Al cierre del 2025, el acumulado histórico de Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina alcanzó los USD 181.037 millones, según el último informe publicado por el Banco Central (BCRA). El dato refleja cuánto capital extranjero hay “instalado” en el país en total —no solo lo que entró o salió en un trimestre—, y es uno de los indicadores más relevantes para medir el peso real que tienen las empresas foráneas en la economía argentina. En tanto, el balance neto de ingresos y egresos del cuarto trimestre trimestre del año pasado arrojó un saldo desfavorable de 4.687 millones de dólares.

Para entender la magnitud del número: ese stock equivale a la suma de todas las participaciones de capital que empresas del exterior tienen en firmas argentinas, más los préstamos y deudas que esas mismas empresas locales tienen con sus casas matrices o vinculadas en el extranjero. En otras palabras, es una fotografía del tamaño de la presencia extranjera en el tejido productivo del país.

De los USD 181.037 millones totales, la mayor parte corresponde a participaciones de capital: 126.618 millones de dólares. El resto, USD 54.419 millones, son instrumentos de deuda, que se dividen en dos tipos: deuda comercial -básicamente financiamiento entre empresas vinculadas por operaciones de compraventa- por USD 33.072 millones, y deuda financiera por 21.348 millones de dólares.

Los sectores que concentran la inversión extranjera

No toda la economía atrae inversión extranjera por igual. Tres sectores concentran el 71% del stock total de IED en Argentina, lo que muestra una estructura de inversión bastante concentrada.

El primero es la industria manufacturera, con una posición de USD 61.235 millones. Dentro de este sector conviven actividades muy diversas: desde la fabricación de alimentos y bebidas hasta la producción de químicos, metales y vehículos. Es el sector con mayor presencia de capital extranjero en el país y también el que más movimiento registró durante el último trimestre del año.

En segundo lugar aparece la explotación de minas y canteras, con un stock de USD 50.921 millones. Este rubro incluye la minería en sentido amplio y también la extracción de petróleo y gas, actividades que desde hace años atraen grandes volúmenes de inversión extranjera, en gran parte por el potencial de recursos naturales del país.

El tercer sector en importancia es el comercio al por mayor y al por menor, con un stock de USD 16.981 millones. Aunque está a considerable distancia de los dos primeros, sigue teniendo una participación importante dentro del total.

De dónde viene el dinero

Cuando se mira el origen geográfico del stock, se observa que el principal inversor en Argentina es Estados Unidos, con USD 32.060 millones, lo que representa el 18% del total. Detrás aparece España, con USD 25.715 millones y una participación del 14%, y en tercer lugar Países Bajos, con USD 21.580 millones, equivalente al 12% del total.

Estos tres países en conjunto concentran el 44% del stock de inversión extranjera directa en Argentina. El resto se distribuye entre una variedad de países, aunque ninguno supera individualmente el 10% del total.

Qué pasó en el último trimestre de 2025

En el cuarto trimestre del año, el stock de IED bajó respecto al trimestre anterior: pasó de USD 183.604 millones al 30 de septiembre a USD 181.037 millones al 31 de diciembre. Esa caída de poco más de USD 2.500 millones se explica principalmente por los flujos transaccionales del período, aunque fue parcialmente compensada por variaciones en el tipo de cambio y en el precio de los activos.

En términos de flujos netos, es decir la diferencia entre lo que entró y lo que salió durante el trimestre, el resultado fue negativo en 4.687 millones de dólares. Esto significa que, en el período octubre-diciembre de 2025, salieron más dólares por concepto de inversión extranjera directa de los que ingresaron.

Sin embargo, es importante entender por qué se dio ese resultado, dado que el dato aislado puede llevar a conclusiones erróneas. La mayor parte de esa salida de capitales no respondió a una desinversión tradicional ni a una decisión de las empresas de abandonar el mercado argentino. El principal factor fue el pago de deudas comerciales que empresas locales tenían con sus vinculadas en el exterior.

Concretamente, el sector agroexportador -especialmente las empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios, que incluye oleaginosas y cereales- había adelantado cobros de exportaciones durante septiembre de 2025. Ese adelanto se produjo en el marco del Decreto 682/2025, que estableció temporariamente retenciones a cero por ciento para incentivar la liquidación de divisas. Una vez vencido ese beneficio, las empresas cancelaron en el cuarto trimestre la deuda comercial que habían contraído con sus casas matrices. Ese movimiento representó una salida de USD 3.795 millones, la mayor parte del total.

En términos globales, las transacciones de deuda con empresas vinculadas arrojaron egresos netos por USD 5.363 millones en el trimestre, explicados mayormente por ese desendeudamiento comercial de USD 5.657 millones, que fue parcialmente compensado por ingresos netos de deuda financiera por USD 294 millones.

Entradas de capital que equilibran el panorama

En paralelo a esas salidas, durante el cuarto trimestre también llegaron aportes de capital fresco por USD 1.111 millones, casi en su totalidad en efectivo. Los sectores que más recibieron fueron los intermediarios financieros, con USD 436 millones, y la industria manufacturera, con USD 321 millones.

Por otro lado, la renta que generaron las empresas con capital extranjero durante el trimestre fue de USD 1.436 millones. Algo más de la mitad de esa renta fue producida por la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras, en partes similares. De ese total, USD 1.194 millones fueron distribuidos como utilidades y dividendos hacia el exterior, mientras que USD 241 millones quedaron reinvertidos en el país.

En cuanto a fusiones y adquisiciones, el trimestre cerró con una salida neta de USD 676 millones, explicada principalmente por operaciones en el sector de fabricación de sustancias y productos químicos, dentro de la industria manufacturera.

Una campaña liderada por la Mining Art Gallery busca revelar la identidad del hombre retratado en un dibujo de Tom McGuinness, artista conocido por capturar la vida minera del noreste de Inglaterra, según BBC News.

El “Retrato de un hombre desconocido” es un dibujo de carboncillo de los años 60 cuya identidad permanece sin resolver. La obra iba a representar, en un principio, al suegro del artista y fue etiquetada como “El padre de Cathy”.

Sin embargo, la hija de McGuinness, Corinne Aspel, aseguró al medio citado que reconoció de inmediato que no era su abuelo y que había diferencias notorias, sobre todo en la nariz. Por este motivo, la galería renombró el dibujo de manera provisional y ha hecho un llamamiento al público para identificar al modelo.

La Mining Art Gallery, que alberga el retrato en cuestión, forma parte de un ambicioso proyecto cultural en Bishop Auckland dedicado a preservar la memoria de las comunidades mineras del noreste inglés.

La colección permanente reúne más de 400 obras creadas por artistas-mineros, como Tom McGuinness y Norman Cornish, y constituye, según los responsables de la galería, un archivo social e industrial de gran valor histórico. Este fondo artístico se consolidó gracias al empeño de coleccionistas y promotores locales que, durante décadas, rescataron piezas destinadas al olvido y las reunieron para evitar su dispersión.

Actualmente expuesto en la Mining Art Gallery de Bishop Auckland, condado de Durham, el retrato es uno de los primeros trabajos profesionales de McGuinness. El museo y la familia del pintor han pedido la colaboración ciudadana para ayudar a descubrir quién fue el hombre detrás de la imagen, en una iniciativa de especial valor para la comunidad minera local.

“Nos encantaría saber si alguien cree reconocerlo”, afirmó Anne Sutherland, curadora de patrimonio industrial de The Auckland Project, según declaraciones recogidas por BBC News. La búsqueda de información se inscribe en los esfuerzos por preservar la memoria obrera y enriquecer la historia cultural de la región.

Centenario de Tom McGuinness y valor de su obra

La exposición titulada “Tom McGuinness: Out of the Darkness” celebra el centenario del artista, nacido en 1926 y fallecido en 2006. La muestra permanecerá abierta durante 2026 con pinturas, bocetos, litografías y retratos familiares, reflejando la experiencia minera del noreste de Inglaterra.

McGuinness fue un trabajador minero reclutado en la Segunda Guerra Mundial como uno de los “Bevin Boys” antes de dedicarse al arte. Su obra destaca por captar la visión emocional y subjetiva de la vida en las minas y el entorno social que la rodea.

Según Anne Sutherland, la exposición es “una celebración de un hombre cuyo trabajo captura la verdad emocional de la vida minera”, ya que McGuinness representaba cómo se sentía ser minero, recogió el medio citado.

La galería de Bishop Auckland funciona como un centro cultural que defiende el patrimonio industrial y obrero del noreste inglés, y esta muestra rinde homenaje a quienes vivieron y trabajaron en la minería.

Resonancia del arte minero y participación ciudadana

El arte de McGuinness trasciende su valor artístico y constituye un testimonio visual de la resistencia, identidad y memoria de las comunidades mineras. El llamamiento al público para identificar al hombre retratado refuerza la importancia de la participación ciudadana en el rescate de la memoria colectiva.

Tanto la familia del artista como la Mining Art Gallery desean profundizar la relación entre arte y sociedad, y alientan a que los habitantes del condado de Durham reconozcan en el trabajo de McGuinness un reflejo de su propia historia.

Para Anne Sutherland, reconocer a figuras anónimas fortalece la identidad compartida de la región y otorga nuevo sentido a las obras históricas. Esta tarea de identificación se transforma, según BBC News, en un reconocimiento social y artístico esencial para la comunidad.

El legado de Tom McGuinness perdura como símbolo y memoria viva de la experiencia minera, inspirando a quienes valoran la historia y la identidad del noreste de Inglaterra.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajó este jueves a San Juan para encabezar la presencia del Gobierno nacional en la 11° edición de la Expo San Juan Minera, el encuentro minero más grande del país.

Con el presidente Javier Milei de regreso de los Estados Unidos —donde participó de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken en Los Ángeles—, fue su hermana quien asumió la conducción política de la delegación oficial, en un rol que sus propios interlocutores dentro del oficialismo describen como el de una jefa de gabinete de informal: la funcionaria que articula la agenda legislativa, coordina a los ministros y define los movimientos del Ejecutivo con una autonomía que desborda ampliamente su cargo formal.

La secretaria general de la Presidencia llegó a San Juan acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La agenda comenzó en la localidad de Los Berros, en el departamento de Sarmiento, donde Karina planeaba recorrer las instalaciones de Calera San Juan, firma con inserción en la actividad minera local cuyo gerente general, Raúl Cabanay, ocupó la vicepresidencia de la Cámara Minera de San Juan entre 2021 y mediados de 2025. La jornada se cerrará con una cena de carácter político y empresarial.

La presencia de “El Jefe” en San Juan no fue sólo protocolar. En los días previos al viaje, la secretaria general retomó con mayor visibilidad pública la conducción política del gobierno: encabezó reuniones de mesa política donde trazó el rumbo legislativo del oficialismo, instruyó al ministro Santilli para retomar contactos con gobernadores en busca de votos para proyectos prioritarios, y mantuvo coordinación diaria con el Congreso. Días antes, se había presentado sola en la Cámara de Diputados para bajarle los planes parlamentarios del Ejecutivo a los legisladores de La Libertad Avanza, en una aparición que amplificó las lecturas sobre su peso real en la conducción del gobierno.

El viaje a San Juan se enmarca en ese mismo patrón. Con el jefe de gabinete, Manuel Adorni, inmerso en una causa judicial que le redujo la exposición pública y generó una caída de entre 7 y 8 puntos en el seguimiento diario de imagen del gobierno —según encuestadoras privadas que monitorean el impacto del escándalo—, Karina Milei ocupó el espacio. El propio presidente descartó cambios en el gabinete a través de mensajes en redes y una entrevista televisiva.

La ausencia de Adorni en la comitiva sanjuanina no pasó inadvertida en el entorno del gobierno. El jefe de gabinete permaneció en Casa Rosada con la justificación de ser el funcionario de mayor rango constitucional disponible mientras el presidente regresaba de Estados Unidos. Pero la decisión de Karina de no incluirlo en su primera gran aparición pública federal alimentó los rumores sobre un descenso en las consideraciones de la hermanísima.

El ministro coordinador estuvo en una asamblea de YPF mientras la comitiva karinista se mostraba con dirigentes políticos y empresariales en la provincia cuyana. Se trata de la primera actividad que tiene después de la declaración de la senadora Patricia Bullrich, la cual generó una fuerte crítica de parte del entorno de Karina Milei. Las críticas también llegaron de parte de su antecesor, Guillermo Francos, que hoy opinó en una entrevista con Infobae A Las Nueve que el conflicto “empioja la relación del Gobierno con la ciudadanía”.

Encuentro y cercanía con gobernadores

El eje del 7 de mayo en la Expo era la Mesa Federal Minera, espacio que reunía a más de 10 gobernadores de provincias mineras e industriales junto a los altos funcionarios nacionales.

La visita a Calera San Juan estuvo encabezada también por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, que además preside la Mesa del Cobre, espacio que nuclea a las principales provincias productoras del mineral.

Su presencia sugiere una construcción electoral conjunta con La Libertad Avanza: y es que Milei y Orrego buscan dejar registro fotográfico de la alianza que ambos dirigentes tejen de cara a las elecciones legislativas de 2027. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el gobernador sanjuanino colaboró para destrabar discusiones parlamentarias, y ahora busca traducir ese alineamiento en influencia sobre las listas que acompañarán su boleta por la reelección.

Después de la recorrida hubo un almuerzo entre Santilli y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), además de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). El gobierno tiene un vínculo fluido con la gran mayoría de estos jefes provinciales y busca entrablar un diálogo de cara a las reformas que el oficialismo debe afrontar en el Congreso.

La 11° edición de la Expo San Juan Minera, organizada por Panorama Minero con el Gobierno de San Juan como socio institucional, se extiende del 6 al 8 de mayo en el predio del Estadio del Bicentenario. El evento reúne más de 500 empresas participantes, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y 15.000 asistentes acreditados, sobre una superficie de exposición de más de 18.000 m², con 13.208 m² destinados a stands comerciales. La capacidad aérea y hotelera de la provincia alcanzó el 98,7% de ocupación durante las fechas del evento.

La jornada inaugural del 6 de mayo tuvo como eje el bloque Argentina Cobre – Sessions, con participación de referentes como Michael Meding (Los Azules – McEwen Copper), Martín Pérez de Solay (Glencore Argentina) y Federico Elewaut, presidente de Citigroup en Argentina. El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, abrió esa jornada con un balance del estado de la minería provincial.

La visita de Karina Milei a Sarmiento trajo un anuncio de parte del Gobierno nacional para la ejecución de obras en la Ruta Nacional 153, vía que conecta Sarmiento con Calingasta y es estratégica para el acceso a proyectos mineros de la zona. En 2025 se inauguraron obras de repavimentación en tramos entre Media Agua y Los Berros, aunque algunos sectores presentaron problemas de erosión que requirieron reparaciones. Santilli marcó en diálogo con Cuyo Minero que para el Gobierno “es clave el desarrollo de infraestructura para el crecimiento”; aunque todavía no explicó cómo será el esquema para financiar la obra.

La aparición de intrusivos alcalinos y patrones estructurales inéditos en la zona noreste de Antamina ha reactivado el interés internacional en la exploración minera peruana.

Según la información presentada por Alan Wilson, presidente de la Society of Economic Geologists, durante la conferencia proEXPLO 2026, la región se perfila como un escenario clave para el descubrimiento de nuevos sistemas pórfidos de cobre y oro, gracias a condiciones geológicas que replican las de grandes depósitos globales.

Diversidad mineralógica y paralelos internacionales

El área, situada a unos 100 kilómetros al noreste de la mina Antamina, concentra la atención de geólogos y empresas por la identificación de lineamientos estructurales noroeste-sureste y la coincidencia de edades mineralizantes entre 14 y 12 millones de años.

Estos factores, unidos a la presencia de intrusivos alcalinos, generan un entorno de alto potencial, donde la mineralización se asocia a brechas cementadas y zonas de alteración pervasiva.

“Estamos en un área favorable, en el traslapo de lineamientos regionales y edades de intrusivos asociados a mineralización y alteración”, explicó Wilson ante la audiencia de proEXPLO 2026.

Los estudios recientes en la región permiten diferenciar zonas dominadas por oro, telurio y plata de aquellas con mayor concentración de cobre y molibdeno.

Nuevas estructuras geológicas reavivan el interés en Antamina

Esta zonación metalogenética se confirma a través de la geoquímica de superficie, que también detectó la presencia de roscolita, adularia, sanidina y elementos poco habituales como telurio y vanadio.

La mineralización en la zona se asocia a brechas con cementos de roscolita y a una alteración mineralógica singular, factores que no suelen encontrarse en sistemas calcoalcalinos tradicionales.

La comparación realizada por Wilson entre las muestras peruanas y los sistemas de Galore Creek en Canadá refuerza la posibilidad de replicar descubrimientos de gran escala en la región.

En Perú, se han identificado intrusivos alcalinos con sanidina de gran tamaño, alteración hidrolaria y mineralización aurífera, características poco frecuentes en los sistemas tradicionales.

Exploración estructural y modelos globales

La interpretación estructural de la zona, basada en la superposición de lineamientos andinos y noroeste-sureste, delimita una franja de entre 30 y 50 kilómetros de ancho. Esta delimitación facilita el diseño de campañas de exploración más focalizadas, reduciendo el área de búsqueda.

“El mismo patrón estructural que controla mineralización en Antamina podría estar delimitando nuevos sistemas pórfidos más al noreste”, sostuvo Wilson durante el evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

La diversidad de sistemas pórfidos identificada en la región se compara con grandes depósitos de cobre y oro como Cadia en Australia, Pebble en Alaska y Oyu Tolgoi en Mongolia, todos caracterizados por magmas ricos en potasio y estructuras profundas que atraviesan la litosfera.

Estos sistemas suelen originarse en ambientes tras-arco y están controlados por fallas regionales de larga vida, responsables de canalizar magmas desde zonas profundas hacia la corteza.

En Galore Creek, la mineralización se distribuye en brechas y suites intrusivas subsaturadas en sílice, donde predomina la alteración cálcico-potásica y la ausencia de cuarzo.

En el caso peruano, la presencia de litocaps feldespáticos y minerales como albita podría ampliar la huella de búsqueda y facilitar el hallazgo de depósitos ocultos.

El petróleo y la minería han dado incontables muestras de crecimiento en los últimos dos años. Apalancados por Vaca Muerta, el “boom” del litio y la llegada de múltiples inversiones en ambas ramas de actividad, los números dan cuenta de una expansión sin precedentes para ambos rubros económicos. Sin embargo, aún dentro del contexto favorable, desde la llegada del gobierno de Javier Milei se perdieron casi 9.000 puestos de trabajo formales en esas áreas.

Según estadísticas publicadas por el Ministerio de Capital Humano, en base a datos del SIPA, en noviembre de 2023, justo antes de la llegada de Milei, había 94.576 trabajadores registrados a nivel nacional en las actividades de “petróleo y minería” (serie desestacionalizada). Poco más de dos años más tarde, en enero de este año, el número de trabajadores ya se había reducido a 85.841, lo que significa que de una punta a otra se perdieron 8.735 empleos en total.

El resultado contrasta con otras estadísticas que marcan una dirección contraria. Sin ir más lejos, en 2025 se registró el nivel de producción de petróleo más alto en lo que va del siglo XXI. Ese año hubo un crecimiento productivo del 9,2% en relación al 2024 y todo indica que en 2026 se alcanzará una nueva marca histórica. Según la estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), este año las petroleras extraerán en forma conjunta unos 54,5 millones de metros cúbicos de crudo, un valor que superaría en un 11% el récord histórico de 1998.

En paralelo, la minería no para de crecer a nivel general. De acuerdo con los últimos números publicados por el Indec, desde que llegó Milei el Índice de Producción Industrial (IPI) minero creció 14,3%, impulsado principalmente por la extracción de minerales no metalíferos, que se expandió un 37% en ese período. Sin duda, el mayor protagonismo lo ha tenido la extracción de litio, que desde noviembre de 2023 hasta hoy registró un repunte de 112%, según las estadísticas oficiales.

Cómo se explica la paradoja

La convivencia entre una producción en alza y una planta laboral que se achica no es sencilla de interpretar, pero los especialistas tienen una lectura clara del fenómeno. Para Daniel Schteingart, director de desarrollo productivo de Fundar, la clave está en entender que ninguno de estos dos sectores es un bloque homogéneo: dentro de cada uno coexisten subsectores que van en direcciones opuestas, y esa dualidad es la que termina distorsionando el resultado agregado.

“Petróleo y minería hoy tienen menos empleos formales que en noviembre de 2023, porque dentro de ambos sectores hay también una economía dual”, explicó Schteingart en una entrevista para Ahora Play. En el caso del petróleo, el auge de Vaca Muerta concentra la atención y los recursos, pero no es el único frente de actividad del sector. Mientras la formación neuquina bate récords de producción, en las cuencas más tradicionales el proceso es inverso. “Petróleo tiene el boom de Vaca Muerta, pero en paralelo cierran pozos de petróleo en las cuencas más tradicionales”, señaló el sociólogo.

La misma lógica se replica en la minería. El litio atraviesa un momento de expansión notable, con un crecimiento de más del 112% desde fines de 2023, pero arrastra consigo una distorsión: no es el segmento que más empleo genera dentro del sector. “En la minería al litio le está yendo bien, pero todo lo que tiene que ver con la minería asociada a la construcción, que es la que genera más empleo, también está parada”, advirtió Schteingart. Esa rama, íntimamente ligada al ciclo de la obra pública y privada, sufrió el impacto del ajuste fiscal y la caída de la actividad constructora durante el primer tramo de la gestión Milei, y su recuperación ha sido más lenta que la de los segmentos extractivos más dinámicos.

Una foto hoy, otra en 2027

Desde una perspectiva diferente, el economista Daniel Garro, director de Value International Group, cuestiona que el período analizado sea el más representativo para sacar conclusiones sobre el empleo en estos sectores. Su argumento apunta al momento del ciclo inversor en el que se encuentra la economía argentina: los proyectos que hoy se anuncian o se están ejecutando todavía no han volcado su demanda de mano de obra al mercado laboral en forma plena.

“En 2024 y 2025 los proyectos de minería y de petróleo todavía no estaban lanzados. Entonces, puede ser que haya menos empleo”, planteó Garro. Desde su punto de vista, medir el impacto laboral del ciclo inversor actual requiere esperar a que esas inversiones maduren y se traduzcan en contrataciones efectivas.

“Habrá que medir la cantidad de empleo de ahora hasta fines del 2027, cuando se afiance toda la masa de proyectos que recién ahora se están volcando a la economía, principalmente a Vaca Muerta y al litio”, sostuvo el economista. Bajo esa lectura, la caída registrada hasta enero de 2026 sería una foto de la etapa previa al despliegue real de las inversiones, y no un indicador del rumbo estructural del empleo sectorial.

Lo que los dos análisis tienen en común es que ninguno niega la paradoja: la producción crece, pero el empleo formal todavía no acompaña. La diferencia está en si esa brecha se explica por la estructura dual de los sectores, como sostiene Schteingart, o por el desfase temporal entre inversión y generación de puestos de trabajo, como argumenta Garro.

En El Salvador, representantes de instituciones públicas, comunidades locales y especialistas participaron este martes en el Taller de validación de resultados del diagnóstico transfronterizo y desarrollo del Programa de Acción Estratégico (PAE) para la protección de la cuenca del Río Lempa. Esta actividad se enmarca en el proyecto Fomentando la Seguridad Hídrica en la Región del Trifinio, respaldado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con ejecución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y coordinación de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT).

El encuentro tuvo como objetivo validar medidas prioritarias para fortalecer la gestión sostenible del agua, mejorar la coordinación trinacional y garantizar que las acciones resultantes del diagnóstico técnico y el conocimiento territorial tengan impacto en los tres países de la región, de acuerdo con información proporcionada por el Plan Trifinio este miércoles.

Durante la jornada, el secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, subrayó la importancia de un enfoque integral que incluya componentes hidrológicos, medioambientales y sociales como base para definir estrategias adecuadas para el territorio.

Urbina remarcó que el avance de esta iniciativa se apoya en instrumentos como el Plan Maestro y los planes de manejo de la Reserva de Biosfera, los cuales facilitarán la alineación trinacional y fortalecerán los esfuerzos conjuntos para la protección de los recursos hídricos. Además, los equipos de trabajo reunidos propusieron nuevas acciones para asegurar la efectividad, continuidad y la coordinación participativa en la ejecución del PAE.

Búsqueda de soluciones solicitadas por la ciudadanía

En julio de 2024 organizaciones ambientalistas de El Salvador solicitaron al Estado la elaboración e impulso de un acuerdo regional con Guatemala y Honduras para la protección de la cuenca del Río Lempa, el más extenso de Centroamérica, con un área total de 17.790 kilómetros cuadrados. De ese total, 10.082 kilómetros corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala. El cauce principal del río se extiende a lo largo de 422 kilómetros, de los cuales 360,2 atraviesan territorio salvadoreño, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Jessica González, representante del movimiento Ecofeminista de El Salvador y de la Mesa Nacional Frente a la Minería, advirtió para entonces, que la cuenca del Río Lempa enfrenta un grave peligro por el proyecto minero Cerro Blanco, gestionado por la empresa canadiense Bluestone Resources en Jutiapa (Guatemala), cerca de la frontera con El Salvador. González afirmó la necesidad de que el Estado salvadoreño oriente sus esfuerzos hacia la creación de condiciones hidrodiplomáticas con Guatemala y Honduras para alcanzar un acuerdo regional que proteja la cuenca compartida y exija el cierre de la mina, debido al riesgo de contaminación.

El agua del Río Lempa es utilizada principalmente para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica. La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, manifestó en enero pasado al embajador de Guatemala, Rubén Estuardo Nájera, su preocupación por la autorización del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco.

La mina, ubicada a 5 kilómetros del pueblo de Asunción Mita (Guatemala) y a 15 kilómetros de la frontera salvadoreña, no logró extraer oro y plata durante 24 años bajo el método subterráneo. En 2017, la empresa solicitó un nuevo permiso para operar a cielo abierto, modalidad que fue autorizada por el Gobierno de Alejandro Giammattei poco antes de finalizar su mandato. El actual Gobierno de Guatemala, encabezado por Bernardo Arévalo, buscó revertir esa autorización.

YPF lanzó Diesel 10 Minero, un nuevo producto especialmente diseñado para la industria minera-

La presentación se realizó en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, uno de los principales encuentros del sector en el país.

“El lanzamiento apunta a mejorar la eficiencia y la continuidad operativa de los proyectos mineros que se desarrollan en condiciones extremas. El nuevo combustible cuenta con ultra bajo contenido de azufre (menos de 10 partes por millón), no contiene biocomponentes y está especialmente preparado para operar en alta montaña y temperaturas extremadamente bajas, lo que lo convierte en una solución clave para los yacimientos ubicados en zonas de difícil acceso y con clima muy hostil”, explicó la petrolera.

YPF es el principal proveedor energético del sector minero argentino y cuenta con la red de logística y distribución más grande del país, lo que le permite garantizar el abastecimiento ininterrumpido en las principales regiones productivas.

Según detalló la compañía, es la abastecedora del 90% del mercado minero de combustibles, con una cartera de clientes en los que se destacan desde proyectos exploratorios junior, pasando por proyectos mineros en fase de construcción hasta los principales proyectos metalíferos y de litio en fase de plena producción de la Argentina.

“Con este nuevo combustible, YPF refuerza su rol como socio estratégico de la minería, acompañando cada proyecto con energía, tecnología, servicios de excelencia y presencia territorial. La presentación de Diesel 10 Minero se enmarca en una estrategia integral para el sector, que combina productos especializados, logística dedicada, servicios técnicos y soluciones energéticas a medida, alineadas con estándares internacionales y normativas ambientales vigentes”, dijo la empresa que comanda Horacio Marín.

En medio del auge energético y por el fuerte crecimiento en la extracción de litio, gas natural y petróleo —con protagonismo de los segmentos no convencionales—, la producción minera argentina alcanzó en marzo su mayor nivel desde 2017. El último IPI minero del Indec posicionó a la minería como uno de los motores industriales del año, a la vez que el ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó directamente el récord del sector al buen desempeño de estas tres actividades.

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) que publicó el ente estadístico este miércoles subió un 10,4% interanual en marzo y un 2,4% respecto a febrero en la serie desestacionalizada. De esta forma, alcanzó el máximo de la serie histórica iniciada en 2017.

En tanto, el acumulado enero-marzo mostró un repunte de 6,4% en comparación con el mismo periodo de 2025, y el indicador tendencia-ciclo avanzó 0,8% frente al mes anterior, consolidando 21 meses consecutivos de crecimiento. Según la lectura oficial, estos niveles posicionan a la minería en el centro de la recuperación industrial, a pesar de bajas en algunos segmentos.

El petróleo crudo fue uno de los principales impulsores de la tendencia, con un salto interanual de 16%, explicado casi por completo por la expansión de la producción no convencional. De los 4.279,2 miles de metros cúbicos extraídos a nivel nacional, 1.353,3 miles correspondieron a crudo convencional (con una baja de 9,8%) y 2.925,9 miles a no convencional, con un alza de 33,7% frente al mismo mes del año anterior.

En gas natural, la producción aumentó 5,9% interanual en marzo. El gas convencional retrocedió 10,1%, mientras que el no convencional creció 16,1%, representando más del 66% del volumen nacional con 2.944,3 millones de metros cúbicos sobre un total de 4.394 millones. El acumulado enero-marzo muestra una baja marginal de 0,8 por ciento.

Este avance del no convencional es el resultado de un cambio estructural en la industria. La mejora en la productividad de los pozos y la incorporación de tecnología en fractura permitieron reducir costos y escalar volúmenes, superando las limitaciones del modelo tradicional (convencional). A esto se suma el desarrollo de infraestructura clave en Vaca Muerta —con nuevos ductos y ampliaciones de capacidad— y un contexto de precios que aceleró los planes de inversión. En este escenario, el convencional pierde peso frente a un modelo que, aunque requiere más capital, ofrece rendimientos mucho mayores.

El tercer pilar de este ciclo expansivo fue el carbonato de litio. En marzo se procesaron 11.508,3 toneladas, un aumento de 56,1% respecto al mismo mes de 2025 y un 44,3% más en el acumulado trimestral, consolidando el papel del litio en la estrategia minera del país y como insumo clave de industrias tecnológicas y energéticas.

Con este incremento, la industria se perfila para lograr también exportaciones récord. Según proyecciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la industria minera podría alcanzar los USD 9.000 millones en 2026, impulsada por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado.

Expansión récord en minerales no metalíferos y sal: líderes en subas porcentuales

Entre los subsectores de mayor dinamismo aparece la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, que creció 50,5% interanual en marzo y 27,9% en el primer trimestre. Dentro de este grupo, la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos subió un 66,8% anual y 46% acumulado, impulsada por el carbonato de litio, que se expandió 70,2% respecto al año anterior. Por su parte, la extracción de sal exhibió el ascenso más pronunciado del periodo, con una mejora interanual de 138,7% y de 74,9% acumulada, gracias al crecimiento de la salmuera y subproductos refinados.

Este incremento en la actividad extractiva del llamado ‘oro blanco’ tiene que ver con la maduración de proyectos que pasaron de la etapa de construcción a la de producción plena. Esta mayor capacidad de procesamiento, sumada a la puesta en marcha de nuevas plantas, permitió escalar los volúmenes de extracción y convertir al sector en el principal motor de crecimiento dentro de los minerales no metalíferos.

De hecho, de los 13 proyectos aprobados en el marco del RIGI, siete de ellos corresponden a la industria minera, mientras que son tres las presentaciones específicas para la explotación de litio. Quedan otras tres presentaciones más pendientes de la aprobación del gobierno.

El informe del Indec también detalla otros aumentos relevantes: la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos avanzó 9,2% en marzo y 4,9% trimestral, favorecida por la demanda de arenas para fracking. La extracción de rocas ornamentales creció 8,5% pero mantiene un saldo levemente negativo en 2026, y la de piedra caliza y yeso avanzó 7,7% interanual, destacando un salto en el yeso del 37% pese a una merma en la roca caliza para cemento.

En contraste, la extracción de arcilla y caolín mostró un modesto avance en marzo (2,2%), aunque acumula una caída de 13,1% en el primer trimestre debido a retrocesos en ciertas variedades. La producción de caolín y bentonita sí avanzó 17,7% en el mes.

La Compañía de Minas Buenaventura evalúa ampliar la vida útil del proyecto aurífero San Gabriel, ubicado en Moquegua, por más de una década adicional a partir de nuevas exploraciones y la evaluación de una posible explotación superficial.

La empresa apunta a superar las 100 mil onzas de oro anuales y a extender la producción del yacimiento, de acuerdo con lo informado por el gerente de Geología, José Luis Aquino, durante su presentación en proEXPLO 2026.

Tesoro de los Andes: el potencial escondido de San Gabriel

Aquino precisó que el yacimiento cuenta con reservas que superan 1,8 millones de onzas de oro. Además, al sumar recursos medidos, indicados e inferidos, el potencial geológico supera las 2,4 millones de onzas. El ejecutivo detalló que la compañía trabaja en identificar nuevas oportunidades para ampliar ese horizonte productivo.

“Estamos evaluando también un upside para ver la posibilidad de minar la parte superficial del proyecto con open pit, lo que podría añadir hasta 16 años adicionales a la vida de mina”, indicó.

La alternativa de explotación a cielo abierto permitiría maximizar los recursos del yacimiento y asegurar la continuidad operativa más allá del plazo inicial.

Un proyecto insignia en la cartera de Buenaventura

Durante su exposición, Aquino destacó que Buenaventura opera desde hace 73 años. Hoy la compañía tiene ocho minas en operación, cuatro proyectos avanzados y San Gabriel es su proyecto insignia en esta nueva etapa de crecimiento.

En diciembre de 2025 el proyecto logró producir su primera barra de oro, marcando el paso de la etapa de exploración a operación.

El ejecutivo explicó que San Gabriel ya inició su etapa de puesta en marcha y que la empresa espera alcanzar en los próximos meses una producción superior a las 100 mil onzas de oro por año.

Desafíos técnicos y soluciones innovadoras

Uno de los principales retos técnicos de San Gabriel, explicó Aquino, ha sido la compleja condición geomecánica del yacimiento. “El 90% del macizo rocoso en San Gabriel es de mala calidad. Ese fue uno de los principales desafíos para llevar este proyecto hacia la operación”, sostuvo.

Frente a esa condición, Buenaventura implementó un método de explotación subterránea innovador en la región. Según Aquino, San Gabriel se convirtió en la primera mina de Sudamérica en aplicar este sistema de minado.

“San Gabriel es la primera mina en Sudamérica que está aplicando este método. Nos ha permitido mejorar la selectividad, reducir la dilución y fortalecer nuestros controles de seguridad”, remarcó.

San Gabriel: proyecciones de exploración y crecimiento

Finalmente, Aquino resaltó que San Gabriel mantiene un importante potencial de expansión tanto en profundidad como en zonas cercanas a superficie.

“Todavía tenemos un sector en profundidad con alto potencial para continuar extendiendo la mineralización. San Gabriel sigue creciendo y nos abre nuevas oportunidades de exploración”, concluyó.

¿Qué es San Gabriel? Características clave del proyecto minero

San Gabriel está situada en el distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro, en la región Moquegua, Perú, a una altitud entre 4,700 y 4,850 metros sobre el nivel del mar.

La mina es operada en su totalidad por Compañía de Minas Buenaventura y cuenta con una inversión que supera los 750 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales proyectos auríferos del país.

• Tipo de operación: Mina subterránea que utiliza el método de tajo cerrado o socavón.
• Mineral principal: Extracción principalmente de oro.
• Recursos adicionales: Presencia de plata y cobre en el yacimiento.
• Producción anual estimada: Entre 120,000 y 150,000 onzas de oro.
• Geología del yacimiento: Depósito epitermal de sulfuración intermedia, con mineralización en mantos, stockwork y vetas.

Impulsada por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la inversión en proyectos mineros proyectada para los próximos años ya asciende a USD 61.500 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Secretaría de Minería. Se trata, en su gran mayoría, de iniciativas que ya fueron anunciadas y que, en casi todos los casos, se encuentran en ejecución.

El análisis abarca 37 proyectos metalíferos y de litio que prevén iniciar operaciones en la próxima década o ampliar su capacidad instalada. Si bien los montos informados no implican desembolsos inmediatos en su totalidad, sí reflejan compromisos de inversión progresiva que se materializarán a lo largo del tiempo, e incluso podrían superarse conforme avancen las obras.

En este escenario, San Juan se posiciona como la provincia que concentrará el mayor volumen de inversiones. Con 8 proyectos en cartera, acumula alrededor de USD 33.000 millones, más de la mitad del total relevado.

Por su parte, Salta encabeza el ranking en cantidad de proyectos. Con 11 iniciativas, suma inversiones estimadas en USD 14.600 millones.

El podio se completa con Catamarca, que cuenta con 8 proyectos y un total cercano a los USD 8.000 millones. Más atrás aparece Jujuy, con 3 proyectos que representan unos USD 2.500 millones.

Otras provincias con participación en el mapa de inversiones son Mendoza, con un proyecto estimado en USD 630 millones; Santa Cruz, con USD 600 millones; Río Negro, con USD 180 millones; y Chubut, con USD 135 millones. Además, se identifican iniciativas compartidas entre Salta y Catamarca por unos USD 1.500 millones.

El mapa de distribución refleja no solo el volumen de capital proyectado, sino también la consolidación de regiones específicas como hubs mineros.

Expectativas de empleo

En materia de empleo, la cartera de Minería detalló que el sector mantuvo una tendencia de crecimiento durante 2025, consolidando su recuperación en la segunda mitad del año.

De acuerdo con los datos relevados, en el cuarto trimestre de 2025 se alcanzó un promedio de 18.069 puestos de trabajo, lo que representó un incremento interanual del 4,7%.

En particular, al comparar el cuarto trimestre con el período inmediatamente anterior, se registró una suba del 2,4%, reflejando una aceleración en la generación de puestos laborales.

En cuanto a la producción, el informe oficial señaló que en 2025, la producción minera argentina mostró un desempeño heterogéneo según el mineral, con el oro y el litio como principales motores de la actividad.

La producción aurífera alcanzó los 1.200 kOz (kilo onzas), provenientes de 15 proyectos en operación. En este segmento, Santa Cruz se consolidó como la principal provincia productora, seguida por San Juan, que mantiene un rol relevante en la minería metalífera. En contraste, los proyectos Ajedrez, Córdoba y Mina Catalina Li, ubicados en Jujuy y de escala pequeña y mediana, tuvieron una incidencia marginal en el total nacional.

Respecto a la plata, la producción se ubicó en 22.400 kOz, generada en 14 operaciones activas. Este mineral se obtiene mayoritariamente como subproducto de explotaciones auríferas. Nuevamente, Santa Cruz lideró ampliamente, mientras que Jujuy se posicionó en segundo lugar. Más rezagadas aparecen Catamarca y San Juan, con aportes menores.

El litio, por su parte, fue uno de los segmentos más dinámicos. La producción nacional alcanzó aproximadamente 116 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), generadas en seis proyectos operativos, lo que implicó un crecimiento del 56% respecto de 2024. En este rubro, Jujuy se ubicó como el principal polo productivo gracias a los proyectos Olaroz y Cauchari-Olaroz, seguido por Catamarca.

Sobre los metales base, la producción de plomo totalizó unas 33,5 mil toneladas, comercializadas principalmente como concentrado. En tanto, el zinc registró una producción de 3.300 toneladas, obtenidas íntegramente como subproducto de otras explotaciones.

Finalmente, la producción de cobre continúa siendo marginal en el país. El único proyecto donde se extrae como mineral principal es Martín Bronce, mientras que en Lindero se obtiene en forma secundaria.

Las exportaciones mineras

En el plano comercial, las ventas externas de minerales metalíferos y litio alcanzaron aproximadamente USD 5.806,6 millones. Dentro de ese total, los minerales metalíferos explican la mayor parte de los envíos, con el oro a la cabeza: este mineral generó USD 4.093,8 millones, consolidándose como el principal producto de exportación del sector.

En segundo lugar se ubicó el litio, que aportó USD 914,9 millones, reflejando el crecimiento sostenido de este segmento impulsado por la demanda global vinculada a la transición energética. La plata, en tanto, alcanzó exportaciones por USD 784,5 millones, manteniendo un rol relevante aunque por detrás del litio.

Por último, el cobre continúa con una participación marginal en la canasta exportadora minera, con apenas USD 13,4 millones, lo que evidencia el limitado desarrollo actual de este mineral en el país.

Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Las exportaciones mineras alcanzarán los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la designación de Paolo Joel Andrés Alzamora como nuevo director general de la Dirección General de Minería (DGM), un nombramiento que genera inquietud en el sector por los antecedentes empresariales del funcionario.

La resolución Resolución Ministerial N° 198-2026-MINEM/DM fue publicada el 6 de mayo de 2026, menos de un mes después de que Gaby Yulisa Julca Cumbicus asumiera el cargo el 10 de abril.

Hasta ayer, Alzamora se presentaba públicamente como titular del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), tras asumir de forma interina en enero pasado.

¿Un cambio acelerado en la cúpula minera?

La llegada de Alzamora ocurre tras una gestión fugaz de Julca , quien estuvo menos de un mes en el cargo. Todavía no se ha anunciado quién lo reemplazará en Ingemmet.

Según El Comercio, Alzamora fue gerente general de TLM Consulting S.A.C. hasta octubre de 2025, empresa que mantiene una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Aunque el acta de transferencia de acciones y del cargo no aparecía en la Sunarp, la compañía figura como titular del derecho minero Abundancia 2014-I en Lima, dentro del registro orientado a la minería informal.

Esta situación podría generar posibles conflictos de interés: la DGM regula, autoriza y supervisa a los operadores mineros, incluyendo a quienes buscan formalizarse por el Reinfo.

Cercanía política con el expresidente José Jerí

De acuerdo con la investigación, el hoy director de Minería fue asesor de la Alta Dirección del Viceministerio de Hidrocarburos y mantenía vínculos políticos con el expresidente José Jerí, con quien coincidió en la gestión regional de Áncash en 2020.

Registros oficiales muestran visitas de Alzamora al despacho de Jerí en el Congreso y fotografías de su hermano junto al mandatario.

Según fuentes del MINEM citadas por El Comercio, el propio funcionario se propuso para el cargo, indicando que actuaba “por encargo del presidente José Jerí”.

Y es que se trata de un puesto clave: la DGM es responsable de autorizar, supervisar y regular actividades de exploración, explotación, transporte y beneficio minero. Además, administra títulos mineros y gestiona la estabilidad tributaria de los proyectos.

INGEMMET y DGM, dos pilares de la gestión minera

El Ingemmet es el organismo público especializado encargado de la investigación geológica, administración del catastro minero, concesiones, monitoreo volcánico y análisis de riesgos.

La DGM, por su parte, actúa como autoridad concedente, gestiona concesiones de beneficio y transporte, regula técnicamente el sector y evalúa programas de inversión.

Ambos organismos cumplen roles cruciales en la promoción de la minería sostenible y la prevención de riesgos, pero el reciente reacomodo en las direcciones estratégicas —con funcionarios con vínculos recientes en el sector informal y la política— activa el debate sobre la independencia y la integridad en la gestión pública.

Hasta el cierre de esta edición, el MINEM no ha informado públicamente los criterios por los que seleccionó a Alzamora para dirigir la DGM ni ha detallado los mecanismos para evitar conflictos de interés.

El fortalecimiento de los vínculos entre Perú y Finlandia toma impulso con nuevas conversaciones orientadas a atraer inversiones y ampliar la cooperación tecnológica. En ese contexto, el embajador peruano en territorio finlandés, Renato Reyes, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Económicos, Sakari Puisto.

El encuentro permitió identificar oportunidades concretas en sectores estratégicos, especialmente minería e industria espacial, donde ambas economías buscan generar sinergias. Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar el intercambio técnico y empresarial para materializar proyectos conjuntos.

Impulso a la inversión minera

Durante la reunión, el representante peruano resaltó el papel clave de la minería como motor económico en ambos países, subrayando su potencial para atraer capital extranjero. En esa línea, invitó a empresas finlandesas a ampliar su participación en áreas vinculadas a energía, construcción y transporte.

El embajador también puso énfasis en la brecha de infraestructura que enfrenta el Perú, estimada en USD 100.000 millones, lo que abre un amplio abanico de oportunidades para la inversión internacional. Este escenario fue presentado como un espacio propicio para que compañías de Finlandia incrementen su presencia en proyectos de gran escala.

Perúmin y acercamiento empresarial

Como parte de la estrategia para consolidar la relación bilateral, Reyes extendió una invitación formal a Finlandia para participar en Perúmin 2027 con una delegación de alto nivel. La propuesta se sustenta en la experiencia positiva del país europeo durante su participación en la edición de 2025.

La presencia finlandesa en ese evento fue considerada exitosa, lo que refuerza el interés en mantener y ampliar el vínculo con el sector minero peruano. La participación en futuras ediciones se perfila como una plataforma clave para concretar inversiones y alianzas estratégicas.

Cooperación en industria espacial

En paralelo, el ministro Puisto manifestó el interés de Finlandia en diversificar su relación con el Perú hacia sectores como la economía circular, los químicos y la industria satelital. Asimismo, señaló que evalúa realizar una visita oficial al país sudamericano para profundizar estos acercamientos.

El funcionario destacó que Finlandia ocupa actualmente el tercer lugar mundial en número de satélites en órbita, solo por detrás de Estados Unidos y China, lo que posiciona al país como un socio tecnológico relevante en el ámbito aeroespacial.

Articulación tecnológica con Conida

En este contexto, se abordó el interés de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú (Conida) por acceder a la tecnología finlandesa y promover iniciativas conjuntas, especialmente en la región de Moquegua.

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron coordinar un encuentro técnico virtual entre Conida y entidades del Ministerio de Asuntos Económicos de Finlandia. El objetivo será diseñar una hoja de ruta que permita concretar proyectos de cooperación en el sector espacial.

El proyecto cuprífero La Granja, operado por First Quantum Minerals, se consolida como uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo al contar con aproximadamente 22 millones de toneladas de cobre contenido.

Así lo afirmó Rafael Roberto, geólogo senior de la empresa, durante su exposición en proEXPLO 2026, resaltando la relevancia internacional del depósito y su potencial estratégico para cubrir la creciente demanda global por este metal.

El volumen de recursos posiciona a La Granja por encima de otros activos cupríferos peruanos y la ubica en el grupo de proyectos de mayor escala a nivel global. La importancia de este yacimiento se ve reforzada en un contexto donde el cobre es clave para la transición energética y las industrias tecnológicas.

Un sistema geológico complejo y de alto potencial

Situado en el norte del Perú, La Granja corresponde a un sistema de pórfidos de cobre con una configuración geológica compleja. El depósito está integrado por un sistema telescopiado de pórfidos y un extenso complejo de brechas hidrotermales.

El control estructural, principalmente en las direcciones noroeste y noreste, resulta fundamental para comprender la distribución de la mineralización y planificar futuras etapas de exploración.

Uno de los elementos distintivos de La Granja es su alta concentración de calcocita hipógena, mineral que aporta mejores leyes de cobre al depósito. Según Roberto, esta característica otorga ventajas competitivas al proyecto y lo diferencia de otros yacimientos similares en la región, incrementando su atractivo económico.

Desafíos técnicos y avances en el modelo geológico

La presencia de arsénico en el depósito constituye otro aspecto relevante para la caracterización del recurso. El especialista explicó que su distribución se encuentra asociada a vetillas y estructuras geológicas, factor que ha permitido identificar zonas con distintas penalizaciones metalúrgicas.

Esta comprensión, según el equipo técnico, resultó esencial para refinar y redefinir el modelo estructural del yacimiento.

Uno de los principales retos ha sido reinterpretar los datos históricos de perforación. Muchos de los sondajes antiguos, realizados de forma subvertical, dificultaban la adecuada identificación de las estructuras mineralizadas y generaban resultados poco representativos.

Frente a este desafío, el equipo de First Quantum Minerals implementó un nuevo enfoque metodológico para lograr una mayor precisión en la delimitación de las unidades geológicas.

Un modelo robusto para el futuro del proyecto

Como resultado de la nueva estrategia, el proyecto ha logrado afinar los límites de las unidades geológicas e identificar zonas de falla asociadas a la mineralización. El desarrollo de un modelo de bloques más robusto, que integra variables geológicas, estructurales y metalúrgicas, permite reducir la incertidumbre y optimizar la evaluación del activo.

Estos avances consolidan a La Granja como uno de los proyectos de cobre más prometedores a nivel global y sitúan al Perú en una posición estratégica dentro del mapa minero internacional.

La integración de nuevas técnicas geológicas y la redefinición del modelo estructural abren oportunidades para maximizar el potencial del depósito y definir su futura estrategia de desarrollo.

Perú se posiciona como el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil, en incorporar inteligencia artificial (IA) para la identificación de áreas con potencial minero.

El anuncio lo realizó Alonso Marchena, jefe del Programa de Metalogenia del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), durante el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026), organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El equipo de INGEMMET desarrolló mapas digitales utilizando IA, procesando miles de datos geológicos de la franja costera central del país, que abarca regiones como Áncash, Lima, Ica y el norte de Arequipa. El objetivo es enfocar la exploración hacia lugares con altas probabilidades de encontrar minerales esenciales para la industria y la tecnología, sobre todo cobre y cobalto.

“Hoy contamos con herramientas digitales que nos permiten combinar información de campo, análisis geoquímicos y modelos matemáticos para reducir la incertidumbre y orientar mejor la inversión en exploración”, explicó Marchena durante su presentación.

Exploración dirigida por IA impulsa la minería peruana

La investigación de INGEMMET abarcó más de 40 depósitos y prospectos mineros, incluyendo tanto zonas conocidas como áreas que aún no han sido exploradas. Los mapas generados identifican áreas prioritarias para minerales tradicionales, como el cobre, y para minerales críticos, como el cobalto, cuya demanda crece por la transición hacia energías limpias y el desarrollo tecnológico.

La demanda global de cobre y cobalto aumenta de manera sostenida debido a su uso en la fabricación de baterías, autos eléctricos y sistemas de energía renovable. Por esta razón, la labor desarrollada en la costa central del Perú tiene un impacto local y global, posicionando al país como un actor relevante en la cadena de suministro de materias primas estratégicas.

IA y acceso abierto a la información geológica

Uno de los principales beneficios del uso de IA es su capacidad para procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones geológicos que antes podían pasar inadvertidos. “Esta tecnología ayuda a optimizar recursos y a tomar decisiones más informadas, lo que beneficia tanto a la industria como al desarrollo económico del país”, destacó Marchena.

Los mapas digitales generados mediante IA ya están disponibles en la plataforma Geptamin de INGEMMET, accesible para empresas, investigadores y público interesado. Esta apertura facilita la toma de decisiones para nuevas inversiones y fomenta la transparencia, permitiendo que más actores conozcan y aprovechen el potencial geológico de regiones como Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

Innovación tecnológica y minería sostenible en Perú

Con este proyecto, Perú refuerza su apuesta por la innovación tecnológica en el sector minero, siguiendo el ejemplo de Brasil. La integración de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial permite abrir nuevas oportunidades para una minería responsable y el desarrollo sostenible de los recursos naturales en zonas estratégicas del país.

Especialistas de INGEMMET confían en que la implementación de estas soluciones tecnológicas impulsará la competitividad del sector y consolidará la posición de Perú como referente latinoamericano en exploración geológica y minería sostenible.

¿Qué es el INGEMMET?

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es un organismo público técnico especializado del Perú, adscrito al Ministerio de Energía y Minas. Se encarga de generar, almacenar y difundir conocimiento geológico nacional, administrar el catastro minero (concesiones) y estudiar peligros geológicos, garantizando la seguridad técnica y el ordenamiento territorial.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzarán los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado. Esta proyección de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) sitúa al sector como uno de los vectores de crecimiento más destacados de la economía, aunque advierte sobre los desafíos regulatorios y la necesidad de generar un impacto positivo en el territorio nacional.

Según Roberto Cacciola, presidente de CAEM, el cierre de 2025 dejó un saldo exportador de USD 6.056 millones, que ya había implicado una suba del 30% en relación a 2024. En tanto, la previsión para 2026 se calculó a partir de precios internacionales del oro, la plata y el litio que incluso fueron tomados con criterio conservador: “Si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior“, enfatizó.

Según CAEM, el precio actual de los metales supera el de referencia estimado en el cálculo, lo que otorga margen alcista al pronóstico para el sector.

Según resaltó Cacciola, la actividad minera representa en la actualidad cerca del 20% del volumen económico que mueve el sector agropecuario del país. Las provincias de Catamarca (93,2%), Santa Cruz (85,5%), San Juan (85,4%), Jujuy (80,6%) y Salta (44,2%) concentran el mayor peso sectorial, de acuerdo a cifras citadas por la CAEM durante una presentación que tuvo lugar este lunes en Buenos Aires.

En el caso del litio, el crecimiento es sostenido tanto en producción como en exportaciones, con una proyección de ventas externas superior a USD 1.400 millones para 2026. Cacciola puntualizó la diferencia con la evolución del oro y la plata, donde la recuperación de valor provino casi exclusivamente de los altos precios internacionales y no de un aumento en el volumen extraído: “Si los precios regresaran a los niveles de 2022, ninguna mina de oro y plata podría sostener sus operaciones en la Argentina a causa de los altos costos actuales”.

El impacto del RIGI y la discusión sobre proveedores

Uno de los puntos salientes de la exposición de Cacciola fue la evaluación de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según datos de la cámara que reúne a más de 190 empresas del sector, actualmente hay 13 proyectos presentados. Siete de ellos ya aprobados, mientras que son dos los emprendimientos que se destacan. En particular, Glencore y Vicuña, que concentran más de USD 30.000 millones en solicitudes de incentivo, cuya aprobación se espera para las próximas semanas.

Si estos siete proyectos avanzan plenamente, podrían generar USD 22.000 millones adicionales en exportaciones hacia 2035, principalmente en cobre y litio. Según Cacciola, el potencial ya no depende del hallazgo de yacimientos, sino de la capacidad de concretar inversiones: “Los recursos están validados geológicamente; no dependen de una condición potencial, sino real. Las proyecciones se basan en datos certeros sobre la existencia de minerales”, afirmó ante el auditorio de la CAEM.

El RIGI también abre un interrogante sobre la política de proveedores, ya que hasta el 80% de los componentes y servicios podrían ser importados bajo las condiciones actuales. “Eso resultaría contraproducente para el país”, advirtió Cacciola, quien abogó por buscar un equilibrio: “Tan malo es un compre local indiscriminado como permitir que cualquier insumo pueda ser importado sin discusión. El desarrollo minero debe crear un efecto derrame positivo en Argentina y tiene que haber sentido común”.

En términos de empleo, la industria genera hoy más de 100.000 puestos directos, con una ratio de dos empleos indirectos por cada trabajador directo. La remuneración promedio supera en 2,5 veces el salario nacional y la informalidad es ínfima (1,3% contra los niveles generales de la economía). Actualmente, existen 800 empresas como proveedores en proyectos en desarrollo, y unas 550 sostienen la operación diaria del sector.

Sin embargo, la continuidad y expansión de estos resultados dependen de la aprobación de proyectos bajo el RIGI, así como de la capacidad de articular entre Nación y provincias un esquema que fomente el desarrollo local y el empleo en toda la cadena minera.

Obstáculos regulatorios, infraestructura y políticas para el desarrollo sectorial

El desarrollo a largo plazo encuentra escollos estructurales en cuestiones de infraestructura, judicialización normativa y articulación política. La Ley de Glaciares continúa judicializada, aunque, según Cacciola, tanto el gobierno nacional como la mayoría de las provincias —incluyendo Catamarca, Salta, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe y Jujuy— muestran una sintonía inédita a favor de destrabar inversiones estratégicas. En ese contexto, la definición sobre áreas de geoformas en revisión —estimadas entre 100 y 200 sobre el total inventariado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)— podría marcar un punto de inflexión para el avance de los proyectos.

Otro de los desafíos expuestos fue el de la infraestructura, indispensable para acompañar el crecimiento proyectado. Cacciola recalcó que la planificación debe contemplar corredores tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico y no descarta que parte de la producción salga a través de Chile, “pensando una minería para los próximos 100 años”. Frente a la escasez de inversiones en logística, abogó por “abordar el desarrollo minero con inteligencia”, orientando el esfuerzo público y privado a potenciar la red de servicios asociados.

En el plano provincial, se destacó el régimen 90/10 de Santa Cruz, que exige 90% de operarios residentes locales. Cacciola señaló que este objetivo resulta alcanzable si se invierte en formación técnica y capacitación, aunque la carencia de profesionales calificados permanece como obstáculo.

La economía política de la minería

El nuevo mapa político provincial y la interacción fluida entre los gobernadores aparecen como ventajas comparativas respecto de años anteriores, explicó el titular de la CAEM. La transformación cultural, expresada en el reconocimiento generalizado de la necesidad de equilibrio fiscal, desregulación y apertura a la inversión, se perfila como garantía para el crecimiento a mediano plazo, cuyo principal motor será la coordinación entre sectores público y privado.

Ante la pregunta sobre la sostenibilidad de un esquema mayoritariamente orientado a proveedores del exterior, Cacciola insistió en la construcción de consensos y el diálogo como vía central: “Si no logramos consenso, no nos va a ir bien. Necesitamos sumar a todos los actores —sector público, sector privado—, buscar soluciones en conjunto y promover el sentido común”.

El futuro cercano prevé la multiplicación de inversiones —“a partir de 2028 y 2029, una vez resuelta la ley de Glaciares, el desembolso de capitales externos puede acelerarse considerablemente”—, pero la condición será asegurar que el resultado trascienda los indicadores agregados y se refleje en una corriente de empleo y desarrollo sostenible. La minería, remarcó Cacciola, no resolverá sola los problemas estructurales de la Argentina, pero su expansión puede contribuir decididamente a la economía real de las provincias y a la diversificación de la matriz productiva nacional.

Organizaciones civiles y líderes políticos sostienen que la actividad minera pondría en riesgo los recursos hídricos de la zona y la seguridad alimentaria nacional, dada la relevancia de la producción agrícola de la provincia. La concentración fue dispersada por la Policía en el trayecto a Romero, tras partir del municipio de San Juan de la Maguana, y participaron residentes de diferentes localidades del suroeste, de acuerdo con la cobertura en terreno de la agencia internacional de noticias EFE.

El punto de quiebre se produjo cerca de la presa de Sabaneta, cuando los manifestantes intentaban continuar hacia Romero, área actualmente bajo exploración minera de GoldQuest, y los agentes impidieron el avance con gas lacrimógeno y agua a presión. La movilización incluyó el lanzamiento de piedras a la policía y disparos al aire, entre crecientes consignas de rechazo a la minería. Entre los lemas comunes se escucharon: “Agua sí, oro no” y “No queremos oro, queremos vida”, acompañados de banderas nacionales y de diversas organizaciones civiles, según observó en el lugar la agencia internacional de noticias EFE.

Cuatro agentes de la seguridad dominicana —tres policías, entre ellos dos mujeres, y un capitán del Ejército— resultaron heridos durante la protesta, según informó la Policía Nacional en un comunicado citado por Diario Libre.

Las lesiones se produjeron cuando un grupo lanzó piedras al final de la manifestación, lo que provocó que las unidades de seguridad utilizaran gases lacrimógenos y chorros de agua para controlar los disturbios —de acuerdo con la nota oficial. La Policía Nacional destacó que no se emplearon armas de fuego en el operativo, desplegado en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, donde también se reportaron daños materiales en vehículos policiales.

Las autoridades investigan si los agresores podrían ser “infiltrados”, como evalúa la propia Policía Nacional, que también precisó la intención de identificar y someter a los responsables de los hechos.

Por su parte, la empresa GoldQuest, titular del permiso en Los Romeros, afirma que la actividad en curso es únicamente de exploración minera, y que la concesión oficial no habilita aún la explotación de oro, posición que el Gobierno dominicano ratificó ante el mismo medio.

La controversia tiene antecedentes de larga data: el Estado dominicano otorgó los permisos de exploración a GoldQuest hace alrededor de una década, pero hasta la fecha el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha emitido autorización para la explotación, lo que mantiene la actividad minera restringida a la búsqueda de yacimientos en la zona.

La producción agrícola de San Juan representa 60 % de las habichuelas y 15 % del arroz consumidos en el país

Uno de los datos centrales del conflicto, según subraya el senador de San Juan, Félix Bautista, es el impacto potencial sobre la agricultura: la provincia produce cerca del 60 % de las habichuelas y aproximadamente 15 % del arroz que se consumen en la República Dominicana, lo que incrementa la preocupación por una eventual contaminación de los ríos si se autoriza la explotación minera.

Bautista, junto a otros legisladores y agrupaciones ambientalistas y comunitarias, se opone firmemente a la entrega de permisos de explotación, posición que divulgó en sus redes sociales donde condenó el accionar policial y calificó la dispersión de la marcha como “inaceptable”. La oposición a la explotación no solo reside en los estamentos políticos y sociales: la Iglesia católica también ha expresado su rechazo al uso de los recursos minerales del subsuelo de Romero.

Según testimonios recogidos por EFE, el abogado Francisco Isaías Ogando, minutos antes del inicio de la protesta, describió la movilización como una reivindicación nacional: “El apoyo ha sido extraordinario de toda la población sureña y del país entero, porque ya esto es una reivindicación que la ha acogido todo el dominicano, que se ha tomado conciencia del daño que hace la explotación minera”.

En la misma línea, Leudys Benzán, residente de la provincia, advirtió sobre las consecuencias directas de una eventual aprobación al proyecto: “Estamos marchando en contra de la minería, queremos agua, no oro. El apoyo ha sido masivo, la gente sabe que si se explota la zona se contaminará el agua de nuestros ríos y no tenemos producción agrícola”. Benzán alertó, además, sobre el clima de tensión en el área en caso de no obtener una postura clara por parte del gobierno dominicano: “Las cosas se pondrán difíciles si el presidente dominicano, Luis Abinader, no habla rápido en contra de los trabajos de la minera”.

El modelo propuesto por GoldQuest difiere del de Pueblo Viejo, operado por Barrick Gold

GoldQuest sostiene que, en caso de obtener los permisos de explotación, utilizaría métodos subterráneos —y no a cielo abierto— para extraer oro, plata y zinc, una modalidad que la distingue del modelo de la mina de Pueblo Viejo en Sánchez Ramírez, gestionada por la multinacional minera canadiense Barrick Gold. Esta última es reconocida como una de las minas más grandes del mundo, y su ejemplo se cita con frecuencia en el debate público para ilustrar los riesgos y consecuencias de la explotación minera a gran escala en la República Dominicana, de acuerdo con información proporcionada por la agencia internacional de noticias EFE.

Las truchas muertas que cubren las pozas y orillas del río Yuracyacu son retiradas y enterradas como parte de las primeras medidas de contención adoptadas por las autoridades. Equipos técnicos coordinan con los piscicultores el recojo de los peces en descomposición para evitar riesgos sanitarios y frenar la propagación de posibles agentes contaminantes en la cuenca. Esta labor se desarrolla en paralelo con la toma de muestras de agua y la instalación de barreras de control en sectores estratégicos.

El volumen de peces sin vida obliga a una respuesta inmediata. La disposición final de las truchas se realiza bajo supervisión técnica, mientras se evalúan alternativas para mitigar el impacto ambiental. La prioridad consiste en evitar que los residuos afecten otros tramos del río o comprometan actividades productivas cercanas.

En este escenario, las familias dedicadas a la piscicultura enfrentan la pérdida total de su producción. La emergencia altera el abastecimiento previsto hacia el mercado nacional y deja sin ingresos a productores que dependen de esta actividad como principal sustento.

Retiro masivo y control sanitario en la cuenca

El Gobierno Regional de Junín desplegó brigadas especializadas para ejecutar acciones de contingencia en las zonas afectadas. Entre las medidas principales figura el retiro de truchas muertas de las pozas de cultivo y su entierro en áreas definidas para reducir riesgos de contaminación secundaria.

Las labores incluyen la instalación de barreras de control en el sector Agua Blanca, con el objetivo de contener cualquier residuo que avance por el río. De forma simultánea, técnicos recogen muestras de agua para análisis en laboratorio, en busca de identificar sustancias que expliquen la mortandad.

Estas acciones se coordinan con los productores locales, quienes reportaron la aparición de agua con coloración inusual y peces sin vida tanto en criaderos como en el cauce natural.

Impacto económico en piscigranjas

El alcance del daño abarca al menos siete piscigranjas ubicadas en sectores como San Balbín, Paltarumi, Cabracancha y Antarpa. La pérdida incluye ejemplares en todas sus etapas de desarrollo, desde alevinos hasta reproductores.

Edgar Quinto, representante de la piscigranja Wajocha, detalló la magnitud del perjuicio: “tenemos una pérdida total de peces de un millón seiscientos treinta y tres mil trescientos ocho unidades”. En términos económicos, precisó: “la pérdida total es de dos millones ciento ochenta mil ochocientos treinta punto dos soles”.

El productor también advirtió sobre las consecuencias en la cadena de suministro: “todo esta mercadería estaba destinado al mercado nacional. Entonces, ahora nos vemos afectados y prácticamente se va a dejar de abastecer al mercado nacional”.

Otros piscicultores reportaron cifras similares, con estimaciones que superan las 80 toneladas de trucha perdidas en conjunto.

Las denuncias de los pobladores apuntan a una posible contaminación vinculada a actividades mineras en la parte alta de la cuenca. Ante ello, la Dirección Regional de Energía y Minas realizó inspecciones en la zona, en coordinación con otras entidades.

Durante una diligencia conjunta, autoridades se trasladaron a la unidad minera Oro Negro, registrada en el REINFO, donde identificaron afloramientos de agua que discurren hacia el río Yuracyacu. La Autoridad Local del Agua Mantaro tomó muestras para determinar la presencia de contaminantes.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la verificación de piscigranjas afectadas, donde constató la presencia de peces muertos en distintas fases de crecimiento. La entidad indicó que continuará con el seguimiento del caso en coordinación con las autoridades competentes.

Investigación fiscal y acciones legales

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, inició investigaciones para establecer el origen de la contaminación y determinar responsabilidades. La Policía Nacional del Perú, en su división de Medio Ambiente, participa en las diligencias junto con organismos técnicos.

Los productores exigen resultados concretos. Uno de ellos señaló: “necesitamos que hagan una investigación exhaustiva para dar con los responsables que han causado este desastre natural”. También afirmó que el impacto alcanzó a todos los criaderos del área: “la mortalidad ha sido al cien por ciento. Prácticamente no se ha salvado ninguna trucha”.

El Gobierno Regional de Junín anunció que impulsará acciones legales una vez que se confirmen las causas del incidente. Estas medidas incluirán sanciones administrativas y penales contra quienes resulten responsables, según lo indicado en el comunicado oficial.

Mientras avanzan las investigaciones, las labores de limpieza y control continúan en la cuenca del Yuracyacu, en un intento por contener los efectos de un evento que alteró de forma directa la actividad productiva de la zona.

La cartera de proyectos de exploración minera en Perú para el año 2026 evidencia el predominio del capital extranjero en una etapa crucial para la industria extractiva nacional.

De acuerdo con la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, la presencia histórica de Canadá y Australia en el sector se consolida este año, concentrando en conjunto el 42% del total de la inversión prevista.

Ambas naciones refuerzan su papel como principales actores internacionales en la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales estratégicos.

Perú: US$757 millones distribuidos en 17 regiones mineras

Según cifras oficiales presentadas por la viceministra, la cartera de exploración asciende a US$757 millones, monto destinado a 69 proyectos ubicados en 17 regiones del país.

“Canadá lidera la participación extranjera con cerca del 38% de la inversión, seguido por Australia con alrededor de 4%”, precisó Figueroa en su intervención. Ambos países mantienen una “presencia histórica en la exploración minera peruana, particularmente en proyectos vinculados a cobre, oro y zinc”.

Durante el último Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la funcionaria también destacó que el capital peruano muestra un rol relevante en la cartera, representando un 41,5% del total de la inversión.

Esto posiciona a los inversionistas locales como protagonistas en la fase exploratoria, evidenciando un mayor involucramiento nacional en el desarrollo de la industria minera.

Oro y cobre, los protagonistas de la cartera

El análisis de la composición del portafolio revela un claro enfoque en dos minerales clave. El oro capta el 40,7% de la inversión total, mientras que el cobre concentra el 32,2%.

Juntos, estos minerales absorben más del 70% de los recursos destinados a exploración. “La apuesta se mantiene en metales clave para la industria mundial”, subrayó la viceministra.

La diversificación en otros minerales todavía es limitada. El zinc alcanza una participación del 13,8%, seguido por la plata con el 6,2% y el estaño con el 4,5%.

Esta distribución refleja que la cartera sigue orientada principalmente a metales tradicionales, aunque existe interés por ampliar el abanico de oportunidades en etapas posteriores del ciclo minero.

Exploración, pilar para el desarrollo sostenible

Durante su exposición, Figueroa remarcó la importancia de la exploración para la sostenibilidad del sector. Explicó que “la exploración es una fase crítica para garantizar la sostenibilidad del sector, ya que permite descubrir nuevos yacimientos y extender la vida útil de las operaciones existentes”.

Esta afirmación, sustentada en cifras oficiales, refuerza la necesidad de mantener un flujo constante de inversión para asegurar el dinamismo y la competitividad de la minería peruana.

En 2025, la inversión ejecutada en exploración alcanzó los US$788 millones, lo que representó un crecimiento del 38,5% respecto al año anterior. Este incremento evidencia, según la viceministra, “un renovado dinamismo en el sector”.

Además, Perú figura entre los principales destinos globales para la exploración minera, alcanzando el quinto lugar en el ranking mundial de 2025. El logro posiciona al país como un polo atractivo para el capital internacional y subraya la relevancia de fortalecer los marcos regulatorios y de promoción para mantener la tendencia ascendente.

El gobierno de Javier Milei proyecta un cambio estructural en la dinámica del mercado cambiario: la expansión de los sectores energético y minero podría distribuir el flujo de divisas de forma más pareja a lo largo del año. Analistas consultados por Infobae reconocieron que el auge de las exportaciones mineras y petroleras ya se refleja en la liquidación de divisas. No obstante, destacaron que ese mayor caudal aún no alcanza para desplazar el peso que tiene la liquidación de la cosecha gruesa -se concentra entre abril y junio- sobre la acumulación de reservas internacionales.

En las últimas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, disertó en el Atlantic Council acerca del proceso de acumulación de reservas y al futuro del mercado cambiario.

“El año pasado hubo mucha preocupación y ansiedad en torno al proceso de acumulación de reservas. Nosotros sostuvimos que íbamos a acumular reservas en el momento adecuado, cuando las variables económicas y financieras estuvieran alineadas. Así fue. De hecho, el 15 de diciembre anunciamos el programa de acumulación de reservas para comenzar el 1° de enero, y desde entonces hemos estado comprando reservas a un ritmo mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado“, dijo el funcionario, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el 1° de enero hemos estado comprando reservas a un ritmo mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado (Bausili)

Bausili sostuvo que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

Consideró el presidente del BCRA que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

El funcionario proyectó un cambio estructural en la matriz exportadora del país: “Sin embargo, el país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.

De esta forma, el equipo económico estima que el balance de divisas energético y minero seguirá creciendo en los años venideros y los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) generarán flujos de dólares asociados a su etapa de inversión.

Según datos del BCRA, el flujo neto de las iniciativas amparadas en el RIGI supera los USD 700 millones hasta abril. Por el momento, se aprobaron propuestas por el equivalente a USD 27.300 millones y, de autorizarse las que se encuentran en etapa de evaluación, el monto ascendería a 99.300 millones de dólares.

El flujo neto de las iniciativas amparadas en el RIGI supera los USD 700 millones hasta abril

Desde Fundación Mediterránea ponderan que la energía “volvió a ser un motor de dólares para Argentina. Después de más de una década de déficit (2011-2023), el sector cerró 2025 con un superávit de USD 7.829 millones. El cambio no es coyuntural: detrás hay una transformación estructural del sector energético”.

Según un informe de Econviews, el rubro energético no limita su aporte de divisas al superávit comercial. En los últimos 12 meses, el flujo neto total del sector al mercado cambiario alcanzó USD 9.420 millones, una cifra que incluye USD 5.840 millones ingresados por la cuenta de bienes en el Mercado Libre de Cambios y USD 6.980 millones provenientes de colocaciones de deuda, junto al resto de las cuentas del sector.

El rol del RIGI y la acumulación de reservas

Consultado por Infobae, el director asociado de EcoGo, Sebastián Menescaldi, planteó que existe un cambio notorio en el segmento de la energía, que pasó de deficitario a positivo, pero “no es suficiente para poder compensar la caída de estacional que hay en el agro”.

“Eso puede ir cambiando en 2027 cuando empiece a funcionar Vaca Muerta Sur, que va a aportar 180.000 barriles diarios de exportación. Añadió que para 2026 habrá mayor oferta de divisas que en 2025, gracias a la mejora en los precios de las materias primas y que “hoy el superávit comercial asciende a USD 21.000 millones versus USD 11.000 millones del año pasado”.

Para 2026 habrá mayor oferta de divisas que en 2025, gracias a la mejora en los precios de las materias primas (Menescaldi)

El economista de Econviews, Alejandro Giacoia, contó que en la actualidad el agro sigue siendo el principal sector exportador, más allá del crecimiento que tuvo la energía y la minería. “Puesto en números: en los últimos 12 meses las exportaciones de los complejos oleaginoso y cerealero representaron 35% del total, el de energía 12% y el minero 8%. Es cierto que estos dos sectores crecieron mucho en los últimos años (prácticamente duplicaron sus shares), pero todavía no tienen el mismo peso que el agro".

Según Giacoia, esto mantiene la estacionalidad positiva en el segundo trimestre asociada a la cosecha gruesa. Proyectó que las mejoras en energía y minería ayudarán a moderar esa estacionalidad en los próximos años.

El economista Federico Machado opinó que el país está ante un cambio de la estacionalidad: “Lo vimos con claridad en el primer trimestre, que históricamente era muy malo y este año fue extraordinario para el mercado de cambios (como vemos en la compras del BCRA y la apreciación)”.

“Eso no significa que la estacionalidad desaparezca del todo, porque, sobre todo en invierno, además de la baja oferta del campo también tenemos mayor demanda (gas y turismo). Pero si la suaviza”, graficó.

Exportaciones: perspectivas sectoriales para 2026-2027

Machado estimó que en el segundo trimestre el sector de oleaginosas y cereales aporta al mercado cambiario aproximadamente USD 1.000 millones mensuales por encima respecto al promedio del segundo semestre; petróleo y minería, en 2026, muestran un ingreso de divisas que supera en USD 300 millones mensuales al del mismo periodo del año anterior.

El segundo trimestre el sector de oleaginosas y cereales aporta al mercado cambiario aproximadamente USD 1.000 millones mensuales por encima respecto al promedio del segundo semestre (Machado)

El jefe de Research de Parakeet, Matías de Luca, explicó que “el comercio de energía debería ser más estable, en términos estacionales, que el agro. Una vez que Vaca Muerta esté completamente desarrollada, no deberíamos observar tanto contraste entre el primer y segundo semestre”.

De Luca añadió que podría haber menos oferta de dólares en la segunda mitad del año respecto al trimestre abril-junio, pero esto no necesariamente implica un problema, ya que los ingresos pueden provenir de la energía, el RIGI o colocaciones de obligaciones negociables.

En un momento en el que la industria minera argentina está en pleno auge, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la U.S. Chamber of Commerce firmaron un acuerdo de cooperación para transformar el potencial geológico del país en inversiones tangibles. Se trata, además, de una respuesta al liderazgo de China en la cadena productiva de los minerales críticos, una visión que el presidente americano Donald Trump prometió resolver de la mano de los “países aliados”.

Según comentó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, “el potencial argentino estuvo siempre ahí. Mientras Chile y Perú se desarrollaban, nosotros hicimos bastante poco. Sin embargo, en cinco años Argentina tendrá una balanza de USD 60.000 millones en energía y minería”. Según González, la balanza sectorial ya cerrará este año con unos USD 15.000 millones positivos, pero el salto hacia los USD 60.000 millones para 2031 será el resultado de una macroeconomía ordenada y el alineamiento con Occidente.

Según detalló el funcionario, esta proyección no responde únicamente al potencial mineral argentino, “sino a proyectos que tienen un nombre y un apellido, tanto en minería como en gas y petróleo”, sumados a las condiciones macroeconómicas y regulatorias implementadas durante la actual gestión, ya se están empezando a transformar en inversiones concretas.

Los últimos datos de la misma secretaría detallaron que las exportaciones mineras alcanzaron en 2025 un total de USD6.037 millones, el valor anual más alto registrado desde que existen datos del sector. El monto exportado el año pasado representó un incremento de 29,2% respecto de 2024, cuando las ventas externas sumaron USD4.674 millones.

Con vistas al futuro, y en línea con las proyecciones del sector, un informe de Morgan Stanley estima que las exportaciones mineras de Argentina podrían crecer un 700% para 2035 y alcanzar los USD 40.000 millones anuales. El mismo informe señala que los principales desarrollos mineros identificados en el país podrían atraer más de USD 50.000 millones en inversiones de capital y llevar los ingresos por exportaciones mineras de USD 5.000 millones en 2025 a USD 40.000 millones en 2035.

El factor China

El acuerdo no es solo comercial; es una respuesta a la hegemonía de Beijing en el sector. Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, advirtió que el 75% del mercado mundial de minerales críticos lo maneja China, lo que representa un liderazgo que las potencias occidentales buscan diversificar. “Hay una necesidad de asegurar que esas cadenas de valor estén seguras y queden en manos de aliados”, reforzó Neil Herrington, vicepresidente senior de la U.S. Chamber of Commerce.

El texto oficial del acuerdo subraya esta visión geopolítica: “A medida que aumenta la demanda global y las cadenas de suministro enfrentan crecientes presiones geopolíticas, Estados Unidos y Argentina comparten el interés de construir cadenas de suministro confiables, diversificadas y basadas en el mercado, que reduzcan vulnerabilidades estratégicas”.

El nuevo marco legal y el RIGI como motor

La firma del acuerdo para asegurar el suministro y procesamiento de minerales establece una hoja de ruta de cuatro ejes: infraestructura, financiamiento, transferencia tecnológica y agregado de valor. Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina, destacó que es el momento para que el país se posicione como un socio estratégico: “Tomamos un acuerdo político para transformarlo en inversiones a largo plazo. Es el momento propicio para posicionar a la Argentina como país confiable en las cadenas globales”.

El RIGI aparece como la garantía de esta previsibilidad, ya que ofrece 30 años de estabilidad fiscal y regulatoria, lo que ya disparó proyectos por más de USD 26.000 millones. González reconoció que esto implicó afrontar “papas calientes” regulatorias, como la Ley de Glaciares, asegurando que el presidente Milei fue quien “agarró el toro por las astas” para brindar las condiciones que el sector privado necesitaba. Adelantó, además, que otra decena de proyectos se enmarcará en el régimen “en el corto plazo”.

El texto oficial de la declaración conjunta subraya que la Argentina posee las terceras mayores reservas de litio del mundo, localizadas en el llamado “triángulo del litio”-compartido con Chile y Bolivia-, junto a importantes depósitos de cobre, oro, plata y tierras raras. El objetivo es el desarrollo de capacidad doméstica de procesamiento de minerales críticos, como productos de litio grado batería y cátodos de cobre, lo cual posicionaría al país entre los seis principales productores globales de cobre hacia 2035.

En materia financiera, AmCham Argentina y la U.S. Chamber of Commerce instaron a activar instrumentos de financiamiento específicos, como los programas de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM). El Exim Bank ya comprometió hasta USD 100.000 millones en apoyo a cadenas de suministro aliadas, lo que podría convertir a Argentina en uno de sus principales beneficiarios, detalló el acuerdo.

Obstáculos y desafíos pendientes: seguridad jurídica, infraestructura y marco tributario

El CEO de AmCham Argentina advirtió que “hace cinco años el DFC no atendía el teléfono porque Argentina no reunía las condiciones para presentar una carpeta de inversión. Hoy, el desafío es aprovechar la situación con financiamiento que facilite nuevas llegadas y acelerar el proceso regulatorio”.

En este sentido, Díaz advirtió que el desafío es la ejecución. Argentina compite en un portafolio global contra gigantes como Australia o Canadá, y en esa puja el costo es la variable determinante. Entre los obstáculos a remover, las entidades señalaron la elevada carga tributaria —que representa un 26% del PBI frente al 22% de los vecinos— y la necesidad crítica de infraestructura.

La integración a la red de acuerdos globales, que reúne a potencias mineras como Australia y gigantes tecnológicos como Japón y Corea, junto a socios estratégicos como Indonesia, Malasia y Emiratos Árabes, fue valorada por Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Según el funcionario, Argentina pasó de “estar fuera del mapa” a ser reconocida como un socio estratégico capaz de sentarse en la mesa con los mayores productores del mundo. Brun puntualizó que hoy el país resulta elegible para acceder a financiamiento internacional de organismos como la DFC, gracias a pilares como el RIGI que brindan la previsibilidad necesaria para proyectos de larga duración.

Neil Herrington, vicepresidente senior del Departamento de las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, puso el foco en el “alineamiento casi inédito” entre ambos países impulsado por las reformas pro-mercado de Javier Milei. Ante este nuevo escenario, Herrington pidió que Argentina reciba un “tratamiento preferencial y recíproco” en las negociaciones comerciales, reconociendo al país como un aliado fundamental en la región.

Para transformar estos acuerdos diplomáticos en hechos concretos, el documento establece la publicación de una “Lista de Proyectos Prioritarios” en un plazo máximo de seis meses. Asimismo, se anunció la creación de un Comité Consultivo Conjunto del Sector Privado, encargado de articular las posiciones entre los organismos públicos y el entramado industrial de ambos países para acelerar la transferencia tecnológica y el desarrollo de infraestructura.

Perú vive una reconfiguración profunda de su mercado laboral. Así lo confirma el informe Global Talent Trends 2026 de Mercer, que advierte que sectores como la banca, la minería y el retail están bajo una presión inédita para captar y retener talento, en un entorno donde la digitalización y la inteligencia artificial (IA) avanzan más rápido que la capacidad de respuesta de las empresas y el propio sistema educativo.

Según Diana Plasencia, Talent Strategy Leader de Mercer en Perú, el punto de quiebre no está en la cantidad de profesionales disponibles, sino en la velocidad con la que el mercado laboral peruano genera capacidades digitales y perfiles híbridos.

“Donde más presión vemos es en banca, minería y retail, que son los sectores que más rápido están moviéndose hacia la digitalización. Pero el tema de fondo no es que falten profesionales en el país, sino que la velocidad con la que el mercado laboral peruano genera capacidades digitales no alcanza”, afirma Plasencia.

Para cubrir ciertos perfiles senior, las empresas ya optan por buscar talento fuera del país, lo que evidencia las limitaciones locales.

El liderazgo intermedio, el eslabón más vulnerable

El informe de Mercer (un negocio de Marsh) hace especial énfasis en la “capa de liderazgo intermedio”: aquellos gerentes y directivos seniors que traducen la estrategia en ejecución y gestionan equipos en entornos de incertidumbre.

Plasencia advierte para Infobae Perú que “son quienes traducen la estrategia en ejecución, y muchos no están preparados para liderar en contextos de tanta incertidumbre. Si ese eslabón falla, no importa cuánta tecnología se implemente, la transformación pierde ritmo”.

La consecuencia es directa: casi la totalidad de los inversionistas globales encuestados por Mercer señala que su decisión de inversión se ve afectada negativamente si una empresa no adopta modelos ágiles y basados en habilidades.

Para la especialista, la gestión del talento ha dejado de ser un tema solo organizacional y se ha convertido en un criterio financiero clave.

Inteligencia artificial: avance desigual y riesgo de ineficiencia

Banca, minería y retail lideran la adopción de inteligencia artificial en Perú. Sin embargo, existe una brecha importante entre la implementación de tecnología y la generación de valor.

Según Mercer, a nivel global las inversiones en IA generativa ya superan los 30 mil millones de dólares, pero el 95% de las organizaciones no logra obtener retorno. ¿El motivo? La tecnología llega, pero los modelos de trabajo no se rediseñan ni se alinean a problemas concretos.

“Se observan empresas que implementan herramientas de IA sin tener claridad sobre qué problema específico están resolviendo, sin la data necesaria para tomar esas decisiones. Se avanza sin la visibilidad necesaria. Si eso no cambia, lo que vamos a tener es un portafolio de soluciones tecnológicas desconectadas de cualquier estrategia de negocio”, advierte Plasencia.

El fenómeno es similar en sectores tradicionales como minería, agricultura o manufactura: la inversión en tecnología es fuerte, pero no existe una transformación real del trabajo ni de la cultura organizacional.

A nivel global, el 63% de los ejecutivos reconoce que rediseñar el trabajo para incorporar IA es lo que ofrece mayor retorno, pero solo un tercio confía en que su fuerza laboral esté preparada para combinar capacidades humanas y tecnológicas.

Brecha entre líderes y colaboradores: impacto en bienestar y retención

El informe señala una desconexión profunda entre la alta dirección y los colaboradores. Mientras el 98% de los líderes empresariales planea cambios organizacionales y el 99% anticipa recortes de personal vinculados a la IA, solo el 44% de los trabajadores se siente pleno en términos de salud, remuneración y carrera, frente al 66% de 2024.

Cuatro de cada diez empleados piensa en cambiar de trabajo en los próximos doce meses, y el temor a perder el empleo por IA casi se duplicó en dos años, pasando del 28% al 40%.

Apenas el 19% de los líderes de recursos humanos está incorporando el impacto emocional del cambio digital en sus estrategias. “La IA no falla por ser mala tecnología; el desafío aparece cuando llega a organizaciones cuya cultura y cuyas personas aún no están preparadas para integrarla”, resalta Plasencia.

En Perú, la incertidumbre política, la inseguridad y la economía inestable aumentan la presión psicológica sobre los trabajadores y dificultan los procesos de cambio.

Inversión en capacitación: una apuesta necesaria

Banca, minería y tecnología son los sectores que más invierten en reconversión laboral. El 53% de los trabajadores ya reconoce que le preocupa no tener las competencias que exigirá el futuro, mientras que el 77% de los inversionistas globales prefiere empresas que apuestan por la educación en IA.

Sin embargo, muchas empresas peruanas aún no tienen una estrategia clara de desarrollo de habilidades. Las iniciativas suelen ser aisladas y no están conectadas a un mapa de capacidades que relacione las necesidades del negocio con los planes de desarrollo de las personas, lo que reduce el impacto real de la inversión en capacitación.

Las organizaciones que avanzan son las que entienden la formación como una inversión continua y estratégica, donde los empleados están dispuestos incluso a cambiar de trabajo o a percibir menor salario a cambio de oportunidades de desarrollo y upskilling en habilidades digitales e inteligencia artificial.

Desafíos para sectores rezagados y el rol estratégico de RRHH

Finalmente, se informa que sectores como agricultura, construcción y manufactura se mantienen rezagados en la adopción de tecnologías emergentes, en parte por la informalidad laboral y la falta de procesos estandarizados.

Esta brecha puede traducirse en menor productividad, dificultad para captar talento e incluso en menos empleo formal y menor capacidad tributaria del Estado.

En este contexto, la redefinición de los perfiles profesionales es transversal: ya no basta la competencia técnica, sino que se requieren habilidades híbridas, pensamiento crítico y adaptabilidad.

El reto, señala Mercer, es pasar de un modelo reactivo a uno estratégico en la gestión del talento. “El talento humano bien gestionado sigue siendo la única ventaja competitiva que ningún algoritmo puede replicar”, concluye Plasencia.

De esta manera, el informe de Mercer subraya que el futuro del trabajo en Perú dependerá de la capacidad de las organizaciones para conectar tecnología, cultura y personas, articulando un modelo de desarrollo de talento realmente integrado a la estrategia de negocio y a la realidad del país.

Las exportaciones mineras peruanas alcanzaron un récord en los dos primeros meses de 2026, sumando USD 13,831 millones, lo que representa un crecimiento de 59% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Este salto se explica, principalmente, por el mayor valor exportado de oro, cobre y plomo, consolidando a la minería como el motor clave del comercio exterior peruano.

Minería peruana rompe récords: cobre y oro disparan las exportaciones

El cobre lideró los envíos con USD 6,384 millones en el primer bimestre, un incremento de 53.3% frente al mismo lapso de 2025. Las exportaciones auríferas sumaron USD 5,231 millones, marcando un crecimiento de 73.8% respecto al año pasado.

Solo el cobre representó el 46.2% del valor total de las exportaciones mineras, mientras que el oro aportó el 37.8%. El sector minero, en conjunto, concentró el 74% del total de exportaciones de productos peruanos al extranjero entre enero y febrero.

En febrero de 2026, las exportaciones mineras ascendieron a USD 6,703 millones, un 62% más que en el mismo mes de 2025. El cobre generó USD 3,032 millones, impulsado por un aumento del 3.6% en el volumen exportado y una mejora del 53.4% en su cotización internacional.

Por su parte, las exportaciones de oro alcanzaron USD 2,565 millones, con un incremento de 2.1% en volumen y un alza del 73.3% en el precio respecto a febrero del año anterior.

Estos resultados reafirman el peso estratégico del sector minero en la economía nacional y su impacto en la balanza comercial, en un contexto global de precios elevados y sostenida demanda internacional, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Hacia un clúster financiero minero regional: el XVI Encuentro Internacional de Minería

En paralelo al crecimiento exportador, Lima será sede del XVI Encuentro Internacional de Minería, donde líderes empresariales, autoridades y expertos analizarán el futuro financiero y sostenible del sector.

El conversatorio central, “Financiando el Motor del Crecimiento del País”, pondrá el foco en el papel del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la banca privada y los financistas alternativos para viabilizar nuevos proyectos mineros.

Julio Velarde, presidente del BCRP, expondrá cómo la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad en inflación, tipo de cambio y tasas de interés resultan cruciales para reducir el costo de capital y atraer inversiones.

Por su parte, los CEOs de Scotiabank Perú, Intercorp Financial Services y Citibank Perú debatirán sobre la evolución del sistema financiero, que hoy no solo financia, sino que también vela por estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El simposio también abordará el desafío de convertir al Perú en un hub financiero minero, el rol de la banca comercial en la sostenibilidad y el auge de nuevos actores como fondos especializados, private equity y esquemas de streaming y royalties.

El evento, que se realizará del 26 al 28 de mayo, reunirá a expertos nacionales e internacionales bajo el lema “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”, en un escenario de alta demanda global por minerales críticos.

El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, viajará este jueves a Venezuela junto a una comitiva para mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero, así como con funcionarios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En el marco de la reanudación de relaciones bilaterales tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca señaló que “Estados Unidos y Venezuela están restaurando su asociación, reconstruyendo los lazos económicos y facilitando inversiones sin precedentes que beneficiarán tanto al pueblo estadounidense como al venezolano.

Los acuerdos contemplados del viaje incluirán memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no se prevé un aumento inmediato de la producción. El objetivo es abrir nuevas vías de inversión y comercio a mediano y largo plazo.

Este acercamiento ocurre luego de las visitas de alto nivel realizadas en febrero y marzo, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, mantuvieron reuniones en Caracas para discutir posibles acuerdos en petróleo y minería.

En una conferencia realizada este miércoles en Washington, el subsecretario interino de energía, Alex Fitzsimmons, señaló que la producción petrolera venezolana “ya comenzó a aumentar”, aunque resaltó la necesidad de más reformas.

“Están viendo los beneficios de esto, pero somos conscientes de que se trata de un proyecto a largo plazo para reconstruir la infraestructura de la red eléctrica del país, establecer reglas claras, una industria moderna y procesos de licitación competitivos, así como toda la gobernanza que lo sustenta”, manifestó.

En paralelo al acercamiento diplomático, este jueves está prevista la reanudación de la ruta aérea directa entre Miami y Caracas, operada por American Airlines, tras casi siete años de suspensión. Fuentes del Gobierno estadounidense confirmaron a EFE que algunos funcionarios viajarán en este vuelo.

Por su parte, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, afirmó el martes que tanto compañías estadounidenses como venezolanas se encuentran listas para dinamizar la economía venezolana, en el marco de una etapa orientada a superar años de recesión y aislamiento internacional.

Barrett, que asumió funciones la semana pasada, hizo estas declaraciones después de reunirse con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria. “Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, subrayó Barrett.

El diplomático destacó que su primer encuentro con representantes del sector privado de ambos países confirmó el interés y la disposición para iniciar una nueva fase de cooperación económica.

Barrett precisó que los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prioriza la estabilización, la recuperación y la transición en Venezuela hacia una democracia plena. “Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica”, expresó en una grabación difundida en redes sociales.

El encargado de negocios resaltó la importancia del sector privado como eje central en la estrategia de reconstrucción nacional. “La inversión de Estados Unidos es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”, señaló durante una reunión con la Cámara Petrolera de Venezuela.

Barrett instó a los empresarios a aprovechar la “oportunidad histórica” que representa la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales y la flexibilización de restricciones en el sector energético venezolano.

(Con información de EFE)

Durante la presentación del informe de gestión en la Cámara de Diputados de la Nación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue consultado sobre el impacto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en el mercado laboral. Para responder, el funcionario presentó un detalle del empleo directo e indirecto que promete generar cada proyecto presentado por el sector privado.

En este sentido, lo primero a tener en cuenta es que hasta el momento se han aprobado 12 iniciativas, una cuenta con recomendación de aprobación por parte del Comité Evaluador de Proyectos y otras 21 están en proceso de evaluación.

Según informó el Gobierno, las 12 inversiones ya aprobadas generarán en forma conjunta 34.860 empleos, entre trabajos directos e indirectos. Si se suma a Diablillos, el proyecto minero de Pacific Rim Mining que fue preaprobado, la cifra total llega a 36.873 empleos.

Lo que no aclaró Adorni, es cuántos de esos puestos de trabajo corresponden a la etapa de construcción y cuántos a la fase de operación. Tampoco se indicó el tiempo de permanencia esperado en cada caso.

Las iniciativas más demandantes de empleo

Entre los 12 proyectos que ya forman parte del RIGI, hay tres que se destacan por su potencial impacto en el mercado laboral. El más intensivo en mano de obra es el que corresponden a la Terminal Multipropósito Timbúes, que se construirá en la provincia de Santa Fe con una inversión de USD 277 millones. Esa iniciativa promete generar 9.700 puestos de trabajo en total, entre la construcción y la operación.

Un poco más atrás figura el Proyecto Los Azules, de Andes Corporación Minera S.A., que demandará un desembolso de USD 2.672 millones en San Juan. En ese caso, la cifra estimada de empleos directos e indirectos es de 7.391 en total.

El podio se completa con Nuevo Gualcamayo, de Minas Argentinas Sucursal Dedicada. A través de una inversión de USD 665 millones se generarán 4.500 empleos.

Se puede mencionar también el caso del Proyecto Siderúrgico Argentino de Sidersa, en Buenos Aires. Esa iniciativa generará 3.800 empleos entre todas su etapas y demandará un inversión de USD 286 millones.

En tanto, Vaca Muerta Oil Sur, el proyecto de VMOS S.A. en Río Negro, promete emplear a 3.108 personas y generar inversiones por USD 2.900 millones.

Entre los cinco proyectos mencionados sumarían a 28.499 trabajadores, el 81% del total estimado para las propuestas ya aprobadas.

¿Y si se aprobara todo?

El hecho de que existan 22 proyectos en evaluación (incluyendo Diablillos) no implica necesariamente que se vayan a aprobar. De hecho, ya hay un antecedente de rechazo (una iniciativa de la minera china Ganfeng Lithium).

No obstante, resulta interesante analizar cuántos puestos de trabajo se podrían generar si todas las iniciativas ingresaran finalmente al RIGI. De acuerdo al detalle presentado por Adorni en el informe de gestión, los 34 proyectos (entre aprobados y en evaluación) podrían producir un total de 144.737 empleos formales a nivel país. Una vez más, no se aclara cuánto serían temporales y cuántos serían permanentes.

Entre las iniciativas que están siendo evaluadas, hay algunas que llaman la atención por su potencial demanda de trabajadores. El caso más significativo es el de Vicuña, que desarrollaría la empresa con el mismo nombre en San Juan. Según lo informado, la inversión sería de USD 9.712 millones y demandaría el trabajo de 31.700 personas.

En la misma provincia, se realizaría El Pachón. La empresa Giencore Pachón S.A. promete una inversión de USD 11.600 millones y la contratación de 12.350 trabajadores.

Otra iniciativa minera de mano de obra intensiva sería Agua Rica. La minera que lleva ese nombre, invertiría USD 6.699 millones en Catamarca y contrataría a 8.200 empleados entre la construcción y la etapa operativa.

Cuánto dinero hay en juego y a dónde iría

De acuerdo a la información difundida por Nación, hasta el presente mes de abril se han aprobado proyectos por el equivalente a USD 27.300 millones. Hay otros USD 72 mil millones que se encuentran en evaluación, por lo que la inversión total conjunta de las empresas llegaría a 99.300 millones de dólares.

La consultora Econométrica resumió el estado de situación de cada provincia en el marco del RIGI. Por el momento, la jurisdicción que más inversiones recibirá a través del régimen de incentivos es Río Negro, que reúne iniciativas aprobadas por 18.056 millones de dólares.

Por su parte, la provincia que más inversiones recibiría si se aprobaran todas las propuestas sería San Juan. Las firmas privadas, en su mayoría del sector minero, buscan invertir USD 30.300 millones en la provincia cuyana. Algo más atrás aparece Neuquén, con USD 24.000 millones potenciales, pero sin ninguna iniciativa confirmada por el momento.

El cuarto y quinto lugar lo ocupan Catamarca y Salta, con proyectos de inversión por USD 9.800 y USD 8.400 millones respectivamente.

Tras la denuncia realizada por The New York Times en la que se afirma que hay una mina ilegal en la que delincuencia tiene respaldo de las autoridades para poder extraer oro que luego es comercializado y presentado en reconocidos lugares de Estados Unidos, el Gobierno colombiano anunció el inicio de una investigación que hasta el momento no ha esclarecido nada de lo expuesto.

Cabe recordar que el informe del medio citado afirma que la mina está ubicada a pocos metros de una base militar y que habría presencia de hombres del Clan del Golfo; sin embargo, Corantioquia se pronunció para desmentir esto.

A través de un comunicado de prensa, la entidad afirmó que hay un territorio ubicado en la zona señalada en la que funciona una mina legal, que contaría con los permisos requeridos para las labores que se adelantan allí.

Corantioquia mencionó que el predio estaría ubicaod en la vereda Río Man, en Cáceres, en donde habría proyectos en La Mandinga, sitio mencionado en el informe, con una licencia ambiental que le fue otorgada a la empresa encargada de la explotación de oro y plata a un kilómetro del batallón en 2022.

En segundo lugar, se menciona un polígono que estaría siendo tramitado en la actualidad y no cuenta con licencia ambiental aprobada, que sería el denunciado por The New York Times, puesto que no hay aprobación ambiental para llevar a cabo actividades mineras en la zona.

La entidad ambiental afirma que desde 2011 informó a la Agencia Nacional de Minería, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre situaciones asociadas a la actividad minera en la zona.

Si bien las condiciones de orden público que históricamente han afectado al Bajo Cauca antioqueño generan obstáculos, Corantioquia aseguró que ha mantenido labores de seguimiento, control y articulación interinstitucional, por lo que pidió fortalecer la articulación institucional y la presencia del Estado en la zona e invitó a los mineros a avanzar en procesos de formalización para evitar ser judicializados.

Las denuncias del Ejército en la zona

Antes del comunicado de Corantioquia, el Ejército se pronunció al respecto al afirmar que entre 2.000 y 2.500 personas se dedican a la minería en un predio gestionado por el Fondo de Reparación a Víctimas, en donde se investiga si hay algún tipo de solicitud sobre amparo administrativo ante la invasión de mineros ilegales, resaltando que este trámite le corresponde a la administración local.

Por su parte, la corporación responsable del área informó que el proyecto Mina Mandinga, identificado con la placa ODH-08201, dispone de una licencia ambiental temporal otorgada en 2022.

Sobre la autorización, como lo confirmó Corantioquia, sería para la explotación de oro y plata, como parte de un proceso de formalización minera que cumplió con los requerimientos técnicos, jurídicos y ambientales establecidos por la normativa vigente.

Por otra parte, la denuncia del Ejército menciona que en la región hay intervención de mineros informales, lo que ha generado investigaciones administrativas y procedimientos de verificación sobre la legalidad de las actividades extractivas.

Las autoridades locales y nacionales revisan los registros de amparo administrativo para identificar los mecanismos legales aplicables en la protección del predio frente a la minería ilegal y la identificación de los trabajadores formales e informales, sobre los que no hay claridad de su ubicación por el momento.

Lo último que se informó al respecto es que el proceso de formalización minera continúa sujeto a la supervisión de las entidades ambientales y reguladoras, que evalúan el cumplimiento de los requisitos exigidos para la explotación de recursos minerales en la zona.

En un despliegue de cifras que confirman la resiliencia y el potencial estratégico de los recursos naturales de la nación, el Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, reveló que el sector minero ha iniciado el año 2026 con un desempeño histórico. Durante el primer trimestre, la actividad minera registra un crecimiento de 7.7 %, posicionándose como el sector de mayor dinamismo dentro de la economía dominicana.

Este auge no es un hecho aislado, sino la culminación de una gestión enfocada en la seguridad jurídica y la atracción de capitales. Mientras la economía nacional alcanzó un crecimiento acumulado del 4.1 %, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central, la minería casi duplicó ese ritmo, evidenciando su papel decisivo en el Producto Interno Bruto (PIB).

Para entender el salto del 7.7 % en este inicio de año, es imperativo mirar hacia atrás. El ministro Santos recordó que el 2025 cerró como un año de hitos sin precedentes. Las exportaciones mineras superaron los USD 2,590 millones, la cifra más alta en la historia del país.

Este flujo de divisas fue impulsado por la extracción de oro, plata y cobre, pero su impacto fue más allá de las fronteras comerciales. Los aportes fiscales del sector alcanzaron aproximadamente los RD 45,000 millones, fondos que han sido fundamentales para el fortalecimiento de las finanzas públicas y la ejecución de programas de infraestructura social.

Tierras raras: la nueva frontera estratégica

Uno de los puntos que mayor optimismo genera en el sector público y privado es la incursión en la exploración de tierras raras en la provincia de Pedernales. Recientemente, el gobierno dominicano presentó este ambicioso proyecto en la convención PDAC 2026 en Canadá, captando la atención de inversionistas globales.

La posibilidad de que República Dominicana se convierta en un actor relevante en el mercado de minerales críticos, esenciales para la tecnología global y la transición energética, coloca al país en un mapa geopolítico de alto nivel, atrayendo una Inversión Extranjera Directa (IED) que, solo al segundo trimestre del año pasado, ya sumaba USD 420.6 millones.

Más allá de los lingotes y las rocas, el funcionario enfatizó el impacto social de la industria. Actualmente, la minería genera más de 7,300 empleos directos. No se trata solo de cantidad, sino de calidad: el sector mantiene niveles salariales altamente competitivos, situándose entre los más altos del mercado laboral dominicano.

Asimismo, se destacó el carácter contracíclico de la minería. En momentos donde los mercados internacionales pueden mostrar volatilidad, la minería dominicana aporta estabilidad, permitiendo que el país mantenga su ritmo de crecimiento incluso frente a contextos globales complejos.

Sinergia con el sector energético

La bonanza minera camina de la mano con una transformación energética sin precedentes. El sector energía creció un 3.4 % en el periodo enero-marzo de 2026. Santos precisó que la capacidad instalada ha pasado de 4,921 MW en 2020 a más de 7,100 MW en la actualidad, con un enfoque agresivo en energías renovables.

El mensaje del Ministerio de Energía y Minas es claro: la minería no es solo una actividad de extracción, sino un eje de desarrollo multidimensional. Representa cerca del 2 % del PIB y el 7 % del producto bruto industrial, consolidándose como la columna vertebral que sostiene la aceleración económica que hoy experimenta el país caribeño.

Con el impulso de nuevos proyectos de exploración y una matriz energética fortalecida, el país se proyecta no solo como un líder regional en turismo, sino como una potencia minera responsable que sabe transformar sus recursos naturales en bienestar social y estabilidad macroeconómica.

Argentina registró en 2025 exportaciones de bienes por USD 87.111 millones, con un crecimiento interanual del 9,3% que ubicó al año como el segundo mejor registro desde 1993. El récord es de 2022, cuando el valor total de las ventas externas fue turbo propulsado por los altísimos precios de la agroexportación, a causa de la invasión rusa y el inicio de la guerra en Ucrania, que coincidió con el “trimestre” dorado de exportaciones pampeanas.

Lo cierto es que el año pasado, en un contexto expansivo, el mapa exportador volvió a mostrar, aunque ya no vía precios, sino volúmenes, el todavía vigente predominio de la región pampeana como motor exportador, aun cuando las provincias vinculadas a la energía y la minería ganaron terreno.

De acuerdo con datos oficiales, la región pampeana explicó el 71,5% de las exportaciones nacionales durante el último año, con envíos por USD 62.250 millones. Si bien se trata de una leve pérdida de participación respecto de años previos, el peso de esta zona continúa siendo determinante para el comercio exterior argentino.

Además, el desempeño de 2025 refleja, por un lado, la consolidación del núcleo agroindustrial y, por otro, el crecimiento sostenido de nuevas regiones exportadoras, en particular la Patagonia. Este cambio de composición no alteró el liderazgo pampeano, pero sí redujo su participación relativa dentro del total.

Las provincias que se destacaron

A nivel provincial, el liderazgo volvió a recaer en Buenos Aires, que originó exportaciones por USD 31.684 millones. Esto representó el 36% de las ventas externas del país, con un incremento del 7% frente a 2024 y del 16% en comparación con el promedio de los últimos cinco años. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre los principales productos exportados desde esa jurisdicción se destacaron el material de transporte terrestre, los cereales, las grasas y aceites, las harinas y pellets y las carnes.

En segundo lugar se ubicó Santa Fe, con envíos por USD 16.190 millones, lo que implicó un crecimiento del 5% interanual. La provincia explicó el 19% de las exportaciones nacionales y mantuvo un perfil fuertemente vinculado a la agroindustria: más del 80% de sus ventas externas correspondieron a harinas y pellets, grasas y aceites, cereales, semillas y frutos oleaginosos y carnes.

El podio lo completó Córdoba, con exportaciones por USD 10.913 millones. La provincia representó el 13% del total nacional y registró subas del 7% interanual y del 6% frente al promedio del último quinquenio. Al igual que en Santa Fe, los productos vinculados al complejo agroindustrial concentraron la mayor parte de los envíos.

En conjunto, estas tres provincias explicaron el 67% de las exportaciones argentinas en 2025. Aunque se trata de una proporción inferior al promedio histórico del 71%, la disminución no respondió a una caída en los valores exportados, sino a que el total nacional creció a un ritmo mayor. En otras palabras, el núcleo tradicional continuó expandiéndose, pero perdió peso relativo frente a otras regiones.

El informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, con autoría de Belén Maldonado, Emilce Terré y Julio Calzada, señala que este fenómeno está asociado al dinamismo de las provincias del sur del país, en particular aquellas vinculadas a la producción de hidrocarburos.

Neuquén y Chubut se posicionaron en 2025 como la cuarta y quinta provincias exportadoras, respectivamente. En conjunto, explicaron el 10% de las ventas externas y aumentaron su participación en cuatro puntos porcentuales respecto del promedio de los últimos cinco años.

En el caso de Neuquén, las exportaciones alcanzaron un récord de USD 4.534 millones, duplicando el promedio de los últimos cinco años. La provincia pasó de representar apenas el 0,2% de las exportaciones en 2018 a alcanzar el 5,2% en 2025. El crecimiento estuvo impulsado casi en su totalidad por el petróleo crudo y el gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos.

Chubut, por su parte, registró exportaciones por USD 3.966 millones, con un incremento del 52% frente al promedio reciente y una participación del 5% en el total nacional. Los principales productos exportados fueron petróleo crudo, metales comunes y pescados y mariscos sin elaborar.

El peso de cada región

El avance de Neuquén y Chubut se inscribe en un proceso más amplio de crecimiento de la Patagonia como región exportadora. En 2025, el sur del país alcanzó un récord histórico de USD 12.613 millones en exportaciones, con una suba interanual del 18,8%. De esta manera, la región explicó el 14,5% del total nacional, la mayor participación de la serie.

“Se advierte que la Patagonia ha ganado protagonismo en su participación en las exportaciones nacionales en los últimos años”, señala el informe. Este crecimiento se vincula principalmente con la expansión de la producción de petróleo no convencional, especialmente en Vaca Muerta.

La evolución de largo plazo refuerza esta tendencia. Según el estudio, las provincias patagónicas pasaron de explicar el 7,1% de las exportaciones en 2013 a incrementar su participación en 7,4 puntos porcentuales en los últimos doce años. En paralelo, la región pampeana redujo su peso relativo desde el máximo del 78% alcanzado en 2021.

En términos regionales, el Noroeste Argentino, Cuyo y el Noreste Argentino explicaron participaciones significativamente menores en el total exportado. El NOA concentró el 5,8% de las ventas externas, Cuyo el 5% y el NEA el 1,3%.

Mayor diversificación

El reordenamiento regional tuvo como correlato una mayor diversificación en la canasta exportadora. En particular, se destacó el crecimiento del rubro Combustible y Energía, que alcanzó exportaciones por USD 11.072 millones en 2025. Esto implicó un aumento del 15% interanual y del 65% respecto del promedio.

De este modo, la participación de este rubro dentro del total exportado pasó del 2,6% en 2015 al 13% en 2025. El incremento refleja el peso creciente de la producción energética en el comercio exterior argentino.

En contraste, los bienes agroindustriales —que incluyen productos primarios y manufacturas de origen agropecuario— registraron una leve caída en su participación relativa. Si bien estos envíos totalizaron USD 51.473 millones en 2025, con un crecimiento del 9% interanual, su peso dentro del total se ubicó apenas por encima del 60%, por debajo del promedio de la última década.

El informe aclara que, en términos absolutos, el sector agroindustrial continúa siendo el principal motor exportador. Sin embargo, el mayor dinamismo de otros rubros, como el energético, explica la pérdida de participación relativa.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial (MOI) alcanzaron exportaciones por USD 22.796 millones en 2025. Esto representó un incremento del 2% frente al año anterior y del 8% en comparación con el promedio de los últimos años. No obstante, su participación en el total se ubicó en 26,7%, también por debajo del promedio histórico.

El panorama general muestra que, si bien la región pampeana continúa siendo el núcleo exportador del país, el crecimiento de los últimos años estuvo impulsado en mayor medida por otras regiones. “El dinamismo de la Patagonia, impulsado por el sector energético, le permitió ganar protagonismo, dando lugar a una estructura exportadora más diversificada”, concluye el informe.

México ha registrado en los últimos años un aumento notable en la producción de oro gracias a nuevos megayacimientos e inversiones tecnológicas, lo que ha generado ingresos anuales superiores a USD 1.900 millones y posicionado al país como potencial líder aurífero de América Latina. Este fenómeno, concentrado en minas como Peñasquito, ubicada en Zacatecas, ha modificado el mapa económico nacional y generado miles de empleos directos.

Desde 2010, año en que inició operaciones la mina Peñasquito, la producción aurífera mexicana ha experimentado un salto sustantivo, consolidando a Zacatecas como centro neurálgico de la minería del oro. La mina fue adquirida por Newmont Corporation en 2019, y tan solo en 2022 aportó el 28,8% del oro extraído en todo el país, según datos divulgados. Este enclave, junto a otros yacimientos, ha asegurado reservas suficientes para al menos dos décadas más de actividad, con un impacto decisivo tanto en la economía local como en el perfil minero internacional de México.

Otros antecedentes muestran que la riqueza geológica mexicana se distribuye en cinco cinturones metalogenéticos principales descritos desde 1972, articulados por estructuras tectónicas globales que han facilitado la variedad y abundancia de depósitos minerales a lo largo del territorio. Las provincias metalogenéticas como Pachuca, Guanajuato, Fresnillo y Taxco documentan una tradición minera prolongada. Sin embargo, es la diversificación reciente de estilos de yacimientos —de tipo epitermal, skarn o en pórfidos— la que ha potenciado el auge minero contemporáneo, estableciendo a México como referente en diversidad y potencial aurífero global.

Concentración extranjera y dilema de la soberanía económica nacional

A pesar de la bonanza, la gestión de estos recursos ha despertado discusiones sobre el control y distribución de la riqueza. El caso de Peñasquito revela que, si bien el oro se extrae de suelo mexicano, la explotación permanece bajo dominio extranjero, en este caso de la estadounidense Newmont Corporation, radicada en Colorado. Las operaciones han generado más de 2.800 empleos directos y aportaron ingresos multimillonarios en 2022, pero la concentración de utilidades en manos externas ha limitado el alcance estructural de los beneficios para el desarrollo nacional a largo plazo.

La situación se complica ante retos de sostenibilidad ambiental derivados del modelo extractivo industrial. La alta demanda de químicos y la remoción masiva de roca han provocado impactos severos en el entorno, incluso cuando la empresa afirma operar bajo estándares internacionales de sustentabilidad. Estas tensiones han puesto en el centro del debate la necesidad de optimizar los beneficios para México, tanto regulando la inversión extranjera como fortaleciendo la gestión comunitaria y la protección ambiental.

Peñasquito inició operaciones en 2010 y fue adquirida por Newmont en 2019. Solo en 2022, esta mina generó USD 1.900 millones en ingresos y produjo el 28,8% del oro nacional, pero el control corporativo extranjero ha provocado cuestionamientos de soberanía y debate sobre la distribución equitativa de la riqueza mineral de México.

El oro como activo estratégico de la economía global y regional

La función del oro trasciende el carácter ornamental y asume un rol estratégico en sectores de alta tecnología, como la industria electrónica o la fabricación de conectores de precisión. Su relevancia también se extiende como respaldo de reservas financieras a escala global. En este sentido, el control del oro se convierte en pieza central para el reposicionamiento económico de una nación. La gestión de estos activos, señalan fuentes técnicas, requeriría reforzar capacidades locales y establecer regulaciones que aseguren que el valor generado retorne a las comunidades y al desarrollo nacional.

El desafío para México reside en lograr que su aspiración de convertirse en un punto de referencia global —el “Nuevo Dubái” mineral— no recaiga solo en la explotación subterránea, sino en la administración estratégica de la riqueza, prestando atención tanto al impacto económico inmediato como a la proyección social y ecológica del fenómeno minero.

El potencial geológico de México se manifiesta además en la amplia variedad de depósitos, que incluyen yacimientos de plata, cobre, hierro y fluorita, localizados en estados como Sonora, Durango, Chihuahua y San Luis Potosí. La correlación de estos depósitos con grandes estructuras tectónicas mundiales ha sido estudiada desde la década de 1970, y continúan descubriéndose reservas y nuevas posibilidades de exploración, según la bibliografía especializada citada en los informes técnicos utilizados.

En el distrito de San Dimas-Tayoltita (Durango), reconocido por sus depósitos de tipo epitermal, las recientes investigaciones confirmaron el alto potencial del subsuelo mexicano, un factor clave para las estrategias de inversión minera y desarrollo económico futuro.

El Gobierno de José María Balcázar decidió prorrogar por 60 días más el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad. La medida, oficializada mediante decreto supremo, confirma que la estrategia aplicada desde diciembre de 2025 no ha logrado contener el avance del crimen organizado vinculado a la minería ilegal, una actividad que hoy mueve más dinero que el narcotráfico en el país.

Prórroga que evidencia un problema sin resolver

La extensión del estado de emergencia es la continuidad de una política aplicada desde fines del año pasado, cuando el Ejecutivo dispuso que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. Sin embargo, el nuevo decreto deja en claro que las condiciones que motivaron la intervención se mantienen.

El propio sustento técnico del Gobierno reconoce que persisten “otras situaciones de violencia” relacionadas con organizaciones criminales. En términos simples, el problema no ha sido resuelto. Por el contrario, la necesidad de mantener restricciones a derechos fundamentales y el control militar revela que el Estado aún no logra recuperar plenamente el territorio.

Violencia en zonas mineras no se detiene

Los hechos registrados en los últimos meses muestran la necesidad de esta medida, pero ponen en duda su efectividad. El 31 de diciembre de 2025, cuando ya regía el estado de emergencia, se produjo un enfrentamiento en una bocamina vinculada a la minera Poderosa, en el anexo de Vijus. El incidente dejó tres personas fallecidas con impactos de bala.

Según la información disponible, las víctimas habrían ingresado de manera ilegal con la intención de sustraer mineral, en una zona disputada por grupos dedicados a la minería ilegal. Este episodio muestra que, pese a la presencia de fuerzas del orden, los conflictos violentos por el control de recursos continúan.

La persistencia de estos enfrentamientos evidencia que el problema no es solo de seguridad, sino estructural. La minería ilegal ha generado economías criminales, donde el uso de armas y la violencia forman parte del control territorial.

Operativos logran golpes, pero no frenan el avance

En paralelo, el Estado ha ejecutado intervenciones a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), que integra a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Uno de los operativos más recientes, denominado “Centauro”, permitió incautar fusiles, explosivos y material logístico en una bocamina ilegal en Pueblo Nuevo.

El decomiso incluyó armas como fusiles FAL, Galil y R15, además de mechas y fulminantes utilizados en la extracción ilegal. Estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Sin embargo, estos golpes no han sido suficientes para desarticular las redes. La continuidad de la violencia y la necesidad de mantener el estado de emergencia indican que las organizaciones siguen activas y con capacidad de reorganización.

Minería ilegal: una economía criminal en expansión

El trasfondo de esta crisis es el crecimiento sostenido de la minería ilegal en el Perú. Según datos de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, esta actividad mueve alrededor de 8,200 millones de dólares, superando incluso al narcotráfico.

Además del impacto económico, sus efectos en seguridad son evidentes. Distritos como Pataz registran niveles de homicidios muy por encima del promedio nacional, lo que los convierte en zonas de alto riesgo.

El gremio también ha advertido que decisiones legislativas recientes podrían agravar el problema. Un dictamen aprobado en comisión en el Congreso modificaría las condiciones de las concesiones mineras sin suficiente sustento técnico, lo que, según especialistas, podría abrir espacios para el lavado de activos y fortalecer economías ilegales.

En este contexto, la prórroga del estado de emergencia aparece como una respuesta inmediata, pero no como una solución de fondo. La continuidad de la medida refleja que el Estado enfrenta un desafío complejo: contener una economía criminal que se ha expandido durante años y que hoy opera con normalidad.

“El actual escenario económico es el de un proceso de ajuste con oportunidades muy focalizadas. El desempeño laboral no responde a una expansión generalizada, sino a dinámicas sectoriales específicas, en general vinculadas a actividades exportadoras o con ventajas comparativas claras, cuyo ‘efecto derrame’ por ahora es limitado, condicionado por la estructura productiva de cada provincia”, dice un estudio del Ieral de Fundación Mediterránea sobre la situación del empleo en las provincias argentinas.

En base a datos de la Secretaría de Trabajo desagregados por provincia y por rubro, el informe precisa que del tercer trimestre de 2023 al tercero de 2025, el empleo privado formal cayó en promedio 2,7 por ciento.

Pero esa cifra agregada, subraya Jorge Day, autor del trabajo, “oculta diferencias significativas entre provincias, con un grupo reducido que logra expandir el empleo y una mayoría que presenta contracciones de distinta magnitud”. Entre las jurisdicciones de mejor desempeño destaca claramente Neuquén, con crecimiento del empleo impulsado por la actividad petrolera, seguido a distancia por Tucumán y Río Negro.

Las zonas de mejor desempeño se vinculan a tres grandes motores: Vaca Muerta, la minería y el complejo agropampeano (Day)

“En contraste, varias provincias muestran caídas pronunciadas, especialmente aquellas más dependientes de la obra pública o de transferencias nacionales, donde el ajuste fiscal impactó de manera directa sobre el nivel de actividad y el empleo”, dice un pasaje. Concretamente, sobre 24 distritos (las 23 provincias más CABA), 7 de cada 8 muestran caídas del empleo privado “en blanco”.

Las zonas de mejor desempeño, en términos relativos o absolutos, se vinculan a tres grandes motores: Vaca Muerta (Neuquén), la minería (San Juan, Salta y Jujuy) y el complejo agropampeano. En cambio, “presentan un desempeño más débil provincias petroleras tradicionales (como Santa Cruz y Chubut) y aquellas con mayor dependencia de fondos nacionales, especialmente en el Norte del país”, puntualiza Day.

De acuerdo al trabajo, “cabría esperar que las regiones con sectores dinámicos generen un ‘efecto derrame’ no solo en las actividades líderes, sino también en el resto, pero el análisis del empleo privado registrado muestra que, si bien hay algunos casos, como Neuquén, donde eso se verifica a nivel agregado, predomina la caída del empleo y una gran heterogeneidad entre provincias y sectores".

La actividad más afectada

Por lejos, la Construcción es el sector más castigado. “Su comportamiento responde fuertemente al ciclo económico y, en particular, a la disponibilidad de obra pública (…) las provincias más afectadas son las de mayor dependencia de fondos nacionales”, escribió Day.

La situación de la Construcción funciona como un termómetro adelantado del ciclo económico. Su contracción actual refleja el ajuste en curso, pero al mismo tiempo, ante un cambio en las condiciones macroeconómicas o fiscales, podría ser uno de los primeros en recuperarse. En este sentido, dice el trabajo, “combina riesgo elevado en el corto plazo con potencial de rebote en una fase expansiva”. En Santa Cruz, por caso, los datos -dado el inicio y principio del período considerado- reflejan la alta incidencia de la interrupción de la obra de represas sobre el río Santa Cruz, cuyo reinicio el gobierno anunció el mes pasado.

La contracción de la construcción refleja el ajuste en curso, pero al mismo tiempo anticipa que, ante un cambio en las condiciones macroeconómicas o fiscales, podría ser uno de los primeros en recuperarse (Day)

La caída del empleo privado formal alcanza tanto a rubros productores de bienes como a prestadores de servicios.

En el primer caso, las excepciones se asocian a ventajas comparativas específicas. “Neuquén y San Juan muestran incrementos vinculados a la actividad minera, Tucumán al sector agropecuario y Río Negro a la industria. También se destacan los casos de Jujuy y Formosa, con crecimiento del empleo agropecuario. Con signo negativo se observa la pérdida del impulso petrolero en provincias donde domina la extracción “convencional”, como Chubut y Santa Cruz), precisa el Ieral.

En servicios también prevalece la contracción, pero con matices importantes. Un dato destacado es que en cerca de la mitad de las provincias el empleo en el comercio crece y en la otra mitad disminuye. En otros sectores de servicios predomina la caída, con excepciones como Neuquén, donde el empleo crece en la mayoría de los rubros, y algunas provincias donde se observan mejoras en servicios profesionales.

El escenario, dice Jorge Day, combina contracción agregada con oportunidades selectivas, pero su rasgo distintivo es que los cambios en el empleo “responden principalmente a factores económicos estructurales más que a fluctuaciones coyunturales” y hay creciente divergencia entre sectores transables y exportadores y no transables, dependientes del mercado interno y del gasto público.

En cualquier caso, el potencial “efecto derrame” no es automático, sino condicionado. Para que los sectores dinámicos generen empleo en el resto de la economía se requiere un entorno favorable a los encadenamientos productivos. “En su ausencia, el crecimiento tiende a concentrarse en actividades específicas, con impactos acotados sobre el empleo total”, dice el estudio.

Advertencias de economistas

La dinámica descripta calza con recientes advertencias. Ricardo Arriazu, economista y consultor que simpatiza con la orientación oficial, advirtió que el principal problema político del gobierno es el conurbano bonaerense, donde la la falta de empleo privado formal es aguda. Y Roberto Frenkel, economista profesional más heterodoxo, dijo que aun si las cuentas externas permiten sostener el actual nivel del tipo de cambio, este seguirá siendo un problema pues, en un contexto de apertura, no habrá creación de empleo en sectores transables vinculados al mercado interno.

El Gobierno, sin embargo, difundió estadísticas positivas sobre el salario y el empleo, que pivotea sobre un aumento récord del número de monotributistas. Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en 2025 aumentó la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, en un contexto de expansión del empleo y recuperación del salario real.

En 2025 aumentó la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, en un contexto de expansión del empleo y recuperación del salario real (Cordero)

”Vamos a una Argentina donde trabajar tiene que ser mucho más negocio que litigar y contratar a un trabajador tiene que ser mucho más rentable que no contratarlo. Esta es la realidad de lo que buscamos”, dijo el funcionario al comentar nuevas estadísticas oficiales.

Según datos elaborados por la Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales sobre la base de las Cuentas Nacionales del Indec, la participación de los trabajadores en el ingreso total pasó del 45,1% en 2023 al 45,5% en 2025, alcanzando su nivel más alto desde 2020”, afirmó el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello y del que depende Trabajo.

Cordero afirmó que esa evolución “se da en un escenario de crecimiento del empleo y de las horas trabajadas, junto con una mejora en el salario efectivamente percibido por los trabajadores”.

Cambios en la legislación: ¿nuevas empresas, nuevos empleos?

Aunque el estudio del Ieral y el documento oficial no abarcan los mismos lapsos, la discrepancia de datos es significativa y convoca al debate sobre la mejora que puede ofrecer (o no) la ley de modernización laboral, que superó esta semana un escollo judicial clave.

Según Juan Luis Bour, economista jefe y director de FIEL y experto en economía laboral, una primera cuestión es cuándo la nueva ley “pisará sobre firme”. Hasta que eso no ocurra, dijo a Infobae, “habrá que esperar para ver que efectivamente la ley rige y en qué parte es limitada”.

Para Bour, lo importante en términos de indemnización es si, conforme a la ley, se aplica también a los trabajadores actuales. Pero aclara que la ley no solo agiliza definiciones sobre la indemnización, sino que habilita a negociar convenios colectivos directamente con los trabajadores. Algo inviable en compañías con conflictos gremiales o convenios preexistentes. La ley, subraya, favorece principalmente a firmas de nueva radicación.

Bour plantea la posibilidad de que nuevos emprendimientos firmen convenios que no dependan de los acuerdos generales, facilitando la transición y la adecuación tecnológica en un proceso de apertura económica. Resalta la necesidad de reestructuración y anticipa el cierre de empresas incapaces de competir, junto al surgimiento de otras que negocian condiciones laborales por fuera de sindicatos o cámaras con sede en Buenos Aires, aunque se encuentren en otras provincias, como La Rioja.

Cuando los convenios colectivos se hagan por empresa, los sindicatos de cúpula y las cámaras empresarias tendrán que poner las barbas en remojo (Bour)

Al consultarle si se trata de una nueva etapa en las relaciones laborales, Bour responde: “Sí, porque es un cambio respecto de un modelo que se estableció hace muchas décadas. En Argentina tenemos sindicatos de cúpulas. Es un cambio que se tiene que producir. Cuando los convenios colectivos se hagan por empresa, los sindicatos de cúpula y las cámaras empresarias tendrán que poner las barbas en remojo”.

El especialista explicó que el pesimismo actual en torno al empleo está relacionado a que en los últimos 15 años solo creció el informal, de baja calidad.

“En los momentos de recuperación el empleo formal creció un poco y en la recesión siguiente se cayó. Si seguís igual, vas a tener lo mismo. Este cambio de la ley y otros que vendrán pueden permitir el despegue del empleo si la actividad económica también repunta. El pesimismo de hoy surge porque estás en una meseta de actividad económica, con algunos sectores en crecimiento y otros en caída, que no arrastran empleo, y aumento de la competencia externa. No habrá crecimiento del empleo en el corto plazo. Este año no creo que crezca más de 0,2% o 0,3 por ciento. Para que esto se revierta se necesita no solamente estas reformas sino también que la economía se mueva", concluyó.

Nicaragua registró un crecimiento interanual del 6.3 % en febrero de 2026 en el índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), impulsada por sectores como la explotación de minas y canteras, la construcción y el comercio. Así lo reportó el Banco Central de Nicaragua (BCN) en Managua, de acuerdo con información de la agencia de noticias EFE.

Según los datos oficiales, la economía nicaragüense mantuvo su ritmo de expansión durante el primer bimestre del año. El BCN indicó el viernes que la variación acumulada de la actividad económica en el periodo enero-febrero alcanzó el 6.4 %, mientras que el promedio anual se ubicó en 5.8 %. Las cifras del IMAE abarcan el desempeño de los 17 principales sectores productivos del país y son referencia clave para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central destacó que las actividades de explotación de minas y canteras presentaron el mayor incremento, con un alza del 32.8 %, atribuido principalmente al aumento en la extracción de oro y plata; el crecimiento registrado en este sector fue resultado principalmente de ese aumento.

China está detrás de la minería en Nicaragua

¿Pero qué hay detrás de ese crecimiento? El régimen de Nicaragua concedió esta semana una nueva licencia minera a cielo abierto en la Costa Caribe Norte a la empresa china Nicaragua Xiajing Minería Group S.A. La decisión se produce en un contexto de endurecimiento de sanciones internacionales y marca una aceleración en la presencia de capital chino en el sector extractivo nacional, que desde 2021 ha recibido concesiones en más de 8.5% del territorio nicaragüense.

Según informó el Diario Oficial La Gaceta, citado por la agencia EFE, el lote autorizado cubre cerca de 14,300 hectáreas en los municipios de Prinzapolka y Puerto Cabezas, ampliando las operaciones chinas en territorios indígenas y áreas protegidas.

En su análisis reciente, la Fundación del Río advirtió que las empresas chinas han obtenido 78 lotes mineros entre 2021 y 2026, que abarcan exactamente 1.176.058 hectáreas del territorio nicaragüense. Este volumen de concesiones representa un giro en la estructura de inversión extranjera, históricamente dominada por compañías canadienses y estadounidenses, fenómeno que se ha profundizado desde el inicio de las sanciones estadounidenses contra funcionarios y empresas ligados a la extracción de oro, según el informe citado por EFE.

El impulso minero surge en el contexto de las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a siete empresas del sector aurífero y a allegados de la cúpula del gobierno nicaragüense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la agencia sancionadora del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en el sector minero del país.

Sectores impulsores del crecimiento económico

En construcción se reportó un aumento de 18,2 %; en comercio, 15,6 %; en hoteles y restaurantes, 7,8 %; en otros servicios, 7,4 %; en intermediación financiera y servicios conexos, 5,7 %; y en el sector pecuario, 4,9 %. El BCN detalló que las actividades con mayores crecimientos en febrero pasado fueron explotación de minas y canteras (32,8 %), construcción (18,2 %), comercio (15,6 %) y hoteles y restaurantes (7,8 %).

Por otro lado, se identificaron descensos en pesca y acuicultura (-12,6 %), administración pública y defensa (-3,1 %), agricultura (-2,6 %), energía y agua (-2,3 %) y silvicultura y extracción de madera (-0,3 %). Estas caídas moderaron el efecto positivo de las ramas con mayor dinamismo.

Para el cierre de 2026, el Banco Central de Nicaragua proyecta un rango de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 3,5 % y 4,5 %, con inflación anual estimada entre 2,5 % y 3,5 %, según las estimaciones oficiales del organismo.

Las cifras históricas del PIB ubican que la economía nicaragüense creció 4,9 % en 2025, 3,6 % en 2024, 4,4 % en 2023 y 3,8 % en 2022, luego de haber experimentado una contracción promedio de 2,7 % anual durante el periodo 2018-2020, de acuerdo con las estadísticas del BCN difundidas por la agencia internacional EFE.

El IMAE se considera hoy un instrumento esencial para analizar el pulso de la economía de Nicaragua, ya que ofrece datos periódicos sobre los sectores productivos que más inciden en la generación de empleo y el desarrollo nacional.

La actividad industrial mostró una recuperación en marzo, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres. La medición desestacionalizada registró una suba mensual de 0,8%, lo que representó una mejora frente a la caída de 3,1% observada en febrero. En la comparación interanual, el avance fue de 0,7%, lo que puso fin a una racha de ocho meses consecutivos en terreno negativo.

En ese contexto, la mejora del tercer mes del año implicó una recuperación parcial de la actividad, aunque el balance del trimestre se mantuvo en terreno negativo (-3,1%). Desde la consultora aclararon que “el primer trimestre del año cerró marcando una contracción de 0,4% al comparar con el último cuarto del año pasado”.

Cómo le fue a cada sector

A nivel sectorial, el desempeño fue muy variado. Uno de los rubros con mejor resultado fue el de minerales no metálicos, vinculado a la actividad de la construcción. Este segmento registró un crecimiento de 7,3% en la comparación interanual, impulsado principalmente por el aumento en los despachos de cemento portland, que avanzaron 11,0% en el mismo período. Además, este desempeño permitió revertir una racha de cuatro meses consecutivos de caídas, aunque el acumulado del primer trimestre todavía mostró una baja de 2,7%.

El sector de alimentos, bebidas y tabaco también mostró una mejora en marzo, con una suba de 2,0% interanual. El principal impulso provino de la producción de aceites, que registró un incremento de 5,2%. En tanto, la faena bovina evidenció una leve caída en el margen, aunque con una desaceleración respecto de los descensos superiores al 10% registrados en los dos primeros meses del año.

En el caso de maquinaria y equipo, la actividad continuó en descenso, aunque con una moderación en la magnitud de la caída. En marzo, el sector registró una contracción de 5,3% interanual, lo que implicó una desaceleración frente a las bajas superiores al 20% observadas en enero y febrero.

La consultora explicó que “la mejora se produjo principalmente por el sector automotriz, que anotó una marginal suba interanual de 0,4% en marzo, pero que permitió cortar con las cuatro últimas caídas anuales que estuvieron todas en torno al 30%”. De todos modos, el balance del trimestre se mantuvo negativo, con una caída acumulada de 16,8%.

Por su parte, el sector de metales básicos registró una baja interanual de 2,0%, con un acumulado negativo de 1,2% en el primer trimestre. Dentro de este rubro, se destacó la expansión del acero crudo, que creció 17,1%, mientras que otros segmentos, como los laminados, evidenciaron caídas significativas.

Perspectivas y condicionantes

En cuanto a las perspectivas, la consultora planteó que la mejora observada en marzo debe ser analizada con cautela. Si bien el repunte mensual reflejó una recuperación parcial, el contexto general de la demanda continúa mostrando limitaciones.

“Mirando hacia adelante, el mejor panorama que brinda la industria en el tercer mes debe tomarse con cautela”, advirtió el informe. En ese sentido, el estudio señaló que “mirando a tres de los principales demandantes de la industria local, ninguno se muestra dinámico”.

Entre los factores mencionados, se destaca la evolución de la economía de Brasil, para la cual se espera una desaceleración en 2026 en comparación con los años previos. “Por otro lado, la construcción muestra algunos signos positivos, pero sigue un escalón por debajo del nivel que promedió hace unos años, y los ingresos de las familias no permiten pensar en una rápida recuperación del consumo interno”, concluyó el documento.

De este modo, el desempeño de marzo reflejó una mejora en la actividad industrial tras la caída de febrero, tanto en la medición mensual como en la comparación interanual. Sin embargo, los datos del primer trimestre y las condiciones de demanda sugieren que la evolución del sector continúa condicionada por un contexto de recuperación gradual.

En un marco de mayor interés inversor, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) sumó dos nuevos proyectos en los últimos días y el monto total ingresado alcanzó los USD 94.965 millones entre las iniciativas aprobadas y las que aún se encuentran en evaluación.

Los puntos del programa que atraen a empresas extranjeras incluyen la baja del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la posibilidad de acreditar el IVA en la etapa pre-operativa y el acceso a arbitraje internacional en caso de conflictos jurídicos.

La mayoría de las iniciativas se concentran en energía y minería, en consonancia con el crecimiento exponencial de estos sectores y la necesidad de expandir las exportaciones. De todos modos, aún quedan 22 proyectos pendientes de aprobación, que totalizan inversiones por USD 67.755 millones.

Entre ellos, en minería, se destacan Sal de Oro II, de la empresa Posco, con una inversión de USD 845 millones en Salta y Catamarca y la generación de 2.335 empleos; y Sal de Vida, impulsado por Río Tinto en Catamarca, que prevé desembolsos por USD 1.380 millones y 1.404 puestos de trabajo.

A su vez, el consorcio liderado por Minera del Mojotoro y Minera Orosmayo impulsa Arenas de Cercanías en Río Negro, con USD 233 millones de inversión y 2.050 empleos. Asimismo, sobresalen proyectos de gran escala como El Pachón, de Glencore en San Juan, con USD 11.600 millones y más de 12.000 puestos de trabajo, y Agua Rica, también de la misma empresa en Catamarca, con USD 6.699 millones y 8.200 empleos.

Aparecen además Litio Ángeles Argentina, de Potasio y Litio de Argentina S.A., con USD 726 millones en Salta; la ampliación de Cauchari Olaroz en Jujuy, operada por Minera Exar, con USD 1.241 millones; Salterra Lithium de LIEX S.A en Catamarca, con USD 710 millones; Pozuelos Pastos Grandes, de Lithea en Salta, con USD 4.245 millones; y Jama Solaroz, de CNGR Advanced Material en Jujuy, con USD 1.151 millones.

El sector minero metalífero también suma iniciativas como San Jorge, de Minera San Jorge en Mendoza (USD 630 millones), y el ambicioso proyecto Vicuña, en San Juan, que involucra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con una inversión estimada en USD 9.712 millones y una vida útil proyectada de 25 años.

En energías renovables, figura el Parque Eólico La Rinconada, de Tenaris, con una inversión de USD 219 millones en Olavarría, Buenos Aires, y la creación de 809 empleos, destinado a abastecer la planta SIDERCA.

En hidrocarburos, Proyecto RDA de Pampa Energía en Neuquén prevé inversiones por USD 4.522 millones, mientras que la iniciativa de Pan American Energy (PAE) contempla un gasoducto dedicado para exportación de GNL entre Río Negro y Neuquén por USD 1.300 millones.

En suma, la firma presentó recientemente un proyecto para construir la planta de fertilizantes más grande del continente, Pampa Fértil, en Bahía Blanca. Implica una inversión de USD 2.400 millones y, según el ministro de Economía, Luis Caputo, “es una excelente forma de industrializar nuestro Gas Natural”.

A esto se suma la ampliación del Gasoducto Perito Moreno por parte de Transportadora de Gas del Sur, con USD 550 millones, y otros proyectos midstream como Duplicar Norte de Oldelval y la ampliación de MEGA.

En infraestructura, la empresa Nueva Central Argentino (NCA) prevé invertir USD 200 millones en el sistema ferroviario en varias provincias.

Finalmente, en upstream, el desarrollo Los Toldos de Tecpetrol en Neuquén contempla USD 6.391 millones, mientras que Pluspetrol impulsa el proyecto Bajo del Choique–La Invernada, con una inversión de USD 12.240 millones. Este es es el más grande ingresado hasta ahora en Vaca Muerta y va a producir 100.000 barriles de petróleo diarios.

Por su parte, los proyectos ya aprobados totalizan USD 27.210 millones y son los siguientes:

1) YPF Luz – Parque solar fotovoltaico “El Quemado”

La empresa YPF Luz desarrollará un parque solar en Mendoza, con una inversión de USD 211 millones. El proyecto tendrá una potencia instalada de 305 MW y generará 384 empleos entre directos e indirectos.

2) Vaca Muerta Sur (VMOS) – Consorcio liderado por YPF

El proyecto impulsado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell contempla una inversión inicial de USD 2.900 millones. Incluye la construcción de infraestructura en Río Negro para duplicar las exportaciones de petróleo. El oleoducto podría alcanzar los 700.000 barriles diarios, con exportaciones estimadas en USD 16.600 millones anuales (a USD 65 por barril). Generará 3.108 empleos.

3) Southern Energy – Proyecto GNL

La firma Southern Energy, propiedad de Pan American Energy y Golar LNG, prevé instalar una barcaza en el Golfo de San Matías (Río Negro) para producir Gas Natural Licuado. La inversión total asciende a USD 15.156 millones a lo largo de 20 años. Generará 836 empleos.

4) Rincón – Río Tinto

Río Tinto invertirá USD 2.744 millones para ampliar su proyecto de litio en Salta. El plan prevé elevar la producción a 60.000 toneladas anuales de litio grado batería mediante nuevas plantas y tecnología de recuperación adicional. Se crearán 1.985 empleos.

5) Sidersa

La compañía Sidersa invertirá USD 286 millones en una planta siderúrgica de última generación en San Nicolás (Buenos Aires). La instalación producirá 360.000 toneladas anuales de aceros largos con enfoque en acero “verde”. Generará 3.800 empleos.

6) Parque eólico Olavarría – PCR y Acindar

El proyecto conjunto de PCR y Acindar contempla una inversión de USD 276 millones para un parque eólico en Buenos Aires. En su primera etapa producirá 180 MW y generará 165 empleos.

7) Hombre Muerto Oeste – Galán Lithium

La minera Galán Lithium invertirá USD 292 millones en Catamarca. El proyecto producirá cloruro de litio de alta calidad y proyecta exportaciones por USD 374 millones anuales. Generará 670 empleos

8) Proyecto Los Azules – McEwen Copper

La empresa McEwen Copper invertirá USD 2.672 millones en San Juan para la explotación de cobre. El proyecto generará 7.391 empleos.

9) Terminal Multipropósito Timbúes

Terminales y Servicios SA invertirá USD 277 millones en una terminal portuaria en Santa Fe. Contará con dos muelles y capacidad para agrograneles, cargas generales y líquidos. Generará 9.700 empleos

10) Nuevo Gualcamayo

La empresa Minas Argentinas invertirá USD 665 millones para reactivar la mina de oro Gualcamayo en San Juan. El proyecto generará 4.500 empleos.

11) Veladero – Ampliación

El consorcio Minera Andina, integrado por Barrick Gold y Shandong Gold, invertirá USD 436 millones para ampliar la producción en San Juan. Se estiman exportaciones por USD 3.800 millones. Generará 1.048 empleos

12) Diablillos – AbraSilver

La compañía AbraSilver invertirá USD 764 millones en un proyecto de oro y plata en Salta y Catamarca. Generará 2.013 empleos.

13) Expansión Fénix Fase 1B – Río Tinto

Río Tinto destinará USD 531 millones para ampliar su producción de litio en Catamarca. El proyecto generará 1.273 empleos.

La expansión de la actividad minera en la Argentina ha reavivado un viejo desafío: cómo gestionar conflictos sociales complejos en los territorios, donde convergen intereses económicos, políticos, ambientales y comunitarios. En este contexto, la adecuada gestión de los conflictos no es meramente un accesorio útil, sino una condición indispensable para la viabilidad de los proyectos y la estabilidad institucional, especialmente en un escenario atravesado por cambios regulatorios sensibles, como la reciente reforma de la Ley que establece el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley de Glaciares).

Durante los últimos años, las iniciativas mineras —en particular en las provincias cordilleranas— han enfrentado importantes resistencias. Estas tensiones no responden únicamente a características de proyectos específicos, sino a factores estructurales: desconfianza hacia las autoridades y las empresas, percepciones de inequidad en la distribución de beneficios y preocupación sobre impactos ambientales irreversibles. La modificación de la Ley de Glaciares ha intensificado estas preocupaciones, al tratarse de una normativa que amplios sectores perciben como un pilar del resguardo ambiental.

Frente a este escenario, se suele cometer el error de abordar los conflictos como si fueran simples problemas comunicacionales o de coyuntura política. Sin embargo, los conflictos mineros, como todo conflicto social, son fenómenos complejos que requieren de intervención profesional especializada. No basta con voceros, campañas informativas o mesas de diálogo improvisadas. Se requiere de la participación de técnicos formados en gestión de conflictos, negociación, mediación, análisis de actores, narrativas y diseño de procesos participativos.

La gestión experta implica, en primer lugar, un diagnóstico riguroso. Esto supone identificar actores, analizar sus objetivos e intereses, comprender dinámicas territoriales y anticipar escenarios de escalada y desescalada de la intensidad conflictiva.

En segundo lugar, la intervención profesional permite estructurar procesos de diálogo que no sean meramente formales, a través de reglas claras, equilibrio entre las partes y mecanismos para construir acuerdos sostenibles y alcanzar la necesaria licencia social.

En tercer lugar, los especialistas aportan herramientas para gestionar aspectos críticos del conflicto que suelen ser subestimados: la emocionalidad, la percepción de riesgo, la construcción de confianza y la legitimidad de los procesos.

En este marco, la información, la transparencia y la seguridad jurídica adquieren una nueva dimensión. La información accesible reduce la incertidumbre; la transparencia fortalece la legitimidad; y la seguridad jurídica aporta previsibilidad tanto a las inversiones como a las comunidades.

La reciente reforma de la Ley de Glaciares ilustra con claridad este punto. Su implementación efectiva dependerá no solo de su contenido técnico, sino de la capacidad de gestionar los conflictos relevantes mediante procesos participativos, transparentes y profesionalmente conducidos.

La Argentina enfrenta una gran oportunidad y un enorme desafío. La minería puede ser un motor fundamental del desarrollo económico, pero su viabilidad depende de que pueda operar con legitimidad social y sostenibilidad ambiental.

La evidencia es clara: los conflictos mal gestionados derivan en proyectos paralizados, litigios judiciales y pérdida de inversiones. En cambio, aquellos abordados por especialistas desde etapas tempranas tienen mayores probabilidades de resolverse de manera sostenible y beneficiosa para las comunidades y las empresas involucradas.

En suma, la gestión experta de conflictos debe ser entendida como una inversión estratégica: en un escenario donde la reforma de la Ley de Glaciares ya es un hecho, resulta clave para evitar escaladas innecesarias y construir soluciones beneficiosas, justas y duraderas.

La industria minera es una de las más pujantes de la economía argentina. Impulsada por proyectos millonarios en marcha y en desarrollo, el sector protagoniza récords en exportaciones y lidera la generación de empleo calificado, con sueldos que superan ampliamente la media nacional. La demanda global, la escasez de perfiles técnicos y la llegada de nuevas inversiones consolidaron a la minería como un motor clave de crecimiento y competencia en el mercado laboral local.

De acuerdo con datos de ManpowerGroup, los salarios en el sector minero varían en función del grado de experiencia y el puesto. Las posiciones operativas parten de $2,5 millones a $3,5 millones brutos mensuales. Los técnicos y profesionales jóvenes, como perforistas o geólogos junior, perciben entre $4 millones y 5 millones de pesos.

En los niveles intermedios —donde se ubican supervisores, especialistas en seguridad ambiental o geólogos senior— la remuneración oscila entre $5 milllones y 8 millones de pesos. Para los perfiles más especializados o de liderazgo, la escala va de $9 millones hasta $13 millones por mes, en función de la experiencia y la complejidad de las tareas.

En tanto, la consultora Michael Page estableció que técnicos y especialistas perciben $1,8 millones a $3,2 millones, los supervisores de $6 millones a $8,5 millones, un jefe de área obtiene entre $8 millones y $10 millones y quienes ocupan la función de director reciben de $14 millones a 20 millones de pesos. Por su parte, los puestos críticos o desarrollados en zonas remotas —incluyendo aquellos con esquemas de rotación 14 x 14 o para trabajos de alta montaña— registran salarios de hasta $6 millones mensuales.

El diferencial salarial respecto a otras industrias resulta notorio; ManpowerGroup estima que la remuneración en minería se sitúa entre un 25% y 30% superior a roles equiparables en otros sectores. Además, el 85-90% de las empresas del rubro incorporan bonos variables, lo que intensifica la competencia por atraer profesionales especializados.

La escasez de talento incrementa la demanda y la remuneración

El principal obstáculo estructural continúa siendo la insuficiencia de trabajadores calificados. ManpowerGroup señala que el 64% de los empleadores argentinos reporta dificultades para cubrir posiciones, y entre los sectores más afectados destaca el energético, entre ellos la minería.

Esta problemática incide directamente en la estrategia de recursos humanos. Las empresas recurren a esquemas de relocalización, aceleran procesos de capacitación y diseñan alternativas de trabajo más flexibles para captar perfiles escasos.

Según Michael Page, la propuesta de valor que seduce a profesionales de mandos medios y ejecutivos va más allá del salario. Álvaro Parker, managing director de PageGroup en Argentina, Chile y Perú, afirmó al respecto: “En el segmento de mandos medios a ejecutivos, los inversores internacionales deben comprender que la propuesta de valor va más allá de la compensación económica. Al talento actual le atraen los proyectos desafiantes y con impacto, junto con posibilidades concretas de crecimiento. De hecho, de acuerdo con el 35% de los profesionales, el desarrollo es una de sus principales expectativas”.

Los nuevos proyectos mineros y el impacto en la balanza comercial

La fuerte expansión del sector, reflejada en el arribo de cuatro nuevos proyectos de litio entre 2024 y 2025 que permitieron llevar a siete el número de minas de litio en actividad, fue clave para alcanzar exportaciones récord por USD 905 millones, equivalentes al 15% del total.

De acuerdo a cifras oficiales, las exportaciones mineras acumuladas entre enero y diciembre alcanzaron USD 6.037 millones, un valor sin precedentes para la Argentina y un aumento del 29,2% respecto al año anterior. Dentro de este resultado, los minerales metalíferos aportaron USD 4.948 millones, es decir, el 82% del total, cifra en la que sobresale el oro con USD 4.078 millones, mientras que el litio representó USD 905 millones, ambos máximos históricos.

La combinación de precios internacionales favorables, el inicio de nuevas explotaciones y la consolidación de operadores tradicionales incidieron en la ampliación de la base exportadora. El Gobierno Nacional considera que la dinámica del sector y las inversiones apalancadas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) resultarán en un crecimiento exponencial de la balanza comercial minera.

La suspensión parcial del proyecto minero Vicuña desató un reclamo entre La Rioja y San Juan por la renta y reflotó una vieja disputa por la soberanía de un territorio de alto valor estratégico. El litigio judicial y político se desató tras la resolución de la jueza riojana María Greta Decker, quien ordenó detener por 30 días las actividades del emprendimiento, además de prohibir la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, en el territorio riojano. La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado, exige a la empresa la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades de La Rioja antes de poder reanudar sus operaciones.

El fallo judicial firmado en Chilecito el 14 de abril autorizó a Vicuña Argentina S.A. únicamente a mantener personal mínimo para tareas esenciales de mantenimiento y salubridad, pero mantuvo bloqueado el acceso hasta tanto se presente la documentación ambiental requerida.

Vicuña, que comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, anunció una inversión de 18 mil millones de dólares para su desarrollo en los próximos diez años. Esta cifra convierte al yacimiento en una de las apuestas más ambiciosas de la minería argentina y posicionaría al país entre los cinco mayores productores de cobre, oro y plata a escala global, según el Gobierno. Sin embargo, el emprendimiento, que se encuentra a un kilómetro y medio del límite interprovincial y a 4.000 metros de altura, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para abastecer sus campamentos y trasladar maquinaria pesada.

El gobernador Ricardo Quintela elevó el conflicto al plano nacional al reclamar soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. Durante una entrevista en Radio AM750, Quintela sostuvo que la delimitación vigente entre ambas provincias fue definida en 1968 durante un gobierno de facto y carece, a su entender, de legitimidad institucional. El mandatario pidió la revisión de los acuerdos de límites y planteó que el Senado de la Nación debería arbitrar la disputa, señalando: “El árbitro tiene que ser el Senado”.

La respuesta de San Juan no se hizo esperar. El gobernador Marcelo Orrego defendió la posición de su provincia enfatizando la vigencia de la ley nacional sobre los recursos del subsuelo y la legitimidad del dominio sanjuanino. Orrego declaró públicamente que “los recursos están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos”, y remarcó que el acuerdo que fija los límites lleva más de medio siglo vigente. El mandatario sanjuanino insistió en que defenderá los intereses de su provincia “con la ley en la mano”.

El corredor Guandacol, vital para el abastecimiento del proyecto Vicuña, se extiende por más de 200 kilómetros entre ambas provincias. Su bloqueo por decisión judicial dejó en evidencia la dependencia logística de la operación respecto al territorio riojano, aunque la empresa optó por utilizar de manera transitoria una ruta alternativa a través de Iglesia, en San Juan, para mantener la operatividad.

La disputa no solo involucra el acceso y la operativa del yacimiento, sino que también afecta la futura distribución de regalías y la generación de empleo. Se informó que las regalías mineras, estimadas en un tres por ciento, serán percibidas por San Juan, mientras que La Rioja aspira a obtener una porción de esos recursos y garantizar la inclusión de mano de obra y empresas locales en la cadena de valor.

Las inversiones anunciadas por BHP y Lundin Mining, accionistas principales del proyecto, alcanzan los 7 mil millones de dólares hasta la obtención del primer concentrado de cobre previsto para 2030, dentro de un plan de desarrollo a diez años. El expediente oficial describe actividades de perforación, extracción de agua, voladuras y transporte pesado, todas bajo la lupa de los organismos ambientales riojanos por su posible impacto regional.

La transición energética y el avance tecnológico han puesto en el centro de la economía global a los minerales críticos, entre ellos las tierras raras, esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos de inteligencia artificial.

En este contexto, América del Sur aparece como un actor estratégico con la capacidad de redefinir las cadenas de suministro mundiales, hoy concentradas en un 70% en China.

Un reciente informe de KPMG titulado ‘Tierras raras: Un recurso mineral estratégico con gran potencial de explotación en América del Sur’ advierte que la región cuenta con reservas masivas aún no explotadas, lo que podría mitigar la vulnerabilidad global frente a la concentración de la oferta.

El reporte ubica a Brasil con la segunda mayor reserva mundial (21 millones de toneladas métricas), a Argentina con un potencial de 3.3 millones, y posiciona al Perú como un país emergente con alta proyección, debido a su diversidad geológica y su ya consolidada presencia en metales como cobre y zinc.

Un recurso estratégico para la tecnología y la energía limpia

Las tierras raras —elementos del grupo de los lantánidos, además del escandio y el itrio— son indispensables en la fabricación de imanes permanentes usados en motores de vehículos eléctricos, equipos de energías renovables y dispositivos inteligentes.

Según el informe de KPMG, la demanda de estos minerales crecerá de manera sostenida hasta el año 2050, impulsada por el desarrollo de tecnologías limpias y la digitalización global.

Actualmente, la producción mundial está fuertemente concentrada en China, que controla cerca del 70% del mercado, generando riesgos para la seguridad de las cadenas de suministro ante tensiones geopolíticas.

Por ello, el potencial de América del Sur adquiere relevancia como alternativa estratégica para diversificar la oferta y fortalecer la seguridad tecnológica global.

Perú: de exportador de metales base a nodo tecnológico

Juan Carlos Mejía, líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG Perú, sostiene que el país tiene una oportunidad histórica para transformar su potencial en tierras raras en bienestar social y desarrollo tecnológico.

“El Perú tiene ahora la oportunidad de transformar su potencial en tierras raras en un motor de bienestar social y desarrollo tecnológico, pasando de ser exclusivamente un exportador de metales base a convertirse en un nodo crítico de la seguridad tecnológica global”, afirma Mejía.

El informe de KPMG recomienda no limitarse a la extracción primaria, sino apostar por el valor agregado, mediante el desarrollo de plantas de refinamiento locales que permitan capturar mayores márgenes y evitar la simple exportación de materia prima.

Sostenibilidad y criterios ESG: la clave para atraer inversión

Para consolidar un liderazgo sostenible, la estrategia debe cumplir con los criterios ESG (Ambiental, Social y Gobernanza).

“El mineral peruano debe ser ‘verde’ y ético desde su origen. El enfoque ESG no es un gasto, es la garantía de que estamos utilizando los recursos de forma inteligente para atraer la inversión que busca soluciones reales a la crisis climática”, enfatiza Mejía.

El informe advierte que la ventana de oportunidad es estrecha: la brecha entre oferta y demanda mundial de tierras raras será masiva hacia 2030. Perú ya cuenta con trabajos de exploración en regiones como Junín y Puno, pero debe acelerar su respuesta institucional.

Mejía concluye: “Debemos aprovechar el tiempo y actuar con dirección. Una explotación racional requiere agilidad regulatoria y estabilidad para que la riqueza de nuestra tierra se traduzca en una economía real, segura y digital”.

La incertidumbre política volvió a instalarse con fuerza en el radar de los inversionistas mineros que operan en Perú. El lento conteo de las Elecciones presidenciales del 12 de abril, marcado por denuncias de irregularidades y tensiones en el proceso, ha incrementado la preocupación en un sector que mueve miles de millones de dólares y que sigue siendo uno de los principales motores de la economía peruana. Aun así, analistas citados por la agencia Reuters creen que el golpe sobre la minería será limitado y que el país seguirá siendo atractivo para el capital privado.

El tema no es menor para el Perú minero. Con casi 94% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori ya aseguró su pase a la segunda vuelta con alrededor de 17% de los votos, mientras que Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se disputan voto a voto el segundo lugar, separados por apenas unas 14 mil cédulas. Según Reuters, tras la crisis electoral, los resultados finales recién se conocerían a mediados de mayo, lo que prolonga una sensación de espera que, en los mercados, suele traducirse en nerviosismo.

La minería peruana, entre la cautela y el apetito por el cobre

Para los fondos y empresas con presencia en el país, el principal foco de alerta está en la posibilidad de que un eventual giro político afecte las reglas del juego. Reuters señala que los inversionistas observan con especial desconfianza a Roberto Sánchez, por sus propuestas de mayor control estatal sobre los recursos naturales, una nueva Constitución y revisiones de contratos mineros. En otras palabras, el mercado no solo mira quién gana, sino también qué tan profunda podría ser una reforma del modelo extractivo.

Ese temor, sin embargo, convive con una realidad difícil de ignorar: Perú mantiene una cartera minera valorizada en USD 64.071 millones, según el Ministerio de Energía y Minas, con 67 proyectos distribuidos en 19 regiones. Del total, el 71% del monto corresponde a proyectos de cobre, mientras que el oro representa 12,8%. La cartera también muestra que gran parte del capital sigue concentrado en el sur del país, una zona estratégica para el desarrollo minero nacional.

Tía María y el mensaje que observan los mercados

Uno de los puntos que más atención generó en la última jornada fue Tía María, el proyecto de Southern Copper en Arequipa. Reuters informó que la empresa recuperó el permiso para iniciar la primera fase de la iniciativa, valorizada en unos USD 1.800 millones y con una proyección de producción de 120.000 toneladas métricas de cobre al año desde 2027. Para el mercado, ese movimiento envía una señal relevante: incluso en medio del ruido electoral, algunos proyectos siguen avanzando.

La magnitud del negocio ayuda a explicar por qué la atención internacional no se despega de Perú. El país produjo cerca de 2,77 millones de toneladas de cobre el año pasado, aunque la producción se ha mantenido casi plana en los últimos tres años, de acuerdo con Reuters. En paralelo, Southern Copper —controlada por Grupo México— sostiene que planea invertir más de USD 10.300 millones en Perú durante la próxima década. Para bancos como Jefferies, el impacto de la incertidumbre electoral sobre la minería sería limitado, porque el desarrollo del cobre seguirá siendo una prioridad estratégica para cualquier gobierno que llegue al poder.

A ello se suma un factor externo que sigue jugando a favor del sector: los altos precios internacionales del cobre. Según el análisis recogido por Reuters, esa variable mantiene vivo el interés por nuevos proyectos y ampliaciones de producción, incluso cuando el escenario político local todavía no termina de aclararse. En el fondo, el mensaje del mercado parece claro: Perú sigue siendo un destino minero atractivo, pero hoy la paciencia de los inversionistas depende más que nunca de la estabilidad política, la claridad regulatoria y la confianza en las instituciones electorales.

La inversión en exploración minera en Perú experimentó un crecimiento del 20 % durante el último año y se proyecta que supere nuevamente los USD 1.000 millones en 2026.

Este avance se produce en un escenario de mayor demanda global por minerales críticos, con el cobre como principal protagonista, y en medio de una cartera nacional que suma 67 proyectos mineros por más de USD 64.000 millones.

El dinamismo de la exploración minera y el contexto global

Según el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, el país alcanzó cerca de USD 1.000 millones en inversión en exploración durante el año pasado. La expectativa del sector es que esa cifra se incremente este año, manteniendo una tasa de crecimiento similar.

De Vinatea destacó que este impulso es fundamental para la viabilidad de nuevos yacimientos y el desarrollo de la cadena minera. “El primer eslabón de la cadena minera es la exploración. Sin exploración no hay nuevas minas”, sostuvo.

La tendencia positiva coincide con una ventana de oportunidad internacional: el auge de la electrificación, la transición energética y la expansión de la infraestructura digital están elevando la demanda de metales como el cobre.

Perú, con la segunda mayor reserva del mundo, se encuentra en una posición estratégica, aunque enfrenta el reto de recuperar posiciones entre los mayores productores globales.

Siete años sin nuevas minas y la necesidad de reactivar proyectos

Pese al atractivo geológico, Perú no ha inaugurado una gran mina desde 2018, cuando se puso en operación Quellaveco. Este periodo sin nuevos desarrollos acentúa la importancia de dinamizar la inversión en exploración para garantizar el inicio de nuevos proyectos en el corto y mediano plazo.

De Vinatea advirtió que retomar el ciclo de grandes inversiones mineras requiere mantener el ritmo de exploración y fortalecer el ambiente para captar capital formal.

El directivo del IIMP subrayó que la seguridad jurídica y la estabilidad en el sistema de concesiones resultan factores determinantes para atraer inversiones.

“Tenemos que ser capaces de atraer inversión formal en todos los niveles. Para eso necesitamos estabilidad y reglas claras en el sistema de concesiones”, señaló.

Demanda global y minerales críticos impulsan el sector

El crecimiento en exploración minera también responde a la presión de los mercados internacionales por garantizar el abastecimiento de minerales críticos.

La electrificación de la economía y la expansión de centros de datos incrementan la demanda de cobre, elemento esencial en la infraestructura eléctrica y tecnológica. De Vinatea puntualizó que, si se concreta la actual cartera de proyectos, el país podría aspirar a posicionarse como el mayor productor mundial de cobre.

En este contexto, el evento proEXPLO 2026, que se realizará en Lima del 4 al 6 de mayo en el Centro de Exposiciones Jockey, se presenta como el encuentro más relevante de exploración minera en Latinoamérica. Reunirá a representantes de más de 30 países, con una agenda que incluye conferencias magistrales, cursos técnicos y exhibiciones de proyectos geológicos.

El proceso concursal de Doe Run Perú (DRP) atraviesa un nuevo punto muerto debido a la demora del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en resolver una apelación clave. La falta de pronunciamiento mantiene paralizado el nombramiento efectivo de la liquidadora y bloquea el avance del procedimiento, generando preocupación entre los acreedores laborales.

La controversia se originó en noviembre de 2025, cuando se designó a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidadora de bolsa mediante la Resolución N° 9120-2025/CCO-INDECOPI. Sin embargo, en diciembre, el segundo candidato, Chávez Magán, apeló esta designación.

Aunque el recurso fue admitido el 31 de diciembre, el expediente no registró avances sustantivos durante varios meses, lo que desencadenó protestas de los trabajadores de Doe Run Perú.

La demora en la apelación bloquea la liquidación efectiva

Luis Cuadrado, representante de los trabajadores de Doe Run Perú, denunció que “Indecopi ha dejado dormido el caso desde enero hasta abril”. Solo la semana pasada, tras la presión ejercida con una movilización de aproximadamente 200 acreedores laborales frente a Indecopi, el expediente fue trasladado a la sala correspondiente. La sala hizo observaciones y devolvió el trámite a la Secretaría Técnica para subsanaciones, manteniendo aún la resolución definitiva pendiente.

Esta dilación tiene consecuencias concretas para el proceso. Aunque la liquidadora fue formalmente designada, no puede inscribir sus poderes en registros públicos porque el nombramiento no queda consentido mientras exista una apelación en trámite. Como resultado, el proceso concursal permanece entrampado y la administración de los activos de DRP sigue sin avances.

Doe Run Perú: trabajadores exigen destrabar el proceso

“Registros públicos ya ha observado dos veces la inscripción. Mientras no se resuelva la apelación, la liquidadora no puede actuar plenamente”, explicó Cuadrado. La parte laboral insiste en que el objetivo es destrabar el proceso, sin importar quién asuma la liquidación. “Queremos que esto termine. Si ya se nombró a la liquidadora, que se ratifique de una vez para poder avanzar”, sostuvo el representante.

La urgencia radica en que la resolución del concurso permitirá el pago de acreencias a 3.500 trabajadores y sus familias, quienes dependen de la liquidación de un fideicomiso que permanece bajo custodia de Scotiabank, el cual está valorado en cerca de 20 millones de dólares.

El futuro de los pagos depende de la resolución del Indecopi

A pesar del estancamiento, Cuadrado indicó que existe voluntad política desde el Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para avanzar en la solución, siempre que la liquidadora cuente con reconocimiento formal en registros públicos.

Los acreedores laborales exhortaron al Indecopi a emitir cuanto antes una resolución definitiva sobre la apelación, subrayando que se trata de un trámite “simple” cuya demora solo prolonga innecesariamente un proceso que lleva ya quince años.

“Mientras más pase el tiempo, más peligroso se vuelve para nosotros”, advirtió Cuadrado. La expectativa de los trabajadores está puesta en que la sala resuelva en el corto plazo y permita reactivar el proceso clave para miles de familias que esperan una solución definitiva.

La cada vez más amplia cartera de proyectos ligados a la minería y el desarrollo de infraestructuras críticas de transporte urbano y multimodal en Perú está convirtiendo al país andino en foco de interés para empresarios tecnológicos internacionales.

El desarrollo de estas inversiones, sin embargo, se constriñe por barreras regulatorias y dificultades administrativas, un problema común en la región, según José Berrio, vicepresidente internacional de Encardio Rite.

La minería impulsa la demanda de tecnología y monitoreo avanzado

Según Berrio, la minería representa actualmente el principal motor de expansión para la compañía en Perú, impulsada por el dinamismo del sector y la entrada en vigencia de normativas más estrictas para la gestión de relaves y tajos.

“Nuestro foco en Perú es claramente la minería, especialmente en el control y monitoreo de presas de relaves y tajos, donde la prevención es clave para evitar tragedias y asegurar la continuidad operativa”, explica.

Encardio Rite, que tuvo un importante amerizaje en Perú a través de la Línea 1 del Metro de Lima, apuesta ahora por ampliar su alcance, trabajando con empresas locales de instrumentación y monitoreo.

El ejecutivo subraya que la reciente normativa que exige monitoreo automatizado en la minería ha acelerado la adopción de tecnologías avanzadas, y abre la puerta a la llegada de más actores globales.

Inteligencia artificial y digitalización: hacia una gestión proactiva

Berrio detalla que el modelo de negocios de la compañía se basa en sumar capacidades y no en competir frontalmente. “No queremos competir con nadie, queremos establecer alianzas. Sumando, aunque sea poco, es mejor que restar”, afirma el representante.

Encardio Rite actúa en coordinación con firmas locales, que se encargan de la instalación y gestión de los sistemas, mientras la multinacional aporta tecnología y experiencia global, además de plataformas de inteligencia de datos.

En cuanto a innovación tecnológica, Berrio destaca el papel de la inteligencia artificial y el análisis predictivo como la nueva frontera del sector. Según el empresario, “el verdadero salto es transformar información continua en conocimiento útil para anticipar fallas y proteger inversiones millonarias”.

“Hoy, gracias a la inteligencia artificial y el machine learning, somos capaces de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y tomar decisiones de mantenimiento predictivo, en vez de esperar a que ocurra una falla para reaccionar”, puntualiza.

Alianzas y no competencia: el modelo de expansión india

Según el vocero, la digitalización permite pasar de una postura reactiva a una gestión proactiva del riesgo, clave para la sostenibilidad del sector en un país sísmico y con desafíos medioambientales como Perú.

“Las estructuras no colapsan de un día para otro; emiten señales que pueden ser detectadas y analizadas si se cuenta con la tecnología adecuada”, sostiene.

Más allá de la minería, el portafolio de grandes proyectos ferroviarios que se perfilan en Perú también es una prioridad para la multinacional, explicó en el marco del Peru Monitoring Forum 2026, organizado en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), en Lima.

“Ya participamos en proyectos ferroviarios en Perú, no solo en la construcción, también en el mantenimiento, donde el monitoreo es un activo fundamental”, indica Berrio.

El sector ferroviario y la preferencia por el ámbito privado

El ejecutivo resalta el valor estratégico de la instrumentación y el seguimiento en tiempo real para la seguridad y vida útil de estas infraestructuras.

No obstante, advierte que el entorno regulatorio y la gestión de contratos y pagos en el sector público dificultan el avance de inversiones tecnológicas, por lo que la estrategia de la firma india es enfocarse en alianzas con el sector privado, donde los procesos suelen ser más ágiles y eficientes.

“Trabajar con la administración pública muchas veces es complejo. Por eso preferimos el sector privado, donde podemos avanzar con mayor seguridad”, explica.

De cara a los próximos años, Berrio se muestra optimista sobre el potencial de crecimiento en el país, aunque advierte que la estabilidad y continuidad de proyectos dependerán de la coyuntura política y la capacidad de adaptación privada.

“Estamos acostumbrados a la incertidumbre política, no solo en Perú sino en muchos países donde operamos. Nuestro enfoque es siempre la industria privada, donde podemos avanzar más rápido”, concluye.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, más de 24.000 empresas dejaron de operar, marcando el período de mayor destrucción neta de unidades productivas en los primeros 26 meses de una administración desde que existen registros comparables.

Esta dinámica, reflejada en el monitor mensual de empresas elaborado por el think tank Fundar a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, muestra un proceso acelerado de cierres y caída persistente en el parque empresarial, que contrasta con la otra realidad del país: la llegada de marcas internacionales y el fuerte dinamismo de inversiones en sectores como la energía y la minería, principalmente impulsados por el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI).

Esta dualidad fue uno de los principales debates de la semana en uno de los principales foros empresarios del país. En los pasillos de AmCham, las discusiones entre funcionarios, empresarios y dirigentes aludieron a la “Argentina de las dos velocidades”. El dilema ahora es si el potencial de las industrias duras logrará apaciguar el efecto del fuerte golpe que está sufriendo todo el entramado productivo que tiene como destino excluyente el mercado interno.

Durante los últimos dos años, la disminución de empleadores no solo superó a la experimentada en la crisis de 2001 y en el período de restricciones sanitarias de 2020, sino que la intensidad y rapidez del fenómeno constituyen un récord negativo.

Según el análisis de Fundar, antes del cambio de gobierno había 512.357 entidades productivas registradas; hoy, la cifra se ubica en 488.177. El impacto golpea con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en sectores vinculados al mercado interno y la infraestructura, donde la parálisis y el retroceso resultan más notorios.

En términos geográficos, la tendencia a la baja de empresas se extiende a casi todo el territorio, aunque la mayor concentración de cierres se registra en los grandes centros urbanos y en las provincias industriales. La Rioja encabeza la lista de las más afectadas, con una pérdida del 16,1% de sus empresas, seguida por Chaco 10,9%, Tierra del Fuego 10,5%, Corrientes 10,3% y Catamarca 7,8 por ciento).

En las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en sectores vinculados al mercado interno y la infraestructura, es donde la parálisis y el retroceso resultan más notorios

Neuquén represenya una excepción estadística: logró sostener indicadores positivos gracias al dinamismo de la actividad extractiva en Vaca Muerta, donde el sector energético funciona como amortiguador ante la crisis.

El cierre de más de 24.000 empresas afectó de manera directa al mercado laboral formal, profundizando el desempleo y la precarización. Si bien algunas firmas lograron reconvertirse, la mayoría de las bajas son definitivas y concentran principalmente a microempresas y pyme de hasta 10 empleados, menos preparadas para soportar la recesión y el aumento de costos.

El informe de Fundar advierte que la salida de empresas supera ampliamente la entrada de nuevas firmas, con niveles mínimos de creación y 16 meses consecutivos de caída en el parque empresarial. Sólo en diciembre se registraron 1.985 cierres, consolidando el ritmo negativo del período.

Repercusión sectorial y geográfica

El efecto de la contracción empresarial se observa en casos concretos en diversas provincias y sectores. Entre las manufactureras afectadas, Ilva (cerámicos) cerró su planta de Pilar y cesanteó a 300 trabajadores; Whirlpool (metalmecánica) tomó una medida similar en la misma localidad, con el despido de 220 empleados. El rubro autopartista experimentó el recorte de Corven en Venado Tuerto, con 150 cesantías. En electrónica, Newsan despidió a 150 personas en su planta de Ushuaia, mientras que SKF cerró su sede de Tortuguitas, con 145 desvinculaciones.

La industria láctea también refleja la crisis: la quiebra de La Suipachense resultó en la desvinculación de 143 operarios en Suipacha, mientras que la textil TN & Platex eliminó puestos en Corrientes y La Rioja. Las bajas alcanzaron también a Vulcabras (calzado, 80), PanPack (envases, 80), Magnera (productos médicos, 60), Dana (autopartes, 50), Acerías Berisso (metalmecánica, 50), Luxo (textil, 40), Color Living (muebles, 40), Olito (alimenticia, 40), DBT-Cramaco (equipos eléctricos, 37), Essen (metalmecánica, 34), John Foos (calzado, 50), y Grupo Dass (calzado, 43), con un registro disperso pero regular en diferentes jurisdicciones.

La crisis en el sector lácteo se agrava con la reciente solicitud de quiebra de SanCor, que compromete a 300 empleados directos. Dentro de este conjunto, el cierre de la planta de Fate en San Fernando destaca por la desvinculación de 920 trabajadores.

Apertura de importaciones y regreso de marcas extranjeras

Ante el predominio de los cierres, la apertura de importaciones modificó el panorama comercial. Tras un extenso período de restricciones, marcas internacionales planifican su regreso o desembarcan por primera vez en el país.

Entre las principales novedades figura el retorno de Mango, que tras más de 20 años abrirá su primer local en septiembre, gestionado por la zapatería Grimoldi, y prevé alcanzar cinco tiendas en cinco años. También destaca la llegada de Miniso, que proyecta invertir USD 50 millones para inaugurar 100 locales en cinco años, comenzando por la peatonal Florida y el Dot, donde abrirá su tienda principal de 600 metros cuadrados.

El grupo Bestseller, de Dinamarca, confirmó una inversión de unos USD 30 millones para instalar sus marcas Jack & Jones, Only y Balmohk, con el objetivo de alcanzar 30 tiendas en distintas ciudades. Giorgio Armani, de la mano del grupo Tucci, regresa con la etiqueta Armani Exchange y prevé sumar Emporio Armani en una próxima etapa. La francesa Maje, perteneciente al grupo SMCP, y la multimarca Magma on the Road -que agrupa etiquetas internacionales como Free People, Project Social y The Farra- amplían la oferta en centros comerciales de gama alta.

Esta tendencia incluye a Grupo One, conducido por Manuel Antelo y socios franceses, que lidera la llegada de Kiabi con locales de gran superficie, así como el retorno de Decathlon, que volvió al país a fines de 2025 con un local de 3.300 metros cuadrados en Vicente López.

Entre los proyectos en desarrollo, sobresale la posible instalación de la italiana Dolce & Gabbana -en negociaciones para abrir en Patio Bullrich-, la estadounidense Carter’s, que prevé expansión desde abril junto a socios uruguayos, y la sueca H&M, actualmente en conversaciones avanzadas para inaugurar tiendas en centros comerciales de alto tránsito como Alto Palermo, Dot, Abasto y Alto Avellaneda.

El dinamismo no se restringe a la indumentaria. Victoria’s Secret mantiene un ritmo de apertura que ya alcanza seis comercios y proyecta entre 15 y 18 en cinco años. La cadena uruguaya Indian refuerza su presencia local y planea aperturas en ciudades del interior. En cuanto a los retornos de mayor peso simbólico se encuentra Adolfo Domínguez, que regresó en noviembre de 2025 tras más de 25 años, y marcas como The Kooples, Zadig & Voltaire, Sandro, Farm Rio y Montblanc, que fortalecen la presencia internacional en shoppings de gama alta.

Proyectos en energía y minería bajo el RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se consolida como el principal mecanismo para proyectos de gran escala. El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó en AmCham: “Se hizo un trabajo que en Argentina no se había hecho nunca” y precisó la existencia de 35 proyectos ingresados al régimen por unos USD 85.000 millones, de los cuales una docena ya fue aprobada. El resto está en proceso, incluyendo a la coreana Posco, cuyo proyecto minero Sal de Oro considera una inversión de USD 633 millones en el Salar del Hombre Muerto.

El secretario de Energía y Minería, Daniel González, reveló durante CERAWeek by S&P Global en Houston que entre 15 y 20 proyectos más podrían sumarse al RIGI antes de julio de 2027, fecha hasta la que tendrá vigencia la úlitma renovación del programa de incentivo a inversiones. Sin embargo, hay quienes aseguran que el régimen tiene que seguir disponible por, al menos, cinco años más.

Tecpetrol, brazo energético de Grupo Techint, fue uno de los últimos en presentar una inversión ante el régimen: el proyecto Los Toldos II Este, en Vaca Muerta, prevé un desembolso de USD 2.400 millones para consolidar la producción no convencional en la Cuenca Neuquina. La inversión tuvo lugar después del debate público entre el CEO Paolo Rocca y el gobierno por la provisión de tubos para la exportación de GNL de Southern Energy.

En la provincia de Neuquén, Compañía Mega -integrada por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%)- presentó una propuesta de USD 360 millones destinada a ampliar la capacidad de procesamiento de gas natural, como parte de una estrategia de expansión que inició en 2023 en la planta de Bahía Blanca.

Recientemente, la estadounidense Nano Energy informó su intención de invertir más de USD 230 millones para terminar la Nueva Planta de Uranio que la estatal Dioxitek construye en Formosa, proyecto que podría convertirse en el primero del sector nuclear en ingresar al régimen promocional. El acuerdo se formalizó en la Argentina Week, evento coordinado por la Secretaría de Asuntos Nucleares y el Consulado Argentino en Nueva York, con presencia de su titular, Federico Ramos Napoli.

Washington asestó este 16 de abril uno de los golpes más amplios contra la estructura económica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua al sancionar a cinco individuos y siete empresas vinculadas al sector del oro, una industria que Estados Unidos identifica como clave para sostener financieramente a la dictadura.

La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, incluye un elemento políticamente sensible: la designación de dos hijos de la pareja gobernante, señalados por Washington como parte del engranaje estatal que mantiene el control político y económico del país.

“El régimen de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas auríferas y de sus co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y usándolas para generar fondos con los que mantener su poder político”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y seguirá apuntando contra las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen Murillo-Ortega”, agregó.

La sanción coloca en el centro del debate el papel del oro nicaragüense como sostén económico del régimen. Según el Tesoro, desde al menos 2020 el gobierno ha reorganizado ese sector en una “compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político”.

En ese esquema, Washington señala directamente a figuras ya sancionadas, como Laureano Ortega Murillo —quien ya había sido sancionado en 2019— y al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, como operadores clave de un sistema que canaliza ingresos hacia el núcleo del poder.

El nuevo paquete de sanciones amplía ese cerco al incluir a otros dos hijos del mandatario. Maurice Facundo Ortega Murillo, delegado presidencial para deportes, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, jefe del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, fueron designados por “ser funcionarios del Gobierno de Nicaragua o haber servido como tales en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

“La dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja”, señala la nota oficial, que describe una dinámica de nepotismo en la que los hijos del matrimonio ocupan posiciones estratégicas.

Pero el núcleo de la ofensiva está en el oro.

La empresa estatal Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), ya sancionada desde 2022, aparece como eje de ese sistema. Según Washington, esta entidad controla qué compañías operan en el sector y canaliza las ganancias hacia actores privados aliados y operadores del régimen mediante pagos ilícitos.

El informe sostiene que “altos miembros de la dictadura se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro”, en un contexto en el que ese mineral se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas del país.

Entre las empresas ahora sancionadas figura Exportadora de Metales S.A. (EMSA), descrita como una compañía que compra oro en distintas regiones del país, lo procesa en Managua y lo vende en el mercado internacional, incluyendo Estados Unidos.

Según el Tesoro, las ganancias obtenidas “fueron transferidas electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua” y “posiblemente se utilizaron para equipar, entrenar y pagar los salarios de grupos paramilitares subordinados al gobierno nicaragüense”.

Otra de las piezas clave es Grupo Minero Xiloá S.A., señalada por operar como intermediaria en la compra de oro artesanal en efectivo, procesarlo y exportarlo mediante una red de empresas. Ese circuito, afirma Washington, permite “utilizar el sistema financiero de Estados Unidos para legitimar fondos ilícitos”, que luego son reinvertidos en el sostenimiento del aparato político.

La lista incluye además a Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. y Brother Metal S.A., todas beneficiadas —según el Tesoro— con amplias concesiones mineras otorgadas por el régimen, pese a cuestionamientos sobre su trayectoria o capacidad técnica.

En paralelo, la acción apunta a empresas e individuos involucrados en la confiscación de activos de inversionistas estadounidenses, una práctica que Washington identifica como parte del mismo esquema.

El caso más emblemático es el de BHMB Mining Nicaragua S.A., cuya planta fue ocupada en 2025 por actores vinculados al régimen. “Los individuos irrumpieron en las instalaciones, expulsaron al personal de seguridad y asumieron el control físico de la propiedad”, detalla la nota. La empresa, añade, “no ha recibido compensación alguna”.

Entre los señalados por ese episodio figuran Zhong Fu Development S.A. y Santa Rita Mining Company S.A., así como el empresario Feiwu Bian y el representante legal Aníbal Vladimir Matus Buitrago, acusados de participar directamente en la toma.

La red se extiende a operadores administrativos y legales. El viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, fue sancionado como funcionario del gobierno, mientras que Nelson Francisco Sobalvarro y el abogado Lester Matus Tamariz fueron señalados por facilitar transferencias de concesiones y trámites notariales vinculados al sector.

El Departamento del Tesoro también describe una reconfiguración empresarial para evadir sanciones. Según la investigación, concesiones mineras fueron transferidas entre compañías antes y después de designaciones previas, en un intento de mantener operativas las actividades extractivas.

Las implicaciones de la medida son amplias. Todos los bienes e intereses de los sancionados en territorio estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y entidades de ese país realizar transacciones con ellos. Además, cualquier empresa en la que estas personas posean, directa o indirectamente, el 50% o más, también queda sujeta a las restricciones.

El Tesoro advierte que incluso actores extranjeros pueden verse afectados. Instituciones financieras que “faciliten una transacción significativa” con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias, incluyendo restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense.

La medida refuerza una estrategia sostenida de presión sobre Managua que se intensificó tras la represión de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Washington recuerda que, en los días posteriores a esas manifestaciones, “la dictadura fue responsable de la muerte violenta de casi 30 civiles nicaragüenses”, en el inicio de una crisis que se ha prolongado durante años.

A casi ocho años de ese punto de quiebre, el gobierno estadounidense sostiene que el régimen ha respondido con “persistente intransigencia y nuevos esfuerzos por suprimir los derechos de su población”.

El propio Tesoro lo deja claro al subrayar que el objetivo final de las sanciones “no es castigar, sino provocar un cambio positivo de comportamiento”. Pero en la práctica, el mensaje es directo: el sector aurífero, convertido en una de las principales cajas del régimen, está ahora en la mira.

“Mensaje de abril a la dictadura: Dept del Tesoro sanciona a Maurice y Daniel Edmundo Ortega, al vice Ministro de Minas y a dos testaferros. Igualmente al entramado de 7 empresas mineras beneficiadas por las confiscaciones recientes, estos casos han sido destapados recientemente”, reaccionó en X el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.

El Gobierno peruano busca acelerar la modernización de una de las infraestructuras más estratégicas del país. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se impulsará una inversión estimada de USD 189.9 millones para optimizar el funcionamiento del muelle de minerales del Puerto del Callao, considerado un punto clave para el comercio exterior.

La iniciativa apunta a reforzar la capacidad operativa de este terminal, utilizado principalmente para el embarque de concentrados de minerales, un sector fundamental en la economía peruana. Según informó el MTC, el proyecto también tiene como objetivo mejorar los niveles de seguridad, reducir riesgos operativos y asegurar la continuidad del servicio en una instalación crítica para las exportaciones.

Modernización del muelle del Callao: inversión apunta a eficiencia y seguridad en exportaciones

El plan de modernización será liderado por el MTC, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que ya inició coordinaciones con la empresa Transportadora Callao S.A., actual concesionaria del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales. En una reciente reunión multisectorial, ambas partes avanzaron en la estructuración de una adenda contractual que permitirá viabilizar las inversiones previstas.

Entre los principales componentes del proyecto se encuentra la mejora de la faja transportadora, infraestructura esencial para el traslado de minerales desde tierra hasta las embarcaciones. Este sistema es considerado uno de los puntos más sensibles de la operación, por lo que su optimización resulta clave para evitar interrupciones y garantizar un flujo constante en las exportaciones.

De acuerdo con lo señalado por el sector, estas intervenciones permitirán optimizar los tiempos de operación, lo que impactaría directamente en la competitividad del país en los mercados internacionales. El Puerto del Callao, principal puerta de salida de productos peruanos, concentra una gran parte del movimiento de carga, por lo que cualquier mejora en su infraestructura tiene efectos inmediatos en la cadena logística internacional.

Además, el proyecto busca elevar los estándares en materia de seguridad portuaria, un aspecto cada vez más relevante en el contexto del comercio global. La reducción de riesgos operativos no solo favorece la continuidad de las operaciones, sino que también contribuye a mejorar la percepción del país como socio confiable en el transporte de minerales.

Exportaciones mineras crecieron 27,2% en 2025 impulsadas por el oro, pero el cobre se mantuvo como líder

El sector minero peruano registró un fuerte desempeño durante el 2025, con exportaciones que alcanzaron los US$ 62.848 millones, lo que significó un incremento de 27,2% frente a los US$ 49.417 millones reportados en 2024. Este crecimiento estuvo sostenido principalmente por el aumento en los precios internacionales y una mayor demanda de minerales estratégicos en el mercado global.

Uno de los principales motores fue el oro, cuyas exportaciones sumaron US$ 23.244 millones entre enero y diciembre, reflejando un alza de 48,8% interanual. Este metal llegó a representar cerca del 25% del total exportado por el Perú, consolidándose como uno de los pilares de la canasta minera. También se observaron incrementos relevantes en otros productos como el plomo (+66,8%), hierro (+67,7%), zinc (+22,4%) y la plata refinada, que registró un notable crecimiento de 162,2%.

Pese al avance del oro, el cobre se mantuvo como el principal producto de exportación minera del país, con envíos que alcanzaron los US$ 28.130 millones en 2025, lo que representó un crecimiento de 19,3% respecto al año previo. Este metal concentró el 30,2% del valor total de las exportaciones nacionales, impulsado por la demanda vinculada a la transición energética, la electrificación global y el desarrollo de industrias tecnológicas.

Otros minerales también aportaron al resultado positivo. Las exportaciones de zinc llegaron a US$ 2.770 millones, mientras que el plomo alcanzó los US$ 3.262 millones, en un contexto de consumo sostenido asociado a la industria de baterías y almacenamiento energético. Sin embargo, este escenario favorable comenzó a moderarse en 2026, luego de que se registraran caídas en los precios internacionales del oro y el cobre tras haber alcanzado máximos históricos.

El dato de inflación más elevado desde 2025 —el IPC fue del 3,4%, según informó el Indec este martes— profundizó la percepción de una Argentina partida en dos velocidades. En el sector empresario, donde el auge minero-energético contrasta abruptamente con la debilidad del consumo masivo, las opiniones también se dividen en dos.

Durante el AmCham Summit, encuentro que reúne a dirigentes corporativos, funcionarios y referentes del sector privado, la inquietud respecto al impacto desigual del ciclo económico dominó la agenda de los pasillos, con diversos actores de sectores variados que enfrentan preocupaciones particulares en cada rubro.

La desaceleración del consumo resultó un foco reiterado en boca de distintas empresas, que manifestaron la persistente caída de ventas y la falta de señales de repunte. Un directivo del sector retail farmacéutico informó que el comportamiento de compra se concentra actualmente en promociones y que los consumidores dejaron de comprar productos para stockearse, una tendencia que se había fortalecido en periodos de alta inflación para cubrirse de los aumentos de precio inesperados y recurrentes.

El dato de inflación que publicó hoy el Indec representa el mayor alza de precios desde el mismo mes de 2025, cuando la suba había alcanzado el 3,7%. La persistencia de la inflación afecta particularmente a los sectores de consumo masivo. Una de las principales lácteas del país develó que su estrategia para mantener su volumen de ventas y asegurar sus márgenes de ganancia es el lanzamiento de nuevos productos. La incorporación de segundas marcas también aparece como una alternativa para conquistar a los consumidores con productos de igual calidad, pero a menores precios.

El ministro de Economía Luis Caputo participó del evento. Allí, aseguró frente a los empresarios: “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas. También afirmó que “el proceso de desinflación, que venía muy bien, se vio interrumpido durante el período previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva, con una caída fuerte de la demanda de dinero. Como sabemos, la inflación es un fenómeno monetario”.

En tanto, Javier Milei, quien estuvo encargado del cierre del encuentro, reaccionó al dato de inflación de marzo. El Presidente dijo que “el dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, afirmó el mandatario, quien anticipó que hablará del tema en la AmCham Summit.

Auge exportador en energía y minería, el doble ritmo de la economía argentina

En contraste con la situación del consumo, la minería y la energía atraviesan un ciclo de fuerte expansión, empujadas por el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI). Un ejecutivo de la industria minera expuso que “sin el RIGI no había nada”, y atribuyó a ese marco normativo la decisión de las multinacionales de desarrollar proyectos en Argentina.

El representante de este sector explicó que se trata de “una seguridad que es indispensable” para canalizar capitales de largo plazo y estimó que el actual gobierno “es el primero en 30 años” que muestra una “buena predisposición y recibimiento a las inversiones, sobre todo a largo plazo”.

De cara a los próximos años, en el ámbito minero se prevé un “gran boom exportador” hacia 2030, aunque subsisten desafíos estructurales, como la falta de infraestructura y de mano de obra calificada, especialmente en provincias de alta demanda industrial. Se destacó, por ejemplo, que “no existen carreras de ingeniería química en Catamarca”, lo que limita la disponibilidad de recursos humanos locales para proyectos de gran escala.

En el sector petrolero el ritmo también se sostiene, con el impulso de nuevas presentaciones bajo el régimen de incentivos, mientras que en el segmento de acero el clima es más restrictivo. Una fuente de la industria explicó que el mercado “está complicadísimo”, afectado por restricciones externas como la suba de aranceles en Estados Unidos. Solo se registró un repunte leve en la construcción, atribuido directamente a las tasas más bajas.

El campo, entre la presión de costos y la carrera tecnológica

Representantes del sector agropecuario reiteraron que la baja de retenciones y de impuestos resulta “indispensable” para alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción en 2030, cuando la campaña actual se proyecta en 160 millones. Un referente del área indicó que el crecimiento requiere “reducción de costos e impuestos, además de reconocimiento de la propiedad intelectual” y resaltó como avance la ejecución de acuerdos privados que en pocos años ya abarcan 7 millones de toneladas de soja.

El país acaba de firmar, en el marco de un acuerdo con Estados Unidos, la adhesión a la norma UPOV 91, que introduce protecciones sobre las semillas y derechos de propiedad intelectual. Algunos productores expresaron su resistencia, aunque los semilleros consideran la herramienta fundamental para “fomentar el crecimiento” del sector. La comparación con Brasil resulta recurrente: “Arrancaron muy por detrás de la Argentina y hoy ya nos duplican en producción”, sentenció un ejecutivo en diálogo con Infobae.

En paralelo, un alto directivo del sector agrícola subrayó que “los problemas vienen de arrastre, de 20 años de falta de mantenimiento” y que quienes trabajan la tierra fueron objeto de políticas restrictivas durante las últimas dos décadas. “Si nos preguntamos cómo trató la Argentina al campo en las últimas dos décadas, tiene sentido el planteo de los productores”, señaló. Sin embargo, reconoció que la incorporación de tecnología y el desarrollo “tienen un costo” y urge encontrar una posición común entre productores e industria.

El segmento financiero y fintech es uno de los beneficiados de esta Argentina que corre a dos velocidades. Una empresa de medios de pago destacó “el crecimiento altísimo de las transacciones con QR”, pero admitió que persiste el paso al efectivo como reacción a los impuestos nacionales y provinciales, además de la reticencia frente a las retenciones que aplican las propias aplicaciones financieras. “De todas formas se ve muchísimo crecimiento en los medios de pago digitales, especialmente por promociones y bonificaciones”, enfatizó.

Preocupación política y necesidad de consensos económicos a largo plazo

El escenario político también fue tema en conversaciones informales. Un referente del ámbito académico describió la situación: “La Argentina de las dos velocidades: consumo versus minería y energía”, e hizo hincapié en que la continuidad de políticas clave será determinante para obtener resultados a mediano plazo. Puntualizó que “el Gobierno tiene poco que hacer en algunas cuestiones, puede manejar la economía y el dólar, pero la influencia de un mundo turbulento y el riesgo político es difícil de manejar”. Señaló, además, que el riesgo político deriva de la falta de “idoneidad en la oposición” y abogó por que los consensos básicos, como el superávit fiscal, permanezcan inalterables.

La radiografía empresarial tras el encuentro revela una sincronía en la visión de que la Argentina avanza “a dos velocidades”. También, al menos en el ámbito corporativo, hay concordancia acerca del futuro político del país, ya que la dirigencia gubernamental tiene una fuerte influencia en las decisiones de inversión. El consenso apunta hacia un mismo lugar: la Argentina tiene recursos naturales y capital humano, pero ese potencial solo puede materializarse si se sostiene un rumbo claro. En ese escenario, el pedido se resume en la previsibilidad, independientemente de quién lleve la embestidura presidencial.

En una industria en la que los proyectos se miden en décadas, la Argentina empieza a ganar lugar en el mapa global. Tras dos años en los que el país mostró mayor estabilidad macroeconómica y una renovada capacidad para atraer inversiones, logró posicionarse como destino para capitales globales dispuestos a financiar desarrollos de gran escala.

Ese cambio de clima se reflejó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), donde, frente a 1500 asistentes reunidos para el AmCham Summit, un mensaje dominó las presentaciones de líderes mineros y funcionarios: la Argentina registra hoy una atracción inédita de fondos globales dispuestos a financiar su desarrollo minero. “Nunca vimos un interés de multilaterales tan grande como el que estamos teniendo en Argentina”, afirmó Ignacio Costa, CEO de Río Tinto Lithium.

Por los tiempos que demanda la industria, la magnitud de las inversiones y la escala de los desarrollos, la minería es un sector de inversión intensiva a largo plazo. En ese contexto, entre empresarios y funcionarios predominó una mirada positiva sobre el impacto de los nuevos regímenes de inversión y el reordenamiento macroeconómico, que ubican al país ante una oportunidad histórica para transformar su perfil productivo y exportador.

La minera anglo-suiza Glencore opera en el país hace más de 30 años. Su CEO, Martín Pérez de Solay, detalló su hoja de ruta basada en proyectos de escala: la presentación al RIGI para los yacimientos Mara y Pachón, por un total de USD 13.500 millones —USD 4.500 millones en la mina Agua Rica (Mara) y USD 9.000 millones en Pachón—. Este despliegue permitiría, a partir de 2028, reiniciar la producción argentina de cobre y sostenerla “por hasta 70 años”.

El viraje, comentó el empresario, comenzó hace dos años, cuando Glencore observó una demanda global persistente de cobre y el inicio de cambios en la política económica argentina que brindaban previsibilidad a largo plazo: “Empezamos a ver una demanda global de cobre muy fuerte y una Argentina que empezaba a hacer cambios y que prometía mucho en términos estabilidad, ya que si un país es estable en sus cuentas, puede dar estabilidad a los proyectos y así ayudar a que las cosas crezcan”.

La meta, según expresó el ejecutivo, es pasar de parálisis a secuencia ordenada de proyectos: reiniciar Agua Rica en 2028, sumar fases productivas con Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno, y acelerar la construcción de Pachón, con miras a una primera etapa operativa en 2034. “Capturamos una oportunidad única con impacto tangible para las comunidades y las provincias donde trabajamos. La minería va a desarrollar el interior del país”, aseguró durante el evento organizado por la Cámara de los Estados Unidos en Argentina.

“Nunca vimos un interés de multilaterales tan grande como el que estamos teniendo en Argentina” (Costa)

La economía nacional —según el análisis compartido en la cumbre— depende crecientemente del aporte de divisas del sector minero, que registra un saldo exportador de USD 9 por cada USD 1 importado y lidera en salarios, formalidad y efecto multiplicador sobre proveedores y cadenas productivas locales. El desafío proviene hoy de la logística: la necesidad de más rutas y transporte eficiente hacia puertos, condición indispensable para canalizar el potencial de ventas externas.

América Latina, nuevos marcos regulatorios y el rol de los multilaterales

En 2025, la minería argentina marcó un récord nacional: más de USD 6.000 millones en exportaciones y casi el 7% de las ventas externas totales del país. El sector tiene potencial de triplicar estas cifras, proyectando entre USD 15.000 y 18.000 millones anuales en la próxima década, junto con la generación de más de 80.000 empleos directos y al menos 150.000 puestos inducidos en proveedores, logística y servicios.

Frente a un aumento en la demanda internacional de minerales, porque, según aseguran, “el futuro será eléctrico”, la Argentina tiene la posibilidad de aprovechar la oportunidad y no dejar pasar la posibilidad de “subirse al tren”.

A la demanda internacional se suma, como factor decisivo, la implementación del marco regulatorio que incentivó las inversiones de gran escala en el país. En este sentido, Costa, de Rio Tinto recalcó que el RIGI equipara la carga impositiva argentina con la de Chile y Perú, dos referentes globales en extracción de cobre, y que, a su vez, con recursos naturales similares, pero con mayor estabilidad macroeconómica y retenciones menores, atraían los desembolsos de la industria. “Todo se combina con una oportunidad internacional que exige energía eléctrica y reglas de juego claras”, señaló Costa.

El caso de Rio Tinto ejemplifica el nuevo clima: la firma anunció préstamos multilaterales para su proyecto de litio Rincón en Salta —una inversión total de USD 2.500 millones, con financiamiento de la IFC, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Japón por USD 1.700 millones—, y la ampliación de su laboratorio de operaciones a tres provincias: Salta, Jujuy y Catamarca. Estas regiones experimentan, según el número uno de la compañía, cambios en infraestructura y empleo, con “un efecto multiplicador de dos, tres y hasta cinco veces” en el desarrollo territorial.

La apuesta por la sostenibilidad a largo plazo exige adaptación y diálogo local. Newmont, que opera en cinco continentes, relató su repliegue momentáneo y su reciente planificación a cinco años para la mina Cerro Negro, en Santa Cruz, provincia que concentra la mayor parte de las exportaciones argentinas de metales.

La empresa volcó sus aportes mineros en fideicomisos municipales bajo gobernanza compartida, lo que permitió aumentar la conectividad al gas de la comunidad de un 44% al 96%. “La minería tiene la obligación de mirarse en el largo plazo, prevenir escenarios y crear espacios de entendimiento con las comunidades”, indicó María Eugenia Sampalione, Country Manager de Newmont.

El consenso entre alcaldes, gobernadores, directivos y legisladores presentes fue unánime: el futuro del desarrollo minero argentino requiere previsibilidad macroeconómica, marcos legales sólidos y una visión federal que articule los regímenes provinciales de compras y contrataciones. El fortalecimiento de infraestructura y la estabilidad de reglas son condición necesaria para transformar el superávit actual en un crecimiento sostenido y distribuidor de riqueza.

En un contexto de cambio de ciclo económico y expectativas renovadas, el AmCham Summit 2026 volvió a reunir en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a líderes empresariales, funcionarios públicos y referentes del tercer sector con un objetivo común: debatir cómo transformar la estabilización económica en un proceso sostenido de desarrollo.

Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el encuentro puso el foco en la sustentabilidad como eje transversal y en la atracción de inversiones como condición indispensable para consolidar el crecimiento.

Organizado por la AmCham Argentina, el evento se consolidó como uno de los principales espacios de diálogo público-privado del país. En su octava edición, la agenda incorporó con fuerza el vínculo entre producción, transición energética, innovación y desarrollo regional, en un escenario global donde la sustentabilidad dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una exigencia concreta del mercado.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta de la entidad, Mariana Schoua, quien planteó que Argentina atraviesa un momento bisagra. “Durante años, el debate estuvo centrado en cómo estabilizar; hoy tenemos la oportunidad de discutir cómo crecer”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el desafío central es convertir la estabilidad macroeconómica en inversión productiva, generación de empleo formal y desarrollo inclusivo.

Schoua destacó que el país cuenta con ventajas competitivas claras en términos de recursos naturales, capital humano y diversidad productiva. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de mejorar la inserción internacional, al señalar que las exportaciones representan apenas el 14% del PBI, un nivel bajo en comparación con economías similares. Para revertir esta situación, remarcó la importancia de consolidar reglas claras, fortalecer las instituciones y generar marcos regulatorios previsibles que incentiven el desembarco de capitales.

En ese sentido, la sustentabilidad emergió como uno de los pilares centrales del debate. Sectores como la agroindustria, la energía y la minería fueron señalados no solo como motores económicos, sino también como áreas clave para liderar la transición hacia modelos productivos más eficientes y responsables con el ambiente.

La posibilidad de ampliar exportaciones en estos rubros está directamente vinculada con la adopción de estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza.

La energía, en particular, fue presentada como una oportunidad estratégica. Con vastos recursos en hidrocarburos y un creciente potencial en renovables, Argentina podría posicionarse como proveedor global en un contexto de transición energética.

La articulación entre inversión privada, innovación tecnológica y políticas públicas será determinante para avanzar en ese camino. En paralelo, la minería aparece como otro vector de crecimiento, con la posibilidad de triplicar exportaciones en la próxima década, especialmente en minerales críticos para la economía verde.

El impulso a la sustentabilidad también se reflejó en la agenda urbana. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó una serie de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo más equilibrado en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, destacó inversiones en transporte limpio, como la construcción de la línea F de subte y la incorporación de tranbuses eléctricos, así como políticas de recuperación del espacio público y acceso al crédito hipotecario.

Macri subrayó que el crecimiento económico debe estar acompañado por un Estado eficiente, con reglas claras y baja presión impositiva. “La libertad económica tiene que ir de la mano de la baja de impuestos”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de consolidar una “circularidad virtuosa” entre inversión, empleo y desarrollo. También hizo hincapié en la innovación, con proyectos como la creación de un distrito de inteligencia artificial y la incorporación de herramientas tecnológicas en la educación.

Desde el plano macroeconómico, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el país atraviesa una etapa de previsibilidad que abre una ventana de oportunidades para la inversión. “Los próximos 18 meses serán de puro crecimiento”, afirmó, al tiempo que destacó el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como herramienta para atraer capitales.

Según detalló, más de 35 empresas ya manifestaron interés en invertir por más de 80.000 millones de dólares en distintos sectores estratégicos. A esto se suma un ambicioso plan de infraestructura que incluye la construcción de 8.000 kilómetros de corredores viales, una iniciativa clave para mejorar la competitividad y la integración territorial. La infraestructura, coincidieron varios expositores, es la base sobre la cual se sostiene cualquier estrategia de desarrollo sustentable.

El escenario internacional también jugó un papel central en las discusiones. El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, destacó que el país está enviando señales claras en materia de orden, transparencia y oportunidades de negocio. En particular, valoró la firma del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones, al que definió como una herramienta concreta para reducir barreras, fomentar la innovación y fortalecer la competitividad.

Lamelas puso especial énfasis en el rol de Argentina en las cadenas globales de valor, especialmente en lo que respecta a minerales críticos. En un contexto de reconfiguración geopolítica y transición energética, estos recursos adquieren una relevancia estratégica, y Estados Unidos busca consolidar alianzas con socios confiables. “El momento de mirar a Argentina ya pasó. El momento de actuar es ahora”, señaló, en un claro llamado al empresariado internacional.

Más allá de los anuncios y las proyecciones, el AmCham Summit dejó en evidencia que el desafío no es solo atraer inversiones, sino hacerlo bajo criterios de sustentabilidad que garanticen un desarrollo equilibrado en el largo plazo. Esto implica no solo cuidar el ambiente, sino también promover la inclusión social, el desarrollo regional y la innovación.

La participación conjunta de gobernadores, legisladores y empresarios en los distintos paneles reflejó la necesidad de construir consensos amplios para avanzar en una agenda común. La estabilidad normativa, la calidad institucional y la articulación público-privada fueron señaladas como condiciones indispensables para sostener el crecimiento.

En este nuevo escenario, Argentina tiene la oportunidad de redefinir su perfil productivo y su inserción en el mundo. La combinación de recursos naturales, talento humano y potencial tecnológico ofrece una base sólida para atraer inversiones y generar valor agregado. Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad de transformar esas ventajas en políticas concretas y sostenibles en el tiempo.

El AmCham Summit 2026 funciona así como una radiografía del momento actual del país: un punto de inflexión donde convergen expectativas, desafíos y oportunidades.

La sustentabilidad ya no es un concepto accesorio, sino el eje sobre el cual se construyen las nuevas estrategias de desarrollo. Y las inversiones, lejos de ser un fin en sí mismo, aparecen como el vehículo para hacer posible ese futuro.

Por la tarde se espera la visita del ministro de Salud, Mario Lugones.

Los Diputados Nacionales no somos expertos en todas las áreas sobre las cuales legislamos, pero al menos en el bloque de LLA recibimos expertos que nos ilustran sobre las cuestiones asociadas a cada proyecto sobre el cual pretendemos legislar. A esto se suman las audiencias públicas y los estudios que cada uno desarrolla en forma particular para hacer un trabajo responsable. Como Diputado Nacional me corresponde legislar sobre cuestiones nacionales que son relevantes para todos los argentinos, aunque nunca dejo de pensar en los pampeanos que confiaron en mi su voto para representar sus intereses.

Así fue que asumimos el 10 de diciembre de 2025 y desde entonces aprobamos un Presupuesto Nacional con equilibrio fiscal a partir del cual puede continuar generándose la baja en la inflación, mientras pagamos los intereses de la deuda heredada y avanzamos en un proceso de des-endeudamiento; aprobamos la Ley de Inocencia Fiscal para que los dólares salgan de abajo del colchón y vuelvan a los bancos; ratificamos un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para abrir mercados para las empresas pampeanas; aprobamos una reforma laboral para generar empleo formal, además de eliminar 8 impuestos nacionales; entre muchas otras leyes.

En el caso de esta reforma a la Ley de Preservación de los Glaciares quiero expresarle a los pampeanos que mi voto positivo se funda en el equilibrio que la modificación presenta para aumentar la producción minera, de relevancia particular para provincias como Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca, pero sin poner en riesgo el agua que nos provee a los pampeanos el río Colorado.

El gobernador Sergio Ziliotto, junto con las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asociación por los Ríos Pampeanos, anunció la presentación de un amparo judicial para intentar frenar la modificación de la Ley de Preservación de Glaciares aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado. En ese marco, realizó una conferencia de prensa en la que expuso argumentos políticos infundados que no se ajustan a los resultados de las investigaciones científicas en la materia.

Nieve y hielo

Ziliotto declaró que el río Colorado es de origen glaciar, lo que es falso. Su origen es principalmente nival, es decir, su caudal proviene del derretimiento de la nieve acumulada en invierno. Esta es la razón por la cual año a año se mide la nieve acumulada para definir el caudal de agua con la cual se contará en cada período. El río nace de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. Si bien puede variar de año en año, el río Grande aporta aproximadamente el 80% del caudal y su alimentación es exclusivamente nival, mientras que el Barrancas corresponde a una cuenca de transición entre regímenes nivales y pluvio-nivales. La columna del geólogo Daniel Jerez en Infobae el pasado 2 de abril puede arrojar luz sobre la necesidad de hacer estudios científicos particulares para cada caso para cuantificar el agua que pueden aportar un Glaciar de Escombros a un río particular. Su análisis arroja datos que pueden permitir dimensionar toda esta problemática.

El Colorado nace de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. Si bien puede variar de año en año, el río Grande aporta cerca de 80% del caudal y su alimentación es exclusivamente nival

El gobernador también se refirió al conflicto con Mendoza por el río Atuel como antecedente que justificaría el amparo. Esta comparación es incorrecta. La Ley de Glaciares establece que solo pueden desarrollarse actividades en aquellas zonas donde se demuestre científicamente que no cumplen una función hídrica relevante. Dicho de otra manera, no se pueden realizar actividades que alteren de modo relevante la función de la zona como proveedora de agua. Lo que ocurrió en el pasado con el río Atuel, nada tiene que ver con los aspectos que trata la reforma a la Ley de Glaciares.

La ley modificada sigue protegiendo ambientes glaciares y periglaciares incluidos en el “Inventario Nacional de Glaciares”. Cualquier provincia puede añadir nuevos glaciares al inventario. El criterio rector es claro: todos los ambientes que cumplan una función hídrica deben ser protegidos.

El problema, y la razón por la cual se hizo una modificación, es que el IANIGLA (Inventario Nacional de Glaciares) ha sido ineficiente a la hora de avanzar con la clasificación de los glaciares. No se realizó la tarea de determinar si los glaciares listados cumplen o no una función hídrica, tarea para la cual tuvieron 15 años. Esa ineficiencia llevó a la paralización de proyectos productivos, afectando el ejercicio legítimo de las provincias sobre sus recursos naturales y limitando su desarrollo económico.

Se propuso entonces un cambio de paradigma: ahora son las autoridades provinciales, con los equipos técnicos que designen, las llamadas a generar y aportar la información técnica de primera mano que permita completar, actualizar y dar utilidad práctica al Inventario.

La ineficiencia para avanzar con la clasificación de los glaciares llevó a la paralización de proyectos productivos y afectó el ejercicio legítimo de las provincias sobre sus recursos naturales, limitando su desarrollo económico

Además, en la ley rige el Principio Precautorio y Protección Inicial: Todos los glaciares y geoformas que ya están incluidos en el Inventario Nacional se consideran protegidos hasta que la autoridad competente de la jurisdicción demuestre, mediante estudios técnico-científicos, que no cumplen las funciones de reserva hídrica o recarga de cuencas.

Lo que sucede, entonces, es que el gobernador utiliza la preocupación legítima de los pampeanos por el cuidado del río Colorado y el conflicto del Atuel para construir un discurso político -no científico- basado en el temor, orientado a oponerse a políticas de desarrollo. Al mismo tiempo, busca desviar la atención de la falta de avances en materia de gestión hídrica provincial. Defender el agua no es presentar amparos, sino invertir en infraestructura eficiente dentro de la propia provincia.

Este gobierno de Javier Milei está avanzando en desarmar la máquina de impedir en que se ha constituido el Estado argentino y que nos llevó a medio siglo de estancamiento.

La máquina de impedir

A diciembre de 2023 la economía agropecuaria estaba limitada por precios intervenidos, retenciones, burocracia y límites de exportación. A partir de soltar los precios, bajar retenciones, desregular y liberar las exportaciones, el campo y las economías regionales disfrutan de un despertar que conduce a producción y exportaciones récord.

En materia energética ocurre algo similar. Con precios libres, la aprobación del RIGI, la desregulación y la liberación de exportaciones, Argentina no sólo se autoabastece de energía, sino que expande su producción y sus exportaciones.

La minería permaneció dormida, y es a partir del gobierno de Milei con iniciativas como el RIGI y de la aprobación de esta reforma a la Ley de preservación de Glaciares que provincias como Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta o Catamarca, entre otras, podrán incrementar la generación de riquezas para dar soluciones a sus dificultades locales, siempre priorizando el cuidado de las reservas hídricas.

El espíritu de la reforma a la Ley de Glaciares es evitar prohibiciones absolutas, abstractas y genéricas. El objetivo es permitir el aprovechamiento racional de los recursos naturales siempre que se garantice que no se comprometa la reserva estratégica de agua para el consumo humano, la agricultura o la biodiversidad. Para que la Argentina pueda crecer hay que dejar atrás la lógica de “ambiente vs. economía” porque es perfectamente posible proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, promover el desarrollo sustentable de las economías regionales, respetando el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales consagrado en el artículo 124 de la Constitución.

El autor es Doctor en Economía, Profesor titular de Introducción y Fundamentos de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Diputado Nacional y Presidente de LLA en La Pampa

La mayor generadora eléctrica privada de la Argentina, Central Puerto, anunció la compra del 100% de Patagonia Energy, propietaria de dos áreas clave en Vaca Muerta. La inversión marcó el desembarco de la empresa en una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo.

Según informó la firma, el desembolso permitirá la integración de sus actividades y extenderá su alcance, desde la producción energética, hasta la explotación directa de petróleo y gas. Esta estrategia responde al objetivo central del grupo, que apunta a armar un negocio energético más completo, con presencia en toda la cadena, y a reforzar el desarrollo industrial argentino.

La transacción, detallada en la comunicación que la empresa envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), implica la transferencia total de Patagonia Energy & Resources Ltd (PERL), sociedad establecida en el Reino Unido, así como de su subsidiaria local, Patagonia Energy S.A. (PESA).

En tanto, Central Puerto se quedó con las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, zonas que abarcan unos 27.181 acres (alrededor de 110 kilómetros cuadrados) en la cuenca neuquina y cuya concesión era titularidad de Patagonia Assets Limited.

A raíz de este movimiento, Central Puerto no solo ingresó en el sector de hidrocarburos sino que también pasó a ser un nuevo actor dentro de la escena del petróleo y el gas en la cuenca neuquina, una región de alta productividad reconocida mundialmente por su potencial geológico.

De acuerdo con la empresa, la integración de activos petroleros permitirá complementar y reforzar su principal actividad en la generación eléctrica, al sumar nuevas competencias en explotación y desarrollo energético. “Hoy entramos en el sector de Oil&Gas con la convicción de que la diversificación es la clave para potenciar el crecimiento del grupo y contribuir al desarrollo energético de la Argentina”, destacaron fuentes de la firma.

Diversificación del negocio

En línea con su estrategia de expansión, el año pasado Central Puerto renovó la concesión de la central hidroeléctrica Piedra del Águila, en la región del Comahue, tras pagar USD 245 millones en el proceso de privatización de represas impulsado por el Gobierno.

Ese proceso incluyó también las centrales Alicurá, El Chocón y Cerros Colorados, que en conjunto generaron ingresos por unos USD 700 millones para el Estado. Con esta adjudicación, la compañía aseguró la operación de Piedra del Águila por los próximos 30 años.

La empresa —cuyos principales accionistas son la familia Miguens-Bemberg, Eduardo Escassany y Guillermo Reca— viene avanzando en un proceso de diversificación que apunta a ampliar su presencia dentro del sector energético. Con una capacidad instalada que combina generación térmica, hidroeléctrica y renovable, Central Puerto es el mayor generador eléctrico privado del país y en los últimos años comenzó a extender su alcance hacia nuevos negocios, como hidrocarburos y minería.

Apuesta por la minería

También el año pasado y con una inversión de USD 60 millones, la empresa se convirtió en el principal accionista (con una participación del 9,9%) de AbraSilver Resource Corp, una minera que cotiza en la Bolsa de Canadá y es titular de los proyectos Diablillos, de oro y plata, en Salta y La Coipita, de cobre, en San Juan.

El proyecto Diablillos es uno de los desarrollos más relevantes de dichos metales en Argentina. En este marco, Central Puerto completó una colocación privada alcanzando un total de USD 58,5 millones en financiamiento, destinados a acelerar el avance del proyecto, con el objetivo principal de realizar el Estudio de Factibilidad (FS) y comenzar con construcción de la planta.

Posteriormente, también amplió su participación en la industria del litio con la adquisición de una importante participación accionaria en la empresa 3C Lithium, propietaria del proyecto Tres Cruces en Catamarca.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha informado que, mediante Resolución N° 236-2026-MINEM/CM, de fecha 19 de marzo de 2026, el Consejo de Minería del Perú declaró la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM, de fecha 13 de octubre de 2025, que autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto “Tía María”, a favor de la empresa Southern Peru Copper Corporation.

Es decir, han puesto un pare al inicio de la explotación del proyecto en Arequipa, lo que efectivamente lo detiene. Sin embargo, el Gobierno asegura que se abre el paso a una nueva evaluación, lo que ‘refuerza’ la solidez del proceso.

“En ese sentido, una vez notificada la resolución, el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, que emitirá un nuevo pronunciamiento en estricto cumplimiento de las pautas establecidas por el Consejo de Minería y la normativa vigente. Todo lo anterior con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en el desarrollo de inversiones que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de las regiones”, aclaran.

Suspenden Tía María, ¿por qué?

En octubre del 2025, la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM había autorizado que autorizó el inicio de actividades de la fase de explotación del proyecto minero “Tía María en Arequipa. Sin embargo, ahora, el gobierno actual retrocede con esto.

Pero no se trata de un pare total al proyecto de Southern Perú, sino de una pausa para regresar a una etapa anterior. “Debemos precisar que lo dispuesto por el Consejo de Minería no da por concluido ningún procedimiento administrativo, sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal correspondiente”, aclara el Minem en su comunicado.

Así, lo que pasará es que el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, para que sea reevaluado y se emita un nuevo pronunciamiento verificando que se cumplan las pautas establecidas y la normativa vigente.

“Vale subrayar que con todo lo anterior seguimos dando todas las certidumbres a las inversiones mineras privadas en nuestro país”, aclara el Gobierno, asegurando que se trata solo de una etapa.

Como se recuerda, al autorizar el inicio de explotación, el Minem, en su resolución de octubre de 2025, señaló que “no corresponde iniciar procedimiento de consulta previa, en relación a la autorización de inicio de actividades de explotación del proyecto (...), por cuanto sobre el área de influencia directa donde se desarrollará el referido proyecto no hay presencia de pueblos indígenas u originarios”.

Proyecto entrartá en nueva pausa

Como se recuerd, el exministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, informó en su momento que, entre 2025 y 2026, se espera el inicio de la construcción de 12 nuevos proyectos mineros con una inversión de US$ 11 mil 378 millones, ubicados en distintas partes del país.

Se trataba de los proyectos Reposición San Rafael (Puno), Reposición Tantahuatay (Cajamarca), Reposición Colquijirca (Pasco), Reposición Raura (Huánuco), Tía María (Arequipa), Corani (Puno) y Ampliación Huancapeti (Áncash). Sin embargo, ahora, como se sabe, Tía María estaría en pausa hasta que se concluya el nuevo proceso.

La acción judicial se dirige ante el único juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien ocupa ese cargo desde 2018, año de su nombramiento bajo la gestión de Mauricio Macri.

Tanto la fiscal de Estado pampeana como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas acompañaron la solicitud judicial. Según confirmaron desde el entorno del mandatario pampeano, la presentación se formalizó apenas 24 horas después de la sanción legislativa.

Los equipos técnicos de gobierno nacional, en paralelo, siguen con atención esta iniciativa judicial, dado que la Ley de Glaciares forma parte de una agenda central para la proyección de inversiones en el sector minero.

Detalles del amparo y postura del Gobierno

En Infobae en Vivo Al Mediodía, el periodista Federico Mayol indicó que “Ziliotto fue a la Justicia Federal de La Pampa con un amparo y una medida cautelar, señalando una supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley. Dice que la norma viola la Constitución y tratados internacionales”, explicó Mayol.

El juez federal Baric analiza la solicitud. Desde el Gobierno nacional siguen de cerca la definición judicial, ya que la ley sancionada otorga certezas para atraer inversión minera y fue acompañada por varios gobernadores de las provincias productoras. Actualmente, ningún otro mandatario no minero impulsó reclamos similares contra la norma.

Según Mayol, “para el Ejecutivo nacional este tema es trascendente por el monto y la proyección de inversiones mineras comprometidas. Una decisión contraria a la ley podría afectar la hoja de ruta para captar nuevos proyectos”.

Impacto sobre inversiones mineras y reacción social

El sector minero es uno de los principales motores del crecimiento económico. Durante el 2025 aportó “de manera considerable al desarrollo nacional”, apuntó Mayol. Entre los proyectos mineros aprobados y pendientes de aprobación, se encuentran iniciativas de empresas como Glencore y Vicuña, que en conjunto prevén una inversión cercana a USD 40.000 millones.

Mayol detalló que “hay seis proyectos ya aprobados y varios en proceso de aprobación que involucran, por ejemplo, a Glencore o Vicuña, sumando 18.000 millones de dólares en total. El impacto esperado alcanzará los 40.000 millones de dólares en inversiones si se implementan todas las iniciativas”.

El sector ambientalista manifestó su rechazo a la Ley de Glaciares. Organizaciones no gubernamentales presentaron sus objeciones tanto en audiencias públicas como en la presentación judicial de Ziliotto. La participación de ONG en la causa pampeana coloca el debate en el centro de la escena nacional.

Próximos pasos judiciales y agenda minera

La Justicia Federal de La Pampa debe decidir si hace lugar a la medida cautelar y al amparo impulsado por Ziliotto. Esta decisión podría suspender temporariamente la entrada en vigor de la ley o bien rechazar la pretensión de la provincia y las organizaciones ambientalistas.

Mayol adelantó: “Ahora el juez Baric tiene que definir si toma o no, si rechaza o no el amparo y la cautelar. Para el Gobierno, es clave el resultado porque en el mes próximo se realizará en San Juan la exposición minera nacional, a la que están invitados el presidente y el gabinete”.

La exposición en la provincia de San Juan contará con la participación del gobernador Marcelo Orrego y reunirá a referentes sectoriales, funcionarios nacionales y empresas. El resultado del pedido judicial presentado en La Pampa podría incidir en la dinámica y expectativas del evento minero.

Contexto de la Ley de Glaciares y antecedentes judiciales

La judicialización de leyes de impacto federal cuenta con antecedentes recientes. Mayol recordó: “Cuando se reformó la legislación laboral, la CGT presentó un amparo y un juez aceptó varios artículos. En la actualidad, el debate abierto sobre la Ley de Glaciares impone una nueva instancia de análisis judicial luego de su aprobación parlamentaria”.

Por ahora, la única presentación judicial vinculada a la Ley de Glaciares corresponde a la provincia de La Pampa. La actividad minera y la protección ambiental se posicionan nuevamente en el centro de la agenda pública y judicial argentina.

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El SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se posiciona como el principal foro para discutir las reformas prioritarias que necesita el Perú ante el inicio de un nuevo ciclo gubernamental. El evento, que se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo en el Hotel JW Marriott de Lima, busca articular una agenda pública sólida que responda a los desafíos de inversión, competitividad e institucionalidad que enfrenta el país en un contexto de alta competencia global y creciente incertidumbre política.

Entre los ejes del simposio destaca la mesa redonda “Principales Planteamientos de Políticas Públicas para las Propuestas del Nuevo Gobierno”, espacio que reunirá a referentes del sector empresarial y expertos económicos para delinear propuestas concretas que contribuyan a la reactivación económica y al fortalecimiento del clima de inversión. El objetivo es generar consensos multisectoriales y trasladar al próximo Ejecutivo una hoja de ruta orientada a la simplificación de procesos, la seguridad jurídica y la mejora de la capacidad de gestión estatal.

Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas, liderará la discusión técnica. Castilla subraya que el país requiere una agenda de reformas estructurales clara y consensuada, capaz de restablecer el dinamismo económico, reducir la sobrecarga regulatoria y garantizar condiciones más predecibles para los inversionistas. Estas acciones, sostiene, deben convertirse en pilares centrales de la política pública del próximo gobierno para enfrentar la actual desaceleración y recuperar la confianza empresarial.

Líderes empresariales y expertos debatirán sobre competitividad y gobernanza

El panel contará con la participación de Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE; David Tuesta, presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad; y Antonio Cusato Novelli, economista de país del Banco Mundial. Cada uno, desde su experiencia sectorial e institucional, expondrá los retos más apremiantes que enfrenta el Perú, como la sobrecarga regulatoria, la frágil articulación institucional y las persistentes brechas en infraestructura.

Durante el simposio, los panelistas presentarán alternativas para mejorar el clima de inversión, promover la competitividad y acelerar el crecimiento sostenible. La discusión incluirá propuestas para optimizar la gestión pública, incentivar la formalización y desarrollar proyectos de infraestructura estratégica, así como mecanismos para atraer capitales y fortalecer la integración del sector minero con otras áreas productivas.

Una cita clave para definir la agenda minera y económica del Perú

Bajo el lema “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”, el XVI SIMPOSIO convocará a líderes empresariales, autoridades, representantes de la academia y expertos internacionales, quienes analizarán tanto los desafíos inmediatos como las oportunidades de largo plazo para el sector minero y la economía nacional. El evento buscará consensuar una visión compartida que permita enfrentar la volatilidad global y consolidar al Perú como un destino atractivo para la inversión en minería, energía e infraestructura.

El encuentro también será escenario para el intercambio de experiencias internacionales y la identificación de buenas prácticas en políticas públicas, con el propósito de que el próximo gobierno cuente con insumos técnicos y consensos multisectoriales que faciliten la toma de decisiones estratégicas y sostenibles en beneficio del país.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que aseguró un inmueble utilizado como mina irregular en la comunidad de La Plazuela, municipio de Peñamiller, Querétaro, donde se localizaron sustancias con características similares al mercurio, material explosivo y equipo industrial.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se llevó a cabo tras denuncias de habitantes que alertaron sobre la operación clandestina del sitio y señalaron haber recibido amenazas por parte de quienes realizaban las actividades extractivas.

Durante el cateo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron herramientas tipo malacate, costales con material pétreo, recipientes con sustancias potencialmente tóxicas y objetos con características de explosivos.

Hasta el cierre de esta nota informativa, el predio quedó bajo resguardo de la autoridad federal.

Violaciones ambientales y posible vínculo criminal

La FGR indicó que el lugar no contaba con autorizaciones para la extracción de minerales, lo que representa una posible violación a la normativa ambiental y minera. Además, advirtió que el manejo de mercurio implica riesgos para la salud de las personas y para el entorno natural.

El agente del Ministerio Público Federal fue quien encabezó las diligencias. Como parte de las indagatorias, se corroboró la ausencia de permisos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El caso se inscribe en una región donde la extracción de mercurio ha sido documentada como parte de cadenas ilegales de mayor escala. Informes de organizaciones internacionales han señalado que este metal, utilizado en la minería artesanal de oro, es trasladado desde zonas de México hacia países de Sudamérica, donde su uso genera contaminación en ríos y suelos.

Estas investigaciones han identificado que el tráfico de mercurio forma parte de redes criminales que operan más allá del ámbito local. Entre los grupos señalados en estos reportes se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha diversificado sus actividades hacia la explotación y comercialización de minerales.

Sin embargo, en este caso, la autoridad no ha atribuido la operación intervenida a una organización específica.

Impacto ambiental y flujo ilegal hacia Sudamérica

Como Infobae México ya ha documentado en trabajos anteriores, el mercurio es utilizado para separar el oro de otros materiales en procesos de minería ilegal. Durante su uso, el metal puede liberarse en el ambiente y transformarse en compuestos tóxicos que se acumulan en organismos vivos, lo que genera afectaciones a la fauna y a las comunidades cercanas.

De acuerdo con datos de la Agencia de Investigación Ambiental, cientos de toneladas de mercurio han salido de México en los últimos años hacia la Amazonía, donde la demanda está asociada a la expansión de la minería clandestina. Este flujo ha consolidado al país como uno de los principales proveedores ilegales de este insumo en la región.

En este contexto, la intervención en Peñamiller refleja la presencia de actividades extractivas fuera de regulación en una zona vinculada a rutas de tráfico de minerales. La FGR continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance de estas operaciones.

Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.

El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.

Se estipulaba que se iba a votar más tarde, pero una sesión más tranquila y con un tránsito más apacible para el oficialismo de lo que tenía pensado originalmente cambió los planes y cada uno de los diputados de LLA que se había anotado como orador, uno a uno se fue bajando. "Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario.

La seguridad de triunfo libertario quedó plasmada alrededor de las 22 horas, un par de horas antes de que se votó, cuando ingresó al recinto de la Cámara de Diputados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara y observó el último tramo del debate.

Temario y debate

La sesión comenzó con 9 pedidos de apartamiento de reglamento donde todos fueron pedidos por la oposición encarnada en el bloque Izquierda y de Unión por la Patria en donde el oficialismo hizo valer. Uno de los apartamientos de la diputada Paula Penacca tuvo que ver la citación para una interpelación a Manuel Adorni al recinto, que terminó su alocución emulando al Jefe de Gabinete diciendo “fin”. La votación, otra vez, fue a favor de LLA, que contó con el apoyo de los socios. Uno de los apartamientos que suscitó la atención fue el que presentó el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica en donde señalaba el tratamiento de 3 proyectos respecto de $Libra. Otra vez, el oficialismo mantuvo su mayoría y lo rechazó.

Luego de esos momentos en donde el bloque de LLA no pasó nerviosismo pero sí prestó atención al número que juntaba la oposición y cuán lejos estaba de los 129 que necesita para abrir la sesión.

Pasado esto, comenzó el debate de la modificación de la Ley con la exposición del diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien fue el que comandó el debate en las comisiones. Luego de hacer un breve repaso de la norma, el diputado con tono cancino comenzó el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. "Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren“, respondió el legislador a las críticas de la oposición.

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz fue otro que salió en defensa del proyecto y señaló que “con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible”.

Uno de los diputados que se mostró fuertemente opositor a la norma desde sus inicios fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que consideró la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y apuntó contra las mineras y algunos gobernadores. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, denunció.

Otro que se opuso fue Miguel ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, y uno de los que “empujó” la sanción de la ley que se modifica. “La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”, expuso.

El diputado kirchnerista Juan Grabois también se opuso y señaló que el proyecto oficialista “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, apuntó.

Así fueron pasando, uno a uno, los diputados de la oposición de los diferentes bloques que se oponían al proyecto de modificación de la ley de Glaciares frente al silencio de los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR; que solo esperaron que pasara el tiempo para votar sin más contratiempo que alguna palabra elevada y no mucho más.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad minera en Argentina mantuvo una tendencia positiva durante los dos primeros meses de 2026. El nivel general del IPI minero presentó un aumento acumulado de 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se fundamenta en el desempeño de dos sectores clave: la extracción de petróleo crudo y la categoría de minerales no metalíferos, donde se incluye el carbonato de litio.

De acuerdo con el informe oficial, la extracción de petróleo crudo mostró una variación acumulada interanual del 16,3% en el primer bimestre. Por su parte, el rubro de minerales no metalíferos y rocas de aplicación cerró el mismo periodo con un alza del 16,7 por ciento. En contraste, otros sectores como la extracción de gas natural y los minerales metalíferos (oro y plata) registraron caídas del 4,2% y 10,4% respectivamente en el acumulado anual.

La dinámica del sector de hidrocarburos

La industria petrolera alcanzó niveles de producción históricos. Durante febrero de 2026, el índice específico de extracción de petróleo crudo y gas natural, junto con sus servicios de apoyo, creció un 2,8% respecto al mismo mes de 2025. El acumulado de los dos primeros meses para este conjunto de actividades se situó en un 4,1% positivo.

La producción de petróleo crudo por sí sola fue el motor principal, con un salto interanual del 15,8% solo en el mes de febrero. Este fenómeno se vincula directamente con el desarrollo de los recursos no convencionales en la Cuenca Neuquina. Vaca Muerta continúa incrementando su participación en el total nacional, compensando las declinaciones en las cuencas convencionales de la Patagonia y Cuyo.

El sostenimiento de estos récords de extracción se apoya en la expansión de la infraestructura de transporte. Las inversiones en nuevos oleoductos han permitido mitigar los cuellos de botella logísticos, facilitando que el crudo llegue tanto a las refinerías locales como a los puertos de exportación. Este incremento en la oferta ocurre en un contexto global marcado por la volatilidad de precios derivada de conflictos geopolíticos en Medio Oriente, particularmente las tensiones que involucran a Irán.

Sin embargo, el sector de servicios de apoyo para la extracción de hidrocarburos no acompañó esta tendencia creciente. En febrero, esta actividad sufrió una baja del 19,7% interanual, acumulando una caída del 17,1% en lo que va del año. Esta disparidad refleja una mayor eficiencia en las operaciones de campo y una estabilización en la cantidad de equipos activos frente a una mayor productividad por pozo.

El impulso de los minerales no metalíferos y el litio

El bloque de minerales no metalíferos fue el de mayor crecimiento relativo dentro del informe del Indec. En febrero, este sector subió un 14,3% interanual y en el primer bimestre mejoró 16,7%. La incidencia más significativa dentro de este grupo provino de la extracción de sal, con un aumento mensual del 53,8% y un acumulado bimestral del 46,0%.

Dentro de esta categoría, la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos mostró un alza acumulada del 35,7%. El carbonato de litio, el componente central de esta división, registró un repunte del 38% en el bimestre. La industria del litio en Argentina se encuentra en una etapa de maduración de proyectos, con nuevas plantas entrando en fase de producción comercial en las provincias del norte.

El escenario sectorial, invita a pensar que la actividad en torno al litio seguirá creciendo. Recientemente, empresas internacionales completaron hitos de infraestructura clave. La compañía australiana Galan Lithium, por ejemplo, concluyó la construcción de la fase inicial de su proyecto en el Salar del Hombre Muerto.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 66 proyectos de litio en diversas etapas de avance. De ese total, apenas siete están ya en producción. Este tipo de avances asegura una mayor capacidad de procesamiento y exportación de carbonato de litio para los próximos meses, consolidando la posición de Argentina como uno de los principales proveedores globales para la industria de baterías.

A pesar de la expansión en la minería química y el litio, otros rubros de la minería no metalífera vinculados a la construcción mostraron signos de retracción. La extracción de rocas ornamentales cayó un 9,4% interanual en febrero, mientras que la piedra caliza y el yeso descendieron un 3,0%. La arena común para construcción, no obstante, registró una suba del 44,5% en el mes, impulsada por obras específicas de infraestructura.

El desempeño de los minerales metalíferos

El sector de los minerales metalíferos presentó el desempeño más débil del bimestre. La extracción de estos recursos bajó un 7,9% interanual en febrero y acumula un retroceso del 10,4% en el año. La caída fue transversal a los principales productos de exportación del rubro.

La producción de plata y oro, junto con sus concentrados, disminuyó un 3,6% mensual y un 11,3% en el acumulado de 2026. El impacto fue más severo en el bullón dorado o doré, que experimentó una contracción del 22,6% interanual en febrero. Esta situación se atribuye al agotamiento natural de algunos yacimientos maduros y a la falta de nuevos proyectos de gran escala que hayan entrado en operación para reemplazar el volumen perdido.

Activistas, dirigentes de distintos partidos políticos, militantes y organizaciones ambientales y ciudadanos se movilizaron este miércoles 8 de abril hacia el Congreso de la Nación en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares. La manifestación comenzó puntual a las 17 en la Plazoleta del Quijote, en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio y en el inicio se produjeron incidentes que incluyeron una persona detenida.

El operativo conjunto realizado entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires apuntó a concentrar la marcha en la plaza, frente al Congreso de la Nación. Cualquier desplazamiento fue repelido por los efectivos, que bloquearon avenida de Mayo y sus alrededores para evitar que se movilicen por fuera de la zona.

El hombre detenido, de 33 años, protagonizó un altercado con los efectivos y lo arrestaron por resistencia a la autoridad. Las autoridades informaron que, tras el proceso de averiguación de antecedentes, podría recuperar la libertad.

Tras ese primer momento, la manifestación se concentró, como estaba previsto, en la plaza frente al parlamento nacional. Allí se montó un escenario, justo adelante de la valla que impide acceder a la vereda del histórico edificio.

Así fue tomando forma la vigilia que es parte de la planificación de la jornada que busca expresar el rechazo a los cambios en la ley.

En ese sector coinciden militantes de La Cámpora y dirigentes del Frente de Izquierda Unidad, cuyos diputados adelantaron que votarán en contra de la modificación de la norma.

La jornada fue anunciada en redes sociales bajo el lema “La Ley de Glaciares no se toca”, y prevé una marcha con antorchas, un acto central y un festival artístico hasta la medianoche. Los organizadores advierten que los cambios propuestos ponen en peligro a 7 millones de personas y a 36 cuencas hídricas consideradas vitales para la vida en distintas regiones del país. “Vení con tu antorcha, tu cartel y tus ganas de defender el territorio”, señala el comunicado difundido por referentes ambientales.

El contexto de la movilización se torna más tenso por la inminente votación en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma. La sesión legislativa será transmitida en vivo en la plaza, donde los manifestantes prevén permanecer hasta que finalice el debate. La protesta se desarrollará mientras crece el clima de confrontación entre sectores que defienden la protección de los recursos naturales y quienes impulsan la flexibilización de la ley para permitir nuevas explotaciones mineras.

La movilización fue respaldada por dirigentes políticos y referentes del ambientalismo. El dirigente Luis Zamora, referente de izquierda, convocó a la ciudadanía a sumarse a la protesta frente al Congreso “para defender los Glaciares, el agua, es decir la vida, frente a los negocios empresarios extractivistas y contaminantes que promueven Milei y sus socios”, según su publicación en redes sociales.

Durante la mañana, la tensión se incrementó luego de la vandalización de Greenpeace en el monumento a los Dos Congresos, donde varios activistas escalaron la estructura y desplegaron carteles con las leyendas “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”. Efectivos de la Policía de la Ciudad desalojaron a los manifestantes y labraron actas contravencionales, aunque los detenidos fueron liberados horas después. Uno de los activistas, desde el lugar, pidió que “los diputados no entreguen el agua de todos”.

Las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma representa una amenaza directa para la disponibilidad de agua potable, al permitir actividades extractivas en zonas actualmente protegidas por la Ley 26.639, vigente desde 2010. Según el documento que se leerá durante la jornada, la modificación implicaría “abrir la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege”, lo que comprometería el acceso al agua “un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional”, afirmó Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

El reclamo de los manifestantes se centra en la preservación de los glaciares y ambientes periglaciales, considerados reservas estratégicas de agua dulce. “El agua es vida y las reservas de agua dulce son el seguro que tenemos para el futuro”, remarcaron los convocantes en la invitación difundida por redes sociales, donde también se instó a la ciudadanía a no permitir que “Argentina sea el patio trasero del extractivismo global”.

El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares enfrenta a sectores que promueven la expansión de la actividad minera, bajo el argumento de la necesidad de inversiones y desarrollo económico, con organizaciones que consideran que la protección de los glaciares es indispensable para garantizar el acceso al agua y la vida de millones de personas en el país.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, el mandatario aseguró que esperaba que este cambio “no traiga que se detengan los proyectos del Gobierno”, especialmente los relacionados con la transición energética y la descarbonización del país.

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Petro precisó que estas iniciativas están directamente vinculadas con las carteras de Minas y Ambiente, y que su desarrollo no debe verse afectado por la reestructuración en la empresa petrolera estatal.

El presidente recordó que la transición hacia energías limpias forma parte de un plan integral que busca “acelerar la descarbonización de Colombia” y que no se trata de un proceso pasajero, sino de un estímulo permanente para el país.

Petro también hizo énfasis en la importancia de cambiar el modelo económico basado únicamente en la extracción de recursos naturales: “Hemos dicho en campaña que debemos pasar de un modelo que se volvió casi único, el único modelo de desarrollo económico colombiano basado en la extracción y no en la producción”.

El mandatario agregó que la extracción intensiva agota los recursos y que, a diferencia de la producción, esta última puede ser infinita mediante el aumento de productividad y conocimiento en la sociedad.

Transición energética Colombia

“Si se mejora la educación general, se aumenta tarde o temprano la productividad. Colombia ha tenido un estancamiento en el desarrollo de su educación superior, que nos aleja de ser uno de los países más productivos”, afirmó, citando datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

En su discurso, Petro resaltó la evidencia científica sobre los impactos de los hidrocarburos en la atmósfera y la salud humana. Mencionó que la contaminación por partículas y gases derivados de los combustibles fósiles representa un riesgo grave para ciudades como Bogotá y Medellín, que la transición energética no solo protege el ambiente, sino que también salva vidas.

“Los hidrocarburos, cuando terminan en la atmósfera a través de procesos productivos, matan a la humanidad y extinguen la vida. Esa es la conclusión de la ciencia”, señaló.

Con respecto a la gestión de Ecopetrol, Petro afirmó que, a pesar de la salida temporal de Roa, los proyectos estratégicos deben continuar sin interrupciones. Resaltó la relación directa de la compañía con la política energética y ambiental del país, por lo que recalcó que el objetivo es mantener la transición hacia energías limpias como un proceso ininterrumpido y acelerado.

“Los hidrocarburos no son convenientes en ningún lugar del mundo”, afirmó el jefe de Estado al conectar esta reflexión con la urgencia de acelerar proyectos de energías limpias, minería responsable y reducción de emisiones contaminantes en todo el país.

Por otro lado, Petro explicó que esta situación se relaciona directamente con el modelo extractivo del país: “Si extraemos, vamos a suponer un pozo de petróleo, cada vez el pozo se agota más. Y si se agota más, cada vez es menos productivo. Hay que hacer más esfuerzo y más inversión física y económica para sacar la misma cantidad de material”.

Según el mandatario, esta lógica de “rendimientos decrecientes” llevó a Colombia a ser menos productivo y a generar menos empleo, comparando la situación con la caída histórica de la producción cafetera, que en su momento generaba numerosos puestos de trabajo.

“Eso no significa que haya que abandonar toda extracción, porque si no, la industria se quedaría sin insumos en muchas ramas y la agricultura también”, aclaró. Petro insistió en que la estrategia debe centrarse en estimular la producción y el conocimiento, además de desestimular actividades extractivas que no agregan valor ni generan empleo sostenible.

El oficialismo obtuvo el despacho de comisión para tratar hoy, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional con miras a los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Ayer, en el plenario de comisión, el oficialismo presentó a dos gobernadores, varios ministros de minería y funcionarios nacionales de la Secretaría de Minería. Esto generó la mayoría de las quejas de la oposición, que manifestó su desacuerdo porque las presidencias de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales transformaron el plenario en un evento vinculado a la minería y, además, criticaron que el proyecto no haya sido girado a la comisión específica del área, como solicitaron distintos bloques.

Más allá de los cuestionamientos, en La Libertad Avanza sabían que tenían el número necesario para avanzar. “Para obtener el despacho de comisión, LLA necesitaba 18 firmas en Asuntos Constitucionales, que cuenta con 35 miembros, y 16 en Recursos Naturales, integrada por 31 diputados”. Durante el debate y mientras los funcionarios respondían consultas, ya habían sumado 19 y 18 firmas respectivamente.

El desenlace del debate también parece definido. Así lo entienden en LLA, que pidió una sesión especial 24 horas antes de obtener el dictamen, confiando en que disponen del respaldo suficiente para aprobar la reforma esta tarde-noche.

Al analizar el conteo de votos que manejan los jefes del bloque libertario, los números aparecen holgados. Sin aceptar cambios a la norma, que ya cuenta con media sanción del Senado, el oficialismo asegura entre 130 y 134 respaldos propios y de aliados históricos, además del apoyo de varios representantes de provincias mineras.

LLA cuenta con 95 diputados y sus socios habituales —PRO, MID, UCR y bloques provinciales— suman entre 20 y 25 más. A este grupo se sumarían legisladores de las provincias mineras del bloque Innovación Federal, que son 9, junto a los peronistas de Independencia y Elijo Corrientes.

Además, los libertarios calculan respaldos dentro de Unión por la Patria. “Teniendo en cuenta lo sucedido en el Senado, creemos que sumamos a Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca”, explicó un diputado libertario que lleva la lista de nombres en su celular. El acompañamiento de estos tres diputados de UP se fundamenta en que los exgobernadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci —San Juan y Corrientes respectivamente— votaron a favor de la reforma en la Cámara alta.

Marchas e interpelaciones

El recinto y las calles serán escenario de la jornada. Se prevé que mañana, desde el mediodía, diferentes sectores se concentren frente al Congreso para manifestarse. Como todos los miércoles, los jubilados intentarán rodear el Palacio Legislativo; en simultáneo, la UTT realizará un “verdurazo” y habrá una radio abierta conjunta con jubilados. Para las 17 está prevista una movilización nacional de organizaciones ambientalistas que, en la Ciudad de Buenos Aires, partirá desde Av. de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso.

Dentro del recinto, la oposición buscará avanzar con un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La intención es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Reglamentos —ambas presididas por La Libertad Avanza— para tratar los proyectos de interpelación al funcionario, quien aún no dio explicaciones sobre el aumento de su patrimonio.

La clave para este planteo parece estar en el PRO y sus 12 diputados. Desde el oficialismo confían en que sus socios parlamentarios no acompañarán la solicitud opositora. Desde los bloques que impulsan la interpelación esperan que algunos representantes del PRO “se paren y se vayan, como dice el ‘lilito’ Maximiliano Ferraro, que no sean republicanos intermitentes y apoyen que podamos tener la discusión al menos, sino esto realmente es una escribanía”.

El proyecto generó fuertes discusiones en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la minería. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la propuesta ante legisladores que lo interpelaron por el alcance de los cambios y las posibles consecuencias ambientales. El clima se caldeó con acusaciones cruzadas: integrantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron presuntos conflictos de intereses por parte de diputados ligados a provincias con fuerte actividad minera y cuestionaron la representación de intereses económicos en el debate.

El secretario Lucero fue interpelado por haber ejercido como abogado de una larga lista de empresas mineras. Ante ello, se defendió valorando su experiencia y negando que haya conflicto de intereses. “¿Si usted tiene que operarse del estómago recurriría a un astronauta? Para buscar un secretario de Minería es razonable alguien que conozca la industria”, se defendió.

La discusión sobre la Ley 26.639, vigente desde 2010, se reavivó tras la aprobación exprés de la reforma en el Senado y el desarrollo de un cronograma de trabajo en Diputados que incluyó una audiencia pública con participación restringida. Miles de interesados quedaron fuera del debate presencial y debieron enviar sus opiniones por escrito o video, un punto que fue criticado por organizaciones ambientalistas y referentes de la oposición. El oficialismo, por su parte, sostiene que la modificación apunta a precisar el alcance de las zonas protegidas y a permitir actividades económicas en áreas periglaciares que no cumplan funciones hídricas estratégicas.

Según estimaciones de la oposición, la suma de voluntades entre La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, junto a algunos votos de Unión por la Patria y Provincias Unidas, permitiría alcanzar “los 140 votos” favorables necesarios para sancionar la ley.

La reforma de la Ley de Glaciares propone redefinir el concepto de áreas protegidas para permitir la exploración y explotación económica en zonas periglaciares que, según criterios técnicos, no cumplen una función hídrica comprobable. La iniciativa le otorga a las provincias la facultad de decidir qué territorios preservar y cuáles abrir a inversiones mineras, reduciendo la intervención de la administración central. Con ello, busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en todo el territorio periglaciar, manteniendo la protección para los glaciares visibles y las formaciones que efectivamente abastecen cuencas hidrográficas.

El oficialismo argumenta que esta precisión permitirá una mayor seguridad jurídica para las inversiones, sin comprometer los recursos hídricos vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático. Sin embargo, bloques opositores y organizaciones ambientalistas rechazan la reforma por considerar que flexibiliza los controles sobre áreas consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Señalan que abrir la puerta a la minería en determinadas zonas representa un riesgo para el abastecimiento de agua y puede afectar la sostenibilidad ambiental de las regiones cordilleranas.

Durante la reunión de comisiones, la intervención de Lucero estuvo acompañada por otros funcionarios de provincias mineras, como la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, entre otros. Todos defendieron la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, y destacaron la importancia de la minería para el crecimiento local y la generación de empleo en sus jurisdicciones.

Las posturas enfrentadas se evidenciaron también en la lista de oradores, en la que participaron referentes como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI), Romina Del Plá (Frente de Izquierda-Unidad), Sabrina Selva (Unión por la Patria), Diógenes González (UCR), y Germán Martínez (Unión por la Patria). Los cruces alcanzaron momentos de máxima tensión cuando se discutieron los posibles conflictos de intereses de legisladores que representan a provincias con proyectos mineros en marcha o en carpeta.

La minera surcoreana Posco concretó la compra del proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) en Salta por 65 millones de dólares. La operación, celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se inscribe en la estrategia de la compañía para asegurarse litio en la carrera global por las baterías eléctricas.

“Reunión con Posco, una de las principales compañías globales en acero y Litio. RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) próximo a aprobarse. Más inversiones para el norte de nuestro país”, expresó Caputo a través de su cuenta oficial de X.

El nuevo activo, ubicado en el Salar del Hombre Muerto entre las provincias de Salta y Catamarca a más de 4.000 metros de altitud, es una de las zonas globalmente reconocidas por la alta concentración del mineral.

Hoy, la Argentina se ubica entre los cinco mayores productores de litio del mundo, por detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue. Por su participación en el reconocido ‘Triángulo del litio’, el país también se distingue por ocupar el tercer lugar en reservas y su liderazgo compartido con Bolivia en recursos de este mineral, clave para la descarbonización del transporte y la transición energética.

La operación supone la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South, titular del paquete HMN Li, anterior propietaria de Hombre Muerto.

Reunión con Posco, una de las principales compañías globales en acero y Litio. RIGI próximo a aprobarse. Más inversiones para el norte de nuestro país. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/wZsv5VxGnY

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 7, 2026

La compra del paquete accionario otorga así a Posco Argentina el 99% de participación y a Posco Holdings el restante 1 por ciento. El activo se encuentra en fase de exploración avanzada, con potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE).

En ese mismo reservorio también operan proyectos que quedaron bajo el control de Rio Tinto tras la adquisición de Arcadium Lithium —como Fénix, en fase de expansión— y la australiana Galan Lithium con Hombre Muerto Oeste. Si bien Posco ya había adquirido derechos mineros clave en el salar en 2018, ahora profundiza su presencia con nuevos recursos y mayores terrenos.

La compañía surcoreana es uno de los mayores productores de acero del mundo. En los últimos años, sin embargo, aceleró su reconversión estratégica: “El Grupo Posco considera el negocio de materiales energéticos como un motor de crecimiento fundamental junto con nuestras operaciones siderúrgicas, y estamos comprometidos a asegurar un suministro estable y competitivo de materias primas para mejorar nuestra competitividad a largo plazo”, explicó Chang In-hwa, presidente de Posco Holdings, en declaraciones a BNamericas.

En la Argentina, la minera es responsable del proyecto Sal de Oro, también en el Salar del Hombre Muerto, que aspira a ingresar al RIGI con una inversión proyectada de 633 millones de dólares. Sal de Oro integra una planta de hidróxido de litio con capacidad de 25.000 toneladas anuales, y está en marcha una segunda fase que prevé una planta de carbonato de litio de 23.000 toneladas anuales de LCE. Según proyecciones de la compañía, a partir de 2026, se espera alcanzar un volumen combinado de 50.000 toneladas anuales.

El mercado argentino de litio

En noviembre, la compañía había anunciado su compromiso de destinar 1,2 billones de wones (equivalentes a USD 817 millones) para asegurar el suministro de litio desde proyectos mineros en Argentina y Australia, así como la adquisición de una participación del 30% en una sociedad establecida por Mineral Resources Ltd. (MinRes) por USD 765 millones.

En este escenario, la Argentina se distingue como uno de los mercados más dinámicos para la minería de litio a nivel global. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país cuenta con 66 proyectos en diferentes etapas de avance, de los cuales solo siete están actualmente en producción.

En 2025 las exportaciones mineras totalizaron unos USD 6.037 millones, el registro anual más alto desde que existen datos consolidados del sector. Según datos de la Secretaría de Minería, el monto exportado durante 2025 implicó un crecimiento del 29,2% en comparación con 2024, cuando las ventas externas del sector habían marcado USD 4.674 millones. El salto interanual permitió que las exportaciones mineras superaran por primera vez la barrera de los USD 6.000 millones en un solo año.

Sin embargo, las proyecciones para el país son más que optimistas. Un cálculo de BBVA Research estimó que las exportaciones mineras argentinas podrían elevarse hasta USD 25.000 millones para 2033 si el país logra concretar la mayor parte de los proyectos en carpeta y sostiene un entorno macroeconómico y regulatorio estable. Actualmente, la minería representa menos del 1% del PBI argentino y aporta menos del 6% de las exportaciones nacionales, pero las expectativas para la próxima década abren la posibilidad de una transformación estructural en el sector.

El gobierno nacional buscará hoy dictaminar de manera favorable la modificación de la Ley de Glaciares; para ello contará con el apoyo de dos gobernadores que se presentarán en el plenario de comisión.

Luego de un debate que se extendió más de lo que preveía el oficialismo y una audiencia pública que tuvo más de 160.000 inscriptos, pero que menos de 400 pudieron exponer, La Libertad Avanza y sus socios firmarán esta tarde el dictamen de mayoría que modifica los presupuestos mínimos para la Ley de Glaciares y abre la puerta a una expansión de la industria minera en sectores que hoy están prohibidos.

Además, en un contexto en el que los números para aprobarlos están, pero bastante justos, el oficialismo instó a los gobernadores aliados de provincias mineras a que expongan en la comisión y de esa manera frenen cualquier tipo de fuga de los diputados de esos mismos territorios.

Es por eso que en la reunión de esta tarde participarán gobernadores y ministros provinciales, tanto de manera presencial como virtual. Entre los gobernadores, van a estar presentes Marcelo Orrego, de la provincia de San Juan, y Raúl Jalil, de Catamarca, ambos conectados por Webex. Además, Rubén Dusso, vicegobernador de Catamarca, asistirá de manera presencial.

Pero además de los gobernadores, también van a estar presentes Teresita Regalado, ministra de Minería de Catamarca; José Gómez, ministro de Minería de Jujuy; Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza; Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan; y Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan. La asistencia de funcionarios de alto rango, tanto provinciales como nacionales, mostró el interés de las distintas jurisdicciones en el tratamiento de la ley y la coordinación de políticas sobre recursos estratégicos y medio ambiente.

El gobierno también pondrá de su parte con la presencia de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación; Fernando Brom, subsecretario de Ambiente de la Nación; Mario Thiem, subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación; y Federico José Caeiro, subsecretario de Política Minera de la Nación.

En el listado de expositores no hay ningún invitado de la oposición ni ninguna voz disidente de la reforma de la ley que propone el Gobierno nacional.

Para obtener el despacho de comisión, La Libertad Avanza tiene que sumar junto a sus aliados 18 firmas de la comisión de Asuntos Constitucionales que tiene 35 miembros y 16 en Recursos Naturales que tiene 31 diputados. Esto está asegurado por parte del oficialismo tanto es así que ayer, sin tener el dictamen firmado, presentó el pedido para sesionar mañana a las 15 horas con este único tema.

El diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica se opone a la modificación de la Ley de Glaciares y publicó una “carta abierta a los gobernadores”, en donde el legislador pide no acompañar la reforma.

La carta abierta dirigida a gobernadores y diputados nacionales advierte sobre las consecuencias de modificar la Ley de Glaciares. Sostiene que el agua proveniente de los glaciares "no reconoce fronteras políticas y que su gestión no puede quedar limitada a intereses provinciales“. Ferraro cuestiona la reciente audiencia pública sobre la ley, señalando la falta de participación ciudadana real y la arbitrariedad en la selección de oradores, lo que a su juicio vació de contenido el proceso deliberativo.

El texto enfatiza que los glaciares constituyen un “recurso estratégico compartido” que sostiene economías y abastece poblaciones en diversas provincias, incluso aquellas sin glaciares propios. Por eso, plantea que el federalismo “debe basarse en reglas comunes que protejan los bienes colectivos y no en decisiones fragmentadas”.

El mismo diputado hizo referencia a los oradores donde asegura que con la lista de invitados decidida hoy “quedó claro que acá no hay buena fe. Convirtieron el plenario en una representación sectorial minera, queriéndonos hacer creer que acá solo se discuten los recursos de las provincias cordilleranas”. Para el presidente de la Coalición Cívica hoy también deberían estar constitucionalistas y gobernadores o funcionarios de las provincias que verán afectadas sus cuencas hídricas y que en el armado que hizo el oficialismo “queda en evidencia que el sujeto regulado es el que dictó el texto de la ley y condujo todo el proceso deliberativo”.

De acuerdo con un informe publicado por El Tiempo, la minería en Colombia cerró 2025 con un resultado que prende las alarmas. El sector registró su peor caída en dos décadas, con excepción del año de la pandemia, y se convirtió en la actividad de menor desempeño dentro de la economía nacional.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la contracción fue de 8,3%, reflejando un deterioro sostenido que ya no puede explicarse únicamente por factores externos.

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El detalle de las cifras muestra un comportamiento desigual, pero negativo en la mayoría de los segmentos. El carbón cayó 7,4%, los minerales metálicos 13,5 % y los no metálicos 0,8%, lo que evidencia que el retroceso es generalizado, aunque con mayor intensidad en los productos de mayor peso en la balanza minera.

Un entorno que enfría la inversión

Según el medio ya mencionado, desde el gremio minero insisten en que el resultado no es aislado. La caída responde a un entorno que ha venido acumulando señales de incertidumbre, tanto en materia regulatoria como en condiciones de operación en los territorios.

A las dificultades de orden público en algunas zonas productivas se suman decisiones recientes del Gobierno, como la prohibición de exportar carbón a Israel y la radicación de un proyecto de ley que busca ajustar (y en la práctica restringir) el desarrollo de la actividad minera.

En paralelo, el aumento de la carga tributaria al sector ha sido interpretado por las empresas como un factor adicional de presión.

“El entorno ha venido deteriorando la confianza en el país. En los últimos años se han acumulado decisiones regulatorias, tributarias y administrativas que generan incertidumbre y limitan el desarrollo de la actividad minera”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

El dato más crítico: se desploma la inversión extranjera

El impacto más contundente se observa en la inversión extranjera directa. En 2025, los recursos destinados a minería cayeron 86%, una reducción que no solo es abrupta, sino que también plantea dudas sobre la capacidad del país para atraer capital en el mediano plazo.

Mientras en 2024 ingresaron más de 1.132 millones de dólares al sector, el año pasado la cifra se redujo a apenas 159 millones de dólares.

Más allá del dato anual, el comportamiento de la inversión en exploración ya venía anticipando el deterioro. En 2024, este rubro registró una caída de 37,2%, ubicándose en 106 millones de dólares, tras haber mostrado un repunte el año anterior.

En términos prácticos, menos exploración hoy implica menos proyectos en el futuro, lo que limita la reposición de reservas y compromete la sostenibilidad del sector en el tiempo.

Efectos en cadena sobre la economía

El retroceso de la minería no se queda en las cifras del sector. Su impacto se extiende al resto de la economía. Por cada peso que se invierte en minería, se generan 2,44 pesos adicionales en otras actividades, lo que explica su relevancia en la dinámica productiva del país.

Además, en 2024 la actividad aportó 7,6 billones de pesos en impuestos y regalías, recursos que financian buena parte de la inversión pública en regiones.

La desaceleración, entonces, no solo implica menor producción, sino también menos empleo, menor actividad para proveedores y una reducción en los ingresos fiscales.

Exportaciones: tres años en descenso

El frente externo tampoco muestra señales de recuperación. Las exportaciones mineras completaron tres años consecutivos a la baja y en 2025 registraron una caída adicional de 5,1%, en línea con la menor producción local.

El descenso fue amplio:

• Carbón: -20%
• Oro: -18%
• Ferroníquel: -5%
• Esmeraldas: -69%

El cobre fue la única excepción, con un crecimiento de 15 %, aunque insuficiente para compensar la tendencia general.

Un mercado global que cambia las reglas

El contexto internacional también ha cambiado. Las tensiones geopolíticas (como la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos en Medio Oriente y la disputa comercial entre Estados Unidos y China) han llevado a varios países a replantear su estrategia de abastecimiento.

En ese escenario, gana terreno la llamada “soberanía mineral”, es decir, la búsqueda de fuentes propias o regionales para reducir la dependencia externa.

Aunque la demanda de algunos minerales se mantiene alta, como en el caso del carbón, los precios no acompañan esa tendencia, debido a la sobreoferta de grandes productores.

Nuevos destinos, misma presión

En medio de este panorama, Colombia ha intentado diversificar sus mercados. África, por ejemplo, aumentó su participación hasta el 7% de las exportaciones, mientras que América también ganó espacio con mayores compras desde Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Sin embargo, Asia continúa siendo el principal destino, con países como India, Corea del Sur y China concentrando una parte relevante de la demanda.

Aun así, la reconfiguración de mercados no ha sido suficiente para revertir la caída en las exportaciones.

El desafío inmediato

De acuerdo con el medio, el diagnóstico es claro: la minería enfrenta un problema de confianza. Sin condiciones estables, seguridad en las operaciones y reglas claras, los proyectos tienden a postergarse o trasladarse a otros países.

Desde el sector advierten que el reto no es menor. Recuperar la inversión, reactivar la exploración y garantizar estabilidad institucional serán claves para evitar que la tendencia se profundice.

Un total de 845 tortuguillos paslama —especie en peligro de extinción— fueron liberados en el océano Pacífico de Nicaragua desde los refugios de vida silvestre La Flor y Río Escalante Chacocente, según informó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) el lunes.

La medida forma parte del Plan Veraniego 2026 y busca reforzar los esfuerzos de conservación de fauna marina, precisaron las autoridades.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente nicaragüense, ambas playas ubicadas en el Pacífico son dos de los siete sitios en el mundo donde ocurren temporadas de arribadas de tortugas marinas.

Según datos de la Dirección de Biodiversidad del Marena, en una sola noche pueden concentrarse hasta 4,000 ejemplares, y se espera que en la temporada actual lleguen unas 120,000 tortugas y eclosionen 1.8 millones de crías en la costa pacífica.

Durante la reciente liberación, participaron 291 turistas nacionales y extranjeros, así como jóvenes ambientalistas, señaló Marena. Los guardas de las áreas protegidas, junto con miembros del Ejército de Nicaragua, se encargaron tanto del traslado de los neonatos en la arena como de proteger las nuevas arribadas que se registran habitualmente entre julio y enero.

El Ministerio del Ambiente subrayó que la comercialización de huevos de paslama está prohibida debido a la condición de la especie. No obstante, EFE constató la presencia de huevos a la venta en algunos mercados y quioscos del país.

Deterioro ambiental: minería y China dentro del territorio

Marzo de 2026 marca un punto de inflexión para Nicaragua: el Gobierno, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha cedido el 8,5 % de la superficie nacional a empresas mineras chinas para exploración y explotación de minerales metálicos.

Según un informe de la Fundación del Río, divulgado por la agencia EFE, la transferencia involucra áreas protegidas, territorios indígenas y afrodescendientes, y proyecta consecuencias de largo alcance para la soberanía territorial y los ecosistemas del país.

El propio estudio, titulado ‘Invasión minera china en Nicaragua’, detalla que las firmas de China hoy controlan 1.013.225,44 hectáreas en concesiones, desplazando a operadores industriales previos.

El análisis de la Fundación, dirigido por Amaru Ruiz, un ambientalista desnacionalizado por las autoridades nicaragüenses, resalta la rapidez: entre 2021 y 2026 el Ejecutivo nicaragüense concedió 71 lotes mineros a 15 compañías chinas. De ese grupo, Thomas Metal S.A. concentra el liderazgo con 17 lotes y 228.272,98 hectáreas, seguida por Brother Metal S.A. (14 lotes, 208.959,35 hectáreas) y Zhong Fu Development S.A. (12 lotes, 144.884,87 hectáreas).

La Fundación del Río, según cita EFE, recalca que la mayoría de estas empresas cuentan con escaso historial: fueron constituidas recientemente en Nicaragua, no disponen de presencia en internet ni figuran entre compañías cotizantes en las principales bolsas globales.

El estudio destaca: “Dichas empresas no han mostrado credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país”.

Hasta diciembre de 2025, registros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, revisados por la ONG, indican que de las 16 empresas chinas identificadas solo 4 están formalmente inscritas; otras 11 no han sido registradas y una perdió su licencia.

Las recientes lluvias intensas, deslizamientos, inundaciones y cierres de vías que afectan diversas regiones de Perú están modificando el panorama de riesgos para la cadena logística nacional.

Según estimaciones de Avla Perú, empresa especializada en soluciones financieras y seguros corporativos, la demanda de seguros de transporte de mercancías podría crecer entre 15% y 20% en los próximos 8 meses, especialmente entre compañías dedicadas al comercio exterior, la logística interna y el transporte terrestre de carga.

El incremento de eventos climáticos extremos —principalmente lluvias y variaciones en la costa norte y la sierra— lleva a las empresas a reforzar sus mecanismos de protección frente a posibles pérdidas logísticas.

De acuerdo con datos del sector, más del 70% del transporte de carga en Perú se realiza por vía terrestre, lo que expone a miles de operaciones comerciales a riesgos como interrupciones de carreteras, daños a la mercadería por causas naturales o accidentes viales.

Más del 70% de la carga en Perú viaja por rutas expuestas a desastres

Las regiones del norte y centro del país presentan los mayores niveles de vulnerabilidad. Departamentos como Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad experimentan de manera recurrente afectaciones por lluvias intensas e inundaciones.

En la sierra central, especialmente en Áncash, Huánuco y Junín, los deslizamientos y los bloqueos de carreteras provocan interrupciones en las rutas de transporte y generan mayores costos operativos para las empresas que movilizan mercancías hacia distintos mercados.

Además, la circulación de carga hacia los principales puertos del país, como Callao, Paita y Salaverry, añade un elemento de presión a la cadena. Estos puertos son estratégicos para las operaciones de importación y exportación, lo que hace que cualquier interrupción en las rutas terrestres tenga un impacto directo en el comercio internacional.

“El aumento de eventos climáticos extremos está obligando a las empresas a repensar su gestión de riesgos logísticos. Hoy el seguro de transporte de mercancías ya no es solo una herramienta financiera, sino un elemento estratégico para garantizar la continuidad de las operaciones”, afirmó Walter Fernández, gerente general de Avla Perú.

Seguros: pérdidas logísticas alcanzan los US$ 50.000 por operación

A pesar de este contexto, el potencial de crecimiento del mercado de seguros logísticos en Perú sigue siendo considerable. Según estimaciones del sector asegurador, menos del 20% de las cargas transportadas en el mercado interno cuenta con algún tipo de seguro especializado.

El ejecutivo explicó que las consecuencias de estos fenómenos pueden generar pérdidas de hasta US$ 50.000 por operación, considerando daños a la carga o incluso la pérdida total de mercancías.

Desde Avla Perú indican que segmentos como la agroexportación, la minería, el retail, los alimentos, la maquinaria, el comercio mayorista y la industria concentran actualmente la mayor demanda de coberturas, debido al valor de las mercancías transportadas y a la necesidad de proteger las cadenas de suministro frente a eventos imprevistos que puedan generar pérdidas económicas.

“Perú es un país altamente expuesto a fenómenos naturales y eso exige que las cadenas logísticas operen con mayor previsión. Las empresas que incorporan seguros de transporte en su estrategia no solo protegen su carga, sino también su flujo de caja, sus contratos y su reputación frente a clientes internacionales”, destacó Fernández.

La decisión de Teck Resources de paralizar el desarrollo de Zafranal, uno de los mayores proyectos cupríferos de Perú, sorprendió a los principales actores logísticos y portuarios del país.

El Grupo Romero no anticipaba la postergación del proyecto, que implicaba una inversión de hasta 2.000 millones de dólares y la generación de miles de empleos en Arequipa.

El anuncio de la minera canadiense, que optó por priorizar la expansión de su operación en Quebrada Blanca, Chile, obligó a Tisur a revisar sus propios planes de inversión y logística en el puerto de Matarani.

Una decisión inesperada obliga a replantear inversiones en Matarani

En diálogo con Infobae Perú, Mauricio Núñez del Prado, gerente general de Tisur, explicó que la infraestructura para Zafranal ya contaba con ingeniería desarrollada y terrenos asignados, así como una inversión estimada de 50 millones de dólares para la construcción de almacenes de concentrado de cobre.

Sin embargo, el inicio de las obras estaba supeditado a un acuerdo definitivo con la minera, acuerdo que ahora ha quedado en suspenso. “Todo indica que se va a postergar esta inversión. Esperamos que la decisión no exceda uno o dos años”, afirmó el ejecutivo.

Tisur mantenía una hoja de ruta compartida con Zafranal, que proyectaba el comienzo de operaciones de la mina hacia fines de 2027 o inicios de 2028.

El almacén de Zafranal: ingeniería lista, pero obras en suspenso

La paralización afecta no solo las proyecciones de ingresos futuros del puerto, sino también la dinámica logística planeada para la exportación de cobre desde Arequipa.

El acuerdo con Tisur -que también atiende a minas como Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay y Hudbay- contemplaba una ampliación de la capacidad estática de Matarani hasta las 50.000 toneladas, mediante la construcción de nuevos almacenes diseñados con tecnología avanzada para el manejo de minerales.

La logística de exportación se planificó sobre la base de transporte en camiones, aprovechando la cercanía entre la mina y el puerto, y consolidando a Tisur como la principal salida marítima para la futura producción de Zafranal, estimada en 76.000 toneladas finas de cobre al año.

Impacto en la logística portuaria y los planes de exportación de cobre

El gerente general de Tisur precisó que, pese al golpe, la empresa mantiene en curso todas sus inversiones obligatorias relacionadas con el muelle, rompeolas y otras infraestructuras, respaldadas por una adenda firmada con el Estado peruano en noviembre del año anterior.

“El proceso constructivo del almacén esperará a tener ese acuerdo o, al menos, la visibilidad del inicio de operaciones de esa mina más adelante”, señaló Núñez del Prado.

Según la agenda prevista de Tisur, la fase de construcción física de las infraestructuras portuarias comenzará el próximo año, una vez completados los permisos ambientales y los trabajos de ingeniería en curso.

Tisur mantiene inversiones obligatorias y ajusta su cronograma

La noticia de la postergación fue comunicada a Tisur prácticamente en simultáneo con el anuncio público realizado por Teck Resources.

Núñez del Prado reconoció que la información llegó como “un baldazo de agua fría”, aunque mantiene la expectativa de que el proyecto se reactive en el corto plazo.

El ejecutivo evitó brindar cifras concretas sobre el impacto financiero inmediato para la empresa, aunque admitió que “no es una buena noticia que se posterguen inversiones y, en consecuencia, flujos de exportación”.

Matarani suma frecuencias en la ruta hacia Chancay

Detrás de la decisión de la minera canadiense está la estrategia de concentrar recursos en la expansión de Quebrada Blanca, su principal activo en la región, y la inminente fusión con Anglo American para crear Anglo Teck, uno de los 5 mayores productores de cobre del mundo.

Por su parte, Tisur continúa diversificando sus operaciones y desarrollando nuevas rutas logísticas. Núñez del Prado informó que el puerto arequipeño ya opera servicios regulares de cabotaje hacia Chancay, con dos frecuencias mensuales y crecimiento sostenido en los volúmenes de carga conteinerizada.

La empresa proyecta aumentar la frecuencia y el volumen a medida que la demanda lo permita, manteniendo su apuesta por consolidarse como hub portuario en el sur del país.

En la antesala del debate en la Cámara de Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares, el avance de proyectos mineros y definiciones judiciales recientes volvieron a poner en primer plano una discusión histórica del sector.

Este miércoles, el oficialismo buscará impulsar cambios en la norma que regula la protección de glaciares y áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone otorgar mayor margen a las provincias para definir los criterios de preservación, en línea con los reclamos de provincias con desarrollo minero.

Uno de los puntos más sensibles es justamente el alcance de la protección sobre las zonas periglaciares, donde se concentran reservas clave de agua pero que, al mismo tiempo, coinciden con áreas de alto potencial minero.

En ese marco, el uso del agua es uno de los ejes centrales del debate. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), sostienen que las modificaciones propuestas no afectan la protección del recurso hídrico y que la ley vigente ya permite operar sin comprometer las reservas de agua. A su vez, destacan que la actividad representa apenas el 1% del consumo total del recurso en el país, es decir, 1 de cada 100 litros disponibles.

La entidad sostiene además que los volúmenes utilizados por operaciones mineras son comparables con los de otras actividades productivas. Como referencia, comparó con otros consumos e indicó que la elaboración de una botella de vino (750 ml) requiere 650 litros de agua; una barra de chocolate (100 gramos), 1.700 litros; y una jarra de café (750 ml), 840 litros.

Inversiones en juego

La discusión se da en un escenario económico en el que el Gobierno busca atraer inversiones en sectores estratégicos, entre ellos la minería, clave para la generación de divisas. Al mismo tiempo, el esquema vigente establece controles sobre el uso del agua a través de concesiones, auditorías e instancias de sanción, un esquema que podría modificarse si prospera la iniciativa en el Congreso.

Inversiones confirmadas

Durante la Argentina Week, que se llevó a cabo en marzo en Nueva York, la minera canadiense First Quantum Minerals ratificó ante el canciller Pablo Quirno la decisión de avanzar en el proyecto Taca-Taca, un yacimiento de cobre considerado entre los diez más grandes del mundo sin explotar.

La inversión inicial estimada para la planta es de USD 4.200 millones, con una capacidad de procesamiento de 40 millones de toneladas anuales, según reveló la propia empresa y la Corporación Financiera Internacional (IFC). El plan prevé alcanzar una producción de 291.000 toneladas de cobre anuales durante la primera década y sostener actividad por 35 años.

Durante la etapa de construcción de Taca-Taca, se proyecta la creación de hasta 4.000 empleos, cifra que descenderá a 2.000 puestos directos e indirectos en la fase operativa.

A su vez, para sumar atractivo al mercado internacional y fortalecer las condiciones de financiamiento, el proyecto se comprometió a alinearse con los criterios de sostenibilidad ambiental y social establecidos por IFC, lo cual busca posicionar a la Argentina como destino competitivo para inversiones mineras a largo plazo.

La Argentina posee la cuarta mayor reserva de cobre y la tercera de litio a nivel global, dos minerales esenciales para la electrificación y las nuevas cadenas de suministro energéticas. El desarrollo de grandes proyectos, bajo estándares internacionales y acuerdos de sostenibilidad, se perfila como eje clave para diversificar las exportaciones y consolidar infraestructura.

El peso de la actividad también se refleja en las proyecciones; según estimaciones privadas, la minería argentina podría multiplicar sus envíos en la próxima década y superar los USD 40.000 millones anuales hacia 2035, apalancada en nuevos proyectos, mayores inversiones y un escenario global de alta demanda por minerales críticos.

Fallo de la Corte de Catamarca

En vísperas del debate parlamentario, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió recientemente levantar la medida cautelar que pesaba sobre la cuenca del Río Los Patos tras casi cuatro meses de parálisis. El fallo se produjo luego de la entrega del Estudio de Gestión e Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA), que concluyó que no existe “daño ambiental provocado” por la actividad minera actual en la zona.

Con el levantamiento de la cautelar, el Gobierno de Catamarca quedó habilitado a otorgar nuevas concesiones mineras en el departamento de Antofagasta de la Sierra, una de las áreas más delicadas por la coexistencia de reservas hídricas y potencial minero. El litigio había comenzado en marzo de 2024 frente a la demanda de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, que denunció la ausencia de estudios ambientales integrales para la extracción de litio y otros minerales en el salar del Hombre Muerto.

El uso del agua en la minería

CAEM remarcó que la minería ocupa el 1% del consumo local de agua y que la enorme mayoría se recicla dentro de los ciclos industriales, sin consumos netos definitivos. El agua en esta industria se utiliza en diversas etapas: procesamiento, transporte de minerales, riego de caminos, refrigeración, limpieza y protección ambiental mediante el control de polvo y temperatura, tanto en superficie como en minería subterránea.

Las operaciones mineras se abastecen principalmente de aguas subterráneas, arroyos, ríos, lagos y fuentes marinas, bajo estricta concesión otorgada por la autoridad provincial o nacional.

De acuerdo con la regulación actual, ninguna empresa puede superar el límite fijado y existen procedimientos de inspección y auditoría, con la posibilidad de sanciones o quita de concesión en situaciones de incumplimiento. Este esquema busca garantizar un equilibrio sectorial, priorizando los usos de acuerdo a un régimen de permisos que involucra a todas las actividades económicas.

El Gobierno de Gustavo Petro decretó la creación de una megarreserva ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta, bloqueando durante dos años toda expedición de títulos mineros, licencias de explotación y nuevos contratos para una zona establecida.

Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro que, por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, recalcó que su decisión obedece a la protección del entorno natural de una de las reservas más grandes del país.

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En su intervención, el mandatario manifestó que esto protegerá a las comunidades indígenas que residen en esta parte del Caribe colombiano.

“La Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo, acaba de ser protegida por el Gobierno. Casi un millón de hectáreas de reserva ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta son parte de la reserva, una de las más grandes de la historia del país. Así cuidamos a las comunidades indígenas, a la humanidad y la vida desde el corazón del mundo”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Esto dice el decreto que crea la reserva ambiental

De acuerdo con la resolución adoptada por el Ministerio de Ambiente, y que fue revelada por Cambio, el documento fue firmado el 30 de marzo de 2026 por la ministra encargada Irene Vélez, en respuesta a una solicitud del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada.

En el documento citado por el medio de comunicación, el área protegida en la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada como “reserva temporal de los recursos naturales renovables”, se distribuye en territorios de los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, que consta de una superficie de 942.005 hectáreas –412.000 ya amparadas desde 2024, más 532.000 hectáreas adicionales–, una extensión mayor que la suma del departamento del Atlántico y cinco veces la del Quindío.

En la zona delimitada por la normativa, el área cubre 21 municipios, involucra cuatro resguardos indígenas pertenecientes a los pueblos arhuaco, wiwa, kankuamo y kogui, así como seis consejos comunitarios de comunidades negras y afrocolombianas, según lo establecido en la normativa revelada por el diario colombiano.

Negativa a proyectos mineros

De otro lado, la resolución establece que, mientras esta declaración esté vigente, los bienes naturales de la zona quedan excluidos de concesión, uso por particulares y de cualquier proceso de trámite relacionado con la minería.

Además, la medida incluye la prohibición expresa a la Agencia Nacional Minera (ANM) de otorgar nuevas concesiones o firmar nuevos contratos de exploración y explotación, así como a las autoridades ambientales regionales de conceder licencias ambientales para extracción de minerales.

En el ámbito jurídico, la figura de protección se basa en un decreto de 1974 y no implica la cancelación inmediata de actividades ya autorizadas: los proyectos mineros con licencia vigente podrán continuarse solo hasta la expiración de su permiso, sin posibilidad de prórroga.

Además, se autoriza la continuidad temporal de extracciones de materiales para obras públicas y de la pequeña minería formalizada de materiales de arrastre, como grava y arena.

La documentación técnica del Ministerio de Ambiente respalda la urgencia de atender las amenazas derivadas de actividades mineras legales e ilegales, subrayando que estas “amenazan la integridad ambiental de la Sierra y, con ella, la supervivencia de la cultura y cosmovisión” de los pueblos originarios.

Durante el proceso de consulta para la resolución, los indígenas lograron endurecer varios puntos: exigieron la prohibición explícita de otorgar licencias ambientales y la mención transparente de que el objetivo es avanzar hacia una reserva definitiva.

“Asegurar que la protección no cese sin una reserva definitiva y que se reconozcan estrategias complementarias de conservación biocultural propias”, señala la postura del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas.

Impacto al sector minero

Con al decisión del Gobierno colombiano, el sector minero sufriría varios impactos en la región. Según datos revelados por Cambio, a febrero de este año existían 122 títulos mineros vigentes en la región, de los cuales cuatro se superponían en cinco resguardos indígenas.

Por otra parte, existían 81 solicitudes activas de nuevas concesiones, áreas de reserva especial o procesos de legalización, de las cuales siete afectan diez resguardos indígenas wayúu y kankuamos.

En el polígono de la nueva reserva, permanecen vigentes 93 títulos legales que cubren poco más de 46.000 hectáreas. El mayor de ellos, de 9.440 hectáreas, pertenece al ciudadano Gustavo Rodríguez Vargas, dedicado a la extracción de carbón en el Cesar. Le sigue La Macuira Inversiones y Construcciones, con 8.965 hectáreas, empresa contratista habitual en obras públicas en La Guajira.

Las solicitudes para nuevas concesiones mineras totalizan 77 expedientes activos dentro de la nueva área protegida, que sumarían 74.227 hectáreas, todas ahora suspendidas en su trámite a raíz de la resolución.

Entre tanto, desde el sector minero se confirmó que se está evaluando el impacto de la medida. Incluso, recordaron que en febrero de 2025, el Consejo de Estado respaldó a la Agencia Jurídica del Estado frente a un recurso de la Veeduría Dignidad Minera, que objetaba las reservas temporales por supuesta violación del debido proceso y desconocimiento de derechos adquiridos.

El tribunal, sin embargo, estableció que “la protección del derecho al ambiente sano prevalece sobre derechos adquiridos, y más cuando se indica que se trata de la propiedad, a la que constitucionalmente le corresponde una función ecológica”.

En el inicio de 2026 coexisten indicadores económicos positivos y negativos en Argentina, pero destaca la continuidad del proceso de estabilización, sostenido por el mantenimiento del superávit fiscal y una política monetaria que busca normalizar el régimen cambiario.

Tras años de desequilibrios, el pilar central del programa económico continúa siendo el ordenamiento de las cuentas públicas. En este escenario, algunos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectan un crecimiento cercano al 3,8% para 2026, posicionando al país como el de mayor crecimiento en la región.

Según los especialistas, este impulso responde a una combinación de factores macroeconómicos y reformas legales que han comenzado a reconfigurar la estructura productiva. Entre ellos, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ha sido determinante para destrabar proyectos de gran escala en sectores estratégicos como el petróleo y la minería.

A esto se suma una política de reducción de la presión fiscal, con la baja de retenciones a las economías regionales y la disminución de aranceles de importación, lo que ha abaratado el costo de bienes de capital e insumos clave para la producción.

Las actividades más dinámicas

La actividad económica actual se caracteriza por una marcada dispersión. Mientras el nivel agregado de producción muestra signos positivos, sectores como la intermediación financiera, la minería y los hidrocarburos exhiben el comportamiento más dinámico.

Daniel Garro, economista y director de Value International Group, sostiene que la mejora es evidente en áreas donde los precios se han sincerado: “Todo lo que es energía, petróleo, gas, agroindustria, campo y servicios financieros son la parte más pujante y se van a seguir consolidando en el futuro”.

Para Garro, este proceso se profundiza con la reciente baja de retenciones, “marcando un camino donde la macroeconomía ordena el escenario para que la microeconomía resuelva su eficiencia”.

La macroeconomía ordena el escenario para que la microeconomía resuelva su eficiencia (Garro)

José Vargas, director de Evaluecon, describe el modelo como uno de “dos motores”, donde las actividades con ventajas comparativas naturales o tecnológicas lideran la marcha.

Vargas identifica a Vaca Muerta (extracción de petróleo y gas no convencional), la minería (litio y cobre), la agroindustria y los servicios de economía del conocimiento como los grandes ganadores.

Las estadísticas respaldan esta visión. Durante 2025, el sector de intermediación financiera lideró el alza con un 24,7%, seguido por la explotación de minas y canteras con 8%. El sector energético, en particular, logró un superávit récord de USD 7.815 millones, transformándose en un sostén estructural de la balanza comercial argentina.

Osvaldo Giordano, presidente del Instituto de Estudios de la Realidad de América Latina (Ieral), dijo a Infobae que, comparando el nivel de actividad entre noviembre del 2023 (mes previo al cambio de gobierno) y enero 2025 (último dato disponible) aparece que a nivel agregado la producción aumentó, según el EMAE, 6,4%. No obstante, aclaró que la dispersión entre sectores es enorme.

Giordano destacó: “Intermediación financiera, minería e hidrocarburos y agro son los sectores más dinámicos. Los servicios muestran un comportamiento intermedio y por debajo del promedio. Industria y construcción registran fuertes caídas en el nivel de producción”.

Para Giordano, crecimiento de los sectores pujantes dependerá de la celeridad de las reformas estructurales: “Depende de muchos factores, uno muy importante es la velocidad a la que avanzan las reformas que mejoran el entorno para la actividad productiva. Ordenando el sistema productivo más ramas industriales entrarían en el grupo de mayor dinamismo”.

Oportunidades y límites

El fenómeno de Vaca Muerta y la potencia del sector agroindustrial generan lo que los especialistas denominan un “efecto derrame”, aunque con características específicas. Según Vargas, este impacto se canaliza a través de cadenas de valor como la logística, el transporte, la infraestructura y los servicios industriales de metalmecánica.

El impacto de Vaca Muerta se canaliza a través de cadenas de valor como la logística, el transporte, la infraestructura y los servicios industriales de metalmecánica (Vargas)

Daniel Garro observa un cambio demográfico impulsado por estas inversiones: “Está empezando a haber muchas mudanzas, gente que se va de las grandes ciudades hacia el interior. El interior del país es mucho más eficiente que las grandes ciudades al dejar de haber políticas distributivas”. El economista argumenta que el desarrollo de Vaca Muerta beneficia de manera directa e indirecta a quienes se instalan en sus cercanías, expandiéndose luego al resto del país a través del consumo y el turismo.

Por su parte, Osvaldo Giordano aporta una visión más cauta sobre la inmediatez de estos beneficios. Si bien reconoce que sectores como las refinerías de petróleo están en expansión, advierte que el impacto pleno se verá cuando la infraestructura permita disponer de gas abundante a bajo costo, lo que inducirá el desarrollo de múltiples ramas industriales.

Apertura comercial

El RIGI se ha consolidado como una herramienta fundamental, aunque su maduración requiere tiempo. Para Garro, el régimen ha sido un “total éxito”, evidenciado en la cantidad de proyectos aprobados que deben volcar el 40% de la inversión comprometida en sus primeros dos años.

“La idea de Milei era un RIGI para todo el país, una regulación completa que implicara baja de gastos e impuestos mucho más rápida; como no salió, se implementó este esquema para quienes pongan mucha plata”, explica el economista.

Domingo Cavallo, en sus análisis de perspectiva para este año, coincide en que el RIGI brinda argumentos sólidos para el crecimiento, pero subraya la importancia de la secuencia de las reformas. Para el exministro, es vital que se extiendan los incentivos fiscales similares a los del RIGI hacia las pequeñas y medianas empresas, permitiendo que el crecimiento llegue también a los sectores que dependen del mercado interno.

No obstante, Giordano observa: “El RIGI son inversiones que llevan un largo período de maduración. La reducción de retenciones, al ser tan parcial, operó más como un gesto que como un incentivo potente”.

Desmantelar la protección arancelaria afecta negativamente a los sectores protegidos, aunque beneficia a quienes utilizan esos productos como insumos (Giordano)

El director del Ieral advierte también que desmantelar la protección arancelaria afecta negativamente a los sectores protegidos, aunque beneficia a quienes utilizan esos productos como insumos.

El contexto internacional y la “ventana” del litio

El escenario global, aunque es complejo, presenta desafíos geopolíticos que Argentina podría capitalizar. Un informe del BBVA Research resalta que un conflicto prolongado en Medio Oriente elevaría la inflación global, aunque Argentina, como exportador neto de energía, podría ver fortalecido su resultado energético por aumentos en el precio del petróleo.

En la misma línea, el BID destaca la “ventana de oportunidad estratégica” que representa el litio. Argentina integra el “triángulo del litio”, un recurso cuyo valor potencial equivale a varias veces el PBI nacional. Según el organismo, la condición de Sudamérica como una “zona de paz” sin conflictos religiosos ni territoriales de magnitud atrae a las grandes economías que buscan diversificar sus proveedores de minerales críticos para la transición energética.

No obstante, el BID advierte que transformar este potencial en riqueza efectiva depende de la calidad de los marcos regulatorios y la estabilidad política, factores que históricamente han sido obstáculos para el desarrollo sostenido del país.

Desafíos: reservas, inflación y empleo

A pesar de los indicadores positivos en sectores intensivos en capital, la macroeconomía argentina aún enfrenta frentes complejos. La inflación, aunque en descenso, registra una inercia elevada. Tras haber cerrado 2025 en un 31,5%, se proyecta que finalice 2026 en torno al 24%. El proceso de desinflación se ha visto afectado por el ajuste de precios regulados, el precio de la carne y el impacto de los combustibles.

Transformar el potencial del litio en riqueza efectiva depende de la calidad de los marcos regulatorios y la estabilidad política (BID)

Domingo Cavallo alerta que la reducción del índice de riesgo país es incluso más prioritaria que la baja inmediata de la inflación. “Si no baja la tasa de riesgo país, siempre estará como espada de Damocles un posible salto devaluatorio”, sostiene. Para el el exministro, es fundamental alcanzar una liberalización cambiaria completa para que las expectativas de los inversores ayuden tanto a la estabilidad como al crecimiento.

En el plano laboral, la situación es paradójica. A pesar de la expansión del PBI, la tasa de desempleo subió al 7,5% a finales de 2025, el valor más alto para un cuarto trimestre desde 2020. El BBVA destaca que el dinamismo se concentra en sectores con “menor efecto multiplicador sobre el empleo”, lo que limita la percepción de la mejora macroeconómica en los hogares. La informalidad laboral persiste en niveles altos, alcanzando el 43% del total de trabajadores.

Como contrapartida al auge extractivo y financiero, el actual modelo económico impone condiciones extremadamente exigentes para las actividades que crecieron bajo el esquema anterior. Según José Vargas, existen sectores que hoy “luchan por sobrevivir”, especialmente aquellos enfocados exclusivamente al consumo doméstico.

Existen sectores que hoy luchan por sobrevivir, especialmente aquellos enfocados exclusivamente al consumo doméstico (Vargas)

Bajo el subtítulo de actividades en riesgo o con dificultades de adaptación, se evidencia un panorama complejo para diversos sectores. La industria textil y de calzado aparece como una de las más vulnerables debido a su alta sensibilidad ante la apertura de importaciones y la pérdida de la protección arancelaria previa.

En una situación similar se encuentra el ensamblaje de electrónica de consumo, que enfrenta desafíos significativos frente a la competencia internacional al depender históricamente de regímenes de promoción. Por otro lado, la construcción y la obra pública, a pesar de haber mostrado una leve recuperación en 2025, continúan sufriendo el impacto de un nivel de gasto de capital estatal extremadamente bajo, lo que condiciona el crecimiento potencial del país.

Las pyme volcadas al mercado interno atraviesan una fase crítica, especialmente aquellas cuya rentabilidad estaba ligada a una estructura de subsidios energéticos, tasas de interés negativas o esquemas de precios congelados que ya no forman parte del modelo actual.

Osvaldo Giordano es tajante respecto a esta transición: “Las reglas de juego imperantes hasta 2023 indujeron el desarrollo de muchas actividades con muy bajos niveles de competitividad. Algunas empresas podrán reconvertirse, pero en otras las brechas de competitividad son muy difíciles de superar”.

Las reglas de juego imperantes hasta 2023 indujeron el desarrollo de muchas actividades con muy bajos niveles de competitividad (Giordano)

Daniel Garro plantea que más que sectores condenados, existen empresas ineficientes que deben afrontar la realidad de precios sincerados. “Cuando la marea baja, te das cuenta quién tenía malla y quién estaba desnudo”, afirma citando a Warren Buffett, para explicar que aquellas unidades productivas que basaron su ganancia en una “ficción de costos bajos” hoy enfrentan su desaparición o una transformación inevitable.

La economía transita un período marcado por diferencias notorias entre sus sectores productivos. Mientras las actividades relacionadas con la exportación y el interior del país, como la minería, el agro y el petróleo, exhiben tasas de crecimiento elevadas y sostienen el avance general, los segmentos más vinculados con la vida urbana, como el comercio, la industria y la construcción, muestran señales claras de estancamiento o desaceleración.

Este fenómeno de “dos velocidades” fue identificado por varias consultoras y se refleja en los indicadores recientes, que evidencian que el dinamismo de las industrias asociadas a la exportación de recursos naturales y sus manufacturas primarias compensa la falta de impulso de las áreas tradicionalmente asociadas al consumo y al empleo. Así, el crecimiento agregado de la economía se sostiene, aunque la realidad es dispar según el rubro.

Pese a que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anotó un máximo histórico en los últimos dos meses, la paradoja de este escenario dual radica en que las ramas económicas que más crecen y explican el avance del nivel de actividad emplean menos trabajadores que aquellos que permanecen rezagados. El agro, la minería y el petróleo aportan volumen y expansión, pero su impacto en el empleo limita la mejora en los indicadores sociales y en la distribución de los beneficios del crecimiento.

Las ramas económicas que más crecen y explican el avance del nivel de actividad emplean menos trabajadores que aquellos que permanecen rezagados

De hecho, la desocupación experimentó un alza de 1,1 puntos porcentuales hasta 7,5% al cierre de 2025. Al analizar de qué actividades provenían quienes perdieron su empleo, la construcción aparece como la principal fuente, ya que casi una de cada cinco personas desocupadas trabajaba en ese sector. El comercio aportó el 16% de los casos, el servicio doméstico el 11,3% y la industria manufacturera el 9,7%. El conjunto de las demás actividades sumó el 42,9% restante.

En este contexto, la evolución futura de la economía dependerá en buena medida de la capacidad de los sectores relegados para recuperar terreno, un desafío condicionado por la debilidad del consumo interno y del crédito. Mientras tanto, la dinámica económica avanza impulsada por motores poco intensivos en generación de trabajo, acentuando la brecha entre los distintos componentes del entramado productivo.

Un informe de la consultora Invecq destacó que los motores que había traccionado a la economía en diciembre -agro y energía- se apagaron en enero, aunque el índice arrojó un dato positivo (1,9% interanual y 0,4% mensual) asistido por la ayuda de los “perdedores”: industria y construcción crecieron 1,5% mensual y comercio 1,4 por ciento.

“De esta forma, vemos que en enero los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen 15,3% arriba respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan 4,9% por debajo del nivel del inicio del gobierno, y se encuentran estancados desde junio de 2025″, destacaron.

Los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen 15,3% arriba respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan 4,9% por debajo (Invecq)

A nivel interanual, se observa una economía “a dos velocidades” para los analistas, con el agro explicando la mayor parte del crecimiento, así como la minería y la intermediación financiera, pero en menor medida. Por el contrario, la industria y el comercio restaron, mientras que la construcción arrojó un leve repunte.

Se consolida una tendencia en la cual los sectores “menos intensivos en trabajo están mostrando repuntes mensuales en diciembre y enero, pero se mantienen rezagados en la comparación interanual, excepto construcción que se mantiene neutro”.

Perspectivas y proyecciones de analistas

“En los próximos meses se definirá si los sectores ‘perdedores’ han tocado el piso y comienzan o no a recuperar terreno. La respuesta dependerá, en buena medida, de la evolución del salario real y del crédito: dos variables que todavía no muestran señales robustas de aceleración y que son claves para que el consumo interno reactive a la industria y el comercio. Mientras eso no ocurra, el crecimiento agregado continuará, pero con impacto limitado en el empleo”, subrayaron desde Invecq.

Los analistas de GMA Capital subrayaron que detrás del dato de enero del Indec -el último disponible- conviven secuencias dispares entre los distintos segmentos. Además, remarcaron que la desaceleración del crédito y el incremento de la morosidad, que en el caso de las familias se cuadruplicó en el último año, desaceleraron al EMAE.

Según los especialistas, lo que sucede con el crédito aporta una clave de lectura: “Durante 2024 y comienzos de 2025, el financiamiento al sector privado funcionó como canal de recomposición de la demanda, traccionando especialmente el consumo. Sin embargo, ese impulso se agotó hacia mediados del año pasado: la desaceleración inflacionaria eliminó el efecto de licuación de compromisos pactados y las tasas reales elevadas encarecieron el crédito”.

Durante 2024 y comienzos de 2025, el financiamiento al sector privado funcionó como canal de recomposición de la demanda, traccionando especialmente el consumo. Sin embargo, ese impulso se agotó hacia mediados del año pasado (GMA Capital)

El economista Marcos Cohen Arazi, de Fundación Mediterránea-Ieral, estimó que el nivel de actividad se ubica 6,4% por encima de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la presidencia de Javier Milei, lo que refleja un “desempeño destacado”. A la vez, en los últimos 12 meses, el crecimiento calculado es de 1,9 por ciento.

Cohen Arazi explicó que “en enero gran parte de las actividades económicas tuvieron ligeras caídas, mientras que el crecimiento se asentó en minería, actividad industrial y construcción. No obstante, persiste una gran divergencia acumulada”.

Según sus estimaciones, desde noviembre de 2023 hasta el presente, los sectores que evidenciaron mayor dinamismo son la intermediación financiera, la minería y el agro. También presentan resultados favorables el transporte, las comunicaciones y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. En contraste, la industria manufacturera, la construcción y el turismo internacional figuran entre los rubros con menor impulso.

La consultora Epyca coincidió al advertir que, más allá del crecimiento de los segmentos vinculados a actividades extractivas (minería y agro), los servicios (inmobiliarios, financieros, salud y educación) también evolucionaron de forma positiva “por el proceso de apertura comercial, que en contrapartida perjudica en mayor medida a los sectores perdedores: la industria manufacturera y la construcción. Esta evolución desigual (“en forma de K”) es resultado de la política económica implementada".

Según los economistas de LCG “a pesar del dato de enero y del arrastre estadístico de diciembre (1,9 puntos porcentuales), no esperamos un crecimiento elevado este año. Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3 % anual promedio”. Proyectaron que el crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera, ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen” un desarrollo vigoroso”.

El crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera, ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen” un desarrollo vigoroso (LCG)

En tanto, proyectaron que el crecimiento anual estará traccionado por petróleo, minería, agro e intermediación financiera ya que “para el resto no hay drivers claros que impulsen" un desarrollo vigoroso.

Los analistas de LCG destacaron: “Este escenario se da en un contexto en el que la demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito. A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a una mayor apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado”.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) suscribió el pasado 31 de marzo de 2026 un contrato con la empresa San Juan Port S.A.A., vinculada al grupo chino Jinzhao Perú, para la construcción y operación del Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, en Ica.

El terminal está diseñado para atender la exportación de mineral de hierro desde el proyecto Pampa de Pongo, ubicado a unos 20 kilómetros en la provincia de Caravelí, Arequipa, también propiedad del holding chino Zhongrong Xinda Group, a través de Jinzhao Mining.

El país andino suma así un nuevo eslabón que asegura la salida directa de sus recursos minerales hacia China, tras el dominio histórico del puerto privado de San Nicolás por parte de Shougang Hierro Perú.

Marcona: un segundo enclave logístico chino en la costa sur

San Juan de Marcona será el tercer puerto más grande del país -detrás de Callao y Chancay, este último también de China-, con capacidad para movilizar hasta 47 millones de toneladas métricas de carga anual, según el contrato firmado entre ProInversión y la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

La infraestructura contará con dos muelles, tres amarraderos y equipamiento especializado para granel, carga general y contenedores. El diseño responde a la necesidad de exportar grandes volúmenes de mineral, principalmente hierro y cobre, provenientes de Pampa de Pongo.

El puerto se ubicará en la bahía de San Juan, en el distrito de Marcona, y su construcción está programada para un plazo de 30 meses, con una operación proyectada de 27,5 años. El contrato incluye la creación de un Fondo Social, que recaudaría 290 millones de soles destinados al desarrollo de las zonas de influencia.

Según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el puerto atenderá la demanda logística de yacimientos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Cusco.

Pampa de Pongo y San Juan de Marcona: hierro peruano bajo control chino

El proyecto Pampa de Pongo representa el segundo mayor yacimiento de hierro del Perú y está controlado por Jinzhao Mining Perú, filial del conglomerado chino Zhongrong Xinda Group.

En noviembre de 2025, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto, con una inversión de 98,2 millones de dólares para modificaciones en infraestructura y procesos.

El propio MINEM informó que la inversión total estimada para la construcción y puesta en marcha del yacimiento ronda los 1.800 millones de dólares.

La mina empleará minería subterránea tipo block caving, una técnica avanzada para la extracción de hierro. Los planes de producción contemplan 3,36 millones de toneladas en el primer año de operaciones, un pico de 17,67 millones en el noveno, y una estabilización posterior cercana a 15 millones de toneladas anuales.

Además del hierro, el proyecto incluye reservas de cobre, oro y cobalto. Según proyecciones oficiales, la contribución fiscal de Pampa de Pongo superaría los 10.000 millones de dólares durante su vida útil, a través de canon minero, gravamen especial e impuesto a la renta.

Shougang: tres décadas de dominio y exportación exclusiva

Desde 1992, el control chino sobre el hierro peruano se definió por la operación de Shougang Hierro Perú S.A.A., filial de Shougang Group, que adquirió Hierro Perú S.A. en la primera gran privatización minera promovida por el gobierno de Alberto Fujimori.

Desde entonces, la empresa concentra el 98% de la producción nacional de hierro, con extracción a tajo abierto en Marcona, procesamiento en San Nicolás y un esquema de exportación dirigido casi en exclusiva a China.

El Puerto de San Nicolás, bajo gestión directa de Shougang, opera como un enclave privado para el embarque de mineral, con capacidad para buques de gran porte —hasta 300 metros de eslora y 209.325 toneladas de peso muerto— y un tráfico anual cercano a 80 buques graneleros.

En 2024, la producción nacional de hierro alcanzó su máximo histórico con 13,3 millones de toneladas métricas finas (TMF), de las cuales 13,1 millones provinieron de Shougang.

Sin embargo, en 2025 la producción cayó a 11,8 TMF, una disminución del 10,6%, tras la suspensión de operaciones que siguió al colapso de parte de la infraestructura de despacho en San Nicolás, mientras que el precio internacional en diciembre se ubicó en 107,16 dólares por tonelada métrica.

El hierro peruano, encadenado a la demanda china

El dominio de los capitales chinos sobre el hierro peruano ha relegado al mercado interno, que carece de acceso prioritario al mineral extraído en Marcona y se ve asediado por la masiva llegada de productos como el alambrón, para el cual se exigen medidas antidumping ante Indecopi.

Empresas como Aceros Arequipa y SiderPerú deben recurrir a la importación de chatarra y productos semiterminados para sostener su producción, lo que implica un flujo constante de divisas hacia el exterior y limita la posibilidad de consolidar una industria siderúrgica nacional competitiva.

Según la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), el consumo aparente de acero en Perú se sitúa en torno a los 3,5 millones de toneladas anuales, pero la producción local apenas alcanza los 1,8 millones, obligando a cubrir el déficit con importaciones.

Además, el cierre del alto horno de SiderPerú en Chimbote en 2008 dejó a la industria sin la capacidad de procesar mineral de hierro primario, situación agravada por la política de exportación exclusiva de Shougang.

Entre 2021 y 2024, Shougang transfirió más de 65 millones de toneladas de concentrados de hierro a su matriz en China, mientras las siderúrgicas peruanas deben importar insumos y productos finales para abastecer a los sectores de construcción y manufactura.

Sin cláusulas que prioricen el abastecimiento interno, la expansión de proyectos como Pampa de Pongo y San Juan de Marcona profundizan esta lógica exportadora, orientando aún más la cadena de valor hacia el mercado chino y manteniendo la dependencia estructural del país respecto a proveedores y precios internacionales.

Un trabajador minero falleció luego de haber sufrido un accidente laboral en la Mina El Aguilar, ubicada en la provincia de Jujuy. Leonel Darío Farfán, de 27 años, murió el lunes tras permanecer internado en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, adonde había sido trasladado de urgencia tras el siniestro ocurrido en la noche del domingo.

Según reconstruyeron distintos medios en la provincia, el accidente se produjo cerca de las 20 horas, cuando Farfán maniobraba un carromato dentro de uno de los niveles del yacimiento y el vehículo colisionó de frente contra otro carro que transportaba materiales sobre las mismas vías. Compañeros de la víctima denunciaron luego en una asamblea que los equipos de radio portátiles que deberían haber facilitado la comunicación entre los operarios se encontraban fuera de servicio al momento del incidente, lo que habría influido en la falta de coordinación entre ambos conductores.

Esta versión fue corroborada por el secretario general de AOMA, Miguel Cruz, en declaraciones reproducidas por el portal Jujuy al momento. “El gremio no permitirá que los 360 mineros regresen a trabajar hasta que la empresa realice una investigación exhaustiva y garantice condiciones de seguridad aptas en el sector afectado”, agregó el dirigente sindical al mismo medio.

La empresa minera, en tanto, emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de Farfán y anunció la suspensión de las operaciones en Mina El Aguilar hasta nuevo aviso, estableciendo que el personal será trasladado a sus hogares en coordinación con el área de Recursos Humanos.

Por su parte, la Cámara Minera de Jujuy también se expresó luego del trágico suceso. “Desde la Cámara Minera de Jujuy expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de un trabajador del sector, ocurrido en las últimas horas” indicó la entidad.

“Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de dolor. La seguridad y la salud de las personas constituyen el principio rector de la actividad minera y un compromiso permanente de todas las empresas que integran el sector”, agregaron las empresas que ejercen la actividad extractiva en la provincia.

Luego añadieron: “Reafirmamos nuestro compromiso con una minería responsable, donde el cuidado de las personas es siempre la prioridad”.

Como consecuencia del impacto, Farfán sufrió lesiones graves, entre ellas la fractura de una pierna y otras complicaciones que llevaron a que los médicos decidieran amputarle una extremidad. Pese a los esfuerzos médicos y la intervención quirúrgica, el joven minero sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en la tarde del lunes.

La noticia del deceso generó conmoción y expresiones de acompañamiento a familiares y compañeros en la comunidad de El Aguilar, donde la actividad minera es una parte central del tejido social. Trabajadores del yacimiento realizaron una asamblea extraordinaria para manifestar su preocupación por las condiciones de seguridad dentro de la mina.

Desde AOMA remarcaron la urgencia de garantizar la integridad física del personal y elevaron solicitudes para que se mejoren los protocolos y equipos de seguridad. “La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, garantiza condiciones dignas y equitativas de trabajo”, indicaron desde el sindicato luego del hecho.

La intervención judicial quedó a cargo del ayudante fiscal Luis Cavanna, quien dispuso el inicio de actuaciones sumariales de oficio bajo la carátula de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la realización de pericias técnicas en el lugar del accidente, la solicitud del historial clínico al hospital y la toma de declaraciones a compañeros y personal jerárquico presentes durante el turno.

Mina El Aguilar es un proyecto minero que tiene más de 91 años de actividad en el noroeste argentino. Según informa su sitio, el yacimiento produce plata, plomo y zinc a 230 km de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ubicado en la ladera oriental de la Sierra Aguilar, entre 3.950 y 4.910 metros sobre el nivel del mar, el centro extractivo tiene una trayectoria de cuatro generaciones.

Según la información de la empresa, la mina produce anualmente 17.000 toneladas de concentrado de plomo y plata, y 73.000 toneladas de concentrado de zinc.

El bloque de La Libertad Avanza presentará hoy un pedido para que el proyecto de Ley de Hojarasca, que ingresó hace unos días, tenga giro a una sola de las comisiones con el fin de acelerar los procesos y encaminar un pedido de sesión para la semana que viene.

La intención del bloque del oficialismo es dictaminar la Ley de Glaciares y Hojarasca los primeros días de la semana que viene y avanzar en un pedido de sesión para el próximo miércoles 8 de abril con los dos temas habilitados.

Para que esto suceda, el primer paso se realizará hoy, en donde LLA pedirá que el proyecto que elimina diferentes leyes no repita el camino anterior y se restrinja su giro a las comisiones con el fin de acelerar los plazos.

La primera vez que entró al Congreso el proyecto denominado Hojarasca, la presidencia de la Cámara lo giró a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Ahora los libertarios pedirán a la presidencia acotar el giro para que, en una sola reunión de comisión, se dictamine el proyecto y esté listo para ir la semana que viene al recinto.

“Hoy se va a hacer una presentación para que Hojarasca sea girado sólo a la comisión de Legislación general”, explicó una alta fuente de la Cámara baja. La intención es citar a la comisión el próximo martes 7 de abril y dictaminar ese mismo día.

Legislación General tiene 32 miembros y es presidida por el libertario Santiago Santurio. El oficialismo tiene 12 firmas pero que si se suman los socios del PRO, UCR, Independencia e Innovación llega a 17. Unión por la Patria también tiene 12, Provincias Unidas 2 y la Coalición Cívica 1.

El proyecto, que ya había ingresado pero que perdió estado parlamentario por eso fue enviado nuevamente, tendría que tener giro a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda; como fue en el caso anterior.

El segundo tema que el bloque de La Libertad Avanza tiene previsto llevar al recinto es la modificación de la Ley de Glaciares. Luego de las dos jornadas de audiencias públicas que estuvieron plagadas de denuncias por la falta de espacio para que expongan todos los que se anotaron.

La intención del oficialismo es citar al plenario de comisiones de asuntos constitucionales y recursos naturales y tener una reunión informativa con los gobernadores de las provincias mineras o con posibilidades de implementar la minería. Y en el mismo llamado hacer circular el dictamen para la firma.

El oficialismo cuenta con el número necesario para poder tener el dictamen de mayoría y llevar el proyecto al recinto el día siguiente - en Diputados el reglamento lo permite. Asimismo, si apura un llamado a sesión como señalan las fuentes consultadas para el día siguiente, es porque también cuenta con los votos necesarios para aprobar sin modificaciones, tal y como es la intención de ls Casa Rosada, el proyecto de ley que ya llegó con media sanción del Senado.

“Cuando se votó la ley en la Cámara Alta el oficialismo no sólo contó con el apoyo de los bloques aliados como la UCR y el PRO sino que también sumó votos del bloque del peronismo”, recordó una fuente.

En la votación en general el proyecto de ley obtuvo media sanción con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención que fue la neuquina Julieta Corroza. Cuando se llevó adelante la votación en particular el resultado fue el mismo.

Entre los 40 favorables se contabilizaron los votos de los senadores peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci, ex gobernadores de San Juan y Catamarca, dos provincias mineras.

La muerte de 13 mineros en Atico, Arequipa, en junio de 2022, sigue generando repercusiones judiciales y sociales en el sur del país.

Una nueva investigación Panorama revela que la búsqueda de responsables por la llamada “masacre de del caso Intigol” no solo ha alcanza a presuntos miembros de organizaciones criminales, sino que también ha arrastrado a mineros formales y empresarios legales de la región, a pesar de la ausencia de pruebas directas en su contra.

El conflicto minero que dejó 13 muertos sigue sin cierre judicial

El conflicto entre las asociaciones Atico Calpa y Calpa Renace en la unidad minera Calpa, operada por Intigold Mining, provocó un enfrentamiento armado con saldo fatal.

Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Arequipa y la Policía han impulsado un proceso judicial bajo cargos de usurpación agravada, tenencia ilegal de armas, homicidio y crimen organizado.

El expediente, tramitado en el Juzgado Colegiado de Camaná, involucra a 56 procesados, entre ellos empresarios mineros con operaciones legales y sin antecedentes criminales.

Empresarios legales arrastrados al proceso por la masacre de Atico

Uno de los casos emblemáticos es el de Jesús Baca Quispe, empresario formal con permisos y contabilidad en regla. Según la investigación de Panorama, la Fiscalía lo acusa de ser el brazo financiero de la organización Atico Calpa, señalando que habría apoyado el conflicto con armas y dinero.

Sin embargo, en palabras del propio Baca: “Yo no he estado nunca en el lugar de los hechos. Yo pienso que eso se tiene que aclarar. No será de repente hoy día, pero con el tiempo tiene que aclararse tal cual como vienen las cosas”.

No existen pruebas sobre la cantidad, el origen o el destino de esos fondos, ni sobre a quién se habría entregado dinero para el enfrentamiento. Tampoco hay evidencia de transferencias, comunicaciones o coordinación entre Baca y los presuntos autores materiales.

Sin pruebas claras, la Fiscalía acusa a mineros formales

El día de los hechos, Baca se encontraba en Arequipa por el nacimiento de su hijo, según registros independientes y testimonios recogidos en el proceso.

A pesar de ello, fue detenido, procesado por lavado de activos y sometido a prisión preventiva, en un expediente con irregularidades: se incluyó una supuesta cuarta arma nunca encontrada ni consignada en actas, y se allanó por error la vivienda de un homónimo en Lima.

La defensa de Baca, encabezada por el abogado Giuliano Delgado, sostiene que los fondos incautados estaban justificados por peritajes contables y tenían destino comercial legítimo.

“Nunca he visto que una persona que se le haya encontrado dinero se le abra investigación por lavado de activos, pese a que ha presentado tres peritajes contables para acreditar la preexistencia del dinero”, afirma Delgado.

Testigos protegidos no logran identificar al empresario procesado

Panorama también documenta presunta manipulación de testigos y coordinación entre la fiscalía y algunos jueces para mantener a Baca en el proceso, a pesar de que los propios testigos protegidos no logran identificarlo ni ubicarlo en el lugar de los hechos.

Durante una audiencia, un fiscal preguntó a un testigo protegido si podía identificar a Baca, a lo que el testigo respondió: “No, no lo puedo mencionar porque no lo conozco”.

El presidente de la Corte Superior de Arequipa, Nicolás Azcárraga, consultado sobre la inclusión de una supuesta cuarta arma que no figura en el acta, declaró: “Reitero, yo en mi posición de órgano de gestión administrativo no conozco esos detalles. Y peor aún, no podría decir si la decisión del juez es la correcta”.

El proceso judicial avanza entre versiones cruzadas y falta de evidencias

Actualmente, 39 personas siguen acusadas y el proceso judicial no ha concluido. El expediente incluye tanto a mineros formales como a investigados por minería ilegal, en un contexto marcado por violencia y conflictos en la zona.

Panorama documenta que las investigaciones continúan y que las decisiones judiciales se toman en un entorno complejo, donde se requiere claridad sobre la situación legal de cada acusado y una revisión detallada de las pruebas presentadas.

Los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, naturales de Lima, figuran como propietarios de la camioneta que acompañaba a los taxis que transportaban ocho kilos de oro desde Miraflores hasta el Callao y que fue asaltada días atrás en la Costa Verde, según un informe difundido este domingo por La República.

El atraco ocurrió el domingo 22 de marzo, cuando una banda armada interceptó a los conductores en el circuito de playas de San Miguel, cuando se dirigían hacia la avenida Rafael Escardó para luego tomar la avenida Elmer Faucett y entregar el encargo en los almacenes de Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA).

A pesar de que aparecen como dueños, la familia Cueva no presentó denuncia como agraviada ni reclamó el oro, valorizado en más de un millón de dólares.

El vehículo de resguardo, de acuerdo con el diario, tenía la placa AMD-581, registrada a nombre de Ángel Cueva Giles, ya fallecido, y de sus hijos Miguel y Ángel, el último de los cuales aparece en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) como gerente de las empresas mineras Cugar SRL, con sede en Miraflores, y Consorcio Kathyma SAC, en Tambopata, Madre de Dios.

La policía considera relevante el origen de estas compañías, ya que esta región es una de las principales zonas de minería aurífera ilegal.

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, confirmó que “la camioneta visionada por las cámaras de la Municipalidad de San Miguel corresponde a la placa AMD-581, inscrita por Ángel Cueva Giles y sus hijos, el mayor Ángel Cueva y el menor Miguel Cueva”.

“Nadie de sus empresas, ni ellos ni sus representantes legales, se ha hecho presente”, añadió. SAASA ya fue notificada para informar quién solicitó el almacenaje del oro. La República no logró contactar a las empresas mineras vinculadas a Ángel Cueva Yaya, quien figura con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana.

“Hasta no conseguir documentación que relacione a las empresas Consorcio Kathyma o Cugar, o a los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, no los podemos incluir en la investigación, aunque están referenciados porque hay una camioneta que estuvo en la escena del crimen cuya placa está inscrita a nombre de los dos”, precisó Cano.

Los taxistas contratados para trasladar el oro ofrecieron pocas precisiones sobre los dueños del metal. César Sernaqué Villarreal y Elmer Valverde Torres indicaron que un individuo identificado como “José” los contactó para el servicio, ofreciendo 300 soles por la carrera. Ambos negaron conocer a Ángel Cueva Yaya.

El encuentro se pactó para las 7:30 de la mañana en Miraflores. Tras una espera de veinte minutos, un sujeto descendió de una camioneta negra y entregó a cada taxista una bolsa con el oro. Los vehículos de los conductores fueron escoltados por otros dos autos, uno de ellos la Hyundai AMD-581 de los hermanos Cueva Yaya.

Al ingresar al circuito de playas, la camioneta de los Cueva Yaya se desvió. En la salida de la avenida Rafael Escardó, los taxistas fueron interceptados por tres autos y tres motocicletas. Cuatro hombres encapuchados amenazaron y golpearon a Sernaqué, llevándose el oro.

La Policía continúa con varias líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de una simulación. El jefe de la División de Investigación de Robos señaló que no descartan ninguna hipótesis.

“Si estás en Neuquén en el sector energético, la economía vuela. Si estás en el norte, en Salta, Jujuy, San Juan, vinculado al sector minero, la economía vuela. Si estás en el conurbano y sos fabricante de zapatos, la demanda te cayó (pero) los números agregados muestran que la economía tracciona. Las estimaciones de crecimiento (del PBI para este año) son del 2,5%, pero mi sensación es que vamos a estar arriba del 3%, el contexto internacional nos dará una ganancia extra por el sector energético”.

La frase de Dante Sica, quien fue ministro de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri, expresa en gran medida su visión sobre la transición, el “cambio de régimen” que está viviendo la economía argentina y lo que entraña para diferentes sectores de actividad.

Entrevistado en el programa “No vale arrugar”, por radio Splendid, Sica enfatizó la dualidad del momento actual. “Tenés amesetamiento en el consumo masivo, por los salarios que están amesetados y la resistencia de la inflación a bajar del 2% (mensual), pero también récord de ventas de pasajes de cabotaje. Hay cambios en el comportamiento del consumo”, expresó.

Tenés amesetamiento en el consumo masivo, por los salarios que están amesetados y la resistencia de la inflación a bajar del 2% (mensual), pero también récord de ventas de pasajes de cabotaje

Dante Sica

Según el economista, el gobierno es pragmático: venía usando la política monetaria “para doblegar expectativas inflacionarias y movimientos de precios relativos, como el de la carne, que tiene un tiempo biológico”, pero reaccionó en las últimas semanas y pasó de una política restrictiva a dar “un poco más de liquidez”. En ese contexto, agregó, los bancos empezaron a dinamizar oferta de créditos, lo que debería tender a la recuperación de ciertos niveles de consumo.

Sucede, explicó Sica, que la Argentina hay un proceso de reconversión en marcha debido a un “cambio de régimen económico”. Años de economía cerrada, describió, generaron decisiones “muy distorsivas”. Esa transición, dijo, es más lenta y difícil debido a la escasa profundidad financiera del mercado local. En otros países, dijo, una reconversión productiva la financia el mercado de capitales, cosa que aquí no sucede, lo que lentifica ese proceso.

Reconversión productiva

“Las empresas se están reconvirtiendo, lamentablemente a veces se ven los datos malos de empresas que cerraron, pero en el mundo empresarial se ven empresas que ahora pueden importar insumos y mejorar la productividad y están bajando precios o reorientándose. Tal vez hoy ya no es negocio ser proveedor de línea blanca, sino de energía y minería, que son grandes demandantes de bienes de capital. Ves empresas que cierran porque el mercado sin competencia daba para que tengas cierto tamaño de empresa, pero cuando tenés competencia a lo mejor no tiene sentido. Llegamos a tener más de 10 fábricas de heladeras cuando por unidad productiva ninguna tenía competitividad, por el tamaño del mercado. Podía hacerlo, porque con una economía cerrada con alta inflación, la ineficiencia la paga el consumidor”.

El contexto internacional

En cuanto al contexto internacional y el efecto de la guerra en Medio Oriente, Sica señaló que se vive un proceso de fricción y cambio que va más allá de la guerra. El énfasis, subrayó, pasó de la búsqueda obsesiva de eficiencia y competitividad en el marco de la globalización a la seguridad y confiabilidad de las cadenas de valor. “Incertidumbre es la palabra fuerte que estás mirando en el mercado internacional”. En ese marco, agregó, “la Argentina dejó de ser el país que ponía trabas a los negocios a ser proveedora de los principales bienes que el mundo va a tener que garantizarse en los próximos años”.

Hoy el país tiene problemas de precios e incluso de abastecimiento, dijo, citando los casos de los fertilizantes y los fletes navieros, pero -concluyó- “la Argentina va a ser un gran proveedor global. Ya se está viendo. Si se mira a mediano plazo, lo veo muy positivo en los próximos años”.

La recuperación de la actividad económica que se había insinuado al comienzo del año sufrió un traspié durante el segundo mes de 2026. Tras un enero con indicadores positivos que entusiasmaron al Poder Ejecutivo, la dinámica productiva volvió a terreno negativo debido, fundamentalmente, al peso de los sectores vinculados al mercado interno y la producción fabril.

De acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF), el nivel general de actividad registró una contracción de 2,9% interanual en febrero de 2026. Al observar la medición desestacionalizada, el indicador mostró una merma de 0,5% respecto a enero, lo que marca una interrupción en la tendencia de crecimiento de corto plazo. Con estos números, el primer bimestre del año cierra con una caída acumulada de 1,9%.

Este resultado de febrero contrasta con el desempeño de enero, cuando los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostraron señales de alivio. En el primer mes del año, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó 1,9% en la comparación interanual y un 0,4% respecto de diciembre en términos desestacionalizados.

En aquel momento, el Gobierno celebró el resultado como una consolidación del rumbo económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de sus redes sociales que el EMAE alcanzó “un nuevo máximo histórico”, mientras que otros integrantes del equipo económico resaltaron que la economía creció mientras la inflación continuó en descenso. No hay que olvidar, además, que en el Presupuesto 2026 el oficialismo estimó que el Producto Bruto Interno (PIB) crecerá un 5% a lo largo de todo el año, una meta que ahora enfrenta el desafío de revertir la tendencia observada en febrero.

El análisis por sectores: una marcha con marcadas diferencias

La caída del 2,9% en febrero no afectó de igual manera a todos los ámbitos productivos. El informe de OJF revela una brecha pronunciada entre los sectores extractivos y exportadores, que mantienen tasas de crecimiento de dos dígitos, y los rubros industriales y comerciales, que atraviesan un presente complejo.

La Industria Manufacturera registró, una vez más, uno de los peores resultados del mes. Según el Índice de Producción Industrial de la consultora (IPI-OJF), la actividad fabril retrocedió 2,7% mensual en febrero, cortando la mejora que se había registrado en enero. En la comparación interanual, el desplome fue del 7,9%. “La fuerte caída de 7,9% fue impulsada principalmente por las caídas de maquinaria y equipos, con bajas en todos los rubros, y en alimentos, principalmente por la merma registrada en la molienda de aceites”.

El sector del Comercio, tanto mayorista como minorista, también reflejó la debilidad del consumo interno con una caída interanual del 6,9%. A esto se sumó un comportamiento inusual en el rubro de Electricidad, Gas y Agua, que anotó una baja anual del 5,6%. Según explica el informe, esta retracción fue provocada por la generación eléctrica, que registró una caída del 8,9% debido a un “menor consumo tanto residencial como de industria y comercios”.

En la vereda opuesta, el sector de Minas y Canteras continúa operando como el principal motor de la economía. En febrero, esta rama de actividad registró una expansión del 12,6% anual, impulsada mayormente por los niveles de producción en Vaca Muerta, que “continúan batiendo récords”. No obstante, el estudio privado advierte que los pozos convencionales en otros yacimientos muestran bajas en la producción, lo que matiza el resultado general del sector.

El agro también aportó cifras positivas, aunque con matices internos. El sector agropecuario avanzó un 6,7% interanual en febrero. Mientras que la producción agrícola mostró un sólido incremento del 13,0%, el impacto total fue morigerado por una baja del 7,1% en la ganadería. Por su parte, la Intermediación Financiera se mantuvo en terreno positivo con una suba del 8,8% anual.

Otros sectores mostraron variaciones más modestas o estancamiento. La Construcción apenas creció un 0,7% interanual, una cifra similar a la de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (+0,7%). En tanto, la Administración Pública y Defensa registró una leve caída del 0,6%.

Perspectivas para el resto del año

Para la consultora Orlando Ferreres, la dinámica actual responde a una economía que se mueve a distintas velocidades según el origen de la demanda. Mientras los sectores vinculados a la exportación de recursos naturales y finanzas muestran dinamismo, el resto de las actividades depende de factores que aún no terminan de consolidarse.

“La reactivación de los sectores más golpeados dependerá de que mejoren los ingresos de las familias, de la mano de una recuperación salarial y de mejoras en el mercado laboral”, analizan los especialistas. Desde la entidad sostienen que un escenario macroeconómico más ordenado debería propiciar que estas condiciones comiencen a verificarse durante la segunda mitad del año.

Por lo pronto, la caída de febrero deja una base más baja para el resto del trimestre. El desafío para el cumplimiento de las metas oficiales del 5% de crecimiento anual radica en que los sectores de consumo masivo y la industria logren acoplarse al ritmo de la minería y el agro, algo que en el primer bimestre del año todavía no ha sucedido de manera sostenida.

El anuncio se produjo luego de varios días de tensiones, desmanes y alteración del orden público; además, de las discrepancias entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia por sus posturas opuestas frente a la protesta.

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La decisión de levantar el paro se comunicó pocas horas después de que las autoridades despejaran el corredor vial hacia la Costa Atlántica, a la altura de Zaragoza, que había permanecido bloqueado durante dos días. En la declaración conjunta, las partes detallaron los compromisos asumidos para poner fin a la movilización.

Acuerdos entre mineros y Gobierno Nacional

El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el acuerdo fue resultado del diálogo y no de la violencia, con beneficios concretos tanto para los pequeños mineros como para la protección de los recursos naturales. Entre los puntos pactados, los mineros se comprometieron al desmantelamiento voluntario de dragas y dragones empleados en actividades extractivas.

Asimismo, se habilitarán 10.000 hectáreas para la formalización minera y otras 75.000 hectáreas se encuentran en trámite para solicitudes similares. Se validó la creación de un distrito minero como instrumento para avanzar en la formalización y garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

El acuerdo también contempla la inclusión financiera de los mineros y el desarrollo de jornadas técnicas en los 10 municipios del área para intensificar la formalización, especialmente en las zonas habilitadas.

El Ministerio de Minas y Energía agradeció el compromiso de entidades como el Ministerio del Interior, el Viceministerio de Diálogo Social, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Gerencia de Formalización, alcaldías municipales del Bajo Cauca, la Secretaría de Minas de Córdoba, organismos de control, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo.

El proceso contó con la participación activa de la mesa minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, así como de personerías municipales de Caucasia y Puerto Libertador.

Impactos del paro y contexto de la protesta

El paro minero paralizó durante 12 días la subregión del Bajo Cauca y varios municipios del sur de Córdoba. El bloqueo de la troncal que conecta el interior del país con la Costa Atlántica, especialmente en Caucasia y Zaragoza, generó millonarias pérdidas económicas diarias para el sector transporte, además de un riesgo de desabastecimiento de alimentos, gas e insumos médicos en la región.

Las movilizaciones surgieron como reacción a los operativos oficiales que, conforme al Decreto 1035, destruyeron maquinaria amarilla —dragas y retroexcavadoras— empleada en minería. Los manifestantes exigían la formalización de la pequeña y mediana minería, el cese de la destrucción de sus equipos, la conformación de mesas técnicas ambientales y el reconocimiento de la vocación minera del territorio.

Durante la protesta se registraron episodios de violencia, incluyendo la quema de tractomulas y maquinaria, saqueos y hostigamientos a ambulancias. Autoridades departamentales denunciaron la presunta infiltración de estructuras criminales ligadas a la minería ilegal como responsables de los hechos más graves y de prolongar los bloqueos. Estas circunstancias llevaron a la imposición de toques de queda en algunos municipios.

El proceso de negociación estuvo marcado por la intermitencia en los diálogos y la suspensión temporal de las mesas de concertación, ante la exigencia del Gobierno de no negociar bajo presión. La situación comenzó a destrabarse tras la intervención de la fuerza pública, que despejó puntos críticos de la vía y permitió la reducción de acciones violentas, lo que facilitó la reanudación de las conversaciones en Caucasia y la posterior firma de los acuerdos.

Declaraciones tras el levantamiento del paro

Gabriel Rondón Olave, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, celebró el resultado y destacó que “la protesta social en sí no es negativa, las personas que protestan no son delincuentes”, aunque reconoció que algunos hechos desbordaron la movilización y puntualizó que quienes los protagonizaron no corresponden a los mineros presentes en la mesa de diálogo.

Rondón Olave instó al gobernador de Antioquia a evitar los señalamientos en redes sociales y a privilegiar el encuentro presencial para resolver diferencias: “No es con la fuerza y no es a través de Twitter como mejoramos las condiciones, es aquí con la gente”.

La integración del negocio del litio a través de la adquisición del 50% más una acción de Novandino Litio, sociedad creada junto a SQM para operar en el Salar de Atacama, generó para Codelco un ingreso extraordinario de 2.035 millones de dólares (1.768 millones de euros), según consignó la compañía en sus cuentas oficiales. Con este resultado, el beneficio neto consolidado de la minera estatal chilena ascendió en 2025 a 2.423 millones de dólares (2.106 millones de euros), lo que representa un aumento de más del 880% respecto al año anterior. De acuerdo con la información publicada este viernes, la rentabilidad subió en nueve veces (889%), estableciendo un nuevo hito financiero para la empresa, de acuerdo a las cifras recogidas por fuentes oficiales.

El desglose presentado por Codelco, citado por los medios, aclara que si se excluye el efecto de la integración del litio —considerada una ampliación de perímetro— el beneficio neto de 2025 se situaría en 388 millones de dólares (337,2 millones de euros). Esta cifra equivale a un incremento del 58,4% en comparación con el año anterior, lo que demuestra una mejora operativa incluso sin el impacto del extraordinario por el nuevo negocio. Según informó la compañía, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del periodo llegó a 6.670 millones de dólares (5.796 millones de euros), un 22,6% por encima de los 5.439 millones de dólares (4.726 millones de euros) que registró en 2024.

La contribución directa de Codelco al Estado de Chile alcanzó los 1.778 millones de dólares (1.545 millones de euros), lo que representa un avance del 15,9% respecto al reporte anterior, detalló la empresa. Esta aportación se considera fundamental para las cuentas públicas del país, ya que Codelco destaca como el principal productor estatal de cobre y una de las fuentes más relevantes de ingresos fiscales.

Según datos recogidos por los medios, el monto destinado a inversión de capital (capex) durante 2025 se elevó hasta los 5.073 millones de dólares (4.408 millones de euros), cifra considerada récord en la historia de la compañía. El aumento en este rubro refleja la estrategia de Codelco para sostener y desarrollar sus operaciones a largo plazo, así como para cumplir con nuevos desafíos tecnológicos y ambientales en la industria minera.

En el aspecto operativo, la producción de cobre refinado en 2025 alcanzó las 1.334.445 toneladas métricas finas (tmf), lo que supone un incremento del 0,5% con respecto al año anterior, según reportó la empresa. Si bien la variación es moderada, tiene lugar en un contexto caracterizado por dificultades operacionales, entre las que se incluye el impacto del accidente ocurrido en la mina El Teniente y otras contingencias que afectaron el ritmo de extracción, el abastecimiento de mineral y algunos procesos industriales en distintas faenas.

El presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, explicó según publicó la compañía, que "2025 fue un año de estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacional complejo marcado por el accidente en El Teniente y otras contingencias que impactaron los ritmos de extracción, la alimentación de mineral y ciertos procesos industriales en algunas faenas". Estas adversidades obligaron a la minera a ajustar sus planes y optimizar la gestión de las operaciones para cumplir con los volúmenes requeridos y mantener la rentabilidad.

En cuanto a las proyecciones para 2026, la empresa estima que la producción propia se ubicará entre las 1.331.000 y 1.357.000 toneladas métricas finas, mientras que el capex esperado se situará entre 4.000 y 5.000 millones de dólares (3.476 y 4.345 millones de euros), según anticipó Codelco. Con estas cifras, la minera estatal prevé mantener el impulso de inversión, a la vez que enfrenta un contexto sectorial de mayores exigencias y volatilidad en los mercados internacionales, especialmente a raíz de los cambios derivados de la transición energética mundial y la demanda por minerales estratégicos.

La información detallada presentada por Codelco refleja el peso del ingreso extraordinario por la integración del litio para los resultados consolidados de 2025, pero también confirma un sólido desempeño operativo y financiero, aún si se descuentan esos efectos puntuales. Según el análisis y la descripción de las cuentas suministradas por la empresa y reportadas en medios oficiales, la estatal chilena afianza su rol como uno de los principales actores del sector minero mundial y refuerza el aporte del cobre y ahora del litio, ambas materias primas de relevancia en la economía global.

Con un operativo de seguridad totalmente desproporcionado para la ocasión, arrancaron las audiencias públicas en la Cámara de Diputados para discutir la modificatoria de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno Nacional. No conformes con presentar una reforma inconstitucional, también decidieron fraguar el mecanismo de participación pública obligatorio para decidir sobre un proyecto ambiental de esta magnitud.

Los peligros asociados al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares son infinitos: estamos hablando de habilitar proyectos extractivistas sobre reservas de agua dulce cuya pérdida es irreversible. No hace falta defender la importancia de los glaciares porque se defienden solos: fuentes de agua potable para millones de personas, insumo clave para la producción, reguladores de variabilidad hídrica y sequías. Un proyecto que además de cargarse los glaciares se lleva puesta toda la normativa legal ambiental: el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, el Acuerdo de Escazú, por mencionar solo algunas. Los principios básicos de cuidado ambiental y protección de las futuras generaciones.

Por supuesto que una medida de esta magnitud, de esta gravedad para todos los argentinos, tenía que darse de la forma más antidemocrática posible. En las audiencias públicas obligatorias por ley se anotaron 102.000 personas: récord histórico. Un mensaje claro y contundente. Pero se definió con un criterio arbitrario y desconocido que puedan participar solo el 0,3% de los ciudadanos inscriptos, colando a último momento a representantes de las mineras que ni se habían anotado (todos sanjuaninos, provincia de Peluc, el presidente mileísta de la comisión de Recursos Naturales). Con un Congreso vallado, accesos cortados, fuerzas policiales por todas partes, negándose a escuchar las voces de quienes dicen representar. Más casta no se consigue.

El argumento es siempre el mismo: que los ambientalistas somos unos necios (estoy siendo indulgente, en realidad Milei en su última intervención nos dijo idiotas), un obstáculo para la producción y el desarrollo, que si fuera por nosotros no podríamos tocar nada de la naturaleza ni existir ni producir. Pero no vamos a caer en esa trampa: la dicotomía ambiente y producción acá es totalmente falsa. Los glaciares ocupan 8.000 km2, representan menos del 1% del territorio nacional y almacenan el 70% del agua dulce. Son reservas hídricas absolutamente indispensables para la producción y para la vida. Sin ir más lejos, en la Provincia de Buenos Aires, la cuenca del Río Colorado que depende del deshielo de glaciares de la Cordillera, funciona como sistema de riego de 80.000 hectáreas de nuestro árido sur. No somos anti productivistas por defender el agua. Sin agua no hay Argentina productiva posible.

Esta falacia del hombre de paja que quieren instalar es funcional al verdadero motivo por el cual están intentando flexibilizar esta y otras leyes ambientales: porque es una exigencia de Estados Unidos. Scott Bessent en su visita a Argentina pidió acceso preferencial a empresas estadounidenses en la minería del litio, cobre y tierras raras. El acuerdo bilateral con Estados Unidos exige que “los gobiernos provinciales faciliten la inversión de empresas estadounidenses en proyectos de minería” y que Argentina “priorice a Estados Unidos como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos”. El RIGI aprobado en 2024 ya había allanado el camino: beneficios extraordinarios, estabilidad normativa y garantías jurídicas para proyectos con foco en sectores extractivos. La Ley de Glaciares era el límite regulatorio que quedaba por remover. Pero no todo tiene precio: el agua no se vende. Porque esos glaciares se pierden y no los podemos recuperar más, aunque en unos años cambie la composición de la cámara y revirtamos la ley.

Destrucción masiva de la economía argentina y de la producción nacional y una entrega sin precedentes de nuestra soberanía y recursos naturales. Una seguidilla de injusticias que solo cierra silenciando las voces de la ciudadanía y con Cristina presa para debilitar el peronismo (advertencia a mediano plazo: no se puede tapar el sol con la mano). Todo tiene que ver con todo, porque al fin y al cabo esta discusión excede a los glaciares y al debate técnico. Es una discusión por el modelo de país que queremos tener. Uno que entregue sus bienes comunes y su soberanía para favorecer intereses foráneos de corto plazo, o uno que nos defienda a nosotros, los argentinos.

Las recientes desapariciones de trabajadores en distintos estados de México ha evidenciado la vulnerabilidad de sectores productivos clave frente a la delincuencia organizada.

El secuestro y localización sin vida 7 mineros de la empresa Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa; el plagio de electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Matehuala, San Luis Potosí; y la reciente privación de la libertad de obreros en China, Nuevo León, muestran el alcance de este fenómeno en regiones estratégicas para la economía nacional.

Estos hechos revelarían la capacidad de los grupos criminales para operar en zonas con escasa presencia estatal y controlar actividades económicas relevantes mediante la extorsión y, en algunos casos, reclutar de forma forzosa a la base trabajadora del país para pelear sus guerras.

Para entender la dimensión del problema, Infobae México entrevistó al Doctor Víctor Sánchez, investigador y especialista en seguridad pública, quien identificó los sectores más expuestos y las prácticas empleadas por las organizaciones delictivas.

Agricultura, ganadería y minería: industrias más expuestas

Víctor Sánchez señaló que la agricultura, la ganadería y la minería son las industrias más afectadas por la extorsión del narcotráfico en México.

El por qué, según el experto, estaría relacionado con que estas actividades suelen realizarse en regiones rurales, con baja vigilancia institucional y limitada cobertura mediática, por lo que sería un factor a tomar en cuenta para los cárteles.

Además, señaló que este fenómeno en aumento podría estar relacionado con el continuo crecimiento de organizaciones criminales en el país, las cuales buscan llenar sus arcas mediante la extorsión, debido a que es uno de los criminales más rentables, el cual no requiere inversión.

En el caso de Concordia -el cual apunta como culpable al Cártel de Sinaloa- el secuestro de mineros expone cómo los trabajadores de empresas situadas en zonas remotas enfrentan riesgos derivados de la presión de grupos criminales.

Además, Sánchez recordó que la extorsión a mineros no es algo nuevo, sino que ha sido una constante desde los primeros años de la década de los 2 mil.

Transporte y distribución, otro objetivo recurrente

Además de las tres industrias antes mencionadas, el transporte de carga se ha convertido en otro de los principales objetivos de la delincuencia organizada.

Según el especialista, los transportistas son atacados principalmente por el valor y la facilidad de comercialización de la mercancía que trasladan.

“Lo mismo pueden asaltar un tráiler que lleva gasolina, televisores o equipos médicos. A los transportistas se les asalta realmente por la carga”, afirmó Sánchez.

El impacto también alcanza a trabajadores de empresas de alimentos, bebidas y productos básicos, quienes han sido víctimas de extorsión y amenazas. Los grupos criminales exigen pagos para permitir el paso seguro de mercancías, afectando tanto a grandes corporativos como a negocios locales en diferentes regiones del país.

Empresas y familias ante la extorsión: distintas prioridades

Frente a la amenaza de la extorsión, las respuestas de las empresas y las familias de los trabajadores suelen diferir. Según Sánchez, las compañías buscan mantener sus operaciones y negociar con los grupos criminales, mientras que las familias anteponen la seguridad y el rescate de sus integrantes.

El especialista explicó que la familia prioriza ante todo el bienestar y la seguridad de sus integrantes, mientras que la empresa, aunque muestra preocupación por sus empleados, también considera la continuidad de sus operaciones y su viabilidad a mediano y largo plazo.

Además, el doctor Sánchez recomendó fortalecer la coordinación entre cámaras empresariales y autoridades para mejorar los sistemas de alerta y el reporte de zonas de riesgo.

El análisis de Víctor Sánchez y los casos recientes muestran que la extorsión y los ataques a trabajadores forman parte de un fenómeno estructural que exige atención prioritaria.

La segunda jornada de la audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares mantuvo la misma dinámica que la anterior, con la mayoría de los participantes reiterando su rechazo a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Además, señalaron que la exclusión del 99,5% de los inscriptos evidencia la nulidad de las audiencias, por lo que se reservaban la posibilidad de recurrir a la vía judicial. Los asistentes, que previamente habían manifestado no conocer los criterios de selección, cuestión que tampoco fue explicada por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, Juan Peluc y Nicolás Mayoraz, insistieron en sus críticas. Tras una jornada presencial marcada por la tensión y cruces entre participantes y diputadas de La Libertad Avanza, que se burlaban de sus argumentos, el encuentro virtual exhibió un clima totalmente diferente. La modalidad a distancia, impuesta por el oficialismo, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. El bloque gobernante, convencido de que cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo del PRO y la UCR, permitió que los discursos en contra se sucedieran sin intervención.

Una de las intervenciones más destacadas fue la de la exdiputada Graciela Camaño. La legisladora, reconocida por su experiencia en cuestiones reglamentarias en la Cámara Baja y respetada por sus pares, inició su exposición impugnando la audiencia pública “como paso administrativo previo a los juicios que se iniciarán si prospera el proyecto de reforma de la Ley. La no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto”, afirmó.

Camaño, quien habló durante poco más de diez minutos, advirtió a los diputados que el proyecto “cuyo objeto no es la minería, sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce, en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”. Para cerrar, Camaño fue contundente: “La Ley de Glaciares es el piso mínimo, no puede reducirse y tiene progresividad consolidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Otra exposición relevante fue la de Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo responsable del Inventario Nacional de Glaciares. “Esta ley no representa una mejora porque deja áreas con hielo sin proteger; no elimina las ambigüedades, sino que, por el contrario, genera nuevas; y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas”. Villagra advirtió que la propuesta de La Libertad Avanza “deja sin resguardo parte del ambiente periglacial que contiene hielo, que por estar bajo tierra no es fácilmente inventariable pero cumple con las funciones hídricas señaladas”.

Finalmente, Villagra remarcó que el proyecto libertario no prevé presupuesto para el IANIGLA, “lo que nos deja en una situación de incertidumbre”.

La segunda jornada de la audiencia pública, en la que el oficialismo limitó la presencia y los tiempos de exposición, concluyó sin sobresaltos. La mayoría de los diputados ya se había retirado.

Ahora, La Libertad Avanza organiza una audiencia con los 12 gobernadores “mineros” para enviar un mensaje claro a los legisladores de esas provincias.

En este contexto, el diputado Maximiliano Ferraro presentó una carta a las autoridades de las comisiones y al presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando que, si se realiza esa convocatoria, se incluya al resto de los gobernadores.

Se estima que, en los primeros días de abril y con dictamen favorable, La Libertad Avanza llevará el proyecto al recinto y buscará la sanción definitiva de la norma, a la que más de 100.000 personas e instituciones ambientalistas manifestaron su desacuerdo.

El gobierno de Javier Milei anunció la ampliación de un proyecto minero que ya forma parte del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que potenciará la exportación de litio argentino en los próximos años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio Fénix, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. La iniciativa cuenta con una inversión de USD 530 millones y posibilitará la incorporación de 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional de producción.

“También, generará 1.143 puestos de trabajo durante la construcción y 504 en la etapa de operación, entre empleos directos e indirectos. Además, aportará USD 165 millones de exportaciones por año, consolidando el crecimiento del litio argentino”, aseguró Caputo a través de su cuenta oficial de X.

Río Tinto es una compañía minera global con sede en Londres y Melbourne. Se especializa en la extracción y procesamiento de minerales como hierro, cobre, aluminio, litio, uranio y diamantes. Opera en más de 30 países y figura entre los mayores productores mundiales de materias primas para la industria.

La firma se sumó al RIGI con un proyecto de USD 2.724 millones destinado a la expansión del proyecto Rincón de Litio en Salta, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 60.000 toneladas anuales para baterías, lo que contempla la construcción de una nueva planta.

Los 12 proyectos aprobados en el RIGI

El RIGI contabiliza más de 27 propuestas ingresadas, aunque solo 12 obtuvieron el visto bueno oficial hasta el momento. Estas iniciativas se concentran en provincias como Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe. A continuación, se detallan los diez proyectos restantes que recibieron la aprobación gubernamental:

• YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW.
• YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para aumentar la exportación de petróleo. El oleoducto diseñado podría transportar hasta 700.000 barriles diarios, lo que representaría ingresos anuales de hasta USD 17.000 millones con un precio de USD 68 por barril.
• Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de 20 años de operación.
• Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta.
• Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Tendrá capacidad para 360.000 toneladas anuales de aceros largos y utilizará tecnología sostenible para la producción de acero “verde”. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.
• PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires.
• Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales.
• Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones.
• Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.
• Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.
• Veladero: corresponde a la ampliación de la mina de oro ubicada en San Juan.
• Diablillos: es una nueva mina de oro y plata que requerirá una inversión de 760 millones de dólares en Salta y Catamarca.

Las proyecciones del Gobierno

Entre 15 y 20 iniciativas adicionales podrían incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones antes de julio de 2027, según anticipó Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, durante su participación en el foro CERAWeek by S&P Global, uno de los principales eventos de la industria de petróleo y gas realizado en Houston.

Este anuncio amplía el horizonte para el desembarco de nuevas inversiones energéticas en el país. González señaló que el atractivo central del régimen radica en el marco de estabilidad regulatoria y fiscal, que —afirmó— “no tiene antecedentes recientes para proyectos de esta escala”.

El funcionario precisó que actualmente existen unos 40 proyectos dentro del RIGI y que el programa, vigente tras su aprobación hace casi tres años, continuará al menos hasta el 8 de julio de 2027. “Probablemente la característica que los inversores más valoran es que ofrece treinta años de estabilidad regulatoria y fiscal”, indicó.

El RIGI contempla incentivos como la reducción del impuesto a las ganancias, la exención del IVA para inversiones de capital, la eliminación de aranceles de importación y la ausencia de retenciones a las exportaciones. González calculó: “Solo los proyectos que se han presentado al RIGI asumen que vamos a producir entre 1,5 y 2 millones de toneladas de cobre por año en los próximos cinco a siete años”.

El Perú se acerca peligrosamente a una decisión que puede marcar un punto de quiebre en su competitividad minera. El dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas —y que pronto podría ser debatido en el Pleno— no solo introduce cambios profundos al régimen de concesiones, sino que lo hace desconociendo la realidad operativa de la minería moderna y, peor aún, enviando una señal política sumamente negativa a la inversión formal.

El aspecto más preocupante es, sin duda, la drástica reducción del plazo para iniciar la producción: de 30 a 15 años. En el papel, podría parecer una medida para dinamizar el uso de concesiones. En la práctica, es una desconexión absoluta respecto de los tiempos reales de desarrollo minero. En nuestro país, un proyecto puede tardar entre 15 y 35 años en pasar de la exploración a la producción, e incluso hasta 40 años en algunos casos. Solo la etapa exploratoria puede tomar cerca de dos décadas, mientras que la obtención de permisos —como el estudio de impacto ambiental— suele triplicar los plazos legales establecidos.

Esta brecha entre la norma y la realidad es el principal cuello de botella del sector. Y no se corrige ignorándola, como pretende el dictamen. Esperar que un inversionista comprometa capital bajo un régimen en el que la concesión podría caducar antes de que el proyecto siquiera supere la etapa de permisos equivale a hacer inviable la inversión desde el inicio. Se estaría pidiendo a los inversionistas que apuesten por proyectos cuyo horizonte legal es inferior al tiempo necesario para desarrollarlos.

El problema del dictamen aprobado no es solo de plazos. La eliminación del carácter irrevocable de la concesión introduce un elemento de discrecionalidad administrativa que erosiona la seguridad jurídica. La posibilidad de revocar concesiones sin una causa objetiva clara convierte un derecho real en una autorización precaria. Esto, sumado a la aplicación retroactiva de nuevas cargas económicas y al incremento de las penalidades, configura un escenario que puede percibirse —con razón— como de naturaleza confiscatoria.

Aquí es donde el contexto internacional resulta clave. El último informe del Fraser Institute, referente global en competitividad minera, confirma que las decisiones de inversión dependen significativamente de la calidad de las políticas públicas: alrededor del 40% de la decisión de inversión está determinado por factores como la estabilidad regulatoria, la certeza jurídica y la carga tributaria. En un mundo donde múltiples jurisdicciones compiten por el mismo capital, deteriorar estos factores equivale a autoexcluirse del mapa de inversiones.

El dictamen, lejos de mejorar estos indicadores, los menoscaba simultáneamente: plantea plazos inviables, incrementa costos, introduce incertidumbre y debilita garantías. No sorprende, entonces, que el propio Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) haya advertido que cambios de esta naturaleza pueden generar pérdida de competitividad e inversión en el Perú.

Más grave aún es la narrativa que sustenta la propuesta. Se ha instalado el mito de que “todo el Perú está concesionado” y que ello impide la formalización. Los datos oficiales lo desmienten: apenas el 17% del territorio nacional está concesionado. No existe, por tanto, una escasez de áreas que justifique medidas tan disruptivas. Tampoco hay evidencia de que reducir plazos o aumentar cargas genere incentivos para la formalización. Por el contrario, al elevar los riesgos y reducir la previsibilidad, se desincentiva precisamente a quienes operan dentro de la legalidad.

La minería informal e ilegal no compite bajo estas reglas. No enfrenta permisos, consultas previas ni estándares ambientales. Por ello, endurecer las condiciones para la minería formal no promueve la formalización; la debilita. El mensaje implícito es peligroso: cumplir la ley es más costoso y menos viable que operar al margen de ella.

Finalmente, no puede ignorarse el contexto político. Este dictamen surge en la antesala de un proceso electoral, en un clima en el que las decisiones técnicas parecen ceder ante incentivos de corto plazo. El riesgo es que, en busca de réditos políticos inmediatos, se comprometa una de las principales fuentes de inversión, de empleo y de desarrollo del país.

La minería formal no es una actividad de corto plazo. Requiere décadas, miles de millones de dólares y, sobre todo, reglas claras y estables. Alterar ese equilibrio sin atender la realidad operativa del sector es una apuesta riesgosa que conduce al deterioro de la competitividad del Perú. Si el Pleno del Congreso aprueba este dictamen, el país no estará corrigiendo supuestas distorsiones, sino acelerando su salida del radar de la inversión minera global.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) designó a Magda Roxana Gutiérrez Chara como Directora General de la Dirección General de Formalización Minera, según la Resolución Ministerial N° 131-2026-MINEM/DM publicada el 25 de marzo de 2026.

Esta decisión se produce en un contexto de crisis para la política de formalización minera, marcado por la reciente prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y el estancamiento de reformas estructurales que exige el sector.

Prórroga del REINFO y reforma de concesiones: retrocesos que agravan la crisis

El REINFO, gestionado por el Ministerio de Energía y Minas, exime de responsabilidad penal por minería ilegal a pequeños mineros y mineros artesanales mientras dure el proceso de formalización.

Su ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026, aprobada por el Congreso, ha sido duramente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y gremios mineros formales, que advierten que este padrón funciona más como un salvoconducto para actividades extractivas fuera de control que como una herramienta real de formalización.

La reciente modificación al régimen de concesiones mineras, que agiliza la caducidad de concesiones formales y facilita la ocupación ilegal de terrenos, ha incrementado la sensación de desprotección en la pequeña minería legal ante el avance de la minería informal y sus efectos negativos en las comunidades.

Instituciones como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Colegio de Ingenieros del Perú, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y Comex han rechazado estas medidas, señalando que no promueven la trazabilidad de minerales ni incentivan la formalización efectiva, sino que facilitan la expansión de la ilegalidad y los riesgos ambientales.

Una nueva directora en una estructura sin rumbo claro

Magda Roxana Gutiérrez Chara, abogada con experiencia previa en la Dirección General de Formalización Minera (2021-2022), donde participó en la gestión del REINFO, asume ahora la dirección en un momento crítico.

Su nombramiento ocurre mientras el Estado opta por extender mecanismos de excepción en vez de avanzar hacia una política de formalización con controles efectivos.

La designación, realizada bajo el régimen de confianza de la Ley del Servicio Civil, enfrenta el desafío de revertir la inercia de prórrogas y la falta de resultados en el combate a la minería informal.

El debate sobre la Ley MAPE y la falta de consensos

En paralelo, el Congreso mantiene en debate la llamada Ley MAPE (Minería Artesanal y Pequeña Minería), propuesta que busca reemplazar al REINFO con un nuevo régimen de formalización basado en requisitos más estrictos, trazabilidad del oro y fiscalización regional.

Sin embargo, su aprobación fue rechazada o postergada a mediados de 2025, y hasta la fecha enfrenta presiones y una profunda falta de consensos políticos.

El país sigue sin un marco normativo capaz de garantizar formalización real, transparencia en la cadena de valor y control sobre las actividades mineras de pequeña escala.

Un Estado sin estrategia frente a las economías ilegales

En pleno proceso electoral, la mayoría de partidos propone medidas aisladas de interdicción y fiscalización, sin una estrategia preventiva e integral para enfrentar la minería ilegal y las economías criminales asociadas, que superan los US$10.000 millones en ventas.

Solo una minoría plantea la eliminación del REINFO o el fortalecimiento de la trazabilidad, mientras que la coordinación institucional y la transparencia permanecen ausentes en la agenda pública.

El nombramiento de una nueva directora al frente de la formalización minera ocurre así en un escenario donde la inacción, la fragmentación normativa y la falta de reformas de fondo perpetúan la crisis.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó este 24 de marzo la llamada Ley Litio la cual otorga al gobierno mexicano el control total sobre el mineral, considerado ahora de “utilidad pública”.

Esta decisión responde al impulso legislativo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y determina que la exploración, explotación y beneficio del litio quedan reservados exclusivamente al Estado.

Pero, más allá de haber sido declarado como patrimonio de la Nación, ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión para los mexicanos?

¿En qué consiste la ley litio?

1. Nacionalización del litio: Declara al litio como patrimonio de la nación y establece que su explotación es exclusiva del Estado mexicano. Prohíbe la participación de empresas privadas nacionales o extranjeras en la exploración y extracción del mineral.
2. Creación de un organismo estatal: Funda una empresa pública llamada Litio para México (“LitioMx”), encargada de la administración, control y desarrollo de toda la cadena productiva del litio, desde la exploración hasta la comercialización.
3. Restricción de concesiones: Establece que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones a particulares para actividades relacionadas con el litio.
4. Protección ambiental: Incluye disposiciones para que la extracción y manejo del litio respeten las normas ambientales vigentes.
5. Soberanía energética: Busca fortalecer la soberanía y seguridad energética de México, considerando al litio como un recurso estratégico para el desarrollo tecnológico y económico nacional.

Cuáles son las implicaciones de la nacionalización del litio en México y a quiénes beneficia

La nacionalización del litio en México implica que el Estado asume el control exclusivo sobre la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral estratégico, excluyendo a empresas privadas nacionales y extranjeras de participar directamente en esas actividades.

Tal decisión puede tener las siguientes implicaciones:

• Control estatal: El Estado, a través del organismo público Litio para México (LitioMx), decide cómo, cuándo y dónde se explota el litio, orientando el desarrollo de la industria bajo criterios de política nacional y no de mercado.
• Restringe inversión privada: La exclusión de empresas privadas limita la llegada de capital, tecnología y conocimientos técnicos del sector privado, lo que puede ralentizar el avance tecnológico y la capacidad de producción.
• Impacto en la cadena productiva: El control estatal puede favorecer el desarrollo de cadenas de valor nacionales, pero también puede enfrentar desafíos de eficiencia, transparencia y corrupción.
• Relaciones internacionales: Puede generar tensiones con empresas y gobiernos extranjeros que tenían expectativas de participar en el sector y puede influir en tratados comerciales y de inversión.
• Incrementa el riesgo de daño ambiental: La obtención de litio, especialmente en salares y yacimientos de arcilla, requiere grandes volúmenes de agua para separar el mineral. Esto puede afectar acuíferos, disminuir la disponibilidad de agua para comunidades y agricultura, y alterar el equilibrio de humedales y lagunas.
• Pone en riesgo a la industria minera del litio: a diferencia de otras partes del mundo donde existe este mineral, en México su extracción resulta complicada por la forma en qué se encuentra. La falta de tecnología adecuada y conocimiento podría traer un retraso en la extracción y aprovechamiento del mineral.

¿A quién beneficia?

• Al Estado mexicano: Obtiene el control y los beneficios económicos potenciales derivados del litio, que puede destinar a proyectos de desarrollo, infraestructura o políticas sociales.
• A la industria nacional: Favorece a empresas públicas y, potencialmente, a proveedores nacionales que participen en la cadena de valor bajo esquemas regulados por el Estado.
• A las comunidades locales: Puede beneficiar a comunidades cercanas a los yacimientos si se implementan políticas de desarrollo regional y programas sociales, aunque esto depende de la gestión estatal.
• A la sociedad mexicana: En teoría, la renta generada por el litio podría destinarse a bienes públicos y servicios, aunque el resultado depende de la eficiencia y transparencia en la administración pública.

Riesgos y desafíos

• Capacidad técnica: El Estado puede enfrentar limitaciones técnicas y financieras para desarrollar el sector con la rapidez y escala necesarias.
• Competitividad global: México podría perder oportunidades frente a otros países que permiten mayor participación privada y avanzan más rápido en la explotación del recurso.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Nápoli mostró la cintita con sello de la Cámara de Diputados que lo acreditaba como expositor y destacó: “102 mil personas se inscribieron para participar. Es un estadio de River y un poco más”. Remarcó el carácter federal de la convocatoria: “Vimos testimonios de gente de todas las provincias, de todos los lugares”.

El conflicto por la nueva ley de glaciares y la masiva respuesta social

La jornada en el Congreso se inició con la presencia de 102 mil inscriptos para participar de las audiencias sobre la Ley de Glaciares, aunque solo 300 personas pudieron exponer en forma presencial. Napoli contextualizó: “Lo razonable hubiera sido reestructurar eso. Se podrían haber hecho audiencias simultáneas en el interior del país, en los lugares donde están las cuencas hídricas que más provisión de glaciares tienen”. Según explicó, la dimensión del interés social superó por mucho las expectativas iniciales: “Nosotros calculábamos 10 mil personas aproximadamente. Esto se expandió y da una idea del interés que representa”.

Durante la audiencia, Napoli subrayó la preocupación por el impacto de la minería de alta montaña: “No es que es no a la minería, es el 0,3% no a minería sobre glaciares, porque los glaciares no son compatibles con la actividad minera. Cuando la minería llega, el glaciar vuela por los aires”. Detalló que ese porcentaje del territorio nacional resulta clave para la provisión de agua en provincias como Mendoza, San Juan y Catamarca, donde se concentran proyectos de cobre que podrían habilitarse con la nueva ley.

En ese sentido, advirtió: “El resultado va a ser una judicialización, porque se van a judicializar cuando las provincias eventualmente planteen que este glaciar no es sujeto de protección porque no es reserva estratégica de agua, y después cuando se habilite el proyecto”. Criticó la urgencia política con la que se impulsa la reforma: “No estamos discutiendo ciencia, ni ambiente, ni minería. Estamos discutiendo política. Es una decisión política del Gobierno llevarla adelante”.

Riesgos constitucionales y acuerdos internacionales

El director de FARN sostuvo que el proyecto viola el piso mínimo de protección ambiental que debe fijar el Congreso según la Constitución. “Hoy las provincias son las titulares de los recursos naturales, pero no pueden hacer cualquier cosa con ellos porque el Congreso tiene la facultad de dictar el piso mínimo de protección”, explicó.

Además, Napoli mencionó que la iniciativa contradice acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que exige no retroceder en los niveles de protección ambiental, y el acuerdo con la Unión Europea, que prohíbe bajar estándares para atraer inversiones. “Estamos haciendo una apuesta de muy corto plazo que puede traer muchos problemas para adelante”, afirmó.

Consultado sobre la seguridad jurídica que buscan las empresas mineras, fue contundente: “No la va a haber, porque además las provincias están conscientes de que eso es así”.

El rol de IANIGLA y las dudas sobre el control provincial

Uno de los puntos más polémicos del debate es la transferencia de competencias al ámbito provincial. Napoli expresó su preocupación: “Si hoy tenemos un instituto que ha sido reconocido internacionalmente, no solamente por el trabajo, sino por el propio Inventario Nacional de Glaciares, su metodología es pública, todos la conocemos, y eso se lo pasamos a las provincias y no sabemos cómo van a operar”.

Describió la falta de transparencia en la selección de oradores para las audiencias y la incertidumbre sobre los criterios aplicados: “No se sabe por qué ni cómo le llegó ni de qué manera. Planteamos que la cuestión de la transparencia es muy importante en esto”.

Finalmente, recordó antecedentes negativos de la minería en zonas de glaciares, como el caso de Pascua Lama, clausurado en Chile por afectar ríos y vegas. “Esperemos que no se den acá”, advirtió.

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El Consejo Departamental de Lima (CD Lima – CIP) advirtió que la reciente aprobación, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, de un dictamen que propone modificar la Ley General de Minería podría afectar la competitividad del sector, desincentivar nuevas inversiones y generar riesgos para la formalización de la actividad minera en el país.

La propuesta introduce cambios en el régimen de concesiones, incluyendo el incremento progresivo de los pagos por derecho de vigencia, el endurecimiento de penalidades y la reducción de los plazos para que los titulares inicien producción.

Según el CD Lima – CIP, si bien la iniciativa busca un uso más eficiente de los recursos y mayores beneficios para las comunidades en zonas de influencia minera, podría tener efectos adversos sobre la capacidad del Perú para atraer capitales y mantener su liderazgo en la región.

Minería en apuros: cambio en concesiones y aumento de costos en Perú

Actualmente, al mes de febrero de 2026, el país cuenta con 51.519 derechos mineros, de los cuales el 70% se encuentran titulados y el 30% restante está en trámite. Sin embargo, solo alrededor del 2,14% de los derechos registra actividad productiva, mientras que el resto permanece en etapas de estudio, exploración o mantenimiento para futura explotación.

El CD Lima – CIP precisó que esta situación no implica necesariamente inactividad, sino que responde a los complejos procesos técnicos, regulatorios y operativos que requiere el desarrollo de un proyecto minero. Desde la exploración hasta la operación, un proyecto puede tomar más de una década debido a estudios, permisos y condiciones externas.

El aumento de los costos y la reducción de plazos podría desincentivar nuevas inversiones y limitar la capacidad del país para atraer proyectos de calidad. Además, el Consejo advirtió que un entorno regulatorio más exigente para la inversión formal podría favorecer el avance de la minería informal e ilegal, uno de los principales retos actuales para el sector.

Solo el 2,14% de derechos mineros está en producción, según el CIP

Otro aspecto en discusión es la posibilidad de que comunidades campesinas y nativas participen directamente en los beneficios económicos de los proyectos mineros.

Si bien esta propuesta busca fortalecer la relación entre minería y desarrollo local, expertos del CD Lima – CIP subrayan que su implementación debe basarse en criterios técnicos claros para evitar conflictos sociales y expectativas desproporcionadas.

El Consejo Departamental de Lima remarcó la importancia de un debate técnico, amplio y basado en evidencia, que permita evaluar el impacto real de las reformas sobre la inversión, la competitividad y el desarrollo sostenible de la minería peruana.

CONAMIN 2026 como espacio clave para la discusión minera

En ese sentido, el CD Lima – CIP informó que el XVI Congreso Nacional de Minería – CONAMIN 2026, que se realizará del 15 al 19 de junio en Trujillo, aparece como un espacio clave para abordar estos temas.

El evento, en su vigésimo octava edición, reunirá a empresas, instituciones, autoridades y especialistas para analizar los principales retos de la minería peruana, entre ellos el impacto de los cambios normativos, la competitividad internacional y la lucha contra la informalidad.

“CONAMIN se consolida como una plataforma estratégica para el intercambio de conocimiento, la generación de propuestas y la promoción de una minería moderna, sostenible y alineada con el desarrollo del país”, señaló la institución.

Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos, recalcó la relevancia de los recursos minerales venezolanos en una conferencia sectorial realizada en Houston, al señalar que la explotación de minerales críticos y carbón se encuentra bajo control de organizaciones criminales, lo que contribuye a prácticas ambientales graves. El anuncio, reportado por NBC, acompañó la confirmación de la llegada de 100 millones de dólares en oro procedente de Venezuela a las refinerías estadounidenses, un hecho que se produce tras más de veinte años sin envíos de metales preciosos desde el país sudamericano.

Según detalló la cadena NBC, Burgum afirmó que, en el transcurso de dos días, Estados Unidos logró transportar oro venezolano por un valor aproximado de 100 millones de dólares (86 millones de euros) de forma física para su procesamiento en refinerías locales. Este traslado marca la reanudación de una actividad comercial inactiva desde hace más de dos décadas, lo que revierte una larga ausencia de transacciones de metales preciosos entre ambos países.

El funcionario explicó durante el evento en Houston que su visita a Venezuela, realizada a inicios de mes junto a un grupo de directivos de la industria del petróleo y la minería, incluyó reuniones con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. El propósito del viaje, de acuerdo con la información de NBC, fue analizar oportunidades de cooperación en sectores extractivos y dialogar sobre el potencial del país más allá del petróleo tradicional.

Burgum destacó durante su intervención, recogida por NBC, que Venezuela posee una amplia gama de recursos naturales estratégicos que resultan de interés para el desarrollo industrial estadounidense. Entre estos mencionó específicamente grandes yacimientos de carbón y minerales críticos. El secretario del Interior subrayó que el control de estas riquezas por parte de agrupaciones delictivas ha conducido a algunas de las condiciones ambientales más preocupantes a escala global.

El medio NBC reportó que la operación de traslado de oro ocurrió en un contexto de acercamiento reciente entre funcionarios estadounidenses y el gobierno venezolano, aunque el diálogo abordó retos relacionados con la legalidad y sostenibilidad de la actividad minera en el territorio sudamericano. De acuerdo con lo consignado por NBC, Burgum enfatizó la urgencia de establecer mecanismos que permitan aprovechar el potencial minero del país dentro de marcos regulatorios y medioambientales adecuados.

Las declaraciones de Burgum, durante su intervención en la conferencia energética, pusieron de manifiesto el interés de Estados Unidos en diversificar las fuentes de materias primas esenciales para la industria. Según publicó NBC, los minerales críticos extraídos en Venezuela tienen relevancia para la producción de tecnologías estratégicas y sistemas energéticos, elementos que adquieren valor ante escenarios globales de aumento de la demanda y alteraciones en las cadenas de suministro.

Por último, según difundió NBC, la llegada del oro venezolano a territorio estadounidense marca un hito en las relaciones comerciales entre ambos países dentro del sector minero y energético, así como un punto de partida para nuevas conversaciones destinadas a regular la extracción y el intercambio de recursos naturales venezolanos en el contexto internacional.

La minera canadiense Teck Resources anunció la postergación de su decisión final de inversión en el proyecto cuprífero Zafranal, con lo que frena una de las iniciativas más relevantes de la cartera minera peruana y redirige sus recursos hacia el incremento productivo de su principal yacimiento en Chile.

Esta medida, anunciada tras el ascenso de José Antonio Kast a la presidencia del vecino país, implica la paralización de obras tempranas en la zona de Arequipa y la desmovilización de los contratistas, marcando un cambio en la estrategia de la empresa para el periodo 2026.

Teck paraliza Zafranal y prioriza Chile: obras detenidas y contratistas fuera

La decisión de Teck Resources responde a la necesidad de fortalecer la producción de Quebrada Blanca, ubicada en territorio chileno, considerada actualmente como el activo más importante de la compañía en la región.

El proceso de expansión en esa mina concentrará la mayoría de los recursos de inversión antes de que la empresa asuma nuevos compromisos a gran escala en otros mercados.

En el ámbito interno, la reorganización en Compañía Minera Zafranal S.A.C. contempla también la reducción de personal y la reestructuración de puestos clave.

La canadiense comunicó que el proyecto no ha sido cancelado, sino que atraviesa una fase de ajuste estratégico y preservación de activos.

De acuerdo con Teck, el enfoque en 2026 estará orientado a la revisión y optimización del caso de negocio, en busca de condiciones más favorables para una futura reactivación.

Fusión Teck-Anglo American sacude el mapa de cobre mundial

Durante este periodo, se mantendrán actividades esenciales como la tramitación de permisos, el acceso a tierras, la culminación del estudio de factibilidad y el desarrollo de ingeniería.

No obstante, la reducción de actividades de campo será notable, con un énfasis en el análisis técnico y la planificación. Este giro estratégico deja en suspenso el cronograma original, que consideraba el inicio de la construcción en 2026.

Zafranal, situado en la región de Arequipa, cuenta desde 2023 con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado y está diseñado para producir 76.000 toneladas de cobre y 29.000 onzas de oro por año.

Además, se calcula que la construcción generaría cerca de 3.000 empleos y la operación requeriría más de 800 trabajadores, lo que lo posiciona como una de las principales apuestas de inversión minera en el país.

Zafranal: alianza con Tisur en suspenso y proyecciones mineras afectadas

La pausa se produce en un contexto marcado por la fusión entre Teck Resources y Anglo American, una integración que daría lugar a un nuevo actor relevante en el mercado global del cobre, con presencia en operaciones como Quellaveco, Antamina y el propio Zafranal.

Hasta antes del anuncio, se esperaba que la mina arequipeña ejecutara una inversión cercana a US$2.000 millones y pusiera en marcha una operación a tajo abierto con capacidad para procesar 80.000 toneladas diarias de mineral.

El proyecto había establecido, además, una alianza estratégica con Tisur (Grupo Romero), operador del puerto de Matarani, para la exportación de los concentrados de cobre.

Este acuerdo contemplaba una inversión de hasta US$50 millones en nuevos almacenes y el aumento de la capacidad estática del puerto en hasta 50.000 toneladas, lo que garantizaba la viabilidad logística del emprendimiento.

El sector minero peruano sigue de cerca estos movimientos, ya que Zafranal figura entre los proyectos estratégicos que podrían marcar la pauta para nuevas inversiones en el país durante la próxima década.

Teck revierte pérdidas en 2025 gracias a Quebrada Blanca

¿Y cómo le fue a la empresa? Teck Resources cerró 2025 con resultados financieros que superaron las proyecciones del mercado, impulsados principalmente por el alza sostenida en el precio internacional del cobre.

Durante el cuarto trimestre, la compañía reportó ingresos por 3.058 millones de dólares canadienses, cifra que representa un crecimiento de casi 10% respecto al año anterior.

El precio promedio del cobre alcanzó los US$5,03 la libra, mientras que la producción en Quebrada Blanca, en Chile, registró un alza significativa, consolidando el mejor desempeño trimestral del año para esa operación.

Esto permitió revertir las pérdidas registradas en 2024 y alcanzar una utilidad atribuible a los accionistas de 1.401 millones de dólares canadienses. De cara a 2026, la minera proyecta mantener una producción de cobre entre 455.000 y 530.000 toneladas.

Este miércoles 25 de marzo el Congreso de la Nación vuelve a la actividad. La Cámara de Diputados recibirá a los primeros 100 oradores para la primera de las dos jornadas de audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares.

La actividad parlamentaria está envuelta en una controversia respecto de las restricciones que impusieron las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, que se vieron desbordadas por la avalancha de inscriptos que ya supera los 100.000. En ese contexto, los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, respectivamente, establecieron que solo se recibirán 200 ponencias en vivo y online y que el resto deberá enviar un video. Asimismo, especificaron que sólo se permitirá el ingreso a los diputados que forman parte de la comisión —todos los legisladores pueden acceder a las comisiones por reglamento— y solo dos asesores por bloque.

Luego de que la justicia rechazara el recurso de amparo que presentaron varias organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y que todos puedan exponer en el Congreso, esas mismas organizaciones con el apoyo de los bloques de la oposición realizarán hoy una manifestación para que los dejen exponer.

“Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”, señaló la diputada de Unión por la Patria, Teresa García. “Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, agregó el diputado Juan Grabois. Los representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular entienden que la norma atenta contra la protección de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.

La comitiva estará integrada por autoridades de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto a referentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural, quienes expondrán los impactos ambientales, sociales y culturales que podría generar una flexibilización de la normativa.

La marcha a la que hacen referencia está citada para las 17 horas en el Congreso y la promueven organizaciones ambientalistas y diferentes bloques de la oposición. La consigna es: “Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”.

“La idea es simple, traes tu silla y nos sentamos y exigimos que nos dejen exponer. La restricción es la contracara de una audiencia pública”, dijo la diputada García.

En el oficialismo están apurados en pasar el trámite de la Audiencia pública que exige la ley para ir rápidamente a un dictamen y de ahí al recinto. Aunque en el escenario actual, en medio de las críticas al presidente Javier Milei por $Libra y al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su estilo de vida que no concuerda con sus ingresos, La Libertad Avanza busca planchar cualquier tipo de debate en este caso avanzará.

“El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, explica un diputado libertario a la hora de explicar el proceso que empuja el bloque de La Libertad Avanza.

Buena parte de los anuncios y de las conversaciones que viene teniendo el Gobierno con empresas del exterior apuntan a inversiones para el sector de la minería que está esperando el cambio de la norma, ya que podrían habilitarse zonas que hoy están prohibidas por ser denominadas “periglaciares”. Además, hay una redefinición técnica: se propone cambiar “ambiente periglacial” por “geoforma periglacial”, lo que reduciría el área protegida. Además, establece una revisión del inventario de glaciares porque busca permitir actividades si la provincia demuestra que no se afecta el recurso hídrico.

Durante décadas, la competitividad minera del Perú se sustentó principalmente en factores geológicos: reservas, ley del mineral, eficiencia operativa y costos de extracción. Ese modelo permitió consolidar al país como potencia productora en el ciclo de los commodities. El entorno internacional ha cambiado. Hoy, la ventaja competitiva no se define únicamente por lo que existe en el subsuelo, sino también por la capacidad institucional, ambiental y financiera que se construye en la superficie.

En ese mismo periodo, el debate nacional tendió a plantearse como una contraposición entre minería y ambiente. Esa visión simplificó una discusión estructural más profunda. El verdadero desafío no es elegir entre crecimiento o sostenibilidad, sino integrar extracción, restauración y estructuración financiera bajo una misma lógica de generación de valor.

La minería contemporánea compite por gobernanza, trazabilidad ambiental, estabilidad regulatoria y acceso a capital. Los inversionistas internacionales priorizan criterios ambientales, sociales y de gobernanza no por altruismo, sino por gestión de riesgo. La previsibilidad institucional reduce incertidumbre, y reducir incertidumbre disminuye el costo del capital.

En este contexto, la restauración ambiental deja de ser solo una obligación normativa para convertirse en variable estratégica. El Perú, además de potencia geológica, acumula pasivos ambientales heredados que tradicionalmente se han visto como contingencias fiscales. Bajo una lógica moderna, pueden reinterpretarse como activos subestructurados si se incorporan métricas verificables, ingeniería de remediación y mecanismos de valorización económica.

Aquí adquiere relevancia el concepto de minería regenerativa. A diferencia de la sostenibilidad —que busca no empeorar el entorno—, la regeneración implica mejorarlo estructuralmente y convertir esa mejora en ventaja competitiva. Integrar cierre progresivo, reaprovechamiento de residuos y medición del retorno ambiental como parte del desempeño económico permite ampliar la arquitectura tradicional del negocio minero.

El reto no es abandonar la extracción, sino ampliarla conceptualmente. Un país que no integre restauración y estructuración económica verá encarecer su costo de capital y limitar su competitividad. En cambio, uno que incorpore la regeneración como eje estratégico fortalecerá su narrativa de inversión y reducirá riesgos de largo plazo.

El siglo XX premió al país que más extrajo. El siglo XXI premiará al que logre producir, restaurar y estructurar valor simultáneamente. La pregunta ya no es si el Perú debe ser minero o ambiental, sino si puede convertir la regeneración en parte integral de su modelo de negocio. Porque el mineral se agota, pero la competitividad institucional se construye. Y en esa construcción se define el futuro del sector minero peruano y su aporte sostenible al desarrollo nacional.

Un grupo de 15 ONG de Venezuela advirtió sobre el riesgo de agravar el daño ambiental en la Amazonía ante la posible aprobación de la ley de minería que actualmente se debate en el Parlamento, de mayoría chavista. Las organizaciones señalaron que el texto legal presenta “grandes vacíos” en materia de regulación y gobernanza.

Según un comunicado difundido en la web de Provea, “aunque menciona los estudios de impacto ambiental, no los establece como requisito obligatorio para otorgar concesiones. La exclusión territorial depende de planes de ordenamiento, en su mayoría inexistentes o desactualizados”.

Las ONG subrayaron que la normativa propuesta solo exige responsabilidad después del daño, no incorpora un enfoque preventivo y omite garantías financieras para la restauración o regulación de residuos. Indicaron además: “Tampoco prevé monitoreo ambiental independiente, acceso público a información ni auditorías externas”.

Las organizaciones consideran que el proyecto vulnera los derechos de los pueblos indígenas del área minera al omitir referencias al derecho a la demarcación de sus territorios y no contemplar el consentimiento libre, previo e informado, estándar internacional vigente.

Manifestaron su rechazo a la militarización de los territorios donde se planea otorgar concesiones mineras. “La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”, afirmaron.

Las ONG solicitaron que la ley incluya mecanismos claros de transparencia y acceso público a la información sobre todos los procesos administrativos, desde autorizaciones hasta operaciones de las empresas mineras. También recomendaron que se establezca la obligación constitucional de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural para cada proyecto de explotación de recursos, junto con mecanismos de control y aseguramiento ambiental que permitan desarrollar sistemas sólidos de gestión ambiental.

El jueves, el Parlamento venezolano postergó para una futura sesión la segunda discusión necesaria para aprobar la ley de minas, una normativa que podría habilitar la entrada de inversión privada y extranjera en el sector, en medio del interés declarado de Estados Unidos en el oro venezolano.

Durante la sesión parlamentaria, se leyeron 12 de los 130 artículos del proyecto y se decidió aplazar el debate a propuesta del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó la propuesta la semana previa. Camacho justificó el aplazamiento señalando la necesidad de “más tiempo para escuchar a más ciudadanos que participan activamente en la comisión parlamentaria y en los debates a nivel nacional”.

En la mañana del lunes 23 de marzo de 2026, la empresa minera Cerrejón reportó dos atentados en dos puntos de su infraestructura férrea en el departamento de La Guajira.

En un comunicado, la compañía señaló que los ataques se realizaron en la noche del domingo 22 de marzo, dejando un saldo de cinco vagones descarrilados y daños en los rieles, afectando la circulación del tren carbonero en esta parte del territorio colombiano.

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“El primero, en el kilómetro 75, provocó el descarrilamiento de varios vagones de un tren que se dirigía hacia Puerto Bolívar. El segundo, en el kilómetro 32, ocasionó afectaciones a los rieles y daños materiales que están por cuantificarse. El área se encuentra asegurada y las autoridades competentes adelantan la evaluación de la situación”, manifestó Cerrejón en la misiva.

La empresa subrayó en su mensaje que estos hechos ponen en peligro la vida e integridad de las personas, perjudican infraestructura estratégica y tienen un impacto directo en el empleo y el tejido social y económico de la región.

“Rechazamos de manera categórica estos hechos, que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, afectan infraestructura estratégica para el país y generan impactos directos en la operación, el empleo y el tejido social y económico de La Guajira”, expresaron.

De acuerdo con Cerrejón, en lo que va de 2026 se han registrado dos atentados contra la infraestructura ferroviaria, cifra que se suma a los nueve casos reportados durante 2025.

“Esta situación evidencia la gravedad de un contexto marcado por bloqueos recurrentes y crecientes presiones operativas, que comprometen la estabilidad y el desarrollo del territorio”, agregaron.

Finalmente, Cerrejón solicitó reforzar la seguridad en el corredor férreo para prevenir nuevos ataques, reiterando su llamado al respeto por la legalidad y la vida en el Caribe colombiano.

“Reiteramos nuestro compromiso con Colombia, con La Guajira y con las comunidades vecinas, y hacemos un llamado a que la legalidad y el respeto por la vida prevalezcan sobre cualquier forma de violencia que afecte el desarrollo de la región”, concluyeron.

Cerca de 40 bloqueos en 2026

Además de los ataques explosivos, la empresa minera Cerrejón reportó que, entre enero y febrero de 2026, experimentaron 37 bloqueos que comprometieron de manera directa la continuidad de sus operaciones en La Guajira y pusieron en riesgo la funcionalidad de infraestructuras esenciales para la exportación del mineral.

Las interrupciones se produjeron en un contexto de creciente complejidad en el orden público y mientras persistían obstáculos en la búsqueda de canales de diálogo efectivos con las comunidades vecinas.

“Este inicio de año se ha convertido en el período con mayor número de bloqueos en la historia de la empresa, con una característica particular: la mayoría han sido de carácter impositivo, es decir, manifestaciones en las que el levantamiento depende exclusivamente de acceder a las exigencias de quienes las realizan”, indicó la compañía en un comunicado del 4 de marzo del año en curso.

La problemática no se limita al sector minero. Cerrejón recordó que los cortes en vías estratégicas constituyen una práctica recurrente que afecta a diversos sectores del país. Los bloqueos han alterado actividades comerciales, el transporte y la prestación servicios en diferentes regiones, incluyendo los principales centros urbanos.

“Cerrejón reitera su rechazo a las vías de hecho como mecanismo de presión, las cuales están generando afectaciones a la continuidad del negocio, al transporte de carbón a través de nuestra línea férrea y al suministro de insumos claves para la operación y, por consiguiente, al empleo y al desarrollo de La Guajira y del país”, añadieron.

Para la empresa, la superación de este desafío exige priorizar el diálogo institucional y evitar interrupciones que, a su juicio, “no constituyen un mecanismo adecuado para la resolución de diferencias”.

La organización subrayó la importancia de la seguridad, el cumplimiento normativo y la estabilidad operativa para preservar el empleo, la dinámica económica y la confianza de los actores locales y regionales.

“La empresa hace un llamado al diálogo respetuoso y a la utilización de los canales institucionales correspondientes, como el camino adecuado para la resolución de inconformidades”, puntualizaron.

El tungsteno o wolframio, un metal superdenso clave para armamento, semiconductores y herramientas industriales, ha emergido como uno de los recursos más estratégicamente relevantes del nuevo tablero geopolítico global, convertido en una palanca de poder en la rivalidad entre China y Estados Unidos durante la era de Donald Trump. Las restricciones a la exportación desde Beijing, que utiliza este recurso como un “arma económica”, han tensionado las cadenas de suministro internacionales y disparado los precios. En este contexto, países como España se perfilan como potenciales proveedores alternativos, en un momento en el que Europa busca reducir su dependencia de China en materias primas críticas.

En apenas un año, la cotización del metal ha experimentado una subida histórica del 520%. Según datos de Bloomberg y Fastmarkets, su precio se sitúa actualmente en el entorno de los 2.250 dólares por tonelada métrica, un incremento impulsado por las restricciones a la exportación impuestas por China en febrero de 2025 como respuesta a los aranceles de la administración Trump.

China, que domina el 79% de la producción mundial, incluyó el metal en su lista de control de exportaciones, reduciendo envíos cerca de un 40%. La medida, definida por analistas como un “puñetazo en el ojo” geopolítico, no solo afectó a la oferta global, sino que alertó a los gobiernos europeos sobre su dependencia de un proveedor único.

La guerra impulsa la revalorización del wolframio

En plena escalada bélica en Oriente Medio desde el ataque de EEUU e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, la demanda militar ha exacerbado la presión sobre el mercado. El wolframio se utiliza en proyectiles, municiones antitanque, helicópteros y aviones de combate, gracias a su densidad que permite mantener el impulso y atravesar blindajes. El recrudecimiento de los conflictos internacionales ha intensificado la búsqueda de suministros, acelerando la subida de precios y mostrando la vulnerabilidad de las cadenas de suministro.

Según Fastmarkets, el precio de APT (ammonium paratungstate) pasó de los 900-940 dólares por tonelada a mediados de enero de 2026 a 1.650–1.900 dólares en febrero. El ferrotungsten, empleado en aleaciones y componentes de defensa, también se ha encarecido: de 45–46 dólares por kilo el año pasado a 200–210 dólares por kilo actualmente.

El mercado del tungsteno se caracteriza por su escasez estructural y su liquidez limitada. Frente a la falta de producto para dar respuesta a la demanda, los fabricantes europeos y estadounidenses buscan asegurar suministro, reciclar chatarra y desarrollar proyectos propios, conscientes de que China seguirá influyendo decisivamente en los precios.

España como potencial exportador

En este contexto, España se posiciona como un actor con potencial creciente dentro del mercado del tungsteno, respaldado tanto por su base geológica como por el impulso político europeo. El país es actualmente el tercer productor de wolframio de la Unión Europea y forma parte de la estrategia de Comisión Europea para reducir la dependencia de suministros externos de minerales críticos.

En línea con este objetivo, el Gobierno prepara el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030, centrado en reforzar la autonomía estratégica, impulsar la descarbonización y mejorar la competitividad industrial. Este marco abre la puerta a nuevas inversiones y a la reactivación de proyectos mineros, en un momento en el que la escasez global y la presión geopolítica elevan el valor del tungsteno y convierten a España en un posible proveedor alternativo dentro de las cadenas de suministro occidentales.

Entre los yacimientos españoles destaca la mina de Barruecopardo, en Salamanca, reabierta en 2019 y con más de 10 millones de toneladas de mineral, posicionándola como una de las mayores de Europa. En Galicia, la mina de A Gudiña (Pentes), gestionada por una empresa sueca, aporta unas 60.000 toneladas adicionales, mientras que en Castilla-La Mancha, el proyecto El Moto y en Extremadura, los proyectos La Parrilla y Las Navas se encuentran en fase de desarrollo.

Suiza, a través de su Cooperación Económica, presentó en Lima los resultados de la fase 2021–2025 del Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO) y anunció el inicio de una nueva etapa para el periodo 2026–2029.

El objetivo es reforzar el apoyo al sector privado peruano y promover el desarrollo de exportaciones sostenibles hacia los mercados internacionales.

La cooperación Suiza inicia nueva fase de apoyo al sector exportador peruano

El evento reunió a más de 100 representantes de instituciones públicas y privadas, incluyendo ministerios, gremios empresariales, empresas exportadoras, organismos de cooperación internacional y entidades socias del programa.

La actividad contó con la participación del embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, quien destacó la relevancia de profundizar las relaciones económicas bilaterales y fortalecer las capacidades institucionales para abrir nuevas oportunidades comerciales.

Garnier subrayó que, en un contexto internacional en constante cambio, la integración comercial y el fortalecimiento institucional son claves para beneficiar a más personas y territorios.

El diplomático también enfatizó el interés de Suiza en consolidar vínculos económicos sólidos y sostenibles con el Perú, impulsando cadenas de valor dinámicas y exportaciones con mayor valor agregado.

SIPPO extiende su respaldo a las exportaciones sostenibles del Perú hasta 2029

El programa SIPPO facilita la exportación de productos peruanos principalmente en los sectores de alimentos procesados, ingredientes naturales, pesca y mariscos, madera técnica, textiles de valor agregado y turismo sostenible.

De acuerdo con datos oficiales, algunas de las exportaciones peruanas destacadas a ese país y a Europa incluyen cacao, café, productos orgánicos, ingredientes para cosmética natural y alimentos procesados.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, resaltó la contribución de iniciativas como SIPPO para robustecer las capacidades de las instituciones que promueven las exportaciones y facilitar el acceso de las empresas peruanas a mercados internacionales.

Llona señaló que, gracias al acompañamiento de SIPPO, más empresas peruanas han mejorado su competitividad para ingresar a mercados exigentes y adaptarse a nuevas demandas vinculadas a la sostenibilidad, innovación y transformación digital.

El embajador Paul Garnier reafirma compromiso suizo con Perú

La jornada incluyó el panel “Fortaleciendo el ecosistema exportador del Perú: desafíos y oportunidades”, moderado por Mariella Amemiya, directora general de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

En el panel participaron Ricardo Limo, presidente ejecutivo de PROMPERÚ; Luis Llanos, jefe de AGROMERCADO; Maritza Montero, vicepresidenta de la Cámara Nacional de Turismo; y Oscar Vásquez, director del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima.

Los expositores reflexionaron sobre los principales retos y oportunidades para consolidar un ecosistema exportador peruano más competitivo, sostenible y articulado.

Crecimiento de la presencia peruana en Europa

Durante la fase 2021–2025, el programa SIPPO brindó apoyo a más de 2.000 empresas de los sectores alimentos, ingredientes naturales y turismo sostenible, a través de alianzas estratégicas con AGROMERCADO, PROMPERÚ, la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara Nacional de Turismo.

Como resultado, 468 empresas peruanas lograron acceder por primera vez a los mercados suizo y europeo. El impacto económico fue relevante: se estima que por cada dólar invertido en el programa, se generaron 58 dólares en exportaciones hacia Europa.

El Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO), iniciativa de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) e implementada por la Fundación Swisscontact, opera en el Perú desde hace más de 25 años.

En su nueva fase (2026–2029), enfocará esfuerzos en el desarrollo de inteligencia comercial, la promoción de estándares de sostenibilidad y el fortalecimiento de estrategias sectoriales y de marketing especializado.

Los gobernadores de las provincias petroleras y mineras, los 11 que acompañaron al presidente en el Argentina Week, en esta ciudad, reforzaron el apoyo al modelo, como lo habían hecho días atrás en el Council de las Américas. “Fue una semana bárbara”, resumió el ministro de Economía, Luis Caputo. “Esto es lo que veo todo el tiempo cuando viajo con el Presidente, y ahora está bueno que lo vean todos ustedes”, dijo el titular del Palacio de Hacienda, quien escuchó atento a los mandatarios provinciales desde la primera fila.

“Se reforzó el momentum de la Argentina de manera espectacular. El rumbo es éste, pero la velocidad importa porque hay gente que la está pasando mal”, agregó. Horacio Marín también habló y destacó el evento y los beneficios que trajo el RIGI al sector.

Luego fue el turno de los mandatarios provinciales. Hubo dos paneles, uno minero y el otro petrolero. Comenzaron Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Sáenz destacó el impacto que tendrá la privatización del Belgrano Cargas. “Pudimos mostrar acá previsibilidad e institucionalidad y que más allá de los partidos políticos y los gobiernos que vengan, lo fundamental es aprovechar la oportunidad histórica que nos da un mundo que demanda lo que tenemos. Nos falta la confianza y mostrar que no se cambian las reglas de juego a mitad de camino”, afirmó.

El justicialista Jalil elogió el RIGI y pidió que sea permanente y Sadir, con el mismo tono político, hizo foco en que ya reciben y esperan inversiones que sean respetuosas con las comunidades y el medio ambiente.

Orrego resumió los proyectos de su provincia y destacó lo fundamental de la confianza que se necesita para desarrollar el mercado de minerales críticos. “Sin la macro ordenada no hay nada, y el gobierno lo hizo. Implementaron el RIGI y sacaron el cepo. Estamos todos unidos trabajando para Argentina”, enumeró. Vidal destacó también la invitación presidencial y el potencial mineral de la provincia. “Hay que animarse a más e ir más allá de los recursos, hay que crear industria y seguir generando. Para eso es fundamental la capacitación de los recursos”, expresó el santacruceño.

Luego fue el turno de Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).

“Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que la argentina salga adelante, más allá de la política. Vaca Muerta es una condición necesaria, pero no suficiente. No es un tema político, es un desafío generacional de todos”, afirmó Figueroa.

Río Negro será puerta de salida del GNL argentino y, en ese contexto, Weretilneck dijo que será la primera vez que la Patagonia exporte sus productos. “Argentina viene de un marco de confianza de menos cero, pero el RIGI logró retomarla y toda la política provincial lo ratificó. Cada uno de nuestros proyectos tiene una ley que lo blinda en términos de seguridad jurídica”, dijo.

Torres habló de la demanda energética global por la IA y destacó el orden macro. “Que los gobernadores y la nación estemos sentados, juntos, mostrándole al mundo que hay una agenda de desarrollo para los inversores, es lo que más me entusiasma. Es salir de la Argentina pendular. Es lo que sentimos todos los que estamos acá”, dijo y recibió aplausos.

Ayer, en el cocktail de AmCham, en Microsoft Times Square, se vio al Gobernador conversando animadamente con el dirigente petrolero y diputado nacional Jorge Ávila y el representante de YPF por la provincia, Emiliano Mongilardi. La delegación chubutense vino a esta ciudad en búsqueda de inversiones para la Cuenca San Jorge y la Cuenca Escalante.

Valdés, que no produce petróleo pero sí energía, aseguró que trabaja junto al gobierno luego de años de “discriminación” y Cornejo aseguró que “no hubo nada más robusto que este evento para promocionar a este país. Tenemos los recursos, pero sin esta estabilidad macro y la certidumbre que da un Gobierno que se puso firme muy difícilmente se podrían explotar”.

La voz de los ejecutivos

En la apertura, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a pedirles a los empresarios que se involucren en la batalla cultural, “ustedes no son los malos, está bien que les vaya bien. Ayúdenos a contarlo, no nos dejemos psicopatear”, aseguró. Dijo que el de Javier Milei es un gobierno promercado y, por lo tanto, proempresa. A diferencia de sus palabras de ayer en el Bank of America, Adorni no hizo referencias a las críticas por la participación de su esposa en la comitiva presidencial. Bettina Angeletti lo acompañó esta mañana y ayer en BofA.

También hablaron el embajador Alec Oxenford, organizador del Argentina Week, Santiago Mignone, presidente de IDEA, y Santiago Bulat, economista jefe del instituto empresario y socio de Inveq, quien hizo un repaso del contexto económico, financiero y de actividad.

Del panel de empresarios de IDEA participaron Anna Cohen (Cohen), Mariano Bosch (Adecoagro), Fabián Kon (Grupo Galicia), Roberto Murchison (Grupo Murchison) y Martín Galdeano (Ford), quienes analizaron el contexto macro.

Murchison destacó la política de déficit cero de la gestión libertaria, la desburocratización y “un cambio cultural que nació en la ciudadanía”, y Bosch habló de los cambios en el sector del agro, sobre todo en la receptividad de los inversores en EEUU.

“Ahora nos abren las puertas, hay más fondos y podemos planear cosas que antes no soñábamos. En el día a día, ya no nos volvemos locos con el dólar, y pensamos en ser más competitivos”, dijo. “Es un buen momento para entrar en Argentina”, agregó.

Kon, presidente de Grupo Galicia, señaló que el desarrollo del crédito es una oportunidad “enorme” para el sector financiero y que “hay que seguir trabajando en el mercado de capitales”.

Galdeano, por su parte, mencionó cómo la “obsesión por la competitividad” copó la agenda de la mayoría de las empresas, de la importancia de cambios que vendrán en manera impositiva, y cómo éstos van a incentivar la inversión y le recomendó a los inversores “no perderse el potencial del país”. Kon también está a cargo de la organización del Coloquio de este año.

Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce y piezas clave como ecosistemas de alta montaña. En Argentina, su protección está garantizada desde 2010 por la Ley 26.639, que estableció un régimen de presupuestos mínimos para preservar tanto los glaciares como el ambiente periglacial. Sin embargo, el proyecto de reforma impulsado en diciembre de 2025 reabrió el debate sobre el alcance de esa protección.

El punto central de la discusión gira en torno a un cambio de enfoque: la normativa específica vigente parte de un enfoque amplio de protección de todos los glaciares y áreas periglaciares; el nuevo proyecto propondría limitar dicha protección únicamente a aquellos que tengan una “función hídrica comprobada o relevante”. Este criterio introduce un supuesto de selectividad que podría implicar una menor protección normativa sobre extensas áreas que, aunque no cumplan una función hídrica directa verificable, contribuyen al equilibrio ambiental, la biodiversidad y la regulación hídrica.

Esta modificación podría tensionar principios fundamentales del derecho ambiental argentino, específicamente sobre el principio precautorio, que obliga a actuar ante el riesgo de daño ambiental incluso cuando no exista certeza científica. Condicionar la protección a una comprobación previa podría debilitar este enfoque preventivo.

También se plantea un posible conflicto con el principio de no regresión ambiental, que impide reducir los niveles de protección ya alcanzados. La reforma pondría en escena una reducción de los territorios actualmente protegidos, pudiendo esto ser interpretado como un retroceso normativo. En la misma línea, el principio de progresividad exige que las políticas ambientales avancen gradualmente hacia mayores niveles de protección, no hacia un aumento en su flexibilización.

Otro aspecto relevante es el impacto en el federalismo ambiental. El proyecto otorga mayor protagonismo a las provincias para definir qué geoformas deben ser protegidas, lo que es visto como un avance en la tutela ambiental de los recursos provinciales. Sin embargo, esta mayor autonomía provincial podría generar criterios dispares entre jurisdicciones, debilitando los estándares mínimos de protección nacional. Esto abre la puerta a desigualdades regulatorias en ecosistemas similares.

Finalmente, un paso importante es que las actividades actualmente prohibidas en la ley, tales como la minería o la explotación hidrocarburífera en zonas protegidas, no fueron eliminadas. Sin embargo, la reducción del área alcanzada por la ley podría permitir su desarrollo en territorios que dejarían de estar bajo protección, implicando nuevamente una flexibilización indirecta del régimen vigente.

El debate en puerta —en breve habrá audiencias públicas en el Congreso para exponer pros y contras de la reforma impulsada por el Gobierno— es técnico pero también político-constitucional. La protección del ambiente está consagrada en el artículo 41 de la Constitución Nacional como un derecho fundamental. En este marco, la discusión sobre la reforma plantea interrogantes sobre su compatibilidad con ese mandato y con los compromisos internacionales asumidos por el país.

En definitiva, la reforma a la Ley de Glaciares pone en tensión dos modelos: uno basado en la prevención y la protección amplia de los ecosistemas, y otro que introduce criterios de selectividad y mayor discrecionalidad. El resultado de este debate será clave para definir el futuro del que indiscutiblemente es uno de los recursos naturales más estratégicos del país.

[La autora es profesora de Sociología Criminal en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador USAL]

La minería puede transformarse en un pilar para promover el desarrollo de nuestro país, siempre que se inscriba en marcos regulatorios sólidos y forme parte de un entramado productivo que supere la mirada meramente extractivista y primarizadora. Argentina necesita transformar sus recursos naturales en desarrollo, en empleo y en valor agregado, no en simples enclaves de explotación que dejan poco a la sociedad. Pero el desarrollo no se construye debilitando las normas que protegen recursos estratégicos ni entregando patrimonio natural bajo la promesa eterna de inversiones que nunca llegan.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, fue una legislación pionera que estableció presupuestos mínimos para proteger reservas estratégicas de agua dulce. La apurada reforma impulsada por el Gobierno avanza en la dirección contraria. Bajo el argumento de “atraer inversiones”, se propone reducir la protección sobre estos ecosistemas, redefiniendo qué áreas merecen ser resguardadas y debilitando el sistema de control científico que hoy existe.

El problema no es menor. La ley vigente protege un sistema natural complejo que regula el ciclo del agua. La modificación que se pretende introducir quiebra una mirada nacional y abre la puerta a decisiones discrecionales en las provincias que pueden priorizar intereses económicos de corto plazo por sobre la seguridad hídrica de largo plazo.

Pero hay además una contradicción evidente. El Gobierno sostiene que sin esta reforma no llegarán inversiones. Sin embargo, hace dos años impulsó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorgó beneficios extraordinarios a grandes corporaciones, como ventajas impositivas excepcionales y condiciones regulatorias privilegiadas sin incentivos para el desarrollo local. Se repitió una y otra vez que con esas condiciones la Argentina iba a recibir una verdadera “lluvia de inversiones”. Como alertamos una y otra vez, eso no ocurrió.

Ahora se pretende avanzar sobre la Ley de Glaciares con el mismo argumento. La historia reciente muestra que el problema no es la existencia de reglas ambientales claras. El problema es la falta de estabilidad económica y política, previsibilidad macroeconómica y una estrategia de desarrollo coherente y sostenible.

El núcleo de la cuestión radica en la modificación del sistema de control sobre el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta técnico-científica fundamental para proteger las reservas de agua dulce del país. Actualmente, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo técnico responsable de relevar y monitorear estos cuerpos de hielo.

La reforma propone que sean las provincias las que determinen si un glaciar cumple o no funciones hídricas estratégicas. Lo más preocupante es que, si una jurisdicción decide que un glaciar no reviste importancia, el IANIGLA quedaría obligado a eliminarlo del inventario nacional. Incluso en el caso de que el instituto científico se negara por razones técnicas, esa omisión no invalidaría las autorizaciones de explotación otorgadas por la provincia.

Esto configura un precedente extremadamente peligroso. Significa que la decisión política de un funcionario provincial circunstancial podría tener más peso que décadas de investigación científica acumulada. Eso no es seguridad jurídica ni federalismo responsable, implica imponer una discrecionalidad institucionalizada.

Debilitar los estándares ambientales no genera confianza. Por el contrario, generará incertidumbre, conflictos sociales y judicialización permanente sobre los proyectos mineros.

Además, la reforma introduce un cambio institucional riesgoso. Al pretender trasladar a las provincias la determinación sobre qué áreas deben protegerse, se debilita el sistema de presupuestos mínimos ambientales establecido por la Constitución. La normativa vigente garantiza un piso común de protección en todo el territorio nacional. Sin ese piso, cada provincia quedará expuesta a presiones para flexibilizar controles en una competencia regulatoria hacia abajo para hacerse de supuestas inversiones por sobre otras provincias.

Las jurisdicciones no cuentan con las estructuras técnicas, capacidades institucionales, ni presupuestos necesarios para realizar controles ambientales de alta complejidad. En ese contexto, las autoridades locales quedarán expuestas a presiones permanentes de grandes corporaciones multinacionales con capacidades económicas infinitamente superiores a las de cualquier organismo provincial. Es posible, inclusive, que la multiplicación de movilizaciones y conflictos frente a solicitud de modificación del inventario de glaciares conlleva a la proliferación total de la prohibición minera en lugar de trazar un camino de previsibilidad hacia una minería sostenible.

La discusión de fondo no es minería sí o minería no. Argentina necesita aprovechar su potencial minero. Pero debe hacerlo con planificación, tecnología, encadenamiento productivo, desarrollo de proveedores locales, y reglas que protejan los recursos que hacen posible el desarrollo.

La minería puede transformarse en un pilar para promover el desarrollo del país, siempre que forme parte de un modelo productivo que supere la lógica extractivista y primarizadora. Pero el progreso no se construye debilitando la protección de nuestros bienes comunes. La historia económica latinoamericana está repleta de escenarios de carreras desregulatorias de estándares ambientales. Las naciones que los debilitaron en nombre de la inversión terminaron sumergidos en modelos extractivistas de bajo impacto productivo y alto costo ambiental.

El crecimiento de la minería de minerales críticos en América Latina abre un nuevo escenario para la infraestructura logística de la región. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el avance de nuevos proyectos mineros en distintos países requerirá ampliar las redes de transporte, energía y servicios para sostener la expansión productiva y facilitar la integración de la región en las cadenas de suministro globales.

La cuestión fue abordada durante las reuniones anuales del Grupo BID realizadas en Paraguay, donde se presentó LAC Minerals, una iniciativa destinada a impulsar el desarrollo de cadenas de valor vinculadas a minerales estratégicos como litio, cobre y níquel, recursos considerados fundamentales para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

El programa busca articular reformas regulatorias, movilización de inversión privada y desarrollo de infraestructura pública y privada, con el objetivo de mejorar las condiciones para el crecimiento del sector minero en América Latina y el Caribe.

Uno de los aspectos señalados por el organismo es que muchos de los proyectos mineros en desarrollo se encuentran en zonas remotas o con limitada infraestructura, lo que plantea desafíos logísticos significativos para su operación y expansión. En estos casos, el acceso a rutas, ferrocarriles, energía, agua y servicios logísticos se convierte en un factor clave para la viabilidad de las inversiones.

En ese sentido, el desarrollo de la minería de minerales críticos no solo implica la apertura de nuevos yacimientos, sino también la necesidad de fortalecer corredores logísticos, conexiones portuarias y sistemas de transporte que permitan movilizar insumos, maquinaria y producción hacia los mercados internacionales.

Nuevos corredores logísticos para proyectos mineros

El avance de proyectos vinculados a minerales estratégicos también genera una creciente demanda de infraestructura de transporte y energía, elementos esenciales para garantizar la continuidad operativa de las explotaciones y la competitividad del sector.

Según explicaron desde el BID, muchas explotaciones mineras se ubican en regiones alejadas de los grandes centros industriales o de los principales nodos portuarios. Esta situación obliga a planificar nuevas conexiones logísticas que faciliten el traslado de equipos, insumos industriales y producción mineral hacia los mercados de exportación.

La expansión de estas actividades también requiere el desarrollo de infraestructura complementaria, como sistemas energéticos, redes de abastecimiento de agua y servicios logísticos especializados que permitan sostener operaciones industriales de gran escala.

En este contexto, el fortalecimiento de la infraestructura logística aparece como uno de los factores determinantes para acompañar el crecimiento de la minería regional y mejorar su integración con los flujos de comercio internacional.

La región busca posicionarse en las cadenas de suministro globales

América Latina ocupa una posición relevante en el abastecimiento mundial de minerales críticos. Actualmente, la región aporta alrededor del 30 % de la oferta global de estos recursos, que resultan fundamentales para industrias vinculadas a la movilidad eléctrica, la producción de baterías, la tecnología y las energías renovables.

La demanda internacional de estos materiales muestra una tendencia de crecimiento acelerado. Según estimaciones citadas durante las reuniones del BID, el consumo global de minerales estratégicos podría aumentar entre 470 % y 800 % hacia 2050, impulsado por el proceso de electrificación de la economía y la transición energética.

En este contexto, economías como Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur buscan diversificar y asegurar sus cadenas de suministro, lo que refuerza el interés por los recursos minerales disponibles en América Latina.

El BID estima que la región concentra actualmente más de 150.000 millones de dólares en proyectos mineros en desarrollo, lo que refleja el creciente interés internacional por estos recursos y abre nuevas oportunidades de inversión en distintos países.

El desafío de desarrollar cadenas de valor regionales

Más allá de la expansión de la actividad extractiva, el organismo remarcó la importancia de avanzar en el desarrollo de cadenas de valor más completas dentro de la región. Esto implica promover procesos de refinamiento, procesamiento industrial y generación de capacidades productivas que permitan capturar mayor valor agregado.

El objetivo de iniciativas como LAC Minerals es acompañar ese proceso mediante el financiamiento de proyectos, el fortalecimiento de marcos regulatorios y la articulación entre gobiernos, empresas e inversores internacionales.

En este escenario, la logística vuelve a ocupar un rol central. La consolidación de nuevas cadenas industriales vinculadas a minerales críticos requerirá infraestructuras de transporte eficientes, sistemas energéticos confiables y redes logísticas capaces de conectar producción, procesamiento y exportación.

De esta manera, el desarrollo de minerales estratégicos no solo plantea oportunidades para la minería regional, sino también para la expansión de la infraestructura logística y la integración de América Latina en las nuevas cadenas de suministro globales.

Minería sin mercurio, al menos para la artesanal. La Comisión de Energía y Minas, que preside Víctor Cutipa Ccama, aprobó por unanimidad (15 votos) el dictamen que propone establecer la eliminación progresiva del uso del mercurio en la minería, así como busca fortalecer su control integral, y promueve la transición a tecnologías limpias.

El objeto de la medida es establecer un marco normativo para reducir y eliminar el “uso de mercurio en el procesamiento de oro en la minería artesanal y de pequeña escala”, además de “fortalecer el control y la trazabilidad del mercurio destinado a la actividad minera, promover la transición hacia tecnologías limpias”.

Así, se determinará una Hoja de Ruta Nacional para buscar que poco a poco se transicione del uso del mercurio hacia otras tecnologías más limpias. En cinco años de promulgada la Ley (ahora dictamen) estará prohibido usar este elemento en procesos de mineras artesanales y pequeñas.

Adiós al mercurio

En su artículo 5, el dictamen “establece la eliminación progresiva del uso de mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala, conforme a la Hoja de Ruta Nacional prevista en la presente ley”. Así, también prohíbe el uso de mercurio de manera definitiva al vencimiento del plazo de cinco años.

Para esto, como se señala el Poder Ejecutivo tendría que aprobar, a través del reglamento de la presente ley, la Hoja de Ruta Nacional para una Minería sin Mercurio, como instrumento de planificación para el cumplimiento de la eliminación progresiva del uso de este elemento.

Así, se establece un plazo de adecuación improrrogable de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para el cese total y definitivo del uso del mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala.

También la medida promete “garantizar la atención sanitaria y la remediación ambiental de las zonas afectadas, en cumplimiento del Convenio de Minamata”.

También aprobaron dictamen de concesiones mineras

Asimismo, la Comisión de Energía y Minas también aprobó, por mayoría, el dictamen que propone modificar la Ley General de Minería, cuyo texto único ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM, con el objetivo de “fortalecer el régimen de concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas”.

En base a la exposición de motivos, la modificación del régimen de concesiones mineras respondería a “una necesidad real, comprobable y creciente del sistema minero peruano, puesto que los datos oficiales y reportes especializados muestran que el Perú mantiene un catastro minero sobredimensionado e ineficientemente utilizado”.

Uno de estos añadidos establece que las comunidades campesinas y nativas cuyo territorio comunal se ubique total o parcialmente dentro del área de influencia directa de una concesión minera podrán suscribir con el titular acuerdos de participación en beneficios que contemplen lo siguiente:

• Aportes anuales o periódicos a fondos de desarrollo comunal o fideicomisos destinados a educación, salud, infraestructura básica, protección ambiental y fortalecimiento productivo
• Participación en programas de empleo local, capacitación y desarrollo de proveedores comunales
• Participación voluntaria y negociada en instrumentos financieros, incluyendo acciones preferentes, opciones o mecanismos equivalentes, cuando las partes así lo acuerden libremente. Los beneficios son de carácter comunal, inalienables e imprescriptibles, y se destinan al desarrollo de la comunidad.