La economía peruana crecerá 3.2% en 2026 y mantendrá un ritmo promedio de 3.2% entre 2027 y 2029, según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en abril de este año.

De acuerdo con Andina Noticias, estas proyecciones contemplan un crecimiento impulsado por la inversión privada, las exportaciones y nuevos proyectos productivos. Una economía que mantiene su crecimiento puede generar nuevas oportunidades para las empresas y para las inversiones realizadas con una perspectiva de largo plazo.

El escenario previsto por el MEF considera que la economía peruana continuará avanzando durante los próximos años a un ritmo similar. Para 2026, la proyección alcanza el 3.2%, mientras que entre 2027 y 2029 se estima un crecimiento promedio también de 3.2%.

Inversión minera superará los US$6,800 millones

La minería continúa siendo una de las principales fortalezas del Perú y presenta perspectivas positivas de inversión para los próximos años. Según el MEF, la inversión minera crecerá 8% en 2026 y superará los 6,800 millones de dólares.

Entre los proyectos que impulsarán esta inversión se encuentran San Gabriel, Reposición Antamina y Corani, entre otros. A ello se suma un entorno favorable para el cobre y otros metales, respaldado por la demanda asociada a la transición energética.

“Porque una mayor inversión minera puede traducirse en mayor capacidad productiva, más exportaciones y más actividad económica para el país”, explicó Ana Lucía Rondón, asociada de inversiones de Prima AFP, según Andina Noticias.

Diversificación para las inversiones de largo plazo

Las oportunidades de inversión no se encuentran únicamente en el Perú. Cuando se ahorra para la jubilación, se cuenta con un horizonte de largo plazo que permite invertir en distintos países, sectores y tipos de activos.

En ese contexto, la diversificación es presentada como una herramienta para aprovechar las diferentes oportunidades que ofrecen los mercados. Esta estrategia permite considerar distintas fuentes de crecimiento al momento de construir portafolios de inversión.

La Global Investor Insights Survey 2025 de Schroders señala que la construcción de portafolios más diversificados y resilientes figura entre las principales prioridades de los inversionistas institucionales. El estudio indica que el 94% busca gestionar mejor el riesgo de concentración y el 80% espera aumentar el uso de estrategias de gestión activa.

Oportunidades de crecimiento en Perú y el mundo

“Cuando hablamos de ahorro previsional, es importante tener una visión de largo plazo. En ese contexto, la diversificación sigue siendo una herramienta clave, porque permite acceder a distintas fuentes de crecimiento en Perú y en el mundo, ayudando a construir portafolios más resilientes frente a los cambios de los mercados”, señaló Rondón.

El Perú cuenta con elementos que pueden seguir impulsando su crecimiento, entre ellos una mayor inversión privada, nuevos proyectos y una minería que continúa siendo un motor importante de la economía.

Mientras el país ofrece oportunidades, los mercados internacionales permiten acceder a otras alternativas. Diversificar entre países, sectores y tipos de inversión permite participar de distintas fuentes de crecimiento mientras se continúa construyendo el ahorro para el futuro.

El gobierno de Javier Milei, que este lunes cumplirá 32 meses como presidente de la Nación, dos tercios de un mandato que buscará revalidar dentro de poco más de 14 meses, disfruta de los mejores términos de intercambio de los últimos 125 años de historia económica de la Argentina.

Se trata de la relación entre el precio de los bienes que exporta e importa un país y es uno de los indicadores más relevantes para medir cuán favorable o desfavorable es el contexto internacional para una economía, además de ser el más apto para la comparación a través del tiempo.

Otras variables, como el ciclo económico mundial o regional, la tasa de interés internacional y el índice de riesgo país, la intensidad de las corrientes globales de inversión, los cambios tecnológicos o la evolución de las economías vecinas (en particular, si se trata de economías grandes) son menos reductibles a una serie histórica.

El gráfico de abajo, en base al último informe del estudio de Miguel Ángel Broda, consultor económico que hace 39 años mantiene su ciclo mensual, muestra que los términos de intercambio actuales son casi 49% superiores al promedio de 1900 hasta el presente.

Los términos de intercambio actuales son casi 49% superiores al promedio desde 1900 al presente (Broda)

El gráfico también permite observar que el anterior pico, levemente inferior al actual y ubicado un 47% por sobre el promedio histórico, ocurrió en 2012, primer año completo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). También muestra que de 2003 a 2012 los términos de intercambio subieron casi sin pausa, testimonio de la extraordinaria y sostenida oportunidad histórica que el país tuvo y desperdició entonces para sentar sobre bases firmes un proceso de desarrollo que trascienda el crecimiento de algunos años.

Otros picos, como los de 1909, cuando Argentina transitaba una etapa de rápida expansión, o 1948, el cenit de la primera economía peronista, o 1973, cuando el aumento de los precios de los alimentos y las materias primas que exportaba el país se adelantó al primer shock petrolero, que luego desbarrancó el breve crecimiento de la economía camporista, al inicio del tercer peronismo, muestran el extraordinario peso de los términos de intercambio.

También lo evidencian los momentos bajos, como el de 1922, al final del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuyo sucesor, Marcelo Torcuato de Alvear, disfrutó del repunte posterior, que llegó hasta la depresión económica mundial, el derrumbe del indicador y, en ese contexto, la creación del BCRA, así como las circunstancias comerciales muy desfavorables en que asumieron los gobiernos de Arturo Frondizi (1958) y Fernando de la Rúa (1999).

Contexto favorable, resultados desiguales

Lo cierto es que hoy el conflicto en Medio Oriente, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China y la demanda de petróleo, gas y minerales críticos derivada del vector de crecimiento que constituyen las demandas de infraestructura y energía de la Inteligencia Artificial, juegan muy a favor de la economía.

Lo refleja un superávit comercial de casi USD 14.000 millones en el primer semestre del año (400% más que en igual período de 2025), del que el saldo energético proveyó la mitad (casi USD 7.000 millones). El saldo total sería más que el doble a fin de año, gracias también a una extraordinaria producción agrícola, que este año orillaría los 170 millones de toneladas.

El saldo total sería a fin de año más del doble del registrado en el primer semestre, gracias también a una extraordinaria producción agrícola, que este año orillaría los 170 millones de toneladas

Esas fuerzas traccionaron a su vez un boom de inversiones muy localizadas en torno a Vaca Muerta, como el oleoducto Duplicar Plus y el avance del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que podría estar listo a fin de año, mientras avanzan, además, las inversiones mineras (por ahora más focalizadas en la infraestructura) en el NOA y Cuyo.

Economía a dos velocidades

Las extraordinarias condiciones externas a favor, sin embargo, no se terminan de reflejar en el conjunto de la economía. Si se toman los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, el indicador más cercano a la evolución del PBI, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 solo cuatro sectores crecieron más del 10% (Agricultura, Ganadería y Pesca, Intermediación financiera, Energía y Minería) y Transporte y Comunicaciones lo hizo levemente. En tanto, registraron caídas: Construcción (15%), Industria manufacturera (9,1%), Comercio (4,8%), amén de Administración Pública y Defensa y Servicios sociales.

Los sectores que crecieron explican cerca del 18% del empleo (directo) formal total y los que cayeron el 82%. He ahí un motivo de las crecientes dificultades políticas que enfrenta el gobierno, cuyos principales logros -como la reducción de la inflación y del índice de riesgo país y también del desorden callejero- encuentran límites.

Muestras de eso son el 2,9% de inflación minorista de julio en CABA, la caída en los índices de confianza en el gobierno y los magros resultados legislativos del gobierno en el Congreso, donde una agenda que el arco político no oficialista considera extrema e ideologizada, sirve más para aglutinar fracciones opositoras que para sumar votos y voluntades a favor de la agenda oficial.

Brasil, conflicto político y peso económico

En ese contexto, además, el propio Milei generó un choque con Brasil, principal socio económico y comercial de la Argentina.

Viene al caso recordar que entre 2000 y 2010 el PBI nominal en dólares de Brasil pasó de USD 660.000 millones a USD 2,2 billones, un aumento de casi 240%, que ejerció una fenomenal tracción sobre la economía argentina, como resultado del crecimiento real de Brasil y de la sobrevaluación en que desde 2003 incursionó su moneda, efecto inverso al de la devaluación que en enero de 1999 selló la larga agonía de la convertibilidad uno a uno entre el peso y el dólar que entonces sostenía Argentina.

Por eso tantas voces, desde Domingo Cavallo hasta Roberto Frenkel y Carlos Melconian, pasando por el propio Broda, difieren en distintos grados con la política cambiaria oficial, que según el Índice Big Mac sobrevalúa en 19% el peso respecto del dólar si se tiene en cuenta el nivel de ingresos locales.

En ese marco, incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, incurrió en exabruptos, como tratar de “tarados” a quienes piden defender a la industria pero reivindican políticas que llevaron a que muchos bienes costasen en la Argentina entre dos y diez veces mas que su precio internacional, lo que a su vez despertó la reacción del presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Más aun: el viernes, tras conocerse los datos del Índice de Producción Industrial (IPI), Diego Coatz, hasta marzo pasado director del Centro de Estudios de la UIA y hoy al frente de “Industria & Desarrollo”, señaló que en el primer semestre el PBI industrial se contrajo 2,2%y que desde enero de 2024, mientras los precios fabriles aumentaron 144%, el IPC aumentó 235% y los servicios 400 por ciento. Siete de las 12 principales cadenas industriales, enumeró, están entre 30% y 40% debajo de sus máximos de los últimos diez años y operan con cerca de 40% de capacidad ociosa, y desde diciembre de 2023 hasta abril pasado se perdieron 3.759 empresas industriales. Solo en los primeros 4 meses de este año, precisó, cerraron 1.070 empresas.

¿Cuán importante es, en este contexto, el conflicto con Brasil, que de los insultos de Milei al presidente brasileño, Luiz Inaçio “Lula” da Silva, pasó a la decisión de este de retirar a su embajador en la Argentina?

Marcelo Elizondo, consultor en negocios internacionales, representante en la Argentina de la Cámara de Comercio Internacional, director de la Maestría en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), destacó a Infobae la diferencia de enfoque entre ambos gobiernos.

Argentina está considerando esto un mero entredicho político que no afecta la relación entre los Estados, y Brasil acude a la convencional vía diplomática. ¿Qué impacto puede tener? Hay una cobertura que puede limitar ese impacto: el Tratado del Mercosur (Elizondo)

“Argentina está considerando esto un mero entredicho político que no afecta la relación entre los Estados, y Brasil acude a la convencional vía diplomática. ¿Qué impacto puede tener? Hay una cobertura que puede limitar ese impacto: el Tratado del Mercosur. Si Brasil se atiene al mismo, no puede imponer sanciones unilaterales”.

Por ejemplo, explicó Elizondo, el Tratado prevé que una restricción de un país a otro tiene que estar fundada y que las causas de esas sanciones deben estar previstas en el Tratado y no está previsto que un entredicho entre presidentes sea una causal. En segundo lugar, siguió el experto, eso tendría que ser aplicado por un Tribunal de Solución de Controversias formado por técnicos de los cuatro países del bloque.

“Es complejo. No es como cuando dos países tienen dificultades entre sí. Acá hay una cobertura institucional, el Tratado del Mercosur y algunos otros, como el Tratado Bilateral de la Industria Automotriz, que también limitan la posibilidad de sanciones. Y está el tema de la conveniencia. A ninguno de los dos les conviene escalar el conflicto. Para Brasil, Argentina es el tercer mercado externo más importante y el primer destino para sus exportaciones industriales. No creo que tenga ganas de meterse en algo que vaya más allá de esta protesta diplomática”, afirmó el Elizondo.

En cuanto al futuro, consideró Marcelo Elizondo que el conflicto tendrá cierta intensidad hasta las elecciones de Brasil (primera vuelta en octubre, segunda en noviembre) y allí se detendrá.

“La tensión ha llegado a un nivel en el que creo que a Argentina no le conviene que esto siga escalando. Después del proceso electoral, si gana Lula nuevamente la relación no volvería a los niveles de confianza y amistad de antes, seguirá como ahora, con dos presidentes que no hablan entre sí, pero con países que sí actúan entre sí”.

Al respecto, Elizondo destacó que en los últimos años hubo avances bilaterales. Los gobiernos de Lula y Milei firmaron un acuerdo de cielos abiertos, otro para vender gas de Argentina a Brasil y se eliminaron restricciones al comercio del anterior gobierno argentino.

Si gana Flavio Bolsonaro, Milei perdería algo de estatus regional, porque Brasil es un país más grande e importante para Estados Unidos (Elizondo)

”Imagino que, si gana Lula, la relación seguirá en esos términos. Y si gana Flavio Bolsonaro, Milei perdería algo de estatus regional, porque Brasil es un país más grande e importante para Estados Unidos y Donald Trump podría darle a Bolsonaro la preeminencia que hoy tiene Milei como ideólogo regional”, alertó.

“La convergencia por orientación ideológica de los gobiernos se está viendo en todo el mundo. Incluso dentro de la Unión Europea uno ve que los gobiernos de derecha se acercan entre sí y los de izquierda entre sí y entre ambos hay críticas públicas, como pasa con Trump y sus diferencias con los gobiernos de Canadá y México, países con los que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio. Eso antes no pasaba. La globalización de la discusión política ha llevado a que algunos presidentes actúen como líderes políticos más que como jefes de gobierno. Si ganara Bolsonaro sería el presidente de un país que es tres veces la Argentina. Le quitaría a Milei el rol de primus inter pares entre los gobiernos de derecha de la región pero, por otro lado, le daría un aliado muy grande y además le permitiría cambiar el Mercosur, algo que quiere hace rato: abrirlo, flexibilizarlo, internacionalizarlo”.

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) que elabora el Indec registró en el primer semestre de 2026 un crecimiento de 8,4% respecto a igual período del año anterior, según el informe técnico difundido este jueves por el organismo. Con este resultado, el indicador alcanzó el nivel más alto desde que comenzó a medirse la serie, en enero de 2017.

El dato del semestre se apoya en un cierre de junio particularmente fuerte. Según el reporte del Indec, en junio la producción minera ”registró una suba de 11,4% respecto a igual mes de 2025”. En la comparación desestacionalizada, el índice trepó 1,7% frente a mayo, mientras que la serie de tendencia-ciclo, que suaviza las variaciones de corto plazo, subió 0,8% mensual y acumula ya 24 meses consecutivos de crecimiento, según señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

El comportamiento del semestre no fue parejo entre las distintas actividades que integran el sector. La extracción de petróleo crudo acumuló un alza de 17,4% en los primeros seis meses del año, la de minerales no metalíferos y rocas de aplicación trepó 36% y la de minerales metalíferos avanzó 1,3 por ciento. En sentido contrario, los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural cayeron 15,3% en la comparación acumulada, mientras que la extracción de gas natural mostró una suba más moderada, de 1,2 por ciento.

El salto del litio

Dentro del segmento de minerales no metalíferos, el principal impulso provino de la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, categoría que incluye al litio junto con el boro y otros insumos. Ese índice acumuló un incremento de 54% en el primer semestre, con una incidencia determinante del carbonato de litio, cuyo índice específico subió 57,1% en el acumulado enero-junio.

En términos físicos, la producción de carbonato de litio también mostró una fuerte expansión. El informe del Indec precisó que en junio se extrajeron 11.987,1 toneladas de ‘Carbonato de litio’, que registra una suba de 59,1% respecto al mismo mes de 2025”, mientras que “el acumulado enero-junio de 2026 presenta un aumento de 49,4% respecto a igual acumulado del año anterior”.

De acuerdo con el organismo, el crecimiento del litio se explica por la mayor utilización de la capacidad instalada en los proyectos existentes y el avance de nuevas operaciones en producción.

Petróleo, sal y minerales metalíferos

El petróleo crudo fue el otro gran motor del semestre. Su índice acumuló una suba de 17,4% interanual, explicada casi por completo por la extracción no convencional, que creció 35,2% en el primer semestre de la mano de Vaca Muerta, mientras que la producción convencional cayó 8,8% en el mismo período. El gas natural, en cambio, mostró un comportamiento más moderado: su extracción no convencional subió 8,3% acumulado, pero la convencional retrocedió 10,9%.

Dentro de los minerales no metalíferos también se destacó la extracción de sal, que acumuló un crecimiento de 102,6% en el semestre, impulsada principalmente por la salmuera o solución saturada de sal, con una suba acumulada de 106,3%.

En el segmento de minerales metalíferos, la extracción de plata y oro y sus concentrados acumuló una suba de 1,4% en el primer semestre, mientras que el índice de bullón dorado/doré mostró un incremento más leve, de 0,9% acumulado. El conjunto de la categoría metalífera cerró el semestre con un alza de 1,3 por ciento.

El correlato en las exportaciones

El crecimiento de la producción minera tuvo su reflejo en el frente externo. Las exportaciones del sector alcanzaron los USD 4.742 millones entre enero y junio de 2026, un récord histórico para un primer semestre y un salto de 74,4% frente a igual período de 2025, según datos de la Secretaría de Minería difundidos por el Ministerio de Economía.

El litio también lideró ese salto exportador, con un incremento de 185% interanual en el valor vendido al exterior. Los minerales metalíferos avanzaron 58%, con subas de 51,2% en las exportaciones de oro y de 87,9% en las de plata. Entre los principales destinos de las exportaciones mineras sobresalieron China, con un aumento de 205%, Corea del Sur, con 196%, Canadá, con 95%, y Estados Unidos, con 90 por ciento.

Un récord de corto plazo

El IPI minero se mide desde enero de 2017, con base en el año 2016, cuando se realizó el último censo nacional a la actividad minera. El indicador toma como variables la producción en unidades físicas y las ventas a precios corrientes deflactadas de más de 600 establecimientos industriales mineros de todo el país.

Con el resultado de junio, el nivel general del índice llegó a 148,8 puntos, el registro más alto de toda la serie iniciada hace casi una década, en un semestre marcado por el impulso conjunto del litio, el petróleo no convencional y la extracción de sal. Ahora bien, aunque es un hecho que la actividad registrada por el sector minero en junio es la más alta de la que se tiene registro, técnicamente no se puede definir como “la más alta de la historia”, debido a la falta de datos comparables en años anteriores.

En Cuyo la minería dejó de discutir solo geología y normativa: hoy más de doscientos proyectos avanzan y el debate se trasladó a la logística. Roxana lo resume así, al hablar de los escenarios de transporte que hoy definen la viabilidad de esos proyectos hacia los puertos: “es casi imposible pensar que el éxito esté solo en el ferrocarril”. La combinación de rutas, puertos y certificaciones se volvió el centro de la conversación sobre el futuro del sector.

¿Cómo describirías la actualidad del sector minero en la región de Cuyo?

Estamos en un punto de inflexión en la minería de Cuyo, sobre todo en Mendoza. Durante años la discusión giró en torno a la geología y la normativa: qué se podía explorar y bajo qué régimen. Hoy esa discusión se trasladó a la logística, porque los proyectos mineros ya son una realidad.

En la provincia hay 250 proyectos mineros, de los cuales 65 ya tienen aprobación legislativa y 71 están en estudio de impacto ambiental. Frente a ese desarrollo, la clave pasa por evaluar la viabilidad del transporte del material desde los yacimientos hasta los puertos.

Mendoza tiene una posición estratégica por ser parte del Corredor Bioceánico Central, lo que la convierte en un punto logístico clave y en una oportunidad para pensar escenarios de importación de insumos y de exportación de minerales, tanto por el Atlántico como por el Pacífico.

¿Qué particularidades tiene el comercio exterior minero frente a otras industrias, y qué implica esto para los proveedores?

Hay una oportunidad enorme de desarrollo económico local en torno a la minería, que no queda solo en las grandes empresas sino que se derrama hacia pymes y emprendedores. En un proyecto de cobre en Mendoza, por ejemplo, ya hay 170 pymes inscriptas en un programa de formación, más del 60% de ellas de la propia comunidad local.

Ese desarrollo exige profesionalizar a los proveedores y aprender a gestionar el impacto ambiental. Por eso se promueve la capacitación en internacionalización y en el reporte de estándares internacionales, algo que le da a una pyme una ventaja competitiva para encontrar nichos en el mundo.

El proveedor local ya no compite solo con los proveedores habituales de los grandes proyectos, sino también con proveedores mineros chilenos, un país con más de cien años de experiencia en la explotación del cobre. El tratado minero entre Chile y Argentina, relanzado este año, favorece esos proyectos conjuntos.

Justamente sobre las certificaciones: ¿en qué otras industrias se puede aprovechar ese aval internacional para salir al mercado externo?

Es una pregunta clave, porque las certificaciones internacionales son el principal desafío en el proceso de internacionalización de una empresa. Cada una de ellas abre a su vez muchísimas oportunidades de negocio en distintos sectores, como la agroindustria, con foco en buenas prácticas agrícolas y en el cuidado de la huella hídrica y de carbono.

Todo eso apunta a la sostenibilidad de los proyectos: su impacto ambiental, económico, social y de gobernanza, que hoy prima a nivel global. La minería enfrenta una exigencia mayor en la trazabilidad ambiental, y esas certificaciones demuestran calidad y previsibilidad ante los grandes compradores. Por eso, desde la consultoría, se acompaña ese primer paso de la internacionalización.

Hablando de esa cadena de valor, ¿qué está pasando con el crecimiento del sector, tanto en volumen de negocio como en desarrollo de capacidades locales?

El programa de proveedores sostenibles en Mendoza está enmarcado en las exigencias de la Red Interamericana de Contrataciones Gubernamentales y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Eso le permite al sector competir en primer nivel y mostrarle al mercado europeo, en plena transición energética, que Argentina responde con proveedores y minerales de clase mundial.

¿Cómo se ve hoy el panorama logístico desde el lado de los proveedores que abastecen a la minería, pensando en el desarrollo del Corredor Bioceánico?

En infraestructura siempre hay una deuda: cuesta responder a toda la demanda del mercado. El plan minero nacional busca destrabar cuellos de botella en oro, plata, litio y cobre, pero ese horizonte todavía no es parte de la realidad con la que hoy se calculan los costos de estos movimientos de minerales.

Los proyectos mineros tienen un ciclo de vida de 15, 20 o 30 años, así que la clave está en combinar la infraestructura actual con lo que se necesita a futuro. Hoy es casi imposible pensar que el éxito esté solo en el ferrocarril, que es el ideal pero no es viable como único medio de transporte para la cantidad de proyectos que ya están en desarrollo.

Por eso la eficiencia logística de la industria minera hoy pasa por combinar lo multimodal con el ferrocarril y las salidas por el Pacífico y el Atlántico. Lo demás son escenarios de mediano y largo plazo que sí van a traer una mayor eficientización, pero que todavía requieren tiempo.

¿Cuáles son tus expectativas a mediano y corto plazo para la industria minera en Mendoza?

Soy 100% optimista. El crecimiento es real y ya se está viviendo: Mendoza es hoy protagonista de este desarrollo. La clave está en profesionalizar a los proveedores para que ese desarrollo capture el mayor beneficio económico posible, con mano de obra propia, pymes y emprendedores regionales.

La expectativa también pasa por consolidar el rol que la propia geografía del Corredor Bioceánico habilita: contar con una infraestructura adecuada para ser un polo de desarrollo logístico y regional, y lograr que la cadena de valor capture cada vez más ese desarrollo a nivel local.

Eso es lo que más me apasiona: que las oportunidades de mercado que hoy existen, con la minería en primer plano, se traduzcan en beneficio económico regional y en la posibilidad de mostrarle al mundo el talento y la calidad de servicio que tiene la pyme argentina.

Las exportaciones peruanas de bienes registraron un crecimiento interanual del 34% durante el primer semestre de 2026, logrando superar los USD 54.000 millones, la mayor cifra alcanzada por el país para ese periodo.

Así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que atribuyó este resultado a la consolidación de la oferta exportable en los principales mercados internacionales.

El titular de la cartera, Rogers Valencia, subrayó que este desempeño refleja el posicionamiento de los productos peruanos en el exterior.

El impulso minero y agropecuario sostiene el avance exportador

El informe del Mincetur señala que el crecimiento de las exportaciones se debió, principalmente, al dinamismo del sector minero, tanto en minerales metálicos como no metálicos.

Las ventas externas de este rubro sumaron USD 39.875 millones, con un incremento del 49% respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento se explicó por la mejora en los precios internacionales y el mayor volumen de productos como el cobre y el oro.

En el desglose por minerales, las exportaciones de cobre ascendieron a USD 18.563 millones, con una variación positiva del 42,8%, mientras que el oro generó USD 13.972 millones, con un alza del 59,2%.

El reporte del ministerio también destaca el crecimiento en las ventas de concentrado de plomo y plata (USD 2.981 millones, +113,3%) y de zinc (USD 1.438 millones, +15%).

El sector agropecuario también aportó al resultado global, con envíos que totalizaron USD 5.667 millones, lo que representó una expansión del 3,7%.

Entre los productos más demandados figuran las frutas, como el arándano (USD 453 millones, +48,7%), la uva (USD 789 millones, +16,9%) y la palta (USD 973 millones, +11,5%). El café sumó USD 325 millones (+7,7%), el etanol llegó a USD 72 millones (+91,7%) y la quinua alcanzó USD 78 millones (+21%).

Sectores químicos y forestales muestran avances sostenidos

El sector químico reportó un crecimiento del 8,6%, al registrar USD 1.040 millones en exportaciones. En este segmento destacaron las ventas de ácido sulfúrico (USD 77 millones, +33,1%), productos plásticos (USD 347 millones, +9%) y medicamentos (USD 44 millones, +2,5%).

Por su parte, el rubro forestal totalizó USD 35 millones en exportaciones, con un incremento del 7,9%. Esta tendencia evidencia la diversificación de la canasta exportadora del país, subrayó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Crece el número de exportadores, predominan las mipymes

De acuerdo con datos oficiales, tras el récord de 2025, cuando se contabilizaron 9.947 exportadores, la cantidad de empresas exportadoras continuó en aumento en los primeros seis meses de 2026.

El número llegó a 7.798, con una variación positiva del 2,4%. De este total, el 65% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que mantienen una presencia relevante en la actividad exportadora nacional.

Los principales mercados de destino y el desempeño bilateral

China se mantuvo como el principal socio comercial de Perú, con compras por USD 20.850 millones, un crecimiento del 38,7% respecto al mismo semestre del año anterior. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con un valor de USD 5.038 millones (+19,5%), seguido de la Unión Europea, que adquirió bienes peruanos por USD 4.819 millones (+12,1%).

El reporte del Mincetur también resalta el desempeño en otros mercados. Las exportaciones a India sumaron USD 5.407 millones, lo que representó un aumento del 208,9%. Canadá recibió bienes peruanos por USD 2.827 millones (+33,4%) y Suiza por USD 1.834 millones (+50,5%).

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo considera que estos resultados consolidan la posición de Perú como un proveedor relevante en el comercio internacional, impulsando sectores estratégicos y generando oportunidades para un mayor número de empresas nacionales.

La empresa Vicuña, la empresa a cargo del que se considera el mayor proyecto minero del país, avanza en la consolidación de su marco normativo en San Juan a partir de una serie de definiciones vinculadas con las obligaciones ambientales y financieras que rigen su operación.

En ese marco, Vicuña y el gobierno local firmaron un acuerdo de compromiso relativo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Según informó la compañía a través de un comunicado, el entendimiento incluye un aporte de USD 250 millones por parte de la minera para que el Estado sanjuanino realice obras de infraestructura.

En concreto, el documento establece un mecanismo para cumplir con las obligaciones financieras previstas en la DIA y para apoyar el desarrollo de infraestructura en San Juan. Al mismo tiempo, según remarcó Vicuña, “brinda mayor certeza sobre aspectos clave del desarrollo del proyecto”.

Qué dice el acuerdo

Entre los aspectos centrales del entendimiento se encuentra la estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto, aplicable a las propiedades mineras actuales y futuras de Vicuña dentro del alcance establecido en el convenio.

El acuerdo también dispone la creación de un fideicomiso a través del cual se gestionarán de manera transparente las contribuciones estipuladas en la DIA para financiar obras previamente acordadas. En ese marco, se estableció un pago anticipado de USD 250 millones a ese fideicomiso, con el objetivo de proveer fondos a la provincia de San Juan destinados a infraestructura.

A ese desembolso se suma una contribución del 1,5% de las ventas brutas, conforme a lo establecido en la DIA, cuyo pago comenzará en el sexto año de operaciones. Esta contribución funcionará como una fuente anual de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas, adicional a los fondos de regalías que se abonan cada año.

El acuerdo consolida, además, las obligaciones financieras establecidas en la DIA en un único mecanismo contractual, lo que según la compañía aporta mayor previsibilidad al desarrollo del proyecto. A esto se agrega el compromiso de la provincia de no imponer a Vicuña contribuciones adicionales de naturaleza análoga a la contribución de la DIA por ningún concepto relacionado con el proyecto, lo que brinda certeza de que el marco acordado representa la obligación definitiva y final derivada de esa declaración.

Sobre el alcance del entendimiento, el CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein, señaló: “Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia”.

Plazos y próximos pasos

De acuerdo con la compañía, la firma de este entendimiento marca la primera etapa de un proceso de acuerdos que continuará abordando otros aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto. El convenio queda sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial para convertirse en ley, y se prevé que el pago anticipado se complete a finales del cuarto trimestre de 2026.

Vicuña indicó que continuará trabajando junto al Gobierno de San Juan y las diversas partes interesadas para seguir desarrollando los acuerdos e iniciativas que respaldan el desarrollo del proyecto.

El gobierno de San Juan, por su parte, precisó que el acuerdo pone fin a una controversia administrativa iniciada en 2022 en torno al aporte previsto en la DIA, que hasta ahora permanecía objetado en sede administrativa. El convenio será enviado a la Cámara de Diputados provincial para su ratificación por ley.

Desde la gobernación destacaron que los fondos se destinarán a la ejecución de obras viales, hídricas, de saneamiento y de infraestructura pública antes de que la provincia comience a percibir regalías mineras.

El proyecto Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en la provincia de San Juan. La compañía impulsa además el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado también en San Juan y en la III Región adyacente, en Chile.

El proyecto prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, con un potencial de expansión hasta USD 18.000 millones, y fue incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Su desarrollo se realizará en tres etapas, con el inicio de la construcción previsto para 2027.

El proyecto se estructura en tres fases centradas en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con Chile, y prevé una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata una vez en plena operación.

Durante el pico de construcción, entre 2027 y 2030, el proyecto demandará alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos. En la etapa operativa sostendrá unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con la expectativa de que cerca del 90% de la mano de obra sea local. Cuando alcance su producción plena, el proyecto proyecta exportaciones por aproximadamente USD 6.000 millones anuales, un monto que, según el Gobierno provincial, equivale al total de las exportaciones mineras argentinas registradas en 2025.

El sector minero peruano enfrenta un escenario en el que la modernización eléctrica y la sostenibilidad se convierten en piezas clave para sostener su liderazgo en la región.

De acuerdo con el informe de Aggreko, titulado “La nueva ecuación de la minería en América Latina: los límites invisibles entre energía y operación. Informe 2026”, el país continúa figurando entre los principales productores globales de cobre, oro, zinc y plata, y la minería representa cerca del 10% del PIB y el 60% de las exportaciones nacionales.

Durante 2025, las exportaciones mineras peruanas marcaron un récord de USD 61,8 mil millones, consolidando la actividad como pilar económico.

Perú refuerza su liderazgo minero con récord de exportaciones

El contexto internacional, signado por la transición energética y la creciente demanda global de minerales críticos, ha puesto presión sobre la infraestructura nacional.

El informe de Aggreko subraya que el desafío principal para Perú radica en garantizar un suministro eléctrico confiable y suficiente para los polos mineros, especialmente ante la apertura de nuevos proyectos y la expansión de operaciones existentes.

En este sentido, el Plan de Transmisión 2023-2032 surge como una estrategia fundamental para interconectar las principales zonas mineras con la red nacional y los principales centros logísticos y de exportación.

Un plan eléctrico para sostener la producción y la industrialización

Este plan propone la construcción y modernización de grandes líneas eléctricas y subestaciones, permitiendo que varias minas utilicen una infraestructura troncal compartida en lugar de depender de circuitos aislados o de generadores propios.

Según el informe de Aggreko, esto no solo reduce costos y mejora la seguridad del suministro, sino que también facilita la transición hacia una minería más limpia, al permitir el acceso a energía renovable conectada a la red nacional.

El modelo troncal de interconexión permite sumar nuevas minas a las infraestructuras existentes, acelerando la integración industrial y la electrificación de procesos mineros.

Proyectos como Las Bambas y Quellaveco ya avanzaron en la certificación de consumo eléctrico renovable y en la adopción de tecnologías orientadas a la reducción de la huella de carbono.

Permisos, burocracia y sostenibilidad: los desafíos pendientes

El informe de Aggreko advierte que, pese a los avances, la competitividad futura de la minería peruana dependerá menos de la abundancia de recursos y más de la capacidad para modernizar permisos, acelerar la infraestructura y cumplir con exigencias sociales y ambientales cada vez más estrictas.

La burocracia en licencias y la minería informal siguen siendo obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos y la sostenibilidad del sector formal.

América Latina apuesta por redes eléctricas sólidas para la minería

El análisis de Aggreko revela que la problemática peruana se repite en otros países de la región. Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y México enfrentan la necesidad de transformar su potencial geológico en producción sostenible, apoyados en redes eléctricas sólidas y logística eficiente.

Las inversiones públicas en energía superaron los USD 50.000 millones en 2025, pero la velocidad y calidad de ejecución, así como la adaptación a la exigencia de menores emisiones, marcan diferencias entre países.

En Chile y Brasil, la obtención de permisos ambientales limita la expansión minera. Argentina vive el auge del litio y el retorno del cobre, lo que obliga a acelerar la integración energética.

Ecuador y México enfrentan retos ligados a la dependencia de una sola fuente energética y la vulnerabilidad ante sequías, lo que los empuja a buscar soluciones híbridas y sistemas autónomos para garantizar continuidad operativa.

Renovables, automatización y huella de carbono: nueva agenda regional

El informe de Aggreko concluye que la electrificación de operaciones, la automatización de procesos y el control de la huella de carbono serán factores decisivos para la competitividad futura.

La capacidad de integración industrial y el acceso a energía renovable definirán qué países logran capitalizar la demanda global de minerales críticos para la transición energética.

El avance del Plan de Transmisión peruano, en este contexto, aparece como un paso estratégico para sostener el liderazgo nacional dentro del nuevo escenario minero internacional.

Perú registró 1.662 petitorios mineros en todo el país al cierre de la tercera Jornada de Aviso de Retiro y Libre Denunciabilidad, organizada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

El proceso, desarrollado de manera simultánea en la sede central y en nueve órganos desconcentrados, atrajo la atención de empresas y personas interesadas en obtener derechos para explorar y explotar recursos minerales en diversas regiones.

La jornada concluyó sin observaciones y bajo estrictas condiciones de transparencia y seguridad jurídica, lo que reafirmó la confianza de los inversionistas en el sistema de concesiones mineras peruano.

Alta demanda minera en jornada nacional

La recepción de petitorios se inició a las 8:15 a. m., permitiendo la presentación de solicitudes sobre áreas cuyos derechos mineros se extinguieron conforme a la normativa vigente.

El evento incluyó la incorporación de 31 Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP), que abarcan más de 289.100 hectáreas con evidencias favorables de cobre, oro, hierro, plata y molibdeno.

Estas zonas, aunque presentan alto potencial geológico, quedan protegidas de nuevas solicitudes de concesión minera mientras mantengan ese estatus. La información generada sobre estas áreas constituye un insumo relevante para futuras políticas de inversión y desarrollo del sector.

La apertura oficial estuvo encabezada por el presidente ejecutivo (e) de Ingemmet, Denis Joel Tapia Rodríguez, quien destacó el valor del proceso para la transparencia y la promoción de inversiones responsables.

“Este proceso demuestra el compromiso del Ingemmet con la transparencia, la seguridad jurídica y la promoción de inversiones responsables, poniendo a disposición del país áreas con alto potencial geológico respaldadas por información técnica y científica”, afirmó.

Procedimiento y requisitos para solicitar una concesión

El desarrollo del procedimiento contó con la supervisión del notario público de Lima, Dr. César Aliaga, quien certificó la legalidad y transparencia de la jornada. La recepción simultánea en todo el país permitió que los interesados realizaran sus trámites de forma ordenada y coordinada.

Las áreas declaradas como ANAP, a pesar de su atractivo geológico, no están disponibles para nuevas concesiones mineras, lo que refuerza la protección de regiones estratégicas en el mapa de recursos minerales del país. Para quienes buscan iniciar el trámite de un petitorio de concesión minera, el proceso requiere cumplir una serie de requisitos y pasos:

Requisitos para presentar un petitorio minero en Perú:

• Verificar el área libre: Consultar el sistema Geocatmin o herramientas institucionales para asegurarse de que el área deseada no cuente con concesiones vigentes. En la Plataforma del Estado Peruano sobre Petitorios de Concesión Minera se encuentran las guías y detalles.
• Definir las coordenadas: El área solicitada debe estar comprendida entre 100 y 1.000 hectáreas, delimitada mediante cuadrículas mineras bajo coordenadas UTM WGS84, conforme a la Ley N° 30428.
• Reunir la documentación: Formulario o formato de solicitud de petitorio minero; Datos de identificación o inscripción jurídica y del representante legal; declaración Jurada de Compromiso Previo; y recibo original de pago por derecho de trámite (el monto referencial en sede de Ingemmet es de S/ 246.90)
• Presentar la solicitud: El trámite puede realizarse de manera presencial o a través de la ventanilla virtual o formulario electrónico.

¿Qué es el Ingemmet?

El Ingemmet es un organismo público del Estado peruano encargado de investigar la geología del país, administrar la información geocientífica y conducir el procedimiento ordinario minero.

Entre sus funciones principales está recibir y resolver los petitorios de concesión minera, que constituyen solicitudes formales para explorar o explotar recursos minerales en áreas específicas del territorio nacional.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate una reforma legal que convierte la minería ilegal en un delito de crimen organizado y eleva las penas de prisión hasta seis años.

El cambio modifica el panorama judicial para quienes operan en Crucitas de Cutris, la zona fronteriza con Nicaragua donde la extracción clandestina de oro se expandió de dos a 30 kilómetros cuadrados en la última década.

La medida llega después de años de una paradoja legal que los propios legisladores reconocieron: decenas de personas habían sido capturadas por practicar minería ilegal en Crucitas, pero las penas vigentes, que no superaban los dos meses de cárcel, hacían imposible procesarlas con eficacia. Hay registros de mineros nicaragüenses deportados más de 35 veces del territorio costarricense.

El vacío legal que habilitó la crisis

Hasta la aprobación de esta reforma, la legislación ambiental costarricense no catalogaba la gran mayoría de los delitos ambientales como delitos graves, categoría reservada para conductas que acarrean penas superiores a cuatro años de prisión.

La minería ilegal, en particular, estaba tipificada como un delito ambiental menor. Esa brecha jurídica permitió que la actividad se consolidara durante años con campamentos improvisados, caminos clandestinos y una logística transfronteriza cada vez más sofisticada.

Los insumos entran por rutas que eluden los cordones policiales, incluso embarcados por el río San Juan.

El impacto ambiental acumulado es grave. El Colegio de Geólogos de Costa Rica estimó que la zona afectada podría alcanzar las 10,000 hectáreas, con más de 200 toneladas de mercurio utilizadas desde 2017 y cerca de 300 piletas con cianuro de sodio identificadas en el sector de Conchudita.

Las pérdidas económicas para el país se calculan entre USD 1,500 millones y USD 2,000 millones en ese mismo período.

Qué cambia con la nueva ley

El proyecto “Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales” modifica el Código de Minería para imponer penas de tres meses a cinco años de cárcel a quien realice actividades mineras dentro de parques nacionales, reservas biológicas u otras áreas de conservación.

Cuando el delito sea cometido por un grupo estructurado de dos o más personas con actuación sostenida en el tiempo, la sanción sube a un rango de tres a seis años de prisión.

Al quedar encuadrada dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la minería ilegal habilita herramientas que antes no estaban disponibles: ampliación de los plazos de investigación, intervención de comunicaciones y rastreo de estructuras financieras.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General podrán ahora seguir el rastro del cianuro, del mercurio y de los compradores internacionales del oro extraído.

“Hoy finalmente logramos un paso sustancial real para combatir la minería ilegal en Crucitas y en otras partes de nuestro país”, declaró José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, tras la votación. El proyecto, añadió, “permite sancionar, investigar y perseguir estas actividades como crimen organizado, que es lo que son”.

Las mismas penas se aplicarán a otras redes ilícitas ambientales: tala ilegal, tráfico de especies en peligro de extinción y caza de tortugas marinas.

Una negociación política de tres años

La iniciativa fue presentada en septiembre de 2023 por el entonces diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, pero su avance estuvo bloqueado durante años por tensiones entre el oficialismo y la oposición.

El desbloqueo llegó mediante un acuerdo político: el Partido Pueblo Soberano (PPSO) convocó el proyecto en sesiones extraordinarias y, a cambio, el Frente Amplio retiró cerca de 72 mociones que frenaban el plan del Gobierno para legalizar la explotación minera industrial en la zona. El paquete se aprobó con 53 votos a favor, aunque fue retrotraído a comisión para incorporar enmiendas que lo armonicen con un proyecto presentado el 27 de julio de 2026 por la presidenta Laura Fernández.

Ese segundo proyecto gubernamental propone penas aún más severas: de seis meses a 10 años de prisión para toda la cadena productiva de la minería ilegal, según anunció el Ejecutivo ante el Congreso.

El trasfondo de Crucitas

La historia de Crucitas como zona de conflicto minero no comienza con los coligalleros nicaragüenses. La empresa canadiense Infinito Gold obtuvo en 2008, durante la presidencia de Óscar Arias, una concesión para operar una mina de oro a cielo abierto en el sitio, con proyecciones de extraer hasta 85.000 onzas de oro al año de un yacimiento estimado en 1,2 millones de onzas.

La concesión generó una batalla legal que duró más de una década y movilizó a grupos ambientalistas, comunidades locales y organizaciones universitarias. En noviembre de 2011, el Tribunal Contencioso-Administrativo anuló la concesión. La empresa llegó a amenazar al Estado costarricense con una demanda de USD 1.000 millones ante un tribunal de arbitraje internacional, aunque en junio de 2021 el tribunal falló a favor de Costa Rica.

Con el sitio sin operador legal desde entonces, los mineros artesanales ocuparon el vacío. Hoy, según el Ministerio de Seguridad, empresas chinas instaladas en el lado nicaragüense de la frontera compran la broza, el material con partículas de oro, para procesarla por su cuenta, lo que introduce el mineral en cadenas legales de exportación internacional.

El costo de la seguridad y el debate sobre la minería legal

La crisis en Crucitas le cuesta al Estado costarricense cerca de USD 1,3 millones mensuales en operativos de seguridad, según cifras del Gobierno. La presidenta Fernández impulsó en paralelo el proyecto de ley número 24.717, que plantea crear un régimen especial de minería metálica a cielo abierto en Crucitas y declarar la actividad como de conveniencia nacional para que una empresa privada explote el oro y desplace a los mineros ilegales.

Esa iniciativa, presentada en noviembre de 2024, acumula más de 650 mociones de oposición y su trámite permanece paralizado.

La Fundación del Río alertó, entre tanto, que Nicaragua incumple los acuerdos binacionales suscritos con Costa Rica para frenar el flujo de mineros artesanales: ni la Fuerza Naval del Ejército nicaragüense ni la Dirección General de Transporte Acuático han desplegado operativos para impedir el uso del río San Juan como vía de acceso a los puntos de extracción ilegal.

La Sala Constitucional costarricense ya había señalado que la inacción del Estado ante esta situación constituye una violación al derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano, y exigió medidas inmediatas para proteger a las comunidades del norte del país.

Diversas organizaciones internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los efectos de la expansión de concesiones mineras en Nicaragua, advirtiendo sobre consecuencias graves para los pueblos indígenas y afrodescendientes, el medioambiente y la autonomía territorial. La audiencia pública, celebrada en Washington D. C. durante el 196.º Periodo de Sesiones de la CIDH, reunió a representantes del Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), la Fundación del Río y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Según informó el portal lamesaredonda.net, el foco estuvo en el impacto territorial, ambiental y social del crecimiento de la minería y en la denuncia por el cierre de espacios democráticos y la concentración de poder en el país.

De acuerdo con la información recogida por lamesaredonda.net, las organizaciones argumentaron que el origen de la crisis reside en el incumplimiento histórico del Estado nicaragüense en la aplicación de la Ley 445, que ordena el saneamiento de los territorios indígenas.

Señalaron que la falta de reconocimiento legal de los derechos territoriales afecta a las comunidades indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua.

Además, indicaron que las reformas constitucionales y legales impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han debilitado el régimen de autonomía de la Costa Caribe, subordinando a las autoridades indígenas y afrodescendientes al poder central nicaragüense.

En sus intervenciones, los representantes de Race and Equality, Fundación del Río y Cejil sostuvieron que el modelo extractivista prioriza la explotación de los recursos sobre los derechos de las comunidades. De acuerdo con el testimonio de Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, el avance de colonos no indígenas sobre tierras comunales ha originado violencia sistemática, persecución y criminalización de líderes indígenas y afrodescendientes, incluso asesinatos y violencia sexual en diferentes regiones del país.

Ruiz afirmó que el Estado nicaragüense eliminó progresivamente las salvaguardas ambientales, incluyendo la supresión de los estudios de impacto ambiental previos y de las consultas públicas obligatorias, lo que ha facilitado la expansión minera.

El reporte de lamesaredonda.net detalla que la concentración del control institucional sobre el sector minero favoreció la extensión del modelo extractivo. Ruiz agregó que la minería ha incrementado el uso de mercurio y cianuro, mantiene la presencia de trabajo infantil y permite la explotación dentro de áreas naturales protegidas, algo inédito hasta la fecha. Según los datos presentados en la audiencia, existen 75 lotes mineros que afectan 19 áreas protegidas y dos reservas de biosfera, lo que implica más de 900 mil hectáreas de territorio comprometido.

Entre las zonas más dañadas destacan la Reserva de Biosfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz, considerados los principales remanentes de bosque tropical del país.

Por su parte, Alejandra Manavella, abogada de Cejil, señaló que 62 lotes mineros afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25.5% de las tierras comunales. Además, las concesiones mineras impactan 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1,900 kilómetros de red hídrica, incluyendo zonas claves como Bosawas y Río San Juan.

Manavella vinculó directamente la expansión minera con desplazamientos forzados, criminalización y violencia contra quienes defienden los territorios. Entre 2013 y 2024, al menos 69 personas indígenas fueron asesinadas en este contexto, según los datos expuestos por las organizaciones ante la CIDH. Se mencionaron casos de persecución a líderes como Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth y ocho guardabosques mayangnas.

Durante la audiencia, las comisionadas Rosa María Payá y Marion Bethel de la CIDH expresaron su preocupación ante la reiterada violación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ambas subrayaron el debilitamiento de la autonomía, la violencia y la ausencia de garantías de consulta previa, libre e informada. Bethel pidió mayor profundidad sobre los efectos del mercurio en la salud, especialmente en mujeres, niñas y niños, y manifestó inquietud por el aumento de la violencia de género en comunidades vinculadas a la minería.

El relator especial de la CIDH, Javier Palummo, advirtió que la problemática trasciende el aspecto ambiental y constituye una crisis de gobernanza territorial. Palummo sostuvo que la superposición de concesiones sobre territorios colectivos y áreas protegidas debilita los mecanismos de evaluación y transparencia, creando un entorno que favorece la violencia y las violaciones de derechos humanos.

El cierre de la audiencia estuvo a cargo de Carlos Quesada, de Race and Equality, quien solicitó a la CIDH establecer un monitoreo permanente sobre la situación de Nicaragua, incorporando el seguimiento a los efectos de la expansión minera sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes. Quesada instó a fortalecer el cumplimiento de sentencias internacionales y a coordinar acciones con Naciones Unidas para incrementar el escrutinio sobre el país.

Además, exhortó tanto al Estado nicaragüense como a los países de origen de inversiones mineras y a los mercados de destino a garantizar que las empresas respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos, según refirió lamesaredonda.net.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), ha detectado concentraciones de cadmio y arsénico superiores a los límites legales en una laguna de evaporación ubicada dentro del complejo minero Bayóvar, operado por Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. en Sechura, Piura.

Este hallazgo, registrado durante una inspección oficial realizada en agosto de 2023, motivó la apertura de un procedimiento administrativo sancionador y abrió una investigación sobre los posibles impactos en la biodiversidad local y en la gestión ambiental de la empresa.

Cadmio en aguas subterráneas de Bayóvar multiplicó por 7 el valor permitido

Según el informe de supervisión al que accedió Infobae, los técnicos del OEFA detectaron que la empresa no cumplió con los límites máximos permisibles para metales pesados en sus vertimientos industriales.

En el punto de control EF-BA-10, la concentración de arsénico alcanzó 0,123 mg/L, un valor 23% por encima del máximo legal de 0,1 mg/L establecido por el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM.

El cadmio, aunque no superó el límite para efluentes mineros en este punto, sí presentó niveles elevados en aguas subterráneas, con 0,072 mg/L en el piezómetro AS-MI-80, siete veces más que el límite aceptable para uso humano (0,01 mg/L).

La laguna de evaporación donde se descargan estos efluentes es una estructura artificial, sin embargo, recibe visitas frecuentes de aves silvestres, entre ellas parihuanas (flamencos andinos), una especie emblemática del ecosistema costero peruano, de acuerdo con el informe.

La autoridad ambiental observó la presencia de estas aves durante la inspección y advirtió que los metales pesados pueden acumularse en la cadena alimentaria, afectando a la fauna e incluso a los humanos en caso de que estos contaminantes se trasladen a otros cuerpos de agua o suelos agrícolas.

Empresa no construyó canales clave exigidos por el EIA

La supervisión oficial no solo identificó contaminación química, sino también incumplimientos estructurales. El equipo de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA verificó que Miski Mayo no construyó cuatro canales clave para derivar aguas pluviales, tal como lo exige el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.

Estas obras son fundamentales para prevenir la erosión y la dispersión de contaminantes durante episodios de lluvias intensas, típicos del fenómeno de El Niño en la región.

La minera alegó que bermas y diques cumplían la misma función, pero la autoridad descartó esta justificación y remarcó que la obligación técnica no admite sustituciones unilaterales.

Otro aspecto evaluado fue el manejo de los relaves gruesos. El depósito carecía de canales de infiltración y coronación de concreto armado, elementos obligatorios para evitar la dispersión de contaminantes y la afectación de suelos y aguas cercanas.

Solo se halló un canal precario de tierra, insuficiente para las dimensiones del depósito y fuera de los parámetros aprobados. El OEFA determinó que esto constituye una infracción administrativa y recomendó iniciar el procedimiento sancionador.

“Daños irreversibles” en la operación de Sechura, según OEFA

El plan de cierre progresivo del botadero de desmonte norte tampoco se cumplió en los plazos acordados para los años 2021 y 2022, según el OEFA.

No se realizaron tareas de nivelación, compactación, construcción de bermas y señalización, pese a que la empresa tenía presupuestados más de US$ 4,26 millones para estas obras, según documentos revisados por Infobae. La autoridad constató diferencias sustanciales entre lo ejecutado y los compromisos asumidos por la compañía.

El informe resalta que la descarga de efluentes industriales con exceso de arsénico constituye una infracción insubsanable, ya que “el daño no es reversible una vez que el vertimiento alcanza el cuerpo receptor”.

El riesgo se eleva en contextos de evaporación, porque los contaminantes se concentran en los sedimentos y pueden permanecer activos durante largos periodos, afectando a todos los organismos que entren en contacto con ellos.

Especialistas en impacto ambiental consultados por Infobae explican que la acumulación de arsénico y cadmio en lagunas de evaporación puede generar mortandad de microorganismos, aves y alteraciones en la cadena alimentaria.

Advierten, además, que los riesgos no se limitan al depósito: las filtraciones o desbordes pueden contaminar suelos agrícolas y acuíferos subterráneos, generando efectos a largo plazo.

Impugnan sanción del OEFA: ¿Qué dijo la empresa?

Tras la supervisión de agosto de 2023, los informes trimestrales de monitoreo presentados por la empresa no reportaron nuevos excesos de arsénico en los puntos evaluados.

Sin embargo, la autoridad ambiental ha programado una nueva inspección para el cuarto trimestre de 2026 para verificar la implementación de medidas correctivas y el estado ambiental de la laguna y sus alrededores.

La empresa Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. declinó emitir declaraciones públicas, argumentando que el procedimiento sancionador sigue en revisión ante las autoridades competentes.

Consultado por Infobae, el OEFA confirmó que el expediente N° 0294-2024-OEFA/DFAI/PAS continúa abierto y está siendo evaluado por el Tribunal de Fiscalización Ambiental.

El organismo señaló, además, que mantiene un monitoreo permanente de la unidad minera y que la verificación de medidas correctivas será parte de la inspección programada.

Más de 108 UIT en multas ambientales desde 2012

Desde 2012, Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. ha recibido al menos cuatro multas firmes por infracciones ambientales cometidas en la unidad Bayóvar. El monto acumulado de estas sanciones supera las 108 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según expedientes oficiales revisados por Infobae.

Entre las sanciones destacan una multa de 20 UIT en 2012, otra de 22,8 UIT en 2013, una adicional de 20 UIT en 2014 y la más reciente, de 45,87 UIT en 2020. Todas fueron pagadas en su totalidad por la empresa tras resoluciones administrativas firmes.

Miski Mayo, controlada en un 75% por la estadounidense The Mosaic Company y en un 25% por el conglomerado japonés Mitsui & Co., es responsable del 99,9% de la extracción nacional de fosfatos.

En 2025, la producción anual superó las 13,5 millones de toneladas métricas, consolidando a la compañía como un jugador fundamental para la industria minera no metálica del país.

El dato

• Las complicaciones con Bayóvar no se limitan a su laguna de evaporación. OEFA constató la existencia de actividades mineras informales (extracción no autorizada, como diatomita) llevadas a cabo por terceros dentro de los terrenos de la concesión asignada a Miski Mayo.
• Estas actividades no fueron realizadas por Miski Mayo, pero ocurrieron dentro del área bajo su concesión, de acuerdo con los reportes.
• El organismo identificó a personas específicas (como Fernando Hiroito Takamura Zelada, hoy inscrito en el REINFO) involucradas en la actividad informal, y trasladó la información al Gobierno Regional de Piura y al Ministerio Público para su investigación y eventual sanción.
• Hasta el momento, no se han reportado acciones efectivas de control o fiscalización por parte de las autoridades regionales para detener estas actividades ilegales.

Las exportaciones argentinas apuntan este año a los USD 100.000 millones, un umbral que el país nunca alcanzó, con hidrocarburos, minería y agroindustria como motores del salto. Doce provincias registraron incrementos de ventas al exterior de entre el 14% y el 110% desde enero.

El superávit comercial acumula USD 13.923 millones hasta julio. Y, aun así, de las 24 provincias del país, solo tres muestran un aumento en el número de asalariados privados formales: Neuquén, Río Negro y San Juan —las mismas que concentran buena parte de la producción de hidrocarburos y minerales metálicos—. Esa es la paradoja que define la economía argentina de 2026: un boom exportador que genera divisas, pero no empleo.

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) cataloga esta paradoja como "crecimiento desbalanceado“ y se refiere a una expansión apoyada en sectores de alto valor exportador y baja intensidad laboral, que coexiste con el estancamiento de las ramas que concentran la mayor parte del empleo del país.

Tres sectores rezagados frente al dinamismo de la energía y los recursos naturales explican el 34% del empleo total del país (Ieral)

Según el análisis de Ieral sobre datos del EMAE, la actividad del comercio creció a una tasa anualizada del 3,3% en el primer semestre, la de la industria al 2,6% y la del transporte y las comunicaciones al 1,9% -crecimientos que, además, no se tradujeron en nuevos puestos de trabajo-. Esos tres sectores, rezagados frente al dinamismo de la energía y los recursos naturales, explican el 34% del empleo total del país.

El límite de los recursos naturales

Por caso, los sectores que lideran el crecimiento -hidrocarburos, minería metalífera y agroindustria- tienen en común una característica puntual, y es que generan mucho valor por trabajador, pero pocos puestos de trabajo por dólar exportado. El agro emplea a 324.300 trabajadores registrados, el 5,2% del empleo privado formal. La minería, a menos de 90.000. Juntos, dos de los tres pilares del boom exportador concentran menos del 7% del total de asalariados privados del país, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados por la Secretaría de Trabajo en junio.

El empleo minero refleja este problema. El rubro metalífero -oro, plata, cobre- sumó 13.026 puestos en marzo, con un crecimiento interanual del 6,6%. Pero esa expansión se posa sobre un universo acotado: de las 59 empresas del sector, apenas 12 concentran el 82% del empleo, con una nómina promedio de 891 trabajadores cada una. El 90% de los montos comprometidos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) todavía no pasó del anuncio al desembolso, lo que significa que el empleo minero actual no es producto de la nueva inversión, sino de un núcleo reducido de operaciones consolidadas, varias de ellas en fase de cierre o extensión de vida útil.

El sector energético, por su parte, proyecta un salto mayor, pero también en el futuro. YPF prevé que el desarrollo de Vaca Muerta generará hasta 90.000 puestos de trabajo para 2029, entre directos, indirectos y los vinculados a obras de infraestructura.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, estimó una demanda de alrededor de 40.000 trabajadores adicionales en el núcleo oil & gas en los próximos cuatro años.

Esos números son relevantes, pero no resuelven el problema del presente: hoy, la cuenca neuquina emplea a poco más de 30.000 trabajadores directos en el sector de hidrocarburos, una cifra que contrasta con los miles de millones de dólares que Vaca Muerta ya aporta al superávit comercial.

El riesgo del crecimiento sin empleo

El caso de Chile ofrece un antecedente que los economistas argentinos miran con atención. El cobre representa en promedio el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) chileno y llegó a superar el 56% de las exportaciones totales durante el boom de 2010-2011. Sin embargo, el empleo directo en minería nunca superó el 3% del empleo total del país.

La cuenca neuquina emplea a poco más de 30.000 trabajadores directos en el sector de hidrocarburos, una cifra que contrasta con los miles de millones de dólares que Vaca Muerta ya aporta al superávit comercial.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) documentó que los efectos del precio del cobre sobre el empleo nacional son marginales, y que el sector funciona como un “enclave” con su propia fuerza laboral concentrada en regiones del norte.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un análisis de 2017, encontró que los derrames de la minería hacia la manufactura y la construcción existen, pero son modestos. La Argentina enfrenta una pregunta similar: ¿cuánto de la riqueza que genera Vaca Muerta, la franja cuprífera de San Juan y La Rioja, o la soja del centro del país, se traduce en empleo fuera de esos enclaves?

La apertura comercial, explicó, debilitará a sectores industriales concentrados en el Gran Buenos Aires mientras otras actividades ligadas a los recursos naturales ganan participación (Arriazu)

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei, se refirió a esa pregunta esta semana durante el Webinar de BlackTORO. La apertura comercial, explicó, debilitará a sectores industriales concentrados en el Gran Buenos Aires mientras otras actividades ligadas a los recursos naturales ganan participación.

El problema, advirtió Arriazu, es que ese desplazamiento productivo no arrastra personas. “La gente no se mueve”, dijo, y agregó que “tarda mucho en moverse, lo cual te plantea un desafío”.

Para Arriazu, esa inercia demográfica es el corazón del problema: “Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo y de pobreza, justo en la zona políticamente más intensa”.

La apuesta a la infraestructura

Desde el arranque del gobierno de Milei, el sector agropecuario y pesquero fue uno de los pocos que sumó trabajadores: 28.059 puestos registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2026, un alza del 8,3% en su plantel. Pero ese número equivale a menos del 10% del empleo perdido en otras ramas de actividad en el mismo período. El empleo privado registrado total cayó un 3,46%, con 341.396 puestos menos, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El informe de Ieral apunta a una salida posible, aunque no inmediata. Los sectores en expansión -con alto sesgo exportador y limitada propensión a importar- empiezan a justificar inversiones en infraestructura largamente postergadas.

El Índice Construya registró un crecimiento del 6,3% desde diciembre, y el sector construcción mostró un alza anualizada del 25,3% en el primer semestre, la más alta entre todas las ramas. Ese sector participa con el 9% del empleo total y tiene mayor capacidad de derrame territorial que la minería o los hidrocarburos.

Empresas con inversiones activas en Vaca Muerta ya convocan a 800 proveedores locales

Empresas con inversiones activas en Vaca Muerta ya convocan a 800 proveedores locales. El gas natural a industrias en Argentina cuesta un tercio de lo que vale en Francia o Alemania, y la mitad que en Brasil o China, una ventaja competitiva que empieza a atraer industrias de fertilizantes y químicos. La pregunta que queda abierta es si esos efectos multiplicadores llegarán a tiempo para aliviar la presión sobre el mercado laboral en las regiones que el boom exportador todavía no alcanza.

Personal de la Fuerza Armada de El Salvador respondió de inmediato al llamado de auxilio realizado por habitantes de la zona de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión Norte. El aviso informaba que dos trabajadores de minas clandestinas habían quedado atrapados en una mina localizada en ese sector.

Según la información difundida por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, el incidente ocurrió el sábado 1° de agosto. Los equipos de rescate lograron sacar con vida a uno de los mineros, identificado como Carlos Wilfredo Delgado Díaz, quien se encontraba a 45 metros de profundidad. Delgado Díaz fue trasladado a un centro hospitalario, donde actualmente recibe atención médica y, de acuerdo con el reporte oficial, se encuentra estable.

A través de un video compartido en redes sociales se muestran las maniobras de rescate que las autoridades emplearon entre los estrechos pasajes del túnel para extraer a Delgado Díaz. En las imágenes se observan las labores coordinadas para avanzar por los conductos y asegurar el traslado del trabajador hasta la superficie.

Durante esas maniobras, también fue encontrado el cuerpo sin vidade la segunda víctima, cuyo nombre no fue detallado en el comunicado oficial. El ministro de Defensa precisó que el segundo trabajador se hallaba a unos 80 metros de profundidad, lo que complicó aún más las labores de recuperación.

El operativo involucró a personal capacitado en este tipo de situaciones. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron al accidente ni sobre posibles investigaciones en curso respecto del funcionamiento de la mina.

Al menos 15 minas abandonadas en el oriente salvadoreño

Un informe presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador en 2019 advirtió que en la zona oriental del país existen al menos 15 minas de oro y plata abandonadas, localizadas principalmente en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión. Estas minas, muchas de las cuales operaron desde hace más de un siglo, fueron abandonadas sin un cierre técnico adecuado, lo que las convirtió en graves pasivos ambientales para las comunidades cercanas.

El informe detalló que en el departamento de Morazán destacan complejos mineros como Los Encuentros, El Divisadero, Montecristo, Barrios, San Pedro y El Gigante. En el departamento de San Miguel se encuentran minas como Potosí, Montemayor, Loma Larga y Flamenco Pavón. En La Unión sobresale la exmina San Sebastián, reconocida por la persistente contaminación activa en sus alrededores, así como otras minas como Las Piñas y Tepeyac.

Entre los principales riesgos ambientales y sociales identificados por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica figura la contaminación de fuentes de agua. Los residuos metálicos provenientes de estas minas afectan las cuencas de los ríos Goascorán y Grande de San Miguel, incrementando la filtración de metales pesados y amenazando la seguridad hídrica de la región. Además, muchas de estas minas presentan un alto riesgo de drenaje ácido, ya que el contacto de la lluvia con los minerales expuestos puede generar ácidos que contaminan el entorno.

El informe también destacó que las comunidades cercanas a estas minas enfrentan impactos negativos en la salud física y en la seguridad de los suelos de cultivo, lo que agrava la vulnerabilidad en la zona oriental de El Salvador.

Vecinos de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala han denunciado la presencia de altos niveles de arsénico en el agua que circula por su municipio.

Organizaciones locales y colectivos sociales señalan directamente a la actividad minera como el origen de este problema, acusando a la empresa Aura Minerals, responsable del proyecto Cerro Blanco, ahora rebautizado como Era Dorada.

En conferencia de prensa, los vecinos indicaron que, en los últimos tres años, han realizado diversos estudios científicos que confirman que, tanto Asunción Mita como la zona limítrofe con El Salvador, son áreas con alta concentración de arsénico.

Uno de los vecinos afirmó que este químico representa un veneno de acción lenta: “No mata inmediatamente. Se respira, se toma a través del agua o por consumir productos contaminados, el cuerpo humano no lo elimina por completo. La sustancia se mantiene, en particular, en la grasa corporal"

Además, indicó que extrabajadores de la mina sometidos a exámenes médicos han mostrado una “gran concentración de arsénico” en sus organismos, según los resultados presentados.

Según dijo, algunos de estos trabajadores han desarrollado discapacidades, lo que incrementa la preocupación entre la población expuesta.

Resistencia social y demanda de información

El colectivo Resistencia Miteca, junto al grupo ambientalista Madreselva, la organización Laudato Si, la Iglesia Católica, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) y la sociedad civil, han emitido comunicados en los que exigen a las autoridades nacionales e internacionales que se tomen medidas inmediatas.

Según estos grupos, la empresa Aura Minerals continúa con el avance del proyecto sin brindar información adecuada a la comunidad sobre los riesgos ambientales.

Denuncian que el aval otorgado por la municipalidad local se produjo sin un proceso de consulta transparente ni participación ciudadana efectiva.

Consulta popular y defensa del agua

El 18 de septiembre de 2022, la comunidad de Asunción Mita llevó a cabo una consulta ciudadana para decidir el futuro de los recursos hídricos frente al avance minero. Participaron 8.509 residentes y el 87,9 % se manifestó en contra de los proyectos extractivos, defendiendo así su acceso al agua limpia.

Esta consulta significó un freno al plan de minería a cielo abierto, que, según los denunciantes, habría provocado la sobreexplotación de fuentes hídricas y la contaminación de la cuenca Ostúa-Güija-Lempa, vital para millones de personas en Guatemala y El Salvador. También alertaron sobre el riesgo de desplazamientos forzados y daños irreparables en los ecosistemas locales.

Señalamientos de corrupción y exigencias al Estado

Las denuncias públicas incluyen acusaciones de corrupción en la tramitación de las licencias ambientales y de explotación minera.

Los colectivos sostienen que, para aprobar el proyecto, se despidió al equipo ambiental que lo había rechazado en 2005, y la autorización se otorgó en 2007, durante el gobierno de Óscar Berger, en condiciones irregulares.

Exigen al Ministerio de Ambiente (MARN) la cancelación inmediata de la licencia ambiental y al Ministerio Público (MP) que procese penalmente a quienes hayan permitido la contaminación. También reclaman al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que anule la licencia de explotación, señalando que la empresa nunca cumplió con el Estado ni con la población local.

También denunciaron irregularidades durante la administración de Alejandro Giammattei.

Las organizaciones demandan al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo la ratificación del Acuerdo de Escazú y el respeto a los mecanismos de consulta, advirtiendo que la continuidad del proyecto solo agravará los conflictos socioambientales y la persecución a defensores de derechos humanos.

Movilización y vigilancia ciudadana

Mientras las autoridades y la empresa mantienen la actividad minera, las comunidades organizadas han ingresado en una nueva fase de resistencia ciudadana. Anuncian la continuidad de acciones legales y sociales para proteger el acceso al agua y la vida en la región.

Las exportaciones del sector minero argentino alcanzaron los USD 4.742 millones entre enero y junio de 2026, un nuevo récord histórico para un primer semestre, según datos de la Secretaría de Minería. Este número, que anticipa un año de fuerte expansión, acerca a la actividad a una participación en torno al 10% del total vendido al exterior por el país.

Según publicó el Ministerio de Economía, el salto semestral fue de 74,4% frente al mismo período de 2025 y de 154,7% respecto del promedio registrado para ese tramo entre 2010 y 2025. La expansión estuvo impulsada sobre todo por el litio, cuyas exportaciones crecieron 185% interanual.

Los minerales metalíferos también avanzaron con fuerza, con una suba de 58%, mientras que el resto del sector, incluidos los no metalíferos, aumentó 3,9%. Dentro del segmento metalífero, las ventas externas de oro crecieron 51,2% y las de plata 87,9%.

Entre los principales destinos sobresalieron China, con un aumento de 205%, Corea del Sur con 196%, Canadá con 95% y Estados Unidos con 90 por ciento.

La minería se encamina a aportar uno de cada 10 dólares exportados

Las proyecciones privadas ya adelantan un verdadero boom exportador del sector. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sostuvo que la minería aportará uno de cada 10 dólares exportados por la Argentina en 2026.

Ese cálculo toma dimensión en un año en que las exportaciones nacionales podrían ubicarse entre USD 90.000 millones y USD 100.000 millones, por encima del récord de USD 88.446 millones de 2022. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina, el total exportado llegaría a USD 96.056 millones en 2026.

Sobre esa base, la participación de la minería pasaría de cerca del 7% en 2025 a más del 10% este año. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el sector totalizó unos USD 6.075 millones en exportaciones durante 2025, equivalentes al 6,9% del total nacional, con una suba de 31% frente al año anterior.

El último Resumen Productivo de la entidad proyectó que en 2026 la actividad podría superar los USD 9.000 millones y crecer más del 50%. Esa expansión conviviría con dos dinámicas distintas: una caída productiva en metales preciosos y un avance del litio por mayor volumen y mejores precios.

El oro y la plata exportarían más por precio

Según la BCR, la producción de oro en Argentina cayó a 1.184 mil onzas en 2025, un 6% menos que un año antes y 42% por debajo del nivel de hace una década. El informe atribuyó esa baja al agotamiento natural de operaciones maduras y a la falta de inversiones suficientes en exploración y desarrollo para compensar la caída de las leyes minerales.

Aun así, las exportaciones de oro alcanzaron USD 4.094 millones en 2025, un 30% más que en 2024, sostenidas por la mejora del precio internacional de referencia. Para 2026, la proyección indica un nivel de producción similar al del año previo, con el ingreso de Río Negro como productor aurífero por el inicio de Calcatreu y la reactivación de Casposo en San Juan.

De esta forma, el oro podría exportar USD 5.129 millones en 2026, un 25% más en valor que en 2025, con un precio promedio de USD 4.353 por onza. La mejora provendría del precio y no de una recuperación de la extracción.

La plata muestra la misma dinámica. En 2025 se produjeron 22,1 millones de onzas, un 7,8% menos interanual y 35% por debajo de 2019, el nivel más bajo de la última década. Pese a esa caída, las exportaciones de plata sumaron USD 785 millones en 2025, un 22% más que en 2024, impulsadas por un precio promedio de USD 38,8 por onza. Para 2026, la producción bajaría a 19,5 millones de onzas, otro 10% frente al año previo, pero las ventas externas treparían a USD 1.172 millones, un 49% más, con un precio promedio de USD 60 por onza.

El litio marca récords de producción

El litio, en tanto, muestra una trayectoria distinta porque su expansión proviene de un aumento de la producción. Según CAEM, Argentina alcanzó 116 mil toneladas LCE en 2025, un 56% más contra el mismo periodo del año pasado y 241% por encima de 2018, por expansiones y aumentos de capacidad en Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz, además de la incorporación y crecimiento de nuevos proyectos.

Ese mayor volumen compensó la caída del precio promedio de exportación a USD 8,7 por kilo. Aun con ese descenso, las exportaciones de litio llegaron a USD 911 millones en 2025, un 44% más que en 2024. Para 2026, el escenario intermedio del estudio prevé una producción de 172 mil toneladas LCE, un 48% más que en 2025, por una mayor utilización de la capacidad instalada y el avance de proyectos. El informe estimó además un precio promedio de exportación en torno a USD 14,9 por kilo y ventas externas por USD 2.559 millones, lo que implicaría un aumento de 181% frente al año anterior.

Crece la producción minera

Los datos de producción publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran que esa expansión ya está en marcha. El Índice de Producción Industrial Minero indicó que en mayo la tendencia-ciclo avanzó 0,3% respecto de abril y superó todos los niveles registrados desde el inicio de la serie en 2017.

El índice general mostró una suba interanual de 9,2% y un acumulado de 7,8% en los primeros cinco meses del año frente al mismo período de 2025. La serie desestacionalizada aumentó 0,4% mensual y la minería acumuló siete meses consecutivos de expansión en la tendencia-ciclo desde fines de 2024.

El crecimiento más sostenido correspondió al carbonato de litio. En mayo se extrajeron y procesaron 11.561,7 toneladas, con una suba de 45,1% frente al mismo mes del año pasado.

En el acumulado enero-mayo de 2026, la expansión llegó a 47,5% interanual. El índice específico de extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, que agrupa al litio junto con el boro y otros insumos, trepó 54,2% interanual en mayo y 52,9% en los primeros cinco meses del año.

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a cielo abierto a la empresa china Northern Mining Company S.A., ampliando a 20 el número de permisos entregados a compañías asiáticas luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos al sector extractivo nicaragüense. La certificación oficial, publicada en el diario oficial La Gaceta y recogida por la agencia EFE, precisó que la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia autorizó la explotación del lote denominado Armenia, ubicado en los municipios de El Ayote, El Rama y Muelle de los Bueyes, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Según EFE, la concesión abarca 45,756 hectáreas y está gestionada por Northern Mining Company S.A., representada en Managua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Bao Jiang. Esta autorización forma parte de una tendencia, pues el Ejecutivo sandinista ha concedido entre 2021 y junio de 2026 licencias para la explotación de 84 lotes mineros a 22 empresas chinas, totalizando 1.277.389,38 hectáreas. Esta superficie equivale al 10% del territorio nicaragüense, Según la Fundación del Río, parte de las áreas concesionadas incluye zonas protegidas y se superpone con territorios habitados por pueblos indígenas y afrodescendientes.

La Fundación del Río advirtió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo modificó el marco jurídico nacional con el objetivo de facilitar y otorgar ventajas a las inversiones de mineras chinas, sorteo que busca eludir el impacto de las sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En abril de 2026, la administración estadounidense sancionó a dos hijos de la pareja presidencial, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, señalando la vinculación de estos actores en la extracción y comercialización de oro.

El peso de la minería en las exportaciones

Desde la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, el régimen de Nicaragua reorientó capitales y permisos hacia empresas chinas y estrechó su relación con esas compañías, según EFE. Las exportaciones mineras de Nicaragua sumaron USD 2,009.2 millones en 2025, un incremento del 44.4% respecto de 2024.

El oro en bruto fue el principal producto de exportación del país, generando USD 1,971 millones y representando el 22.7% del total de las exportaciones nacionales. El volumen exportado alcanzó 19.9 toneladas métricas, una cifra que las fuentes oficiales calificaron de histórica.

La expansión de la minería china se produce en medio de debates sobre el impacto ambiental y social en comunidades locales y reservas protegidas. La Fundación del Río subrayó que la presencia de empresas extranjeras en la región añade tensión.

Según el análisis de esta organización, las reformas legales promovidas por el régimen han reducido los requisitos ambientales y agilizado los procesos de aprobación para compañías chinas, lo que ha generado preocupación en sectores ambientalistas y en organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El giro hacia empresas chinas

Según EFE, la dictadura de Daniel Ortega ha buscado consolidar asociaciones con capital extranjero no occidental, mientras intensifica las restricciones a la oposición política y a las organizaciones de la sociedad civil. Esta política ha permitido que el oro en bruto se convierta en el motor principal del comercio exterior nicaragüense, desplazando a otros productos tradicionales y reforzando la dependencia de inversiones de origen asiático en el sector extractivo.

El otorgamiento de esta nueva concesión minera a Northern Mining Company S.A. se suma al creciente control de esas empresas sobre recursos minerales nicaragüenses, en un contexto internacional marcado por sanciones, reformas legales y un auge de las exportaciones de oro, informó EFE.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la noche del viernes 12 de junio la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, líder de la temible banda El Tren de Aragua, quien cayó en un operativo conjunto desarrollado por fuerzas norteamericanas y venezolanas en una zona minera ubicada al sur de Venezuela.

Menos de dos meses después, otros “pranes” -término que se utiliza en el país para identificar a los jefes de las organizaciones criminales- habrían ocupado el lugar de Guerrero para continuar con las operaciones irregulares en las minas del estado Bolívar.

“Los malandros volvieron a controlar las minas de Las Claritas y el Kilómetro 88. Llegaron a nuevos acuerdos con las cúpulas del gobierno”, alerta el ex diputado opositor Américo De Grazia, quien durante años ha hecho seguimiento y denunciado la actividad de los grupos delictivos en el área del denominado Arco Minero.

De Grazia, preso político bajo el régimen de Nicolás Maduro, asegura que el 28 de julio miembros del “alto mando militar” del sector se reunieron con dos “pranes” conocidos como Jhon Petrica y Juancho, y habrían llegado a un acuerdo “para retomar el control de la actividad minera”. “En el mismo sitio donde se supone acabaron con el ‘Niño Guerrero’”, subraya el veterano dirigente.

“Lo advertimos, el ataque -que liquidó a Guerrero- no implicó un cambio de modelo sino de administración, con los mismos operadores. Cambiar todo para que nada cambie”, advierte el antiguo legislador, tras observar que “el malandraje tiene las armas para mantener al pueblo a raya y con miedo”.

Huyendo

De Grazia indica que la presencia de estos grupos criminales provoca una migración forzada hacia Brasil. “La gente se va para Brasil para no morir en el intento. La realidad es superior a la ficción”, ironiza.

La ONG SOS Orinoco se ha hecho eco recientemente de las denuncias que afirman que la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está “reforzando sus cohortes en el sur de Venezuela y controlando el contrabando de minerales críticos”.

La eliminación del “Niño Guerrero”, en una operativo que contó con el apoyo de las fuerzas militares de Estados Unidos, se interpretó como una ofensiva que buscaba “limpiar” la zona para que pudieran prosperar las inversiones norteamericanas en el Arco Minero.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez reformó la ley de minas y recibió en su despacho al secretario de Interior, Doug Burgum, quien a principios de marzo aterrizó en Caracas junto con representantes de empresas mineras para firmar acuerdos con las autoridades locales.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente Recursos Naturales (COMARNAT), ha dado un paso decisivo en la regulación ambiental del sector minero en México.

A través de un comunicado, ambas instituciones anunciaron la aprobación de la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2026, enfocada en el manejo responsable de los residuos generados por esta industria, con el objetivo de fortalecer la protección del entorno.

El nuevo marco normativo establece criterios específicos para la elaboración de planes de manejo, privilegiando la prevención y evaluación temprana de estos desechos.

Priorización en la gestión de residuos del sector minero

La regulación fomenta la adopción de tecnologías y métodos innovadores que sean viables desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. Además, contempla la realización de estudios integrales para caracterizar adecuadamente los distintos usos y generar información relevante que permita anticipar daños ecológicos.

Asimismo, la NOM-157-SEMARNAT-2026 da prioridad a la separación, valorización y tratamiento de los desechos mineros, relegando la disposición final como última opción. Esto incentiva la implementación de mejores prácticas que minimicen el impacto ambiental.

Tras su aprobación, Semarnat prevé la publicación de la normativa en el Diario Oficial de la Federación, consolidando así un avance en la construcción de reglas más claras y efectivas para la industria minera.

México refuerza control ambiental sobre sector minero con nuevas reglas

El Gobierno de México endureció la regulación ecológica para el sector minero, estableciendo que ningún particular o empresa podrá obtener una concesión sin contar con el permiso de impacto ambiental correspondiente.

Esta disposición, publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Diario Oficial de la Federación, exige que toda actividad minera, incluso aquellas iniciadas antes del 9 de mayo de 2023, debe presentar una Evaluación de Impacto Ambiental para operar en áreas naturales protegidas.

La reforma a la Ley Minera de 2023 cambió el esquema de concesiones, limitándolas a un solo mineral y sujetándolas a controles de agua más rigurosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló estos cambios, obligando a los titulares de concesiones a demostrar la vigencia de sus documentos de conservación para obtener la autorización.

De esta forma, las autoridades mexicanas retoman así el control principal sobre la exploración y explotación de recursos minerales, permitiendo la intervención privada solo bajo estricta supervisión y con obligaciones claras de protección ambiental.

Las nuevas reglas también prohíben la disposición final de residuos mineros en áreas de conservación, humedales, ríos y aguas nacionales por el riesgo que representan para la salud y los ecosistemas. Además, se exige la elaboración de programas de restauración antes, durante y después de las operaciones extractivas, con la supervisión de la Conanp y otras autoridades del sector.

El Gobierno le otorgó al proyecto Vicuña el acceso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), justo después de aprobar la infraestructura eléctrica que la compañía reclamaba desde 2023 para conectar sus yacimientos en San Juan a la red nacional de alta tensión. La admisión al régimen, bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), habilita una inversión inicial de hasta USD 9.700 millones en lo que se considera el mayor proyecto minero de la historia argentina.

El proyecto es operado por Vicuña, la empresa surgida de la alianza entre las mineras BHP (australiana) y la canadiense Lundin Mining para integrar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en el límite cordillerano de San Juan con Chile. Según la Evaluación Económica Preliminar presentada en febrero de 2026, el desarrollo completo de las tres etapas previstas podría alcanzar los USD 18.000 millones a lo largo de una década.

El Ministerio de Economía informó la aprobación con un comunicado que luego reposteó el ministro Luis Caputo: “La industria minera en San Juan sigue creciendo con más inversiones, más empleo y más exportaciones”. El mensaje precisó que el proyecto generará exportaciones anuales por más de USD 2.600 millones y creará 31.700 empleos directos e indirectos.

La estructura del proyecto se divide en tres fases. La primera, con un desembolso de USD 7.100 millones entre 2027 y 2030, se concentra en el depósito Josemaría con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora. La segunda etapa incorpora los recursos de óxidos de Filo del Sol para ampliar la capacidad productiva. La tercera prevé la expansión de esa planta, el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol y la construcción de infraestructura estratégica, entre ella una planta desalinizadora de agua y un sistema de transporte de concentrado. La admisión al RIGI cubre las dos primeras fases.

Los beneficios del PEELP incluyen la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución inmediata del IVA, la eliminación de retenciones desde el segundo año, el levantamiento de controles de capital a partir del tercero y estabilidad fiscal y legal por 40 años. La compañía había solicitado esa adhesión en diciembre de 2025.

La batalla eléctrica que frenó al proyecto durante tres años

Justo antes de la aprobación del RIGI, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) emitió la Resolución 330/2026, publicada el miércoles en el Boletín Oficial, con el certificado que habilita la construcción de las obras eléctricas que Vicuña necesitaba para llevar a cabo su operación. La inversión en esa infraestructura rondará los USD 800 millones y será financiada por la propia compañía, sin traslado de costos a los usuarios del sistema. La medida oficial también le otorga prioridad sobre el 90% de la capacidad generada por 25 años.

El proceso para obtener ese certificado se había iniciado en 2023 y se complicó en febrero de este año, cuando la resolución provisional del organismo que regula el gas y la electricidad en el país recibió oposiciones formales de varias provincias y empresas del sector. La demanda eléctrica del proyecto en su primera fase —260 MW— equivale a casi la mitad del consumo pico de toda la provincia de San Juan, que en el verano pasado alcanzó los 572 MW. En su fase final, los 700 MW requeridos superarían la demanda máxima histórica provincial.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE San Juan) planteó reparos sobre el impacto en el abastecimiento futuro de la provincia. La Secretaría de Energía de La Rioja objetó que las obras podrían comprometer la futura interconexión en 500 kV entre ambas provincias. Del lado privado, Andes Corporación Minera S.A. (ACMSA), titular del proyecto Los Azules impulsado por McEwen Copper, cuestionó las metodologías de cálculo de capacidad de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y advirtió que la prioridad otorgada podría bloquear el acceso de otros emprendimientos al corredor eléctrico. También presentaron oposiciones Barrick Mining, Golden Mining y Casposo Argentina.

El ENReGE rechazó todas las impugnaciones. Sostuvo que ninguna normativa provincial puede limitar los principios de libre acceso a la red eléctrica nacional y que la prioridad otorgada a Vicuña no bloquea a terceros, ya que cualquier otro proyecto puede financiar las ampliaciones que necesite bajo el marco regulatorio vigente.

Las obras comprenden cuatro componentes: la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo para que la línea existente pase de 132 kV a 500 kV; la construcción de una nueva línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre las estaciones Rodeo y Chaparro, con tramos a hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar; la nueva Estación Transformadora Chaparro con tecnología GIS y previsiones para futuras interconexiones hacia el noroeste argentino; y una línea de 220 kV de unos 93 kilómetros hasta la Estación Transformadora Josemaría, con tramos a 4.550 metros de altura. Una vez finalizadas, todas las instalaciones pasarán a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) bajo operación de Transener, la concesionaria del transporte de alta tensión recientemente privatizada.

Según la Evaluación Económica Preliminar, Vicuña tiene el potencial de producir, durante sus primeros 25 años de operación, un promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata, con una vida útil inicial superior a 70 años. El CEO de la compañía, Ron Hochstein, había definido la decisión final de inversión como dependiente de la aprobación de los accionistas antes de fin de año.

El proyecto emplea actualmente a 2.743 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.580 se desempeñan en la operación argentina —617 empleados directos y 1.963 a través de contratistas—. El 91,9% de esa dotación es argentina y más del 81% son sanjuaninos. La cadena de proveedores activa suma 245 empresas, con San Juan como principal concentrador: 150 firmas de la provincia representan el 61,2% del total.

La polémica anterior

La aprobación del RIGI llegó en medio de una controversia que sacudió al sector y que puso en agenda el debate entre la prioridad -o no- que tienen las empresas argentinas para proveer a este tipo de desarrollos, sobre todo en industrias pujantes como la minera o energética. Luego de un proceso licitatorio, Vicuña adjudicó el campamento Batidero —un complejo habitacional de alta montaña destinado a albergar a miles de trabajadores— a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA. La decisión desató el rechazo de sectores empresariales argentinos.

El consorcio asiático se impuso con una oferta de USD 52 millones frente a los USD 70 millones cotizados por la empresa nacional Modular Homes. La diferencia de USD 18 millones representa el 0,1% del total de la inversión proyectada. La ventaja del proveedor extranjero se apoyó, en parte, en la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital que el propio RIGI habilita: los módulos prefabricados de acero ingresan al país sin pagar arancel. El complejo prevé una capacidad inicial de 2.500 camas, con posibilidad de escalar hasta 6.000 plazas a medida que la demanda de mano de obra trepe hasta los 12.000 trabajadores.

Cada mañana, un puñado de pacientes aborda un ascensor industrial que desciende 250 metros bajo tierra, en los subsuelos de un barrio residencial en las afueras de Ereván, capital de Armenia. Al fondo los espera una red de túneles excavados en roca salina, camas estrechas detrás de cortinas y seis horas de silencio absoluto. Lo que parece el decorado de un búnker de la Guerra Fría es, en realidad, una clínica médica instalada en el interior de una mina activa de sal, considerada una de las pocas de su tipo en el mundo. Su existencia, sin embargo, pende de un hilo.

El centro opera desde 1987 en la mina de Avan y ofrece un tratamiento alternativo llamado espeleoterapia, basado en la premisa de que el aire saturado de sal, libre de alérgenos y contaminación, puede aliviar enfermedades respiratorias como el asma y las alergias. Durante décadas, miles de armenios recibieron este tratamiento de forma gratuita a través del sistema público de salud.

Según un informe elaborado por el medio británico The Guardian, en 2019 el gobierno de Armenia retiró el financiamiento estatal al considerar que la espeleoterapia carece de evidencia científica suficiente para justificar el gasto público. Desde entonces, el número de pacientes cayó de forma drástica y la clínica opera al límite de su capacidad.

Un microclima bajo tierra

La doctora Anush Voskanyan, que trabaja en la clínica desde 1989, guía a los visitantes por las enormes cámaras subterráneas y explica el origen del tratamiento. Según relató al medio británico, la idea surgió cuando los médicos advirtieron que los trabajadores de las minas de sal presentaban tasas de enfermedades respiratorias notablemente bajas, a pesar de pasar su vida laboral bajo tierra. Esa observación impulsó estudios sobre el microclima de las minas, que derivaron en la apertura de clínicas especializadas en distintas partes del bloque soviético.

La médica atribuye los beneficios del entorno a una combinación de factores: el aire cargado de sal, una temperatura constante de 19°C durante todo el año y la ausencia total de alérgenos, ruido, radiación y polución. Los pacientes realizan el tratamiento durante seis horas diarias a lo largo de tres semanas.

De acuerdo con los médicos del centro, la primera semana sirve para que el organismo se adapte al ambiente de la mina, y los efectos positivos se van acumulando de forma gradual. “Aquí básicamente no se envejece”, afirmó la doctora en declaraciones recogidas por The Guardian.

De miles a cinco pacientes

En su momento de mayor actividad, la mina de Avan recibía miles de pacientes por año. Muchos llegaban sin costo alguno, cubiertos por el sistema de salud armenio. Hoy, las cámaras que antes albergaban a 60 personas a la vez están casi vacías. “Hoy somos probablemente cinco”, dijo al observar los espacios desiertos, según consignó el diario.

El punto de quiebre llegó cuando el gobierno armenio retiró el financiamiento en el marco de una reforma del sistema de salud orientada a la introducción de un seguro médico universal. Las autoridades debieron decidir qué tratamientos merecían cobertura pública y la espeleoterapia quedó fuera. Quienes antes asistían gratis ahora deben abonar alrededor de 20 libras esterlinas (unos USD 26,59) por cada sesión. “Estamos al borde del cierre. Seguimos funcionando, pero apenas, y podríamos cerrar cualquier día”, advirtió la doctora.

Entre el testimonio y la evidencia

La espeleoterapia se practica desde hace décadas en Europa del Este y en los países de la ex Unión Soviética, pero los estudios a gran escala son escasos y la mayoría de los centros que existían ya cerraron sus puertas. Muchos especialistas en enfermedades respiratorias la consideran una terapia complementaria que puede aliviar síntomas, pero que no debe reemplazar los tratamientos médicos convencionales.

Para sus defensores, la falta de investigación sistemática no invalida décadas de testimonios. Mikayel Torosian, un paciente asmático, describió su experiencia al medio inglés: “Probé todos los tratamientos posibles y este es el único que funcionó. Pensé que era una completa tontería antes de probarlo, pero ahora soy un verdadero creyente. Me salvó”, contó al medio.

Mientras el debate sobre la validez médica del método continúa abierto, cada mañana el ascensor de la mina de Avan sigue su descenso bajo las calles de Ereván, ofreciendo a quienes bajan algo difícil de encontrar en la superficie: horas de silencio total, sin conexión a internet y sin el ruido del mundo exterior.

Cabeceras de cuenca, humedales, bosques secos, lomas costeras y otros ecosistemas que no cuentan con una categoría oficial de protección podrían quedar expuestos a explotación minera si prospera el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori. La Exposición de Motivos del proyecto propone una serie de cambios para acelerar inversiones mediante la reducción de plazos, la aprobación automática de determinados instrumentos ambientales y la flexibilización de mecanismos de evaluación.

Aunque el documento mantiene restricciones para proyectos ubicados en Áreas Naturales Protegidas (ANP), territorios de pueblos originarios y zonas arqueológicas, la propuesta no contempla la misma protección para otros ecosistemas vulnerables ni para comunidades que aún no cuentan con reconocimiento oficial. Cabe resaltar que, en la Amazonía peruana, cerca de 20 millones de hectáreas de territorios indígenas no tienen reconocimiento legal o seguridad jurídica.

Además, la norma limitaría la participación de organismos técnicos como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en los procesos de evaluación ambiental.

El “trámite exprés” que plantea el Ejecutivo

Uno de los cambios más relevantes propone aprobar de manera automática los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) que se encuentren fuera del ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El documento señala que este mecanismo podrá utilizarse siempre que el proyecto no se ubique ni se superponga con Áreas Naturales Protegidas (ANP), territorios de pueblos originarios o zonas con restos arqueológicos.

En términos prácticos, ello permitiría que algunos proyectos considerados fuera del SEIA obtengan autorización apenas presenten la documentación requerida, sin esperar una evaluación técnica previa por parte de la autoridad competente.

Sin embargo, el propio texto limita esa excepción únicamente a espacios que cuentan con reconocimiento oficial. Eso significa que otros ecosistemas ambientalmente sensibles que no poseen la categoría formal de Área Natural Protegida podrían quedar comprendidos dentro del procedimiento simplificado.

Entre ellos se encuentran cabeceras de cuenca, humedales, bofedales, bosques secos, lomas costeras, acuíferos y zonas de amortiguamiento de áreas protegidas. En esos casos, el documento no contempla una revisión técnica previa para determinar los posibles impactos sobre el agua, la biodiversidad o el suelo antes de otorgar la autorización.

La propuesta también traslada buena parte del control hacia la fiscalización posterior. Es decir, si durante la presentación del expediente existiera información incompleta o errores sobre la ubicación del proyecto, la verificación ocurriría una vez iniciado el procedimiento o incluso cuando las actividades ya se encuentren en ejecución.

Además, el mecanismo evalúa cada proyecto de manera individual. El documento no incorpora un análisis sobre el impacto acumulativo que podrían generar varias iniciativas aprobadas bajo este procedimiento dentro de una misma cuenca, un mismo ecosistema o una misma zona geográfica.

Otro aspecto del borrador es que el beneficio de la aprobación automática se aplica a los proyectos que se encuentren fuera del SEIA, lo que abre la posibilidad de que más actividades busquen ser incorporadas a ese régimen simplificado para acceder a procedimientos más rápidos.

Comunidades nativas sin reconocimiento oficial en riesgo

Otro cambio alcanza a la consulta previa y la participación ciudadana. El borrador plantea que determinadas modificaciones de autorizaciones o concesiones mineras no requieran consulta previa, salvo cuando involucren a una nueva población indígena. Asimismo, incorpora mecanismos para filtrar las observaciones presentadas durante algunos procesos de participación ciudadana.

En el caso de la aprobación automática de proyectos fuera del SEIA, la exclusión prevista por el documento se limita a los territorios de pueblos originarios oficialmente identificados. Ello significa que comunidades campesinas o nativas cuyos procesos de reconocimiento o titulación aún no concluyen podrían no aparecer dentro de las bases de datos utilizadas para verificar la superposición de un proyecto.

Una situación similar puede presentarse con solicitudes de reservas para Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) que todavía no cuentan con reconocimiento definitivo. Mientras esos procedimientos administrativos permanecen en trámite, las zonas involucradas no necesariamente tienen la protección formal contemplada en el borrador.

El borrador también plantea modificar diversos procedimientos relacionados con la evaluación ambiental para reducir tiempos de aprobación de proyectos de inversión.

Uno de los cambios propone ampliar el uso del silencio administrativo positivo. Bajo ese mecanismo, cuando una entidad pública no emite un pronunciamiento dentro del plazo previsto por la norma, la solicitud puede entenderse como aprobada y continuar con su trámite.

Asimismo, la propuesta busca modificar el papel que actualmente cumplen organismos técnicos como Sernanp, Serfor y ANA dentro de determinados procedimientos ambientales. El texto plantea que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) pueda emitir certificaciones sin requerir opiniones técnicas vinculantes de estas entidades en los casos previstos por la futura normativa.

En materia minera, la iniciativa también incorpora procedimientos más rápidos para las actividades de exploración. Los proyectos de hasta 40 plataformas de perforación podrían aprobarse mediante una Ficha Técnica Ambiental con un plazo de 10 días, mientras que aquellos de entre 41 y 60 plataformas utilizarían una Declaración de Impacto Ambiental con un plazo de 20 días, ambos sujetos al silencio administrativo positivo.

La norma también propone permitir la regularización de componentes ejecutados sin haber contado previamente con un Instrumento de Gestión Ambiental, siempre que posteriormente sean considerados ambientalmente viables. A ello se suma la creación de programas de cumplimiento ambiental, mediante los cuales determinados procedimientos sancionadores podrían suspenderse si el administrado ejecuta un plan de adecuación.

Todas estas modificaciones forman parte del paquete de facultades legislativas que el Ejecutivo busca obtener del Congreso por 120 días calendario para emitir decretos legislativos en materias como seguridad ciudadana, modernización del Estado, simplificación administrativa, desarrollo productivo, empleo, inversión privada y reforma tributaria.

Las nuevas reglas que el Gobierno propone para la actividad minera ponen el foco en una vigilancia ambiental más estricta, mayores obligaciones para las empresas y la posibilidad de cancelar títulos cuando se comprueben afectaciones a las fuentes hídricas. Con ese argumento, el Ejecutivo defendió el proyecto de ley que busca reemplazar el actual Código de Minas.

La iniciativa, según explicó la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, plantea una reforma de fondo a una legislación que, de acuerdo con el Gobierno, ya no responde a las necesidades ambientales, sociales y económicas del país. El propósito, afirmó, es actualizar las normas que regulan el sector durante más de 25 años.

Durante una entrevista con Blu Radio, la funcionaria rechazó las versiones que señalan que el proyecto fue elaborado en la recta final del actual Gobierno. Aseguró que el proceso comenzó en 2024 y que incluyó consulta previa, además de espacios de participación con comunidades, gremios, la academia y entidades públicas. Entre los cambios que contempla la propuesta figura la creación de una licencia ambiental integral que permita hacer seguimiento a todas las fases de un proyecto minero. Ese control abarcaría desde la etapa de exploración hasta el cierre y el poscierre de las operaciones.

Otro de los puntos centrales consiste en establecer la caducidad de los títulos mineros cuando las autoridades comprueben daños sobre fuentes hídricas. Además, el proyecto amplía las restricciones para excluir determinadas zonas por razones ambientales, sociales o culturales. La iniciativa también exige que cada proyecto presente, desde su inicio, planes de cierre progresivo y definitivo, respaldados financieramente. Con ello, el Gobierno busca que las empresas asuman de manera anticipada las responsabilidades relacionadas con el fin de las actividades extractivas.

A esas medidas se suma un régimen especial orientado a facilitar la formalización de pequeños mineros. Según Aroca, el objetivo es ofrecer herramientas para que este segmento pueda desarrollar su actividad dentro de la legalidad y con mayores condiciones de acompañamiento institucional.

La viceministra afirmó que las disposiciones incluidas en el proyecto apuntan a corregir pasivos ambientales, sociales y laborales que, según sostuvo, la actividad minera deja durante décadas. En ese sentido, defendió la necesidad de fortalecer las exigencias para quienes desarrollan proyectos de explotación. La funcionaria también respondió a las críticas relacionadas con el crecimiento de la minería ilegal en distintas regiones del país. Aseguró que la reforma busca precisamente entregar más herramientas al Estado para ejercer controles y reforzar la vigilancia sobre el aprovechamiento de los recursos del subsuelo.

“El Ejecutivo de este gobierno dio un paso clave para el futuro económico y ambiental del país”, afirmó. De acuerdo con Aroca, la propuesta modifica de manera estructural la legislación vigente y fortalece la capacidad de las autoridades para planificar, administrar y supervisar la actividad minera.

La viceministra agregó que el proyecto incorpora mecanismos dirigidos a impulsar la formalización de miles de pequeños mineros y a promover alternativas productivas en los territorios. Con esas medidas, el Gobierno espera avanzar hacia una actividad con mayor seguimiento institucional y mejores condiciones para quienes desarrollan su trabajo de manera legal.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el posible efecto de las nuevas exigencias sobre la inversión extranjera en el sector minero. Frente a ese cuestionamiento, Aroca sostuvo que el Gobierno mantiene una relación positiva con las empresas y que los inversionistas entienden la necesidad de reforzar los controles ambientales.

Según explicó la funcionaria, la propuesta pretende dejar atrás un modelo enfocado únicamente en la extracción de minerales para avanzar hacia otro que genere mayor valor en las regiones y fortalezca la relación entre la actividad minera y su entorno social y ambiental. Con ese planteamiento, el Gobierno insiste en que la reforma busca modernizar el sector sin renunciar a la protección de los recursos naturales y a una mayor vigilancia sobre las operaciones mineras.

El sector energético y la minería captaron la atención de los mercados internacionales al recibir el 40.2 % de la inversión extranjera directa (IED) que ingresó a la República Dominicana durante el primer semestre de 2026.

Este comportamiento, según el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, refleja la consolidación de ambas áreas como motores clave de la economía dominicana.

La información preliminar del Banco Central indica que la IED totalizó USD 3,276.7 millones entre enero y junio, lo que representa un incremento del 7.7 % respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de ese monto, el sector energético lideró con USD 910.87 millones (27.8 % del total nacional), seguido por la minería, que sumó USD 406.29 millones (12.4 %).

Energía: expansión y transición en la matriz

El aumento de la inversión en energía está relacionado con el proceso de transformación experimentado por el sector en los últimos años. La capacidad instalada del sistema eléctrico pasó de 4,921 megavatios (MW) en 2020 a 7,120 MW en 2025, mientras que la participación de energías renovables subió del 11% al 29% en la matriz eléctrica nacional.

Durante el año 2025, se incorporaron 1,138 MW de nueva capacidad de generación, de los que 697 MW correspondieron a proyectos renovables, principalmente solares y eólicos.

Según Santos, los resultados acumulados en 2025 y lo que va de 2026 confirman el liderazgo de la energía y la minería dentro de la economía nacional, además de consolidar al país entre los mercados energéticos más dinámicos de América Latina y el Caribe.

Minería: crecimiento, exportaciones y aporte fiscal

En minería, el sector mostró una expansión interanual del 18.1 % en junio y un crecimiento acumulado del 11.3 % en el primer semestre de 2026.

El ministro señaló que la minería, especialmente el oro, mantiene su papel como uno de los mayores contribuyentes al fisco mediante el pago de impuestos y otros aportes al Estado, y se posiciona entre los líderes en exportaciones.

La inversión extranjera directa en minería durante el semestre sumó USD 406.29 millones, equivalente al 12.4 % del total nacional. Según Santos, este dato refleja la confianza de los inversores en el potencial del sector.

Como ejemplo del fortalecimiento de la actividad extractiva, el ministro mencionó la producción de 188,696 libras de larimar —piedra nacional— entre enero y junio de 2026. Atribuyó estos resultados a iniciativas que buscan mejorar las condiciones de extracción, comercialización y valor agregado del mineral, lo que ha favorecido a las economías locales y ampliado la contribución del sector minero al desarrollo económico.

Factores que acompañan el flujo de inversión

El crecimiento sostenido de la inversión extranjera, según el titular de Energía y Minas, está asociado a factores como la estabilidad macroeconómica y política, la seguridad jurídica, los incentivos a la inversión, la modernización de la infraestructura, el desarrollo de las telecomunicaciones y políticas públicas que buscan fortalecer la confianza de los inversores.

Los datos disponibles muestran que energía y minería mantuvieron una participación significativa en la captación de capital extranjero durante el primer semestre de 2026, en un contexto de cambios en ambos sectores y de presencia continua de interés por parte de inversiones foráneas.

El Gobierno, mediante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó las obras de infraestructura eléctrica que Vicuña, la compañía a cargo del que se considera el mayor proyecto minero del país, necesitaba para conectar su proyecto de cobre en San Juan a la red nacional de alta tensión. De esta forma y luego de tres años, despejó el último obstáculo regulatorio para que la empresa controlada por BHP y Lundin Mining avance hacia una decisión final de inversión de hasta USD 7100 millones en una primera etapa.

A través de la Resolución 330/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo emitió el certificado que habilita la construcción de las obras y le otorgó a Vicuña prioridad sobre el 90% de la capacidad eléctrica que se genere por 25 años. La inversión en infraestructura eléctrica podría rondar los USD 800 millones y será financiada en su totalidad por la compañía, sin traslado de costos a los usuarios del sistema.

La resolución pone fin a una disputa técnica y administrativa que se extendió por más de tres años. El proceso arrancó en 2023 con la presentación formal de la solicitud y se complicó en febrero de este año, cuando el ENReGE —entonces bajo la denominación ENRE, previo a su unificación bajo un mismo organismo— publicó la Resolución 79/2026, que habilitó provisionalmente el acceso pero recibió oposiciones formales de varios actores.

Esas presentaciones obligaron a convocar una audiencia pública, que se realizó el pasado 3 de junio en Buenos Aires. La escalada del conflicto fue tal, ya que la demanda eléctrica del proyecto en su primera fase —260 MW— equivale a casi la mitad del consumo pico de toda la provincia de San Juan, que en el verano pasado alcanzó los 572 MW. A su vez, en su fase final, los 700 MW requeridos superarían la demanda máxima histórica de la provincia.

En esa instancia, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE San Juan) planteó reparos sobre el impacto de la asignación en el abastecimiento futuro de la provincia y reclamó que la capacidad que excediera las necesidades propias de Vicuña quedara disponible para otros proyectos mineros regionales. La Secretaría de Energía de La Rioja objetó que las obras podrían comprometer la futura interconexión en 500 kV entre ambas provincias. Del lado privado, Andes Corporación Minera S.A. (ACMSA), titular del proyecto Los Azules —impulsado por McEwen Copper—, cuestionó las metodologías de cálculo de capacidad utilizadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y advirtió que la prioridad otorgada podría bloquear el acceso de otros emprendimientos al corredor eléctrico. También presentaron oposiciones Barrick Mining, Golden Mining y Casposo Argentina.

El ENReGE rechazó todas las impugnaciones y sostuvo que ninguna normativa provincial puede limitar los principios de libre acceso a la red eléctrica nacional. Frente a las objeciones de las empresas competidoras, el organismo respondió que la prioridad otorgada a Vicuña no bloquea el acceso de terceros al sistema, ya que cualquier otro proyecto puede financiar las ampliaciones que necesite bajo el marco regulatorio vigente.

Las obras comprenden cuatro componentes. El primero consiste en la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo para permitir que la línea existente, que opera en 132 kV, pase a funcionar en 500 kV. El segundo es la construcción de una nueva línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre las estaciones Rodeo y Chaparro, que atravesará zonas de montaña a hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar.

El tercero es la nueva Estación Transformadora Chaparro, con tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear) y previsiones para futuras interconexiones hacia el noroeste argentino. El cuarto es una línea de 220 kV de uso particular de unos 93 kilómetros que llegará hasta la Estación Transformadora Josemaría, dentro del propio proyecto minero, con tramos a 4.550 metros de altura.

“La obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas”, afirmó José Morea, Country Director de Vicuña, en un comunicado de la compañía.

Una vez finalizadas, todas las instalaciones pasarán a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y quedarán bajo la operación y mantenimiento de Transener, la concesionaria del transporte de alta tensión, que acaba de ser privatizada. El organismo aclaró que la única excepción al régimen de prioridad del 90% es la ampliación del transformador de la Estación Rodeo, cuya carga no depende de forma apreciable de la demanda del proyecto minero.

Avanza Vicuña en San Juan

La aprobación llega semanas después de que el Gobierno habilitara el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Con una inversión inicial declarada de USD 9.700 millones, el desembolso podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década. El proyecto se estructura en tres fases centradas en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con Chile, y prevé una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata una vez en plena operación.

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, había definido la concreción del plan como dependiente de una decisión final de los accionistas antes de fin de año. La infraestructura eléctrica aprobada este martes abastecerá una demanda de hasta 260 MW en la fase 1 del proyecto, con previsión de escalar hasta 400 MW y luego 700 MW en etapas sucesivas.

El salario promedio en Nicaragua durante 2026 evidencia notorias diferencias entre sectores, con la minería destacándose tanto por la magnitud de los sueldos como por la intensidad de su crecimiento, mientras otras ramas muestran avances más moderados.

Los datos oficiales del Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) permiten radiografiar la evolución de los salarios y la desigualdad entre actividades.

El mayor salto se observa en la minería. En mayo, los trabajadores de este sector recibieron en promedio 16,898 córdobas (USD 463), lo que representa un incremento cercano al 25% respecto a abril.

Esta variación mensual sitúa a la minería a la cabeza tanto en porcentaje de aumento como en nivel salarial absoluto.

Según cifras consultadas por Diario La Prensa, la variación anual en minería también muestra un avance relevante: el salario promedio subió 895 córdobas (USD 24.5) frente a mayo del año pasado, cuando la paga era de 16,002.6 córdobas (USD 438), lo que equivale a un 5.59% de aumento.

Si se compara con diciembre, el alza es más moderada, ya que entonces el promedio era de 16,692.4 córdobas (USD 457).

Diferencia de salarios según sector económico

Aunque la minería encabeza los aumentos, apenas emplea a 6,891 personas dentro de un universo de 821,117 afiliados al INSS en mayo. En contraste, sectores con mayor cantidad de trabajadores muestran tendencias distintas.

El comercio, con 157,016 empleados, registró un salario promedio de 16,573.7 córdobas (USD 454) en mayo, superior a los 15,816.2 (USD 433) de hace un año, pero inferior a meses anteriores.

La industria manufacturera, con 154,608 afiliados, incrementó su salario promedio hasta 16,497 córdobas (USD 452), por encima de los 15,213.5 (USD 417) de diciembre y de los 14,744 (USD 404) de un año antes, con una mejora anual de 1,753 córdobas (USD 48).

En la construcción, el salario promedio fue de 17,116.9 córdobas (USD 469), apenas 500 córdobas (USD 13.7) más que en diciembre, pero por debajo de meses previos y de los 17,222.1 (USD 472) de mayo del año pasado.

En transporte, almacenamiento y comunicaciones, el promedio salarial fue de 19,814.3 córdobas (USD 543), cifra menor a la de diciembre, cuando alcanzó 20,558.6 córdobas (USD 563), aunque inferior también a los 19,877.6 (USD 545) de mayo del año anterior.

¿Qué pasó con los salarios en 2026?

Durante 2026, la mayoría de los sectores económicos de Nicaragua implementaron aumentos en la paga de los trabajadores, aunque la magnitud de los incrementos fue desigual.

La minería lideró con un crecimiento mensual cercano al 25%, mientras en sectores como el comercio y la construcción los avances fueron más limitados o incluso se registraron retrocesos.

Tal como publicó Diario La Prensa, en servicios comunales, sociales y personales —el rubro con mayor cantidad de empleados, 274,426— el salario promedio alcanzó 16,306.8 córdobas (USD 447) en mayo.

Esta cifra es levemente inferior a la de diciembre, pero supera la del año anterior, lo que confirma un avance modesto en este segmento.

Los trabajadores del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca devengaron en promedio 11,766 córdobas (USD 323), apenas por encima de los 10,895 (USD 299) de diciembre y de los 11,089 (USD 304) de mayo de 2025, mostrando un crecimiento anual bajo.

Perspectiva por rubro y evolución reciente

Las empresas de electricidad, gas y agua pagaron en promedio 24,533.4 córdobas (USD 672) en mayo, superando los valores de diciembre y del año anterior.

El ámbito financiero reportó un salario promedio de 19,628.3 córdobas (USD 538), inferior a los 20,245.3 (USD 555) de diciembre, aunque superior a los 18,460.6 (USD 506) de hace un año.

El balance general muestra que, aunque el salario promedio nacional ha experimentado un crecimiento, la velocidad y el alcance de los aumentos dependen en gran parte del sector y del volumen de empleados en cada actividad. Así, la brecha entre los rubros de mayor y menor remuneración sigue siendo un rasgo central del mercado laboral nicaragüense en 2026.

La minera Liex, subsidiaria de la china Zijin Mining, se convirtió en la primera empresa de capital chino en obtener el aval del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, Catamarca.

Según informó el Ministerio de Economía este miércoles, el consejo decidió aprobar una inversión total de USD 709 millones para construir y operar una planta con capacidad de 40.000 toneladas anuales, lo que eleva a 22 el número de proyectos aprobados bajo el régimen.

La planta contempla pozos para extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares y obras de control de inundaciones. Los estudios técnicos presentados ante el Comité indican que el salar dispone de recursos suficientes para más de 19 años de producción efectiva.

El proyecto generará exportaciones estimadas en USD 400 millones anuales y creará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

Con la aprobación de Liex, Catamarca suma su tercer proyecto litífero bajo el régimen. La australiana Galan Lithium Ltd opera desde el 1 de abril la planta Hombre Muerto Oeste (HMW) en el Salar del Hombre Muerto, con capacidad para 12.000 toneladas anuales —el segundo proyecto del régimen en entrar en operación, a cinco meses de su aprobación en agosto de 2025—. Rio Tinto tiene allí su propio proyecto de expansión, Fénix, con 9.500 toneladas adicionales de capacidad y una inversión de USD 530 millones.

La actividad litífera bajo el RIGI se extiende también a Salta. Rio Tinto tiene aprobado el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón: una planta de carbonato de litio de grado batería con capacidad para 60.000 toneladas anuales —suficientes para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos por año— y una inversión de USD 3.000 millones. En marzo de 2026, la compañía despachó 200 toneladas en diez contenedores desde el Puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, el primer envío comercial de carbonato de litio desde ese salar. Catamarca, Salta y Jujuy conforman el llamado triángulo del litio, la región con las mayores reservas del mineral del planeta, compartida con Chile y Bolivia.

La primera minera china en entrar al RIGI

El ingreso de Liex al régimen tiene un antecedente directo en el universo del litio chino en Argentina: el Ministerio de Economía había rechazado previamente la solicitud de la también china Ganfeng Lithium Group para incorporar su proyecto Mariana, en Salta, al RIGI. Según consta en el registro oficial del régimen, el proyecto fue desestimado por haber iniciado actividades antes de su presentación formal, que data del 1 de marzo de 2025, con un monto declarado de USD 273 millones. Liex se convierte así en la primera firma china en franquear ese umbral.

Ganfeng, de todos modos, no abandonó sus planes en el país. La compañía —con sede en Xinyu, fundada en 2000 y el mayor productor de litio de China, donde abastece a fabricantes como Tesla, BMW, Volkswagen e Hyundai— cerró un acuerdo con la canadiense Lithium Argentina para crear un joint venture en el que Ganfeng retendrá el 67% y la firma canadiense el 33%. La nueva sociedad unificará tres proyectos contiguos en Salta —Pozuelos-Pastos Grandes, Pastos Grandes y Sal de la Puna— con el objetivo de alcanzar una producción de 150.000 toneladas de carbonato equivalente (LCE) por año. La presentación ante el RIGI estaba prevista para el primer semestre de 2026, aunque hasta el momento no se registra aprobación en el registro oficial del régimen.

Del total de 39 proyectos presentados ante el Comité Evaluador desde la creación del régimen, 22 cuentan ya con aprobación, otros 21 permanecen en evaluación y uno fue rechazado. El monto total comprometido por todas las iniciativas asciende a USD 121.237 millones, aunque los activos computables de los proyectos aprobados suman USD 16.092 millones. Por sector, energía concentra la mayor porción de inversión declarada con USD 78.300 millones, seguida por minería con USD 42.200 millones. Por subsector, Oil & Gas lidera en cantidad de proyectos con 13 iniciativas, seguido por litio con 11 y cobre con 5.

El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y con vigencia extendida hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años, según la categoría del proyecto. En total, participan 45 empresas provenientes de 11 países.

El Indec aún no da a conocer los resultados correspondientes a la evolución de la actividad económica en el primer semestre del año, pero las consultoras privadas ya están adelantando sus estimaciones, elaboradas a partir de series propias y modelos de proyección. Sirve de ejemplo el caso de Orlando J Ferreres & Asociados (OJF) y de Equilibra, dos de los centros de estudios más consultados a la hora de interpretar la marcha de la economía.

Los dos informes coinciden en un diagnóstico de base: la actividad logró crecer en la comparación interanual durante junio y el acumulado del primer semestre del año cerró en terreno positivo. Se trata de una coincidencia relevante, en la medida en que ambas consultoras utilizan metodologías propias para estimar el nivel de actividad antes de que se conozca el dato oficial del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Sin embargo, esa coincidencia de signo no se traduce en una coincidencia de magnitud. Mientras que el Índice General de Actividad de OJF (IGA-OJF) midió una mejora de 0,4% en la comparación mensual desestacionalizada, el anticipo de Equilibra ubicó esa misma variable en 0,0%, es decir, una actividad estancada respecto de mayo. La diferencia también se replica en la comparación interanual y en el acumulado semestral, donde ambas consultoras arrojan números positivos pero de una magnitud distinta.

Lo que muestra el informe de OJF

De acuerdo con el IGA-OJF, el nivel general de actividad registró una suba de 1,9% interanual en junio, acumulando para el primer semestre del año una variación de 0,1 por ciento. En la comparación mensual desestacionalizada, el índice mostró una expansión de 0,4 por ciento.

El documento destacó que junio fue el segundo mes consecutivo con una variación mensual desestacionalizada positiva, aunque aclaró que “el EMAE estimó para mayo una baja mensual”. De esta manera, el IGA-OJF proyectó para el segundo trimestre del año un avance de la actividad de 1,1% respecto de los primeros tres meses de 2026.

En términos anuales, el informe remarcó que la mejora es generalizada: “Ya estamos afianzados en cifras positivas, con todos los sectores registrando crecimiento anual, con la sola excepción de Administración pública y defensa”, señalaron.

Según el desagregado por sector, Minas y Canteras lideró el crecimiento interanual de junio con una expansión de 9,8%, impulsada por los récords productivos de extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta. Le siguió Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, con una suba interanual de 7,4% y una acumulada de 7,5% en el semestre, explicada por el desempeño del sector agrícola (+9,0%), mientras que la ganadería continuó en terreno negativo (-1,9%), aunque con una mejora respecto de los meses previos.

Construcción avanzó 3,5% interanual y 2,5% en el acumulado del semestre, mientras que Intermediación Financiera creció 3,2% en junio y 5,9% en los primeros seis meses del año. Electricidad, Gas y Agua subió 2,1% en junio y acumuló una expansión de 3,6% en el semestre, con la distribución de gas como principal impulsor, aunque Cammesa informó que la generación eléctrica de junio fue 1,1% inferior a la de igual mes del año pasado.

La Industria Manufacturera, en cambio, mostró un comportamiento ambiguo: La consultora midió una caída de 0,3% mensual en junio, que “desandó parcialmente la mejora que observó el índice para mayo”, aunque en la comparación interanual el sector avanzó 1,4%, impulsado por la operación en refinerías y la producción de metales básicos. Los rubros más contractivos del mes fueron plásticos, maquinaria y equipo, y el textil. En el acumulado del semestre, la industria arrastra una contracción de 2,2%. El único sector con caída interanual en junio fue Administración Pública y Defensa, con una baja de 0,6 por ciento.

La lectura de Equilibra

El anticipo de Equilibra para el Estimador Mensual de Actividad Económica proyectó una suba de 1,0% interanual en junio, con una serie desestacionalizada que permanecería estancada en 0,0% mensual. El informe de la consultora, señaló que ese resultado llega después de dos meses consecutivos de caída mensual, en abril y mayo, y precisó que el nivel de actividad “quedaría casi 2% por debajo del nivel de marzo 2026 (máximo histórico)”.

A diferencia del informe de OJF, Equilibra distingue entre sectores primarios y no primarios para explicar el resultado de junio. Según sus estimaciones, la actividad no primaria, que excluye agro, minería, energía y pesca, cayó 0,6% interanual y 0,5% en la medición mensual desestacionalizada, acumulando de esa forma tres bajas consecutivas, luego de los registros de abril (-1,4%) y mayo (-0,2%). El informe precisó que, en junio, “el mal desempeño se concentró en industria, construcción e intermediación financiera”.

Los sectores primarios, en cambio, tuvieron un comportamiento opuesto: crecieron 9,0% interanual y 2,5% en la medición mensual, luego de una caída cercana al 5% mensual en mayo. Según Equilibra, esa mejora “se explica por el alza en la cosecha de maíz y un buen mes para la pesca”. De acuerdo con el informe, los sectores primarios aportaron 1,5 puntos porcentuales del crecimiento interanual de junio y explicaron la totalidad de la suba mensual del mes.

Con ese resultado, la consultora estimó que el segundo trimestre del año arrojó una caída desestacionalizada de casi 1% frente al primer trimestre, explicada por una baja de 2,5% en los sectores primarios, en comparación con la cosecha récord de trigo del trimestre anterior, y de 0,5% en los no primarios. Para el acumulado del primer semestre, Equilibra proyectó una suba de 1,6% interanual, que atribuyó “completamente” a los sectores primarios. El informe cerró señalando que, de confirmarse el anticipo de junio, “es probable que volvamos a nuestra proyección de crecimiento de 2,0% para 2026”.

Un diagnóstico compartido, con matices

Más allá de la diferencia en los porcentajes, los dos informes coinciden en varios puntos que exceden el signo positivo del semestre. En ambos casos, el sector agropecuario aparece como uno de los principales motores del crecimiento.

La industria manufacturera, en cambio, asoma como uno de los puntos débiles en ambas lecturas. Administración Pública también mostró un comportamiento negativo en el informe de OJF, con una baja interanual de 0,6% en junio, en línea con el rezago que registran los sectores vinculados al Estado en las estimaciones desagregadas de ambas consultoras.

El hidrosulfuro de sodio (NaHS) es un compuesto químico inorgánico utilizado principalmente como fuente de azufre reactivo en diversos procesos industriales, especialmente en la minería. De acuerdo con el proveedor de productos químicos YIGYOOLY, se emplea para activar cobre y otros minerales sulfurados durante los procesos de flotación.

El investigador Eduardo Garrido Garrido señaló en su publicación Estudios de Potencial Zeta sobre la sulfuración de un mineral de la malaquita y su aplicación en la flotación que el hidrosulfuro de sodio es “el reactivo que reviste mayor importancia para la minería”. Añade que, hasta 2006, alrededor del 95% del producto utilizado en México era importado, lo que generaba una fuerte dependencia del mercado internacional.

¿Para qué sirve el hidrosulfuro de sodio?

Además de su uso en la minería, el hidrosulfuro de sodio tiene aplicaciones en distintas industrias.

Entre sus principales usos destacan:

• Activación de minerales y recuperación de metales en la minería.
• Fabricación de productos químicos para la industria textil.
• Producción de retardantes de llama y aceleradores de vulcanización.
• Tratamiento de pieles en la industria de la curtiduría como agente depilatorio.
• Elaboración de plásticos resistentes al calor utilizados en los sectores automotriz y electrónico.
• Incorporación de azufre en el proceso kraft de la industria papelera.

De acuerdo con la ficha técnica de Nouryon, el hidrosulfuro de sodio es una sustancia peligrosa que requiere un manejo especializado, aunque puede utilizarse de forma segura cuando se siguen las normas de seguridad correspondientes.

La solución es de color amarillo claro y se caracteriza por su olor a huevo podrido. Este olor se debe a que, al entrar en contacto con ácidos, libera sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico y potencialmente mortal.

El producto se transporta como líquido corrosivo y tóxico bajo la clasificación UN 2922 y debe almacenarse en tanques cerrados con atmósfera de nitrógeno para evitar la emisión de vapores peligrosos. Además, su manipulación debe realizarse en sistemas cerrados con gas inerte y los vapores deben ser tratados antes de liberarse al ambiente.

¿Qué riesgos para la salud y el medio ambiente tiene el hidrosulfuro de sodio?

El especialista en Salud Ambiental y Ocupacional de la Universidad de Sonora, Héctor Duarte Tagles, advirtió en entrevista con el medio Uniradio Informa Sonora que el hidrosulfuro de sodio es una sustancia “altamente peligrosa para cualquier forma de vida”.

Explicó que, cuando entra en contacto con el agua, puede generar sulfuro de hidrógeno, el cual puede transformarse en ácido sulfhídrico, un compuesto tóxico, corrosivo, irritante e incluso inflamable.

El académico señaló que la exposición a esta sustancia puede provocar:

• Irritación en vías respiratorias.
• Quemaduras en la piel y mucosas.
• Daños al sistema respiratorio.
• Insensibilización del nervio olfativo, lo que impide percibir el olor del gas y aumenta el riesgo de intoxicación.

Asimismo, advirtió que representa un peligro para la fauna, la flora y los ecosistemas acuáticos.

¿Qué impacto podría tener el derrame de hidrosulfuro de sodio en Sonora?

Tras el descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex, perteneciente a la empresa minera, Grupo México en el Rancho Potrero El Cobre, en el municipio de Naco, Sonora, donde se derramaron aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio.

Para Héctor Duarte Tagles, esta cantidad representa un riesgo importante para el medio ambiente. Explicó que el químico puede afectar severamente la vida acuática, la vegetación y la fauna de la zona. Además, al ser altamente soluble en agua, existe la posibilidad de que las lluvias favorezcan su dispersión hacia otras áreas, incrementando el impacto ambiental y complicando las labores de remediación.

El especialista consideró que aún es prematuro descartar riesgos sin contar con estudios técnicos que permitan evaluar la magnitud de la contaminación y determinar las acciones de restauración ambiental necesarias.

Organizaciones ambientales cuestionan que se descarte el riesgo tras el derrame

La asociación civil Cultura Verde cuestionó la postura de las autoridades ambientales federales, que informaron que no existía riesgo para la población cercana al sitio del accidente a través de un comunicado de prensa.

A través de su cuenta oficial en X, la organización recordó que Protección Civil reportó escurrimientos ocasionados por las lluvias y señaló que todavía no se conocen públicamente los resultados de los estudios ambientales.

La agrupación pidió no minimizar el incidente y exigió:

• Análisis completos del derrame.
• Evaluación del agua superficial y de los pozos.
• Un mapa de la zona afectada.
• Acciones de limpieza y remediación ambiental.

Cultura Verde aseguró que su objetivo no es generar alarma, sino que las autoridades transparenten la información y determinen el verdadero alcance del impacto ambiental provocado por el derrame.

Precisamente, el ahora ministro de la cartera, Elmer Cuba, concedió, hace poco menos de un mes, una entrevista en la que aseveró que impulsaría una serie de medidas para el inicio de la nueva gestión. ¿Cuántas de ellas podrá cumplir?

1. Nombrar una autoridad central para enfrentar el fenómeno de El Niño

Elmer Cuba plantea que, ante la inminencia de desastres naturales vinculados al fenómeno de El Niño, la respuesta del Estado debe ser rápida, coordinada y eficaz. Para ello, propone crear una autoridad central con respaldo legal especial, a través de una ley o un decreto, que tenga la responsabilidad exclusiva de acelerar obras de prevención y reconstrucción.

Esta autoridad permitiría superar la ineficacia de organismos previos y evitaría que la preparación ante el fenómeno quede incompleta, lo que podría traducirse en mayores daños y pérdidas económicas.

“Hay que distinguir de las urgentes, de las importantes. Las urgentes son, nombrar una autoridad central, con una ley especial, un decreto especial para que se encargue de apurar todo el tema del Niño”, declaró para El Montonero.

2. Detener el “drenaje” de recursos en Petroperú

El economista identifica a Petroperú como un foco de pérdidas fiscales constantes para el Estado peruano. Sostiene que es imperativo frenar el uso ineficiente de recursos públicos en la empresa, que describe como un “barril sin fondo”, ya que los esfuerzos destinados a mantenerla representan una carga significativa para las finanzas públicas.

La acción concreta implica revisar y limitar las transferencias estatales y buscar mecanismos para que la empresa no siga generando déficit. Actualmente, la deuda de Petroperú supera los USD 5.000 millones.

“Petroperú sigue siendo un barril sin fondo que elimina recursos públicos y que cuesta recaudar”, mencionó.

3. Eliminar la pensión vitalicia para maestros

Como una de las medidas urgentes, Cuba propone derogar o modificar la Ley N° 32581 que otorga pensión vitalicia a los maestros del sector público, ubicada en torno a los S/ 3.300 a S/ 3.500, según el valor vigente de la escala.

Considera que este beneficio es insostenible para las finanzas del Estado y rompe el equilibrio del sistema de pensiones, generando además una situación injusta frente a otros servidores públicos. Eliminar esta disposición evitaría un crecimiento descontrolado del gasto previsional y evitaría problemas adicionales en el futuro.

“La madre de las batallas es la pensión vitalicia para los maestros. Esa es demasiado cara y rompe todo el equilibrio pensional del sector público”, indicó el economista.

4. Nueva ley para formalizar la minería informal y de pequeña escala (MAPE)

Cuba señala que la informalidad minera constituye un problema estructural que requiere una respuesta legal específica. Propone implementar una nueva ley orientada a la minería artesanal y de pequeña escala, que contemple un periodo de adaptación para que los actores del sector puedan cumplir con la regulación antes de aplicar sanciones severas.

Actualmente, el REINFO se cierra el 31 de diciembre de 2027, según lo establecido por la Ley N° 32537. El proceso de formalización minera integral también podría concluir antes si entra en vigor la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

“Arreglar definitivamente el tema de la minería informal y pequeña escala, una ley MAPE que sea acorde a las verdaderas productividades de ese sector y darles un tiempo para que se adapten a esa norma”, refirió el ahora ministro.

5. Reconstruir la burocracia estatal y el aparato público

Elmer Cuba advierte que el Estado peruano ha quedado “decapitado” tras años de crisis política y alta rotación en los ministerios, lo que ha debilitado la cadena de mando y la capacidad de gestión.

Por ello, plantea la necesidad de reconstruir el aparato público, atraer profesionales y restablecer la estructura administrativa para recuperar la eficacia estatal. Solo así, sostiene, será posible implementar políticas públicas de manera consistente y eficiente en todo el país.

“El Estado peruano ha sido decapitado […] no responde al freno, ni al acelerador, ni a los cambios. Hemos decapitado toda la burocracia que teníamos en los últimos veinte años”, confirió.

6. Reforma educativa (básica, secundaria y universidades privadas de baja calidad)

El economista considera que la educación es clave para el desarrollo a largo plazo y la reducción de la informalidad. Propone enfrentar los intereses corporativos, tanto sindicales como de universidades privadas de baja calidad, para mejorar el sistema educativo.

Esto implicaría cambios en la regulación, la supervisión y la calidad de los contenidos, a fin de evitar que los jóvenes sigan condenados a empleos informales y precarios.

“Todavía seguimos fabricando personas que van a ganar muy poco, los pobres del futuro, los independientes del futuro, los informales del futuro, los vulnerables del futuro, los estamos formando hoy”, opinó en la entrevista.

7. Reforma tributaria para reducir la evasión (sin cambiar tasas)

Cuba no propone modificar las tasas de impuestos, sino atacar el problema de la evasión, que identifica como uno de los principales obstáculos fiscales del país. Su planteamiento es mejorar los mecanismos de recaudación, especialmente en la mediana y pequeña empresa, donde se concentra la mayor parte de la evasión.

Con una mejor fiscalización y cumplimiento, consideró que Perú podría incrementar sus recursos públicos sin necesidad de aumentar la presión tributaria sobre los contribuyentes formales.

“El problema no está en las tasas, está en la evasión. Los grandes pagan todo lo que tienen que pagar, el evasor es la mediana para abajo, que tiene doble contabilidad”, dijo Cuba.

8. Reforma laboral para adecuarla a la realidad de la microempresa y reducir informalidad

El exconsultor de Macroconsult reconoce que la informalidad laboral es uno de los principales retos económicos y sociales del Perú. Propone una reforma laboral específica para la microempresa, que reduzca las rigideces y costos que actualmente dificultan la formalización del empleo.

Esta reforma, según Cuba, permitiría que más trabajadores accedan a derechos laborales y al mismo tiempo fortalecería al sindicalismo, al ampliar la base de trabajadores formales.

“Tienes que recalibrar las normas de la ley laboral de la microempresa para realmente arrancar y a bajar de una vez por todas y para siempre la informalidad laboral”, aseveró.

9. Mejorar la eficiencia en la inversión pública regional y local

Cuba destaca que gran parte de la inversión pública se pierde en obras inconclusas y corrupción, especialmente en gobiernos regionales y municipales. Propone que, sin aumentar el presupuesto, se priorice la gestión efectiva de los recursos, evitando la dispersión y el mal uso.

La clave, de acuerdo con el nuevo ministro de Keiko Fujimori, sería fiscalizar y controlar la ejecución de obras para garantizar resultados tangibles en servicios básicos como agua, caminos y puentes.

“En los gobiernos regionales y gobiernos locales, donde dos tercios de la inversión pública se hacen ahí, abajo hay una corrupción mayúscula y no está funcionando. Si solamente invirtiésemos bien, el mismo monto sería una maravilla”, remitió.

10. Fortalecer la gestión pública para ganar legitimidad y facilitar reformas

Finalmente, Elmer Cuba sostiene que el éxito de un gobierno depende en gran parte de su capacidad de gestión, especialmente en los primeros meses de mandato. Considera que una administración eficiente, que logre resultados visibles rápidamente, permite al gobierno aumentar su legitimidad ante la ciudadanía.

Este respaldo social es fundamental para que el Ejecutivo tenga margen político y pueda implementar reformas de fondo en los siguientes años. En otras palabras, Cuba plantea que la gestión pública efectiva no solo es un fin en sí mismo, sino también una herramienta para consolidar el apoyo social y político necesario para transformar al país.

“La gestión, si hace una buena gestión los primeros meses, eso va a subir y le va a dar más legitimidad. Un presidente popular y querido tiene más espacio para hacer reformas”, sentenció.

Elmer Cuba llega al MEF en un momento crítico para el país

De esta manera, el nuevo titular del MEF busca avanzar con medidas como la creación de una autoridad central para enfrentar el fenómeno de El Niño, el control del gasto en empresas estatales y la reforma de sistemas laborales y tributarios.

La confianz es grande, pues Elmer Cuba fue anticipadamente anunciado junto a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros y Carlos Espá como ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el alcance de estas iniciativas estará condicionado por la capacidad del gobierno para generar confianza, alcanzar acuerdos con los sectores empresariales y laborales, y responder a un escenario económico desafiante marcado por la llegada de uno de los fenómenos de El Niño más intensos de las últimas décadas.

La competitividad de la minería ya no dependerá únicamente del potencial geológico o de la capacidad de producción, sino de su habilidad para incorporar inteligencia, innovación y sostenibilidad en toda la cadena de valor. En un escenario marcado por la creciente demanda deminerales críticos para la transición energética, mayores exigencias ambientales y costos operativos crecientes.

La Minería 5.0 representa la evolución desde un modelo reactivo hacia operaciones conectadas, inteligentes y sostenibles, donde convergen datos, automatización, inteligencia artificial y talento humano. La infraestructura continuará siendo esencial, pero el verdadero valor estará en la capacidad de gestionar información en tiempo real para anticipar riesgos, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones.

Esta transformación se sustenta en seis pilares estratégicos. El primero impulsa Operaciones Autónomas y Resilientes, incorporando automatización, monitoreo inteligente y analítica predictiva para incrementar la productividad y la seguridad. El segundo promueve la Sostenibilidad y la Descarbonización Inteligente, mediante electrificación de flotas, energías renovables y una gestión eficiente de agua y energía. El tercero plantea la Integración Digital de la cadena Mine-to-Market, conectando exploración, mina, planta, logística y comercialización sobre plataformas interoperables.

El cuarto pilar fortalece la Gobernanza de Datos, la Inteligencia Artificial y la Analítica Avanzada, convirtiendo los datos en el principal activo estratégico para optimizar la exploración, mejorar la recuperación metalúrgica, reducir costos y anticipar riesgos. El quinto incorpora la Ciberseguridad y la Infraestructura Digital, garantizando la continuidad operacional y la protección de infraestructuras críticas. Finalmente, el sexto reconoce que ninguna transformación será sostenible sin Talento, Cultura y Gestión del Cambio, desarrollando profesionales con competencias en automatización, ciencia de datos, sostenibilidad y liderazgo.

Estos seis pilares constituyen una hoja de ruta para evolucionar hacia organizaciones mineras inteligentes, capaces de integrar tecnología, personas y procesos en un modelo de gestión basado en información en tiempo real. Alcanzar esta visión requerirá inversiones sostenidas, marcos regulatorios modernos, infraestructura digital interoperable y una decidida apuesta por el desarrollo del talento humano.

La Minería 5.0 marca un nuevo paradigma: pasar de administrar operaciones tradicionales a gestionar ecosistemas inteligentes, resilientes y sostenibles.

El Gobierno de Nicaragua otorgó este lunes dos nuevas concesiones de minería a cielo abierto a la empresa china Norther Mining Company S.A. y elevó a 19 los permisos entregados después de las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, según el Diario Oficial La Gaceta.

Las exportaciones mineras de Nicaragua alcanzaron USD 2,009,2 millones en 2025, un alza de 44.4% frente a 2024, de acuerdo con datos oficiales citados en el texto fuente. Dentro de ese total, el oro en bruto aportó USD 1,971 millones, equivalentes al 22.7% de todo lo exportado por el país, con un volumen de 19.9 toneladas métricas.

La primera de las nuevas concesiones fue concedida a Norther Mining Company S.A., representada en Managua por el ciudadano chino Bao Jiang, con residencia nicaragüense. La certificación de la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia indica que el permiso corresponde al lote La Alforja.

Ubicación y superficie de los nuevos lotes

Ese lote tiene una superficie de 48.238,62 hectáreas y está ubicado en los municipios de Laguna de Perlas, El Rama y Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. La segunda concesión para la misma firma corresponde al lote El Pijibaye, con 9,118 hectáreas, en el municipio de Nueva Guinea, en esa misma región.

La decisión amplía la presencia de capital chino en una actividad que se consolidó como una de las principales fuentes de divisas del país.

El alcance de las concesiones a empresas chinas

Entre 2021 y junio de 2026, el Gobierno sandinista otorgó concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1,277,389.38 hectáreas. Esa extensión representa el 10% del territorio nicaragüense e incluye áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río.

De acuerdo con esa organización, el Ejecutivo modificó el marco jurídico del país “para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas”. La ONG sostuvo además que esos cambios buscaron sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las sanciones de abril al sector

A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a dos hijos de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras. Todos fueron señalados por su participación en la extracción y comercialización de oro en Nicaragua.

El peso del oro explica la relevancia del sector en la economía nicaragüense. Según los datos oficiales, el metal se convirtió en el principal producto de exportación del país y marcó un récord histórico tanto por ingresos como por volumen comercializado.

Vale recordar que China y Nicaragua consolidan un modelo de cooperación autoritaria basado en control, vigilancia y formación de élites, de acuerdo al informe “Autoritarismo con características chinas: cooperación y control en Nicaragua” de Expediente Abierto.

El esquema combina asistencia técnica, transferencia de equipos y acuerdos de Estado a Estado. Organizaciones que monitorean la región señalan que este tipo de cooperación puede fortalecer capacidades de gestión pública, pero también ampliar herramientas de control social cuando opera con baja supervisión y sin estándares de transparencia.

Seis personas, entre ellas dos menores de edad, fueron aprehendidas en momentos en que se dedicaban a la extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto, en las afueras de la ciudad capital.

La acción se efectuó durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en el llamado Corredor de Los Pobres, en el corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

Las autoridades informaron que la intervención policial de la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales, la Dirección de Investigación Judicial Ambiental, la Policía Ambiental y del Servicio Nacional de Fronteras respondió a información previa que alertaba sobre la presencia de personas dedicadas a la actividad minera ilegal.

Esta actividad, dijeron, estaba provocando afectaciones al ecosistema, entre ellas la desviación del cauce de la quebrada y la degradación del suelo.

En cumplimiento de los protocolos establecidos, los adolescentes fueron remitidos a las autoridades competentes a través de la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

A los involucrados se les informó sobre su aprehensión por la presunta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales.

El artículo 399 del Código Penal, tipifica los delitos contra los recursos naturales y sanciona con penas de 3 a 6 años de prisión a quien, infringiendo las normas de protección ambiental, destruya, extraiga, contamine o realice actos de extracción ilegal de recursos minerales que afecten el equilibrio ecológico o las fuentes hídrica.

De igual manera, la Ley 41 de 1998 (Ley General de Ambiente), prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y áreas protegidas.

Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron diversos implementos utilizados para la extracción ilegal, entre ellos: cuatro palas, cuatro bateas, cuatro canalones, diez cubos plásticos, una manguera con filtro, un tanque de gasolina, una coa y una motobomba. Asimismo, personal técnico del Ministerio de Ambiente entregó las citaciones correspondientes para dar continuidad al proceso administrativo.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Zona Policial Metro Norte, subestación de Caimitillo, donde se realizaron los trámites legales pertinentes.

La minería ilegal en Panamá se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales y de gobernanza del país en los últimos años, en un contexto marcado por una moratoria a la minería metálica, el cierre de la mayor mina de cobre de Centroamérica y una creciente conflictividad social en torno al modelo extractivo.

La minería metálica formal se encuentra paralizada tras la aprobación de la Ley 407 de 2023 y la declaración de inconstitucionalidad del contrato de Cobre Panamá.

La renovación del contrato minero a través de la Ley 406 de 2023, aprobada con un trámite acelerado y sin debate suficiente, actuó como detonante de una ola de protestas masivas e históricas, en las que confluyeron pueblos indígenas, sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones ambientalistas y amplios sectores urbanos.

Mientras, diversas operaciones ilícitas proliferan en zonas rurales y áreas protegidas, impulsadas por el alza del precio del oro, la debilidad del control estatal en territorios de difícil acceso y la existencia de redes organizadas que operan al margen de la ley.

Casos recientes en la provincia de Darién, la cuenca del Canal de Panamá, el Parque Nacional Chagres, la comarca indígena Guna Yala, Chepo y en otras regiones del país evidencian patrones recurrentes: excavaciones clandestinas, uso de maquinaria no artesanal, desviación de cauces de ríos, presencia de campamentos improvisados y empleo de sustancias peligrosas como combustibles y, en algunos casos, mercurio y cianuro.

Esta dinámica, según los ecologistas, ocasiona una combinación de deforestación acelerada, degradación de suelos, contaminación de fuentes hídricas y afectación de las comunidades campesinas cercanas de los ríos.

El campo argentino llegó al tradicional acto de apertura de la Exposición Rural de Palermo con el reclamo histórico intacto —la eliminación total de las retenciones— y se fue sin el anuncio que esperaba. Pero las principales entidades del sector celebraron el discurso del presidente Javier Milei con una valoración que excede lo tributario: el reconocimiento explícito al agro como motor de la economía y, sobre todo, la ratificación del equilibrio fiscal como condición innegociable antes de avanzar en cualquier quita impositiva.

El tono lo marcó Milei desde el arranque. “Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes", afirmó ante productores y dirigentes rurales en el predio de Palermo, en un acto que se realizó un domingo —en lugar del tradicional sábado— por cuestiones de agenda presidencial. El mandatario llegó pasadas las 11 acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

El discurso de casi 40 minutos no incluyó anuncios de nuevas bajas de derechos de exportación, algo que ya había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su visita al predio el jueves de la semana pasada. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, había dicho Caputo el jueves, en referencia al esquema escalonado de reducción de retenciones anunciado en mayo.

Ese plan prevé un costo fiscal de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028, con bajas mensuales que alcanzan a todos los cultivos desde el año próximo. En soja -el principal producto de exportación argentino-, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes a lo largo de 2027, desde 23,75% hasta 21%, para luego bajar medio punto mensual durante 2028.

El argumento de la energía y la minería

El pasaje del discurso que más resonó en el sector fue la respuesta de Milei al reclamo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien minutos antes había pedido que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre” y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. La respuesta presidencial fue una ecuación: el crecimiento de los sectores energético y minero financiará la eliminación definitiva de las retenciones.

“Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. No le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos”, afirmó Milei. Y precisó: “El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento de un campo pujante en las próximas décadas”.

La lógica oficial es que la pérdida de recaudación que implica avanzar hacia la quita total de derechos de exportación pueda compensarse con los ingresos provenientes del despegue exportador del petróleo, el gas y la minería —sectores que hoy generan divisas crecientes y que, a diferencia del agro, no cargan con retenciones de la misma magnitud.

Pino y el equilibrio entre el reclamo y el reconocimiento

El discurso de Pino combinó la exigencia con el reconocimiento. El titular de la SRA enumeró los logros de la gestión Milei —reducción de la inflación, equilibrio fiscal, estabilidad cambiaria, baja del riesgo país— y cuantificó en unos USD 6.000 millones la suma que el campo no pagó en retenciones durante el mandato actual, dinero que, según dijo, se reinvirtió “en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras”. Pero la demanda de fondo no cedió: “Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”.

Sin embargo, Pino también apuntó contra los impuestos provinciales y las tasas municipales, en línea con el discurso económico oficial. Acusó a las provincias de crear “aduanas internas, prohibidas por la misma Constitución Nacional” mediante el cobro de gravámenes por el traslado de mercadería entre distritos, y reclamó el fin del “manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos” y de las tasas viales “que no se traducen en obras”.

Sobre las limitaciones en materia de infraestructura, dijo que el atraso en caminos rurales, trenes, puertos y obras de prevención de inundaciones —mencionó en particular la cuenca del río Salado— forma parte del “famoso costo argentino” que daña la competitividad del sector. Milei respondió a ese punto con dos anuncios concretos: la privatización del Belgrano Cargas y la adjudicación de la hidrovía, presentados como herramientas para reducir los costos logísticos del agro.

Mismo rumbo, más velocidad

La recepción del discurso presidencial entre las principales entidades del sector fue positiva. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC —la cámara de las empresas agroexportadoras que representa alrededor del 50% de las exportaciones argentinas—, destacó que Milei “ratificó el camino a través de las negociaciones de apertura de mercados y las nuevas inversiones portuarias y de industrialización de soja y girasol”. Para Idígoras, la adjudicación de la vía navegable troncal y la próxima licitación del Belgrano Cargas son “los motores de las exportaciones del país” y generarán “más producción, más empleo y más exportaciones”.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano valoró que Milei haya puesto el foco en la certidumbre y la hoja de ruta a largo plazo, algo que considera indispensable para un sector cuyas actividades “exceden los períodos presidenciales”. Magnano reconoció que el escenario ideal hubiera sido la quita total de retenciones, pero entendió los límites del Gobierno: “Ha dado hasta donde puede sin comprometer el equilibrio fiscal, que es una de las variables innegociables”, afirmó, y agregó que ese camino “me parece correcto”.

Esa última frase sintetiza el estado de ánimo del sector tras la Rural: el campo sigue sin las retenciones cero que reclama desde hace décadas, pero encuentra en el superávit fiscal —una conquista que el propio agro siempre exigió como condición de sustentabilidad macroeconómica— una razón para acompañar el ritmo gradual que propone el Gobierno. La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos, muestra que el sector produce a máxima capacidad incluso con “una mano atada a la espalda”, como dijo el propio Milei.

Las concesiones mineras a cielo abierto en Nicaragua para empresas chinas llegaron a 17 este viernes, luego de que el régimen de Daniel Ortega adjudicara dos nuevos lotes a firmas con representación china en Managua, según publicó el Diario Oficial La Gaceta.

La información fue difundida por la agencia EFE. Una de las concesiones recayó en Norther Mining Company S.A., representada por el ciudadano chino Bao Jiang, residente en Nicaragua.

El lote, denominado La Minita, abarca 18,666 hectáreas distribuidas entre los municipios de Nueva Guinea, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y El Almendro, en el departamento de Río San Juan.

La segunda concesión fue para Nicaragua Jia Run S.A., cuyo representante es el ciudadano chino Mingshan Ding. El lote Nueva Esperanza comprende 4,442 hectáreas en los municipios de Somotillo y Villanueva, en la provincia noroccidental de Chinandega.

El trasfondo: sanciones de Washington y respuesta de Managua

Las dos adjudicaciones se producen en un contexto de escalada de presión estadounidense sobre el sector aurífero nicaragüense.

A mediados de abril, el Departamento del Tesoro sancionó a dos hijos de Ortega y su copresidenta Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro.

La respuesta del régimen fue acelerar la entrega de concesiones a capitales chinos. Según la ONG ambientalista Fundación del Río, el Ejecutivo modificó el marco jurídico del país “para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas” y así sortear las restricciones del Tesoro estadounidense.

Esas reformas alcanzaron no solo la Ley de Minas, sino también la legislación fronteriza, ambiental y el sistema de evaluación de impacto ambiental.

Más de un millón de hectáreas bajo control chino

Entre 2021 y junio de 2026, el gobierno sandinista otorgó concesiones en 84 lotes a 22 empresas chinas sobre una superficie total de 1,277,389 hectáreas, equivalente al 10% del territorio de Nicaragua, de acuerdo con los registros de Fundación del Río.

Esas áreas incluyen zonas protegidas y territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes, a quienes no se les consultó previamente, en violación de estándares internacionales.

La investigación de la ONG también advierte sobre tráfico ilegal de mercurio proveniente de México y China —calculado en más de 35 toneladas de consumo anual— y sobre posibles conflictos transfronterizos con Honduras y Costa Rica.

Los intereses de las empresas chinas no se limitan al oro y la plata. Fundación del Río identificó que los lotes concesionados contienen minerales considerados estratégicos para la transición energética: cobre, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel, entre otros.

El oro, motor de divisas del régimen

Las exportaciones mineras de Nicaragua sumaron USD 2,009.2 millones en 2025, un 44.4% más que en 2024. El oro en bruto concentró la mayor parte de ese ingreso: USD 1,971 millones, equivalentes al 22.7% del total exportado, con un volumen de 19.9 toneladas métricas, según datos oficiales.

Esa dependencia del oro como principal fuente de divisas explica la urgencia del régimen por blindar el sector frente a las sanciones.

Analistas y medios internacionales señalan que Washington evalúa ampliar las restricciones a funcionarios, bancos y operadores logísticos vinculados a la industria, así como penalidades secundarias a entidades financieras extranjeras con nexos en el mercado aurífero nicaragüense.

La economía de la República Dominicana mostró una expansión interanual de 6.4% en junio de 2026, el mayor crecimiento mensual registrado en lo que va del año, según datos divulgados este jueves por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Este desempeño elevó el incremento promedio del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) a 5.0% durante el trimestre abril-junio, y a 4.5% en el primer semestre del año, superando ampliamente el ritmo observado en 2025.

De acuerdo con el informe presentado por el BCRD el impulso de la economía se produjo en un contexto internacional marcado por una mayor volatilidad, especialmente debido a las tensiones geopolíticas que provocaron aumentos en los precios del petróleo y las tarifas de transporte, repercutiendo en los costos de producción globales. A pesar de ese entorno, la economía dominicana mantuvo una trayectoria positiva, respaldada por la tendencia-ciclo del IMAE que alcanzó un ritmo interanual de 5.5 % en junio.

El análisis sectorial del crecimiento económico revela que la expansión estuvo liderada por el sector Minería, con un incremento de 18.1%, seguido por Construcción (14.9%), Manufactura de Zonas Francas (5.8%) y el conjunto de Actividades de Servicios (5.2%).

En el ámbito de los servicios, destacaron los avances en Servicios Financieros (13.1%), Enseñanza (8.9%), Servicios Profesionales (8.7%), Transporte y Almacenamiento (5.7%), Otras Actividades de Servicios de Mercado (5.6%), Salud (4.9%) y Hoteles, Bares y Restaurantes (4.6%). Por su parte, la Manufactura Local y la Agropecuaria también exhibieron resultados positivos, con aumentos de 2.5% y 1.6%, respectivamente.

Construcción, minería, manufactura y turismo impulsaron el crecimiento económico

El sector Construcción resultó clave en el desempeño del mes de junio, explicando cerca del 30% del crecimiento del IMAE, según precisó el Banco Central.

El dinamismo de esta actividad se atribuyó principalmente al aumento en la ejecución de proyectos de inversión privada, al mayor flujo de inversión pública y a condiciones financieras que propiciaron una mayor disponibilidad de recursos crediticios.

El crédito destinado a construcción aumentó 22.6% en términos interanuales hasta junio, representando más de 34 mil millones de pesos dominicanos (más de USD 585 millones) adicionales respecto al año anterior.

Además, el alza en las ventas de insumos para la construcción evidenció el efecto multiplicador del sector sobre otros segmentos productivos.

En el ámbito de las industrias extractivas, la Minería registró un alza de 18.1% impulsada por mayores volúmenes de extracción de oro y plata, favorecida por condiciones propicias en el mercado internacional de metales.

En cuanto a la Manufactura de Zonas Francas, el crecimiento de 5.8 % estuvo directamente asociado al aumento de 6.1% en las exportaciones bajo este régimen durante junio.

La Manufactura Local avanzó 2.5%, sostenida por el dinamismo en la fabricación de productos minerales no metálicos, productos metálicos y otras actividades manufactureras.

El turismo también mostró señales de recuperación robusta. El valor agregado de la actividad de Hoteles, Bares y Restaurantes subió 4.6% en junio, impulsado por el incremento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea.

Durante el mes, la República Dominicana recibió 816,512 turistas, lo que supuso un avance de 6.0% respecto a junio de 2025. El flujo acumulado de visitantes internacionales ascendió a 4,963,343 personas en el primer semestre de 2026, registrando un crecimiento interanual de 10.0%.

La intermediación financiera, los seguros y las actividades conexas reportaron un crecimiento de 13.1%, impulsado por el aumento de 9.1% en el crédito al sector privado, tanto en moneda nacional como extranjera, equivalente a 217 mil millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 3,678 millones) adicionales en comparación con junio de 2025.

El Banco Central también señaló el aumento en las comisiones explícitas del sistema financiero como factor relevante en este desempeño.

En los últimos años, el comercio internacional ha experimentado una transformación estructural impulsada por la expansión de plataformas digitales de consumo masivo. Estas empresas, basadas en modelos logísticos altamente eficientes y apoyadas en el comercio electrónico, han redefinido la manera en que los bienes circulan globalmente. Sin embargo, mientras su impacto suele analizarse desde la óptica del consumo final, existe un efecto indirecto sobre sectores productivos estratégicos, como el minero en Argentina.

Desde la perspectiva de un país con limitaciones estructurales en su logística y restricciones cambiarias persistentes, la irrupción de estos actores globales introduce tensiones adicionales en la cadena de abastecimiento, los costos operativos y la disponibilidad de insumos críticos.

Competencia por capacidad logística

Uno de los efectos menos visibles pero más significativos es la competencia por capacidad en los sistemas logísticos internacionales. Las plataformas digitales operan bajo modelos de envíos directos al consumidor con altísimo volumen y frecuencia. Esto implica una ocupación intensiva de espacios en transporte aéreo y, en menor medida, marítimo.

Para el sector minero argentino, que depende en gran medida de la importación de equipos, repuestos y componentes tecnológicos —especialmente aquellos no fabricados localmente—, esto puede derivar en una reducción de disponibilidad de bodegas y mayores tiempos de tránsito. La priorización implícita que hacen los operadores logísticos en base a volumen y frecuencia tiende a favorecer a estos gigantes del ecommerce, relegando envíos industriales de menor volumen o más complejos.

Presión sobre los costos de importación

El aumento sostenido del tráfico de paquetes internacionales de bajo peso pero alto volumen también impacta en los costos logísticos globales. Aunque el costo unitario de envío para plataformas es bajo gracias a economías de escala, su volumen total ejerce presión sobre tarifas generales de transporte, especialmente en rutas críticas.

Para una empresa minera, esto se traduce en:

• Aumento en tarifas de flete internacional, sobre todo en transporte aéreo urgente.
• Mayor volatilidad en costos logísticos, dificultando la planificación de compras.
• Incremento en costos indirectos, como almacenamiento y demoras en aduana.

En un contexto argentino donde el acceso a divisas ya representa un desafío, cualquier incremento adicional en costos externos amplifica el impacto financiero sobre las operaciones.

Saturación y complejidad aduanera

Otro elemento crítico es la saturación de los sistemas aduaneros. El crecimiento exponencial de envíos individuales de bajo valor genera una carga administrativa significativa para las autoridades aduaneras. Si bien estos paquetes suelen contar con regímenes simplificados, su volumen total obliga a reasignar recursos operativos.

El efecto indirecto es claro: los procesos aduaneros para importaciones industriales pueden volverse más lentos y menos previsibles. Para el sector minero, donde la continuidad operativa depende muchas veces de la disponibilidad inmediata de un repuesto crítico, cualquier demora puede derivar en:

• Paradas de producción.
• Incremento en costos de inventario de seguridad.
• Necesidad de sobredimensionar stocks, afectando capital de trabajo.

Distorsiones regulatorias y de mercado

Las plataformas digitales también operan en un marco regulatorio que, en muchos casos, difiere del que aplica a importaciones tradicionales. La existencia de franquicias, límites de valor y regímenes simplificados genera una asimetría que impacta indirectamente en el comercio exterior general.

Desde el punto de vista macro, esto puede generar una presión adicional sobre la balanza de pagos, al aumentar las importaciones de bienes de consumo sin un correlato productivo directo. En países como Argentina, donde las reservas internacionales son un recurso escaso, esta dinámica puede derivar en mayores restricciones para sectores productivos estratégicos.

En la práctica, esto significa que empresas mineras pueden enfrentar mayores trabas para acceder a insumos importados debido a políticas de control más restrictivas, adoptadas como respuesta al incremento del comercio digital minorista.

Oportunidades y adaptación

No todo el impacto es negativo. La consolidación de estos modelos también impulsa innovaciones logísticas que podrían, eventualmente, beneficiar al sector industrial. La digitalización de procesos, la trazabilidad en tiempo real y la optimización de rutas son avances que, si se integran adecuadamente, pueden mejorar la eficiencia del comercio exterior argentino.

Además, algunas empresas mineras están comenzando a explorar modelos híbridos de abastecimiento, incorporando plataformas digitales para la adquisición de insumos no críticos o de bajo costo, reduciendo tiempos y simplificando procesos.

Reflexión final

El auge de plataformas de ecommerce representa mucho más que un cambio en los hábitos de consumo: es una reconfiguración profunda de las cadenas globales de suministro. Para Argentina, y particularmente para su sector minero, este fenómeno introduce desafíos complejos que exceden el ámbito comercial y se insertan en la estructura misma del comercio exterior.

La clave estará en la capacidad del país para adaptar su marco regulatorio, modernizar su infraestructura logística y equilibrar la balanza entre consumo y producción. En un entorno global cada vez más competitivo, comprender estos cambios no es solo una cuestión analítica, sino una necesidad estratégica.

El comercio digital llegó para quedarse. La pregunta es si el ecosistema productivo argentino podrá integrarse inteligentemente a esta nueva realidad o si quedará condicionado por sus efectos colaterales.

Suecia presentó una estrategia nacional para impulsar su industria minera y reducir la dependencia europea de China en el acceso a metales críticos y tierras raras, en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad del suministro en sectores estratégicos como la energía, la defensa y la tecnología.

El Gobierno declaró la extracción de minerales clave como un asunto de interés para la seguridad nacional y fijó como prioridad agilizar los permisos y la planificación de nuevos proyectos, con el objetivo de convertir al país en un referente minero dentro de Europa y fortalecer su autonomía frente a riesgos sistémicos asociados a la hegemonía china en el mercado global.

El Ejecutivo sueco sostuvo que el acceso a metales y minerales dejó de ser solo una cuestión económica y pasó a incidir en la seguridad nacional y en la capacidad de defensa tanto de Suecia como de la Unión Europea y la OTAN.

Entre las principales medidas, la estrategia prevé facilitar la asignación de terrenos para actividades extractivas y simplificar los procesos administrativos, con la intención de acelerar la puesta en marcha de nuevos proyectos. Además, planteó la creación de una sociedad estatal de inversión dedicada a dinamizar el sector y atraer capital hacia iniciativas consideradas estratégicas.

Suecia, reconocida históricamente por su riqueza mineral y su tradición minera que se remonta al siglo X, concentra en la actualidad el 60% de las reservas de hierro conocidas en Europa y produce aproximadamente el 90% del hierro extraído en el continente.

El yacimiento de Per Geijer, situado en la región ártica cerca de la mina de Kiruna de la empresa LKAB, se perfila como uno de los proyectos emblemáticos para reducir la dependencia del mercado chino, con recursos estimados en 1.200 millones de toneladas de minerales totales y 2,2 millones de toneladas de óxidos de tierras raras.

El Gobierno destacó que Suecia ofrece condiciones para la extracción responsable de minerales necesarios para la electrificación, la digitalización y la modernización de la defensa, y destacó el compromiso de combinar el crecimiento del sector con exigencias elevadas en materia ambiental y de reciclaje. La ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson, remarcó que el país puede proporcionar materias primas esenciales de manera sostenible, en línea con los objetivos de transición climática y resiliencia industrial.

Por su parte, la ministra de Energía e Industria, Ebba Busch, recalcó que solo el 1% de la inversión minera global llega actualmente a Suecia, a pesar de su potencial, y señaló que la estrategia nacional busca revertir esa tendencia mediante la simplificación de trámites y la promoción de la competitividad.

Busch advirtió que la dependencia de Europa respecto a China representa un riesgo sistémico y afirmó que facilitar la explotación de recursos propios contribuirá a las capacidades de defensa y al suministro seguro de materiales estratégicos para la industria europea.

En la práctica, la declaración de la minería como interés nacional permitirá al Estado intervenir con mayor agilidad en la asignación de terrenos para proyectos extractivos, aunque esta medida generó tensiones con la comunidad sami, dedicada al pastoreo de renos en la región de Norrland, donde se concentran la mayoría de las minas del país. El pueblo sami advirtió que la expansión de la minería podría poner en peligro su forma de vida tradicional, y señaló que los permisos para explotar nuevas reservas en territorios indígenas podrían demorar hasta una década.

El sector minero representa el 3,5% del PIB sueco y el 8% de sus exportaciones, y el Gobierno espera que, de cara a 2030, el país avance en la extracción de al menos 13 metales y minerales estratégicos adicionales a los ya explotados. Cuatro de los 47 proyectos estratégicos de la Unión Europea para reducir la dependencia de China en minerales críticos se ubican en Suecia, lo que consolidó al país como un pilar en la estrategia continental de autonomía en materias primas para la transición energética y tecnológica.

(Con información de Europa Press)

La contratación pública en Perú registró una desaceleración durante el primer semestre de 2026, con convocatorias de licitaciones públicas que alcanzaron casi S/ 20 mil millones.

Según el análisis presentado por Avla Perú en su evento Avla Day, esta cifra representa una reducción del 33% frente a los cerca de S/ 30 mil millones registrados en el mismo periodo de 2025.

El número de convocatorias también cayó en 10%, en un contexto marcado por menor actividad en los programas impulsados por el Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías y la Dirección de Electrificación Rural del MINEM, así como en gobiernos regionales.

Menor actividad pública y cambios en el mercado de seguros

Durante los primeros seis meses del año, las licitaciones para nuevas obras disminuyeron en 34% y los servicios cayeron en 39%. A pesar de este escenario, el sector privado considera que subyacen oportunidades.

Walter Fernández, gerente general de Avla Perú, señaló que el país cuenta con condiciones favorables para dinamizar proyectos privados a partir de la estabilidad macroeconómica, precios de intercambio positivos y mayor confianza empresarial.

“La reducción de convocatoria de nuevas licitaciones públicas representa un desafío para las industrias que acompañan la inversión pública, pero entendemos que es coyuntural, propio de un año electoral”, indicó Fernández.

El ejecutivo agregó que, ahora, la expectativa apunta a un crecimiento de la inversión privada en minería, energía, industria, infraestructura y logística, lo que fortalecerá el mercado de seguros de construcción y cartas fianza.

“Los clientes buscan especialización, agilidad y una adecuada asesoría en la gestión de riesgos de sus proyectos”, afirmó Fernández.

Se cae la obra pública y aseguradoras viran hacia la minería

A pesar de la menor contratación pública, el mercado de cartas fianza registró un valor de S/ 244 millones en primas al cierre de mayo de 2026, manteniendo el mismo nivel del año previo.

Por su parte, las pólizas de seguros de ingeniería como Todo Riesgo Construcción (CAR) y Todo Riesgo Montaje (EAR) sumaron S/ 118 millones, con una caída del 16% respecto al mismo periodo de 2025, principalmente por el menor ritmo de obras públicas.

Durante el Avla Day, el exministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, destacó que Perú mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos, con una inflación controlada, estabilidad cambiaria y riesgo país bajo.

El economista consideró que el inicio del nuevo gobierno genera expectativas favorables y puede acelerar la ejecución de proyectos clave en infraestructura. “El país muestra una recuperación sostenida de la inversión privada, lo que puede impulsar el crecimiento del PBI a un mayor ritmo”, sostuvo.

Perspectivas para el segundo semestre, según Avla

El análisis de Avla Perú anticipa una recuperación del mercado en la segunda mitad del año, impulsada por la mayor participación de la inversión privada y el desarrollo de proyectos estratégicos en sectores clave.

La expectativa del sector apunta a que la especialización y la gestión eficiente de riesgos serán determinantes para acompañar el crecimiento de la inversión en los próximos meses. Solo el tiempo dirá.

La extracción del larimar, una piedra semipreciosa de tonalidad azul caribeño y origen volcánico, representa una de las actividades mineras más singulares de la República Dominicana. Este mineral, clasificado como una variedad rara de pectolita, ha adquirido relevancia internacional por su belleza, su escasez y su procedencia exclusiva: solo puede encontrarse en yacimientos limitados dentro de la provincia de Barahona, al suroeste del país.

Según información oficial, el 60% de la producción de larimar permanece en territorio dominicano para abastecer la demanda nacional de joyería y artesanía, mientras que el 40% se exporta. El material destinado al mercado internacional corresponde al excedente de la producción, lo que permite mantener el equilibrio entre la disponibilidad para los artesanos locales y la generación de divisas a través del comercio exterior.

De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas, la producción de larimar en el primer semestre de 2026 alcanzó 188,696 libras. Esta cifra refleja la magnitud de la actividad minera en Barahona y subraya el impacto económico de este mineral en la región. La piedra extraída se clasifica en diferentes categorías según su color y pureza, destinándose las piezas de mayor calidad principalmente a los talleres y artesanos del país.

Desde su descubrimiento en los años setenta, el larimar ha sido objeto de creciente demanda, tanto por parte de los artesanos locales como de mercados extranjeros. La piedra destaca por su color azul, que puede variar en intensidad y suele mostrar vetas blancas o verdosas, lo que la convierte en un material muy apreciado para la elaboración de joyería y piezas artísticas. Su aspecto semitranslúcido y su origen volcánico la diferencian de otras gemas presentes en el Caribe.

La importancia del larimar para la República Dominicana trasciende el ámbito económico. Su extracción y procesamiento generan empleos directos e indirectos en comunidades rurales y fomentan el desarrollo de cooperativas mineras y talleres artesanales. Además, la piedra se ha consolidado como símbolo cultural y atractivo turístico, ya que muchos visitantes buscan piezas artesanales en los mercados locales o recorren la zona minera para conocer el proceso de extracción.

El mercado internacional ha mostrado un interés creciente por el larimar, posicionándolo como una gema codiciada en países de América, Europa y Asia. Este fenómeno ha impulsado la apertura de nuevos canales de exportación y ha motivado la profesionalización del sector minero y artesanal. La exportación de la piedra se realiza bajo regulaciones estrictas para asegurar el abastecimiento interno y proteger los intereses de los productores locales.

El proceso de extracción del larimar se lleva a cabo en minas subterráneas ubicadas en la provincia de Barahona. Los mineros han logrado avances en seguridad y formalización laboral mediante la organización en cooperativas, la instalación de sistemas eléctricos y de ventilación, y la adopción de medidas para reducir los riesgos derivados de la minería.

Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los trabajadores y la sostenibilidad de la actividad extractiva.

La cadena de valor del larimar abarca desde la extracción hasta la comercialización de piezas terminadas, con un énfasis creciente en el valor agregado. El sector artesanal se beneficia de la venta directa y la promoción de ferias que acercan a los mineros y artesanos, fortaleciendo el vínculo entre la producción y el consumo responsable.

En este contexto, la piedra semipreciosa se consolida como un emblema del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana, y como un producto de exportación que contribuye a la diversificación económica del país.

La exclusividad del larimar y su limitada presencia en el planeta han impulsado la consolidación de normativas para proteger los intereses de los mineros locales y garantizar la permanencia del recurso para las futuras generaciones.

La actividad económica volvió a mostrar en mayo un comportamiento dispar entre las distintas ramas de actividad. Mientras algunos sectores lograron sostener el ritmo de expansión que vienen exhibiendo desde comienzos de año, otros profundizaron las bajas que arrastran desde hace varios meses.

En concreto, algunas ramas de la producción primaria y de la energía continuaron mostrando dinamismo, mientras que sectores vinculados al consumo interno y a la manufactura siguieron mostrando dificultades para despegar. Esa combinación es la que terminó de definir el resultado del mes, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador general registró en mayo un incremento interanual de 0,2% respecto de igual mes de 2025. En la comparación desestacionalizada, en cambio, el índice cayó 0,5% frente a abril.

Los sectores que impulsaron la actividad en mayo

De los quince sectores que integran el EMAE, ocho registraron subas en la comparación interanual y siete mostraron caídas. Entre las actividades que crecieron, explotación de minas y canteras fue la que mostró el avance más pronunciado, con una suba interanual de 15,7 por ciento. Le siguió electricidad, gas y agua, con un incremento de 8,0 por ciento, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 4,6% respecto de mayo de 2025. Estos tres sectores fueron los que exhibieron los mayores porcentajes de expansión dentro del universo de actividades relevadas por el organismo estadístico.

Ahora bien, el resto de los sectores con variación positiva mostró subas más moderadas, aunque igualmente sostenidas. Construcción avanzó 1,9%, intermediación financiera creció 1,5% y servicios sociales y de salud aumentó 0,8 por ciento. Completaron el grupo de sectores con resultado favorable transporte y comunicaciones, con una suba de 0,6%, y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que registró un incremento de 0,4 por ciento. En conjunto, estos ocho sectores fueron los que sostuvieron el terreno positivo del índice general en mayo.

Las ramas que mostraron retrocesos

En la vereda opuesta, pesca fue el sector con la caída más marcada del mes, con una baja interanual de 29,3%, la más pronunciada de todo el cuadro sectorial. Detrás se ubicaron industria manufacturera, que retrocedió 5,6%, y comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una disminución de 4,3 por ciento. Estas tres ramas fueron las que concentraron las bajas más significativas dentro del grupo de actividades con resultado negativo.

El resto de las actividades con variación negativa presentó bajas de menor intensidad. Hoteles y restaurantes, por ejemplo, cayó 1,8%, mientras que administración pública y defensa, retrocedió 1,4 por ciento. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales mostró una baja de 1,3%, y enseñanza registró la disminución más leve de todo el relevamiento, con una caída de apenas 0,1% respecto de igual mes del año anterior. Se trató, en este último caso, de una variación prácticamente nula dentro del conjunto de sectores que retrocedieron.

El acumulado del año

Con el resultado de mayo, la actividad económica acumuló en los primeros cinco meses de 2026 un crecimiento de 1,7% respecto de igual período de 2025. De esta manera, el nivel de actividad sostiene una expansión acumulada moderada, que se fue construyendo mes a mes con resultados que no siempre mantuvieron la misma dirección.

En ese recorrido, enero mostró un alza de 2,0% interanual. Luego hubo una baja del 1,5% en febrero, pero a partir de marzo se registraron variaciones positivas del 6,2% (marzo), 1,7% (abril) y 0,2% (mayo), casi siempre apuntaladas por las mismas ramas de actividad, con el agro y la minería a la cabeza.

En términos desestacionalizados, mayo fue el segundo mes consecutivo de caída frente al mes anterior, luego de la baja de 1,5% registrada en abril.

Un nuevo estudio revela que 6 de cada 10 empresas de minería, construcción, metalmecánica, abrasivos, vidrio y cemento en Perú han reportado casos de silicosis entre sus trabajadores.

De acuerdo con la Coalición Por un Perú de Largo Aliento, la silicosis y otras enfermedades respiratorias ocupacionales han dejado de ser una rareza en los principales sectores industriales y extractivos del país, consolidándose como un problema estructural y recurrente.

La silicosis pasa de excepción a regla en las industrias peruanas

La investigación, desarrollada por la consultora IMASEN, encuestó a 101 empresas formales de alto riesgo. El 61% de estas compañías ha identificado al menos un caso de silicosis en su personal, mientras que el 84% atribuye la aparición de enfermedades respiratorias al uso inadecuado de equipos de protección personal (EPP).

Además, el 64% de las organizaciones considera la exposición a polvo y agentes respirables como uno de los principales riesgos laborales.

El informe detalla que la bronquitis es el diagnóstico más frecuente, con un 92% de empresas que han registrado casos, seguida por neumoconiosis/silicosis (81%) y asma ocupacional (77%).

La recurrencia es alta: el 57% de las empresas reporta nuevos casos cada mes y el 29% cada dos meses, lo que eleva la incidencia al 86% en ciclos bimestrales.

El impacto sobrepasa la salud: el 67% de las empresas consultadas señala una caída en la productividad y el 66% reporta días de trabajo perdidos como consecuencia directa de estas enfermedades.

El impacto se refleja en la productividad y los días perdidos

El estudio también advierte sobre la presencia de equipos de protección falsificados o de baja calidad. El 31% de las empresas encuestadas admitió haber detectado “EPP bamba”, lo que agrava el riesgo de exposición y genera desconfianza en las medidas preventivas.

Según testimonios recogidos, la incomodidad y la presión operativa complican el uso habitual de los equipos certificados. Las medidas preventivas predominantes siguen centradas en el control del trabajador antes que en la mejora estructural de los ambientes laborales.

El 61% implementa vigilancia médica, el 60% prioriza la entrega de EPP y el 53% recurre a sanciones por el no uso de los equipos. Solo el 8% realiza mediciones periódicas de sílice en el ambiente, una acción considerada esencial por especialistas para reducir la incidencia de silicosis.

SUNAFIL y clientes imponen presión externa sobre las compañías

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha fiscalizado al 83% de las empresas industriales y extractivas por exposición a polvo de sílice en los últimos tres años.

El 98% de las compañías demanda lineamientos técnicos más claros y aplicables para la prevención, considerando que la normativa actual resulta insuficiente para su implementación operativa, especialmente en empresas medianas y pequeñas.

En cuanto a recursos, solo el 45% de las empresas destina un presupuesto específico para la prevención de la exposición a sílice, mientras el 85% planea fortalecer gradualmente los programas existentes. No obstante, únicamente el 7% integra el riesgo respiratorio en su planificación estratégica anual.

Según la Coalición Por un Perú de Largo Aliento, la persistencia de la silicosis y otras enfermedades respiratorias en sectores productivos refleja la necesidad de fortalecer las herramientas técnicas, regulatorias y presupuestales para enfrentar un problema que ya afecta la salud y la productividad de la fuerza laboral peruana.

El Gobierno de México anunció nuevas restricciones para la actividad minera privada mediante la publicación de un acuerdo presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La medida, publicada el 20 de julio en el Diario Oficial de la Federación, establece que ninguna empresa o individuo podrá disponer de una concesión del sector minero si no cuenta con el permiso de impacto ambiental correspondiente.

A partir de este cambio normativo, se detalla que las autorizaciones son procesos administrativos aparte de los permisos de explotación. Esta disposición afecta incluso a quienes obtuvieron sus títulos antes del 9 de mayo de 2023, obligando a todos los propietarios a presentar una solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental para cualquier proyecto que implique actividades en áreas naturales protegidas federales.

Las disposiciones recientes marcan un cambio radical en la regulación de esta industria, asegurando que toda obra de exploración o beneficio de minerales en zonas resguardadas deba ser evaluada con criterios estrictos. Asimismo, el esquema fortalece el papel de la autoridad ambiental y limita significativamente la intervención de particulares en sitios ecológicos.

Cambios en el otorgamiento de concesiones mineras

La reforma a la Ley Minera de mayo de 2023 modificó el panorama: las concesiones, que antes abarcaban cualquier material y el control del agua, ahora se limitan a un solo mineral y están sujetas a controles hídricos estrictos. Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló esta reforma, las personas físicas y morales solo pueden recibir una aprobación tras demostrar que poseen el documento de conservación vigente.

En la práctica, esto significa que el Estado mexicano retoma el control principal en la exploración y explotación de los recursos minerales. Solo cuando las autoridades no realicen estas actividades, se permite la participación del sector privado, siempre bajo supervisión y con obligaciones estrictas para proteger el entorno natural.

El máximo tribunal del país ha ratificado que la tenencia de una concesión no confiere un derecho automático a explotar los recursos. El proceso exige la obtención previa de las autorizaciones, que constituyen un trámite independiente y necesario para iniciar cualquier proyecto minero.

Dentro de esta iniciativa también se impone la elaboración de programas de restauración ambiental. Estos deben implementarse antes, durante y después de las actividades de minería, con el objetivo de minimizar los daños y restaurar los ecosistemas afectados.

Reglas estrictas para proteger áreas naturales y aguas nacionales

Las autoridades de la Semarnat tienen la obligación de notificar de inmediato a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) cualquier solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental relacionada con trabajos en zonas protegidas. La dependencia, a su vez, debe emitir un informe técnico que será determinante en la evaluación del impacto ambiental.

No se permiten permisos en sitios cuya relevancia ecológica ha sido reconocida oficialmente. El acuerdo prohíbe autorizar la disposición final de residuos mineros y metalúrgicos en áreas de conservación, humedales, cauces y territorios federales de aguas nacionales, debido al riesgo que representan para la salud.

Estas normativas tiene el objetivo es garantizar el cumplimiento estricto de las prohibiciones dictadas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El artículo cuarto del acuerdo delega en la titular de la Conanp la responsabilidad de supervisar y vigilar la aplicación de estas prohibiciones. Para ello, puede solicitar apoyo a otras áreas del sector ambiental, quienes deberán colaborar en la entrega de información y recursos necesarios para asegurar la protección de los ecosistemas.

Santa Rosa del Peñón, una pequeña localidad en el occidente de Nicaragua, experimenta una transformación inesperada tras el reciente hallazgo de una veta de oro en la ribera del río Amayón.

El descubrimiento, que se propagó rápidamente entre los habitantes, provocó una movilización masiva de buscadores impulsados por el precio récord del oro, según reportó La Prensa.

El rumor sobre la existencia de una veta rica en oro comenzó a circular de manera discreta entre un grupo reducido de trabajadores. Pocas horas después, la noticia se viralizó en redes sociales y atrajo a cientos de personas al sitio, quienes se sumaron a la excavación. “Cuando quise llegar, ya estaba full”, relató uno de los mineros entrevistados por La Prensa, describiendo el ambiente de expectación que domina la comunidad.

La escena en Santa Rosa del Peñón evoca imágenes históricas de fiebre del oro: hombres cubiertos de lodo, mujeres y jóvenes colaboran en la extracción y traslado de material, mientras los túneles improvisados avanzan sin descanso.

El estrépito de piochas y palas se impone día y noche, borrando la frontera entre la luz y la oscuridad. La precariedad es evidente, ya que los túneles se sostienen con troncos y carecen de seguridad estructural, lo que representa un peligro constante de derrumbe. A pesar de los riesgos, la búsqueda del “bolillazo” —el hallazgo de una piedra con suficiente oro para cambiar el destino de una familia— alimenta la esperanza colectiva.

De acuerdo con La Prensa, esta fiebre no es un hecho aislado. El precio internacional del oro alcanzó valores sin precedentes en los últimos cinco años. El metal pasó de cotizarse a USD 1,800 por onza a casi USD 5,600 en enero de 2026, manteniéndose luego en torno a los USD 5,000.

Esta tendencia situó al oro como el principal producto de exportación de Nicaragua. El Banco Central reportó ventas por USD 2,009 millones en 2025, cifra que representa el 20% de los ingresos totales por exportaciones, incluidas las zonas francas, según datos recabados por La Prensa.

En la ribera del Amayón, la ausencia de concesiones privadas y la falta de señalización oficial permiten que cualquier persona se sume a la búsqueda.

La minería artesanal es una tradición local, transmitida de generación en generación, y se aprende en la práctica diaria junto a familiares y vecinos. No existen horarios fijos ni restricciones formales: algunos buscan oro al amanecer, mientras otros trabajan bajo la luz de linternas improvisadas.

Cada viaje puede implicar cargar más de 40 kilogramos de piedras o tierra, que luego se tamiza en busca de diminutas partículas doradas capaces de transformar la vida de una familia.

El trabajo en Santa Rosa del Peñón dista mucho de ser sencillo o seguro. Aunque la tierra rojiza a veces ofrece pequeñas partículas de oro, en la mayoría de los casos solo aparecen piedras blancas y otros minerales.

El peligro de derrumbe está siempre presente, ya que la estructura de los túneles depende de troncos cortados en el monte. A pesar de estas condiciones, el deseo de encontrar una fortuna impulsa a la comunidad y supera el miedo y el cansancio.

A diferencia de las minas concesionadas, donde el acceso es restringido y las ganancias suelen beneficiar a empresas extranjeras, la fiebre del oro en Santa Rosa del Peñón ha devuelto a los habitantes la posibilidad de soñar con un futuro mejor.

Un residente, que pidió no ser identificado, explicó a La Prensa que “de eso vive la gente” allí, que “no hay otro trabajo”. Esta afirmación resume la realidad de una economía local marcada durante generaciones por la minería artesanal y por la falta de opciones laborales.

La fiebre del oro en Nicaragua refleja una tendencia global impulsada por la volatilidad de los mercados y la revalorización de los minerales. La experiencia de Santa Rosa del Peñón ilustra cómo el precio internacional puede transformar economías rurales y reactivar tradiciones ancestrales, al mismo tiempo que expone a las comunidades a riesgos y desafíos estructurales. La cobertura de La Prensa documenta cada etapa de este fenómeno, desde la viralización del hallazgo hasta la organización comunitaria y las expectativas que genera el mercado internacional.

Según los testimonios recogidos por La Prensa, la minería artesanal, aunque riesgosa y exigente, se mantiene como el principal sustento de la región ante la ausencia de alternativas. La ilusión de hallar oro en la ribera del Amayón sigue vigente, y cada jornada de trabajo renueva la esperanza de quienes buscan en la tierra una oportunidad para cambiar su destino.

La creciente demanda mundial de minerales estratégicos abre una ventana de oportunidad para Colombia, pero aprovecharla dependerá de las decisiones que adopte el país durante los próximos años. Un estudio advierte que el rumbo que tomen la política minera y la seguridad será determinante para convertir ese potencial en ingresos para el Estado o permitir que termine en manos de estructuras criminales.

La investigación plantea que el escenario es especialmente relevante por el papel que adquirió estos recursos en la transición energética, la digitalización y el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. En ese contexto, Colombia figura entre los países con condiciones geológicas favorables para convertirse en proveedor de minerales clave. Sin embargo, el informe señala que ese potencial no garantiza resultados. La posibilidad de atraer inversiones y fortalecer el recaudo dependerá de la capacidad institucional para desarrollar proyectos legales, mejorar la gobernanza en los territorios y contener la expansión del crimen organizado sobre estas actividades.

Esas conclusiones hacen parte del estudio Regulando para el Estado, no para el crimen: renta fiscal, crimen organizado y minerales críticos en Colombia, elaborado por Fedesarrollo y Loom Strategy Centre. El documento advierte que, si el Estado logra consolidar un entorno favorable para la inversión formal y frena el avance de las economías ilegales, el país podría obtener entre $10 billones y $19 billones en ingresos fiscales provenientes de los minerales críticos hacia 2050.

De acuerdo con los investigadores, los próximos cinco años serán decisivos para definir ese resultado. Si no se adoptan medidas oportunas, parte de esa riqueza podría terminar fortaleciendo organizaciones criminales, tal como ocurrió con la explotación ilegal de oro durante la última década.

El informe explica que minerales como el cobre, el níquel, el niobio y el tantalio ganaron protagonismo porque son esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, centros de datos, semiconductores, infraestructura eléctrica y equipos de defensa. La demanda internacional continúa creciendo. Según el estudio, el consumo mundial de cobre podría aumentar cerca de 30% hacia 2040, mientras economías como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón buscan diversificar sus proveedores para disminuir la dependencia de China, que concentra buena parte del refinamiento de estos minerales.

En ese panorama, Colombia aparece dentro del 25% de los países con mayor potencial minero del mundo. Para los autores, esa posición podría traducirse en nuevas inversiones y mayores ingresos fiscales si se superan las barreras regulatorias y los problemas de seguridad que hoy limitan el desarrollo del sector. Las estimaciones indican que el recaudo asociado a los minerales críticos alcanzaría entre $10 billones y $19 billones, calculados en valor presente neto hacia 2050. Los investigadores comparan esa cifra con entre 10 y 13 años del presupuesto del Ministerio de Ambiente o cerca de siete años del presupuesto de inversión de Defensa y Policía.

“Las decisiones de política pública de los próximos cinco años en el sector minero y de seguridad definirán el potencial recaudo de 2050 asociado a los minerales estratégicos”, señaló Jairo García, investigador principal del estudio de Fedesarrollo. El experto añadió que “Se requieren procesos más ágiles y transparentes y un escenario de colaboración y confianza entre el sector público, privado y las comunidades”.

Además, advirtió: “No hay margen para esperar porque en juego están cerca de 19 billones de pesos y el papel estratégico del país en la transición energética global”. El documento sostiene que uno de los principales riesgos consiste en que las organizaciones criminales repliquen en los minerales críticos el modelo ilegal que consolidaron alrededor del oro.

Según las estimaciones de la investigación, la extracción ilícita de oro generó entre $32 billones y $34 billones durante 2025, una cifra equivalente al 1,9% del Producto Interno Bruto. Los autores señalan que, si esa actividad fuera una empresa formal, estaría entre las cinco organizaciones con mayores ingresos del país, aunque esos recursos no generan recaudo tributario y fortalecen economías ilegales. La investigación advierte que grupos armados y organizaciones criminales ya empiezan a incursionar en zonas con potencial para minerales críticos, especialmente en Guainía, Vichada y corredores fronterizos con Venezuela.

Los autores consideran necesario fortalecer la formalización minera, mejorar la coordinación entre las entidades del Estado y consolidar mecanismos de relacionamiento con las comunidades para que los beneficios económicos de los proyectos lleguen efectivamente a los territorios. Además, el estudio destaca que, según Brújula Minera, el 69% de los colombianos considera que la minería tiene un impacto positivo para el país, ocho de cada diez creen posible desarrollar una minería socialmente responsable y el 62% respalda aumentar la exploración y producción de minerales.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha implementado un nuevo régimen de control con el objetivo de impedir el desvío de insumos químicos, entre ellos el mercurio y el cianuro, hacia actividades de minería ilegal.

La Resolución N° 000135-2026/SUNAT, dictada en cumplimiento de la Ley N° 32412, busca llenar vacíos con el sistema anterior, que permitía que el reporte de pérdidas o desvíos se realizara fuera del plazo de 24 horas, debido a la ausencia de un registro digital obligatorio y la existencia de procedimientos menos rigurosos.

SUNAT: registro digital obligatorio y reporte en 24 horas

Con la nueva normativa, la SUNAT establece que cualquier persona o empresa que manipule insumos químicos fiscalizados debe registrar diariamente todas las operaciones relacionadas con estos productos.

Esto incluye movimientos de ingreso, egreso, transporte, almacenamiento, uso y producción. El registro debe realizarse en el sistema SUNAT Operaciones en Línea, asegurando así la trazabilidad total de los insumos desde su ingreso al país hasta su destino final.

La principal novedad es la obligación de reportar cualquier pérdida, derrame, excedente, desmedro o robo de insumos químicos en un plazo máximo de 24 horas tras tomar conocimiento del hecho.

Este requerimiento busca cerrar los vacíos que antes permitían demoras y dificultaban el seguimiento de posibles desvíos hacia la minería ilegal.

Según la resolución, la información presentada se considera declaración jurada, lo que refuerza el carácter legal y la responsabilidad del usuario.

Insumos bajo vigilancia: mercurio, cianuro y combustibles

Los insumos químicos sujetos a este régimen incluyen el mercurio, el cianuro de sodio, el cianuro de potasio y los hidrocarburos como diésel y gasolinas.

Todos ellos son utilizados en actividades de extracción y procesamiento de minerales, y figuran entre los productos más frecuentemente desviados hacia operaciones de minería ilegal en distintas regiones del país.

La SUNAT podrá incorporar nuevos productos a la lista de fiscalizados mediante decreto supremo, según evolucione el mercado o cambien los patrones de uso ilícito.

La norma también obliga a los usuarios a presentar un inventario inicial al inscribirse o al incorporar un nuevo producto fiscalizado. Se suman la obligación de presentar reportes mensuales consolidados y de conservar la documentación de respaldo por un periodo no menor de cuatro años.

Sanciones ante incumplimiento y fortalecimiento del control

El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a multas, sanciones administrativas e incluso procesos penales en caso de falsedad u ocultamiento de información.

La presentación de reportes fuera de plazo, la omisión de incidencias o la manipulación de datos se consideran infracciones graves, ya que impiden la fiscalización y favorecen el desvío hacia actividades ilícitas.

La entrada en vigor de la Resolución N° 000135-2026/SUNAT, el 1 de setiembre de 2026, marca un nuevo estándar para la fiscalización de insumos químicos en el Perú.

La medida responde a la necesidad de cerrar brechas históricas en la vigilancia de productos que alimentan la minería ilegal y el comercio ilícito de oro.

Con estas herramientas, la SUNAT busca garantizar que cada kilogramo de mercurio, cianuro o hidrocarburo utilizado en el país quede plenamente registrado y justificado, reduciendo los márgenes para el desvío y el uso clandestino en actividades mineras fuera de la ley.

Carlos José Miguens Bemberg, heredero de la dinastía empresarial más ligada a la identidad industrial argentina, murió este domingo a los 77 años a causa de un cáncer. Hijo del arquitecto Carlos Miguens y de la célebre cineasta María Luisa Bemberg, presidió durante más de una década Cervecería y Maltería Quilmes, la empresa que su tatarabuelo Otto Peter Friedrich Bemberg erigió en 1860 como la destilería Franco Argentina y que se convertiría en la cervecera más reconocida del país.

Su paso por la conducción de Quilmes dejó una marca: bajo su liderazgo, la compañía expandió plantas en Argentina, Chile y Bolivia, y consolidó un dominio de mercado que pocas empresas de consumo masivo lograron en la historia local.

Miguens Bemberg fue el miembro de la familia que con mayor fuerza se opuso a la venta del negocio, pero la mayoría familiar se impuso. Primero, la brasileña Brahma —luego fusionada con Antarctica para formar AmBev— ingresó como accionista por USD 600 millones. Luego, en 2006, el gigante belga-brasileño InBev se quedó con la totalidad de la empresa por USD 1.200 millones.

“Fue algo muy traumático porque me tocó a mí, como presidente de la compañía, firmar el certificado de defunción de una empresa que había sido argentina por muchas generaciones, de nuestra familia”, declaró años después, según recogió El Cronista en una entrevista que le realizó en 2024.

Reorientación

Lejos del retiro, Miguens Bemberg reorientó el peso del holding familiar hacia sectores de mayor riesgo y largo plazo. El mismo año de la venta de Quilmes, el grupo ingresó al sector energético junto a Merrill Lynch y otros socios —entre ellos Eduardo Escasany y, por un tiempo, Nicolás Caputo— para formar Sadesa y adquirir las centrales Piedra del Águila y Central Puerto, que hoy constituyen el núcleo del negocio familiar.

A esa apuesta se sumó la minería: a través de Black River Mine Inc., controló el 43% de Patagonia Gold e impulsó el yacimiento Calcatreu, en las cercanías de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, con una inversión de USD 40 millones sobre reservas estimadas en más de un millón de onzas de oro y plata combinadas.

El grupo conservó también participación en la citrícola San Miguel, la mayor procesadora industrial de limones del mundo -basada en Tucumán-, donde la familia Miguens Bemberg figura entre los principales accionistas junto a la familia Otero Monsegur. En 2023, el holding sudafricano African Pioneer Group ingresó como socio minoritario, lo que le abrió al grupo una puerta de entrada al mercado africano en medio de un proceso de reconversión de la compañía.

El grupo también tuvo participación el negocio avícola. En 2011, Miguens Bemberg se asoció con el gigante brasileño BRF—surgido de la fusión de Perdigão y Sadia— para adquirir la avícola Avexy la marca Dánica, bajo una sociedad en la que los brasileños controlaron el 66,6% y Miguens el 33,3% restante. Dos años después, en 2013, BRF se quedó con la totalidad de ambas compañías. Avex terminó en manos del grupo Granja Tres Arroyos, hoy la mayor empresa avícola del país, aunque atraviesa una crisis severa: acumula una deuda de USD 350,9 millones, tiene sus plantas con faena reducida a menos de un tercio de su capacidad histórica y negocia con sus acreedores un plan de reestructuración.

Con más de 135 años de historia en el país y hoy bajo el control del gigante belga-brasileño AB InBev, Cervecería y Maltería Quilmes opera con más de 5.000 empleados directos, 10 plantas productivas, 2 malterías, una bodega, una chacra de lúpulo y una fábrica de tapas, además de una red de 6.000 proveedores pyme y 135 distribuidores que abastecen más de 300.000 puntos de venta en todo el país.

La escasez de divisas ha sido una característica histórica de la economía argentina, causa de los recurrentes ciclos de Stop & Go (parar y arrancar), en que una etapa de crecimiento se frenaba por falta de dólares, forzaba un ajuste de niveles de actividad, consumo, empleo y demanda de dólares, hasta que estos volvían a alcanzar para impulsar un nuevo tirón de crecimiento, que duraba hasta que reaparecía la escasez de combustible cambiario y se iniciaba un nuevo giro.

En buena medida, esos ciclos estuvieron asociados a la estacionalidad de las exportaciones del campo y la agroindustria, muy concentrada en el segundo trimestre. Esta vez, sin embargo, el aporte de Vaca Muerta y de la minería, cuyas exportaciones siguen un recorrido anual más parejo, además de las reservas en silobolsas, permitirían no solo un récord histórico de liquidación anual de divisas sino también evitar la estacionalidad e incluso revertirla.

Así lo sugiere un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que consolidó la liquidación de divisas de agro, minería y energía y proyectó un récord de USD 57.168 millones para el año, superior al máximo histórico de la serie, de USD 57.622 millones en 2022 (tributo de la invasión rusa de Ucrania, que llevó a niveles estratosféricos los precios de los granos, justo cuando se iniciaba el período dorado de exportación del campo y la agroindustria locales) y se ubicaría casi USD 7.000 millones por sobre los USD 50.381 millones liquidados en 2025.

Consolidación

“La consolidación de estos tres complejos permite dimensionar la magnitud del ingreso de divisas comerciales del país y, sobre todo, capturar un cambio de composición que se viene gestando en los últimos años: el peso creciente de la energía de la mano del desarrollo de Vaca Muerta y del salto exportador de ese sector; y de la minería, que complementan y estabilizan un flujo históricamente dominado por el agro y su marcada estacionalidad”, dice el estudio, realizado por Julio Calzada, Guido D’Angelo y Tomás Rodríguez Zurro.

Con todo, la principal novedad está en las perspectivas para el segundo semestre del año, para el cual proyectan una liquidación de US$ 29.793 millones, superior a los USD 27.375 millones del primer semestre, un patrón que parece “romper la estacionalidad histórica del mercado de cambios”, destacan los autores.

Tradicionalmente, explican, el ingreso de divisas se concentra en la primera mitad del año, al calor de la cosecha gruesa, y se enfría en el último tramo del año. Ahora, en cambio, siguen, “la incorporación estructural de la energía y la minería, flujos menos dependientes del calendario agrícola y en expansión, estaría modificando ese comportamiento: el segundo semestre ya no muestra el enfriamiento típico e incluso superaría al primero”. De hecho, el perfil mensual proyectado para 2026, a diferencia de los últimos años y de 2025, se sostiene por encima del promedio y no exhibe el desplome estacional del último trimestre, cuando el aporte del agro se reduce sensiblemente.

Agro

La liquidación anual de divisas del agro se proyecta en USD 34.897 millones, un recorte de unos USD 1.200 millones respecto de la estimación de mayo, debido menores precios de exportación proyectados.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó un estimado de US$ 15.768 millones, por debajo de los USD 18.303 millones del mismo período de 2025, algo que respondió a los esquemas de derechos de exportación (retenciones) aplicados en 2025, en que hubo una reducción temporaria que hizo adelantar la comercialización y elevó la base de comparación. Además, hubo una eliminación temporaria de retenciones en septiembre (cuando el gobierno estaba contra las cuerdas, debido a la victoria electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires) que adelantó ingresos ese mes pero deprimió el de los subsiguientes, incluso hasta los primeros meses de 2026. “Entre abril y mayo de 2026 esta situación se habría normalizado, con ocho meses consecutivos de disminución de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones”, dice el trabajo.

Minería

En 2025 las exportaciones del sector alcanzaron USD 6.075 millones, aumentando por cinco años consecutivos. Este año mostraría un nuevo récord, con exportaciones por USD 9.000 millones, con lo cual la minería pasaría de explicar cerca del 7% a más del 10% de las exportaciones totales de la Argentina, salto que se explica por la mejora de precios del oro y la plata y un crecimiento de volúmenes y precios del complejo litio.

De hecho, precisa el estudio, ya en el primer cuatrimestre del año la minería registró ingresos de comercio exterior por USD 2.927 millones, un asombroso 88% más que en igual período de 2025. “Con importaciones mínimas en relación con sus ventas externas, la minería se consolida como aportante neto de divisas, con un flujo estable a lo largo del año que espera apuntalar la liquidación del segundo semestre”, dice el trabajo.

Energía

La otra gran protagonista, sostenida en la formación Vaca Muerta, con epicentro en Neuquén, que ya explica un 70% de la producción de crudo, proyecta un crecimiento del 16% en la producción de petróleo, a un nuevo récord histórico, superando finalmente el que se había alcanzado en 1998. Los autores precisan que la balanza energética marcó en la primera mitad de 2026 el mayor superávit de la historia argentina para un primer semestre, superando los USD 6.987 millones, un crecimiento del 87% interanual.

“Las exportaciones de combustibles y energía habrían crecido un 52%, hasta más de US$ 8.118 millones, mientras las importaciones tocan mínimos de 20 años. Además, más del 70% del crecimiento exportador se explica por mayores cantidades, más que por la suba de precios derivada del conflicto en Medio Oriente”, dice un pasaje.

Las perpsectivas son aún mejores. “Hacia adelante -concluyen los autores- las ventas de combustibles y energía podrían superar los USD 14.400 millones en 2026, llevando la balanza energética a un récord por encima de los USD 12.000 millones. La puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia fin de año, con una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, apuntala un flujo de divisas creciente y menos estacional, clave en la fortaleza proyectada para el segundo semestre y el año que viene”.

El Perú ingresa a un nuevo periodo marcado por el auge minero y el riesgo de una mayor conflictividad social. Así lo advierte el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), que identifica el crecimiento de la inversión, la expansión histórica del área concesionada y el contexto político como factores que podrían desatar un ciclo de tensiones en los próximos cinco años.

Auge de inversiones y récord en concesiones mineras

Según el OCM, la cartera activa de proyectos mineros asciende a 67, con un valor de 64.000 millones de dólares. Solo en 2025, la inversión minera alcanzó los 6.228 millones de dólares, el mayor monto desde 2015.

En el primer trimestre de 2026, la cifra subió un 43,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se refleja también en el empleo formal, que llegó a 262.365 puestos en 2025, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

El área concesionada a la minería también presenta un récord. A mayo de 2026, el país cuenta con 22,67 millones de hectáreas bajo concesión minera, lo que equivale al 17,6% del territorio nacional. Regiones como Apurímac, La Libertad y Áncash superan el 50% de su superficie concesionada, y en Apurímac la cifra alcanza el 76,5%.

A pesar de este avance, solo una mínima parte de estas hectáreas se encuentra en operación efectiva, mientras el resto permanece ocioso o en etapa de exploración, de acuerdo con el OCM.

Desregulación y presión política amplifican el riesgo

El informe subraya que la oferta de desregulación impulsada desde el Ejecutivo se suma a esta expansión territorial. Para José De Echave, investigador de CooperAcción, existe una tendencia oficial y empresarial a “facilitar la inversión” mediante la reducción de controles ambientales y sociales.

De Echave advierte para Infobae Perú que esa orientación puede aumentar la presión sobre los territorios y reproducir patrones de conflictividad social ya observados en ciclos previos de auge minero.

De acuerdo con el OCM, el 45,5% de la inversión minera se concentra en el sur del país, precisamente en regiones que rechazaron mayoritariamente al partido de gobierno en las últimas elecciones presidenciales.

El desbalance entre la orientación política nacional y la legitimidad en los territorios mineros es señalado como un factor que podría agravar el clima de tensión y resistencia social.

Tributación, empleo y brecha en oro ilegal

El auge minero va acompañado de cifras récord en exportaciones, que en 2025 superaron los 61.800 millones de dólares, y de un fuerte crecimiento de la recaudación tributaria, aunque sin alcanzar los niveles previos a 2011. El empleo formal en minería registró su máximo histórico, aunque el 71,6% corresponde a trabajadores tercerizados.

El informe también advierte sobre la expansión de la minería ilegal. La brecha entre oro producido y oro exportado ya supera las 100 toneladas, con un valor estimado de 15.000 millones de dólares. El Estado ha declarado sucesivas emergencias en regiones mineras y de frontera, mientras la violencia asociada a la minería ilegal y la corrupción policial continúan en aumento.

Reinfo y el futuro de la minería informal

Otro de los puntos críticos identificados por el OCM es el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence en diciembre. El informe señala que este semestre será clave para definir el curso de la minería informal en el país y advierte que cualquier decisión en este ámbito puede tener impacto directo sobre la estabilidad social en las regiones mineras.

El OCM concluye que el avance de la desregulación, la expansión de proyectos y la falta de diálogo efectivo con los territorios mineros pueden llevar a un nuevo ciclo de conflictividad social en el periodo 2026-2031, con un impacto considerable sobre la gobernabilidad y la paz social.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el PBI de Perú creció apenas 1,80% en mayo de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025, una variación que marca el menor ritmo de avance en lo que va del año y evidencia la desaceleración de la economía nacional.

El resultado se vio condicionado por el fuerte impacto del fenómeno El Niño sobre las actividades pesquera y manufacturera, sectores que históricamente sostienen parte central de la producción nacional.

La caída en pesca y manufactura arrastró el desempeño general

El informe del INEI detalla que el sector Pesca experimentó una caída de 73,10% respecto a mayo del año previo, una cifra determinada por la drástica reducción en la extracción de anchoveta destinada a la elaboración de harina y aceite de pescado.

Esta contracción no solo obedece a factores climáticos asociados a El Niño, sino también a la suspensión sucesiva de la temporada norte-centro de anchoveta, la cual había comenzado a cerrarse desde abril y al cierre de mayo permanecía suspendida.

Como resultado, en mayo de este año se desembarcaron solo 31.771 toneladas de anchoveta, frente a 1.327.933 toneladas en el mismo mes de 2025, lo que representa una caída del 97,6% en el recurso principal de la actividad.

La menor disponibilidad de anchoveta impactó de forma directa en la Manufactura, que retrocedió 10,67% en el mes, arrastrada por la fuerte baja en la elaboración y conservación de productos pesqueros.

El subsector fabril primario —estrechamente vinculado al procesamiento de anchoveta— cayó 41,70%, mientras que la producción de bienes de consumo, especialmente confecciones textiles, también disminuyó.

Comercio, minería y servicios sostuvieron el crecimiento, aunque a menor ritmo

En contraste, sectores como Comercio, Minería e Hidrocarburos y Otros Servicios mostraron variaciones positivas e impidieron un mayor estancamiento del PBI. El Comercio avanzó 6,91%, impulsado tanto por la venta mayorista como minorista, y por la expansión del comercio automotriz.

La Minería e Hidrocarburos registró un crecimiento de 2,60%, liderado por la producción de hierro, cobre, oro y gas natural. Los Otros Servicios, que incluyen alojamiento y restaurantes, también aportaron en positivo, favorecidos por campañas promocionales y mayor actividad en fechas especiales.

Otros sectores que contribuyeron al avance, aunque de manera más moderada, fueron Construcción (4,66%), Electricidad, Gas y Agua (5,21%), Transporte, Almacenamiento y Mensajería (2,42%), y Financiero y Seguros (1,79%). Pese a estos aportes, el peso de la caída en pesca y manufactura determinó el bajo crecimiento global.

El ritmo anualizado muestra desaceleración

El dato de mayo refleja un freno en la expansión interanual. La variación anualizada de la producción nacional —junio 2025 a mayo 2026— alcanzó 3,54%, pero la tendencia mensual evidencia una desaceleración, ya que las tasas interanuales de enero a abril se mantuvieron en niveles superiores (3,67% en enero, 3,71% en febrero, 3,21% en marzo y 3,73% en abril).

El resultado de mayo, condicionado por la suspensión de la temporada de anchoveta y los efectos de El Niño, marcó el menor avance del año y pone en relieve la vulnerabilidad de la economía peruana frente a choques climáticos y de oferta en sectores clave.

El avance de la industria minera en Nicaragua ha dado un nuevo giro tras la revelación de un estudio que señala que empresas mineras chinas ya controlan el 10% del territorio nicaragüense a través de concesiones otorgadas por el régimen de Daniel Ortega. El informe, elaborado por la Fundación del Río junto a otras organizaciones ambientalistas, fue presentado este martes en Costa Rica y documenta la expansión de proyectos mineros en áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, según reportó la agencia EFE.

Según los datos expuestos por la Fundación del Río, las compañías de origen chino poseen derechos de explotación sobre 1.277,389 hectáreas, una superficie que representa una décima parte del país centroamericano. El informe detalla que estas concesiones incluyen territorios de pueblos originarios y afrodescendientes, reservas naturales y parte de la red hídrica nacional, como territorios de pueblos originarios y afrodescendientes, así como reservas naturales y parte de la red hídrica nacional. EFE informó que el estudio, presentado en San José, constituye un atlas que identifica las áreas afectadas, el origen de los capitales involucrados y el solapamiento de las concesiones con fuentes de agua.

Durante la presentación del atlas, Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y ambientalista nicaragüense desnacionalizado, indicó que entre 2021 y junio de 2026, la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó concesiones mineras a 22 empresas chinas en 84 lotes destinados a la exploración y explotación de minerales metálicos. Ruiz precisó, según EFE, que el total de concesiones mineras otorgadas en el país equivale al 25% del territorio nacional, de las cuales 22% corresponde a concesiones industriales y 3% a áreas de reserva minera.

El impacto sobre territorios y recursos hídricos

El informe añade que el Ejecutivo sandinista proyecta ampliar estas cifras. “El régimen tiene una proyección de otorgar el 40% del territorio nacional en concesiones mineras”, advirtió Ruiz, citado por EFE. Las concesiones chinas afectan de manera directa a 18 territorios indígenas y afrodescendientes, de los cuales 14 ya cuentan con títulos legales y cuatro están en proceso de titulación.

La superficie impactada alcanza las 681,574 hectáreas, lo que equivale al 25.5 % de estos territorios y al 18% de los ya titulados. El impacto también se extiende a la red hídrica, con 163 ríos, 80 arroyos y casi 1,900 kilómetros de corrientes de agua afectados por la actividad minera, según el estudio.

El análisis de la Fundación del Río subraya que la mayoría son de reciente constitución, carecen de presencia pública digital y no hay indicios de que pertenezcan a empresas listadas en bolsas de valores internacionales. Tampoco se hallaron antecedentes de experiencia en el sector minero, estudios de factibilidad económica ni información sobre el monto de las inversiones realizadas.

El informe advierte que el interés de las empresas chinas no se limita a la extracción de oro y plata, sino que abarca minerales considerados críticos, como el cobre y el cobalto, y otros materiales, entre los que se incluyen el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel. Según el reporte difundido por EFE, la organización ambientalista sostiene que el marco jurídico nacional fue modificado para favorecer el ingreso y operación de capital chino, así como para esquivar sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las sanciones y el negocio del oro

En abril pasado, el Gobierno estadounidense sancionó a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a altos funcionarios y siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro, como parte de las acciones para restringir el flujo de recursos hacia la administración sandinista.

El auge de la minería se refleja en los datos oficiales sobre exportaciones. Según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y el Banco Central de Nicaragua, las ventas al exterior de productos mineros alcanzaron los USD 2,009 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 44,4% respecto al año anterior. El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación, con ingresos de USD 1,971 millones y un volumen de 19.9 toneladas métricas, lo que constituye un récord histórico para el país.

Perú mantiene una cartera de 67 proyectos mineros valorizados en USD 64.071 millones y registró exportaciones del sector por USD 62.848 millones en 2025, en un escenario en el que la demanda global de cobre y otros minerales críticos para la transición energética, la electrificación, la infraestructura digital y la inteligencia artificial refuerza la idea de que el desafío geológico pesa más que el riesgo político.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, la cartera de proyectos mineros pasó de poco más de USD 54.500 millones en 2025 a USD 64.071 millones en 2026. El aumento se vinculó a la mayor demanda de cobre y otros minerales estratégicos, además del interés por desarrollar nuevos proyectos de gran escala.

Luis Rodríguez-Mariátegui, socio del área de Minería del Estudio Hernández & Cía, sostuvo que la experiencia reciente muestra que las decisiones de inversión responden sobre todo al potencial del recurso y a las perspectivas del mercado internacional. Según el especialista, los ciclos políticos tienen un peso menor cuando se evalúan iniciativas con horizontes de 20 o 30 años.

“El inversionista minero visualiza proyectos con horizontes de 20 o 30 años. Naturalmente evalúa la estabilidad política y regulatoria, pero cuando analiza inversiones de esta magnitud, el factor determinante sigue siendo la calidad del yacimiento. Hoy en nuestra minería, hay proyectos por USD 64 mil millones y el reto geológico sigue siendo más relevante que el riesgo político: continúa teniendo un peso mayor”, explicó.

La cartera minera creció pese a la inestabilidad política

El diagnóstico parte de una década en la que, pese a los cambios de gobierno y a la inestabilidad política, el flujo de inversión en exploración no se detuvo. La publicación señala que ese comportamiento consolidó a Perú como uno de los principales destinos de inversión minera en América Latina.

El país disputa el segundo lugar mundial en producción de cobre y figura entre los principales productores de oro, plata, zinc, plomo, estaño y molibdeno. Ese lugar en la oferta global adquiere otra dimensión en un contexto de competencia entre grandes economías por asegurar el suministro de minerales críticos.

“Los precios internacionales continúan siendo el principal motor de las inversiones en el sector. Hoy existe una competencia global por asegurar el suministro de minerales estratégicos y el Perú cuenta con una ventaja comparativa muy difícil de igualar al albergar históricamente algunos de los mayores y más atractivos depósitos geológicos del mundo”, afirmó Rodríguez-Mariátegui.

El dato central, según el socio del estudio, es que el atractivo minero de Perú descansa en su riqueza geológica. Esa ventaja, indicó, sigue ordenando las decisiones de largo plazo por encima de la volatilidad política.

El foco del sector se trasladará a las reglas de inversión y a la minería ilegal

Con el proceso electoral ya concluido, el mercado pondrá la atención en la capacidad del nuevo Gobierno para ofrecer predictibilidad y garantías a las inversiones. El especialista indicó que el interés de los inversionistas estará en la velocidad con que se implementen estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y reglas claras para proyectos de largo plazo.

“El escenario político ya está definido. Ahora los inversionistas observarán qué tan rápido se implementan la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y la capacidad del Estado para brindar reglas claras que permitan desarrollar proyectos de largo plazo”, señaló.

Entre los temas que, a su juicio, marcarán la agenda minera en los próximos años aparecen la ruta para concluir la adecuación de operaciones informales, la actualización de un marco normativo realista para la pequeña minería y la minería artesanal, y el refuerzo de las acciones contra la minería ilegal. Añadió que esas discusiones incidirán de forma directa en la competitividad del país y en la velocidad de ejecución de nuevas inversiones.

“Las reformas regulatorias deben apuntar a generar confianza. El Perú necesita un marco legal moderno y estable, procedimientos más predecibles y seguridad jurídica para mantener su atractivo frente a otros destinos para la inversión minera”, destacó.

Perú disputa el segundo lugar mundial en producción de cobre

Rodríguez-Mariátegui advirtió además sobre el crecimiento de actividades de minería ilegal dentro de concesiones otorgadas a operadores formales. A su entender, ese fenómeno dejó de ser solo un problema ambiental o de seguridad y pasó a afectar también la certeza jurídica de las concesiones.

“La minería ilegal ya no solo representa un problema ambiental o de seguridad. También pone en riesgo la certeza jurídica de las concesiones y afecta la confianza de quienes realizan inversiones cumpliendo todas las obligaciones legales. Combatir este fenómeno será fundamental para preservar la competitividad del sector”, afirmó.

El especialista sostuvo que el contexto internacional abre una oportunidad para Perú durante la próxima década, con una demanda de cobre y otros minerales críticos que seguiría en aumento por la transición energética, la digitalización y el desarrollo de nuevas tecnologías.

“Perú tiene una ventaja geológica extraordinaria. Si esa fortaleza se complementa con estabilidad regulatoria, instituciones sólidas y políticas públicas consistentes, el país podrá consolidarse como uno de los principales receptores de inversión minera en América Latina”, finalizó.

La minería argentina atraviesa un momento de grandes oportunidades. La creciente demanda mundial de minerales estratégicos para la transición energética, sumada al interés por desarrollar nuevos proyectos en el país, ha vuelto a posicionar a provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Rio Negro y Jujuy como protagonistas de un escenario con un enorme potencial de crecimiento.

Sin embargo, el verdadero éxito de esta oportunidad no dependerá únicamente de la calidad de los recursos geológicos o de la llegada de inversiones. El desafío será consolidar una industria capaz de generar y sostener la confianza de la sociedad a través de una gestión sustentable, segura y transparente.

Más allá de los recursos: la confianza como eje

Durante muchos años, la actividad minera fue evaluada principalmente por su capacidad para generar empleo, atraer inversiones y aumentar las exportaciones. Hoy la sociedad demanda mucho más. Exige transparencia, cuidado ambiental, altos estándares de seguridad, participación de las comunidades y beneficios concretos para las economías regionales. En ese contexto, la sustentabilidad y la seguridad han dejado de ser aspectos vinculados exclusivamente al cumplimiento normativo para convertirse en factores determinantes de la legitimidad y la reputación de cualquier proyecto.

La denominada “licencia social para operar” ya no puede entenderse como una instancia que se obtiene al inicio de un emprendimiento. Se construye y se renueva todos los días, a partir de decisiones, conductas y resultados visibles. La confianza no surge de campañas de comunicación ni de informes de sustentabilidad; nace cuando las comunidades perciben coherencia entre los compromisos asumidos y las acciones concretas.

Las preocupaciones de distintos sectores de la sociedad respecto del uso responsable del agua, la protección de los ecosistemas y los posibles impactos ambientales forman parte de un debate legítimo que no debe minimizarse. Por el contrario, representan una oportunidad para fortalecer la actividad mediante procesos transparentes, monitoreos confiables, información pública y espacios genuinos de diálogo. Una industria que escucha, explica y responde con evidencia genera mayor credibilidad que aquella que solo comunica sus logros.

Seguridad, transparencia y relaciones con la comunidad

En este escenario, las provincias mineras enfrentan un desafío complejo. Deben promover el desarrollo de proyectos capaces de impulsar sus economías y generar empleo de calidad, pero al mismo tiempo garantizar reglas claras, controles eficaces y una institucionalidad que brinde confianza tanto a los inversores como a la sociedad. La aceptación pública de la minería no dependerá únicamente del potencial económico de los proyectos, sino también de la capacidad de demostrar que el desarrollo puede convivir con una gestión ambiental responsable y con una fiscalización sólida e independiente.

La seguridad constituye otro de los pilares fundamentales de esa confianza. La minería moderna ha alcanzado estándares cada vez más elevados en materia de prevención de riesgos y protección de las personas, aunque el objetivo de mejorar continuamente nunca desaparece. Cada incidente no solo impacta sobre quienes participan directamente de la operación, sino que también influye en la percepción que la sociedad construye sobre toda la industria. En un contexto donde la información circula de manera inmediata, una cultura de seguridad sólida protege a las personas y fortalece la credibilidad del sector.

Otro de los grandes desafíos consiste en gestionar adecuadamente las expectativas que genera cada nuevo proyecto. El anuncio de una inversión suele despertar esperanzas de crecimiento económico, empleo y desarrollo regional. Sin embargo, la minería es una actividad de largo plazo, con etapas claramente diferenciadas y tiempos que muchas veces no coinciden con las expectativas de las comunidades. Cuando la información no es clara o las promesas superan las posibilidades reales, la confianza puede deteriorarse incluso antes de que un proyecto entre en operación.

Por ello, comunicar con transparencia resulta tan importante como ejecutar correctamente un proyecto. Explicar los plazos, los alcances, los riesgos y los beneficios de manera honesta contribuye a construir relaciones más maduras entre empresas, gobiernos y comunidades. La gestión de expectativas no implica reducir el entusiasmo por las oportunidades que ofrece la minería, sino fortalecer su credibilidad mediante una comunicación responsable y basada en hechos verificables.

En definitiva, la licencia social no se fortalece únicamente cuando una empresa demuestra un desempeño ambiental responsable o mantiene altos estándares de seguridad. También se consolida cuando las comunidades perciben instituciones presentes, procesos transparentes y un compromiso genuino con el desarrollo sostenible. La sustentabilidad no debe entenderse únicamente como una meta ambiental; es una forma de gestionar la actividad con una visión de largo plazo, equilibrando el crecimiento económico, la protección del entorno y el bienestar de las personas.

Argentina cuenta con recursos geológicos capaces de convertir a la minería en uno de los motores de su desarrollo económico durante las próximas décadas. Pero ese potencial solo podrá materializarse plenamente si el crecimiento productivo avanza acompañado por instituciones sólidas, una gestión responsable y una visión de largo plazo. La confianza será, probablemente, el recurso más valioso que deberá administrar la industria.

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso de la firma Liex al régimen, con un proyecto de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca. La iniciativa demandará una inversión total de USD 709 millones y eleva a 21 el número de proyectos aprobados, con compromisos que en conjunto alcanzan los USD 46.700 millones.

El ministro de Economía Luis Caputo publicó la novedad en su cuenta oficial de X. Según el texto del titular del Palacio de Hacienda, el proyecto contempla la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La infraestructura asociada incluye pozos para la extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares y obras de control de inundaciones.

Los estudios técnicos presentados ante el Comité indican que el salar cuenta con recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva. Las exportaciones del complejo, puntualizó Caputo en su cuenta oficial de X, generarán ingresos estimados en alrededor de USD 400 millones por año y el proyecto creará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

Catamarca ya concentra varios de los proyectos mineros aprobados bajo el RIGI. En el Salar del Hombre Muerto, la australiana Galan Lithium Ltd opera desde el 1 de abril la planta Hombre Muerto Oeste (HMW), con una capacidad de 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio —y es, hasta ahora, el segundo proyecto del régimen en estar operativo, apenas cinco meses después de su aprobación en agosto de 2025. Rio Tinto tiene allí su propio proyecto de expansión, Fénix, con 9.500 toneladas adicionales de capacidad y una inversión de USD 530 millones. Con la incorporación de Liex —subsidiaria de la minera china Zijin Mining—, la provincia suma un tercer proyecto litífero aprobado bajo el régimen.

La actividad litífera bajo el RIGI no se circunscribe a Catamarca. Rio Tinto también tiene aprobado el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón, Salta: una expansión de planta de carbonato de litio con capacidad para 60.000 toneladas anuales de grado batería, suficiente para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos por año, con una inversión total de USD 3.000 millones.

En marzo de 2026, la compañía realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde ese salar: 200 toneladas en diez contenedores desde el Puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, lo que la convirtió en la única productora con exportación activa en las tres provincias del noroeste argentino. Junto con Jujuy, las tres provincias conforman el llamado triángulo del litio, la región con las mayores reservas del mineral en el mundo, que Argentina comparte con Chile y Bolivia.

El mapa del RIGI

De los 39 proyectos presentados ante el Comité Evaluador desde la creación del régimen, 20 contaban con aprobación al cierre del último relevamiento disponible —cifra que con la última incorporación trepa a 21—, mientras que otros 21 permanecen en evaluación y uno fue rechazado. El monto total comprometido por todas las iniciativas presentadas asciende a USD 121.237 millones, aunque los activos computables de los proyectos ya aprobados suman USD 16.092 millones.

Detrás de esas cifras, la estructura de los compromisos muestra matices. De los primeros 17 proyectos aprobados, solo USD 7.000 millones corresponden a inversión firme, mientras que USD 16.000 millones representan la inversión mínima obligatoria. El 30% adicional que se anuncia en las presentaciones no conlleva penalidades en caso de incumplimiento.

Por sector, energía concentra la mayor porción de inversión declarada con USD 78.300 millones, seguida por minería con USD 42.200 millones. En infraestructura y siderurgia los montos son marginales: USD 500 millones y USD 300 millones, respectivamente. Por subsector, Oil & Gas lidera en cantidad de proyectos con 13 iniciativas, seguido por litio con 11 y cobre con 5. En términos de estado administrativo, el 81% del monto total comprometido corresponde a proyectos aprobados —USD 98.000 millones— frente al 18,8% aún en evaluación —USD 23.000 millones—. En el régimen participan 45 empresas provenientes de 11 países.

El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una batería de beneficios: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años, según la categoría del proyecto.

El CEO de la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, dio detalles sobre el rol que puede cumplir el país en el acuerdo de la Pax Silica y el impacto que tendrá en las inversiones. Destacó la importancia de los recursos que posee la Argentina dentro de la alianza que Washington diseñó en el marco del desarrollo de la inteligencia artificial.

“El clima de negocios está, obviamente, alineado con el concepto de la nueva relación geopolítica que la Argentina tiene con EEUU desde el comienzo de la administración del presidente Javier Milei”, señaló el ejecutivo en diálogo con Radio Mitre.

Díaz agregó la alianza se inscribe en la continuidad del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés) entre ambos países, que se firmó este año e incluyó el alineamiento en materia de minerales críticos.

“Ahora, el ingreso a esta suerte de ‘Pax Silica’ le permite a la Argentina sostener ese acuerdo geopolítico de relación con EEUU. Técnicamente, se trata de la “paz del silicio”. El nombre proviene de que el silicio fue uno de los precursores fundamentales de los semiconductores”, explicó Díaz.

El objetivo es alinear a EEUU con los proveedores estratégicos de América para garantizar, por un lado, las inversiones de empresas estadounidenses y, por otro, el aprovisionamiento de recursos clave.

“En el caso de la Argentina, esto se vincula principalmente con el litio y el cobre, y también con la posibilidad de establecer centros de datos aprovechando la capacidad energética que el país va a desarrollar en los próximos años para abastecer ese tipo de infraestructura”, precisó el CEO de AmCham.

En definitiva, se trata de una alianza que Washington viene construyendo para asegurarse una posición estratégica en la cadena de suministros vinculada al silicio y a los materiales críticos.

“Es lo que se conoce como friend-shoring: una estrategia mediante la cual, bajo la nueva perspectiva de “América para los americanos”, EEUU busca competir con China, teniendo en cuenta que hoy el país asiático concentra alrededor del 70% de la elaboración de materiales críticos", precisó Díaz.

Asimismo, sostuvo que el ecosistema de desarrollo está vinculado a tres ejes centrales: los centros de datos, la fabricación de semiconductores —un segmento en el que la Argentina no tendría participación directa— y el abastecimiento de materiales críticos.

En este último punto, el país tiene un rol relevante por sus reservas de litio y cobre, insumos esenciales para la producción de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.

“El desarrollo de la inteligencia artificial será para el siglo XXI lo que el petróleo representó para el siglo XX”, definió Díaz.

En ese contexto, consideró el financiamiento es un factor clave. Detalló que el Gobierno de EEUU puso en marcha un fondo inicial de USD 250 millones, al que se suman otros instrumentos financieros con los que habitualmente opera el Estado norteamericano para impulsar este tipo de iniciativas. Es el caso de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (Exim) y el Foro de Compromiso Geoestratégico de Recursos (Forge).

“El aprovechamiento va a depender más que nada de las empresas que estén disponibles para invertir”, apuntó Díaz.

Mencionó que el RIGI para la minería concentra 19 de los 40 proyectos presentados hasta el momento. De ese total, 11 ya fueron aprobados por inversiones cercanas a los USD 19.000 millones, mientras que otros siete, por un monto similar, continúan en evaluación.

El mayor emprendimiento es Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining en San Juan, que prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, con potencial para ampliarse hasta los USD 18.000 millones.

Durante sus primeros 25 años de operación, se estima que producirá en promedio 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata por año. Además, fue el primer proyecto en ingresar al RIGI bajo la categoría PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica a Largo Plazo).

De todos modos, Díaz resaltó que las inversiones todavía no son significativas. El año pasado cerraron en torno a los USD 4.000 o USD 5.000 millones. Sin embargo, se estima que, en un horizonte de diez años y considerando la ejecución de todos los proyectos presentados bajo el RIGI, podrían alcanzar alrededor de USD 30.000 millones, lo que se reflejaría en el nivel de exportaciones de minerales del país".

De acuerdo a Alec Oxenford, embajador argentino ante la Casa Blanca, la adhesión a la Pax Silica no garantiza inversiones automáticas, pero mejora la posición del país para competir por ellas y suma visibilidad frente a los inversores globales.

Encontrar oro dentro de las hojas de un árbol es un hecho confirmado por la ciencia. Un estudio publicado en la revista Environmental Microbiome demostró que algunos abetos rojos del norte de Finlandia contienen pequeñas partículas de ese metal precioso en sus agujas.

La investigación, dirigida por Kaisa Lehosmaa y su equipo, buscó comprender cómo llega el oro a las plantas y cuál es el papel de los microbios que viven en su interior.

Los científicos partieron de la idea de que ciertas bacterias dentro de las hojas podrían ayudar a transformar el oro disuelto en el agua del suelo en partículas sólidas dentro del árbol. El trabajo sugiere que este fenómeno explicaría la presencia de oro en plantas cercanas a minas y plantea la posibilidad de usar los árboles como indicadores naturales para encontrar yacimientos subterráneos, evitando excavaciones costosas y daños al ambiente.

Muestreo y análisis de agujas de abeto rojo

Para avanzar en la investigación, el equipo recolectó 138 muestras de agujas de 23 abetos rojos que crecían cerca de un yacimiento aurífero en el norte de Finlandia. Las muestras fueron examinadas con microscopía electrónica de alta precisión para buscar partículas diminutas, y se emplearon técnicas de secuenciación genética para identificar las bacterias presentes en las hojas.

El objetivo era descubrir si había un vínculo entre la presencia de oro y ciertos microbios. Así, los investigadores compararon las muestras, observando la composición de las comunidades bacterianas en cada caso (agujas con y sin oro).

Detección de nanopartículas de oro y su relación con bacterias endófitas

Solo en cuatro de los árboles estudiados se hallaron nanopartículas de oro en el interior de sus agujas, lo que representa el 17% de los ejemplares analizados. Estas partículas no estaban en la superficie, sino inmersas en los tejidos de la hoja, rodeadas por una matriz gelatinosa formada por bacterias.

En las agujas que contenían oro, destacaba la abundancia de bacterias de los géneros Cutibacterium, Corynebacterium y el grupo P3OB-42. Los resultados sugieren que estos microorganismos podrían transformar el oro disuelto en el agua en pequeñas partículas sólidas, mediante un proceso llamado biomineralización, donde la vida interviene en la formación de minerales.

Implicancias ecológicas y aplicaciones del hallazgo

Aunque la cantidad de oro encontrada en cada árbol es mínima —menos de tres microgramos por kilo de hojas secas— el descubrimiento ofrece aplicaciones interesantes. Los árboles podrían funcionar como sensores naturales para localizar yacimientos de metales bajo tierra, permitiendo identificar zonas ricas en metales sin dañar el entorno. Esta técnica serviría para detectar oro y podría aplicarse a otros metales, tanto valiosos como tóxicos.

Además, el estudio abre la posibilidad de usar plantas y bacterias para limpiar ambientes contaminados, por ejemplo, mediante musgos acuáticos capaces de filtrar metales pesados presentes en aguas afectadas por la minería.

Qué implica el hallazgo y qué falta investigar

El estudio demuestra que las bacterias que viven dentro de las plantas pueden tener un papel en la acumulación de oro y otros minerales en sus tejidos. Este descubrimiento genera nuevas preguntas sobre cuántas especies vegetales pueden realizar procesos similares y hasta qué punto los microorganismos influyen en la química interna de las plantas.

Comprender estos mecanismos podría cambiar la forma en que se buscan recursos minerales y se restauran ecosistemas dañados por la minería. El equipo científico considera que apenas se ha dado el primer paso para explorar la relación entre plantas, bacterias y minerales en la naturaleza.

Avanzar en este campo permitiría desarrollar estrategias más sostenibles para la exploración y recuperación del entorno natural.

El 24 de junio pasado, Diputados le dio media sanción al Súper RIGI y la Cancillería anunció una segunda ficha para ese mismo tablero: Argentina se incorporaba a Pax Silica, la alianza que Washington viene armando desde diciembre para asegurarse el control de la cadena de suministro de la inteligencia artificial.

Nombre grandilocuente, apuesta concreta: minerales críticos, semiconductores y centros de datos, todo bajo el mismo paraguas geopolítico. La “paz del silicio” –por el dióxido de silicio, el precursor de ese mineral que es la base de los semiconductores y, por lo tanto, de la era informática– con la que el EEUU de Donald Trump busca imponerse y cubrirse las espaldas en el nuevo y exponencial negocio de la Inteligencia Artificial. Un universo en parte desconocido para todos que tiene un rival concreto: China.

La firma llegó de la mano de Alec Oxenford, embajador argentino ante la Casa Blanca, y Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos de Estados Unidos y el funcionario que Trump puso a diseñar esta arquitectura. El canciller Pablo Quirno lo había anticipado en redes: la adhesión le iba a permitir a la Argentina participar en proyectos de inversión e infraestructura “en todos los eslabones de la cadena de valor global de inteligencia artificial”, y consolidar al país como proveedor confiable de minerales críticos.

El anuncio no salió de la nada. Quirno lo conectó explícitamente con el acuerdo comercial de minerales críticos que Milei había firmado con Estados Unidos en febrero. Pax Silica es la escala siguiente de ese mismo vínculo, no un capítulo nuevo. Helberg fue parte del Argentina Week, el evento con el que Milei buscó “vender” su proyecto ante inversores y empresarios en Nueva York, en marzo pasado. El influyente funcionario estadounidense habló en un panel junto al viceministro de Economía, José Luis Daza, y aseguró que el gobierno de Trump “está decidido a hacer del hemisferio occidental y de la Argentina sus socios” y que ese país pone foco en buscar naciones alineadas con sus “valores, ideas e intereses”.

Infobae habló con Oxenford en ese momento y el embajador no dudó en calificar el momento en términos casi épicos: “La inteligencia artificial será para el siglo XXI lo que el petróleo fue para el siglo XX”. Agregó que la Pax Silica le da a la Argentina la chance de meterse desde el arranque en la infraestructura tecnológica que va a definir las próximas décadas.

Pero cuando se le preguntó si la adhesión significa acceso directo a financiamiento, la respuesta bajó varios cambios: la adhesión no garantiza inversiones automáticas. Lo que sí hace, según el propio embajador, es mejorar la posición del país para competir por ellas, y abrir la puerta a dos ventanas concretas además de sumar visibilidad frente a los inversores globales.

El Departamento de Estado anunció el Pax Silica Fund, un fondo de unos USD 250 millones iniciales. A eso se suman los instrumentos estadounidenses, como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (Exim) y el Foro de Compromiso Geoestratégico de Recursos (Forge), que agrega mecanismos de precios mínimos para los minerales estratégicos.

El paraguas de la coalición cubre toda la cadena de valor tecnológica: extracción y procesamiento de minerales críticos, fabricación de semiconductores, desarrollo de modelos de IA, infraestructura digital, sistemas energéticos para alimentar centros de datos, conectividad, logística y manufactura avanzada.

La Declaración de acuerdo sostiene que “una cadena de suministro fiable es indispensable para nuestra seguridad económica mutua” y advierte que la revolución tecnológica está reorganizando la economía global y generando una demanda histórica de energía, minerales, hardware y nuevos mercados.

El documento propone construir un ecosistema confiable de desarrolladores y proveedores de IA, movilizar capital privado y coordinar políticas para evitar distorsiones de mercado y proteger tecnologías sensibles.

Es que el verdadero cuello de botella de la cadena de IA no está en la capa de chips, sino en la capa de minerales. Y buena parte de esos minerales está en América Latina.

Empresas alineadas y algunos reclamos

Si bien es todo muy incipiente, varias empresas locales se empezaron a mover luego del anuncio, según pudo saber este medio. Nada concreto aún: remarcan que es un acuerdo macro entre países y están muy atentas a los movimientos de sus casas matrices, pero saben que hay un haz de luz sobre ellas.

El rol asignado a Argentina dentro de la coalición es concreto y acotado. El país no ingresa como actor central en la fabricación de semiconductores —para eso no tiene capacidad instalada—, sino por los primeros eslabones de la cadena: minerales críticos y energía. Los activos que pone sobre la mesa son el litio, el cobre, el uranio, la plata y el gas de Vaca Muerta.

El RIGI minero acumula 19 proyectos del total de 40 presentados. Hay 11 ya aprobados por casi USD 19.000 millones, y una cifra similar que suman otros 7 en evaluación. El más grande es Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining en San Juan, con una inversión inicial de 9.700 millones de dólares que podría escalar a 18.000 millones. Produce en promedio 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata por año durante sus primeros 25 años de operación. Fue el primer proyecto en ingresar bajo el estatus RIGI PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica a Largo Plazo).

En litio, Argentina produce alrededor de 120.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, ocupa el quinto puesto mundial y proyecta llegar al segundo lugar en la próxima década, con exportaciones estimadas en 12.000 millones de dólares anuales para 2036.

Según datos de CAEM, la cámara minera, en los primeros 5 meses del año, el sector minero exportó unos USD 3.890 millones (74% más que el mismo periodo de 2025). Entre 2025 y 2027, en tanto, el sector estima inversiones por casi USD 17.000 millones.

Río Tinto es el jugador de litio mejor posicionado por escala: tras la compra de Arcadium Lithium en 2025, quedó con el control de los proyectos Fénix (Salar del Hombre Muerto, Catamarca), Olaroz, Sal de Vida y Cauchari, además del proyecto Rincón en Salta con tecnología de extracción directa de litio (DLE).

En cobre, Los Azules —proyecto de la canadiense McEwen Copper en San Juan— busca 4.000 millones de dólares para comenzar la construcción a inicios de 2027, con producción comercial prevista para 2030. YPF es otro nombre que circula en el sector energético: como detalló Infobae, analiza hacer un mega data center con Tesla, aprovechando el gas excedente de Vaca Muerta y la infraestructura de YPF Luz.

No pocos vieron la presencia de Peter Thiel, el magnate que es uno de los grandes inversores de empresas tech, detrás de las negociaciones, o al menos las charlas diplomáticas, que condujeron a la firma de la Pax Silica. Thiel vivió varios meses en el país con su familia –vino a ver de cerca cómo funcionaba el experimento libertario, según trascendió– y se reunió con buena parte del Gobierno, incluido el presidente Milei, e importantes integrantes del círculo rojo.

Desde AmCham, la cámara argentina que nuclea a las empresas de EEUU en el país, celebraron el ingreso de Argentina al esquema. “Representa una oportunidad para impulsar la inversión, la innovación y el desarrollo de proyectos de largo plazo” y “reconoce el potencial geológico del país, especialmente por sus recursos de litio en el NOA y por los proyectos de cobre en desarrollo, principalmente en San Juan, Salta y otras provincias”, dijeron.

“Entendemos que este marco de cooperación contribuye a fortalecer la previsibilidad, generar mayor confianza para el desarrollo de proyectos de largo plazo y consolidar a Argentina como un socio estratégico en la economía del futuro”, destacaron desde la cámara.

Detallaron que ambos minerales constituyen la base física de la revolución tecnológica. El cobre –que Argentina aún no produce a escala comercial aunque volvieron los proyectos, sobre todo de la mano del RIGI– es indispensable para la construcción de centros de datos, la fabricación de semiconductores y el desarrollo de infraestructura eléctrica y energías renovables; el litio, por su parte, es un insumo esencial para el almacenamiento de energía y la electromovilidad, pilares del ecosistema tecnológico que la iniciativa busca fortalecer.

Claro, AmCham advirtió rápido que los beneficios de Pax Silica no son automáticos: “dependerán de la continuidad de políticas que sostengan la inversión, la estabilidad macroeconómica y la competitividad del sector minero”.

En medio de yacimientos aún en desarrollo, no pocos creen que esquemas gubernamentales de este tipo sirven para “desriskear” proyectos e impulsar la inversión privada para inclinar la balanza hacia el friend-shoring estadounidense: reemplazar la dependencia de China —que concentra cerca del 70% del procesamiento mundial de minerales críticos— por una red de proveedores alineados con Washington.

“Es un acuerdo muy importante por la visión geopolítica que representa. Si bien las empresas no necesitan de este tipo de esquemas para desarrollar sus negocios, muchos de los cuales ya fueron anunciados en el país, está claro que sirve para movilizar regulaciones locales, aunque no sean tan directos como un convenio de inversiones”, dijo Alejandro Díaz, CEO de AmCham, en diálogo con Infobae.

Las empresas señalan varios puntos que creen que las autoridades deben resolver: desde temas de desarrollo de infraestructura —baja inversión en rutas, tendidos eléctricos, etc.— hasta el impulso a los recursos humanos para el sector minero, pasando por marcos para inversión y tratados binacionales con Chile, por caso, para capturar sinergias.

“Los esquemas de ‘compre local’ son críticos porque son provinciales y heterogéneos. Hay una gran dispersión regulatoria que le quita competitividad a un sector que está en un estadio muy preliminar. Otro punto que no es muy conocido y debería resolverse es la resolución de límites provinciales: Catamarca, por caso, reclama devolución de territorios con litio y oro, y las empresas no tienen claro qué reglas seguir o a quién reportar regalías. Y hay yacimientos muy importantes en el medio de ese debate”, destacó Díaz.

Por qué Argentina y no Brasil

Uno de los datos geopolíticos más destacados de esta historia es que la Casa Blanca eligió a la Argentina como su socio regional en minerales críticos pese a que Brasil tiene las reservas más voluminosas de la región. La lectura de Washington es puramente ideológica: Lula da Silva está alineado con Xi Jinping, mientras que Milei se plegó sin fisuras a la agenda de Trump.

“Es un acuerdo muy importante por la visión geopolítica que representa” (Díaz)

En ese reparto latinoamericano, Argentina quedó en la misma mesa que Chile, Costa Rica, El Salvador y Panamá —este último, por la presión constante de Beijing sobre el control del Canal—. El bloque completo ya suma 24 países, con Países Bajos pesando fuerte por ser la casa matriz de ASML, la única compañía del mundo capaz de fabricar litografía EUV.

También están dentro de la Pax Silica Australia, Alemania, India, Japón, Israel, Noruega, Corea, Suecia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Lo que no cambió, y esto también lo marcó Oxenford, es el límite: Milei puede seguir haciendo negocios comerciales con China, siempre que no impliquen una ventaja estructural ni el acceso a minerales críticos. Washington ni siquiera vetará este año la renovación del swap con el gigante asiático. La Pax Silica no rompió el vínculo comercial con Beijing; blindó el estratégico con Washington.

Del lado argentino, el capítulo más nuevo —y el menos explotado— es el de las tierras raras: los 17 elementos que incluyen escandio, itrio y los quince lantánidos, indispensables para imanes permanentes, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y, sobre todo, semiconductores. Según el Servicio Geológico Minero Argentino, el país ya tiene identificadas 190.395 toneladas de recursos, con un potencial geológico estimado de hasta 3,3 millones de toneladas en provincias como San Juan, Santiago del Estero, San Luis y Córdoba.

La Casa Blanca eligió a la Argentina como su socio regional en minerales críticos pese a que Brasil tiene las reservas más voluminosas de la región

Ninguna minera con operaciones en el país salió todavía a vincular sus proyectos de manera explícita con la Pax Silica. Suena lógico: el fondo recién existe como anuncio, y el capital privado internacional es el que tendría que poner el grueso de los fondos.

Lo que sí queda claro, mirando el mapa completo, es que la Argentina entra a esta alianza por la puerta de los minerales y la energía. El Súper RIGI aporta estabilidad fiscal; la Pax Silica, el sello geopolítico. Falta la parte que más le importa a cualquier inversor: el primer proyecto concreto que decida cobrarse esa promesa.

Dos proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya están en funcionamiento, otros diez tienen obras en marcha y el resto avanza en etapas previas a la construcción: así luce, a la fecha, el mapa de los 20 proyectos que el gobierno de Javier Milei aprobó desde que puso en marcha el régimen creado para atraer capital privado a sectores estratégicos de la economía argentina.

Entre todos ellos suman compromisos de inversión por más de USD 57.000 millones y prometen generar, entre la etapa de construcción y la de operación, cerca de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos que ingresan una batería de beneficios:

• reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%
• devolución inmediata del IVA
• eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año
• estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años, según la categoría.

25 proyectos adicionales aguardan evaluación del Comité, con una inversión comprometida de USD 110.883 millones y el potencial de generar otros 145.615 empleos

A la fecha, 25 proyectos adicionales aguardan evaluación del Comité, con una inversión comprometida de USD 110.883 millones y el potencial de generar otros 145.615 empleos.

Renovables

El Parque Solar El Quemado, de YPF Luz, fue el primer proyecto del RIGI en haber sido aprobado y también el primero en estar operativo. La planta fotovoltaica de 305 MW, ubicada en Jocolí, departamento de Las Heras, Mendoza, representa el 11% de la potencia solar instalada en el país y opera en dos etapas. La primera entró en funcionamiento el 23 de diciembre de 2025; la inauguración formal se realizó a mediados de mayo de 2026. La inversión total es de USD 212 millones con capital 100% nacional.

En la provincia de Buenos Aires, PCR y Acindar avanzan en la construcción del Parque Eólico Olavarría. Con una inversión de USD 276 millones, el proyecto, tendrá capacidad para generar 180 MW que estarán destinados al abastecimiento de plantas industriales. El inicio de operaciones está previsto para el 1 de diciembre de 2026, lo que lo convertiría en el tercer proyecto RIGI en entrar en funcionamiento.

El GNL que ya tiene comprador en Alemania

El proyecto de mayor volumen de inversión dentro de los aprobados es el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural (FLNG) de Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy (Reino Unido) y Golar LNG (Noruega). Con una inversión de USD 7.000 millones en la primera etapa -escalable a más de USD 15.000 millones en dos décadas-, el proyecto prevé instalar dos buques de licuefacción frente al Golfo San Matías, Río Negro, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de GNL. El inicio de operaciones del primer buque, el Hilli Episeyo, está previsto para noviembre de 2027.

El proyecto ya tiene más de la mitad de su producción vendida. En febrero de 2026, SESA firmó en Berlín un contrato con la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) por más de USD 7.000 millones: la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años a partir de fines de 2027, volumen que cubre cerca del 80% de la capacidad del primer buque. “Constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta”, dijo Rodolfo Freyre, presidente de Southern Energy.

Funcionalmente ligado al proyecto de SESA pero con aprobación RIGI independiente, el Gasoducto dedicado para la Exportación de Gas Natural de San Matías Pipeline S.A. —empresa vinculada a PAE— es la infraestructura que transportará el gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro. El ducto tendrá 471 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro, desde Tratayén (Neuquén) hasta el Golfo San Matías. La inversión comprometida es de USD 1.000 millones y el inicio de operaciones está previsto para el 1 de mayo de 2028. El proyecto promete 2.489 empleos directos e indirectos.

Ductos

TGS - Transportadora de Gas del Sur S.A. obtuvo en mayo de 2026 la aprobación de su ingreso al RIGI para la Ampliación del Gasoducto Perito Moreno (GPM), el ducto que durante el gobierno anterior llevaba el nombre de Néstor Kirchner. La obra, con una inversión de USD 550 millones, extenderá la traza desde Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires) e incorporará 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo metropolitano. La construcción tiene un plazo de 18 meses desde noviembre de 2025 y el proyecto estará operativo antes del invierno de 2027. Generará 7.535 empleos -el segundo mayor impacto laboral de toda la cartera aprobada-.

El Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) es uno de los proyectos más avanzados de toda la cartera. El consorcio VMOS S.A. -integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron (Estados Unidos) y Tecpetrol- construye un oleoducto de 437 kilómetros que unirá Añelo (Neuquén) con Punta Colorada (Río Negro) con capacidad para transportar hasta 700.000 barriles diarios. La inversión asciende a USD 3.000 millones y la obra registra un avance de entre el 70% y el 73 por ciento.

El primer upstream petrolero del régimen

A fines de junio, Pampa Energía, la compañía comandada por Marcelo Mindlin se convirtió en el vigésimo proyecto en acceder al régimen con Rincón de Aranda, un bloque de 240 kilómetros cuadrados en la ventana de shale oil de Vaca Muerta, Neuquén. Es el primer proyecto de explotación y producción (upstream) de petróleo que supera el proceso del Comité Evaluador, tras la ampliación del RIGI a esa actividad mediante el Decreto 105/2026.

La inversión comprometida asciende a USD 4.521 millones, con USD 1.500 millones previstos para los primeros dos años. El área produce actualmente 27.000 barriles diarios y apunta a un plateau de 45.000 barriles diarios en 2027, en coincidencia con el inicio de operaciones del VMOS. Las exportaciones proyectadas a lo largo de 30 años ascienden a USD 17.000 millones. El proyecto generará 800 empleos directos y 1.000 indirectos.

Minería

El Hombre Muerto Oeste (HMW), de la australiana Galan Lithium Ltd, es el segundo proyecto RIGI en estar operativo. La planta de producción de salmuera y carbonato de litio, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, arrancó el 1 de abril de 2026 con una capacidad de 12.000 toneladas anuales. La inversión fue de USD 217 millones y el proyecto promete 670 empleos. Apenas cinco meses transcurrieron entre la aprobación del régimen (agosto de 2025) y el inicio de operaciones.

Rio Tinto (Reino Unido) es la empresa con mayor presencia dentro del RIGI: tiene dos proyectos aprobados en el NOA. El primero es el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón, Salta: una expansión de planta de carbonato de litio con capacidad para 60.000 toneladas anuales de grado batería, suficiente para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos por año. La inversión total asciende a USD 3.000 millones y el inicio de operaciones está previsto para enero de 2028.

En marzo de 2026, Rio Tinto realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde Rincón: 200 toneladas en 10 contenedores desde el Puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, lo que convirtió a la compañía en la única productora con exportación activa en las tres provincias del NOA -Catamarca, Jujuy y Salta-.

El segundo proyecto de Rio Tinto en el RIGI es Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca: una expansión de planta de carbonato de litio que incorpora 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional, con una inversión de USD 530 millones. El inicio de operaciones estaba previsto para julio de 2026. El ministro de Economía Luis Caputo informó que el proyecto generará 1.143 puestos durante la construcción y 504 en la operación, además de USD 165 millones de exportaciones anuales.

El mayor proyecto minero de la historia argentina

Poco menos de un mes atrás, Caputo anunció la aprobación del RIGI para Vicuña Argentina, la sociedad formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para desarrollar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, en el departamento Iglesia, San Juan. Con una inversión inicial de USD 9.700 millones -escalable hasta USD 18.000 millones en una década-, el proyecto ingresó bajo la categoría Peelp (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo), la figura de mayor alcance dentro del régimen, que otorga estabilidad fiscal y legal por 40 años.

La primera etapa de construcción, prevista entre 2027 y 2030, demandará 12.000 puestos de trabajo directos. La fase operativa sostendrá 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con el 90% de mano de obra de origen local. Hoy, Vicuña ya emplea a 2.421 trabajadores en Argentina. Una vez en plena operación, proyecta exportaciones de USD 6.000 millones anuales, equivalentes a la totalidad de lo que exportó la industria minera argentina en 2025.

La aprobación llegó en medio de una controversia: la adjudicación del campamento Batidero -complejo habitacional para alojar a los trabajadores en alta montaña- a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., desató el rechazo de sectores empresariales argentinos. El consorcio asiático se impuso con una oferta de USD 52 millones frente a los USD 70 millones cotizados por la nacional Modular Homes. La diferencia de USD 18 millones representa apenas el 0,1% del total de la inversión proyectada.

San Juan, la provincia con más proyectos

San Juan concentra la mayor cantidad de proyectos mineros aprobados dentro del régimen. Además de Vicuña, aloja a Los Azules, de la canadiense McEwen Copper: una mina de cobre con una inversión de USD 3.000 millones y el mayor impacto laboral entre los proyectos mineros aprobados, con 7.391 empleos proyectados. El proyecto está en etapa de pre-construcción y tiene previsto el inicio de operaciones para enero de 2029.

También en San Juan avanza Veladero, la ampliación de la mina de oro de Barrick Gold Corporation (Canadá) y Shandong Gold (China), con una inversión de USD 380 millones. Aprobado en marzo de 2026 (Res. 413/2026), el proyecto está en construcción y tiene previsto el inicio de operaciones para diciembre de 2028.

El cuarto proyecto sanjuanino es Nuevo Gualcamayo (Carbonatos Profundos), de la canadiense Aisa Group, con una inversión de USD 520 millones para explorar, construir y operar una nueva mina y planta de tratamiento de oro. El activo cuenta con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas.

Las exportaciones proyectadas entre 2030 y 2055 ascienden a USD 26.500 millones

Las exportaciones proyectadas entre 2030 y 2055 ascienden a USD 26.500 millones. El 1 de julio de 2026, el CEO de Aisa Group, Juan José Retamero, anunció en Madrid -durante un encuentro organizado por la Embajada argentina en España en el marco de la gira del presidente Milei- la presentación de un segundo RIGI por USD 1.500 millones para expandir Gualcamayo como distrito minero de largo plazo, bajo el denominado Programa G50.

Litio en Jujuy y Catamarca

La Ampliación Cauchari Olaroz, en el departamento Susques, Jujuy, es uno de los proyectos más recientes en recibir aprobación: el 4 de junio de 2026. El consorcio formado por Ganfeng (China), Lithium Argentina (Suiza) y la estatal provincial JEMSE - Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado busca elevar la producción de carbonato de litio de 40.000 a 85.000 toneladas anuales, con una inversión de USD 1.166 millones.

El plan de ejecución se extiende por 90 meses desde julio de 2026, con inicio de operaciones previsto para diciembre de 2028. Es el único proyecto RIGI con participación de una empresa estatal provincial.

Mendoza: cobre y el primer RIGI ya operativo

Mendoza tiene dos proyectos aprobados. El PSJ Cobre Mendocino, de Zonda Metals GmbH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina), con una inversión de USD 891 millones, apunta a la prospección, exploración y desarrollo minero de cobre en el departamento Uspallata. Aprobado el 26 de mayo de 2026, está en etapa de pre-construcción con inicio de operaciones previsto para enero de 2029. Promete 6.300 empleos.

Salta y Catamarca: oro, plata y el campamento de la Puna

Diablillos, de la canadiense AbraSilver Resource Corp., es una nueva mina de oro y plata en el límite de Salta y Catamarca, a 160 kilómetros de la capital salteña. El yacimiento cuenta con reservas de 199 millones de onzas de plata y 1,7 millones de onzas de oro. La inversión aprobada en el RIGI asciende a USD 481,7 millones, escalable hasta USD 764 millones a largo plazo.

El proyecto está en pre-construcción y tiene previsto el inicio de operaciones para julio de 2029. Generará 2.013 empleos y exportaciones estimadas en USD 417 millones anuales. El mayor accionista de AbraSilver es Central Puerto, a través de su filial Proener S.A.U., con el 9,9% del capital.

Infraestructura

La Terminal Multipropósito Timbúes, de Terminales y Servicios S.A. —el único proyecto RIGI con capital 100% nacional dentro del sector de infraestructura—, es la iniciativa que mayor cantidad de empleos promete de toda la cartera aprobada: 9.700 puestos entre construcción y operación.

El complejo portuario, ubicado sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná en la provincia de Santa Fe, contempla dos muelles para agro-graneles y líquidos y un tercer muelle para cargas generales, con una inversión de USD 277 millones. Aprobado el 19 de noviembre de 2025 (Res. 1842/2025), está en construcción con inicio de operaciones previsto para el 31 de diciembre de 2026.

El único proyecto industrial

El Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa es el único proyecto de carácter industrial -no minero ni energético- dentro de los 20 aprobados. La planta de aceros largos de última generación, ubicada en San Nicolás, Buenos Aires, tendrá una capacidad de 360.000 toneladas anuales y una inversión de USD 286 millones, también con capital 100% nacional.

Aprobado en julio de 2025, la obra registra un avance global del 27% y la empresa estima que la primera producción de acero estará lista en la primera mitad de 2028. En el pico de la construcción, la obra demandará unas 1.000 personas; una vez operativa, generará más de 300 empleos directos y más de 3.000 indirectos.

Lo que viene

Mientras los 20 proyectos aprobados avanzan a distintos ritmos, el Comité Evaluador del RIGI analiza otros 25 expedientes con compromisos de inversión por USD 110.883 millones y el potencial de generar 145.615 empleos adicionales directos e indirectos. El pipeline está liderado por el sector de petróleo y gas, con 12 proyectos, seguido por minería (10), energía (1), infraestructura (1) y tecnología (1).

Entre los proyectos en evaluación se encuentran iniciativas de escala excepcional, como El Pachón de Glencore (USD 11.600 millones, 12.350 empleos), Bajo del Choique-La Invernada de Pluspetrol (USD 12.240 millones) y el proyecto Pozuelos Pastos Grandes de Lithea (USD 4.245 millones, 5.025 empleos). El plazo de adhesión al régimen se extendió hasta el 8 de julio de 2027.

Argentina y Suiza volverán a enfrentarse este sábado por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Mientras la Selección buscará imponerse en la cancha, la comparación entre ambos países exhibe un marcado contraste económico. Con escalas y estructuras muy diferentes, mantienen desde hace años un estrecho vínculo comercial. Pero ese intercambio gira casi exclusivamente en torno de un único producto: el oro.

Suiza es uno de los países más desarrollados del mundo y lidera varios indicadores económicos y sociales entre las selecciones que disputan el campeonato de fútbol. Ocupa el tercer lugar en capacidad económica, el primero en esperanza de vida al nacer (84 años) y el tercero en el Índice de Desarrollo Humano.

En términos comparativos, según un informe de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), aunque Argentina tiene una población cinco veces mayor, genera apenas dos tercios del producto suizo. Como resultado, el PBI per cápita del país europeo es casi ocho veces superior.

Además, mientras que las exportaciones locales ascienden a unos USD 94.000 millones anuales, las suizas se elevan a USD 601.000 millones, impulsadas por una matriz productiva altamente diversificada que abarca desde servicios de tecnología de la información (IT), seguros y servicios financieros hasta metales preciosos, productos farmacéuticos, químicos y relojes.

El comercio bilateral es bastante parejo: Argentina exporta 1,6 dólares por cada dólar que importa desde Suiza y entre 2014 y 2025 acumuló con este socio un superávit de casi USD 6.000 millones.

El oro es el gran protagonista del intercambio, dado que Suiza se consolidó como uno de los grandes centros mundiales de refinación y comercialización. Durante la última década, este metal representó el 97% de las exportaciones argentinas hacia Suiza. En menor medida, figuran productos agroindustriales, como vinos y carnes premium.

Por su parte, Argentina importa bienes de alto valor agregado, como fármacos, químicos orgánicos, maquinaria y relojería.

Para la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el rubro con mayor potencial de crecimiento es la agroindustria. Se espera que aumente la demanda de carnes, miel, lácteos, frutas frescas, trigo, maíz, aceites vegetales y vinos, en un mercado de 14 millones de habitantes cuyo PBI por habitante casi triplica al argentino.

Mercosur - EFTA

La entidad resaltó también la firma del Tratado de Libre Comercio Mercosur – EFTA, bloque del cual Suiza forma parte. El acuerdo, rubricado en septiembre pasado, integrará una zona económica de casi 300 millones de personas, con un PBI combinado de más de USD 4,3 billones y mejores condiciones para más del 97% de las exportaciones de ambos.

Como el pacto entra en vigor de manera bilateral a medida que cada país completa su aprobación interna, resta ahora el aval parlamentario de Argentina y Paraguay, y las ratificaciones de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Las ventas argentinas al EFTA ascendieron a USD 2.094 millones en 2025, un récord histórico. De esta manera, se incrementaron 25% respecto del 2024.

Es importante mencionar que las exportaciones a Suiza suponen más del 98% de los bienes despachados al bloque. En tanto, las importaciones totalizaron USD 779 millones en el mismo periodo.

Así, el intercambio comercial con el EFTA superó los USD 2.870 millones y se logró un superávit de USD 1.315 millones, acumulando once años consecutivos de resultados positivos para Argentina.

Inversiones

Por otro lado, entre 2017 y 2025, Suiza se ubicó entre los principales inversores extranjeros en Argentina. A nivel global, ocupa el sexto lugar por stock (5% del total) y, entre los países europeos, el tercero, detrás de España y Países Bajos.

“Este dato debe interpretarse con cautela ya que algunos países funcionan como plataformas para canalizar inversiones internacionales”, advirtió la Unsam.

Los capitales suizos se destinan a la industria manufacturera (elaboración de alimentos y el sector químico), el comercio y las minas y canteras.

Entre las empresas con presencia en Argentina, se destacan Nestlé, Just, Novartis y Glencore.

Esta última anunció una inversión de USD 14.000 millones para dos proyectos de cobre en Catamarca y San Juan, en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

“Dos economías con estructuras muy distintas pueden construir un vínculo estrecho: mientras Argentina aporta fundamentalmente recursos naturales, Suiza agrega valor mediante la refinación, la industria y los servicios especializados. El oro resume mejor que ningún otro producto la relación económica”, concluyó la Unsam.

El sector minero espera que el gobierno de Abelardo de la Espriella abra una nueva etapa para destrabar proyectos represados y recuperar la confianza de los inversionistas. La Asociación Colombiana de Minería, ACM, calcula que podrían movilizarse inversiones por más de 2.600 millones de dólares si se agilizan trámites, licencias y decisiones pendientes en proyectos estratégicos, especialmente en cobre.

La expectativa del gremio surge después de cuatro años de fuertes tensiones con el Gobierno de Gustavo Petro. Según las cifras citadas por la asociación, este periodo cerraría con una caída del 21 % en las exportaciones mineras, una reducción del 88 % en la inversión extranjera directa y la pérdida de más de 14.000 empleos en la explotación de carbón.

La información publicada por Blu Radio señala que el Gobierno saliente mantuvo una postura crítica frente a la explotación de carbón y defendió la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles. Esa visión se tradujo, según el sector, en mayores cargas tributarias, una regulación más estricta y decisiones como la prohibición de vender carbón a Israel.

Gremio minero habla de una nueva etapa

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, afirmó que el sector logró mantenerse activo pese a la presión regulatoria de los últimos años. Según dijo, la asociación tuvo que emitir al menos 800 documentos técnicos para responder a medidas y propuestas que consideró perjudiciales para la actividad minera.

“Esto hubiera podido ser muchísimo más profundo si la asociación y el gremio no hubieran contenido estos cuatro años todo lo que contuvieron”, señaló Nariño al hacer un balance del periodo que está por terminar.

El dirigente sostuvo que, pese a las dificultades, la minería sigue en capacidad de aportar al crecimiento económico, a la estabilización de las finanzas públicas y a la generación de oportunidades laborales. Para el gremio, la llegada de una administración con una visión distinta frente al sector podría permitir la reactivación de proyectos frenados.

Nariño aseguró que “el sector todavía está vivo” y que los próximos cuatro años serán claves para reconstruir la confianza en el país. Su planteamiento apunta a que las reglas, los permisos y el respaldo institucional serán determinantes para que los inversionistas vuelvan a mirar proyectos mineros en Colombia.

La ACM estima que solo con destrabar un grupo de proyectos pendientes podrían llegar inversiones por más de 2.600 millones de dólares. El mayor interés estaría concentrado en iniciativas de cobre, un mineral considerado relevante para la transición energética y para los procesos de electrificación.

Cobre y oro concentran las expectativas

Además de los proyectos ya identificados, el gremio calcula que la exploración minera podría atraer cerca de 200 millones de dólares al año si el país ofrece condiciones de confianza a los inversionistas. Esa cifra dependería de la estabilidad regulatoria, la agilidad de los trámites y el acompañamiento institucional a las empresas interesadas.

Las oportunidades mencionadas por la ACM se concentran principalmente en oro y cobre. En el caso del cobre, el sector lo presenta como un mineral estratégico para tecnologías asociadas a energías limpias, redes eléctricas y movilidad eléctrica.

El reto para el gobierno de De la Espriella será definir cómo impulsará la inversión minera sin dejar de atender las exigencias ambientales, sociales y territoriales que acompañan este tipo de proyectos. La expectativa empresarial está puesta en que el nuevo Ejecutivo revise los obstáculos que han frenado licencias, permisos y decisiones administrativas.

El cambio político abre una discusión sobre el papel que tendrá la minería en la economía nacional durante los próximos cuatro años. Para la ACM, el punto de partida debe ser recuperar la confianza, facilitar la inversión y aprovechar los recursos minerales como una fuente de empleo, ingresos fiscales y desarrollo regional.

La logística se consolida como uno de los factores determinantes para el crecimiento de la minería argentina. Con ese diagnóstico, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) presentó los avances del Plan de Logística Minera, una iniciativa que busca identificar los principales cuellos de botella que afectan a la producción y exportación de minerales estratégicos como litio, cobre, oro y plata, y definir una hoja de ruta para superarlos mediante inversiones, mejoras de infraestructura y una mayor coordinación entre el sector público y privado.

Durante la presentación se dieron a conocer los resultados del análisis de las cadenas logísticas de los principales complejos mineros del país, junto con una cartera de proyectos de inversión y una guía de instrumentos financieros para facilitar obras estratégicas.

El trabajo forma parte de la Estrategia Federal Logística impulsada por el CFI y fue concebido como una herramienta dinámica, capaz de actualizarse a medida que evolucionen la actividad minera y las necesidades de transporte del sector.

El CFI impulsa una estrategia federal para la minería

Los informes elaborados para las cadenas de litio, cobre, oro y plata coinciden en que el crecimiento proyectado para la minería requerirá una transformación de la infraestructura logística del país. El objetivo no es únicamente aumentar la capacidad de transporte, sino también mejorar la conectividad entre los yacimientos, los centros logísticos, los pasos fronterizos y los puertos de exportación, reduciendo tiempos, costos y riesgos operativos.

En el caso del litio, el estudio señala que la demanda global continuará creciendo durante las próximas décadas y que Argentina podría convertirse en el segundo productor mundial hacia la próxima década, con exportaciones superiores a los 9.000 millones millones de dólares hacia 2035, siempre que logre resolver las limitaciones logísticas que hoy condicionan el desarrollo de los proyectos.

Entre los principales desafíos aparecen la localización de los yacimientos en zonas alejadas de los principales centros urbanos, la dependencia casi exclusiva del transporte por carretera y la necesidad de fortalecer corredores binacionales, nodos logísticos e infraestructura ferroviaria.

El informe sobre cobre plantea un escenario similar. La cartera de proyectos concentrada principalmente en San Juan, Catamarca y Salta podría generar cerca de 4 millones de toneladas anuales de productos para transportar entre concentrados y cátodos. Ese crecimiento demandará una infraestructura logística capaz de acompañar operaciones de gran escala y mejorar la conexión entre los yacimientos y los principales corredores de exportación.

Infraestructura y transporte, los principales desafíos

Los tres estudios coinciden en que el transporte carretero continuará siendo el principal modo para abastecer a los proyectos mineros y trasladar la producción, incluso si avanzan nuevas inversiones ferroviarias. Sin embargo, advierten que el estado de numerosas rutas nacionales y provinciales, especialmente en zonas de montaña, constituye uno de los principales obstáculos para mejorar la competitividad del sector.

A ese escenario se suma otro desafío: el crecimiento simultáneo de los proyectos de litio y cobre incrementará la demanda de camiones, equipos especializados y conductores capacitados para operar en alta montaña. Los informes advierten que, de no ampliarse la capacidad del transporte, podrían generarse nuevos cuellos de botella logísticos y mayores costos operativos debido a la escasa renovación de flota y a las dificultades de acceso al financiamiento.

Entre las recomendaciones técnicas también se propone potenciar la intermodalidad, promoviendo la combinación del transporte automotor con el ferrocarril cuando resulte viable, impulsar esquemas de logística de retorno para mejorar el aprovechamiento de los viajes y fomentar contratos de largo plazo que permitan reducir la volatilidad de los costos de transporte.

Una logística pensada para sostener el crecimiento

Además de las obras viales, la estrategia federal incorpora propuestas para desarrollar nodos logísticos, centros de transferencia de carga, depósitos fiscales, plataformas intermodales y mejoras en la conectividad digital de las regiones mineras. También contempla la rehabilitación de ramales ferroviarios estratégicos y el fortalecimiento de los corredores de integración con países vecinos para facilitar la salida de la producción hacia los mercados internacionales.

Los documentos destacan además la necesidad de avanzar en una gobernanza que articule a Nación, provincias, municipios, empresas y prestadores logísticos mediante herramientas de planificación, sistemas de información georreferenciada y mecanismos de financiamiento público-privado. Bajo esa premisa, el Plan de Logística Minera se plantea como una hoja de ruta para orientar inversiones y coordinar acciones que permitan acompañar el crecimiento del sector con una infraestructura acorde.

Más que un conjunto de obras aisladas, la propuesta impulsada por el CFI busca consolidar una visión integral de la logística minera. El objetivo es que el potencial exportador de minerales estratégicos pueda sostenerse sobre una red de transporte más eficiente, resiliente y competitiva, capaz de acompañar el desarrollo de las economías regionales y mejorar la inserción internacional de la minería argentina.

La Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) solicitó formalmente a la presidenta electa Keiko Fujimori y al presidente José María Balcázar que prioricen medidas urgentes para proteger una de las principales fuentes de agua de la Amazonía peruana. A través de dos cartas oficiales enviadas el 4 de junio de 2026, la organización expresó su preocupación por el crecimiento de la minería ilegal y pidió extender la suspensión de nuevos petitorios mineros en la cuenca del río Nanay por diez años más o, de ser posible, de manera indefinida.

El pedido surge semanas después de que se conociera que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesión minera en la zona, pese a que existe un decreto supremo que mantiene suspendido el otorgamiento de nuevos derechos mineros hasta el 22 de noviembre de 2026. La decisión generó cuestionamientos de organizaciones ambientales y de comunidades amazónicas que advierten que cualquier flexibilización de las restricciones podría acelerar la expansión de actividades extractivas en una cuenca de la que dependen más de 500 mil habitantes de Iquitos para su abastecimiento de agua.

CONACCUNAY pide ampliar la suspensión de petitorios mineros en toda la cuenca del Nanay

En la carta dirigida a Keiko Fujimori, CONACCUNAY felicitó a la mandataria electa por su victoria y aprovechó el inicio de una nueva gestión para trasladarle una de las principales preocupaciones de las comunidades asentadas en la cuenca del río Nanay.

La organización explicó que representa a 33 comunidades nativas y campesinas, cuyos pobladores dependen directamente del río para acceder al agua, la pesca y otras actividades de subsistencia. En el documento, remarcan que el Nanay constituye uno de los afluentes más importantes del río Amazonas y abastece de agua potable tanto a la ciudad de Iquitos como a miles de familias distribuidas a lo largo de su recorrido.

Según la federación, la principal inquietud radica en que la actual suspensión para admitir nuevos petitorios mineros vencerá en noviembre de este año. Consideran que, si la medida no se amplía, la cuenca volvería a quedar expuesta a nuevos procesos de concesión para la explotación de minerales, lo que incrementaría la presión sobre un ecosistema que ya enfrenta el avance de la minería ilegal.

Por ello, solicitaron que el próximo Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, emita un nuevo decreto supremo que prorrogue por 10 años la suspensión vigente y que, además, amplíe expresamente esa restricción a toda la cuenca del Nanay, incluyendo las zonas baja, media y alta, así como los ríos Chambira y Pintuyacu.

Como alternativa, las comunidades plantearon que la suspensión de nuevos petitorios se establezca de forma indefinida, hasta que existan condiciones ambientales, sociales y culturales que permitan evaluar nuevamente cualquier actividad minera sin poner en riesgo la cuenca.

En una segunda comunicación oficial, enviada al presidente José María Balcázar con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros, la organización reiteró el mismo pedido y solicitó una intervención urgente del Ejecutivo para reforzar la protección del territorio frente al crecimiento de la actividad minera.

El pedido se produce en medio del avance de la minería ilegal

La solicitud de CONACCUNAY llega en un escenario marcado por la controversia generada tras la admisión de dos petitorios mineros, identificados como Achuny y Jaguar Dorado, dentro de la cuenca del Nanay.

Diversas organizaciones, entre ellas el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), sostuvieron que la decisión de Ingemmet contradice el Decreto Supremo 022-2024-EM, norma que suspendió durante dos años la admisión de nuevos petitorios en esa zona precisamente por los riesgos que representa la extracción de oro para el abastecimiento de agua de Loreto.

Frente a ello, se presentó una oposición administrativa que busca dejar sin efecto ambos procedimientos al considerar que vulneran la normativa vigente. Mientras tanto, el caso continúa siendo evaluado por las autoridades competentes.

La preocupación también está respaldada por antecedentes judiciales. En 2024, el Poder Judicial declaró fundada en parte una demanda de amparo relacionada con las concesiones mineras en la cuenca del Nanay, decisión que posteriormente fue confirmada por la Sala Civil de Loreto. Las resoluciones reconocieron el riesgo que estas actividades representan para el derecho a un ambiente equilibrado y al acceso al agua potable.

A este panorama se suma la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. Un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advirtió que durante 2024 se identificaron 221 balsas mineras activas dedicadas a la extracción de oro en la cuenca del Nanay. El documento alertó que el uso de mercurio continúa contaminando el agua y los peces, además de afectar la economía de las comunidades ribereñas.

El mismo estudio también documentó impactos sociales asociados a esta actividad, como el incremento de conflictos, la precarización laboral y mayores riesgos para las mujeres, quienes han asumido un papel cada vez más activo en la vigilancia del territorio y en la organización de redes comunitarias para alertar sobre el ingreso de embarcaciones vinculadas a la extracción ilegal.

En sus cartas, CONACCUNAY sostiene que la continuidad de las restricciones sobre los petitorios mineros resulta indispensable para evitar una mayor presión sobre el río Nanay, considerado la principal fuente de agua para más de medio millón de personas en Iquitos y para cerca de 23.500 habitantes de las comunidades nativas y campesinas asentadas en la cuenca. La organización pidió que este tema sea incorporado entre las prioridades de las nuevas autoridades nacionales y que las decisiones sobre el futuro del territorio consideren la protección de los recursos hídricos y la seguridad de las poblaciones amazónicas.

Cuando hablamos del futuro de la minería, solemos concentrarnos en los minerales críticos que el mundo necesitará para avanzar hacia la transición energética. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar que el verdadero reto no será únicamente encontrar esos recursos, sino desarrollar la capacidad tecnológica, humana y operativa para descubrirlos de manera más eficiente, segura y sostenible.

El Perú posee una ventaja extraordinaria. Es uno de los países con mayor potencial geológico del planeta y forma parte del grupo de naciones que lideran la exploración minera junto con Australia y Canadá. En un escenario donde la demanda de cobre, litio y otros minerales estratégicos continuará creciendo durante la próxima década, nuestro país tiene una oportunidad histórica para consolidarse como un actor clave en el abastecimiento mundial.

Pero el potencial geológico, por sí solo, ya no garantiza competitividad.

La minería está viviendo una transformación tan profunda como la que experimentaron otras industrias con la llegada de la digitalización. Hoy la exploración ya no depende únicamente de la experiencia del geólogo en campo. La incorporación de inteligencia artificial, automatización, sensores inteligentes y análisis de datos está cambiando la forma en que se toman las decisiones.

Actualmente, las nuevas tecnologías permiten obtener información prácticamente en tiempo real, facilitando decisiones mucho más rápidas y precisas sobre dónde seguir explorando y optimizando significativamente el uso de los recursos.

Esta evolución tecnológica no busca reemplazar el conocimiento de los profesionales. Todo lo contrario. La inteligencia artificial potencia la capacidad de análisis de geólogos e ingenieros, permitiéndoles interpretar mayores volúmenes de información y reducir la incertidumbre en cada proyecto.

Algo similar ocurre con la automatización de los equipos de perforación.

La industria viene avanzando hacia operaciones cada vez más autónomas y con menor exposición de las personas a tareas de alto riesgo. Hoy ya existen equipos capaces de ejecutar procesos con sistemas manos libres, reduciendo significativamente la posibilidad de accidentes asociados a la manipulación directa de herramientas.

En los próximos años veremos una adopción cada vez mayor de equipos inteligentes capaces de perforar con altos niveles de autonomía, integrando sensores, monitoreo remoto y plataformas digitales que incrementan tanto la productividad como la seguridad de las operaciones.

La innovación tecnológica también representa una oportunidad para avanzar hacia una minería más sostenible.

Cada nuevo desarrollo busca optimizar el consumo de recursos, mejorar la eficiencia energética y reducir la huella ambiental de las operaciones. La sostenibilidad dejó de ser un objetivo aislado para convertirse en un criterio de diseño de las nuevas tecnologías que llegan al mercado.

Sin embargo, existe un desafío igual o incluso más importante que la propia innovación: el talento.

Con frecuencia hablamos sobre la necesidad de incorporar nuevas tecnologías, pero poco sobre la preparación de las personas que deberán utilizarlas. En el Perú, la exploración minera continúa creciendo, mientras que muchas empresas enfrentan dificultades para encontrar personal técnico especializado.

Esta brecha evidencia una realidad que debemos atender con urgencia.

Necesitamos fortalecer la educación técnica y acercar mucho más la formación académica a las necesidades reales de la industria. La minería del futuro demandará operadores capaces de interactuar con sistemas automatizados, interpretar información digital, comprender procesos tecnológicos y trabajar bajo altos estándares de seguridad y sostenibilidad.

Las oportunidades laborales existen. El reto consiste en preparar a las nuevas generaciones para aprovecharlas.

En ese escenario, la colaboración entre empresas, instituciones educativas y Estado será fundamental para desarrollar las competencias que el mercado requerirá durante los próximos años.

La minería moderna ya no necesita únicamente ingenieros de minas. También requiere especialistas en automatización, análisis de datos, inteligencia artificial, mecatrónica, electrónica, mantenimiento predictivo, programación y múltiples disciplinas que hasta hace pocos años parecían ajenas a esta actividad.

Estamos frente a una industria mucho más interdisciplinaria.

Por ello, el verdadero liderazgo de un país minero no dependerá únicamente de la riqueza de su subsuelo, sino de su capacidad para innovar, formar talento y adoptar tecnologías que permitan desarrollar proyectos cada vez más eficientes y responsables.

El Perú cuenta con los recursos naturales para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la minería del futuro. Ahora necesitamos asegurar que también cuente con el conocimiento, el capital humano y la innovación suficientes para transformar ese potencial en desarrollo sostenible.

La minería del futuro no se construirá únicamente con mejores equipos ni con algoritmos más sofisticados. Se construirá con personas preparadas para liderar una nueva etapa de una industria que será cada vez más tecnológica, más segura y más comprometida con el desarrollo del país.

Porque, al final, la innovación no reemplaza al talento. Lo potencia. Y esa será, probablemente, la mayor ventaja competitiva de la minería en los próximos años.

La empresa estatal Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) anunció el inicio de la primera subasta pública del Proyecto Quiulacocha con el fin de atraer inversión privada especializada para la remediación ambiental en Cerro de Pasco.

Esta medida introduce un modelo innovador para abordar uno de los pasivos ambientales mineros más antiguos de Perú, al tiempo que busca combinar recuperación ambiental con desarrollo económico en la región.

Un depósito de residuos con casi nueve décadas de historia minera

La relavera Quiulacocha es una zona emblemática de la problemática minera peruana. Durante casi 90 años, recibió residuos de las operaciones en la región y hoy concentra entre 70 y 75 millones de toneladas de desechos químicos.

Estos materiales han causado contaminación en el agua, el suelo y el aire, afectando considerablemente la vida de las comunidades cercanas a Cerro de Pasco.

Como parte del FONAFE, AMSAC es la empresa pública responsable de liderar los procesos de limpieza y recuperación en este depósito, uno de los más complejos del país.

Un modelo de recuperación ambiental con inversión privada

La propuesta de AMSAC permite que operadores privados asuman el desarrollo del proyecto bajo su propio costo y riesgo. El proceso exige que los adjudicatarios cumplan con las obligaciones ambientales, sociales, técnicas y legales establecidas en las bases de la subasta.

Dante Aguilar, gerente general de la empresa, afirmó que “Quiulacocha representa una oportunidad para demostrar que es posible enfrentar un pasivo ambiental histórico con soluciones innovadoras que articulen la participación del Estado y la inversión privada”.

La entidad estatal remarcó que la subasta no significa que el Estado renuncie a su responsabilidad de remediación. AMSAC mantendrá su función de supervisión y control institucional, mientras que el adjudicatario deberá gestionar todos los permisos y garantías exigidos por la normativa ambiental vigente.

Reaprovechamiento económico de los residuos

El mecanismo de subasta pública busca el reaprovechamiento económico de los residuos acumulados en Quiulacocha.

El objetivo es convertir un foco de contaminación en un recurso potencial para la inversión y el empleo local. Este proyecto podría servir, según la perspectiva de AMSAC, como precedente nacional sobre cómo transformar pasivos ambientales mineros en oportunidades de sostenibilidad y desarrollo territorial.

La iniciativa pretende movilizar recursos y generar beneficios concretos para las comunidades ubicadas en el área de influencia de Cerro de Pasco, promoviendo el empleo y la inversión en la región.

Supervisión estatal y rol institucional

AMSAC, como entidad pública, continuará ejerciendo la supervisión del proceso y asegurará el cumplimiento de las normas de protección ambiental y social. El adjudicatario estará obligado a presentar y ejecutar los instrumentos de gestión ambiental requeridos, así como establecer garantías que respalden su actividad.

El enfoque mixto entre Estado y sector privado busca movilizar mayores recursos y capacidades técnicas, manteniendo la tutela estatal sobre los pasivos ambientales. Este modelo podría replicarse en otros casos de remediación minera si demuestra resultados satisfactorios.

AMSAC: misión y funciones

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) tiene como misión principal la remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo en Perú.

Además de descontaminar y recuperar zonas afectadas por la minería antigua o inactiva, la entidad promueve la inversión privada y supervisa contratos de transferencia de concesiones estatales.

También gestiona proyectos y encargos especiales asignados por el Estado peruano, consolidando su papel en la gestión ambiental del sector minero-energético.

Al menos 29 lotes mineros han sido otorgados por el régimen de Nicaragua a empresas de origen chino dentro de territorios indígenas y afrodescendientes, según el informe más reciente de la Fundación del Río publicado este año.

Esta situación provoca afectaciones directas en 17 territorios ancestrales del Pacífico, Centro Norte y Caribe nicaragüense, donde las concesiones se han entregado bajo esquemas opacos y sin el consentimiento de las comunidades, incumpliendo la Ley 445 sobre propiedad comunal.

La Fundación del Río detalla que las concesiones mineras violan los estándares internacionales de Consulta Libre, Previa e Informada, exigidos para la protección de los derechos de pueblos originarios.

El monitoreo de la organización ambiental revela que el proceso de adjudicación se ha desarrollado con una completa falta de transparencia y en muchos casos, las comunidades afectadas desconocen que sus territorios han sido concesionados.

El informe enfatiza que “algunas comunidades ni siquiera saben que su territorio fue concesionado”, y advierte sobre el riesgo de desplazamiento forzado en zonas como el municipio de Rosita, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde la empresa Santa Rita Mining Company ya opera y ha provocado movimientos de población indígena, según el informe publicado oficialmente en marzo de 2026.

El avance de la minería china también se registra en áreas protegidas del país. Dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, la organización reporta la presencia de dos lotes mineros adjudicados a la empresa Thomas Metal: “La Guinera”, con más de 21,882 hectáreas, y “La Mónica”, con 47,410 hectáreas.

Estos territorios, de alto valor ecológico y cultural, enfrentan riesgos de contaminación por cianuro y mercurio, actividades que suelen asociarse a la extracción aurífera. Además, existen otras dos concesiones identificadas en el sector transfronterizo de Las Cruces, en el límite con Costa Rica, lo que aumenta la preocupación por los posibles impactos binacionales.

La Fundación del Río señala que las consecuencias ambientales de la minería aún no han sido plenamente cuantificadas, dado que no se ha logrado desarrollar verificaciones de campo extensas.

Sin embargo, la expansión de la actividad extractiva coincide con reportes de deforestación y afectación a especies en zonas de alta biodiversidad.

La contaminación de fuentes de agua y la alteración de los ecosistemas figuran entre los principales riesgos para las comunidades indígenas y afrodescendientes.

El informe subraya que, desde 2021, el régimen nicaragüense ha otorgado 71 concesiones mineras a 15 empresas chinas, abarcando más de un millón de hectáreas, lo que representa el 8.5 % del territorio nacional.

Este proceso se produce en un contexto de represión política, pérdida de institucionalidad y denuncias de violaciones a los derechos humanos, lo que limita la capacidad de resistencia de las comunidades y organizaciones locales.

Las instituciones públicas han sido señaladas por su conocimiento y aprobación de estas actividades, sin considerar los efectos sobre el ambiente y las alternativas sustentables para el territorio.

El avance de la minería no se limita a grandes proyectos industriales. La Fundación del Río documentó desde 2019 la expansión de la minería artesanal en la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua. Desde finales de 2016, tras el auge de la extracción en Las Crucitas, Costa Rica, la organización detectó un aumento significativo de molinos y nuevas infraestructuras mineras, particularmente en los municipios de San Carlos y El Castillo, áreas adyacentes a la zona núcleo de la Reserva Indio-Maíz. Se contabilizaron más de 100 molinos en San Carlos y una proliferación de actividades mineras que se acercan progresivamente a zonas protegidas.

En la zona sureste del país, la minería representa una de las amenazas más severas para la naturaleza, según la Fundación del Río, ya que la legislación prohíbe expresamente actividades extractivas en áreas reconocidas por su relevancia ambiental internacional.

Ante la falta de controles y el contexto de impunidad, la dinámica minera parece responder a estrategias que buscan allanar el camino para futuras concesiones industriales, afectando la base de subsistencia de las comunidades y la integridad de los ecosistemas.

El informe sobre la “Invasión Minera China” destaca la creciente relación entre el régimen de Nicaragua y la República Popular de China, la cual se traduce no solo en proyectos extractivos, sino también en inversiones en infraestructura estratégica. Un ejemplo es la reconstrucción del Aeropuerto Internacional Punta Huete, a cargo de China CAMC Engineering (CAMCE), con una inversión de 517.6 millones de dólares, financiada en un 80% por un préstamo chino, a una tasa del 5.2 % y con un plazo de pago de 15 años.

El aeropuerto está ubicado en una zona rural a 60 kilómetros de Managua, sobre una antigua pista militar, y contará con una pista de categoría 4F, torre de control, hangares, sistemas de iluminación y planta de energía térmica propia.

Analistas advierten que la magnitud del proyecto aeroportuario podría tener implicaciones de seguridad regional, dado su tamaño y localización. El principal aeropuerto del país, Augusto C. Sandino, opera por debajo de su capacidad, mientras que el nuevo proyecto se desarrollará en un área sin infraestructuras comerciales o turísticas relevantes.

El informe destaca que la obra incluye una fuerte presencia de empresas y personal chino, con señalización en español y mandarín, y se lleva a cabo en paralelo a ampliaciones menores en el aeropuerto principal de Managua.

El informe de la Fundación del Río pone en relieve el trasfondo geopolítico de la colaboración entre Nicaragua y China, que ha intensificado la presencia de empresas y financiamiento chinos en sectores estratégicos, especialmente el minero. Esta situación plantea desafíos para la protección de los territorios indígenas y afrodescendientes, así como para la conservación ambiental en el país centroamericano.

La producción minera argentina alcanzó un nuevo récord histórico en mayo. Según el Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) que publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el indicador tendencia-ciclo avanzó 0,3% respecto a abril y superó todos los niveles registrados desde que la serie estadística arranca en 2017.

En tanto, el índice general mostró una suba interanual de 9,2% y un acumulado de 7,8% en los primeros cinco meses del año frente al mismo período de 2025. La serie desestacionalizada subió 0,4% respecto al mes anterior. Con este resultado, la minería acumula siete meses consecutivos de expansión en la serie tendencia-ciclo desde fines de 2024, y consolida su lugar como uno de los sectores de mayor dinamismo dentro de la actividad industrial argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato en su cuenta de la red social X. “La actividad minera alcanzó un nuevo récord histórico en mayo”, escribió el funcionario, que enumeró los tres pilares del resultado: el crecimiento del petróleo crudo, el gas natural y los minerales no metalíferos. El posteo también incluyó una referencia al partido de la Selección Nacional ante Egipto por el Mundial 2026, en alusión a la salvada de Leandro Paredes sobre el final del partido.

El litio, el mineral de mayor expansión

El crecimiento más sostenido del período correspondió al carbonato de litio. En mayo se se extrajeron y procesaron 11.561,7 toneladas del mineral, lo que significó una suba de 45,1% frente al mismo mes del año pasado.

El dato más llamativo, sin embargo, es que el acumulado enero-mayo de 2026 ya registra una expansión de 47,5% respecto al mismo período del año anterior. Se trata de la variación más pronunciada entre los grandes rubros del sector. El índice específico de extracción de minerales para la fabricación de productos químicos —la categoría que agrupa al litio junto al boro y otros insumos— trepó 54,2% interanual en mayo y 52,9% en el acumulado de cinco meses.

Esta trayectoria refleja la maduración de proyectos que pasaron de la etapa de construcción a la producción plena en las provincias del norte del país. La puesta en marcha de nuevas plantas de procesamiento permitió escalar los volúmenes de extracción de forma sostenida a lo largo de todo el año, con registros mensuales que se mantienen por encima de las 11.000 toneladas desde principios de 2026.

Dentro del mismo bloque de minerales para productos químicos, los minerales de boro también anotaron una suba de 33,6% interanual en mayo, con un acumulado de 26,9% en el año.

Vaca Muerta y el no convencional dominan el sector petrolero

El petróleo crudo aportó el otro gran impulso al récord. La producción total creció 19,2% interanual en mayo, con un acumulado de 17,6% en el año. En este caso, la brecha entre el convencional y el no convencional se amplió aún más: mientras el crudo convencional retrocedió 9,5% interanual —con 1.341,2 miles de metros cúbicos extraídos en el mes—, el petróleo no convencional registró una suba de 38,5% y alcanzó los 3.052,1 miles de metros cúbicos. Esa proporción representa más del 69% de toda la producción nacional de crudo, un nivel que consolida el peso de Vaca Muerta como eje de la industria petrolera argentina y que contrasta con la caída sostenida de las cuencas convencionales de la Patagonia y Cuyo.

El acumulado enero-mayo del no convencional avanzó 35,8% frente al mismo período de 2025, mientras que el convencional acumula una baja de 9% en el año. La mejora en la productividad por pozo y la expansión de infraestructura de transporte —nuevos ductos y ampliaciones de capacidad en la Cuenca Neuquina— explican buena parte de esta dinámica, que permite compensar el agotamiento natural de los yacimientos tradicionales.

Gas natural y el resto de los sectores

El gas natural también aportó al resultado general, con una suba de 5,5% interanual en mayo y un acumulado de 1,3% en el año. La expansión provino del segmento no convencional, que creció 14,2% frente a mayo de 2025, mientras que la producción convencional registró una caída. El índice conjunto de extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios de apoyo subió 6,7% interanual en el mes y 5,6% en el acumulado.

La categoría de minerales no metalíferos y rocas de aplicación fue la de mayor variación porcentual del mes: subió 42,9% interanual y 34,2% en el acumulado. Dentro de ese bloque, la extracción de sal mostró el salto más pronunciado, con un alza de 128,9% interanual en mayo —impulsada por la salmuera y sus subproductos—, y un acumulado de 98,4% en el año.

Las arenas, el canto rodado y los triturados pétreos avanzaron 3,4% interanual, con la demanda de arenas para fracking -extracción de gas y petróleo no convencional- como uno de los factores de sostén.

Los minerales metalíferos —oro, plata y doré— crecieron 1,5% interanual en mayo, con un acumulado de 1,3% en el año. El bullón dorado registró una caída de 4,7% en el mes, aunque el segmento “resto” —que incluye cobre, plomo, cinc y molibdeno— anotó un alza de 41,9% interanual.

La contracara del informe del Indec apareció en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, que cayeron 21,4% interanual en mayo y acumulan una baja de 17,9% en el año. El sector atribuye esa caída a una mayor eficiencia operativa: más producción con menos equipos activos, gracias a la mayor productividad por pozo que caracteriza al modelo no convencional. La extracción de arcilla y caolín también mostró retrocesos, con una baja de 13,1% interanual en el mes y 14% en el acumulado.

Proyección de exportaciones para 2026

El nivel de actividad que reflejan los datos del Indec se proyecta también en el frente exportador. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó que las exportaciones mineras del país podrían alcanzar los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por la recuperación de precios internacionales en oro y litio. Esa cifra representaría un incremento cercano al 49% respecto a 2025, año que cerró con un saldo exportador de USD 6.056 millones y que ya había implicado una suba del 30% frente a 2024.

Roberto Cacciola, presidente de CAEM, advirtió que la proyección se hizo con un criterio conservador en materia de precios. “Si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”, afirmó.

La difusión de audios atribuidos a un colaborador eficaz volvió a poner en el centro del debate el caso Atico, uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con conflictos por la actividad minera en la región Arequipa. Según información difundida por Panamericana, especialistas en materia jurídica consideraron que corresponde al Ministerio Público verificar la autenticidad del material y determinar si existieron posibles irregularidades durante el desarrollo del proceso.

El caso se remonta al 2 de junio de 2022, cuando se registraron violentos enfrentamientos en el sector Huanaquita, distrito de Atico, provincia de Caravelí. Los hechos dejaron un saldo de 14 personas fallecidas y varios heridos, en medio de una disputa por el control de terrenos entre grupos vinculados a las empresas mineras Atico Calpa y Calpa Renace.

Condena del caso

Luego de un prolongado juicio oral, el Colegiado Penal de Camaná emitió sentencia contra 22 personas, a quienes encontró responsables de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, usurpación y tenencia ilegal de armas. Las penas impuestas van desde 12 años hasta 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

La resolución también contempló la absolución de algunos procesados. Tras conocerse el fallo, el Ministerio Público informó que evaluará la presentación de un recurso de apelación, al considerar que aún corresponde revisar algunos aspectos de la decisión judicial.

Audios generan nuevos pedidos de investigación

De acuerdo a información de Panamericana, la difusión de grabaciones atribuidas a un colaborador eficaz volvió a generar cuestionamientos sobre el proceso. Aunque el contenido de los audios aún no ha sido validado oficialmente, especialistas sostienen que deben ser sometidos a las pericias correspondientes antes de emitir cualquier conclusión.

En uno de los registros difundidos, cuya autenticidad todavía deberá ser corroborada por las autoridades competentes, el colaborador afirma haber recibido una presunta advertencia antes de participar en una audiencia del proceso judicial. Debido a ello, distintos expertos consideran necesario que el caso sea revisado para establecer si existió alguna irregularidad.

Especialistas piden verificar autenticidad

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, y el exjuez José Arce Villafuerte coincidieron en que corresponde al Ministerio Público realizar las diligencias técnicas necesarias para determinar la autenticidad de los audios y esclarecer el contexto en el que fueron registrados.

Ambos especialistas señalaron que, solo después de las pericias respectivas, será posible establecer si existen elementos que justifiquen una investigación adicional o la determinación de eventuales responsabilidades. Según el citado medio, las autoridades vinculadas al proceso judicial no han emitido un pronunciamiento público sobre el contenido de las grabaciones difundidas.

La Junta de Acreedores de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. (SIMSA) avaló con el 90,17% de los votos la reestructuración de la empresa, durante una sesión realizada en Lima y convocada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

El respaldo mayoritario, que se conoció este 7 de julio, permite a la compañía minera avanzar en un proceso clave para asegurar su continuidad operativa, la preservación de su valor y la protección de los créditos comerciales y laborales en juego.

Un proceso ágil que priorizó la continuidad de operaciones

El procedimiento concursal de SIMSA se caracterizó por la rapidez con la que los acreedores y la administración de la empresa alcanzaron acuerdos.

La velocidad del consenso resultó determinante para definir un camino que apunta a maximizar el valor económico de la minera y a consolidar su principal activo: la Unidad Minera San Vicente, ubicada en la región Junín.

El consenso entre los acreedores y la ratificación de la administración actual marcan un paso decisivo en la historia reciente de la compañía.

Uno de los aspectos destacados de este proceso es la protección de los créditos comerciales, considerados entre los intereses más relevantes en la estructura de acreedores de la compañía.

El acuerdo también establece condiciones para reconocer y atender las obligaciones laborales, mantener relaciones positivas con las comunidades aledañas a la zona minera, y garantizar que los proveedores continúen prestando servicios esenciales para el funcionamiento de la empresa.

Estrategia centrada en el valor y la continuidad de SIMSA

SIMSA, reconocida por su larga trayectoria en la minería peruana y por su producción de zinc y plomo, enfrenta desde hace años dificultades financieras que han impactado su participación en la producción nacional.

No obstante, la empresa mantiene operaciones activas a través de su unidad en Junín, lo que demuestra la existencia de una base productiva sobre la que se apoya el plan de recuperación.

La aprobación de la reestructuración refleja la decisión de los acreedores de apostar por una solución que conserve la empresa y preserve el potencial productivo de sus activos, con efectos directos para trabajadores, proveedores y comunidades de la región.

Ratificación de la administración y próximos pasos

La Junta de Acreedores ratificó a la administración encabezada por Mario Portocarrero, con el 92,08% de los votos. Portocarrero declaró que la decisión de los acreedores representa un respaldo firme a la estrategia de reestructuración, cuyo objetivo es “preservar la continuidad de la empresa y maximizar el valor de sus activos”.

El ejecutivo añadió que la nueva etapa contempla la elaboración de un Plan de Reestructuración en un plazo de 60 días, la reanudación de operaciones y la recuperación financiera, con el propósito de generar los recursos necesarios para atender de forma ordenada las obligaciones con los acreedores, bajo la supervisión del Indecopi.

Por su parte, el abogado concursal Richard Almerco, responsable de conducir el proceso, resaltó que la decisión adoptada por la Junta de Acreedores se fundamenta en los avances de la administración para optimizar procesos, incorporar mejoras tecnológicas y fortalecer la gestión minera.

Almerco recalcó que esta hoja de ruta mejora las perspectivas de recuperación de la empresa a mediano y largo plazo y fija un precedente relevante para el sistema concursal peruano.

Marco de protección para créditos laborales y comerciales

El esquema de reestructuración aprobado por los acreedores de SIMSA incorpora garantías para el reconocimiento de las obligaciones laborales y comerciales.

Este punto resulta esencial para sostener la red de relaciones con los trabajadores y proveedores, así como para mantener la estabilidad de las operaciones en la zona minera de Junín.

Además, la continuidad de la empresa contribuirá a preservar empleos y fortalecer los lazos con las comunidades locales, uno de los ejes que la compañía identifica como prioritarios en su plan de recuperación.

Una compañía emblemática en busca de consolidar su recuperación

Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. ha sido parte de la historia de la minería peruana. Aunque los últimos años han estado marcados por dificultades financieras, la reestructuración aprobada por los acreedores abre una etapa orientada a preservar activos y a recuperar la capacidad operativa de la empresa.

El proceso, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los acreedores y la ratificación de la administración, busca sentar las bases para una gestión ordenada, transparente y alineada con los intereses de todos los actores involucrados.

El crecimiento de la deuda en moneda china de Nicaragua ha encendido señales de alerta en el panorama económico local. Al cierre de marzo de 2026, el saldo en renminbi ascendió a USD 196.3 millones, una cifra que representa un salto de más de 2.130 % en solo quince meses.

Este incremento coincide con la expansión de concesiones mineras a empresas de la República Popular China, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) citados por Nicaragua Investiga.

La relación entre el aumento del endeudamiento en CNY y la entrega de recursos naturales a compañías chinas ha sido señalada por organizaciones como Fundación del Río. Esta entidad denunció que más del 8,5 % del territorio nacional ha sido cedido de manera exclusiva para la explotación de metales preciosos, especialmente oro, por parte de consorcios chinos.

Un vuelco en la estructura de la deuda pública nicaragüense

El informe del MHCP correspondiente al primer trimestre de 2026 detalla que la deuda pública total del país alcanzó USD 10,984.1 millones.

El incremento respecto al año anterior fue de USD 291.4 millones, es decir, un 2,7 %. De ese total, la deuda externa representa el 81,2 %, lo que equivale a USD 8,923.6 millones. El Gobierno Central soporta la mayor parte de ese compromiso, con USD 7,046.9 millones frente a acreedores internacionales.

La aceleración del endeudamiento en renminbi se inscribe en un cambio más amplio: la sustitución de créditos de organismos multilaterales tradicionales por financiamiento chino. El MHCP ha presentado estos recursos como soporte para proyectos estratégicos, aunque la publicación resalta que ese discurso convive con la entrega de concesiones mineras, lo que configura una doble vía de cooperación con Pekín.

El aumento de los préstamos en moneda china y la transferencia de áreas mineras a empresas del país asiático han modificado la dependencia financiera y productiva de Nicaragua. Estos movimientos han promovido un mayor acercamiento bilateral, aunque también han generado cuestionamientos sobre la transparencia y las condiciones de los nuevos créditos.

La información oficial sostiene que el endeudamiento se mantiene “dentro de márgenes de sostenibilidad fiscal”. Sin embargo, el propio informe reconoce la expansión del pasivo total y la concentración en deuda externa, especialmente con acreedores no tradicionales.

Riesgos y opacidad en los términos de los préstamos chinos

El reemplazo de fuentes de financiamiento ha introducido inquietudes sobre la falta de acceso público a los términos de los acuerdos en yuanes. Nicaragua Investiga advierte sobre el hermetismo en torno a plazos, tasas y condiciones de los préstamos chinos, lo que aumenta la incertidumbre sobre la viabilidad futura del modelo.

La secuencia de la deuda en renminbi muestra la magnitud del cambio: USD 8.8 millones en 2024, USD 131.5 millones en 2025 y USD 196.3 millones en marzo de 2026. El aumento acompaña la expansión de la presencia china en áreas estratégicas como la minería y la infraestructura.

El salto de la deuda en moneda china refleja un cambio en la estructura financiera de Nicaragua. El país pasó de una exposición limitada a los créditos en renminbi a un esquema en el que la participación de Pekín es más visible, tanto en el ámbito económico como en la administración de ciertos recursos naturales.

Mientras la inversión extranjera directa (IED) mostró un saldo negativo, el giro de utilidades y dividendos al exterior mantiene una tendencia creciente. Los datos correspondientes a mayo reflejan una persistencia en la salida de divisas vinculada a las empresas con participación extranjera, en un contexto en el que el ingreso de nuevos capitales sigue sin revertir su dinámica.

Durante ese mes, el rubro de Utilidades y dividendos registró egresos por USD 484 millones, mientras que la IED arrojó un saldo negativo de USD 798 millones, según resaltó la consultora CP en un informe. Esto evidencia que las salidas de capital asociadas a las inversiones existentes continúan superando ampliamente el ingreso de nuevos fondos desde el exterior.

A nivel sectorial, la mayor salida correspondió al sector de Petróleo, electricidad y gas, que registró egresos por USD 172 millones.

Según un informe presentado por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, las empresas giraron al exterior USD 2.600 millones en concepto de utilidades durante el primer semestre del año, el monto más alto registrado en más de una década.

El funcionario destacó que actualmente las compañías cuentan con “libertad de pagos” para cancelar importaciones, deudas y distribuir dividendos al exterior. Además, señaló que el BCRA flexibilizó los plazos para concretar estas operaciones.

Este movimiento responde a la flexibilización implementada por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 8226, emitida el 11 de abril de 2025 y vigente desde el 14 de ese mismo mes.

La normativa habilitó a las entidades financieras a dar acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para girar divisas al exterior en concepto de utilidades y dividendos, aunque con una condición central: solo pueden transferirse las ganancias correspondientes a ejercicios anuales iniciados a partir del 1° de enero de 2025. De este modo, los dividendos acumulados durante los años de vigencia del cepo cambiario continúan alcanzados por las restricciones.

Por otro lado, en la IED también se destacó negativamente el sector de Petróleo, electricidad y gas, que registró un egreso de USD 883 millones.

Cabe recordar que Argentina registró en 2025 el nivel más bajo de IED entre las principales economías de América Latina. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Brasil recibió USD 76.877 millones en IED; México, USD 40.871 millones; Chile, USD 13.152 millones; Colombia, USD 11.462 millones; y Costa Rica, USD 5.733 millones. En contraste, la Argentina captó apenas USD 3.134 millones netos.

Un informe de Misión Productiva sostiene que este desempeño pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el país para consolidarse como un destino atractivo para inversiones de largo plazo, incluso en sectores donde cuenta con ventajas competitivas y marcos regulatorios favorables.

“El dato resulta especialmente significativo porque se produce en un contexto en el que el Gobierno impulsó un fuerte esquema de incentivos para grandes proyectos a través del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Sin embargo, las cifras de la OCDE muestran que esas inversiones, concentradas principalmente en recursos naturales y energía, no alcanzan para generar un proceso amplio y sostenido de atracción de capitales”, señaló la red de profesionales.

Según Misión Productiva, entre los principales factores que explican el bajo desempeño de la inversión en la Argentina se destacan:

• La fuerte caída del consumo y de la demanda interna, que reduce los incentivos para ampliar la capacidad productiva.
• La paralización de la obra pública, con impacto directo sobre la industria y las cadenas de proveedores.
• La escasez de crédito para la producción.
• La apreciación cambiaria y el deterioro de la competitividad de los sectores transables.
• La elevada incertidumbre respecto de la sostenibilidad del esquema macroeconómico.
• El debilitamiento del entramado pyme y la retracción de sectores intensivos en generación de empleo.

Un antiguo conflicto limítrofe entre las provincias de La Rioja y San Juan volvió a ocupar el centro de la escena política luego de que ambas administraciones avanzaran en los últimos días con medidas legislativas vinculadas al desarrollo de un importante proyecto minero de cobre.

La iniciativa, que prevé una inversión inicial estimada en 18.000 millones de dólares, se ubicaría en una zona cuya jurisdicción es motivo de controversia desde hace décadas, lo que provocó un fuerte cruce entre funcionarios de los gobernadores Ricardo Quintela y Marcelo Orrego.

La disputa territorial tiene raíces históricas que se remontan a fines de la década de 1960. Desde La Rioja sostienen que una porción de territorio que actualmente forma parte de San Juan fue incorporada a esa provincia mediante una decisión adoptada durante la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía. Según la posición riojana, aquella modificación de límites nunca contó con la legitimidad necesaria y perjudicó los intereses provinciales.

El conflicto, que durante años permaneció relegado a ámbitos administrativos y judiciales, cobró una nueva dimensión a partir de la aparición de un proyecto de explotación de cobre considerado estratégico para el desarrollo económico de la región.

La posibilidad de que la futura mina genere miles de puestos de trabajo, inversiones en infraestructura y millonarios ingresos por regalías reavivó el debate sobre la pertenencia de las tierras donde se desarrollaría la actividad extractiva.

En ese marco, el gobernador riojano Ricardo Quintela promulgó una ley provincial que ratifica el rechazo a los límites establecidos durante el gobierno de facto de Onganía. Tras la sanción de la norma, el mandatario utilizó su cuenta oficial de X para defender la iniciativa y reafirmar la postura de su administración.

“La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano”, escribió Quintela en la red social.

Para el gobierno riojano, la medida constituye un paso institucional destinado a recuperar lo que consideran un territorio históricamente perteneciente a la provincia. La administración provincial sostiene además que existen fundamentos jurídicos para revisar la situación y cuestionar la vigencia de las decisiones adoptadas durante el período dictatorial.

La respuesta de San Juan no tardó en llegar. Apenas unos días antes, la Legislatura de esa provincia había aprobado la Ley de Desarrollo Local Minero, una herramienta orientada a fortalecer la participación de trabajadores y empresas locales en los proyectos extractivos que se desarrollen dentro de la provincia.

Tras la aprobación de la norma, el gobernador Marcelo Orrego también recurrió a su cuenta oficial de X para destacar los beneficios de la iniciativa.

“Con esta herramienta, vamos a seguir asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes”, expresó el mandatario.

Sin embargo, cuando la Legislatura riojana avanzó con su reclamo territorial, Orrego endureció su postura y difundió un extenso mensaje a través de la misma red social, donde defendió la jurisdicción de San Juan sobre el área en disputa.

“Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, manifestó.

En el mismo mensaje, el gobernador agregó: “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”.

Las diferencias también quedaron expuestas entre funcionarios de ambos gobiernos. Desde San Juan, el jefe de asesores provincial, Rodolfo Colombo, calificó la ley promovida por Quintela como una “bravuconada” y aseguró que carece de fundamentos legales.

“Llama la atención que este año piensen en minería cuando nunca han planteado un programa minero en La Rioja. Esto es parte de un gobierno que con demagogia le plantea a sus comprovincianos que va a defender lo suyo buscando donde no le corresponde”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que una provincia no puede modificar unilateralmente sus límites mediante una legislación local y comparó la situación con una hipotética expansión territorial arbitraria sobre otras jurisdicciones.

Desde La Rioja, el asesor general de Gobierno, Pedro Goycochea, rechazó las acusaciones y aseguró que el planteo no busca generar un enfrentamiento con los sanjuaninos.

“No es una confrontación con el pueblo de San Juan”, afirmó. Según explicó, la intención del gobierno riojano es discutir la validez jurídica de las decisiones adoptadas durante la dictadura y apoyarse en antecedentes judiciales recientes para revisar la cuestión.

Aunque ambos mandatarios tienen origen en el Partido Justicialista, el conflicto también refleja diferencias políticas en el plano nacional. Quintela mantiene una relación cercana con el kirchnerismo y con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Orrego es uno de los gobernadores peronistas que ha mantenido una relación institucional más fluida con el presidente Javier Milei.

Con el proyecto de cobre avanzando y el interés económico creciendo alrededor de la región, todo indica que la disputa podría trasladarse a los tribunales y eventualmente requerir la intervención del Congreso Nacional o de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, La Rioja y San Juan continúan defendiendo posiciones opuestas sobre un territorio cuya importancia estratégica se multiplicó con la llegada de una de las inversiones mineras más ambiciosas previstas para la Argentina en los próximos años.

La minería en República Dominicana creció 9,7% entre enero y mayo de 2026, según datos del Banco Central difundidos por el Ministerio de Energía y Minas. El avance superó el promedio de la economía, de 4,2%, y ubicó a la explotación de minas y canteras como la segunda actividad con mayor alza interanual en mayo.

El aumento respondió a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales de construcción, dijo el ministro de Energía y Minas Joel Santos. El funcionario sostuvo: “Ese crecimiento estuvo impulsado por mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales de construcción, consolidando a la minería como uno de los pilares exportadores del país”.

Santos afirmó que el sector mantiene un comportamiento contracíclico porque sostiene el ingreso de divisas, las exportaciones y la recaudación fiscal incluso cuando el entorno externo es desfavorable.

Exportaciones y aportes fiscales

El ministro señaló además que la actividad minera “continúa consolidándose como una actividad estratégica por su capacidad de generar empleos de calidad” y contribuye a “fortalecer la estabilidad macroeconómica y a respaldar el crecimiento sostenido de la economía dominicana”.

El Ministerio de Energía y Minas recordó que las exportaciones mineras superaron los USD 2.500 millones en 2025, con el oro a la cabeza. Además, los aportes fiscales del sector alcanzaron aproximadamente RD$45.000 millones durante el mismo año fiscal.

Santos consideró que estos resultados evidencian la “capacidad del Gobierno para impulsar el desarrollo económico con mayor y mejor apertura para la inversión y con un enfoque social y más sostenible”.

Proyectos mineros y situación regulatoria

El desarrollo y la expansión de proyectos mineros continúan en la agenda del sector. Pueblo Viejo, operado por Barrick junto a Newmont, es uno de los ejes principales con una expansión destinada a prolongar la vida útil de la mina más allá de 2040.

El plan de ampliación incluye la construcción de una nueva instalación de almacenamiento de relaves, mejoras en infraestructura y un programa de reasentamiento comunitario, elementos necesarios para mantener la producción a gran escala.

Otro proyecto bajo análisis es Romero, gestionado por GoldQuest en la provincia de San Juan. Actualmente permanece en fase de evaluación ambiental, sin que exista aún una autorización de explotación.

En 2025, GoldQuest recibió los términos de referencia del Ministerio de Medio Ambiente para elaborar el estudio de impacto ambiental, requisito previo para solicitar la licencia ambiental correspondiente.

Las autoridades han señalado que el futuro del proyecto Romero depende de la conclusión de las evaluaciones técnicas y ambientales. Mientras tanto, la compañía mantiene el diálogo con las comunidades y los entes reguladores para avanzar en el proceso.

En mayo, el presidente Luis Abinader anunció públicamente la suspensión del proyecto Romero. Esa declaración no representa una suspensión legalmente vinculante bajo la normativa de República Dominicana.

La ley exige que cualquier decisión de este tipo se formalice mediante un acto administrativo emitido por la autoridad competente, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Hasta el momento, ese acto administrativo no se ha producido, por lo que el proceso formal de suspensión, revocación o terminación del proyecto sigue pendiente.

El biólogo marino e investigador Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dio a conocer los retos que tiene que asumir con el liderazgo de la cartera. En conversación con Noticias Caracol, se refirió, entre otras cosas, al cuidado del páramo de Santurbán, un ecosistema estratégico que se encuentra ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.

De acuerdo con el ministro entrante, además de la delimitación, se debe verificar cómo está funcionando el negocio de la minería alrededor del mismo. “Hay que avanzar, delimitar el páramo, mirar cuáles son las zonas de aprovechamiento, formalizar la minería que ahí existe. Si hay una minería industrial alrededor, podría ayudar a la formalización”, dijo.

El experto afirmó que se podría evaluar el impacto de la participación de la empresa canadiense Aris Mining. Según detalló, la multinacional tiene 38.000 mineros formalizados en una mina ubicada en el departamento de Antioquia. “Es un ejemplo de lo que podría hacerse en Santurbán”, indicó Arjona Hincapié.

El Comité Santurbán, una plataforma cívica que ha defendido el páramo de la minería contaminante durante 17 años, rechazó las declaraciones del ministro de Ambiente designado. En una publicación en X, aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella podría terminar entregando el páramo de Santurbán a la multinacional canadiense. De acuerdo con la plataforma, esto pondría en riesgo el recurso hídrico de la región.

“Hoy el futuro Min de ambiente de @ABDELAESPRIELLA lo confirma descaradamente en medios nacionales. Alerta Santander, Santurbán no se puede dejar explotar ni por ilegales, ni por multinacionales. La avaricia por el oro de unos pocos, no puede estar por encima del agua de más de dos millones de personas”, señaló.

El comité advirtió que cualquier proyecto minero que se lleve a cabo por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga (Santander) es completamente inviable. De hecho, recalcó que hay investigaciones de carácter técnico que así lo indican.

Petro rechazó declaraciones de Fabio Arjona Hincapié

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las afirmaciones que hizo el ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella y a las advertencias que expuso el Comité Santurbán. Según indicó, la minería en el páramo afecta la calidad del agua y, por eso, no debería permitirse la realización de actividades de extracción de minerales en el lugar.

Ante la posibilidad de que desde el nuevo Ministerio de Ambiente se contemple ese escenario, el jefe de Estado recordó que la ciudadanía tuvo la oportunidad de oponerse a ese tipo de realidades en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 21 de junio, en las que Abelardo de la Espriella ganó con casi 13 millones de votos.

“Cualquier uso para explotación del oro desde el páramo hasta antes de la toma del acueducto de Bucaramanga contamina el agua. Pero esto era para decidirlo precisamente en las urnas. Si llega a producirse un atentado contra la vida de la gente de Santander, contaminando el agua por el oro, estaremos al frente para defender la Vida”, aseveró.

Por su parte, el Comité Santurbán aseguró que se deben adoptar todas las acciones jurídicas requeridas para impedir que se aprueben proyectos de minería en el páramo, ya que eso constituye el inicio de un “desastre ambiental, social y económico para Colombia”. Además, insistió en que se debe hacer una movilización pacífica con ese mismo objetivo.

“Mañana les esperamos a las 8 am, en Neomundo para exigir la protección integral de Santurbán”, detalló.

Pero las críticas no solo están dirigidas al Gobierno entrante. De acuerdo con Noticias RCN, las comunidades de los municipios de California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas (Santander) se declararon en desobediencia civil pacífica debido a que la administración Petro no ha desistido de hacer una delimitación “exprés” del páramo de Santurbán.

“En este momento, el Ministerio de Ambiente tiene en consulta una resolución para hacer la delimitación progresiva. En 2022, nosotros solicitamos al Tribunal de Santander y al MinAmbiente que nos hiciera una delimitación parcial y nos dijeron que no”, indicó Ivone González, presidenta del consejo del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca Río Alto, Lebrija, citada por Noticias RCN.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó a ALMAR CÍA. LTDA. dos concesiones mineras por 536.6 hectáreas en Tipitapa, Managua, con derechos exclusivos de exploración y explotación durante 25 años, una decisión que amplía la superficie destinada a la actividad extractiva en el municipio sin que la información oficial precise qué mineral será buscado o extraído.

Los títulos de concesión, publicados el pasado miércoles en La Gaceta, abarcan los lotes “SIRAMA”, de 147.15 hectáreas, y “MADERA”, de 389.45 hectáreas. Las resoluciones establecen además que la empresa deberá obtener el permiso ambiental antes de iniciar operaciones, pagar los derechos de vigencia y las regalías previstas por la legislación minera, y presentar informes periódicos sobre sus actividades.

Según Despacho 505, la empresa beneficiada está representada por el empresario Nelson Daniel Álvarez Valdivia, quien aparece vinculado desde hace al menos ocho años a la explotación de piedra cantera en ese mismo municipio. La publicación señala que documentos públicos lo ubican en actividades extractivas previas en Tipitapa antes de asumir la representación legal de la compañía que recibió ahora las concesiones estatales.

Álvarez Valdivia ya operaba una cantera alquilada en Tipitapa desde 2018

En un escrito dirigido en 2018 a la Policía Nacional, Álvarez Valdivia afirmó que tenía arrendadas 10 manzanas de terreno en la finca El Rincón de la Palmita o Cerro de Barra. En ese lugar, indicó, realizaba labores de explotación y extracción de piedra cantera con maquinaria y una plantilla de aproximadamente 30 trabajadores.

Ese mismo documento, citado por Despacho 505, indica que la concesión minera sobre esa propiedad había sido otorgada por el entonces Ministerio de Energía y Minas a un tercero. Álvarez Valdivia operaba allí mediante un contrato de arrendamiento.

Las resoluciones recientes fueron emitidas por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia, que concluyó que la empresa cumplió los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos por la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. Aunque los títulos autorizan el aprovechamiento minero, no especifican qué recurso será explorado o explotado en las dos áreas concedidas.

La decisión responde de forma directa a la pregunta central sobre qué recibió la compañía: derechos exclusivos para explorar y explotar minerales en dos lotes de Tipitapa por 25 años. La extensión total autorizada suma 536,60 hectáreas distribuidas entre “SIRAMA” y “MADERA”.

Un conflicto previo por cantera derivó en mediación y un proceso judicial

La documentación revisada por el medio también muestra que Álvarez Valdivia estuvo involucrado en un conflicto relacionado con la explotación de una cantera.

En 2021 participó en un proceso de mediación originado por una disputa entre empresarios por el acceso a un área de extracción de piedra cantera en Tipitapa.

Después, en 2022, apareció como acusado en un proceso judicial por presuntos delitos de daños, usurpación del dominio privado, estelionato y daños y perjuicios, de acuerdo con un escrito judicial consultado por la publicación. Los documentos revisados no permiten establecer cuál fue el desenlace de ese proceso.

Años después de esos antecedentes, Álvarez Valdivia figura como representante legal de Álvarez Martínez Compañía Limitada, la firma que ahora recibió los títulos estatales. Con la publicación de estas concesiones, el régimen amplía el área asignada a actividades mineras en Tipitapa, aunque la información oficial mantiene sin identificar el tipo de mineral que será objeto de exploración y explotación.

La industria de extracción minera responsable, así como la industria cultural (economía naranja) y el turismo pueden constituirse en palancas clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo regional, posicionando a la provincia de Colón como un actor estratégico.

Bajo este planteamiento la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura promovió un diálogo multisectorial sobre los desafíos y oportunidades de la provincia caribeña.

Uno de los temas desarrollados durante el foro, y que divide las opiniones de la población panameña, fue el de la minería, toda vez que en esa provincia se encuentra una de las minas de cobre más grande del mundo, propiedad de First Quantum.

En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum, por lo que ordenó su cierre. En Panamá los fallos de la Corte Suprema son considerados inapelables, de acuerdo con la Constitución.

No obstante, el ambientalista Harry Mitchell, sostuvo que la “exploración de los recursos naturales de un país, en ningún momento y en ninguna legislación nacional o internacional, es ilegal. Muy por el contrario, es un derecho de los pueblos”.

El sector privado y el sector económico, dijo, tienen la responsabilidad de innovar con respecto a la tecnología, los nuevos empleos y las nuevas maneras de hacer las cosas. Esto aplica a todas las actividades en general y a la minería en particular, cuyas tecnologías han ido avanzando de manera constante.

Otro punto importante que destacó el ambientalista, citado en una nota de prensa de la Cámara de Comercio, es la propiedad de los recursos minerales. Manifestó que al igual que ocurre con otros recursos naturales, los minerales pertenecen al Estado según la Constitución Política. De esta manera, el Estado cuenta con una gama de formas para administrar dichos recursos: directamente a través de empresas públicas, empresas mixtas, concesiones o contratos.

“Hay personas que dicen con mucho vigor que un fallo de la Corte Suprema de Justicia prohibió toda la actividad minera. Sin embargo, un fallo de la Corte no puede prohibir lo que dice la Constitución Política. La Corte interpreta las relaciones jurídicas que le son sometidas; puede anular o mantener un acto, pero no puede eliminar una actividad contemplada constitucionalmente”, agregó.

Lissy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio colonense, manifestó que ya es hora de que que Colón deje de hablar de su potencial y empiece a mostrar sus resultados.

“Tenemos la realidad ya conocida de una provincia con la Zona Libre de Colón más importante de la región, el Canal a un costado y dos puertos de clase mundial. Sin embargo, también contamos con un Casco Antiguo que pide a gritos un rescate, pymes que luchan solas y una economía cuya geografía no ha logrado traducirse en bienestar. Eso no es un secreto, todos lo conocemos”, puntualizó.

Analizar los problemas de la provincia no nace de la queja, sino de la convicción de que Colón tiene las herramientas para cambiar su historia a través de sus clústeres logísticos, el turismo, la economía naranja, la minería responsable y la inversión urbana, adujo Jované.

Para el empresario Daniel Rojas, Colón tiene “empresas de talla mundial: puertos, zonas energéticas, la Zona Libre de Colón y muchas otras. Sin embargo, gran parte de lo que requieren estas empresas viene de la ciudad de Panamá o del extranjero, no necesariamente de Colón".

“¿Por qué ocurre esto?, se preguntó, al tiempo que se contestó: por la falta de una gobernanza adecuada para que ese ecosistema se desarrolle de manera puntual y beneficiosa, y para que la derrama económica de esta gran provincia llegue directamente a sus ciudadanos".

Juan Carlos Croston, vicepresidente de Asuntos Corporativos de SSA Marine, señaló que atraer la inversión extranjera directa es sumamente importante, porque significa atraer capital fresco, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas y transferencia de conocimiento.

Sin embargo, advirtió que para lograrlo la seguridad es clave: “si alguien viene de afuera, debe sentir seguridad al invertir en nuestro país”.

La Costa Caribe de Nicaragua se ha convertido en el epicentro de una crisis de despojo y violencia dirigida contra el pueblo Miskito de parte del régimen.

Así lo asegura Anexa Alfred, presidenta defensora de los pueblos indígenas y del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), en una entrevista con Agenda Propia Nicaragua.

Desde el año 2014, bajo la dictadura Ortega y Murillo se impulsa una política de ocupación que facilita la entrada de militares, ganaderos y empresas mineras en territorios indígenas.

Este proceso ha dejado un saldo de masacres anuales documentadas desde 2021 y el desplazamiento forzado de comunidades completas, principalmente miskitas.

La defensora sostuvo que la ocupación de tierras en la Costa Caribe responde a un plan por parte del régimen nicaragüense.

“Desde el 2014, se vino denunciando todas las violaciones en torno a la ocupación de tierra como una política del Estado, encabezada por la dictadura sandinista de Ortega y Murillo.

Nunca hubo esa intención de reconocer ese derecho a la propiedad, sobre todo el derecho a poder vivir como históricamente lo hemos hecho, basados en nuestra propia cosmovisión”, señaló la defensora.

La situación del pueblo Miskito no se reduce a disputas locales. Según la abogada, detrás de la invasión de tierras se encuentran militares y exmilitares que han ocupado grandes extensiones para transformarlas en áreas de ganadería y minería.

“Son militares los que están detrás de eso, exmilitares que están tomando grandes cantidades de tierra para cambiar el uso de la tierra para la producción de ganadería.

Pero otro factor importante ha sido la minería. El tema de la minería ha llamado mucho la atención y hay mucha gente que llega con otra forma de vida, con otra visión y ha cambiado la forma cultural de los pueblos”, agregó la defensora.

Concesiones mineras y desplazamiento en territorios indígenas de Nicaragua

Anexa señala que las concesiones mineras sobre territorios miskitos han crecido en los últimos años, otorgando permisos a empresas que operan sobre tierras ancestrales. “Han habido masacres completas de comunidades y año tras año, en el 2021, en el 2022, en el 2023, que obligó a muchas familias a abandonar comunidades completas”, relató ante el citado medio.

“La invasión masiva no es solo de personas naturales, también hablamos de personas jurídicas y lo podemos ver más en los últimos años en todas las concesiones mineras que se están otorgando dentro de los territorios. Nosotros hemos dicho siempre desde la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, lo que se vive es un genocidio en la Costa Caribe de Nicaragua”, afirmó la defensora.

La defensora destacó que las mujeres miskitas resultan particularmente vulnerables ante la violencia estructural. “Muchas familias desplazadas hacia Costa Rica se enfrentan a barreras, como la lingüística. Las mujeres miskitas se van con sus hijos por salvar su vida e integridad, enfrentándose con otro tipo de violencia”.

El pueblo Miskito continúa exigiendo protección y respeto a sus derechos territoriales frente al avance de la ganadería, la minería y la violencia impulsada por el régimen de Ortega-Murillo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentó un retroceso tras la caída de 1,5% en la actividad económica de abril, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque señaló que los “mejores 18 meses” comenzarían en mayo o junio, el retraso en la difusión de los datos oficiales dificulta la narrativa del Gobierno. No obstante, relevamientos privados proyectaron una recuperación en mayo, pese a que todavía no está claro si ese resultado respalda el optimismo del titular del Palacio de Hacienda o representa solo una variación más en la evolución mensual de la economía.

Según la consultora Analytica, el Índice Líder de Actividad (ILA) estimó una suba de 0,3% para mayo y consideró que la actividad mostró una recomposición moderada, con resultados dispares entre los principales indicadores. La dinámica del año se mantuvo en “serrucho”, sin que los crecimientos logren sostenerse en dos meses consecutivos.

Por su parte, Orlando Ferreres & Asociados reportó que su análisis registró una mejora de 0,7% anual en mayo, con la serie desestacionalizada en su nivel más alto del año. Ocho de once sectores cerraron mayo en terreno positivo, aunque el comercio siguió mostrando dificultades para revertir la tendencia negativa.

En tanto, desde Equilibra estimaron un avance de 0,5% mensual desestacionalizado y de 2% interanual en el quinto mes del año: “Tras la caída de abril (-1,5%), la actividad se recuperaría en mayo, manteniendo la dinámica de ‘serrucho’ que se observa desde febrero de 2025″.

“En el mes donde el agro mas incide, la cosecha de soja, la producción vacuna, porcina y de leche mejoraron explicando la totalidad del crecimiento interanual, ya que el EMAE sin agro se mantuvo estancado en comparación contra mayo 2025 (0%). En contraste con el mes previo, el EMAE sin agro en mayo se habría recuperado 0,3% mensual s.e. (luego de caer 1,1% en abril) y el agro habría mejorado 2,0% mensual sin estacionalidad”, remarcaron.

Cómo evoluciona cada sector

En el plano sectorial, Analytica destacó que la siderurgia impulsó el repunte industrial, con un crecimiento de 26,6% en la producción de acero laminado en caliente. Los aceros no planos aumentaron 4,5% y los laminados en frío 2,6%. La producción de aceites subió 9,5%, la de autos 5,7% y la de gas 2,9%. En contraste, la producción de hierro cayó 5,9%, y las ventas de vehículos a concesionarios bajaron 9,2%, el mayor retroceso mensual entre los indicadores relevados.

El agro también mostró dinamismo. El IACA-BCR subió 1,4% mensual en mayo y quedó 0,2% por debajo de su récord histórico de febrero. La cosecha de soja cubrió el 75% de la superficie, el mayor porcentaje para un mes de mayo. La molienda de soja aumentó 2% y la de cebada 1,2%. Interanualmente, el índice general avanzó 8,8%, con el subíndice de Agroexportación creciendo 15,3 por ciento.

Mientras que en la construcción, el Índice Construya registró un alza de 1,9% mensual y el consumo de cemento subió 7,1%, impulsado por el despacho a granel y el alza en bolsas. Estos incrementos compensaron la caída de 7,5% en abril, aunque el consumo de cemento se mantuvo en mínimos históricos para un mes de mayo, excluyendo 2024 y 2020.

Luego del la suba que había registrado en marzo del 8,3%, en abril la construcción volvió a caer 1,8%. Se trata de un sector clave que el ministro de Caputo busca reactivar por medio de la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales. A causa del dinamismo que puede generar en el resto de la economía al ser una actividad de mano obra intensiva.

El sector automotriz evidenció señales mixtas. La producción de autos creció 5,7%, pero el patentamiento de vehículos bajó 2,4% y las ventas a concesionarios retrocedieron 9,2%. El patentamiento de maquinaria agrícola descendió 1,4%, mientras que la demanda eléctrica de grandes usuarios disminuyó 0,5%, en línea con la reducción de la producción industrial.

También Orlando Ferreres & Asociados, la actividad en mayo comenzó a mostrar cifras positivas en la comparación anual, aunque destacan que el comercio no logró modificar la tendencia negativa. Agricultura y ganadería crecieron 6,4% en mayo y acumularon 7,6% en los primeros cinco meses. El impulso llegó del sector agrícola, mientras que la ganadería redujo la faena por la extensión de los períodos de engorde y la retención de vientres.

La industria manufacturera avanzó 1,3% mensual en mayo, con el nivel más alto del año según el índice de producción industrial de Orlando Ferreres. La heterogeneidad interna persistió, ya que maquinaria y equipo cayó 14,6% y las refinerías subieron 10,9%. El acumulado industrial de enero a mayo mostró una contracción de 2,3%. En servicios públicos, electricidad, gas y agua treparon 13,1% anual, la tasa más alta en cinco años. El descenso promedio de 3,2℃ respecto a mayo del año pasado impulsó el consumo de energía. CAMMESA reportó un alza de 10,8% en la generación eléctrica y de 11,1% en la demanda. El sector sumó un crecimiento de 3,7% en lo que va del año.

Mientras que el sector de minas y canteras mostró una expansión de 8,6% en mayo y acumuló 6,5% entre enero y mayo, motorizado por la extracción de petróleo y la actividad en Vaca Muerta, que marcó un nuevo récord de producción según el Ministerio de Energía de Neuquén.

Las dudas

El ministro fundamentó su optimismo en la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, la Ley de Inocencia Fiscal, la modernización laboral y la reducción de cargas patronales. Además, aseguró que estas reformas alentaban a las empresas a contratar, al conocer de antemano el costo de un despido y reducir la carga de 18 a solo dos puntos, además de contar con un fondo para afrontar eventuales desvinculaciones.

En la práctica, no todas las variables evolucionaron como esperaba el Gobierno. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pieza central de la reforma laboral, fue postergado hasta noviembre por el costo fiscal. La Ley de Inocencia Fiscal sigue pendiente de modificaciones a pedido de los contadores, que advirtieron sobre riesgos para contribuyentes.

Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta trabas en el Congreso por la adhesión de funcionarios públicos al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), lo que sumó obstáculos a la sanción de las reformas. De esta manera, el equipo económico solo cuenta por ahora con la concesión de rutas nacionales como avance, mientras que fuentes del sector de la construcción advierten que la obra pública representa apenas el 30% de la actividad, ya que el resto depende del sector privado.

La minera con base en Canadá AISA Group presentará un nuevo RIGI por alrededor de USD 1.500 millones para expandir Gualcamayo y convertirlo en una plataforma de exploración, reposición y crecimiento mineral de largo plazo. La decisión, según comunicó la compañía, amplía el desembolso que ya había comprometido en San Juan y se suma al régimen de promoción de inversiones que ya acumula 20 proyectos aprobados por más de USD 33.000 millones.

El anuncio lo hizo Juan José Retamero, CEO y fundador del grupo, durante el encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo el último viernes en Madrid con empresarios e inversores españoles. La reunión estuvo organizada por la Embajada de la Argentina en España y contó con la presencia del embajador argentino Wenceslao Bunge Saravia y del canciller Pablo Quirno.

La iniciativa de AISA Group se denomina Programa G50 y complementa el RIGI ya aprobado para el Proyecto Carbonatos Profundos. Ese primer esquema prevé una inversión de USD 665 millones y exportaciones estimadas en USD 26.500 millones entre 2030 y 2055.

En tanto, el segundo RIGI buscará llevar el desarrollo de Gualcamayo a una escala mayor. Según la información difundida por la empresa, el Programa G50 plantea una estrategia intensiva y sostenida de exploración distrital para ampliar el inventario de recursos, fortalecer el flujo de proyectos operativos, sostener la vida útil de la mina y desarrollar el potencial total del yacimiento.

En una primera etapa, el plan prevé acelerar la evaluación de recursos remanentes en un plazo de 24 a 36 meses para incorporar nuevas onzas al perfil productivo de corto plazo. En paralelo, avanzará sobre nuevos sectores del distrito, que abarca 38.000 hectáreas de concesión minera, incluidas áreas con potencial aurífero y de metales industriales.

Nicolás Bareta, head of mining de AISA Group, explicó el alcance del proyecto: “Estamos pensando Gualcamayo como distrito, no solo como mina. La oportunidad está en integrar Carbonatos Profundos, exploración brownfield, nuevos targets y una nueva mirada de toda nuestra propiedad. La Argentina necesita proyectos que repongan reservas, generen divisas y sostengan empleo durante décadas para que haya más minería en las próximas décadas; ese es el sentido estratégico del Programa G50, aprovechando los incentivos adecuados para la reinversión”.

El primer RIGI de la compañía fue aprobado en enero de 2026. Ese proyecto contempla el desarrollo de Carbonatos Profundos, un cuerpo mineralizado ubicado debajo de las antiguas zonas productivas de Gualcamayo, junto con la construcción, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento asociada.

La operación cuenta hoy con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas, certificadas bajo NI 43-101 y Código JORC. Ese activo constituye, según la empresa, el eje del nuevo ciclo minero de Minas Argentinas.

Gabriel Corvo, gerente general de la compañía, sostuvo: “Gualcamayo dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro. El primer RIGI nos permitió asegurar la viabilidad de Carbonatos Profundos; este segundo proyecto apunta a consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con más exploración, más reservas y más oportunidades para San Juan”.

Retamero vinculó la nueva presentación con la estrategia que el grupo desarrolla desde su llegada a Gualcamayo en 2023, cuando impulsó la continuidad operativa, el saneamiento financiero, la recategorización de recursos y reservas y la reactivación de la exploración. “El RIGI es una herramienta clave para que la Argentina pueda transformar potencial geológico en inversión real. Nuestra decisión es seguir apostando por el país, por San Juan y por una minería moderna, competitiva y de largo plazo. Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar al final puede renacer si hay visión, equipo, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica que permitan invertir”.

Los proyectos mineros lideran las presentaciones al RIGI

El nuevo proyecto de Gualcamayo se enmarca en un contexto donde la minería tiene un peso central. De acuerdo con la página oficial del Gobierno que recopila los datos del régimen, además de los 20 proyectos ya aprobados bajo el RIGI, hay otros 19 en observación por más de USD 109.000 millones. El total de capital comprometido asciende a USD 121.237 millones.

De esta forma, del total de iniciativas ingresadas al RIGI, 19 corresponden al sector minero: 13 de litio, cinco de cobre, dos de oro y una de plata.

Sobre el total de dinero comprometido, la minería reúne USD 42.200 millones, mientras que la energía, con 13 proyectos, concentra USD 78.300 millones. El anuncio de AISA Group se incorpora a esa cartera en momentos en que las empresas buscan aprovechar el régimen para escalar inversiones de largo plazo.

El serrucho que describe el comportamiento de la actividad económica en el primer cuatrimestre tendería a desaparecer a medida que pasen los meses. La expectativa es que la recuperación se empiece a sentir en más sectores, a partir de la baja de la inflación y la gradual recuperación de los salarios.

La actividad económica registró una contracción del 1,5% en abril respecto de marzo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), interrumpiendo la senda de recuperación que había mostrado en marzo.

El dato representa el primer retroceso mensual de magnitud en varios meses y refleja una desaceleración en el ritmo de crecimiento de distintos sectores de la economía, en un contexto marcado por el endurecimiento de las condiciones financieras, el menor dinamismo del consumo y una recuperación aún heterogénea entre los distintos sectores.

En términos interanuales, sin embargo, el EMAE mantuvo una variación positiva, impulsada en parte por la baja base de comparación que dejó el mismo período del año pasado, cuando la economía todavía acusaba el impacto de la fuerte recesión y la sequía sobre el sector agropecuario.

Pese a la caída de 1,5% en abril, la comparación interanual todavía arroja un resultado favorable de 2,1 por ciento. Los pronósticos sobre cómo seguirá la actividad son bastante variados. Si bien todos coinciden en que el PBI crecerá en 2026, hay distintas opiniones respecto a la velocidad.

Economistas como Fernando Marull y Fausto Spotorno proyectan que el PBI terminará el año con una expansión de entre 2,8% y 3 por ciento. El BBVA Argentina estimó que la expansión será de 3% y espera una evolución similar para el 2027.

Sin embargo, otros son mucho más cautos. Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, cree que la mejora será mucho más gradual y el PBI mostrará un crecimiento de solo 2,5 por ciento.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, fue aún más prudente. “Esperamos un incremento del PBI real en la zona de 2,2% este año, por encima del arrastre estadístico que deja abr-26 (1,4%)”, afirmó.

El escenario base de Franco es que “los sectores ganadores (agro, minería, hidrocarburos) impulsarán al EMAE, aunque la cifra final estará también sujeta a la dinámica tanto se los sectores rezagados como de variables como la inflación, los salarios reales, los precios de los commodities, el TCR y las cuentas externas”.

Y sumó: “En el mediano plazo, estimamos que el derrame de los ganadores a otros sectores ocurrirá, pero pensando en el corto plazo y en que hay elecciones presidenciales en 2027, la dinámica relativa de los rezagados frente a los ganadores irá ganando en importancia con el correr de los meses”.

En ese sentido, Spotorno adelantó que Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando Ferreres arrojó una mejora en mayo, recuperando buena parte de lo perdido en abril: “Los que ganarán dinamismo en los próximos meses son los sectores que hasta ahora vienen perdiendo, como el comercio minorista y la actividad manufacturera. Esto sucederá de la mano de la baja de la inflación y una gradual mejora de los ingresos”.

La construcción, que muestra una leve mejora pero todavía desde niveles muy bajos, es una de las mayores incógnitas. Sin obras viales ordenadas por el Gobierno nacional y sin reaparición del crédito hipotecario, el dinamismo del sector luce bastante limitado.

La caída mensual abre interrogantes sobre la solidez del proceso de recuperación económica. Si bien algunos sectores vinculados a la energía, la minería y el agro continúan mostrando un desempeño favorable, otras ramas como la industria manufacturera, el comercio y la construcción enfrentan mayores dificultades para consolidar el repunte.

Analistas señalan que la normalización macroeconómica y la desaceleración de la inflación todavía no se traducen en una recuperación generalizada de la demanda interna. El consumo privado permanece condicionado por la pérdida acumulada del poder adquisitivo, mientras que la inversión continúa dependiendo de la evolución del crédito y de las expectativas empresarias.

Entre los factores que seguirán de cerca los mercados figuran la evolución del salario real, la recuperación del crédito, el comportamiento del consumo y el impacto de la cosecha sobre la actividad. También será determinante el efecto de la desaceleración inflacionaria sobre los ingresos de los hogares y la capacidad del Gobierno para sostener el proceso de estabilización sin afectar el nivel de actividad.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, celebró el avance de sectores como la energía, la minería y la economía del conocimiento como nuevos aportantes de divisas a la economía argentina y lo definió como “un alivio” para el campo, históricamente el principal generador de exportaciones del país. Lo hizo en la conferencia de prensa de lanzamiento de la 138° Exposición Rural de Palermo, que se realizará entre el 16 y el 26 de julio en el predio de La Rural ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“Ahora vamos a tener otros brazos. Estos sectores se están moviendo y seguramente van a colaborar para que el peso no nos caiga siempre a nosotros”, afirmó Pino a Infobae, en el marco de los festejos por el 160° aniversario de la institución, la entidad gremial agropecuaria más antigua de la Argentina.

El dirigente precisó que, junto al viceministro de Economía, José Luis Daza, se trabaja para organizar en el marco de la Expo Rural un encuentro empresario que busca reunir a representantes del sector petrolero, minero, energético y de la economía del conocimiento con el agro. La iniciativa busca visibilizar la contribución creciente de esas industrias a la balanza comercial, una función que el campo sostuvo históricamente en soledad. “El campo siempre mostró que es el sector que siempre la balanza comercial es positiva con respecto a otros sectores. Está bueno que seamos más los que ponemos”, señaló Pino.

En este sentido, por primera vez en la historia, la edición 2026 de la tradicional Exposición tendrá a la petrolera de mayoría estatal, YPF, como auspiciante principal.

Durante la conferencia de prensa, Pino confirmó la presencia del presidente Javier Milei, quien había asegurado su participación en el acto de apertura minutos antes del comienzo de su discurso. Sin embargo reveló que, por segunda vez en la historia, la ceremonia deberá correrse de fecha para adaptarse a la agenda oficial.

Así, Pino deslizó que, en lugar del tradicional sábado 25 de julio por la mañana, el acto inaugural se realizará el domingo 26, último día de la muestra. El ejecutivo anticipó que Milei podría llegar con anuncios: “Seguramente algún anuncio va a traer”, dijo, y aclaró que la SRA presiona en particular por infraestructura, ya que, respecto a las retenciones, el presidente de la entidad insistió que el sector necesita el “0% lo antes posible”, pero valoró que el anuncio de la baja paulatina de los derechos de exportación hasta 2028, “van por el buen camino”.

Exportaciones de carne récord

Pino destacó, además, el crecimiento de las exportaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos. Hasta fines de 2025, la Argentina contaba con un cupo histórico de 20.000 toneladas anuales hacia ese destino; el acuerdo bilateral firmado en febrero habilitó un cupo adicional de 80.000 toneladas para 2026, distribuido en trimestres. El dirigente anticipó que el cupo correspondiente para este trimestre ya quedará cubierto: “Es tanta la posibilidad que hay y la demanda que es firme, que en septiembre ya va a estar cubierto”, afirmó.

Ese dinamismo coincide con los últimos datos que oficializó este martes la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Según difundió el organismo oficial, entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de carne vacuna crecieron 46% en valor respecto al mismo período del año anterior, con ingresos de USD 1.765 millones , y 11% en volumen, con 332.207 toneladas equivalentes res con hueso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, replicó los datos en sus redes sociales y comentó: “Seguimos trabajando para fomentar el crecimiento del sector ganadero argentino”. El salto más pronunciado, resaltó el titular del Palacio de Hacienda, se dio en el mercado estadounidense, con 42.776 toneladas exportadas —un alza del 151% en volumen y del 204% en valor, por 355 millones de dólares—, lo que consolidó a Estados Unidos como el segundo destino en importancia. China, por su parte, mantuvo el liderazgo con el 53,7% del volumen, con 123.047 toneladas peso producto y sin variaciones respecto del año pasado.

Sobre el impacto que ese ritmo exportador puede tener en la oferta interna, Pino reconoció a Infobae que el proceso “va a costar”. Recordó que la fuerte sequía de las campañas 2022/23 golpeó el stock del rodeo y los ciclos reproductivos del ganado no admiten aceleración artificial. Las condiciones actuales —sin trabas a la exportación y con demanda mundial sostenida— apuntan en la dirección correcta, dijo, aunque la recuperación exige tiempo biológico y financiación.

Sigue la interna en la SRA

En paralelo al lanzamiento de la exposición, Pino confirmó que su espacio interno, Presencia Federal, presentará su lista ante la Comisión Directiva de la SRA para buscar su aprobación formal. El dirigente aspira a un cuarto mandato consecutivo al frente de la entidad, con Carlos Odriozola, actual coordinador de la Comisión de Carnes, como compañero de fórmula.

Las elecciones internas están previstas para el 9 de septiembre, aunque la interna con la lista opositora, Renovación con Unidad, encabezada por el vicepresidente Marcos Pereda Born, lleva ya varios meses de tensiones.

Por un lado, Pereda Born, descendiente de la familia Bunge y Born, mantiene una postura crítica respecto a la gestión de Pino, cuestiona la posibilidad de que busque un cuarto mandato y señala supuestas incompatibilidades estatutarias para esa aspiración; Pino, por su parte, con más de tres décadas de militancia en la SRA, representa la defensa de la estabilidad institucional y el diálogo con la administración de Javier Milei, a la vez que defiende que su postulación está acorde al estatuto.

La actividad económica de abril de 2026 registró un alza interanual de 1,6% en la Argentina, aunque cayó 1,5% frente a marzo en la serie desestacionalizada. Los mayores avances correspondieron a Explotación de minas y canteras y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras Pesca anotó la baja más pronunciada, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La economía argentina experimenta una notable inestabilidad en su nivel de actividad, caracterizada por fluctuaciones constantes que los especialistas denominan “efecto serrucho”. Durante los primeros cuatro meses de 2026, se observó una alternancia entre subidas y bajadas: enero registró una mejora, febrero una baja, marzo presentó una recuperación y abril exhibió una nueva caída en términos intermenduales.

Mientras sectores como la energía y la minería mantienen su crecimiento, el conjunto de la actividad económica sigue mostrando movimientos irregulares y sin una tendencia firme. Esto se refleja en un desarrollo “de dos velocidades”: con el agro, la minería y la energía en expansión, frente a la debilidad de la industria y la construcción.

De acuerdo a los datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), los sectores que más crecieron, en la medición interanual, fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9 por ciento. En el otro extremo, la mayor caída fue la de Pesca, con -28,4%, seguida por Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,2%, e Industria manufacturera, con -2,9 por ciento.

El informe también mostró una suba de 0,3% en la tendencia-ciclo. En tanto, acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025.

En la comparación con abril de 2025, siete de los 15 sectores del EMAE registraron subas y ocho tuvieron bajas. Agricultura y minas aportaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

Los sectores con mejor desempeño en abril

Ordenados de mayor a menor variación interanual, los rubros con mejora fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9%; y Electricidad, gas y agua, con 6,4 por ciento.

También avanzaron Intermediación financiera, con 4,5%; Impuestos netos de subsidios, con 2,1%; Transporte y comunicaciones, con 2,0%; y Servicios sociales y de salud, con 0,8 por ciento.

Hoteles y restaurantes quedó en 0,0%, un dato que el Indec presenta como estabilidad interanual. El resumen ejecutivo señala siete sectores con subas, aunque el cuadro sectorial ubica a esa actividad sin cambios frente a abril de 2025.

Dentro de las alzas, Agricultura tuvo el mayor peso sobre el índice general. El gráfico del informe le asignó 1,19 puntos de incidencia positiva, por delante de los 0,63 puntos de Explotación de minas y canteras.

Los sectores que frenaron la actividad

Entre las actividades con retrocesos, la baja más moderada fue la de Enseñanza, con -0,1 por ciento. Luego se ubicaron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con -0,2%, y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con -1,3 por ciento.

La lista siguió con Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, con -1,7%, y Construcción, con -1,8 por ciento. Después aparecieron dos ramas de fuerte peso en el nivel general: Industria manufacturera, con -2,9%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,2 por ciento.

El descenso más pronunciado de todo el cuadro correspondió a Pesca, con -28,4% interanual. Esa actividad, junto con Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, restó 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

El gráfico incluido en EMAE abr2026.pdf también mostró que las incidencias negativas más marcadas se concentraron en Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones. En abril, esas ramas tuvieron aportes de -0,41 y -0,38 puntos porcentuales, respectivamente.

Cómo impactó cada sector en el resultado general

El mapa sectorial de abril combinó pocos avances de gran magnitud con una mayoría de bajas más repartidas. Indec consignó que el EMAE nivel general avanzó 1,64% interanual, con un aporte adicional de Impuestos netos de subsidios, de 0,36 puntos, y de Electricidad, gas y agua, de 0,18.

También sumaron, aunque en menor medida, Transporte y comunicaciones, con 0,15 puntos; Intermediación financiera, con 0,10; Servicios sociales y de salud, con 0,03; y Hoteles y restaurantes, con 0,01. Enseñanza tuvo una incidencia levemente negativa de -0,00, mientras Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler restó -0,01.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales restó -0,03 puntos; Construcción, -0,04; y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, -0,05.

La foto final del mes dejó a las ramas agropecuaria y minera como principal sostén del crecimiento. En sentido inverso, la industria y el comercio ejercieron la mayor presión a la baja sobre el resultado general.

La Unión Europea es el principal bloque inversor en la Argentina y, dentro de ese bloque, hay tres países concentran la mayor parte del capital radicado en el país. Detrás del interés europeo, hay nombres conocidos: bancos, automotrices, empresas de alimentos, energía y servicios que operan en distintos sectores de la economía local.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), firmado por Francisco Cuello Rosso, Guido D’Angelo y Emilce Terré, analizó en detalle la composición y evolución de la inversión europea en el país. El trabajo, publicado esta semana, concluye que la Unión Europea concentra cerca del 40% del stock total de inversión extranjera directa (IED) en Argentina, lo que la convierte en el principal origen de capitales externos. En términos absolutos, ese stock superó los USD 73.000 millones en 2025, el valor más elevado desde que se tiene registro.

La nota aclara que, si bien la participación relativa del bloque europeo se redujo respecto de principios de siglo —cuando llegó a representar más de la mitad de la inversión extranjera total—, la inversión en términos absolutos no dejó de crecer. Esa expansión sostenida es lo que permitió a la Unión Europea mantener durante décadas su posición como el inversor externo más importante del país.

Los que más dinero tienen en Argentina

Al cierre de 2025, España lideraba el ranking de inversores europeos en Argentina con un stock de USD 25.715 millones, seguida por Países Bajos con USD 21.580 millones. Más atrás aparecen Francia (10% de participación), Alemania, Luxemburgo e Italia, que completan el grupo de los principales orígenes de capital dentro del bloque.

En conjunto, estos seis países explican cerca del 93% del stock de inversión de la Unión Europea en Argentina, según el informe de la BCR. La concentración refleja que no se trata de una presencia europea dispersa, sino de flujos provenientes de un grupo acotado de economías con intereses productivos y financieros concretos en el país.

Detrás de los números hay empresas con presencia cotidiana en la economía argentina. Del lado español, el informe menciona a Santander, BBVA, Mapfre, Iberia, Zara, Meliá y Cabify. Entre las holandesas aparecen Unilever, Heineken y Philips. Las inversiones francesas incluyen a Louis Dreyfus Company, TotalEnergies, Eramet, Peugeot, Citroën, Michelin, Carrefour, Air Liquide, Danone y L’Oreal. Alemania, por su parte, está representada por Mercedes-Benz, Volkswagen, Bayer, BASF y Siemens.

Cuáles son los sectores que más capital atraen

La inversión europea no se distribuye de manera uniforme entre los distintos sectores de la economía. Al cierre de 2025, la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras concentraban los mayores stocks: USD 26.037 millones y USD 18.387 millones, respectivamente. Detrás de esos dos rubros se ubican el comercio, la información y las comunicaciones, y las actividades financieras.

El informe de la BCR señala que “la relevancia de estos sectores refleja tanto el peso histórico de la actividad industrial dentro de la economía argentina, así como el creciente atractivo de los recursos naturales, particularmente en un contexto de expansión de proyectos vinculados a la minería”.

El acuerdo Mercosur-UE como marco

El informe de la BCR fue publicado días después de la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzó a regir el 1° de mayo de este año. En ese contexto, el trabajo analiza qué podría implicar el tratado para los flujos de inversión hacia la Argentina.

Para responder esa pregunta, los investigadores recurrieron a la experiencia de otros países que firmaron acuerdos similares con el bloque europeo. Los datos del BID citados en el informe muestran que Chile registró un aumento cercano al 278% en el stock de inversión europea entre la firma de su acuerdo en 2003 y 2023. Costa Rica exhibió una expansión del 368% en diez años, y Colombia del 82% en el mismo período. Casos como los de Egipto y Sudáfrica resultaron aún más pronunciados, con crecimientos del 924% y del 1.057% desde la firma de sus respectivos acuerdos.

La BCR concluye que el acuerdo Mercosur-UE “da estabilidad regulatoria como mayor posibilidad de integración a las cadenas de valor vinculadas al bloque”, y subraya que “la UE es el principal inversor externo del Mercosur, pero el Mercosur es el quinto destino de IED de la UE”, lo que marca una asimetría que el tratado podría ayudar a reducir.

El punto de partida: Argentina, última en la región

El contexto en el que llega el acuerdo comercial no es el más favorable en términos de captación de capitales. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2025 la Argentina registró el nivel más bajo de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina, con apenas USD 3.134 millones netos.

El stock total de IED acumulado en la Argentina al cierre de 2025, según el Banco Central, ascendía a USD 181.037 millones. De ese total, la mayor parte corresponde a participaciones de capital de empresas extranjeras en firmas locales, mientras que el resto se divide entre distintos instrumentos de deuda con empresas vinculadas del exterior.

Dentro de ese acumulado histórico, el principal inversor individual es Estados Unidos, con USD 32.060 millones, equivalente al 18% del total. España ocupa el segundo lugar con USD 25.715 millones (14%), y Países Bajos el tercero con USD 21.580 millones (12%). Estos tres países en conjunto representan el 44% del stock total de inversión extranjera en el país. Cuando se agrupa por bloques, sin embargo, la Unión Europea desplaza a Estados Unidos y pasa a liderar el ranking, dado que los capitales de sus 27 miembros suman más de USD 73.000 millones.

La empresa estadounidense Doe Run Resources, perteneciente al grupo empresarial Renco Group y controlada por el multimillonario Ira Rennert, llegó a un acuerdo extrajudicial por 150 millones de dólares con 1.373 peruanos que denunciaron haber sido envenenados por metales pesados durante décadas de operación de la fundición de La Oroya, en la región andina de Junín.

El monto pactado, según fuentes cercanas consultadas por Infobae Perú, representa solo una vigésima parte de los casi 3.000 millones de dólares que inicialmente reclamaban los afectados por daños a la salud.

Doe Run y un acuerdo tras casi 20 años de litigio

El caso se resolvió en una corte federal de St. Louis, Estados Unidos, justo antes de que iniciara el primero de los cuatro juicios emblemáticos previstos tras 19 años de litigio, de acuerdo con la agencia Reuters.

Según los abogados de los demandantes, Doe Run y los demás acusados no admitieron culpa en el acuerdo, que aún debe ser aprobado por la jueza federal Catherine Perry. Los honorarios legales, a cargo de varios bufetes de EEUU, serán descontados del total a repartir entre los afectados, lo que reducirá el monto final que recibirá cada persona.

La crisis ambiental y sanitaria de La Oroya tiene antecedentes que se remontan a la década de 1920, cuando comenzó a operar el complejo metalúrgico en la ciudad. Diversas evaluaciones confirmaron que las emisiones de plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre provocaron una contaminación severa en aire, agua y suelos.

Estudios de las décadas de 1970 y 1990 revelaron que el 99% de los niños de la zona presentaba niveles de plomo en sangre peligrosamente elevados, con consecuencias como daño cerebral, dificultades respiratorias y problemas cognitivos.

En 1997, el complejo fue privatizado y adquirido por Doe Run, que se comprometió a realizar mejoras ambientales. Sin embargo, la empresa incumplió sus compromisos, suspendió operaciones y se declaró insolvente en 2009, dejando un grave pasivo ambiental.

Demandas en Estados Unidos y fallos internacionales

El litigio en Estados Unidos se inició en 2007, cuando miles de residentes de La Oroya demandaron a Doe Run y al grupo Renco, argumentando que las decisiones empresariales que afectaron su salud se tomaron en territorio estadounidense.

El acuerdo extrajudicial de 150 millones de dólares, anunciado esta semana, llega tras años de procesos judiciales y negociaciones. En paralelo, el caso ha tenido una dimensión internacional.

En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por violar los derechos al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de La Oroya, ordenando atención médica integral, estudios de remediación y pago de indemnizaciones.

Doe Run: ¿Un precedente para la justicia ambiental?

Según Reuters, el abogado de los demandantes, Jerome Schlichter, destacó la perseverancia de los afectados durante 19 años de litigio y subrayó la dificultad de acceder a la justicia para personas de zonas rurales y empobrecidas del Perú.

Por su parte, Doe Run sostuvo que la contaminación fue responsabilidad de propietarios anteriores, incluido el propio Estado peruano, y que el acuerdo permite a la empresa “centrarse en su negocio y en la inversión en nuevas tecnologías”.

Así, el proceso judicial en Estados Unidos, aunque sin admisión de responsabilidad por parte de la empresa, busca cerrar un capítulo legal que deja a las víctimas con una compensación muy inferior a la expectativa inicial, pero podría bien marcar un nuevo precedente en la búsqueda de justicia ambiental a nivel global.

El director de la consultora Equilibra, afirmó que los sectores ganadores no están generando puestos de trabajo de calidad suficientes para compensar la destrucción en los rubros tradicionales.

El informe elaborado por Equilibra sostiene que la economía exhibe una dualidad. Entre los sectores perdedores, identificó a la construcción, la industria, parte del comercio y el sector público, donde “los puestos de calidad que se destruyeron, no se han generado en los ganadores”.

Entre los rubros en expansión, el economista mencionó la minería, la energía y la agroindustria, incluyendo la producción de alimentos y la intermediación financiera. No obstante, advirtió que la inversión y la creación de empleo se concentran en los no convencionales, como Vaca Muerta, mientras que en las provincias de Santa Cruz y Chubut se registran despidos y cierres de pozos convencionales.

Sigaut Gravina diferenció este escenario del de los años noventa, ya que, a pesar de la destrucción de empleo en sectores tradicionales, el desempleo no se incrementó de manera significativa por el crecimiento de actividades de baja calificación, que generan empleos refugio.

“Estamos viendo que se crea empleo en servicios no transables y de baja productividad”, puntualizó el economista. Ejemplificó con el comercio informal, vendedores ambulantes, y el crecimiento de ocupaciones ligadas a plataformas como Uber.

“Hay un mercado laboral mucho más flexible que en el pasado... este tipo de empleo en los 90 no existía, pero en muchísimos casos no tenés ningún tipo de seguridad social”, destacó.

La situación genera que, aunque la macroeconomía muestre signos de estabilización, el crecimiento “no se está derramando en el empleo de calidad”. El especialista remarcó que existe una gran cantidad de trabajadores que no logra cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos principales. “Hay mucha gente empleada que no llega a fin de mes y tiene que complementar con trabajo en alguna aplicación”, describió.

El impacto de este fenómeno sobre la estructura social argentina es una de las preocupaciones del economista. “La pregunta es si vamos de alguna manera a latinoamericanizarnos, en el sentido de que la Argentina ha tenido una clase media siempre vigorosa, pujante, y si no se crea empleo de calidad, ese proceso se va a profundizar”.

Otra paradoja que Sigaut Gravina subrayó es la coexistencia de crecimiento económico con caída de la inversión. “Hace cuatro trimestres que la economía crece poquito y al mismo tiempo cae la inversión. Yo analicé las cuentas nacionales desde 1993 y no pasó nunca”.

La explicación reside en la desinversión o el levantamiento de líneas de producción en sectores clave, como la construcción y la infraestructura. Según Sigaut Gravina, las capacidades propias de Argentina en materia de infraestructura se han visto deterioradas, y la obra pública se ha reducido con la gestión de Javier Milei. “El ajuste fiscal siempre va por lo más fácil que es recortar la obra pública”, sostuvo.

En cuanto al futuro, el economista considera que el modelo basado en recursos naturales, como Vaca Muerta, minería de litio y cobre, traerá un fuerte ingreso de dólares, pero también desafíos, como la posibilidad de industrializar los recursos naturales para desarrollar así un entramado industrial más profundo y generar empleo.

Y cuestionó la idea que un trabajador del Conurbano que perdió su empleo en una empresa textil pueda por sí solo mudarse a provincias petroleras o mineras. “A las capacidades humanas hay que formarlas, hay que ayudarlas”. “Creo que este modelo, así como está, no derrama lo suficiente y hay que trabajar. Eso es política pública”.

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En diálogo con Ticmas, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, habló sobre el proceso de reconversión educativa que acompaña el desarrollo minero en la provincia: escuelas técnicas con nuevas especializaciones, carreras en institutos terciarios y convenios con universidades nacionales e internacionales.

La entrevista se realizó en el marco del Ciclo Pilares, un encuentro organizado por el diario Los Andes orientado a analizar temas de tecnología, innovación y desarrollo productivo regional.

—La industria minera está cobrando fuerza, no sólo en la provincia, sino en la región. ¿Qué políticas desarrollan para acompañar la actividad en Mendoza?

—Para Mendoza, la minería fue una actividad económica prohibitiva durante años. Nosotros tomamos la decisión política de llevarla adelante, pero teníamos en claro que necesitábamos la licencia social y necesitábamos reglas claras. Desde el inicio de la gestión, lo primero que hicimos fue aprobar un código de procedimiento minero. Así, cada etapa que lleva adelante la minería, desde la prospección hasta el cierre de minas, tiene reglas claras para que sea una actividad acorde a los estándares que el mundo requiere en cuanto a lo medioambiental y para darle seguridad a la sociedad, para que la considere como algo que puede realizarse en la provincia.

—¿Se trabajó en la sensibilización de la sociedad?

—Trabajamos fuertemente en la licencia social de la actividad, llevando, a través de actores técnicos, información certera a los diferentes ámbitos —ONGs, escuelas, docentes— para sacar las dudas que la sociedad podía llegar a tener. Se han aprobado ya más de setenta y cinco proyectos de exploración. Hay proyectos de explotación y uno que está por empezar es de cobre. Va a ser el primero en el país de los últimos veinte años. Creo que hemos logrado esa licencia. No tenemos conflictividad en las calles, no hay marchas como hubo en algún momento.

—Claro, se hacían los miércoles.

—En algún momento hicieron que se diera marcha al proceso de la minería, porque eran multitudinarias. Hoy son siete personas que se quejan y lo único que hacen es cambiar de cartel: un día es por los jubilados, un día es por la universidad, otro día es por la minería.

—¿La minería de Mendoza va a mirar a Chile o al Atlántico? Me refiero a las exportaciones.

—Es estratégico que nuestra salida sea a través de Chile. Ellos son exportadores natos de minerales; es su principal exportación. Tienen los caminos y los andariveles hechos para salir por el Pacífico.

—¿Eso implica nuevos pasos en la cordillera?

—Implica nuevos pasos, pero también implica pensar en la salida a través de trenes. Hay que pensar la logística a futuro.

—La minería implica también una nueva educación. Con los nuevos empleos, ¿cómo plantean la formación de los estudiantes y la capacitación de los adultos?

—En esto también venimos trabajando fuertemente desde el principio de la gestión. La minería requiere capital humano formado en oficios y profesiones. Hemos trabajado con las escuelas técnicas en las especializaciones que se requieren. Con los institutos terciarios generamos nuevas carreras de logística, de técnicos mineros e incluso de aquello que tiene que ver con la perforación. También hemos hecho convenios con la Universidad Nacional de Cuyo y con la Universidad de Curtin, que es la más importante en minería en Australia, para hacer intercambios de nuestros egresados. Con la Universidad Siglo 21 trabajamos para que aquellos ingenieros que se han formado en alguna rama puedan hacer las materias que se requieren para la ingeniería en minas. Eso está pronto a salir. Formar capital humano es muy importante.

—Mendoza está recibiendo mucha inmigración en los últimos años.

—Sí, pero también se nos ha ido mucho capital humano a trabajar a otras provincias y creemos que los mendocinos quieren volver.

La minería argentina atraviesa uno de los momentos más prometedores de las últimas décadas. La creciente demanda mundial de litio, cobre y minerales críticos, impulsada por la transición energética y las nuevas tecnologías, ha colocado al país en una posición privilegiada para captar inversiones multimillonarias. Sin embargo, disponer de recursos naturales no alcanza. La competencia internacional por esos capitales es feroz y exige marcos regulatorios previsibles, procesos ágiles y reglas de juego estables.

En ese contexto, el Gobierno nacional publicó el Decreto 482/2026, que introduce modificaciones a la reglamentación de la Ley 24.196 de Promoción de Inversiones Mineras. Aunque no modifica los beneficios sustanciales del régimen, sí actualiza numerosos aspectos operativos que habían quedado rezagados frente a la evolución tecnológica y las nuevas exigencias de gestión.

La filosofía que atraviesa la norma parece clara: menos burocracia, más digitalización y mayores controles sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas.

Resulta relevante la modernización del Certificado de Estabilidad Fiscal, probablemente uno de los pilares más importantes del régimen promocional

Entre los cambios más relevantes se destacan la obligatoriedad del domicilio fiscal electrónico, la digitalización de trámites vinculados a importaciones, la integración con la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y seguimiento de inversiones. También se precisan las condiciones para acceder a determinados beneficios y se refuerzan las obligaciones informativas de los sujetos alcanzados por el régimen.

Cada demora administrativa, cada trámite redundante y cada incertidumbre regulatoria terminan elevando el costo argentino y reduciendo la competitividad frente a otros destinos mineros de la región.

El decreto también delimita con mayor precisión quiénes pueden acceder a los beneficios promocionales. Particularmente, los prestadores de servicios mineros deberán acreditar que una porción mínima de su facturación proviene efectivamente de actividades vinculadas a la minería, buscando evitar la incorporación de empresas cuya actividad principal resulte ajena al sector.

Otro cambio significativo se relaciona con el fortalecimiento de los controles. Se precisan las obligaciones informativas anuales y se establecen mecanismos más claros para la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento, incluyendo la suspensión o incluso la caducidad de la inscripción en el régimen. La señal es clara: la simplificación administrativa viene acompañada de mayores exigencias en materia de transparencia y trazabilidad.

La filosofía que atraviesa la norma parece clara: menos burocracia, más digitalización y mayores controles

Resulta particularmente relevante la modernización del Certificado de Estabilidad Fiscal, probablemente uno de los pilares más importantes del régimen promocional. La estabilidad tributaria constituye una condición esencial para proyectos cuyo horizonte de recuperación suele medirse en décadas.

En un país que durante años modificó reiteradamente las reglas impositivas, brindar mayor certeza sobre los alcances y el momento a partir del cual opera dicha estabilidad constituye una señal positiva para los inversores.

También merece destacarse la ampliación de la distancia permitida para integrar yacimientos y plantas de procesamiento, que pasa a 500 kilómetros. Esta modificación reconoce una realidad geográfica evidente: la minería argentina se desarrolla en territorios extensos y muchas veces alejados de la infraestructura industrial disponible. La nueva regulación permite una mayor flexibilidad operativa y favorece el desarrollo de cadenas de valor más eficientes.

La reglamentación incorpora además precisiones respecto de la doble deducción de gastos de exploración, extiende el beneficio de amortización acelerada a bienes reacondicionados y simplifica el procedimiento para solicitar la devolución anticipada del IVA correspondiente a gastos exploratorios. Estas medidas buscan mejorar el flujo financiero de las empresas durante las etapas iniciales de los proyectos, caracterizadas por elevados desembolsos y largos períodos sin generación de ingresos.

La Argentina posee una oportunidad histórica de consolidarse como uno de los grandes proveedores globales de minerales estratégicos

En paralelo, se profundiza la digitalización de las operaciones de importación vinculadas a la actividad minera. El nuevo esquema se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (Vucea) y con el Sistema Informático Malvina, permitiendo validaciones automáticas y reduciendo tiempos administrativos.

Desde una perspectiva ambiental, se reconoce que la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio podrá satisfacer determinados requisitos de previsión para la conservación del medio ambiente, siempre bajo evaluación de la autoridad competente. El objetivo es evitar superposiciones regulatorias y aportar mayor claridad a las obligaciones de las empresas.

Sin embargo, sería un error pensar que la actualización reglamentaria por sí sola alcanzará para transformar el potencial minero argentino en inversiones concretas. Los inversores internacionales observan variables mucho más amplias que un régimen promocional. Analizan la presión tributaria total, la estabilidad macroeconómica, las restricciones cambiarias, la seguridad jurídica, la infraestructura disponible, los costos logísticos y la capacidad de los distintos niveles de gobierno para actuar de manera coordinada.

La competitividad de un proyecto minero no se define únicamente en los despachos de Buenos Aires; también se construye —o se destruye— en cada jurisdicción donde ese proyecto debe operar.

La Argentina posee una oportunidad histórica de consolidarse como uno de los grandes proveedores globales de minerales estratégicos. Pero para convertir esa oportunidad en realidad no alcanza con disponer de recursos geológicos excepcionales. Es necesario construir un ecosistema regulatorio integral que combine promoción, estabilidad y competitividad.

En términos generales, la norma reglamentaria refleja una tendencia que atraviesa buena parte de la agenda económica actual: menos burocracia, más digitalización y mayores exigencias de cumplimiento. Para un sector que requiere inversiones de largo plazo y miles de millones de dólares para desarrollar nuevos proyectos, la previsibilidad regulatoria resulta tan importante como los incentivos fiscales.

Porque en la minería, como en cualquier actividad intensiva en capital, las decisiones de inversión no se toman por los recursos que existen bajo la tierra, sino por la confianza que generan las reglas que rigen sobre ella.

CEO y socio del Dpto. de Energía y Recursos Naturales de Lisicki, Litvin & Abelovich

En la conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, reiteró la urgencia de que los diputados de la Asamblea Legislativa apruebe medidas para contra la minería en la zona, señalando que las consecuencias sociales y ambientales provocadas generan una crisis latente.

La mandataria afirmó que: “Crucitas ya no aguanta más. Es hora que la Asamblea Legislativa se ponga la mano en el corazón”.

Durante su intervención, Fernández destacó el impacto que la minería ilegal ha tenido sobre las comunidades cercanas. En sus palabras, “la desgracia que hoy invade a las familias de esos distritos de San Carlos. Gente luchadora, trabajadora, niños que deberían de tener un futuro por delante, hoy ven sus sueños apagados por la desgracia de la minería ilegal”.

La jefa de Estado dirigió un mensaje directo a los diputados, criticando la presentación de mociones que, según denunció, buscan frenar el avance del proyecto. “No queremos más excusas, queremos soluciones y las queremos de manera inmediata. Este país no está para debates de otros 20 años en este tema”, sostuvo Fernández.

De igual manera, la jefa de Estado señaló que “con respeto, pero con vehemencia les pido que las mociones presentadas de mala fe para atrasar la aprobación de esta importante ley, son mociones que no mejoran el texto, son más mociones presentadas, repito, para atrasarlo con mala fe, y el pueblo de Costa Rica no se merece eso señores diputados”.

Al mismo tiempo, Fernández remarcó que su llamado no responde a intereses personales ni gubernamentales, sino a una demanda nacional. “Señores diputados, les repito, piensen en Costa Rica. Esto no es para hacerme un favor a mí ni al gobierno, esto es para atender una necesidad de nuestro país. Así que, encarecidamente, en nombre del pueblo de Costa Rica, les pido que cumplan con su deber democrático y dejen de patear la pelota de los problemas nacionales para adelante”, expresó la funcionaria.

Detonaciones durante visita presidencial a Crucitas

Las declaraciones de Fernández se producen en un contexto de creciente presión sobre el Poder Legislativo, para que apruebe con urgencia medidas que enfrenten la crisis causada por la minería ilegal en Crucitas.

Sectores políticos y sociales han manifestado posturas encontradas sobre la conveniencia de aprobar la ley, mientras persisten las denuncias sobre los efectos negativos de la actividad minera ilegal en la región.

Durante una reciente visita oficial a la zona de Crucitas, el pasado viernes 19, Fernández enfrentó un episodio que puso en evidencia el alto nivel de riesgo en el área. Mientras recorría el sitio acompañada por funcionarios y vecinos, una detonación repentina interrumpió la actividad y generó un momento de tensión entre los presentes.

El estruendo, escuchado a poca distancia, llevó a la comitiva presidencial a activar el protocolo de seguridad y evidenció la inseguridad que enfrentan tanto los habitantes como quienes visitan la zona.

El hecho, aunque no dejó heridos, ilustró de forma directa el peligro asociado a las actividades ilegales de extracción minera que continúan en la zona.

La expansión de concesiones mineras vinculadas a empresas chinas ha superado los 1.3 millones de hectáreas en Nicaragua, según denunció el ambientalista Amaru Ruiz.

Las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte, concretamente en el territorio miskitu de Kukumine, afrontan la presión de aceptar proyectos extractivos sin consulta previa.

Durante una visita reciente a la zona, captada en video y difundida por habitantes locales, se observó a representantes de la Secretaría de Recursos Naturales, miembros del Ejército de Nicaragua, operadores políticos y ciudadanos de origen chino.

El grupo solicitó a los comunitarios identificar puntos para la toma de muestras geológicas, argumentando que los estudios permitirían evaluar el potencial minero del área.

Evaluación de los intereses mineros en territorios indígenas

En la grabación, subtitulada por la Revista Indígena Centroamericana Prâhaku, se expuso el objetivo de recolectar muestras y enviarlas a laboratorios para su análisis.

Los funcionarios presentes prometieron posibles beneficios, como mejoras en infraestructura y la oportunidad de comercializar oro. Además, reconocieron de manera explícita la intención de que empresas chinas participen en la futura explotación minera.

Entre las frases transmitidas a la asamblea local, una resaltó el enfoque de los visitantes: “Ustedes tienen la riqueza, pero ellos tienen el dinero”. Esta declaración resume la postura de quienes promueven el desarrollo minero en la región.

Temores y cuestionamientos de las comunidades indígenas

El ambientalista Amaru Ruiz advirtió que el material audiovisual demuestra la colaboración de instituciones estatales para facilitar el ingreso de compañías mineras en los territorios indígenas.

Ruiz sostuvo ante el periódico 100% Noticias que los funcionarios del Consejo Regional actúan como promotores de la actividad minera y, en la práctica, como representantes de los intereses empresariales extranjeros.

Ruiz subrayó la inquietud que genera la presencia militar durante estas visitas. Según su análisis, “el Estado debería estar protegiendo a las comunidades frente a los intereses empresariales y frente a la falta de consulta libre, previa e informada”.

El registro en video también recoge el malestar entre los habitantes, quienes temen que los nuevos actores empresariales desplacen a la minería artesanal, fuente histórica de sustento local. Ruiz agregó que los reclamos sobre invasiones de colonos fueron ignorados por los funcionarios, quienes desviaron la conversación.

Incertidumbre sobre el estado legal de las concesiones

El ambientalista precisó que no existe claridad sobre la situación legal de la empresa involucrada en Kukumine. De acuerdo con sus declaraciones, no se sabe si la compañía está apenas solicitando el lote o si ya fue otorgado sin que las comunidades lo sepan. La ausencia de información oficial incrementa la incertidumbre entre los habitantes.

Desde 2021, la organización de Ruiz ha contabilizado el crecimiento constante de concesiones mineras, alcanzando la cifra de más de 1.3 millones de hectáreas otorgadas a empresas vinculadas a capital chino. El ambientalista advirtió que la tendencia continúa al alza, con nuevas autorizaciones registradas de forma periódica.

El avance de inversionistas extranjeros en territorios indígenas y la ampliación de las áreas concesionadas mantienen abiertos los interrogantes sobre la consulta comunitaria, el uso de los recursos naturales y los eventuales beneficios para las poblaciones de la Costa Caribe nicaragüense.

Pese a una prohibición vigente hasta noviembre de 2026, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesión minera en la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable de Iquitos. El hecho fue observado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), que considera que el procedimiento contradice las medidas de protección establecidas por el Estado.

Los petitorios, identificados como Achuny y Jaguar Dorado, fueron presentados en noviembre de 2025 y ahora son objeto de una oposición administrativa que busca anular su tramitación. La controversia se produce mientras la cuenca del Nanay continúa bajo vigilancia por el avance de la minería ilegal y por su importancia para el abastecimiento de cientos de miles de habitantes de Loreto.

La controversia por los petitorios mineros en la cuenca del Nanay

El punto central de la controversia es el Decreto Supremo 022-2024-EM, que suspendió por dos años el otorgamiento de petitorios mineros en la cuenca del río Nanay. Esa medida, según advierten los defensores del territorio, sigue plenamente vigente hasta el 22 de noviembre de 2026. Sin embargo, el Ingemmet habría admitido a trámite dos nuevas solicitudes, lo que para el OMI representa una contradicción directa con la protección establecida por el propio Estado.

La reacción no tardó en llegar desde los frentes ciudadanos que desde hace años alertan sobre la presión extractiva en esta zona amazónica. El Nanay no es un río más en el mapa de Loreto: es la principal fuente de agua potable para Iquitos y varias comunidades aledañas. Por eso, cualquier trámite que abra la puerta a la actividad minera en su cuenca es leído como una amenaza inmediata para miles de familias.

“Es una burla a la población. A las 500.000 personas que dependen del río Nanay. Es increíble como funcionarios dentro del Estado terminan desconociendo sus propias funciones y normativas y poniendo en riesgo una vez más la vida de la gente”, denunció Jose Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos.

La preocupación, además, no se limita al plano administrativo. La protección del Nanay está respaldada por normas regionales y nacionales que han buscado frenar el avance de actividades extractivas en una cuenca considerada sensible por su valor ambiental y sanitario. Entre esas disposiciones figura la Ordenanza Regional 006-2003-CR/RL, que declara la zona como área de exclusión para la extracción minera.

A ello se suma la cercanía de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, un espacio de especial fragilidad ecológica que alberga ecosistemas únicos y especies endémicas. En ese entorno, la sola posibilidad de nuevos procesos mineros despierta alertas por el impacto que podría tener sobre el agua, la biodiversidad y la salud de la población.

La controversia se agrava porque, paralelamente, la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto ha solicitado la ampliación del estado de emergencia para reforzar las acciones frente a la problemática minera en la cuenca. Sin embargo, ese pedido aún no recibe respuesta del Gobierno Central, lo que mantiene a la zona en un escenario de incertidumbre institucional.

Antecedentes judiciales, oposición administrativa y una defensa que sigue abierta

El conflicto por el río Nanay no apareció recién con estos dos petitorios. La discusión ya había llegado al terreno judicial desde fines de 2023, cuando ciudadanos de Iquitos presentaron una demanda de amparo contra el otorgamiento de concesiones mineras superpuestas a la cuenca. El caso avanzó y en agosto de 2024 el Primer Juzgado Civil de Loreto declaró fundada en parte la demanda al reconocer el riesgo sobre el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua potable.

Luego, en enero de 2025, la Sala Civil de Loreto confirmó ese criterio, reforzando la idea de que la presión minera sobre el Nanay no solo es un tema ambiental, sino también un asunto vinculado con derechos fundamentales. Pese a esos antecedentes, el nuevo episodio volvió a instalar la duda sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias restricciones.

Desde el OMI, la lectura es directa: la admisión de los petitorios abre un precedente delicado. Karina Garay, abogada especializada en temas ambientales y vocera del colectivo, sostuvo que el marco legal vigente es claro respecto a la prohibición en la cuenca.

"El decreto establece una prohibición expresa por razones de seguridad y salud de la población de Loreto. Por ello, que una institución del propio Estado admita estos petitorios constituye una grave vulneración de una norma de cumplimiento obligatorio y genera un precedente preocupante, debiendo cualquier trámite o autorización en ilegal”, indicó Garay.

En paralelo, ya se presentó una oposición administrativa que solicita la nulidad de ambos procedimientos por considerar que su tramitación contraviene las restricciones vigentes para la cuenca del Nanay. La solicitud deberá ser evaluada en un plazo de 30 días calendario, un periodo que será clave para determinar si el caso avanza o se frena en sede administrativa.

La controversia ocurre, además, en un contexto marcado por la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. En octubre de 2025, un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sobre la cuenca del Nanay advertía que la actividad ilícita ya había generado una crisis social y ambiental con fuerte impacto en las comunidades ribereñas, especialmente en las mujeres. El documento señalaba también la presencia de 221 balsas mineras activas en 2024 y describía un escenario de contaminación por mercurio, afectación de peces y agua, y debilitamiento de la economía local.

Ese mismo informe recogía testimonios sobre comunidades que han empezado a bloquear ríos para frenar el avance de los mineros ilegales, ante la falta de respuesta estatal. También detallaba que las mujeres asumieron roles de vigilancia y defensa territorial frente a una situación que combina precariedad, violencia y abandono.

Comunidades afectadas y especialistas se reunieron este martes 23 de junio en Lima en el Foro Social “Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería” para debatir sobre la actividad extractiva en Perú, mientras más de 3.000 representantes empresariales participaban en el Congreso Mundial de Minería.

El encuentro alternativo, convocado por organizaciones de la sociedad civil, se realizó en el Hotel Carrera, en el distrito de Lince, con mesas de diálogo abiertas al público. La premisa fue que el debate sobre la minería peruana no puede darse sin la participación de quienes viven en los territorios donde opera esa industria.

El foro reunió a líderes comunitarios, representantes sindicales, académicos e instituciones de derechos humanos que suelen quedar al margen de los espacios donde se toman decisiones del sector. La agenda se organizó en torno a tres ejes: la disputa geopolítica por los minerales estratégicos, los desafíos de la minería artesanal y de pequeña escala y los problemas de gobernanza social y ambiental.

Minerales sin declaración y disputa geopolítica

Uno de los datos centrales del foro surgió de una investigación de CooperAcción: minerales estratégicos valuados en aproximadamente USD 500 millones —entre ellos vanadio, cobalto, galio, germanio, indio y telurio— saldrían del país “ocultos” dentro de los concentrados de cobre y zinc exportados, sin declaración aduanera, sin registro estadístico y sin control.

La cifra corresponde a estimaciones preliminares de 2024 y abarca solo seis minerales de los muchos que podrían estar en esa situación. Esos recursos tienen una demanda creciente por su uso en baterías, motores eléctricos, aerogeneradores, sistemas LED, drones, radares y equipos militares.

El foro presentó la investigación Los minerales ocultos y la disputa por el control de los recursos. Análisis comparativo de los casos de Perú, Chile e Indonesia, que examina cómo esos tres países, principales exportadores de concentrados de cobre del mundo, enfrentan el desafío de extraer valor de esos minerales dentro de sus propios territorios.

Conflictos y condiciones laborales

El 17,6% del territorio nacional está concesionado a la minería. Según la Defensoría del Pueblo y el Observatorio de Conflictos Mineros, los conflictos socioambientales representan el 51,1% del total de casos informados en el país, y de ese total, el 33,7% está vinculado de forma directa con la actividad minera.

Casos como los de Pasco, Espinar en Cusco, Las Bambas en Apurímac, La Oroya en Junín y Colpayoc en Cajamarca formaron parte del debate del foro por los problemas de contaminación ambiental que afectan a las poblaciones locales y sus medios de vida.

La situación laboral del sector también fue analizada. Alrededor del 70% de los trabajadores mineros son contratistas, frente a un 30% que trabaja de forma directa con las empresas. Entre 2001 y 2024 se registraron 11.000 accidentes incapacitantes y 333 accidentes fatales en el sector.

MAPE, concesiones y gobernanza

La minería artesanal y de pequeña escala fue otro de los focos del encuentro. Los participantes señalaron el crecimiento de la MAPE en todas las regiones del país, las continuas prórrogas al Registro Integral de Formalización Minera y los impactos ambientales y laborales asociados a las plantas de beneficio que permiten su “legalización”.

A eso se suma otro dato expuesto en el foro: más del 50% de las concesiones mineras del país está en manos del 1% de los titulares.

Frente a ese panorama, los participantes debatieron la necesidad de construir una nueva gobernanza minera que garantice la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana, la transparencia en la gestión de los recursos naturales y una distribución más equitativa de los beneficios de la actividad extractiva.

El programa del foro incluyó en la mesa de apertura a Steven Emerman, Pavel Aquino, César Flores y Paul Maquet, de CooperAcción, con moderación de Cinthia Navarro, de Oxfam. Las mesas presenciales también contaron con la participación del doctor Víctor Hugo Pachas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Earth First, y de la doctora Gisselle V. Benites, de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.

La implementación del RIGI en Argentina busca atraer capitales mediante beneficios fiscales, pero ¿qué garantías se establecen para el cuidado ambiental ante este modelo de incentivos?

Frente a la creciente demanda mundial de cobre y minerales críticos, el país se posiciona ante una oportunidad histórica. El reciente proyecto Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining en San Juan, refleja este escenario de consolidación.

Vicuña es el primer proyecto minero de cobre en ser incorporado al RIGI como Proyecto Estratégico de Exportación a Largo Plazo (PEELP), la categoría más beneficiosa del régimen. Integrado por los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, podría implicar inversiones superiores a los 15.000 millones de dólares y una producción anual cercana a las 395.000 toneladas de concentrado de cobre, posicionando al país como un actor fundamental en el mercado regional.

Una de las principales preocupaciones señaladas en torno a los grandes proyectos mineros en Argentina se vincula con los permisos ambientales, la disponibilidad de agua y la licencia social. La minería de cobre no es una actividad neutra: consume enormes volúmenes de agua, altera ecosistemas y genera pasivos ambientales que persisten décadas después del cierre de un yacimiento. Sin embargo, estos desafíos no reflejan ausencia de regulación, sino la existencia de un marco normativo que ordena la actividad.

La Constitución Nacional equilibra esta tensión: el artículo 75 inciso 18 encomienda promover el desarrollo económico, mientras que el artículo 41 reconoce el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo. Asimismo, el artículo 124 dispone que las provincias son titulares originarias de sus recursos naturales.

Esta base constitucional se integra con la Ley General del Ambiente, el Código de Minería y normativas provinciales. En San Juan, la Ley Nº 504-L prevé rigurosos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, intervención técnica y la potestad de de rechazar proyectos, y demás cuestiones.

Una inversión proyectada para operar durante varias décadas necesita algo más que estabilidad tributaria: requiere acceso al agua, aceptación de las comunidades, evaluaciones ambientales serias y reglas claras. Y eso, en definitiva, también es seguridad jurídica.

Un desafío pendiente: la cooperación ambiental con Chile

Ahora bien, que exista un marco normativo sólido no significa que no haya aspectos susceptibles de perfeccionamiento. El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, firmado en 1997 y aprobado mediante la Ley Nº 25.243, constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de proyectos binacionales.

En particular, el artículo 12 del Tratado establece que cada Estado aplicará su propia legislación ambiental en su jurisdicción. Sin embargo, ante la magnitud actual de los proyectos y la relevancia del cobre, resulta conveniente avanzar hacia la incorporación de estándares ambientales mínimos comunes.

Esta cuestión no está desarrollada en el tratado. Si bien es fundamental respetar la soberanía regulatoria de cada país, eso no impide promover mecanismos de coordinación para armonizar criterios básicos. Un piso mínimo común no implicaría uniformar leyes ni restringir inversiones, sino fortalecer la cooperación bilateral y brindar mayor previsibilidad frente a impactos que, por su naturaleza, trascienden las fronteras nacionales.

Esta observación excede el caso de Vicuña y podría servir como antecedente para futuras negociaciones internacionales sobre recursos estratégicos. El futuro de la actividad está ligado a una mayor cooperación binacional, donde la gestión ambiental se consolide como pilar de la seguridad jurídica y de la legitimidad de largo plazo.

El valor de una inversión de USD 1.000 en acciones de Southern Copper Corporation hace diez años alcanzó más de 7.300 dólares al 22 de junio de 2026, según estimaciones de Yahoo Finance, portal financiero. Este rendimiento, que excluye dividendos e incluye solo la apreciación del precio, representa una ganancia del 633% en una década, superando el desempeño del S&P 500 y del oro en el mismo período.

De acuerdo con información informada por Yahoo Finance, Southern Copper Corporation (SCCO) mantiene operaciones de minería, exploración, fundición y refinación de cobre y otros minerales en Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Chile y Ecuador. La compañía, con sede en Phoenix, Estados Unidos, posee las mayores reservas de cobre del sector y administra activos en países considerados como grado de inversión, principalmente en México y Perú.

La estructura operativa de Southern Copper se divide en tres segmentos: operaciones en Perú, minas a cielo abierto en México y minas subterráneas mexicanas. Las actividades en Perú, responsables de cerca del 36% de los ingresos, incluyen los complejos mineros Toquepala y Cuajone, junto con plantas de fundición y refinación, infraestructura ferroviaria e instalaciones portuarias asociadas. El segmento mexicano de minas a cielo abierto, que aporta el 58% de las ventas, abarca los complejos La Caridad y Buenavista, mientras que la unidad IMMSA integra cinco minas subterráneas que producen zinc, plomo, cobre, plata y oro, además de una mina de carbón y varias plantas de procesamiento industrial.

El crecimiento frente a mercados y panorama operativo

La evolución bursátil de SCCO en la última década ha superado ampliamente los resultados de referencias clave: el S&P 500 experimentó un alza del 262%, mientras que el oro registró un avance del 212% en el mismo lapso, según datos de Yahoo Finance. La compañía obtiene aproximadamente el 80% de sus ingresos de la venta de cobre, con el resto repartido entre molibdeno, plata y zinc.

El reporte trimestral indica que Southern Copper experimentó una caída del 4% en la producción de cobre durante el primer trimestre de 2026, atribuida a una menor ley de mineral en las operaciones peruanas. Aunque las proyecciones internas anticipan mejoras en la calidad del mineral para el resto del año, la expectativa para el cierre de 2026 apunta a una producción de 915.400 toneladas, un descenso interanual del 5%. También se prevé una reducción en los volúmenes de molibdeno, plata y zinc, aunque la compañía considera que la solidez de los precios de los metales compensaría parcialmente estos descensos.

Perspectivas de inversión y expansión regional

De acuerdo con el medio estadounidense, la demanda global de cobre se mantiene, apoyada por la transición global hacia energías limpias, mientras que el déficit de suministro previsto podría fortalecer los precios. Southern Copper proyecta elevar su producción hasta 1,6 millones de toneladas en la próxima década, respaldada por inversiones superiores a USD 20.500 millones en proyectos ubicados en Perú y México.

El valor de la acción de SCCO aumentó un 7,38% en las últimas cuatro semanas, según el seguimiento de Yahoo Finance. Ninguna estimación de beneficios para el ejercicio fiscal 2026 se ajustó a la baja en los últimos dos meses, mientras que cuatro analistas revisaron al alza sus proyecciones. Actualmente, la expectativa de consenso apunta a un entorno favorable para la empresa, aunque los costos crecientes de energía y mano de obra podrían presionar los márgenes en el corto plazo.

El conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja, que parecía dormido desde hace décadas, volvió a la superficie con fuerza esta semana. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para reafirmar el rechazo histórico de su provincia al decreto-ley 18.004, la norma que desde 1968 fija los límites entre ambas jurisdicciones, y para habilitar acciones judiciales que permitan reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina.

La respuesta del lado de la cordillera fue inmediata y contundente: tanto el gobernador Marcelo Orrego como la Cámara Minera de San Juan rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre el impacto que una disputa de ese tipo podría tener sobre las inversiones en curso.

El detonante inmediato de la escalada es el proyecto Vicuña, la sociedad formada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para explotar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en San Juan, pero con parte de su logística dependiente del territorio riojano. Apenas cuatro días antes del anuncio de Quintela, el Gobierno nacional había aprobado el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, comprometiendo una inversión inicial de USD 9.700 millones con posibilidad de escalar hasta USD 18.000 millones a lo largo de una década. El ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado al emprendimiento como “el mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”.

La aprobación del RIGI otorga a Vicuña beneficios de largo alcance: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por 40 años. Con el conflicto entre La Rioja y San Juan, se enciende la alarma sobre uno de los ejes más sensibles de cualquier inversión: la seguridad jurídica.

Una disputa de décadas que vuelve a escena

El conflicto limítrofe entre ambas provincias tiene raíces en la dictadura. El decreto-ley 18.004, firmado en diciembre de 1968 por el entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía y su ministro del Interior, Guillermo Borda, fijó los límites interprovinciales a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. La norma es precisa en sus definiciones: establece tramo por tramo la línea divisoria entre ambos territorios y deja en claro, en su artículo primero, que los parajes Ichigualasto y Los Baldecitos “quedarán en la provincia de San Juan”.

Sin embargo, en 1973 la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento. Ese rechazo es el que Quintela busca ratificar y proyectar en nuevas acciones legales.

El proyecto enviado a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado a “impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses” de la provincia en las áreas en disputa. Además, crea una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial de carácter permanente, integrada por siete diputados provinciales y miembros consultivos como historiadores, geógrafos y especialistas en minería y cartografía.

La posición riojana sostiene que el acuerdo de 1968 fue perjudicial para sus intereses territoriales y que significó un “despojo” de áreas que hoy tienen enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos. La reactivación del reclamo no es casual: la cordillera sanjuanina se convirtió en los últimos años en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero del país, con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y el propio distrito Vicuña.

El conflicto tuvo un episodio concreto en abril, cuando la Justicia riojana suspendió temporalmente las operaciones en territorio de esa provincia y cerró caminos estratégicos, argumentando que Vicuña no había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente ante las autoridades riojanas.

“Nuestra jurisdicción no está en discusión”

La respuesta del gobernador sanjuanino fue inmediata. A través de su cuenta de X, Orrego descartó cualquier posibilidad de negociación sobre el territorio. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, escribió el mandatario.

Orrego fue más allá y convocó a la unidad política interna ante lo que calificó como una amenaza sobre el patrimonio provincial. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, afirmó.

El argumento jurídico central de San Juan es que la Ley 18.004 no puede ser modificada por una norma provincial. La Constitución Nacional reserva al Congreso la facultad de fijar límites entre provincias, por lo que ninguna legislatura provincial podría alterarlos de manera unilateral. El propio proyecto de Quintela, al mencionar que la Fiscalía de Estado deberá coordinar con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso y recurrir a la Justicia, reconoce implícitamente que el camino no pasa por la sola voluntad de la Legislatura local.

La reacción del sector privado

La Cámara Minera de San Juan también tomó posición de manera pública. En un comunicado emitido este viernes, la entidad advirtió sobre los riesgos que genera cualquier cuestionamiento a las condiciones legales vigentes. “La Cámara Minera de San Juan expresa su preocupación hacia las iniciativas orientadas a cuestionar o desconocer situaciones jurídicas e institucionales consolidadas, cuya estabilidad resulta esencial para el desarrollo de inversiones de largo plazo”, señaló el texto.

La entidad recordó que San Juan construyó durante décadas una reputación basada en la previsibilidad institucional y la continuidad de políticas de Estado, y subrayó que ese historial fue lo que permitió atraer inversiones y generar empleo. “La actividad minera requiere reglas claras y seguridad jurídica. Las inversiones que hoy se encuentran en distintas etapas de desarrollo demandan confianza en las instituciones y en la vigencia de los marcos legales que sustentan las decisiones de inversión”, advirtió la Cámara.

El comunicado incluyó además un llamado a priorizar el diálogo por sobre la confrontación política. “En momentos como los que vivimos, es primordial que prime la racionalidad, el diálogo institucional y una visión clara que permita el crecimiento del país. La actividad minera que impulsa nuestra Cámara puede convertirse, dentro de poco, en un gran complejo exportador, generador de empleo y beneficios económicos para toda Argentina. Es una oportunidad histórica que no debe demorarse y empañarse por discusiones de orden político”, concluyó.

El contexto financiero de La Rioja

La posición de Quintela en este conflicto se produce en un momento de fragilidad fiscal para su provincia. A principios de junio, el propio gobernador reconoció ante Infobae que La Rioja atraviesa dificultades para afrontar el pago de salarios y anunció el retorno de los “chachos”, denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade), cuasimonedas que ya habían sido utilizadas como herramienta de emergencia en el pasado. “Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”, dijo Quintela. La provincia también solicitó al gobierno nacional un adelanto de $85.000 millones en concepto de coparticipación, sin obtener respuesta hasta el momento.

En esa misma entrevista, Quintela había calificado al RIGI como “una entrega total de nuestros recursos” y se había mostrado crítico de la gestión económica nacional. “Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias”, señaló entonces.

Lo que está en juego

Más allá de los argumentos históricos y jurídicos, el trasfondo económico del conflicto es de primera magnitud. Vicuña proyecta una producción promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata, con exportaciones esperadas de USD 6.000 millones anuales una vez en plena operación, una cifra equivalente a la totalidad de lo que exportó la minería argentina en 2025, cuando el sector marcó un récord de USD 6.037 millones. La etapa de construcción demandará 12.000 puestos de trabajo directos y la fase operativa sostendrá 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con más del 81% de los empleados directos oriundos de San Juan.

La relevancia de la provincia en el mapa minero internacional quedó reflejada en el último ranking del Instituto Fraser, de Canadá, que ubicó a San Juan como el 18° (sobre 68) distritos mineros del mundo, con 76,94 puntos sobre 100, lo que la convierte en la jurisdicción más atractiva de América Latina en minería. El informe también identificó entre las preocupaciones emergentes para San Juan precisamente los “conflictos por reclamos territoriales”, una advertencia que cobra mayor relevancia a la luz de la disputa en curso.

¿El asesinato de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la banda criminal Tren de Aragua ejecutado en una operación conjunta realizada por fuerzas de Estados Unidos y Venezuela, llevó la paz a la zona del Arco Minero, en el sur del país?

Un informe de la ONG Provea destaca que en los sectores de Las Claritas y Kilómetro 88 en el estado Bolívar, se respira una aparente “tranquilidad” cargada de incertidumbre por el rumbo que puedan tomar los acontecimientos.

“Lo que no se sabe ahora es qué va a pasar con los mineros. Hay mucha gente inocente que lo que trabaja es para mantener a sus familias. Y en el pueblo hay mucha gente que se beneficia del comercio por el movimiento constante que hay. Ahora no sabemos qué viene”, cita el informe de Provea entre los testimonios de los lugareños.

El mismísimo presidente Donald Trump se encargó personalmente de informar al mundo sobre la muerte de “Niño Guerrero” la noche del viernes 12 de junio. Posteriormente, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó el hecho, sin ofrecer mayores detalles sobre el despliegue policial y militar que liquidó a uno de los delincuentes más buscados de la región.

Zona roja

El reporte de Provea advierte que “el control de los grupos irregulares armados en las zonas mineras ha impuesto una especie de ‘Estado paralelo’, con normas a las que, para su supervivencia, el pueblo se ha adaptado e incluido en su cotidianidad”.

Además de bandas criminales como el Tren de Aragua, en el Arco Minero -área que comprende más de 111 mil kilómetros cuadrados- se ha podido documentar la presencia de las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“La creación del Arco Minero del Orinoco, en 2016, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala -con la consecuente afectación al medioambiente y a los territorios indígenas- y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo”, resalta Provea.

La ONG SOS Orinoco acusa directamente al régimen chavista de “destruir sistemáticamente proyectos formales como Gold Reserve y Crystallex, e incluso los del propio Estado venezolano como Minerven, generando una deuda multimillonaria y abriendo el camino para que la minería informal, destructiva, y las mafias, los grupos armados ocuparan el territorio”.

Nuevos negocios

La decisión del difunto presidente Hugo Chávez de revocar las concesiones mineras otorgadas a las transnacionales, dio pie a una serie de demandas de miles de millones de dólares que hoy forman parte de los compromisos que pesan sobre el Estado venezolano. “No fue ausencia del Estado. Fue un Estado pervertido que protegió y benefició la criminalidad y toda ilegalidad”, sostiene SOS Orinoco.

Tras la caída de Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promulgó en tiempo récord una reforma a la Ley de Minas y recibió en el palacio de Miraflores al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien se hizo acompañar por una comitiva de empresarios del sector minero con el fin de explorar oportunidades de negocios en el país.

Más allá de la eliminación de “Niño Guerrero” y del desembarco de inversionistas norteamericanos, los activistas apuntan que queda mucho trabajo por hacer en el Arco Minero.

“Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional”, alerta Provea.

La minería enfrenta un bajo dinamismo en los primeros meses del año. Esta desaceleración, en un sector que representa 9% del PBI, limita la generación de empleo formal y los encadenamientos que la minería tiene con otras actividades. Más aún, esto ocurre en una coyuntura en que la conflictividad social se ha incrementado y se sitúa como un riesgo a gestionar para el inicio de nuevos proyectos mineros.

Menor dinamismo minero

La producción minera muestra señales de desaceleración en los últimos años. En 2025, el sector tuvo un crecimiento moderado de 2.0%, menor al año previo (2024: +3.2%). La producción de cobre, principal metal de exportación, creció apenas 1.0% impulsada por la extracción en Las Bambas (Apurímac), aunque ello fue parcialmente contrarrestado por menores registros en Antamina (Áncash), debido a trabajos de mantenimiento, y en Cerro Verde (Arequipa) por menor concentración del metal. A ello se suma el limitado avance de la producción de oro (+1.5%) debido a interrupciones en la operación de la minera Poderosa (La Libertad) ante la creciente presencia de la minería ilegal.

En 2026, persiste la desaceleración del sector: entre enero y abril, la minería creció solo 0.5% respecto del mismo periodo del año anterior. Pese a la mayor producción de cobre (+3.6%), la producción de oro se redujo (-4.1%), principalmente por el menor procesamiento del mineral en La Libertad. A ello, se suman las caídas del molibdeno (-7.4%) y del zinc (-4.6%) ante un menor ritmo de extracción de ambos metales en Antamina (Áncash).

Conflictos sociales como factor de riesgo

En este contexto de desaceleración, la conflictividad social asociada a la minería vuelve a ser un riesgo relevante. Entre enero y abril de 2026, tres de cada cinco conflictos socioambientales activos ocurrieron en el área de influencia de la actividad minera. En este periodo, se registraron 58 casos activos en promedio, 16.1% más que en el mismo periodo de 2025 (50). Este escenario puede afectar la producción y retrasar nuevos proyectos: según estimaciones del IPE, los proyectos mineros en el Perú requieren en promedio cerca de 40 años desde el inicio de su etapa de exploración hasta su entrada en producción.

Situación minera en Cusco

El riesgo de la conflictividad y el menor dinamismo del sector se evidencia en Cusco, región donde la minería ya mostró señales de deterioro en 2025. En dicho año, el sector cayó 13.0% debido a la menor producción de cobre (-11.8%). Este resultado respondió tanto a la menor concentración del metal como a las protestas en Espinar, que restringieron el tránsito en el Corredor Minero del Sur y limitaron el traslado del mineral procesado.

Pese a que la producción de cobre en la región creció 6.2% entre enero y abril 2026, la conflictividad sigue latente. A abril, Cusco concentró el 13% de los conflictos sociales en áreas de influencia minera, el tercer mayor registro solo por detrás de Puno (17.5%) y Apurímac (14.0%). Además, las recientes tensiones en Espinar, surgidas por el reclamo de las comunidades acerca de los estudios de impacto ambiental del proyecto Integración Coroccohuayco, evidencian que, sin una gestión pública adecuada de estos conflictos, se continuará postergando el aprovechamiento de la cartera de proyectos mineros.

Recomendaciones En este contexto, es clave acelerar el desarrollo de nuevos proyectos mediante procedimientos administrativos predecibles y con plazos claros, la eliminación de duplicidades y el fortalecimiento de entidades clave como Senace y ANA. Asimismo, se debe mejorar la relación con las comunidades, fortaleciendo la consulta previa, la participación ciudadana, el uso del canon minero para cerrar brechas y el catastro nacional integrado.

Artículo elaborado por Miguel Alzamora, economista sénior del IPE, con lacolaboración de Sandro Sotacuro.

El comercio exterior argentino atraviesa un cambio que va más allá del histórico protagonismo del campo. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestra que la matriz exportadora del país sumó nuevos motores de generación de divisas, con la minería y la energía como protagonistas de un proceso que se aceleró en los últimos años y que ya comienza a modificar el comportamiento estacional del mercado cambiario.

Según la BCR, minería y energía registraron en el primer cuatrimestre de 2026 ingresos netos por comercio exterior de bienes de USD 5.568 millones, el máximo valor del que se tiene registro. La cifra, que surge de los datos publicados por el Banco Central (BCRA), supera en USD 2.098 millones a la de 2025 y más que duplica el resultado observado en 2024. En otras palabras, ambos sectores en forma conjunta duplicaron su capacidad para generar dólares en sólo dos años.

El informe explica que ese salto responde a dos fenómenos que se combinan: “entre el crecimiento productivo del sector energético que aumenta exportaciones y disminuye necesidades de importación y, los buenos precios internacionales de los productos mineros, se configura un escenario positivo en los saldos sectoriales”.

La mejora de estos dos sectores se da en un contexto en el que, siguiendo la clasificación sectorial del BCRA, agroindustria, minería y energía fueron las únicas actividades con saldo positivo en la liquidación neta de divisas por comercio exterior de bienes durante el primer cuatrimestre del año. En conjunto, los tres rubros generaron un ingreso neto de USD 17.605 millones, “un récord y una suba interanual del 20,9%”, según precisó la BCR.

La minería lidera el salto

Dentro del bloque minero y energético, la minería fue el rubro de mayor crecimiento relativo. Aportó USD 2.927 millones, USD 1.372 millones más que en 2025, lo que equivale a una suba interanual del 88%. El petróleo, por su parte, sumó USD 2.877 millones, con un incremento de USD 786 millones respecto al año anterior, equivalente a un 38%.

En sentido contrario, electricidad y gas mantuvieron saldos levemente negativos, aunque de una magnitud reducida frente al aporte positivo de minería y petróleo, y lejos de los desequilibrios registrados entre 2022 y 2023.

El agro sigue liderando, aunque crece a otro ritmo

La BCR remarcó que, pese al avance de minería y energía, “la agroindustria continúa liderando la liquidación neta de dólares por comercio exterior de bienes”. Los cobros netos de los principales complejos agroindustriales totalizaron USD 12.037 millones en el primer cuatrimestre, USD 948 millones por encima de 2025, una suba interanual del 8,6% y el cuarto mayor valor desde al menos 2003 para igual período.

Dentro de ese total, el complejo oleaginoso y cerealero aportó USD 7.590 millones, una baja del 3,6% frente a 2025, aunque continúa explicando cerca de dos tercios del saldo agroindustrial. Alimentos, bebidas y tabaco alcanzó USD 3.236 millones, con una mejora interanual de USD 902 millones, mientras que agricultura, ganadería y otros sectores primarios sumaron USD 1.211 millones, el valor más alto de la serie considerada por la BCR.

La apuesta oficial detrás del nuevo mapa exportador

El crecimiento de minería y energía no es ajeno a la estrategia económica del Gobierno. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo en las últimas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que el país avanza hacia una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería, lo que permitiría un desempeño más equilibrado en la acumulación de reservas a lo largo del año, en contraste con el esquema tradicional concentrado en la liquidación de la cosecha gruesa entre abril y junio.

En ese marco, el equipo económico apuesta a que los proyectos amparados en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) sostengan el flujo de dólares asociado a la etapa de inversión de ambos sectores en los próximos años.

Según datos del Banco Central, el flujo neto de las iniciativas amparadas en el RIGI superó los USD 700 millones hasta abril. Hasta el momento, tuvieron el visto bueno 19 proyectos y la gran mayoría pertenece a los sectores de minería y energía. Sin ir más lejos, el Gobierno aprobó este martes el ingreso del proyecto minero Vicuña, el mayor emprendimiento de la historia del sector en Argentina, con una inversión inicial de USD 9.700 millones,, que podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década.

La minería en Perú busca dar un paso clave hacia la autosuficiencia industrial y desprenderse de la histórica dependencia de la importación de componentes esenciales para su operación.

El nuevo objetivo es fabricar localmente los liners, un componente técnico fundamental que recubre y protege los grandes molinos encargados de triturar el mineral extraído de las minas, permitiendo así la eficiencia y continuidad de las operaciones extractivas.

La posibilidad de producir estos elementos en territorio nacional marca un avance estratégico para la cadena de valor minera sudamericana, tradicionalmente expuesta a demoras, sobrecostos y falta de flexibilidad por depender de proveedores extranjeros.

¿Qué es un liner y para qué metales se usa?

El liner es una pieza técnica que recubre el interior de los molinos industriales, protegiéndolos del desgaste causado por el material en proceso y ayudando a que la molienda sea más eficiente.

Sin este componente, la vida útil del molino se vería reducida drásticamente y el proceso de reducción de tamaño del mineral sería mucho menos eficiente.

Aunque su uso es fundamental en la minería de cobre, los liners también son esenciales para la molienda de oro, hierro y otros minerales estratégicos en la región andina y a nivel global.

Impacto de la industrialización local en la cadena minera

La firma de soluciones Bradken explica para Infobae Perú que producir localmente estos componentes permite reducir tiempos de entrega, bajar los costos logísticos y responder con mayor rapidez a las necesidades de las operaciones mineras.

Esta integración disminuye la vulnerabilidad ante interrupciones globales en el comercio y fortalece la resiliencia de toda la cadena de valor minera. La compañía tiene incluso una nueva operación en Chilca para suministrar estos liners.

No es el único paso: el sector ha avanzado con la incorporación de tecnologías de automatización, digitalización y materiales avanzados. Las nuevas líneas de producción permiten monitorear en tiempo real el desgaste de los liners, anticipar mantenimientos y maximizar la eficiencia operativa.

Para la firma australiana, el desarrollo de estos materiales híbridos y el uso de herramientas digitales está desafiando los estándares de calidad y competitividad en la fabricación de componentes para la minería peruana.

Efecto multiplicador en empleo y servicios industriales

Bradken resalta que la industrialización de estos liners fomenta la formación de polos tecnológicos y la especialización de trabajadores, fortaleciendo el ecosistema industrial vinculado a la minería.

Sostiene que el desarrollo de capacidades productivas locales, además, genera empleo directo en áreas técnicas e industriales, y también impulsa la demanda de servicios en logística, transporte, mantenimiento y suministro de insumos.

Además, las nuevas plantas en Sudamérica priorizan el uso de energías renovables, la economía circular y la reducción de emisiones. “La sostenibilidad es ahora un criterio central en el diseño y operación de instalaciones industriales, con metas de carbono neutralidad y reciclaje de materiales”, señala.

Estos avances responden a regulaciones más estrictas y a la presión de los mercados globales, que exigen una minería más limpia y responsable.

Retos y oportunidades de la cadena regional de suministros mineros

A pesar de los avances, la industria minera sudamericana encara una serie de desafíos estructurales. La creciente demanda global de cobre y minerales críticos, impulsada por la transición energética y la expansión tecnológica, exige una capacidad de respuesta cada vez mayor por parte de los proveedores regionales.

Esto obliga al sector a innovar de manera constante, tanto en materiales como en procesos productivos, para mantener la competitividad frente a actores internacionales con mayor escala y recursos.

Sin embargo, esta búsqueda de autonomía industrial para el tercer mayor productor cuprífero del mundo también abre oportunidades antes no exploradas.

Para países como Perú, apostar por la producción local de componentes clave como los liners, pueden fortalecer su posicionamiento en la minería global, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible e independiente, sentencia.

La región de Crucitas, ubicada en el distrito de Cutris en San Carlos, Costa Rica, se ha convertido en el epicentro de una crisis ambiental y de seguridad, marcada por la intensificación de la minería ilegal de oro y la presencia del crimen organizado. Este escenario fue abordado por la presidenta Laura Fernández durante su conferencia semanal, donde reafirmó que no consentirá el saqueo del oro costarricense y defendió el derecho nacional sobre esos recursos.

Tras la cancelación de un proyecto minero a gran escala promovido por la compañía canadiense Industrias Infinito, la zona de Crucitas experimentó un vacío de control estatal.

Según lo expuesto por el gobierno y documentado por medios como La Nación, cientos de mineros artesanales, conocidos localmente como “coligalleros”, operan clandestinamente en la región, utilizando técnicas que implican el uso de mercurio y cianuro. Estas sustancias han contaminado mantos acuíferos, ríos y suelos, agravando la situación ambiental y poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas.

Por lo que, la mandataria subrayó: “Esa riqueza es de Costa Rica y debería de estarse generando para construir escuelas, para mejorar caminos, carreteras y por supuesto, la seguridad de todo el territorio nacional”. Las autoridades han reconocido que la extensión del área, de aproximadamente 800 hectáreas, supera la capacidad de vigilancia de los cuerpos policiales, quienes enfrentan riesgos crecientes por la actividad delictiva y la presión del crimen organizado.

Para dar seguimiento a la crisis, Fernández encabezará una visita oficial a Crucitas junto a ministros del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Seguridad Pública, Justicia y Paz y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), además del ministro de Salud. El objetivo es realizar una inspección técnica, actualizar las acciones de control y dialogar con las asociaciones de desarrollo local.

La mandataria enfatizó que se trata de una “visita de trabajo” y no de un acto simbólico. También agradeció la disposición de algunos diputados de distintas bancadas para acompañar la visita, señalando las limitaciones físicas o de salud de quienes no podrán asistir, como la diputada Abril Folem del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Debate legislativo y polarización política

La crisis en Crucitas también ha reavivado el debate político sobre cómo gestionar los recursos minerales del país. El 25 de noviembre de 2024, Laura Fernández, entonces ministra de la Presidencia, presentó un proyecto de ley para regular y explotar de manera sostenible la minería en Cutris de San Carlos.

El texto fue consensuado con las principales fracciones legislativas. Sin embargo, el proyecto acumula 651 mociones presentadas, principalmente por el Frente Amplio, la diputada Claudia Dobles y el Partido Liberación Nacional (PLN), lo que ha retrasado su avance en la Asamblea Legislativa.

De igual manera, la presidenta alertó sobre propuestas que buscan transformar Crucitas en una reserva ambiental, cuestionando la viabilidad financiera y operativa de una limpieza total de la zona: “Eso cuesta doscientos millones de dólares aproximadamente… y por arte de magia se van a dejar de meter ahí a robarse el oro”. Recordó que la problemática de la fiebre del oro persiste, pues el conocimiento sobre los yacimientos ya está extendido y el control policial resulta insuficiente ante la magnitud del territorio.

Fernández sostuvo que la única salida sostenible es la aprobación de un marco legal que permita la explotación ordenada y controlada del oro residual, con el Estado como garante de los recursos y la protección ambiental. Durante su gira, también se reunirá con representantes de las comunidades afectadas para escuchar sus demandas y evaluar posibles soluciones.

El futuro de Crucitas depende ahora de la capacidad de la Asamblea Legislativa para destrabar el proyecto de ley. Mientras tanto, la crisis ecológica y de seguridad sigue vigente, con un impacto directo sobre la vida de las familias del norte de Costa Rica.

El litio se ha posicionado como un recurso para la economía mundial, impulsado por la demanda de baterías recargables en teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos.

A medida que la transición energética avanza, el interés por las reservas de litio de este metal crece y ciertos países se vuelven protagonistas del mercado global.

Según el portal especializado en ciencia y tecnología HowStuffWorks y datos respaldados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el valor estratégico del litio ha hecho que gobiernos y empresas intensifiquen la búsqueda y el desarrollo de nuevos yacimientos.

Los países con mayores reservas de litio

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, estos son los 5 países con mayores reservas de litio, ordenados de menor a mayor:

5. Australia: 10 millones de toneladas

Se ha consolidado como líder en la producción mundial de litio, gracias a depósitos de roca dura como Greenbushes, en Australia Occidental. El país ha desarrollado una industria minera con alta tecnología y estándares ambientales cada vez más exigentes, que le permite abastecer principalmente a los mercados asiáticos y europeos.

En los últimos años, Australia ha recibido importantes inversiones extranjeras para expandir su capacidad extractiva y fortalecer su posición global, actuando como proveedor clave para empresas tecnológicas y automotrices.

4. Chile: 13 millones de toneladas

Cuenta con una industria extractiva altamente desarrollada, centrada en el salar de Atacama, una de las zonas más áridas y soleadas del planeta, lo que facilita la evaporación natural en el proceso de obtención del mineral.

El litio es considerado un recurso estratégico en el país, con regulaciones específicas que limitan la participación extranjera y promueven la intervención estatal.

Chile ha mantenido durante décadas una posición de liderazgo en exportación, firmando acuerdos con multinacionales y apostando a la innovación para mejorar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental.

3. Bolivia: 23 millones de toneladas

Las reservas bolivianas se concentran en el salar de Uyuni, el mayor yacimiento sin explotar del mundo.

Bolivia ha impulsado varios planes para industrializar el litio y captar mayor valor agregado, aunque enfrenta desafíos técnicos, logísticos y regulatorios que han limitado la entrada de capital extranjero y el desarrollo de una industria exportadora robusta.

Las condiciones climáticas, la falta de infraestructura y la complejidad de la extracción en salares de alta altitud dificultan el avance de los proyectos, aunque el país mantiene negociaciones para alianzas internacionales.

2. Argentina: 28 millones de toneladas

El litio argentino se encuentra en salares del noroeste, especialmente en la provincia de Catamarca y el salar del Hombre Muerto.

En los últimos años, la industria local ha experimentado un marcado crecimiento debido al interés de empresas internacionales y la multiplicación de proyectos en distintas etapas, que van desde la exploración inicial hasta operaciones comerciales consolidadas.

El sector enfrenta el desafío de combinar el desarrollo productivo con prácticas responsables, avanzando hacia una mayor sustentabilidad y fomentando el diálogo con las comunidades cercanas a los yacimientos.

1. Estados Unidos: 30 millones de toneladas

Lidera el ranking global con la mayor cantidad de reservas estimadas, ubicadas principalmente en Nevada y otras zonas del oeste del país.

Ante el auge de la movilidad eléctrica y la necesidad de reducir la dependencia de importaciones, Estados Unidos ha impulsado políticas para aumentar la exploración, el desarrollo de tecnologías propias y la creación de cadenas de suministro internas.

El país apuesta a asegurar el suministro estratégico para su industria tecnológica y automotriz, priorizando la innovación y el desarrollo de métodos más eficientes y sostenibles.

El Triángulo del Litio, integrado por Argentina, Bolivia y Chile, concentra una parte significativa de las reservas mundiales: Argentina busca capitalizar esa posición con la expansión de proyectos y la atracción de capital extranjero, mientras Bolivia enfrenta limitaciones de infraestructura y marcos regulatorios.

Qué se considera reserva de litio

Las reservas de litio corresponden a los recursos identificados y económicamente explotables en cada país, según las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos. Estas cifras están sujetas a revisión conforme avanzan la exploración y el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción.

El cálculo de las reservas no solo depende de la cantidad de litio presente en el subsuelo, sino también de factores como la viabilidad económica de explotación, el acceso a los yacimientos, la calidad del mineral y los precios internacionales. Por eso, un país puede poseer abundantes recursos geológicos, pero solo una parte se considera reserva si es técnicamente posible y rentable extraerla en el contexto actual.

Desafíos y oportunidades para los países con reservas de litio

Contar con las mayores reservas de litio no garantiza el liderazgo en el mercado mundial. Bolivia, pese a su volumen, enfrenta dificultades para convertir su potencial en ingresos sostenibles, debido a limitaciones de infraestructura, marcos regulatorios y la necesidad de atraer inversiones extranjeras.

Por el contrario, Chile y Australia han logrado consolidar sus industrias extractivas sobre la base de estabilidad política, experiencia minera y acuerdos comerciales internacionales. Ambos países han invertido en investigación y en el cumplimiento de estándares ambientales, factores que les permiten acceder a mercados y asegurar contratos de largo plazo con fabricantes de baterías y vehículos eléctricos.

Estados Unidos, además de liderar en reservas, apuesta a fortalecer su independencia energética mediante la innovación y el desarrollo de tecnologías propias. La competencia internacional por el litio impulsa la cooperación entre gobiernos y empresas, así como la búsqueda de prácticas más sostenibles.

El régimen de Nicaragua otorgó una concesión minera de 11,042,01 hectáreas a la empresa china Sierra Dorada Mining S.A., la primera que recibe esa firma y la duodécima entregada a una compañía de China después de las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, señala una publicación este martes en el Diario Oficial La Gaceta.

La adjudicación amplía la presencia de capital chino en una actividad que ya ocupa más del 8.5 % del territorio nacional, de acuerdo con un informe de la ONG ambientalista Fundación del Río.

La concesión fue otorgada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia y abarca terrenos ubicados entre los municipios de San Pedro de Lóvago, Santo Tomás, La Libertad y Santo Domingo, en el departamento de Chontales, en el centro del país, detalla una publicación de EFE. Se trata de la primera autorización minera concedida a Sierra Dorada Mining S.A.

El nuevo permiso se suma a un proceso más amplio de expansión de concesiones a empresas chinas. Entre 2021 y 2026, el Gobierno sandinista cedió derechos mineros en 84 lotes a 19 compañías de China que ocupan 1,274,908.33 hectáreas, equivalentes a más del 8.5 % del territorio nicaragüense, incluidas áreas protegidas, indígenas y afrodescendientes, según los registros citados por Fundación del Río en el informe Invasión minera china en Nicaragua.

La expansión de las concesiones chinas coincide con sanciones de Estados Unidos

La nueva concesión fue informada semanas después de otra presión internacional sobre el sector. A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras vinculadas con la extracción y comercialización de oro en el país.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con el sector aurífero.

Ese contexto explica por qué la nueva entrega de tierras a una firma china no aparece como un hecho aislado. La concesión a Sierra Dorada Mining S.A. se inscribe en una etapa en la que el sector minero ganó peso en la economía nicaragüense y, al mismo tiempo, quedó bajo mayor escrutinio internacional.

El oro se convirtió en el principal producto de exportación de Nicaragua

Las exportaciones mineras de Nicaragua alcanzaron $2,009.2 millones en 2025, un alza del 44.4 % frente a 2024, cuando totalizaron $1,391.6 millones, según el informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y los datos del Banco Central. Esos números muestran la importancia del sector en la captación de divisas del país.

Dentro de ese desempeño, el oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación nicaragüense. Según datos oficiales, generó ingresos por $1,971 millones, equivalentes al 22.7 % del total exportado, con un volumen de 19.9 toneladas métricas, una marca histórica para el país.

Los principales destinos del oro nicaragüense fueron Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea, de acuerdo con la información oficial. Ese flujo comercial convivió con la ampliación de permisos de explotación en distintas zonas del territorio nacional.

Fundación del Río advirtió en su informe que “los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos’”. Entre esos recursos, la organización mencionó cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

El Gobierno aprobó este martes el ingreso del proyecto minero Vicuña, el mayor emprendimiento de la historia del sector en Argentina, con una inversión inicial de USD 9.700 millones que podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década. El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

El proyecto es desarrollado por Vicuña, la sociedad conformada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, y tiene como eje la explotación de los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en la provincia de San Juan, en el límite con Chile.

“Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”, escribió Caputo en la red social. El ministro subrayó que la aprobación representa “más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos”.

La admisión al RIGI se da bajo la categoría PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo), una figura que otorga beneficios impositivos y legales de largo alcance: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año, levantamiento de controles de capital a partir del tercero y estabilidad fiscal y legal por 40 años. La compañía había solicitado esa adhesión en diciembre de 2025.

“La aprobación del RIGI constituye un paso importante para acompañar el desarrollo de largo plazo de Vicuña. Más allá de las implicancias para las próximas etapas del proyecto, Vicuña ya genera hoy empleo, contratación de servicios y actividad económica en San Juan y la región”, resaltaron fuentes de la compañía frente a la aprobación del proyecto en el marco del régimen.

Producción récord y tres etapas de desarrollo

El proyecto se estructura en tres fases. La primera, con una inversión de USD 7.100 millones entre 2027 y 2030, se concentra en el depósito Josemaría con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora. La segunda etapa incorpora los recursos de óxidos de Filo del Sol para ampliar la capacidad productiva. La tercera prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol, con infraestructura estratégica que incluye una planta desalinizadora de agua y un sistema de transporte de concentrado.

Una vez en plena operación, Vicuña proyecta una producción promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. Las exportaciones esperadas durante la fase operativa ascienden a USD 6.000 millones anuales, un monto equivalente a la totalidad de lo que exportó la industria minera argentina en 2025, cuando el sector marcó un récord de USD 6.037 millones.

En materia de empleo, la etapa de construcción demandará 12.000 puestos de trabajo directos, mientras que la fase operativa sostendrá unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos.

La empresa estima que el 90% de esa mano de obra será de origen local. Según fuentes cercanas a la compañía, Vicuña emplea en la actualidad a 2.615 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.421 se desempeñan en la operación argentina: 580 empleados directos y 1.841 personas a través de empresas contratistas. El 92,6% de la nómina global es de nacionalidad argentina y, entre los empleados directos, más del 81% son oriundos de San Juan.

El RIGI como condición de viabilidad

A comienzos de febrero, en un encuentro con periodistas del que participó Infobae, referentes de Vicuña fueron explícitos sobre el papel del régimen en la decisión de radicar el proyecto en Argentina. “El RIGI es crítico, sin esa herramienta no habría proyecto. Es una gran inversión y es a muy largo plazo. Y, justamente, lo que brinda la normativa es estabilidad de largo plazo para el régimen fiscal, completamente necesario para inversiones de esta magnitud”, afirmaron. Y agregaron: “Los países tienen que crear las condiciones para que las mineras quieran venir a explotar los minerales. El oro no tiene valor cuando está enterrado”.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, había definido al proyecto como “una oportunidad transformacional para la Argentina” y señaló que, como uno de los distritos de cobre sin desarrollar más relevantes del mundo, “tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones”. La concreción del plan, precisó entonces, dependería de una decisión final de los accionistas antes de fin de año.

Actualmente, el volumen de extracción de cobre en la Argentina es marginal. Sin embargo, el país cuenta con reservas de clase mundial que la posicionan como uno de los territorios con mayor potencial en un contexto de demanda creciente del metal para la electrificación global. De hecho, se espera que el país alcance una producción de 1 millón de toneladas anuales hacia la próxima década gracias a la reactivación y desarrollo de proyectos como el de Vicuña.

La polémica del campamento chino

La aprobación del RIGI llega días después de que Vicuña protagonizara una controversia en la industria local. La adjudicación del campamento Batidero —un complejo habitacional de alta montaña destinado a albergar a miles de trabajadores— a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., desató el rechazo de sectores empresariales argentinos.

El consorcio asiático se impuso con una oferta de USD 52 millones frente a los USD 70 millones cotizados por la empresa nacional Modular Homes. La diferencia de USD 18 millones representa apenas el 0,1% del total de la inversión proyectada para Vicuña. La ventaja del proveedor extranjero se apoyó, en parte, en la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos que el propio RIGI habilita: los módulos prefabricados de acero ingresan al país sin pagar arancel.

El complejo prevé una capacidad inicial de 2.500 camas, con posibilidad de escalar hasta 6.000 plazas a medida que avance el proyecto y la demanda de mano de obra trepe hasta los 12.000 trabajadores. El debate instalado gira en torno a los costos para la industria nacional en uno de los proyectos de inversión más grandes de la historia del país.