El recorrido oficial, en el que participaban alrededor de más de 10 diputados de diversas fracciones legislativas, ministros y cuerpos policiales, debió ser interrumpido drásticamente por motivos de seguridad. Mientras la comitiva regresaba de inspeccionar los daños, un fuerte estruendo sacudió la montaña, obligando a los equipos tácticos a intervenir de inmediato.

“Si se atrevieron a hacer una detonación en la montaña... francamente, yo creí que era como una bombeta de esas que revientan en los túneles. Sonó como un ¡pum!, como un eco que se hizo seguro por el bosque. Me sentí yo como en lo que ve uno en las películas; lo agarran a uno del pelo, lo tiran al suelo, lo montan y ¡jalen!”, relató la gobernante sobre la brusca maniobra de evacuación ejecutada por su escolta.

Fernández aclaró que, por protocolo, fue revisada y se encuentra bien, aunque el incidente y las condiciones climáticas obligaron a brindar asistencia médica a cuatro personas, incluyendo a varios diputados que sufrieron crisis nerviosas, golpes de calor y descompensaciones de presión.

Para la mandataria, el ataque no hace más que reflejar el peligro que sufren diariamente los oficiales y los vecinos: “Si se animaron a hacer una detonación hoy con el operativo de seguridad que hay aquí por nuestra presencia, imagínense cómo será un día ordinario para los cuerpos policiales y la comunidad”.

Según explicaron los expertos de seguridad en el sitio, estas explosiones no son inusuales, ya que las bandas criminales utilizan explosivos en el monte para aflojar la tierra y construir las piletas de sedimentación.

El vacío legal: De delito ambiental a crimen organizado

El núcleo del reclamo presidencial se centró en la total ineficacia del marco jurídico actual de Costa Rica para combatir la minería clandestina en la zona norte. Fernández fue enfática en que el país se enfrenta a estructuras de crimen organizado puro y duro, y no a simples infractores ambientales.

“¿Ustedes sabían que la minería ilegal está tipificada como un delito ambiental y que la condena es de dos meses? Tienen toda la razón los policías que nos contaban: ‘Doña Laura, hemos agarrado a sujetos hasta treinta y cinco veces y ni uno solo ha ido a prisión preventiva’. Da lo mismo robarse un nido de pericos que hacer estas piletas de cianuro, porque se tipifica como delito ambiental parejo y no son la misma cosa”.

Por lo que, la mandataria urgió a los legisladores a respaldar una reforma integral en el Código Penal para clasificar la minería ilegal bajo la ley de delincuencia organizada, permitiendo castigos severos y herramientas de investigación punitivas. Explicó que el país cuenta con leyes obsoletas “creadas desde antes de que existiera el Internet”, lo que deja al Estado de manos atadas ante las dinámicas delictivas modernas y transfronterizas.

Por lo que, la presidenta reveló que el Gobierno de la República realiza un gasto insostenible de aproximadamente un millón trescientos mil dólares mensuales para mantener un contingente permanente de 150 policías resguardando las 800 hectáreas de la zona de conflicto. Sin embargo, catalogó este colosal esfuerzo económico como “una gota de agua en una plancha hirviendo”.

Como una muestra de apoyo inmediato a las patrullas fronterizas que operan en condiciones extremas sin agua potable, internet ni señal de radio, la mandataria hizo entrega en el acto de dos cuadriciclos todoterreno y dos vehículos tipo “mula” de tracción 4x4, bienes de alta gama confiscados directamente al narcotráfico mediante gestiones con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Un llamado enérgico a retirar las mociones “chayote”

El proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo, que lleva dos años en el Plenario Legislativo y cuatro en diseño técnico, pretende sustituir el viejo modelo minero por uno moderno que eleve el canon de explotación de un 2% a un 6%, distribuyendo los dividendos directamente entre la Municipalidad de San Carlos, las Asociaciones de Desarrollo Integral y el Estado.

Fernández fustigó duramente la presentación de 658 enmiendas al proyecto por parte de las bancadas del Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio, calificando a muchas de ellas como tácticas dilatorias. “Cuando yo reviso esas mociones... hay mociones, costarricenses, que dicen para cambiar la palabra ‘minería’ por ‘actividad minera’. Es una falta de respeto a los policías y a la gente que vive aquí. Les pido que hagan una labor patriótica y retiren las mociones que son, como decimos, chayote”.

Aunque la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, defendió en la misma conferencia su derecho de enmienda y argumentó la existencia de propuestas alternativas para redistribuir mejor las regalías hacia las escuelas y la seguridad local, coincidió con la mandataria en que la situación ha empeorado drásticamente.

Al cierre de la sesión, Fernández descartó de plano la propuesta de la oposición de abrir una nueva mesa técnica sin plazos definidos, advirtiendo que el sistema democrático pierde credibilidad cuando los políticos postergan las soluciones reales por dos décadas.

La región de Crucitas, ubicada en el distrito de Cutris en San Carlos, Costa Rica, se ha convertido en el epicentro de una crisis ambiental y de seguridad, marcada por la intensificación de la minería ilegal de oro y la presencia del crimen organizado. Este escenario fue abordado por la presidenta Laura Fernández durante su conferencia semanal, donde reafirmó que no consentirá el saqueo del oro costarricense y defendió el derecho nacional sobre esos recursos.

Tras la cancelación de un proyecto minero a gran escala promovido por la compañía canadiense Industrias Infinito, la zona de Crucitas experimentó un vacío de control estatal.

Según lo expuesto por el gobierno y documentado por medios como La Nación, cientos de mineros artesanales, conocidos localmente como “coligalleros”, operan clandestinamente en la región, utilizando técnicas que implican el uso de mercurio y cianuro. Estas sustancias han contaminado mantos acuíferos, ríos y suelos, agravando la situación ambiental y poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas.

Por lo que, la mandataria subrayó: “Esa riqueza es de Costa Rica y debería de estarse generando para construir escuelas, para mejorar caminos, carreteras y por supuesto, la seguridad de todo el territorio nacional”. Las autoridades han reconocido que la extensión del área, de aproximadamente 800 hectáreas, supera la capacidad de vigilancia de los cuerpos policiales, quienes enfrentan riesgos crecientes por la actividad delictiva y la presión del crimen organizado.

Para dar seguimiento a la crisis, Fernández encabezará una visita oficial a Crucitas junto a ministros del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Seguridad Pública, Justicia y Paz y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), además del ministro de Salud. El objetivo es realizar una inspección técnica, actualizar las acciones de control y dialogar con las asociaciones de desarrollo local.

La mandataria enfatizó que se trata de una “visita de trabajo” y no de un acto simbólico. También agradeció la disposición de algunos diputados de distintas bancadas para acompañar la visita, señalando las limitaciones físicas o de salud de quienes no podrán asistir, como la diputada Abril Folem del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Debate legislativo y polarización política

La crisis en Crucitas también ha reavivado el debate político sobre cómo gestionar los recursos minerales del país. El 25 de noviembre de 2024, Laura Fernández, entonces ministra de la Presidencia, presentó un proyecto de ley para regular y explotar de manera sostenible la minería en Cutris de San Carlos.

El texto fue consensuado con las principales fracciones legislativas. Sin embargo, el proyecto acumula 651 mociones presentadas, principalmente por el Frente Amplio, la diputada Claudia Dobles y el Partido Liberación Nacional (PLN), lo que ha retrasado su avance en la Asamblea Legislativa.

De igual manera, la presidenta alertó sobre propuestas que buscan transformar Crucitas en una reserva ambiental, cuestionando la viabilidad financiera y operativa de una limpieza total de la zona: “Eso cuesta doscientos millones de dólares aproximadamente… y por arte de magia se van a dejar de meter ahí a robarse el oro”. Recordó que la problemática de la fiebre del oro persiste, pues el conocimiento sobre los yacimientos ya está extendido y el control policial resulta insuficiente ante la magnitud del territorio.

Fernández sostuvo que la única salida sostenible es la aprobación de un marco legal que permita la explotación ordenada y controlada del oro residual, con el Estado como garante de los recursos y la protección ambiental. Durante su gira, también se reunirá con representantes de las comunidades afectadas para escuchar sus demandas y evaluar posibles soluciones.

El futuro de Crucitas depende ahora de la capacidad de la Asamblea Legislativa para destrabar el proyecto de ley. Mientras tanto, la crisis ecológica y de seguridad sigue vigente, con un impacto directo sobre la vida de las familias del norte de Costa Rica.

Mejía afirmó ante el gabinete que la salida de Hernández no se debió al operativo contra la caravana de alias Calarcá en Antioquia, sino a investigaciones sobre presuntos vínculos con la minería ilegal y hechos de corrupción. El debate revela tensiones internas en las Fuerzas Militares y expone conflictos sobre el manejo de denuncias y operativos en el país.

Contradicciones públicas sobre la salida de Hernández

El martes 16 de junio, el director de la Uiaf, Wilmar Mejía, respondió públicamente a las declaraciones realizadas por el general retirado Jorge Ricardo Hernández.

Según Mejía, Hernández salió a denunciar en medios que fue retirado del Ejército tras encabezar el operativo contra alias Calarcá, líder de disidencias de las Farc, lo cual calificó como falso. “Eso no es cierto”, afirmó el funcionario en presencia de Petro, que intervino para ampliar la explicación oficial sobre el caso.

El jefe de Estado recordó que medios de comunicación señalaron supuestos vínculos entre altos oficiales y alias Calarcá, pero sostuvo que “todo lo que indica esa investigación es que militares corruptos, que reciben dinero del oro, entonces, pues fueron encontrados en eso. Y uno es el general que dice que ahora es porque estuvo con lo de Calarcá”.

El presidente puntualizó que la decisión de retiro no provino del Gobierno, sino de las propias Fuerzas Militares, tras hallazgos relacionados con tráfico de oro y otras actividades ilícitas. “Obviamente, es la Fiscalía la que tiene que determinar si es así o no”, añadió Petro.

Investigación por minería ilegal y corrupción

El director de la Uiaf insistió en que la causa del retiro de Hernández está asociada a investigaciones disciplinarias y penales.

“La invitación a este general es que diga la verdad. A él no lo sacaron por el operativo de Calarcá, sino por sus posibles vínculos con la minería ilegal en el departamento de Antioquia, como muchos otros oficiales que han pasado por ese departamento”, sostuvo Mejía.

Según el funcionario, existen expedientes en la Inspección del Ejército y en la Fiscalía General de la Nación que vinculan a Hernández con un entramado de corrupción que incluye el desvío de recursos públicos y contratos asociados a la logística militar.

En palabras de Mejía, “se robaban los recursos de los servicios públicos, pero además de la obra pública y de otros contratos que están asociados a la logística del Ejército”. El director de la Uiaf informó que solicitó al Ministerio de Defensa acceso a las investigaciones para realizar análisis financieros sobre los generales y altos oficiales implicados, con el fin de esclarecer el alcance de las actividades ilícitas dentro de la institución.

Versión de Hernández: represalia y falta de respaldo institucional

Por su parte, el general retirado Jorge Ricardo Hernández explicó en entrevista con Noticias RCN que su salida respondió a una “incomodidad” del Gobierno tras el operativo del 23 de julio de 2024, cuando fue detenida la caravana de alias Calarcá en Antioquia.

Hernández aseguró que no recibió reconocimiento oficial por la captura y que la medida se dio en el contexto de una depuración que habría dejado fuera a más de 70 generales entre 2022 y 2026.

El excomandante de la IV Brigada del Ejército manifestó que la acción contra “Calarcá” fue tratada como un hecho incómodo para la administración, y que la explicación formal de su retiro incluyó referencias a una investigación disciplinaria, así como a “lo que pasó en Medellín”.

El general relató que la falta de respaldo se evidenció en un “silencio absoluto” de sus superiores. Expuso que los mensajes sobre la molestia oficial se manifestaron en traslados y exclusión de estímulos, y que al comunicarle su retiro le mencionaron que el Gobierno estaba incómodo con su labor.

Según Hernández, esa reacción muestra una asimetría en la política de seguridad, pues observó una menor contundencia operativa frente al grupo de alias Calarcá respecto al tratamiento dado a las disidencias de alias “Iván Mordisco”.

El Gobierno de Perú dispueso la prórroga por sesenta días calendario del estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata, así como en Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu, en el departamento de Madre de Dios.

Esta medida, que extiende la declaratoria inicial del 16 de abril de 2026, responde a la persistencia de situaciones que afectan el orden interno, vinculadas a la criminalidad, la violencia y el crimen organizado, según lo estipula el Decreto Supremo Nº 093-2026-PCM.

El texto publicado en el diario El Peruano señala que la decisión se apoya en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, que establece como deber del Estado garantizar los derechos humanos y proteger a la población ante amenazas contra su seguridad. El numeral 1) del artículo 137 faculta al Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, a decretar estados de excepción, como el estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o graves circunstancias que afecten la vida nacional.

En tales contextos pueden restringirse derechos constitucionales relacionados con la libertad y seguridad personales, inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión y de tránsito.

De acuerdo con el decreto, la prórroga del estado de emergencia tendrá una duración de sesenta días calendario a partir del 16 de junio de 2026. La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno en las zonas involucradas, con apoyo de las Fuerzas Armadas para la ejecución de operaciones diseñadas a partir de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.

Justificación y alcance

La solicitud de extensión fue elevada por la Comandancia General de la PNP mediante el Oficio Nº 571-2026-CG PNP/SEC. El pedido se fundamenta en informes reservados de la Unidad de Planeamiento de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y de la Región Policial Madre de Dios, que documentan la necesidad de continuar con las acciones policiales para combatir y neutralizar la tala y minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.

Según el documento, la medida busca enfrentar hechos vinculados tanto a la delincuencia común como al crimen organizado, entre los figura la minería ilegal, así como otras expresiones de violencia que alteran el orden interno.

Durante el periodo de vigencia, se restringen derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a los artículos 2 y 137 de la Constitución.

Para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y de otro tipo de carácter masivo, se requiere solicitar autorización a las autoridades competentes. Las actividades no masivas pueden llevarse a cabo sin permiso previo.

Intervención de autoridades

El Decreto Supremo establece que la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se rige por el marco legal previsto en los Decretos Legislativos Nº 1186 y Nº 1095, que regulan el uso de la fuerza por parte de ambas instituciones.

Las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo de la Policía Nacional, en tanto persista el control del orden interno bajo la responsabilidad de esta última.

Además, se aplican los lineamientos del “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 002-2023-MIMP, así como las disposiciones de la Ley de Migraciones para el control de ingresos y salidas del territorio nacional.

Durante la prórroga dispuesta, se mantienen vigentes las medidas decretadas en el Decreto Supremo Nº 055-2026-PCM, que estableció el Estado de Emergencia inicial.

El documento lleva la firma del presidente José María Balcázar Zelada, el presidente del Consejo de Ministros Luis Enrique Arroyo Sánchez y los titulares de las carteras de Ambiente, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ordenó este mes la suspensión inmediata de actividades de explotación minera en zonas no autorizadas de la cuenca del río Fonce, una de las fuentes hídricas estratégicas del sur de Santander. La medida responde a denuncias de comunidades rurales sobre presuntas irregularidades en la extracción de materiales de construcción.

El pronunciamiento oficial de la CAS llegó tras una visita de inspección y vigilancia ambiental en municipios como Socorro, Cabrera y Palmar, donde habitantes de la vereda Baraya y el sector El Hoyo alertaron sobre el avance de frentes de explotación minera cerca de fuentes hídricas y ecosistemas sensibles. En su comunicado, la entidad detalló: “CAS ordena suspensión inmediata de explotación minera ilegal en zonas cercanas a la cuenca del río Fonce”.

Durante la inspección técnica, los funcionarios de la CAS verificaron la existencia de varios frentes de explotación asociados al título minero DAO-151. La autoridad ambiental determinó que algunas de estas actividades se desarrollaban por fuera de los límites autorizados por la Agencia Nacional de Minería y la propia corporación. Según el informe oficial, esta situación generó preocupación por el riesgo de afectación directa sobre microcuencas, afluentes, ecosistemas estratégicos y zonas agrícolas.

Según la entidad, “el desarrollo de actividades mineras por fuera de las áreas autorizadas puede generar impactos ambientales significativos sobre los recursos naturales y las comunidades del territorio”. El comunicado agrega que las extracciones irregulares podrían alterar el abastecimiento de agua y la productividad agrícola en la provincia Comunera, así como comprometer el equilibrio de los ecosistemas locales.

La CAS impuso una medida preventiva: la suspensión inmediata de todas las actividades mineras detectadas en zonas no autorizadas, mientras avanza el proceso sancionatorio ambiental conforme a la Ley 1333 de 2009 y su modificación de 2024. El procedimiento busca establecer las responsabilidades y el alcance de los posibles daños generados.

La actuación de la autoridad ambiental tuvo origen en la presión de los habitantes de las veredas afectadas, quienes insistieron en la necesidad de controlar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Líderes comunitarios venían señalando el impacto potencial sobre las fuentes hídricas utilizadas por poblaciones rurales y productoras de la región.

La CAS reiteró públicamente su compromiso con la protección de los recursos naturales y anunció que mantendrá el seguimiento técnico y las acciones de control en la zona para garantizar el cumplimiento de la suspensión e impedir nuevas intervenciones no autorizadas.

De acuerdo con la autoridad ambiental, la medida permanecerá vigente mientras se desarrollan las investigaciones y se determina la magnitud de las posibles afectaciones. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia para las actividades extractivas en áreas de alta sensibilidad ambiental.

Mientras la cuenca del río Fonce se encuentra bajo medidas de protección ambiental, el Ministerio de Ambiente ha dado a conocer una nueva decisión orientada a resguardar ecosistemas estratégicos en el país. Recientemente, la entidad formalizó la Reserva de Recursos Naturales Renovables “Corazón del Mundo” en la Sierra Nevada de Santa Marta, delimitando un área de 1,5 millones de hectáreas, en las que quedan vetadas las nuevas explotaciones mineras y de hidrocarburos.

Esta resolución impide que se otorguen futuros permisos para actividades extractivas de combustibles fósiles dentro del territorio protegido. Según la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, la reserva permite el desarrollo de actividades agrícolas, proyectos turísticos y otras iniciativas consideradas sostenibles, sin afectar la propiedad privada ni los procesos de titulación de tierras.

La medida no altera la autonomía de los pueblos indígenas de la sierra, quienes seguirán ejerciendo autoridad sobre sus territorios. La decisión del Ministerio responde a una solicitud del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), representante de los pueblos Wiwa, Kogui, Kankuamo y Arhuaco. Con esta disposición, la protección ambiental sobre la región se amplía de manera permanente, superando la cobertura provisional que existía desde hace unos meses.

Dos militares ecuatorianos resultaron heridos durante un enfrentamiento con un grupo de civiles armados en una zona de minería ilegal ubicada en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. El Ejército de Ecuador informó además que, de manera preliminar, existen indicios de que también habría personas fallecidas y heridas entre los atacantes, aunque no precisó el número de víctimas.

El hecho ocurrió en el sector de Taruka, en el municipio de Cascales, mientras las Fuerzas Armadas desarrollaban operaciones relacionadas con el denominado “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno de Daniel Noboa contra las bandas criminales. Según las autoridades, los soldados realizaban labores de patrullaje cuando fueron atacados con disparos.

Tras la agresión, los uniformados respondieron utilizando la fuerza de manera legítima y progresiva, de acuerdo con los protocolos establecidos por la institución militar. Los dos militares heridos fueron evacuados para recibir atención médica.

De acuerdo con el Ejército ecuatoriano, la operación se desarrollaba en una zona donde se adelantan actividades ilegales relacionadas con la extracción minera.

La institución señaló que las tropas fueron sorprendidas por hombres armados y que, posteriormente, repelieron el ataque.

La información oficial indica que los hechos ocurrieron en una región estratégica debido a su cercanía con Colombia y a la presencia de estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Ejército mantiene ofensiva contra grupos criminales

Las autoridades ecuatorianas aseguraron que las operaciones militares en esa región continuarán.

El Ejército recordó que estas acciones se han intensificado desde enero de 2024, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno y catalogó como organizaciones terroristas a varias bandas criminales.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas han aumentado los operativos contra grupos vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

La institución militar explicó que la presencia de estos grupos en zonas fronterizas representa uno de los principales desafíos de seguridad para el país.

Aunque el Ejército no reveló la identidad de los civiles armados involucrados en el enfrentamiento, sí indicó que la operación se mantiene en desarrollo y que las autoridades continúan verificando lo ocurrido.

Noboa ha reforzado la presencia militar en la frontera con Colombia

En los últimos meses, el presidente Daniel Noboa ha ordenado fortalecer los controles militares en el norte del país.

El mandatario ecuatoriano ha manifestado en diferentes ocasiones su preocupación por las actividades criminales que operan en las zonas limítrofes y ha señalado que, a su juicio, Colombia no actúa con suficiente contundencia frente a estas amenazas.

Como parte de esa estrategia, Ecuador ha incrementado la presencia de tropas en la frontera y ha intensificado las operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

El enfrentamiento registrado en Sucumbíos se produce en medio de ese contexto y vuelve a poner de relieve la compleja situación de seguridad que enfrenta Ecuador en las áreas cercanas al territorio colombiano.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre las personas que habrían resultado muertas o heridas dentro del grupo armado y señalaron que las investigaciones continúan.

La fracción del Frente Amplio comunicó que, pese a los obstáculos impuestos por el Gobierno, sí participará con una delegación de dos diputaciones en la gira oficial a Crucitas programada para el próximo 19 de junio. A través de un oficio remitido a Presidencia, la agrupación solicitó la habilitación de dos espacios adicionales para asesores, argumentando que la decisión de enviar solo parte de la bancada responde a limitaciones impuestas en la organización de la actividad.

Según la información difundida por el partido, la petición se formalizó la tarde del martes 10 de junio. La misiva requería que, dado que no asistiría la totalidad de la fracción, se permitiera la presencia de asesores parlamentarios. Durante la reunión de jefaturas realizada en la mañana del 11 de junio, el diputado José María Vilalta trasladó la solicitud a la presidenta del Directorio, quien rechazó la petición. Frente a este escenario, el Frente Amplio sostiene que el Gobierno ha puesto todas las trabas posibles para evitar la presencia de la fracción en la gira. No obstante, la agrupación ratificó su compromiso y confirmó la asistencia de dos diputaciones.

En el comunicado, el Frente Amplio destacó que su participación en la gira tiene como objetivo reiterar los peligros asociados al avance del proyecto gubernamental para permitir la minería a gran escala en la zona de Crucitas. Además, la fracción se propone visibilizar la alternativa que impulsa su bancada frente a la propuesta oficial.

La diputada Claudia Dobles Camargo, jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana, también dirigió un oficio a la Presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en el que expone la situación de los legisladores de fracciones unipersonales. Dobles Camargo subrayó que la labor de fiscalización, representación y presencia territorial es indelegable para los diputados, y argumentó que el apoyo de asesores resulta indispensable para cumplir estas funciones en campo.

En su carta, Dobles Camargo solicita la autorización para que al menos dos asesores de su confianza puedan participar en la gira a Crucitas. Sus argumentos se centran en la necesidad de contar con respaldo técnico para el análisis en tiempo real de la información presentada durante la visita, así como garantizar una documentación adecuada de los hallazgos y compromisos surgidos en el marco de la actividad. La diputada defiende que negar dicha solicitud o imponer condiciones restrictivas haría materialmente imposible su asistencia en condiciones dignas y funcionales.

La comunicación también plantea la instalación de una mesa técnica de trabajo para abordar de manera integral la problemática de la zona. Dobles Camargo señala la relevancia de esta instancia en el trámite del Expediente N°. 25.299, Ley contra el crimen organizado en la extracción ilegal del oro y sus actividades conexas. La ausencia de dicha mesa, advierte, ha impedido la construcción conjunta de mociones que acerquen posturas y acuerdos legislativos.

La fracción del Frente Amplio reafirmó su compromiso con la defensa de Crucitas y la promoción de alternativas a la minería a gran escala. Además, reiteró la importancia de establecer condiciones de participación equitativas para todas las bancadas y legisladores, especialmente para quienes integran fracciones unipersonales.

La gira institucional a Crucitas, que se llevará a cabo el 19 de junio, se enmarca en el contexto del debate nacional sobre el futuro de la minería en la zona norte del país. Tanto el Frente Amplio como la Coalición Agenda Ciudadana insisten en la necesidad de transparencia, participación técnica y garantías mínimas para el ejercicio efectivo de la labor legislativa.

Los retrasos en la delimitación del páramo de Santurbán estarían facilitando el crecimiento de la minería ilegal dentro de uno de los ecosistemas más estratégicos del nororiente colombiano. Esa fue la principal conclusión expuesta por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en un nuevo informe de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017.

Los organismos de control advirtieron que, después de más de ocho años de la orden impartida por la Corte Constitucional para realizar una nueva delimitación participativa del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, el proceso continúa sin completarse. Según señalaron, esta situación ha generado consecuencias ambientales, sociales e institucionales que hoy afectan a las comunidades de la región.

La Procuraduría concluyó que la demora ha propiciado el aumento de la extracción ilícita de minerales dentro del ecosistema, además del crecimiento de la informalidad y nuevas dificultades para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que habitan la zona. Las observaciones quedaron consignadas en el XXV Informe de Seguimiento presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander, según información publicada por Blu Radio.

El documento, con corte al 30 de abril de 2026, expone una serie de incumplimientos que, a juicio de los organismos de control, han impedido avanzar hacia una solución definitiva para la delimitación del páramo.

La situación preocupa especialmente porque Santurbán es una de las principales fuentes de agua para miles de habitantes de Santander y Norte de Santander, por lo que cualquier afectación ambiental genera repercusiones que van más allá de las zonas donde se desarrollan actividades extractivas.

Procuraduría llevará hallazgos a la Fiscalía

Uno de los puntos más delicados del informe tiene relación con la capacidad del Estado para ejercer control sobre actividades ilegales dentro del ecosistema.

La Procuraduría sostuvo que la prolongación del proceso ha limitado la capacidad institucional para enfrentar fenómenos como la minería ilegal, situación que continúa generando afectaciones ambientales en la zona de influencia del páramo.

Ante ese panorama, el organismo anunció que remitirá copia del informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las actividades de extracción ilícita de minerales que presuntamente se estarían desarrollando en áreas cercanas a Santurbán.

Los organismos de control consideran que la ausencia de una delimitación definitiva ha generado incertidumbre sobre el manejo del territorio y ha dificultado la adopción de medidas más efectivas para proteger el ecosistema.

Además de las preocupaciones relacionadas con la minería ilegal, el informe identifica otros incumplimientos que comprometen el avance del proceso ordenado por la Corte Constitucional.

Cuestionan al Ministerio de Ambiente por nuevos incumplimientos

La Procuraduría también formuló observaciones sobre el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la ejecución de las órdenes judiciales asociadas a la delimitación.

Entre los hallazgos figura la falta de entrega oportuna del informe de seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de 2026. Según el ente de control, esta situación no es nueva y se viene registrando de manera reiterada desde 2019.

El documento también señala que el Ministerio no ha entregado información técnica solicitada por la Procuraduría relacionada con resoluciones que declararon una zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, en Santander.

Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con los retrasos en las mesas de concertación con las comunidades. De acuerdo con el cronograma oficial, durante el primer cuatrimestre de 2026 debían desarrollarse encuentros en 15 municipios. Sin embargo, el informe concluye que ninguna de las reuniones programadas fue realizada.

Los organismos de control también encontraron deficiencias en la actualización del portal oficial “Santurbán Avanza”, donde identificaron ausencia de información reciente, diferencias entre cronogramas publicados y reportados oficialmente, así como la falta de publicación de varios informes de seguimiento.

Frente a este panorama, la Procuraduría y la Defensoría recomendaron al Ministerio de Ambiente presentar un cronograma definitivo, público y verificable para culminar la delimitación del páramo, establecer fechas concretas para las mesas pendientes y fijar un plazo para expedir el acto administrativo definitivo. Además, anunciaron el traslado de copias a dependencias disciplinarias para evaluar posibles responsabilidades de funcionarios relacionados con los incumplimientos detectados.

La expansión de las economías ilícitas en la Amazonía peruana ha alcanzado un nivel que preocupa a especialistas, organizaciones indígenas y analistas de seguridad. Un reciente informe advierte que actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras ya no funcionan de manera independiente, sino que se han articulado en una estructura criminal que gana presencia en amplias zonas del país y que amenaza la gobernabilidad en territorios amazónicos.

El estudio, denominado La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, fue elaborado por Amazon Watch junto a organizaciones indígenas y presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El documento plantea que el próximo gobierno enfrentará uno de los mayores desafíos de seguridad de los últimos años, debido al fortalecimiento de redes ilícitas que han logrado expandirse aprovechando la débil presencia estatal y los vacíos institucionales existentes en varias regiones amazónicas.

Minería ilegal y narcotráfico consolidan un sistema de “narcocapitalismo” en la Amazonía

Uno de los hallazgos más relevantes del informe señala que el narcotráfico y la minería ilegal han evolucionado hacia un sistema económico interdependiente que los investigadores describen como una forma de “narcocapitalismo”.

Según el documento, entre 2014 y 2024 las economías ilegales movilizaron al menos US$ 13.341 millones en el Perú. De ese total, la minería ilegal habría generado aproximadamente US$ 7.810 millones, superando incluso a los ingresos vinculados al tráfico de drogas.

Los especialistas explican que ambas actividades se complementan. Por un lado, los recursos obtenidos por el narcotráfico permiten financiar operaciones extractivas ilegales en zonas remotas. Por otro, el oro extraído ilegalmente se ha convertido en uno de los principales mecanismos para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

El informe también identifica zonas consideradas estratégicas para estas organizaciones criminales. Entre ellas figuran el corredor Ucayali-Huánuco, la Cordillera del Cóndor, la denominada Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia, así como diversas áreas de Madre de Dios, una región históricamente afectada por la minería ilegal.

La investigación advierte además sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales que buscan ampliar sus operaciones en territorio peruano. Entre ellas menciona a las disidencias de las FARC, el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital, grupos que tendrían interés en fortalecer rutas y actividades ilícitas vinculadas al mercado internacional de drogas y minerales.

Otro factor que facilita la expansión de estas redes es la utilización de infraestructura compartida. Pistas de aterrizaje clandestinas, rutas fluviales y carreteras rurales son empleadas para movilizar drogas, combustible, maquinaria y oro, dificultando las labores de control y fiscalización.

Comunidades indígenas enfrentan violencia, deforestación y expansión de cultivos de coca

El informe sostiene que los territorios indígenas se han convertido en uno de los principales escenarios de esta expansión criminal. Los datos recopilados muestran que en 2024 se identificaron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas.

La cifra representa un crecimiento significativo respecto a años anteriores. Entre 2018 y 2024, la superficie cultivada con coca dentro de territorios indígenas aumentó 147%, reflejando el avance de las economías ilegales hacia zonas tradicionalmente habitadas por pueblos amazónicos.

Además, los investigadores identificaron una superposición de más de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con áreas vinculadas a la actividad cocalera. A ello se suma la existencia de más de 13.000 derechos mineros ubicados en espacios donde también existen comunidades indígenas.

La situación también tiene impactos ambientales. El documento estima que la minería ilegal ha provocado la deforestación de al menos 47.350 hectáreas de bosques amazónicos, mientras que diversas comunidades reportan niveles preocupantes de contaminación por mercurio.

El reporte alerta igualmente sobre el incremento de la violencia contra dirigentes indígenas. De acuerdo con registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, entre 2013 y 2026 fueron asesinados 35 líderes indígenas en contextos relacionados con conflictos territoriales y actividades ilícitas. La mayoría de estos casos continúa sin llegar a juicio.

Las mujeres indígenas también enfrentan riesgos adicionales asociados a la presencia de economías ilegales, incluyendo restricciones a su movilidad, violencia sexual y trata de personas.

Frente a este escenario, diversas organizaciones indígenas han impulsado mecanismos de vigilancia y autoprotección. El informe destaca experiencias como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo en Ucayali y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica en Junín, iniciativas que realizan patrullajes territoriales, monitoreo comunitario y acciones de alerta frente al ingreso de actores vinculados a actividades ilegales.

Los autores del estudio también cuestionan algunas reformas legislativas aprobadas en los últimos años, las cuales —según señalan— habrían debilitado la capacidad del Estado para perseguir organizaciones criminales y controlar actividades extractivas irregulares. Entre los puntos observados figuran modificaciones normativas relacionadas con investigaciones penales, formalización minera y regulación forestal.

Ante el avance de estas redes criminales, el informe plantea una agenda prioritaria para los primeros 100 días del próximo gobierno. Entre las principales recomendaciones figuran recuperar la presencia estatal en las zonas más afectadas, fortalecer la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad, mejorar la trazabilidad del oro, impulsar la titulación de territorios indígenas y promover una mayor cooperación con las comunidades amazónicas para enfrentar el crecimiento del crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico en la región.

En el sector La Porfía, ubicado en la provincia de Pataz (La Libertad), las fuerzas combinadas del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) ejecutaron dos operaciones consecutivas que permitieron la captura de 26 personas y la incautación de un arsenal de armas de fuego y municiones, según informó el Ministerio de Defensa (Mindef).

Las intervenciones, desarrolladas el sábado 6 de junio, se activaron tras información de inteligencia que alertaba sobre la presencia de la organización criminal “La Nueva Alianza”.

La primera acción, denominada “Centinela de Hierro”, inició a las 05:00 de la mañana. Un despliegue de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), GRECCO, DINOES e inteligencia militar irrumpió en una vivienda de la parte baja de La Porfía, donde presuntos miembros de la red almacenaban armamento de largo alcance.

El resultado fue la detención de 17 personas y la incautación de dos fusiles AKM, dos fusiles R15, una pistola con cargadores y miles de municiones de diversos calibres, además de cacerinas y chalecos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones relacionadas a minería ilegal y delitos conexos.

Horas más tarde, a las 15:30, una segunda operación se activó tras el reporte de un grupo armado que ingresó en camioneta por la garita de la carretera Pueblo Nuevo–Yalen.

Los sujetos se refugiaron en una vivienda rústica cerca de la bocamina de Camilo Villalva. Al detectar la llegada de un dron de vigilancia, los individuos intentaron huir, pero fueron rodeados por el personal policial y militar que ya había establecido un cerco perimétrico.

Incautación de fusiles, subametralladora y chalecos

Durante esta segunda intervención, la acción coordinada entre el CUPAZ, inteligencia militar y la comisaría PNP Alto Pataz permitió la detención de nueve personas más, presuntamente vinculadas a la misma organización criminal.

En el lugar se hallaron dos fusiles AR-15, una subametralladora Mini Uzi modificada, así como municiones y chalecos antibalas. Parte del armamento se encontraba oculto en la vivienda, mientras otras piezas estaban listas para ser trasladadas o utilizadas en actividades ilícitas.

Las operaciones en Pataz forman parte de la estrategia nacional de interdicción contra la minería ilegal y el crimen organizado. El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reafirmó el compromiso de mantener acciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades para enfrentar el avance de redes criminales que operan en regiones mineras de difícil acceso.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan restablecer el control del territorio y prevenir la consolidación de grupos armados que protegen actividades ilícitas.

El despliegue de recursos y personal especializado responde a la complejidad del fenómeno en La Libertad, donde la minería ilegal se asocia a delitos como tráfico de armas, extorsión y amenazas contra comunidades y defensores ambientales.

Las fuerzas del orden mantienen la vigilancia y el patrullaje en zonas críticas, al tiempo que continúan las investigaciones para determinar el alcance de la organización intervenida y la procedencia del armamento incautado.

Las acciones recientes en Pataz se suman a los esfuerzos desarrollados en otras regiones del país para combatir la expansión de la minería ilegal y mitigar los riesgos ambientales y sociales que genera.

Testigos reportaron sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y movimientos de cientos de trabajadores que abandonaban apresuradamente áreas de extracción de oro en Las Claritas y el sector conocido como Kilómetro 88, dos puntos clave del Arco Minero del Orinoco.

La intervención se desarrolla en una zona donde el Estado ha tenido durante años una presencia limitada frente al poder de grupos armados que administran minas, cobran extorsiones y regulan la actividad económica vinculada al oro.

De acuerdo con información citada por Bloomberg, las acciones militares tuvieron como objetivo explotaciones bajo control ilegal. Américo De Grazia, ex diputado por Bolívar y uno de los principales conocedores de la dinámica minera de la región, afirmó que efectivos militares atacaron varios enclaves auríferos mediante bombardeos y disparos, lo que provocó la huida de numerosos mineros.

El régimen venezolano no ha informado oficialmente sobre víctimas, detenidos o posibles enfrentamientos. Tampoco han aclarado si la operación derivó en choques directos con las estructuras criminales que operan en la zona.

Reportes difundidos por medios locales y usuarios de redes sociales muestran helicópteros militares sobrevolando áreas mineras mientras grupos de trabajadores abandonaban el lugar en motocicletas y camiones. Según versiones extraoficiales, el objetivo sería desalojar explotaciones no autorizadas y debilitar a las organizaciones que controlan parte de la actividad aurífera.

La organización International Crisis Group aseguró a Bloomberg haber recibido numerosos reportes sobre movimientos militares en la zona. El investigador Bram Ebus señaló que las fuerzas de seguridad restringieron el acceso a Las Claritas mientras aeronaves operaban sobre distintos puntos cercanos a los yacimientos.

La falta de información oficial ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes.

Las Claritas se encuentra cerca de la frontera con Brasil y es uno de los principales centros de extracción de oro de Venezuela. Durante años se convirtió en destino de miles de personas afectadas por la crisis económica. No solo llegaron mineros tradicionales: también profesionales, empleados públicos, maestros y trabajadores de distintos sectores que encontraron en el oro una alternativa para sostener a sus familias.

Ese crecimiento acelerado estuvo acompañado por la consolidación de grupos armados que asumieron funciones de control territorial. En muchas zonas son estas organizaciones las que determinan quién puede ingresar a las minas, cuánto debe pagarse por trabajar y qué porcentaje de la producción queda bajo su control.

Según Bloomberg, una de las estructuras con mayor influencia en el área es un denominado “Sistema” liderado por un hombre conocido como “Juancho”, quien ejerce un control de facto sobre amplios sectores de la actividad minera.

La intervención militar ocurre además en un momento en que el régimen venezolano busca atraer inversiones al sector minero y aumentar la explotación de recursos considerados estratégicos.

El estado Bolívar concentra algunas de las reservas minerales más valiosas del país. Además del oro, alberga importantes depósitos de bauxita, coltán y tierras raras, minerales con creciente demanda internacional para industrias tecnológicas y energéticas.

La operación en Las Claritas se suma a otros movimientos recientes de las fuerzas de seguridad en la región. En mayo, el régimen reforzó su presencia en Los Pijiguaos, donde se encuentran importantes explotaciones de bauxita, después de reportes sobre actividades atribuidas a grupos guerrilleros colombianos.

De Grazia aseguró que un integrante de una comunidad indígena perdió una pierna tras activar una mina antipersonal presuntamente instalada por esas organizaciones.

Las acciones en el sur de Bolívar vuelven a exponer la compleja realidad de una región donde confluyen enormes riquezas minerales, economías ilegales y estructuras armadas que han consolidado poder durante años.

Aunque las autoridades han realizado intervenciones similares en el pasado, especialistas advierten que la combinación de aislamiento geográfico, intereses económicos y presencia criminal ha dificultado cualquier intento de control permanente sobre uno de los territorios más sensibles de Venezuela.

El Gobierno ejecutó una de las acciones de interdicción contra la minería ilegal más fuertes de este año en Madre de Dios, donde se destruyeron e incautaron bienes, maquinaria e insumos valorizados en más de S/ 64 millones. El operativo se desarrolló de manera simultánea en el distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata, y dejó al descubierto la magnitud de las estructuras montadas por redes dedicadas a la extracción ilícita de oro en una de las zonas más sensibles del país.

De acuerdo con la información oficial, las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de la estrategia nacional contra las economías ilícitas que golpean directamente el patrimonio natural del Perú. Las acciones permitieron desarticular campamentos mineros instalados de forma ilegal dentro y fuera de la Reserva Nacional de Tambopata, un espacio reconocido por su alta biodiversidad.

Operativos en Inambari dejan bienes incautados por más de S/ 64 millones

El primer golpe se ejecutó en el sector conocido como “Isla Córdova”, donde las fuerzas del orden hallaron una gran cantidad de equipos usados para la extracción ilegal de oro. Allí se incautaron bienes valorizados en S/ 62 247 275, entre ellos 95 balsas traca, 90 motores sumergidos, 32 pozas, 95 radiadores y más de 4 700 galones de combustible entre petróleo y gasolina.

En paralelo, otro operativo fue desplegado en el sector “Zorro Valencia”, también en Madre de Dios, donde se intervinieron equipos y materiales valorizados en S/ 2 277 230. En esta zona se decomisaron seis balsas tracas, dos pozas, tres motores, 360 cilindros metálicos, además de cientos de metros de mangueras y alfombras utilizadas para el procesamiento ilegal del mineral.

La intervención en ambos puntos se realizó bajo el amparo del Decreto Legislativo N.° 1100, norma que regula las acciones de interdicción para prevenir y erradicar la minería ilegal en el territorio nacional. Esta base legal permite a las autoridades actuar de forma directa contra campamentos, maquinaria e insumos empleados en actividades extractivas no autorizadas, especialmente en zonas donde el impacto ambiental se vuelve más severo por la cercanía a áreas protegidas.

Las acciones desarrolladas en Inambari forman parte del despliegue coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que mantienen intervenciones en distintos puntos del país para enfrentar las actividades que afectan los recursos naturales. En el caso de Madre de Dios, la presión de la minería ilegal de oro continúa siendo uno de los principales desafíos para la protección de la selva, la fauna y los cuerpos de agua de la zona.

La expansión de la minería ilegal amenaza nuevas regiones de la Amazonía peruana

La problemática de la minería ilegal ya no se limita a los tradicionales focos de extracción en Madre de Dios. Un informe reciente de la agencia internacional AP advirtió que esta actividad se ha extendido hacia regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco, avanzando por ríos remotos y áreas de difícil acceso.

Según el reporte, autoridades peruanas reconocen que este delito tiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional, impulsado por el incremento del precio internacional del oro, que en 2026 bordea los US$ 2.000 por onza.

La investigación también alerta sobre los severos impactos ambientales que genera esta actividad. Las organizaciones especializadas citadas en el informe señalan que los operadores ilegales utilizan maquinaria pesada, dragas y motores para remover grandes cantidades de sedimentos en los cauces amazónicos.

Como consecuencia, extensas áreas de bosque son transformadas en pozas y terrenos degradados en cuestión de semanas, mientras que los ríos presentan altos niveles de turbidez debido a la acumulación de residuos y sustancias contaminantes.

Otro de los riesgos identificados es el uso de mercurio en el procesamiento del oro, un elemento tóxico que termina ingresando a los ecosistemas acuáticos y a la cadena alimenticia. El reporte advierte además que la expansión de la minería ilegal está vinculada al accionar de redes criminales que operan en zonas alejadas de la Amazonía, generando conflictos sociales y amenazas contra comunidades indígenas y defensores ambientales.

La Fiscalía General de la Nación lo acusa de haber promovido el uso de explosivos y mercurio, lo que provocó graves daños a los cuerpos de agua y a la biodiversidad de esta área protegida.

Investigación y captura

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la captura y judicialización de Acosta Yandi forman parte de una estrategia interinstitucional orientada a frenar la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

El ente acusador detalló que el procesado, conocido como alias Guatín, habría dirigido la extracción clandestina de oro entre 2016 y abril de 2023 en los socavones denominados Patequeso y La Martínez” ubicados en el sector Minas del Socorro, sin títulos mineros ni licencias ambientales.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía expuso que Acosta Yandi incentivó la utilización de explosivos y materiales tóxicos, como el mercurio, en el proceso de extracción. De acuerdo con la acusación, esta práctica generó afectaciones al agua, al suelo, a la flora y a la fauna del parque. “Hay afectación al ecosistema altoandino, deterioro de hábitats naturales y presencia de mercurio en cuerpos de agua”, señaló el fiscal del caso.

Cargos y proceso judicial

Por estos hechos, Acosta Yandi fue imputado por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos e invasión de área de especial importancia ecológica.

Durante la diligencia judicial, el procesado aceptó los cargos y, en consecuencia, una juez de control de garantías ordenó su detención en establecimiento carcelario, informó la Fiscalía General de la Nación.

El ente investigador aportó pruebas que vinculan a Acosta Yandi con la comercialización clandestina del oro extraído en Cali, así como en los municipios de Suárez y Santander de Quilichao (Cauca). Las autoridades sostienen que la actividad minera ilegal no solo infringió la normatividad ambiental y minera vigente, sino que también puso en riesgo la salud de las comunidades y la estabilidad de los ecosistemas del suroccidente colombiano.

Impacto ambiental y respuesta institucional

La presencia de mercurio y otros tóxicos en los cuerpos de agua del parque es motivo de alarma para las autoridades y la población circundante. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la contaminación por mercurio altera la calidad del agua y representa un riesgo para la vida silvestre y para quienes dependen de estos recursos hídricos.

En abril de 2026, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció un plan de choque para enfrentar la minería ilegal en los Farallones, tras el llamado de las comunidades del corregimiento La Leonera.

El plan contempla recorridos de reconocimiento, cierres técnicos de minas ilegales y la presencia permanente de Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca.

Como parte de la estrategia, se priorizarán acciones de remediación ambiental y vigilancia epidemiológica para detectar posibles afectaciones en la salud de la población. Además, se activó una mesa de diálogo con las comunidades y se aprobaron recursos por más de $271.000 millones para proyectos de restauración en ecosistemas estratégicos.

Estrategias de control y participación comunitaria

La ofensiva institucional contra la minería ilegal en los Farallones de Cali incluye la coordinación entre la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y autoridades regionales.

Durante la Segunda Mesa Extraordinaria del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), se acordó mantener canales de comunicación con la comunidad de La Leonera y fortalecer la cooperación con organismos internacionales, como parte de un esfuerzo sostenido para frenar la degradación ambiental y proteger la biodiversidad.

Las autoridades reiteran que la minería ilegal constituye una amenaza directa para los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad de los Farallones de Cali.

La minería ilegal se ha consolidado como la principal economía ilícita en el Perú. Según estimaciones del IPE, en 2025 las exportaciones de oro ilegal superaron los US$ 11,500 millones, un monto 6.5 veces mayor que hace una década y casi equivalente al valor del oro legal exportado. Este fenómeno se intensificó en un contexto de precios altos: a junio de 2026, el precio del oro se ubica alrededor de US$ 4,500 por onza, el triple que a inicios de 2019 (US$ 1,300). Como resultado, la inseguridad se elevó en todo el país y en particular en La Libertad, una región con gran presencia de minería ilegal.

Pese al mayor presupuesto, la minería ilegal no para

En los últimos años, la respuesta del Estado frente a la minería ilegal ha sido insuficiente. Las denuncias por minería ilegal registradas en el Ministerio del Interior se triplicaron de 813 a 2,605 entre 2020 y 2025. Pese a ello, el presupuesto nacional destinado a la lucha contra esta actividad creció apenas 4%, ajustando por inflación, entre el 2019 y 2025.

La expansión de la minería ilegal coincide con un deterioro en los indicadores de seguridad. A mayo de 2026, la tasa de homicidios ascendió a 6.2 por cada cien mil habitantes, casi el doble del registrado en 2019 (3.3). Además, seis de los diez distritos con la mayor tasa de homicidios del país tienen presencia de minería ilegal, entre ellos Pataz, en La Libertad, con 166 homicidios por cada cien mil habitantes.

Aumento sostenido de la criminalidad en La Libertad

En 2025, La Libertad registró 415 denuncias por minería ilegal según el Ministerio del Interior, una tasa de 19.2 por cada cien mil habitantes que casi triplica el promedio nacional (7.6). En línea con ello, la seguridad se deterioró: la tasa de homicidios pasó de 6.6 a 12.5 por cada cien mil habitantes entre 2019 y 2025, el doble del promedio nacional (6.6).

Sin embargo, el Reinfo, mecanismo transitorio de formalización, limita la capacidad del Estado para combatir la minería ilegal, ya que otorga protección penal a sus inscritos aun cuando operen en zonas restringidas o incumplan sus compromisos ambientales. En La Libertad, el 15.4% de los aproximadamente 3 mil inscritos figura como suspendido por incumplimiento. Además, se registra una superposición entre inscritos activos y cultivos de coca identificados por Devida, lo que refleja la convergencia de rutas, insumos y estructuras logísticas entre la minería ilegal y el narcotráfico.

Recomendaciones

Las elecciones abren una oportunidad para exigir a los candidatos una estrategia integral para combatir la minería ilegal. Para ello, el IPE identificó siete ejes de acción: (i) formalización con plazos estrictos; (ii) trazabilidad del oro; (iii) interdicción y fiscalización permanentes; (iv) desarrollo alternativo; (v) coordinación interinstitucional; (vi) cooperación transfronteriza; y (vii) presencia sostenida del Estado en territorios afectados.

Fuerza Popular cubre seis de estos ejes en su plan de gobierno. Juntos por el Perú, en su programa de segunda vuelta, aborda solo trazabilidad. No obstante, ninguno propone la eliminación del Reinfo. Así, el debate debe centrarse en lo que La Libertad requiere: plazos efectivos e improrrogables para la formalización, trazabilidad del mineral, coordinación entre instituciones, y presencia permanente del Estado en los corredores mineros de Pataz y Santiago de Chuco. Sin avances en todos estos frentes, la minería ilegal seguirá erosionando la seguridad, el ambiente y la competitividad regional.

Elaborado por Gonzalo Manrique, economista sénior del IPE, con la colaboración de Matías Buendía.

En entrevista con Latina Noticias, Francke fue consultado sobre esta norma, que ha sido objeto de críticas por haber derogado facultades relacionadas con la interdicción de artefactos y materiales explosivos. Sus detractores sostienen que dicha medida habría debilitado las herramientas del Estado para enfrentar actividades vinculadas a la minería ilegal e informal.

Rechaza que sea una “ley procrimen”

Durante la entrevista, el extitular del MEF descartó que la Ley 31989 pueda ser considerada dentro del grupo de normas calificadas como “leyes procrimen”. Según explicó, la iniciativa tuvo un contexto relacionado con la minería artesanal y no debe ser equiparada con otras disposiciones cuestionadas por presuntamente favorecer a organizaciones criminales.

“No creo. Eso tiene una explicación que tiene que ver con la minería artesanal”, afirmó Francke al ser consultado sobre la participación de Roberto Sánchez en la aprobación de la norma. Asimismo, sostuvo que existen otras leyes que, a su juicio, generan mayores dificultades para la lucha contra la criminalidad organizada.

“No está incluída”

La discusión también giró en torno a las iniciativas legislativas que buscan derogar diversas normas cuestionadas por organismos del sistema de justicia. En ese contexto, Pedro Francke fue consultado sobre si la Ley 31989, impulsada por Roberto Sánchez, forma parte del paquete de disposiciones que distintos sectores proponen dejar sin efecto.

El exministro rechazó esa interpretación y sostuvo que la norma no integra el grupo de normativas legislativas que facilitan el crimen organizado. “No, la verdad es que ese detalle me parece que es una distinta, no está incluida dentro de las llamadas leyes procrimen”, afirmó durante la entrevista, al diferenciarla de otras disposiciones que sí han sido objeto de cuestionamientos por su impacto en la lucha contra la criminalidad.

No obstante, se le indicó que la Ley 31989 aparece entre las propuestas de derogación actualmente en discusión. Frente a ello, Francke insistió en que la norma no figura dentro de las iniciativas observadas por el Ministerio Público. “No es las que incluyó la fiscalía. Entonces, tenemos el paquete, no sé qué decirte, hay varios paquetes”, respondió.

¿En qué consiste la Ley 31989?

La Ley N.° 31989 fue promulgada en marzo de 2024 y modificó el marco legal relacionado con la actividad minera en el país. La norma derogó una disposición incorporada previamente por el Decreto Legislativo 1607, la cual facultaba a la Policía Nacional del Perú a intervenir en determinados casos vinculados al uso o posesión de materiales explosivos por parte de personas dedicadas a actividades mineras que contaban con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Antes de la entrada en vigor de esta ley, la disposición permitía a las autoridades adoptar medidas inmediatas frente a quienes desarrollaran actividades mineras utilizando explosivos sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente. Con la derogación de dicho artículo, se eliminó esa facultad específica, lo que generó un debate sobre los alcances de la norma y sus efectos en las acciones de control contra actividades extractivas fuera de la legalidad.

La Ley 31989 ha sido objeto de cuestionamientos por parte de especialistas, exautoridades y sectores vinculados a la lucha contra la minería ilegal, quienes sostienen que la modificación redujo herramientas de fiscalización e intervención estatal. Por otro lado, sus defensores argumentan que la norma estuvo orientada a atender aspectos relacionados con el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, rechazando que su aprobación haya tenido como finalidad favorecer actividades ilícitas extractivas.

El debate sobre el Reinfo emerge en un contexto donde la minería ilegal moviliza alrededor de USD 11.500 millones al año, cifra que ya supera las ganancias del narcotráfico, según el texto fuente. Pese a su impacto económico y criminal, el tema no fue abordado ni en el debate técnico ni en el presidencial, ambos organizados por el Jurado Nacional de Elecciones.

El Reinfo, eje de controversia y señalamiento técnico

Especialistas como César Ipenza, abogado en derecho ambiental y minero, advierten que mantener abierto el Reinfo sin horizonte de cierre no responde a criterios técnicos. Ipenza sostiene que la normativa vigente crea un escenario donde los inscritos pueden “seguir contaminando fuentes de agua y destruyendo bosques sin que las fiscalías ambientales logren procesarlos con eficacia por minería ilegal”.

Esta omisión de un plazo de cierre para el Reinfo se vuelve un punto central en la discusión, dado que el registro, ideado originalmente para formalizar la minería artesanal y de pequeña escala, ha permitido que gran parte de la actividad ilegal permanezca fuera del alcance de la fiscalización efectiva.

Juntos por el Perú: reforma estructural y banca estatal

El plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, propone una reforma estructural del sector minero. La agrupación plantea la redacción de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que busca modificar la estructura de concesiones y operaciones.

Entre los ejes centrales de la propuesta figuran la reducción de los plazos temporales para las concesiones mineras, el incremento de los límites máximos permitidos para la pequeña minería y la creación de cooperativas mineras autogestionadas bajo un modelo similar al boliviano. Además, el partido propone la creación de un Banco Minero administrado directamente por el Estado para financiar al sector.

Según Ipenza, la viabilidad de un banco estatal enfrenta una limitación constitucional, pues la Carta Magna vigente restringe la actividad empresarial del Estado, por lo que la implementación del banco exigiría una reforma constitucional. El especialista recordó también el antecedente de 2012, cuando se creó un fondo estatal para la formalización minera, que no logró resultados significativos.

Fuerza Popular: comandos mixtos y simplificación administrativa

Por su parte, el plan de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, aborda la minería ilegal desde una perspectiva de seguridad y reducción de trabas administrativas. La agrupación propone la creación de comandos mixtos integrados por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y personal de fiscalización de la Sunat para combatir el crimen organizado y desmantelar campamentos ilegales.

En cuanto a la formalización, el partido plantea la implementación de una ventanilla única para acortar los tiempos burocráticos, además de líneas de crédito para la minería artesanal y contratos de cuidado ambiental. Esta propuesta asigna al Estado un rol fundamental de vigilancia y apoyo operativo, pero deja la ejecución y el proceso en manos de las empresas privadas.

Ipenza considera que esta estrategia responde al modelo tradicional de un Estado fiscalizador, asociado históricamente a Fuerza Popular. El abogado subraya que su efectividad dependerá del fortalecimiento presupuestal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la capacidad de romper redes de corrupción en el terreno.

Diferencias y coincidencias en las propuestas

La principal diferencia entre ambas plataformas reside en el instrumento propuesto: Juntos por el Perú apuesta por cooperativas y banca estatal, mientras Fuerza Popular se inclina por operativos conjuntos y la desburocratización de la formalización. No obstante, ambos coinciden en no establecer un plazo para cerrar el Reinfo, omisión que, según Ipenza, mantiene abierto el cuestionamiento técnico central sobre la viabilidad y efectividad de sus propuestas.

El silencio sobre el cierre del registro genera inquietud entre especialistas y organizaciones ambientales, que advierten sobre las consecuencias de mantener un régimen que, en la práctica, facilita la operación de actividades ilegales bajo una apariencia de transición hacia la formalidad.

Impacto económico y ausencia en los debates

La discusión sobre la minería ilegal adquiere mayor relevancia dado que el sector mueve miles de millones de dólares y supera al narcotráfico tanto en volumen económico como en expansión territorial. No obstante, el tema permaneció ausente en los debates presidenciales y técnicos, pese a su peso en la economía y la seguridad nacional.

Ante la inminencia de los comicios, la atención se centra en cómo los próximos gobernantes abordarán el desafío de la minería ilegal y la formalización, en un escenario marcado por la falta de consenso sobre el futuro del Reinfo y la urgencia de respuestas eficaces frente a un problema de alto impacto social, ambiental y criminal.

Un reciente operativo realizado en el norte de Costa Rica concluyó con la detención de 20 migrantes nicaragüenses que presuntamente realizaban minería ilegal en la zona de Crucitas, una comunidad situada muy cerca de la frontera con Nicaragua. Estas personas fueron localizadas dentro de túneles, donde, según las autoridades, extraían recursos de manera ilícita. Tras su captura, todos los detenidos quedaron bajo supervisión de las autoridades para verificar su situación y definir los pasos legales a seguir.

La Dirección General de Migración y Extranjería comunicó que los aprehendidos se encontraban en condición migratoria irregular. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de San Carlos, en donde podrían enfrentar procesos judiciales por infracciones al Código de Minería vigente en Costa Rica. “Todos ellos están siendo verificados para proceder como corresponde”, informó la entidad migratoria.

Durante el operativo, la autoridad migratoria registró en video el momento en que los detenidos eran escoltados por agentes policiales fuera de la zona intervenida. En las imágenes se observa a los migrantes caminando en fila, con las manos sobre el cuello, mientras son custodiados por la policía y una patrulla. El procedimiento fue parte de una acción coordinada entre la Fuerza Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería y otras instituciones estatales, según informó 100% Noticias.

En los últimos meses, Crucitas ha sido escenario de frecuentes detenciones de personas dedicadas a la minería ilegal. Las autoridades han intensificado los patrullajes terrestres, controles en carretera y verificaciones migratorias en puntos clave de la frontera norte. Esta estrategia busca combatir la minería ilegal, el tráfico ilícito de personas, el ingreso irregular al territorio y otros delitos relacionados que afectan la seguridad de la región fronteriza.

La presencia constante de las fuerzas estatales en Crucitas, cerro Chachalaca y cerro Conchuditas responde a la necesidad de proteger a las comunidades locales y resguardar la soberanía nacional. La Policía de Fronteras ha mantenido operativos de vigilancia y patrullaje permanente, con el objetivo de enfrentar no solo la minería ilegal, sino también delitos ambientales, tráfico de armas, narcotráfico y el contrabando de mercancías a través de pasos no autorizados.

Según las autoridades costarricenses, estas actividades ilícitas representan una amenaza directa para la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la frontera. Además, subrayan que los operativos buscan impedir que organizaciones criminales aprovechen las condiciones geográficas de la zona para desarrollar actividades ilegales.

El tráfico ilícito de personas es otra preocupación relevante en el norte costarricense. Los controles migratorios tienen como propósito detectar casos de ingreso irregular y prevenir el avance de redes criminales dedicadas a este delito. En paralelo, se refuerzan medidas contra el contrabando y el tráfico de armas, buscando mantener la estabilidad y la paz en las comunidades fronterizas.

Según la autoridad migratoria, estas acciones fortalecen la capacidad de respuesta institucional y permiten reforzar el control en los sectores más vulnerables. De acuerdo con 100% Noticias, el gobierno costarricense sostiene que la minería ilegal y los delitos conexos no solo afectan los recursos naturales, sino que también ponen en riesgo la seguridad pública y la integridad de quienes residen en la región.

El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia respondió de forma categórica al reportaje publicado por The New York Times el 2 de junio de 2026, en el que se afirmó que la entidad solicitó a Estados Unidos imponer sanciones financieras al oro colombiano.

La cartera negó haber hecho cualquier solicitud para incluir el oro nacional en una “lista negra” y recalcó que esa competencia corresponde exclusivamente al Gobierno nacional, bajo la dirección del presidente de la República.

Controversia tras publicación internacional

La reacción oficial de la cartera de Defensa, en cabeza del ministro Pedro Sánchez Suárez, se dio luego de que el medio norteamericano publicara el artículo “Colombia pidió a Estados Unidos sancionar su oro ilegal. Washington lo compraba”.

En el reportaje, firmado por los periodistas Simón Posada y Justin Scheck, se aseguró que el ministro de Defensa colombiano había elevado una petición formal a la administración estadounidense para sancionar económicamente la industria del oro ilegal, con el objetivo de combatir redes criminales como el Clan del Golfo.

Según el comunicado divulgado por la entidad, “este Ministerio nunca ha elevado solicitud alguna ante el Gobierno de los Estados Unidos para imponer sanciones financieras al oro colombiano ni para promover su inclusión en una denominada ‘lista negra’, como se afirma en el artículo”. Subrayó que únicamente el Gobierno nacional, encabezado por el presidente, tiene la autoridad para tomar decisiones de ese nivel.

The New York Times sostuvo en su texto que la supuesta solicitud colombiana buscaba endurecer el combate a la minería criminal y sus vínculos con estructuras ilegales de exportación de oro, situación que habría puesto en aprietos al Departamento del Tesoro estadounidense.

De acuerdo con el medio, la petición habría coincidido con investigaciones sobre compras de oro procedente de minas ilegales por parte de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

Acciones contra la minería ilegal y contexto de cooperación

El Ministerio de Defensa aprovechó su respuesta para detallar los avances en la lucha contra la minería ilegal. Durante el actual Gobierno, se intervinieron 17.897 minas ilegales y destruyeron 6.471 máquinas industriales utilizadas en actividades de extracción ilícita, lo que representa incrementos del 19% y 67%, respectivamente, frente al mismo periodo de la administración anterior.

Estas cifras, presentadas en el comunicado, reflejan las acciones emprendidas en una política de cooperación internacional para combatir las economías ilícitas y las organizaciones criminales transnacionales.

El ministerio subrayó que la colaboración con otros países permanece activa, pero señaló que las discusiones sobre posibles alternativas para enfrentar el fenómeno minero ilegal no constituyen decisiones oficiales ni solicitudes formales.

De acuerdo con la cartera, “las iniciativas conocidas sobre posibles mecanismos para combatir la minería ilegal hacen parte de escenarios de análisis y evaluación de alternativas, sin que ello implique decisiones adoptadas, solicitudes oficiales o compromisos institucionales por parte del Estado colombiano”.

Intercambio con periodistas y transparencia informativa

Otro punto abordado por el Ministerio de Defensa fue la gestión de información ante los periodistas de The New York Times. La entidad aseguró que respondió de manera oportuna y completa el cuestionario enviado por Simón Posada y Justin Scheck el 14 de mayo de 2026, en el que se consultaba sobre presuntas actividades de minería ilegal cerca de una unidad militar.

La respuesta oficial incluyó la entrega de documentos y soportes requeridos, entre ellos la escritura pública del predio donde se encuentra el Batallón Rifles, en el municipio de Cáceres, Antioquia.

“No es cierta la afirmación del artículo según la cual se negó información por parte de esta Cartera”, destacó el comunicado. En este sentido, la entidad reiteró su disposición a colaborar con los procesos de consulta adelantados por medios internacionales.

Compromiso institucional y respeto a la labor periodística

La respuesta de la entidad concluyó con un reconocimiento a la función de la prensa y un llamado a la transparencia. “El Ministerio de Defensa Nacional reitera su respeto y reconocimiento a la labor periodística que desarrollan los diferentes medios de comunicación, fundamentales para informar a la ciudadanía y visibilizar asuntos de interés público”.

Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con el acceso a la información pública y la lucha contra todas las manifestaciones de criminalidad que afectan la seguridad y los recursos del país.

La operación, coordinada por tropas del Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo, la Fiscalía 164 Contra las Organizaciones Criminales y la Policía Nacional, se realizó en la vereda La Ensillada, sector Puente Amarillo, zona rural de Ataco. De acuerdo con el reporte oficial, alias Miguel Ángel es considerado el articulador financiero de la organización y contaría con una trayectoria de más de 12 años dentro de grupos armados al margen de la ley.

Las autoridades señalaron que la Comisión Gerónimo Galeano se dedicaba principalmente al cobro de extorsiones a propietarios de maquinaria amarilla y a mineros dedicados a la explotación ilícita de oro en la región. Esta estructura, según la investigación, utilizaba los recursos obtenidos para fortalecer las economías ilegales del Bloque Central Isaías Pardo, facción asociada a las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco.

El Ejército Nacional detalló que, además de las capturas, se incautaron cinco fusiles, una pistola, veinte proveedores para fusil, cartuchos de distintos calibres, explosivos artesanales, una granada de mano, material de intendencia y equipos de comunicación.

El brigadier general Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, indicó que alias Miguel Ángel provenía del departamento del Cauca y habría integrado anteriormente la estructura Jaime Martínez, otra facción armada con operaciones en esa región.

El oficial señaló que “Esta comisión, Gerónimo Galeano, era la encargada de recaudar y articular todo el sistema financiero de las economías ilícitas producto de la extracción ilícita de yacimientos mineros. Toda esta articulación financiera era conducida directamente al Bloque Central Isaías Pardo”.

Durante la intervención, también fue recuperada una menor de edad que permanecía bajo el control de la estructura ilegal, quien fue puesta a disposición de las entidades competentes para su protección. Las investigaciones en curso apuntan a que el grupo instrumentalizaba a la población local para generar disturbios, como los ocurridos a inicios de mayo en el corregimiento de Santiago Pérez, donde unidades del BRACNA N.º 3 y de la Policía Nacional fueron atacadas mientras desarrollaban operativos contra la minería ilegal.

Además, las autoridades indagan la presunta participación de la organización en al menos 17 homicidios registrados entre 2025 y 2026 en el municipio de Ataco. Estos hechos mantuvieron en alerta a la población civil, según fuentes citadas por el Ejército. La estructura también sería responsable de la ubicación de una pancarta que prohibía el ingreso de un partido político al sur del departamento.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso personal. El material incautado habría sido utilizado para intimidar y ejercer control criminal sobre comunidades dedicadas a actividades mineras ilegales.

De acuerdo con la información de El Tiempo, el Bloque Central Isaías Pardo tiene presencia en municipios como Ataco, Planadas, Chaparral, San Antonio y Rioblanco, considerados corredores estratégicos por su conexión con el norte del Huila y el oriente del Cauca. Entre las principales fuentes de financiamiento del grupo figuran la extorsión a comerciantes, ganaderos, transportadores y campesinos, quienes han denunciado amenazas y cobros ilegales, según reportes del Ejército Nacional.

La operación fue ejecutada en el marco de la jornada electoral presidencial del domingo 31 de mayo y representa un impacto estratégico sobre las capacidades criminales, logísticas y financieras de las disidencias de Iván Mordisco en el sur de Tolima. La Sexta Brigada del Ejército anunció que continuará las operaciones militares sostenidas con el objetivo de proteger a la población civil y neutralizar las estructuras armadas que buscan alterar la seguridad en la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107 Antiterrorista.

El Gobierno inauguró el nuevo Puesto de Vigilancia y Control “Yarinal” en la Reserva Nacional Tambopata, en la región Madre de Dios, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en esta área natural protegida y fortalecer las acciones contra la minería ilegal que afecta la Amazonía peruana.

La ceremonia contó con la participación de la ministra del Ambiente y el ministro del Interior, quienes destacaron que esta infraestructura permitirá intensificar las labores de control en una zona considerada crítica por la presión de actividades ilícitas, especialmente en los alrededores de la reserva y su zona de amortiguamiento, donde se han identificado constantes amenazas a los ecosistemas.

Refuerzo de presencia estatal en zona crítica

El nuevo puesto de vigilancia busca consolidar la presencia institucional del Estado en una de las áreas más vulnerables frente a la expansión de la minería ilegal. Según se informó, esta base operativa permitirá una intervención más rápida y coordinada ante actividades ilícitas que amenazan la biodiversidad del lugar.

Las autoridades señalaron que la infraestructura está ubicada en un punto estratégico frente al sector Apaylón, una zona identificada por su alta incidencia de actividades ilegales. Con ello, se espera mejorar el control territorial y reducir los espacios utilizados por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de recursos.

Base operativa para fuerzas del orden

El puesto “Yarinal” servirá como base para el trabajo conjunto de la Marina de Guerra del Perú, el Ejército y la Policía Nacional, en coordinación con los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Esta articulación busca fortalecer las operaciones de vigilancia e interdicción en la zona.

De acuerdo con lo informado, la presencia combinada de estas fuerzas permitirá ampliar las capacidades de patrullaje en la selva de Madre de Dios, una región de difícil acceso donde se han identificado campamentos ilegales vinculados a la minería informal.

Equipamiento tecnológico y logística moderna

La infraestructura inaugurada ha sido equipada con paneles solares, internet satelital, vehículos motorizados y embarcaciones, lo que permitirá mejorar la movilidad y la comunicación en zonas alejadas. Estos recursos facilitarán las labores de vigilancia permanente y la respuesta ante posibles incursiones ilegales.

Asimismo, el nuevo puesto sustituye al antiguo centro de control “Correntada”, el cual fue incendiado en 2023 en medio de ataques atribuidos a mineros ilegales, lo que evidenció la necesidad de reforzar la presencia del Estado en la zona.

Estrategia integral contra actividades ilícitas

El funcionamiento del puesto “Yarinal” forma parte de una estrategia más amplia del Estado para enfrentar las economías ilegales que afectan la Amazonía. Esta incluye el fortalecimiento de la red de vigilancia y la incorporación de más personal especializado en las labores de control ambiental.

En paralelo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado mantiene otros nueve puestos de vigilancia en la región, los cuales contribuyen a la detección temprana de actividades ilegales y al monitoreo constante de la Reserva Nacional Tambopata, considerada uno de los principales refugios de biodiversidad del país y de la Amazonía peruana.

El despliegue incluyó una persecución que se extendió por varios distritos y que derivó en balaceras, cierre de vías y el despliegue de unidades especializadas.

El operativo más tenso se desarrolló en el estacionamiento de un supermercado en Ventanilla, donde agentes de la División de Investigación de Robos (Dirincri) lograron atrapar a Leandro Taxi Rodríguez, quien sería la pareja de la suboficial Diana Madeley Zamalloa Durán.

Esta última, también detenida durante las intervenciones, es investigada por su presunta relación con la organización y por conducir un automóvil BMW negro utilizado en el robo de los lingotes y en otros asaltos cometidos en la región.

Durante la balacera, decenas de clientes y trabajadores buscaron refugio entre los vehículos y dentro del supermercado. Testigos relataron la confusión y el temor que provocó el intercambio de disparos.

Según información de la PNP, la detención de la suboficial ocurrió horas antes en el Cercado de Lima, cuando fue sorprendida al volante del BMW reportado como robado y que, de acuerdo con las investigaciones, estuvo involucrado en el atraco del circuito de playas y en un intento de asalto en el Callao.

La estructura criminal y la investigación en curso

Las autoridades informaron que Los Chukys del Oro utilizaban vehículos de alta gama para perpetrar asaltos y coordinar su escape. Parte del modus operandi consistía en captar jóvenes para ejecutar robos, dotarlos de armas de fuego y placas clonadas, y emplear taxis por aplicativo para dificultar el seguimiento policial. El caso del Audi plateado, abandonado en La Perla, aportó nuevas pruebas para la investigación.

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, confirmó que los vehículos intervenidos participaron directamente en el robo de los lingotes y en otros delitos recientes.

“El BMW negro, cuya placa original es FOX 547, estuvo en el asalto del circuito de playas”, detalló Cano en declaraciones recogidas por medios nacionales.

En paralelo al operativo de Ventanilla, la PNP detuvo a otros presuntos miembros de la banda en Villa El Salvador, entre ellos Omar Saria Miranda, Gian Franco Sucasaire Cruz, Mateo Carrión Rojo y Alejandra Bustamante Díaz.

Los investigadores incautaron vehículos adicionales y detectaron vínculos entre los intervenidos y asaltos cometidos en San Martín de Porres y San Juan de Miraflores.

La estructura de la organización también involucra la participación de personal policial, un hecho que el propio general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, calificó como inaceptable al señalar que no habrá “espíritu de cuerpo” para encubrir a efectivos implicados. En total, siete personas permanecen bajo custodia mientras continúan las indagaciones para identificar a los cabecillas y establecer el destino de los lingotes de oro robados.

La Policía Nacional solicitó la colaboración ciudadana para reunir más información sobre la banda Los Chukys del Oro y exhortó a denunciar cualquier dato relevante sobre robos de oro o vehículos.

La extracción ilegal de minerales estratégicos volvió a quedar en evidencia en el oriente del país. En una operación desarrollada en zona rural de Puerto Carreño, Vichada, las autoridades decomisaron cerca de cinco toneladas de tierras raras que, según las primeras estimaciones, tendrían un valor superior a los 3.000 millones de pesos en el mercado ilegal.

El operativo se llevó a cabo en el sector de Casuarito, una zona fronteriza que desde hace varios años permanece bajo vigilancia de las autoridades por posibles actividades relacionadas con minería ilícita y tráfico de recursos minerales. Allí, tropas del Ejército Nacional llegaron hasta un punto donde, presuntamente, funcionaba una explotación clandestina de yacimientos mineros.

La acción militar fue resultado de varios días de inteligencia, seguimiento e infiltración en el área. De acuerdo con información entregada por las Fuerzas Militares, la intervención estuvo liderada por la Brigada 28 del Ejército, con apoyo del Gaula Militar Oriente, la Armada Nacional y la Policía. Durante el procedimiento no solo fueron encontradas las toneladas de minerales. Las autoridades también incautaron una camioneta, una motocicleta, radios de comunicación y varios teléfonos celulares que ahora harán parte de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

Entre el material decomisado aparecen minerales como estaño y coltán, recursos altamente apetecidos en mercados internacionales por su uso en industrias tecnológicas y electrónicas. Ambos hacen parte de los llamados “minerales de transición”, fundamentales para la fabricación de baterías, dispositivos móviles y componentes utilizados en nuevas tecnologías. Precisamente ese valor estratégico convirtió estas explotaciones ilegales en una fuente de financiación para organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país. Según el Ejército, este tipo de economías ilícitas permite que grupos armados obtengan recursos para adquirir armamento, explosivos y equipos tecnológicos utilizados en acciones violentas.

“La extracción de estos recursos representa un alto valor dentro de las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en el oriente colombiano, permitiéndoles adquirir armas, explosivos y, en muchas ocasiones, drones con los que llevan a cabo sus acciones criminales”, señalaron desde la institución militar.

El hallazgo también volvió a poner sobre la mesa las dificultades de control en territorios apartados del suroriente colombiano, donde las condiciones geográficas y la cercanía con corredores fronterizos facilitan este tipo de actividades ilegales. En departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, las autoridades intensifican operaciones durante el último año para frenar el tráfico de minerales extraídos de manera irregular.

Aunque el decomiso representa un golpe para las estructuras criminales que se benefician de este negocio, las autoridades reconocen que el fenómeno sigue creciendo por la alta demanda internacional de minerales estratégicos. El coltán, por ejemplo, es utilizado en la fabricación de celulares, computadores y componentes electrónicos, lo que lo convierte en uno de los recursos más codiciados dentro de los mercados ilegales.

Las Fuerzas Militares explicaron que estas explotaciones suelen desarrollarse en zonas apartadas y de difícil acceso, donde la presencia estatal es limitada. Allí, grupos ilegales aprovechan corredores fluviales y pasos fronterizos para mover el material hacia otros países o centros de comercialización clandestina.

En el caso de Vichada, la preocupación también se concentra en los impactos ambientales que deja la extracción irregular de estos minerales. Las autoridades han advertido que muchas de estas actividades generan afectaciones sobre fuentes hídricas, suelos y ecosistemas sensibles de la región, además de alterar dinámicas sociales y económicas en comunidades rurales.

Las investigaciones ahora buscan establecer quiénes estarían detrás de la explotación ilegal detectada en Casuarito y cuál era la ruta que tendría el cargamento incautado. La Fiscalía asumió el proceso judicial y analizará los elementos decomisados durante el operativo para identificar posibles redes criminales vinculadas al tráfico de minerales.

La trágica muerte de Berlindo Samuel Sosa Oporta, un joven nicaragüense de apenas 23 años, en la mina ilegal “Cerro Conchudita” pone de relieve el devastador costo humano de la fiebre del oro informal en Centroamérica.

Su deceso, provocado por una fulminante intoxicación con cianuro de sodio, desnuda un drama estructural que trasciende las fronteras: la desesperación económica que empuja a miles de personas a arriesgar sus vidas en actividades altamente extractivas, sin ningún tipo de regulación, protección técnica o fiscalización sanitaria.

El suceso tuvo lugar el pasado jueves 21 de mayo alrededor de las 8:00 de la mañana en la mina ilegal conocida como La Conchudita o Cerro Conchuditas, ubicada en la localidad de Cutris de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. Esta región, situada a escasos kilómetros de la frontera con Nicaragua y de la ribera del río San Juan, se ha convertido en un epicentro de minería artesanal clandestina donde se procesa material aurífero utilizando químicos de contrabando.

Sosa Oporta, originario del municipio de Rosita, en el Triángulo Minero de la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, no poseía antecedentes formales como minero profesional; según allegados, se trataba de un ciudadano que intentaba sobrevivir a la precariedad laboral. Informes preliminares detallan que el joven manipulaba directamente un saco de cianuro en el interior de un túnel cuando quedó expuesto, durante un lapso de tres a cinco minutos, a una alta concentración de gases tóxicos emanados por la sustancia.

El químico provocó de inmediato una crisis respiratoria aguda. Al manifestar una severa sensación de ahogo, sus compañeros de faena procedieron a rescatarlo del túnel. Sin embargo, en cuestión de minutos perdió el conocimiento y mostró signos graves de hipoxia (falta de oxígeno).

Ante la ausencia de servicios de emergencia en el sitio clandestino, sus familiares y compañeros decidieron evacuarlo de urgencia a bordo de una embarcación a través del río San Juan, buscando atención médica en el centro de salud de Boca de Sábalos, en territorio nicaragüense.

Lamentablemente, la intoxicación fue letal y el joven falleció durante el trayecto, confirmándose posteriormente su deceso en el puesto de salud de El Castillo, en el departamento de Río San Juan.

Las autoridades costarricenses reafirmaron que la tragedia fue desencadenada por la manipulación directa de sustancias altamente letales en una zona donde la extracción de oro se realiza de forma ilícita, lo que anula cualquier posibilidad de control o fiscalización sobre las medidas de seguridad industrial.

Las profundas secuelas de la minería ilegal en Nicaragua

El fenómeno migratorio y laboral que llevó a Sosa Oporta a territorio costarricense está íntimamente ligado a la arraigada cultura de la minería informal o “güiricería” en Nicaragua. El Triángulo Minero (compuesto por Bonanza, Rosita y Siuna) es una de las zonas con mayor tradición extractiva del país, pero también un reflejo de las graves consecuencias socioambientales que genera la falta de control técnico e institucional.

Las consecuencias de la minería ilegal abarcan múltiples dimensiones de extrema gravedad:

1. Impacto Ecológico e Hidrográfico: La extracción ilegal de oro depende del cianuro de sodio y del mercurio para separar el metal precioso de la piedra mediante lixiviación.
2. Salud Ocupacional y Riesgo Humano: Las minas artesanales carecen de estudios geotécnicos, lo que deriva en derrumbes recurrentes que sepultan anualmente a decenas de mineros.
3. Precarización Social: Casos como el de este joven costeño evidencian que la minería informal es, a menudo, la única alternativa percibida de subsistencia económica frente al desempleo.

El deceso de Berlindo Samuel Sosa Oporta representa un síntoma de la desatención económica regional y de la porosidad de las fronteras ante el tráfico ilegal de insumos químicos peligrosos. Mientras no se establezcan políticas binacionales firmes de fiscalización y alternativas reales de desarrollo socioeconómico en las regiones de origen, los yacimientos informales continuarán cobrándose vidas.

La Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas protegidas más importantes de la Amazonía peruana, continúa bajo presión por el avance de la minería ilegal de oro. Aunque el Estado intensificó las acciones de control durante los primeros meses del 2026, nuevos reportes advierten que las actividades ilícitas no se han detenido y siguen generando graves impactos ambientales dentro de la zona protegida de Madre de Dios.

En lo que va del año, las autoridades ejecutaron 75 operativos de interdicción terrestre y fluvial en Tambopata y su zona de amortiguamiento. Las intervenciones permitieron destruir cientos de equipos utilizados para la extracción ilegal de oro, además de desmantelar campamentos y estructuras instaladas cerca de ríos y sectores considerados críticos. Sin embargo, imágenes satelitales recientes muestran que la deforestación continúa avanzando dentro de la reserva pese a los operativos.

Más de 370 campamentos mineros ilegales fueron destruidos en Tambopata durante el 2026

Las acciones de interdicción realizadas este año dejaron como saldo la destrucción de más de 370 campamentos mineros ilegales, además de 211 balsas tipo traca, 202 motores, 130 bombas de succión, 150 tracas y 71 tricargueros. También se inutilizaron más de 16 mil galones de diésel, generadores eléctricos, motosierras, botes y motores fuera de borda vinculados a la actividad minera ilegal.

Los operativos fueron liderados por la Policía Nacional del Perú, el Ejército, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). A estas acciones se sumó el apoyo técnico y logístico del Sernanp y del Alto Comisionado para la Lucha Contra la Minería Ilegal.

Las intervenciones se concentraron en sectores como Correntada, Isla Córdova, Playa Vilma, río Malinowski, Filadelfia, Valle Dorado, La Cumbre y Aguas Negras, considerados algunos de los principales puntos de ingreso y operación de organizaciones dedicadas a la minería ilegal dentro de la reserva.

Actualmente, más de 70 guardaparques y técnicos mantienen vigilancia permanente en 10 puestos de control instalados en Tambopata. Estas brigadas generan reportes en tiempo real sobre nuevos focos de invasión y facilitan la respuesta rápida de las autoridades. Además, el monitoreo se reforzó mediante sobrevuelos con drones e imágenes satelitales para detectar desplazamientos de maquinaria y nuevas áreas intervenidas.

500 hectáreas de bosque fueron deforestadas en la reserva Tambopata

Pese a ello, el más reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) alertó que la minería ilegal volvió a expandirse dentro de la reserva durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026. El reporte señala que la actividad ilícita ya provocó la deforestación de aproximadamente 500 hectáreas de bosque, una superficie equivalente a cerca de 700 canchas de fútbol.

El documento identificó cinco sectores con actividad minera activa: Isla Córdoba, A3, A4, Isla Correntada y Apaylom. Solo en febrero de este año se detectaron 67 campamentos y 183 infraestructuras vinculadas a la extracción ilegal de oro.

Uno de los puntos más vulnerables continúa siendo el río Malinowski, debido a que conecta directamente con áreas internas de la Reserva Nacional Tambopata. Según los especialistas, la zona presenta una alta presión por parte de grupos que operan de manera organizada y cuentan con capacidad logística para instalar campamentos, trasladar combustible y movilizar maquinaria dentro del área protegida.

El informe también advierte que la reducción de vigilancia en algunos puestos de control facilitó el avance de estas actividades. De acuerdo con el reporte, grupos especiales de la Marina de Guerra que realizaban patrullaje permanente en el corredor del río Malinowski fueron retirados durante 2025 por falta de presupuesto, situación que dejó expuesto uno de los accesos más sensibles hacia el interior de la reserva.

Más de S/ 8.3 millones en maquinaria, combustible y materiales usados para la minería ilegal fueron incautados y destruidos en Madre de Dios durante seis días de intensas operaciones, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta acción, realizada en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, busca frenar el avance de la minería ilegal en una de las regiones más afectadas de la Amazonía.

Las autoridades detallaron que los operativos permitieron decomisar excavadoras, balsas, motores y campamentos rústicos, todos utilizados para extraer oro de manera ilícita. El valor de los bienes destruidos y confiscados asciende a S/ 8’379,726.00, lo que representa un duro golpe a la logística de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad. Los trabajos se centraron en los sectores de Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, donde la minería ilegal se ha expandido en los últimos años.

Con estas intervenciones, las fuerzas del orden buscan debilitar la capacidad operativa de los grupos ilegales y proteger áreas de alto valor ecológico en Madre de Dios. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que la destrucción de maquinaria y equipos es una medida clave para impedir que los mineros ilegales sigan explotando la selva y dañando sus ecosistemas.

Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios

El despliegue de operativos helitransportados fue fundamental para llegar a zonas de difícil acceso donde la minería ilegal ha consolidado sus operaciones. Helicópteros del Comando Operacional del Sur permitieron que los efectivos ingresaran a Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, puntos estratégicos donde abundan los campamentos clandestinos y la maquinaria pesada.

En cada intervención, las autoridades destruyeron equipos y estructuras ilegales bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. De esta manera, se aseguró que los procedimientos cumplieran con las normas legales y ambientales. Los operativos también incluyeron el decomiso de combustible y la desactivación de balsas empleadas para la extracción de oro en los ríos.

Según los reportes oficiales, estas acciones afectan directamente la logística de los mineros ilegales, ya que la reposición de maquinaria y materiales representa un alto costo y limita su capacidad de continuar operando en la zona. Sin embargo, las autoridades subrayan que se requiere una vigilancia constante para evitar que estas redes vuelvan a instalarse en los mismos lugares.

Minería ilegal deja grave huella ecológica y amenaza la biodiversidad en Tambopata

Paralelamente a los operativos, un informe de Conservación Amazónica - ACCA reveló que la minería ilegal ha destruido más de 500 hectáreas de la Reserva Nacional Tambopata en pocos meses. El reporte, basado en imágenes satelitales y difundido en el MAAP #241, señala que solo en 2025 se deforestaron más de 400 hectáreas, superando los niveles más altos registrados en años anteriores.

El monitoreo identificó 183 infraestructuras mineras activas, 67 campamentos ilegales y 5 núcleos de operación dentro de la reserva, especialmente en la zona norte y cerca del río Malinowski. Se estima que unas 1.000 personas participan actualmente en actividades ilegales dentro de Tambopata, lo que demuestra la magnitud del problema.

El informe destaca que la minería ilegal avanza incluso cerca de los puestos de vigilancia estatales, como Otorongo, Azul y Yarinal. Esto evidencia que la sola presencia de personal no es suficiente para detener la expansión de los mineros ilegales. Sidney Novoa, de Conservación Amazónica - ACCA, advirtió que la cercanía de los campamentos ilegales incrementa el riesgo para los guardaparques y dificulta la protección efectiva del territorio.

La presión sobre la Reserva Nacional Tambopata no solo afecta los bosques y ríos, sino que también pone en peligro la seguridad de quienes defienden el ecosistema. Las autoridades y organizaciones ambientales coinciden en que la lucha contra la minería ilegal requiere acciones sostenidas, mayor presupuesto y el fortalecimiento de la fiscalización para evitar que la Amazonía peruana siga perdiendo áreas valiosas a manos de actividades ilícitas.

El Ministerio del Interior informó que continúa reforzando las acciones contra las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad, mediante una serie de operativos y estrategias de seguridad desarrolladas en coordinación con diversas entidades del Estado.

Según informó la agencia Andina Noticias, las acciones fueron presentadas durante la reunión de implementación del Plan de Trabajo de la Mesa de Desarrollo Integral de Pataz, espacio multisectorial orientado a fortalecer la seguridad y promover medidas integrales en beneficio de la población de esta provincia afectada por la criminalidad.

Operativos contra redes criminales en Pataz

Durante la sesión, el director general contra el Crimen Organizado del Mininter, Luis Yunis, destacó la ejecución del operativo “Caballo de Troya”, considerado una de las mayores intervenciones recientes contra redes delictivas vinculadas a la minería ilegal en la zona.

La operación fue desarrollada a inicios de mayo en el anexo Pueblo Nuevo y permitió la detención de más de 68 presuntos integrantes de organizaciones criminales extranjeras. Asimismo, las fuerzas del orden lograron incautar fusiles, subfusiles, municiones y explosivos industriales utilizados presuntamente por estas redes ilegales.

Rescate de trabajadores secuestrados

El representante del Mininter también recordó la ejecución del operativo “Qatar”, realizado en abril de 2026 en la bocamina Sanone, donde agentes policiales y efectivos de seguridad rescataron con vida a 20 mineros artesanales que permanecían secuestrados.

A ello se sumó el operativo “Impacto”, mediante el cual fueron liberados otros ocho trabajadores retenidos por delincuentes armados en la provincia. Según las autoridades, estas intervenciones forman parte de las acciones orientadas a recuperar el control y el principio de autoridad en Pataz.

Capacitación a rondas campesinas

Como parte de la estrategia de seguridad, el Ministerio del Interior informó que viene desarrollando capacitaciones dirigidas a rondas campesinas de diversos distritos de Pataz, entre ellos Parcoy, Huayo, Tayabamba, Urpay, Ongón y Pías.

La reunión de la Mesa de Desarrollo Integral de Pataz contó además con la participación de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Salud, entre otras entidades públicas involucradas en las acciones de recuperación y desarrollo de la provincia.

FF.AA. rescatan a 33 mineros

Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas permitió el rescate de 33 mineros que permanecían atrapados en una mina ubicada en una zona remota del país. La intervención se realizó tras recibir la alerta de un derrumbe que bloqueó las salidas principales, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Personal especializado en rescate y equipos médicos acudieron al lugar para brindar asistencia inmediata.

Durante el procedimiento, las autoridades emplearon maquinaria pesada y técnicas de rescate subterráneo para asegurar la integridad de los mineros. Se establecieron protocolos de comunicación para mantener informadas a las familias y coordinar el traslado de los rescatados a centros de salud cercanos. El operativo contó con la colaboración de organismos locales y voluntarios, quienes apoyaron en la logística y atención primaria.

El rescate puso en evidencia la importancia de fortalecer los sistemas de seguridad en la minería y la capacidad de respuesta ante emergencias. Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente y evaluar el cumplimiento de las normas de seguridad laboral en la mina afectada. El caso reabrió el debate sobre las condiciones de trabajo en el sector minero y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

Un grupo de mineros bloqueó la vía principal a la costa Caribe en el municipio de Cáceres, Antioquia, afectando el tránsito en el sector de Guarumo, en la Troncal de Occidente.

Las autoridades locales, junto a la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, buscan restablecer la movilidad mediante diálogos con los manifestantes, quienes protestan contra los operativos recientes de la Fuerza Pública para combatir la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, en un consejo de seguridad, anunciado por la alcaldesa Cáceres, Damiana Monterrosa, en diálogo con La FM.

“Hacen referencia a la comunidad, que es por el tema de los operativos que se están presentando, se están ejecutando desde hace tres días sobre Caucasia y a la altura de Caucasia. Y Cáceres. Ya informamos a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal para que, obviamente, hagan los acercamientos con la comunidad y así poder dialogar”, afirmó la alcaldesa en diálogo con el medio mencionado.

El bloqueo en Cáceres fue implementado por trabajadores mineros conocidos como dragueros (operarios de dragas), desde la madrugada del 16 de mayo.

Los protestantes reclaman la afectación de sus actividades y el incumplimiento de acuerdos previos entre la comunidad y las autoridades sobre los procedimientos de control.

El cierre total de la troncal interrumpe el paso de vehículos particulares y de carga entre Cáceres y Caucasia, con impacto directo en la movilidad regional y la economía local.

Específicamente, los manifestantes exigen el respeto a acuerdos alcanzados tras diálogos recientes y manifiestan su inconformidad por los procedimientos efectuados por las autoridades en los tres últimos días.

Señalan que su sustento económico se ve afectado por los operativos policiales.

Estos mineros han presentado pliegos de peticiones y solicitan que se revisen los controles implementados para evitar más perjuicios a la comunidad.

Acciones de las autoridades ante el bloqueo

El objetivo es dialogar con los manifestantes y buscar una solución al cierre de la vía.

La FM informó que el Ministerio de Defensa continuará con los operativos en la región a pesar de las protestas. Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre el corredor vial, dada su importancia estratégica para el transporte entre la costa Caribe y el interior de Colombia.

El bloqueo impide la totalidad del paso de vehículos entre Cáceres y Caucasia. Solo las motocicletas pueden atravesar la zona.

Sin embargo, quienes viajan desde municipios como Tarazá, Valdivia, Briceño, Yarumal y Santa Rosa de Osos hacia Caucasia deben desviar su trayecto por Barbosa y las vías del Nus, lo que implica un recorrido más extenso y afecta la logística regional.

La explosión en mina Las Quintas deja cuatro mineros muertos en Cucunubá

La explosión registrada en la mina Las Quintas del municipio de Cucunubá al final de la tarde del sábado 9 de mayo dejó un saldo de cuatro mineros fallecidos, lo que ha reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad en la minería de Cundinamarca.

Las autoridades regionales y nacionales han iniciado investigaciones para esclarecer el origen del accidente y determinar si la operación minera se encontraba dentro del área debidamente autorizada.

El suceso no solo pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes laboran en este sector, sino que también abre la puerta a posibles medidas para reforzar los protocolos de protección y asistencia a las familias afectadas.

La mina Las Quintas contaba con título minero y licencia ambiental vigentes desde diciembre de 2025, pero se investiga si la boca de mina donde ocurrió la explosión estaba legalmente autorizada para operar.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, los cuerpos de los trabajadores fueron encontrados tras intensos esfuerzos de rescate realizados por bomberos de Ubaté y Cucunubá, el Grupo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

El accidente en Las Quintas fue confirmado por la Secretaría de Minas de Cundinamarca, que desde el primer momento enfatizó el cumplimiento de la mina con los requisitos legales para su funcionamiento.

La secretaria de Minas, Milena Fonseca, detalló que el programa de trabajos y obras, necesario para la autorización de operaciones según exigencias de la ANM, “estaba completamente aprobado y modificado conforme a la normativa vigente”.

Fonseca agregó que un equipo interdisciplinario está disponible para prestar asistencia técnica; sin embargo, la intervención de la secretaría requiere expresa autorización de los titulares mineros, de acuerdo con la legislación vigente.

La madrugada del 15 de mayo marcó un punto de inflexión en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde 33 trabajadores mineros de la empresa Inversiones Mineras Gheraldin fueron liberados tras permanecer secuestrados por una organización criminal armada.

La alerta se activó el jueves 14 a las 18:30 horas, luego de la denuncia presentada por representantes de la minera, quienes reportaron el ingreso violento de individuos armados a las instalaciones del sector La Joya 24/25, en el centro poblado Pueblo Nuevo.

El Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas (FF. AA.)y la Policía Nacional del Perú (PNP), desplegó un contingente de personal de élite tras recibir la notificación.

Las acciones incluyeron coordinación con autoridades locales, representantes de la empresa y rondas campesinas, en un esfuerzo articulado para asegurar el cierre territorial y controlar los accesos a la zona de riesgo. Desde el inicio, el Ministerio Público se mantuvo informado y participó en el marco de sus competencias legales.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad ejecutaron maniobras tácticas de aproximación, contención y control perimétrico, evaluando permanentemente las condiciones del terreno y el riesgo para los trabajadores.

La operación se extendió por más de diez horas, enfrentando desafíos geográficos y climáticos que exigieron coordinación y resistencia física por parte del personal militar y policial.

Fases del rescate

La operación de rescate se dividió en etapas. En la primera fase, 20 trabajadores lograron ser liberados, mientras que el resto fue rescatado en acciones posteriores; en total, 33 trabajadores mineros recuperaron la libertad. Uno de ellos resultó herido por proyectil de arma de fuego, recibiendo atención médica inmediata en el centro minero y reportándose en condición estable.

El grupo armado responsable del secuestro logró escapar a través de los túneles del socavón, aprovechando la compleja infraestructura subterránea de la mina.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables, en el contexto de un estado de emergencia declarado en la zona extractiva para combatir la minería ilegal y el crimen organizado.

La articulación entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público y rondas campesinas resultó clave para el éxito de la intervención.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas destacó el profesionalismo y la disciplina de los equipos que participaron en la operación, así como el compromiso institucional para restablecer la seguridad en Pataz.

Control en la zona minera

El operativo realizado en el sector La Joya evidencia la capacidad de respuesta y la coordinación entre distintas entidades estatales frente a situaciones de alto riesgo en zonas mineras.

La presencia permanente de equipos de seguridad busca garantizar la integridad de trabajadores y pobladores, en un contexto donde la minería ilegal y la acción de organizaciones criminales representan amenazas recurrentes.

Sucede que, a menudo, los grupos armados aprovechan la infraestructura minera para ejecutar acciones delictivas, utilizando túneles y socavones como rutas de escape.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen la vigilancia y control en la jurisdicción del Comando Unificado Pataz, con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger la vida de los peruanos y asegurar la continuidad de las actividades productivas en la región.

La Amazonía, una extensa región con una de las mayores concentraciones de diversidad en flora y fauna, y considerada el pulmón del mundo, enfrenta una transformación silenciosa y peligrosa debido a la presencia y expansión de grupos armados que operan en la región, tanto del lado colombiano como ecuatoariano.

Entre estos actores destaca Comandos de Frontera, estructura adscrita a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y liderada por Geovanni Andrés Rojas, alias Araña, uno de los ocho líderes de grupos armados organizados en Colombia, y que no integrará las Zonas de Ubicación Temporal aprobadas por el presidente Gustavo Petro, debido a que cuenta con una orden de extradición vigente a los EE. UU.

Este grupo que se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno colombiano es un claro ejemplo del alcance de las economías ilegales en la zona, que combinan narcotráfico, minería ilegal, control territorial y lavado de activos.

Así lo reseñó la ONG (Organización No Gubernamental) International Crisis Group en su informe El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado, y que concluyó que la debilidad estatal y las fronteras porosas han facilitado el auge de redes criminales transnacionales en la cuenca amazónica.

Los Comandos de Frontera, tras la conquista de las rutas de narcotráfico en la Amazonía

Los Comandos de Frontera, que en principio operaban en Putumayo, han ampliado su influencia hacia Perú, donde paga a campesinos para la conversión de bosques en plantaciones de coca, especialmente al sur del río Putumayo.

El grupo también participa en alianzas con organizaciones criminales de otros países, como Los Lobos en Ecuador, lo que le permite exportar cocaína desde la costa del Pacífico y proteger operaciones de minería ilegal en territorio ecuatoriano.

El informe señala que la presencia de grupos armados colombianos, como Comandos de Frontera, el ELN y disidencias de las Farc, es central en las economías ilícitas amazónicas.

Estas estructuras han logrado combinar el control territorial, la regulación de actividades ilegales y la expansión transfronteriza.

En el caso del ELN, se mantiene activo en el sur de Venezuela, particularmente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, desde donde participa en corredores de narcotráfico y minería ilegal conectados con Brasil y Guyana.

Un coctel de grupos criminales entre fronteras

Además de los grupos colombianos y ecuatorianos, en la dinámica criminal amazónica participan organizaciones brasileñas como Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), así como redes venezolanas.

Esta red criminal opera como una “corporación transnacional”, según funcionarios de seguridad citados en el informe, y extiende su control a lo largo de rutas fluviales y terrestres que atraviesan varios países.

La expansión de estas estructuras ha impactado gravemente a la población civil, que sufre asesinatos, campañas de “limpieza social” y cooptación, además de ser utilizada como mano de obra y escudos humanos.

Crisis Group estima que estas organizaciones tienen presencia en al menos el 67% de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

En localidades como Tabatinga, en la frontera entre Brasil y Colombia, grupos como Comando Vermelho publican listas de personas amenazadas de muerte para silenciar la oposición y consolidar el control social.

El impacto ambiental del accionar de estos grupos armados organizados en la Amazonía

La expansión de cultivos de coca y la minería ilegal han provocado deforestación masiva, contaminación de ríos y destrucción de hábitats.

El informe detalla que más del 70% de la selva deforestada se encuentra a menos de 50 kilómetros de los principales corredores abiertos por las organizaciones criminales.

Las sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de cocaína y el mercurio empleado en la minería ilegal han contaminado fuentes de agua, afectando la salud de comunidades indígenas y campesinas.

En algunos pueblos amazónicos, se han detectado niveles de mercurio en sangre superiores a los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

A estos problemas se suma el aumento del consumo de drogas en comunidades indígenas y rurales, fenómeno vinculado tanto a los pagos en pasta base de cocaína como al acceso facilitado por la presencia de los grupos armados.

El documento advierte que, pese a los esfuerzos de los gobiernos de la región, la respuesta estatal ha sido fragmentada y menos eficiente que la dinámica criminal.

Para esto, se recomienda fortalecer la coordinación transnacional y establecer controles más estrictos sobre las cadenas globales de suministro de oro, madera y materias primas, para evitar que productos asociados a la destrucción ambiental e ilícitos lleguen a mercados legales internacionales.

La Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró la recuperación de dos barras de oro valorizadas en S/ 2′506.474,40, luego de que el Poder Judicial confirmara la sentencia de primera instancia.

Los lingotes, de aproximadamente 6.16 y 6.17 kilogramos cada uno, iban a ser enviados a la India a través de una intermediaria comercial contratada por Julio Chambi y Gomercindo Condori en agosto de 2022.

Ambos mineros estaban inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo). Sin embargo, no pudieron demostrar el origen legal del oro ni la posesión legítima de los lingotes, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio.

La investigación determinó que existía un vínculo entre los investigados, las barras y actividades de minería ilegal, por lo que el oro fue incautado y transferido a favor del Estado peruano.

El caso fue liderado por el fiscal adjunto superior Roger Solano Yauri, quien destacó la importancia del proceso para combatir el ingreso de recursos de origen ilícito al sistema económico formal.

El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de continuar las investigaciones y operativos para recuperar bienes provenientes de la minería ilegal en todo el país.

Minería ilegal

La minería ilegal se ha consolidado en los últimos años como una de las principales economías ilícitas en el Perú. Según datos del Instituto Peruano de Economía, las exportaciones de oro de origen ilegal superaron los US$ 11,500 millones en 2025, casi igualando el valor del oro legal exportado.

El precio del oro, que promedió US$ 4.695 por onza en abril de 2026, ha incentivado el auge de esta actividad. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a la minería ilegal se multiplicaron por diez desde 2019, reflejando el crecimiento de los flujos financieros asociados a delitos como el lavado de activos y el narcotráfico.

Regiones como Piura presentan retos adicionales por su ubicación fronteriza, facilitando la salida y entrada irregular de minerales y maquinaria. En esa región, los ROS vinculados a minería ilegal crecieron dieciséis veces entre 2019 y 2025.

Las denuncias por minería ilegal en Piura aumentaron 82.4% en el mismo periodo, con una concentración especial en las provincias de Sullana y Ayabaca. Además, la tasa de homicidios en la región pasó de ser la más baja a superar el promedio nacional, como resultado del avance de las economías ilícitas.

Un fenómeno recurrente y multimillonario

En diciembre del 2025, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio decomisó 5,77 kilos de oro doré, valorizados en S/ 2 003 713.92.

Mientras que, en octubre del mismo año, la Fiscalía recuperó cuatro lingotes de oro, valorizados en más de S/ 12 millones, que iban a ser exportados a India e Italia.

Frente a este panorama, especialistas advierten sobre la necesidad de fortalecer la trazabilidad del oro, la fiscalización y la cooperación transfronteriza, así como revisar el funcionamiento del Reinfo y los mecanismos de formalización minera.

El caso de la recuperación de las barras incautadas por la Fiscalía evidencia los desafíos que enfrenta el Estado para frenar la expansión de la minería ilegal y recuperar recursos para el país. El Ministerio Público sostiene que la lucha será sostenida y que la recuperación de bienes ilícitos seguirá siendo una prioridad en los próximos meses.

La Reserva Nacional Tambopata, uno de los espacios de mayor valor ecológico de la Amazonía peruana, vuelve a estar bajo presión por el avance de la minería ilegal de oro. Siete años después de la Operación Mercurio, una nueva alerta satelital revela que esta actividad criminal se ha reactivado con fuerza al interior del área protegida en Madre de Dios, con un impacto que ya supera las 500 hectáreas deforestadas en apenas meses.

El monitoreo, elaborado por Conservación Amazónica - ACCA y difundido a través del reporte MAAP #241, advierte que la expansión se aceleró durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026. La información también da cuenta de una presencia cada vez mayor de personas, campamentos e infraestructura vinculada a la extracción ilícita, incluso en zonas cercanas a puestos de vigilancia del Estado.

Más de 500 hectáreas afectadas y una red minera que vuelve a tomar forma en Tambopata

El nuevo análisis satelital muestra que la deforestación por minería ilegal dentro de la Reserva Nacional Tambopata ya alcanzó las 500 hectáreas. Solo en 2025, el área impactada superó las 400 hectáreas, un nivel que incluso rebasa los registros considerados más críticos en los años 2016 y 2017, cuando la invasión minera había llegado a uno de sus picos más altos.

La expansión se concentra principalmente en la zona norte de la reserva, especialmente en sectores cercanos al río Malinowski, un corredor que desde hace años figura entre los puntos más vulnerables al ingreso de operadores ilegales. De acuerdo con el reporte, las imágenes de alta resolución permitieron identificar 183 infraestructuras mineras activas, además de 67 campamentos ilegales y 5 núcleos de operación minera dentro del área natural protegida.

A partir de esa evidencia, y usando modelos de estimación desarrollados por el equipo técnico, se calcula que alrededor de 1.000 personas estarían vinculadas a la actividad minera ilegal al interior de Tambopata. La dimensión del hallazgo resulta muy preocupante porque no se trata únicamente de maquinaria dispersa, sino de una red organizada que continúa ganando espacio dentro del ecosistema.

Los sectores más impactados también muestran la velocidad del daño. En Isla Córdoba se reportaron 106 hectáreas deforestadas, 53 tracas y 20 campamentos. En el sector A4, el monitoreo registró 101 hectáreas afectadas, 68 infraestructuras mineras y 33 campamentos. Mientras tanto, en Isla Correntada se identificaron 111 hectáreas alteradas, junto con presencia de maquinaria y estructuras ilegales.

La expansión se acerca a puestos de control y expone los límites de la respuesta estatal

Uno de los puntos más sensibles del informe es que el avance de la minería ilegal en Tambopata no ocurre en zonas alejadas o de difícil acceso, sino en áreas cercanas a puestos de vigilancia como Otorongo, Azul y Yarinal. La proximidad de estas actividades ilícitas a espacios de control del Estado muestra que la presencia institucional no está logrando frenar el avance de las redes criminales.

Las imágenes satelitales analizadas evidencian un patrón repetido: apertura de pozas, instalación de maquinaria pesada, expansión de campamentos y consolidación de nuevos frentes de extracción dentro del área protegida.

En paralelo, los operativos ejecutados entre enero y marzo de 2026 permitieron decomisar y destruir combustible, motores, campamentos y otros equipos utilizados por los mineros ilegales. Sin embargo, el monitoreo posterior confirmó que la actividad no se detuvo y continuó expandiéndose en la misma zona.

Para Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica - ACCA, el hecho de que este avance ocurra cerca de puestos de control eleva el riesgo para los guardaparques y demás personal que trabaja en la protección del territorio.

El reporte también advierte que el resurgimiento de la minería ilegal responde a una combinación de factores económicos, institucionales y políticos. Entre ellos figura el incremento del precio internacional del oro, que durante 2025 alcanzó niveles récord y elevó la rentabilidad de la extracción ilícita.

A ello se suman las sucesivas prórrogas del Reinfo, el debilitamiento de normas vinculadas a la lucha contra el crimen organizado, la promoción de iniciativas legislativas que podrían aumentar la presión extractiva sobre áreas protegidas y las limitaciones presupuestales de las autoridades responsables de fiscalizar.

Desde el Observatorio de Minería Ilegal - OMI, Gaby Rivadeneyra sostuvo que el caso de Tambopata demuestra que las intervenciones aisladas no bastan cuando continúan debilitándose los mecanismos de control ambiental y de persecución penal. En esa misma línea, Matt Finer, de Amazon Conservation, señaló que la reserva es un caso emblemático para toda la Amazonía, porque evidencia que, aunque un gobierno puede contener la actividad ilegal por un tiempo, esta vuelve a expandirse con rapidez si se pierde el compromiso estatal.

La Reserva Nacional Tambopata protege algunos de los ecosistemas más diversos del planeta, pero la presión de la minería ilegal ya no solo afecta bosques y fuentes de agua. También compromete la seguridad de quienes defienden el territorio, en un contexto en el que Madre de Dios sigue registrando riesgos contra defensores ambientales y una creciente debilidad en la gobernanza de la Amazonía peruana.

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (Cupaz), ejecutó la operación “Impacto” en el distrito de Pataz, región La Libertad, con el objetivo de rescatar a ocho trabajadores secuestrados por una organización criminal armada. Según informó Andina Noticias, el operativo culminó con la liberación de los rehenes, aunque dejó como saldo cuatro militares heridos durante un enfrentamiento armado.

De acuerdo con la información difundida, el secuestro ocurrió el jueves 7 de mayo en la bocamina “Danrro, La Codiciada”, ubicada en el sector Los Alisos, centro poblado de Pueblo Nuevo. Los trabajadores habrían sido retenidos por presuntos integrantes de una banda criminal que opera en la zona vinculada a actividades ilegales.

Tras conocerse el hecho, el Comando Unificado Pataz —integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP)— desplegó acciones tácticas para intervenir la bocamina y restablecer el orden interno. La operación contó además con presencia del Ministerio Público para garantizar la legalidad de las diligencias realizadas durante el rescate.

Cuatro soldados heridos

Durante la intervención, los agentes del orden fueron atacados por los secuestradores, quienes se encontraban parapetados en el interior de la bocamina. De acuerdo con Andina Noticias, los delincuentes abrieron fuego contra el personal militar y policial, lo que desencadenó un enfrentamiento armado en la zona.

Como consecuencia del ataque, cuatro miembros de la Fuerza Aérea del Perú resultaron heridos por impactos de bala en las extremidades inferiores. El Ministerio de Defensa informó que los efectivos fueron evacuados oportunamente y trasladados al Hospital Central de la Fuerza Aérea en Lima, donde permanecen estables.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño Valdivia, destacó la labor de los efectivos que participaron en el operativo. “Cuatro de nuestros valerosos efectivos de la FAP fueron heridos cumpliendo la misión de liberar y proteger la vida de ocho peruanos”, manifestó para el citado medio.

Delincuentes intentaron impedir el rescate

Las autoridades informaron que los secuestradores intentaron obstaculizar el ingreso de las fuerzas del orden mediante la quema de llantas dentro de la bocamina. Según detallaron, utilizaron sistemas de ventilación forzada para propagar gases tóxicos y dificultar las labores de rescate.

Pese a las condiciones adversas, militares y policías continuaron con la maniobra táctica y lograron avanzar en el interior de la mina para rescatar progresivamente a los trabajadores retenidos. El operativo se desarrolló entre las 12:23 y las 16:00 horas, periodo en el que se concretó la liberación de los ocho rehenes.

Las víctimas rescatadas presentaban signos de violencia física, aunque, de acuerdo con las evaluaciones médicas iniciales, no registraban lesiones de gravedad que requirieran evacuación especializada. Tras su liberación, recibieron atención médica y permanecen bajo observación.

FF.AA. consolidan control en la zona

Luego del rescate, las fuerzas del orden consolidaron el control del área y realizaron un repliegue táctico dentro de su zona de responsabilidad. El Ministerio de Defensa señaló que la operación forma parte de las acciones desplegadas para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas a la violencia y actividades ilícitas en Pataz.

Asimismo, la cartera reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la recuperación del control territorial y la protección de la población frente a grupos criminales que operan en zonas afectadas por la minería ilegal y otros delitos.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan identificar plenamente a los responsables del secuestro y del ataque armado contra el personal militar y policial que participó en la operación “Impacto”.

En los últimos años, la minería ilegal se ha consolidado como la principal economía ilícita en el Perú. Según estimaciones del IPE, en 2025, las exportaciones de oro ilegal superaron los US$ 11,500 millones, un monto 6.5 veces mayor que hace una década y casi equivalente al valor del oro legal exportado. Este fenómeno se ha intensificado en un contexto de precios altos: en abril de 2026, el precio del oro promedió US$ 4,695 por onza, el triple que a inicios de 2019 (US$ 1,322). Estas cifras evidencian que se trata de una economía ilícita de gran escala, vinculada al crimen organizado, lavado de activos y narcotráfico.

El auge de la minería ilegal y otras actividades ilícitas

La magnitud del dinero que mueve la minería ilegal se refleja en el sistema financiero. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) asociados a minería ilegal, alertados por bancos, cajas municipales y otros a la SBS, se multiplicaron por diez entre 2019 y 2025. Tras revisar estos reportes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS reportó que en la última década esta actividad concentró más de la mitad de los flujos por posibles delitos (más de US$ 6 mil millones), consolidándose como el principal medio de lavado de activos del país.

La mayor escala de estos flujos financieros refleja vínculos entre la minería ilegal y grandes redes criminales. Las denuncias vinculadas a minería ilegal, registradas en el Ministerio del Interior, se triplicaron entre 2020 y 2025, aumentando de 2.5 a 7.6 por cada cien mil habitantes. A su vez, la tasa de homicidios se duplicó en el mismo periodo, de 3.6 a 6.6 por cada cien mil habitantes. A ello se suma que, en territorios como La Convención en Cusco y Tambopata en Madre de Dios, se evidencia una superposición de inscritos al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y cultivos ilícitos de coca identificados por Devida, donde las economías ilegales comparten rutas, insumos y estructuras logísticas.

Piura: Minería ilegal fronteriza

Dada su condición fronteriza, Piura es una de las regiones más expuestas ante la minería ilegal. Los desafíos geográficos del control y vigilancia facilitan el ingreso o salida irregular de maquinaria y minerales sin trazabilidad, así como el uso de rutas de comercialización ilegales.

Al igual que a nivel nacional, la dimensión financiera del problema se evidencia en la región. Los ROS del sistema financiero vinculados a minería ilegal en Piura se multiplicaron por 16 entre 2019 y 2025. Así, en 2025 la región registro el octavo mayor monto a nivel nacional, que ascendió a US$54 millones.

En ese contexto, se evidencia un deterioro en la seguridad. Las denuncias por minería ilegal aumentaron 82.4% entre 2020 y 2025, concentradas en las provincias fronterizas de Sullana y Ayabaca. Esta última concentra el 63% de los registros de Reinfos de la región y cerca de un tercio de estos están suspendidos. Además, Piura pasó de tener la menor tasa de homicidios del país a registrar la séptima más alta, aumentando de 1.0 a 6.9 muertes por cada cien mil habitantes entre 2019 y 2025, superando al promedio nacional (6.6).

Recomendaciones

Las elecciones abren una oportunidad para exigir una estrategia integral que combine la eliminación del Reinfo, trazabilidad de insumos y minerales, fiscalización sostenida y cooperación transfronteriza. Sin embargo, los partidos que pelean el pase a la segunda vuelta plantean enfoques que no abarcan todos los ejes del problema. Ninguno propone eliminar el Reinfo ni establecer plazos improrrogables de formalización. Fuerza Popular enfatiza en operativos, trazabilidad y control de fronteras. Juntos por el Perú propone una mayor intervención estatal en la comercialización del oro de la minería artesanal, modelo que presenta riesgos de legitimación de producción ilegal, como ocurre en Bolivia. Renovación Popular plantea intervención militar directa en focos críticos, sin mecanismos de sostenibilidad operativa ni articulación con la fiscalía.

Elaborado por Paola Herrera, economista senior del IPE, con la colaboración de Matias Buendia.

La Policía Nacional rechazó de manera categórica los hechos violentos ocurridos en el sector de Puente Amarillo, en el municipio de Ataco, Tolima, donde durante un operativo contra la minería ilegal se registró la incineración de un vehículo institucional tipo NPR y actos de intimidación contra integrantes de la Fuerza Pública.

Según el pronunciamiento oficial, los hechos se presentaron en medio de una intervención conjunta con el Ejército Nacional, en una zona donde se adelantan acciones para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros, una de las economías ilegales de mayor expansión en el sur del departamento.

Rechazo contundente de la Policía

La institución fue enfática en señalar que ninguna manifestación de inconformidad justifica actos criminales contra la Fuerza Pública ni acciones que alteren el orden público.

“Ninguna manifestación de inconformidad puede justificar acciones criminales que atenten contra la vida, la integridad y la seguridad de nuestros uniformados”, señaló la Policía Nacional.

Asimismo, la entidad confirmó que, gracias a la reacción oportuna de los uniformados, no se registraron policías ni militares lesionados durante el ataque, pese a la gravedad de los hechos.

La institución agregó que continuará actuando con firmeza, responsabilidad y apego a la ley, en defensa de la legalidad y la seguridad ciudadana.

Operativo contra minería ilegal en Ataco desencadenó los disturbios

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la situación se originó durante una operación militar contra la minería ilícita desarrollada por tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de Santiago Pérez, zona rural de Ataco.

El objetivo de la intervención era neutralizar puntos de extracción ilegal de oro, actividad que, según reportes oficiales, ha venido creciendo en la región y que estaría asociada a economías criminales.

Durante el desarrollo del operativo, un grupo de personas habría intentado obstruir la acción de las autoridades, lo que derivó en enfrentamientos que escalaron rápidamente.

Ejército Nacional: ataques con piedras y quema de vehículos

Por su parte, el Ejército también rechazó los hechos violentos y entregó su versión de lo ocurrido, asegurando que algunos civiles agredieron a las tropas con piedras y otros elementos contundentes.

Además, la institución confirmó que, durante la asonada, fue incendiado un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional, lo que representó un grave riesgo para la integridad de los uniformados y afectó el desarrollo de la operación.

El Ejército señaló: “Rechazamos enérgicamente estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan operaciones orientadas a proteger los recursos naturales y restablecer la legalidad”.

Investigaciones y posible instrumentalización de comunidades

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de los ataques, así como posibles redes detrás de la minería ilegal en el sur del Tolima.

Se ha advertido sobre la posible instrumentalización de comunidades por estructuras criminales, especialmente en zonas donde se ha fortalecido la extracción ilícita de oro.

Además, se investiga la eventual influencia de grupos armados ilegales en la organización de los disturbios, en un contexto donde la minería ilegal representa millonarias rentas criminales.

Minería ilegal: una economía criminal en expansión en el Tolima

El caso vuelve a poner en el centro del debate la expansión de la minería ilegal en el departamento. Según cifras dadas por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, existen cerca de 5.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en el sur del departamento, operando con más de 300 retroexcavadoras.

De acuerdo con cifras oficiales, solo en una de las operaciones realizadas en abril se destruyó maquinaria valorada en $2.900 millones, utilizada para una actividad ilícita que generaba más de $15.900 millones mensuales para estructuras armadas ilegales.

Las autoridades han advertido que esta economía ilícita genera ingresos multimillonarios para estructuras criminales, lo que incrementa la violencia contra la Fuerza Pública y la presión en zonas rurales.

Llamado a la calma y continuidad de operativos

Finalmente, tanto la Policía Nacional como el Ejército hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma y a evitar acciones violentas que afecten la convivencia.

Las instituciones reiteraron que continuarán desarrollando operativos contra la minería ilegal y otras economías criminales, con el objetivo de proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad en el territorio.

Las autoridades denunciaron ataques de civiles durante un operativo que buscaba desarticular complejos de extracción ilícita de oro en la región. Los hechos generaron preocupación por el aumento de la violencia en la zona, el fortalecimiento de economías ilegales y la posible instrumentalización de la comunidad por parte de estructuras armadas.

Operativo contra la minería ilegal desata disturbios

El Ejército Nacional detalló que soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales adelantaban una operación en Santiago Pérez, zona rural del municipio de Ataco.

El objetivo era neutralizar puntos de extracción ilegal de oro, actividad que crece de forma considerable en el sur del Tolima. Durante el desarrollo de la intervención, centenares de personas identificadas por las autoridades como mineros ilegales rodearon a los uniformados, impidiendo el avance de la diligencia.

La jornada se tornó violenta cuando civiles comenzaron a lanzar piedras, palos y machetes contra las tropas, provocando lesiones a trece militares. La institución castrense denunció que “un grupo de personas obstruyó el desarrollo de una operación militar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros”.

Además, los disturbios llegaron hasta la estación de Policía del corregimiento, donde los uniformados se vieron obligados a resguardarse para evitar una posible agresión mayor.

Vehículos oficiales incendiados y tensión en la región

Durante los disturbios, dos vehículos oficiales, incluidos al menos un camión tipo NPR de la Policía Nacional, fueron incendiados por la multitud. Este acto puso en riesgo la integridad de los uniformados y afectó la capacidad de respuesta de la fuerza pública en la zona.

Según la denuncia difundida por el Ejército a través de X, “algunos civiles agredieron con piedras a las tropas y posteriormente incendiaron un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados y afectando la acción legítima de las autoridades”.

La situación generó momentos de pánico en Santiago Pérez, donde las imágenes captadas por ciudadanos mostraron a la población acompañando a los uniformados hasta la estación de Policía, un hecho inusual para la región. La intervención de la Dirección de Carabineros de la Policía tampoco fue suficiente para contener la tensión debido a la cantidad de personas involucradas.

Denuncias de instrumentalización y contexto de la minería ilegal

Al parecer, los ciudadanos implicados en la asonada provienen en gran parte de otros lugares del país y estarían vinculados a actividades de extracción ilícita de oro.

Autoridades locales han advertido sobre la posible influencia de las disidencias de las Farc, concretamente del Frente Ismael Ruiz, en la organización y financiación de estos disturbios.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, recientemente reveló que existen cerca de 5.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en el sur del departamento, operando con más de 300 retroexcavadoras. De acuerdo con cifras oficiales, solo en una de las operaciones realizadas en abril se destruyó maquinaria valorada en $2.900 millones, utilizada para una actividad ilícita que generaba más de $15.900 millones mensuales para estructuras armadas ilegales.

Rechazo institucional y operativos en curso

El Ejército Nacional rechazó de manera enfática estos hechos, advirtiendo sobre el peligro que representan para la institucionalidad y la protección de los recursos naturales.

“Rechazamos estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”, manifestó la institución.

La fuerza pública continúa verificando la situación en la zona y se mantiene a la espera de un pronunciamiento oficial sobre uniformados lesionados y posibles capturas. Hasta el momento, no se ha confirmado un balance definitivo de heridos ni de daños materiales.

La Armada de Colombia informó sobre la destrucción e inhabilitación de maquinaria utilizada en minería ilegal en el departamento del Cauca, una acción que representó una afectación económica combinada superior a 700 millones de pesos para las estructuras criminales responsables de estas actividades.

En el municipio de Guapi, las tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 4 ejecutaron dos operaciones coordinadas con el Comando Aéreo de Combate No. 7, gracias a inteligencia naval.

Así como explicó el coronel de Infantería de Marina Jorge Enrique González Orejuela, Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4: “se logró la destrucción e inhabilitación de maquinaria utilizada en la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento del Cauca. Gracias a información de inteligencia naval y en coordinación con el Comando Aéreo de Combate número siete, tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número cuarenta y dos desarrollaron dos operaciones en la zona rural del municipio de Guapi”.

La primera intervención, realizada en el sector San José de Guare, permitió detectar en flagrancia actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

En ese lugar, los uniformados hallaron y destruyeron de manera controlada una retroexcavadora, cumpliendo con la normatividad vigente y procurando minimizar los daños ambientales.

Durante una segunda acción en la misma zona, los efectivos localizaron tres dragas, una clasificadora y cuatro motobombas, todas en funcionamiento. El procedimiento culminó con la inhabilitación de estos equipos, lo que generó una nueva afectación al financiamiento de las organizaciones ilegales.

“En una segunda operación, en esta misma zona, se localizaron tres dragas, una clasificadora, cuatro motobombas que fueron inhabilitadas con una afectación económica de cerca de doscientos noventa y un millones de pesos”, detalló el oficial.

Las operaciones se fundamentaron en el Decreto 1035 de 2024, que otorga facultades a las Fuerzas Militares para destruir o inhabilitar maquinaria empleada en actividades ilícitas. La normativa apunta a frenar la degradación ambiental y a debilitar las economías ilegales que sostienen a grupos armados residuales como el conocido Jhonier Toro Arenas.

“Estas acciones, realizadas en el cumplimiento del Decreto diez treinta y cinco de 2024, permiten afectar directamente las economías ilícitas de las estructuras como el Gador Joiner Toro Arenas, responsable de graves daños ambientales por la explotación ilegal de recursos”, agregó el Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4.

El balance de las autoridades indica que la destrucción de la retroexcavadora representó una pérdida económica de 410 millones de pesos, mientras que la inhabilitación de las dragas y motobombas sumó un impacto estimado en 291 millones de pesos para las estructuras criminales.

Las fuerzas militares sostienen que estos resultados afectan de manera directa las finanzas de las bandas involucradas, al mismo tiempo que contribuyen a frenar la contaminación ambiental asociada a la minería ilegal en la región.

La Armada anunció que mantendrá operaciones constantes y coordinadas con otras autoridades, con el objetivo de proteger los recursos naturales del Pacífico colombiano y reforzar la seguridad en el territorio.

Según la institución, el trabajo conjunto busca garantizar la defensa del entorno natural y limitar el margen de acción de los grupos armados que se benefician de la explotación ilícita de minerales.

“La Armada de Colombia continuará adelantando operaciones contra estas actividades con el propósito de proteger el medio ambiente y fortalecer la seguridad en el Pacífico colombiano. Año 2026. Azul que inspira, fuerza que protege”, concluyó el coronel Jorge Enrique González Orejuela.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la designación de Paolo Joel Andrés Alzamora como nuevo director general de la Dirección General de Minería (DGM), un nombramiento que genera inquietud en el sector por los antecedentes empresariales del funcionario.

La resolución Resolución Ministerial N° 198-2026-MINEM/DM fue publicada el 6 de mayo de 2026, menos de un mes después de que Gaby Yulisa Julca Cumbicus asumiera el cargo el 10 de abril.

Hasta ayer, Alzamora se presentaba públicamente como titular del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), tras asumir de forma interina en enero pasado.

¿Un cambio acelerado en la cúpula minera?

La llegada de Alzamora ocurre tras una gestión fugaz de Julca , quien estuvo menos de un mes en el cargo. Todavía no se ha anunciado quién lo reemplazará en Ingemmet.

Según El Comercio, Alzamora fue gerente general de TLM Consulting S.A.C. hasta octubre de 2025, empresa que mantiene una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Aunque el acta de transferencia de acciones y del cargo no aparecía en la Sunarp, la compañía figura como titular del derecho minero Abundancia 2014-I en Lima, dentro del registro orientado a la minería informal.

Esta situación podría generar posibles conflictos de interés: la DGM regula, autoriza y supervisa a los operadores mineros, incluyendo a quienes buscan formalizarse por el Reinfo.

Cercanía política con el expresidente José Jerí

De acuerdo con la investigación, el hoy director de Minería fue asesor de la Alta Dirección del Viceministerio de Hidrocarburos y mantenía vínculos políticos con el expresidente José Jerí, con quien coincidió en la gestión regional de Áncash en 2020.

Registros oficiales muestran visitas de Alzamora al despacho de Jerí en el Congreso y fotografías de su hermano junto al mandatario.

Según fuentes del MINEM citadas por El Comercio, el propio funcionario se propuso para el cargo, indicando que actuaba “por encargo del presidente José Jerí”.

Y es que se trata de un puesto clave: la DGM es responsable de autorizar, supervisar y regular actividades de exploración, explotación, transporte y beneficio minero. Además, administra títulos mineros y gestiona la estabilidad tributaria de los proyectos.

INGEMMET y DGM, dos pilares de la gestión minera

El Ingemmet es el organismo público especializado encargado de la investigación geológica, administración del catastro minero, concesiones, monitoreo volcánico y análisis de riesgos.

La DGM, por su parte, actúa como autoridad concedente, gestiona concesiones de beneficio y transporte, regula técnicamente el sector y evalúa programas de inversión.

Ambos organismos cumplen roles cruciales en la promoción de la minería sostenible y la prevención de riesgos, pero el reciente reacomodo en las direcciones estratégicas —con funcionarios con vínculos recientes en el sector informal y la política— activa el debate sobre la independencia y la integridad en la gestión pública.

Hasta el cierre de esta edición, el MINEM no ha informado públicamente los criterios por los que seleccionó a Alzamora para dirigir la DGM ni ha detallado los mecanismos para evitar conflictos de interés.

La lucha contra la minería ilegal en Crucitas, en la frontera norte de Costa Rica, continúa intensificándose. En los últimos días, la Fuerza Pública logró la detención de 12 personas vinculadas con estas actividades ilícitas, en una serie de operativos realizados en distintos puntos de esta conflictiva zona del cantón de San Carlos.

De acuerdo con información oficial, la mayoría de los detenidos corresponde a ciudadanos nicaragüenses que se encontraban realizando labores de extracción de oro de manera ilegal dentro del territorio nacional. Estas personas fueron remitidas a la Fiscalía de San Carlos, donde podrían enfrentar cargos por presunta infracción al Código de Minería, lo que podría derivar en sanciones penales según lo establecido por la legislación costarricense.

El resto de los aprehendidos fue interceptado mientras se dirigía hacia los puntos de extracción clandestina. En estos casos, las autoridades determinaron que permanecían en condición migratoria irregular, por lo que fueron puestos a la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería para iniciar su proceso de deportación hacia Nicaragua.

Crucitas se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales focos de minería ilegal en Costa Rica. Esta actividad no solo representa un desafío creciente en materia de seguridad, sino que también genera un impacto significativo en el ambiente, afectando ecosistemas de alto valor ecológico. La extracción artesanal, sin controles técnicos ni regulaciones, provoca la degradación de los suelos, la deforestación y la contaminación de fuentes de agua, especialmente por el uso de sustancias tóxicas como el mercurio.

A esto se suma la presencia de grupos organizados que, según han advertido las autoridades, operan detrás de estas actividades ilegales, lo que complica aún más el panorama. La dinámica en la zona ha obligado al Estado costarricense a reforzar la vigilancia y a mantener una presencia constante de cuerpos policiales.

Frente a este escenario, la Fuerza Pública mantiene operativos permanentes en el área, con presencia las 24 horas del día. Los oficiales deben enfrentar condiciones particularmente difíciles, como intensas lluvias, terrenos fangosos y de difícil acceso, así como la constante movilidad de quienes participan en la minería ilegal, lo que dificulta su localización y captura.

Como parte de estas acciones, también se logró el decomiso de múltiples herramientas y equipos utilizados para la extracción de oro. Entre los artículos incautados se encuentran rotamartillos, palas, barras metálicas, máquinas tipo tómbolas, plantas eléctricas y bombas sumergibles, entre otros implementos clave para estas operaciones clandestinas.

El retiro de estos insumos representa un golpe importante para las organizaciones que operan en la zona, ya que limita su capacidad de continuar con las actividades extractivas ilegales. Sin embargo, las autoridades reconocen que el fenómeno es complejo, dinámico y persistente, por lo que requiere de intervenciones sostenidas en el tiempo y de una coordinación interinstitucional.

La presencia de oreros en Crucitas ha sido una constante en los últimos años, impulsada en gran medida por factores económicos y sociales en la región fronteriza. La falta de oportunidades laborales y la cercanía con Nicaragua han contribuido a que muchas personas vean en la extracción de oro una alternativa para generar ingresos, pese a los riesgos legales y ambientales que implica.

En este contexto, las autoridades reiteraron que los operativos continuarán desarrollándose de manera permanente, con el objetivo de proteger los recursos naturales del país, preservar los ecosistemas afectados y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la minería ilegal, destacando que la colaboración ciudadana es clave para enfrentar este problema que afecta tanto al ambiente como a la seguridad nacional.

De acuerdo a información difundida por Canal N, la acción fue ejecutada por representantes de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de la provincia del Santa, en coordinación con efectivos de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional. Según la información brindada por las autoridades, durante el operativo se identificaron instalaciones utilizadas para el procesamiento artesanal de mineral sin autorización legal vigente.

Maquinaria artesanal

Durante la intervención, las autoridades constataron la existencia de diversa infraestructura vinculada a actividades mineras informales. Entre los elementos hallados se encontraron quimbaletes, molinos artesanales, pozos con relaves y sistemas de abastecimiento de agua utilizados para el procesamiento de minerales.

Asimismo, los agentes detectaron indicios de actividad reciente en ambos puntos intervenidos. Según Canal N, entre las evidencias reportadas figuran residuos húmedos, conexiones operativas y herramientas de trabajo que habrían sido utilizadas en las labores de procesamiento mineral. Las autoridades señalaron que estas instalaciones operaban de manera irregular y sin los permisos correspondientes.

Cuatro intervenidos

Como resultado del operativo, cuatro personas quedaron intervenidas luego de no poder acreditar autorización legal para desarrollar actividades mineras en la zona. Las autoridades verificaron además que no existían registros vigentes vinculados a las operaciones en la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash ni en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La Fiscalía y la Policía dispusieron también la interdicción de las dos plantas intervenidas. En el lugar se incautaron equipos celulares y tres motocicletas que habrían estado relacionadas con las actividades detectadas durante las diligencias realizadas en Huarmey.

Fiscalía y PNP continúan acciones contra minería ilegal

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones destinadas a enfrentar la minería ilegal e informal en distintas zonas de Áncash. La intervención se desarrolló bajo coordinación entre el Ministerio Público y las unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de delitos ambientales.

La minería ilegal es considerada una actividad que genera impactos ambientales debido al manejo inadecuado de residuos y relaves, además de operar al margen de la normativa vigente. Por ello, las autoridades señalaron que continuarán realizando operativos de fiscalización e interdicción en diferentes puntos de la región.

Interdicciones a la minería ilegal se duplicaron

Entre 2024 y 2026, el Estado peruano más que duplicó el promedio mensual de operativos de interdicción contra la minería ilegal. Según datos expuestos por el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, en 2026 se superaron las 130 intervenciones mensuales, mientras que en 2024 la cifra era de 62. Este incremento responde a la expansión de las actividades mineras ilícitas y al aumento del precio internacional del oro, que superó los 5.000 dólares por onza.

A pesar de la intensificación de los operativos, los recursos destinados a combatir la minería ilegal continúan siendo insuficientes frente a esta problemática, que moviliza más de 12.000 millones de dólares anuales, diez veces más que el narcotráfico, pero recibe apenas una décima parte de los fondos asignados a la lucha antidrogas. En 2025, el presupuesto estatal destinado a esta tarea fue de 70 millones de soles y, en 2026, aumentó a 178 millones, mientras que la lucha antidrogas alcanzó los 700 millones de soles en el mismo periodo.

El impacto ambiental y social de la minería ilegal es severo. En los últimos años, se han destruido más de 140.000 hectáreas de bosques y contaminado al menos 225 cuerpos de agua con mercurio, afectando principalmente a regiones como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco. La contaminación compromete la salud y el sustento de comunidades indígenas, cuyos recursos hídricos resultan esenciales para su supervivencia. El esfuerzo estatal, reflejado en la multiplicación de operativos y decomisos, aún no logra contener la expansión de este delito, que sigue avanzando sobre los ecosistemas más vulnerables del país.

Tropas del Batallón de Selva No. 48 de la Brigada 19 del Ejército Nacional ubicaron e incautaron 27 toneladas de cianuro almacenadas de forma irregular en la zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Este decomiso, ejecutado durante una operación de inteligencia, se realizó en un contexto de lucha constante contra la minería ilegal en la región. El Ejército Nacional reportó que la sustancia, altamente reactiva y tóxica, estaba bajo custodia de una estructura criminal que opera actividades ilícitas en la zona.

El cianuro es un compuesto químico letal, utilizado principalmente en procesos industriales y en la extracción de oro y plata. De acuerdo con la información oficial, el material confiscado iba a ser empleado en prácticas de minería ilegal, lo que representa un grave riesgo tanto para la salud de la población como para el medioambiente.

Consecuencias ambientales y de salud pública

La alta toxicidad del cianuro lo convierte en una amenaza inmediata cuando se maneja sin los controles necesarios.

Las autoridades señalaron que la mezcla incautada estaba almacenada en condiciones precarias, lo que incrementaba el peligro de intoxicación masiva por inhalación, ingestión o contacto físico. En palabras del Ejército Nacional, “el cargamento representaba un riesgo inminente para la salud pública y el ecosistema local”.

El uso indiscriminado de sustancias como el cianuro genera daños irreversibles en los ecosistemas, contamina el agua y afecta la fauna, la flora y la vida de cientos de familias que dependen de estos recursos naturales.

De acuerdo con las autoridades, la manipulación inadecuada de estos químicos puede dejar secuelas de difícil reparación en las fuentes hídricas y en la biodiversidad de la región.

Reacción institucional y acciones articuladas

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la labor de la fuerza pública en la región, especialmente en la zona sur, donde la minería ilegal se tornó en una fuente de financiación para grupos armados.

“Toda nuestra fuerza pública cuenta con el apoyo irrestricto de la Gobernación de Bolívar para que continúe, con determinación, asestando golpes contundentes contra los grupos ilegales y garantizando la seguridad en el territorio. Estas acciones también permiten prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de miles de familias. Seguimos avanzando en la construcción de un departamento más seguro y en paz”, expresó el mandatario a medios locales.

Desde la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar se resaltó la importancia del trabajo conjunto entre la fuerza pública y las autoridades territoriales, que intensificaron las operaciones contra la minería ilegal.

El objetivo es garantizar la seguridad y la preservación de los recursos naturales del departamento. Tras la incautación, el material quedó a disposición de la autoridad competente y se inició la investigación correspondiente para identificar la procedencia y los responsables.

Tras la incautación, las autoridades iniciaron una investigación para determinar el destino final del cargamento y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El Ejército Nacional subrayó que la acción representa “un golpe contundente a los grupos armados ilegales que se dedican a prácticas que acaban con el medioambiente”.

Contexto de seguridad en la región: capturas y desarticulación de grupos armados

En el mismo contexto de operaciones contra el crimen organizado, las autoridades informaron sobre la captura de siete presuntos integrantes del Clan del Golfo en diferentes municipios de Bolívar y Magdalena.

La operación fue desarrollada por la Fuerza Naval del Caribe, con apoyo de la Primera División del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Según la información oficial, cinco de los detenidos tenían órdenes judiciales por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, mientras que dos fueron capturados en flagrancia.

Entre los capturados se encuentra una mujer identificada como presunta cabecilla pseudopolítica de la subestructura Edwin José Sierra Regino, señalada de reclutamiento forzado de menores y de la dinamización de economías ilegales.

Otro capturado sería responsable del almacenamiento de material de guerra y control de actividades criminales. Durante el operativo se incautaron armas, munición, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.

Los detenidos y el material confiscado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para su respectivo proceso. La Armada de Colombia reiteró que continuará con las operaciones conjuntas para debilitar las estructuras criminales que afectan a la región y garantizar la seguridad de la población.

El Estado peruano duplicó el número de interdicciones contra la minería ilegal en menos de dos años, mientras la asignación presupuestaria sigue sin equiparar el impacto económico y ambiental de este delito.

Según datos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la minería ilegal moviliza más de US$ 12.000 millones anuales, 10 veces más que el narcotráfico, pero recibe solo una décima parte de los recursos asignados a la lucha antidrogas.

El general (r) Rodolfo García, Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó en el XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores que en 2026 el promedio mensual de interdicciones superó las 130, frente a las 62 registradas en 2024.

La cifra representa un incremento superior al 100% en la frecuencia de operativos, impulsada por la expansión de actividades ilegales y el alza del precio internacional del oro, que ha alcanzado más de cinco mil dólares la onza.

Impacto ambiental y social: datos y zonas críticas

La minería ilegal ha dejado más de 140.000 hectáreas de bosques destruidos y al menos 225 cuerpos de agua contaminados con mercurio, afectando principalmente a las regiones de Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco.

El informe del IIMP advierte que la contaminación compromete la salud y los medios de vida de comunidades indígenas, para quienes los recursos hídricos de la Amazonía son esenciales. El aumento del precio del oro ha incentivado la expansión de operaciones ilegales, que aprovechan vacíos regulatorios y limitaciones en la respuesta estatal.

La PCM detalló que el presupuesto estatal destinado a combatir la minería ilegal fue de S/70 millones en 2025, mientras la lucha contra el narcotráfico recibió S/700 millones ese mismo año.

Para 2026, la asignación para minería ilegal subió a S/ 178 millones, aunque la distancia frente al impacto económico y social persiste. En dos años, se ejecutaron más de 2.300 operativos y se decomisaron bienes valorados en más de S/7.000 millones, según los reportes oficiales.

Estrategias oficiales y límites del modelo actual

La estrategia nacional, aprobada en 2025, involucra a 18 instituciones y adopta el llamado “modelo Pataz”, enfocado en la instalación de puestos de control multisectoriales en rutas fiscales clave para garantizar la trazabilidad de minerales, equipos y personas.

En la provincia de Pataz, región La Libertad, en 2025 se excluyó del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a más de 1.000 mineros por incumplimiento de requisitos. A nivel nacional, la exclusión ya supera los 50.000 registros, lo que limita vías de legalización para actividades ilícitas.

El Decreto Legislativo 1695 ha otorgado mayores facultades a fiscales y policías, quienes ahora pueden intervenir no solo en la extracción, sino también en el transporte, acopio y comercialización de minerales. Según el general García, la minería ilegal representa un riesgo para la seguridad, la gobernabilidad y la salud pública.

El esfuerzo estatal se refleja en la multiplicación de operativos, pero la magnitud del problema pone en el ojo público que los recursos y acciones aún resultan insuficientes para contener la expansión del delito.

Un duro golpe contra las economías ilícitas propinó la Fiscalía General de la Nación después de que informara en la mañana del domingo 3 de mayo sobre la desarticulación de un complejo enclave de minería ilegal en el departamento del Cauca.

Según datos revelados por el ente investigador, el operativo dejó como resultado la captura y judicialización de once individuos, que fueron sorprendidos mientras extraían oro sin permisos, utilizando métodos que ponen en riesgo el equilibrio ambiental del sector.

La diligencia fue desarrollada en las últimas horas en la vereda La Alegría, en zona rural de Santander de Quilichao, donde se documentó un grave impacto ecológico sobre el río Quinamayó.

Durante la acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, los funcionarios hallaron maquinaria y equipos destinados a la extracción aurífera, entre ellos dos motores, dos motobombas, cuatro dragas tipo buzo, seis clasificadoras de oro y tres taladros percutores.

La evidencia permitió establecer que los capturados estarían empleando técnicas no convencionales, vertiendo sustancias tóxicas y abandonando desechos sólidos directamente en las fuentes hídricas.

El procedimiento judicial incluyó la presentación de los detenidos ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, ecocidio y contaminación ambiental.

Según la Fiscalía, los acusados no solo operaban sin los permisos requeridos, sino que además generaron afectaciones directas sobre el ecosistema, principalmente en el cauce del río Quinamayó, receptor de los residuos contaminantes.

El grupo de procesados fue plenamente identificado y responden a los nombres de Jhon Jairo Mina Zapata, Mayken Steven Palacios Balanta, Leiner Edilson Gómez Tegue, José Wilson Camilo Caicedo, Ronald Stiven Trochez Coronado, Niber Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortez, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lasso Campo y Víctor José Molina Cortez.

Sin embargo, aunque el material probatorio en su contra fue catalogado por la justicia como suficiente, todos los acusados se abstuvieron de aceptar los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades sostienen que la modalidad de explotación, en socavón y aluvión, afectó de manera directa la ronda hídrica y puso en peligro especies nativas y la calidad del agua utilizada por comunidades cercanas.

Operativo en Antioquia desarticuló banda que extraía oro en San Luis

La Policía Nacional desmanteló dos unidades de minería ilegal en la vereda El Prodigio, zona rural del municipio de San Luis, Antioquia, durante un operativo ejecutado en el marco de la operación “Hefesto”, con la colaboración de la Seccional de Carabineros, Protección Ambiental y el Ejército Nacional.

Según información entregada por las autoridades, el valor total de la maquinaria destruida supera 1.000 millones de pesos, que servía para generar graves daños ambientales en zona rural del municipio.

El procedimiento, realizado como parte de acciones coordinadas para frenar el daño ambiental y el avance de las economías ilícitas en el oriente antioqueño, incluyó la inutilización de una excavadora Komatsu valorada en 350 millones de pesos, una excavadora Zoomlion de aproximadamente 670 millones, cuatro dragas tipo buzo y siete motobombas a combustión, detalló la Policía Nacional.

El impacto del operativo recae especialmente sobre las actividades ilegales que afectan de manera grave los ecosistemas locales, incluyendo fuentes hídricas y suelos, de acuerdo al coronel Luis Muñoz, comandante del departamento.

“Este tipo de acciones impacta directamente las economías ilícitas que operan en la región y que generan graves afectaciones a los ecosistemas, especialmente en fuentes hídricas y suelos”, señaló el oficial.

Entretanto, las autoridades anunciaron la continuidad de los operativos en distintas zonas de Antioquia para contrarrestar la minería ilegal y salvaguardar los recursos naturales.

El Comando Unificado Pataz ejecutó la operación “Caballo de Troya” en el anexo Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad, como respuesta a informes de inteligencia que alertaron sobre la presencia de armamento ilegal vinculado a actividades de minería ilegal y crimen organizado.

La intervención se realizó durante la madrugada del viernes 1 de mayo, bajo el marco del estado de emergencia vigente en la zona.

Durante la operación, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano (EP) aseguraron el área e ingresaron a un sector conocido como “Las Porfirias”, en el área de “Los Alisos”, donde localizaron una bocamina utilizada como refugio por un grupo numeroso de personas investigadas por presuntas actividades ilícitas. El despliegue táctico involucró la participación de unidades especializadas GRECO y FEC, junto a fuerzas militares.

Como resultado, se logró la detención de 68 personas y la incautación de un arsenal de guerra compuesto por tres fusiles Galil, un fusil de francotirador, un fusil automático ligero FAL, cuatro subametralladoras, municiones de diversos calibres, explosivos y cargadores específicos para este armamento.

Según el reporte oficial, 67 de los detenidos no pertenecerían a Pataz, sino que procederían de otras jurisdicciones, lo que refuerza la hipótesis sobre la presencia de redes delictivas externas en la zona.

Impacto de la intervención y balance acumulado

El material incautado y las personas intervenidas fueron trasladados a la comisaría del sector, donde permanecen bajo investigación a cargo de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el proceso de identificación y diligencias se realiza conforme a ley, y que todos los hallazgos han sido puestos a disposición de las instancias competentes para continuar con las investigaciones.

En conferencia realizada en Trujillo, el jefe del Comando Operacional del Norte, general de división EP Carlos Rabanal Calderón, junto a altos mandos militares y policiales, destacó la importancia de esta operación conjunta.

La intervención fue presentada como uno de los golpes más significativos contra la estructura de la minería ilegal y el crimen organizado desde la creación del Comando Unificado Pataz, por la cantidad de armamento incautado y el alcance del operativo.

El balance acumulado del Comando Unificado en la región indica una afectación económica aproximada de S/ 250 millones a las actividades ilícitas, la incautación de 78 armas entre fusiles y pistolas, más de 16 000 municiones, más de 33 000 kilos de explosivos y la detención de más de 159 personas desde el inicio de sus operaciones.

Compromiso de las fuerzas del orden

El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio del Interior reafirmaron su compromiso de mantener el combate contra la minería ilegal y fortalecer la seguridad de la población en la provincia de Pataz.

La presencia activa de las fuerzas del orden busca restablecer el principio de autoridad y garantizar la tranquilidad de los habitantes frente a escenarios de alta peligrosidad provocados por el avance del crimen organizado.

Una operación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) junto a la Policía de Carabineros permitió descubrir y suspender una explotación minera ilegal en el municipio de Soacha.

El hallazgo se produjo en la vereda Panamá, en la que equipos técnicos y uniformados constataron la extracción de materiales de construcción mediante maquinaria pesada, sin que la actividad contara con el título minero vigente requerido por la normativa colombiana.

Según informó la CAR, en el lugar funcionaban tres puntos de extracción activos. En el primero, cuatro volquetas y una retroexcavadora cargaban arena, grava y recebo, mientras que una zaranda permitía la clasificación del material.

El segundo punto contaba con dos cargadores, una máquina amarilla y otro vehículo de carga en plena faena. El tercer frente también registraba movimiento con equipos pesados, todos operando fuera de la regulación estatal.

Por su parte, el director de la CAR, Alfred Ballesteros publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que informó a cerca de este hecho: “Desde la @CAR_Cundi y con apoyo de la Policía de Carabineros, suspendimos tres frentes de explotación de arena y recebo que operaban sin título minero vigente en zona rural del municipio de Soacha. En el operativo encontramos: Retroexcavadoras en plena operación Volquetas y cargadores trabajando. Clasificación de material en curso. Seguiremos ejerciendo nuestra actualidad ambiental en función del territorio CAR”.

De acuerdo con un reporte oficial recogido por la CAR, la intervención se motivó porque la explotación carecía del permiso y título minero actualizado otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

César Rico Mayorga, director regional de la entidad en Soacha, explicó: “El proyecto no tiene el título minero vigente que otorga la autoridad competente, por lo que se procedió a suspender de inmediato la operación”, declaración recogida por la propia corporación.

La licencia ambiental que poseía el emprendimiento databa de 2003 y ya no cumplía con los requisitos legales. Según detalló la CAR, la suspensión se aplicó de manera inmediata sobre todas las labores extractivas en la zona, como parte de los principios de control ambiental y coordinación institucional entre autoridades.

La intervención busca evitar daños ambientales y frenar prácticas irregulares que amenazan los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas del municipio.

La CAR reiteró que mantendrá operativos conjuntos con la Policía para identificar y sancionar este tipo de actividades fuera de la ley en el departamento de Cundinamarca.

La CAR inició acciones legales tras detectar acopio ilegal de madera en un predio rural

En un operativo realizado en la vereda San Jorge, en el municipio de Soacha, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva tras hallar 42 unidades de madera acopiadas sin autorización, presuntamente destinadas a la producción de carbón vegetal.

Según informó la CAR, el material incautado corresponde a trozas de ciprés almacenadas en el predio Las Acacias, en el que no se contaba con permiso de aprovechamiento forestal.

El procedimiento, reportado por la autoridad ambiental, permitió identificar que la madera ya se encontraba lista para ser utilizada, aunque no se evidenció quema a cielo abierto durante la inspección. De acuerdo con un comunicado de la CAR, la actividad se desarrollaba de forma irregular y actualmente se encuentra en proceso sancionatorio administrativo.

César Augusto Rico Mayorga, director regional de la CAR en Soacha, explicó que “en el momento de la visita técnica reposan restos de madera a la espera de surtir el trámite sancionatorio correspondiente”.

El funcionario realizó un llamado para erradicar prácticas que afectan los recursos naturales y señaló que “es fundamental tratar de evitar estas actividades que afectan los recursos aire, suelo y flora”, de acuerdo con declaraciones recogidas por la entidad.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reiteró que la tala sin autorización impacta directamente recursos como el agua y el suelo. Según la información difundida, toda intervención forestal requiere autorización previa de la autoridad ambiental competente. Además, la entidad recordó que la protección del entorno es una obligación colectiva de la ciudadanía.

Por el momento, el material incautado permanece bajo custodia en el predio mientras avanzan las acciones administrativas para establecer responsabilidades y determinar eventuales sanciones.

La tercera acción a gran escala en menos de dos meses volvió a poner en evidencia cómo operan estas estructuras ilegales en una franja cercana al límite con territorio peruano. Tropas ecuatorianas ingresaron en helicópteros a sectores como San Luis, Dos Camas y La Aída, donde localizaron campamentos precarios levantados con madera y plástico en medio de la montaña. Según los reportes oficiales, desde el inicio de los operativos también se ha logrado desalojar a más de 2.000 personas que permanecían en las inmediaciones del parque, mientras la presión sobre el ecosistema continuaba avanzando con la explotación no autorizada de material aurífero.

El despliegue militar en Podocarpus y la estructura detrás de la minería ilegal

Las acciones se desarrollan dentro del Parque Nacional Podocarpus, una reserva de 146.000 hectáreas considerada clave para la conservación ambiental y la provisión de agua en la región. El área forma parte de la Reserva de Biósfera del Ecuador, reconocida por la UNESCO desde 2007, y se ha convertido en un punto crítico por la expansión de la minería ilegal en frontera con Perú. De acuerdo con información de inteligencia militar, el control de estas actividades estaría en manos del grupo armado Los Lobos, una referencia que ha encendido las alertas por la combinación de crimen organizado, extracción ilícita y ocupación territorial.

Durante la más reciente intervención, los uniformados destruyeron infraestructura usada para sostener la operación minera clandestina. Entre los elementos encontrados figuran bocaminas, rotomartillos, generadores eléctricos, emulsiones explosivas, mecha lenta, combustible, municiones, una carabina Mossberg, además de campamentos con capacidad para decenas de personas. También se halló un centro de procesamiento de material aurífero equipado con chancadoras, mangueras de agua y antenas satelitales Starlink, lo que muestra un nivel de organización mucho más amplio que el de una actividad artesanal aislada.

133.000 dólares de afectación económica a mafias

Las autoridades ecuatorianas sostienen que la intervención busca cortar la logística de las redes dedicadas a la explotación ilegal de oro, afectando su capacidad de movilización, abastecimiento y permanencia en la zona. En las operaciones ejecutadas en este sector, la afectación económica estimada supera los 133.000 dólares, una cifra que forma parte de los cálculos oficiales sobre el golpe a las estructuras criminales asentadas en el parque.

Desde el punto de vista operativo, el ingreso por aire ha sido uno de los factores que ha permitido a las tropas avanzar sobre una geografía difícil, marcada por cerros, vegetación densa y accesos limitados. Los campamentos detectados estaban distribuidos en distintos puntos de la reserva y funcionaban como bases temporales para el personal involucrado en la extracción, el procesamiento y la custodia del material obtenido de forma ilegal.

En paralelo, la presencia militar en esta zona de la frontera Perú-Ecuador se mantiene como parte de una estrategia de control territorial que apunta a frenar el avance de economías ilícitas en áreas protegidas. La secuencia de operativos iniciada en marzo ha dejado al descubierto una red con capacidad para instalar, mover y rearmar infraestructura clandestina en cuestión de días, mientras persiste la presión sobre uno de los espacios naturales más frágiles del sur ecuatoriano.

La pérdida de bosques primarios tropicales en el Perú se redujo en 8 % durante el año 2025, de acuerdo con un informe de Global Forest Watch difundido por el Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés). De acuerdo a información difundida por Andina Noticas, el país registró una disminución en comparación con el año 2024.

Según el reporte, en el territorio peruano se perdieron 1.700 hectáreas de bosques primarios tropicales durante el último año. Esta cifra representa el 0,25 % del total de áreas de bosques primarios perdidas a nivel mundial. Los bosques primarios tropicales son considerados ecosistemas clave debido a que no han sido intervenidos por la actividad humana y cumplen funciones relacionadas con la regulación climática y la conservación de la biodiversidad.

Pese a la reducción reportada, el Perú se mantiene entre los países con mayores niveles de pérdida de bosques primarios. El informe ubica al país en el quinto lugar del ranking mundial, por detrás de Brasil, Bolivia, Congo e Indonesia.

Agricultura y minería ilegal: principales causas

El estudio de Global Forest Watch, citado por Andina Noticias, señala que la expansión de la actividad agropecuaria continúa siendo la principal causa de pérdida de bosques tropicales en el Perú. Entre los factores identificados destacan el crecimiento de cultivos como el cacao y la palma aceitera, actividades que generan presión sobre las áreas forestales.

Asimismo, el informe advierte que la minería ilegal sigue teniendo un impacto importante en la reducción de bosques primarios, especialmente en la región Madre de Dios. El reporte indica que la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios registrada entre los años 2002 y 2025 en dicha zona del país.

El documento también relaciona la pérdida de bosques con factores climáticos y ambientales. En ese sentido, menciona que los incendios forestales, favorecidos por el calor extremo y las sequías, contribuyen a acelerar la degradación de estos ecosistemas.

Panorama global y efectos ambientales

A nivel mundial, el informe del WRI reporta que durante 2025 se perdieron 4 millones 290 mil hectáreas de bosques tropicales, una cifra equivalente —según la entidad— a la desaparición de más de 11 canchas de fútbol por minuto. No obstante, el estudio destaca que esta pérdida representa una reducción de 36 % respecto al año 2024, periodo marcado por numerosos incendios forestales.

Del total global perdido, un millón 620 mil hectáreas desaparecieron a causa de incendios, mientras que 2 millones 670 mil hectáreas se redujeron por otras causas, principalmente relacionadas con actividades humanas. A pesar de la disminución anual, el WRI advirtió que la cifra actual sigue siendo 46 % superior a la registrada hace diez años.

El informe subraya además que la pérdida de bosques primarios genera consecuencias sobre la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y las fuentes de agua, además de afectar a las poblaciones que dependen de estos ecosistemas para su alimentación, medicina e identidad cultural. En América Latina, se estima que entre 2001 y 2025 se perdieron 132 millones de hectáreas de bosques primarios.

El Ministerio de Defensa de Colombia descartó que el Clan del Golfo realice explotación minera en instalaciones militares del Bajo Cauca antioqueño, tras una inspección liderada por el ministro Pedro Sánchez Suárez en la zona.

La visita respondió a informes que circulaban sobre supuestas actividades ilícitas de extracción de oro dentro del Batallón Rifles, en el municipio de Caucasia. Durante la verificación, el titular de la cartera de Defensa, acompañado por autoridades civiles, militares y equipos técnicos, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene el control institucional y supervisa el cumplimiento de la ley en el área.

El funcionario subrayó que, tras revisar el terreno, no se halló evidencia de explotación minera del Clan del Golfo dentro de la unidad militar, contradiciendo versiones periodísticas y rumores recientes.

Según información recopilada y difundida por el ministerio, la inspección identificó actividades de extracción de oro a cargo de mineros artesanales, algunos asociados a La Mandinga, en terrenos colindantes con el Batallón Rifles, pero fuera de los límites militares.

Estos predios, bajo administración del Fondo para la Reparación de Víctimas, presentan operaciones mineras con maquinaria pesada, lo que ha generado afectaciones ambientales severas en el ecosistema local.

El ministerio señaló que se detectaron discrepancias entre los linderos oficiales registrados en Catastro y los que constan en escrituras públicas, situación que será objeto de una revisión jurídica y técnica para definir con precisión los límites del predio militar.

Medidas inmediatas y refuerzo de control institucional

El ministro Pedro Sánchez Suárez anunció que el Gobierno fortalecerá sus políticas y tomará decisiones inmediatas para garantizar el control y la transparencia en la zona. Entre las acciones implementadas se encuentra el inicio de una misión de trabajo por parte de la Inspección del Ejército Nacional, así como la verificación jurídica y técnica de los linderos del Batallón Rifles.

Además, se intensifica el control operacional, con la incautación y destrucción de maquinaria empleada en la minería ilegal, judicialización de responsables y coordinación con las autoridades ambientales y judiciales competentes.

El Ministerio de Defensa remarcó que la fuerza pública actúa bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y protección a la población civil, aplicando la fuerza exclusivamente en situaciones previstas por la ley y priorizando la protección de los derechos fundamentales.

“Estamos al frente de esta situación, actuando con evidencia, control institucional y decisiones firmes en territorio, para proteger el medio ambiente y a las comunidades, manteniendo la confianza de los colombianos en su fuerza pública”, afirmó Sánchez Suárez durante su visita.

Nuevos compromisos del Gobierno y articulación institucional

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una estrategia integral, que incluye diálogo directo con líderes de La Mandinga para detener la minería no artesanal, y la implementación de medidas sociales, económicas, legales y de seguridad para enfrentar la problemática.

Estas acciones se desarrollan en la hoja de ruta establecida por la Mesa de Seguimiento del Bajo Cauca antioqueño, con compromisos y cronograma para abordar la minería ilegal.

El Ministerio de Defensa dispuso además las líneas nacionales 107 y 157 para recibir denuncias sobre actividades ilícitas o presencia de grupos criminales que representen un riesgo para la seguridad de las comunidades.

Minería ilegal y presencia de organizaciones criminales

El contexto regional evidencia que la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño involucra tanto economías de subsistencia como estructuras criminales. El Ejército Nacional, en un comunicado reciente, reconoció la existencia de entre 2.000 y 2.500 mineros ilegales en la finca La Mandinga, un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y colindante con la base militar.

De acuerdo con la institución castrense, la actividad minera en la zona carece de título y protección legal, y ha provocado un “daño ambiental severo e irreversible”. El Ejército reportó desde 2022 estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, reiterando su compromiso con la legalidad y la protección ambiental.

Las operaciones de la Séptima División han incluido la destrucción de maquinaria y equipos empleados en la actividad ilícita, así como la presentación de nuevas acciones penales contra responsables.

The New York Times documentó la magnitud de la operación minera en terrenos próximos al batallón, señalando que parte del oro extraído habría servido para financiar al Clan del Golfo y parte del metal habría llegado hasta la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

El fotógrafo documental colombiano Federico Ríos Escobar, colaborador habitual de The New York Times y testigo directo de la realidad en las regiones más apartadas del país, compartió detalles inéditos de la investigación que dio origen al reportaje Cartel gold, sold as ‘American’ (Oro de Cartel, vendido como «americano»), publicado en la edición impresa del periódico estadounidense el martes 28 de abril de 2026.

En conversación con la periodista María Jimena Duzán para el videopódcast A fondo, Ríos detalló el proceso de reportería, los riesgos enfrentados y el impacto global del tráfico de oro ilegal colombiano, que termina en monedas oficiales de Estados Unidos.

Según explicó el fotógrafo caldense a Duzán, la investigación comenzó con la inquietud de rastrear el destino del oro extraído de territorios históricamente controlados por grupos armados en Colombia, y uno de ellos terminó siendo mencionado, y que de paso generó polémica en el país: el Clan del Golfo (ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

“Había una sospecha clara en las regiones mineras de Antioquia, especialmente Caucasia, sobre cómo el Clan del Golfo no solo controla la extracción, sino que también regula toda la cadena de valor del oro”, relató Ríos.

“En el terreno, los mineros saben que cada gramo tiene dueño antes de salir de la tierra. El clan cobra cuotas y supervisa cada operación”, puntualizó el freelancer.

El proceso de reportería llevó a Ríos y el equipo de The New York Times a visitar minas como La Mandinga y a documentar la forma en que el oro ilegal es comercializado.

“Lo que vimos es una economía ilegal completamente normalizada. Tiendas locales, comerciantes que compran oro a sabiendas de su origen y empresas exportadoras que lo mezclan con oro legal antes de enviarlo al exterior”, explicó el oriundo de Manizales, y ante la dificultad de diferenciar entre lo legal y lo ilegal en el terreno.

El viaje del oro: de Colombia a Estados Unidos

Ríos narró que el oro extraído de forma ilícita es vendido por mineros informales y comerciantes locales a empresas exportadoras, algunas de ellas de propiedad estatal.

“Estas empresas, en muchos casos, funden el oro y lo mezclan con suministros legales. Así, el oro pierde su rastro y se convierte en un lingote sin pasado”, dijo.

Además, los registros de exportación revisados por el equipo periodístico del diario norteamericano demuestran que lingotes valorados en cientos de millones de dólares han sido enviados a Estados Unidos en el último año (2025).

En Estados Unidos, el oro llega a refinerías como Dillon Gage, en Texas, donde se mezcla con material reciclado y oro de otros países sudamericanos.

En esta parte del procedimiento Ríos aseveró: “Hablamos con directivos de estas refinerías y admitieron que, una vez mezclado, el oro se considera ‘estadounidense’. Legalmente, todo está en regla, pero el origen real se pierde para siempre”.

Ríos destacó una declaración clave de uno de los ejecutivos: “El director de Dillon Gage nos dijo que sus clientes saben que el oro tiene múltiples fuentes, pero que la documentación y las prácticas de refinación lo vuelven indistinguible”.

Monedas oficiales con oro de origen criminal: la realidad desde La Mandinga

El reportaje detalla cómo dos de los proveedores habituales de la Casa de la Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) obtienen parte de su oro de Dillon Gage y otra refinería, Asahi USA, en Salt Lake City (Utah).

Ambas admiten mezclar oro de numerosos países, incluyendo Colombia, según lo que detalló el informe periodístico en la edición impresa de The New York Times.

“Descubrimos documentos y testimonios que demuestran que el oro ilegal colombiano no solo entra a Estados Unidos, sino que termina en monedas como la American Eagle, que se venden como símbolo de pureza y origen nacional”, explicó Ríos en la entrevista.

El fotógrafo hizo hincapié en una parte de la charla con Duzán sobre la dimensión global del fenómeno.

Al respecto, Ríos menciona que “la Casa de la Moneda reconoce que el oro es ‘principalmente’ estadounidense, pero nuestros hallazgos muestran que también incluye material de minas controladas por grupos armados en Colombia, casas de empeño en México y Perú, e incluso minas africanas con participación estatal china”.

La investigación fue posible por el trabajo conjunto de periodistas y documentalistas que lograron acceso a documentos, entrevistas y testimonios en Colombia y Estados Unidos.

“El gran hallazgo es cómo el sistema está diseñado para borrar el pasado del oro. Hay una prohibición legal en EE. UU. desde 1985 para fabricar lingotes con oro extranjero, pero la mezcla y las lagunas en la trazabilidad permiten que el oro ilegal se legalice”, expuso Ríos.

Las consecuencias ambientales y sociales en Colombia

“La minería ilegal destruye selvas, contamina fuentes de agua y financia a organizaciones criminales”, advirtió Ríos, que documentó cómo el Clan del Golfo mantiene el control territorial y económico de la extracción.

“El oro que termina en monedas estadounidenses no solo viola leyes ambientales y laborales, también financia actividades criminales y perpetúa la violencia en regiones como Caucasia”, una subregión situada en el Bajo Cauca antioqueño (al noroccidente de Colombia).

El precio internacional del oro, que ronda los 5.000 dólares la onza, incentiva la extracción y el tráfico ilegal, y con ello favorece a redes que se extienden desde las minas hasta los mercados financieros globales.

Para el fotógrafo documental, “la demanda internacional y la impunidad en la cadena de suministro hacen que el problema siga creciendo”.

El llamado a la responsabilidad y a pensar en el impacto al medio ambiente

En la conversación, Ríos puntualizó la necesidad de mayor control y transparencia en la cadena de suministro del oro.

“La responsabilidad no es solo de los mineros o traficantes, sino también de quienes compran y procesan el oro a nivel global. Los consumidores e inversionistas deben exigir trazabilidad real”, concluyó.

Continúa la polémica por el hallazgo de La Mandinga, un predio ubicado en inmediaciones a una unidad militar en el Bajo Cauca antioqueño en el que se estarían realizando actividades mineras de forma ilegal.

La investigación realizada por el medio internacional The New York Times detalla que trabajadores locales operaban bajo protección directa del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Pese a que el grupo armado negó su vinculación con el predio mencionado, se conoció una nueva versión que demostraría lo contrario. El exparamilitar José Germán Sena Pico, conocido con el alias de Nico, reveló que los trabajadores mineros abonan desde hace años un porcentaje significativo de su producción al Clan del Golfo, situación que persiste pese a que estos terrenos fueron entregados por él para la reparación de víctimas del conflicto armado en 2009.

El hoy condenado, en diálogo con Blu Radio, la explotación de la mina continúa bajo control de grupos armados ilegales, mientras la restitución para las víctimas aún no se cumple.

“Todo lo que lo que significa minería legal o ilegal en el Bajo Cauca le paga un porcentaje altísimo al Clan del Golfo. La Mandinga tiene dos títulos mineros en explotación que solamente ocupan 300 hectáreas”, explicó el exintegrante del grupo paramilitar al citado medio de comunicación.

En su testimonio, Sena Pico especificó que los mineros informales deben entregar el 12% del valor del oro extraído a este grupo armado. “O sea, si sacan 1.000 millones de pesos en oro, tienen que pagarle 120 millones de pesos al Clan del Golfo”, expuso.

Además, se exige el pago de un “impuesto” adicional por maquinaria utilizada, con más de 20 equipos de extracción identificados en la zona.

Igualmente, remarcó que esta circunstancia fue alertada desde 2011 a diferentes entidades, entre ellas la Justicia y Paz y el Congreso de la República, aunque afirma que jamás obtuvo respuesta sobre el destino adecuado de los predios.

“Lo entregaron directamente a las víctimas, ya que el Bajo Cauca tienen un gran número de víctimas. Ninguna de esas voces hicieron eco para que, de verdad, se hicieran la reparación. En cambio, ha habido mayor cantidad de explotación aurífera”, dijo a la cadena radial.

En el Bajo Cauca antioqueño, Sena Pico —antiguo comandante político del Frente Sur de los Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— cedió en 2009 cerca de 22.000 hectáreas de tierras que figuraban a nombre de alias Macaco, destinadas formalmente a compensar a los afectados por el conflicto.

Entre estos bienes figura el predio La Mandinga, que abarca aproximadamente 1.200 hectáreas. Dentro de la mina operan actualmente dos títulos mineros legales en un área reducida de 300 hectáreas, pero el ingreso de mineros informales, quienes deben dar cuenta de su producción al Clan del Golfo, fue detectado después de la entrega oficial.

Detalles de la investigación

Según la investigación publicada por The New York Times, el predio de 2.000 hectáreas donde está situada la mina La Mandinga ha permanecido bajo control del Clan del Golfo desde hace al menos ocho años.

Las autoridades colombianas han ejecutado más de 20 intervenciones desde 2022, con el objetivo de destruir maquinaria e intentar contener la extracción ilegal de oro.

El Ejército colombiano calcula que entre 2.000 y 2.500 mineros informales participan regularmente en estas actividades sobre el terreno, según datos citados por el medio estadounidense.

La posición del Clan del Golfo, expresada mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (@soygaitanista), fue explícita al rechazar la investigación periodística y cualquier vinculación directa como titular de la mina, aunque reconoció que que impone un “impuesto” sobre las operaciones mineras ilegales, justificando esta práctica como un medio para “garantizar seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades que allí habitan, ante la ausencia total de un Estado indiferente a su suerte”.

Entre tanto, Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro, subrayó la importancia de abordar estos temas en el espacio socio jurídico con el grupo armado.

“Las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz”, manifestó a Colombia+20 de El Espectador.

El caso de La Mandinga no solo evidenció la dificultad del Estado colombiano para controlar territorios estratégicos, sino que también exhibió la complejidad de las redes económicas ilícitas que se benefician del oro extraído.

El llamado a un debate nacional e internacional sobre estas estructuras, sus beneficiarios y la necesidad de formalizar la minería y sus ganancias, permanece abierto como uno de los retos centrales en el proceso de negociación y pacificación en Colombia.

El presidente Gustavo Petro, solicitó de manera oficial una retractación pública al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de que este último lo señalara como “enemigo” en el contexto de la entrega de un título minero en el predio La Mandinga, en el Bajo Cauca antioqueño. La controversia escaló cuando el mandatario departamental acusó al Gobierno Nacional de facilitar la explotación ilícita en esta zona estratégica para la seguridad y el medio ambiente.

Según informó El Tiempo, el 11 de abril de 2024, una comitiva del Gobierno Nacional encabezada por Gustavo Petro y varios de sus ministros asistió a la Asamblea Popular por la Paz y la Vida en Caucasia, Antioquia. Durante el acto, se entregaron títulos mineros, uno de ellos a Hermelina Isabel Cardozo Calle, quien fue llamada a la tarima en presencia del entonces presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, y el ministro de Minas de ese momento, Andrés Camacho.

El medio precisó que el título entregado corresponde al predio La Mandinga, colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles en Cáceres, y que ya había sido objeto de reportes de actividades mineras presuntamente ilegales. Un informe del Ejército Nacional, fechado en diciembre de 2022 y citado por el diario, señala: “Actualmente, el predio Mandinga es colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, donde hemos sido testigos y afectados directos de la grave devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal de minerales desarrolladas por pobladores de los municipios de Cáceres y Caucasia”.

Las declaraciones cruzadas y la respuesta presidencial

La controversia se intensificó cuando Andrés Julián Rendón publicó en redes sociales: “Tan difícil para la Fuerza Pública con el enemigo de Jefe”, en clara alusión al presidente.

Ante esto, Gustavo Petro respondió: “Usted me ha calumniado y le solicito oficialmente rectificar y retractarse. Proceda”, haciendo pública su exigencia a través de su cuenta oficial.

De acuerdo con una recopilación de La FM, Rendón responsabilizó a quienes explotan de manera ilegal el predio La Mandinga de estar detrás de los paros mineros que han afectado el Bajo Cauca entre 2022 y 2026.

Además, cuestionó la gestión del Gobierno Nacional, afirmando: “Ese predio ya había pasado al Fondo de Reparación para las víctimas, pero hoy el crimen se ha apoderado de él y lo ha sometido a explotación ilícita de minerales, generando un daño ambiental que salta a la vista”.

El contexto institucional y las acciones en curso

De acuerdo con El Tiempo, la Agencia Nacional de Minería ordenó recientemente la reasignación del conocimiento, custodia y trámite del título minero de La Mandinga al Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente. La medida busca establecer si la concesión fue otorgada conforme a la normativa y si corresponde efectivamente al predio en cuestión.

Por otro lado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) explicó que el predio pasó por orden de un juez a la Unidad de Reparación de Víctimas, lo que abre el interrogante sobre la legalidad y seguimiento en la entrega de títulos mineros en esta zona. El diario también reportó que la comerciante beneficiaria, Hermelina Cardozo, está vinculada a un establecimiento en Cali dedicado a la extracción de oro y que viene pagando regalías por la explotación del título.

Impacto ambiental y cuestionamientos institucionales

El medio ya mencionado detalló que la explotación ilícita ha transformado el predio en un “desierto de lodo y mercurio”, con una afectación ambiental que abarca el equivalente a 50.000 campos de fútbol. El informe del Ejército Nacional advierte: “De acuerdo con la información aportada por el Ejército Nacional, se evidencian unos pasivos ambientales por las intervenciones efectuadas a la flora, fauna, suelo, aguas, que afectan directamente la hidrología, geomorfología del área y su paisaje”.

Por su parte, Corantioquia indicó, mediante herramientas de georreferenciación citadas, que el proyecto Mina Mandinga está a solo un kilómetro de los límites del batallón militar. Desde 2011, la entidad ha informado a la Fiscalía y la Procuraduría sobre las irregularidades ambientales detectadas en la zona.

El trasfondo político y los interrogantes sin resolver

El origen reciente de la controversia remite a una investigación internacional publicada por el fotoperiodista Federico Ríos en The New York Times, donde se documentó la extracción ilegal y sus nexos con organizaciones criminales. El reportaje evidenció la presencia del ‘Clan del Golfo’ en el control de la zona y el ingreso de oro a circuitos internacionales, según cita el diario estadounidense.

El gobernador Andrés Julián Rendón insistió, según La FM, en que el Gobierno Nacional debe responder tanto por el daño ambiental como por la usurpación de tierras destinadas a las víctimas del conflicto. La administración departamental sostiene que la falta de una intervención efectiva representa una muestra de la debilidad institucional para frenar la minería ilegal.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las irregularidades que rodean a un terreno ubicado en la vereda Río Man, en el municipio de Cáceres, Antioquia, cuyo título de fromalización minera entregó el mismo mandatario a una comerciante en abril de 2024. Se trata del predio La Mandinga que, presuntamente, estaría siendo utilizado para la extracción ilegal de oro, actividad ilícita que estaría controlando el Clan del Golfo.

La polémica detrás del predio también tiene que ver con su aparente cercanía a una base militar, específicamente, al Batallón de Infantería N.° 31 Rifles, situado a una escasa distancia de la cabecera de Caucasia. De acuerdo con un artículo periodístico publicado por The New York Times, las operaciones ilícitas del grupo criminal no se quedaron en el mencionado terreno; abarcan, incluso, la zona en donde opera la base militar.

Imágenes satelitales reveladas por el informativo muestran cómo la minería ilegal acabó con el terreno. La zona pasó de contar con una densa vegetación a convertirse en un espacio de deforestación.

El presidente Gustavo Petro indicó que, contrario a lo expuesto por The New York Times –que fue replicado por medios de comunicación colombianos–, el predio en cuestión no colinda con la base militar mencionada. En su cuenta de X publicó una imagen satelital del lugar para sustentar su afirmación; en ella se evidencia la lejanía entre La Mandinga y el batallón.

“Esto es otra calumnia de @elcolombiano. El título que entregué a la pequeña minería en Cáceres no llega ni a los límites del Batallón Rifles”, indicó el mandatario en la red social.

Aclaraciones sobre el predio: ubicación, título minero y actividades ilícitas

El título de formalización que Petro entregó en abril de 2024 fue recibido por la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle. Así se indica en el documento que le fue entregado a la ciudadana: “Contrato de concesión para la explotación de un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados No. ODH-08201, celebrado entre la la Agencia Nacional de Minería (ANM) y Hermelina Isabel Cardozo Calle”.

Según la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), el proyecto Mina Mandinga (placa ODH-08201) se localiza a un kilómetro de los límites del Batallón de Infantería N°. 31 Rifles, aproximadamente, y cuenta con una licencia ambiental temporal para la explotación de oro y plata, que le fue otorgada en 2022.

Explicó que dicho proceso de formalización cumplió con todos los requisitos técnicos, jurídicos y ambientales actualmente establecidos en la normativa. “Estos procesos hacen parte de los mecanismos de formalización minera, mediante los cuales actividades que no contaban con título ni control avanzan hacia la legalidad, bajo condiciones de cumplimiento ambiental, control y seguimiento institucional”, precisó.

Sin embargo, aclaró que hay un segundo polígono que no cuenta con una licencia ambiental aprobada. Ese sitio está asociado al trámite de formalización minera con placa LID-09161 y la solicitud que se hizo para el otorgamiento de la licencia fue evaluada por la autoridad ambiental, pero, a la fecha, no se ha habilitado el desarrollo de actividades mineras en ese lugar.

“En este sentido, cualquier actividad minera que se adelante por fuera de los títulos y licencias debidamente otorgados corresponde a minería informal. Frente a estas situaciones, la intervención en casos de flagrancia es competencia de las diferentes entidades del estado, conforme a la normatividad vigente”, detalló.

De acuerdo con The New York Times, el terreno estaría siendo utilizado por entre 2.000 y 2.500 mineros informales, encargados de la presunta explotación ilegal en el sitio, bajo órdenes del Clan del Golfo. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que, debido a la divulgación periodística de los hechos, ordenó la realización de una investigación al respecto.

“Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, señaló el ministro en su cuenta de X.

Luego de la denuncia que realizó The New York Times sobre minería ilegal en terrenos de un batallón militar en Caucasia, Antioquia, el Gobierno nacional anunció que ha comenzado una investigación para esclarecer estos hechos.

Mientras que el proceso avanza, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado Julián Ossa explicó que el Gobierno nacional puede impulsar diligencias administrativas y disciplinarias, pero la acción penal corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.

“La titularidad de la acción punitiva y, por tanto, la discrecionalidad para adelantar investigaciones de carácter penal en contra de los ciudadanos pertenece de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación, la cual actúa a través de sus delegados, lo que reafirma la separación de poderes entre el poder judicial, ejecutivo y legislativo, pilar fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho”.

Lo que podría registrarse en este caso

El jurista explicó que las sanciones disciplinarias dentro de las Fuerzas Militares podrían derivar en medidas como suspensión, inhabilidad e incluso expulsión; sin embargo, aclaró que la “pretensión punitiva corre por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, la cual se puede apoyar en las investigaciones al interior de las Fuerzas Militares”.

Respecto a los delitos que podrían afectar a los involucrados, Ossa precisó que los uniformados o civiles que hayan explotado recursos mineros sin autorización incurrirían en la pena prevista en el artículo 332 del Código Penal (explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales), la cual va de 32 a 144 meses de prisión y multas de entre 133.000 y 150.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para miembros de la fuerza pública que hayan recibido dinero o favores para permitir la minería ilegal, el abogado advirtió sobre la posibilidad de imputación por cohecho propio. “Podrían incurrir en el delito de cohecho propio, establecido en el artículo 405 del Código Penal colombiano, por el que sus infractores podrían incurrir en penas que van entre los ochenta a los ciento cuarenta y cuatro meses de prisión y una multa de sesenta a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales”, explicó el jurista.

El jurista también abordó el delito de prevaricato por omisión, aplicable a servidores públicos que hayan omitido sus funciones y permitido la actividad ilegal.

“El servidor público que haya omitido, retardado o denegado funciones propias de su cargo, con pleno conocimiento y voluntad, y haya generado una lesión jurídica, podrá incurrir en el delito de prevaricato por omisión, previsto en el artículo 414, el cual contempla una pena de prisión de 32 a 90 meses de prisión.

Ossa advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales en la región, como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, lo que podría agravar la situación penal de los responsables.

“Podrían ser responsables de concierto para delinquir agravado por fines de explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, previsto en el artículo 340, segundo inciso, el cual tiene una pena que va de 8 a 18 años de cárcel, penas que serán incrementadas en la mitad para quienes sean servidores públicos”.

De acuerdo con el abogado, la defensa de los acusados deberá concentrarse en desacreditar elementos estructurales de los delitos imputados, como la relación con grupos armados o la existencia real de explotación minera.

Para los delitos contra la administración pública, las estrategias defensivas podrían centrarse en demostrar que los funcionarios no omitieron ningún deber jurídico concreto, o que no tenían capacidad real de actuar para evitar la minería ilegal.

El abogado terminó aclarando que sin que sea probada la explotación minera, será necesario acreditar la autoría o participación específica de los procesados, puesto que la defensa podrá desvirtuar su dominio funcional sobre los hechos si no existe material probatorio suficiente.

La concesión, otorgada a la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle por la Agencia Nacional de Minería (ANM), desató controversia inmediata ante la existencia previa de denuncias formales sobre actividades ilícitas en la zona, incluidas alertas sobre devastación ambiental y extracción ilegal.

En el informe final de la Agencia Nacional de Minería, expedido tras el acto público del 11 de abril de 2024 en Caucasia, se estableció la reasignación del conocimiento y control del título minero La Mandinga al Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente. Esta medida busca que el organismo active las investigaciones y fiscalizaciones correspondientes a las competencias legales, según reportó El Tiempo.

Entre los antecedentes que agravan la polémica figura un detalle ignorado por otras coberturas: el predio de casi 2.000 hectáreas fue incautado a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, exjefe paramilitar, y estaba bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por proceso de extinción de dominio.

No obstante, el título de explotación fue formalizado para Cardozo Calle pese a reportes del Ejército Nacional fechados en noviembre y diciembre de 2022, que advertían sobre el impacto ambiental y la ilegalidad de las tareas extractivas en el área, particularmente por el uso de mercurio, la remoción de montaña y el vertimiento de químicos, como consigna el teniente Héctor Leonardo Saavedra en comunicaciones dirigidas a Corantioquia.

Durante la llamada Asamblea Popular por la Paz y la Vida, realizada en la plaza principal de Caucasia el 11 de abril de 2024, el presidente Gustavo Petro subió al escenario junto al entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, y Álvaro Pardo, presidente de la ANM, para entregar títulos mineros a pobladores de la región.

La primera beneficiaria en recibir el reconocimiento oficial fue Hermelina Isabel Cardozo Calle, titular del contrato de concesión para la mina La Mandinga, según quedó registrado en el video registrado por la propia Presidencia de la República.

Cardozo Calle, cuyo nombre figura asociado a un establecimiento de comercio registrado en Cali bajo la denominación ‘Mandinga’, dedicado a la extracción de oro y otros metales, no atendió los llamados del equipo periodístico de El Tiempo durante los días posteriores a la revelación.

La comerciante, sin embargo, ha cumplido hasta el momento con el pago de las regalías que exige la ley por el aprovechamiento del título entregado en Caucasia.

En respuesta a la repercusión del caso, la ANM expidió una resolución interna, firmada por Jimmy Soto Díaz, vicepresidente encargado de seguimiento, control y seguridad minera, que otorga al área de Zona Occidente la facultad de asumir la investigación sobre el proceso de otorgamiento y las posibles irregularidades asociadas.

En noviembre de 2022, el teniente Héctor Leonardo Saavedra, del Ejército Nacional, remitió a Corantioquia un informe técnico sobre las consecuencias de las labores mineras ilegales e informales en el predio Mandinga, adyacente al batallón Rifles de Cáceres.

El documento advertía daños graves: “Hemos sido testigos y afectados directos de la devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal desarrolladas por pobladores de Cáceres y Caucasia, lo cual ha desencadenado la remoción y desaparición de extensas áreas de montaña, el vertimiento de mercurio sobre los afluentes hídricos que surten el recurso a la población y el riego de químicos combustibles utilizados en las actividades de minería”, citó El Tiempo.

Además, el reporte militar identificó pasivos ambientales y la ausencia de planificación técnica o instrumentos de manejo ambiental: “La zona no hace parte de áreas protegidas ni de zonas de minería restringida. La actividad se desarrolla sin ningún estudio técnico de planeamiento minero, ni control y manejo ambiental que identifique los recursos naturales, evalúe la capacidad del ecosistema para asimilar el cambio y defina las medidas necesarias para la conservación del patrimonio ambiental”, se detalla en la comunicación presentada.

La Fiscalía, la Procuraduría y la ANM fueron notificadas formalmente sobre estos hechos a finales de 2022, más de un año antes de la oficialización del título otorgado por la administración Petro en abril de 2024, según estableció EL TIEMPO.

La controversia cobró un segundo impulso internacional luego de que The New York Times publicara el 26 de abril de 2026 un reportaje en el que, tras documentar con imágenes la presencia de mineros con equipos de alta presión colindando la base militar, citó al comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, negando que la extracción ocurriese dentro de la propiedad militar.

El límite entre la base y La Mandinga, sin embargo, no presentaba separación física visible, según ilustró el periodista Federico Ríos.

En el contexto de las investigaciones recientes, el Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente de la ANM ha iniciado la evaluación sobre la legalidad de los trámites, la magnitud de los daños ecológicos y el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos para el desarrollo de actividades extractivas, de acuerdo a la resolución oficial.

Las pruebas reveladas despliegan un escenario institucional conflictivo: el Estado otorgó la formalización de la explotación minera a pesar de que estaba notificado sobre la existencia de pasivos ambientales y actividades ilícitas masivas, en una franja de territorio sin estudios técnicos ni instrumentos formales de manejo, colindante a la principal base militar de la zona.

Ante estos hechos, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) realizó una inspección técnica, recolectó muestras y emprendió una investigación para determinar las causas del fenómeno, según confirmaron las autoridades ambientales.

El propósito es esclarecer el origen de la emergencia, considerando antecedentes de actividad minera ilegal, deslizamientos y episodios previos de afectación ambiental en la zona. Autoridades ambientales analizan actualmente las muestras y monitorean el área para evitar una mayor degradación del ecosistema.

Vecinos del sector documentaron la aparición repentina de peces y otros animales sin vida, alertando públicamente sobre el estado de la quebrada.

Videos y testimonios difundidos en redes sociales reflejaron el impacto en la fauna y el color turbio del agua. “Vean cómo está bajando la cañada sucia y vean que los animales van bajando muertos. Vea la cantidad”, narraron los denunciantes en registros recogidos por La Patria.

Hasta el momento, medios regionales, habitantes de la zona y la misma corporación ambiental se mueven entre tres opciones que explican esta mortandad. La primera, la cual tiene antecedentes recientes pero en otros cuerpos de agua en Risaralda, tiene que ver con la minería ilegal; por otro lado, en redes sociales, usuarios afirman que este hecho tendría que ver con presuntos procedimientos petroleros mal realizados. Finalmente, según la misma Carder, la opción más factible es muerte por altas lluvias y deslizamientos de tierra.

Acciones de la Carder tras el reporte de mortandad de peces

Tras la denuncia, la Carder envió a su equipo técnico a la zona para realizar una inspección detallada. Allí se encontraron peces tipo sardino y otras especies muertas, las cuales fueron trasladadas a laboratorios especializados con el fin de identificar la causa de muerte, según la autoridad ambiental.

Durante el recorrido, se observaron alteraciones en el comportamiento del agua y en el entorno del afluente, aunque no se detectaron vertimientos químicos preliminarmente.

No obstante, la evidencia muestra un efecto directo sobre el ecosistema local. La Carder ha implementado medidas técnicas y preventivas, al tiempo que mantiene abiertas las investigaciones para aclarar tanto el origen como el alcance de la afectación, tal como informó la autoridad ambiental.

Factores ambientales y antecedentes en la cuenca del Campoalegre

Las primeras valoraciones de la Carder identificaron presencia de deslizamientos de tierra y rastros de minería artesanal no regularizada aguas arriba, factores que han sido recurrentes en el deterioro ambiental. “En la inspección aguas arriba se identificaron deslizamientos de tierra y rastros de minería artesanal no regularizada, factores que podrían estar generando afectaciones sobre este ecosistema. Aunque no se evidenciaron procesos químicos, el impacto ambiental es visible”, detalló la Carder en declaraciones a ambos medios.

Este tipo de afectación tiene antecedentes, pues la misma institución ambiental determinó en 2025 que otra mortandad de peces fue provocada por turbiedad excesiva durante fuertes lluvias, que lesionó a la fauna acuática, y no por contaminación química.

Por otro lado, en marzo del 2026, el operativo de la Fiscalía “Guardianes del San Juan” permitió a la Carder, junto a otras instituciones, desmantelar tres dragas y capturar a cinco personas por minería ilegal, intervención que impacta la dinámica natural de los cuerpos de agua y genera daños serios a la fauna silvestre y la calidad del recurso hídrico.

En su momento, el director de la Caarder, Julio César Gómez Salazar, remarcó el papel de estos operativos: “Hemos venido a estos ecosistemas de conservación... para desactivar todos y cada uno de los puntos de minería ilegal y criminal que vienen haciendo daños a estos ecosistemas…”, citó la autoridad ambiental.

Respuesta institucional y llamado a proteger las fuentes hídricas

Las instituciones insisten en la vigilancia activa y en la reacción ante cualquier amenaza que comprometa los recursos naturales.

Tras el más reciente reporte, la autoridad ambiental ejecuta acciones preventivas y técnicas, y exhorta a la ciudadanía a mantener la colaboración en la defensa de los afluentes y reservas de la región.

La comunidad pide respuestas y acciones sostenidas para restaurar el equilibrio ambiental, mientras la autoridad ambiental subraya la importancia de verificar la información antes de difundirla, especialmente después de la circulación de videos antiguos que no correspondían a la situación actual.

La selva densa y apartada del Parque Nacional Corcovado se ha convertido en el escenario central de una transformación silenciosa: el incremento del precio internacional del oro ha reconfigurado el crimen organizado en la zona sur de Costa Rica, destaca una nota de Diario CRHOY.

Redes asociadas al narcotráfico encontraron en la extracción ilegal de oro no solo una actividad rentable, sino una estructura de negocio que replica la lógica de los grandes delitos transnacionales, según información de la Fiscalía Adjunta Ambiental y del Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC).

Quienes patrullan Corcovado, como relata el guardaparques óscar Beita, describen jornadas de hasta dos días avanzando entre ríos y lodazales para llegar a sitios como los ríos Tigre y Sirena.

Allí, la huella es inconfundible: maquinaria pesada, árboles caídos, caminos abiertos a la fuerza y vestigios de operaciones clandestinas que han cambiado el paisaje. No se trata de mineros aislados, sino de organizaciones que proveen todo lo necesario: combustible, alimentos y la compra directa del oro.

El atractivo es evidente. Un gramo de oro extraído ilegalmente puede alcanzar los ₡69,000 (aproximadamente USD 130), una cifra que, según datos recabados en la zona, convierte el mineral en el motor de una economía clandestina.

El fiscal coordinador Luis Diego Hernández advirtió que el Ministerio Público ya no aborda estos casos como hechos sueltos, sino como “fenómenos estructurados”: las redes financian, transportan, suministran materiales peligrosos como mercurio y cianuro, y logran que el oro llegue a circuitos comerciales que se extienden hasta San José o atraviesan fronteras nacionales.

Una logística que desafía la conservación

La misma geografía que protege la biodiversidad del parque facilita las actividades clandestinas. El aislamiento, según Beita, es aprovechado para operar sin interrupciones y abastecer a quienes extraen el oro. La presencia de maquinaria y caminos improvisados evidencia la magnitud y permanencia de la actividad. El delito ambiental, según la Fiscalía Ambiental y el SINAC, involucra financiamiento, transporte y distribución de insumos tóxicos, replicando esquemas conocidos en el narcotráfico.

Este patrón se repite en Puerto Jiménez y otras localidades, donde la presión sobre ecosistemas protegidos se hace sentir. La apertura de senderos ilegales y la acumulación de residuos en zonas tradicionalmente inaccesibles alteran el equilibrio ecológico y exponen a los guardaparques a riesgos crecientes.

El impacto: ríos intervenidos y amenazas constantes

Los daños no son solo ambientales. En los ríos Tigre y Sirena, los guardaparques han documentado excavaciones, alteración de cauces y contaminación por químicos. El uso de mercurio y cianuro para separar el oro envenena aguas, afecta la fauna y pone en riesgo a comunidades cercanas. La deforestación y los residuos generan un efecto dominó que compromete la regeneración forestal y la supervivencia de especies endémicas.

Vigilar estos territorios implica aislamiento extremo y recursos limitados. El personal, generalmente en parejas, enfrenta amenazas y presiones directas para reducir su presencia o silenciar los reportes de actividades ilegales.

El oro como ruta de lavado y expansión criminal

La cadena de valor del oro ilegal no termina en las excavaciones. Personas ligadas al narcotráfico adquieren el mineral en comunidades del Pacífico sur, como Sierpe, Golfito y Puerto Jiménez. Parte de ese oro se vende localmente, pero otra fracción llega a San José, donde adquiere apariencia legal y, en ocasiones, sale del país.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, sostiene que la rentabilidad de esta actividad ha motivado a las organizaciones criminales a expandir su alcance, convirtiendo la minería ilegal en un negocio “altamente lucrativo” y de difícil rastreo.

Así, las estructuras criminales han transformado la minería ilegal de oro en Corcovado en una operación compleja que genera ganancias millonarias, contamina ecosistemas protegidos y permite el lavado de capitales ilícitos en Costa Rica.

El más reciente descubrimiento sobre la mina ilegal La Mandinga en el Bajo Cauca antioqueño ha encendido alertas de primer nivel en Colombia y en el extranjero.

La reciente intervención de las fuerzas armadas en terrenos próximos al Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 31 “Rifles”, ubicado en el municipio de Caucasia (Antioquia), expuso el alcance de estas actividades ilícitas, que según trabajadores locales operan bajo protección directa del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), de acuerdo con una investigación adelantada por el diario internacional The New York Times.

La revelación generó todo tipo de reacciones en el país; algunos consideraron las dificultades del Estado colombiano para controlar la extracción y el tráfico de oro en áreas estratégicas. Sin embargo, una de las partes involucradas desmintió su vinculación frente a ello.

Es el caso del mismo grupo armado que, en un comunicado publicado en su cuenta de X (@soygaitanista) negó poseer la mina ni ser titular de las actividades mineras ilegales en la región antioqueña, por lo que calificaron el informe periodístico como injurioso y calumnioso.

Incluso, dirigieron su mensaje al periodista Federico Ríos, autor de la investigación revelada en el medio internacional, en la que acusaron de sacar la nota tras negar una entrevista solicitada por el comunicador.

“Miente de manera descarada el periodista @federicorios no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones. ¿Es en venganza por no darle la entrevista?”, escribió el grupo armado en sus redes sociales.

Posteriormente, en el comunicado público, el EGC reconoció imponer un “impuesto” sobre esas operaciones en el Bajo Cauca antioqueño.

“Lo decimos de manera enérgica, no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones”, declararon.

Del mismo modo, reiteraron su llamado a la prensa nacional e internacional para que se evite pronunciarse la denominación “Clan del Golfo” para referirse a la organización ilegal.

“Al avanzar en la lectura del reporte periodístico, es clara la mentira del titular del periódico, que dice: “La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana”. No somos el Clan del Golfo, pero como intentan relacionarnos con esta denigrante denominación, salimos al paso de las falsedades que se publican con lamentable frecuencia”, mencionaron.

Así mismo, explicaron que “no somos los dueños de la minería ilegal ni de otras economías ilícitas. Situación diferente es que se cobre un impuesto a estas actividades, para poder garantizar seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades que allí habitan, ante la ausencia total de un Estado indiferente a su suerte”.

Por último, el EGC hizo un llamado para que se desarrollen discusiones sobre el estado de las economías ilícitas que se efectúan no solo en Antioquia sino en el resto del territorio colombiano.

“En el país y en el mundo debe darse el debate sobre las economías ilícitas, como la minería ilegal, y sobre los verdaderos beneficiados con su comercialización. El oro debe entrar en los cauces de la economía legal para su monetización, por lo que también se deben revelar los entramados que lo permiten”, concluyeron.

Será abordado en mesa de diálogos

Estas revelaciones han repercutido de inmediato en las conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo, que se conducen bajo la premisa de transformar las economías locales ilegales en legítimas.

Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro, subrayó a Colombia+20 de El Espectador la importancia de abordar estos temas en el espacio socio jurídico con el grupo armado.

“Las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz”, manifestó al citado medio de comunicación.

Incluso, recordó que este fenómeno se intensificó en la década de los 90, cuando el Banco de la República de Colombia dejó de ser el comprador oficial del oro, por lo que para Jiménez, “lo que facilitó que los grupos armados empezaran a ser los monopolizadores de la compra de oro a los pequeños mineros”.

El negociador añadió que “en la medida que han venido ejerciendo una incidencia fuerte y control de algunas regiones del país, se han convertido en dueños de esa economía porque les facilita lavar las economías ilegales del narcotráfico”.

También, advirtió que el problema se extiende más allá del control directo del grupo armado, sino que involucra a comunidades y empresarios auríferos que, sin integrar el Clan, terminan sometidos a su régimen económico impuesto.

Detalles de “La Mandinga”

Según datos consignados en la investigación de The New York Times, el predio donde se encuentra la mina tiene aproximadamente 2.000 hectáreas y ha estado bajo control del Clan del Golfo al menos desde hace ocho años.

El Ejército ha reportado la presencia de entre 2.000 y 2.500 mineros informales extrayendo oro en estos terrenos. Las autoridades han intervenido en al menos 20 ocasiones desde 2022 para destruir maquinaria e intentar frenar la actividad ilegal.

Sin embargo, la administración actual del predio sigue siendo incierta: la Sociedad de Activos Especiales (SAE) indicó que no figura entre los bienes bajo su control, pese a haber recibido medidas cautelares de embargo en 2013 y una orden de extinción de dominio en 2020.

Las armas y municiones que fueron robadas de un batallón en Bolivia estaban destinadas a grupos delictivos vinculados a la minería ilegal, según las investigaciones preliminares.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto, informó este lunes en conferencia de prensa que seis militares y tres extranjeros —un venezolano y dos peruanos— implicados en el robo ocurrido el fin de semana en el Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, de Chua Cocani, en la ruta a la turística Copacabana en La Paz.

De acuerdo a la información oficial, los elementos sustraídos son 4 fusiles FAL, 4 fusiles AKT-56-2, 3 escopetas Mossberg, 3 pistolas Norinco, 2 pistolas Glock 17, 1 pistola Steyr L9-A1 y aproximadamente 250 cartuchos calibre 7,62. Todo este material estaba destinado a actividades ilegales en el municipio paceño de Sorata.

“Este armamento iba a dar a manos de una organización criminal dedicada al avasallamiento de tierras y a la minería ilegal. Y es posible que también a otro tipo de hechos”, explicó el coronel Pinto, flanqueado por el comandante de la Armada, Ernesto Alfaro y otras autoridades del mando militar.

Mientras las investigaciones continúan para identificar a todos los autores intelectuales y materiales, la Policía logró recuperar la mayor parte de las armas robadas y se desplegaron militares a zonas fronterizas para evitar el traslado del armamento fuera del país.

La minería ilegal en Bolivia ha crecido en los últimos años impulsada por el aumento del precio del oro, la expansión de cooperativas mineras y limitaciones en los mecanismos de control estatal. Esta actividad se concentra en regiones amazónicas y tropicales del país, donde existen reportes que vinculan la minería ilegal con el avasallamiento de tierras, la presencia de grupos armados y ataques a líderes locales.

En el municipio de Sorata, ubicado 150 kilómetros al norte de la sede de Gobierno, se han registrado operativos recientes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) para desmantelar campamentos ilegales, con decomiso de maquinaria y enfrentamientos con grupos vinculados a la explotación aurífera.

Según un comunicado de prensa institucional, una de las intervenciones fue interrumpida por “detonaciones y disparos”, que dejaron a un efectivo policial herido y daños materiales en el lugar.

En otra acción conjunta con la Policía, se logró desmantelar un campamento clandestino, inutilizar maquinaria pesada y generar una afectación económica significativa a las operaciones ilegales en el sector, señala la nota.

“Estos antecedentes, evidencian que la minería ilegal en la región no solo persiste, sino que presenta niveles crecientes de organización y violencia, configurando un escenario de alto riesgo para la intervención estatal”, señala el comunicado de la Ajam, en el que apunta la necesidad de generar acciones coordinadas con otras instancias para combatir un delito que ha evolucionado a “formas más complejas de organización” y se ha vinculado con otras actividades ilícitas.

El informe “Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía”, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA), establece como acciones urgentes fortalecer la vigilancia estatal, regular la cadena del oro, asegurar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y establecer mecanismos regionales de cooperación para combatir este delito.

El caso adquiere relevancia porque la propiedad sigue siendo un epicentro de minería ilegal y está bajo control del Clan del Golfo, mientras limita con el Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, de acuerdo con una investigación de El Tiempo.

La Mandinga es una finca rural situada en Cáceres, Antioquia, que aparece en expedientes judiciales por haber funcionado como depósito de armas, vehículos y base de operaciones paramilitares.

El terreno ha estado relacionado con la estructura de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, así como con un presunto vínculo previo con Pablo Escobar, según testimonios y documentos judiciales citados por el medio citado.

La investigación señala que la propiedad ha sido utilizada repetidamente para actividades delictivas, incluso en proximidad directa a instalaciones militares.

El expediente sobre ‘La Mandinga’ detalla que el proceso judicial incluyó la extinción de dominio en el marco de la desmovilización paramilitar, validado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Según la documentación obtenida por el medio citado, la propiedad figuraba a nombre de sociedades y personas que habrían actuado como testaferros, lo que derivó en decisiones judiciales en su contra.

Un testimonio clave es el de José Germán Sena Pico, conocido como ‘Nico’ y mano derecha de ‘Macaco’, quien declaró que la compra de la finca se produjo en 2005 a una familia local, pagándose en efectivo y sin recurrir al circuito bancario. Añadió que el predio era utilizado para almacenar armas y vehículos por instrucciones de la organización criminal.

La Corte Suprema de Justicia avaló la declaración de alias ‘Nico’ y consideró evidente la destinación ilícita de la finca, al menos entre 2005 y 2008.

La sentencia resalta que los supuestos dueños formales de ‘La Mandinga’ no presentaron reclamos, pese al uso notorio del terreno para delitos, lo que, según la Corte, muestra la instrumentalización del predio como activo de las estructuras armadas.

Además, el expediente recoge que la finca fue ofrecida como garantía en procesos de reparación de víctimas del paramilitarismo.

Uno de los puntos más relevantes del expediente es la mención al pasado de ‘La Mandinga’ como propiedad asociada a Pablo Escobar, según recoge una declaración citada por El Tiempo.

Alias ‘Nico’ aseguró que la finca habría pertenecido a Escobar en los años 80, aunque estaba registrada a nombre de testaferros para encubrir el origen de los fondos y esquivar investigaciones patrimoniales. El testigo indicó que la hacienda servía como refugio de miembros de la organización, que gestionaban la seguridad y controlaban las actividades en el terreno.

La Corte Suprema confirmó la credibilidad de la versión de alias ‘Nico’ y destacó que el testigo participó durante años en la gestión de la finca.

Los registros judiciales precisan que, junto con otros colaboradores, transportaba insumos agrícolas de establecimientos vinculados a ‘Macaco’ y que la finca conservó su papel de escondite de recursos para el paramilitarismo.

La expresión “escondite de armas y vehículos” aparece repetidamente en el expediente. Además, otro testimonio señaló que, tras la desmovilización de ‘Macaco’, la finca siguió siendo objeto de disputas entre actores criminales.

El expediente analizado por El Tiempo constata que la finca ha permanecido bajo la atención de diversos grupos, cuyas disputas y operaciones han consolidado su valor estratégico para redes ilegales.

La minería ilegal y la presencia del Clan del Golfo junto al Batallón

En los últimos años, ‘La Mandinga’ se ha transformado en escenario de minería ilegal a gran escala, bajo el control y fomento del Clan del Golfo.

Según los registros consultados por el medio citado, cientos de personas extraen oro en unas 2.000 hectáreas del terreno, sin licencia y a muy poca distancia del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, una de las unidades militares más antiguas del país.

Autoridades han identificado la zona como un foco de degradación ambiental grave, resultado directo de las operaciones mineras al margen de la ley.

Mientras la extracción ilegal se realiza a la vista del público y de entidades estatales, la presencia del Clan del Golfo ha dificultado el acceso y la respuesta institucional.

Documentos judiciales y testimonios recogidos por el medio coinciden en que el hecho de compartir límite con el Ejército no ha detenido la continuidad de delitos en el área. El expediente menciona la disputa por el control del predio para fines como la producción de cocaína y la extracción de oro, lo que subraya el carácter estratégico y objeto de disputa del terreno.

Respuesta del Ejército y cuestionamientos institucionales

El Ejército Nacional, al ser consultado por El Tiempo, confirmó que el área afectada corresponde a ‘La Mandinga’ y remarcó su extensión de 2.000 hectáreas, destacando la colindancia con el batallón militar.

En un comunicado, la institución explicó que la administración del predio no está bajo su competencia directa, pues tras el proceso de Justicia y Paz, la finca quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En su declaración oficial, el Ejército resaltó el deterioro ambiental derivado de la minería ilegal sin títulos ni respaldo jurídico. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre otras actividades ilegales consignadas en el expediente y no explicó por qué estas situaciones continúan ocurriendo pese a la presencia militar.

A lo largo del tiempo, la finca ‘La Mandinga’ ha sido utilizada como enclave para actividades criminales, con vínculos atribuidos históricamente a Pablo Escobar y el paramilitarismo, y actualmente bajo operación del Clan del Golfo, a pesar de su proximidad inmediata al Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional de Colombia.

Una alerta por presuntas economías ilícitas en un terreno cercano al Batallón Rifles, en zona rural de Cáceres, donde miles de mineros informales extraen de forma ilegal con impacto ambiental, sacudió la agenda pública y activó las alarmas del control financiero del Estado; la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) puso la lupa en el rastro del dinero detrás de las denuncias.

El director de la entidad, Wilmar Mejía, anunció la activación de protocolos de inteligencia financiera tras conocerse versiones sobre una presunta explotación minera ilegal en predios vinculados a una guarnición en Caucasia. Su pronunciamiento se produjo poco después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenara una verificación urgente de los hechos.

La declaración del funcionario surgió como respuesta directa a Pedro Sánchez, que fijó una postura tajante frente a cualquier anomalía dentro de la fuerza pública. El ministro aseguró que no existe espacio para conductas indebidas y ordenó esclarecer las denuncias relacionadas con actividades extractivas en el Bajo Cauca antioqueño.

Wilmar Mejía anuncia apertura de una investigación financiera sobre minería ilegal

Wilmar Mejía explicó que la Uiaf iniciará revisiones sobre movimientos financieros y patrimoniales de quienes puedan aparecer relacionados con los hechos. El alcance de esos análisis incluye tanto a funcionarios como a particulares y empresas, siempre bajo coordinación con las autoridades competentes.

“Señor Ministro @PedroSanchezCol, teniendo en cuenta la designación del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de los EE.UU., y ante información de dominio público sobre la presunta operación de minería ilícita en una guarnición militar, la @UIAFColombia, en el marco de la Ley 526 de 1999, activó los protocolos de inteligencia financiera, luego del análisis preliminar realizado por los equipos técnicos de la entidad (sic)”, señaló Mejía en su cuenta de X.

Mejía insistió en que la posible conexión entre minería ilegal y estructuras armadas representa un riesgo que exige respuesta inmediata. En ese sentido, recalcó que la entidad orienta sus acciones a detectar flujos de dinero que alimentan organizaciones criminales y fortalecen su capacidad operativa.

“Por tratarse de hechos que podrían constituir financiación al terrorismo y otros delitos fuente de lavado de activos, esta Unidad procederá a realizar los análisis patrimoniales y financieros pertinentes sobre servidores públicos, civiles o militares, así como personas jurídicas, que resulten vinculadas a los hechos materia de investigación, en coordinación con las autoridades competentes y conforme a los canales institucionales establecidos”, se lee en el post de Mejía.

El funcionario cerró su mensaje de respaldo al afirmar que: “La UIAF reitera su compromiso en la lucha contra las finanzas del crimen organizado (sic)”.

Minería ilegal en el Bajo Cauca

La zona afectada corresponde a la finca La Mandinga, un predio cercano al batallón con una extensión aproximada de 2.000 hectáreas. Este terreno, que hoy está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras un proceso de extinción de dominio, habría sido ocupado para actividades de minería sin contar con títulos ni autorización legal. Según el Ejército, esta intervención irregular ha provocado un daño ambiental de alta gravedad en el sector.

En medio de las versiones que relacionan la actividad con el Clan del Golfo, ese grupo armado negó cualquier vínculo con los entables mineros y aseguró que no tiene relación con su operación. Por su parte, la fuerza pública indicó que desde 2022 informó a las autoridades judiciales sobre los impactos de esta explotación ilegal y ejecutó más de 20 operativos en la zona.

No obstante, estas acciones provocaron episodios de tensión, incluidos bloqueos en la Troncal de Occidente e intentos de agresión contra uniformados, hechos que actualmente están bajo investigación.

Ministro de Defensa se pronunció sobre estos hechos

Desde su declaración, el jefe de la cartera de Defensa dejó claro que no habrá margen para irregularidades dentro de la fuerza pública: “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”.

“Al mismo tiempo, hemos reforzado los controles y las acciones operativas contra la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías ilícitas, que financian la violencia generada por los carteles criminales del EGC–Clan del Golfo, ELN y las disidencias de alias Calarcá y alias Mordisco”, agregó Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez aseguró que la lucha contra la minería ilegal se intensificó durante el último año. Según cifras entregadas por el propio funcionario, las autoridades invirtieron cerca de 2.500 minas ilegales y destruyeron alrededor de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilícita, lo que representa un incremento superior al 40% frente al año anterior.

El Ejército Nacional de Colombia divulgó un comunicado en el que reconoció la presencia de miles de mineros ilegales en la finca La Mandinga, un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), colindante con el Batallón de Infantería No. 31 Rifles en Caucasia, Antioquia.

Desde la institución castrense la ocupación ilegal del área por entre 2.000 y 2.500 personas dedicadas a la explotación aurífera, que carecen de título y protección legal. Según el comunicado, la actividad minera ha provocado un daño ambiental severo e irreversible en la región.

De igual modo, la autoridad militar aseguró que desde 2022 reportó ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación los daños causados por la minería ilegal y comunicó su compromiso con la legalidad y la protección del medio ambiente.

La nota oficial detalló que, desde entonces, se han realizado más de 20 intervenciones directas, que incluyeron la destrucción de maquinaria y equipos empleados en la actividad ilícita.

La Séptima División del Ejército Nacional enfatizó que continuará ejecutando operaciones interinstitucionales y ofensivas contra todos los grupos al margen de la ley que atentan contra la seguridad regional y financian su actividad criminal mediante la minería ilegal.

Además, anunciaron la presentación de nuevas acciones penales contra quienes sean encontrados realizando actividades ilícitas en los límites de la unidad militar.

De acuerdo con el comunicado del Ejército, las operaciones legítimas en la zona provocaron reacciones violentas de quienes se benefician de la minería ilegal, incluidas asonadas y bloqueos en la vía Troncal de Occidente. La institución advirtió que estos hechos serán investigados y judicializados.

Investigación internacional revela detalles de la operación ilegal

La admisión del Ejército sucedió tras la publicación de un reportaje de The New York Times, elaborado por el fotoperiodista Federico Ríos, que documentó la existencia de una operación minera de gran escala en terrenos colindantes a la base militar de Caucasia. El reportaje expuso que la mina, denominada La Mandinga, estaría bajo control del Clan del Golfo y funcionaría como fuente de financiación para esa estructura criminal.

Según la crónica de The New York Times, la explotación ilegal se desarrolla tan cerca de la base militar que no existe una división física entre la mina y las instalaciones del Ejército.

El reportaje incluyó testimonios de mineros que aseguraron operar dentro del perímetro militar y evidencias visuales obtenidas con drones, donde se observan trabajadores utilizando mangueras de alta presión en zonas boscosas correspondientes a terrenos estatales.

Durante una visita acompañada por el periodista, el comandante de la base, coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente la extracción de oro en predios militares. Sin embargo, tras recorrer el área y constatar la situación, el oficial reconoció la existencia de la actividad e impartió la orden de desalojo. En ese operativo, soldados destruyeron equipos y maquinaria, en una acción que desató enfrentamientos y resistencia por parte de los mineros.

El reportaje internacional también señaló que el oro extraído alimenta redes de financiamiento del Clan del Golfo y que, con base en la investigación, parte del metal habría alcanzado la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pese a las restricciones legales para la compra de oro de origen extranjero.

El contexto institucional y la respuesta del Gobierno

La publicación de The New York Times motivó pronunciamientos de autoridades nacionales. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que en 2026 el Gobierno ha intervenido unas 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas, superando en 40% los resultados del 2025. Sánchez reiteró que no se tolerarán omisiones ni vínculos entre miembros del sector defensa y economías criminales.

El funcionario anunció la apertura de investigaciones inmediatas para esclarecer los hechos y la adopción de medidas firmes frente a cualquier irregularidad. “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley”, declaró Sánchez a través de X.

Hay preocupación en el noroeste de Colombia, después de que se conocieran imágenes de lo que sería un campo de explotación minera a plena vista del Ejército Nacional en el municipio de Caucasia, Antioquia.

De hecho, un reciente artículo publicado por The New York Times, dejó ver que el campo de minería ilegal de oro estaría ubicado en terrenos que, en teoría, harían parte de una unidad militar.

En una reciente visita a la zona de La Mandinga, quedó expuesta la magnitud del problema: la actividad minera se extendía desde el área controlada por el Clan del Golfo hasta el propio perímetro de una base del Ejército colombiano.

Las imágenes captadas por un dron confirmaron lo que algunos trabajadores ya habían dicho: el trabajo de extracción de oro se realizaría directamente dentro de la base militar donde opera el Batallón de Rifles 31.

Según las imágenes compartidas por el diario estadounidense, no se apreciaba ningún vallado que separara la zona militar de la mina, lo que facilitaría la expansión de la operación ilícita hasta las inmediaciones de la piscina y otras instalaciones del cuartel.

Ante las denuncias, el comandante de la base, coronel Daniel Echeverry, negó en principio cualquier actividad minera dentro de la base. Sin embargo, tras una inspección conjunta, el ruido de los generadores y la presencia de maquinaria en pleno funcionamiento evidenciaron lo contrario. Frente a la escena, el propio Echeverry reconoció al medio extranjero: “Esto es dentro de la base”.

Incluso, el jefe de la base militar ordenó un despliegue inmediato para retirar a los mineros ilegales de la zona, lo que generó un momento de tensión entre los uniformados y los invasores de los terrenos estatales.

Según información divulgada por The New York Times, algunos insultaron a los soldados y continuaron su labor. Otros amenazaron con violencia y, en un momento de tensión, uno de ellos arrojó gasolina hacia el grupo de uniformados y periodistas, gritando: “¡Nos vamos a quemar todos!”.

Acciones militares y resistencia de los mineros

Ante la negativa de los mineros a retirarse, los soldados intervinieron con fuerza. Utilizaron gasolina para incendiar parte del equipo utilizado en la extracción y cortaron mangueras con sierras mecánicas. Los mineros intentaron rescatar su maquinaria y apagar las llamas con cubos de agua lodosa, mientras algunos blandían machetes o lanzaban piedras.

Durante el operativo, los trabajadores defendieron su derecho a extraer oro en la zona, argumentando que pagaban al Clan del Golfo, principal grupo criminal de la región, para operar en La Mandinga. Para muchos de ellos, ese permiso informal parecía extenderse incluso a terrenos militares.

La intervención en la base dejó al descubierto la debilidad institucional para frenar la minería ilegal. El propio coronel Echeverry, responsable de unos 800 hombres encargados de combatir a grupos armados como el Clan del Golfo, admitió al diario extranjero haberse sorprendido ante la evidencia y prometió medidas contra la actividad ilícita en su jurisdicción.

En la práctica, la minería ilegal en La Mandinga financia a organizaciones criminales y contribuye a perpetuar su control territorial. Parte del oro extraído en la zona logra llegar hasta mercados internacionales, incluyendo la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pese a las leyes que restringen la compra de metales solo a los producidos en territorio estadounidense.

Entretanto, los mineros ilegales, pese a haber perdido parte de la maquinaria y herramientas para continuar con su labor, aseguraron que regresarán a la zona alegando pagar buenas sumas de dinero al Clan del Golfo, lo que les garantizaría protección ante intervenciones militares.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional aseguraron que mantendrán la vigilancia constante en la zona para evitar nuevas agrupamientos de mineros ilegales en la zona aledaña a la unidad militar.

El Gobierno de José María Balcázar decidió prorrogar por 60 días más el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad. La medida, oficializada mediante decreto supremo, confirma que la estrategia aplicada desde diciembre de 2025 no ha logrado contener el avance del crimen organizado vinculado a la minería ilegal, una actividad que hoy mueve más dinero que el narcotráfico en el país.

Prórroga que evidencia un problema sin resolver

La extensión del estado de emergencia es la continuidad de una política aplicada desde fines del año pasado, cuando el Ejecutivo dispuso que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. Sin embargo, el nuevo decreto deja en claro que las condiciones que motivaron la intervención se mantienen.

El propio sustento técnico del Gobierno reconoce que persisten “otras situaciones de violencia” relacionadas con organizaciones criminales. En términos simples, el problema no ha sido resuelto. Por el contrario, la necesidad de mantener restricciones a derechos fundamentales y el control militar revela que el Estado aún no logra recuperar plenamente el territorio.

Violencia en zonas mineras no se detiene

Los hechos registrados en los últimos meses muestran la necesidad de esta medida, pero ponen en duda su efectividad. El 31 de diciembre de 2025, cuando ya regía el estado de emergencia, se produjo un enfrentamiento en una bocamina vinculada a la minera Poderosa, en el anexo de Vijus. El incidente dejó tres personas fallecidas con impactos de bala.

Según la información disponible, las víctimas habrían ingresado de manera ilegal con la intención de sustraer mineral, en una zona disputada por grupos dedicados a la minería ilegal. Este episodio muestra que, pese a la presencia de fuerzas del orden, los conflictos violentos por el control de recursos continúan.

La persistencia de estos enfrentamientos evidencia que el problema no es solo de seguridad, sino estructural. La minería ilegal ha generado economías criminales, donde el uso de armas y la violencia forman parte del control territorial.

Operativos logran golpes, pero no frenan el avance

En paralelo, el Estado ha ejecutado intervenciones a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), que integra a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Uno de los operativos más recientes, denominado “Centauro”, permitió incautar fusiles, explosivos y material logístico en una bocamina ilegal en Pueblo Nuevo.

El decomiso incluyó armas como fusiles FAL, Galil y R15, además de mechas y fulminantes utilizados en la extracción ilegal. Estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Sin embargo, estos golpes no han sido suficientes para desarticular las redes. La continuidad de la violencia y la necesidad de mantener el estado de emergencia indican que las organizaciones siguen activas y con capacidad de reorganización.

Minería ilegal: una economía criminal en expansión

El trasfondo de esta crisis es el crecimiento sostenido de la minería ilegal en el Perú. Según datos de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, esta actividad mueve alrededor de 8,200 millones de dólares, superando incluso al narcotráfico.

Además del impacto económico, sus efectos en seguridad son evidentes. Distritos como Pataz registran niveles de homicidios muy por encima del promedio nacional, lo que los convierte en zonas de alto riesgo.

El gremio también ha advertido que decisiones legislativas recientes podrían agravar el problema. Un dictamen aprobado en comisión en el Congreso modificaría las condiciones de las concesiones mineras sin suficiente sustento técnico, lo que, según especialistas, podría abrir espacios para el lavado de activos y fortalecer economías ilegales.

En este contexto, la prórroga del estado de emergencia aparece como una respuesta inmediata, pero no como una solución de fondo. La continuidad de la medida refleja que el Estado enfrenta un desafío complejo: contener una economía criminal que se ha expandido durante años y que hoy opera con normalidad.

La Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía encabezado por Edwin Palma Egea, anunció que desde el 19 de mayo de 2026 estará disponible una herramienta digital que busca fortalecer la transparencia en la cadena productiva de minerales.

La plataforma integrará información que hasta ahora permanecía dispersa en registros como el Rucom (Registro Único de Comercializadores de Minerales), Génesis —base de datos de mineros artesanales— y el sistema de Control a la Producción.

La nueva plataforma ofrecerá la posibilidad de seguir el recorrido del oro desde su extracción hasta su comercialización o exportación, brindando un panorama completo del flujo del mineral en el país y facilitando la verificación de certificados de origen, registros de producción y pagos de regalías.

Cada transacción tendrá un código único, lo que permitirá a las autoridades y al público verificar toda la información relacionada con el oro y otros minerales.

Respuesta a exigencias internacionales y aumento de controles

El lanzamiento de este sistema responde a la creciente presión de los mercados nacionales e internacionales que exigen mayor claridad sobre el origen del oro colombiano.

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional estima que más del 80% del oro producido en Colombia es ilegal, dato que refleja la magnitud del desafío para las autoridades.

De acuerdo con cifras del Dane, entre febrero de 2025 y febrero de 2026, las exportaciones de oro alcanzaron los 771,8 millones de dólares, un crecimiento del 140,8% en comparación con el periodo anterior.

En los últimos cuatro años, Colombia exportó 236 toneladas de oro, generando $2,15 billones en regalías. Pese a estos ingresos, el país enfrenta el reto de garantizar que la mayor parte de ese mineral provenga de fuentes legales y verificables.

La nueva plataforma no modifica las normas vigentes, pero sí permitirá el acceso público y en tiempo real a la información de toda la cadena minera, lo que representa un avance frente al actual sistema fragmentado.

Rol de las alcaldías y control sobre la minería artesanal

La implementación de la plataforma asigna un papel central a las alcaldías, especialmente en el control y registro de la minería de subsistencia.

Los mandatarios locales deberán reportar los niveles de producción y regalías, verificar la información suministrada por los mineros, visitar los sitios de explotación y confirmar la identidad de quienes participan en esta actividad.

Además, tendrán la responsabilidad de garantizar que no exista coacción de grupos ilegales y que no se superen los topes anuales de producción establecidos, que en el caso del oro están fijados en 420 gramos por minero.

El sistema facilitará el cruce de datos entre entidades y permitirá detectar irregularidades con mayor rapidez, según explicó el Ministerio de Minas en su comunicado oficial.

La integración de las bases de datos Rucom, Génesis y Control a la Producción busca cerrar espacios a la infiltración de oro ilegal en la cadena comercial y contribuir a la formalización del sector.

Fase piloto y proyección a futuro

Durante su fase inicial, la plataforma funcionará como un piloto de registro voluntario. El Gobierno prevé, a mediano plazo, que todas las transacciones de minerales en Colombia deban registrarse obligatoriamente en este sistema.

Esta transición busca consolidar un modelo integral de trazabilidad y control en el sector minero, acorde con las expectativas internacionales y los compromisos del país en materia de lucha contra la minería ilegal.

La cartera liderada por Palma Egea subraya que esta iniciativa se da en un contexto de crecimiento sostenido de las exportaciones y de presión internacional para certificar la legalidad de los minerales.

La información de la plataforma estará disponible para consulta pública y en tiempo real, lo que podría reforzar la confianza de los mercados y facilitar el trabajo de autoridades nacionales y extranjeras en la verificación del origen del oro colombiano.

La puesta en marcha del sistema de trazabilidad representa para Colombia un paso relevante en la supervisión de un sector afectado por la ilegalidad y la intervención de grupos armados.

Las autoridades esperan que la nueva herramienta contribuya a reducir el margen de maniobra para actividades ilícitas, ampliar la formalización de los mineros de subsistencia y mejorar la percepción internacional sobre la minería colombiana.

En el Día de la Tierra, Costa Rica se encuentra en un momento crucial en la defensa de su riqueza ecológica. Mientras el país pretende posicionarse como líder global en políticas medioambientales y fijó como meta alcanzar la carbono neutralidad para 2050, la presión de actividades ilícitas y la expansión económica ha colocado en riesgo algunos de sus recursos más valiosos.

Con el 58.5% de su territorio cubierto por bosques y albergando cerca del 6 % de la biodiversidad del planeta, Costa Rica sostiene uno de los patrimonios naturales más relevantes de América Latina. Sin embargo, fenómenos como la minería ilegal de oro y la tala de árboles desafían la capacidad de conservación del Estado y reavivan debates sobre el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

El impacto de la minería ilegal y el uso de mercurio en el norte del país

Uno de los frentes más complejos se ubica en una remota región norteña, en disputa por mineros ilegales que emplean prácticas altamente nocivas para la salud pública y los ecosistemas, en especial el uso de mercurio. Este mineral pesado afecta suelos y cursos de agua, lo que supone un peligro adicional para la biodiversidad local y las comunidades cercanas.

El Gobierno de Rodrigo Chaves ha propuesto un proyecto de ley para entregar una concesión a una empresa que explote el oro en la zona, bajo la promesa de controles medioambientales reforzados. Pese a este planteamiento, organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición política sostienen que resulta prioritario recuperar el capital ambiental de la zona afectada, en lugar de apostar por una explotación regulada.

En la actualidad, Costa Rica prohíbe la minería de oro a cielo abierto y la exploración petrolera, restricciones que fueron establecidas por vetos presidenciales anteriores. Estas limitaciones han definido la línea política del país en los últimos años, aunque han sido sujetas a nuevos intentos de debate durante la administración Chaves.

Disputa jurídica por la tala en el Golfo de Papagayo

En paralelo al problema minero, el país enfrenta otro conflicto relacionado con la expansión del turismo en zonas sensibles. En el Golfo de Papagayo, provincia de Guanacaste, la propuesta de Enjoy Hotels para construir un hotel desató la preocupación de asociaciones ambientalistas y residentes, que recurrieron ante la Sala Constitucional. Alegan que se pondría en riesgo la función natural e hídrica de un bosque compuesto por aproximadamente 700 árboles.

Como resultado, el magistrado Fernando Cruz dictó medidas cautelares a finales de la semana pasada, suspendiendo cualquier tala hasta tanto no se resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada. Las partes involucradas deberán responder ante las autoridades judiciales y cumplir con la orden de moratoria para evitar “posibles daños graves e irreparables al ambiente”.

El reto de conciliar crecimiento y conservación

El turismo representa una fuente relevante de ingresos, con una llegada anual próxima a los tres millones de visitantes. Este dato coloca en el centro del debate la obligación de conciliar la actividad económica con la protección de las áreas naturales, en un escenario donde el desarrollo no puede mantenerse desligado de consideraciones ecológicas.

En palabras del activista Josué Bonilla: “Costa Rica es un país muy rico en recursos naturales y nuestro deber es seguir protegiéndolos. Existen en la actualidad muchos problemas y amenazas relacionados a intereses económicos que no podemos pasar por alto”, declaró a EFE.

Con una superficie de 51,100 kilómetros cuadrados, Costa Rica trabaja para sostener su reputación internacional como referente en políticas ambientales, pero enfrenta tensiones crecientes en los debates políticos y sociales sobre el uso de su territorio.

El presidente Chaves, cuyo mandato culmina el próximo 8 de mayo, reiteró la importancia de buscar un equilibrio entre economía y sostenibilidad, aunque su intento reciente de abrir una discusión nacional sobre la exploración petrolera y gasífera no prosperó.

La conmemoración del Día de la Tierra expone los desafíos actuales del país: defender su capital natural frente a la presión de intereses económicos y garantizar que las decisiones presentes aseguren la integridad ambiental para las próximas generaciones.

Los hechos ocurrieron en los kilómetros 108 al 110 de la carretera que conecta Puerto Maldonado con Mazuco, una zona crítica por la alta presencia de actividades extractivas ilegales. Según información policial, la intervención formaba parte de una acción de interdicción destinada a frenar el avance de la minería ilegal en esta área de la Amazonía peruana.

Durante el operativo, un grupo de sujetos atacó a los efectivos, lo que desató momentos de alta tensión. En medio de la agresión, dos camionetas fueron volteadas, y una de ellas —perteneciente a la PNP— terminó envuelta en llamas. Las imágenes del vehículo incendiado se difundieron rápidamente en redes sociales, evidenciando la violencia del enfrentamiento.

Ante el ataque, los agentes se vieron obligados a repeler la agresión utilizando sus armas de reglamento. Pese a la gravedad de la situación, la Región Policial de Madre de Dios informó que no se registraron heridos ni víctimas mortales.

En paralelo, circularon versiones en redes sociales que alertaban sobre una supuesta balacera con fallecidos. Sin embargo, la Policía desmintió categóricamente estos reportes, calificándolos como falsos y advirtiendo que solo contribuyen a generar alarma entre la población.

Como resultado del operativo, las autoridades lograron incautar armamento y material explosivo, entre ellos un fusil, una pistola, cartuchos de dinamita, así como motores y motocicletas presuntamente utilizadas en actividades ilegales.

Tras los disturbios, el tránsito en la vía Interoceánica fue restablecido de manera progresiva, mientras las fuerzas del orden continúan desplegadas en la zona para reforzar las acciones contra la minería ilegal.

Este nuevo episodio refleja la creciente conflictividad en La Pampa, considerada uno de los principales focos de minería ilegal en el país, donde las intervenciones estatales suelen enfrentar resistencia violenta por parte de organizaciones vinculadas a esta actividad ilícita.

Advertencia del FMI al Perú por avance de la minería ilegal

El Fondo Monetario Internacional lanzó una advertencia al Perú en marzo pasado sobre los riesgos que representa el avance de la minería ilegal para la estabilidad económica y el crecimiento sostenido del país. En el marco de su más reciente evaluación bajo el Artículo IV, el organismo señaló que esta actividad ilícita no solo tiene impactos ambientales, sino que también está estrechamente vinculada al incremento de la inseguridad y al debilitamiento de las instituciones.

Según el análisis, la expansión de la minería ilegal afecta directamente el clima de inversiones, al generar incertidumbre jurídica y competencia desleal frente a las actividades formales. Esto, a su vez, limita el desarrollo de sectores productivos y reduce la capacidad del Estado para recaudar ingresos, afectando la sostenibilidad fiscal.

El FMI también alertó que esta problemática se ha convertido en un factor estructural que podría frenar el crecimiento económico en el mediano plazo, especialmente si no se adoptan medidas firmes para contenerla. En ese sentido, recomendó fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas, mejorar los mecanismos de fiscalización y cerrar brechas en los procesos de formalización minera.

Asimismo, el organismo subrayó la necesidad de una respuesta integral que articule políticas de seguridad, justicia y desarrollo económico, con el fin de enfrentar las redes criminales que operan detrás de esta actividad. De no hacerlo, advirtió, el Perú podría ver comprometidas sus perspectivas de crecimiento y estabilidad en los próximos años.

Una inspección técnica realizada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó la afectación a la quebrada El Naranjo, en el corregimiento de Trinidad, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, como resultado de actividades de minería ilegal detectadas en la zona.

El hallazgo se suma a una serie de acciones recientes orientadas a contener los delitos ambientales que impactan directamente los recursos hídricos y los ecosistemas del país.

La intervención se produjo en atención a un oficio de la Fiscalía de Capira, tras la aprehensión de dos ciudadanos por unidades de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ).

Los sospechosos fueron sorprendidos mientras realizaban extracción de material dentro de la fuente hídrica, y durante el operativo se les decomisaron herramientas utilizadas en estas prácticas, entre ellas bateas, palas, cubos y una barra de acero.

Un equipo técnico de la Dirección Regional de MiAmbiente en Panamá Oeste, a través de la sección de Verificación y Desempeño Ambiental, se trasladó hasta la comunidad de La Florida, específicamente a la finca Los Palmitos.

Esta área forma parte del Programa de Incentivos Económicos Ambientales de la Autoridad del Canal de Panamá, lo que añade un componente adicional de relevancia estratégica por su vinculación con la protección de cuencas hidrográficas.

De acuerdo con el informe técnico, la inspección permitió evidenciar la alteración del cauce natural de la quebrada, producto de la remoción de material dentro del lecho. Esta intervención generó sedimentación en el agua, afectando su calidad y modificando el comportamiento natural del flujo.

Además, se constató que el cauce fue redireccionado aproximadamente tres metros desde su orilla original debido a la acumulación de material rocoso.

Los hallazgos confirman un impacto negativo directo sobre el ecosistema, comprometiendo la calidad del recurso hídrico y generando efectos que podrían extenderse a otras áreas cercanas.

El documento será remitido a la Personería Municipal de Capira, a la Autoridad del Canal de Panamá y a la Oficina de Asesoría Legal de MiAMBIENTE en Panamá Oeste, con el objetivo de dar continuidad a las acciones legales y administrativas correspondientes.

Donoso, Colón

En paralelo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) ha intensificado sus acciones de vigilancia en el Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón. Guardaparques de MiAMBIENTE sostuvieron una reunión con el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME ambiental) para intercambiar información sobre reportes de minería ilegal y otras afectaciones a los recursos naturales.

Durante este encuentro se analizaron diversas denuncias sobre posibles delitos ambientales, lo que permitió corroborar datos y fortalecer los mecanismos de monitoreo y control. Además, se planificaron estrategias operativas orientadas a identificar rutas utilizadas para el desarrollo de estas actividades ilícitas y a mejorar la coordinación entre instituciones.

Como parte de las acciones en campo, se realizó un recorrido por sectores como Villa del Carmen, El Embarcadero y Sardina, donde los guardaparques también sostuvieron encuentros con residentes de las comunidades. En estos espacios se brindó orientación sobre permisos de roza y , en un esfuerzo por prevenir incendios de masa vegetal y promover prácticas más sostenibles.

Hay que recordar que en el área de Donoso y Omar Torrijos se ubica la mina de cobre que fue operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. La operación permanece suspendida desde finales de 2023, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, mientras avanza una auditoría ambiental que será clave para definir el futuro de la extracción minera en esa zona.

Las autoridades ambientales han reiterado que mantendrán una vigilancia constante y permanente para prevenir, detectar y minimizar los delitos contra el ambiente, en especial aquellos relacionados con la extracción ilegal de recursos.

Este tipo de actividades no solo genera daños inmediatos, sino que también compromete la sostenibilidad de los ecosistemas y la disponibilidad de agua para las comunidades.

Las autoridades costarricenses asestaron un nuevo golpe contra la minería ilegal en la zona norte del país tras el hallazgo de una bodega subterránea cargada de equipos e insumos utilizados por organizaciones criminales que operan en el sector de Crucitas y el cerro Conchuditas.

El descubrimiento fue realizado por oficiales de la Fuerza Pública en el distrito de Cutris, en la frontera norte, como parte de los operativos que se mantienen en la zona para debilitar la estructura logística de los grupos dedicados a la extracción ilegal de oro.

Según informaron las autoridades, la bodega se encontraba enterrada en las cercanías del cerro Conchuditas y contenía una importante cantidad de materiales cuyo valor podría ascender a varios millones de colones.

El hallazgo evidencia la capacidad de adaptación de estas organizaciones, que recurren a métodos cada vez más sofisticados para ocultar los insumos necesarios para sus operaciones, así como el avance de las autoridades en la detección de estos puntos estratégicos.

En esta ocasión, los oficiales lograron ubicar el sitio gracias a la experiencia adquirida en campo, sin necesidad de utilizar equipo especializado como detectores de metales, lo que fue destacado como un avance en las capacidades operativas de la Fuerza Pública.

Durante la intervención, los policías descubrieron que los oreros habían enterrado ocho plantas eléctricas, seis bombas sumergibles para agua y 13 recipientes utilizados para el almacenamiento de combustible.

Además, encontraron un rollo de manguera de aproximadamente 20 metros, 30 sacos de cal y cerca de 150 kilos de cianuro distribuidos en sacos y bolsas plásticas, un químico altamente peligroso que suele ser utilizado en procesos de extracción de oro.

El operativo también permitió ubicar 12 piletas empleadas para el procesamiento del material minero, lo que evidencia que el sitio funcionaba como un punto clave dentro de la cadena de producción ilegal.

Las autoridades subrayaron que este tipo de bodegas subterráneas forman parte de una red logística que permite a los grupos criminales mantener sus operaciones activas en zonas de difícil acceso, reduciendo el riesgo de ser detectados.

Por ello, la estrategia de la Fuerza Pública ha evolucionado hacia la identificación y desmantelamiento de estos puntos de almacenamiento, considerados uno de los eslabones más sensibles de la actividad ilegal.

“Esta búsqueda de bodegas subterráneas de suministros forma parte de las nuevas estrategias utilizadas contra la minería ilegal en la frontera norte”, indicaron las autoridades.

El objetivo es afectar directamente la capacidad operativa de estas organizaciones, limitando el acceso a los equipos, combustibles y químicos necesarios para la extracción de oro en zonas como Crucitas y el cerro Conchuditas.

La minería ilegal en esta región ha sido señalada por sus impactos ambientales, particularmente por el uso de sustancias como el cianuro, que pueden contaminar fuentes de agua y afectar la biodiversidad.

Asimismo, este tipo de actividad suele estar vinculada a redes criminales que operan en la frontera, lo que ha llevado a un refuerzo constante de la presencia policial en el área.

El nuevo hallazgo se suma a otros operativos recientes que evidencian la magnitud del problema y la necesidad de mantener acciones sostenidas para contenerlo.

Las autoridades reiteraron que continuarán intensificando los patrullajes y operativos en la zona norte con el objetivo de desarticular estas estructuras y proteger los recursos naturales del país.

El 24 de noviembre de 2024, el teniente coronel (GNB) Darwin Rigoberto Sanabria León y diez oficiales más, fueron detenidos en Amazonas, por orden de un Tribunal Militar, acusados de presuntamente permitir el ingreso de aeronaves procedentes de Brasil a la Base de Protección Fronteriza Cerro Carlos Delgado Chalbaud. Familiares de Sanabria le dijeron a Infobae que el oficial ha sido trasladado de los centros de reclusión, sin que se conozca su paradero exacto. “Darwin ha recibido maltrato físico y psicológico, al punto de atentar contra su propia vida”.

La familia también denunció que el oficial fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde en febrero de 2025 y posteriormente trasladado al centro penitenciario de El Rodeo, sin que se les haya informado oficialmente si continúa allí o si fue nuevamente movido. Afirman que, en reiteradas ocasiones, no dispone de alimentos, cama ni agua para su aseo personal. “Se trata de un proceso inhumano al que ha sido sometido”, señalaron.

Adicionalmente, los allegados indicaron haber recibido información según la cual Darwin Sanabria habría permanecido varios días en una celda de castigo. Denuncian la paralización del proceso judicial, al afirmar que los militares no han sido juzgados ni sentenciados y que el caso permanece estancado.

La familia ha reiterado la solicitud de avocamiento para que se revise el expediente y se individualicen las responsabilidades, pero dicha petición permanece engavetada desde hace más de un año, sin respuesta alguna por parte de las autoridades competentes.

Fueron en total once militares los arrestados en noviembre 2024 en Amazonas en el marco de este caso. Entre los detenidos figuran el general de brigada Rafael Simón García Fernández, comandante de la Zona Nº 63; el coronel Euclides Rafael Gómez Salazar, segundo comandante y jefe del Estado Mayor; el teniente coronel Darwin Rigoberto Sanabria León, comandante de Apoyo Aéreo; y el mayor José Gregorio Santana Olivo, jefe de la División de Mantenimiento y Orden Interno.

Asimismo, fueron privados de libertad los primeros tenientes Luis Gerardo Pérez Mendoza, jefe de Comandos Rurales; Jhon Kenner Buitrago Jaimes, jefe del Destacamento de Comandos Rurales 63-2 y comandante del Destacamento de Seguridad Urbana; así como los sargentos Ángel Alexis Barreto Pérez, Keibi Adrián Verenzuela Sandoval, Elvis Josué Pérez Salas y Antonio José Gutiérrez.

De acuerdo con los familiares de Sanabria León, la mayoría de los detenidos “permanece en la cárcel y en el olvido”. Sostienen que la Fiscalía Militar instruye un único expediente para todos los implicados, imputándoles los mismos cargos, independientemente de su grado de responsabilidad o inocencia.

La detención

El 24 de noviembre de 2024, el teniente coronel Darwin Rigoberto Sanabria León, entonces comandante del Destacamento de Apoyo Aéreo N.º 63 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acudió a una reunión convocada por el general de brigada José Ruiz Muñoz, comandante de la Zona GNB N.º 63. Durante el encuentro, Sanabria León fue informado de una orden de aprehensión en su contra, emitida por el capitán Jorge Daniel Cedeño, juez militar octavo de control.

La investigación que derivó en su detención se originó a partir de la nota informativa N.º 0285-24, emitida el 20 de noviembre de 2024, por el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) N.º 63 Amazonas, y suscrita por el teniente coronel José Ángel Romero Cuamo. El documento indica que, el 15 de noviembre, mediante entrevistas y análisis de registros telefónicos, se habría detectado que personal militar destacado en la Base de Protección Fronteriza Cerro Delgado Chalbaud presuntamente brindó seguridad a mineros ilegales a cambio de material aurífero.

De acuerdo con la investigación, a uno de los efectivos que participó en un relevo fronterizo se le habría hallado un video en el que se observa una aeronave negra de ala rotatoria, sin matrícula visible y presuntamente procedente de Brasil, aterrizando y despegando de dicha base. En las imágenes también se aprecia la presencia de dos hombres armados con indumentaria alusiva a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El Tcnel. Darwin Rigoberto Sanabria León fue trasladado, el 26 de noviembre 2024, al Tribunal de Primera Instancia Militar Octavo de Control del Circuito Judicial Penal Militar de Puerto Ayacucho; el fiscal militar, Cap. Martín Grimón Guipe, lo imputó por presunta Traición a la Patria, Ultraje a la FANB, Contra la Seguridad de la Fuerza Armada, Desobediencia Agravada y Abuso de Autoridad.

El 11 de enero de 2025, la Fiscalía presentó formalmente el escrito acusatorio. Posteriormente, en la audiencia preliminar celebrada el 5 de febrero 2025, el juez Jorge Daniel Cedeño admitió la acusación y ordenó el inicio del juicio.

La carrera

El teniente coronel Darwin Rigoberto Sanabria León egreso de la EFOFAC en el 2005 de la II Promoción Toma de Puerto Cabello, y un par de años después del XXV Curso de Piloto Aviador. Su carrera la ha desarrollado en los estados fronterizos.

Desde el 2007 estuvo en zona fronteriza en los estados Bolívar y Amazonas, como tripulante en las misiones de Vuelo para relevos de las Bases de Protección Fronteriza y Bases de Seguridad Territorial: San Juan de Manapiare, San Fernando de Atabapo, La Esmeralda, Santa Bárbara del Amazonas, Parima B, San Carlos de Río Negro, Buena Vista del Meta, San Carlos del Meta, Cararabo del Meta.

Fue piloto al mando de las misiones de Vuelo como Aeroambulancia en los fronterizos estados Apure y Zulia. Entre el 2010 al 2018 tripulante de las Misiones de Vuelo a órdenes de los comandantes Generales Freddy Alonzo Carrión, Luis Alfredo Motta Domínguez, Richard Jesús López Vargas y Néstor Luis Reverol Torres. También de los ministros de Defensa Carlos Mata Figueroa, Carmen Teresa Meléndez Rivas y Vladimir Padrino López. Y del entonces Comandante Estratégico Operacional, Almirante Remigio Ceballos Ichazo.

Desde el 2020 al 2023 fue comandante de Apoyo Aéreo Paramillo en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira. Dfe ahí pasa a ser, hasta su detención, comandante del Destacamento de Apoyo Aéreo Nro. 63, Puerto Ayacucho, del fronterizo estado Amazonas.

Autorizan desde Caracas

El Tcnel. Darwin Rigoberto Sanabria León fue designado, desde el 9 de septiembre 2023, según Resolución Nro 052532 del Ministerio de la Defensa, comandante del Destacamento de Apoyo Aéreo Nro. 63 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la Base Aérea “GJ. José Antonio Páez”, municipio Atures, estado Amazonas.

Jenny Franchesca Ruiz de Sanabria, esposa del oficial dice, en un documento enviado a la Guardia Nacional, que el Tcnel. Darwin Sanabria León no tenía autonomía para planificar ni ejecutar vuelos militares por iniciativa propia. Explicó que cualquier traslado debía ser notificado a los superiores en Caracas y que solo tras la debida autorización se procedía a la asignación de la aeronave y la tripulación correspondientes.

Destacó además que, dentro de la estructura organizativa de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Sanabria León, en su condición de jefe del Destacamento de Apoyo Aéreo N.º 63, no dependía del Comando de Zona para impartir órdenes al personal. En ese sentido, sostuvo que no tenía facultades para designar efectivos en los relevos fronterizos, ni estaba autorizado a abordar las aeronaves durante esas operaciones o a trasladarse a las bases, mucho menos a ausentarse de su comando dejando de supervisar las operaciones aéreas.

Ruiz de Sanabria también subrayó que la Base de Protección Fronteriza Cerro Delgado Chalbaud carece de control radar por parte del Estado venezolano y no dispone de señal telefónica, contando únicamente con conexión mediante wifi portátil.

Aseguró que el Tcnel. Sanabria León no participó en actividades de minería ilegal y que no existe ningún elemento que permita presumir su vinculación con los hechos.

Los delitos imputados

En el caso que involucra al teniente coronel Darwin Sanabria, el proceso judicial alcanza a un total de diez imputados, a quienes la Fiscalía atribuye los mismos cinco delitos. Sin embargo, estas acusaciones son rechazadas por su esposa, Jenny de Sanabria, quien cuestiona la solidez de los señalamientos.

Respecto al presunto delito de traición a la patria, Ruiz de Sanabria sostiene que la acusación no especifica cuál habría sido la conducta concreta atribuida a su esposo. Según explica, el Ministerio Público se limita a señalar que el oficial supuestamente participaba en actividades de minería ilegal en el cerro Delgado Chalbaud, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, sin aportar testigos ni pruebas que demuestren su traslado al sitio o su vinculación directa con dichas actividades. Además, afirma que el expediente fiscal tampoco detalla cuál habría sido el supuesto beneficio obtenido.

Sobre el delito de ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Fiscalía asegura que Sanabria recibía presuntamente, durante cinco días de cada mes, un 20 %, sin precisar de qué concepto, en un sector adyacente a la Base de Protección Fronteriza del cerro Delgado Chalbaud. No obstante, según su esposa, durante las actuaciones no se le encontró grama alguno, dinero ni otros elementos que respalden esa versión.

En cuanto al delito contra la seguridad de la Fuerza Armada, afirma que no existe constancia de que el oficial haya revelado órdenes, consignas, documentos o información clasificada o reservada de la institución militar.

El Ministerio Público argumenta que Sanabria conocía los riesgos a los que se expone el personal militar desplegado en el relevo fronterizo y que habría permitido el ingreso de aeronaves ajenas a la Fuerza Armada. Frente a ello, su esposa aclara que el teniente coronel no desempeñaba funciones en esa zona de seguridad ni ordenó el traslado de funcionarios al lugar.

Finalmente, no comprende cómo su esposo es imputado por desobediencia agravada y abuso de autoridad, sin prueba alguna de que haya ordenado a personal militar trasladarse a la Base de Protección Fronteriza. Añade que en el material audiovisual al que se refiere la Fiscalía no van a encontrar participación alguna del oficial, ya que “nunca estuvo en dicha zona”.

Una investigación interinstitucional permitió golpear a una de las rutas más lucrativas del robo de cobre en el norte de Chile, una trama que no solo movía material sustraído desde distintas zonas del país, sino que además buscaba sacarlo del circuito formal mediante operaciones de exportación ilegal con destino final en Asia. El caso volvió a poner en escena una conexión que también involucra a Perú, utilizado por esta red como punto de tránsito en el complejo desvío del metal rojo.

La operación quedó al descubierto cuando fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en Iquique revisaron seis contenedores que habían sido declarados como “chatarra de cobre”. La inspección, activada a partir de un análisis de riesgo y una alerta interinstitucional, permitió comprobar que la carga era en realidad otra: cables eléctricos, cátodos, tubos y barras de cobre, mercancías que no correspondían a la categoría declarada y que presentaban señales de posible origen ilícito.

En total, se estableció que 120 toneladas pertenecían a empresas eléctricas, con un valor superior a US$ 1,4 millones, por lo que el cargamento fue incautado y se presentó una querella por contrabando y falsedad documental.

Así operaba la red criminal del cobre: robo, procesamiento y exportación ilegal

La organización criminal funcionaba bajo un modelo estructurado, con roles definidos en cada etapa del delito. En el origen, grupos especializados ejecutaban el robo de cobre, principalmente desde infraestructura eléctrica. El método era directo: utilizando camiones pesados, derribaban postes de luz para retirar grandes cantidades de cable en pocos minutos, dejando incluso a comunidades enteras sin suministro eléctrico.

Luego, el material era trasladado a centros de acopio clandestinos, donde se procesaba para eliminar cualquier rastro de origen. Los delincuentes quemaban o retiraban el recubrimiento plástico del cableado, dejando el cobre expuesto y más difícil de rastrear. En algunos casos, el metal era fundido en lingotes o placas para borrar marcas identificatorias como números de serie.

Posteriormente, entraban en acción los intermediarios, una pieza clave del engranaje criminal. Estos actores adquirían el cobre procesado, lo mezclaban con material legal o de mayor calidad y lo revendían a empresas exportadoras, diluyendo su trazabilidad en cada transacción.

El transporte se realizaba principalmente por vía terrestre, aprovechando la cercanía de zonas fronterizas. Camiones trasladaban la mercancía hacia el norte, especialmente hacia el puerto de Iquique, desde donde se enviaba al extranjero. En otros casos, las autoridades detectaron intentos de desviar cargamentos hacia Perú como parte de la ruta ilegal antes de su exportación final a Asia.

Para dar apariencia de legalidad, la red utilizaba empresas fachada, emitía facturas falsas y adulteraba documentación tributaria. Incluso lograban acceder a beneficios como la devolución del IVA exportador, generando millonarias ganancias ilícitas.

Incautaciones millonarias y el rol clave de aduanas en la región

Uno de los golpes más importantes contra esta red se produjo en el puerto de Iquique, donde la labor de fiscalización aduanera resultó determinante. A partir de análisis de riesgo y alertas interinstitucionales, se inspeccionaron seis contenedores que habían sido declarados como “chatarra de cobre”.

Sin embargo, la revisión reveló que el contenido real incluía cables eléctricos, cátodos, tubos y barras de cobre, materiales que no calificaban como desecho y que presentaban claros indicios de origen ilícito. En total, se detectaron 120 toneladas de cobre robado, perteneciente en gran parte a empresas eléctricas.

El cargamento, valorizado en más de US$ 1,4 millones, fue incautado, evitando su salida hacia mercados internacionales. Las autoridades presentaron una querella por contrabando y falsedad documental, marcando un precedente en la lucha contra este tipo de delitos.

En paralelo, otra investigación de gran escala —denominada “Operación Alto Voltaje”— permitió desarticular una red que habría movilizado cerca de US$ 917 millones en cobre entre 2020 y 2025. El operativo incluyó allanamientos en 49 propiedades y culminó con la detención de 25 personas, entre ellas presuntos líderes de la organización.

Durante las intervenciones se incautaron 187 toneladas de cobre, además de armas, vehículos, propiedades y cuentas bancarias vinculadas a la red. Las autoridades también detectaron que el material era almacenado en ciudades cercanas a la frontera, como Arica, desde donde se planificaban envíos ilegales hacia Perú y posteriormente a China.

El rol del Perú dentro de estas dinámicas —ya sea como ruta de tránsito o posible mercado intermedio— lo posiciona como un actor relevante en la lucha contra el tráfico ilegal de cobre, un delito que trasciende fronteras y que continúa evolucionando en complejidad y alcance.

La imputación en una corte de California de Teodulio Anacona Papamija, conocido como ‘Pitufo’ y considerado uno de los jefes de Comandos de la Frontera, ha resaltado la presencia de esta organización en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Las acusaciones contra Anacona incluyen terrorismo y narcotráfico, mientras se investiga su vínculo con la emboscada en la que fueron asesinados 11 militares ecuatorianos.

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La extradición de otros líderes, como ‘Andrés Araña’, está suspendida debido a los diálogos de paz con el Gobierno colombiano.

Teodulio Anacona Papamija, alias Pitufo, fue procesado en Estados Unidos por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y delitos relacionados con el narcotráfico.

Su grupo, Comandos de la Frontera, opera en la frontera colombo-ecuatoriana y es señalado por las autoridades como responsable del ataque donde murieron 11 militares y de actividades ilegales de minería y tráfico de cocaína. Esta situación refuerza la preocupación internacional sobre la seguridad regional y la cooperación judicial.

La fiscalía estadounidense de California imputó los cargos tras analizar pruebas obtenidas en el registro de los teléfonos celulares de Anacona.

Fue detenido el 3 de febrero de 2025 en Puerto Asís (Putumayo), en coincidencia con una visita oficial de autoridades colombianas a Washington.

Las evidencias incluyen vínculos con actividades terroristas y tráfico internacional de drogas. Este proceso es el segundo de su tipo en Estados Unidos contra miembros de Comandos de la Frontera, grupo surgido como disidencia de la Segunda Marquetalia bajo el mando de Giovanny Andrés Rojas, alias Andrés Araña.

Impacto del ataque a militares en la frontera

El 9 de mayo de 2025, cuatro escuadrones de la Brigada de Selva 19 Napo, con cerca de 80 soldados, fueron emboscados en Alto Punino, distrito de Orellana (Loreto), mientras preparaban un operativo en la zona selvática. En el ataque murieron 11 militares, hecho atribuido por las autoridades a la organización dirigida por Anacona.

Las autoridades ecuatorianas señalaron que los soldados descendieron en un área dominada por estructuras de minería ilegal de oro. De acuerdo con El Tiempo, la operación buscaba combatir estos delitos, lo que evidencia que el grupo pesa sobre sectores estratégicos del crimen organizado y la economía ilícita en la frontera.

Este hecho elevó la tensión en la región y motivó el refuerzo de la cooperación en materia de seguridad entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

Actividades ilícitas y alcance internacional del grupo

El Tiempo informa que, para Estados Unidos, Comandos de la Frontera es catalogado como grupo narcoterrorista, dedicado a la producción y fabricación de cocaína y a su tráfico hacia México y territorio estadounidense.

Entre las pruebas se encuentran registros de operaciones de autoridades mexicanas el 18 y 19 de marzo de 2024, cuando se incautaron 1.500 kilogramos de cocaína en dos embarcaciones interceptadas en el Pacífico.

Las actividades del grupo incluyen narcotráfico y minería ilegal, afianzando su influencia en la frontera sur de Colombia y en rutas internacionales de contrabando.

Los informes de El Tiempo subrayan la capacidad de esta organización para insertarse en economías ilícitas complejas, lo que aumenta la presión sobre los sistemas judiciales y las fuerzas de seguridad regionales.

Extradición y negociaciones de paz en Colombia

Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Andrés Araña’, principal líder del grupo, fue capturado tras una ronda de negociaciones de paz por parte de agentes de la fiscalía colombiana, con base en una orden internacional de captura.

Actualmente, permanece en el pabellón de Extraditables de La Picota en Bogotá, y su proceso de extradición está suspendido por las autoridades, pendiente de avances en el diálogo entre el Gobierno y las disidencias armadas.

La Armada de Colombia consolidó su ofensiva contra el narcotráfico y otras economías ilícitas durante los primeros tres meses de 2026, logrando la incautación de más de 154 toneladas de estupefacientes en operaciones desarrolladas en mares, ríos y zonas costeras del país.

Según el comunicado oficial de la institución, la cifra incluye 127 toneladas de clorhidrato de cocaína, 23 toneladas de marihuana y cuatro toneladas de pasta base de coca, en una serie de acciones que evitaron que estos cargamentos alcanzaran los mercados internacionales.

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De acuerdo con lo informado por la Armada Nacional, las operaciones de interdicción marítima y fluvial permitieron además interceptar tres semisumergibles empleados por organizaciones criminales para el transporte de droga. Se destruyeron 166 laboratorios clandestinos de producción de cocaína y pasta base, impactando de manera directa la infraestructura criminal en distintas regiones.

La fuerza naval destacó que estas acciones debilitaron de forma significativa las redes logísticas, financieras y de coordinación delictiva de los grupos dedicados al narcotráfico.

En el mismo periodo, 423 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales resultaron capturadas. La autoridad militar atribuye a estos resultados una mejora perceptible en la seguridad de áreas estratégicas del territorio colombiano.

Contrabando, minería ilegal y delitos ambientales

El balance presentado por la Armada de Colombia también refleja avances en la lucha contra el contrabando. Unidades de la institución incautaron mercancía avaluada en más de $23.000 millones, afectando directamente a redes delictivas que impactan la economía nacional.

Además, en el desarrollo de la ofensiva contra la minería ilegal, fueron inutilizadas 157 máquinas usadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que, según la institución naval, produce graves daños ambientales y sociales en distintos departamentos.

En materia de protección ambiental, la Armada Nacional recuperó más de 3.000 especímenes de fauna silvestre, los cuales fueron entregados a las autoridades ambientales competentes para su recuperación y rehabilitación. También se reportó la captura de 61 personas por su presunta participación en delitos como tráfico de fauna y explotación ilegal de recursos naturales.

“Nuestra prioridad es salvaguardar la integridad de los ecosistemas y combatir todas las formas de delito que los afectan”, señaló el comunicado institucional.

Rescate y apoyo a la población vulnerable

La acción de la Armada de Colombia no se limitó a la persecución de delitos. En lo corrido del año, uniformados de la Fuerza Naval rescataron a 152 personas en situaciones de emergencia en el mar y en ríos, gracias a operaciones de búsqueda y salvamento que contaron con el respaldo de autoridades locales y organizaciones de socorro.

En paralelo, la institución fortaleció su compromiso social mediante jornadas de apoyo al desarrollo en comunidades costeras y ribereñas. A través de estos programas, 10.909 personas recibieron atención médica, medicamentos, ayudas humanitarias y acceso a actividades de bienestar. Estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de poblaciones apartadas y vulnerables, especialmente en zonas donde la presencia estatal es limitada.

Modernización y ciencia: logros navales y expedición a la Antártida

En el ámbito tecnológico, la Armada de Colombia celebró el bautizo de la Patrullera Oceánica ARC 24 de Julio, el primer buque construido completamente en el país por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar). Este avance fortalece las capacidades estratégicas de vigilancia y protección de los espacios marítimos nacionales.

La apuesta por la investigación científica también quedó reflejada con la exitosa culminación de la XII Expedición Científica de Colombia a la Antártida, un proyecto que reafirma el compromiso nacional con el estudio de nuevas fronteras y la conservación ambiental del denominado Continente Blanco.

Proyección y retos para el resto del año

Con más de 33.000 hombres y mujeres desplegados en todo el país, la Armada Nacional anunció que continuará utilizando sus capacidades operacionales, científicas y sociales para garantizar la seguridad, la soberanía y la protección de los ecosistemas colombianos.

De acuerdo con el balance institucional, la integración de tecnología, disciplina y vocación de servicio seguirá guiando el accionar de la Fuerza Naval durante los próximos meses.

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Pataz por 60 días más, manteniendo el control militar y varias restricciones para la población. La medida busca enfrentar la minería ilegal y la violencia asociada, pero también implica cambios concretos en la vida diaria de ciudadanos, trabajadores y autoridades locales.

Una de las principales medidas es la inmovilización social obligatoria, conocida como toque de queda. Esta restricción se aplica todos los días desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.

Durante ese horario, las personas no pueden circular libremente. Sin embargo, la norma establece excepciones. Sí pueden movilizarse quienes trabajan en servicios esenciales, como salud, energía, agua, telecomunicaciones, seguridad o limpieza pública.

También está permitido el tránsito en casos de emergencia médica. Las personas que necesiten atención urgente o comprar medicamentos pueden salir, ya sea a pie o en vehículo particular. Además, farmacias y boticas pueden atender durante ese periodo.

Control militar: quién manda en seguridad

Otro cambio clave es que las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno. Esto significa que los militares lideran las operaciones de seguridad en la zona, mientras que la Policía Nacional cumple un rol de apoyo.

Este esquema se aplica en contextos donde el Estado considera que la violencia supera la capacidad policial. En Pataz, la medida responde al accionar de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Las intervenciones se realizan bajo un comando unificado, lo que permite coordinar operativos entre ambas instituciones. Un ejemplo reciente es la operación “Centauro”, ejecutada en Pueblo Nuevo, donde se incautaron armas de guerra y explosivos en una bocamina ilegal.

Restricción de derechos: qué puede limitar el Estado

Durante el estado de emergencia, algunos derechos constitucionales pueden ser restringidos. Entre ellos están la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad personal.

En la práctica, esto significa que las autoridades pueden realizar intervenciones más rápidas, como ingresar a viviendas en determinadas circunstancias o limitar reuniones públicas. Estas medidas buscan facilitar la acción contra redes criminales.

Sin embargo, la norma también señala que el uso de la fuerza debe respetar los derechos humanos. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía deben actuar bajo reglas específicas establecidas por ley.

A quiénes afecta y qué deben tener en cuenta

Las restricciones impactan directamente en distintos sectores. Los ciudadanos deben organizar sus actividades dentro de los horarios permitidos, especialmente quienes trabajan de noche o dependen del transporte.

En el caso de los operadores mineros, la medida tiene implicancias en seguridad y logística. El control militar y los operativos buscan frenar la minería ilegal, pero también generan un entorno de mayor vigilancia en toda la zona.

Para las autoridades locales, el estado de emergencia implica coordinación constante con el comando unificado, que dirige las acciones de seguridad. Además, deberán adaptarse a un contexto donde las decisiones operativas están centralizadas.

Medida temporal, pero con continuidad

El estado de emergencia tiene una duración de 60 días, pero puede ser prorrogado nuevamente si las condiciones lo justifican. De hecho, esta no es la primera ampliación.

La norma también mantiene vigentes todas las disposiciones adoptadas en decretos anteriores, lo que refuerza el esquema actual de control.

Al menos seis personas fueron aprehendidas por las autoridades tras ser sorprendidas realizando actividades de minería ilegal en el río Juan Díaz, uno de los principales ríos de la ciudad capital, en un operativo liderado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en coordinación con la Policía Ambiental.

La intervención se produjo en el sector de Villa Lobos, en el corregimiento de Pedregal, donde los implicados realizaban movimientos de tierra con herramientas artesanales para la extracción de material mineral.

Durante el patrullaje terrestre efectuado en el área conocida como el “Corredor de los Pobres”, el equipo técnico detectó a los individuos utilizando palas, bateas de madera y una piqueta para intervenir el terreno.

Según las autoridades, esta práctica constituye un delito ambiental, ya que genera una alteración directa en el cauce del río, afecta la calidad del agua y provoca una degradación progresiva del ecosistema que rodea esta importante fuente hídrica de la capital panameña.

Los seis hombres fueron notificados en el lugar sobre la ilegalidad de la actividad y posteriormente trasladados a la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Panamá Norte, donde se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes.

En el operativo también se decomisaron dos bateas artesanales, seis palas y una piqueta, elementos utilizados para la extracción ilícita de minerales, los cuales forman parte de las evidencias dentro del proceso.

Este caso no es aislado. En lo que va de 2026, las autoridades han intensificado los operativos contra la minería ilegal en distintas regiones del país.

En la provincia de Herrera, a finales de enero, se reportó la detención de cuatro personas vinculadas a esta actividad, mientras que en Chepo, el 8 de enero, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) desarticularon un campamento clandestino, incautando equipos utilizados para la extracción de minerales.

A esto se suman operativos realizados durante febrero en diversas áreas protegidas, donde se efectuaron múltiples arrestos y decomisos de plantas eléctricas, bombas de agua y herramientas de perforación.

El incremento de estos casos evidencia una presión creciente sobre los recursos naturales del país, especialmente en zonas rurales y áreas protegidas.

Las autoridades han advertido que este tipo de prácticas no solo representa una actividad ilegal desde el punto de vista administrativo, sino que también tiene consecuencias severas sobre el ambiente, incluyendo la contaminación de fuentes de agua, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad.

En Panamá, la minería ilegal está regulada principalmente por el Código Penal y el Código de Recursos Minerales, los cuales establecen que todos los minerales existentes en el territorio nacional pertenecen al Estado.

Esto implica que cualquier actividad de exploración, extracción o explotación requiere una concesión o autorización formal. La realización de estas actividades sin el permiso correspondiente configura un delito, independientemente de la escala o el método utilizado.

Las sanciones penales han sido reforzadas en los últimos años. Quienes incurran en minería ilegal pueden enfrentar penas de prisión que van de 6 a 9 años, además de multas que oscilan entre 100 y 600 días multa.

La legislación también contempla castigos para quienes participen en el suministro, transporte o comercialización de maquinaria e insumos destinados a esta actividad, incluyendo sustancias altamente contaminantes como el mercurio o el cianuro.

El río Juan Díaz, uno de los principales de la ciudad capital, fue escenario de un nuevo caso de minería ilegal detectado por las autoridades ambientales.

Cuando la actividad genera daño ambiental, las consecuencias legales se agravan. En estos casos, los implicados pueden ser procesados adicionalmente por delitos contra los recursos naturales, lo que implica penas de entre 3 y 6 años de prisión adicionales.

Este escenario es particularmente relevante en zonas como ríos y áreas protegidas, donde el impacto ecológico puede ser irreversible y afectar directamente a comunidades que dependen de estos recursos.

Desde el punto de vista constitucional, el artículo 257 establece que las minas son propiedad del Estado, lo que refuerza la necesidad de cumplir con los procesos legales establecidos para su explotación.

Las autoridades han reiterado que el combate a la minería ilegal seguirá siendo una prioridad, no solo por su impacto ambiental, sino también por su vinculación con economías informales y actividades ilícitas que operan al margen de la ley.

El caso del río Juan Díaz vuelve a poner en evidencia una realidad que se repite en distintas regiones del país: la presión sobre los recursos naturales continúa en aumento, mientras las autoridades buscan contener una actividad que, aunque muchas veces se presenta de forma artesanal, tiene efectos significativos sobre el entorno y la sostenibilidad ambiental de Panamá.

El reciente predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones mineras, ha sido presentado como una medida para dinamizar el acceso al territorio. Sin embargo, más que una solución, representa un riesgo para el desarrollo del país y una señal preocupante de desconexión con la realidad del sector.

La minería no funciona en ciclos cortos. Desde la exploración hasta la producción, pasando por ampliaciones y reposiciones, los proyectos requieren décadas para madurar. En el Perú, los grandes desarrollos mineros han tomado incluso hasta 40 años. Pretender acortar los plazos de concesión en este contexto no solo carece de sustento técnico, sino que genera incertidumbre y desalienta inversiones que son clave para el crecimiento económico y el desarrollo territorial.

Esta propuesta ni siquiera responde a las verdaderas prioridades del sector. El principal desafío del país no es la duración de las concesiones, sino la expansión de la minería ilegal, que avanza en ausencia del Estado, depreda ecosistemas y somete a miles de peruanos a condiciones de violencia y explotación. Debilitar el marco formal —como lo hace esta iniciativa— solo abre más espacios para estas economías ilícitas.

Quienes defienden este predictamen, señalan que se busca impulsar la pequeña minería. La evidencia demuestra lo contrario. La mayoría de concesiones invadidas por la minería informal pertenecen justamente a pequeños mineros y mineros artesanales, quienes hoy no cuentan con la protección efectiva del Estado. Reducir los plazos de concesión no los fortalece; los expone aún más.

La verdadera ruta pasa por la formalización. La ilegalidad no se combate con más informalidad, sino con reglas claras, instituciones sólidas y políticas públicas coherentes. En esa línea, el Congreso tiene una tarea urgente: consolidar una Ley MAPE que permita el desarrollo sostenible de la pequeña minería, con criterios técnicos y mecanismos reales de acompañamiento.

Asimismo, es indispensable abordar uno de los principales cuellos de botella del sector: la permisología. Hoy, desarrollar un proyecto minero en el Perú puede tomar décadas no por falta de recursos, sino por la complejidad y lentitud de los procesos administrativos. Agilizar evaluaciones, mejorar la calidad de los expedientes y consolidar herramientas como la Ventanilla Única Digital debería estar en el centro de la agenda de nuestras autoridades.

El reto del país no es solo atraer inversión, sino convertir la minería en desarrollo sostenible para la ciudadanía. Eso implica mirar el largo plazo, generar confianza y asegurar que los beneficios de la actividad lleguen efectivamente a las regiones.

Lamentablemente, iniciativas como este predictamen refuerzan la percepción de que se legisla respondiendo a intereses de corto plazo o de grupos específicos, en lugar de pensar en el bienestar colectivo. Esta desconexión alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

El Perú merece autoridades con una visión más amplia, capaces de entender la complejidad del sector y de priorizar políticas que generen desarrollo real. Ese es un desafío que también corresponde a la ciudadanía, que tiene en sus manos la posibilidad de exigir mejores decisiones.

Reducir concesiones no es el camino. Apostar por la formalidad, la competitividad y la sostenibilidad sí lo es.

Un equipo élite de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) y la Policía Nacional, desmanteló una mina ilegal de carbón mineral en la vereda Firita Peña Arriba, municipio de Ráquira, Boyacá.

El operativo fue resultado de varios días de planeamiento estratégico de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (Uiga) y permitió hallar en flagrancia a tres personas realizando extracción subterránea mecanizada de carbón, dos de las cuales fueron sorprendidas dentro del socavón.

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Las autoridades constataron mediante tecnología especializada que la bocamina y las instalaciones asociadas no estaban incluidas en el Plan de Trabajo y Obras (PTO) ni en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados para la zona, configurando la ilegalidad de la explotación. Los responsables, capturados en el lugar, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“En la CAR Cundinamarca no vamos a permitir la minería ilegal en nuestro territorio, pues sus efectos sobre los recursos suelo, agua, flora y paisaje no son un daño menor, son una grave afectación a los ecosistemas y a la vida de las comunidades”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros. La intervención permitió además suspender de forma inmediata toda actividad de extracción en el predio.

Daños ambientales comprobados en la zona intervenida

Durante el recorrido técnico, los expertos documentaron la pérdida de la capa orgánica en un área aproximada de 0,23 hectáreas. Esta afectación fue consecuencia de la instalación de infraestructura minera como la bocamina, la caseta para el malacate, una torre de descargue, el patio de maniobras y una escombrera. La destrucción de cobertura vegetal incluyó especies nativas como tuno esmeraldo, uva camarona, chilca, hayuelo, cucharo, frailejones y angelitos.

El operativo también evidenció alteraciones significativas al paisaje natural, con un contraste cromático y morfológico notorio respecto a las áreas circundantes, lo que confirmó el impacto negativo de la actividad minera ilegal. Por estos hechos, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata y judicializó a los responsables, reafirmando la política de “quien destruye el medio ambiente, responde”.

La CAR reiteró que la minería ilegal genera daños irreversibles en los ecosistemas locales. Las autoridades han reforzado la articulación institucional para prevenir y sancionar prácticas que ponen en riesgo recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad en la región andina.

Reacción de las autoridades y antecedentes recientes en Boyacá

En menos de 10 días, la CAR intervino en otros actos contra la integridad ambiental en Boyacá. El 24 de marzo, la corporación impuso multas superiores a $100 millones y la obligación de plantar más de 500 árboles nativos a dos particulares responsables de arrasar con más de 40 fanegadas y cerca de 250 frailejones en el páramo Iguaque Merchán, municipio de Saboyá. El área afectada, situada en la Reserva Forestal Regional de los Páramos de Telecom y Merchán, está protegida desde 1999, lo que agravó la valoración del daño.

En 2025, la CAR ya había detectado el uso de maquinaria pesada y la tala de 247 frailejones en Saboyá, donde se desmontó la cobertura vegetal para la siembra de papa en 25 hectáreas. Tras la valoración ambiental, la corporación emitió sanciones económicas y ordenó la restauración inmediata de 550 árboles de especies nativas, con el compromiso de su mantenimiento por tres años.

“Destruir el páramo en la jurisdicción de la CAR sale muy caro. Estos irresponsables acabaron con 247 frailejones que significan décadas de evolución hídrica eliminadas por trabajos de maquinaria agrícola y tala ilegal”, enfatizó Ballesteros. Además, los responsables deberán plantar especies como mano de oso, arrayán, aliso, mortiño, chilco, tuno, sietecueros y encenillo, siguiendo criterios de distancia y cobertura vegetal mixta.

Endurecimiento de sanciones ambientales en 2026

En 2026, las autoridades ambientales mantienen un enfoque estricto en la protección de ecosistemas estratégicos como páramos y humedales, aplicando sanciones administrativas y penales ejemplares contra quienes dañan el medioambiente.

La Ley 1333 de 2009, actualizada por normativas recientes, permite sanciones diarias de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). La destrucción de páramos, la deforestación y el uso ilegal de maquinaria están sujetos a multas que pueden superar los $100 millones y penas de 8 a 15 años de prisión, conforme a la Ley 2111 de 2021.

Las autoridades ambientales, como la CAR, también obligan a la restauración de los ecosistemas intervenidos, al cierre temporal o definitivo de establecimientos y a la cancelación de licencias ambientales. Se precisó que las multas se calculan según criterios de beneficio ilícito, costos evitados y el daño ambiental ocasionado, bajo resoluciones específicas como la 2086 de 2010.

El procedimiento, realizado por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50 en coordinación con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, tuvo lugar en el sector de Amanavén, sobre el río Guaviare, donde fueron incautadas 17 unidades de producción minera (UPM) antes de que fueran ensambladas y puestas en funcionamiento.

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Según informó la autoridad militar, este despliegue operativo alcanzó su objetivo principal: evitar la instalación de maquinaria destinada a la minería ilegal, protegiendo así los ecosistemas estratégicos del Guaviare.

La incautación bloqueó el ingreso de estructuras que, una vez operativas, hubieran provocado contaminación por combustible, afectación de fuentes hídricas y degradación ambiental, con consecuencias sobre la biodiversidad y la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas.

Golpe a las economías ilícitas

De acuerdo con datos oficiales, cada Unidad de Producción Minera incautada tiene un valor estimado entre 200 y 280 millones de pesos, lo que representa una afectación directa a las finanzas de las redes criminales dedicadas a la minería ilícita.

Las autoridades calcularon que cada unidad puede generar ingresos mensuales cercanos a $7.922 millones, mientras que los Grupos Armados Organizados obtienen aproximadamente $790 millones mensuales por concepto de cobros extorsivos a los mineros.

La motivación detrás de este modelo criminal radica en el alto valor del oro en el mercado. En zonas como Inírida, el gramo puede llegar a venderse en $420.000, mientras que en Bogotá alcanza hasta $640.000. Esta diferencia de precios incentiva la explotación ilícita y alimenta la cadena de criminalidad asociada.

El coronel de Infantería de Marina Andrés Alejandro Varón Daza, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 5, describió el alcance de la acción: “Neutralizamos una fuente de financiación de los grupos armados organizados y prevenimos un daño ambiental crítico en los ecosistemas de la Orinoquía colombiana”.

El oficial explicó que este resultado representa un doble impacto, al afectar las estructuras financieras ilegales y proteger el entorno natural.

Resultados operacionales y aumento de la efectividad

Durante 2026, la Armada de Colombia ha incautado 26 Unidades de Producción Minera, superando las 19 reportadas en 2025. Estos resultados reflejan un incremento en la efectividad de los operativos y un fortalecimiento del control territorial sobre este fenómeno delictivo. El material decomisado, que incluye equipos, maquinaria especializada y más de 2.100 galones de combustible, fue entregado a las autoridades competentes en el departamento del Guainía.

El comandante Varón Daza subrayó que “cada una de estas unidades, utilizadas para la extracción ilegal de yacimientos mineros, tiene un valor estimado de 200 y 255 cincuenta millones de pesos, lo que representa un impacto de más de 3.400 millones de pesos”. Según el informe oficial, la acción conjunta evitó que las UPM fueran instaladas en el lecho del río, lo que habría causado un impacto ambiental directo y difícil de revertir.

Compromiso institucional y retos pendientes

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, la defensa del territorio y la lucha frontal contra las economías ilícitas en la Orinoquía. Las operaciones conjuntas buscan debilitar el poder financiero de los grupos armados organizados y garantizar la seguridad de las comunidades locales.

“Nuestra misión es clara: proteger los recursos naturales, debilitar las economías ilícitas y garantizar la seguridad de las comunidades en la Orinoquía colombiana”, afirmó el coronel Varón Daza.

Las autoridades continúan desplegando esfuerzos para contener la minería ilegal y sus consecuencias, en una región donde la presión sobre los recursos naturales y la presencia de actores criminales representan desafíos persistentes para el Estado.

La muerte de 13 mineros en Atico, Arequipa, en junio de 2022, sigue generando repercusiones judiciales y sociales en el sur del país.

Una nueva investigación Panorama revela que la búsqueda de responsables por la llamada “masacre de del caso Intigol” no solo ha alcanza a presuntos miembros de organizaciones criminales, sino que también ha arrastrado a mineros formales y empresarios legales de la región, a pesar de la ausencia de pruebas directas en su contra.

El conflicto minero que dejó 13 muertos sigue sin cierre judicial

El conflicto entre las asociaciones Atico Calpa y Calpa Renace en la unidad minera Calpa, operada por Intigold Mining, provocó un enfrentamiento armado con saldo fatal.

Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Arequipa y la Policía han impulsado un proceso judicial bajo cargos de usurpación agravada, tenencia ilegal de armas, homicidio y crimen organizado.

El expediente, tramitado en el Juzgado Colegiado de Camaná, involucra a 56 procesados, entre ellos empresarios mineros con operaciones legales y sin antecedentes criminales.

Empresarios legales arrastrados al proceso por la masacre de Atico

Uno de los casos emblemáticos es el de Jesús Baca Quispe, empresario formal con permisos y contabilidad en regla. Según la investigación de Panorama, la Fiscalía lo acusa de ser el brazo financiero de la organización Atico Calpa, señalando que habría apoyado el conflicto con armas y dinero.

Sin embargo, en palabras del propio Baca: “Yo no he estado nunca en el lugar de los hechos. Yo pienso que eso se tiene que aclarar. No será de repente hoy día, pero con el tiempo tiene que aclararse tal cual como vienen las cosas”.

No existen pruebas sobre la cantidad, el origen o el destino de esos fondos, ni sobre a quién se habría entregado dinero para el enfrentamiento. Tampoco hay evidencia de transferencias, comunicaciones o coordinación entre Baca y los presuntos autores materiales.

Sin pruebas claras, la Fiscalía acusa a mineros formales

El día de los hechos, Baca se encontraba en Arequipa por el nacimiento de su hijo, según registros independientes y testimonios recogidos en el proceso.

A pesar de ello, fue detenido, procesado por lavado de activos y sometido a prisión preventiva, en un expediente con irregularidades: se incluyó una supuesta cuarta arma nunca encontrada ni consignada en actas, y se allanó por error la vivienda de un homónimo en Lima.

La defensa de Baca, encabezada por el abogado Giuliano Delgado, sostiene que los fondos incautados estaban justificados por peritajes contables y tenían destino comercial legítimo.

“Nunca he visto que una persona que se le haya encontrado dinero se le abra investigación por lavado de activos, pese a que ha presentado tres peritajes contables para acreditar la preexistencia del dinero”, afirma Delgado.

Testigos protegidos no logran identificar al empresario procesado

Panorama también documenta presunta manipulación de testigos y coordinación entre la fiscalía y algunos jueces para mantener a Baca en el proceso, a pesar de que los propios testigos protegidos no logran identificarlo ni ubicarlo en el lugar de los hechos.

Durante una audiencia, un fiscal preguntó a un testigo protegido si podía identificar a Baca, a lo que el testigo respondió: “No, no lo puedo mencionar porque no lo conozco”.

El presidente de la Corte Superior de Arequipa, Nicolás Azcárraga, consultado sobre la inclusión de una supuesta cuarta arma que no figura en el acta, declaró: “Reitero, yo en mi posición de órgano de gestión administrativo no conozco esos detalles. Y peor aún, no podría decir si la decisión del juez es la correcta”.

El proceso judicial avanza entre versiones cruzadas y falta de evidencias

Actualmente, 39 personas siguen acusadas y el proceso judicial no ha concluido. El expediente incluye tanto a mineros formales como a investigados por minería ilegal, en un contexto marcado por violencia y conflictos en la zona.

Panorama documenta que las investigaciones continúan y que las decisiones judiciales se toman en un entorno complejo, donde se requiere claridad sobre la situación legal de cada acusado y una revisión detallada de las pruebas presentadas.

En un operativo realizado en la Reserva Biológica Indio Maíz, el Ejército de Nicaragua detuvo a 25 ciudadanos nicaragüenses vinculados a actividades de minería ilegal en una zona fronteriza con Costa Rica, según informó la agencia EFE.

De acuerdo con el reporte del Ejército nicaragüense, las detenciones se llevaron a cabo en los sectores de Las Cruces, Caño La Tigra, Veracruz, El Jardín y Caño Las Vegas. Los individuos transportaban materiales destinados a la minería ilícita dentro del área protegida, un enclave de gran relevancia ambiental en la región centroamericana.

Durante la intervención, las tropas desmantelaron 28 pilas de tratamiento que contenían cianuro, sustancia cuyo uso está regulado debido a su impacto en el medio ambiente y la salud pública. “Se deshabilitaron estructuras que violentaban las normas establecidas que regulan la manipulación de sustancias controladas en el país”, precisó el comunicado recogido por EFE.

En otra acción paralela en la misma zona, miembros de las fuerzas armadas ocuparon más equipos destinados no solo a la minería ilegal, sino también a la pesca no autorizada. Los responsables abandonaron los materiales y huyeron tras percibir la presencia militar, detalló el informe.

Los detenidos, junto con las armas y otros objetos incautados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el Ejército de Nicaragua a EFE.

Estas intervenciones ocurren en un contexto de creciente cooperación regional. El pasado 28 de febrero, Costa Rica y Nicaragua celebraron una reunión bilateral para reforzar la coordinación de sus fuerzas de seguridad, con el objetivo de frenar el avance de la minería ilegal y el contrabando de oro en la frontera común. Según el ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, los mineros ilegales extraen oro en territorio costarricense para procesarlo y comercializarlo en Nicaragua, utilizando el río San Juan como una ruta de contrabando.

“La vigilancia en el río San Juan es fundamental, porque allí opera una ruta de contrabando”, afirmó Zamora en declaraciones reproducidas por EFE. Las autoridades de ambos países han acordado fortalecer la supervisión y la respuesta ante delitos ambientales y tráfico ilícito.

La Reserva Biológica Indio Maíz constituye uno de los pulmones verdes más importantes en Centroamérica, y se encuentra bajo presión por actividades extractivas no autorizadas. Las acciones recientes del Ejército de Nicaragua forman parte de los esfuerzos para preservar el ecosistema y garantizar el cumplimiento de la ley en la región.

Reserva Indio Maíz

La Reserva Biológica Indio Maíz, situada en el sureste de Nicaragua junto al río San Juan, es una de las áreas naturales mejor conservadas del país. Con una extensión de 3.180 km², alberga una amplia variedad de fauna, como tucanes, guacamayas, venados, pumas, jaguares y las tres especies de monos presentes en Nicaragua. También se encuentran reptiles y anfibios, entre ellos ranas venenosas, cocodrilos y tortugas.

El Ministerio de Recursos Naturales (MARENA) restringe el acceso a la mayor parte de la reserva para proteger su biodiversidad. Los visitantes pueden ingresar únicamente por dos zonas autorizadas, siendo el río Bartola una de las principales vías de acceso, ubicada cerca del pueblo de El Castillo. Es obligatorio contratar un guía para recorrer los senderos o explorar la reserva en bote por el río, con horarios de ingreso establecidos.

La reciente ofensiva militar ecuatoriana contra explotaciones mineras ilegales en las cercanías de Tulcán, provincia de Carchi, se enmarca en un contexto de creciente tensión en la frontera con Colombia tras una investigación conjunta sobre la posible incursión de un proyectil ecuatoriano en territorio colombiano. Según informó el Ejército de Ecuador en sus canales oficiales, estos bombardeos forman parte de una operación de gran envergadura orientada a combatir actividades mineras ilícitas en la zona fronteriza y a responder a los riesgos ambientales y de seguridad asociados a estas prácticas.

De acuerdo con lo publicado por el Ejército ecuatoriano, las operaciones realizadas el viernes incluyeron el despliegue de armamento combinado. Las fuerzas emplearon tropas especializadas y recurrieron al uso de morteros, helicópteros de combate y vehículos blindados con el fin de desarticular emplazamientos identificados de minería ilegal. El objetivo principal, según consignó la comunicación castrense reproducida por el medio, consiste en frenar el avance de las redes dedicadas a la extracción aurífera no autorizada, que han proliferado en la frontera norte del país.

El medio detalló que las autoridades militares han alertado sobre las consecuencias derivadas de la minería ilegal para el entorno y la seguridad regional. Según información oficial, estas explotaciones provocan un “grave impacto ambiental”, entre los que se enumeran contaminación de fuentes de agua y la vulneración de la integridad de la zona limítrofe con Colombia. Las fuentes consultadas subrayaron que estas operaciones ilícitas no solo erosionan ecosistemas frágiles, sino que también facilitan la presencia de grupos armados dedicados a actividades delictivas transfronterizas.

Los ataques contra posiciones mineras ilegales ocurren después de una semana marcada por la crisis diplomática, en la que el presidente Gustavo Petro de Colombia relató que un proyectil, presuntamente disparado desde Ecuador durante actividades militares, habría alcanzado accidentalmente territorio colombiano. El gobierno ecuatoriano rechazó esta versión, argumentando que la acción militar se centró en grupos criminales presentes en la frontera, y que cualquier incursión correspondiente resultó de un rebote accidental de unos 210 kilómetros desde suelo ecuatoriano, como demostró posteriormente una comisión bilateral que investigó el incidente, según reportó el medio.

En respuesta al episodio, se produjo un intercambio de declaraciones entre los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro, lo que trajo al centro del debate las discrepancias históricas entre ambos gobiernos respecto al control de la frontera y la cooperación en materia de seguridad. La comisión establecida por ambos estados concluyó que el objetivo del proyectil no era territorio colombiano, hecho que contribuyó a matizar las tensiones, aunque no disipó por completo las reservas diplomáticas existentes.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han encuadrado los operativos actuales en una estrategia más amplia de recuperación de la soberanía nacional en la zona norte, donde la proliferación de la minería ilegal ha coincidido con un aumento de incidentes violentos y amenazas al tejido social, según consignó el Ejército. A través de sus comunicados, las autoridades han insistido en la necesidad de mantener la presencia militar para garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino también la integridad ambiental y la prevención de incursiones de organizaciones delictivas extranjeras.

El medio ha recogido las preocupaciones de los mandos militares sobre la persistencia del problema pese a los esfuerzos realizados. Alude a la dificultad de erradicar completamente las redes dedicadas a la extracción clandestina, debido a la capacidad de adaptación de estos grupos y a la complejidad del entorno geográfico fronterizo.

En este escenario, la colaboración entre Ecuador y Colombia continúa siendo un elemento delicado, influido por los eventos recientes y las respuestas respectivas de sus autoridades. El operativo lanzado por Ecuador se suma a una serie de intervenciones efectuadas en los últimos meses en la frontera, reflejando el recrudecimiento de las estrategias de combate a actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como el medioambiente en la región.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que, aunque la economía peruana mantiene una base macroeconómica sólida, enfrenta riesgos crecientes que podrían limitar su expansión en los próximos años. Entre los principales factores de preocupación figuran el deterioro de la seguridad ciudadana y el avance de la minería ilegal, fenómenos que impactan directamente en la inversión, la institucionalidad y el desempeño del mercado laboral.

El diagnóstico del organismo se da en el marco de la consulta del Artículo IV 2026, realizada en marzo, donde también se reconoce que el país viene de un 2025 con resultados positivos, tras crecer 3,4% impulsado por el consumo y el dinamismo de la inversión privada. No obstante, el escenario hacia adelante es más moderado: se proyecta una expansión de 2,8% en 2026, en un contexto externo menos favorable y con tensiones internas aún sin resolver.

Ajuste fiscal y eficiencia del gasto

Uno de los ejes centrales del informe es la necesidad de fortalecer la posición fiscal del país. Si bien el déficit se redujo a 2,2% del PBI el año pasado, el FMI advierte que aún existen presiones estructurales que obligarán a tomar medidas adicionales en los próximos años.

“Con las políticas actuales, se requeriría una consolidación de aproximadamente el 0,9% del PBI para 2028 a fin de cumplir con la meta de déficit a mediano plazo”, señaló el organismo. Para lograrlo, plantea racionalizar el gasto público, evitar iniciativas legislativas sin financiamiento y mejorar la calidad de la inversión estatal.

Asimismo, sugiere corregir ineficiencias en la gestión pública, incluyendo una revisión del crecimiento del empleo estatal y de las remuneraciones, además de optimizar los procesos de contratación para maximizar el impacto económico y social del gasto.

Reformas pendientes y rol de Petroperú

El FMI también puso énfasis en la necesidad de avanzar en reformas estructurales, tanto en el ámbito tributario como en empresas públicas. En el primer caso, considera que elevar la recaudación es clave para cerrar brechas en infraestructura, salud y educación, sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

En cuanto a Petroperú, el organismo insiste en que se debe continuar con los cambios orientados a mejorar su gobernanza y reducir costos. Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno ha anunciado una inyección de USD 146,3 millones (S/ 500 millones) para reforzar la operatividad de la empresa en sus principales refinerías.

El FMI advierte que cualquier apoyo estatal debe ser temporal, focalizado y diseñado de manera que no distorsione los precios del mercado energético ni genere riesgos fiscales adicionales.

Impacto de la inseguridad y la minería ilegal

Más allá de las variables fiscales, el organismo identifica amenazas estructurales que trascienden lo económico. La expansión de la minería ilegal, favorecida por los altos precios de los metales, se ha convertido en un factor que desalienta la inversión formal y debilita el marco institucional.

“La ambigüedad normativa en el proceso de formalización está permitiendo que los operadores ilegales se expandan con impunidad”, advierte el FMI. A ello se suma la persistencia de altos niveles de inseguridad, que afectan tanto la actividad empresarial como las condiciones sociales.

En este escenario, el organismo recomienda reforzar la capacidad del Estado en materia de seguridad, mejorar la fiscalización y fortalecer la lucha contra la corrupción. También considera clave cerrar vacíos legales y promover alternativas económicas en las zonas donde proliferan estas actividades ilícitas.

Sistema financiero y mercado de capitales

En el frente financiero, el FMI destaca que el sistema se mantiene estable, aunque alerta sobre medidas que podrían debilitarlo en el largo plazo. En particular, cuestiona los retiros de fondos de pensiones, al considerar que afectan la profundidad del mercado de capitales.

“Estos retiros recurrentes han reducido la rentabilidad de las carteras de las AFP”, indica el informe, al tiempo que advierte que la liquidación de activos y la migración hacia instrumentos más líquidos limitan la capacidad de financiamiento de largo plazo en la economía.

Perspectivas y hoja de ruta

Pese a los riesgos identificados, el organismo reconoce que el Perú cuenta con fortalezas importantes, como un nivel de deuda pública manejable, reservas internacionales elevadas y acceso a financiamiento en condiciones favorables.

Sin embargo, enfatiza que sostener el crecimiento requerirá decisiones oportunas. En ese sentido, señala que el proceso de adhesión a la OCDE puede servir como guía para implementar reformas que mejoren la productividad, reduzcan la informalidad y fortalezcan la institucionalidad.

El mensaje final es claro: sin avances en seguridad, control de actividades ilegales y disciplina fiscal, el país podría ver limitado su potencial de crecimiento en el mediano plazo.

La lucha contra la deforestación en el Perú cuenta desde hoy con una herramienta clave: la Red MapBiomas Perú presentó en Lima la plataforma colaborativa MapBiomas Alerta Perú, diseñada para verificar y validar con rigor científico las alertas de pérdida de cobertura boscosa en el país.

Esta iniciativa integra información de sistemas oficiales como GeoBosques (MINAM) y GLAD (Universidad de Maryland), y la complementa con imágenes satelitales de muy alta resolución.

“El procesamiento y validación local de las alertas permite ofrecer evidencia más sólida y útil para la fiscalización y la gestión ambiental, facilitando la labor de las autoridades y brindando transparencia a la sociedad”, explicó Sidney Novoa, coordinador de MapBiomas Alerta Perú.

Deforestación en Perú: MapBiomas centraliza, verifica y publica alertas semanales

La plataforma permite generar informes técnicos rápidos y precisos, lo que facilita la respuesta oportuna ante eventos de deforestación. Además, sus datos de acceso libre pueden ser utilizados por fiscalías, autoridades ambientales, organizaciones indígenas, empresas, investigadores y la sociedad civil.

Para Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), organización que lidera la Red MapBiomas Perú, la disponibilidad de información confiable y estandarizada es esencial para la toma de decisiones informadas y la coordinación entre sectores en favor de la conservación.

Piana remarcó que MapBiomas Alerta Perú es hoy la plataforma más completa para el estudio y reporte de alertas validadas de deforestación en el país, ya que unifica datos territoriales y los cruza con áreas protegidas, territorios indígenas y otras categorías, permitiendo identificar patrones y causas de la pérdida de vegetación natural.

Red global y metodología de acceso abierto

Andrea Bravo, coordinadora técnica de MapBiomas Perú, subrayó que la plataforma constituye un puente entre la ciencia y la fiscalización ambiental. Los insumos geoespaciales de alta resolución fortalecen la capacidad investigativa y probatoria en casos de delitos ambientales y aceleran la respuesta ante la deforestación.

Durante el evento, representantes de organizaciones indígenas, autoridades ambientales y periodistas especializados resaltaron la complementariedad de la herramienta con los sistemas oficiales y su aporte para la vigilancia y conservación de los bosques.

La información, ahora en manos de todos, según MapBiomas

A diferencia de otros sistemas, MapBiomas Alerta Perú no genera alertas propias, sino que integra y somete a verificación las alertas existentes mediante imágenes de hasta 3,7 metros de resolución y revisiones periódicas.

Esto permite confirmar la ocurrencia, precisar la causa de la pérdida de cobertura y contextualizar cada evento cruzando información con áreas protegidas, territorios indígenas y otras capas territoriales clave. El sistema publica nuevas alertas verificadas semanalmente y, desde 2021, ha verificado y refinado más de 90.000 alertas de deforestación, de las cuales 39.000 ya están disponibles para descarga gratuita.

Cada alerta validada incluye un informe técnico descargable, imágenes satelitales y un análisis contextual útil para informes, investigaciones y procesos institucionales.

La deforestación ya no podrá esconderse: Más de 90.000 alertas desde 2021

MapBiomas Alerta Perú adopta metodologías de la red global MapBiomas, activa en 17 países de Sudamérica, África y Asia, y se distingue por su enfoque en la validación local, la interoperabilidad de datos y el acceso gratuito.

MapBiomas Perú, liderada por el Instituto del Bien Común (IBC) junto a Conservación Amazónica (ACCA) y otros aliados, utiliza ciencia y tecnología geoespacial para revelar las transformaciones del territorio con precisión y agilidad.

Su objetivo es generar y difundir información gratuita sobre cambios en cobertura y uso del suelo, agua, glaciares, fuego y alertas de deforestación en colaboración con instituciones aliadas del país.

El cargamento, valorizado en más de un millón de dólares, era transportado en dos vehículos —uno rojo y otro negro— sin medidas de seguridad visibles, lo que facilitó la intervención de los delincuentes.

Víctimas y traslado del oro

Los conductores, que resultaron golpeados, aseguraron ante la Policía que fueron contactados un día antes mediante WhatsApp para trasladar el oro desde la calle González, en Miraflores, hacia un punto cercano al puente Quilca, en el Callao.

El traslado se realizaba bajo la fachada de un servicio de taxi y sin resguardo especializado. Incluso se ha indicado que existía un tercer vehículo que brindaba seguridad, aunque esto no evitó el asalto.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que los conductores no tendrían conocimiento claro de la cantidad ni del valor del oro que transportaban.

Las víctimas detallaron que todo el tiempo estaban por videollamada con los chóferes de otro vehículo, para detallar su traslado. Cuando los efectivos policiales llegaron a la zona a tomar sus declaraciones, la persona que los “contactó” los dejó a su suerte.

Seguimiento previo y operación coordinada

Las cámaras de seguridad de San Miguel permitieron identificar que las víctimas ya estaban siendo seguidas antes del ataque. El monitoreo registró el desplazamiento de los vehículos desde las 8:15 de la mañana.

“Se ha logrado detectar […] el seguimiento de esos delincuentes que habrían utilizado más de cuatro vehículos, además de […] motos lineales”, se informó desde el centro de videovigilancia, Carlos Tineo, gerente de seguridad ciudadana del distrito.

Las imágenes muestran una operación bien planificada: los vehículos de los atacantes no avanzaban juntos, sino que se mantenían a cierta distancia.

El momento del ataque

El asalto se ejecutó en una zona con menor tráfico vehicular, lo que facilitó la maniobra. Según lo observado, los delincuentes interceptaron a los vehículos, les cerraron el paso y provocaron un choque para detenerlos.

El funcionario describió el momento como una acción propia de una organización delictiva. “Se ejecuta esta acción criminal […] por parte de una organización […] bien constituida”, señaló.

Tras el impacto, los delincuentes descendieron rápidamente de camionetas y motocicletas para reducir a sus víctimas y tomar el oro.

Violencia, armas y reducción de las víctimas

El grupo criminal estaba conformado por al menos ocho sujetos, aunque otras versiones elevan la cifra a doce. Utilizaban armas de largo alcance, chalecos antibalas y capuchas.

Durante el asalto, realizaron al menos un disparo para someter a los conductores. Uno de los atacantes portaba un fusil, con el que amenazó directamente a las víctimas.

El nivel de violencia fue alto. El conductor del vehículo negro fue arrojado al suelo y golpeado reiteradamente en la cabeza, mientras los delincuentes buscaban el oro dentro del vehículo.

Pese a ello, ambos conductores sobrevivieron con lesiones que no fueron de gravedad.

El botín y las dudas sobre su origen

Los delincuentes lograron llevarse los lingotes de oro, que eran transportados en bolsas dentro de los vehículos. Sin embargo, el origen del cargamento y su legalidad son aspectos que forman parte de la investigación.

Se ha señalado que se trataría de un traslado sin las condiciones de seguridad que exige este tipo de mercancía, lo que ha generado sospechas sobre la naturaleza del envío.

Los conductores deberán rendir su manifestación para esclarecer de dónde provenía el oro y cuál era su destino final.

Ruta de escape y despliegue policial

Tras el robo, los delincuentes huyeron por calles internas del distrito. Las cámaras registraron su desplazamiento por vías como Gamarra y Escardó.

“Se ve que las camionetas se pasan la luz roja […] hacen un movimiento para escapar”, detalló el funcionario.

La fuga incluyó maniobras temerarias, con vehículos cruzando semáforos en rojo y motocicletas escoltando a las camionetas.

La Policía activó el plan cerco y desplegó un helicóptero para intentar ubicar a los responsables. El material de videovigilancia fue clave para identificar características de los vehículos y del armamento utilizado.

Investigación en curso y posibles antecedentes

El caso está en manos de la División de Robos de la Dirincri, que analiza la evidencia recogida. La Fiscalía Penal Coorporativa de Magdalena investiga el caso por el delito de robo agravado

Por el nivel de organización, el uso de armamento y la logística empleada, se presume la participación de una banda criminal estructurada.

Además, se ha mencionado que hace un mes se habría registrado un robo similar de 60 kilos de oro, lo que refuerza la hipótesis de una red dedicada a este tipo de delitos.

De acuerdo con la Fuerza Pública, la intervención impidió la extracción de 1,300 sacos de sedimento minero y permitió el decomiso de un lote valorado en varios millones de pesos costarricenses compuesto por ocho plantas eléctricas, siete bombas sumergibles, tres extensiones eléctricas, cuatro rotomartillos, 22 palas, 13 barras metálicas y 11 sachos. Además, los uniformados ubicaron 20 piletas destinadas al procesamiento de material minero.

La operación contó con la participación de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional y personal de la Unidad de Intervención de la Fuerza Pública (UIP), apoyados por otras unidades como la Dirección Regional de la Fuerza Pública de la frontera norte, la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Operaciones y el Servicio de Vigilancia Aérea. El viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo Rojas, lideró una intervención aérea y terrestre destinada a reforzar la vigilancia en la zona limítrofe.

Las autoridades reiteraron que el Ministerio de Seguridad mantendrá sus acciones para frenar la minería ilegal y otras prácticas ilícitas vinculadas en la frontera norte de Costa Rica.

“Nuevamente, equipos compuestos por la Dirección Regional de la Frontera, el Grupo de Apoyo Operacional de los Chiles, Upala, la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Operaciones, hacen incursión en el sector de Conchuditas con la finalidad de darle continuidad a las operaciones de contención a la actividad minera ilegal en este sector. Hemos incautado aproximadamente, trescientos sacos con material minero, material que se utiliza para construir y poner a funcionar las pilas", dijo el viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo Rojas, desde el territorio del operativo.

Lacayo Rojas enfatizó en que el operativo es un “esfuerzo constante de todo el Ministerio de Seguridad Pública, de la Fuerza Pública, en sostener y contener la soberanía nacional en esta parte de nuestro país”.

Decomisan casi mil litros de gasolina almacenados junto a viviendas

En un operativo estratégico, del pasado 14 de marzo, orientado a combatir los delitos ambientales y la minería ilegal en la frontera norte, la Fuerza Pública de Costa Rica informó sobre el decomiso de casi mil litros de gasolina almacenados de manera clandestina.

Según el informe oficial, se incautaron un total de 960 litros de hidrocarburos, distribuidos en cuatro estañones de 200 litros y dos recipientes adicionales de 80 litros cada uno. Lo que más alarmó a las autoridades no fue solo el volumen del material, sino las condiciones deplorables de su almacenamiento.

El combustible se encontraba en una estructura de madera que carecía de cualquier medida de mitigación de incendios o sistemas de contención ante posibles derrames. La ubicación del depósito representaba una amenaza directa para la seguridad humana en Tiricias. De acuerdo con las mediciones de la Fuerza Pública, el hidrocarburo estaba a solo diez metros de la vía pública y solo a 40 metros de un establecimiento de comida.

La operación, desarrollada en el sector de Casuarito, reunió a integrantes de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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El hallazgo se produjo durante labores de inteligencia y control, cuando un camión con 125 bultos, cada uno de aproximadamente 40 kilogramos, fue interceptado por las autoridades. El material incautado corresponde a “arenas raras”, dentro de las cuales se presume la presencia de minerales estratégicos como el coltán.

Este tipo de recursos resulta esencial para la industria tecnológica global, por su utilización en la producción de dispositivos electrónicos, baterías de alta capacidad y equipos de telecomunicaciones.

El valor del cargamento superaría USD1,5 millones en el mercado internacional, según estimaciones de la institución naval. Este dato subraya la magnitud del tráfico ilegal de minerales en la frontera oriental de Colombia, donde la explotación ilícita impacta tanto en la economía como en los ecosistemas.

Capturas y judicialización

Durante el procedimiento, las autoridades capturaron a dos personas, que fueron puestas a disposición de la Policía Nacional y presentadas ante la Fiscalía General de la Nación. La Dian inició el proceso para la verificación técnica del material incautado, a fin de determinar la composición exacta de los minerales y su origen.

La acción articulada busca no solo afectar las rentas ilícitas de los grupos que se benefician de la minería ilegal, también avanzar en la protección de los recursos naturales de la región.

El operativo se dio dentro del Plan Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, un plan del Gobierno colombiano para combatir las economías ilícitas y salvaguardar la seguridad y el medio ambiente en la Orinoquía.

Impacto ambiental y criminalidad

El comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, brigadier general de Infantería de Marina Wilson Mauricio Martínez, explicó que las operaciones recientes responden a la necesidad de frenar el avance de actividades que “no solo financian estructuras criminales, sino que también generan graves afectaciones ambientales, especialmente en ecosistemas sensibles como la Orinoquía colombiana”.

El oficial subrayó que la explotación de minerales como el coltán “degrada suelos, contamina fuentes hídricas y afecta la biodiversidad” de una de las zonas más ricas y diversas del país.

En un pronunciamiento público el oficial aseguró que “este resultado no solo debilita las finanzas de estructuras criminales, sino que también contribuye a la protección de nuestros recursos naturales y a la preservación de ecosistemas estratégicos en esta región del país”.

Compromiso con la protección ambiental

La fuerza pública reiteró su compromiso con la defensa del medio ambiente y la seguridad comunitaria en la Orinoquía. Según el general Martínez, “la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, en coordinación con nuestra Policía Nacional, continúan desarrollando operaciones contundentes contra las economías ilícitas que afectan la seguridad y el medio ambiente en la región”.

De acuerdo con el reporte oficial, la incautación de este tipo de minerales representa una medida para frenar el avance de mercados ilegales que aprovechan los recursos estratégicos de la zona. La colaboración de las autoridades judiciales y aduaneras resulta clave para el proceso de judicialización y para garantizar que estos delitos no queden impunes.

Las autoridades subrayaron que la operación en Casuarito constituye un avance en la lucha contra la minería ilegal y sus impactos en los ecosistemas estratégicos, marcando un precedente en la defensa de la región de la Orinoquía y sus comunidades.

Dirigentes sociales y especialistas de distintas regiones del Perú alertaron en Lima sobre los efectos de la expansión del extractivismo, en medio de un aumento sostenido de la demanda global por minerales estratégicos como el cobre y el litio. El pronunciamiento se dio tras dos días de reuniones en las que participaron organizaciones nacionales e internacionales.

Durante el Encuentro Internacional “Extractivismo en reconfiguración: disputa geopolítica, minerales críticos y resistencias en América Latina”, realizado el 12 y 13 de marzo en la capital peruana, representantes de diversas regiones del país —como Cajamarca, Cusco, Puno, Piura y Áncash— junto a delegaciones de Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela, analizaron el impacto de esta actividad en los territorios. El evento cerró con una declaración clara: “Somos territorios de paz”, en respuesta a un modelo que, según indicaron, intensifica conflictos y vulnera derechos.

América Latina en la disputa por minerales críticos y el rol del Perú

El avance del extractivismo en América Latina está estrechamente ligado a la creciente demanda global de minerales estratégicos como el cobre, el litio y el oro. Estos recursos resultan clave para la transición energética, el desarrollo de tecnologías digitales e incluso la industria armamentista en un contexto de conflictos internacionales.

En ese mapa, Perú ocupa un lugar central. Junto con Chile, concentra una parte significativa de la extracción mundial de cobre, lo que lo posiciona como un actor clave en la cadena global de suministros. Sin embargo, desde el encuentro se hizo una precisión importante: no se trata de producción industrial, sino de extracción intensiva de recursos naturales destinados principalmente a la exportación, con escaso valor agregado local.

Los participantes alertaron sobre una narrativa que se ha instalado en la región: la idea de que los países latinoamericanos son “indispensables” para el mundo por sus recursos. Según indicaron, este discurso —impulsado tanto por gobiernos como por sectores empresariales— fomenta una competencia entre naciones y consolida un modelo basado en la dependencia de materias primas.

En paralelo, se advirtió que esta nueva fase del extractivismo viene acompañada de una serie de riesgos: debilitamiento de las instituciones ambientales, flexibilización de normas para facilitar proyectos, expansión de economías ilegales vinculadas a la minería y criminalización de defensores ambientales. Estas dinámicas afectan principalmente a comunidades campesinas, indígenas y poblaciones rurales en regiones como Cajamarca, Cusco, Apurímac o Puno.

Resistencias desde los territorios y alternativas al modelo extractivo

Frente a este escenario, el encuentro puso énfasis en las resistencias territoriales que vienen desarrollando diversas comunidades en el país y en la región. Lejos de limitarse a la oposición, estas iniciativas buscan construir alternativas concretas para la defensa del agua, la biodiversidad y los modos de vida locales.

Entre las principales estrategias destacadas figura el ordenamiento territorial comunitario, entendido como una herramienta clave para decidir el uso del suelo desde las propias poblaciones. A ello se suma la protección de cabeceras de cuenca y ecosistemas estratégicos, considerados fundamentales para garantizar el acceso al agua y la sostenibilidad ambiental.

Otro eje relevante es el fortalecimiento de la vigilancia ambiental comunitaria, que permite a las comunidades monitorear directamente el impacto de actividades extractivas en sus territorios. Este proceso se complementa con la consolidación de organizaciones locales que buscan ejercer mayor control frente a proyectos mineros o energéticos.

Asimismo, se resaltó la importancia de impulsar modelos alternativos basados en conocimientos ancestrales y economías locales. La agricultura familiar, los sistemas productivos sostenibles y otras formas de desarrollo fueron planteadas como caminos para reducir la dependencia de actividades extractivas y fortalecer la autonomía de los pueblos.

Las organizaciones participantes también hicieron un llamado a cuestionar la visión de América Latina como un simple proveedor de materias primas. En su lugar, reivindicaron a la región como un territorio megadiverso, con una riqueza cultural, social y ambiental que debe ser protegida.

El encuentro concluyó con una declaración pública en la que diversas organizaciones —como Red Muqui, CooperAcción, Derechos Humanos Sin Fronteras, entre otras— reafirmaron la necesidad de fortalecer la articulación regional frente a esta nueva fase del extractivismo. En un contexto de crecientes disputas geopolíticas, insistieron en que la defensa de los territorios, los derechos colectivos y la naturaleza es clave para el futuro de América Latina.

El Gobierno de Ecuador informó que sus Fuerzas Armadas destruyeron 129 campamentos de minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus, una extensa área protegida ubicada cerca de la frontera con Perú. El operativo, que se ejecutó durante nueve días, incluyó bombardeos y acciones terrestres con el objetivo de frenar el avance de organizaciones criminales vinculadas a la extracción ilícita de oro en esta zona de alta biodiversidad.

De acuerdo con el balance oficial, la intervención que duró nueve días, también permitió eliminar 94 bocaminas y 56 chancadoras, equipos clave utilizados por estas redes ilegales. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para frenar el avance de organizaciones criminales que operan en territorios sensibles, aprovechando el alto valor del oro en el mercado internacional.

Operativo militar destruye campamentos, bocaminas y maquinaria clave

El despliegue militar se concentró en los sectores de San Luis, Dos Camas y La Aida, donde las autoridades habían identificado una fuerte presencia de mineros ilegales operando dentro del área protegida. En estos puntos, las fuerzas del orden no solo desmantelaron campamentos, sino que también eliminaron componentes esenciales para la extracción del mineral.

Según el reporte oficial, se destruyeron 94 bocaminas y 56 chancadoras, equipos fundamentales en el procesamiento del oro. Estas instalaciones formaban parte de una red organizada que había logrado instalarse en zonas de difícil acceso, aprovechando la geografía del parque.

Además, durante las intervenciones se decomisaron explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas de internet satelital y generadores eléctricos, lo que evidencia el nivel logístico con el que operaban estas organizaciones. La presencia de tecnología como antenas satelitales revela una estructura que permitía mantener operaciones constantes, incluso en áreas remotas.

El Gobierno ecuatoriano estimó que estas acciones generaron una afectación económica cercana a los tres millones de dólares para las redes criminales. Asimismo, se logró recuperar aproximadamente 130 hectáreas que habían sido ocupadas por actividades extractivas ilegales dentro del parque.

Alta biodiversidad en riesgo por extracción ilegal de oro

El Parque Nacional Podocarpus es considerado una de las zonas más biodiversas de Ecuador. Con más de 146.000 hectáreas, se extiende entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en una región de transición entre los Andes y la Amazonía, con altitudes que van desde los 900 hasta los 3.600 metros.

Este ecosistema alberga entre 3.000 y 4.000 especies de plantas vasculares, además de 63 especies de orquídeas, de las cuales al menos 25 se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. Entre su flora destacan especies como el romerillo, cedro, laurel y pumamaqui, que forman parte de un hábitat clave para la conservación ambiental en la región.

Sin embargo, la expansión de la minería ilegal de oro ha generado impactos severos en este entorno. Las operaciones clandestinas implican la deforestación de bosques, alteración de suelos y la contaminación de ríos con metales pesados como el mercurio, utilizado en el proceso de extracción.

El avance de estas actividades también está vinculado al accionar de organizaciones criminales, que han diversificado sus fuentes de ingresos ante el incremento del valor del oro en el mercado internacional. En este contexto, las autoridades ecuatorianas señalaron que han intensificado su estrategia de intervención, enmarcada en una política más amplia de combate contra estructuras vinculadas al narcotráfico, extorsión y economías ilegales.

En Perú, la minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las principales economías ilícitas, con una capacidad de generación de ingresos que incluso supera otras actividades criminales. De acuerdo con reportes del sector Interior, el valor de un kilo de oro en el mercado negro puede alcanzar los 100 mil dólares, lo que ha convertido a esta actividad en un negocio altamente rentable para redes organizadas. Este escenario ha impulsado su expansión en regiones como Madre de Dios, Puno, Cusco, Loreto y Huánuco, donde la extracción se realiza sin control y con un fuerte impacto ambiental.

Las ganancias ilegales derivadas de la minería de oro en Colombia ya superan cuatro veces el costo de la última emergencia económica nacional, decretada por el presidente Gustavo Petro, consolidándose como la principal fuente de financiación para grupos armados ilegales.

En el foro organizado junto a Fedepartamentos y el Tiempo, gobernadores y analistas destacaron que la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico en términos de rentabilidad criminal, con serios efectos en el entramado económico y social del país.

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El auge de la minería ilegal de oro estaría moviendo alrededor de 8.400 millones de dólares anuales, es decir, más de 30 billones de pesos colombianos, con el 85% del oro nacional originado en actividades ilícitas.

Este lucrativo negocio facilitaría el fortalecimiento de organizaciones criminales, incrementa la violencia y provoca graves daños ambientales, mientras reduce las oportunidades para la minería formal y afecta la economía en regiones clave, donde las regalías y la inversión extranjera son fundamentales para el desarrollo.

Cifras oficiales divulgadas por El Tiempo señalan que las ganancias ilícitas superan los 33 billones de pesos cada año. El uso de maquinaria pesada y ‘dragas’ destruye miles de hectáreas y contamina con mercurio centenares de ríos, perjudicando a comunidades rurales y generando conflictos sociales y afectaciones ambientales.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magaly Matiz, advirtió en dicho foro que en municipios como Ataco la minería ilícita ha devastado amplias zonas del río, generando entre los habitantes la ilusión de una bonanza económica. Explicó que existe una “relación de beneficio mutuo” entre estructuras criminales y quienes realizan la extracción ilegal.

“Aquí los violentos no solo se lucran de los porcentajes por la cantidad de oro, sino que además cobran renta por cada maquinaria pesada que ingresa al territorio: entre cinco y ocho millones de pesos”, señaló la mandataria departamental en el foro.

Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, sostuvo que la disminución de regalías afecta a departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, que pierden recursos esenciales para el desarrollo regional. Señaló además la existencia de una “parainstitucionalidad” en la comercialización, que favorece la legalización encubierta del oro extraído de manera ilegal y fortalece el control de actores criminales sobre estas riquezas.

“Al país hay que ponerle la realidad de frente: aquí hay una parainstitucionalidad ligada a la comercialización minera que termina favoreciendo a los grupos criminales. Se sabe que el oro sale tipo B y se convierte en tipo A, y todo el mundo está tranquilo”, señaló Escobar.

La Defensoría del Pueblo, por medio de su representante Érika Castro, recalcó la sobrecarga para atender problemáticas graves como reclutamiento forzado y prostitución, además de otros delitos derivados. Destacó, asimismo, el profundo perjuicio ocasionado a la biodiversidad colombiana.

El coronel José Luis Bastidas, jefe de Operaciones de las Fuerzas Militares, afirmó que destruir la maquinaria utilizada en minería ilegal es una prioridad. Indicó que solo en enero de 2026 se decomisaron 90 vehículos, 18 más que en el mismo mes del año anterior, en acciones orientadas a disminuir la capacidad de extracción de los grupos criminales.

Bastidas explicó a El Tiempo que enfrentar este fenómeno es complejo, ya que muchas de las ganancias se blanquearían mediante empresas fachada o se envían a paraísos fiscales, lo que dificulta su seguimiento y enjuiciamiento bajo la legislación vigente.

El director de Fedepartamentos, Didier Tavera, insistió en que la explotación ilícita de recursos naturales debe considerarse una amenaza para la seguridad del Estado, más allá de una simple infracción ambiental.

Tavera reclamó la intervención conjunta de las tres ramas del poder público para combatir la impunidad y evitar que los responsables sean penalizados únicamente por delitos menores.

“La legislación tiene que empezar a hablar de un crimen contra la seguridad del Estado, por el problema que conllevan las rentas y el control territorial”, señaló Tavera en el foro organizado por El Tiempo.

Representantes del sector minero solicitaron mayor presencia estatal en las regiones e impulsar normas claras que protejan la minería formal frente al avance de redes criminales.

El presidente de Fedesmeraldas, Óscar Baquero, advirtió que la incursión de la minería ilegal en el ámbito de las esmeraldas ha frenado la inversión extranjera, muy especialmente en San Pablo de Borbur.

La inseguridad ha llevado a la cesión de concesiones y ha restringido las exportaciones, lo que representa un golpe para la economía local. “Ellos estaban aportando 17 millones de dólares a nuestras exportaciones”, declaró Baquero en información recogida por El Tiempo, agregando que esta cifra desapareció el año pasado.

Una barra de oro valorizada en más de USD 600 000 fue incautada por la Fiscalía de Lavado de Activos cuando estaba a punto de ser exportada a India, en un nuevo golpe contra la minería ilegal en Puno. El lingote, de 5.31 kilogramos, habría sido obtenido de actividades ilícitas y formaba parte de una operación que ahora es investigada por el Ministerio Público.

La intervención permitió frenar la salida del mineral aurífero hacia el extranjero y activar una investigación por lavado de activos en Perú, que involucra a dos personas naturales y una empresa. Las autoridades buscan determinar cómo este oro logró ingresar a canales formales de comercialización, en un contexto donde el tráfico de recursos ilegales continúa expandiéndose en distintas regiones del país.

Incautan lingote de oro ilegal que iba a ser exportado al extranjero

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho) ejecutó la incautación del lingote, cuyo valor supera los 600 mil dólares en el mercado internacional. De acuerdo con las diligencias preliminares, el mineral tendría origen en actividades de minería ilegal en Puno, una problemática que genera impactos económicos, sociales y ambientales.

Tras la intervención, el oro fue puesto a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad encargada de administrar bienes vinculados a procesos judiciales. Posteriormente, el lingote fue trasladado e ingresado a una bóveda del Banco de la Nación, donde permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad mientras continúan las investigaciones fiscales.

El operativo estuvo liderado por el fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez y la fiscal adjunta provincial Angélica Yovana Ortiz Loa, quien tiene a su cargo la investigación. En la diligencia también participó personal especializado de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional, que brindó apoyo en la ejecución de la medida y en el traslado del mineral aurífero.

En el marco de este caso, el Ministerio Público investiga a Maritza Tapara, Nadya Soncco y la empresa Esfamin E. I. R. L., por su presunta participación en un esquema de lavado de activos relacionado con la comercialización de oro ilegal. Según las hipótesis fiscales, los implicados habrían intervenido en distintas etapas del proceso para dar apariencia de legalidad al mineral.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar posibles conexiones con otras operaciones similares y determinar si existen más personas o empresas involucradas en esta red vinculada al oro ilegal en Perú, cuyo destino final suele ser el mercado internacional.

Minería ilegal se expande en la Amazonía y ya impacta a todo el Perú

La minería ilegal en Perú ha dejado de ser un problema focalizado y ahora se extiende por prácticamente todo el país, con especial presión sobre la Amazonía. Un informe internacional advierte que esta actividad ya no solo se concentra en zonas como Madre de Dios, sino que ha avanzado hacia regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco, ingresando a territorios remotos y áreas que antes permanecían intactas.

El crecimiento de esta economía ilícita está estrechamente ligado al alza del precio del oro, que en 2026 se mantiene cerca de los USD 2.000 por onza, uno de sus niveles más altos en años. Este contexto ha incentivado la expansión de operaciones ilegales que utilizan maquinaria pesada y dragas para remover sedimentos de los ríos, generando deforestación acelerada y contaminación con mercurio en amplias zonas de la Amazonía peruana.

Además del impacto ambiental, el avance del oro ilegal en Perú está asociado a redes de crimen organizado, que han fortalecido su presencia en estas actividades. La contaminación por mercurio, utilizada para separar el oro, afecta directamente a los ríos y a las comunidades que dependen de ellos, mientras que líderes indígenas y defensores ambientales enfrentan amenazas constantes en medio de un escenario cada vez más complejo.

El paro minero en Antioquia mantiene bloqueada la principal vía hacia la costa Caribe, tras manifestaciones que han dejado un herido grave por explosivos, según confirmaron las autoridades.

Los bloqueos afectan sectores como La Rotonda y Campoalegre en Antioquia, así como Puerto Libertador y La Y en Córdoba, restringiendo el tránsito y limitando el abastecimiento en la región, de acuerdo con ambos medios.

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Los mineros mantienen el cierre indefinido de la troncal entre Medellín y la Costa Caribe, tras incidentes como la amputación de la mano de un manifestante por un explosivo.

La protesta se concentra en el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Valdivia y exige presencia del Gobierno nacional, mientras la Fuerza Pública continúa operativos contra la minería ilegal. El paso intermitente de alimentos y vehículos de emergencia busca evitar un desabastecimiento total.

Razones del paro minero y exigencias de los manifestantes

Quienes participan en el paro minero exigen una respuesta estatal que incluya diálogo directo y cumplimiento de acuerdos previos. Los manifestantes denuncian que la Fuerza Pública ha destruido 35 retroexcavadoras y 50 motobombas, acción que consideran una amenaza contra su fuente de ingreso, según información de El Espectador y Blu Radio.

Voceros de la protesta afirman: “Pareciera que quisieran acabar con la minería. No hacen sino quemar nuestras máquinas, quemar nuestra traga, quemar nuestras motobombas”, frase recogida por Blu Radio.

Insisten en que su actividad es informal y rechazan ser catalogados como criminales, reiterando la necesidad de diálogo y condiciones dignas.

Pronunciamiento de autoridades frente al paro minero

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió, de acuerdo con El Espectador, que no pueden ceder ante exigencias que comprometan la protección de activos ambientales o favorezcan la financiación de grupos armados en la zona.

Rendón resaltó el riesgo que representa la minería ilegal en la región respecto a recursos naturales y seguridad: “vamos a quedar incomunicados por cuenta de incumplimientos que asumió el Gobierno Nacional con ellos, no se puede ceder allí, porque está de por medio la protección de activos ambientales, sino también la financiación que a través de la minería criminal se surte en favor de grupos armados organizados”.

Las autoridades locales explican que los operativos buscan frenar el daño ambiental y evitar recursos para actividades ilícitas. Hasta ahora, según Blu Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no ha anunciado viajes al lugar, mientras la presión social y económica persiste en las comunidades afectadas.

Explosivo deja herido grave durante las protestas

Un incidente grave ocurrió cuando un hombre de 24 años, presuntamente oriundo de Medellín, sufrió la pérdida de una mano al detonar accidentalmente un explosivo durante la manifestación.

El herido fue trasladado de urgencia y su estado continúa delicado, mientras se investigan las circunstancias y el posible objetivo del artefacto.

La Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba subrayó su rechazo al uso de explosivos y recordó que la protesta debe continuar de forma pacífica. Además, insistieron en que el Gobierno nacional acuda a la zona y convoque a una mesa de diálogo efectiva para buscar soluciones y proteger a los participantes y a la población civil.

Con la troncal del Caribe parcialmente cerrada, la movilidad en decenas de municipios sigue restringida a la espera de que el Gobierno y los manifestantes alcancen un acuerdo que permita frenar la crisis sin recurrir a la violencia ni poner en peligro a la comunidad.

Los manifestantes aseguran que sus acciones buscan visibilizar sus demandas ante las autoridades y confían en que, con presencia estatal directa, podrá abrirse un canal para el entendimiento y la solución del conflicto.

La operación militar emprendida por las Fuerzas Armadas ecuatorianas se extendió hasta la noche, cuando los soldados emplearon lanzadores de cohetes para atacar infraestructuras criminales dentro del Parque Nacional Podocarpus. De acuerdo con lo publicado por agencias internacionales como Europa Press, las autoridades han señalado que estas maniobras nocturnas buscan mantener presión constante sobre los grupos ilegales y asegurar la protección del ecosistema, evitando que estas organizaciones logren reiniciar actividades ilícitas en el área protegida.

El Ejército de Ecuador informó que el batallón desplegado destruyó 129 campamentos clandestinos y 94 bocaminas, en una acción dirigida contra la minería ilegal que se lleva a cabo en el sur del país, específicamente en los sectores conocidos como San Luis, Dos Camas y La Aida. Según detalló Europa Press, el área operativa abarca aproximadamente 130 hectáreas utilizadas previamente para la extracción no autorizada de minerales.

El comunicado castrense citado por Europa Press destaca que, durante el operativo, las fuerzas militares no solo desmantelaron campamentos y bocaminas, sino que también incautaron equipamiento logístico fundamental para las actividades ilícitas. Entre los artículos confiscados figuran explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas satelitales del sistema Starlink, chancadoras, generadores eléctricos y diferentes herramientas que facilitaban la explotación minera dentro del parque nacional.

La operación militar ocasionó un golpe financiero estimado por las autoridades en alrededor de 3 millones de dólares a las estructuras logísticas y financieras de los Grupos Armados Organizados (GAO) vinculados a estas actividades ilícitas. Europa Press explicó que el debilitamiento de estas redes afecta directamente la capacidad operativa de las organizaciones criminales que se benefician económicamente de la minería ilegal en la zona.

En su comunicación oficial, el Ejército subrayó que la intervención responde a dos objetivos centrales: confrontar a los Grupos Armados Organizados y sus economías clandestinas, y restaurar el equilibrio ambiental en el Parque Nacional Podocarpus, afectado por la contaminación y los daños ecológicos generados por las infraestructuras ilegales extraídas en la operación. El medio Europa Press recogió declaraciones donde las autoridades militarizan la protección del entorno y recalcan que las tareas militares contribuyen tanto a debilitar las actividades delictivas como a mitigar el deterioro ambiental.

Tras la destrucción de los asentamientos clandestinos, las Fuerzas Armadas continúan su presencia en la región, desarrollando lo que han denominado la fase de seguimiento y aseguramiento sobre las áreas previamente devastadas por la minería ilegal. Esta etapa está orientada a garantizar que los sectores intervenidos permanezcan libres de actividades ilícitas y a reforzar las medidas de protección del área natural, según la información que distribuyó Europa Press.

Los reportes oficiales insisten en que las operaciones en San Luis, Dos Camas y La Aida han sido acompañadas de una estrategia de acción nocturna que, según el comunicado militar, permite mantener vigilancia constante y evitar intentos de reactivación minera. El Ejército definió el uso de lanzadores de cohetes por la noche como una técnica para disuadir y golpear a las estructuras criminales que han operado en el parque nacional.

El operativo constituye parte de los esfuerzos del Estado para enfrentar la crisis de minería ilegal que afecta distintas áreas protegidas en Ecuador. El Ejército sostiene que la incautación de materiales y la destrucción de infraestructura reduce tanto el potencial de daño ambiental como los recursos económicos disponibles a los grupos criminales involucrados, elementos que Europa Press incluyó al difundir el comunicado de la institución militar.

Los datos divulgados hasta ahora por las autoridades y reportados en medios como Europa Press reflejan que el golpe a la minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus representa una acción de magnitud destinada a disuadir la economía criminal asociada a los GAO, favorecer la recuperación ecológica de la zona y mantener la integridad de áreas de alto valor ambiental amenazadas por la extracción ilícita de minerales.

El debate político rumbo a las elecciones generales de 2026 coloca numerosos temas sobre la mesa. Sin embargo, uno de los problemas que más impacto genera en la vida diaria del país todavía recibe poca atención en muchos planes de gobierno: la depredación de los recursos naturales y el avance de economías ilegales vinculadas a la extracción de oro, la tala y otras actividades ilícitas.

Perú posee una riqueza natural que figura entre las más diversas del planeta. Esta diversidad no solo define el paisaje del país, también representa recursos con valor económico y social. Especialistas advierten que el deterioro de estos recursos produce efectos directos en la economía, en la calidad ambiental y en la seguridad pública.

El debate sobre la protección del ambiente también se vincula con la seguridad ciudadana. Diversos estudios muestran que las redes ilegales que operan en la extracción de recursos naturales mantienen conexiones con estructuras criminales que sostienen otras actividades ilícitas.

Frente a ese panorama, expertos y analistas sostienen que el próximo gobierno deberá enfrentar un desafío complejo: reducir la expansión de economías ilegales que afectan ecosistemas, economías locales y la seguridad en distintas regiones del país.

La biodiversidad como capital natural

Perú reúne una diversidad biológica considerable. Bosques amazónicos, montañas, glaciares y miles de especies conforman un patrimonio natural que, según especialistas, también representa una fuente de ingresos para el país.

El decano de la Universidad Científica del Sur, Andrés Dulanto, en el análisis señala que “el Perú es único. No todos pueden decir que tienen una Amazonía exuberante, más de veinticinco mil especies de plantas, más de cuatro mil glaciares o cerca de tres mil variedades de papa que nacen en su territorio”.

Esta diversidad no solo posee valor ecológico. También constituye un recurso económico para el país. “Es un capital natural de todos los peruanos. Eso representa dinero, millones de dólares que podrían ser aprovechados, los impuestos derivados de esto, en carreteras, en mejora de la salud”, explicó.

Los ingresos derivados del uso responsable de los recursos naturales podrían financiar servicios públicos y proyectos de infraestructura. No obstante, expertos alertan que una parte de esa riqueza termina capturada por economías ilícitas.

Economías ilegales y violencia organizada

El avance de actividades ilegales como la minería sin control, la tala clandestina, el tráfico de fauna y el narcotráfico genera efectos ambientales y sociales.

Especialistas advierten que estas actividades no operan de forma aislada. Las economías ilícitas alimentan redes criminales con presencia en distintas regiones del país.

Un analista explica la relación entre estos delitos y la violencia. “Porque las economías ilegales son las que generan esas estructuras de violencia organizada que están detrás del sicariato, que están detrás de los asesinatos”.

Esta relación entre explotación ilegal de recursos y crimen organizado representa un desafío para el Estado. Las autoridades enfrentan redes con capacidad económica y presencia territorial amplia.

Oro extraído en grandes cantidades

La minería ilegal ocupa un lugar central dentro de estas economías. En varias regiones del país la extracción de oro crece de forma constante.

Zonas como Loreto, Cusco, Puno, San Martín, Madre de Dios o Huánuco registran actividad minera sin control en diferentes niveles. Según especialistas citados en el informe, la extracción anual de oro alcanza cifras elevadas.

El volumen aproximado ronda las cien toneladas cada año. Esa cifra supera incluso el mineral extraído en el territorio durante el periodo de la conquista.

Para analistas del sector ambiental, la expansión de esta actividad refleja fallas en los procesos de control y formalización.

Uno de los especialistas sostiene que el problema requiere una decisión clara. “Creo que en el tema de minería ilegal está clarísimo. Tenemos hace años una constante extensión del proceso de formalización. Entonces, lo que tenemos que hacer es parar y decir: hasta acá están los formales y lo demás son los ilegales”.

Otro experto coincide con esa posición y cuestiona el uso del término informal para ciertas operaciones. “Porque no se puede seguir considerando mineros informales aquellos que son ilegales y que degradan el ambiente”.

Planes de gobierno bajo evaluación

Perú cuenta con una política nacional del ambiente que plantea nueve objetivos vinculados con la protección de los ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos.

Especialistas sostienen que ese marco debería ocupar un lugar central en las propuestas de los candidatos presidenciales. Sin embargo, el análisis de los planes de gobierno muestra vacíos en varios temas.

Un experto explica que muchas propuestas mencionan la minería ilegal, pero dejan de lado otros aspectos ambientales. “Eso es lo que tendría que estar viendo los candidatos. Sin embargo, revisamos sus planes de gobierno y hay serias falencias en muchos de ellos”.

Según el análisis, algunos documentos priorizan la minería ilegal, pero omiten asuntos como la calidad del aire o la gestión de residuos. “Algunos se enfocan solo, sí hablan del tema de minería ilegal casi todos, pero no se enfocan, por ejemplo, en temas de calidad de aire o calidad relacionada a los residuos sólidos”.

Los especialistas consideran que el problema requiere una estrategia integral que incluya protección ambiental, control de economías ilegales y políticas urbanas que refuercen la seguridad.

El inicio de la nueva fase de la “Ofensiva total” implica no solo el aumento de operativos en las provincias ecuatorianas más afectadas, sino también la intensificación de medidas coordinadas con la cooperación internacional. Según lo informó el medio Primicias, agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos se encuentran en territorio ecuatoriano, trabajando junto a las autoridades locales. Este apoyo se produce pocos días después de la inauguración de la primera oficina formal de la agencia en Quito y la posterior suscripción de un memorando de entendimiento con el Ministerio del Interior, lo que refuerza los lazos bilaterales frente al avance del crimen transnacional. El gobierno, encabezado por Daniel Noboa, sostiene que la situación demanda “colaboración total” de parte de la ciudadanía para hacer frente al contexto de emergencia nacional.

De acuerdo con Primicias, el Ejecutivo declaró toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, que se aplicará desde las 23:00 hasta las 5:00 horas, afectando el desplazamiento y las actividades nocturnas en estos territorios hasta el 31 de marzo. El despliegue abarca cerca de 75.000 efectivos: 30.000 pertenecen a las Fuerzas Armadas y 35.000 a la Policía Nacional. Las operaciones priorizarán a estos territorios, considerados focos relevantes de actividad de mafias dedicadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, declaró en un video difundido por las Fuerzas Armadas y recogido por Primicias que la estrategia apunta a “recuperar el control de los espacios donde las mafias han intentado imponerse y proteger a las familias ecuatorianas”. El anuncio se emitió desde el centro de comando militar instalado en Guayaquil, una de las ciudades con mayores retos en materia de seguridad. Loffredo agregó que los operativos no se limitarán a estas cuatro provincias y que se intensificarán también en el resto del país conforme avance la emergencia.

Tal como publicó Primicias, el gobierno formula un llamado expreso a la población para acatar todas las disposiciones relacionadas con el toque de queda, recordando la importancia de permanecer en los domicilios durante el horario establecido y utilizar los canales oficiales para la comunicación de eventuales emergencias. Las disposiciones para la ciudadanía insisten en respetar las restricciones de movilidad y en cumplir las normas dictadas por las autoridades, como parte de una estrategia orientada a minimizar riesgos y facilitar la labor de las fuerzas del orden.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la presencia de agentes del FBI fortalece el trabajo conjunto con Ecuador, especialmente en el área de inteligencia y operaciones tácticas contra bandas transnacionales. El acuerdo bilateral se concretó a través del reconocimiento del escenario de conflicto armado interno, condición decretada en 2024 por Noboa ante el recrudecimiento de la violencia atribuida a grupos armados organizados, según detalló Primicias.

El medio subrayó que las provincias elegidas para la medida extraordinaria han padecido un incremento en hechos violentos ligados al crecimiento de estructuras mafiosas y disputas por el control del tráfico de drogas y la explotación minera ilícita. El gobierno considera a la “Ofensiva total” como una respuesta directa a este fenómeno, con el objetivo de restablecer la autoridad estatal y fortalecer la seguridad ciudadana.

Según consignó Primicias, las autoridades reiteran que la efectividad de las acciones depende de la cooperación ciudadana. El operativo de las fuerzas conjuntas está diseñado para identificar focos de actividad ilegal, desmantelar organizaciones delictivas y establecer presencia permanente en puntos críticos. El apoyo técnico y logístico proveniente de agencias internacionales complementa los esfuerzos nacionales, que incluyen inteligencia, patrullaje, y monitoreo de actividades ilícitas.

El decreto firmado por Daniel Noboa, citado por Primicias, reconoce la existencia de grupos criminales hostiles y su capacidad para operar en distintas regiones, lo que justifica la calificación de conflicto armado interno y motiva una respuesta estatal de mayor escala. En este contexto, la coordinación con entidades captadoras de inteligencia, tanto nacionales como internacionales, adquiere un papel central en la política de seguridad del gobierno.

Desde la implementación del toque de queda, la administración central vigila el cumplimiento de las nuevas restricciones y el avance efectivo de los operativos, que buscan además prevenir desplazamientos de miembros de bandas delictivas hacia otras áreas del país. Según lo señalado por las autoridades y recopilado por Primicias, el control estricto de la movilidad constituye una herramienta para interrumpir redes de apoyo logístico a las mafias, impedir traslados nocturnos de recursos ilícitos, y propiciar condiciones para la captura de cabecillas.

El medio informó, además, que la presencia de uniformados en las calles y el patrullaje intensivo forman parte de la lógica de “recuperación de espacios”, mientras se fortalece la recolección de inteligencia para próximas fases del plan. La cooperación entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, materializada en la apertura de la oficina del FBI y el memorando suscrito, se presenta como complemento fundamental para la estrategia que busca frenar la expansión de mafias en el país.

En un operativo estratégico orientado a combatir los delitos ambientales y la minería ilegal en la frontera norte, la Fuerza Pública de Costa Rica informó este sábado sobre el decomiso de casi mil litros de gasolina almacenados de manera clandestina.

El hallazgo tuvo lugar en la localidad de Tiricias de Pocosol, en el cantón de San Carlos, una zona de alta sensibilidad debido a su proximidad con el río San Juan y su historial de actividades extractivas ilícitas.

El operativo fue ejecutado el pasado viernes por efectivos del Grupo de Apoyo Operacional (GAO). Mientras realizaban patrullajes preventivos enfocados en la seguridad transfronteriza, los oficiales localizaron un galerón de madera que funcionaba como centro de acopio irregular.

Según el informe oficial, se incautaron un total de 960 litros de hidrocarburos, distribuidos en cuatro estañones de 200 litros y dos recipientes adicionales de 80 litros cada uno.

Un peligro para la población

Lo que más alarmó a las autoridades no fue solo el volumen del material, sino las condiciones deplorables de su almacenamiento. El combustible se encontraba en una estructura de madera que carecía de cualquier medida de mitigación de incendios o sistemas de contención ante posibles derrames.

La ubicación del depósito representaba una amenaza directa para la seguridad humana en Tiricias. De acuerdo con las mediciones de la Fuerza Pública, el hidrocarburo estaba:

• A escasos 10 metros de la vía pública.
• A solo 40 metros de un establecimiento comercial (restaurante).
• En colindancia inmediata con viviendas habitadas por adultos y menores de edad.

“La ausencia de medidas de seguridad convertía el sitio en un foco de alto riesgo. Un simple chispazo habría provocado una tragedia de proporciones incalculables para las familias de la zona”, señaló la Fuerza Pública por medio de redes sociales.

El vínculo con la minería ilegal en Crucitas

Aunque el sujeto que se identificó como propietario del combustible intentó justificar la posesión, no contaba con los permisos obligatorios emitidos por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) ni por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

La principal hipótesis de inteligencia policial vincula este cargamento con la logística de la minería ilegal de oro que azota la región de Crucitas.

En esta zona, grupos de “coligalleros” (mineros informales) utilizan motobombas, generadores y otras maquinarias pesadas que requieren grandes cantidades de combustible para extraer material del suelo, un proceso que suele ir acompañado del uso de mercurio y la degradación de ecosistemas críticos.

El decomiso administrativo del producto será entregado a RECOPE para su manejo técnico y custodia final, mientras se tramitan los procesos judiciales y administrativos correspondientes contra los responsables.

Cumplimiento de mandatos ambientales

Este operativo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una ofensiva estatal para recuperar el control territorial en la frontera norte. La Fuerza Pública recordó que estas acciones responden a resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo y de la Sala Constitucional, que exigen al Estado costarricense una protección efectiva del medio ambiente frente a la presión de actividades extractivas ilícitas y el contrabando.

Con este golpe, las autoridades esperan interrumpir la cadena de suministros de los grupos criminales que operan en la frontera, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la preservación de los recursos naturales en una de las zonas más biodiversas y vulnerables del país centroamericano.

Una barra de oro de aproximadamente 5,55 kilos, presuntamente vinculada a actividades de minería ilegal, fue inmovilizada por el Ministerio Público durante una intervención realizada en el Callao. El lingote, valorizado en USD 736.243 (equivalente a S/ 2.557.340), tenía como destino el mercado de la India.

La acción estuvo a cargo del Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en el marco de una investigación que busca determinar el origen del mineral y las responsabilidades penales correspondientes.

Intervención fiscal y traslado del mineral

La diligencia fue ejecutada por las fiscales adjuntas provinciales Mabel Tucto Albornoz y Karin Cochache Méndez en un almacén aeroportuario ubicado en la provincia constitucional del Callao. Como resultado del operativo, el lingote quedó bajo custodia en una bóveda de la sede aduanera mientras continúan las actuaciones destinadas a su posterior incautación.

El procedimiento contó con la participación de agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos Provenientes de Delitos Comunes, especialistas de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional y representantes de la administración tributaria, quienes brindaron apoyo técnico y operativo durante la intervención.

Investigación por presunto lavado de activos

En el proceso son investigadas tres personas naturales —María Isabel Mamani, Marleny Reyno y Lino Andrés Cáceres— así como la empresa Mari’s MH E. I. R. L., por el presunto delito de lavado de activos relacionado con la comercialización de oro de procedencia ilegal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los involucrados serían trabajadores y proveedores de la citada compañía que no lograron acreditar la procedencia lícita del mineral. Además, se detectaron irregularidades en el traslado del oro desde Lima hacia el Callao y en el arrendamiento de la planta de beneficio, aspectos que fueron advertidos por la autoridad aduanera y dieron origen al inicio de la investigación penal.

¿En cuánto está valorizado el oro actualmente?

El precio del oro se mantiene en niveles históricamente altos durante marzo de 2026. En los mercados internacionales, la cotización ronda aproximadamente los USD 5.100 a USD 5.200 por onza troy, aunque este valor fluctúa constantemente según la dinámica de las operaciones financieras y la expectativa de los inversionistas. En el caso de Perú, el valor referencial supera los S/ 17.000 por onza y puede situarse cerca de los S/ 570 por gramo de oro puro, cifras que también cambian de manera continua debido al movimiento del tipo de cambio y a la demanda local.

Esta materia prima suele mostrar variaciones diarias porque su precio está determinado por la oferta y la demanda global, así como por la cotización del dólar y la percepción de riesgo en los mercados. Cuando existen tensiones geopolíticas, crisis económicas o incertidumbre financiera, el oro tiende a apreciarse debido a que muchos inversionistas lo consideran un activo refugio para proteger su patrimonio.

Además, factores como las decisiones de los bancos centrales, los niveles de inflación y las tasas de interés influyen directamente en su valorización, ya que afectan el atractivo de mantener inversiones en metales preciosos frente a otros instrumentos financieros.

En los últimos meses, el metal ha mostrado una tendencia alcista significativa, con incrementos superiores al 70% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un contexto de alta volatilidad y mayor interés por activos considerados seguros. Sin embargo, estas subidas no son lineales y pueden alternarse con caídas puntuales cuando mejoran las perspectivas económicas o disminuye la tensión internacional.

La investigación, impulsada tras una alerta recibida en 2012 por la Fiscalía General de la Nación, permitió reconstruir un entramado financiero donde facturas, transferencias y reportes tributarios simulaban operaciones comerciales legítimas, mientras se ocultaba el origen ilícito de sumas millonarias.

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La empresa fue identificada como C.I. Mineros Exportadores S.A. (C.I. Minex S.A.), registrada en Bucaramanga (Santander) y representada por Mario Jesús Roa Fernández que aparece, según las autoridades, como epicentro de la operación.

Constituida en 2003, la compañía figuraba formalmente como exportadora de minerales. Sin embargo, los peritajes contables evidenciaron inconsistencias en las transacciones, lo que llevó a los investigadores a concluir que “detrás de las cifras reportadas existía algo más que simples transacciones comerciales”, según indicó la Policía Fiscal y Aduanera.

Funcionamiento de la red y simulación de operaciones

La estructura criminal simulaba compraventas de oro para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. El mecanismo, descrito como “sofisticado, pero recurrente”, consistía en registrar operaciones millonarias con supuestos proveedores que, al ser analizados, no poseían capacidad económica ni infraestructura para justificar ventas por tales sumas.

Entre 2006 y 2010, seis proveedores habrían concentrado más del 50% de las operaciones comerciales de la sociedad, con transacciones individuales que superaron los $47.000 millones y los $34.000 millones. La Policía señaló que “estas personas no tenían el respaldo económico para justificar ventas por esas sumas”, reforzando la hipótesis de operaciones ficticias.

El dinero rara vez llegaba a las cuentas de los proveedores reportados. La mayoría de los recursos eran girados a terceros autorizados por el representante legal de la empresa, sin relación comercial legítima con la sociedad.

Entre los que recibieron estos pagos figuran Gabriel Jacobo Campo Quintero y Eduen Franklin Silva Mantilla. Las autoridades afirmaron que esta dinámica “evidenciaba un patrón consistente con mecanismos de ocultamiento y dispersión de recursos, característicos de esquemas de lavado de activos”.

Las rentas que generaba la actividad ilícita

El esquema alcanzó una dimensión significativa: el valor total de las operaciones asociadas a la red ascendió a $731.118 millones, según registros oficiales ante la Dian.

Este volumen económico reflejó tanto la magnitud del entramado como el impacto sobre el sistema financiero y la lucha contra la minería ilegal. “Detrás de documentos aparentemente legales y operaciones registradas ante autoridades tributarias, podía esconderse un complejo sistema financiero diseñado para legitimar dinero de origen ilícito proveniente de la minería ilegal”, concluyó la Policía.

Gran parte del oro comercializado por la empresa presuntamente tenía origen en actividades de minería ilegal. Este hallazgo agravó el impacto económico y ambiental de la operación. La investigación, que inició como una alerta aislada, permitió desarticular una red dedicada a encubrir recursos ilícitos bajo la fachada del comercio de metales preciosos.

Operativo en Chigorodó dejó 32 capturados por minería ilegal en el río Ripea

Las autoridades de Antioquia capturaron a 32 personas en flagrancia durante un operativo en la vereda Ripea, municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, contra la minería ilegal. El despliegue policial tuvo como objetivo frenar las actividades que ponían en riesgo los recursos naturales de la zona.

Uniformados de la Policía Antioquia realizaron un allanamiento en la ribera del río Ripea, confirmando que las labores de extracción de minerales se efectuaban sin los permisos ambientales y legales requeridos. “Durante la intervención se logró la detención de 32 hombres y la incautación de equipos y vehículos utilizados para movilizar el material minero”, informaron fuentes policiales.

Entre los aprehendidos se encuentra alias El Gordo, señalado por las autoridades como dinamizador criminal responsable de autorizar la extracción y de exigir el pago de extorsiones a quienes operaban en el área. El informe oficial precisó que este terreno minero generaba rentas mensuales de al menos $300 millones. “Alias El Gordo era quien manejaba el cobro de extorsiones y organizaba la actividad ilegal en la zona”, detalló la Policía.

Todos los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos asociados a la minería ilegal.

Perú cada vez más cae en inversión minera. En la Encuesta Anual de Compañías Mineras 2025 del Instituto Fraser, el país cayó al el puesto 41 de 68 jurisdicciones evaluadas en el Índice de Atractivo a la Inversión.

Pero hace una década el país se encontraba en el puesto 10 de inversión minera. Desde el 2023 se ha notado un caída y si bien da algunas señales de recuperación, aún no se logra un lugar tan arriba.Esa es la meta, sin embargo.

Exactamente, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) informó que uno de sus principales objetivos es contribuir a que el país recupere su posición entre los diez destinos más atractivos del mundo para la inversión minera.

Perú perdió competitividad

Juan Carlos Ortiz, el presidente del IIMP, señaló que el Perú perdió competitividad en los últimos años, por lo que consideró necesario impulsar reformas que permitan destrabar proyectos mineros, generar infraestructura y contribuir al cierre de brechas en las regiones.

Asimismo, resaltó que hace una década el país se ubicaba entre los principales destinos para la inversión minera a nivel mundial, compitiendo con economías como Canadá, Australia, Estados Unidos y Chile.

“Hace 10 o 12 años el Perú estaba en el top ten de los países donde los inversionistas querían invertir. Hoy hemos caído más de 30 posiciones en el ranking”, manifestó en entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR).

Perú en el puesto 41

Actualmente el Perú se ubica en el 41 entre más de 80 jurisdicciones evaluadas en el ranking global de atractivo para la inversión minera elaborado por el Fraser Institute. Es en este contexto, en que Ortiz sostiene que la estrategia para recuperar competitividad debe centrarse en mejorar el entorno de inversión y fortalecer la institucionalidad del sector.

Sin embargo, hay un riesgo latente. El presidente del IIMP también alertó que el avance de la minería ilegal representa otro factor que afecta la competitividad del sector minero en el país. Asimismo, explicó que esta actividad genera graves impactos económicos, ambientales y sociales, especialmente en zonas amazónicas como Madre de Dios, donde se registran procesos de deforestación y contaminación por mercurio.

Es ahí donde está el asunto: sostuvo que la lucha contra la minería ilegal requiere la participación articulada de diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Energía y Minas, la Sunat, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Advirtió, finalmente, que la presencia de operaciones ilegales también afecta el desarrollo de proyectos mineros formales, debido a que la actividad informal invade zonas de concesión, genera conflictos y retrasa inversiones.

El hallazgo se registró durante los controles aduaneros y de inspección a mercancías provenientes del exterior en el puerto de Cartagena, en los que se detectaron varias inconsistencias en 37 recipientes que contenían más de una tonelada de mercurio.

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En total, las autoridades encontraron 1.326 kilos de mercurio líquido avaluados comercialmente en más de 3.000 millones de pesos, sustancia de prohibida importación en Colombia debido a sus graves efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.

La identificación técnica de la sustancia contó con el apoyo pericial de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal CTI, a través de especialistas en estas sustancias químicas.

Los detalles del operativo

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tenía como destino el municipio de Turbo, Antioquia, en donde históricamente se han identificado actividades asociadas a minería ilegal.

Las autoridades explicaron que el insumo mencionado es utilizado en minería ilegal de oro; de la misma forma, en el mercado criminal, este material puede alcanzar valores de entre tres y cuatro millones de pesos por kilogramo, lo que aumentaría su valor estimado a más de 5.300 millones de pesos.

En caso de haber llegado al destino, con este material podrían haber producido aproximadamente 444 kilogramos de oro ilegal, cuyo valor en el mercado internacional podría superar los 31 millones de dólares, lo que resaltaron las autoridades al indicar el impacto real de esta operación sobre las economías criminales.

Desde la Policía Nacional destacaron el impacto ambiental evitado, mencionando que el mercurio es una sustancia altamente contaminante que, al ser utilizada en actividades de minería ilegal, puede generar graves daños en los ecosistemas hídricos, los suelos y la biodiversidad. Asimismo, la exposición a este metal pesado puede producir serias afectaciones a la salud humana, especialmente daños neurológicos y renales.

En el informe, la institución indicó que una gota de mercurio puede llegar a contaminar hasta 5.000 litros de agua, lo que evidencia el alto riesgo ambiental y sanitario asociado a su uso indiscriminado.

“Con la incautación de 1.3 toneladas de mercurio se evitó un grave riesgo ambiental que, en términos comparativos, podría haber afectado un volumen de agua equivalente al consumo de la ciudad de Bogotá durante varios meses. Su liberación en ríos y suelos puede permanecer por décadas en el ambiente, contaminando cadenas alimenticias y afectando comunidades cercanas a zonas de explotación minera ilegal”, precisó la institución.

En el balance del operativo, el director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, el coronel Mauricio Carrillo Álvarez, prometió que su unidad seguirá trabajando para evitar el paso de sustancias indebidas por puertos del territorio nacional.

“Esta incautación representa un golpe contundente contra las economías ilícitas que amenazan nuestros recursos naturales. Evitamos que una sustancia altamente contaminante llegara a actividades ilegales que afectan el agua, la biodiversidad y la salud de las comunidades. Seguiremos actuando con firmeza para proteger el patrimonio ambiental de Colombia”.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón Zambrano, envió un mensaje a los actores criminales que están detrás de la gestión irregular con la que se iba a permitir el ingreso del mercurio al país.

“Desde la Policía Nacional no vamos a permitir que las estructuras criminales continúen lucrándose del contrabando y del tráfico ilegal de sustancias químicas que alimentan economías ilícitas y generan graves afectaciones al medio ambiente y a la seguridad económica del país. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Dian, continuamos golpeando estas redes criminales y enviamos un mensaje claro: quienes pretendan utilizar el territorio nacional para el ingreso o comercialización ilegal de sustancias prohibidas serán identificados, judicializados y puestos a disposición de las autoridades competentes”.

La falta de acceso para los equipos de emergencia en la localidad de Rubaya ha dificultado la evaluación precisa de víctimas tras un gran deslizamiento de tierra que sepultó varias galerías mineras en el territorio de Masisi. Según informó Europa Press, el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) situó el origen de esta catástrofe en las lluvias torrenciales y en la intensa y descontrolada explotación mineral impulsada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), al que Kinshasa acusa de actuar con apoyo de Ruanda.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el Ministerio de Comunicación y Medios de RDC expresó condolencias a las familias afectadas por lo que describió como una "tragedia humana" ocurrida el 7 de marzo. El documento oficial, citado por Europa Press, detalló que los deslizamientos en esta zona minera de Kivu Norte ya han provocado la muerte de varios cientos de personas durante las últimas semanas. Las autoridades señalaron que la seguridad en la región permanece comprometida debido a la acción conjunta de los rebeldes del M23 y el Gobierno de Ruanda, lo que dificulta la presencia estatal y la asistencia humanitaria.

El comunicado recogido por Europa Press destacó que la zona donde ocurrieron los deslizamientos se considera “una zona roja” por los peligros asociados a las labores extractivas. Estas condiciones extremas se atribuyen, de acuerdo con el Gobierno congoleño, a un sistema organizado y sostenido de explotación mineral ilegal, instrumentado por el M23 con respaldo de Ruanda, cuyo objetivo sería mantener una economía de guerra mediante la extracción y comercialización de recursos naturales fuera de la regulación oficial.

Las autoridades congoleñas subrayaron ante Europa Press que el acceso a la zona continúa restringido por la presencia de fuerzas hostiles y el terreno inestable, lo que imposibilita precisar el balance total de víctimas y daños estructurales. El Gobierno de RDC insistió en que las prácticas mineras ilegales desafían las políticas de seguridad y provocan tragedias recurrentes, y señaló que estos incidentes están relacionados con la ausencia de supervisión estatal y la imposición de sistemas productivos paralelos por parte de grupos armados.

El texto del Ejecutivo recogido por Europa Press advierte que la explotación ilegal de los recursos naturales no solo alimenta el conflicto armado, sino que además impide cualquier control sobre las condiciones laborales y de seguridad para los trabajadores mineros, quienes operan bajo altos riesgos. El gobierno de Kinshasa denunció que la extracción no regulada del M23 se orienta a financiar su actividad bélica, perpetuando la inestabilidad regional y el deterioro de las condiciones de vida de la población local.

Las autoridades de RDC reiteraron, según publicó Europa Press, su compromiso de trabajar para restituir la integridad territorial y restaurar el control estatal sobre las áreas bajo dominio rebelde, condición que consideraron imprescindible para acabar con la explotación ilegal y garantizar un entorno minero seguro. Además, insistieron en que llevarán ante la justicia a todas las personas que se beneficien de esta estructura ilícita de extracción mineral.

En sus declaraciones al medio, el gobierno congoleño apeló a la comunidad internacional a atender la magnitud de la tragedia, que calificaron como una “consecuencia directa de la explotación ilegal de los recursos naturales en zonas bajo ocupación armada”. El Ejecutivo reiteró que sus prioridades incluyen la defensa de la soberanía nacional, la protección de los recursos y la seguridad de los ciudadanos.

Por su parte, el grupo rebelde M23 refutó en reiteradas ocasiones las acusaciones realizadas por el gobierno. De acuerdo con Europa Press, los insurgentes han responsabilizado a Kinshasa de una gestión deficiente del sector minero, incluso en áreas que se encontraban bajo administración gubernamental antes de pasar al control del M23. El conflicto respecto al manejo de los recursos mantiene una tensión constante en las relaciones entre ambas partes.

De acuerdo con Europa Press, el sector minero de la República Democrática del Congo ha registrado múltiples incidentes mortales en los últimos años. La ausencia de medidas adecuadas de seguridad y las deficientes condiciones laborales forman parte de un panorama en el que numerosas explotaciones operan fuera de las normativas estatales. Estos factores, según el reporte, contribuyeron al saldo mortal de la tragedia en Rubaya y continúan afectando a los trabajadores de las minas en diversas provincias del país.

Este balance fue presentado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, que destacó la coordinación entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, junto con la Policía Nacional, en la lucha contra el crimen organizado.

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Según reportó el general López en rueda de prensa encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y en compañía de toda la cúpula militar, las acciones comprendieron tres bombardeos y múltiples operaciones terrestres, aéreas y fluviales.

El comandante subrayó que, en lo que va del año, se registraron 1.439 capturas, 64 sometimientos a la justicia, 33 muertos en desarrollo de operaciones militares y cuatro presentaciones voluntarias. “Quiero resaltar la neutralización de más de 1.590 integrantes de las diferentes estructuras”, detalló el oficial.

Recuperación de menores víctimas de reclutamiento ilegal

Uno de los resultados más sensibles para las autoridades corresponde a la recuperación de 50 menores de edad que se encontraban en poder de estos grupos armados. El comandante López Barreto indicó que “son menores combatientes que están siendo reclutados ilegalmente, lo que configura un delito de guerra y de lesa humanidad”.

Las operaciones permitieron restituir los derechos de estos niños, que eran instrumentalizados por organizaciones como el ELN y las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

Golpe a la minería ilegal y al narcotráfico

En el ámbito de la lucha contra la explotación ilícita de minerales, las Fuerzas Militares informaron la captura de 138 personas vinculadas a actividades de minería ilegal, lo que contribuyó a la protección de los recursos naturales y a la reducción de flujos financieros para las estructuras criminales.

Además, la ofensiva contra el narcotráfico, principal fuente de financiación de estos grupos, incluyó la incautación de más de 55 toneladas de clorhidrato de cocaína y la destrucción de 280 laboratorios para procesar estupefacientes.

La magnitud de este golpe fue resaltada por el general López Barreto, que afirmó que “las Fuerzas Militares han contribuido con la incautación de 55 toneladas de clorhidrato de cocaína y la destrucción de 280 laboratorios, entre pasta base y clorhidrato”. La destrucción de estas infraestructuras representa un impacto directo sobre las finanzas de los grupos armados organizados, según las autoridades.

Incautación de armamento y explosivos

Las operaciones militares permitieron también la incautación de 2.668 artefactos explosivos, 499 armas, 63.384 municiones y 6.796 kilogramos de explosivos, material que iba a ser empleado para atentar contra la población civil y la fuerza pública.

El comandante de las Fuerzas Militares calificó como “alarmante” la cantidad de artefactos explosivos decomisados, en un contexto donde el país enfrenta procesos humanitarios y operacionales para limpiar zonas minadas.

Entre las operaciones destacadas figura la intervención en San José del Guaviare contra la Estructura Martín Villa, de “Mordisco”, en la que se logró la neutralización de ocho integrantes y el decomiso de 33 fusiles, seis ametralladoras y cerca de 30.000 cartuchos.

Otra acción relevante se desarrolló en el Bajo Calima, donde la Armada Nacional neutralizó a cuatro miembros de la Estructura Jaime Martínez y recuperó cinco fusiles.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso de mantener operaciones ofensivas de manera sostenida en todo el territorio nacional, con el propósito de debilitar las estructuras criminales y proteger a la población.

“Nuestros soldados de tierra, mar, aire y río continúan desplegados en todo el territorio nacional, protegiendo la vida y trabajando sin descanso por la seguridad y la tranquilidad de las familias colombianas”, concluyó el general López Barreto en declaraciones públicas.

El alcalde del distrito de Suyo (Piura), Jorge Huanca Merino, sufrió este lunes un ataque armado cuando conducía una camioneta municipal, según un despacho difundido por RPP.

Dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra la autoridad local, quien resultó herido, mientras los agresores escaparon del lugar.

La emisora detalló que personal del serenazgo municipal y agentes de la Policía Nacional (PNP) auxiliaron a Huanca Merino y lo trasladaron a una clínica, donde ingresó con una herida de bala con entrada y salida en la pierna izquierda, además de otros traumatismos en la misma extremidad.

La investigación para determinar las circunstancias y responsables del ataque permanece en curso. La localidad de Suyo, ubicada en la provincia de Ayabaca, destaca por ser uno de los principales enclaves de minería informal e ilegal en el norte de Piura.

Precisamente, durante la misma jornada del ataque al alcalde, las autoridades realizaron dos operativos de interdicción en la zona, dirigidos a la destrucción de plantas de procesamiento y maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro.

Participaron en las acciones la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, la División Contra la Minería Ilegal, el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), el Grupo de Operaciones Especiales (Dinoe), junto con especialistas de la Dirección Regional de Energía y Minas de Piura.

Las autoridades incautaron 50 sacos con material mineralizado y, al confirmar la falta de permisos, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental dispuso la destrucción de la maquinaria y los bienes hallados.

A inicios de 2025, el burgomaestre fue incluido en una investigación por presuntos actos de corrupción, luego de que el gerente municipal, Juan Manuel Ruíz Hernández, fuera detenido bajo sospecha de haber recibido S/ 2.000 de un empresario, supuestamente como soborno para acelerar el pago de una obra de agua y saneamiento.

De acuerdo con Correo, la pesquisa quedó a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, dirigido por el fiscal provincial Jack Trelles Burneo, con el apoyo de los fiscales adjuntos Miguel Saldarriaga y Juan Alberto Zeña Neyra.

Ataque similar

A fines de febrero, un hecho similar afectó al alcalde del distrito de Coviriali (Junín), Iroshi Ureta Campos, quien sufrió un ataque armado y falleció al ser trasladado de emergencia a un hospital en Lima para recibir atención médica.

El deceso ocurrió a las 16:00 horas mientras era atendido en una ambulancia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, ubicada dentro del Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao.

La autoridad edil, atacada a balazos cuando se dirigía a la municipalidad, había sido trasladada por vía aérea desde el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, del Gobierno Regional de Junín, en un vuelo humanitario que partió desde la localidad de Mazamari con apoyo de las Fuerzas Armadas y llegó al Callao minutos antes de las 16:00 horas.

Ureta Campos recibió dos impactos de bala en el tórax y, según la entidad, su condición ya “era extremadamente crítica” cuando se inició su traslado a la capital.

“Pese a que se le practicaron todos los protocolos de reanimación en la ambulancia, que lo debía llevar al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la seguridad social en Lima, finalmente perdió la vida a las 16:10 horas”, señaló el Seguro Social de Salud (EsSalud).