Pese a una prohibición vigente hasta noviembre de 2026, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesión minera en la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable de Iquitos. El hecho fue observado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), que considera que el procedimiento contradice las medidas de protección establecidas por el Estado.

Los petitorios, identificados como Achuny y Jaguar Dorado, fueron presentados en noviembre de 2025 y ahora son objeto de una oposición administrativa que busca anular su tramitación. La controversia se produce mientras la cuenca del Nanay continúa bajo vigilancia por el avance de la minería ilegal y por su importancia para el abastecimiento de cientos de miles de habitantes de Loreto.

La controversia por los petitorios mineros en la cuenca del Nanay

El punto central de la controversia es el Decreto Supremo 022-2024-EM, que suspendió por dos años el otorgamiento de petitorios mineros en la cuenca del río Nanay. Esa medida, según advierten los defensores del territorio, sigue plenamente vigente hasta el 22 de noviembre de 2026. Sin embargo, el Ingemmet habría admitido a trámite dos nuevas solicitudes, lo que para el OMI representa una contradicción directa con la protección establecida por el propio Estado.

La reacción no tardó en llegar desde los frentes ciudadanos que desde hace años alertan sobre la presión extractiva en esta zona amazónica. El Nanay no es un río más en el mapa de Loreto: es la principal fuente de agua potable para Iquitos y varias comunidades aledañas. Por eso, cualquier trámite que abra la puerta a la actividad minera en su cuenca es leído como una amenaza inmediata para miles de familias.

“Es una burla a la población. A las 500.000 personas que dependen del río Nanay. Es increíble como funcionarios dentro del Estado terminan desconociendo sus propias funciones y normativas y poniendo en riesgo una vez más la vida de la gente”, denunció Jose Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos.

La preocupación, además, no se limita al plano administrativo. La protección del Nanay está respaldada por normas regionales y nacionales que han buscado frenar el avance de actividades extractivas en una cuenca considerada sensible por su valor ambiental y sanitario. Entre esas disposiciones figura la Ordenanza Regional 006-2003-CR/RL, que declara la zona como área de exclusión para la extracción minera.

A ello se suma la cercanía de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, un espacio de especial fragilidad ecológica que alberga ecosistemas únicos y especies endémicas. En ese entorno, la sola posibilidad de nuevos procesos mineros despierta alertas por el impacto que podría tener sobre el agua, la biodiversidad y la salud de la población.

La controversia se agrava porque, paralelamente, la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto ha solicitado la ampliación del estado de emergencia para reforzar las acciones frente a la problemática minera en la cuenca. Sin embargo, ese pedido aún no recibe respuesta del Gobierno Central, lo que mantiene a la zona en un escenario de incertidumbre institucional.

Antecedentes judiciales, oposición administrativa y una defensa que sigue abierta

El conflicto por el río Nanay no apareció recién con estos dos petitorios. La discusión ya había llegado al terreno judicial desde fines de 2023, cuando ciudadanos de Iquitos presentaron una demanda de amparo contra el otorgamiento de concesiones mineras superpuestas a la cuenca. El caso avanzó y en agosto de 2024 el Primer Juzgado Civil de Loreto declaró fundada en parte la demanda al reconocer el riesgo sobre el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua potable.

Luego, en enero de 2025, la Sala Civil de Loreto confirmó ese criterio, reforzando la idea de que la presión minera sobre el Nanay no solo es un tema ambiental, sino también un asunto vinculado con derechos fundamentales. Pese a esos antecedentes, el nuevo episodio volvió a instalar la duda sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias restricciones.

Desde el OMI, la lectura es directa: la admisión de los petitorios abre un precedente delicado. Karina Garay, abogada especializada en temas ambientales y vocera del colectivo, sostuvo que el marco legal vigente es claro respecto a la prohibición en la cuenca.

"El decreto establece una prohibición expresa por razones de seguridad y salud de la población de Loreto. Por ello, que una institución del propio Estado admita estos petitorios constituye una grave vulneración de una norma de cumplimiento obligatorio y genera un precedente preocupante, debiendo cualquier trámite o autorización en ilegal”, indicó Garay.

En paralelo, ya se presentó una oposición administrativa que solicita la nulidad de ambos procedimientos por considerar que su tramitación contraviene las restricciones vigentes para la cuenca del Nanay. La solicitud deberá ser evaluada en un plazo de 30 días calendario, un periodo que será clave para determinar si el caso avanza o se frena en sede administrativa.

La controversia ocurre, además, en un contexto marcado por la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. En octubre de 2025, un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sobre la cuenca del Nanay advertía que la actividad ilícita ya había generado una crisis social y ambiental con fuerte impacto en las comunidades ribereñas, especialmente en las mujeres. El documento señalaba también la presencia de 221 balsas mineras activas en 2024 y describía un escenario de contaminación por mercurio, afectación de peces y agua, y debilitamiento de la economía local.

Ese mismo informe recogía testimonios sobre comunidades que han empezado a bloquear ríos para frenar el avance de los mineros ilegales, ante la falta de respuesta estatal. También detallaba que las mujeres asumieron roles de vigilancia y defensa territorial frente a una situación que combina precariedad, violencia y abandono.

Comunidades afectadas y especialistas se reunieron este martes 23 de junio en Lima en el Foro Social “Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería” para debatir sobre la actividad extractiva en Perú, mientras más de 3.000 representantes empresariales participaban en el Congreso Mundial de Minería.

El encuentro alternativo, convocado por organizaciones de la sociedad civil, se realizó en el Hotel Carrera, en el distrito de Lince, con mesas de diálogo abiertas al público. La premisa fue que el debate sobre la minería peruana no puede darse sin la participación de quienes viven en los territorios donde opera esa industria.

El foro reunió a líderes comunitarios, representantes sindicales, académicos e instituciones de derechos humanos que suelen quedar al margen de los espacios donde se toman decisiones del sector. La agenda se organizó en torno a tres ejes: la disputa geopolítica por los minerales estratégicos, los desafíos de la minería artesanal y de pequeña escala y los problemas de gobernanza social y ambiental.

Minerales sin declaración y disputa geopolítica

Uno de los datos centrales del foro surgió de una investigación de CooperAcción: minerales estratégicos valuados en aproximadamente USD 500 millones —entre ellos vanadio, cobalto, galio, germanio, indio y telurio— saldrían del país “ocultos” dentro de los concentrados de cobre y zinc exportados, sin declaración aduanera, sin registro estadístico y sin control.

La cifra corresponde a estimaciones preliminares de 2024 y abarca solo seis minerales de los muchos que podrían estar en esa situación. Esos recursos tienen una demanda creciente por su uso en baterías, motores eléctricos, aerogeneradores, sistemas LED, drones, radares y equipos militares.

El foro presentó la investigación Los minerales ocultos y la disputa por el control de los recursos. Análisis comparativo de los casos de Perú, Chile e Indonesia, que examina cómo esos tres países, principales exportadores de concentrados de cobre del mundo, enfrentan el desafío de extraer valor de esos minerales dentro de sus propios territorios.

Conflictos y condiciones laborales

El 17,6% del territorio nacional está concesionado a la minería. Según la Defensoría del Pueblo y el Observatorio de Conflictos Mineros, los conflictos socioambientales representan el 51,1% del total de casos informados en el país, y de ese total, el 33,7% está vinculado de forma directa con la actividad minera.

Casos como los de Pasco, Espinar en Cusco, Las Bambas en Apurímac, La Oroya en Junín y Colpayoc en Cajamarca formaron parte del debate del foro por los problemas de contaminación ambiental que afectan a las poblaciones locales y sus medios de vida.

La situación laboral del sector también fue analizada. Alrededor del 70% de los trabajadores mineros son contratistas, frente a un 30% que trabaja de forma directa con las empresas. Entre 2001 y 2024 se registraron 11.000 accidentes incapacitantes y 333 accidentes fatales en el sector.

MAPE, concesiones y gobernanza

La minería artesanal y de pequeña escala fue otro de los focos del encuentro. Los participantes señalaron el crecimiento de la MAPE en todas las regiones del país, las continuas prórrogas al Registro Integral de Formalización Minera y los impactos ambientales y laborales asociados a las plantas de beneficio que permiten su “legalización”.

A eso se suma otro dato expuesto en el foro: más del 50% de las concesiones mineras del país está en manos del 1% de los titulares.

Frente a ese panorama, los participantes debatieron la necesidad de construir una nueva gobernanza minera que garantice la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana, la transparencia en la gestión de los recursos naturales y una distribución más equitativa de los beneficios de la actividad extractiva.

El programa del foro incluyó en la mesa de apertura a Steven Emerman, Pavel Aquino, César Flores y Paul Maquet, de CooperAcción, con moderación de Cinthia Navarro, de Oxfam. Las mesas presenciales también contaron con la participación del doctor Víctor Hugo Pachas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Earth First, y de la doctora Gisselle V. Benites, de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.

La implementación del RIGI en Argentina busca atraer capitales mediante beneficios fiscales, pero ¿qué garantías se establecen para el cuidado ambiental ante este modelo de incentivos?

Frente a la creciente demanda mundial de cobre y minerales críticos, el país se posiciona ante una oportunidad histórica. El reciente proyecto Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining en San Juan, refleja este escenario de consolidación.

Vicuña es el primer proyecto minero de cobre en ser incorporado al RIGI como Proyecto Estratégico de Exportación a Largo Plazo (PEELP), la categoría más beneficiosa del régimen. Integrado por los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, podría implicar inversiones superiores a los 15.000 millones de dólares y una producción anual cercana a las 395.000 toneladas de concentrado de cobre, posicionando al país como un actor fundamental en el mercado regional.

Una de las principales preocupaciones señaladas en torno a los grandes proyectos mineros en Argentina se vincula con los permisos ambientales, la disponibilidad de agua y la licencia social. La minería de cobre no es una actividad neutra: consume enormes volúmenes de agua, altera ecosistemas y genera pasivos ambientales que persisten décadas después del cierre de un yacimiento. Sin embargo, estos desafíos no reflejan ausencia de regulación, sino la existencia de un marco normativo que ordena la actividad.

La Constitución Nacional equilibra esta tensión: el artículo 75 inciso 18 encomienda promover el desarrollo económico, mientras que el artículo 41 reconoce el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo. Asimismo, el artículo 124 dispone que las provincias son titulares originarias de sus recursos naturales.

Esta base constitucional se integra con la Ley General del Ambiente, el Código de Minería y normativas provinciales. En San Juan, la Ley Nº 504-L prevé rigurosos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, intervención técnica y la potestad de de rechazar proyectos, y demás cuestiones.

Una inversión proyectada para operar durante varias décadas necesita algo más que estabilidad tributaria: requiere acceso al agua, aceptación de las comunidades, evaluaciones ambientales serias y reglas claras. Y eso, en definitiva, también es seguridad jurídica.

Un desafío pendiente: la cooperación ambiental con Chile

Ahora bien, que exista un marco normativo sólido no significa que no haya aspectos susceptibles de perfeccionamiento. El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, firmado en 1997 y aprobado mediante la Ley Nº 25.243, constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de proyectos binacionales.

En particular, el artículo 12 del Tratado establece que cada Estado aplicará su propia legislación ambiental en su jurisdicción. Sin embargo, ante la magnitud actual de los proyectos y la relevancia del cobre, resulta conveniente avanzar hacia la incorporación de estándares ambientales mínimos comunes.

Esta cuestión no está desarrollada en el tratado. Si bien es fundamental respetar la soberanía regulatoria de cada país, eso no impide promover mecanismos de coordinación para armonizar criterios básicos. Un piso mínimo común no implicaría uniformar leyes ni restringir inversiones, sino fortalecer la cooperación bilateral y brindar mayor previsibilidad frente a impactos que, por su naturaleza, trascienden las fronteras nacionales.

Esta observación excede el caso de Vicuña y podría servir como antecedente para futuras negociaciones internacionales sobre recursos estratégicos. El futuro de la actividad está ligado a una mayor cooperación binacional, donde la gestión ambiental se consolide como pilar de la seguridad jurídica y de la legitimidad de largo plazo.

El valor de una inversión de USD 1.000 en acciones de Southern Copper Corporation hace diez años alcanzó más de 7.300 dólares al 22 de junio de 2026, según estimaciones de Yahoo Finance, portal financiero. Este rendimiento, que excluye dividendos e incluye solo la apreciación del precio, representa una ganancia del 633% en una década, superando el desempeño del S&P 500 y del oro en el mismo período.

De acuerdo con información informada por Yahoo Finance, Southern Copper Corporation (SCCO) mantiene operaciones de minería, exploración, fundición y refinación de cobre y otros minerales en Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Chile y Ecuador. La compañía, con sede en Phoenix, Estados Unidos, posee las mayores reservas de cobre del sector y administra activos en países considerados como grado de inversión, principalmente en México y Perú.

La estructura operativa de Southern Copper se divide en tres segmentos: operaciones en Perú, minas a cielo abierto en México y minas subterráneas mexicanas. Las actividades en Perú, responsables de cerca del 36% de los ingresos, incluyen los complejos mineros Toquepala y Cuajone, junto con plantas de fundición y refinación, infraestructura ferroviaria e instalaciones portuarias asociadas. El segmento mexicano de minas a cielo abierto, que aporta el 58% de las ventas, abarca los complejos La Caridad y Buenavista, mientras que la unidad IMMSA integra cinco minas subterráneas que producen zinc, plomo, cobre, plata y oro, además de una mina de carbón y varias plantas de procesamiento industrial.

El crecimiento frente a mercados y panorama operativo

La evolución bursátil de SCCO en la última década ha superado ampliamente los resultados de referencias clave: el S&P 500 experimentó un alza del 262%, mientras que el oro registró un avance del 212% en el mismo lapso, según datos de Yahoo Finance. La compañía obtiene aproximadamente el 80% de sus ingresos de la venta de cobre, con el resto repartido entre molibdeno, plata y zinc.

El reporte trimestral indica que Southern Copper experimentó una caída del 4% en la producción de cobre durante el primer trimestre de 2026, atribuida a una menor ley de mineral en las operaciones peruanas. Aunque las proyecciones internas anticipan mejoras en la calidad del mineral para el resto del año, la expectativa para el cierre de 2026 apunta a una producción de 915.400 toneladas, un descenso interanual del 5%. También se prevé una reducción en los volúmenes de molibdeno, plata y zinc, aunque la compañía considera que la solidez de los precios de los metales compensaría parcialmente estos descensos.

Perspectivas de inversión y expansión regional

De acuerdo con el medio estadounidense, la demanda global de cobre se mantiene, apoyada por la transición global hacia energías limpias, mientras que el déficit de suministro previsto podría fortalecer los precios. Southern Copper proyecta elevar su producción hasta 1,6 millones de toneladas en la próxima década, respaldada por inversiones superiores a USD 20.500 millones en proyectos ubicados en Perú y México.

El valor de la acción de SCCO aumentó un 7,38% en las últimas cuatro semanas, según el seguimiento de Yahoo Finance. Ninguna estimación de beneficios para el ejercicio fiscal 2026 se ajustó a la baja en los últimos dos meses, mientras que cuatro analistas revisaron al alza sus proyecciones. Actualmente, la expectativa de consenso apunta a un entorno favorable para la empresa, aunque los costos crecientes de energía y mano de obra podrían presionar los márgenes en el corto plazo.

El conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja, que parecía dormido desde hace décadas, volvió a la superficie con fuerza esta semana. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para reafirmar el rechazo histórico de su provincia al decreto-ley 18.004, la norma que desde 1968 fija los límites entre ambas jurisdicciones, y para habilitar acciones judiciales que permitan reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina.

La respuesta del lado de la cordillera fue inmediata y contundente: tanto el gobernador Marcelo Orrego como la Cámara Minera de San Juan rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre el impacto que una disputa de ese tipo podría tener sobre las inversiones en curso.

El detonante inmediato de la escalada es el proyecto Vicuña, la sociedad formada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para explotar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en San Juan, pero con parte de su logística dependiente del territorio riojano. Apenas cuatro días antes del anuncio de Quintela, el Gobierno nacional había aprobado el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, comprometiendo una inversión inicial de USD 9.700 millones con posibilidad de escalar hasta USD 18.000 millones a lo largo de una década. El ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado al emprendimiento como “el mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”.

La aprobación del RIGI otorga a Vicuña beneficios de largo alcance: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por 40 años. Con el conflicto entre La Rioja y San Juan, se enciende la alarma sobre uno de los ejes más sensibles de cualquier inversión: la seguridad jurídica.

Una disputa de décadas que vuelve a escena

El conflicto limítrofe entre ambas provincias tiene raíces en la dictadura. El decreto-ley 18.004, firmado en diciembre de 1968 por el entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía y su ministro del Interior, Guillermo Borda, fijó los límites interprovinciales a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. La norma es precisa en sus definiciones: establece tramo por tramo la línea divisoria entre ambos territorios y deja en claro, en su artículo primero, que los parajes Ichigualasto y Los Baldecitos “quedarán en la provincia de San Juan”.

Sin embargo, en 1973 la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento. Ese rechazo es el que Quintela busca ratificar y proyectar en nuevas acciones legales.

El proyecto enviado a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado a “impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses” de la provincia en las áreas en disputa. Además, crea una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial de carácter permanente, integrada por siete diputados provinciales y miembros consultivos como historiadores, geógrafos y especialistas en minería y cartografía.

La posición riojana sostiene que el acuerdo de 1968 fue perjudicial para sus intereses territoriales y que significó un “despojo” de áreas que hoy tienen enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos. La reactivación del reclamo no es casual: la cordillera sanjuanina se convirtió en los últimos años en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero del país, con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y el propio distrito Vicuña.

El conflicto tuvo un episodio concreto en abril, cuando la Justicia riojana suspendió temporalmente las operaciones en territorio de esa provincia y cerró caminos estratégicos, argumentando que Vicuña no había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente ante las autoridades riojanas.

“Nuestra jurisdicción no está en discusión”

La respuesta del gobernador sanjuanino fue inmediata. A través de su cuenta de X, Orrego descartó cualquier posibilidad de negociación sobre el territorio. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, escribió el mandatario.

Orrego fue más allá y convocó a la unidad política interna ante lo que calificó como una amenaza sobre el patrimonio provincial. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, afirmó.

El argumento jurídico central de San Juan es que la Ley 18.004 no puede ser modificada por una norma provincial. La Constitución Nacional reserva al Congreso la facultad de fijar límites entre provincias, por lo que ninguna legislatura provincial podría alterarlos de manera unilateral. El propio proyecto de Quintela, al mencionar que la Fiscalía de Estado deberá coordinar con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso y recurrir a la Justicia, reconoce implícitamente que el camino no pasa por la sola voluntad de la Legislatura local.

La reacción del sector privado

La Cámara Minera de San Juan también tomó posición de manera pública. En un comunicado emitido este viernes, la entidad advirtió sobre los riesgos que genera cualquier cuestionamiento a las condiciones legales vigentes. “La Cámara Minera de San Juan expresa su preocupación hacia las iniciativas orientadas a cuestionar o desconocer situaciones jurídicas e institucionales consolidadas, cuya estabilidad resulta esencial para el desarrollo de inversiones de largo plazo”, señaló el texto.

La entidad recordó que San Juan construyó durante décadas una reputación basada en la previsibilidad institucional y la continuidad de políticas de Estado, y subrayó que ese historial fue lo que permitió atraer inversiones y generar empleo. “La actividad minera requiere reglas claras y seguridad jurídica. Las inversiones que hoy se encuentran en distintas etapas de desarrollo demandan confianza en las instituciones y en la vigencia de los marcos legales que sustentan las decisiones de inversión”, advirtió la Cámara.

El comunicado incluyó además un llamado a priorizar el diálogo por sobre la confrontación política. “En momentos como los que vivimos, es primordial que prime la racionalidad, el diálogo institucional y una visión clara que permita el crecimiento del país. La actividad minera que impulsa nuestra Cámara puede convertirse, dentro de poco, en un gran complejo exportador, generador de empleo y beneficios económicos para toda Argentina. Es una oportunidad histórica que no debe demorarse y empañarse por discusiones de orden político”, concluyó.

El contexto financiero de La Rioja

La posición de Quintela en este conflicto se produce en un momento de fragilidad fiscal para su provincia. A principios de junio, el propio gobernador reconoció ante Infobae que La Rioja atraviesa dificultades para afrontar el pago de salarios y anunció el retorno de los “chachos”, denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade), cuasimonedas que ya habían sido utilizadas como herramienta de emergencia en el pasado. “Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”, dijo Quintela. La provincia también solicitó al gobierno nacional un adelanto de $85.000 millones en concepto de coparticipación, sin obtener respuesta hasta el momento.

En esa misma entrevista, Quintela había calificado al RIGI como “una entrega total de nuestros recursos” y se había mostrado crítico de la gestión económica nacional. “Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias”, señaló entonces.

Lo que está en juego

Más allá de los argumentos históricos y jurídicos, el trasfondo económico del conflicto es de primera magnitud. Vicuña proyecta una producción promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata, con exportaciones esperadas de USD 6.000 millones anuales una vez en plena operación, una cifra equivalente a la totalidad de lo que exportó la minería argentina en 2025, cuando el sector marcó un récord de USD 6.037 millones. La etapa de construcción demandará 12.000 puestos de trabajo directos y la fase operativa sostendrá 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con más del 81% de los empleados directos oriundos de San Juan.

La relevancia de la provincia en el mapa minero internacional quedó reflejada en el último ranking del Instituto Fraser, de Canadá, que ubicó a San Juan como el 18° (sobre 68) distritos mineros del mundo, con 76,94 puntos sobre 100, lo que la convierte en la jurisdicción más atractiva de América Latina en minería. El informe también identificó entre las preocupaciones emergentes para San Juan precisamente los “conflictos por reclamos territoriales”, una advertencia que cobra mayor relevancia a la luz de la disputa en curso.

¿El asesinato de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la banda criminal Tren de Aragua ejecutado en una operación conjunta realizada por fuerzas de Estados Unidos y Venezuela, llevó la paz a la zona del Arco Minero, en el sur del país?

Un informe de la ONG Provea destaca que en los sectores de Las Claritas y Kilómetro 88 en el estado Bolívar, se respira una aparente “tranquilidad” cargada de incertidumbre por el rumbo que puedan tomar los acontecimientos.

“Lo que no se sabe ahora es qué va a pasar con los mineros. Hay mucha gente inocente que lo que trabaja es para mantener a sus familias. Y en el pueblo hay mucha gente que se beneficia del comercio por el movimiento constante que hay. Ahora no sabemos qué viene”, cita el informe de Provea entre los testimonios de los lugareños.

El mismísimo presidente Donald Trump se encargó personalmente de informar al mundo sobre la muerte de “Niño Guerrero” la noche del viernes 12 de junio. Posteriormente, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó el hecho, sin ofrecer mayores detalles sobre el despliegue policial y militar que liquidó a uno de los delincuentes más buscados de la región.

Zona roja

El reporte de Provea advierte que “el control de los grupos irregulares armados en las zonas mineras ha impuesto una especie de ‘Estado paralelo’, con normas a las que, para su supervivencia, el pueblo se ha adaptado e incluido en su cotidianidad”.

Además de bandas criminales como el Tren de Aragua, en el Arco Minero -área que comprende más de 111 mil kilómetros cuadrados- se ha podido documentar la presencia de las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“La creación del Arco Minero del Orinoco, en 2016, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala -con la consecuente afectación al medioambiente y a los territorios indígenas- y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo”, resalta Provea.

La ONG SOS Orinoco acusa directamente al régimen chavista de “destruir sistemáticamente proyectos formales como Gold Reserve y Crystallex, e incluso los del propio Estado venezolano como Minerven, generando una deuda multimillonaria y abriendo el camino para que la minería informal, destructiva, y las mafias, los grupos armados ocuparan el territorio”.

Nuevos negocios

La decisión del difunto presidente Hugo Chávez de revocar las concesiones mineras otorgadas a las transnacionales, dio pie a una serie de demandas de miles de millones de dólares que hoy forman parte de los compromisos que pesan sobre el Estado venezolano. “No fue ausencia del Estado. Fue un Estado pervertido que protegió y benefició la criminalidad y toda ilegalidad”, sostiene SOS Orinoco.

Tras la caída de Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promulgó en tiempo récord una reforma a la Ley de Minas y recibió en el palacio de Miraflores al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien se hizo acompañar por una comitiva de empresarios del sector minero con el fin de explorar oportunidades de negocios en el país.

Más allá de la eliminación de “Niño Guerrero” y del desembarco de inversionistas norteamericanos, los activistas apuntan que queda mucho trabajo por hacer en el Arco Minero.

“Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional”, alerta Provea.

La minería enfrenta un bajo dinamismo en los primeros meses del año. Esta desaceleración, en un sector que representa 9% del PBI, limita la generación de empleo formal y los encadenamientos que la minería tiene con otras actividades. Más aún, esto ocurre en una coyuntura en que la conflictividad social se ha incrementado y se sitúa como un riesgo a gestionar para el inicio de nuevos proyectos mineros.

Menor dinamismo minero

La producción minera muestra señales de desaceleración en los últimos años. En 2025, el sector tuvo un crecimiento moderado de 2.0%, menor al año previo (2024: +3.2%). La producción de cobre, principal metal de exportación, creció apenas 1.0% impulsada por la extracción en Las Bambas (Apurímac), aunque ello fue parcialmente contrarrestado por menores registros en Antamina (Áncash), debido a trabajos de mantenimiento, y en Cerro Verde (Arequipa) por menor concentración del metal. A ello se suma el limitado avance de la producción de oro (+1.5%) debido a interrupciones en la operación de la minera Poderosa (La Libertad) ante la creciente presencia de la minería ilegal.

En 2026, persiste la desaceleración del sector: entre enero y abril, la minería creció solo 0.5% respecto del mismo periodo del año anterior. Pese a la mayor producción de cobre (+3.6%), la producción de oro se redujo (-4.1%), principalmente por el menor procesamiento del mineral en La Libertad. A ello, se suman las caídas del molibdeno (-7.4%) y del zinc (-4.6%) ante un menor ritmo de extracción de ambos metales en Antamina (Áncash).

Conflictos sociales como factor de riesgo

En este contexto de desaceleración, la conflictividad social asociada a la minería vuelve a ser un riesgo relevante. Entre enero y abril de 2026, tres de cada cinco conflictos socioambientales activos ocurrieron en el área de influencia de la actividad minera. En este periodo, se registraron 58 casos activos en promedio, 16.1% más que en el mismo periodo de 2025 (50). Este escenario puede afectar la producción y retrasar nuevos proyectos: según estimaciones del IPE, los proyectos mineros en el Perú requieren en promedio cerca de 40 años desde el inicio de su etapa de exploración hasta su entrada en producción.

Situación minera en Cusco

El riesgo de la conflictividad y el menor dinamismo del sector se evidencia en Cusco, región donde la minería ya mostró señales de deterioro en 2025. En dicho año, el sector cayó 13.0% debido a la menor producción de cobre (-11.8%). Este resultado respondió tanto a la menor concentración del metal como a las protestas en Espinar, que restringieron el tránsito en el Corredor Minero del Sur y limitaron el traslado del mineral procesado.

Pese a que la producción de cobre en la región creció 6.2% entre enero y abril 2026, la conflictividad sigue latente. A abril, Cusco concentró el 13% de los conflictos sociales en áreas de influencia minera, el tercer mayor registro solo por detrás de Puno (17.5%) y Apurímac (14.0%). Además, las recientes tensiones en Espinar, surgidas por el reclamo de las comunidades acerca de los estudios de impacto ambiental del proyecto Integración Coroccohuayco, evidencian que, sin una gestión pública adecuada de estos conflictos, se continuará postergando el aprovechamiento de la cartera de proyectos mineros.

Recomendaciones En este contexto, es clave acelerar el desarrollo de nuevos proyectos mediante procedimientos administrativos predecibles y con plazos claros, la eliminación de duplicidades y el fortalecimiento de entidades clave como Senace y ANA. Asimismo, se debe mejorar la relación con las comunidades, fortaleciendo la consulta previa, la participación ciudadana, el uso del canon minero para cerrar brechas y el catastro nacional integrado.

Artículo elaborado por Miguel Alzamora, economista sénior del IPE, con lacolaboración de Sandro Sotacuro.

El comercio exterior argentino atraviesa un cambio que va más allá del histórico protagonismo del campo. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestra que la matriz exportadora del país sumó nuevos motores de generación de divisas, con la minería y la energía como protagonistas de un proceso que se aceleró en los últimos años y que ya comienza a modificar el comportamiento estacional del mercado cambiario.

Según la BCR, minería y energía registraron en el primer cuatrimestre de 2026 ingresos netos por comercio exterior de bienes de USD 5.568 millones, el máximo valor del que se tiene registro. La cifra, que surge de los datos publicados por el Banco Central (BCRA), supera en USD 2.098 millones a la de 2025 y más que duplica el resultado observado en 2024. En otras palabras, ambos sectores en forma conjunta duplicaron su capacidad para generar dólares en sólo dos años.

El informe explica que ese salto responde a dos fenómenos que se combinan: “entre el crecimiento productivo del sector energético que aumenta exportaciones y disminuye necesidades de importación y, los buenos precios internacionales de los productos mineros, se configura un escenario positivo en los saldos sectoriales”.

La mejora de estos dos sectores se da en un contexto en el que, siguiendo la clasificación sectorial del BCRA, agroindustria, minería y energía fueron las únicas actividades con saldo positivo en la liquidación neta de divisas por comercio exterior de bienes durante el primer cuatrimestre del año. En conjunto, los tres rubros generaron un ingreso neto de USD 17.605 millones, “un récord y una suba interanual del 20,9%”, según precisó la BCR.

La minería lidera el salto

Dentro del bloque minero y energético, la minería fue el rubro de mayor crecimiento relativo. Aportó USD 2.927 millones, USD 1.372 millones más que en 2025, lo que equivale a una suba interanual del 88%. El petróleo, por su parte, sumó USD 2.877 millones, con un incremento de USD 786 millones respecto al año anterior, equivalente a un 38%.

En sentido contrario, electricidad y gas mantuvieron saldos levemente negativos, aunque de una magnitud reducida frente al aporte positivo de minería y petróleo, y lejos de los desequilibrios registrados entre 2022 y 2023.

El agro sigue liderando, aunque crece a otro ritmo

La BCR remarcó que, pese al avance de minería y energía, “la agroindustria continúa liderando la liquidación neta de dólares por comercio exterior de bienes”. Los cobros netos de los principales complejos agroindustriales totalizaron USD 12.037 millones en el primer cuatrimestre, USD 948 millones por encima de 2025, una suba interanual del 8,6% y el cuarto mayor valor desde al menos 2003 para igual período.

Dentro de ese total, el complejo oleaginoso y cerealero aportó USD 7.590 millones, una baja del 3,6% frente a 2025, aunque continúa explicando cerca de dos tercios del saldo agroindustrial. Alimentos, bebidas y tabaco alcanzó USD 3.236 millones, con una mejora interanual de USD 902 millones, mientras que agricultura, ganadería y otros sectores primarios sumaron USD 1.211 millones, el valor más alto de la serie considerada por la BCR.

La apuesta oficial detrás del nuevo mapa exportador

El crecimiento de minería y energía no es ajeno a la estrategia económica del Gobierno. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo en las últimas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que el país avanza hacia una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería, lo que permitiría un desempeño más equilibrado en la acumulación de reservas a lo largo del año, en contraste con el esquema tradicional concentrado en la liquidación de la cosecha gruesa entre abril y junio.

En ese marco, el equipo económico apuesta a que los proyectos amparados en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) sostengan el flujo de dólares asociado a la etapa de inversión de ambos sectores en los próximos años.

Según datos del Banco Central, el flujo neto de las iniciativas amparadas en el RIGI superó los USD 700 millones hasta abril. Hasta el momento, tuvieron el visto bueno 19 proyectos y la gran mayoría pertenece a los sectores de minería y energía. Sin ir más lejos, el Gobierno aprobó este martes el ingreso del proyecto minero Vicuña, el mayor emprendimiento de la historia del sector en Argentina, con una inversión inicial de USD 9.700 millones,, que podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década.

La minería en Perú busca dar un paso clave hacia la autosuficiencia industrial y desprenderse de la histórica dependencia de la importación de componentes esenciales para su operación.

El nuevo objetivo es fabricar localmente los liners, un componente técnico fundamental que recubre y protege los grandes molinos encargados de triturar el mineral extraído de las minas, permitiendo así la eficiencia y continuidad de las operaciones extractivas.

La posibilidad de producir estos elementos en territorio nacional marca un avance estratégico para la cadena de valor minera sudamericana, tradicionalmente expuesta a demoras, sobrecostos y falta de flexibilidad por depender de proveedores extranjeros.

¿Qué es un liner y para qué metales se usa?

El liner es una pieza técnica que recubre el interior de los molinos industriales, protegiéndolos del desgaste causado por el material en proceso y ayudando a que la molienda sea más eficiente.

Sin este componente, la vida útil del molino se vería reducida drásticamente y el proceso de reducción de tamaño del mineral sería mucho menos eficiente.

Aunque su uso es fundamental en la minería de cobre, los liners también son esenciales para la molienda de oro, hierro y otros minerales estratégicos en la región andina y a nivel global.

Impacto de la industrialización local en la cadena minera

La firma de soluciones Bradken explica para Infobae Perú que producir localmente estos componentes permite reducir tiempos de entrega, bajar los costos logísticos y responder con mayor rapidez a las necesidades de las operaciones mineras.

Esta integración disminuye la vulnerabilidad ante interrupciones globales en el comercio y fortalece la resiliencia de toda la cadena de valor minera. La compañía tiene incluso una nueva operación en Chilca para suministrar estos liners.

No es el único paso: el sector ha avanzado con la incorporación de tecnologías de automatización, digitalización y materiales avanzados. Las nuevas líneas de producción permiten monitorear en tiempo real el desgaste de los liners, anticipar mantenimientos y maximizar la eficiencia operativa.

Para la firma australiana, el desarrollo de estos materiales híbridos y el uso de herramientas digitales está desafiando los estándares de calidad y competitividad en la fabricación de componentes para la minería peruana.

Efecto multiplicador en empleo y servicios industriales

Bradken resalta que la industrialización de estos liners fomenta la formación de polos tecnológicos y la especialización de trabajadores, fortaleciendo el ecosistema industrial vinculado a la minería.

Sostiene que el desarrollo de capacidades productivas locales, además, genera empleo directo en áreas técnicas e industriales, y también impulsa la demanda de servicios en logística, transporte, mantenimiento y suministro de insumos.

Además, las nuevas plantas en Sudamérica priorizan el uso de energías renovables, la economía circular y la reducción de emisiones. “La sostenibilidad es ahora un criterio central en el diseño y operación de instalaciones industriales, con metas de carbono neutralidad y reciclaje de materiales”, señala.

Estos avances responden a regulaciones más estrictas y a la presión de los mercados globales, que exigen una minería más limpia y responsable.

Retos y oportunidades de la cadena regional de suministros mineros

A pesar de los avances, la industria minera sudamericana encara una serie de desafíos estructurales. La creciente demanda global de cobre y minerales críticos, impulsada por la transición energética y la expansión tecnológica, exige una capacidad de respuesta cada vez mayor por parte de los proveedores regionales.

Esto obliga al sector a innovar de manera constante, tanto en materiales como en procesos productivos, para mantener la competitividad frente a actores internacionales con mayor escala y recursos.

Sin embargo, esta búsqueda de autonomía industrial para el tercer mayor productor cuprífero del mundo también abre oportunidades antes no exploradas.

Para países como Perú, apostar por la producción local de componentes clave como los liners, pueden fortalecer su posicionamiento en la minería global, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible e independiente, sentencia.

La región de Crucitas, ubicada en el distrito de Cutris en San Carlos, Costa Rica, se ha convertido en el epicentro de una crisis ambiental y de seguridad, marcada por la intensificación de la minería ilegal de oro y la presencia del crimen organizado. Este escenario fue abordado por la presidenta Laura Fernández durante su conferencia semanal, donde reafirmó que no consentirá el saqueo del oro costarricense y defendió el derecho nacional sobre esos recursos.

Tras la cancelación de un proyecto minero a gran escala promovido por la compañía canadiense Industrias Infinito, la zona de Crucitas experimentó un vacío de control estatal.

Según lo expuesto por el gobierno y documentado por medios como La Nación, cientos de mineros artesanales, conocidos localmente como “coligalleros”, operan clandestinamente en la región, utilizando técnicas que implican el uso de mercurio y cianuro. Estas sustancias han contaminado mantos acuíferos, ríos y suelos, agravando la situación ambiental y poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas.

Por lo que, la mandataria subrayó: “Esa riqueza es de Costa Rica y debería de estarse generando para construir escuelas, para mejorar caminos, carreteras y por supuesto, la seguridad de todo el territorio nacional”. Las autoridades han reconocido que la extensión del área, de aproximadamente 800 hectáreas, supera la capacidad de vigilancia de los cuerpos policiales, quienes enfrentan riesgos crecientes por la actividad delictiva y la presión del crimen organizado.

Para dar seguimiento a la crisis, Fernández encabezará una visita oficial a Crucitas junto a ministros del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Seguridad Pública, Justicia y Paz y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), además del ministro de Salud. El objetivo es realizar una inspección técnica, actualizar las acciones de control y dialogar con las asociaciones de desarrollo local.

La mandataria enfatizó que se trata de una “visita de trabajo” y no de un acto simbólico. También agradeció la disposición de algunos diputados de distintas bancadas para acompañar la visita, señalando las limitaciones físicas o de salud de quienes no podrán asistir, como la diputada Abril Folem del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Debate legislativo y polarización política

La crisis en Crucitas también ha reavivado el debate político sobre cómo gestionar los recursos minerales del país. El 25 de noviembre de 2024, Laura Fernández, entonces ministra de la Presidencia, presentó un proyecto de ley para regular y explotar de manera sostenible la minería en Cutris de San Carlos.

El texto fue consensuado con las principales fracciones legislativas. Sin embargo, el proyecto acumula 651 mociones presentadas, principalmente por el Frente Amplio, la diputada Claudia Dobles y el Partido Liberación Nacional (PLN), lo que ha retrasado su avance en la Asamblea Legislativa.

De igual manera, la presidenta alertó sobre propuestas que buscan transformar Crucitas en una reserva ambiental, cuestionando la viabilidad financiera y operativa de una limpieza total de la zona: “Eso cuesta doscientos millones de dólares aproximadamente… y por arte de magia se van a dejar de meter ahí a robarse el oro”. Recordó que la problemática de la fiebre del oro persiste, pues el conocimiento sobre los yacimientos ya está extendido y el control policial resulta insuficiente ante la magnitud del territorio.

Fernández sostuvo que la única salida sostenible es la aprobación de un marco legal que permita la explotación ordenada y controlada del oro residual, con el Estado como garante de los recursos y la protección ambiental. Durante su gira, también se reunirá con representantes de las comunidades afectadas para escuchar sus demandas y evaluar posibles soluciones.

El futuro de Crucitas depende ahora de la capacidad de la Asamblea Legislativa para destrabar el proyecto de ley. Mientras tanto, la crisis ecológica y de seguridad sigue vigente, con un impacto directo sobre la vida de las familias del norte de Costa Rica.

El litio se ha posicionado como un recurso para la economía mundial, impulsado por la demanda de baterías recargables en teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos.

A medida que la transición energética avanza, el interés por las reservas de litio de este metal crece y ciertos países se vuelven protagonistas del mercado global.

Según el portal especializado en ciencia y tecnología HowStuffWorks y datos respaldados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el valor estratégico del litio ha hecho que gobiernos y empresas intensifiquen la búsqueda y el desarrollo de nuevos yacimientos.

Los países con mayores reservas de litio

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, estos son los 5 países con mayores reservas de litio, ordenados de menor a mayor:

5. Australia: 10 millones de toneladas

Se ha consolidado como líder en la producción mundial de litio, gracias a depósitos de roca dura como Greenbushes, en Australia Occidental. El país ha desarrollado una industria minera con alta tecnología y estándares ambientales cada vez más exigentes, que le permite abastecer principalmente a los mercados asiáticos y europeos.

En los últimos años, Australia ha recibido importantes inversiones extranjeras para expandir su capacidad extractiva y fortalecer su posición global, actuando como proveedor clave para empresas tecnológicas y automotrices.

4. Chile: 13 millones de toneladas

Cuenta con una industria extractiva altamente desarrollada, centrada en el salar de Atacama, una de las zonas más áridas y soleadas del planeta, lo que facilita la evaporación natural en el proceso de obtención del mineral.

El litio es considerado un recurso estratégico en el país, con regulaciones específicas que limitan la participación extranjera y promueven la intervención estatal.

Chile ha mantenido durante décadas una posición de liderazgo en exportación, firmando acuerdos con multinacionales y apostando a la innovación para mejorar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental.

3. Bolivia: 23 millones de toneladas

Las reservas bolivianas se concentran en el salar de Uyuni, el mayor yacimiento sin explotar del mundo.

Bolivia ha impulsado varios planes para industrializar el litio y captar mayor valor agregado, aunque enfrenta desafíos técnicos, logísticos y regulatorios que han limitado la entrada de capital extranjero y el desarrollo de una industria exportadora robusta.

Las condiciones climáticas, la falta de infraestructura y la complejidad de la extracción en salares de alta altitud dificultan el avance de los proyectos, aunque el país mantiene negociaciones para alianzas internacionales.

2. Argentina: 28 millones de toneladas

El litio argentino se encuentra en salares del noroeste, especialmente en la provincia de Catamarca y el salar del Hombre Muerto.

En los últimos años, la industria local ha experimentado un marcado crecimiento debido al interés de empresas internacionales y la multiplicación de proyectos en distintas etapas, que van desde la exploración inicial hasta operaciones comerciales consolidadas.

El sector enfrenta el desafío de combinar el desarrollo productivo con prácticas responsables, avanzando hacia una mayor sustentabilidad y fomentando el diálogo con las comunidades cercanas a los yacimientos.

1. Estados Unidos: 30 millones de toneladas

Lidera el ranking global con la mayor cantidad de reservas estimadas, ubicadas principalmente en Nevada y otras zonas del oeste del país.

Ante el auge de la movilidad eléctrica y la necesidad de reducir la dependencia de importaciones, Estados Unidos ha impulsado políticas para aumentar la exploración, el desarrollo de tecnologías propias y la creación de cadenas de suministro internas.

El país apuesta a asegurar el suministro estratégico para su industria tecnológica y automotriz, priorizando la innovación y el desarrollo de métodos más eficientes y sostenibles.

El Triángulo del Litio, integrado por Argentina, Bolivia y Chile, concentra una parte significativa de las reservas mundiales: Argentina busca capitalizar esa posición con la expansión de proyectos y la atracción de capital extranjero, mientras Bolivia enfrenta limitaciones de infraestructura y marcos regulatorios.

Qué se considera reserva de litio

Las reservas de litio corresponden a los recursos identificados y económicamente explotables en cada país, según las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos. Estas cifras están sujetas a revisión conforme avanzan la exploración y el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción.

El cálculo de las reservas no solo depende de la cantidad de litio presente en el subsuelo, sino también de factores como la viabilidad económica de explotación, el acceso a los yacimientos, la calidad del mineral y los precios internacionales. Por eso, un país puede poseer abundantes recursos geológicos, pero solo una parte se considera reserva si es técnicamente posible y rentable extraerla en el contexto actual.

Desafíos y oportunidades para los países con reservas de litio

Contar con las mayores reservas de litio no garantiza el liderazgo en el mercado mundial. Bolivia, pese a su volumen, enfrenta dificultades para convertir su potencial en ingresos sostenibles, debido a limitaciones de infraestructura, marcos regulatorios y la necesidad de atraer inversiones extranjeras.

Por el contrario, Chile y Australia han logrado consolidar sus industrias extractivas sobre la base de estabilidad política, experiencia minera y acuerdos comerciales internacionales. Ambos países han invertido en investigación y en el cumplimiento de estándares ambientales, factores que les permiten acceder a mercados y asegurar contratos de largo plazo con fabricantes de baterías y vehículos eléctricos.

Estados Unidos, además de liderar en reservas, apuesta a fortalecer su independencia energética mediante la innovación y el desarrollo de tecnologías propias. La competencia internacional por el litio impulsa la cooperación entre gobiernos y empresas, así como la búsqueda de prácticas más sostenibles.

El régimen de Nicaragua otorgó una concesión minera de 11,042,01 hectáreas a la empresa china Sierra Dorada Mining S.A., la primera que recibe esa firma y la duodécima entregada a una compañía de China después de las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, señala una publicación este martes en el Diario Oficial La Gaceta.

La adjudicación amplía la presencia de capital chino en una actividad que ya ocupa más del 8.5 % del territorio nacional, de acuerdo con un informe de la ONG ambientalista Fundación del Río.

La concesión fue otorgada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia y abarca terrenos ubicados entre los municipios de San Pedro de Lóvago, Santo Tomás, La Libertad y Santo Domingo, en el departamento de Chontales, en el centro del país, detalla una publicación de EFE. Se trata de la primera autorización minera concedida a Sierra Dorada Mining S.A.

El nuevo permiso se suma a un proceso más amplio de expansión de concesiones a empresas chinas. Entre 2021 y 2026, el Gobierno sandinista cedió derechos mineros en 84 lotes a 19 compañías de China que ocupan 1,274,908.33 hectáreas, equivalentes a más del 8.5 % del territorio nicaragüense, incluidas áreas protegidas, indígenas y afrodescendientes, según los registros citados por Fundación del Río en el informe Invasión minera china en Nicaragua.

La expansión de las concesiones chinas coincide con sanciones de Estados Unidos

La nueva concesión fue informada semanas después de otra presión internacional sobre el sector. A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras vinculadas con la extracción y comercialización de oro en el país.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con el sector aurífero.

Ese contexto explica por qué la nueva entrega de tierras a una firma china no aparece como un hecho aislado. La concesión a Sierra Dorada Mining S.A. se inscribe en una etapa en la que el sector minero ganó peso en la economía nicaragüense y, al mismo tiempo, quedó bajo mayor escrutinio internacional.

El oro se convirtió en el principal producto de exportación de Nicaragua

Las exportaciones mineras de Nicaragua alcanzaron $2,009.2 millones en 2025, un alza del 44.4 % frente a 2024, cuando totalizaron $1,391.6 millones, según el informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y los datos del Banco Central. Esos números muestran la importancia del sector en la captación de divisas del país.

Dentro de ese desempeño, el oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación nicaragüense. Según datos oficiales, generó ingresos por $1,971 millones, equivalentes al 22.7 % del total exportado, con un volumen de 19.9 toneladas métricas, una marca histórica para el país.

Los principales destinos del oro nicaragüense fueron Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea, de acuerdo con la información oficial. Ese flujo comercial convivió con la ampliación de permisos de explotación en distintas zonas del territorio nacional.

Fundación del Río advirtió en su informe que “los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos’”. Entre esos recursos, la organización mencionó cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

El Gobierno aprobó este martes el ingreso del proyecto minero Vicuña, el mayor emprendimiento de la historia del sector en Argentina, con una inversión inicial de USD 9.700 millones que podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década. El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

El proyecto es desarrollado por Vicuña, la sociedad conformada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, y tiene como eje la explotación de los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en la provincia de San Juan, en el límite con Chile.

“Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”, escribió Caputo en la red social. El ministro subrayó que la aprobación representa “más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos”.

La admisión al RIGI se da bajo la categoría PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo), una figura que otorga beneficios impositivos y legales de largo alcance: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año, levantamiento de controles de capital a partir del tercero y estabilidad fiscal y legal por 40 años. La compañía había solicitado esa adhesión en diciembre de 2025.

“La aprobación del RIGI constituye un paso importante para acompañar el desarrollo de largo plazo de Vicuña. Más allá de las implicancias para las próximas etapas del proyecto, Vicuña ya genera hoy empleo, contratación de servicios y actividad económica en San Juan y la región”, resaltaron fuentes de la compañía frente a la aprobación del proyecto en el marco del régimen.

Producción récord y tres etapas de desarrollo

El proyecto se estructura en tres fases. La primera, con una inversión de USD 7.100 millones entre 2027 y 2030, se concentra en el depósito Josemaría con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora. La segunda etapa incorpora los recursos de óxidos de Filo del Sol para ampliar la capacidad productiva. La tercera prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol, con infraestructura estratégica que incluye una planta desalinizadora de agua y un sistema de transporte de concentrado.

Una vez en plena operación, Vicuña proyecta una producción promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. Las exportaciones esperadas durante la fase operativa ascienden a USD 6.000 millones anuales, un monto equivalente a la totalidad de lo que exportó la industria minera argentina en 2025, cuando el sector marcó un récord de USD 6.037 millones.

En materia de empleo, la etapa de construcción demandará 12.000 puestos de trabajo directos, mientras que la fase operativa sostendrá unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos.

La empresa estima que el 90% de esa mano de obra será de origen local. Según fuentes cercanas a la compañía, Vicuña emplea en la actualidad a 2.615 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.421 se desempeñan en la operación argentina: 580 empleados directos y 1.841 personas a través de empresas contratistas. El 92,6% de la nómina global es de nacionalidad argentina y, entre los empleados directos, más del 81% son oriundos de San Juan.

El RIGI como condición de viabilidad

A comienzos de febrero, en un encuentro con periodistas del que participó Infobae, referentes de Vicuña fueron explícitos sobre el papel del régimen en la decisión de radicar el proyecto en Argentina. “El RIGI es crítico, sin esa herramienta no habría proyecto. Es una gran inversión y es a muy largo plazo. Y, justamente, lo que brinda la normativa es estabilidad de largo plazo para el régimen fiscal, completamente necesario para inversiones de esta magnitud”, afirmaron. Y agregaron: “Los países tienen que crear las condiciones para que las mineras quieran venir a explotar los minerales. El oro no tiene valor cuando está enterrado”.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, había definido al proyecto como “una oportunidad transformacional para la Argentina” y señaló que, como uno de los distritos de cobre sin desarrollar más relevantes del mundo, “tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones”. La concreción del plan, precisó entonces, dependería de una decisión final de los accionistas antes de fin de año.

Actualmente, el volumen de extracción de cobre en la Argentina es marginal. Sin embargo, el país cuenta con reservas de clase mundial que la posicionan como uno de los territorios con mayor potencial en un contexto de demanda creciente del metal para la electrificación global. De hecho, se espera que el país alcance una producción de 1 millón de toneladas anuales hacia la próxima década gracias a la reactivación y desarrollo de proyectos como el de Vicuña.

La polémica del campamento chino

La aprobación del RIGI llega días después de que Vicuña protagonizara una controversia en la industria local. La adjudicación del campamento Batidero —un complejo habitacional de alta montaña destinado a albergar a miles de trabajadores— a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., desató el rechazo de sectores empresariales argentinos.

El consorcio asiático se impuso con una oferta de USD 52 millones frente a los USD 70 millones cotizados por la empresa nacional Modular Homes. La diferencia de USD 18 millones representa apenas el 0,1% del total de la inversión proyectada para Vicuña. La ventaja del proveedor extranjero se apoyó, en parte, en la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos que el propio RIGI habilita: los módulos prefabricados de acero ingresan al país sin pagar arancel.

El complejo prevé una capacidad inicial de 2.500 camas, con posibilidad de escalar hasta 6.000 plazas a medida que avance el proyecto y la demanda de mano de obra trepe hasta los 12.000 trabajadores. El debate instalado gira en torno a los costos para la industria nacional en uno de los proyectos de inversión más grandes de la historia del país.

El agro y la explotación de minas y canteras sumaron 1.400 puestos de trabajo formal en marzo, según el informe de situación y evolución del trabajo registrado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicado por la Secretaría de Trabajo. En tanto, en la comparación interanual, la actividad agroindustrial sumó 1.700 puestos en un año, mientras que la extracción de minerales, combustibles fósiles y áridos perdió 5.200 puestos de trabajo.

Los últimos datos oficiales muestran que, por un lado, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció un 0,3% en marzo respecto a febrero, lo que sobre una base de 324.300 trabajadores equivale a unas 970 personas adicionales. Por el otro, la explotación de minas y canteras avanzó en marzo un 0,5% —el mayor incremento porcentual entre todas las ramas—, pero sobre un universo de apenas 86.800 empleados, lo que representa aproximadamente 430 nuevos puestos. La suma de ambos sectores es de 1.400 nuevos trabajadores en el mes.

En la comparación interanual entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026, la minería pasó de 92.000 a 86.800 trabajadores registrados, lo que refleja una caída del 5,7% y equivale a 5.200 puestos menos. El agro, en tanto, sumó 1.700 empleos en el mismo período, al pasar de 322.600 a 324.300 trabajadores. El saldo interanual combinado de los dos sectores es una pérdida neta de alrededor de 3.500 puestos formales.

El peso real de los sectores exportadores

La brecha entre el desempeño porcentual y el impacto real en el empleo formal se explica por el tamaño relativo de estos sectores dentro del mercado laboral. La explotación de minas y canteras —extracción de recursos naturales del subsuelo o la superficie— emplea a menos de 87.000 personas sobre un total de 6,1 millones de asalariados privados registrados. El agro, con 324.300 trabajadores, representa el 5,2% del empleo privado formal. Juntos, los dos sectores concentran menos del 7% del total.

Un análisis de Fundación Mediterránea-Ieral sobre los mismos datos del SIPA señala que los rubros más dinámicos en materia exportadora y de inversión “representan solo el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado”, lo que impide que el crecimiento del frente externo se traslade de manera automática al mercado de trabajo.

El empleo formal, en caída generalizada

Mientras los sectores exportadores muestran variaciones porcentuales positivas pero de escaso impacto absoluto, el empleo privado formal acumula una caída del 1,5% interanual, equivalente a 96.700 trabajadores menos respecto a marzo de 2025, según el SIPA. En la comparación intermensual, el retroceso fue del 0,1 por ciento.

Los sectores que más perdieron en la comparación interanual fueron precisamente los que concentran la mayor parte del empleo: industrias manufactureras (-4,0%, equivalente a 46.700 puestos menos), intermediación financiera (-3,7%) y comercio y reparaciones (-1,9%). La industria, con 1.122.500 trabajadores registrados, es con diferencia el sector privado con mayor peso en el empleo formal y el que más perdió puestos tanto en el mes como en el año.

En marzo, los sectores con caídas mensuales más pronunciadas fueron intermediación financiera (-0,5%), industrias manufactureras (-0,4%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3%) y comercio y reparaciones (-0,2%). Seis de las 14 ramas de actividad privada redujeron planteles en el mes, cuatro se mantuvieron estables y solo cuatro —entre ellas el agro y la minería— registraron variaciones positivas.

La minería creció en marzo pero perdió en el año

El caso de la explotación de minas y canteras ilustra con precisión la tensión entre la dinámica de corto plazo y la tendencia estructural. Si bien la actividad creció un 0,5% mensual en marzo, en la comparación interanual acumula la mayor caída relativa de todas las ramas: -5,7%, con 5.200 puestos formales menos que un año atrás. En marzo de 2025, el sector había registrado una contracción mensual del 1,2%, lo que indica que la recuperación de marzo de 2026 se produce sobre una base ya deteriorada.

El dato territorial refuerza esa lectura. Neuquén, la provincia con mayor concentración de actividad hidrocarburífera, fue la única jurisdicción que mostró crecimiento interanual relevante en el empleo privado formal, con un alza del 3,3%. Pero ese desempeño no alcanzó para compensar las caídas en el resto del país, donde 19 de las 24 jurisdicciones registraron pérdida de empleo formal en la comparación anual.

El crecimiento de la producción nacional en abril de 2026 alcanzó 3,73% respecto al mismo mes del año anterior, con el impulso principal de los sectores Comercio, Construcción, Manufactura y Otros Servicios.

Así lo comunicó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, durante la presentación del informe técnico sobre el desempeño económico reciente.

Comercio y Construcción: motores del crecimiento

El informe del INEI precisó que el avance global de la economía estuvo sostenido en un 66% por el rendimiento de Comercio, Construcción, Otros Servicios y Manufactura.

En el caso del sector Comercio, la variación positiva fue de 7,31%, impulsada por una mayor comercialización mayorista y minorista, donde destacó la venta de metales, materiales de construcción y maquinaria para proyectos de infraestructura y autoconstrucción.

El segmento automotriz también mostró una expansión significativa de 25,22%, atribuida principalmente a campañas promocionales y la apertura de nuevas sucursales.

El sector Construcción reportó un crecimiento de 12,88%, reflejando un incremento en el consumo interno de cemento y en el avance físico de obras públicas.

El aumento en proyectos privados de infraestructura y la actividad en gobiernos locales y regionales tuvieron un rol destacado, aunque la inversión en obras de prevención de riesgos experimentó una baja.

Manufactura y servicios: desempeño positivo

La Manufactura se expandió 2,17% en el cuarto mes del año, favorecida por el crecimiento tanto del subsector fabril primario como del no primario.

La producción de metales preciosos, la elaboración de productos pesqueros y cárnicos, y la refinación de petróleo contribuyeron al resultado.

El subsector fabril no primario avanzó gracias a la mayor producción de bienes intermedios y de capital, mientras que la industria de bienes de consumo registró una caída.

En el área de Otros Servicios, sobresalió el crecimiento de Servicios Prestados a Empresas (3,27%), encabezado por la publicidad, investigación de mercados y agencias de viajes, así como de Servicios de Gobierno (4,08%), con mayor actividad en administración pública y defensa.

Energía, agua y transporte: resultados mixtos

El sector Electricidad, Gas y Agua presentó una variación positiva de 4,68%, con una mayor generación de energía termoeléctrica y renovable.

El subsector gas tuvo un incremento en la distribución al segmento residencial y comercial, mientras que la distribución a empresas y expendio de gas natural vehicular se redujo. En el caso del agua, varias empresas regionales aumentaron su producción, aunque algunas experimentaron descensos.

En Transporte, Almacenamiento y Mensajería, la producción mostró un crecimiento de 1,44%, apoyado por un mayor tráfico carretero y ferroviario, así como un desempeño positivo en almacenamiento y mensajería. El transporte aéreo y el transporte por tubería registraron retrocesos.

Agropecuario y Minería e Hidrocarburos: retrocesos sectoriales

No todos los sectores reflejaron avances. El sector Agropecuario disminuyó 1,64% debido a la menor producción agrícola, afectada por factores climáticos y reducción de superficie sembrada. El subsector pecuario, en contraste, reportó incrementos en volúmenes de porcino, leche, aves y vacuno.

Por su parte, la Minería e Hidrocarburos descendió 3,24%. La menor extracción de hidrocarburos, con caídas en petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas, y la disminución en la producción de zinc, plomo, plata y molibdeno influyeron en el resultado, aunque la extracción de hierro, cobre, oro y estaño compensó parcialmente la caída.

Pesca, alojamientos y telecomunicaciones: variaciones puntuales

El sector Pesca subió 1,68%, con mayor captura de especies marítimas para consumo directo e indirecto, mientras la pesca continental retrocedió por menores volúmenes desembarcados en productos frescos y congelados.

En Alojamiento y Restaurantes, el crecimiento fue de 4,48%, con un buen desempeño del subsector restaurantes, beneficiado por ofertas y mayor cobertura de servicios, aunque el subsector alojamiento se redujo.

Telecomunicaciones y otros servicios de información avanzaron 1,03% por el dinamismo de los servicios de internet y televisión por suscripción, mientras los servicios de telefonía y transmisión de datos disminuyeron.

Finanzas y panorama acumulado

El sector Financiero y Seguros interrumpió una racha negativa al crecer 1,01%, impulsado por el aumento de créditos y depósitos, sobre todo en la banca múltiple y las cajas municipales.

De acuerdo con el INEI, la actividad productiva acumulada entre enero y abril de 2026 registra un crecimiento de 3,58%, en tanto que el resultado de los últimos doce meses muestra una variación de 3,59%.

La creación del Fondo Social de la Mancomunidad Regional de Los Andes (MRDLA) fue anunciada durante la ceremonia de lanzamiento de ANDESMIN 2026 en la ciudad de Ayacucho. La iniciativa busca financiar acciones orientadas a reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil en seis regiones del país mediante recursos provenientes de aportes voluntarios de empresas mineras.

Según informó Agencia Andina, el mecanismo funcionará como un fideicomiso conformado con contribuciones de compañías mineras que operan dentro del ámbito de la Mancomunidad Regional de Los Andes, integrada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín.

Durante la presentación, el director ejecutivo de la MRDLA, Jesús Quispe Arones, explicó que los recursos serán destinados a fortalecer la Estrategia de Articulación Territorial Crecer en los Andes, enfocada en promover el desarrollo infantil temprano y mejorar los indicadores de salud en la población más vulnerable. Jesús Quispe Arones

Anuncian fondo social

De acuerdo con la información difundida por Agencia Andina, la finalidad principal del nuevo fondo es financiar programas que contribuyan a disminuir los índices de anemia y desnutrición crónica infantil en las regiones que conforman la mancomunidad.

Quispe Arones señaló que esta iniciativa se enmarca en los 15 años de funcionamiento de la organización regional y forma parte de una estrategia orientada a impulsar el desarrollo social en territorios donde la actividad minera tiene una importante presencia económica.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público, privado y la sociedad civil para garantizar que los beneficios derivados de la actividad extractiva contribuyan al cierre de brechas sociales y al bienestar de la población.

Lanzan ANDESMIN 2026

El anuncio del fondo social se realizó durante el lanzamiento de ANDESMIN 2026, evento minero que se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Ayacucho. La convención es organizada por la Mancomunidad Regional de Los Andes y busca congregar a representantes del Estado, empresas, academia y sociedad civil.

Durante su intervención, Quispe Arones invitó a la ciudadanía y a los actores vinculados al sector minero a participar en el encuentro, que tendrá como eje central el análisis de los desafíos y oportunidades para el desarrollo de las regiones andinas.

El evento se realizó en el centro cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde autoridades regionales y representantes del sector minero destacaron la importancia de promover espacios de diálogo para el desarrollo territorial.

Minería impulsa empleo

Durante la ceremonia, el director de Evaluación Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Alfonso Prado Velásquez, informó que las inversiones mineras en Ayacucho alcanzaron los 61 millones de dólares entre enero y abril de este año.

Según precisó, dicha actividad generó alrededor de 7.000 puestos de trabajo directos y permitió transferencias por 51 millones de soles al Estado mediante canon y regalías mineras, recursos destinados a financiar proyectos y reducir brechas en beneficio de la población.

El funcionario agregó que Ayacucho se ubica entre las principales regiones productoras de oro del país y también registra producción de plata, plomo, zinc y cobre, consolidando una actividad minera diversificada con impacto en la economía regional.

Seis regiones involucradas

Por su parte, el empresario minero Roque Benavides Ganoza destacó que ANDESMIN 2026 busca reunir a distintos sectores para debatir sobre el futuro de las regiones y el papel de la minería en el desarrollo nacional.

Asimismo, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, expresó su compromiso para garantizar el éxito del evento y promover el turismo y la gastronomía regional durante su desarrollo.

La Mancomunidad Regional de Los Andes, integrada por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín, concentra importantes proyectos mineros y una parte significativa de la producción nacional. De acuerdo con el citado medio, iniciativas como el nuevo fondo social, las autoridades buscan que los recursos generados por la actividad minera contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer el desarrollo de estos territorios.

Agencias de noticias y organizaciones no gubernamentales señalan que desde ayer se desarrolla un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra grupos criminales en el Arco Minero del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, sin que hasta el momento de escribir esta nota el gobierno de Delcy Rodríguez haya informado absolutamente nada al respecto.

“Situación crítica en el sur del estado Bolívar: Km 33 al Km 88, Las Claritas, municipio Sifontes (...). Informes verificados confirman la operación de la FANB, que involucra helicópteros armados en el área de Las Brisas y alrededores, dirigida contra líderes mineros armados”, publicó en sus redes la ONG SOS Orinoco, que desde 2018 da seguimiento a lo que ocurre en esta región del país.

Una cuenta del gobierno se limitó a desmentir la versión de un medio digital que tituló que “contingentes de militares estadounidenses y venezolanos llegan para controlar minas de El Callao”. El viceministro William Castilló cargó contra el editor de esa página, el ex preso político Nicmer Evans, ironizando: “Necesita tratamiento. Hay que ingresarlo”. No obstante, las autoridades no han ofrecido su versión.

Larga mano

Puede que no haya tropas de Estados Unidos, pero todos ven la alargada sombra de la administración de Donald Trump en esta acción militar. Hace apenas una semana, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, realizó una sorpresiva visita a Caracas.

Sin que hayan trascendido mayores detalles sobre la agenda de Caine, de inmediato corrió el rumor de que el oficial norteamericano había venido para ordenar la “limpieza” del Arco Minero, con el fin de desplazar a los grupos irregulares que actúan en la zona y abrirle paso a las empresas norteamericanas que vienen a explotar las riquezas venezolanas.

Expertos en temas de seguridad afirman que en esta área de casi 112 mil kilómetros cuadrados rica en oro, coltán y diamante, entre otros, tienen presencia distintas mafias, así como miembros de las guerrillas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Luego del ataque ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez estrechó los lazos con Washington y ha emprendido una serie de reformas económicas, incluida una modificación de la ley de minas, para abrir el país al capital privado.

El secretario de Interior y presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, Doug Burgum, se reunió el 4 de marzo en el palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez.

“Burgum, quien está acompañado por más de 20 empresas del sector privado relacionadas con la minería, propone abordar temas sobre minería, minerales metálicos y estratégicos, así como los flujos de inversiones y nuevas tecnologías para el desarrollo del sector”, detalló un boletín de la Presidencia de la República.

Antes de que Caine pasara por Caracas, ya el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, había pisado territorio venezolano en dos ocasiones, el 18 de febrero y el 23 de mayo. En la última ocasión, la llegada de Donovan levantó una polvareda al formar parte de un ejercicio militar con aeronaves militares estadounidenses que aterrizaron en su sede diplomática.

Con cuidado

La ONG Provea pudo confirmar que “la operación está siendo conducida por efectivos del Ejército venezolano en el Km 88 del estado Bolívar, territorio controlado por grupos armados ilegales que operan en el marco del Arco Minero del Orinoco”.

“Alertamos sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil en la zona”, manifestó Provea, que solicita al gobierno de Delcy Rodríguez “que informe con transparencia sobre el alcance de la operación, el número de personas detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área”.

El exgobernador del estado Bolívar y dirigente opositor, Andrés Velásquez, enfatizó que “no es la primera vez que la FANB actúa en las zonas mineras, cosa que generalmente ocurre para marcar la zona cuando se producen cambios de mandos militares. Pero hay que dejar claro que la presencia de bandas armadas tiene una completa alineación con sectores militares, que reciben su pago directamente de las bandas armadas”, denunció.

Tras conversar con la presidenta interina Rodríguez, el secretario Burgum declaró que “Venezuela es un país sumamente rico y somos vecinos geográficos con grandes sinergias. Las oportunidades ahora mismo son más grandes que nunca”. Comenzó la conquista de El Dorado.

Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, soltó la frase de que “por primera vez, la economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral”, tuvo razón en un punto, aunque quizás no abarcó todo lo que significa esa afirmación. Oficialistas y opositores entienden, como ocurrió en las últimas elecciones, que será la economía la que defina al ganador. No al revés.

Caputo hizo ese planteo para tranquilizar al mercado. Una vez más. Como desde el mismo día en que asumió. Ayer, el INDEC informó que en abril la construcción y la industria manufacturera profundizaron su retroceso. Ambas registraron caídas interanuales del 2,8% respecto del mismo mes del año anterior. En la medición desestacionalizada, la construcción cayó 4% y la industria 2,1% frente a marzo, acentuando la tendencia negativa.

La actividad muestra una dinámica de “dos velocidades”: una fuerte tracción de los sectores exportadores frente a una recuperación más lenta e irregular del mercado interno. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo mostró un salto interanual del 5,5% y un crecimiento desestacionalizado del 3,5% respecto de febrero. Sin embargo, esos números contrastan con los indicadores adelantados de abril y mayo, que reflejan retrocesos en sectores dependientes del consumo local.

Al mismo tiempo, el Gobierno exhibe un cambio de actitud respecto de la acumulación de reservas de cara al calendario electoral. El Banco Central volvió a comunicar compras de divisas, que superaron los 400 millones de dólares durante la última semana.

“Hay dólares para todos los que quieren importar y para todos los que quieren repatriar dividendos. Sobran tantos dólares que el Banco Central ha venido comprando a razón de USD 100 millones por día”, afirmó ayer Caputo durante el IAE Summit 2026.

En paralelo, el jueves el organismo dará a conocer la inflación de mayo. Será inferior al 2,6% registrado en abril. Así, el índice de precios continúa moviéndose en un escalón bajo en comparación con los años anteriores, aunque con dificultades para perforar el piso del 2%.

Sin embargo, ese mantra ya no alcanza para garantizar satisfacción económica en la población. El estudio de opinión pública de Reale Dalla Torre (RDT), correspondiente a mayo de 2026, va en esa dirección. Si bien Javier Milei mantiene la centralidad política, la economía aparece como el verdadero “talón de Aquiles” de su gestión.

El 61,2% de los encuestados señaló que la principal dificultad del Gobierno es económica. Dentro de ese universo, la caída del consumo y las ventas concentra el 46,6% de las respuestas, mientras que la pérdida de empleo alcanza el 14,6%.

En contraste, los problemas políticos —como la interna oficialista, las formas del Presidente o la continuidad de Manuel Adorni— apenas reúnen el 26,7% de las respuestas. Esto introduce un matiz interesante frente a la idea instalada desde algunos sectores de Hacienda de que la interna oficialista es el principal obstáculo para la gestión económica.

En el mismo relevamiento, la principal preocupación de los argentinos es que “no alcanza el dinero”, con un 55,1%. Le siguen el empleo (40,8%) y el aumento de las tarifas de servicios públicos (40,4%).

Respecto de las expectativas, el panorama es complejo: el 64,4% tiene una percepción negativa de su situación económica personal y el pesimismo sobre cómo estará el país dentro de un año escaló al 55,8%, el nivel más alto registrado en lo que va de 2026.

Martha Reale, directora de RDT, explicó a Infobae: “Hace tiempo que advertimos que el principal problema es la pérdida del poder adquisitivo. En los últimos seis meses comenzó a aparecer con fuerza el tema del empleo. Para completar el podio se sumó la preocupación por el ajuste tarifario”.

“Eso nos llevó a despejar una incógnita. Está instalado que el problema es político por la interna. Entonces quisimos saber si realmente era así o si seguía siendo la economía, amplificada por los conflictos políticos. Ocurre algo parecido a la corrupción: no es el principal problema, pero amplifica el malestar económico. El problema central sigue siendo la economía”, sostuvo.

Si la economía es la madre de todas las batallas, ¿qué escenario muestra hoy la Argentina?

Enrique Szewach, economista, ex director del Banco Central y ex vicepresidente del Banco Nación, analizó el panorama para Infobae. Respecto de la inflación, señaló que todavía falta para consolidar una tasa del 1% mensual.

“Seguimos en un contexto de cambios de precios relativos, con aumentos en los regulados y un tipo de cambio demasiado lejos del techo de la banda como para desalentar expectativas. Además, seguimos teniendo pocas reservas”, explicó.

A las preocupaciones detectadas por las encuestas agregó otra observación: el crecimiento económico está impulsado principalmente por sectores exportadores —como petróleo, minería y agro— que tienen poca sensibilidad al tipo de cambio y escasa incidencia en el empleo.

Por el contrario, sectores como la industria, el comercio masivo, la construcción y la industria automotriz continúan estancados o en retroceso.

“Esto preocupa por su impacto en el empleo y también por sus efectos sobre la recaudación fiscal. Como reconoció el propio Gobierno, por el lado del gasto nacional queda poco margen de maniobra. Y las provincias tampoco realizaron reformas estructurales en sus sectores públicos”, sostuvo.

Entonces vuelve la pregunta: ¿es la economía o es la política?

“No quiero pecar de economicista, pero la economía, para bien o para mal, siempre termina llevándose puesta a la política. La gente, salvo en momentos excepcionales, vota con el bolsillo, ya sea por su situación actual o por las expectativas que tiene sobre el futuro”, respondió.

Con una economía que no bate récords, pero tampoco se encuentra en caída libre, Szewach concluyó: “Todo dependerá de que el Gobierno deje de cometer errores no forzados o de que la oposición sea capaz de presentar un proyecto mejor, y no simplemente una vuelta atrás”.

La economía es la clave. La política amplifica. Y es ahí donde el Gobierno intenta resolver sus internas o, al menos, lograr que convivan con el menor ruido posible. Por ahora, parece imposible.

A los misiles cruzados se sumó el pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) a la Fundación Faro para que informe quiénes son sus aportantes. La organización está vinculada, en los hechos, a Francisco Caputo —hermano de Santiago— y a Agustín Laje.

En el entorno del principal asesor presidencial aseguran que detrás de esa avanzada está Karina Milei. Si no fuera así, será difícil convencerlos de lo contrario.

Mientras tanto, los espacios que buscan representar al electorado antiperonista comenzaron a moverse con más intensidad.

Mauricio Macri recorre el país con libertad y entusiasmo, mientras coquetea con una eventual candidatura. María Eugenia Vidal salió a respaldarlo públicamente en Infobae y lo propuso como alternativa.

Sus declaraciones en el streaming de este medio generaron ruido en el oficialismo, que respondió recordando viejas denuncias vinculadas a corrupción y financiamiento político.

“Entró la bala”, dijeron a Infobae desde el entorno de la exgobernadora.

Mientras Macri disfruta del ruido que genera en el Gobierno, también se anota desde hace tiempo la vicepresidenta Victoria Villarruel. En su entorno aseguran que podría acercarse a los 15 puntos de intención de voto. Aunque la cifra parece optimista, la decisión de la vicepresidenta parece irreversible: jugar la carrera presidencial de 2027 desde ahora.

A Macri y Villarruel se suma una tercera figura. Esta vez, desde adentro. Patricia Bullrich no está dispuesta a quedarse quieta.

“Tenemos mala suerte en el Senado. Todo lo propio termina transformándose en rival”, reconoció con resignación un senador libertario.

Desde el entorno de Bullrich lo explican de otra manera: “Nosotros necesitamos mantener la marca. Ella tiene que ser competitiva siempre. Si no, acá te pasan el cuchillo”.

Quizás por eso ningún integrante del equipo de la ex ministra de Seguridad participó del lanzamiento de la escuela de dirigentes de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

Karina Milei fue la anfitriona del acto, presentada por Pilar Ramírez, su principal armadora política en la Capital. Dos de esas escuelas estarán dirigidas por ex integrantes del PRO. Una por el propio Luis Caputo. La otra por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

“Lo quiero mucho a Mauricio, pero es el tiempo de Javier”, dijo Sturzenegger días atrás en Infobae.

¿Podrá convertirse en el candidato que necesita Karina Milei para evitar verse obligada a aceptar a Bullrich? Todavía falta demasiado tiempo para saberlo.

La energía y la minería se transformaron en un motor clave de la economía argentina en los últimos años a tal punto que, según estimaciones privadas en base a datos oficiales, el sector aportó la misma cantidad de dólares que el agro en el primer cuatrimestre del año.

Un informe de la consultora 1816 titulado “El futuro llegó hace rato” revela un cambio clave en la matriz exportadora argentina. La producción y exportación de petróleo, gas y minería generaron en el primer cuatrimestre del año prácticamente la misma cantidad de divisas que el campo, alcanzando ambos sectores una oferta neta de alrededor de USD 8.150 millones cada uno, de acuerdo con la clasificación sectorial del BCRA.

La consultora señaló que “todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y lo cierto es que ese futuro ya llegó” y destacó que, la oferta neta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por parte del segmento energético y minero sumados fue tan grande como la de cereales y oleaginosas durante los primeros cuatro meses del año.

Componentes de la generación de divisas

De todas maneras, cabe destacar que en el caso de las cerealeras, el 91% de los dólares del cuatrimestre provinieron de exportaciones netas. En cambio, en el segmento de petróleo, gas y minería, el comercio exterior representó el 71% de los ingresos en divisas, mientras que el restante 29% llegó esencialmente de la liquidación de las obligaciones negociables. Es decir, colocación de deuda en moneda extranjera por parte de las empresas sectoriales.

“Estos números dejan más que claro que la energía y la minería son el futuro, pero también el presente y el pasado reciente”, indicó 1816. La participación de estos sectores en la generación de divisas impacta de manera directa en la balanza de pagos y en la dinámica cambiaria del país.

Pese a la paridad alcanzada en el primer cuatrimestre, la comparación entre sectores no contempla los dos meses más “fecundos” para la cosecha gruesa del agro, mayo y junio, en los que tradicionalmente -junto a abril- se concentra la mayor liquidación de divisas por parte del sector agrícola.

El desempeño anual completo del campo suele definirse en ese período, por lo que la comparación cuatrimestral presenta una instantánea parcial del año. De hecho, buena parte de esos dólares fueron adquiridos por el Banco Central tanto dentro como fuera del mercado cambiario, lo que permitió que la autoridad monetaria alcance la meta de USD 10.000 millones fijada para todo 2026 a comienzos de junio.

Impacto bursátil y el efecto ANSES

El análisis de 1816 también aborda el efecto de la suba bursátil reciente en la energética estatal YPF. En los últimos días se registró “récord en 15 años el precio de las acciones de YPF”, lo que generó un impacto considerable en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

“Por la suba del mercado y las compras que hizo ANSES desde mayo de 2025, la posición del FGS en la energética estatal alcanzó los USD 1.736 millones esta semana versus menos de USD 100 millones cuando asumió Milei, calculamos nosotros”, indica el informe.

Esta valorización refuerza el peso de la energía en los activos estratégicos del sector público y en la capacidad de financiamiento del sistema previsional.

¿Cambia la estacionalidad?

El equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, considera que la Argentina atraviesa un cambio en la estacionalidad del mercado cambiario. Esta dinámica es impulsada, justamente, por la aparición de los rubros petroleros y mineros como un eje clave de la economía argentina.

A mediados de abril, el titular del BCRA, Santiago Bausili, se refirió a este cambio de paradigma al sostener que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

Consideró el presidente del BCRA que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

El funcionario proyectó un cambio estructural en la matriz exportadora del país: “Sin embargo, el país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.

En un año en que la minería argentina apunta a exportaciones récord, Río Negro concretó el primer despacho de oro y plata de su historia. La empresa Patagonia Gold, controlada por el grupo Miguens, realizó el envío desde el aeropuerto de Bariloche con destino a Canadá, donde el material será sometido a su procesamiento final.

El origen del mineral es el proyecto Calcatreu, ubicado a unos 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, en la Región Sur de Río Negro, sobre el norte del Macizo de Somuncurá. El cargamento consiste en doré —una aleación de oro y plata en estado semipurificado que se obtiene como producto directo de la planta de procesamiento y que luego se refina para separar ambos metales—, correspondiente a aproximadamente 577 onzas equivalentes de oro.

Calcatreu es la primera operación de metales preciosos en la historia de Río Negro y el resultado de un proceso que demandó más de dos décadas desde la primera fase de exploración. La minera canadiense Patagonia Gold adquirió el proyecto en 2018 por USD 15 millones, obtuvo los permisos en noviembre de 2024 e inició la construcción de la infraestructura en marzo de 2025. La primera producción de oro se alcanzó apenas 15 meses después.

Actualmente, el proyecto genera más de 200 puestos de trabajo directos y, según datos del gobierno provincial, prevé exportaciones por aproximadamente USD 1.800 millones a lo largo de su vida útil, estimada hasta 2033.

Los envíos mineros aportarán uno de cada 10 dólares exportados en 2026

Según un informe conjunto de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción de oro cayó a 1.184 miles de onzas en 2025, un 6% menos que el año anterior y un 42% por debajo del nivel de una década atrás. Aun así, las exportaciones de oro alcanzaron USD 4.094 millones en 2025, un 30% más que en 2024, sostenidas por la suba del precio internacional.

Para 2026, la CAEM proyecta una producción en niveles similares a los de 2025, con el ingreso de Río Negro al mapa aurífero por el inicio de Calcatreu y la reactivación de Casposo en San Juan. Las exportaciones de oro podrían alcanzar USD 5.129 millones, un 25% más en valor que en 2025, con un precio promedio proyectado de USD 4.353 por onza. La mejora vendría del precio, no de una recuperación de la extracción.

La plata sigue la misma lógica. Con una producción de 22,1 millones de onzas en 2025 —un 7,8% menos interanual y el nivel más bajo de la última década—, las exportaciones sumaron USD 785 millones, un 22% más que en 2024. Para 2026, la producción bajaría a 19,5 millones de onzas, pero las exportaciones treparían a USD 1.172 millones, un 49% más, con un precio promedio proyectado de USD 60 por onza.

De esta forma, el conjunto del sector minero apunta a un año de cifras sin precedentes. Según CAEM, las exportaciones mineras totalizaron USD 6.075 millones en 2025, equivalentes al 6,9% del total nacional, con un alza del 31% frente al año anterior. Para 2026, la entidad proyecta que el sector podría superar los USD 9.000 millones y crecer más del 50%.

Ese salto ubicaría a la minería como responsable de 1 de cada 10 dólares exportados por la Argentina en 2026, según el estudio de CAEM y la BCR. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las exportaciones nacionales totales alcanzarían los USD 96.056 millones este año, lo que situaría la participación minera en más del 10% del total, frente al 7% de 2025.

La adjudicación del campamento Batidero para un megaproyecto de cobre en San Juan desató una controversia en la industria argentina. El consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., obtuvo el contrato para importar, desde China, una ciudad modular destinada a albergar a miles de trabajadores mineros. Esta decisión provocó un fuerte rechazo en sectores industriales y empresariales locales, que advierten sobre la pérdida de empleo y la relegación de proveedores nacionales en uno de los proyectos de inversión más grandes del país.

La obra prevé la instalación inicial de 2.500 camas en el complejo habitacional Batidero, pero la dinámica de trabajo rotativo en la minería llevará la cifra a entre 3.500 y 5.000 personas. Con el avance del emprendimiento, la demanda podría escalar hasta 12.000 trabajadores, lo que requerirá ampliar el complejo a 6.000 plazas. El modelo de ciudad importada consiste en módulos prefabricados con estructura de acero, que se ensamblan y apilan en la montaña, listos para su uso, equipados con mobiliario y electrodomésticos.

Las especificaciones técnicas de los módulos, fabricados por Beijing Chengdong, muestran “casas contenedor” móviles y resistentes, diseñadas para soportar condiciones extremas de la cordillera sanjuanina. El consorcio asiático cotizó la obra en 52 millones de dólares, desplazando a la empresa nacional Modular Homes que ofertó 70 millones. Esta diferencia de 18 millones representa solo el 0,01% de los 18.000 millones de dólares que implica el desarrollo completo del proyecto Vicuña.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, destacó que la decisión impacta de manera directa sobre la cadena de valor local. Según sus cálculos, fabricar los módulos en Argentina cuesta 1.300 dólares por metro cuadrado, mientras que en China el costo ronda los 500 dólares, más 200 de flete internacional. Sin embargo, Rudoni remarcó que el ahorro en la adjudicación es mínimo dentro de la inversión total y que la producción local podría haber generado al menos 400 empleos directos, frente a los 50 que requiere la logística y montaje de los módulos importados.

El proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, se presenta como el emprendimiento minero más relevante de la historia argentina, con una inversión estimada de 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para la construcción y puesta en marcha de Josemaría y contempla la expansión posterior hacia el depósito Filo del Sol. El objetivo es convertir a Argentina en uno de los principales exportadores de cobre, con 400.000 toneladas anuales durante un cuarto de siglo.

Uno de los argumentos más repetidos desde el sector empresario es la falta de igualdad de condiciones para competir con los proveedores extranjeros. Rudoni subrayó que la empresa china, además de operar con capital estatal y subsidios en origen, accedió a exenciones impositivas a través delde la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196, de 1993). Estas exenciones, según el dirigente, representan una ventaja decisiva: “Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos, habría presentado una oferta incluso más económica”, señaló. El beneficio impositivo se traduce en una reducción de hasta el 30% en los costos finales, lo que distorsiona la competencia y deja a la industria nacional en desventaja.

La industria local sostiene que la construcción modular en Argentina cuenta con capacidad instalada suficiente para abastecer grandes proyectos de minería y petróleo. Hay más de cien empresas especializadas en el rubro, con una alta proporción de insumos nacionales, principalmente acero y paneles de cerramiento fabricados en el país. Rudoni recordó que Ecosana, empresa que preside, construyó recientemente campamentos para 1.600 personas en el sector energético y que la industria argentina logró montar once hospitales modulares en cuarenta días durante la pandemia. Estos antecedentes, según la Cámara, desmienten el argumento de falta de capacidad local.

El impacto sobre el empleo y la cadena de proveedores es uno de los puntos más sensibles del conflicto. Al importar los módulos, la mayor parte del valor agregado y la generación de puestos de trabajo queda fuera del país. Rudoni estimó que, mientras la producción local de los módulos habría demandado más de 400 empleos directos, la importación solo requiere unas 50 personas para el montaje y la logística en San Juan. Además, la red de proveedores nacionales, que podría haber involucrado a unas cincuenta empresas, queda relegada a un papel marginal.

La controversia también alcanza a la calidad de los insumos importados. Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular se plantea que los módulos chinos no igualan la calidad de los productos fabricados en Argentina, especialmente en aspectos como la adaptación a normas antisísmicas y a la amplitud térmica de la cordillera. Los empresarios remarcan que el transporte de estos módulos desde China implica un costo logístico elevado, lo que históricamente motivó el desarrollo local de la industria.

El debate en torno a la adjudicación del campamento Batidero refleja el dilema entre la atracción de inversiones extranjeras y la necesidad de fortalecer el tejido industrial argentino. Si bien la Ley de Minería y el RIGI buscan incentivar proyectos de gran escala mediante exenciones fiscales y aduaneras, sus efectos colaterales sobre la producción interna y el empleo generan preocupación. Rudoni y otros representantes de cámaras sectoriales solicitaron una mesa de diálogo con las empresas mineras para analizar el impacto real de la importación de infraestructura y buscar mecanismos que permitan una mayor participación de la industria nacional.

El modelo de adjudicación utilizado en Vicuña no es un caso aislado. En la entrevista transmitida por Infobae en Vivo, los participantes recordaron otros ejemplos recientes de grandes licitaciones en las que proveedores locales quedaron excluidos frente a la competencia extranjera. El caso más resonante involucró la importación de caños para un gasoducto clave, en el que una empresa india desplazó a una firma nacional.

Los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción Modular, CACMI, CAPRIMSA y CAPMIN, insisten en la necesidad de revisar los criterios de adjudicación en los proyectos estratégicos. Sostienen que priorizar únicamente el precio, sin ponderar el efecto multiplicador sobre el empleo y la economía interna, limita las posibilidades de desarrollo industrial. Además, advierten que la lógica de importar soluciones llave en mano puede debilitar la infraestructura productiva nacional a largo plazo.

El campamento modular importado desde China funcionará como base de operaciones para la fase inicial del megaproyecto cuprífero. Según los impulsores, la instalación exprés y la capacidad de escalar el complejo justifican la elección del modelo asiático. No obstante, la diferencia de costos entre ambas ofertas —1.900 dólares por metro cuadrado en el caso de los módulos chinos puestos en el sitio, frente a 2.500 en el caso argentino— resulta insuficiente para los referentes locales, que cuestionan la magnitud del ahorro en relación con el impacto social y económico.

El debate sobre el derrame de las grandes inversiones en la minería argentina permanece abierto. Sectores empresarios reclaman que los beneficios fiscales otorgados a los inversores extranjeros se traduzcan en una mayor generación de empleo y oportunidades para proveedores nacionales. El futuro del desarrollo industrial y la participación local en obras estratégicas como la ciudad minera de San Juan dependerá de cómo se resuelvan estos desafíos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio su mirada sobre cómo se dará de acá en más el proceso de crecimiento económico. Y a través de un informe presentado por su vicepresidente, Vladimir Werning, detalló de qué manera se dará el proceso de derrame desde sectores “naturalmente ganadores” a otros que lucen más rezagados.

“La recuperación de la actividad se consolidará, abarcando progresivamente a otros sectores”, explican en un informe. Los sectores ganadores en esta etapa del ciclo, explican, requieren de insumos, infraestructura, servicios urbanos y logística. “El eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”.

Se trata de la teoría del “derrame”. Es decir algunos sectores que impulsan la actividad pero que luego permiten que otros segmentos que no están directamente beneficiados por las nuevas reglas de juego terminen también sumándose a la reactivación.

De hecho el crecimiento que muestran los índices oficiales están básicamente sostenidos por algunos sectores puntuales, pero que crecen muy fuerte: agro, energía y minería son los más relevantes.

En 2026 se estima que el PBI crecería cerca de 3,5%, pero con estos sectores creciendo a más del doble o incluso el triple de velocidad. Mientras tanto, otros se mantienen rezagados, no crecen o directamente siguen cayendo.

En relación a la inversión privada, el Central reconoce que cayó recientemente pero por efecto de la incertidumbre electoral: “Hoy se observa una expansión del financiamiento corporativo doméstico y externo que anticipa el tercer motor de la expansión económica en curso, la inversión”.

El informe también se muestra optimista en relación a la evolución del consumo, pero, al mismo tiempo, reconoce que hay cambios en el contexto que vale la pena tener en cuenta.

Uno de ellos tiene que ver con los cambios en los canales de comercialización, como la innovación digital. “El sector privado -señala- deberá adaptarse a márgenes que están siendo redefinidos rápidamente”.

La baja del riesgo país también es algo que se menciona como un impacto para el sector privado: “Los retornos se ajustan por riesgo, que disminuye. No será factible preservar márgenes vigentes cuando el riesgo país era más alto que ahora”.

La transición a un régimen de baja inflación, agregan, afecta la composición de márgenes. “La contribución financiera cae automáticamente y aumenta la productividad operativa, en la medida que se capitaliza la empresa”, marcan.

Por otra parte, enfatizan que el volumen es lo que explicará la rentabilidad futura de las empresas al considerar que en la facturación “aportará más el esfuerzo por aumentar ventas versus la velocidad de remarcación de precios”.

Y, por último, puntualizan que con tasas de interés reales positivas es clave la rotación de productos y “se requiere optimizar el manejo de inventarios”.

Werning también se centró en el proceso de baja de la inflación. En ese sentido, explica que una serie de factores la hicieron subir pero temporalmente. Entre ellos, mencionó el impacto que tuvo la incertidumbre preelectoral del año pasado. Aunque no lo menciona explícitamente se produjo una suba del tipo de cambio que meses después generó un impacto en los precios.

Pero luego también se refiere a algunos shocks internacionales, más precisamente el aumento de la nafta por la guerra en Medio Oriente y también el aumento internacional de la carne que también se sintió en el mercado local.

La buena noticia, sostiene, es que se sigue esperando un descenso de la inflación en los próximos meses. El índice porteño arrojó 2,1% en mayo y el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) estimó un 2,3% para la inflación nacional del mes pasado. El proceso de desinflación se mantendría, perforando el 2% en agosto aunque algunos economistas como Fernando Marull estiman que esto podría ocurrir incluso en junio.

El índice de producción industrial minera argentina registró en abril de 2026 un incremento interanual de 9,5% y de 0,7% mensual desestacionalizado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El acumulado de los primeros cuatro meses del año mostró una suba de 7,4% respecto al mismo período de 2025, lo que consolida el repunte del sector a nivel nacional.

En abril de 2026, la producción industrial minera argentina, que hoy es uno de los principales motores económicos junto con el agro, experimentó un avance significativo, con sectores como la extracción de sal y los minerales para la fabricación de productos químicos a la cabeza del crecimiento, de acuerdo con datos del Indec. Otras áreas, como la extracción de carbón y los servicios de apoyo para la industria de petróleo y gas, presentaron bajas, lo que evidencia un comportamiento desigual entre los distintos segmentos productivos.

Sectores con mayor crecimiento en la producción minera

Según el organismo estadístico, la extracción de sal lideró las alzas, con un crecimiento interanual de 150,3% en abril. Los minerales destinados a la elaboración de productos químicos también se destacaron, con un aumento de 73,0% en la comparación con el mismo mes del año anterior.

Dentro de este grupo, la producción de carbonato de litio aumentó 79,0% y los minerales de boro subieron 35,9 por ciento. En tanto, la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación evidenció un crecimiento de 45,5 por ciento. Específicamente, la producción de piedra caliza y yeso se incrementó en 5,2%, mientras que la de clínker, insumo esencial para el cemento, mejoró 16,5 por ciento.

En el rubro de metales preciosos, tanto la plata como el oro avanzaron 15,8%, y el bullón dorado/doré lo hizo 7,4%, aunque el conjunto restante de minerales metalíferos retrocedió 55,4 por ciento. En cuanto a hidrocarburos, el índice de “extracción de petróleo crudo” marcó un salto interanual de 19,1 por ciento. Dentro de ese segmento, la extracción de petróleo no convencional fue la de mayor impulso, con una suba de 39,2 por ciento. El gas natural aumentó 2,8%, destacando una mejora de 12,2% en la extracción no convencional y una baja en la producción convencional.

Sectores con descensos en la producción minera

No todos los segmentos evolucionaron favorablemente. El Indec registró un retroceso de 19,8% interanual en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, mientras que el acumulado de enero a abril de 2026 mostró una caída de 17,2% para este mismo rubro.

En el segmento de combustibles sólidos, la extracción de carbón y turba descendió 21,6% en la comparación anual y retrocedió 18,4% en el acumulado de los cuatro primeros meses. La “extracción de arcilla y caolín” tuvo una baja interanual de 17,1% y acumuló una disminución de 14,2 por ciento.

También se observaron caídas en la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: el rubro completo cayó 5,7% en abril, con una baja de 22,3% en arenas industriales y de 5,8% en arena de fractura.

Otras áreas que registraron retrocesos fueron la extracción de rocas ornamentales y piedra caliza para cal o cemento, así como los minerales metalíferos no ferrosos distintos de oro, plata y bullón dorado.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, remarcó que “el IPI minero de abril confirmó que el sector sigue siendo uno de los motores más dinámicos de la economía argentina”.

“El dato más destacado es el petróleo crudo, que subió 19,1% interanual, impulsado casi exclusivamente por el segmento no convencional con un avance del 39,2% anual, liderado por Vaca Muerta. Por el contrario, el petróleo convencional continuó su declive estructural (-10%). El litio también sigue creciendo a ritmos crecientes, con un aumento del 60,4% interanual. Esto refleja la maduración de los proyectos de los últimos años”, evaluó Cachanosky.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, coincidió al subrayar que “la minería y la energía volvieron a mostrar un buen desempeño en abril y consolidan como dos de los principales motores de la actividad económica del país”.

“Las inversiones realizadas, y las que vendrán, continuarán generando mayores niveles de producción, consolidando a ambos sectores como pilares del crecimiento. La expansión de Vaca Muerta, el crecimiento del litio y el avance de nuevos proyectos de inversión permiten anticipar que el sector seguirá aportando exportaciones, divisas y actividad durante los próximos meses”, añadió Casas.

La creciente demanda global de baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y dispositivos electrónicos convirtió al litio en uno de los minerales estratégicos de la economía mundial. En ese contexto, Argentina se consolidó como uno de los principales protagonistas del denominado “Triángulo del Litio”, junto con Chile y Bolivia, una región que concentra más de la mitad de los recursos mundiales de este mineral.

Sin embargo, detrás de cada tonelada exportada existe una operación logística mucho más compleja de lo que suele imaginarse. El traslado del litio requiere protocolos específicos de limpieza, manipulación, almacenamiento y transporte que buscan evitar cualquier tipo de contaminación que pueda afectar la calidad final del producto.

La importancia de estos cuidados crece a medida que Argentina incrementa su participación en el mercado internacional. Las proyecciones oficiales indican que el país podría multiplicar significativamente sus exportaciones mineras durante la próxima década, impulsadas principalmente por el desarrollo del litio y el cobre.

Un producto sensible a la contaminación

Gran parte del litio argentino destinado a exportación se comercializa como carbonato de litio o productos derivados de alta pureza utilizados por la industria tecnológica y energética.

En este tipo de cargas, la contaminación representa uno de los principales riesgos operativos. Una simple presencia de tierra, polvo, humedad, restos de otras mercaderías o manchas sobre los envases puede comprometer especificaciones técnicas exigidas por los compradores internacionales.

Por ese motivo, los operadores logísticos deben trabajar bajo estrictos protocolos de limpieza. Los vehículos, contenedores, depósitos y equipos de manipulación deben encontrarse libres de residuos de cargas anteriores. Además, es habitual que se realicen inspecciones visuales y controles documentales antes de cada despacho.

Los tradicionales bolsones o “big bags” utilizados para transportar carbonato de litio también reciben especial atención. El contacto con superficies sucias, elementos cortantes o sustancias contaminantes puede afectar tanto la presentación comercial como la calidad del producto.

La humedad constituye otro factor crítico. Diversas fichas internacionales de seguridad recomiendan almacenar el material en lugares secos, ventilados y protegidos de fuentes de contaminación ambiental.

Cuidados durante la manipulación y el transporte

Aunque el carbonato de litio generalmente no está clasificado como mercancía peligrosa para transporte en muchas regulaciones internacionales, su manipulación exige procedimientos específicos.

Uno de los principales desafíos consiste en evitar la generación de polvo durante las operaciones de carga y descarga. Las recomendaciones técnicas internacionales indican minimizar la dispersión de partículas, utilizar elementos de protección adecuados y evitar el contacto innecesario con el producto.

En los corredores mineros del norte argentino, donde el litio suele recorrer cientos de kilómetros desde los salares hasta terminales ferroviarias, centros logísticos o puertos, la planificación adquiere un papel central. Las condiciones climáticas extremas de altura, los largos trayectos y las restricciones de infraestructura obligan a coordinar cuidadosamente cada etapa del proceso.

La trazabilidad es otro aspecto clave. Los compradores internacionales demandan cada vez más información sobre el origen, las condiciones de transporte y la preservación de la calidad del producto durante todo su recorrido.

Argentina y la oportunidad de convertirse en proveedor del sector

El crecimiento de la industria del litio está generando oportunidades que van mucho más allá de la extracción minera. La expansión de proyectos en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca impulsa la demanda de servicios logísticos, transporte especializado, almacenamiento, mantenimiento industrial, equipamiento, ingeniería, construcción y soluciones tecnológicas vinculadas a la cadena de abastecimiento.

Actualmente, Argentina figura entre los principales productores mundiales de litio y concentra decenas de proyectos en distintas etapas de desarrollo. Diversos estudios señalan que el país posee uno de los mayores potenciales de crecimiento dentro del Triángulo del Litio durante los próximos años.

Para las empresas interesadas en convertirse en proveedoras del sector, la preparación resulta fundamental. La capacitación del personal, la certificación de procesos, la incorporación de tecnología y la capacidad para operar en zonas remotas aparecen entre los principales requisitos para integrarse a esta cadena de valor.

A medida que el litio gana relevancia en la transición energética global, la logística se consolida como un eslabón estratégico. No se trata únicamente de trasladar un mineral desde un punto de extracción hasta un puerto. Cada operación implica preservar la calidad de un recurso que alimenta industrias de alto valor agregado y que se ha convertido en uno de los activos más importantes para el desarrollo exportador argentino.

Desde que se puso en marcha el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el mapa de los proyectos presentados fue dibujando una geografía clara: la Argentina que atrae capital de gran escala no está distribuida de manera uniforme a lo largo del territorio, sino que se concentra en unas pocas jurisdicciones con recursos naturales estratégicos y capacidad para generar exportaciones. En ese esquema, Neuquén y San Juan emergieron como las provincias de mayor peso, explicando juntas más del 65% del total de inversiones presentadas al régimen.

Así lo señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elaborado por Francisco Cuello Rosso, Guido D’Angelo y Emilce Terré, publicado esta semana. El trabajo analiza la evolución reciente de los proyectos ingresados al RIGI, su composición sectorial y su distribución geográfica, a partir de datos que reflejan el estado actual del régimen.

Más de USD 133.000 millones en juego

El primer dato que emerge del informe es la magnitud del interés que despertó el RIGI desde su implementación. “Las inversiones presentadas al régimen ya superan los USD 133.000 millones”, señala el documento, reflejando la participación de empresas nacionales e internacionales en iniciativas vinculadas principalmente a energía, minería, infraestructura e industria. Del total relevado, más del 22% del capital ya obtuvo aprobación oficial, mientras que una porción significativa continúa en diferentes etapas de evaluación administrativa.

La composición sectorial de esas inversiones muestra un sesgo marcado. Energía y minería concentran, en conjunto, más del 99% del monto total presentado al RIGI, consolidándose como los sectores de mayor relevancia dentro del régimen. La energía lidera con cerca del 64% del volumen total, con iniciativas por más de USD 85.456 millones: alrededor de USD 66.353 millones se encuentran bajo análisis, mientras que USD 19.103 millones ya fueron aprobados. La minería, por su parte, acumula USD 9.952 millones aprobados sobre un total cercano a USD 46.000 millones.

Los tres rubros que más traccionan

Dentro del segmento energético, el informe de la BCR detalla que “los proyectos vinculados a petróleo y gas concentran la mayor parte de las inversiones comprometidas en el marco del RIGI, con montos por aproximadamente USD 55.300 millones”. Las recientes presentaciones de los proyectos LLL Oil y El Trapial por parte de YPF y Chevron fueron señaladas como factores que “apuntalaron fuertemente las solicitudes en este sector”. El GNL aparece como el segundo segmento energético de mayor peso, con inversiones aprobadas por USD 15.156 millones, concentradas exclusivamente en el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy.

En minería, el cobre es el mineral que lidera en términos de monto comprometido. Proyectos de gran escala como El Pachón, Vicuña, Minera Agua Rica (Mara), Los Azules y San Jorge totalizan aproximadamente USD 31.500 millones. No obstante, gran parte de esas inversiones continúa en etapa de evaluación: del total asociado al cobre, USD 3.563 millones ya fueron aprobados. El litio, en cambio, presenta un mayor volumen de capital ya autorizado, con proyectos aprobados por más de USD 4.528 millones.

Neuquén y San Juan, las grandes protagonistas

La distribución geográfica de las inversiones es uno de los hallazgos más contundentes del informe. Neuquén lidera el ranking provincial con proyectos por aproximadamente USD 62.434 millones, equivalente a cerca del 47% del total relevado. San Juan se ubica en segundo lugar, con USD 25.000 millones, lo que representa el 19% de las aplicaciones al RIGI. Entre las dos provincias concentran más del 65% del total de inversiones presentadas.

Río Negro completa el podio con USD 19.588 millones —el 15% del total—, consolidando una primera franja de jurisdicciones que en conjunto superan con holgura el 80% del capital presentado bajo el régimen. El informe señala que “en conjunto, estas tres provincias concentran alrededor de USD 107.000 millones, superando el 80% de las inversiones presentadas relevadas bajo el régimen”.

La BCR explica esa concentración por la composición sectorial: “La composición sectorial explica buena parte de esta concentración, dado que en dichas jurisdicciones predominan proyectos vinculados a energía y cobre, que implican elevadas necesidades de capital y con una orientación fundamental hacia la generación de exportaciones”.

En un escalón más abajo aparecen Catamarca, con inversiones cercanas a USD 9.615 millones, y Salta, con aproximadamente US$ 8.748 millones, ambas con protagonismo del litio. El resto de las provincias reúne en conjunto alrededor de US$ 7.700 millones.

El agro y el RIGI: dos proyectos para no perder de vista

El informe de la BCR también advierte sobre la presencia de dos proyectos con implicancias directas para el sector agropecuario argentino. Por un lado, la Terminal Multipropósito Timbúes, en Santa Fe, ya se encuentra aprobada y en ejecución: se trata de una nueva terminal para el Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo.

Por otra parte, Pampa Energía espera ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Con el proyecto Fertil Pampa, “podría incrementarse la producción nacional de urea en 2,1 millones de toneladas, aproximándose a duplicar la capacidad productiva del país para este fertilizante estratégico”.

El “Súper RIGI”

En paralelo al avance de los proyectos vigentes, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen orientado a promover inversiones en actividades económicas sin desarrollo previo en el país, denominado informalmente “Súper RIGI”. La iniciativa apunta a proyectos con un piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los del régimen vigente.

Entre las actividades alcanzadas se mencionan desarrollos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, infraestructura vinculada a inteligencia artificial y centros de datos abastecidos con gas natural, además de iniciativas asociadas al agregado de valor de minerales críticos. También se incluyen industrias vinculadas a la electromovilidad, biotecnología avanzada, infraestructura digital y manufacturas tecnológicas de alto valor agregado.

La minería aportará USD 1 de cada USD 10 exportados por Argentina en 2026, según un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El dato cobra dimensión en un año en que las exportaciones nacionales podrían alcanzar un récord histórico de entre USD 90.000 millones y USD 100.000 millones, según estimaciones privadas, superando la marca de USD 88.446 millones de 2022.

Este crecimiento, resalta el estudio, se dará pese a una caída ya prevista en la producción local de oro y plata. Esta baja, no obstante, se podrá recuperar en valor por la suba en el precio internacional de aquellos materiales, así como también del litio.

De acuerdo con el úlitmo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, las exportaciones nacionales alcanzarían los USD 96.056 millones en 2026. Sobre esa base, la participación de la minería pasaría de cerca del 7% en 2025 a más del 10% del total exportado este año.

Según CAEM, las exportaciones mineras totalizaron unos USD 6.075 millones en 2025, equivalentes al 6,9% del total nacional, lo que significó a un alza del 31% frente al año anterior. El último Resumen Productivo de la entidad proyectó que en 2026 el sector podría superar los USD 9.000 millones y crecer más del 50 por ciento.

Ese salto convive con dos movimientos distintos dentro de la actividad. Según el estudio de CAEM y la BCR, los metales preciosos enfrentan una caída productiva y mayores costos operativos en la Argentina, mientras que el litio avanza por expansión de volúmenes y una recuperación de precios prevista para 2026.

El oro y la plata exportarían más pese a una menor producción

Según CAEM, la producción de oro en Argentina cayó a 1.184 mil onzas en 2025, un 6% menos que un año antes y 42% por debajo del nivel de hace una década. El informe atribuyó esa baja al agotamiento natural de operaciones maduras y a la falta de inversiones suficientes en exploración y desarrollo para compensar la caída de las leyes minerales.

Aun con esa merma, las exportaciones de oro alcanzaron USD 4.094 millones en 2025, un 30% más que en 2024, sostenidas por el aumento del precio internacional de referencia. Para 2026, la proyección señala una producción en niveles similares a los del año previo, con el ingreso de Río Negro como productor aurífero por el inicio de Calcatreu y la reactivación de Casposo en San Juan.

Según el estudio, el oro podría exportar USD 5.129 millones en 2026, un 25% más -en valor- que en 2025, con un precio promedio proyectado de USD 4.353 por onza. La mejora, en este sentido, vendría del precio y no de una recuperación de la extracción.

La plata muestra la misma lógica. Con una contracción todavía mayor en la producción, en 2025 se produjeron 22,1 millones de onzas, un 7,8% menos interanual y 35% por debajo de 2019, el nivel más bajo de la última década.

Pese a eso, las exportaciones de plata sumaron USD 785 millones en 2025, un 22% más que en 2024, impulsadas por un precio promedio de USD 38,8 por onza. Para 2026, la producción bajaría a 19,5 millones de onzas, otro 10% menos frente a 2025.

El informe proyectó, no obstante, que las exportaciones de plata treparían a USD 1.172 millones en 2026, un 49% más que el año anterior, con un precio promedio de USD 60 por onza. El resultado, según el estudio, volvería a mostrar que la plata puede generar más divisas incluso con menor producción.

El litio explica el crecimiento estructural del sector minero

El caso del litio es distinto: el crecimiento proviene del aumento de la producción. Según CAEM, en 2025 Argentina alcanzó 116 mil toneladas LCE, un 56% más interanual y 241% por encima de 2018, por expansiones y aumentos de capacidad en Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz, además de la incorporación y crecimiento de nuevos proyectos.

Ese mayor volumen compensó la caída del precio promedio de exportación, que bajó a USD 8,7 por kilo. Aun así, las exportaciones de litio llegaron a USD 911 millones en 2025, un 44% más que en 2024.

Para 2026, el escenario intermedio del estudio prevé una producción de 172 mil toneladas LCE, un 48% más que en 2025, por una mayor utilización de la capacidad instalada y el avance de proyectos. A diferencia de lo ocurrido el año anterior, la mejora esperada combinaría más volumen con mejores precios.

Según el informe, el precio promedio de exportación del litio se ubicaría en torno a USD 14,9 por kilo y las ventas externas escalarían a USD 2.559 millones en 2026. Eso implicaría un aumento del 181% frente a 2025 y convertiría al litio en el principal motor del crecimiento minero por volumen y precio.

Perú ya cuenta con resultados preliminares del balotaje 2026. El flash electoral nacional de Datum mostró una diferencia mínima entre los candidatos: Keiko Fujimori obtuvo el 50,53% de los votos válidos y Roberto Sánchez el 49,47%.

Aunque estos datos aún pueden variar conforme avance el conteo oficial de la ONPE, permiten observar tendencias regionales y productivas que marcaron la jornada del domingo.

Elecciones 2026: un balotaje cerrado y regiones en disputa

Durante el Simposio XVI Encuentro Internacional de Minería, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), presentó un análisis sobre el comportamiento electoral en función de la estructura económica de las regiones.

Velarde sostuvo que, históricamente, las zonas mineras ricas tienden a votar por la izquierda, mientras que en las regiones agroexportadoras la preferencia es hacia la derecha.

El banquero aclaró que este fenómeno responde a la percepción de la ciudadanía: en las zonas mineras, el crecimiento económico no se ha traducido en mejoras visibles de los servicios públicos, lo que genera descontento y una inclinación hacia propuestas de cambio.

En contraste, en las regiones agrícolas y agroexportadoras, donde el desarrollo ha sido más palpable para la población, el voto suele favorecer al statu quo y a los candidatos de derecha. Pero, ¿Se cumplió?

El análisis de Julio Velarde: voto y economía, una relación directa

Las exportaciones peruanas se apoyan en dos grandes pilares: agroexportación y minería. Las regiones agroexportadoras predominan en la costa y parte de la selva.

Destacan Ica y La Libertad (líderes en uvas, espárragos y paltas), Lima (paltas y cítricos), Piura (mangos y uvas), Lambayeque y Áncash (arándanos y pimientos), así como San Martín, Junín y Ucayali (café, cacao y palma).

La minería, por su parte, domina en la sierra y el sur, con polos clave en Arequipa, Apurímac, Moquegua y Cusco (cobre), La Libertad y Cajamarca (oro), y Áncash, Junín y Pasco (zinc, plata y plomo).

El análisis de los resultados regionales de Datum muestra que el “pronóstico” de Velarde se reflejó en la mayoría de los casos:

Regiones mineras:

• Áncash (con Antamina, una de las mayores minas del país): Sánchez 56,22%, Fujimori 43,78%.
• Arequipa : Sánchez 59,81%, Fujimori 40,19%.
• Apurímac : Sánchez 78,92%, Fujimori 21,08%.
• Moquegua : Sánchez 61,42%, Fujimori 38,58%.
• Cusco : Sánchez 77,27%, Fujimori 22,73%.
• Cajamarca : Sánchez 73,41%, Fujimori 26,59%.
• Junín : Sánchez 52,16%, Fujimori 47,84%.
• Pasco : Fujimori 50,32%, Sánchez 49,68%.

En casi todas, el voto favoreció claramente a la izquierda, salvo en Pasco, donde la diferencia fue mínima.

Regiones agroexportadoras:

• Ica : Fujimori 54,56%, Sánchez 45,44%.
• La Libertad : Fujimori 62,27%, Sánchez 37,73%.
• Lima Metropolitana : Fujimori 62,19%, Sánchez 37,81%.
• Piura : Fujimori 55,56%, Sánchez 44,44%.
• Lambayeque : Fujimori 55,46%, Sánchez 44,54%.
• Ucayali : Fujimori 53,21%, Sánchez 46,79%.
• San Martín : Sánchez 52,33%, Fujimori 47,67%.
• Áncash : Sánchez 56,22%, Fujimori 43,78%.

En la mayoría, la derecha se impuso, especialmente en la costa norte y Lima. Solo San Martín y Áncash mostraron preferencia por Sánchez, y Junín una votación más dividida.

El caso de La Libertad es ilustrativo: a pesar de su importancia minera, la fuerza de la agroexportación y la tradición política local inclinó el resultado hacia Fujimori. Por su parte, Áncash confirmó la tendencia minera, con un voto mayoritario por la izquierda.

Un “pronóstico” que se refleja en las urnas, pero aún puede cambiar

Cabe subrayar que estos resultados corresponden al flash electoral y el panorama podría cambiar conforme ONPE avance con el conteo definitivo de votos.

Incluso si Sánchez logra remontar o se modifican los porcentajes en algunas regiones durante el conteo oficial, es muy probable que las preferencias electorales por región se mantengan alineadas con el análisis planteado por Velarde.

Desde su lanzamiento, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado por el Gobierno nacional como una herramienta para atraer capital privado a sectores estratégicos de la economía argentina. Con el correr de los meses, el programa fue acumulando adhesiones: al momento de esta publicación, son 18 los proyectos que ya cuentan con aprobación oficial.

La suma de las inversiones comprometidas asciende a USD 22.551 millones y, según los datos informados por las propias empresas, la cantidad de empleos directos e indirectos que generarán en conjunto supera los 57.000 puestos de trabajo.

Minería y energía, los sectores con más peso

Los 18 proyectos aprobados pertenecen a cinco sectores distintos: minería, petróleo y gas, energía eléctrica, siderurgia e infraestructura. La minería es la actividad con mayor presencia, con ocho iniciativas que en conjunto representan más de la mitad del empleo total prometido por el programa.

En términos de puestos de trabajo, el proyecto con mayor impacto laboral estimado no es minero sino de infraestructura: la Terminal Multipropósito Timbúes, que ejecutará Terminal Timbúes S.A. en la provincia de Santa Fe con una inversión de USD 277 millones. Esa iniciativa es la que más empleos promete generar de toda la cartera aprobada, con un total de 9.700 puestos entre la construcción y la operación, de acuerdo a lo detallado por el Gobierno durante el informe de gestión presentado por Manuel Adorni.

En segundo lugar aparece la Ampliación del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de Gas del Sur S.A. en La Pampa. Con una inversión de USD 550 millones, ese proyecto comprometió 7.535 empleos, lo que lo convierte en el principal generador de trabajo del sector de petróleo y gas dentro del RIGI.

El tercer puesto corresponde al Proyecto Los Azules, de la empresa McEwen Cooper, que se desarrollará en San Juan. Se trata de una iniciativa minera con una inversión de USD 2.672 millones y una promesa de 7.391 puestos de trabajo.

Las inversiones en Cuyo

San Juan se consolida como una de las provincias con mayor concentración de empleo proyectado dentro del RIGI. Además de Los Azules, aloja al proyecto Nuevo Gualcamayo, de Minas Argentinas, que demandará USD 665 millones y generará 4.500 puestos, y al proyecto Veladero, de Barrick Mining, que suma 1.048 empleos con una inversión de USD 380 millones. En total, las tres iniciativas sanjuaninas del RIGI comprometieron más de 12.900 puestos de trabajo.

Mendoza, en tanto, tiene dos proyectos aprobados. El primero es San Jorge, de Minera San Jorge S.A., que con una inversión de USD 891 millones comprometió 6.300 empleos, convirtiéndose en el cuarto proyecto con mayor generación de trabajo de toda la cartera. El segundo es el Parque Solar El Quemado, de YPF Luz, que proyecta 384 puestos con una inversión de USD 211 millones.

El resto de las iniciativas

El Proyecto Siderúrgico Argentino de Sidersa Acería S.D.E., radicado en la provincia de Buenos Aires, es el que mayor cantidad de empleo promete entre los proyectos no mineros y no vinculados al gas o la infraestructura: 3.800 puestos con una inversión de USD 286 millones. Es también uno de los casos donde la relación entre inversión y empleo generado es más favorable en términos laborales.

Vaca Muerta Oil Sur, el proyecto de VMOS S.A. en Río Negro, es otra de las iniciativas de mayor volumen tanto en inversión —USD 2.486 millones— como en empleo: promete 3.108 puestos de trabajo.

En el sector minero también se destacan Diablillos, de AbraSilver, que abarca territorios de Salta y Catamarca y comprometió 2.013 empleos con una inversión de USD 764 millones, y Sal de Oro, de Posco Argentina, también en Salta y Catamarca, con 2.335 puestos y USD 208 millones de inversión.

El proyecto Gasoducto San Matías, de San Matías Pipelina S.A. en Río Negro, suma 2.489 empleos con una inversión de USD 1.300 millones. Cauchari Olaroz, de Minera Exar en Jujuy, comprometió 1.787 puestos con una inversión de USD 1.241 millones.

Completan la nómina el proyecto Río Tinto, de Minera Río Tinto en Salta, con 1.985 empleos y USD 2.744 millones de inversión; la Expansión Fase 1B (Fénix), de Minera del Altiplano en Catamarca, con 1.273 puestos y USD 531 millones; el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural de Southern Energy S.A. en Río Negro, con 836 empleos y USD 6.878 millones; Hombre Muerto Oeste, de Galan S.D.E. en Catamarca, con 670 puestos y USD 217 millones y el Parque Eólico Olavarría de Acindar y PCR en Buenos Aires, con 165 empleos y USD 250 millones.

Las apuestas más grandes en inversión

Si el foco se pone en el volumen de capital comprometido, cuatro proyectos se destacan del resto y en conjunto suman USD 14.780 millones, lo que representa el 65,5% del total de inversiones aprobadas en el RIGI hasta la fecha.

El más voluminoso es el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural, que Southern Energy S.A. desarrollará en Río Negro con un desembolso de USD 6.878 millones. Le sigue el proyecto Río Tinto Rincón, de Minera Río Tinto en Salta, con USD 2.744 millones comprometidos. En tercer lugar figura Proyecto Los Azules, de McEwen Cooper en San Juan, con USD 2.672 millones, y en cuarto lugar Vaca Muerta Oil Sur, de VMOS S.A. en Río Negro, con USD 2.486 millones.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó y sancionó la operación de una mina ilegal en el ejido Arroyo del Hacho, municipio de Guanaceví, en Durango. Durante recorridos realizados enla zona, el personal de Profepa constató la existencia de un proyecto de explotación de minerales metálicos, principalmente plata, oro y zinc, que funcionaba sin las autorizaciones federales requeridas.

Estas acciones ocasionaron daños significativos a la vegetación forestal y al equilibrio ecológico de la región.

La Profepa observó instalaciones rudimentarias de maquinaria y equipo utilizadas para la extracción, así como la remoción de vegetación en una superficie de aproximadamente 3 mil 200 metros cuadrados, afectando especies nativas de la zona de transición, en particular pinos y táscate (juniperus).

Este tipo de vegetación es fundamental para la conservación de los suelos, la captación de agua y la provisión de hábitats para la fauna local. La remoción de la cubierta vegetal y la alteración del terreno sin los permisos adecuados representan una amenaza grave para la biodiversidad y la estabilidad ambiental de la región.

Sanciones de Profepa ante estas acciones ilegales

Al solicitar la documentación correspondiente, los responsables del proyecto no pudieron acreditar las autorizaciones en materia de impacto ambiental ni el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ambos trámites obligatorios emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante esta omisión, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del proyecto, además de asegurar precautoriamente la maquinaria y equipo hallados en el sitio, con el objetivo de frenar los daños y evitar que continúen las actividades ilícitas.

La dependencia federal inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades legales de los involucrados, evaluar el alcance de los daños y garantizar la reparación ambiental correspondiente. Este proceso busca que quienes incumplan la normatividad ambiental enfrenten consecuencias y que se refuercen las medidas de protección y uso sustentable de los recursos naturales.

Las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo son herramientas clave para que los proyectos productivos se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad, minimizando los efectos negativos al entorno y asegurando la protección de la biodiversidad. Cuando se omite su cumplimiento, se incrementa el riesgo de deforestación, erosión, contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como la pérdida de hábitats para especies de flora y fauna.

La minería ilegal es una de las principales amenazas para los ecosistemas forestales y comunidades rurales en México. Además de los daños ambientales, suele generar conflictos sociales, afectaciones a la salud pública y pérdida de servicios ambientales esenciales, como la regulación hídrica y la prevención de desastres naturales.

Minería en México

La extracción minera en México es una actividad económica de gran peso, marcada tanto por su relevancia histórica como por controversias sociales, ambientales y legales.

México es líder mundial en la producción de minerales, de acuerdo a datos de Bnamericas, especialmente en la extracción de plata (el primer productor global), oro (alrededor del 3.3% de la producción mundial), cobre (1.8% mundial), entre otros metales estratégicos.

No obstante, la minería, especialmente a cielo abierto, ha sido señalada por daños irreversibles en los ecosistemas, contaminación de acuíferos, pérdida de biodiversidad e incluso desplazamiento de comunidades indígenas.

Se estima que más de 70 áreas naturales protegidas tienen concesiones mineras, lo que ha motivado la férrea oposición de sectores ambientalistas y de derechos humanos y un importante cambio legal para proteger estos territorios

Otro de los grandes desafíos actuales de la minería mexicana es la violencia y el control criminal. Grupos del crimen organizado extorsionan, roban cargamentos y controlan yacimientos, especialmente de oro, plata y cobre, en numerosas regiones (Sonora, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, etc.), lo que desencadena desplazamientos, violencia extrema y presión sobre trabajadores y empresas.

El posible viaje de legisladores costarricenses de oposición a Crucitas de Cutris ha quedado en suspenso tras las declaraciones de líderes parlamentarios que cuestionan el ambiente generado por el Poder Ejecutivo en torno a la convocatoria oficial.

De acuerdo a una nota publicada en El Observador, la iniciativa, impulsada para el viernes 19 de junio, enfrenta resistencias que revelan tensiones institucionales y preocupaciones sobre el trato a los opositores.

Las dudas no se centran en la seguridad de la zona, sino en la relación entre poderes y el respeto durante estos encuentros. José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), manifestó que su agrupación tiene interés en conocer de primera mano la problemática de Crucitas, pero advirtió que la atmósfera generada desde el Gobierno ha sido “hostil hacia las fracciones de oposición”.

Según el legislador, el grupo todavía sopesa si existen “condiciones adecuadas” para sumarse a la visita oficial.

La preocupación expresada por Villalta apunta a la necesidad de hospitalidad y respeto en los espacios institucionales, y a evitar el uso político de la actividad.

En sus palabras, lo relevante para su bancada es que cualquier eventual recorrido por Crucitas se realice “en igualdad de condiciones” y con garantías para los participantes. El FA incluso considera la opción de visitar la región en otro momento, si la coyuntura actual no resulta propicia.

Legisladores analizan antecedentes y condiciones para participar

Según la nota, el debate sobre la gira a Crucitas se ha intensificado por experiencias previas que, a juicio de la oposición, han dejado un saldo negativo. Claudia Dobles, jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), señaló que existen “al menos dos antecedentes” en los que actividades convocadas por el Ejecutivo terminaron en situaciones de hostilidad y falta de respeto.

Dobles advirtió que estas conductas han dificultado la construcción de consensos y la consecución de acuerdos políticos.

La diputada recalcó que su bancada está evaluando cuál es “la mejor ruta para abordar la situación relacionada con Crucitas”, subrayando la importancia de las formas en el diálogo político y el riesgo de que el tema se politice en exceso.

Dobles concluyó que la CAC no tomará una decisión hasta garantizar que el proceso se lleve adelante con el respeto que exigen temas “importantes, sensibles y técnicos”.

En síntesis, los diputados de oposición han condicionado su participación en la gira a Crucitas a la existencia de un marco de respeto y trato igualitario por parte del Gobierno.

Las bancadas han señalado antecedentes de hostilidad en otras convocatorias oficiales, lo que les lleva a analizar cuidadosamente si es conveniente asistir a la cita del viernes 19 de junio o buscar alternativas para abordar la problemática de la zona.

Propuestas para un abordaje más profundo del tema Crucitas

Mientras tanto, desde otras bancadas se ha planteado la necesidad de ir más allá de la mera visita. Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), consideró positiva la gira, pero la calificó de “insuficiente” si no es acompañada de un espacio formal de trabajo.

Ramírez propuso crear una comisión, mesa técnica u otro mecanismo que permita el análisis detallado del proyecto de minería a cielo abierto vinculado a Crucitas.

El legislador del PLN enfatizó que la discusión debe ampliarse a aspectos técnicos y políticos, y no limitarse a resolver cuestiones logísticas. Su planteamiento es que la visita se complemente con una instancia de coordinación donde se aborden los diversos temas que rodean a Crucitas y que requieren un debate informado y profundo.

El itinerario previsto contempla que el Plenario sesione el jueves 18 de junio en la mañana. La salida hacia la zona norte está fijada para el viernes 19 a las 3:30 a.m., aunque la presencia de la oposición sigue en duda.

El desenlace dependerá de si el Ejecutivo logra transmitir garantías de trato igualitario y respeto, condiciones que los legisladores consideran indispensables para su participación.

La ONG venezolana Foro Penal comunicó la liberación de 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven, una corporación mixta formada por la estatal venezolana Minerven y la empresa turca Marilyns Proje Yatirim. Estas personas estuvieron privadas de libertad durante un año y dos meses, bajo acusaciones que incluyeron tráfico de material estratégico.

El director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, informó en X que la liberación ocurrió a las 20:50 hora local (01:50 GMT).

Medios locales reportaron que el 1 de abril de 2025 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizaron un procedimiento en las instalaciones de la empresa en el estado Bolívar, donde detuvieron a 31 trabajadores.

Familiares denunciaron que los funcionarios no explicaron los motivos de la detención. Posteriormente, a través de medios, supieron que el expediente databa de 2019, aunque varios de los detenidos llevaban solo un mes trabajando en la empresa.

Durante el proceso, un trabajador falleció bajo custodia del Estado y otro obtuvo libertad condicional.

Los familiares denunciaron retrasos en el proceso judicial y violaciones al debido proceso, al no permitirles juramentar un abogado privado, ni acceder al expediente o a los elementos probatorios que justificaran la detención.

Los cargos imputados fueron asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de material estratégico e incumplimiento de funciones empresariales.

Foro Penal actualizó este miércoles el número de presos políticos en el país y lo ubicó en 404, cinco menos que la semana pasada. Entre ellos, hay 39 personas con doble nacionalidad o extranjeras.

Según datos publicados en X, en Venezuela hay 369 hombres y 35 mujeres detenidos por motivos políticos. De ese total, 225 son civiles —incluido un adolescente— y 179 militares.

Dos semanas atrás, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 personas como parte de una nueva ronda de excarcelaciones, además de las otorgadas por la amnistía aprobada en febrero.

Días después, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que en las “próximas horas” se alcanzarían 500 excarcelaciones.

A pesar de estos anuncios, los familiares de presos políticos han denunciado el incumplimiento de las excarcelaciones prometidas por el Gobierno.

La optimización energética se ha transformado en uno de los ejes centrales para la competitividad de la minería en el Perú. El aumento de los costos operativos, junto con las crecientes exigencias en sostenibilidad y reducción de emisiones, ha llevado a las empresas del sector a priorizar la eficiencia en el uso de la energía.

Actualmente, la implementación de tecnología y automatización permite que las mineras logren ahorros energéticos de entre 10% y 15% en sus operaciones, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Herramientas digitales mejoran la precisión y el monitoreo en plantas mineras

El sector minero consume una parte significativa de la electricidad industrial del país, especialmente en procesos como molienda, bombeo, ventilación y procesamiento de minerales, de acuerdo con un análisis de Jorge Cáceres, Gerente de Planta de Ingeniería y Tecnología Wise.

Para enfrentar este desafío, las compañías están incorporando sistemas de automatización, monitoreo y análisis de datos que permiten identificar pérdidas energéticas y optimizar el rendimiento de los equipos en tiempo real.

El uso de sensores inteligentes y plataformas integradas proporciona información detallada sobre el funcionamiento de compresoras, bombas y ventiladores, facilitando ajustes inmediatos que evitan el sobreconsumo y mejoran la eficiencia.

Precisamente, uno de los retos persistentes es la existencia de sistemas que funcionan de manera aislada dentro de las plantas mineras. La falta de integración dificulta la obtención de una visión global del consumo energético y limita la capacidad de anticipar fallas o detectar sobrecargas.

La tendencia actual apunta a la conexión de operaciones, sensores y equipos críticos a través de plataformas digitales, lo que permite monitorear variables en tiempo real y gestionar la energía de manera integral.

Además, la posibilidad de almacenar energía durante periodos de baja demanda para su uso en horas pico ayuda a reducir costos y estabilizar la operación.

Sostenibilidad y eficiencia: beneficios más allá del ahorro económico

La optimización energética no solo tiene impacto en los costos operativos, sino que también responde a los objetivos de sostenibilidad de las empresas mineras.

La reducción del consumo innecesario de energía contribuye a disminuir emisiones y avanzar hacia operaciones más responsables con el medio ambiente, un aspecto que cobra cada vez mayor relevancia ante inversionistas, clientes y mercados internacionales.

El uso de tecnología avanzada se traduce en una mejora en la reputación corporativa y en la capacidad de competir en mercados globales con estándares ambientales exigentes. explica el portavoz de Wise.

Hacia una minería predictiva y conectada

Entre las tecnologías más usadas destacan los sistemas de automatización industrial, plataformas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), sensores inteligentes y soluciones de analítica predictiva que permiten supervisar procesos desde centros de control integrados.

Estas herramientas ayudan a estabilizar las operaciones, reducir tiempos improductivos y mejorar el rendimiento energético. Así, la digitalización está modificando la planificación en la minería, favoreciendo un enfoque más predictivo y eficiente.

De acuerdo con Jorge Cáceres, la capacidad de analizar información en tiempo real permite anticipar problemas, optimizar el uso de energía y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Por ello, el sector avanza hacia operaciones más inteligentes, conectadas y responsables, donde la eficiencia energética es un factor determinante para el éxito a largo plazo.

Las exportaciones de República Dominicana sumaron 2.308 millones de dólares entre enero y abril de 2026, lo que representa un incremento del 48 % respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos difundidos por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) y citados por Agencia EFE. Este resultado refuerza la tendencia positiva alcanzada en 2025, año en que las exportaciones generaron 5.738 millones de dólares, cifra que implicó una expansión del 33 % frente a 2024.

Según el informe de Adoexpo, el crecimiento reciente estuvo impulsado sobre todo por el sector minero, que duplicó su aporte con una suba del 101 % en los primeros cuatro meses de 2026. Por su parte, las exportaciones no mineras registraron una expansión del 15,6 %, lo que la entidad interpreta como un reflejo de la solidez y diversidad de la oferta exportable del país.

Agencia EFE detalló que las exportaciones son actualmente responsables de 144.000 empleos directos e indirectos en territorio dominicano, equivalentes a cerca del 6 % del trabajo formal nacional, según el estudio conjunto de Adoexpo y una consultora privada. En cuanto a la conectividad, República Dominicana ocupa el segundo puesto en conectividad marítima en la región, detrás de Panamá, y el tercero en complejidad económica de Centroamérica y el Caribe, solo superada por México y Costa Rica.

A pesar de estos avances, Agencia EFE reportó que las exportaciones de bienes representan apenas el 10 % del producto interior bruto (PIB) dominicano, lejos del promedio regional de 20 %, lo que indica un margen importante para el crecimiento del sector.

Ante este contexto, Adoexpo recomendó una estrategia de “diversificación inteligente” de mercados, promoviendo la expansión hacia Europa, Asia y América Latina, ya que Estados Unidos concentra el 47 % de los envíos dominicanos. La organización propuso también optimizar la logística exportadora mediante digitalización, capacitación, simplificación de procesos y mejora del seguimiento y trazabilidad, áreas donde la nación caribeña permanece por debajo del promedio regional.

El tercer eje sugerido por Adoexpo es la integración de las medianas y pequeñas empresas al comercio exterior, a través de financiamiento, certificaciones y acompañamiento técnico, con el objetivo de ampliar la base exportadora nacional.

El oro en bruto encabeza las exportaciones dominicanas junto a manufacturas y productos agrícolas

La República Dominicana destaca por su dinamismo exportador, con el oro en bruto como principal producto de venta al exterior. Este mineral encabeza el ranking de exportaciones nacionales, seguido por otros metales como el ferroníquel y la plata. El sector de manufacturas y zonas francas también ocupa un lugar relevante, con instrumentos y aparatos de medicina, interruptores eléctricos y microprocesadores entre los bienes más exportados.

En el rubro agroindustrial, los cigarros puros y el tabaco en rama figuran entre los productos de mayor demanda internacional. El cacao en grano y los bananos (plátanos), especialmente en sus variantes orgánicas, representan una parte fundamental de las exportaciones agrícolas. Estos sectores se consolidan como motores clave para la economía dominicana, diversificando la oferta exportadora y fortaleciendo la presencia del país en los mercados globales.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería Daniel González defendió en la Cámara de Diputados el Súper RIGI y sostuvo que el nuevo régimen busca atraer proyectos industriales y tecnológicos que “hoy no existen en la Argentina, con un horizonte de largo plazo y no con impacto inmediato”.

Durante su exposición, afirmó que la iniciativa enviada al Congreso bajo el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias apunta a transformar el esquema vigente para pasar de la extracción de recursos a su industrialización, con foco en actividades como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio e infraestructura tecnológica.

Como balance del régimen actual, González dijo en Diputados que hasta ahora se presentaron 39 proyectos, cuando al diseñarlo se esperaba recibir entre seis y ocho, y agregó que el Gobierno proyecta cerrar el proceso con entre 50 y 60 iniciativas. Según el funcionario, esos expedientes contemplan inversiones por USD 138.000 millones, representan unos 179.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos y tienen un potencial exportador de USD 41.000 millones al año.

El funcionario sostuvo que el RIGI “ha sido y sigue siendo un régimen sumamente exitoso”, pero rechazó una extensión del esquema vigente. “Sería un error intentar extender nuevamente ese régimen porque fue concebido como una herramienta excepcional y con vencimiento”, dijo.

González explicó, además, que muchos proyectos aceleraron su presentación para ingresar antes de la fecha límite y planteó que el paso siguiente es aprovechar los recursos naturales y la infraestructura cuya inversión fue movilizada por ese régimen. “Creemos que llegó el momento de evolucionar el RIGI hacia un régimen enfocado en la industrialización de los recursos naturales”, afirmó el secretario.

González insistió en que el Súper RIGI “es la continuidad y la evolución del RIGI” y sostuvo que el régimen actual ayudó a destrabar proyectos ya existentes que no tomaban decisión de inversión. Sobre la nueva etapa, afirmó: “No estamos buscando un impacto de corto plazo”.

En su descripción sectorial, indicó en Diputados que 20 de los 39 proyectos presentados pertenecen a minería, 13 a petróleo y gas, tres al sector eléctrico, dos a la industria manufacturera y uno a logística e infraestructura.

Cómo funciona el Súper Rigi

El rasgo central del Súper RIGI, según González, es que solo alcanzará a proyectos nuevos y no permitirá ni ampliaciones de emprendimientos existentes ni expansiones posteriores bajo los mismos beneficios. También quedarán afuera los proyectos de infraestructura y los de extracción de recursos naturales.

El funcionario resumió: “El Super RIGI apunta a proyectos que todavía no existen. Por eso no queremos establecer una lista cerrada y exhaustiva de actividades”, dijo y afirmó que en muchos casos se trata de iniciativas que aún no están definidas y para las cuales la Argentina ni siquiera figura entre las principales alternativas de localización.

De acuerdo con el texto enviado al Congreso, el nuevo régimen se focaliza exclusivamente en nuevas actividades económicas, como proyectos industriales, tecnológicos o de infraestructura digital estratégica sin antecedentes productivos en el país o que todavía se encuentran en fases experimentales. El proyecto menciona sectores como data centers para inteligencia artificial, paneles solares, turbinas eólicas, semiconductores, biotecnología avanzada y la industrialización de recursos como baterías de litio o refinamiento de cobre.

El monto mínimo de inversión será de USD 1.000 millones, frente a los pisos de entre USD 200 millones y USD 600 millones del RIGI según el sector. El texto también exige que las empresas ejecuten el 20% del monto comprometido en los primeros dos años desde la adhesión.

En materia tributaria, la propuesta establece una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias. González justificó ese nivel al señalar en Diputados que “es la tasa mínima posible sin entrar en conflicto con las normas internacionales de la OCDE”.

Provincias, municipios y proveedores también quedan alcanzados por las nuevas reglas

El proyecto extiende beneficios a toda la cadena de valor vinculada al emprendimiento principal. Eso incluye a empresas proveedoras, que podrán acceder a incentivos equivalentes sin importar su tamaño.

En comercio exterior, el texto dispone exención total de derechos de exportación desde el primer día y arancel cero para la importación de la totalidad de los bienes involucrados en las inversiones. En reglas cambiarias, el esquema replica la libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% el tercero.

La estabilidad fiscal y regulatoria se mantiene por 30 años. Según comentó González, ese punto “es el beneficio más valorado por las compañías” y precisó que esa preferencia aparece tanto entre empresas argentinas como extranjeras.

El capítulo subnacional fija condiciones para la adhesión de provincias y municipios. Según el texto del proyecto y la exposición oficial en Diputados, las provincias deberán mantener una alícuota de Ingresos Brutos no superior al 0,5%, no podrán aplicar impuesto de sellos y las tasas municipales deberán estar vinculadas a servicios efectivamente prestados, sin calcularse como porcentaje de las ventas.

El Súper RIGI también elimina el requisito de contratación de proveedores locales equivalente al 20% de la inversión que contemplaba el régimen anterior, siempre que hubiera oferta competitiva. El nuevo texto prohíbe imponer compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, planteó la necesidad de acelerar el desarrollo de proyectos mineros en Perú mediante la simplificación de permisos, sin reducir los estándares existentes, y el fortalecimiento de alianzas con países de la región.

Durante una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Torreblanca advirtió que el país debe aprovechar la actual demanda global de minerales críticos para incrementar su competitividad y captar inversiones en el contexto de la transición energética.

Oportunidad para el desarrollo minero

Torreblanca resaltó que la coyuntura internacional abre una ventana de oportunidades para Perú, cuyo aprovechamiento podría traducirse en beneficios como generación de empleo, recaudación de impuestos y el fortalecimiento de toda la cadena de suministro asociada al sector minero.

“Necesitamos aprovechar esta ventana de oportunidades que no sabemos cuánto tiempo va a durar a fin de que el país se beneficie, no solamente poniendo en valor sus minerales, sino también generando empleo, impuestos y toda la cadena de suministro que acompaña el desarrollo minero en nuestro país”, indicó la presidenta de la SNMPE.

La ejecutiva, quien integrará el World Mining Congress (WMC) 2026, subrayó que países vecinos como Chile, Argentina y Ecuador ya avanzan con mayor rapidez en la captación de nuevas inversiones para el sector, por lo que consideró urgente que Perú agilice los procesos de evaluación y autorización de proyectos mineros.

“La oportunidad que tenemos es la de simplificar permisos, acelerar las revisiones y autorizaciones cuando sea el caso, o la no autorización cuando corresponda, sin bajar estándares, pero en tiempos cortos para lograr competir también con otros países que están atrayendo inversiones”, afirmó.

Integración y cooperación internacional

Más allá de la competencia por capitales, Torreblanca insistió en que la relación con los países de la región debe orientarse hacia la construcción de sinergias y la integración regional.

Señaló que existen oportunidades para compartir conocimientos, proveedores y buenas prácticas, lo que permitiría potenciar el valor de los minerales que el mundo demanda actualmente.

“Hay una oportunidad en estas alianzas de poder no solamente crear sinergias, sino también aprender unos de otros las mejores prácticas y simplificar permisos, sin duda, para poner en valor todo este mineral que necesita el mundo el día de hoy”, manifestó la presidenta de la SNMPE.

En su opinión, Perú dispone de condiciones para consolidarse como referente regional, tanto por su potencial geológico como por contar con una cadena de proveedores consolidada y contratistas experimentados.

El Congreso Mundial de Minería: una vitrina internacional

Torreblanca destacó además la importancia de que Lima acoja el World Mining Congress 2026, que regresa a Perú después de 52 años y reunirá a líderes de la industria, inversionistas, académicos y especialistas de diferentes partes del mundo.

“Es un hito muy importante para la industria peruana, porque no solamente reúne a muchos técnicos de la industria minera, sino también a inversionistas interesados en conocer de cerca los retos y las oportunidades que ofrece nuestro país”, sostuvo.

La presidenta de la SNMPE participará en el panel “Existing and Emerging Risks That May Disrupt the Value Chain”, junto a Jorge Gómez, CEO de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi; Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Institute; y Henry Van, Head of Industrial Metal Analysis de Trafigura. El evento se realizará del 24 al 26 de junio en Lima bajo el lema “Mining for the Future: Trust, Transformation, Technology”.

La empresa canadiense American Lithium Corp. celebró la reciente decisión del gobierno de Perú de declarar de interés nacional la realización del primer Foro Internacional sobre Uranio y Litio, programado para el 7 y 8 de julio de 2026 en Lima.

La cita, organizada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), coincide con el auge del debate global sobre la seguridad de suministro y el desarrollo sostenible de minerales críticos.

Un foro para el liderazgo energético

El Decreto Supremo emitido por el Ejecutivo peruano reconoce tanto al uranio como al litio como minerales de carácter crítico y estratégico, en un contexto internacional donde la transición energética y la electromovilidad concentran cada vez más atención.

Según el comunicado de American Lithium Corp., esta declaración formaliza su papel en la política de desarrollo nacional y promueve la organización del foro “Uranio y Litio: Pilares del liderazgo energético para la minería, el desarrollo tecnológico y de ciudades inteligentes en Perú y el mundo”.

El gobierno remarcó que el desarrollo de estos recursos se alinea con los objetivos de impulsar un sector energético de bajas emisiones de carbono y mínimo impacto ambiental, siempre bajo los principios del desarrollo sostenible.

Esta línea coincide con el creciente interés internacional en el potencial de Perú para el abastecimiento a largo plazo de minerales clave.

Proyectos estratégicos en la región de Puno

American Lithium posee dos proyectos considerados entre los más avanzados de la región de Puno: el yacimiento de litio y cesio Falchani, uno de los mayores depósitos de litio en roca dura del mundo, y el proyecto de uranio Macusani, que representa la mayor reserva sin desarrollar de este mineral en América Latina.

Ambos se ubican en la Meseta Macusani, en el sureste peruano, y han completado diversas evaluaciones económicas preliminares, respaldadas por campañas adicionales de exploración.

Según el comunicado, “la decisión del gobierno peruano de declarar este Foro de importancia nacional es un hito que confirma lo que hemos creído durante muchos años”, afirmó Laurence Stefan, presidente y director de operaciones de la compañía.

Stefan subrayó que Perú dispone de recursos extraordinarios en uranio y litio, y que la realización del foro refleja la disposición del país a participar en el debate global sobre minerales críticos.

Vinculación con el Congreso Mundial de Minería

El anuncio y la organización del evento se producen en la antesala del 27º Congreso Mundial de Minería, que tendrá lugar también en Lima.

La declaración del gobierno busca posicionar al país como un actor central en la discusión sobre la cadena de suministro de minerales estratégicos y la innovación tecnológica en la industria minera.

El foro permitirá reunir a representantes de los sectores público y privado, así como a expertos internacionales, para intercambiar experiencias, evaluar retos y explorar oportunidades de desarrollo en el sector energético y minero.

La empresa canadiense expresó su intención de participar activamente en la cita y de colaborar con el gobierno, la industria y las comunidades a fin de promover el desarrollo responsable y acelerado de los activos de clase mundial identificados en Perú.

Perspectiva de American Lithium en el contexto global

American Lithium Corp. desarrolla, además de sus activos en Perú, el proyecto de litio en arcilla TLC, ubicado en Nevada, Estados Unidos.

Todos los proyectos de la compañía han completado estudios económicos preliminares y presentan un potencial significativo de expansión, acompañado de un respaldo social relevante en sus áreas de influencia.

“American Lithium, a través de nuestros proyectos Falchani y Macusani, se encuentra en una posición privilegiada para contribuir a las aspiraciones de liderazgo energético de Perú”, sostuvo Laurence Stefan.

La compañía reiteró su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la colaboración multisectorial en el desarrollo de minerales críticos para la transición energética global.

A pocos días de la segunda vuelta electoral, el Instituto Peruano de Economía (IPE) analizó las principales propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales y advirtió que persisten diferencias marcadas respecto al papel de la inversión privada en la economía. Durante el seminario virtual “Antes de votar: propuestas, riesgos y prioridades”, especialistas evaluaron los posibles efectos de las medidas planteadas por Fuerza Popular y Juntos por el Perú sobre el crecimiento económico, el empleo y la institucionalidad del país.

En el evento participaron Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; y Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas. Los expositores coincidieron en que la próxima administración enfrentará importantes desafíos relacionados con la recuperación económica, la pobreza, la inseguridad ciudadana y el deterioro institucional.

Asimismo, señalaron que el margen de acción del futuro gobierno estará condicionado por restricciones fiscales y la necesidad de recuperar la confianza para impulsar la inversión y el crecimiento. En ese contexto, analizaron las diferencias existentes entre las propuestas económicas de ambas organizaciones políticas.

Diferencias sobre el rol de la inversión privada

Durante su presentación, Carlos Gallardo sostuvo que la principal distancia entre los planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se encuentra en la visión que mantienen respecto a la inversión privada. Según indicó, Fuerza Popular la considera un elemento central para promover el desarrollo económico, generar empleo y reducir los niveles de pobreza.

En contraste, señaló que el nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú continúa planteando una mayor participación del Estado en la economía y mantiene propuestas que podrían afectar la seguridad jurídica. Aunque reconoció que algunas iniciativas contenidas en versiones anteriores fueron modificadas o retiradas, consideró que subsisten planteamientos relacionados con la revisión del régimen económico de la Constitución, la renegociación de contratos y cambios en el sistema de concesiones.

“No hay una moderación en cuanto a inversión privada”, afirmó Gallardo durante el seminario. En esa línea, sostuvo que diversas propuestas continúan generando preocupación debido a sus posibles efectos sobre las decisiones de inversión y la confianza empresarial.

Critica al “gran banco minero”

Gallardo también se refirió a la propuesta de crear un “gran banco minero” destinado a la compra estatal de oro, iniciativa que, según recordó, fue mencionada por el candidato presidencial Roberto Sánchez tras el debate electoral. El economista señaló que una medida de esa naturaleza podría generar riesgos vinculados a la comercialización de mineral de origen ilegal.

“El Estado va a terminar comprando oro ilegal”, advirtió al comentar la propuesta. Asimismo, recordó que versiones previas de los planteamientos de Juntos por el Perú incluían medidas orientadas a ampliar la participación estatal en actividades vinculadas al sector minero.

Durante su exposición, el representante del IPE también expresó preocupación por algunas propuestas laborales y sociales. Como ejemplo mencionó el planteamiento de elevar la remuneración mínima a S/1.500, señalando que podría beneficiar a una parte reducida de trabajadores formales, pero generar efectos adversos sobre los procesos de formalización laboral.

Institucionalidad y financiamiento de promesas

Por su parte, Roxana Barrantes destacó que la institucionalidad constituye un factor fundamental para promover la inversión privada y sostener el crecimiento económico. En ese sentido, remarcó la importancia del respeto al Estado de derecho, la independencia de poderes y la seguridad jurídica como condiciones necesarias para atraer capitales y generar confianza.

La especialista también llamó la atención sobre la falta de claridad respecto a la forma en que se financiarían diversas propuestas planteadas durante la campaña electoral. “Ninguno deja claro cómo va a financiar esa mayor presencia del Estado”, señaló durante el encuentro organizado por el IPE.

En la misma línea, Luis Miguel Castilla sostuvo que el debate no debe concentrarse únicamente en los ofrecimientos de campaña, sino también en la capacidad real del próximo gobierno para ejecutar sus propuestas. Además, expresó preocupación por iniciativas orientadas a modificar el régimen económico vigente y ampliar significativamente la participación empresarial del Estado.

Retos para el próximo gobierno

Castilla consideró que el futuro Ejecutivo asumirá funciones en un contexto especialmente complejo, marcado por el avance de las economías ilegales, el incremento de la inseguridad ciudadana y el deterioro institucional acumulado durante los últimos años. Según explicó, estos factores representan desafíos inmediatos que requerirán respuestas efectivas y sostenibles.

El exministro también señaló que la recuperación de la inversión privada será determinante para mejorar las perspectivas económicas del país. En ese contexto, afirmó que la seguridad jurídica desempeña un papel central para generar confianza entre inversionistas y promover nuevos proyectos.

Finalmente, los participantes del seminario exhortaron a los ciudadanos a evaluar las propuestas electorales considerando no solo los objetivos planteados por los candidatos, sino también su viabilidad económica, institucional y fiscal. Según coincidieron, el próximo gobierno deberá combinar responsabilidad fiscal, fortalecimiento institucional y medidas orientadas a recuperar la confianza para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.

La minería, la tecnología, la agroindustria y la logística se perfilan como los principales motores del empleo en el Perú durante los próximos años, según Justo Zaragoza, director ejecutivo del Grupo Educación al Futuro (GEF). El crecimiento de las exportaciones, el avance de la inteligencia artificial, la automatización de procesos y proyectos de infraestructura como el megapuerto de Chancay están transformando el mercado laboral y elevando la demanda de profesionales y técnicos especializados.

El sector minero encabeza la lista de áreas con mayor necesidad de talento. Zaragoza indicó que el país requerirá ingenieros de minas, geólogos, metalurgistas, ingenieros mecánicos y especialistas en mantenimiento de maquinaria pesada para sostener el crecimiento de uno de los pilares exportadores de la economía peruana. La agroindustria sigue el mismo camino: el auge de las exportaciones agrícolas impulsa la demanda de agrónomos, biotecnólogos y expertos en agroindustria, perfiles que combinan conocimiento técnico del campo con capacidad para gestionar cadenas productivas orientadas a mercados internacionales.

Tecnología y economía digital, el otro gran polo de empleo

La revolución digital reordena las prioridades del mercado laboral con igual fuerza. Zaragoza destacó que la ciencia y el análisis de datos se consolidan como disciplinas clave para transformar información en decisiones estratégicas, y que las empresas de todos los sectores demandan cada vez más ese perfil.

A ese núcleo se suman carreras vinculadas a robótica, mecatrónica, ciberseguridad y energías renovables, áreas que ganan espacio a medida que las organizaciones incorporan nuevas tecnologías y adoptan procesos más sostenibles. El auge del comercio electrónico refuerza además la demanda de especialistas en marketing digital y negocios digitales, perfiles solicitados por empresas de consumo masivo, retail y servicios financieros.

Construcción, logística y salud, con proyección de largo plazo

La construcción y la infraestructura mantendrán una demanda sostenida de talento especializado. Carreras técnicas como construcción civil, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y topografía incorporan herramientas de última generación —drones y sistemas de geomática— que amplían el campo de desarrollo de estos profesionales y elevan su valor en el mercado.

El megapuerto de Chancay y la consolidación del Perú como plataforma de conexión comercial en Sudamérica añaden una nueva dimensión al mercado laboral. Según Zaragoza, el crecimiento del comercio exterior y de la actividad portuaria incrementará la necesidad de especialistas en logística, negocios internacionales y gestión de operaciones, áreas que cobrarán mayor relevancia en los próximos años.

La salud, por su parte, mantiene una demanda estructural que no cede. Medicina, Enfermería, Tecnología Médica, Radiología y Laboratorio Clínico continúan entre las especialidades con mayores oportunidades en hospitales, clínicas y centros de diagnóstico, sostenidas por el crecimiento de la infraestructura sanitaria y el envejecimiento progresivo de la población.

Los estudiantes interesados en explorar estas y otras alternativas académicas podrán hacerlo en Expouniversidad 2026, que reunirá universidades, institutos, escuelas de posgrado y programas de estudios en el extranjero del 24 al 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Surco. El evento, organizado por el Grupo Educación al Futuro, busca orientar a jóvenes en la elección de carreras con alta empleabilidad en un mercado laboral que se transforma a ritmo acelerado.

Jujuy recibió $16.163 millones en regalías mineras entre enero y abril de 2026, una entrada de fondos que, según el gobierno local, ayudó a equilibrar las cuentas provinciales en un escenario de caída real de la coparticipación y de recorte de transferencias nacionales.

El detalle mensual de esos ingresos fue de $2.417 millones en enero, $2.771 millones en febrero, $4.932 millones en marzo y $6.041 millones en abril, según informó el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto Alberto Siufi en conferencia de prensa. El funcionario atribuyó esa suba a una recuperación del precio del litio que, según afirmó, se mantuvo durante mayo.

Siufi sostuvo que, sin ese aporte, la provincia habría registrado una baja de recaudación. “Las regalías significaron más de 4.000 millones de pesos adicionales. Eso equilibró mucho las cuentas de la provincia”, afirmó el funcionario, de acuerdo con las declaraciones recogidas por medios locales.

El secretario también defendió el peso del litio más allá de las regalías. En efecto, señaló que la minera Exar, la segunda en importancia en la provincia, anunció una inversión de USD 1.240 millones para duplicar su producción y sostuvo que ese flujo de capital es el que “derrama en la economía” y empuja el crecimiento local.

El funcionario resaltó además que el incremento en el ingreso por regalías mineras se da en un contexto en el que los fondos de coparticipación muestran una caída real cuando se los compara con la inflación.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario en conferencia de prensa, reflejada en los medios locales, la provincia recibió 149.413 millones de pesos en enero, 141.754 millones en febrero, 129.061 millones en marzo y 145.222 millones en abril.

En ese marco el gobierno local hizo saber que mientras en enero la coparticipación subió 19,13% la inflación llegó a 32,4%, lo que implicó una caída real del 13%; en febrero el alza fue cercana al 22% frente a 33,1% de inflación, y en marzo 23% frente a 32,6%.

Además Siufi añadió que el mayor golpe para las finanzas provinciales no proviene de la coparticipación. Sostuvo que la pérdida más fuerte está en los programas nacionales, los Aportes del Tesoro Nacional, la obra pública, salud, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y otros fondos que dejaron de transferirse.

Sobre los ATN, el funcionario aseguró que el año pasado dejaron de enviarse alrededor de 740 mil millones de pesos a las provincias y que, en lo que va de este año, la reducción ronda los 400 mil millones de pesos para el conjunto de las jurisdicciones.

El sector en alza

Las exportaciones mineras de Argentina pueden llegar a USD 9.000 millones en 2026 por la suba del oro y el litio, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras, un salto de casi 49% frente a 2025 que reforzaría el peso del sector en la economía, aunque la entidad advirtió que el desafío es convertir ese ingreso en empleo, proveedores locales y desarrollo dentro del país.

Si los siete proyectos ya aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones avanzan por completo, podrían sumar USD 22.000 millones en exportaciones hacia 2035, principalmente en cobre y litio, según CAEM. La cámara también informó que hay 13 proyectos presentados y que dos de ellos, los de Glencore y Vicuña, concentran más de USD 30.000 millones en pedidos de incentivo.

Según declaraciones realizadas en el mes de abril por Roberto Cacciola, presidente de CAEM, el cierre de 2025 dejó exportaciones por USD 6.056 millones, un alza del 30% respecto de 2024. Cacciola dijo durante una presentación de la cámara en Buenos Aires que la proyección para 2026 se hizo con precios internacionales del oro, la plata y el litio tomados con un criterio conservador: “Si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.

La respuesta central del sector es esta: la minería argentina exportaría más en 2026 por la recuperación de los precios internacionales, sobre todo en oro y litio, y no solo por un mayor volumen de producción. En el caso del litio, además, CAEM proyectó ventas externas por encima de USD 1.400 millones para 2026.

Así lo indica el informe de las relaciones comerciales entre el Mercosur y Canadá, presentado este lunes por el Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del bloque.

Según el documento, el Mercosur le exportó a Canadá en 2025 por 8.702 millones de dólares. El 83,4 % de estos envíos fueron hechos por Brasil, el 14,9 % por Argentina, el 0,9 % por Paraguay y el 0,8 % por Uruguay.

Mientras tanto, el bloque suramericano hizo importaciones por 3.912 millones de dólares. El 85,9 % de las adquisiciones las hizo Brasil, el 10,7 % Argentina, el 2,2 % Paraguay y el 1,2 % Uruguay.

El producto más exportado por el Mercosur a Canadá fue el oro (incluido el oro platinado, en bruto, para uso no monetario), que alcanzó ventas por 3.181 millones de dólares y representó el 36,6 %.

El segundo lugar de las exportaciones del bloque fue para el óxido de aluminio (1.509 millones de dólares) y el tercero para otros azúcares de caña (490 millones de dólares).

Contrario a esto, el bien más importado por el Mercosur desde Canadá fue el cloruro de potasio, que alcanzó adquisiciones por 1.824 millones de dólares y representó el 46,6 %.

El podio importaciones del Mercado Común del Sur lo completaron los turborreactores de empuje de más de 25 kN (por 204 millones de dólares) y los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar (por 127 millones de dólares).

El pasado viernes, los países del Mercosur y Canadá concluyeron, en la ciudad de Toronto, la X ronda de negociaciones con vistas a un tratado de libre comercio que discuten desde 2018.

Según destacó el bloque, en un comunicado, "las delegaciones trabajaron en áreas clave como el comercio de bienes y servicios, la propiedad intelectual, el comercio electrónico, la reglas y procedimientos de origen, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el desarrollo sostenible y la entrada temporal de personas de negocios".

La recaudación tributaria en Perú alcanzó S/ 16 048 millones en mayo de 2026, con un crecimiento real de 17,7 % respecto al mismo mes del año anterior, según informó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Con este resultado, el país suma dos años completos de expansión consecutiva, impulsado por mayores ingresos en el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta, así como por acciones de control y cierre de brechas en el cumplimiento tributario.

Más ingresos por IGV e Impuesto a la Renta

La recaudación por Impuesto a la Renta sumó S/ 6 990 millones, un aumento de 21,5 % frente a mayo de 2025.

Destacaron los pagos a cuenta del Régimen General y MYPE Tributario, con un alza de 39,8 %, junto a subidas en la Quinta Categoría (9,1 %), contribuyentes no domiciliados (9,2 %), regularización (8,6 %), Primera Categoría (14,6 %), Segunda Categoría (10,8 %) y Cuarta Categoría (1,9 %).

Por su parte, el IGV alcanzó S/ 8 550 millones, con un crecimiento real de 11,5 %. El segmento de IGV interno recaudó S/ 5 092 millones (18,5 % más que en mayo de 2025), mientras que el IGV sobre importaciones sumó S/ 3 458 millones (2,6 % más), influido por un mayor volumen de importaciones y parcialmente atenuado por un tipo de cambio más bajo.

ISC, otros ingresos y devoluciones

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) totalizó S/ 826 millones, un alza de 0,7 %. El ISC a combustibles retrocedió en 2,3 % debido a menores pagos de una empresa relevante del sector, mientras que el ISC al resto de productos creció 9,7 %.

El ISC aplicado a importaciones subió 7,6 %, impulsado por combustibles importados (13,5 % más). El ISC a juegos y apuestas deportivas a distancia aportó S/ 33 millones.

Los “otros ingresos” sumaron S/ 2 082 millones, con un avance de 12,9 %. Este rubro se vio favorecido por mayores pagos del Impuesto Especial a la Minería (111,3 %), la recaudación del ICR (41,9 %), casinos, tragamonedas y apuestas a distancia (20,4 %), Impuesto a las Transacciones Financieras (8,4 %) y el Régimen Único Simplificado (4,6 %).

Por su parte, las devoluciones de impuestos crecieron 2,2 %, totalizando S/ 2 554 millones, precisó la Administración tributaria.

Recaudación por sectores y grandes contribuyentes

Los tributos internos sumaron S/ 14 703 millones, lo que representa S/ 2 765 millones más que en mayo de 2025 (18,5 % de crecimiento real).

Destacó el aporte adicional de la minería (S/ 988 millones, 68,7 % más), la manufactura (S/ 137 millones extra, 136,8 %), especialmente en alimentos, bebidas y tabaco, y otros servicios con S/ 573 millones adicionales (5,5 %), impulsados por la administración pública y la seguridad social.

Entre los grandes contribuyentes (PRICOS), la recaudación alcanzó S/ 11 680 millones, con un crecimiento de 24,7 %. En el segmento de medianos contribuyentes, la recaudación sumó S/ 3 022 millones (2,1 % más).

Aduanas, nuevos contribuyentes y lucha contra la evasión

Los tributos aduaneros ascendieron a S/ 3 899 millones, S/ 203 millones más que un año antes, impulsados por un incremento de 21,5 % en las importaciones y un tipo de cambio más bajo.

Entre enero y mayo, la SUNAT inscribió 501 mil nuevos contribuyentes, alcanzando 13,6 millones de inscritos, un 11 % más que el año anterior.

La entidad continúa con acciones para controlar a los Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), habiendo identificado 110 casos desde 2024 que generaron un IGV superior a S/ 1 025 millones y beneficiaron indebidamente a más de 60 mil clientes. Se proyecta identificar 2 500 nuevos SSCO durante 2026.

Minería artesanal, economía digital y lucha contra el contrabando

En minería artesanal y de pequeña escala, la recaudación entre enero y mayo fue de S/ 1 516 millones, 64 % superior al mismo periodo de 2025.

Los impuestos asociados a la economía digital, juegos y apuestas deportivas superaron S/ 745 millones en cinco meses, más del doble que el año anterior.

En la lucha contra el contrabando, la SUNAT decomisó mercancías por valor de 59 millones de dólares, incluyendo zapatillas y cigarrillos ilegales. En tráfico de drogas, las incautaciones sumaron 20 455 kilos entre enero y mayo, un aumento de 91,3 %.

La SUNAT resaltó que la recaudación vinculada al intercambio internacional de información financiera superó S/ 260 millones en 2025 y prevé un incremento de 20 % en 2026.

La presidenta Laura Fernández lanzó un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para abordar de manera definitiva la problemática en Crucitas, una región que actualmente exige un gasto de USD 1 millón al mes solo en operaciones de seguridad.

La mandataria advirtió que la situación en Crucitas representa un riesgo que trasciende lo ambiental, pues bandas de crimen organizado ya se han asentado en la zona, profundizando un ciclo de delitos y pérdida de recursos nacionales.

Según Fernández, la continuidad de este modelo implica que el país sacrifica fondos esenciales que podrían emplearse en otras áreas de la seguridad pública.

La presidenta subrayó: “Nos consume un millón de dólares al mes la atención de seguridad que estamos dando en Crucitas, eso es mucha plata que debería de estarse distribuyendo en otras de las tantas necesidades de la seguridad nacional”.

Con esto, insistió en la urgencia de que los diputados den trámite a la propuesta de legalizar la minería de oro en la región, una iniciativa que permanece en la Asamblea Legislativa desde hace aproximadamente dos años y medio.

Fernández extendió una invitación directa a los legisladores para visitar Crucitas el próximo 19 de junio, enfatizando que el recorrido será a pie y no en helicóptero.

La intención es que los diputados experimenten de primera mano las condiciones que soportan los cuerpos policiales y comprendan la gravedad de posponer una solución efectiva.

“Qué fácil es desde la comodidad del aire acondicionado y desde la comodidad de una oficina burocrática... decir, ay, me opongo a esa solución, mientras nuestros policías pasan en un ambiente inhóspito, solo ahí, casi que con la ayuda de Dios”, reclamó la presidenta.

Actualmente, la controversia gira en torno a la legalización de la minería de oro como estrategia para frenar el deterioro ambiental, el robo de recursos y el fortalecimiento de la criminalidad en Crucitas.

Fernández argumenta que la falta de acción perpetúa un “combo de todo lo malo” para el país: daños ecológicos, saqueo de bienes nacionales y el avance del crimen organizado.

La propuesta del Ejecutivo busca que la legalización permita un control estatal sobre la explotación minera, con la promesa de reducir los riesgos sociales y ambientales, así como el elevado gasto en seguridad.

El llamado de Laura Fernández es claro: sin una intervención legislativa, la crisis en Crucitas seguirá agravándose, drenando recursos y comprometiendo la estabilidad y bienestar nacional.

Un conflicto agravado de minería ilegal

La minería ilegal en Crucitas volvió a exponer en 2026 una crisis que mezcla daño ambiental, redes criminales y tensión entre Costa Rica y Nicaragua, después de que la Fuerza Pública costarricense detuviera a 19 nicaragüenses en la zona, según Infobae, en un conflicto agravado desde que se anuló la concesión legal para explotar oro y el territorio quedó abierto a la extracción clandestina.

Esa actividad ilegal provoca pérdidas anuales de unos USD 252 millones para Costa Rica, según Divergentes. El medio señaló que el oro extraído en la frontera alimenta un circuito de tráfico hacia Nicaragua, con participación de estructuras organizadas que facilitan su traslado y procesamiento.

La dimensión transfronteriza también llevó al gobierno costarricense a presentar reclamos diplomáticos a Nicaragua para pedir mayor vigilancia en la frontera y en el río San Juan, según Bloomberg Línea. La respuesta nicaragüense, de acuerdo con ese medio, ha sido limitada y la extracción clandestina continúa.

La zona quedó expuesta tras la anulación del proyecto aurífero

El origen del conflicto actual se remonta a 1999, cuando la empresa canadiense Industrias Infinito S.A. solicitó una concesión para explotar oro a cielo abierto en Las Crucitas, en el cantón de San Carlos, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

En 2008, el gobierno de Costa Rica declaró el proyecto de interés público y habilitó su avance, pese a la oposición de grupos ambientalistas y comunidades locales, de acuerdo con ese registro.

La concesión fue anulada en 2010 por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, que citó irregularidades en el proceso y posibles daños ambientales al ecosistema del río San Juan, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

Esa decisión frenó la explotación legal, pero dejó la zona vulnerable a nuevas incursiones irregulares.

Lo que ocurre hoy en Crucitas es una extracción clandestina de oro realizada por grupos de mineros artesanales conocidos como coligalleros en Costa Rica y güiriseros en Nicaragua, según La Prensa Nicaragua.

El medio informó que esos grupos emplean métodos que incluyen sustancias tóxicas como cianuro y mercurio.

El mismo rescatista afirmó que hasta la noche del domingo se habían recuperado 46 cuerpos, incluidos seis niños, mientras que 74 heridos habían sido llevados al hospital del municipio. Otro rescatista en Namhkam reportó que unas 40 personas fallecieron y que más de 100 casas en las inmediaciones resultaron dañadas. Medios de Myanmar, como la agencia de noticias en línea Shwe Phee Myay del estado Shan, informaron cifras de fallecidos que varían entre 50 y 55. Fotografías y videos publicados por estos medios mostraron humo saliendo de la zona de la explosión, edificios dañados y escombros esparcidos.

La zona afectada se encuentra a aproximadamente tres kilómetros al sur de la frontera con China y permanece bajo el control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), una organización armada étnica que combate de forma esporádica al gobierno central de Myanmar. La televisora estatal china CCTV comunicó que la explosión produjo múltiples muertos y heridos y que numerosas viviendas sufrieron daños graves, sin especificar cifras. Según este medio, las autoridades locales están ofreciendo ayuda, atención médica y asistencia de reasentamiento a los residentes afectados.

El TNLA informó mediante un comunicado en Telegram que el sitio de la explosión era utilizado por su departamento económico para almacenar gelignita destinada a actividades de minería y canteras de piedra. La organización afirmó que se está realizando una investigación para esclarecer la causa exacta del estallido. La gelignita es un explosivo empleado frecuentemente en la minería y la voladura de roca, pero puede volverse inestable si se almacena de manera inadecuada o durante largos periodos. El TNLA es miembro de la llamada alianza rebelde de los Tres Hermanos, junto con el Ejército de Arakan (AA) y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA), y controla el área de Namhkam desde finales de 2023, tras una ofensiva militar en la región.

El TNLA firmó un alto el fuego con el ejército de Myanmar en octubre del año pasado después de conversaciones mediadas por China, pero la región permanece bajo tensión. Myanmar enfrenta una situación de conflicto desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, que llevó a la destitución del gobierno electo de Aung San Suu Kyi y desencadenó una resistencia armada de diversos grupos étnicos y opositores prodemocracia. Un rescatista declaró que “podría haber más personas fallecidas bajo sus casas destruidas”.

La reciente decisión del Banco Mundial de destinar US$ 200 millones para fortalecer la competitividad y transparencia de la minería peruana envía una señal muy clara: el Perú sigue siendo visto como un país con enorme potencial para convertirse en un proveedor estratégico de los minerales que el mundo necesita.

La iniciativa busca modernizar la información geocientífica, optimizar los procesos de permisos y fortalecer las capacidades institucionales del sector. Son aspectos fundamentales para transformar recursos geológicos en inversión, empleo y desarrollo.

Quien asuma la Presidencia de la República el próximo mes de julio debe comprender la magnitud de esta oportunidad y el momento decisivo que enfrenta hoy la minería global.

La transición energética, la expansión de las tecnologías limpias y la reconfiguración de las cadenas de suministro han convertido a los minerales críticos en recursos estratégicos para las principales economías del mundo. Países como Estados Unidos, China y miembros de la Unión Europea están redefiniendo sus estrategias para asegurar el abastecimiento de minerales indispensables para la electromovilidad, las energías renovables, la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura eléctrica.

En ese escenario, el cobre ocupa un lugar central. Un vehículo eléctrico requiere entre tres y cuatro veces más cobre que uno convencional. Las redes de transmisión, los parques eólicos, las plantas solares y los sistemas de almacenamiento energético demandarán volúmenes crecientes durante las próximas décadas. Diversos organismos internacionales coinciden en que la demanda mundial de cobre continuará creciendo sostenidamente hacia 2035 y 2040.

El Perú tiene una posición privilegiada frente a esta nueva realidad. Somos el tercer productor mundial de cobre y aportamos cerca del 11.5% de la producción global. Además, contamos con una cartera de 65 proyectos mineros valorizados en más de US$ 63 mil millones, donde más del 70% corresponde a iniciativas cupríferas.

Estamos, por tanto, frente a una oportunidad extraordinaria no solo para impulsar el crecimiento económico del país, sino también para consolidar al Perú como uno de los principales proveedores de minerales estratégicos para el mundo.

Y esa oportunidad cobra aún más relevancia si consideramos que la minería representa más del 60% de las exportaciones peruanas y continúa siendo una de las principales fuentes de inversión y empleo formal.

En un contexto internacional marcado por la desaceleración económica y la incertidumbre geopolítica, el desarrollo de nuevos proyectos mineros puede convertirse en un motor decisivo para dinamizar inversión, infraestructura y oportunidades en distintas regiones del país.

Pero el desafío no es únicamente contar con recursos minerales. La verdadera diferencia estará en nuestra capacidad para convertir ese potencial en proyectos viables, sostenibles y competitivos.

Eso exige fortalecer la institucionalidad, mejorar la eficiencia de los permisos, brindar predictibilidad a la inversión y avanzar con una visión de largo plazo. Requiere también liderazgo político y capacidad de articulación entre el Estado, las empresas, las comunidades y la academia.

Al mismo tiempo, resulta clave fortalecer alianzas internacionales y espacios de cooperación con organismos multilaterales y países estratégicos. En un contexto donde los minerales críticos son considerados esenciales para la seguridad económica y energética global, el Perú tiene la posibilidad de posicionarse como un aliado confiable dentro de cadenas de suministro cada vez más resilientes y diversificadas.

El mundo necesita más cobre y minerales estratégicos para sostener la transición energética y el crecimiento tecnológico. El Perú tiene los recursos, la experiencia y el potencial para responder a esa demanda. La gran pregunta es si tendremos la capacidad de actuar con la velocidad, visión y coordinación que exige esta oportunidad histórica. Porque hoy no solo está en juego el futuro de la minería peruana, sino también el lugar que el país quiere ocupar en la nueva economía global y su capacidad para convertir esa riqueza en desarrollo, infraestructura y bienestar para todos los peruanos.

La operación de Cerrejón enfrenta un escenario de creciente incertidumbre luego de que se completaran siete días consecutivos de bloqueo sobre su línea férrea, una situación que comienza a generar preocupación por las posibles consecuencias económicas y logísticas para La Guajira y para la actividad minera del país.

La compañía informó que las restricciones se mantienen en el kilómetro 3 del corredor férreo utilizado para el transporte de carbón y de suministros fundamentales para el funcionamiento de la operación minera, según información divulgada por Revista Semana.

De acuerdo con la empresa, la continuidad de la protesta está dificultando el desarrollo normal de las actividades productivas y podría comprometer la estabilidad operativa si la situación se prolonga durante más tiempo.

La línea férrea constituye uno de los principales canales logísticos de la compañía y resulta esencial para movilizar tanto la producción minera como los insumos requeridos para mantener las labores extractivas.

Por esa razón, la interrupción sostenida del tránsito ferroviario ha encendido las alertas dentro de la organización y entre distintos sectores económicos de la región.

Comunidad mantiene protestas sobre la línea férrea

Según la información entregada por Cerrejón, la manifestación es liderada por representantes de la Asociación Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir, quienes mantienen una serie de solicitudes relacionadas con diferentes asuntos que afectan a su comunidad.

La empresa aseguró que parte de las peticiones planteadas exceden sus competencias institucionales y sostuvo que otros temas incluidos en el pliego ya habrían sido abordados mediante procesos anteriores.

Cerrejón afirmó que ha cumplido los compromisos derivados de sentencias judiciales, consultas previas y acuerdos establecidos con comunidades reconocidas dentro de su área de influencia.

Asimismo, señaló que algunos de los líderes que actualmente participan en las manifestaciones hicieron parte de procesos de compensación desarrollados en años anteriores.

No obstante, las conversaciones continúan mientras las autoridades buscan alternativas que permitan encontrar una salida a la situación y restablecer la movilidad sobre el corredor férreo.

Impacto económico preocupa a la región

Más allá de las dificultades operativas inmediatas, la empresa advirtió que la prolongación del bloqueo podría generar efectos significativos sobre la economía regional.

Cerrejón continúa siendo uno de los principales generadores de empleo, contratación local, inversión social y recursos fiscales en La Guajira, por lo que cualquier afectación prolongada podría impactar diversos sectores económicos vinculados a su actividad.

La compañía explicó que la interrupción de la movilidad ferroviaria puede afectar contratos con proveedores, compromisos logísticos y procesos asociados a la cadena productiva minera.

Además, alertó sobre posibles repercusiones para trabajadores directos e indirectos cuya actividad depende de la continuidad de las operaciones.

El escenario también genera preocupación en una región donde buena parte de la dinámica económica está relacionada con la minería y con los servicios que giran alrededor de esa industria.

Riesgo para proveedores y proyectos sociales

Cerrejón sostuvo que las consecuencias de una paralización prolongada no se limitarían exclusivamente a la extracción y exportación de carbón.

Según indicó la empresa, numerosas iniciativas sociales, programas comunitarios y contratos de servicios podrían verse afectados si las restricciones logísticas continúan durante un periodo más extenso.

La organización señaló que el impacto potencial alcanza diferentes eslabones de la cadena económica regional, incluyendo pequeñas empresas, contratistas y proyectos que dependen directa o indirectamente de la actividad minera.

Por ese motivo, insistió en la necesidad de encontrar mecanismos que permitan superar la situación sin afectar los derechos de las comunidades ni la continuidad de las operaciones.

Cerrejón mantiene disposición al diálogo

La compañía reiteró que mantiene abierta su disposición para continuar las conversaciones con los representantes de la protesta y con las autoridades competentes.

Además, expresó respeto por las manifestaciones pacíficas y señaló que reconoce la importancia del diálogo como herramienta para resolver diferencias y construir acuerdos.

Sin embargo, la empresa insistió en que resulta fundamental restablecer cuanto antes la movilidad sobre la línea férrea para evitar consecuencias económicas y sociales de mayor magnitud tanto para La Guajira como para el país.

Mientras continúan las gestiones institucionales y los acercamientos entre las partes involucradas, la principal preocupación gira alrededor del tiempo que podrá sostenerse la operación bajo condiciones logísticas restringidas y de los efectos que una interrupción prolongada podría generar sobre una de las actividades económicas más importantes de la región Caribe.

Dos informes privados publicados esta semana anticipan que la economía argentina registró una caída en abril, tanto en la comparación interanual como en la medición desestacionalizada respecto a marzo. El Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) mostró una contracción de 0,7% mensual sin estacionalidad, mientras que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Equilibra proyectó una baja de 1,5% en la misma medición. En ambos casos, el sector agropecuario fue el principal factor de arrastre negativo, después de haber impulsado los números de marzo.

Lo que midió OJF

Según el IGA-OJF, el nivel general de actividad registró una variación interanual de 0,0% anual en abril, acumulando para el primer cuatrimestre una baja de 0,3%. La medición desestacionalizada, que permite comparar el desempeño mensual sin el efecto de factores estacionales, cayó 0,7% respecto a marzo, mes que había sido revisado al alza con una suba de 2,6%.

El informe describe una economía que avanza “a dos velocidades”. Por un lado, sectores vinculados a los recursos naturales y las finanzas muestran expansión. Por el otro, la industria y el comercio acumulan meses de retroceso sin señales claras de cambio.

Entre los rubros con mejor desempeño anual en abril se destacan Minas y canteras (+7,3% de variación interanual), Electricidad, gas y agua (+7,2%) e Intermediación financiera (+6,1%). El primero continúa traccionado por los niveles de producción récord en Vaca Muerta, según los datos del ministerio de Energía de Neuquén que cita el propio informe. En el caso de energía, la consultora señala que “la mayor generación fue necesaria para cubrir un aumento en la demanda de 7,7%, impulsada tanto por el apartado residencial como por el industrial”.

El sector agropecuario registró una expansión de 3,6% anual, pero con matices. La producción agrícola creció 6,6%, aunque ya sin las tasas elevadas de meses anteriores. La ganadería, en cambio, anotó una retracción de 11,9% en abril, vinculada a la retención de hacienda para períodos de recría más largos.

En el extremo opuesto, el comercio al por mayor y menor cayó 2,4% anual y acumula una baja de 3,1% en los primeros cuatro meses del año. La industria manufacturera retrocedió 2,0% interanual, con una contracción mensual desestacionalizada de 0,5%. Dentro del sector, se destacaron las caídas en la producción automotriz (-17,5% anual), los despachos de cemento (-13,1%) y la faena bovina (-15,2%), que registró su peor resultado en más de 20 meses. En sentido contrario, el sector oleaginoso, las refinerías y la producción de acero mostraron subas.

Orlando Ferreres plantea que esta brecha entre sectores no debería mantenerse indefinidamente. “Si la inflación retoma el proceso de desaceleración podríamos ver una mejora en ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores, lo que, ayudado por el arrastre de los sectores dinámicos, debería permitir un cambio de tendencia en el comercio y la industria”, señala el informe.

Lo que proyectó Equilibra

La consultora Equilibra, que publica su anticipo del EMAE con metodología de nowcasting, estimó para abril una caída de 1,0% interanual y de 1,5% mensual desestacionalizada. El informe también destaca que “la actividad mantiene una dinámica de ‘serrucho’ desde febrero de 2025, con 9 de 15 meses con mermas mensuales”.

A diferencia de OJF, Equilibra desagrega su estimación entre el sector agropecuario y el resto de la economía. Según ese desglose, el EMAE sin agro creció 0,5% interanual en abril, aportando 0,4 puntos porcentuales a la variación total. En cambio, el “EMAE sólo agro” cayó 11,0% interanual, restando 1,4 puntos porcentuales, lo que explica en gran medida el resultado negativo del indicador general.

La consultora atribuye el mal desempeño agropecuario a una combinación de factores. Por un lado, las abundantes lluvias de abril retrasaron varias semanas la cosecha de soja, cuyo volumen proyectado es similar al de la campaña anterior. Por el otro, la cosecha de maíz se concentró más en marzo que en abril —a diferencia de lo ocurrido en 2025—, lo que implicó una menor producción registrada en el mes. A eso se sumó una caída de 12% interanual en la faena bovina. Equilibra estima que el efecto soja se recuperará en mayo, cuando se complete la recolección postergada.

En términos sectoriales, la construcción mostró una suba de 2,0% interanual, mientras que la industria retrocedió 0,7%. El comercio cayó 5,1% anual, en línea con lo que también registró OJF como uno de los rubros más rezagados. La intermediación financiera avanzó 5,0% y el suministro de luz, gas y agua creció 4,2%.

Con estos datos, Equilibra estima que el primer cuatrimestre cerraría con un alza de 1,0% respecto al mismo período de 2025. Para el conjunto del año, la consultora mantiene su proyección de crecimiento de 2% promedio anual.

También cayó la industria

La Unión Industrial Argentina (UIA) también anticipó una contracción del sector manufacturero en abril. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la entidad (CEU), elaboradas a partir de datos de cámaras empresariales, organismos públicos y privados y consultas a referentes del sector, la producción industrial registró una baja de 0,7% interanual y una caída de 0,4% frente a marzo en la medición desestacionalizada.

El rubro automotor concentró parte de las caídas. La producción de vehículos retrocedió 3,9% mensual, traccionada por una menor dinámica en las ventas al mercado local. En el acumulado de enero a abril, la actividad automotriz acumula una baja de 18,6% frente al mismo período de 2025. La metalmecánica también cerró el mes en negativo: cayó 1,3% mensual y acumula un retroceso de 6,2% en lo que va del año.

En el segmento de alimentos, los números tampoco acompañaron. La faena vacuna bajó 4,5% frente a marzo, la producción láctea retrocedió 5,3% y la elaboración de bebidas cayó 1,7%. La demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales anotó una baja de 2,9% mensual, aunque en el acumulado del cuatrimestre mostró una mejora de 5,5% respecto de 2025.

La construcción presentó señales mixtas. Los despachos de cemento cayeron 5,7% mensual, mientras que el Índice Construya subió 5% frente a marzo. Con todo, ambos indicadores permanecen muy rezagados frente a los registros de 2022. El único rubro que mostró un desempeño positivo claro en el mes fue el patentamiento de maquinaria industrial, que avanzó 5,6% mensual, aunque también acumula una caída de 3,8% en el primer cuatrimestre.

Las perspectivas para lo que resta del año

Aunque los primeros meses del año mostraron un ritmo lento de crecimiento e incluso caídas en varios sectores, los especialistas consultados por el Banco Central (BCRA) en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticiparon una mejora de la actividad económica en lo que resta del año.

Según el último informe, los expertos anticipan que el Producto Bruto Interno (PBI) mejorará 1% en el segundo trimestre del año, en relación con el primero. Luego, el ritmo de crecimiento desaceleraría al 0,9% en el tercer trimestre. En el total del 2026, se proyecta un repunte de la economía del 2,8%.

Con un escenario de mayor apertura comercial, desaceleración de precios y reaparición de marcas internacionales en los principales centros comerciales, el negocio del retail atraviesa una etapa de transformación en la Argentina.

En ese contexto, el dueño y presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain, aseguró que las compañías extranjeras volvieron a mirar al país como una oportunidad de expansión y confirmó que varias firmas avanzan con aperturas, ampliaciones y desembarcos en shoppings locales. Entre ellas, mencionó a la tan esperada H&M.

Consultado sobre el movimiento de firmas extranjeras en los shoppings, en el marco de un evento organizado por la compañía para festejar, por anticipado, el Día del Periodista (que es el 7 de junio), Elsztain sostuvo que el cambio económico generó interés entre compañías internacionales que durante años permanecieron fuera del mercado argentino.

“Cuando el país se normaliza, la gente se da cuenta de que acá hay una sociedad, y las marcas conocen al consumidor argentino. O sea, las marcas estudian a su cliente. Y cuando vienen al país, es porque los argentinos ya las han comprado en Miami, Brasil o Nueva York”, dijo el empresario.

La Argentina, una oportunidad

En ese contexto, remarcó que las empresas internacionales detectaron potencial de crecimiento en el país. “Las marcas están viniendo porque ven en la Argentina una oportunidad. Estuvieron ausentes durante mucho tiempo. Van llegando de a poco”, indicó, rodeado de periodistas que indagaron sobre el consumo, la minería y el negocio inmobiliario.

Durante su respuesta mencionó algunos casos concretos. “Primero nos pasa el fenómeno de que Zara dice: ´quiero agrandar´. Después vienen marcas nuevas, como están llegando este tiempo, vino Decathlon, vino Victoria’s Secret, hoy se inauguró Miniso en Dot”, enumeró.

También afirmó que las compañías continúan analizando el mercado argentino. “Vos te das cuenta de que nos están permanentemente testeando si hay lugar o no hay lugar para poder estar en el país. La Argentina es un mercado muy atractivo y las personas que están abriendo están muy contentas y muy satisfechas de lo que están viendo”, dijo.

En otro tramo del intercambio con periodistas, Elsztain confirmó la llegada de H&M al país. Ante la consulta puntual sobre la cadena sueca, respondió: “Sí, H&M está, va a estar”.

El desembarco de nuevas marcas internacionales

El avance de marcas internacionales en centros comerciales se aceleró durante los últimos meses. En ese escenario, varias compañías preparan aperturas, ampliaciones y desembarcos en distintos puntos de la Argentina.

Entre los casos mencionados por Elsztain aparece Decathlon, la cadena francesa de artículos deportivos que avanza con su regreso al mercado argentino. También nombró a Victoria’s Secret, que amplía su presencia comercial, y a Miniso, que inauguró este jueves una tienda en Dot Baires Shopping. Además, destacó el caso de Zara, que evalúa ampliar espacios y presencia dentro de los centros comerciales.

Uno de los desembarcos más relevantes dentro del segmento premium será el de Dolce & Gabbana, que abrirá su primer local en la Argentina en Patio Bullrich antes de fin de año. La firma italiana de lujo llegará por primera vez al país como parte de su estrategia global de expansión. En paralelo, también avanzará el ingreso de Armani, que desembarcará con Armani Exchange en Unicenter durante el segundo semestre. Para 2027, además, está previsto el arribo de Emporio Armani a Patio Bullrich.

El segmento de “lujo accesible” también sumará nuevas aperturas. Luego de las llegadas de Sandro y The Kooples a Alcorta Shopping, se incorporará Maje, otra marca francesa de indumentaria femenina. A eso se agregará el crecimiento de propuestas multimarca como Magma on the Road, que reunirá etiquetas internacionales como Free People, Project Social y The Farra. En el mismo centro comercial ya opera Farm Rio, la marca brasileña que desembarcó meses atrás.

Dentro de las cadenas de consumo masivo y deportiva, Decathlon prepara nuevas aperturas luego de su desembarco inicial en el mercado argentino. La empresa francesa proyecta sumar locales en Alto Palermo y Abasto. En septiembre también abrirá el primer local de Mango en la Argentina, en Alto Palermo, mientras negocia una segunda apertura junto a IRSA. A eso se suma la expansión de Victoria’s Secret, que abrió su primera flagship store en el país y prevé sumar presencia en otros centros comerciales.

La lista también incluye nuevas marcas vinculadas con indumentaria, belleza y accesorios. En DOT Baires Shopping desembarcarán Skechers y Miniso ya abrió este jueves. En paralelo, la multinacional Bestseller confirmó la llegada de sus marcas Only, Jack & Jones y Balmohk, con las primeras tiendas previstas para Unicenter. Además, la marca uruguaya Indian avanzará con nuevas aperturas en centros comerciales y otras ciudades del país.

“El que no baja los precios vende menos”

Las declaraciones del presidente de IRSA aparecieron en un contexto de competencia creciente dentro del sector comercial. El empresario vinculó ese escenario con cambios en los hábitos de consumo y con una mayor presión sobre los precios. “En este momento es un momento donde hay una competencia mucho más abierta y el que no baja precio vende menos”, explicó.

Elsztain respondió así a una consulta sobre la caída en ventas dentro de los shoppings. Según indicó, el impacto resultó mayor en términos de facturación que en cantidad de tickets. “En tickets no tuvimos tanta caída como en la facturación general. Pero la facturación tiene que ver con los precios”, afirmó.

El empresario también describió modificaciones en el comportamiento de los consumidores frente a la desaceleración de precios. “Cuando el consumidor cree que la plata se le derrite, la gasta más rápido. Cuando ve que los precios van bajando, espera y va comprando en la mejor condición que tiene”, sostuvo.

Financiamiento, crédito y estabilidad

Durante el encuentro, Elsztain también habló sobre financiamiento, crédito hipotecario y estabilidad económica. El empresario vinculó el acceso a financiamiento de largo plazo con una mejora en la percepción del riesgo argentino.

“Cada mes en que la economía continúa creciendo, aunque sea lento, vos tenés sectores que empiezan a invertir fuerte”, afirmó. En esa línea mencionó actividades vinculadas con la generación de divisas, como el agro y Vaca Muerta. “Vamos a tener un año de muy buena cosecha, un año de muy buena producción en Vaca Muerta, un año donde las compañías empiezan a financiarse no a un año, sino a diez años”, dijo.

Elsztain sostuvo que el acceso a deuda de largo plazo modificó las posibilidades de inversión de las compañías. “Cuando nosotros podemos emitir un bono a diez años, tenemos acceso a una financiación que antes no había”, explicó.

También vinculó esa situación con una reducción del riesgo país. “El riesgo argentino, que estaba arriba de 2500, hoy está en 500”, aseguró. Según señaló, ese escenario permitió mejorar las perspectivas para el negocio inmobiliario. “Ese bono a diez años nos permite, primero, hacer mejores negocios inmobiliarios, porque no estás pensando en un año. Negocio inmobiliario pensado un año no existe”, indicó.

El empresario además insistió sobre el impacto potencial del crédito hipotecario. “El valor inmobiliario es el valor de mayor ahorro de toda persona en una sociedad en cualquier lugar del mundo”, afirmó. Luego comparó la situación argentina con otros mercados. “En el único lugar donde te financiaban doce meses para comprar el termo y comprabas una casa cash, era acá”, dijo.

En otro tramo del evento habló sobre confianza y continuidad económica. “La confianza es consecuencia de estar continuando con el mismo programa por el largo plazo”, afirmó. También destacó el regreso de fondos al sistema financiero local. “Cuanto más estabilidad tienen los números fiscales, más inversión y más confianza de los propios argentinos pueden ir trayendo la plata, en vez de tenerla fuera del sistema”, dijo.

Elsztain también respondió preguntas sobre salarios y empleo. Consultado sobre la evolución de los ingresos, sostuvo: “Yo creo que el salario debería crecer”. Sin embargo, reconoció cambios en la estructura de gastos de las familias. “La gente tiene un salario más corto porque tiene más gastos que antes no tenía”, explicó. Aun así, insistió en que la continuidad de la estabilidad económica podría impulsar una mejora gradual de la actividad. “Cada mes que continúa está mejor”, señaló.

Minería, oro e inversiones en San Juan

Otro de los temas que abordó el presidente de IRSA fue el desarrollo de la minería y las inversiones vinculadas con el oro en la provincia de San Juan.

El empresario consideró que la actividad minera puede generar empleo e inversiones de gran escala. “Para mí, que una sociedad tenga riqueza no es tener riqueza estática. La riqueza es cuando la sociedad usa los recursos para que la sociedad genere trabajo y viva mejor”, afirmó.

Elsztain afirmó que actualmente existe demanda internacional vinculada con el oro y relacionó ese fenómeno con la política monetaria global. “El solo fenómeno de la emisión monetaria infinita hace que mucha gente, también los grandes bancos centrales, se estén volviendo a posicionar en el oro como alternativa financiera”, señaló.

Además, indicó que algunas provincias avanzan con políticas orientadas a captar inversiones mineras. “Hay provincias que cada vez son más amistosas para poder captar la inversión”, sostuvo.

Respecto de las inversiones de IRSA en minería, señaló que el grupo realizó dos proyectos en San Juan. “Nosotros hicimos una inversión sobre una planta que habíamos comprado hace una década. No presentamos RIGI”, afirmó. Ante otra consulta sobre futuras iniciativas, agregó: “Puede ser que después”.

Tras haber sido anticipado días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Palacio de Hacienda confirmó este jueves la aprobación de un nuevo proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata del proyecto San Jorge, impulsado por la empresa Minera San Jorge en la provincia de Mendoza, con una inversión prevista de USD 891 millones.

La decisión fue oficializada mediante la publicación de la resolución 801 publicada en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Economía reconfirmó la novedad a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de X. “Nuevo Rigi aprobado: USD 891 millones para el proyecto San Jorge en Mendoza”, detalló la cartera, al informar la decisión oficial vinculada al emprendimiento minero.

Según se detalló, la iniciativa permitirá generar más de 6.300 empleos directos e indirectos relacionados con la producción de cobre. En el mismo mensaje, sostuvo que el proyecto representa “más inversión, más empleo y reglas claras para seguir desarrollando la minería argentina”.

El emprendimiento se ubicará en la provincia de Mendoza y se enfocará en la producción de cobre, uno de los minerales que concentra mayor interés dentro del sector minero por su utilización en industrias vinculadas con la transición energética, la electromovilidad y las redes de infraestructura eléctrica.

La aprobación del proyecto San Jorge se sumó al conjunto de iniciativas incluidas dentro del RIGI, el esquema impulsado por el Gobierno nacional para atraer grandes inversiones en sectores estratégicos. El régimen forma parte de la Ley Bases y apunta a promover desembolsos de gran escala mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros.

El tiempo de construcción estimado para PSJ Cobre Mendocino oscila entre 18 y 24 meses. El titular de la compañía, Fabián Gregorio, había ratificado en la edición 2026 de la feria minera PDAC Canadá la formalización del pedido para ingresar al RIGI, sólo dos meses y medio antes de la aprobación. Este yacimiento permitirá una de las primeras exportaciones de cobre desde Mendoza.

La noticia conocida este jueves incorporó un nuevo proyecto al listado de iniciativas mineras aprobadas por el Ejecutivo nacional. Como había precisado Caputo a mediados de mayo, ya son 16 los proyectos aprobados en el marco del régimen y suman casi USD 30.000 millones. En esa oportunidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado en su cuenta de X que había otros "20 en evaluación".

Otro de los dos proyectos aprobados recientemente, y anticipados por Caputo junto con el de San Jorge, corresponde a la expansión del yacimiento Caucharí Olaroz, operado por la minera EXAR, el principal productor de carbonato de litio de la Argentina. Con esta iniciativa, la empresa sumará 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), duplicando así su capacidad instalada.

La minería se consolidó en los últimos meses como uno de los sectores donde el Gobierno concentró parte de la estrategia de atracción de capitales. Las provincias cordilleranas ocuparon un lugar central dentro de ese esquema por la presencia de reservas de cobre y litio.

Mendoza volvió a quedar dentro del mapa de inversiones mineras promovidas por la administración nacional. El proyecto San Jorge se ubicó entre las iniciativas que apuntan a desarrollar producción de cobre en el país, en un contexto donde distintas empresas avanzaron con planes vinculados a minerales considerados estratégicos para la transición energética global.

El cobre ganó protagonismo dentro de la agenda minera internacional por su utilización en vehículos eléctricos, sistemas de transmisión eléctrica, energías renovables y distintos procesos industriales. Argentina concentra varios proyectos de cobre en etapas de exploración y desarrollo, principalmente en provincias de la región andina.

El Perú ocupa una posición estratégica en la producción mundial de minerales críticos, recursos considerados esenciales para la transición energética y el desarrollo de tecnologías vinculadas a las energías renovables. Así lo destacó el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Gonzalo Quijandría, durante el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería.

El representante gremial señaló que el país se ubica como el segundo productor mundial de estaño y el tercero de cobre, minerales que cumplen un rol clave en la fabricación de dispositivos tecnológicos y en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Además, remarcó que el Perú produce otros 21 minerales críticos que forman parte de la agenda global de transformación energética.

Minerales críticos y transición energética

Quijandría explicó que los minerales críticos son fundamentales para avanzar hacia sistemas energéticos más sostenibles y reducir el impacto ambiental asociado al uso de combustibles fósiles. Según indicó, estos recursos permiten impulsar tecnologías relacionadas con energías renovables y enfrentar problemas como las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global.

“A los minerales que nos ayudarán en esa transición energética se les denomina minerales críticos. Entre ellos resaltan el cobre y el estaño”, puntualizó durante su exposición. También sostuvo que el Perú tiene una participación relevante dentro de este proceso global debido a la variedad de minerales que produce.

El también presidente del comité sectorial minero afirmó que el país se ha convertido en un actor importante para atender la demanda internacional de estos recursos. “Entonces, el Perú se inserta dentro de esa agenda global, y termina siendo un elemento crítico para la humanidad. Nosotros somos conscientes de eso. Ese es el debate que queremos profundizar”, expresó.

El estaño y su presencia en los aparatos digitales

El vicepresidente de la SNMPE destacó que uno de los principales usos del estaño está relacionado con la fabricación y ensamblaje de dispositivos electrónicos. Explicó que este mineral es utilizado en las soldaduras que permiten unir componentes dentro de equipos digitales.

“Cuando uno abre cualquier aparato digital encuentra ahí que hay soldaduras de estaño que son las que unen los elementos digitales. Lo que se puede ver en todo aparato digital”, comentó Quijandría al referirse a la importancia de este recurso en la industria tecnológica.

Asimismo, precisó que el estaño se encuentra presente en productos de uso cotidiano como teléfonos celulares, computadoras y cámaras de televisión. “Eso hace del estaño un producto indispensable”, enfatizó.

Perú y su posición en la minería mundial

Quijandría sostuvo que el Perú es el principal abastecedor de estaño en el hemisferio occidental, mientras que China lidera la producción orientada al mercado asiático. Añadió que la relevancia del país en este mineral lo convierte en una pieza importante dentro del proceso de transformación energética global.

Además del estaño y el cobre, recordó que el Perú también mantiene posiciones destacadas en otros minerales. “El país ha logrado tener una serie de proyectos mineros que nos han colocado en estos rankings mundiales de productores de minerales. Somos segundos en estaño, terceros en cobre, séptimos en oro, entre otros”, manifestó.

El representante gremial indicó también que uno de los factores necesarios para acelerar las inversiones mineras previstas en cartera es preservar la estabilidad jurídica. Según señaló, ello permitirá fortalecer el desarrollo de nuevos proyectos y consolidar la posición del país en la industria minera internacional.

La República Dominicana alcanzó más de 2,000 megavatios de energía renovable instalada, consolidándose como referente en la región.

El crecimiento se ha logrado a partir de 38 proyectos solares y eólicos en operación, con presencia en varias regiones del país, principalmente en el sur y el este, donde las condiciones climáticas favorecen la generación de energía limpia.

Entre las provincias con mayor desarrollo destacan Monte Plata, Peravia y Azua en energía solar, así como Monte Cristi y Pedernales en energía eólica.

La expansión del sector no solo representa un avance ambiental, sino que también genera empleo directo e indirecto. Miles de trabajadores participan en la construcción, operación, mantenimiento de plantas solares y parques eólicos.

Empresas locales y extranjeras invierten en tecnologías modernas, lo que incrementa la demanda de técnicos, ingenieros y personal administrativo, además de aportar a la economía local a través de servicios asociados y cadenas de suministro.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que en 2020 la capacidad instalada de energías renovables no convencionales era de 555 megavatios y actualmente supera los 2,000 megavatios, con 25 proyectos adicionales en desarrollo que aportarían al menos 2,000 megavatios más hacia 2028.

Santos explicó que la meta oficial es alcanzar un 30 % de energía renovable inyectada al sistema eléctrico y que el país podría llegar al 50 % en los primeros años de la próxima década si se fortalecen los sistemas de almacenamiento energético.

La estrategia gubernamental incluye la incorporación de entre 800 megavatios y un gigavatio de capacidad de almacenamiento. Esta medida busca estabilizar el sistema eléctrico nacional, aprovechar mejor la energía renovable, permitiendo una mayor flexibilidad ante la variabilidad de fuentes como el sol y el viento.

El avance en almacenamiento también facilitaría la exportación de energía, como plantea el proyecto Hostos, que contempla la conexión eléctrica entre República Dominicana y Puerto Rico mediante un cable submarino, previsto para entrar en operación entre 2031 y 2032.

En el evento Recursos Energéticos y Mineros, organizado por la revista Factor de Éxito, Joel Santos destacó la importancia de diversificar la matriz energética. Señaló que el 25 % de la electricidad que consume el país ya proviene de fuentes renovables, lo que ayuda a mitigar el impacto de los aumentos en los precios internacionales de la energía.

De acuerdo con declaraciones publicadas por el Diario Listín, el Gobierno trabaja para hacer el sistema eléctrico más eficiente mediante inversiones en redes de distribución y transmisión, aunque el subsidio al sector sigue siendo un reto.

Además, la diversificación energética ha permitido que la población no sufra con mayor intensidad los efectos de la volatilidad internacional.

El sector minero también se mantiene como un pilar económico para la República Dominicana, aportando divisas y contribuyendo al equilibrio macroeconómico. El desarrollo paralelo de energías renovables y minería fortalece la economía nacional y abre nuevas oportunidades para la generación de empleo y la estabilidad energética.

El Perú impulsa una visión de minería sostenible, integrada y basada en tecnología como parte de su estrategia para atraer inversión responsable y consolidarse como un actor clave en el mercado global de minerales críticos. Así lo señaló el canciller Carlos Pareja Ríos durante su participación en el XVI Encuentro Internacional de Minería, donde remarcó la necesidad de fortalecer un modelo que combine desarrollo económico, estabilidad institucional y respeto ambiental.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el país requiere una minería moderna que no solo aproveche sus recursos, sino que también genere valor agregado para la población. En esa línea, afirmó que el objetivo es que el sector minero opere con mayor previsibilidad, seguridad jurídica y estándares tecnológicos que permitan su integración con las nuevas exigencias del mercado internacional.

De acuerdo con lo expuesto por el canciller en declaraciones citadas por Andina Noticias, el desafío central es transformar la riqueza mineral del país en desarrollo sostenible. “El verdadero desafío consiste en transformar esa riqueza en crecimiento sostenible, empleo formal, infraestructura, bienestar social y oportunidades para millones de peruanos”, afirmó durante su intervención en el foro minero.

Perú como potencia minera global

El canciller destacó que el Perú se encuentra entre los principales productores mundiales de cobre, zinc, oro, plata, estaño, hierro y molibdeno, minerales que hoy tienen alta demanda en la transición energética global. Asimismo, resaltó que el país también posee un importante potencial en recursos aún no desarrollados, como el litio, considerado estratégico para la industria tecnológica.

Según lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la minería representa aproximadamente el 11 % del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y cerca del 67 % de las exportaciones del país. Este peso económico evidencia la relevancia del sector en la generación de empleo, inversión y dinamización de economías regionales.

De acuerdo a información difundida por Andina Noticias, el canciller también advirtió que el contexto global actual, marcado por la transición energética y la competencia por minerales críticos, abre una oportunidad estratégica para el Perú. En ese escenario, sostuvo que el país puede convertirse en un socio confiable dentro de las cadenas globales de suministro si logra consolidar condiciones de estabilidad y competitividad.

Inversión, modernización y retos institucionales

Durante su intervención, el titular de Torre Tagle remarcó que el Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros que supera los 60 mil millones de dólares en inversiones potenciales. Sin embargo, enfatizó que para concretar ese potencial es necesario reducir trabas administrativas y mejorar la articulación entre entidades públicas.

El canciller cuestionó la existencia de 265 procesos administrativos distribuidos en 29 instituciones, los cuales —según indicó— generan demoras en la ejecución de proyectos. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en simplificación regulatoria, modernización institucional y construcción de consensos que permitan acelerar las inversiones.

Asimismo, destacó que el país debe fortalecer su institucionalidad para garantizar confianza a largo plazo. “Ningún país puede sostener políticas públicas de largo plazo, atraer grandes inversiones o consolidar procesos de desarrollo sin estabilidad, continuidad y confianza institucional”, señaló.

Seguridad, minería ilegal y proyección internacional

El canciller advirtió que uno de los principales desafíos del sector es la expansión de la minería ilegal, la cual —según indicó— ya no constituye un fenómeno aislado, sino una amenaza vinculada a redes criminales que afectan el medio ambiente, la seguridad y la economía formal. En ese contexto, remarcó la necesidad de reforzar la presencia del Estado en zonas de actividad minera.

De igual forma, el funcionario subrayó la importancia de impulsar la minería artesanal mediante un marco normativo adecuado, como la eventual aprobación de la Ley MAPE, actualmente en debate legislativo. También señaló que la formalización de actividades permitirá mejorar las condiciones laborales y reducir impactos negativos.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que el Perú viene fortaleciendo su cooperación internacional con países como Estados Unidos y Canadá para promover inversiones responsables en el sector minero. Según informó Andina Noticias, el objetivo es consolidar al país como un actor estratégico en la seguridad energética global, con capacidad de atraer capital, innovación y desarrollo sostenible.

La reconocida economista internacional y miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, Dambisa Moyo, dijo que países como Perú no deben asumir que los precios altos de los minerales van a durar para siempre.

Durante su participación en el XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la experta manifestó que el país ha logrado destacar en Sudamérica, pero advirtió que ese liderazgo es relativo y no debe generar complacencia en la conducción de su política económica.

Minería de Perú: Un liderazgo relativo en un entorno adverso

Moyo reconoció que Perú ha crecido por encima del 3% anual y que este desempeño lo coloca por delante de varios países de la región. Sin embargo, matizó que este resultado debe analizarse en un contexto donde Sudamérica sigue enfrentando reveses. “Perú es una estrella en una región muy pobre en la que estar”, afirmó la experta.

La economista remarcó que el crecimiento alcanzado por Perú en los últimos años no debe considerarse suficiente, sobre todo en una coyuntura donde los precios internacionales de los minerales han sido excepcionalmente favorables.

“Hoy, el ingreso per cápita de Perú está alrededor de 10.000 dólares. Si en 25 años quisieran que Perú llegue a 20.000, la economía necesita crecer al menos un 3% anual”, señaló Moyo.

En su análisis, la especialista reconoció los avances en diversificación productiva, destacando que la economía peruana depende en un 10% u 11% de la minería, mientras que en otros países la dependencia supera ampliamente el 50%.

“He visto sus estadísticas. Tienen servicios, manufactura, turismo. Así que esta economía ha hecho un gran trabajo diversificándose”, indicó ante empresarios y funcionarios.

Sin embargo, Moyo advirtió que estos progresos no bastan si no se traducen en políticas de largo plazo que permitan al país prepararse para escenarios menos favorables.

Perú frente a la mirada de los inversores globales

La experta fue contundente al advertir sobre el riesgo de confiar en la continuidad de la demanda internacional de cobre y otros minerales. “No caigan en la falsa comodidad de creer que porque siempre hemos sido productores de cobre, siempre habrá demanda”, subrayó.

Para Moyo, la historia reciente muestra que los ciclos de precios internacionales pueden cambiar rápidamente, y que la bonanza actual puede no repetirse en el futuro. “De hecho, en el camerino hablábamos de cómo, cuando estuve aquí en Perú por última vez (2015), el país crecía al 6%”, dijo.

En su intervención, comparó la posición de Perú con la de otras economías globales y planteó que, desde la óptica de los inversores, el país no resulta tan diferente en términos de ingresos y nivel educativo.

“¿Por qué Perú es diferente de Malasia o Polonia? Si eres un inversor, no es tan distinto. Tienen aproximadamente el mismo ingreso per cápita, mucha gente educada”, señaló, destacando la competencia global por atraer capitales.

La economista concluyó que el verdadero reto para Perú es transformar la bonanza minera en desarrollo sostenible, inversión en capital humano y reducción de desigualdades. Para ello, subrayó, el país debe construir una estrategia de largo plazo que evite la dependencia exclusiva de los ciclos de precios internacionales.

El World Gold Council (WGC - Consejo Mundial del Oro, por sus siglas del inglés) reconoció que existe una arquitectura global que habilita a los bancos centrales a comprar oro, incluso mediante esquemas que incluyen metal proveniente de la minería en proceso de formalización.

No obstante, la organización advirtió que solo respalda este tipo de operaciones cuando se cumplen condiciones estrictas de legalidad, trazabilidad y alineamiento con estándares internacionales.

La advertencia cobra especial relevancia en Perú, donde se discute la posibilidad de que el Banco Central de Reserva (BCR) participe en la compra de oro proveniente de fuentes no plenamente formalizadas.

La postura del WGC ante posibles compras estatales en Perú

En diálogo con Infobae Perú, Juan Carlos Artigas, CEO regional para las Américas y director global de investigación del WGC, explicó que, si bien la entidad no emite recomendaciones directas sobre políticas de bancos centrales, sí acompaña técnicamente a quienes buscan ajustar sus prácticas a las mejores referencias globales.

En este sentido, dejó abierta la posibilidad de que bancos emisores, incluido el BCR, puedan comprar oro artesanal bajo esquemas que promuevan la formalidad -siguiendo el ejemplo de Ecuador-, pero siempre en línea con estándares internacionales, como los London Principles.

“La legalidad y la trazabilidad son imprescindibles para cualquier esquema de compra oficial”, afirmó durante el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Según explicó, los bancos compran oro porque buscan diversificar sus reservas internacionales y reducir su exposición a divisas como el dólar, pues valoran que el oro es un activo líquido que no depende de la solvencia de ningún gobierno.

Se estima que entre el 40 y el 45% de la demanda global corresponde a inversión, mientras que el 35% se destina al consumo directo, especialmente en joyería y tecnología. El restante 20% está asociado a compras de bancos centrales para fortalecer sus reservas.

Artigas remarcó que la minería artesanal y de pequeña escala puede aportar beneficios económicos y sociales a las comunidades, siempre que se mitiguen los impactos negativos. “Cualquier banco central que esté interesado en entender cómo se puede crear políticas consistentes puede conversar con nosotros al respecto”, sostuvo.

Demanda récord de bancos centrales en los últimos años

Durante su intervención en el evento, el directivo explicó que a lo largo de la historia se han extraído unas 220.000 toneladas de oro, cuyo valor estimado asciende a 31 billones de dólares.

Según dijo, si todo ese oro se reuniera en un solo lugar, formaría un cubo de apenas 22 metros por lado, lo que refleja la enorme concentración de valor en un volumen sorprendentemente reducido.

El World Gold Council destaca que la demanda anual de oro por parte de los bancos centrales superó las 1.000 toneladas en varios años, y que en 2025 la cifra se aproximó a 870 toneladas, mientras que antes de 2020 el promedio era de 500 toneladas.

El poravoz atribuyó este salto a la creciente necesidad de diversificar las reservas internacionales y a la mayor percepción de riesgo geopolítico a nivel global. Además, entre el 20 y el 25% de la producción anual de oro proviene de la minería artesanal o de pequeña escala.

Argentina podría ingresar en una fase de expansión económica similar al boom energético que impulso a la economía colombiana entre 2009 y 2013, siempre que sortee el actual “circo político”, dice un informe de Grit Capital Group, una firma de inversión orientada a fondos cuantitativos, gestión de carteras emergentes y capital de riesgo.

El informe, al que accedió Infobae, destaca la mejora en los términos de intercambio, el crecimiento sostenido de las exportaciones y el avance del sector energético argentino. El análisis lleva la firmado de Walter Stoeppelwerth, Chief Investmen Officer (CIO) de Grit y de extenso recorrido por Brasil y la Argentina, donde participó en PPI y en la Universidad Torcuato di Tella.

Entre otras cosas el informe destaca el reciente ritmo de compra de dólares del BCRA, en particular los USD 328 millones, que atribuye a una fuerte compra “en bloque”. Ese movimiento, dice, fue acompañado por un crecimiento en la liquidación de divisas provenientes del sector agrícola, que alcanzó un promedio diario de 160 millones de dólares en mayo, frente a los 124,5 millones de abril.

El informe también subraya que Argentina atraviesa un fenómeno de bonanza de términos de intercambio. Los datos de comercio exterior de abril revelan un superávit récord de USD 2.711 millones, gracias a un fuerte salto en las exportaciones energéticas y una caída significativa de las importaciones de combustibles.

Las exportaciones de energía, subraya Grit Capital, treparon un 85,4% interanual, mientras las importaciones de derivados de petróleo y destilados se redujeron 45,4% y dice que cuando se completen las obras del Gasoducto Perito Moreno II, hacia el norte, previstas para mayo de 2027, las importaciones energéticas serán “un error de redondeo”.

La diversificación exportadora juega un rol central en el nuevo perfil macroeconómico. Al respecto, Grit Capital subraya que en abril las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron USD 2.528 millones, un aumento del 43,3% interanual, impulsadas porenvíos de equipos de transporte, productos químicos y metales preciosos.

En tanto, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aportaron USD 2.705 millones, un aumento del 14,1%, con la molienda de soja y sus derivados como motor principal, aunque el informe advierte una “moderación estructural” del complejo oleaginoso, pues el saldo comercial de soja se redujo 16,2% en el primer cuatrimestre respecto a igual lapso de 2025. la venta de productos primarios, en tanto, aportó USD 2.127 millones de dólares y un crecimiento del 25% anual.

Con todo, el informe subraya la transformación estructural del sector energético argentino, que en abril exportó por USD 1.554 millones, el 17,4% del total nacional, y generó un superávit de 1.248 millones. Este cambio, dice, altera sustancialmente las restricciones históricas de balanza de pagos del país, en la que las importaciones energéticas presionaban las reservas durante los ciclos de reactivación.

La inversión extranjera

Según el documento, “si la Argentina puede capturar USD 7.000 a 8.000 millones anuales de Inversión Extranjera Directa” (IED) su Balanza de Pagos finalmente lucirá solida a los inversores extranjeros”. Y dirigiéndose a potenciales inversores, Stoeppelwerth desafía: “si Usted piensa que la hoja de ruta de la Argentina para los próximos cuatro años es similar o superior a la historia del boom energético de Colombia entre de 2009 a 2013, entonces debe aguantar sus títulos soberanos (de la Argentina) y agregar mas en función de las oportunidades a causa del circo político de la administración Milei”.

Cabe notar que entre 2009 y 2013 Colombia experimentó un “boom energético” gracias a los precios internacionales del petróleo, el carbón y otros minerales que, sumado a reformas que abrieron el sector a la inversión extranjera y fortalecieron la seguridad en zonas productivas, volvió al sector energético y minero un motor de la economía colombiana.

Durante el quinquenio que cita el informe, entre las gestiones presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), ambos electos y reelectos por el partido del “Centro Democrático”, la participación de hidrocarburos y minería aumentó de 9,7 a 11,2% del PBI, la Inversión Extranjera Directa en minas y energía pasó de menos de USD 5.000 millones a mas de USD 8.000 millones anuales, el sector aporto mas del 50% de las exportaciones y generó una enorme masa de ingresos fiscales.

Según datos del Banco Mundial, 2008 y 2013 el ingreso per cápita del 40% más pobre creció al 6,6% anual, más que el promedio nacional. La revisión de “Artículo 4″ que el FMI hizo de la economía colombiana en 2014 (ver abajo) marca un fuerte aumento de la inversión en los años previos, motor de una prosperidad que se diluyó en los años posteriores.

El boom energético también generó desafíos. El rápido crecimiento del sector extractivo desplazó a sectores como agricultura e industria, un típico caso de “enfermedad holandesa” como el que algunos analistas creen que podría suceder en la Argentina. Además, la creación de empleo directo fue limitada, debido a la intensidad de capital de esos sectores, algo que también marcan algunos analistas locales, quienes destacan por el contrario que sectores como industria, comercio y construcción, mas intensivos en empleo, se han rezagado durante la gestión Milei, aunque industria y comercio evidenciaron signos de recuperación en marzo, según informo el Indec.

De hecho, el próximo domingo tendrá lugar la primera vuelta de la elección presidencial. Los favoritos son Iván Cepeda, del “Pacto Histórico” de fuerzas que lidera el actual presidente, Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella, empresario y outsider de la política que algunos califian de “Milei colombiano”. En 2022 Petro fue elegido en segunda vuelta, en la que se impuso por escaso margen a Rodolfo Hernández, candidato de una “Liga de Gobernadores” anticorrupción.

En cuanto a la Argentina actual, el informe de Grit Capital explica que la mejora de los términos de intercambio es clave en el buen desempeño externo. Los precios de exportación subieron 10,8% anual, mientras que los de importación avanzaron solo 4,1%, algo que según calculo el propio Indec generó un ingreso adicional de USD 520 millones al país.

Según el análisis, la sostenibilidad de la actual dinámica dependerá de preservar la competitividad cambiaria y mantener la disciplina fiscal y monetaria.

En 2025, Suiza se posicionó como uno de los principales destinos del oro peruano, adquiriendo cerca de 2.858 millones de dólares en el metal, cifra que equivale a 12,3% de todas las exportaciones auríferas del país andino, según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

No obstante, la magnitud y opacidad del comercio aurífero nacional, sumadas a las brechas de control estatal, abren la posibilidad de que el país europeo haya estado comprando oro de origen ilegal sin tener conocimiento pleno de su procedencia.

Esta situación se agrava en un contexto de precios internacionales récord, donde la cotización de la onza troy promedió 3.440,9 dólares en 2025 y se disparó a 4.724,1 dólares en enero de 2026.

“No podemos sustituir al Estado peruano”: el rol y los límites de Suiza

Durante un evento organizado por la Embajada de Suiza en el Perú, el embajador Paul Garnier señaló que la exigencia de estándares internacionales para el ingreso del oro peruano al mercado suizo es permanente.

Con todo, la falta de fiscalización efectiva por parte del Estado peruano, tanto en la supervisión de la producción como en la verificación del origen, se ve atizada por la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Este padrón ha sido prorrogado varias veces por el Ejecutivo y hoy se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el Congreso apruebe una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

“El origen del oro importa hoy más que nunca. Suiza ocupa un lugar central en las cadenas de refinación y comercio de oro y ello conlleva una gran responsabilidad”, declaró Garnier en diálogo con Infobae Perú.

El diplomático remarcó que el país helvético demanda traceability, transparency & responsibility en toda la cadena de valor, tanto para la gran minería como para la MAPE.

No obstante, también reconoce que la verificación de origen depende en gran medida de la información que provee el propio Estado peruano y que el sistema puede perfeccionarse: “Si hay un país que está vigilando, ese país es Suiza. Nosotros hacemos los controles, pero no podemos sustituirnos al Estado peruano”.

Oro sin trazabilidad: la mitad del metal exportado tiene origen ilícito

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del MINEM, Suiza se ubicó como el cuarto mayor comprador de oro peruano en 2025, por detrás de India, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, y por encima de China. Perú produjo en ese periodo 108,9 toneladas métricas finas de oro, aunque exportó más de 200 toneladas, de acuerdo con aduanas.

No obstante, estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierten que aproximadamente el 50% del oro exportado por Perú tiene un origen ilícito o desconocido.

Esta brecha surge al contrastar los registros de producción del MINEM con los volúmenes exportados: cerca de 100 toneladas anuales provienen de la minería ilegal. El 74% del oro extraído y comercializado por la pequeña minería y la MAPE se produce fuera de la legalidad.

“Nosotros chequeamos, ponemos criterios, algo que tal vez todos no hacen, pero nosotros sí”, aseguró Garnier.

No obstante, el embajador admitió que el sistema depende de la capacidad estatal peruana para fiscalizar y certificar el origen del mineral. “Ponemos todas las garantías posibles, pero no podemos sustituir al Estado peruano en esto”, enfatizó.

Crecen las alertas sobre la minería ilegal

El retraso en el cierre del REINFO y en la aprobación de la nueva ley MAPE coincide con un contexto electoral y con señales de expansión de la minería ilegal impulsada por el alza del precio internacional del oro.

Según la Fiscalía, existen serios indicios de financiamiento de partidos políticos por redes vinculadas a esta actividad ilícita, que ha superado incluso al narcotráfico como principal economía ilícita del país.

La minería ilegal de oro genera ganancias que superan entre siete y diez veces las del narcotráfico, según datos de la Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition.

El Perú aporta el 44% del oro ilegal exportado en Sudamérica, muy por encima de Colombia (25%) y Bolivia (12%). Esta actividad, controlada por redes criminales transnacionales, opera incluso en zonas de amortiguamiento y áreas naturales protegidas.

Una ruta hacia la formalización: propuestas y cooperación internacional

El evento organizado por la embajada suiza sirvió para presentar el documento “Una Ruta para avanzar hacia una MAPE formal, productiva y responsable”, elaborado por el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, que propone incentivos, asistencia técnica y fortalecimiento institucional como pasos clave hacia la formalización.

Durante el encuentro, Suiza y el Ministerio de Energía y Minas anunciaron la inminente firma de un Memorando de Entendimiento para reforzar el diálogo político y la cooperación técnica en la lucha contra la minería ilegal y la promoción de una cadena aurífera responsable y verificable.

El informe Educación y empleabilidad, elaborado por Ticmas con el apoyo de la CAF, permite mirar la relación entre educación y trabajo desde una pregunta que atraviesa a varias regiones del país: cómo convertir las oportunidades productivas en empleo local, capacidades instaladas y desarrollo territorial.

La expansión de Vaca Muerta, el crecimiento del litio, la minería, la energía, la infraestructura y la industria automotriz abren un horizonte de inversión y actividad, pero también plantean una demanda formativa que requiere tiempo, planificación y articulación entre empresas, Estado e instituciones educativas.

La inversión también demanda formación de oficios

El informe señala que la inversión productiva no genera solo puestos directos. También moviliza transporte, logística, mantenimiento, construcción, seguridad, servicios especializados, administración y proveedores locales. La discusión sobre empleo, por lo tanto, debe incluir qué capacidades necesita cada territorio para que esas oportunidades estén al alcance de quienes viven allí.

Vaca Muerta aparece como el caso más visible. Su expansión no demanda únicamente personal petrolero. Requiere ingeniería, metalmecánica, transporte, mantenimiento, servicios especializados, construcción y soporte operativo. En ese entramado aparecen operadores, técnicos electromecánicos, electricistas, instrumentistas, personal de mantenimiento, perfiles de logística y trabajadores preparados para desempeñarse en entornos exigentes, con normas de seguridad y actualización tecnológica permanente.

Río Negro muestra otra dimensión de ese proceso. Su vínculo con el desarrollo energético incluye ductos, puertos, servicios, soporte técnico y nuevas necesidades industriales. El informe destaca que la provincia cuenta con escuelas técnicas, centros de formación profesional, institutos y universidades, pero también advierte sobre desafíos pendientes: equipamiento moderno, infraestructura adecuada, instructores con experiencia actualizada, inglés técnico y una mayor conexión entre formación y práctica.

El territorio como parte de la respuesta

El litio abre una discusión similar en Jujuy y Catamarca. La actividad minera necesita profesionales especializados, pero también operadores, técnicos, personal de mantenimiento, logística, seguridad, administración, servicios y proveedores locales. En esos casos, la posibilidad de que la actividad genere una trama de empleo más amplia depende de la capacidad de fortalecer la formación en el propio territorio y de acercarla a las demandas reales del sector.

Las brechas no son iguales en todas las provincias. En algunos lugares falta oferta cercana; en otros, la oferta existe pero no siempre dialoga con las necesidades productivas. También aparecen dificultades vinculadas con docentes, equipamiento, prácticas profesionalizantes o certificación de saberes. Esa diversidad obliga a pensar respuestas más situadas, menos uniformes, capaces de leer qué necesita cada región y con qué instituciones cuenta para responder.

La formación de formadores ocupa allí un lugar relevante. Abrir cursos o ampliar cupos puede ser necesario, pero no alcanza si quienes enseñan no tienen contacto con los cambios tecnológicos y productivos del sector. En actividades que se actualizan con rapidez, docentes, instructores y tutores necesitan también espacios de actualización, vínculos con empresas y acceso a experiencias de trabajo reales.

El informe deja como conclusión que la oportunidad productiva existe, pero su impacto dependerá de la capacidad de cada territorio para formar, atraer, certificar y retener talento. El empleo de calidad no surge solo del crecimiento de un sector. Se construye antes, en escuelas técnicas, centros de formación profesional, institutos, universidades, empresas y prácticas en entornos reales. Allí se define si la inversión queda como un dato económico o si logra transformarse en desarrollo, arraigo y trabajo para las comunidades donde ocurre la actividad.

En el marco de las conversaciones realizadas para el “Informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva”, la Dra. Graciela Keskiskian, especializada en Ecología y Planificación Urbana como así también en Geografía compartió su mirada sobre la industria minera que se encuentra en el foco no solo económico sino también en lo educativo; sobre las necesidades de un mercado específico que requiere de nuevos talentos.

La primera observación que realizó Keskiskian es que hay que identificar las tres categorías de la minería para entender las necesidades y urgencias de cada industria. Metalífera, no metalífera y rocas de aplicación; cada una de ellas con sus particularidades y áreas geográficas.

El mapa minero y energético

“En la República Argentina tenés distintos tipos de empresas. Tenés desde las más grandes que operan en el mundo, como por ejemplo las que se han acercado en estos últimos años ante los yacimientos potenciales que tenemos en San Juan. Vicuña, por ejemplo, que es José María y Filo del Sol juntos, que va a ser cobre especialmente, así como fue el histórico el cobre que se extrajo de Catamarca en la Lumbrera”, explicó.

Y agregó: “sigue siendo realmente histórico lo que hay en Cerro Vanguardia con Anglo Gold Ashanti, en Cerro Negro que es de oro, también con Newmont. Tenés Panamerican Silver en diferentes yacimientos. Las mineras más grandes están en la Argentina. BHP, Lundin Mining, que van a ser las que el día de mañana estén trabajando en Vicuña, en San Juan. Y de ahí para abajo tenés diferentes categorías. Hay pymes, hay empresas familiares, especialmente en las no metalíferas, las que son de rocas de aplicación, arenas, gravas, etcétera”.

A la hora de pensar en los futuros profesionales, Keskiskian destacó que uno de los puntos claves es enseñar sobre la transición energética a partir de la utilización de menor cantidad de combustibles fósiles, es decir los derivados del petróleo, gas, gasoil, nafta, carbón, querosén. Se trata de evitar su quema y la liberación de dióxido de carbono en la atmósfera, por lo que enseñar sobre las fuentes de energías alternativas es pensar en un futuro.

“Para eso tenés hoy la solar, la eólica, la nuclear, que es extraordinaria y sin embargo no tiene la mejor prensa como debería tener, y la biomasa, por ejemplo. Y por el otro lado está el tema dentro de la transición energética, no solamente la fuente de energía alternativa, sino cómo almaceno esa energía que se produce”, explicó.

La minería como polo de trabajo y desarrollo

Keskiskian planteó que suele observarse un crecimiento en las localidades que abrazan proyectos mineros: “Las primeras, por ejemplo, en Catamarca, Andalgalá, Belén y Santa María, quizás no se vio el cambio tan grande con la Lumbrera. Fue la primera industria, fue la primera instalada en el país con un montón de situaciones diferentes, muy sensibles a diferentes comunidades”.

Esta situación es diferente cuando se observan los proyectos “Cerro Vanguardia en San Julián, en Gobernador Gregores, en las diferentes localidades de la línea media de la provincia de Santa Cruz o el norte de Santa Cruz o San Juan mismo” donde los cambios son positivos.

Otro de los puntos que destacó la especialista es que es clave no solo hablar de las diferencias entre recursos y reservas sino también de los medios de transporte y la energía para la producción. “Porque si no tenés caminos, no tenés puertos, no tenés suficiente energía eléctrica para hacer funcionar el yacimiento, es un verdadero dolor de cabeza. Nosotros tenemos falencias que tenemos que ir cubriendo antes de que venga el boom justamente del desarrollo de estos grandes proyectos”, señaló.

El impacto de la tecnología y la IA

“La población todavía tiene en la cabeza la imagen de la minería de dos siglos atrás, más o menos. sacando el geólogo que va con el mini martillito cuando descubre las cosas, no existe más. Hoy en los yacimientos la tecnología con la que se trabaja es impresionante.”, aseguró y explicó que por ejemplo en Argentina no se usa dinamita en las voladuras sino un sistema por satélite que permite establecer puntualmente los lugares donde debe colocarse ANFO (por sus siglas en inglés: Ammonium Nitrate - Fuel Oil) de acuerdo al tipo de roca, humedad, densidad, etc.

Lo mismo ocurre con el manejo de ciertos grandes camiones que tienen un sistema automatizado que hace que las personas no tengan que acercarse a la zona post voladura.

“Hoy por hoy en los yacimientos se está trabajando con personal formado en el país, al margen de los profesionales externos que traiga cada una de las empresas, que en general son para los ámbitos gerenciales exclusivamente. El grueso de la mano de obra está formado en el país. Tenemos establecimientos, universidades que forman de manera excelente, brillante, profesionales de primera categoría en la Argentina.”, aseguró.

Aunque aclaró: “Si es verdad que si consideramos la demanda que va a venir a la luz de lo que se está proyectando en la minería como industria, necesitamos de todo. Soldadores, electricistas, gasistas, carpinteros, médicos, abogados, porque de todo eso hace falta en un yacimiento. Especialmente la mano de obra calificada. Yo hace más de 15 años que soy docente en la Tecnicatura de Minería y la de Recursos Hídricos de Ingeniero Jacobacci, la provincia de Río Negro. Allí fuimos preparando una cantidad de chicos que hoy trabajan en el proyecto Calcatreu con Patagonia Gold.”

Perfiles y oportunidades

Uno de los temas que genera preocupación es la cobertura de vacantes calificadas a partir de la “movilidad” constante que se da entre los diversos yacimientos. A la hora de pensar en los perfiles más difíciles de encontrar, Keskiskian aseguró: “Son los mandos medios. Es más fácil encontrar un ingeniero en minas, con la cantidad de ingenieros que se pueden recibir en la Universidad de San Juan, que un soldador. Necesitamos más oficios, gente que sepa trabajar para hacer las perforaciones y en el armado de los ámbitos de los yacimientos. Es como si fuera una miniciudad. Tienes que construir todo.”

“Hoy por hoy necesitamos mayor cantidad de mano de obra calificada en oficios, realmente. Y los profesionales que están saliendo de tecnicaturas o de las universidades, de alguna manera las empresas se ocupan de ponerlos al día, de darles capacitación interna permanentemente”, destacó.

“Desde la década del 80 hasta el 2026 las cosas cambiaron, evolucionaron y la minería que podía existir en ese momento con los pasivos ambientales que podía dejar, al igual que otras industrias, hoy no está permitido, hoy no se hace y todo eso no ha llegado al común de la gente y tampoco ha llegado a los libros de texto. Es uno de los temas que venimos trabajando desde el año 2022, tratando que las editoriales, junto con la modificación de los contenidos curriculares y la capacitación de los docentes, puedan tener un cambio. Pero chicos, la educación es un trabajo de hormigas, es muy lento.”, planteó al pensar la importancia de la sinergia entre educación e industria minera.

Educar al ritmo de las necesidades del presente

“En la embajada británica la UTN presentó un trabajo extraordinario hecho sobre la zona de litio de la Argentina- Jujuy, Salta, Catamarca- identificando las necesidades de mano de obra para ahora y en los próximos tiempos. Y la UTN, de alguna manera, hizo el mea culpa de la misma manera que lo hacemos en todas las áreas de educación. Por muchos años enseñamos con programas ya establecidos, sin mirar si se adecuaba o respondía a las necesidades y a los cambios.”, aseguró Keskiskian.

Y agregó: “Hoy está en crisis la escuela secundaria porque por años no hemos mirado exactamente qué, cómo enseñar y a quién, qué es lo que tengo enfrente, qué representa el estudiante para el docente, cómo escuchar al estudiante en lo que le gusta, en lo que no le gusta, llegar a su corazón y conseguir que ese chico no abandone la escuela.”

“Todos los cuerpos docentes deberían decir, por favor, señores, eduquemos para una Argentina que necesita puntualmente esto, como han hecho muchas veces en otros países”, aseguró.

La minería como estrella de la economía

“Con la minería los procesos son muy largos, desde un ciclo de vida de un yacimiento, desde la exploración hasta el cierre de mina, podés tener como mínimo 25, 30, 45 años, depende de qué es lo que estés extrayendo y qué es lo que encuentres para continuar trabajando. Y esto implica que la seguridad y el respaldo de todas las áreas de gobierno tienen que estar alineadas para aquel que viene e invierte, porque ojo, no invierten dos, tres pesos, miles de millones de pesos se invierten.”, señaló.

Y agregó: “no es verdad esto de la prensa sensacionalista donde dice vienen, se llevan todo y no nos dejan nada. El 80% de lo que la industria trabaja queda en el país, en sueldos, en la cadena de valor, en la formación de la gente, en beneficios, al margen de lo que pague tanto, mucho o poco de los impuestos, porque por el otro lado se paga una cantidad enorme de impuestos, pero bueno eso es un tema para un especialista en economía. Yo soy humildemente geógrafa”

Y reflexionó: “para la proyección a futuro que tenemos que formar gente, profesionales, oficios, gente de todo tipo, para una industria diferente que no es la agroganadería, no es la alimentación, no es la industria farmacéutica, no es la salud, es algo diferente que provee a todas esas otras industrias, porque te vuelvo a repetir, si no tenés cable de cobre, no tenés electricidad. Si no tenés electricidad no tenés nada, no tenés internet, no tenés posibilidad de usar una computadora, nada de la tecnología hoy podría funcionar si no utilizamos lo que la naturaleza nos da a partir de la industria minera.”

Una pequeña ciudad

Cuando un proyecto minero se instala y comienza a desarrollarse el volumen de de movimientos, de trabajo puede ser abrumador. “Inicialmente es un dolor de cabeza, no te voy a mentir. Inicialmente en todos los lugares donde la minería se instaló era un desmadre, porque nunca alcanzaba ni la hotelería, ni la cantidad de casas, ni el suministro. Porque hay que entender lo que significa la cadena de valor en la minería”, destacó.

Y explicó: “La cadena de valor va desde aquel que te provee una sábana, una toalla limpia, el que te trae el pan, el que te trae la verdura. Es una propuesta de logística, es un desafío logístico muy grande. Para eso sí hacen falta políticas de Estado, hacen falta políticas provinciales de desarrollo, porque no nos olvidemos de algo muy importante: el Estado nacional puede marcar el marco general, ya sea en la legislación, la normativa, lo que quieras. Pero los recursos no son de la nación, los recursos son de las provincias”

“Cada provincia es dueña de lo que tiene en el subsuelo, por eso es que cada provincia acuerda con aquellos que vienen a trabajar dentro de qué marco, dentro de qué ley, dentro de qué transparencia, cómo lo tienen que hacer. Ese es el motivo por el cual se ha estado hablando sobre el tema de la adecuación de la ley de glaciares, porque es una adecuación, no es una reforma de la ley, no es que se tira la ley completamente y hacemos lo que se nos da la gana”, explicó.

Prácticas profesionalizantes

Keskiskian señaló que si bien las escuelas técnicas vienen realizando prácticas profesionalizantes, esto debe extenderse más allá de lo técnico: “que los chicos le encuentren el sentido a lo que estudian por la aplicabilidad.”

Y ejemplificó: “Entonces, si el día de mañana yo voy a conducir un colectivo, un camión, voy a ser cajero de un supermercado, voy a ser pintora, albañil, ingeniero o lo que fuere, que tenga sentido lo que estoy aprendiendo en este momento para que me sirva el día de mañana para lo que quiero ser.”

“Hoy es un momento bisagra muy difícil, estamos identificando los errores y tratando de enmendarlo. Lo que no tenemos es la velocidad y la capacidad de llegar a los chicos de la misma manera que llega cualquier mensaje a través de un celular o la computadora”, reflexionó.

La economía argentina ha crecido de forma dispar desde el inicio de la gestión de Javier Milei. De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), algunas actividades registraron fuertes expansiones, mientras otras todavía operan por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno.

El analista económico, Christian Buteler, analizó los resultados por rubro, en base a los datos desestacionalizados del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Según informó el especialista, la actividad con mayor expansión desde noviembre de 2023 y hasta febrero de 2026, fue la pesca, con un crecimiento acumulado de 42,8 por ciento. El dato refleja una recuperación respecto de los bajos niveles observados a fines de 2023 y parte de 2024, en un contexto marcado por conflictos gremiales y problemas operativos que habían afectado al sector.

En segundo lugar quedó la intermediación financiera, con un avance de 26,6 por ciento. El repunte se vio reflejado en el aumento de la cantidad de créditos otorgados al sector privado, más allá de la desaceleración de los últimos meses.

La explotación de minas y canteras ocupó el tercer puesto entre los rubros con mejor desempeño, con una suba de 18,6 por ciento. El crecimiento del sector estuvo impulsado por la expansión de proyectos vinculados al litio, el petróleo y el gas, especialmente en Vaca Muerta, además de mayores exportaciones energéticas.

El sector de “hoteles y restaurantes” registró un incremento de 13,5% en lo que va de la gestión Milei. La actividad mostró recuperación en distintos períodos de 2025 y principios de 2026, favorecida por una mejora en algunos segmentos del turismo y del consumo asociado a servicios.

El quinto lugar entre los mayores avances correspondió al rubro “impuestos netos de subsidios”, con una mejora de 10,5% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Ese indicador refleja cambios fiscales vinculados a la reducción de subsidios económicos y modificaciones en la estructura tributaria y tarifaria implementadas por el Gobierno nacional.

Detrás de esos sectores también se ubicó agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un crecimiento acumulado de 9,3 por ciento. El agro tuvo una recuperación importante luego de la sequía que afectó la producción durante 2023.

Las actividades con mayores caídas

El sector más afectado desde el inicio de la gestión Milei fue la construcción, con una baja acumulada de 13,8% en los primeros 27 meses del gobierno de Milei. La actividad sufrió el impacto de la paralización de la obra pública nacional, la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento del financiamiento durante buena parte del período.

En segundo lugar entre las mayores bajas aparece "electricidad, gas y agua", con una caída de 12,1 por ciento. El comportamiento del sector estuvo atravesado por cambios tarifarios, menor consumo en algunos segmentos y variaciones en la demanda industrial.

La industria manufacturera, por su parte, acumuló una contracción de 9,7 por ciento. Según los expertos, la actividad fabril se vio afectada por la caída del consumo interno, el ajuste económico y las dificultades de distintos sectores productivos para sostener niveles de producción.

Diversos informes industriales publicados durante los últimos meses mostraron retrocesos en ramas como metalurgia, textiles, calzado y materiales para la construcción, aunque algunos segmentos vinculados a exportaciones y energía mostraron mejoras.

La administración pública y defensa registró una baja de 3,6 por ciento. El Gobierno avanzó desde el inicio de la gestión con recortes en distintas áreas del Estado, reducción de estructuras administrativas y disminución del gasto público.

Por su parte, el sector de “comercio mayorista, minorista y reparaciones” cayó 3,4 por ciento. El sector estuvo condicionado por la pérdida de poder de compra de los salarios y jubilaciones durante distintos períodos de la gestión, aunque mostró algunos repuntes parciales en determinados meses.

Una recuperación despareja

Los datos difundidos por Buteler muestran una dinámica desigual entre sectores. Mientras las actividades vinculadas a exportaciones, energía y finanzas lograron expandirse, otros rubros ligados al mercado interno todavía exhiben niveles inferiores a los registrados antes del inicio de la actual administración.

En total, nueve actividades mostraron crecimiento en la serie desestacionalizada entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, mientras seis permanecieron en terreno negativo.

Durante los últimos meses algunos indicadores oficiales y privados comenzaron a mostrar señales de recuperación en ramas que habían registrado fuertes caídas durante 2024. Sin embargo, los niveles de actividad continúan siendo muy desiguales y todavía hay sectores que no lograron recuperar el terreno perdido.

Las diferencias entre sectores son más que significativas. Mientras la pesca acumuló un crecimiento superior al 40%, la construcción registró una contracción cercana al 14 por ciento.

La importación de maquinaria pesada está directamente vinculada al nivel de actividad productiva del país. Hoy, sectores como la minería, la infraestructura y la construcción vienen impulsando una demanda sostenida de equipos, donde la incorporación de maquinaria resulta clave para sostener operaciones y avanzar con nuevos proyectos. Pero detrás de cada equipo que llega a una mina o a una obra hay una cadena logística mucho más compleja de lo que muchas veces se percibe desde afuera.

Este tipo de operaciones requieren planificación desde el inicio. No se trata solamente de comprar maquinaria en el exterior y coordinar un embarque. Son inversiones importantes, de alto valor, que necesitan previsión operativa, financiera y logística para evitar demoras que puedan afectar la continuidad de los proyectos.

En muchos casos, los principales orígenes de estas maquinarias son países de Asia y Europa, dependiendo del tipo de equipo requerido. Pero el origen no impacta únicamente en el costo. También influye en aspectos como la disponibilidad técnica, la confiabilidad del equipo y el soporte postventa, factores fundamentales para industrias donde detener una operación puede generar consecuencias importantes.

Los desafíos logísticos de las cargas sobredimensionadas

Además, la minería y otras actividades vinculadas a grandes proyectos productivos suelen requerir equipos de dimensiones especiales. Ahí aparece uno de los mayores desafíos logísticos: el movimiento internacional de cargas sobredimensionadas.

Este tipo de maquinarias normalmente necesita desmontajes parciales antes del embarque, planificación específica sobre cómo será manipulada y definición del tipo de transporte internacional más adecuado. Cada etapa tiene un nivel de coordinación muy alto, porque cualquier error puede generar costos adicionales, demoras o riesgos operativos.

Cuando la maquinaria arriba al país, la operación está lejos de terminar. Comienza otra etapa igual de sensible, vinculada a la nacionalización aduanera y a la coordinación del transporte terrestre especializado hasta el destino final.

En general, para este tipo de traslados se utilizan carretones y transportes especiales. En esa instancia se analizan rutas, permisos viales y cuestiones operativas que permitan realizar el movimiento de forma segura. Muchas veces los destinos son zonas mineras alejadas de los grandes centros urbanos, lo que suma complejidad a la logística interna y obliga a coordinar tiempos con mucha precisión.

Coordinación y previsibilidad para sostener los proyectos

A eso se suma un contexto regulatorio que en Argentina es dinámico y exige adaptación permanente. Las empresas vinculadas al comercio exterior conviven constantemente con cambios normativos relacionados con sistemas de importación, gestión documental y acceso al mercado cambiario.

En operaciones de maquinaria pesada, donde los montos involucrados son elevados y los tiempos de ejecución suelen ser determinantes para los proyectos, la previsibilidad pasa a ser un factor central. Las aprobaciones, los pagos al exterior y la documentación deben gestionarse de manera coordinada para evitar interrupciones que terminen afectando la operación productiva.

Por eso, una de las principales claves para lograr una gestión eficiente está en la coordinación entre todos los actores involucrados. Proveedores internacionales, bancos, despachantes de aduana, forwarders, transportistas y usuarios finales forman parte de una misma cadena donde la comunicación y la planificación resultan fundamentales para reducir riesgos y cumplir con los tiempos previstos.

Muchas veces el desafío no pasa solamente por mover la maquinaria, sino por sincronizar procesos que dependen de distintos sectores y que necesitan funcionar de manera alineada para que el proyecto avance.

También existen oportunidades de mejora. La simplificación administrativa y una mayor digitalización de procesos podrían ayudar a agilizar este tipo de operaciones, especialmente en los traslados terrestres, donde los tiempos operativos suelen ser muy ajustados.

Avanzar hacia procesos más ágiles permitiría reducir costos, optimizar tiempos y dar mayor previsibilidad a operaciones que son estratégicas para industrias como la minería, donde la logística tiene un rol cada vez más importante dentro del desarrollo productivo.

Las exportaciones argentinas alcanzarían un nuevo récord histórico en 2026. Según proyecciones de la consultora Abeceb, el país podría alcanzar los USD 94.400 millones este año y así superar la marca previa de USD 88.446 millones de 2022. La razón detrás de este crecimiento es la diversificación productiva del país y la expansión de sectores estratégicos como energía, minería y servicios basados en el conocimiento.

Este cambio estructural incorpora nuevos sectores a la generación de divisas del país, lo que permite a la Argentina posicionarse como proveedor clave de insumos críticos, especialmente en un contexto global donde la demanda y la necesidad de seguridad energética configuran nuevos polos de oportunidad.

La proyección de Abeceb para 2026 anticipa un aumento interanual del 8,4% respecto al año anterior. De ese modo, el país no solo alcanzaría un récord en valores absolutos, sino que también consolidaría un superávit comercial cercano a los USD 16.000 millones. Sin embargo, aunque las exportaciones crecen en términos nominales, su participación en el PBI sería menor que en 2022: la relación exportaciones/PBI proyectada para 2026 ronda el 12,5%, por debajo del 14,6% registrado cuatro años antes.

La nueva Argentina exportadora

Según la consultora, el récord exportador previsto para 2026 se distingue por su impronta federal y su giro sectorial, en el que las provincias energéticas y mineras emergen como actores relevantes y complementan al histórico complejo agroindustrial situado en la región pampeana.

“Lo más importante es que este récord muestra una recomposición geográfica que refleja el cambio de matriz productiva y pone a nuevas provincias a jugar en el tablero del comercio global. Estas provincias ya muestran aumentos significativos en sus ventas al exterior, pero el crecimiento se va a potenciar en los próximos años y definitivamente, va a cambiar el mapa exportador”, afirmó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

Entre los casos más destacados, aparece Neuquén, con un crecimiento estimado de 1,5 puntos porcentuales respecto a su promedio 2022–2025. La provincia alcanzaría así una participación del 6% del total exportado en 2026, impulsada por la maduración de los desarrollos en Vaca Muerta y el incremento sostenido en la producción y exportación de shale oil y shale gas.

De esta forma, Neuquén deja de ser solo abastecedora del mercado interno para erigirse como exportadora neta de hidrocarburos, con potencial de crecimiento apoyado en la expansión de la infraestructura de evacuación, como oleoductos y proyectos de gas natural licuado.

Las proyecciones de la consultora también marcan el ascenso de tres provincias con fuerte impronta minera: Chubut, prevé un alza de 1,2 puntos porcentuales en 2026, situándose en el 5,2% del total exportado impulsado por el avance en hidrocarburos convencionales y la mejora significativa en el sector pesquero; San Juan, en tanto, capitaliza el ciclo alcista del oro, con una expansión de 1 punto porcentual y una participación del 2,9%, beneficiada por cotizaciones internacionales en máximos históricos. Santa Cruz por su parte, incrementa su cuota en 0,7 puntos porcentuales, consolidando su perfil minero en oro y plata, repotenciado además por la industria petrolera.

En el noroeste, Catamarca (+0,2 puntos) y Jujuy (+0,3 puntos) amplían su relevancia con nuevos proyectos de litio y mejores precios, mientras la agroindustria regional —tabaco, azúcar, frutas y hortalizas— dota de mayor estabilidad a economías antes basadas en un solo motor productivo.

Agricultura, energía y economía del conocimiento

Aunque la participación relativa de las provincias extractivas crece, la región pampeana mantiene su lugar como principal motor del comercio exterior, con un incremento previsto del 6,9%. Este avance responde a una cosecha récord de granos y subproductos, la normalización en la liquidación tras la unificación cambiaria y la sostenida demanda internacional, en particular desde China y el sudeste asiático.

De hecho, la Bolsa de Comercio de Rosario, elevó nuevamente su proyección de liquidación de divisas del sector agropecuario para 2026, estimando un ingreso de USD 36.111 millones. La entidad ya había ajustado previamente su estimación inicial, que era de USD 34.530 millones, a USD 35.375 millones, lo que representó un aumento de USD 850 millones. Con la última revisión, el incremento respecto al cálculo anterior alcanza los USD 1.581 millones.

El informe también resalta que la economía del conocimiento se consolida como “uno de los cinco principales complejos exportadores”, con ventas superiores a USD 10.000 millones anuales. Este sector presenta ventajas distintivas: menor dependencia de la logística tradicional, alta intensidad en talento y capacidad de generar divisas a partir de servicios, lo que mitiga la vulnerabilidad frente a factores exógenos o adversidades climáticas.

Izquierdo, sintetizó el nuevo perfil exportador al indicar que este año “a la fortaleza tradicional del agro se suma con peso creciente el aporte de Vaca Muerta, la minería metalífera y el litio”. Izquierdo agregó que esta diversificación “reduce la vulnerabilidad histórica del sector externo a los ciclos climáticos y de precios agrícolas, y abre la puerta a un sendero de crecimiento exportador estructuralmente más sólido, siempre que se sostengan las condiciones macro y se materialicen las inversiones comprometidas”.

En el caso de la energía, durante el primer trimestre de 2026 el sector alcanzó un superávit comercial récord de USD 2.405 millones, según datos del Indec. Mientras el país avanza hacia un rol clave como exportador en un mercado cada vez más competitivo, los productores locales esperan cerrar el año con envíos al exterior por USD 14.000 millones. El verdadero despegue del sector llegaría a partir de 2027, cuando entren en operación los proyectos más ambiciosos, como Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que ya tiene cerrado un contrato por más de USD 7.000 millones para vender GNL a Alemania.

En tanto, según proyecciones de la industria minera, las exportaciones del sector alcanzarán los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) proyecta viabilizar inversiones por más de US$ 20.000 millones en 2026, de las cuales más del 70% corresponde a proyectos mineros.

Así lo anunció Silvia Cuba, presidenta del Senace, durante su participación en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

La funcionaria destacó que actualmente la entidad tiene 102 estudios ambientales mineros en evaluación, entre ellos proyectos emblemáticos como Coroccohuayco y La Granja.

Menos observaciones, más inversiones: cómo cambia la evaluación ambiental

La estrategia de la institución se centra en reducir los tiempos de tramitación, uno de los principales retos históricos en la evaluación ambiental de inversiones.

Para ello, el Senace implementó un sistema de acompañamiento técnico previo a la presentación formal de expedientes, permitiendo que empresas y consultoras mejoren la calidad de sus estudios antes de ser evaluados oficialmente.

Este enfoque ha logrado disminuir de manera significativa la cantidad de observaciones que reciben los expedientes: “Hemos tenido estudios que se han aprobado en dos años y dos meses, pero que han tenido 17 informaciones complementarias”, indicó Cuba.

Ahora, algunos expedientes entran con apenas dos o tres observaciones, frente a las 60 o 70 que antes podían registrarse.

¿Destrabar millones en inversiones sin sacrificar calidad ambiental?

El Senace también está apostando por la inteligencia artificial y las plataformas digitales para optimizar la elaboración y evaluación de los estudios ambientales.

Una de las principales innovaciones es el uso compartido de líneas base de estudios previamente aprobados, lo que permite reutilizar información ambiental ya validada y reducir los tiempos de levantamiento de información en campo.

“Definitivamente la inteligencia artificial y la innovación tecnológica que estamos implementando en el Senace va a permitir optimizar los tiempos en la elaboración y en la evaluación de los estudios”, subrayó la presidenta de la entidad.

Este esquema de coordinación anticipada ya muestra resultados concretos. Según Cuba, algunos Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS) se están aprobando en plazos menores a los establecidos legalmente.

Como ejemplo, citó el estudio ambiental de Cerro Verde, aprobado en 11 meses, y que pudo concluirse en 9 meses de no haberse producido retrasos por parte de entidades opinantes externas.

Prioridad: predictibilidad, calidad técnica y legitimidad social

Pese a la presión por destrabar inversiones, el Senace afirma que no sacrificará los estándares técnicos ni la legitimidad social de sus decisiones.

“Queremos que las decisiones sean predictivas, céleres, con calidad técnica, seguridad jurídica y legitimidad social”, enfatizó Cuba.

La meta es lograr procesos más ágiles, pero sin dejar de lado el rigor en la evaluación y la transparencia ante la ciudadanía y los actores involucrados.

La aceleración de inversiones en minería y otras áreas clave dependerá de la capacidad de la entidad para mantener el equilibrio entre agilidad y calidad ambiental, en un contexto donde la innovación tecnológica y el trabajo conjunto con empresas y consultoras empiezan a marcar la diferencia.

¿Qué es el Senace?

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los principales proyectos de inversión pública, privada o mixta en el país.

Su función central es garantizar que las inversiones de sectores como minería, energía, hidrocarburos y transportes cumplan estándares técnicos y ambientales antes de ser ejecutadas, promoviendo el desarrollo sostenible y la transparencia en los procesos de certificación ambiental.

El auge en la cotización internacional del oro ha impulsado un repunte singular en las exportaciones de República Dominicana durante los primeros cuatro meses de 2026, un proceso que, de acuerdo con el Banco Central y el Ministerio de Energía y Minas, ha modificado de modo decisivo la dinámica del comercio exterior del país caribeño.

El encarecimiento del metal precioso, en un contexto mundial marcado por la inestabilidad económica y las tensiones geopolíticas, catalizó un avance inédito en las ventas, situando la minería en general en el primer plano de la generación de divisas así como empleos.

Durante los primeros meses de 2026, República Dominicana exportó 77 toneladas de oro, una cifra que multiplica por más de tres los registros de igual período de 2025, cuando se comercializaron 21 toneladas, según datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

La demanda internacional y los precios récord explican este incremento, siendo el oro el principal responsable del aumento de 19.4% en el total de exportaciones, que sumaron $5,062.7 millones hasta abril.

Esta cifra supera en $822.1 millones al monto acumulado en igual lapso de 2025, según información oficial del Ministerio de Energía y Minas.

El valor de la onza de oro superó los $4,700 la semana pasada y llegó a máximos de $5,626.75 en enero, de acuerdo con el Banco Central. Este comportamiento en los mercados internacionales se tradujo en una recaudación fiscal al alza por parte del Estado dominicano, lo que atenuó el impacto de la caída en otros sectores productivos.

Exportaciones mineras dominicanas marcan récord y superan los $5,000 millones

Las exportaciones mineras dominaron la estructura exportadora. Solo el oro, activo refugio cuya cotización se exacerba en contextos de guerra e incertidumbre económica, como la actual crisis en el Golfo Pérsico, generó $1,045.3 millones para la República Dominicana en el primer cuatrimestre, $554.5 millones más que en igual lapso anterior, lo que representa un expansión interanual del 113%.

El desempeño del sector minero ha sido constante: durante el último trimestre de 2025, las exportaciones mineras crecieron cerca de 14% respecto al trimestre anterior, mientras que el acumulado de 2026 muestra una variación interanual de 52% frente a 2024, según el Banco Central.

En marzo de 2026, las exportaciones totales superaron los $1,450 millones, impulsadas principalmente por el oro crudo, cuyo valor exportado aumentó 78.2% en comparación con marzo de 2025, aportando $110.8 millones adicionales.

El mercado canadiense lidera la demanda de oro dominicano

Las ventas externas de oro tuvieron como destino principal a Canadá, que adquirió $661.4 millones en ese período, mostrando una variación positiva del 234.4% (lo que se traduce en $463.6 millones adicionales), conforme a las cifras recopiladas por ProDominicana.

India también se posicionó como receptor clave, con aumentos de más de 135% respecto al año anterior, en un contexto de sostenida demanda internacional de minerales dominicanos.

En el consolidado general, Estados Unidos mantuvo su condición de principal socio comercial con compras por $2,379.8 millones, seguido por Canadá y Haití, este último con $442.7 millones entre enero y abril de 2026.

Las zonas francas sostienen más de la mitad del comercio exterior dominicano

El 55.4% de las exportaciones dominicanas se realizó bajo el régimen de zonas francas, generando $2,803.3 millones, mientras que el régimen nacional aportó el 44.6%, es decir, $2,153.5 millones (700 millones más que en el primer cuatrimestre del año pasado, para un crecimiento del 48.2%).

Otros productos dominicanos en el ranking exportador

Aunque la minería domina el rubro, el listado de productos exportados por República Dominicana incluye instrumentos de medicina con $409.5 millones, cigarros puros con $311.6 millones, disyuntores eléctricos $301.2 millones, seguidos por camisetas y cacao en grano, según los últimos reportes del Ministerio de Energía y Minas.

Por la magnitud de sus beneficios, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es tal vez el mayor compromiso fiscal asumido por el Gobierno para la promoción de proyectos. Suponiendo un escenario de máxima actividad, el costo anual para las arcas públicas podría exceder los USD 1.000 millones, según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El costo fiscal podría variar entre USD 786 y USD 1.395 millones por año, dependiendo del volumen de exportaciones alcanzado en la próxima década.

De acuerdo con el análisis de CEPA, la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25% constituye el principal factor de resignación tributaria, equivalente a USD 545 millones anuales en el escenario base. A esto se agrega la renuncia a cobrar retenciones sobre exportaciones por USD 107 millones cada año, con especial impacto en el sector minero de litio y plata. Sectores como petróleo, gas y oro ya contaban con derechos de exportación en 0% antes de la implementación del régimen.

Durante la llamada fase de construcción, que se extenderá entre 2026 y 2028, el costo fiscal anual proyectado asciende a USD 430 millones, principalmente por la exención de aranceles y la devolución anticipada del IVA, informó el CEPA. Hasta mayo de 2026 -fecha de elaboración del informe-, había 12 proyectos de inversión aprobados bajo el régimen, por una suma total de USD 26.680 millones y proyección de exportaciones anuales por USD 28.141 millones. La mayoría de estas iniciativas corresponde a energía renovable, hidrocarburos, gas natural licuado (GNL), minería y siderurgia.

En la estructura de inversiones que relevó CEPA, YPF ocupa un rol preponderante. Según el estudio, la petrolera de mayoría estatal concentra 68,5% del financiamiento total comprometido dentro del régimen.

Si bien el informe es previo al último anuncio de la petrolera de mayoría estatal, el pasado viernes YPF presentó el mayor proyecto en valor del régimen. Se trata de una inversión de USD 25.000 millones para LLL Oil, uno de los proyectos de exportación de petróleo más relevantes en la historia argentina, según definió la compañía. La empresa informó que LLL Oil prevé la perforación de 1.152 pozos, con la expectativa de alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. Según consignó el CEO y presidente de la firma, Horacio Marín, el crudo “estará destinado 100% al mercado de exportación y será evacuado a través de VMOS”.

Debate sobre la eficiencia fiscal

El informe de CEPA revela que, aunque actualmente hay 16 proyectos aprobados, al menos siete de ellos fueron anunciados, avanzados o estaban en ejecución previo a la sanción del RIGI, lo que genera críticas al considerar que las exenciones fiscales podrían haberse otorgado a iniciativas que igualmente se habrían materializado. “El RIGI otorga beneficios fiscales extraordinarios a inversiones que probablemente se hubieran realizado de todas formas”, consignó el documento.

A pesar de esta conclusión, hay quienes aseguran en la industria que muchos proyectos, sobre todo los energéticos, hubieran sido imposibles de ubicar en el país. El RIGI, tanto entre el empresariado local, como desde el punto de vista de quienes residen en el exterior y miran con atención a la Argentina, es uno de los principales motivos por los que muchas empresas decidieron apostar por el país y no por otras plazas.

De hecho, el régimen ya esta generando tensiones del otro lado de la Cordillera de los Andes. Frente al desafío de captar inversiones en la nueva era global de los minerales críticos, líderes empresariales chilenos nucleados bajo la Cámara Minera de Chile, reclamaron a la administración del presidente José Antonio Kast adoptar una estrategia de desarrollo más ágil y ambiciosa, o arriesgarse a quedar rezagados en el denominado “siglo del cobre sudamericano”.

“Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no hemos logrado en 10 años. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es un instrumento de política pública notable y Chile tiene que tomarlo como referencia”. La comparación expuesta en el comunicado señala la diferencia de escala: en menos de dos años, Argentina aprobó 12 proyectos con inversiones por USD 26.000 millones, mientras que Chile priorizó proyectos por USD 62 millones.

La estructura del régimen incluye incentivos como la exención de aranceles en la importación de bienes de capital, la devolución anticipada de IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal, la posibilidad de computar el total del impuesto a los créditos y débitos bancarios, y la reducción de la alícuota sobre dividendos para no residentes. Además, los proyectos cuentan con estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria garantizada por 30 años y acceso gradual a la libre disponibilidad de divisas.

Ya son 16 los proyectos aprobados

A comienzos de la semana, el Gobierno sumó cuatro nuevas iniciativas al régimen, alcanzando los 16 proyectos aprobados por casi USD 30.000 millones, según informó Luis Caputo, ministro de economía, en su cuenta de X. Caputo precisó que existen “otros 20 en evaluación”.

Entre los recientes aprobados destaca el yacimiento de cobre de Minera San Jorge, la ampliación de Caucharí Olaroz para el litio y la expansión del gasoducto Perito Moreno —con una inversión de USD 550 millones a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS)—, cuya obra añadirá 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al sistema de Buenos Aires en 2027 y generará 7.535 empleos durante la construcción.

En paralelo, la minera canadiense AbraSilver obtuvo el visto bueno para desarrollar el proyecto Diablillos, con una inversión inicial de USD 481 millones —ampliable hasta USD 764 millones— en una mina de oro y plata emplazada entre Salta y Catamarca, que proyecta 2.013 puestos de trabajo y USD 417 millones en potencial exportador, según los datos del ministerio.

El nuevo contexto macroeconómico argentino, junto con los esquemas de promoción impulsados por el Gobierno nacional comenzaron a modificar el perfil productivo de distintas regiones del país. Según un informe elaborado por el IERAL de Fundación Mediterránea en base a anuncios de inversión difundidos de las 24 provincias durante el último año y medio, existe una fuerte concentración de proyectos en sectores vinculados a energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento.

El estudio indicó que los cambios regulatorios asociados al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y al recientemente aprobado RIMI impulsaron un nuevo escenario para la llegada de capitales privados. Según el trabajo, el nuevo marco económico y normativo reconfiguró el mapa productivo nacional, modernizando en algunos casos actividades existentes y reconvirtiendo perfiles productivos locales en otros.

De acuerdo con el informe, la localización de los proyectos respondió a una lógica de especialización territorial. Algunas provincias consolidaron un perfil exportador ligado a recursos energéticos o minerales, mientras que otras apostaron por actividades vinculadas a tecnología, servicios y modernización industrial.

Para realizar el relevamiento, IERAL tomó anuncios de inversión publicados en medios periodísticos de todas las jurisdicciones provinciales. El análisis incluyó proyectos tanto dentro como fuera del RIGI, debido a que numerosos sectores y montos anunciados no ingresaron en ese esquema específico. El trabajo permitió identificar no solo el volumen de fondos comprometidos en cada región sino también los sectores económicos involucrados y la cantidad de empleo proyectado.

Qué región encabezó al ranking

La región patagónica encabezó el ranking nacional de inversiones anunciadas con un total de USD 12.284 millones. El informe destacó especialmente a las provincias de Neuquén y Río Negro, donde avanzaron distintos proyectos de gran escala vinculados al desarrollo de shale oil y gas e infraestructura asociada a los yacimientos de Vaca Muerta.

Según el relevamiento, la Patagonia consolidó así su posición como principal destino de inversiones energéticas del país. La magnitud de los proyectos también impactó en las perspectivas laborales de la región.

En materia de empleo, la Patagonia lideró las proyecciones nacionales con 35.564 puestos de trabajo estimados. Neuquén volvió a ocupar el lugar central dentro de esa expansión. El informe remarcó que un único proyecto de gas y petróleo calculó la creación de 19.000 empleos.

IERAL sostuvo que aunque la industria hidrocarburífera es intensiva en capital, genera una cadena de valor amplia vinculada a servicios, construcción y logística, con un efecto multiplicador relevante sobre las economías locales.

Detrás de la Patagonia apareció la región de Cuyo, con anuncios por USD 10.146 millones. En este bloque regional, la provincia de San Juan ocupó el rol principal gracias a la reactivación y expansión de proyectos de minería de cobre y oro.

El informe indicó que San Juan concentró buena parte del flujo de capitales mineros, mientras Mendoza complementó el movimiento inversor mediante proyectos vinculados a energía y modernización de refinerías.

La región cuyana también mostró un fuerte impacto en materia laboral. El estudio proyectó la creación de 27.575 empleos derivados de las inversiones anunciadas. La minería sanjuanina explicó gran parte de esa expansión ocupacional, aunque también aparecieron aportes provenientes de la industria alimenticia, especialmente en la provincia de San Luis.

En el Norte argentino, el NOA ocupó el tercer lugar en montos de inversión con USD 7.705 millones. El informe señaló que la región se benefició principalmente por el desarrollo del denominado “triángulo del litio”.

Dentro de ese esquema regional, Salta sobresalió por distintos proyectos productivos ligados al litio, mientras Catamarca concentró desarrollos mineros relevantes. A su vez, Tucumán mostró un perfil distinto, con inversiones orientadas principalmente hacia la agroindustria.

Pese al elevado volumen de fondos comprometidos, el informe marcó que la generación de empleo directo en el NOA resultó más moderada en comparación con otras regiones. Las proyecciones alcanzaron 11.150 nuevos puestos de trabajo.

Según el relevamiento, este comportamiento reflejó las características de la minería de litio y minerales críticos, actividades que demandan grandes montos de inversión pero menos mano de obra directa que otros sectores industriales o manufactureros. IERAL señaló además que esta situación plantea la necesidad de desarrollar políticas complementarias destinadas a fomentar proveedores locales y cadenas de servicios capaces de ampliar el impacto laboral de esos proyectos extractivos.

La Región Centro apareció en cuarto lugar entre las zonas con mayores anuncios de inversión. El total relevado alcanzó USD 4.894 millones y mostró un perfil productivo más diversificado que el observado en otras regiones del país.

Dentro de este bloque, la provincia de Buenos Aires concentró los montos más elevados, con proyectos asociados a producción de fertilizantes e inversiones siderúrgicas. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires captó inversiones vinculadas principalmente a real estate y tecnología.

En el NEA, los anuncios relevados alcanzaron USD 2.658 millones. Aunque la región ocupó el último lugar en volumen de inversiones, el estudio destacó especialmente el impacto proyectado sobre el empleo.

Dentro de esta región, Corrientes concentró la mayor parte de los fondos mediante un proyecto de producción de pasta celulósica a base de fibra de pino valuado en USD 2.000 millones. El informe indicó que esa iniciativa explicó gran parte de la inversión regional y se transformó también en el principal motor de generación de empleo del NEA.

Las provincias de Misiones, Chaco y Formosa también registraron anuncios de inversión, aunque en escalas menores. Misiones aportó proyectos vinculados a modernización de plantas de celulosa y turismo de alta gama, mientras Chaco y Formosa concentraron desarrollos asociados a parques solares y plantas industriales.

En términos laborales, el NEA proyectó la creación de 13.718 puestos de trabajo, cifra que el informe consideró significativa en relación con el monto total invertido. El estudio destacó particularmente el peso de la forestoindustria dentro de esa dinámica regional. La nueva planta de celulosa prevista en Corrientes estimó la creación de 13.000 empleos por sí sola.

IERAL señaló que el NEA logró proyectar casi la misma cantidad de puestos de trabajo que la Región Centro con aproximadamente la mitad de la inversión, lo que subrayó el potencial de crecimiento e impacto social de la industria forestal.

Desafíos de las provincias para captar más inversiones

El informe también analizó los desafíos que enfrentan las provincias para aprovechar el nuevo escenario de inversiones. Según el trabajo, las regiones con recursos estratégicos vinculados a energía y minería captaron la mayor parte de los grandes proyectos anunciados. A partir de ese contexto, IERAL sostuvo que las provincias que no aparecen entre las principales receptoras de inversiones necesitan fortalecer infraestructura logística, formación de capital humano e incentivos regulatorios locales para atraer proyectos complementarios.

El estudio mencionó además la necesidad de impulsar la creación y modernización de proveedores locales vinculados a los sectores de mayor crecimiento económico.

En paralelo, el informe indicó que tanto municipios como provincias enfrentan el desafío de desburocratizar procesos de radicación empresarial y ofrecer incentivos fiscales asociados a la generación de empleo formal.

El desarrollo de nuevos proyectos mineros en Perú enfrenta demoras que pueden extenderse hasta 14 años, según advirtió Mario Saavedra, gerente general de Multotec en Perú y Chile.

La permisología, la ejecución y la incertidumbre regulatoria se han convertido en factores determinantes que frenan la capacidad del país para capitalizar la creciente demanda mundial de cobre.

El cobre, mineral estratégico en la transición energética

El crecimiento de la demanda global de cobre, impulsado por la electrificación, las energías renovables y el desarrollo de infraestructura, ha generado oportunidades significativas para la minería peruana.

El cobre se posiciona como un mineral clave en la transición energética, indispensable para la fabricación de vehículos eléctricos, redes eléctricas y energías limpias. Sin embargo, el ritmo de desarrollo de nuevos proyectos en Perú no logra responder a la velocidad que exige el mercado internacional y la transición hacia energías menos contaminantes.

Cartera de proyectos y retos operativos

Actualmente, Perú cuenta con 36 proyectos de inversión minera en cobre, valorizados en aproximadamente 45.500 millones de dólares. Estas iniciativas están principalmente localizadas en regiones como Cajamarca, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Cusco, Piura y Áncash.

Según Saavedra, la industria enfrenta una presión creciente causada por la disminución de las leyes minerales, lo que obliga a mover mayores volúmenes de material para mantener niveles competitivos de producción y rentabilidad.

Las leyes minerales en Chile rondan el 0,6%, mientras que en Perú se sitúan entre 0,7% y 0,9%. Este escenario implica mayores inversiones, operaciones más complejas y la necesidad de aumentar la eficiencia para sostener la producción y cumplir con las expectativas del mercado internacional.

Permisos y regulación: los principales desafíos

Durante un panel en Expocobre 2026, representantes del sector minero coincidieron en que los principales obstáculos para la ejecución de nuevos proyectos radican en la obtención de permisos, la ejecución misma de los proyectos y la incertidumbre regulatoria.

Mario Saavedra señaló que un proyecto minero puede tardar entre 10 y 14 años en concretarse, considerando las etapas de permisos, prospección, ingeniería y construcción.

El ejecutivo enfatizó que la industria necesita mayor predictibilidad para que las inversiones puedan avanzar con rapidez.

Si se pretende incrementar la producción mundial de cobre desde niveles cercanos a 23 o 24 millones de toneladas hasta alcanzar alrededor de 30 millones hacia 2030, será indispensable acelerar la toma de decisiones, optimizar la gestión de proyectos y reducir los plazos de ejecución.

Colaboración y gestión para destrabar inversiones

Los participantes del panel subrayaron la importancia de fortalecer la articulación entre empresas, Estado y comunidades para destrabar inversiones y facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos.

Se destacó la necesidad de mejorar la gestión, la gobernanza y la eficiencia en la ejecución de proyectos tanto greenfield como brownfield, así como en operaciones de sostenimiento.

La industria minera peruana enfrenta el reto de adaptarse a un entorno internacional cada vez más competitivo y exigente, donde la capacidad de ejecución, la eficiencia operativa y la agilidad en la obtención de permisos serán determinantes para aprovechar las oportunidades que ofrece la transición energética global.

La calificadora Moody’s consideró que el proyecto de “Súper RIGI” anunciado por el Gobierno podría mejorar la competitividad de nuevas inversiones en la Argentina y ampliar el alcance del esquema vigente hacia sectores más intensivos en tecnología y proyectos de gran escala. Sin embargo, advirtió que el éxito de la iniciativa dependerá de factores políticos y macroeconómicos que todavía representan un límite para el apetito de los inversores internacionales.

En un informe publicado este jueves, Moody’s sostuvo que el nuevo régimen tendría un efecto crediticio positivo para compañías de energía, minería, hidrocarburos e infraestructura, debido a que buscaría profundizar los beneficios ya contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), vigente desde 2024.

La firma recordó que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso propone crear una versión ampliada del régimen destinada a inversiones intensivas en capital de entre USD 200 millones y USD 600 millones.

“El llamado ‘Súper RIGI’ ampliaría los parámetros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”, indicó la calificadora. Según explicó, el nuevo esquema podría incluir mayores garantías de estabilidad, más flexibilidad cambiaria y alivios fiscales adicionales para proyectos de largo plazo.

Qué factores son clave para el éxito

El informe remarcó que uno de los puntos centrales para que el “Súper RIGI” tenga impacto será la capacidad de ofrecer previsibilidad regulatoria y estabilidad de largo plazo.

El RIGI actual contempla beneficios como estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por hasta 30 años, una alícuota reducida del impuesto a las ganancias del 25%, depreciación acelerada, devolución de IVA durante la etapa de construcción y mayor acceso al mercado cambiario para el pago de dividendos y deuda.

Para Moody’s, esas herramientas ya mejoraron la economía de los proyectos aprobados hasta ahora porque redujeron la carga impositiva efectiva y atenuaron riesgos vinculados al acceso a divisas y cambios regulatorios.

En ese marco, la calificadora afirmó que una profundización del régimen podría facilitar el acceso al financiamiento internacional y abaratar el costo de capital para compañías que necesitan realizar desembolsos multimillonarios con horizontes de recuperación largos.

Además, destacó que el esquema podría extenderse a sectores que hoy no son los principales beneficiarios del régimen, como proyectos de infraestructura digital, manufactura avanzada y desarrollos industriales intensivos en tecnología.

“Al incorporar explícitamente inversiones intensivas en tecnología e innovación, como infraestructura digital a gran escala o manufactura avanzada, el régimen podría extender la estabilidad tributaria y cambiaria de largo plazo a sectores que históricamente enfrentan mayores riesgos de política económica y moneda”, señaló Moody’s.

La agencia también destacó que reglas más claras para la importación de equipamiento, la devolución del IVA y la repatriación de divisas podrían mejorar la viabilidad financiera de esas inversiones y favorecer una mayor diversificación de la inversión extranjera directa.

Los riesgos que siguen condicionando a los inversores

Pese a los potenciales beneficios, Moody’s aclaró que el “Súper RIGI” no alcanzará por sí solo para compensar los riesgos estructurales de la economía argentina.

La calificadora advirtió que la inflación elevada, la volatilidad cambiaria y la debilidad de la credibilidad de las políticas económicas continúan afectando el costo del financiamiento y las decisiones de inversión.

“Los proyectos, incluso aquellos con fuertes protecciones legales, siguen expuestos a riesgos sistémicos en escenarios de estrés”, señaló el informe.

Además, subrayó que la efectividad del nuevo esquema dependerá de tres condiciones centrales: la aprobación legislativa, la implementación consistente y la capacidad de sostener las reglas a través de distintos ciclos políticos.

La referencia apunta a una de las principales preocupaciones de los inversores internacionales en proyectos de infraestructura, energía y minería: la posibilidad de modificaciones regulatorias o restricciones cambiarias en el mediano plazo.

El resultado del RIGI actual

Moody’s consideró que el desempeño inicial del RIGI vigente fue “sólido” y destacó el volumen de inversiones que ya fueron aprobadas bajo el esquema.

Según el informe, hasta comienzos de 2026 se aprobaron 14 proyectos por alrededor de USD 27.000 millones y otros 36 proyectos, por unos USD 97.000 millones, permanecían en evaluación.

La calificadora sostuvo que energía y minería concentran la mayor parte de las inversiones aprobadas debido al perfil exportador de los proyectos vinculados a hidrocarburos y minerales.

Entre los desarrollos incluidos aparecen iniciativas de gas natural licuado, oleoductos, cobre, litio, oro, infraestructura energética y puertos.

Desde entonces, el número de proyectos aprobados siguió creciendo. Este jueves, el Gobierno confirmó el ingreso de dos nuevos proyectos mineros al régimen por USD 2.130 millones, vinculados a la expansión del complejo de litio Cauchari Olaroz y al proyecto de cobre San Jorge, en Mendoza. Con esas incorporaciones, el total ascendió a 16 proyectos aprobados y cerca de USD 30.000 millones comprometidos.

Según Moody’s, la provincia de Río Negro concentra actualmente la mayor parte de las inversiones aprobadas bajo el régimen, con alrededor de USD 18.000 millones, principalmente asociados a infraestructura de GNL y oleoductos vinculados a Vaca Muerta.

Detrás aparecen San Juan, con USD 3.700 millones ligados a proyectos de cobre y litio, y Salta, con USD 3.100 millones en iniciativas de litio y oro.

La agencia consideró que esos sectores son los que podrían registrar el mayor impacto crediticio en caso de avanzar el “Súper RIGI”, debido a que dependen especialmente del acceso a divisas, estabilidad tributaria y previsibilidad regulatoria para obtener financiamiento internacional.

La región latinoamericana se posiciona como un eje estratégico en la economía mundial tras registrar un aumento del 288% en la inversión extranjera greenfield dirigida al sector de metales y minerales entre 2022 y 2025, según un informe del McKinsey Global Institute.

El documento, titulado “The race takes off in the next big arenas of competition”, examina cómo América Latina, con Perú como protagonista, se inserta en las nuevas industrias globales impulsadas por la transición energética y digital.

El reporte pone en relieve el papel de la región en la cadena de suministro de minerales críticos y evalúa el potencial transformador de las llamadas “nuevas arenas de competencia”.

McKinsey Global Institute identifica que América Latina concentra el 68% de las reservas mundiales de litio y el 33% de las de cobre, lo que convierte a la región en un territorio fundamental para el abastecimiento global de materias primas esenciales para tecnologías emergentes.

Países como Perú, Chile y Argentina aparecen como actores clave en la producción de estos recursos, en particular el cobre y el litio, insumos esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y la expansión de la economía digital.

Nuevas industrias redefinen el panorama mundial

De acuerdo con McKinsey Global Institute, el auge de 18 nuevas industrias de alto crecimiento está transformando el entorno económico. Entre los sectores destacados se encuentran la inteligencia artificial, la electrificación, la biotecnología, la ciberseguridad y los medicamentos innovadores.

El informe establece tres grupos principales de oportunidades para la región: sectores donde ya existen empresas latinoamericanas compitiendo, aquellos que pueden desbloquear el crecimiento de industrias relacionadas —como la electrificación y la tecnología— y los que pueden generar mejoras en la vida cotidiana, entre los que se incluyen la inteligencia artificial y los nuevos fármacos.

El documento subraya que el 90% de la capitalización de mercado de estas industrias se concentra en Estados Unidos y China, aunque América Latina posee una ventaja comparativa para integrarse en sus cadenas de valor globales.

El reporte señala que para 2040 la región podría sumar entre US$ 60 mil millones y US$ 120 mil millones en ingresos adicionales solo por la producción de minerales críticos como el cobre y el litio, necesarios para la transición energética y digital.

Perú, centro de atención por su potencial minero

La posición de Perú es especialmente relevante, dado que el país ocupa el segundo lugar mundial en producción de cobre, mineral indispensable no solo para la electrificación sino también para la infraestructura de inteligencia artificial y los centros de datos.

El análisis de McKinsey Global Institute destaca que la demanda global de cobre y litio ha superado ampliamente a la de otros sectores desde 2022, lo que ha impulsado el aumento en la inversión extranjera directa en la región.

Según Alonso Razetto, socio y managing partner de McKinsey & Company en Lima, “los datos son contundentes. El mundo necesita cobre y litio para la transición energética y la revolución digital, y América Latina, con Perú como un actor clave en cobre, está en una posición inmejorable”.

Razetto también sostiene que el desafío central será traducir la llegada de capitales en desarrollo productivo y sostenible a largo plazo.

Impacto social y nuevas oportunidades

El informe también aborda las oportunidades para mejorar la calidad de vida en la región a través de la innovación en sectores como la salud.

Uno de los ejemplos destacados es el desarrollo de medicamentos para la obesidad, un avance relevante en una región donde, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31% de los adultos padece obesidad, casi el doble del promedio mundial.

McKinsey Global Institute resalta que la relativa estabilidad política y la neutralidad geopolítica de la mayoría de los países latinoamericanos refuerzan su atractivo como socios comerciales y destinos de inversión confiables.

Estas condiciones, sumadas a la riqueza mineral, consolidan a la región como un eslabón estratégico para las cadenas de valor globales.

El Gobierno confirmó la aprobación del ingreso de dos nuevos proyectos mineros al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con compromisos de inversión por USD 2.130 millones y la generación de aproximadamente 8.000 puestos de trabajo, el yacimiento de cobre a cargo de Minera San Jorge y la ampliación del complejo de litio Caucharí Olaroz recibieron el visto bueno del ministro de economía, Luis Caputo.

De esta manera, en total, ya son 16 los proyectos aprobados en el marco del régimen que suman casi USD 30.000 millones. Según adelantó Caputo en su cuenta de X, “hay otros 20 en evaluación".

Uno de los dos proyectos aprobados corresponde a la expansión del yacimiento Caucharí Olaroz, operado por la minera EXAR, el principal productor de carbonato de litio de la Argentina. Con esta iniciativa, la empresa sumará 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), duplicando así su capacidad instalada.

Así, la minera conformada por Lithium Argentina, Ganfeng Lithium y la empresa estatal jujeña Jemse, tendrá una producción de alrededor de 85.000 toneladas anuales. Desde su entrada en producción en 2023, EXAR evidenció un rápido crecimiento, pasando de 6.000 toneladas en su primer año, a las 25.000 toneladas producidas para 2024. De acuerdo con datos de la empresa, en 2025 tenía previsto alcanzar entre 30.000 y 35.000 toneladas, en línea con la demanda global e incrementando la participación argentina en el mercado de recursos estratégicos.

En tanto, el ingreso de la Minera San Jorge al RIGI con el proyecto PSJ en Mendoza marca un hito institucional para la provincia, que fue la primera en recibir el visto bueno nacional en el marco de estos incentivos fiscales. La inversión, que alcanza los USD 891 millones tras haberse elevado desde el presupuesto original de USD 559 millones, cuenta con exenciones impositivas por 30 años y anticipa la creación de 3.900 empleos durante la construcción y 2.400 en operación, entre directos e indirectos.

El emprendimiento prevé, en una fase posterior, la construcción de un parque solar de hasta 300 megavatios para robustecer la infraestructura energética destinada a la producción de cobre.

El tiempo de construcción estimado para PSJ Cobre Mendocino oscila entre 18 y 24 meses. El titular de la compañía, Fabián Gregorio, había ratificado en la edición 2026 de la feria minera PDAC Canadá la formalización del pedido para ingresar al RIGI, sólo dos meses y medio antes de la aprobación. Este yacimiento permitirá una de las primeras exportaciones de cobre desde Mendoza.

Proyectos energéticos y previsiones de exportación

“Con estos proyectos, ya son 16 los aprobados por casi USD 30.000 millones”, confirmó Caputo. Dentro de esos 16 proyectos, nueve corresponden al sector minero.

Esta semana, de hecho, el Ministerio de Economía autorizó la ampliación del gasoducto Perito Moreno, una obra de USD 550 millones encabezada por Transportadora de Gas del Sur (TGS), que añadirá 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo de Buenos Aires a partir de 2027 y prevé la generación de 7.535 empleos durante su construcción.

A comienzo de la semana, también se oficializó la inclusión del proyecto Diablillos, de la canadiense AbraSilver, con una inversión inicial de USD 481 millones —que podría escalar hasta los USD 764 millones— para construir una mina de oro y plata en la frontera de Salta y Catamarca. Este emprendimiento prevé 2.013 puestos de trabajo y un potencial exportador de USD 417 millones, de acuerdo a los datos publicados por el ministerio.

Con una gran cantidad de proyectos ya avanzados, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta que en 2026 las exportaciones del sector alcancen USD 9.000 millones, lo que supondría un crecimiento cercano al 49% respecto al año pasado, empujado por mejores precios internacionales del oro y el litio.

Según el presidente de CAEM, Roberto Cacciola, la actividad cerró 2025 con exportaciones de USD 6.056 millones, con un aumento del 30% en relación a 2024, y anticipó que “si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.

La minería representa cerca del 20% del volumen económico que mueve el sector agropecuario argentino, según la CAEM, y tiene fuerte incidencia en provincias como Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Salta. Las proyecciones dan cuenta de una participación creciente de estas jurisdicciones, con porcentajes que van del 44 al 93% del producto sectorial provincial. Actualmente, aún quedan proyectos pendientes de aprobación por USD 67.000 millones bajo el régimen de incentivos, lo que ilustra la magnitud del ciclo de inversiones que se abre para el sector extractivo argentino.

Nicaragua ha experimentado una transformación en la industria extractiva mediante las empresas mineras de capital chino que han recibido concesiones. Según datos del diario oficial La Gaceta (Nicaragua) y de la ONG ambientalista nicaragüense Fundación del Río, el Estado autorizó en los últimos cinco años la operación de al menos 20 entidades corporativas relacionadas con intereses chinos, que concentran más del 8.5 % del territorio nacional en contratos mineros.

De hecho, el régimen nicaragüense oficializó este martes una nueva concesión minera a cielo abierto de 42,601.93 hectáreas a la empresa Nicaragua Xinxin Linze Minera Group S.A., con operaciones en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, según el Diario Oficial La Gaceta. La autorización representa la décima licencia otorgada a mineras de origen chino tras las sanciones impuestas por Estados Unidos al sector minero de Nicaragua, de acuerdo con la misma publicación oficial.

Al sumar la reciente adjudicación en el cerro Wistiting, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia ha transferido a la compañía un total de 226,108.33 hectáreas para explotación minera repartidas en 14 lotes, según detalla La Gaceta.

Este proceso implica una transferencia de control territorial y redefine el mapa del sector extractivo nicaragüense. De acuerdo con los registros oficiales y reportes de organizaciones independientes, la mayoría de estas compañías surgió en los últimos tres años, sin historial público previo en el sector y con representantes legales de nacionalidad china o nicaragüense vinculados a estructuras de poder.

La Fundación del Río detalla que estas sociedades fueron constituidas en Managua, en su mayoría sin presencia digital, sin antecedentes operativos y muchas veces con responsables legales ajenos a la industria minera.

Estas son las corporaciones mineras de capital chino con concesiones en Nicaragua (según La Gaceta y Fundación del Río)

1. Thomas Metal S.A.
2. Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A.
3. Zhong Fu Development S.A.
4. Brother Metal S.A.
5. Waslala Mine S.A.
6. Global Group S.A.
7. Y.M. Mining Company S.A.
8. Minesight Minería S.A.
9. Three Gold Coins Company S.A.
10. Nicaragua Xiajing Minería Group S.A.
11. Little Stone Mine S.A.
12. New Era Mining Development Company
13. Northern Mining Company S.A.
14. Jinrun Huaxia Internacional Minería
15. Linze Excelente Minería S.A.
16. Southern Mining S.A.
17. Tutuwaka Mining Company S.A.
18. Santa Rita Mining Company S.A.
19. Toyar Inversión Minera S.A.
20. Palacagüina Mining S.A.

De esas empresas, hay cuatro compañías que concentran cerca del 70% de la superficie territorial adjudicada para minería metálica: Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., Zhong Fu Development S.A. y Brother Metal S.A.. El acceso a esta información, según reportó la Fundación del Río, fue producto del rastreo de publicaciones de concesiones y transferencias en La Gaceta, así como la revisión de actas ministeriales.

Empresas chinas y concentración territorial

La magnitud de las concesiones queda evidenciada en las cifras. Thomas Metal S.A. lidera con una extensión que supera las 228,000 hectáreas en 17 lotes ubicados en Chinandega, Río San Juan, Nueva Segovia, Matagalpa, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Según los reportes, la empresa recibió, entre otras, concesiones transferidas desde compañías sancionadas por Estados Unidos. Su representante, Xiangming Gu, figura como actor central en los registros societarios.

La empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. opera en la RACCN, RACCS, Jinotega, Estelí, León y Chontales, con más de 226,000 hectáreas autorizadas para exploración y explotación. Conforme a investigaciones de Expediente Público (medio de investigación regional) y publicaciones de la agencia internacional EFE, la empresa estuvo implicada en exportaciones de oro a Estados Unidos y fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Sus representantes, Edward Xiang Liu y Shiliang Yang, constan en los documentos oficiales.

Zhong Fu Development S.A. acumuló entre 181,000 y 266,000 hectáreas en Chinandega, Río San Juan y la Costa Caribe. Según reportaron Confidencial (medio digital independiente de Nicaragua) y Nicaragua Investiga (portal informativo), la empresa realizó transferencias masivas de lotes hacia sociedades satélite y fue señalada por la toma armada de activos de empresas occidentales. Feiwu Bian aparece como representante legal.

Brother Metal S.A. recibió en menos de un año más de 208,000 hectáreas en Madriz, Nueva Segovia, Chinandega y la RACCN. Su constitución fue en 2025 y su representante, Xianocun Bao, no tiene antecedentes en el sector minero. Esta firma está incluida en sanciones estadounidenses tras detectar transferencias irregulares de concesiones, indican publicaciones periodísticas.

Principales matrices y filiales involucradas

Además de las cuatro matrices, las empresas como Waslala Mine S.A. (49,950 hectáreas), Global Group S.A. (48,318 hectáreas), Y.M. Mining Company S.A. (46,172 hectáreas) y Minesight Minería S.A. (43,109 hectáreas), recibieron lotes transferidos desde las matrices principales, en lo que la Fundación del Río describe como procesos de fraccionamiento y blanqueo de concesiones que diluyen la concentración y dificultan la trazabilidad.

También se observa la constitución acelerada de empresas con fines de explotación minera, muchas veces con inversiones de origen chino y con representación compartida entre ciudadanos chinos y nicaragüenses. Los informes de la Fundación del Río indican que algunas razones sociales están a nombre de profesionales sin experiencia minera, como médicos o ingenieros dedicados a otras actividades, lo que apunta al uso de figuras testaferro.

Estrategia legal y fragmentación del sector minero

Del análisis de los datos oficiales se desprende que la entrega de concesiones a firmas de capital chino ya superó las 1.26 millones de hectáreas hasta mayo de 2026, repartidas en más de 80 lotes. Esta cifra corresponde a más de 12,600 kilómetros cuadrados, una extensión que sobrepasa la suma de los departamentos de Managua, Chinandega y Estelí. Estas concesiones están ubicadas tanto en las zonas históricas denominadas Triángulo Minero, como en sectores de alta biodiversidad y territorios indígenas.

La concentración territorial bajo control de cuatro empresas chinas ha transformado la lógica de la minería en Nicaragua. Según la Fundación del Río y Expediente Público, la transferencia y fragmentación de lotes responde a una estrategia legal e institucional que busca sortear sanciones internacionales y fortalecer la presencia del capital asiático en el subsuelo nicaragüense, además de una intención de fraccionar la titularidad y dificultar la acción de reguladores extranjeros, un esquema que contribuye a la opacidad del sector y complica el monitoreo ciudadano.

El ingreso de Grupo La Joya Mining al mercado de valores peruano establece un precedente relevante para el sector de procesamiento de minerales auríferos.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó el “Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo – La Joya” por hasta 10 millones de dólares en el Mercado Alternativo de Valores (MAV).

Esta decisión fortalece la institucionalidad, la transparencia y el gobierno corporativo en una industria clave para el país, según informó la empresa en un comunicado emitido el 12 de mayo de 2026 en Lima.

La operación aprobada incluye la inscripción del programa en el Registro Público del Mercado de Valores y su listado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). La primera emisión será por hasta 4 millones de dólares, en línea con los estándares regulatorios y de gestión que exige el mercado de capitales local.

Transparencia y fortalecimiento institucional como pilares

La autorización de la SMV representa un avance estratégico para Grupo La Joya Mining. Jaime Zúñiga, CEO de la compañía, afirmó que la aprobación “representa mucho más que una autorización financiera”.

“Es el reconocimiento al trabajo que venimos realizando para construir una compañía sólida, formal y alineada con estándares modernos de gestión corporativa, trazabilidad y transparencia”, manigestó el empresario.

Desde la empresa se sostiene que este paso refleja una visión orientada al largo plazo y al fortalecimiento institucional de la minería peruana.

Un entorno financiero más sólido en la minería

El contexto favorable para el precio del oro ha mejorado los márgenes de las empresas mineras y ha permitido balances más robustos.

Mauricio Cabrera, CFO de La Joya Mining, indicó que “mayores márgenes, una generación de caja más robusta y balances más sólidos están redefiniendo el perfil del sector y habilitando una nueva etapa de acceso al mercado de capitales”.

Cabrera agregó que en países como Perú existen oportunidades para integrar a la industria minera con el mercado de valores, impulsando la sofisticación del financiamiento y prácticas de gestión alineadas con estándares internacionales.

La empresa reafirmó su apuesta por una minería moderna, institucionalizada y conectada con prácticas financieras sostenibles, destacando la importancia de fortalecer la trazabilidad y el gobierno corporativo.

Uso de fondos y actores involucrados en la operación

Los recursos obtenidos a través del programa permitirán a Grupo La Joya Mining fortalecer su capital de trabajo, optimizar su estructura financiera y consolidar su estrategia de crecimiento sostenible y expansión operativa.

La operación contó con el asesoramiento de Acres Sociedad Agente de Bolsa como estructurador financiero, el Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas en la parte legal y la participación de la Clasificadora de Riesgo Apoyo & Asociados en la evaluación crediticia.

La empresa considera que este ingreso al mercado de valores local puede abrir nuevas alternativas de financiamiento para el sector y contribuir al fortalecimiento de una minería formal, transparente y alineada con los retos contemporáneos de la economía peruana.

En el corazón del debate sobre el futuro de la minería, una idea empieza a tomar fuerza: el cobre ya puede extraerse mediante operaciones subterráneas, evitando los tajos a cielo abierto que han marcado la industria. E

sta posibilidad, que responde a las exigencias ambientales y sociales de zonas agrícolas y de alta biodiversidad, es uno de los ejes del futuro para una industria enfocada cada vez más en las relaciones con las comunidades, de acuerdo con Nelson Trejo, presidente de Epiroc Américas – División Partes y Servicios.

La minería de cobre subterránea gana terreno frente al cielo abierto

Durante la Expo Cobre 2026, el experto explicó en diálogo con Infobae Perú que el desarrollo tecnológico es el motor principal detrás de esta transformación.

Equipos eléctricos y automatizados están permitiendo que la minería subterránea de cobre se convierta en una opción real para proyectos de gran escala.

Estas soluciones permiten reducir la huella ambiental, operar con mayor precisión y adaptarse a territorios complejos, donde antes la minería era inviable o socialmente cuestionada.

“En zonas donde la agricultura y la biodiversidad son prioritarias, la posibilidad de realizar operaciones bajo tierra abre una nueva etapa para el sector”, detalla Trejo.

Tecnología avanzada: el motor de la transformación minera

La minería selectiva, apoyada en maquinaria de última generación, facilita la extracción solo de los materiales necesarios, lo que minimiza el impacto sobre el entorno y permite que la actividad minera conviva con otros usos del suelo.

Esta flexibilidad es clave para proyectos ubicados en regiones con alta sensibilidad ambiental o en espacios donde conviven múltiples actividades productivas.

Según el grupo de origen sueco, esta tendencia responde a una demanda creciente de las comunidades y de las autoridades reguladoras, que exigen un mayor cuidado del entorno y transparencia en cada fase del proyecto.

Inversión en equipos avanzados, una apuesta por la eficiencia

Adoptar la minería subterránea y selectiva requiere una inversión considerable en tecnología de punta, de acuerdo con el análisis de Epiroc. Los equipos eléctricos y automatizados pueden costar entre un 30% y un 40% más que los convencionales, debido a su mayor sofisticación y capacidad para operar con menores emisiones.

Esta apuesta tecnológica, sin embargo, se presenta como una alternativa más rentable en los estados financieros frente a los riesgos que implica la paralización de proyectos por conflictos sociales o ambientales, una situación que ya ha afectado a la industria en Perú.

Casos como Tía María, que estuvo paralizado durante años a raíz de la falta de acuerdos con las comunidades y los repetidos cuestionamientos al impacto ambiental, ilustran los altos costos y retrasos que pueden surgir cuando un proyecto no logra avanzar.

En ese contexto, la inversión en equipos avanzados y procesos más amigables con el entorno se perfila como una estrategia más eficiente para garantizar la viabilidad y continuidad de las operaciones a largo plazo, explica Trejo.

Perú en el centro de la innovación minera regional

La apuesta por la minería regenerativa y por la tecnología avanzada ha llevado a Epiroc a impulsar la creación de la región Andina Caribe, que agrupa a Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, el Caribe y Centroamérica.

El objetivo es compartir conocimiento técnico y elevar los estándares operativos en toda la región, posicionando a Perú como país líder en la adopción de nuevas prácticas. De hecho, el mercado peruano representa el 70% de los ingresos de la nueva región, consolidando su papel estratégico.

El avance hacia una minería regenerativa también requiere la articulación entre empresas, Estado y universidades. Hoy existen compañías comprometidas con buenas prácticas ambientales y con el cumplimiento de la normativa vigente. La minería regenerativa, con el respaldo de la tecnología y el trabajo conjunto de los actores del sector, marca un nuevo rumbo para el desarrollo minero en el país y la región.

El Ministerio de Economía oficializó la inclusión del proyecto Diablillos, desarrollado por la compañía canadiense AbraSilver, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De esta manera, se confirmó una inversión de USD 481 millones -que podría ampliarse hasta los USD 764 millones- para construir una nueva mina de oro y plata en la frontera entre Salta y Catamarca.

El proyecto, cuya adhesión al régimen se publicó este lunes en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del ministro Luis Caputo, busca posicionar a la región como polo de desarrollo a la vez que contempla la generación de 2.013 empleos directos e indirectos y tiene un potencial exportador estimado en USD 417 millones.

Si bien la cifra de USD 764 millones corresponde a la inversión total estimada a largo plazo, el monto oficialmente aprobado por el Gobierno en el marco del RIGI para la etapa inicial es de USD 481,7 millones.

Diablillos se emplaza en la región de la Puna, en el límite de los departamentos Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca), a 160 km de Salta capital y 375 km de San Fernando del Valle de Catamarca. La propiedad comprende quince concesiones minerales que adquirió AbraSilver en 2016.

Según los relevamientos geológicos que llevó a cabo la empresa, el yacimiento cuenta con reservas de 199 millones de onzas de plata y 1,7 millones de onzas de oro sobre una estimación de recursos medidos e indicados de 103,9 millones de toneladas con una ley de 59 g/t de plata y 0,51 g/t de oro. Se trata, según destacó la empresa en comunicados anteriores, de un significativo potencial exploratorio aún sin explotar.

Marco legal, plazos y actores empresariales del proyecto minero

El beneficiario formal de los instrumentos fiscales previstos por el RIGI es Pacific Rim Mining Corporation Argentina S.A., firma que actúa como Vehículo de Proyecto Único (VPU), una estructura creada por la Ley Bases para asegurar la trazabilidad y control de los incentivos fiscales. Si bien la titularidad administrativa recae en Pacific Rim, la operación y desarrollo están dirigidos globalmente por AbraSilver Resource Corp., que cotiza en la bolsa de Toronto y se proyecta como referente internacional tras la adquisición de la propiedad en 2016.

El desembolso comprometido para la construcción de Diablillos es de USD 481,7 millones, con un plazo de edificación estimado en julio de 2026 y el inicio de operaciones previsto para julio de 2029, según la presentación de Pacific Rim.

La empresa invertirá unos USD 98,5 millones durante el primer año y USD 253,9 millones el segundo, sumando un total de USD 352,4 millones en los dos primeros años, lo cual supera el umbral del 40% de la inversión total exigido por la normativa regulatoria diseñada por el Gobierno para dinamizar las grandes inversiones en sectores estratégicos. La fecha máxima para ejecutar la totalidad de la inversión se estableció en el 30 de noviembre de 2027.

Uno de los requisitos del RIGI, sin embargo, es la obligación de asignar no menos del 40% de los fondos a activos computables en la etapa inicial y de emplear cerca de 55% de proveedores locales, bajo la supervisión de la Secretaría de Minería, encargada de fiscalizar el cumplimiento normativo. Según se detalla en la resolución ministerial difundida en el Boletín Oficial, este esquema persigue el objetivo de atraer capitales nacionales y extranjeros, generando impacto en la competitividad, el empleo y las exportaciones regionales.

Entre los inversores principales de AbraSilver Resource Corp., destaca Central Puerto, que a través de su filial Proener S.A.U. amplió su participación en febrero de 2025 hasta alcanzar el 9,9%, convirtiéndose así en el mayor accionista de AbraSilver. Además de Diablillos, AbraSilver desarrolla otros emprendimientos como el proyecto La Coipita de cobre y oro en la provincia de San Juan.

El auge de la minería bajo el RIGI y la proyección exportadora

La industria minera argentina atraviesa una etapa de fuerte expansión bajo el RIGI, con ocho de los trece proyectos aprobados correspondientes a la actividad extractiva, según datos de CAEM, la cámara sectorial que agrupa a más de 190 empresas del sector.

Entre los proyectos destacados figuran Hombre Muerto (explotación de litio en Catamarca por la empresa Galan Lithium), Rincón (litio, Salta, Rio Tinto), Los Azules (cobre, San Juan, Mc Ewen Mining), Gualcamayo (oro, San Juan, AISA Group), Veladero (oro, San Juan, Barrick) y Fenix (litio, Catamarca, Rio Tinto), además de Diablillos. Todos ellos, de acuerdo a la sumatoria oficial, totalizan USD 7.948 millones en inversiones aprobadas por el gobierno nacional.

Las proyecciones para el sector minero sitúan las exportaciones argentinas en USD 9.000 millones para 2026, un crecimiento de 49% respecto al año anterior, bajo un contexto de recuperación en los precios internacionales del oro y litio, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). El presidente de la entidad, Roberto Cacciola, precisó durante una presentación que el cierre de 2025 dejó un saldo exportador de USD 6.056 millones, lo que ya había supuesto un incremento del 30% respecto a 2024.

Cacciola afirmó que si los precios internacionales se mantienen en los niveles actuales, “ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.

Cada teléfono celular, batería recargable, automóvil eléctrico, panel solar o electrodoméstico depende, en algún punto, de minerales extraídos y transportados a través de complejas cadenas logísticas globales.

Aunque el Día de la Minería se celebró el pasado 7 de mayo, el crecimiento del sector sigue ocupando un lugar central en la agenda económica y logística argentina, impulsado por el avance del litio, el cobre y los minerales estratégicos vinculados a la transición energética.

La actividad no solo gana peso en las exportaciones argentinas, sino también en la vida cotidiana. Desde el abastecimiento tecnológico hasta la demanda de rutas, energía, transporte y empleo en distintas provincias, la minería empieza a ocupar un lugar cada vez más visible en la economía real y en la planificación logística del país.

Las proyecciones del sector estiman que las exportaciones mineras argentinas podrían superar los 9.000 millones de dólares durante 2026, impulsadas principalmente por el litio y el oro. En paralelo, distintos análisis especializados sostienen que el país podría multiplicar significativamente sus exportaciones de cobre y minerales vinculados a la transición energética durante la próxima década si avanzan los proyectos actualmente en evaluación.

Ese crecimiento, sin embargo, no depende únicamente de los recursos minerales. También requiere una infraestructura logística capaz de sostener operaciones en zonas remotas, muchas veces ubicadas a más de 3.000 metros de altura y lejos de los principales centros urbanos y portuarios.

Cómo funciona la logística minera en Argentina

Uno de los aspectos menos visibles de la minería argentina es el enorme movimiento logístico que necesita para funcionar. Equipos industriales, insumos químicos, combustibles, piezas de gran porte y contenedores deben recorrer miles de kilómetros entre puertos, rutas nacionales y centros productivos.

En provincias como Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan, el crecimiento de la actividad minera viene generando una mayor demanda de transporte terrestre, almacenamiento, infraestructura vial y servicios vinculados al comercio exterior.

En muchos casos, los proyectos dependen de corredores logísticos que conectan el norte argentino con terminales portuarias sobre el océano Pacífico o el Atlántico. Eso implica coordinar operaciones internacionales, pasos fronterizos y transporte multimodal para garantizar el abastecimiento constante de las operaciones.

Además, el desarrollo de minerales estratégicos para la transición energética global, como el litio y el cobre, aumentó la presión sobre las cadenas de suministro internacionales. La fabricación de baterías, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético depende directamente de estos recursos.

Argentina ocupa una posición relevante dentro del denominado Triángulo del Litio, la región sudamericana que concentra una parte sustancial de las reservas mundiales de este mineral. Esa ubicación geográfica también convierte al país en un actor cada vez más observado por mercados internacionales que buscan asegurar el abastecimiento de minerales críticos para la industria tecnológica y energética.

Tres datos que explican el crecimiento de la minería

La magnitud del crecimiento proyectado para la minería argentina empieza a reflejarse en algunos indicadores concretos. El primero es el salto exportador esperado para este año. Según estimaciones difundidas por entidades y analistas del sector, las exportaciones mineras podrían crecer cerca de un 50% respecto al año anterior, impulsadas por mayores volúmenes de producción y mejores precios internacionales de algunos minerales.

El segundo dato es el crecimiento del litio argentino. La producción de este mineral aumentó fuertemente en los últimos años, acompañando la expansión global de la electromovilidad y el almacenamiento energético. Ese fenómeno también incrementó la necesidad de infraestructura logística, transporte especializado y servicios asociados a la exportación.

El tercero tiene que ver con el impacto territorial. Provincias como Catamarca, San Juan, Jujuy, Salta y Santa Cruz muestran una creciente dependencia económica de la actividad minera, tanto por empleo como por movimiento de proveedores, servicios técnicos y operaciones logísticas.

Ese fenómeno también empieza a modificar el mapa logístico argentino. Nuevas rutas de abastecimiento, ampliación de infraestructura energética y mayor movimiento de cargas pesadas forman parte de un proceso que excede a la minería y alcanza a otros sectores productivos.

Por qué la minería impacta en la vida cotidiana

Aunque muchas veces se percibe como una actividad lejana, la minería tiene una conexión directa con la vida diaria. El cobre está presente en redes eléctricas, electrodomésticos y sistemas de conectividad. El litio se volvió esencial para baterías utilizadas en celulares, notebooks y vehículos eléctricos. El oro y la plata también participan en componentes tecnológicos y electrónicos.

Al mismo tiempo, el crecimiento de la actividad genera efectos indirectos sobre transporte, empleo, comercio exterior y desarrollo regional. La necesidad de movilizar maquinaria, materiales y personal impacta sobre rutas, puertos y servicios logísticos en distintas regiones del país.

En paralelo, el sector enfrenta desafíos vinculados a infraestructura, regulación y sostenibilidad ambiental, temas que continúan ocupando un lugar central en el debate público sobre el futuro de la actividad.

En un contexto global atravesado por la transición energética y la búsqueda de minerales estratégicos, la minería argentina aparece cada vez más integrada a las cadenas internacionales de abastecimiento. Y detrás de cada proyecto, además de la extracción de recursos, existe una red logística que conecta montañas, rutas, puertos y mercados globales.

La Expo Internacional San Juan Minera 2026 convirtió nuevamente a la provincia en el epicentro de este sector. El Estadio del Bicentenario fue sede del encuentro más importante de la industria y reunió a sus principales actores entre el 6 y el 8 de mayo.

La exposición ofreció un espacio de intercambio y generación de oportunidades para gobiernos provinciales, empresas, proveedores, instituciones y comunidades. La presencia de actores clave permitió el acercamiento entre distintos protagonistas de una de las actividades productivas con mayor dinamismo en la economía nacional.

Durante tres jornadas, representantes de Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen participaron activamente en la cumbre con una propuesta de alto impacto y soluciones financieras integrales para todo el ecosistema minero.

Un espacio para conexiones estratégicas

Entre otros objetivos, el evento sirvió para reforzar el vínculo entre la industria y los mercados de capitales internacionales. De esta manera, se reflejó la proyección global de la provincia cuyana como destino de inversiones en el sector.

En esa línea, Banco San Juan y la Unidad Minera de Grupo Petersen desplegaron un stand de 100 m2 totalmente equipado, con un equipo de oficiales de negocios especializados, donde recibieron a empresas y referentes del sector, participando de los espacios de networking y charlas previstas en la agenda oficial.

“La Expo Internacional San Juan Minera representa el espacio ideal donde confluyen los principales actores de la actividad. Es una oportunidad única para fortalecer vínculos con líderes nacionales e internacionales, detectar nuevas oportunidades de negocio y conocer las tendencias que marcarán el futuro de la minería. Como banco regional, queremos estar presentes acompañando a quienes invierten, producen y generan desarrollo en San Juan y en la Argentina”, expresó Silvina Bellantig, líder de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen.

En estos encuentros se analizaron los desafíos y oportunidades que enfrenta la minería en la Argentina. Se trataron temas como la innovación tecnológica, la integración de proveedores locales y el acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Además, la exposición sirvió como plataforma para identificar tendencias que podrán impactar en el desarrollo futuro de la actividad.

Soluciones financieras para el ecosistema minero

Con foco en el desarrollo productivo regional, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen junto a Banco San Juan presentó su propuesta de servicios adaptados a los distintos actores de la cadena de valor.

Se presentaron herramientas como:

• Financiamiento para empresas y PyMES proveedoras
• Leasing de equipos y maquinaria
• Servicios de comercio exterior
• Estructuración de operaciones vinculadas al mercado de capitales

“Ofrecemos soluciones financieras diseñadas para cada actor del ecosistema minero, entendiendo las particularidades y necesidades de cada segmento de la actividad. Contamos con líneas y herramientas que se adaptan a empresas, proveedores, contratistas y pymes vinculadas al sector, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la minería local y argentina”, señaló Alberto Rositano, gerente corporativo de Minería de Banco San Juan.

Este enfoque se apoya en la experiencia de Banco San Juan como entidad de referencia en la provincia y en la minería. Mantiene una trayectoria de trabajo junto a empresas, cámaras, gobiernos y comunidades, aportando soluciones para el crecimiento económico de la región.

En sintonía con la apertura de la provincia al mercado internacional, el banco y la unidad minera acompañaron la ceremonia de apertura de mercados del TMX Group (Bolsa de Toronto), un hecho sin precedentes para la provincia y para la minería argentina. Este evento consolida el posicionamiento de San Juan en el escenario global de inversiones y fortalece su vinculación con los principales mercados financieros

Iniciativa educativa para jóvenes de la región

Durante la expo, la Fundación Banco San Juan organizó una actividad educativa dirigida a estudiantes del último año de escuelas secundarias ubicadas en comunidades cercanas a proyectos mineros.

El objetivo de la iniciativa fue acercar a los jóvenes al conocimiento sobre el sector, promover el aprendizaje y fomentar el diálogo sobre las oportunidades que ofrece la minería para el desarrollo local.

Los estudiantes visitaron el stand del banco, así como los de empresas y proveedores mineros de la región. Participaron de charlas y presentaciones orientadas a conocer de cerca la actividad, sus desafíos y su impacto en la economía provincial.

Un balance de integración y desarrollo

La Expo Internacional San Juan Minera 2026 reforzó la articulación entre la industria, el financiamiento y las comunidades. En este marco, la unidad minera reafirmó su rol como facilitadora de oportunidades y promotora del desarrollo productivo.

“Estos encuentros nos permiten dialogar directamente con todos los protagonistas de la industria: empresas mineras, proveedores, instituciones, gobiernos y comunidades que forman parte del ecosistema. Creemos que ese intercambio es fundamental para seguir generando propuestas que acompañen el crecimiento sostenible de una actividad estratégica para el país”, afirmó Rositano.

“Desde Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen trabajamos para ser el aliado estratégico del sector minero, acompañando el crecimiento de una minería de clase mundial con identidad local. Nuestro compromiso es integrar soluciones financieras que impulsen el desarrollo de toda la cadena de valor y potencien el crecimiento regional”, concluyó Bellantig.

Para más información, se puede ingresar aquí.

El congreso internacional GeoExplora 2026 reunirá en Urubamba, Cusco, a expertos, autoridades y líderes del sector para analizar el impacto de 32 nuevos proyectos de exploración minera, que representan una inversión conjunta de US$ 287,5 millones.

El evento, que se realizará del 5 al 7 de octubre, buscará impulsar la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria minera nacional.

MINEM presenta una cartera renovada con 32 nuevos proyectos

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026 está compuesta por 69 iniciativas que suman más de US$ 757 millones en inversión.

Las 32 nuevas incorporaciones para este año ya habían sido identificadas como potenciales proyectos en 2025 y ahora forman parte de la cartera oficial.

Entre los más relevantes destacan Sombrero (US$ 106,2 millones), Trapiche (US$ 36,8 millones), Elida (US$ 15 millones), Colquemayo (US$ 13,5 millones) e Iluminadora (US$ 12,4 millones).

Roque Benavides Ganoza, presidente de GeoExplora 2026, subrayó que el congreso convocará a académicos, empresarios, funcionarios públicos y científicos para articular propuestas que impulsen el desarrollo sostenible del país.

“Articularemos ciencia, academia, empresa y Estado para generar soluciones que impulsen el desarrollo sostenible del Perú”, afirmó Benavides.

Inversión minera en crecimiento y salida de proyectos a ejecución

El MINEM informó que la inversión global de la cartera creció US$ 29,5 millones respecto a agosto de 2025, impulsada por la incorporación de nuevos proyectos y el ajuste de inversión en el proyecto Antapata.

Además, 30 proyectos salieron de la cartera después de obtener los permisos necesarios, avanzando a la etapa de ejecución de actividades exploratorias.

El ministerio aclaró que esta salida no implica una reducción de la actividad, sino que refleja el avance natural hacia fases posteriores del ciclo minero.

Solo el 0,3% del territorio nacional está actualmente destinado a exploración minera, lo que evidencia un vasto potencial aún por desarrollar en el país.

GeoExplora 2026: innovación, transferencia tecnológica y sostenibilidad

El programa de GeoExplora 2026 aborda 7 ejes temáticos: tecnología e innovación, transformación digital, exploraciones geológicas en minería, exploración en petróleo y gas, gestión ambiental y responsabilidad social, geología y energía del futuro, y geología aplicada al desarrollo nacional.

El evento es organizado por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima), a través de su Capítulo de Ingeniería Geológica, y contará con la participación de líderes destacados del sector.

Durante el congreso también se desarrollará la feria GeoExplora 5.0, dedicada a mostrar soluciones geológicas, tecnologías avanzadas y herramientas para la gestión eficiente de recursos y la reducción de impactos ambientales.

El potencial geológico del Perú y la relevancia de la exploración

El MINEM resaltó recientemente que el Perú ostenta las mayores reservas de plata a nivel mundial y ocupa posiciones de liderazgo en reservas de cobre, oro, zinc, plomo, estaño y molibdeno en Latinoamérica, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La entidad enfatizó la importancia de la exploración minera responsable para asegurar la sostenibilidad y el desarrollo de las economías locales, a través de la generación de empleo y la dinamización de cadenas productivas.

Más allá de la fuerte caída del índice de Confianza del Consumidor, que en abril cayó por cuarto mes consecutivo, a su nivel más bajo desde octubre de 2025, y del aún más abrupto declive del Índice de Confianza en el Gobierno, que en abril se desplomó un 12,1%, también por cuarto mes consecutivo, un aspecto menos mencionado es la dispar evolución de las mediciones sobre la calidad de la gestión oficial entre el Interior y el Gran Buenos Aires.

En el caso del Índice de Confianza del Consumidor, el grado de confianza en el Interior fue más alto que en CABA en 27 de los 28 meses de gestión mileísta, con la única excepción de diciembre 2025, y en 22 meses fue más alto que en el Gran Buenos Aires.

En cuanto al Índice de Confianza en el gobierno, Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, reelaboró los datos de la medición de la consultora Poliarquía y la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) tomando como “Base 100” diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia de la Nación. El resultado en abril de este año es un índice de 96,3 para el Gran Buenos Aires y de 107,4 (esto es, un 11,5% superior) en el interior del país.

En ambos casos, es cierto, la confianza en la pericia mileísta tuvo fuertes retrocesos: de 115,7 en noviembre, tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas, al ya mencionado 96,3 en abril, en GBA, y del 122 al también mencionado 107,4 en el interior del país.

“Este deterioro implica un acortamiento de los plazos disponibles para que el Ejecutivo concrete un efectivo golpe de timón, alineando las variables financieras y reales en función de conciliar los objetivos del ‘trilema’ de reservas, inflación y nivel de actividad, nudo del análisis de los últimos informes”, escribió Vasconcelos.

Inversiones y expectativas

La divergencia entre el interior y GBA probablemente responde no solo a situaciones, sino también a expectativas muy diferentes. El caso de Vaca Muerta y el boom de la explotación de petróleo y gas “no convencionales” en Neuquén es harto conocido y un reciente “Compendio Estadístico de la Actividad Minera Metalífera y Compuestos de Litio” elaborado por la Secretaría de Minería de la Nación echa algo de luz sobre esas expectativas, distinguiendo tres áreas y ocho provincias objetivo de inversiones mineras, el dato más relevante sobre las posibilidades de empleo y crecimiento económico actual y futuro en esos territorios.

Así puede observarse que en el NOA las inversiones planeadas y en ejecución suman nada menos que USD 25.100 millones, distribuidas entre once proyectos en Salta, con inversiones por USD 14.600 millones, ocho en Catamarca, que acarrean inversiones por USD 8.000 millones, y tres en Jujuy, con asignaciones de capital adicionales de USD 2.500 millones.

Por lejos, la provincia con mejores perspectivas, en particular a partir de los proyectos cupríferos, es San Juan, con proyectos que de completarse en su totalidad movilizarán USD 33.000 millones de inversión, que sumadas a USD 630 millones de otro proyecto de cobre en Mendoza completan USD 33.630 millones en la región cuyana.

Según el compendio oficial, la Patagonia queda por ahora relativamente marginada de los nuevos proyectos mineros, con apenas dos proyectos e inversiones de USD 180 millones en Río Negro, un proyecto en Chubut, por USD 135 millones, y uno en Santa Cruz, que movilizaría inversiones por USD 600 millones, en buena medida compensadas por el efecto negativo que tuvo sobre esa provincia el retiro de YPF de las áreas petroleras convencionales.

El tiempo no para

En cuanto a efectos políticos, los tiempos de realización de esas y otras inversiones para movilizar la economía al gobierno se le han acortado, aunque no agotado.

“Con datos todavía muy provisorios, el segundo trimestre podría devolver a terreno positivo la variación del PIB, luego del presumible retroceso experimentado en el primer trimestre de 2026 respecto del cuarto trimestre de 2025 (mediciones desestacionalizadas). Aunque el Índice General de Actividad (IGA) de Ferreres de marzo haya dejado un leve arrastre estadístico positivo para el segundo trimestre, de todos modos la recaudación impositiva de abril, en la medición desestacionalizada, no ha marcado el punto de inflexión que se esperaba”, subrayó Vasconcelos, citando la caída de tributos asociados al mercado interno, de 0,3% en el caso del IVA y del 0,9% de las contribuciones y el derrumbe del 9,2% en el caso del impuesto al cheque, probablemente asociada a los crecientes índices de morosidad bancaria, un aumento de la desconfianza y una merma del uso de ese instrumento en operaciones comerciales.

¿Vaso medio lleno o medio vacío?

Más allá de diferentes situaciones y expectativas, en todo el país hay quienes ven la parte del vaso medio lleno y quienes la parte medio vacía. Con su reciente llamado a remover lo que queda del cepo cambiario, ir a un bimonetarismo a la peruana y permitir la libre entrada y salida de capitales y testear de una vez por todas el valor real del tipo de cambio (es decir, el precio del dólar respecto del peso argentino), Domingo Cavallo generó una dura respuesta oficial, desde el bloqueo de comunicación por parte de Milei hasta críticas del ministro de Economía, Luis Caputo, por diagnósticos erróneos y acciones del pasado.

El Ieral de la Mediterránea lleva la impronta cavallista y coincide con el análisis del exministro. Al respecto, Osvaldo Giordano, su presidente, llamó en un editorial a “llenar el vaso” de la economía. Si bien reconoció que el gobierno superó la situación crítica de diciembre 2023 y en un lapso relativamente breve —y contra la mayoría de los pronósticos— bajó la inflación y hasta por un tiempo logró una recuperación económica “significativa”, todavía mantiene “un conjunto de distorsiones acumuladas durante décadas que siguen afectando negativamente el funcionamiento de la economía, generan resistencias al proceso de desinflación y, lo más importante, limitan la posibilidad de un crecimiento sostenido y vigoroso”.

Causas de insatisfacción y ansiedad

En diálogo con Infobae, Giordano recordó que el PIB por habitante aún no supera los niveles de hace una década y que ese estancamiento relativo “alimenta una sensación social comprensible de insatisfacción y ansiedad, más aún si se considera que la degradación del mercado laboral continúa”. El dato más claro al respecto, señaló, es que el empleo asalariado privado formal está estancado en seis millones desde hace más de diez años.

En línea con Cavallo, Giordano señaló que la actual abundancia de dólares y el superávit comercial configuran un momento propicio para levantar lo que queda del cepo e instituir un sistema bimonetario en el que se pueda no solo ahorrar y depositar sino también transar y hacer contratos en dólares tanto como en pesos, y evitar el efecto recesivo de que -dada la poca efectividad que tuvo la ley de “inocencia fiscal”- los argentinos sigan ahorrando en “dólares del colchón”.

“En 2023 el mandato era bajar la inflación, porque estábamos al borde de la híper y los argentinos sabemos lo costoso que son esos procesos. Ahora el mandato es distinto. Obviamente preferimos que la inflación baje, pero hoy merece más atención salir de una situación de estancamiento y además muy disímil entre sectores. No creo que si la inflación mensual empieza con cero, uno o dos sea tan significativo como la producción, el empleo y los salarios”, concluyó Giordano.

Aunque en los próximos años las grandes inversiones y -un poco más adelante- el grueso de exportaciones mineras provendrá del cobre, Argentina ya cuenta con un número de operaciones, una cartera de proyectos y un ritmo de expansión productiva que en pocos años la convertirá en el segundo productor mundial de litio, según proyecciones de Rystad, una consultora internacional.

Actualmente, el país es el cuarto productor mundial de “carbonato de litio equivalente” (LCE), producto y métrica con que se mide la producción mundial de este mineral, el tercero más liviano de la naturaleza, pero de alta densidad energética, lo que lo convirtió en uno de los “minerales críticos” de la “transición” hacia una economía menos dependiente de los hidrocarburos.

“Los datos recientes sobre producción global de litio dejan algo claro: el mercado ya está altamente concentrado y dominado por pocos actores, con Australia, Chile, China y la Argentina liderando la oferta. Al mismo tiempo, la expansión proyectada de capacidad muestra que el crecimiento vendrá principalmente de operaciones upstream (minería y procesamiento químico), no necesariamente de la fabricación de baterías, y que Argentina se posiciona como principal productor mundial de litio junto con Australia hacia 2030”, escribió Ernesto Díaz, Vicepresidente Senior para América Latina de Rystad Energy.

Proyecciones

Según el experto, Argentina, que según recientes datos suministrados por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) produjo 116.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025, sobrepasará la línea de producción de Chile en 2029 y la de China en 2031.

Marcela Hernando, quien fuera ministra de Minería del gobierno de Gabriel Boric, ya había reconocido que la producción de litio chilena se fue rezagando respecto de la Argentina, aunque según las proyecciones de Cochilco (Comisión Minera del Cobre) el sobrepaso se produciría recién en 2035, cuando la producción litífera argentina alcanzaría las 415.000 toneladas de LCE. Esa cifra es inferior a las proyecciones del secretario de Minería de la Argentina, Luis Lucero, que en foros internacionales señaló que para entonces el país ya produciría 600.000 toneladas de LCE.

Según las proyecciones de Chile, el sobrepaso se produciría en 2035, cuando la producción litífera argentina alcanzaría las 415.000 toneladas de LCE

A la ampliación de capacidad productiva se sumó hacia fines de 2025 y en lo que va de 2026 una fuerte mejora de los precios internacionales del litio, que de poco menos de USD 11.000 la tonelada en septiembre/octubre de 2025 remontó a cerca de USD 18.000 en abril de este año, aunque se trate de un mercado no tan sujeto a precios de contado, sino a precios contractuales entre productores y compradores. Estos últimos son, mayormente, productores chinos de baterías para vehículos eléctricos y, en crecimiento, fabricantes de grandes baterías “estacionarias” (BESS, por su sigla en inglés) de respaldo a sistemas dependientes de fuentes de generación intermitente de energía.

Según consultoras como Fast Markets, BMI y Trading Economics, el repunte más reciente coincidió con una recuperación de la demanda global, en especial de la industria de baterías para vehículos eléctricos en China y otros mercados asiáticos, que se solapó con restricciones de oferta debido a retrasos en nuevos proyectos de extracción y cuellos de botella logísticos en la cadena de suministro.

Dónde va el litio argentino

China es el principal destino del litio argentino, habiendo absorbido el grueso de las exportaciones litíferas de 2025, como muestra el gráfico de abajo, de un “compendio” de la Secretaría de Minería de la Nación que abarcó el segundo semestre de 2025 y el primer trimestre de este año.

La puja por los “minerales críticos” es uno de los frentes de la competencia geoestratégica entre Estados Unidos y China y allí, como destacó Thea Riofrancos, profesora de Ciencia Política de Providence College y autora del libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism (Extracción: las fronteras del Capitalismo Verde) en una columna de Financial Times, ha ocurrido un cambio tectónico: Argentina, Chile y Bolivia, los tres países del llamado “Triángulo del Litio” (que alberga más de la mitad de los recursos mundiales de litio) pasaron de manos de gobiernos de izquierda a partidos de derecha, más cercanos a Washington que a Beijing. Incluso Brasil, que bajo el gobierno de Lula da Silva intenta una política exterior de equilibrio, acordó ser proveedor de “tierras raras” (uno de los ítems casi monopolizados por China) a Estados Unidos.

¿Más mineral o nuevos eslabones?

En este contexto, Ernesto Díaz, el experto de Rystad, plantea si Argentina debería avanzar hacia una “integración vertical” y competir con la fabricación de componentes de baterías o consolidarse como proveedor competitivo de carbonato y -eventualmente- hidróxido de litio.

Argentina debería profundizar su posicionamiento en la producción de litio grado batería, en lugar de intentar competir aguas abajo con China (Díaz)

Ernesto Diaz, Rystad Energy

Su respuesta, al igual que la de Joe Lowry, fundador y CEO de Global Lithium, es que antes de pensar en nuevos eslabones la Argentina “debería profundizar su posicionamiento en la producción de litio grado batería, en lugar de intentar competir aguas abajo con China”. Como “razones estructurales” para hacerlo, cita las siguientes:

• Ventaja comparativa real: Argentina tiene recursos de clase mundial y costos competitivos, por lo cual deberá escalar producción, mejorar eficiencia y capturar valor en el procesamiento químico (carbonato/hidróxido), donde ya existe demanda global sostenida.
• Barreras industriales en la cadena de baterías: La fabricación de cátodos, celdas y baterías requiere ecosistemas industriales integrados, proximidad a fabricantes de vehículos eléctricos, escala, tecnología y know-how acumulado, todos terrenos ampliamente dominados por China, que también controla la cadena de suministro.
• Intensidad de capital y riesgo: La integración vertical implica inversiones mucho mayores, ciclos de retorno más largos y mayor exposición a riesgos tecnológicos y de mercado. Para Argentina, dice Díaz, eso podría “diluir el foco y reducir la competitividad donde ya tiene ventaja”.
• Timing de mercado: La demanda de litio crece rápidamente y necesita oferta confiable. Hay una ventana clara para capturar valor expandiendo producción upstream; el downstream está más saturado y competitivo.
• Estrategia pragmática de desarrollo: Concentrarse en el upstream no implica renunciar a la industrialización, sino priorizar mejoras en la calidad, desarrollo de infraestructura, estabilidad regulatoria, atracción de inversión extranjera e integración selectiva, vía joint ventures y acuerdos tecnológicos.

Según Ernesto Díaz, “competir con China en baterías no es solo una cuestión de recursos, sino de ecosistema industrial completo. Argentina tiene una oportunidad histórica, pero el camino más eficiente es consolidarse como proveedor estratégico global de litio procesado, no replicar una cadena de valor donde otros llevan décadas de ventaja”. La clave, concluye, “no es subir en la cadena por aspiración, sino por competitividad”.

Tecnología

Según Sergio Barón, ingeniero electrónico argentino, CEO y cofundador de la startup Dynami Battery Corp, que en 2025 ganó un subsidio de USD 200.000 de la National Science Foundation (Fundación Nacional de la Ciencia) de Estados Unidos para desarrollar el uso de solventes ecológicos en la producción de electrodos para baterías de ion de litio, la conclusión de Díaz es cuestionable, pues toma la tecnología en baterías de litio como algo fijo y, aparte, inalcanzable.

Dynami, dice, demostró lo contrario al crear y patentar una tecnología que hace que las baterías se carguen cinco veces más rápido y duren 140% más, sin cambios a la cadena de suministro ni a las gigafactories de baterías y vehículos eléctricos, sino simplemente cambiando los electrodos, la “ruta” entre ánodos y cátodos que recorren los iones de litio en los procesos de carga y descarga de una batería.

Barón, cuya historia ya fue contada aquí, dijo a Infobae que el subsidio de Estados Unidos sirvió para reemplazar los solventes “tóxicos y caros” con los que se manufacturan las baterías de litio, reemplazándolos con microestructuras que permitieron “lograr el primer electrodo vegano, solo a partir de vegetales y biodegradable”.

El subsidio de Estados Unidos sirvió para reemplazar los solventes “tóxicos y caros” con los que se manufacturan las baterías de litio, reemplazándolos con microestructuras que permitieron “lograr el primer electrodo vegano (Barón)

El emprendedor argentino destacó incluso un análisis sobre una patente similar presentada por Tesla, en el que Pradyumma Gupta, eminencia mundial en ciencia de materiales y tecnologías avanzadas para generación de energía, reconoce que el gran avance en la producción de baterías está en la microestructura de los electrodos y no en la química.

Gupta es fundador y director científico de Infinita Lab e Infinita Materials, dedicadas a la innovación en materiales y productos químicos especiales para industrias de vanguardia, asesora a empresas y organismos sobre captura de CO2, nanomateriales, procesos avanzados y materiales para las industrias automotriz y aeroespacial y colabora con el ejército de Estados Unidos en el desarrollo de materiales de alta resistencia y manufactura aplicada a la movilidad eléctrica.

Sea ampliando la producción de carbonato de litio “grado batería” y/o sumando eslabones en la cadena de valor, la realidad es que la producción litífera argentina ya recorrió un largo camino y tiene impulso para recorrer mucho más.

Al cierre del 2025, el acumulado histórico de Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina alcanzó los USD 181.037 millones, según el último informe publicado por el Banco Central (BCRA). El dato refleja cuánto capital extranjero hay “instalado” en el país en total —no solo lo que entró o salió en un trimestre—, y es uno de los indicadores más relevantes para medir el peso real que tienen las empresas foráneas en la economía argentina. En tanto, el balance neto de ingresos y egresos del cuarto trimestre trimestre del año pasado arrojó un saldo desfavorable de 4.687 millones de dólares.

Para entender la magnitud del número: ese stock equivale a la suma de todas las participaciones de capital que empresas del exterior tienen en firmas argentinas, más los préstamos y deudas que esas mismas empresas locales tienen con sus casas matrices o vinculadas en el extranjero. En otras palabras, es una fotografía del tamaño de la presencia extranjera en el tejido productivo del país.

De los USD 181.037 millones totales, la mayor parte corresponde a participaciones de capital: 126.618 millones de dólares. El resto, USD 54.419 millones, son instrumentos de deuda, que se dividen en dos tipos: deuda comercial -básicamente financiamiento entre empresas vinculadas por operaciones de compraventa- por USD 33.072 millones, y deuda financiera por 21.348 millones de dólares.

Los sectores que concentran la inversión extranjera

No toda la economía atrae inversión extranjera por igual. Tres sectores concentran el 71% del stock total de IED en Argentina, lo que muestra una estructura de inversión bastante concentrada.

El primero es la industria manufacturera, con una posición de USD 61.235 millones. Dentro de este sector conviven actividades muy diversas: desde la fabricación de alimentos y bebidas hasta la producción de químicos, metales y vehículos. Es el sector con mayor presencia de capital extranjero en el país y también el que más movimiento registró durante el último trimestre del año.

En segundo lugar aparece la explotación de minas y canteras, con un stock de USD 50.921 millones. Este rubro incluye la minería en sentido amplio y también la extracción de petróleo y gas, actividades que desde hace años atraen grandes volúmenes de inversión extranjera, en gran parte por el potencial de recursos naturales del país.

El tercer sector en importancia es el comercio al por mayor y al por menor, con un stock de USD 16.981 millones. Aunque está a considerable distancia de los dos primeros, sigue teniendo una participación importante dentro del total.

De dónde viene el dinero

Cuando se mira el origen geográfico del stock, se observa que el principal inversor en Argentina es Estados Unidos, con USD 32.060 millones, lo que representa el 18% del total. Detrás aparece España, con USD 25.715 millones y una participación del 14%, y en tercer lugar Países Bajos, con USD 21.580 millones, equivalente al 12% del total.

Estos tres países en conjunto concentran el 44% del stock de inversión extranjera directa en Argentina. El resto se distribuye entre una variedad de países, aunque ninguno supera individualmente el 10% del total.

Qué pasó en el último trimestre de 2025

En el cuarto trimestre del año, el stock de IED bajó respecto al trimestre anterior: pasó de USD 183.604 millones al 30 de septiembre a USD 181.037 millones al 31 de diciembre. Esa caída de poco más de USD 2.500 millones se explica principalmente por los flujos transaccionales del período, aunque fue parcialmente compensada por variaciones en el tipo de cambio y en el precio de los activos.

En términos de flujos netos, es decir la diferencia entre lo que entró y lo que salió durante el trimestre, el resultado fue negativo en 4.687 millones de dólares. Esto significa que, en el período octubre-diciembre de 2025, salieron más dólares por concepto de inversión extranjera directa de los que ingresaron.

Sin embargo, es importante entender por qué se dio ese resultado, dado que el dato aislado puede llevar a conclusiones erróneas. La mayor parte de esa salida de capitales no respondió a una desinversión tradicional ni a una decisión de las empresas de abandonar el mercado argentino. El principal factor fue el pago de deudas comerciales que empresas locales tenían con sus vinculadas en el exterior.

Concretamente, el sector agroexportador -especialmente las empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios, que incluye oleaginosas y cereales- había adelantado cobros de exportaciones durante septiembre de 2025. Ese adelanto se produjo en el marco del Decreto 682/2025, que estableció temporariamente retenciones a cero por ciento para incentivar la liquidación de divisas. Una vez vencido ese beneficio, las empresas cancelaron en el cuarto trimestre la deuda comercial que habían contraído con sus casas matrices. Ese movimiento representó una salida de USD 3.795 millones, la mayor parte del total.

En términos globales, las transacciones de deuda con empresas vinculadas arrojaron egresos netos por USD 5.363 millones en el trimestre, explicados mayormente por ese desendeudamiento comercial de USD 5.657 millones, que fue parcialmente compensado por ingresos netos de deuda financiera por USD 294 millones.

Entradas de capital que equilibran el panorama

En paralelo a esas salidas, durante el cuarto trimestre también llegaron aportes de capital fresco por USD 1.111 millones, casi en su totalidad en efectivo. Los sectores que más recibieron fueron los intermediarios financieros, con USD 436 millones, y la industria manufacturera, con USD 321 millones.

Por otro lado, la renta que generaron las empresas con capital extranjero durante el trimestre fue de USD 1.436 millones. Algo más de la mitad de esa renta fue producida por la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras, en partes similares. De ese total, USD 1.194 millones fueron distribuidos como utilidades y dividendos hacia el exterior, mientras que USD 241 millones quedaron reinvertidos en el país.

En cuanto a fusiones y adquisiciones, el trimestre cerró con una salida neta de USD 676 millones, explicada principalmente por operaciones en el sector de fabricación de sustancias y productos químicos, dentro de la industria manufacturera.

Una campaña liderada por la Mining Art Gallery busca revelar la identidad del hombre retratado en un dibujo de Tom McGuinness, artista conocido por capturar la vida minera del noreste de Inglaterra, según BBC News.

El “Retrato de un hombre desconocido” es un dibujo de carboncillo de los años 60 cuya identidad permanece sin resolver. La obra iba a representar, en un principio, al suegro del artista y fue etiquetada como “El padre de Cathy”.

Sin embargo, la hija de McGuinness, Corinne Aspel, aseguró al medio citado que reconoció de inmediato que no era su abuelo y que había diferencias notorias, sobre todo en la nariz. Por este motivo, la galería renombró el dibujo de manera provisional y ha hecho un llamamiento al público para identificar al modelo.

La Mining Art Gallery, que alberga el retrato en cuestión, forma parte de un ambicioso proyecto cultural en Bishop Auckland dedicado a preservar la memoria de las comunidades mineras del noreste inglés.

La colección permanente reúne más de 400 obras creadas por artistas-mineros, como Tom McGuinness y Norman Cornish, y constituye, según los responsables de la galería, un archivo social e industrial de gran valor histórico. Este fondo artístico se consolidó gracias al empeño de coleccionistas y promotores locales que, durante décadas, rescataron piezas destinadas al olvido y las reunieron para evitar su dispersión.

Actualmente expuesto en la Mining Art Gallery de Bishop Auckland, condado de Durham, el retrato es uno de los primeros trabajos profesionales de McGuinness. El museo y la familia del pintor han pedido la colaboración ciudadana para ayudar a descubrir quién fue el hombre detrás de la imagen, en una iniciativa de especial valor para la comunidad minera local.

“Nos encantaría saber si alguien cree reconocerlo”, afirmó Anne Sutherland, curadora de patrimonio industrial de The Auckland Project, según declaraciones recogidas por BBC News. La búsqueda de información se inscribe en los esfuerzos por preservar la memoria obrera y enriquecer la historia cultural de la región.

Centenario de Tom McGuinness y valor de su obra

La exposición titulada “Tom McGuinness: Out of the Darkness” celebra el centenario del artista, nacido en 1926 y fallecido en 2006. La muestra permanecerá abierta durante 2026 con pinturas, bocetos, litografías y retratos familiares, reflejando la experiencia minera del noreste de Inglaterra.

McGuinness fue un trabajador minero reclutado en la Segunda Guerra Mundial como uno de los “Bevin Boys” antes de dedicarse al arte. Su obra destaca por captar la visión emocional y subjetiva de la vida en las minas y el entorno social que la rodea.

Según Anne Sutherland, la exposición es “una celebración de un hombre cuyo trabajo captura la verdad emocional de la vida minera”, ya que McGuinness representaba cómo se sentía ser minero, recogió el medio citado.

La galería de Bishop Auckland funciona como un centro cultural que defiende el patrimonio industrial y obrero del noreste inglés, y esta muestra rinde homenaje a quienes vivieron y trabajaron en la minería.

Resonancia del arte minero y participación ciudadana

El arte de McGuinness trasciende su valor artístico y constituye un testimonio visual de la resistencia, identidad y memoria de las comunidades mineras. El llamamiento al público para identificar al hombre retratado refuerza la importancia de la participación ciudadana en el rescate de la memoria colectiva.

Tanto la familia del artista como la Mining Art Gallery desean profundizar la relación entre arte y sociedad, y alientan a que los habitantes del condado de Durham reconozcan en el trabajo de McGuinness un reflejo de su propia historia.

Para Anne Sutherland, reconocer a figuras anónimas fortalece la identidad compartida de la región y otorga nuevo sentido a las obras históricas. Esta tarea de identificación se transforma, según BBC News, en un reconocimiento social y artístico esencial para la comunidad.

El legado de Tom McGuinness perdura como símbolo y memoria viva de la experiencia minera, inspirando a quienes valoran la historia y la identidad del noreste de Inglaterra.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajó este jueves a San Juan para encabezar la presencia del Gobierno nacional en la 11° edición de la Expo San Juan Minera, el encuentro minero más grande del país.

Con el presidente Javier Milei de regreso de los Estados Unidos —donde participó de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken en Los Ángeles—, fue su hermana quien asumió la conducción política de la delegación oficial, en un rol que sus propios interlocutores dentro del oficialismo describen como el de una jefa de gabinete de informal: la funcionaria que articula la agenda legislativa, coordina a los ministros y define los movimientos del Ejecutivo con una autonomía que desborda ampliamente su cargo formal.

La secretaria general de la Presidencia llegó a San Juan acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La agenda comenzó en la localidad de Los Berros, en el departamento de Sarmiento, donde Karina planeaba recorrer las instalaciones de Calera San Juan, firma con inserción en la actividad minera local cuyo gerente general, Raúl Cabanay, ocupó la vicepresidencia de la Cámara Minera de San Juan entre 2021 y mediados de 2025. La jornada se cerrará con una cena de carácter político y empresarial.

La presencia de “El Jefe” en San Juan no fue sólo protocolar. En los días previos al viaje, la secretaria general retomó con mayor visibilidad pública la conducción política del gobierno: encabezó reuniones de mesa política donde trazó el rumbo legislativo del oficialismo, instruyó al ministro Santilli para retomar contactos con gobernadores en busca de votos para proyectos prioritarios, y mantuvo coordinación diaria con el Congreso. Días antes, se había presentado sola en la Cámara de Diputados para bajarle los planes parlamentarios del Ejecutivo a los legisladores de La Libertad Avanza, en una aparición que amplificó las lecturas sobre su peso real en la conducción del gobierno.

El viaje a San Juan se enmarca en ese mismo patrón. Con el jefe de gabinete, Manuel Adorni, inmerso en una causa judicial que le redujo la exposición pública y generó una caída de entre 7 y 8 puntos en el seguimiento diario de imagen del gobierno —según encuestadoras privadas que monitorean el impacto del escándalo—, Karina Milei ocupó el espacio. El propio presidente descartó cambios en el gabinete a través de mensajes en redes y una entrevista televisiva.

La ausencia de Adorni en la comitiva sanjuanina no pasó inadvertida en el entorno del gobierno. El jefe de gabinete permaneció en Casa Rosada con la justificación de ser el funcionario de mayor rango constitucional disponible mientras el presidente regresaba de Estados Unidos. Pero la decisión de Karina de no incluirlo en su primera gran aparición pública federal alimentó los rumores sobre un descenso en las consideraciones de la hermanísima.

El ministro coordinador estuvo en una asamblea de YPF mientras la comitiva karinista se mostraba con dirigentes políticos y empresariales en la provincia cuyana. Se trata de la primera actividad que tiene después de la declaración de la senadora Patricia Bullrich, la cual generó una fuerte crítica de parte del entorno de Karina Milei. Las críticas también llegaron de parte de su antecesor, Guillermo Francos, que hoy opinó en una entrevista con Infobae A Las Nueve que el conflicto “empioja la relación del Gobierno con la ciudadanía”.

Encuentro y cercanía con gobernadores

El eje del 7 de mayo en la Expo era la Mesa Federal Minera, espacio que reunía a más de 10 gobernadores de provincias mineras e industriales junto a los altos funcionarios nacionales.

La visita a Calera San Juan estuvo encabezada también por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, que además preside la Mesa del Cobre, espacio que nuclea a las principales provincias productoras del mineral.

Su presencia sugiere una construcción electoral conjunta con La Libertad Avanza: y es que Milei y Orrego buscan dejar registro fotográfico de la alianza que ambos dirigentes tejen de cara a las elecciones legislativas de 2027. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el gobernador sanjuanino colaboró para destrabar discusiones parlamentarias, y ahora busca traducir ese alineamiento en influencia sobre las listas que acompañarán su boleta por la reelección.

Después de la recorrida hubo un almuerzo entre Santilli y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), además de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). El gobierno tiene un vínculo fluido con la gran mayoría de estos jefes provinciales y busca entrablar un diálogo de cara a las reformas que el oficialismo debe afrontar en el Congreso.

La 11° edición de la Expo San Juan Minera, organizada por Panorama Minero con el Gobierno de San Juan como socio institucional, se extiende del 6 al 8 de mayo en el predio del Estadio del Bicentenario. El evento reúne más de 500 empresas participantes, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y 15.000 asistentes acreditados, sobre una superficie de exposición de más de 18.000 m², con 13.208 m² destinados a stands comerciales. La capacidad aérea y hotelera de la provincia alcanzó el 98,7% de ocupación durante las fechas del evento.

La jornada inaugural del 6 de mayo tuvo como eje el bloque Argentina Cobre – Sessions, con participación de referentes como Michael Meding (Los Azules – McEwen Copper), Martín Pérez de Solay (Glencore Argentina) y Federico Elewaut, presidente de Citigroup en Argentina. El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, abrió esa jornada con un balance del estado de la minería provincial.

La visita de Karina Milei a Sarmiento trajo un anuncio de parte del Gobierno nacional para la ejecución de obras en la Ruta Nacional 153, vía que conecta Sarmiento con Calingasta y es estratégica para el acceso a proyectos mineros de la zona. En 2025 se inauguraron obras de repavimentación en tramos entre Media Agua y Los Berros, aunque algunos sectores presentaron problemas de erosión que requirieron reparaciones. Santilli marcó en diálogo con Cuyo Minero que para el Gobierno “es clave el desarrollo de infraestructura para el crecimiento”; aunque todavía no explicó cómo será el esquema para financiar la obra.

La aparición de intrusivos alcalinos y patrones estructurales inéditos en la zona noreste de Antamina ha reactivado el interés internacional en la exploración minera peruana.

Según la información presentada por Alan Wilson, presidente de la Society of Economic Geologists, durante la conferencia proEXPLO 2026, la región se perfila como un escenario clave para el descubrimiento de nuevos sistemas pórfidos de cobre y oro, gracias a condiciones geológicas que replican las de grandes depósitos globales.

Diversidad mineralógica y paralelos internacionales

El área, situada a unos 100 kilómetros al noreste de la mina Antamina, concentra la atención de geólogos y empresas por la identificación de lineamientos estructurales noroeste-sureste y la coincidencia de edades mineralizantes entre 14 y 12 millones de años.

Estos factores, unidos a la presencia de intrusivos alcalinos, generan un entorno de alto potencial, donde la mineralización se asocia a brechas cementadas y zonas de alteración pervasiva.

“Estamos en un área favorable, en el traslapo de lineamientos regionales y edades de intrusivos asociados a mineralización y alteración”, explicó Wilson ante la audiencia de proEXPLO 2026.

Los estudios recientes en la región permiten diferenciar zonas dominadas por oro, telurio y plata de aquellas con mayor concentración de cobre y molibdeno.

Nuevas estructuras geológicas reavivan el interés en Antamina

Esta zonación metalogenética se confirma a través de la geoquímica de superficie, que también detectó la presencia de roscolita, adularia, sanidina y elementos poco habituales como telurio y vanadio.

La mineralización en la zona se asocia a brechas con cementos de roscolita y a una alteración mineralógica singular, factores que no suelen encontrarse en sistemas calcoalcalinos tradicionales.

La comparación realizada por Wilson entre las muestras peruanas y los sistemas de Galore Creek en Canadá refuerza la posibilidad de replicar descubrimientos de gran escala en la región.

En Perú, se han identificado intrusivos alcalinos con sanidina de gran tamaño, alteración hidrolaria y mineralización aurífera, características poco frecuentes en los sistemas tradicionales.

Exploración estructural y modelos globales

La interpretación estructural de la zona, basada en la superposición de lineamientos andinos y noroeste-sureste, delimita una franja de entre 30 y 50 kilómetros de ancho. Esta delimitación facilita el diseño de campañas de exploración más focalizadas, reduciendo el área de búsqueda.

“El mismo patrón estructural que controla mineralización en Antamina podría estar delimitando nuevos sistemas pórfidos más al noreste”, sostuvo Wilson durante el evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

La diversidad de sistemas pórfidos identificada en la región se compara con grandes depósitos de cobre y oro como Cadia en Australia, Pebble en Alaska y Oyu Tolgoi en Mongolia, todos caracterizados por magmas ricos en potasio y estructuras profundas que atraviesan la litosfera.

Estos sistemas suelen originarse en ambientes tras-arco y están controlados por fallas regionales de larga vida, responsables de canalizar magmas desde zonas profundas hacia la corteza.

En Galore Creek, la mineralización se distribuye en brechas y suites intrusivas subsaturadas en sílice, donde predomina la alteración cálcico-potásica y la ausencia de cuarzo.

En el caso peruano, la presencia de litocaps feldespáticos y minerales como albita podría ampliar la huella de búsqueda y facilitar el hallazgo de depósitos ocultos.

El petróleo y la minería han dado incontables muestras de crecimiento en los últimos dos años. Apalancados por Vaca Muerta, el “boom” del litio y la llegada de múltiples inversiones en ambas ramas de actividad, los números dan cuenta de una expansión sin precedentes para ambos rubros económicos. Sin embargo, aún dentro del contexto favorable, desde la llegada del gobierno de Javier Milei se perdieron casi 9.000 puestos de trabajo formales en esas áreas.

Según estadísticas publicadas por el Ministerio de Capital Humano, en base a datos del SIPA, en noviembre de 2023, justo antes de la llegada de Milei, había 94.576 trabajadores registrados a nivel nacional en las actividades de “petróleo y minería” (serie desestacionalizada). Poco más de dos años más tarde, en enero de este año, el número de trabajadores ya se había reducido a 85.841, lo que significa que de una punta a otra se perdieron 8.735 empleos en total.

El resultado contrasta con otras estadísticas que marcan una dirección contraria. Sin ir más lejos, en 2025 se registró el nivel de producción de petróleo más alto en lo que va del siglo XXI. Ese año hubo un crecimiento productivo del 9,2% en relación al 2024 y todo indica que en 2026 se alcanzará una nueva marca histórica. Según la estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), este año las petroleras extraerán en forma conjunta unos 54,5 millones de metros cúbicos de crudo, un valor que superaría en un 11% el récord histórico de 1998.

En paralelo, la minería no para de crecer a nivel general. De acuerdo con los últimos números publicados por el Indec, desde que llegó Milei el Índice de Producción Industrial (IPI) minero creció 14,3%, impulsado principalmente por la extracción de minerales no metalíferos, que se expandió un 37% en ese período. Sin duda, el mayor protagonismo lo ha tenido la extracción de litio, que desde noviembre de 2023 hasta hoy registró un repunte de 112%, según las estadísticas oficiales.

Cómo se explica la paradoja

La convivencia entre una producción en alza y una planta laboral que se achica no es sencilla de interpretar, pero los especialistas tienen una lectura clara del fenómeno. Para Daniel Schteingart, director de desarrollo productivo de Fundar, la clave está en entender que ninguno de estos dos sectores es un bloque homogéneo: dentro de cada uno coexisten subsectores que van en direcciones opuestas, y esa dualidad es la que termina distorsionando el resultado agregado.

“Petróleo y minería hoy tienen menos empleos formales que en noviembre de 2023, porque dentro de ambos sectores hay también una economía dual”, explicó Schteingart en una entrevista para Ahora Play. En el caso del petróleo, el auge de Vaca Muerta concentra la atención y los recursos, pero no es el único frente de actividad del sector. Mientras la formación neuquina bate récords de producción, en las cuencas más tradicionales el proceso es inverso. “Petróleo tiene el boom de Vaca Muerta, pero en paralelo cierran pozos de petróleo en las cuencas más tradicionales”, señaló el sociólogo.

La misma lógica se replica en la minería. El litio atraviesa un momento de expansión notable, con un crecimiento de más del 112% desde fines de 2023, pero arrastra consigo una distorsión: no es el segmento que más empleo genera dentro del sector. “En la minería al litio le está yendo bien, pero todo lo que tiene que ver con la minería asociada a la construcción, que es la que genera más empleo, también está parada”, advirtió Schteingart. Esa rama, íntimamente ligada al ciclo de la obra pública y privada, sufrió el impacto del ajuste fiscal y la caída de la actividad constructora durante el primer tramo de la gestión Milei, y su recuperación ha sido más lenta que la de los segmentos extractivos más dinámicos.

Una foto hoy, otra en 2027

Desde una perspectiva diferente, el economista Daniel Garro, director de Value International Group, cuestiona que el período analizado sea el más representativo para sacar conclusiones sobre el empleo en estos sectores. Su argumento apunta al momento del ciclo inversor en el que se encuentra la economía argentina: los proyectos que hoy se anuncian o se están ejecutando todavía no han volcado su demanda de mano de obra al mercado laboral en forma plena.

“En 2024 y 2025 los proyectos de minería y de petróleo todavía no estaban lanzados. Entonces, puede ser que haya menos empleo”, planteó Garro. Desde su punto de vista, medir el impacto laboral del ciclo inversor actual requiere esperar a que esas inversiones maduren y se traduzcan en contrataciones efectivas.

“Habrá que medir la cantidad de empleo de ahora hasta fines del 2027, cuando se afiance toda la masa de proyectos que recién ahora se están volcando a la economía, principalmente a Vaca Muerta y al litio”, sostuvo el economista. Bajo esa lectura, la caída registrada hasta enero de 2026 sería una foto de la etapa previa al despliegue real de las inversiones, y no un indicador del rumbo estructural del empleo sectorial.

Lo que los dos análisis tienen en común es que ninguno niega la paradoja: la producción crece, pero el empleo formal todavía no acompaña. La diferencia está en si esa brecha se explica por la estructura dual de los sectores, como sostiene Schteingart, o por el desfase temporal entre inversión y generación de puestos de trabajo, como argumenta Garro.

En El Salvador, representantes de instituciones públicas, comunidades locales y especialistas participaron este martes en el Taller de validación de resultados del diagnóstico transfronterizo y desarrollo del Programa de Acción Estratégico (PAE) para la protección de la cuenca del Río Lempa. Esta actividad se enmarca en el proyecto Fomentando la Seguridad Hídrica en la Región del Trifinio, respaldado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con ejecución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y coordinación de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT).

El encuentro tuvo como objetivo validar medidas prioritarias para fortalecer la gestión sostenible del agua, mejorar la coordinación trinacional y garantizar que las acciones resultantes del diagnóstico técnico y el conocimiento territorial tengan impacto en los tres países de la región, de acuerdo con información proporcionada por el Plan Trifinio este miércoles.

Durante la jornada, el secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, subrayó la importancia de un enfoque integral que incluya componentes hidrológicos, medioambientales y sociales como base para definir estrategias adecuadas para el territorio.

Urbina remarcó que el avance de esta iniciativa se apoya en instrumentos como el Plan Maestro y los planes de manejo de la Reserva de Biosfera, los cuales facilitarán la alineación trinacional y fortalecerán los esfuerzos conjuntos para la protección de los recursos hídricos. Además, los equipos de trabajo reunidos propusieron nuevas acciones para asegurar la efectividad, continuidad y la coordinación participativa en la ejecución del PAE.

Búsqueda de soluciones solicitadas por la ciudadanía

En julio de 2024 organizaciones ambientalistas de El Salvador solicitaron al Estado la elaboración e impulso de un acuerdo regional con Guatemala y Honduras para la protección de la cuenca del Río Lempa, el más extenso de Centroamérica, con un área total de 17.790 kilómetros cuadrados. De ese total, 10.082 kilómetros corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala. El cauce principal del río se extiende a lo largo de 422 kilómetros, de los cuales 360,2 atraviesan territorio salvadoreño, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Jessica González, representante del movimiento Ecofeminista de El Salvador y de la Mesa Nacional Frente a la Minería, advirtió para entonces, que la cuenca del Río Lempa enfrenta un grave peligro por el proyecto minero Cerro Blanco, gestionado por la empresa canadiense Bluestone Resources en Jutiapa (Guatemala), cerca de la frontera con El Salvador. González afirmó la necesidad de que el Estado salvadoreño oriente sus esfuerzos hacia la creación de condiciones hidrodiplomáticas con Guatemala y Honduras para alcanzar un acuerdo regional que proteja la cuenca compartida y exija el cierre de la mina, debido al riesgo de contaminación.

El agua del Río Lempa es utilizada principalmente para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica. La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, manifestó en enero pasado al embajador de Guatemala, Rubén Estuardo Nájera, su preocupación por la autorización del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco.

La mina, ubicada a 5 kilómetros del pueblo de Asunción Mita (Guatemala) y a 15 kilómetros de la frontera salvadoreña, no logró extraer oro y plata durante 24 años bajo el método subterráneo. En 2017, la empresa solicitó un nuevo permiso para operar a cielo abierto, modalidad que fue autorizada por el Gobierno de Alejandro Giammattei poco antes de finalizar su mandato. El actual Gobierno de Guatemala, encabezado por Bernardo Arévalo, buscó revertir esa autorización.

YPF lanzó Diesel 10 Minero, un nuevo producto especialmente diseñado para la industria minera-

La presentación se realizó en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, uno de los principales encuentros del sector en el país.

“El lanzamiento apunta a mejorar la eficiencia y la continuidad operativa de los proyectos mineros que se desarrollan en condiciones extremas. El nuevo combustible cuenta con ultra bajo contenido de azufre (menos de 10 partes por millón), no contiene biocomponentes y está especialmente preparado para operar en alta montaña y temperaturas extremadamente bajas, lo que lo convierte en una solución clave para los yacimientos ubicados en zonas de difícil acceso y con clima muy hostil”, explicó la petrolera.

YPF es el principal proveedor energético del sector minero argentino y cuenta con la red de logística y distribución más grande del país, lo que le permite garantizar el abastecimiento ininterrumpido en las principales regiones productivas.

Según detalló la compañía, es la abastecedora del 90% del mercado minero de combustibles, con una cartera de clientes en los que se destacan desde proyectos exploratorios junior, pasando por proyectos mineros en fase de construcción hasta los principales proyectos metalíferos y de litio en fase de plena producción de la Argentina.

“Con este nuevo combustible, YPF refuerza su rol como socio estratégico de la minería, acompañando cada proyecto con energía, tecnología, servicios de excelencia y presencia territorial. La presentación de Diesel 10 Minero se enmarca en una estrategia integral para el sector, que combina productos especializados, logística dedicada, servicios técnicos y soluciones energéticas a medida, alineadas con estándares internacionales y normativas ambientales vigentes”, dijo la empresa que comanda Horacio Marín.

En medio del auge energético y por el fuerte crecimiento en la extracción de litio, gas natural y petróleo —con protagonismo de los segmentos no convencionales—, la producción minera argentina alcanzó en marzo su mayor nivel desde 2017. El último IPI minero del Indec posicionó a la minería como uno de los motores industriales del año, a la vez que el ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó directamente el récord del sector al buen desempeño de estas tres actividades.

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) que publicó el ente estadístico este miércoles subió un 10,4% interanual en marzo y un 2,4% respecto a febrero en la serie desestacionalizada. De esta forma, alcanzó el máximo de la serie histórica iniciada en 2017.

En tanto, el acumulado enero-marzo mostró un repunte de 6,4% en comparación con el mismo periodo de 2025, y el indicador tendencia-ciclo avanzó 0,8% frente al mes anterior, consolidando 21 meses consecutivos de crecimiento. Según la lectura oficial, estos niveles posicionan a la minería en el centro de la recuperación industrial, a pesar de bajas en algunos segmentos.

El petróleo crudo fue uno de los principales impulsores de la tendencia, con un salto interanual de 16%, explicado casi por completo por la expansión de la producción no convencional. De los 4.279,2 miles de metros cúbicos extraídos a nivel nacional, 1.353,3 miles correspondieron a crudo convencional (con una baja de 9,8%) y 2.925,9 miles a no convencional, con un alza de 33,7% frente al mismo mes del año anterior.

En gas natural, la producción aumentó 5,9% interanual en marzo. El gas convencional retrocedió 10,1%, mientras que el no convencional creció 16,1%, representando más del 66% del volumen nacional con 2.944,3 millones de metros cúbicos sobre un total de 4.394 millones. El acumulado enero-marzo muestra una baja marginal de 0,8 por ciento.

Este avance del no convencional es el resultado de un cambio estructural en la industria. La mejora en la productividad de los pozos y la incorporación de tecnología en fractura permitieron reducir costos y escalar volúmenes, superando las limitaciones del modelo tradicional (convencional). A esto se suma el desarrollo de infraestructura clave en Vaca Muerta —con nuevos ductos y ampliaciones de capacidad— y un contexto de precios que aceleró los planes de inversión. En este escenario, el convencional pierde peso frente a un modelo que, aunque requiere más capital, ofrece rendimientos mucho mayores.

El tercer pilar de este ciclo expansivo fue el carbonato de litio. En marzo se procesaron 11.508,3 toneladas, un aumento de 56,1% respecto al mismo mes de 2025 y un 44,3% más en el acumulado trimestral, consolidando el papel del litio en la estrategia minera del país y como insumo clave de industrias tecnológicas y energéticas.

Con este incremento, la industria se perfila para lograr también exportaciones récord. Según proyecciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la industria minera podría alcanzar los USD 9.000 millones en 2026, impulsada por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado.

Expansión récord en minerales no metalíferos y sal: líderes en subas porcentuales

Entre los subsectores de mayor dinamismo aparece la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, que creció 50,5% interanual en marzo y 27,9% en el primer trimestre. Dentro de este grupo, la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos subió un 66,8% anual y 46% acumulado, impulsada por el carbonato de litio, que se expandió 70,2% respecto al año anterior. Por su parte, la extracción de sal exhibió el ascenso más pronunciado del periodo, con una mejora interanual de 138,7% y de 74,9% acumulada, gracias al crecimiento de la salmuera y subproductos refinados.

Este incremento en la actividad extractiva del llamado ‘oro blanco’ tiene que ver con la maduración de proyectos que pasaron de la etapa de construcción a la de producción plena. Esta mayor capacidad de procesamiento, sumada a la puesta en marcha de nuevas plantas, permitió escalar los volúmenes de extracción y convertir al sector en el principal motor de crecimiento dentro de los minerales no metalíferos.

De hecho, de los 13 proyectos aprobados en el marco del RIGI, siete de ellos corresponden a la industria minera, mientras que son tres las presentaciones específicas para la explotación de litio. Quedan otras tres presentaciones más pendientes de la aprobación del gobierno.

El informe del Indec también detalla otros aumentos relevantes: la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos avanzó 9,2% en marzo y 4,9% trimestral, favorecida por la demanda de arenas para fracking. La extracción de rocas ornamentales creció 8,5% pero mantiene un saldo levemente negativo en 2026, y la de piedra caliza y yeso avanzó 7,7% interanual, destacando un salto en el yeso del 37% pese a una merma en la roca caliza para cemento.

En contraste, la extracción de arcilla y caolín mostró un modesto avance en marzo (2,2%), aunque acumula una caída de 13,1% en el primer trimestre debido a retrocesos en ciertas variedades. La producción de caolín y bentonita sí avanzó 17,7% en el mes.

La Compañía de Minas Buenaventura evalúa ampliar la vida útil del proyecto aurífero San Gabriel, ubicado en Moquegua, por más de una década adicional a partir de nuevas exploraciones y la evaluación de una posible explotación superficial.

La empresa apunta a superar las 100 mil onzas de oro anuales y a extender la producción del yacimiento, de acuerdo con lo informado por el gerente de Geología, José Luis Aquino, durante su presentación en proEXPLO 2026.

Tesoro de los Andes: el potencial escondido de San Gabriel

Aquino precisó que el yacimiento cuenta con reservas que superan 1,8 millones de onzas de oro. Además, al sumar recursos medidos, indicados e inferidos, el potencial geológico supera las 2,4 millones de onzas. El ejecutivo detalló que la compañía trabaja en identificar nuevas oportunidades para ampliar ese horizonte productivo.

“Estamos evaluando también un upside para ver la posibilidad de minar la parte superficial del proyecto con open pit, lo que podría añadir hasta 16 años adicionales a la vida de mina”, indicó.

La alternativa de explotación a cielo abierto permitiría maximizar los recursos del yacimiento y asegurar la continuidad operativa más allá del plazo inicial.

Un proyecto insignia en la cartera de Buenaventura

Durante su exposición, Aquino destacó que Buenaventura opera desde hace 73 años. Hoy la compañía tiene ocho minas en operación, cuatro proyectos avanzados y San Gabriel es su proyecto insignia en esta nueva etapa de crecimiento.

En diciembre de 2025 el proyecto logró producir su primera barra de oro, marcando el paso de la etapa de exploración a operación.

El ejecutivo explicó que San Gabriel ya inició su etapa de puesta en marcha y que la empresa espera alcanzar en los próximos meses una producción superior a las 100 mil onzas de oro por año.

Desafíos técnicos y soluciones innovadoras

Uno de los principales retos técnicos de San Gabriel, explicó Aquino, ha sido la compleja condición geomecánica del yacimiento. “El 90% del macizo rocoso en San Gabriel es de mala calidad. Ese fue uno de los principales desafíos para llevar este proyecto hacia la operación”, sostuvo.

Frente a esa condición, Buenaventura implementó un método de explotación subterránea innovador en la región. Según Aquino, San Gabriel se convirtió en la primera mina de Sudamérica en aplicar este sistema de minado.

“San Gabriel es la primera mina en Sudamérica que está aplicando este método. Nos ha permitido mejorar la selectividad, reducir la dilución y fortalecer nuestros controles de seguridad”, remarcó.

San Gabriel: proyecciones de exploración y crecimiento

Finalmente, Aquino resaltó que San Gabriel mantiene un importante potencial de expansión tanto en profundidad como en zonas cercanas a superficie.

“Todavía tenemos un sector en profundidad con alto potencial para continuar extendiendo la mineralización. San Gabriel sigue creciendo y nos abre nuevas oportunidades de exploración”, concluyó.

¿Qué es San Gabriel? Características clave del proyecto minero

San Gabriel está situada en el distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro, en la región Moquegua, Perú, a una altitud entre 4,700 y 4,850 metros sobre el nivel del mar.

La mina es operada en su totalidad por Compañía de Minas Buenaventura y cuenta con una inversión que supera los 750 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales proyectos auríferos del país.

• Tipo de operación: Mina subterránea que utiliza el método de tajo cerrado o socavón.
• Mineral principal: Extracción principalmente de oro.
• Recursos adicionales: Presencia de plata y cobre en el yacimiento.
• Producción anual estimada: Entre 120,000 y 150,000 onzas de oro.
• Geología del yacimiento: Depósito epitermal de sulfuración intermedia, con mineralización en mantos, stockwork y vetas.

Impulsada por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la inversión en proyectos mineros proyectada para los próximos años ya asciende a USD 61.500 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Secretaría de Minería. Se trata, en su gran mayoría, de iniciativas que ya fueron anunciadas y que, en casi todos los casos, se encuentran en ejecución.

El análisis abarca 37 proyectos metalíferos y de litio que prevén iniciar operaciones en la próxima década o ampliar su capacidad instalada. Si bien los montos informados no implican desembolsos inmediatos en su totalidad, sí reflejan compromisos de inversión progresiva que se materializarán a lo largo del tiempo, e incluso podrían superarse conforme avancen las obras.

En este escenario, San Juan se posiciona como la provincia que concentrará el mayor volumen de inversiones. Con 8 proyectos en cartera, acumula alrededor de USD 33.000 millones, más de la mitad del total relevado.

Por su parte, Salta encabeza el ranking en cantidad de proyectos. Con 11 iniciativas, suma inversiones estimadas en USD 14.600 millones.

El podio se completa con Catamarca, que cuenta con 8 proyectos y un total cercano a los USD 8.000 millones. Más atrás aparece Jujuy, con 3 proyectos que representan unos USD 2.500 millones.

Otras provincias con participación en el mapa de inversiones son Mendoza, con un proyecto estimado en USD 630 millones; Santa Cruz, con USD 600 millones; Río Negro, con USD 180 millones; y Chubut, con USD 135 millones. Además, se identifican iniciativas compartidas entre Salta y Catamarca por unos USD 1.500 millones.

El mapa de distribución refleja no solo el volumen de capital proyectado, sino también la consolidación de regiones específicas como hubs mineros.

Expectativas de empleo

En materia de empleo, la cartera de Minería detalló que el sector mantuvo una tendencia de crecimiento durante 2025, consolidando su recuperación en la segunda mitad del año.

De acuerdo con los datos relevados, en el cuarto trimestre de 2025 se alcanzó un promedio de 18.069 puestos de trabajo, lo que representó un incremento interanual del 4,7%.

En particular, al comparar el cuarto trimestre con el período inmediatamente anterior, se registró una suba del 2,4%, reflejando una aceleración en la generación de puestos laborales.

En cuanto a la producción, el informe oficial señaló que en 2025, la producción minera argentina mostró un desempeño heterogéneo según el mineral, con el oro y el litio como principales motores de la actividad.

La producción aurífera alcanzó los 1.200 kOz (kilo onzas), provenientes de 15 proyectos en operación. En este segmento, Santa Cruz se consolidó como la principal provincia productora, seguida por San Juan, que mantiene un rol relevante en la minería metalífera. En contraste, los proyectos Ajedrez, Córdoba y Mina Catalina Li, ubicados en Jujuy y de escala pequeña y mediana, tuvieron una incidencia marginal en el total nacional.

Respecto a la plata, la producción se ubicó en 22.400 kOz, generada en 14 operaciones activas. Este mineral se obtiene mayoritariamente como subproducto de explotaciones auríferas. Nuevamente, Santa Cruz lideró ampliamente, mientras que Jujuy se posicionó en segundo lugar. Más rezagadas aparecen Catamarca y San Juan, con aportes menores.

El litio, por su parte, fue uno de los segmentos más dinámicos. La producción nacional alcanzó aproximadamente 116 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), generadas en seis proyectos operativos, lo que implicó un crecimiento del 56% respecto de 2024. En este rubro, Jujuy se ubicó como el principal polo productivo gracias a los proyectos Olaroz y Cauchari-Olaroz, seguido por Catamarca.

Sobre los metales base, la producción de plomo totalizó unas 33,5 mil toneladas, comercializadas principalmente como concentrado. En tanto, el zinc registró una producción de 3.300 toneladas, obtenidas íntegramente como subproducto de otras explotaciones.

Finalmente, la producción de cobre continúa siendo marginal en el país. El único proyecto donde se extrae como mineral principal es Martín Bronce, mientras que en Lindero se obtiene en forma secundaria.

Las exportaciones mineras

En el plano comercial, las ventas externas de minerales metalíferos y litio alcanzaron aproximadamente USD 5.806,6 millones. Dentro de ese total, los minerales metalíferos explican la mayor parte de los envíos, con el oro a la cabeza: este mineral generó USD 4.093,8 millones, consolidándose como el principal producto de exportación del sector.

En segundo lugar se ubicó el litio, que aportó USD 914,9 millones, reflejando el crecimiento sostenido de este segmento impulsado por la demanda global vinculada a la transición energética. La plata, en tanto, alcanzó exportaciones por USD 784,5 millones, manteniendo un rol relevante aunque por detrás del litio.

Por último, el cobre continúa con una participación marginal en la canasta exportadora minera, con apenas USD 13,4 millones, lo que evidencia el limitado desarrollo actual de este mineral en el país.

Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Las exportaciones mineras alcanzarán los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la designación de Paolo Joel Andrés Alzamora como nuevo director general de la Dirección General de Minería (DGM), un nombramiento que genera inquietud en el sector por los antecedentes empresariales del funcionario.

La resolución Resolución Ministerial N° 198-2026-MINEM/DM fue publicada el 6 de mayo de 2026, menos de un mes después de que Gaby Yulisa Julca Cumbicus asumiera el cargo el 10 de abril.

Hasta ayer, Alzamora se presentaba públicamente como titular del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), tras asumir de forma interina en enero pasado.

¿Un cambio acelerado en la cúpula minera?

La llegada de Alzamora ocurre tras una gestión fugaz de Julca , quien estuvo menos de un mes en el cargo. Todavía no se ha anunciado quién lo reemplazará en Ingemmet.

Según El Comercio, Alzamora fue gerente general de TLM Consulting S.A.C. hasta octubre de 2025, empresa que mantiene una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Aunque el acta de transferencia de acciones y del cargo no aparecía en la Sunarp, la compañía figura como titular del derecho minero Abundancia 2014-I en Lima, dentro del registro orientado a la minería informal.

Esta situación podría generar posibles conflictos de interés: la DGM regula, autoriza y supervisa a los operadores mineros, incluyendo a quienes buscan formalizarse por el Reinfo.

Cercanía política con el expresidente José Jerí

De acuerdo con la investigación, el hoy director de Minería fue asesor de la Alta Dirección del Viceministerio de Hidrocarburos y mantenía vínculos políticos con el expresidente José Jerí, con quien coincidió en la gestión regional de Áncash en 2020.

Registros oficiales muestran visitas de Alzamora al despacho de Jerí en el Congreso y fotografías de su hermano junto al mandatario.

Según fuentes del MINEM citadas por El Comercio, el propio funcionario se propuso para el cargo, indicando que actuaba “por encargo del presidente José Jerí”.

Y es que se trata de un puesto clave: la DGM es responsable de autorizar, supervisar y regular actividades de exploración, explotación, transporte y beneficio minero. Además, administra títulos mineros y gestiona la estabilidad tributaria de los proyectos.

INGEMMET y DGM, dos pilares de la gestión minera

El Ingemmet es el organismo público especializado encargado de la investigación geológica, administración del catastro minero, concesiones, monitoreo volcánico y análisis de riesgos.

La DGM, por su parte, actúa como autoridad concedente, gestiona concesiones de beneficio y transporte, regula técnicamente el sector y evalúa programas de inversión.

Ambos organismos cumplen roles cruciales en la promoción de la minería sostenible y la prevención de riesgos, pero el reciente reacomodo en las direcciones estratégicas —con funcionarios con vínculos recientes en el sector informal y la política— activa el debate sobre la independencia y la integridad en la gestión pública.

Hasta el cierre de esta edición, el MINEM no ha informado públicamente los criterios por los que seleccionó a Alzamora para dirigir la DGM ni ha detallado los mecanismos para evitar conflictos de interés.

El fortalecimiento de los vínculos entre Perú y Finlandia toma impulso con nuevas conversaciones orientadas a atraer inversiones y ampliar la cooperación tecnológica. En ese contexto, el embajador peruano en territorio finlandés, Renato Reyes, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Económicos, Sakari Puisto.

El encuentro permitió identificar oportunidades concretas en sectores estratégicos, especialmente minería e industria espacial, donde ambas economías buscan generar sinergias. Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar el intercambio técnico y empresarial para materializar proyectos conjuntos.

Impulso a la inversión minera

Durante la reunión, el representante peruano resaltó el papel clave de la minería como motor económico en ambos países, subrayando su potencial para atraer capital extranjero. En esa línea, invitó a empresas finlandesas a ampliar su participación en áreas vinculadas a energía, construcción y transporte.

El embajador también puso énfasis en la brecha de infraestructura que enfrenta el Perú, estimada en USD 100.000 millones, lo que abre un amplio abanico de oportunidades para la inversión internacional. Este escenario fue presentado como un espacio propicio para que compañías de Finlandia incrementen su presencia en proyectos de gran escala.

Perúmin y acercamiento empresarial

Como parte de la estrategia para consolidar la relación bilateral, Reyes extendió una invitación formal a Finlandia para participar en Perúmin 2027 con una delegación de alto nivel. La propuesta se sustenta en la experiencia positiva del país europeo durante su participación en la edición de 2025.

La presencia finlandesa en ese evento fue considerada exitosa, lo que refuerza el interés en mantener y ampliar el vínculo con el sector minero peruano. La participación en futuras ediciones se perfila como una plataforma clave para concretar inversiones y alianzas estratégicas.

Cooperación en industria espacial

En paralelo, el ministro Puisto manifestó el interés de Finlandia en diversificar su relación con el Perú hacia sectores como la economía circular, los químicos y la industria satelital. Asimismo, señaló que evalúa realizar una visita oficial al país sudamericano para profundizar estos acercamientos.

El funcionario destacó que Finlandia ocupa actualmente el tercer lugar mundial en número de satélites en órbita, solo por detrás de Estados Unidos y China, lo que posiciona al país como un socio tecnológico relevante en el ámbito aeroespacial.

Articulación tecnológica con Conida

En este contexto, se abordó el interés de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú (Conida) por acceder a la tecnología finlandesa y promover iniciativas conjuntas, especialmente en la región de Moquegua.

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron coordinar un encuentro técnico virtual entre Conida y entidades del Ministerio de Asuntos Económicos de Finlandia. El objetivo será diseñar una hoja de ruta que permita concretar proyectos de cooperación en el sector espacial.

El proyecto cuprífero La Granja, operado por First Quantum Minerals, se consolida como uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo al contar con aproximadamente 22 millones de toneladas de cobre contenido.

Así lo afirmó Rafael Roberto, geólogo senior de la empresa, durante su exposición en proEXPLO 2026, resaltando la relevancia internacional del depósito y su potencial estratégico para cubrir la creciente demanda global por este metal.

El volumen de recursos posiciona a La Granja por encima de otros activos cupríferos peruanos y la ubica en el grupo de proyectos de mayor escala a nivel global. La importancia de este yacimiento se ve reforzada en un contexto donde el cobre es clave para la transición energética y las industrias tecnológicas.

Un sistema geológico complejo y de alto potencial

Situado en el norte del Perú, La Granja corresponde a un sistema de pórfidos de cobre con una configuración geológica compleja. El depósito está integrado por un sistema telescopiado de pórfidos y un extenso complejo de brechas hidrotermales.

El control estructural, principalmente en las direcciones noroeste y noreste, resulta fundamental para comprender la distribución de la mineralización y planificar futuras etapas de exploración.

Uno de los elementos distintivos de La Granja es su alta concentración de calcocita hipógena, mineral que aporta mejores leyes de cobre al depósito. Según Roberto, esta característica otorga ventajas competitivas al proyecto y lo diferencia de otros yacimientos similares en la región, incrementando su atractivo económico.

Desafíos técnicos y avances en el modelo geológico

La presencia de arsénico en el depósito constituye otro aspecto relevante para la caracterización del recurso. El especialista explicó que su distribución se encuentra asociada a vetillas y estructuras geológicas, factor que ha permitido identificar zonas con distintas penalizaciones metalúrgicas.

Esta comprensión, según el equipo técnico, resultó esencial para refinar y redefinir el modelo estructural del yacimiento.

Uno de los principales retos ha sido reinterpretar los datos históricos de perforación. Muchos de los sondajes antiguos, realizados de forma subvertical, dificultaban la adecuada identificación de las estructuras mineralizadas y generaban resultados poco representativos.

Frente a este desafío, el equipo de First Quantum Minerals implementó un nuevo enfoque metodológico para lograr una mayor precisión en la delimitación de las unidades geológicas.

Un modelo robusto para el futuro del proyecto

Como resultado de la nueva estrategia, el proyecto ha logrado afinar los límites de las unidades geológicas e identificar zonas de falla asociadas a la mineralización. El desarrollo de un modelo de bloques más robusto, que integra variables geológicas, estructurales y metalúrgicas, permite reducir la incertidumbre y optimizar la evaluación del activo.

Estos avances consolidan a La Granja como uno de los proyectos de cobre más prometedores a nivel global y sitúan al Perú en una posición estratégica dentro del mapa minero internacional.

La integración de nuevas técnicas geológicas y la redefinición del modelo estructural abren oportunidades para maximizar el potencial del depósito y definir su futura estrategia de desarrollo.

Perú se posiciona como el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil, en incorporar inteligencia artificial (IA) para la identificación de áreas con potencial minero.

El anuncio lo realizó Alonso Marchena, jefe del Programa de Metalogenia del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), durante el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026), organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El equipo de INGEMMET desarrolló mapas digitales utilizando IA, procesando miles de datos geológicos de la franja costera central del país, que abarca regiones como Áncash, Lima, Ica y el norte de Arequipa. El objetivo es enfocar la exploración hacia lugares con altas probabilidades de encontrar minerales esenciales para la industria y la tecnología, sobre todo cobre y cobalto.

“Hoy contamos con herramientas digitales que nos permiten combinar información de campo, análisis geoquímicos y modelos matemáticos para reducir la incertidumbre y orientar mejor la inversión en exploración”, explicó Marchena durante su presentación.

Exploración dirigida por IA impulsa la minería peruana

La investigación de INGEMMET abarcó más de 40 depósitos y prospectos mineros, incluyendo tanto zonas conocidas como áreas que aún no han sido exploradas. Los mapas generados identifican áreas prioritarias para minerales tradicionales, como el cobre, y para minerales críticos, como el cobalto, cuya demanda crece por la transición hacia energías limpias y el desarrollo tecnológico.

La demanda global de cobre y cobalto aumenta de manera sostenida debido a su uso en la fabricación de baterías, autos eléctricos y sistemas de energía renovable. Por esta razón, la labor desarrollada en la costa central del Perú tiene un impacto local y global, posicionando al país como un actor relevante en la cadena de suministro de materias primas estratégicas.

IA y acceso abierto a la información geológica

Uno de los principales beneficios del uso de IA es su capacidad para procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones geológicos que antes podían pasar inadvertidos. “Esta tecnología ayuda a optimizar recursos y a tomar decisiones más informadas, lo que beneficia tanto a la industria como al desarrollo económico del país”, destacó Marchena.

Los mapas digitales generados mediante IA ya están disponibles en la plataforma Geptamin de INGEMMET, accesible para empresas, investigadores y público interesado. Esta apertura facilita la toma de decisiones para nuevas inversiones y fomenta la transparencia, permitiendo que más actores conozcan y aprovechen el potencial geológico de regiones como Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

Innovación tecnológica y minería sostenible en Perú

Con este proyecto, Perú refuerza su apuesta por la innovación tecnológica en el sector minero, siguiendo el ejemplo de Brasil. La integración de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial permite abrir nuevas oportunidades para una minería responsable y el desarrollo sostenible de los recursos naturales en zonas estratégicas del país.

Especialistas de INGEMMET confían en que la implementación de estas soluciones tecnológicas impulsará la competitividad del sector y consolidará la posición de Perú como referente latinoamericano en exploración geológica y minería sostenible.

¿Qué es el INGEMMET?

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es un organismo público técnico especializado del Perú, adscrito al Ministerio de Energía y Minas. Se encarga de generar, almacenar y difundir conocimiento geológico nacional, administrar el catastro minero (concesiones) y estudiar peligros geológicos, garantizando la seguridad técnica y el ordenamiento territorial.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzarán los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado. Esta proyección de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) sitúa al sector como uno de los vectores de crecimiento más destacados de la economía, aunque advierte sobre los desafíos regulatorios y la necesidad de generar un impacto positivo en el territorio nacional.

Según Roberto Cacciola, presidente de CAEM, el cierre de 2025 dejó un saldo exportador de USD 6.056 millones, que ya había implicado una suba del 30% en relación a 2024. En tanto, la previsión para 2026 se calculó a partir de precios internacionales del oro, la plata y el litio que incluso fueron tomados con criterio conservador: “Si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior“, enfatizó.

Según CAEM, el precio actual de los metales supera el de referencia estimado en el cálculo, lo que otorga margen alcista al pronóstico para el sector.

Según resaltó Cacciola, la actividad minera representa en la actualidad cerca del 20% del volumen económico que mueve el sector agropecuario del país. Las provincias de Catamarca (93,2%), Santa Cruz (85,5%), San Juan (85,4%), Jujuy (80,6%) y Salta (44,2%) concentran el mayor peso sectorial, de acuerdo a cifras citadas por la CAEM durante una presentación que tuvo lugar este lunes en Buenos Aires.

En el caso del litio, el crecimiento es sostenido tanto en producción como en exportaciones, con una proyección de ventas externas superior a USD 1.400 millones para 2026. Cacciola puntualizó la diferencia con la evolución del oro y la plata, donde la recuperación de valor provino casi exclusivamente de los altos precios internacionales y no de un aumento en el volumen extraído: “Si los precios regresaran a los niveles de 2022, ninguna mina de oro y plata podría sostener sus operaciones en la Argentina a causa de los altos costos actuales”.

El impacto del RIGI y la discusión sobre proveedores

Uno de los puntos salientes de la exposición de Cacciola fue la evaluación de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según datos de la cámara que reúne a más de 190 empresas del sector, actualmente hay 13 proyectos presentados. Siete de ellos ya aprobados, mientras que son dos los emprendimientos que se destacan. En particular, Glencore y Vicuña, que concentran más de USD 30.000 millones en solicitudes de incentivo, cuya aprobación se espera para las próximas semanas.

Si estos siete proyectos avanzan plenamente, podrían generar USD 22.000 millones adicionales en exportaciones hacia 2035, principalmente en cobre y litio. Según Cacciola, el potencial ya no depende del hallazgo de yacimientos, sino de la capacidad de concretar inversiones: “Los recursos están validados geológicamente; no dependen de una condición potencial, sino real. Las proyecciones se basan en datos certeros sobre la existencia de minerales”, afirmó ante el auditorio de la CAEM.

El RIGI también abre un interrogante sobre la política de proveedores, ya que hasta el 80% de los componentes y servicios podrían ser importados bajo las condiciones actuales. “Eso resultaría contraproducente para el país”, advirtió Cacciola, quien abogó por buscar un equilibrio: “Tan malo es un compre local indiscriminado como permitir que cualquier insumo pueda ser importado sin discusión. El desarrollo minero debe crear un efecto derrame positivo en Argentina y tiene que haber sentido común”.

En términos de empleo, la industria genera hoy más de 100.000 puestos directos, con una ratio de dos empleos indirectos por cada trabajador directo. La remuneración promedio supera en 2,5 veces el salario nacional y la informalidad es ínfima (1,3% contra los niveles generales de la economía). Actualmente, existen 800 empresas como proveedores en proyectos en desarrollo, y unas 550 sostienen la operación diaria del sector.

Sin embargo, la continuidad y expansión de estos resultados dependen de la aprobación de proyectos bajo el RIGI, así como de la capacidad de articular entre Nación y provincias un esquema que fomente el desarrollo local y el empleo en toda la cadena minera.

Obstáculos regulatorios, infraestructura y políticas para el desarrollo sectorial

El desarrollo a largo plazo encuentra escollos estructurales en cuestiones de infraestructura, judicialización normativa y articulación política. La Ley de Glaciares continúa judicializada, aunque, según Cacciola, tanto el gobierno nacional como la mayoría de las provincias —incluyendo Catamarca, Salta, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe y Jujuy— muestran una sintonía inédita a favor de destrabar inversiones estratégicas. En ese contexto, la definición sobre áreas de geoformas en revisión —estimadas entre 100 y 200 sobre el total inventariado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)— podría marcar un punto de inflexión para el avance de los proyectos.

Otro de los desafíos expuestos fue el de la infraestructura, indispensable para acompañar el crecimiento proyectado. Cacciola recalcó que la planificación debe contemplar corredores tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico y no descarta que parte de la producción salga a través de Chile, “pensando una minería para los próximos 100 años”. Frente a la escasez de inversiones en logística, abogó por “abordar el desarrollo minero con inteligencia”, orientando el esfuerzo público y privado a potenciar la red de servicios asociados.

En el plano provincial, se destacó el régimen 90/10 de Santa Cruz, que exige 90% de operarios residentes locales. Cacciola señaló que este objetivo resulta alcanzable si se invierte en formación técnica y capacitación, aunque la carencia de profesionales calificados permanece como obstáculo.

La economía política de la minería

El nuevo mapa político provincial y la interacción fluida entre los gobernadores aparecen como ventajas comparativas respecto de años anteriores, explicó el titular de la CAEM. La transformación cultural, expresada en el reconocimiento generalizado de la necesidad de equilibrio fiscal, desregulación y apertura a la inversión, se perfila como garantía para el crecimiento a mediano plazo, cuyo principal motor será la coordinación entre sectores público y privado.

Ante la pregunta sobre la sostenibilidad de un esquema mayoritariamente orientado a proveedores del exterior, Cacciola insistió en la construcción de consensos y el diálogo como vía central: “Si no logramos consenso, no nos va a ir bien. Necesitamos sumar a todos los actores —sector público, sector privado—, buscar soluciones en conjunto y promover el sentido común”.

El futuro cercano prevé la multiplicación de inversiones —“a partir de 2028 y 2029, una vez resuelta la ley de Glaciares, el desembolso de capitales externos puede acelerarse considerablemente”—, pero la condición será asegurar que el resultado trascienda los indicadores agregados y se refleje en una corriente de empleo y desarrollo sostenible. La minería, remarcó Cacciola, no resolverá sola los problemas estructurales de la Argentina, pero su expansión puede contribuir decididamente a la economía real de las provincias y a la diversificación de la matriz productiva nacional.

Organizaciones civiles y líderes políticos sostienen que la actividad minera pondría en riesgo los recursos hídricos de la zona y la seguridad alimentaria nacional, dada la relevancia de la producción agrícola de la provincia. La concentración fue dispersada por la Policía en el trayecto a Romero, tras partir del municipio de San Juan de la Maguana, y participaron residentes de diferentes localidades del suroeste, de acuerdo con la cobertura en terreno de la agencia internacional de noticias EFE.

El punto de quiebre se produjo cerca de la presa de Sabaneta, cuando los manifestantes intentaban continuar hacia Romero, área actualmente bajo exploración minera de GoldQuest, y los agentes impidieron el avance con gas lacrimógeno y agua a presión. La movilización incluyó el lanzamiento de piedras a la policía y disparos al aire, entre crecientes consignas de rechazo a la minería. Entre los lemas comunes se escucharon: “Agua sí, oro no” y “No queremos oro, queremos vida”, acompañados de banderas nacionales y de diversas organizaciones civiles, según observó en el lugar la agencia internacional de noticias EFE.

Cuatro agentes de la seguridad dominicana —tres policías, entre ellos dos mujeres, y un capitán del Ejército— resultaron heridos durante la protesta, según informó la Policía Nacional en un comunicado citado por Diario Libre.

Las lesiones se produjeron cuando un grupo lanzó piedras al final de la manifestación, lo que provocó que las unidades de seguridad utilizaran gases lacrimógenos y chorros de agua para controlar los disturbios —de acuerdo con la nota oficial. La Policía Nacional destacó que no se emplearon armas de fuego en el operativo, desplegado en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, donde también se reportaron daños materiales en vehículos policiales.

Las autoridades investigan si los agresores podrían ser “infiltrados”, como evalúa la propia Policía Nacional, que también precisó la intención de identificar y someter a los responsables de los hechos.

Por su parte, la empresa GoldQuest, titular del permiso en Los Romeros, afirma que la actividad en curso es únicamente de exploración minera, y que la concesión oficial no habilita aún la explotación de oro, posición que el Gobierno dominicano ratificó ante el mismo medio.

La controversia tiene antecedentes de larga data: el Estado dominicano otorgó los permisos de exploración a GoldQuest hace alrededor de una década, pero hasta la fecha el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha emitido autorización para la explotación, lo que mantiene la actividad minera restringida a la búsqueda de yacimientos en la zona.

La producción agrícola de San Juan representa 60 % de las habichuelas y 15 % del arroz consumidos en el país

Uno de los datos centrales del conflicto, según subraya el senador de San Juan, Félix Bautista, es el impacto potencial sobre la agricultura: la provincia produce cerca del 60 % de las habichuelas y aproximadamente 15 % del arroz que se consumen en la República Dominicana, lo que incrementa la preocupación por una eventual contaminación de los ríos si se autoriza la explotación minera.

Bautista, junto a otros legisladores y agrupaciones ambientalistas y comunitarias, se opone firmemente a la entrega de permisos de explotación, posición que divulgó en sus redes sociales donde condenó el accionar policial y calificó la dispersión de la marcha como “inaceptable”. La oposición a la explotación no solo reside en los estamentos políticos y sociales: la Iglesia católica también ha expresado su rechazo al uso de los recursos minerales del subsuelo de Romero.

Según testimonios recogidos por EFE, el abogado Francisco Isaías Ogando, minutos antes del inicio de la protesta, describió la movilización como una reivindicación nacional: “El apoyo ha sido extraordinario de toda la población sureña y del país entero, porque ya esto es una reivindicación que la ha acogido todo el dominicano, que se ha tomado conciencia del daño que hace la explotación minera”.

En la misma línea, Leudys Benzán, residente de la provincia, advirtió sobre las consecuencias directas de una eventual aprobación al proyecto: “Estamos marchando en contra de la minería, queremos agua, no oro. El apoyo ha sido masivo, la gente sabe que si se explota la zona se contaminará el agua de nuestros ríos y no tenemos producción agrícola”. Benzán alertó, además, sobre el clima de tensión en el área en caso de no obtener una postura clara por parte del gobierno dominicano: “Las cosas se pondrán difíciles si el presidente dominicano, Luis Abinader, no habla rápido en contra de los trabajos de la minera”.

El modelo propuesto por GoldQuest difiere del de Pueblo Viejo, operado por Barrick Gold

GoldQuest sostiene que, en caso de obtener los permisos de explotación, utilizaría métodos subterráneos —y no a cielo abierto— para extraer oro, plata y zinc, una modalidad que la distingue del modelo de la mina de Pueblo Viejo en Sánchez Ramírez, gestionada por la multinacional minera canadiense Barrick Gold. Esta última es reconocida como una de las minas más grandes del mundo, y su ejemplo se cita con frecuencia en el debate público para ilustrar los riesgos y consecuencias de la explotación minera a gran escala en la República Dominicana, de acuerdo con información proporcionada por la agencia internacional de noticias EFE.

Las truchas muertas que cubren las pozas y orillas del río Yuracyacu son retiradas y enterradas como parte de las primeras medidas de contención adoptadas por las autoridades. Equipos técnicos coordinan con los piscicultores el recojo de los peces en descomposición para evitar riesgos sanitarios y frenar la propagación de posibles agentes contaminantes en la cuenca. Esta labor se desarrolla en paralelo con la toma de muestras de agua y la instalación de barreras de control en sectores estratégicos.

El volumen de peces sin vida obliga a una respuesta inmediata. La disposición final de las truchas se realiza bajo supervisión técnica, mientras se evalúan alternativas para mitigar el impacto ambiental. La prioridad consiste en evitar que los residuos afecten otros tramos del río o comprometan actividades productivas cercanas.

En este escenario, las familias dedicadas a la piscicultura enfrentan la pérdida total de su producción. La emergencia altera el abastecimiento previsto hacia el mercado nacional y deja sin ingresos a productores que dependen de esta actividad como principal sustento.

Retiro masivo y control sanitario en la cuenca

El Gobierno Regional de Junín desplegó brigadas especializadas para ejecutar acciones de contingencia en las zonas afectadas. Entre las medidas principales figura el retiro de truchas muertas de las pozas de cultivo y su entierro en áreas definidas para reducir riesgos de contaminación secundaria.

Las labores incluyen la instalación de barreras de control en el sector Agua Blanca, con el objetivo de contener cualquier residuo que avance por el río. De forma simultánea, técnicos recogen muestras de agua para análisis en laboratorio, en busca de identificar sustancias que expliquen la mortandad.

Estas acciones se coordinan con los productores locales, quienes reportaron la aparición de agua con coloración inusual y peces sin vida tanto en criaderos como en el cauce natural.

Impacto económico en piscigranjas

El alcance del daño abarca al menos siete piscigranjas ubicadas en sectores como San Balbín, Paltarumi, Cabracancha y Antarpa. La pérdida incluye ejemplares en todas sus etapas de desarrollo, desde alevinos hasta reproductores.

Edgar Quinto, representante de la piscigranja Wajocha, detalló la magnitud del perjuicio: “tenemos una pérdida total de peces de un millón seiscientos treinta y tres mil trescientos ocho unidades”. En términos económicos, precisó: “la pérdida total es de dos millones ciento ochenta mil ochocientos treinta punto dos soles”.

El productor también advirtió sobre las consecuencias en la cadena de suministro: “todo esta mercadería estaba destinado al mercado nacional. Entonces, ahora nos vemos afectados y prácticamente se va a dejar de abastecer al mercado nacional”.

Otros piscicultores reportaron cifras similares, con estimaciones que superan las 80 toneladas de trucha perdidas en conjunto.

Las denuncias de los pobladores apuntan a una posible contaminación vinculada a actividades mineras en la parte alta de la cuenca. Ante ello, la Dirección Regional de Energía y Minas realizó inspecciones en la zona, en coordinación con otras entidades.

Durante una diligencia conjunta, autoridades se trasladaron a la unidad minera Oro Negro, registrada en el REINFO, donde identificaron afloramientos de agua que discurren hacia el río Yuracyacu. La Autoridad Local del Agua Mantaro tomó muestras para determinar la presencia de contaminantes.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la verificación de piscigranjas afectadas, donde constató la presencia de peces muertos en distintas fases de crecimiento. La entidad indicó que continuará con el seguimiento del caso en coordinación con las autoridades competentes.

Investigación fiscal y acciones legales

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, inició investigaciones para establecer el origen de la contaminación y determinar responsabilidades. La Policía Nacional del Perú, en su división de Medio Ambiente, participa en las diligencias junto con organismos técnicos.

Los productores exigen resultados concretos. Uno de ellos señaló: “necesitamos que hagan una investigación exhaustiva para dar con los responsables que han causado este desastre natural”. También afirmó que el impacto alcanzó a todos los criaderos del área: “la mortalidad ha sido al cien por ciento. Prácticamente no se ha salvado ninguna trucha”.

El Gobierno Regional de Junín anunció que impulsará acciones legales una vez que se confirmen las causas del incidente. Estas medidas incluirán sanciones administrativas y penales contra quienes resulten responsables, según lo indicado en el comunicado oficial.

Mientras avanzan las investigaciones, las labores de limpieza y control continúan en la cuenca del Yuracyacu, en un intento por contener los efectos de un evento que alteró de forma directa la actividad productiva de la zona.

La cartera de proyectos de exploración minera en Perú para el año 2026 evidencia el predominio del capital extranjero en una etapa crucial para la industria extractiva nacional.

De acuerdo con la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, la presencia histórica de Canadá y Australia en el sector se consolida este año, concentrando en conjunto el 42% del total de la inversión prevista.

Ambas naciones refuerzan su papel como principales actores internacionales en la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales estratégicos.

Perú: US$757 millones distribuidos en 17 regiones mineras

Según cifras oficiales presentadas por la viceministra, la cartera de exploración asciende a US$757 millones, monto destinado a 69 proyectos ubicados en 17 regiones del país.

“Canadá lidera la participación extranjera con cerca del 38% de la inversión, seguido por Australia con alrededor de 4%”, precisó Figueroa en su intervención. Ambos países mantienen una “presencia histórica en la exploración minera peruana, particularmente en proyectos vinculados a cobre, oro y zinc”.

Durante el último Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la funcionaria también destacó que el capital peruano muestra un rol relevante en la cartera, representando un 41,5% del total de la inversión.

Esto posiciona a los inversionistas locales como protagonistas en la fase exploratoria, evidenciando un mayor involucramiento nacional en el desarrollo de la industria minera.

Oro y cobre, los protagonistas de la cartera

El análisis de la composición del portafolio revela un claro enfoque en dos minerales clave. El oro capta el 40,7% de la inversión total, mientras que el cobre concentra el 32,2%.

Juntos, estos minerales absorben más del 70% de los recursos destinados a exploración. “La apuesta se mantiene en metales clave para la industria mundial”, subrayó la viceministra.

La diversificación en otros minerales todavía es limitada. El zinc alcanza una participación del 13,8%, seguido por la plata con el 6,2% y el estaño con el 4,5%.

Esta distribución refleja que la cartera sigue orientada principalmente a metales tradicionales, aunque existe interés por ampliar el abanico de oportunidades en etapas posteriores del ciclo minero.

Exploración, pilar para el desarrollo sostenible

Durante su exposición, Figueroa remarcó la importancia de la exploración para la sostenibilidad del sector. Explicó que “la exploración es una fase crítica para garantizar la sostenibilidad del sector, ya que permite descubrir nuevos yacimientos y extender la vida útil de las operaciones existentes”.

Esta afirmación, sustentada en cifras oficiales, refuerza la necesidad de mantener un flujo constante de inversión para asegurar el dinamismo y la competitividad de la minería peruana.

En 2025, la inversión ejecutada en exploración alcanzó los US$788 millones, lo que representó un crecimiento del 38,5% respecto al año anterior. Este incremento evidencia, según la viceministra, “un renovado dinamismo en el sector”.

Además, Perú figura entre los principales destinos globales para la exploración minera, alcanzando el quinto lugar en el ranking mundial de 2025. El logro posiciona al país como un polo atractivo para el capital internacional y subraya la relevancia de fortalecer los marcos regulatorios y de promoción para mantener la tendencia ascendente.

El gobierno de Javier Milei proyecta un cambio estructural en la dinámica del mercado cambiario: la expansión de los sectores energético y minero podría distribuir el flujo de divisas de forma más pareja a lo largo del año. Analistas consultados por Infobae reconocieron que el auge de las exportaciones mineras y petroleras ya se refleja en la liquidación de divisas. No obstante, destacaron que ese mayor caudal aún no alcanza para desplazar el peso que tiene la liquidación de la cosecha gruesa -se concentra entre abril y junio- sobre la acumulación de reservas internacionales.

En las últimas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, disertó en el Atlantic Council acerca del proceso de acumulación de reservas y al futuro del mercado cambiario.

“El año pasado hubo mucha preocupación y ansiedad en torno al proceso de acumulación de reservas. Nosotros sostuvimos que íbamos a acumular reservas en el momento adecuado, cuando las variables económicas y financieras estuvieran alineadas. Así fue. De hecho, el 15 de diciembre anunciamos el programa de acumulación de reservas para comenzar el 1° de enero, y desde entonces hemos estado comprando reservas a un ritmo mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado“, dijo el funcionario, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el 1° de enero hemos estado comprando reservas a un ritmo mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado (Bausili)

Bausili sostuvo que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

Consideró el presidente del BCRA que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

El funcionario proyectó un cambio estructural en la matriz exportadora del país: “Sin embargo, el país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.

De esta forma, el equipo económico estima que el balance de divisas energético y minero seguirá creciendo en los años venideros y los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) generarán flujos de dólares asociados a su etapa de inversión.

Según datos del BCRA, el flujo neto de las iniciativas amparadas en el RIGI supera los USD 700 millones hasta abril. Por el momento, se aprobaron propuestas por el equivalente a USD 27.300 millones y, de autorizarse las que se encuentran en etapa de evaluación, el monto ascendería a 99.300 millones de dólares.

El flujo neto de las iniciativas amparadas en el RIGI supera los USD 700 millones hasta abril

Desde Fundación Mediterránea ponderan que la energía “volvió a ser un motor de dólares para Argentina. Después de más de una década de déficit (2011-2023), el sector cerró 2025 con un superávit de USD 7.829 millones. El cambio no es coyuntural: detrás hay una transformación estructural del sector energético”.

Según un informe de Econviews, el rubro energético no limita su aporte de divisas al superávit comercial. En los últimos 12 meses, el flujo neto total del sector al mercado cambiario alcanzó USD 9.420 millones, una cifra que incluye USD 5.840 millones ingresados por la cuenta de bienes en el Mercado Libre de Cambios y USD 6.980 millones provenientes de colocaciones de deuda, junto al resto de las cuentas del sector.

El rol del RIGI y la acumulación de reservas

Consultado por Infobae, el director asociado de EcoGo, Sebastián Menescaldi, planteó que existe un cambio notorio en el segmento de la energía, que pasó de deficitario a positivo, pero “no es suficiente para poder compensar la caída de estacional que hay en el agro”.

“Eso puede ir cambiando en 2027 cuando empiece a funcionar Vaca Muerta Sur, que va a aportar 180.000 barriles diarios de exportación. Añadió que para 2026 habrá mayor oferta de divisas que en 2025, gracias a la mejora en los precios de las materias primas y que “hoy el superávit comercial asciende a USD 21.000 millones versus USD 11.000 millones del año pasado”.

Para 2026 habrá mayor oferta de divisas que en 2025, gracias a la mejora en los precios de las materias primas (Menescaldi)

El economista de Econviews, Alejandro Giacoia, contó que en la actualidad el agro sigue siendo el principal sector exportador, más allá del crecimiento que tuvo la energía y la minería. “Puesto en números: en los últimos 12 meses las exportaciones de los complejos oleaginoso y cerealero representaron 35% del total, el de energía 12% y el minero 8%. Es cierto que estos dos sectores crecieron mucho en los últimos años (prácticamente duplicaron sus shares), pero todavía no tienen el mismo peso que el agro".

Según Giacoia, esto mantiene la estacionalidad positiva en el segundo trimestre asociada a la cosecha gruesa. Proyectó que las mejoras en energía y minería ayudarán a moderar esa estacionalidad en los próximos años.

El economista Federico Machado opinó que el país está ante un cambio de la estacionalidad: “Lo vimos con claridad en el primer trimestre, que históricamente era muy malo y este año fue extraordinario para el mercado de cambios (como vemos en la compras del BCRA y la apreciación)”.

“Eso no significa que la estacionalidad desaparezca del todo, porque, sobre todo en invierno, además de la baja oferta del campo también tenemos mayor demanda (gas y turismo). Pero si la suaviza”, graficó.

Exportaciones: perspectivas sectoriales para 2026-2027

Machado estimó que en el segundo trimestre el sector de oleaginosas y cereales aporta al mercado cambiario aproximadamente USD 1.000 millones mensuales por encima respecto al promedio del segundo semestre; petróleo y minería, en 2026, muestran un ingreso de divisas que supera en USD 300 millones mensuales al del mismo periodo del año anterior.

El segundo trimestre el sector de oleaginosas y cereales aporta al mercado cambiario aproximadamente USD 1.000 millones mensuales por encima respecto al promedio del segundo semestre (Machado)

El jefe de Research de Parakeet, Matías de Luca, explicó que “el comercio de energía debería ser más estable, en términos estacionales, que el agro. Una vez que Vaca Muerta esté completamente desarrollada, no deberíamos observar tanto contraste entre el primer y segundo semestre”.

De Luca añadió que podría haber menos oferta de dólares en la segunda mitad del año respecto al trimestre abril-junio, pero esto no necesariamente implica un problema, ya que los ingresos pueden provenir de la energía, el RIGI o colocaciones de obligaciones negociables.

En un momento en el que la industria minera argentina está en pleno auge, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la U.S. Chamber of Commerce firmaron un acuerdo de cooperación para transformar el potencial geológico del país en inversiones tangibles. Se trata, además, de una respuesta al liderazgo de China en la cadena productiva de los minerales críticos, una visión que el presidente americano Donald Trump prometió resolver de la mano de los “países aliados”.

Según comentó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, “el potencial argentino estuvo siempre ahí. Mientras Chile y Perú se desarrollaban, nosotros hicimos bastante poco. Sin embargo, en cinco años Argentina tendrá una balanza de USD 60.000 millones en energía y minería”. Según González, la balanza sectorial ya cerrará este año con unos USD 15.000 millones positivos, pero el salto hacia los USD 60.000 millones para 2031 será el resultado de una macroeconomía ordenada y el alineamiento con Occidente.

Según detalló el funcionario, esta proyección no responde únicamente al potencial mineral argentino, “sino a proyectos que tienen un nombre y un apellido, tanto en minería como en gas y petróleo”, sumados a las condiciones macroeconómicas y regulatorias implementadas durante la actual gestión, ya se están empezando a transformar en inversiones concretas.

Los últimos datos de la misma secretaría detallaron que las exportaciones mineras alcanzaron en 2025 un total de USD6.037 millones, el valor anual más alto registrado desde que existen datos del sector. El monto exportado el año pasado representó un incremento de 29,2% respecto de 2024, cuando las ventas externas sumaron USD4.674 millones.

Con vistas al futuro, y en línea con las proyecciones del sector, un informe de Morgan Stanley estima que las exportaciones mineras de Argentina podrían crecer un 700% para 2035 y alcanzar los USD 40.000 millones anuales. El mismo informe señala que los principales desarrollos mineros identificados en el país podrían atraer más de USD 50.000 millones en inversiones de capital y llevar los ingresos por exportaciones mineras de USD 5.000 millones en 2025 a USD 40.000 millones en 2035.

El factor China

El acuerdo no es solo comercial; es una respuesta a la hegemonía de Beijing en el sector. Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, advirtió que el 75% del mercado mundial de minerales críticos lo maneja China, lo que representa un liderazgo que las potencias occidentales buscan diversificar. “Hay una necesidad de asegurar que esas cadenas de valor estén seguras y queden en manos de aliados”, reforzó Neil Herrington, vicepresidente senior de la U.S. Chamber of Commerce.

El texto oficial del acuerdo subraya esta visión geopolítica: “A medida que aumenta la demanda global y las cadenas de suministro enfrentan crecientes presiones geopolíticas, Estados Unidos y Argentina comparten el interés de construir cadenas de suministro confiables, diversificadas y basadas en el mercado, que reduzcan vulnerabilidades estratégicas”.

El nuevo marco legal y el RIGI como motor

La firma del acuerdo para asegurar el suministro y procesamiento de minerales establece una hoja de ruta de cuatro ejes: infraestructura, financiamiento, transferencia tecnológica y agregado de valor. Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina, destacó que es el momento para que el país se posicione como un socio estratégico: “Tomamos un acuerdo político para transformarlo en inversiones a largo plazo. Es el momento propicio para posicionar a la Argentina como país confiable en las cadenas globales”.

El RIGI aparece como la garantía de esta previsibilidad, ya que ofrece 30 años de estabilidad fiscal y regulatoria, lo que ya disparó proyectos por más de USD 26.000 millones. González reconoció que esto implicó afrontar “papas calientes” regulatorias, como la Ley de Glaciares, asegurando que el presidente Milei fue quien “agarró el toro por las astas” para brindar las condiciones que el sector privado necesitaba. Adelantó, además, que otra decena de proyectos se enmarcará en el régimen “en el corto plazo”.

El texto oficial de la declaración conjunta subraya que la Argentina posee las terceras mayores reservas de litio del mundo, localizadas en el llamado “triángulo del litio”-compartido con Chile y Bolivia-, junto a importantes depósitos de cobre, oro, plata y tierras raras. El objetivo es el desarrollo de capacidad doméstica de procesamiento de minerales críticos, como productos de litio grado batería y cátodos de cobre, lo cual posicionaría al país entre los seis principales productores globales de cobre hacia 2035.

En materia financiera, AmCham Argentina y la U.S. Chamber of Commerce instaron a activar instrumentos de financiamiento específicos, como los programas de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM). El Exim Bank ya comprometió hasta USD 100.000 millones en apoyo a cadenas de suministro aliadas, lo que podría convertir a Argentina en uno de sus principales beneficiarios, detalló el acuerdo.

Obstáculos y desafíos pendientes: seguridad jurídica, infraestructura y marco tributario

El CEO de AmCham Argentina advirtió que “hace cinco años el DFC no atendía el teléfono porque Argentina no reunía las condiciones para presentar una carpeta de inversión. Hoy, el desafío es aprovechar la situación con financiamiento que facilite nuevas llegadas y acelerar el proceso regulatorio”.

En este sentido, Díaz advirtió que el desafío es la ejecución. Argentina compite en un portafolio global contra gigantes como Australia o Canadá, y en esa puja el costo es la variable determinante. Entre los obstáculos a remover, las entidades señalaron la elevada carga tributaria —que representa un 26% del PBI frente al 22% de los vecinos— y la necesidad crítica de infraestructura.

La integración a la red de acuerdos globales, que reúne a potencias mineras como Australia y gigantes tecnológicos como Japón y Corea, junto a socios estratégicos como Indonesia, Malasia y Emiratos Árabes, fue valorada por Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Según el funcionario, Argentina pasó de “estar fuera del mapa” a ser reconocida como un socio estratégico capaz de sentarse en la mesa con los mayores productores del mundo. Brun puntualizó que hoy el país resulta elegible para acceder a financiamiento internacional de organismos como la DFC, gracias a pilares como el RIGI que brindan la previsibilidad necesaria para proyectos de larga duración.

Neil Herrington, vicepresidente senior del Departamento de las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, puso el foco en el “alineamiento casi inédito” entre ambos países impulsado por las reformas pro-mercado de Javier Milei. Ante este nuevo escenario, Herrington pidió que Argentina reciba un “tratamiento preferencial y recíproco” en las negociaciones comerciales, reconociendo al país como un aliado fundamental en la región.

Para transformar estos acuerdos diplomáticos en hechos concretos, el documento establece la publicación de una “Lista de Proyectos Prioritarios” en un plazo máximo de seis meses. Asimismo, se anunció la creación de un Comité Consultivo Conjunto del Sector Privado, encargado de articular las posiciones entre los organismos públicos y el entramado industrial de ambos países para acelerar la transferencia tecnológica y el desarrollo de infraestructura.

Perú vive una reconfiguración profunda de su mercado laboral. Así lo confirma el informe Global Talent Trends 2026 de Mercer, que advierte que sectores como la banca, la minería y el retail están bajo una presión inédita para captar y retener talento, en un entorno donde la digitalización y la inteligencia artificial (IA) avanzan más rápido que la capacidad de respuesta de las empresas y el propio sistema educativo.

Según Diana Plasencia, Talent Strategy Leader de Mercer en Perú, el punto de quiebre no está en la cantidad de profesionales disponibles, sino en la velocidad con la que el mercado laboral peruano genera capacidades digitales y perfiles híbridos.

“Donde más presión vemos es en banca, minería y retail, que son los sectores que más rápido están moviéndose hacia la digitalización. Pero el tema de fondo no es que falten profesionales en el país, sino que la velocidad con la que el mercado laboral peruano genera capacidades digitales no alcanza”, afirma Plasencia.

Para cubrir ciertos perfiles senior, las empresas ya optan por buscar talento fuera del país, lo que evidencia las limitaciones locales.

El liderazgo intermedio, el eslabón más vulnerable

El informe de Mercer (un negocio de Marsh) hace especial énfasis en la “capa de liderazgo intermedio”: aquellos gerentes y directivos seniors que traducen la estrategia en ejecución y gestionan equipos en entornos de incertidumbre.

Plasencia advierte para Infobae Perú que “son quienes traducen la estrategia en ejecución, y muchos no están preparados para liderar en contextos de tanta incertidumbre. Si ese eslabón falla, no importa cuánta tecnología se implemente, la transformación pierde ritmo”.

La consecuencia es directa: casi la totalidad de los inversionistas globales encuestados por Mercer señala que su decisión de inversión se ve afectada negativamente si una empresa no adopta modelos ágiles y basados en habilidades.

Para la especialista, la gestión del talento ha dejado de ser un tema solo organizacional y se ha convertido en un criterio financiero clave.

Inteligencia artificial: avance desigual y riesgo de ineficiencia

Banca, minería y retail lideran la adopción de inteligencia artificial en Perú. Sin embargo, existe una brecha importante entre la implementación de tecnología y la generación de valor.

Según Mercer, a nivel global las inversiones en IA generativa ya superan los 30 mil millones de dólares, pero el 95% de las organizaciones no logra obtener retorno. ¿El motivo? La tecnología llega, pero los modelos de trabajo no se rediseñan ni se alinean a problemas concretos.

“Se observan empresas que implementan herramientas de IA sin tener claridad sobre qué problema específico están resolviendo, sin la data necesaria para tomar esas decisiones. Se avanza sin la visibilidad necesaria. Si eso no cambia, lo que vamos a tener es un portafolio de soluciones tecnológicas desconectadas de cualquier estrategia de negocio”, advierte Plasencia.

El fenómeno es similar en sectores tradicionales como minería, agricultura o manufactura: la inversión en tecnología es fuerte, pero no existe una transformación real del trabajo ni de la cultura organizacional.

A nivel global, el 63% de los ejecutivos reconoce que rediseñar el trabajo para incorporar IA es lo que ofrece mayor retorno, pero solo un tercio confía en que su fuerza laboral esté preparada para combinar capacidades humanas y tecnológicas.

Brecha entre líderes y colaboradores: impacto en bienestar y retención

El informe señala una desconexión profunda entre la alta dirección y los colaboradores. Mientras el 98% de los líderes empresariales planea cambios organizacionales y el 99% anticipa recortes de personal vinculados a la IA, solo el 44% de los trabajadores se siente pleno en términos de salud, remuneración y carrera, frente al 66% de 2024.

Cuatro de cada diez empleados piensa en cambiar de trabajo en los próximos doce meses, y el temor a perder el empleo por IA casi se duplicó en dos años, pasando del 28% al 40%.

Apenas el 19% de los líderes de recursos humanos está incorporando el impacto emocional del cambio digital en sus estrategias. “La IA no falla por ser mala tecnología; el desafío aparece cuando llega a organizaciones cuya cultura y cuyas personas aún no están preparadas para integrarla”, resalta Plasencia.

En Perú, la incertidumbre política, la inseguridad y la economía inestable aumentan la presión psicológica sobre los trabajadores y dificultan los procesos de cambio.

Inversión en capacitación: una apuesta necesaria

Banca, minería y tecnología son los sectores que más invierten en reconversión laboral. El 53% de los trabajadores ya reconoce que le preocupa no tener las competencias que exigirá el futuro, mientras que el 77% de los inversionistas globales prefiere empresas que apuestan por la educación en IA.

Sin embargo, muchas empresas peruanas aún no tienen una estrategia clara de desarrollo de habilidades. Las iniciativas suelen ser aisladas y no están conectadas a un mapa de capacidades que relacione las necesidades del negocio con los planes de desarrollo de las personas, lo que reduce el impacto real de la inversión en capacitación.

Las organizaciones que avanzan son las que entienden la formación como una inversión continua y estratégica, donde los empleados están dispuestos incluso a cambiar de trabajo o a percibir menor salario a cambio de oportunidades de desarrollo y upskilling en habilidades digitales e inteligencia artificial.

Desafíos para sectores rezagados y el rol estratégico de RRHH

Finalmente, se informa que sectores como agricultura, construcción y manufactura se mantienen rezagados en la adopción de tecnologías emergentes, en parte por la informalidad laboral y la falta de procesos estandarizados.

Esta brecha puede traducirse en menor productividad, dificultad para captar talento e incluso en menos empleo formal y menor capacidad tributaria del Estado.

En este contexto, la redefinición de los perfiles profesionales es transversal: ya no basta la competencia técnica, sino que se requieren habilidades híbridas, pensamiento crítico y adaptabilidad.

El reto, señala Mercer, es pasar de un modelo reactivo a uno estratégico en la gestión del talento. “El talento humano bien gestionado sigue siendo la única ventaja competitiva que ningún algoritmo puede replicar”, concluye Plasencia.

De esta manera, el informe de Mercer subraya que el futuro del trabajo en Perú dependerá de la capacidad de las organizaciones para conectar tecnología, cultura y personas, articulando un modelo de desarrollo de talento realmente integrado a la estrategia de negocio y a la realidad del país.

Las exportaciones mineras peruanas alcanzaron un récord en los dos primeros meses de 2026, sumando USD 13,831 millones, lo que representa un crecimiento de 59% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Este salto se explica, principalmente, por el mayor valor exportado de oro, cobre y plomo, consolidando a la minería como el motor clave del comercio exterior peruano.

Minería peruana rompe récords: cobre y oro disparan las exportaciones

El cobre lideró los envíos con USD 6,384 millones en el primer bimestre, un incremento de 53.3% frente al mismo lapso de 2025. Las exportaciones auríferas sumaron USD 5,231 millones, marcando un crecimiento de 73.8% respecto al año pasado.

Solo el cobre representó el 46.2% del valor total de las exportaciones mineras, mientras que el oro aportó el 37.8%. El sector minero, en conjunto, concentró el 74% del total de exportaciones de productos peruanos al extranjero entre enero y febrero.

En febrero de 2026, las exportaciones mineras ascendieron a USD 6,703 millones, un 62% más que en el mismo mes de 2025. El cobre generó USD 3,032 millones, impulsado por un aumento del 3.6% en el volumen exportado y una mejora del 53.4% en su cotización internacional.

Por su parte, las exportaciones de oro alcanzaron USD 2,565 millones, con un incremento de 2.1% en volumen y un alza del 73.3% en el precio respecto a febrero del año anterior.

Estos resultados reafirman el peso estratégico del sector minero en la economía nacional y su impacto en la balanza comercial, en un contexto global de precios elevados y sostenida demanda internacional, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Hacia un clúster financiero minero regional: el XVI Encuentro Internacional de Minería

En paralelo al crecimiento exportador, Lima será sede del XVI Encuentro Internacional de Minería, donde líderes empresariales, autoridades y expertos analizarán el futuro financiero y sostenible del sector.

El conversatorio central, “Financiando el Motor del Crecimiento del País”, pondrá el foco en el papel del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la banca privada y los financistas alternativos para viabilizar nuevos proyectos mineros.

Julio Velarde, presidente del BCRP, expondrá cómo la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad en inflación, tipo de cambio y tasas de interés resultan cruciales para reducir el costo de capital y atraer inversiones.

Por su parte, los CEOs de Scotiabank Perú, Intercorp Financial Services y Citibank Perú debatirán sobre la evolución del sistema financiero, que hoy no solo financia, sino que también vela por estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El simposio también abordará el desafío de convertir al Perú en un hub financiero minero, el rol de la banca comercial en la sostenibilidad y el auge de nuevos actores como fondos especializados, private equity y esquemas de streaming y royalties.

El evento, que se realizará del 26 al 28 de mayo, reunirá a expertos nacionales e internacionales bajo el lema “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”, en un escenario de alta demanda global por minerales críticos.

El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, viajará este jueves a Venezuela junto a una comitiva para mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero, así como con funcionarios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En el marco de la reanudación de relaciones bilaterales tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca señaló que “Estados Unidos y Venezuela están restaurando su asociación, reconstruyendo los lazos económicos y facilitando inversiones sin precedentes que beneficiarán tanto al pueblo estadounidense como al venezolano.

Los acuerdos contemplados del viaje incluirán memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no se prevé un aumento inmediato de la producción. El objetivo es abrir nuevas vías de inversión y comercio a mediano y largo plazo.

Este acercamiento ocurre luego de las visitas de alto nivel realizadas en febrero y marzo, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, mantuvieron reuniones en Caracas para discutir posibles acuerdos en petróleo y minería.

En una conferencia realizada este miércoles en Washington, el subsecretario interino de energía, Alex Fitzsimmons, señaló que la producción petrolera venezolana “ya comenzó a aumentar”, aunque resaltó la necesidad de más reformas.

“Están viendo los beneficios de esto, pero somos conscientes de que se trata de un proyecto a largo plazo para reconstruir la infraestructura de la red eléctrica del país, establecer reglas claras, una industria moderna y procesos de licitación competitivos, así como toda la gobernanza que lo sustenta”, manifestó.

En paralelo al acercamiento diplomático, este jueves está prevista la reanudación de la ruta aérea directa entre Miami y Caracas, operada por American Airlines, tras casi siete años de suspensión. Fuentes del Gobierno estadounidense confirmaron a EFE que algunos funcionarios viajarán en este vuelo.

Por su parte, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, afirmó el martes que tanto compañías estadounidenses como venezolanas se encuentran listas para dinamizar la economía venezolana, en el marco de una etapa orientada a superar años de recesión y aislamiento internacional.

Barrett, que asumió funciones la semana pasada, hizo estas declaraciones después de reunirse con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria. “Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, subrayó Barrett.

El diplomático destacó que su primer encuentro con representantes del sector privado de ambos países confirmó el interés y la disposición para iniciar una nueva fase de cooperación económica.

Barrett precisó que los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prioriza la estabilización, la recuperación y la transición en Venezuela hacia una democracia plena. “Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica”, expresó en una grabación difundida en redes sociales.

El encargado de negocios resaltó la importancia del sector privado como eje central en la estrategia de reconstrucción nacional. “La inversión de Estados Unidos es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”, señaló durante una reunión con la Cámara Petrolera de Venezuela.

Barrett instó a los empresarios a aprovechar la “oportunidad histórica” que representa la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales y la flexibilización de restricciones en el sector energético venezolano.

(Con información de EFE)