarios y trabajadores.

“La finalidad del presente Decreto Supremo es fortalecer el rol rector y técnico-normativo de la ANA; mejorar la calidad, oportunidad, integridad, trazabilidad y predictibilidad de sus servicios”, indica el decreto.

Empresas mineras podrán verter aguas de mina sin derecho de uso

En paralelo, la ANA modificó su reglamento para la autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas mediante la Resolución Jefatural N° 0194-2026-ANA.

La principal novedad es que ahora permite a empresas mineras verter aguas de mina o de precipitación sin acreditar el derecho de uso de agua, siempre que no hayan sido utilizadas en el proceso productivo.

¿Qué significa esto en la práctica?

Hasta antes de la modificación, cualquier empresa que quisiera verter aguas residuales tratadas debía presentar el derecho de uso de agua.

Ahora, si una mina tiene acumulada agua de lluvia o filtraciones naturales dentro de sus instalaciones, y estas no fueron usadas para lavar minerales o en otras labores productivas, podrá verterlas sin ese trámite adicional.

“No se requerirá el derecho de uso de agua cuando se trate de vertimientos provenientes de aguas de mina o de precipitación, siempre que no se hayan usado en la actividad principal u otras labores en el proceso productivo”, señala.

La resolución también introduce facilidades para la modificación y renovación de autorizaciones de vertimiento. Ahora, las empresas pueden solicitar la renovación de sus permisos bajo las mismas condiciones y el trámite se aprueba automáticamente, agilizando la gestión.

Además, en situaciones de emergencia por eventos climáticos extremos, los titulares de autorizaciones deberán cumplir un plan de contingencia y podrán realizar descargas extraordinarias, siempre comunicando a la ANA y a la autoridad ambiental en menos de 24 horas.

¿Qué es el ANA?

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el organismo público peruano encargado de la gestión, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos a nivel nacional.

Adscrita al MIDAGRI, la ANA actúa como ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, regulando el uso, control y protección del agua en todo el territorio peruano.

La economía peruana crecerá 3.2% en 2026 y mantendrá un ritmo promedio de 3.2% entre 2027 y 2029, según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en abril de este año.

De acuerdo con Andina Noticias, estas proyecciones contemplan un crecimiento impulsado por la inversión privada, las exportaciones y nuevos proyectos productivos. Una economía que mantiene su crecimiento puede generar nuevas oportunidades para las empresas y para las inversiones realizadas con una perspectiva de largo plazo.

El escenario previsto por el MEF considera que la economía peruana continuará avanzando durante los próximos años a un ritmo similar. Para 2026, la proyección alcanza el 3.2%, mientras que entre 2027 y 2029 se estima un crecimiento promedio también de 3.2%.

Inversión minera superará los US$6,800 millones

La minería continúa siendo una de las principales fortalezas del Perú y presenta perspectivas positivas de inversión para los próximos años. Según el MEF, la inversión minera crecerá 8% en 2026 y superará los 6,800 millones de dólares.

Entre los proyectos que impulsarán esta inversión se encuentran San Gabriel, Reposición Antamina y Corani, entre otros. A ello se suma un entorno favorable para el cobre y otros metales, respaldado por la demanda asociada a la transición energética.

“Porque una mayor inversión minera puede traducirse en mayor capacidad productiva, más exportaciones y más actividad económica para el país”, explicó Ana Lucía Rondón, asociada de inversiones de Prima AFP, según Andina Noticias.

Diversificación para las inversiones de largo plazo

Las oportunidades de inversión no se encuentran únicamente en el Perú. Cuando se ahorra para la jubilación, se cuenta con un horizonte de largo plazo que permite invertir en distintos países, sectores y tipos de activos.

En ese contexto, la diversificación es presentada como una herramienta para aprovechar las diferentes oportunidades que ofrecen los mercados. Esta estrategia permite considerar distintas fuentes de crecimiento al momento de construir portafolios de inversión.

La Global Investor Insights Survey 2025 de Schroders señala que la construcción de portafolios más diversificados y resilientes figura entre las principales prioridades de los inversionistas institucionales. El estudio indica que el 94% busca gestionar mejor el riesgo de concentración y el 80% espera aumentar el uso de estrategias de gestión activa.

Oportunidades de crecimiento en Perú y el mundo

“Cuando hablamos de ahorro previsional, es importante tener una visión de largo plazo. En ese contexto, la diversificación sigue siendo una herramienta clave, porque permite acceder a distintas fuentes de crecimiento en Perú y en el mundo, ayudando a construir portafolios más resilientes frente a los cambios de los mercados”, señaló Rondón.

El Perú cuenta con elementos que pueden seguir impulsando su crecimiento, entre ellos una mayor inversión privada, nuevos proyectos y una minería que continúa siendo un motor importante de la economía.

Mientras el país ofrece oportunidades, los mercados internacionales permiten acceder a otras alternativas. Diversificar entre países, sectores y tipos de inversión permite participar de distintas fuentes de crecimiento mientras se continúa construyendo el ahorro para el futuro.

El gobierno de Javier Milei, que este lunes cumplirá 32 meses como presidente de la Nación, dos tercios de un mandato que buscará revalidar dentro de poco más de 14 meses, disfruta de los mejores términos de intercambio de los últimos 125 años de historia económica de la Argentina.

Se trata de la relación entre el precio de los bienes que exporta e importa un país y es uno de los indicadores más relevantes para medir cuán favorable o desfavorable es el contexto internacional para una economía, además de ser el más apto para la comparación a través del tiempo.

Otras variables, como el ciclo económico mundial o regional, la tasa de interés internacional y el índice de riesgo país, la intensidad de las corrientes globales de inversión, los cambios tecnológicos o la evolución de las economías vecinas (en particular, si se trata de economías grandes) son menos reductibles a una serie histórica.

El gráfico de abajo, en base al último informe del estudio de Miguel Ángel Broda, consultor económico que hace 39 años mantiene su ciclo mensual, muestra que los términos de intercambio actuales son casi 49% superiores al promedio de 1900 hasta el presente.

Los términos de intercambio actuales son casi 49% superiores al promedio desde 1900 al presente (Broda)

El gráfico también permite observar que el anterior pico, levemente inferior al actual y ubicado un 47% por sobre el promedio histórico, ocurrió en 2012, primer año completo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). También muestra que de 2003 a 2012 los términos de intercambio subieron casi sin pausa, testimonio de la extraordinaria y sostenida oportunidad histórica que el país tuvo y desperdició entonces para sentar sobre bases firmes un proceso de desarrollo que trascienda el crecimiento de algunos años.

Otros picos, como los de 1909, cuando Argentina transitaba una etapa de rápida expansión, o 1948, el cenit de la primera economía peronista, o 1973, cuando el aumento de los precios de los alimentos y las materias primas que exportaba el país se adelantó al primer shock petrolero, que luego desbarrancó el breve crecimiento de la economía camporista, al inicio del tercer peronismo, muestran el extraordinario peso de los términos de intercambio.

También lo evidencian los momentos bajos, como el de 1922, al final del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuyo sucesor, Marcelo Torcuato de Alvear, disfrutó del repunte posterior, que llegó hasta la depresión económica mundial, el derrumbe del indicador y, en ese contexto, la creación del BCRA, así como las circunstancias comerciales muy desfavorables en que asumieron los gobiernos de Arturo Frondizi (1958) y Fernando de la Rúa (1999).

Contexto favorable, resultados desiguales

Lo cierto es que hoy el conflicto en Medio Oriente, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China y la demanda de petróleo, gas y minerales críticos derivada del vector de crecimiento que constituyen las demandas de infraestructura y energía de la Inteligencia Artificial, juegan muy a favor de la economía.

Lo refleja un superávit comercial de casi USD 14.000 millones en el primer semestre del año (400% más que en igual período de 2025), del que el saldo energético proveyó la mitad (casi USD 7.000 millones). El saldo total sería más que el doble a fin de año, gracias también a una extraordinaria producción agrícola, que este año orillaría los 170 millones de toneladas.

El saldo total sería a fin de año más del doble del registrado en el primer semestre, gracias también a una extraordinaria producción agrícola, que este año orillaría los 170 millones de toneladas

Esas fuerzas traccionaron a su vez un boom de inversiones muy localizadas en torno a Vaca Muerta, como el oleoducto Duplicar Plus y el avance del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que podría estar listo a fin de año, mientras avanzan, además, las inversiones mineras (por ahora más focalizadas en la infraestructura) en el NOA y Cuyo.

Economía a dos velocidades

Las extraordinarias condiciones externas a favor, sin embargo, no se terminan de reflejar en el conjunto de la economía. Si se toman los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, el indicador más cercano a la evolución del PBI, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 solo cuatro sectores crecieron más del 10% (Agricultura, Ganadería y Pesca, Intermediación financiera, Energía y Minería) y Transporte y Comunicaciones lo hizo levemente. En tanto, registraron caídas: Construcción (15%), Industria manufacturera (9,1%), Comercio (4,8%), amén de Administración Pública y Defensa y Servicios sociales.

Los sectores que crecieron explican cerca del 18% del empleo (directo) formal total y los que cayeron el 82%. He ahí un motivo de las crecientes dificultades políticas que enfrenta el gobierno, cuyos principales logros -como la reducción de la inflación y del índice de riesgo país y también del desorden callejero- encuentran límites.

Muestras de eso son el 2,9% de inflación minorista de julio en CABA, la caída en los índices de confianza en el gobierno y los magros resultados legislativos del gobierno en el Congreso, donde una agenda que el arco político no oficialista considera extrema e ideologizada, sirve más para aglutinar fracciones opositoras que para sumar votos y voluntades a favor de la agenda oficial.

Brasil, conflicto político y peso económico

En ese contexto, además, el propio Milei generó un choque con Brasil, principal socio económico y comercial de la Argentina.

Viene al caso recordar que entre 2000 y 2010 el PBI nominal en dólares de Brasil pasó de USD 660.000 millones a USD 2,2 billones, un aumento de casi 240%, que ejerció una fenomenal tracción sobre la economía argentina, como resultado del crecimiento real de Brasil y de la sobrevaluación en que desde 2003 incursionó su moneda, efecto inverso al de la devaluación que en enero de 1999 selló la larga agonía de la convertibilidad uno a uno entre el peso y el dólar que entonces sostenía Argentina.

Por eso tantas voces, desde Domingo Cavallo hasta Roberto Frenkel y Carlos Melconian, pasando por el propio Broda, difieren en distintos grados con la política cambiaria oficial, que según el Índice Big Mac sobrevalúa en 19% el peso respecto del dólar si se tiene en cuenta el nivel de ingresos locales.

En ese marco, incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, incurrió en exabruptos, como tratar de “tarados” a quienes piden defender a la industria pero reivindican políticas que llevaron a que muchos bienes costasen en la Argentina entre dos y diez veces mas que su precio internacional, lo que a su vez despertó la reacción del presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Más aun: el viernes, tras conocerse los datos del Índice de Producción Industrial (IPI), Diego Coatz, hasta marzo pasado director del Centro de Estudios de la UIA y hoy al frente de “Industria & Desarrollo”, señaló que en el primer semestre el PBI industrial se contrajo 2,2%y que desde enero de 2024, mientras los precios fabriles aumentaron 144%, el IPC aumentó 235% y los servicios 400 por ciento. Siete de las 12 principales cadenas industriales, enumeró, están entre 30% y 40% debajo de sus máximos de los últimos diez años y operan con cerca de 40% de capacidad ociosa, y desde diciembre de 2023 hasta abril pasado se perdieron 3.759 empresas industriales. Solo en los primeros 4 meses de este año, precisó, cerraron 1.070 empresas.

¿Cuán importante es, en este contexto, el conflicto con Brasil, que de los insultos de Milei al presidente brasileño, Luiz Inaçio “Lula” da Silva, pasó a la decisión de este de retirar a su embajador en la Argentina?

Marcelo Elizondo, consultor en negocios internacionales, representante en la Argentina de la Cámara de Comercio Internacional, director de la Maestría en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), destacó a Infobae la diferencia de enfoque entre ambos gobiernos.

Argentina está considerando esto un mero entredicho político que no afecta la relación entre los Estados, y Brasil acude a la convencional vía diplomática. ¿Qué impacto puede tener? Hay una cobertura que puede limitar ese impacto: el Tratado del Mercosur (Elizondo)

“Argentina está considerando esto un mero entredicho político que no afecta la relación entre los Estados, y Brasil acude a la convencional vía diplomática. ¿Qué impacto puede tener? Hay una cobertura que puede limitar ese impacto: el Tratado del Mercosur. Si Brasil se atiene al mismo, no puede imponer sanciones unilaterales”.

Por ejemplo, explicó Elizondo, el Tratado prevé que una restricción de un país a otro tiene que estar fundada y que las causas de esas sanciones deben estar previstas en el Tratado y no está previsto que un entredicho entre presidentes sea una causal. En segundo lugar, siguió el experto, eso tendría que ser aplicado por un Tribunal de Solución de Controversias formado por técnicos de los cuatro países del bloque.

“Es complejo. No es como cuando dos países tienen dificultades entre sí. Acá hay una cobertura institucional, el Tratado del Mercosur y algunos otros, como el Tratado Bilateral de la Industria Automotriz, que también limitan la posibilidad de sanciones. Y está el tema de la conveniencia. A ninguno de los dos les conviene escalar el conflicto. Para Brasil, Argentina es el tercer mercado externo más importante y el primer destino para sus exportaciones industriales. No creo que tenga ganas de meterse en algo que vaya más allá de esta protesta diplomática”, afirmó el Elizondo.

En cuanto al futuro, consideró Marcelo Elizondo que el conflicto tendrá cierta intensidad hasta las elecciones de Brasil (primera vuelta en octubre, segunda en noviembre) y allí se detendrá.

“La tensión ha llegado a un nivel en el que creo que a Argentina no le conviene que esto siga escalando. Después del proceso electoral, si gana Lula nuevamente la relación no volvería a los niveles de confianza y amistad de antes, seguirá como ahora, con dos presidentes que no hablan entre sí, pero con países que sí actúan entre sí”.

Al respecto, Elizondo destacó que en los últimos años hubo avances bilaterales. Los gobiernos de Lula y Milei firmaron un acuerdo de cielos abiertos, otro para vender gas de Argentina a Brasil y se eliminaron restricciones al comercio del anterior gobierno argentino.

Si gana Flavio Bolsonaro, Milei perdería algo de estatus regional, porque Brasil es un país más grande e importante para Estados Unidos (Elizondo)

”Imagino que, si gana Lula, la relación seguirá en esos términos. Y si gana Flavio Bolsonaro, Milei perdería algo de estatus regional, porque Brasil es un país más grande e importante para Estados Unidos y Donald Trump podría darle a Bolsonaro la preeminencia que hoy tiene Milei como ideólogo regional”, alertó.

“La convergencia por orientación ideológica de los gobiernos se está viendo en todo el mundo. Incluso dentro de la Unión Europea uno ve que los gobiernos de derecha se acercan entre sí y los de izquierda entre sí y entre ambos hay críticas públicas, como pasa con Trump y sus diferencias con los gobiernos de Canadá y México, países con los que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio. Eso antes no pasaba. La globalización de la discusión política ha llevado a que algunos presidentes actúen como líderes políticos más que como jefes de gobierno. Si ganara Bolsonaro sería el presidente de un país que es tres veces la Argentina. Le quitaría a Milei el rol de primus inter pares entre los gobiernos de derecha de la región pero, por otro lado, le daría un aliado muy grande y además le permitiría cambiar el Mercosur, algo que quiere hace rato: abrirlo, flexibilizarlo, internacionalizarlo”.

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) que elabora el Indec registró en el primer semestre de 2026 un crecimiento de 8,4% respecto a igual período del año anterior, según el informe técnico difundido este jueves por el organismo. Con este resultado, el indicador alcanzó el nivel más alto desde que comenzó a medirse la serie, en enero de 2017.

El dato del semestre se apoya en un cierre de junio particularmente fuerte. Según el reporte del Indec, en junio la producción minera ”registró una suba de 11,4% respecto a igual mes de 2025”. En la comparación desestacionalizada, el índice trepó 1,7% frente a mayo, mientras que la serie de tendencia-ciclo, que suaviza las variaciones de corto plazo, subió 0,8% mensual y acumula ya 24 meses consecutivos de crecimiento, según señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

El comportamiento del semestre no fue parejo entre las distintas actividades que integran el sector. La extracción de petróleo crudo acumuló un alza de 17,4% en los primeros seis meses del año, la de minerales no metalíferos y rocas de aplicación trepó 36% y la de minerales metalíferos avanzó 1,3 por ciento. En sentido contrario, los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural cayeron 15,3% en la comparación acumulada, mientras que la extracción de gas natural mostró una suba más moderada, de 1,2 por ciento.

El salto del litio

Dentro del segmento de minerales no metalíferos, el principal impulso provino de la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, categoría que incluye al litio junto con el boro y otros insumos. Ese índice acumuló un incremento de 54% en el primer semestre, con una incidencia determinante del carbonato de litio, cuyo índice específico subió 57,1% en el acumulado enero-junio.

En términos físicos, la producción de carbonato de litio también mostró una fuerte expansión. El informe del Indec precisó que en junio se extrajeron 11.987,1 toneladas de ‘Carbonato de litio’, que registra una suba de 59,1% respecto al mismo mes de 2025”, mientras que “el acumulado enero-junio de 2026 presenta un aumento de 49,4% respecto a igual acumulado del año anterior”.

De acuerdo con el organismo, el crecimiento del litio se explica por la mayor utilización de la capacidad instalada en los proyectos existentes y el avance de nuevas operaciones en producción.

Petróleo, sal y minerales metalíferos

El petróleo crudo fue el otro gran motor del semestre. Su índice acumuló una suba de 17,4% interanual, explicada casi por completo por la extracción no convencional, que creció 35,2% en el primer semestre de la mano de Vaca Muerta, mientras que la producción convencional cayó 8,8% en el mismo período. El gas natural, en cambio, mostró un comportamiento más moderado: su extracción no convencional subió 8,3% acumulado, pero la convencional retrocedió 10,9%.

Dentro de los minerales no metalíferos también se destacó la extracción de sal, que acumuló un crecimiento de 102,6% en el semestre, impulsada principalmente por la salmuera o solución saturada de sal, con una suba acumulada de 106,3%.

En el segmento de minerales metalíferos, la extracción de plata y oro y sus concentrados acumuló una suba de 1,4% en el primer semestre, mientras que el índice de bullón dorado/doré mostró un incremento más leve, de 0,9% acumulado. El conjunto de la categoría metalífera cerró el semestre con un alza de 1,3 por ciento.

El correlato en las exportaciones

El crecimiento de la producción minera tuvo su reflejo en el frente externo. Las exportaciones del sector alcanzaron los USD 4.742 millones entre enero y junio de 2026, un récord histórico para un primer semestre y un salto de 74,4% frente a igual período de 2025, según datos de la Secretaría de Minería difundidos por el Ministerio de Economía.

El litio también lideró ese salto exportador, con un incremento de 185% interanual en el valor vendido al exterior. Los minerales metalíferos avanzaron 58%, con subas de 51,2% en las exportaciones de oro y de 87,9% en las de plata. Entre los principales destinos de las exportaciones mineras sobresalieron China, con un aumento de 205%, Corea del Sur, con 196%, Canadá, con 95%, y Estados Unidos, con 90 por ciento.

Un récord de corto plazo

El IPI minero se mide desde enero de 2017, con base en el año 2016, cuando se realizó el último censo nacional a la actividad minera. El indicador toma como variables la producción en unidades físicas y las ventas a precios corrientes deflactadas de más de 600 establecimientos industriales mineros de todo el país.

Con el resultado de junio, el nivel general del índice llegó a 148,8 puntos, el registro más alto de toda la serie iniciada hace casi una década, en un semestre marcado por el impulso conjunto del litio, el petróleo no convencional y la extracción de sal. Ahora bien, aunque es un hecho que la actividad registrada por el sector minero en junio es la más alta de la que se tiene registro, técnicamente no se puede definir como “la más alta de la historia”, debido a la falta de datos comparables en años anteriores.

En Cuyo la minería dejó de discutir solo geología y normativa: hoy más de doscientos proyectos avanzan y el debate se trasladó a la logística. Roxana lo resume así, al hablar de los escenarios de transporte que hoy definen la viabilidad de esos proyectos hacia los puertos: “es casi imposible pensar que el éxito esté solo en el ferrocarril”. La combinación de rutas, puertos y certificaciones se volvió el centro de la conversación sobre el futuro del sector.

¿Cómo describirías la actualidad del sector minero en la región de Cuyo?

Estamos en un punto de inflexión en la minería de Cuyo, sobre todo en Mendoza. Durante años la discusión giró en torno a la geología y la normativa: qué se podía explorar y bajo qué régimen. Hoy esa discusión se trasladó a la logística, porque los proyectos mineros ya son una realidad.

En la provincia hay 250 proyectos mineros, de los cuales 65 ya tienen aprobación legislativa y 71 están en estudio de impacto ambiental. Frente a ese desarrollo, la clave pasa por evaluar la viabilidad del transporte del material desde los yacimientos hasta los puertos.

Mendoza tiene una posición estratégica por ser parte del Corredor Bioceánico Central, lo que la convierte en un punto logístico clave y en una oportunidad para pensar escenarios de importación de insumos y de exportación de minerales, tanto por el Atlántico como por el Pacífico.

¿Qué particularidades tiene el comercio exterior minero frente a otras industrias, y qué implica esto para los proveedores?

Hay una oportunidad enorme de desarrollo económico local en torno a la minería, que no queda solo en las grandes empresas sino que se derrama hacia pymes y emprendedores. En un proyecto de cobre en Mendoza, por ejemplo, ya hay 170 pymes inscriptas en un programa de formación, más del 60% de ellas de la propia comunidad local.

Ese desarrollo exige profesionalizar a los proveedores y aprender a gestionar el impacto ambiental. Por eso se promueve la capacitación en internacionalización y en el reporte de estándares internacionales, algo que le da a una pyme una ventaja competitiva para encontrar nichos en el mundo.

El proveedor local ya no compite solo con los proveedores habituales de los grandes proyectos, sino también con proveedores mineros chilenos, un país con más de cien años de experiencia en la explotación del cobre. El tratado minero entre Chile y Argentina, relanzado este año, favorece esos proyectos conjuntos.

Justamente sobre las certificaciones: ¿en qué otras industrias se puede aprovechar ese aval internacional para salir al mercado externo?

Es una pregunta clave, porque las certificaciones internacionales son el principal desafío en el proceso de internacionalización de una empresa. Cada una de ellas abre a su vez muchísimas oportunidades de negocio en distintos sectores, como la agroindustria, con foco en buenas prácticas agrícolas y en el cuidado de la huella hídrica y de carbono.

Todo eso apunta a la sostenibilidad de los proyectos: su impacto ambiental, económico, social y de gobernanza, que hoy prima a nivel global. La minería enfrenta una exigencia mayor en la trazabilidad ambiental, y esas certificaciones demuestran calidad y previsibilidad ante los grandes compradores. Por eso, desde la consultoría, se acompaña ese primer paso de la internacionalización.

Hablando de esa cadena de valor, ¿qué está pasando con el crecimiento del sector, tanto en volumen de negocio como en desarrollo de capacidades locales?

El programa de proveedores sostenibles en Mendoza está enmarcado en las exigencias de la Red Interamericana de Contrataciones Gubernamentales y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Eso le permite al sector competir en primer nivel y mostrarle al mercado europeo, en plena transición energética, que Argentina responde con proveedores y minerales de clase mundial.

¿Cómo se ve hoy el panorama logístico desde el lado de los proveedores que abastecen a la minería, pensando en el desarrollo del Corredor Bioceánico?

En infraestructura siempre hay una deuda: cuesta responder a toda la demanda del mercado. El plan minero nacional busca destrabar cuellos de botella en oro, plata, litio y cobre, pero ese horizonte todavía no es parte de la realidad con la que hoy se calculan los costos de estos movimientos de minerales.

Los proyectos mineros tienen un ciclo de vida de 15, 20 o 30 años, así que la clave está en combinar la infraestructura actual con lo que se necesita a futuro. Hoy es casi imposible pensar que el éxito esté solo en el ferrocarril, que es el ideal pero no es viable como único medio de transporte para la cantidad de proyectos que ya están en desarrollo.

Por eso la eficiencia logística de la industria minera hoy pasa por combinar lo multimodal con el ferrocarril y las salidas por el Pacífico y el Atlántico. Lo demás son escenarios de mediano y largo plazo que sí van a traer una mayor eficientización, pero que todavía requieren tiempo.

¿Cuáles son tus expectativas a mediano y corto plazo para la industria minera en Mendoza?

Soy 100% optimista. El crecimiento es real y ya se está viviendo: Mendoza es hoy protagonista de este desarrollo. La clave está en profesionalizar a los proveedores para que ese desarrollo capture el mayor beneficio económico posible, con mano de obra propia, pymes y emprendedores regionales.

La expectativa también pasa por consolidar el rol que la propia geografía del Corredor Bioceánico habilita: contar con una infraestructura adecuada para ser un polo de desarrollo logístico y regional, y lograr que la cadena de valor capture cada vez más ese desarrollo a nivel local.

Eso es lo que más me apasiona: que las oportunidades de mercado que hoy existen, con la minería en primer plano, se traduzcan en beneficio económico regional y en la posibilidad de mostrarle al mundo el talento y la calidad de servicio que tiene la pyme argentina.

Las exportaciones peruanas de bienes registraron un crecimiento interanual del 34% durante el primer semestre de 2026, logrando superar los USD 54.000 millones, la mayor cifra alcanzada por el país para ese periodo.

Así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que atribuyó este resultado a la consolidación de la oferta exportable en los principales mercados internacionales.

El titular de la cartera, Rogers Valencia, subrayó que este desempeño refleja el posicionamiento de los productos peruanos en el exterior.

El impulso minero y agropecuario sostiene el avance exportador

El informe del Mincetur señala que el crecimiento de las exportaciones se debió, principalmente, al dinamismo del sector minero, tanto en minerales metálicos como no metálicos.

Las ventas externas de este rubro sumaron USD 39.875 millones, con un incremento del 49% respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento se explicó por la mejora en los precios internacionales y el mayor volumen de productos como el cobre y el oro.

En el desglose por minerales, las exportaciones de cobre ascendieron a USD 18.563 millones, con una variación positiva del 42,8%, mientras que el oro generó USD 13.972 millones, con un alza del 59,2%.

El reporte del ministerio también destaca el crecimiento en las ventas de concentrado de plomo y plata (USD 2.981 millones, +113,3%) y de zinc (USD 1.438 millones, +15%).

El sector agropecuario también aportó al resultado global, con envíos que totalizaron USD 5.667 millones, lo que representó una expansión del 3,7%.

Entre los productos más demandados figuran las frutas, como el arándano (USD 453 millones, +48,7%), la uva (USD 789 millones, +16,9%) y la palta (USD 973 millones, +11,5%). El café sumó USD 325 millones (+7,7%), el etanol llegó a USD 72 millones (+91,7%) y la quinua alcanzó USD 78 millones (+21%).

Sectores químicos y forestales muestran avances sostenidos

El sector químico reportó un crecimiento del 8,6%, al registrar USD 1.040 millones en exportaciones. En este segmento destacaron las ventas de ácido sulfúrico (USD 77 millones, +33,1%), productos plásticos (USD 347 millones, +9%) y medicamentos (USD 44 millones, +2,5%).

Por su parte, el rubro forestal totalizó USD 35 millones en exportaciones, con un incremento del 7,9%. Esta tendencia evidencia la diversificación de la canasta exportadora del país, subrayó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Crece el número de exportadores, predominan las mipymes

De acuerdo con datos oficiales, tras el récord de 2025, cuando se contabilizaron 9.947 exportadores, la cantidad de empresas exportadoras continuó en aumento en los primeros seis meses de 2026.

El número llegó a 7.798, con una variación positiva del 2,4%. De este total, el 65% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que mantienen una presencia relevante en la actividad exportadora nacional.

Los principales mercados de destino y el desempeño bilateral

China se mantuvo como el principal socio comercial de Perú, con compras por USD 20.850 millones, un crecimiento del 38,7% respecto al mismo semestre del año anterior. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con un valor de USD 5.038 millones (+19,5%), seguido de la Unión Europea, que adquirió bienes peruanos por USD 4.819 millones (+12,1%).

El reporte del Mincetur también resalta el desempeño en otros mercados. Las exportaciones a India sumaron USD 5.407 millones, lo que representó un aumento del 208,9%. Canadá recibió bienes peruanos por USD 2.827 millones (+33,4%) y Suiza por USD 1.834 millones (+50,5%).

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo considera que estos resultados consolidan la posición de Perú como un proveedor relevante en el comercio internacional, impulsando sectores estratégicos y generando oportunidades para un mayor número de empresas nacionales.

La empresa Vicuña, la empresa a cargo del que se considera el mayor proyecto minero del país, avanza en la consolidación de su marco normativo en San Juan a partir de una serie de definiciones vinculadas con las obligaciones ambientales y financieras que rigen su operación.

En ese marco, Vicuña y el gobierno local firmaron un acuerdo de compromiso relativo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Según informó la compañía a través de un comunicado, el entendimiento incluye un aporte de USD 250 millones por parte de la minera para que el Estado sanjuanino realice obras de infraestructura.

En concreto, el documento establece un mecanismo para cumplir con las obligaciones financieras previstas en la DIA y para apoyar el desarrollo de infraestructura en San Juan. Al mismo tiempo, según remarcó Vicuña, “brinda mayor certeza sobre aspectos clave del desarrollo del proyecto”.

Qué dice el acuerdo

Entre los aspectos centrales del entendimiento se encuentra la estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto, aplicable a las propiedades mineras actuales y futuras de Vicuña dentro del alcance establecido en el convenio.

El acuerdo también dispone la creación de un fideicomiso a través del cual se gestionarán de manera transparente las contribuciones estipuladas en la DIA para financiar obras previamente acordadas. En ese marco, se estableció un pago anticipado de USD 250 millones a ese fideicomiso, con el objetivo de proveer fondos a la provincia de San Juan destinados a infraestructura.

A ese desembolso se suma una contribución del 1,5% de las ventas brutas, conforme a lo establecido en la DIA, cuyo pago comenzará en el sexto año de operaciones. Esta contribución funcionará como una fuente anual de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas, adicional a los fondos de regalías que se abonan cada año.

El acuerdo consolida, además, las obligaciones financieras establecidas en la DIA en un único mecanismo contractual, lo que según la compañía aporta mayor previsibilidad al desarrollo del proyecto. A esto se agrega el compromiso de la provincia de no imponer a Vicuña contribuciones adicionales de naturaleza análoga a la contribución de la DIA por ningún concepto relacionado con el proyecto, lo que brinda certeza de que el marco acordado representa la obligación definitiva y final derivada de esa declaración.

Sobre el alcance del entendimiento, el CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein, señaló: “Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia”.

Plazos y próximos pasos

De acuerdo con la compañía, la firma de este entendimiento marca la primera etapa de un proceso de acuerdos que continuará abordando otros aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto. El convenio queda sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial para convertirse en ley, y se prevé que el pago anticipado se complete a finales del cuarto trimestre de 2026.

Vicuña indicó que continuará trabajando junto al Gobierno de San Juan y las diversas partes interesadas para seguir desarrollando los acuerdos e iniciativas que respaldan el desarrollo del proyecto.

El gobierno de San Juan, por su parte, precisó que el acuerdo pone fin a una controversia administrativa iniciada en 2022 en torno al aporte previsto en la DIA, que hasta ahora permanecía objetado en sede administrativa. El convenio será enviado a la Cámara de Diputados provincial para su ratificación por ley.

Desde la gobernación destacaron que los fondos se destinarán a la ejecución de obras viales, hídricas, de saneamiento y de infraestructura pública antes de que la provincia comience a percibir regalías mineras.

El proyecto Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en la provincia de San Juan. La compañía impulsa además el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado también en San Juan y en la III Región adyacente, en Chile.

El proyecto prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, con un potencial de expansión hasta USD 18.000 millones, y fue incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Su desarrollo se realizará en tres etapas, con el inicio de la construcción previsto para 2027.

El proyecto se estructura en tres fases centradas en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con Chile, y prevé una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata una vez en plena operación.

Durante el pico de construcción, entre 2027 y 2030, el proyecto demandará alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos. En la etapa operativa sostendrá unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con la expectativa de que cerca del 90% de la mano de obra sea local. Cuando alcance su producción plena, el proyecto proyecta exportaciones por aproximadamente USD 6.000 millones anuales, un monto que, según el Gobierno provincial, equivale al total de las exportaciones mineras argentinas registradas en 2025.

El sector minero peruano enfrenta un escenario en el que la modernización eléctrica y la sostenibilidad se convierten en piezas clave para sostener su liderazgo en la región.

De acuerdo con el informe de Aggreko, titulado “La nueva ecuación de la minería en América Latina: los límites invisibles entre energía y operación. Informe 2026”, el país continúa figurando entre los principales productores globales de cobre, oro, zinc y plata, y la minería representa cerca del 10% del PIB y el 60% de las exportaciones nacionales.

Durante 2025, las exportaciones mineras peruanas marcaron un récord de USD 61,8 mil millones, consolidando la actividad como pilar económico.

Perú refuerza su liderazgo minero con récord de exportaciones

El contexto internacional, signado por la transición energética y la creciente demanda global de minerales críticos, ha puesto presión sobre la infraestructura nacional.

El informe de Aggreko subraya que el desafío principal para Perú radica en garantizar un suministro eléctrico confiable y suficiente para los polos mineros, especialmente ante la apertura de nuevos proyectos y la expansión de operaciones existentes.

En este sentido, el Plan de Transmisión 2023-2032 surge como una estrategia fundamental para interconectar las principales zonas mineras con la red nacional y los principales centros logísticos y de exportación.

Un plan eléctrico para sostener la producción y la industrialización

Este plan propone la construcción y modernización de grandes líneas eléctricas y subestaciones, permitiendo que varias minas utilicen una infraestructura troncal compartida en lugar de depender de circuitos aislados o de generadores propios.

Según el informe de Aggreko, esto no solo reduce costos y mejora la seguridad del suministro, sino que también facilita la transición hacia una minería más limpia, al permitir el acceso a energía renovable conectada a la red nacional.

El modelo troncal de interconexión permite sumar nuevas minas a las infraestructuras existentes, acelerando la integración industrial y la electrificación de procesos mineros.

Proyectos como Las Bambas y Quellaveco ya avanzaron en la certificación de consumo eléctrico renovable y en la adopción de tecnologías orientadas a la reducción de la huella de carbono.

Permisos, burocracia y sostenibilidad: los desafíos pendientes

El informe de Aggreko advierte que, pese a los avances, la competitividad futura de la minería peruana dependerá menos de la abundancia de recursos y más de la capacidad para modernizar permisos, acelerar la infraestructura y cumplir con exigencias sociales y ambientales cada vez más estrictas.

La burocracia en licencias y la minería informal siguen siendo obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos y la sostenibilidad del sector formal.

América Latina apuesta por redes eléctricas sólidas para la minería

El análisis de Aggreko revela que la problemática peruana se repite en otros países de la región. Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y México enfrentan la necesidad de transformar su potencial geológico en producción sostenible, apoyados en redes eléctricas sólidas y logística eficiente.

Las inversiones públicas en energía superaron los USD 50.000 millones en 2025, pero la velocidad y calidad de ejecución, así como la adaptación a la exigencia de menores emisiones, marcan diferencias entre países.

En Chile y Brasil, la obtención de permisos ambientales limita la expansión minera. Argentina vive el auge del litio y el retorno del cobre, lo que obliga a acelerar la integración energética.

Ecuador y México enfrentan retos ligados a la dependencia de una sola fuente energética y la vulnerabilidad ante sequías, lo que los empuja a buscar soluciones híbridas y sistemas autónomos para garantizar continuidad operativa.

Renovables, automatización y huella de carbono: nueva agenda regional

El informe de Aggreko concluye que la electrificación de operaciones, la automatización de procesos y el control de la huella de carbono serán factores decisivos para la competitividad futura.

La capacidad de integración industrial y el acceso a energía renovable definirán qué países logran capitalizar la demanda global de minerales críticos para la transición energética.

El avance del Plan de Transmisión peruano, en este contexto, aparece como un paso estratégico para sostener el liderazgo nacional dentro del nuevo escenario minero internacional.

Perú registró 1.662 petitorios mineros en todo el país al cierre de la tercera Jornada de Aviso de Retiro y Libre Denunciabilidad, organizada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

El proceso, desarrollado de manera simultánea en la sede central y en nueve órganos desconcentrados, atrajo la atención de empresas y personas interesadas en obtener derechos para explorar y explotar recursos minerales en diversas regiones.

La jornada concluyó sin observaciones y bajo estrictas condiciones de transparencia y seguridad jurídica, lo que reafirmó la confianza de los inversionistas en el sistema de concesiones mineras peruano.

Alta demanda minera en jornada nacional

La recepción de petitorios se inició a las 8:15 a. m., permitiendo la presentación de solicitudes sobre áreas cuyos derechos mineros se extinguieron conforme a la normativa vigente.

El evento incluyó la incorporación de 31 Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP), que abarcan más de 289.100 hectáreas con evidencias favorables de cobre, oro, hierro, plata y molibdeno.

Estas zonas, aunque presentan alto potencial geológico, quedan protegidas de nuevas solicitudes de concesión minera mientras mantengan ese estatus. La información generada sobre estas áreas constituye un insumo relevante para futuras políticas de inversión y desarrollo del sector.

La apertura oficial estuvo encabezada por el presidente ejecutivo (e) de Ingemmet, Denis Joel Tapia Rodríguez, quien destacó el valor del proceso para la transparencia y la promoción de inversiones responsables.

“Este proceso demuestra el compromiso del Ingemmet con la transparencia, la seguridad jurídica y la promoción de inversiones responsables, poniendo a disposición del país áreas con alto potencial geológico respaldadas por información técnica y científica”, afirmó.

Procedimiento y requisitos para solicitar una concesión

El desarrollo del procedimiento contó con la supervisión del notario público de Lima, Dr. César Aliaga, quien certificó la legalidad y transparencia de la jornada. La recepción simultánea en todo el país permitió que los interesados realizaran sus trámites de forma ordenada y coordinada.

Las áreas declaradas como ANAP, a pesar de su atractivo geológico, no están disponibles para nuevas concesiones mineras, lo que refuerza la protección de regiones estratégicas en el mapa de recursos minerales del país. Para quienes buscan iniciar el trámite de un petitorio de concesión minera, el proceso requiere cumplir una serie de requisitos y pasos:

Requisitos para presentar un petitorio minero en Perú:

• Verificar el área libre: Consultar el sistema Geocatmin o herramientas institucionales para asegurarse de que el área deseada no cuente con concesiones vigentes. En la Plataforma del Estado Peruano sobre Petitorios de Concesión Minera se encuentran las guías y detalles.
• Definir las coordenadas: El área solicitada debe estar comprendida entre 100 y 1.000 hectáreas, delimitada mediante cuadrículas mineras bajo coordenadas UTM WGS84, conforme a la Ley N° 30428.
• Reunir la documentación: Formulario o formato de solicitud de petitorio minero; Datos de identificación o inscripción jurídica y del representante legal; declaración Jurada de Compromiso Previo; y recibo original de pago por derecho de trámite (el monto referencial en sede de Ingemmet es de S/ 246.90)
• Presentar la solicitud: El trámite puede realizarse de manera presencial o a través de la ventanilla virtual o formulario electrónico.

¿Qué es el Ingemmet?

El Ingemmet es un organismo público del Estado peruano encargado de investigar la geología del país, administrar la información geocientífica y conducir el procedimiento ordinario minero.

Entre sus funciones principales está recibir y resolver los petitorios de concesión minera, que constituyen solicitudes formales para explorar o explotar recursos minerales en áreas específicas del territorio nacional.