La Prefectura Naval Argentina secuestró preventivamente cuatro lingotes de presunto oro, con un peso total de 2,576 kilogramos, que estaban ocultos en el depósito de agua de un inodoro fuera de uso, empotrado en la pared de un baño de uno de los inmuebles allanados en las últimas horas en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. El hallazgo volvió a poner bajo análisis el robo registrado en 2023 en una empresa minera de la provincia.

El material fue localizado durante procedimientos vinculados con otra investigación. Tras tomar conocimiento del hallazgo, el magistrado interviniente ordenó que los lingotes quedaran bajo secuestro preventivo, ante la posibilidad de que tengan relación con otro expediente que se encuentra en etapa de instrucción.

Además de los cuatro lingotes, el personal interviniente incautó elementos considerados de interés para la causa. La pesquisa deberá determinar el origen, la composición y la trazabilidad del metal para establecer si guarda relación con algún hecho previo.

Según las fuentes, la fuerza investiga una posible conexión entre lo secuestrado y el robo ocurrido en abril de 2023 en el proyecto Cap-Oeste de Patagonia Gold. Esa vinculación todavía no fue confirmada oficialmente.

El antecedente es el asalto a una minera ocurrido en Santa Cruz en 2023

Las averiguaciones incorporadas al expediente permitieron establecer que, durante 2023, una empresa minera de Santa Cruz sufrió un robo de gran magnitud. Los autores ingresaron a una bóveda y se llevaron lingotes de oro y plata.

El asalto tuvo lugar el 17 de abril de ese año en el proyecto Cap-Oeste, situado en el sector de La Bajada, departamento Río Chico. De acuerdo con los antecedentes difundidos por la compañía, fueron sustraídas barras de doré, una aleación obtenida en el procesamiento minero que contiene oro y plata. La empresa había estimado que el cargamento equivalía a unas 500 onzas de oro y luego ofreció una recompensa para recuperar 15 barras de mineral.

Los lingotes hallados llevan la inscripción “CERRO-BEND ALLOY”. De acuerdo con datos reunidos durante la investigación, ese tipo de identificación aparece en materiales utilizados en talleres, empresas de mantenimiento industrial, contratistas mineros y servicios asociados a radioprotección o medicina nuclear dentro de la provincia.

Sin embargo, una evaluación inicial de los investigadores indica que el material también podría ser oro refinado destinado a joyería. La hipótesis bajo análisis plantea que algunas firmas podrían rotular metales preciosos como otro tipo de insumo para exportarlos sin que sean identificados como tales, con el fin de eludir impuestos o controles de organismos públicos.

Esa posibilidad deberá ser corroborada mediante estudios técnicos. La inscripción por sí sola no permite establecer que los lingotes pertenezcan a Patagonia Gold ni que provengan del robo de 2023.

Las pericias buscarán determinar si existe relación entre ambos expedientes

El hallazgo se produjo en el marco de una causa cuya investigación principal está vinculada con la desaparición de un hombre en diciembre de 2025 en Caleta Olivia. La Prefectura realizó dos allanamientos y secuestró otros elementos, entre ellos teléfonos celulares, un vehículo, un equipo de grabación de cámaras de seguridad y vainas servidas.

La procedencia de los cuatro lingotes y su eventual relación con el robo a la minera quedarán sujetas a las pericias y a las medidas que disponga la Justicia. Hasta que esos análisis concluyan, el nexo entre el metal secuestrado y el asalto a Patagonia Gold permanece como una hipótesis de investigación.

Las exportaciones peruanas de productos vinculados a la inteligencia artificial alcanzaron los USD 169 millones 200 mil en 2025, una cifra que implicó un crecimiento de 16,6% frente al año anterior, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El resultado refleja el avance de una oferta asociada a los insumos, componentes y equipos que permiten el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.

Aun así, su participación dentro de las ventas externas del país todavía es reducida: por cada USD 100 exportados por Perú el año pasado, USD 0,19 correspondieron a bienes relacionados con esta cadena productiva.

El reporte “Perú en el comercio internacional de productos que facilitan el desarrollo de la industria de Inteligencia Artificial” indicó que estos despachos mantuvieron una tendencia ascendente durante las últimas dos décadas. Entre 2001 y 2025, registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 10,1%.

Perú se concentra en minerales y bienes intermedios para la cadena tecnológica

El jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla, señaló que el país participa sobre todo en el primer tramo de la cadena de valor de la inteligencia artificial, debido a su papel como proveedor de recursos minerales empleados en la elaboración de hardware.

La inserción peruana también abarca algunos bienes intermedios, aunque todavía tiene una presencia limitada en las etapas de mayor transformación tecnológica. Entre ellas figuran la infraestructura de computación en la nube, la generación y procesamiento de datos para el entrenamiento de sistemas, el desarrollo de modelos fundacionales y las aplicaciones dirigidas a usuarios finales.

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cadena de valor de la IA está integrada por cinco segmentos vinculados entre sí. Tras la provisión de minerales y componentes, se ubican los centros de datos y empresas de almacenamiento y procesamiento de información. Luego aparecen los datos de entrenamiento, los modelos fundacionales —como GPT, Claude, BERT y Llama— y, finalmente, las plataformas y aplicaciones de uso masivo.

Arrieta Padilla sostuvo que el crecimiento de esta industria elevará la demanda de bienes que forman parte de ese circuito internacional. Para el especialista, el desafío consiste en aprovechar las capacidades exportadoras existentes y ampliar de forma progresiva la participación en actividades que incorporen mayor valor agregado.

El sector químico explicó casi USD 100 millones de los envíos

La oferta vinculada a la inteligencia artificial estuvo compuesta por productos de cinco sectores y fue exportada por 1.325 empresas, equivalentes al 14% del total de firmas exportadoras peruanas.

El sector químico lideró las ventas con USD 99 millones 500 mil. En este grupo sobresalieron las cajas, los artículos destinados al transporte y otras manufacturas elaboradas con plástico. La metalmecánica ocupó el segundo lugar con USD 67 millones 600 mil, impulsada por aparatos de telecomunicación, conductores eléctricos de cobre, computadoras portátiles y tarjetas madre.

Estados Unidos fue el principal mercado de destino, con compras por USD 43 millones 100 mil. Le siguieron Chile, con USD 27 millones 400 mil; México, con USD 25 millones 400 mil; Colombia, con USD 17 millones 100 mil; Bolivia, con USD 14 millones 200 mil; y Ecuador, con USD 13 millones 300 mil.

Asia concentró más de dos tercios del comercio mundial asociado a la IA

Las exportaciones globales de productos que facilitan el desarrollo de la inteligencia artificial llegaron a USD 3,8 billones en 2025, tras una expansión de 17% respecto de 2024. Entre 2002 y 2025, el crecimiento promedio anual fue de 8,1%.

Asia concentró el 67,6% de las ventas mundiales, con USD 2,8 billones. Europa exportó USD 715 mil 700 millones y América, USD 499 mil 200 millones. Las importaciones globales, en tanto, totalizaron USD 4 billones, con Asia también como principal región compradora.

China encabezó las exportaciones, seguida por la Unión Europea, Taipéi Chino, Hong Kong y Estados Unidos. Los circuitos electrónicos integrados, las unidades de procesamiento digital y las partes para máquinas automáticas concentraron los mayores montos de comercio internacional.

Catamarca es una de las provincias argentinas que forma parte del Triángulo del Litio, una zona en la Puna de Sudamérica —compartida entre la Argentina, Bolivia y Chile— que concentra la mayor parte de las reservas mundiales del mineral al que se lo conoce como “oro blanco”.

Este mes, la provincia será el epicentro la minería de litio ya que cuatro proyectos inaugurarán plantas y ampliaciones productivas durante el mes, con una inversión combinada que ronda los USD 2.000 millones.

El gobernador Raúl Jalil lo celebró en sus redes sociales durante la semana. “Este mes Catamarca dará un paso histórico: cuatro grandes proyectos de litio inaugurarán nuevas plantas y ampliaciones productivas en nuestra provincia”. El mandatario vinculó el avance con el marco regulatorio vigente: “Hoy, con herramientas como el RIGI, Catamarca atrae proyectos de escala mundial que fortalecen nuestro lugar en la transición energética”.

Hoy, con herramientas como el RIGI, Catamarca atrae proyectos de escala mundial que fortalecen nuestro lugar en la transición energética (Jalil)

La primera inauguración del mes llegó el 6 de octubre, cuando la minera surcoreana Posco puso en funcionamiento la segunda planta del proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en el límite entre Salta y Catamarca. La nueva instalación tiene capacidad para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología convencional, destinada a baterías y sistemas de almacenamiento energético.

Rio Tinto tiene previstas dos aperturas adicionales para el tramo final de octubre:

1. La puesta en marcha de una nueva planta en el proyecto Sal de Vida, con una capacidad prevista de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
2. La expansión Fénix 1B en el Salar del Hombre Muerto, también en la provincia de Catamarca, que llevará la capacidad de producción de ese proyecto a 38.000 toneladas anuales.

Esta semana, la empresa informó que ya destinó más de USD 1.800 millones a proveedores argentinos en el conjunto de sus operaciones locales. En Fénix 1B, el 99% de lo adjudicado durante el último periodo informado correspondió a empresas nacionales, con Catamarca como concentradora de USD 153,6 millones, según datos de la compañía.

En tanto, la minera australiana Galan Lithium prevé inaugurar durante octubre la planta del proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW), también localizado en el Salar del Hombre Muerto, con una proyección de 5.000 toneladas anuales. La fecha exacta aún no fue confirmada por la empresa.

En forma paralela, Galan Lithium firmó un convenio de contribución directa al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras por USD 300.000, destinado al financiamiento de obras de adecuación y nuevo trazado de la Ruta Provincial N° 43. La empresa también tiene presencia en el RIGI: Hombre Muerto Oeste figura entre los 13 proyectos mineros aprobados bajo el régimen, con una inversión total informada de USD 292 millones.

El sector comprometió USD 25.230 millones bajo el RIGI

Más allá de las inauguraciones de las plantas de aquellos proyectos que ya están bajo el marco regulatorio del RIGI, la semana pasada, durante la visita del presidente Javier Milei a París, el Comité Evaluador del régimen aprobó el ingreso de Minera Alumbrera-Agua Rica (MARA), de Glencore, con una inversión estimada de USD 4.000 millones.

Con esa incorporación, los proyectos mineros bajo el régimen pasaron a 13 y la inversión total asociada trepó a USD 25.230 millones.

MARA es un proyecto de gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno ubicado en Catamarca. Utilizará la infraestructura existente de Alumbrera para el procesamiento del mineral.

La compañía prevé desembolsar USD 771 millones durante los primeros dos años, con inicio de obras en noviembre de 2027 y puesta en operación en octubre de 2031. La producción promedio proyectada es de 200.000 toneladas anuales de cobre, con exportaciones estimadas en USD 2.167 millones por año.

San Juan concentra más de la mitad del capital minero aprobado bajo el RIGI

El capital aprobado no se distribuye de manera uniforme en el territorio: San Juan concentra cuatro proyectos y USD 13.510 millones —más de la mitad del total—, traccionados principalmente por Vicuña y Los Azules.

Catamarca tiene presencia en seis proyectos aprobados: MARA, Tres Quebradas, Fénix, Hombre Muerto Oeste y Diablillos —con jurisdicción total o parcial en la provincia— y Sal de Oro II, compartido con Salta. Si se contabiliza el monto completo de cada iniciativa con presencia en Catamarca, el total asociado asciende a USD 6.844 millones.

En agosto de 2026, el Índice de Producción Industrial Minero creció 8,4% interanual y acumuló un alza de 7,9% en los primeros ocho meses del año (Indec)

Salta concentra el proyecto Rincón, con USD 2.744 millones, más su participación territorial en Diablillos y Sal de Oro II. El total asociado llega a USD 4.055 millones. Jujuy cuenta con la Ampliación Cauchari-Olaroz (USD 1.241 millones) y Mendoza con PSJ Cobre Mendocino (USD 891 millones).

El cobre también ganó peso dentro del régimen. Con Vicuña, Los Azules, PSJ Cobre Mendocino y MARA, ya son cuatro los grandes proyectos cupríferos aprobados, que en conjunto concentran más de la mitad del capital minero total.

El sector llega a este momento con viento a favor: en agosto de 2026, el Índice de Producción Industrial Minero creció 8,4% interanual y acumuló un alza de 7,9% en los primeros ocho meses del año, con el indicador de tendencia-ciclo en un nuevo máximo histórico, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La minería ocupa un lugar relevante en la economía de San Juan, tanto por su capacidad exportadora como por el entramado de actividades que se desarrolla alrededor de las operaciones. En ese contexto, Veladero cumple 21 años de actividad con un impacto que se extiende más allá de la producción de oro, a través del empleo, la contratación de bienes y servicios, los aportes fiscales y el desarrollo de infraestructura.

Desde que comenzó a operar en 2005, la mina generó aproximadamente US$13.600 millones de valor para la Argentina. Según los datos de la compañía, de ese total, unos US$8.600 millones correspondieron a compras de bienes y servicios en el país, US$3.700 millones a impuestos y US$1.200 millones a salarios directos.

El empleo es otro de los indicadores de su actividad. Actualmente, la operación cuenta con 2.476 trabajadores entre personal directo y contratistas. El 90% es oriundo de San Juan y cerca del 30% proviene de Iglesia y Jáchal, los dos departamentos vecinos al yacimiento.

Una red de proveedores que acompaña el crecimiento de la actividad

A lo largo de estas dos décadas, la operación contribuyó a consolidar una cadena de valor integrada por empresas que brindan servicios y suministros para la minería de gran escala. En la actualidad, 343 empresas proveedoras de la región participan de la actividad de Veladero, con experiencia y capacidades desarrolladas para responder a las exigencias del sector.

La formación de recursos humanos también forma parte de este proceso. La articulación con universidades e instituciones educativas busca acercar a estudiantes y futuros profesionales a una industria que requiere conocimientos técnicos específicos y perfiles cada vez más especializados.

En paralelo, la participación femenina en la actividad minera muestra avances. Actualmente, las mujeres representan el 16,5% de los colaboradores de Veladero. Además, desde 2022, el programa de formación de operadoras de camión capacitó a 196 mujeres para desempeñarse en puestos operativos.

Estas iniciativas se inscriben en un escenario en el que la disponibilidad de trabajadores calificados y el desarrollo de capacidades locales resultan relevantes para sostener las operaciones y ampliar las oportunidades laborales vinculadas con la minería.

Los aportes a la provincia y las obras de infraestructura

El impacto económico de Veladero también se refleja en los recursos destinados a San Juan y en las inversiones asociadas con el desarrollo de infraestructura. De acuerdo con la información de la compañía, los aportes realizados a través del fideicomiso con la provincia superaron los US$51 millones, destinados a acompañar iniciativas de desarrollo e infraestructura.

La operación también realizó contribuciones para financiar obras vinculadas con el sistema eléctrico provincial, entre ellas la interconexión Mendoza–San Juan y la línea Nueva San Juan–Rodeo. Estas conexiones contribuyeron a fortalecer la infraestructura energética y a ampliar la capacidad disponible para acompañar nuevos proyectos productivos y mineros.

Junto con las inversiones, la relación con las comunidades cercanas constituye otro de los ejes de trabajo. En Iglesia y Jáchal funcionan mecanismos de participación como los monitoreos ambientales participativos y nueve Comités de Desarrollo Comunitario, espacios de articulación orientados a identificar prioridades locales y trabajar sobre iniciativas de interés para la población.

Una nueva etapa de inversión para Veladero

El aniversario número 21 encuentra a la operación con nuevos proyectos en desarrollo. En 2025, Veladero presentó ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) una iniciativa para ampliar las fases 8 y 9 de su sistema de lixiviación. El proyecto contempla una inversión aproximada de US$400 millones y recibió la aprobación en marzo de 2026.

La ampliación apunta a incrementar la capacidad productiva de la operación y dar continuidad a su actividad. Al mismo tiempo, supone una oportunidad para aprovechar los recursos humanos, los proveedores y la infraestructura que se consolidaron en San Juan durante más de dos décadas de explotación minera.

En ese escenario, la evolución de Veladero está vinculada tanto con las inversiones necesarias para sostener la producción como con la capacidad de mantener una red de trabajadores y empresas locales que participan de la actividad.

A 21 años de su puesta en marcha, Veladero mantiene un papel relevante en la economía minera argentina, con efectos que se expresan en el empleo, las compras a proveedores, los aportes fiscales y la infraestructura de San Juan. La continuidad de sus operaciones y los proyectos de expansión plantean nuevos desafíos para una actividad cuyo impacto también se mide en las capacidades que logra desarrollar en su entorno.

La semana pasada estuve en París, en la Argentina Week, el encuentro que el Gobierno argentino organizó para atraer inversores, con el presidente Milei y sus ministros. Esta semana estoy en Buenos Aires, donde he hablado con muchos empresarios y economistas. Este artículo surge de esas dos semanas. Soy optimista con la Argentina. Este es mi escenario realista si Milei gana en 2027 y mantiene el rumbo.

Si termina su segundo mandato en diciembre de 2031, veo una Argentina con una economía entre un 22 % y un 34 % mayor que la de 2026. Sumado a lo que ha crecido desde que asumió, sería entre un 29 % y un 42 % más grande que la de 2023. Para eso tiene que crecer entre el 4 % y el 6 % anual durante cinco años. ¿Es mucho pedir? Argentina ya lo hizo: entre 1991 y 1998 creció cerca del 6 % anual de media, con la recesión de 1995 por la crisis mexicana incluida.

La población casi no crece, así que el PIB por habitante aumentaría prácticamente en la misma proporción. En dólares, el PIB pasaría de unos 690.000 millones a cerca de un billón, y el PIB por habitante de unos 14.800 dólares a más de 21.000.

Donde veo el cambio más grande es en las exportaciones. Este año rondarán los 100.000 millones de dólares y en 2031 pueden estar entre 140.000 y 160.000 millones. La diferencia sale de Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas de Neuquén, y de la minería de cobre, litio y oro.

El petróleo ya es el primer producto de exportación del país: casi 4.700 millones de dólares en el primer semestre de este año. A finales de 2026 empieza a funcionar el oleoducto Vaca Muerta Sur, 437 kilómetros de tubería entre Allen y Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro, que sacarán al mar el petróleo de Neuquén. Arranca con 180.000 barriles diarios y llegará a 550.000 en 2027. Horacio Marín, el presidente de YPF, calcula que en 2030 se exportarán 750.000 barriles diarios, unos 20.000 millones de dólares al año. Esa cuenta sale con el barril cerca de 73 dólares; a 63 serían 17.000 millones.

El gas llega después. Southern Energy, el consorcio de Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar, va a instalar dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, en Río Negro, uno a finales de 2027 y otro a finales de 2028. Entre los dos producirán 6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, unos 2.500 millones de dólares al año. Un tercio ya está comprometido durante ocho años con SEFE, la energética estatal alemana. YPF prepara con socios internacionales un proyecto el doble de grande, Argentina LNG, de otros 12 millones de toneladas, que al mismo precio serían unos 5.000 millones al año. Es lo menos seguro de todo lo que cuento para 2031.

Petróleo, Southern Energy y Argentina LNG suman unos 27.500 millones. Marín proyecta bastante más para toda la energía: entre 50.000 y 58.000 millones hacia 2030 o 2031. Es la proyección de una empresa y exige más producción, más oleoductos, más plantas de licuefacción y precios altos. El Banco Central calcula 34.000 millones en 2030.

La minería exportó 6.075 millones en 2025 y la Cámara de Empresas Mineras espera superar los 9.000 este año. Para 2030, la Secretaría de Minería proyecta 15.411 millones, y la Cámara Minera junto con la Bolsa de Comercio de Rosario, 18.500. El litio pasaría de 911 millones a 4.534, el oro subiría hasta 5.697 y el cobre, que hoy no se exporta, aportaría unos 4.600. El cobre es el que más cuesta: hacen falta 41.000 millones de dólares de inversión en minas que tardan años en construirse.

El agro es el que menos crece porque ya es grande. Exportó unos 52.000 millones en 2025 contando toda la agroindustria. La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta para la campaña 2026/27 un récord de 42.200 millones solo en granos y derivados, con una cosecha de 155,8 millones de toneladas. Ese récord se debe a los precios: este año la soja ha subido un 27 %, el trigo un 45 % y el maíz un 21 %. Para 2031 calculo entre 55.000 y 60.000 millones.

Sumo energía, minería, agro y el resto de la industria que, sin contar la minería, exportó unos 18.000 millones en 2025 y que calculo entre 20.000 y 25.000 en 2031. Con la cifra de energía del Banco Central, el total ronda los 130.000 millones. Con la de YPF está entre 140.000 y 160.000, que es mi rango. Un país que exporta 150.000 millones es mucho menos vulnerable a la falta de dólares, que ha estado detrás de casi todas las crisis argentinas. Siguen contando las importaciones, los pagos de deuda y los movimientos de capital, pero con ese nivel de exportaciones Argentina tendría mucho más margen que hoy.

La inflación va a cerrar este año cerca del 30 %, igual que en 2025, la pobreza ha vuelto a subir del 28,2 % al 32,3 % y la actividad cayó un 2,9 % en julio respecto de junio. Para llegar a 2031 como lo describo, hace falta que la inflación baje a un dígito, cosa que veo hacia 2028 o 2029, y que la pobreza caiga hasta el 20 %. Eso último es lo más difícil de todo, porque exige empleo fuera del petróleo y de las minas.

El riesgo país, la sobretasa que paga la deuda argentina sobre la de Estados Unidos, estaba en 430 puntos en julio y ha saltado por encima de 600. Buena parte de esa subida se debe al miedo a que el kirchnerismo vuelva en 2027. Si Milei gana, buena parte de ese miedo desaparece. Los inversores seguirán mirando las reservas, los pagos de deuda y lo que pase después de 2031. Con ocho años de superávit fiscal y reservas que crecen con las exportaciones, veo el riesgo país entre 150 y 250 puntos, donde están hoy México y Brasil. La agencia S&P califica hoy la deuda argentina con B-, seis escalones por debajo del grado de inversión, la nota que exigen muchos fondos de pensiones y aseguradoras para comprar la deuda de un país.

La bolsa argentina vale unos 80.000 millones de dólares, el 12 % del PIB. La media del resto de América Latina es el 36 %. Con un PIB de un billón y un mercado del 30 % al 36 % del PIB, la bolsa valdría entre 300.000 y 360.000 millones, unas cuatro veces más que hoy. Buena parte de ese aumento vendría de empresas que hoy no cotizan y de ampliaciones de capital, así que el Merval, el índice de la bolsa de Buenos Aires, subiría menos que el valor total del mercado. Con beneficios que crecen al ritmo del PIB en dólares y un riesgo país mucho más bajo, veo razonable que el Merval se duplique en dólares.

Este es mi escenario realista. Depende de que Milei gane en 2027, mantenga el rumbo y la economía crezca entre el 4 % y el 6 % anual en los cinco años siguientes. Creo que la Argentina puede conseguirlo.

El economista explicó que el crecimiento del PBI argentino proyectado para este año, por debajo del 1,5%, esconde una fuerte disparidad entre sectores. “El PBI tiene una virtud que sintetiza lo que ocurre en la economía, aunque esta no exista, porque es un conjunto de actividades heterogéneas”, señaló Rapetti. Según el experto, el indicador funciona bien cuando describe un crecimiento generalizado, pero no cuando el promedio esconde realidades opuestas.

Rapetti distinguió entre los sectores que crecen a tasas de dos dígitos anuales, como el energético y el minero, y aquellos que atraviesan el estancamiento o la caída, como la industria. “Hay sectores como el energético y minero que por sí solos van volando a una tasa de dos dígitos anuales, y después hay sectores que están estancados o en caída, como la industria”, detalló.

Para el director de Equilibra, el dato agregado del PBI no alcanza para caracterizar lo que ocurre en la economía argentina actual. “Cuando se habla de que crece el PBI, tal vez no está caracterizando bien lo que ocurre”, afirmó.

El economista ubicó el fenómeno en una perspectiva de largo plazo. Según Rapetti, la Argentina no crece desde 2011 y no genera empleo neto desde entonces. “La actividad económica medida por habitante cae desde 2011”, sostuvo, y agregó que la tendencia de fondo muestra una economía estancada, más allá de los vaivenes anuales.

El economista trazó un paralelismo con la “década perdida” que se atribuyó a varios países latinoamericanos en los años 80. “Argentina, por el momento, con independencia de los gobiernos, lleva más de una década perdida. Si se mira el PBI per cápita, la producción por habitante, está más bajo que en 2011”, remarcó.

Rapetti diferenció el actual ciclo de crecimiento de otros procesos expansivos de la economía argentina. “En los procesos de crecimiento, cuando la actividad y el PBI crecen y crecen los ingresos, crece el empleo”, explicó. Sin embargo, según analizó, el empleo privado formal se contrajo y el ingreso de los trabajadores registrados cae, mientras aumenta el empleo informal, principalmente a través del monotributo.

El economista reconoció que el Gobierno tiene fundamentos para sostener que la economía crece, dado que el PBI se expandió en 2025 y proyecta un crecimiento moderado este año, con la posibilidad de una nueva suba en 2027.

Un “milagro económico” limitado a algunas provincias

Rapetti consideró que el equipo económico enfrenta limitaciones para un análisis desapegado de la coyuntura política. “El equipo económico no tiene la facilidad o la posibilidad de ser analítico, en el sentido de que están jugando un partido y están tratando de influenciar a los tomadores de decisión, por lo que tratan de mostrar los datos más positivos”, sostuvo.

Pese a esa observación, el economista no desconoció la magnitud del fenómeno en los sectores vinculados a los recursos naturales. “Es evidente que es una economía donde claramente están pasando cosas muy potentes en los sectores de petróleo, gas y minería, y efectivamente las cosas van bien”, afirmó. “Si la Argentina fuera Neuquén, estaríamos hablando de un milagro económico, y es un país mucho más grande que eso”, agregó, en referencia a la provincia donde se concentra buena parte de la producción de Vaca Muerta.

Según Rapetti, en el Gobierno prevalece la idea de que el dinamismo de la minería y la energía resulta suficiente para traccionar al conjunto de la economía. “Ellos entienden que lo que está pasando en minería y energía basta por sí solo para que toda la economía finalmente se termine expandiendo”, explicó, a la vez que cuestionó esa lectura por la escala demográfica del país. “Si tenés un país tan grande como la Argentina en términos de población, no podés pensar que solamente con esos sectores vas a poder tener un despegue sostenible”, concluyó.

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La persecución policial y las concesiones mineras avanzan de forma paralela en el Territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua. Fundación del Río denunció que 33 habitantes mayangnas fueron requeridos por la Policía Nacional, mientras ocho lotes de minería industrial cubren parte de sus tierras.

La información publicada por Diario La Prensa señala que las concesiones abarcan 39,674.81 hectáreas, equivalentes al 24.22% del territorio indígena. La organización advirtió que este proceso ocurre junto con las detenciones de guardabosques voluntarios y el hostigamiento contra liderazgos comunitarios.

La Policía investiga a indígenas mayangnas en un contexto de persecución contra los grupos de guardabosques que protegían áreas comunitarias desde 2016. A la vez, la entrega de lotes a empresas mineras amenaza caseríos y zonas de cultivo de varias comunidades del Territorio Mayangna Sauni As, según Fundación del Río.

La Policía requirió información sobre 33 habitantes mayangnas

El listado compartido por Fundación del Río incluye los nombres de 33 personas requeridas por la Policía Nacional. La mayoría son indígenas mayangnas y varios integraban los grupos de guardabosques voluntarios que operaban dentro del territorio.

El documento, revisado por Diario La Prensa, tiene membrete de la Policía y corresponde a un certificado de registro solicitado por la Dirección de Auxilio Judicial.

El texto señala que la institución investiga delitos relacionados con asesinato, homicidio, robos con intimidación, secuestro, extorsión, amenazas, posesión ilegal de armas e incendio. También solicita información individual de las personas incorporadas al registro.

Fundación del Río sostuvo que el requerimiento policial forma parte de una estrategia de persecución contra miembros de las comunidades indígenas. La organización vinculó estas investigaciones con el acoso a quienes resguardaban el territorio frente a distintas amenazas.

Ocho guardabosques mayangnas siguen detenidos en La Modelo

Dentro de la lista figuran ocho guardabosques voluntarios que fueron detenidos y condenados arbitrariamente entre 2021 y 2023, de acuerdo con Fundación del Río. Los indígenas permanecen recluidos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.

Entre los detenidos están Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Arquivaldo Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y los hijos de este último, Oliver y Evertz Bruno.

Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, indicó que los ocho guardabosques se encuentran en condiciones críticas de reclusión. La entidad situó sus casos dentro de la persecución contra los tres grupos de vigilancia comunitaria.

Estas estructuras estaban conformadas por habitantes indígenas que vigilaban sectores de ríos y zonas comunitarias. La organización afirmó que su formación respondió a la necesidad de defender distintas áreas del territorio desde 2016.

Los grupos protegían sectores de los ríos Kuahbul, Waspuk y Kun Kun

El grupo Saubí tenía a su cargo los sectores del río Kuahbul. Los hermanos Celso Lino lideraban esta agrupación y ambos se encuentran detenidos.

El grupo Nawa Sani, cuyo nombre significa Tigre Negro, protegía Waspuk Arriba. Era considerado parte de los guardabosques del Gobierno Territorial Indígena.

Gustavo Sebastián Lino, presidente territorial y dirigente de Nawa Sani, era afín al Gobierno. Según la información difundida, el líder también está detenido.

El grupo Kun Kun resguardaba el sector del río del mismo nombre. Rodrigo Bruno Arcángel lideraba a sus integrantes antes de su detención arbitraria.

La lista policial incluye a 14 guardabosques de Kun Kun, tres integrantes de Nawa Sani y dos miembros de Saubí. El documento también menciona a otros liderazgos mayangnas que no eran considerados guardabosques voluntarios.

Fundación del Río denunció divisiones dentro de las comunidades

“Esta represión también ha logrado fracturar las relaciones internas de la comunidad”, afirmó Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, en el documento divulgado por la organización.

El dirigente sostuvo que el régimen aprovechó relaciones ya existentes para sustituir la solidaridad comunitaria por dinámicas de desconfianza y confrontación. Su valoración fue recogida por Diario La Prensa.

Ruiz consideró que las detenciones y las investigaciones responden a una estrategia para utilizar a ciertos indígenas, descartar a otros y enfrentar a grupos de las mismas comunidades.

El presidente de la organización señaló que esa situación afectó a las familias y al tejido espiritual del pueblo mayangna. La preocupación, añadió la entidad, se incrementó ante la expansión de la minería industrial.

Una empresa china obtuvo el lote minero Jade

A inicios de septiembre, Linze Excelente Minería, Sociedad Anónima, una empresa china, recibió el lote minero Jade. La concesión tiene una superficie de 26,205.75 hectáreas.

De ese total, 26,065.59 hectáreas se superponen con el Territorio Mayangna Sauni As. Fundación del Río alertó que la medida afecta áreas habitadas y productivas de varias comunidades indígenas.

La concesión atraviesa caseríos y tierras de cultivo de Betlehem, Nazareth y Padriwas. También amenaza las áreas destinadas a cultivos en Winpulu, Kauhmáwas y Sabawas.

Con esta adjudicación, el número de lotes mineros dentro del territorio llegó a ocho. Tres están en manos de empresas chinas, cuatro fueron entregados a una compañía colombiana y uno pertenece a una empresa nicaragüense vinculada al régimen.

Fundación del Río advirtió que el avance de estas concesiones elevó el nivel de preocupación entre los habitantes mayangnas. La entidad denunció que la presión policial y el desarrollo minero inciden sobre las mismas comunidades que organizaban la protección de sus tierras.

El Poder Ejecutivo presentó un crédito suplementario de S/ 8.228 millones para financiar la continuidad de obras, servicios sociales, inversiones públicas y medidas de prevención ante el fenómeno El Niño.

Del total, S/ 581 millones se destinarán a intervenciones vinculadas con emergencias y reducción de vulnerabilidades frente a este evento climático.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, expuso la propuesta ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que los recursos permitirán atender prioridades en educación, salud, agua y saneamiento, agricultura, transporte, seguridad ciudadana y programas sociales.

Educación y salud concentran parte de los recursos para enfrentar el fenómeno El Niño

El proyecto considera S/ 762 millones para el mantenimiento de 12.054 locales educativos, con el objetivo de reducir los riesgos que enfrentan ante lluvias intensas y otros efectos asociados al fenómeno El Niño.

También asigna S/ 691 millones a prestaciones de salud, dentro de las políticas de aseguramiento universal y atención integral de la anemia.

La iniciativa incluye S/ 516 millones para kits escolares dirigidos a más de 1,2 millones de estudiantes en situación de pobreza. Esa partida también contempla recursos para el mantenimiento preventivo de mercados de abastos y acciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

En infraestructura básica, el crédito suplementario prevé S/ 380 millones para inversiones de agua y saneamiento. A ello se suman S/247 millones para el mantenimiento de infraestructura de riego menor y otras intervenciones del sector agrario, en un contexto en el que la prevención climática figura entre las principales prioridades presupuestales.

Pensión 65 y Llamkasun Perú recibirán fondos adicionales

Los programas sociales dispondrán de S/ 304 millones. El monto incluye una subvención adicional de S/ 350 para los usuarios de Pensión 65, además de recursos para adquirir y distribuir cocinas y utensilios destinados a comedores populares y ollas comunes.

El Ejecutivo también planteó S/ 201 millones para Llamkasun Perú, programa orientado a generar empleo temporal mediante actividades de intervención pública.

De acuerdo con el MEF, estas asignaciones buscan garantizar la continuidad de servicios y atender a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Cuba indicó que el 46,2% de los recursos se financiará con recursos ordinarios, principalmente por una mayor recaudación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Según explicó, ese resultado está asociado al aumento del precio del cobre y al dinamismo de la actividad económica. El 53,8% restante provendrá de operaciones oficiales de crédito mediante la emisión de bonos soberanos.

El Metro de Lima y otras obras en marcha recibirán S/ 1.038 millones

El crédito suplementario incorpora S/ 1.038 millones para obras e inversiones del sector Transportes y Comunicaciones.

Entre los proyectos mencionados figuran la Línea 2 del Metro de Lima, concesiones ferroviarias, el Puente Chulucanas, la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente San Francisco, además de otras intervenciones en distintas regiones.

Durante su presentación, el ministro señaló que el producto bruto interno creció 3,1% entre enero y julio de 2026. Agregó que, en agosto, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses se ubicó en 1% del producto bruto interno.

“La posición fiscal permite atender prioridades adicionales a través de un crédito suplementario, preservando el cumplimiento de la regla de déficit fiscal”, afirmó Cuba.

En la exposición participaron también los titulares de Defensa, Desarrollo e Inclusión Social, Producción, Transportes y Comunicaciones, Salud, Interior y Educación.

El Ministerio de Economía lanzó la primera Ronda de Negocios RIGI, un encuentro que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre en Rosario, con el objetivo de conectar a empresas proveedoras de bienes, servicios, tecnología y obras con los grandes proyectos de inversión adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa se da en un momento en que el régimen ya tiene 23 proyectos aprobados con compromisos de inversión por casi USD 49.766 millones y otros 24 en evaluación que suman USD 159.480 millones adicionales.

El encuentro, organizado por la cartera que conduce Luis Caputo, está dirigido tanto a proveedores nacionales de todos los sectores como a las denominadas “empresas tractoras” —los grandes proyectos de minería, industria e infraestructura que forman parte del régimen—. El objetivo es que ambas partes tomen contacto directo, conozcan los cronogramas de inversión previstos y detecten oportunidades de abastecimiento actuales y potenciales. La participación no tiene costo y las inscripciones están abiertas: los proveedores pueden anotarse hasta el 13 de octubre, mientras que las empresas tractoras tienen plazo hasta el 8 de octubre.

La UIA respaldó la medida

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró el anuncio y lo calificó como una oportunidad para que el entramado productivo del país capture parte de los desembolsos que generan esos emprendimientos, en un momento en el que la industria es uno de los sectores más golpeados por el nuevo modelo económico. “Celebramos la iniciativa anunciada por el ministro de Economía sobre las Rondas de Negocios RIGI para vincular a los proyectos de inversión con proveedores locales”, señaló la entidad que conduce Martín Rappallini en un comunicado, al momento de la confirmación del evento. La organización destacó que el esquema forma parte de un trabajo conjunto con el Ministerio y subrayó que las grandes inversiones “pueden y deben generar oportunidades para todo el entramado productivo argentino”.

El respaldo de la UIA, sin embargo, llega en un contexto de fuerte contracción manufacturera. La actividad industrial acumula una caída del 2,6% en lo que va del año, con una utilización de la capacidad instalada del 58,2% en julio, según el último dato disponible. La inclusión de las empresas locales en los grandes proyectos del régimen era uno de los pedidos más fuertes de la industria a Caputo.

En este escenario, el ministro de Economía destacó que el impacto del RIGI en el entramado productivo local ya se puede ver y que el 86% de lo invertido bajo el régimen se destinó a empresas nacionales; a su vez, remarcó que ya se movilizaron más de 1.200 proveedores en todo el país.

Los 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador —que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía— representan compromisos de inversión que se extienden hasta 2055 y proyectan la creación de 108.450 empleos directos e indirectos. El mayor peso corresponde al sector minero, con 12 proyectos, seguido por petróleo y gas, con 7. Completan la nómina 2 emprendimientos de energía eléctrica, 1 de siderurgia y 1 de infraestructura.

La cartera económica prevé que esos proyectos ya aprobados aporten USD 7.737 millones durante 2026 y 2027. A eso se suma el pipeline de 24 proyectos en evaluación, que acumulan compromisos por USD 159.480 millones adicionales y proyectan 134.732 empleos más. En conjunto, el universo RIGI —aprobados y en evaluación— ya supera los USD 209.000 millones en inversión comprometida o potencial.

Qué exige el compre local

Detrás del lanzamiento de las rondas de negocios hay una tensión normativa que la iniciativa busca, al menos en parte, descomprimir. La Ley Bases, que incorporó el RIGI en 2024, establece que todo proyecto adherido debe presentar un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales y comprometerse a contratar proveedores argentinos por al menos el 20% del monto total destinado al pago de proveedores, tanto durante la construcción como en la etapa operativa. Esa exigencia rige cuando existe oferta local en condiciones de precio y calidad.

Hay, sin embargo, una distinción conceptual clave: para el RIGI, “proveedor local” significa proveedor argentino, no necesariamente de la provincia donde está radicado el proyecto. Si un emprendimiento minero se localiza en Salta y contrata a una empresa de Córdoba, esa operación puede computar dentro del 20% nacional, aunque no satisfaga el compre local salteño.

Eso genera una diferencia sustancial con los regímenes provinciales vigentes, que en varios casos superan ampliamente ese piso del 20%. Salta, por ejemplo, tiene un esquema progresivo de entre 40% y 70% según la etapa y magnitud del proyecto, y exige que el 80% de la nómina del proveedor tenga domicilio real en la provincia. Catamarca fija una exigencia del 70% para empresas mineras, con la condición adicional de que al menos el 50% de los integrantes de las UTE sean proveedores locales. Jujuy también establece un piso del 70% y requiere que el 70% de la nómina tenga domicilio en la provincia —un punto especialmente relevante para los proyectos de litio—.

Neuquén fija un objetivo del 60% para proveedores neuquinos certificados en aquellos rubros con oferta local disponible, un esquema que adquiere particular relevancia por Vaca Muerta pero que también alcanza a la actividad minera. Santa Cruz, establece que el monto contratado con proveedores santacruceños inscriptos en el RUPAE no puede ser inferior al 50% del total, con una preferencia adicional cuando la cotización local es hasta 15% superior a una oferta externa. Río Negro creó un régimen que incluye explícitamente a los proyectos RIGI y fija un piso del 60% para contrataciones de bienes, servicios y obras con proveedores rionegrinos —norma relevante para proyectos como Calcatreu—.

El caso de San Juan es el más complejo. El régimen anterior establecía una exigencia del 75%, pero en julio de 2026 la provincia aprobó una nueva Ley de Desarrollo Local Minero que reemplaza el esquema de cupos por un mecanismo de incentivos y crédito fiscal, con metas de 60% de proveedores locales y 80% de mano de obra provincial. Al cierre de esta nota, la norma se encontraba aún en proceso de reglamentación.

El debate de fondo

Más allá de los porcentajes, el interrogante central que subyace a toda esta discusión es si la industria argentina tiene la escala, la complejidad y la competitividad que exigen las operaciones mineras, energéticas e infraestructurales contempladas en el régimen. Un relevamiento conjunto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario expuso que las exigencias de contenido local del RIGI se superponen con los distintos esquemas de compre provincial, lo que genera incertidumbre en las decisiones de inversión.

Según ese informe, el sector no cuestiona la preferencia por proveedores locales en sí misma, sino que advierte que la oferta disponible puede no alcanzar la escala, la calidad o la competitividad que exigen las grandes operaciones mineras que hoy suman unos USD 40.000 millones en proyectos presentados bajo el régimen.

La propuesta del sector apunta a avanzar en la regulación de las certificaciones de seguridad, sustentabilidad y cumplimiento normativo, para que las empresas argentinas puedan convertirse en proveedoras calificadas bajo los estándares que exigen las mineras.

La UIA, por su parte, sostiene que “las empresas argentinas tienen capacidades, conocimiento y experiencia para formar parte de los grandes proyectos de inversión” y definió tres ejes que, a su criterio, requieren un avance articulado: la integración de la cadena productiva, el desarrollo de proveedores locales y la infraestructura necesaria para que el crecimiento de la economía se traduzca en más capacidades productivas en todo el territorio.

Las exportaciones mineras alcanzaron los USD 6.059 millones entre enero y agosto, apenas USD 15 millones por debajo del récord anual de USD 6.074 millones registrado durante todo 2025. Con este resultado, el sector ya concretó el 99,8% de las ventas externas del año pasado y marcó un nuevo máximo histórico para un período de ocho meses.

En agosto, las ventas al exterior de productos mineros sumaron USD 652 millones, un 43,3% más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado de los primeros ocho meses, el crecimiento interanual llegó al 65,7%.

Además, el monto exportado entre enero y agosto se ubicó un 141,8% por encima del promedio registrado para el mismo período entre 2010 y 2025, según el informe mensual de la Secretaría de Minería.

La aceleración también se refleja en la actividad. En julio, la explotación de minas y canteras registró una expansión interanual del 8,4%, ubicándose entre las ramas con mayor incidencia positiva sobre el nivel de actividad, en un mes en el que el EMAE tuvo una contracción del 1,4% interanual.

“La magnitud del crecimiento permite dimensionar la aceleración del sector: mientras que el año pasado fue necesario acumular doce meses para alcanzar el récord, en 2026 prácticamente se igualó esa marca en apenas dos tercios del año”, destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El oro y el litio explican buena parte del salto

Los minerales metalíferos concentraron la mayor parte de las exportaciones. Entre enero y agosto generaron USD 4.472 millones, un 47,4% más interanual y equivalentes al 73,8% del total exportado por la minería.

Dentro de este grupo, el oro fue el principal producto, con USD 3.623 millones y una participación del 60% sobre las exportaciones mineras. Sus ventas crecieron 42,8% interanual. La plata, en tanto, aportó USD 726 millones, con una suba del 64,1%.

El litio mostró una expansión todavía más pronunciada. En los primeros ocho meses del año, las exportaciones alcanzaron los USD 1.467 millones, un 190,5% más que en igual período de 2025. El mineral explicó el 24,2% de las ventas mineras totales y alcanzó el mejor registro histórico para un período enero-agosto.

A diferencia de otros productos, el crecimiento no estuvo explicado únicamente por los precios: las cantidades exportadas aumentaron 56,8% interanual.

En agosto, además, el litio alcanzó un récord mensual de exportaciones, con USD 157 millones, un 134,2% más que un año atrás. El informe oficial atribuye este incremento principalmente a la suba de los precios internacionales.

Minería, cada vez más relevante para las divisas

En agosto, los productos mineros representaron el 8,7% de las exportaciones totales del país, mientras que en el acumulado de los primeros ocho meses explicaron el 9,2%.

Los principales destinos también muestran una elevada concentración. Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur recibieron en conjunto el 79% de las exportaciones mineras acumuladas entre enero y agosto, por un total de USD 4.798 millones. En este grupo, los minerales metalíferos representaron el 72% de las ventas durante los primeros ocho meses.

Suiza fue el principal destino, con USD 1.891 millones y una participación del 31% del total. Le siguieron China, con USD 1.546 millones (26%); Estados Unidos, con USD 1.039 millones (17%); y Corea del Sur, con USD 321 millones (5%).

La BCR destacó que el resultado “consolida a la minería como uno de los sectores con mayor expansión de las exportaciones argentinas y refuerza su creciente relevancia dentro de la generación de divisas”.

Según la entidad, si el ritmo observado durante los primeros ocho meses se mantiene, 2026 terminaría por encima del máximo de 2025, aunque el resultado final dependerá de la evolución de los volúmenes exportados y de los precios internacionales durante el último cuatrimestre. Sus proyecciones indican que las ventas externas del sector podrían llegar a USD 18.500 millones en 2030 y a USD 35.000 millones en 2035.

El récord exportador convive con el nivel más alto de Inversión Extranjera Directa (IED) registrado por la minería argentina. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el stock de IED del sector alcanzó los USD 24.849 millones en marzo de 2026, frente a los USD 22.049 millones del trimestre anterior.

En apenas dos años, el monto se duplicó: en marzo de 2024 era de USD 12.402 millones. A su vez, en septiembre de 2019 se ubicaba en USD 8.361 millones, por lo que la inversión extranjera acumulada en la minería casi se triplicó en menos de siete años.

Aunque todavía lejos del pico de 2022, cuando la invasión de Rusia y el inicio de la guerra en Ucrania llevó los precios de los alimentos a la estratósfera, el precio mundial de la soja, que traducido a pesos en el mercado local tocó el máximo de los últimos tres años, está jugando muy a favor del gobierno de Javier Milei, como también lo están haciendo los precios del petróleo -multiplicados por el fortísimo aumento de la producción de Vaca Muerta- y de la minería.

Hace dos meses Infobae destacó una elaboración del consultor Miguel Angel Broda que mostró que el gobierno disfrutaba -y lo sigue haciendo- de los mejores términos de intercambio -la relación entre el precio de los bienes que exporta e importa un país- de los últimos 125 años.

Julián Folgar, un economista argentino que trabaja en el Banco Mundial, agregó a la serie una distinción por colores de los distintos períodos políticos. “126 años de términos de intercambio argentinos en un gráfico: estamos en el máximo histórico — por encima incluso del boom agroexportador de 1910 y del pico sojero de 2011. Nunca vendimos tan caro relativo a lo que compramos”, señaló, en un posteo en la red X.

Ahí se aprecia que la soja ha sido históricamente peronista y hasta podría decirse que anti-radical, si se tienen en cuenta los picos y pisos del precio internacional de la leguminosa y de los términos de intercambio de la economía argentina que coinciden, respectivamente, con gobiernos del PJ y de la UCR.

De hecho, en una entrevista que le hicieron los periodistas Jacobo Timerman, Sergio Villarruel y Roberto Maidana el 3 de septiembre de 1973 a Juan Domingo Perón veinte días antes de que la fórmula Perón-Perón se impusiera con el 62% de los votos en las elecciones presidenciales convocadas tras la renuncia de Héctor Cámpora, al que el propio Perón le había bajado el pulgar, el viejo general menciona la entonces casi desconocida “soya” como un potencial arma argentina en la “guerra por las proteínas”.

Perón mencionaba también que el país podía aspirar a una cosecha anual de 200 millones de toneladas de trigo y a un rodeo de 150 millones de vacas (cifras que aún hoy lucen inalcanzables), hacía un comentario sobre los “todavía indígenas” que hoy le reprocharía el wokirchnerismo y respondía a una observación mordaz de Timerman sobre un presunto romance de peronismo con la Sociedad Rural.

Lo cierto es que en términos de intercambio Milei disfruta hoy de mejor suerte que la ya muy buena que le tocó históricamente al peronismo, porque a los precios internacionales de la soja y de las commodities agropecuarias suma los del petróleo, que ahora juegan a favor, gracias a Vaca Muerta, y de la minería, en particular la del oro, que por valor total es aún hoy el principal mineral de exportación de la Argentina.

Pero en economía los efectos positivos suelen tener contrapartida. Los altos precios del petróleo y la energía presionaron al alza la inflación en EEUU, que a contramano de los deseos de Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, debió tolerar no solo un primer aumento de la tasa de política monetaria que la Fed encabezada por Kevin Warsh, designado por Trump, ya dispuso, sino también un fuerte aumento de las tasas de los bonos del Tesoro, hastalos niveles más altos de los últimos 22 años: 5,28% en el caso de los bonos a diez años y 5,61% en el caso de los bonos a 30 años.

Tasa “libre de riesgo” + riesgo país

Esas son las tasas base (supuestamente “libres de riesgo”) a los que se agrega el “riesgo país” que deben pagar otros emisores de deuda “soberana”. En el caso de la Argentina, son poco más de 640 puntos (6,4%) adicionales, lo que llevaría a tener que pagar cerca de 11,7% para emitir un bono en dólares a diez años. Una tasa altísima. El hecho es que el gobierno argentino debe afrontar en 2027 vencimientos por más de USD 21.000 millones, un desafío, más allá del “programa financiero” que presentó y de la “bazuca” que presume tener para afrontarlos y disipar cualquier especulación o corrida en contra.

Términos de intercambio y tasas de interés son las dos variables externas que más influyen sobre la suerte de los gobiernos latinoamericanos, en particular sobre el “voto económico”, esto es, la decisión de los ciudadanos de evaluar una gestión según la situación económica que atraviesa el país.

A suerte y verdad

Daniela Campello y Cesar Zucco, politólogos brasileños, publicaron en 2016 un paper, Presidential Success & the World Economy (Éxito presidencial y economía mundial), en el que afirman que la influencia del combo precios y tasas internacionales de interés es ignorada por los votantes, que atribuyen la situación vigente en sus países enteramente a la pericia o impericia del gobierno de turno.

La conclusión, que extendieron en un libro de 2020, The Volatility Curse (La maldición de la volatilidad), es que la volatilidad hace que los gobiernos sean evaluados y juzgados en función de variables que no controlan. Según Campello y Zucco, el resultado de una elección no mide tanto la competencia o calidad de las políticas de un gobierno como su suerte ante el ciclo global, lo que tiene efectos perversos tanto sobre sus motivaciones como sobre los resultados electorales.

El kirchnerismo, por caso, tuvo a favor hasta 2008 un ciclo alcista de la soja y los productos agrícolas, bajas tasas de interés internacionales e incluso la sobrevaluación del real, que determinó un fuerte aumento del PBI brasileño en dólares y un fenomenal efecto de tracción sobre la economía argentina. Tras una pausa entre 2008 y 2009 los precios volvieron a jugar a favor hasta principios de 2012, y ahí se acabó la magia.

El gobierno de Mauricio Macri, según se aprecia en el gráfico de Folgar, tuvo términos de intercambio favorables y tasas bajas, pero abusó del crédito internacional hasta que una sequía y el cambio de humor en Wall Street lo dejaron súbitamente a la intemperie.

El de Alberto Fernández y Cristina Kirchner tuvo términos de intercambio aún mejores, pero soportó al inicio el impacto negativo de la pandemia, que potenció con su cuarentena XXL, ni restructurando la deuda bajó el riesgo-país de los 1.000 puntos, sus errores hicieron que incluso los altísimos precios a favor por la guerra en Ucrania fueran insuficientes y una sequía le empeoró aún más la retirada.

Hasta ahora, el gobierno de Milei tuvo a su favor los mejores términos de intercambio en 125 años, como muestra el gráfico del principio, pero le empiezan a jugar en contra las tasas internacionales y una incipiente retracción de las economías desarrolladas.

Eso sí: al menos por ahora la soja se convirtió al mileísmo, aunque históricamente haya sido peronista.

Las exportaciones peruanas estuvieron asociadas a más de 1 millón 513 mil empleos directos en el periodo anualizado entre agosto de 2025 y julio de 2026, un aumento de 7,6% frente a los 12 meses previos, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El avance del indicador estuvo impulsado por la minería, la agroindustria y el agro tradicional. Sin embargo, el resultado general convivió con una caída del empleo en 12 de los 15 sectores analizados, entre ellos joyería, confecciones, maderas y metalmecánica.

Los puestos vinculados a las exportaciones equivalen al 32,3% del empleo formal privado

El reporte “Empleo asociado a las exportaciones – julio 2026” calculó 786 mil 308 empleos vinculados a envíos no tradicionales y 727 mil 355 relacionados con productos tradicionales.

Mientras el empleo del rubro tradicional creció 27,6%, los puestos asociados a las exportaciones no tradicionales retrocedieron 6% frente al periodo de agosto de 2024 a julio de 2025.

El Banco Central de Reserva del Perú informó que, a julio de 2026, el país contaba con 4 millones 700 mil empleos privados formales, 6,1% más en comparación con un año antes. Bajo esa referencia, los puestos directamente relacionados con las exportaciones representaron 32,3% del total.

La agroindustria y la minería concentraron casi 1,1 millones de puestos de trabajo

La agroindustria lideró la generación de empleo exportador, con 575 mil 827 puestos, seguida por la minería, con 484 mil 866, y el agro tradicional, con 225 mil 678.

Los tres rubros concentraron 84,9% de los empleos asociados a las ventas al exterior. El reporte atribuyó este resultado a la demanda por arándanos, paltas, uvas, espárragos y mangos, además de café y azúcar. También incidieron los envíos de cobre, oro, cinc, hierro, molibdeno y plomo.

Pese a ese impulso, solo agro tradicional, minería primaria y pesca y acuicultura cerraron el periodo con una variación positiva. Los dos primeros sectores crecieron 29,4%, mientras pesca y acuicultura avanzó 8,4%.

Joyería, confecciones y pesca tradicional registraron las mayores caídas

La joyería encabezó las contracciones, con una reducción de 75,1% en los empleos directos asociados a sus exportaciones. Le siguieron la pesca tradicional, con una caída de 20,7%, las confecciones, con 14,6%, las maderas, con 12,7%, y la metalmecánica, con 12,5%.

El comportamiento de los sectores muestra una concentración del crecimiento del empleo exportador en actividades primarias y agroindustriales, mientras varias ramas manufactureras registraron descensos en sus puestos asociados a los despachos internacionales.

Estados Unidos fue el principal destino por empleos asociados a los envíos

Estados Unidos encabezó la lista de mercados que más puestos de trabajo directos generaron en el Perú, con 365 mil 133. La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con 307 mil 162, seguida por China, con 293 mil 843.

Canadá aportó 70 mil 593 empleos e India 68 mil 017. En términos de crecimiento interanual, Australia registró la mayor expansión, con 153,2%, seguida por India, con 64,5%, y China, con 25,9%.

Por continentes, Asia fue el principal generador de puestos asociados a las exportaciones, con 474 mil 346. América del Norte registró 468 mil 223, Europa 371 mil 092, América Latina 172 mil 959, Oceanía 21 mil 719 y África 5 mil 114.

La costa concentró siete de cada 10 empleos ligados a las exportaciones

La costa, incluida Lima y Callao, concentró 73,1% de los empleos exportadores. Ocho de sus 11 regiones elevaron sus cifras: Arequipa, Áncash, Tacna, Tumbes, Moquegua, Lambayeque, La Libertad e Ica.

La zona andina reunió 23,9% del total y la Amazonía 2,9%, pese a abarcar cerca de 60% del territorio nacional. Lima lideró el ranking regional con 289 mil 596 empleos, seguida por Ica, La Libertad, Cajamarca y Piura.

Este domingo 4 de octubre, millones de peruanos elegiremos a nuestras nuevas autoridades regionales y municipales. Es una decisión clave: de ella dependerá, en buena medida, cómo se administren los recursos de nuestras ciudades y regiones. Y en muchas de ellas, una parte importante de estos recursos provienen de la minería.

En 2025, la actividad minera transfirió a los gobiernos regionales y locales más de S/ 10,045 millones por canon, regalías y derecho de vigencia. Y en lo que va de 2026, esa cifra ya fue superada: según el Boletín Estadístico Minero del Minem, las transferencias acumulan S/ 13,095 millones, un máximo histórico.

Pero hay una pregunta que debemos hacernos: ¿estos mayores recursos se están convirtiendo en mayor bienestar para los ciudadanos?

Áncash es, por lejos, la región que más canon recibe: S/ 2,226 millones en lo que va de 2026, el 17% del total nacional, y también lideró en 2025. Sin embargo, en el Índice de Progreso Social Regional 2026 de Centrum PUCP, ocupa el puesto 10, con un puntaje de 60.5 sobre 100, dentro de la categoría “Medio Bajo”, mostrando que todavía existen importantes brechas en servicios básicos como salud, agua, saneamiento y vivienda.

El contraste con Moquegua resulta interesante. Esta región lidera el Índice de Progreso Social Regional 2026, con 66.6 puntos, y es la única que alcanza la categoría “Medio Alto”. Destaca, entre otros aspectos, en educación, nutrición y agua y saneamiento. Es, además, la quinta región más beneficiada por el canon y las regalías mineras, con el 8.6% de las transferencias mineras a nivel nacional en 2026.

La comparación deja una lección importante: mayores ingresos no necesariamente representan mejores niveles de bienestar para la ciudadanía. El verdadero desafío está en la capacidad de gestión y ejecución de las regiones y municipios, para que estos recursos se conviertan en obras y servicios que respondan a las necesidades de la población.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), en los últimos diez años solo se ha ejecutado el 66% del presupuesto proveniente del canon y las regalías mineras. A ello se suma que, según ComexPerú, en 2025 quedaron sin ejecutar más de S/ 10,000 millones de inversión pública, mientras los gobiernos locales alcanzaron una ejecución promedio de 74%.

Por eso, este domingo no solo debemos evaluar cuánto promete cada candidato, sino qué capacidad de gestión tiene para ejecutar y generar resultados. Necesitamos autoridades con planes de gestión claros, propuestas técnicamente sustentadas y capacidad para convertir el presupuesto disponible en las obras que nuestros territorios necesitan.

También necesitamos una mayor coordinación entre los gobiernos locales, regionales y el Gobierno nacional para impulsar inversiones conjuntas y alineadas con las prioridades de desarrollo de cada territorio. Y, desde luego, autoridades probas, con un firme compromiso de lucha contra la corrupción. Solo en 2025, la Fiscalía logró cerca de 2,000 condenas por corrupción de funcionarios.

Elegir bien también significa exigir capacidad, integridad y resultados. Porque el desafío no es solamente generar más recursos, sino lograr que los que ya tenemos se conviertan en inversión, cierre de brechas y mejores oportunidades para los ciudadanos.

Solo así el canon dejará de ser una cifra y podrá convertirse en verdadero desarrollo regional.

Desde París, Francia - El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, anunciaron en París un acuerdo para desarrollar el Proyecto Agua Rica, en Catamarca, durante la visita del mandatario a Francia. El Comité Evaluador aprobó el ingreso de la iniciativa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Se trata de una inversión de USD 4.000 millones.

El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2027 y la operación comenzaría en octubre de 2031. La construcción, destacó la minera, generaría hasta 3.500 puestos de trabajo, mientras que la etapa operativa contempla 1.250 empleos directos y 3.750 indirectos.

De la inversión de capital inicial del proyecto, los USD 4.000 millones mencionados, USD 771 millones se ejecutarán durante los primeros dos años, financiados mediante aportes de capital y deuda de Glencore. Su producción promedio alcanzaría 200.000 toneladas de cobre al año, con exportaciones estimadas en USD 2.167 millones anuales destinadas por completo a mercados internacionales.

Agua Rica utilizará infraestructura existente: el mineral será procesado en la planta de Alumbrera y trasladado por un mineraloducto hasta Tucumán. Desde allí, será transportado por tren hasta el puerto de Rosario.

La iniciativa también contempla obras vinculadas con rutas, energía y agua, además de medidas para impulsar el empleo local y las cadenas de valor de la región. El proyecto pertenece a Minera Agua Rica, compañía de Glencore.

Ayer, en la primera jornada de Argentina Week, Nagle participó de uno de los paneles en la OCDE y remarcó que “sin el RIGI, no hay forma de que El Pachón sea un negocio”.

En un diálogo con el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el CEO aseguró que “cuando comparás la Argentina post RIGI con sus competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, Argentina se vuelve más competitiva. El capital no conoce fronteras”.

También se refirió a los costos y los beneficios de la estabilidad económica: “Nos lleva cuatro, cinco, seis años hacer un agujero de USD 4.000 millones en el suelo. Si el país cambia las reglas del juego después de eso, no podés levantar tu agujero y mudarlo a otro país”. Ambos factores, dijo, son “el facilitador clave para que Glencore pueda invertir entre USD 14.000 y USD 20.000 millones en la Argentina en los próximos diez años”.

Nagle también habló de las inversiones en energía que se necesitan para el sector. “Eso es absolutamente crítico, poder tener energía, acceso a la energía. El sector privado puede construir, pero las condiciones tienen que estar, la estabilidad, la confianza, los retornos de capital tienen que estar también para permitir que se construya esta infraestructura”, expresó.

El crecimiento de la producción energética y minera empieza a modificar una geografía exportadora argentina históricamente marcada por el complejo agroindustrial. La aparición de nuevos volúmenes de carga desde la Patagonia y las provincias cordilleranas abre otra discusión: cómo conectar esos puntos de producción con los puertos y mercados internacionales de manera competitiva.

El cambio ya comienza a reflejarse en el comercio exterior. Las exportaciones mineras alcanzaron en 2025 un récord de 6.037 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 29,2%, según informó la Secretaría de Minería. El oro aportó 4.078 millones de dólares y el litio otros 905 millones.

La transformación del perfil exportador fue uno de los temas que atravesó el III Congreso de Comercio Internacional de la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), donde especialistas en comercio exterior, energía, infraestructura y logística analizaron las condiciones necesarias para acompañar un escenario en el que esos sectores podrían ganar mayor protagonismo.

Santiago López Osornio, economista y exsubsecretario de Planeamiento Energético de la Nación, destacó que el país cuenta con recursos que van desde Vaca Muerta y los desarrollos offshore hasta el litio y el cobre, además del potencial de otras fuentes energéticas.

Durante su exposición citó proyecciones del Ministerio de Economía que ubican el saldo comercial potencial de energía y minería en 35.000 millones de dólares hacia 2029. Más allá del cumplimiento final de esa estimación, López Osornio sintetizó la tendencia al señalar que “el sector energético y minero se encamina a gravitar de otra manera en el comercio internacional”.

Nuevas cargas, nuevos corredores

El fenómeno no implica solamente exportar más. También supone que nuevos territorios comiencen a ganar relevancia dentro de la red logística utilizada para conectar la producción argentina con los mercados externos.

Vaca Muerta, los proyectos mineros del oeste del país y las futuras operaciones asociadas al petróleo, gas, litio o cobre presentan requerimientos diferentes de transporte, almacenamiento y salida al exterior. Parte de esas cadenas se originan lejos de los grandes corredores que históricamente concentraron los flujos agroexportadores.

En esa ampliación del mapa, Luis Abot, especialista con trayectoria en actividades portuarias y transporte, puso el foco en la dimensión marítima. Durante su exposición señaló que el crecimiento de los minerales y el oil & gas incorpora nuevos puntos de salida y mencionó particularmente al Golfo San Matías dentro de esa transformación. También estimó que los fletes vinculados al comercio exterior argentino rondan los 6.000 millones de dólares anuales.

El desarrollo de esos polos, agregó, también demandará una estructura de servicios alrededor de las nuevas operaciones. Remolcadores, buzos, empresas de apoyo y recursos humanos especializados forman parte, según planteó, de un área logística que empieza a cobrar mayor relevancia a medida que avanzan esos proyectos.

La aparición de nuevas geografías no elimina, sin embargo, la centralidad de los corredores tradicionales. La Vía Navegable Troncal concentra aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas y reúne cerca de 60 terminales portuarias a lo largo de su recorrido, de acuerdo con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

Puertos frente a un comercio más exigente

La discusión también alcanza a las terminales portuarias. Federico Carlos, gerente de Excelencia de Procesos de una terminal portuaria de contenedores, señaló durante el Congreso que los cambios en los flujos internacionales obligan a los puertos a prepararse para escenarios cada vez más dinámicos.

Según explicó, conflictos internacionales pueden modificar las rutas utilizadas por los buques y terminar repercutiendo sobre la operatoria local. Para Carlos, esa realidad obliga a estar preparados “en términos de infraestructura” frente a movimientos que muchas veces se originan lejos de Argentina pero repercuten sobre sus cadenas logísticas.

A ese escenario se suma la transformación tecnológica de las terminales. Carlos comparó la situación sudamericana con puertos altamente automatizados de otras regiones y remarcó que los inversores observan especialmente dos variables: “productividad y costo”. También destacó el avance de inteligencia artificial, video analytics, automatización y operaciones remotas como herramientas para elevar la eficiencia en el movimiento de contenedores.

En Argentina, la infraestructura fluvial también atraviesa cambios. La nueva concesión de la Vía Navegable Troncal contempla trabajos de profundización e incorporación de tecnología para mejorar las condiciones de navegación y permitir una mayor capacidad de carga de los buques.

Infraestructura física y procesos

Pero la competitividad de los nuevos corredores no dependerá exclusivamente de rutas, puertos o vías navegables. Fernando Furci, gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina, puso el foco en otra capa del comercio exterior: los procesos que acompañan el movimiento de las cargas.

Furci sostuvo que es necesario continuar profundizando la facilitación, digitalización y armonización entre distintos organismos y niveles de gobierno. De lo contrario, planteó, la operatoria seguirá enfrentando procedimientos complejos y trámites difíciles de integrar.

Su planteo incorpora una dimensión adicional al desafío logístico: si energía y minería generan nuevos flujos hacia los mercados internacionales, la capacidad para absorberlos no dependerá solamente de contar con infraestructura física, sino también de agilizar los circuitos que permiten que esas cargas efectivamente salgan del país.

En esa misma línea, Alejandro Wolf, especialista en transporte marítimo y logística internacional, recordó que la logística argentina también está expuesta a acontecimientos externos que pueden alterar fuertemente sus costos. Al repasar el salto de los fletes durante la pandemia, sostuvo que las empresas deben “incorporar información actualizada de lo que pasa en el resto del mundo” para anticipar esos impactos.

La logística antes de la exportación

Uno de los conceptos que atravesó las exposiciones fue que el comercio exterior no comienza cuando una mercadería llega al puerto.

“El comercio exterior es el final de una larga cadena”, resumió López Osornio. Según explicó, antes de la exportación aparecen la inversión y, incluso antes de ella, la planificación necesaria para otorgar previsibilidad a proyectos que, en energía y minería, requieren horizontes de largo plazo.

Ese planteo permite ampliar el foco desde los recursos naturales hacia las condiciones necesarias para movilizarlos. Rutas, ferrocarriles, ductos, terminales, servicios marítimos y procesos de comercio exterior pasan a formar parte de una misma ecuación a medida que aumenta la producción destinada a los mercados internacionales.

El cambio, por lo tanto, no supone reemplazar los corredores tradicionales sino incorporar nuevas geografías a la red exportadora argentina. El complejo agroindustrial continuará ocupando una posición central, pero el crecimiento de hidrocarburos y minerales agrega zonas productivas con requerimientos diferentes y, en algunos casos, nuevos puntos de salida hacia el exterior.

Si esa tendencia se consolida, el desafío logístico dejará de estar únicamente en absorber mayores volúmenes. También estará en conectar un mapa productivo más disperso, preparar infraestructura para nuevas cargas y adaptar los servicios y procesos que las acompañan.

En ese sentido, el auge de energía y minería empieza a generar un cambio que trasciende a ambos sectores: la geografía de las exportaciones se amplía y, con ella, también debe hacerlo la red logística que las sostiene.

Compañía de Minas Buenaventura informó que inversionistas de China, Reino Unido, Japón, Chile y Estados Unidos han mostrado interés en participar en el desarrollo de Trapiche, su proyecto de cobre ubicado en la región Apurímac. La empresa mantiene conversaciones con potenciales socios mientras avanza en los estudios de factibilidad de la iniciativa.

El presidente del directorio de Buenaventura, Roque Benavides, señaló que todavía no existe un acuerdo con alguna compañía. La estrategia de la minera pasa por completar los estudios necesarios para elevar el valor del proyecto antes de definir una eventual alianza.

“Hemos conversado con diversas compañías interesadas y aún no hemos concretado. Lo que estamos haciendo nosotros es avanzar con los estudios de factibilidad del proyecto, a fin de agregarle valor”, indicó Benavides.

Trapiche apunta a iniciar producción entre 2031 y 2032

El proyecto Trapiche, localizado en Apurímac, está orientado a la producción de cobre y requerirá una inversión superior a USD 2.000 millones, según las estimaciones expuestas por el ejecutivo.

Buenaventura prevé que la operación pueda entrar en etapa productiva entre 2031 y 2032. La compañía busca incorporar un socio que acompañe el financiamiento y desarrollo de una iniciativa que figura entre los proyectos mineros en evaluación dentro de la macroregión centro del país.

El interés de empresas de cinco países coincide con una etapa en la que la minera busca definir el futuro del activo. La compañía no identificó a las firmas que participan en las conversaciones ni precisó un plazo para concretar una asociación.

Benavides será expositor en Andesmin 2026, encuentro programado entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre en el Centro de Convenciones Canaán, en Ayacucho. La cita reunirá a empresas, autoridades e inversionistas para revisar oportunidades vinculadas a la cartera minera de la zona central.

Andesmin reunirá proyectos regionales por alrededor de USD 15.000 millones

La Mancomunidad Regional de Los Andes organiza el evento, con el impulso de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el Ministerio de Energía y Minas. Esta entidad agrupa a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, esas seis regiones concentran proyectos mineros por alrededor de USD 15.000 millones. La actividad busca vincular a los titulares de las iniciativas con empresas interesadas en aportar capital y capacidades para su ejecución.

“Esta clase de eventos sirve para juntar a potenciales inversionistas con los proyectos que requieren capital. Esta es una dinámica positiva. Andesmin 2026 es un punto de encuentro”, sostuvo Benavides.

El directivo consideró que la presencia de autoridades nacionales, gobiernos regionales y representantes empresariales permitirá discutir oportunidades de inversión fuera de Lima. También planteó que estos espacios pueden facilitar acuerdos entre el sector público y el privado.

“Ayacucho y toda la macroregión centro tienen proyectos que se deben dar a conocer a la comunidad y ahora tenemos una oportunidad”, afirmó el presidente del directorio de Buenaventura.

Buenaventura amplía exploraciones en cinco regiones del país

Además de Trapiche, la compañía informó que destina recursos a trabajos de exploración minera en Cusco, Puno, Pasco, Cajamarca y Apurímac. El objetivo es identificar nuevos yacimientos y ampliar los recursos disponibles en activos ya conocidos.

En Arequipa, Buenaventura busca aumentar el valor de Tambomayo, una operación de oro y plata. La empresa también mantiene actividades de exploración en las zonas cercanas a Yumpag, en Pasco, donde identificó recursos de plata.

La minera incluyó a La Zanja entre los activos bajo evaluación para nuevas oportunidades de exploración y desarrollo. Benavides destacó que el precio actual de la plata representa un elemento favorable para el interés por recursos vinculados a ese metal.

El Ministerio del Ambiente (Minam) publicó un proyecto que propone límites para las emisiones de siderúrgicas y fundiciones después de que un estudio citado en el expediente identificara plomo en sangre igual o superior a 10 microgramos por decilitro en 85 de 310 niños evaluados en Mi Perú, distrito de la Provincia Constitucional del Callao e integrado al área urbana de Lima Metropolitana.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Ministerial N.° D000323-2026-MINAM, publicada el 30 de septiembre de 2026, que ordena difundir el proyecto de decreto supremo y su exposición de motivos para recibir aportes durante 15 días calendario.

En ella, el MINAM observa que los valores de línea base nacional, en algunos parámetros, son inusualmente bajos en comparación con los valores de emisión referenciales establecidos a nivel internacional.

El estudio en Mi Perú encontró que 27,4% de los menores evaluados superó los 10 μg/dL

La investigación, publicada en 2018 y titulada Niveles de plomo sanguíneo y factores asociados en niños residentes de un distrito del Callao, examinó a 310 menores de 12 años. Del total, 225 niños, equivalentes al 72,6%, registraron menos de 10 μg/dL de plomo en sangre.

Los restantes 85 menores, el 27,4% de la muestra, tuvieron valores iguales o superiores a ese nivel. El 23,9% presentó concentraciones de entre 10 y 19,99 μg/dL; el 3,2%, entre 20 y 44,9 μg/dL; y el 0,3%, entre 45 y 69,9 μg/dL. El estudio no halló casos por encima de 70 μg/dL.

El documento oficial señala que 183 niños tenían registros desde cinco μg/dL. De ese grupo, el 72% procedía del asentamiento humano Virgen de Guadalupe, en Mi Perú, una zona próxima al área industrial de Ventanilla.

El documento asocia el caso con la cercanía de actividades metalúrgicas

Los autores del estudio relacionaron los resultados con la cercanía de fundiciones y actividades de recuperación de plomo instaladas en la zona industrial de Ventanilla. También consideraron la dirección predominante de los vientos, de sur a norte y de suroeste a noreste, como un factor que podría contribuir a la exposición de la población de Virgen de Guadalupe.

Esa relación corresponde a una asociación planteada en la investigación y en la exposición de motivos del Minam. El documento no atribuye los casos de plomo en sangre a una empresa específica ni establece una responsabilidad individual determinada.

La información de biomonitoreo citada por el proyecto corresponde a 2018. No obstante, el expediente incluye mediciones ambientales posteriores que registraron presencia de metales pesados en aire y suelo de Mi Perú.

Las alertas por plomo en aire y suelo continuaron en 2024

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) registró entre enero y abril de 2024 superaciones del valor referencial canadiense para plomo en PM10, fijado en 0,5 microgramos por metro cúbico, en estaciones de monitoreo de Mi Perú.

La mayor cantidad de excedencias se concentró en la estación CA-VMP-9, instalada en una vivienda del asentamiento humano Virgen de Guadalupe. Solo en marzo se registraron cinco superaciones del valor de referencia.

La Dirección Regional de Salud del Callao también tomó muestras de suelo en agosto de 2024. Dos puntos superaron el estándar nacional de 140 miligramos de plomo por kilogramo para áreas residenciales y parques: el Parque Virgen de Guadalupe, con 147,92 mg/kg, y el frontis de la institución educativa Arturo Padilla Espinoza, con 158,37 mg/kg.

Cinco fundiciones aparecen en el conflicto por plomo y cadmio

El documento identifica como parte del conflicto socioambiental de Ventanilla y Mi Perú a cinco empresas vinculadas a actividades de fundición de plomo: Consorcio Matrix Technology S.A.C., Rabanal Service S.A.C., Metalexacto S.R.L., Sol de Alloys S.A.C. y Etna S.A.

Según la exposición de motivos, ciudadanos y autoridades locales asociaron sus operaciones con la presencia de plomo y cadmio en el aire y el suelo, además de los casos de plomo en sangre detectados en niños de la zona. El texto no establece una responsabilidad individual definitiva de cada compañía.

También se menciona a las siderúrgicas SiderPerú y Aceros Arequipa, aunque únicamente en cuadros técnicos sobre tecnologías para controlar emisiones, como filtros de bolsa, precipitadores electrostáticos y sistemas de captura.

El Minam propone topes tras años sin una norma nacional específica

El proyecto plantea establecer Límites Máximos Permisibles para material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo, mercurio, cadmio, cromo, níquel, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y dioxinas y furanos.

La exposición de motivos indica que 57% de las fundiciones evaluadas superó valores referenciales para material particulado. También excedieron los parámetros de dióxido de azufre el 41% y los de óxidos de nitrógeno el 32%.

En siderurgia, el 28% de las unidades evaluadas superó referencias para partículas y el 23% para monóxido de carbono. El diagnóstico añade que el 97,6% de las fuentes emisoras siderúrgicas y el 97,4% de las fundiciones no ferrosas no reportaron medidas de mitigación.

Las empresas que superen los topes deberán modificar sus instrumentos de gestión ambiental en un plazo de dos años y tendrán cinco años adicionales para ejecutar las medidas de adecuación.

Hablar del futuro de la minería en el Perú ya no significa hablar únicamente de nuevos proyectos, inversión o exploración. Significa también hablar de tecnología, inteligencia artificial, productividad, seguridad y, sobre todo, de la capacidad que tenemos como industria para incorporar nuevas herramientas sin perder de vista el conocimiento y la experiencia de las personas.

El Perú cuenta con una importante riqueza de recursos naturales y una larga tradición minera. Pero el desafío actual es lograr que ese potencial se traduzca en operaciones cada vez más eficientes, seguras y sostenibles. En ese proceso, la tecnología tiene un papel fundamental.

Un ejemplo de esta evolución se encuentra en la perforación. Hoy estamos viendo la llegada al país de equipos capaces de alcanzar profundidades superiores a los 3,000 metros, una capacidad que hasta hace poco estaba concentrada principalmente en mercados como Estados Unidos, Canadá y Australia. Que el Perú pueda incorporar este tipo de tecnología es una señal de cómo la industria local está avanzando y adoptando soluciones que responden a operaciones cada vez más complejas.

No se trata únicamente de contar con equipos más sofisticados. La verdadera transformación ocurre cuando la tecnología permite tomar mejores decisiones, reducir tiempos, optimizar recursos y hacer más eficiente cada etapa de un proyecto de exploración.

En ese contexto, la inteligencia artificial empieza a ocupar un espacio cada vez más relevante. En la exploración minera, por ejemplo, puede contribuir al análisis de información y ayudar a los equipos geológicos a determinar si resulta conveniente continuar o detener una perforación. Esto puede traducirse en un mejor uso de los recursos y en una reducción de costos asociados a actividades que no necesariamente conducirán a los resultados esperados.

Sin embargo, incorporar inteligencia artificial no significa reemplazar el conocimiento humano. En minería, la experiencia de los profesionales continúa siendo indispensable. La tecnología puede procesar grandes cantidades de información y encontrar patrones, pero la interpretación, el criterio técnico y el conocimiento adquirido en campo siguen siendo fundamentales para tomar decisiones.

Por eso, uno de los principales retos que enfrenta el sector no es solamente tecnológico: es también de talento. A medida que llegan nuevos equipos, herramientas digitales y sistemas basados en inteligencia artificial, necesitamos profesionales capaces de comprenderlos, operarlos e integrarlos a las dinámicas reales de una operación minera.

La minería que viene necesitará ingenieros, geólogos, técnicos y especialistas con nuevas competencias, pero también profesionales que conozcan profundamente el terreno y los desafíos particulares de operar en el Perú. La combinación de experiencia y nuevas capacidades será determinante para la minería peruana.

También debemos entender que la innovación no puede desligarse de la sostenibilidad. Una minería más tecnológica debe buscar no solo una mayor productividad, sino también procesos más eficientes, seguros y responsables con el entorno. Las nuevas herramientas pueden contribuir a optimizar el uso de recursos, reducir intervenciones innecesarias y mejorar la planificación de las operaciones.

En este proceso, los espacios de encuentro de la industria adquieren especial importancia. EXPOMINA PERÚ 2026, realizada del 9 al 11 de septiembre en Lima, fue un ejemplo de ello. El evento reunió a empresas, proveedores, profesionales y especialistas vinculados con la cadena minera, y puso sobre la mesa temas como automatización, digitalización, minería inteligente e innovación tecnológica.

Más allá de la exhibición de maquinaria y soluciones, este tipo de encuentros permite algo que la industria necesita cada vez más: generar conversaciones entre quienes desarrollan tecnología, quienes la utilizan y quienes tienen la responsabilidad de diseñar y ejecutar los proyectos mineros. La organización de EXPOMINA reportó más de 1,250 stands y la participación de delegaciones internacionales, además de espacios técnicos y empresariales.

Ese intercambio es valioso porque la innovación no ocurre de manera aislada. Una nueva tecnología necesita dialogar con las necesidades concretas de las operaciones; las empresas necesitan conocer las soluciones disponibles; los profesionales requieren actualizar sus conocimientos; y los proveedores deben entender los desafíos que enfrenta cada proyecto.

El Perú tiene la oportunidad de seguir avanzando en esa dirección. La incorporación de equipos de mayor capacidad, el uso de inteligencia artificial para el análisis de información y la búsqueda de procesos de perforación más eficientes muestran que la transformación ya está en marcha.

Pero para que ese avance sea sostenible en el tiempo necesitamos mirar más allá de la tecnología. Debemos invertir también en capacitación, fortalecer el talento especializado y generar espacios donde empresas, profesionales, proveedores, academia y otros actores puedan compartir conocimiento y construir soluciones.

La minería peruana tiene frente a sí una oportunidad importante: aprovechar la tecnología para hacer mejor lo que ya sabemos hacer, pero también para transformar la manera en que exploramos, planificamos y desarrollamos nuestros proyectos.

La tecnología puede ser el acelerador. La inteligencia artificial, una herramienta cada vez más poderosa. Pero serán el conocimiento, la experiencia y el talento de las personas los que finalmente permitan convertir esa innovación en resultados concretos para la minería y para el Perú.

Las exportaciones mineras del Perú sumaron USD 49.584 millones entre enero y julio de 2026, con un crecimiento de 55,4% frente al mismo periodo del año anterior, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El resultado estuvo impulsado por el mayor valor de los envíos de cobre y oro, aun cuando la producción de varios metales registró retrocesos en junio. Así, el sector concentró el 74,6% de las exportaciones peruanas durante los primeros siete meses del año.

El cobre representó el 46,1% del valor minero exportado y el oro aportó el 37,3%, de modo que ambos minerales reunieron más de cuatro quintas partes de los ingresos externos del sector.

El mayor precio de los metales elevó los ingresos por exportaciones

Los envíos de cobre alcanzaron USD 22.843 millones entre enero y julio, un aumento de 54,7% respecto de los USD 14.767 millones registrados en igual periodo de 2025. El oro acumuló USD 18.487 millones y creció 58,5% frente a los USD 11.663 millones del año previo.

La SNMPE indicó que el cobre aportó USD 8.076 millones más que en los primeros siete meses de 2025. En el caso del oro, el incremento fue de USD 6.824 millones. Las exportaciones de plomo también aumentaron, con USD 1.829 millones adicionales en valor.

El desempeño de julio reforzó esa tendencia. Las exportaciones mineras llegaron a USD 7.363 millones, 51,8% más que en el mismo mes de 2025. El cobre generó USD 3.388 millones y registró un alza de 63,3%, apoyada por una mejora de 35,9% en su cotización y un aumento de 20,1% en el volumen exportado.

La producción de cobre y oro retrocedió durante junio

El Ministerio de Energía y Minas informó que la producción de cobre alcanzó 218.232 toneladas métricas finas en junio, una caída interanual de 4,7%. Pese a ese resultado mensual, la extracción acumulada entre enero y junio sumó 1.362.600 toneladas métricas finas, 1,9% más que en el mismo periodo de 2025.

La producción de oro llegó a 7.941.509 gramos finos en junio, con una reducción de 13,9%. En el acumulado del primer semestre, el país produjo 49.853.780 gramos finos, una disminución de 5,9% frente al año anterior.

El zinc anotó uno de los descensos más pronunciados. Su producción cayó 25,8% en junio y 10,2% en los primeros seis meses del año. La plata también retrocedió: bajó 9% en junio y 2,9% en el acumulado. El molibdeno aumentó 5,4% durante junio, aunque mantuvo una caída de 4,5% en el semestre.

El hierro fue la excepción por la baja base de comparación

La producción de hierro ascendió a 1.205.877 toneladas métricas finas en junio y acumuló 7.129.277 toneladas entre enero y junio, un incremento de 41,1%. El boletín del Ministerio de Energía y Minas precisó que esta variación respondió a una baja base de comparación, debido a que Shougang Hierro Perú no reportó producción en junio de 2025 por una paralización temporal.

La extracción minera mostró, además, una elevada concentración territorial. Áncash, Moquegua, Apurímac y Arequipa concentraron el 65% de la producción nacional de cobre en el primer semestre. En oro, Cajamarca, La Libertad y Arequipa reunieron el 73,2% de la producción.

Áncash lideró la producción de zinc y plata, con participaciones de 28,4% y 19,1%, respectivamente. Ica concentró la totalidad de la producción de hierro, mientras que Arequipa, Moquegua y Tacna aportaron en conjunto el 79,9% de la extracción de molibdeno entre enero y junio.

Dos consultoras privadas registraron una recuperación mensual de la actividad económica en agosto, luego de la caída de julio y en medio de los dichos del Gobierno sobre los indicadores del Indec. El Índice Líder de Actividad Económica (ILA) de Analytica estimó un avance de 0,7% mensual sin estacionalidad. El Índice General de Actividad (IGA) de Orlando Ferreres (OJF), por su parte, mostró una suba desestacionalizada de 1,7% respecto de julio.

Las dos mediciones difieren en la comparación con el mismo mes del año anterior. Según Analytica, la actividad se ubicó 1,2% por debajo de agosto de 2025. OJF, en cambio, informó una suba interanual de 0,6% en agosto, con un acumulado de 0,4% en los primeros ocho meses de 2026.

Los informes se conocieron pocos días después de que el Indec difundiera su dato de julio: una caída de 2,9% frente a junio y una baja de 1,4% en la comparación interanual. El resultado llamó la atención porque correspondió a un período que el ministro de Economía, Luis Caputo, había incluido dentro de los “mejores 18 meses”.

Tras esa publicación, el presidente Javier Milei aseguró, en una entrevista con LN+, que los indicadores del Indec “están dando cualquier cosa”, en virtud de los cambios estructurales acontecidos en el país. Este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó en conferencia de prensa la posición oficial y volvió a cuestionar la lectura de las series ajustadas por estacionalidad.

Qué midió Analytica

Repasando, el estudio de Analytica, elaborado sobre la base de datos del Indec, estimó que la actividad creció 0,7% en agosto respecto de julio y cayó 1,2% en la comparación interanual.

En su análisis, la consultora describió el movimiento como acotado. “El rebote es leve, recupera una cuarta parte de lo perdido en julio, por lo que la actividad sigue transitando los niveles más bajos del año”, señaló.

Analytica indicó que la mejora se apoyó en pocos sectores, pero de peso: el complejo automotriz y la siderurgia de productos planos. “Se trata de cadenas con fuerte capacidad de arrastre sobre el resto de la industria”, explicaron los analistas. En cambio, los indicadores de consumo, crédito y construcción no acompañaron. Para Analytica, eso implica que “la recuperación es débil y no es generalizada entre sectores”.

El análisis de Ferreres

El informe de OJF explicó que “la actividad mostró una reacción, recuperando la mayor parte de lo perdido”, con el crecimiento mensual de 1,7% en agosto. En la comparación interanual, la mejora de 0,6% se dio, según el informe, con ocho de los once sectores relevados mostrando una variación positiva, liderados por minas y canteras.

“Nuestro escenario base sigue anticipando una mejora gradual de la actividad económica, aunque la suba de agosto debe entenderse en relación a la baja del mes previo, y no como anticipo de subas semejantes hacia adelante”, explicaron desde OJF.

En lo que respecta a la división por rubros, minas y canteras registró una expansión interanual de 17,6% en agosto y se consolidó, según OJF, “como la actividad más dinámica de la economía”. En los primeros ocho meses del año acumula un avance de 13,3%, “por mucho el mayor entre los sectores relevados”.

Electricidad, gas y agua creció 11,0% interanual, con una aceleración marcada respecto del mes anterior, y acumula una suba de 4,5% en lo que va del año. Transporte, almacenamiento y comunicaciones avanzó 2,1%, mientras que intermediación financiera y el rubro de actividades inmobiliarias crecieron 1,1% cada una. La construcción registró una suba de 1,0% y los servicios sociales y de salud se mantuvieron sin variación en relación a agosto del año pasado.

La industria manufacturera mostró una recuperación parcial luego de la fuerte caída de julio: subió 1,4% frente al mes previo y 0,3% en la comparación anual. Según OJF, el avance fue impulsado principalmente por las refinerías y por algunos rubros del sector químico y alimenticio, mientras que plásticos, textiles y maquinaria fueron los más contractivos. En el acumulado de los ocho meses, el sector muestra una contracción de 2,2 por ciento.

En el otro extremo, el comercio mayorista y minorista registró una variación de -0,1% interanual en agosto y la administración pública y defensa, de -0,7 por ciento. Por su parte, el sector agropecuario, afectado por la dinámica negativa de la ganadería, cayó 5,3% en la comparación anual. No obstante, en los primeros ocho meses del año el agro acumula una expansión de 6,0 por ciento.

El argumento oficial sobre la estacionalidad

Luego de que el Indec informara que la actividad económica cayó 2,9% en julio con relación a junio, Milei recordó que la medición desestacionalizada toma como referencia la evolución previa de las variables económicas. Su planteo fue que esos parámetros pueden resultar insuficientes si cambian las bases productivas de la economía, los sectores que generan ingresos y la distribución de esos flujos a lo largo del año.

Ravier profundizó ese razonamiento. “Es importante analizar el tema metodológico; la Argentina está cambiando en lo que refiere a su producción”, afirmó. “Cuando uno mide indicadores desestacionalizados y hace comparaciones interanuales con una economía que estacionalmente cambia, cambian las ponderaciones”, sostuvo el funcionario. Según planteó, ese proceso puede derivar en “datos raros”.

El Gobierno sostiene que, en este escenario, el indicador de tendencia-ciclo ofrece una referencia más adecuada y muestra 28 meses consecutivos de crecimiento.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, Vidal Podestá habló sobre el futuro del agro, la necesidad de incorporar nuevas profesiones a la actividad y su propia historia, marcada por la vida rural salteña, su llegada a Buenos Aires y una mirada sobre la participación política que no necesariamente pasa por ocupar un cargo.

Su exposición pública tuvo un capítulo inesperado. Un video grabado durante una actividad del Ateneo en Formosa comenzó a circular en redes sociales y le valió el apodo de “Luquitas Viral Podestá”. “Parece que, como dice, ya no soy Luquitas Vidal Podestá, sino Luquitas Viral Podestá”, bromeó durante la entrevista.

El dirigente recordó que aquella grabación había sido realizada cerca de las tres y media de la mañana, durante una actividad con integrantes del Ateneo de la Sociedad Rural de Jujuy. Su particular forma de hablar y una imagen asociada al traje y la corbata también contribuyeron a llamar la atención. “Saco y corbata pa todo”, resumió entre risas.

El rol de los jóvenes en el futuro del campo

Más allá de la anécdota, Vidal Podestá ocupa un lugar dentro de una estructura que busca incorporar jóvenes a la discusión sobre el sector agropecuario. Según explicó, el Ateneo funciona como un espacio de formación y debate que reúne a casi mil participantes en distintos puntos del país.

“El Ateneo es el grupo joven de la Sociedad Rural Argentina que se junta un poco a filosofar, a debatir ideas y a básicamente aprender y formarse acerca de la realidad del sector agropecuario”, definió.

Su mirada sobre el campo, sin embargo, no se limita a quienes trabajan directamente en una explotación. Para el dirigente, la transformación de la actividad exige incorporar conocimientos de distintas disciplinas. “El campo bien entendido no se lo puede ver sin un abogado, sin un contador, sin un ingeniero en programación”, sostuvo.

La afirmación también refleja su propio recorrido: aunque creció ligado al mundo rural, eligió estudiar Derecho y hoy ejerce como abogado en Buenos Aires. Su vínculo con el agro se mantiene a través de la dirigencia juvenil y de una historia familiar que comenzó en Salta.

De la vida rural salteña a la abogacía en Buenos Aires

Vidal Podestá pasó buena parte de su infancia entre campos del Valle de Lerma y Guachipas. “Todas mis vacaciones eran al campo”, recordó. Su familia conserva una pequeña porción de tierra en La Silleta, donde comenzó a criar caballos peruanos.

También mantiene un vínculo con las tradiciones gauchas de su provincia y forma parte de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes. Según contó, su relación con esa tradición también está presente en su historia familiar.

Cuando llegó a Buenos Aires para estudiar en la Universidad de Buenos Aires, su objetivo era desarrollar una carrera judicial, una elección vinculada también con su abuelo, quien fue presidente de la Corte de Justicia de Salta.

Con el tiempo, encontró una forma de combinar ambas facetas. “Acá en el Ateneo y en Buenos Aires pude encontrar las dos facetas que me gustan: el campo y la actividad profesional de la abogacía”, explicó.

Esa identidad también atraviesa su mirada sobre el desarrollo productivo. Desde su experiencia en Salta, cuestiona que el campo sea asociado exclusivamente con la agricultura extensiva y la ganadería. “Hay un montón de economías regionales que ahí realmente también está el valor del campo argentino”, planteó, y mencionó actividades como el tabaco, el pistacho y el maní.

Agro, minería y energía: una agenda más amplia

Para Vidal Podestá, la discusión sobre el desarrollo argentino debería integrar al agro con otros sectores estratégicos. “Tenemos literalmente todo lo que el mundo necesita: minería, energía, petróleo”, afirmó.

En esa línea, planteó una mayor articulación entre las distintas actividades productivas y una agenda que pueda sostenerse más allá de los cambios de gobierno. “Tenemos que ir todos juntos, formar una sola mesa y no depender del gobierno de turno”, sostuvo.

La discusión sobre el campo también lo llevó a cuestionar las políticas que, según su mirada, afectaron la producción durante las últimas décadas. Al referirse a las retenciones, mencionó datos del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural y comparó la evolución argentina con la de Brasil.

Su preocupación, sin embargo, apunta a una cuestión más amplia: la necesidad de generar condiciones de largo plazo para las actividades productivas. En su visión, Argentina cuenta con recursos y capacidades en distintas regiones, pero todavía tiene pendiente articularlos dentro de una estrategia común.

“La política empieza en el club del barrio”

El federalismo aparece como otro de los temas centrales en su discurso. Desde su experiencia como salteño radicado en Buenos Aires, Vidal Podestá considera que existe una distancia entre el principio constitucional y la experiencia concreta de quienes viven fuera de la capital.

“La Constitución dice que es un país federal. Yo hay veces que no lo siento tan así”, reconoció.

Frente a esa situación, sostiene que los jóvenes pueden involucrarse en la vida pública sin necesidad de esperar una candidatura. “Tenemos que ponernos nosotros los pantalones y decir: bueno, cómo nosotros, desde nuestro metro cuadrado, podemos ejercer ese federalismo”, planteó.

La conversación derivó entonces hacia la política. Vidal Podestá explicó que su interés está puesto en una concepción amplia de la participación ciudadana y no necesariamente en una carrera electoral. “A mí me gusta la política bien entendida como herramienta de transformación”, afirmó.

Su definición sobre dónde comienza esa participación fue concreta: “La política empieza en el club del barrio, en el colegio de abogados, en el colegio, en la comisión de padres”.

Su etapa al frente del Ateneo está próxima a terminar y, por ahora, asegura que quiere concentrarse en la abogacía. “Me quiero dedicar a la profesión y empezar a generar algo de plata, porque también hay que vivir”, dijo entre risas.

Entre el campo salteño, el Derecho y la dirigencia juvenil, Vidal Podestá construyó un recorrido que combina una identidad rural con una formación profesional desarrollada lejos de su provincia. Su mirada sobre el sector parte de esa experiencia y pone el foco en una generación que busca encontrar su lugar en la discusión sobre el desarrollo productivo y el futuro federal del país.

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El crecimiento de la actividad económica durante la era de Javier Milei no se tradujo, en la mayoría de los casos, en una mayor generación de empleo. De los 8 sectores que crecieron desde el inicio de la gestión, 6 redujeron su cantidad de trabajadores registrados. Mientras tanto, los rubros intensivos en mano de obra, como la industria y la construcción, siguen en declive.

Así surge de un estudio del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Este muestra que el agro, la minería y algunas ramas vinculadas a servicios financieros muestran un desempeño relativamente favorable, pero su capacidad de generación directa de puestos de trabajo es limitada.

El agro anotó una mejora del 40% en términos de actividad respecto de 2023, seguido por la intermediación financiera, con un incremento del 19%, y minas y canteras, con un 16%. Sin embargo, ese desempeño no tuvo un correlato equivalente en el mercado laboral.

En el último año, a mayo de 2026, la explotación de minas y canteras, justamente la rama de mayor expansión relativa, perdió 5.200 empleos registrados, al pasar de 92.000 a 86.800 trabajadores. El agro incorporó apenas 1.700 puestos.

En conjunto, los sectores “estrella” de la economía terminaron con un saldo negativo de 3.500 puestos de trabajo en los últimos doce meses.

Si se compara con diciembre de 2023, el agro es el único de estos tres sectores que muestra un crecimiento del empleo, con 13.000 puestos adicionales, lo que supone una suba de 4,2%. En cambio, la intermediación financiera perdió 8.600 trabajadores (-5,7%) y la explotación de minas y canteras, 8.500 (-8,9%).

Por su parte, la industria manufacturera, afectada por la debilidad del consumo y cambios en la estructura de costos, acumula una contracción del 8% y perdió 86.500 puestos registrados. Además, lleva 18 meses consecutivos en retroceso y concentra casi la mitad de la destrucción total de empleo asalariado registrado.

El comercio cayó 4% en términos acumulados, mientras que la cantidad de trabajadores se redujo 2,2% (27.600 puestos).

La construcción, sector afectado particularmente por el fin de la obra pública, anotó una caída de 7% en la actividad, mientras que perdió 44.600 puestos de trabajo (-10,6%).

En este marco, desde noviembre de 2023, el EMAE acumuló un crecimiento de 5,6%, al tiempo que en el empleo privado registrado se destruyeron 329.667 puestos. Solo en el último año se perdieron unos 96.700.

La evolución del primer semestre, donde minas y canteras e intermediación financiera avanzaron y comercio e industria volvieron a mostrar números negativos, “sugiere que el patrón sectorial ya excede el impacto inicial del ajuste, en el cual algunos sectores continúan expandiéndose aun cuando la actividad agregada pierde dinamismo”, señaló el Centro RA.

El interrogante pasa por determinar si el crecimiento de algunos sectores alcanza para traccionar al conjunto de la economía, en un escenario marcado además por fuertes diferencias territoriales: mientras provincias como Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta y Santa Fe podrían beneficiarse de esta dinámica, el Gran Buenos Aires enfrenta una mayor exposición por su dependencia de la demanda interna.

“Hasta el momento, la evidencia muestra que ese efecto de arrastre es débil. Los sectores exportadores pueden constituir una base importante para una expansión posterior, especialmente por generar divisas y financiar inversión. Sin embargo, para que esa mejora tenga un impacto más amplio deberían fortalecerse los vínculos con proveedores locales, la inversión y la generación de empleo directo e indirecto”, aseguró el informe.

“Los datos disponibles todavía no permiten observar ese proceso con claridad. Por eso, el impacto social de la recomposición productiva sigue siendo limitado. Las ramas que concentran una parte importante del empleo son precisamente las que presentan mayores dificultades. En ese contexto, el crecimiento de actividades relativamente intensivas en capital puede coexistir con una recuperación débil del empleo asalariado y de los ingresos vinculados al mercado interno”, concluyó.

Para Jorge Colina, economista de Idesa, la baja responde en buena medida a la desconfianza que todavía existe sobre la economía argentina, después de años de inestabilidad macroeconómica. En Infobae al Regreso, sostuvo que los países que buscan desarrollarse necesitan una tasa de inversión de al menos 25%.

“El 25% es lo que tuvo Chile cuando más creció en la década del 90, es lo que tuvo Perú también cuando más creció y los asiáticos ya tienen tasas arriba de 30%. Incluso China creo que está en 40%, una cosa así”, afirmó.

La diferencia con Argentina, según Colina, refleja una conducta de los ahorristas y empresarios que se mantiene desde hace décadas. “Los argentinos todavía siguen desconfiando de la economía argentina y por eso es que no invierten en fierros, en ladrillos. Ladrillos sí en casas, pero no en una fábrica”, explicó.

El economista también se refirió a la compra de dólares por parte de los particulares. “Todos los meses los argentinos compran USD 3.000 millones, que no es para invertir, es para que vaya al colchón. Ahora por lo menos se queda en home banking”, señaló.

El peso de la inestabilidad

Para Colina, una parte de esa desconfianza se explica por las experiencias acumuladas desde la salida de la convertibilidad. Recordó que durante la década del 90, con diez años de estabilidad, la tasa de inversión llegó a superar el 20% en 1996 y 1997.

Luego, según planteó, la salida de ese régimen dejó una huella profunda en las decisiones económicas. “Vino una salida muy traumática de convertibilidad. No digo que no había que salir, pero no tan traumáticamente, en donde se quedaron con los depósitos, rompieron los contratos hipotecarios”, sostuvo.

“Eso se está todavía pagando. La gente ya lleva 25 años de mucha inestabilidad, entonces no confía”, agregó.

En ese contexto, consideró que la permanencia de las restricciones cambiarias tampoco favorece la inversión. “Seguimos con el cepo, ya pasaron tres años y el cepo continúa. Entonces no sabemos si el valor del dólar es $1.500”, afirmó.

Su propuesta es avanzar hacia una liberación completa del mercado cambiario. “Habría que sacar el cepo entero y dejarlo que flote, y ahí ver cuál es el valor. Y eso va a dar algo más de confianza”, planteó.

También cuestionó el nivel de las tasas de interés y los incentivos que generan para quienes tienen capital disponible. “Lo que conviene es comprar títulos públicos en lugar de ponerlo en una empresa”, señaló.

Consultado sobre si eso implicaría modificar el programa económico, Colina prefirió hablar de profundizar el rumbo anunciado. “Yo le llamaría seguir avanzando con coherencia con lo que se prometió”, respondió.

En ese sentido, planteó “sacar el cepo, empezar a bajar y liberar la tasa de interés para que la mueva el mercado” y evitar que el Tesoro interfiera sobre el mercado de tasas o el mercado de futuros. “Vamos a la libertad”, resumió.

Vaca Muerta, minería y la economía urbana

Colina también cuestionó la composición del crecimiento y el peso que tienen determinados sectores en la recuperación. Según explicó, mientras el consumo muestra señales dispares según el indicador utilizado, la inversión continúa retrocediendo.

“Si uno mide 2023 con 2026, sube un poco el consumo, cayó la inversión. Las exportaciones crecieron un 38% por el tema campo, Vaca Muerta y ahora que se empieza a meter minería”, precisó.

Para el economista, las grandes inversiones y buena parte de las expectativas oficiales están concentradas en esos sectores. “Las inversiones que se hacen las grandes empresas y la apuesta que hace el Gobierno está en el campo, Vaca Muerta y la minería, y no en la economía urbana”, afirmó.

“Mientras le vaya bien a Vaca Muerta, nos va a ir bien a nosotros. Y ahí me parece que aparece el problema”, agregó.

Colina resumió esa tensión con una definición sobre el impacto social del modelo: “Tenemos Vaca Muerta, que es la promesa, y el aumento de la pobreza sin inflación”.

Maquinaria, impuestos e infraestructura

Al analizar la composición de la inversión, el economista identificó a la maquinaria y el equipamiento como uno de los componentes más afectados. “Maquinaria y equipo es lo que más cae”, afirmó ante una consulta de Gustavo Lazzari.

Según explicó, la construcción privada es actualmente la que sostiene buena parte de la inversión, mientras la obra pública sufrió una fuerte caída. La importancia de la maquinaria, agregó, radica también en que incorpora tecnología y permite elevar la productividad.

Otro de los obstáculos que señaló es la estructura tributaria. “No hay un sistema, hay tres: el sistema nacional, el sistema provincial y el sistema municipal”, sostuvo.

Colina cuestionó la superposición entre tributos nacionales, provinciales y municipales, particularmente por el impacto de IVA, Ingresos Brutos y tasas. “Actúan independientemente, gravando los mismos hechos imponibles: una venta, gravando los ingresos de la gente”, explicó.

También apuntó contra las retenciones y percepciones provinciales y propuso un acuerdo entre Nación y provincias para armonizar el sistema. “Hay que hacer un acuerdo entre la Nación y las provincias para armonizar esto”, planteó.

A esa carga tributaria sumó el costo logístico, especialmente para las empresas radicadas fuera de Buenos Aires. “Es costosísimo traer producción desde el interior hacia Buenos Aires o llevarla desde Buenos Aires hacia el interior”, señaló.

En ese punto, reclamó recuperar la infraestructura vial. “El tema de las rutas nacionales creo que hay que recuperarlas rápidamente. Ahora ya se hicieron las concesiones, el año que viene empezará a recuperarse, pero haber dejado la infraestructura tan abandonada fue un paso para atrás”, concluyó.

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Los vecinos de la pequeña localidad de Wrightwood, California, descubrieron en abril de 2025 que una empresa planea extraer carbonato de calcio de alta pureza en 170 hectáreas (420 acres) de Lone Pine Canyon, a apenas 6,4 kilómetros del pueblo. Además, el proceso se realizaría mediante voladuras —explosiones controladas— en pozos a cielo abierto de hasta 487 metros de profundidad.

Para cuando advirtieron la situación, el proyecto ya contaba con un respaldo legal obtenido en 2019 sin que casi nadie lo supiera, según difundió Los Angeles Times.

La autorización clave se llama “vested rights” (derechos adquiridos de minería) y exime al proyecto de una revisión ambiental integral. La Comisión de Planificación del Condado de San Bernardino la aprobó ese año en dos audiencias que pasaron prácticamente desapercibidas: a la primera asistió apenas un miembro del público. La votación fue de 3 a 2 a favor.

La cantera tiene casi un siglo de historia pero lleva décadas sin actividad

El terreno tuvo su primera instalación en los años 1920, cuando Cajon Lime construyó una pequeña planta en la zona. En 1931, Michael P. Hannin adquirió la propiedad, y sus descendientes solicitaron los derechos adquiridos en 2018 argumentando que siempre tuvieron la intención de explotar los depósitos.

Un geólogo del condado recomendó rechazar la solicitud al constatar que la extracción había estado inactiva mucho antes de que la ley estatal de minería superficial entrara en vigencia en 1976. La Comisión ordenó al geólogo revisar sus conclusiones y luego otorgó los derechos de todas formas.

En 2023, la propiedad fue vendida a Grand Lone Pine Canyon Enterprises LLC, cuyos integrantes incluyen a Treiss International Corp., empresa taiwanesa que se presenta como el mayor proveedor de la industria de laminación en frío de China. Las operaciones quedarían a cargo de California Carbonates Inc., de Carlsbad, con una duración prevista de al menos hasta el año 2175.

Una publicación en Facebook desató la reacción de la comunidad

El mecanismo que alertó a los vecinos fue casual. Una residente publicó en Facebook una referencia al plan de recuperación del terreno que el condado proponía aprobar en versión abreviada.

La publicación llegó a Jim Emery, presidente del Wrightwood Fire Safe Council, quien convocó a funcionarios del condado para una reunión informativa el 21 de abril de 2025.

Las reuniones habituales del consejo reúnen a menos de 20 personas; aquella noche, el salón estuvo colmado. “Se sintió como una traición”, describió Jennifer Unibe en Los Angeles Times.

Tras la reunión, Unibe y Lyndsey Falb —vecina de Wrightwood desde hace más de 30 años— formaron junto a otros residentes la Lone Pine Canyon Protection Alliance (LLCPA), que recaudó fondos, produjo merchandising con su logo y reunió más de 7.600 firmas exigiendo una revisión ambiental completa.

Legisladores y organismos estatales respaldaron el reclamo, pero el proyecto sigue en pie

La representante Judy Chu (demócrata por Monterey Park) y la senadora estatal Suzette Martinez Valladares (republicana por Acton) enviaron cartas al condado en mayo instando a un mayor escrutinio. Debido a esto, el funcionario Chu, escribió: “Este proyecto tendría consecuencias devastadoras y duraderas para la región circundante”.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California también presentó una carta de 25 páginas con preocupaciones sobre el impacto en un corredor de fauna que conecta las sierras de San Gabriel y San Bernardino, crítico para especies como el abejorro, el borrego cimarrón del desierto y el águila real.

Los residentes alegan que nunca fueron notificados de las audiencias de 2019

En julio de 2025, la LLCPA y tres residentes presentaron una petición judicial para que el condado reconsidere la autorización. Henry Josefberg, abogado de la alianza, argumenta que el otorgamiento fue incorrecto porque la actividad extractiva no se había producido en el terreno en los años previos a 1976, condición que la ley estatal exige.

El condado notificó en 2019 a solo tres propietarios dentro de un radio de 396 metros y publicó un aviso en el San Bernardino Sun, un periódico de escasa circulación en Wrightwood.

Sumado a esto, los abogados del condado respondieron que los demandantes debieron haber apelado la decisión dentro de los 90 días de su aprobación. Josefberg rebatió que es imposible apelar una decisión que se desconoce. “No es que no nos importara todo este tiempo. Es que nadie lo sabía”, dijo Melissa Manning, integrante de la junta de la alianza.

La audiencia judicial inicial está programada para el 19 de enero de 2026. La sesión de la Comisión para tratar el plan de recuperación, prevista para el 6 de agosto, fue postergada a pedido del propietario de la cantera sin nueva fecha confirmada.

Manning, que vivió la evacuación del incendio Bridge en 2024 atrapada en un embotellamiento sobre la Autopista 2, teme que el tráfico de camiones pesados tape Lone Pine Canyon Road, la única salida alternativa del pueblo. “Podríamos morir quemados”, concluyó.

Un informe de IERAL analiza qué pasó entre 2023 y 2025 en Neuquén, las provincias mineras y el agro pampeano. El resultado muestra que exportar más no siempre alcanza para impulsar al conjunto de la economía provincial.

El fuerte crecimiento de algunas exportaciones argentinas durante los últimos dos años y medio abrió una pregunta clave: ¿cuánto de ese boom queda realmente en las economías provinciales? Un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea, elaborado por Jorge Day, analiza el impacto de las mayores ventas externas de petróleo de Vaca Muerta, la minería metalífera y el agro pampeano sobre el empleo, los salarios y la actividad de cada territorio.

El estudio toma como referencia la evolución entre 2023 y 2025 de la masa salarial privada formal, descontada de la inflación, y distingue entre el sector exportador de cada provincia, el resto de los bienes transables y los sectores vinculados principalmente con servicios. El objetivo es medir hasta qué punto el crecimiento de una actividad exportadora logra trasladarse hacia otras ramas de la economía. El análisis adquiere especial relevancia en un contexto de estancamiento de la economía argentina en el último año y medio.

El caso más contundente de derrame amplio aparece en Neuquén. La provincia no solo registra una mejora de su masa salarial total: el resto de los bienes transables, es decir, aquellos que no están vinculados directamente con el petróleo y el gas, crece incluso más que el propio sector petrolero. A esto se suma una evolución positiva del resto de las actividades provinciales. Para IERAL, se trata de un ejemplo de cómo un fuerte impulso exportador puede extenderse hacia buena parte de la estructura productiva local.

En Salta y San Juan, el derrame también está presente, aunque con un alcance más acotado. Ambas provincias muestran un aumento de la masa salarial y, en San Juan, el resto de los bienes transables crece incluso por encima de la minería, en parte por el peso de las industrias proveedoras de insumos para esa actividad. Sin embargo, el impacto sobre comercio, servicios y construcción resulta bastante menor, lo que marca una diferencia respecto del fenómeno observado en Neuquén.

La situación cambia cuando se mira al agro pampeano en Buenos Aires y Córdoba. Allí, los sectores directamente asociados a las exportaciones agropecuarias presentan una evolución favorable, pero el efecto sobre el resto de la economía provincial es limitado. La industria transable no vinculada al agro retrocede y también se observan bajas en parte de los demás sectores. En otras palabras, el agro exporta más y mejora sus ingresos laborales, pero ese crecimiento no alcanza para traccionar con la misma fuerza al conjunto de la economía.

El caso de Santa Cruz muestra otra particularidad: el impulso de un sector exportador puede quedar neutralizado por la caída de otro de mayor peso. Mientras la minería atraviesa un buen momento, el retroceso del petróleo termina afectando al resto de los bienes transables, a otras actividades y a la masa salarial total. El análisis de IERAL concluye que exportar más genera oportunidades, pero el verdadero derrame depende de cuánto crecimiento se transmite a proveedores, trabajadores y actividades locales, y de qué ocurre simultáneamente con el resto de la estructura productiva provincial.

Mara Pegoraro, politóloga y profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, analizó los datos durante una entrevista en Infobae al Regreso y puso el foco en uno de los principales desafíos que plantea la transformación de la estructura productiva: qué sucede con los trabajadores que pierden sus puestos mientras otras ramas de la economía crecen.

“Crecen las actividades que no generan empleo y las actividades que generan empleo no crecen”, sintetizó Pegoraro al describir el resultado del relevamiento. Para la especialista, el fenómeno muestra que el crecimiento de determinados sectores no alcanza, por sí solo, para absorber a quienes quedan desplazados de otras actividades.

La brecha entre actividad y puestos de trabajo

Uno de los ejemplos mencionados durante la entrevista fue el de la industria, que acumula una pérdida cercana a 80 mil puestos de trabajo desde diciembre de 2023. El contraste aparece al observar algunas de las actividades que actualmente presentan mejores perspectivas de expansión.

Pegoraro señaló que el agro sumó apenas 1.700 puestos de trabajo desde la recuperación económica, mientras que minería y petróleo acumularon una pérdida de 3.500 empleos en los últimos dos años.

La diferencia entre crecimiento sectorial y generación de puestos también modifica las condiciones de una eventual transición laboral. Para la politóloga, no alcanza con que existan nuevas oportunidades: quienes pierden sus empleos deben contar con las herramientas necesarias para acceder a ellas.

“Es muy difícil la reconversión laboral o, por lo menos, no es tan lineal como el Gobierno la plantea o tan mágica”, sostuvo.

Según explicó, el proceso está atravesado por diferencias territoriales, etarias y de formación. Un trabajador que queda fuera de una fábrica no necesariamente puede incorporarse de manera inmediata a una actividad como la minería o el petróleo, aunque esos sectores tengan una demanda creciente.

El desfasaje territorial

La ubicación de los nuevos puestos constituye otro de los obstáculos. Durante la entrevista se planteó el caso de trabajadores que pierden sus empleos en el Área Metropolitana de Buenos Aires mientras las oportunidades vinculadas con nuevas actividades productivas aparecen en provincias como Neuquén, Salta, Catamarca o San Juan.

Para Pegoraro, ese desfasaje implica que la reconversión no puede pensarse únicamente como un cambio de ocupación. También puede requerir un traslado de residencia, capacitación y adaptación a nuevas condiciones laborales.

“Si el Estado tuviera una decisión de reconversión de la masa laboral y generase las instancias de formación para que la gente pudiera tomar la decisión de trasladarse a las provincias donde está el desarrollo de estas actividades”, planteó.

La especialista también señaló que una eventual migración interna requiere infraestructura suficiente para recibir a quienes se trasladan. Vivienda, educación, servicios y planificación urbana aparecen así como parte del mismo problema.

“El problema no es que la gente se mueva de la ciudad de Buenos Aires a Neuquén, a Salta o a Catamarca o a San Juan. Es cuáles son las condiciones en las que esas ciudades reciben esa migración interna”, afirmó.

Capacitación para las nuevas oportunidades

La formación aparece como otro de los factores centrales de la transición. Pegoraro sostuvo que quienes pierden sus empleos en actividades tradicionales necesitan adquirir conocimientos específicos para poder incorporarse a los sectores que presentan nuevas oportunidades.

La politóloga destacó, en ese sentido, la infraestructura universitaria existente en distintas regiones del país. “La Argentina tiene, de norte a sur y de este a oeste, una infraestructura de educación superior universitaria enorme, profundísima y riquísima en profesionales, carreras ancladas para el desarrollo territorial”, señaló.

La propuesta, explicó, no necesariamente consiste en trasladar grandes cantidades de población hacia los nuevos polos productivos, sino también en generar profesionales en las zonas donde se espera una mayor demanda.

“No necesariamente que se trasladen cuatro millones de personas, sino que se empiece a generar profesionales en las áreas y en los sectores que vos necesitás”, planteó.

El planteo apunta a una dificultad concreta del proceso de transformación productiva: los trabajadores que pierden sus puestos y las actividades que generan nuevas oportunidades no siempre coinciden en términos de ubicación, capacitación o características laborales.

Por eso, Pegoraro cuestionó la idea de que el crecimiento pueda trasladarse automáticamente hacia quienes quedaron desplazados. “Podés tener un país que puede tener un PBI de rico con una sociedad absolutamente pobre”, advirtió al referirse a la distancia que puede existir entre los indicadores macroeconómicos y las condiciones sociales.

El informe del Centro RA plantea así una de las principales tensiones del actual escenario: los sectores que más se expanden no necesariamente son los que más trabajadores incorporan. La discusión sobre el crecimiento queda, de este modo, vinculada a otra pregunta: cómo lograr que las nuevas oportunidades productivas sean accesibles para quienes pierden sus empleos en las actividades que retroceden.

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Una rama de la actividad acumula 64 meses consecutivos de crecimiento interanual y, en lo que va de 2026, registró seis mejoras de dos dígitos en siete meses, según la serie del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec.

Se trata de la minería. En julio, la actividad del sector creció 8,43% frente al mismo mes de 2025, lo que completó el mes 64 de la racha. Ese resultado quedó por debajo de los seis anteriores, que superaron el 10% interanual: enero (10,49%), febrero (10,15%), marzo (16,43%), abril (17,13%), mayo (16,20%) y junio (15,80 por ciento).

La secuencia comenzó en abril de 2021, cuando la actividad subió 18,31% interanual, después de tres caídas al inicio de ese año. Desde entonces, ningún mes tuvo variación negativa. Dentro de la racha, el máximo de mejora fue el 20,67% de mayo de 2021 y el mínimo, el 3,69% de junio de 2024.

El desempeño de 2026 contrasta con los años inmediatamente anteriores. En 2024, solo febrero (11,33%) superó el 10% de crecimiento, y en 2025 pasaron ese porcentaje junio y julio. Una seguidilla de seis meses de dos dígitos no se registraba desde 2022: entre abril de 2021 y agosto de 2022, los 17 meses de la serie habían superado ese nivel.

Qué rubros traccionan la suba

Para conocer en detalle qué rubros dentro de la minería explican la suba, se puede recurrir al índice de producción industrial minero (IPI minero) del Indec. De acuerdo al estudio, el mayor impulso proviene de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación, que crecieron 19,7% interanual en julio y 33,7% en el acumulado del año. Dentro de ese grupo, la extracción de sal subió 78,9% en el mes y 99,2% en los siete meses. La rama de minerales para la fabricación de productos químicos, que incluye el litio, aumentó 9,8% y 46,9%, respectivamente.

El petróleo crudo también tuvo un peso central. Subió 12,7% interanual en julio y 16,7% en el acumulado.

No obstante, no toda la minería va por el mismo camino. Los minerales metalíferos (oro, plata y otros) bajaron 12,4% en julio y 0,7% en el acumulado. Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas retrocedieron 16,6% en el mes y 15,7% en los siete meses, con una incidencia negativa de 3,2 puntos.

Las exportaciones reflejan la mejora

En el frente externo, las exportaciones mineras sumaron USD 4.742 millones entre enero y junio de 2026, el nivel más alto para un primer semestre, según datos de la Secretaría de Minería y un relevamiento de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La cifra más que duplica el récord anterior, de 2011. Frente al primer semestre de 2025, la suba fue de 74,4%: las ventas de litio crecieron 185%, las de minerales metalíferos 58% (oro, 51,2%, y plata, 87,9%) y las del resto del sector, incluidos los no metalíferos, 3,9 por ciento.

El oro concentró alrededor del 61% de lo exportado en el semestre. Su desempeño se explica por los precios internacionales y no por una mayor extracción, ya que las perspectivas de producción para 2026 apuntan a un menor volumen. El litio es el segundo mineral exportado, con cerca de una cuarta parte del total, y las cantidades exportadas del complejo litio subieron más de 68% respecto del primer semestre de 2025. En conjunto, la minería explicó casi el 10% de las exportaciones argentinas del período.

La inversión también acompaña ese movimiento. De acuerdo con el Banco Central, el stock de inversión extranjera directa en minería llegó a USD 24.849 millones en marzo de 2026, frente a USD 12.402 millones en marzo de 2024. El flujo neto del primer trimestre fue de USD 2.799 millones, el más alto de la serie del organismo.

Qué proyecta el sector y qué condiciones plantea

Las proyecciones del sector indican que, de sostenerse la trayectoria actual, las exportaciones mineras llegarían a USD 18.500 millones en 2030 y a USD 35.000 millones en 2035. Para 2026, la CAEM estima que podrían superar los USD 9.000 millones, frente a los USD 6.075 millones de 2025, que representaron el 6,9% del total exportado por el país.

Según el sector, el cobre será el protagonista de los próximos años. Al día de hoy, bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se presentaron unos USD 40.000 millones en proyectos: USD 21.000 millones cuentan con aprobación y USD 19.000 millones están pendientes.

Los referentes de la industria identifican dos límites para sostener esa proyección. El primero es la exploración: la Argentina ocupa el octavo lugar mundial por potencial geológico, pero solo el 20% del territorio con aptitud minera fue explorado. El año pasado se invirtieron USD 400 millones en exploración, contra USD 2.000 millones en Australia. El segundo son los regímenes de compre local, que varían según la provincia y se superponen con la exigencia de 20% de producción nacional prevista en el RIGI, lo que genera incertidumbre en las decisiones de inversión.

La provincia de San Juan concretó con éxito su regreso al mercado internacional de capitales con la emisión de un bono por USD 600 millones bajo legislación de Nueva York, destinado a financiar obras de infraestructura, en una operación que representa un hito para la provincia que vuelve a acceder al financiamiento internacional después de aproximadamente dos décadas.

La emisión se realizó a un plazo de nueve años y con una tasa de 9,875 por ciento.

Desde la provincia destacaron que el regreso a los mercados internacionales se da después de 27 años: la última colocación externa había sido en 1999. Además, definieron la cifra como “de una escala inédita”. Los datos oficiales mostraron que la operación superó las expectativas de demanda: recibió ofertas por USD 1.037 millones, 1,7 veces el monto colocado, con la participación de 67 fondos e inversores. “La Provincia consiguió colocar la totalidad del monto en un contexto financiero particularmente adverso, con una fuerte suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el riesgo país argentino en la zona de los 570 puntos”, dijeron.

Según se detalló, los fondos tendrán un destino productivo: irán a infraestructura y obra pública, acompañando el crecimiento y el desarrollo minero de la jurisdicción.

El plazo y la tasa conseguidos, dijeron fuentes del sector financiero, reflejan el renovado interés de los inversores por las oportunidades que ofrece Argentina y, especialmente, por el potencial de crecimiento y desarrollo del sector minero.

Desde allí también remarcaron que la emisión del bono se apoya en fundamentos fiscales sólidos. De acuerdo con los análisis de mercado difundidos en los últimos días, San Juan presenta cuentas fiscales ordenadas, una sólida posición de liquidez y un nivel de endeudamiento históricamente bajo. Los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran un superávit primario acumulado equivalente al 0,9% de los ingresos totales y un superávit financiero del 0,3 por ciento.

Estos indicadores adquieren relevancia en un escenario en el que distintas jurisdicciones provinciales enfrentaron un deterioro de sus cuentas fiscales. “La fortaleza de las finanzas provinciales constituye así uno de los principales atributos que acompañan el regreso de San Juan a los mercados internacionales”, dijeron las fuentes financieras.

Desde la provincia remarcaron también el contexto de solidez fiscal e hicieron foco en el bajo nivel de endeudamiento y el respaldo al potencial minero.

“La licitación fue muy buena. En un contexto bastante complejo se recibieron muchísimas órdenes” (Cohen)

“Antes de esta emisión, la deuda provincial representaba aproximadamente el 10% de sus ingresos anuales. El mercado valora las perspectivas de crecimiento, inversión y generación de divisas de los grandes proyectos mineros de San Juan”, dijeron y aseguraron que hubo consultas de fondos del exterior y otros inversores interesados en participar de la colocación. “Es una muy buena señal de confianza: después de casi tres décadas, San Juan vuelve a presentarse ante los mercados internacionales respaldada por orden fiscal, bajo endeudamiento y perspectivas de crecimiento”, cerraron.

“La licitación fue muy buena. En un contexto bastante complejo se recibieron muchísimas órdenes. Eso muestra el interés que hay por Argentina y por la provincia de San Juan en particular”, dijo Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen Aliados Financieros.

“El mercado está experimentando una suba de tasas general. En ese contexto, San Juan logró comprimir la primera indicación que se dio, gracias a lo sobredemandado que resultó el bono. Este punto es, la cantidad de manda, es muy importante destacar. Porque la tasa se mueve según el mercado, pero la cantidad de órdenes tanto locales como internacionales demuestra la solidez de la provincia”, agregó.

Cuando se liquiden en el mercado, los dólares que consiguió la provincia aumentarán la oferta de divisas, lo que resulta favorable para el Banco Central de la República Argentina (BCRA): la entidad tendrá mayor margen para acelerar la compra de reservas internacionales —que en los últimos meses bajó el ritmo— sin generar presiones sobre el tipo de cambio.

Hasta mediados de agosto, en el BCRA calculaban que aún restaban por liquidarse más de USD 4.400 millones de colocaciones, un colchón de dólares para el mercado a partir del cual la entidad podría acelerar el ritmo de compras, aunque ya superó ampliamente la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Fundación Heinrich Böll y la Fundación del Río denunció que el régimen de Daniel Ortega puso en marcha una estrategia oficial para quitar las protecciones ambientales y entregar tierras a la minería metálica en Nicaragua.

La investigación señala que esta política genera un despojo sistemático que destruye reservas naturales y vulnera a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La extracción de oro y otros minerales se transformó en uno de los motores económicos del país. En 2025, las exportaciones del sector alcanzaron los 2,009,2 millones de dólares, lo que representó el 22.35% de todas las ventas al exterior de Nicaragua.

Frente a este volumen de dinero, los planes del gobierno buscan entregar en concesión más del 40% del suelo nacional.

Este ritmo de otorgamiento de licencias supera al de administraciones previas. Antes de 2007, existían 32 lotes autorizados que ocupaban cerca del 1% del territorio.

Sin embargo, la documentación indica que, hasta abril de 2026, existen 62 lotes mineros que ocupan el 25.5% de los territorios comunales, afectando a 18 pueblos originarios en la Costa Caribe y zonas cercanas.

En estas concesiones participan diversas empresas extranjeras. De los lotes ubicados en zonas indígenas, 24 están en manos de compañías de China, 15 pertenecen a firmas de Canadá, 11 a grupos de Colombia, seis a empresarios de Nicaragua y seis fueron declarados reservas del Estado.

Los cambios en las leyes facilitan la entrada de mineras a las áreas protegidas

Para apurar los permisos de explotación, las autoridades modificaron las reglas ambientales. Desde 2025, los proyectos mineros ya no necesitan presentar un estudio de impacto ambiental antes de comenzar sus actividades, sino que entregan un plan de manejo posterior a la concesión.

Además, se eliminó la obligación de consultar a los vecinos de la zona y se redujo a solo 30 días el tiempo para aprobar los permisos. Las leyes de protección de la naturaleza también perdieron fuerza. Con la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación, se autorizó por primera vez la búsqueda y extracción de minerales dentro de zonas protegidas.

Debido a esto, 75 lotes mineros afectan a 19 áreas protegidas y dos reservas de biosfera, abarcando más de 900,000 hectáreas, lo que equivale al 20% de todos los espacios naturales resguardados del país.

En los territorios indígenas, el gobierno no completó la titulación definitiva ni retiró a los ocupantes no autorizados, un paso exigido por la Ley 445.

Al mismo tiempo, el régimen de Daniel Ortega reemplazó a los líderes comunitarios tradicionales para restar autonomía a las poblaciones locales reconocidas por la Ley 28.

En 2026, las autoridades pasaron la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia para reforzar el control político y esquivar el impacto de las sanciones internacionales. La falta de transparencia creció en los últimos años: el régimen de Ortega dejó de publicar datos sobre la cantidad de mineral extraído desde 2024, lo que genera dudas sobre el origen real del oro exportado desde Nicaragua.

La contaminación de los ríos y los ataques armados amenazan a la población

La expansión de las minas causa graves daños en las fuentes de agua de las poblaciones locales. Los datos recopilados por la Fundación del Río muestran que al menos 163 ríos y 80 quebradas se encuentran dentro de los lotes entregados a las empresas, lo que abarca casi 1,900 kilómetros de cauces hídricos en tierras indígenas.

El uso de químicos para separar los minerales provocó daños directos en la salud. Un análisis realizado en 2025 por la red IPEN detectó que el 80% de las mujeres miskitas analizadas tenían niveles de mercurio superiores a los límites seguros establecidos por los organismos internacionales de salud.

A los problemas ambientales se suma la violencia armada en los territorios originarios. Uno de los ataques más graves ocurrió en el cerro Kiwakumbai, donde fueron asesinados al menos 13 indígenas.

Pese a los ingresos millonarios que genera la actividad, el Estado tampoco entrega el 25% de los impuestos mineros que corresponden por ley a las comunidades locales para compensar el uso de sus tierras.

En los últimos dos años y medio, el crecimiento de las exportaciones argentinas se concentró especialmente en el petróleo de Vaca Muerta, la minería metalífera y el agro pampeano. Pero el aumento de las ventas al exterior no necesariamente se traduce de la misma manera dentro de cada provincia: el impacto depende de cuánto ese impulso se convierte en empleo, salarios y demanda de bienes y servicios producidos localmente.

Un informe del IERAL analizó justamente ese efecto derrame a partir de la evolución, entre 2023 y 2025, de la masa salarial privada formal neta de inflación. El indicador permite combinar el comportamiento del empleo registrado y de los salarios reales. Para cada provincia, el análisis distingue entre el sector exportador relevante, el resto de los bienes transables y las actividades restantes, principalmente servicios.

La comparación muestra que el boom exportador tiene efectos muy diferentes según la estructura productiva de cada territorio. Mientras en algunas provincias el crecimiento de una actividad exportadora logra traccionar a sectores que no están directamente vinculados con ella, en otras el impacto queda concentrado o incluso es neutralizado por la caída de otras ramas de la economía.

Neuquén, el caso de mayor derrame

Neuquén aparece como el ejemplo más claro de un impulso exportador capaz de extenderse al conjunto de la economía provincial. El fuerte crecimiento de la actividad petrolera vinculada con Vaca Muerta no sólo se refleja en una mejora de la masa salarial total, sino que también genera un efecto significativo sobre sectores que no pertenecen directamente al petróleo y el gas.

De hecho, el resto de los bienes transables —es decir, las actividades que producen bienes comerciables y que quedan fuera del sector de hidrocarburos— registra una mejora incluso mayor que la del propio sector petrolero. A su vez, los demás sectores de la economía neuquina también muestran una evolución positiva.

El resultado es un derrame que excede a la actividad que origina el boom exportador y alcanza a una porción más amplia de la estructura productiva provincial.

En este sentido, la masa salarial privada formal real aumentó 17% en esta jurisdicción entre 2023 y 2025. El petróleo y el gas registraron una suba del 13%, mientras que el resto de los bienes transables mostró un crecimiento mucho más marcado, del 29%. A su vez, los demás sectores avanzaron 17%, en línea con el incremento de la masa salarial privada total.

Salta y San Juan: la minería genera un derrame parcial

El panorama es diferente en las provincias mineras. Salta y San Juan también registran una mejora de la masa salarial total entre 2023 y 2025, pero el impacto es más acotado cuando se observa qué ocurre fuera de las actividades directamente relacionadas con la minería.

En San Juan, uno de los datos destacados es que el resto de los bienes transables crece incluso más que la propia minería. Una de las explicaciones está en el peso de la industria que provee insumos y bienes a la actividad minera, que también se beneficia del mayor nivel de producción.

Sin embargo, tanto en San Juan como en Salta, el comportamiento de los sectores más alejados de la minería es considerablemente más moderado. Comercio, servicios y construcción mejoran, pero en una magnitud menor, lo que muestra que el impulso exportador todavía tiene dificultades para trasladarse de manera plena al conjunto de la economía provincial.

En Salta, la masa salarial privada formal real aumentó 5% entre 2023 y 2025, aunque con una marcada diferencia entre sectores. La explotación de minas y canteras registró un incremento del 19%, mientras que el resto de los bienes transables avanzó 6% y los demás sectores apenas 1%.

En San Juan, la masa salarial total creció 3%, con una suba del 7% en la minería y un salto del 11% en el resto de los bienes transables. Los demás sectores, en cambio, mostraron una mejora de apenas 1%.

Buenos Aires y Córdoba: el agro exporta más, pero derrama poco

Buenos Aires y Córdoba presentan otro escenario. En ambas provincias, los sectores vinculados con las exportaciones del agro pampeano tienen un desempeño favorable, pero el efecto sobre el resto de las actividades resulta limitado.

Mientras el agro mejora su desempeño y registra mejores condiciones salariales, la industria transable no vinculada con el sector agropecuario retrocede. También caen parte de las actividades restantes, aunque la contracción resulta menos marcada en Córdoba.

Así, el aumento de las exportaciones agropecuarias no alcanza para generar una mejora generalizada en las economías provinciales. El sector exportador muestra una evolución positiva, pero el efecto no se replica con la misma intensidad en el resto de la estructura productiva.

En la provincia de Buenos Aires, la masa salarial real de la explotación de minas y canteras —el agregado que contempla las actividades vinculadas al complejo exportador analizado— aumentó 7% entre 2023 y 2025, pero el resto de los bienes transables cayó 4% y los demás sectores retrocedieron 3%. Como resultado, la masa salarial privada total disminuyó 2%.

En Córdoba, la actividad vinculada al sector exportador creció 5%, mientras que el resto de los bienes transables registró una caída del 5%. Los demás sectores no mostraron variación y la masa salarial privada total también quedó estable.

Santa Cruz

Santa Cruz muestra una dinámica diferente. Allí, el buen desempeño de una actividad exportadora no alcanza para compensar el retroceso de otra rama de mayor peso dentro de la economía provincial.

Si bien la explotación de minas y canteras registró un fuerte aumento del 21% en la masa salarial real entre 2023 y 2025, ese resultado fue ampliamente contrarrestado por la evolución del resto de la economía. Los demás bienes transables sufrieron una caída del 27%, mientras que el resto de los sectores retrocedió 17%. Como consecuencia, la masa salarial privada formal total se redujo 15% en el período.

Según el IERAL, la minería atraviesa un período favorable y genera un efecto positivo, pero ese impulso queda contrarrestado por una fuerte caída del petróleo. Como consecuencia, el retroceso de los hidrocarburos termina impactando sobre el resto de los bienes transables y también sobre otras actividades provinciales.

“El derrame existe, pero queda contrarrestado por lo que ocurre en el resto de la estructura productiva provincial”, asegura el informe.

Como conclusión, el centro de estudios indicó: “El principal resultado es que un boom exportador genera oportunidades, pero no necesariamente alcanza para mover a toda la economía provincial. El derrame es más amplio cuando el sector que crece impulsa el empleo, los salarios y los proveedores locales, y no convive con otra actividad de gran peso en retroceso. Neuquén es el caso más claro. En las provincias mineras, el efecto aparece con fuerza alrededor de la propia cadena productiva, pero todavía llega menos al resto de la economía”.

“En Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, en cambio, sectores importantes con mal desempeño compensan parte —o incluso la totalidad— del impulso exportador. Para una empresa, por lo tanto, no basta con mirar qué sector exporta más: también importa cuánto de ese crecimiento se transmite a proveedores, trabajadores y actividades locales, y qué está ocurriendo al mismo tiempo con el resto de la estructura productiva provincial”, añadió.

En la montaña que se alza sobre el pueblo austríaco de Hallstatt, los arqueólogos han localizado un entramado de 305 metros de galerías y cámaras. El hallazgo llegó de la mano de perforaciones exploratorias realizadas por el Museo de Historia Natural de Viena (NHM), que buscaba zonas de la mina de sal que ningún investigador había podido examinar hasta ahora. Los sondeos arrancaron en 2022 con una perforadora de núcleo de la empresa Salinen Austria AG.

Esperaban encontrar una sola cavidad de grandes dimensiones, pero las perforaciones mostraron algo más complejo: varias cámaras dispuestas en paralelo, a varios niveles, que en conjunto forman un extenso complejo minero.

La primera hipótesis apuntaba a una sola cavidad de grandes dimensiones. Sin embargo, las perforaciones mostraron algo más complejo: varias cámaras dispuestas en paralelo, algunas por encima y otras por debajo, que en conjunto forman un extenso complejo minero. Daniel Brandner, responsable de las excavaciones subterráneas del departamento de Prehistoria del museo, lo describe así en declaraciones a APA: “Se trata de múltiples cámaras que corren paralelas entre sí, apiladas unas sobre otras y otras debajo de otras”. Y añadió: “Nunca habíamos visto algo así en Hallstatt”.

La actividad minera se remonta al Neolítico

Las cámaras localizadas corresponden a la Edad del Hierro, en concreto al siglo VI antes de Cristo, un periodo en el que Hallstatt ya era uno de los grandes centros de producción de sal de la Europa prehistórica. Pero la explotación del yacimiento arrancó mucho antes. Los primeros pobladores llegaron al valle situado sobre la montaña hace unos 7.300 años y empezaron a extraer sal casi de inmediato, según confirman los picos de asta de ciervo y las herramientas de piedra halladas en distintos puntos del interior.

La producción alcanzó su punto más alto hacia el año 1200 antes de Cristo, ya en la Edad del Bronce tardía, con una extracción diaria de alrededor de 1,5 toneladas de sal. El propio museo señaló en un comunicado que estos hallazgos demuestran cómo la minería de sal impulsó innovaciones en tecnología, organización y transporte desde la prehistoria, con un papel determinante en la conversión de Hallstatt en uno de los centros industriales más antiguos de Europa.

Las cámaras conservan ADN de los mineros y pruebas de su alimentación

Las cámaras recién halladas siguen los depósitos naturales de sal dentro de la montaña, lo que deja ver cómo los mineros de la Edad del Hierro ajustaban su trabajo a la geología del terreno. Miden unos 25 metros de ancho y 20 de alto, y el suelo conserva una capa de residuos que en algunos tramos supera los nueve metros de espesor. Entre esos materiales aparecieron astillas de pino quemadas, herramientas rotas, fragmentos de ropa y desechos humanos. La sal actuó como conservante natural y permitió que sobreviviera también ADN de los propios mineros y de los alimentos que consumían.

Los mangos de las herramientas encontradas en estas cámaras difieren de los usados en eras anteriores, cuando los utensilios seguían formas más estandarizadas, lo que sugiere cambios en las técnicas empleadas. Los investigadores encuentran, además, semejanzas con los hallazgos de Dürrnberg, cerca de Hallein, en Salzburgo, donde la minería de sal comenzó también en el siglo VI antes de Cristo.

Desprendimientos de tierra sepultaron varias veces las galerías

A lo largo de los siglos, grandes desprendimientos de tierra sepultaron en varias ocasiones las labores subterráneas y rellenaron las cámaras vacías con material de la superficie. Pese a ello, los mineros volvían a la actividad pocos años después. De ese contexto procede el llamado “hombre de sal”, un minero cuyo cuerpo, hallado en 1734, se conservó gracias a las propiedades del mineral. Probablemente murió durante uno de esos desprendimientos, aunque en su época nadie supo que se trataba de un resto prehistórico.

Los hallazgos se presentaron al público este mes, aunque sin acceso directo a las cámaras recién descubiertas. El Museo de Historia Natural de Viena organizó, junto a Salzwelten y Salinen Austria AG, la jornada “Arqueología en la Montaña”, celebrada el 12 y el 13 de septiembre en torno a la Alte Schmiede, la sede del museo en Hallstatt.

La actividad, con entrada gratuita, se desarrolló en la superficie del yacimiento: los visitantes pudieron probar herramientas prehistóricas, ver cómo se cocía la salmuera, seguir de cerca la perforación de tuberías de madera y vestirse con la indumentaria que usaban los antiguos mineros.

Las cámaras de la Edad del Hierro descubiertas mediante las perforaciones de núcleo permanecen fuera del alcance del público, ya que forman parte de una excavación en curso. Quien quiera recorrer parte del histórico complejo minero puede hacerlo a través de las visitas guiadas diarias que ofrecen las Salzwelten, aunque ese circuito turístico corresponde a sectores ya conocidos del yacimiento y no a las galerías halladas en la investigación reciente.

La Argentina y Estados Unidos lanzaron este miércoles en Nueva York el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de infraestructura que prevé inversiones de hasta USD 7.000 millones para 2027. Las obras se concentran principalmente en energía, pero también alcanzan a la minería, el transporte y las telecomunicaciones.

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Christopher Landau lo rubricaron en nombre de los presidentes Javier Milei y Donald Trump. El acto se realizó en el Consulado argentino en esa ciudad, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ambos gobiernos difundieron una declaración conjunta con el detalle de los sectores comprendidos y de las herramientas de financiamiento previstas. Estas son las claves del acuerdo.

1. Qué es el Corredor Andes-Atlántico

Es una iniciativa conjunta para fortalecer y modernizar la infraestructura que une los sectores económicos de mayor peso de Argentina con los puertos del Atlántico y con los mercados occidentales. Según el texto oficial, el proyecto se inscribe en el compromiso de ambos países con la seguridad, la protección y la prosperidad del Hemisferio Occidental y de sus cadenas de suministro estratégicas.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, señaló en una publicación que el respaldo de Trump y el liderazgo de Milei se traducen ahora en una iniciativa concreta para conectar la matriz productiva argentina con Occidente.

2. El monto y el calendario

El acuerdo contempla inversiones de hasta USD 7.000 millones, que se destinarán durante 2027 a obras de infraestructura. La mayor parte corresponde a proyectos energéticos. El resto se reparte entre minerales, transporte y telecomunicaciones.

3. La geografía que busca conectar

El Corredor apunta a vincular dos zonas: el noroeste argentino, con presencia de minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta. Ambas quedarían conectadas con los puertos atlánticos mediante ferrocarriles, oleoductos y gasoductos, puertos, redes eléctricas y tecnología digital. El Departamento de Estado indicó que la iniciativa busca atender la demanda creciente de los sectores energético y minero y reducir los cuellos de botella en transporte y energía.

4. El peso de Argentina LNG

Unos USD 6.000 millones del total serán destinados a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que lidera YPF junto con la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. Es la mayor inversión anunciada en la historia del país, con un monto global de 51.000 millones de dólares.

La financiación contará con el respaldo del EXIM y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).

5. Los proyectos de transporte

En el rubro de transporte, ambos países se proponen identificar obras prioritarias para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos. Las empresas estadounidenses podrán competir en las licitaciones o participar como subcontratistas.

El documento menciona la Hidrovía, los trenes que serán privatizados, como el Belgrano Cargas, y otras líneas, entre ellas una que podría unir Vaca Muerta con Bahía Blanca. No se informaron montos para estos proyectos.

6. Las herramientas para el sector energético

Además del gas, el acuerdo prevé desarrollar comercialmente los recursos de Vaca Muerta con inversión, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos. Entre ellos figuran préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros, pensados para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios de ese país.

También se menciona el proyecto AMBA I, de transporte de energía eléctrica. Las obras de generación y transmisión forman parte de las inversiones que, según el texto, permitirán aumentar las exportaciones de petróleo y gas.

7. Minerales críticos

El Corredor se apoya en el Acuerdo Marco de Minerales Críticos entre ambos países. Su meta es identificar oportunidades para respaldar la minería y el procesamiento de estos recursos, asegurar las cadenas de suministro y promover su diversificación a nivel global. El Departamento de Estado mencionó al litio y al cobre, junto con el petróleo y el gas, entre los recursos cuyas cadenas de suministro se buscan fortalecer.

8. El componente digital

El sector digital incluye el apoyo al uso de tecnología confiable y la colaboración en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera. Este punto se enmarca en el Artículo 3.2 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos entre ambos países.

Entre los proyectos mencionados figuran la expansión de las telecomunicaciones, iniciativas de Arsat, cables submarinos y fibra óptica. El documento señala además que la estadounidense Metrotel quedará con 6 millones de clientes móviles tras la fusión entre Telecom y Telefónica.

9. Quién financia y a qué se compromete Argentina

Del lado estadounidense, el acuerdo habilita el uso de las herramientas de financiamiento, desarrollo y asistencia técnica de la DFC, el EXIM y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, además de la participación del sector privado de ese país.

Al ser consultado en Nueva York sobre el funcionamiento del mecanismo, Quirno explicó que el EXIM “financia proveedores estadounidenses” para que participen en los proyectos que se desarrollan en Argentina. En diálogo con Infobae, el canciller sostuvo que “el país no necesita financiamiento como país” y que lo que hizo fue generar las condiciones para que entidades, como ese banco, puedan respaldar a empresas estadounidenses que, en el pasado, no se animaban a ingresar al mercado argentino.

Argentina, por su parte, se compromete a seguir fortaleciendo su marco legal y regulatorio y la protección a la inversión. Eso incluye reglas transparentes, predecibles y efectivas para las concesiones de infraestructura, con la bienvenida a empresas y financistas estadounidenses. El Departamento de Estado citó como respaldo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales, comerciales y cambiarios de largo plazo para inversiones de gran escala en sectores prioritarios.

10. El marco internacional y el contexto

El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global. Según el Departamento de Estado, es el primero de esa alianza en el Hemisferio Occidental. Se suma a otros corredores impulsados por Washington: el que une India, Medio Oriente y Europa; la Ruta Transcaspiana en Asia Central y el Cáucaso; el Corredor de Lobito, en el África subsahariana; y el Corredor Económico de Luzón, en Filipinas.

El anuncio se produce en un escenario en el que el conflicto en Medio Oriente afecta el transporte de energía por los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab.

Quirno describió un contexto internacional en el que se busca resolver conflictos preexistentes y en el que las cadenas de suministro y de valor adquirieron una importancia que, según indicó, no tenían en los últimos treinta años. Ese cambio, agregó, lleva a los gobiernos a definir con una mirada estratégica y política “quiénes son los países amigos y los países afines” con los que asegurarán el suministro de lo que consideró el futuro del hemisferio.

Horas antes de la firma, Milei invitó ante la Asamblea de la ONU a invertir en Vaca Muerta y planteó que Argentina no será indiferente frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal. Ambos gobiernos indicaron, además, que buscan profundizar la relación bilateral mediante mayor inversión estadounidense, cooperación en seguridad y valores compartidos.

Las comunidades cercanas al proyecto minero, antes denominado Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala han alertado sobre una menor disponibilidad de agua y posibles afectaciones a la salud.

La preocupación también alcanza a El Salvador por la conexión entre los cuerpos de agua de la zona fronteriza y el río Lempa.

Héctor Aguirre, gerente general de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, afirmó que pobladores vecinos al proyecto han comunicado dificultades para acceder al agua desde que la empresa comenzó a extraerla de pozos ya perforados en el área.

Según explicó, esa demanda se suma a la reducción de lluvias y al descenso de los mantos acuíferos en el corredor seco centroamericano.

Aguirre indicó que dos comunidades se han acercado a la Mancomunidad para reportar problemas de abastecimiento, entre ellas La Lima. “Ya están extrayendo agua” y ello “está afectando la disponibilidad de agua de las comunidades vecinas”, sostuvo.

La entidad trinacional participó el 18 de septiembre en una conferencia de prensa en Asunción Mita, durante la conmemoración del cuarto aniversario de la consulta municipal de vecinos de 2022. En esa votación, 7,481 de los 8,509 participantes rechazaron la minería metálica en el municipio.

En una publicación difundida tras la actividad, la Mancomunidad reiteró su rechazo institucional a la minería metálica en la Región Trifinio. El texto señala que la preocupación se centra en los eventuales impactos ambientales y transfronterizos sobre las fuentes de agua compartidas por Guatemala, Honduras y El Salvador.

Comunidades denuncian enfermedades y piden análisis del agua

Durante la conferencia, representantes comunitarios también expusieron denuncias sobre problemas de salud en poblaciones cercanas al proyecto.

Aguirre afirmó que el tránsito de vehículos pesados y el polvo generado por obras vinculadas a la mina han sido asociados por habitantes de la zona con afecciones respiratorias.

El gerente de la Mancomunidad agregó que residentes han mencionado enfermedades en personas y animales, además de inquietudes por la calidad del agua.

Estas denuncias coinciden con un antecedente planteado por vecinos de Asunción Mita, quienes han señalado la presencia de altos niveles de arsénico en el agua que circula por el municipio.

Aguirre aclaró que las comunidades han solicitado muestreos a instituciones públicas para documentar la posible contaminación.

La ruta hídrica que conecta Asunción Mita con San Salvador

La preocupación por la calidad del agua parte de la conexión entre el río Ostúa, el lago de Güija y el río Lempa. De acuerdo con Aguirre, el río Ostúa recibe aguas de la zona donde se ubica el proyecto minero, atraviesa municipios guatemaltecos y desemboca en el lago de Güija.

Desde ese lago, el agua llega al río Lempa, una de las principales fuentes de abastecimiento para el Área Metropolitana de San Salvador. La Mancomunidad advierte que una eventual contaminación con metales pesados podría desplazarse por esa red hídrica transfronteriza.

Aguirre mencionó sustancias como arsénico, plomo y mercurio al describir los riesgos planteados por organizaciones ambientales. También sostuvo que las autoridades guatemaltecas deben realizar controles y emitir informes técnicos sobre la calidad del agua en la cuenca.

El uso de agua y el riesgo de un mayor déficit hídrico

La extracción de agua para las operaciones mineras aparece como otra preocupación para las comunidades. Aguirre sostuvo que el uso de pozos por parte del proyecto podría profundizar el déficit hídrico en una región donde las fuentes, los nacimientos y los caudales ya muestran reducciones, según testimonios de pobladores.

La Mancomunidad señaló que no cuenta con una medición técnica integral sobre la disminución de los caudales, aunque ha recopilado informes comunitarios en Guatemala, Honduras y el norte de El Salvador.

La publicación de la entidad concluye que la protección de la cuenca del río Lempa requiere acciones coordinadas entre los tres países, debido a que los efectos sobre el agua trascienden las fronteras municipales y nacionales.

Perú quedó en el puesto 87 de 177 países en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) 2026, con 41,01 puntos sobre 100. El resultado lo ubicó en la mitad baja de la clasificación mundial y por detrás de varios países de América Latina, pese a que concentra parte de la Amazonía, glaciares tropicales y ecosistemas marino-costeros ligados a la corriente de Humboldt.

El EPI es una medición comparativa elaborada por centros de investigación de las universidades de Yale y Columbia. El índice evalúa la cercanía de los países a metas ambientales mediante variables sobre salud ambiental, protección de ecosistemas y cambio climático. Por eso, no mide solo la disponibilidad de recursos, sino también la capacidad de los Estados para protegerlos, reducir daños y aplicar políticas con resultados verificables.

La distancia de Perú con los referentes regionales es amplia. Chile, que encabezó América Latina y el Caribe, obtuvo 50,95 puntos y alcanzó el puesto 41 global. Costa Rica llegó a 49,28 puntos; Colombia, a 48,83; Brasil, a 48,27; México, a 46,10, y Argentina, a 46,07.

La brecha peruana con Chile fue de 9,94 puntos. Frente a Colombia, la diferencia alcanzó 7,82 puntos, mientras que Brasil superó a Perú por 7,26. Ecuador y Panamá también quedaron por encima, con 45,46 y 45,14 puntos, respectivamente.

Perú quedó por detrás de sus vecinos amazónicos y andinos

La comparación resulta relevante porque Colombia, Brasil y Ecuador enfrentan desafíos similares: presión sobre la Amazonía, expansión agrícola, extracción de recursos naturales y dificultades para vigilar territorios extensos. Los tres registraron mejores resultados que Perú en la clasificación.

El índice no premia la existencia de bosques, ríos, montañas o especies por sí sola. Un país con alta biodiversidad puede obtener una calificación limitada si no controla la deforestación, la contaminación, las emisiones, la degradación de cuencas o la exposición de la población a aire contaminado.

En el caso peruano, el resultado contrasta con la extensión de su patrimonio natural. El país reúne áreas amazónicas, bosques secos, ecosistemas altoandinos, glaciares tropicales y una franja marina de alta productividad. Sin embargo, enfrenta problemas persistentes de deforestación, minería ilegal, contaminación por mercurio, deterioro de ríos y una capacidad desigual de fiscalización en zonas alejadas.

La gestión ambiental urbana también forma parte del desafío. Lima, Callao y otras ciudades deben responder a problemas de calidad del aire, transporte, residuos, expansión informal y déficits de saneamiento. Las emergencias vinculadas con lluvias, huaicos, sequías e inundaciones exponen, además, la vulnerabilidad del país ante el cambio climático.

El ranking mide resultados y no solo recursos disponibles

Perú superó a Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Guatemala y Haití, entre otros países latinoamericanos. A escala mundial, quedó cerca de Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Mauricio y Rusia, cuyas puntuaciones se ubicaron alrededor de los 41 puntos.

Estonia lideró el EPI 2026 con 74,79 puntos, seguida por Luxemburgo, con 74,24, y el Reino Unido, con 71,51. La distancia entre Perú y Estonia fue de 33,78 puntos. España ocupó el puesto 11, mientras que Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá quedaron fuera de los primeros lugares, aunque conservaron calificaciones superiores a la peruana.

El informe también identificó una correlación de 0,69 entre las puntuaciones ambientales y el producto interno bruto per cápita. Los países con más ingresos suelen contar con mayor capacidad para financiar infraestructura sanitaria, tratamiento de residuos, monitoreo, transición energética y control de emisiones.

Esa relación no determina por completo el resultado. El EPI señala que algunos países superan a otros con niveles de ingreso similares. La posición de Perú, por lo tanto, debe analizarse frente a sus pares latinoamericanos y a otras economías dependientes de actividades extractivas.

El EPI evaluó 47 indicadores en 12 categorías

La edición 2026 del Índice de Desempeño Ambiental analizó 47 indicadores agrupados en 12 categorías temáticas y tres objetivos políticos: salud ambiental, vitalidad de los ecosistemas y cambio climático. El estudio cuenta con apoyo de la Fundación McCall MacBain.

La metodología permite observar la posición general de cada país y revisar sus resultados por áreas. El puesto 87 no identifica por sí solo qué variable explica más el desempeño de Perú, pero plantea una brecha entre su riqueza natural y su capacidad de traducirla en protección ambiental, prevención de daños y mejores condiciones para la población.

“Cuando no hay enchufes, no hay reefer, listo, nos vamos por Buenos Aires”. Con esa frase, Lorena resume una rutina que se repite en Puerto Madryn cada temporada de pesca. Ve de cerca cómo la escasez de barcos y de contenedores termina definiendo, más que ninguna otra variable, el destino de las exportaciones patagónicas, y cómo esa misma logística limitada también le pone un techo al desarrollo de nuevos exportadores de la región.

¿Qué representa trabajar como despachante de aduana en un puerto como Puerto Madryn?

Acá no es solo pesca y aluminio, aunque hoy ese es el grueso de lo que se mueve. Antes también había lana, pero ya no hay laneras y esos embarques desaparecieron. El aluminio es constante durante todo el año, la producción nunca para, mientras que la pesca tiene temporadas bien marcadas. Esa diferencia de ritmos es la que más condiciona el trabajo diario del despachante en esta zona.

¿Qué complicaciones logísticas enfrenta hoy la exportación de pescado desde Madryn?

Nos pasa que no siempre hay disponibilidad de contenedores vacíos para exportar, o colapsa el puerto en cuanto a enchufes para los reefer. El barco que llega es único, viene desde el norte y hace toda la vuelta hacia el sur, así que si se retrasa en un puerto intermedio, ese atraso se traslada a todos los puertos siguientes, incluido el nuestro.

¿Y antes esta situación era distinta?

Hace cuatro o cinco años teníamos siempre dos barcos a disposición, que se iban turnando: mientras uno llegaba, el otro ya estaba saliendo. Cada diez días había un barco disponible tanto para exportar como para importar. Coincidió con la fusión de dos navieras grandes, las únicas que llegaban hasta acá, y ahí empezamos a quedarnos con un solo barco para todo el sur.

Cuando falta el enchufe o el contenedor, ¿qué alternativas quedan para exportar?

Cuando no hay enchufes, no hay reefer, listo, nos vamos por Buenos Aires. Ahí entra la figura del forwarder: se alquila el transporte, se cotiza el flete nacional y el internacional, y se arma un tránsito de exportación. Es una salida, pero conlleva más tiempo: un trámite que un día normal nos lleva cuatro horas se transforma en seis u ocho, porque el tránsito implica más papelerío.

Más allá de la gestión de trámites, ¿cuál es el rol real del despachante en toda la cadena?

Mucha gente tiene la imagen de que uno gestiona dos papeles y listo. La realidad es que terminás siendo el intermediario entre el importador, el forwarder y el proveedor en el exterior. Revisás el draft del BL, chequeás que la documentación cumpla con lo que exige la reglamentación argentina, y muchas veces terminás hablando directamente con el proveedor en representación de tu cliente.

¿Ese trabajo de revisión evita problemas concretos en la operación?

Sí, sobre todo con las importaciones desde China. Allá generalmente no pesan la mercadería, mandan un estimativo, y acá la aduana es estricta: te pesan igual aunque vendas por unidad. Una diferencia de peso puede hacer que una carga que salió canal verde termine en rojo, con un extracosto para el cliente. Por eso conviene pedir que pesen antes de emitir el conocimiento de embarque.

Pensando en el crecimiento de la economía regional patagónica, ¿qué hace falta para acompañar a los nuevos exportadores?

Tenemos mucho potencial: aparecen productores nuevos, de vinos, de whisky patagónico, de aceite de oliva, con ganas de exportar. Pero muchas veces la maquinaria o la producción que traen o llevan es chica, no llena un contenedor, y acá no se hacen cargas fraccionadas ni el aéreo es una opción por el costo. Si queremos que la economía regional crezca, la logística tiene que acompañar ese impulso.

Dos ciudadanos panameños fueron aprehendidos por su presunta participación en actividades de minería ilegal dentro del Parque Nacional Chagres, en la provincia de Panamá.

El operativo se realizó en la quebrada Peluca, ubicada en el corregimiento de Caimitillo.

En el lugar, las autoridades hallaron equipos que, según la información disponible, se usaban para extraer material del cauce.

Se informó que durante la diligencia se decomisaron dos motobombas, cuatro palas y dos bateas de madera. Los objetos quedaron bajo custodia como indicios para la investigación.

La intervención incluyó la participación de personal técnico del Ministerio de Ambiente y de guardaparques, quienes documentaron las afectaciones detectadas en el área protegida.

Los dos hombres y los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales. La entidad deberá determinar si existieron delitos vinculados con la extracción clandestina de recursos minerales y el daño al ecosistema.

De forma paralela, el Ministerio de Ambiente abrirá un proceso administrativo y efectuará los trámites correspondientes ante el Ministerio Público.

La acción reunió a unidades de la Policía Ambiental, la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales y el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental. El despliegue formó parte de las tareas de vigilancia en zonas con recursos naturales bajo protección.

La legislación panameña contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes, en contravención de las normas ambientales, extraigan recursos minerales de forma ilegal y afecten el equilibrio ecológico o las fuentes de agua.

La Ley General de Ambiente también prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y dentro de áreas protegidas, como el Parque Nacional Chagres.

En julio de este año el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental informó que aprehendió a seis personas, entre ellas dos menores de edad, después de ser sorprendidas realizando actividades de extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto.

Los reportes indican que la acción se dio durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en el Corredor de Los Pobres, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

La operación se ejecutó de manera mancomunada con la participación de efectivos de la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales (UCDA), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) Ambiental, la Policía Ambiental y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

La intervención respondió a información previa que alertaba sobre la presencia de personas dedicadas a la actividad minera ilegal, la cual estaba provocando afectaciones al ecosistema, entre ellas la desviación del cauce de la quebrada y la degradación del suelo.

Durante la operación fueron aprehendidos cuatro adultos y dos menores de edad. En cumplimiento de los protocolos establecidos, los adolescentes fueron remitidos a las autoridades competentes a través de la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

A los involucrados se les informó sobre su aprehensión por la presunta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales.

Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron diversos implementos utilizados para la extracción ilegal, entre ellos: cuatro palas, cuatro bateas, cuatro canalones, diez cubos plásticos, una manguera con filtro, un tanque de gasolina, una coa y una motobomba.

Asimismo, personal técnico del Ministerio de Ambiente entregó las citaciones correspondientes para dar continuidad al proceso administrativo.

Los aprehendidos fueron trasladados a la 14.ª Zona Policial Metro Norte, subestación de Caimitillo, donde se realizaron los trámites legales pertinentes.

Con este tipo de acciones, MiAmbiente, en coordinación con los estamentos de seguridad, mantiene su labor de vigilancia y respuesta frente a las actividades que atentan contra los recursos naturales y los ecosistemas del país.

Cuando se habla del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la discusión suele concentrarse en Neuquén, por su asociación directa con Vaca Muerta, o en San Juan y Catamarca, las provincias mineras que empujaron buena parte del debate original sobre el régimen. Sin embargo, si el criterio para medir el impacto no es el volumen de dólares comprometidos sino el peso que esos proyectos tienen sobre la economía de cada jurisdicción, la respuesta cambia. La provincia que más se beneficia, en términos relativos, es Río Negro, que no tiene un solo proyecto minero aprobado bajo el régimen.

El dato surge de un informe del Ieral (Fundación Mediterránea), que comparó el monto de los proyectos aprobados por el RIGI en cada provincia con el Producto Bruto Geográfico (PBG) de esa jurisdicción. El PBG es el indicador que refleja la actividad económica de la producción de bienes y servicios en el territorio de una provincia. Es asimilable al cálculo del PBI de un país, pero en escala provincial.

Según ese cálculo, elaborado por el economista Marcelo Capello, los proyectos aprobados en Río Negro equivalen al 196% de su PBG, el valor más alto de todas las provincias con iniciativas en marcha. Detrás se ubican San Juan, con el 150%, y Catamarca, con el 64 por ciento. A partir de ahí la distancia se agranda de manera notoria: Salta llega al 21%, Neuquén al 19%, Jujuy al 17%, La Pampa al 8% y Mendoza al 5%. En el caso de Santa Fe y Buenos Aires, los proyectos aprobados no llegan al 1% de sus respectivos PBG.

El contraste con Neuquén es el que mejor explica el fenómeno. Pese a ser la provincia sede de Vaca Muerta y la que concentra buena parte de la actividad hidrocarburífera no convencional del país, su economía es lo suficientemente grande como para que los montos aprobados representen “apenas” el 19% de su producto.

Río Negro, en cambio, tiene un PBG considerablemente menor, de modo que el mismo tipo de inversiones, ligadas también a Vaca Muerta pero radicadas en su territorio, multiplican su peso relativo casi por dos frente al tamaño de su economía provincial.

Una provincia con la llave de la exportación

Río Negro es la quinta provincia productora de petróleo del país, aunque no figura entre las jurisdicciones con proyectos mineros aprobados bajo el RIGI. Lo que capturó fue, sobre todo, la infraestructura de evacuación y exportación de la producción que sale de Vaca Muerta, gracias a su salida al mar por el Golfo San Matías y a la cercanía de localidades como Punta Colorada y San Antonio Oeste.

El proyecto de mayor escala es el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que contempla la construcción de un ducto de 437 kilómetros con capacidad para transportar 377.400 barriles diarios y almacenar 3,77 millones de barriles, con el objetivo declarado de duplicar las exportaciones de petróleo del país. El proyecto podría ampliarse hasta una capacidad máxima de 700.000 barriles diarios, lo que habilitaría exportaciones por más de 16.000 millones de dólares anuales. La inversión total del proyecto, a cargo de VMOS S.A., es de 2.900 millones de dólares, y se estiman 3.108 empleos directos e indirectos.

El segundo proyecto en magnitud es el de licuefacción de gas natural que impulsa Southern Energy S.A., también en el Golfo San Matías, a través de la instalación de dos unidades flotantes, Hilli Episeyo y Esperanza. Con una capacidad de producción de 6 millones de toneladas anuales de GNL y el inicio de exportaciones previsto para 2027, el proyecto apunta a incrementar en aproximadamente un 20% la producción nacional de gas. Es, además, el de mayor inversión de los cuatro: 15.156 millones de dólares, con 836 empleos directos e indirectos proyectados.

A estos se suman dos iniciativas que Río Negro comparte con provincias vecinas. Una es el gasoducto de San Matías Pipeline S.A., de 480 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro, que trasladará gas desde el predio cabecera de Tratayén, en Neuquén, hasta la estación compresora de San Antonio Oeste, en Río Negro, con una capacidad de 27 millones de metros cúbicos diarios. Demanda una inversión de 1.300 millones de dólares y prevé 2.489 empleos directos e indirectos. La otra es la ampliación de la planta de Compañía Mega S.A., que incrementará en 1.500 toneladas diarias la capacidad de producción de líquidos de gas natural, con obras que se extienden entre Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Su inversión es de 365 millones de dólares y contempla 792 empleos directos e indirectos.

Entre los cuatro proyectos que tienen a Río Negro como sede total o parcial, la inversión comprometida supera los 19.700 millones de dólares, aunque dos de ellos —el gasoducto de San Matías y la ampliación de Mega— se reparten con otras provincias.

Un núcleo de provincias con poder de veto

El informe de Ieral sostiene que, a partir del peso de los proyectos aprobados sobre el PBG de cada jurisdicción, hay un grupo de provincias que está conformando lo que define como un “núcleo duro” dentro de la nueva geografía económica del país.

Según el informe, “hay seis provincias que muy probablemente queden organizadas y dispuestas a ejercer un ‘poder de veto’, si fuera necesario: se trata de Río Negro, San Juan, Catamarca, Salta, Neuquén y Jujuy”. Esas seis provincias, remarca el economista, suman “18 senadores, el 25% de la Cámara respectiva”.

La lógica detrás de esa hipótesis es que, a medida que los proyectos empiecen a generar exportaciones y empleo, y a demandar mejoras de infraestructura, también elevarán el perfil técnico de los funcionarios provinciales involucrados, consolidando un incentivo político para sostener el RIGI en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno.

En ese esquema, Río Negro ocupa un lugar particular: concentra buena parte de la infraestructura que necesita el gas y el petróleo de Vaca Muerta para llegar a los mercados internacionales. Esa función logística explica por qué, medida contra el tamaño de su economía, es hoy la provincia con mayor exposición relativa al éxito o al fracaso del régimen de grandes inversiones.

La actuación tuvo lugar en el marco de las Jornadas del Patrimonio, una iniciativa que cada año abre al público sitios históricos de todo el país. Bongonga, integrante de la compañía de artes Cie Basinga, avanzó paso a paso con concentración sobre el tendido y, en varios tramos del recorrido, ejecutó figuras suspendida a gran altura. Un grupo de músicos y un coro acompañaron la travesía con una interpretación de “Les Corons”, la canción de Pierre Bachelet que funciona como himno de la identidad minera de la zona.

Los montículos gemelos de Loos-en-Gohelle alcanzan hasta 186 metros y forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Los dos montículos artificiales del yacimiento conocido como Base 11/19 se elevan hasta los 186 y 182 metros respectivamente, lo que los ubica como las escombreras de carbón más altas de Europa. Son el producto de casi un siglo de extracción carbonífera: la mina operó desde 1894 hasta su cierre en 1986. En ese período acumuló toneladas de pizarra, arenisca carbonosa y otros residuos del proceso extractivo que fueron conformando las dos cimas simétricas que hoy dominan el paisaje del norte francés.

En 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió la cuenca minera Nord-Pas de Calais en su lista de Patrimonio Mundial, al reconocerla como un paisaje cultural vivo y en evolución, testimonio del desarrollo industrial europeo de los siglos XIX y XX.

Los terriles de Loos-en-Gohelle figuran entre los 353 elementos destacados de esa distinción. La cuenca produjo aproximadamente la mitad del carbón francés entre 1940 y 1960, antes de que el cierre progresivo de los yacimientos desencadenara una profunda crisis económica local.

Sin arnés y a 80 metros del suelo, Bongonga completó el trayecto con figuras acrobáticas

La ausencia de cualquier sistema de protección fue uno de los rasgos centrales de la actuación registrada por Euronews. La artista recorrió los 400 metros con su equilibrio y entrenamiento como únicas herramientas. En distintos puntos se detuvo para ejecutar maniobras de precisión, mientras el público seguía cada movimiento en silencio desde el suelo.

La organización del evento requirió la participación de unos 200 voluntarios que trabajaron durante semanas en la logística y el montaje del tendido entre ambas cimas. Al llegar a la segunda escombrera, Bongonga recibió una ovación prolongada y un ramo de flores.

La travesía convirtió las antiguas escombreras mineras en escenario de un espectáculo artístico

La elección de los terriles como escenario responde a un proceso de reconversión cultural que Loos-en-Gohelle impulsa desde hace más de dos décadas. La Base 11/19 alberga hoy un centro de desarrollo sostenible, espacios culturales y rutas de senderismo. Las colinas, antes vistas como vertederos industriales sin valor, se conocen en la zona como las “Pirámides del Norte” y reciben visitas turísticas durante todo el año.

La canción “Les Corons”, compuesta por Bachelet en 1982, narra la vida cotidiana de las comunidades mineras del norte francés y su inclusión en el espectáculo reforzó el vínculo entre la actuación artística y la memoria colectiva del lugar. Dentro de los 353 sitios que integran la distinción de la UNESCO en la cuenca, los montículos albergan una notable diversidad biológica: se registraron 159 especies animales y 190 especies vegetales en el entorno de la Base 11/19, reflejo de la transformación del sitio en un polo de turismo cultural y sostenible.

La inversión es el único camino real para mejorar las condiciones de vida de la población: genera nuevas fuentes de empleo, impulsa la eficiencia productiva a través de la tecnología y, por supuesto, fortalece la educación.

Según los últimos informes del MEF y del BCRP, la inversión privada - que es cuatro veces mayor que la pública - mantiene un desempeño sólido en lo que va del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Durante el segundo trimestre de 2026, la inversión privada creció 17.6% a nivel nacional, acumulando dos años y medio de crecimiento ininterrumpido.

En el caso de la región Arequipa, la ejecución de inversión pública alcanzó el 60.8% de un presupuesto total de S/ 894.3 millones, un avance considerado adecuado para lo que va del año. El antecedente es alentador: en 2025, el gobierno regional logró ejecutar el 99.8% de su presupuesto, una cifra que refleja una notable capacidad de gestión. A ello se suma el destrabe de 46 obras que permanecían paralizadas, entre ellas los hospitales Maritza Campos y Camaná, y el puente Arequipa–La Joya, recientemente inaugurado. Sin duda, un desempeño destacable por parte del gobierno regional.

Por su parte, en junio pasado, PROINVERSIÓN presentó un conjunto de megaproyectos para Arequipa, varios de ellos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Entre los más relevantes destacan Majes-Siguas II, la central fotovoltaica La Joya, el sistema SITGAS y el megapuerto de Corío.

Arequipa, que representa el 6% del PBI nacional, es la segunda economía regional del país. La minería, que explica el 32% de su PBI regional, es el sector más dinámico: solo en proyectos de corto y mediano plazo suma US$ 7,583 millones en inversión, entre los que destacan la ampliación de Cerro Verde (US$ 2,100 millones), Tía María (US$ 1,802 millones), Zafranal (US$ 1,900 millones) y Pampa de Pongo (US$ 1,781 millones). En el primer cuatrimestre de 2026, el sector minero nacional invirtió US$ 2,051 millones, de los cuales Arequipa aportó el 16.7%, una participación nada despreciable a nivel nacional.

Vivimos, sin duda, un buen momento para la inversión pública y privada. La confianza de los inversionistas se ajustó al alza tras la certeza de los resultados electorales, con Keiko Fujimori como presidenta del Perú para el período 2026-2031, lo que ha generado condiciones favorables para la inversión, tanto nacional como extranjera.

A la buena ejecución del presupuesto regional se suma un sector minero con gran proyección, un sector agropecuario que se beneficia de la creciente demanda de China - primer socio comercial del Perú - y un sector energético con amplias posibilidades en energías renovables, factores que en conjunto harán a Arequipa una región cada vez más competitiva.

La exportación de oro de origen ilegal superó a la de procedencia legal durante el primer semestre de 2026, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE).

La entidad proyectó que este año los envíos irregulares representarían entre 52% y 55% del volumen total exportado y tendrían un valor de al menos USD 16 mil millones.

Los envíos ilegales aventajaron en 8,7 toneladas a los formales

El IPE indicó que las exportaciones de oro de origen ilegal crecieron 19,4% entre enero y junio, mientras que las de origen legal cayeron 5,9% en el mismo período.

Como resultado, el metal procedente de la minería ilegal superó en 8,7 toneladas a las exportaciones formales durante la primera mitad del año. El volumen asociado a esa actividad representó 54% del total de oro enviado al exterior por Perú, de acuerdo con las estimaciones difundidas este 17 de septiembre.

La institución calculó que, al cierre de 2026, las exportaciones ilegales alcanzarían por lo menos 110 toneladas. La cifra incluso podría superar las 120 toneladas, lo que consolidaría su predominio sobre la producción formal dentro del comercio exterior aurífero peruano.

El alza del oro impulsa el valor de los envíos irregulares

El precio internacional del oro promedió USD 4.500 por onza en lo que va de 2026, 44% más que en el mismo tramo de 2025, cuando se ubicó cerca de USD 3.125, según los datos citados por el IPE.

JP Morgan proyectó que el promedio anual llegaría a USD 4.545 por onza. Esa cotización duplicaría el promedio registrado durante los últimos cinco años, de acuerdo con la entidad.

Bajo ese escenario, el valor exportado del oro de origen ilegal llegaría a USD 16 mil millones y podría exceder los USD 18 mil millones. El cálculo mínimo supone un aumento de 39% frente a los USD 11.500 millones estimados para 2025 y equivale a casi nueve veces el monto registrado una década atrás.

El IPE sostuvo que la minería ilegal se consolidó como la actividad ilícita con mayor generación de recursos en el país. Sus ingresos, según sus estimaciones, duplicarían el tamaño conjunto de otras economías criminales.

El Reinfo solo formalizó a 2% de sus inscritos desde 2016

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado en 2016 como un mecanismo temporal para ordenar la situación de pequeños mineros y mineros artesanales. Sin embargo, el IPE señaló que apenas 2% de los inscritos culminó el proceso de formalización.

El registro fue prorrogado en cinco ocasiones y mantiene vigencia hasta diciembre de 2026. El Ministerio de Energía y Minas no descartó una nueva ampliación, según el comunicado.

La entidad cuestionó que la inscripción en el Reinfo exima de responsabilidad penal a quienes figuran dentro del registro. A su juicio, ese marco facilitó la expansión de operaciones en zonas restringidas, entre ellas áreas naturales protegidas, reservas indígenas y espacios arqueológicos.

La expansión alcanza minas formales y proyectos aún sin ejecutar

El IPE indicó que la minería ilegal también afecta operaciones formales como Poderosa, en La Libertad, y Las Bambas, en Apurímac. Asimismo, la institución advirtió graves riesgos sobre áreas destinadas a proyectos mineros como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira.

Esas iniciativas concentran más de USD 12 mil millones en inversiones potenciales. El avance de la actividad ilegal, señaló, puede generar conflictos por el control territorial y limitar el desarrollo de nuevos proyectos extractivos.

El instituto propuso cerrar de manera definitiva el Reinfo y establecer un proceso de formalización con plazos definidos. También planteó fortalecer la trazabilidad del oro, sostener la fiscalización en las zonas afectadas y ampliar la cooperación con otros países para seguir la ruta comercial del mineral.

El Gobierno presentó oficialmente PERUMIN 38, la próxima edición de la Convención Minera que se realizará en Arequipa en septiembre de 2027.

Durante el lanzamiento, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, adelantó que su sector busca acelerar permisos y facilitar el avance de inversiones como Zafranal, Galeno y Michiquillay, dentro de una estrategia orientada a elevar el crecimiento de la economía peruana al 6%.

Minem apunta a acelerar permisos para destrabar inversiones mineras

Shinno señaló que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) trabaja para que los proyectos de inversión puedan ingresar con mayor rapidez. El funcionario vinculó el avance de la cartera minera con la meta de crecimiento económico planteada por el Gobierno.

“Nosotros vamos a trabajar porque cada proyecto minero ingrese lo más rápido posible”, afirmó durante la ceremonia de lanzamiento de la convención. También sostuvo que el objetivo de crecer al 6% requiere que las iniciativas privadas avancen sin demoras.

Entre los proyectos mencionados figuran Zafranal, una iniciativa de cobre y oro ubicada en Arequipa; Galeno, proyecto cuprífero situado en Cajamarca; y Michiquillay, también vinculado a la producción de cobre en esa región. El ministro incluyó además la ampliación de Cerro Verde, Tía María, La Granja y el proyecto de plata Corani.

La lista reúne iniciativas que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y que requieren permisos, definición de condiciones operativas o avances en sus procesos de inversión. El Minem no detalló qué medidas específicas aplicará a cada uno de los proyectos citados.

Arequipa concentra proyectos y volverá a ser sede de la convención

Durante su intervención, Shinno destacó el potencial minero de Arequipa, donde se desarrollará PERUMIN 38 entre el 20 y el 24 de septiembre de 2027. La sede será el Campo Ferial Cerro Juli y la presidencia del encuentro estará a cargo de Víctor Gobitz.

La convención tendrá como lema “Integración y formalización para el desarrollo regional”. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), organizador del evento, informó que la agenda buscará abordar los retos de la industria, la relación con las regiones, la formalización de pequeños mineros, la infraestructura y la articulación entre el Estado, las empresas y la academia.

PERUMIN es uno de los encuentros mineros más grandes de América Latina. En su edición de 2025, realizada también en Arequipa, reunió a cerca de 65 mil asistentes, más de 1.200 stands y 740 organizaciones públicas y privadas.

La exploración aparece como una prioridad para ampliar la cartera

El titular del Minem remarcó que la exploración resulta necesaria para madurar futuros proyectos de inversión. En ese sentido, anunció que el Ejecutivo prepara iniciativas destinadas a facilitar los permisos para esa fase de la actividad minera.

“Es claro que la exploración es vital para poder conseguir madurar los proyectos de minería”, dijo Shinno. El ministro no precisó la fecha de presentación ni el contenido de las medidas que prepara su cartera.

La exploración permite identificar y evaluar recursos minerales antes de que una iniciativa pase a etapas de ingeniería, construcción y operación. La agilización de permisos figura entre los pedidos recurrentes de empresas y gremios del sector, aunque el desarrollo de cada proyecto depende también de aspectos sociales, ambientales, territoriales y financieros.

El Gobierno también prepara una reforma para hidrocarburos

El ministro adelantó que el Ejecutivo trabaja en una reforma del marco legal aplicable al sector hidrocarburos. El objetivo, según explicó, es elevar la competitividad del país frente a otras naciones de la región y atraer inversiones que permitan incrementar las reservas de petróleo y gas natural.

Shinno también destacó que Estados Unidos será País Aliado de PERUMIN 38. El funcionario consideró que esa participación puede reforzar los vínculos de inversión y cooperación bilateral en minería y energía.

La edición de 2027 incluirá espacios como la Cumbre Minera, la Exhibición Tecnológica Minera (EXTEMIN), el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, el Encuentro Internacional y PERUMIN Jóvenes. El IIMP también prevé desarrollar actividades previas en distintas regiones mediante la agenda Rumbo a PERUMIN.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron USD 4.742 millones en la primera mitad de 2026, el nivel más alto registrado para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables para el sector, según un relevamiento conjunto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El número más que duplica el récord previo —fijado en 2011, en el pico del ciclo anterior de precios de los metales— y proyecta una trayectoria que, de sostenerse, llevaría las ventas externas del sector a USD 18.500 millones en 2030 y a USD 35.000 millones en 2035.

El salto exportador respecto de períodos anteriores es importante. Frente al primer semestre de 2025, las exportaciones crecieron casi un 75%; frente al mismo período de 2024, la suba fue del 156 por ciento. La comparación de largo plazo es aún más elocuente: hace veinte años, las ventas externas del sector representaban menos de una octava parte del registro actual. Entre 2012 y 2021, el primer semestre de cada año se movió en una franja de entre USD 1.184 millones y USD 2.000 millones, sin lograr recuperar los niveles de 2010 y 2011. La ruptura de ese techo comenzó en 2025 y se consolidó con fuerza este año.

El litio se afirma como segundo mineral exportador y el cobre aparece en el horizonte

El resultado no responde a un único factor. El oro continúa siendo el principal mineral exportado, con alrededor del 61% del total del semestre, y su desempeño se explica por los elevados precios internacionales, dado que las perspectivas productivas para 2026 apuntan a menor volumen con mayores costos. La plata acompaña ese desempeño y se mantiene como tercer mineral del período.

El cambio estructural más significativo proviene del litio. En el primer semestre de 2026 se consolidó como el segundo mineral en las exportaciones mineras —posición que ocupa desde 2023, cuando desplazó a la plata— y aportó cerca de una cuarta parte del total. Su participación era inferior al 5% hace una década y menor al 3% hace veinte años. La puesta en marcha y ampliación de nuevos proyectos en la Argentina explican una porción muy alta de ese crecimiento: las cantidades exportadas del complejo litio subieron más del 68% respecto del primer semestre de 2025, según relevamientos de la Secretaría de Minería.

El cobre, en tanto, es el mineral que el sector identifica como el gran protagonista de los próximos años. Referentes de la industria señalan que Argentina está, en sus términos, “fabricando una industria desde cero” en torno a ese metal, dado el escaso desarrollo que tiene el país en ese segmento en comparación con economías mineras más maduras. Al día de hoy, se presentaron unos USD 40.000 millones en proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); de ese total, USD 21.000 millones ya cuentan con aprobación, mientras que los restantes USD 19.000 millones están pendientes.

La inversión extranjera directa en minería también alcanzó un máximo histórico

El récord exportador convive con el nivel más alto de Inversión Extranjera Directa (IED) que la minería argentina haya registrado. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el stock de IED del sector alcanzó los USD 24.849 millones a marzo de 2026, frente a los USD 22.049 millones del trimestre inmediato anterior. En dos años, ese stock se duplicó: en marzo de 2024 se ubicaba en USD 12.402 millones. Y en septiembre de 2019 era de USD 8.361 millones, lo que implica que la inversión extranjera acumulada en el sector casi se triplicó en menos de siete años.

El flujo del primer trimestre de 2026 fue el más alto de toda la serie del BCRA: ingresaron USD 2.799 millones netos de IED en minería, un 36% por encima del récord anterior —los USD 2.055 millones del segundo trimestre de 2024—. El contraste con el período 2017-2021 es marcado: en esos años, los flujos trimestrales rara vez superaron los USD 500 millones y en varios trimestres fueron negativos. A partir de 2023 el patrón cambió, con ingresos que comenzaron a superar esa cifra con regularidad, y desde 2024 la mayoría de los trimestres se ubicó por encima de los USD 1.000 millones.

La simultaneidad de ambos máximos —el exportador y el de inversión— refleja dos etapas distintas de un mismo proceso: la maduración de inversiones previas en un contexto de precios alcistas, y el ingreso de nuevos capitales orientados a la producción de los próximos años, con énfasis en litio y cobre. En la primera mitad de 2026, la minería explicó casi el 10% de las exportaciones argentinas totales, un récord histórico de participación.

El modelo chileno, la referencia

En el sector se cita con frecuencia la experiencia de Chile como el caso más ilustrativo de lo que puede generar la minería del cobre en una economía. El material impulsó el crecimiento chileno de una manera que pocas industrias lograron en cualquier economía: el Estado chileno, a través de su participación en Codelco —la principal minera de mayoría estatal del país—, recauda hasta el 46% de la actividad vía impuestos, una tasa que los referentes del sector describen como difícil de replicar en cualquier otra industria.

Perú siguió un camino similar, aunque con una estructura de propiedad distinta. En ambos casos, la clave no fue solo el potencial geológico —condición necesaria pero no suficiente—, sino la construcción de condiciones de estabilidad económica e institucional que se sostuvieron en el tiempo. En Chile, esas condiciones se consolidaron en la década de 1990, tras el período de la dictadura, y habilitaron la explotación a escala. Un instrumento central fue el Decreto Ley 600 (DL600), un régimen de estabilidad para inversiones extranjeras que los analistas del sector comparan con el RIGI argentino y que fue clave para la atracción de capitales.

En 2004, la producción de cobre se estancó en Chile, pero los precios internacionales continuaron su alza y tocaron máximos históricos. El episodio ilustra, según los referentes de la industria, una de las condiciones básicas del negocio: el potencial geológico tiene que combinarse con institucionalidad —reglas estables, regulación eficiente, asesoría estatal, fomento de la actividad y capacidad de coordinación sectorial— para que la extracción sea posible y sostenible. La minería requiere de capital intensivo cuya recuperación se extiende, en general, a lo largo de 30 años, lo que hace que la previsibilidad no sea un atributo deseable sino una condición de entrada.

El impacto social también es medible. En Chile, un trabajador de la industria minera percibe alrededor de USD 1.600 mensuales, un 688% más que el promedio nacional, y el sector representa el 10% de la fuerza laboral ocupada del país.

Argentina tiene un punto de partida que Chile, Perú, Canadá y Australia no tuvieron

Frente a ese modelo, los referentes del sector identifican en Argentina una ventaja que los países que desarrollaron antes esta industria no tenían al momento de hacerlo: un entramado industrial preexistente y un capital humano de alta calificación. Mientras que Chile, Canadá o Australia construyeron sus cadenas de proveedores en paralelo al crecimiento minero, la Argentina parte de una base industrial instalada que puede reconvertirse para abastecer a una industria que proyecta crecer de forma sostenida durante los próximos 15 años.

En ese contexto, el sector plantea que la minería puede funcionar como un puente de divisas que aporte estabilidad macroeconómica, con un impacto que se haría sentir especialmente en las provincias donde se concentra la actividad. No se trata, aclaran los analistas, de un reemplazo de los puestos de trabajo perdidos en otros sectores en los últimos años, sino de un vector de crecimiento con lógica propia y de largo aliento.

La exploración insuficiente y los compres locales, los principales cuellos de botella

El cuadro tiene, sin embargo, limitantes concretos. El más urgente, según los referentes del sector, es el estado de la exploración. Argentina se ubica en el octavo lugar mundial por potencial geológico, pero apenas el 20% del territorio con aptitud minera ha sido explorado. El año pasado se invirtieron USD 400 millones en exploración; en Australia, la cifra fue de USD 2.000 millones. Sin exploración no hay nuevos proyectos: esa es la ecuación que el sector plantea como prioritaria para sostener la trayectoria exportadora proyectada.

El segundo conjunto de problemas gira en torno a las exigencias de contenido local. Los regímenes de compre local varían entre jurisdicciones provinciales y se superponen con la exigencia del 20% de producción nacional prevista en el RIGI, lo que genera incertidumbre en la toma de decisiones de inversión. La industria señala que el problema no es la preferencia por proveedores locales en sí, sino que la oferta disponible puede no tener la escala, la calidad o la competitividad que demandan las grandes operaciones mineras. La propuesta que circula en el sector apunta a una mayor regulación —o desregulación— de las certificaciones en materia de seguridad, sustentabilidad y cumplimiento normativo para empresas locales, de modo que puedan convertirse en proveedoras calificadas de las mineras que operan bajo esos estándares.

Las decisiones de inversión de las compañías dependen en última instancia del retorno, y allí es donde los países compiten entre sí. La demanda internacional de cobre es estable y estructural: China concentra la mayor parte de las plantas de procesamiento del metal, indispensable para los autos eléctricos, los paneles solares, las energías renovables y los centros de datos. Para la Argentina, mantener la competitividad en ese escenario implica preservar la integración al mundo, dado que los clientes e inversores que llegan al país lo hacen para producir con destino a la exportación, no al mercado interno.

La maternidad adolescente generó en Perú un costo de oportunidad de S/1.159,5 millones en 2019, una cifra equivalente a la recaudación interna anual del Impuesto General a las Ventas (IGV) del sector minero en ese período, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El monto, presentado durante la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, refleja las consecuencias que los embarazos tempranos tienen sobre la educación, el empleo y los ingresos de las adolescentes.

Los datos muestran una baja del indicador nacional en 2025, aunque persisten diferencias marcadas entre las adolescentes que viven en zonas urbanas, rurales y de la selva. Cerca de tres de cada cuatro embarazos entre jóvenes de 15 a 19 años no fueron intencionales.

El costo de oportunidad mide los estudios y empleos que quedan postergados

El representante de UNFPA en Perú, Gregor von Medeazza, explicó a Infobae Perú que la estimación reúne las oportunidades educativas, laborales y económicas que se reducen cuando una adolescente asume la crianza antes de completar su formación.

“Cada embarazo temprano puede limitar el desarrollo de las adolescentes, al dificultar la continuidad de sus estudios y reducir sus posibilidades de acceder a un empleo e ingresos propios”, afirmó. También contempla las responsabilidades de cuidado que surgen con la maternidad y que pueden profundizar las barreras para retomar esas trayectorias.

La comparación con el IGV del sector minero busca dimensionar el impacto económico de este tipo de maternidad. Según explicó, los S/1.159,5 millones equivalían a unos USD 329,4 millones y superaban los S/1.125 millones de recaudación interna por ese impuesto en la actividad minera durante 2019.

La prevención puede devolver hasta USD 40 por cada dólar destinado

El informe regional de UNFPA estimó que, por cada dólar invertido en prevención del embarazo adolescente, los países de América Latina y el Caribe analizados —entre ellos Perú— pueden obtener entre USD 15 y USD 40 en retornos sociales y económicos.

Von Medeazza sostuvo que la prevención requiere presencia sostenida del Estado en los sectores de salud, educación, justicia y protección. El representante mencionó la importancia de que el tema tenga lugar en las políticas públicas, los presupuestos y las normas de alcance nacional y local.

La prevalencia nacional descendió en 2025. El 7,4% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado embarazada alguna vez, de acuerdo con información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) difundida por UNFPA.

El funcionario señaló que la reducción representa un avance respecto de los niveles superiores al 8% de años previos. “Es un progreso”, afirmó, aunque remarcó que la meta planteada por el organismo es que ninguna niña o adolescente enfrente un embarazo.

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según las estimaciones difundidas durante la presentación. Los embarazos en ese grupo de edad están asociados a violencia sexual y requieren intervención de los sistemas de salud, protección, justicia y reparación.

El informe señaló que el 15,3% de las muertes maternas registradas en 2025 correspondió a menores de 20 años. En 2019, ese grupo representaba el 10,9% del total.

Entre 2020 y 2024, la tasa de mortalidad materna en niñas de 10 a 14 años alcanzó 84 por cada 100.000 nacidos vivos. UNFPA planteó que esos casos exponen fallas en la prevención de la violencia sexual y en la respuesta institucional ante sus consecuencias.

Las adolescentes rurales registran una prevalencia superior al doble del promedio

La disminución nacional no tuvo el mismo alcance en todos los territorios. En las áreas rurales, el 16,3% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado embarazada alguna vez. La proporción rural fue más de dos veces mayor que el promedio nacional.

La prevalencia llegó a 14,6% en la selva, mientras que en las zonas urbanas fue de 5,4%. UNFPA asoció esas diferencias con las brechas de acceso a información, servicios de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y mecanismos de protección.

Los indicadores también reflejan esa desigualdad en la tasa de nacimientos. En 2025, el promedio nacional de nacimientos entre niñas y adolescentes fue de 16,7 por cada 1.000. En Lima, la cifra descendió a 9,2 por cada 1.000.

En Ayacucho, la tasa de nacimientos en niñas y adolescentes pasó de 33,2 por cada 1.000 en 2019 a 16,3 en 2025. La reducción se acercó al 50%, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud y estimaciones de población.

UNFPA vinculó el resultado con un Plan Regional de Prevención, la asignación presupuestaria y la coordinación entre salud, educación, protección, justicia, gobiernos locales, organizaciones sociales y adolescentes.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite una demanda contra la quinta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las normas que, según el Colegio de Abogados de Loreto, permiten un régimen de inmunidad para actividades vinculadas con la minería ilegal.

La acción cuestiona la Ley 32537, que extendió la vigencia del proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, y modificaciones al Código Penal introducidas por el Decreto Legislativo 1695.

Loreto cuestiona una formalización que se prolonga desde hace más de 24 años

La demanda fue presentada el 30 de junio por el Colegio de Abogados de Loreto, bajo el expediente 0009-2026-PI/TC. El 11 de septiembre, el Tribunal publicó la resolución que admite el proceso y notificó al Poder Ejecutivo y al Congreso para que formulen sus descargos.

El principal cuestionamiento se dirige contra el artículo único de la Ley 32537, que prorrogó por quinta vez el proceso de formalización minera integral.

Para el gremio, un mecanismo creado con carácter transitorio se convirtió en una vía de permanencia para personas que realizan extracción minera sin contar con autorización.

La institución también impugna el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695, que modificó los artículos 307-A y 307-F del Código Penal, referidos al delito de minería ilegal. Según la demanda, esos cambios sostienen un sistema que evita la aplicación de responsabilidades civiles, administrativas y penales a inscritos en el Reinfo.

¿El registro funciona como una protección frente a sanciones?

El Colegio de Abogados sostiene que permanecer en el registro puede impedir que quienes desarrollan actividad minera fuera de la legalidad enfrenten consecuencias penales.

Su planteamiento apunta a que el Reinfo establece un tratamiento distinto frente al resto de personas y empresas obligadas a cumplir exigencias ambientales, administrativas y judiciales.

En el comunicado difundido por la institución, se afirma que las normas cuestionadas consolidaron un “régimen paralelo” al margen de las bases de un Estado constitucional. El gremio considera que esa situación vulnera el derecho a vivir en un ambiente equilibrado, la salud, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia ambiental.

Además de pedir que se declare inconstitucional la última prórroga, el recurso solicita que el TC establezca que el proceso de formalización ya no se encuentra vigente. También busca que se eliminen las supuestas inmunidades asociadas al régimen y que otras normas conexas sean invalidadas.

El río Nanay concentra las alertas por el abastecimiento de agua en Iquitos

La demanda pone especial atención en el avance de actividades extractivas en Loreto, sobre todo en la cuenca del río Nanay, fuente de agua para la población de Iquitos. El Colegio de Abogados advierte que la minería ilegal se incrementó en distintas zonas de la región y que la extracción de oro representa un riesgo para el ambiente y la salud pública.

El gremio sostiene que la falta de fiscalización ambiental y de tecnologías limpias facilita la contaminación de los ríos amazónicos. También vincula esta actividad con una mayor deforestación y con efectos sobre comunidades en situación de vulnerabilidad.

“El Estado no debe avalar a la minería ilegal”, señaló el decano del Colegio de Abogados de Loreto, Erick Salas Barrera, en la nota institucional emitida el 12 de septiembre. El comunicado alerta, además, sobre anuncios que plantean nuevas ampliaciones del Reinfo después de su vencimiento previsto para fines de este año.

Un fallo anterior exhortó a cambiar el régimen de formalización minera

El actual expediente tiene como antecedente la demanda 0017-2023-PI/TC, presentada por el mismo gremio contra una prórroga anterior. En abril de 2025, cuatro magistrados consideraron que correspondía declarar improcedente el caso por sustracción de la materia.

En minoría, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez votaron para declarar fundada esa demanda. La resolución incluyó una exhortación al Congreso y al Ejecutivo para aprobar un marco normativo que no contemple exenciones de responsabilidades civiles, administrativas o penales dentro de la formalización minera.

El Colegio de Abogados afirma que esa recomendación no fue atendida y que la nueva prórroga mantiene los efectos cuestionados. El Congreso y el Ejecutivo tendrán 30 días útiles para responder ante el TC, que luego deberá resolver el fondo de la controversia.

Cerca de las 5 de la mañana, los trabajadores de la mina de oro Kinross comenzaban su jornada. Para los 2.400 mineros que habían iniciado el turno aquel martes 16 de septiembre de 1986, nada hacía pensar que sería una jornada distinta. Como cada día, descendían cientos de metros bajo tierra para trabajar en una de las grandes explotaciones del metal de Sudáfrica, a unos 100 kilómetros al este de Johannesburgo.

A más de 1000 metros de profundidad, cerca de las 8:45, una cuadrilla realizaba trabajos de reparación cuando un incendio estalló en las galerías. En cuestión de minutos, las llamas y una nube de gases tóxicos comenzaron a avanzar por los túneles y convirtieron la mina en una trampa mortal. Pero las llamas no fueron las que mataron a la mayoría... Hubo materiales altamente tóxicos que desataron una nube de humo y gases que se propagó rápidamente por los túneles. El aire se volvió irrespirable y los trabajadores comenzaron a caer mientras intentaban escapar.

Cuando terminó el rescate, 177 hombres habían muerto y otros 235 habían resultado heridos. Más de dos mil hombres lograron ser evacuados de las zonas afectadas por el incendio y los gases tóxicos. La mayoría de las víctimas eran trabajadores negros sudafricanos y migrantes de otros países del sur de África, entre ellos Lesotho, Mozambique y Malawi. Kinross se convirtió en el peor desastre de la historia de la minería de oro sudafricana y, en pleno apartheid, expuso una realidad que iba mucho más allá del incendio: las condiciones en las que los trabajadores negros descendían cada día a las profundidades para extraer el oro que sostenía una parte fundamental de la economía del país.

La chispa de la tragedia

La investigación oficial determinó que el incendio comenzó en el nivel 15 de la mina, a unos 1.600 metros de profundidad. Un soldador y su ayudante realizaban trabajos de reparación en una tubería de agua cuando una chispa alcanzó un cilindro de acetileno, un gas altamente inflamable. Lo que parecía un incendio menor encontró rápidamente combustible para expandirse a su alrededor: tuberías plásticas, cables recubiertos y, sobre todo, la espuma de poliuretano aplicada sobre las paredes y estructuras de las galerías para contener las filtraciones de agua.

Para las 9:30, apenas 45 minutos después del inicio, el incendio había alcanzado esos revestimientos. La espuma y los demás materiales comenzaron a arder y liberaron una enorme cantidad de humo y gases tóxicos que entraron en el sistema de ventilación. El fuego ya no era el principal peligro: la nube venenosa podía avanzar por los túneles y alcanzar a trabajadores que estaban a cientos de metros del lugar donde había comenzado el siniestro: ahora, el aire que respiraban los mineros se había convirtido en una amenaza mortal.

La nube avanzó por las galerías y los niveles conectados mientras los trabajadores intentaban escapar. Algunos llegaron a correr hacia zonas donde todavía se podía respirar; otros cayeron antes de conseguirlo. Los equipos de rescate descendieron con aparatos de respiración y comenzaron a buscar sobrevivientes entre los sectores contaminados. Era tan la toxicidad que incluso algunos de los propios rescatistas terminaron convirtiéndose en víctimas.

El último minero encontrado con vida apareció casi doce horas después, protegido por una bolsa de oxígeno.

Para el amanecer, buena parte de los dos niveles más afectados ya habían sido despejados, pero todavía quedaban alrededor de una docena de trabajadores desaparecidos y casi ninguna esperanza de encontrarlos vivos. Durante la noche, las ambulancias habían salido de la mina una detrás de otra; en uno de los momentos más dramáticos, llevaban cuerpos a la morgue cada tres minutos.

El fuego que no quemó a la mayoría

La paradoja de Kinross quedó clara desde las primeras horas: la mayoría de los trabajadores no murió quemada. Murió por el aire que respiró. Mientras los equipos de rescate todavía trabajaban bajo tierra, comenzaron a aparecer preguntas que iban mucho más allá del origen del incendio: ¿por qué había materiales capaces de liberar gases letales en una mina de semejante profundidad y cuánto se sabía sobre sus riesgos?

El poliuretano utilizado la General Mining and Union Corporation en Kinross ya había despertado preocupación en la industria minera internacional. En los días posteriores al desastre, medios internacionales señalaron que materiales de ese tipo habían sido prohibidos en las minas británicas y que existían advertencias sobre sus riesgos en otros países. La controversia se agravó cuando se supo que la compañía había perdido el año anterior la máxima calificación de seguridad en su mina de Kinross, descendiendo a tres estrellas debido a sus malas condiciones de infraestructura.

Pero la empresa sostuvo que sus responsables no conocían el peligro que representaba el producto utilizado y argumentó que la mina había solicitado una espuma resistente al fuego, pero había recibido un producto diferente. Para los sindicatos, en cambio, el desastre no podía explicarse como un simple error durante una reparación: había que investigar las decisiones empresariales y las condiciones de seguridad de la mina.

El proceso judicial tampoco responsabilizó penalmente a la dirección: siete trabajadores fueron llevados ante la Justicia, seis supervisores fueron absueltos y un soldador se declaró culpable de dos infracciones de las normas mineras y recibió una multa.

177 muertos y una pregunta que atravesaba el apartheid

De las 177 víctimas, 172 eran trabajadores negros y cinco eran blancos, según los registros difundidos después del desastre. Muchos de los trabajadores negros eran migrantes provenientes de Lesotho, Mozambique, Malawi y otros territorios del sur de África, además de distintas regiones de Sudáfrica. La composición de las víctimas reflejaba el sistema de migración laboral sobre el que se había construido buena parte de la minería sudafricana.

En 1986, Sudáfrica seguía bajo el apartheid y las grandes minas dependían de una enorme fuerza laboral negra, mientras los puestos de supervisión y dirección estaban mayoritariamente ocupados por hombres blancos. Para el Sindicato Nacional de Mineros, la tragedia de Kinross no podía quedar reducido a un accidente aislado. Su secretario general, Cyril Ramaphosa, denunció en los medios las condiciones de seguridad y afirmó ante la BBC que el desastre demostraba que el país había vuelto a la “época oscura” de la minería.

La disputa alcanzó incluso el funeral. Los propietarios de la mina organizaron un servicio conmemorativo, pero los trabajadores protestaron porque los representantes sindicales habían quedado excluidos. La ceremonia fue interrumpida y el NUM convocó para el 1 de octubre una jornada de duelo y protesta en memoria de los muertos.

El Grupo de Monitoreo Laboral calculó que alrededor de 325.000 mineros participaron de la huelga y jornada de protesta, mientras las empresas estimaron unos 250.000. Los trabajadores abandonaron sus puestos y participaron en las conmemoraciones organizadas en distintas zonas mineras.

Kinross había dejado de ser solamente el nombre de una mina y de una tragedia. Para los trabajadores, condensaba una realidad cotidiana: bajar cada día a cientos de metros de profundidad, asumir riesgos permanentes y tener una participación limitada en las decisiones sobre seguridad. La protesta convirtió el desastre en una disputa mucho más amplia sobre las condiciones laborales de la minería durante el apartheid.

Después de Kinross

El desastre no terminó con el entierro de los trabajadores fallecidos. En noviembre de 1988, las autoridades mineras prohibieron el uso de espumas de poliuretano expandido en las explotaciones subterráneas, salvo excepciones muy limitadas y bajo autorización. La medida entró en vigor en enero de 1989 y estuvo acompañada por la incorporación de equipos de autorescate destinados a proteger a los trabajadores atrapados en atmósferas contaminadas.

Kinross también quedó entre los antecedentes de una revisión mucho más amplia de la seguridad minera sudafricana. La Comisión Leon, creada años después para investigar las condiciones de seguridad y salud en la industria, cuestionó el modelo de autorregulación que había predominado durante décadas y señaló que los riesgos asociados al poliuretano eran conocidos antes del desastre.

En 1996, ya después del fin del apartheid, Sudáfrica aprobó la Mine Health and Safety Act (Ley de Salud y Seguridad Minera), que modificó profundamente el marco regulatorio de la minería y reforzó las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores en materia de salud y seguridad.

La República Dominicana proyecta declarar sus primeras reservas de tierras raras en el primer semestre de 2027, después de completar los estudios que definirán qué parte del yacimiento puede explotarse con viabilidad técnica, económica, ambiental y logística.

El Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana ya reunió más de 5,000 resultados de muestras analizadas y prevé determinar los recursos del depósito en noviembre de 2026, según BNamericas.

Esa evaluación establecerá el volumen de material existente, su distribución y sus características.

La definición de recursos será una etapa previa a la declaración de reservas. Un recurso mineral es una concentración de material cuyo volumen y propiedades pueden calcularse a partir de pruebas geológicas y análisis técnicos; una reserva, en cambio, es la parte que puede extraerse de forma técnica y económicamente factible, tras considerar condiciones ambientales, regulatorias y de transporte.

Los análisis metalúrgicos avanzan en paralelo con el diseño conceptual de la logística, las evaluaciones económicas y los estudios ambientales. El objetivo es determinar la viabilidad integral del proyecto antes de que el país certifique sus primeras reservas.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que conocer la cantidad de mineral no basta para avanzar hacia una explotación. “La determinación de recursos nos permitirá tener una estimación técnicamente sustentada de cuánto material existe, su distribución y sus características. Ese es un paso indispensable antes de poder hablar propiamente de reservas”, dijo.

La cartera prevé finalizar esos procesos para alcanzar la meta de 2027. Santos sostuvo que la futura declaración deberá demostrar qué proporción del material puede aprovecharse de manera viable, responsable y sostenible.

El proyecto se desarrolla junto con un Marco de Cooperación suscrito por República Dominicana y Estados Unidos para respaldar el suministro de minerales críticos y tierras raras.

El entendimiento busca ampliar la cooperación bilateral, atraer capitales y fortalecer cadenas de abastecimiento para industrias tecnológicas y de defensa.

“Este acuerdo refleja el entendimiento de ambos países sobre la importancia que tienen hoy los minerales críticos y las tierras raras, no solamente desde el punto de vista económico y tecnológico, sino también por su dimensión geopolítica y por el papel que desempeñan en la seguridad y resiliencia de las cadenas globales de suministro”, afirmó Santos.

Financiamiento, procesamiento y cartografía mineral

El acuerdo contempla apoyo estatal y privado para proyectos de minería y procesamiento mediante garantías, préstamos, inversiones de capital, contratos de compra, seguros y facilidades regulatorias. Durante los seis meses posteriores a la firma, ambos gobiernos deberán adoptar medidas para canalizar financiamiento hacia iniciativas ubicadas en sus territorios.

También prevé identificar conjuntamente oportunidades de inversión y fuentes de financiamiento para el sector. Las partes acordaron crear mecanismos para reforzar las cadenas de suministro y proteger los mercados de políticas que no respondan a condiciones de mercado o de prácticas comerciales desleales.

La cooperación incluye la cartografía de recursos minerales, una herramienta para profundizar el conocimiento geológico dominicano. Esa tarea apunta a diversificar las fuentes de abastecimiento y a mejorar la seguridad de las cadenas de suministro.

Para Santos, el vínculo con Estados Unidos abre espacios de colaboración técnica, exploración y desarrollo de proyectos, además de facilitar la identificación de mecanismos de inversión. El Ministerio de Energía y Minas concentrará esos trabajos en el yacimiento antes de establecer si puede convertirse en una reserva explotable.

América Latina, segundo polo mundial de reservas conocidas

El anuncio dominicano coincide con la estrategia de Washington para reducir su dependencia de China en minerales críticos. Días antes, Estados Unidos firmó un acuerdo de características similares con Colombia durante una gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por Ecuador, Colombia y Perú.

En Brasil, la compañía estadounidense USA Rare Earth completó esta semana la compra de Mineração Serra Verde por USD 2,800 millones. En Argentina, el Congreso debate un proyecto para declarar las tierras raras de interés nacional estratégico, mientras Perú busca destrabar una cartera minera superior a USD 64,000 millones.

América Latina concentra el segundo mayor volumen de reservas conocidas de tierras raras, detrás de China. La región se ha convertido en un área de interés para Estados Unidos, que busca nuevos socios para el suministro de minerales estratégicos destinados a la industria tecnológica y de defensa.

La inteligencia artificial comienza a ganar espacio en la automatización industrial peruana. Empresas de tecnología, capacitación y servicios de ingeniería buscan aplicarla a tareas como planos eléctricos, presupuestos, informes y soporte técnico.

El avance promete acelerar procesos, aunque mantiene un límite: la supervisión de ingenieros y técnicos sigue siendo necesaria en sectores donde un error puede tener consecuencias operativas y económicas, de acuerdo con un análisis de Escuela Control+.

La IA acelera tareas técnicas y gana terreno en la industria peruana

Suler Altamirano, ingeniero mecatrónico y fundador de Control+, explica que la incorporación de estas herramientas responde a una necesidad concreta de las empresas: reducir el tiempo destinado a tareas repetitivas de ingeniería.

Una cotización técnica puede tomar desde unas horas hasta varios días, debido a que exige revisar requerimientos, calcular materiales, consultar catálogos, preparar planos preliminares y estimar costos. Un informe de cierre de proyecto también puede requerir varios días de trabajo.

La inteligencia artificial busca intervenir en esas etapas. Puede ordenar información, preparar diagramas, generar listas de materiales, estructurar documentos y ofrecer una primera estimación de costos.

El resultado, según sostuvo Altamirano, requiere una revisión posterior de profesionales que conozcan las condiciones de cada operación. “Te entrega una base, pero el profesional tiene que revisar el proyecto”, dijo a Infobae Perú.

La minería conserva un lugar central en la demanda tecnológica

La minería figura entre los sectores con mayor demanda de automatización en Perú. Sus procesos requieren controlar motores, bombas, tableros eléctricos, presión, caudales, temperatura, consumo energético y niveles de líquidos.

Según Altamirano, la digitalización de los procesos permite centralizar esa información y advertir anomalías antes de que se conviertan en fallas operativas.

Altamirano estimó que, en la experiencia de Control+, la minería puede representar entre 30% y 40% de la demanda de soluciones de automatización. Aunque el dato no equivale a una medición de todo el mercado, muestra el peso de este sector para proveedores de sensores, sistemas de control, software y servicios de mantenimiento.

“La minería ya incorpora análisis de datos, monitoreo remoto, control de procesos y mantenimiento predictivo para anticipar fallas y optimizar sus operaciones”, explicó Altamirano.

La agroindustria, la pesca, la manufactura, las cementeras, el sector eléctrico y el petróleo y gas también tienen margen para incorporar estas soluciones. En la agroindustria, por ejemplo, la automatización puede aplicarse al riego, bombeo, refrigeración, clasificación de productos, trazabilidad y control del consumo energético.

La capacitación busca reducir la distancia entre las aulas y las plantas

El avance tecnológico también alcanza a la formación de técnicos e ingenieros. Altamirano considera que existe una brecha entre los contenidos universitarios y las tareas que exige una planta industrial, como elaborar planos, programar controladores lógicos programables (PLC), seleccionar equipos o documentar una intervención técnica.

Bajo esa lógica, las herramientas digitales pueden detectar errores básicos en un plano eléctrico, orientar una secuencia de trabajo o servir de apoyo en una programación inicial.

“Cuando uno sale de la universidad y llega a la industria, encuentra una realidad muy distinta a la que aprendió en las aulas”, afirmó Altamirano.

La Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) advierte que Perú y otras economías emergentes registran una menor adopción de tecnologías de Industria 4.0 frente a los países líderes. Entre las barreras identifica la falta de conocimiento especializado y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para incorporar nuevas soluciones.

El ahorro de tiempo puede mejorar el retorno de inversión

Altamirano calcula que automatizar parte de las cotizaciones, planos e informes puede generar ahorros anuales de entre 24 mil y 30 mil soles por trabajador. Algunas fases de un proyecto podrían pasar a tomar una quinta o una sexta parte del tiempo habitual.

La expansión de estas soluciones también abre una discusión sobre la adopción regional. Un informe basado en una encuesta a 1.107 líderes empresariales señaló que el 82% de las empresas consultadas en EEUU ya usaba inteligencia artificial, frente al 74% en América Latina. La diferencia también aparece en la adopción de computación en la nube, análisis de datos y robótica.

Con todo, las proyecciones globales muestran la magnitud de la apuesta, destaca Control+. El Foro Económico Mundial estimó que la inversión anual en aplicaciones de inteligencia artificial podría alcanzar USD 1,5 billones hacia 2030, impulsada por soluciones específicas para distintos sectores.

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que la adopción de IA suele ser más frecuente en compañías grandes, jóvenes y vinculadas a actividades tecnológicas o profesionales. La infraestructura digital, la capacitación y el uso de otras herramientas tecnológicas condicionan los resultados.

Para Altamirano, la oportunidad para Perú está en ampliar el acceso a estas herramientas sin trasladar decisiones críticas a los algoritmos. En una planta, la inteligencia artificial puede acelerar cálculos y documentos, pero la responsabilidad final sigue en manos de quien conoce el proceso industrial.

El dato

• Escuela Control+ ofrece formación virtual en automatización industrial, con cursos sobre PLC, planos eléctricos, instrumentación, diseño de tableros, domótica e Industria 4.0.
• La empresa crece a tasas anuales de dos dígitos y sus herramientas reducen algunas etapas de un proyecto a una quinta o sexta parte del tiempo habitual.
• Sus contenidos gratuitos alcanzaron a más de 500 mil alumnos interesados en automatización industrial, programación de PLC, diseño eléctrico e incorporación de nuevas tecnologías a procesos productivos.

La demanda mundial de cobre podría superar en 10 millones de toneladas la capacidad de producción disponible hacia 2030, según proyecciones citadas por INDECO by Nexans.

El escenario abre una discusión para Perú, tercer productor mundial y poseedor de la segunda mayor reserva del metal: ampliar la extracción, procesar una mayor proporción dentro del país y recuperar el cobre de productos que llegaron al final de su vida útil.

La producción peruana avanzó 1,9% durante el primer semestre

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que Perú produjo cerca de 1,36 millones de toneladas métricas de cobre entre enero y junio, un aumento de 1,9% frente al mismo período del año anterior. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) estima que la cartera minera alcanza los US$67.000 millones y que cerca de 70% de ese monto corresponde a proyectos cupríferos.

Ese volumen de inversión podría elevar la participación peruana en el mercado internacional. El desafío, según el planteo de la industria de conductores eléctricos, también pasa por elevar el valor que queda en el país a partir de la transformación del metal en productos industriales.

La electrificación elevará la presión sobre la oferta mundial

INDECO by Nexans calcula que la demanda global podría llegar a 40 millones de toneladas de cobre en 2030, mientras que la capacidad productiva se ubicaría cerca de 33 millones. La diferencia obligaría a sumar en una década un nivel de suministro que, históricamente, requirió unos 25 años de expansión minera.

La proyección adquiere relevancia por el uso del metal en redes eléctricas, energías renovables, vehículos eléctricos, sistemas de transporte y procesos de digitalización industrial. Hacia 2035, la capacidad minera instalada a escala global se acercaría a su límite, de acuerdo con la empresa.

Para las compañías mineras y los proyectos de infraestructura, la disponibilidad de cobre puede pasar a formar parte de la planificación de abastecimiento, junto con los costos, los plazos de entrega y los contratos de provisión.

Del cátodo al cable, la cadena industrial retiene valor

El cobre extraído en las minas puede salir del país como cátodo o atravesar etapas posteriores de transformación. El proceso incluye la producción de alambrón y, luego, de cables para alimentar maquinaria, correas transportadoras, perforadoras y sistemas de izaje en las propias faenas mineras.

“Las minas producen cátodos y nosotros los convertimos en alambrón y luego en cable. Son dos etapas en las que agregamos valor al cobre dentro del país”, afirmó Fernando Sandoval, gerente de Ventas para Minería de Nexans, según un comunicado de la compañía.

El ejecutivo sostuvo que recuperar el metal al final de la vida útil de los cables constituye una tercera etapa para mantener el recurso dentro del circuito productivo. La firma compra cátodos a productoras locales y les provee conductores para sus operaciones.

El reciclaje puede aliviar la demanda de metal nuevo

La circularidad aparece como una alternativa ante la futura escasez de oferta. Nexans fijó como objetivo que 25% del cobre de sus cables provenga de material reciclado hacia 2028. La empresa indicó que su planta peruana opera con energía de origen renovable.

La recuperación del metal reduce la necesidad de incorporar cobre virgen a la cadena, aunque no elimina la demanda de nueva producción. También puede disminuir la huella de carbono asociada a los materiales utilizados por la minería y las obras de infraestructura.

En un cable eléctrico, los conductores metálicos concentran entre 70% y 90% de la huella de carbono, de acuerdo con los datos presentados por la empresa. Por ese motivo, la trazabilidad del cobre y la información sobre su origen comenzaron a ganar espacio en licitaciones mineras y de infraestructura.

La pureza del cobre incide en el consumo de energía

La calidad del metal también tiene efectos operativos. Un cobre con una pureza de 99,9% ofrece una mayor conductividad, lo que reduce pérdidas eléctricas durante la vida útil de una instalación.

El dato cobra importancia en operaciones ubicadas a más de 4.000 metros de altitud, expuestas a humedad, golpes, arrastre de materiales y otras condiciones que exigen mayor desempeño de los conductores. “Cada tonelada rinda más veces”, planteó Sandoval, al referirse a la necesidad de combinar producción minera, transformación industrial y reciclaje.

España enfrenta dificultades para cubrir miles de puestos técnicos y especializados, una situación que abre opciones para profesionales peruanos interesados en trabajar en ese país, de acuerdo con la Fundación Venancio Salcines.

Ese escenario ha llevado a la organización a iniciar en Lima una agenda de reuniones con instituciones de formación técnica. La meta es establecer alianzas que conecten a estudiantes y profesionales peruanos con procesos de selección de empresas españolas de minería, mecánica, mantenimiento industrial y construcción.

Mecánicos, soldadores y trabajadores de construcción figuran entre los perfiles más buscados

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 43.495 vacantes permanecieron sin cubrir durante al menos 90 días en el cuarto trimestre de 2025, con mayores problemas en actividades vinculadas con la construcción y la industria manufacturera.

La falta de personal con competencias técnicas se concentra en puestos que requieren formación específica y, en algunos casos, experiencia previa. Mecánicos, soldadores, especialistas en mantenimiento industrial y trabajadores de construcción figuran entre las ocupaciones que presentan dificultades de cobertura en el mercado laboral español.

La propuesta no plantea una convocatoria abierta y masiva, sino la identificación de candidatos para vacantes concretas, de acuerdo con las necesidades de cada empresa, de acuerdo con el comunicado de la Fundación Venancio Salcines.

“No venimos únicamente a buscar talento; venimos a colaborar con las instituciones que lo forman y a construir oportunidades junto a ellas”, señaló Venancio Salcines, doctor en Teoría Económica y también presidente de efbs Grupo Educativo.

La fundación prevé seleccionar candidatos de una red de más de 1.000 empresas

La Fundación Venancio Salcines cuenta con una red de más de 1.000 empresas colaboradoras en España. Su plan en Perú se dirige, en una primera etapa, a profesionales y estudiantes próximos a concluir programas técnicos relacionados con las áreas priorizadas.

Los procesos de selección evaluarán la formación especializada, las competencias técnicas y la experiencia laboral cuando el puesto lo requiera. Los postulantes también deberán cumplir los requisitos migratorios y laborales exigidos para desarrollar actividades remuneradas en España.

La entidad indicó que busca acompañar a los candidatos durante el proceso de movilidad laboral. “No queremos traer al mayor número posible de personas. Queremos que quienes confían en la Fundación puedan desarrollar un proyecto que responda a sus expectativas y sepan que no estarán solos”, afirmó Salcines.

La organización sostiene que las instituciones educativas cumplen una función central en esa articulación. La relación con los centros de formación permitiría conocer las capacidades de los estudiantes y egresados, así como facilitar su vinculación con empresas que demandan trabajadores en áreas técnicas.

Más de 43.000 vacantes llevan al menos 90 días sin cubrir en España

Desde 2017, la fundación informó que benefició a 8.000 jóvenes recién graduados mediante programas que canalizaron cerca de 40 millones de euros en becas. También indicó que, desde 2023, contribuyó al retorno laboral de 200 profesionales que se encontraban fuera de España.

En 2024, la entidad facilitó prácticas profesionales en España para 180 estudiantes de educación superior procedentes de Colombia. La experiencia será tomada como referencia para el proyecto que la fundación busca desarrollar con instituciones peruanas.

La agenda en Lima apunta a definir mecanismos de cooperación con los centros educativos y a identificar perfiles que puedan acceder a futuras convocatorias. La prioridad estará en ocupaciones técnicas vinculadas con minería, construcción, mecánica y mantenimiento industrial.

Un gráfico incluido en el reciente informe de un histórico y reconocido consultor describe de modo muy preciso la “economía de dos velocidades” a la que se suelen referir quienes evalúan la actual configuración de la economía y sus efectos sociales y políticos.

El más reciente reporte mensual del estudio que hace más de 40 años encabeza Miguel Angel Broda ubica allí a cada sector económico en función de cuánto variaron su nivel de actividad y de empleo desde noviembre de 2023. Cada uno está representado por un círculo cuyo tamaño refleja su participación en el empleo formal: cuanto mayor el círculo, más empleo genera el sector.

Una línea horizontal identifica un nivel de empleo estanco y una vertical hace lo mismo con el nivel de actividad. Aparecen así cuatro cuadrantes. En el superior y a la derecha del observador, donde crecen la actividad y el empleo, hay un solo sector: Agro y Ganadería, que en el período creció 18,1%, pero aumentó su empleo 4,3%, cuatro veces menos. El pequeño círculo denota que es un sector que emplea poca gente, al menos de modo directo.

En el espacio superior a la izquierda aparecen los sectores que desde noviembre de 2023 crecieron, pero emplean de modo directo menos gente que entonces. Como Minería y Energía, cuyo nivel de actividad se expandió 29,7%, pero su empleo se contrajo 8,4%, y actividad inmobiliaria, que creció 5,1%, pero emplea 2,7% menos que en noviembre de 2023.

El cuadrante más poblado es el inferior izquierdo y su frontera. Allí aparecen dos círculos grandes, que identifican al Comercio (creció apenas 0,5%, emplea 1,1% menos que antes) y la Industria (se contrajo 4,1% y redujo 7,2% su nivel de empleo) y otro algo más pequeño, Construcción, cuya actividad se achicó 8,6% y su empleo 14,2 por ciento. El cuadrante inferior derecho está desierto: ningún sector exhibió la rara combinación de reducir su actividad y emplear más gente.

Para el conjunto de la economía, muestran los datos, el nivel de actividad medido por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el Indec es 5,3% superior al de fines de 2023, pero el empleo formal se contrajo 3,8 por ciento.

La calle

La elaboración grafica resume así el conflicto que entraña la “economía de dos velocidades”: poco empleo y reflejo en “la calle”, en especial en las grandes ciudades, en un país altamente urbanizado.

Esa configuración, explica el informe de Broda, resulta de una actividad que se estancó en medio de una transición profunda y de alto costo y en la que, en el mejor de los casos, a los sectores más expuestos a la apertura, la desregulación y el retiro de antiguos motores de demanda (déficits, subsidios, protección) reconvertirse y ganar productividad les llevará tiempo y capital. Mientras, los nuevos motores no logran aportar suficiente nivel actividad y, en particular, de empleo.

Además, prosigue el estudio, la estrategia anti-inflacionaria oficial estira la debilidad de la demanda al apoyarse en un trípode (política monetaria restrictiva, ancla fiscal, retraso cambiario) no tan eficaz, pues la economía sigue estando fuertemente indexada, no logra quebrar cierta inercia inflacionaria y aumenta los costos sociales y políticos.

El resultado es una “economía de la calle” estancada, en la que desde febrero de 2025, cuando se detuvo la expansión en base a crédito iniciada en el segundo trimestre de 2024, los sectores primarios crecieron 11% y el resto cayó 0,9%, combo que más o menos se mantiene, pues en el primer semestre de 2026, precisa Broda, los sectores primarios crecieron 11,3% y el resto, que abarca casi el 90% del PBI, creció apenas 0,6 por ciento.

Viento de cola y salarios en dólares

La economía mileísta cuenta con el viento a favor de excelentes “términos de intercambio” (relación entre los precios de lo que exporta y lo que importa el país), pero combinado con un salario en dólares que duplica los niveles de fines de 2023 y cuyo saldo de poder adquisitivo “disponible” cayó desde entonces 18,5% y soporta una alta carga financiera, que engendró el problema de la morosidad.

Según el informe, a pesar del discurso ortodoxo de Milei, Economía intenta reactivar, pero dispone de pocas herramientas. Flexibilizó líneas de crédito bancario permitiendo el uso de hasta 15% de los depósitos en dólares para prestar a no exportadores, recurrió al FGS de la Anses para fondear crédito hipotecario y a la baja de tasas del Nación y al intento de fijar un salario mínimo por sobre el millón de pesos vía sumas no obligatorias para categorías convencionales, además de impulsar concesiones viales e intentar avanzar con la “inocencia fiscal”, de incierto impacto sobre depósitos, crédito y actividad.

De cara a 2027, el panorama no luce mejor: el aumento de la tasa de interés internacional y la “incertidumbre electoral” pesarán sobre el riesgo país, complicarán el financiamiento y meterán presión al dólar. Y el gobierno no cuenta con instrumentos para apurar una desinflación lenta que mantiene deprimida la demanda interna. Dilemas de la economía de cuatro cuadrantes y dos velocidades que expuso el informe del conocido consultor.

La minería argentina atraviesa un momento de expansión que combina el ingreso sostenido de capitales extranjeros con un desempeño exportador sin precedentes. Se trata de un proceso que se da en medio de un contexto de precios internacionales elevados para los principales minerales que produce el país. Un informe elaborado en conjunto por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) permite dimensionar el alcance de ese fenómeno.

De acuerdo con datos del Banco Central (BCRA), el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) del sector minero alcanzó los USD 24.849 millones a marzo de 2026. La cifra representa un máximo histórico y se ubica por encima de los USD 22.049 millones registrados en el trimestre inmediato anterior. Desde la BCR remarcaron que “más IED implica más empresas extranjeras invirtiendo capital en Argentina para potenciar la producción y las exportaciones mineras del país”.

El stock de IED es un indicador distinto al de los flujos trimestrales: mientras estos últimos registran cuánto capital entra o sale de un sector en cada período, el stock funciona como una fotografía del total acumulado. El informe lo describe como “el valor total de la inversión que empresas del exterior tienen efectivamente colocada en la minería argentina en un momento dado”, una cifra que incluye los aportes de capital de las casas matrices, las utilidades reinvertidas en el país y el financiamiento que reciben las filiales locales de sus grupos empresariales. Su relevancia radica en que se trata, en su mayor parte, de capital inmovilizado en activos de larga vida, como minas, maquinarias, campamentos e infraestructura industrial.

Un stock que se multiplicó en menos de una década

La comparación histórica permite entender la velocidad del crecimiento reciente. En dos años, el stock de IED minera se duplicó: en marzo de 2024 se ubicaba en USD 12.402 millones. Si la comparación se extiende a un plazo mayor, la diferencia es todavía más marcada. En septiembre de 2019 el stock era de USD 8.361 millones, lo que implica que la inversión extranjera acumulada en el sector “casi se triplicó en menos de siete años”. A comienzos de 2017, cuando comienza la serie desagregada disponible, el stock rondaba los USD 6.000 millones.

La apertura por actividad muestra en qué segmento se concentró ese crecimiento. La explotación de minas y canteras pasó de superar apenas los USD 1.000 millones en 2017 a más de USD 13.000 millones en el último dato disponible, con lo cual pasó a explicar el mayor bloque del stock total. La extracción de minerales metalíferos y los servicios de apoyo a la actividad minera completan el cuadro, con expansiones significativas en ambos casos durante los últimos tres años.

Récord trimestral de ingresos de capital

En el primer trimestre de 2026 ingresaron USD 2.799 millones netos de inversión extranjera directa en minería, el registro trimestral más alto de toda la serie del BCRA. La cifra supera en un 36% al récord anterior, de USD 2.055 millones, correspondiente al segundo trimestre de 2024.

El contraste con el comportamiento previo del sector es muy marcado. Entre 2017 y 2021, los flujos trimestrales rara vez superaron los USD 500 millones y, en varios trimestres, fueron directamente negativos. La BCR señala que la caída registrada a fines de 2023 “da la pauta de lo perjudiciales que resultan para el sector las fluctuaciones económicas en nuestro país para el sector minero, siendo ésta una actividad de largo aliento”.

A partir de 2023 el patrón cambia: los ingresos comienzan a superar con regularidad los USD 500 millones, y desde 2024 la mayoría de los trimestres se ubicó por encima de los USD 1.000 millones, con algunos registros puntuales en terreno negativo que no alteraron la tendencia de fondo. El sostenimiento de estos flujos a lo largo de los últimos dos años es lo que explica, según el informe, tanto la duplicación del stock como, con los tiempos propios de la actividad minera, la expansión exportadora que hoy se observa en las estadísticas de comercio exterior.

Un récord exportador que acompaña a la inversión

En paralelo con los máximos de inversión, las exportaciones mineras argentinas totalizaron USD 4.742 millones en la primera mitad de 2026, el mayor nivel exportador registrado para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables para el sector. La cifra implica una expansión de casi el 75% respecto de los USD 2.712 millones del mismo período de 2025 y del 156% frente a los USD 1.852 millones de 2024.

La magnitud del salto se aprecia con mayor claridad en perspectiva histórica. El récord anterior para un primer semestre correspondía a 2011, en el pico del ciclo previo de precios de los metales, cuando las exportaciones rondaron los USD 2.260 millones: el registro de 2026 lo supera en más del 100%. Respecto de las estadísticas de hace veinte años, las ventas externas se multiplicaron por más de ocho. Entre 2012 y 2021, en tanto, las exportaciones del primer semestre se habían movido en una franja relativamente estrecha, entre los USD 1.184 millones del piso de 2020, afectado por la pandemia, y valores en torno a los USD 2.000 millones, sin lograr recuperar los niveles de 2010 y 2011.

Qué exporta argentina

La apertura por mineral muestra que el resultado no responde a un único producto. El oro continúa siendo el principal mineral exportado y aporta alrededor del 61% del total del semestre, con un valor muy por encima del promedio de los años anteriores. La plata acompaña ese desempeño y sostiene su participación como tercer mineral del período. Sin embargo, el informe advierte que las perspectivas productivas para ambos minerales en 2026 son de menor producción, con un incremento de costos asociado, por lo que el impacto positivo sobre las exportaciones proviene de los elevados precios internacionales que actualmente rigen para estos bienes.

El cambio estructural más significativo, según la BCR, proviene del litio, que se consolidó en el primer semestre de 2026 como el segundo mineral más relevante en las exportaciones mineras, por encima de la plata desde 2023. Con cerca de una cuarta parte del total exportado, el litio viene creciendo desde representar menos del 5% de las exportaciones mineras hace una década y menos del 3% hace dos décadas. La puesta en marcha y la ampliación de operaciones en el país explican, de acuerdo con relevamientos de la Secretaría de Minería, una suba en cantidades exportadas del complejo litio de más del 68% respecto al primer semestre del año pasado.

CAEM y la BCR destacan que la coincidencia entre ambos máximos —el exportador y el de inversión— constituye el dato central del período. La minería es una actividad de ciclos largos, en la que “entre la decisión de inversión y el primer embarque pueden transcurrir varios años”. Que el récord de exportaciones del primer semestre de 2026 coincida con el récord de ingreso de capitales del primer trimestre del mismo año indica que se están capturando dos etapas distintas de un mismo proceso: la maduración de inversiones realizadas en un contexto alcista de precios y el compromiso de nuevos capitales para sostener la producción de los próximos años, con especial énfasis en litio y cobre.

La puesta en marcha del RIGI, la ampliación de los proyectos de litio y el avance de grandes emprendimientos de cobre, oro y plata permiten anticipar un fuerte crecimiento de las exportaciones durante la próxima década. Pero hay una pregunta que todavía no ocupa el lugar suficiente en la agenda pública: ¿Por dónde, en qué condiciones y cómo se movilizarán, almacenarán y exportarán esos nuevos volúmenes de producción?

Para que un mineral llegue competitivamente a los mercados internacionales necesita caminos, ferrocarriles, centros de transferencia, depósitos, instalaciones de acondicionamiento, controles de calidad, trazabilidad, aduanas, seguridad ambiental y capacidad portuaria.

Si la Argentina promueve inversiones mineras por miles de millones de dólares, pero no desarrolla la infraestructura necesaria, corre el riesgo de encontrarse con un verdadero cuello de botella logístico.

El salto exportador que se aproxima

Entre los objetivos del RIGI se encuentra expresamente el desarrollo de las cadenas productivas locales asociadas a los proyectos y el incremento de las exportaciones argentinas. La normativa contempla sectores como minería, energía, infraestructura, siderurgia y petróleo y gas, con inversiones mínimas que, como regla general, parten de los USD 200 millones.

En junio de 2026, el Ministerio de Economía informó que existían 16 proyectos aprobados bajo el RIGI, por aproximadamente USD 29.892 millones, y otros 25 proyectos en evaluación. En conjunto, representaban un universo superior a los USD 140.000 millones y un potencial cercano a los 197.000 empleos directos e indirectos.

Argentina necesitará transportar más toneladas. Deberá manejar productos con características físicas, comerciales y ambientales diferente

Estos proyectos muestran que la Argentina necesitará transportar más toneladas. Deberá manejar productos con características físicas, comerciales y ambientales diferentes.

La solución no consiste simplemente en construir grandes galpones. Se necesitan plataformas industriales diseñadas según el riesgo de cada sustancia, con habilitaciones ambientales, protocolos operativos y capacidad de respuesta ante emergencias. Nada mejor que un Parque Industrial Planificado.

Puertos rodeados por ciudades

Muchos puertos del litoral argentino se desarrollaron cuando las ciudades tenían una escala mucho menor. Con el crecimiento urbano, numerosos complejos portuarios quedaron rodeados por barrios, avenidas, actividades comerciales, áreas residenciales, y esta convivencia genera conflictos territoriales cada vez mayores.

Entiendo que los puertos deben preservar su superficie operativa para aquello que verdaderamente necesita estar junto al muelle: recepción y despacho de buques, carga, descarga y transferencia inmediata. Pero no resulta eficiente utilizar terrenos portuarios escasos y costosos como depósitos permanentes.

No resulta eficiente utilizar terrenos portuarios escasos y costosos como depósitos permanentes

Tampoco es razonable acumular cargas potencialmente riesgosas dentro de áreas urbanas cuando pueden almacenarse y acondicionarse en zonas industriales planificadas, ubicadas a una distancia operativamente cercana, pero ambientalmente segura.

El parque industrial como antepuerto

Los parques industriales, próximos a los puertos, pueden funcionar como antepuertos o plataformas extraportuarias. Allí pueden instalarse depósitos de minerales y fertilizantes, centros de consolidación de cargas, playas de camiones, laboratorios, balanzas, servicios aduaneros, instalaciones de acondicionamiento, talleres, empresas transportistas y operadores logísticos.

De esta manera, el mineral podría permanecer en el parque hasta que exista una ventana cierta de embarque. Recién entonces sería trasladado al puerto mediante un sistema programado, reduciendo tiempos de permanencia, congestión y riesgos.

Una oportunidad para el norte bonaerense

El corredor norte de la provincia de Buenos Aires, conectado con la Ruta Nacional 9, la Hidrovía, el ferrocarril y los puertos sobre el Paraná, tiene condiciones especialmente favorables para desarrollar parques industriales y logísticos de nueva generación.

Localidades sobre el río Paraná como Ramallo-San Nicolás pueden ser estratégicas si ordenan anticipadamente su territorio, reservan superficies industriales, planifican accesos independientes de las áreas urbanas y genera las condiciones ambientales necesarias.

Localidades sobre el río Paraná como Ramallo-San Nicolás pueden ser estratégicas si ordenan anticipadamente su territorio

Para que la Argentina se desarrolle productivamente, requiere reducir costos logísticos, evitar conflictos urbanos, generar empleo calificado, atraer operadores internacionales y crear oportunidades para transportistas, talleres, laboratorios, empresas tecnológicas, firmas de seguridad, servicios ambientales y proveedores industriales.

Planificar antes de que lleguen las cargas

El crecimiento minero puede convertirse en una oportunidad para la Argentina, pero las inversiones productivas y las inversiones logísticas deben avanzar simultáneamente.

No podemos esperar a que los minerales lleguen masivamente a las rutas y a los puertos para comenzar a discutir dónde almacenarlos. Las decisiones territoriales requieren años: adquisición de tierras, rezonificación, estudios ambientales, obras hidráulicas, infraestructura energética, accesos viales y ferroviarios, habilitaciones y acuerdos entre diferentes jurisdicciones.

La Nación debe establecer una estrategia logística minera. Las provincias deben identificar corredores y nodos prioritarios. Los municipios cercanos a los puertos deben preservar suelo industrial y evitar que el crecimiento urbano siga encerrando las áreas operativas. El sector privado debe participar mediante inversiones, concesiones y modelos asociativos.

También debería crearse una mesa permanente integrada por autoridades mineras, portuarias, ambientales, aduaneras y de transporte, junto con provincias, municipios, empresas, puertos y parques industriales.

El desafío no es solamente exportar más. Es hacerlo con seguridad, competitividad, trazabilidad, responsabilidad ambiental y capacidad para agregar valor dentro del país.

Debería crearse una mesa permanente integrada por autoridades mineras, portuarias, ambientales, aduaneras y de transporte, junto con provincias, municipios, empresas, puertos y parques industriales

La Argentina minera que viene necesitará puertos eficientes. Pero necesitará parques industriales planificados que respalden esos puertos, organicen los nuevos flujos de mercaderías y protejan a las ciudades.

Los países que comprendieron esta integración con anticipación construyeron complejos industriales y logísticos. Nuestro país todavía está a tiempo de hacerlo. Pero debe comenzar ahora.

El autor es presidente de la Red de Parques Industriales Argentinos y miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires

República Dominicana y Estados Unidos acordaron un marco de cooperación para la extracción y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras, con el objetivo de identificar proyectos de interés común, facilitar financiamiento y reforzar las cadenas de suministro de recursos destinados a tecnologías avanzadas.

El convenio fue firmado el 10 de septiembre en Santo Domingo por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Ito Bisonó, y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos. En el acto también participó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el instrumento busca promover inversiones y desarrollo en las distintas etapas de la actividad minera, desde la extracción hasta la separación y el procesamiento de los materiales. Las partes prevén además mecanismos de coordinación para proteger sus mercados y detectar iniciativas ubicadas en ambos territorios.

Bisonó sostuvo que el acuerdo abre una posibilidad para elevar el aprovechamiento local de los recursos dominicanos. “Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente”, afirmó.

El principal foco de las expectativas sobre tierras raras está en la provincia de Pedernales, en el suroeste dominicano. Allí, la Reserva Fiscal Minera Ávila reúne depósitos de bauxita kárstica que han sido objeto de estudios para determinar la presencia y el potencial de elementos de tierras raras, además de galio y escandio.

La bauxita, materia prima para la producción de aluminio, tuvo actividad extractiva en Pedernales durante décadas. Datos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas de República Dominicana (EITI-RD) señalan que la provincia posee grandes reservas explotables de este mineral y que contienen indicios de elementos de tierras raras.

La zona comprende sectores de la Sierra de Bahoruco, una formación geológica compartida entre Pedernales, Independencia y parte de Barahona. El potencial señalado hasta ahora no equivale a una reserva certificada ni supone que exista una explotación inmediata: los estudios de caracterización y evaluación deberán precisar la concentración, viabilidad técnica y rentabilidad de los yacimientos.

Campos vinculó la cooperación con la necesidad de reducir dependencias externas en la cadena de suministro de recursos estratégicos. “Este acuerdo no se limita únicamente a minerales; se trata sobre soberanía, seguridad y prosperidad compartida”, declaró la representante diplomática estadounidense.

La embajadora agregó que el propósito es que ambos países actúen “como socios de confianza, y no como países que dependan de la buena voluntad de otro” al momento de extraer, procesar y fabricar materiales necesarios para industrias del futuro.

Oro, plata, cobre y ferroníquel integran la base minera del país

La riqueza mineral de República Dominicana incluye recursos metálicos, minerales industriales, rocas ornamentales y piedras semipreciosas. El mapa de recursos del Servicio Geológico Nacional identifica depósitos e indicios de oro, plata, cobre, zinc, hierro, níquel y bauxita en formaciones de la Cordillera Central, la Cordillera Oriental, el Cibao y la Sierra de Bahoruco.

La producción metálica se concentra principalmente en Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega. En Cotuí, Sánchez Ramírez, opera la mina Pueblo Viejo, que extrae oro y plata. En Maimón, Monseñor Nouel, se encuentran operaciones y recursos de cobre, zinc, oro y plata. La explotación de ferroníquel se sitúa en la franja de Loma Caribe, entre Monseñor Nouel y La Vega.

Las provincias de Hato Mayor y El Seibo presentan condiciones geológicas favorables para depósitos de oro, plata, cobre y otros metales básicos, aunque varias de esas áreas permanecen en etapa de prospección. En San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago y Santiago Rodríguez también se han identificado zonas con potencial para oro, plata y metales básicos.

Estados Unidos ha suscrito marcos de cooperación similares con 27 países, según la Cancillería dominicana. El acuerdo ahora firmado no anuncia una concesión minera específica, sino una plataforma bilateral para estudios, proyectos, inversión y posibles desarrollos en recursos considerados estratégicos.

“Argentina producía 32.000 toneladas de carbonato de litio en 2022 y pasó a 116.000 en 2025, con una capacidad instalada de 200.000 toneladas”. Ese salto productivo es, para Roberto, la mejor muestra de un sector que empieza a resolver sus cuellos de botella de infraestructura y transporte, aunque todavía enfrenta desafíos logísticos para consolidarse como potencia exportadora de cobre y litio.

¿Cómo evolucionó en los últimos años el marco de inversión minera y qué impacto tuvo eso en la actividad?

En los últimos dos años la minería avanzó con fuerza gracias al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que llevó a que grandes jugadores mineros apostaran por el país y entraran en la etapa previa a la construcción de los proyectos de cobre y litio.

El régimen mejoró la carga tributaria para volver a la Argentina competitiva frente a otros receptores de inversión minera como Perú, Chile, Canadá o Australia. También habilitó, según la etapa de cada proyecto, un porcentaje de libre disponibilidad de divisas, clave en un país donde fue difícil girar fondos al exterior.

El tercer punto, producto de incumplimientos del pasado, es la posibilidad que tienen los inversores de litigar en el exterior si no se respetan las reglas aplicadas al momento de aprobar su adhesión al régimen de incentivos a las inversiones mineras.

¿Qué desafíos logísticos aparecen a la hora de integrar a la industria y a los transportistas al mundo minero?

Hay posibilidades grandes porque los volúmenes de transporte son enormes, tanto para la recepción de insumos en los yacimientos como para el traslado de los materiales que luego se comercializan. Ahí entra el desafío de preparar recursos humanos que conozcan los requisitos de la actividad minera.

Se trata de empresas internacionales con normas rigurosas en seguridad, cuidado ambiental y compliance. El desafío es tener esos recursos disponibles y aprovechar que en muchos servicios hay más posibilidades de competir con proveedores del exterior, porque deberían resolverse a nivel local. Y cuando hablo de local me refiero primero al país, y después a las provincias: la prioridad es dar trabajo a las comunidades cercanas y sostener el empleo nacional.

¿En qué zonas se están concentrando los nuevos proyectos y qué necesidades de infraestructura genera eso?

A diferencia del petróleo, que se concentra en una sola provincia, la minería tiene una dimensión mucho mayor. En el norte, Catamarca, Jujuy y Salta vienen expandiendo el litio, incorporando proyectos y llegando a niveles de producción estándar. Argentina producía 32.000 toneladas de carbonato de litio en 2022 y pasó a 116.000 en 2025, con una capacidad instalada de 200.000 toneladas.

La expectativa es llegar en cuatro o cinco años a entre 350.000 y 400.000 toneladas, 12 o 13 veces lo que se producía en 2022. El cobre, en cambio, se concentra en San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza, y al no estar en una sola zona exige más infraestructura y recursos humanos.

Un proyecto de cobre demora entre cuatro y cinco años desde el inicio de la construcción hasta empezar a producir, un período en el que genera empleo enorme en la construcción y en el transporte logístico de los materiales necesarios.

¿Cómo es la relación con Chile en materia de comercio exterior minero?

La relación con Chile es buena, pero hay que tener en claro que no estamos en su misma situación. Chile lleva 40 años de estabilidad macroeconómica y un expertise minero enorme: es el principal productor mundial de cobre, con más de cinco millones de toneladas de cobre fino por año.

Ese expertise puede servirnos si se traslada con inteligencia, con empresas chilenas que se incorporen respetando las prioridades de empleo local de Argentina. La minería no va a resolver el problema del empleo, pero va a mejorar la calidad de vida de miles de personas, con salarios en blanco.

El transporte hacia Chile atravesó cortes frecuentes en los pasos fronterizos este año. ¿Cómo impacta eso en la logística de exportación minera?

En la etapa de producción, la actividad se mantiene constante todo el año, salvo paradas cortas por condiciones climáticas muy adversas. Las dificultades para cruzar la cordillera hacia Chile no afectan demasiado, porque gran parte del transporte va hacia la cordillera y no en sentido contrario.

La excepción es el litio, que en parte sale por el norte a través del paso de Jama; el resto de la producción sale hacia el Atlántico. Este año, muy riguroso en lo climático, hubo algunas interrupciones puntuales, pero en general no son relevantes.

Habrá que tener en cuenta, de cara a una integración logística mayor con Chile, que los pasos que existen hoy no alcanzan, y que con el tiempo va a hacer falta contar con más pasos fronterizos entre los dos países para sostener el crecimiento.

¿Qué mensaje le dejarías a quienes todavía ven a la minería como una actividad ajena a su día a día?

Es bueno que la gente sepa que la minería va a ser una opción importante, con una dimensión tal que también va a generar movilidad social. No sería extraño que gente que hoy vive en centros urbanos vea en la minería la posibilidad de radicarse en otro lugar para mejorar su calidad de vida.

Cuando los grandes proyectos muestren resultados va a haber un interés mucho mayor, y lo que buscamos es la integración total del país: que Argentina se convierta definitivamente en un país minero, como también es agrícola, ganadero e industrial.

Tenemos la certeza de que, por el crecimiento esperado, en cinco, seis o siete años la minería va a tener un nivel de comercio exterior muy relevante, comparable con el campo o con la energía, hoy dos de los pilares de lo que viene.

En el siglo XIX la disyuntiva era “libre cambio o proteccionismo”; en el siglo XX fue “campo o industria”. En el siglo XXI, nuestra tradición dicotómica y maniquea, además de retroalimentar las viejas disyuntivas, ha generado otras nuevas: “desarrollo o medio ambiente”; “minería o medio ambiente”; “hidrocarburos o medio ambiente”. Las “o” disyuntivas siempre han sido paralizantes de nuestro desarrollo económico y social. El modelo productivo superador de estas disyuntivas debe canalizar el ahorro interno hacia inversiones productivas, con un aumento sustancial de la tasa de inversión bruta, y generar un salto en la productividad sistémica. Se trata de desarrollo y medio ambiente; de minería y medio ambiente; de hidrocarburos y medio ambiente.

Hay que maximizar la producción y la renta de estos sectores intensivos en capital, que están transformando la estructura productiva del país a partir de ventajas comparativas que permitirán radicar otras industrias. Un nuevo modelo productivo debe integrar cadenas de negocios que promuevan la creación de empleos formales y maximicen el valor agregado nacional exportable, articulando sectores primarios, industriales y de servicios, recreando las bases de un mercado regional y consolidando los cimientos de un desarrollo sustentable.

Las “o” disyuntivas siempre han sido paralizantes de nuestro desarrollo económico y social

Ese desarrollo sustentable está asociado a la licencia social y a la licencia ambiental que imponen estas actividades. El respeto a las normas ambientales de orden nacional, provincial y aun municipal debe ser correspondido por estas industrias mediante la implementación de las mejores prácticas, y respondiendo por las infracciones administrativas o los daños que deriven en responsabilidad civil cuando una conducta negligente provoque un daño ambiental.

Y aquí aparece la preocupante novedad que recrea la disyuntiva “desarrollo o medio ambiente” y que puede convertirse en un obstáculo al proceso de desarrollo intensivo que ya experimentan Vaca Muerta y la minería del litio, y que se viene en el cobre a partir de Vicuña: la figura penal del “ecocidio” contenida en un proyecto de ley que tiene tratamiento en la Cámara de Senadores.

De traducirse el proyecto en ley, una negligencia que pueda provocar un daño ambiental —conducta que será evaluada dentro del amplio y, a veces, difuso espectro de normas nacionales, provinciales y municipales que regulan el medio ambiente— quedaría sujeta a la discreción interpretativa de jueces federales o locales y podría derivar en una pena de hasta 15 años de prisión, y hasta 25 si hubiera una muerte.

La Argentina viene de una decadencia cuasi secular que ha degenerado en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos

El proyecto, de dudosa constitucionalidad por las lagunas que plantea la definición del tipo penal —el artículo 18 de la Constitución Nacional exige una ley previa que determine tanto la conducta prohibida como la pena—, agrava las penas cuando en el hecho interviene un funcionario público: prevé un aumento de un tercio en el mínimo y el máximo, además de una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La cuestión adquiere especial relevancia para actividades como la energía y la minería, donde los proyectos requieren evaluaciones de impacto ambiental, permisos, inspecciones y sucesivas autorizaciones de organismos públicos. Frente a una figura cuyos límites pueden resultar difíciles de anticipar, especialistas identifican un riesgo de “parálisis decisoria”: que los funcionarios se vuelvan reacios a autorizar o acompañar proyectos, ralentizando trámites legítimos y generando un impacto sobre los proyectos y su factibilidad.

En la práctica, las autoridades, además de su ya existente responsabilidad por el desempeño como funcionarios públicos, agregarían un escalón más de precaución ante la eventual penalización de sus actos administrativos. Seamos claros: si Vaca Muerta no estuviera en proceso de plena expansión productiva, es muy posible que la figura penal del “ecocidio”, tal como la propone esta norma, hubiera producido un “industricidio”, frustrando el desarrollo intensivo del petróleo y el gas que, según lo hemos planteado en Infobae (06-09-26), está generando una verdadera revolución energética. Pero puede haber consecuencias disuasorias sobre nuevas inversiones a futuro.

No hay magia ni atajos. Para volver a crecer a tasas altas y poner un punto de inflexión a nuestra decadencia hace falta mucha más inversión

La Argentina viene de una decadencia cuasi secular que ha degenerado en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos. El diagnóstico derivado de la contabilidad del crecimiento es contundente respecto de las causas: baja inversión y productividad, con un insuficiente ahorro interno que, en parte, se deriva al exterior o emigra del sistema. La tasa de crecimiento potencial de los últimos 50 años promedió un 1,8% anual acumulado, y eso se tradujo en un paupérrimo incremento del ingreso per cápita, que permanece estancado desde 2011.

No hay magia ni atajos. Para volver a crecer a tasas altas y poner un punto de inflexión a nuestra decadencia hace falta mucha más inversión —tasas del 25/28 %— y un aumento sustancial de la productividad total de los factores (PTF). Las locomotoras energética y minera están a la cabeza de esta transformación productiva, y paralizar su desarrollo con propuestas de un ecologismo ideológico sería un grave error político y económico.

Tal vez lo que habría que criminalizar en la Argentina es esta variante de “industricidio”. Sugiero el siguiente tipo penal: “Todo funcionario público nacional, provincial o municipal, de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, que, invocando causas sociales o ambientales fundadas en argumentos de corte ideológico, dicte o sancione normas o resoluciones que puedan ser disuasivas o paralizantes de procesos de inversión productiva nuevos o en curso, será reprimido con penas de tantos años de prisión, multa e inhabilitación accesoria”.

El autor es ex secretario de Energía y ex presidente de YPF

La inteligencia artificial avanza con mayor velocidad en sectores como banca, seguros, retail, educación y entretenimiento, mientras que minería, logística, construcción y agroindustria enfrentan mayores obstáculos para incorporarla a gran escala en Perú.

La complejidad de sus operaciones, el peso de los procesos manuales y la desconexión entre sistemas internos limitan la aplicación de estas herramientas, según explicó José Antonio Murillo, cofundador y co CEO de Primero.

El ejecutivo señaló que las actividades productivas cuentan con un volumen relevante de documentación, registros y datos operativos. En minería, logística y agroindustria, esa información incluye movimientos de inventario, cadenas de abastecimiento, operaciones en campo, producción, facturación y controles financieros.

El desafío consiste en transformar esos datos en información útil para automatizar tareas y respaldar decisiones. Murillo sostuvo que la adopción de IA no depende exclusivamente del sector, sino de la disposición de las empresas para revisar sus procesos e integrar la información que ya generan.

Primero, que trabaja con compañías de servicios financieros, seguros, bienes de consumo, manufactura y retail, considera que las industrias con operaciones complejas presentan oportunidades para aplicar sistemas de inteligencia operativa.

La inversión en IA aumentó, pero persiste una brecha de preparación

El interés empresarial por estas tecnologías creció durante los últimos años. Según el EY Chief Data Officer Study 2026, citado por la compañía, el 85% de las organizaciones consultadas en Perú aumentó su presupuesto para inteligencia artificial.

Las estimaciones de Sonda Perú recogidas por Primero indican que el mercado local de IA pasó de USD 412 millones en 2024 a casi USD 497 millones en 2025. La proyección apunta a un crecimiento cercano al 20% anual hasta 2027.

El aumento de la inversión convive con una brecha en las capacidades internas de las compañías. Apenas 3% de las empresas peruanas se considera plenamente preparada para adoptar inteligencia artificial generativa, de acuerdo con los datos mencionados por Murillo.

La diferencia entre presupuesto y preparación abarca la infraestructura tecnológica, la calidad de la información disponible y la formación de los equipos que utilizarán estas herramientas.

Perú ocupa el quinto lugar de América Latina en preparación para IA, por delante de Colombia, Ecuador y México, según cifras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Aun así, señaló que los avances se concentran en actividades de servicios, donde los procesos suelen estar más digitalizados.

Los sistemas aislados dificultan la automatización de procesos

Uno de los principales obstáculos para llevar IA a áreas operativas es la fragmentación tecnológica. Las organizaciones administran en promedio 957 aplicaciones distintas, pero solo el 27% está conectado entre sí, según el Connectivity Benchmark Report 2026 de MuleSoft citado por Primero.

En la práctica, esa desconexión separa información que suele estar distribuida entre sistemas de planificación de recursos empresariales, gestión de almacenes, plataformas de ventas, herramientas financieras y programas contables. Cada área puede tener datos relevantes, aunque sin una integración que permita analizarlos de forma conjunta.

Murillo señaló que muchas empresas buscan evitar proyectos tecnológicos extensos y desarrollos a medida que pueden requerir meses de implementación. La propuesta de Primero parte de conectar los sistemas y las bases de datos ya existentes para incorporar las reglas y la lógica de cada negocio a una misma capa de información.

La compañía informó que, en una empresa de bienes de consumo, esta integración permitió identificar más de USD 10 millones en deducciones de retail incorrectas que antes quedaban dispersas entre distintas plataformas. En un cliente del sector productivo, la tecnología automatizó el 85% de un proceso que requería revisión manual concepto por concepto, mientras que el 15% restante continuó bajo revisión humana.

La falta de alternativas económicas y la expectativa de obtener ingresos rápidos empujan a decenas de personas a la minería ilegal de oro en Cuba, una actividad prohibida por el Estado que se extiende en áreas rurales de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila. El fenómeno combina explotación clandestina, presión sobre recursos estratégicos, riesgos ambientales y episodios de violencia vinculados a la delincuencia.

Según un reportaje publicado por Havana Times, pequeños grupos de mineros excavan pozos en busca de vetas auríferas, pese a que la legislación cubana reserva la extracción de oro para proyectos autorizados. El metal es considerado un recurso estratégico y las licencias suelen concentrarse en compañías estatales o empresas extranjeras.

Uno de los focos está en Guáimaro, municipio del este de Camagüey, donde abundan los relatos de jóvenes que abandonaron actividades tradicionales para buscar oro. En una zona de fuerte tradición ganadera, palas, picos y zarandas reemplazaron en algunos casos al trabajo con ganado, cuyo control está sujeto a regulaciones estatales.

El principal incentivo es el valor del mineral. Un minero identificado como Jesús afirmó, según la Havana Times, que el gramo de oro refinado puede venderse por más de 60,000 pesos cubanos, una suma superior a 80 dólares. Incluso una jornada con una extracción menor puede dejar cerca de 3,000 pesos por trabajador.

Jesús, originario de Guantánamo y residente en Guáimaro desde hace tres años, forma parte de un grupo de cuatro personas que trabaja cerca del río Jobabo, en la frontera entre Las Tunas y Camagüey. Antes había participado en explotaciones clandestinas en El Pilar, un campo del municipio avileño de Baraguá.

El antecedente de Ciego de Ávila expone la dimensión de la respuesta oficial. Jesús relató que perdió sus herramientas durante un operativo policial contra una mina que comenzaba a producir. Más de 300 personas fueron detenidas en aquella redada, que ocurrió antes de una visita del ministro de Energía y Minas, Vicente La O Levy, a la zona.

La presencia estatal no ha eliminado la actividad. Los grupos buscan sitios alejados y acuerdan con propietarios rurales el alquiler de terrenos. Algunos dueños exigen pagos en efectivo; otros reclaman una parte de la extracción. Son pactos informales, sin documentación ni mecanismos legales para exigir su cumplimiento.

Golden Hill concentra los proyectos formales en Las Tunas

Mientras la explotación artesanal se multiplica fuera de la ley, el principal proyecto establecido bajo la normativa vigente es Golden Hill, en el municipio tunero de Jobabo. Sus instalaciones comenzaron a operar a inicios de la década de 2010 como parte de un convenio de cooperación entre Cuba y Venezuela.

El yacimiento se encuentra a unos 20 kilómetros de la zona donde trabajan grupos informales. La cercanía alimenta entre los mineros la expectativa de que existan reservas adicionales en los alrededores, aunque no hay información oficial que confirme la cantidad o calidad de los depósitos que buscan.

Durante una visita en 2023, La O Levy convocó a dialogar con comunidades de Ciego de Ávila y otras provincias del centro-oriente donde se detectaron yacimientos ilegales. El objetivo oficial era reducir esos episodios, preservar las reservas para su explotación regulada y aumentar los ingresos del país.

La cartera de oportunidades para inversión extranjera incluye decenas de proyectos ligados a la minería. Entre ellos figuran yacimientos de pórfidos de cobre y oro en Ciego de Ávila, una ampliación de Golden Hill para incorporar cobre y una propuesta para extraer sulfuros de oro en Florencia-Maclama, en la frontera entre Las Tunas y Camagüey.

La delincuencia y el mercurio suman riesgos a la extracción clandestina

La ilegalidad deja a los mineros sin posibilidad de recurrir a la policía cuando sufren robos o agresiones. En Guáimaro, algunos grupos establecieron turnos nocturnos para vigilar las herramientas y el material extraído. En momentos de mayor tensión, los trabajadores permanecieron en parejas y con machetes o piedras para protegerse.

Un habitante citado por Havana Times sostuvo que el crecimiento de la actividad trajo conflictos, carreras de motos, consumo de alcohol y disputas en bares de la localidad. El escenario contrasta con las décadas de 1960 y 1970, cuando una explotación estatal de oro en Flor de María dejó viviendas, una guardería y obras de infraestructura antes de cerrar en los años 80 por el agotamiento de la veta.

También persiste el riesgo de contaminación. En el proceso artesanal, los mineros lavan y tamizan la tierra para obtener una mezcla a la que agregan mercurio, conocido localmente como azogue, para separar el oro. En zonas como Flor de María existen pozos vinculados al abastecimiento de agua y a infraestructura ganadera, por lo que una eventual filtración podría afectar recursos esenciales para Guáimaro.

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 63.521 millones entre enero y julio de 2026, un alza de 33,3% frente a los US$ 47.642 millones registrados en el mismo período de 2025.

El incremento estuvo impulsado, en gran medida, por la cotización internacional de los minerales, según el reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La minería explicó 8 de cada 10 dólares vendidos al exterior

El sector tradicional concentró US$ 50.935 millones, equivalentes al 80,2% de los despachos totales. La cifra representó una expansión de 44% interanual, con la minería como principal actividad exportadora.

Las ventas mineras alcanzaron US$ 46.283 millones, con un crecimiento de 49,2%. El cobre y el oro en bruto encabezaron la demanda y concentraron el 64,8% de los envíos del sector tradicional, de acuerdo con el informe de ADEX.

China fue el principal destino de esta oferta, con el 46,1% del total, seguida por India, Canadá, Estados Unidos y Suiza. Los hidrocarburos también crecieron, con una variación de 28,4%, mientras que la pesca tradicional retrocedió 19,7%. El agro tradicional mostró un avance de 0,4%.

La oferta con valor agregado avanzó a un ritmo menor

Los productos no tradicionales, identificados por ADEX como oferta con valor agregado, alcanzaron USD 12.586 millones entre enero y julio. El resultado implicó una variación positiva de 2,5% frente a los USD 12.277 millones del mismo lapso de 2025 y representó el 19,8% de las exportaciones peruanas.

La agroindustria lideró este grupo con US$ 6.017 millones. Le siguieron los sectores químico, con USD 1.536 millones; pesca y acuicultura, con USD 1.443 millones; y siderometalurgia, con USD 1.372 millones.

También figuraron las confecciones, con USD 669,8 millones; la minería no metálica, con USD 563,3 millones; la metalmecánica, con USD 418 millones; y el sector textil, con USD 305,8 millones. Las ventas de maderas llegaron a USD 40,9 millones y las de joyería, a USD 31 millones.

La palta fue el producto con mayor valor exportado dentro de este segmento, al sumar USD 1.128 millones. Las uvas frescas, la pota congelada, los arándanos, el alambre de cobre refinado, las chapas de cobre, los mangos, los fosfatos de calcio naturales, el cacao en grano y el zinc sin alear completaron la lista de los principales productos.

ADEX: Nueve sectores redujeron el volumen de sus despachos

Pese al aumento del valor total exportado, el reporte registró descensos en el volumen enviado al exterior en nueve de los 15 sectores analizados.

Las caídas alcanzaron a la pesca tradicional, los hidrocarburos, la agroindustria, el textil, las confecciones, la metalmecánica, la siderometalurgia, la joyería y las maderas.

En valor FOB, cinco subsectores cerraron el período en terreno negativo: pesca primaria, confecciones, metalmecánica, minería no metálica y joyería. El comportamiento refleja que el crecimiento general dependió en buena parte de la evolución de los precios de materias primas, especialmente minerales.

Estados Unidos encabezó los destinos de la oferta no tradicional, con el 27,9% del total. Países Bajos ocupó el segundo lugar, con 9,4%, seguido por China, Chile y España. Colombia, Ecuador, México, Brasil y Corea del Sur integraron los diez principales mercados.

Prepárese: Perú romperá los USD 100.000 millones en envíos por primera vez en 2026

Con los datos disponibles se puede afirmar que Perú se encamina a superar los USD 100 mil millones en exportaciones en 2026, pero debe plantearse como una proyección condicionada a que se sostenga el ritmo de los primeros siete meses.

Para llegar a USD 100 mil millones necesita sumar USD 36.479 millones entre agosto y diciembre, un promedio mensual de USD 7.296 millones. Entre enero y julio, el promedio fue de USD 9.074 millones por mes.

En 2025, Perú exportó USD 90.082 millones, un récord histórico y un incremento de 21% frente a 2024, según ADEX. Por lo tanto, si en 2026 supera los USD 100 mil millones, implicaría un aumento de al menos 11%.

ADEX pidió reducir costos y preparar infraestructura ante El Niño

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, pidió avanzar en una agenda proexportadora que amplíe la participación empresarial en el comercio exterior, incorpore a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor y eleve el valor agregado de la oferta nacional.

Tello Ramírez también reclamó medidas para atraer inversiones, reducir sobrecostos y eliminar barreras que afectan la competitividad.

Además, advirtió sobre el posible impacto de El Niño Costero en distintas actividades económicas y planteó la necesidad de desarrollar infraestructura capaz de mantener su operatividad ante episodios climáticos extremos.

Entre enero y julio, 7.731 empresas peruanas exportaron 3.671 partidas a 166 países. El número de compañías aumentó en 255, mientras que la cantidad de productos se redujo en 89 y los mercados de destino crecieron en cuatro.

La presidenta Keiko Fujimori reivindicó este miércoles el carácter minero del Perú y aseguró que su Gobierno promoverá la inversión responsable, al tiempo que anunció medidas para combatir las economías ilegales que, según afirmó, destruyen bosques, contaminan ríos y amenazan áreas naturales protegidas.

Durante la inauguración de la décima edición de Expomina Perú 2026, Fujimori sostuvo que la minería y la protección ambiental “no se oponen” y deben avanzar de manera complementaria, en un discurso dirigido a empresarios, inversionistas, proveedores y representantes de distintos países.

“El Perú es un país minero y debemos sentirnos orgullosos”, afirmó al destacar que el país cuenta con una cartera de 67 proyectos mineros por unos 64.000 millones de dólares.

La jefa de Estado señaló que el reto de su administración es convertir ese potencial en nuevas inversiones, empleo e infraestructura, además de contribuir a reducir la pobreza y la anemia en las regiones donde se desarrollan los proyectos. “La inversión significa empleo, infraestructura, servicios y oportunidades para nuestras regiones”, manifestó.

También defendió un cambio en el papel del Estado frente a los inversionistas y afirmó que su Gobierno busca que la administración pública deje de actuar como una “barrera burocrática” para convertirse en un facilitador del desarrollo.

En ese sentido, prometió mayor predictibilidad para las empresas y decisiones administrativas dentro de “plazos razonables”, como parte del proceso de reestructuración del Estado que su Gobierno ha planteado.

Uno de los ejes del discurso fue el compromiso de combatir las actividades económicas ilegales vinculadas, según Fujimori, con la destrucción de bosques, la contaminación de ríos y las amenazas contra áreas naturales protegidas.

“Vamos a enfrentar a las economías ilegales que destruyen nuestros bosques, contaminan nuestros ríos y amenazan nuestras áreas naturales protegidas”, sostuvo.

Planteó al mismo tiempo una política de promoción de la minería sostenible y destacó la creación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente para abordar los principales proyectos del sector.

Fujimori señaló que el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, tendrá entre sus funciones contribuir a “destrabar los grandes proyectos”, en coordinación con el sector minero. Y remarcó que la llamada minería del siglo XXI debe generar riqueza, pero también confianza entre el Estado, las empresas, los trabajadores y, especialmente, las comunidades.

“Una minería que proteja nuestros recursos y que se traduzca en oportunidades y bienestar para las familias”, afirmó antes de destacar que Expomina reúne a empresarios, inversionistas y especialistas de más de 30 países en una edición con más de 1.250 stands y que proyecta intenciones de compra por más de 300 millones de dólares.

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) propuso que el 5 % de los aportes derivados de la actividad minera en República Dominicana cuente con un mecanismo trazable y verificable dentro de una modernización de la Ley Minera 146-71, con el argumento de que los recursos que las empresas entregan al Estado no se reflejan en las comunidades donde se extraen los minerales.

La iniciativa incorpora un modelo de gobernanza para ese porcentaje basado en planificación municipal, participación comunitaria, priorización técnica de obras, ejecución transparente, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y vigilancia ciudadana. El objetivo, según la propuesta, es impedir que esos fondos queden absorbidos por gasto corriente o decisiones discrecionales y dirigirlos a proyectos estructurales que mejoren la calidad de vida y la competitividad de los territorios mineros.

Según Listín Diario, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana sostiene que la industria cumple con los aportes que le corresponden, pero que ese flujo de recursos no se traduce en mejoras visibles en las zonas mineras. La organización plantea por eso que el dinero deje resultados concretos en infraestructura, formación técnica y profesional, y acceso a salud dentro de las provincias donde opera el sector.

Desde 2016, el país aplica el Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), cuyo propósito es promover la transparencia y la rendición de cuentas sobre los ingresos procedentes de la minería y los hidrocarburos. Pedro Esteva, presidente del consejo de directores de Camipe, explicó que ese esquema funciona como un acuerdo entre productores y Gobierno para auditar tanto lo que las empresas pagan en impuestos según la ley o los contratos como lo que el Estado declara haber recibido.

Esteva afirmó durante una visita al director de Listín Diario a comienzos de junio que existen alrededor de cuatro auditorías que confirman la recepción de esos recursos por parte del Gobierno. “El problema es que no va a la comunidad; entonces, se le mete la presión a la minera”, dijo.

El directivo agregó que cada empresa desarrolla programas sociales adicionales a los aportes tributarios que reporta. También sostuvo que la infraestructura de las provincias mineras ha quedado bajo administración del Gobierno central, pero sin que una parte importante de ese dinero se dedique al desarrollo de esos territorios.

La respuesta directa que plantea la entidad es esta: el 5 % debe contar con una herramienta que permita seguir su recorrido y comprobar su aplicación final en las comunidades mineras. Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, dijo al medio que ese instrumento deberá ser definido por el Gobierno y, cuando corresponda, por el Congreso, con la intención de dar credibilidad tanto al Estado como a las empresas.

“Nosotros proponemos que el 5 % tiene que tener una herramienta o un mecanismo en el que pueda ser, no solamente aplicable, sino verificable y trazable”, afirmó Valerio. Añadió que las empresas también deben participar en la discusión sobre el uso de esos recursos y en la definición de cómo mejorar esas localidades para las generaciones futuras.

La reforma de la ley incluye siete ejes y una revisión del papel del Estado sobre el subsuelo

La propuesta de actualización no se limita al destino de ese porcentaje. La Cámara identificó otros aspectos para reformar en la normativa de 1971, entre ellos un mayor alineamiento con la Constitución dominicana, que establece que el Estado es dueño del subsuelo, además de siete ejes que, a juicio del sector, permitirían construir una ley más aplicable.

Valerio resumió esa visión con una definición operativa de la reforma: “Una ley mejor no es precisamente la que tenga más artículos o la que ponga palabras más de este tiempo, sino la que mejor se pueda aplicar”. La asociación está compuesta por 44 empresas del sector minero y petrolero.

Entre los ejes mencionados figuran la identificación clara de los objetivos y del objeto de la ley desde el inicio para reducir la discrecionalidad, la delimitación de funciones de los organismos vinculados al área, la protección del medio ambiente y la prevalencia de los principios de seguridad jurídica y debido proceso. Para la cámara, esos elementos deben beneficiar no solo a las compañías, sino también al Estado, a las comunidades y a la fiscalización ambiental.

“Se supone que cuando hay seguridad jurídica beneficia a todos: a las empresas, porque te da certeza en lo que tú estás haciendo; al Estado, porque lo hace más fuerte y a la comunidad, porque sabe a qué atenerse; y al mismo medio ambiente, de hecho, porque sabe quién lo fiscaliza”, sostuvo Valerio.

En medio de una retracción industrial que dejó casi 8.000 puestos de trabajo menos en la provincia de Buenos Aires en el último año y en pleno debate por el compre local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) lanzó su propia propuesta. Se trata de un programa de vinculación entre pymes fabriles y los grandes proyectos de energía y minería al que sus propios impulsores llaman, sin eufemismos, el “Tinder industrial”.

Las importaciones vinculadas a los proyectos adheridos al RIGI acumularon cerca de USD 460 millones hasta agosto y registraron un salto de unos USD 140 millones solo en ese mes, según una compilación de datos del investigador Federico Bernini, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA). Esa cifra equivale a casi el 1% de los USD 47.073 millones de inversión comprometida por los proyectos aprobados, frente a la cláusula del régimen que exige que al menos el 20% del total de cada inversión se cubra con proveedores nacionales.

La lógica del programa es tan simple como la aplicación que le da nombre: conectar oferta con demanda. El programa funciona como una plataforma de matching que cruza las necesidades concretas de insumos y servicios de los sectores de oil & gas, minería y energía con la capacidad de producción —real o potencial— del entramado fabril bonaerense. El objetivo declarado es que esa demanda, hoy cubierta en buena medida con importaciones, empiece a resolverse con industria local.

Actualmente el programa nuclea a más de 60 empresas industriales y de servicios de toda la provincia, de rubros como metalmecánica, equipos para oil & gas y servicios industriales, convocadas a través de una red de cámaras sectoriales y territoriales.

La provincia concentra el 46% de la industria manufacturera del país

Irini Wentinck, prosecretaria de la Uipba, precisó que la provincia de Buenos Aires reúne el 46% de las industrias manufactureras de la Argentina. De los 23 proyectos aprobados hasta ahora bajo el RIGI en los sectores energético y minero, solo cuatro se ubican en territorio bonaerense; el grueso se radica en otras provincias, con epicentro en Vaca Muerta, donde se concentran los recursos.

Esos cuatro casos son el proyecto siderúrgico de Sidersa en San Nicolás, el parque eólico de Olavarría, la ampliación de la planta de Mega para exportar líquidos de gas y la planta de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca —con una inversión de USD 2.700 millones destinada a construir una de las plantas de urea más grandes del mundo—. En conjunto, esos cuatro proyectos suman USD 3.620 millones comprometidos y 17.257 empleos según el registro oficial del régimen.

La radicación territorial no es, sin embargo, una barrera insalvable. La apuesta de la Uipba es que empresas bonaerenses puedan incorporarse como proveedoras de proyectos ubicados en otras provincias. Con esa lógica, autoridades de la entidad ya mantuvieron reuniones con las principales petroleras del país, entre ellas, con el área de cadena de proveedores de YPF.

La brecha entre lo que una pyme fabrica y lo que el proyecto necesita

Para hacer ese cruce, la Uipba relevó qué produce cada empresa socia, con qué maquinaria cuenta y qué certificaciones tiene, y lo compara contra los requerimientos concretos de los grandes compradores. La mayoría de las pymes que integran el grupo hoy le venden a otros sectores; la apuesta es que, con ajustes puntuales —una certificación que falta, un cambio de insumo, adaptar una línea de producción—, puedan empezar a proveer a la minería o al oil & gas.

“Las capacidades industriales del país están realmente muy concentradas en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Wentinck. “En la provincia hay una cantidad enorme de industrias que tienen las capacidades, no es que hay que desarrollarlas, simplemente hay que certificarlas.”

El proceso de certificación puede demandar hasta seis meses, un plazo que en muchos casos no coincide con los tiempos de las licitaciones. “Si esta información no llega con el tiempo que se requiere para desarrollar estas capacidades de última milla, la realidad es que cuando la licitación salió llegó tarde la información y entonces la empresa no pudo participar”, explicó la referente.

Para atacar ese cuello de botella, la Uipba cerró un acuerdo con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y mantiene conversaciones con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para explorar un esquema que homologue certificaciones y agilice el ingreso de proveedores locales a las mineras, una iniciativa que todavía está en etapa de borrador.

La reconversión productiva

El programa no se limita, sin embargo, a vincular oferta con demanda. Su trabajo diario consiste en identificar qué le falta a cada empresa para producir lo que los grandes proyectos necesitan y acompañarla en ese proceso. “Hacer un producto nuevo o un producto adaptado no es de un día para el otro”, señaló Wentinck: requiere inversión, innovación, tecnología, capital humano formado y financiamiento.

Para cubrir esa brecha, la Uipba mantiene conversaciones con distintos bancos para articular líneas de crédito destinadas a pymes que necesiten reconvertir procesos o adquirir bienes de capital. El trabajo también tiene una dimensión internacional: mediante contactos con embajadas de potencias mineras, la entidad busca promover esquemas de asociatividad para abastecer esos mercados con producción bonaerense e intercambiar conocimiento técnico.

“Estos sectores traccionan mucho y el desafío es lograr que la industria bonaerense también se beneficie de eso”, planteó Wentinck.

La carga impositiva encarece al proveedor local frente a la competencia importada

En paralelo al programa de vinculación, la Uipba impulsa junto con otras cámaras una gestión ante el Estado para reducir la carga tributaria que hoy resta competitividad a los proveedores locales frente a la competencia importada, justamente uno de los principales debates que se generan alrededor de los proyectos que se inscriben en el RIGI. La trabaja en una propuesta para bajar el impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires sin comprometer las finanzas provinciales.

La iniciativa apunta a un esquema progresivo: en una primera etapa, mediante un ajuste del mínimo no imponible, las micro y pequeñas empresas quedarían eximidas del tributo; en un horizonte de entre tres y cinco años, la baja se extendería en forma gradual a las medianas y grandes hasta llegar a cero. Hasta 2008, el sector estaba exento en la provincia.

La demanda se enmarca en un reclamo más amplio por un esquema de incentivos específico para las empresas que integran las cadenas de valor de los sectores energético y minero, como complemento del RIGI. Uno de los referentes que participó de las conversaciones con la Uipba, sintetizó: “Sin financiamiento y sin un nuevo esquema tributario, los grandes sectores van a elegir otros proveedores”.

Wentinck introdujo el concepto de competitividad sistémica para explicar por qué la reconversión productiva no alcanza si no va acompañada de condiciones macroeconómicas favorables. “Cuando un producto argentino tiene que competir con un producto que viene de Brasil, o de México, o de China, no solamente lleva dentro la productividad puertas adentro de nuestras fábricas, sino también la competitividad que tiene el país, que tiene la provincia”, argumentó.

Nicaragua concedió este lunes una nueva concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., un permiso que elevó a 21 las autorizaciones entregadas a firmas asiáticas desde que Estados Unidos impuso sanciones al sector aurífero nicaragüense.

La resolución, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, habilitó a la compañía a operar en el lote denominado Jade, una superficie de 26.205,75 hectáreas situada en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

La Dirección General de Minas certificó la concesión a favor de Linze Excelente Minería S.A., representada en Managua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Shiliang Yang, según informó EFE.

Las firmas chinas recibieron permisos sobre más de 1.2 millones de hectáreas

Entre 2021 y junio de 2026, el Ejecutivo sandinista otorgó concesiones para 84 lotes a 22 empresas chinas, de acuerdo con registros de la organización ambientalista Fundación del Río.

Empresas mineras chinas ya controlaban 10% del territorio de Nicaragua hasta julio de este año, a través de concesiones que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, según un estudio divulgado en Costa Rica y citado por la agencia EFE y el medio E&N.

El informe, elaborado por la ONG ambientalista Fundación del Río junto con otras tres organizaciones, sostuvo que esas firmas administran 1,277,389.38 hectáreas en concesiones mineras, y lo plasmó en un atlas que ubica los lotes, detalla el origen del capital y registra su superposición con la red hídrica del país.

Durante la presentación del documento, el presidente de la organización, el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, afirmó que entre 2021 y junio de 2026 el Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó concesiones a 22 empresas chinas en 84 lotes para minerales metálicos.

Ruiz advirtió que 62 lotes afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes —14 titulados y cuatro proyectados— con una superficie de afectación minera de 681,574.73 hectáreas. También alertó por el impacto sobre 163 ríos, 80 arroyos y 1.894 kilómetros de la red hídrica.

La Fundación del Río indicó que las compañías chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no tienen páginas web y que la organización no encontró pruebas de que formen parte de empresas que coticen en bolsas de valores.

Estados Unidos sancionó a empresas y funcionarios vinculados al oro

A mediados de abril de 2026, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos hijos de los copresidentes autoritarios, Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de un viceministro, otros cuatro ciudadanos y siete compañías mineras.

Las sanciones alcanzaron a personas y empresas relacionadas con la extracción y la comercialización de oro, una actividad que se consolidó como la principal fuente de ingresos por exportaciones de Nicaragua. Los datos oficiales indicaron que las ventas externas del sector minero totalizaron USD 2,009.2 millones en 2025, un alza del 44.4% frente al año anterior.

El oro en bruto concentró USD 1,971 millones de esos ingresos, el 22.7% de las exportaciones nacionales. El país vendió 19.9 toneladas métricas de oro, el mayor volumen registrado hasta ahora, según las cifras oficiales recogidas por EFE.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó este lunes una concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., en el lote denominado Jade, una superficie de 26.205 hectáreas en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La cesión, publicada en el Diario Oficial La Gaceta y certificada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de la República, eleva a 22 empresas chinas el número de empresas de capital chino con concesiones activas en territorio nicaragüense.

Linze Excelente Minería está representada en Managua por el ciudadano chino Shiliang Yang, quien cuenta con residencia nicaragüense y figura también como apoderado legal de otra firma del mismo grupo empresarial, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group. Antes de esta última adjudicación, Linze Excelente ya controlaba 10.592 hectáreas en los departamentos de Chontales y Nueva Segovia, transferidas en julio pasado por su empresa hermana. Con el nuevo lote, su superficie total en el país supera las 36.000 hectáreas.

El otorgamiento se produce cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara, el 16 de abril, a Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, dos hijos de la pareja presidencial con cargos gubernamentales, junto a otras cinco personas y siete empresas vinculadas a la extracción y comercialización de oro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostuvo entonces que ese entramado permite al régimen “generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a la industria aurífera.

Las sanciones no han frenado la expansión del capital chino en el sector. Según el registro de la Fundación del Río, organización ambientalista que monitorea las publicaciones de La Gaceta, el régimen sandinista ha otorgado entre 2021 y septiembre de 2026 concesiones en 85 lotes a 22 empresas chinas, que suman en conjunto 1.277.389 hectáreas: alrededor de 10% del territorio nacional, con superposiciones sobre áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. La organización ha documentado que el Ejecutivo modificó el marco jurídico minero para facilitar esas inversiones y reducir el impacto de las sanciones estadounidenses sobre el sector.

Entre las compañías con mayor extensión concesionada destacan Thomas Metal S.A., con más de 228.000 hectáreas, y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, con cerca de 184.000 hectáreas antes de sumar el lote Rama de 38.621 hectáreas adjudicado en mayo. Cinco de las firmas del listado operan bajo sanciones directas de Washington, lo que no les ha impedido seguir recibiendo nuevos títulos o transfiriendo derechos entre sociedades vinculadas, como ocurrió entre Xinxin Linze y Linze Excelente.

El auge minero se refleja también en las cuentas externas del país. Las exportaciones del sector ascendieron a USD 2.009 millones en 2025, un 44,4% más que el año anterior, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua. El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación, con USD 1.971 millones y un volumen de 19,9 toneladas métricas, el registro más alto desde que existen datos comparables, según el Banco Central de Nicaragua.

La expansión de las concesiones chinas en momentos de creciente presión estadounidense anticipa un pulso que difícilmente se resolverá en el corto plazo. Washington ha advertido que las instituciones financieras que faciliten transacciones significativas con los sancionados podrían enfrentar restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense, una amenaza que, de aplicarse contra los socios chinos de Managua, tensionaría aún más el frágil circuito por el que el oro nicaragüense llega a los mercados internacionales.

En los últimos tres años el mapa exportador argentino sumó nuevos protagonistas. Un grupo de provincias, que hasta hace poco tenían un rol relativamente acotado en las ventas al exterior, lograron un crecimiento exponencial que se destaca por sobre el resto del país. Un informe del Indec permite conocer de qué jurisdicciones se trata y qué las llevó a duplicar su facturación externa en tan poco tiempo.

De acuerdo con el estudio, entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, Catamarca incrementó sus envíos al exterior un 195,1 por ciento. En el ranking de aumento porcentual le siguieron Neuquén, con 156,6%; Santa Cruz, con 128,1%; San Juan, con 127,4%; Salta, con 102,9%; y Jujuy, con 100,4% de crecimiento.

Los denominadores comunes son energía y minería. Cuatro de los seis casos —Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan— tienen entre sus rubros más dinámicos a productos químicos y conexos o a piedras, metales preciosos y sus manufacturas, categorías en que el Indec agrupa buena parte del producto minero. Los otros dos, Neuquén y Santa Cruz, muestran un perfil distinto: la primera se apoya en el petróleo crudo de Vaca Muerta, y la segunda combina minería y crecimiento en pesca.

Petróleo y minería en la Patagonia

Neuquén es, de las seis provincias, la que más factura en términos absolutos. En el primer semestre de 2026 exportó USD 4.304 millones, contra USD 1.677 millones en el mismo período de 2023, lo que representa la suba de 156,6% que la ubica entre las seis que lograron duplicar su presencia en el exterior. Solo en el último año, la variación interanual fue de 42,5%. El motor de ese crecimiento es prácticamente uno solo: el petróleo crudo, que totalizó USD 3.903 millones y explicó el 90,7% de todo lo exportado por la provincia. Estados Unidos y México, agrupados en el bloque USMCA, fueron el principal destino, con USD 1.313 millones, seguidos por Chile, con USD 1.173 millones.

Santa Cruz, por su parte, pasó de exportar USD 943 millones en el primer semestre de 2023 a USD 2.150 millones en el mismo tramo de 2026, lo que representó una suba de 128,1% en tres años y de 86,2% respecto del año anterior. A diferencia de Neuquén, el principal rubro no fue energético sino minero: piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, sumaron USD 1.617 millones y representaron el 75,2% del total exportado por la provincia. El petróleo crudo, en cambio, tuvo un rol menor, con apenas 2,7% de la facturación. Otro dato relevante fue el desempeño de los pescados y mariscos sin elaborar, que crecieron 69,8% interanual. El principal mercado de destino fue el bloque USMCA, con USD 935 millones, de los cuales USD 589 millones correspondieron a Estados Unidos.

El salto exportador del NOA

En el Noroeste, tres provincias integran la lista: Catamarca, Jujuy y Salta. Catamarca fue la que mostró el mayor incremento porcentual entre las seis, con una suba de 195,1% en tres años: sus exportaciones pasaron de USD 133 millones en el primer semestre de 2023 a USD 392 millones en igual período de 2026, con un alza interanual de 119,6%.

El Indec destaca allí al rubro de productos químicos y conexos -donde está incluido el litio- como el más relevante, mientras que las piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, tuvieron un aumento de 41,3%. Los cereales, en tanto, subieron 20,3% interanual, aunque con una participación menor, del 1,5% del total. China fue el principal comprador, con USD 263 millones, seguido por el bloque USMCA, con USD 45 millones.

Jujuy exportó USD 973 millones en el primer semestre de 2026, frente a USD 485 millones en el mismo período de 2023, lo que arroja una suba de 100,4% en tres años y de 100,8% respecto de 2025. El rubro con mayores ventas externas fue productos químicos y conexos, con USD 538 millones, el 55,4% del total provincial, que creció 122,9% interanual. China concentró el 75,4% de las exportaciones jujeñas, con USD 733 millones.

Salta completa el trío del NOA. Sus exportaciones pasaron de USD 472 millones en el primer semestre de 2023 a USD 959 millones en 2026, una suba de 102,9% en tres años y de 85,2% en el último año. Al igual que en Jujuy, el principal rubro fue productos químicos y conexos, con USD 309 millones. Las piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, representaron el 18,8% del total y crecieron 33,0% interanual, mientras que los cereales avanzaron 8,5%. China, con USD 249 millones, el bloque USMCA, con USD 210 millones, y la Unión Europea, con USD 146 millones, fueron los principales destinos.

El caso cuyano

San Juan es la única provincia de Cuyo dentro del grupo. Sus exportaciones treparon de USD 564 millones en el primer semestre de 2023 a USD 1.284 millones en 2026, lo que marcó una suba de 127,4% en tres años y de 14,5% interanual. El rubro que explica ese desempeño es, otra vez, la minería: piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, sumaron USD 1.078 millones y representaron el 84,0% de toda la facturación externa de la provincia. También se destacaron las hortalizas y legumbres sin elaborar, con una suba de 22,6%, aunque con una participación acotada, del 2,6%. India fue el principal mercado, con USD 282 millones, por delante del Mercosur, con USD 88 millones.

El resultado combinado de estas seis provincias confirma un fenómeno que atraviesa a buena parte del comercio exterior argentino en los últimos años: el peso creciente de la energía y la minería en la estructura exportadora, en particular en jurisdicciones que hasta hace poco tiempo tenían una inserción externa limitada.

El Estado peruano deberá devolver cerca de USD 200 millones a SMM Cerro Verde Netherlands B.V., filial de la japonesa Sumitomo Metal Mining, tras un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por una controversia tributaria vinculada a la mina Cerro Verde, en Arequipa. El monto incluye USD 160 millones de capital y alrededor de USD 40 millones por intereses.

El reclamo se originó en acotaciones tributarias de 2005 y 2007

La demanda fue presentada por SMM Cerro Verde Netherlands B.V., accionista de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., y no por la compañía minera de forma directa. La firma posee el 21% de la operación, una de las principales productoras de cobre de Perú, mientras que el resto de la participación pertenece principalmente a Freeport-McMoRan y Compañía de Minas Buenaventura.

El conflicto se remonta a obligaciones que fueron determinadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sobre la operación de Cerro Verde. Las acotaciones corresponden a 2005 y 2007, en un proceso que se extendió durante cerca de dos décadas entre instancias nacionales e internacionales.

Cerro Verde suscribió en 1998 un convenio de estabilidad jurídica y tributaria con el Estado peruano. La empresa sostuvo que ese acuerdo mantenía determinadas condiciones fiscales para sus inversiones, entre ellas las relacionadas con el concentrador que comenzó a operar en 2006 tras una inversión cercana a USD 850 millones.

El Ciadi validó el tributo, pero cuestionó las multas y los intereses

El tribunal arbitral coincidió con la interpretación de la normativa tributaria que sostuvo el Estado peruano respecto del pago principal. La decisión, sin embargo, cuestionó la aplicación de multas e intereses moratorios sobre la deuda.

“El Ciadi ha revisado el problema concreto de esta compañía minera y, si bien ha coincidido con la interpretación del alcance de la ley que le dio la autoridad tributaria peruana, sí ha cuestionado que se le exija adicional al tributo el pago de multas e intereses”, dijo una fuente para Infobae Perú.

La posición expuesta por la defensa de la empresa es que las autoridades indujeron a la compañía a un error por cambios de criterio respecto de la aplicación de las obligaciones fiscales. En ese contexto, la controversia no recae sobre el tributo principal, sino sobre los cargos adicionales que se acumularon con el paso de los años.

Las multas y los intereses moratorios representaban cerca de dos tercios de la deuda total. Esos conceptos crecieron durante el tiempo que duró el litigio, lo que elevó la cifra que ahora deberá asumir el Estado.

Sumitomo había efectuado los pagos bajo protesta

La devolución se vincula con pagos que la empresa realizó bajo protesta durante la disputa. Con el laudo favorable, el Estado deberá restituir el capital pagado y los intereses correspondientes a Sumitomo, como inversionista que inició el arbitraje al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Países Bajos.

El procedimiento ante el Ciadi habría comenzado alrededor de 2019. La duración del caso refleja la complejidad de un reclamo que tuvo como antecedente procesos tributarios locales y que luego pasó a la jurisdicción internacional prevista para controversias de inversión.

En paralelo, Freeport presentó un arbitraje distinto contra Perú por obligaciones vinculadas con Cerro Verde. Ese proceso tuvo un desenlace diferente: en mayo de 2024, el tribunal rechazó los reclamos de la empresa estadounidense.

Perú enfrenta al menos cuatro procesos ante el Ciadi vinculados con asuntos tributarios de grandes compañías. Entre los casos públicos mencionó los arbitrajes de Telefónica, Backus y Cerro Verde.

“Estamos armando una ciudad en la montaña”. Así describe Mónica el trabajo que hay detrás de cada proyecto minero en San Juan, donde se desempeña hace 25 años. Desde una provincia sin salida al mar y sin pasos internacionales propios, coordina rutas, pasos cordilleranos y tiempos de tránsito que hacen que la mercadería llegue a la mina sin frenar la producción, en un rubro donde ninguna operación arranca con menos de tres meses de anticipación.

¿Cómo fue tu recorrido profesional hasta especializarte en logística minera?

Soy licenciada en comercio internacional, despachante de aduana y agente de transporte aduanero. Hace 25 años que estoy en el rubro, y casi 20 los trabajé de lleno en la industria minera, cuando esa actividad todavía era incipiente en San Juan.

Vengo de una familia con tradición agrícola y vitivinícola, y tengo experiencia en importación y exportación de esos rubros. Con el tiempo me especialicé en minería, trabajando in situ en los yacimientos, a 4.000 metros de altura, con la falta de oxígeno y la fatiga que eso implica. Eso hace que respetemos mucho el trabajo que se realiza en la mina.

¿Cómo estás viviendo la actualidad del sector minero en San Juan, más allá de lo que se ve en los medios?

Hoy tenemos cuatro proyectos aprobados, con un nivel de inversión de 13 mil millones de dólares que amplía la vida útil de los yacimientos de 25 o 30 años a entre 40 y 80. Ese monto no está puesto de una sola vez: hay un cronograma de inversión y de reingeniería que hay que cumplir.

Un proyecto minero está a 4.000 o 4.500 metros sobre el nivel del mar, en medio de la cordillera. Antes de llegar a la mina hay que desarrollar caminos, tendido eléctrico, campamento y cocina. Nada de eso es inmediato, y esa es la confusión que se genera cuando una inversión se anuncia como si fuera a ejecutarse toda de una vez.

¿Cómo es tu mapa logístico y de comercio exterior desde San Juan?

San Juan es una aduana mediterránea, no tiene pasos internacionales propios y depende de otros puntos del país. Buenos Aires está a 1.100 kilómetros, y el paso Los Libertadores hacia Chile son 360 kilómetros hasta la frontera y 800 hasta el puerto de Valparaíso.

La ruta depende del tipo de producto y de su origen. Los grandes proyectos suelen ingresar por Puerto Zárate, que tiene un calado especial para ese tipo de mercadería; lo que se adquiere en la Zona Franca de Antofagasta entra por el paso de Jama, y lo que llega a Valparaíso o San Antonio ingresa por Los Libertadores.

El principal cuello de botella aparece con cargas sobredimensionadas que no pasan por los túneles: ahí Gendarmería no autoriza el paso y hay que desviar por otros pasos abiertos. La aduana de San Juan se fue consolidando con proyectos mineros históricos, y hoy tiene una ruta bastante aceitada para trabajar.

¿Por qué es necesario que un despachante de aduana conozca de cerca un campamento minero?

Porque estamos armando una ciudad en la montaña. A veces la verificación final de una mercadería, tanto en importación como en exportación, se tiene que hacer in situ, según el tipo de producto o a requerimiento de la autoridad de aplicación. Si hay que viajar, se viaja y se visita la mina.

Cuando uno logra ver todo ese ensamble en funcionamiento dimensiona lo que hay detrás de un camión con mercadería en la ruta. Es apasionante ver lo que logra el trabajo humano en esas condiciones, a 4.000 metros de altura.

¿Cómo se planifica una operación para que la cadena logística no frene la producción?

Cualquier operación tiene por lo menos tres meses de preparación y coordinación, desde que se emite la orden de compra hasta que se define la logística, el puerto, el tratamiento tributario y las intervenciones que corresponden. Recién ahí se da luz verde de carga para que la mercadería suba al medio de transporte.

Una vez que la mercadería está en viaje pueden pasar muchas cosas: conflictos bélicos, tifones, nevadas, como nos tocó hasta ahora. Son imprevistos lógicos del comercio internacional, y hay que tener una estructura preparada para sortearlos y liberar la carga a tiempo, porque parar una línea de producción es carísimo para cualquier empresa.

La comunicación con el cliente es permanente, sobre todo con los proveedores más chicos de la minería, que muchas veces necesitan ayuda para cotizar un servicio o elegir el origen más adecuado para el producto que van a comprar.

¿Qué expectativas tenés para el sector de cara a los próximos años?

Creo que se viene un boom muy interesante para Argentina. Son proyectos que consumen mucha mano de obra, con un roster que se duplica por el recambio de personal, y eso genera un efecto derrame hacia toda la economía, empezando por la propia ciudad.

San Juan tiene licencia social para la minería: de diez familias, cinco están directamente relacionadas con la actividad y las otras cinco de forma indirecta. Por eso trabajo mucho con gente joven para que se profesionalice, porque hay proyectos con hasta 80 años de vida útil y hay que empezar a planificar a largo plazo.

El mapa exportador argentino atraviesa una transformación impulsada por la energía y la minería, con la Patagonia como una de las regiones que más terreno ganó. En el primer semestre de 2026, la región pasó a representar el 17,8% de las ventas externas del país, frente al 14,8% registrado durante 2025. En ese escenario, Neuquén se convirtió en el caso más destacado: alcanzó US$4.283 millones en exportaciones, con una suba interanual del 84,5%, y ya ocupa el tercer lugar entre las provincias exportadoras, detrás de Buenos Aires y Santa Fe.

El salto neuquino resulta todavía más significativo cuando se observa su evolución de largo plazo. En 2015, la provincia explicaba apenas el 0,25% de las exportaciones nacionales, mientras que en el primer semestre de 2026 esa participación llegó al 8,7%, es decir, se multiplicó más de 30 veces. Los datos surgen de un informe del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral, que señala que el fenómeno no supone el reemplazo de la estructura exportadora tradicional, sino la incorporación de nuevos motores a la economía nacional.

El agro conserva el liderazgo

Pese al avance de los hidrocarburos y la minería, la agroindustria continúa siendo el principal componente de las exportaciones argentinas, con una participación del 32% del total. Sin embargo, otros sectores presentan una dinámica más acelerada: las Manufacturas de Origen Industrial aumentaron 27,5%, mientras que Combustibles y Energía avanzaron 42,5%. En paralelo, las exportaciones de minerales metalíferos y litio se incrementaron 111,1%, consolidando a la minería como otra de las actividades con mayor impulso dentro de la nueva matriz exportadora.

La energía es, precisamente, el principal factor detrás del salto de Neuquén y de la Patagonia. Las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron US$4.693 millones, con una mejora del 47,7%, mientras que las ventas externas de carburantes aumentaron 53,5%.

La mayor producción nacional también comenzó a modificar la relación con las importaciones: entre 2022 y el primer semestre de 2026, el índice de cantidades importadas de combustibles y lubricantes cayó 62,1%, en línea con la expansión de la producción energética, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

La transformación también se refleja en los destinos de los productos argentinos. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones hacia China aumentaron 59,1%, mientras que las destinadas a Estados Unidos subieron 42,1% y las dirigidas a los países de ASEAN avanzaron 59,8%. Para el CIG, el desafío consiste ahora en lograr que el mayor flujo de divisas generado por energía, minería y agroindustria se traduzca en desarrollo productivo, con más proveedores nacionales y regionales, inversión, tecnología, capacidades de ingeniería y empleo calificado.

La minería argentina atraviesa una etapa de crecimiento que plantea nuevos desafíos para las empresas vinculadas con la actividad. La expansión de proyectos en zonas de alta montaña exige soluciones capaces de garantizar eficiencia, disponibilidad energética y continuidad operativa.

Las operaciones ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar requieren una planificación específica. Las bajas temperaturas, las grandes distancias y las condiciones permanentes de trabajo convierten al abastecimiento energético en un factor clave para la productividad.

En ese escenario, contar con combustibles formulados para ambientes extremos adquiere un papel central. Durante Argentina Mining Salta 2026, YPF presentó su propuesta para la industria y destacó Diesel 10 Minero, un producto que ya está disponible en el mercado nacional.

El nuevo combustible fue desarrollado especialmente para las necesidades de las operaciones mineras. Cuenta con ultra bajo contenido de azufre y no posee biocomponentes, características pensadas para ofrecer desempeño y confiabilidad en territorios de alta montaña y con temperaturas reducidas.

Una solución para la alta montaña

Diesel 10 Minero responde a una demanda concreta del sector: disponer de productos formulados para escenarios donde una interrupción puede afectar el ritmo de producción. Su desarrollo contempla las nuevas exigencias tecnológicas y ambientales de una industria con proyectos de mayor escala.

Por otra parte, el producto forma parte de una estrategia más amplia de YPF para el segmento minero. La compañía posee una participación superior al 90% en el mercado de abastecimiento de combustibles para minería, junto con una oferta que suma logística especializada, soluciones energéticas y asistencia técnica.

La infraestructura representa otro de los pilares de esta propuesta. En San Antonio de los Cobres, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, funciona una nueva base logística integral destinada a fortalecer el abastecimiento de los proyectos ubicados en la Puna salteña.

Infraestructura para una industria en expansión

El complejo cuenta con una estación de servicio modular, una planta de suministro de combustible orientada a las operaciones mineras y un patio logístico para la carga, descarga y movimiento de equipos e insumos. Su ubicación permite sumar cercanía y capacidad operativa en una zona estratégica para la actividad.

A su vez, YPF Luz aporta alternativas para las distintas etapas de los proyectos mediante contratos de abastecimiento eléctrico, energía renovable, generación on-site y desarrollo de líneas de alta tensión. La compañía posee una capacidad instalada de 3,8 GW y presencia en ocho provincias.

En paralelo, YPF Gas ofrece soluciones para operaciones ubicadas en zonas remotas mediante suministro de GLP, infraestructura, logística, telemedición y soporte técnico especializado. Su presencia en General Güemes permite atender requerimientos asociados a proyectos de gran escala y escenarios logísticos complejos.

La propuesta también incluye el trabajo de Servicio Técnico YPF, con una oferta que contempla lubricantes, refrigerantes, urea automotriz y herramientas de mantenimiento predictivo. A través de servicios como AUCTOR, la compañía busca anticipar fallas, optimizar intervalos de mantenimiento y extender la vida útil de activos críticos.

Una propuesta integral para la minería

De esta manera, la estrategia apunta a cubrir distintas necesidades de los emprendimientos mineros. Combustibles, electricidad, gas, infraestructura y asistencia técnica quedan articulados dentro de una misma propuesta destinada a mejorar la eficiencia y la confiabilidad.

Asimismo, Diesel 10 Minero representa una respuesta específica ante las condiciones de la minería de alta montaña. Su formulación busca aportar una alternativa confiable para equipos que deben funcionar en territorios exigentes, con bajas temperaturas y grandes desafíos logísticos.

De esta forma, YPF plantea una mirada integral sobre el crecimiento de la minería argentina. Esta propuesta se suma a un conjunto de soluciones que buscan acompañar las demandas energéticas de una industria estratégica para el desarrollo y las exportaciones del país.

El nuevo combustible permite ampliar la oferta de la compañía para un sector que requiere productos especializados, abastecimiento seguro y respaldo técnico. La apuesta combina una formulación adaptada a condiciones extremas con infraestructura y servicios destinados a sostener la continuidad de las operaciones mineras.

El pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días puso en discusión tres frentes que el Gobierno considera urgentes: la seguridad ciudadana, el empleo juvenil y la inversión privada. La solicitud plantea una vía rápida para aprobar cambios normativos, aunque abre interrogantes sobre el alcance de las medidas, los mecanismos de ejecución y los controles que deberá ejercer el Congreso.

La economista Paola del Carpio, integrante de la Red de Estudios para el Desarrollo, sostuvo que la delegación de facultades suele utilizarse cuando el Ejecutivo entiende que existen problemas que no pueden atravesar el trámite ordinario de debatir y aprobar una ley por vez. Con la autorización parlamentaria, el Gobierno puede emitir decretos legislativos dentro de un plazo definido y el Parlamento luego revisa las normas aprobadas.

El debate, sin embargo, excede la necesidad de acelerar los tiempos. La discusión se concentra en la calidad de las propuestas, la precisión de los objetivos y los vacíos que persisten en áreas capaces de determinar su resultado. Para Del Carpio, las prioridades expuestas por el Ejecutivo reflejan problemas reales, pero requieren instrumentos más claros para evitar que las medidas queden limitadas a declaraciones generales o a cambios normativos sin efecto en la práctica.

Las extorsiones crecieron cinco veces desde antes de la pandemia

La seguridad ciudadana ocupa el capítulo más desarrollado del pedido de facultades. Del Carpio advirtió que las extorsiones se multiplicaron por cinco desde el período previo a la pandemia, una evolución que ayuda a explicar la frustración de la población y el impacto cotidiano sobre pequeños negocios, transportistas, comerciantes y trabajadores expuestos a amenazas de organizaciones criminales.

El planteamiento del Ejecutivo incluye modificaciones vinculadas con el endurecimiento de sanciones y con una nueva clasificación para ciertas organizaciones delictivas. La intención es que esos grupos reciban un tratamiento legal distinto, con mayores herramientas para investigar sus actividades y sancionar a sus integrantes. La propuesta busca responder a una demanda social que se profundizó ante la expansión de delitos como la extorsión, el sicariato y los ataques contra actividades económicas.

Del Carpio consideró que el énfasis en las penas deja pendiente una pregunta central: qué ocurrirá antes de que el responsable llegue a una sentencia. La especialista señaló que una sanción más dura pierde eficacia si la probabilidad de captura sigue siendo baja. El problema, según explicó, se concentra en la impunidad, porque la norma puede elevar las consecuencias penales, pero necesita instituciones capaces de investigar, detener, procesar y condenar a los responsables.

La inteligencia y la reforma policial aparecen como vacíos del proyecto

La economista observó que el documento menciona el fortalecimiento de la inteligencia, aunque no desarrolla con precisión cómo se ampliarán sus capacidades operativas, qué instituciones asumirán nuevas funciones ni qué controles se establecerán para evitar abusos. La inteligencia criminal resulta determinante para identificar estructuras, rutas financieras, redes de protección y vínculos entre organizaciones que operan en distintas zonas del país.

La ausencia más visible, a juicio de Del Carpio, es la reforma policial. El pedido de facultades prioriza la reacción frente al delito, pero no detalla cambios en la organización, la formación, la supervisión interna, la investigación criminal ni la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esos factores inciden en la capacidad del Estado para transformar una denuncia en una investigación y, finalmente, en una sanción efectiva.

La discusión legislativa deberá definir si la delegación se limita a elevar penas y crear figuras penales o si incorpora medidas para mejorar toda la cadena de seguridad y justicia. La prevención, la recepción de denuncias, la protección de víctimas, el trabajo policial, la persecución fiscal y la ejecución de las condenas forman parte de un mismo proceso. Si una de esas etapas falla, la respuesta estatal puede perder capacidad disuasiva.

El desempleo juvenil se mantiene cerca del 11%

El empleo juvenil constituye el segundo eje del pedido del Ejecutivo. La tasa de desempleo entre los jóvenes ronda el 11%, cerca del doble del promedio nacional, según señaló Del Carpio. La situación adquiere peso en un mercado laboral donde muchos jóvenes alternan entre la informalidad, empleos temporales y períodos prolongados de búsqueda de trabajo.

La propuesta contempla seis medidas dirigidas a ampliar las oportunidades laborales y facilitar la contratación de jóvenes por parte de empresas. También plantea mecanismos de financiamiento y acciones de capacitación. Del Carpio remarcó que el texto todavía presenta una formulación amplia, sin suficiente detalle sobre los requisitos, los beneficiarios, las metas de cobertura, los incentivos para las compañías ni las fuentes de financiamiento.

El empleo total mostró una recuperación después de la pandemia, aunque ese repunte no alcanzó con la misma intensidad a la población joven. La especialista indicó que la capacitación debe ocupar un lugar más definido en la propuesta, con criterios sobre las habilidades requeridas, los sectores con mayor demanda y el momento en que debe intervenir el Estado. La empleabilidad juvenil se vincula con la productividad y con la posibilidad de acceder a puestos de mayor calidad.

Los proyectos mineros pendientes suman cerca de USD 60.000 millones

En materia de inversión privada, el pedido se concentra en la actividad minera. Del Carpio señaló que Perú invierte cerca de la mitad que Chile en minería, en relación con el tamaño de sus economías. La comparación cobra relevancia en un escenario internacional favorable para el cobre y otros minerales en los que el país mantiene una posición competitiva.

La economista sostuvo que la prioridad debería pasar por destrabar proyectos cercanos a los USD 60.000 millones que permanecen pendientes por procesos administrativos, permisos y aprobaciones sin resolver. Si esas inversiones avanzaran, la inversión minera podría duplicarse. El desafío consiste en reducir demoras sin debilitar las evaluaciones ambientales, los procedimientos técnicos y los mecanismos de diálogo con las comunidades involucradas.

Entre las herramientas que se analizan figura el silencio administrativo positivo, que presume aprobada una autorización cuando el Estado no responde dentro del plazo establecido. Del Carpio advirtió que la medida requiere una revisión detallada. Una habilitación acelerada puede derivar en conflictos, cuestionamientos o paralizaciones si deja asuntos sin resolver. El Congreso deberá definir qué facultades concede, bajo qué límites y con qué mecanismos de supervisión sobre las normas que emita el Ejecutivo.

Estados Unidos está en medio de una disputa estratégica con China por el control de la cadena de suministro de minerales críticos, un mercado en el que el país asiático concentra entre el 70% y el 75% del procesamiento mundial de litio, cobre y otros insumos esenciales para la industria tecnológica y de defensa. En ese contexto, por la inmensa disponibilidad de reservas naturales, sobre todo de litio y cobre, la Argentina ganó terreno como socio prioritario de Washington.

El diagnóstico se expuso durante el Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, organizado este jueves por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Citi en el hotel Alvear Palace, en Buenos Aires. Del encuentro participaron funcionarios argentinos, diplomáticos estadounidenses, gobernadores provinciales y representantes de bancos multilaterales, que expusieron los términos de esa alianza y los pasos pendientes para consolidarla, en un contexto en el que, a nivel político, ambos países se encuentran alineados y desde Washington no quieren dejar pasar la oportunidad de asegurarse su participación en los proyectos que se enmarcan bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que, aseguran, están dispuestos a financiar.

Una estrategia de diversificación frente al dominio chino

La subjefa de misión de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo, explicó que la concentración del procesamiento en un solo país impide trazar el origen de los minerales y las normas ambientales bajo las que fueron refinados. “Los compradores no pueden identificar dónde se refinaron los minerales ni con qué normas ambientales”, advirtió, y agregó que esa opacidad deja abierta la puerta a la manipulación de precios internacionales.

Según la funcionaria, los riesgos crecen a medida que avanzan sectores como la defensa, la inteligencia artificial y la energía, todos dependientes de estos insumos. “No podemos construir la tecnología del día de mañana en cadenas de suministro que sean tan opacas y frágiles”, afirmó, aunque no se refirió al gigante asiático de forma directa.

La estrategia estadounidense se apoya también en la llamada Pax Silica, un acuerdo que busca alinear a Washington con proveedores estratégicos de América para garantizar tanto las inversiones de empresas de Estados Unidos como el aprovisionamiento de recursos clave. El CEO de AmCham, Alejandro Díaz, definió el mecanismo como una política de friend-shoring, una estrategia mediante la cual Washington busca competir con Beijing en momentos en que el gigante asiático concentra alrededor del 70% de la elaboración de materiales críticos.

Gómez Rápalo situó a la Argentina en el centro de esa ecuación por sus reservas de litio y cobre, y sostuvo que el capital internacional fluye hacia esa oportunidad protegido por normas claras a través del RIGI. Según la diplomática, el país debe dar dos pasos concretos, ratificar el ARTI —el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos firmado el 5 de febrero de 2026, que se encuentra a la espera de ser enviado y ratificado por el Congreso de la Nación para entrar formalmente en vigencia— y aprobar regulaciones robustas en materia tecnológica, medidas que catalogó como determinantes para habilitar la inversión extranjera directa y consolidar la confianza de Estados Unidos.

“Estados Unidos está listo para ayudar y respaldar a la Argentina para convertirse en un referente mundial de minerales críticos”, afirmó la funcionaria, quien remarcó que su país busca ser parte activa del proceso: “Son la solución, no son observadores pasivos”. Gómez Rápalo llamó a las empresas interesadas a acercar sus proyectos a la embajada, a las oficinas de comercio y a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), con el objetivo de construir en conjunto cadenas de suministro seguras.

“No es solo América primero, es las Américas”, agregó la diplomática, quien atribuyó el interés de Washington en la Argentina a la decisión del Gobierno de alinearse con Estados Unidos y a las reservas de litio del país, que según distintas mediciones oficiales se ubican entre las terceras y las mayores del mundo, con una participación del 13% del total global. En ese marco, mencionó también la necesidad de avanzar con la protección de la propiedad intelectual, un capítulo en el que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y resta su tratamiento en el Senado.

El RIGI, la plataforma que sostiene las inversiones mineras

El economista Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, ubicó el origen de esta oportunidad en la corrección macroeconómica que encaró el Gobierno de Javier Milei, cuya administración cumplió 30 meses en el poder. Según Brun, el proceso comenzó con la eliminación de un déficit fiscal equivalente a cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI), una caída del gasto público real superior al 30% y una desinflación que dejó atrás niveles que el funcionario consideró incompatibles con una economía normal.

Ese ordenamiento, sostuvo Brun, funciona como plataforma para la construcción sostenida de negocios a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los proyectos mineros aprobados bajo ese régimen superan los USD 47.000 millones, con otros USD 147.000 millones adicionales en evaluación, dentro de un pipeline total que Brun calculó en USD 200.000 millones. Solo los proyectos ya aprobados generarán 96.000 puestos de trabajo, según el funcionario, quien remarcó que en junio la minería representó el 9% de las exportaciones totales del país, un récord histórico que superó el pico anterior de 2025.

Las provincias mineras reclaman infraestructura

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, situó el debate en la escala provincial. Recordó que la Constitución argentina de 1994 otorgó a las provincias la propiedad de los recursos del subsuelo y que, a diferencia de Chile o Perú, el país no posee una tradición minera consolidada, salvo en distritos como San Juan o Jujuy. Según el mandatario, la combinación de estabilidad macroeconómica y compromiso provincial no se había dado antes en la Argentina. “De nada sirve tener los recursos si no se pueden sacar en tiempo y forma”, advirtió, en referencia a la necesidad de inversión conjunta en infraestructura.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, cuya provincia ocupa el tercer lugar en exportaciones mineras del país, coincidió en el diagnóstico. Sadir señaló el deterioro de la red vial nacional, en particular de las rutas 52, 34 y 9, y reclamó mayor control sobre pesos y medidas de carga en articulación con el Gobierno nacional. También pidió avanzar en la conectividad con los pasos fronterizos hacia Chile, lo que permitiría exportar producción minera por el océano Pacífico y reducir los costos logísticos que hoy implica operar a través de los puertos de Rosario y Buenos Aires.

La mirada del sistema financiero internacional

El representante en Argentina de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Patrick Alexander Avato, sostuvo que el RIGI transformó una oportunidad que dependía de recursos ya conocidos en un proyecto concreto de desarrollo. El responsable global de Metales y Minería de Citi, William Husband, ofreció una lectura financiera del proceso: recordó que el diferencial de riesgo de los bonos soberanos argentinos bajó de 24% a 4% en los últimos años y definió al cobre como el mineral central de la próxima década, ante una demanda mundial que no podrá cubrirse en los próximos cinco a siete años sin nuevas fuentes de producción.

La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Viviana Alva-Hart, planteó que el financiamiento de estos proyectos depende de tres condiciones: infraestructura, dado que la mayoría de los yacimientos se encuentra en zonas remotas sin acceso pleno a energía, agua y logística; previsibilidad institucional, con permisos ágiles sobre todo a nivel provincial, y sostenibilidad ambiental y social como eje central de la toma de decisiones. “Los proyectos exitosos no van a necesitar solo capital”, advirtió la funcionaria.

El asesor de inversiones para Brasil y el Cono Sur de la DFC, Humberto Pereira, cerró el panel al señalar que la agencia financia proyectos capaces de generar escala tanto para abastecer la cadena de suministro estadounidense como para desarrollar el mercado argentino, sobre la base de un análisis previo del estado de los activos, los permisos vigentes y la estructura de cada proyecto. Según el embajador argentino ante la Casa Blanca, Alec Oxenford, la adhesión de la Argentina a la Pax Silica no garantiza inversiones automáticas, pero mejora la posición del país para competir por ellas frente a otros destinos mineros globales.

El Senado de Brasil aprobó en la noche del miércoles un proyecto de ley para regular la explotación de minerales críticos y estratégicos, un paso hacia una mayor extracción de las reservas de tierras raras del país, solo superadas por las de China. Horas más tarde, sin embargo, la misma cámara frenó otra de las iniciativas centrales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de dos meses de una elección que se presenta reñida.

La aprobación del marco regulatorio para tierras raras llega después de que la Cámara de Diputados lo respaldara de forma contundente el 6 de mayo. El texto ahora pasa a manos del mandatario, quien se espera que lo convierta en ley.

La legislación crea un régimen jurídico básico para las tierras raras y otros minerales considerados críticos, además de un fondo destinado a otorgar crédito a proyectos mineros. También contempla incentivos fiscales para el procesamiento de esos materiales dentro del territorio brasileño.

Brasil posee las segundas reservas más grandes del mundo de elementos de tierras raras, utilizados en una amplia variedad de productos, entre ellos teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, paneles solares y motores de aviones. Mientras China continúa dominando las cadenas globales de suministro de minerales críticos, el país sudamericano busca posicionarse como una alternativa a partir de sus reservas, en momentos en que distintas naciones buscan diversificar sus socios comerciales para reducir su dependencia del gigante asiático.

La norma crea el Fondo de Garantía de la Actividad Minera, con un aporte de 2.000 millones de reales (unos USD 391 millones) del Gobierno federal para respaldar proyectos vinculados a la producción de estos minerales. También incluye un programa específico para incentivar el procesamiento y la transformación de los materiales dentro de Brasil, con beneficios fiscales federales por 5.000 millones de reales (USD 978 millones) distribuidos en créditos impositivos durante cinco años.

El proyecto crea, además, el Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos, encargado de señalar los proyectos prioritarios que recibirán respaldo del fondo. La minería, que en algunos casos podría desarrollarse cerca de reservas en la Amazonia, conlleva riesgos ambientales considerables, según se advirtió.

Un análisis conjunto de The Associated Press y Reporter Brasil identificó una ola de inversión estadounidense luego de que China restringiera el año pasado las exportaciones de tierras raras en respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Entre esas operaciones figura la compra de Serra Verde, el único productor comercial de tierras raras de Brasil, por parte de una firma en la que el Gobierno estadounidense tiene participación.

En abril, la empresa USA Rare Earth informó que había acordado pagar aproximadamente USD 2.800 millones por Serra Verde, propietaria de la mina y la planta de procesamiento Pela Ema, en el estado de Goiás.

Lula reiteró en varias oportunidades que Brasil debe capitalizar el interés internacional por estos minerales para desarrollar una industria nacional, en lugar de limitarse a exportar la materia prima. La disponibilidad de tierras raras en Brasil ya despertó inversión extranjera concreta, como la compra de Serra Verde por parte de una firma vinculada al Gobierno de Estados Unidos, mientras el país sudamericano avanza en un marco legal que busca retener el procesamiento industrial de esos minerales dentro de su propio territorio.

“No vamos a repetir lo que pasó con la plata y el oro en América Latina”, dijo Lula a periodistas en Washington el 7 de mayo, tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Con las tierras raras, vamos a cambiar nuestro comportamiento. Queremos que Brasil sea el gran ganador de estas riquezas.”

Tras ese encuentro, Lula dejó en claro que Brasil también mantiene conversaciones con otros países. “Brasil tiene la obligación de compartir con quien quiera participar con nosotros, sea Estados Unidos, China, Alemania o Francia”, afirmó. En febrero, Brasil e India firmaron un memorando de entendimiento no vinculante sobre minerales críticos y tierras raras para reforzar la cooperación entre ambos países.

El Observatorio del Clima, la mayor red de organizaciones ambientales de Brasil, cuestionó el proyecto al considerar que aumenta la flexibilidad regulatoria sin garantizar contrapartidas económicas, climáticas o socioambientales.

“Los minerales críticos y estratégicos son necesarios para la transición energética, pero esto no puede convertirse en un cheque en blanco para la minería. No tiene sentido (...) acelerar propuestas legislativas que no garantizan los derechos de las comunidades y los territorios afectados”, sostuvo Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima, en un comunicado del 1 de septiembre.

Leonardo Paz Neves, profesor de relaciones internacionales de la Fundación Getulio Vargas (FGV), consideró que Brasil debería dar un debate público sobre la exploración y producción de sus recursos. “El acceso ya existe”, señaló Paz Neves en referencia a la reciente compra de Serra Verde por parte de USA Rare Earth. “La gran pregunta aquí es si el Estado va a querer negociar algún tipo de acuerdo privilegiado respecto de ese acceso.”

La misma semana legislativa dejó un revés para Lula. Una comisión del Senado aprobó el jueves una enmienda constitucional para reducir la jornada laboral estándar de seis a cinco días, pero el presidente de la cámara alta, Davi Alcolumbre, no llegó a incluir el proyecto en la agenda de votación del recinto.

La iniciativa, conocida en Brasil como medida “6x1”, es la bandera legislativa que el exsindicalista colocó en el centro de su discurso de campaña, en momentos en que encuestas recientes sugieren que las investigaciones sobre su hijo, Fábio Luís Lula da Silva, en el marco de una pesquisa federal por presunta corrupción y tráfico de influencias, le restan apoyo. La postergación dejó al mandatario molesto y con señalamientos directos hacia sus rivales.

“Ayer, Brasil volvió a ver quién es quién en el Congreso”, escribió Lula en la red social X. “Mientras intentábamos avanzar con la enmienda constitucional para terminar con la semana laboral de seis días en el Senado, la oposición, liderada por el coordinador de campaña de mi oponente en esta carrera presidencial, trabajaba para bloquearla.”

El senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la contienda presidencial, suspendió esta semana sus actividades de campaña y respaldó una propuesta alternativa que otorgaría a los trabajadores mayor libertad para negociar sus horarios directamente con los empleadores. Bolsonaro no estuvo presente en Brasilia el miércoles, pero sus aliados trabajaron para impedir una votación en el recinto, convencidos de que su aprobación le daría a Lula una victoria política en un momento en que las encuestas muestran una contienda presidencial pareja.

El Senado no logró reunir el jueves los votos necesarios para tratar la reforma de la semana laboral, por lo que la enmienda quedó pendiente para una eventual sesión especial más adelante en septiembre, con expectativas de que recién pueda someterse a votación después de la primera vuelta electoral. Al tratarse de una enmienda constitucional, la medida requiere al menos 49 votos de los 81 miembros del Senado en cada una de dos rondas, un umbral que el oficialismo no tenía garantizado.

El senador Randolfe Rodrigues, líder del Gobierno en el Congreso, señaló que los aliados de Lula intentarán convencer a Alcolumbre de convocar una sesión especial de votación dedicada a la propuesta más adelante este mes. De todos modos, reconoció que una votación resultaría más viable recién después de la primera vuelta electoral, cuando los senadores regresen a Brasilia.

“Los trabajadores esperan un tema como este desde 1988, y no podíamos arriesgarnos a someterlo a votación, quedar por debajo del número requerido y que la enmienda constitucional fuera rechazada”, dijo Rodrigues. “No teníamos las garantías ni la confianza de que contábamos con los votos.”

El revés se dio en la misma semana en que el Congreso avanzó con al menos otros dos puntos de la agenda prioritaria de Lula: un proyecto que apunta a acelerar megaproyectos de centros de datos y la legislación sobre minerales críticos que otorga al Gobierno mayor control sobre acuerdos mineros. También está prevista una votación final para eliminar de manera permanente un impuesto sobre importaciones de bajo valor, después de que el mandatario resolviera una disputa previa con Alcolumbre.

El proyecto de cobre Coroccohuayco podría extender por más de 25 años la actividad minera en Espinar, en Cusco, si completa sus procesos técnicos y regulatorios y entra en operación. La iniciativa de Glencore, ubicada a 7 kilómetros de la mina Antapaccay, prevé una inversión cercana a USD 1.800 millones.

Luis Rivera, director de Operaciones de Glencore para Sudamérica, informó que la empresa avanza con las evaluaciones necesarias para definir las condiciones de un posible desarrollo.

El ejecutivo, que además preside el Mining Investment America de Expomina 2026, evitó precisar una fecha de inicio de producción o un volumen estimado de cobre.

El mineral de Coroccohuayco se procesaría en la planta ya instalada en Antapaccay

El proyecto está situado junto a la actual operación de Antapaccay, en la provincia de Espinar. Si se concreta, el mineral será trasladado a la planta concentradora existente, una infraestructura que permitiría integrar el nuevo yacimiento a la operación minera instalada en la zona.

Hace un año y medio, la compañía proyectaba que Coroccohuayco podía ampliar la actividad extractiva en el área durante 20 años. La estimación actual elevó ese horizonte.

“De concretarse, el proyecto tendría el potencial de extender la actividad minera en Espinar por más de 25 años, generando inversión, empleo, oportunidades para proveedores y mayores aportes a la economía regional y nacional”, señaló Rivera.

El ejecutivo sostuvo que el desarrollo tendría efectos sobre la cadena de proveedores y el empleo vinculado a la minería en Cusco, aunque aclaró que la iniciativa continúa sujeta a los análisis y autorizaciones correspondientes.

Glencore busca elevar su producción mundial de cobre hacia 2035

Coroccohuayco forma parte de la estrategia global de crecimiento de Glencore en cobre. La compañía espera superar el millón de toneladas de producción anual hacia fines de 2028 y llegar a cerca de 1,6 millones de toneladas en 2035.

Rivera incluyó también al proyecto Quechua entre las oportunidades de crecimiento de largo plazo que la empresa mantiene en evaluación. Ambos activos dependen de sus respectivos procesos de desarrollo, por lo que la compañía no difundió plazos ni cifras de producción para cada uno.

El director de Operaciones afirmó que Perú ocupa un lugar dentro de la visión regional de la empresa por su potencial cuprífero. De todos modos, indicó que Glencore no comenta posibles transacciones ni activos específicos que no hayan sido comunicados de manera pública.

Expomina reunirá propuestas privadas sobre inversión y regulaciones

En paralelo al avance de Coroccohuayco, Rivera planteó que el Mining Investment America de Expomina 2026 buscará reunir al sector público, los inversionistas y la industria para elaborar propuestas orientadas a mejorar las condiciones de inversión minera en las Américas.

“El MIA permitirá acercar las perspectivas del sector público, los inversionistas y la industria, y convertir ese diálogo en propuestas concretas”, afirmó. Según explicó, el sector privado puede aportar experiencia técnica para reducir ineficiencias y ofrecer mayor previsibilidad a los proyectos.

El planteo apunta a revisar procesos regulatorios y administrativos que inciden en el desarrollo de inversiones. Rivera remarcó que la discusión no debe implicar una reducción de exigencias ambientales, sociales o técnicas.

“El objetivo no es flexibilizar los estándares, sino hacer más eficientes y previsibles los procesos, manteniendo los estándares que corresponden”, sostuvo.

La reducción de lluvias, las altas temperaturas y la degradación ambiental están afectando la disponibilidad de agua en El Salvador. Para la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la situación adquiere una dimensión regional en la cuenca del río Lempa, que depende de los aportes hídricos de Guatemala y Honduras y enfrenta además el riesgo de nuevos proyectos de minería metálica.

Luis González, director de Gestión Ambiental de la UNES, recalcó que agosto fue el mes más seco desde 1971 y que durante ese período se registraron 15 récords de temperatura, según el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). A su juicio, la combinación de calor y falta de precipitaciones golpea los cultivos, la ganadería, los ecosistemas y las fuentes de agua.

Las declaraciones fueron hechas en el programa de radio de 105.3. González señaló que los efectos asociados al fenómeno de El Niño se suman a tendencias más amplias vinculadas con el cambio climático, con períodos secos más prolongados y lluvias concentradas en lapsos cortos.

El caudal de los ríos disminuye pese a episodios de lluvia intensa

El director ambientalista afirmó que, durante las últimas tres o cuatro décadas, las fuentes superficiales del país han reducido su caudal. “Todas las fuentes superficiales de agua en el país han disminuido su caudal, es decir, disminuyen el agua que transportan”, indicó.

Según González, la disminución responde a cambios en el régimen de lluvias, pero también a la deforestación y a la impermeabilización del suelo. Explicó que las precipitaciones intensas ya no permiten una recarga hídrica sostenida, pues gran parte del agua corre por la superficie y provoca inundaciones, derrumbes y arrastre de sedimentos.

“Hoy no tenemos ya temporal, lo que tenemos es que está nublado, pero llueve media hora muy fuerte y se para”, afirmó. Para el especialista, este patrón reduce la infiltración y limita la recuperación de acuíferos, ríos y quebradas.

El río Lempa representa un caso particular por su carácter trinacional. “Ha disminuido su caudal, pero dependemos mucho de Guatemala y Honduras para que se mantenga”, dijo González. Añadió que el Lempa aporta cerca del 60% del agua superficial disponible en El Salvador y abastece a una parte importante de la población.

La sequía impacta en la energía, la producción agrícola y el abastecimiento

La baja de los caudales también puede afectar la generación hidroeléctrica. González señaló que una menor disponibilidad de agua obliga a recurrir a otras fuentes, como combustibles fósiles, que pueden elevar los costos de producción de electricidad.

“Cuando disminuye la matriz en el tema hidroeléctrico, pues le aumentan el tema del búnker”, expresó. Aunque mencionó que el país cuenta con fuentes fotovoltaicas y geotérmicas, advirtió que la reducción de agua añade presión sobre el sistema energético.

En el sector agrícola, la sequía ha golpeado con mayor fuerza al oriente del país, en especial La Unión, San Miguel, el sur de Usulután y parte de Morazán. González afirmó que en esas zonas ya hubo pérdidas de maíz y frijol, mientras el ganado enfrenta falta de agua y temperaturas elevadas.

La minería en países vecinos aparece como un riesgo adicional

González advirtió que la conservación de la cuenca depende también de las decisiones que se adopten fuera de El Salvador. “Si allá desarrollan minería metálica, deforestan, pues va a haber cada vez menos agua que llegue por el río Lempa”, afirmó.

Mencionó el caso de la mina Cerro Blanco, ubicada en Guatemala, cerca de la zona de nacimiento del Lempa. Según explicó, la empresa que adquirió el proyecto prepara un nuevo estudio de impacto ambiental tras observaciones de las autoridades guatemaltecas. “Hoy por hoy está detenido, pero eso puede cambiar”, afirmó sobre ese proyecto minero en Guatemala.

En Honduras, indicó que existen proyectos mineros en la zona fronteriza que permanecen en fase de exploración. “Con solo uno podría afectar la cuenca del río Lempa u otras cuencas compartidas como Guascorán”, señaló González.

El Congreso brasileño aprobó este miércoles una ley para impulsar la extracción de minerales críticos, una de las prioridades del presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva frente a las presiones de Donald Trump.

El Senado votó a favor de la norma de forma simbólica, tras pasar previamente por la Cámara de Diputados, en lo que supone una victoria legislativa para Lula a poco más de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La medida busca promover la exploración de minerales críticos y tierras raras a través de incentivos fiscales de hasta 5.000 millones de reales (unos 980 millones de dólares) para quienes inviertan en este campo a lo largo de un periodo de cinco años.

Además, prevé la creación de un consejo gubernamental que regulará el sector y tendrá poder de veto sobre cambios de control societario en las empresas mineras, así como el establecimiento de un registro obligatorio para los proyectos.

La Agencia Nacional de Minería, a su vez, deberá priorizar la realización de procesos de concesión de áreas con potencial para la producción de este tipo de recursos naturales.

“Va a posibilitar la generación de empleo y renta en territorio brasileño, agregando valor a los minerales críticos que Brasil posee y que lamentablemente estaban siendo exportados brutos”, apuntó durante el debate el senador Eduardo Braga.

Lula ha defendido la regulación del sector como parte de su discurso de defensa de la soberanía nacional, frente al empuje de la Casa Blanca por hacerse con los recursos naturales de otros países.

“Estamos creando las condiciones para que seamos capaces de dominar el ciclo completo de extracción, producción, manufactura y exportación”, afirmó el mandatario en redes sociales tras la votación.

El proyecto de ley pasó varios meses frenado en el Senado, debido a conflictos entre los legisladores y el Gobierno, pero fue destrabado luego de un acuerdo con Lula.

Brasil cuenta con una de las mayores reservas mundiales de estos materiales esenciales para la transición energética y que son usados en una variedad de productos, desde baterías de vehículos eléctricos hasta turbinas eólicas.

Nicaragua otorgó una concesión minera a CUKRA Development Corporation en Kukra Hill sobre 225,03 hectáreas, en una decisión que se inscribe en un proceso más amplio de expansión extractiva marcado por la cesión de tierras estatales y comunitarias, la flexibilización de controles legales y una proyección oficial que busca llevar la superficie concesionada del país hasta el 40 % del territorio.

El dato se conoce por una publicación de La Gaceta Nicaragua, donde consta que el lote “El Almendro” fue concedido el 14 de mayo de 2026 por la Dirección General de Minas. La nueva área se ubica en el municipio de Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, una zona donde también pesan denuncias por superposición de lotes mineros sobre territorios indígenas y afrodescendientes titulados.

La ampliación de este modelo ocurre en un contexto de fuerte concentración territorial. Cerca del 25 % del territorio nacional ya ha sido concesionado para minería industrial y reservas, mientras que la proyección oficial apunta al 40 %. Solo las empresas de origen chino controlan más del 8 % del territorio, según la información de medios nacionales.

La concesión en Kukra Hill fue aprobada tras dictámenes técnicos, legales y catastrales

La resolución oficial señala que CUKRA Development Corporation presentó la solicitud el 20 de noviembre de 2025 para explotar minerales en “El Almendro”. El lote tiene una superficie de 225,03 hectáreas y quedó localizado formalmente en Kukra Hill, dentro de la RACCS.

De acuerdo con la publicación oficial, la empresa cumplió con los requisitos previstos en la Ley 387, la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. El expediente también incorporó un dictamen catastral minero del 9 de diciembre de 2025, que concluyó que las coordenadas presentadas satisfacían los requisitos de ley.

El trámite sumó además un dictamen técnico fechado el 4 de mayo de 2026 y un dictamen legal del mismo día, ambos favorables a la solicitud. A eso se añadieron una opinión favorable de la Procuraduría para las Municipalidades y la aprobación del Concejo Regional de la Costa Caribe Sur.

La resolución firmada por el director general de Minas Norman Henríquez Blandón sostiene que la compañía acreditó capacidad técnica y financiera para desarrollar las actividades mineras y que estaba legitimada para realizar ese aprovechamiento. Con esa base, la autoridad dispuso el otorgamiento de la concesión el 14 de mayo de 2026 en Managua.

El avance minero coincide con la eliminación de salvaguardas y reclamos por despojo

La concesión a CUKRA Development Corporation se produce después de reformas legales que, según La Gaceta, desmantelaron controles institucionales. Entre esos cambios figura la modificación de normas como la Ley 1128 para eliminar estudios de impacto ambiental y consultas públicas obligatorias.

Ese marco también quedó atravesado por maniobras para eludir sanciones. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas, ENIMINA, el Estado transfirió y reconfiguró concesiones a nombre de empresas extranjeras sin historial público, con el objetivo de evitar bloqueos financieros.

El impacto no se limita al plano administrativo. Comunidades rurales e indígenas denuncian el ingreso de empresas mineras privadas que cercan tierras y anulan la propiedad comunal y la propiedad privada campesina sin orden judicial.

En el caso concreto de “El Almendro”, el título obliga al concesionario a pagar derechos de vigencia o superficiales y una regalía del 3 % sobre el valor de las sustancias extraídas. La empresa también deberá entregar información anual sobre sus actividades y permitir inspecciones de la Dirección General de Minas-PGJ.

La resolución agrega otras condiciones: cumplir normas de seguridad laboral y protección ambiental y de recursos naturales, inscribir el título en el Registro Público de la Propiedad y publicarlo en el diario oficial a su costa dentro de 30 días. Antes de cualquier actividad minera, además, deberá solicitar permiso a los propietarios de los terrenos ubicados dentro del área concedida.

La autorización también prohíbe trabajos de exploración y explotación a menos de 100 metros de pueblos, cementerios, edificios religiosos, pozos y vías de comunicación. El concesionario deberá demarcar el terreno con mojones en sus vértices e iniciar actividades de exploración dentro de un plazo máximo de cuatro años, prorrogable por un año más.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mantiene un desempeño positivo durante el 2026. Al cierre de agosto, el mercado bursátil peruano acumuló una rentabilidad de 36,78% en soles, mientras que medida en dólares alcanzó un avance de 37,29%, de acuerdo con Ángel Alcalá Canales, funcionario de inversiones de Juan Magot & Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

El resultado estuvo impulsado principalmente por el comportamiento de las empresas vinculadas a la minería, favorecidas por el incremento de las cotizaciones internacionales de los metales. El oro, la plata y el cobre destacaron entre los productos que contribuyeron al mejor desempeño de las compañías del sector.

Minería concentra las mayores ganancias

Según Alcalá Canales, el sector minero fue el que obtuvo los mejores resultados en la plaza bursátil local, en un contexto marcado por el fuerte avance de los precios internacionales de los metales. Esta tendencia permitió que varias empresas vinculadas a la actividad extractiva registraran un desempeño destacado en bolsa.

El precio del oro se ubicó entre USD 4.400 y USD 5.000 por onza, situación que favoreció los resultados empresariales. De acuerdo con el especialista, las compañías mineras alcanzaron utilidades récord durante el primer semestre del año.

Entre las empresas que sobresalieron en este comportamiento figuran Southern Copper, Buenaventura, Volcan y Atacocha, cuyos desempeños estuvieron vinculados al favorable escenario para los metales.

Empresas junior ganan protagonismo

Otro segmento que cobró fuerza en la BVL fue el de las empresas junior, compañías que todavía se encuentran principalmente en fases de exploración. Alcalá Canales destacó en particular a Panoro Minerals y PPX.

Estas firmas incrementaron de manera significativa sus volúmenes de negociación en el mercado local, impulsadas por el mayor interés de los inversionistas en activos relacionados con los metales. El mayor apetito por riesgo también les permitió obtener importantes retornos durante el año.

Sector financiero ocupa el segundo lugar

El sector financiero se posicionó como el segundo grupo con mejor rentabilidad en lo que va del 2026. El desempeño responde, según el funcionario de inversiones, a una mejora en las perspectivas macroeconómicas, a la estabilidad en la colocación de créditos y a una menor presión por provisiones relacionadas con la morosidad.

A ello se sumó el efecto de las medidas y operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que contribuyeron a mantener la liquidez en moneda nacional y favorecieron la estabilidad del sistema financiero.

Dentro de este segmento, Credicorp continúa entre las alternativas preferidas por los inversionistas, debido a los niveles de rentabilidad que presenta y a su política de distribución de dividendos.

Industria muestra señales de recuperación

El sector industrial se ubicó en el tercer lugar entre los segmentos con mayor rentabilidad de la bolsa peruana. Su evolución estaría relacionada con la recuperación progresiva del consumo interno, que viene generando mejores condiciones para las empresas de esta actividad.

En este grupo, Alcalá Canales resaltó el desempeño de Aceros Arequipa, compañía que, según explicó, ha mostrado avances importantes tanto en sus volúmenes como en los retornos obtenidos mediante dividendos.

De esta manera, la minería se mantiene como el principal motor de las ganancias acumuladas por la BVL durante el 2026, seguida por el sector financiero y, en tercer lugar, la actividad industrial.

La actividad de explotación de minas y canteras en Nicaragua cayó 15.5% hasta junio de 2026, una contracción que ubicó al sector entre los de mayor retroceso durante el primer semestre, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) divulgado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) el 27 de agosto.

Los datos, citados por Artículo 66, relacionan la baja con una menor producción y exportación de oro, uno de los principales productos de venta externa del país.

La minería acumuló así su tercer mes consecutivo de resultados negativos, mientras el resto de la actividad económica registró un crecimiento de 1.8%.

El economista y exdiputado Enrique Sáenz, citado por el mismo medio, señaló que la producción de oro cayó 2.5% en abril, 16.2% en mayo y 15.5% en junio. La secuencia se produjo pese a los elevados precios internacionales del metal.

En contraste, el IMAE mostró avances en energía y agua, con 17.9%; construcción, con 11.3%; hoteles y restaurantes, con 8.6%; actividad pecuaria, con 7.8%; y comercio, con 4.9%.

Sáenz cuestionó que el retroceso minero coincida con el escenario favorable para las cotizaciones del oro y planteó dudas sobre la información disponible acerca de la producción del sector. Según recogió Artículo 66, el economista afirmó que el régimen de Daniel Ortega ha hecho “charanga con la repartición de concesiones”.

El exdiputado sostuvo que existen interrogantes sobre el destino final del oro nicaragüense, en un contexto marcado por sanciones internacionales y por la concentración del negocio minero alrededor de grupos cercanos al poder.

“Definitivamente aquí hay gato encerrado”, afirmó Sáenz. El economista planteó dos hipótesis: que algunas empresas mineras oculten parte de sus resultados ante eventuales sanciones o que haya tenido un efecto mayor al previsto el cierre de la mina El Choritito.

Esa planta recibía material procedente de minas de Costa Rica y Venezuela, de acuerdo con el análisis citado por Artículo 66. La dimensión de ese impacto aún no figura de forma detallada en los informes oficiales del BCN.

El papel de China y el avance de las concesiones mineras

En este escenario de incertidumbre, destaca el acelerado proceso de entrega de concesiones mineras a empresas chinas. El régimen de Ortega ha otorgado 47,000 hectáreas de tierra a una compañía minera china en una zona protegida de Río San Juan. Esta decisión refuerza la tendencia de los últimos años, en los que el Gobierno nicaragüense ha priorizado la entrada de capital extranjero, especialmente de China, en proyectos extractivos estratégicos.

El otorgamiento de estas concesiones coincide con el deterioro de la transparencia y la supervisión ambiental sobre las operaciones mineras. Organizaciones ambientalistas y comunidades locales han denunciado la falta de consultas y el impacto en zonas de alta biodiversidad, como el propio Río San Juan, donde se concentra parte del territorio concesionado.

La expansión de la presencia china en la minería nicaragüense responde, en parte, a la necesidad de Managua de diversificar sus socios comerciales y de inversión en un contexto internacional adverso, marcado por el aislamiento respecto a Estados Unidos y la Unión Europea. Empresas chinas han mostrado interés en la extracción de oro, cobre y otros minerales, aprovechando la flexibilización de los requisitos legales y ambientales que ha implementado el Gobierno de Ortega.

Pese a la caída de la producción aurífera, las concesiones siguen en aumento, lo que alimenta especulaciones sobre una eventual recuperación a mediano plazo o, en el peor de los casos, sobre una estrategia de acumulación y almacenamiento de oro que no se reporta oficialmente. Analistas advierten que este fenómeno podría estar vinculado a la volatilidad de los mercados globales y a la búsqueda de refugio financiero por parte del régimen nicaragüense.

Perspectivas y dudas para el cierre de 2026

El segundo semestre de 2026 se presenta con un panorama incierto para la minería nicaragüense. Por un lado, la caída prolongada en la extracción de oro genera preocupación entre exportadores, trabajadores y autoridades locales. Por otro, el avance de las concesiones a capitales chinos y la falta de información clara sobre los volúmenes reales de producción y exportación alimentan el debate sobre el futuro del sector.

Mientras tanto, la sociedad civil y expertos como Sáenz exigen mayor transparencia y vigilancia sobre la gestión de los recursos minerales del país, alertando sobre el impacto social y ambiental de las concesiones y la necesidad de proteger los intereses nacionales en un contexto de creciente influencia extranjera.

La economía de Nicaragua mantuvo un crecimiento interanual en junio de 2026, pero el resultado estuvo acompañado por caídas en cinco actividades económicas, entre ellas la explotación de minas y canteras, que disminuyó 15.5%, según el Informe de Resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua (BCN).

El IMAE registró un aumento de 1.8% frente a junio de 2025. La cifra fue inferior al crecimiento de 6.5% informado para el mismo mes del año pasado y quedó lejos de las tasas observadas en el primer trimestre de 2026, cuando el indicador creció 6.9% en enero, 6.1% en febrero y 5.3% en marzo.

El informe mostró que el menor dinamismo no quedó limitado al resultado general. Cinco actividades cerraron junio con variaciones interanuales negativas: explotación de minas y canteras, industria manufacturera, pesca y acuicultura, administración pública y defensa, y silvicultura y extracción de madera.

Cinco actividades cierran junio en negativo

La actividad de explotación de minas y canteras registró el peor resultado sectorial de junio, con una reducción interanual de 15.5%. El Banco Central atribuyó el descenso a una menor extracción de oro, material selecto y piedra cantera. La caída se produjo después de otra baja de 16.2% en mayo.

Aunque la minería acumuló un crecimiento de 4.6% entre enero y junio, esa tasa mostró una desaceleración marcada. En marzo, el crecimiento acumulado del sector era de 24%; en abril se redujo a 16%, en mayo a 8.9% y en junio llegó a 4.6%.

Por otro lado, la industria manufacturera cayó 4% en junio y acumuló una contracción de 4.8% durante los primeros seis meses de 2026. El informe explicó que el resultado respondió a una menor producción de textiles, productos no metálicos y arneses automotrices.

El sector registró caídas interanuales desde febrero. Tras un crecimiento de 1,7% en enero, la manufactura disminuyó 2.6% en febrero, 4.9% en marzo, 8.7% en abril y 11% en mayo. La baja de junio fue menor que la de mayo, aunque no modificó el balance negativo del semestre.

La pesca y acuicultura disminuyó 3.2% en junio. Esa baja mensual estuvo asociada a una menor captura de peces de escama, camarón costero y langosta en el litoral Pacífico. El aumento de la producción de camarón de cultivo y de otros recursos no logró revertir el resultado negativo.

El sector únicamente registró variaciones interanuales negativas durante el primer semestre. La caída llegó a 28.5% en mayo, antes de moderarse en junio. Pese a esa reducción, el acumulado semestral confirmó un deterioro sostenido de la actividad pesquera.

La actividad de silvicultura y extracción de madera cayó 0.8% en junio, 0.7% en el acumulado del semestre y 1.2% en el promedio anual. El Banco Central relacionó el resultado con una menor extracción de madera en troza y leña.

La administración pública y defensa, por su parte, disminuyó 3% en junio y acumuló una contracción de 3.1% durante el primer semestre. El informe no detalló los factores que explicaron esa reducción, aunque el sector mantuvo tasas negativas durante los seis meses del año.

A esos resultados se sumó la agricultura, que creció apenas 0.1% en junio, pero acumuló una caída de 2.5% entre enero y junio. El reporte señaló mayores labores en maíz, frijol y arroz, junto con descensos en café, maní, sorgo y hortalizas.

Un agravamiento de los efectos del Fenómeno El Niño podría volver a poner en riesgo la continuidad de operaciones empresariales en Perú, incluso en compañías cuyas instalaciones no sufran daños.

Un análisis de Marsh Perú advierte que el ausentismo, las enfermedades y la dificultad para retener personal técnico y operativo pueden trasladar el impacto de las lluvias hacia la producción, como ocurrió durante el El Niño Costero de 2017.

Ese año, algunas empresas exportadoras del norte operaron con cerca de 30% de su plantilla disponible y registraron caídas de hasta 20% en su producción, según la consultora.

El golpe no se explicó únicamente por carreteras bloqueadas o predios inundados: trabajadores afectados por enfermedades, daños en sus viviendas o interrupciones en el transporte no pudieron acudir a sus puestos. Así, la falta de previsiones expuso una vulnerabilidad que suele quedar fuera de los planes de contingencia.

El ausentismo puede paralizar una operación sin daños materiales

Las empresas concentran gran parte de sus recursos preventivos en proteger almacenes, plantas, maquinaria y cadenas de suministro. Para Marsh, esa estrategia puede resultar insuficiente si no incluye medidas para sostener la disponibilidad de personal en áreas críticas.

“Una empresa opera con personas”, señaló Percy Mesías, gerente vicepresidente de Seguridad y Salud Ocupacional de Marsh Perú. El especialista sostuvo que el impacto no se limita a infraestructura o pérdidas financieras, porque la productividad cae cuando aumentan las enfermedades, las ausencias y el agotamiento entre los trabajadores.

El riesgo podría prolongarse después de la emergencia. La firma indicó que, tras El Niño Costero de 2017, varias empresas afrontaron una mayor rotación y dificultades para conservar a personal técnico y operativo.

En zonas con inundaciones o desplazamientos, la decisión de permanecer en un empleo puede depender de factores que exceden el salario, como la posibilidad de acceder a atención médica, movilidad o apoyo ante daños en la vivienda.

Dengue, problemas gastrointestinales y calor extremo presionan a las empresas

Las lluvias y el aumento de temperatura abren un frente sanitario que puede afectar la asistencia laboral. El agua acumulada facilita la reproducción de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya, mientras que los problemas en el suministro de agua elevan el riesgo de enfermedades gastrointestinales.

Los golpes de calor representan otra amenaza para trabajadores de agricultura, construcción y minería. En paralelo, la humedad y las alteraciones ambientales pueden incrementar las afecciones respiratorias y dermatológicas.

El resultado es una mayor demanda de atención médica, más licencias y dificultades para cubrir turnos o mantener los niveles de producción, explica Marsh.

En ese contexto, la ausencia de protocolos internos puede ampliar el impacto de una emergencia climática sobre actividades que dependen de mano de obra presencial.

Los beneficios de salud enfrentan mayores costos y una posible saturación

Marsh revela que el costo de los beneficios de salud para las empresas peruanas aumentó 8% en los últimos seis meses y 6,5% en el segundo trimestre de 2026. Es decir, cada vez es más caro para las empresas asegurar a sus trabajadores.

Un eventual pico de enfermedades podría elevar la presión sobre los seguros privados, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y los convenios médicos corporativos.

La advertencia también alcanza a la salud mental. De acuerdo con el estudio de bienestar emocional de Marsh Perú, 42% de las empresas no cuenta con programas de bienestar o salud mental, mientras que 48% trata este asunto como una medida aislada y no como parte de la prevención.

La pérdida de vivienda, el temor por la familia y los desplazamientos pueden afectar el desempeño y la permanencia de los trabajadores.

Las áreas críticas pueden quedar sin reemplazos durante una emergencia

El análisis de la agencia especializada plantea también que muchas compañías tampoco tienen identificados los puestos cuya ausencia puede detener una operación.

Un incremento de las faltas o una reubicación temporal expone la falta de planes de sucesión, movilidad interna y reemplazo para cargos técnicos, supervisores y personal operativo.

“La preparación dejó de ser un gesto de bienestar para convertirse en una decisión de negocio”, afirmó Diana Plasencia, líder de Estrategia de Talento en Mercer.

De cualquier forma, la consultora concluye que las empresas tienen una ventana limitada para revisar sus coberturas de salud, mapear roles críticos y preparar a sus líderes ante posibles interrupciones. Y usted, ¿ya está listo?

La nueva competencia mundial por los minerales críticos abre una oportunidad extraordinaria para el Perú, pero poseer recursos geológicos no bastará. El desafío real es desarrollar la capacidad científica para descubrirlos, caracterizarlos y convertirlos en tecnología e industria.

Esa competencia ya dejó de ser un asunto solo minero. Estados Unidos, China, la Unión Europea y otras economías buscan asegurar cadenas de suministro de los elementos que alimentan baterías, redes eléctricas, semiconductores, energías renovables y tecnología de defensa. El mapa de los minerales críticos empieza a pesar geopolíticamente lo que pesó el petróleo durante buena parte del siglo XX.

El Perú tiene una posición privilegiada en esta transformación. Somos potencia minera y contamos con una geología extraordinariamente diversa. Más allá del cobre, hay potencial real para desarrollar recursos hoy considerados estratégicos a nivel mundial.

Antes de celebrar esa oportunidad, vale preguntarse algo incómodo: ¿queremos limitarnos a vender materia prima, o queremos construir también el conocimiento para encontrarla, caracterizarla y transformarla?

No partimos de cero. El Perú ya participa en mecanismos de cooperación con Estados Unidos y otros países en minerales críticos, cadenas de suministro e inversión tecnológica, y colabora con el Organismo Internacional de Energía Atómica en aplicaciones nucleares para la minería. INGEMMET aporta décadas de cartografía, geoquímica y prospección; nuestras universidades tienen investigadores en geología, física, química, electrónica e ingeniería; y el IPEN posee una infraestructura científica excepcional, el reactor de investigación RP-10.

Durante mi gestión en el IPEN defendimos una idea que sigo considerando esencial: el RP-10 no debe verse como un reactor del IPEN, sino como una infraestructura científica del país. Una de sus capacidades, el análisis por activación neutrónica, permite determinar con gran precisión la composición elemental de un material, con aplicaciones directas en investigación geológica, minera y de ciencia de materiales.

El siguiente paso debería ser ampliar esa visión: que investigadores de Arequipa, Puno, Moquegua, Cajamarca o cualquier otra región puedan desarrollar proyectos que aprovechen el RP-10 mediante mecanismos transparentes, y que las empresas puedan hacer lo mismo en proyectos conjuntos.

Pero no podemos quedarnos solo en el reactor. La minería moderna incorpora espectrometría gamma, fluorescencia de rayos X, sensores hiperespectrales y sistemas geoquímicos capaces de analizar materiales casi en tiempo real. Dentro de ese universo hay un campo particularmente interesante para el Perú: las técnicas nucleares basadas en neutrones, y en especial el Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA). El principio es relativamente simple: los neutrones interactúan con los núcleos de los elementos presentes en un material y producen radiación gamma característica; analizando esa señal se obtiene información sobre su composición.

Hoy existen generadores de neutrones mucho más compactos que hace una década, detectores gamma más avanzados y sistemas de procesamiento con inteligencia artificial. Esto plantea una pregunta científica atractiva: ¿podemos llevar parte de estas capacidades del laboratorio al terreno? Una línea de investigación podría explorar sistemas móviles que integren generadores compactos, detectores gamma y georreferenciación, incluso sobre plataformas no tripuladas que realicen mediciones controladas a baja altura.

No conviene presentar esto como tecnología ya resuelta. Falta demostrar qué elementos pueden identificarse, con qué sensibilidad, a qué distancia y bajo qué condiciones geológicas, y falta resolver con rigor los aspectos de seguridad radiológica y regulación. Ahí está precisamente la oportunidad para nuestros científicos: no importar la solución, sino construirla.

Podríamos desarrollar un proyecto piloto en el que INGEMMET aporte zonas y muestras geológicas, el IPEN y el RP-10 establezcan composiciones y firmas elementales de referencia, las universidades desarrollen detectores y algoritmos, y las empresas participen en la ingeniería y validación de campo. Por eso creo que el Perú debería impulsar un Programa Nacional de Tecnologías Avanzadas para Minerales Críticos: no otra burocracia, sino una misión que integre geología, minería, física nuclear, sensores, inteligencia artificial y capacidad industrial, que financie proyectos piloto y abra nuestras infraestructuras científicas a investigadores de todo el país.

Los acuerdos internacionales importan. Los minerales también. Pero ninguno de los dos garantiza desarrollo por sí solo: la diferencia entre un país que solo posee recursos naturales y otro que los transforma está en el conocimiento que construye alrededor de ellos.

En esta nueva geopolítica, quizás el recurso más crítico del Perú no esté debajo de nuestros pies, sino en nuestra capacidad científica y tecnológica para saber qué tenemos debajo de ellos.

La industria minera en México enfrenta una transformación en materia de seguridad. En 2024, el 83% de las muertes registradas por empresas del sector estuvo vinculado con fallos en los controles críticos, de acuerdo con el Consejo Internacional de Minería y Metales.

Frente a este panorama, la tecnología emerge como aliada para anticipar condiciones de riesgo, integrando datos operativos y señales tempranas que permitan prevenir accidentes graves antes de que ocurran.

El avance hacia una gestión proactiva del peligro marca un cambio de paradigma en la actividad minera, impulsado por la inminente entrada en vigor del Convenio 176 de la OIT en México y la aparición de plataformas como Safety Intelligence.

Tecnología y análisis de datos: anticipando riesgos mineros

La minería mexicana se encuentra en una etapa de transición en la gestión de seguridad. Tradicionalmente, las estrategias se orientaban a documentar incidentes y reforzar medidas a partir de los hechos consumados. Sin embargo, la digitalización y el uso de datos están permitiendo un enfoque distinto: anticipar los riesgos antes de que deriven en tragedias.

Durante el año 2024, las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México reportaron 13 accidentes mortales, una reducción respecto a los 16 casos del año anterior. Además, la tasa de incidencia de accidentes disminuyó 38.3%, pasando de 1.33 a 0.82.

Aunque estos números muestran progresos, existe consenso en que la mayoría de los accidentes graves podrían evitarse mediante una prevención más eficaz, especialmente en lo concerniente a los controles críticos de seguridad.

El análisis de datos operacionales cobra un rol central en este proceso. Las operaciones mineras generan diariamente volúmenes importantes de información a través de distintos sistemas y plataformas. El desafío reside en que estos datos suelen estar fragmentados y, observados de forma aislada, pueden no revelar patrones significativos.

El concepto de “señales débiles” resulta clave en este contexto. Se trata de indicadores que, por separado, no parecen representar un riesgo relevante, pero cuya coincidencia en tiempo y lugar puede advertir vulnerabilidades serias.

La capacidad tecnológica para integrar y analizar estos datos dispersos permite identificar situaciones de exposición y anticipar escenarios de peligro, transformando la prevención minera.

Safety Intelligence y el papel de la inteligencia artificial en la minería

El desarrollo de sistemas como Safety Intelligence introduce una nueva dimensión en la gestión del riesgo minero. Esta tecnología, implementada por ZYGHT, tiene la función de reunir y analizar los datos que las propias faenas generan cotidianamente.

La finalidad no es predecir con total certeza cuándo ocurrirá un accidente, sino identificar con antelación condiciones que aumentan la probabilidad de un evento grave.

A través de la integración de información proveniente de múltiples fuentes, Safety Intelligence permite que tanto los equipos operativos como los niveles ejecutivos y directivos accedan a una visión unificada del riesgo.

Mario Jara, CEO de la empresa en cuestión, describe el nuevo reto: “Hoy el desafío no es necesariamente generar más información, sino lograr interpretar de manera integrada los datos que las operaciones ya producen. Cuando esas señales se cruzan y se transforman en información accionable, es posible entregar a los ejecutivos una mirada anticipada del riesgo y apoyar decisiones antes de que ocurra un evento grave”.

La incorporación de inteligencia artificial y análisis avanzado de datos lleva a las empresas mineras a replantear sus preguntas clave. El foco deja de estar únicamente en el pasado —qué ocurrió y cómo evitar que se repita— para considerar el presente y el futuro: qué señales estaban presentes antes del evento y qué acciones se pueden tomar al detectarlas.

Impacto empresarial y normativo en la seguridad minera digital

El giro hacia la prevención apoyada en tecnología no solo responde a exigencias operativas, sino también a factores regulatorios y de negocio. En junio de 2026, México ratificó el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas. Este marco internacional impone obligaciones adicionales para la protección de los trabajadores y entrará en vigor en junio de 2027.

En este contexto, la digitalización de la gestión de riesgos adquiere una relevancia estratégica. La capacidad de anticipar condiciones de vulnerabilidad permite reducir la exposición a paralizaciones, pérdidas económicas, responsabilidades legales y daños reputacionales. La identificación temprana de riesgos puede además traducirse en menor incidencia de accidentes y mayor protección para el personal.

La transformación digital, lejos de limitarse a la recolección de datos, consiste en conectar la información operativa con decisiones que eviten la materialización de peligros.

Para la empresa mencionada y otras compañías del sector, el siguiente paso reside en aprovechar los datos generados cotidianamente para fortalecer la cultura preventiva y minimizar las consecuencias negativas de los accidentes.

La evolución hacia una minería más segura y preventiva dependerá de la capacidad de las empresas para interpretar de manera integral los datos disponibles y convertirlos en acciones concretas, en un entorno regulatorio cada vez más exigente y con la tecnología como aliada central en el proceso de transformación.

Perú exhibe cifras económicas favorables en minería, exportaciones que superan los US$21.000 millones y una cartera de inversión que bordea los US$64.000 millones. Pero ese optimismo convive con una amenaza que ningún plan de gobierno quiso nombrar con claridad durante la campaña: la minería ilegal e informal, que hoy constituye la economía ilícita más grande del país, por encima del narcotráfico.

En su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta sí se refirió al problema, en tono contundente, su gobierno usará las herramientas que le da la Constitución para recuperar los territorios tomados por la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado, con decretos de urgencia, facultades legislativas y modernización policial. Pero conviene no confundir un anuncio contundente con una política, la minería ilegal apareció diluida dentro de una estrategia general contra el crimen organizado, sin capítulo propio, y especialistas como Iván Arenas ya advirtieron que tampoco fue eje central del borrador de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo. Más llamativo aún, en un discurso con espacio para el crimen organizado, la presidenta no mencionó una sola vez al Reinfo, el mecanismo que la propia industria minera formal identifica como el principal “camuflaje jurídico” de la minería ilegal.

Ese silencio no es menor. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha sido más explícito, reconoció que, al renovarse el Congreso, la Ley MAPE “vuelve a foja cero”. Hasta ahí, razonable. Lo que preocupa es que, consultado sobre una eventual ampliación del Reinfo, no la descartó. De ahí que el primer reto de este gobierno sea de coherencia, no basta con hablar duro sobre crimen organizado si, en la letra chica de la política sectorial, se sigue abriendo la puerta a una nueva prórroga. Ya vivimos ese contraste con el reglamento de la Ley MAPE de mayo del año pasado, aunque el Minem argumentaba que el Reinfo dejaría de existir con la nueva norma, el propio texto sustitutorio que manejaba la Comisión de Energía y Minas seguía otorgando beneficios a los inscritos, prolongando su vigencia por la puerta de atrás.

Si el patrón se repite, la nueva Ley MAPE corre el riesgo de convertirse en un Reinfo con otro nombre.

El segundo reto es normativo, la ley necesita plazos definitivos, no vocación de permanencia. Cada requisito de formalización —titularidad de concesión, instrumento ambiental, contrato de explotación— debe tener fecha límite y consecuencias reales para quien no la cumpla.

Un proceso sin plazos, como ha sido el Reinfo, es una zona gris donde conviven, sin distinción, el minero que sí quiere ordenarse y el que usa el registro como licencia para extraer, transportar y comercializar mineral ilegal sin fiscalización.

El tercer reto es institucional: diferenciar con claridad la minería informal de la ilegal, con responsabilidades precisas para cada entidad del Estado. La formalización le corresponde al Minem, en coordinación con los gobiernos regionales; la persecución del delito exige articulación real entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial.

Pero si hay un punto donde este gobierno puede lograr un efecto multiplicador con relativamente pocos recursos, pero sí voluntad política, es el control de las plantas de beneficio. A diferencia de la extracción —dispersa en miles de puntos, muchos en zonas remotas—, el mineral extraído ilegalmente tiene que pasar, en algún momento de la cadena, por una planta procesadora antes de volverse un producto comercializable.

Son relativamente pocas, están identificadas, y son el cuello de botella natural de la economía ilegal minera, quien controla las plantas de beneficio controla buena parte de la ruta del mineral ilícito. Por eso la trazabilidad no debe pensarse solo desde la extracción, sino sobre todo desde el procesamiento, exigir condiciones técnicas y financieras para comprar y procesar minerales y acabar con la libre disponibilidad de minerales sin origen verificado. Si a esto se suma la articulación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Sunat para rastrear los flujos de dinero asociados a esas plantas, el Estado tendría, por primera vez, un punto de control real sobre una cadena que hoy se mueve casi con total impunidad entre la extracción informal y la exportación formal.

Los primeros cien días serán determinantes, no porque la Ley MAPE deba aprobarse en ese plazo —sería ingenuo pensarlo dado los procesos del nuevo Congreso—, sino porque ahí se verá si los anuncios se traducen en una propuesta firme, con las plantas de beneficio como punto de control central, o si el gobierno termina cediendo, una vez más, a la presión de ampliar el Reinfo.

Perú tiene una ventana de oportunidad minera excepcional. Pero se construye también puertas adentro, ordenando lo que durante más de una década hemos permitido que crezca en la informalidad y la ilegalidad. El nuevo gobierno tiene la evidencia, tiene el mandato y tiene la fecha límite del 31 de diciembre. Lo que todavía no sabemos —y lo dicho hasta ahora no despeja la duda— es si tendrá la voluntad política para no repetir los mismos errores.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reportó un crecimiento significativo en la producción nacional de hierro, estaño y molibdeno durante el mes de junio de 2026, consolidando la importancia estratégica de la minería para la economía peruana y su aporte a la generación de empleo, inversión y recursos.

Según el Boletín Estadístico Minero (BEM), tres de los ocho principales productos mineros metálicos registraron importantes incrementos en comparación con junio de 2025. El hierro experimentó una variación exponencial, mientras que la producción de estaño creció 12.9% y la de molibdeno 5.4%.

Producción minera registra notables incrementos en 2026

En el acumulado de enero a junio de 2026, la producción de hierro aumentó 41.1% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el estaño mostró un incremento de 6.5%. En cuanto al molibdeno, la producción nacional presentó un alza intermensual de 6.5% y un incremento interanual de 5.4%.

Las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna representaron en conjunto el 79.9% del total de molibdeno producido en el país. Por su parte, la producción acumulada de cobre mostró un avance de 1.9% frente al primer semestre de 2025.

El informe elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del MINEM subraya que la minería continúa siendo uno de los pilares de la economía peruana, por su contribución a la producción, las exportaciones, la inversión privada, el empleo y la generación de recursos fiscales para el desarrollo nacional y territorial.

El ministerio destacó que estos resultados reflejan una minería que sigue generando empleo, movilizando inversión y aportando recursos para el desarrollo territorial, reafirmando el rol fundamental del sector en el crecimiento del país.

Hierro, estaño y molibdeno lideran el crecimiento sectorial

Por otro lado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que las exportaciones mineras del Perú sumaron US$ 42,221 millones en el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 56% respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 27,061 millones).

Este aumento se debió principalmente a los mayores ingresos por envíos de cobre, oro y plomo. Las exportaciones de cobre alcanzaron US$ 19,455 millones, un incremento de 53.3% en comparación con el primer semestre de 2025. Mientras tanto, las ventas de oro sumaron US$ 15,808 millones, con un crecimiento de 62% respecto al año anterior.

La minería, pilar del desarrollo económico nacional

La SNMPE precisó que el cobre representó el 46.1% del valor de las exportaciones mineras y el oro el 37.4%. A su vez, las exportaciones mineras significaron el 74.8% del total de envíos de productos peruanos al extranjero en el primer semestre de 2026.

Solo en junio, las exportaciones mineras sumaron US$ 6,429 millones, un aumento de 35.2% en comparación con el mismo mes del año pasado, destacando el desempeño del cobre (US$ 2,626 millones, con un crecimiento de 18%) y del oro (US$ 2,655 millones, un alza de 45%).

Estos resultados reflejan el aporte del sector minero al dinamismo económico del país y su papel estratégico en la generación de divisas, empleo y desarrollo para el Perú.

Hay una situación que explica, mejor que cualquier informe, lo que le pasó a la provincia: mientras Neuquén convirtió una formación de roca en el motor económico de su suelo y del país entero, Santa Cruz dejó pasar la oportunidad. Los santacruceños tienen debajo de sus pies una riqueza inmensa en minería, y se sigue administrando como si fuera un problema y no una oportunidad.

No exagero cuando digo que, en los hechos, es la Vaca Muerta de la minería argentina. Los números son contundentes. Durante 2025, Santa Cruz concentró cerca del 40% de las exportaciones mineras de todo el país, con un acumulado de exportaciones de oro y plata que en el año superó los 2.400 millones de dólares, más que el propio presupuesto provincial.

Es la primera provincia exportadora de minerales de la Argentina, por encima de San Juan, Catamarca y Jujuy. Siete minas en producción (Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Cerro Moro, San José, entre otras, operadas por compañías de primera línea internacional) generan hoy más de 8.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos en el Macizo del Deseado.

Solo Cerro Negro tiene reservas certificadas por 3,2 millones de onzas de oro. Un proyecto como Cerro León estima un potencial de 92 millones de onzas de plata equivalente. Esto no es una promesa: es geología confirmada. Y sin embargo, alcanza con adentrarse un poco para ver el otro lado de la historia.

En julio de este año una falla en la línea de alta tensión entre Piedra Buena y La Esperanza dejó sin luz a Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre, con cortes que tuvieron que priorizar hospitales y plantas potabilizadoras porque no había respaldo energético propio.

El Calafate, la postal turística de Argentina, no cuenta con generación de emergencia. El presupuesto provincial proyectó para este año un déficit de 350.000 millones de pesos, en donde las exportaciones mineras superan largamente esa cifra. ¿Cómo puede ser que una provincia que exporta más de 2.000 millones de dólares al año en oro y plata no logre garantizar el suministro eléctrico de sus propios pueblos? La respuesta está en la gestión.

La comparación con Neuquén también vale mirarla con atención. Entre 2006 y 2024 los ingresos por regalías de esa provincia crecieron 245%, impulsados casi exclusivamente por Vaca Muerta. Ese caudal de recursos le permitió a Neuquén crear un fondo anticíclico, volver a emitir deuda en Wall Street, liderar el crecimiento del empleo privado en el país y anunciar hace apenas unos días una nueva inversión de 6.400 millones de dólares de Tecpetrol para el desarrollo de un solo bloque, con la meta de sumar 70.000 barriles diarios hacia 2027. Cada puesto de trabajo directo en Vaca Muerta multiplica tres empleos indirectos en logística, construcción, comercio y servicios. Eso es lo que hace un Estado provincial cuando decide correrse de en medio y dejar que la inversión fluya con reglas previsibles.

Santa Cruz tuvo, y tiene, todo lo necesario para recorrer un camino parecido, pero para eso hace falta lo que el sector minero viene reclamando hace años: previsibilidad jurídica, un esquema sindical que no expulse inversiones y una carga impositiva que no castigue a quien viene a invertir.

Argentina en su conjunto destina apenas el 2% del gasto minero a exploración, contra más del 10% en Chile, y en Santa Cruz esa brecha se siente todavía más porque las minas más importantes necesitan nuevas reservas ya mismo y no las están encontrando al ritmo necesario.

Santa Cruz espanta inversiones es Vox Pópuli la historia de una empresa que llegó a la provincia dispuesta a invertir 3.000 millones de dólares y cuyo CEO terminó encerrado varios días dentro de una planta por un conflicto gremial y nunca más volvió. Ese no es un incidente aislado, es un modelo de gestión de extracción sindical que fue extorsivo con las empresas en su tiempo, y que ahora se para del otro lado del mostrador pidiendo inversiones. Pero administrar una provincia no es lo mismo que manejar un sindicato.

Mientras se pierden oportunidades en minería, los sueldos estatales son cada vez más bajos, los hospitales están desbordados y los recursos públicos se usan para financiar agendas de género. Si Santa Cruz hubiera sido administrada con una lógica de previsibilidad, con equilibrio fiscal y con políticas que fortalezcan la seguridad jurídica, hoy tendríamos una provincia con superávit, con un sistema eléctrico robusto, con salarios dignos para maestros y trabajadores de la salud, y con miles de puestos de trabajo adicionales sostenidos por la minería.

Esos dólares que hoy exportamos casi en piloto automático, sin un plan de largo plazo detrás, podrían haber financiado escuelas, hospitales, rutas y un sistema energético acorde a las necesidades y el país entero se hubiera beneficiado: más dólares genuinos, más empleo privado, menos dependencia de un Estado nacional que hoy tiene que mirar para el sur con la misma pregunta de siempre: ¿Por qué, con todo lo que tenemos, seguimos entre los últimos?.

La minera surcoreana Posco consiguió USD 700 millones para extraer litio en el Salar del Hombre Muerto, en Salta y Catamarca, a través de un financiamiento del BID Invest —el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— que respaldará la expansión de su proyecto Sal de Oro, uno de los más grandes del país.

La estructura del préstamo combina un tramo de hasta USD 250 millones aportados directamente por BID Invest con la posible movilización de hasta USD 450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales privadas. Los fondos financiarán la puesta en marcha y el aumento gradual de producción en dos plantas: una de hidróxido de litio, con capacidad para 25.000 toneladas anuales, y otra de carbonato de litio, con capacidad de 23.000 toneladas anuales.

Según BID Invest, una vez que ambas plantas alcancen plena operación, el proyecto producirá y exportará cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio y generará alrededor de 620 empleos permanentes formales. “Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

La operación se enmarca en IDB LAC Minerals, la iniciativa del Grupo BID orientada a desarrollar cadenas de suministro de minerales críticos con mayor valor agregado en América Latina y el Caribe. La segunda etapa de Sal de Oro —que supone una inversión adicional de USD 208 millones— había recibido el visto bueno del gobierno de Javier Milei para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en junio pasado, lo que le otorga a Posco exenciones impositivas, estabilidad regulatoria por 30 años y acceso al arbitraje internacional.

El financiamiento llega en un momento en que el proyecto Sal de Oro acaba de registrar su primer trimestre con ganancia operativa: en el segundo trimestre de 2026, Posco Argentina obtuvo un beneficio operativo de 11.000 millones de wones (unos USD 8 millones), ocho años después de la llegada de la compañía al país y casi dos años después del inicio de su operación comercial, en octubre de 2024. Hasta ese resultado, la unidad argentina había acumulado pérdidas operativas cercanas a los 300.000 millones de wones.

La apuesta de Posco en Argentina comenzó en 2018, cuando adquirió los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto por USD 280 millones. Desde entonces, la compañía perforó decenas de pozos, construyó piletas de evaporación que superan el tamaño combinado de 1.000 canchas de fútbol y avanzó durante años sin ver retornos. La inversión total en derechos mineros y en la construcción de las dos primeras plantas de litio supera los USD 2.700 millones.

Este año, la compañía profundizó aún más su posición en el país: en abril, adquirió el proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) —también en el Salar del Hombre Muerto— por USD 65 millones, a través de la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South. El activo, en fase de exploración avanzada, tiene potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

La expansión empresaria de Posco se dio en paralelo a un acercamiento político entre Argentina y Corea del Sur. El 31 de julio, el presidente Lee Jae Myung visitó Buenos Aires —la primera visita de un mandatario surcoreano al país en 22 años— y se reunió con Milei en la Casa Rosada. Ese mismo día, el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Kim Jeong-kwan, firmaron un memorando de cooperación en minerales críticos, con foco en el litio, para promover inversiones conjuntas en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento, y fortalecer cadenas de suministro para las industrias de baterías y tecnología avanzada.

Lee había definido el acceso al litio como una “consideración estratégica” para Corea del Sur. Frente a las disrupciones en las cadenas globales de suministro y al avance de la inteligencia artificial, el presidente surcoreano sostuvo que los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”. La visita también incluyó conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y el Mercosur.

Con el financiamiento del BID Invest asegurado, Posco planea adelantar la construcción de su tercera y cuarta planta de litio en brine para 2027 y 2030, respectivamente. El objetivo de largo plazo del grupo es alcanzar una producción combinada de 173.000 toneladas anuales de litio para 2033 —incluyendo producción en roca desde Australia—, lo que le permitiría posicionarse entre las cinco mayores compañías productoras de litio del mundo.

Argentina ocupa el quinto lugar entre los mayores productores mundiales de litio, detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue, y el tercero en reservas. Según la Secretaría de Minería, el país cuenta con 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance, de los cuales solo siete están en producción. En 2025, las exportaciones mineras totalizaron USD 6.037 millones, el registro más alto desde que existen datos consolidados del sector, con un crecimiento del 29,2% respecto del año anterior.

El Gobierno estima un ingreso de USD 7.737 millones en inversiones durante 2026 y 2027, los dos últimos años del mandato de Javier Milei, a partir de los proyectos ya aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La cifra surge de sumar los USD 4.252 millones proyectados para el corriente año y los USD 3.485 millones estimados para el próximo, en el marco de los 22 proyectos aprobados hasta la fecha por el Comité Evaluador dependiente del Ministerio de Economía, según datos publicados en la página web oficial del RIGI.

El total de inversión comprometida por esos 22 proyectos asciende a USD 47.073 millones, con un horizonte de ejecución que se extiende hasta 2055 y una promesa de generación de 95.950 empleos directos e indirectos. La cartera abarca cinco sectores: minería (12 proyectos), petróleo y gas (6), energía eléctrica (2), siderurgia (1) e infraestructura (1).

Los dos últimos ingresos al régimen se formalizaron en las últimas semanas. Este miércoles, el Ministerio de Economía aprobó el plan de Compañía Mega —sociedad controlada por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%)— por USD 365 millones para ampliar su complejo industrial en cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. La obra elevará un 27% la producción de líquidos del gas natural y sumará más de 500.000 toneladas anuales de capacidad, con el 80% del volumen incremental destinado a mercados externos. El cronograma de obras se extiende hasta fines de 2028.

La semana pasada, en tanto, el Comité Evaluador había dado luz verde al proyecto Los Toldos II Este de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint del empresario Paolo Rocca. Con una inversión total de USD 6.400 millones, el proyecto apunta a una producción de 70.000 barriles diarios en Vaca Muerta y generará 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

Uno de los proyectos de mayor volumen dentro de los aprobados es el de licuefacción de gas natural de Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy (Reino Unido) y Golar LNG (Noruega), con una inversión de USD 7.000 millones en la primera etapa —escalable a más de USD 15.000 millones en dos décadas—. El proyecto prevé instalar dos buques de licuefacción frente al Golfo San Matías, Río Negro, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL). El inicio de operaciones del primer buque está previsto para noviembre de 2027.

En el segmento minero, Vicuña Argentina —la sociedad formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para desarrollar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol en San Juan— es el proyecto de mayor escala: USD 9.700 millones en una primera etapa, escalables a USD 18.000 millones en una década. Cuando llegue al pico de construcción, entre 2027 y 2030, demandará 12.000 puestos directos. En plena operación, proyecta exportaciones de USD 6.000 millones anuales.

La minería concentra más de la mitad de los proyectos aprobados. Rio Tinto (Reino Unido) tiene dos iniciativas dentro del régimen: el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón, Salta, con una inversión de USD 3.000 millones para producir 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio; y el Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, con USD 530 millones para incorporar 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional. En marzo de 2026, Rio Tinto realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde Rincón: 200 toneladas con destino a Shanghái.

El Hombre Muerto Oeste (HMW), de la australiana Galan Lithium Ltd, es el segundo proyecto RIGI en estar operativo. La planta de producción de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, arrancó el 1 de abril de 2026 con una capacidad de 12.000 toneladas anuales. Apenas cinco meses transcurrieron entre la aprobación del régimen, en agosto de 2025, y el inicio de operaciones.

En infraestructura de transporte de hidrocarburos, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) —consorcio integrado por YPF, PAE, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol— registra un avance de entre el 70% y el 73% en la construcción de sus 437 kilómetros entre Añelo (Neuquén) y Punta Colorada (Río Negro), con una inversión de USD 3.000 millones. Transportadora de Gas del Sur (TGS) obtuvo en mayo de 2026 la aprobación para la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, con USD 550 millones de inversión y una capacidad adicional de 12 millones de metros cúbicos diarios.

El primer proyecto upstream de petróleo en acceder al régimen fue Rincón de Aranda, de Pampa Energía, aprobado a fines de junio. La iniciativa, en la ventana de shale oil de Vaca Muerta, demandará USD 4.521 millones y apunta a un plateau de 45.000 barriles diarios en 2027, con exportaciones proyectadas de USD 17.000 millones a lo largo de 30 años.

En energía eléctrica, el Parque Solar El Quemado de YPF Luz, la primera iniciativa aprobada por el RIGI, ya está en operación desde el 23 de diciembre de 2025: una planta fotovoltaica de 305 MW en Jocolí, Mendoza, con una inversión de USD 212 millones. El Parque Eólico Olavarría, de PCR y Acindar, con USD 276 millones de inversión y 180 MW de capacidad, tiene previsto su inicio de operaciones para el 1 de diciembre de 2026.

Otros 20 proyectos aguardan evaluación del Comité, con una inversión comprometida de USD 110.883 millones y el potencial de generar 145.615 empleos adicionales. El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años.

La minería en República Dominicana experimentó una caída de 15.9% en julio, lo que repercutió tanto en el crecimiento acumulado del sector como en los ingresos fiscales.

Durante ese mes, una menor extracción de oro impactó en las exportaciones y en la recaudación pública, aunque la economía nacional mantuvo una expansión de 4.5% en los primeros siete meses de 2026.

El efecto negativo se manifestó en distintos frentes. Las exportaciones de oro disminuyeron 17.2% respecto al año anterior, con envíos que alcanzaron USD 200.6 millones en julio, es decir, USD 41.7 millones menos que en el mismo mes de 2025, según la Dirección General de Aduanas. Por su parte, los ingresos tributarios relacionados con la minería descendieron 15.7%, lo que supuso 1,189.8 millones de pesos (aproximadamente USD 20.3 millones) menos para el erario en ese periodo, de acuerdo con datos publicados por Diario Libre.

En contraste, la exportación de plata registró un aumento interanual de 1,604.5%, con envíos superiores a USD 230,000.

El crecimiento acumulado de la explotación de minas y canteras, que entre enero y junio era de 11.3%, bajó a 6.6% al cierre de julio, reflejando el impacto de la contracción mensual. El Banco Central de la República Dominicana asoció esta variación negativa a la disminución en los volúmenes de extracción de oro y plata.

A pesar del retroceso en julio, la minería continuó como la cuarta actividad con mayor crecimiento acumulado en lo que va de 2026, solo superada por servicios financieros (7.6%), enseñanza (7.3%) y construcción (6.9%), según información recogida por Diario Libre.

En materia fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos reportó una baja en los ingresos provenientes de los cuatro tributos aplicados a la minería: impuesto sobre la renta, impuesto mínimo anual, participación en utilidades netas y retorno neto de fundición. La menor extracción de oro fue el factor principal de esta disminución, ya que implicó menores exportaciones y, en consecuencia, menos recursos para el Estado.

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana señaló que la evaluación del sector no debe limitarse a los resultados de un solo mes. Martín Valerio Jiminián, director ejecutivo de la entidad, indicó que “los datos del Banco Central deben leerse en su contexto. Una variación mensual puede reflejar cambios en los volúmenes de producción sin que ello implique necesariamente un cambio estructural en la capacidad de aporte de la minería. Lo importante es observar la trayectoria del sector y su contribución al conjunto de la economía”.

Valerio Jiminián añadió que la minería debe medirse no solo por los minerales extraídos en un mes, sino también por la inversión que moviliza, las divisas que genera, los encadenamientos productivos que desarrolla y la confianza que el país construye para operar, explorar y ampliar proyectos responsables.

Según la información disponible, el desempeño de julio no eliminó el avance acumulado del sector en 2026, pero sí moderó de forma considerable la expansión que hasta junio era de dos dígitos, reduciendo su aporte inmediato tanto al crecimiento productivo como a la recaudación pública.

Rio2 Limited logró un avance clave en el desarrollo de la minería peruana al obtener la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para la mina Condestable, ubicada en la costa central del país.

El permiso, que cierra un proceso de 14 meses con la participación de autoridades ambientales y comunidades locales, permitirá a la compañía incrementar su capacidad de procesamiento y extender la vida útil del yacimiento por al menos una década más.

Condestable: un paso clave tras más de un año de gestiones

La obtención de la MEIA representa el cierre de un proceso administrativo y técnico iniciado más de un año atrás, en el que Rio2 Limited debió cumplir con exigencias ambientales y dialogar con los actores de la zona.

El anuncio se da en un contexto donde la demanda de cobre a nivel global sigue en aumento y las inversiones mineras deben ajustarse a regulaciones ambientales cada vez más estrictas.

“El permiso amplía nuestro horizonte operativo, confirma el enfoque ambiental de la empresa y habilita la ampliación de la producción”, afirmó Andrew Cox, presidente y CEO de Rio2.

Aumento de capacidad y futuro de la operación

Gracias a la aprobación ambiental, Condestable podrá aumentar su capacidad de procesamiento de 8,400 toneladas diarias de mineral a un máximo de 10,000 toneladas diarias.

Este salto productivo refuerza la posición de la mina como una de las más relevantes en la región y permitirá aprovechar mejor los recursos de cobre, oro y plata presentes en el yacimiento.

Otra novedad importante es la autorización para construir un nuevo depósito de residuos mineros, que inicialmente almacenará 43 millones de toneladas y podrá ampliarse hasta los 170 millones de toneladas.

Esta infraestructura es clave para mantener una gestión ambiental moderna y reducir los riesgos asociados a los relaves, uno de los principales desafíos de la minería actual.

La aprobación también autoriza a Rio2 a avanzar en campañas de exploración para buscar nuevas fuentes de mineral dentro del área de concesión, lo que podría traducirse en más recursos y una mayor proyección a largo plazo para la mina.

Compromiso ambiental y sostenibilidad

La compañía reiteró su compromiso con una minería responsable y moderna, alineada con los estándares ambientales más exigentes.

El permiso obtenido exige el cumplimiento de prácticas rigurosas en el manejo de residuos y el cuidado de los recursos naturales, además de mantener canales de diálogo con las comunidades vecinas.

Rio2 Limited informó que continuará con estudios de ingeniería y programas piloto para optimizar la explotación y el aprovechamiento de los recursos existentes, asegurando así la sostenibilidad del proyecto.

Condestable, una mina histórica de la costa peruana

La mina Condestable es una de las operaciones subterráneas más antiguas y relevantes del Perú. Está ubicada en el distrito de Mala, provincia de Cañete, a unos 90 kilómetros al sur de Lima y cerca de la carretera Panamericana Sur.

Gracias a su localización a baja altitud, entre 100 y 400 metros sobre el nivel del mar, cuenta con ventajas logísticas frente a otras minas situadas en zonas más elevadas de los Andes.

La mina extrae principalmente cobre, pero también obtiene oro y plata como subproductos. Opera de forma continua desde hace más de 60 años, consolidándose como un motor para la economía local y la industria minera nacional.

En diciembre de 2025, Rio2 Limited adquirió el 99,1% de la mina por aproximadamente US$ 241 millones y completó la compra a Southern Peaks Mining en enero de 2026. Desde entonces, la empresa impulsa un plan de modernización y expansión para asegurar el desarrollo sostenible de la operación.

Los equipos del organismo encontraron y documentaron rupturas y desplazamientos en el terreno que no estaban plenamente identificados antes del evento. Además, se confirma que estas evidencias están relacionadas con la reactivación de segmentos de la falla de los Altos del Mantaro.

Evaluaciones en campo y hallazgos recientes

La información se presentó en la reunión técnica organizada por el Gobierno Regional de Junín el 26 de agosto, con el objetivo de coordinar acciones para la reconstrucción en las zonas afectadas.

Especialistas del INGEMMET expusieron los avances de sus investigaciones en el valle del Mantaro, una zona donde se concentran comunidades como Chongos Bajo y Chupuro, que sufrieron daños considerables tras el sismo.

Las evaluaciones de campo permitieron precisar la ubicación y características de las áreas donde se observaron rupturas y desplazamientos, lo que confirma la reciente reactivación de la falla.

Actualmente, los equipos del instituto están desarrollando una nueva etapa de investigaciones para delimitar y caracterizar las fallas y segmentos involucrados en el evento.

El trabajo de campo se enfoca en definir la geometría y extensión de las estructuras geológicas, así como en identificar más evidencias de actividad reciente que puedan tener impacto en la seguridad de la región.

Importancia para la reconstrucción y la seguridad

El INGEMMET subrayó que la información geológica recopilada es fundamental para orientar la reconstrucción de viviendas e infraestructura en las áreas dañadas.

Con estos datos, las autoridades locales y regionales pueden planificar nuevas inversiones, prevenir y reducir riesgos y, si es necesario, considerar alternativas de reasentamiento en zonas de alto peligro sísmico.

“Conocer la geología del territorio es fundamental para reconstruir con mayor seguridad y reducir el riesgo frente a futuros sismos”, señaló la entidad en su reporte técnico.

La identificación precisa de las fallas activas y la evaluación de su grado de actividad ayuda a evitar que se reconstruya en lugares vulnerables y orienta la aplicación de normas técnicas más estrictas en el diseño de nuevas edificaciones, priorizando siempre la seguridad de la población.

Junín: apoyo estatal y criterios científicos

Como parte de la respuesta al sismo, el Gobierno autorizó hasta S/88,7 millones para atender las necesidades habitacionales de las familias afectadas.

Mediante el decreto de urgencia 009-2026, se transfirieron S/63 millones 254 mil 400 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, destinados a la mejora de viviendas rurales destruidas o declaradas inhabitables.

El respaldo científico del INGEMMET permite que estos recursos se inviertan de manera eficiente, priorizando zonas seguras y considerando criterios técnicos y científicos en cada decisión.

“Reconstruir no es solo reponer lo afectado: es conocer el territorio para hacerlo más seguro frente a futuros sismos”, remarcó la institución.

¿Qué es INGEMMET?

El INGEMMET es una entidad estatal adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) del Perú. Su función principal es generar, recopilar y administrar información geológica, minera y metalúrgica del país.

Entre sus tareas se encuentran la elaboración de mapas geológicos, el catastro minero, la investigación de peligros naturales y la asesoría para la gestión del territorio y la prevención de desastres. Su información es fundamental para la seguridad, el desarrollo y el manejo responsable de los recursos naturales peruanos.

El crecimiento proyectado de la minería de cobre y litio en Argentina no solo implicará mayores inversiones y producción. También exigirá reorganizar las cadenas de abastecimiento que conectan a los principales centros industriales con los yacimientos, ubicados mayormente en el NOA y Cuyo. En ese escenario, disponer de repuestos, insumos y servicios más cerca de las operaciones aparece como una condición para reducir tiempos de respuesta y evitar interrupciones.

Así surge del informe Proveedores Mineros en Argentina. Escenarios y proyecciones de desarrollo, elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estudio identifica más de 72 proyectos con necesidades de inversión superiores a 50.000 millones de dólares y analiza cómo esa expansión podría modificar la demanda de bienes, servicios e infraestructura durante la próxima década.

El documento señala que la escala simultánea de los proyectos puede tensionar capacidades disponibles en actividades como movimiento de suelos, montajes y logística. A eso se suma la distancia entre los polos metalmecánicos y petroquímicos de la región centro y las zonas mineras, junto con limitaciones en rutas, ferrocarriles y otros sistemas de transporte.

Stocks más cerca para reducir riesgos de abastecimiento

Las distancias tienen un efecto directo sobre la gestión de inventarios. Según el informe, las demoras durante la construcción o las paradas de planta por falta de repuestos e insumos críticos pueden generar impactos económicos elevados. Por ese motivo, los proveedores deben mantener inventarios de seguridad para responder a contingencias y urgencias operativas, una estrategia que al mismo tiempo incrementa sus costos de operación.

Frente a esa situación, el estudio plantea como desafío para la logística y el transporte especializado incrementar la cantidad de hubs regionales en el NOA y Cuyo. Estos espacios deberían combinar almacenamiento de repuestos críticos, grúas y equipos de izaje y servicios en sitio coordinados con las tareas de mantenimiento, con el objetivo de reducir los tiempos de recuperación y el riesgo logístico.

La proximidad también empieza a pesar en las decisiones de compra. El análisis sostiene que contar con proveedores cercanos puede brindar ventajas por menores costos logísticos, mayor seguridad de abastecimiento y capacidad de respuesta, especialmente cuando se necesitan reparaciones, reemplazos de piezas o servicios posventa. Por eso, las empresas mineras estructuran parte de sus estrategias de compras mediante “anillos geográficos”, en función de la cercanía de cada proveedor con el proyecto.

Esta lógica adquiere todavía más relevancia para los insumos críticos. En el caso de la industria química y petroquímica, por ejemplo, el informe identifica la necesidad de avanzar en acuerdos de stock de proximidad que garanticen continuidad operativa. Para los operadores logísticos, además, señala como capacidades especialmente relevantes la experiencia en cargas sobredimensionadas, operaciones en altura y última milla hacia los yacimientos.

Una demanda que crecerá con la puesta en marcha de los proyectos

La magnitud de los requerimientos permite dimensionar el desafío. Para los proyectos de cobre analizados, cuya construcción se extendería principalmente entre 2026 y 2037, el estudio estima que podrían incorporarse durante la etapa de inversión cerca de 500 camiones mineros de extracción de alto tonelaje y un parque inicial de aproximadamente 2.100 vehículos 4x4 destinados al apoyo logístico.

La construcción también requerirá transportar grandes volúmenes de acero, hormigón, combustibles, equipos y materiales hacia zonas alejadas de los principales centros de producción. Una vez que las minas comiencen a operar, esa demanda cambiará de composición y pasará a sostenerse mediante flujos recurrentes de combustibles, explosivos, neumáticos, repuestos y consumibles industriales.

En el litio ocurre algo similar. El informe proyecta que habrá al menos un proyecto en construcción durante todos los años entre 2026 y 2033, mientras que la expansión de las operaciones elevará progresivamente el consumo de productos químicos. La demanda anual estimada de soda ash, por ejemplo, pasaría de unas 316.000 toneladas en 2026 a cerca de 855.000 toneladas en 2035, mientras que la de cal superaría los 1,8 millones de toneladas hacia el final de ese período.

Estos movimientos convierten a la capacidad logística en un factor que excede el transporte. El desafío abarca almacenamiento, planificación de inventarios, mantenimiento, disponibilidad de repuestos y coordinación con proveedores, especialmente porque parte del equipamiento de mayor porte y contenido tecnológico continuará dependiendo de fabricantes internacionales.

El estudio señala que Argentina cuenta con capacidades para aumentar la participación de proveedores nacionales en la cadena minera, pero advierte que ese proceso requerirá planificación anticipada de la demanda, mayor coordinación y capacidad para cumplir plazos estrictos. En una actividad donde la continuidad operativa tiene un peso elevado, la cercanía entre los stocks, los servicios técnicos y los proyectos aparece así como uno de los factores que pueden definir la eficiencia de las nuevas cadenas de abastecimiento.

“Lo ideal, cuando se trabaja con una minera, es poder ser un socio estratégico y planificar en conjunto”. Así resume Rocío la lógica que atraviesa su trabajo diario: coordinar el traslado de equipos de perforación, los tiempos de aduana y los plazos contractuales con clientes mineros, donde cualquier demora logística repercute directamente en el cronograma de exploración.

¿Cómo se vincula el proceso de exploración inicial con la logística y el comercio exterior?

La logística es un pilar, diría que es un componente principal a la hora de plantear cualquier etapa del ciclo de vida de una mina, incluida la exploración. Hay proyectos que están a seis o siete horas del pueblo más cercano.

Muchas máquinas no están en el mercado local, así que hay que traerlas desde afuera, y a eso se suma el esfuerzo de trasladar un equipo de grandes dimensiones por caminos de tierra durante cuatro o cinco horas hasta el proyecto. Esa es la primera planificación que se hace al iniciar una campaña.

Hay que definir cómo se van a trasladar los módulos, los campamentos, la parte de catering y hasta los comedores. Todo eso, sin excepción, se traslada al proyecto en camiones, así que planificar ese movimiento es un eje fundamental por donde empezar cualquier campaña.

¿Cómo entra la parte contractual en esa planificación logística?

Ahí lo principal es poder transmitirle al cliente cómo se va a trasladar el equipo, en qué tiempos y bajo qué compromisos, y qué permisos requiere ese traslado. En nuestro caso serían las máquinas para perforar, que son lo de mayor dimensión.

Hay que considerar cuánto va a tardar en llegar un equipo desde Canadá o desde donde sea, hasta cruzar a destino. Es una cadena que empieza en buscar una cotización, conseguir la naviera, hacer el tránsito y la aduana, y traerlo hasta la base.

Recién ahí se puede ser claro con la parte comercial y transmitir los tiempos exactos, para que a su vez esos plazos se puedan comprometer con el cliente. Es un compromiso que empieza puertas adentro, mucho antes de que el equipo llegue a destino.

¿Cómo se equilibra la necesidad de planificar con la rigidez de los contratos y los tiempos que no siempre se cumplen?

Lo ideal, cuando se trabaja con una minera, es poder ser un socio estratégico y planificar en conjunto, justamente por esos tiempos. Uno puede empezar la planificación tres meses antes para traer una máquina y de golpe perder el barco, que son entre 28 y 30 días más de tránsito según de dónde venga.

Esa demora afecta tanto al proveedor como a la minera en la programación de la perforación. Son riesgos que hay que asumir entre las dos partes, y se van planificando de forma conjunta para tratar de hacer todo en tiempo y forma, de manera segura.

¿Qué rol juega la comunicación en esa relación con el cliente?

La comunicación es importante desde el lado del contratista, porque ya no alcanza con cumplir el trabajo y ejecutarlo correctamente. Hay que tener una comunicación efectiva y ser socios en ese aspecto, porque hay que anticiparse a los problemas y tener capacidad de respuesta.

No sirve ser comunicativo recién cuando aparece un desvío. Lo importante es anticiparse y resolver los desvíos de forma conjunta, porque en el proyecto están las dos partes y cualquier problema afecta tanto comercialmente como en el cronograma.

¿Cómo describirías la disponibilidad de transporte especializado para este tipo de operaciones?

La disponibilidad de equipos de transporte es escasa. Se puede conseguir transporte para lo que es ruta, pero es complicado encontrar proveedores que puedan llegar hasta el proyecto, porque los camiones necesitan adecuaciones para subir a grandes alturas o hacer tramos largos en caminos de ripio.

No siempre hay disponibilidad en el mercado y también es costoso. Son puntos clave a mirar antes de definir una fecha, porque a la hora de salir a cotizar uno se da cuenta de que capaz no hay camiones disponibles para afrontarlo.

Hay proveedores locales que se dedican al transporte, pero también hace falta desarrollarlos para que puedan abarcar el mercado actual, porque en etapas exploratorias pueden arrancar siete u ocho proyectos al mismo tiempo y no alcanza la capacidad para cubrir todo eso.

¿Qué reflexión te queda sobre la infraestructura y la competitividad del sector?

Actualmente no se pueden desarrollar los proyectos en Argentina si no se los acompaña con infraestructura. Se puede tener inversión, pero si no hay infraestructura un proyecto no va a ser viable, y eso queda muy atado a las expectativas que tenemos como sector.

Hace falta poner foco en el desarrollo de caminos, en mejorar tiempos y costos logísticos, porque hay cosas que nos dejan fuera de competencia. Es importante ver cómo mejorar esos puntos para posicionar a Argentina como un actor estratégico y competir mundialmente con Perú, Chile y otros países de la región.

Dos mediciones privadas coincidieron en julio en una misma fotografía de la actividad económica: una caída frente a junio y un crecimiento respecto a igual mes de 2025. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que anticipa la consultora Equilibra mostró una suba de 0,5% interanual, mientras que en la comparación desestacionalizada contra junio registró una baja de 0,5%. En la misma línea, el Índice General de Actividad (IGA) que elabora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) arrojó un incremento de 0,3% frente a julio de 2025 y una contracción de 0,9% en la medición desestacionalizada respecto al mes anterior.

Ambos relevamientos funcionan como una aproximación temprana a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI), ya que se conocen semanas antes de que el Indec difunda el dato oficial del EMAE. En los dos casos, julio interrumpió una racha de mejoras: para Equilibra, el retroceso llegó después del rebote de 0,8% registrado en junio, mientras que para OJF la baja mensual cortó los avances que se habían anotado en los dos meses previos.

Con estos resultados, la comparación acumulada de los primeros siete meses del año también quedó en terreno positivo para ambas mediciones, aunque con matices que cada informe desarrolla por separado, tanto en el ritmo de crecimiento como en el comportamiento de los distintos sectores que integran cada índice.

Los sectores primarios traccionan

De acuerdo con el anticipo de Equilibra, el EMAE acumuló en los primeros siete meses del año una suba de 1,7% frente a igual período de 2025. Sin embargo, ese resultado está traccionado casi en su totalidad por los sectores primarios: agro, minería, energía y pesca acumulan un alza de 11,7% en lo que va de 2026, mientras que los sectores no primarios permanecen sin variación, con un 0,0% en el acumulado.

La consultora remarca que calcula por separado la actividad primaria porque depende de factores distintos a los del resto de la economía, como el clima o el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En julio, los sectores primarios crecieron 11% interanual, pero cayeron 0,8% mensual en la serie desestacionalizada, un retroceso explicado fundamentalmente por la contracción de la pesca, actividad que en junio había crecido más de 30% y dejó una base de comparación extraordinariamente elevada. Así, los sectores primarios aportaron 1,4 punto porcentual a la suba interanual del EMAE, más que compensando la incidencia negativa de 0,9 punto porcentual que tuvieron los sectores no primarios.

Estos últimos, que excluyen agro, minería, energía y pesca, cayeron 1,0% interanual en julio y 0,4% en la comparación mensual desestacionalizada, con lo cual acumularon cuatro descensos mensuales consecutivos y quedaron 1,7% por debajo del nivel de marzo de 2026, que había sido el máximo histórico de la serie. Equilibra describe una dinámica de “serrucho” en la actividad: desde febrero de 2025, el nivel general cayó en 10 de los últimos 17 meses.

El informe también da cuenta de resultados dispares entre las distintas ramas de actividad medidas en términos interanuales. Minería registró la mayor suba, con un alza de 16,0%, seguida por el sector de suministro de luz, gas y agua, con 3,2%, y por el agro, con un incremento de 6,0%. También mostraron variaciones interanuales positivas transporte y comunicaciones, con 0,9%; intermediación financiera y servicios sociales y de salud, ambos con 1,0%; enseñanza, con 0,5%; y actividades inmobiliarias y servicios empresariales, con 0,3%. En el terreno negativo se ubicaron la industria, con una caída de 2,7%, el comercio, con una baja de 2,8%, y la administración pública, con un descenso de 1,5%, mientras que la construcción prácticamente no mostró variación, con una suba de apenas 0,1%.

Con este panorama, y tras considerar que en el trimestre móvil compuesto por julio, junio y mayo la serie desestacionalizada del EMAE arrojó una baja de 0,5% frente al promedio de los tres meses previos, La consultora redujo su proyección de crecimiento para todo 2026 a 2,0% promedio anual.

Recuperación demorada

El Índice General de Actividad que elabora OJF & Asociados describió un escenario similar. Bajo el título “Se demora la recuperación”, el informe señaló que “la actividad económica volvió a mostrar un traspié en julio, con una baja de 0,9% mensual en la serie sin estacionalidad, interrumpiendo los avances de los dos meses anteriores”.

El IGA-OJF anotó en julio una suba de 0,3% interanual, la misma cifra que quedó reflejada en la variación acumulada de los primeros siete meses del año. El informe destacó que “ocho de los once sectores muestran cifras anuales positivas, con Intermediación financiera, Minas y canteras, y Construcción quedando como los sectores de mayor suba de julio”. Los tres registraron subas interanuales de 6,2%, 5,1% y 4,0%, respectivamente. Les siguieron electricidad, gas y agua, con 3,6%; transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 2,0%; industrias manufactureras, con 0,7%; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,6%; y servicios sociales y de salud, con 0,2%.

Entre las bajas, el informe ubicó a administración pública y defensa, con una contracción de 0,5%; el comercio al por mayor y menor, con una caída de 1,2%; y el sector agropecuario, con el retroceso más pronunciado, de 4,8%. Según el estudio, “el cambio de signo está relacionado a que durante el tercer trimestre del año la agricultura pierde incidencia, y la contracción de la ganadería toma mayor importancia en el agregado”. De todas formas, el reporte aclaró que el sector acumula en los primeros siete meses del año una expansión de 7,1%, con lo cual se mantiene “entre las actividades con mayor aporte al crecimiento en lo que va de 2026”.

En cuanto a la industria manufacturera, el informe precisó que “en la medición sin estacionalidad del IPI-OJF, la actividad industrial registra una contracción mensual de 0,4%, que se suma a la baja revisada a 0,2% de junio”. La suba interanual de 0,7% del sector estuvo “impulsada por la actividad en refinerías, metálicas básicas, química y alimentos”, aunque en el acumulado de los siete meses transcurridos todavía exhibe una baja de 2,1 por ciento.

Minas y canteras, por su parte, “continúa ubicándose entre las actividades más dinámicas de la economía” tras crecer 5,1% interanual en julio, y acumula en los primeros siete meses del año un alza de 11,2%, la mayor entre los sectores relevados por el IGA-OJF.

De cara a los próximos meses, OJF espera una recuperación gradual, aunque señaló que “la actividad continúa mostrando vaivenes y la mejora de los sectores más vinculados a la demanda interna todavía es frágil”, por lo que el rebote puede demorarse más de lo anticipado.

Desde LCG explicaron que la dinámica del EMA “sigue mostrando la dinámica serrucho observada desde comienzos de año, sumando ya tres meses con suba y tres con baja. En total acumula una caída de 1% contra diciembre. El arrastre estadístico para lo que queda del año es 1,2%”.

Y continuaron: “Seguimos sin encontrar un motor claro que empuje la actividad económica en el corto plazo. La inversión lleva 4 trimestres de caída y posiblemente esté entrando en una nueva fase de wait and see típica de un período electoral, por lo que poco podrá aportar. El consumo seguirá afectado por salarios que en el mejor de los casos empatan a la inflación y por niveles de endeudamiento, morosidad y tasas que difícilmente habiliten una recuperación generalizada vía crédito”.

“La apuesta estará, entonces, en la tracción que pueda seguir ejercer la demanda externa neta. Por fuera de los sectores hoy pujantes (agro, minería, y petróleo), el resto de las exportaciones crecen más lento. En conclusión, esperamos meses de subas y bajas como los que se vienen dando, con un crecimiento menor, apenas por encima del 2% anual”, concluyeron los analistas.

La minería peruana, motor central de la economía nacional, enfrenta un desafío crítico en la calidad y seguridad del suministro energético.

Según el informe “La nueva ecuación de la minería en América Latina: los límites invisibles entre energía y operación”, elaborado por Aggreko, la viabilidad y competitividad global de la industria minera dependen cada vez más de la confiabilidad de la infraestructura eléctrica.

Perú, que se mantiene como uno de los mayores polos mineros del mundo y lidera el ranking en producción de cobre, oro y zinc, ahora debe garantizar un suministro energético estable para sostener su posición en el escenario internacional.

Suministro eléctrico y cuellos de botella, el talón de Aquiles de Perú

El sector minero representa aproximadamente 10% del PBI peruano y cerca del 60% de las exportaciones totales. Solo en 2025, las exportaciones mineras alcanzaron USD 61.800 millones, según datos de José Albornoz Farias, Director de Minería para Latinoamérica de Aggreko.

Estos números, que sitúan a la minería como el principal motor económico del país, exigen una infraestructura energética robusta, capaz de operar sin interrupciones las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, la industria enfrenta retos estructurales.

La distancia entre los yacimientos y los centros de infraestructura eléctrica, la limitada capacidad de transmisión y las deficiencias en subestaciones, especialmente en regiones andinas y amazónicas, generan incertidumbre y obligan a las empresas a invertir en sistemas de respaldo costosos.

Estas condiciones afectan la viabilidad y el cronograma de nuevos proyectos, restando competitividad internacional frente a otros mercados, de acuerdo con el especialista.

“El retraso en el despliegue de infraestructura de red compromete los cronogramas, ralentiza la apertura de proyectos y resta competitividad internacional a las inversiones en el país”, advierte Albornoz para Infobae Perú.

La transición renovable, un reto urgente para mantener la competitividad

El Plan de Transmisión 2023-2032 busca expandir líneas y subestaciones en zonas mineras, conectando polos de producción con centros de consumo y puertos.

A pesar de ello, los procesos de licencias y permisos siguen siendo burocráticos y lentos, con trámites que pueden extenderse por años. Esta situación genera incertidumbre y eleva los costos de desarrollo, afectando el valor presente neto de las inversiones y la capacidad de Perú para atraer capital internacional.

La calidad del suministro eléctrico también incide directamente en la productividad y la rentabilidad de la minería peruana. Las fluctuaciones de voltaje o los cortes imprevistos pueden dañar equipos críticos y provocar paradas de producción no planificadas, reduciendo el nivel de extracción y elevando los costos unitarios.

Además, el informe de Aggreko revela que esta inestabilidad erosiona la competitividad de las exportaciones peruanas en el mercado global.

Minería peruana en un momento clave de expansión

A ello se suman los retos de la transición energética. El 40% de los especialistas consultados por Aggreko identifica barreras económicas asociadas al costo de implementar energías renovables y la dificultad de asegurar su disponibilidad continua.

La migración a una matriz más limpia exige contratos PPA a largo plazo, almacenamiento energético, electrificación de flotas y reconfiguración de plantas, inversiones intensivas en capital que mantienen al diésel y la generación térmica como opciones necesarias durante la transición.

La ubicación geográfica de muchas minas, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y en entornos de difícil acceso, limita la eficiencia de algunas tecnologías renovables y encarece el transporte de insumos, explica el experto.

Además, las exigencias socioambientales y la interacción con comunidades locales obligan a inversiones adicionales en monitoreo ambiental y en infraestructura social, alineadas a estándares internacionales de sostenibilidad.

En este contexto, la competitividad de la minería peruana depende de la capacidad del sector para asegurar energía confiable, flexible y de bajo impacto ambiental, factores que hoy resultan decisivos no solo para mantener la producción, sino para atraer inversiones y sostener el liderazgo de Perú en el mercado minero global.

“La calidad del suministro energético es un habilitador fundamental que define la viabilidad técnica y económica de los nuevos proyectos de inversión”, zanja Albornoz.

La inversión privada en Perú registró un crecimiento de 17,6 % durante el segundo trimestre de 2026, su tasa más alta desde 2010, sustentada principalmente en el avance de proyectos mineros y de infraestructura, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Con este resultado, el país acumula diez trimestres consecutivos de expansión en el sector, reflejando una recuperación sólida y sostenida de la actividad económica.

Inversión privada avanza 17,6 % en Perú

El incremento de la inversión privada se vio reflejado en la expansión de 5,2 % de la demanda interna entre abril y junio, periodo en el que la economía nacional sumó su décimo mes seguido de crecimiento.

Según el MEF, ambos indicadores evidencian la resiliencia de la economía peruana y la generación de mejores condiciones para sostener el crecimiento en los próximos trimestres.

El principal motor de este desempeño fue la inversión no residencial, especialmente la minera, que de acuerdo al ministerio habría crecido 42,8 % en términos nominales.

Proyectos como Tía María, Reposición Ferrobamba y Romina, junto a nuevas inversiones de sostenimiento en Antamina, Shougang y Antapaccay, impulsaron este repunte.

Además, las inversiones en infraestructura avanzaron, con obras como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y mejoras en los tramos de IIRSA Norte e IIRSA Sur - Tramo 4.

Consumo y empleo formal refuerzan el crecimiento

El desempeño del sector privado también se apoyó en el crecimiento del consumo. Durante el segundo trimestre, el consumo privado aumentó 3,7 %, sumando once periodos de expansión consecutiva.

Este resultado estuvo respaldado por una mejora de 4,1 % en el empleo formal en planilla, una subida de 4,3 % en los ingresos del sector formal y una expansión de 10,6 % en el crédito de consumo.

El MEF destacó que estos indicadores se producen en un contexto de expectativas empresariales optimistas.

De acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR), en julio de 2026 los doce principales indicadores de expectativas empresariales permanecieron en el tramo optimista durante dos meses consecutivos, alcanzando máximos históricos.

Gobierno mantiene compromiso con la inversión y estabilidad macroeconómica

Frente a este escenario, el Gobierno reafirmó su compromiso para continuar promoviendo el crecimiento económico mediante el impulso a la inversión privada, la preservación de la estabilidad macroeconómica y el fomento del empleo.

El objetivo, según el MEF, es que los mejores resultados económicos permitan generar igualdad de oportunidades y avanzar en el cierre de brechas de infraestructura.

El contexto de expansión y confianza empresarial observado en este segundo trimestre de 2026 representa, para el Ejecutivo, una oportunidad para consolidar la recuperación y fortalecer las bases de un crecimiento sostenido en los próximos años.

Se vienen las OxI exprés por El Niño

De otro lado, el MEF informó que el Gobierno peruano implementará el mecanismo de Obras por Impuestos Exprés (OxI Exprés), una iniciativa de carácter excepcional diseñada para reducir en un mes los procesos de adjudicación de proyectos.

Esta herramienta será aplicada, a través de ProInversión, en intervenciones prioritarias relacionadas con el fenómeno El Niño, la seguridad ciudadana, la culminación de saldos de obra y la prevención frente a desastres naturales.

La propuesta fue presentada ante funcionarios de los 18 ministerios y contempla la entrega de una lista de proyectos elegibles, que serán seleccionados por los gobiernos regionales. El mecanismo asegura la participación de la Contraloría General de la República en la fiscalización, mientras que las entidades públicas deberán conformar equipos técnicos exclusivos para agilizar los trámites.

La expansión de las Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) en Cajamarca avanza con una nueva etapa de financiamiento impulsada por COFIDE y la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC Newmont).

El programa, canalizado mediante el Fondo Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (FIDER), prevé una inversión conjunta de S/ 6,38 millones, destinada a crear y fortalecer 260 UNICA y beneficiar a unas 3.200 familias rurales en siete distritos de la región, según informó El Peruano.

El modelo UNICA, un motor de inclusión financiera

Desde su implementación en 2008, el modelo UNICA ha mostrado resultados en materia de inclusión financiera y desarrollo territorial.

Actualmente, Cajamarca cuenta con 536 organizaciones autosostenibles y casi 9.000 socios, quienes han acumulado más de S/ 22 millones en capital social y canalizado estos fondos hacia educación, salud e iniciativas productivas.

Una evaluación de impacto identificó un aumento de más de 60 puntos porcentuales en la propensión y tenencia de ahorro formal, con un uso principal orientado a educación superior, protección de la salud y capitalización de emprendimientos productivos.

La participación femenina representa más de dos tercios de los socios, lo que refleja un rol destacado de las mujeres en la gestión y el liderazgo de estas organizaciones comunitarias. Este aspecto ha sido subrayado por especialistas en desarrollo rural y por representantes de las entidades involucradas en el proyecto.

Nueva inversión y alcance territorial

La suscripción de un contrato marco entre COFIDE y Newmont ALAC marca la puesta en marcha de la etapa denominada “Territorios que Crecen: inclusión financiera y emprendimiento rural en Cajamarca”.

El financiamiento se distribuirá en un 60% aportado por FIDER (S/ 3,84 millones) y un 40% por Newmont ALAC (S/ 2,54 millones), con un horizonte de ejecución de 48 meses. El programa se implementará en siete distritos de las provincias de Cajamarca, Hualgayoc y Celendín.

Un equipo de 26 especialistas técnicos, financieros y productivos estará a cargo de la conformación y fortalecimiento de 260 nuevas UNICA, con el objetivo de alcanzar a unas 3.200 familias rurales.

El enfoque combina inclusión financiera, digitalización básica, fortalecimiento de capacidades técnico-productivas y acceso a mercados, así como educación financiera y liderazgo comunitario.

Digitalización y acceso a nuevas oportunidades

El proyecto contempla la digitalización progresiva de las UNICA, el fortalecimiento de cadenas de valor territoriales y el acceso a fondos concursables de capital semilla. Estas medidas buscan ampliar las capacidades productivas de las familias rurales y facilitar su inserción en mercados más competitivos.

El presidente ejecutivo de COFIDE, Jorge Velarde, sostuvo: “Esta alianza demuestra cómo la banca de desarrollo puede utilizar evidencia, capacidades técnicas y alianzas público-privadas para llevar soluciones financieras y productivas al territorio y escalarlas donde han demostrado resultados”.

Según Velarde, el ahorro comunitario actúa como punto de partida para generar capacidades, fortalecer emprendimientos y crear oportunidades sostenibles para las familias rurales.

Fernando Cabanillas, director y gerente país de Newmont en Perú, añadió: “Las UNICA han demostrado que cuando las personas cuentan con herramientas, acompañamiento y confianza, son capaces de generar sus propias oportunidades de desarrollo. El ahorro es solo el punto de partida; el verdadero valor reside en la capacidad de convertir esos recursos en emprendimientos, ingresos sostenibles y bienestar tangible para las familias”.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentra proyectos multimillonarios en minería, petróleo y gas y promete movilizar nuevos desembolsos durante los próximos años. Pero mientras varios de esos desarrollos recién comienzan a ponerse en marcha, su llegada al entramado productivo local todavía es reducida.

Una encuesta de la Fundación Observatorio PyME reveló que apenas 4,7% de las pequeñas y medianas empresas participa como proveedora directa o indirecta de iniciativas vinculadas con el régimen.

El dato abrió una discusión entre los sectores productivos: para la industria metalúrgica existen condiciones que dificultan una mayor integración nacional, mientras que desde la minería y el petróleo sostienen que todavía es demasiado pronto para medir el verdadero impacto de las inversiones sobre sus cadenas de proveedores.

Dentro de ese reducido universo, la participación directa es aún menor. Solo 1,5% de las pymes relevadas es proveedora directa, mientras que otro 3,2% participa de manera indirecta. Existe, además, un grupo más amplio que permanece afuera pero muestra interés por ingresar: un 3,2% tuvo o tiene intenciones de participar, aunque no cumplió con los requisitos, y otro 11,6% no participa pero manifestó interés por hacerlo en el futuro. El 80,5% restante no participa.

Solo 1,5% de las pymes relevadas es proveedora directa, mientras que otro 3,2% participa de manera indirecta

La fotografía actual muestra así una presencia limitada, pero también un universo potencialmente mayor de pequeñas y medianas empresas interesadas en vincularse con los proyectos. Si se suma el 3,2% que tuvo o tiene intenciones pero no cumplió los requisitos y el 11,6% que quiere participar en el futuro, otro 14,8% de las pymes aparece interesado en ingresar. La encuesta no detalla cuáles son los factores que explican que esas firmas todavía permanezcan afuera.

El alcance sobre el entramado productivo cobra relevancia frente al tamaño de las inversiones involucradas. El Comité Evaluador ya aprobó unos 21 proyectos y en conjunto, representan una financiación comprometida de USD 46.708 millones. Además, se prevé que esas iniciativas generarán 95.158 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

En un documento interno de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), el sector plantea reparos sobre cuánto de ese movimiento inversor puede convertirse efectivamente en demanda para fabricantes argentinos. Uno de ellos apunta al compromiso del 20% de compre local. Ese porcentaje no se calcula sobre la inversión total del proyecto, sino sobre el monto destinado al pago de proveedores de bienes y obras.

Según Adimra, esa base surge del plan de cada iniciativa y se informa a la autoridad de aplicación, pero no se publica individualmente, por lo que no puede verificarse externamente cuál es el monto concreto sobre el que se aplica el porcentaje.

A esto se suma que dentro del mismo 20% se computan tanto la adquisición de bienes como la contratación de obras, sin una proporción determinada entre ambas. Para la entidad, actividades como la construcción civil, el movimiento de suelos o el montaje, que por sus propias características tienden a contratarse localmente, pueden cubrir buena parte del compromiso sin que eso implique necesariamente una compra adicional de bienes industriales fabricados en la Argentina. La composición entre bienes y obras de cada plan tampoco se publica.

Otro de los puntos que la entidad metalúrgica incorpora al debate son las compras externas. Entre mayo de 2025 y junio de 2026, ocho VPU (Vehículos de Proyecto Único, es decir, las sociedades o estructuras jurídicas a través de las cuales se desarrolla cada proyecto adherido al RIGI) importaron bienes por USD 284 millones FOB. Y el 87% de ese monto se concentró en tres capítulos relacionados con el núcleo metalúrgico: manufacturas de hierro y acero, máquinas y aparatos mecánicos y material eléctrico.

El detalle incluye tanques y cisternas de acero, equipos de filtrado y ósmosis inversa, tubos para oleoductos, transformadores eléctricos, puentes grúa y subestaciones eléctricas. También aparecen tornillos, tuercas y arandelas importados por seis VPU diferentes.

Los proveedores metalúrgicos de petróleo y gas acumulan una caída de actividad del 5,4% en el comienzo de 2026, después de retroceder 3,2% en 2025 y 5,4% en 2024 (Admira)

En paralelo, los relevamientos de Adimra muestran que los proveedores metalúrgicos de petróleo y gas acumulan una caída de actividad del 5,4% en el comienzo de 2026, después de retroceder 3,2% en 2025 y 5,4% en 2024. En minería, la baja alcanza el 4,5% este año, tras descensos del 7,5% en 2024 y del 1,9% en 2025. En ambos casos, el nivel se encuentra por debajo del registrado en 2022, remarca el informe al que accedió Infobae.

La visión de la minería y el sector petrolero

Desde la minería, sin embargo, consideran que la foto actual resulta todavía prematura para evaluar cuánto terminará derramando el RIGI sobre las empresas proveedoras. El argumento se apoya fundamentalmente en la etapa en la que se encuentran los grandes proyectos que buscan ingresar o ya ingresaron al régimen.

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de Minera Santa Cruz, explicó a este medio que alrededor del 75% de las presentaciones mineras realizadas para el RIGI corresponde a proyectos de cobre; otro 18% pertenece a proyectos de litio y el 7% restante a oro y plata. La particularidad del primer grupo, que concentra ampliamente las iniciativas, es que parte prácticamente desde cero en términos de producción: antes de comenzar a producir, los proyectos deben construirse.

“Hay una ansiedad muy grande”, destacó Cacciola. Para el empresario, existe una expectativa elevada respecto del impacto que las inversiones deberían generar sobre los proveedores, aunque todavía no comenzó una etapa fuerte de construcción en buena parte de las iniciativas presentadas. Entre los casos que mencionó aparecen Pachón y Agua Rica, de Glencore, cuyas presentaciones al RIGI todavía están pendientes de aprobación.

Una situación diferente presenta Vicuña, cuyo proyecto (comprende dos yacimientos, Josemaría y Filo del Sol) ya está aprobado y la inversión comprometida es de USD 9.000 millones. La iniciativa atraviesa una etapa inicial de construcción y según Cacciola, actualmente trabajan allí unas 2.500 personas entre personal directo e indirecto del primer anillo de proveedores.

La incorporación de proveedores nacionales también generó controversias en torno a ese proyecto. La decisión de Vicuña de importar módulos habitacionales desde China, pese a que existía oferta local, recibió cuestionamientos. Según trascendió, existía una diferencia de precio de alrededor del 20% en favor del producto importado. Cacciola señaló que en el proceso de construcción existen decisiones relacionadas con la urgencia y los tiempos que requieren las obras.

Desde la minería local también ponen como referencia lo que ya sucede en el litio, un segmento que recorrió una etapa más avanzada. Según Cacciola, una vez que un proyecto entra en operación, entre el 75% y el 80% de sus materiales, insumos y servicios son locales. Las compras externas se concentran en elementos que no se fabrican en el país y en determinados materiales específicos que tampoco están disponibles en la Argentina.

Una vez que un proyecto entra en operación, entre el 75% y el 80% de sus materiales, insumos y servicios son locales (Cacciola)

En esa instancia, explicó el presidente de la CAEM: “La metalmecánica, los complejos químicos y otros proveedores de insumos comienzan a ganar participación. En el caso de servicios como catering y transporte, Cacciola señaló que todo se contrata localmente. En cambio, determinados equipos mineros necesariamente se adquieren en el exterior porque no existe fabricación nacional”.

Cacciola resaltó: “El desafío también involucra a las propias pequeñas y medianas empresas. Los proveedores que buscan incorporarse a la minería deben adaptarse a exigencias de seguridad y control ambiental más estrictas, entre otros requisitos. Esa necesidad llevó al desarrollo de programas de formación de proveedores en diferentes provincias”.

El empresario también destacó que el 20% de contratación local previsto por el RIGI funciona como un piso. El sector, además, busca avanzar con una mesa federal minera para ordenar ese proceso.

Como referencia del tamaño que ya tiene la cadena productiva, Roberto Cacciola dijo que a diciembre de 2025 la minería reunía 115.000 empleos en el denominado primer anillo, que incluye los puestos directos de los yacimientos y los correspondientes a proveedores contratados directamente por los proyectos. La expectativa de la actividad es alcanzar 300.000 personas cuando las nuevas iniciativas estén en desarrollo, hacia 2033.

Desde la industria petrolera, en tanto, plantean una lectura similar respecto de los tiempos. Fuentes del sector consideraron que todavía resulta demasiado pronto para evaluar el efecto del RIGI sobre las pymes.

Resalta en el sector que se trata de inversiones multimillonarias y proyectos que demandan como mínimo alrededor de tres años, por lo que esperan que muchas pequeñas y medianas empresas comiencen a beneficiarse a medida que avancen los desarrollos.

También sostienen que el efecto sobre las pymes no debería medirse únicamente por su incorporación directa a un proyecto del RIGI. Desde esa perspectiva, las grandes inversiones funcionan como un acelerador de otras actividades de la economía y pueden generar demanda sobre pequeñas y medianas empresas, aunque estas no formen parte directamente de los proyectos incorporados al régimen.

Las grandes inversiones funcionan como un acelerador de otras actividades de la economía y pueden generar demanda sobre pequeñas y medianas empresas, aunque estas no formen parte directamente de los proyectos

Como antecedente, las fuentes petroleras mencionan Fortín de Piedra, el yacimiento desarrollado por Tecpetrol, del Grupo Techint. Según contaron, 1.092 pymes participaron en su desarrollo, un ejemplo que utilizan para dimensionar la cantidad de proveedores que puede involucrar un proyecto energético a lo largo de su ejecución. También remarcan que el número de proyectos RIGI aprobados todavía es reducido y esperan que el denominado Súper RIGI acelere las inversiones.

El debate, para la industria petrolera, también pone bajo la lupa la capacidad de la producción nacional para competir por esa nueva demanda. Las fuentes plantearon preguntas sobre qué fabrica actualmente la Argentina, qué características tienen esos productos, cuáles son sus precios y si responden a las necesidades de los grandes proyectos. El caso de los módulos habitacionales importados aparece como uno de los ejemplos que impulsaron esa discusión.

Desde el sector sostienen, al mismo tiempo, que para las compañías resulta conveniente contar con un empresario pyme local cuando puede brindar el producto, el servicio o la solución requerida, entre otros motivos por la cercanía con la operación. Consideran que la magnitud de las inversiones abre conversaciones entre grandes compañías y proveedores nacionales que antes no se producían con la misma intensidad.

Las expectativas sobre el desarrollo de proveedores también aparecieron entre los gobernadores de las provincias que concentran proyectos mineros y energéticos.

Durante el Council of the Americas que tuvo lugar esta semana, Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, defendió el RIGI y afirmó que las inversiones generan “un derrame en nuestros proveedores mineros y de otros sectores también”. Además, señaló que Jujuy produce el 60% del litio que exporta el país y consideró que están dadas las condiciones para una expansión de la producción.

En los tres proyectos que se desarrollan en Salta se esperan inversiones por USD 12.000 millones en los próximos años, pido a las compañías que prioricen el desarrollo de proveedores de la provincia (Sáenz)

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, destacó que su provincia fue la primera en adherir al régimen y precisó que en los tres proyectos que se desarrollan en su territorio se esperan inversiones por USD 12.000 millones en los próximos años. Al referirse al impacto local, pidió a las compañías que prioricen el desarrollo de proveedores de la provincia por su efecto sobre la generación de empleo.

Los dos gobernadores también reclamaron inversiones en infraestructura y plantearon la necesidad de mantener la institucionalidad y la seguridad jurídica.

Gobernadores del norte argentino y de la Patagonia coincidieron en que la falta de infraestructura logística es hoy el principal freno para capitalizar el ciclo de inversión que atraviesan la minería y la energía en el país. El planteo se dio en un panel organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con la Americas Society, donde mandatarios provinciales y ejecutivos del sector privado repasaron el estado de los proyectos en marcha.

El encuentro reunió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén y Chubut, a funcionarios nacionales y al jefe de Gobierno porteño, además de referentes empresariales vinculados a la minería de litio y cobre y a la exportación de gas natural licuado. El eje común de las intervenciones sobre los proyectos productivos fue la necesidad de acompañar el crecimiento con obras viales, energéticas y portuarias que hoy resultan insuficientes.

Una región que el mundo empieza a mirar distinto

Susan Segal, presidenta y CEO de la Americas Society/Council of the Americas, abrió el panel con una lectura regional del momento macroeconómico. Segal señaló que existe una convergencia inédita entre lo que demanda un mundo atravesado por tensiones geopolíticas y lo que puede ofrecer América Latina en energía, minerales críticos y alimentos, y ubicó a la Argentina entre los países mejor posicionados para capitalizarla.

La titular del organismo remarcó que la oportunidad no pasa solo por extraer esos recursos sino por conectarlos con la región y el mundo, lo que exige más infraestructura y corredores compartidos hacia el Pacífico con países como Chile, Bolivia y Perú. Según planteó, hoy apenas el 14% del comercio de América Latina y el Caribe ocurre entre países de la propia región, un margen amplio para ganar peso en el comercio global.

El corredor bioceánico, la gran apuesta del norte

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, remarcó que la provincia lidera la producción de litio en el país, con más del 60% de las exportaciones nacionales del mineral y una capacidad instalada de 80.000 toneladas anuales que proyecta duplicar hacia 2028. Sadir advirtió que el atraso en obra pública complica el desarrollo del Corredor Bioceánico: “las rutas se van deteriorando, sobre todo en Jujuy, y sobre todo el Corredor Bioceánico tiene buena parte de su trayecto en rutas nacionales que demandan inversión”.

En la misma línea, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, informó que la provincia acumula compromisos de inversión minera por 5.000 millones de dólares, con una proyección de llegar a 12.000 millones de dólares en los próximos proyectos entre exploración y ampliaciones. Sáenz insistió en que la salida al Pacífico es un objetivo estratégico para reducir costos logísticos: “nos va a permitir que nuestros productos puedan salir sin la necesidad de tener que hacer un trayecto hasta Rosario para tener nuestra salida propia”.

La estabilidad jurídica, condición para las grandes inversiones

María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva y country manager de una compañía minera con operaciones auríferas en la Patagonia, explicó que las empresas globales eligen países, no solo proyectos, y que el régimen de incentivos vigente fue determinante para una inversión de 300 millones de dólares destinada a extender la vida útil de una mina más allá de 2035. Según detalló, ese anuncio generó en tres meses contratos por 96 millones de dólares con proveedores locales y la incorporación de más de 330 nuevos operadores.

Martín Pérez de Solay, titular de una minera con proyectos de cobre en Catamarca y San Juan, sostuvo que un yacimiento demanda entre 30 y 40 años de desarrollo y que, tras la reforma del régimen fiscal y de la ley de glaciares, Argentina logró competitividad frente a Chile y Perú. Anunció la reapertura de un yacimiento cordillerano cerrado en 2018, con una proyección de más de 500.000 toneladas anuales de cobre combinadas hacia 2030 entre ese proyecto y otro en desarrollo.

Vaca Muerta y el desafío energético patagónico

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, detalló que la provincia repavimenta 650 kilómetros de rutas y construye 100.000 metros cuadrados de escuelas para sostener el ritmo de radicación poblacional que genera Vaca Muerta, con 70 nuevos habitantes por día en la provincia. Figueroa remarcó que la renta que retiene la provincia sobre cada barril exportado debe reinvertirse íntegramente en esa infraestructura social.

Su par de Chubut, Ignacio Torres, describió un escenario distinto, el de una cuenca convencional madura en reconversión, donde el Estado nacional eliminó derechos de exportación y la provincia bajó regalías para atraer nuevos operadores. Torres celebró la llegada del primer proyecto de más de 1.000 millones de dólares bajo el régimen de incentivos en una cuenca convencional y reclamó que las divisas generadas se traduzcan en obras básicas, como el acueducto que recién ahora tendrá Comodoro Rivadavia tras un siglo de producción petrolera.

Rodolfo Freyre, CEO de la compañía que desarrolla el primer proyecto exportador de gas natural licuado del país, informó que el primer buque licuefactor llegará en junio de 2027, con un contrato de exportación a ocho años por más de 2.500 millones de dólares ya firmado. Ese volumen equivale a un 20% adicional sobre la demanda diaria actual de gas, lo que exige ampliar gasoductos y plantas compresoras en Neuquén y Río Negro.

Un mismo reclamo entre provincias distintas

Más allá de las diferencias entre los perfiles productivos de cada provincia, litio y cobre en el norte, gas y petróleo en la Patagonia, el diagnóstico fue el mismo: sin rutas, gasoductos, puertos y acueductos, la ola de inversiones corre el riesgo de no traducirse en desarrollo territorial. A eso se sumó la mirada regional planteada desde la Americas Society, que ubicó a la infraestructura como la pieza que falta para conectar los recursos argentinos con los mercados del mundo y con el resto de América Latina.

El hombre que escribió el mensaje más esperado de 2010 se llama José Ojeda. Tomó un lápiz rojo, garabateó siete palabras sobre un papel blanco y lo ató a una barra metálica a 700 metros de profundidad. Arriba, en el desierto de Atacama, Chile, nadie sabía todavía si había alguien vivo.

Habían pasado 17 días desde que la mina San José, en las afueras de Copiapó, se tragó a 33 hombres el jueves 5 de agosto de 2010. Fueron diecisiete días de silencio aterrador, de familias acampando en la entrada del yacimiento, de perforadoras trabajando sin pausa y de un gobierno que, en secreto, ya los había dado por muertos.

El rescate de los 33 mineros chilenos es una de las operaciones de salvamento más complejas de la historia de la minería mundial. El derrumbe ocurrió el 5 de agosto de 2010 en la mina San José, Copiapó, y dejó a 33 hombres atrapados a más de 700 metros de profundidad. Durante 17 días no hubo ninguna señal de vida. El gobierno llegó a suspender el rescate, pero la presión popular lo obligó a retomarlo. El 22 de agosto, hace 16 años, una sonda perforadora llegó hasta el refugio donde los mineros sobrevivían y trajo a la superficie el papel con el mensaje que paralizó a Chile: “Estamos bien en el refugio los 33”.

Eran las dos y media de la tarde del 5 de agosto cuando un estruendo sacudió las galerías. Un bloque de diorita del tamaño de un edificio de 45 pisos se desprendió de la montaña y cayó atravesando los distintos niveles del socavón, como una guillotina de 700 millones de kilos.

En ese momento había 34 hombres bajo tierra. Uno solo se salvó: Raúl Villegas, el conductor de un camión que iba subiendo y alcanzó a llegar a la boca de la mina. Los otros 33 quedaron sepultados sin salida posible.

A unos 30 metros por encima de la bocamina, el director del yacimiento, Carlos Pinilla, oyó el estrépito. Su primer pensamiento fue que se trataba de otra explosión programada dentro del pozo. Pero el ruido no cesaba. Sonó el teléfono y una voz le gritó: “Salga fuera y mire la bocamina”. Lo que vio fue una nube de polvo como no había visto en su vida, acompañada por crujidos que salían de las entrañas de la tierra.

Abajo, los mineros se encontraron frente a una pared de roca que bloqueaba la rampa de salida de arriba abajo. Luis Urzúa, el jefe de turno, murmuró: “Parece la losa del sepulcro de Jesús”. Otro, más escueto, dijo simplemente: “La hemos cagado”.

El primer impulso fue el más humano posible: comer. Mientras un grupo buscaba alguna ruta alternativa hacia la superficie, otro asaltó el armario de la despensa. Según reconstrucciones periodísticas de la época, Víctor Zamora tomó una cizalla para abrir el candado, aunque Franklin Lobos tenía la llave y terminó cediendo ante los hombres hambrientos. “Era absurdo pelearse”, dijo después. Los saqueadores comían a oscuras, con los frontales apagados, como avergonzados de su propio hambre.

El problema era que esa comida —galletitas dulces y saladas, latas de atún, algunas botellas de agua— estaba pensada para alimentar a 25 hombres durante 48 horas. Y casi la liquidaron en poco tiermpo.

El capataz Mario Sepúlveda fue el primero en reaccionar. Al mediodía del segundo día, alineó 33 vasos de plástico y puso una cucharadita de atún en conserva en cada uno, con un poco de agua a modo de caldo. Dos galletitas por persona. “Es delicioso, buen provecho, que les dure”, les dijo, sin conseguir arrancar ninguna sonrisa. Esa única comida diaria sumaba unas 300 calorías. Tenía que alcanzar hasta el mediodía siguiente.

El agua también se agotó pronto. Empezaron a tomar la que encontraron en los sistemas de refrigeración de las máquinas, turbia de aceite de motor. Era lo único disponible y también debieron racionarla.

Los días que siguieron fueron de una degradación física silenciosa y persistente. Muchos apenas podían incorporarse. Otros tenían temblores constantes. Algunos sufrían los efectos de la abstinencia de alcohol. La oscuridad y el encierro hacían el resto.

Mientras los mineros resistían en las profundidades, arriba se libraba otra batalla. Apenas dos días después del derrumbe, el 7 de agosto, el entonces presidente chileno Sebastián Piñera quiso suspender las tareas de rescate y ordenó levantar una cruz en la entrada de la mina para recordarlos. La reacción de los familiares y de la opinión pública lo obligó a dar marcha atrás.

Ese mismo sábado, un nuevo derrumbe cortó el acceso a la chimenea de ventilación, que era la única alternativa de salida que quedaba —y que de todos modos— tenía un tramo de escalera de emergencia que la empresa nunca había instalado. Para las autoridades, a partir de ese momento, los 33 mineros estaban muertos.

Los familiares no lo aceptaron. Se instalaron en la entrada de la mina en lo que se conocería como el Campamento Esperanza y presionaron sin pausa para que el rescate continuara. Las perforadoras siguieron trabajando.

Para el día 17, la mayoría de los mineros ya se había resignado a morir. Fue entonces cuando escucharon el ruido de un trépano y vieron aparecer la punta metálica que rompía la pared de roca.

Carlos Mamani, el único boliviano del grupo, cayó de rodillas frente a la salvación que representaba esa estructura metálica. “Sentí como si una mano hubiera atravesado la piedra y llegado hasta nosotros”, contó después. Richard Villarroel tomó una llave inglesa y golpeó el tubo con alegría y desesperación: un clanc-clanc incesante para anunciar presencia humana al operario de la superficie.

Los 33 se reunieron alrededor del trépano. José Ojeda tomó un lápiz rojo y escribió sobre un papel blanco. Otros pegaron más mensajes al tubo. Cuando los rescatistas en la superficie recuperaron la sonda, tramo a tramo, encontraron en el metal una marca roja. La lavaron con agua. Había papeles embarrados enrollados en la punta.

El ministro de Minería, Laurence Golborne, los abrió uno a uno. El primero decía: “El trépano abrió brecha en el nivel 94”. El segundo: “Querida Lilia. Estoy bien”. El tercero era el de Ojeda: “Estamos bien en el refugio, los 33”. Golborne levantó la vista y gritó: “¡Están vivos todos los huevones!”. Afuera, en el Campamento Esperanza, estalló una explosión de vivas y abrazos.

El presidente Piñera salió ante las cámaras con el papel en la mano. “Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos, que están unidos”, dijo. Y agregó: “Solo puedo decir en un momento de tanta alegría: viva Chile mierda”.

Ese mismo 22 de agosto, uno de los dueños de la mina, Alejandro Bohn, le dijo a un periodista que era “difícil” que la compañía pudiera pagarles los sueldos. A los mineros todavía les esperaban 52 días más bajo tierra.

Saber que los buscaban no terminó con el calvario. A partir de ese momento empezaron a pasarles agua, alimentos y medicinas por un agujero de apenas 12 centímetros de diámetro. Los médicos en la superficie tomaron una decisión que salvó vidas: no mandarles comida sólida de inmediato. Hombres privados de alimento por más de dos semanas corren riesgo de paro cardíaco si comen de golpe. Empezaron con bebidas energéticas con suplementos de potasio, fosfatos y vitamina B, a razón de 500 calorías diarias, y fueron aumentando de a poco.

Adentro, la espera tenía sus propias tensiones. Cuando les anunciaron que el rescate podría demorar hasta Navidad, Víctor Segovia lo anotó, con pesar, en su diario. El pastor evangélico José Henríquez, de 54 años y con cinco accidentes de mina encima, convocaba a sus compañeros a rezar. “No somos lo mejor de los hombres, Señor, pero ten piedad de nosotros”, decía, y varios se arrodillaban con él.

Sepúlveda seguía siendo el que mantenía al grupo en pie, a veces a los gritos. Cuando vio que Claudio Yáñez llevaba horas tirado en el piso, sin moverse, se plantó frente a él y le gritó: “¡Eh, concha de tu madre, incorpórate! Si sigues ahí tumbado te morirás y te comeremos”. Yáñez se levantó con las piernas temblando. “Era como ver a un potrillo recién nacido que intenta caminar”, recordó después Omar Reygadas.

Afuera, el mundo entero miraba. Cientos de periodistas de todos los continentes se instalaron junto al Campamento Esperanza. Las perforadoras trabajaban en tres turnos simultáneos con distintas técnicas, en una carrera contra el tiempo y contra la roca.

El 13 de octubre de 2010, a las 00.05, Florencio “Floro” Ávalos salió de la cápsula Fénix 2 y quedó enceguecido por los reflectores. Había sido el primero en subir los 722 metros que lo separaban de la superficie. Abrazó a su esposa y a su hijo. Luego abrazó a Piñera, que le susurró: “Florencio, no sabes cuánto te hemos esperado”.

Durante las 32 horas siguientes, la cápsula bajó y subió una y otra vez. Un hombre cada 30 o 40 minutos. Luis Urzúa, el jefe de turno que había murmurado aquello de la losa del sepulcro, fue el último minero en salir. A las 00.33 del jueves 14 de octubre subió el rescatista Manuel González, el último hombre en abandonar la mina. La Operación San Lorenzo —llamada así en honor al santo patrono de los mineros— había terminado con los 33 vivos.

Nadie reparó de inmediato en la coincidencia: ese 13 de octubre se cumplían exactamente 38 años desde que los sobrevivientes del accidente aéreo de los rugbiers uruguayos en la cordillera de Los Andes fueron encontrados con vida. A ellos también los habían dado por muertos.

La fama llegó de golpe y sin manual de instrucciones. Los 33 viajaron a España, Hollywood, el Vaticano, el estadio del Manchester United y el show de David Letterman. El millonario Leonardo Farkas le entregó a cada uno un cheque por 10.000 dólares apenas salieron de la mina.

Pero la vida real fue más dura. José Ojeda, el hombre que escribió el papel en letras rojas, nunca volvió a trabajar. Según contó Mario Sepúlveda en 2020, Ojeda padece diabetes avanzada, problemas cardíacos y Alzheimer, y ha estado internado en clínicas psiquiátricas. Sobrevive con una pensión estatal de alrededor de 530 dólares.

En 2023, 31 de los 33 ganaron un juicio contra el Estado chileno por fallas en la fiscalización del yacimiento. Cada uno recibió alrededor de 46.000 dólares. Los dos que no se sumaron fueron Raúl Bustos, que consideraba que el juicio debía ser contra la minera, y Juan Illanes, que dijo estar “en otra parada”. Urzúa, al conocer el fallo, fue claro: “Para mí no era tan importante la plata, sino que había que cerrar este ciclo”.

Ojeda, en cambio, no lo vivió como un cierre. “Acá no se hizo justicia”. “Se hizo solamente para cerrar el caso”, concluyó.

La Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a BHMB Mining Nicaragua una concesión minera para aprovechar minerales metálicos en el lote Tierra Santa, un área de 3,05 hectáreas ubicada en el municipio de Palacagüina, en Madriz, con una vigencia de 25 años contados desde su certificación, emitida el 26 de mayo de 2026.

La decisión se inserta en un mapa minero más amplio: Nicaragua tiene alrededor de 144 concesiones efectivas que cubren 1,74 millones de hectáreas, el 14,6% del territorio nacional.

El título de concesión minera No-054-PGJ-DGM-2026, según la Dirección General de Minas, fue extendido en Managua y lleva la firma de Norman Henríquez Blandón, al frente de esa dependencia de la Procuraduría General de Justicia. La certificación deja constancia de que la vigencia del título comenzó en la misma fecha de su emisión.

El documento indica que la concesión fue otorgada en atención a una solicitud de BHMB Mining Nicaragua, sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República de Nicaragua. El lote Tierra Santa está localizado en el departamento de Madriz, dentro del municipio de Palacagüina, y su polígono exterior quedó delimitado por coordenadas expresadas en metros en el sistema UTM, NAD 27 y Zona 16.

La concesión otorga exclusividad sobre exploración, explotación y plantas de beneficio

La resolución establece, en nombre del Estado de Nicaragua, que la empresa recibe una concesión para el aprovechamiento de minerales metálicos. Ese derecho confiere exclusividad para la exploración, la explotación y el establecimiento de plantas de beneficio sobre las sustancias minerales comprendidas por la ley y encontradas dentro de la circunscripción autorizada.

El título también precisa que la concesión constituye un derecho real inmobiliario distinto e independiente de la propiedad del terreno donde se ubica. Según el documento, ese derecho puede ser cedido, traspasado, dividido, arrendado y fusionado con otras concesiones de la misma clase, siempre con autorización previa de la Dirección General de Minas-PGJ.

La respuesta central del documento es concreta: el Estado nicaragüense autorizó a BHMB Mining Nicaragua a desarrollar actividades mineras metálicas en un lote de 3,05 hectáreas en Palacagüina y le reconoció, por 25 años, exclusividad sobre esos trabajos dentro del área concedida.

La autoridad sostuvo que la empresa cumplió requisitos legales, catastrales y técnicos

De acuerdo con la Dirección General de Minas, la empresa cumplió con los requisitos y procedimientos previstos en la Ley 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. La certificación añade que la revisión catastral concluyó que las coordenadas presentadas por la sociedad cumplen con las exigencias de ley.

La misma dependencia señaló que la revisión técnica minera determinó que el perfil de la reseña técnica entregada por la empresa satisface los requisitos correspondientes. También dejó asentado que BHMB Mining Nicaragua dispone de documentos indicativos de capacidad técnica y financiera para desarrollar y concluir las actividades mineras dentro de la concesión.

El título impone además obligaciones expresas a la titular. Entre ellas figuran el cumplimiento de las normas en materia de seguridad laboral, protección ambiental y recursos naturales, así como de cualquier otra disposición legal, reglamentaria o normativa aplicable.

El registro minero oficial del país, administrado por el Ministerio de Energía y Minas, concentra el detalle de cada título de concesión. Ese universo suma alrededor de 144 concesiones efectivas sobre 1,74 millones de hectáreas, mientras entre 2021 y mediados de 2026 se adjudicaron decenas de lotes a empresas de origen chino, como Thomas Metal S.A. y Palacagüina Mining, que controlan cerca del 10% del territorio nacional.

Ese proceso también tiene impacto territorial más allá del caso puntual de Tierra Santa. Parte de las concesiones vigentes se traslapan con reservas naturales y territorios indígenas de la Costa Caribe, mientras los nuevos otorgamientos se publican oficialmente en La Gaceta - Diario Oficial de Nicaragua y pueden consultarse mediante certificaciones o constancias del Registro Central de Concesiones.

El crecimiento de las exportaciones peruanas no solo está moviendo mayores volúmenes de minerales, alimentos y otras mercancías hacia el exterior. Alrededor de estas actividades también comienza a crecer la demanda por tecnología, logística, infraestructura y servicios financieros especializados.

Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron los US$45.128 millones, un incremento de 37% frente al mismo periodo del año anterior, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El avance estuvo impulsado principalmente por la minería: los envíos de minerales metálicos y no metálicos sumaron US$33.393 millones y crecieron 53,1%.

En ese escenario, un análisis elaborado por Grupo Fuentes identifica cuatro actividades donde el crecimiento de los negocios principales podría traducirse también en oportunidades para proveedores: minería, agroexportación, servicios fintech y logística portuaria. La lectura no implica que todas esas inversiones vayan a concretarse automáticamente, pero apunta a necesidades que aumentan conforme las cadenas productivas ganan escala.

Minería: de extraer minerales a digitalizar operaciones

La minería ofrece uno de los escenarios más visibles. La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 del Ministerio de Energía y Minas comprende 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos y representa una inversión conjunta estimada de US$64.075 millones.

Esa cartera no se traduce únicamente en compras de maquinaria o construcción de nuevas operaciones. A medida que las minas incorporan mayor tecnología, aparecen necesidades vinculadas con automatización de procesos, inteligencia artificial, mantenimiento predictivo, sensores conectados, ciberseguridad industrial y eficiencia energética.

“Cuando estas industrias aumentan su escala y competitividad, también crece la necesidad de automatización, inteligencia artificial, logística especializada, infraestructura y soluciones financieras”, sostiene Mihael Damas, especialista de Grupo Fuentes.

El espacio para nuevos proveedores estaría así menos en competir directamente con las grandes compañías mineras y más en atender problemas específicos de sus operaciones: desde anticipar fallas de equipos mediante datos hasta controlar consumos de energía y agua.

Agroexportación: cadena de frío y tecnología para llegar más lejos

La agroexportación también continúa expandiéndose. Perú cerró 2025 con un récord de US$15.013 millones en ventas agrícolas al exterior, 17,3% más que un año antes.

El crecimiento continúa en 2026. Entre enero y mayo, las agroexportaciones sumaron US$4.713 millones, un avance interanual de 5,2%. Las uvas, paltas y arándanos estuvieron entre los principales productos de la canasta no tradicional.

Para las empresas que operan alrededor del sector, una parte de la oportunidad está en todo lo que ocurre antes de que una fruta llegue a un supermercado en Estados Unidos, Europa o Asia.

Eso incluye sistemas de riego de mayor precisión, trazabilidad, empaques, certificaciones y, especialmente, cadena de frío y logística especializada, fundamentales para reducir pérdidas y mantener las condiciones exigidas en mercados internacionales.

Fintech: 1,8 pagos digitales diarios por adulto

La transformación también ocurre en un sector menos ligado a las exportaciones físicas: los servicios financieros.

El Banco Central de Reserva informó que durante 2025 el número de pagos digitales per cápita aumentó 45,8% y llegó a 665 operaciones por adulto, equivalente a un promedio de 1,8 pagos digitales diarios. Desde los niveles previos a la pandemia, el crecimiento acumulado supera el 1.200%.

El avance ha sido impulsado en gran medida por billeteras digitales, transferencias y tarjetas de débito, además del proceso de interoperabilidad promovido por el BCRP.

Para las empresas, especialmente pequeñas y medianas, el siguiente espacio de desarrollo incluye soluciones de factoring digital, financiamiento alternativo, análisis de datos, prevención de fraude y herramientas para administrar pagos y liquidez.

No se trata únicamente de pagar desde un celular: el crecimiento de las transacciones digitales genera también demanda por sistemas capaces de procesar información, evaluar riesgos y detectar operaciones sospechosas.

Puertos: más infraestructura también exige servicios alrededor

La modernización portuaria completa el mapa. Al cierre de abril de 2026, los terminales concesionados supervisados por Ositrán acumulaban US$2.376 millones en inversiones ejecutadas, equivalentes al 57% de los compromisos contemplados en sus contratos de concesión.

Las inversiones han permitido ampliar muelles, patios de contenedores y almacenes, además de incorporar grúas y otros equipos. Durante 2025, los puertos concesionados movilizaron más de 65 millones de toneladas y superaron los 3,8 millones de TEU.

El movimiento alrededor de los terminales genera a su vez demanda por centros de distribución, almacenes especializados, parques industriales, última milla y desarrollos inmobiliarios destinados a empresas.

Ese es precisamente el hilo que conecta a los cuatro sectores: una mina necesita software y mantenimiento; una agroexportadora, refrigeración y trazabilidad; una pyme, financiamiento y pagos; y un puerto en expansión, infraestructura logística a su alrededor.

Más que buscar únicamente el próximo gran proyecto, las oportunidades pueden estar también en las empresas que provean los servicios necesarios para que esos proyectos y cadenas productivas puedan seguir creciendo.