La exportación de oro de origen ilegal superó a la de procedencia legal durante el primer semestre de 2026, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE).

La entidad proyectó que este año los envíos irregulares representarían entre 52% y 55% del volumen total exportado y tendrían un valor de al menos USD 16 mil millones.

Los envíos ilegales aventajaron en 8,7 toneladas a los formales

El IPE indicó que las exportaciones de oro de origen ilegal crecieron 19,4% entre enero y junio, mientras que las de origen legal cayeron 5,9% en el mismo período.

Como resultado, el metal procedente de la minería ilegal superó en 8,7 toneladas a las exportaciones formales durante la primera mitad del año. El volumen asociado a esa actividad representó 54% del total de oro enviado al exterior por Perú, de acuerdo con las estimaciones difundidas este 17 de septiembre.

La institución calculó que, al cierre de 2026, las exportaciones ilegales alcanzarían por lo menos 110 toneladas. La cifra incluso podría superar las 120 toneladas, lo que consolidaría su predominio sobre la producción formal dentro del comercio exterior aurífero peruano.

El alza del oro impulsa el valor de los envíos irregulares

El precio internacional del oro promedió USD 4.500 por onza en lo que va de 2026, 44% más que en el mismo tramo de 2025, cuando se ubicó cerca de USD 3.125, según los datos citados por el IPE.

JP Morgan proyectó que el promedio anual llegaría a USD 4.545 por onza. Esa cotización duplicaría el promedio registrado durante los últimos cinco años, de acuerdo con la entidad.

Bajo ese escenario, el valor exportado del oro de origen ilegal llegaría a USD 16 mil millones y podría exceder los USD 18 mil millones. El cálculo mínimo supone un aumento de 39% frente a los USD 11.500 millones estimados para 2025 y equivale a casi nueve veces el monto registrado una década atrás.

El IPE sostuvo que la minería ilegal se consolidó como la actividad ilícita con mayor generación de recursos en el país. Sus ingresos, según sus estimaciones, duplicarían el tamaño conjunto de otras economías criminales.

El Reinfo solo formalizó a 2% de sus inscritos desde 2016

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado en 2016 como un mecanismo temporal para ordenar la situación de pequeños mineros y mineros artesanales. Sin embargo, el IPE señaló que apenas 2% de los inscritos culminó el proceso de formalización.

El registro fue prorrogado en cinco ocasiones y mantiene vigencia hasta diciembre de 2026. El Ministerio de Energía y Minas no descartó una nueva ampliación, según el comunicado.

La entidad cuestionó que la inscripción en el Reinfo exima de responsabilidad penal a quienes figuran dentro del registro. A su juicio, ese marco facilitó la expansión de operaciones en zonas restringidas, entre ellas áreas naturales protegidas, reservas indígenas y espacios arqueológicos.

La expansión alcanza minas formales y proyectos aún sin ejecutar

El IPE indicó que la minería ilegal también afecta operaciones formales como Poderosa, en La Libertad, y Las Bambas, en Apurímac. Asimismo, la institución advirtió graves riesgos sobre áreas destinadas a proyectos mineros como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira.

Esas iniciativas concentran más de USD 12 mil millones en inversiones potenciales. El avance de la actividad ilegal, señaló, puede generar conflictos por el control territorial y limitar el desarrollo de nuevos proyectos extractivos.

El instituto propuso cerrar de manera definitiva el Reinfo y establecer un proceso de formalización con plazos definidos. También planteó fortalecer la trazabilidad del oro, sostener la fiscalización en las zonas afectadas y ampliar la cooperación con otros países para seguir la ruta comercial del mineral.

Los Gobiernos Regionales del Perú acordaron fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y fiscalización frente al avance de la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades que amenazan las Áreas de Conservación Regional (ACR). El compromiso quedó establecido en la Declaración de Cusco, suscrita al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, realizado del 6 al 9 de septiembre en la región Cusco.

El documento plantea una ruta regional preventiva para identificar y atender de manera oportuna las principales amenazas que afectan estos territorios. Entre las medidas acordadas figura la incorporación de tecnología para fortalecer los sistemas de alerta temprana y el monitoreo en tiempo real, además del desarrollo de protocolos para evaluar y fiscalizar actividades que puedan afectar los objetivos de conservación, en coordinación con las entidades competentes.

Saneamiento legal y mayor capacidad operativa

La declaración también contempla impulsar acciones de saneamiento físico-legal y estrategias institucionales orientadas a reducir la minería y tala ilegales, además de otros usos incompatibles con las áreas destinadas a la conservación. En ese marco, los Gobiernos Regionales reconocieron la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de las ACR para responder a las amenazas que enfrentan.

Para ello, acordaron priorizar de manera progresiva la asignación de personal, equipamiento, logística y herramientas tecnológicas destinadas a las labores de vigilancia, monitoreo, control y conservación. El documento plantea, además, reducir el impacto de la rotación de funcionarios y asegurar la continuidad de las jefaturas y equipos técnicos, con el objetivo de evitar que los cambios de administración interrumpan los procesos de gestión.

Fortalecerán los comités de gestión

A esta medida se suma el fortalecimiento de los comités de gestión y otros espacios de coordinación, con participación de comunidades, organizaciones territoriales y otros actores vinculados a las ACR. Asimismo, se propone fortalecer y actualizar el Sistema de Información de las Áreas de Conservación Regional (SIRAC), además de mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos destinados a la gestión de estos territorios.

Otro de los acuerdos busca modificar los mecanismos de asignación presupuestal para habilitar y asegurar recursos provenientes del canon destinados a la conservación y manejo de las ACR, como parte de una estrategia orientada a garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Identificarán brechas financieras

Según el documento, cada área deberá identificar de forma progresiva sus brechas financieras y costos esenciales, con el fin de incorporarlos en la programación multianual y articular recursos provenientes del presupuesto regional, la inversión pública, la cooperación internacional, los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) y otras fuentes compatibles.

La Declaración de Cusco también plantea fortalecer los Sistemas Regionales de Conservación como espacios permanentes de coordinación y planificación, que articulen las ACR con otras modalidades de conservación y con las prioridades de desarrollo de cada territorio. En esa línea, los Gobiernos Regionales acordaron promover evaluaciones sistemáticas de la biodiversidad y establecer líneas base que permitan orientar las decisiones de conservación, restauración, vigilancia e inversión.

Biodiversidad en la inversión pública

El acuerdo también busca incorporar criterios vinculados a biodiversidad, servicios ecosistémicos, riesgo y conectividad en los instrumentos de planificación territorial y en las carteras de inversión de cada región. Estos compromisos formarán parte de una agenda de seguimiento a cargo de la Red Nacional de Áreas de Conservación Regional, cuyos avances deberán ser evaluados de manera periódica y reportados en los espacios nacionales de coordinación.

Los resultados de este seguimiento también serán presentados en el próximo Congreso Nacional de ACR, instancia donde los Gobiernos Regionales revisarán el cumplimiento de los compromisos asumidos en Cusco y evaluarán posibles ajustes a la ruta de trabajo establecida.

Ucayali será sede del Congreso de ACR en 2027

Los acuerdos alcanzados en Cusco tendrán continuidad en Ucayali, región que fue elegida como sede del IV Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, previsto para 2027. El próximo encuentro permitirá revisar los avances de la agenda acordada y continuar el intercambio de experiencias entre los Gobiernos Regionales para fortalecer la gestión de estos territorios.

La elección de Ucayali como sede permitirá continuar descentralizando este espacio de coordinación nacional y llevar la discusión sobre conservación regional a una de las principales regiones amazónicas del país.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite una demanda contra la quinta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las normas que, según el Colegio de Abogados de Loreto, permiten un régimen de inmunidad para actividades vinculadas con la minería ilegal.

La acción cuestiona la Ley 32537, que extendió la vigencia del proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, y modificaciones al Código Penal introducidas por el Decreto Legislativo 1695.

Loreto cuestiona una formalización que se prolonga desde hace más de 24 años

La demanda fue presentada el 30 de junio por el Colegio de Abogados de Loreto, bajo el expediente 0009-2026-PI/TC. El 11 de septiembre, el Tribunal publicó la resolución que admite el proceso y notificó al Poder Ejecutivo y al Congreso para que formulen sus descargos.

El principal cuestionamiento se dirige contra el artículo único de la Ley 32537, que prorrogó por quinta vez el proceso de formalización minera integral.

Para el gremio, un mecanismo creado con carácter transitorio se convirtió en una vía de permanencia para personas que realizan extracción minera sin contar con autorización.

La institución también impugna el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695, que modificó los artículos 307-A y 307-F del Código Penal, referidos al delito de minería ilegal. Según la demanda, esos cambios sostienen un sistema que evita la aplicación de responsabilidades civiles, administrativas y penales a inscritos en el Reinfo.

¿El registro funciona como una protección frente a sanciones?

El Colegio de Abogados sostiene que permanecer en el registro puede impedir que quienes desarrollan actividad minera fuera de la legalidad enfrenten consecuencias penales.

Su planteamiento apunta a que el Reinfo establece un tratamiento distinto frente al resto de personas y empresas obligadas a cumplir exigencias ambientales, administrativas y judiciales.

En el comunicado difundido por la institución, se afirma que las normas cuestionadas consolidaron un “régimen paralelo” al margen de las bases de un Estado constitucional. El gremio considera que esa situación vulnera el derecho a vivir en un ambiente equilibrado, la salud, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia ambiental.

Además de pedir que se declare inconstitucional la última prórroga, el recurso solicita que el TC establezca que el proceso de formalización ya no se encuentra vigente. También busca que se eliminen las supuestas inmunidades asociadas al régimen y que otras normas conexas sean invalidadas.

El río Nanay concentra las alertas por el abastecimiento de agua en Iquitos

La demanda pone especial atención en el avance de actividades extractivas en Loreto, sobre todo en la cuenca del río Nanay, fuente de agua para la población de Iquitos. El Colegio de Abogados advierte que la minería ilegal se incrementó en distintas zonas de la región y que la extracción de oro representa un riesgo para el ambiente y la salud pública.

El gremio sostiene que la falta de fiscalización ambiental y de tecnologías limpias facilita la contaminación de los ríos amazónicos. También vincula esta actividad con una mayor deforestación y con efectos sobre comunidades en situación de vulnerabilidad.

“El Estado no debe avalar a la minería ilegal”, señaló el decano del Colegio de Abogados de Loreto, Erick Salas Barrera, en la nota institucional emitida el 12 de septiembre. El comunicado alerta, además, sobre anuncios que plantean nuevas ampliaciones del Reinfo después de su vencimiento previsto para fines de este año.

Un fallo anterior exhortó a cambiar el régimen de formalización minera

El actual expediente tiene como antecedente la demanda 0017-2023-PI/TC, presentada por el mismo gremio contra una prórroga anterior. En abril de 2025, cuatro magistrados consideraron que correspondía declarar improcedente el caso por sustracción de la materia.

En minoría, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez votaron para declarar fundada esa demanda. La resolución incluyó una exhortación al Congreso y al Ejecutivo para aprobar un marco normativo que no contemple exenciones de responsabilidades civiles, administrativas o penales dentro de la formalización minera.

El Colegio de Abogados afirma que esa recomendación no fue atendida y que la nueva prórroga mantiene los efectos cuestionados. El Congreso y el Ejecutivo tendrán 30 días útiles para responder ante el TC, que luego deberá resolver el fondo de la controversia.

El Gobierno de Ecuador calcula en USD 4.659 millones la afectación económica provocada a organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal durante los primeros nueve meses de 2026. El monto corresponde a un balance de operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entre el 1 de enero y el 10 de septiembre, en distintos puntos del país.

La cifra fue presentada por el Ministerio de Defensa como parte de la ofensiva del Bloque de Seguridad contra las economías ilícitas que financian a grupos del crimen organizado. El Gobierno sostiene que la extracción ilegal de oro se ha convertido en una fuente de recursos para estructuras que también participan en actividades como narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y lavado de activos.

Los datos oficiales contabilizan 1.119 campamentos destruidos y 1.748 bocaminas inhabilitadas. Las operaciones también permitieron inutilizar 590 retroexcavadoras, 537 clasificadoras y 395 dragas, maquinaria utilizada para extraer y procesar material aurífero. Además, las autoridades reportaron el decomiso de 54.954 sacos de material relacionado con la actividad minera.

Sin embargo, los USD 4.659 millones no corresponden a dinero incautado por el Estado. Se trata de una estimación oficial de la afectación económica causada a las organizaciones dedicadas a la minería ilegal. La información pública difundida por las autoridades no detalla una metodología que permita determinar cuánto corresponde específicamente a maquinaria destruida, producción interrumpida, material decomisado o ingresos que las organizaciones dejarían de obtener.

El Gobierno ya había utilizado este indicador en años anteriores. En 2025, el Ministerio de Defensa calculó en cientos de millones de dólares la afectación provocada por los operativos contra la minería ilegal. El resultado de 2026 representa un salto considerable frente a esos registros y es utilizado por las autoridades para mostrar el alcance de la estrategia contra las economías criminales.

Uno de los principales focos de las operaciones es Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, donde las autoridades han detectado estructuras vinculadas con la explotación y comercialización ilegal de oro. En agosto, Policía, Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control Minero localizaron tres bocaminas y decomisaron cerca de dos toneladas de material mineralizado.

En ese cantón también avanza una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos que involucra al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez y otras cinco personas. Según el Ministerio Público, la investigación detectó movimientos financieros superiores a USD 9 millones que no tendrían justificación económica y que estarían relacionados con actividades de minería ilegal y comercialización de oro.

La Amazonía constituye otro de los principales escenarios de la ofensiva. En Alto Punino, las autoridades han identificado la presencia de estructuras armadas vinculadas con la extracción ilegal de oro. Entre ellas se encuentran los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC que las autoridades ecuatorianas relacionan con organizaciones criminales que operan en el país.

El enfrentamiento por el control de esas zonas también ha dejado víctimas entre las fuerzas de seguridad. En mayo de 2025, once militares fueron asesinados durante una emboscada mientras participaban en un operativo contra la minería ilegal en Alto Punino. El Gobierno atribuyó el ataque a los Comandos de la Frontera.

En septiembre de 2026, Ecuador recibió además apoyo operativo de Estados Unidos para las acciones en la Amazonía. Dos aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines estadounidense llegaron a la Base Aérea de Taura y una de ellas fue empleada posteriormente en operaciones en Alto Punino.

La dimensión ambiental acompaña al impacto económico y de seguridad. Un reporte reciente identificó más de 700 hectáreas deforestadas desde 2020 alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, en una zona afectada por la expansión de la minería ilegal.

El Gobierno presenta la destrucción de infraestructura minera como una forma de cortar el flujo de recursos de las organizaciones criminales. Pero la magnitud de la cifra económica anunciada y la continuidad de las operaciones muestran que el desafío no termina con la destrucción de maquinaria: las autoridades todavía deben perseguir las redes que extraen, transportan, comercializan y eventualmente introducen el oro ilegal en circuitos financieros y comerciales.

Las primeras pesquisas revelan que Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, quien se desempeñaba como agente de seguridad de Jenss Lara Tantaquilla, aparecía formalmente como representante legal del Consorcio Supervisor Allauca. Esta empresa consiguió la adjudicación de una consultoría de obra pública valorizada en S/354 mil en el distrito de Tayabamba.

La contratación fue realizada bajo la gestión del actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad, Aldo Carlos Mariños, lo que abrió una nueva línea de interés dentro de las investigaciones periodísticas que buscan establecer cómo se movieron los negocios y contrataciones alrededor de personas vinculadas a la familia del empresario minero.

Contratos públicos y vínculos familiares ponen a Pataz bajo la lupa

Las investigaciones periodísticas apuntan a que el esquema empresarial no se habría limitado a una sola contratación. El seguimiento de diferentes procesos de selección permitió identificar múltiples licitaciones en la provincia de Pataz, una zona donde la actividad minera, tanto formal como informal e ilegal, tiene un peso económico considerable.

En este contexto, el analista político Iván Arenas advierte que las adjudicaciones de obras públicas pueden ser utilizadas como mecanismos para introducir al circuito formal dinero procedente de actividades ilícitas, entre ellas la extracción ilegal de oro.

La hipótesis plantea una problemática que excede el caso particular del secuestro: la posibilidad de que determinadas estructuras empresariales sean utilizadas para canalizar recursos y participar en contrataciones estatales.

Según el rastreo realizado, la familia materna de Jenss Lara Tantaquilla llegó a concentrar contratos con el Estado por un monto acumulado superior a S/11 millones. Esta cifra encendió las alertas y motivó el interés de las autoridades, incluida la Fiscalía de la Nación, que viene siguiendo las diferentes aristas que podrían estar relacionadas con este entramado.

La magnitud de los montos resulta particularmente significativa debido a que las empresas involucradas presentan vínculos familiares que se repiten en diferentes sociedades y procesos de contratación.

¿Cómo se distribuyeron los contratos entre las empresas de la familia Tantaquilla?

Los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) permitieron identificar a distintos integrantes de la familia dentro de empresas que participaron en contrataciones con entidades públicas.

Uno de los casos corresponde a Luis Steven Campos Tantaquilla y Yimi Gerardo Rojas Tantaquilla, identificados como primos hermanos del minero secuestrado. Ambos figuran vinculados a Constructora Ohana S.A.C., compañía que acumuló contratos por aproximadamente S/3 millones 786 mil en el municipio de Chillia.

El nombre de la familia también aparece en otra empresa: Tantaquilla Contratistas S.A.C., integrada por los tíos maternos Dora Tantaquilla Domínguez, Alberto Tantaquilla Domínguez y Yannino Tantaquilla Domínguez.

Esta compañía consiguió licitaciones públicas por más de S/1 millón 383 mil, sumándose así al conjunto de empresas vinculadas familiarmente que lograron acceder a recursos provenientes de contrataciones estatales.

El seguimiento empresarial también alcanzó a ESCOSEG S.A.C., compañía vinculada a Toni Rojas Tantaquilla, así como a Constructora e Inmobiliaria Consinperu S.A.C.

En este último caso, uno de los elementos que llamó la atención de las investigaciones fue la información relacionada con sus domicilios fiscales. Estos fueron declarados en el centro de Lima, aunque, según el rastreo realizado, no se habría podido comprobar actividad comercial en dichos lugares.

Especialista pide revisar posibles direccionamientos en las licitaciones

La coincidencia entre diferentes proveedores y determinados domicilios fiscales también genera interrogantes sobre la forma en que se desarrollaron los procesos de contratación.

La especialista en contrataciones estatales Johanna Rodríguez considera que este tipo de coincidencias requiere una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

El objetivo de una eventual fiscalización sería determinar si existieron direccionamientos, simulaciones de procesos de selección u otras prácticas destinadas a favorecer a determinados proveedores en el momento de otorgar la buena pro.

El secuestro de Jenss Lara y la disputa por el oro en Pataz

Más allá del aspecto empresarial, el caso tiene como telón de fondo la creciente violencia relacionada con la minería ilegal en Pataz.

El secuestro de Jenss Lara Tantaquilla expone, según las investigaciones, la pugna entre organizaciones criminales que buscan controlar determinadas zonas de explotación aurífera. La disputa por el oro y las rentas que genera esta actividad ha convertido a diferentes sectores de la provincia en escenarios de enfrentamientos y hechos violentos.

En ese contexto aparece también la dimensión política. La vinculación de personas cercanas a la familia Tantaquilla con contrataciones realizadas durante la gestión del candidato regional Aldo Carlos Mariños generó cuestionamientos.

La exautoridad edil, sin embargo, negó haber tenido conocimiento directo sobre las contrataciones otorgadas a allegados del empresario minero. La investigación también recuerda que Jenss Lara Tantaquilla ya afrontaba antecedentes legales desde 2020, cuando la Fiscalía de la Nación lo incluyó en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones con mineral de origen ilícito.

Familia rechaza vínculos con actividades ilegales

Ante los cuestionamientos surgidos alrededor de las empresas y contrataciones, Eleuterio Lara, padre de Jenss Lara Tantaquilla, rechazó públicamente que los ingresos económicos de sus hijos provengan de actividades irregulares.

El padre de la víctima también negó que esos recursos hayan servido para financiar o sostener los contratos estatales que aparecen vinculados a personas de su entorno familiar.

Sin embargo, uno de los elementos que mayor atención ha generado es precisamente la aparición de Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, quien era parte del equipo de seguridad de Jenss Lara y, al mismo tiempo, figuraba formalmente como representante legal de un consorcio que obtuvo una contratación pública.

¿Qué relación existe entre los contratos públicos y el caso del secuestro?

Las autoridades deberán determinar si los vínculos empresariales identificados tienen una relación directa con el secuestro de Jenss Lara, el asesinato de su agente de seguridad y las disputas por el control de la minería aurífera en Pataz.

Por ahora, las coincidencias encontradas forman parte de una investigación más amplia y no permiten establecer automáticamente que todos los involucrados hayan cometido delitos.

Lo que sí aparece como un elemento central es la concentración de contratos públicos millonarios, la participación de familiares en distintas empresas y la existencia de personas que, pese a desempeñar determinadas funciones para el empresario secuestrado, también aparecen formalmente relacionadas con compañías que contrataron con el Estado.

El monto acumulado de los contratos identificados —más de S/11 millones vinculados a empresas de la familia materna— convierte este caso en un asunto que trasciende el crimen ocurrido el 30 de agosto.

El director Andrés Felipe Velásquez dio a conocer los resultados de las acciones que se han adelantado desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad que dirige desde agosto de 2026. El director se enfocó en incautaciones y aprehensiones que se han ejecutado en apenas un mes.

“En un mes hemos realizado operativos en naturaleza aduanera, donde hemos aprehendido mercancías valoradas en más de $30.000 millones, que en proporción a lo que se ha hecho durante el año, es el mes donde más se ha realizado incautaciones y aprehensiones”, precisó el funcionario.

Las diligencias que ha desarrollado la Dian también incluyeron la aprehensión de drones utilizados por los grupos armados para atacar a la fuerza pública en distintas zonas del país. Según Velásquez, ahora se está articulando un grupo élite en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el cual será liderado por mujeres, que se encargarán de tener “una lucha frontal contra el contrabando”.

El primer mandatario, por su parte, resaltó el hecho de que, por primera vez, la dirigencia de la Polfa esté conformada por mujeres. “Donde hay mujeres, hay más responsabilidad, hay más patriotismo y hay más honestidad (...). Aquí no vamos a permitir que los carteles que siempre han manipulado la acción del Estado puedan meter sus sucias manos en este gobierno”, detalló el director de la Dian.

Por otro lado, el jefe de Estado informó que desde la Dian también se adoptaron medidas frente al ingreso de maquinaria amarilla, puesto que está siendo utilizada de manera irregular en las zonas del país donde hay actividades mineras ilegales que afectan el ecosistema.

De acuerdo con Andrés Felipe Velásquez, “mediante acto administrativo se va a restringir los lugares de ingreso en maquinaria amarilla y partes con las cuales puedan fabricar maquinaria amarilla”. Asimismo, según el funcionario, también se va a generar una restricción en el ingreso al país de partes de drones y de elementos como precursores químicos.

Además, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que solo se podrá importar maquinaria amarilla a través de los puertos de Cartagena y Bogotá. “Se acabó la vagabundería. Estamos decididos a atacar ese flagelo”, dijo.

Cambios establecidos en las seccionales de la Dian

El director de la Dian informó sobre la toma de otras medidas para mejorar el funcionamiento de la entidad. Las seccionales de la Dian que están ubicadas en puertos y ciudades limítrofes serán manejadas por miembros activos de la fuerza pública. Esas personas son oficiales de grados superiores, que estarán acompañadas de un grupo élite; su tarea será combatir el contrabando y la evasión.

Para ello también se contará con cooperación internacional, lo que contribuirá a que las personas involucradas en casos de contrabando sean incluidas en procesos judiciales de otros países. “Hemos venido trabajando muy articuladamente con los Estados Unidos, con la embajada estadounidense, con CBP, con HCI”, aclaró.

De la Espriella indicó que las seccionales también van a ser manejadas por mujeres. De la mano de las uniformadas, el Gobierno espera fortalecer la lucha contra el contrabando, proteger los recursos y resolver algunas de las problemáticas que más aquejan a la población. Por eso, aseguró que combatirá a las organizaciones criminales que se dedican a esa actividad ilícita.

“Vamos por todas las mafias, llámese “Pitufo” o “Gargamel”; todos van a caer sin ninguna consideración. Aquí no se va a proteger a nadie. Vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, dijo.

Además, reveló que se va a abrir un programa de fiscalización para poner la lupa sobre personas que, siendo residentes fiscales en Colombia, deben declarar criptoactivos que tienen fuera del país. Esto, debido a que hay altas cifras de evasión en materia de criptomonedas.

El río Nanay, la fuente principal de agua para la ciudad de Iquitos y su cuenca estaría en peligro. El avance de la minería ilegal en la zona amenaza no solo la calidad del agua, con el uso de mercurio en estas operaciones, sino también los recursos pesqueros, la salud de los ciudadanos y la seguridad de las comunidades indígenas que defienden este territorio.

Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), realizado en seis comunidades de los ríos nanay y Pintuyacu, encontró que el 79% de las 273 personas evaluadas superó el valor de referencia de la OMS para mercurio en el cabello, y 37% se encontraba en el rango alto de riesgo. La Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (Conaccunay) proyecta el impacto a nivel regional.

“Son miles en la zona alta del Nanay que se verían afectadas. Y como el río fluye es todo [Iquitos] en realidad. Medio millón de personas se verían [contaminadas con mercurio]. Porque nosotros consumimos el agua, nosotros tomamos y nos bañamos con esas aguas”, alerta Erick Braga, asesor del Conaccunay, a Infobae Perú.

El río contaminado

Antes el agua del río Nanay era más clara y se podía ver lo oscuro de la vegetación del interior, recuerda Erick Braga. “Ahorita ya son aguas más turbulentas. En estos momentos, el río ya es un agua blanca. Eso es un indicador que se están moviendo cantidad de sedimentos”, agrega.

Se trataría de un impacto que se ha visto en los últimos 20 años. “Esto se inició más o menos en el 2001, 2002. Empezaron las primeras reacciones al tema de la minería ilegal. Entonces, en los últimos años, desde 2020, han habido una frecuencia de dragas que empezaron a entrar. Es decir, se lo que ahora ya se ve en Madre de Dios, pero en pequeño”, opina Braga.

Lo que sugiere el asesor de la Conaccunay es que si bien la contaminación en las aguas del río Nanay no está empezando, si que ya está en una etapa crítica, la magnitud todavía sería más manejable que comparada al impacto en zonas más emblemáticas (negativamente) como Madre de Dios. Todavía el gobierno puede atender la situación y evitar mayores daños a largo plazo.

Para Iquitos, interactuar con las aguas es casi inescapable. La dieta de la región se basa ampliamente en el pescado, la zona es una de las más calurosas del Perú y motiva a la gente a asistir a las playas masivamente y el mismo río es fuente para mover la economía de la región. Todo quien quiera progresar y vivir necesita del agua, la economía local está atravesada por sus cuerpos de agua.

Una alerta sanitaria, ambienta y económica

Pero si bien ya hay casos numerosos de contaminación con mercurio en personas, el impacto no solo es en la salud de los ciudadanos —que en si mismo implica un impacto en la capacidad de las personas en trabajar, producir, estudiar; es decir, en aportar al país—.

Se trata de un impacto también en las actividades económicas que dependan del agua, en el mismo impacto ambiental del río y del ecosistema que subsiste con este.

Frente a esto, la Conaccunay ha logrado reuniones con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Producción (Produce) y el del Ambiente (Minam). También con la Sernanp, Oefa, Minsa y Minedu. Es un tema multisectorial.

Si bien hay compromisos desde el gobierno central, la Conaccunay, espera mayor celeridad en afrontar este emergencia. Desde el gobierno, se ha prometido que en octubre se daría lugar a una reunión de trabajo para ver el tema. Pero igual es necesario una acción pronta, sobre todo cuando el tema sería más manejable, y no involucraría destinar tanto más presupuesto o dinero para solucionarlo, como si sería si se deja para luego.

La falta de alternativas económicas y la expectativa de obtener ingresos rápidos empujan a decenas de personas a la minería ilegal de oro en Cuba, una actividad prohibida por el Estado que se extiende en áreas rurales de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila. El fenómeno combina explotación clandestina, presión sobre recursos estratégicos, riesgos ambientales y episodios de violencia vinculados a la delincuencia.

Según un reportaje publicado por Havana Times, pequeños grupos de mineros excavan pozos en busca de vetas auríferas, pese a que la legislación cubana reserva la extracción de oro para proyectos autorizados. El metal es considerado un recurso estratégico y las licencias suelen concentrarse en compañías estatales o empresas extranjeras.

Uno de los focos está en Guáimaro, municipio del este de Camagüey, donde abundan los relatos de jóvenes que abandonaron actividades tradicionales para buscar oro. En una zona de fuerte tradición ganadera, palas, picos y zarandas reemplazaron en algunos casos al trabajo con ganado, cuyo control está sujeto a regulaciones estatales.

El principal incentivo es el valor del mineral. Un minero identificado como Jesús afirmó, según la Havana Times, que el gramo de oro refinado puede venderse por más de 60,000 pesos cubanos, una suma superior a 80 dólares. Incluso una jornada con una extracción menor puede dejar cerca de 3,000 pesos por trabajador.

Jesús, originario de Guantánamo y residente en Guáimaro desde hace tres años, forma parte de un grupo de cuatro personas que trabaja cerca del río Jobabo, en la frontera entre Las Tunas y Camagüey. Antes había participado en explotaciones clandestinas en El Pilar, un campo del municipio avileño de Baraguá.

El antecedente de Ciego de Ávila expone la dimensión de la respuesta oficial. Jesús relató que perdió sus herramientas durante un operativo policial contra una mina que comenzaba a producir. Más de 300 personas fueron detenidas en aquella redada, que ocurrió antes de una visita del ministro de Energía y Minas, Vicente La O Levy, a la zona.

La presencia estatal no ha eliminado la actividad. Los grupos buscan sitios alejados y acuerdan con propietarios rurales el alquiler de terrenos. Algunos dueños exigen pagos en efectivo; otros reclaman una parte de la extracción. Son pactos informales, sin documentación ni mecanismos legales para exigir su cumplimiento.

Golden Hill concentra los proyectos formales en Las Tunas

Mientras la explotación artesanal se multiplica fuera de la ley, el principal proyecto establecido bajo la normativa vigente es Golden Hill, en el municipio tunero de Jobabo. Sus instalaciones comenzaron a operar a inicios de la década de 2010 como parte de un convenio de cooperación entre Cuba y Venezuela.

El yacimiento se encuentra a unos 20 kilómetros de la zona donde trabajan grupos informales. La cercanía alimenta entre los mineros la expectativa de que existan reservas adicionales en los alrededores, aunque no hay información oficial que confirme la cantidad o calidad de los depósitos que buscan.

Durante una visita en 2023, La O Levy convocó a dialogar con comunidades de Ciego de Ávila y otras provincias del centro-oriente donde se detectaron yacimientos ilegales. El objetivo oficial era reducir esos episodios, preservar las reservas para su explotación regulada y aumentar los ingresos del país.

La cartera de oportunidades para inversión extranjera incluye decenas de proyectos ligados a la minería. Entre ellos figuran yacimientos de pórfidos de cobre y oro en Ciego de Ávila, una ampliación de Golden Hill para incorporar cobre y una propuesta para extraer sulfuros de oro en Florencia-Maclama, en la frontera entre Las Tunas y Camagüey.

La delincuencia y el mercurio suman riesgos a la extracción clandestina

La ilegalidad deja a los mineros sin posibilidad de recurrir a la policía cuando sufren robos o agresiones. En Guáimaro, algunos grupos establecieron turnos nocturnos para vigilar las herramientas y el material extraído. En momentos de mayor tensión, los trabajadores permanecieron en parejas y con machetes o piedras para protegerse.

Un habitante citado por Havana Times sostuvo que el crecimiento de la actividad trajo conflictos, carreras de motos, consumo de alcohol y disputas en bares de la localidad. El escenario contrasta con las décadas de 1960 y 1970, cuando una explotación estatal de oro en Flor de María dejó viviendas, una guardería y obras de infraestructura antes de cerrar en los años 80 por el agotamiento de la veta.

También persiste el riesgo de contaminación. En el proceso artesanal, los mineros lavan y tamizan la tierra para obtener una mezcla a la que agregan mercurio, conocido localmente como azogue, para separar el oro. En zonas como Flor de María existen pozos vinculados al abastecimiento de agua y a infraestructura ganadera, por lo que una eventual filtración podría afectar recursos esenciales para Guáimaro.

Las autoridades policiales atribuyen el crimen a una disputa territorial entre estructuras vinculadas a la minería ilegal en Pataz, la provincia liberteña conocida por la magnitud de su extracción aurífera informal.

Por la dinámica del ataque y el tipo de armamento empleado, los investigadores descartaron que el homicidio respondiera a un conflicto patrimonial o pasional. La hipótesis que gana fuerza apunta a un ajuste de cuentas, o una acción de reafirmación de hegemonía criminal entre bandas.

Armas Villalobos arrastraba tres expedientes fiscales por presuntos delitos de perturbación del funcionamiento de servicios públicos, usurpación agravada y hurto simple. Dos de esos casos se encontraban en investigación preliminar, mientras que el tercero tenía una impugnación ya resuelta por una fiscalía superior.

Disputa por la minería ilegal

Pataz concentra un negocio de extracción de oro que combina operaciones legales e ilegales y que, según las cifras policiales, mueve millones de soles diarios. La disputa por ese circuito económico ha convertido a la provincia en un escenario de violencia recurrente entre organizaciones que buscan el control territorial de los yacimientos y las rutas de comercialización del mineral.

Armas Villalobos contaba con protección de la organización criminal que lidera el sujeto conocido como alias Cuchillo, quien se encuentra recluido en Colombia y en proceso de extradición hacia el Perú. La policía lo señala como principal sospechoso del asesinato de trece trabajadores de seguridad ocurrido en un socavón de Pataz en abril del año pasado.

La policía maneja como hipótesis que el crimen fue ejecutado por estructuras rivales de la que lidera alias Cuchillo. Sin embargo, no descarta la presencia de otros sicarios o líderes que estaría en busca de su deceso.

Cámaras de seguridad graban minutos después del ataque

Las cámaras de seguridad del restaurante Fonseca, en la urbanización California de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, captaron los instantes posteriores al ataque contra Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz. Las imágenes muestran a la víctima tendida en la vereda mientras un grupo de personas la auxilia, tras recibir al menos cuatro impactos de bala pese a que vecinos reportaron haber escuchado alrededor de seis detonaciones.

Los mismos transeúntes trasladaron a Armas Villalobos, de 35 años, en un automóvil particular hacia la clínica SANNA al advertir que aún presentaba signos vitales, pero murió horas después a causa de las heridas. Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron al lugar para recoger casquillos de bala y revisar una camioneta roja estacionada cerca de la escena, además de las cámaras de videovigilancia del sector para reconstruir la ruta de fuga de los atacantes.

El abogado penalista Greco Quiroz denunció este martes que colocaron una bomba cerca de su vivienda, poco después de anunciar que participaría en el programa Beto a saber de Willax para hablar sobre sus investigaciones sobre minería ilegal y violencia en Pataz (La Libertad).

Quiroz mostró durante la transmisión en vivo los mensajes que, según explicó, había recibido de un vecino a través de WhatsApp para alertarlo sobre la intimidación. El aviso, especificó, le llegó mientras ingresaba al estudio de televisión.

El jurista, quien también lideró la Comisión de Energía y Minas de La Libertad, había cuestionado previamente al exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional, Aldo Carlos Mariños, a quien vinculó con el secuestro de un empresario minero en un ataque en el que fueron asesinados sus cuatro acompañantes.

Mariños ha negado que el testigo que trasladó a uno de los presuntos autores del ataque contra el empresario Jenss Lara trabajara como personal de seguridad suyo. Sin embargo, un nuevo testimonio volvió a vincularlo con la trama, según un documento difundido días atrás por Epicentro TV.

El nuevo declarante afirmó que desde hace aproximadamente un mes y medio prestaba “su servicio” al candidato a gobernador a cambio de un pago mensual de 300 soles, una contradicción que también fue objetivo de crítica por Quiroz.

“Yo tengo 26 años de abogado y tengo muchas fuentes (...) porque también he dirigido ese rubro, tenemos fuentes. Yo tengo fuente policial y tengo fuente fiscal. (...) Lo que digo lo tengo fundamentado”, señaló.

El abogado reconoció además que hablar públicamente sobre estos asuntos suponía un peligro. “Sé que estar aquí (...) y decir estas cosas es un riesgo, pero si no lo decimos, si nos quedamos callados y permitimos que ingrese la plata de la minería ilegal, que financia campañas millonarias”, señaló.

Añadió que, a su juicio, la presunta influencia de la minería ilegal en la política ya se refleja en las instituciones y las próximas elecciones. “Hoy tenemos diputados de la minería ilegal, tenemos senadores de la minería ilegal y vamos a tener ahora gobernadores de la minería ilegal”, sostuvo.

“Eso no lo podemos permitir. Tenemos que decir las cosas y que el pueblo, ojalá, reaccione, porque todo el mundo se muere de miedo. Todos”, agregó al referirse a la aspiración de Mariños de llegar al Gobierno Regional de La Libertad en las elecciones de octubre.

Pataz es un enclave marcado por la actividad minera informal y delictiva, declarado en emergencia por el Gobierno debido a la presencia de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías, una zona donde ya se han registrado graves episodios de violencia, como la matanza de trece personas que presuntamente resguardaban una de las bocaminas, ocurrida en abril de 2025.

Lara y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se desplazaban el pasado domingo por el centro de Trujillo después de salir de una discoteca cercana, cuando fueron interceptados por un grupo de atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Según testigos, los agresores vestían uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco). Entre las cuatro personas asesinadas se encontraba la pareja sentimental del empresario.

Una disputa por el control de la seguridad vinculada a la extracción de oro en Pataz aparece como una de las hipótesis alrededor de los crímenes ocurridos en Trujillo, entre ellos el secuestro del minero Jenss Lara, el asesinato de sus cuatro acompañantes y el homicidio de Homero Baldemar Armas Villalobos.

De acuerdo con un reportaje de Contra Corriente, las investigaciones y los testimonios recogidos alrededor de estos hechos conducen a Pataz, localidad de La Libertad donde conviven actividades de minería formal, informal e ilegal. En ese escenario, las organizaciones criminales Los Pulpos y La Jauría se disputarían la protección de mineros y del oro que sale de la zona.

El caso de Jenss Lara cobró relevancia tras el secuestro ocurrido durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Según la Policía, el minero pagó dos millones y medio de dólares por su rescate. Sus cuatro acompañantes fueron asesinados en un operativo ejecutado por personas que se hicieron pasar por agentes policiales.

Para la Policía Nacional, Los Pulpos estarían detrás del secuestro. Una de las hipótesis apunta a que el ataque habría sido parte de una confrontación con La Jauría, agrupación que presuntamente brindaba protección a Lara y al oro procedente de Pataz.

El cambio de seguridad

El experto en temas de crimen organizado, Julio Corcuera, señaló a Contra Corriente que la principal línea de investigación se vincula con la rivalidad entre ambas organizaciones criminales.

“La hipótesis es esa, que al cambiar un empresario de seguridad han hecho un ajuste alrededor de estos por el secuestro”, afirmó Corcuera.

Consultado sobre si el empresario habría dejado la protección de Los Pulpos para pasar a La Jauría, el especialista respondió que esa era, aparentemente, la información que se conocía hasta ese momento. “Pero hay cosas todavía por revelar y encontrar ahí”, añadió.

Según el reportaje, el enfrentamiento entre ambos grupos tendría antecedentes. La Jauría existe desde 2010 y, entre 2014 y 2016, un trabajo policial permitió la desarticulación de tres organizaciones criminales. En ese período, La Jauría y Los Pulpos se integraron en una estructura denominada La Gran Alianza.

El crecimiento de la actividad minera y del valor del oro en la década de 2010 habría modificado ese escenario. Corcuera explicó que las organizaciones comenzaron a llegar a las zonas mineras como “chalecos” de los trabajadores, con funciones de protección.

Otra versión

El especialista en minería Iván Arenas planteó una hipótesis distinta sobre el secuestro. Según declaró a Contra Corriente, el caso podría estar relacionado con una deuda que Jenss Lara mantenía con Los Pulpos, organización liderada por Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson, quien fue capturado recientemente en Bolivia.

“Me parece que básicamente ha sido por un tema entre ellos, un saldo, una promesa. En fin, pero me parece que ha sido básicamente entre ellos dos”, sostuvo Arenas.

Jenss Lara figura con una inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo que permite desarrollar actividades de pequeña minería y minería artesanal en proceso de formalización. Según la información recogida en el reportaje, su registro estuvo activo hasta mayo y luego quedó suspendido.

Una fuente consultada por el programa precisó que esa condición no implica, por sí sola, que la actividad sea ilegal. “Según la ley no puede ser ilegal, pero sí tiene un registro suspendido. Probablemente está en un proceso de subsanación”, indicó.

El reportaje señaló que la minería ilegal mueve más de 12 mil millones de dólares al año en el país, una cifra que, según los entrevistados, supera a la del narcotráfico. La referencia corresponde a la producción de oro ilegal e informal.

El asesinato de Homero

La madrugada del pasado lunes, Homero Baldemar Armas Villalobos fue asesinado a balazos frente al restaurante Fonseca, en la urbanización California, distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo.

Armas realizaba actividades mineras en Pataz, según un documento mostrado por Contracorriente. Además, era hermano de Segundo Armas Villalobos, alcalde distrital de esa localidad.

El ataque ocurrió en plena vía pública. El crimen se produjo horas después de la renuncia del entonces comandante general de la Policía, el teniente general Óscar Arriola, en medio de cuestionamientos por la presentación de detenidos como presuntos autores materiales del secuestro y del cuádruple homicidio.

El informe también vinculó los casos con Parcoin, distrito cercano a Pataz donde, según los entrevistados, también se desarrolla minería ilegal.

Los testigos del caso

Otra conexión expuesta en el reportaje se relaciona con Gian Marco y Eliezer Medina, dos testigos que declararon ante la Fiscalía haber recogido a un falso policía durante la madrugada del ataque contra Gens Lara y sus acompañantes.

Según su declaración, el hombre sería venezolano y estaría entre los autores de los disparos contra las cuatro víctimas. Ambos testigos dijeron que trabajaban para Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato de Somos Perú al Gobierno Regional de La Libertad.

“En caso, este, estos testigos habrían trabajado con el señor, eh, Mariños. Entonces, ahí la conexión hacia Pataz es mucho más evidente”, afirmó una de las fuentes entrevistadas por el programa.

Mariños negó conocer a los hermanos Medina. Ante la consulta sobre Eliezer Abdías Medina y Gian Marco Javier Medina Mija, respondió: “No les conozco”.

Cuando se le preguntó por qué los testigos aseguraron que trabajaban para él, el exalcalde sostuvo: “Esa respuesta tendrán que darlo ellos, por qué han dicho que trabajan para mí”.

Tropas de la Séptima División del Ejército Nacional, en articulación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Armada de Colombia y la Fiscalía, intervinieron 11 unidades productoras mineras que estarían operando de manera ilegal en zona rural del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

La operación ofensiva estuvo dirigida contra las finanzas ilegales del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente contra la Subestructura Yeison Leudo Chaverra, señalada de obtener recursos mediante la explotación ilícita de oro en esta zona del departamento de Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los complejos mineros intervenidos estaban ubicados en el sector de Guarumo y funcionarían sin los permisos legales vigentes ni licencia ambiental. En el lugar fueron hallados e inutilizados de manera controlada varios elementos usados para la extracción ilícita de minerales.

Inutilizan dragas y combustible

Durante la operación, las tropas encontraron e inutilizaron 11 dragas artesanales tipo buzo y más de 50 galones de ACPM, elementos que eran empleados para la extracción ilegal de oro. Según el reporte, estos equipos tendrían un valor cercano a los $300 millones.

Las autoridades señalaron que este tipo de maquinaria es utilizada en actividades de minería ilegal que afectan los recursos naturales y sirven como fuente de financiación para estructuras armadas ilegales. Por eso, la intervención buscó frenar tanto el daño ambiental como el flujo de recursos hacia el Clan del Golfo.

La acción fue desarrollada como parte de las operaciones militares orientadas a combatir delitos ambientales en el Bajo Cauca antioqueño, una subregión donde las economías ilegales han sido identificadas como uno de los principales motores de financiación de organizaciones criminales.

El procedimiento incluyó la inutilización controlada de los elementos encontrados, con el objetivo de impedir que volvieran a ser empleados en actividades de explotación ilícita. Las autoridades no reportaron capturas en la información conocida, pero sí destacaron el impacto económico que tendría la operación contra la estructura señalada.

Golpe a rentas criminales

Según las investigaciones y la información aportada por inteligencia militar, con esta operación se dejarían de producir cerca de 5.500 gramos de oro mensuales, avaluados en más de $2.000 millones en el comercio. Esa cifra representa el golpe principal contra las rentas ilegales de la subestructura asociada al Clan del Golfo.

Las autoridades sostienen que la minería ilegal no solo genera afectaciones ambientales, sino que también alimenta las finanzas de grupos armados que operan en distintas zonas del país. En este caso, el objetivo era afectar directamente la capacidad económica de la Subestructura Yeison Leudo Chaverra.

El Ejército indicó que continuará intensificando las operaciones militares en la subregión para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros. La estrategia busca debilitar las fuentes de financiación de las estructuras que desarrollan actividades criminales en el Bajo Cauca antioqueño.

La intervención también tiene un componente ambiental. Las autoridades afirmaron que estas acciones buscan velar por la protección de los recursos naturales, afectados por actividades extractivas sin control, sin permisos y sin licencia ambiental.

El Bajo Cauca antioqueño ha sido señalado como una zona estratégica para las economías ilegales, entre ellas la minería ilícita. Por eso, los operativos contra maquinaria, combustible e infraestructura minera se han convertido en una herramienta para reducir la capacidad financiera de grupos armados organizados.

Con la inutilización de las 11 dragas y el decomiso de combustible, las autoridades aseguran haber propinado un golpe relevante a las finanzas del Clan del Golfo. Sin embargo, anunciaron que las operaciones continuarán para impedir que estas estructuras reactiven complejos mineros ilegales o trasladen su actividad a otros puntos de la región.

El dinero generado por actividades criminales puede terminar incorporándose a la economía formal una vez que atraviesa procesos de lavado de activos, lo que dificulta seguir su origen y eleva los riesgos para la transparencia, la competencia y la inversión. El fenómeno no es exclusivo de Perú y forma parte de una dinámica que se observa en distintos países de América Latina.

Así lo advirtió Juan Andrés Medel, investigador asociado de la Cátedra de Seguridad y Globalización del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien señaló que resulta complejo determinar con precisión cuánto dinero de origen criminal ya circula dentro de actividades aparentemente legales.

“El dinero, una vez que se logra ‘lavar’, se integra al sistema”, sostuvo durante el conversatorio “Economías ilícitas: el costo oculto para la competitividad y la inversión en América Latina”, organizado por la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias.

Según Medel, existen estimaciones que sitúan entre 3% y 4% del PBI de América Latina la proporción vinculada de alguna manera con la criminalidad organizada.

El crimen avanza donde el Estado no llega

Para Medel, la expansión de las economías ilícitas no puede analizarse únicamente desde una perspectiva policial. Parte del problema, explicó, se encuentra en territorios donde el Estado tiene una presencia limitada o no ha logrado garantizar servicios básicos, inversión y oportunidades laborales.

“Hay un desafío porque están utilizando espacios donde el Estado debió estar presente y no lo hizo, o lo hizo de mala forma”, señaló.

El investigador remarcó que las organizaciones criminales no necesariamente buscan confrontar directamente al Estado, sino aprovechar zonas donde las instituciones tienen escasa capacidad de control.

“¿Qué podemos hacer cuando el único que llegó a esas zonas fue la criminalidad organizada? No podemos culpar a esa población cuando el Estado no llegó a ofrecer educación, vivienda ni inversión”, afirmó.

Minería ilegal podría seguir expandiéndose en Perú

Uno de los focos de preocupación es la minería ilegal, actividad que en los últimos años ha ganado terreno en distintas zonas del país y que, según Medel, podría continuar expandiéndose.

“Yo sí diría que estamos ante un escenario que va a escalar. Estadísticamente, hemos estado observando que hay muchos grupos criminales que están más interesados y avanzando hacia la minería ilegal. Y esto probablemente va a estar muy ligado al precio del oro”, indicó.

El especialista precisó que el fenómeno no se limita al territorio peruano. Otros países de la región enfrentan problemas similares, especialmente en áreas alejadas de las capitales y con menores capacidades institucionales.

Su análisis apunta además a que la respuesta no debería concentrarse únicamente en operativos policiales o procesos judiciales. La ausencia de educación, inversión y empleo formal también puede facilitar que las economías ilícitas ganen espacio en determinados territorios.

Lavado de activos, corrupción y crimen organizado

Medel explicó que el lavado de activos y la criminalidad organizada están estrechamente relacionados, aunque no son fenómenos idénticos. El lavado también puede originarse en delitos que no necesariamente involucran a una organización criminal estructurada.

Sobre la corrupción, señaló que algunas investigaciones recientes han encontrado casos en los que el vínculo no comenzó porque una organización criminal buscó a un funcionario público, sino porque el propio funcionario acudió a estas redes.

“Fue que el funcionario público fue a buscar a la criminalidad organizada. Por ende, ya estaba corrompido previamente”, sostuvo.

El investigador también planteó mirar la corrupción en el sector privado, pues las empresas pueden ser utilizadas para lavar activos o canalizar flujos financieros ilícitos.

El costo económico de combatir el crimen

Para Medel, el problema también tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de desarrollo de América Latina. Según afirmó, la región destina siete veces más recursos a seguridad que a innovación, una comparación que utilizó para graficar el costo económico que supone enfrentar la criminalidad.

El especialista reconoció la necesidad de fortalecer fiscalías, unidades de inteligencia financiera y policías, pero advirtió que esos recursos terminan compitiendo con inversiones destinadas al crecimiento y la productividad.

Frente a ello, planteó reforzar los controles de integridad y probidad tanto en el sector público como privado, además de mejorar la coordinación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil.

La discusión reunió a representantes de sectores como textil, metalmecánico, productos de consumo masivo y cigarrillos, así como investigadores, académicos y miembros del gremio industrial.

El Ministerio Público de Bolivia imputó formalmente a 18 personas, entre ellas 11 ciudadanos chinos y siete bolivianos, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego de un operativo contra la minería ilegal desarrollado en la localidad de Sorata, distante a unos 150 kilómetros de La Paz.

La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva para todos los acusados mientras avanza la etapa preparatoria de la investigación. La medida fue planteada ante la existencia de posibles riesgos de obstaculización y fuga, especialmente en el caso de los ciudadanos extranjeros.

La investigación se originó tras una intervención realizada el miércoles de la semana pasada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (Felcda) en el área minera Mercalani 2, perteneciente a la Cooperativa Nueva Vista.

Durante el operativo, las autoridades encontraron un campamento equipado con maquinaria moderna y otros elementos utilizados para la explotación de minerales. La AJAM estimó que la infraestructura y el equipamiento encontrados representarían una inversión cercana a los cinco millones de dólares.

Los funcionarios también hallaron combustible y material explosivo como cartuchos de dinamita, cordón detonante y fulminantes. Estos elementos fueron incautados y entregados a la Unidad de Bomberos para su resguardo, mientras se realizan los análisis y peritajes correspondientes.

Si bien la imputación fue sustentada provisionalmente en un artículo del Código Penal referido a la legitimación de ganancias ilícitas, el fiscal asignado al caso, Juan Uzeda, señaló que el delito precedente es la explotación ilegal de recursos minerales, relacionado además con posibles delitos ambientales.

Los investigadores también requisaron un vehículo en el que se encontraron recibos y facturas que, según el fiscal Uzeda, pueden aportar información para determinar a nombre de quién se encontraban los vehículos y cuál era su relación con las actividades desarrolladas en la zona.

En otro punto del área intervenida, identificado como Metalani 2, las autoridades encontraron un sector que cuenta con un trámite minero solicitado por comunarios. Durante la intervención se informó que esa zona habría sido ocupada por personas extranjeras, situación que fue puesta en conocimiento de las instancias correspondientes.

Bolivia es históricamente un país productor de minerales, en el que en las últimas décadas han surgido preocupaciones por la expansión de la minería ilegal y la explotación de recursos al margen de las autorizaciones y controles establecidos por el Estado.

Este tipo de actividades, presentes en distintas regiones del país, involucran, en muchos casos, a operadores extranjeros, además de bolivianos. Más allá del impacto económico y de la pérdida de recursos que supone para el Estado, la minería ilegal genera daños ambientales relacionados con la remoción de suelos, la deforestación y la contaminación de fuentes de agua.

Según la AJAM, en muchos casos la minería ilegal también se vincula con organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. En declaraciones recogidas por el medio Mongabay Latam, el director del organismo, Jaime Sanabria, señaló que en ese contexto la propagación de esta actividad supone un desafío de seguridad para el Estado. “La minería ilegal dejó de ser solo un problema administrativo y ambiental; ahora se ha convertido en uno que afecta la soberanía, la seguridad y la gobernanza”, afirmó.

La liberación del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31), secuestrado el fin de semana tras un ataque en Trujillo (La Libertad) que dejó cuatro personas asesinadas, habría estado precedida por el pago de 2,5 millones de dólares a los captores, según un informe difundido este jueves por el programa Contracorriente, de Willax.

De acuerdo con la información difundida por la televisora, que cita datos de la investigación, la familia de Lara habría negociado directamente con los secuestradores y conseguido reducir de 5 millones a 2,5 millones de dólares el monto exigido inicialmente por la liberación del empresario. El pago, siempre según el informe, se habría realizado en efectivo.

La investigación sostiene que un capitán de la Policía especializado en geolocalización habría servido de enlace para que la familia pudiera aproximarse a los secuestradores, aunque las gestiones se habrían desarrollado al margen de los canales oficiales.

El informe señala que la familia habría recurrido a uno de los socios del empresario para reunir el dinero exigido por la banda criminal ‘Los Pulpos’. Se trata de Ynocente Matos Anticona, “vinculado con el delito de minería ilegal en condición de integrante de la organización criminal por encargarse de la extracción y explotación del material aurífero, blanquear el material ilegal y neutralizar acciones de control”, de acuerdo con información expuesta en el reportaje.

De acuerdo con la información citada, este socio habría aportado la mayor parte de los 2,5 millones de dólares utilizados para concretar el rescate. La familia del empresario, por su parte, ha mantenido reserva sobre las circunstancias de su liberación y no ha confirmado públicamente el supuesto pago.

“Por el momento, nuestra familia ha decidido no dar ningunas, ninguna entrevista, ninguna declaración a la prensa. Mi hijo hablará el día domingo”, dijo su padre, Eleuterio Lara López.

“Si una organización criminal viene por ti, (...) es porque tiene un propósito (...) yo lo que quiero que ustedes investgien por su lado”, agregó.

Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado en plena vía pública de Trujillo durante la madrugada del domingo, cuando fue interceptado por un grupo de atacantes vestidos con uniformes policiales que asesinaron en el acto a sus cuatro acompañantes.

El hecho ocurrió cuando el empresario y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se movilizaban en un vehículo de alta gama, propiedad de un tercero, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado por los atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri), quienes llevaban uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), de acuerdo con testimonios recogidos tras el ataque.

El empresario había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

La reducción de lluvias, las altas temperaturas y la degradación ambiental están afectando la disponibilidad de agua en El Salvador. Para la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la situación adquiere una dimensión regional en la cuenca del río Lempa, que depende de los aportes hídricos de Guatemala y Honduras y enfrenta además el riesgo de nuevos proyectos de minería metálica.

Luis González, director de Gestión Ambiental de la UNES, recalcó que agosto fue el mes más seco desde 1971 y que durante ese período se registraron 15 récords de temperatura, según el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). A su juicio, la combinación de calor y falta de precipitaciones golpea los cultivos, la ganadería, los ecosistemas y las fuentes de agua.

Las declaraciones fueron hechas en el programa de radio de 105.3. González señaló que los efectos asociados al fenómeno de El Niño se suman a tendencias más amplias vinculadas con el cambio climático, con períodos secos más prolongados y lluvias concentradas en lapsos cortos.

El caudal de los ríos disminuye pese a episodios de lluvia intensa

El director ambientalista afirmó que, durante las últimas tres o cuatro décadas, las fuentes superficiales del país han reducido su caudal. “Todas las fuentes superficiales de agua en el país han disminuido su caudal, es decir, disminuyen el agua que transportan”, indicó.

Según González, la disminución responde a cambios en el régimen de lluvias, pero también a la deforestación y a la impermeabilización del suelo. Explicó que las precipitaciones intensas ya no permiten una recarga hídrica sostenida, pues gran parte del agua corre por la superficie y provoca inundaciones, derrumbes y arrastre de sedimentos.

“Hoy no tenemos ya temporal, lo que tenemos es que está nublado, pero llueve media hora muy fuerte y se para”, afirmó. Para el especialista, este patrón reduce la infiltración y limita la recuperación de acuíferos, ríos y quebradas.

El río Lempa representa un caso particular por su carácter trinacional. “Ha disminuido su caudal, pero dependemos mucho de Guatemala y Honduras para que se mantenga”, dijo González. Añadió que el Lempa aporta cerca del 60% del agua superficial disponible en El Salvador y abastece a una parte importante de la población.

La sequía impacta en la energía, la producción agrícola y el abastecimiento

La baja de los caudales también puede afectar la generación hidroeléctrica. González señaló que una menor disponibilidad de agua obliga a recurrir a otras fuentes, como combustibles fósiles, que pueden elevar los costos de producción de electricidad.

“Cuando disminuye la matriz en el tema hidroeléctrico, pues le aumentan el tema del búnker”, expresó. Aunque mencionó que el país cuenta con fuentes fotovoltaicas y geotérmicas, advirtió que la reducción de agua añade presión sobre el sistema energético.

En el sector agrícola, la sequía ha golpeado con mayor fuerza al oriente del país, en especial La Unión, San Miguel, el sur de Usulután y parte de Morazán. González afirmó que en esas zonas ya hubo pérdidas de maíz y frijol, mientras el ganado enfrenta falta de agua y temperaturas elevadas.

La minería en países vecinos aparece como un riesgo adicional

González advirtió que la conservación de la cuenca depende también de las decisiones que se adopten fuera de El Salvador. “Si allá desarrollan minería metálica, deforestan, pues va a haber cada vez menos agua que llegue por el río Lempa”, afirmó.

Mencionó el caso de la mina Cerro Blanco, ubicada en Guatemala, cerca de la zona de nacimiento del Lempa. Según explicó, la empresa que adquirió el proyecto prepara un nuevo estudio de impacto ambiental tras observaciones de las autoridades guatemaltecas. “Hoy por hoy está detenido, pero eso puede cambiar”, afirmó sobre ese proyecto minero en Guatemala.

En Honduras, indicó que existen proyectos mineros en la zona fronteriza que permanecen en fase de exploración. “Con solo uno podría afectar la cuenca del río Lempa u otras cuencas compartidas como Guascorán”, señaló González.

El secuestro de Jens Martin Lara Tantaquilla puso bajo la lupa el pasado empresarial del hombre de 31 años, quien fue raptado durante la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, La Libertad. El ataque, perpetrado por sujetos armados, dejó cuatro personas asesinadas y terminó con la liberación del empresario un día después.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, confirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cinco presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos tras las acciones desplegadas para ubicar al empresario.

Sin embargo, el caso también ha puesto bajo la lupa el perfil empresarial de Lara Tantaquilla. Reportes periodísticos señalan que su nombre aparece en una investigación fiscal relacionada con una presunta red dedicada a la extracción, acopio y transporte de oro de origen ilegal.

Lara aparece en una investigación por traslado de mineral

De acuerdo con información difundida por RPP y otros medios, una investigación fiscal iniciada en 2019 derivó en una operación policial realizada en 2020 contra una presunta organización denominada ‘Los Topos del Frío’.

La investigación estaba relacionada con el presunto traslado y comercialización de mineral aurífero utilizando documentación vinculada al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) de mineros informales o inactivos.

Lara Tantaquilla apareció dentro de las pesquisas debido a que uno de sus vehículos fue relacionado con el traslado de material aurífero.

Según reportes periodísticos, posteriormente la acusación en su contra fue archivada debido a que la Fiscalía determinó que el mineral hallado en uno de sus camiones procedía de una bocamina legal.

Un camión vinculado a la investigación terminó en manos del Estado

Uno de los vehículos de propiedad de Lara que había sido utilizado durante aquella investigación tuvo posteriormente otro desenlace judicial.

Según la información difundida, el 25 de julio de 2025 el camión fue incautado en el marco de un proceso de extinción de dominio tramitado ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad y pasó a propiedad del Estado.

Sus vínculos con empresas mineras

Lara Tantaquilla también aparece relacionado con varias empresas constituidas en La Libertad entre 2015 y 2020.

Entre ellas figuran Minera Evil Genius S.A.C., Minera Miraflores y Milenium J y J S.A.C., esta última vinculada a una flota de vehículos.

Además, según registros del Ministerio de Energía y Minas citados en los reportes periodísticos, Lara figura como titular de la concesión denominada Consorcio Minero J y J, con una extensión de aproximadamente 200 hectáreas para actividades de extracción de minerales en Chillia, provincia de Pataz.

También aparece información sobre su situación en el Reinfo. Según registros oficiales, el empresario figura como excluido del registro, debido al incumplimiento de determinadas disposiciones relacionadas con la concesión de la empresa minera Miraflores, ubicada en Chillia.

¿Qué se sabe de su situación tras el secuestro?

Lara fue secuestrado durante la madrugada del domingo, cuando se desplazaba por Trujillo. Los atacantes interceptaron el vehículo en el que viajaba y asesinaron a cuatro de sus acompañantes.

El empresario permaneció retenido hasta el lunes, cuando finalmente fue liberado.

El ministro de Defensa confirmó que la Policía consiguió ubicar a los presuntos responsables a partir del seguimiento de comunicaciones. Según Belaúnde, los agentes utilizaron herramientas tecnológicas para triangular llamadas relacionadas con integrantes de Los Pulpos, incluida comunicación proveniente del extranjero.

A partir de la identificación de uno de los presuntos integrantes, los agentes lograron ubicar a otros miembros de la organización y concretar cinco detenciones.

Fiscalía pide reunir pruebas para los detenidos

El fiscal superior titular Jorge Chávez Cotrina señaló que los responsables del secuestro y del cuádruple asesinato podrían enfrentar cadena perpetua, dependiendo de los delitos que finalmente sean acreditados durante la investigación.

El representante del Ministerio Público explicó que la Policía debe reunir evidencias sólidas y científicas que permitan sustentar ante la Fiscalía una eventual solicitud de prisión preventiva contra los detenidos.

Consultado específicamente sobre las versiones que vinculan a Lara con investigaciones fiscales anteriores, Chávez Cotrina afirmó no tener conocimiento de que el empresario tenga actualmente una investigación en curso en la Fiscalía.

Por ahora, las pesquisas sobre el secuestro se concentran en identificar a todos los responsables del ataque, determinar la estructura detrás de la operación y establecer el móvil del crimen.

Las cámaras de seguridad ubican el inicio del ataque a las 2:47 de la madrugada, en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, una zona de discotecas en el centro de Trujillo. Lara Tantaquilla y sus acompañantes acababan de salir de un local de entretenimiento cuando una Toyota Hilux blanca con lunas polarizadas se detuvo detrás de su vehículo. Tres sujetos descendieron armados con fusiles de asalto, portando chalecos tácticos y cascos. Solicitaron documentos como parte de una intervención simulada. Cuando confirmaron que el empresario se encontraba dentro, abrieron fuego.

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Ministro de Defensa, Rafael, Belaunde, informó que empresario secuestrado fue liberado en Trujillo

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Velan restos de Farhad Monzón, estudiante de medicina de 20 años

Familiares y amigos se reunieron en el velatorio de Farhad Andrea Monzón Lingán, de 20 años, una de las cuatro víctimas del ataque perpetrado en la avenida Húsares de Junín durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla. Sus allegados la recuerdan como una joven “alegre, activa y cariñosa” que cursaba el séptimo ciclo de la carrera de Medicina y vivía junto a su madre, Maritza. Era hija única por parte de ambos padres. “Un sueño por delante, una vida maravillosa. No es justo que le arrebaten la vida así”, expresó una tía de la víctima, quien viajó desde la ciudad de Chepén para acompañar a la familia.

Los familiares de la joven, a quien sus seres queridos llamaban cariñosamente “Fara”, exigieron justicia y reclamaron a las autoridades que “pongan mano dura” contra los responsables y que “caiga todo el peso de la ley”. La familia precisó que Monzón Lingán no trabajaba y que no cuentan con información detallada sobre las circunstancias exactas en que se encontraba en el vehículo al momento del ataque. El pedido de justicia se extendió también a las otras tres víctimas mortales del violento operativo.

PNP confirma capturas por el cuádruple crimen y secuestro de Trujillo

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, confirmó que ya se realizaron capturas en el marco de la investigación por el cuádruple asesinato y el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla. El oficial aseguró que el caso “está bien avanzado” y que “los hechos se están esclareciendo”, aunque declinó ofrecer cifras sobre el número de detenidos ante la insistencia de los periodistas presentes.

Espinoza solicitó un plazo de dos horas antes de brindar una conferencia de prensa formal dirigida “a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía”. El general precisó que resta completar “una pequeña diligencia” antes de informar con detalle sobre los avances del operativo. La Policía Nacional del Perú no respondió a las preguntas sobre el monto del rescate —trascendidos apuntan una cifra de 50 millones de soles— ni precisó cuántas personas fueron detenidas hasta el momento.

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Las cuatro víctimas

Los cuatro ocupantes que permanecieron en el vehículo murieron en el acto. Fueron identificados como Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, quienes se desempeñaban como guardaespaldas del empresario; Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja sentimental de Lara Tantaquilla; y Nadia Edith Urtecho Rodríguez, quien se encontraba circunstancialmente en el vehículo porque iba a ser llevada hasta su vivienda. Según información preliminar, Urtecho Rodríguez era bachiller en Administración. La Policía aún no ha confirmado oficialmente la relación exacta de cada víctima con el empresario secuestrado. Familiares de los fallecidos exigieron justicia.

Los atacantes usaron armas con silenciadores, razón por la cual los disparos no generaron un sonido perceptible en las grabaciones. En el lugar se hallaron al menos siete casquillos de bala. Uno de los delincuentes permaneció algunos minutos en la escena e ingresó nuevamente al vehículo donde estaban los cuerpos; la Policía investiga si buscaba algún objeto, intentaba borrar evidencia o pretendía llevarse la camioneta. El intento no resultó efectivo: el sujeto abandonó el vehículo, escapó por la calle Isabel de Bobadilla, recorrió unas tres cuadras y fue recogido por otro automóvil.

Una operación de diez personas y tres vehículos

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que aunque las cámaras muestran directamente a tres hombres interviniendo en el ataque, la estimación policial apunta a la participación de unas diez personas y al menos tres vehículos. “Estos hechos graves son planificados”, afirmó el oficial, quien explicó que este tipo de organizaciones primero identifican a la víctima, luego realizan seguimiento y finalmente ejecutan el secuestro.

Espinoza Cuestas reveló además que la División de Secuestros de la PNP contaba con alertas previas sobre la preparación de un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. La institución notificó a personas consideradas posibles blancos para que adoptaran medidas de precaución, pero en ese momento no se conocía la identidad del objetivo. “Esto ya venía de hace tres meses”, señaló el jefe policial ante los medios.

Durante las diligencias, los investigadores localizaron prendas de vestir de Lara Tantaquilla abandonadas en la ruta de escape. Espinoza Cuestas explicó que los secuestradores suelen retirar la ropa de las personas capturadas ante la posibilidad de que porten dispositivos de rastreo. “Ya se encuentra también la ropa, las prendas de vestir de la víctima”, declaró el oficial, quien precisó que recibía fotografías de los hallazgos conforme avanzaban las acciones de búsqueda.

Un equipo especial de la División de Secuestros llegó a Trujillo para asumir las diligencias del caso y el contacto con los familiares del empresario.

Los Pulpos, en la mira

La hipótesis técnica de la Policía apunta a Los Pulpos como responsables del ataque. El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que esa línea de investigación toma en cuenta la modalidad del ataque —la simulación de operativos policiales—, las características de la víctima y los medios utilizados. Espinoza Cuestas también mencionó a La Jauría como otra organización bajo análisis, aunque aclaró que la autoría todavía no ha sido determinada y que las investigaciones continúan.

Revoredo señaló además que integrantes vinculados a estas organizaciones permanecen recluidos en establecimientos penitenciarios de Tacna, Chiclayo y Trujillo, y que la posibilidad de una planificación desde los penales forma parte de la investigación en curso.

Los Pulpos es una de las organizaciones criminales con mayor trayectoria en La Libertad. La PNP y el Ministerio del Interior han vinculado a sus integrantes con extorsión, secuestro, sicariato y atentados con explosivos. Uno de sus principales cabecillas identificados es Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, requisitoriado por robo agravado. En septiembre de 2024, el Gobierno elevó de S/75.000 a S/500.000 la recompensa por información que permita su captura. En febrero de 2026, el Ministerio del Interior informó la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda cuando, según la versión policial, pretendían atacar una discoteca de Trujillo con un artefacto explosivo.

El antecedente: el caso Iván Díaz Garrido

El modus operandi del ataque en Húsares de Junín replica un patrón ya documentado en Trujillo. El 23 de octubre de 2023, el empresario Iván Díaz Garrido fue secuestrado por un grupo que se hizo pasar por efectivos policiales, ingresó a su negocio y lo raptó con violencia. Permaneció once días cautivo y fue hallado con signos de tortura: le habían cercenado dos dedos y parte de las orejas.

Los responsables —José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert, esta última señalada como autora intelectual — recibieron condenas de cadena perpetua. En el proceso judicial, la declaración de la propia víctima, el material fílmico, las intervenciones telefónicas y el hallazgo de documentos personales en vehículos usados por los implicados resultaron fundamentales. El abogado de Díaz Garrido, Víctor Peralta, destacó la logística y el uso sistemático de uniformes policiales falsos como prueba de la existencia de una red con múltiples participantes y roles definidos.

Quién es el empresario secuestrado

Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, es natural de Chillia, en la provincia de Pataz. El vehículo en el que ocurrió el atentado, una Ford Bronco Raptor, está registrado a nombre de la empresa Millenium J&J S.A.C., dedicada al transporte de carga por carretera.

Lara Tantaquilla figura vinculado a compañías mineras con registros suspendidos ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y tiene antecedentes de detención por presunta pertenencia a una organización criminal de lavado de oro ilegal. Según el medio regional Conexión Norte, su nombre aparece asociado a la empresa Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., con domicilio oficial en Tarma, Junín, que inició actividades el 1 de abril de 2013 y registró su baja definitiva el 29 de abril de 2024.

También figura como propietario de la empresa minera Matwork, fundada en 2013 e investigada por la PNP por lavado de oro. La indagación culminó con su detención: era acusado de ceder su registro en el Reinfo para transportar mineral aurífero extraído por mineros ilegales con destino al puerto del Callao y, desde allí, a mercados de Europa y Asia.

Trujillo, tierra dominado por ‘Los Pulpos’

Sandro Espinoza, especialista en gestión de riesgo criminal, advirtió en declaraciones al canal 24 Horas que el fenómeno delictivo en Trujillo ha evolucionado hasta permitir que bandas como Los Pulpos actúen con niveles de violencia y coordinación alarmantes. Explicó que estos grupos logran operar bajo apariencia de legalidad porque acceden con facilidad a uniformes y accesorios policiales que se comercializan en sectores informales, y porque existe una relación entre elementos corruptos de las fuerzas del orden y las organizaciones criminales. “El problema es que ya los delincuentes actúan de manera coordinada con altos mandos de la policía. Es una realidad que nadie quiere aceptar y nadie quiere ver”, afirmó.

Agregó que la respuesta estatal resulta insuficiente, ya que las capturas suelen limitarse a los integrantes de menor jerarquía sin afectar la estructura central de las bandas.

Exigen la renuncia de Arriola

El atentado generó una reacción inmediata en el Congreso. La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado de “firme condena” al ataque y solicitó la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, argumentando “falta de resultados” en la lucha contra la delincuencia. “Exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”, se lee en el documento difundido el 30 de agosto.

El pedido de Renovación Popular coincide con una iniciativa presentada dos días antes por el bloque de Juntos por el Perú, que propuso habilitar mecanismos para que la presidenta o el Congreso puedan separar al comandante general de la PNP. La convergencia entre bancadas de derecha e izquierda en el reclamo de la salida de Arriola marca un giro inédito en la política de seguridad y añade presión sobre el Ejecutivo y la presidenta Dina Boluarte, quien hasta el momento ha evitado pronunciarse directamente sobre el futuro del jefe policial.

La respuesta de la Defensoría y del sistema educativo

La Defensoría del Pueblo saludó la decisión del Poder Ejecutivo de convocar una reunión de urgencia con integrantes del Gabinete Ministerial y destacó que el ministro del Interior, el ministro de Defensa y otras autoridades viajaron a Trujillo para atender la situación de manera directa. El organismo reiteró la urgencia de desarticular de manera efectiva las organizaciones criminales que operan en la ciudad y exigió que se garantice la pronta ubicación y liberación del empresario secuestrado.

En el ámbito educativo, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) dispuso que las actividades académicas de la institución educativa Virgen del Carmen, ubicada en el distrito de Alto Trujillo, se desarrollen de manera virtual hasta el viernes 5 de septiembre, como medida preventiva para proteger la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores. Las autoridades educativas coordinaron además el despliegue de efectivos de la PNP y personal de Serenazgo en los alrededores del plantel, y solicitaron ante el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) que se refuerce la vigilancia en todas las instituciones educativas de la región.

Las investigaciones continúan. La Policía mantiene como prioridad la ubicación de Jens Marty Lara Tantaquilla y la captura de los responsables del ataque más letal registrado en Trujillo en lo que va del año.

Perú exhibe cifras económicas favorables en minería, exportaciones que superan los US$21.000 millones y una cartera de inversión que bordea los US$64.000 millones. Pero ese optimismo convive con una amenaza que ningún plan de gobierno quiso nombrar con claridad durante la campaña: la minería ilegal e informal, que hoy constituye la economía ilícita más grande del país, por encima del narcotráfico.

En su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta sí se refirió al problema, en tono contundente, su gobierno usará las herramientas que le da la Constitución para recuperar los territorios tomados por la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado, con decretos de urgencia, facultades legislativas y modernización policial. Pero conviene no confundir un anuncio contundente con una política, la minería ilegal apareció diluida dentro de una estrategia general contra el crimen organizado, sin capítulo propio, y especialistas como Iván Arenas ya advirtieron que tampoco fue eje central del borrador de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo. Más llamativo aún, en un discurso con espacio para el crimen organizado, la presidenta no mencionó una sola vez al Reinfo, el mecanismo que la propia industria minera formal identifica como el principal “camuflaje jurídico” de la minería ilegal.

Ese silencio no es menor. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha sido más explícito, reconoció que, al renovarse el Congreso, la Ley MAPE “vuelve a foja cero”. Hasta ahí, razonable. Lo que preocupa es que, consultado sobre una eventual ampliación del Reinfo, no la descartó. De ahí que el primer reto de este gobierno sea de coherencia, no basta con hablar duro sobre crimen organizado si, en la letra chica de la política sectorial, se sigue abriendo la puerta a una nueva prórroga. Ya vivimos ese contraste con el reglamento de la Ley MAPE de mayo del año pasado, aunque el Minem argumentaba que el Reinfo dejaría de existir con la nueva norma, el propio texto sustitutorio que manejaba la Comisión de Energía y Minas seguía otorgando beneficios a los inscritos, prolongando su vigencia por la puerta de atrás.

Si el patrón se repite, la nueva Ley MAPE corre el riesgo de convertirse en un Reinfo con otro nombre.

El segundo reto es normativo, la ley necesita plazos definitivos, no vocación de permanencia. Cada requisito de formalización —titularidad de concesión, instrumento ambiental, contrato de explotación— debe tener fecha límite y consecuencias reales para quien no la cumpla.

Un proceso sin plazos, como ha sido el Reinfo, es una zona gris donde conviven, sin distinción, el minero que sí quiere ordenarse y el que usa el registro como licencia para extraer, transportar y comercializar mineral ilegal sin fiscalización.

El tercer reto es institucional: diferenciar con claridad la minería informal de la ilegal, con responsabilidades precisas para cada entidad del Estado. La formalización le corresponde al Minem, en coordinación con los gobiernos regionales; la persecución del delito exige articulación real entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial.

Pero si hay un punto donde este gobierno puede lograr un efecto multiplicador con relativamente pocos recursos, pero sí voluntad política, es el control de las plantas de beneficio. A diferencia de la extracción —dispersa en miles de puntos, muchos en zonas remotas—, el mineral extraído ilegalmente tiene que pasar, en algún momento de la cadena, por una planta procesadora antes de volverse un producto comercializable.

Son relativamente pocas, están identificadas, y son el cuello de botella natural de la economía ilegal minera, quien controla las plantas de beneficio controla buena parte de la ruta del mineral ilícito. Por eso la trazabilidad no debe pensarse solo desde la extracción, sino sobre todo desde el procesamiento, exigir condiciones técnicas y financieras para comprar y procesar minerales y acabar con la libre disponibilidad de minerales sin origen verificado. Si a esto se suma la articulación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Sunat para rastrear los flujos de dinero asociados a esas plantas, el Estado tendría, por primera vez, un punto de control real sobre una cadena que hoy se mueve casi con total impunidad entre la extracción informal y la exportación formal.

Los primeros cien días serán determinantes, no porque la Ley MAPE deba aprobarse en ese plazo —sería ingenuo pensarlo dado los procesos del nuevo Congreso—, sino porque ahí se verá si los anuncios se traducen en una propuesta firme, con las plantas de beneficio como punto de control central, o si el gobierno termina cediendo, una vez más, a la presión de ampliar el Reinfo.

Perú tiene una ventana de oportunidad minera excepcional. Pero se construye también puertas adentro, ordenando lo que durante más de una década hemos permitido que crezca en la informalidad y la ilegalidad. El nuevo gobierno tiene la evidencia, tiene el mandato y tiene la fecha límite del 31 de diciembre. Lo que todavía no sabemos —y lo dicho hasta ahora no despeja la duda— es si tendrá la voluntad política para no repetir los mismos errores.

El reciente secuestro y asesinato múltiple que sacudió Trujillo expuso nuevamente el “sello criminal” de Los Pulpos, una organización delictiva que simula ser la Policía Nacional del Perú (PNP) para ejecutar secuestros y asesinatos de empresarios mineros.

Según el general PNP Víctor Revoredo, la hipótesis técnica de la Policía Nacional apunta a esta banda criminal como responsable del violento ataque en el corazón de la ciudad, donde el empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado y cuatro de sus acompañantes ultimados a sangre fría.

De acuerdo con los videos del momento exacto del ataque difundidos en redes sociales, la madrugada del domingo 30 de agosto, Lara Tantaquilla, empresario vinculado a la extracción de oro en la provincia de Pataz, se encontraba a bordo de su Ford Bronco Raptor junto a su pareja, una amiga y dos guardaespaldas en la avenida Húsares de Junín, en pleno centro de Trujillo.

Aproximadamente a las tres de la mañana, una Toyota Hilux blanca, vehículo muy similar a los usados en operaciones policiales, apareció detrás del auto del empresario. De este vehículo descendieron cuatro sujetos armados con fusiles de asalto y portando chalecos del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), simulando un operativo oficial.

Los atacantes apuntaron a Lara Tantaquilla, lo bajaron de su camioneta, le colocaron esposas y lo subieron a la Hilux. Uno de los criminales se quedó con los ocupantes del Bronco Raptor, subió al vehículo y disparó contra las cuatro personas que permanecían dentro, asesinándolas en el acto. Uno de los atacantes intentó huir en la camioneta, pero la abandonó a pocas cuadras de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.

Un modus operandi

La PNP atribuye el crimen a Los Pulpos por el modus operandi: la simulación de operativos policiales para secuestrar y eliminar a sus objetivos. Este patrón ya se había observado en casos anteriores.

Un antecedente de alto impacto fue el secuestro de Iván Díaz Garrido, ocurrido el 23 de octubre de 2023. El también empresario fue secuestrado por un grupo que se hizo pasar por efectivos policiales, ingresó a su negocio y lo raptó con violencia. Permaneció once días cautivo y fue hallado posteriormente con signos de tortura, tras haberle cercenado dos dedos y parte de las orejas.

Los responsables de ese secuestro —José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert, esta última señalada como autora intelectual y aún prófuga— recibieron condenas de cadena perpetua.

En el proceso judicial, la declaración del propio Díaz Garrido, el material fílmico, las intervenciones telefónicas y el hallazgo de documentos personales en vehículos usados por los implicados resultaron fundamentales. El abogado de la víctima, Víctor Peralta, destacó la logística y el uso sistemático de uniformes policiales falsos como prueba de la existencia de una red con varios participantes y roles bien definidos.

La minería ilegal

En el actual caso de Trujillo, la investigación policial no descarta la vinculación del secuestro con la disputa territorial por el control del oro en la zona. El general Ricardo Espinoza declaró públicamente que bandas como Los Pulpos y La Jauría se disputan el dominio de la minería ilegal en el norte del país.

La violencia en la región ha escalado y los métodos se han sofisticado, incluyendo el uso de indumentaria policial, lo que dificulta la identificación de los verdaderos autores hasta por parte de los ciudadanos y las propias autoridades.

Expertos en gestión de riesgo criminal advierten sobre la facilidad con la que los delincuentes acceden a uniformes y accesorios policiales en el mercado informal. Además, señalan la existencia de estructuras criminales que superan la capacidad de respuesta del Estado, lo que permite a bandas como Los Pulpos operar con altos niveles de impunidad y violencia.

Sandro Espinoza, especialista en gestión de riesgo criminal, advirtió en diálogo con 24 Horas que el fenómeno delictivo en Trujillo y otras ciudades del país ha evolucionado, permitiendo que bandas como Los Pulpos actúen con niveles de violencia y coordinación alarmantes.

Espinoza explicó que estos grupos criminales logran operar bajo la apariencia de legalidad debido a la facilidad con la que acceden a uniformes y accesorios policiales, los cuales se comercializan libremente en sectores informales, y porque existe una preocupante relación entre elementos corruptos de las fuerzas del orden y las organizaciones criminales.

Agregó que la respuesta estatal frente a esta modalidad criminal resulta insuficiente, ya que las capturas suelen limitarse a los integrantes de menor jerarquía dentro de las bandas, sin afectar su estructura central. “El problema es que ya los delincuentes actúan de manera coordinada con altos mandos de la policía. Es una realidad que nadie quiere aceptar y nadie quiere ver”, afirmó. seguridad nacional y no solo como un problema de seguridad ciudadana.

Investigación en curso

Tras el ataque, el general Ricardo Espinoza reveló que la División de Secuestros de la Policía Nacional ya tenía alertas de un posible secuestro de gran magnitud en Trujillo y había recomendado a los potenciales objetivos que tomaran precauciones.Hasta el momento, el paradero de Jens Marty Lara Tantaquilla permanece desconocido y las diligencias continúan.

El caso pone en evidencia la sofisticación del crimen organizado en el norte del Perú y el riesgo que enfrentan empresarios vinculados a la minería. La reiteración del mismo patrón en casos de alto perfil, como el de Iván Díaz Garrido y el más reciente de Lara Tantaquilla, confirma la consolidación de un modus operandi que utiliza la apariencia policial para ejecutar secuestros y asesinatos, sembrando temor entre la población y dificultando la acción de la justicia.

El reciente secuestro en Trujillo de Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero en la provincia de Pataz, volvió a poner en el centro del debate público las conexiones entre la minería ilegal y supuestas estructuras de poder en el Perú.

Según los informes policiales, Lara Tantaquilla fue secuestrado la madrugada del domingo 30 de agosto en el corazón de la ciudad, en un hecho de violencia que las autoridades atribuyen a bandas que disputan el control del oro en la región.

El nombre de Jenss Lara Tantaquilla no es ajeno a las investigaciones judiciales sobre minería ilegal. En 2020, su nombre aparece en una investigacion que terminó en un megaoperativo liderado por la fiscalía contra la organización criminal conocida como Los Topos del Frío.

Esa organización, según la tesis del Ministerio Público, presuntamente se dedicaba a la extracción y comercialización ilegal de oro en la sierra de La Libertad, con ganancias que superaban los 12 millones de dólares mensuales.

Durante ese pasado operativo, la policía detuvo a varios presuntos integrantes y colaboradores del grupo, entre ellos empresarios y personas vinculadas a la cadena de exportación del oro.

El operativo incluyó la incautación de nueve barras de oro, con un peso total de 121,2 kilogramos, que se encontraban listas para su exportación. El proceso judicial posterior reveló una extensa red de empresas que, de acuerdo a la fiscalía, funcionaban como fachada para el blanqueo del oro extraído de manera ilegal.

Matwork y la ruta del oro

En este contexto, la empresa Matwork, vinculada a Jenss Lara Tantaquilla, fue incluida en la investigación por la presunta utilización de permisos de formalización minera para transportar y legalizar oro de procedencia ilícita.

Según Mongabay Latam, Matwork figuraba inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con concesiones en Chillá, y era señalada por medios especializados como una de las compañías usadas para dar apariencia de legalidad a cargamentos mineros.

Entre las pruebas destacadas por la fiscalía, se encuentra el seguimiento realizado en 2019 al transporte de 90 toneladas de mineral aurífero desde Trujillo hasta una empresa exportadora en Piura. Informes periciales y registros documentales sustentaron la hipótesis de que supuestamente parte de este mineral no provenía de fuentes formales ni de zonas con actividad minera legal establecida.

El oro incautado y devuelto

Uno de los capítulos más polémicos de la investigación fue la incautación y posterior devolución de algunas de las barras de oro incautadas, según reportó el diario La República.

El proceso judicial, que se extendió entre 2020 y 2023, estuvo marcado por apelaciones, peritajes y varias decisiones que favorecieron finalmente a las empresas reclamantes de la propiedad del metal. La República documentó que el oro incautado fue devuelto en tres etapas, luego de que los jueces consideraran que la mayor parte del mineral no tenía vínculo directo con los hechos investigados.

La empresa Las Lomas Doradas SAC, representada por Javier Augusto Miu Lei Siucho, y Minera Veta Dorada, representada por Héctor Francisco Gutiérrez Uriol, lograron demostrar ante las autoridades que el oro incautado había sido adquirido a mineros en proceso de formalización y que el mineral se encontraba en proceso de exportación con documentación respaldatoria.

Durante este proceso, la fiscalía argumentó que solo una pequeña parte del lote incautado mantenía indicios de procedencia ilícita, motivo por el cual se devolvieron progresivamente las barras a sus reclamantes.

Andrés Hurtado ‘Chibolín’

El caso judicial de Los Topos del Frío, como se denominó a la presunta organización intervenida en 2020, trascendió el ámbito empresarial y minero, cuando las investigaciones de la fiscalía señalaron la posible intervención de figuras mediáticas en la gestión de la devolución del oro.

El conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el penal de Lurigancho, fue mencionado en diversas investigaciones periodísticas por su supuesta participación como intermediario entre empresarios del sector y funcionarios encargados del caso.

De acuerdo a la investigación fiscal, la porción más cuestionada del oro devuelto habría sido entregada a la familia Miu Lei tras el presunto pago de un millón de dólares a Andrés Hurtado para facilitar la devolución.

Documentos judiciales citados por La República indican que la orden de devolución fue firmada por el fiscal Lucio Sal y Rosas, tras acreditarse el origen legal del metal. La investigación, sin embargo, mantiene en revisión el rol de Hurtado en el proceso y no ha vinculado hasta ahora de manera directa a Jenss Lara Tantaquilla ni a Matwork con ese episodio específico de devolución. Pero lo cierto es que su nombre sí aparece en el caso Los Topos del Frío.

Al menos 29 ciudadanos colombianos y dos panameños fueron aprehendidos durante agosto en tres operativos contra la minería ilegal ejecutados por el Servicio Nacional de Fronteras en Darién.

Las intervenciones permitieron localizar campamentos clandestinos, presunto oro, dragas, motobombas, municiones, pólvora y otros implementos utilizados para sostener las actividades extractivas.

Las acciones fueron desarrolladas por unidades de la 1.ª Brigada Oriental mediante el Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero. Los procedimientos se concentraron en sectores selváticos y de difícil acceso de la provincia, donde las condiciones geográficas pueden facilitar la instalación de estructuras alejadas de los principales centros poblados.

El caso más reciente ocurrió en el sector de Cañas Blancas, en Tuqueza, donde integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata para el Control Territorial ubicaron dos campamentos presuntamente utilizados para la extracción ilegal. En el lugar fueron aprehendidos tres ciudadanos colombianos: una mujer y dos hombres.

Durante la inspección, los agentes incautaron varios gramos de material identificado preliminarmente como oro. La cantidad exacta no fue revelada y deberá ser sometida a análisis para confirmar su composición y determinar su procedencia, antes de ser incorporada como evidencia dentro del proceso seguido contra los tres investigados.

En uno de los campamentos también fueron encontradas municiones de distintos calibres, pólvora y una motobomba, además de otros implementos logísticos. Senafront no informó si había armas de fuego en el sitio ni precisó para qué era utilizada la pólvora encontrada durante el recorrido de las unidades fronterizas.

Los materiales podrían ayudar a establecer cuánto tiempo llevaban funcionando los campamentos y qué capacidad operativa tenían. Las autoridades también deberán determinar si otras personas participaban en la actividad, suministraban equipos o recibían el mineral extraído antes de su posible traslado y posterior comercialización.

En una intervención anterior, unidades de la 1.ª Brigada Oriental aprehendieron a cinco colombianos en Caña Blanca, distrito de Cémaco. Los extranjeros fueron señalados preliminarmente por su posible vinculación con actividades de minería ilegal y remitidos, junto con los indicios, a las autoridades competentes.

En este segundo procedimiento fueron recuperados diversos gramos de presunto oro y una pesa digital. Ese objeto podría resultar relevante para establecer si el material era pesado o dividido en el lugar, aunque corresponderá al Ministerio Público demostrar su utilización y la relación que mantenía con cada uno de los detenidos.

Senafront no detalló si en Caña Blanca fueron encontradas dragas, excavadoras u otros equipos de extracción. Tampoco informó la extensión del área presuntamente intervenida, el tiempo que habría permanecido activa ni el volumen de material removido por las personas ubicadas durante la operación fronteriza.

El primer gran despliegue del mes se produjo el 18 de agosto en la cabecera del río Pito, en el norte de Darién. En esa zona fueron aprehendidos 21 ciudadanos colombianos presuntamente vinculados con minería ilegal, la mayor cantidad registrada dentro de los tres procedimientos reportados.

Los agentes encontraron campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros equipos empleados para remover sedimentos y buscar minerales. La presencia de 21 personas y maquinaria especializada evidencia una estructura con capacidad logística, aunque las investigaciones deberán individualizar la participación y responsabilidad de cada uno de los aprehendidos.

Las dragas permiten extraer y procesar sedimentos del fondo de ríos u otros cuerpos de agua, mientras las motobombas facilitan el movimiento del recurso. Su utilización sin controles puede modificar los cauces y aumentar la sedimentación, afectando la estabilidad de las riberas y la calidad del ecosistema acuático.

La minería ilegal puede provocar pérdida de vegetación, erosión y alteraciones en zonas utilizadas por especies silvestres. Sus efectos alcanzan a las comunidades que dependen de los ríos para abastecerse, pescar, transportarse o realizar actividades productivas, incluso después de que los campamentos sean abandonados.

En Panamá, la extracción ilegal puede ser procesada mediante el artículo 399 del Código Penal, que establece de tres a seis años de prisión para quien destruya, extraiga, contamine o degrade recursos naturales. La sanción puede aumentar cuando la conducta afecta áreas protegidas, humedales, ecosistemas costeros o cuencas hidrográficas.

Senafront aseguró que mantendrá patrullajes constantes para impedir la reapertura de los puntos intervenidos y proteger los recursos naturales. El reto incluye vigilar rutas de abastecimiento y traslado de maquinaria, debido a que la extracción clandestina necesita combustible, alimentos, equipos y mecanismos para movilizar el mineral obtenido.

La extensión de Darién, su cobertura selvática y la red de ríos dificultan una presencia institucional permanente. Estas características pueden ser aprovechadas para ocultar campamentos y trasladar suministros, por lo que las operaciones requieren recorridos prolongados, unidades especializadas y coordinación con las autoridades ambientales y judiciales.

Investigaciones señalan que las operaciones de minería ilegal en la frontera de Darién son financiadas por el Clan del Golfo, organización criminal colombiana que utiliza la extracción y comercialización de oro como fuente de ingresos para sostener sus actividades ilícitas.

El grupo proporciona recursos para maquinaria, combustible, alimentos y logística, mientras otras personas realizan la extracción en campamentos instalados en zonas selváticas y cercanas a ríos. El mineral obtenido puede ser trasladado y vendido mediante intermediarios, dificultando la identificación de su origen ilegal.

La inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas del país y golpea con especial intensidad a regiones como La Libertad. El nuevo Gobierno ha colocado a la lucha contra la inseguridad entre sus prioridades para el periodo 2026-2031, pero enfrentarla requiere también una respuesta coordinada con los gobiernos subnacionales, que tienen competencias relevantes en prevención, inversión y fiscalización. Por ello, a pocos meses de las elecciones regionales y municipales de octubre, será clave evaluar si los candidatos plantean propuestas concretas y viables para enfrentar este problema desde sus ámbitos de responsabilidad.

Inseguridad y respuesta del Estado

A nivel nacional, la inseguridad se ha deteriorado de manera sostenida en los últimos años. Entre 2020 y 2025, la tasa de denuncias aumentó de 2,126 a 3,593 por cada 100 mil habitantes, según datos del Ministerio Público. El incremento fue aún más pronunciado en delitos como la extorsión, donde la tasa de denuncias casi se multiplicó por diez, mientras que las de estafa casi se triplicaron.

En 2026, los niveles de inseguridad se mantienen elevados. A julio, la tasa total de denuncias alcanzó 2,082 por cada 100 mil habitantes, apenas por debajo de las 2,137 registradas en el mismo periodo de 2025. En algunas regiones, la situación es incluso más crítica: Madre de Dios presentó la tasa más alta del país (3,707), seguida de Lambayeque (3,390).

Pese al aumento de la inseguridad, los recursos destinados a enfrentarla se han reducido. En 2026, el presupuesto nacional para orden público y seguridad cayó por segundo año consecutivo: se redujo 4% en términos reales —descontando el efecto de la inflación— hasta S/17,173 millones.

La Libertad: extorsión y minería ilegal

La expansión de la extorsión a nivel nacional también se refleja en La Libertad. En 2025, las denuncias por este delito quintuplicaron lo registrado en 2019. Peor aún, entre enero y julio de 2026, la región alcanzó una tasa de 76 denuncias por cada 100 mil habitantes, la segunda más alta del país, solo por debajo de Tumbes (116). La incidencia de este delito es aún más crítica en algunos distritos: más del 60% de las denuncias se concentró en Trujillo, Chepén y El Porvenir.

El deterioro de la seguridad en La Libertad ocurre en un contexto de avance de la minería ilegal. En 2025, La Libertad registró 19 denuncias por minería ilegal por cada 100 mil habitantes, casi tres veces el nivel de 2020 y más del doble del promedio nacional (8). Además, desde 2012 se han reportado más de 700 operaciones financieras sospechosas vinculadas a esta actividad, la cuarta cifra más alta del país, por un monto acumulado de S/ 1,313 millones, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.

Recomendaciones

Frente a este escenario, los gobiernos subnacionales tienen un rol clave en la respuesta frente a la inseguridad. Los gobiernos regionales pueden coordinar acciones de seguridad, impulsar inversiones y fortalecer la prevención. Además, tienen responsabilidades de fiscalización sobre la pequeña minería y minería artesanal. De cara a las elecciones de octubre, será clave evaluar si las propuestas de los candidatos responden a estos desafíos y si cuentan con las capacidades necesarias para ejercer eficazmente sus funciones.

*Elaborado por Maylith Coronel, economista del IPE.

El Ministerio del Interior, mediante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), incautó aproximadamente 5,7 toneladas de materiales explosivos durante un operativo de control efectuado en la comunidad campesina de Unupulla, distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, en Cusco. La intervención permitió detectar un polvorín que operaba sin autorización vigente y presentaba condiciones que incumplían las medidas de seguridad exigidas para el almacenamiento de estos productos.

El despliegue se desarrolló con participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), y representantes del Ministerio Público. La acción formó parte de las labores impulsadas por el sector Interior para reforzar la supervisión de insumos destinados a actividades extractivas y evitar que sean desviados hacia circuitos clandestinos.

¿Qué materiales explosivos fueron incautados?

Durante la inspección, los agentes encontraron 200 cajas de emulsión, equivalentes a cinco toneladas. También fueron halladas cuatro cajas de dinamita, con un peso aproximado de 100 kilos; 26 cajas de mecha, que alcanzaban los 572 kilos; una caja de fulminantes, con 17 kilos; y dos cajas de cordón detonante, cuyo peso era de 10 kilos.

La revisión del recinto permitió establecer que el polvorín carecía de una autorización vigente otorgada por la Sucamec para conservar este tipo de productos. A ello se sumó otra irregularidad: los explosivos y los accesorios de voladura permanecían almacenados de manera conjunta, una situación que contravenía las disposiciones establecidas para reducir riesgos durante la manipulación y custodia.

Tres personas quedaron a disposición de las autoridades

Como parte del procedimiento, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades competentes. El cargamento decomisado fue trasladado hacia la ciudad de Cusco bajo estrictas medidas de seguridad, debido a la naturaleza de los elementos encontrados. En paralelo, la PNP y el Ministerio Público continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias relacionadas con la posesión y almacenamiento de los productos.

El superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero, resaltó el alcance de la intervención y sostuvo que este tipo de acciones permite reducir la posibilidad de que materiales controlados terminen en manos de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

“Estas acciones permiten retirar del circuito irregular materiales que podrían terminar siendo utilizados en actividades vinculadas a la minería ilegal”, afirmó Manay Guerrero. El funcionario agregó que, en este caso, se constató que los productos permanecían en condiciones que no cumplían con las exigencias de seguridad correspondientes.

La operación se suma a los controles que realizan las autoridades para identificar establecimientos que almacenan explosivos sin autorización o fuera de los parámetros establecidos. La fiscalización busca garantizar que estos insumos permanezcan bajo vigilancia y sean utilizados únicamente para fines permitidos por la normativa vigente, especialmente en zonas donde existe actividad minera.

Minería ilegal en Loreto se duplicó en dos años

La minería ilegal de oro aceleró su expansión en Loreto durante 2025 y 2026, según un reporte del proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), elaborado por Conservación Amazónica – ACCA y Amazon Conservation Association. En nueve años de vigilancia satelital se detectaron más de 1.500 dragas, de las cuales más de 700 fueron registradas en los últimos dos años.

La actividad se extendió a 13 ríos amazónicos, incluidos el Nanay, Marañón, Tigre y Putumayo. El Nanay concentra 421 detecciones y enfrenta además pérdida de bosques ribereños. En Saramiriza, unas 800 hectáreas de bosque fueron afectadas hasta junio de 2026. El informe advierte que los operativos resultan insuficientes y plantea combatir las redes que financian la actividad, fortalecer la presencia estatal y apoyar el monitoreo comunitario.

El consumo de pescado contaminado con mercurio expone a comunidades indígenas y ribereñas del río Madeira, en Brasil, a riesgos sanitarios persistentes. En estas zonas, históricamente, este alimento ha sido la base de la dieta.

Según informó Mongabay Latam, la situación afecta a poblaciones como Lago Puruzinho, Calama y el Territorio Indígena Karipuna, en áreas conectadas por el río Madeira, una de las rutas fluviales donde operan las dragas dedicadas a la extracción de oro.

Los investigadores de la Universidad Federal de Rondônia (UNIR) sostienen que el metal pesado liberado por la minería termina en el agua, pasa a los peces y luego se acumula en el cuerpo humano a través de la ingesta frecuente.

Poblaciones expuestas por años

En Lago Puruzinho, a unos 20 kilómetros de Humaitá, cerca de 170 habitantes consumieron durante décadas especies de pescado del lago sin conocer el alcance de la contaminación.

Los estudios de la UNIR documentaron que las concentraciones detectadas en habitantes de esa comunidad figuran entre las más altas registradas en la cuenca del Madeira y superan el límite de seguridad de la Organización Mundial de la Salud.

En esa zona se tomaron alrededor de 76 muestras en personas y más de 2.000 en peces, con resultados que mostraron niveles entre tres y 7 veces por encima del límite seguro.

El investigador Ronaldo De Almeida, coautor de varias de las publicaciones de la universidad, explicó que “el pescado es, lamentablemente, la principal vía de entrada para la ingestión de mercurio”.

También señaló que el riesgo mayor proviene del metilmercurio, una forma orgánica que se incorpora al organismo por la alimentación y cuya eliminación resulta muy limitada, lo que favorece su acumulación y eleva la posibilidad de daños neurológicos, cardiológicos y de orientación.

Qué muestran los estudios

La investigación reúne una base de datos con más de 7.000 muestras de la sustancia tóxica en humanos y más de 5.900 en peces, tomadas en ríos amazónicos de Perú, Bolivia y Brasil.

A partir del análisis de 39 estudios científicos publicados entre 1997 y 2024, se concluyó que habitantes de al menos 249 comunidades indígenas y ribereñas estuvieron expuestos a la contaminación durante 27 años.

Otras 702 localidades están en riesgo por su ubicación entre focos de minería ilegal y zonas donde ya se detectó presencia del metal en personas.

En el caso de Brasil, al menos 286 pueblos indígenas y ribereños desconocen cuánto mercurio tienen en el cuerpo y qué implica esa exposición sostenida.

En Calama, otra de las localidades relevadas, una investigación publicada en ScienceDirect encontró que la concentración promedio de metal en cabello de 34 personas alcanzó 9 miligramos por kilo, más de 4 veces por encima del límite de 2 mg/kg establecido por la OMS.

El impacto sobre el territorio Karipuna

En el Territorio Indígena Karipuna, de 153.000 hectáreas y habitado por 63 personas, el problema se suma a otros procesos de presión ambiental, como la invasión para tala y caza ilegal, además del avance de fincas ganaderas, soja y madereras en el entorno.

El líder Adriano Karipuna afirmó que la disponibilidad de la fauna acuática cayó con fuerza en los últimos años y que las especies que aún llegan presentan contaminación. “Hoy en día, si pescamos 4 peces en 6 horas, es mucho”, explicó.

Un estudio científico publicado en 2022 por PubMed analizó estos animales recolectados en ese territorio y detectó una concentración total de mercurio de 150 miligramos por kilo en tejidos de pirarucú (Arapaima gigas).

El 94% del metal pesado estaba unido a proteínas musculares, lo que preocupa por el consumo de esa carne. Este proceso ocurre por bioacumulación, cuando sustancias tóxicas se concentran en la cadena alimentaria y alcanzan niveles altos en depredadores.

“El mercurio tiene una gran capacidad de disolución en los tejidos. Es difícil que sea filtrado por los riñones o el hígado, mecanismos fisiológicos de filtración del organismo. Y así se va convirtiendo en parte de los tejidos de los peces”, desarrolló el profesor Eduardo Bessa, de la Universidad de Brasilia (UnB).

“Y consumimos la musculatura del pescado, uno de los tejidos más contaminados… Y no comemos [sólo] un pescado a lo largo de nuestra vida, los comemos varias veces”, indicó el profesor.

Respuesta oficial y vacíos en la atención

A fines de mayo de 2025, un operativo federal destruyó decenas de plataformas flotantes y equipos de succión en el área afectada, pero una semana después la actividad minera continuaba. Hubo otro operativo en septiembre de 2025, aunque el deterioro ambiental siguió.

El territorio brasileño es signatario desde 2013 de la Convención de Minamata, que fija reglas estrictas para el uso y comercio del mercurio. Pese a eso, el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático admitió que el país no cuenta con un plan sectorial vigente.

El Ministerio de Minas y Energía informó que el borrador del Plan Nacional de Acción para la Minería Artesanal y en Pequeña Escala de Oro permanecía en consulta pública hasta el 9 de septiembre.

La fiscalía federal cuestionó que en la elaboración inicial de ese plan no se consultara a pueblos indígenas, comunidades ribereñas, organizaciones civiles ni entidades socioambientales.

De las 1.145 personas entrevistadas, 1.051 eran mineros y 51 gerentes, lo que dejó fuera a poblaciones que sufren los efectos directos de la degradación ambiental.

El Ministerio de Salud reportó 30 casos de intoxicación por mercurio en Amazonas y 12 en Rondônia en los últimos 20 años, aunque aclaró que los datos corresponden a hospitalizaciones estatales y no específicamente a la región del Madeira.

También señaló que en 2025 lanzó un plan estratégico para poblaciones expuestas al metal y que la incorporación del medicamento DMSA o succímero al sistema público para tratar intoxicación aguda tiene plazo hasta diciembre.

El secretario general del gremio, Reynaldo Tuanama, confirmó que la paralización alcanzó un 95% de acatamiento durante la primera jornada y advirtió que, de no recibir una respuesta satisfactoria antes del vencimiento del plazo —previsto para la medianoche del miércoles—, los dirigentes evaluarán el paso a un paro indefinido. La medida reúne a unos 60 sindicatos, además de transportistas, colectiveros y organizaciones sociales de la región amazónica.

La protesta se concentró en el frontis del Gobierno Regional de Loreto, donde los manifestantes aguardaron la llegada de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La comitiva del Ejecutivo se hizo presente, pero los dirigentes rechazaron negociar con ella al considerar que sus integrantes carecían de rango y capacidad para tomar decisiones. “Nos están mandando representantes de segundo, de tercer y cuarto nivel. Eso no lo vamos a aceptar”, sostuvo Tuanama.

Los 26 dirigentes que encabezan el paro exigieron ingresar en bloque a la reunión con la delegación gubernamental. La postura fue tajante: si no entraban todos, no entraría ninguno. La CGTP también reclamó la presencia del premier Luis Galarreta o de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a quien emplazaron a presentarse en Iquitos con la misma disposición que mostró durante la campaña electoral. “Que baje y que diga: ‘Hoy soy la presidenta y quiero solucionar el problema en Loreto’”, reclamó el dirigente.

El combustible, en el centro del conflicto

El principal eje de la protesta es el precio de los combustibles, cuyo incremento ha golpeado de manera directa la economía de los hogares y el transporte en la región. El precio del balón de gas llegó a 80 soles, según denunciaron las propias amas de casa presentes en la movilización. La CGTP cuestionó el modelo de subsidio propuesto por el Gobierno, al que calificó de insuficiente por alcanzar solo al 10% de los usuarios.

La central sindical propuso que el beneficio se canalice a través de los propietarios de grifos para que la reducción de precios llegue a toda la población sin distinción. “Lo que nosotros queremos es que, antes de que este subsidio vaya a ese 10%, se entregue a los dueños de los grifos para que ellos bajen el precio del combustible y, sin discriminación, todos los loretanos podamos beneficiarnos”, explicó Tuanama.

La crisis eléctrica y la demanda de interconexión al SEIN

El segundo reclamo de la plataforma de lucha apunta a los recurrentes cortes del servicio eléctrico en Loreto. Los dirigentes señalaron que la única solución estructural al problema pasa por la interconexión de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), una obra que, según la CGTP, permitiría garantizar energía de calidad a menor costo e incluso facilitar la llegada de fibra óptica a la región.

“Lo que pedimos es que nos interconecten del sistema nacional hacia la ciudad de Iquitos, porque esa es la única solución que nos va a dar una energía buena y barata”, afirmó Tuanama. Los dirigentes exigieron al Ejecutivo establecer plazos concretos para atender esta demanda, que califican de histórica deuda del Estado con la Amazonía peruana.

La minería ilegal amenaza el agua de Iquitos

La tercera demanda de la CGTP Loreto está vinculada al avance de la minería ilegal en la región. Los dirigentes expresaron especial preocupación por el impacto de esta actividad en el río Nanay, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para la ciudad. La contaminación del Nanay representa, a juicio del gremio, una amenaza directa a la salud pública de la población loretana.

Tuanama pidió al Gobierno reforzar las acciones para erradicar las operaciones ilegales en toda la región. “Nosotros le pedimos al Gobierno que tome al 100% la inquietud del pueblo. Que se erradique todas las minerías ilegales que hay acá en la ciudad de Iquitos”, declaró el secretario general.

Paro indefinido, la amenaza sobre la mesa

Con el plazo de las 48 horas próximo a vencer, el comité de lucha de la CGTP Loreto convocó a una asamblea de evaluación con todos los dirigentes para decidir los pasos a seguir. La movilización del segundo día incluyó una concentración en la plaza 28 de Julio a las tres de la tarde, con la participación de organizaciones vinculadas a la defensa del agua y otros sectores sociales.

Si la reunión con la delegación de la PCM no produce acuerdos concretos y fiscalizables, la central sindical llamará a todas las fuerzas gremiales y sociales de la región a sumarse a un paro indefinido. Los dirigentes subrayaron que el levantamiento de cualquier medida de fuerza dependerá exclusivamente de la disposición del Ejecutivo para firmar compromisos inmediatos ante las demandas de Loreto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) admitió a trámite una demanda contra el Estado peruano por presuntos incumplimientos de sus obligaciones para combatir la minería ilegal. El proceso coloca bajo evaluación internacional decisiones adoptadas durante los últimos años, entre ellas las sucesivas ampliaciones del proceso de formalización asociado al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La acción fue promovida por la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (Conaccunay) y pobladores de esta zona de Loreto. Según explicó el abogado ambientalista César Ipenza en RPP, la organización articula a 33 comunidades asentadas en una cuenca particularmente sensible: el río Nanay constituye la principal fuente de abastecimiento de agua de Iquitos y de una población que supera el medio millón de personas.

El tribunal, con sede en Quito, admitió la demanda mediante un auto emitido en julio. El proceso corresponde al expediente 03-AI-2025 y enfrenta a Conaccunay y otros demandantes con la República del Perú por la presunta vulneración de diferentes normas comunitarias relacionadas con minería ilegal, control del mercurio, cooperación aduanera y crimen organizado transnacional. El caso ya figuraba entre las acciones de incumplimiento recibidas por el TJCA.

La CAN ya había determinado incumplimientos del Perú

El camino hacia el tribunal comenzó el 27 de junio de 2025, cuando los reclamantes acudieron primero a la Secretaría General de la Comunidad Andina, etapa administrativa obligatoria antes de llevar una acción de incumplimiento ante el TJCA.

En octubre de ese año, la Secretaría General emitió el Dictamen N.° 007-2025 y concluyó que el Perú había incumplido dos obligaciones específicas. Por un lado, consideró insuficientes las medidas adoptadas para fortalecer la extinción de dominio sobre instrumentos y productos vinculados con minería ilegal, lavado de activos y delitos conexos. Por otro, determinó que las sucesivas ampliaciones del proceso de formalización minera obstaculizaron su aplicación y vulneraron el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino.

La resolución no concluyó que todas las disposiciones del Reinfo fueran por sí mismas contrarias a las normas andinas. Sí cuestionó, sin embargo, la reiteración de las prórrogas y recomendó al Perú abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen una formalización efectiva.

Ipenza fue más crítico durante la entrevista. A su juicio, el Reinfo terminó funcionando como un “mecanismo de impunidad” que ha permitido que determinadas operaciones permanezcan durante años bajo el paraguas de un proceso de formalización sin culminarlo.

Más de 100 dragas operarían actualmente en el río Nanay

El otro frente del proceso se encuentra directamente en Loreto. Ipenza aseguró que más de 100 dragas estarían operando actualmente en la cuenca del Nanay, pese a los operativos realizados por las autoridades.

Los antecedentes oficiales muestran una expansión sostenida. El propio dictamen de la Secretaría General de la CAN recogió información según la cual se identificaron 841 dragas en el río Nanay entre 2017 y 2025, aunque se trata de detecciones acumuladas y no de embarcaciones operando simultáneamente. Solo durante 2025 se identificaron 275.

La preocupación no se limita a la remoción del lecho de los ríos. La minería aurífera ilegal utiliza mercurio para separar el oro, mientras que las operaciones requieren también grandes volúmenes de combustible y otros insumos que deben ingresar hasta zonas alejadas.

“Tenemos más de 100 dragas actualmente operando en la zona”, afirmó Ipenza, quien cuestionó que los operativos continúen siendo aislados y no estén acompañados de un control sostenido sobre las rutas de abastecimiento ni de trabajos de inteligencia para identificar a quienes financian las operaciones.

¿Qué puede ocurrir ahora con la demanda?

La admisión no significa que el Perú ya haya sido condenado. El TJCA deberá escuchar a las partes, evaluar las pruebas y determinar finalmente si el Estado incumplió normas comunitarias que son obligatorias para Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.

A diferencia del dictamen emitido previamente por la Secretaría General, una eventual sentencia del tribunal tiene carácter vinculante. Si se declara un incumplimiento, el país debe adoptar las medidas necesarias para corregirlo. El sistema andino contempla además consecuencias posteriores en caso de que un Estado no acate una sentencia.

La controversia llega precisamente cuando el Gobierno prepara un nuevo marco para reemplazar el actual esquema de formalización. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que el Ejecutivo espera tener lista en noviembre una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y sostuvo que el Reinfo “debe tener un punto final”. Su vigencia actual vence el 31 de diciembre de 2026.

Ipenza advirtió, sin embargo, que cambiar la norma no resolverá por sí solo el problema. Para el especialista, cualquier nuevo sistema deberá venir acompañado de fiscalización efectiva, control de las plantas de beneficio, seguimiento a los insumos utilizados por la minería ilegal y una mayor capacidad para desarticular las organizaciones que operan detrás de la extracción de oro.

Desde la madrugada del lunes, La Pampa, en la región de Madre de Dios, ubicada en la selva peruana, es escenario de un enfrentamiento de alta intensidad entre dos organizaciones criminales que buscan controlar el negocio del oro ilegal.

La periodista de investigación Karla Ramírez documentó en sus redes sociales que, hasta el momento, se han registrado al menos tres personas fallecidas por los choques armados, aunque la cifra podría aumentar.

Ambos bandos utilizan armamento militar y tecnología de guerra. Según los videos difundidos por la periodista, se emplean fusiles AKM, granadas y drones con dinamita, mientras los habitantes soportan el temor constante por los tiroteos. En una de las grabaciones exclusivas, se percibe la preocupación y el nerviosismo de los soldados apostados en una base militar, rodeados por la violencia.

Desesperación y desconfianza

De acuerdo con Ramírez, la población local se encuentra desbordada, atrapada en medio del conflicto y sumida en la incertidumbre. Los testimonios recogidos por ella señalan que el Gobierno peruano lleva un mes sin implementar medidas efectivas frente al avance del crimen organizado en la zona. “La población ya ni siquiera tiene esperanza en el actual gobierno”, afirma en uno de sus reportes.

El miedo y la frustración han llevado a los habitantes a pedir ayuda internacional. La comunidad no solo enfrenta la minería ilegal y la contaminación ambiental, sino que también es víctima de chantajes, extorsión y el cobro de cupos por parte de las organizaciones criminales que controlan el territorio.

Escalada del crimen

El conflicto entre las bandas vinculadas a los alias “Brian” y “Chili” ha escalado a niveles inéditos, con ataques que incluyen el uso de drones cargados con explosivos, una táctica que, según los reportes, evidencia el poder de fuego y la sofisticación de estos grupos criminales.

Las imágenes difundidas por la periodista muestran a civiles buscando refugio y a militares alertas ante el riesgo de incursiones directas en sus propias instalaciones.

Frente a la falta de respuesta estatal, la población cuestiona quién ejerce realmente el control sobre La Pampa. “¿Quién está controlando hoy este territorio: el Estado o las organizaciones criminales?”, plantea la periodista en su reciente publicación, que ha captado la atención tanto de medios nacionales como internacionales.

La Pampa es epicentro

La minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado en la Amazonía peruana. Según un informe del medio británico The Sun, organizaciones criminales y cárteles internacionales han desplazado sus operaciones a zonas como La Pampa, atraídos por el valor millonario del oro y la relativa facilidad para operar en áreas remotas y poco vigiladas

El periodista Julio César Talledo comentó: “Como si se tratara de una guerra de cárteles, en La Pampa (Madre de Dios) hay un enfrentamiento con armas de guerra entre grupos criminales por el control del negocio del oro ilegal. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú aún no intervienen. Hay varios muertos”.

Diversas estimaciones apuntan a que la minería ilegal en Perú movió más de 10.000 millones de dólares en 2025, superando incluso los ingresos de la exportación de drogas en el país. Los grupos criminales emplean la minería como vía para lavar dinero proveniente del narcotráfico, invirtiendo en maquinaria y financiando operaciones extractivas que luego nutren mercados internacionales legalizados.

La región de Madre de Dios concentra extensas áreas de selva que resultan difíciles de controlar por las fuerzas del orden. La ausencia de una presencia estatal efectiva y la corrupción han facilitado la obtención irregular de licencias y el desarrollo de un sofisticado sistema de explotación, procesamiento y comercialización del oro extraído ilegalmente.

Además del impacto económico, la minería ilegal ha causado la destrucción de más de 940 hectáreas de la Reserva Tambopata en Madre de Dios, afectando ecosistemas clave y agravando la crisis social en la región.

Territorio bajo fuego

La pugna por el control del oro en La Pampa ha incrementado la violencia y la inseguridad para miles de familias. Las imágenes y testimonios reunidos por Karla Ramírez dan cuenta de una comunidad que, entre detonaciones y ráfagas de disparos, exige atención urgente de las autoridades y la comunidad internacional.

Mientras tanto, el oro continúa saliendo de la selva peruana a través de rutas clandestinas, alimentando una economía paralela que fortalece a las organizaciones criminales y debilita la capacidad del Estado para imponer el orden y garantizar la seguridad de la población, de acuerdo a la reflexión de los expertos.

Los casos relacionados con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial aumentaron 21% en Panamá entre enero y julio de 2026, al pasar de 347 a 420 frente al mismo periodo del año anterior.

Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran que la destrucción de los recursos naturales y los hechos contra animales domésticos concentraron la mayoría de las investigaciones.

El informe estadístico contabilizó 227 casos por delitos contra los recursos naturales, equivalentes al 54% del total registrado hasta julio. Otros 154 estuvieron relacionados con delitos contra los animales domésticos, 35 correspondieron a hechos contra la vida silvestre y cuatro con tramitación, aprobación o incumplimiento de normas urbanísticas y ambientales.

La destrucción de los recursos naturales se mantuvo como el delito específico con mayor incidencia, con 151 casos, un incremento de 31% respecto de los 115 reportados durante los primeros siete meses de 2025.

Esta categoría representó más de una tercera parte de todas las investigaciones ambientales abiertas por las autoridades durante el periodo analizado.

El mayor crecimiento porcentual ocurrió en los incendios de masa vegetal, que pasaron de tres casos en 2025 a 12 en 2026, un aumento de 300%. También subieron 40% los hechos relacionados con emisiones de ruido, gases, olores o luminosidad, mientras los casos vinculados con residuos y materiales contaminantes aumentaron 38%.

Los delitos contra animales domésticos, por su parte, avanzaron de 90 a 154 casos investigados, lo que representó un incremento de 71%. En sentido contrario, la tala o destrucción de formaciones vegetales en áreas especiales disminuyó 34%, mientras la extracción ilegal de especies protegidas bajó 9% y el tráfico de vida silvestre se redujo a la mitad.

La distribución geográfica muestra aumentos especialmente elevados en varias provincias. Chiriquí pasó de 37 a 77 casos, un crecimiento de 108%, mientras Colón y Panamá Oeste duplicaron sus registros, con 32 y 66, respectivamente. Veraguas acumuló 44 investigaciones, 42% más, y la provincia de Panamá alcanzó 79 casos, con un incremento de 23%.

En la comarca Gunayala, las investigaciones aumentaron de un caso en 2025 a cuatro en 2026, lo que produjo una variación de 300%, aunque sobre una base reducida. La comarca Ngäbe-Buglé pasó de tres a siete casos, un crecimiento de 133%, mientras Coclé registró 28 hechos investigados, cinco más que el año anterior.

Darién presentó un comportamiento diferente: el Ministerio Público registró nueve casos hasta julio, frente a 40 durante el mismo periodo de 2025, lo que significó una disminución de 78%. Sin embargo, dos operativos realizados posteriormente, durante agosto, evidenciaron que la minería ilegal continúa operando en zonas selváticas y fronterizas de difícil acceso.

El 19 de agosto, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendió a 21 ciudadanos colombianos en la cabecera del río Pito, al norte de Darién. En el lugar fueron ubicados campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos presuntamente empleados para extraer oro, como parte de la denominada operación Escudo de Acero.

Las autoridades panameñas han señalado que detrás de esta actividad existe un complejo sistema de economía ilícita, relacionado con el Clan del Golfo, organización criminal colombiana que obtendría recursos mediante cobros realizados a quienes ingresan a territorio panameño para extraer oro. Posteriormente, parte del valor del mineral sería entregado a la estructura criminal.

Tres días después, unidades de la Primera Brigada Oriental del Senafront capturaron a otros cinco colombianos en Caña Blanca, distrito de Cémaco. Durante el procedimiento fueron decomisados varios gramos de un mineral que se presume es oro, una pesa digital y presunta marihuana. La intervención formó parte del Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero.

En conjunto, ambos procedimientos dejaron 26 ciudadanos colombianos aprehendidos por presunta minería ilegal durante agosto, aunque estos hechos no aparecen en las estadísticas analizadas porque el informe tiene como fecha de corte el 31 de julio. Los detenidos y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades encargadas de las investigaciones.

Por meses, enero registró 76 casos relacionados con delitos ambientales, febrero 75, marzo 68 y abril 69. Posteriormente, los registros bajaron a 49 en mayo, 44 en junio y 39 en julio. Pese a esa reducción mensual, el acumulado se mantuvo por encima de 2025, impulsado principalmente por la destrucción ambiental y los delitos contra animales domésticos.

Las cifras del Ministerio Público corresponden a hechos puestos en conocimiento de las autoridades y sometidos a investigación. Por ello, no representan necesariamente delitos comprobados mediante una sentencia, ni abarcan todas las actividades ilícitas que puedan estar ocurriendo en áreas remotas. Los operativos de agosto en Darién muestran la dificultad de medir la dimensión real de la minería ilegal.

La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima consiguió que dos barras de oro pasen a favor del Estado, luego de una investigación patrimonial que vinculó ambos bienes con presuntas actividades de minería ilegal. El valor conjunto de los lingotes fue estimado en aproximadamente S/ 1 635 496.

La medida se produjo mediante una demanda de extinción de dominio, mecanismo que permite al Estado recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas cuando existen elementos que sustentan su procedencia o utilización ilegal. En este caso, la investigación fiscal se centró en el origen de dos lingotes que estuvieron bajo propiedad de la empresa Reginub E. I. R. L.

De acuerdo con las indagaciones fiscales, los bienes estuvieron vinculados a dicha persona jurídica entre febrero de 2020 y julio de 2021. La Fiscalía especializada sostuvo que los lingotes presentaban una relación con el delito de lavado de activos, en la modalidad de ocultamiento o tenencia de bienes de origen ilícito.

El caso también puso el foco en la capacidad económica de la empresa para justificar la adquisición de los metales. Según la Fiscalía, Reginub E. I. R. L. no contaba con los recursos, financiamiento o provisión externa de fondos suficientes para desarrollar operaciones mineras capaces de generar las utilidades declaradas.

Dos lingotes bajo investigación patrimonial

Uno de los lingotes recuperados tiene un peso de 5.25 kilogramos y fue valorizado en USD 228 847.50. La segunda barra registra un peso de 5.95 kilogramos y su valor fue estimado en USD 259 360.50.

La Fiscalía de Extinción de Dominio vinculó ambos bienes con un mismo origen presuntamente ilícito: actividades relacionadas con la minería ilegal. La investigación buscó establecer si existía correspondencia entre los bienes y la capacidad financiera de la empresa que figuró como propietaria.

El análisis fiscal determinó que la persona jurídica no disponía de medios económicos suficientes para sustentar las operaciones necesarias para obtener los beneficios declarados. Este elemento formó parte de los fundamentos utilizados para solicitar la recuperación de los lingotes a favor del Estado.

Fiscalía señala falta de respaldo económico

Las diligencias también examinaron el financiamiento disponible para la empresa. Según la Fiscalía, Reginub E. I. R. L. carecía de recursos propios o de respaldo externo que permitiera justificar una actividad minera con la capacidad necesaria para explicar el incremento patrimonial asociado a los bienes.

La ausencia de una capacidad económica compatible con el valor de las barras fue considerada dentro de la investigación patrimonial. El procedimiento no se limitó a determinar la titularidad de los lingotes, sino que examinó la relación entre su adquisición, el patrimonio de la empresa y el supuesto origen de los recursos.

La actuación corresponde a las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, cuya intervención se orienta a identificar y afectar bienes relacionados con actividades ilícitas, de acuerdo con las competencias de esta especialidad.

El oro mantiene un peso relevante en las exportaciones

El caso fiscal ocurre en un periodo de fuerte crecimiento de las exportaciones auríferas del Perú. Según la última edición del Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y mayo de 2026 los envíos de oro alcanzaron US$ 13.241 millones, cifra que representó un aumento de 67% frente a los US$ 7.930 millones del mismo periodo de 2025.

Solo en mayo, las exportaciones de oro llegaron a US$ 2.487 millones. El monto superó en 54,6% el registro de US$ 1.609 millones correspondiente a mayo del año previo. El Minem atribuyó este comportamiento principalmente al incremento de la cotización internacional del metal.

El precio del oro aumentó 39,4% durante mayo, mientras que el volumen exportado registró un crecimiento de 10,9%. Las condiciones del mercado internacional, junto con las expectativas sobre las principales economías y las políticas monetarias, influyeron en la demanda del metal como activo de refugio.

En medio de los esfuerzos del Gobierno nacional para combatir los hechos de inseguridad que se vive en buena parte del territorio nacional, incluidos los recientes ataques a bases militares y policiales, además de ataques en zonas civiles, el presidente Abelardo de la Espriella dio una nueva instrucción para atacar a los grupos criminales del país.

En la mañana del lunes 24 de agosto, el Gobierno nacional anunció la unificación del tratamiento legal hacia todas las estructuras criminales del país: desde ahora, serán consideradas bajo la categoría de grupos terroristas.

La medida implica que actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando ya no recibirán enfoques diferenciados según su modalidad, sino que serán enfrentadas de manera conjunta y con igual rigor judicial y policial.

La nueva directriz fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella en una reunión de seguridad celebrada en la ciudad de Barranquilla. El mandatario aseguró que el Estado dejará de distinguir entre los distintos tipos de organizaciones delictivas, para enfocarse en su neutralización.

“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, enfatizó.

El presidente defendió que todas estas actividades constituyen eslabones de una cadena criminal conectada, donde el narcotráfico actúa como fuente central de financiación para otras formas de violencia. Según la nueva política, ya no existe margen para divisiones dentro de la respuesta estatal.

La instrucción incluye que Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial operen como un solo cuerpo, sin rivalidades ni competencias internas. “La Fuerza Pública colombiana actuando en defensa de los intereses del pueblo”, resaltó el presidente, quien también recalcó que la prioridad es el cumplimiento de la Constitución y la ley.

A partir de esta orden, todas las instituciones de seguridad deberán coordinarse como un bloque único para aumentar la presión sobre las estructuras criminales. Las operaciones se focalizarán en inteligencia, judicialización y persecución de recursos económicos ilícitos.

Entre las medidas inmediatas se encuentra la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. Este bloque estará compuesto por fuerzas combinadas de Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial, en coordinación directa con la Fiscalía General y la Judicatura.

Además, el presidente ordenó reactivar la Uiaf bajo el liderazgo de la exfiscal Marta Lurreyes, con acceso especial a información bancaria de los últimos cuatro años e integración con la Policía y el sistema financiero para rastrear las finanzas criminales.

La estrategia también contempla la reactivación del sistema de recompensas, redadas, una red de cooperantes y traslados carcelarios urgentes para evitar que las cárceles sigan funcionando como centros de extorsión.

Sobre la migración, se instruyó a Migración Colombia a iniciar nuevos operativos en coordinación con la Policía de Barranquilla para combatir la migración ilegal y la delincuencia de origen extranjero.

El anuncio incluye la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, así como la persecución del denominado cártel de tierras y la lucha frontal contra el préstamo gota a gota. El presidente calificó este último fenómeno como “una forma moderna de esclavitud que afecta a 12 millones de colombianos”.

Durante la próxima reunión con autoridades locales, De la Espriella advirtió que no se acudirá a diagnosticar, sino a verificar la ejecución efectiva de las acciones acordadas.

El ministro de Defensa, general Jorge Mora, ratificó la decisión presidencial a través de su cuenta de X: “La orden es clara y se cumple sin vacilaciones: perseguir, neutralizar y llevar ante la justicia a quienes pretendan sembrar miedo en Colombia”.

Mora advirtió que cada acción exitosa —capturas, rescates o desarticulación de bandas— demuestra la ofensiva estatal. “No habrá escondite, refugio ni rincón del territorio donde el crimen pueda sentirse seguro”, afirmó el ministro.

Una operación de interdicción ejecutada en la comunidad nativa Platanal, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, causó una afectación económica de S/ 66.671 a redes criminales dedicadas a la minería ilegal y el narcotráfico, según informó Andina Noticias. La acción estuvo a cargo del Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (Cupuma), dependiente del Comando Operacional de la Amazonía (COAM).

Con este resultado, el acumulado de daño económico a organizaciones ilícitas en el marco del Plan Amazonía 2026 superó los S/ 535.082 a la fecha del operativo, de acuerdo con lo reportado por el citado medio. La cifra refleja el alcance del despliegue sostenido de las Fuerzas Armadas en una de las zonas de mayor complejidad geográfica y presencia criminal del país.

Laboratorios destruidos y droga incinerada

El golpe al narcotráfico fue directo: las fuerzas del orden destruyeron dos laboratorios destinados al procesamiento de pasta básica de cocaína, incineraron 179 kg de sulfato de cocaína e incautaron 360 kg de hoja de coca. Los laboratorios operaban en la zona de la comunidad nativa Platanal, en un entorno selvático que dificultaba el acceso y la detección previa.

En paralelo, el operativo desmanteló la infraestructura de minería ilegal presente en el sector. Según detalló Andina Noticias, las fuerzas del orden destruyeron una draga rústica de aproximadamente 4 x 10 metros, un motor estacionario, seis tapetes y 12 metros de manguera de ocho pulgadas, equipos empleados para la extracción ilegal de minerales en la cuenca amazónica.

Campamento clandestino e insumos decomisados

La intervención también incluyó la destrucción de un campamento clandestino que contaba con dormitorios, cocina, taller de mecánica, almacén de víveres y una maloca en la zona de puerto. La infraestructura servía de base logística para las operaciones criminales en el sector.

A ello se sumó la neutralización de insumos químicos vinculados a ambas cadenas delictivas: 1.460 kg de gasolina y soda cáustica, junto a 185 kg de cemento y sulfato de amonio, elementos utilizados tanto en el procesamiento de drogas como en las actividades de extracción minera ilegal.

Presencia sostenida en la Amazonía peruana

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del COAM, mantiene un despliegue articulado en los espacios de mayor complejidad de Loreto con el objetivo de ejercer control territorial efectivo, proteger a las comunidades nativas y resguardar los recursos naturales frente al accionar del crimen organizado.

El Plan Amazonía 2026 constituye el marco operativo bajo el cual se ejecutan estas acciones de forma permanente en la región. La afectación económica acumulada de más de S/ 535.082 a organizaciones criminales da cuenta de la escala del esfuerzo desplegado por las Fuerzas Armadas en lo que va del año en esta zona estratégica del país.

La minería ilegal de oro registró entre 2025 y 2026 casi la mitad de todas las detecciones de dragas acumuladas en nueve años de monitoreo en Loreto, según un nuevo reporte del proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), elaborado por Conservación Amazónica – ACCA y Amazon Conservation Association. El estudio documenta más de 700 registros de dragas en ese período, una cifra que refleja una aceleración sin precedentes de esta actividad en los ríos amazónicos de la región.

El análisis, basado en imágenes satelitales de alta resolución y datos de monitoreo continuo, abarca el período comprendido entre 2017 y 2026, durante el cual se registraron más de 1.500 detecciones de dragas en total. La expansión de la actividad ya alcanza 13 ríos amazónicos de Loreto, entre ellos el Nanay, el Marañón, el Tigre, el Putumayo, el Napo, el Mazán y el Chambira. A esto se suma un fenómeno nuevo que agrava el panorama: la pérdida de bosques ribereños asociada directamente a la presencia de dragas mineras.

El reporte de MAAP advierte que el período 2025–2026 marcó un punto de inflexión en la expansión de esta actividad hacia nuevos territorios. No se trata de una presencia estática ni de focos aislados: los datos satelitales muestran un desplazamiento activo hacia cuencas que hasta hace poco no registraban actividad minera documentada.

Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica – ACCA, lo describe con precisión: “Lo que estamos viendo en Loreto es un cambio en la escala y velocidad de la minería ilegal. El período 2025–2026 concentra casi la mitad de todas las detecciones de dragas registradas en nueve años y, además, muestra que la actividad está llegando con fuerza a nuevos ríos”.

El reporte fue elaborado en el marco de una colaboración estratégica entre Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore, y forma parte de una serie de informes sobre minería de oro en la Amazonía peruana.

El río Tigre y el Putumayo, nuevos frentes de expansión

Uno de los casos más preocupantes que documenta el reporte es el del río Tigre, donde más del 90% de las detecciones de dragas corresponden al período 2025–2026. La actividad en esta cuenca, que en un principio fue identificada como una ruta de tránsito para el traslado de insumos hacia otras zonas mineras, hoy presenta una presencia operativa activa y en expansión.

El caso del río Putumayo, ubicado en la frontera entre Perú y Colombia, suma una dimensión geopolítica al problema. Por primera vez, el monitoreo satelital logró identificar con claridad zonas de actividad minera ilegal en ese sector. La ubicación fronteriza representa un obstáculo adicional para las acciones de control y pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer la coordinación binacional entre ambos países para hacer frente a una actividad que se desplaza con facilidad entre territorios.

El Nanay: una fuente de agua bajo presión constante

El río Nanay concentra uno de los escenarios más sensibles del reporte. Se trata del principal afluente de abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos, y pese a las constantes intervenciones del Estado, mantiene una actividad persistente de minería ilegal. Entre 2025 y 2026, el monitoreo registró 421 detecciones de dragas en este río, con una estimación de entre 23 y 30 dragas activas en el sector analizado.

Las imágenes satelitales también permitieron identificar pérdida de bosque en las riberas del Nanay directamente asociada a la actividad minera. Este hallazgo amplía el alcance del daño: el impacto no se circunscribe al cauce del río, sino que se extiende a los ecosistemas boscosos que lo rodean y que cumplen funciones de regulación hídrica, biodiversidad y protección de las comunidades locales.

Saramiriza: deforestación acelerada en el alto Marañón

La investigación también identifica un crecimiento acelerado de la minería ilegal en la localidad de Saramiriza, ubicada en la cuenca alta del río Marañón. Hasta junio de 2026, se registraron alrededor de 800 hectáreas de bosque afectadas, de las cuales más de 500 corresponden al período 2025–2026, lo que refleja la velocidad con la que avanza la deforestación en esta zona.

El panorama en Saramiriza también expone las limitaciones estructurales del marco regulatorio minero. En esa área existen alrededor de 241 concesiones mineras, de las cuales 115 son petitorios mineros. Del total de ese conjunto de concesiones, solo 9 cuentan con REINFO aprobado. A pesar de esa situación, la actividad minera continúa desarrollándose en un espacio significativamente más amplio que el autorizado.

Más allá de los operativos: las redes que sostienen la minería ilegal

El crecimiento de la minería ilegal en Loreto se produce en un contexto definido por varios factores que se refuerzan mutuamente: la limitada presencia del Estado en zonas remotas, el alto precio internacional del oro, la actuación de organizaciones criminales y las dificultades persistentes en los procesos de formalización minera. A esto se añade la incertidumbre generada por los recientes cambios de administración pública tras las últimas elecciones, con la interrogante abierta sobre si las nuevas autoridades diseñarán una estrategia diferenciada para enfrentar la expansión de esta actividad.

Novoa advierte que los operativos de interdicción, aunque necesarios, resultan insuficientes por sí solos: “Si la actividad vuelve a aparecer en otros ríos después de los operativos, significa que necesitamos actuar también sobre las redes que financian y sostienen esta economía ilegal, mejorar la coordinación entre las instituciones y fortalecer la presencia del Estado en estos territorios”. El director de Conservación Amazónica – ACCA también señala la necesidad de trabajar con los compradores de oro para que exijan la correcta trazabilidad del metal adquirido.

El rol de las comunidades indígenas en el monitoreo territorial

Frente a la expansión de la minería ilegal, las organizaciones indígenas y las comunidades locales cumplen un papel que el reporte de MAAP reconoce como indispensable. Su presencia en el territorio, su conocimiento del entorno y su capacidad de generar alertas tempranas ante la llegada de dragas o el avance de la deforestación constituyen un mecanismo de vigilancia que el Estado no puede replicar por sí solo en zonas de difícil acceso.

El reporte de Conservación Amazónica – ACCA y Amazon Conservation Association subraya la necesidad de fortalecer y proteger esa labor. El monitoreo comunitario, articulado con las herramientas satelitales del proyecto MAAP, representa una de las vías más efectivas para detectar a tiempo la expansión de la actividad minera ilegal y activar respuestas institucionales antes de que el daño sobre los ríos y los bosques se vuelva irreversible.

De acuerdo con el reporte recogido por EFE, los agentes especiales de Senafront hallaron en el lugar campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos usados en la extracción ilegal de oro. Las autoridades panameñas atribuyen el control de estas operaciones a la organización criminal Clan del Golfo, la mayor estructura delictiva de Colombia, señalada por múltiples actividades ilícitas en la región.

Los 21 detenidos, cuya identidad no fue revelada, quedaron a disposición de las autoridades competentes para la apertura de las investigaciones correspondientes, detalló el comunicado citado por EFE. La selva del Darién, que abarca 266 kilómetros de frontera, constituye un territorio de difícil acceso donde convergen redes de tráfico de personas, narcotráfico y minería ilegal.

“En el marco de la estrategia de seguridad del Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero, se desarrollaron dos operaciones de gran impacto. Una en el sector norte del área Caribe, específicamente en la cabecera del río Pito, donde se pudo desmantelar un campamento donde habían veintiún ciudadanos de nacionalidad colombiana dedicados al presunto delito de minería ilegal. Se pudo contactar también que habían dragas, así como narcobombas y otros indicios relacionados a este delito ambiental”, destacó el comisionado Juan de Dios Forera.

Operativos y despliegue en la frontera

Durante la semana previa, la agencia EFE participó en un sobrevuelo coordinado por Senafront sobre uno de los campamentos de minería ilegal y visitó el Puesto Binacional de Alto Limón. Según la información recabada, más de 700 agentes de fuerzas especiales han sido desplegados en puntos estratégicos, incluidos los puestos de vigilancia conjunta con Colombia, con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza ante el avance del Clan del Golfo.

El subdirector general de Senafront, Héctor De Sedas Cedeño, explicó a EFE que existe “un complejo sistema de economía ilícita basada en la extracción ilegal de oro, que controla el Clan del Golfo, y eso es lo que nosotros queremos romper”. De Sedas subrayó que en el Darién “nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano”.

En un operativo anterior, realizado en el río Mangle, se capturaron 13 personas, entre ellas miembros del Clan del Golfo, según relató De Sedas a EFE. Desde la perspectiva de las autoridades panameñas, el grupo criminal designado como terrorista por Washington obtiene ingresos cobrando por el acceso a territorio panameño y por la compra directa del oro extraído. “Cuando ese oro ingresa a Colombia tienen que pagarle un porcentaje que se estima es el 20 % del total del metal precioso extraído, y, encima de eso, también le compran el oro a estos mineros ilegales”, detalló el funcionario.

La organización Clan del Golfo cuenta con aproximadamente 9.840 integrantes, según un estudio de enero de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia. Además de la minería ilegal, el grupo está involucrado en el narcotráfico y el tráfico de migrantes, de acuerdo con la información proporcionada por EFE.

Yenifer Paredes, cuñada del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), fue elegida este miércoles presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y afirmó que buscará consensos entre los distintos sectores de la actividad minera.

“Vamos a buscar un consenso con todos. La gran minería, la mediana y la pequeña”, respondió al ser consultada sobre la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), así como sobre la propuesta de ley de pequeña minería y minería artesanal (Mape) y su reglamento.

La legisladora afirmó que su gestión buscará cerrar filas frente a la extracción ilegal, pese a que la norma de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal ha sido cuestionada por distintos sectores por presuntamente favorecer esta actividad.

Paredes, quien estuvo en prisión preventiva en el marco de una investigación por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal, señaló que la iniciativa Mape será evaluada y que se realizarán visitas a distintas regiones para recoger posiciones y alcanzar “un consenso”.

Al ser consultada sobre si este proceso podría derivar en una nueva ampliación del Reinfo, evitó confirmar esa posibilidad y reiteró que primero se realizarán reuniones en las regiones. “Vamos a visitar (las regiones)”, se limitó a decir.

“Tengo la representación de mi región de 64 mil pobladores a nivel de mi Cajamarca. Represento la voz de los pueblos de las regiones que nunca han tenido”, afirmó.

En diciembre del año pasado, el Gobierno peruano promulgó la Ley 32537 promovida desde el Parlamento, que amplió hasta el próximo 31 de diciembre la vigencia del Reinfo, salvo que antes entre en vigor la nueva ley de Mape y su reglamento.

La norma también establece que los inscritos en el registro deberán declarar, en un plazo máximo de 120 días, la ubicación exacta de sus operaciones mediante información georreferenciada y documentos que la sustenten.

La ampliación fue cuestionada por diversos sectores ante el riesgo de que favorezca la minería ilegal. El entonces primer ministro y actual ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, había planteado como condiciones que la extensión fuera solo por un año y que no se reincorporara a los 50.000 mineros excluidos por persistir en la ilegalidad.

Por su parte, el jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, advirtió que la medida podría permitir que la minería informal desplace a la formal y que la producción ilegal de oro supere a la formal en 2027.

Cuestionada

Paredes hizo noticia esta semana después de que Panorama revelara que la Fiscalía investiga transferencias de dinero realizadas por ella a cuentas de terceros que, según la investigación, terminaron en el pago de una deuda de 52.137 soles de su hermana, la ex primera dama Lilia Paredes.

De acuerdo con el expediente fiscal citado en el reportaje, los movimientos financieros ocurrieron entre 2021 y 2022. Entre ellos figura un depósito de 1.660 soles a una tercera persona que el mismo día realizó un pago de 1.638,11 soles a la deuda de la esposa de Castillo. En otro caso, una persona recibió 10.000 soles y efectuó ese día una amortización de 9.997 soles.

El Ministerio Público atribuye a Paredes una presunta participación en los delitos de peculado, colusión y lavado de activos, dentro de la investigación del caso Anguía.

La maquinaria utilizada para extraer oro ilegal terminó convertida en un recurso para atender la emergencia causada por el terremoto en Chocó el pasado 10 de agosto. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que dos excavadoras incautadas en una operación contra la minería ilegal serán destinadas a las labores de reconstrucción en las zonas afectadas.

La operación se desarrolló en la vereda Boraudó, en el municipio de Lloró, donde el Ejército Nacional actuó de manera conjunta con la Armada Nacional y con apoyo de la Policía. De acuerdo con el mandatario, las dos máquinas pertenecían al ELN y tienen un valor cercano a los $900 millones. Desde su cuenta de X, el presidente explicó que impartió una instrucción a la Fuerza Pública desde el día de la tragedia para retirar la maquinaria utilizada en actividades de minería ilegal. Su decisión, según indicó, busca darle un nuevo uso a los equipos decomisados.

“Desde el día de la tragedia le di la orden a nuestra Fuerza Pública de incautar toda la maquinaria utilizada en la minería ilegal. Hoy, en la vereda Boraudó, Lloró, Chocó, el Ejército Nacional, en operación conjunta con la Armada Nacional e interinstitucional con la Policía, incautó 2 excavadoras del ELN, avaluadas en cerca de $900 millones.

En lugar de destruir esta maquinaria, la pondremos al servicio de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Ya fueron entregadas a la Gobernación del Chocó para apoyar estas labores. La maquinaria de la minería ilegal ahora trabajará para Colombia. La delincuencia destruye; el gobierno del tigre reconstruye. ¡Firme por la Patria! ”.

Mientras el Gobierno reportaba este resultado en Chocó, en el sur del Tolima el Ejército Nacional desarrollaba otra ofensiva contra las estructuras relacionadas con la extracción ilegal de oro. La intervención estuvo a cargo de la Sexta Brigada en la vereda San Diego de Ortega, donde fue localizada maquinaria pesada y elementos destinados al procesamiento aurífero.

Según información de inteligencia militar, la actividad estaría relacionada con la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, bajo la facción de Iván Mordisco. El procedimiento permitió afectar parte de la infraestructura empleada para una actividad que, de acuerdo con las autoridades, representa una fuente de financiación para organizaciones armadas ilegales.

En el lugar, los soldados incautaron una retroexcavadora, cuatro motores, cuatro clasificadoras metálicas y 1.200 galones de Acpm. Estos elementos eran utilizados para la explotación de yacimientos sin los permisos correspondientes. La capacidad productiva de esta unidad fue establecida por el Ejército. Las autoridades calcularon que podía extraer hasta 4.000 gramos de oro al mes, con una valoración aproximada de $1.400 millones.

Uno de los altos oficiales que participó en el balance de la operación explicó que “además del impacto financiero, la acción evitó daños ambientales asociados a la actividad minera ilícita”. El resultado, por tanto, fue presentado como una afectación tanto a las rentas de las estructuras ilegales como a las consecuencias ambientales derivadas de esta práctica.Las acciones se extendieron a Planadas. Allí, uniformados de la misma brigada decomisaron otros 700 galones de Acpm que, según informes de inteligencia militar, estaban destinados a abastecer operaciones de extracción minera ilegal en esa zona del departamento.

Con ambos procedimientos, las autoridades retiraron 1.900 galones de Acpm del circuito ilegal y decomisaron maquinaria fundamental para el desarrollo de estas actividades. El coronel Arnold Pérez señaló que “las operaciones afectaron la cadena logística y las fuentes de financiación ilegal de estructuras armadas que delinquen en el sur del departamento”.

Los operativos también muestran un cambio en la ubicación de estas actividades. De acuerdo con el seguimiento realizado por el Ejército, la minería ilegal empieza a aparecer en zonas rurales donde antes tenía una presencia menor, mientras municipios como Ataco, Coyaima y Chaparral concentraban este fenómeno en esa región.

En el sur del Tolima, una intervención de la Sexta Brigada del Ejército Nacional desmanteló una estructura minera dedicada a la extracción ilegal de oro, vinculada según inteligencia militar a la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, bajo la facción de Iván Mordisco.

Los uniformados hallaron en la vereda San Diego de Ortega maquinaria pesada y sustancias empleadas para el procesamiento aurífero, en un operativo que, representa un golpe directo a los recursos de organizaciones armadas ilegales.

Durante la operación, los soldados confiscaron una retroexcavadora, cuatro motores, cuatro clasificadoras metálicas y 1.200 galones de Acpm, todos elementos utilizados en la explotación de yacimientos sin permisos.

El Ejército calculó que esta unidad tenía capacidad para extraer hasta 4.000 gramos de oro cada mes, con una valoración que alcanzaría 1.400 millones de pesos. Un alto oficial precisó que “además del impacto financiero, la acción evitó daños ambientales asociados a la actividad minera ilícita”.

El coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, explicó que la intervención frenó la degradación de la vegetación, la remoción del subsuelo y la contaminación de fuentes de agua en el área rural de Ortega.

“La intervención permitió detener afectaciones ambientales asociadas a esta actividad”, puntualizó el militar. La presencia del Ejército en la zona responde a la preocupación por la expansión de la minería ilegal hacia nuevos municipios del sur del departamento.

Mientras tanto, en Planadas, efectivos de la misma brigada decomisaron 700 galones adicionales de Acpm. Informes de inteligencia militar, señalaron que ese combustible tenía como destino abastecer operaciones ilícitas de extracción minera en la región.

Las incautaciones simultáneas sumaron un total de 1.900 galones de Acpm retirados del circuito ilegal, junto con maquinaria clave para la economía criminal.

El coronel Pérez destacó que “las operaciones afectaron la cadena logística y las fuentes de financiación ilegal de estructuras armadas que delinquen en el sur del departamento”.

Las acciones recientes confirman el desplazamiento de actividades mineras ilegales hacia áreas antes menos intervenidas, ya que su presencia predominaba en municipios como Ataco, Coyaima y Chaparral. El seguimiento del Ejército Nacional busca frenar la consolidación de estas economías ilícitas en territorios rurales del Tolima.

Capturado en Suárez presunto articulador de minería ilegal vinculado a disidencias de las Farc

Las autoridades lograron la captura de alias Tulande en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, tras una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

El detenido, requerido por orden judicial, es señalado de coordinar actividades de minería ilegal y provocar daños medioambientales en el norte de la región.

La Policía Cauca identificó a alias Tulande como presunto responsable de articular la explotación ilícita de yacimientos mineros para la estructura criminal Jaime Martínez, asociada a las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las investigaciones, la extracción de minerales generaba ingresos estimados en 3.700 millones de pesos cada mes para la organización, fondo destinado a fortalecer las operaciones del grupo armado ilegal.

La institución policial informó que la minería clandestina no solo representaba un canal de financiamiento para las disidencias, sino que también provocó severas consecuencias ambientales.

Entre los delitos que deberá responder el capturado figuran explotación ilícita de yacimientos mineros, afectación a los recursos naturales, ecocidio, invasión de áreas ecológicas protegidas y contaminación ambiental.

El proceso judicial incluyó la realización de audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, tras lo cual un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.

El coronel Gerson Bedoya, comandante del Departamento de Policía Cauca, destacó la importancia de la detención para frenar la financiación de estructuras criminales en el norte del departamento.

“Con la captura se logra la afectación a las fuentes financieras del grupo armado”, declaró el oficial. También anunció que las operaciones conjuntas continuarán en el territorio, con el objetivo de desarticular las redes de minería ilegal y proteger los ecosistemas afectados.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener las acciones coordinadas en la zona, donde la extracción ilícita de minerales representa un desafío ambiental y de seguridad para las comunidades rurales del Cauca.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, reafirmó su intención de acudir a una eventual interpelación ante la Cámara de Diputados por los aportes de campaña que recibió su partido de parte de Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, que opera en Patáz y que está bajo intervención de la Policía y el Ejército.

En una entrevista con Panorama, el ministro sostuvo que esos aportes ascendieron a “cientos de miles de soles”, aunque afirmó no recordar la cifra exacta. También afirmó que todas las cuentas partidarias fueron declaradas y están “conformes” con la ONPE.

El titular del Mindef explicó que Minera Poderosa no lo financió a él ni a su campaña, sino que Evangelina Arias -presidenta del directorio de la empresa minera- hizo contribuciones al partido Libertad Popular “a título personal”, amparada en la ley de partidos políticos, que permite aportes de personas naturales a organizaciones políticas.

“Ella (Evangelina Arias) es una persona comprometida con la actividad política, participó en, en el movimiento Libertad con Mario Vargas Llosa. Como Mario Vargas Llosa se afilió al partido nuestro, eso la motivó a ella también a participar. Y ella al final es una ciudadana que ejerce una actividad profesional legal, tributa, paga sus impuestos y tiene todo el derecho de colaborar políticamente dentro de los márgenes que permite la ley”, indicó el ministro de Defensa.

Consultado sobre su relación con la empresaria, Belaunde respondió que la conoce, pero negó tener vínculos comerciales con ella. Precisó que no mantienen una relación social estrecha, aunque admitió haber coincidido con Arias en algunos almuerzos.

Respecto a una frustrada llegada al Ministerio de Energía y Minas debido a este conflicto de cercanía entre Arias y Libertad Popular, el ministro la rechazó y aseguró que su relación con la presidenta Keiko Fujimori nunca se planteó en esos términos, y que fue el ministro (Luis) Galarreta quien le propuso asumir la cartera de Defensa.

Ministro rechazó un conflicto de interés en operación militar en Patáz

Belaunde también negó que exista conflicto de interés entre los aportes recibidos por su partido y la actuación de las fuerzas armadas en Patáz. Su argumento fue que la intervención militar no busca proteger a la Minera Poderosa, sino enfrentar a organizaciones criminales que operan en la zona.

“No puede haber imparcialidad en el ataque contra las organizaciones criminales”, afirmó. Agregó que en ese corredor actúan grupos a los que describió como organizaciones transnacionales, entre ellos Los Choneros y el Comando Vermelho, además de otras estructuras presentes también en Madre de Dios, El Tambo y Condorcanqui.

El ministro subrayó que el estado de emergencia en Patáz no fue impuesto por su gestión, sino que está vigente desde hace más de un año. Dijo que su responsabilidad consiste en garantizar que ese régimen excepcional se aplique con el rigor que exige la ley.

“Voy a viajar (a Patáz) cuando así lo requiera el comando de operaciones, pero no se trata de imparcialidad. Acá hay un estado de emergencia porque hay que combatir organizaciones criminales asesinas”, sostuvo Belaúnde a Panorama.

También negó haber recibido pedidos directos de Evangelina Arias o de la minera para enviar más militares o modificar la estrategia operativa. Sostuvo que las decisiones en la zona dependen de los requerimientos del Comando Conjunto, del jefe militar a cargo de las operaciones y de los informes de inteligencia.

Relación entre Minera Poderosa y mineros informales

En ese punto, marcó una separación entre la seguridad nacional y la disputa minera local. Dijo que la relación entre la empresa y los mineros informales “es un problema ajeno al Ministerio de Defensa”, mientras que la tarea de su cartera es reforzar la acción del Estado allí donde rige un estado de emergencia, como ocurre también en el Putumayo y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Belaunde reconoció que el hecho violento ocurrido en Patás se produjo en un socavón de un operador que tenía contrato de beneficio con Minera Poderosa, dentro de una concesión de la empresa. Aun así, insistió en que la zona ha sido tomada no por mineros informales, sino por organizaciones criminales.

Hacia el final de la entrevista en Panorama, el ministro fue consultado sobre una eventual consultoría para la minera. Respondió que, a título personal, no realizó ese tipo de trabajo, pero sí admitió que una empresa suya de saneamiento prestó servicios para una hidroeléctrica de una subsidiaria de Poderosa hace 12 años. Según su relato, ese trabajo se realizó en la provincia de Bolívar y fue remunerado.

Fuerzas panameñas localizaron en el río Mangle, en la selva del Darién, un campamento de minería ilegal controlado por el Clan del Golfo. Según EFE, agencia de noticias española, la extracción de oro devasta el ecosistema y sostiene una economía ilícita vinculada a la mayor organización criminal de Colombia.

En el recorrido aéreo realizado por la agencia, bombas de agua y tuberías de colores intensos rompían la monotonía del paisaje selvático. Al detectar los helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), varios individuos huyeron entre la maleza. De acuerdo con el subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), comisionado Héctor De Sedas Cedeño, el objetivo de las autoridades es desarticular el sistema de economía ilegal basado en la minería aurífera, que opera bajo el control del Clan del Golfo.

El campamento de minería ilegal, ubicado en un punto remoto del Darién, fue escenario de dos grandes operativos en fechas recientes, en los que resultaron detenidas treinta personas, tanto panameños como colombianos. EFE detalló que, pese a estos golpes, la actividad minera ilícita persiste, como quedó evidenciado durante el último sobrevuelo.

“Ya nuestras unidades están dirigiéndose a ese lugar. Son de cuatro hasta siete días de patrullaje, dependiendo de las condiciones meteorológicas, a través de la selva, con un entrenamiento especializado para, como lo hemos hecho antes, dar captura a los mineros ilegales”, explicó el comisionado De Sedas.

Cómo opera el Clan del Golfo en el Darién

En la última intervención en el río Mangle se capturaron trece personas, entre ellas integrantes del Clan del Golfo, una organización dedicada principalmente al narcotráfico, pero también al tráfico de migrantes, extorsión y minería ilegal. “En el Darién nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano”, sostuvo De Sedas en declaraciones recogidas por EFE.

La estructura criminal obtiene ganancias no solo del oro extraído, sino también de las rutas migratorias. Entre 2019 y 2024, más de un millón de migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién buscando llegar a Norteamérica. Durante la crisis migratoria, el Senafront protagonizó enfrentamientos armados contra grupos dedicados al tráfico de personas.

“El Clan del Golfo obtiene dinero ilícito al cobrar para ingresar al territorio panameño. Cuando ese oro (sacado del lado panameño) ingresa a Colombia, los mineros deben pagarle un porcentaje que se estima es el 20% del total de metal precioso extraído y, encima de eso, también le compran el oro a estos mineros ilegales”, precisó el jefe de frontera panameño.

Las bases binacionales en la frontera

La frontera colombo-panameña, de 266 km de extensión, está vigilada por bases binacionales como la de Alto Limón, visitada por EFE durante su recorrido. Estas instalaciones conjuntas permiten a las fuerzas de ambos países intercambiar información y coordinar acciones contra las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

“Estas bases binacionales nos permiten ser más fuertes. No solamente en el intercambio de información para saber por dónde se están movilizando las diferentes rutas del narcotráfico sino también para actuar de manera directa y frontal contra estas personas que ingresan al territorio panameño”, afirmó De Sedas.

La protección de la selva del Darién, considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, requiere esfuerzos continuos ante la presión de las economías ilícitas y la actividad criminal transfronteriza. Según informó EFE, el despliegue reciente incluyó a más de 700 agentes de fuerzas especiales del Senafront, distribuidos en puntos estratégicos y en los puestos binacionales de vigilancia junto a Colombia, y reforzó la seguridad en una región marcada por la violencia y la explotación ambiental.

Cómo se organiza la seguridad panameña

Desde la abolición del Ejército en 1990, la seguridad de Panamá recae en la Fuerza Pública, integrada por cuerpos especializados como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio de Protección Institucional (SPI), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Migración (SNM). Este modelo, según expuso el organismo de seguridad panameño a EFE, busca responder con flexibilidad y contundencia a desafíos como la minería ilegal, el tráfico de personas y los delitos ambientales que afectan la frontera con Colombia.

“Hay un complejo sistema de economía ilícita y eso es lo que nosotros tratamos de romper”, concluyó De Sedas.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, negó que la Minera Poderosa haya financiado su campaña presidencial cuando era candidato por el partido Libertad Popular y afirmó que no recibió ningún dinero de esta empresa. Esto luego de que se promueva una moción de interpelación en su contra desde la Cámara de Diputados.

“Yo no he recibido un centavo de la señora Arias ni de la Minera Poderosa”, indicó el ministro Belaúnde en conversación con RPP tras la moción de interpelación presentada en su contra por la bancada de Juntos por el Perú.

La moción presentada por la bancada de oposición apunta a supuestos aportes económicos que, según el documento, Belaúnde Llosa habría recibido de Evangelina Arias, presidenta del directorio de la compañía minera, y a un supuesto despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar las instalaciones y campamentos de la empresa minera en Pataz, en la región La Libertad.

Como se recuerda, Pataz es una de las zonas principales en las que se desarrollan actividades de minería ilegal y se encuentra actualmente en estado de emergencia con presencia policial e incluso del Ejército por medio del Comando Pataz.

El titular del Ministerio de Defensa sostuvo que el apoyo económico recibido fue directo a la organización política y no a su candidatura presidencial, y que provino de una persona natural. “El financiamiento es al partido, no es a una persona. Y el financiamiento no es de una empresa”, dijo al medio radial.

Sobre el origen de esos aportes, agregó: “Evangelina Arias, porque tenía afinidad con Mario Vargas Llosa, que se inscribió al partido, decidió colaborar financiando al partido político”.

El estado de emergencia en Pataz

Belaúnde Llosa también rechazó que el estado de emergencia en Pataz se use para proteger a la minera Poderosa. “El estado de emergencia que hay en Pataz no es, para decirlo en términos criollos, ”chalequear" a Minera Poderosa. El estado de emergencia es para combatir a las organizaciones criminales que utilizan armamento de fuego…”, afirmó.

En paralelo, negó tener vínculos laborales o comerciales con la empresa. “No tengo relación comercial ni he sido empleado ni he trabajado. Conozco a la señora Arias, es hija de un gran minero, don Jesús Arias, una persona que se dedicó a recorrer el Perú”, señaló.

La respuesta a la interpelación

Ante la posibilidad de que avance la moción, el ministro dijo que acudirá al pleno de la Cámara de Diputados para responder el pliego de preguntas y remarcó que sería el primero en ser interpelado desde el retorno al sistema bicameral.

“Es una prerrogativa constitucional. Yo estoy estrenando esta facultad, soy el primer ministro interpelado desde que se ha regresado al sistema bicameral. Si me citan, iré y responderé el pliego”, indicó el ministro Belaúnde.

El documento fue presentado por el diputado Marino Lavado, quien solicita al Pleno que acuerde interpelar a Belaúnde Llosa para que concurra al Congreso y responda un pliego de 43 preguntas.

El eje central de la moción gira en torno a los aportes de campaña que recibió la agrupación Libertad Popular —partido con el que Belaúnde Llosa participó como candidato presidencial en las Elecciones Generales 2026— por parte de Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa.

La actividad minera ilegal regresó a la parroquia Guadalupe, en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, en el sur de la región amazónica, apenas 40 días después del aluvión que dejó 13 personas fallecidas y seis desaparecidas. El retorno de los buscadores de oro se produce en una zona donde continúan las investigaciones sobre el deslizamiento ocurrido el pasado 4 de julio y donde las autoridades mantienen advertencias sobre la inestabilidad del terreno.

Habitantes del sector y medios locales reportaron nuevamente la presencia de personas realizando excavaciones en el área afectada por la tragedia. Las imágenes difundidas muestran maquinaria y trabajadores en sectores cercanos a donde hace poco más de un mes equipos de rescate buscaban víctimas entre toneladas de tierra, rocas y lodo.

El regreso de la actividad clandestina reabre el debate sobre el control estatal de una de las zonas con mayor presión minera del país y sobre las dificultades para impedir que la explotación ilegal vuelva a ocupar espacios considerados de alto riesgo apenas semanas después de una emergencia de gran magnitud.

Cuarenta días después de una de las tragedias más graves registradas este año en la Amazonía ecuatoriana, Guadalupe enfrenta una paradoja. Mientras el Estado intenta esclarecer qué ocurrió la madrugada del aluvión y prevenir nuevos deslizamientos, el mismo territorio vuelve a atraer a quienes buscan oro, incluso en un lugar donde el peligro sigue latente y las heridas de la emergencia aún no terminan de cerrarse.

La madrugada del 4 de julio, intensas lluvias provocaron un aluvión que arrasó parte de Guadalupe, destruyó viviendas, afectó frentes de explotación minera y dejó decenas de familias damnificadas. Conforme avanzaron las labores de búsqueda, el número de víctimas mortales ascendió a 13, mientras seis personas continúan desaparecidas.

Durante semanas, brigadas de rescate, militares, policías y personal técnico trabajaron en la remoción de escombros y en la localización de víctimas. Paralelamente, geólogos y especialistas iniciaron evaluaciones para determinar las condiciones del terreno y establecer qué factores contribuyeron al colapso de la ladera.

Hasta el momento, ninguna institución ha concluido oficialmente que la minería ilegal haya causado el aluvión. Sin embargo, la posibilidad de que años de excavaciones, remoción de cobertura vegetal, alteración de cauces y movimientos de tierra hayan incrementado la vulnerabilidad del sector forma parte de las investigaciones técnicas que permanecen abiertas.

Las autoridades también analizan el comportamiento geológico del área debido a que persisten condiciones que podrían favorecer nuevos deslizamientos durante la temporada lluviosa. Precisamente por ese motivo, especialistas han insistido en que varias zonas continúan siendo peligrosas para cualquier actividad humana permanente.

Pese a esas advertencias, la extracción ilegal volvió a convertirse en una alternativa para quienes dependen económicamente del oro. Zamora Chinchipe concentra algunos de los principales proyectos mineros del Ecuador y, al mismo tiempo, registra uno de los mayores niveles de explotación ilícita del país, una combinación que durante años ha dificultado el control territorial por parte del Estado.

El retorno de los mineros refleja además un problema recurrente en las zonas de extracción aurífera: una vez disminuye la presencia de las instituciones desplegadas durante las emergencias, las actividades ilegales tienden a reanudarse impulsadas por el alto valor del oro y por la limitada capacidad de vigilancia permanente en áreas de difícil acceso.

Mientras la actividad extractiva reaparece, las consecuencias humanas del aluvión siguen presentes. Varias familias permanecen fuera de sus viviendas debido al riesgo geológico y otras continúan esperando información sobre el paradero de sus familiares desaparecidos. Los trabajos de evaluación y las investigaciones sobre el desastre todavía no concluyen.

La reanudación de la minería ilegal también plantea nuevos desafíos para las autoridades encargadas de preservar la escena donde se desarrollan pericias técnicas relacionadas con el aluvión. Además de incrementar el riesgo para quienes ingresan nuevamente al sector, la actividad clandestina puede alterar áreas que aún son objeto de análisis por parte de los investigadores.

La ONG SOS Orinoco denunció la existencia de una nueva mina ilegal de 5,8 hectáreas dentro del Parque Nacional Canaima, entre los estados Bolívar y Amazonas, al sur del país, declarado patrimonio mundial por la Unesco desde 1994 y donde se encuentra el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo.

Subraya que “no se trata de un hecho aislado”, pues el último informe de esta agrupación documenta “1.852,96 hectáreas de minería ilegal dentro de Canaima y 49 dragas activas operando en el cauce del río Caroní, que se encuentra íntegramente dentro del parque”.

Señala que “lo más grave” de este caso en particular es que la mina “es impulsada por líderes indígenas pemón del Sector 2 de Canaima, en coordinación con políticos y militares, generando fracturas internas profundas dentro de las comunidades”.

“El mercurio del procesamiento se dispersa hasta 100 kilómetros río abajo y la sedimentación amenaza la vida útil de las turbinas del embalse de Guri”, en el estado Bolívar, la mayor represa hidroeléctrica del país, que padece una prolongada crisis del servicio eléctrico que incluye apagones y cortes de luz que se extienden por unas seis horas en buena parte de la geografía nacional.

La ONG cuestiona que “Venezuela sigue postergando la misión de monitoreo reactivo de la Unesco”, mecanismo que utiliza esta dependencia de Naciones Unidas para evaluar el estado de conservación de los lugares declarados patrimonio mundial que están bajo amenaza.

Riesgo

SOS Orinoco estima que la minería ilegal y las dragas activas en los ríos Caroní y Karuai “podrían movilizar 7,5 millones de toneladas de sedimentos al año, generados por la remoción de suelos y el uso de maquinaria pesada y químicos altamente venenosos como mercurio”.

“Esta carga sedimentaria fluye hasta el bajo Caroní, donde comienza el embalse del Guri; gran parte de esos sedimentos quedan atrapados en el fondo del embalse, que pierde profundidad y reduce su vida útil, al tiempo que reduce severamente su capacidad de almacenamiento y pone en riesgo operativo las turbinas hidroeléctricas de las que depende buena parte del sistema eléctrico venezolano”, alertan.

La ONG reportó el primero de agosto que al menos dos mineros murieron tapiados en un accidente en una mina ilegal ubicada en la margen derecha del río Caroní. “Esta mina clandestina funciona bajo el control directo de efectivos de la Dirección Policial de los Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB)”, asevera la organización civil.

La incautación de 3.524 galones de ACPM en el departamento de Chocó, realizada por tropas del Ejército Nacional y la Policía, representa un nuevo golpe a las fuentes de financiamiento de estructuras armadas ilegales que operan en la región.

El operativo, llevado a cabo en la vía que conecta los municipios de Istmina y Condoto, se suma a una serie de acciones recientes enfocadas en debilitar las economías criminales y proteger los recursos estratégicos del departamento, según informó la institución castrense.

Incautación de hidrocarburos en Istmina

De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, la operación, desarrollada por el Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño en coordinación con la Policía Nacional, permitió la incautación de 3.524 galones de ACPM (diésel) que eran transportados sin cumplir la normativa vigente ni la documentación requerida para el movimiento de hidrocarburos. Los insumos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su proceso judicial correspondiente.

La autoridad militar aseguró que esta acción busca frenar el uso de los ejes viales del departamento como corredores logísticos para actividades ilegales, debilitando así el actuar delictivo de los grupos armados presentes en la zona.

“El Ejército Nacional continúa debilitando las fuentes de financiamiento y el actuar delictivo de los grupos armados que utilizan los principales ejes viales del departamento como corredores para sus actividades ilegales”, afirmó la institución en un comunicado.

Intervención a la minería ilegal y afectación a las rentas criminales

El despliegue de operaciones de control no se limitó al transporte de hidrocarburos ni a la prevención de atentados. La Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, con el apoyo de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Armada Nacional y la Policía Nacional, intervino recientemente 18 unidades de producción minera en la zona rural de Quibdó, Chocó.

Durante la intervención, se inutilizaron ocho dragas, ocho motobombas y 10 motores empleados en la explotación ilícita de yacimientos, además de incautar 50 galones de ACPM y 100 metros de manguera.

El valor económico estimado de la maquinaria supera los $192 millones. Según cálculos de inteligencia militar, estos equipos permitían la extracción mensual de aproximadamente 2.000 gramos de oro, con un valor cercano a los $877 millones, lo que representa un golpe sustancial a las finanzas del Clan del Golfo.

Según informó el Ejército Nacional, la explotación ilícita de minerales tiene un impacto ambiental severo al contaminar fuentes hídricas y degradar suelos y hábitats de especies locales. La institución aseguró que continuará con operaciones orientadas a contrarrestar este tipo de actividades ilegales y proteger los recursos naturales estratégicos de la región.

Nuevos golpes al Clan del Golfo en el Chocó

En otra operación desarrollada por el Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño en el municipio de Cantón de San Pablo, también en Chocó, las tropas intervinieron cuatro unidades dedicadas a la explotación ilícita de oro. El resultado incluyó la incautación de dos excavadoras, dos dragas, una clasificadora, 250 galones de ACPM y 450 metros de manguera, equipos utilizados en la extracción y procesamiento del metal.

Estas unidades, de acuerdo con inteligencia militar, pertenecerían a la subestructura Jhon Fredy Orejuela Carreteras del Clan del Golfo. La afectación económica para esta organización criminal asciende a unos $1.000 millones por la pérdida de maquinaria, y se estima que la producción mensual de oro alcanzaba los 3.000 gramos, equivalentes a $1.400 millones.

Avances contra atentados y estructuras armadas en el sur del país

Durante la misma jornada, unidades del Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena y agentes de la Sijín de la Policía neutralizaron siete artefactos explosivos improvisados de alto poder en la vereda Montosa, municipio de Acevedo, en el departamento de Huila. El hallazgo se produjo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar un escondite clandestino perteneciente a la comisión Óscar Mondragón’, facción de la Segunda Marquetalia.

En este lugar, los uniformados incautaron también equipos de comunicación, baterías y cargadores que el grupo armado utilizaba para monitorear las frecuencias de la fuerza pública. La desactivación de estos explosivos evitó acciones violentas planificadas contra la población civil y propias tropas.

Las autoridades reforzaron la presencia militar en las zonas altas de Acevedo para dar con el paradero de los integrantes de esta estructura, que opera en los límites entre Huila y Caquetá y se dedica a la extorsión, la instalación de artefactos explosivos y el control de corredores estratégicos para armas y narcóticos.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso de mantener operaciones sostenidas que buscan frenar las economías ilegales, combatir la contaminación ambiental y fortalecer la seguridad en el departamento del Chocó y otras regiones afectadas por la presencia de grupos armados.

Doce guardabosques mayangnas del territorio Sauni As continúan detenidos en Nicaragua tras arrestos realizados entre 2021 y 2024. Según Confidencial.digital, estos hechos se producen en un contexto de mayor presencia de colonos, empresas mineras y actividades extractivas en la Reserva de la Biosfera de Bosawas. Los guardabosques comunitarios han desempeñado funciones de vigilancia territorial y protección ambiental ante diferentes presiones externas.

Ocho de los detenidos fueron procesados y recibieron condenas que van desde 25 años de prisión hasta prisión perpetua revisable, en procedimientos que, de acuerdo con fuentes especializadas, habrían presentado cuestionamientos sobre las garantías procesales. En cuanto a los otros cuatro guardabosques, dos ya han sido sentenciados, aunque no se ha hecho pública la duración de sus penas, y dos permanecen privados de libertad sin información oficial sobre su situación judicial. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua identifica a los doce como integrantes de la comunidad Mayangna Sauni As, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Contexto territorial y situación legal

El territorio Mayangna Sauni As forma parte de Bosawas y es uno de los 23 territorios indígenas demarcados y titulados aproximadamente entre 2005 y 2019 conforme a la Ley 445, que reconoce la propiedad comunal indígena. Según especialistas consultados por Confidencial.digital, el proceso de saneamiento legal previsto en la ley —que debía determinar la situación de ocupantes no indígenas— no se completó, lo que, según estas fuentes, genera inseguridad jurídica y facilita conflictos por el uso de la tierra.

En la zona existen recursos naturales como minas de oro, explotadas artesanalmente por miembros de la comunidad, derecho amparado por la misma Ley 445. Según testimonios recogidos, la entrega de concesiones mineras y la llegada de empresas a áreas núcleo de Bosawas han ocurrido en este contexto de falta de reconocimiento efectivo de la titularidad comunal. Algunos señalan que la criminalización de guardabosques y autoridades comunitarias estaría vinculada a estas condiciones.

Los guardabosques voluntarios de la comunidad, con edades entre 18 y 45 años, realizan tareas de patrullaje y vigilancia para evitar asentamientos no indígenas y proteger los recursos naturales. De acuerdo con Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, muchos de estos guardabosques recibieron capacitación y permisos oficiales de portación de armas por parte de la Policía Nacional, aunque desde la crisis política de 2018 se implementó un decomiso de armas en la zona rural.

Detenciones, procesos judiciales y condenas

En la mina de oro Kiwakumbaih, ubicada en el cerro Pukna, se registró el 23 de agosto de 2021 un ataque armado que, según testimonios locales, causó 11 fallecidos, incluidas mujeres y menores, y presentaba indicios de violencia sexual. Sobrevivientes identificaron a colonos como responsables, aunque la Policía Nacional atribuyó el hecho a guardabosques indígenas.

Por este caso, Arguello e Ignacio Celso Lino fueron detenidos el 28 de agosto de 2021, Donald Bruno Arcángel el 4 de septiembre y Dionisio Robins Zacarías el 3 de diciembre. De acuerdo con la información disponible, los arrestos se realizaron sin orden judicial y los detenidos permanecieron incomunicados en un primer momento. Confidencial.digital señala que la acusación se basó principalmente en testimonios de funcionarios de la Policía y del Poder Judicial, sin incorporar declaraciones de testigos presenciales, aunque había más de veinte sobrevivientes. Las condenas incluyeron prisión perpetua revisable por asesinato agravado en perjuicio de nueve personas y cuatro años de prisión por secuestro simple.

En agosto de 2023, la Policía realizó un operativo en el que fueron arrestados Rodrigo Bruno Arcángel, Tony Bruno Smith, Oliver Bruno Palacios y Evertz Bruno Palacios. El operativo incluyó gases lacrimógenos y armamento de guerra. Los detenidos fueron presentados públicamente junto a personas señaladas como integrantes de bandas criminales, y la acusación formal incluyó cargos de crimen organizado, amenazas, portación ilegal de armas, fabricación de explosivos, coacción y desplazamiento forzado. Entre la documentación presentada figuró un certificado que autorizaba legalmente la portación de armas a uno de los acusados. Los cuatro recibieron condenas de 25 años de prisión.

Reacciones y contexto internacional

Según organismos internacionales, la presencia de la Policía Nacional y del Ejército en Bosawas no ha derivado en sanciones contra colonos, lo que, según informes de 2025, contribuye a un clima de impunidad y se ha acompañado de denuncias de persecución a defensores indígenas. Expertos de Naciones Unidas y la Relatoría Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos han señalado que la detención de guardabosques ocurre en el marco de un proceso de expansión agrícola, minera y forestal, llevado adelante, según sus reportes, sin consulta previa, libre e informada a las comunidades.

Algunas fuentes consideran que estos hechos responden a una dinámica de presión sobre los pueblos indígenas y han referido la criminalización de guardabosques y síndicos como consecuencia de la defensa del territorio. La situación de los doce mayangnas detenidos se inscribe en un contexto de disputa legal y social por el control de las tierras y recursos en la región de Bosawas.

El Ejército de Nicaragua informó este viernes la detención de 22 nicaragüenses vinculados a la minería ilegal en la Reserva Biológica Indio Maíz, una zona fronteriza con Costa Rica donde ambos países acaban de reforzar la coordinación de seguridad para frenar la extracción clandestina de oro, el contrabando y el traslado de insumos por la cuenca del río San Juan.

La captura se produjo en los sectores del puente Santa Fe y Boca de San Carlos, donde, según las Fuerzas Armadas, los retenidos trasladaban medios que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal dentro de la reserva. Los detenidos y los objetos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes.

El operativo se conoció después de la reunión celebrada el 28 de febrero entre Costa Rica y Nicaragua, en la que ambos gobiernos acordaron una mayor coordinación entre sus fuerzas de seguridad para enfrentar la minería de oro ilegal y el contrabando del mineral en la frontera común.

Según las autoridades costarricenses, los mineros ilegales extraen oro en territorio de ese país, lo procesan y luego lo venden en Nicaragua. Por esa razón, San José ha pedido a Managua mayor vigilancia sobre el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, donde identifica una ruta usada para el contrabando.

La extracción clandestina de oro opera con una cadena transfronteriza entre ambos países

La minería ilegal en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se concentra sobre todo en la extracción de oro en localidades costarricenses como Crucitas y el cerro Conchudita, muy cerca del río San Juan. La actividad funciona mediante redes que aprovechan diferencias de control e institucionales entre ambos países.

El esquema descrito incluye la extracción en suelo costarricense por parte de cientos de mineros artesanales e irregulares, muchos de ellos de origen nicaragüense que cruzan de forma continua la frontera. Gran parte del sedimento y del material en bruto es trasladado de manera ilegal a territorio nicaragüense para su procesamiento.

Allí operan plantas semiindustriales y otras instalaciones en fincas fronterizas, equipadas con piletas de lixiviación que permiten separar el oro con mayor eficiencia. A la vez, existe un flujo constante y bidireccional de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio desde Nicaragua hacia Costa Rica para la purificación del metal.

La detención de los 22 nicaragüenses responde de forma directa a ese circuito: fueron retenidos cuando transportaban medios destinados a faenas de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las áreas protegidas más importantes de Nicaragua y una de las zonas bajo presión por la expansión de esta actividad en la franja limítrofe.

Costa Rica endureció penas y Nicaragua multiplicó los operativos en la reserva

El conflicto ya derivó en medidas legales y operativas en ambos lados de la frontera. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa tipificó la minería ilegal como delito de crimen organizado y elevó las penas de cárcel hasta 6 años y 10 años para quienes extraigan oro de forma irregular o destruyan áreas de conservación.

El Ejecutivo costarricense también impulsa un plan para reactivar la minería legal regulada en Las Crucitas. La propuesta parte del argumento de que la prohibición total vigente desde 2010 favoreció el descontrol y el crecimiento de redes ilegales.

En paralelo, las fuerzas de seguridad de ambos países avanzaron en acuerdos de coordinación para contener la actividad. Como resultado de ese refuerzo binacional, el Ejército de Nicaragua, realiza detenciones frecuentes de personas que portan insumos mineros dentro de la Reserva Indio Maíz.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Gerson Alí Tulande Burbano, señalado de participar en actividades de explotación ilícita de oro dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, una zona protegida por su importancia ambiental.

Según el ente investigador, el hombre habría desarrollado estas labores durante varios años en dos socavones ubicados en el sector conocido como Minas del Socorro.

De acuerdo con las evidencias recopiladas durante la investigación, Tulande Burbano habría participado, junto con otras personas, en la extracción y procesamiento de material aurífero entre 2019 y abril de 2023. Además, indicaron que para desarrollar estas actividades, presuntamente se empleó maquinaria, explosivos y sustancias químicas como mercurio, elementos que habrían generado impactos sobre los recursos naturales del área protegida.

La investigación señala que las labores se realizaron en los socavones identificados como La Pata de Queso y La Martínez, puntos en los que, según la Fiscalía, se procesaba la roca para obtener el oro, que posteriormente habría sido comercializado en distintos municipios del Valle del Cauca y Cauca.

Uno de los aspectos centrales del proceso es que, según las autoridades, el señalado no contaba con título minero ni con licencia ambiental que le permitieran desarrollar actividades de explotación dentro del parque nacional y por tratarse de un área de especial importancia ecológica, el ingreso y utilización de determinados materiales y sustancias empleados en actividades mineras están sujetos a restricciones específicas.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía explicó al procesado los hechos que le atribuye y detalló la manera en que, presuntamente, habría operado dentro de la zona protegida.

“Es así, señor Gerson Alí Tulande Burbano, por parte de la Fiscalía se tiene que usted desde el año 2019 hasta el mes de abril de 2023, en la zona rural del municipio de Santiago de Cali, en el sector de Minas del Socorro, al interior del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, usted, conocido como alias Tulande, se dedicó a la explotación minera de oro de los yacimientos encontrados en los socavones La Pata de Queso y La Martínez, ubicados en el sector de Minas del Socorro”, expuso el fiscal durante la audiencia.

El funcionario agregó que, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, en el proceso de extracción se utilizaban diferentes elementos para separar el oro de la roca.

“Esta explotación en la que procesó la roca y la mena con tambores, bolas de manganeso y mercurio para extraer el oro, que posteriormente comercializaba en Cali, en Suárez y en Santander de Quilichao. Esto con desconocimiento de la normatividad minera y ambiental”, señaló la Fiscalía.

La utilización de sustancias químicas como el mercurio es uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades, debido a los impactos que este tipo de materiales puede generar cuando son utilizados de manera inadecuada y terminan en los ecosistemas.

Según la Fiscalía, la actividad atribuida al procesado habría involucrado diferentes elementos capaces de producir afectaciones ambientales, entre ellos plantas eléctricas, motores, motobombas, explosivos y mercurio.

“Esta explotación que usted realizó, en ella utilizó medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales, tales como plantas eléctricas, motores, motobombas, mercurio y explosivos”, indicó el representante del ente acusador durante la diligencia judicial.

La Fiscalía sostiene que el impacto no se habría limitado al lugar donde estaban ubicados los socavones y que el desarrollo de las actividades mineras habría comprometido diferentes componentes del ecosistema, entre ellos el recurso hídrico, el suelo y la cobertura forestal.

En ese sentido, el ente investigador también señaló que la permanencia y las actividades desarrolladas por el procesado dentro del parque habrían desconocido las restricciones establecidas para este tipo de áreas.

La acusación también sostiene que en el lugar se habrían introducido sustancias y materiales relacionados con la explotación minera pese a las restricciones existentes en el parque.

“Dicho parque nacional natural es objeto de especial protección, por lo que se tiene totalmente prohibido el ingreso de sustancias tóxicas, químicas, explosivas y todo material o elementos propios de la minería. Allí, igualmente, usted hizo uso indebido de los recursos naturales, ya que afectó de manera grave el recurso hídrico, el forestal, el suelo, entre otros, al ponerlos al servicio de las tareas de explotación minera y el beneficio de oro que ahí obtenía”, agregó la Fiscalía.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate una reforma legal que convierte la minería ilegal en un delito de crimen organizado y eleva las penas de prisión hasta seis años.

El cambio modifica el panorama judicial para quienes operan en Crucitas de Cutris, la zona fronteriza con Nicaragua donde la extracción clandestina de oro se expandió de dos a 30 kilómetros cuadrados en la última década.

La medida llega después de años de una paradoja legal que los propios legisladores reconocieron: decenas de personas habían sido capturadas por practicar minería ilegal en Crucitas, pero las penas vigentes, que no superaban los dos meses de cárcel, hacían imposible procesarlas con eficacia. Hay registros de mineros nicaragüenses deportados más de 35 veces del territorio costarricense.

El vacío legal que habilitó la crisis

Hasta la aprobación de esta reforma, la legislación ambiental costarricense no catalogaba la gran mayoría de los delitos ambientales como delitos graves, categoría reservada para conductas que acarrean penas superiores a cuatro años de prisión.

La minería ilegal, en particular, estaba tipificada como un delito ambiental menor. Esa brecha jurídica permitió que la actividad se consolidara durante años con campamentos improvisados, caminos clandestinos y una logística transfronteriza cada vez más sofisticada.

Los insumos entran por rutas que eluden los cordones policiales, incluso embarcados por el río San Juan.

El impacto ambiental acumulado es grave. El Colegio de Geólogos de Costa Rica estimó que la zona afectada podría alcanzar las 10,000 hectáreas, con más de 200 toneladas de mercurio utilizadas desde 2017 y cerca de 300 piletas con cianuro de sodio identificadas en el sector de Conchudita.

Las pérdidas económicas para el país se calculan entre USD 1,500 millones y USD 2,000 millones en ese mismo período.

Qué cambia con la nueva ley

El proyecto “Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales” modifica el Código de Minería para imponer penas de tres meses a cinco años de cárcel a quien realice actividades mineras dentro de parques nacionales, reservas biológicas u otras áreas de conservación.

Cuando el delito sea cometido por un grupo estructurado de dos o más personas con actuación sostenida en el tiempo, la sanción sube a un rango de tres a seis años de prisión.

Al quedar encuadrada dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la minería ilegal habilita herramientas que antes no estaban disponibles: ampliación de los plazos de investigación, intervención de comunicaciones y rastreo de estructuras financieras.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General podrán ahora seguir el rastro del cianuro, del mercurio y de los compradores internacionales del oro extraído.

“Hoy finalmente logramos un paso sustancial real para combatir la minería ilegal en Crucitas y en otras partes de nuestro país”, declaró José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, tras la votación. El proyecto, añadió, “permite sancionar, investigar y perseguir estas actividades como crimen organizado, que es lo que son”.

Las mismas penas se aplicarán a otras redes ilícitas ambientales: tala ilegal, tráfico de especies en peligro de extinción y caza de tortugas marinas.

Una negociación política de tres años

La iniciativa fue presentada en septiembre de 2023 por el entonces diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, pero su avance estuvo bloqueado durante años por tensiones entre el oficialismo y la oposición.

El desbloqueo llegó mediante un acuerdo político: el Partido Pueblo Soberano (PPSO) convocó el proyecto en sesiones extraordinarias y, a cambio, el Frente Amplio retiró cerca de 72 mociones que frenaban el plan del Gobierno para legalizar la explotación minera industrial en la zona. El paquete se aprobó con 53 votos a favor, aunque fue retrotraído a comisión para incorporar enmiendas que lo armonicen con un proyecto presentado el 27 de julio de 2026 por la presidenta Laura Fernández.

Ese segundo proyecto gubernamental propone penas aún más severas: de seis meses a 10 años de prisión para toda la cadena productiva de la minería ilegal, según anunció el Ejecutivo ante el Congreso.

El trasfondo de Crucitas

La historia de Crucitas como zona de conflicto minero no comienza con los coligalleros nicaragüenses. La empresa canadiense Infinito Gold obtuvo en 2008, durante la presidencia de Óscar Arias, una concesión para operar una mina de oro a cielo abierto en el sitio, con proyecciones de extraer hasta 85.000 onzas de oro al año de un yacimiento estimado en 1,2 millones de onzas.

La concesión generó una batalla legal que duró más de una década y movilizó a grupos ambientalistas, comunidades locales y organizaciones universitarias. En noviembre de 2011, el Tribunal Contencioso-Administrativo anuló la concesión. La empresa llegó a amenazar al Estado costarricense con una demanda de USD 1.000 millones ante un tribunal de arbitraje internacional, aunque en junio de 2021 el tribunal falló a favor de Costa Rica.

Con el sitio sin operador legal desde entonces, los mineros artesanales ocuparon el vacío. Hoy, según el Ministerio de Seguridad, empresas chinas instaladas en el lado nicaragüense de la frontera compran la broza, el material con partículas de oro, para procesarla por su cuenta, lo que introduce el mineral en cadenas legales de exportación internacional.

El costo de la seguridad y el debate sobre la minería legal

La crisis en Crucitas le cuesta al Estado costarricense cerca de USD 1,3 millones mensuales en operativos de seguridad, según cifras del Gobierno. La presidenta Fernández impulsó en paralelo el proyecto de ley número 24.717, que plantea crear un régimen especial de minería metálica a cielo abierto en Crucitas y declarar la actividad como de conveniencia nacional para que una empresa privada explote el oro y desplace a los mineros ilegales.

Esa iniciativa, presentada en noviembre de 2024, acumula más de 650 mociones de oposición y su trámite permanece paralizado.

La Fundación del Río alertó, entre tanto, que Nicaragua incumple los acuerdos binacionales suscritos con Costa Rica para frenar el flujo de mineros artesanales: ni la Fuerza Naval del Ejército nicaragüense ni la Dirección General de Transporte Acuático han desplegado operativos para impedir el uso del río San Juan como vía de acceso a los puntos de extracción ilegal.

La Sala Constitucional costarricense ya había señalado que la inacción del Estado ante esta situación constituye una violación al derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano, y exigió medidas inmediatas para proteger a las comunidades del norte del país.

La presentación se produce en un contexto marcado por el fortalecimiento del crimen organizado en la selva peruana. De acuerdo con datos expuestos por las organizaciones indígenas y sustentados en investigaciones recientes, estas redes ya afectan a cerca del 67% de los distritos amazónicos y mantienen en disputa alrededor del 32% de los territorios indígenas, mientras que el oro ilegal se consolida como una de las principales fuentes de ingresos de las estructuras criminales, incluso por encima del narcotráfico.

Impacto de las economías ilegales sobre los pueblos indígenas será expuesto en la CIDH

La audiencia temática denominada “Perú: Situación de las mujeres indígenas defensoras en contexto de economías ilegales” se desarrollará durante el 196.º Período de Sesiones de la CIDH y reunirá, por primera vez durante el actual gobierno, a representantes del Estado peruano y a organizaciones indígenas amazónicas en un espacio internacional para debatir la situación de los derechos humanos en la región.

La delegación peruana está integrada por Teresita Antazú, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Elaine Shajian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL); Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Awajún; Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; y Kelly Valencia, presidenta de la Organización Regional de la Guardia Indígena del Pueblo Shipibo-Konibo (ORGI).

Durante la audiencia, las representantes buscarán exponer cómo el avance de las redes criminales ha incrementado los riesgos para quienes protegen los bosques amazónicos. Según sostienen, la expansión de la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras y la tala ilegal ha convertido a los territorios indígenas en uno de los principales escenarios de disputa del crimen organizado en Sudamérica.

Las organizaciones advierten que esta situación se agrava por el debilitamiento de la presencia estatal y por reformas normativas que, según indican, reducen los mecanismos de protección ambiental y territorial. Entre las normas cuestionadas figuran la Ley N.º 32293, la denominada Ley “Antiforestal” (Ley N.º 31973), las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), modificaciones relacionadas con la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas y cambios en la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Asimismo, las lideresas sostienen que la decisión del Perú de no ratificar el Acuerdo de Escazú deja a las personas defensoras ambientales sin un mecanismo regional adicional de protección frente al incremento de amenazas y agresiones.

La audiencia ante la CIDH se realizará este 4 de agosto, desde la 1:00 p. m. (hora peruana), en Washington D. C., y será transmitida a través del canal oficial de YouTube del organismo internacional. Allí, las representantes indígenas presentarán directamente sus denuncias ante los comisionados y los representantes del Estado peruano sobre el avance del crimen organizado y los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras de la Amazonía.

Minería ilegal supera al narcotráfico y fortalece al crimen organizado en la Amazonía peruana

La preocupación expresada por las organizaciones indígenas coincide con los resultados de investigaciones recientes sobre la expansión de las economías ilegales en la Amazonía. Un informe elaborado por Amazon Watch junto con organizaciones indígenas advirtió que la minería ilegal y el narcotráfico ya no operan como actividades separadas, sino como parte de una misma estructura criminal que comparte financiamiento, rutas logísticas y mecanismos para el lavado de dinero.

El estudio sostiene que entre 2014 y 2024 estas actividades movilizaron aproximadamente US$13.341 millones en el Perú. De ese total, cerca de US$7.810 millones corresponderían a la minería ilegal, cifra que supera los ingresos atribuidos al tráfico de drogas durante ese mismo período.

La investigación también identifica que los recursos obtenidos mediante el narcotráfico sirven para financiar operaciones de extracción ilegal de oro, mientras que el mineral se convierte posteriormente en un mecanismo para blanquear ganancias ilícitas. Este modelo ha permitido consolidar redes criminales que operan simultáneamente en diferentes actividades ilegales dentro de la Amazonía.

Otro de los datos que preocupa a las organizaciones indígenas es el avance de estas economías sobre los territorios comunales. El informe señala que en 2024 se identificaron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas, lo que representa un incremento del 147% respecto a 2018.

Además, se detectó una superposición de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con zonas vinculadas a la actividad cocalera y la existencia de más de 13.000 derechos mineros en áreas donde también habitan comunidades indígenas.

Los impactos también alcanzan al ambiente. La investigación estima que la minería ilegal ha provocado la deforestación de al menos 47.350 hectáreas de bosques amazónicos, además de generar contaminación por mercurio en diversos ríos utilizados por las comunidades para su alimentación y abastecimiento de agua.

Las organizaciones indígenas también alertan sobre el incremento de la violencia contra quienes defienden estos territorios. Registros de AIDESEP indican que entre 2013 y 2026 fueron asesinados 35 líderes indígenas en conflictos relacionados con actividades ilícitas y disputas territoriales, mientras que numerosas mujeres defensoras reportan amenazas, criminalización, violencia sexual, trata de personas, desplazamientos forzados y ataques en entornos digitales.

Frente a este escenario, distintas comunidades han fortalecido mecanismos propios de vigilancia, como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica en Junín. Estas iniciativas realizan patrullajes, monitoreo territorial y sistemas de alerta temprana para detectar el ingreso de organizaciones vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la Amazonía peruana.

Personal de la Fuerza Armada de El Salvador respondió de inmediato al llamado de auxilio realizado por habitantes de la zona de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión Norte. El aviso informaba que dos trabajadores de minas clandestinas habían quedado atrapados en una mina localizada en ese sector.

Según la información difundida por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, el incidente ocurrió el sábado 1° de agosto. Los equipos de rescate lograron sacar con vida a uno de los mineros, identificado como Carlos Wilfredo Delgado Díaz, quien se encontraba a 45 metros de profundidad. Delgado Díaz fue trasladado a un centro hospitalario, donde actualmente recibe atención médica y, de acuerdo con el reporte oficial, se encuentra estable.

A través de un video compartido en redes sociales se muestran las maniobras de rescate que las autoridades emplearon entre los estrechos pasajes del túnel para extraer a Delgado Díaz. En las imágenes se observan las labores coordinadas para avanzar por los conductos y asegurar el traslado del trabajador hasta la superficie.

Durante esas maniobras, también fue encontrado el cuerpo sin vidade la segunda víctima, cuyo nombre no fue detallado en el comunicado oficial. El ministro de Defensa precisó que el segundo trabajador se hallaba a unos 80 metros de profundidad, lo que complicó aún más las labores de recuperación.

El operativo involucró a personal capacitado en este tipo de situaciones. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron al accidente ni sobre posibles investigaciones en curso respecto del funcionamiento de la mina.

Al menos 15 minas abandonadas en el oriente salvadoreño

Un informe presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador en 2019 advirtió que en la zona oriental del país existen al menos 15 minas de oro y plata abandonadas, localizadas principalmente en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión. Estas minas, muchas de las cuales operaron desde hace más de un siglo, fueron abandonadas sin un cierre técnico adecuado, lo que las convirtió en graves pasivos ambientales para las comunidades cercanas.

El informe detalló que en el departamento de Morazán destacan complejos mineros como Los Encuentros, El Divisadero, Montecristo, Barrios, San Pedro y El Gigante. En el departamento de San Miguel se encuentran minas como Potosí, Montemayor, Loma Larga y Flamenco Pavón. En La Unión sobresale la exmina San Sebastián, reconocida por la persistente contaminación activa en sus alrededores, así como otras minas como Las Piñas y Tepeyac.

Entre los principales riesgos ambientales y sociales identificados por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica figura la contaminación de fuentes de agua. Los residuos metálicos provenientes de estas minas afectan las cuencas de los ríos Goascorán y Grande de San Miguel, incrementando la filtración de metales pesados y amenazando la seguridad hídrica de la región. Además, muchas de estas minas presentan un alto riesgo de drenaje ácido, ya que el contacto de la lluvia con los minerales expuestos puede generar ácidos que contaminan el entorno.

El informe también destacó que las comunidades cercanas a estas minas enfrentan impactos negativos en la salud física y en la seguridad de los suelos de cultivo, lo que agrava la vulnerabilidad en la zona oriental de El Salvador.

En un operativo realizado el 1 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres personas en el distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad, tras encontrarles un arsenal de explosivos listos para su uso.

Los intervenidos fueron identificados como Romario Ronald Lara Rodríguez (28), Elvis Galarreta Campos (32) y Jholvin David Segura Laiza (34). Todos enfrentan cargos por el presunto delito de tenencia ilegal de material explosivo.

Según el reporte oficial, los agentes de la Comisaría de Vijus hallaron 500 cartuchos de Emulgod 80, 175 unidades de carmen y 14 detonadores embalsados durante la inspección. El material se encontraba en condiciones para ser utilizado, lo que permitió a las autoridades abrir una investigación sobre su posible destino.

Investigan vínculos con minería ilegal y extorsión

Las pesquisas del Ministerio Público apuntan a determinar si los explosivos incautados iban a ser empleados en actividades de extracción ilícita de mineral o si estaban dirigidos a organizaciones criminales que operan en Trujillo.

“El material y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley, y así determinar responsabilidades”, informaron las autoridades.

No se descarta que parte del cargamento pudiera ser utilizado para extorsionar a empresarios locales mediante el uso de cargas explosivas, una práctica detectada en anteriores operativos en la región. La investigación también busca identificar el origen del material y posibles nexos de los detenidos con redes de crimen organizado.

Los tres sujetos y el arsenal de explosivos permanecen bajo custodia en espera de las diligencias judiciales correspondientes, mientras la Policía y la fiscalía amplían las pesquisas en la zona.

Ministro investigado por minería ilegal

El nuevo ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, consignó en su declaración jurada presentada a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la presidenta Keiko Fujimori que figura en una veintena de investigaciones fiscales y procesos judiciales. De estos casos, diez corresponden a investigaciones penales en trámite, mientras que el resto fueron archivados o concluyeron con sobreseimiento.

Entre los expedientes archivados destaca el caso seguido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puquio (Ayacucho), donde Shinno fue investigado por el presunto delito de minería ilegal. Este proceso, registrado bajo el expediente 1606165200-2023-5-0, fue cerrado el 31 de enero de 2023.

La región sur de Ayacucho, donde se produjo la investigación, es conocida por concentrar actividades de explotación minera ilícita, especialmente en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.

Por otro lado, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno mantiene vigente una investigación preliminar contra Shinno por el presunto delito de contaminación ambiental dolosa, iniciada el 24 de noviembre de 2021. Según la propia declaración del ministro, este caso continúa abierto.

Pese a estos antecedentes, Shinno recibió el respaldo del Instituto de Ingenieros de Minas, organismo que destacó su experiencia en el sector público y privado. El funcionario es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y ha ocupado cargos como viceministro de Minas, director general de Minería, gerente general de Osinergmin y de la Compañía Minera Apumayo. También presidió el directorio de Egasa e integró el consejo directivo de Sucamec.

La propuesta del Poder Ejecutivo para obtener facultades legislativas por un plazo de 120 días incluye cambios en diversas áreas vinculadas con la economía, la administración pública y el desarrollo productivo. Entre los puntos incorporados en el proyecto de ley figura una modificación del marco normativo ambiental con el objetivo de reducir tiempos en la aprobación de proyectos de inversión.

El planteamiento forma parte del pedido presentado al Congreso para delegar competencias al Ejecutivo en materias como seguridad ciudadana, empleo, formalización, desarrollo productivo, modernización del Estado, régimen tributario y facilitación del comercio. Dentro de ese conjunto de medidas también se contempla una reforma sobre recursos naturales y áreas naturales protegidas.

La iniciativa plantea cambios en los procedimientos relacionados con permisos, autorizaciones e instrumentos ambientales. Según el texto del proyecto, el propósito consiste en compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo de actividades económicas mediante una actualización de las normas vigentes.

Proyecto plantea cambios en la normativa ambiental

La propuesta incluye la regulación de competencias entre las distintas entidades involucradas en la evaluación ambiental. Asimismo, plantea simplificar y reducir los plazos de aprobación de los instrumentos ambientales, además de uniformizar criterios y disminuir exigencias para la elaboración o modificación de dichos documentos.

El texto también propone establecer mecanismos de presunción de veracidad y aplicar el silencio administrativo positivo en determinados procedimientos. De igual forma, señala que se busca otorgar estabilidad a los permisos y aprobaciones concedidos para el desarrollo de proyectos.

Otro de los aspectos considerados dentro del proyecto se refiere a las restricciones aplicables a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas.

El documento precisa que dichas limitaciones deberán sustentarse en “evidencia científica objetiva y clara”, evaluada técnicamente y respetando los principios de legalidad y proporcionalidad. La propuesta forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo pretende desarrollar si el Congreso aprueba la delegación de facultades legislativas.

Además, el planteamiento contempla modificaciones relacionadas con los recursos naturales, con el propósito de establecer un marco regulatorio que, según el proyecto, permita una mayor coordinación entre las entidades competentes durante los procesos de evaluación y autorización.

Medidas incluyen sectores estratégicos para la inversión

Las facultades solicitadas no se limitan al ámbito ambiental. El proyecto también incorpora medidas para fortalecer el marco normativo de las actividades mineras, incluida la promoción de inversiones, la simplificación de requisitos, la formalización, los permisos, las autorizaciones y las certificaciones.

En materia de hidrocarburos, el Ejecutivo propone crear mecanismos de aprobación expedita para proyectos energéticos y de exploración y explotación, además de modificar los regímenes legales y contractuales aplicables al sector. El documento también menciona ajustes relacionados con regalías, retribuciones e industria del gas.

Respecto al sector eléctrico, la iniciativa contempla normas para promover inversiones en generación, transmisión y distribución de electricidad, ampliar la cobertura en zonas rurales y aisladas e impulsar proyectos vinculados con energías renovables y transición energética.

Pedido de facultades comprende reformas económicas y administrativas

El proyecto de ley solicita autorización para legislar durante 120 días calendario en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, promoción del empleo, protección social, formalización, desarrollo productivo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, modernización del Estado y régimen tributario, aduanero y de comercio.

Dentro del apartado dedicado al desarrollo productivo también figuran medidas relacionadas con agricultura, recursos hídricos, pesca, turismo, infraestructura, asociaciones público-privadas y servicios financieros.

El texto incorpora propuestas para facilitar autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes mediante procedimientos simplificados, aprobación automática y silencio positivo en proyectos priorizados dentro del Plan Nacional de Infraestructura. Asimismo, plantea regular las competencias de las entidades públicas involucradas en esos procesos con el objetivo de agilizar la ejecución de inversiones contempladas en la iniciativa presentada al Congreso.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) lograron desmantelar una presunta red criminal dedicada al tráfico ilícito de combustible para la minería ilegal en Madre de Dios.

Entre los 12 detenidos figuran cuatro policías del Escuadrón de Emergencia y un exfiscal, quienes, según las investigaciones, facilitaban el desvío y transporte clandestino de grandes volúmenes de combustible hacia zonas de extracción minera no autorizada.

De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía, la operación se ejecutó de manera simultánea en las localidades de Mazuko (Madre de Dios), Puno y Ucayali. El despliegue permitió la captura de integrantes de la presunta organización “Los lecheros del puerto”, cuyo objetivo principal consistía en abastecer de insumos a maquinaria empleada en actividades mineras ilegales.

La investigación, desarrollada en colaboración con la PNP, estableció que la estructura criminal mantenía operaciones desde 2023 y se apoyaba en una cadena integrada por proveedores, distribuidores, transportistas y encargados de cobertura institucional.

Según el jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), coronel Robert Trujillo, los detenidos conformaban una organización que operaba al menos tres años en la zona de Lechemayo. El combustible era adquirido en el puerto de Mollendo y transportado formalmente hasta Puno, donde sufría el primer desvío.

Tráfico de combustible

El procedimiento utilizado por la red implicaba la compra legal de combustible a través de empresas o estaciones de servicio, con documentos que consignaban como destino grifos legales. Sin embargo, una vez en ruta, los cargamentos de hasta 10.000 galones cada uno se desviaban y almacenaban en cisternas clandestinas ubicadas en el distrito de San Gabán.

El coronel Trujillo explicó a RPP que “el desvío de combustible lo realizaban en Puno, y hacían el desenvase en cisternas clandestinas para ser trasladado a San Gabán, donde tenían cisternas para que, tras el desenvase, sea trasladado por el río Inambari y también por la carretera Interoceánica de manera clandestina. Todo esto era para la maquinaria que utilizaba la minería ilegal”.

Desde los almacenes acondicionados en Lechemayo, el combustible era transvasado hacia tanques o bidones, siguiendo pedidos coordinados previamente. Los distribuidores de la organización gestionaban el traslado hasta el puerto de Lechemayo o a puntos clandestinos en Mazuko, donde el producto se transfería a canoas y navegaba por el río Inambari. Esta vía fluvial permitía evadir los controles terrestres y abastecer puntos como Mazuko, Puerto Punkiri, Puerto Carlos y Puerto Sarayacu.

Protección institucional

Un aspecto clave del funcionamiento de la red, según la información difundida por la Fiscalía, era la presencia de efectivos policiales y un exfiscal —destituido meses atrás— en el equipo de protección y cobertura institucional.

Su rol consistía en alertar sobre posibles controles o intervenciones estatales, así como facilitar el libre tránsito de los vehículos implicados, omitiendo controles y procedimientos de rigor.

El coronel Trujillo puntualizó que “los detenidos omitían sus funciones, sabían el desplazamiento del desvío de combustible. Trabajaban en el Escuadrón de Emergencia, en la comisaría de Mazuco y comisaría Santa Rosa”.

Por su parte, la Fiscalía detalló que estos funcionarios “aseguraban la continuidad de las operaciones ilícitas”, anticipando rutas de intervención y coordinando para evitar la detección del tráfico ilegal de insumos. El desmantelamiento de la organización representa un golpe a las redes que sostienen el abastecimiento logístico de la minería ilegal en la Amazonía peruana.

Impacto de los operativos

Como parte de la respuesta estatal, el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, informó a Rumbo Minero que las acciones desplegadas por las Fuerzas Armadas y entidades asociadas permitieron incautaciones valorizadas entre S/ 450 y S/ 500 millones en los últimos meses. El funcionario resaltó que uno de los principales desafíos consiste en fortalecer el marco legal que rige las intervenciones militares en la lucha contra el crimen organizado, para garantizar la seguridad del personal involucrado.

Flores Carcagno indicó que “hay un marco, pero no es suficiente. En mis casi cuatro meses de gestión no puedo cambiar todas las leyes, pero sí hicimos ajustes normativos para que cuando ellos intervengan no se pongan en riesgo, porque el crimen organizado no respeta nada y nosotros actuamos dentro del Estado de Derecho”.

La operación, que tuvo lugar en los últimos días, expuso el funcionamiento de un circuito clandestino que facilitaba recursos a actividades extractivas ilegales en la Amazonía.

Entre los detenidos figuran un policía y un exrepresentante del Ministerio Público en actividad, quienes, según las investigaciones, desempeñaban un papel clave en el primer eslabón de esta cadena criminal. La operación incluyó la incautación de más de S/ 1.8 millones en efectivo, así como vehículos, equipos y otros bienes presuntamente vinculados a estas actividades.

Un circuito que abastecía a la minería ilegal

Según declaró el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, el esquema de distribución comenzaba formalmente en la ciudad de Juliaca, donde empresarios del rubro adquirían el combustible bajo una ruta fiscalizada. Posteriormente, el insumo era desviado hacia almacenes clandestinos y de allí trasladado a Chemayo, punto desde el cual se distribuía por vía fluvial a campamentos de minería ilegal en Madre de Dios.

“Nuestros dos objetivos que han sido detenidos en esa ciudad son empresarios griferos que desvían su insumo químico, que tienen una ruta fiscalizada y controlada. Sin embargo, ese combustible no llega a su destino final, sino es desviado hacia la localidad de Chemayo, de donde por vía fluvial llega a la minería ilegal acá en Madre de Dios”, explicó.

El operativo contó con el apoyo de Interpol y organismos de cooperación internacional, lo que permitió la identificación y detención de los principales sospechosos tras varios meses de investigación.

“Ellos han sido detenidos justamente por la Policía Nacional y esto es sumamente importante. Porque nuestra propia Policía Nacional identifica los malos elementos y son ellos mismos los que los capturan y los ponen a disposición de la justicia”, remarcó el coordinador nacional.

Durante la intervención, además de los detenidos, se incautaron sumas significativas en dinero en efectivo, vehículos y equipos vinculados al transporte y almacenamiento de combustible. La Fiscalía ha iniciado una investigación por lavado de activos para determinar el origen y destino de los fondos, así como para identificar el patrimonio de los implicados.

La investigación abarca a 27 personas, entre ellas efectivos policiales y un exfiscal, todos presuntamente vinculados a la organización. Según los reportes, la red operaba bajo la apariencia de legalidad hasta el momento en que el combustible era desviado.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con líneas telefónicas y plataformas digitales para recibir denuncias sobre actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal, el tráfico de combustible y otros delitos ambientales.

El Ministerio Público ofrece canales de atención a través de sus Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y Contra la Criminalidad Organizada. Cualquier persona puede presentar información, pruebas o reportes sobre delitos asociados al tráfico de combustibles o daño ambiental acudiendo a las sedes.

Mientras la atención internacional continúa concentrada en el narcotráfico, otra economía ilícita crece silenciosamente hasta convertirse en uno de los principales motores financieros del crimen organizado. La explotación ilegal de oro actualmente financia guerrillas, carteles, mafias, redes de corrupción y estructuras de lavado de activos que disputan el control territorial en buena parte de América Latina. El fenómeno ya no constituye un problema ambiental, representa una amenaza estratégica para la seguridad de los Estados.

Durante décadas, el narcotráfico fue considerado el principal motor financiero de las organizaciones criminales latinoamericanas; guerrillas, carteles, organizaciones mafiosas y grupos armados encontraron en la cocaína una fuente extraordinaria de recursos (aún vigente) que les permitió expandirse, corromper instituciones, adquirir armamento, controlar territorios y desafiar la autoridad de los Estados. La imagen del crimen organizado quedó así inevitablemente asociada a las rutas de la droga, los grandes cargamentos, los laboratorios clandestinos y las redes internacionales de distribución. Sin embargo, mientras la mayor parte de los esfuerzos estatales continuaban concentrándose en combatir ese fenómeno, otra economía ilícita comenzó a expandirse de manera constante, silenciosa y con una capacidad de adaptación extraordinaria.

Lejos de ocupar un lugar secundario dentro de las actividades criminales, la minería ilegal se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado transnacional, modificando profundamente la estructura económica de estas organizaciones, posibilitando a su vez la diversificación de sus fuentes de ingresos. El cambio no resulta casual, responde a una lógica empresarial que las organizaciones criminales han perfeccionado durante décadas. Como cualquier estructura económica compleja, el crimen organizado busca reducir riesgos, diversificar inversiones y asegurar la continuidad de sus ingresos frente a escenarios inestables o cambiantes.

La presión internacional sobre el narcotráfico, el fortalecimiento de algunos mecanismos de cooperación judicial y financiera y la mayor capacidad de los Estados para interceptar cargamentos de distintos tipos de drogas impulsaron a estas organizaciones a explorar mercados ilícitos con menor exposición y similares niveles de rentabilidad. En ese proceso, el oro apareció como un recurso excepcional. A diferencia de la cocaína, cuya producción, transporte y comercialización requieren una infraestructura logística, compleja y, (aunque clandestina), potencialmente detectable, el oro posee una característica que lo convierte en un activo particularmente atractivo para las economías criminales, ya que, una vez extraído, resulta extremadamente difícil distinguir el origen legal del ilegal. Puede fundirse, mezclarse con producción formal, incorporarse rápidamente al circuito financiero internacional y comercializarse como un producto aparentemente legítimo; en otras palabras, el oro ofrece algo que pocos activos ilegales proporcionan simultáneamente, como el alto valor económico, la estabilidad de precio, la aceptación universal y enormes posibilidades de lavado de activos.

Esta condición explica por qué numerosas organizaciones criminales comenzaron a desplazar parte de sus recursos hacia la explotación ilegal de minerales preciosos. El fenómeno ya no se limita a pequeños grupos de buscadores informales ni a explotaciones artesanales desarrolladas en zonas aisladas; la minería ilegal evolucionó hasta convertirse en una compleja industria clandestina que demanda maquinaria pesada, logística internacional, redes financieras, sistemas de transporte, protección armada, estructuras orientadas a explotar la corrupción y mecanismos sofisticados de comercialización. Lo verdaderamente novedoso es que esta actividad dejó de ser un simple delito ambiental para transformarse en un fenómeno que afecta seriamente a la seguridad regional. Durante muchos años, la minería ilegal fue analizada casi exclusivamente desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. La preocupación principal giraba alrededor de la deforestación, la contaminación con mercurio, la degradación de los cursos de agua y la destrucción de ecosistemas estratégicos.

Todos esos efectos continúan existiendo y representan una amenaza de enorme magnitud, sin embargo, esa mirada resulta hoy ciertamente insuficiente ya que, detrás de cada explotación minera ilegal a gran escala, suele encontrarse una estructura criminal mucho más amplia. Allí donde aparecen dragas clandestinas, retroexcavadoras, campamentos ilegales y pistas aéreas improvisadas, rara vez opera un único delito, emergiendo un verdadero ecosistema criminal en el que convergen el lavado de activos, la trata de personas, la explotación laboral, el tráfico de armas, el narcotráfico, la corrupción pública, el contrabando y la violencia organizada; la diversificación criminal les proporciona a estas estructuras delictivas, mayor resiliencia, reduciendo riesgos y multiplicando su capacidad para adaptarse a las respuestas estatales. La minería ilegal financia organizaciones capaces de controlar territorios completos, imponer sistemas paralelos de autoridad, regular actividades económicas, cobrar extorsiones, administrar justicia por mano propia e incluso sustituir al Estado en vastas regiones de América Latina. En definitiva, el oro dejó de ser únicamente un metal precioso, convirtiéndose en extensos lugares de América Latina, en la moneda con la que el crimen organizado compra poder, construye gobernanza, financia violencia y consolida su expansión.

Evolución criminal en la región - patrones y mutaciones de la minería ilegal

La evolución del crimen organizado demuestra que las organizaciones más exitosas no son necesariamente las más violentas. Son aquellas que logran adaptarse con mayor rapidez a las transformaciones económicas, regulatorias y geopolíticas. Allí donde los Estados concentran sus esfuerzos sobre una actividad específica, estas estructuras desplazan parte de sus recursos hacia nuevos mercados, reducen riesgos y preservan su capacidad financiera. La minería ilegal representa, precisamente, una de esas mutaciones estratégicas.

La Amazonía y la Zona Andina comparten profundas semejanzas en sus crisis de inseguridad debido a que la minería ilegal funciona bajo las mismas lógicas del crimen organizado transnacional. Aunque difieren drásticamente en su geografía, el auge en el precio internacional del oro ha convertido a ambas regiones en objetivos de mafias internacionales que aprovechan la debilidad del Estado. Esto ha homogenizado las amenazas que sufren las poblaciones locales de la selva y de la montaña en extensos sectores de la región.

Colombia - minería criminal como sustituto del narcotráfico

En Colombia, por extraño que nos parezca, la minería ilegal ha llegado a equiparar e incluso superar al narcotráfico en ciertas regiones como principal fuente de ingresos para grupos armados organizados. Estructuras como el Clan del Golfo o disidencias de las FARC y estructuras posparamilitares (las llamadas bandas criminales emergentes - BACRIM – ) han incorporado la explotación aurífera como eje estratégico.

Las características relevantes, del fenómeno Colombiano están dadas por el control territorial directo de zonas de extracción; en regiones como Chocó, Antioquia, Cauca o el sur de Bolívar, estos actores controlan dragas, retroexcavadoras, insumos químicos y rutas de comercialización, imponiendo impuestos a mineros informales y sus comunidades, empleando la violencia como método de disciplinamiento territorial. La relación con comunidades indígenas y afrodescendientes es ambivalente, en algunos casos hay cooptación y participación directa de comuneros en la cadena de extracción; en otros, resistencia y desplazamiento forzado.

La minería ilegal se superpone con cultivos ilícitos y corredores de narcotráfico, generando un mapa de economías ilícitas integradas donde el oro funciona como lavado de activos y diversificación criminal. La minería ilegal demuestra una alta sofisticación logística y financiera, con vínculos que atraviesan fronteras. Colombia muestra un alto grado de criminalización de la minería ya que, no es solo una actividad informal, sino un componente estructural de la economía de guerra de grupos armados, con capacidad de controlar ríos, pasos y centros poblados, además de condicionar la vida comunitaria mediante extorsión, reclutamiento y regulación violenta de la actividad.

Venezuela y el arco minero del Orinoco

En Venezuela, el Arco Minero del Orinoco y otras zonas auríferas del sur del país ilustran un modelo aún más extremo, la minería ilegal (y semi-legal, bajo paraguas estatal) se articula con sindicatos mineros, pranes y grupos armados que ejercen un control casi total sobre campamentos, poblaciones y rutas fluviales. En territorios indígenas del estado Bolívar y áreas cercanas al amazonas Venezolano, estos actores imponen reglas propias, cobran impuestos, regulan el acceso a insumos y ejercen violencia sistemática, incluyendo masacres y desplazamientos.

A ello se suma la presencia de grupos armados de carácter irregular, colombianos como el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), que han sido señalados como partícipes del negocio minero en zonas fronterizas, lo que refuerza la idea de una economía criminal transnacional donde oro, armas y drogas circulan en un mismo circuito. La gobernanza estatal se ve sustituida por una gobernanza criminal híbrida, esto es, actores armados locales, estructuras carcelarias (pranato) y segmentos de fuerzas de seguridad que participan o protegen la actividad ilegal. Para las comunidades que habitan esos espacios, esto se traduce en pérdida de control sobre su territorio, contaminación masiva de ríos, ruptura de formas tradicionales de organización y una dependencia creciente de la economía del oro para sobrevivir, aun sabiendo que esa misma economía destruye su entorno y su tejido social.

Perú - la guerra por el control minero en el Pataz

En el Perú, la minería ilegal ha superado al narcotráfico como la economía ilícita más rentable y destructiva. Esta crisis ya se extiende a 11 regiones amazónicas y a enclaves críticos de la sierra andina, generando un escenario de violencia que desafía directamente la soberanía del Estado. La situación en el territorio Peruano evidencia el cruce de estas dos realidades geográficas bajo el control del crimen organizado.

En la sierra de La Libertad, la provincia de Pataz se ha convertido en el símbolo de la violencia andina por el oro. Organizaciones transnacionales operan allí controlando socavones. El uso de armamento militar pesado de largo alcance (fusiles de asalto AR-15 y AKM, granadas y explosivos) ha transformado la zona en un campo de batalla. El Gobierno mantiene a Pataz bajo un constante estado de emergencia con control de las Fuerzas Armadas y toque de queda. Pese a millonarias incautaciones y la destrucción de campamentos, la violencia (sicariato, secuestros y extorsión) y los enfrentamientos armados persisten. La enorme capacidad económica de estas redes delictivas ha penetrado la política local, detectándose candidatos municipales y regionales con nexos directos a la minería ilegal.

Brasil - el garimpo ilegal

En la Amazonia—especialmente en territorios yanomami y otras tierras indígenas—la actividad minera artesanal (garimpo), muestra otro patrón de convergencia entre minería, crimen organizado y captura territorial. Miles de garimpeiros operan con apoyo logístico que incluye avionetas, combustible, maquinaria pesada y cadenas de suministro que no pueden sostenerse sin algún grado de protección política y criminal.

En los últimos años se ha documentado la articulación de facciones como el PCC y otras organizaciones con el negocio minero, ya sea en la provisión de armas, en el control de rutas fluviales y aéreas, o en el uso del oro como mecanismo de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Las comunidades indígenas sufren invasiones masivas, destrucción de fuentes de agua, epidemias y violencia, mientras el Estado oscila entre operativos de interdicción y períodos de tolerancia o desregulación de facto. Brasil aporta el componente de industrialización del garimpo, ya que la minería ilegal no es solo un conjunto de campamentos improvisados, sino una cadena productiva con financistas, proveedores, pilotos, intermediarios y compradores internacionales, donde el crimen organizado se inserta como garante de la seguridad y la logística.

Argentina observador participante

También en nuestra Cordillera se han registrado incidentes a lo largo de la historia reciente, siendo quizá el más conocido, aquel que se difundiera públicamente como el incidente del ZANCARRON.

Los hechos tuvieron lugar en la mina El Zancarrón, un yacimiento de oro inactivo y sin custodia, ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar en la alta cordillera de la Provincia de San Juan, departamento de Iglesias, Jáchal, justo en el límite fronterizo entre Argentina y Chile; allí cuatro mineros chilenos (conocidos históricamente en la región como "pirquineros") cruzaron la frontera por un paso ilegal no habilitado utilizando para ello, una camioneta. El grupo se instaló de forma clandestina en el yacimiento argentino y extrajo rocas con alto contenido de oro en bruto. Efectivos del Escuadrón 25 Jáchal de la Gendarmería Nacional Argentina recibieron una alerta sobre movimientos sospechosos en la alta montaña y desplegaron un operativo cerrojo a resultas del cual lograron detener a los incursores ilegales, quienes se resistieron a la detención, llegando a utilizar armas de fuego. No obstante, estos antecedentes, nuestro país aún conserva una ventaja estratégica dado que puede observar y entender antes de padecer el problema. Argentina posee recursos minerales de enorme valor, especialmente oro, plata, cobre y litio, compartiendo además extensas fronteras internacionales, corredores logísticos complejos y zonas de baja densidad poblacional que requieren una vigilancia permanente.

No se trata únicamente de incrementar controles policiales, sino de integrar organismos ambientales, aduaneros, tributarios, judiciales, financieros y de inteligencia criminal bajo una conducción estratégica común. La cooperación internacional también ocupa un lugar decisivo. Ninguna organización criminal opera exclusivamente dentro de las fronteras nacionales; las rutas financieras, logísticas y comerciales atraviesan varios países de forma simultánea. Compartir inteligencia criminal, coordinar investigaciones patrimoniales y realizar operaciones conjuntas constituye una condición indispensable para enfrentar este fenómeno de alcance transnacional. Sin embargo, ninguna herramienta será suficiente si el Estado actúa únicamente cuando el delito ya se encuentra consumado.

La principal enseñanza que ofrece América Latina es que el éxito del crimen organizado depende mucho menos de su capacidad que de las oportunidades que encuentran para crecer. Las organizaciones criminales no crean las vulnerabilidades, simplemente las identifican, las estudian y las explotan con extraordinaria rapidez.

La pregunta, entonces, ya no consiste en determinar cuál de estas economías ilícitas resulta más rentable. La verdadera cuestión es comprender cómo interactúan entre sí para fortalecer la capacidad de expansión del crimen organizado, porque el oro, por sí solo, no explica la magnitud del fenómeno. Lo verdaderamente preocupante es que ha pasado a convertirse en el punto de encuentro donde confluyen violencia, corrupción, captura institucional, devastación ambiental y sofisticadas redes financieras internacionales. Es allí donde la minería ilegal deja de ser un problema sectorial para transformarse en uno de los mayores desafíos estratégicos para la seguridad y la gobernabilidad de América Latina, región de la que somos parte.

En los últimos meses, en el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, se ha registrado una problemática por la minería ilegal de oro.

Esta actividad, desarrollada sin permisos ni controles ambientales, ha generado una fuerte degradación de los ecosistemas de alta montaña. Investigaciones y registros recientes muestran cómo la minería ilegal ha destruido extensas áreas del páramo, afectando cuerpos de agua y suelos, y poniendo en riesgo la biodiversidad y el suministro de agua para millones de personas en la región. El impacto de la minería ilegal incluye la deforestación, el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, y la alteración de fuentes hídricas que abastecen a ciudades como Bucaramanga.

Pese a los operativos de control y las nuevas propuestas de delimitación del área protegida, la presencia de grupos ilegales y la falta de alternativas económicas para la población local dificultan el control efectivo sobre la actividad minera, provocando debates sobre la necesidad de fortalecer la protección legal del páramo, aumentar la vigilancia y ofrecer alternativas sostenibles para las comunidades dependientes de la minería.

Gobernador de Santander pidió operaciones militares para mitigar la minería ilegal

El 22 de julio, el gobernador Juvenal Díaz aprovechó una entrevista con Caracol Radio para hablar sobre la problemática que se registra en Santurbán y los problemas que ha tenido con el Ministerio de Ambiente por la delimitación del páramo.

Díaz indicó que, debido a la gravedad de los hechos recientes y ante la falta de compromiso que ha tenido la ministra de Ambiente, Irene Vélez, que ha asegurado que los problemas son con multinacionales que han intentado ingresar a esta zona para ejecutar proyectos mineros, se ha consolidado una red delictiva que ha puesto en riesgo a la ciudadanía de la zona, afectando el medioambiente de la región.

“Si usted va a proteger el medio ambiente, pues tiene que protegerlo. En lo que estamos de acuerdo con el páramo es que no podemos hacer la parte de la minería, pero hacerse el de la oreja gorda con la minería ilegal, que es lo que está haciendo la ministra de Medio Ambiente, es lo que está mal y decir eso no es un problema mío, es el problema de los alcaldes y del gobernador, no es así. Ahí hay responsabilidad de todos”, declaró el gobernador de Santander.

Díaz reveló que ha elevado una solicitud para que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería se hagan cargo de la problemática de alguna forma.

Como una solución que considera viable, el gobernador pidió que se lleven a cabo operaciones militares contra la minería ilegal en las zonas del páramo que han sido afectadas; además, que se priorice la seguridad de estos lugares para que no vuelvan a ser invadidos por criminales.

“Nosotros no podemos estar protegiendo el páramo como se ha venido haciendo contra aquellas empresas que pretendían hacer en el páramo la minería, estigmatizarlas y permitir y hacernos los de la oreja gorda con los ilegales. Hay que hacer una operación militar en esa área que requiere de unidades especializadas y para eso, pues vamos a pedirle al ministro de Defensa entrante que nos ayude”.

Juvenal Díaz destacó que la petición será dirigida a los ministros designados por Abelardo de la Espriella, que será posesionado como presidente el 7 de agosto, puesto que considera que los funcionarios actuales no escucharán su solicitud.

Por último, el gobernador de Santander destacó que espera que el nuevo gobierno pueda corregir los problemas que se han mantenido durante los últimos cuatro años, asegurando que la crisis en el páramo de Santurbán es una muestra de que las estructuras criminales han tomado territorios sin que se registre algún tipo de oposición por parte del Estado.

La intervención se realizó en Puerto Maldonado, cuando el representante del Ministerio Público salía de su vivienda. Según la información policial, Bautista Yama es investigado por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a la minería ilegal. Además, las autoridades analizan sus presuntos vínculos con operadores de seguridad ilegal de La Pampa y Lago Inambarillo, zonas donde se han reportado extorsiones, cobro de cupos y disputas por el control de actividades mineras.

Fiscal es acusado de presuntamente obstruir investigaciones contra organización criminal

La detención del fiscal ambiental se produce en medio de una investigación contra una estructura criminal que habría operado en el corredor minero de Madre de Dios. De acuerdo con fuentes policiales, Bautista Yama habría intentado interferir en las pesquisas relacionadas con los 21 detenidos durante un operativo realizado el 6 de julio, entre ellos personas vinculadas a los presuntos cabecillas conocidos con los alias de “Chili” y “Gringasho”.

Ambos nombres aparecen relacionados con la organización conocida como “Los Guardianes de La Pampa”, una presunta red criminal que fue intervenida a inicios de julio en un campamento clandestino ubicado en el corredor minero. Durante esa operación, las fuerzas del orden detuvieron a 20 personas y decomisaron un importante arsenal, que incluía fusiles, pistolas, municiones, granadas, explosivos, chalecos antibalas y equipos de comunicación.

La investigación también alcanza a un grupo de seis personas detenidas el 6 de mayo, presuntamente vinculadas a un sujeto conocido como “Brayam”. Según la versión policial, una de las abogadas que intervino en ese expediente sería Rocío Milagros Escobar Hillasaca, hermana de Yamila Escobar Hillasaca, pareja del fiscal Bautista Yama y madre de uno de sus hijos.

Un alto oficial involucrado en las acciones contra la organización criminal sostuvo que la detención del fiscal fue necesaria debido a la presunta interferencia en las investigaciones. “Había que neutralizarlo con la detención, ya que estaba obstruyendo las investigaciones”, declaró, según la información recogida durante las diligencias.

La sospecha de las autoridades también se habría reforzado luego de que, en el teléfono incautado a Eneyser Fernández Pérez, se encontraran conversaciones que presuntamente demostrarían coordinaciones y apoyo del fiscal Bautista Yama a un sujeto identificado con el alias de “Brayam”. El contenido de estas comunicaciones forma parte de las diligencias que buscan establecer el nivel de participación del funcionario y sus posibles conexiones con la estructura investigada.

“Los Guardianes de La Pampa” y el asesinato de un comerciante en Lago Inambarillo

Otro elemento que aparece en la investigación está relacionado con un video grabado durante un operativo de interdicción contra la minería ilegal en la comunidad de Lago Inambarillo, el 7 de noviembre de 2025. En las imágenes aparece el fiscal Bautista Yama participando en una diligencia como representante de la Fiscalía Ambiental.

Según el testimonio de Denis Carbajal Estrada, la presencia del fiscal en ese lugar habría sido solicitada por Antonio Cose Apaza, conocido como “Antonio Quino”, quien es señalado como uno de los líderes de la seguridad ilegal que opera en la zona. Este grupo habría sido denunciado por presuntamente cobrar cupos y extorsionar a mineros y comerciantes de la comunidad ubicada a orillas del río Madre de Dios.

En el video, Cose Apaza aparece junto a otro hombre vestido con ropa de camuflaje y portando armas de largo alcance. Según el testimonio incorporado a las investigaciones, ambos no serían agentes policiales, sino presuntos integrantes de una estructura de seguridad ilegal que tendría características similares a la organización que opera en La Pampa.

El nombre de “Antonio Quino” también figura en una denuncia por extorsión presentada ante la División de Investigación Criminal de Puerto Maldonado. En el documento aparecen otros presuntos integrantes de la seguridad ilegal de Lago Inambarillo.

La investigación tomó mayor relevancia tras el asesinato del comerciante Yvid Wilder Carbajal Estrada, de 39 años, ocurrido el 16 de mayo de 2026. La víctima era propietario de Multiservicios Wilder, tenía esposa e hijo y también figuraba como minero formal con inscripción en el REINFO. Su negocio abastecía de abarrotes e insumos a trabajadores de la zona.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la Policía, días antes del crimen, un grupo de hombres habría acudido a su establecimiento para reclamarle por denuncias previas relacionadas con extorsiones. También le habrían exigido el pago de 20 mil soles mensuales para permitirle continuar trabajando. Carbajal Estrada se habría negado y, según la investigación, recibió amenazas.

El día del crimen, uno de los presuntos implicados, identificado como Widhert Suárez Yapo, alias “Quillacho”, habría ingresado previamente al local con el supuesto objetivo de verificar si la víctima se encontraba allí. Cerca de las 7:25 de la noche, tres sujetos ingresaron al establecimiento y dispararon contra el comerciante. Los impactos alcanzaron su pecho y cabeza.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio. Luego del asesinato, los sujetos habrían sustraído dinero de la caja, celulares, objetos de valor y una caja de seguridad. La suma robada ascendería a aproximadamente 300 mil soles.

El fiscal Víctor Raúl Phoco López, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, solicitó la detención preliminar de los investigados, entre ellos Antonio Cose Apaza. La investigación busca establecer si los presuntos integrantes de la seguridad ilegal de Lago Inambarillo tuvieron participación en el crimen y qué relación mantenían con otras redes criminales dedicadas al control de actividades ilícitas en el corredor minero.

Santa Rosa del Peñón, una pequeña localidad en el occidente de Nicaragua, experimenta una transformación inesperada tras el reciente hallazgo de una veta de oro en la ribera del río Amayón.

El descubrimiento, que se propagó rápidamente entre los habitantes, provocó una movilización masiva de buscadores impulsados por el precio récord del oro, según reportó La Prensa.

El rumor sobre la existencia de una veta rica en oro comenzó a circular de manera discreta entre un grupo reducido de trabajadores. Pocas horas después, la noticia se viralizó en redes sociales y atrajo a cientos de personas al sitio, quienes se sumaron a la excavación. “Cuando quise llegar, ya estaba full”, relató uno de los mineros entrevistados por La Prensa, describiendo el ambiente de expectación que domina la comunidad.

La escena en Santa Rosa del Peñón evoca imágenes históricas de fiebre del oro: hombres cubiertos de lodo, mujeres y jóvenes colaboran en la extracción y traslado de material, mientras los túneles improvisados avanzan sin descanso.

El estrépito de piochas y palas se impone día y noche, borrando la frontera entre la luz y la oscuridad. La precariedad es evidente, ya que los túneles se sostienen con troncos y carecen de seguridad estructural, lo que representa un peligro constante de derrumbe. A pesar de los riesgos, la búsqueda del “bolillazo” —el hallazgo de una piedra con suficiente oro para cambiar el destino de una familia— alimenta la esperanza colectiva.

De acuerdo con La Prensa, esta fiebre no es un hecho aislado. El precio internacional del oro alcanzó valores sin precedentes en los últimos cinco años. El metal pasó de cotizarse a USD 1,800 por onza a casi USD 5,600 en enero de 2026, manteniéndose luego en torno a los USD 5,000.

Esta tendencia situó al oro como el principal producto de exportación de Nicaragua. El Banco Central reportó ventas por USD 2,009 millones en 2025, cifra que representa el 20% de los ingresos totales por exportaciones, incluidas las zonas francas, según datos recabados por La Prensa.

En la ribera del Amayón, la ausencia de concesiones privadas y la falta de señalización oficial permiten que cualquier persona se sume a la búsqueda.

La minería artesanal es una tradición local, transmitida de generación en generación, y se aprende en la práctica diaria junto a familiares y vecinos. No existen horarios fijos ni restricciones formales: algunos buscan oro al amanecer, mientras otros trabajan bajo la luz de linternas improvisadas.

Cada viaje puede implicar cargar más de 40 kilogramos de piedras o tierra, que luego se tamiza en busca de diminutas partículas doradas capaces de transformar la vida de una familia.

El trabajo en Santa Rosa del Peñón dista mucho de ser sencillo o seguro. Aunque la tierra rojiza a veces ofrece pequeñas partículas de oro, en la mayoría de los casos solo aparecen piedras blancas y otros minerales.

El peligro de derrumbe está siempre presente, ya que la estructura de los túneles depende de troncos cortados en el monte. A pesar de estas condiciones, el deseo de encontrar una fortuna impulsa a la comunidad y supera el miedo y el cansancio.

A diferencia de las minas concesionadas, donde el acceso es restringido y las ganancias suelen beneficiar a empresas extranjeras, la fiebre del oro en Santa Rosa del Peñón ha devuelto a los habitantes la posibilidad de soñar con un futuro mejor.

Un residente, que pidió no ser identificado, explicó a La Prensa que “de eso vive la gente” allí, que “no hay otro trabajo”. Esta afirmación resume la realidad de una economía local marcada durante generaciones por la minería artesanal y por la falta de opciones laborales.

La fiebre del oro en Nicaragua refleja una tendencia global impulsada por la volatilidad de los mercados y la revalorización de los minerales. La experiencia de Santa Rosa del Peñón ilustra cómo el precio internacional puede transformar economías rurales y reactivar tradiciones ancestrales, al mismo tiempo que expone a las comunidades a riesgos y desafíos estructurales. La cobertura de La Prensa documenta cada etapa de este fenómeno, desde la viralización del hallazgo hasta la organización comunitaria y las expectativas que genera el mercado internacional.

Según los testimonios recogidos por La Prensa, la minería artesanal, aunque riesgosa y exigente, se mantiene como el principal sustento de la región ante la ausencia de alternativas. La ilusión de hallar oro en la ribera del Amayón sigue vigente, y cada jornada de trabajo renueva la esperanza de quienes buscan en la tierra una oportunidad para cambiar su destino.

La creciente demanda mundial de minerales estratégicos abre una ventana de oportunidad para Colombia, pero aprovecharla dependerá de las decisiones que adopte el país durante los próximos años. Un estudio advierte que el rumbo que tomen la política minera y la seguridad será determinante para convertir ese potencial en ingresos para el Estado o permitir que termine en manos de estructuras criminales.

La investigación plantea que el escenario es especialmente relevante por el papel que adquirió estos recursos en la transición energética, la digitalización y el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. En ese contexto, Colombia figura entre los países con condiciones geológicas favorables para convertirse en proveedor de minerales clave. Sin embargo, el informe señala que ese potencial no garantiza resultados. La posibilidad de atraer inversiones y fortalecer el recaudo dependerá de la capacidad institucional para desarrollar proyectos legales, mejorar la gobernanza en los territorios y contener la expansión del crimen organizado sobre estas actividades.

Esas conclusiones hacen parte del estudio Regulando para el Estado, no para el crimen: renta fiscal, crimen organizado y minerales críticos en Colombia, elaborado por Fedesarrollo y Loom Strategy Centre. El documento advierte que, si el Estado logra consolidar un entorno favorable para la inversión formal y frena el avance de las economías ilegales, el país podría obtener entre $10 billones y $19 billones en ingresos fiscales provenientes de los minerales críticos hacia 2050.

De acuerdo con los investigadores, los próximos cinco años serán decisivos para definir ese resultado. Si no se adoptan medidas oportunas, parte de esa riqueza podría terminar fortaleciendo organizaciones criminales, tal como ocurrió con la explotación ilegal de oro durante la última década.

El informe explica que minerales como el cobre, el níquel, el niobio y el tantalio ganaron protagonismo porque son esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, centros de datos, semiconductores, infraestructura eléctrica y equipos de defensa. La demanda internacional continúa creciendo. Según el estudio, el consumo mundial de cobre podría aumentar cerca de 30% hacia 2040, mientras economías como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón buscan diversificar sus proveedores para disminuir la dependencia de China, que concentra buena parte del refinamiento de estos minerales.

En ese panorama, Colombia aparece dentro del 25% de los países con mayor potencial minero del mundo. Para los autores, esa posición podría traducirse en nuevas inversiones y mayores ingresos fiscales si se superan las barreras regulatorias y los problemas de seguridad que hoy limitan el desarrollo del sector. Las estimaciones indican que el recaudo asociado a los minerales críticos alcanzaría entre $10 billones y $19 billones, calculados en valor presente neto hacia 2050. Los investigadores comparan esa cifra con entre 10 y 13 años del presupuesto del Ministerio de Ambiente o cerca de siete años del presupuesto de inversión de Defensa y Policía.

“Las decisiones de política pública de los próximos cinco años en el sector minero y de seguridad definirán el potencial recaudo de 2050 asociado a los minerales estratégicos”, señaló Jairo García, investigador principal del estudio de Fedesarrollo. El experto añadió que “Se requieren procesos más ágiles y transparentes y un escenario de colaboración y confianza entre el sector público, privado y las comunidades”.

Además, advirtió: “No hay margen para esperar porque en juego están cerca de 19 billones de pesos y el papel estratégico del país en la transición energética global”. El documento sostiene que uno de los principales riesgos consiste en que las organizaciones criminales repliquen en los minerales críticos el modelo ilegal que consolidaron alrededor del oro.

Según las estimaciones de la investigación, la extracción ilícita de oro generó entre $32 billones y $34 billones durante 2025, una cifra equivalente al 1,9% del Producto Interno Bruto. Los autores señalan que, si esa actividad fuera una empresa formal, estaría entre las cinco organizaciones con mayores ingresos del país, aunque esos recursos no generan recaudo tributario y fortalecen economías ilegales. La investigación advierte que grupos armados y organizaciones criminales ya empiezan a incursionar en zonas con potencial para minerales críticos, especialmente en Guainía, Vichada y corredores fronterizos con Venezuela.

Los autores consideran necesario fortalecer la formalización minera, mejorar la coordinación entre las entidades del Estado y consolidar mecanismos de relacionamiento con las comunidades para que los beneficios económicos de los proyectos lleguen efectivamente a los territorios. Además, el estudio destaca que, según Brújula Minera, el 69% de los colombianos considera que la minería tiene un impacto positivo para el país, ocho de cada diez creen posible desarrollar una minería socialmente responsable y el 62% respalda aumentar la exploración y producción de minerales.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha implementado un nuevo régimen de control con el objetivo de impedir el desvío de insumos químicos, entre ellos el mercurio y el cianuro, hacia actividades de minería ilegal.

La Resolución N° 000135-2026/SUNAT, dictada en cumplimiento de la Ley N° 32412, busca llenar vacíos con el sistema anterior, que permitía que el reporte de pérdidas o desvíos se realizara fuera del plazo de 24 horas, debido a la ausencia de un registro digital obligatorio y la existencia de procedimientos menos rigurosos.

SUNAT: registro digital obligatorio y reporte en 24 horas

Con la nueva normativa, la SUNAT establece que cualquier persona o empresa que manipule insumos químicos fiscalizados debe registrar diariamente todas las operaciones relacionadas con estos productos.

Esto incluye movimientos de ingreso, egreso, transporte, almacenamiento, uso y producción. El registro debe realizarse en el sistema SUNAT Operaciones en Línea, asegurando así la trazabilidad total de los insumos desde su ingreso al país hasta su destino final.

La principal novedad es la obligación de reportar cualquier pérdida, derrame, excedente, desmedro o robo de insumos químicos en un plazo máximo de 24 horas tras tomar conocimiento del hecho.

Este requerimiento busca cerrar los vacíos que antes permitían demoras y dificultaban el seguimiento de posibles desvíos hacia la minería ilegal.

Según la resolución, la información presentada se considera declaración jurada, lo que refuerza el carácter legal y la responsabilidad del usuario.

Insumos bajo vigilancia: mercurio, cianuro y combustibles

Los insumos químicos sujetos a este régimen incluyen el mercurio, el cianuro de sodio, el cianuro de potasio y los hidrocarburos como diésel y gasolinas.

Todos ellos son utilizados en actividades de extracción y procesamiento de minerales, y figuran entre los productos más frecuentemente desviados hacia operaciones de minería ilegal en distintas regiones del país.

La SUNAT podrá incorporar nuevos productos a la lista de fiscalizados mediante decreto supremo, según evolucione el mercado o cambien los patrones de uso ilícito.

La norma también obliga a los usuarios a presentar un inventario inicial al inscribirse o al incorporar un nuevo producto fiscalizado. Se suman la obligación de presentar reportes mensuales consolidados y de conservar la documentación de respaldo por un periodo no menor de cuatro años.

Sanciones ante incumplimiento y fortalecimiento del control

El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a multas, sanciones administrativas e incluso procesos penales en caso de falsedad u ocultamiento de información.

La presentación de reportes fuera de plazo, la omisión de incidencias o la manipulación de datos se consideran infracciones graves, ya que impiden la fiscalización y favorecen el desvío hacia actividades ilícitas.

La entrada en vigor de la Resolución N° 000135-2026/SUNAT, el 1 de setiembre de 2026, marca un nuevo estándar para la fiscalización de insumos químicos en el Perú.

La medida responde a la necesidad de cerrar brechas históricas en la vigilancia de productos que alimentan la minería ilegal y el comercio ilícito de oro.

Con estas herramientas, la SUNAT busca garantizar que cada kilogramo de mercurio, cianuro o hidrocarburo utilizado en el país quede plenamente registrado y justificado, reduciendo los márgenes para el desvío y el uso clandestino en actividades mineras fuera de la ley.

A solo cinco días de que se instale oficialmente el nuevo Congreso de la República el 20 de julio, el Centro Democrático comenzó a mover sus fichas legislativas con una propuesta de gran impacto económico y de orden público, que sería la segunda de un paquete que preparan.

El partido oficialista del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella presentó un ambicioso proyecto de ley que busca arrebatarle el negocio del oro a los grupos armados ilegales y ofrecer un camino real de formalización para los pequeños mineros del país.

Esta iniciativa surge en un momento clave de transición política y tiene como principal objetivo transformar una actividad que históricamente está ligada a la informalidad y a la violencia en las regiones más apartadas de Colombia.

Con esta ley, la bancada del expresidente Álvaro Uribe Vélez pretende dar una solución integral que combine el cuidado del medio ambiente con la asfixia financiera de las organizaciones criminales.

El Centro Democrático propone un camino de tres pasos para salir de la informalidad

El núcleo del proyecto de ley, “por el cual se establece un procedimiento para la formalización gradual de la minería de subsistencia y de pequeña escala”, consiste en crear una ruta sencilla de tres fases para que los mineros tradicionales puedan trabajar dentro de la ley sin temor a ser perseguidos.

A través de un comunicado oficial, la colectividad política explicó cómo funcionará este plan de transición diseñado para no ahogar a los trabajadores con trámites imposibles desde el primer día: “La iniciativa propone una ‘Ruta de formalización minera gradual’ para que los pequeños mineros transiten de la informalidad a la legalidad. La propuesta busca quitarle el control de las zonas mineras a los grupos armados y eliminar el uso de mercurio”.

La ruta de tres fases propuesta por el partido se detalla de la siguiente manera:

• Fase 1 (Permiso inmediato temporal): Se otorgará una autorización rápida para explotar el terreno, la cual estará condicionada a que los mineros cumplan con normas ambientales básicas y dejen de usar mercurio inmediatamente.
• Fase 2 (Permiso de transición): Un periodo para consolidar técnicamente el proyecto minero con el acompañamiento de las autoridades del sector.
• Fase 3 (Licencia Ambiental de Formalización): El paso final donde el minero obtiene su licencia plena y se convierte en un empresario formal ante el Estado.

El Banco de la República sería el comprador del oro legal

Uno de los puntos más novedosos y audaces de esta propuesta legislativa tiene que ver con la comercialización del mineral, ya que el proyecto busca que el Banco de la República sea el comprador directo del oro producido por estos pequeños mineros ya formalizados.

Con esta medida, se busca cortar de raíz el lavado de activos y garantizar que las ganancias del esfuerzo de los trabajadores no terminen en manos de extorsionistas o de grupos armados organizados.

Para garantizar que el oro sea de procedencia limpia y legal, el Centro Democrático propone la implementación obligatoria del Certificado de Origen de Beneficio (COB), un documento técnico que asegurará la trazabilidad del metal desde la mina hasta su destino final.

Al mismo tiempo, se impulsará un fuerte proceso de bancarización para que los productores manejen su dinero a través del sistema financiero nacional, con el fin de demostrar que la legalidad puede ser una opción mucho más segura y rentable para ellos.

Conscientes de que la burocracia suele ser el principal enemigo de la formalización en el campo colombiano, el proyecto contempla la creación de una Ventanilla Única para la formalización minera, la cual centralizará y agilizará todos los papeleos necesarios ante el Estado en un solo lugar.

Además, el proceso no dejará solos a los mineros en sus regiones, ya que el articulado de la ley incluirá la creación del Programa Nacional de Asistencia Técnica, Jurídica y Social, que llevará expertos a los territorios para capacitar a las comunidades en técnicas de explotación limpias y seguras.

Con este proyecto de ley, el Centro Democrático no solo busca cumplir una de las promesas de reactivación económica del presidente electo Abelardo de la Espriella, sino que aprovechará que el oficialismo es mayoría en el Congreso para avanzar en los debates.

La frontera amazónica que comparten Colombia, Ecuador y Perú atraviesa un momento de alta tensión. Un informe elaborado por organizaciones especializadas advierte que el avance de las economías ilegales, junto con una creciente militarización, está transformando el panorama de seguridad en una de las zonas más sensibles de la región.

La investigación, desarrollada por Amazon Underworld, Amazon Watch y Al Margen, alerta que la combinación entre crimen organizado, disputas territoriales y nuevas estrategias militares podría agravar el conflicto armado, aumentar las tensiones entre los tres países y profundizar la crisis humanitaria en la Amazonía. Según el documento, la presencia de organizaciones criminales creció, mientras los gobiernos priorizan respuestas militares con mayor apoyo de Estados Unidos. Para los autores, este escenario plantea nuevos desafíos para las comunidades que viven en la triple frontera.

El informe titulado “Triple amenaza: Geopolítica, economías ilícitas y los riesgos de la guerra contra el narcoterrorismo en la triple frontera Colombia-Ecuador-Perú”, expone que la región vive una transformación impulsada por la expansión de las economías ilícitas y un nuevo contexto geopolítico. Uno de los episodios que refleja esa situación ocurrió en marzo de este año, cuando tropas ecuatorianas realizaron un operativo en la provincia de Sucumbíos con apoyo de Estados Unidos. Las autoridades aseguraron que la intervención buscaba atacar una estructura del narcoterrorismo.

No obstante, el propietario del terreno donde se desarrolló la operación rechazó esa versión al afirmar: “¿Cómo va a ser un campamento de entrenamiento si aquí es una zona ganadera?”. Posteriormente, una investigación de The New York Times respaldó esa declaración, recuerda el informe. Pocos días después, el hallazgo de una bomba de 500 libras sin detonar en territorio colombiano, cerca de Jardines de Sucumbíos, provocó un nuevo choque diplomático entre Bogotá y Quito. Mientras el presidente Gustavo Petro responsabilizó a Ecuador, Daniel Noboa negó cualquier incursión fuera de su territorio. Una investigación conjunta concluyó que el artefacto pertenecía al bombardeo efectuado durante el operativo militar.

Para los investigadores, estos hechos evidencian una tendencia más amplia: el fortalecimiento de la estrategia estadounidense Escudo de las Américas, creada para combatir organizaciones criminales transnacionales bajo un enfoque de “guerra contra organizaciones terroristas extranjeras”.

El estudio advierte que esa política podría intensificarse si Colombia y Perú eligen gobiernos alineados con la estrategia de seguridad impulsada por Noboa. Sin embargo, también sostiene que la respuesta militar, por sí sola, no logró contener el avance del crimen organizado y generó denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. En Ecuador, incluso, menciona reportes sobre torturas y desapariciones forzadas durante operaciones desarrolladas en el conflicto armado interno.

Otro de los hallazgos del informe apunta al cambio en las principales fuentes de financiación de las estructuras ilegales. Aunque el narcotráfico continúa siendo una actividad clave, la minería ilegal de oro gana cada vez más protagonismo. Un líder comunitario citado en la investigación resume esa transformación con una frase contundente: “Lo fuerte ahora es la minería ilegal, porque incluso en Colombia ya no se habla mucho de la coca, ya que no la están comprando, no hay comercialización”.

Según el documento, ambas economías ilegales funcionan de manera complementaria. Los recursos del narcotráfico financian explotaciones mineras, mientras que el comercio del oro facilita el lavado de dinero y fortalece las finanzas de las organizaciones criminales. El informe también señala que los Comandos de la Frontera (CDF) han ampliado su presencia a lo largo de los ríos Putumayo y San Miguel, extendiendo su influencia desde Colombia hacia Ecuador, Perú e incluso Brasil.

Aunque durante las negociaciones entre el Gobierno colombiano y ese grupo disminuyeron los homicidios y los desplazamientos en Putumayo, los autores aclaran que esa reducción de la violencia no significa que el Estado haya recuperado el control del territorio. Por el contrario, advierten que las organizaciones criminales siguen consolidando su poder en la Amazonía y mantienen una fuerte capacidad para controlar las economías ilegales de la región.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, alertó sobre el avance de la minería ilegal en el páramo de Santurbán, un territorio estratégico para el suministro de agua en el oriente colombiano.

Durante una entrevista con La FM, el mandatario departamental explicó que desde hace dos años vienen denunciando la presencia de grupos armados, como el ELN y el Clan del Golfo, en actividades ilícitas de explotación minera en la zona.

“La llegada esporádica del ELN y del Clan del Golfo”, precisó Díaz Mateus, al describir la situación en el páramo, donde las autoridades han identificado entradas a minas ilegales que ponen en riesgo el ecosistema.

Frente a este panorama, el gobernador informó que en los próximos 20 días solicitará una reunión interinstitucional con el Ministerio de Ambiente, la fuerza pública, los municipios de Soto Norte y la Gobernación de Santander.

El objetivo es articular acciones para enfrentar el fenómeno criminal y proteger el páramo. Como antecedente, Díaz Mateus recordó la Operación Creta en el municipio de Buriticá, Antioquia, donde el Ejército Nacional y otras entidades sellaron bocaminas ilegales para frenar la expansión de la minería ilegal en esa región.

La protección del páramo de Santurbán se ha convertido en uno de los temas principales del proceso de empalme territorial entre el gobierno saliente de Gustavo Petro Urrego y el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

En paralelo al empalme anticorrupción, la coordinación con las regiones ha cobrado relevancia ante los retos ambientales, sociales y de seguridad que enfrenta el país.

En este contexto, Díaz Mateus reveló detalles sobre las reuniones sostenidas con los delegados del gobierno entrante, así como los avances y observaciones planteados en vista del inicio del nuevo mandato.

El gobernador anunció que De la Espriella está en Santander para reunirse con los 87 alcaldes del departamento, con el objetivo de definir prioridades y proyectos urgentes para la región. “Cada provincia presentará tres proyectos y tres necesidades prioritarias, mientras la gobernación expondrá otras tres iniciativas y tres necesidades adicionales”, explicó Díaz Mateus.

El mandatario santandereano precisó que al encuentro asistirán los ministros designados por el presidente electo y se espera que, tras la exposición de cada provincia, De la Espriella entregue un pronunciamiento sobre las propuestas. “Es una oportunidad para presentar iniciativas en fase tres que no han recibido recursos del gobierno nacional”, detalló Díaz Mateus, quien insistió en la importancia de priorizar proyectos que tengan impacto estructural en el departamento.

Entre las prioridades planteadas por el gobernador se encuentra la infraestructura turística, incluyendo las segundas fases de la náutica de Topocoro, la de Arena Bonita y la de aldea Guane. Estas iniciativas buscan fortalecer el turismo sostenible y dinamizar la economía local.

Díaz Mateus también mencionó la necesidad de “activar el convenio Comuneros para la vía Barbosa-Bucaramanga”, con el fin de que los ingresos de los peajes se destinen a mejorar esa carretera.

En el caso de Pescadero, el gobernador sugirió que una concesión permitiría ejecutar obras con mayor agilidad respecto a los procedimientos habituales de Invías.

El mandatario anunció que solicitará respaldo para el programa de alimentación escolar, con el fin de liberar recursos que se invertirían en la construcción de placa huella en los municipios. Los alcaldes, por su parte, presentarán propuestas de conectividad regional para fortalecer la integración entre localidades.

En el ámbito de la seguridad, Díaz Mateus adelantó que propondrá la creación de un Centro de Gestión del Riesgo y la Seguridad para Santander, una herramienta digital que permita mantener comunicación constante con las provincias y monitorear las acciones de la fuerza pública. “El alcalde de Bucaramanga presentará una herramienta similar para el área metropolitana”, añadió el gobernador.

Díaz Mateus aseguró que entregará un informe al nuevo ministro de Defensa y al presidente electo, en el que plasmará su apreciación sobre la seguridad y las intenciones de los grupos armados en Santander. “La experiencia de la gobernación está a disposición para fortalecer la gestión del próximo gobierno”, afirmó.

Por último, en cuanto a la vía Curos-Málaga, el gobernador relató que durante una visita del presidente Gustavo Petro a Málaga se ordenó traer las vigencias futuras a valor presente para pavimentar la carretera, pero esa instrucción no fue ejecutada.

Nueva información sobre el robo de un lingote de oro en Santiago de Surco apunta a que el cargamento “no nace de noche a la mañana”, porque “tiene que haber siempre una persona que coordine con criminales para la comisión de este hecho”, según el coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional.

El botín habría estado compuesto por casi 6 kilos. Según Panamericana, el cargamento de oro tenía como destino Turquía y estaba valorizado en más de USD 600.000.

Cano sostuvo que el caso es el primer caso de este tipo en su experiencia al frente de esa unidad policial: “Es la primera vez de lo que yo vengo trabajando… que se presenta una víctima”. También precisó que el denunciante es una empresa “proveniente de Puno” y que su representante legal formalizó el monto sustraído: “Ha presentado un escrito donde indica que ha sido víctima del robo por 5,8 kilos aproximadamente”.

El asalto ocurrió el jueves 9 de julio, cuando delincuentes a bordo de una camioneta blanca atacaron al equipo que trasladaba el metal precioso. Según reportes de los peritos que llegaron al lugar, se habría utilizado armamento de guerra contra el vehículo y se realizaron más de 20 disparos.

Copiloto fue secuestrado por los asaltantes

Todo ocurrió la mañana del jueves en Santiago de Surco, cuando una unidad blanca de placa BRJ-303 fue interceptada mientras trasladaba un cargamento de mineral hacia un almacén ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Dentro del vehículo viajaban el conductor, identificado como César Augusto Espinoza Hernández, de 46 años, y un copiloto cuya identidad aún es materia de investigación. Según la versión preliminar, los delincuentes abrieron fuego contra la unidad, hirieron al chofer y escaparon con una mochila que contenía el oro. La Policía Nacional también maneja como hipótesis que el acompañante habría sido secuestrado durante la huida.

Sobre el recorrido y el destino del metal, Cano señaló que ya se entregó documentación sobre la trazabilidad: “Ya han puesto la diversa documentación de la trazabilidad del oro. De cómo lo han querido y hacia dónde iba”. En esa línea, añadió: “Al parecer, estaba yéndose a Turquía… y lo estaban yendo al depósito de la empresa SASA, que es la que se encarga de llevar este material”.

Podría estar vinculado al robo de lingote en la Costa Verde

La investigación sobre el robo de lingotes de oro en Surco ha cobrado una nueva dimensión tras las declaraciones del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien señaló la hipótesis de una posible conexión con el asalto ocurrido en la Costa Verde en marzo de este año.

“Han transitado por esta zona que parece haber sido estudiada para asestar el golpe. Esta mochila pequeña que contenía este material de oro en un peso aproximado de 5 kilos. Hipótesis de que habrían remanentes que han quedado en libertad y que habían participado acá”, expresó Arriola ante la prensa.

La línea de investigación apunta a que algunos de los involucrados en el asalto anterior, que permanecieron en libertad, podrían estar detrás del nuevo golpe.

Las autoridades consideran que los responsables planificaron con anticipación el recorrido del vehículo y aprovecharon las condiciones del traslado, en las que el agente de seguridad no portaba arma de fuego. Este detalle será evaluado dentro de las diligencias para determinar la ejecución del robo.

La División de Investigación de Robos se mantiene a cargo de las investigaciones y trabaja en la recopilación de evidencias, análisis de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios para identificar a todos los participantes. Arriola indicó que “no se descarta que algunos integrantes que permanecieron en libertad tras ese hecho hayan intervenido en el nuevo ataque”.

La representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao lanzó una dura crítica contra el gobierno saliente de Gustavo Petro debido a la difícil situación ambiental y de orden público que golpea al Páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander).

La congresista acusó directamente a los sectores de izquierda de haber permitido que la minería ilegal y las organizaciones criminales se apoderaran de este ecosistema estratégico, lo que pone en riesgo el suministro de agua para más de dos millones de personas en la región.

El fuerte pronunciamiento de la legisladora se dio en medio de la transición política que vive el país tras las elecciones presidenciales; Cathy Juvinao advirtió que el sector político que gobernó durante los últimos cuatro años intentará evadir su responsabilidad institucional y culpar de los daños ambientales a la administración entrante de Abelardo de la Espriella, la cual asumirá funciones el próximo 7 de agosto de 2026 en todo el territorio nacional.

La dura denuncia de la congresista en plataformas digitales

A través de su cuenta en la red social X, la representante a la Cámara —que inicialmente apoyó las propuestas del Gobierno nacional pero luego se consolidó como una de sus principales opositoras en el Congreso— compartió su indignación por el contraste entre las promesas ambientales de la campaña presidencial pasada y el panorama actual de abandono que denuncian las veedurías locales en el ecosistema de alta montaña.

“Qué tristeza lo del Páramo de Santurbán. Tanto discurso oficial, tanta promesa, tanta ‘narrativa’ para que al final en el gobierno de izquierda se comieran el páramo los ilegales", escribió.

Juvinao añadió a su post de X que: “Ahora vendrán 4 años en donde reclamarán a otros todo lo que ellos no hicieron. Incompetentes”.

La postura de la representante evidenció el descontento de diversos sectores políticos que consideran que las banderas de la protección del agua y la transición ecológica se quedaron únicamente en el plano retórico desde el primer gobierno de izquierda en Colombia, mientras las mafias del oro avanzaron sin control sobre las áreas protegidas.

Minería ilegal y retrasos en la delimitación territorial: esto es lo que ocurre en el Páramo de Saturbán

El debate por el Páramo de Santurbán se agudizó de manera alarmante debido a los históricos retrasos en su proceso de delimitación territorial definitiva.

Aunque el Ministerio de Ambiente, cartera que actualmente es liderada por Irene Vélez Torres, como ministra encargada, se había fijado la meta de consolidar los acuerdos con las comunidades locales, diferentes factores climáticos y alertas invernales obligaron a aplazar las mesas de concertación técnica en varios municipios clave de Santander.

Esta falta de claridad sobre las fronteras geográficas del páramo fue aprovechada por redes de minería ilegal de oro que operan con total impunidad a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Diversas investigaciones y registros fotográficos de medios regionales exponen que la apertura de bocaminas ilícitas destruye la vegetación nativa de frailejones y acelera de forma irreversible el deterioro de esta fábrica natural de agua.

Y es que la explotación ilícita del suelo provocó que los organismos de control del Estado encendieran las alarmas institucionales por el inminente riesgo de salud pública que corren los habitantes de los municipios de la región y el área metropolitana de Bucaramanga.

Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo advirtieron que los niveles de contaminación química en algunas fuentes hídricas son alarmantes.

De acuerdo con las muestras técnicas recolectadas por las autoridades, el uso desmedido de insumos químicos para la extracción del metal precioso provocó que los niveles de mercurio en las cuencas que surten a los acueductos locales superen hasta en 40 veces los límites máximos permitidos para el consumo humano seguro.

En el plano estrictamente normativo, el Gobierno nacional optó por mantener las restricciones y prohibiciones sobre la gran minería multinacional mediante la creación de Zonas de Reserva Temporal.

No obstante, las organizaciones ambientalistas denuncian que algunas compañías privadas continúan buscando resquicios jurídicos ante las corporaciones autónomas regionales para tramitar licencias de mediana minería y evadir así las directrices ambientales nacionales.

La Alcaldía de Segovia anunció el domingo 12 de julio la implementación de toque de queda y restricción al acompañante en motocicleta ante los graves disturbios registrados luego de un operativo contra la minería ilegal en el municipio antioqueño.

Las medidas buscan contener la ola de violencia que afecta a la población desde la madrugada, tras la intervención de la fuerza pública en una unidad minera.

Medidas excepcionales para restablecer el orden

La Administración Municipal informó que las restricciones estarán vigentes hasta las 12:00 a. m. del miércoles 15 de julio.

Entre las acciones principales figura la prohibición del acompañante en motocicleta (parrillero) durante las 24 horas, el toque de queda nocturno y la limitación de horarios para establecimientos con venta y consumo de licor, los cuales solo podrán operar hasta las 8:00 p. m.

De acuerdo con lo expuesto por la Alcaldía, mediante un comunicado oficial, estas disposiciones surgen tras la realización de un Consejo Subregional y uno Extraordinario de Seguridad, en el que participaron autoridades civiles, militares y de policía.

Además, se decidió reforzar la presencia policial y militar en el municipio, así como habilitar corredores humanitarios para garantizar el acceso a servicios de salud y la movilidad de la comunidad. La Policía Nacional envió refuerzos para fortalecer la seguridad en sectores críticos, mientras la Alcaldía de Segovia reiteró que la protección de la vida y la integridad de los habitantes es la prioridad institucional.

Contexto: operativo y tensión social

La intervención de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional en una zona de explotación minera desencadenó enfrentamientos entre las autoridades y personas señaladas de realizar actividades extractivas irregulares. Según reportaron medios locales, los disturbios se extendieron a sectores urbanos, donde se registraron bloqueos de vías, daños a vehículos y ataques a patrullas militares.

Videos difundidos en redes sociales muestran a uniformados desplegados en calles de Segovia y detonaciones cerca de áreas residenciales. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el uso de gases lacrimógenos en zonas habitadas por familias, incluidos menores y adultos mayores, que debieron abandonar sus hogares para resguardarse.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que los disturbios estarían relacionados con retaliaciones del Clan del Golfo frente a los operativos contra la minería ilegal, y advirtió que algunos habitantes habrían sido instrumentalizados por esa estructura criminal. Según el reporte oficial, se mantienen bloqueos en los accesos a la localidad, con quema de llantas, incineración de vehículos y ataques a la fuerza pública.

Afectaciones y respuesta institucional

Durante los enfrentamientos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia denunció agresiones contra sus unidades mientras atendían emergencias y evacuaban a residentes afectados. El comandante Wilson Plata reportó incidentes que dificultaron la labor humanitaria y la asistencia a la población.

De manera preliminar, las autoridades informaron sobre la muerte de una persona y un herido de gravedad. También se reportaron daños materiales, incluida la quema de instalaciones vinculadas a empresas mineras, hechos que aún están en proceso de verificación.

La Alcaldía de Segovia reiteró el llamado a la ciudadanía a ejercer sus derechos de forma pacífica y a respetar la labor de los organismos de socorro, así como el funcionamiento de los corredores humanitarios habilitados. “Rechazamos cualquier hecho que ponga en riesgo la vida, la integridad de las personas o afecte la misión humanitaria de los organismos de socorro”, subrayó la administración local en su comunicado oficial.

Las autoridades mantendrán un seguimiento diario de la situación a través del Consejo de Seguridad Municipal, con el fin de evaluar la evolución del orden público y coordinar nuevas acciones para garantizar la protección de la comunidad y la normalidad en el municipio.

Según la información conocida hasta el momento, las familias de la zona reportaron afectaciones directas, mientras la fuerza pública mantiene una presencia activa para intentar recuperar el control del municipio.

Las protestas comenzaron después de que, según testimonios de habitantes y trabajadores mineros, cerca de 150 uniformados irrumpieron sin previo aviso en la zona minera entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m. del domingo. Los mineros artesanales, respaldados por líderes locales, denunciaron que los agentes emplearon gases lacrimógenos y armas de fuego, sin mostrar la orden de allanamiento correspondiente.

Durante los disturbios, testigos relataron a El Colombiano que una persona murió tras el rebote de un disparo realizado al suelo por un uniformado. Otras tres personas resultaron heridas en medio de la confrontación, lo que incrementó la indignación de la población y motivó que las movilizaciones alcanzaran puntos estratégicos del municipio, como las instalaciones de la electrificadora.

”Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica y empezaron otra vez de nuevo los ataques del Ejército. Toda la noche estuvieron hostigándonos el Ejército, la Policía y el Esmad (hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo) con gases”, señaló el testigo al diario nacional.

El operativo tenía como objetivo un allanamiento contra minería ilegal en la mina Frontera Gold, donde operan mineros informales que consideran el yacimiento su fuente principal de sustento.

Testimonios recogidos por medios regionales señalan que la intervención contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), el Ejército y agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

Habitantes denunciaron que los gases lacrimógenos no solo se utilizaron en las inmediaciones de la mina, sino en barrios residenciales. Varias familias, incluyendo niños, tuvieron que abandonar sus viviendas por la presencia de humo y gas en el interior de sus casas.

Un ciudadano consultado por El Colombiano relató que existió una supuesta coordinación entre las autoridades y la multinacional Aris Mining para ejecutar la intervención, aunque la empresa respondió que el operativo fue un asunto de orden público, remitiendo a la versión oficial.

Entretanto, la muerte del joven involucrado en los disturbios habría ocurrido en medio de un intercambio de disparos durante las protestas. De acuerdo con fuentes militares consultadas por el medio nacional, un soldado respondió a un ataque armado por parte de un manifestante y, tras el enfrentamiento, un hombre herido fue trasladado a un centro de salud, donde falleció. Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente la identidad de la víctima ni su posible vinculación con grupos armados ilegales.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuyó los hechos a una posible retaliación del Clan del Golfo ante los operativos de las autoridades contra la minería ilegal. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó respaldo a la fuerza pública e informó sobre la realización de un consejo de seguridad para coordinar la respuesta.

Rendón aseguró que persistían bloqueos viales, incineración de vehículos y ataques a patrullas del Ejército en diferentes puntos de acceso a Segovia. Además, señaló la presunta instrumentalización de algunos habitantes por parte de estructuras criminales, lo que añade complejidad a la situación.

“Avanzamos en un Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta institucional y contener esta situación. Hay instrumentalización de algunos pobladores por parte de esa estructura criminal. A esta hora persisten cuatro bloqueos en los accesos al municipio, con quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta. Además, durante estos hechos fue atacada una patrulla del Ejército Nacional”, señaló el gobernador.

En paralelo, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado esclarecimiento de los hechos y garantías para la población civil, especialmente para las familias afectadas por los gases lacrimógenos y los disturbios. Hasta el cierre de esta edición, la Policía Departamental no había emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División Regional de Inteligencia La Libertad y la Comisaría de Huamachuco, ejecutó un operativo en la provincia de Santiago de Chuco que permitió desarticular la banda criminal “Los Elegantes de Quiruvilca II”.

Esta intervención se concretó tras un trabajo de inteligencia en el distrito de Quiruvilca, donde los agentes intervinieron a Alcides Flores, de 22 años, y retuvieron a un menor de 15 años, ambos presuntamente implicados en la organización.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el jirón Hermanos Ayar. Durante el registro, la PNP encontró 5,213 cartuchos de dinamita de las marcas Emulgold, Riogel y Emulnor, junto a 500 fulminantes, 13 rollos de mecha de seguridad y tres teléfonos celulares.

Todo el material incautado fue valorizado en aproximadamente S/ 200.000 y, según fuentes policiales, estaba presuntamente destinado a actividades de minería ilegal en la región.

“Este operativo es resultado de semanas de investigación y vigilancia en la zona”, explicó uno de los agentes de la División Regional de Inteligencia, quien añadió que la intervención se coordinó con la Comisaría de Huamachuco y el Ministerio Público. “La cantidad de explosivos incautados supera ampliamente lo registrado en operativos previos en La Libertad”, señaló el oficial.

Investigación y destino de los explosivos

Según la Policía Nacional, la evidencia y los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. El objetivo es determinar el origen, destino y posible utilización de los explosivos y otros materiales decomisados.

“Estamos trabajando para conocer si hay más personas involucradas y cómo llegaban estos insumos a manos de la banda”, informaron las autoridades.

El caso puso en alerta a las autoridades regionales respecto al abastecimiento de materiales explosivos que habitualmente se emplean en la minería informal e ilegal. El Ministerio del Interior (Mininter) destacó que la incautación de los más de 5,200 cartuchos de dinamita y los implementos asociados representa un avance en la reducción del suministro de insumos para redes criminales. “Nuestra prioridad es cerrar el paso al tráfico de explosivos y proteger la seguridad en la región”, indicó un vocero del ministerio.

La operación también reveló la participación de menores de edad en actividades delictivas relacionadas con la minería ilegal. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones y denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada a la manipulación o traslado de explosivos en la región.

El compromiso de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior se mantiene firme, con la promesa de reforzar la vigilancia y los operativos en zonas identificadas como focos de riesgo para la seguridad pública y el ambiente. El caso de “Los Elegantes de Quiruvilca II” es parte de una estrategia más amplia para combatir el accionar de bandas en La Libertad y evitar que estos insumos lleguen a manos de grupos dedicados a la minería ilegal.

La escena ocurrida en la avenida El Derby difícilmente encaja con un robo común: armas de largo alcance, decenas de disparos, información precisa sobre la ruta y un objetivo específico. Los atacantes no buscaban cualquier vehículo. Iban detrás del oro.

Todo ocurrió la mañana del jueves en Santiago de Surco, cuando una unidad blanca de placa BRJ-303 fue interceptada mientras trasladaba un cargamento de mineral hacia un almacén ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Dentro del vehículo viajaban el conductor, identificado como César Augusto Espinoza Hernández, de 46 años, y un copiloto cuya identidad aún es materia de investigación. Según la versión preliminar, los delincuentes abrieron fuego contra la unidad, hirieron al chofer y escaparon con una mochila que contenía el oro. La Policía Nacional también maneja como hipótesis que el acompañante habría sido secuestrado durante la huida.

Más que la violencia del ataque, un detalle concentra la atención de los investigadores: la forma del traslado. Según las primeras versiones, el oro era movilizado en una mochila y en un vehículo convencional, una modalidad que especialistas consideran incompatible con los niveles de seguridad que suelen emplearse para bienes de alto valor.

Una ruta urbana bajo sospecha

Para el analista en temas de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado Pedro Yaranga, el asalto ocurrido en Surco no solo revela la violencia de las bandas que operan en Lima, sino también el nivel de organización que existe alrededor del oro. “El reciente asalto en la avenida El Derby, donde una banda interceptó aparentemente cinco kilos de lingotes de oro en camino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, evidencia la sofisticación de las mafias locales y la enorme liquidez que mueve este recurso”, sostuvo Yaranga.

El especialista puso el foco en un dato clave: la forma en que era trasladado el mineral. Según indicó, el oro era transportado bajo modalidades vulnerables, como mochilas y autos particulares, una práctica que coloca bajo sospecha la procedencia del cargamento. “El oro era transportado bajo modalidades vulnerables, mochilas y en autos particulares. Este método pone en sospecha la procedencia delictiva del metal precioso”, señaló.

Para Yaranga, la ruta también abre interrogantes. El oro presuntamente habría salido de acopios u oficinas de fachada ubicadas en la avenida El Polo, en Surco. Desde allí, según su análisis, el cargamento se dirigía al almacén aduanero SAASA, en el Callao, para ingresar a una ruta de exportación formal.

La hipótesis dibuja un circuito más amplio: mineral extraído en zonas donde operan economías ilegales, trasladado a Lima, procesado en lingotes y luego movido bajo una apariencia comercial. En esa cadena, la capital no aparece como un punto final, sino como una plataforma para acopiar, ordenar y sacar el oro hacia mercados internacionales.

De las zonas de extracción ilegal al circuito formal

Yaranga sostiene que la Policía especializada presume que el oro podría provenir de mafias dedicadas a la extracción ilegal en zonas como Madre de Dios, La Rinconada en Puno, Nazca o el sur medio. La clave está en que, al llegar a Lima como lingotes ya procesados, el mineral puede adquirir una apariencia de formalidad. “El cargamento de oro se dirigía al almacén aduanero SAASA en el Callao, para ser exportado legalmente. Al ser lingotes ya procesados, contaban con una aparente red corporativa de comercio”, afirmó.

Ese punto es central para entender el caso. Si el oro ya estaba convertido en lingotes, la investigación no solo debe determinar quién ejecutó el robo, sino también quién lo acopió, quién lo procesó, quién coordinó su traslado y qué red podía colocarlo en una cadena de exportación.

La modalidad descrita por Yaranga refuerza una sospecha mayor: el oro de origen ilegal o informal no siempre se mueve al margen del sistema. En algunos casos, puede intentar ingresar a circuitos formales mediante documentación, empresas de fachada, comercializadoras o rutas logísticas que le dan apariencia legal antes de salir del país.

“No es un robo común”: la inteligencia detrás del asalto

El investigador especialista en seguridad Noam López coincide en que el ataque no puede leerse como un robo al paso. En entrevista con Exitosa, sostuvo que este tipo de asaltos responde a un delito de alta sofisticación, porque requiere información previa, seguimiento, coordinación y capacidad operativa. “No es un robo común. Este tipo de asaltos no corresponde solo a la oportunidad delictiva; requiere inteligencia previa por parte de las organizaciones criminales, seguimiento, coordinación y una buena capacidad operativa”, señaló López.

Para el especialista, el oro se ha convertido en un objetivo prioritario para el crimen organizado por tres razones: su alto valor, su bajo volumen y la dificultad para rastrear su procedencia cuando ingresa a cadenas ilegales o se mezcla con producción informal y legal.

Esa característica vuelve especialmente atractivo el mineral para las organizaciones criminales. A diferencia de otros bienes robados, el oro puede ser trasladado en pequeñas cantidades, transformado, fundido, mezclado o reinsertado en circuitos comerciales donde la trazabilidad se vuelve más difícil.

El punto ciego, la ruta y la filtración de información

Uno de los puntos centrales de la investigación es cómo los atacantes conocían la ruta, el horario y el contenido del traslado. La PNP busca determinar si hubo filtración de información desde dentro de la cadena logística o si la banda realizó un seguimiento previo al cargamento.

Para López, ese nivel de precisión abre una pregunta clave: cómo sabían los delincuentes el recorrido, el momento del traslado y el punto donde podían ejecutar el ataque. No se trataría de una oportunidad improvisada, sino de una operación dirigida contra una carga específica. “No es un robo callejero, no es un asalto improvisado. Son robos de cargas de alto valor y emplean armas largas”, advirtió.

La ubicación también es relevante. El ataque se produjo en un tramo donde, según la información preliminar, no había cámaras de videovigilancia municipal. Ante ello, agentes de la comisaría de Monterrico empezaron a recopilar imágenes de cámaras privadas y registros instalados en vías cercanas, como la avenida El Polo y los accesos al Jockey Club.

Armas largas, datos y crimen organizado

La escena del ataque dejó una señal de la capacidad de fuego de la banda. Peritos de Criminalística hallaron 27 casquillos de bala, correspondientes a armas de corto y largo alcance. Para López, el acceso a armas largas, municiones y otros recursos explica parte del avance de las organizaciones criminales en el país.

El especialista advirtió que estas redes ya no solo operan con violencia visible. También pueden acceder a información personal, datos financieros, ubicaciones y puntos GPS, elementos que permiten planificar ataques contra objetivos de alto valor.

Ese punto amplía el foco del caso. El robo no solo plantea preguntas sobre seguridad física, sino también sobre la protección de información dentro de las cadenas logísticas: quién sabía del traslado, quién tenía acceso a la ruta, qué personas conocían el horario y cómo esa información pudo llegar a manos de una banda armada.

López también puso sobre la mesa otro problema: el mercado ilegal de armas. Según explicó, las organizaciones criminales acceden a armamento por contrabando, desvío de armas originalmente adquiridas de forma legal, robos a empresas de seguridad o instituciones públicas, así como redes de tráfico ilícito organizado.

El mercado internacional detrás del oro

El caso también vuelve a poner el foco sobre la cadena internacional del oro ilegal peruano. Pedro Yaranga sostiene que el Perú es el mayor exportador de oro ilegal de Sudamérica y concentra el 44% del comercio ilícito de la región.

Según el especialista, mercados como India, Emiratos Árabes Unidos y China tienen un rol relevante en la demanda global de este mineral. India, señaló, se ha consolidado como uno de los mayores compradores globales, con importaciones que pueden canalizarse mediante intermediarios y comercializadoras.

Sobre Emiratos Árabes Unidos, Yaranga advierte que Dubái opera como un centro global del comercio del oro, donde las redes criminales pueden aprovechar debilidades en la fiscalización de la procedencia original del mineral para introducirlo al mercado internacional.

En el caso de China, el especialista vincula la demanda a sus industrias tecnológicas y de joyería, que sostienen una absorción permanente de minerales de procedencia mixta o de redes de lavado a nivel global.

La precisión es importante: no se afirma que el cargamento robado en Surco tuviera como destino alguno de esos países. Lo que el caso expone es otra cosa: una economía donde el oro de origen opaco puede pasar por acopios, oficinas de fachada, comercializadoras y almacenes aduaneros antes de intentar insertarse en cadenas internacionales.

En ese circuito, Lima cumple un rol estratégico. El mineral puede llegar desde zonas de extracción ilegal, pasar por puntos de acopio urbano y luego buscar una salida formal si logra superar los controles documentarios y aduaneros.

Un robo que recuerda al caso de la Costa Verde

El asalto en Surco no aparece como un hecho aislado. El pasado 22 de marzo, presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla protagonizaron un violento asalto en la subida de la Costa Verde, a la altura de San Miguel. Los delincuentes interceptaron a balazos dos vehículos que transportaban lingotes de oro.

En abril, la PNP y el Ministerio Público capturaron a ocho presuntos miembros de esta organización durante un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 16 inmuebles en Lima y Callao. Los detenidos son investigados por presuntos delitos de sicariato, extorsión y asaltos a mano armada cometidos desde 2025.

Sin embargo, el presunto cabecilla de la organización, Giancarlo Infante, alias ‘Cholo Jean’, logró escapar durante la intervención y permanece prófugo. Como parte del operativo, las autoridades también incautaron 19 vehículos que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para cometer diversos hechos delictivos.

Ese antecedente es relevante porque muestra una modalidad que se repite: información previa, armas de fuego, vehículos interceptados y cargamentos de oro trasladados dentro de Lima. La capital empieza a aparecer no solo como escenario de asaltos, sino como parte de una ruta donde el mineral se mueve entre acopios, operadores logísticos y puntos de salida.

El asalto en Surco todavía está bajo investigación. La PNP debe determinar el origen del oro, la identidad del copiloto, la ruta de escape de los atacantes, si existió filtración de información y hacia dónde iba realmente el cargamento.

Pero el caso ya dejó una señal clara: el oro ilegal no solo se extrae en zonas remotas. También puede acopiarse, moverse, disputarse y buscar salida desde circuitos urbanos con apariencia formal.

La acción, desarrollada por equipos combinados del Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió incautar arsenal de guerra y equipamiento sofisticado utilizado para garantizar la seguridad de actividades de minería ilegal y extorsión.

Durante el operativo, reportado por 24 Horas, como uno de los más contundentes en la lucha contra el crimen organizado en la Amazonía peruana, se decomisaron explosivos, equipos de comunicación de alta tecnología y más de treinta mil municiones.

Entre los elementos confiscados se encontraron seis minas Claymore, dispositivos capaces de destruir vehículos blindados, lo que evidenció el nivel de armamento y la capacidad operativa del grupo criminal.

Según 24 Horas, el despliegue conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional del Perú permitió identificar la estructura del Cártel de La Pampa, también conocido como Los Guardianes de la Trocha. Esta organización ha sido señalada como responsable de actividades ilícitas de extracción de oro y cobro de cupos en la zona, consolidando su influencia mediante el uso de armamento de guerra.

Participación de militares

De acuerdo con la información difundida por 24 Horas, dos de los detenidos son miembros activos del Ejército peruano. Ambos son investigados por proporcionar seguridad a la red criminal. Fuentes del Ministerio Público citadas por el medio indicaron que los militares habrían estado haciendo uso de una licencia al momento de su presunta participación en los hechos delictivos.

Las autoridades evitaron brindar detalles sobre la identidad de los efectivos castrenses, argumentando que sus casos están sometidos a evaluación judicial para determinar la procedencia de medidas como prisión preventiva. La situación de los uniformados detenidos ha abierto un nuevo frente en la investigación y pone en relieve la posible infiltración de organizaciones criminales en instituciones estatales, según lo reportado por 24 Horas.

Impacto en la seguridad

El operativo arrojó como resultado el abatimiento de dos presuntos miembros del cártel y la desarticulación de al menos tres campamentos utilizados para la minería ilegal. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental solicitó la ampliación de la detención preliminar por siete días adicionales, a fin de convalidar los hallazgos y profundizar la investigación sobre la red delictiva.

Funcionarios del Ministerio Público advirtieron sobre la magnitud del problema, al señalar que los grupos dedicados a la minería ilegal en Madre de Dios no operan de forma artesanal, sino que constituyen verdaderos cárteles con acceso a recursos logísticos y financieros considerables. 24 Horas recogió declaraciones en las que se enfatizó que “quien está detrás de la minería ilegal son cárteles, son organizaciones criminales”.

Falta de recursos

En medio del avance de la investigación, el Ministerio Público manifestó su preocupación por el presupuesto asignado para combatir la minería ilegal. De acuerdo con lo informado por 24 Horas, durante 2026, el rubro presupuestal número 128, destinado a la lucha contra este flagelo, no ha recibido fondos. Las autoridades reiteraron su llamado a los organismos competentes para fortalecer las capacidades de respuesta institucional frente al avance del crimen organizado en la región.

La operación, que visibilizó la presencia de elementos militares en las filas del Cártel de La Pampa, marca un nuevo episodio en la lucha contra la minería ilegal y la extorsión en Madre de Dios. Las investigaciones seguirán su curso en el Poder Judicial, donde se determinará la situación jurídica de los veinte detenidos, incluidos los dos militares del Ejército peruano, según lo reportado por 24 Horas.

La Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) solicitó formalmente a la presidenta electa Keiko Fujimori y al presidente José María Balcázar que prioricen medidas urgentes para proteger una de las principales fuentes de agua de la Amazonía peruana. A través de dos cartas oficiales enviadas el 4 de junio de 2026, la organización expresó su preocupación por el crecimiento de la minería ilegal y pidió extender la suspensión de nuevos petitorios mineros en la cuenca del río Nanay por diez años más o, de ser posible, de manera indefinida.

El pedido surge semanas después de que se conociera que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesión minera en la zona, pese a que existe un decreto supremo que mantiene suspendido el otorgamiento de nuevos derechos mineros hasta el 22 de noviembre de 2026. La decisión generó cuestionamientos de organizaciones ambientales y de comunidades amazónicas que advierten que cualquier flexibilización de las restricciones podría acelerar la expansión de actividades extractivas en una cuenca de la que dependen más de 500 mil habitantes de Iquitos para su abastecimiento de agua.

CONACCUNAY pide ampliar la suspensión de petitorios mineros en toda la cuenca del Nanay

En la carta dirigida a Keiko Fujimori, CONACCUNAY felicitó a la mandataria electa por su victoria y aprovechó el inicio de una nueva gestión para trasladarle una de las principales preocupaciones de las comunidades asentadas en la cuenca del río Nanay.

La organización explicó que representa a 33 comunidades nativas y campesinas, cuyos pobladores dependen directamente del río para acceder al agua, la pesca y otras actividades de subsistencia. En el documento, remarcan que el Nanay constituye uno de los afluentes más importantes del río Amazonas y abastece de agua potable tanto a la ciudad de Iquitos como a miles de familias distribuidas a lo largo de su recorrido.

Según la federación, la principal inquietud radica en que la actual suspensión para admitir nuevos petitorios mineros vencerá en noviembre de este año. Consideran que, si la medida no se amplía, la cuenca volvería a quedar expuesta a nuevos procesos de concesión para la explotación de minerales, lo que incrementaría la presión sobre un ecosistema que ya enfrenta el avance de la minería ilegal.

Por ello, solicitaron que el próximo Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, emita un nuevo decreto supremo que prorrogue por 10 años la suspensión vigente y que, además, amplíe expresamente esa restricción a toda la cuenca del Nanay, incluyendo las zonas baja, media y alta, así como los ríos Chambira y Pintuyacu.

Como alternativa, las comunidades plantearon que la suspensión de nuevos petitorios se establezca de forma indefinida, hasta que existan condiciones ambientales, sociales y culturales que permitan evaluar nuevamente cualquier actividad minera sin poner en riesgo la cuenca.

En una segunda comunicación oficial, enviada al presidente José María Balcázar con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros, la organización reiteró el mismo pedido y solicitó una intervención urgente del Ejecutivo para reforzar la protección del territorio frente al crecimiento de la actividad minera.

El pedido se produce en medio del avance de la minería ilegal

La solicitud de CONACCUNAY llega en un escenario marcado por la controversia generada tras la admisión de dos petitorios mineros, identificados como Achuny y Jaguar Dorado, dentro de la cuenca del Nanay.

Diversas organizaciones, entre ellas el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), sostuvieron que la decisión de Ingemmet contradice el Decreto Supremo 022-2024-EM, norma que suspendió durante dos años la admisión de nuevos petitorios en esa zona precisamente por los riesgos que representa la extracción de oro para el abastecimiento de agua de Loreto.

Frente a ello, se presentó una oposición administrativa que busca dejar sin efecto ambos procedimientos al considerar que vulneran la normativa vigente. Mientras tanto, el caso continúa siendo evaluado por las autoridades competentes.

La preocupación también está respaldada por antecedentes judiciales. En 2024, el Poder Judicial declaró fundada en parte una demanda de amparo relacionada con las concesiones mineras en la cuenca del Nanay, decisión que posteriormente fue confirmada por la Sala Civil de Loreto. Las resoluciones reconocieron el riesgo que estas actividades representan para el derecho a un ambiente equilibrado y al acceso al agua potable.

A este panorama se suma la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. Un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advirtió que durante 2024 se identificaron 221 balsas mineras activas dedicadas a la extracción de oro en la cuenca del Nanay. El documento alertó que el uso de mercurio continúa contaminando el agua y los peces, además de afectar la economía de las comunidades ribereñas.

El mismo estudio también documentó impactos sociales asociados a esta actividad, como el incremento de conflictos, la precarización laboral y mayores riesgos para las mujeres, quienes han asumido un papel cada vez más activo en la vigilancia del territorio y en la organización de redes comunitarias para alertar sobre el ingreso de embarcaciones vinculadas a la extracción ilegal.

En sus cartas, CONACCUNAY sostiene que la continuidad de las restricciones sobre los petitorios mineros resulta indispensable para evitar una mayor presión sobre el río Nanay, considerado la principal fuente de agua para más de medio millón de personas en Iquitos y para cerca de 23.500 habitantes de las comunidades nativas y campesinas asentadas en la cuenca. La organización pidió que este tema sea incorporado entre las prioridades de las nuevas autoridades nacionales y que las decisiones sobre el futuro del territorio consideren la protección de los recursos hídricos y la seguridad de las poblaciones amazónicas.

Las Líneas de Nasca enfrentan una etapa de creciente presión por factores que comprometen la conservación de uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del Perú. Denuncias sobre minería ilegal, acumulación de residuos sólidos, expansión urbana y presuntas irregularidades en la protección del área arqueológica reactivaron el debate sobre las medidas necesarias para resguardar un espacio reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.

El problema no solo alcanza a los geoglifos visibles en las pampas de Ica. Especialistas, vecinos y defensores del patrimonio sostienen que el riesgo también afecta otros espacios vinculados con la civilización Nasca, cuyos vestigios todavía ofrecen información para la investigación arqueológica. Mientras distintos sectores plantean posiciones opuestas sobre el uso del territorio, las demandas por una mayor presencia del Estado continúan.

Las recientes denuncias difundidas por RT en Español colocaron nuevamente el foco sobre una zona que durante décadas recibió atención internacional por su valor histórico. El reportaje recoge testimonios de expertos, pobladores y representantes de diversos sectores que describen una realidad marcada por conflictos relacionados con la protección del patrimonio y el desarrollo de actividades económicas.

Especialistas destacan el valor histórico de las Líneas de Nasca

Las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa constituyen uno de los principales legados arqueológicos del continente. Sus figuras, distribuidas sobre el desierto de Ica, representan animales, plantas y formas antropomorfas que todavía son materia de estudio para investigadores de distintas disciplinas.

El conocimiento sobre este complejo arqueológico tomó mayor impulso gracias al trabajo de la matemática alemana María Reiche, cuya investigación permitió ampliar la comprensión sobre el significado de los geoglifos y su importancia para el patrimonio cultural peruano.

Las investigaciones no se detuvieron con el paso de los años. Nuevas tecnologías permitieron ampliar el conocimiento sobre este espacio arqueológico. Entre ellas figuran los trabajos desarrollados por la Universidad de Yamagata, en Japón, que recurrió a inteligencia artificial e imágenes satelitales para identificar nuevos elementos en el desierto.

El especialista Josué, entrevistado por el medio internacional, explicó que las figuras no pueden analizarse de forma aislada, sino dentro de un contexto mucho más amplio vinculado con la civilización Nasca.

“Ahora tenemos que hablar de los geoglifos como parte de Cahuachi. La civilización Nazca era una civilización político-religiosa que tenía su base en Cahuachi, un centro ceremonial en adobe más grande del mundo en veinticuatro kilómetros cuadrados”, señaló.

Según el especialista, la sociedad Nasca desarrolló una planificación que permitió plasmar figuras de gran tamaño mediante trazos cuidadosamente diseñados. También sostuvo que estas representaciones formaban parte de prácticas religiosas relacionadas con el recorrido de los propios geoglifos.

Basura y residuos afectan el entorno arqueológico

Además de los riesgos asociados con la actividad minera, los pobladores denunciaron problemas relacionados con la disposición de residuos dentro del entorno protegido.

Durante el recorrido presentado en el informe se observaron botaderos de basura cerca de los geoglifos. Vecinos aseguraron que esta situación permanece desde hace varios años pese a los reclamos dirigidos a distintas autoridades.

Una propietaria de terrenos próximos a las Líneas de Nasca afirmó que incluso animales muertos son abandonados en el lugar.

“No solamente es esta basura, hay animales que traen muertos, todo lo dejan y este es un pan del día a día, ya que vienen y las autoridades no hacen nada”, expresó.

La misma vecina sostuvo que el estado del lugar provoca una mala imagen para quienes llegan desde distintos países con fines turísticos.

“Me da vergüenza ajena, porque se supone de que si vienen a ver cultura, ¿qué cultura ven? Basural”, manifestó.

El reportaje también recuerda que el Gobierno dejó sin efecto la reducción del 40 % del territorio comprendido dentro de la reserva arqueológica, decisión que surgió después de diversos cuestionamientos relacionados con la protección del patrimonio.

Denuncias apuntan a minería ilegal y ocupación de terrenos

La delimitación del área protegida continúa como uno de los principales puntos de discusión en Nasca.

La abogada Noemí Castañeda, identificada como defensora del patrimonio cultural, sostuvo que existen construcciones y ocupaciones dentro de sectores que permanecen bajo protección del Ministerio de Cultura.

“Todas estas áreas tienen más de diez mil hectáreas, que está bajo custodia y protección del Ministerio de Cultura desde el 2019”, indicó.

Según explicó, la resolución correspondiente establece acciones inmediatas frente a posibles afectaciones del patrimonio arqueológico.

“La resolución señala claramente que de inmediato se tiene que proceder con el desalojo, que de inmediato se tiene que proceder con las denuncias, con la identificación de los que estarían dañando el patrimonio”, afirmó.

Castañeda también denunció la presencia de más de 130 plantas mineras ilegales distribuidas entre zonas pobladas, áreas agrícolas y sectores próximos al patrimonio arqueológico.

“Nosotros no estamos en contra del desarrollo económico de la minería, sino del hacinamiento de más de ciento treinta plantas mineras ilegales que están aquí, en medio de la población, en medio de la zona urbana, al costado de los ríos y en medio de la agricultura”, declaró.

Asimismo, responsabilizó al Gobierno Regional de Ica por el crecimiento de plantas concentradoras de minerales en el valle Las Trancas.

“Lo que queremos es hacer un llamado a todas las autoridades, porque el único responsable de que las plantas concentradoras de minerales se haya polarizado en toda la provincia de Nazca, en especial en el centro poblado del valle Las Trancas, donde tenemos más de veintiún plantas mineras a partir del 2012 en adelante, es el Gobierno Regional de Ica a través del programa de titulación de tierras”, sostuvo.

El colapso del principio de autoridad en Cajamarca ha dado paso a una nueva etapa de la minería ilegal en el norte del Perú, según reveló Contra Corriente.

El modelo criminal que devastó La Libertad ahora se replica en Cajamarca, donde la violencia y la tecnificación de la minería ilegal han establecido un territorio fuera del control estatal.

La región de Cajamarca enfrenta una escalada de violencia ligada a la minería ilegal. De acuerdo con ContraCorriente, tras un operativo policial en el distrito de Hualgayoc, una turba de aproximadamente ochenta personas, presuntamente vinculadas a economías ilegales, emboscó a las autoridades y liberó a siete detenidos. Este episodio marcó el inicio de un nuevo patrón criminal, en el que las fuerzas del orden quedan rebasadas frente a una estructura violenta y organizada.

Pedro Yaranga, analista en seguridad integral y gestión de riesgos, quien fue consultado por Contra Corriente, explicó que los grupos criminales “miden primero si hay mucha cantidad de policías y si no hay mucha cantidad de policías, lo único que hacen es acorralar igual y atacarlos con todo, liberar si es que hay detenidos”.

Esta metodología ha convertido varias zonas en un escenario donde la ley carece de fuerza, mientras la policía opera con recursos y equipamiento limitados.

Tecnificación y poder

La minería ilegal en Cajamarca ha alcanzado niveles industriales, según detalla ContraCorriente. Localidades como Colquirrumi, Chinchiho, El Tingo y Quebrada Honda albergan operaciones que emplean maquinaria pesada, retroexcavadoras y socavones de hasta cincuenta y cinco metros de profundidad.

“El que contamina más no es la minería grande, ni la minería mediana, ni la pequeña minería, es la minería ilegal”, sostuvo un especialista entrevistado por el medio, al precisar que estos grupos procesan metales con insumos químicos prohibidos.

Las cifras expuestas por Contra Corriente muestran la magnitud del fenómeno: la minería ilegal mueve aproximadamente doce mil millones de dólares, mientras que la exportación alcanza los quince mil millones de dólares. Este caudal de dinero permite a las organizaciones criminales financiar sobornos, actos de corrupción y captar autoridades locales, lo que profundiza la crisis institucional.

Expansión y frontera

El reporte de Contra Corriente advierte sobre un “peligro geopolítico” en la frontera norte. Cajamarca conecta con Piura y el vecino Ecuador a través de mil quinientos kilómetros de territorio vulnerable.

Mientras el gobierno ecuatoriano refuerza su lucha contra el crimen organizado, las rutas de escape y la criminalidad transnacional buscan expandirse hacia el lado peruano. Un especialista destacó que “los criminales ecuatorianos, con tanto espacio que hay, porque el control policial militar solamente está en Aguas Verdes, está en Macará y el resto de la cordillera del Cóndor hacia Cajamarca está abierta y ellos pasan por ahí”.

Este corredor facilita el traslado de maquinaria y personas dedicadas a la minería ilegal, mientras el Estado peruano mantiene una presencia limitada en la zona. El resultado es un territorio cada vez más controlado por intereses criminales, donde la ausencia estatal deja espacio para la captura de autoridades y el crecimiento de nuevas redes de complicidad.

Impacto social

La crisis generada por la minería ilegal en Cajamarca afecta directamente a la población local. Contra Corriente documentó cómo los relaves y efluentes de las operaciones ilegales contaminan los ríos Singo y Malgasbamba, lo que ha provocado niveles alarmantes de arsénico y plomo en la sangre de decenas de niños.

“El costo de la impunidad criminal en Bambamarca y Hualgayoc ya se cuenta en la sangre”, señala el informe.

La descomposición social es visible en la precariedad de las escuelas rurales y en el abandono de servicios básicos, mientras el crimen organizado ocupa los espacios que el Estado ha dejado vacíos.

En palabras recogidas por ContraCorriente, “la característica que tiene la minería ilegal es que son en su mayoría migrantes y efectivamente en Hualgayoc son migrantes, pero al mismo tiempo también se van involucrando gente de la misma zona”.

Fracaso institucional

Las acciones estatales se ven limitadas frente a la magnitud del problema. Según ContraCorriente, los operativos de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), como el Plan Sierra Norte, han incorporado drones y sensores electroópticos para desmantelar infraestructura ilegal. Sin embargo, la inteligencia táctica resulta insuficiente cuando las turbas locales impiden traslados y detenciones.

Expertos citados por el medio enfatizan la necesidad de mecanismos de apoyo militar permanente, reclamando el despliegue del Batallón de Infantería Cepita número siete de Cajamarca para respaldar las operaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri). El objetivo es garantizar que los responsables de delitos ambientales enfrenten la justicia.

Un entrevistado afirma que “declarando el estado de emergencia en las zonas no se hace absolutamente nada”, y atribuye la inacción a la falta de voluntad política y a la influencia que la minería ilegal ejerce sobre partidos y autoridades.

Nueva tierra de nadie

El fenómeno observado en Cajamarca reproduce el modelo criminal que devastó Pataz en La Libertad, según la investigación de ContraCorriente. La comparación resulta inevitable para los expertos, quienes alertan que “podríamos comparar a Cajamarca en este momento con una posibilidades, digamos, de Patás en los próximos años”.

La ausencia de autoridad y el avance del crimen organizado han transformado a Cajamarca en una tierra donde el Estado ha perdido su capacidad de respuesta, mientras la minería ilegal se consolida como una amenaza a la seguridad nacional, la institucionalidad y el medio ambiente.

En una nueva acción contra la minería ilegal en la selva central, autoridades de Huánuco destruyeron nueve balsas dragas valorizadas en más de S/ 1,3 millones durante un operativo fluvial ejecutado en el río Pachitea, en la provincia de Puerto Inca. La intervención se desarrolló en una zona donde, según las autoridades, este tipo de equipos venía siendo utilizado para la extracción ilícita de minerales en pleno cauce del río.

El despliegue se realizó de manera inopinada en los centros poblados de Yanayacu, Nuevo Trujillo y Trece Tiros, ubicados en el distrito de Yuyapichis. Hasta esos puntos llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), representantes del Ministerio Público y personal de la Marina de Guerra del Perú, en una operación coordinada para ubicar embarcaciones, motores, herramientas y otros implementos vinculados a actividades ilegales en la zona.

Autoridades hallaron balsas, motores y herramientas en plena zona de extracción ilícita

De acuerdo con la información oficial, durante el recorrido fluvial se identificaron nueve balsas dragas que operaban en distintos sectores del río. Estos equipos forman parte de la infraestructura empleada por los grupos dedicados a la extracción ilícita de minerales, una actividad que continúa expandiéndose en varias regiones del país y que afecta directamente a ecosistemas acuáticos y áreas de difícil acceso.

Además de las balsas, las autoridades hallaron motores y diversos materiales utilizados para sostener la operación de los artefactos. Todo el material fue intervenido en el lugar bajo la supervisión de los representantes del Ministerio Público, quienes dispusieron la incautación y posterior destrucción de los bienes encontrados. La medida buscó evitar que estos equipos vuelvan a ser empleados en nuevas acciones de minería ilegal.

La intervención fue documentada conforme a ley, como parte del procedimiento establecido para este tipo de operativos en los que participan distintas instituciones del Estado. Según el reporte difundido, la acción permitió afectar bienes valorizados en más de S/ 1 336 735, cifra que refleja la magnitud de la estructura instalada para estas labores ilícitas en el río Pachitea.

En el operativo también se puso énfasis en la ubicación estratégica de los puntos intervenidos, ya que los centros poblados de Yanayacu, Nuevo Trujillo y Trece Tiros son zonas de difícil acceso donde las operaciones fluviales suelen ser aprovechadas por redes dedicadas a la extracción no autorizada de recursos. Por ello, el trabajo conjunto entre la PNP, el Ministerio Público y la Marina de Guerra del Perú fue clave para ingresar por vía acuática y ubicar los equipos en actividad.

Las autoridades mantuvieron la intervención centrada en la inmovilización de los instrumentos usados para la extracción ilícita, con el fin de reducir la capacidad operativa de quienes se dedican a esta actividad en Puerto Inca.

Destruyen 17 campamentos de minería ilegal y equipos valorizados en más de S/ 5,6 millones en Madre de Dios

En una intervención paralela contra la minería ilegal, las fuerzas del orden ejecutaron un operativo en los sectores Isla Córdova y Azul, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata (Madre de Dios). La acción fue liderada por el Comando Operacional del Sur con apoyo de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Como resultado del despliegue, las autoridades destruyeron 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas, además de intervenir cinco motores, 130 metros de alfombra y otros equipos utilizados para la extracción ilegal de oro. Según el Ministerio de Defensa, los bienes inutilizados durante el operativo superan los S/ 5,6 millones.

Durante las diligencias también fueron incautados 1.400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubería de PVC y 1.400 metros de cable eléctrico, entre otros materiales empleados en estas actividades ilícitas. Todo el equipamiento fue destruido en el lugar bajo supervisión del Ministerio Público, como parte de las acciones que buscan reducir la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal en la Amazonía peruana.

En una acción coordinada, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía ejecutaron un operativo en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

La intervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, con la participación de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Según información difundida por el Ministerio de Defensa (Mindef), la operación concluyó con la destrucción de 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas. Además, se interdictaron cinco motores, 130 metros de alfombra, así como otros bienes empleados en la minería ilegal. El valor total de lo destruido supera los 5,6 millones de soles.

Durante la intervención, las autoridades también incautaron 1,400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubo PVC y 1,400 metros de cable eléctrico, junto a una variedad de materiales utilizados para la extracción ilícita de oro.

Todo el material incautado fue destruido in situ, en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y bajo supervisión del Ministerio Público.

El operativo se suma a las acciones que, desde el sector Defensa, impulsan las Fuerzas Armadas para frenar el avance de la minería ilegal que impacta en áreas naturales protegidas y pone en riesgo la biodiversidad y los recursos ambientales de la región amazónica.

Estrategia nacional y resultados recientes

El golpe en Inambari forma parte de una estrategia nacional articulada para combatir la minería ilegal en la Amazonía peruana. Entre enero y mayo de este año, las fuerzas del orden lograron destruir maquinaria y equipos valorizados en más de 1,200 millones de soles en diferentes regiones.

Otras intervenciones recientes incluyeron la destrucción de dragas y bienes utilizados para la extracción ilegal de oro en las cuencas de los ríos Nanay, Amazonas, Marañón y Tigre, en la región Loreto.

Solo en la primera quincena de junio, un operativo en el sector Puca Urco resultó en la incautación y destrucción de equipos, motores fuera de borda, generadores eléctricos y combustible sin autorización.

El Ministerio de Defensa subrayó que estos operativos buscan proteger las áreas naturales y preservar el patrimonio ambiental. “Reafirma, además, el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental del país”, señaló en un comunicado oficial.

En estas acciones, la colaboración entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y las fuerzas del orden permite que la destrucción e incautación de bienes se realice bajo un marco legal estricto, minimizando la posibilidad de reincidencia. La incautación de combustibles y materiales, como cables y cilindros, busca cortar la cadena logística de la minería ilegal.

El impacto de los operativos en la región se refleja en la reducción de campamentos y equipos dedicados a la extracción ilícita, así como en el refuerzo de la presencia estatal en zonas tradicionalmente afectadas por actividades ilegales. Las autoridades reiteraron que estas intervenciones continuarán en todo el territorio amazónico, priorizando la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

Cinco ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos esta semana en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Antioquia por parte de Migración Colombia, en acciones que refuerzan la lucha contra el turismo con fines de explotación sexual y otras actividades ilícitas.

El saldo eleva a 95 los casos de inadmisión por turismo sexual en lo que va del año en el departamento y a más de 130 en todo el país.

Entre los casos detectados figura el de una mujer procedente de Estados Unidos, identificada por una alerta en la plataforma Angel Watch, que la señala como ofensora sexual de menores de edad. Los oficiales de Migración Colombia, tras consultar sus sistemas de información, determinaron inadmitirla y retornarla a su país de origen. Se trata de la segunda mujer rechazada en Colombia por este motivo.

Otros tres viajeros, también provenientes de Norteamérica, fueron detenidos durante los controles migratorios cuando se comprobó que su propósito en Colombia era realizar turismo vinculado a la explotación sexual. Las entrevistas migratorias permitieron descubrir nexos entre sus itinerarios y agencias que promueven actividades inapropiadas, lo que motivó la aplicación de la medida de inadmisión y el regreso inmediato a sus países.

En un hecho aparte, un ciudadano de nacionalidad peruana fue inadmitido tras declarar su intención de trabajar en minería sin la visa reglamentaria. El extranjero mencionó que planeaba operar en minas de oro no registradas en los municipios de Segovia y Mutatá, en el Urabá antioqueño, lo que constituye un motivo de exclusión del país.

De acuerdo con la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, la entidad incrementó la preparación de sus oficiales para identificar y evitar el ingreso de personas que puedan representar riesgos para la infancia, la adolescencia y las mujeres, o que busquen desarrollar actividades ilícitas como la minería ilegal.

Las autoridades migratorias sostienen que el turismo sexual y la explotación laboral irregular afectan la imagen internacional del país y ponen en peligro la seguridad de las comunidades locales. La inadmisión de estos extranjeros refleja la rigurosidad de los controles y la prioridad institucional para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Cayó cerca a Medellín el costarricense alias Kokin

La captura de Óscar David Román Ovares, conocido como alias Kokin, marca un punto de inflexión en los esfuerzos conjuntos de las autoridades de Colombia y Costa Rica contra el crimen organizado transnacional. Este ciudadano costarricense fue localizado en Sabaneta, Antioquia, gracias a una operación coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

La operación destaca la cooperación entre agencias y la efectividad de los mecanismos de intercambio de información, lo que permitió identificar y detener a uno de los principales miembros de la banda conocida como Los Saggy.

Las investigaciones atribuyen a Román Ovares la autoría intelectual y material de al menos 22 homicidios en Costa Rica. Esta cifra motivó la emisión de la notificación roja de Interpol, que facilitó su búsqueda y captura internacional. Además, se le vincula con el tráfico internacional de sustancias ilícitas, lavado de activos y la legitimación de recursos mediante la adquisición de comercios y vehículos de lujo.

El proceso de localización y arresto de alias Kokin se apoyó en el cruce de información entre la OCN Interpol Bogotá, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la OCN Interpol Costa Rica. Este trabajo colaborativo incluyó el uso de bases de datos internacionales, verificaciones en campo y la contribución de fuentes humanas especializadas para obtener datos sólidos sobre su paradero.

Actualmente, Román Ovares se encuentra bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que gestiona el proceso de extradición hacia Costa Rica. Allí deberá enfrentar a la justicia por los delitos imputados, en medio de una estrategia regional para combatir las redes criminales que trascienden fronteras.

Fabio Arjona Hincapié, designado como próximo ministro de Ambiente para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, ya está arrojando luces sobre cómo sería su trabajo en la cartera y cuál es el balance que está recibiendo de la administración saliente, que contó con tres nombramientos: Susana Muhammad González, Lena Yanina Estrada e Irene Vélez Torres.

Un día después del anuncio de su participación en el gabinete de los Defensores de la Patria, el eventual funcionario criticó la gestión ambiental de la gestión aún vigente. De la misma manera, cuestionó la efectividad de las políticas implementadas y el contraste entre el discurso ambientalista y los resultados en materia de protección ecológica.

En entrevista con Blu Radio, Arjona afirmó que “en lo ambiental ha sido el discurso. El deterioro ambiental de este gobierno es tremendo. Decir que soy ambientalista porque tengo un discurso que habla de medioambiente a la realidad es tremendo”, dijo.

Para ilustrar sus señalamientos, sostuvo que los índices de deforestación “se encuentran desbordados” en el territorio nacional y que estas falencias se deben a un factor crucial que, ha su juicio, impidió la intervención gubernamental.

“El principal factor de deterioro ambiental es el control sobre el territorio. No tenemos ninguno. Eh, la minería criminal está desbordada. El 90 % del oro que el país saca es de, de, de minería criminal”, dijo Arjona Hincapié.

Por qué fue “discurso” la gestión ambiental durante el Gobierno Petro

Según el biólogo marino y ambientalista nacido en Montería, el eje de las propuestas del gabinete de Gustavo Petro de “ralentizar la explotación de hidrocarburos como política ambiental” no tiene resultados en la práctica, porque aumentan otras amenazas para el equilibrio medioambiental.

“Decir que con eso vamos a salvar el planeta y estamos contribuyendo a que el principal factor de deterioro ambiental se exacerbe, que es la pobreza”, aseguró.

Explicó que este flagelo y las necesidades sociales básicas continúan siendo el motor de “acciones depredadoras humanas” que a su vez, podrían atentar contra el medioambiente.

“Si es el último manatí en la faz de la Tierra y mi hijo tiene hambre, adiós manatí. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas. Y del discurso al hecho hay mucho trecho”, aclaró.

Según Arjona, la política de la transición energética “fue cero”

El próximo ministro explicó que Colombia depende de sus exportaciones de commodities energéticos y mineros —materiales tangibles que se pueden comerciar, comprar o vender por ser insumos—, y que, debido a la aparente falta de implementación de la política, fueron frenadas.

“Las exportaciones se han ralentizado y son los temas que sirven para la transición energética, que entre otras cosas, ha sido cero. No solamente ralentizamos los hidrocarburos, sino que no tenemos un solo mega instalado en términos de energía no convencional”, alegó.

Agregó que 16.000 megas “que estaban dispuestos para La Guajira en un potencial de más de 70.000 por el viento que tenemos allá salieron corriendo porque no encontraron condiciones regulatorias ni sociales, a veces exacerbadas por el mismo gobierno, para implantarse”, explicó durante la entrevista.

De manera que insistió en que una cosa es utilizar el medioambiente en el discurso político, y otra, muy diferente, es ejecutar políticas sostenibles, y que la primera no determina que un gobierno sea medioambiental.

“Decir que este gobierno fue ambiental porque simplemente hablaba del medioambiente en lugar de hablar de la real sostenibilidad es bastante equivocado”.

Frente a las críticas que califican a Abelardo de la Espriella y su equipo de “antiambientalista”, el próximo líder de la cartera aclaró que considerar la sostenibilidad como opuesta al crecimiento económico es una falacia.

Un total de 10.000 detonantes de presunta fabricación boliviana, valorizados en S/195.000, fueron incautados en Cusco durante un operativo conjunto de las autoridades. El material explosivo era transportado sin documentos que acreditaran su ingreso legal al país y, según las primeras investigaciones, podría estar destinado a actividades de minería ilegal.

La intervención estuvo a cargo de oficiales de Aduanas de la SUNAT, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, quienes emplearon un escáner móvil para revisar una encomienda procedente de Juliaca. El hallazgo encendió las alertas debido a que este tipo de accesorios suele ser utilizado en actividades extractivas que requieren explosivos.

Las autoridades informaron que los detonantes podrían estar destinados a operaciones de minería ilegal. Tras la intervención, el caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras que el material quedó bajo custodia de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para las investigaciones correspondientes.

Escáner móvil permitió detectar cargamento de detonantes extranjeros

La incautación se produjo durante las acciones de control desarrolladas en los almacenes de una empresa de transporte de carga en Cusco. Según informó la SUNAT, los agentes utilizaron un escáner móvil para inspeccionar la carga y detectaron una caja de cartón cuyo contenido resultó sospechoso.

Al revisar la encomienda, encontraron 10.000 detonantes Riocap de origen boliviano ocultos en el interior del paquete. La mercancía había sido enviada desde Juliaca y era transportada sin documentos que acreditaran su importación o ingreso legal al territorio peruano.

De acuerdo con la Sucamec, los accesorios para el uso de material explosivo fueron retirados de circulación como parte de un operativo conjunto en el que también participó la Policía Nacional del Perú. La intervención buscó reforzar los controles para prevenir el transporte y la comercialización ilegal de explosivos y materiales relacionados.

Tras la incautación, las autoridades comunicaron el hallazgo al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes. Asimismo, los detonantes fueron internados en los almacenes de la Sucamec, entidad competente para su custodia y evaluación mientras avanzan las investigaciones.

Cargamento incautado podría estar destinado a la minería ilegal

La SUNAT advirtió que el cargamento podría haber estado destinado a actividades de minería ilegal, debido a que este tipo de detonantes es empleado para la fragmentación de roca en explotaciones mineras.

Aunque las investigaciones continúan para determinar el destino final de la mercancía y la identidad de los responsables, las autoridades consideran que impedir el traslado de estos materiales reduce el riesgo de que sean utilizados en operaciones clandestinas.

La minería ilegal representa uno de los principales mercados para el uso irregular de explosivos en distintas regiones del país. El transporte sin autorización de detonantes constituye una infracción grave, ya que estos materiales requieren controles estrictos por el riesgo que representan para la seguridad pública.

El operativo también evidencia el fortalecimiento de las acciones conjuntas entre la SUNAT, la Policía Nacional y la Sucamec para combatir el tráfico de explosivos, una actividad que suele estar asociada a otras economías ilícitas.

Estudio advierte el avance conjunto de la minería ilegal y el narcotráfico

El decomiso ocurre en un contexto marcado por el crecimiento de las economías ilegales en el país. Un reciente informe titulado La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, elaborado por Amazon Watch junto con organizaciones indígenas, advierte que la minería ilegal y el narcotráfico ya operan como una estructura criminal integrada.

La investigación sostiene que ambas actividades dejaron de actuar por separado y hoy comparten rutas, infraestructura y mecanismos financieros. Entre 2014 y 2024, las economías ilícitas habrían movilizado al menos US$13.341 millones en el Perú, de los cuales aproximadamente US$7.810 millones corresponderían a la minería ilegal, superando incluso los ingresos del tráfico de drogas.

El estudio explica que el dinero generado por el narcotráfico financia operaciones extractivas ilegales, mientras que el oro obtenido ilícitamente sirve para lavar activos provenientes de diversas actividades criminales. Además, identifica corredores estratégicos donde estas redes han fortalecido su presencia, como Madre de Dios, Ucayali, Huánuco y la Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia.

Los investigadores también alertan sobre el impacto de estas organizaciones en comunidades indígenas y ecosistemas amazónicos. Según el informe, la expansión de la minería ilegal ha provocado miles de hectáreas de deforestación y ha favorecido el ingreso de organizaciones criminales transnacionales, lo que refuerza la necesidad de intensificar los controles sobre explosivos y otros insumos que podrían abastecer estas actividades ilícitas.

El avance de la minería ilegal en Crucitas, Costa Rica, se expandió en la última década desde los dos km² de la antigua concesión legal hasta unos 30 km², según autoridades y reportes periodísticos.

La actividad se consolidó con campamentos improvisados, caminos clandestinos y una dinámica transfronteriza con impacto en la seguridad, el ambiente y la salud pública del norte de Costa Rica.

La expansión del área impactada implicó la apertura de campamentos y la construcción de caminos clandestinos, lo que facilitó el ingreso de más actores y agravó la tensión en la frontera con Nicaragua.

Redes criminales y migración irregular

La dinámica ya no se limita al minero individual de subsistencia. Involucra al menos tres grupos: los coligalleros, muchos de ellos nicaragüenses en condición irregular atraídos por ingresos superiores a los del trabajo agrícola; redes intermediarias que financian y proveen equipos, y compradores que procesan el oro, principalmente en territorio nicaragüense.

El ministro de Seguridad Pública informó ante diputados que en la zona operan alrededor de 300 coligalleros activos, aunque esa cifra no incluye a quienes participan en logística, transporte, procesamiento o actividades indirectas como la venta de alimentos y drogas.

La Fuerza Pública mantiene un puesto permanente con 65 agentes, pero los esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

Los decomisos muestran la escala de la actividad: 285 tómbolas, 132 vehículos, 173 toneladas de mineral, más de 15.000 kg de cianuro y 20.000 kg de mercurio, además de armas y drogas. Según autoridades, la operación alcanzó niveles de “industrialización” en equipos y logística.

Deforestación y contaminación

La minería ilegal en Crucitas causó pérdida de bosques y fragmentación de hábitats en zonas de alto valor ecológico. La apertura de caminos y la tala ilegal afectan especies como el almendro de montaña, fundamental para la fauna local.

La contaminación de ríos y quebradas con mercurio y cianuro preocupa a autoridades y organizaciones ambientales. El método de amalgamación utilizado por los mineros libera metales tóxicos en el agua y la atmósfera, mientras la excavación de túneles subterráneos y tajos abiertos multiplica el riesgo de derrumbes y altera el flujo hídrico.

El Colegio de Geólogos y la Sala Constitucional advirtieron sobre la aparición de drenaje ácido, capaz de afectar los ecosistemas durante décadas.

El deterioro ambiental no se limita a Costa Rica. El oro extraído cruza el río San Juan hacia Nicaragua, donde plantas industriales, algunas con capital extranjero, lo procesan y lo introducen en cadenas legales de exportación. La reciente flexibilización de controles ambientales en Nicaragua, incluso en áreas protegidas, facilitó ese flujo e incentivó el contrabando y el “blanqueo” del mineral de origen ilegal.

Salud pública y seguridad

La minería ilegal en Crucitas también tiene consecuencias directas sobre la salud de la población. El uso indiscriminado de sustancias tóxicas y la contaminación de fuentes de agua ponen en riesgo el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria.

El mercurio, en particular, puede provocar daños neurológicos graves, sobre todo en niños y mujeres embarazadas, a través del consumo de pescado contaminado.

Las autoridades sanitarias declararon la alerta ante la presencia de metales pesados en el ambiente y el inicio de procesos de drenaje ácido. La Sala Constitucional señaló que la falta de acción estatal constituye una violación al derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano, y exigió medidas inmediatas para proteger a las comunidades afectadas.

El entorno de Crucitas se volvió más violento. Los operativos policiales llevaron a la detención de más de cinco mil personas vinculadas a actividades mineras ilícitas y a la incautación de decenas de armas de fuego y blancas.

Episodios recientes incluyen la prisión preventiva de 18 oreros, en su mayoría extranjeros, y casos de tentativa de homicidio asociados a disputas por yacimientos y deudas.

Respuesta estatal y desafíos regulatorios

La presión de la minería ilegal llevó al gobierno costarricense a proponer un proyecto de ley que permitiría la explotación regulada de oro en Crucitas, junto con el endurecimiento de penas para la actividad ilícita. El Ejecutivo sostiene que la regulación permitiría controlar el impacto ambiental y canalizar recursos hacia el desarrollo local, al tiempo que combate el crimen organizado.

Sectores sociales y ambientales advierten que la legalización podría consolidar un modelo extractivo de mayor escala, con nuevos riesgos para la biodiversidad y la salud pública. La persistencia de la minería ilegal, pese a los operativos policiales y las incautaciones, muestra la necesidad de alternativas económicas para la población local y de un enfoque binacional que atienda la dimensión transfronteriza del problema.

La situación en Crucitas también pasó a la política exterior. El entonces presidente Rodrigo Chaves planteó su preocupación ante autoridades de Estados Unidos, en el marco de iniciativas para sancionar el comercio de oro vinculado a actividades ilegales en la región.

Las decisiones que tome Costa Rica sobre Crucitas tendrán consecuencias sobre su relación con Nicaragua, socios comerciales y organismos internacionales preocupados por la trazabilidad del oro y el cumplimiento de estándares ambientales y de derechos humanos.

La minería ilegal en Crucitas transformó a esta zona rural del norte de Costa Rica en un foco de conflicto ambiental y de seguridad. En un área de 30 km², la extracción de oro afecta a unas 15 comunidades, mientras la Sala Constitucional ordenó en marzo de 2026 medidas urgentes para proteger la salud, el ambiente y el acceso al agua en este golpeado territorio.

Las autoridades costarricenses calificaron la situación en Crucitas como una “emergencia nacional”. La actividad provocó deforestación, contaminación de fuentes acuáticas con mercurio y la proliferación de campamentos irregulares, en un contexto que favorece la violencia y otros delitos.

Crucitas está en el distrito de Cutris, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, cerca de la frontera con Nicaragua. La riqueza aurífera y su ubicación en corredores biológicos la convirtieron en un punto de interés para actores legales e ilegales.

El valor del territorio y el deterioro ambiental

El área forma parte del Corredor Biológico San Juan La Selva, de la Reserva de Biosfera Agua Paz y del Corredor Binacional El Castillo San Juan La Selva. Allí, múltiples especies dependen de la conectividad ecológica.

La región también está reconocida como una de las “áreas importantes para la conservación de aves” por BirdLife, por su relevancia para aves migratorias y mamíferos de gran tamaño. La degradación del hábitat por la minería amenaza la biodiversidad y fragmenta corredores biológicos.

El origen del conflicto y por qué es tan importante Crucitas

El conflicto se agravó tras la anulación judicial del proyecto de minería industrial de la empresa canadiense Industrias Infinito y la prohibición legal de la minería metálica a cielo abierto en 2010.

Ese vacío fue aprovechado por coligalleros (extractores irregulares de oro) y redes criminales, que intensificaron la extracción y el tráfico de oro hacia Nicaragua.

Estudios oficiales calculan que en los cerros de Crucitas habría unas 64 toneladas de oro, valuadas en los años noventa en unos USD 2,500 millones y que, con la cotización actual, podrían alcanzar los USD 10,000 millones.

La onza producida en Crucitas se comercializa cerca de USD 4,115, según el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora, y los ingresos ilícitos anuales rondan los 1,000 millones de colones- unos USD 2,204, millones.

Qué ocurre hoy en Crucitas

Actualmente, Crucitas enfrenta tres frentes: degradación ambiental, violencia vinculada a la minería ilegal y disputa política sobre el futuro del territorio. El uso intensivo de mercurio y otros químicos contaminó fuentes de agua y generó alertas del Colegio de Geólogos y del Ministerio de Salud.

La Sala Constitucional destacó la pérdida de biodiversidad como un daño ambiental irreparable que justifica una intervención urgente.

Las comunidades locales, integradas en su mayoría por familias campesinas, trabajadores agropecuarios y migrantes, viven en condiciones de pobreza y con acceso limitado a servicios básicos. La expansión del área impactada extendió los riesgos más allá del antiguo polígono minero.

El debate político

La visita de la presidenta Laura Fernández a la Zona Norte la semana pasada - donde fue sacada de emergencia luego de una explosión- y los llamados públicos a discutir el futuro de Crucitas reactivaron el debate.

Algunos sectores proponen reforzar la prohibición minera; otros plantean formalizar una “minería responsable”, y otros impulsan alternativas de desarrollo no minero.

La discusión ocurre en medio de presiones geopolíticas, con contrabando de oro hacia Nicaragua y la posibilidad de sanciones internacionales.

El proyecto de ley presentado hace casi dos años para habilitar la minería bajo ciertas condiciones tiene respaldo parcial del Ejecutivo. Sus defensores sostienen que permitir la actividad formal ayudaría a “poner orden”, mientras sus detractores advierten sobre el riesgo de legalizar la devastación ambiental y entregar el territorio a intereses privados.

Impacto social y tensiones en las comunidades

La presencia de migrantes nicaragüenses, muchos de ellos en situación irregular, es un rasgo dominante en Crucitas. Diversas fuentes señalan que una parte de los mineros ilegales son extranjeros en condiciones de vulnerabilidad, sometidos al control de redes criminales que operan en la zona.

La Sala Constitucional subrayó que la minería ilegal compromete la soberanía, la seguridad pública y los derechos de la población local. El conflicto generó divisiones dentro de las comunidades: mientras algunos ven en la minería una salida ante la falta de oportunidades, otros denuncian la contaminación, la violencia y el deterioro del tejido social. La respuesta estatal fue percibida como insuficiente y reactiva, sin ofrecer alternativas sostenibles para las familias afectadas.

La minería ilegal de carbón en la provincia de Ubaté dejó más de 17 medidas preventivas de suspensión y procesos sancionatorios ambientales, después de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) detectó explotaciones activas sin título minero y sin licencia ambiental en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa.

Según el diario El Tiempo, las inspecciones también registraron daños sobre el suelo, el agua y la flora, además de riesgos para los trabajadores y se documentaron vertimientos, descargas de aguas residuales mineras y afectaciones en quebradas, suelos, vegetación y áreas de especial importancia ambiental.

Las acciones se concentraron en los últimos días en la provincia de Ubaté. La CAR también verificó desacato a suspensiones que ya habían impuesto autoridades municipales y nacionales.

En varios casos, la autoridad ambiental encontró que los responsables habían retirado de forma ilegal los sellos de suspensión.

Durante algunos operativos, trabajadores intentaron entregar información falsa a los funcionarios.

La infraestructura y la producción detectadas

La infraestructura y la producción de las explotaciones ilegales Las visitas técnicas en Cucunubá, en especial en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, hallaron minas de carbón en plena operación. Algunas ya tenían antecedentes de suspensión y clausura por accidentes mineros fatales y daños ambientales.

La infraestructura detectada incluía bocaminas, compresores industriales, subestaciones eléctricas, patios de acopio, sistemas de descargue, talleres y áreas de almacenamiento de carbón y material estéril. Esa dotación mostraba una operación activa, no frentes aislados o abandonados.

Los equipos también encontraron toneladas de carbón listas para su comercialización. En varios puntos, la producción estimada llegaba a 900 toneladas mensuales.

Los daños sobre el agua, el suelo y la vegetación

Las inspecciones atribuyeron a esas explotaciones vertimientos incontrolados de material estéril y residuos de carbón sobre el suelo natural.

También registraron el sepultamiento de la cobertura vegetal, los potreros y el bosque nativo.

La CAR documentó el arrastre de sedimentos hacia quebradas y otras fuentes hídricas. A eso se sumó la descarga directa de aguas residuales mineras sin tratamiento sobre cuerpos de agua.

Los funcionarios, además, observaron contaminación del suelo por hidrocarburos, aceites y combustibles. Según el medio citado, hubo intervención de rondas hídricas, zonas de protección ambiental y alteraciones del terreno con riesgo de deslizamientos por manejo inadecuado de botaderos.

Los hallazgos en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa

Los hallazgos en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa Uno de los casos apareció en la vereda Gachaneca, en Lenguazaque, donde la explotación ilegal avanzaba dentro del área protegida del páramo de Rabanal y Río Bogotá.

Allí, la CAR evidenció extracción y procesamiento de carbón sin permisos ambientales ni título minero, además de vertimientos de aguas de mina directamente sobre el suelo.

En la vereda Espinal Carrizal, también en Lenguazaque, la autoridad inspeccionó seis bocaminas activas. En ese punto encontró vertimientos directos de aguas residuales mineras, disposición inadecuada de material estéril y almacenamiento de carbón a cielo abierto sin medidas de manejo ambiental.

Los operativos también llegaron a Sutatausa, municipio donde este año han ocurrido al menos 3 emergencias mineras fatales. En la vereda Peñas de Boquerón, la CAR inspeccionó una explotación ilegal tras una de esas emergencias, que causó la muerte de un trabajador.

En ese lugar había cerca de 15 trabajadores y unas 30 toneladas de mineral listas para transporte. La inspección detectó descargas directas de aguas residuales mineras y riesgo de inestabilidad del terreno por infiltración de aguas contaminadas en botaderos de estériles.

Las sanciones y los próximos operativos

Tras los hallazgos, la corporación impuso suspensiones inmediatas, instaló sellos de cierre y abrió procesos administrativos sancionatorios ambientales contra los responsables. Julio César Sierra León, director de la CAR seccional Ubaté, anunció nuevos operativos de seguimiento y control junto con alcaldías municipales, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades.

En la conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, reiteró la urgencia de que los diputados de la Asamblea Legislativa apruebe medidas para contra la minería en la zona, señalando que las consecuencias sociales y ambientales provocadas generan una crisis latente.

La mandataria afirmó que: “Crucitas ya no aguanta más. Es hora que la Asamblea Legislativa se ponga la mano en el corazón”.

Durante su intervención, Fernández destacó el impacto que la minería ilegal ha tenido sobre las comunidades cercanas. En sus palabras, “la desgracia que hoy invade a las familias de esos distritos de San Carlos. Gente luchadora, trabajadora, niños que deberían de tener un futuro por delante, hoy ven sus sueños apagados por la desgracia de la minería ilegal”.

La jefa de Estado dirigió un mensaje directo a los diputados, criticando la presentación de mociones que, según denunció, buscan frenar el avance del proyecto. “No queremos más excusas, queremos soluciones y las queremos de manera inmediata. Este país no está para debates de otros 20 años en este tema”, sostuvo Fernández.

De igual manera, la jefa de Estado señaló que “con respeto, pero con vehemencia les pido que las mociones presentadas de mala fe para atrasar la aprobación de esta importante ley, son mociones que no mejoran el texto, son más mociones presentadas, repito, para atrasarlo con mala fe, y el pueblo de Costa Rica no se merece eso señores diputados”.

Al mismo tiempo, Fernández remarcó que su llamado no responde a intereses personales ni gubernamentales, sino a una demanda nacional. “Señores diputados, les repito, piensen en Costa Rica. Esto no es para hacerme un favor a mí ni al gobierno, esto es para atender una necesidad de nuestro país. Así que, encarecidamente, en nombre del pueblo de Costa Rica, les pido que cumplan con su deber democrático y dejen de patear la pelota de los problemas nacionales para adelante”, expresó la funcionaria.

Detonaciones durante visita presidencial a Crucitas

Las declaraciones de Fernández se producen en un contexto de creciente presión sobre el Poder Legislativo, para que apruebe con urgencia medidas que enfrenten la crisis causada por la minería ilegal en Crucitas.

Sectores políticos y sociales han manifestado posturas encontradas sobre la conveniencia de aprobar la ley, mientras persisten las denuncias sobre los efectos negativos de la actividad minera ilegal en la región.

Durante una reciente visita oficial a la zona de Crucitas, el pasado viernes 19, Fernández enfrentó un episodio que puso en evidencia el alto nivel de riesgo en el área. Mientras recorría el sitio acompañada por funcionarios y vecinos, una detonación repentina interrumpió la actividad y generó un momento de tensión entre los presentes.

El estruendo, escuchado a poca distancia, llevó a la comitiva presidencial a activar el protocolo de seguridad y evidenció la inseguridad que enfrentan tanto los habitantes como quienes visitan la zona.

El hecho, aunque no dejó heridos, ilustró de forma directa el peligro asociado a las actividades ilegales de extracción minera que continúan en la zona.

Habitantes rurales de los municipios de Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, denunciaron la circulación de un panfleto contra trabajadores mineros de la región.

El documento, revelado por Caracol Radio, fue firmado presuntamente el Frente Cuatro (José Antonio Galán) adscrito al bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá.

En la misiva, el grupo armado les prohíbe ejercer su labor a un grupo de mineros denominados “machuqueros” en esos dos municipios, a quienes los señala de manera general como presuntos financiadores del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

“A aquellos que ejercen la labor de machuqueros les queda prohibido seguir trabajando ya que sabemos a quienes están financiando y es mejor que no lo sigan haciendo”, expresaron.

Además, advierten a personas con supuestos vínculos con ese grupo, así como a quienes venden estupefacientes y a ladrones para que efectúen su salida del territorio.

“Se informa que a partir de la fecha vamos a estar haciendo presencia permanente en los municipios mencionados esto con el fin de combatir a las bandas criminales que solo están dañando a la sociedad con sus ventas de estupefacientes y los paramilitares que viven atropellando a la población civil”, se lee en la carta expuesta por la cadena radial mencionada.

En otro punto, el mismo panfleto les pide a las personas que “tienen vínculos o negocios con los paramilitares” que se desvinculen del conflicto, e incluye un mensaje contra los llamados “dueños de lo ajeno”.

“Busquen trabajo. Ustedes son una enfermedad y toda enfermedad tiene cura y esperamos no llegar a ese extremo queda a conciencia de estos individuos”, advirtieron.

Fuentes consultadas por el medio de comunicación señalaron que ese contenido apunta a una posible “limpieza social”, en alusión a los pasajes dirigidos contra quienes comercializan estupefacientes y contra los ladrones. Esa caracterización corresponde al medio y no aparece como frase textual en el panfleto.

Autoridades avanzan la investigación

Residentes de la zona explicaron a Caracol Radio que los machuqueros “son personas que se internan en un socavón durante varias semanas o meses”.

Así mismo, advierten que la mayoría de los trabajadores de ese estilo debe entregar un porcentaje de lo extraído al Clan del Golfo para que les permitan entrar a la mina.

Entre tanto, las autoridades manifestaron que, tras conocerse la información, se adelantará la revisión y verificación de la autenticidad del panfleto, aunque preliminarmente indicaron que el documento podría ser real.

La circulación del mensaje elevó la inquietud en la comunidad. El temor creció tras recientes hechos violentos atribuidos por la emisora a esa guerrilla en los dos municipios.

Masacre contra cuatro campesinos en Remedios

Además de las amenazas contra los trabajadores de la región, el frente cuatro de las disidencias de las Farc había admitido su responsabilidad en la masacre de cuatro campesinos en la vereda Las Camelias, zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), ocurrida durante el primer fin de semana de junio de 2026.

La admisión quedó consignada en un video fechado el 9 de junio de 2026, en el que una mujer identificada como alias Samanta Ruiz, también llamada como La Enfermera, leyó un comunicado en la que informó sobre su acción criminal en la región antioqueña.

En ese mensaje, la vocera afirmó que los cuatro retenidos eran “dos hombres y dos mujeres” que, según la organización armada, cumplían labores de informantes y estaban vinculados a una finca que atribuyeron a paramilitares. También sostuvo que les habrían incautado una pistola calibre nueve milímetros, un revólver y radios de comunicación.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como los esposos Efraín Botero y Rocío Silva, junto con dos trabajadores. De acuerdo con la información oficial, los cuatro fueron amarrados y torturados antes de ser asesinados.

Por este hecho, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el primero en asociar la masacre con Luis Antonio Montoya, alias Jhon Fiera, cabecilla del frente disidente con presencia en Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.

Sobre este sujeto pesa una recompensa de 300 millones de pesos. Igualmente, se destaca alias Johan Veneco, otro integrante del frente señalado de participar en los homicidios, con una recompensa de 100 millones de pesos, respectivamente.

Pese a una prohibición vigente hasta noviembre de 2026, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesión minera en la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable de Iquitos. El hecho fue observado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), que considera que el procedimiento contradice las medidas de protección establecidas por el Estado.

Los petitorios, identificados como Achuny y Jaguar Dorado, fueron presentados en noviembre de 2025 y ahora son objeto de una oposición administrativa que busca anular su tramitación. La controversia se produce mientras la cuenca del Nanay continúa bajo vigilancia por el avance de la minería ilegal y por su importancia para el abastecimiento de cientos de miles de habitantes de Loreto.

La controversia por los petitorios mineros en la cuenca del Nanay

El punto central de la controversia es el Decreto Supremo 022-2024-EM, que suspendió por dos años el otorgamiento de petitorios mineros en la cuenca del río Nanay. Esa medida, según advierten los defensores del territorio, sigue plenamente vigente hasta el 22 de noviembre de 2026. Sin embargo, el Ingemmet habría admitido a trámite dos nuevas solicitudes, lo que para el OMI representa una contradicción directa con la protección establecida por el propio Estado.

La reacción no tardó en llegar desde los frentes ciudadanos que desde hace años alertan sobre la presión extractiva en esta zona amazónica. El Nanay no es un río más en el mapa de Loreto: es la principal fuente de agua potable para Iquitos y varias comunidades aledañas. Por eso, cualquier trámite que abra la puerta a la actividad minera en su cuenca es leído como una amenaza inmediata para miles de familias.

“Es una burla a la población. A las 500.000 personas que dependen del río Nanay. Es increíble como funcionarios dentro del Estado terminan desconociendo sus propias funciones y normativas y poniendo en riesgo una vez más la vida de la gente”, denunció Jose Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos.

La preocupación, además, no se limita al plano administrativo. La protección del Nanay está respaldada por normas regionales y nacionales que han buscado frenar el avance de actividades extractivas en una cuenca considerada sensible por su valor ambiental y sanitario. Entre esas disposiciones figura la Ordenanza Regional 006-2003-CR/RL, que declara la zona como área de exclusión para la extracción minera.

A ello se suma la cercanía de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, un espacio de especial fragilidad ecológica que alberga ecosistemas únicos y especies endémicas. En ese entorno, la sola posibilidad de nuevos procesos mineros despierta alertas por el impacto que podría tener sobre el agua, la biodiversidad y la salud de la población.

La controversia se agrava porque, paralelamente, la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto ha solicitado la ampliación del estado de emergencia para reforzar las acciones frente a la problemática minera en la cuenca. Sin embargo, ese pedido aún no recibe respuesta del Gobierno Central, lo que mantiene a la zona en un escenario de incertidumbre institucional.

Antecedentes judiciales, oposición administrativa y una defensa que sigue abierta

El conflicto por el río Nanay no apareció recién con estos dos petitorios. La discusión ya había llegado al terreno judicial desde fines de 2023, cuando ciudadanos de Iquitos presentaron una demanda de amparo contra el otorgamiento de concesiones mineras superpuestas a la cuenca. El caso avanzó y en agosto de 2024 el Primer Juzgado Civil de Loreto declaró fundada en parte la demanda al reconocer el riesgo sobre el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua potable.

Luego, en enero de 2025, la Sala Civil de Loreto confirmó ese criterio, reforzando la idea de que la presión minera sobre el Nanay no solo es un tema ambiental, sino también un asunto vinculado con derechos fundamentales. Pese a esos antecedentes, el nuevo episodio volvió a instalar la duda sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias restricciones.

Desde el OMI, la lectura es directa: la admisión de los petitorios abre un precedente delicado. Karina Garay, abogada especializada en temas ambientales y vocera del colectivo, sostuvo que el marco legal vigente es claro respecto a la prohibición en la cuenca.

"El decreto establece una prohibición expresa por razones de seguridad y salud de la población de Loreto. Por ello, que una institución del propio Estado admita estos petitorios constituye una grave vulneración de una norma de cumplimiento obligatorio y genera un precedente preocupante, debiendo cualquier trámite o autorización en ilegal”, indicó Garay.

En paralelo, ya se presentó una oposición administrativa que solicita la nulidad de ambos procedimientos por considerar que su tramitación contraviene las restricciones vigentes para la cuenca del Nanay. La solicitud deberá ser evaluada en un plazo de 30 días calendario, un periodo que será clave para determinar si el caso avanza o se frena en sede administrativa.

La controversia ocurre, además, en un contexto marcado por la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. En octubre de 2025, un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sobre la cuenca del Nanay advertía que la actividad ilícita ya había generado una crisis social y ambiental con fuerte impacto en las comunidades ribereñas, especialmente en las mujeres. El documento señalaba también la presencia de 221 balsas mineras activas en 2024 y describía un escenario de contaminación por mercurio, afectación de peces y agua, y debilitamiento de la economía local.

Ese mismo informe recogía testimonios sobre comunidades que han empezado a bloquear ríos para frenar el avance de los mineros ilegales, ante la falta de respuesta estatal. También detallaba que las mujeres asumieron roles de vigilancia y defensa territorial frente a una situación que combina precariedad, violencia y abandono.

Comunidades afectadas y especialistas se reunieron este martes 23 de junio en Lima en el Foro Social “Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería” para debatir sobre la actividad extractiva en Perú, mientras más de 3.000 representantes empresariales participaban en el Congreso Mundial de Minería.

El encuentro alternativo, convocado por organizaciones de la sociedad civil, se realizó en el Hotel Carrera, en el distrito de Lince, con mesas de diálogo abiertas al público. La premisa fue que el debate sobre la minería peruana no puede darse sin la participación de quienes viven en los territorios donde opera esa industria.

El foro reunió a líderes comunitarios, representantes sindicales, académicos e instituciones de derechos humanos que suelen quedar al margen de los espacios donde se toman decisiones del sector. La agenda se organizó en torno a tres ejes: la disputa geopolítica por los minerales estratégicos, los desafíos de la minería artesanal y de pequeña escala y los problemas de gobernanza social y ambiental.

Minerales sin declaración y disputa geopolítica

Uno de los datos centrales del foro surgió de una investigación de CooperAcción: minerales estratégicos valuados en aproximadamente USD 500 millones —entre ellos vanadio, cobalto, galio, germanio, indio y telurio— saldrían del país “ocultos” dentro de los concentrados de cobre y zinc exportados, sin declaración aduanera, sin registro estadístico y sin control.

La cifra corresponde a estimaciones preliminares de 2024 y abarca solo seis minerales de los muchos que podrían estar en esa situación. Esos recursos tienen una demanda creciente por su uso en baterías, motores eléctricos, aerogeneradores, sistemas LED, drones, radares y equipos militares.

El foro presentó la investigación Los minerales ocultos y la disputa por el control de los recursos. Análisis comparativo de los casos de Perú, Chile e Indonesia, que examina cómo esos tres países, principales exportadores de concentrados de cobre del mundo, enfrentan el desafío de extraer valor de esos minerales dentro de sus propios territorios.

Conflictos y condiciones laborales

El 17,6% del territorio nacional está concesionado a la minería. Según la Defensoría del Pueblo y el Observatorio de Conflictos Mineros, los conflictos socioambientales representan el 51,1% del total de casos informados en el país, y de ese total, el 33,7% está vinculado de forma directa con la actividad minera.

Casos como los de Pasco, Espinar en Cusco, Las Bambas en Apurímac, La Oroya en Junín y Colpayoc en Cajamarca formaron parte del debate del foro por los problemas de contaminación ambiental que afectan a las poblaciones locales y sus medios de vida.

La situación laboral del sector también fue analizada. Alrededor del 70% de los trabajadores mineros son contratistas, frente a un 30% que trabaja de forma directa con las empresas. Entre 2001 y 2024 se registraron 11.000 accidentes incapacitantes y 333 accidentes fatales en el sector.

MAPE, concesiones y gobernanza

La minería artesanal y de pequeña escala fue otro de los focos del encuentro. Los participantes señalaron el crecimiento de la MAPE en todas las regiones del país, las continuas prórrogas al Registro Integral de Formalización Minera y los impactos ambientales y laborales asociados a las plantas de beneficio que permiten su “legalización”.

A eso se suma otro dato expuesto en el foro: más del 50% de las concesiones mineras del país está en manos del 1% de los titulares.

Frente a ese panorama, los participantes debatieron la necesidad de construir una nueva gobernanza minera que garantice la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana, la transparencia en la gestión de los recursos naturales y una distribución más equitativa de los beneficios de la actividad extractiva.

El programa del foro incluyó en la mesa de apertura a Steven Emerman, Pavel Aquino, César Flores y Paul Maquet, de CooperAcción, con moderación de Cinthia Navarro, de Oxfam. Las mesas presenciales también contaron con la participación del doctor Víctor Hugo Pachas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Earth First, y de la doctora Gisselle V. Benites, de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.

El avance de redes criminales internacionales hacia los delitos ambientales en Costa Rica ha tomado una dimensión inquietante, con consecuencias directas sobre la biodiversidad y la salud pública, destaca una nota publicada este lunes en Diario Extra.

Este fenómeno ya no se limita al tráfico de drogas o armas, sino que ahora incluye la venta ilegal de especies y la minería clandestina, actividades que generan ingresos comparables a los del narcotráfico pero con mucho menos riesgo penal.

Desde la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández y Alejandro Alpízar han advertido -según cita el medio-sobre la transformación de antiguas organizaciones criminales, que han identificado en los delitos ambientales un negocio sumamente lucrativo.

En palabras de Alpízar, la situación se agrava porque “generan ganancias enormes, compatibles con las del narcotráfico, pero con penas muy bajas”.

La venta de fauna silvestre, que alguna vez fue un problema de menor escala, ahora se realiza a través de plataformas digitales y redes sociales, utilizando tecnologías como páginas cifradas y transacciones con monedas electrónicas.

Esta sofisticación tecnológica permite que los criminales mantengan el anonimato y dificulta el rastreo de los flujos económicos.

Cómo operan las redes y por qué la ley se queda atrás

En la actualidad, las organizaciones dedicadas al tráfico de especies y a la minería ilegal emplean redes sociales y plataformas cifradas para subastar animales y productos derivados. Las transacciones, en muchos casos, se realizan en bitcoin, lo que complica aún más el seguimiento de las ganancias ilícitas.

Las autoridades reconocen una desventaja significativa frente a los criminales: las leyes vigentes no contemplan estos delitos como crimen organizado, lo que impide a los fiscales utilizar mecanismos de investigación avanzados, como las intervenciones telefónicas o la ampliación de plazos para detención preventiva.

Alpízar ha llamado a un debate urgente sobre la necesidad de reformas legales que permitan una respuesta más eficaz.

El fenómeno convierte a Costa Rica en un punto estratégico para el tráfico internacional, funcionando tanto como fuente de especies como puente hacia mercados en Estados Unidos, México y Europa. Esto significa que animales y plantas nativos terminan en colecciones privadas o son vendidos en el extranjero, con graves consecuencias para el ecosistema local.

Impacto de la minería ilegal en territorios y comunidades

En regiones como Conchudita, la minería ilegal arrasa ya unas 3,000 hectáreas, según estimaciones fiscales. Esta actividad no solo destruye la cobertura vegetal y los hábitats naturales, sino que introduce al ambiente sustancias altamente peligrosas, como el cianuro.

El uso de cianuro en los procesos de extracción contamina ríos y afecta a la fauna acuática, con repercusiones directas sobre la salud de las comunidades cercanas. La infraestructura de vigilancia que las propias organizaciones criminales han montado dificulta la labor de inteligencia y los operativos de intervención estatal.

El contexto internacional ayuda a entender por qué Costa Rica se ha convertido en un objetivo para el crimen ambiental. La demanda global de especies exóticas y minerales preciosos, sumada a la percepción de bajas consecuencias legales, incentiva la expansión de estas actividades ilícitas en el país.

El Ministerio Público insiste en que la respuesta legal y social debe ser inmediata. Para los fiscales, la discusión sobre reformas legales ya no puede postergarse si se quiere proteger el patrimonio natural costarricense y evitar el fortalecimiento de estructuras criminales transnacionales.

La Fundación del Río alertó sobre el incumplimiento de Nicaragua en los acuerdos binacionales con Costa Rica para combatir la minería de oro ilegal en la frontera que comparten ambos países. El informe divulgado este domingo sostiene que las autoridades nicaragüenses no han implementado acciones para frenar el flujo de mineros artesanales y el contrabando de material aurífero a través del río San Juan, frontera natural entre ambos países. Según informó la agencia de noticias EFE, el documento señala que la actividad minera ilícita persiste y se ha expandido en la zona limítrofe.

De acuerdo con la organización, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua y la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura no han desplegado operativos para impedir que los mineros utilicen el río como vía de acceso a los puntos de extracción ilegal, tanto en territorio nicaragüense como costarricense. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y activista ambiental desnacionalizado, afirmó a EFE: “no ha habido esfuerzos para detener el paso de mineros ni el traslado de material aurífero a lo largo del río”.

El pasado 28 de febrero, Costa Rica y Nicaragua firmaron un acuerdo con el objetivo de mejorar la coordinación policial en la frontera, fortalecer el intercambio de información, establecer canales directos de comunicación y celebrar reuniones periódicas entre los altos mandos de seguridad. Según el reporte de EFE, la Fundación del Río ha seguido de cerca el cumplimiento de estos compromisos y constató que la minería ilegal continúa sin restricciones. La organización identificó nuevos sitios de extracción ilícita en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, a unos 3,2 kilómetros del puesto militar nicaragüense y a tan solo un kilómetro de territorio costarricense.

La Fundación del Río, entidad que fue ilegalizada en Nicaragua y actualmente opera desde Costa Rica, documentó que el transporte de “broza” o material minero sigue a cargo de los llamados “güiriseros” o “coligalleros”, denominación que reciben los mineros artesanales en ambos países. El río San Juan es la principal ruta utilizada para movilizar estos sedimentos auríferos, que son procesados en puntos clandestinos ubicados a ambos lados de la frontera. EFE detalló que los operativos de control han resultado insuficientes ante la magnitud del problema.

El efecto de las concesiones en la frontera

Otro aspecto que destaca el informe es el impacto de las concesiones mineras otorgadas por Nicaragua a empresas chinas en áreas cercanas a la frontera. Según datos recopilados por la Fundación del Río, entre 2021 y 2026 el gobierno nicaragüense adjudicó 84 lotes a 19 compañías de origen chino, con una extensión total de 1.274.908,33 hectáreas. Esta superficie representa más del 8,5% del territorio nacional e incluye zonas protegidas, comunidades indígenas y afrodescendientes. EFE subraya que estas concesiones han propiciado un aumento de la actividad minera y la adopción de métodos semi-industriales en el procesamiento del oro.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, manifestó el viernes pasado su preocupación ante la posibilidad de una “invasión” de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, motivada por el auge de las concesiones a empresas extranjeras en la franja fronteriza. Fernández advirtió sobre el riesgo de que la presión migratoria y el avance de la minería ilegal desborden la capacidad de respuesta de las autoridades costarricenses, que mantienen operativos en zonas como Las Crucitas y Conchudita.

Según la Fundación del Río, la solución al problema en zonas como Crucitas y Conchudita depende de que exista una voluntad política por parte del régimen nicaragüense para desarticular las redes que facilitan el tránsito de mineros ilegales y el contrabando de oro. La ONG considera necesario que se refuercen los mecanismos de cooperación binacional y que se apliquen controles más estrictos en los puntos críticos de la frontera.

Las respuestas en Costa Rica

El gobierno costarricense impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro legal y otorgar nuevas concesiones en Las Crucitas, con el objetivo de regular una actividad que actualmente se realiza en gran medida fuera del marco legal y que involucra a mineros nicaragüenses y costarricenses. EFE informó que las autoridades de Costa Rica han intensificado la vigilancia y las detenciones en la zona, mientras la presión internacional por el impacto ambiental y social de la minería ilegal sigue en aumento.

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, presentó los avances de su modelo de recuperación de áreas degradadas por la minería aurífera ilegal aluvial. La exposición se realizó durante la instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de diseñar la estrategia nacional de recuperación ambiental con horizonte al año 2030.

En esta sesión, el director de la sede de Madre de Dios, ingeniero Ronald Corvera Gomringer, expuso los principales resultados obtenidos por la institución tanto en la restauración de suelos afectados como en la generación de nuevas alternativas económicas para las familias impactadas por la actividad minera ilegal.

Diagnóstico de las zonas degradadas por minería ilegal

Durante su intervención, Corvera explicó la gravedad del deterioro ambiental provocado por la minería ilegal, que elimina por completo la cobertura vegetal y agota los nutrientes esenciales del suelo. A ello se suma la exposición directa del terreno a condiciones extremas que dificultan cualquier proceso de recuperación natural.

El especialista advirtió además que, en las zonas intervenidas, las temperaturas del suelo pueden superar los 50 °C, lo que impide el desarrollo de vegetación y elimina toda posibilidad de uso productivo sin una intervención técnica especializada.

Sucesión ecológica acelerada para la recuperación del suelo

Como parte de la respuesta técnica, el IIAP implementó la estrategia denominada “Sucesión ecológica acelerada”, orientada a la recuperación progresiva de la funcionalidad biológica del suelo mediante etapas de restauración.

“Mediante la inoculación y siembra de leguminosas con capacidad de fijación de nitrógeno, se ha logrado reducir drásticamente la temperatura del suelo intervenido a un nivel funcional de aproximadamente 30 °C”, indicó el especialista.

El enfoque permite reactivar los procesos naturales del ecosistema degradado, facilitando la recuperación de la fertilidad del suelo y sentando las bases para nuevas actividades productivas en las zonas intervenidas.

Acuicultura como alternativa de producción segura

El segundo componente del modelo corresponde a la “Acuicultura para consumo seguro”, un paquete tecnológico orientado al cultivo de la especie mota punteada (Calophysus macropterus) en condiciones controladas.

Este sistema emplea jaulas flotantes y estanques diseñados para evitar el contacto de los peces con los sedimentos tóxicos presentes en las pozas mineras abandonadas, reduciendo así los riesgos de contaminación.

De acuerdo con los análisis del Laboratorio de Calidad Ambiental, los peces cultivados bajo este sistema presentan niveles de mercurio total entre 0.05 y 0.093 ppm, valores que se encuentran muy por debajo del límite máximo de 0.5 ppm establecido por la Organización Mundial de la Salud, confirmando su seguridad para el consumo humano.

Impacto territorial, inversión y beneficios económicos

El modelo del IIAP se aplica actualmente en 350 hectáreas de zonas afectadas y beneficia directamente a 176 familias en los distritos de Laberinto, Inambari y Tambopata, incluyendo comunidades como San Jacinto, El Pilar, Tres Islas, Kotsimba y Horacio Zevallos.

El director del proyecto destacó que la propuesta genera un “doble retorno”, al combinar la recuperación ambiental del suelo con la reactivación económica de las familias a través de la acuicultura. Además, el esquema se ejecuta con una inversión que oscila entre S/ 4.707 y S/ 10.500 por hectárea.

“Todo esto se ha logrado con una inversión altamente viable y eficiente que oscila entre S/ 4,707 y S/ 10,500 por hectárea, lo que convierte a esta alternativa en una opción totalmente real y escalable para la recuperación de las zonas afectadas por la minería aurífera ilegal”, destacó.

Con estos resultados, el IIAP busca posicionar su propuesta como una solución científica validada que puede ser replicada a mayor escala para la restauración ambiental y el desarrollo sostenible en Madre de Dios.

Cuatro personas fueron condenadas a 48 meses de prisión por realizar actividades de minería ilegal en la comunidad de Río Negro, corregimiento de Chepo, distrito de Las Minas, provincia de Herrera, en un caso que ocurre en medio de un fuerte aumento de los delitos ambientales relacionados con la destrucción de los recursos naturales en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que la Personería Municipal de Las Minas logró la validación de cuatro acuerdos de pena por delitos contra los recursos naturales, luego de demostrar que los implicados realizaban labores de exploración minera sin autorización, ocasionando daños al ecosistema y la degradación de un acuífero de la zona.

Los sentenciados fueron aprehendidos en flagrancia el 31 de enero de 2026 y permanecían bajo medida cautelar de depósito domiciliario antes de aceptar su responsabilidad penal.

Tras admitir los hechos, recibieron una condena de cuatro años de prisión por infringir el artículo 399 del Código Penal, que sanciona la destrucción de los recursos naturales.

Aunque el caso ocurrió en Herrera, la minería ilegal se ha convertido en una preocupación recurrente para las autoridades ambientales y de seguridad.

Durante los últimos años se han detectado operaciones clandestinas principalmente en áreas de Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, generalmente en zonas boscosas, cercanas a ríos o de difícil acceso, donde grupos ilegales buscan extraer oro y otros minerales sin permisos ni controles ambientales.

La actividad es considerada ilegal cuando se realiza sin concesiones otorgadas por el Estado, sin estudios de impacto ambiental aprobados o incumpliendo las regulaciones establecidas por las autoridades competentes.

En muchos casos, quienes participan en estas actividades utilizan motobombas, excavaciones artesanales y maquinaria que altera cauces de ríos, provoca erosión de los suelos, elimina cobertura forestal y afecta ecosistemas sensibles.

De hecho, en enero de este año las autoridades desmantelaron un campamento de minería ilegal en Chepo, al este de la capital panameña, mientras que hace apenas unos días un operativo interinstitucional en Panamá Este dejó 11 aprehendidos y un menor retenido presuntamente vinculados a actividades ilícitas de extracción de minerales.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que los delitos ambientales muestran una tendencia creciente durante 2026. Entre enero y mayo se registraron 337 acciones criminales relacionadas con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, frente a 189 casos contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 78.3%.

El crecimiento es todavía más marcado en los delitos contra los recursos naturales. Mientras entre enero y mayo de 2025 se reportaron 93 investigaciones en esta categoría, en igual período de 2026 la cifra ascendió a 184 casos, prácticamente el doble.

Particularmente llamativo resulta el comportamiento del delito de destrucción de recursos naturales, la misma figura utilizada para condenar a los responsables del caso de Herrera. Las investigaciones por este delito pasaron de 54 en los primeros cinco meses de 2025 a 120 durante el mismo período de 2026, un incremento de más de 122%.

La legislación panameña contempla sanciones penales para quienes destruyan, degraden o afecten recursos naturales protegidos. Dependiendo de la gravedad del daño, las penas pueden aumentar cuando las acciones afectan fuentes de agua, bosques, ecosistemas vulnerables o áreas protegidas.

Especialistas en temas ambientales advierten que la minería ilegal es una de las actividades con mayor capacidad de generar daños simultáneos sobre distintos componentes del ambiente. La remoción de suelo, la sedimentación de ríos, la contaminación de cuerpos de agua y la pérdida de cobertura forestal suelen ocurrir de manera paralela, dificultando posteriormente la recuperación de los ecosistemas afectados.

En el caso de Las Minas, la investigación concluyó que las actividades desarrolladas por los ahora condenados provocaron afectaciones directas sobre un acuífero, un recurso particularmente sensible en momentos en que Panamá enfrenta crecientes desafíos relacionados con la disponibilidad y gestión del agua.

La condena también coincide con un momento de especial atención nacional sobre la actividad minera. Desde finales de 2023 permanece suspendida la operación de Cobre Panamá luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato ley que sustentaba el proyecto.

Esta misma semana, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino recibió el informe de auditoría ambiental que servirá de base para definir los próximos pasos sobre el futuro de la mina ubicada en Donoso, Colón, una concesión que abarca aproximadamente 13 mil hectáreas y que llegó a convertirse en una de las operaciones mineras más importantes de América Latina.

Aunque se trata de situaciones completamente distintas desde el punto de vista legal —una vinculada a actividades clandestinas y otra a una concesión minera suspendida por decisión judicial—, ambos casos reflejan la creciente atención que existe en Panamá sobre el impacto ambiental de las actividades extractivas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental.

Para las autoridades, la condena dictada en Herrera constituye una señal de que los delitos ambientales pueden derivar en sanciones penales. Para el país, representa además un recordatorio de que la protección de los recursos naturales se ha convertido en uno de los temas que marcarán buena parte del debate ambiental durante los próximos años.

Un hombre identificado como Ordoñez fue detenido en la zona norte de Costa Rica tras ser señalado como autor de una amenaza de muerte contra la presidenta Laura Fernández Delgado. La captura se efectuó este sábado en San Carlos, luego de que la alerta llegara a las autoridades a través de redes sociales.

Según informó el comisionado Elder Monge, director regional de la Zona Norte, la amenaza se detectó cuando Ordoñez comentó una fotografía en redes sociales relacionada con la visita de la mandataria a la región. En esa publicación, el sospechoso habría incitado a atentar contra la vida de la jefa de Estado. De acuerdo con el reporte policial, “luego de una alerta recibida, a través de redes sociales, donde en apariencia una persona de apellidos Ordoñez habría generado una amenaza en contra de la integridad de la señora presidenta de la República, se procede a interponer la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”.

Tras la denuncia presentada por la Fuerza Pública, el grupo de apoyo operacional localizó y detuvo al individuo que coincidía con las características del presunto autor de la amenaza. “En estos momentos, esta persona está siendo trasladada al Organismo de Investigación Judicial para que se realicen las investigaciones correspondientes”, señaló el comisionado Monge en declaraciones recogidas por Infobae.

La publicación bajo investigación hacía referencia directa a la presencia de la presidenta en la zona norte y destacaba la oportunidad de su visita para alentar un atentado. Ordoñez fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, donde deberá responder ante el proceso correspondiente. Según la información policial, el seguimiento de la amenaza se realizó de forma coordinada entre las instancias de seguridad y el OIJ.

El incidente ocurre en un contexto de elevada atención hacia la seguridad de funcionarios públicos, ante el creciente uso de redes sociales para emitir amenazas e incitar a la violencia. Tras la detención, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier mensaje que ponga en riesgo la integridad de figuras públicas.

El proceso judicial contra Ordoñez se encuentra en su etapa inicial y el OIJ determinará las acciones legales que corresponda en los próximos días.

El incidente se da en un contexto de alta tensión en la zona norte, especialmente en Crucitas, donde la presidenta Laura Fernández Delgado y una comitiva de diputados y ministros debieron ser evacuados de emergencia el viernes, tras una detonación registrada cerca de la gira oficial destinada a abordar la problemática de la extracción ilegal de oro. La mandataria había invitado a los 57 diputados a recorrer Crucitas para que observaran de primera mano el impacto ambiental y de seguridad generado por la minería clandestina y la presencia de redes del crimen organizado. Fernández advirtió que la situación en Crucitas “está totalmente fuera de control” y que la atención de seguridad demanda un gasto mensual de alrededor de un millón de dólares, recursos que el Estado no puede destinar a otras áreas prioritarias La presidenta de Costa Rica reclama intervención del ...Evacuan de emergencia a la presidenta Laura Fernández tras fuerte explosión en Crucitas, Costa Rica.

La problemática en Crucitas se ha agravado tras la anulación de la concesión minera en 2010, lo que dejó el área expuesta a la explotación ilegal. Las bandas criminales y mineros artesanales han generado una crisis ambiental y de seguridad, con pérdidas estimadas en 252 millones de dólares anuales y un flujo constante de oro ilegal hacia Nicaragua. La reciente visita presidencial buscaba impulsar una solución legislativa que permita la legalización y control estatal de la minería, en medio de un intenso debate político y social.

En este contexto, la amenaza denunciada y la posterior detención de Ordoñez se producen mientras las autoridades mantienen protocolos reforzados de seguridad para proteger a la presidenta y su equipo. El sospechoso fue puesto a disposición judicial y el OIJ determinará las acciones legales correspondientes en los próximos días.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, advirtió que la situación en Crucitas se encuentra fuera de control, tras realizar una visita a la zona acompañada de diputados y cuerpos de seguridad, y exigió a la Asamblea Legislativa que apruebe sin más dilaciones el proyecto de ley para regular la minería y restablecer el orden.

Durante el recorrido, una detonación interrumpió la agenda oficial, obligando a activar protocolos de seguridad y evidenciando la gravedad del escenario.

El Gobierno considera que en Crucitas no se practica minería artesanal, sino que opera una estructura criminal dedicada al saqueo de oro. Según lo expuesto por autoridades y legisladores en la conferencia de prensa, miles de personas ingresan ilegalmente para extraer el metal precioso, usando sustancias como cianuro y mercurio, lo que genera daños ambientales severos y pone en riesgo la vida de policías y habitantes. “Cada gramo de oro extraído ilegalmente tiene un costo enorme para el país”, afirmaron.

La presidenta Fernández expresó su preocupación por la destrucción ecológica, la contaminación de fuentes de agua y las condiciones precarias de los cuerpos policiales destacados en la zona. El Gobierno invierte cerca de 1.3 millones de dólares mensuales en operativos de seguridad en Crucitas, pero reconoce que la cobertura es insuficiente para enfrentar la magnitud del problema. Actualmente hay 150 policías en un área de 800 hectáreas, lo que, según la mandataria, resulta claramente insuficiente.

Durante la visita, la presidenta entregó cuatro vehículos todo terreno decomisados al crimen organizado, destinados a reforzar la labor de los oficiales. Fernández destacó que la minería ilegal está tipificada como delito ambiental, con penas que no superan los dos meses de cárcel, y abogó por una reforma legal que lo clasifique como crimen organizado. En varias intervenciones, la mandataria reclamó a los legisladores que retiren las cientos de mociones presentadas al proyecto de ley y avancen con una solución que permita una explotación minera regulada y sostenible, orientada a beneficiar a las comunidades afectadas.

La discusión legislativa se encuentra estancada desde noviembre de 2024, cuando se presentó la iniciativa para regular la actividad minera en Crucitas.

Desde entonces, el proyecto ha recibido más de 650 mociones de fracciones como el Frente Amplio y Liberación Nacional. Fernández insistió en la necesidad de establecer plazos para el diálogo parlamentario y advirtió sobre el riesgo de perpetuar el problema por falta de acuerdos.

“La gente lo que está esperando de nosotros son resultados, son soluciones”, reclamó la presidenta, quien pidió a los diputados que no sigan posponiendo la respuesta a las comunidades.

En el acto participaron diputados del oficialismo, Liberación Nacional y Frente Amplio, así como el alcalde de San Carlos, quienes coincidieron en el carácter crítico de la crisis y la urgencia de adoptar una legislación eficaz.

La diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio, subrayó la necesidad de aumentar la asignación de recursos a las comunidades afectadas y propuso que la minería ilegal sea considerada crimen organizado.

Por su parte, el diputado Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional, defendió la apertura de un espacio de diálogo técnico, pero pidió que se respete el derecho de enmienda y se escuchen las propuestas de todas las fuerzas políticas.

El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, fue enfático al denunciar el desastre ambiental y social, y pidió a los diputados que retiren las mociones que no contribuyen a la solución. “Aquí estamos viviendo prácticamente una guerra que se salió de control”, manifestó González ante los asistentes.

La presidenta Fernández reiteró que la solución al problema de Crucitas no pasa por la presentación de nuevos proyectos de ley, sino por la aprobación y mejora del texto presentado en 2024, resultado de años de trabajo con comunidades, académicos y especialistas. La mandataria rechazó la intervención extranjera y defendió la capacidad del Estado costarricense para resolver la crisis, aunque advirtió que la credibilidad en el sistema democrático está en juego si no se adoptan decisiones a tiempo.

Finalmente, el Gobierno y las autoridades locales insistieron en que el oro extraído ilegalmente pertenece a todos los costarricenses y que la explotación regulada es clave para invertir en infraestructura, educación y seguridad en la zona norte y el resto del país. Las fuerzas de seguridad mantienen operativos mientras persista la amenaza del crimen organizado y la minería ilegal.

El recorrido oficial, en el que participaban alrededor de más de 10 diputados de diversas fracciones legislativas, ministros y cuerpos policiales, debió ser interrumpido drásticamente por motivos de seguridad. Mientras la comitiva regresaba de inspeccionar los daños, un fuerte estruendo sacudió la montaña, obligando a los equipos tácticos a intervenir de inmediato.

“Si se atrevieron a hacer una detonación en la montaña... francamente, yo creí que era como una bombeta de esas que revientan en los túneles. Sonó como un ¡pum!, como un eco que se hizo seguro por el bosque. Me sentí yo como en lo que ve uno en las películas; lo agarran a uno del pelo, lo tiran al suelo, lo montan y ¡jalen!”, relató la gobernante sobre la brusca maniobra de evacuación ejecutada por su escolta.

Fernández aclaró que, por protocolo, fue revisada y se encuentra bien, aunque el incidente y las condiciones climáticas obligaron a brindar asistencia médica a cuatro personas, incluyendo a varios diputados que sufrieron crisis nerviosas, golpes de calor y descompensaciones de presión.

Para la mandataria, el ataque no hace más que reflejar el peligro que sufren diariamente los oficiales y los vecinos: “Si se animaron a hacer una detonación hoy con el operativo de seguridad que hay aquí por nuestra presencia, imagínense cómo será un día ordinario para los cuerpos policiales y la comunidad”.

Según explicaron los expertos de seguridad en el sitio, estas explosiones no son inusuales, ya que las bandas criminales utilizan explosivos en el monte para aflojar la tierra y construir las piletas de sedimentación.

El vacío legal: De delito ambiental a crimen organizado

El núcleo del reclamo presidencial se centró en la total ineficacia del marco jurídico actual de Costa Rica para combatir la minería clandestina en la zona norte. Fernández fue enfática en que el país se enfrenta a estructuras de crimen organizado puro y duro, y no a simples infractores ambientales.

“¿Ustedes sabían que la minería ilegal está tipificada como un delito ambiental y que la condena es de dos meses? Tienen toda la razón los policías que nos contaban: ‘Doña Laura, hemos agarrado a sujetos hasta treinta y cinco veces y ni uno solo ha ido a prisión preventiva’. Da lo mismo robarse un nido de pericos que hacer estas piletas de cianuro, porque se tipifica como delito ambiental parejo y no son la misma cosa”.

Por lo que, la mandataria urgió a los legisladores a respaldar una reforma integral en el Código Penal para clasificar la minería ilegal bajo la ley de delincuencia organizada, permitiendo castigos severos y herramientas de investigación punitivas. Explicó que el país cuenta con leyes obsoletas “creadas desde antes de que existiera el Internet”, lo que deja al Estado de manos atadas ante las dinámicas delictivas modernas y transfronterizas.

Por lo que, la presidenta reveló que el Gobierno de la República realiza un gasto insostenible de aproximadamente un millón trescientos mil dólares mensuales para mantener un contingente permanente de 150 policías resguardando las 800 hectáreas de la zona de conflicto. Sin embargo, catalogó este colosal esfuerzo económico como “una gota de agua en una plancha hirviendo”.

Como una muestra de apoyo inmediato a las patrullas fronterizas que operan en condiciones extremas sin agua potable, internet ni señal de radio, la mandataria hizo entrega en el acto de dos cuadriciclos todoterreno y dos vehículos tipo “mula” de tracción 4x4, bienes de alta gama confiscados directamente al narcotráfico mediante gestiones con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Un llamado enérgico a retirar las mociones “chayote”

El proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo, que lleva dos años en el Plenario Legislativo y cuatro en diseño técnico, pretende sustituir el viejo modelo minero por uno moderno que eleve el canon de explotación de un 2% a un 6%, distribuyendo los dividendos directamente entre la Municipalidad de San Carlos, las Asociaciones de Desarrollo Integral y el Estado.

Fernández fustigó duramente la presentación de 658 enmiendas al proyecto por parte de las bancadas del Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio, calificando a muchas de ellas como tácticas dilatorias. “Cuando yo reviso esas mociones... hay mociones, costarricenses, que dicen para cambiar la palabra ‘minería’ por ‘actividad minera’. Es una falta de respeto a los policías y a la gente que vive aquí. Les pido que hagan una labor patriótica y retiren las mociones que son, como decimos, chayote”.

Aunque la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, defendió en la misma conferencia su derecho de enmienda y argumentó la existencia de propuestas alternativas para redistribuir mejor las regalías hacia las escuelas y la seguridad local, coincidió con la mandataria en que la situación ha empeorado drásticamente.

Al cierre de la sesión, Fernández descartó de plano la propuesta de la oposición de abrir una nueva mesa técnica sin plazos definidos, advirtiendo que el sistema democrático pierde credibilidad cuando los políticos postergan las soluciones reales por dos décadas.

La región de Crucitas, ubicada en el distrito de Cutris en San Carlos, Costa Rica, se ha convertido en el epicentro de una crisis ambiental y de seguridad, marcada por la intensificación de la minería ilegal de oro y la presencia del crimen organizado. Este escenario fue abordado por la presidenta Laura Fernández durante su conferencia semanal, donde reafirmó que no consentirá el saqueo del oro costarricense y defendió el derecho nacional sobre esos recursos.

Tras la cancelación de un proyecto minero a gran escala promovido por la compañía canadiense Industrias Infinito, la zona de Crucitas experimentó un vacío de control estatal.

Según lo expuesto por el gobierno y documentado por medios como La Nación, cientos de mineros artesanales, conocidos localmente como “coligalleros”, operan clandestinamente en la región, utilizando técnicas que implican el uso de mercurio y cianuro. Estas sustancias han contaminado mantos acuíferos, ríos y suelos, agravando la situación ambiental y poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas.

Por lo que, la mandataria subrayó: “Esa riqueza es de Costa Rica y debería de estarse generando para construir escuelas, para mejorar caminos, carreteras y por supuesto, la seguridad de todo el territorio nacional”. Las autoridades han reconocido que la extensión del área, de aproximadamente 800 hectáreas, supera la capacidad de vigilancia de los cuerpos policiales, quienes enfrentan riesgos crecientes por la actividad delictiva y la presión del crimen organizado.

Para dar seguimiento a la crisis, Fernández encabezará una visita oficial a Crucitas junto a ministros del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Seguridad Pública, Justicia y Paz y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), además del ministro de Salud. El objetivo es realizar una inspección técnica, actualizar las acciones de control y dialogar con las asociaciones de desarrollo local.

La mandataria enfatizó que se trata de una “visita de trabajo” y no de un acto simbólico. También agradeció la disposición de algunos diputados de distintas bancadas para acompañar la visita, señalando las limitaciones físicas o de salud de quienes no podrán asistir, como la diputada Abril Folem del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Debate legislativo y polarización política

La crisis en Crucitas también ha reavivado el debate político sobre cómo gestionar los recursos minerales del país. El 25 de noviembre de 2024, Laura Fernández, entonces ministra de la Presidencia, presentó un proyecto de ley para regular y explotar de manera sostenible la minería en Cutris de San Carlos.

El texto fue consensuado con las principales fracciones legislativas. Sin embargo, el proyecto acumula 651 mociones presentadas, principalmente por el Frente Amplio, la diputada Claudia Dobles y el Partido Liberación Nacional (PLN), lo que ha retrasado su avance en la Asamblea Legislativa.

De igual manera, la presidenta alertó sobre propuestas que buscan transformar Crucitas en una reserva ambiental, cuestionando la viabilidad financiera y operativa de una limpieza total de la zona: “Eso cuesta doscientos millones de dólares aproximadamente… y por arte de magia se van a dejar de meter ahí a robarse el oro”. Recordó que la problemática de la fiebre del oro persiste, pues el conocimiento sobre los yacimientos ya está extendido y el control policial resulta insuficiente ante la magnitud del territorio.

Fernández sostuvo que la única salida sostenible es la aprobación de un marco legal que permita la explotación ordenada y controlada del oro residual, con el Estado como garante de los recursos y la protección ambiental. Durante su gira, también se reunirá con representantes de las comunidades afectadas para escuchar sus demandas y evaluar posibles soluciones.

El futuro de Crucitas depende ahora de la capacidad de la Asamblea Legislativa para destrabar el proyecto de ley. Mientras tanto, la crisis ecológica y de seguridad sigue vigente, con un impacto directo sobre la vida de las familias del norte de Costa Rica.

Mejía afirmó ante el gabinete que la salida de Hernández no se debió al operativo contra la caravana de alias Calarcá en Antioquia, sino a investigaciones sobre presuntos vínculos con la minería ilegal y hechos de corrupción. El debate revela tensiones internas en las Fuerzas Militares y expone conflictos sobre el manejo de denuncias y operativos en el país.

Contradicciones públicas sobre la salida de Hernández

El martes 16 de junio, el director de la Uiaf, Wilmar Mejía, respondió públicamente a las declaraciones realizadas por el general retirado Jorge Ricardo Hernández.

Según Mejía, Hernández salió a denunciar en medios que fue retirado del Ejército tras encabezar el operativo contra alias Calarcá, líder de disidencias de las Farc, lo cual calificó como falso. “Eso no es cierto”, afirmó el funcionario en presencia de Petro, que intervino para ampliar la explicación oficial sobre el caso.

El jefe de Estado recordó que medios de comunicación señalaron supuestos vínculos entre altos oficiales y alias Calarcá, pero sostuvo que “todo lo que indica esa investigación es que militares corruptos, que reciben dinero del oro, entonces, pues fueron encontrados en eso. Y uno es el general que dice que ahora es porque estuvo con lo de Calarcá”.

El presidente puntualizó que la decisión de retiro no provino del Gobierno, sino de las propias Fuerzas Militares, tras hallazgos relacionados con tráfico de oro y otras actividades ilícitas. “Obviamente, es la Fiscalía la que tiene que determinar si es así o no”, añadió Petro.

Investigación por minería ilegal y corrupción

El director de la Uiaf insistió en que la causa del retiro de Hernández está asociada a investigaciones disciplinarias y penales.

“La invitación a este general es que diga la verdad. A él no lo sacaron por el operativo de Calarcá, sino por sus posibles vínculos con la minería ilegal en el departamento de Antioquia, como muchos otros oficiales que han pasado por ese departamento”, sostuvo Mejía.

Según el funcionario, existen expedientes en la Inspección del Ejército y en la Fiscalía General de la Nación que vinculan a Hernández con un entramado de corrupción que incluye el desvío de recursos públicos y contratos asociados a la logística militar.

En palabras de Mejía, “se robaban los recursos de los servicios públicos, pero además de la obra pública y de otros contratos que están asociados a la logística del Ejército”. El director de la Uiaf informó que solicitó al Ministerio de Defensa acceso a las investigaciones para realizar análisis financieros sobre los generales y altos oficiales implicados, con el fin de esclarecer el alcance de las actividades ilícitas dentro de la institución.

Versión de Hernández: represalia y falta de respaldo institucional

Por su parte, el general retirado Jorge Ricardo Hernández explicó en entrevista con Noticias RCN que su salida respondió a una “incomodidad” del Gobierno tras el operativo del 23 de julio de 2024, cuando fue detenida la caravana de alias Calarcá en Antioquia.

Hernández aseguró que no recibió reconocimiento oficial por la captura y que la medida se dio en el contexto de una depuración que habría dejado fuera a más de 70 generales entre 2022 y 2026.

El excomandante de la IV Brigada del Ejército manifestó que la acción contra “Calarcá” fue tratada como un hecho incómodo para la administración, y que la explicación formal de su retiro incluyó referencias a una investigación disciplinaria, así como a “lo que pasó en Medellín”.

El general relató que la falta de respaldo se evidenció en un “silencio absoluto” de sus superiores. Expuso que los mensajes sobre la molestia oficial se manifestaron en traslados y exclusión de estímulos, y que al comunicarle su retiro le mencionaron que el Gobierno estaba incómodo con su labor.

Según Hernández, esa reacción muestra una asimetría en la política de seguridad, pues observó una menor contundencia operativa frente al grupo de alias Calarcá respecto al tratamiento dado a las disidencias de alias “Iván Mordisco”.

El Gobierno de Perú dispueso la prórroga por sesenta días calendario del estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata, así como en Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu, en el departamento de Madre de Dios.

Esta medida, que extiende la declaratoria inicial del 16 de abril de 2026, responde a la persistencia de situaciones que afectan el orden interno, vinculadas a la criminalidad, la violencia y el crimen organizado, según lo estipula el Decreto Supremo Nº 093-2026-PCM.

El texto publicado en el diario El Peruano señala que la decisión se apoya en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, que establece como deber del Estado garantizar los derechos humanos y proteger a la población ante amenazas contra su seguridad. El numeral 1) del artículo 137 faculta al Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, a decretar estados de excepción, como el estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o graves circunstancias que afecten la vida nacional.

En tales contextos pueden restringirse derechos constitucionales relacionados con la libertad y seguridad personales, inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión y de tránsito.

De acuerdo con el decreto, la prórroga del estado de emergencia tendrá una duración de sesenta días calendario a partir del 16 de junio de 2026. La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno en las zonas involucradas, con apoyo de las Fuerzas Armadas para la ejecución de operaciones diseñadas a partir de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.

Justificación y alcance

La solicitud de extensión fue elevada por la Comandancia General de la PNP mediante el Oficio Nº 571-2026-CG PNP/SEC. El pedido se fundamenta en informes reservados de la Unidad de Planeamiento de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y de la Región Policial Madre de Dios, que documentan la necesidad de continuar con las acciones policiales para combatir y neutralizar la tala y minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.

Según el documento, la medida busca enfrentar hechos vinculados tanto a la delincuencia común como al crimen organizado, entre los figura la minería ilegal, así como otras expresiones de violencia que alteran el orden interno.

Durante el periodo de vigencia, se restringen derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a los artículos 2 y 137 de la Constitución.

Para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y de otro tipo de carácter masivo, se requiere solicitar autorización a las autoridades competentes. Las actividades no masivas pueden llevarse a cabo sin permiso previo.

Intervención de autoridades

El Decreto Supremo establece que la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se rige por el marco legal previsto en los Decretos Legislativos Nº 1186 y Nº 1095, que regulan el uso de la fuerza por parte de ambas instituciones.

Las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo de la Policía Nacional, en tanto persista el control del orden interno bajo la responsabilidad de esta última.

Además, se aplican los lineamientos del “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 002-2023-MIMP, así como las disposiciones de la Ley de Migraciones para el control de ingresos y salidas del territorio nacional.

Durante la prórroga dispuesta, se mantienen vigentes las medidas decretadas en el Decreto Supremo Nº 055-2026-PCM, que estableció el Estado de Emergencia inicial.

El documento lleva la firma del presidente José María Balcázar Zelada, el presidente del Consejo de Ministros Luis Enrique Arroyo Sánchez y los titulares de las carteras de Ambiente, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ordenó este mes la suspensión inmediata de actividades de explotación minera en zonas no autorizadas de la cuenca del río Fonce, una de las fuentes hídricas estratégicas del sur de Santander. La medida responde a denuncias de comunidades rurales sobre presuntas irregularidades en la extracción de materiales de construcción.

El pronunciamiento oficial de la CAS llegó tras una visita de inspección y vigilancia ambiental en municipios como Socorro, Cabrera y Palmar, donde habitantes de la vereda Baraya y el sector El Hoyo alertaron sobre el avance de frentes de explotación minera cerca de fuentes hídricas y ecosistemas sensibles. En su comunicado, la entidad detalló: “CAS ordena suspensión inmediata de explotación minera ilegal en zonas cercanas a la cuenca del río Fonce”.

Durante la inspección técnica, los funcionarios de la CAS verificaron la existencia de varios frentes de explotación asociados al título minero DAO-151. La autoridad ambiental determinó que algunas de estas actividades se desarrollaban por fuera de los límites autorizados por la Agencia Nacional de Minería y la propia corporación. Según el informe oficial, esta situación generó preocupación por el riesgo de afectación directa sobre microcuencas, afluentes, ecosistemas estratégicos y zonas agrícolas.

Según la entidad, “el desarrollo de actividades mineras por fuera de las áreas autorizadas puede generar impactos ambientales significativos sobre los recursos naturales y las comunidades del territorio”. El comunicado agrega que las extracciones irregulares podrían alterar el abastecimiento de agua y la productividad agrícola en la provincia Comunera, así como comprometer el equilibrio de los ecosistemas locales.

La CAS impuso una medida preventiva: la suspensión inmediata de todas las actividades mineras detectadas en zonas no autorizadas, mientras avanza el proceso sancionatorio ambiental conforme a la Ley 1333 de 2009 y su modificación de 2024. El procedimiento busca establecer las responsabilidades y el alcance de los posibles daños generados.

La actuación de la autoridad ambiental tuvo origen en la presión de los habitantes de las veredas afectadas, quienes insistieron en la necesidad de controlar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Líderes comunitarios venían señalando el impacto potencial sobre las fuentes hídricas utilizadas por poblaciones rurales y productoras de la región.

La CAS reiteró públicamente su compromiso con la protección de los recursos naturales y anunció que mantendrá el seguimiento técnico y las acciones de control en la zona para garantizar el cumplimiento de la suspensión e impedir nuevas intervenciones no autorizadas.

De acuerdo con la autoridad ambiental, la medida permanecerá vigente mientras se desarrollan las investigaciones y se determina la magnitud de las posibles afectaciones. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia para las actividades extractivas en áreas de alta sensibilidad ambiental.

Mientras la cuenca del río Fonce se encuentra bajo medidas de protección ambiental, el Ministerio de Ambiente ha dado a conocer una nueva decisión orientada a resguardar ecosistemas estratégicos en el país. Recientemente, la entidad formalizó la Reserva de Recursos Naturales Renovables “Corazón del Mundo” en la Sierra Nevada de Santa Marta, delimitando un área de 1,5 millones de hectáreas, en las que quedan vetadas las nuevas explotaciones mineras y de hidrocarburos.

Esta resolución impide que se otorguen futuros permisos para actividades extractivas de combustibles fósiles dentro del territorio protegido. Según la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, la reserva permite el desarrollo de actividades agrícolas, proyectos turísticos y otras iniciativas consideradas sostenibles, sin afectar la propiedad privada ni los procesos de titulación de tierras.

La medida no altera la autonomía de los pueblos indígenas de la sierra, quienes seguirán ejerciendo autoridad sobre sus territorios. La decisión del Ministerio responde a una solicitud del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), representante de los pueblos Wiwa, Kogui, Kankuamo y Arhuaco. Con esta disposición, la protección ambiental sobre la región se amplía de manera permanente, superando la cobertura provisional que existía desde hace unos meses.

Dos militares ecuatorianos resultaron heridos durante un enfrentamiento con un grupo de civiles armados en una zona de minería ilegal ubicada en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. El Ejército de Ecuador informó además que, de manera preliminar, existen indicios de que también habría personas fallecidas y heridas entre los atacantes, aunque no precisó el número de víctimas.

El hecho ocurrió en el sector de Taruka, en el municipio de Cascales, mientras las Fuerzas Armadas desarrollaban operaciones relacionadas con el denominado “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno de Daniel Noboa contra las bandas criminales. Según las autoridades, los soldados realizaban labores de patrullaje cuando fueron atacados con disparos.

Tras la agresión, los uniformados respondieron utilizando la fuerza de manera legítima y progresiva, de acuerdo con los protocolos establecidos por la institución militar. Los dos militares heridos fueron evacuados para recibir atención médica.

De acuerdo con el Ejército ecuatoriano, la operación se desarrollaba en una zona donde se adelantan actividades ilegales relacionadas con la extracción minera.

La institución señaló que las tropas fueron sorprendidas por hombres armados y que, posteriormente, repelieron el ataque.

La información oficial indica que los hechos ocurrieron en una región estratégica debido a su cercanía con Colombia y a la presencia de estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Ejército mantiene ofensiva contra grupos criminales

Las autoridades ecuatorianas aseguraron que las operaciones militares en esa región continuarán.

El Ejército recordó que estas acciones se han intensificado desde enero de 2024, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno y catalogó como organizaciones terroristas a varias bandas criminales.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas han aumentado los operativos contra grupos vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

La institución militar explicó que la presencia de estos grupos en zonas fronterizas representa uno de los principales desafíos de seguridad para el país.

Aunque el Ejército no reveló la identidad de los civiles armados involucrados en el enfrentamiento, sí indicó que la operación se mantiene en desarrollo y que las autoridades continúan verificando lo ocurrido.

Noboa ha reforzado la presencia militar en la frontera con Colombia

En los últimos meses, el presidente Daniel Noboa ha ordenado fortalecer los controles militares en el norte del país.

El mandatario ecuatoriano ha manifestado en diferentes ocasiones su preocupación por las actividades criminales que operan en las zonas limítrofes y ha señalado que, a su juicio, Colombia no actúa con suficiente contundencia frente a estas amenazas.

Como parte de esa estrategia, Ecuador ha incrementado la presencia de tropas en la frontera y ha intensificado las operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

El enfrentamiento registrado en Sucumbíos se produce en medio de ese contexto y vuelve a poner de relieve la compleja situación de seguridad que enfrenta Ecuador en las áreas cercanas al territorio colombiano.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre las personas que habrían resultado muertas o heridas dentro del grupo armado y señalaron que las investigaciones continúan.

La fracción del Frente Amplio comunicó que, pese a los obstáculos impuestos por el Gobierno, sí participará con una delegación de dos diputaciones en la gira oficial a Crucitas programada para el próximo 19 de junio. A través de un oficio remitido a Presidencia, la agrupación solicitó la habilitación de dos espacios adicionales para asesores, argumentando que la decisión de enviar solo parte de la bancada responde a limitaciones impuestas en la organización de la actividad.

Según la información difundida por el partido, la petición se formalizó la tarde del martes 10 de junio. La misiva requería que, dado que no asistiría la totalidad de la fracción, se permitiera la presencia de asesores parlamentarios. Durante la reunión de jefaturas realizada en la mañana del 11 de junio, el diputado José María Vilalta trasladó la solicitud a la presidenta del Directorio, quien rechazó la petición. Frente a este escenario, el Frente Amplio sostiene que el Gobierno ha puesto todas las trabas posibles para evitar la presencia de la fracción en la gira. No obstante, la agrupación ratificó su compromiso y confirmó la asistencia de dos diputaciones.

En el comunicado, el Frente Amplio destacó que su participación en la gira tiene como objetivo reiterar los peligros asociados al avance del proyecto gubernamental para permitir la minería a gran escala en la zona de Crucitas. Además, la fracción se propone visibilizar la alternativa que impulsa su bancada frente a la propuesta oficial.

La diputada Claudia Dobles Camargo, jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana, también dirigió un oficio a la Presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en el que expone la situación de los legisladores de fracciones unipersonales. Dobles Camargo subrayó que la labor de fiscalización, representación y presencia territorial es indelegable para los diputados, y argumentó que el apoyo de asesores resulta indispensable para cumplir estas funciones en campo.

En su carta, Dobles Camargo solicita la autorización para que al menos dos asesores de su confianza puedan participar en la gira a Crucitas. Sus argumentos se centran en la necesidad de contar con respaldo técnico para el análisis en tiempo real de la información presentada durante la visita, así como garantizar una documentación adecuada de los hallazgos y compromisos surgidos en el marco de la actividad. La diputada defiende que negar dicha solicitud o imponer condiciones restrictivas haría materialmente imposible su asistencia en condiciones dignas y funcionales.

La comunicación también plantea la instalación de una mesa técnica de trabajo para abordar de manera integral la problemática de la zona. Dobles Camargo señala la relevancia de esta instancia en el trámite del Expediente N°. 25.299, Ley contra el crimen organizado en la extracción ilegal del oro y sus actividades conexas. La ausencia de dicha mesa, advierte, ha impedido la construcción conjunta de mociones que acerquen posturas y acuerdos legislativos.

La fracción del Frente Amplio reafirmó su compromiso con la defensa de Crucitas y la promoción de alternativas a la minería a gran escala. Además, reiteró la importancia de establecer condiciones de participación equitativas para todas las bancadas y legisladores, especialmente para quienes integran fracciones unipersonales.

La gira institucional a Crucitas, que se llevará a cabo el 19 de junio, se enmarca en el contexto del debate nacional sobre el futuro de la minería en la zona norte del país. Tanto el Frente Amplio como la Coalición Agenda Ciudadana insisten en la necesidad de transparencia, participación técnica y garantías mínimas para el ejercicio efectivo de la labor legislativa.

Los retrasos en la delimitación del páramo de Santurbán estarían facilitando el crecimiento de la minería ilegal dentro de uno de los ecosistemas más estratégicos del nororiente colombiano. Esa fue la principal conclusión expuesta por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en un nuevo informe de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017.

Los organismos de control advirtieron que, después de más de ocho años de la orden impartida por la Corte Constitucional para realizar una nueva delimitación participativa del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, el proceso continúa sin completarse. Según señalaron, esta situación ha generado consecuencias ambientales, sociales e institucionales que hoy afectan a las comunidades de la región.

La Procuraduría concluyó que la demora ha propiciado el aumento de la extracción ilícita de minerales dentro del ecosistema, además del crecimiento de la informalidad y nuevas dificultades para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que habitan la zona. Las observaciones quedaron consignadas en el XXV Informe de Seguimiento presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander, según información publicada por Blu Radio.

El documento, con corte al 30 de abril de 2026, expone una serie de incumplimientos que, a juicio de los organismos de control, han impedido avanzar hacia una solución definitiva para la delimitación del páramo.

La situación preocupa especialmente porque Santurbán es una de las principales fuentes de agua para miles de habitantes de Santander y Norte de Santander, por lo que cualquier afectación ambiental genera repercusiones que van más allá de las zonas donde se desarrollan actividades extractivas.

Procuraduría llevará hallazgos a la Fiscalía

Uno de los puntos más delicados del informe tiene relación con la capacidad del Estado para ejercer control sobre actividades ilegales dentro del ecosistema.

La Procuraduría sostuvo que la prolongación del proceso ha limitado la capacidad institucional para enfrentar fenómenos como la minería ilegal, situación que continúa generando afectaciones ambientales en la zona de influencia del páramo.

Ante ese panorama, el organismo anunció que remitirá copia del informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las actividades de extracción ilícita de minerales que presuntamente se estarían desarrollando en áreas cercanas a Santurbán.

Los organismos de control consideran que la ausencia de una delimitación definitiva ha generado incertidumbre sobre el manejo del territorio y ha dificultado la adopción de medidas más efectivas para proteger el ecosistema.

Además de las preocupaciones relacionadas con la minería ilegal, el informe identifica otros incumplimientos que comprometen el avance del proceso ordenado por la Corte Constitucional.

Cuestionan al Ministerio de Ambiente por nuevos incumplimientos

La Procuraduría también formuló observaciones sobre el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la ejecución de las órdenes judiciales asociadas a la delimitación.

Entre los hallazgos figura la falta de entrega oportuna del informe de seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de 2026. Según el ente de control, esta situación no es nueva y se viene registrando de manera reiterada desde 2019.

El documento también señala que el Ministerio no ha entregado información técnica solicitada por la Procuraduría relacionada con resoluciones que declararon una zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, en Santander.

Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con los retrasos en las mesas de concertación con las comunidades. De acuerdo con el cronograma oficial, durante el primer cuatrimestre de 2026 debían desarrollarse encuentros en 15 municipios. Sin embargo, el informe concluye que ninguna de las reuniones programadas fue realizada.

Los organismos de control también encontraron deficiencias en la actualización del portal oficial “Santurbán Avanza”, donde identificaron ausencia de información reciente, diferencias entre cronogramas publicados y reportados oficialmente, así como la falta de publicación de varios informes de seguimiento.

Frente a este panorama, la Procuraduría y la Defensoría recomendaron al Ministerio de Ambiente presentar un cronograma definitivo, público y verificable para culminar la delimitación del páramo, establecer fechas concretas para las mesas pendientes y fijar un plazo para expedir el acto administrativo definitivo. Además, anunciaron el traslado de copias a dependencias disciplinarias para evaluar posibles responsabilidades de funcionarios relacionados con los incumplimientos detectados.

La expansión de las economías ilícitas en la Amazonía peruana ha alcanzado un nivel que preocupa a especialistas, organizaciones indígenas y analistas de seguridad. Un reciente informe advierte que actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras ya no funcionan de manera independiente, sino que se han articulado en una estructura criminal que gana presencia en amplias zonas del país y que amenaza la gobernabilidad en territorios amazónicos.

El estudio, denominado La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, fue elaborado por Amazon Watch junto a organizaciones indígenas y presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El documento plantea que el próximo gobierno enfrentará uno de los mayores desafíos de seguridad de los últimos años, debido al fortalecimiento de redes ilícitas que han logrado expandirse aprovechando la débil presencia estatal y los vacíos institucionales existentes en varias regiones amazónicas.

Minería ilegal y narcotráfico consolidan un sistema de “narcocapitalismo” en la Amazonía

Uno de los hallazgos más relevantes del informe señala que el narcotráfico y la minería ilegal han evolucionado hacia un sistema económico interdependiente que los investigadores describen como una forma de “narcocapitalismo”.

Según el documento, entre 2014 y 2024 las economías ilegales movilizaron al menos US$ 13.341 millones en el Perú. De ese total, la minería ilegal habría generado aproximadamente US$ 7.810 millones, superando incluso a los ingresos vinculados al tráfico de drogas.

Los especialistas explican que ambas actividades se complementan. Por un lado, los recursos obtenidos por el narcotráfico permiten financiar operaciones extractivas ilegales en zonas remotas. Por otro, el oro extraído ilegalmente se ha convertido en uno de los principales mecanismos para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

El informe también identifica zonas consideradas estratégicas para estas organizaciones criminales. Entre ellas figuran el corredor Ucayali-Huánuco, la Cordillera del Cóndor, la denominada Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia, así como diversas áreas de Madre de Dios, una región históricamente afectada por la minería ilegal.

La investigación advierte además sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales que buscan ampliar sus operaciones en territorio peruano. Entre ellas menciona a las disidencias de las FARC, el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital, grupos que tendrían interés en fortalecer rutas y actividades ilícitas vinculadas al mercado internacional de drogas y minerales.

Otro factor que facilita la expansión de estas redes es la utilización de infraestructura compartida. Pistas de aterrizaje clandestinas, rutas fluviales y carreteras rurales son empleadas para movilizar drogas, combustible, maquinaria y oro, dificultando las labores de control y fiscalización.

Comunidades indígenas enfrentan violencia, deforestación y expansión de cultivos de coca

El informe sostiene que los territorios indígenas se han convertido en uno de los principales escenarios de esta expansión criminal. Los datos recopilados muestran que en 2024 se identificaron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas.

La cifra representa un crecimiento significativo respecto a años anteriores. Entre 2018 y 2024, la superficie cultivada con coca dentro de territorios indígenas aumentó 147%, reflejando el avance de las economías ilegales hacia zonas tradicionalmente habitadas por pueblos amazónicos.

Además, los investigadores identificaron una superposición de más de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con áreas vinculadas a la actividad cocalera. A ello se suma la existencia de más de 13.000 derechos mineros ubicados en espacios donde también existen comunidades indígenas.

La situación también tiene impactos ambientales. El documento estima que la minería ilegal ha provocado la deforestación de al menos 47.350 hectáreas de bosques amazónicos, mientras que diversas comunidades reportan niveles preocupantes de contaminación por mercurio.

El reporte alerta igualmente sobre el incremento de la violencia contra dirigentes indígenas. De acuerdo con registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, entre 2013 y 2026 fueron asesinados 35 líderes indígenas en contextos relacionados con conflictos territoriales y actividades ilícitas. La mayoría de estos casos continúa sin llegar a juicio.

Las mujeres indígenas también enfrentan riesgos adicionales asociados a la presencia de economías ilegales, incluyendo restricciones a su movilidad, violencia sexual y trata de personas.

Frente a este escenario, diversas organizaciones indígenas han impulsado mecanismos de vigilancia y autoprotección. El informe destaca experiencias como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo en Ucayali y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica en Junín, iniciativas que realizan patrullajes territoriales, monitoreo comunitario y acciones de alerta frente al ingreso de actores vinculados a actividades ilegales.

Los autores del estudio también cuestionan algunas reformas legislativas aprobadas en los últimos años, las cuales —según señalan— habrían debilitado la capacidad del Estado para perseguir organizaciones criminales y controlar actividades extractivas irregulares. Entre los puntos observados figuran modificaciones normativas relacionadas con investigaciones penales, formalización minera y regulación forestal.

Ante el avance de estas redes criminales, el informe plantea una agenda prioritaria para los primeros 100 días del próximo gobierno. Entre las principales recomendaciones figuran recuperar la presencia estatal en las zonas más afectadas, fortalecer la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad, mejorar la trazabilidad del oro, impulsar la titulación de territorios indígenas y promover una mayor cooperación con las comunidades amazónicas para enfrentar el crecimiento del crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico en la región.

En el sector La Porfía, ubicado en la provincia de Pataz (La Libertad), las fuerzas combinadas del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) ejecutaron dos operaciones consecutivas que permitieron la captura de 26 personas y la incautación de un arsenal de armas de fuego y municiones, según informó el Ministerio de Defensa (Mindef).

Las intervenciones, desarrolladas el sábado 6 de junio, se activaron tras información de inteligencia que alertaba sobre la presencia de la organización criminal “La Nueva Alianza”.

La primera acción, denominada “Centinela de Hierro”, inició a las 05:00 de la mañana. Un despliegue de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), GRECCO, DINOES e inteligencia militar irrumpió en una vivienda de la parte baja de La Porfía, donde presuntos miembros de la red almacenaban armamento de largo alcance.

El resultado fue la detención de 17 personas y la incautación de dos fusiles AKM, dos fusiles R15, una pistola con cargadores y miles de municiones de diversos calibres, además de cacerinas y chalecos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones relacionadas a minería ilegal y delitos conexos.

Horas más tarde, a las 15:30, una segunda operación se activó tras el reporte de un grupo armado que ingresó en camioneta por la garita de la carretera Pueblo Nuevo–Yalen.

Los sujetos se refugiaron en una vivienda rústica cerca de la bocamina de Camilo Villalva. Al detectar la llegada de un dron de vigilancia, los individuos intentaron huir, pero fueron rodeados por el personal policial y militar que ya había establecido un cerco perimétrico.

Incautación de fusiles, subametralladora y chalecos

Durante esta segunda intervención, la acción coordinada entre el CUPAZ, inteligencia militar y la comisaría PNP Alto Pataz permitió la detención de nueve personas más, presuntamente vinculadas a la misma organización criminal.

En el lugar se hallaron dos fusiles AR-15, una subametralladora Mini Uzi modificada, así como municiones y chalecos antibalas. Parte del armamento se encontraba oculto en la vivienda, mientras otras piezas estaban listas para ser trasladadas o utilizadas en actividades ilícitas.

Las operaciones en Pataz forman parte de la estrategia nacional de interdicción contra la minería ilegal y el crimen organizado. El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reafirmó el compromiso de mantener acciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades para enfrentar el avance de redes criminales que operan en regiones mineras de difícil acceso.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan restablecer el control del territorio y prevenir la consolidación de grupos armados que protegen actividades ilícitas.

El despliegue de recursos y personal especializado responde a la complejidad del fenómeno en La Libertad, donde la minería ilegal se asocia a delitos como tráfico de armas, extorsión y amenazas contra comunidades y defensores ambientales.

Las fuerzas del orden mantienen la vigilancia y el patrullaje en zonas críticas, al tiempo que continúan las investigaciones para determinar el alcance de la organización intervenida y la procedencia del armamento incautado.

Las acciones recientes en Pataz se suman a los esfuerzos desarrollados en otras regiones del país para combatir la expansión de la minería ilegal y mitigar los riesgos ambientales y sociales que genera.