Un duro golpe contra las economías ilícitas propinó la Fiscalía General de la Nación después de que informara en la mañana del domingo 3 de mayo sobre la desarticulación de un complejo enclave de minería ilegal en el departamento del Cauca.

Según datos revelados por el ente investigador, el operativo dejó como resultado la captura y judicialización de once individuos, que fueron sorprendidos mientras extraían oro sin permisos, utilizando métodos que ponen en riesgo el equilibrio ambiental del sector.

La diligencia fue desarrollada en las últimas horas en la vereda La Alegría, en zona rural de Santander de Quilichao, donde se documentó un grave impacto ecológico sobre el río Quinamayó.

Durante la acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, los funcionarios hallaron maquinaria y equipos destinados a la extracción aurífera, entre ellos dos motores, dos motobombas, cuatro dragas tipo buzo, seis clasificadoras de oro y tres taladros percutores.

La evidencia permitió establecer que los capturados estarían empleando técnicas no convencionales, vertiendo sustancias tóxicas y abandonando desechos sólidos directamente en las fuentes hídricas.

El procedimiento judicial incluyó la presentación de los detenidos ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, ecocidio y contaminación ambiental.

Según la Fiscalía, los acusados no solo operaban sin los permisos requeridos, sino que además generaron afectaciones directas sobre el ecosistema, principalmente en el cauce del río Quinamayó, receptor de los residuos contaminantes.

El grupo de procesados fue plenamente identificado y responden a los nombres de Jhon Jairo Mina Zapata, Mayken Steven Palacios Balanta, Leiner Edilson Gómez Tegue, José Wilson Camilo Caicedo, Ronald Stiven Trochez Coronado, Niber Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortez, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lasso Campo y Víctor José Molina Cortez.

Sin embargo, aunque el material probatorio en su contra fue catalogado por la justicia como suficiente, todos los acusados se abstuvieron de aceptar los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades sostienen que la modalidad de explotación, en socavón y aluvión, afectó de manera directa la ronda hídrica y puso en peligro especies nativas y la calidad del agua utilizada por comunidades cercanas.

Operativo en Antioquia desarticuló banda que extraía oro en San Luis

La Policía Nacional desmanteló dos unidades de minería ilegal en la vereda El Prodigio, zona rural del municipio de San Luis, Antioquia, durante un operativo ejecutado en el marco de la operación “Hefesto”, con la colaboración de la Seccional de Carabineros, Protección Ambiental y el Ejército Nacional.

Según información entregada por las autoridades, el valor total de la maquinaria destruida supera 1.000 millones de pesos, que servía para generar graves daños ambientales en zona rural del municipio.

El procedimiento, realizado como parte de acciones coordinadas para frenar el daño ambiental y el avance de las economías ilícitas en el oriente antioqueño, incluyó la inutilización de una excavadora Komatsu valorada en 350 millones de pesos, una excavadora Zoomlion de aproximadamente 670 millones, cuatro dragas tipo buzo y siete motobombas a combustión, detalló la Policía Nacional.

El impacto del operativo recae especialmente sobre las actividades ilegales que afectan de manera grave los ecosistemas locales, incluyendo fuentes hídricas y suelos, de acuerdo al coronel Luis Muñoz, comandante del departamento.

“Este tipo de acciones impacta directamente las economías ilícitas que operan en la región y que generan graves afectaciones a los ecosistemas, especialmente en fuentes hídricas y suelos”, señaló el oficial.

Entretanto, las autoridades anunciaron la continuidad de los operativos en distintas zonas de Antioquia para contrarrestar la minería ilegal y salvaguardar los recursos naturales.

El Comando Unificado Pataz ejecutó la operación “Caballo de Troya” en el anexo Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad, como respuesta a informes de inteligencia que alertaron sobre la presencia de armamento ilegal vinculado a actividades de minería ilegal y crimen organizado.

La intervención se realizó durante la madrugada del viernes 1 de mayo, bajo el marco del estado de emergencia vigente en la zona.

Durante la operación, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano (EP) aseguraron el área e ingresaron a un sector conocido como “Las Porfirias”, en el área de “Los Alisos”, donde localizaron una bocamina utilizada como refugio por un grupo numeroso de personas investigadas por presuntas actividades ilícitas. El despliegue táctico involucró la participación de unidades especializadas GRECO y FEC, junto a fuerzas militares.

Como resultado, se logró la detención de 68 personas y la incautación de un arsenal de guerra compuesto por tres fusiles Galil, un fusil de francotirador, un fusil automático ligero FAL, cuatro subametralladoras, municiones de diversos calibres, explosivos y cargadores específicos para este armamento.

Según el reporte oficial, 67 de los detenidos no pertenecerían a Pataz, sino que procederían de otras jurisdicciones, lo que refuerza la hipótesis sobre la presencia de redes delictivas externas en la zona.

Impacto de la intervención y balance acumulado

El material incautado y las personas intervenidas fueron trasladados a la comisaría del sector, donde permanecen bajo investigación a cargo de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el proceso de identificación y diligencias se realiza conforme a ley, y que todos los hallazgos han sido puestos a disposición de las instancias competentes para continuar con las investigaciones.

En conferencia realizada en Trujillo, el jefe del Comando Operacional del Norte, general de división EP Carlos Rabanal Calderón, junto a altos mandos militares y policiales, destacó la importancia de esta operación conjunta.

La intervención fue presentada como uno de los golpes más significativos contra la estructura de la minería ilegal y el crimen organizado desde la creación del Comando Unificado Pataz, por la cantidad de armamento incautado y el alcance del operativo.

El balance acumulado del Comando Unificado en la región indica una afectación económica aproximada de S/ 250 millones a las actividades ilícitas, la incautación de 78 armas entre fusiles y pistolas, más de 16 000 municiones, más de 33 000 kilos de explosivos y la detención de más de 159 personas desde el inicio de sus operaciones.

Compromiso de las fuerzas del orden

El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio del Interior reafirmaron su compromiso de mantener el combate contra la minería ilegal y fortalecer la seguridad de la población en la provincia de Pataz.

La presencia activa de las fuerzas del orden busca restablecer el principio de autoridad y garantizar la tranquilidad de los habitantes frente a escenarios de alta peligrosidad provocados por el avance del crimen organizado.

Una operación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) junto a la Policía de Carabineros permitió descubrir y suspender una explotación minera ilegal en el municipio de Soacha.

El hallazgo se produjo en la vereda Panamá, en la que equipos técnicos y uniformados constataron la extracción de materiales de construcción mediante maquinaria pesada, sin que la actividad contara con el título minero vigente requerido por la normativa colombiana.

Según informó la CAR, en el lugar funcionaban tres puntos de extracción activos. En el primero, cuatro volquetas y una retroexcavadora cargaban arena, grava y recebo, mientras que una zaranda permitía la clasificación del material.

El segundo punto contaba con dos cargadores, una máquina amarilla y otro vehículo de carga en plena faena. El tercer frente también registraba movimiento con equipos pesados, todos operando fuera de la regulación estatal.

Por su parte, el director de la CAR, Alfred Ballesteros publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que informó a cerca de este hecho: “Desde la @CAR_Cundi y con apoyo de la Policía de Carabineros, suspendimos tres frentes de explotación de arena y recebo que operaban sin título minero vigente en zona rural del municipio de Soacha. En el operativo encontramos: Retroexcavadoras en plena operación Volquetas y cargadores trabajando. Clasificación de material en curso. Seguiremos ejerciendo nuestra actualidad ambiental en función del territorio CAR”.

De acuerdo con un reporte oficial recogido por la CAR, la intervención se motivó porque la explotación carecía del permiso y título minero actualizado otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

César Rico Mayorga, director regional de la entidad en Soacha, explicó: “El proyecto no tiene el título minero vigente que otorga la autoridad competente, por lo que se procedió a suspender de inmediato la operación”, declaración recogida por la propia corporación.

La licencia ambiental que poseía el emprendimiento databa de 2003 y ya no cumplía con los requisitos legales. Según detalló la CAR, la suspensión se aplicó de manera inmediata sobre todas las labores extractivas en la zona, como parte de los principios de control ambiental y coordinación institucional entre autoridades.

La intervención busca evitar daños ambientales y frenar prácticas irregulares que amenazan los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas del municipio.

La CAR reiteró que mantendrá operativos conjuntos con la Policía para identificar y sancionar este tipo de actividades fuera de la ley en el departamento de Cundinamarca.

La CAR inició acciones legales tras detectar acopio ilegal de madera en un predio rural

En un operativo realizado en la vereda San Jorge, en el municipio de Soacha, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva tras hallar 42 unidades de madera acopiadas sin autorización, presuntamente destinadas a la producción de carbón vegetal.

Según informó la CAR, el material incautado corresponde a trozas de ciprés almacenadas en el predio Las Acacias, en el que no se contaba con permiso de aprovechamiento forestal.

El procedimiento, reportado por la autoridad ambiental, permitió identificar que la madera ya se encontraba lista para ser utilizada, aunque no se evidenció quema a cielo abierto durante la inspección. De acuerdo con un comunicado de la CAR, la actividad se desarrollaba de forma irregular y actualmente se encuentra en proceso sancionatorio administrativo.

César Augusto Rico Mayorga, director regional de la CAR en Soacha, explicó que “en el momento de la visita técnica reposan restos de madera a la espera de surtir el trámite sancionatorio correspondiente”.

El funcionario realizó un llamado para erradicar prácticas que afectan los recursos naturales y señaló que “es fundamental tratar de evitar estas actividades que afectan los recursos aire, suelo y flora”, de acuerdo con declaraciones recogidas por la entidad.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reiteró que la tala sin autorización impacta directamente recursos como el agua y el suelo. Según la información difundida, toda intervención forestal requiere autorización previa de la autoridad ambiental competente. Además, la entidad recordó que la protección del entorno es una obligación colectiva de la ciudadanía.

Por el momento, el material incautado permanece bajo custodia en el predio mientras avanzan las acciones administrativas para establecer responsabilidades y determinar eventuales sanciones.

La tercera acción a gran escala en menos de dos meses volvió a poner en evidencia cómo operan estas estructuras ilegales en una franja cercana al límite con territorio peruano. Tropas ecuatorianas ingresaron en helicópteros a sectores como San Luis, Dos Camas y La Aída, donde localizaron campamentos precarios levantados con madera y plástico en medio de la montaña. Según los reportes oficiales, desde el inicio de los operativos también se ha logrado desalojar a más de 2.000 personas que permanecían en las inmediaciones del parque, mientras la presión sobre el ecosistema continuaba avanzando con la explotación no autorizada de material aurífero.

El despliegue militar en Podocarpus y la estructura detrás de la minería ilegal

Las acciones se desarrollan dentro del Parque Nacional Podocarpus, una reserva de 146.000 hectáreas considerada clave para la conservación ambiental y la provisión de agua en la región. El área forma parte de la Reserva de Biósfera del Ecuador, reconocida por la UNESCO desde 2007, y se ha convertido en un punto crítico por la expansión de la minería ilegal en frontera con Perú. De acuerdo con información de inteligencia militar, el control de estas actividades estaría en manos del grupo armado Los Lobos, una referencia que ha encendido las alertas por la combinación de crimen organizado, extracción ilícita y ocupación territorial.

Durante la más reciente intervención, los uniformados destruyeron infraestructura usada para sostener la operación minera clandestina. Entre los elementos encontrados figuran bocaminas, rotomartillos, generadores eléctricos, emulsiones explosivas, mecha lenta, combustible, municiones, una carabina Mossberg, además de campamentos con capacidad para decenas de personas. También se halló un centro de procesamiento de material aurífero equipado con chancadoras, mangueras de agua y antenas satelitales Starlink, lo que muestra un nivel de organización mucho más amplio que el de una actividad artesanal aislada.

133.000 dólares de afectación económica a mafias

Las autoridades ecuatorianas sostienen que la intervención busca cortar la logística de las redes dedicadas a la explotación ilegal de oro, afectando su capacidad de movilización, abastecimiento y permanencia en la zona. En las operaciones ejecutadas en este sector, la afectación económica estimada supera los 133.000 dólares, una cifra que forma parte de los cálculos oficiales sobre el golpe a las estructuras criminales asentadas en el parque.

Desde el punto de vista operativo, el ingreso por aire ha sido uno de los factores que ha permitido a las tropas avanzar sobre una geografía difícil, marcada por cerros, vegetación densa y accesos limitados. Los campamentos detectados estaban distribuidos en distintos puntos de la reserva y funcionaban como bases temporales para el personal involucrado en la extracción, el procesamiento y la custodia del material obtenido de forma ilegal.

En paralelo, la presencia militar en esta zona de la frontera Perú-Ecuador se mantiene como parte de una estrategia de control territorial que apunta a frenar el avance de economías ilícitas en áreas protegidas. La secuencia de operativos iniciada en marzo ha dejado al descubierto una red con capacidad para instalar, mover y rearmar infraestructura clandestina en cuestión de días, mientras persiste la presión sobre uno de los espacios naturales más frágiles del sur ecuatoriano.

La pérdida de bosques primarios tropicales en el Perú se redujo en 8 % durante el año 2025, de acuerdo con un informe de Global Forest Watch difundido por el Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés). De acuerdo a información difundida por Andina Noticas, el país registró una disminución en comparación con el año 2024.

Según el reporte, en el territorio peruano se perdieron 1.700 hectáreas de bosques primarios tropicales durante el último año. Esta cifra representa el 0,25 % del total de áreas de bosques primarios perdidas a nivel mundial. Los bosques primarios tropicales son considerados ecosistemas clave debido a que no han sido intervenidos por la actividad humana y cumplen funciones relacionadas con la regulación climática y la conservación de la biodiversidad.

Pese a la reducción reportada, el Perú se mantiene entre los países con mayores niveles de pérdida de bosques primarios. El informe ubica al país en el quinto lugar del ranking mundial, por detrás de Brasil, Bolivia, Congo e Indonesia.

Agricultura y minería ilegal: principales causas

El estudio de Global Forest Watch, citado por Andina Noticias, señala que la expansión de la actividad agropecuaria continúa siendo la principal causa de pérdida de bosques tropicales en el Perú. Entre los factores identificados destacan el crecimiento de cultivos como el cacao y la palma aceitera, actividades que generan presión sobre las áreas forestales.

Asimismo, el informe advierte que la minería ilegal sigue teniendo un impacto importante en la reducción de bosques primarios, especialmente en la región Madre de Dios. El reporte indica que la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios registrada entre los años 2002 y 2025 en dicha zona del país.

El documento también relaciona la pérdida de bosques con factores climáticos y ambientales. En ese sentido, menciona que los incendios forestales, favorecidos por el calor extremo y las sequías, contribuyen a acelerar la degradación de estos ecosistemas.

Panorama global y efectos ambientales

A nivel mundial, el informe del WRI reporta que durante 2025 se perdieron 4 millones 290 mil hectáreas de bosques tropicales, una cifra equivalente —según la entidad— a la desaparición de más de 11 canchas de fútbol por minuto. No obstante, el estudio destaca que esta pérdida representa una reducción de 36 % respecto al año 2024, periodo marcado por numerosos incendios forestales.

Del total global perdido, un millón 620 mil hectáreas desaparecieron a causa de incendios, mientras que 2 millones 670 mil hectáreas se redujeron por otras causas, principalmente relacionadas con actividades humanas. A pesar de la disminución anual, el WRI advirtió que la cifra actual sigue siendo 46 % superior a la registrada hace diez años.

El informe subraya además que la pérdida de bosques primarios genera consecuencias sobre la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y las fuentes de agua, además de afectar a las poblaciones que dependen de estos ecosistemas para su alimentación, medicina e identidad cultural. En América Latina, se estima que entre 2001 y 2025 se perdieron 132 millones de hectáreas de bosques primarios.

El Ministerio de Defensa de Colombia descartó que el Clan del Golfo realice explotación minera en instalaciones militares del Bajo Cauca antioqueño, tras una inspección liderada por el ministro Pedro Sánchez Suárez en la zona.

La visita respondió a informes que circulaban sobre supuestas actividades ilícitas de extracción de oro dentro del Batallón Rifles, en el municipio de Caucasia. Durante la verificación, el titular de la cartera de Defensa, acompañado por autoridades civiles, militares y equipos técnicos, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene el control institucional y supervisa el cumplimiento de la ley en el área.

El funcionario subrayó que, tras revisar el terreno, no se halló evidencia de explotación minera del Clan del Golfo dentro de la unidad militar, contradiciendo versiones periodísticas y rumores recientes.

Según información recopilada y difundida por el ministerio, la inspección identificó actividades de extracción de oro a cargo de mineros artesanales, algunos asociados a La Mandinga, en terrenos colindantes con el Batallón Rifles, pero fuera de los límites militares.

Estos predios, bajo administración del Fondo para la Reparación de Víctimas, presentan operaciones mineras con maquinaria pesada, lo que ha generado afectaciones ambientales severas en el ecosistema local.

El ministerio señaló que se detectaron discrepancias entre los linderos oficiales registrados en Catastro y los que constan en escrituras públicas, situación que será objeto de una revisión jurídica y técnica para definir con precisión los límites del predio militar.

Medidas inmediatas y refuerzo de control institucional

El ministro Pedro Sánchez Suárez anunció que el Gobierno fortalecerá sus políticas y tomará decisiones inmediatas para garantizar el control y la transparencia en la zona. Entre las acciones implementadas se encuentra el inicio de una misión de trabajo por parte de la Inspección del Ejército Nacional, así como la verificación jurídica y técnica de los linderos del Batallón Rifles.

Además, se intensifica el control operacional, con la incautación y destrucción de maquinaria empleada en la minería ilegal, judicialización de responsables y coordinación con las autoridades ambientales y judiciales competentes.

El Ministerio de Defensa remarcó que la fuerza pública actúa bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y protección a la población civil, aplicando la fuerza exclusivamente en situaciones previstas por la ley y priorizando la protección de los derechos fundamentales.

“Estamos al frente de esta situación, actuando con evidencia, control institucional y decisiones firmes en territorio, para proteger el medio ambiente y a las comunidades, manteniendo la confianza de los colombianos en su fuerza pública”, afirmó Sánchez Suárez durante su visita.

Nuevos compromisos del Gobierno y articulación institucional

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una estrategia integral, que incluye diálogo directo con líderes de La Mandinga para detener la minería no artesanal, y la implementación de medidas sociales, económicas, legales y de seguridad para enfrentar la problemática.

Estas acciones se desarrollan en la hoja de ruta establecida por la Mesa de Seguimiento del Bajo Cauca antioqueño, con compromisos y cronograma para abordar la minería ilegal.

El Ministerio de Defensa dispuso además las líneas nacionales 107 y 157 para recibir denuncias sobre actividades ilícitas o presencia de grupos criminales que representen un riesgo para la seguridad de las comunidades.

Minería ilegal y presencia de organizaciones criminales

El contexto regional evidencia que la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño involucra tanto economías de subsistencia como estructuras criminales. El Ejército Nacional, en un comunicado reciente, reconoció la existencia de entre 2.000 y 2.500 mineros ilegales en la finca La Mandinga, un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y colindante con la base militar.

De acuerdo con la institución castrense, la actividad minera en la zona carece de título y protección legal, y ha provocado un “daño ambiental severo e irreversible”. El Ejército reportó desde 2022 estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, reiterando su compromiso con la legalidad y la protección ambiental.

Las operaciones de la Séptima División han incluido la destrucción de maquinaria y equipos empleados en la actividad ilícita, así como la presentación de nuevas acciones penales contra responsables.

The New York Times documentó la magnitud de la operación minera en terrenos próximos al batallón, señalando que parte del oro extraído habría servido para financiar al Clan del Golfo y parte del metal habría llegado hasta la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

El fotógrafo documental colombiano Federico Ríos Escobar, colaborador habitual de The New York Times y testigo directo de la realidad en las regiones más apartadas del país, compartió detalles inéditos de la investigación que dio origen al reportaje Cartel gold, sold as ‘American’ (Oro de Cartel, vendido como «americano»), publicado en la edición impresa del periódico estadounidense el martes 28 de abril de 2026.

En conversación con la periodista María Jimena Duzán para el videopódcast A fondo, Ríos detalló el proceso de reportería, los riesgos enfrentados y el impacto global del tráfico de oro ilegal colombiano, que termina en monedas oficiales de Estados Unidos.

Según explicó el fotógrafo caldense a Duzán, la investigación comenzó con la inquietud de rastrear el destino del oro extraído de territorios históricamente controlados por grupos armados en Colombia, y uno de ellos terminó siendo mencionado, y que de paso generó polémica en el país: el Clan del Golfo (ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

“Había una sospecha clara en las regiones mineras de Antioquia, especialmente Caucasia, sobre cómo el Clan del Golfo no solo controla la extracción, sino que también regula toda la cadena de valor del oro”, relató Ríos.

“En el terreno, los mineros saben que cada gramo tiene dueño antes de salir de la tierra. El clan cobra cuotas y supervisa cada operación”, puntualizó el freelancer.

El proceso de reportería llevó a Ríos y el equipo de The New York Times a visitar minas como La Mandinga y a documentar la forma en que el oro ilegal es comercializado.

“Lo que vimos es una economía ilegal completamente normalizada. Tiendas locales, comerciantes que compran oro a sabiendas de su origen y empresas exportadoras que lo mezclan con oro legal antes de enviarlo al exterior”, explicó el oriundo de Manizales, y ante la dificultad de diferenciar entre lo legal y lo ilegal en el terreno.

El viaje del oro: de Colombia a Estados Unidos

Ríos narró que el oro extraído de forma ilícita es vendido por mineros informales y comerciantes locales a empresas exportadoras, algunas de ellas de propiedad estatal.

“Estas empresas, en muchos casos, funden el oro y lo mezclan con suministros legales. Así, el oro pierde su rastro y se convierte en un lingote sin pasado”, dijo.

Además, los registros de exportación revisados por el equipo periodístico del diario norteamericano demuestran que lingotes valorados en cientos de millones de dólares han sido enviados a Estados Unidos en el último año (2025).

En Estados Unidos, el oro llega a refinerías como Dillon Gage, en Texas, donde se mezcla con material reciclado y oro de otros países sudamericanos.

En esta parte del procedimiento Ríos aseveró: “Hablamos con directivos de estas refinerías y admitieron que, una vez mezclado, el oro se considera ‘estadounidense’. Legalmente, todo está en regla, pero el origen real se pierde para siempre”.

Ríos destacó una declaración clave de uno de los ejecutivos: “El director de Dillon Gage nos dijo que sus clientes saben que el oro tiene múltiples fuentes, pero que la documentación y las prácticas de refinación lo vuelven indistinguible”.

Monedas oficiales con oro de origen criminal: la realidad desde La Mandinga

El reportaje detalla cómo dos de los proveedores habituales de la Casa de la Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) obtienen parte de su oro de Dillon Gage y otra refinería, Asahi USA, en Salt Lake City (Utah).

Ambas admiten mezclar oro de numerosos países, incluyendo Colombia, según lo que detalló el informe periodístico en la edición impresa de The New York Times.

“Descubrimos documentos y testimonios que demuestran que el oro ilegal colombiano no solo entra a Estados Unidos, sino que termina en monedas como la American Eagle, que se venden como símbolo de pureza y origen nacional”, explicó Ríos en la entrevista.

El fotógrafo hizo hincapié en una parte de la charla con Duzán sobre la dimensión global del fenómeno.

Al respecto, Ríos menciona que “la Casa de la Moneda reconoce que el oro es ‘principalmente’ estadounidense, pero nuestros hallazgos muestran que también incluye material de minas controladas por grupos armados en Colombia, casas de empeño en México y Perú, e incluso minas africanas con participación estatal china”.

La investigación fue posible por el trabajo conjunto de periodistas y documentalistas que lograron acceso a documentos, entrevistas y testimonios en Colombia y Estados Unidos.

“El gran hallazgo es cómo el sistema está diseñado para borrar el pasado del oro. Hay una prohibición legal en EE. UU. desde 1985 para fabricar lingotes con oro extranjero, pero la mezcla y las lagunas en la trazabilidad permiten que el oro ilegal se legalice”, expuso Ríos.

Las consecuencias ambientales y sociales en Colombia

“La minería ilegal destruye selvas, contamina fuentes de agua y financia a organizaciones criminales”, advirtió Ríos, que documentó cómo el Clan del Golfo mantiene el control territorial y económico de la extracción.

“El oro que termina en monedas estadounidenses no solo viola leyes ambientales y laborales, también financia actividades criminales y perpetúa la violencia en regiones como Caucasia”, una subregión situada en el Bajo Cauca antioqueño (al noroccidente de Colombia).

El precio internacional del oro, que ronda los 5.000 dólares la onza, incentiva la extracción y el tráfico ilegal, y con ello favorece a redes que se extienden desde las minas hasta los mercados financieros globales.

Para el fotógrafo documental, “la demanda internacional y la impunidad en la cadena de suministro hacen que el problema siga creciendo”.

El llamado a la responsabilidad y a pensar en el impacto al medio ambiente

En la conversación, Ríos puntualizó la necesidad de mayor control y transparencia en la cadena de suministro del oro.

“La responsabilidad no es solo de los mineros o traficantes, sino también de quienes compran y procesan el oro a nivel global. Los consumidores e inversionistas deben exigir trazabilidad real”, concluyó.

Continúa la polémica por el hallazgo de La Mandinga, un predio ubicado en inmediaciones a una unidad militar en el Bajo Cauca antioqueño en el que se estarían realizando actividades mineras de forma ilegal.

La investigación realizada por el medio internacional The New York Times detalla que trabajadores locales operaban bajo protección directa del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Pese a que el grupo armado negó su vinculación con el predio mencionado, se conoció una nueva versión que demostraría lo contrario. El exparamilitar José Germán Sena Pico, conocido con el alias de Nico, reveló que los trabajadores mineros abonan desde hace años un porcentaje significativo de su producción al Clan del Golfo, situación que persiste pese a que estos terrenos fueron entregados por él para la reparación de víctimas del conflicto armado en 2009.

El hoy condenado, en diálogo con Blu Radio, la explotación de la mina continúa bajo control de grupos armados ilegales, mientras la restitución para las víctimas aún no se cumple.

“Todo lo que lo que significa minería legal o ilegal en el Bajo Cauca le paga un porcentaje altísimo al Clan del Golfo. La Mandinga tiene dos títulos mineros en explotación que solamente ocupan 300 hectáreas”, explicó el exintegrante del grupo paramilitar al citado medio de comunicación.

En su testimonio, Sena Pico especificó que los mineros informales deben entregar el 12% del valor del oro extraído a este grupo armado. “O sea, si sacan 1.000 millones de pesos en oro, tienen que pagarle 120 millones de pesos al Clan del Golfo”, expuso.

Además, se exige el pago de un “impuesto” adicional por maquinaria utilizada, con más de 20 equipos de extracción identificados en la zona.

Igualmente, remarcó que esta circunstancia fue alertada desde 2011 a diferentes entidades, entre ellas la Justicia y Paz y el Congreso de la República, aunque afirma que jamás obtuvo respuesta sobre el destino adecuado de los predios.

“Lo entregaron directamente a las víctimas, ya que el Bajo Cauca tienen un gran número de víctimas. Ninguna de esas voces hicieron eco para que, de verdad, se hicieran la reparación. En cambio, ha habido mayor cantidad de explotación aurífera”, dijo a la cadena radial.

En el Bajo Cauca antioqueño, Sena Pico —antiguo comandante político del Frente Sur de los Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— cedió en 2009 cerca de 22.000 hectáreas de tierras que figuraban a nombre de alias Macaco, destinadas formalmente a compensar a los afectados por el conflicto.

Entre estos bienes figura el predio La Mandinga, que abarca aproximadamente 1.200 hectáreas. Dentro de la mina operan actualmente dos títulos mineros legales en un área reducida de 300 hectáreas, pero el ingreso de mineros informales, quienes deben dar cuenta de su producción al Clan del Golfo, fue detectado después de la entrega oficial.

Detalles de la investigación

Según la investigación publicada por The New York Times, el predio de 2.000 hectáreas donde está situada la mina La Mandinga ha permanecido bajo control del Clan del Golfo desde hace al menos ocho años.

Las autoridades colombianas han ejecutado más de 20 intervenciones desde 2022, con el objetivo de destruir maquinaria e intentar contener la extracción ilegal de oro.

El Ejército colombiano calcula que entre 2.000 y 2.500 mineros informales participan regularmente en estas actividades sobre el terreno, según datos citados por el medio estadounidense.

La posición del Clan del Golfo, expresada mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (@soygaitanista), fue explícita al rechazar la investigación periodística y cualquier vinculación directa como titular de la mina, aunque reconoció que que impone un “impuesto” sobre las operaciones mineras ilegales, justificando esta práctica como un medio para “garantizar seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades que allí habitan, ante la ausencia total de un Estado indiferente a su suerte”.

Entre tanto, Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro, subrayó la importancia de abordar estos temas en el espacio socio jurídico con el grupo armado.

“Las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz”, manifestó a Colombia+20 de El Espectador.

El caso de La Mandinga no solo evidenció la dificultad del Estado colombiano para controlar territorios estratégicos, sino que también exhibió la complejidad de las redes económicas ilícitas que se benefician del oro extraído.

El llamado a un debate nacional e internacional sobre estas estructuras, sus beneficiarios y la necesidad de formalizar la minería y sus ganancias, permanece abierto como uno de los retos centrales en el proceso de negociación y pacificación en Colombia.

El presidente Gustavo Petro, solicitó de manera oficial una retractación pública al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de que este último lo señalara como “enemigo” en el contexto de la entrega de un título minero en el predio La Mandinga, en el Bajo Cauca antioqueño. La controversia escaló cuando el mandatario departamental acusó al Gobierno Nacional de facilitar la explotación ilícita en esta zona estratégica para la seguridad y el medio ambiente.

Según informó El Tiempo, el 11 de abril de 2024, una comitiva del Gobierno Nacional encabezada por Gustavo Petro y varios de sus ministros asistió a la Asamblea Popular por la Paz y la Vida en Caucasia, Antioquia. Durante el acto, se entregaron títulos mineros, uno de ellos a Hermelina Isabel Cardozo Calle, quien fue llamada a la tarima en presencia del entonces presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, y el ministro de Minas de ese momento, Andrés Camacho.

El medio precisó que el título entregado corresponde al predio La Mandinga, colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles en Cáceres, y que ya había sido objeto de reportes de actividades mineras presuntamente ilegales. Un informe del Ejército Nacional, fechado en diciembre de 2022 y citado por el diario, señala: “Actualmente, el predio Mandinga es colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, donde hemos sido testigos y afectados directos de la grave devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal de minerales desarrolladas por pobladores de los municipios de Cáceres y Caucasia”.

Las declaraciones cruzadas y la respuesta presidencial

La controversia se intensificó cuando Andrés Julián Rendón publicó en redes sociales: “Tan difícil para la Fuerza Pública con el enemigo de Jefe”, en clara alusión al presidente.

Ante esto, Gustavo Petro respondió: “Usted me ha calumniado y le solicito oficialmente rectificar y retractarse. Proceda”, haciendo pública su exigencia a través de su cuenta oficial.

De acuerdo con una recopilación de La FM, Rendón responsabilizó a quienes explotan de manera ilegal el predio La Mandinga de estar detrás de los paros mineros que han afectado el Bajo Cauca entre 2022 y 2026.

Además, cuestionó la gestión del Gobierno Nacional, afirmando: “Ese predio ya había pasado al Fondo de Reparación para las víctimas, pero hoy el crimen se ha apoderado de él y lo ha sometido a explotación ilícita de minerales, generando un daño ambiental que salta a la vista”.

El contexto institucional y las acciones en curso

De acuerdo con El Tiempo, la Agencia Nacional de Minería ordenó recientemente la reasignación del conocimiento, custodia y trámite del título minero de La Mandinga al Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente. La medida busca establecer si la concesión fue otorgada conforme a la normativa y si corresponde efectivamente al predio en cuestión.

Por otro lado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) explicó que el predio pasó por orden de un juez a la Unidad de Reparación de Víctimas, lo que abre el interrogante sobre la legalidad y seguimiento en la entrega de títulos mineros en esta zona. El diario también reportó que la comerciante beneficiaria, Hermelina Cardozo, está vinculada a un establecimiento en Cali dedicado a la extracción de oro y que viene pagando regalías por la explotación del título.

Impacto ambiental y cuestionamientos institucionales

El medio ya mencionado detalló que la explotación ilícita ha transformado el predio en un “desierto de lodo y mercurio”, con una afectación ambiental que abarca el equivalente a 50.000 campos de fútbol. El informe del Ejército Nacional advierte: “De acuerdo con la información aportada por el Ejército Nacional, se evidencian unos pasivos ambientales por las intervenciones efectuadas a la flora, fauna, suelo, aguas, que afectan directamente la hidrología, geomorfología del área y su paisaje”.

Por su parte, Corantioquia indicó, mediante herramientas de georreferenciación citadas, que el proyecto Mina Mandinga está a solo un kilómetro de los límites del batallón militar. Desde 2011, la entidad ha informado a la Fiscalía y la Procuraduría sobre las irregularidades ambientales detectadas en la zona.

El trasfondo político y los interrogantes sin resolver

El origen reciente de la controversia remite a una investigación internacional publicada por el fotoperiodista Federico Ríos en The New York Times, donde se documentó la extracción ilegal y sus nexos con organizaciones criminales. El reportaje evidenció la presencia del ‘Clan del Golfo’ en el control de la zona y el ingreso de oro a circuitos internacionales, según cita el diario estadounidense.

El gobernador Andrés Julián Rendón insistió, según La FM, en que el Gobierno Nacional debe responder tanto por el daño ambiental como por la usurpación de tierras destinadas a las víctimas del conflicto. La administración departamental sostiene que la falta de una intervención efectiva representa una muestra de la debilidad institucional para frenar la minería ilegal.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las irregularidades que rodean a un terreno ubicado en la vereda Río Man, en el municipio de Cáceres, Antioquia, cuyo título de fromalización minera entregó el mismo mandatario a una comerciante en abril de 2024. Se trata del predio La Mandinga que, presuntamente, estaría siendo utilizado para la extracción ilegal de oro, actividad ilícita que estaría controlando el Clan del Golfo.

La polémica detrás del predio también tiene que ver con su aparente cercanía a una base militar, específicamente, al Batallón de Infantería N.° 31 Rifles, situado a una escasa distancia de la cabecera de Caucasia. De acuerdo con un artículo periodístico publicado por The New York Times, las operaciones ilícitas del grupo criminal no se quedaron en el mencionado terreno; abarcan, incluso, la zona en donde opera la base militar.

Imágenes satelitales reveladas por el informativo muestran cómo la minería ilegal acabó con el terreno. La zona pasó de contar con una densa vegetación a convertirse en un espacio de deforestación.

El presidente Gustavo Petro indicó que, contrario a lo expuesto por The New York Times –que fue replicado por medios de comunicación colombianos–, el predio en cuestión no colinda con la base militar mencionada. En su cuenta de X publicó una imagen satelital del lugar para sustentar su afirmación; en ella se evidencia la lejanía entre La Mandinga y el batallón.

“Esto es otra calumnia de @elcolombiano. El título que entregué a la pequeña minería en Cáceres no llega ni a los límites del Batallón Rifles”, indicó el mandatario en la red social.

Aclaraciones sobre el predio: ubicación, título minero y actividades ilícitas

El título de formalización que Petro entregó en abril de 2024 fue recibido por la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle. Así se indica en el documento que le fue entregado a la ciudadana: “Contrato de concesión para la explotación de un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados No. ODH-08201, celebrado entre la la Agencia Nacional de Minería (ANM) y Hermelina Isabel Cardozo Calle”.

Según la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), el proyecto Mina Mandinga (placa ODH-08201) se localiza a un kilómetro de los límites del Batallón de Infantería N°. 31 Rifles, aproximadamente, y cuenta con una licencia ambiental temporal para la explotación de oro y plata, que le fue otorgada en 2022.

Explicó que dicho proceso de formalización cumplió con todos los requisitos técnicos, jurídicos y ambientales actualmente establecidos en la normativa. “Estos procesos hacen parte de los mecanismos de formalización minera, mediante los cuales actividades que no contaban con título ni control avanzan hacia la legalidad, bajo condiciones de cumplimiento ambiental, control y seguimiento institucional”, precisó.

Sin embargo, aclaró que hay un segundo polígono que no cuenta con una licencia ambiental aprobada. Ese sitio está asociado al trámite de formalización minera con placa LID-09161 y la solicitud que se hizo para el otorgamiento de la licencia fue evaluada por la autoridad ambiental, pero, a la fecha, no se ha habilitado el desarrollo de actividades mineras en ese lugar.

“En este sentido, cualquier actividad minera que se adelante por fuera de los títulos y licencias debidamente otorgados corresponde a minería informal. Frente a estas situaciones, la intervención en casos de flagrancia es competencia de las diferentes entidades del estado, conforme a la normatividad vigente”, detalló.

De acuerdo con The New York Times, el terreno estaría siendo utilizado por entre 2.000 y 2.500 mineros informales, encargados de la presunta explotación ilegal en el sitio, bajo órdenes del Clan del Golfo. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que, debido a la divulgación periodística de los hechos, ordenó la realización de una investigación al respecto.

“Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, señaló el ministro en su cuenta de X.

Luego de la denuncia que realizó The New York Times sobre minería ilegal en terrenos de un batallón militar en Caucasia, Antioquia, el Gobierno nacional anunció que ha comenzado una investigación para esclarecer estos hechos.

Mientras que el proceso avanza, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado Julián Ossa explicó que el Gobierno nacional puede impulsar diligencias administrativas y disciplinarias, pero la acción penal corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.

“La titularidad de la acción punitiva y, por tanto, la discrecionalidad para adelantar investigaciones de carácter penal en contra de los ciudadanos pertenece de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación, la cual actúa a través de sus delegados, lo que reafirma la separación de poderes entre el poder judicial, ejecutivo y legislativo, pilar fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho”.

Lo que podría registrarse en este caso

El jurista explicó que las sanciones disciplinarias dentro de las Fuerzas Militares podrían derivar en medidas como suspensión, inhabilidad e incluso expulsión; sin embargo, aclaró que la “pretensión punitiva corre por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, la cual se puede apoyar en las investigaciones al interior de las Fuerzas Militares”.

Respecto a los delitos que podrían afectar a los involucrados, Ossa precisó que los uniformados o civiles que hayan explotado recursos mineros sin autorización incurrirían en la pena prevista en el artículo 332 del Código Penal (explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales), la cual va de 32 a 144 meses de prisión y multas de entre 133.000 y 150.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para miembros de la fuerza pública que hayan recibido dinero o favores para permitir la minería ilegal, el abogado advirtió sobre la posibilidad de imputación por cohecho propio. “Podrían incurrir en el delito de cohecho propio, establecido en el artículo 405 del Código Penal colombiano, por el que sus infractores podrían incurrir en penas que van entre los ochenta a los ciento cuarenta y cuatro meses de prisión y una multa de sesenta a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales”, explicó el jurista.

El jurista también abordó el delito de prevaricato por omisión, aplicable a servidores públicos que hayan omitido sus funciones y permitido la actividad ilegal.

“El servidor público que haya omitido, retardado o denegado funciones propias de su cargo, con pleno conocimiento y voluntad, y haya generado una lesión jurídica, podrá incurrir en el delito de prevaricato por omisión, previsto en el artículo 414, el cual contempla una pena de prisión de 32 a 90 meses de prisión.

Ossa advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales en la región, como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, lo que podría agravar la situación penal de los responsables.

“Podrían ser responsables de concierto para delinquir agravado por fines de explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, previsto en el artículo 340, segundo inciso, el cual tiene una pena que va de 8 a 18 años de cárcel, penas que serán incrementadas en la mitad para quienes sean servidores públicos”.

De acuerdo con el abogado, la defensa de los acusados deberá concentrarse en desacreditar elementos estructurales de los delitos imputados, como la relación con grupos armados o la existencia real de explotación minera.

Para los delitos contra la administración pública, las estrategias defensivas podrían centrarse en demostrar que los funcionarios no omitieron ningún deber jurídico concreto, o que no tenían capacidad real de actuar para evitar la minería ilegal.

El abogado terminó aclarando que sin que sea probada la explotación minera, será necesario acreditar la autoría o participación específica de los procesados, puesto que la defensa podrá desvirtuar su dominio funcional sobre los hechos si no existe material probatorio suficiente.

La concesión, otorgada a la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle por la Agencia Nacional de Minería (ANM), desató controversia inmediata ante la existencia previa de denuncias formales sobre actividades ilícitas en la zona, incluidas alertas sobre devastación ambiental y extracción ilegal.

En el informe final de la Agencia Nacional de Minería, expedido tras el acto público del 11 de abril de 2024 en Caucasia, se estableció la reasignación del conocimiento y control del título minero La Mandinga al Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente. Esta medida busca que el organismo active las investigaciones y fiscalizaciones correspondientes a las competencias legales, según reportó El Tiempo.

Entre los antecedentes que agravan la polémica figura un detalle ignorado por otras coberturas: el predio de casi 2.000 hectáreas fue incautado a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, exjefe paramilitar, y estaba bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por proceso de extinción de dominio.

No obstante, el título de explotación fue formalizado para Cardozo Calle pese a reportes del Ejército Nacional fechados en noviembre y diciembre de 2022, que advertían sobre el impacto ambiental y la ilegalidad de las tareas extractivas en el área, particularmente por el uso de mercurio, la remoción de montaña y el vertimiento de químicos, como consigna el teniente Héctor Leonardo Saavedra en comunicaciones dirigidas a Corantioquia.

Durante la llamada Asamblea Popular por la Paz y la Vida, realizada en la plaza principal de Caucasia el 11 de abril de 2024, el presidente Gustavo Petro subió al escenario junto al entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, y Álvaro Pardo, presidente de la ANM, para entregar títulos mineros a pobladores de la región.

La primera beneficiaria en recibir el reconocimiento oficial fue Hermelina Isabel Cardozo Calle, titular del contrato de concesión para la mina La Mandinga, según quedó registrado en el video registrado por la propia Presidencia de la República.

Cardozo Calle, cuyo nombre figura asociado a un establecimiento de comercio registrado en Cali bajo la denominación ‘Mandinga’, dedicado a la extracción de oro y otros metales, no atendió los llamados del equipo periodístico de El Tiempo durante los días posteriores a la revelación.

La comerciante, sin embargo, ha cumplido hasta el momento con el pago de las regalías que exige la ley por el aprovechamiento del título entregado en Caucasia.

En respuesta a la repercusión del caso, la ANM expidió una resolución interna, firmada por Jimmy Soto Díaz, vicepresidente encargado de seguimiento, control y seguridad minera, que otorga al área de Zona Occidente la facultad de asumir la investigación sobre el proceso de otorgamiento y las posibles irregularidades asociadas.

En noviembre de 2022, el teniente Héctor Leonardo Saavedra, del Ejército Nacional, remitió a Corantioquia un informe técnico sobre las consecuencias de las labores mineras ilegales e informales en el predio Mandinga, adyacente al batallón Rifles de Cáceres.

El documento advertía daños graves: “Hemos sido testigos y afectados directos de la devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal desarrolladas por pobladores de Cáceres y Caucasia, lo cual ha desencadenado la remoción y desaparición de extensas áreas de montaña, el vertimiento de mercurio sobre los afluentes hídricos que surten el recurso a la población y el riego de químicos combustibles utilizados en las actividades de minería”, citó El Tiempo.

Además, el reporte militar identificó pasivos ambientales y la ausencia de planificación técnica o instrumentos de manejo ambiental: “La zona no hace parte de áreas protegidas ni de zonas de minería restringida. La actividad se desarrolla sin ningún estudio técnico de planeamiento minero, ni control y manejo ambiental que identifique los recursos naturales, evalúe la capacidad del ecosistema para asimilar el cambio y defina las medidas necesarias para la conservación del patrimonio ambiental”, se detalla en la comunicación presentada.

La Fiscalía, la Procuraduría y la ANM fueron notificadas formalmente sobre estos hechos a finales de 2022, más de un año antes de la oficialización del título otorgado por la administración Petro en abril de 2024, según estableció EL TIEMPO.

La controversia cobró un segundo impulso internacional luego de que The New York Times publicara el 26 de abril de 2026 un reportaje en el que, tras documentar con imágenes la presencia de mineros con equipos de alta presión colindando la base militar, citó al comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, negando que la extracción ocurriese dentro de la propiedad militar.

El límite entre la base y La Mandinga, sin embargo, no presentaba separación física visible, según ilustró el periodista Federico Ríos.

En el contexto de las investigaciones recientes, el Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente de la ANM ha iniciado la evaluación sobre la legalidad de los trámites, la magnitud de los daños ecológicos y el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos para el desarrollo de actividades extractivas, de acuerdo a la resolución oficial.

Las pruebas reveladas despliegan un escenario institucional conflictivo: el Estado otorgó la formalización de la explotación minera a pesar de que estaba notificado sobre la existencia de pasivos ambientales y actividades ilícitas masivas, en una franja de territorio sin estudios técnicos ni instrumentos formales de manejo, colindante a la principal base militar de la zona.

Ante estos hechos, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) realizó una inspección técnica, recolectó muestras y emprendió una investigación para determinar las causas del fenómeno, según confirmaron las autoridades ambientales.

El propósito es esclarecer el origen de la emergencia, considerando antecedentes de actividad minera ilegal, deslizamientos y episodios previos de afectación ambiental en la zona. Autoridades ambientales analizan actualmente las muestras y monitorean el área para evitar una mayor degradación del ecosistema.

Vecinos del sector documentaron la aparición repentina de peces y otros animales sin vida, alertando públicamente sobre el estado de la quebrada.

Videos y testimonios difundidos en redes sociales reflejaron el impacto en la fauna y el color turbio del agua. “Vean cómo está bajando la cañada sucia y vean que los animales van bajando muertos. Vea la cantidad”, narraron los denunciantes en registros recogidos por La Patria.

Hasta el momento, medios regionales, habitantes de la zona y la misma corporación ambiental se mueven entre tres opciones que explican esta mortandad. La primera, la cual tiene antecedentes recientes pero en otros cuerpos de agua en Risaralda, tiene que ver con la minería ilegal; por otro lado, en redes sociales, usuarios afirman que este hecho tendría que ver con presuntos procedimientos petroleros mal realizados. Finalmente, según la misma Carder, la opción más factible es muerte por altas lluvias y deslizamientos de tierra.

Acciones de la Carder tras el reporte de mortandad de peces

Tras la denuncia, la Carder envió a su equipo técnico a la zona para realizar una inspección detallada. Allí se encontraron peces tipo sardino y otras especies muertas, las cuales fueron trasladadas a laboratorios especializados con el fin de identificar la causa de muerte, según la autoridad ambiental.

Durante el recorrido, se observaron alteraciones en el comportamiento del agua y en el entorno del afluente, aunque no se detectaron vertimientos químicos preliminarmente.

No obstante, la evidencia muestra un efecto directo sobre el ecosistema local. La Carder ha implementado medidas técnicas y preventivas, al tiempo que mantiene abiertas las investigaciones para aclarar tanto el origen como el alcance de la afectación, tal como informó la autoridad ambiental.

Factores ambientales y antecedentes en la cuenca del Campoalegre

Las primeras valoraciones de la Carder identificaron presencia de deslizamientos de tierra y rastros de minería artesanal no regularizada aguas arriba, factores que han sido recurrentes en el deterioro ambiental. “En la inspección aguas arriba se identificaron deslizamientos de tierra y rastros de minería artesanal no regularizada, factores que podrían estar generando afectaciones sobre este ecosistema. Aunque no se evidenciaron procesos químicos, el impacto ambiental es visible”, detalló la Carder en declaraciones a ambos medios.

Este tipo de afectación tiene antecedentes, pues la misma institución ambiental determinó en 2025 que otra mortandad de peces fue provocada por turbiedad excesiva durante fuertes lluvias, que lesionó a la fauna acuática, y no por contaminación química.

Por otro lado, en marzo del 2026, el operativo de la Fiscalía “Guardianes del San Juan” permitió a la Carder, junto a otras instituciones, desmantelar tres dragas y capturar a cinco personas por minería ilegal, intervención que impacta la dinámica natural de los cuerpos de agua y genera daños serios a la fauna silvestre y la calidad del recurso hídrico.

En su momento, el director de la Caarder, Julio César Gómez Salazar, remarcó el papel de estos operativos: “Hemos venido a estos ecosistemas de conservación... para desactivar todos y cada uno de los puntos de minería ilegal y criminal que vienen haciendo daños a estos ecosistemas…”, citó la autoridad ambiental.

Respuesta institucional y llamado a proteger las fuentes hídricas

Las instituciones insisten en la vigilancia activa y en la reacción ante cualquier amenaza que comprometa los recursos naturales.

Tras el más reciente reporte, la autoridad ambiental ejecuta acciones preventivas y técnicas, y exhorta a la ciudadanía a mantener la colaboración en la defensa de los afluentes y reservas de la región.

La comunidad pide respuestas y acciones sostenidas para restaurar el equilibrio ambiental, mientras la autoridad ambiental subraya la importancia de verificar la información antes de difundirla, especialmente después de la circulación de videos antiguos que no correspondían a la situación actual.

La selva densa y apartada del Parque Nacional Corcovado se ha convertido en el escenario central de una transformación silenciosa: el incremento del precio internacional del oro ha reconfigurado el crimen organizado en la zona sur de Costa Rica, destaca una nota de Diario CRHOY.

Redes asociadas al narcotráfico encontraron en la extracción ilegal de oro no solo una actividad rentable, sino una estructura de negocio que replica la lógica de los grandes delitos transnacionales, según información de la Fiscalía Adjunta Ambiental y del Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC).

Quienes patrullan Corcovado, como relata el guardaparques óscar Beita, describen jornadas de hasta dos días avanzando entre ríos y lodazales para llegar a sitios como los ríos Tigre y Sirena.

Allí, la huella es inconfundible: maquinaria pesada, árboles caídos, caminos abiertos a la fuerza y vestigios de operaciones clandestinas que han cambiado el paisaje. No se trata de mineros aislados, sino de organizaciones que proveen todo lo necesario: combustible, alimentos y la compra directa del oro.

El atractivo es evidente. Un gramo de oro extraído ilegalmente puede alcanzar los ₡69,000 (aproximadamente USD 130), una cifra que, según datos recabados en la zona, convierte el mineral en el motor de una economía clandestina.

El fiscal coordinador Luis Diego Hernández advirtió que el Ministerio Público ya no aborda estos casos como hechos sueltos, sino como “fenómenos estructurados”: las redes financian, transportan, suministran materiales peligrosos como mercurio y cianuro, y logran que el oro llegue a circuitos comerciales que se extienden hasta San José o atraviesan fronteras nacionales.

Una logística que desafía la conservación

La misma geografía que protege la biodiversidad del parque facilita las actividades clandestinas. El aislamiento, según Beita, es aprovechado para operar sin interrupciones y abastecer a quienes extraen el oro. La presencia de maquinaria y caminos improvisados evidencia la magnitud y permanencia de la actividad. El delito ambiental, según la Fiscalía Ambiental y el SINAC, involucra financiamiento, transporte y distribución de insumos tóxicos, replicando esquemas conocidos en el narcotráfico.

Este patrón se repite en Puerto Jiménez y otras localidades, donde la presión sobre ecosistemas protegidos se hace sentir. La apertura de senderos ilegales y la acumulación de residuos en zonas tradicionalmente inaccesibles alteran el equilibrio ecológico y exponen a los guardaparques a riesgos crecientes.

El impacto: ríos intervenidos y amenazas constantes

Los daños no son solo ambientales. En los ríos Tigre y Sirena, los guardaparques han documentado excavaciones, alteración de cauces y contaminación por químicos. El uso de mercurio y cianuro para separar el oro envenena aguas, afecta la fauna y pone en riesgo a comunidades cercanas. La deforestación y los residuos generan un efecto dominó que compromete la regeneración forestal y la supervivencia de especies endémicas.

Vigilar estos territorios implica aislamiento extremo y recursos limitados. El personal, generalmente en parejas, enfrenta amenazas y presiones directas para reducir su presencia o silenciar los reportes de actividades ilegales.

El oro como ruta de lavado y expansión criminal

La cadena de valor del oro ilegal no termina en las excavaciones. Personas ligadas al narcotráfico adquieren el mineral en comunidades del Pacífico sur, como Sierpe, Golfito y Puerto Jiménez. Parte de ese oro se vende localmente, pero otra fracción llega a San José, donde adquiere apariencia legal y, en ocasiones, sale del país.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, sostiene que la rentabilidad de esta actividad ha motivado a las organizaciones criminales a expandir su alcance, convirtiendo la minería ilegal en un negocio “altamente lucrativo” y de difícil rastreo.

Así, las estructuras criminales han transformado la minería ilegal de oro en Corcovado en una operación compleja que genera ganancias millonarias, contamina ecosistemas protegidos y permite el lavado de capitales ilícitos en Costa Rica.

El más reciente descubrimiento sobre la mina ilegal La Mandinga en el Bajo Cauca antioqueño ha encendido alertas de primer nivel en Colombia y en el extranjero.

La reciente intervención de las fuerzas armadas en terrenos próximos al Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 31 “Rifles”, ubicado en el municipio de Caucasia (Antioquia), expuso el alcance de estas actividades ilícitas, que según trabajadores locales operan bajo protección directa del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), de acuerdo con una investigación adelantada por el diario internacional The New York Times.

La revelación generó todo tipo de reacciones en el país; algunos consideraron las dificultades del Estado colombiano para controlar la extracción y el tráfico de oro en áreas estratégicas. Sin embargo, una de las partes involucradas desmintió su vinculación frente a ello.

Es el caso del mismo grupo armado que, en un comunicado publicado en su cuenta de X (@soygaitanista) negó poseer la mina ni ser titular de las actividades mineras ilegales en la región antioqueña, por lo que calificaron el informe periodístico como injurioso y calumnioso.

Incluso, dirigieron su mensaje al periodista Federico Ríos, autor de la investigación revelada en el medio internacional, en la que acusaron de sacar la nota tras negar una entrevista solicitada por el comunicador.

“Miente de manera descarada el periodista @federicorios no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones. ¿Es en venganza por no darle la entrevista?”, escribió el grupo armado en sus redes sociales.

Posteriormente, en el comunicado público, el EGC reconoció imponer un “impuesto” sobre esas operaciones en el Bajo Cauca antioqueño.

“Lo decimos de manera enérgica, no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones”, declararon.

Del mismo modo, reiteraron su llamado a la prensa nacional e internacional para que se evite pronunciarse la denominación “Clan del Golfo” para referirse a la organización ilegal.

“Al avanzar en la lectura del reporte periodístico, es clara la mentira del titular del periódico, que dice: “La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana”. No somos el Clan del Golfo, pero como intentan relacionarnos con esta denigrante denominación, salimos al paso de las falsedades que se publican con lamentable frecuencia”, mencionaron.

Así mismo, explicaron que “no somos los dueños de la minería ilegal ni de otras economías ilícitas. Situación diferente es que se cobre un impuesto a estas actividades, para poder garantizar seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades que allí habitan, ante la ausencia total de un Estado indiferente a su suerte”.

Por último, el EGC hizo un llamado para que se desarrollen discusiones sobre el estado de las economías ilícitas que se efectúan no solo en Antioquia sino en el resto del territorio colombiano.

“En el país y en el mundo debe darse el debate sobre las economías ilícitas, como la minería ilegal, y sobre los verdaderos beneficiados con su comercialización. El oro debe entrar en los cauces de la economía legal para su monetización, por lo que también se deben revelar los entramados que lo permiten”, concluyeron.

Será abordado en mesa de diálogos

Estas revelaciones han repercutido de inmediato en las conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo, que se conducen bajo la premisa de transformar las economías locales ilegales en legítimas.

Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro, subrayó a Colombia+20 de El Espectador la importancia de abordar estos temas en el espacio socio jurídico con el grupo armado.

“Las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz”, manifestó al citado medio de comunicación.

Incluso, recordó que este fenómeno se intensificó en la década de los 90, cuando el Banco de la República de Colombia dejó de ser el comprador oficial del oro, por lo que para Jiménez, “lo que facilitó que los grupos armados empezaran a ser los monopolizadores de la compra de oro a los pequeños mineros”.

El negociador añadió que “en la medida que han venido ejerciendo una incidencia fuerte y control de algunas regiones del país, se han convertido en dueños de esa economía porque les facilita lavar las economías ilegales del narcotráfico”.

También, advirtió que el problema se extiende más allá del control directo del grupo armado, sino que involucra a comunidades y empresarios auríferos que, sin integrar el Clan, terminan sometidos a su régimen económico impuesto.

Detalles de “La Mandinga”

Según datos consignados en la investigación de The New York Times, el predio donde se encuentra la mina tiene aproximadamente 2.000 hectáreas y ha estado bajo control del Clan del Golfo al menos desde hace ocho años.

El Ejército ha reportado la presencia de entre 2.000 y 2.500 mineros informales extrayendo oro en estos terrenos. Las autoridades han intervenido en al menos 20 ocasiones desde 2022 para destruir maquinaria e intentar frenar la actividad ilegal.

Sin embargo, la administración actual del predio sigue siendo incierta: la Sociedad de Activos Especiales (SAE) indicó que no figura entre los bienes bajo su control, pese a haber recibido medidas cautelares de embargo en 2013 y una orden de extinción de dominio en 2020.

Las armas y municiones que fueron robadas de un batallón en Bolivia estaban destinadas a grupos delictivos vinculados a la minería ilegal, según las investigaciones preliminares.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto, informó este lunes en conferencia de prensa que seis militares y tres extranjeros —un venezolano y dos peruanos— implicados en el robo ocurrido el fin de semana en el Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, de Chua Cocani, en la ruta a la turística Copacabana en La Paz.

De acuerdo a la información oficial, los elementos sustraídos son 4 fusiles FAL, 4 fusiles AKT-56-2, 3 escopetas Mossberg, 3 pistolas Norinco, 2 pistolas Glock 17, 1 pistola Steyr L9-A1 y aproximadamente 250 cartuchos calibre 7,62. Todo este material estaba destinado a actividades ilegales en el municipio paceño de Sorata.

“Este armamento iba a dar a manos de una organización criminal dedicada al avasallamiento de tierras y a la minería ilegal. Y es posible que también a otro tipo de hechos”, explicó el coronel Pinto, flanqueado por el comandante de la Armada, Ernesto Alfaro y otras autoridades del mando militar.

Mientras las investigaciones continúan para identificar a todos los autores intelectuales y materiales, la Policía logró recuperar la mayor parte de las armas robadas y se desplegaron militares a zonas fronterizas para evitar el traslado del armamento fuera del país.

La minería ilegal en Bolivia ha crecido en los últimos años impulsada por el aumento del precio del oro, la expansión de cooperativas mineras y limitaciones en los mecanismos de control estatal. Esta actividad se concentra en regiones amazónicas y tropicales del país, donde existen reportes que vinculan la minería ilegal con el avasallamiento de tierras, la presencia de grupos armados y ataques a líderes locales.

En el municipio de Sorata, ubicado 150 kilómetros al norte de la sede de Gobierno, se han registrado operativos recientes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) para desmantelar campamentos ilegales, con decomiso de maquinaria y enfrentamientos con grupos vinculados a la explotación aurífera.

Según un comunicado de prensa institucional, una de las intervenciones fue interrumpida por “detonaciones y disparos”, que dejaron a un efectivo policial herido y daños materiales en el lugar.

En otra acción conjunta con la Policía, se logró desmantelar un campamento clandestino, inutilizar maquinaria pesada y generar una afectación económica significativa a las operaciones ilegales en el sector, señala la nota.

“Estos antecedentes, evidencian que la minería ilegal en la región no solo persiste, sino que presenta niveles crecientes de organización y violencia, configurando un escenario de alto riesgo para la intervención estatal”, señala el comunicado de la Ajam, en el que apunta la necesidad de generar acciones coordinadas con otras instancias para combatir un delito que ha evolucionado a “formas más complejas de organización” y se ha vinculado con otras actividades ilícitas.

El informe “Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía”, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA), establece como acciones urgentes fortalecer la vigilancia estatal, regular la cadena del oro, asegurar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y establecer mecanismos regionales de cooperación para combatir este delito.

El caso adquiere relevancia porque la propiedad sigue siendo un epicentro de minería ilegal y está bajo control del Clan del Golfo, mientras limita con el Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, de acuerdo con una investigación de El Tiempo.

La Mandinga es una finca rural situada en Cáceres, Antioquia, que aparece en expedientes judiciales por haber funcionado como depósito de armas, vehículos y base de operaciones paramilitares.

El terreno ha estado relacionado con la estructura de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, así como con un presunto vínculo previo con Pablo Escobar, según testimonios y documentos judiciales citados por el medio citado.

La investigación señala que la propiedad ha sido utilizada repetidamente para actividades delictivas, incluso en proximidad directa a instalaciones militares.

El expediente sobre ‘La Mandinga’ detalla que el proceso judicial incluyó la extinción de dominio en el marco de la desmovilización paramilitar, validado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Según la documentación obtenida por el medio citado, la propiedad figuraba a nombre de sociedades y personas que habrían actuado como testaferros, lo que derivó en decisiones judiciales en su contra.

Un testimonio clave es el de José Germán Sena Pico, conocido como ‘Nico’ y mano derecha de ‘Macaco’, quien declaró que la compra de la finca se produjo en 2005 a una familia local, pagándose en efectivo y sin recurrir al circuito bancario. Añadió que el predio era utilizado para almacenar armas y vehículos por instrucciones de la organización criminal.

La Corte Suprema de Justicia avaló la declaración de alias ‘Nico’ y consideró evidente la destinación ilícita de la finca, al menos entre 2005 y 2008.

La sentencia resalta que los supuestos dueños formales de ‘La Mandinga’ no presentaron reclamos, pese al uso notorio del terreno para delitos, lo que, según la Corte, muestra la instrumentalización del predio como activo de las estructuras armadas.

Además, el expediente recoge que la finca fue ofrecida como garantía en procesos de reparación de víctimas del paramilitarismo.

Uno de los puntos más relevantes del expediente es la mención al pasado de ‘La Mandinga’ como propiedad asociada a Pablo Escobar, según recoge una declaración citada por El Tiempo.

Alias ‘Nico’ aseguró que la finca habría pertenecido a Escobar en los años 80, aunque estaba registrada a nombre de testaferros para encubrir el origen de los fondos y esquivar investigaciones patrimoniales. El testigo indicó que la hacienda servía como refugio de miembros de la organización, que gestionaban la seguridad y controlaban las actividades en el terreno.

La Corte Suprema confirmó la credibilidad de la versión de alias ‘Nico’ y destacó que el testigo participó durante años en la gestión de la finca.

Los registros judiciales precisan que, junto con otros colaboradores, transportaba insumos agrícolas de establecimientos vinculados a ‘Macaco’ y que la finca conservó su papel de escondite de recursos para el paramilitarismo.

La expresión “escondite de armas y vehículos” aparece repetidamente en el expediente. Además, otro testimonio señaló que, tras la desmovilización de ‘Macaco’, la finca siguió siendo objeto de disputas entre actores criminales.

El expediente analizado por El Tiempo constata que la finca ha permanecido bajo la atención de diversos grupos, cuyas disputas y operaciones han consolidado su valor estratégico para redes ilegales.

La minería ilegal y la presencia del Clan del Golfo junto al Batallón

En los últimos años, ‘La Mandinga’ se ha transformado en escenario de minería ilegal a gran escala, bajo el control y fomento del Clan del Golfo.

Según los registros consultados por el medio citado, cientos de personas extraen oro en unas 2.000 hectáreas del terreno, sin licencia y a muy poca distancia del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, una de las unidades militares más antiguas del país.

Autoridades han identificado la zona como un foco de degradación ambiental grave, resultado directo de las operaciones mineras al margen de la ley.

Mientras la extracción ilegal se realiza a la vista del público y de entidades estatales, la presencia del Clan del Golfo ha dificultado el acceso y la respuesta institucional.

Documentos judiciales y testimonios recogidos por el medio coinciden en que el hecho de compartir límite con el Ejército no ha detenido la continuidad de delitos en el área. El expediente menciona la disputa por el control del predio para fines como la producción de cocaína y la extracción de oro, lo que subraya el carácter estratégico y objeto de disputa del terreno.

Respuesta del Ejército y cuestionamientos institucionales

El Ejército Nacional, al ser consultado por El Tiempo, confirmó que el área afectada corresponde a ‘La Mandinga’ y remarcó su extensión de 2.000 hectáreas, destacando la colindancia con el batallón militar.

En un comunicado, la institución explicó que la administración del predio no está bajo su competencia directa, pues tras el proceso de Justicia y Paz, la finca quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En su declaración oficial, el Ejército resaltó el deterioro ambiental derivado de la minería ilegal sin títulos ni respaldo jurídico. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre otras actividades ilegales consignadas en el expediente y no explicó por qué estas situaciones continúan ocurriendo pese a la presencia militar.

A lo largo del tiempo, la finca ‘La Mandinga’ ha sido utilizada como enclave para actividades criminales, con vínculos atribuidos históricamente a Pablo Escobar y el paramilitarismo, y actualmente bajo operación del Clan del Golfo, a pesar de su proximidad inmediata al Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional de Colombia.

Una alerta por presuntas economías ilícitas en un terreno cercano al Batallón Rifles, en zona rural de Cáceres, donde miles de mineros informales extraen de forma ilegal con impacto ambiental, sacudió la agenda pública y activó las alarmas del control financiero del Estado; la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) puso la lupa en el rastro del dinero detrás de las denuncias.

El director de la entidad, Wilmar Mejía, anunció la activación de protocolos de inteligencia financiera tras conocerse versiones sobre una presunta explotación minera ilegal en predios vinculados a una guarnición en Caucasia. Su pronunciamiento se produjo poco después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenara una verificación urgente de los hechos.

La declaración del funcionario surgió como respuesta directa a Pedro Sánchez, que fijó una postura tajante frente a cualquier anomalía dentro de la fuerza pública. El ministro aseguró que no existe espacio para conductas indebidas y ordenó esclarecer las denuncias relacionadas con actividades extractivas en el Bajo Cauca antioqueño.

Wilmar Mejía anuncia apertura de una investigación financiera sobre minería ilegal

Wilmar Mejía explicó que la Uiaf iniciará revisiones sobre movimientos financieros y patrimoniales de quienes puedan aparecer relacionados con los hechos. El alcance de esos análisis incluye tanto a funcionarios como a particulares y empresas, siempre bajo coordinación con las autoridades competentes.

“Señor Ministro @PedroSanchezCol, teniendo en cuenta la designación del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de los EE.UU., y ante información de dominio público sobre la presunta operación de minería ilícita en una guarnición militar, la @UIAFColombia, en el marco de la Ley 526 de 1999, activó los protocolos de inteligencia financiera, luego del análisis preliminar realizado por los equipos técnicos de la entidad (sic)”, señaló Mejía en su cuenta de X.

Mejía insistió en que la posible conexión entre minería ilegal y estructuras armadas representa un riesgo que exige respuesta inmediata. En ese sentido, recalcó que la entidad orienta sus acciones a detectar flujos de dinero que alimentan organizaciones criminales y fortalecen su capacidad operativa.

“Por tratarse de hechos que podrían constituir financiación al terrorismo y otros delitos fuente de lavado de activos, esta Unidad procederá a realizar los análisis patrimoniales y financieros pertinentes sobre servidores públicos, civiles o militares, así como personas jurídicas, que resulten vinculadas a los hechos materia de investigación, en coordinación con las autoridades competentes y conforme a los canales institucionales establecidos”, se lee en el post de Mejía.

El funcionario cerró su mensaje de respaldo al afirmar que: “La UIAF reitera su compromiso en la lucha contra las finanzas del crimen organizado (sic)”.

Minería ilegal en el Bajo Cauca

La zona afectada corresponde a la finca La Mandinga, un predio cercano al batallón con una extensión aproximada de 2.000 hectáreas. Este terreno, que hoy está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras un proceso de extinción de dominio, habría sido ocupado para actividades de minería sin contar con títulos ni autorización legal. Según el Ejército, esta intervención irregular ha provocado un daño ambiental de alta gravedad en el sector.

En medio de las versiones que relacionan la actividad con el Clan del Golfo, ese grupo armado negó cualquier vínculo con los entables mineros y aseguró que no tiene relación con su operación. Por su parte, la fuerza pública indicó que desde 2022 informó a las autoridades judiciales sobre los impactos de esta explotación ilegal y ejecutó más de 20 operativos en la zona.

No obstante, estas acciones provocaron episodios de tensión, incluidos bloqueos en la Troncal de Occidente e intentos de agresión contra uniformados, hechos que actualmente están bajo investigación.

Ministro de Defensa se pronunció sobre estos hechos

Desde su declaración, el jefe de la cartera de Defensa dejó claro que no habrá margen para irregularidades dentro de la fuerza pública: “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”.

“Al mismo tiempo, hemos reforzado los controles y las acciones operativas contra la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías ilícitas, que financian la violencia generada por los carteles criminales del EGC–Clan del Golfo, ELN y las disidencias de alias Calarcá y alias Mordisco”, agregó Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez aseguró que la lucha contra la minería ilegal se intensificó durante el último año. Según cifras entregadas por el propio funcionario, las autoridades invirtieron cerca de 2.500 minas ilegales y destruyeron alrededor de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilícita, lo que representa un incremento superior al 40% frente al año anterior.

El Ejército Nacional de Colombia divulgó un comunicado en el que reconoció la presencia de miles de mineros ilegales en la finca La Mandinga, un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), colindante con el Batallón de Infantería No. 31 Rifles en Caucasia, Antioquia.

Desde la institución castrense la ocupación ilegal del área por entre 2.000 y 2.500 personas dedicadas a la explotación aurífera, que carecen de título y protección legal. Según el comunicado, la actividad minera ha provocado un daño ambiental severo e irreversible en la región.

De igual modo, la autoridad militar aseguró que desde 2022 reportó ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación los daños causados por la minería ilegal y comunicó su compromiso con la legalidad y la protección del medio ambiente.

La nota oficial detalló que, desde entonces, se han realizado más de 20 intervenciones directas, que incluyeron la destrucción de maquinaria y equipos empleados en la actividad ilícita.

La Séptima División del Ejército Nacional enfatizó que continuará ejecutando operaciones interinstitucionales y ofensivas contra todos los grupos al margen de la ley que atentan contra la seguridad regional y financian su actividad criminal mediante la minería ilegal.

Además, anunciaron la presentación de nuevas acciones penales contra quienes sean encontrados realizando actividades ilícitas en los límites de la unidad militar.

De acuerdo con el comunicado del Ejército, las operaciones legítimas en la zona provocaron reacciones violentas de quienes se benefician de la minería ilegal, incluidas asonadas y bloqueos en la vía Troncal de Occidente. La institución advirtió que estos hechos serán investigados y judicializados.

Investigación internacional revela detalles de la operación ilegal

La admisión del Ejército sucedió tras la publicación de un reportaje de The New York Times, elaborado por el fotoperiodista Federico Ríos, que documentó la existencia de una operación minera de gran escala en terrenos colindantes a la base militar de Caucasia. El reportaje expuso que la mina, denominada La Mandinga, estaría bajo control del Clan del Golfo y funcionaría como fuente de financiación para esa estructura criminal.

Según la crónica de The New York Times, la explotación ilegal se desarrolla tan cerca de la base militar que no existe una división física entre la mina y las instalaciones del Ejército.

El reportaje incluyó testimonios de mineros que aseguraron operar dentro del perímetro militar y evidencias visuales obtenidas con drones, donde se observan trabajadores utilizando mangueras de alta presión en zonas boscosas correspondientes a terrenos estatales.

Durante una visita acompañada por el periodista, el comandante de la base, coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente la extracción de oro en predios militares. Sin embargo, tras recorrer el área y constatar la situación, el oficial reconoció la existencia de la actividad e impartió la orden de desalojo. En ese operativo, soldados destruyeron equipos y maquinaria, en una acción que desató enfrentamientos y resistencia por parte de los mineros.

El reportaje internacional también señaló que el oro extraído alimenta redes de financiamiento del Clan del Golfo y que, con base en la investigación, parte del metal habría alcanzado la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pese a las restricciones legales para la compra de oro de origen extranjero.

El contexto institucional y la respuesta del Gobierno

La publicación de The New York Times motivó pronunciamientos de autoridades nacionales. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que en 2026 el Gobierno ha intervenido unas 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas, superando en 40% los resultados del 2025. Sánchez reiteró que no se tolerarán omisiones ni vínculos entre miembros del sector defensa y economías criminales.

El funcionario anunció la apertura de investigaciones inmediatas para esclarecer los hechos y la adopción de medidas firmes frente a cualquier irregularidad. “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley”, declaró Sánchez a través de X.

Hay preocupación en el noroeste de Colombia, después de que se conocieran imágenes de lo que sería un campo de explotación minera a plena vista del Ejército Nacional en el municipio de Caucasia, Antioquia.

De hecho, un reciente artículo publicado por The New York Times, dejó ver que el campo de minería ilegal de oro estaría ubicado en terrenos que, en teoría, harían parte de una unidad militar.

En una reciente visita a la zona de La Mandinga, quedó expuesta la magnitud del problema: la actividad minera se extendía desde el área controlada por el Clan del Golfo hasta el propio perímetro de una base del Ejército colombiano.

Las imágenes captadas por un dron confirmaron lo que algunos trabajadores ya habían dicho: el trabajo de extracción de oro se realizaría directamente dentro de la base militar donde opera el Batallón de Rifles 31.

Según las imágenes compartidas por el diario estadounidense, no se apreciaba ningún vallado que separara la zona militar de la mina, lo que facilitaría la expansión de la operación ilícita hasta las inmediaciones de la piscina y otras instalaciones del cuartel.

Ante las denuncias, el comandante de la base, coronel Daniel Echeverry, negó en principio cualquier actividad minera dentro de la base. Sin embargo, tras una inspección conjunta, el ruido de los generadores y la presencia de maquinaria en pleno funcionamiento evidenciaron lo contrario. Frente a la escena, el propio Echeverry reconoció al medio extranjero: “Esto es dentro de la base”.

Incluso, el jefe de la base militar ordenó un despliegue inmediato para retirar a los mineros ilegales de la zona, lo que generó un momento de tensión entre los uniformados y los invasores de los terrenos estatales.

Según información divulgada por The New York Times, algunos insultaron a los soldados y continuaron su labor. Otros amenazaron con violencia y, en un momento de tensión, uno de ellos arrojó gasolina hacia el grupo de uniformados y periodistas, gritando: “¡Nos vamos a quemar todos!”.

Acciones militares y resistencia de los mineros

Ante la negativa de los mineros a retirarse, los soldados intervinieron con fuerza. Utilizaron gasolina para incendiar parte del equipo utilizado en la extracción y cortaron mangueras con sierras mecánicas. Los mineros intentaron rescatar su maquinaria y apagar las llamas con cubos de agua lodosa, mientras algunos blandían machetes o lanzaban piedras.

Durante el operativo, los trabajadores defendieron su derecho a extraer oro en la zona, argumentando que pagaban al Clan del Golfo, principal grupo criminal de la región, para operar en La Mandinga. Para muchos de ellos, ese permiso informal parecía extenderse incluso a terrenos militares.

La intervención en la base dejó al descubierto la debilidad institucional para frenar la minería ilegal. El propio coronel Echeverry, responsable de unos 800 hombres encargados de combatir a grupos armados como el Clan del Golfo, admitió al diario extranjero haberse sorprendido ante la evidencia y prometió medidas contra la actividad ilícita en su jurisdicción.

En la práctica, la minería ilegal en La Mandinga financia a organizaciones criminales y contribuye a perpetuar su control territorial. Parte del oro extraído en la zona logra llegar hasta mercados internacionales, incluyendo la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pese a las leyes que restringen la compra de metales solo a los producidos en territorio estadounidense.

Entretanto, los mineros ilegales, pese a haber perdido parte de la maquinaria y herramientas para continuar con su labor, aseguraron que regresarán a la zona alegando pagar buenas sumas de dinero al Clan del Golfo, lo que les garantizaría protección ante intervenciones militares.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional aseguraron que mantendrán la vigilancia constante en la zona para evitar nuevas agrupamientos de mineros ilegales en la zona aledaña a la unidad militar.

El Gobierno de José María Balcázar decidió prorrogar por 60 días más el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad. La medida, oficializada mediante decreto supremo, confirma que la estrategia aplicada desde diciembre de 2025 no ha logrado contener el avance del crimen organizado vinculado a la minería ilegal, una actividad que hoy mueve más dinero que el narcotráfico en el país.

Prórroga que evidencia un problema sin resolver

La extensión del estado de emergencia es la continuidad de una política aplicada desde fines del año pasado, cuando el Ejecutivo dispuso que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. Sin embargo, el nuevo decreto deja en claro que las condiciones que motivaron la intervención se mantienen.

El propio sustento técnico del Gobierno reconoce que persisten “otras situaciones de violencia” relacionadas con organizaciones criminales. En términos simples, el problema no ha sido resuelto. Por el contrario, la necesidad de mantener restricciones a derechos fundamentales y el control militar revela que el Estado aún no logra recuperar plenamente el territorio.

Violencia en zonas mineras no se detiene

Los hechos registrados en los últimos meses muestran la necesidad de esta medida, pero ponen en duda su efectividad. El 31 de diciembre de 2025, cuando ya regía el estado de emergencia, se produjo un enfrentamiento en una bocamina vinculada a la minera Poderosa, en el anexo de Vijus. El incidente dejó tres personas fallecidas con impactos de bala.

Según la información disponible, las víctimas habrían ingresado de manera ilegal con la intención de sustraer mineral, en una zona disputada por grupos dedicados a la minería ilegal. Este episodio muestra que, pese a la presencia de fuerzas del orden, los conflictos violentos por el control de recursos continúan.

La persistencia de estos enfrentamientos evidencia que el problema no es solo de seguridad, sino estructural. La minería ilegal ha generado economías criminales, donde el uso de armas y la violencia forman parte del control territorial.

Operativos logran golpes, pero no frenan el avance

En paralelo, el Estado ha ejecutado intervenciones a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), que integra a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Uno de los operativos más recientes, denominado “Centauro”, permitió incautar fusiles, explosivos y material logístico en una bocamina ilegal en Pueblo Nuevo.

El decomiso incluyó armas como fusiles FAL, Galil y R15, además de mechas y fulminantes utilizados en la extracción ilegal. Estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Sin embargo, estos golpes no han sido suficientes para desarticular las redes. La continuidad de la violencia y la necesidad de mantener el estado de emergencia indican que las organizaciones siguen activas y con capacidad de reorganización.

Minería ilegal: una economía criminal en expansión

El trasfondo de esta crisis es el crecimiento sostenido de la minería ilegal en el Perú. Según datos de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, esta actividad mueve alrededor de 8,200 millones de dólares, superando incluso al narcotráfico.

Además del impacto económico, sus efectos en seguridad son evidentes. Distritos como Pataz registran niveles de homicidios muy por encima del promedio nacional, lo que los convierte en zonas de alto riesgo.

El gremio también ha advertido que decisiones legislativas recientes podrían agravar el problema. Un dictamen aprobado en comisión en el Congreso modificaría las condiciones de las concesiones mineras sin suficiente sustento técnico, lo que, según especialistas, podría abrir espacios para el lavado de activos y fortalecer economías ilegales.

En este contexto, la prórroga del estado de emergencia aparece como una respuesta inmediata, pero no como una solución de fondo. La continuidad de la medida refleja que el Estado enfrenta un desafío complejo: contener una economía criminal que se ha expandido durante años y que hoy opera con normalidad.

La Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía encabezado por Edwin Palma Egea, anunció que desde el 19 de mayo de 2026 estará disponible una herramienta digital que busca fortalecer la transparencia en la cadena productiva de minerales.

La plataforma integrará información que hasta ahora permanecía dispersa en registros como el Rucom (Registro Único de Comercializadores de Minerales), Génesis —base de datos de mineros artesanales— y el sistema de Control a la Producción.

La nueva plataforma ofrecerá la posibilidad de seguir el recorrido del oro desde su extracción hasta su comercialización o exportación, brindando un panorama completo del flujo del mineral en el país y facilitando la verificación de certificados de origen, registros de producción y pagos de regalías.

Cada transacción tendrá un código único, lo que permitirá a las autoridades y al público verificar toda la información relacionada con el oro y otros minerales.

Respuesta a exigencias internacionales y aumento de controles

El lanzamiento de este sistema responde a la creciente presión de los mercados nacionales e internacionales que exigen mayor claridad sobre el origen del oro colombiano.

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional estima que más del 80% del oro producido en Colombia es ilegal, dato que refleja la magnitud del desafío para las autoridades.

De acuerdo con cifras del Dane, entre febrero de 2025 y febrero de 2026, las exportaciones de oro alcanzaron los 771,8 millones de dólares, un crecimiento del 140,8% en comparación con el periodo anterior.

En los últimos cuatro años, Colombia exportó 236 toneladas de oro, generando $2,15 billones en regalías. Pese a estos ingresos, el país enfrenta el reto de garantizar que la mayor parte de ese mineral provenga de fuentes legales y verificables.

La nueva plataforma no modifica las normas vigentes, pero sí permitirá el acceso público y en tiempo real a la información de toda la cadena minera, lo que representa un avance frente al actual sistema fragmentado.

Rol de las alcaldías y control sobre la minería artesanal

La implementación de la plataforma asigna un papel central a las alcaldías, especialmente en el control y registro de la minería de subsistencia.

Los mandatarios locales deberán reportar los niveles de producción y regalías, verificar la información suministrada por los mineros, visitar los sitios de explotación y confirmar la identidad de quienes participan en esta actividad.

Además, tendrán la responsabilidad de garantizar que no exista coacción de grupos ilegales y que no se superen los topes anuales de producción establecidos, que en el caso del oro están fijados en 420 gramos por minero.

El sistema facilitará el cruce de datos entre entidades y permitirá detectar irregularidades con mayor rapidez, según explicó el Ministerio de Minas en su comunicado oficial.

La integración de las bases de datos Rucom, Génesis y Control a la Producción busca cerrar espacios a la infiltración de oro ilegal en la cadena comercial y contribuir a la formalización del sector.

Fase piloto y proyección a futuro

Durante su fase inicial, la plataforma funcionará como un piloto de registro voluntario. El Gobierno prevé, a mediano plazo, que todas las transacciones de minerales en Colombia deban registrarse obligatoriamente en este sistema.

Esta transición busca consolidar un modelo integral de trazabilidad y control en el sector minero, acorde con las expectativas internacionales y los compromisos del país en materia de lucha contra la minería ilegal.

La cartera liderada por Palma Egea subraya que esta iniciativa se da en un contexto de crecimiento sostenido de las exportaciones y de presión internacional para certificar la legalidad de los minerales.

La información de la plataforma estará disponible para consulta pública y en tiempo real, lo que podría reforzar la confianza de los mercados y facilitar el trabajo de autoridades nacionales y extranjeras en la verificación del origen del oro colombiano.

La puesta en marcha del sistema de trazabilidad representa para Colombia un paso relevante en la supervisión de un sector afectado por la ilegalidad y la intervención de grupos armados.

Las autoridades esperan que la nueva herramienta contribuya a reducir el margen de maniobra para actividades ilícitas, ampliar la formalización de los mineros de subsistencia y mejorar la percepción internacional sobre la minería colombiana.

En el Día de la Tierra, Costa Rica se encuentra en un momento crucial en la defensa de su riqueza ecológica. Mientras el país pretende posicionarse como líder global en políticas medioambientales y fijó como meta alcanzar la carbono neutralidad para 2050, la presión de actividades ilícitas y la expansión económica ha colocado en riesgo algunos de sus recursos más valiosos.

Con el 58.5% de su territorio cubierto por bosques y albergando cerca del 6 % de la biodiversidad del planeta, Costa Rica sostiene uno de los patrimonios naturales más relevantes de América Latina. Sin embargo, fenómenos como la minería ilegal de oro y la tala de árboles desafían la capacidad de conservación del Estado y reavivan debates sobre el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

El impacto de la minería ilegal y el uso de mercurio en el norte del país

Uno de los frentes más complejos se ubica en una remota región norteña, en disputa por mineros ilegales que emplean prácticas altamente nocivas para la salud pública y los ecosistemas, en especial el uso de mercurio. Este mineral pesado afecta suelos y cursos de agua, lo que supone un peligro adicional para la biodiversidad local y las comunidades cercanas.

El Gobierno de Rodrigo Chaves ha propuesto un proyecto de ley para entregar una concesión a una empresa que explote el oro en la zona, bajo la promesa de controles medioambientales reforzados. Pese a este planteamiento, organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición política sostienen que resulta prioritario recuperar el capital ambiental de la zona afectada, en lugar de apostar por una explotación regulada.

En la actualidad, Costa Rica prohíbe la minería de oro a cielo abierto y la exploración petrolera, restricciones que fueron establecidas por vetos presidenciales anteriores. Estas limitaciones han definido la línea política del país en los últimos años, aunque han sido sujetas a nuevos intentos de debate durante la administración Chaves.

Disputa jurídica por la tala en el Golfo de Papagayo

En paralelo al problema minero, el país enfrenta otro conflicto relacionado con la expansión del turismo en zonas sensibles. En el Golfo de Papagayo, provincia de Guanacaste, la propuesta de Enjoy Hotels para construir un hotel desató la preocupación de asociaciones ambientalistas y residentes, que recurrieron ante la Sala Constitucional. Alegan que se pondría en riesgo la función natural e hídrica de un bosque compuesto por aproximadamente 700 árboles.

Como resultado, el magistrado Fernando Cruz dictó medidas cautelares a finales de la semana pasada, suspendiendo cualquier tala hasta tanto no se resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada. Las partes involucradas deberán responder ante las autoridades judiciales y cumplir con la orden de moratoria para evitar “posibles daños graves e irreparables al ambiente”.

El reto de conciliar crecimiento y conservación

El turismo representa una fuente relevante de ingresos, con una llegada anual próxima a los tres millones de visitantes. Este dato coloca en el centro del debate la obligación de conciliar la actividad económica con la protección de las áreas naturales, en un escenario donde el desarrollo no puede mantenerse desligado de consideraciones ecológicas.

En palabras del activista Josué Bonilla: “Costa Rica es un país muy rico en recursos naturales y nuestro deber es seguir protegiéndolos. Existen en la actualidad muchos problemas y amenazas relacionados a intereses económicos que no podemos pasar por alto”, declaró a EFE.

Con una superficie de 51,100 kilómetros cuadrados, Costa Rica trabaja para sostener su reputación internacional como referente en políticas ambientales, pero enfrenta tensiones crecientes en los debates políticos y sociales sobre el uso de su territorio.

El presidente Chaves, cuyo mandato culmina el próximo 8 de mayo, reiteró la importancia de buscar un equilibrio entre economía y sostenibilidad, aunque su intento reciente de abrir una discusión nacional sobre la exploración petrolera y gasífera no prosperó.

La conmemoración del Día de la Tierra expone los desafíos actuales del país: defender su capital natural frente a la presión de intereses económicos y garantizar que las decisiones presentes aseguren la integridad ambiental para las próximas generaciones.

Los hechos ocurrieron en los kilómetros 108 al 110 de la carretera que conecta Puerto Maldonado con Mazuco, una zona crítica por la alta presencia de actividades extractivas ilegales. Según información policial, la intervención formaba parte de una acción de interdicción destinada a frenar el avance de la minería ilegal en esta área de la Amazonía peruana.

Durante el operativo, un grupo de sujetos atacó a los efectivos, lo que desató momentos de alta tensión. En medio de la agresión, dos camionetas fueron volteadas, y una de ellas —perteneciente a la PNP— terminó envuelta en llamas. Las imágenes del vehículo incendiado se difundieron rápidamente en redes sociales, evidenciando la violencia del enfrentamiento.

Ante el ataque, los agentes se vieron obligados a repeler la agresión utilizando sus armas de reglamento. Pese a la gravedad de la situación, la Región Policial de Madre de Dios informó que no se registraron heridos ni víctimas mortales.

En paralelo, circularon versiones en redes sociales que alertaban sobre una supuesta balacera con fallecidos. Sin embargo, la Policía desmintió categóricamente estos reportes, calificándolos como falsos y advirtiendo que solo contribuyen a generar alarma entre la población.

Como resultado del operativo, las autoridades lograron incautar armamento y material explosivo, entre ellos un fusil, una pistola, cartuchos de dinamita, así como motores y motocicletas presuntamente utilizadas en actividades ilegales.

Tras los disturbios, el tránsito en la vía Interoceánica fue restablecido de manera progresiva, mientras las fuerzas del orden continúan desplegadas en la zona para reforzar las acciones contra la minería ilegal.

Este nuevo episodio refleja la creciente conflictividad en La Pampa, considerada uno de los principales focos de minería ilegal en el país, donde las intervenciones estatales suelen enfrentar resistencia violenta por parte de organizaciones vinculadas a esta actividad ilícita.

Advertencia del FMI al Perú por avance de la minería ilegal

El Fondo Monetario Internacional lanzó una advertencia al Perú en marzo pasado sobre los riesgos que representa el avance de la minería ilegal para la estabilidad económica y el crecimiento sostenido del país. En el marco de su más reciente evaluación bajo el Artículo IV, el organismo señaló que esta actividad ilícita no solo tiene impactos ambientales, sino que también está estrechamente vinculada al incremento de la inseguridad y al debilitamiento de las instituciones.

Según el análisis, la expansión de la minería ilegal afecta directamente el clima de inversiones, al generar incertidumbre jurídica y competencia desleal frente a las actividades formales. Esto, a su vez, limita el desarrollo de sectores productivos y reduce la capacidad del Estado para recaudar ingresos, afectando la sostenibilidad fiscal.

El FMI también alertó que esta problemática se ha convertido en un factor estructural que podría frenar el crecimiento económico en el mediano plazo, especialmente si no se adoptan medidas firmes para contenerla. En ese sentido, recomendó fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas, mejorar los mecanismos de fiscalización y cerrar brechas en los procesos de formalización minera.

Asimismo, el organismo subrayó la necesidad de una respuesta integral que articule políticas de seguridad, justicia y desarrollo económico, con el fin de enfrentar las redes criminales que operan detrás de esta actividad. De no hacerlo, advirtió, el Perú podría ver comprometidas sus perspectivas de crecimiento y estabilidad en los próximos años.

Una inspección técnica realizada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó la afectación a la quebrada El Naranjo, en el corregimiento de Trinidad, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, como resultado de actividades de minería ilegal detectadas en la zona.

El hallazgo se suma a una serie de acciones recientes orientadas a contener los delitos ambientales que impactan directamente los recursos hídricos y los ecosistemas del país.

La intervención se produjo en atención a un oficio de la Fiscalía de Capira, tras la aprehensión de dos ciudadanos por unidades de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ).

Los sospechosos fueron sorprendidos mientras realizaban extracción de material dentro de la fuente hídrica, y durante el operativo se les decomisaron herramientas utilizadas en estas prácticas, entre ellas bateas, palas, cubos y una barra de acero.

Un equipo técnico de la Dirección Regional de MiAmbiente en Panamá Oeste, a través de la sección de Verificación y Desempeño Ambiental, se trasladó hasta la comunidad de La Florida, específicamente a la finca Los Palmitos.

Esta área forma parte del Programa de Incentivos Económicos Ambientales de la Autoridad del Canal de Panamá, lo que añade un componente adicional de relevancia estratégica por su vinculación con la protección de cuencas hidrográficas.

De acuerdo con el informe técnico, la inspección permitió evidenciar la alteración del cauce natural de la quebrada, producto de la remoción de material dentro del lecho. Esta intervención generó sedimentación en el agua, afectando su calidad y modificando el comportamiento natural del flujo.

Además, se constató que el cauce fue redireccionado aproximadamente tres metros desde su orilla original debido a la acumulación de material rocoso.

Los hallazgos confirman un impacto negativo directo sobre el ecosistema, comprometiendo la calidad del recurso hídrico y generando efectos que podrían extenderse a otras áreas cercanas.

El documento será remitido a la Personería Municipal de Capira, a la Autoridad del Canal de Panamá y a la Oficina de Asesoría Legal de MiAMBIENTE en Panamá Oeste, con el objetivo de dar continuidad a las acciones legales y administrativas correspondientes.

Donoso, Colón

En paralelo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) ha intensificado sus acciones de vigilancia en el Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón. Guardaparques de MiAMBIENTE sostuvieron una reunión con el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME ambiental) para intercambiar información sobre reportes de minería ilegal y otras afectaciones a los recursos naturales.

Durante este encuentro se analizaron diversas denuncias sobre posibles delitos ambientales, lo que permitió corroborar datos y fortalecer los mecanismos de monitoreo y control. Además, se planificaron estrategias operativas orientadas a identificar rutas utilizadas para el desarrollo de estas actividades ilícitas y a mejorar la coordinación entre instituciones.

Como parte de las acciones en campo, se realizó un recorrido por sectores como Villa del Carmen, El Embarcadero y Sardina, donde los guardaparques también sostuvieron encuentros con residentes de las comunidades. En estos espacios se brindó orientación sobre permisos de roza y , en un esfuerzo por prevenir incendios de masa vegetal y promover prácticas más sostenibles.

Hay que recordar que en el área de Donoso y Omar Torrijos se ubica la mina de cobre que fue operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. La operación permanece suspendida desde finales de 2023, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, mientras avanza una auditoría ambiental que será clave para definir el futuro de la extracción minera en esa zona.

Las autoridades ambientales han reiterado que mantendrán una vigilancia constante y permanente para prevenir, detectar y minimizar los delitos contra el ambiente, en especial aquellos relacionados con la extracción ilegal de recursos.

Este tipo de actividades no solo genera daños inmediatos, sino que también compromete la sostenibilidad de los ecosistemas y la disponibilidad de agua para las comunidades.

Las autoridades costarricenses asestaron un nuevo golpe contra la minería ilegal en la zona norte del país tras el hallazgo de una bodega subterránea cargada de equipos e insumos utilizados por organizaciones criminales que operan en el sector de Crucitas y el cerro Conchuditas.

El descubrimiento fue realizado por oficiales de la Fuerza Pública en el distrito de Cutris, en la frontera norte, como parte de los operativos que se mantienen en la zona para debilitar la estructura logística de los grupos dedicados a la extracción ilegal de oro.

Según informaron las autoridades, la bodega se encontraba enterrada en las cercanías del cerro Conchuditas y contenía una importante cantidad de materiales cuyo valor podría ascender a varios millones de colones.

El hallazgo evidencia la capacidad de adaptación de estas organizaciones, que recurren a métodos cada vez más sofisticados para ocultar los insumos necesarios para sus operaciones, así como el avance de las autoridades en la detección de estos puntos estratégicos.

En esta ocasión, los oficiales lograron ubicar el sitio gracias a la experiencia adquirida en campo, sin necesidad de utilizar equipo especializado como detectores de metales, lo que fue destacado como un avance en las capacidades operativas de la Fuerza Pública.

Durante la intervención, los policías descubrieron que los oreros habían enterrado ocho plantas eléctricas, seis bombas sumergibles para agua y 13 recipientes utilizados para el almacenamiento de combustible.

Además, encontraron un rollo de manguera de aproximadamente 20 metros, 30 sacos de cal y cerca de 150 kilos de cianuro distribuidos en sacos y bolsas plásticas, un químico altamente peligroso que suele ser utilizado en procesos de extracción de oro.

El operativo también permitió ubicar 12 piletas empleadas para el procesamiento del material minero, lo que evidencia que el sitio funcionaba como un punto clave dentro de la cadena de producción ilegal.

Las autoridades subrayaron que este tipo de bodegas subterráneas forman parte de una red logística que permite a los grupos criminales mantener sus operaciones activas en zonas de difícil acceso, reduciendo el riesgo de ser detectados.

Por ello, la estrategia de la Fuerza Pública ha evolucionado hacia la identificación y desmantelamiento de estos puntos de almacenamiento, considerados uno de los eslabones más sensibles de la actividad ilegal.

“Esta búsqueda de bodegas subterráneas de suministros forma parte de las nuevas estrategias utilizadas contra la minería ilegal en la frontera norte”, indicaron las autoridades.

El objetivo es afectar directamente la capacidad operativa de estas organizaciones, limitando el acceso a los equipos, combustibles y químicos necesarios para la extracción de oro en zonas como Crucitas y el cerro Conchuditas.

La minería ilegal en esta región ha sido señalada por sus impactos ambientales, particularmente por el uso de sustancias como el cianuro, que pueden contaminar fuentes de agua y afectar la biodiversidad.

Asimismo, este tipo de actividad suele estar vinculada a redes criminales que operan en la frontera, lo que ha llevado a un refuerzo constante de la presencia policial en el área.

El nuevo hallazgo se suma a otros operativos recientes que evidencian la magnitud del problema y la necesidad de mantener acciones sostenidas para contenerlo.

Las autoridades reiteraron que continuarán intensificando los patrullajes y operativos en la zona norte con el objetivo de desarticular estas estructuras y proteger los recursos naturales del país.

El 24 de noviembre de 2024, el teniente coronel (GNB) Darwin Rigoberto Sanabria León y diez oficiales más, fueron detenidos en Amazonas, por orden de un Tribunal Militar, acusados de presuntamente permitir el ingreso de aeronaves procedentes de Brasil a la Base de Protección Fronteriza Cerro Carlos Delgado Chalbaud. Familiares de Sanabria le dijeron a Infobae que el oficial ha sido trasladado de los centros de reclusión, sin que se conozca su paradero exacto. “Darwin ha recibido maltrato físico y psicológico, al punto de atentar contra su propia vida”.

La familia también denunció que el oficial fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde en febrero de 2025 y posteriormente trasladado al centro penitenciario de El Rodeo, sin que se les haya informado oficialmente si continúa allí o si fue nuevamente movido. Afirman que, en reiteradas ocasiones, no dispone de alimentos, cama ni agua para su aseo personal. “Se trata de un proceso inhumano al que ha sido sometido”, señalaron.

Adicionalmente, los allegados indicaron haber recibido información según la cual Darwin Sanabria habría permanecido varios días en una celda de castigo. Denuncian la paralización del proceso judicial, al afirmar que los militares no han sido juzgados ni sentenciados y que el caso permanece estancado.

La familia ha reiterado la solicitud de avocamiento para que se revise el expediente y se individualicen las responsabilidades, pero dicha petición permanece engavetada desde hace más de un año, sin respuesta alguna por parte de las autoridades competentes.

Fueron en total once militares los arrestados en noviembre 2024 en Amazonas en el marco de este caso. Entre los detenidos figuran el general de brigada Rafael Simón García Fernández, comandante de la Zona Nº 63; el coronel Euclides Rafael Gómez Salazar, segundo comandante y jefe del Estado Mayor; el teniente coronel Darwin Rigoberto Sanabria León, comandante de Apoyo Aéreo; y el mayor José Gregorio Santana Olivo, jefe de la División de Mantenimiento y Orden Interno.

Asimismo, fueron privados de libertad los primeros tenientes Luis Gerardo Pérez Mendoza, jefe de Comandos Rurales; Jhon Kenner Buitrago Jaimes, jefe del Destacamento de Comandos Rurales 63-2 y comandante del Destacamento de Seguridad Urbana; así como los sargentos Ángel Alexis Barreto Pérez, Keibi Adrián Verenzuela Sandoval, Elvis Josué Pérez Salas y Antonio José Gutiérrez.

De acuerdo con los familiares de Sanabria León, la mayoría de los detenidos “permanece en la cárcel y en el olvido”. Sostienen que la Fiscalía Militar instruye un único expediente para todos los implicados, imputándoles los mismos cargos, independientemente de su grado de responsabilidad o inocencia.

La detención

El 24 de noviembre de 2024, el teniente coronel Darwin Rigoberto Sanabria León, entonces comandante del Destacamento de Apoyo Aéreo N.º 63 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acudió a una reunión convocada por el general de brigada José Ruiz Muñoz, comandante de la Zona GNB N.º 63. Durante el encuentro, Sanabria León fue informado de una orden de aprehensión en su contra, emitida por el capitán Jorge Daniel Cedeño, juez militar octavo de control.

La investigación que derivó en su detención se originó a partir de la nota informativa N.º 0285-24, emitida el 20 de noviembre de 2024, por el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) N.º 63 Amazonas, y suscrita por el teniente coronel José Ángel Romero Cuamo. El documento indica que, el 15 de noviembre, mediante entrevistas y análisis de registros telefónicos, se habría detectado que personal militar destacado en la Base de Protección Fronteriza Cerro Delgado Chalbaud presuntamente brindó seguridad a mineros ilegales a cambio de material aurífero.

De acuerdo con la investigación, a uno de los efectivos que participó en un relevo fronterizo se le habría hallado un video en el que se observa una aeronave negra de ala rotatoria, sin matrícula visible y presuntamente procedente de Brasil, aterrizando y despegando de dicha base. En las imágenes también se aprecia la presencia de dos hombres armados con indumentaria alusiva a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El Tcnel. Darwin Rigoberto Sanabria León fue trasladado, el 26 de noviembre 2024, al Tribunal de Primera Instancia Militar Octavo de Control del Circuito Judicial Penal Militar de Puerto Ayacucho; el fiscal militar, Cap. Martín Grimón Guipe, lo imputó por presunta Traición a la Patria, Ultraje a la FANB, Contra la Seguridad de la Fuerza Armada, Desobediencia Agravada y Abuso de Autoridad.

El 11 de enero de 2025, la Fiscalía presentó formalmente el escrito acusatorio. Posteriormente, en la audiencia preliminar celebrada el 5 de febrero 2025, el juez Jorge Daniel Cedeño admitió la acusación y ordenó el inicio del juicio.

La carrera

El teniente coronel Darwin Rigoberto Sanabria León egreso de la EFOFAC en el 2005 de la II Promoción Toma de Puerto Cabello, y un par de años después del XXV Curso de Piloto Aviador. Su carrera la ha desarrollado en los estados fronterizos.

Desde el 2007 estuvo en zona fronteriza en los estados Bolívar y Amazonas, como tripulante en las misiones de Vuelo para relevos de las Bases de Protección Fronteriza y Bases de Seguridad Territorial: San Juan de Manapiare, San Fernando de Atabapo, La Esmeralda, Santa Bárbara del Amazonas, Parima B, San Carlos de Río Negro, Buena Vista del Meta, San Carlos del Meta, Cararabo del Meta.

Fue piloto al mando de las misiones de Vuelo como Aeroambulancia en los fronterizos estados Apure y Zulia. Entre el 2010 al 2018 tripulante de las Misiones de Vuelo a órdenes de los comandantes Generales Freddy Alonzo Carrión, Luis Alfredo Motta Domínguez, Richard Jesús López Vargas y Néstor Luis Reverol Torres. También de los ministros de Defensa Carlos Mata Figueroa, Carmen Teresa Meléndez Rivas y Vladimir Padrino López. Y del entonces Comandante Estratégico Operacional, Almirante Remigio Ceballos Ichazo.

Desde el 2020 al 2023 fue comandante de Apoyo Aéreo Paramillo en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira. Dfe ahí pasa a ser, hasta su detención, comandante del Destacamento de Apoyo Aéreo Nro. 63, Puerto Ayacucho, del fronterizo estado Amazonas.

Autorizan desde Caracas

El Tcnel. Darwin Rigoberto Sanabria León fue designado, desde el 9 de septiembre 2023, según Resolución Nro 052532 del Ministerio de la Defensa, comandante del Destacamento de Apoyo Aéreo Nro. 63 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la Base Aérea “GJ. José Antonio Páez”, municipio Atures, estado Amazonas.

Jenny Franchesca Ruiz de Sanabria, esposa del oficial dice, en un documento enviado a la Guardia Nacional, que el Tcnel. Darwin Sanabria León no tenía autonomía para planificar ni ejecutar vuelos militares por iniciativa propia. Explicó que cualquier traslado debía ser notificado a los superiores en Caracas y que solo tras la debida autorización se procedía a la asignación de la aeronave y la tripulación correspondientes.

Destacó además que, dentro de la estructura organizativa de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Sanabria León, en su condición de jefe del Destacamento de Apoyo Aéreo N.º 63, no dependía del Comando de Zona para impartir órdenes al personal. En ese sentido, sostuvo que no tenía facultades para designar efectivos en los relevos fronterizos, ni estaba autorizado a abordar las aeronaves durante esas operaciones o a trasladarse a las bases, mucho menos a ausentarse de su comando dejando de supervisar las operaciones aéreas.

Ruiz de Sanabria también subrayó que la Base de Protección Fronteriza Cerro Delgado Chalbaud carece de control radar por parte del Estado venezolano y no dispone de señal telefónica, contando únicamente con conexión mediante wifi portátil.

Aseguró que el Tcnel. Sanabria León no participó en actividades de minería ilegal y que no existe ningún elemento que permita presumir su vinculación con los hechos.

Los delitos imputados

En el caso que involucra al teniente coronel Darwin Sanabria, el proceso judicial alcanza a un total de diez imputados, a quienes la Fiscalía atribuye los mismos cinco delitos. Sin embargo, estas acusaciones son rechazadas por su esposa, Jenny de Sanabria, quien cuestiona la solidez de los señalamientos.

Respecto al presunto delito de traición a la patria, Ruiz de Sanabria sostiene que la acusación no especifica cuál habría sido la conducta concreta atribuida a su esposo. Según explica, el Ministerio Público se limita a señalar que el oficial supuestamente participaba en actividades de minería ilegal en el cerro Delgado Chalbaud, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, sin aportar testigos ni pruebas que demuestren su traslado al sitio o su vinculación directa con dichas actividades. Además, afirma que el expediente fiscal tampoco detalla cuál habría sido el supuesto beneficio obtenido.

Sobre el delito de ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Fiscalía asegura que Sanabria recibía presuntamente, durante cinco días de cada mes, un 20 %, sin precisar de qué concepto, en un sector adyacente a la Base de Protección Fronteriza del cerro Delgado Chalbaud. No obstante, según su esposa, durante las actuaciones no se le encontró grama alguno, dinero ni otros elementos que respalden esa versión.

En cuanto al delito contra la seguridad de la Fuerza Armada, afirma que no existe constancia de que el oficial haya revelado órdenes, consignas, documentos o información clasificada o reservada de la institución militar.

El Ministerio Público argumenta que Sanabria conocía los riesgos a los que se expone el personal militar desplegado en el relevo fronterizo y que habría permitido el ingreso de aeronaves ajenas a la Fuerza Armada. Frente a ello, su esposa aclara que el teniente coronel no desempeñaba funciones en esa zona de seguridad ni ordenó el traslado de funcionarios al lugar.

Finalmente, no comprende cómo su esposo es imputado por desobediencia agravada y abuso de autoridad, sin prueba alguna de que haya ordenado a personal militar trasladarse a la Base de Protección Fronteriza. Añade que en el material audiovisual al que se refiere la Fiscalía no van a encontrar participación alguna del oficial, ya que “nunca estuvo en dicha zona”.

Una investigación interinstitucional permitió golpear a una de las rutas más lucrativas del robo de cobre en el norte de Chile, una trama que no solo movía material sustraído desde distintas zonas del país, sino que además buscaba sacarlo del circuito formal mediante operaciones de exportación ilegal con destino final en Asia. El caso volvió a poner en escena una conexión que también involucra a Perú, utilizado por esta red como punto de tránsito en el complejo desvío del metal rojo.

La operación quedó al descubierto cuando fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en Iquique revisaron seis contenedores que habían sido declarados como “chatarra de cobre”. La inspección, activada a partir de un análisis de riesgo y una alerta interinstitucional, permitió comprobar que la carga era en realidad otra: cables eléctricos, cátodos, tubos y barras de cobre, mercancías que no correspondían a la categoría declarada y que presentaban señales de posible origen ilícito.

En total, se estableció que 120 toneladas pertenecían a empresas eléctricas, con un valor superior a US$ 1,4 millones, por lo que el cargamento fue incautado y se presentó una querella por contrabando y falsedad documental.

Así operaba la red criminal del cobre: robo, procesamiento y exportación ilegal

La organización criminal funcionaba bajo un modelo estructurado, con roles definidos en cada etapa del delito. En el origen, grupos especializados ejecutaban el robo de cobre, principalmente desde infraestructura eléctrica. El método era directo: utilizando camiones pesados, derribaban postes de luz para retirar grandes cantidades de cable en pocos minutos, dejando incluso a comunidades enteras sin suministro eléctrico.

Luego, el material era trasladado a centros de acopio clandestinos, donde se procesaba para eliminar cualquier rastro de origen. Los delincuentes quemaban o retiraban el recubrimiento plástico del cableado, dejando el cobre expuesto y más difícil de rastrear. En algunos casos, el metal era fundido en lingotes o placas para borrar marcas identificatorias como números de serie.

Posteriormente, entraban en acción los intermediarios, una pieza clave del engranaje criminal. Estos actores adquirían el cobre procesado, lo mezclaban con material legal o de mayor calidad y lo revendían a empresas exportadoras, diluyendo su trazabilidad en cada transacción.

El transporte se realizaba principalmente por vía terrestre, aprovechando la cercanía de zonas fronterizas. Camiones trasladaban la mercancía hacia el norte, especialmente hacia el puerto de Iquique, desde donde se enviaba al extranjero. En otros casos, las autoridades detectaron intentos de desviar cargamentos hacia Perú como parte de la ruta ilegal antes de su exportación final a Asia.

Para dar apariencia de legalidad, la red utilizaba empresas fachada, emitía facturas falsas y adulteraba documentación tributaria. Incluso lograban acceder a beneficios como la devolución del IVA exportador, generando millonarias ganancias ilícitas.

Incautaciones millonarias y el rol clave de aduanas en la región

Uno de los golpes más importantes contra esta red se produjo en el puerto de Iquique, donde la labor de fiscalización aduanera resultó determinante. A partir de análisis de riesgo y alertas interinstitucionales, se inspeccionaron seis contenedores que habían sido declarados como “chatarra de cobre”.

Sin embargo, la revisión reveló que el contenido real incluía cables eléctricos, cátodos, tubos y barras de cobre, materiales que no calificaban como desecho y que presentaban claros indicios de origen ilícito. En total, se detectaron 120 toneladas de cobre robado, perteneciente en gran parte a empresas eléctricas.

El cargamento, valorizado en más de US$ 1,4 millones, fue incautado, evitando su salida hacia mercados internacionales. Las autoridades presentaron una querella por contrabando y falsedad documental, marcando un precedente en la lucha contra este tipo de delitos.

En paralelo, otra investigación de gran escala —denominada “Operación Alto Voltaje”— permitió desarticular una red que habría movilizado cerca de US$ 917 millones en cobre entre 2020 y 2025. El operativo incluyó allanamientos en 49 propiedades y culminó con la detención de 25 personas, entre ellas presuntos líderes de la organización.

Durante las intervenciones se incautaron 187 toneladas de cobre, además de armas, vehículos, propiedades y cuentas bancarias vinculadas a la red. Las autoridades también detectaron que el material era almacenado en ciudades cercanas a la frontera, como Arica, desde donde se planificaban envíos ilegales hacia Perú y posteriormente a China.

El rol del Perú dentro de estas dinámicas —ya sea como ruta de tránsito o posible mercado intermedio— lo posiciona como un actor relevante en la lucha contra el tráfico ilegal de cobre, un delito que trasciende fronteras y que continúa evolucionando en complejidad y alcance.

La imputación en una corte de California de Teodulio Anacona Papamija, conocido como ‘Pitufo’ y considerado uno de los jefes de Comandos de la Frontera, ha resaltado la presencia de esta organización en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Las acusaciones contra Anacona incluyen terrorismo y narcotráfico, mientras se investiga su vínculo con la emboscada en la que fueron asesinados 11 militares ecuatorianos.

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La extradición de otros líderes, como ‘Andrés Araña’, está suspendida debido a los diálogos de paz con el Gobierno colombiano.

Teodulio Anacona Papamija, alias Pitufo, fue procesado en Estados Unidos por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y delitos relacionados con el narcotráfico.

Su grupo, Comandos de la Frontera, opera en la frontera colombo-ecuatoriana y es señalado por las autoridades como responsable del ataque donde murieron 11 militares y de actividades ilegales de minería y tráfico de cocaína. Esta situación refuerza la preocupación internacional sobre la seguridad regional y la cooperación judicial.

La fiscalía estadounidense de California imputó los cargos tras analizar pruebas obtenidas en el registro de los teléfonos celulares de Anacona.

Fue detenido el 3 de febrero de 2025 en Puerto Asís (Putumayo), en coincidencia con una visita oficial de autoridades colombianas a Washington.

Las evidencias incluyen vínculos con actividades terroristas y tráfico internacional de drogas. Este proceso es el segundo de su tipo en Estados Unidos contra miembros de Comandos de la Frontera, grupo surgido como disidencia de la Segunda Marquetalia bajo el mando de Giovanny Andrés Rojas, alias Andrés Araña.

Impacto del ataque a militares en la frontera

El 9 de mayo de 2025, cuatro escuadrones de la Brigada de Selva 19 Napo, con cerca de 80 soldados, fueron emboscados en Alto Punino, distrito de Orellana (Loreto), mientras preparaban un operativo en la zona selvática. En el ataque murieron 11 militares, hecho atribuido por las autoridades a la organización dirigida por Anacona.

Las autoridades ecuatorianas señalaron que los soldados descendieron en un área dominada por estructuras de minería ilegal de oro. De acuerdo con El Tiempo, la operación buscaba combatir estos delitos, lo que evidencia que el grupo pesa sobre sectores estratégicos del crimen organizado y la economía ilícita en la frontera.

Este hecho elevó la tensión en la región y motivó el refuerzo de la cooperación en materia de seguridad entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

Actividades ilícitas y alcance internacional del grupo

El Tiempo informa que, para Estados Unidos, Comandos de la Frontera es catalogado como grupo narcoterrorista, dedicado a la producción y fabricación de cocaína y a su tráfico hacia México y territorio estadounidense.

Entre las pruebas se encuentran registros de operaciones de autoridades mexicanas el 18 y 19 de marzo de 2024, cuando se incautaron 1.500 kilogramos de cocaína en dos embarcaciones interceptadas en el Pacífico.

Las actividades del grupo incluyen narcotráfico y minería ilegal, afianzando su influencia en la frontera sur de Colombia y en rutas internacionales de contrabando.

Los informes de El Tiempo subrayan la capacidad de esta organización para insertarse en economías ilícitas complejas, lo que aumenta la presión sobre los sistemas judiciales y las fuerzas de seguridad regionales.

Extradición y negociaciones de paz en Colombia

Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Andrés Araña’, principal líder del grupo, fue capturado tras una ronda de negociaciones de paz por parte de agentes de la fiscalía colombiana, con base en una orden internacional de captura.

Actualmente, permanece en el pabellón de Extraditables de La Picota en Bogotá, y su proceso de extradición está suspendido por las autoridades, pendiente de avances en el diálogo entre el Gobierno y las disidencias armadas.

La Armada de Colombia consolidó su ofensiva contra el narcotráfico y otras economías ilícitas durante los primeros tres meses de 2026, logrando la incautación de más de 154 toneladas de estupefacientes en operaciones desarrolladas en mares, ríos y zonas costeras del país.

Según el comunicado oficial de la institución, la cifra incluye 127 toneladas de clorhidrato de cocaína, 23 toneladas de marihuana y cuatro toneladas de pasta base de coca, en una serie de acciones que evitaron que estos cargamentos alcanzaran los mercados internacionales.

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De acuerdo con lo informado por la Armada Nacional, las operaciones de interdicción marítima y fluvial permitieron además interceptar tres semisumergibles empleados por organizaciones criminales para el transporte de droga. Se destruyeron 166 laboratorios clandestinos de producción de cocaína y pasta base, impactando de manera directa la infraestructura criminal en distintas regiones.

La fuerza naval destacó que estas acciones debilitaron de forma significativa las redes logísticas, financieras y de coordinación delictiva de los grupos dedicados al narcotráfico.

En el mismo periodo, 423 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales resultaron capturadas. La autoridad militar atribuye a estos resultados una mejora perceptible en la seguridad de áreas estratégicas del territorio colombiano.

Contrabando, minería ilegal y delitos ambientales

El balance presentado por la Armada de Colombia también refleja avances en la lucha contra el contrabando. Unidades de la institución incautaron mercancía avaluada en más de $23.000 millones, afectando directamente a redes delictivas que impactan la economía nacional.

Además, en el desarrollo de la ofensiva contra la minería ilegal, fueron inutilizadas 157 máquinas usadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que, según la institución naval, produce graves daños ambientales y sociales en distintos departamentos.

En materia de protección ambiental, la Armada Nacional recuperó más de 3.000 especímenes de fauna silvestre, los cuales fueron entregados a las autoridades ambientales competentes para su recuperación y rehabilitación. También se reportó la captura de 61 personas por su presunta participación en delitos como tráfico de fauna y explotación ilegal de recursos naturales.

“Nuestra prioridad es salvaguardar la integridad de los ecosistemas y combatir todas las formas de delito que los afectan”, señaló el comunicado institucional.

Rescate y apoyo a la población vulnerable

La acción de la Armada de Colombia no se limitó a la persecución de delitos. En lo corrido del año, uniformados de la Fuerza Naval rescataron a 152 personas en situaciones de emergencia en el mar y en ríos, gracias a operaciones de búsqueda y salvamento que contaron con el respaldo de autoridades locales y organizaciones de socorro.

En paralelo, la institución fortaleció su compromiso social mediante jornadas de apoyo al desarrollo en comunidades costeras y ribereñas. A través de estos programas, 10.909 personas recibieron atención médica, medicamentos, ayudas humanitarias y acceso a actividades de bienestar. Estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de poblaciones apartadas y vulnerables, especialmente en zonas donde la presencia estatal es limitada.

Modernización y ciencia: logros navales y expedición a la Antártida

En el ámbito tecnológico, la Armada de Colombia celebró el bautizo de la Patrullera Oceánica ARC 24 de Julio, el primer buque construido completamente en el país por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar). Este avance fortalece las capacidades estratégicas de vigilancia y protección de los espacios marítimos nacionales.

La apuesta por la investigación científica también quedó reflejada con la exitosa culminación de la XII Expedición Científica de Colombia a la Antártida, un proyecto que reafirma el compromiso nacional con el estudio de nuevas fronteras y la conservación ambiental del denominado Continente Blanco.

Proyección y retos para el resto del año

Con más de 33.000 hombres y mujeres desplegados en todo el país, la Armada Nacional anunció que continuará utilizando sus capacidades operacionales, científicas y sociales para garantizar la seguridad, la soberanía y la protección de los ecosistemas colombianos.

De acuerdo con el balance institucional, la integración de tecnología, disciplina y vocación de servicio seguirá guiando el accionar de la Fuerza Naval durante los próximos meses.

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Pataz por 60 días más, manteniendo el control militar y varias restricciones para la población. La medida busca enfrentar la minería ilegal y la violencia asociada, pero también implica cambios concretos en la vida diaria de ciudadanos, trabajadores y autoridades locales.

Una de las principales medidas es la inmovilización social obligatoria, conocida como toque de queda. Esta restricción se aplica todos los días desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.

Durante ese horario, las personas no pueden circular libremente. Sin embargo, la norma establece excepciones. Sí pueden movilizarse quienes trabajan en servicios esenciales, como salud, energía, agua, telecomunicaciones, seguridad o limpieza pública.

También está permitido el tránsito en casos de emergencia médica. Las personas que necesiten atención urgente o comprar medicamentos pueden salir, ya sea a pie o en vehículo particular. Además, farmacias y boticas pueden atender durante ese periodo.

Control militar: quién manda en seguridad

Otro cambio clave es que las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno. Esto significa que los militares lideran las operaciones de seguridad en la zona, mientras que la Policía Nacional cumple un rol de apoyo.

Este esquema se aplica en contextos donde el Estado considera que la violencia supera la capacidad policial. En Pataz, la medida responde al accionar de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Las intervenciones se realizan bajo un comando unificado, lo que permite coordinar operativos entre ambas instituciones. Un ejemplo reciente es la operación “Centauro”, ejecutada en Pueblo Nuevo, donde se incautaron armas de guerra y explosivos en una bocamina ilegal.

Restricción de derechos: qué puede limitar el Estado

Durante el estado de emergencia, algunos derechos constitucionales pueden ser restringidos. Entre ellos están la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad personal.

En la práctica, esto significa que las autoridades pueden realizar intervenciones más rápidas, como ingresar a viviendas en determinadas circunstancias o limitar reuniones públicas. Estas medidas buscan facilitar la acción contra redes criminales.

Sin embargo, la norma también señala que el uso de la fuerza debe respetar los derechos humanos. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía deben actuar bajo reglas específicas establecidas por ley.

A quiénes afecta y qué deben tener en cuenta

Las restricciones impactan directamente en distintos sectores. Los ciudadanos deben organizar sus actividades dentro de los horarios permitidos, especialmente quienes trabajan de noche o dependen del transporte.

En el caso de los operadores mineros, la medida tiene implicancias en seguridad y logística. El control militar y los operativos buscan frenar la minería ilegal, pero también generan un entorno de mayor vigilancia en toda la zona.

Para las autoridades locales, el estado de emergencia implica coordinación constante con el comando unificado, que dirige las acciones de seguridad. Además, deberán adaptarse a un contexto donde las decisiones operativas están centralizadas.

Medida temporal, pero con continuidad

El estado de emergencia tiene una duración de 60 días, pero puede ser prorrogado nuevamente si las condiciones lo justifican. De hecho, esta no es la primera ampliación.

La norma también mantiene vigentes todas las disposiciones adoptadas en decretos anteriores, lo que refuerza el esquema actual de control.

Al menos seis personas fueron aprehendidas por las autoridades tras ser sorprendidas realizando actividades de minería ilegal en el río Juan Díaz, uno de los principales ríos de la ciudad capital, en un operativo liderado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en coordinación con la Policía Ambiental.

La intervención se produjo en el sector de Villa Lobos, en el corregimiento de Pedregal, donde los implicados realizaban movimientos de tierra con herramientas artesanales para la extracción de material mineral.

Durante el patrullaje terrestre efectuado en el área conocida como el “Corredor de los Pobres”, el equipo técnico detectó a los individuos utilizando palas, bateas de madera y una piqueta para intervenir el terreno.

Según las autoridades, esta práctica constituye un delito ambiental, ya que genera una alteración directa en el cauce del río, afecta la calidad del agua y provoca una degradación progresiva del ecosistema que rodea esta importante fuente hídrica de la capital panameña.

Los seis hombres fueron notificados en el lugar sobre la ilegalidad de la actividad y posteriormente trasladados a la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Panamá Norte, donde se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes.

En el operativo también se decomisaron dos bateas artesanales, seis palas y una piqueta, elementos utilizados para la extracción ilícita de minerales, los cuales forman parte de las evidencias dentro del proceso.

Este caso no es aislado. En lo que va de 2026, las autoridades han intensificado los operativos contra la minería ilegal en distintas regiones del país.

En la provincia de Herrera, a finales de enero, se reportó la detención de cuatro personas vinculadas a esta actividad, mientras que en Chepo, el 8 de enero, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) desarticularon un campamento clandestino, incautando equipos utilizados para la extracción de minerales.

A esto se suman operativos realizados durante febrero en diversas áreas protegidas, donde se efectuaron múltiples arrestos y decomisos de plantas eléctricas, bombas de agua y herramientas de perforación.

El incremento de estos casos evidencia una presión creciente sobre los recursos naturales del país, especialmente en zonas rurales y áreas protegidas.

Las autoridades han advertido que este tipo de prácticas no solo representa una actividad ilegal desde el punto de vista administrativo, sino que también tiene consecuencias severas sobre el ambiente, incluyendo la contaminación de fuentes de agua, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad.

En Panamá, la minería ilegal está regulada principalmente por el Código Penal y el Código de Recursos Minerales, los cuales establecen que todos los minerales existentes en el territorio nacional pertenecen al Estado.

Esto implica que cualquier actividad de exploración, extracción o explotación requiere una concesión o autorización formal. La realización de estas actividades sin el permiso correspondiente configura un delito, independientemente de la escala o el método utilizado.

Las sanciones penales han sido reforzadas en los últimos años. Quienes incurran en minería ilegal pueden enfrentar penas de prisión que van de 6 a 9 años, además de multas que oscilan entre 100 y 600 días multa.

La legislación también contempla castigos para quienes participen en el suministro, transporte o comercialización de maquinaria e insumos destinados a esta actividad, incluyendo sustancias altamente contaminantes como el mercurio o el cianuro.

El río Juan Díaz, uno de los principales de la ciudad capital, fue escenario de un nuevo caso de minería ilegal detectado por las autoridades ambientales.

Cuando la actividad genera daño ambiental, las consecuencias legales se agravan. En estos casos, los implicados pueden ser procesados adicionalmente por delitos contra los recursos naturales, lo que implica penas de entre 3 y 6 años de prisión adicionales.

Este escenario es particularmente relevante en zonas como ríos y áreas protegidas, donde el impacto ecológico puede ser irreversible y afectar directamente a comunidades que dependen de estos recursos.

Desde el punto de vista constitucional, el artículo 257 establece que las minas son propiedad del Estado, lo que refuerza la necesidad de cumplir con los procesos legales establecidos para su explotación.

Las autoridades han reiterado que el combate a la minería ilegal seguirá siendo una prioridad, no solo por su impacto ambiental, sino también por su vinculación con economías informales y actividades ilícitas que operan al margen de la ley.

El caso del río Juan Díaz vuelve a poner en evidencia una realidad que se repite en distintas regiones del país: la presión sobre los recursos naturales continúa en aumento, mientras las autoridades buscan contener una actividad que, aunque muchas veces se presenta de forma artesanal, tiene efectos significativos sobre el entorno y la sostenibilidad ambiental de Panamá.

El reciente predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones mineras, ha sido presentado como una medida para dinamizar el acceso al territorio. Sin embargo, más que una solución, representa un riesgo para el desarrollo del país y una señal preocupante de desconexión con la realidad del sector.

La minería no funciona en ciclos cortos. Desde la exploración hasta la producción, pasando por ampliaciones y reposiciones, los proyectos requieren décadas para madurar. En el Perú, los grandes desarrollos mineros han tomado incluso hasta 40 años. Pretender acortar los plazos de concesión en este contexto no solo carece de sustento técnico, sino que genera incertidumbre y desalienta inversiones que son clave para el crecimiento económico y el desarrollo territorial.

Esta propuesta ni siquiera responde a las verdaderas prioridades del sector. El principal desafío del país no es la duración de las concesiones, sino la expansión de la minería ilegal, que avanza en ausencia del Estado, depreda ecosistemas y somete a miles de peruanos a condiciones de violencia y explotación. Debilitar el marco formal —como lo hace esta iniciativa— solo abre más espacios para estas economías ilícitas.

Quienes defienden este predictamen, señalan que se busca impulsar la pequeña minería. La evidencia demuestra lo contrario. La mayoría de concesiones invadidas por la minería informal pertenecen justamente a pequeños mineros y mineros artesanales, quienes hoy no cuentan con la protección efectiva del Estado. Reducir los plazos de concesión no los fortalece; los expone aún más.

La verdadera ruta pasa por la formalización. La ilegalidad no se combate con más informalidad, sino con reglas claras, instituciones sólidas y políticas públicas coherentes. En esa línea, el Congreso tiene una tarea urgente: consolidar una Ley MAPE que permita el desarrollo sostenible de la pequeña minería, con criterios técnicos y mecanismos reales de acompañamiento.

Asimismo, es indispensable abordar uno de los principales cuellos de botella del sector: la permisología. Hoy, desarrollar un proyecto minero en el Perú puede tomar décadas no por falta de recursos, sino por la complejidad y lentitud de los procesos administrativos. Agilizar evaluaciones, mejorar la calidad de los expedientes y consolidar herramientas como la Ventanilla Única Digital debería estar en el centro de la agenda de nuestras autoridades.

El reto del país no es solo atraer inversión, sino convertir la minería en desarrollo sostenible para la ciudadanía. Eso implica mirar el largo plazo, generar confianza y asegurar que los beneficios de la actividad lleguen efectivamente a las regiones.

Lamentablemente, iniciativas como este predictamen refuerzan la percepción de que se legisla respondiendo a intereses de corto plazo o de grupos específicos, en lugar de pensar en el bienestar colectivo. Esta desconexión alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

El Perú merece autoridades con una visión más amplia, capaces de entender la complejidad del sector y de priorizar políticas que generen desarrollo real. Ese es un desafío que también corresponde a la ciudadanía, que tiene en sus manos la posibilidad de exigir mejores decisiones.

Reducir concesiones no es el camino. Apostar por la formalidad, la competitividad y la sostenibilidad sí lo es.

Un equipo élite de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) y la Policía Nacional, desmanteló una mina ilegal de carbón mineral en la vereda Firita Peña Arriba, municipio de Ráquira, Boyacá.

El operativo fue resultado de varios días de planeamiento estratégico de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (Uiga) y permitió hallar en flagrancia a tres personas realizando extracción subterránea mecanizada de carbón, dos de las cuales fueron sorprendidas dentro del socavón.

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Las autoridades constataron mediante tecnología especializada que la bocamina y las instalaciones asociadas no estaban incluidas en el Plan de Trabajo y Obras (PTO) ni en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados para la zona, configurando la ilegalidad de la explotación. Los responsables, capturados en el lugar, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“En la CAR Cundinamarca no vamos a permitir la minería ilegal en nuestro territorio, pues sus efectos sobre los recursos suelo, agua, flora y paisaje no son un daño menor, son una grave afectación a los ecosistemas y a la vida de las comunidades”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros. La intervención permitió además suspender de forma inmediata toda actividad de extracción en el predio.

Daños ambientales comprobados en la zona intervenida

Durante el recorrido técnico, los expertos documentaron la pérdida de la capa orgánica en un área aproximada de 0,23 hectáreas. Esta afectación fue consecuencia de la instalación de infraestructura minera como la bocamina, la caseta para el malacate, una torre de descargue, el patio de maniobras y una escombrera. La destrucción de cobertura vegetal incluyó especies nativas como tuno esmeraldo, uva camarona, chilca, hayuelo, cucharo, frailejones y angelitos.

El operativo también evidenció alteraciones significativas al paisaje natural, con un contraste cromático y morfológico notorio respecto a las áreas circundantes, lo que confirmó el impacto negativo de la actividad minera ilegal. Por estos hechos, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata y judicializó a los responsables, reafirmando la política de “quien destruye el medio ambiente, responde”.

La CAR reiteró que la minería ilegal genera daños irreversibles en los ecosistemas locales. Las autoridades han reforzado la articulación institucional para prevenir y sancionar prácticas que ponen en riesgo recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad en la región andina.

Reacción de las autoridades y antecedentes recientes en Boyacá

En menos de 10 días, la CAR intervino en otros actos contra la integridad ambiental en Boyacá. El 24 de marzo, la corporación impuso multas superiores a $100 millones y la obligación de plantar más de 500 árboles nativos a dos particulares responsables de arrasar con más de 40 fanegadas y cerca de 250 frailejones en el páramo Iguaque Merchán, municipio de Saboyá. El área afectada, situada en la Reserva Forestal Regional de los Páramos de Telecom y Merchán, está protegida desde 1999, lo que agravó la valoración del daño.

En 2025, la CAR ya había detectado el uso de maquinaria pesada y la tala de 247 frailejones en Saboyá, donde se desmontó la cobertura vegetal para la siembra de papa en 25 hectáreas. Tras la valoración ambiental, la corporación emitió sanciones económicas y ordenó la restauración inmediata de 550 árboles de especies nativas, con el compromiso de su mantenimiento por tres años.

“Destruir el páramo en la jurisdicción de la CAR sale muy caro. Estos irresponsables acabaron con 247 frailejones que significan décadas de evolución hídrica eliminadas por trabajos de maquinaria agrícola y tala ilegal”, enfatizó Ballesteros. Además, los responsables deberán plantar especies como mano de oso, arrayán, aliso, mortiño, chilco, tuno, sietecueros y encenillo, siguiendo criterios de distancia y cobertura vegetal mixta.

Endurecimiento de sanciones ambientales en 2026

En 2026, las autoridades ambientales mantienen un enfoque estricto en la protección de ecosistemas estratégicos como páramos y humedales, aplicando sanciones administrativas y penales ejemplares contra quienes dañan el medioambiente.

La Ley 1333 de 2009, actualizada por normativas recientes, permite sanciones diarias de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). La destrucción de páramos, la deforestación y el uso ilegal de maquinaria están sujetos a multas que pueden superar los $100 millones y penas de 8 a 15 años de prisión, conforme a la Ley 2111 de 2021.

Las autoridades ambientales, como la CAR, también obligan a la restauración de los ecosistemas intervenidos, al cierre temporal o definitivo de establecimientos y a la cancelación de licencias ambientales. Se precisó que las multas se calculan según criterios de beneficio ilícito, costos evitados y el daño ambiental ocasionado, bajo resoluciones específicas como la 2086 de 2010.

El procedimiento, realizado por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50 en coordinación con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, tuvo lugar en el sector de Amanavén, sobre el río Guaviare, donde fueron incautadas 17 unidades de producción minera (UPM) antes de que fueran ensambladas y puestas en funcionamiento.

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Según informó la autoridad militar, este despliegue operativo alcanzó su objetivo principal: evitar la instalación de maquinaria destinada a la minería ilegal, protegiendo así los ecosistemas estratégicos del Guaviare.

La incautación bloqueó el ingreso de estructuras que, una vez operativas, hubieran provocado contaminación por combustible, afectación de fuentes hídricas y degradación ambiental, con consecuencias sobre la biodiversidad y la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas.

Golpe a las economías ilícitas

De acuerdo con datos oficiales, cada Unidad de Producción Minera incautada tiene un valor estimado entre 200 y 280 millones de pesos, lo que representa una afectación directa a las finanzas de las redes criminales dedicadas a la minería ilícita.

Las autoridades calcularon que cada unidad puede generar ingresos mensuales cercanos a $7.922 millones, mientras que los Grupos Armados Organizados obtienen aproximadamente $790 millones mensuales por concepto de cobros extorsivos a los mineros.

La motivación detrás de este modelo criminal radica en el alto valor del oro en el mercado. En zonas como Inírida, el gramo puede llegar a venderse en $420.000, mientras que en Bogotá alcanza hasta $640.000. Esta diferencia de precios incentiva la explotación ilícita y alimenta la cadena de criminalidad asociada.

El coronel de Infantería de Marina Andrés Alejandro Varón Daza, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 5, describió el alcance de la acción: “Neutralizamos una fuente de financiación de los grupos armados organizados y prevenimos un daño ambiental crítico en los ecosistemas de la Orinoquía colombiana”.

El oficial explicó que este resultado representa un doble impacto, al afectar las estructuras financieras ilegales y proteger el entorno natural.

Resultados operacionales y aumento de la efectividad

Durante 2026, la Armada de Colombia ha incautado 26 Unidades de Producción Minera, superando las 19 reportadas en 2025. Estos resultados reflejan un incremento en la efectividad de los operativos y un fortalecimiento del control territorial sobre este fenómeno delictivo. El material decomisado, que incluye equipos, maquinaria especializada y más de 2.100 galones de combustible, fue entregado a las autoridades competentes en el departamento del Guainía.

El comandante Varón Daza subrayó que “cada una de estas unidades, utilizadas para la extracción ilegal de yacimientos mineros, tiene un valor estimado de 200 y 255 cincuenta millones de pesos, lo que representa un impacto de más de 3.400 millones de pesos”. Según el informe oficial, la acción conjunta evitó que las UPM fueran instaladas en el lecho del río, lo que habría causado un impacto ambiental directo y difícil de revertir.

Compromiso institucional y retos pendientes

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, la defensa del territorio y la lucha frontal contra las economías ilícitas en la Orinoquía. Las operaciones conjuntas buscan debilitar el poder financiero de los grupos armados organizados y garantizar la seguridad de las comunidades locales.

“Nuestra misión es clara: proteger los recursos naturales, debilitar las economías ilícitas y garantizar la seguridad de las comunidades en la Orinoquía colombiana”, afirmó el coronel Varón Daza.

Las autoridades continúan desplegando esfuerzos para contener la minería ilegal y sus consecuencias, en una región donde la presión sobre los recursos naturales y la presencia de actores criminales representan desafíos persistentes para el Estado.

La muerte de 13 mineros en Atico, Arequipa, en junio de 2022, sigue generando repercusiones judiciales y sociales en el sur del país.

Una nueva investigación Panorama revela que la búsqueda de responsables por la llamada “masacre de del caso Intigol” no solo ha alcanza a presuntos miembros de organizaciones criminales, sino que también ha arrastrado a mineros formales y empresarios legales de la región, a pesar de la ausencia de pruebas directas en su contra.

El conflicto minero que dejó 13 muertos sigue sin cierre judicial

El conflicto entre las asociaciones Atico Calpa y Calpa Renace en la unidad minera Calpa, operada por Intigold Mining, provocó un enfrentamiento armado con saldo fatal.

Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Arequipa y la Policía han impulsado un proceso judicial bajo cargos de usurpación agravada, tenencia ilegal de armas, homicidio y crimen organizado.

El expediente, tramitado en el Juzgado Colegiado de Camaná, involucra a 56 procesados, entre ellos empresarios mineros con operaciones legales y sin antecedentes criminales.

Empresarios legales arrastrados al proceso por la masacre de Atico

Uno de los casos emblemáticos es el de Jesús Baca Quispe, empresario formal con permisos y contabilidad en regla. Según la investigación de Panorama, la Fiscalía lo acusa de ser el brazo financiero de la organización Atico Calpa, señalando que habría apoyado el conflicto con armas y dinero.

Sin embargo, en palabras del propio Baca: “Yo no he estado nunca en el lugar de los hechos. Yo pienso que eso se tiene que aclarar. No será de repente hoy día, pero con el tiempo tiene que aclararse tal cual como vienen las cosas”.

No existen pruebas sobre la cantidad, el origen o el destino de esos fondos, ni sobre a quién se habría entregado dinero para el enfrentamiento. Tampoco hay evidencia de transferencias, comunicaciones o coordinación entre Baca y los presuntos autores materiales.

Sin pruebas claras, la Fiscalía acusa a mineros formales

El día de los hechos, Baca se encontraba en Arequipa por el nacimiento de su hijo, según registros independientes y testimonios recogidos en el proceso.

A pesar de ello, fue detenido, procesado por lavado de activos y sometido a prisión preventiva, en un expediente con irregularidades: se incluyó una supuesta cuarta arma nunca encontrada ni consignada en actas, y se allanó por error la vivienda de un homónimo en Lima.

La defensa de Baca, encabezada por el abogado Giuliano Delgado, sostiene que los fondos incautados estaban justificados por peritajes contables y tenían destino comercial legítimo.

“Nunca he visto que una persona que se le haya encontrado dinero se le abra investigación por lavado de activos, pese a que ha presentado tres peritajes contables para acreditar la preexistencia del dinero”, afirma Delgado.

Testigos protegidos no logran identificar al empresario procesado

Panorama también documenta presunta manipulación de testigos y coordinación entre la fiscalía y algunos jueces para mantener a Baca en el proceso, a pesar de que los propios testigos protegidos no logran identificarlo ni ubicarlo en el lugar de los hechos.

Durante una audiencia, un fiscal preguntó a un testigo protegido si podía identificar a Baca, a lo que el testigo respondió: “No, no lo puedo mencionar porque no lo conozco”.

El presidente de la Corte Superior de Arequipa, Nicolás Azcárraga, consultado sobre la inclusión de una supuesta cuarta arma que no figura en el acta, declaró: “Reitero, yo en mi posición de órgano de gestión administrativo no conozco esos detalles. Y peor aún, no podría decir si la decisión del juez es la correcta”.

El proceso judicial avanza entre versiones cruzadas y falta de evidencias

Actualmente, 39 personas siguen acusadas y el proceso judicial no ha concluido. El expediente incluye tanto a mineros formales como a investigados por minería ilegal, en un contexto marcado por violencia y conflictos en la zona.

Panorama documenta que las investigaciones continúan y que las decisiones judiciales se toman en un entorno complejo, donde se requiere claridad sobre la situación legal de cada acusado y una revisión detallada de las pruebas presentadas.

En un operativo realizado en la Reserva Biológica Indio Maíz, el Ejército de Nicaragua detuvo a 25 ciudadanos nicaragüenses vinculados a actividades de minería ilegal en una zona fronteriza con Costa Rica, según informó la agencia EFE.

De acuerdo con el reporte del Ejército nicaragüense, las detenciones se llevaron a cabo en los sectores de Las Cruces, Caño La Tigra, Veracruz, El Jardín y Caño Las Vegas. Los individuos transportaban materiales destinados a la minería ilícita dentro del área protegida, un enclave de gran relevancia ambiental en la región centroamericana.

Durante la intervención, las tropas desmantelaron 28 pilas de tratamiento que contenían cianuro, sustancia cuyo uso está regulado debido a su impacto en el medio ambiente y la salud pública. “Se deshabilitaron estructuras que violentaban las normas establecidas que regulan la manipulación de sustancias controladas en el país”, precisó el comunicado recogido por EFE.

En otra acción paralela en la misma zona, miembros de las fuerzas armadas ocuparon más equipos destinados no solo a la minería ilegal, sino también a la pesca no autorizada. Los responsables abandonaron los materiales y huyeron tras percibir la presencia militar, detalló el informe.

Los detenidos, junto con las armas y otros objetos incautados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el Ejército de Nicaragua a EFE.

Estas intervenciones ocurren en un contexto de creciente cooperación regional. El pasado 28 de febrero, Costa Rica y Nicaragua celebraron una reunión bilateral para reforzar la coordinación de sus fuerzas de seguridad, con el objetivo de frenar el avance de la minería ilegal y el contrabando de oro en la frontera común. Según el ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, los mineros ilegales extraen oro en territorio costarricense para procesarlo y comercializarlo en Nicaragua, utilizando el río San Juan como una ruta de contrabando.

“La vigilancia en el río San Juan es fundamental, porque allí opera una ruta de contrabando”, afirmó Zamora en declaraciones reproducidas por EFE. Las autoridades de ambos países han acordado fortalecer la supervisión y la respuesta ante delitos ambientales y tráfico ilícito.

La Reserva Biológica Indio Maíz constituye uno de los pulmones verdes más importantes en Centroamérica, y se encuentra bajo presión por actividades extractivas no autorizadas. Las acciones recientes del Ejército de Nicaragua forman parte de los esfuerzos para preservar el ecosistema y garantizar el cumplimiento de la ley en la región.

Reserva Indio Maíz

La Reserva Biológica Indio Maíz, situada en el sureste de Nicaragua junto al río San Juan, es una de las áreas naturales mejor conservadas del país. Con una extensión de 3.180 km², alberga una amplia variedad de fauna, como tucanes, guacamayas, venados, pumas, jaguares y las tres especies de monos presentes en Nicaragua. También se encuentran reptiles y anfibios, entre ellos ranas venenosas, cocodrilos y tortugas.

El Ministerio de Recursos Naturales (MARENA) restringe el acceso a la mayor parte de la reserva para proteger su biodiversidad. Los visitantes pueden ingresar únicamente por dos zonas autorizadas, siendo el río Bartola una de las principales vías de acceso, ubicada cerca del pueblo de El Castillo. Es obligatorio contratar un guía para recorrer los senderos o explorar la reserva en bote por el río, con horarios de ingreso establecidos.

La reciente ofensiva militar ecuatoriana contra explotaciones mineras ilegales en las cercanías de Tulcán, provincia de Carchi, se enmarca en un contexto de creciente tensión en la frontera con Colombia tras una investigación conjunta sobre la posible incursión de un proyectil ecuatoriano en territorio colombiano. Según informó el Ejército de Ecuador en sus canales oficiales, estos bombardeos forman parte de una operación de gran envergadura orientada a combatir actividades mineras ilícitas en la zona fronteriza y a responder a los riesgos ambientales y de seguridad asociados a estas prácticas.

De acuerdo con lo publicado por el Ejército ecuatoriano, las operaciones realizadas el viernes incluyeron el despliegue de armamento combinado. Las fuerzas emplearon tropas especializadas y recurrieron al uso de morteros, helicópteros de combate y vehículos blindados con el fin de desarticular emplazamientos identificados de minería ilegal. El objetivo principal, según consignó la comunicación castrense reproducida por el medio, consiste en frenar el avance de las redes dedicadas a la extracción aurífera no autorizada, que han proliferado en la frontera norte del país.

El medio detalló que las autoridades militares han alertado sobre las consecuencias derivadas de la minería ilegal para el entorno y la seguridad regional. Según información oficial, estas explotaciones provocan un “grave impacto ambiental”, entre los que se enumeran contaminación de fuentes de agua y la vulneración de la integridad de la zona limítrofe con Colombia. Las fuentes consultadas subrayaron que estas operaciones ilícitas no solo erosionan ecosistemas frágiles, sino que también facilitan la presencia de grupos armados dedicados a actividades delictivas transfronterizas.

Los ataques contra posiciones mineras ilegales ocurren después de una semana marcada por la crisis diplomática, en la que el presidente Gustavo Petro de Colombia relató que un proyectil, presuntamente disparado desde Ecuador durante actividades militares, habría alcanzado accidentalmente territorio colombiano. El gobierno ecuatoriano rechazó esta versión, argumentando que la acción militar se centró en grupos criminales presentes en la frontera, y que cualquier incursión correspondiente resultó de un rebote accidental de unos 210 kilómetros desde suelo ecuatoriano, como demostró posteriormente una comisión bilateral que investigó el incidente, según reportó el medio.

En respuesta al episodio, se produjo un intercambio de declaraciones entre los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro, lo que trajo al centro del debate las discrepancias históricas entre ambos gobiernos respecto al control de la frontera y la cooperación en materia de seguridad. La comisión establecida por ambos estados concluyó que el objetivo del proyectil no era territorio colombiano, hecho que contribuyó a matizar las tensiones, aunque no disipó por completo las reservas diplomáticas existentes.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han encuadrado los operativos actuales en una estrategia más amplia de recuperación de la soberanía nacional en la zona norte, donde la proliferación de la minería ilegal ha coincidido con un aumento de incidentes violentos y amenazas al tejido social, según consignó el Ejército. A través de sus comunicados, las autoridades han insistido en la necesidad de mantener la presencia militar para garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino también la integridad ambiental y la prevención de incursiones de organizaciones delictivas extranjeras.

El medio ha recogido las preocupaciones de los mandos militares sobre la persistencia del problema pese a los esfuerzos realizados. Alude a la dificultad de erradicar completamente las redes dedicadas a la extracción clandestina, debido a la capacidad de adaptación de estos grupos y a la complejidad del entorno geográfico fronterizo.

En este escenario, la colaboración entre Ecuador y Colombia continúa siendo un elemento delicado, influido por los eventos recientes y las respuestas respectivas de sus autoridades. El operativo lanzado por Ecuador se suma a una serie de intervenciones efectuadas en los últimos meses en la frontera, reflejando el recrudecimiento de las estrategias de combate a actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como el medioambiente en la región.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que, aunque la economía peruana mantiene una base macroeconómica sólida, enfrenta riesgos crecientes que podrían limitar su expansión en los próximos años. Entre los principales factores de preocupación figuran el deterioro de la seguridad ciudadana y el avance de la minería ilegal, fenómenos que impactan directamente en la inversión, la institucionalidad y el desempeño del mercado laboral.

El diagnóstico del organismo se da en el marco de la consulta del Artículo IV 2026, realizada en marzo, donde también se reconoce que el país viene de un 2025 con resultados positivos, tras crecer 3,4% impulsado por el consumo y el dinamismo de la inversión privada. No obstante, el escenario hacia adelante es más moderado: se proyecta una expansión de 2,8% en 2026, en un contexto externo menos favorable y con tensiones internas aún sin resolver.

Ajuste fiscal y eficiencia del gasto

Uno de los ejes centrales del informe es la necesidad de fortalecer la posición fiscal del país. Si bien el déficit se redujo a 2,2% del PBI el año pasado, el FMI advierte que aún existen presiones estructurales que obligarán a tomar medidas adicionales en los próximos años.

“Con las políticas actuales, se requeriría una consolidación de aproximadamente el 0,9% del PBI para 2028 a fin de cumplir con la meta de déficit a mediano plazo”, señaló el organismo. Para lograrlo, plantea racionalizar el gasto público, evitar iniciativas legislativas sin financiamiento y mejorar la calidad de la inversión estatal.

Asimismo, sugiere corregir ineficiencias en la gestión pública, incluyendo una revisión del crecimiento del empleo estatal y de las remuneraciones, además de optimizar los procesos de contratación para maximizar el impacto económico y social del gasto.

Reformas pendientes y rol de Petroperú

El FMI también puso énfasis en la necesidad de avanzar en reformas estructurales, tanto en el ámbito tributario como en empresas públicas. En el primer caso, considera que elevar la recaudación es clave para cerrar brechas en infraestructura, salud y educación, sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

En cuanto a Petroperú, el organismo insiste en que se debe continuar con los cambios orientados a mejorar su gobernanza y reducir costos. Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno ha anunciado una inyección de USD 146,3 millones (S/ 500 millones) para reforzar la operatividad de la empresa en sus principales refinerías.

El FMI advierte que cualquier apoyo estatal debe ser temporal, focalizado y diseñado de manera que no distorsione los precios del mercado energético ni genere riesgos fiscales adicionales.

Impacto de la inseguridad y la minería ilegal

Más allá de las variables fiscales, el organismo identifica amenazas estructurales que trascienden lo económico. La expansión de la minería ilegal, favorecida por los altos precios de los metales, se ha convertido en un factor que desalienta la inversión formal y debilita el marco institucional.

“La ambigüedad normativa en el proceso de formalización está permitiendo que los operadores ilegales se expandan con impunidad”, advierte el FMI. A ello se suma la persistencia de altos niveles de inseguridad, que afectan tanto la actividad empresarial como las condiciones sociales.

En este escenario, el organismo recomienda reforzar la capacidad del Estado en materia de seguridad, mejorar la fiscalización y fortalecer la lucha contra la corrupción. También considera clave cerrar vacíos legales y promover alternativas económicas en las zonas donde proliferan estas actividades ilícitas.

Sistema financiero y mercado de capitales

En el frente financiero, el FMI destaca que el sistema se mantiene estable, aunque alerta sobre medidas que podrían debilitarlo en el largo plazo. En particular, cuestiona los retiros de fondos de pensiones, al considerar que afectan la profundidad del mercado de capitales.

“Estos retiros recurrentes han reducido la rentabilidad de las carteras de las AFP”, indica el informe, al tiempo que advierte que la liquidación de activos y la migración hacia instrumentos más líquidos limitan la capacidad de financiamiento de largo plazo en la economía.

Perspectivas y hoja de ruta

Pese a los riesgos identificados, el organismo reconoce que el Perú cuenta con fortalezas importantes, como un nivel de deuda pública manejable, reservas internacionales elevadas y acceso a financiamiento en condiciones favorables.

Sin embargo, enfatiza que sostener el crecimiento requerirá decisiones oportunas. En ese sentido, señala que el proceso de adhesión a la OCDE puede servir como guía para implementar reformas que mejoren la productividad, reduzcan la informalidad y fortalezcan la institucionalidad.

El mensaje final es claro: sin avances en seguridad, control de actividades ilegales y disciplina fiscal, el país podría ver limitado su potencial de crecimiento en el mediano plazo.

La lucha contra la deforestación en el Perú cuenta desde hoy con una herramienta clave: la Red MapBiomas Perú presentó en Lima la plataforma colaborativa MapBiomas Alerta Perú, diseñada para verificar y validar con rigor científico las alertas de pérdida de cobertura boscosa en el país.

Esta iniciativa integra información de sistemas oficiales como GeoBosques (MINAM) y GLAD (Universidad de Maryland), y la complementa con imágenes satelitales de muy alta resolución.

“El procesamiento y validación local de las alertas permite ofrecer evidencia más sólida y útil para la fiscalización y la gestión ambiental, facilitando la labor de las autoridades y brindando transparencia a la sociedad”, explicó Sidney Novoa, coordinador de MapBiomas Alerta Perú.

Deforestación en Perú: MapBiomas centraliza, verifica y publica alertas semanales

La plataforma permite generar informes técnicos rápidos y precisos, lo que facilita la respuesta oportuna ante eventos de deforestación. Además, sus datos de acceso libre pueden ser utilizados por fiscalías, autoridades ambientales, organizaciones indígenas, empresas, investigadores y la sociedad civil.

Para Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), organización que lidera la Red MapBiomas Perú, la disponibilidad de información confiable y estandarizada es esencial para la toma de decisiones informadas y la coordinación entre sectores en favor de la conservación.

Piana remarcó que MapBiomas Alerta Perú es hoy la plataforma más completa para el estudio y reporte de alertas validadas de deforestación en el país, ya que unifica datos territoriales y los cruza con áreas protegidas, territorios indígenas y otras categorías, permitiendo identificar patrones y causas de la pérdida de vegetación natural.

Red global y metodología de acceso abierto

Andrea Bravo, coordinadora técnica de MapBiomas Perú, subrayó que la plataforma constituye un puente entre la ciencia y la fiscalización ambiental. Los insumos geoespaciales de alta resolución fortalecen la capacidad investigativa y probatoria en casos de delitos ambientales y aceleran la respuesta ante la deforestación.

Durante el evento, representantes de organizaciones indígenas, autoridades ambientales y periodistas especializados resaltaron la complementariedad de la herramienta con los sistemas oficiales y su aporte para la vigilancia y conservación de los bosques.

La información, ahora en manos de todos, según MapBiomas

A diferencia de otros sistemas, MapBiomas Alerta Perú no genera alertas propias, sino que integra y somete a verificación las alertas existentes mediante imágenes de hasta 3,7 metros de resolución y revisiones periódicas.

Esto permite confirmar la ocurrencia, precisar la causa de la pérdida de cobertura y contextualizar cada evento cruzando información con áreas protegidas, territorios indígenas y otras capas territoriales clave. El sistema publica nuevas alertas verificadas semanalmente y, desde 2021, ha verificado y refinado más de 90.000 alertas de deforestación, de las cuales 39.000 ya están disponibles para descarga gratuita.

Cada alerta validada incluye un informe técnico descargable, imágenes satelitales y un análisis contextual útil para informes, investigaciones y procesos institucionales.

La deforestación ya no podrá esconderse: Más de 90.000 alertas desde 2021

MapBiomas Alerta Perú adopta metodologías de la red global MapBiomas, activa en 17 países de Sudamérica, África y Asia, y se distingue por su enfoque en la validación local, la interoperabilidad de datos y el acceso gratuito.

MapBiomas Perú, liderada por el Instituto del Bien Común (IBC) junto a Conservación Amazónica (ACCA) y otros aliados, utiliza ciencia y tecnología geoespacial para revelar las transformaciones del territorio con precisión y agilidad.

Su objetivo es generar y difundir información gratuita sobre cambios en cobertura y uso del suelo, agua, glaciares, fuego y alertas de deforestación en colaboración con instituciones aliadas del país.

El cargamento, valorizado en más de un millón de dólares, era transportado en dos vehículos —uno rojo y otro negro— sin medidas de seguridad visibles, lo que facilitó la intervención de los delincuentes.

Víctimas y traslado del oro

Los conductores, que resultaron golpeados, aseguraron ante la Policía que fueron contactados un día antes mediante WhatsApp para trasladar el oro desde la calle González, en Miraflores, hacia un punto cercano al puente Quilca, en el Callao.

El traslado se realizaba bajo la fachada de un servicio de taxi y sin resguardo especializado. Incluso se ha indicado que existía un tercer vehículo que brindaba seguridad, aunque esto no evitó el asalto.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que los conductores no tendrían conocimiento claro de la cantidad ni del valor del oro que transportaban.

Las víctimas detallaron que todo el tiempo estaban por videollamada con los chóferes de otro vehículo, para detallar su traslado. Cuando los efectivos policiales llegaron a la zona a tomar sus declaraciones, la persona que los “contactó” los dejó a su suerte.

Seguimiento previo y operación coordinada

Las cámaras de seguridad de San Miguel permitieron identificar que las víctimas ya estaban siendo seguidas antes del ataque. El monitoreo registró el desplazamiento de los vehículos desde las 8:15 de la mañana.

“Se ha logrado detectar […] el seguimiento de esos delincuentes que habrían utilizado más de cuatro vehículos, además de […] motos lineales”, se informó desde el centro de videovigilancia, Carlos Tineo, gerente de seguridad ciudadana del distrito.

Las imágenes muestran una operación bien planificada: los vehículos de los atacantes no avanzaban juntos, sino que se mantenían a cierta distancia.

El momento del ataque

El asalto se ejecutó en una zona con menor tráfico vehicular, lo que facilitó la maniobra. Según lo observado, los delincuentes interceptaron a los vehículos, les cerraron el paso y provocaron un choque para detenerlos.

El funcionario describió el momento como una acción propia de una organización delictiva. “Se ejecuta esta acción criminal […] por parte de una organización […] bien constituida”, señaló.

Tras el impacto, los delincuentes descendieron rápidamente de camionetas y motocicletas para reducir a sus víctimas y tomar el oro.

Violencia, armas y reducción de las víctimas

El grupo criminal estaba conformado por al menos ocho sujetos, aunque otras versiones elevan la cifra a doce. Utilizaban armas de largo alcance, chalecos antibalas y capuchas.

Durante el asalto, realizaron al menos un disparo para someter a los conductores. Uno de los atacantes portaba un fusil, con el que amenazó directamente a las víctimas.

El nivel de violencia fue alto. El conductor del vehículo negro fue arrojado al suelo y golpeado reiteradamente en la cabeza, mientras los delincuentes buscaban el oro dentro del vehículo.

Pese a ello, ambos conductores sobrevivieron con lesiones que no fueron de gravedad.

El botín y las dudas sobre su origen

Los delincuentes lograron llevarse los lingotes de oro, que eran transportados en bolsas dentro de los vehículos. Sin embargo, el origen del cargamento y su legalidad son aspectos que forman parte de la investigación.

Se ha señalado que se trataría de un traslado sin las condiciones de seguridad que exige este tipo de mercancía, lo que ha generado sospechas sobre la naturaleza del envío.

Los conductores deberán rendir su manifestación para esclarecer de dónde provenía el oro y cuál era su destino final.

Ruta de escape y despliegue policial

Tras el robo, los delincuentes huyeron por calles internas del distrito. Las cámaras registraron su desplazamiento por vías como Gamarra y Escardó.

“Se ve que las camionetas se pasan la luz roja […] hacen un movimiento para escapar”, detalló el funcionario.

La fuga incluyó maniobras temerarias, con vehículos cruzando semáforos en rojo y motocicletas escoltando a las camionetas.

La Policía activó el plan cerco y desplegó un helicóptero para intentar ubicar a los responsables. El material de videovigilancia fue clave para identificar características de los vehículos y del armamento utilizado.

Investigación en curso y posibles antecedentes

El caso está en manos de la División de Robos de la Dirincri, que analiza la evidencia recogida. La Fiscalía Penal Coorporativa de Magdalena investiga el caso por el delito de robo agravado

Por el nivel de organización, el uso de armamento y la logística empleada, se presume la participación de una banda criminal estructurada.

Además, se ha mencionado que hace un mes se habría registrado un robo similar de 60 kilos de oro, lo que refuerza la hipótesis de una red dedicada a este tipo de delitos.

De acuerdo con la Fuerza Pública, la intervención impidió la extracción de 1,300 sacos de sedimento minero y permitió el decomiso de un lote valorado en varios millones de pesos costarricenses compuesto por ocho plantas eléctricas, siete bombas sumergibles, tres extensiones eléctricas, cuatro rotomartillos, 22 palas, 13 barras metálicas y 11 sachos. Además, los uniformados ubicaron 20 piletas destinadas al procesamiento de material minero.

La operación contó con la participación de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional y personal de la Unidad de Intervención de la Fuerza Pública (UIP), apoyados por otras unidades como la Dirección Regional de la Fuerza Pública de la frontera norte, la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Operaciones y el Servicio de Vigilancia Aérea. El viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo Rojas, lideró una intervención aérea y terrestre destinada a reforzar la vigilancia en la zona limítrofe.

Las autoridades reiteraron que el Ministerio de Seguridad mantendrá sus acciones para frenar la minería ilegal y otras prácticas ilícitas vinculadas en la frontera norte de Costa Rica.

“Nuevamente, equipos compuestos por la Dirección Regional de la Frontera, el Grupo de Apoyo Operacional de los Chiles, Upala, la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Operaciones, hacen incursión en el sector de Conchuditas con la finalidad de darle continuidad a las operaciones de contención a la actividad minera ilegal en este sector. Hemos incautado aproximadamente, trescientos sacos con material minero, material que se utiliza para construir y poner a funcionar las pilas", dijo el viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo Rojas, desde el territorio del operativo.

Lacayo Rojas enfatizó en que el operativo es un “esfuerzo constante de todo el Ministerio de Seguridad Pública, de la Fuerza Pública, en sostener y contener la soberanía nacional en esta parte de nuestro país”.

Decomisan casi mil litros de gasolina almacenados junto a viviendas

En un operativo estratégico, del pasado 14 de marzo, orientado a combatir los delitos ambientales y la minería ilegal en la frontera norte, la Fuerza Pública de Costa Rica informó sobre el decomiso de casi mil litros de gasolina almacenados de manera clandestina.

Según el informe oficial, se incautaron un total de 960 litros de hidrocarburos, distribuidos en cuatro estañones de 200 litros y dos recipientes adicionales de 80 litros cada uno. Lo que más alarmó a las autoridades no fue solo el volumen del material, sino las condiciones deplorables de su almacenamiento.

El combustible se encontraba en una estructura de madera que carecía de cualquier medida de mitigación de incendios o sistemas de contención ante posibles derrames. La ubicación del depósito representaba una amenaza directa para la seguridad humana en Tiricias. De acuerdo con las mediciones de la Fuerza Pública, el hidrocarburo estaba a solo diez metros de la vía pública y solo a 40 metros de un establecimiento de comida.

La operación, desarrollada en el sector de Casuarito, reunió a integrantes de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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El hallazgo se produjo durante labores de inteligencia y control, cuando un camión con 125 bultos, cada uno de aproximadamente 40 kilogramos, fue interceptado por las autoridades. El material incautado corresponde a “arenas raras”, dentro de las cuales se presume la presencia de minerales estratégicos como el coltán.

Este tipo de recursos resulta esencial para la industria tecnológica global, por su utilización en la producción de dispositivos electrónicos, baterías de alta capacidad y equipos de telecomunicaciones.

El valor del cargamento superaría USD1,5 millones en el mercado internacional, según estimaciones de la institución naval. Este dato subraya la magnitud del tráfico ilegal de minerales en la frontera oriental de Colombia, donde la explotación ilícita impacta tanto en la economía como en los ecosistemas.

Capturas y judicialización

Durante el procedimiento, las autoridades capturaron a dos personas, que fueron puestas a disposición de la Policía Nacional y presentadas ante la Fiscalía General de la Nación. La Dian inició el proceso para la verificación técnica del material incautado, a fin de determinar la composición exacta de los minerales y su origen.

La acción articulada busca no solo afectar las rentas ilícitas de los grupos que se benefician de la minería ilegal, también avanzar en la protección de los recursos naturales de la región.

El operativo se dio dentro del Plan Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, un plan del Gobierno colombiano para combatir las economías ilícitas y salvaguardar la seguridad y el medio ambiente en la Orinoquía.

Impacto ambiental y criminalidad

El comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, brigadier general de Infantería de Marina Wilson Mauricio Martínez, explicó que las operaciones recientes responden a la necesidad de frenar el avance de actividades que “no solo financian estructuras criminales, sino que también generan graves afectaciones ambientales, especialmente en ecosistemas sensibles como la Orinoquía colombiana”.

El oficial subrayó que la explotación de minerales como el coltán “degrada suelos, contamina fuentes hídricas y afecta la biodiversidad” de una de las zonas más ricas y diversas del país.

En un pronunciamiento público el oficial aseguró que “este resultado no solo debilita las finanzas de estructuras criminales, sino que también contribuye a la protección de nuestros recursos naturales y a la preservación de ecosistemas estratégicos en esta región del país”.

Compromiso con la protección ambiental

La fuerza pública reiteró su compromiso con la defensa del medio ambiente y la seguridad comunitaria en la Orinoquía. Según el general Martínez, “la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, en coordinación con nuestra Policía Nacional, continúan desarrollando operaciones contundentes contra las economías ilícitas que afectan la seguridad y el medio ambiente en la región”.

De acuerdo con el reporte oficial, la incautación de este tipo de minerales representa una medida para frenar el avance de mercados ilegales que aprovechan los recursos estratégicos de la zona. La colaboración de las autoridades judiciales y aduaneras resulta clave para el proceso de judicialización y para garantizar que estos delitos no queden impunes.

Las autoridades subrayaron que la operación en Casuarito constituye un avance en la lucha contra la minería ilegal y sus impactos en los ecosistemas estratégicos, marcando un precedente en la defensa de la región de la Orinoquía y sus comunidades.

Dirigentes sociales y especialistas de distintas regiones del Perú alertaron en Lima sobre los efectos de la expansión del extractivismo, en medio de un aumento sostenido de la demanda global por minerales estratégicos como el cobre y el litio. El pronunciamiento se dio tras dos días de reuniones en las que participaron organizaciones nacionales e internacionales.

Durante el Encuentro Internacional “Extractivismo en reconfiguración: disputa geopolítica, minerales críticos y resistencias en América Latina”, realizado el 12 y 13 de marzo en la capital peruana, representantes de diversas regiones del país —como Cajamarca, Cusco, Puno, Piura y Áncash— junto a delegaciones de Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela, analizaron el impacto de esta actividad en los territorios. El evento cerró con una declaración clara: “Somos territorios de paz”, en respuesta a un modelo que, según indicaron, intensifica conflictos y vulnera derechos.

América Latina en la disputa por minerales críticos y el rol del Perú

El avance del extractivismo en América Latina está estrechamente ligado a la creciente demanda global de minerales estratégicos como el cobre, el litio y el oro. Estos recursos resultan clave para la transición energética, el desarrollo de tecnologías digitales e incluso la industria armamentista en un contexto de conflictos internacionales.

En ese mapa, Perú ocupa un lugar central. Junto con Chile, concentra una parte significativa de la extracción mundial de cobre, lo que lo posiciona como un actor clave en la cadena global de suministros. Sin embargo, desde el encuentro se hizo una precisión importante: no se trata de producción industrial, sino de extracción intensiva de recursos naturales destinados principalmente a la exportación, con escaso valor agregado local.

Los participantes alertaron sobre una narrativa que se ha instalado en la región: la idea de que los países latinoamericanos son “indispensables” para el mundo por sus recursos. Según indicaron, este discurso —impulsado tanto por gobiernos como por sectores empresariales— fomenta una competencia entre naciones y consolida un modelo basado en la dependencia de materias primas.

En paralelo, se advirtió que esta nueva fase del extractivismo viene acompañada de una serie de riesgos: debilitamiento de las instituciones ambientales, flexibilización de normas para facilitar proyectos, expansión de economías ilegales vinculadas a la minería y criminalización de defensores ambientales. Estas dinámicas afectan principalmente a comunidades campesinas, indígenas y poblaciones rurales en regiones como Cajamarca, Cusco, Apurímac o Puno.

Resistencias desde los territorios y alternativas al modelo extractivo

Frente a este escenario, el encuentro puso énfasis en las resistencias territoriales que vienen desarrollando diversas comunidades en el país y en la región. Lejos de limitarse a la oposición, estas iniciativas buscan construir alternativas concretas para la defensa del agua, la biodiversidad y los modos de vida locales.

Entre las principales estrategias destacadas figura el ordenamiento territorial comunitario, entendido como una herramienta clave para decidir el uso del suelo desde las propias poblaciones. A ello se suma la protección de cabeceras de cuenca y ecosistemas estratégicos, considerados fundamentales para garantizar el acceso al agua y la sostenibilidad ambiental.

Otro eje relevante es el fortalecimiento de la vigilancia ambiental comunitaria, que permite a las comunidades monitorear directamente el impacto de actividades extractivas en sus territorios. Este proceso se complementa con la consolidación de organizaciones locales que buscan ejercer mayor control frente a proyectos mineros o energéticos.

Asimismo, se resaltó la importancia de impulsar modelos alternativos basados en conocimientos ancestrales y economías locales. La agricultura familiar, los sistemas productivos sostenibles y otras formas de desarrollo fueron planteadas como caminos para reducir la dependencia de actividades extractivas y fortalecer la autonomía de los pueblos.

Las organizaciones participantes también hicieron un llamado a cuestionar la visión de América Latina como un simple proveedor de materias primas. En su lugar, reivindicaron a la región como un territorio megadiverso, con una riqueza cultural, social y ambiental que debe ser protegida.

El encuentro concluyó con una declaración pública en la que diversas organizaciones —como Red Muqui, CooperAcción, Derechos Humanos Sin Fronteras, entre otras— reafirmaron la necesidad de fortalecer la articulación regional frente a esta nueva fase del extractivismo. En un contexto de crecientes disputas geopolíticas, insistieron en que la defensa de los territorios, los derechos colectivos y la naturaleza es clave para el futuro de América Latina.

El Gobierno de Ecuador informó que sus Fuerzas Armadas destruyeron 129 campamentos de minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus, una extensa área protegida ubicada cerca de la frontera con Perú. El operativo, que se ejecutó durante nueve días, incluyó bombardeos y acciones terrestres con el objetivo de frenar el avance de organizaciones criminales vinculadas a la extracción ilícita de oro en esta zona de alta biodiversidad.

De acuerdo con el balance oficial, la intervención que duró nueve días, también permitió eliminar 94 bocaminas y 56 chancadoras, equipos clave utilizados por estas redes ilegales. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para frenar el avance de organizaciones criminales que operan en territorios sensibles, aprovechando el alto valor del oro en el mercado internacional.

Operativo militar destruye campamentos, bocaminas y maquinaria clave

El despliegue militar se concentró en los sectores de San Luis, Dos Camas y La Aida, donde las autoridades habían identificado una fuerte presencia de mineros ilegales operando dentro del área protegida. En estos puntos, las fuerzas del orden no solo desmantelaron campamentos, sino que también eliminaron componentes esenciales para la extracción del mineral.

Según el reporte oficial, se destruyeron 94 bocaminas y 56 chancadoras, equipos fundamentales en el procesamiento del oro. Estas instalaciones formaban parte de una red organizada que había logrado instalarse en zonas de difícil acceso, aprovechando la geografía del parque.

Además, durante las intervenciones se decomisaron explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas de internet satelital y generadores eléctricos, lo que evidencia el nivel logístico con el que operaban estas organizaciones. La presencia de tecnología como antenas satelitales revela una estructura que permitía mantener operaciones constantes, incluso en áreas remotas.

El Gobierno ecuatoriano estimó que estas acciones generaron una afectación económica cercana a los tres millones de dólares para las redes criminales. Asimismo, se logró recuperar aproximadamente 130 hectáreas que habían sido ocupadas por actividades extractivas ilegales dentro del parque.

Alta biodiversidad en riesgo por extracción ilegal de oro

El Parque Nacional Podocarpus es considerado una de las zonas más biodiversas de Ecuador. Con más de 146.000 hectáreas, se extiende entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en una región de transición entre los Andes y la Amazonía, con altitudes que van desde los 900 hasta los 3.600 metros.

Este ecosistema alberga entre 3.000 y 4.000 especies de plantas vasculares, además de 63 especies de orquídeas, de las cuales al menos 25 se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. Entre su flora destacan especies como el romerillo, cedro, laurel y pumamaqui, que forman parte de un hábitat clave para la conservación ambiental en la región.

Sin embargo, la expansión de la minería ilegal de oro ha generado impactos severos en este entorno. Las operaciones clandestinas implican la deforestación de bosques, alteración de suelos y la contaminación de ríos con metales pesados como el mercurio, utilizado en el proceso de extracción.

El avance de estas actividades también está vinculado al accionar de organizaciones criminales, que han diversificado sus fuentes de ingresos ante el incremento del valor del oro en el mercado internacional. En este contexto, las autoridades ecuatorianas señalaron que han intensificado su estrategia de intervención, enmarcada en una política más amplia de combate contra estructuras vinculadas al narcotráfico, extorsión y economías ilegales.

En Perú, la minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las principales economías ilícitas, con una capacidad de generación de ingresos que incluso supera otras actividades criminales. De acuerdo con reportes del sector Interior, el valor de un kilo de oro en el mercado negro puede alcanzar los 100 mil dólares, lo que ha convertido a esta actividad en un negocio altamente rentable para redes organizadas. Este escenario ha impulsado su expansión en regiones como Madre de Dios, Puno, Cusco, Loreto y Huánuco, donde la extracción se realiza sin control y con un fuerte impacto ambiental.

Las ganancias ilegales derivadas de la minería de oro en Colombia ya superan cuatro veces el costo de la última emergencia económica nacional, decretada por el presidente Gustavo Petro, consolidándose como la principal fuente de financiación para grupos armados ilegales.

En el foro organizado junto a Fedepartamentos y el Tiempo, gobernadores y analistas destacaron que la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico en términos de rentabilidad criminal, con serios efectos en el entramado económico y social del país.

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El auge de la minería ilegal de oro estaría moviendo alrededor de 8.400 millones de dólares anuales, es decir, más de 30 billones de pesos colombianos, con el 85% del oro nacional originado en actividades ilícitas.

Este lucrativo negocio facilitaría el fortalecimiento de organizaciones criminales, incrementa la violencia y provoca graves daños ambientales, mientras reduce las oportunidades para la minería formal y afecta la economía en regiones clave, donde las regalías y la inversión extranjera son fundamentales para el desarrollo.

Cifras oficiales divulgadas por El Tiempo señalan que las ganancias ilícitas superan los 33 billones de pesos cada año. El uso de maquinaria pesada y ‘dragas’ destruye miles de hectáreas y contamina con mercurio centenares de ríos, perjudicando a comunidades rurales y generando conflictos sociales y afectaciones ambientales.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magaly Matiz, advirtió en dicho foro que en municipios como Ataco la minería ilícita ha devastado amplias zonas del río, generando entre los habitantes la ilusión de una bonanza económica. Explicó que existe una “relación de beneficio mutuo” entre estructuras criminales y quienes realizan la extracción ilegal.

“Aquí los violentos no solo se lucran de los porcentajes por la cantidad de oro, sino que además cobran renta por cada maquinaria pesada que ingresa al territorio: entre cinco y ocho millones de pesos”, señaló la mandataria departamental en el foro.

Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, sostuvo que la disminución de regalías afecta a departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, que pierden recursos esenciales para el desarrollo regional. Señaló además la existencia de una “parainstitucionalidad” en la comercialización, que favorece la legalización encubierta del oro extraído de manera ilegal y fortalece el control de actores criminales sobre estas riquezas.

“Al país hay que ponerle la realidad de frente: aquí hay una parainstitucionalidad ligada a la comercialización minera que termina favoreciendo a los grupos criminales. Se sabe que el oro sale tipo B y se convierte en tipo A, y todo el mundo está tranquilo”, señaló Escobar.

La Defensoría del Pueblo, por medio de su representante Érika Castro, recalcó la sobrecarga para atender problemáticas graves como reclutamiento forzado y prostitución, además de otros delitos derivados. Destacó, asimismo, el profundo perjuicio ocasionado a la biodiversidad colombiana.

El coronel José Luis Bastidas, jefe de Operaciones de las Fuerzas Militares, afirmó que destruir la maquinaria utilizada en minería ilegal es una prioridad. Indicó que solo en enero de 2026 se decomisaron 90 vehículos, 18 más que en el mismo mes del año anterior, en acciones orientadas a disminuir la capacidad de extracción de los grupos criminales.

Bastidas explicó a El Tiempo que enfrentar este fenómeno es complejo, ya que muchas de las ganancias se blanquearían mediante empresas fachada o se envían a paraísos fiscales, lo que dificulta su seguimiento y enjuiciamiento bajo la legislación vigente.

El director de Fedepartamentos, Didier Tavera, insistió en que la explotación ilícita de recursos naturales debe considerarse una amenaza para la seguridad del Estado, más allá de una simple infracción ambiental.

Tavera reclamó la intervención conjunta de las tres ramas del poder público para combatir la impunidad y evitar que los responsables sean penalizados únicamente por delitos menores.

“La legislación tiene que empezar a hablar de un crimen contra la seguridad del Estado, por el problema que conllevan las rentas y el control territorial”, señaló Tavera en el foro organizado por El Tiempo.

Representantes del sector minero solicitaron mayor presencia estatal en las regiones e impulsar normas claras que protejan la minería formal frente al avance de redes criminales.

El presidente de Fedesmeraldas, Óscar Baquero, advirtió que la incursión de la minería ilegal en el ámbito de las esmeraldas ha frenado la inversión extranjera, muy especialmente en San Pablo de Borbur.

La inseguridad ha llevado a la cesión de concesiones y ha restringido las exportaciones, lo que representa un golpe para la economía local. “Ellos estaban aportando 17 millones de dólares a nuestras exportaciones”, declaró Baquero en información recogida por El Tiempo, agregando que esta cifra desapareció el año pasado.

Una barra de oro valorizada en más de USD 600 000 fue incautada por la Fiscalía de Lavado de Activos cuando estaba a punto de ser exportada a India, en un nuevo golpe contra la minería ilegal en Puno. El lingote, de 5.31 kilogramos, habría sido obtenido de actividades ilícitas y formaba parte de una operación que ahora es investigada por el Ministerio Público.

La intervención permitió frenar la salida del mineral aurífero hacia el extranjero y activar una investigación por lavado de activos en Perú, que involucra a dos personas naturales y una empresa. Las autoridades buscan determinar cómo este oro logró ingresar a canales formales de comercialización, en un contexto donde el tráfico de recursos ilegales continúa expandiéndose en distintas regiones del país.

Incautan lingote de oro ilegal que iba a ser exportado al extranjero

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho) ejecutó la incautación del lingote, cuyo valor supera los 600 mil dólares en el mercado internacional. De acuerdo con las diligencias preliminares, el mineral tendría origen en actividades de minería ilegal en Puno, una problemática que genera impactos económicos, sociales y ambientales.

Tras la intervención, el oro fue puesto a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad encargada de administrar bienes vinculados a procesos judiciales. Posteriormente, el lingote fue trasladado e ingresado a una bóveda del Banco de la Nación, donde permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad mientras continúan las investigaciones fiscales.

El operativo estuvo liderado por el fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez y la fiscal adjunta provincial Angélica Yovana Ortiz Loa, quien tiene a su cargo la investigación. En la diligencia también participó personal especializado de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional, que brindó apoyo en la ejecución de la medida y en el traslado del mineral aurífero.

En el marco de este caso, el Ministerio Público investiga a Maritza Tapara, Nadya Soncco y la empresa Esfamin E. I. R. L., por su presunta participación en un esquema de lavado de activos relacionado con la comercialización de oro ilegal. Según las hipótesis fiscales, los implicados habrían intervenido en distintas etapas del proceso para dar apariencia de legalidad al mineral.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar posibles conexiones con otras operaciones similares y determinar si existen más personas o empresas involucradas en esta red vinculada al oro ilegal en Perú, cuyo destino final suele ser el mercado internacional.

Minería ilegal se expande en la Amazonía y ya impacta a todo el Perú

La minería ilegal en Perú ha dejado de ser un problema focalizado y ahora se extiende por prácticamente todo el país, con especial presión sobre la Amazonía. Un informe internacional advierte que esta actividad ya no solo se concentra en zonas como Madre de Dios, sino que ha avanzado hacia regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco, ingresando a territorios remotos y áreas que antes permanecían intactas.

El crecimiento de esta economía ilícita está estrechamente ligado al alza del precio del oro, que en 2026 se mantiene cerca de los USD 2.000 por onza, uno de sus niveles más altos en años. Este contexto ha incentivado la expansión de operaciones ilegales que utilizan maquinaria pesada y dragas para remover sedimentos de los ríos, generando deforestación acelerada y contaminación con mercurio en amplias zonas de la Amazonía peruana.

Además del impacto ambiental, el avance del oro ilegal en Perú está asociado a redes de crimen organizado, que han fortalecido su presencia en estas actividades. La contaminación por mercurio, utilizada para separar el oro, afecta directamente a los ríos y a las comunidades que dependen de ellos, mientras que líderes indígenas y defensores ambientales enfrentan amenazas constantes en medio de un escenario cada vez más complejo.

El paro minero en Antioquia mantiene bloqueada la principal vía hacia la costa Caribe, tras manifestaciones que han dejado un herido grave por explosivos, según confirmaron las autoridades.

Los bloqueos afectan sectores como La Rotonda y Campoalegre en Antioquia, así como Puerto Libertador y La Y en Córdoba, restringiendo el tránsito y limitando el abastecimiento en la región, de acuerdo con ambos medios.

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Los mineros mantienen el cierre indefinido de la troncal entre Medellín y la Costa Caribe, tras incidentes como la amputación de la mano de un manifestante por un explosivo.

La protesta se concentra en el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Valdivia y exige presencia del Gobierno nacional, mientras la Fuerza Pública continúa operativos contra la minería ilegal. El paso intermitente de alimentos y vehículos de emergencia busca evitar un desabastecimiento total.

Razones del paro minero y exigencias de los manifestantes

Quienes participan en el paro minero exigen una respuesta estatal que incluya diálogo directo y cumplimiento de acuerdos previos. Los manifestantes denuncian que la Fuerza Pública ha destruido 35 retroexcavadoras y 50 motobombas, acción que consideran una amenaza contra su fuente de ingreso, según información de El Espectador y Blu Radio.

Voceros de la protesta afirman: “Pareciera que quisieran acabar con la minería. No hacen sino quemar nuestras máquinas, quemar nuestra traga, quemar nuestras motobombas”, frase recogida por Blu Radio.

Insisten en que su actividad es informal y rechazan ser catalogados como criminales, reiterando la necesidad de diálogo y condiciones dignas.

Pronunciamiento de autoridades frente al paro minero

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió, de acuerdo con El Espectador, que no pueden ceder ante exigencias que comprometan la protección de activos ambientales o favorezcan la financiación de grupos armados en la zona.

Rendón resaltó el riesgo que representa la minería ilegal en la región respecto a recursos naturales y seguridad: “vamos a quedar incomunicados por cuenta de incumplimientos que asumió el Gobierno Nacional con ellos, no se puede ceder allí, porque está de por medio la protección de activos ambientales, sino también la financiación que a través de la minería criminal se surte en favor de grupos armados organizados”.

Las autoridades locales explican que los operativos buscan frenar el daño ambiental y evitar recursos para actividades ilícitas. Hasta ahora, según Blu Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no ha anunciado viajes al lugar, mientras la presión social y económica persiste en las comunidades afectadas.

Explosivo deja herido grave durante las protestas

Un incidente grave ocurrió cuando un hombre de 24 años, presuntamente oriundo de Medellín, sufrió la pérdida de una mano al detonar accidentalmente un explosivo durante la manifestación.

El herido fue trasladado de urgencia y su estado continúa delicado, mientras se investigan las circunstancias y el posible objetivo del artefacto.

La Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba subrayó su rechazo al uso de explosivos y recordó que la protesta debe continuar de forma pacífica. Además, insistieron en que el Gobierno nacional acuda a la zona y convoque a una mesa de diálogo efectiva para buscar soluciones y proteger a los participantes y a la población civil.

Con la troncal del Caribe parcialmente cerrada, la movilidad en decenas de municipios sigue restringida a la espera de que el Gobierno y los manifestantes alcancen un acuerdo que permita frenar la crisis sin recurrir a la violencia ni poner en peligro a la comunidad.

Los manifestantes aseguran que sus acciones buscan visibilizar sus demandas ante las autoridades y confían en que, con presencia estatal directa, podrá abrirse un canal para el entendimiento y la solución del conflicto.

La operación militar emprendida por las Fuerzas Armadas ecuatorianas se extendió hasta la noche, cuando los soldados emplearon lanzadores de cohetes para atacar infraestructuras criminales dentro del Parque Nacional Podocarpus. De acuerdo con lo publicado por agencias internacionales como Europa Press, las autoridades han señalado que estas maniobras nocturnas buscan mantener presión constante sobre los grupos ilegales y asegurar la protección del ecosistema, evitando que estas organizaciones logren reiniciar actividades ilícitas en el área protegida.

El Ejército de Ecuador informó que el batallón desplegado destruyó 129 campamentos clandestinos y 94 bocaminas, en una acción dirigida contra la minería ilegal que se lleva a cabo en el sur del país, específicamente en los sectores conocidos como San Luis, Dos Camas y La Aida. Según detalló Europa Press, el área operativa abarca aproximadamente 130 hectáreas utilizadas previamente para la extracción no autorizada de minerales.

El comunicado castrense citado por Europa Press destaca que, durante el operativo, las fuerzas militares no solo desmantelaron campamentos y bocaminas, sino que también incautaron equipamiento logístico fundamental para las actividades ilícitas. Entre los artículos confiscados figuran explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas satelitales del sistema Starlink, chancadoras, generadores eléctricos y diferentes herramientas que facilitaban la explotación minera dentro del parque nacional.

La operación militar ocasionó un golpe financiero estimado por las autoridades en alrededor de 3 millones de dólares a las estructuras logísticas y financieras de los Grupos Armados Organizados (GAO) vinculados a estas actividades ilícitas. Europa Press explicó que el debilitamiento de estas redes afecta directamente la capacidad operativa de las organizaciones criminales que se benefician económicamente de la minería ilegal en la zona.

En su comunicación oficial, el Ejército subrayó que la intervención responde a dos objetivos centrales: confrontar a los Grupos Armados Organizados y sus economías clandestinas, y restaurar el equilibrio ambiental en el Parque Nacional Podocarpus, afectado por la contaminación y los daños ecológicos generados por las infraestructuras ilegales extraídas en la operación. El medio Europa Press recogió declaraciones donde las autoridades militarizan la protección del entorno y recalcan que las tareas militares contribuyen tanto a debilitar las actividades delictivas como a mitigar el deterioro ambiental.

Tras la destrucción de los asentamientos clandestinos, las Fuerzas Armadas continúan su presencia en la región, desarrollando lo que han denominado la fase de seguimiento y aseguramiento sobre las áreas previamente devastadas por la minería ilegal. Esta etapa está orientada a garantizar que los sectores intervenidos permanezcan libres de actividades ilícitas y a reforzar las medidas de protección del área natural, según la información que distribuyó Europa Press.

Los reportes oficiales insisten en que las operaciones en San Luis, Dos Camas y La Aida han sido acompañadas de una estrategia de acción nocturna que, según el comunicado militar, permite mantener vigilancia constante y evitar intentos de reactivación minera. El Ejército definió el uso de lanzadores de cohetes por la noche como una técnica para disuadir y golpear a las estructuras criminales que han operado en el parque nacional.

El operativo constituye parte de los esfuerzos del Estado para enfrentar la crisis de minería ilegal que afecta distintas áreas protegidas en Ecuador. El Ejército sostiene que la incautación de materiales y la destrucción de infraestructura reduce tanto el potencial de daño ambiental como los recursos económicos disponibles a los grupos criminales involucrados, elementos que Europa Press incluyó al difundir el comunicado de la institución militar.

Los datos divulgados hasta ahora por las autoridades y reportados en medios como Europa Press reflejan que el golpe a la minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus representa una acción de magnitud destinada a disuadir la economía criminal asociada a los GAO, favorecer la recuperación ecológica de la zona y mantener la integridad de áreas de alto valor ambiental amenazadas por la extracción ilícita de minerales.

El debate político rumbo a las elecciones generales de 2026 coloca numerosos temas sobre la mesa. Sin embargo, uno de los problemas que más impacto genera en la vida diaria del país todavía recibe poca atención en muchos planes de gobierno: la depredación de los recursos naturales y el avance de economías ilegales vinculadas a la extracción de oro, la tala y otras actividades ilícitas.

Perú posee una riqueza natural que figura entre las más diversas del planeta. Esta diversidad no solo define el paisaje del país, también representa recursos con valor económico y social. Especialistas advierten que el deterioro de estos recursos produce efectos directos en la economía, en la calidad ambiental y en la seguridad pública.

El debate sobre la protección del ambiente también se vincula con la seguridad ciudadana. Diversos estudios muestran que las redes ilegales que operan en la extracción de recursos naturales mantienen conexiones con estructuras criminales que sostienen otras actividades ilícitas.

Frente a ese panorama, expertos y analistas sostienen que el próximo gobierno deberá enfrentar un desafío complejo: reducir la expansión de economías ilegales que afectan ecosistemas, economías locales y la seguridad en distintas regiones del país.

La biodiversidad como capital natural

Perú reúne una diversidad biológica considerable. Bosques amazónicos, montañas, glaciares y miles de especies conforman un patrimonio natural que, según especialistas, también representa una fuente de ingresos para el país.

El decano de la Universidad Científica del Sur, Andrés Dulanto, en el análisis señala que “el Perú es único. No todos pueden decir que tienen una Amazonía exuberante, más de veinticinco mil especies de plantas, más de cuatro mil glaciares o cerca de tres mil variedades de papa que nacen en su territorio”.

Esta diversidad no solo posee valor ecológico. También constituye un recurso económico para el país. “Es un capital natural de todos los peruanos. Eso representa dinero, millones de dólares que podrían ser aprovechados, los impuestos derivados de esto, en carreteras, en mejora de la salud”, explicó.

Los ingresos derivados del uso responsable de los recursos naturales podrían financiar servicios públicos y proyectos de infraestructura. No obstante, expertos alertan que una parte de esa riqueza termina capturada por economías ilícitas.

Economías ilegales y violencia organizada

El avance de actividades ilegales como la minería sin control, la tala clandestina, el tráfico de fauna y el narcotráfico genera efectos ambientales y sociales.

Especialistas advierten que estas actividades no operan de forma aislada. Las economías ilícitas alimentan redes criminales con presencia en distintas regiones del país.

Un analista explica la relación entre estos delitos y la violencia. “Porque las economías ilegales son las que generan esas estructuras de violencia organizada que están detrás del sicariato, que están detrás de los asesinatos”.

Esta relación entre explotación ilegal de recursos y crimen organizado representa un desafío para el Estado. Las autoridades enfrentan redes con capacidad económica y presencia territorial amplia.

Oro extraído en grandes cantidades

La minería ilegal ocupa un lugar central dentro de estas economías. En varias regiones del país la extracción de oro crece de forma constante.

Zonas como Loreto, Cusco, Puno, San Martín, Madre de Dios o Huánuco registran actividad minera sin control en diferentes niveles. Según especialistas citados en el informe, la extracción anual de oro alcanza cifras elevadas.

El volumen aproximado ronda las cien toneladas cada año. Esa cifra supera incluso el mineral extraído en el territorio durante el periodo de la conquista.

Para analistas del sector ambiental, la expansión de esta actividad refleja fallas en los procesos de control y formalización.

Uno de los especialistas sostiene que el problema requiere una decisión clara. “Creo que en el tema de minería ilegal está clarísimo. Tenemos hace años una constante extensión del proceso de formalización. Entonces, lo que tenemos que hacer es parar y decir: hasta acá están los formales y lo demás son los ilegales”.

Otro experto coincide con esa posición y cuestiona el uso del término informal para ciertas operaciones. “Porque no se puede seguir considerando mineros informales aquellos que son ilegales y que degradan el ambiente”.

Planes de gobierno bajo evaluación

Perú cuenta con una política nacional del ambiente que plantea nueve objetivos vinculados con la protección de los ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos.

Especialistas sostienen que ese marco debería ocupar un lugar central en las propuestas de los candidatos presidenciales. Sin embargo, el análisis de los planes de gobierno muestra vacíos en varios temas.

Un experto explica que muchas propuestas mencionan la minería ilegal, pero dejan de lado otros aspectos ambientales. “Eso es lo que tendría que estar viendo los candidatos. Sin embargo, revisamos sus planes de gobierno y hay serias falencias en muchos de ellos”.

Según el análisis, algunos documentos priorizan la minería ilegal, pero omiten asuntos como la calidad del aire o la gestión de residuos. “Algunos se enfocan solo, sí hablan del tema de minería ilegal casi todos, pero no se enfocan, por ejemplo, en temas de calidad de aire o calidad relacionada a los residuos sólidos”.

Los especialistas consideran que el problema requiere una estrategia integral que incluya protección ambiental, control de economías ilegales y políticas urbanas que refuercen la seguridad.

El inicio de la nueva fase de la “Ofensiva total” implica no solo el aumento de operativos en las provincias ecuatorianas más afectadas, sino también la intensificación de medidas coordinadas con la cooperación internacional. Según lo informó el medio Primicias, agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos se encuentran en territorio ecuatoriano, trabajando junto a las autoridades locales. Este apoyo se produce pocos días después de la inauguración de la primera oficina formal de la agencia en Quito y la posterior suscripción de un memorando de entendimiento con el Ministerio del Interior, lo que refuerza los lazos bilaterales frente al avance del crimen transnacional. El gobierno, encabezado por Daniel Noboa, sostiene que la situación demanda “colaboración total” de parte de la ciudadanía para hacer frente al contexto de emergencia nacional.

De acuerdo con Primicias, el Ejecutivo declaró toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, que se aplicará desde las 23:00 hasta las 5:00 horas, afectando el desplazamiento y las actividades nocturnas en estos territorios hasta el 31 de marzo. El despliegue abarca cerca de 75.000 efectivos: 30.000 pertenecen a las Fuerzas Armadas y 35.000 a la Policía Nacional. Las operaciones priorizarán a estos territorios, considerados focos relevantes de actividad de mafias dedicadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, declaró en un video difundido por las Fuerzas Armadas y recogido por Primicias que la estrategia apunta a “recuperar el control de los espacios donde las mafias han intentado imponerse y proteger a las familias ecuatorianas”. El anuncio se emitió desde el centro de comando militar instalado en Guayaquil, una de las ciudades con mayores retos en materia de seguridad. Loffredo agregó que los operativos no se limitarán a estas cuatro provincias y que se intensificarán también en el resto del país conforme avance la emergencia.

Tal como publicó Primicias, el gobierno formula un llamado expreso a la población para acatar todas las disposiciones relacionadas con el toque de queda, recordando la importancia de permanecer en los domicilios durante el horario establecido y utilizar los canales oficiales para la comunicación de eventuales emergencias. Las disposiciones para la ciudadanía insisten en respetar las restricciones de movilidad y en cumplir las normas dictadas por las autoridades, como parte de una estrategia orientada a minimizar riesgos y facilitar la labor de las fuerzas del orden.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la presencia de agentes del FBI fortalece el trabajo conjunto con Ecuador, especialmente en el área de inteligencia y operaciones tácticas contra bandas transnacionales. El acuerdo bilateral se concretó a través del reconocimiento del escenario de conflicto armado interno, condición decretada en 2024 por Noboa ante el recrudecimiento de la violencia atribuida a grupos armados organizados, según detalló Primicias.

El medio subrayó que las provincias elegidas para la medida extraordinaria han padecido un incremento en hechos violentos ligados al crecimiento de estructuras mafiosas y disputas por el control del tráfico de drogas y la explotación minera ilícita. El gobierno considera a la “Ofensiva total” como una respuesta directa a este fenómeno, con el objetivo de restablecer la autoridad estatal y fortalecer la seguridad ciudadana.

Según consignó Primicias, las autoridades reiteran que la efectividad de las acciones depende de la cooperación ciudadana. El operativo de las fuerzas conjuntas está diseñado para identificar focos de actividad ilegal, desmantelar organizaciones delictivas y establecer presencia permanente en puntos críticos. El apoyo técnico y logístico proveniente de agencias internacionales complementa los esfuerzos nacionales, que incluyen inteligencia, patrullaje, y monitoreo de actividades ilícitas.

El decreto firmado por Daniel Noboa, citado por Primicias, reconoce la existencia de grupos criminales hostiles y su capacidad para operar en distintas regiones, lo que justifica la calificación de conflicto armado interno y motiva una respuesta estatal de mayor escala. En este contexto, la coordinación con entidades captadoras de inteligencia, tanto nacionales como internacionales, adquiere un papel central en la política de seguridad del gobierno.

Desde la implementación del toque de queda, la administración central vigila el cumplimiento de las nuevas restricciones y el avance efectivo de los operativos, que buscan además prevenir desplazamientos de miembros de bandas delictivas hacia otras áreas del país. Según lo señalado por las autoridades y recopilado por Primicias, el control estricto de la movilidad constituye una herramienta para interrumpir redes de apoyo logístico a las mafias, impedir traslados nocturnos de recursos ilícitos, y propiciar condiciones para la captura de cabecillas.

El medio informó, además, que la presencia de uniformados en las calles y el patrullaje intensivo forman parte de la lógica de “recuperación de espacios”, mientras se fortalece la recolección de inteligencia para próximas fases del plan. La cooperación entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, materializada en la apertura de la oficina del FBI y el memorando suscrito, se presenta como complemento fundamental para la estrategia que busca frenar la expansión de mafias en el país.

En un operativo estratégico orientado a combatir los delitos ambientales y la minería ilegal en la frontera norte, la Fuerza Pública de Costa Rica informó este sábado sobre el decomiso de casi mil litros de gasolina almacenados de manera clandestina.

El hallazgo tuvo lugar en la localidad de Tiricias de Pocosol, en el cantón de San Carlos, una zona de alta sensibilidad debido a su proximidad con el río San Juan y su historial de actividades extractivas ilícitas.

El operativo fue ejecutado el pasado viernes por efectivos del Grupo de Apoyo Operacional (GAO). Mientras realizaban patrullajes preventivos enfocados en la seguridad transfronteriza, los oficiales localizaron un galerón de madera que funcionaba como centro de acopio irregular.

Según el informe oficial, se incautaron un total de 960 litros de hidrocarburos, distribuidos en cuatro estañones de 200 litros y dos recipientes adicionales de 80 litros cada uno.

Un peligro para la población

Lo que más alarmó a las autoridades no fue solo el volumen del material, sino las condiciones deplorables de su almacenamiento. El combustible se encontraba en una estructura de madera que carecía de cualquier medida de mitigación de incendios o sistemas de contención ante posibles derrames.

La ubicación del depósito representaba una amenaza directa para la seguridad humana en Tiricias. De acuerdo con las mediciones de la Fuerza Pública, el hidrocarburo estaba:

• A escasos 10 metros de la vía pública.
• A solo 40 metros de un establecimiento comercial (restaurante).
• En colindancia inmediata con viviendas habitadas por adultos y menores de edad.

“La ausencia de medidas de seguridad convertía el sitio en un foco de alto riesgo. Un simple chispazo habría provocado una tragedia de proporciones incalculables para las familias de la zona”, señaló la Fuerza Pública por medio de redes sociales.

El vínculo con la minería ilegal en Crucitas

Aunque el sujeto que se identificó como propietario del combustible intentó justificar la posesión, no contaba con los permisos obligatorios emitidos por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) ni por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

La principal hipótesis de inteligencia policial vincula este cargamento con la logística de la minería ilegal de oro que azota la región de Crucitas.

En esta zona, grupos de “coligalleros” (mineros informales) utilizan motobombas, generadores y otras maquinarias pesadas que requieren grandes cantidades de combustible para extraer material del suelo, un proceso que suele ir acompañado del uso de mercurio y la degradación de ecosistemas críticos.

El decomiso administrativo del producto será entregado a RECOPE para su manejo técnico y custodia final, mientras se tramitan los procesos judiciales y administrativos correspondientes contra los responsables.

Cumplimiento de mandatos ambientales

Este operativo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una ofensiva estatal para recuperar el control territorial en la frontera norte. La Fuerza Pública recordó que estas acciones responden a resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo y de la Sala Constitucional, que exigen al Estado costarricense una protección efectiva del medio ambiente frente a la presión de actividades extractivas ilícitas y el contrabando.

Con este golpe, las autoridades esperan interrumpir la cadena de suministros de los grupos criminales que operan en la frontera, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la preservación de los recursos naturales en una de las zonas más biodiversas y vulnerables del país centroamericano.

Una barra de oro de aproximadamente 5,55 kilos, presuntamente vinculada a actividades de minería ilegal, fue inmovilizada por el Ministerio Público durante una intervención realizada en el Callao. El lingote, valorizado en USD 736.243 (equivalente a S/ 2.557.340), tenía como destino el mercado de la India.

La acción estuvo a cargo del Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en el marco de una investigación que busca determinar el origen del mineral y las responsabilidades penales correspondientes.

Intervención fiscal y traslado del mineral

La diligencia fue ejecutada por las fiscales adjuntas provinciales Mabel Tucto Albornoz y Karin Cochache Méndez en un almacén aeroportuario ubicado en la provincia constitucional del Callao. Como resultado del operativo, el lingote quedó bajo custodia en una bóveda de la sede aduanera mientras continúan las actuaciones destinadas a su posterior incautación.

El procedimiento contó con la participación de agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos Provenientes de Delitos Comunes, especialistas de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional y representantes de la administración tributaria, quienes brindaron apoyo técnico y operativo durante la intervención.

Investigación por presunto lavado de activos

En el proceso son investigadas tres personas naturales —María Isabel Mamani, Marleny Reyno y Lino Andrés Cáceres— así como la empresa Mari’s MH E. I. R. L., por el presunto delito de lavado de activos relacionado con la comercialización de oro de procedencia ilegal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los involucrados serían trabajadores y proveedores de la citada compañía que no lograron acreditar la procedencia lícita del mineral. Además, se detectaron irregularidades en el traslado del oro desde Lima hacia el Callao y en el arrendamiento de la planta de beneficio, aspectos que fueron advertidos por la autoridad aduanera y dieron origen al inicio de la investigación penal.

¿En cuánto está valorizado el oro actualmente?

El precio del oro se mantiene en niveles históricamente altos durante marzo de 2026. En los mercados internacionales, la cotización ronda aproximadamente los USD 5.100 a USD 5.200 por onza troy, aunque este valor fluctúa constantemente según la dinámica de las operaciones financieras y la expectativa de los inversionistas. En el caso de Perú, el valor referencial supera los S/ 17.000 por onza y puede situarse cerca de los S/ 570 por gramo de oro puro, cifras que también cambian de manera continua debido al movimiento del tipo de cambio y a la demanda local.

Esta materia prima suele mostrar variaciones diarias porque su precio está determinado por la oferta y la demanda global, así como por la cotización del dólar y la percepción de riesgo en los mercados. Cuando existen tensiones geopolíticas, crisis económicas o incertidumbre financiera, el oro tiende a apreciarse debido a que muchos inversionistas lo consideran un activo refugio para proteger su patrimonio.

Además, factores como las decisiones de los bancos centrales, los niveles de inflación y las tasas de interés influyen directamente en su valorización, ya que afectan el atractivo de mantener inversiones en metales preciosos frente a otros instrumentos financieros.

En los últimos meses, el metal ha mostrado una tendencia alcista significativa, con incrementos superiores al 70% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un contexto de alta volatilidad y mayor interés por activos considerados seguros. Sin embargo, estas subidas no son lineales y pueden alternarse con caídas puntuales cuando mejoran las perspectivas económicas o disminuye la tensión internacional.

La investigación, impulsada tras una alerta recibida en 2012 por la Fiscalía General de la Nación, permitió reconstruir un entramado financiero donde facturas, transferencias y reportes tributarios simulaban operaciones comerciales legítimas, mientras se ocultaba el origen ilícito de sumas millonarias.

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La empresa fue identificada como C.I. Mineros Exportadores S.A. (C.I. Minex S.A.), registrada en Bucaramanga (Santander) y representada por Mario Jesús Roa Fernández que aparece, según las autoridades, como epicentro de la operación.

Constituida en 2003, la compañía figuraba formalmente como exportadora de minerales. Sin embargo, los peritajes contables evidenciaron inconsistencias en las transacciones, lo que llevó a los investigadores a concluir que “detrás de las cifras reportadas existía algo más que simples transacciones comerciales”, según indicó la Policía Fiscal y Aduanera.

Funcionamiento de la red y simulación de operaciones

La estructura criminal simulaba compraventas de oro para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. El mecanismo, descrito como “sofisticado, pero recurrente”, consistía en registrar operaciones millonarias con supuestos proveedores que, al ser analizados, no poseían capacidad económica ni infraestructura para justificar ventas por tales sumas.

Entre 2006 y 2010, seis proveedores habrían concentrado más del 50% de las operaciones comerciales de la sociedad, con transacciones individuales que superaron los $47.000 millones y los $34.000 millones. La Policía señaló que “estas personas no tenían el respaldo económico para justificar ventas por esas sumas”, reforzando la hipótesis de operaciones ficticias.

El dinero rara vez llegaba a las cuentas de los proveedores reportados. La mayoría de los recursos eran girados a terceros autorizados por el representante legal de la empresa, sin relación comercial legítima con la sociedad.

Entre los que recibieron estos pagos figuran Gabriel Jacobo Campo Quintero y Eduen Franklin Silva Mantilla. Las autoridades afirmaron que esta dinámica “evidenciaba un patrón consistente con mecanismos de ocultamiento y dispersión de recursos, característicos de esquemas de lavado de activos”.

Las rentas que generaba la actividad ilícita

El esquema alcanzó una dimensión significativa: el valor total de las operaciones asociadas a la red ascendió a $731.118 millones, según registros oficiales ante la Dian.

Este volumen económico reflejó tanto la magnitud del entramado como el impacto sobre el sistema financiero y la lucha contra la minería ilegal. “Detrás de documentos aparentemente legales y operaciones registradas ante autoridades tributarias, podía esconderse un complejo sistema financiero diseñado para legitimar dinero de origen ilícito proveniente de la minería ilegal”, concluyó la Policía.

Gran parte del oro comercializado por la empresa presuntamente tenía origen en actividades de minería ilegal. Este hallazgo agravó el impacto económico y ambiental de la operación. La investigación, que inició como una alerta aislada, permitió desarticular una red dedicada a encubrir recursos ilícitos bajo la fachada del comercio de metales preciosos.

Operativo en Chigorodó dejó 32 capturados por minería ilegal en el río Ripea

Las autoridades de Antioquia capturaron a 32 personas en flagrancia durante un operativo en la vereda Ripea, municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, contra la minería ilegal. El despliegue policial tuvo como objetivo frenar las actividades que ponían en riesgo los recursos naturales de la zona.

Uniformados de la Policía Antioquia realizaron un allanamiento en la ribera del río Ripea, confirmando que las labores de extracción de minerales se efectuaban sin los permisos ambientales y legales requeridos. “Durante la intervención se logró la detención de 32 hombres y la incautación de equipos y vehículos utilizados para movilizar el material minero”, informaron fuentes policiales.

Entre los aprehendidos se encuentra alias El Gordo, señalado por las autoridades como dinamizador criminal responsable de autorizar la extracción y de exigir el pago de extorsiones a quienes operaban en el área. El informe oficial precisó que este terreno minero generaba rentas mensuales de al menos $300 millones. “Alias El Gordo era quien manejaba el cobro de extorsiones y organizaba la actividad ilegal en la zona”, detalló la Policía.

Todos los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos asociados a la minería ilegal.

Perú cada vez más cae en inversión minera. En la Encuesta Anual de Compañías Mineras 2025 del Instituto Fraser, el país cayó al el puesto 41 de 68 jurisdicciones evaluadas en el Índice de Atractivo a la Inversión.

Pero hace una década el país se encontraba en el puesto 10 de inversión minera. Desde el 2023 se ha notado un caída y si bien da algunas señales de recuperación, aún no se logra un lugar tan arriba.Esa es la meta, sin embargo.

Exactamente, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) informó que uno de sus principales objetivos es contribuir a que el país recupere su posición entre los diez destinos más atractivos del mundo para la inversión minera.

Perú perdió competitividad

Juan Carlos Ortiz, el presidente del IIMP, señaló que el Perú perdió competitividad en los últimos años, por lo que consideró necesario impulsar reformas que permitan destrabar proyectos mineros, generar infraestructura y contribuir al cierre de brechas en las regiones.

Asimismo, resaltó que hace una década el país se ubicaba entre los principales destinos para la inversión minera a nivel mundial, compitiendo con economías como Canadá, Australia, Estados Unidos y Chile.

“Hace 10 o 12 años el Perú estaba en el top ten de los países donde los inversionistas querían invertir. Hoy hemos caído más de 30 posiciones en el ranking”, manifestó en entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR).

Perú en el puesto 41

Actualmente el Perú se ubica en el 41 entre más de 80 jurisdicciones evaluadas en el ranking global de atractivo para la inversión minera elaborado por el Fraser Institute. Es en este contexto, en que Ortiz sostiene que la estrategia para recuperar competitividad debe centrarse en mejorar el entorno de inversión y fortalecer la institucionalidad del sector.

Sin embargo, hay un riesgo latente. El presidente del IIMP también alertó que el avance de la minería ilegal representa otro factor que afecta la competitividad del sector minero en el país. Asimismo, explicó que esta actividad genera graves impactos económicos, ambientales y sociales, especialmente en zonas amazónicas como Madre de Dios, donde se registran procesos de deforestación y contaminación por mercurio.

Es ahí donde está el asunto: sostuvo que la lucha contra la minería ilegal requiere la participación articulada de diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Energía y Minas, la Sunat, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Advirtió, finalmente, que la presencia de operaciones ilegales también afecta el desarrollo de proyectos mineros formales, debido a que la actividad informal invade zonas de concesión, genera conflictos y retrasa inversiones.

El hallazgo se registró durante los controles aduaneros y de inspección a mercancías provenientes del exterior en el puerto de Cartagena, en los que se detectaron varias inconsistencias en 37 recipientes que contenían más de una tonelada de mercurio.

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En total, las autoridades encontraron 1.326 kilos de mercurio líquido avaluados comercialmente en más de 3.000 millones de pesos, sustancia de prohibida importación en Colombia debido a sus graves efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.

La identificación técnica de la sustancia contó con el apoyo pericial de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal CTI, a través de especialistas en estas sustancias químicas.

Los detalles del operativo

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tenía como destino el municipio de Turbo, Antioquia, en donde históricamente se han identificado actividades asociadas a minería ilegal.

Las autoridades explicaron que el insumo mencionado es utilizado en minería ilegal de oro; de la misma forma, en el mercado criminal, este material puede alcanzar valores de entre tres y cuatro millones de pesos por kilogramo, lo que aumentaría su valor estimado a más de 5.300 millones de pesos.

En caso de haber llegado al destino, con este material podrían haber producido aproximadamente 444 kilogramos de oro ilegal, cuyo valor en el mercado internacional podría superar los 31 millones de dólares, lo que resaltaron las autoridades al indicar el impacto real de esta operación sobre las economías criminales.

Desde la Policía Nacional destacaron el impacto ambiental evitado, mencionando que el mercurio es una sustancia altamente contaminante que, al ser utilizada en actividades de minería ilegal, puede generar graves daños en los ecosistemas hídricos, los suelos y la biodiversidad. Asimismo, la exposición a este metal pesado puede producir serias afectaciones a la salud humana, especialmente daños neurológicos y renales.

En el informe, la institución indicó que una gota de mercurio puede llegar a contaminar hasta 5.000 litros de agua, lo que evidencia el alto riesgo ambiental y sanitario asociado a su uso indiscriminado.

“Con la incautación de 1.3 toneladas de mercurio se evitó un grave riesgo ambiental que, en términos comparativos, podría haber afectado un volumen de agua equivalente al consumo de la ciudad de Bogotá durante varios meses. Su liberación en ríos y suelos puede permanecer por décadas en el ambiente, contaminando cadenas alimenticias y afectando comunidades cercanas a zonas de explotación minera ilegal”, precisó la institución.

En el balance del operativo, el director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, el coronel Mauricio Carrillo Álvarez, prometió que su unidad seguirá trabajando para evitar el paso de sustancias indebidas por puertos del territorio nacional.

“Esta incautación representa un golpe contundente contra las economías ilícitas que amenazan nuestros recursos naturales. Evitamos que una sustancia altamente contaminante llegara a actividades ilegales que afectan el agua, la biodiversidad y la salud de las comunidades. Seguiremos actuando con firmeza para proteger el patrimonio ambiental de Colombia”.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón Zambrano, envió un mensaje a los actores criminales que están detrás de la gestión irregular con la que se iba a permitir el ingreso del mercurio al país.

“Desde la Policía Nacional no vamos a permitir que las estructuras criminales continúen lucrándose del contrabando y del tráfico ilegal de sustancias químicas que alimentan economías ilícitas y generan graves afectaciones al medio ambiente y a la seguridad económica del país. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Dian, continuamos golpeando estas redes criminales y enviamos un mensaje claro: quienes pretendan utilizar el territorio nacional para el ingreso o comercialización ilegal de sustancias prohibidas serán identificados, judicializados y puestos a disposición de las autoridades competentes”.

La falta de acceso para los equipos de emergencia en la localidad de Rubaya ha dificultado la evaluación precisa de víctimas tras un gran deslizamiento de tierra que sepultó varias galerías mineras en el territorio de Masisi. Según informó Europa Press, el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) situó el origen de esta catástrofe en las lluvias torrenciales y en la intensa y descontrolada explotación mineral impulsada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), al que Kinshasa acusa de actuar con apoyo de Ruanda.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el Ministerio de Comunicación y Medios de RDC expresó condolencias a las familias afectadas por lo que describió como una "tragedia humana" ocurrida el 7 de marzo. El documento oficial, citado por Europa Press, detalló que los deslizamientos en esta zona minera de Kivu Norte ya han provocado la muerte de varios cientos de personas durante las últimas semanas. Las autoridades señalaron que la seguridad en la región permanece comprometida debido a la acción conjunta de los rebeldes del M23 y el Gobierno de Ruanda, lo que dificulta la presencia estatal y la asistencia humanitaria.

El comunicado recogido por Europa Press destacó que la zona donde ocurrieron los deslizamientos se considera “una zona roja” por los peligros asociados a las labores extractivas. Estas condiciones extremas se atribuyen, de acuerdo con el Gobierno congoleño, a un sistema organizado y sostenido de explotación mineral ilegal, instrumentado por el M23 con respaldo de Ruanda, cuyo objetivo sería mantener una economía de guerra mediante la extracción y comercialización de recursos naturales fuera de la regulación oficial.

Las autoridades congoleñas subrayaron ante Europa Press que el acceso a la zona continúa restringido por la presencia de fuerzas hostiles y el terreno inestable, lo que imposibilita precisar el balance total de víctimas y daños estructurales. El Gobierno de RDC insistió en que las prácticas mineras ilegales desafían las políticas de seguridad y provocan tragedias recurrentes, y señaló que estos incidentes están relacionados con la ausencia de supervisión estatal y la imposición de sistemas productivos paralelos por parte de grupos armados.

El texto del Ejecutivo recogido por Europa Press advierte que la explotación ilegal de los recursos naturales no solo alimenta el conflicto armado, sino que además impide cualquier control sobre las condiciones laborales y de seguridad para los trabajadores mineros, quienes operan bajo altos riesgos. El gobierno de Kinshasa denunció que la extracción no regulada del M23 se orienta a financiar su actividad bélica, perpetuando la inestabilidad regional y el deterioro de las condiciones de vida de la población local.

Las autoridades de RDC reiteraron, según publicó Europa Press, su compromiso de trabajar para restituir la integridad territorial y restaurar el control estatal sobre las áreas bajo dominio rebelde, condición que consideraron imprescindible para acabar con la explotación ilegal y garantizar un entorno minero seguro. Además, insistieron en que llevarán ante la justicia a todas las personas que se beneficien de esta estructura ilícita de extracción mineral.

En sus declaraciones al medio, el gobierno congoleño apeló a la comunidad internacional a atender la magnitud de la tragedia, que calificaron como una “consecuencia directa de la explotación ilegal de los recursos naturales en zonas bajo ocupación armada”. El Ejecutivo reiteró que sus prioridades incluyen la defensa de la soberanía nacional, la protección de los recursos y la seguridad de los ciudadanos.

Por su parte, el grupo rebelde M23 refutó en reiteradas ocasiones las acusaciones realizadas por el gobierno. De acuerdo con Europa Press, los insurgentes han responsabilizado a Kinshasa de una gestión deficiente del sector minero, incluso en áreas que se encontraban bajo administración gubernamental antes de pasar al control del M23. El conflicto respecto al manejo de los recursos mantiene una tensión constante en las relaciones entre ambas partes.

De acuerdo con Europa Press, el sector minero de la República Democrática del Congo ha registrado múltiples incidentes mortales en los últimos años. La ausencia de medidas adecuadas de seguridad y las deficientes condiciones laborales forman parte de un panorama en el que numerosas explotaciones operan fuera de las normativas estatales. Estos factores, según el reporte, contribuyeron al saldo mortal de la tragedia en Rubaya y continúan afectando a los trabajadores de las minas en diversas provincias del país.

Este balance fue presentado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, que destacó la coordinación entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, junto con la Policía Nacional, en la lucha contra el crimen organizado.

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Según reportó el general López en rueda de prensa encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y en compañía de toda la cúpula militar, las acciones comprendieron tres bombardeos y múltiples operaciones terrestres, aéreas y fluviales.

El comandante subrayó que, en lo que va del año, se registraron 1.439 capturas, 64 sometimientos a la justicia, 33 muertos en desarrollo de operaciones militares y cuatro presentaciones voluntarias. “Quiero resaltar la neutralización de más de 1.590 integrantes de las diferentes estructuras”, detalló el oficial.

Recuperación de menores víctimas de reclutamiento ilegal

Uno de los resultados más sensibles para las autoridades corresponde a la recuperación de 50 menores de edad que se encontraban en poder de estos grupos armados. El comandante López Barreto indicó que “son menores combatientes que están siendo reclutados ilegalmente, lo que configura un delito de guerra y de lesa humanidad”.

Las operaciones permitieron restituir los derechos de estos niños, que eran instrumentalizados por organizaciones como el ELN y las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

Golpe a la minería ilegal y al narcotráfico

En el ámbito de la lucha contra la explotación ilícita de minerales, las Fuerzas Militares informaron la captura de 138 personas vinculadas a actividades de minería ilegal, lo que contribuyó a la protección de los recursos naturales y a la reducción de flujos financieros para las estructuras criminales.

Además, la ofensiva contra el narcotráfico, principal fuente de financiación de estos grupos, incluyó la incautación de más de 55 toneladas de clorhidrato de cocaína y la destrucción de 280 laboratorios para procesar estupefacientes.

La magnitud de este golpe fue resaltada por el general López Barreto, que afirmó que “las Fuerzas Militares han contribuido con la incautación de 55 toneladas de clorhidrato de cocaína y la destrucción de 280 laboratorios, entre pasta base y clorhidrato”. La destrucción de estas infraestructuras representa un impacto directo sobre las finanzas de los grupos armados organizados, según las autoridades.

Incautación de armamento y explosivos

Las operaciones militares permitieron también la incautación de 2.668 artefactos explosivos, 499 armas, 63.384 municiones y 6.796 kilogramos de explosivos, material que iba a ser empleado para atentar contra la población civil y la fuerza pública.

El comandante de las Fuerzas Militares calificó como “alarmante” la cantidad de artefactos explosivos decomisados, en un contexto donde el país enfrenta procesos humanitarios y operacionales para limpiar zonas minadas.

Entre las operaciones destacadas figura la intervención en San José del Guaviare contra la Estructura Martín Villa, de “Mordisco”, en la que se logró la neutralización de ocho integrantes y el decomiso de 33 fusiles, seis ametralladoras y cerca de 30.000 cartuchos.

Otra acción relevante se desarrolló en el Bajo Calima, donde la Armada Nacional neutralizó a cuatro miembros de la Estructura Jaime Martínez y recuperó cinco fusiles.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso de mantener operaciones ofensivas de manera sostenida en todo el territorio nacional, con el propósito de debilitar las estructuras criminales y proteger a la población.

“Nuestros soldados de tierra, mar, aire y río continúan desplegados en todo el territorio nacional, protegiendo la vida y trabajando sin descanso por la seguridad y la tranquilidad de las familias colombianas”, concluyó el general López Barreto en declaraciones públicas.

El alcalde del distrito de Suyo (Piura), Jorge Huanca Merino, sufrió este lunes un ataque armado cuando conducía una camioneta municipal, según un despacho difundido por RPP.

Dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra la autoridad local, quien resultó herido, mientras los agresores escaparon del lugar.

La emisora detalló que personal del serenazgo municipal y agentes de la Policía Nacional (PNP) auxiliaron a Huanca Merino y lo trasladaron a una clínica, donde ingresó con una herida de bala con entrada y salida en la pierna izquierda, además de otros traumatismos en la misma extremidad.

La investigación para determinar las circunstancias y responsables del ataque permanece en curso. La localidad de Suyo, ubicada en la provincia de Ayabaca, destaca por ser uno de los principales enclaves de minería informal e ilegal en el norte de Piura.

Precisamente, durante la misma jornada del ataque al alcalde, las autoridades realizaron dos operativos de interdicción en la zona, dirigidos a la destrucción de plantas de procesamiento y maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro.

Participaron en las acciones la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, la División Contra la Minería Ilegal, el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), el Grupo de Operaciones Especiales (Dinoe), junto con especialistas de la Dirección Regional de Energía y Minas de Piura.

Las autoridades incautaron 50 sacos con material mineralizado y, al confirmar la falta de permisos, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental dispuso la destrucción de la maquinaria y los bienes hallados.

A inicios de 2025, el burgomaestre fue incluido en una investigación por presuntos actos de corrupción, luego de que el gerente municipal, Juan Manuel Ruíz Hernández, fuera detenido bajo sospecha de haber recibido S/ 2.000 de un empresario, supuestamente como soborno para acelerar el pago de una obra de agua y saneamiento.

De acuerdo con Correo, la pesquisa quedó a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, dirigido por el fiscal provincial Jack Trelles Burneo, con el apoyo de los fiscales adjuntos Miguel Saldarriaga y Juan Alberto Zeña Neyra.

Ataque similar

A fines de febrero, un hecho similar afectó al alcalde del distrito de Coviriali (Junín), Iroshi Ureta Campos, quien sufrió un ataque armado y falleció al ser trasladado de emergencia a un hospital en Lima para recibir atención médica.

El deceso ocurrió a las 16:00 horas mientras era atendido en una ambulancia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, ubicada dentro del Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao.

La autoridad edil, atacada a balazos cuando se dirigía a la municipalidad, había sido trasladada por vía aérea desde el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, del Gobierno Regional de Junín, en un vuelo humanitario que partió desde la localidad de Mazamari con apoyo de las Fuerzas Armadas y llegó al Callao minutos antes de las 16:00 horas.

Ureta Campos recibió dos impactos de bala en el tórax y, según la entidad, su condición ya “era extremadamente crítica” cuando se inició su traslado a la capital.

“Pese a que se le practicaron todos los protocolos de reanimación en la ambulancia, que lo debía llevar al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la seguridad social en Lima, finalmente perdió la vida a las 16:10 horas”, señaló el Seguro Social de Salud (EsSalud).

La nueva etapa en la estrategia de Ecuador contra la delincuencia organizada incluyó una intensificación de las operaciones contra la minería ilegal, según informó el Ministerio de Defensa ecuatoriano, que afirmó el inicio de una “nueva fase” frente al narcoterrorismo y la minería ilícita. Estas acciones se insertan en un contexto de cooperación militar internacional que suma la participación de fuerzas estadounidenses, anunciada oficialmente esta semana. El refuerzo en el combate a estos delitos busca responder a los desafíos de violencia e inseguridad que afectan a múltiples provincias del país sudamericano.

El medio Europa Press detalló que el Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) comunicó la puesta en marcha, el 3 de marzo, de operaciones conjuntas entre fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses contra lo que denomina “organizaciones terroristas designadas” en territorio ecuatoriano. SOUTHCOM caracterizó estas acciones como un “poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe a la hora de combatir la lacra del narcoterrorismo”, afirmando que se han adoptado medidas “decisivas” para enfrentar a grupos narcoterroristas que siembran violencia, terror y corrupción en la región.

En su declaración, el comandante del Mando Sur, Francis Donovan, trasladó un mensaje de reconocimiento “a las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su inamovible compromiso en esta lucha", destacando su valor y determinación en las acciones continuadas contra los grupos narcoterroristas en el país, según difundió Europa Press. Este reconocimiento se produce mientras el gobierno ecuatoriano incrementa su respuesta frente al incremento de la violencia asociada a estructuras criminales internacionales.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no comentó específicamente sobre las maniobras conjuntas en el momento del anuncio de Estados Unidos. No obstante, días antes había señalado la ejecución de operaciones militares y policiales coordinadas con naciones aliadas de la región. Noboa anunció el establecimiento de un toque de queda entre el 15 y el 30 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, jurisdicciones destacadas por sus altos niveles de violencia relacionados con actividades criminales y de narcotráfico.

El mandatario ecuatoriano subrayó, en palabras difundidas por Europa Press, que “Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz. Por eso, este mes lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes”. Noboa anunció así el inicio de “la siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado”, precisando la cobertura geográfica y temporal de las nuevas medidas excepcionales.

Las autoridades ecuatorianas utilizaron canales oficiales y redes sociales para reiterar su decisión de mantener acciones firmes contra las redes de narcotráfico y la minería ilegal, recibiendo el respaldo explícito de los mandos estadounidenses. Según consignó Europa Press, el Ministerio de Defensa destacó la continuidad en la cooperación con “aliados estratégicos” para enfrentar a las organizaciones criminales, subrayando el carácter multinacional y sostenido de las operaciones.

Si bien Washington y Quito no entregaron detalles específicos sobre la cantidad de personas detenidas o víctimas mortales derivadas de los operativos recientes, la cooperación militar y policial apunta al desmantelamiento de estructuras delictivas que operan con presencia transnacional, impactando la seguridad en varios países del hemisferio. El comunicado de SOUTHCOM, recogido por Europa Press, posicionó estas acciones dentro de una agenda hemisférica para combatir el “narcoterrorismo”, un fenómeno que conjuga actividades de grupos armados, tráfico de drogas y otras formas de actividad ilícita.

En paralelo a las acciones conjuntas, el refuerzo de la seguridad incluye una serie de restricciones excepcionales a la movilidad y a las actividades cotidianas en las provincias más impactadas por la violencia, iniciando con la aplicación de un toque de queda. Europa Press reportó que la medida busca crear condiciones para que fuerzas de seguridad puedan operar con mayores garantías en el territorio, mientras persiste la alerta por la escalada en los índices delictivos.

El apoyo militar estadounidense se enmarca en acuerdos bilaterales y multilaterales existentes para la lucha contra el crimen organizado, según refirió Europa Press, y responde a una tendencia de intensificación de la colaboración en inteligencia, logística y desarrollo de operaciones de campo. Estos vínculos buscan fortalecer las capacidades nacionales y regionales ante amenazas a la seguridad y la gobernabilidad.

Diversos sectores sociales en Ecuador siguen el desarrollo de estas medidas con atención, ante la persistencia de episodios violentos y el despliegue de fuerzas armadas en zonas urbanas y rurales afectadas por el crimen organizado. Según apuntó Europa Press, el comunicado oficial no precisó el alcance geográfico ni los objetivos concretos de cada operación, pero confirmó la continuación de acciones en coordinación con socios internacionales y el endurecimiento de la política de seguridad pública en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares a favor del pueblo indígena Kakataibo en situación de aislamiento que habita la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, ubicada entre Ucayali, Huánuco y Loreto. La decisión, adoptada el 1 de marzo de 2026 mediante la Resolución 13/2026, responde a una evaluación de riesgo que considera que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan una amenaza grave y urgente.

La resolución se produce en un contexto marcado por denuncias sostenidas sobre deforestación, concesiones superpuestas, asentamientos irregulares, pistas clandestinas y actividades ilícitas violentas dentro del territorio protegido. Para la CIDH, los hechos reportados desde 2020 evidencian que la situación no solo persiste, sino que muestra un incremento progresivo sin que existan elementos que permitan constatar una mitigación efectiva del riesgo.

CIDH advierte riesgo irreparable para el pueblo Kakataibo en aislamiento

De acuerdo con la solicitud presentada ante la CIDH, terceros estarían realizando tala ilegal, instalación de pistas de aterrizaje clandestinas, expansión de cultivos ilícitos y ocupaciones irregulares dentro del ámbito de la reserva. Estas actividades, además de afectar el ecosistema, pondrían en peligro directo a los Kakataibo en aislamiento, quienes se rigen por el principio de no contacto debido a su alta vulnerabilidad inmunológica y cultural.

La Comisión analizó información sobre denuncias y alertas emitidas desde 2020, incluyendo comunicaciones del Ministerio de Cultura. Según el organismo, los factores de riesgo no han sido neutralizados y podrían provocar una agravación inmediata de los derechos fundamentales de esta población, así como la pérdida de los recursos naturales indispensables para su subsistencia.

En ese marco, la CIDH solicitó al Estado peruano adoptar medidas “necesarias y culturalmente adecuadas” para salvaguardar la vida y la salud de los beneficiarios. Entre los pedidos concretos figura reforzar la implementación del Plan de Protección de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, asegurar la actuación coordinada de todas las entidades involucradas y garantizar el seguimiento permanente de las alertas sobre actividades ilegales.

Además, el organismo requirió que se activen mecanismos inmediatos para evaluar y monitorear la calidad del agua en las zonas vinculadas a la reserva, ante la posibilidad de contaminación derivada de economías ilegales y extractivas.

Crimen organizado, concesiones y violencia: el trasfondo en la Amazonía

La situación del pueblo Kakataibo no es nueva. En los últimos años, investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones especializadas han documentado la expansión de economías ilícitas en la Amazonía peruana, donde confluyen tala ilegal, narcotráfico y minería ilegal. Esta presión territorial ha convertido varias zonas de Huánuco y Ucayali en áreas de alto riesgo para defensores ambientales e indígenas.

Un informe multimedia difundido en 2024 por periodistas de investigación en colaboración con la organización Amazon Watch reveló una compleja red de despojo de tierras y destrucción ambiental en territorios ancestrales kakataibo. El trabajo expuso transferencias irregulares de tierras durante gestiones regionales pasadas y señaló la existencia de una relación entre actores estatales y redes criminales dedicadas a la ocupación ilegal.

En paralelo, líderes kakataibo han denunciado amenazas, desplazamientos forzados y violencia. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la presión sobre sus territorios se habría intensificado. Cinco dirigentes indígenas han sido asesinados en los últimos años en medio de disputas vinculadas al control territorial y economías ilegales, según reportes públicos.

En su respuesta ante la CIDH, el Estado peruano informó que viene ejecutando acciones en el marco del Plan de Protección: instalación de puestos de control, patrullajes, monitoreo y sesiones de los Comités de Gestión con participación de entidades competentes y representantes indígenas. También reconoció que persisten amenazas de alta gravedad y brechas de coordinación interinstitucional.

La Comisión solicitó mantener y fortalecer los espacios de diálogo con organizaciones indígenas, asegurar la participación efectiva de las entidades estatales y concertar medidas adicionales que resulten necesarias para implementar la resolución. Asimismo, pidió informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron origen a la medida cautelar y evitar su repetición.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que el otorgamiento de medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el Sistema Interamericano, pero sí implica la obligación de adoptar acciones inmediatas frente a una situación de riesgo.

La Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia realizó durante febrero una serie de operaciones conjuntas con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional en el departamento de Chocó.

Dichas acciones estuvieron enfocadas en combatir la minería ilegal en sectores estratégicos del río Atrato, dentro de los municipios de Quibdó, Tutunendo y Yuto. Según información oficial, estos operativos permitieron la neutralización de más de 100 unidades de producción minera y la captura de nueve personas presuntamente vinculadas a la explotación ilícita de yacimientos.

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Golpe a las economías ilícitas del Clan del Golfo

De acuerdo con la Brigada de Infantería de Marina No. 1, el despliegue coordinado permitió desarticular estructuras logísticas asociadas a la Subestructura John Freddy Orejuela del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

Durante los operativos, las autoridades destruyeron de forma controlada 12.000 galones de ACPM, 16 máquinas excavadoras, 27 dragas de diversos tipos, 38 motores y 20 motobombas. Además, fueron inmovilizadas tres máquinas excavadoras adicionales.

La inteligencia militar señaló que este material era empleado para actividades de exploración y explotación ilegal de minerales, lo que alimentaba la economía de organizaciones criminales en la región.

Las nueve personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto al material decomisado. Las instituciones participantes subrayaron que la acción coordinada busca debilitar los recursos económicos de grupos ilegales y facilitar la judicialización de los implicados.

Impacto ambiental y respuesta institucional

El reporte oficial destaca que la operación no solo ataca las fuentes de financiamiento de los grupos armados, sino que contribuye a mitigar los graves daños ambientales en la cuenca del río Atrato. El uso indiscriminado de sustancias contaminantes y maquinaria pesada afecta de manera directa tanto a los ecosistemas locales como a la salud de las comunidades ribereñas.

La Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, expresó su compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales. La institución reiteró la invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad que ponga en riesgo los ecosistemas y los recursos en esta zona del país.

Operaciones simultáneas en Guainía y la Amazonía

Mientras avanzaban las acciones en Chocó, la Armada de Colombia y la Policía Nacional desplegaron un operativo en el departamento del Guainía, donde neutralizaron nueve unidades de producción minera en zonas fluviales cercanas a Inírida y Barrancominas.

La fuerza pública decomisó más de 12.000 galones de combustible, además de motores, bombas, mangueras y dragas, lo que representa un impacto directo en la logística financiera de las redes criminales.

El comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.50, teniente coronel José Acuña, sostuvo en un comunicado: “Durante estos operativos, fueron incautados motores, dragas, bombas, mangueras y más de 12.000 galones de combustible, afectando de manera directa la logística y las finanzas de estas redes criminales”.

Golpe a estructuras armadas en Caquetá y Putumayo

La ofensiva alcanzó también los departamentos de Caquetá y Putumayo, donde el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana deshabilitaron nueve dragas dedicadas a la minería ilegal.

En las zonas rurales de Solano, Solita, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, las autoridades encontraron 261 galones de ACPM, motores y otros implementos vinculados a la extracción ilícita de minerales.

Estos recursos estarían bajo control del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor), Estructura Carolina Ramírez, que utiliza la minería ilegal como fuente principal de financiación.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La destrucción controlada de dragas y equipos se realizó en sitio, siguiendo protocolos para reducir el impacto ambiental.

Las verificaciones de la Brigada de Infantería de Marina No. 3 atribuyeron los equipos a la estructura mencionada, involucrada en actividades delictivas y en la financiación de economías ilegales mediante la explotación de recursos naturales.

Lejos de los laboratorios de metanfetamina y las rutas del fentanilo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado otra red criminal con alto impacto ambiental: el tráfico de mercurio.

Desde minas en Querétaro hasta campamentos ilegales en la Amazonía, el metal viaja miles de kilómetros para alimentar la extracción clandestina de oro, dejando una estela de contaminación difícil de revertir.

De las minas mexicanas a la selva sudamericana

La mina Los Santos, situada en Bucareli, Querétaro, es uno de los puntos de origen del mercurio que alimenta el circuito ilegal. De acuerdo con la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), el metal extraído en la región se transporta en rutas terrestres y marítimas bajo el control del CJNG, hasta llegar a la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia.

La Amazonía resulta contaminada por el mercurio porque este metal es utilizado en grandes cantidades en la minería ilegal de oro para separar el metal precioso de los sedimentos.

Durante el proceso, el mercurio se libera en ríos y suelos, donde se transforma en compuestos tóxicos que se acumulan en la cadena alimenticia y afectan tanto a la fauna silvestre como a las comunidades humanas. Esta contaminación provoca daños neurológicos y enfermedades crónicas, además de pérdida de biodiversidad y alteraciones graves en los ecosistemas amazónicos.

El informe de Mongabay Latam atribuye el liderazgo de esta red al CJNG, que ha diversificado sus actividades delictivas. “Más de 200 toneladas de mercurio han salido de México hacia la Amazonía”, detalló la EIA en declaraciones recogidas por Mongabay Latam.

El precio del mercurio en el mercado negro ha llegado hasta 330 dólares por kilogramo, generando una “fiebre del mercurio” en el crimen organizado, comparable con la del oro o la cocaína. México se ha consolidado como el principal proveedor ilegal del insumo para América Latina.

De acuerdo con datos, el mercurio extraído por el cártel sale oculto como grava o piedra chancada en contenedores de hasta 20 toneladas. El 74 % de los envíos sospechosos documentados entre 2017 y 2023 tuvieron como destino Perú, donde a su vez se han reportado un aumento de enfermedades asociadas al mercurio.

En ese país, el mercurio mexicano se almacena en ciudades como Arequipa y se distribuye hacia zonas mineras ilegales en la Amazonía peruana, principalmente Madre de Dios, donde la demanda alcanza 1.5 toneladas al mes. También se ha documentado su paso por Colombia a través de Medellín.

¿Por qué los cárteles buscan controlar la minería?

El interés del crimen organizado, más allá del CJNG, por la minería responde a su enorme potencial económico y a la facilidad para operar al margen de la ley. El sector produce más de 330 mil millones de pesos al año y permite el flujo constante de recursos, mucho mayor que otros rubros como lo es el de la extorsión.

La extracción y comercialización de minerales ofrecen ventajas adicionales para el lavado de dinero, ya que oro, plata y otros metales se mezclan fácilmente con producción legal, dificultando su rastreo.

A diferencia del tráfico de drogas, la minería ilícita es menos visible y puede camuflarse bajo operaciones legales. El control de minas y rutas extractivas otorga a los cárteles poder territorial, facilitando el desplazamiento de comunidades, el acceso a insumos estratégicos y el uso de violencia como mecanismo de presión y represión social.

Además, la incursión en la minería diversifica las fuentes de ingreso de los grupos criminales, permitiéndoles resistir embates estatales y consolidar su presencia como consorcios multifacéticos.

Siete metales y minerales concentran el interés de los cárteles por su valor, demanda global y facilidad para traficar o mezclar con producción formal:

• Oro: Su alto precio y la facilidad para lavar dinero lo convierten en el objetivo principal.
• Plata: México es uno de los mayores productores del mundo, con minas controladas por distintos cárteles.
• Cobre: Esencial para la industria eléctrica y de la construcción, su transporte y comercialización ilegal se ha vuelto frecuente.
• Litio: Estratégico por su uso en baterías y tecnología, con yacimientos en el norte bajo vigilancia limitada.
• Mercurio: Clave para separar el oro en minería artesanal, el CJNG lo extrae y exporta a Sudamérica.
• Barita: Utilizada en la industria petrolera, explotada y exportada bajo control criminal.
• Hierro: Fundamental para la industria siderúrgica, históricamente explotado por organizaciones como los Caballeros Templarios.

El dominio de estos recursos garantiza ingresos millonarios, permite blanquear capitales, acceder a materiales estratégicos y ejercer control social y territorial en amplias regiones del país.

En pleno proceso electoral rumbo al periodo 2026–2031, la minería ilegal comienza a posicionarse como un eje de debate público ante la ausencia de propuestas claras y consistentes en buena parte de los planes de gobierno. Este jueves 5 de marzo, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), en coordinación con el Colegio de Ingenieros del Perú – Capítulo de Ingeniería Ambiental, realizará un foro técnico que analizará cómo las organizaciones políticas abordan esta problemática en sus propuestas electorales.

El evento, titulado “La minería ilegal e informal en los planes de gobierno 2026–2031”, se desarrollará de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. en la sede del Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro, y busca abrir un espacio de evaluación técnica y discusión pública sobre una actividad ilícita que hoy se extiende a casi todas las regiones del país.

Un problema que se expande y se consolida

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales economías ilícitas del Perú. Su expansión está asociada al aumento sostenido del precio internacional del oro, a la debilidad del Estado en zonas rurales y amazónicas, y a la presencia de redes criminales que articulan esta actividad con delitos como la trata de personas, el tráfico de insumos químicos, la evasión tributaria y el lavado de activos.

Según informes oficiales y de la sociedad civil, esta actividad afecta de manera directa a regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad, Cusco, Ucayali, Amazonas y Loreto, generando graves impactos ambientales —como la deforestación y la contaminación por mercurio—, además de conflictos sociales y amenazas a defensores ambientales e indígenas.

Pese a esta magnitud, el abordaje político del problema sigue siendo fragmentado y, en muchos casos, superficial.

¿Qué dicen —y qué no dicen— los planes de gobierno?

Durante el foro se presentará un estudio del OMI que analiza los 36 planes de gobierno inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones. El documento revisa de manera sistemática las propuestas vinculadas a la lucha contra la minería ilegal, la formalización minera, la fiscalización ambiental y la articulación intersectorial del Estado.

De acuerdo con los organizadores, el análisis revela que una parte significativa de los partidos no menciona la minería ilegal o lo hace de forma genérica, sin diagnósticos claros, metas concretas ni mecanismos de implementación. En otros casos, se identifican propuestas que priorizan únicamente la formalización, sin abordar las estructuras criminales que sostienen esta economía ilegal.

Esta brecha entre la gravedad del problema y la respuesta política planteada es uno de los principales hallazgos que se pondrán en discusión.

Convocatoria a candidaturas presidenciales

El foro ha convocado a candidatos y candidatas presidenciales de todas las organizaciones políticas inscritas, con el objetivo de conocer de primera mano sus propuestas y compromisos frente a la minería ilegal y la informalidad minera.

La iniciativa busca que las candidaturas no solo expongan posiciones generales, sino que dialoguen con insumos técnicos elaborados desde la sociedad civil y sectores especializados, en un momento clave de definición programática.

Voces desde distintos sectores

El encuentro contará con un panel de especialistas provenientes de la sociedad civil, la academia, el sector privado, pueblos indígenas, organizaciones religiosas y medios de comunicación. Desde estas miradas se analizará el impacto actual de la minería ilegal en el país y las expectativas frente al próximo Gobierno.

Además, el OMI presentará una serie de propuestas colectivas orientadas a fortalecer la respuesta estatal desde un enfoque integral, que articule control territorial, fiscalización efectiva, procesos de formalización viables, recuperación ambiental y alternativas económicas sostenibles para las poblaciones afectadas.

Un insumo para el seguimiento ciudadano

El foro también busca convertirse en una herramienta para el trabajo periodístico y el control ciudadano, al permitir identificar qué organizaciones políticas han incorporado la lucha contra la minería ilegal como una prioridad real y cuáles mantienen enfoques ambiguos o insuficientes.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de este enlace.

En un país donde la minería ilegal continúa expandiéndose y consolidándose como un problema estructural, el ingreso de este tema al debate electoral marca un punto de inflexión. Lo que se discuta —y se omita— en esta etapa será clave para definir la capacidad del próximo Gobierno de enfrentar una de las mayores amenazas ambientales, sociales y de seguridad del Perú.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) aprobó una nueva directiva que establece el procedimiento para fiscalizar a los titulares inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) respecto a la incorporación de sus trabajadores en planilla.

La medida, publicada mediante la Resolución de Superintendencia N° 0051-2026-SUNAFIL en el diario oficial El Peruano, forma parte de los esfuerzos para reforzar la formalización y el control laboral en el sector de la pequeña minería y minería artesanal en el país.

SUNAFIL aprueba directiva para fiscalizar planillas en pequeña minería

La directiva tiene como objetivo asegurar que los mineros inscritos en el REINFO cumplan efectivamente con la obligación de registrar a sus empleados en las planillas electrónicas, en concordancia con la normativa sociolaboral vigente.

El procedimiento habilita a la SUNAFIL a ejecutar acciones de investigación, orientación y fiscalización, permitiendo la verificación directa del cumplimiento de esta obligación durante las intervenciones en campo.

La aprobación de la directiva responde a la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32537, que encargó a la SUNAFIL emitir en un plazo máximo de sesenta días las reglas para supervisar y verificar la incorporación de trabajadores en planilla por parte de los titulares del REINFO.

De acuerdo con la resolución, la intervención inspectiva podrá incluir visitas a los campamentos mineros, solicitud de documentos y verificación del registro electrónico de los trabajadores.

REINFO extiende su vigencia hasta 2026 con controles más estrictos

El REINFO, administrado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), funciona como un padrón para pequeños mineros y mineros artesanales, proporcionando un marco temporal que exime de responsabilidad penal por minería ilegal mientras se avanza en el proceso de formalización.

La vigencia del registro fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de una nueva ley especial para la pequeña minería y minería artesanal.

Esta prórroga, aprobada por el Congreso a finales de 2025, busca ampliar el proceso de formalización e incorpora nuevos controles, reincorporaciones excepcionales de registros depurados y la actualización de datos de ubicación.

Revisarán planillas de la pequeña minería y minería informal

La SUNAFIL destacó en el texto oficial que la directiva aprobada se alinea con los objetivos institucionales de fomentar una cultura de prevención y vigilancia en el cumplimiento de las normas sociolaborales, así como de incrementar la exigencia oportuna de las obligaciones laborales y de seguridad en el trabajo.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió opinión técnica favorable, remarcando que el procedimiento se ajusta a los lineamientos de modernización institucional y a los objetivos estratégicos de la entidad.

La resolución dispone la publicación de la directiva y su anexo en la sede digital de la SUNAFIL y en el diario oficial El Peruano, garantizando su entrada en vigor y acceso público inmediato. El documento lleva la firma del superintendente Edgar Alfonso Vallejos Florian.

¿Y la Ley MAPE? Mutis desde el Congreso

La vigencia del REINFO y las nuevas medidas de fiscalización han sido objeto de controversia. Especialistas y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) han advertido sobre el riesgo de perpetuar prácticas ilegales y de blanqueo de oro, mientras que sectores del Congreso han cuestionado las sucesivas prórrogas y la reincorporación de mineros previamente excluidos.

El debate sobre la reforma definitiva del sector, a través de la denominada Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), sigue abierto y podría modificar el régimen vigente antes del cierre del actual periodo parlamentario, ya que el gobierno interino de José María Balcázar concluye su mandato en julio de 2026.

La minería ilegal de oro en la Amazonía peruana ha entrado en una nueva fase de expansión en 2026. Un reciente informe de The Associated Press (AP) advierte que esta actividad ya no se concentra únicamente en los históricos focos del sur del país, sino que avanza por ríos remotos, penetra en territorios indígenas y se instala en zonas que hasta hace poco permanecían intactas.

Según la investigación firmada por el periodista Steven Grattan, la expansión marca un punto crítico para una de las industrias más destructivas de la Amazonía. Ambientalistas, científicos y líderes indígenas consultados por AP sostienen que el fenómeno se ha acelerado al ritmo del precio internacional del oro, que en lo que va de 2026 bordea los 2.000 dólares por onza, cerca de máximos históricos y el doble de su valor de hace una década. El resultado: más deforestación, ríos contaminados con mercurio y comunidades expuestas a violencia y crimen organizado.

La minería ilegal ya golpea “todas las regiones del Perú”

De acuerdo con el reporte de AP, la minería ilegal que antes se concentraba principalmente en Madre de Dios ahora se desplaza hacia el norte, alcanzando regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco. El propio alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, reconoció en una entrevista televisiva que “lamentablemente tenemos minería ilegal en todas las regiones del Perú”.

AP describe cómo los mineros ilegales arrasan el bosque con maquinaria pesada, abren trochas improvisadas y despliegan dragas flotantes que succionan sedimentos del fondo de los ríos en busca de oro. En cuestión de semanas, los cambios se hacen visibles: llanuras aluviales convertidas en pozas fangosas, agua turbia cargada de sedimentos y restos de mercurio, y campamentos que se internan cada vez más en zonas previamente intactas.

Luis Fernández, investigador vinculado a la Universidad Wake Forest, explicó que el impacto ambiental es casi inmediato. “Una vez que la maquinaria entra, se ven cambios en cuestión de semanas a meses… las columnas de sedimentos aparecen en los ríos casi de inmediato”, señaló.

En la Estación Biológica Panguana, una zona privada de conservación en la Amazonía central, los efectos ya son evidentes en 2026. Su administrador, Fernando Malatesta, relató que donde antes había bosques intactos ahora los ríos son turbios. “Antes tú podías caminar por ahí y veías agua cristalina, pero ahora pues ya no se puede ver eso”, afirmó.

Mercurio, violencia y comunidades indígenas en riesgo

El informe también documenta cómo la expansión de la minería ilegal en la Amazonía está ligada a redes de crimen organizado. El abogado ambientalista César Ipenza advirtió que grupos criminales de carácter transnacional han ganado presencia y relevancia. Julia Urrunaga, directora en Perú de la organización Environmental Investigation Agency, afirmó que esta actividad se ha convertido en una fuente clave de ingresos para estas redes.

En Panguana, el equipo de conservación tuvo que abandonar la estación tras recibir amenazas. “Había personas con palos, había gente con machete”, relató Malatesta a AP, describiendo los enfrentamientos con mineros y residentes.

Las comunidades indígenas quedan atrapadas en medio del conflicto. Julio Cusurichi, líder indígena de Madre de Dios, denunció que la expansión ya se siente en otras zonas amazónicas. “Esto se está expandiendo por Loreto, por Ucayali”, afirmó. También alertó que más de 30 líderes indígenas han sido asesinados en años recientes por defender sus territorios.

Uno de los mayores riesgos señalados por la agencia es el envenenamiento por mercurio. Este metal, utilizado para separar el oro del sedimento, termina en los ríos y se acumula en los peces, base alimentaria de muchas comunidades amazónicas. Urrunaga advirtió que la devastación ambiental tiene un impacto directo en la salud humana.

Mientras tanto, el gobierno peruano creó a fines de 2023 una comisión multisectorial de alto nivel para combatir la minería ilegal y promover la formalización de pequeños mineros. Según datos oficiales citados por AP, recientes operativos permitieron incautar y destruir equipos valorizados en más de 60 millones de soles. Sin embargo, ambientalistas consultados por la agencia sostienen que las acciones en el terreno siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del avance.

El panorama expone un escenario en el que la Amazonía peruana enfrenta una presión creciente por la expansión de la minería ilegal, impulsada por la alta cotización del oro y sostenida por redes criminales que operan en zonas cada vez más alejadas.

Las autoridades de Costa Rica y Nicaragua han acordado un encuentro de alto nivel para abordar el avance de la minería de oro ilegal y el contrabando asociado en la frontera común.

El anuncio, realizado por el Gobierno costarricense este miércoles, implica la participación directa de los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de ambos países, en una cita cuya ubicación precisa aún no ha sido comunicada.

Según el canciller costarricense, Arnoldo André, la reunión responde a una solicitud planteada a su homólogo nicaragüense, Valdrack Jaentschke, quien aceptó “amablemente” analizar la problemática.

El diálogo, programado para celebrarse en la zona fronteriza, buscará coordinar acciones inmediatas para “evitar que el oro costarricense sea transportado por el río San Juan”, un eje fluvial bajo soberanía nicaragüense que se ha convertido en punto estratégico para el tráfico ilícito de metales.

Minería ilegal y crimen organizado en la frontera norte

Las declaraciones del ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, han puesto el foco en las rutas del contrabando utilizadas por los llamados coligalleros. Según Zamora, estas redes de minería ilegal extraen el mineral en territorio costarricense, lo trasladan clandestinamente por el río San Juan y lo procesan en Nicaragua, donde obtienen ganancias que no retornan al país de origen.

Zamora expuso que “el robo del oro de los costarricenses lo llevan a cabo coligalleros que utilizan rutas de contrabando que pasan por el río San Juan”, y que este flujo irregular involucra el procesamiento del sedimento minero en el país vecino, consolidando así un circuito transnacional de extracción y lavado de oro.

Los puntos críticos identificados por las autoridades incluyen la localidad de Las Crucitas, en la provincia de Alajuela, y el cerro Las Conchuditas, ambos cercanos a la frontera norte. En estas zonas se reporta no solo la presencia de mineros ilegales, sino también la intervención de redes de crimen organizado con capacidad de operar a ambos lados del límite binacional.

Las Crucitas: epicentro de disputa y daño ambiental

El área de Las Crucitas ha sido históricamente objeto de controversia. En 2010, la empresa canadiense Infinito Gold planeaba explotar una mina de oro a cielo abierto en el sitio. Sin embargo, tras una prolongada disputa judicial, los tribunales costarricenses anularon los permisos, dejando la zona sin actividad extractiva legal.

Este vacío fue rápidamente aprovechado por mineros ilegales, quienes emplean métodos de extracción que incluyen el uso de mercurio, con graves consecuencias para los ecosistemas locales y la salud de las comunidades. El Gobierno de Costa Rica ha reconocido los “severos daños ambientales” generados en la región, agravados por la ausencia de vigilancia efectiva.

Gobierno de Costa Rica, concesiones y tensiones ambientales

En respuesta al auge de la minería ilegal, el Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves impulsa un proyecto de ley que busca reactivar la explotación de oro en Las Crucitas bajo un modelo de concesión supervisada. El plan propone que el Estado perciba un 5 % de las ganancias generadas, con la operación centralizada en una planta de procesamiento gestionada por empresas adjudicatarias seleccionadas mediante subastas.

No obstante, la iniciativa enfrenta el rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, que alertan sobre los riesgos ecológicos y sociales del proyecto. El Ministerio de Ambiente y Energía sería el órgano encargado de definir los criterios y supervisar el cumplimiento de los estándares ambientales por parte de los concesionarios.

Contexto regional e internacional

El conflicto por el oro fronterizo ha escalado al punto de convertirse en un tema de seguridad nacional para Costa Rica. El presidente Chaves ha anunciado que expondrá el caso en la próxima reunión de mandatarios latinoamericanos que será encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de marzo en Miami.

Este escenario subraya la dimensión internacional del problema y la necesidad de coordinación multinacional para erradicar la minería ilegal y el contrabando, fenómenos que, más allá de las fronteras, ponen en jaque la gobernabilidad, la seguridad y la sostenibilidad ambiental de la región.

Una alerta ambiental máxima afecta al sur del Tolima debido a la expansión de la minería ilegal. Este fenómeno ha traído a muchas personas de fuera, se han usado retroexcavadoras y se han establecido campamentos a lo largo de los principales ríos.

Desde 2024, cerca de 5.000 personas han llegado, creando enormes cráteres, desviando cauces y apoyando economías ilegales que perjudican el medio ambiente y la vida rural, según una investigación de Noticias Caracol.

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Según una investigación entre la Gobernación del Tolima y Noticias Caracol, han documentado la presencia de grupos criminales, principalmente las disidencias de las Farc, que se benefician de esta actividad.

Transformó la minería ancestral con batea, que es tradicional en el sur del Tolima, en una explotación a gran escala con maquinaria pesada. Un investigador anoimo de la gobernación de Tolima, citados por el medio mencionado, indican que el descubrimiento de nuevos yacimientos, accesibles solo con tecnología industrial, desplazó a los mineros locales y modificó la situación en municipios como Ataco, Saldaña, Planadas y Chaparral.

Imágenes aéreas muestran más de 50 puntos críticos en el río Saldaña y áreas cercanas, donde la vegetación ha sido eliminada y las aguas están contaminadas con mercurio.

El daño ambiental en ríos y bosques del Tolima es evidente, el investigador mencionado afirmó que la deforestación y los cambios en el cauce han reducido significativamente la cobertura forestal y contaminado fuentes de agua esenciales para los municipios vecinos. “Talaron muchos árboles, acabaron con el cauce, desviaron ríos y quebradas. Todos los químicos que usan para extraer el oro están llegando cauce abajo y afectan la producción agrícola de lugares como Saldaña”, comentó el funcionario.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dijo que “ya son al menos 14 hectáreas de bosque en las riberas de los ríos Atá, Saldaña y Amoyá las que se han visto afectadas por la depredación causada por el uso de retroexcavadoras”, según lo informado a Infoabe Colombia.

Esta transformación ha generado preocupación entre las autoridades, debido a la magnitud del daño y la perspectiva incierta a largo plazo.

En el ámbito social y económico, la llegada de mineros ilegales ha llevado a una crisis complicada. La Gobernación del Tolima señala que personas de Antioquia, Chocó y Cauca han obligado a comunidades rurales, que dependen del café, cacao y ganadería, a desplazarse. El éxodo campesino y los campamentos precarios han aumentado el consumo de drogas, la prostitución y han creado mayores riesgos para los niños.

Las autoridades también han señalado el impacto negativo sobre cultivos como el arroz y la inestabilidad económica en la región. Informes de inteligencia indican altos niveles de consumo de alcohol y la exposición de menores a nuevas dinámicas delictivas en estas zonas.

La expansión de la minería ilegal ha fortalecido la influencia de grupos armados ilegales, especialmente las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, según reportes de la Gobernadora Matiz.

La gobernadora denunció que “para que entre una retroexcavadora, esas organizaciones criminales cobran entre $5 millones y $7 millones”, financiando así sus actividades ilegales a través de la extorsión a operadores y la creación de economías ilícitas.

Matiz enfatizó la gravedad de la situación: “Hay grupos criminales detrás de esta actividad, y también se están beneficiando las disidencias de las Farc”, según lo registrado por la Gobernación. Se han abierto más de setenta y cinco procesos de sanción, especialmente en Ataco, aunque los actores ilegales continúan explotando el territorio y presionando a la población local.

Las autoridades han puesto en marcha operativos y sanciones para frenar el avance de la minería ilegal. Según la Gobernación del Tolima, tras anuncios del ministro de Defensa, varias retroexcavadoras y un número considerable de mineros ilegales han dejado la zona. Esto ha permitido que algunos campesinos retornen a sus actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, gran parte del problema aún persiste y la alerta ambiental continúa activa.

La administración departamental, en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente y Cortolima, trabaja para proteger la minería ancestral y artesanal y mitigar los daños ambientales y sociales causados por la llegada de forasteros y la presión de grupos criminales.

Se enfocan en salvaguardar ríos y bosques, aunque los desafíos continúan. La magnitud del daño y la incertidumbre sobre sus efectos futuros siguen preocupando a las autoridades, que anticipan consecuencias difíciles de evaluar en los próximos años.

En un despliegue coordinado en la provincia de Padre Abad, Ucayali, la Marina de Guerra del Perú (MGP) realizó un operativo que resultó en la incautación y destrucción de bienes valorizados en más de S/1 836 260.

Según reportó el Ministerio de Defensa (Mindef), estos materiales, principalmente dragas y equipos asociados a la minería ilegal, fueron localizados en el centro poblado de Vista Alegre, dentro del distrito de Curimaná, a lo largo del río Aguaytía.

La acción se ejecutó entre el 20 y el 21 de febrero y estuvo a cargo de personal de la Jefatura del Distrito de Capitanía N° 4 junto al componente naval del Comando Operacional del Ucayali.

La operación permitió decomisar 11 dragas y materiales diversos empleados por organizaciones que desarrollaban actividades ilícitas en la zona. Todo lo incautado fue destruido conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo 1100, normativa vigente para combatir delitos ambientales.

La intervención en Ucayali se suma a una estrategia nacional que enfrenta la minería ilícita en otras regiones. En Madre de Dios, por ejemplo, autoridades reportaron la destrucción de bienes que superan los S/28 millones, gracias a la participación de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército.

El Mindef destacó que cada operativo representa un avance en la defensa del territorio frente a la expansión de la minería ilegal, actividad que impacta directamente sobre la biodiversidad y los recursos naturales.

“Cada operación contra la minería ilegal es un paso más en la defensa del medio ambiente, la legalidad y el desarrollo sostenible del país”, afirmó el Ministerio de Defensa del Perú durante el balance de las operaciones.

Estrategia permanente

Las acciones recientes se integran a una política de intervención constante para proteger áreas naturales protegidas y zonas de alto valor ecológico en el país.

En la Reserva Nacional San Fernando, región de Ica, un operativo conjunto entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) resultó en la destrucción de nueve campamentos rústicos y equipos empleados en la extracción ilegal de minerales.

Según reportó el Sernanp, el operativo se desarrolló en el cerro Huaricangana, provincia de Nasca, donde se localizaron implementos como bidones de agua, combustible y un socavón de 1.7 metros de alto por 1.5 metros de ancho.

Las autoridades remarcaron que estos procedimientos buscan proteger ecosistemas costeros y desérticos, hábitat de especies como los guanacos y plantas del género tillandsiales, fundamentales para el equilibrio biológico de la zona.

El Sernanp subrayó que la erradicación de la minería ilegal en áreas como la Reserva Nacional San Fernando es esencial debido a la fragilidad de los ecosistemas y su impacto en la fauna silvestre. El Estado peruano mantiene una línea de acción permanente para reducir la presión sobre estos territorios.

La minería ilegal figura entre las principales amenazas ambientales, debido a la degradación del suelo, la contaminación de ríos y la alteración de hábitats críticos.

La minería ilegal volvió a ser frenada dentro de un área natural protegida. Nueve campamentos rústicos fueron destruidos al interior de la Reserva Nacional San Fernando, en la región Ica, durante un operativo conjunto liderado por el Estado para proteger este frágil ecosistema marino-costero y desértico.

La intervención se realizó en el cerro Huaricangana, ubicado en la provincia de Nasca, y contó con la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Además de los campamentos, las autoridades destruyeron implementos utilizados para esta actividad ilícita, como bidones de agua y combustible, así como un socavón de aproximadamente 1.7 metros de alto por 1.5 metros de ancho.

Protección de un ecosistema clave del desierto costero

Desde el Sernanp se advirtió que la erradicación de la minería ilegal en esta zona resulta crucial por su valor ecológico. “La erradicación de la minería ilegal en esta área natural protegida es fundamental, ya que es uno de los pocos ecosistemas de desierto costero que cuenta con tillandsiales, especies de plantas que crecen en este corredor biológico y sirven de alimento para los guanacos que atraviesan el lugar”, informó la entidad.

Estos tillandsiales cumplen un rol clave en el equilibrio del ecosistema, especialmente para la fauna silvestre que se desplaza entre la sierra y la franja costera, como los guanacos.

Operativos permanentes contra delitos ambientales

El Sernanp remarcó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia sostenida para enfrentar la minería ilegal dentro de áreas protegidas. “Con este tipo de intervenciones, el Estado peruano reafirma su compromiso de continuar su lucha frontal contra los delitos ambientales y de seguir conservando nuestra biodiversidad, los recursos naturales y el futuro del país. Estas acciones conjuntas vienen siendo realizadas de manera permanente con el objetivo de aliviar la presión generada por la minería ilegal en estos sectores”, agregó la institución.

La minería ilegal representa una de las principales amenazas para las áreas naturales protegidas del país, debido a la degradación del suelo, la alteración de ecosistemas frágiles y el impacto directo sobre la fauna y flora.

¿Qué es la Reserva Nacional San Fernando?

La Reserva Nacional San Fernando se extiende sobre los distritos de Santiago, en la provincia de Ica, y Changillo, Nasca y San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca. Tiene una superficie de 154 716.37 hectáreas y su objetivo principal es conservar la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros del sur del país.

En su territorio confluyen ecorregiones como el mar frío de la corriente peruana y el desierto pacífico templado cálido. Allí se encuentran las desembocaduras de los ríos Ica y Grande, que forman bosques ribereños, así como playas de arena con humedales estacionales cercanos a la Punta Caballas.

En la zona sur destacan la ensenada de San Fernando, las lomas costeras y los acantilados del cerro Huasipara, considerado el cerro más alto de la costa peruana, con 1 790 metros sobre el nivel del mar.

Biodiversidad única entre el mar y el desierto

La reserva alberga una notable diversidad biológica marino-costera, con especies como lobos marinos, nutrias, pingüinos y cetáceos. Asimismo, es hábitat de fauna típica de la sierra —como guanacos, zorros, pumas y cóndores— que descienden hasta zonas cercanas al mar.

En cuanto a aves, destacan especies guaneras como el guanay, el piquero y el pelícano. En el ambiente marino, diversas microalgas sustentan a peces de importancia comercial como la anchoveta, la sardina, el pejerrey y la lisa, mientras que las algas marinas cumplen un rol clave como refugio y espacio de reproducción para invertebrados y peces.

La ruta del Pacífico volvió a ocupar la atención de las autoridades peruanas tras una operación en altamar que expuso la dimensión de las redes criminales que conectan Sudamérica con Norteamérica. A cientos de millas de la costa norte, una embarcación ligera cruzaba el mar sin artes de pesca ni señales de actividad comercial lícita. En su interior, oculto bajo capas de embalaje industrial, viajaba un cargamento que superaba las dos toneladas de cocaína.

El caso no se limita a un decomiso. Para los analistas en seguridad, el hallazgo confirma la proyección internacional de organizaciones mexicanas en territorio peruano. La información difundida por el consultor en seguridad integral y gestión de riesgos Pedro Yaranga sostiene que la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el país se consolidó mediante alianzas estratégicas con grupos locales, más que por control directo de ciudades.

Según Yaranga, antes del abatimiento de su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la organización ya contaba con redes que facilitaban rutas de exportación vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. El especialista indicó que la expansión no replicó el modelo de control territorial visible en México, sino que se apoyó en acuerdos con estructuras peruanas.

Intercepción en el límite marítimo

El programa Panorama informó que a 190 millas frente a las costas de Talara y Máncora, en el límite de las 200 millas marítimas del Perú, una embarcación ligera surcaba el océano con una carga incompatible con cualquier faena pesquera. En la nave se encontraron 2,4 toneladas de clorhidrato de cocaína distribuidas en compartimentos ocultos.

El operativo fue ejecutado por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú. La intervención permitió interceptar la nave en aguas internacionales próximas al dominio marítimo peruano. Las autoridades señalaron que se trata del mayor decomiso en aguas peruanas de los últimos años.

Dentro de la lancha se hallaron 106 sacos de rafia blanca. Cada saco contenía 20 bloques compactos de cocaína. El patrón de embalaje repetía una secuencia precisa: rafia exterior, malla ajustada con ganchos y plástico transparente que envolvía los ladrillos prensados. El destino, según la investigación preliminar, se vinculaba con redes asociadas a “El Mencho”.

El general PNP (r) José Arturo Ludeña declaró: “Yo podría asegurar que esta droga estaba destinada para el cártel mexicano. En realidad, Sinaloa, Nueva Generación, algunos de los que están vigentes”. La hipótesis conecta el cargamento con estructuras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ruta Ecuador–Perú–Estados Unidos

Las investigaciones determinaron que la droga partió desde Ecuador por aguas internacionales. La embarcación ingresó luego a la zona marítima próxima al Perú, donde fue interceptada. El destino final del cargamento era Estados Unidos.

Los tres tripulantes registran antecedentes por tráfico internacional de drogas en distintos países, entre ellos Estados Unidos y Costa Rica. Pese a esas condenas previas, retomaron la ruta marítima con una carga valorizada en millones de dólares.

Pedro Yaranga sostuvo en sus redes sociales que la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Perú se articuló mediante alianzas estratégicas con grupos criminales locales. Indicó que el objetivo principal fue asegurar rutas de exportación, tanto para el envío de cocaína como para el oro extraído de manera ilegal y otras economías ilícitas.

Emisarios en el Vraem y el Huallaga

Los órganos de inteligencia reportan la presencia de emisarios del CJNG en el Vraem y en el Huallaga, dos zonas clave para la producción de coca en el país. Estas áreas concentran laboratorios y pistas clandestinas utilizadas para el traslado de droga hacia la costa.

Además, no se descarta participación de representantes del cártel en la minería ilegal ubicada en la frontera entre Huánuco y Ucayali. En ese circuito se investiga el tráfico de mercurio utilizado para procesar oro de manera ilegal. En cada actividad ilícita, según Yaranga, existe colaboración de clanes familiares que facilitan logística y protección.

El especialista también mencionó reportes sobre la presencia de presuntos sicarios y emisarios del cártel en otros países de Sudamérica. En algunos casos, se difundieron videos para exhibir su presencia en territorio peruano.

Alianzas regionales y expansión

En Ecuador, el CJNG opera en coordinación con grupos locales como Los Tiguerones. Estas estructuras mantienen vínculos con organizaciones que actúan en Lima, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, donde se detectó distribución y resguardo de laboratorios de droga.

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, las agencias de inteligencia consideran probable la aparición de disputas internas por el control de rutas internacionales. Uno de los puntos críticos se relaciona con la droga procesada en el Vraem y su traslado hacia los puertos del Pacífico peruano.

El decomiso frente a Talara y Máncora confirma la vigencia de esa ruta marítima. Cada bloque incautado forma parte de una estructura transnacional que enlaza producción, transporte y distribución en distintos países. La operación expone un esquema que combina alianzas locales, financiamiento internacional y corredores marítimos que conectan Sudamérica con México y, desde allí, con Estados Unidos.

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y unidades de la Policía Ambiental informaron sobre la captura de dos personas por realizar minería ilegal dentro de la Reserva Forestal El Montoso, agravando la preocupación por el daño irreversible que estas actividades provocan en ecosistemas de Panamá. La acción se produce en un contexto de aumento de casos de minería ilegal, en el que las autoridades advierten sobre la contaminación de ríos y suelos por sustancias tóxicas, lo que constituye un grave riesgo para la salud pública y la biodiversidad del país.

Los infractores son un hombre y una mujer, que fueron sorprendidos en el cauce del río Tebariomientras extraían minerales sin autorización. En el operativo, realizado por guardaparques y agentes policiales, se incautaron tres platos de madera empleados para lavar oro, tres palas, dos barras de hierro y tres envases plásticos con material minero presuntamente ilícito. Ambos individuos quedaron a disposición del Ministerio Público para el inicio de los procesos legales correspondientes.

La proliferación de minería ilegal en Panamá representa uno de los mayores desafíos en materia ambiental y legal. Según información oficial de MiAmbiente, la principal amenaza radica en el uso no regulado de productos químicos como mercurio y cianuro, elementos que suelen emplear quienes extraen oro de manera artesanal y sin permisos. Estos compuestos tóxicos tienen la capacidad de degradar suelos, contaminar cursos de agua y comprometer la salud de comunidades aledañas, generando efectos persistentes a largo plazo.

En respuesta al incremento de infracciones, la entidad ambiental exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier acción que atente contra el ambiente a través de la línea 311 o mediante sus redes sociales oficiales. El llamado se da en un contexto de creciente preocupación por la frecuencia y sofisticación de las actividades mineras clandestinas en áreas protegidas y zonas rurales del territorio panameño.

Repunte de la minería ilegal y patrones recientes

Durante los últimos meses, Panamá ha registrado un repunte en los casos de minería ilegal, una tendencia que intensifica la presión sobre las autoridades y desafía la normativa ambiental vigente. El fenómeno incluye tanto la captura de particulares sorprendidos en flagrancia como la detección de campamentos clandestinos con maquinaria y túneles excavados sin autorización.

A mediados de febrero de 2026, unidades conjuntas de guardaparques y de la Policía Ambiental intervinieron en el Parque Nacional Chagres, sector Santa Librada en Colón, donde detuvieron a dos individuos implicados en labores mineras dentro del área protegida. Según reportes oficiales, la operación contempló la retención de herramientas y equipos para detener el avance de prácticas extractivas que amenazan la integridad de estos ecosistemas.

Un mes antes, a fines de enero, las autoridades detuvieron a cuatro personas en el distrito de Las Minas, provincia de Herrera, tras ubicar un campamento subterráneo desde el cual se realizaban excavaciones de varios metros para extraer minerales. El operativo permitió decomisar bombas de agua, una planta eléctrica, herramientas diversas, combustible y dos campamentos improvisados, evidenciando una estructura organizada que opera al margen de la ley.

Regulación y sanciones previstas para la minería ilegal

La minería artesanal y de pequeña escala en Panamá se rige por el Código de Recursos Minerales (Decreto Ley 23 de 1963), que exige la obtención de concesiones y el cumplimiento de normas ambientales estrictas para la protección de los recursos naturales. Además, la Ley General de Ambiente (Ley 41 de 1998) establece parámetros adicionales para preservar el entorno.

De acuerdo con la legislación vigente, quienes infringen estas disposiciones pueden recibir sanciones que van desde 150 a 365 días-multa hasta la suspensión de la licencia de operación por un período de uno a tres años, dependiendo del daño ambiental ocasionado. La normativa también contempla la inhabilitación para contratar con la administración pública por hasta tres años, como medida paralela a las penas administrativas y penales aplicables.

Las autoridades reiteran que la minería ilegal constituye una figura penal sancionada tanto por la ley ambiental como por el sistema judicial panameño. Alertan sobre los riesgos asociados a la explotación no regulada de los recursos minerales y la necesidad de mantener una vigilancia constante en los territorios protegidos.

Durante una entrevista con Radio City, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resaltó que tras la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quien calificó como “el alcalde criminal”, las muertes violentas en la ciudad experimentaron una disminución del 26%. Según reportó el medio Europa Press, Noboa puntualizó que esta reducción en los homicidios no se debe a una simple coincidencia, sino que la considera una consecuencia directa del arresto de Álvarez y de las acciones implementadas por su administración contra diversas formas de criminalidad.

De acuerdo con Europa Press, Noboa rechazó las acusaciones de persecución política hacia la oposición y sostuvo que las medidas adoptadas buscan únicamente actuar contra quienes han incurrido en delitos o han servido de apoyo a organizaciones relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. En sus declaraciones, el mandatario defendió de manera reiterada la orientación de sus políticas enfocadas en detener a “los criminales, a los que han generado muertes, a quienes han apoyado al narcotráfico y la minería ilegal”.

El presidente ecuatoriano también señaló, según destacó Europa Press, que los índices de detención de miembros de grupos criminales se han elevado marcadamente en el último periodo. Noboa indicó que el 85% de los líderes de organizaciones delictivas ya ha sido capturado. Pese a estos resultados, denunció falencias estructurales en el sistema judicial del país al declarar que “la Policía se saca ‘la madre’, los militares… hemos capturado a 140.000 personas y no se han procesado ni 10.000”. A partir de estos datos, manifestó la necesidad de una reforma significativa en la función judicial y argumentó la urgencia de implementar cambios para asegurar que las detenciones efectivas conduzcan a procesos judiciales y sentencias adecuadas.

Europa Press consignó que Noboa, además de abordar el tema de la criminalidad y el papel del sistema judicial, respondió a las críticas por sus habituales viajes internacionales. Al respecto, manifestó que estos desplazamientos suponen jornadas en las que deja de compartir tiempo con sus hijos y sostuvo que “salgo en contra por amor al país”, atribuyendo estos viajes a gestiones oficiales que, según su perspectiva, benefician a Ecuador.

En relación al arresto de Aquiles Álvarez, el medio Europa Press detalló que el alcalde permanece en prisión preventiva desde el 11 de febrero, en el marco del caso denominado ‘Goleada’, por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero vinculados a una supuesta trama de fraude fiscal. Además de Álvarez, en el operativo policial también fueron detenidas otras diez personas, entre las que figuran sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, quienes desempeñan cargos directivos en el Barcelona Sporting Club, equipo de fútbol de Guayaquil.

La situación judicial de Álvarez se complica por su implicación en otra investigación bajo el nombre de ‘Triple A’, en la que se lo vincula con presuntos delitos de almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos.

Tal como subrayó Europa Press, el presidente Noboa reiteró durante la entrevista que los procedimientos judiciales y policiales en curso responden a la necesidad de atacar de raíz la criminalidad en Ecuador, haciendo énfasis en que solo a través de una profunda reforma institucional y judicial se podrá consolidar una verdadera reducción de los hechos violentos y fortalecer el Estado de derecho.

La operación, que contó con el apoyo de unidades especializadas de inteligencia militar, se ejecutó tras una investigación que señalaba al detenido como responsable de coordinar el cobro de extorsiones en municipios de Antioquia y Caldas.

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La destacada trayectoria criminal de alias Camilo o Tuerto

De acuerdo con información de inteligencia militar, el capturado, que tendría aproximadamente 20 años de trayectoria criminal, ejercía control sobre actividades extorsivas dirigidas a comerciantes, ganaderos y personas vinculadas con prácticas ilícitas, entre ellas la explotación ilegal de yacimientos mineros y el hurto de combustible.

Las autoridades le atribuyen la coordinación de estas acciones en Sonsón y Puerto Triunfo (Antioquia), así como en Norcasia, Samaná y La Dorada (Caldas), con el fin de fortalecer las finanzas del grupo armado.

Las investigaciones también indican que alias Camilo estaría implicado en el asesinato de un uniformado de la Policía Nacional en junio de 2025, ocurrido en zona rural de Sonsón. Además, sobre él pesaba una orden judicial por concierto para delinquir con fines extorsivos y extorsión agravada.

La principal responsabilidad de alias Camilo dentro de la estructura criminal consistía en incrementar los recursos de la subestructura Gener Morales a través del cobro sistemático de extorsiones, conocidas como la “vacuna”.

De acuerdo con las pesquisas, el detenido habría integrado diferentes organizaciones armadas y estructuras delictivas, entre ellas figuran el Bloque Magdalena Medio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Oficina de Envigado y otros grupos delincuenciales.

Posteriormente, se vinculó al Clan del Golfo, donde ascendió a la posición de cabecilla de zona tras la transición de la subestructura de Luis Alberto Padilla a Gener Morales.

En el procedimiento de captura, las autoridades incautaron un radio de comunicaciones de dos metros, un teléfono celular y una camioneta Suzuki Gran Vitara Live, color gris, con placas registradas en Bogotá.

Sobre la importante baja al grupo armado ilegal, el brigadier general Carlos Eduardo Caicedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada, destacó que representa “un golpe significativo que debilita la estructura financiera y jerárquica de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo”.

Además, el oficial destacó el impacto de la diligencia judicial: “Con esta operación, se afecta de manera significativa la estructura Gener Morales del Clan del Golfo, debilitando sus capacidades financieras derivadas del cobro de extorsiones y otras economías ilícitas. Asimismo, se desestabiliza su estructura jerárquica e impacta en su mando criminal”.

El resultado, logrado con el respaldo de los Escuadrones Militares y Policiales por una Antioquia Segura (Empas), reafirma el compromiso institucional de las Fuerzas Armadas con la protección de la población civil y la consolidación de condiciones de seguridad en el oriente antioqueño.

Detalles de la muerte del uniformado en Sonsón

El capitán Juan Carlos Amaya, oficial de la Policía Nacional de 36 años y miembro investigador del grupo Sijín, fue asesinado durante una emboscada de integrantes del Clan del Golfo, ocurrido en Sonsón.

Según la información que se conoció en su momento, los hechos se registraron en el sector Parceles, en límites con Puerto Triunfo. En ese lugar, se produjo una confrontación armada luego de que un grupo ilegal incursionara en un predio donde se encontraban varios uniformados.

El reporte entregado por el gobernador señaló que los atacantes abrieron fuego contra los policías, lo que derivó en la muerte del capitán Amaya.

Los integrantes del grupo armado, liderados por alias 'Camilo', utilizaban una vivienda de madera como base clandestina en el sector Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, cerca de la frontera con Colombia, y desde ese lugar eran acusados de brindar protección armada a la minería ilegal y expandir su presencia hacia áreas estratégicas de la provincia de Esmeraldas. El operativo militar del Ejército de Ecuador para capturar al presunto cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a otros diez sospechosos ecuatorianos se desarrolló el martes pasado en ese territorio, según informó el medio El País.

Durante la intervención, de acuerdo con El País, se produjeron enfrentamientos cuando las fuerzas militares intentaron ingresar a la vivienda utilizada como base. Los soldados fueron recibidos con disparos, lo que obligó a aplicar lo que el mando describió como "uso progresivo de la fuerza" hasta controlar el lugar. Uno de los detenidos, de nacionalidad ecuatoriana, resultó herido en el curso de la operación, reportó el comunicado del Ejército.

Según consignó El País, el detenido principal es Kevin Daniel R.C., también identificado por el alias 'Camilo', presunto líder del Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC. Las autoridades ecuatorianas sostienen que los capturados estaban vinculados con actividades delictivas en la provincia, en áreas tales como extorsión, tráfico de armas, amenazas y protección de actividades de minería ilegal. El Ejército afirmó en redes sociales que el arsenal incautado muestra "capacidad operativa organizada" por parte del grupo armado y su posible función como garantes de seguridad para operaciones ilícitas en diferentes corredores del territorio.

Durante la operación, el personal militar confiscó un número considerable de armas que, según información difundida por el Ejército y recogida por El País, evidencia una estructura armada con potencial de influencia en zonas como Zapallo Grande, Zapallito, Telembí, Cabuyal y Playa de Oro. Según enfatizan los reportes militares, estas áreas podrían haber funcionado como corredores para economías ilícitas, favoreciendo así la consolidación de actividades ilegales más allá del resguardo a la minería no autorizada.

La institución castrense calificó la acción como un "golpe significativo" contra la estructura de las disidencias, que consideran una amenaza para la seguridad interna del Estado ecuatoriano. A pesar de este resultado, el Ejército destacó que mantiene el despliegue en la región, ya que, según sostiene la información de inteligencia militar citada por El País, existen indicios de que otros miembros del grupo armado podrían encontrarse ocultos en viviendas y comunidades próximas al área donde se realizó el operativo.

El comunicado del Ejército, replicado por El País, resaltó que estas organizaciones armadas ilegales no solo ejecutan delitos tradicionales vinculados al narcotráfico y la extorsión, sino que han reforzado su rol en la prestación de seguridad a la minería ilegal. Además, las autoridades manifestaron preocupación por la posible expansión del grupo sobre espacios que podrían intervenir las rutas del comercio ilícito entre Ecuador y Colombia.

A lo largo de la jornada, la operación contó con un despliegue importante de tropas militares y apoyos de inteligencia, culminando con el traslado de los detenidos a custodia para su posterior procesamiento. De acuerdo con la información proporcionada por El País en base a fuentes militares, la incautación de armas permitió bloquear un canal material de las actividades ilícitas del grupo, aunque las autoridades advierten que la presencia de más disidentes en la zona obliga a mantener la vigilancia y el control territorial en Esmeraldas y comunidades cercanas a la frontera.

La minería ilegal en Madre de Dios volvió a recibir un duro golpe. En un operativo ejecutado en el sector Hilaria, en el distrito y provincia de Tambopata, el sector Defensa asestó pérdidas económicas superiores a S/ 28 millones a esta actividad ilícita que continúa depredando la Amazonía peruana.

La intervención se realizó el 18 de febrero de 2026 y contó con la participación de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército del Perú, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). La operación tuvo como objetivo frenar el avance de campamentos y maquinaria destinados a la extracción ilegal de oro, una práctica que genera graves impactos ambientales y económicos en la región.

Operativo en Tambopata deja millonarias pérdidas a la minería ilegal

En la acción participaron efectivos del Batallón de Infantería de Protección de la Amazonía N.° 613, quienes, junto a agentes policiales y representantes del Ministerio Público, interdictaron e inutilizaron infraestructura clave para la actividad ilícita.

El despliegue permitió la incautación y posterior destrucción de seis motores marca Deutz, 14 motores sumergidos, ocho pozas y 20 balsas utilizadas para la extracción aurífera. Además, se hallaron 20 tracas hidráulicas, 20 tracas mecánicas, 20 bombas de succión y 11 campamentos rústicos instalados en la zona intervenida.

La operación también incluyó la destrucción de 20 bases metálicas para succión, 36 mangos, 12.000 metros de alfombra, 8.000 metros de manguera de arrastre, 20 fajas transportadoras y 15.000 metros de tubo de metal. A ello se sumaron 2.500 cilindros metálicos vacíos y diverso material logístico empleado para sostener la actividad extractiva ilegal.

De acuerdo con la valorización oficial, el total de bienes incautados asciende a S/ 28 003 870, monto que representa un fuerte impacto en la economía de la minería ilegal en Madre de Dios, una de las principales problemáticas ambientales del país.

Todo el material decomisado fue destruido conforme al marco legal vigente y por disposición del Ministerio Público, como parte de las acciones de interdicción que buscan impedir la reutilización de equipos y estructuras para continuar con la explotación ilícita.

Desde el sector Defensa se informó que las operaciones conjuntas contra la minería ilegal continuarán desarrollándose de manera sostenida en la región amazónica. Las autoridades mantienen el despliegue de efectivos en puntos estratégicos de Tambopata, zona considerada crítica por la presencia de campamentos clandestinos y maquinaria pesada vinculada a la extracción de oro sin autorización.

Estas intervenciones forman parte de la estrategia estatal para enfrentar la minería ilegal en la Amazonía, actividad que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino también graves daños ambientales en áreas de alta biodiversidad.

Minería ilegal opera en las 25 regiones y mueve miles de millones en economía clandestina

El alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, advirtió que esta actividad ilícita ya no se concentra en focos específicos, sino que tiene presencia en las 25 regiones del país. Aunque el fenómeno es nacional, precisó que existen zonas donde la situación es particularmente crítica, como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Pataz (La Libertad) y Puno, territorios donde la expansión de economías ilegales ha generado impactos ambientales y sociales de gran magnitud.

En términos operativos, el Estado ha intensificado las acciones de interdicción minera en los últimos años. Durante el 2024 se realizaron 745 operativos en todo el país, con bienes incautados o destruidos valorizados en más de S/ 2.240 millones. La cifra aumentó en el 2025, cuando se ejecutaron 1.037 intervenciones, alcanzando un valor cercano a S/ 4.000 millones en maquinaria, insumos y equipos vinculados a la extracción ilegal de oro, lo que evidencia el tamaño económico del negocio clandestino.

Además, desde el 2023 funciona una comisión multisectorial integrada por nueve ministerios y cinco entidades del Estado que trabaja en tres frentes: formalización, erradicación y recuperación ambiental. Como parte de ese proceso, se depuraron más de 50 mil registros mineros que no desarrollaban actividad real, reduciendo el padrón a aproximadamente 31 mil inscritos. Paralelamente, se vienen implementando puestos de control en zonas estratégicas como Pataz y un sistema de trazabilidad para identificar el origen del mineral, apoyado en análisis geológicos, imágenes satelitales y pruebas de laboratorio.

La detención de Kevin Daniel R.C., conocido como “Camilo”, presunto cabecilla colombiano de las disidencias de las Farc, específicamente del Frente Oliver Sinisterra, y de otros diez ciudadanos ecuatorianos, fue el resultado de un operativo militar realizado en la provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera Colombia-Ecuador.

Según el Ejército de Ecuador, la acción se llevó a cabo la madrugada del 17 de febrero y estuvo enfocada en desarticular una estructura armada vinculada a minería ilegal, extorsiones y tráfico de armas.

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La operación militar inició a las 6:00 a. m.en el sector Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, con apoyo de inteligencia militar.

Los efectivos intervinieron en una vivienda de madera señalada como base clandestina, donde, según el Ejército de Ecuador, fueron recibidos con disparos. La respuesta fue el uso progresivo de la fuerza, lo que permitió la captura de los once presuntos integrantes y el control inmediato de la zona, añadieron ambas fuentes.

Entre los detenidos resalta Kevin Daniel R.C. ‘Camilo’, cabecilla de las disidencias de las Farc y de nacionalidad colombiana. Los otros arrestados, todos ecuatorianos cuyos nombres figuran en los reportes, están vinculados a la estructura armada y a actividades ilícitas dentro de la región.

Durante el operativo se decomisó un arsenal que evidencia la capacidad operativa del grupo. El armamento incautado comprende un fusil AR15 calibre 5,56 mm, una pistola traumática, tres escopetas artesanales, dos cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 51 cartuchos calibre 5,56 mm, 27 cartuchos calibre 9 mm y dos cartuchos 12GA.

Esta colección de armas fue presentada por el Ejército como prueba de la preparación de la organización para la protección armada de actividades ilícitas.

Al ingresar a la vivienda, el personal militar enfrentó disparos, lo que resultó en que uno de los detenidos, de nacionalidad ecuatoriana, sufriera heridas y debiera ser trasladado al hospital.

El Ejército explicó en ambas fuentes que la reacción fue una respuesta a la agresión recibida, lo que permitió asegurar el control del sector y neutralizar la amenaza de forma inmediata.

Las autoridades indicaron que los aprehendidos mantenían nexos con actividades ilícitas como el cobro de ‘vacunas’ (extorsiones), tráfico de armas, amedrentamiento y la protección armada de la minería ilegal.

Esta estructura habría fortalecido su control de cadenas delictivas locales y expandido su presencia en sectores estratégicos de Esmeraldas.

La influencia de este grupo armado abarca más que la protección de la minería ilegal. Destacaron su presencia en zonas como Zapallo Grande, Zapallito, Telembí, Cabuyal y Playa de Oro, donde consolidan corredores para economías ilícitas y facilitan el tránsito de personas, armas y mercancías. Estas dinámicas han transformado la frontera en un enclave prioritario para el crimen organizado y han propiciado alianzas con redes delictivas locales.

El Ejército de Ecuador advierte Que mantiene operaciones militares en la provincia de Esmeraldas tras recibir información sobre otros posibles colaboradores ocultos en viviendas y comunidades cercanas.

Las fuerzas armadas continúan su presencia en el área para impedir la reagrupación de células delictivas y asegurar el control de corredores estratégicos.

Las autoridades recalcan que la captura de alias Camilo y sus colaboradores representa un avance clave en la lucha contra estructuras armadas ilegales que amenazan la seguridad de Ecuador.

El presidente Petro ordena militarizar la frontera con Ecuador para combatir insumos de fentanilo

El presidente Gustavo Petro ordenó militarizar la frontera colombo-ecuatoriana y fortalecer los controles para impedir el ingreso de insumos utilizados en la producción de fentanilo, una sustancia que, según subrayó, provoca más de 500.000 muertes anuales en el mundo.

La disposición, dirigida a todas las Fuerzas Militares, busca ejercer un “control absoluto” en todo el corredor fronterizo, tanto terrestre como marítimo.

Durante la inauguración de la estación radar en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo en Leticia, Petro remarcó la necesidad de endurecer la vigilancia, no solo para frenar el tráfico ilegal aéreo, sino también el paso de insumos químicos que, indicó, suelen ingresar en contenedores de buques mercantes.

Precisó: “Detener cualquier entrada de insumos de fentanilo a Colombia con rumbo donde sea. Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador, por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia, que no vienen en lancha”.

En el contexto de la reciente crisis diplomática, Colombia incrementó en 30% los aranceles y suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, decisión que el mandatario justificó durante el acto.

“Les vendimos energía cuando necesitaban, pero ahora, como no necesitan, entonces están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita, pero a mí no me gusta gritar”, afirmó.

Petro también cuestionó la eficacia de las fuerzas armadas ecuatorianas para interceptar cargamentos de drogas en la frontera y señaló que, a pesar de la presencia conjunta de ambos ejércitos, sigue registrándose un tránsito constante de estupefacientes.

“¿La culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos?”, planteó el jefe de Estado, señalando las dificultades para controlar la selva fronteriza.

La nueva estación radar, cuya inversión ascendió a $45.000 millones, forma parte de la estrategia nacional para intensificar la lucha contra el narcotráfico en la región amazónica.

En los últimos meses Panamá ha registrado un repunte preocupante de casos de minería ilegal que no solo desafían la normativa ambiental vigente, sino que han encendido las alarmas sobre el impacto ecológico y social en zonas protegidas y áreas rurales del país.

La tendencia incluye desde detenciones de individuos en flagrancia hasta la localización de campamentos clandestinos con equipos y túneles excavados sin autorización, agravando conflictos ya existentes alrededor del futuro de la minería en el país en medio de un complejo panorama legal y ambiental.

El caso más reciente ocurrió el 16 febrero de 2026, cuando en el Parque Nacional Chagres, sector Santa Librada en Colón, unidades conjuntas de guardaparques y la Policía Ambiental sorprendieron a dos individuos realizando actividades mineras dentro de un área protegida.

La intervención incluyó la aprehensión de los sospechosos y la retención de herramientas y equipos usados en la extracción, según reportes oficiales de MiAmbiente. El incidente se suma a una serie de operativos que reflejan una presencia constante de prácticas ilícitas, incluso en ecosistemas frágiles y bajo estricta protección estatal.

Un mes antes, a finales de enero, en el distrito de Las Minas, provincia de Herrera, las autoridades también aprehendieron a cuatro personas tras un operativo de inteligencia que permitió ubicar un campamento subterráneo desde el cual se excavaban túneles de varios metros para extraer minerales.

En el lugar se decomisaron bombas de agua, una planta eléctrica, herramientas, combustible y dos campamentos improvisados, todos indicios de una operación estructurada fuera de la ley. Estos arrestos se realizan bajo la figura penal de minería ilegal, que en Panamá está regulada por la ley ambiental y penal —y cuya contravención puede implicar sanciones administrativas y hasta penas de cárcel conforme a la normativa vigente.

En enero de 2026, otra operación significativa se reportó en el distrito de Chepo, donde unidades especializadas del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en coordinación con la Dirección Antinarcóticos, encontraron un campamento clandestino dedicado a la extracción ilegal de minerales.

Allí se incautaron bateas, piquetas, coas, ollas y otros implementos empleados en esas labores, y se notificó al Ministerio Público a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.

Este último caso se enmarca dentro del #PlanFirmeza, la estrategia integral del Senafront para proteger los recursos naturales y combatir delitos ambientales en territorios fronterizos y rurales, reforzando la vigilancia en puntos clave donde, según organismos de control, la minería ilegal suele proliferar.

Registros compartidos en redes sociales y comunicados oficiales, reportaron que en los primeros seis meses de 2025 se detuvieron al menos 67 personas por minería ilegal, cifra que evidencia la magnitud del problema y la dificultad de su contención.

Las autoridades ambientales han reiterado que la minería ilegal provoca deforestación acelerada, contaminación de fuentes hídricas y degradación de suelos, además de poner en riesgo comunidades cercanas. En casos detectados en años recientes, se han encontrado indicios de uso de combustibles y químicos que pueden afectar la calidad del agua y los ecosistemas.

Las zonas donde con mayor frecuencia se han detectado actividades de minería ilegal en Panamá incluyen principalmente Darién, Colón y Panamá Este, territorios caracterizados por su alta biodiversidad y extensas áreas boscosas. En la provincia de Darién, particularmente en sectores cercanos al río Tuira y áreas del Parque Nacional Darién, se han localizado campamentos clandestinos y estructuras improvisadas para la extracción de minerales.

En Colón, operativos recientes han confirmado incursiones dentro del Parque Nacional Chagres, mientras que en Panamá Este, especialmente en el distrito de Chepo, las autoridades han identificado campamentos y equipos utilizados para la extracción en zonas ribereñas y rurales de difícil acceso.

Futuro de la minería

En medio de este repunte de operativos contra la minería ilegal, el país atraviesa además un momento clave en la definición del futuro de la actividad extractiva formal.

Actualmente, la minería metálica en Panamá no está activa, luego de la aprobación de la moratoria minera en noviembre de 2023, que suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones y marcó un punto de inflexión en la política minera nacional.

El caso más emblemático es el de Minera Panamá, operada por la empresa First Quantum Minerals, cuyo contrato original —derivado de la concesión de 1997— fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia a finales de 2023.

El fallo dejó sin efecto el contrato y ordenó el cierre de la operación, en medio de un clima de fuerte tensión social y debate nacional sobre el modelo extractivo del país.

Tras la decisión judicial, el proyecto quedó paralizado y actualmente se desarrolla una auditoría ambiental integral para determinar el estado real de la mina, los posibles impactos acumulados y las responsabilidades correspondientes. El resultado de esa auditoría será determinante para definir el futuro del yacimiento.

El presidente José Raúl Mulino ha manifestado públicamente que su administración evalúa alternativas para el proyecto, pero bajo un modelo distinto al contrato de concesión tradicional, lo que implicaría una redefinición del esquema jurídico y económico bajo el cual podría operar cualquier actividad minera en el país.

En paralelo, la Ley 407 de 2023, que estableció la moratoria minera, mantiene suspendida la entrega de nuevas concesiones metálicas. Esto significa que cualquier actividad extractiva que no esté amparada en un permiso vigente o en un régimen legal específico es considerada ilegal, y por tanto, sancionable tanto en la vía administrativa como penal.

De acuerdo con el Código Penal panameño, los delitos contra el ambiente —incluyendo la extracción ilícita de recursos minerales en áreas protegidas o sin autorización— pueden acarrear penas de prisión, multas y la incautación de equipos, especialmente cuando se afecta un parque nacional, una cuenca hidrográfica o se utilizan sustancias contaminantes.

Panamá, uno de los países con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo, enfrenta así un doble desafío: por un lado, contener el avance de la minería ilegal en parques nacionales, ríos y zonas rurales, y por otro, definir con claridad el rumbo de su política minera formal tras el cierre del mayor proyecto extractivo del país.

En este contexto, expertos en derecho ambiental señalan que la respuesta estatal debe sostenerse en tres pilares fundamentales: fiscalización permanente, sanciones efectivas y claridad regulatoria, especialmente mientras el país redefine su modelo minero.

Logran incautación de maquinaria utilizada para procesar minerales ilegalmente en Pataz. La acción fue ejecutada por la Fiscalía Ambiental tras una intervención policial que dejó dos personas detenidas en flagrancia y evidenció el riesgo de contaminación en una zona cercana al río Parcoy, uno de los afluentes que atraviesan esta provincia golpeada por la expansión de economías ilegales.

La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de La Libertad, a cargo de la fiscal provincial Patricia Viviana Ponce Saavedra, logró la incautación de molinetes artesanales, balanzas, sopletes, hornos rústicos y otros equipos utilizados para el procesamiento ilícito de minerales.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en las inmediaciones del río Parcoy, en el distrito y provincia de Pataz, una zona considerada vulnerable por su cercanía a cuerpos de agua y por el impacto ambiental que generan estas actividades ilegales.

Detenidos en flagrancia e investigación en curso

Durante la intervención policial fueron detenidos en flagrancia los ciudadanos J. A. H. P. (30) y F. R. J. (25). A partir de las evidencias halladas en el lugar, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra ambos por los presuntos delitos de minería ilegal y tráfico ilícito de minerales provenientes de esta actividad.

En la diligencia fiscal también se encontraron bolsas con contenido mineral en broza y residuos mineros, lo que reforzó la hipótesis de una operación activa de procesamiento ilegal.

Riesgo de contaminación ambiental

Las autoridades advirtieron que la ubicación del predio intervenido representa un riesgo significativo de contaminación ambiental, debido a la cercanía con el río y a la presencia de residuos mineros. Por esta razón, se dispuso la retención de todos los enseres y equipos utilizados en la actividad ilícita, como medida preventiva frente a posibles daños al ecosistema local.

Desde la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental se reafirmó el compromiso de continuar con la persecución penal de los delitos ambientales, en especial aquellos vinculados a la minería ilegal, en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales del país.

Minería ilegal y extorsión en aumento en La Libertad

La intervención ocurre en un escenario marcado por el avance sostenido de las economías ilegales en la región La Libertad. Entre 2019 y 2025, las denuncias por extorsión y minería ilegal crecieron de manera exponencial, mientras que el presupuesto destinado a enfrentar la inseguridad pública se redujo en 60,7% para 2026, según registros del Ministerio Público analizados por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

De acuerdo con esta información, el presupuesto regional ejecutado en 2025 alcanzó los S/ 741 millones, pero para 2026 cayó a S/ 292 millones. El recorte responde, principalmente, a la exclusión de proyectos que no superaron el 90% de avance en 2025 y que estaban orientados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, como mejoras en serenazgo, infraestructura de vigilancia y adquisición de tecnología en provincias como Otuzco, Virú, Trujillo y Pataz.

El impacto territorial de la violencia

La violencia asociada al control y comercialización ilegal de oro quedó en evidencia a inicios de 2026, cuando se logró el rescate de veintinueve trabajadores que permanecían retenidos por redes criminales en la mina Sanone, en Pataz. La acción fue liderada por la Policía Nacional del Perú y contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, evidenciando el nivel de riesgo al que se enfrentan quienes viven y trabajan en zonas mineras.

En 2025, Pataz concentró el 69% de las denuncias por minería ilegal en La Libertad y registró una tasa de extorsión de 43,8 denuncias por cada 100 mil habitantes, doce veces más que en 2020. Otras provincias como Otuzco y Trujillo también mostraron incrementos significativos, con tasas que se multiplicaron hasta cincuenta y quince veces, respectivamente.

Dinámica delictiva y desafíos para el Estado

La Libertad mantiene desde 2019 la tasa más alta de denuncias por minería ilegal entre las regiones del norte del país. En 2025 alcanzó los 19,2 casos por cada 100 mil habitantes, casi el triple de lo registrado en 2019 y por encima del promedio nacional. Según el IPE, existe una articulación entre la minería ilegal y redes de crimen organizado que facilita la expansión de la extorsión en todo el departamento, con incrementos notables en provincias como Chepén y Virú.

Frente a este panorama, especialistas advierten que el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía y una mayor coordinación con autoridades locales son claves para enfrentar la expansión de las economías ilegales. También plantean la necesidad de recurrir a mecanismos como Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas para destrabar proyectos de seguridad urbana, en un contexto de restricciones presupuestales.

La Armada de Colombia y la Policía Nacional ejecutaron una serie de operaciones de control fluvial en el departamento del Guainía, donde lograron neutralizar nueve Unidades de Producción Minera (UPM) dedicadas a la extracción ilícita de minerales. Estas acciones forman parte del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, desplegado en la región amazónica durante enero y febrero de 2026.

Según informó la Fuerza Naval de la Orinoquía, los operativos se concentraron en zonas fluviales cercanas a Inírida y Barrancominas, corredores clave para el tráfico de insumos y maquinaria asociada a la minería ilegal.

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Durante las intervenciones, las autoridades incautaron motores, bombas, mangueras, dragas, tapetes, rotores y combustible, así como otros elementos fundamentales para las actividades ilícitas.

Entre los bienes decomisados, destacan más de 12.000 galones de combustible empleados en la operación de las UPM, lo que representa un impacto significativo en la logística financiera de las redes criminales.

El refuerzo de los patrullajes y la inspección de embarcaciones permitió detectar el transporte irregular de maquinaria y estructuras destinadas a la explotación ilegal de yacimientos mineros.

La minería ilegal con dragas genera graves afectaciones ambientales y sociales en la Amazonía. Las operaciones ilícitas contaminan los ríos con sedimentos y sustancias tóxicas, alteran los cauces naturales y destruyen ecosistemas acuáticos. Estos daños comprometen tanto la biodiversidad como la salud de las comunidades ribereñas.

De acuerdo con la Armada de Colombia, la vigilancia constante sobre los ríos evita que los ecosistemas amazónicos y de la Orinoquía sufran daños mayores, además de fortalecer la seguridad de las comunidades ribereñas.

El comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.50, teniente coronel José Acuña, confirmó en un comunicado público: “Durante estos operativos, fueron incautados motores, dragas, bombas, mangueras y más de 12.000 galones de combustible, afectando de manera directa la logística y las finanzas de estas redes criminales”.

Todo el material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el avance de los procesos judiciales.

Otra acción contundente en la Amazonía colombiana

En una operación similar reciente, la Armada de Colombia ejecutó la inhabilitación de nueve dragas dedicadas a la minería ilegal en los departamentos de Caquetá y Putumayo, en una acción conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El operativo se llevó a cabo en los municipios de Solano y Solita, el departamento de Caquetá, así como en áreas rurales de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, en Putumayo, zonas de alta sensibilidad ambiental y estratégica para la región amazónica.

De acuerdo con información oficial suministrada por la institución naval, las autoridades hallaron 261 galones de combustible tipo ACPM, motores, turboextractores y otros elementos que habitualmente se emplean en la extracción ilícita de minerales.

Los materiales habrían estado bajo control del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor), Estructura Carolina Ramírez, organización que sostiene actividades ilegales en esta zona estratégica del sur colombiano. La destrucción controlada de las dragas y materiales incautados se realizó en el lugar, siguiendo los protocolos para evitar un daño mayor a los ecosistemas.

Estos dispositivos tenían el objetivo de sostener la explotación ilegal de yacimientos mineros, generando un flujo constante de recursos para el grupo armado residual en la región.

Las verificaciones realizadas por la Brigada de Infantería de Marina No. 3 señalan que los equipos incautados pertenecían a la Estructura Carolina Ramírez, vinculada a actividades delictivas y la financiación de economías ilegales mediante la explotación de recursos naturales.

En ambos casos, la Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y la seguridad territorial, asegurando que mantendrá operaciones sostenidas para garantizar la presencia del Estado en zonas estratégicas. Estas acciones buscan debilitar las economías ilícitas que afectan la estabilidad regional y promover la confianza de las comunidades.

En enero de 2026, la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, rescató a 29 trabajadores retenidos en la mina Sanone, en Pataz. El caso ilustra cómo la disputa por el control de la extracción y comercialización ilegal de oro viene deteriorando la seguridad y amenaza la continuidad de actividades productivas en la región.

Los registros del Ministerio Público confirman este deterioro. Entre 2019 y 2025, la tasa de denuncias por extorsión en La Libertad se duplicó: pasó de 72,2 a 162 denuncias por cada 100 mil habitantes. En ese periodo, 12 de las 13 provincias triplicaron sus tasas de denuncias por extorsión. Chepén y Virú registraron multiplicar sus tasas de denuncias por más de seis respecto de 2019.

Este patrón se condice con el avance de la minería ilegal, actividad que suele articularse con redes de crimen organizado. En 2025, La Libertad registró 19,2 denuncias vinculadas a minería ilegal por cada 100 mil habitantes, casi el triple que en 2019 (6,6), y por encima del promedio nacional (16,5). Además, desde 2019 mantiene la mayor tasa de denuncias por minería ilegal entre las regiones del norte.

En 2025, Pataz acumuló el 69% de las denuncias por minería ilegal en la región. En paralelo, su tasa de denuncias por extorsión alcanzó 43,8 por cada 100 mil habitantes, 12 veces más que en 2020 (3,5). En Otuzco y Trujillo, que en conjunto concentran el 18,6% de las denuncias por minería ilegal, las tasas de extorsión llegaron a 54,5 y 221,3 denuncias por cada 100 mil habitantes, respectivamente; esto equivale a niveles quince y cinco veces superiores a los de 2020.

La respuesta pública enfrenta un problema adicional: el presupuesto. En 2025, la región ejecutó el 98,6% del presupuesto de inversión pública asignado para la función de orden público (S/ 741 millones). No obstante, con información a febrero de 2026, el presupuesto aprobado cae a S/ 292 millones (-60,7%). Esta disminución responde, principalmente, a la ausencia de proyectos incorporados en 2025 que cerraron con avances menores al 90% y no fueron reingresados en la cartera de 2026. Se trata de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana —como la ampliación y mejoramiento del serenazgo, la reparación de infraestructura de vigilancia y la adquisición de tecnología para monitoreo y videovigilancia— en distritos como Ascope, Virú, Trujillo y Pataz.

Para combatir el avance de la inseguridad, se requiere fortalecer a la PNP y mejorar la coordinación con las autoridades locales, con un enfoque territorial en las zonas más expuestas a las economías ilegales. Esto implica mejorar equipamiento, movilidad e inteligencia operativa, además de acelerar la modernización de las comisarías. Para destrabar inversión, resulta clave aprovechar mecanismos como Obras por Impuestos (OXI) y APP.

Artículo elaborado por María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del IPE, con colaboración de Maylith Coronel

En una zona donde el tránsito fluvial resulta clave para la economía local y también para actividades fuera de la ley, las autoridades reforzaron su presencia con un nuevo operativo de control. La cuenca del río Nanay, en Loreto, volvió a colocarse bajo observación por el traslado de materiales vinculados a la minería ilegal, una práctica que genera impactos ambientales y preocupa a las instituciones del Estado.

La acción se desarrolló como parte de una estrategia sostenida contra las economías ilegales en la Amazonía. El sector Defensa, mediante la Marina de Guerra del Perú, articuló esfuerzos con el Ministerio Público para intervenir puntos considerados sensibles por el uso de los ríos como rutas de abastecimiento.

El despliegue se realizó sin anuncios previos y bajo protocolos de policía fluvial. La operación permitió detectar una embarcación que navegaba sin registro, situación que activó los procedimientos de interdicción y revisión de carga en plena vía fluvial.

Operativo fluvial en el río Nanay

La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Control Fluvial “Río Inambari”, que operó en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Durante el patrullaje, el personal naval interceptó un bote artesanal de madera que no contaba con número de matrícula visible.

Al momento de la inspección, los agentes encontraron motores, herramientas y combustible. Tras la verificación técnica, las autoridades identificaron estos elementos como insumos utilizados de manera recurrente en la minería ilegal. Por disposición fiscal, todo el material quedó decomisado para el inicio de las diligencias correspondientes dentro de la investigación en curso.

Desde la institución naval se precisó que “este tipo de operativos tiene como objetivo proteger los ríos de la Amazonía y frenar la contaminación ambiental generada por la minería no autorizada”. La Marina de Guerra del Perú también informó que mantendrá acciones constantes de control en la región, con vigilancia permanente en el ámbito fluvial, a fin de impedir el desplazamiento de personas y bienes vinculados a actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que la cuenca del Nanay figura entre las áreas priorizadas por la presión de actividades extractivas ilegales, motivo por el cual los operativos conjuntos continuarán como parte del trabajo preventivo y de control en Loreto.

Regiones más golpeadas por la minería ilegal

Aunque la actividad está presente en todo el país, el alto comisionado precisó que existen regiones donde la situación es especialmente crítica. Entre ellas mencionó Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco, así como Pataz, en La Libertad, y la región Puno.

“Lamentablemente tenemos minería ilegal en todas las regiones del Perú. Hay regiones donde es bastante más grave (…) en Pataz y Puno la situación es terrible”, advirtió.

Frente a este escenario, consideró que las acciones del Estado, que actualmente son mayoritariamente coercitivas, deben evolucionar hacia unaestrategia más integralque combine control, fiscalización e investigación con desarrollo y promoción de economías alternativas.

El contrabando genera pérdidas por más de 600 millones de dólares anuales en Perú

Según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el contrabando mueve más de 600 millones de dólares al año en Perú.

Sin embargo, la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito (CLCI) de la SNI advirtió que este monto no representa ni la cuarta parte del impacto económico real de este delito.

El comercio ilícito abarca falsificación, piratería, contrabando y adulteración de productos, actividades que constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región.

La secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, Silvia Hooker, afirmó que el comercio ilícito no es un problema sectorial ni exclusivamente nacional, sino una amenaza transversal que afecta la seguridad, el empleo formal y la competencia leal.

En ese sentido, Hooker Ortega destacó la necesidad de respuestas integrales y coordinadas entre el Estado, el sector privado y los países de la región.

El operativo se llevó a cabo en los municipios de Solano y Solita, el departamento de Caquetá, así como en áreas rurales de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo, zonas de alta sensibilidad ambiental y estratégica para la región amazónica.

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De acuerdo con información oficial suministrada por la institución naval, las autoridades hallaron 261 galones de combustible tipo ACPM, motores, turboextractores y otros elementos que habitualmente se emplean en la extracción ilícita de minerales.

Los materiales habrían estado bajo control del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR), Estructura Carolina Ramírez, organización que sostiene actividades ilegales en esta zona estratégica del sur colombiano.

Impacto ambiental y social de la minería ilegal

La minería ilegal con dragas genera graves afectaciones ambientales y sociales en la Amazonía. Las operaciones ilícitas contaminan los ríos con sedimentos y sustancias tóxicas, alteran los cauces naturales y destruyen ecosistemas acuáticos. Estos daños comprometen tanto la biodiversidad como la salud de las comunidades ribereñas.

Fuentes militares detallaron que la destrucción controlada de las dragas y materiales incautados se realizó en el lugar, siguiendo los protocolos para evitar un daño mayor a los ecosistemas. El procedimiento buscó neutralizar la capacidad operativa de quienes financian sus actividades ilícitas con recursos extraídos del entorno amazónico.

El teniente coronel Fredy Anderson Cortés Otálora, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 33, explicó que la fuerza pública identificó las nueve dragas junto a equipos y suministros líquidos, como combustible tipo ACPM, motores y turbohélices.

De acuerdo con el oficial, estos dispositivos tenían el objetivo de sostener la explotación ilegal de yacimientos mineros, generando un flujo constante de recursos para el grupo armado residual en la región.

Responsabilidad de grupos armados y respuestas estatales

Las verificaciones realizadas por la Brigada de Infantería de Marina No. 3 señalan que los equipos incautados pertenecían a la Estructura Carolina Ramírez, vinculada a actividades delictivas y la financiación de economías ilegales mediante la explotación de recursos naturales. La institución castrense detalló que el grupo residual utiliza la minería ilegal como una fuente principal de recursos para su funcionamiento.

“Localizamos y neutralizamos nueve dragas empleadas para la explotación ilícita, junto con insumos líquidos y motores. Se presume que estos dispositivos pertenecen al grupo armado residual Carolina Ramírez, que financia sus actividades fuera del marco de la ley mediante la minería ilegal”, afirmó Cortés Otálora.

El comandante agregó que la destrucción de los equipos se efectuó en el sitio para no generar un impacto adicional en el medio ambiente.

Continuidad de las operaciones y protección ambiental

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y la seguridad de las comunidades amazónicas. La institución aseguró que mantendrá operaciones conjuntas e interinstitucionales orientadas a combatir las economías ilegales que afectan la biodiversidad y la estabilidad territorial.

“Estas acciones demuestran la prioridad que tiene la protección de los ecosistemas y del territorio nacional para la fuerza pública”, indicó Cortés Otálora. El oficial enfatizó que la coordinación entre las distintas fuerzas armadas fortalece la estrategia para enfrentar los delitos ambientales y sus consecuencias sociales en la región.

Las autoridades continúan supervisando las zonas intervenidas y mantienen vigilancia sobre los principales afluentes amazónicos, con el objetivo de impedir la reactivación de estas prácticas. La intervención de las Fuerzas Militares y el seguimiento a las rutas del tráfico ilegal de recursos buscan frenar el avance de la minería clandestina en la Amazonía, una de las áreas de mayor valor ecológico para el país y el continente.

El Gobierno dio un nuevo paso en la lucha contra la minería ilegal con la aprobación del Decreto Legislativo 1695. La norma eleva las penas y amplía el alcance del delito, pero, según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), sus efectos serán limitados si no se enfrentan los vacíos institucionales, presupuestales y de control que sostienen esta economía criminal en distintas regiones del país.

El pasado 20 de enero, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, el Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo 1695, que busca “fortalecer las medidas que garanticen la prevención e investigación efectiva contra la minería ilegal”.

De acuerdo con el análisis del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), la norma modifica tres artículos del Código Penal —el 307-A, 307-E y 307-F— e introduce cambios relevantes en el régimen penal. Entre ellos, incrementa las penas y amplía el tipo penal para incluir actividades conexas como el procesamiento, el beneficio y el tráfico ilícito de recursos minerales.

Para el OMI, el decreto reconoce de manera expresa a la minería ilegal como una forma de crimen organizado, lo que permite fortalecer su persecución penal y dotar al Estado de mayores herramientas para investigar a las redes criminales que operan detrás de esta actividad.

“Refuerza lo penal, pero no ataca lo estructural”

Si bien el colectivo reconoce los avances normativos, advierte que el decreto no aborda los factores de fondo que explican la expansión de la minería ilegal. En ese sentido, señala que la norma refuerza el “brazo penal” del Estado, pero no resuelve los problemas estructurales que sostienen esta economía ilícita.

César Ipenza, vocero del OMI, explicó que uno de los principales aportes del decreto es la ampliación del tipo penal a actividades que antes quedaban en “zonas grises”, como el transporte y el tráfico ilícito de minerales. Sin embargo, subrayó que estos cambios, por sí solos, no garantizan resultados efectivos.

El gran vacío

Desde la Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental, Julio Guzmán coincidió en que uno de los principales obstáculos para perseguir a estas mafias es la ausencia de un modelo de trazabilidad que permita seguir el rastro del mineral desde su origen.

“Necesitamos un mecanismo para que los operadores de justicia identifiquen el lugar de origen de los recursos, la maquinaria e insumos utilizados, y ubiquen las rutas por donde transitan, desde las concesiones hacia las plantas de beneficio”, sostuvo.

El procurador advirtió que, sin información adecuada y accesible, el endurecimiento de penas puede derivar en controles excesivos que alimenten la corrupción. En ese escenario, agregó, el decreto corre el riesgo de convertirse en una expresión de populismo penal.

“De nada sirve agregar un catálogo de nuevos delitos si no se genera un efecto disuasivo desde el Estado”, señaló Guzmán, quien remarcó que el país está recurriendo al derecho penal para resolver un problema que el ámbito administrativo no ha logrado controlar en años.

Capacitación y recursos

El OMI también alertó sobre las limitadas capacidades institucionales para implementar la norma. Jueces, fiscales y procuradores enfrentan restricciones presupuestales y falta de personal especializado, lo que pone en riesgo la aplicación efectiva del Decreto Legislativo 1695.

En esa línea, el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, indicó que es indispensable fortalecer la capacitación de los operadores de justicia. Explicó que, al ampliarse el alcance del delito de minería ilegal a más etapas de la cadena productiva, policías y fiscales deben conocer a profundidad la Ley General de Minería y sus reglamentos.

El magistrado recordó, además, que se trata de un delito pluriofensivo, ya que afecta diversos bienes jurídicos como la recaudación tributaria, la seguridad ciudadana, el lavado de activos y su vinculación con la trata de personas. Esta complejidad, añadió, encarece y dificulta las investigaciones, sin que el decreto contemple mayores asignaciones presupuestales.

Un mensaje final al Congreso

Finalmente, el Observatorio de Minería Ilegal subrayó que los avances del nuevo decreto perderán eficacia mientras desde el Congreso se continúe promoviendo la ampliación del proceso de formalización minera, una medida que, en opinión del colectivo, ha debilitado los esfuerzos del Estado para frenar la expansión de esta actividad ilícita.

Para el OMI, sin una estrategia integral que combine control administrativo, fiscalización efectiva, trazabilidad, recursos y voluntad política, el endurecimiento de penas seguirá siendo insuficiente frente a un problema que ya se ha convertido en una amenaza estructural para el país.

Uno de los principales reclamos de la Organización de Pueblos Indígenas Kichwa Amazónicos Fronterizos del Perú-Ecuador (OPIKAFPE) apunta a la construcción del hospital de la comunidad 12 de Octubre, una obra clave para la atención de cientos de familias kichwas del Alto Río Tigre y zonas fronterizas. La organización indígena denunció la falta de transparencia y el mal manejo del presupuesto bajo responsabilidad de la Municipalidad Distrital del Tigre.

Ante esta situación, exigieron la intervención inmediata del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Salud (MINSA) para esclarecer el estado real del proyecto, paralizado pese a la urgencia sanitaria que enfrentan las comunidades amazónicas.

Proyecto de Salud Intercultural sin financiamiento confirmado

Las comunidades también demandaron respuestas concretas sobre el Proyecto Especial de Salud Intercultural 2027–2032, un compromiso asumido por el Estado en una reunión realizada el 7 de noviembre, pero que hasta la fecha no cuenta con financiamiento asegurado.

OPIKAFPE exigió al MEF, en coordinación con el MINSA y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que se garantice el presupuesto para este proyecto, considerado fundamental para cerrar las brechas de atención en territorios indígenas históricamente postergados.

Recorte de Beca 18

Otro punto central del pronunciamiento es el drástico recorte de las becas de Beca 18, que pasó de 30 mil a solo 2 mil vacantes, una medida que las comunidades consideran discriminatoria y perjudicial para los jóvenes indígenas, en especial aquellos que viven en zonas afectadas por la contaminación petrolera, como el Lote 192.

A este escenario se suma la crisis en el proceso de preselección de Beca 18 – 2026. El examen se rindió el 16 de noviembre de 2025 y los resultados debían publicarse el 22 de diciembre, pero hasta fines de enero de 2026 miles de postulantes siguen sin conocer su puntaje ni si avanzaron a la siguiente etapa.

La Contraloría General de la República, a través del Informe de Orientación de Oficio N.º 003-2026-OCI/0190-SOO, advirtió una “situación adversa” que compromete la transparencia y confiabilidad del concurso, debido al retraso en la publicación de resultados y a la falta de información clara sobre el número total de becas disponibles. Más de 90 mil jóvenes permanecen en incertidumbre, mientras el tiempo para acceder a la educación superior sigue corriendo.

Remediación ambiental

OPIKAFPE también exigió al MINEM el cumplimiento del Fondo de Remediación Ambiental, pendiente desde 2022 como parte de los acuerdos de consulta previa. Las comunidades responsabilizan al Estado por haber permitido, durante más de 50 años, la contaminación de sus territorios por empresas como OXY, Pluspetrol, Frontera y Altamesa.

Si bien en abril de 2025 el Ministerio de Energía y Minas anunció el inicio de labores de remediación en comunidades del Lote 192, con un presupuesto que bordea los S/ 390 millones, las comunidades kichwas del Alto Río Tigre advierten que los avances son insuficientes y no cubren todas las zonas impactadas. Según información oficial y de la plataforma Profonanpe, el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental aún requiere nuevas asignaciones presupuestales, lo que depende de decisiones del Congreso.

Mesa Multisectorial del Lote 192

En noviembre de 2025 se instaló en Iquitos la Mesa Técnica Multisectorial para el Desarrollo Sostenible y la Remediación del Lote 192, con participación de diversos ministerios, entidades del Estado y federaciones indígenas. En ese espacio se priorizaron proyectos de electrificación, salud, educación, agua y saneamiento, y se acordó retomar sesiones en febrero de 2026.

Sin embargo, OPIKAFPE denunció que no hay avances visibles, especialmente en el financiamiento de proyectos de electrificación para comunidades como Centro Arenal y San Juan de Bartra, servicios básicos largamente postergados pese a los compromisos asumidos.

Minería ilegal

Las comunidades kichwas también exigieron la intervención inmediata del Estado para erradicar la minería ilegal en el río Tigre. Esta actividad, advierten, no solo contamina el agua y los ecosistemas, sino que está asociada a delitos como la trata de personas y el fortalecimiento de economías ilegales.

El propio alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García Esquerre, reconocía en una entrevista a TV Perú que esta actividad ilícita está presente en todas las regiones del país y afecta gravemente a las comunidades indígenas amazónicas, especialmente en Loreto, donde la contaminación de ríos y la destrucción de bosques ponen en riesgo su seguridad y modo de vida.

Asimismo, en su pronunciamiento, OPIKAFPE cuestionó el rol de los congresistas, funcionarios del Estado y del alcalde del distrito del Tigre, a quienes acusan de no representar las demandas legítimas de la población del Alto Río Tigre y de promover decisiones que vulneran sus derechos.

“El abandono estatal y la falta de cumplimiento de los acuerdos profundizan nuestra situación de vulnerabilidad”, advirtieron las comunidades, que cerraron su pronunciamiento con un llamado a la defensa de la vida y el territorio: “¡Sumak kawsana ñukanchi llakta kichwa!”.

El Gobierno del presidente José Jerí oficializó este 4 de febrero la prórroga del Estado de Emergencia en los distritos fronterizos de la provincia de Tahuamanu, en el departamento de Madre de Dios. La medida busca consolidar la presencia del Estado en una de las zonas más vulnerables del país, donde el avance de la criminalidad organizada y el tráfico ilícito han puesto en jaque el orden interno.

La prórroga se extiende por 60 días calendario, a partir del 5 de febrero de 2026. En el caso de Madre de Dios, la atención se centra en los distritos de Iberia, Tahuamanu e Iñapari, puntos estratégicos de tránsito hacia Brasil y Bolivia que hoy enfrentan una convergencia de delitos que van desde el tráfico de drogas hasta la minería ilegal.

Minería ilegal sigue poniendo a la región en emergencia

La extensión de esta medida excepcional ocurre en un contexto crítico detallado por Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM. El funcionario advirtió recientemente que esta actividad ilícita ha dejado de ser un problema focalizado para convertirse en una amenaza nacional presente en todas las regiones del Perú, siendo Madre de Dios una de las zonas donde la situación es “bastante más grave”.

Según García Esquerre, la minería ilegal no debe entenderse solo como un daño ecológico, sino como un problema de Estado que compromete al Ejecutivo, al Poder Judicial y al Legislativo.

“Afecta especialmente a comunidades nativas en nuestra Amazonía a través de la contaminación de ríos y la destrucción de bosques”, explicó el comisionado. Esta realidad es la que sustenta los informes reservados de la PNP que dieron pie a la prórroga en Tahuamanu, donde las economías ilegales suelen financiarse mutuamente.

PNP y las Fuerzas Armadas contras las mafias

El decreto se sustenta en un informe de carácter reservado, emitido por la Región Policial Madre de Dios el pasado 25 de enero. En dicho documento, la comandancia general de la Policía Nacional advirtió la necesidad de mantener el régimen de excepción para continuar ejecutando operaciones estratégicas que permitan desarticular bandas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, tráfico de drogas y la trata de personas.

La PNP mantiene el control del orden interno, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Para asegurar la efectividad de las operaciones, el comando policial determinará las zonas de intervención basándose en inteligencia actualizada, estadísticas de criminalidad y mapas del delito. El objetivo es recuperar espacios que han sido tomados por la delincuencia común y organizada, garantizando que el flujo en los pasos fronterizos sea legal y seguro.

Durante el 2025, se realizaron 1.037 operativos a nivel nacional, donde se lograron incautar o destruir material valorizado en casi 4 mil millones de soles. Sin embargo, el García Esquerre sentenció que destruir maquinaria “no soluciona el problema” si ello no se acompaña con alternativas económicas para la población.

Durante la vigencia de la prórroga, se mantiene la suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito y reunión. Por otro lado, el control fronterizo será fundamental para fiscalizar el ingreso y salida de personas, y con ello evitar que las mafias de trata de personas sigan utilizando la frontera como una puerta para sus actividades ilícitas.

Otras regiones en emergencia

La medida responde a una estrategia de seguridad que abarca otros puntos críticos del territorio nacional. La prórroga también alcanza a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto (provincia de Tambopata), así como a Madre de Dios y Huepetuhe (provincia de Manu), zonas donde la minería ilegal ha devastado miles de hectáreas de bosque.

Aademás, por medio de otro decreto de emergencia, se prorroga a otras cinco regiones fronterizas, las cuales también contarán con la declaratoria para frenar la criminalidad transnacional:

• Amazonas: Distritos de El Cenepa, Río Santiago y Imaza.
• Cajamarca: Distrito de Namballe (San Ignacio).
• Piura: Lancones, Suyo y Ayabaca, puntos clave de vigilancia en el norte.
• Puno: Un despliegue masivo que incluye 15 distritos en provincias como Sandia, Huancané, Moho, Yunguyo, Chucuito y El Collao, blindando la frontera con Bolivia.
• Ucayali: Distritos de Masisea, Yurúa y Purús, zonas de difícil acceso golpeadas por el tráfico ilícito.

La minería ilegal ya no es un problema focalizado ni aislado. Se convirtió en una amenaza extendida a nivel nacional. Así lo confirmó Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien advirtió que esta actividad ilícita está presente en todas las regiones del país, con mayor intensidad en zonas como Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, La Libertad, Arequipa y Puno.

En entrevista con TV Perú, el funcionario señaló que la minería ilegal representa uno de los desafíos más graves que enfrenta el Estado peruano, no solo por su impacto ambiental, sino también por las profundas consecuencias sociales que genera en amplios sectores de la población.

Un problema de Estado

García Esquerre subrayó que la minería ilegal debe entenderse como un problema estructural que compromete a todo el aparato estatal y a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, remarcó que sus efectos van mucho más allá de la degradación ambiental.

“La minería ilegal se trata de un problema muy serio, un problema muy grande, un problema de Estado que compromete no solo al Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la sociedad en general, la sociedad civil, la población. (…) No se limita a un daño al medio ambiente, sino que hay un problema social de por medio que está afectando especialmente a muchas comunidades nativas, sobre todo en nuestra Amazonía”, explicó.

El alto comisionado alertó que las comunidades indígenas amazónicas se encuentran entre las más afectadas, debido a la contaminación de ríos, la destrucción de bosques y el avance de economías ilegales que alteran su forma de vida y su seguridad.

Trabajadores explotados y contaminación con mercurio

Además de las comunidades, García Esquerre señaló que la minería ilegal impacta directamente en los propios trabajadores mineros, quienes laboran en condiciones extremas y sin ningún tipo de protección.

Indicó que muchos de ellos trabajan en socavones inseguros o en ríos contaminados, expuestos de manera permanente al mercurio y otros elementos tóxicos, lo que genera graves riesgos para su salud y perpetúa dinámicas de explotación laboral.

Regiones más golpeadas por la minería ilegal

Aunque la actividad está presente en todo el país, el alto comisionado precisó que existen regiones donde la situación es especialmente crítica. Entre ellas mencionó Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco, así como Pataz, en La Libertad, y la región Puno.

“Lamentablemente tenemos minería ilegal en todas las regiones del Perú. Hay regiones donde es bastante más grave (…) en Pataz y Puno la situación es terrible”, advirtió.

Frente a este escenario, consideró que las acciones del Estado, que actualmente son mayoritariamente coercitivas, deben evolucionar hacia una estrategia más integral que combine control, fiscalización e investigación con desarrollo y promoción de economías alternativas.

Formalización, erradicación y recuperación ambiental

García Esquerre explicó que desde el año 2023 opera una comisión multisectorial integrada por nueve ministerios y cinco instituciones del Estado, que aborda la lucha contra la minería ilegal a través de tres ejes principales: formalización, erradicación y recuperación ambiental.

Uno de los avances más importantes, detalló, ha sido la exclusión de más de 50 mil registros mineros que no desarrollaban actividad real, lo que permitió reducir el universo de inscritos a cerca de 31 mil.

Interdicciones y cifras millonarias en incautaciones

El funcionario también destacó el incremento sostenido de los operativos de interdicción en todo el territorio nacional. Según informó, durante el 2024 se realizaron 745 operativos, con material incautado o destruido valorizado en más de 2,240 millones de soles.

En el 2025, las intervenciones aumentaron a 1,037 operativos, y el valor del material incautado o destruido alcanzó casi los 4 mil millones de soles, lo que refleja la magnitud económica del negocio ilegal.

No obstante, García Esquerre enfatizó que estas acciones, si bien necesarias, no son suficientes por sí solas.

Recuperación de territorios

El alto comisionado insistió en que la lucha contra la minería ilegal no puede limitarse a destruir maquinaria o cerrar campamentos. “Eso no soluciona el problema”, señaló, si no se acompaña de alternativas económicas y sociales para las poblaciones afectadas.

En esa línea, anunció que la comisión multisectorial aprobó la creación de un grupo de trabajo orientado a diseñar una nueva estrategia de recuperación ambiental, que incluirá programas de desarrollo local y la promoción de inversiones legales en las zonas impactadas.

Pataz

Respecto a la situación en Pataz, una de las provincias más golpeadas por la minería ilegal y sus actividades conexas, García Esquerre informó que actualmente existen tres puestos de control en rutas estratégicas, con presencia de Sunat, Migraciones, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, destacó que el Ministerio de Energía y Minas viene desarrollando un sistema informático de trazabilidad, que permitirá rastrear el origen del material minero y determinar si proviene de zonas ilegales. Este sistema utilizará análisis geológicos, imágenes satelitales, rutas de transporte y pruebas de laboratorio para identificar la procedencia del oro.

Finalmente, el alto comisionado se refirió al incremento del presupuesto destinado a esta lucha durante el 2025, lo que permitirá fortalecer las operaciones aéreas, especialmente en zonas de difícil acceso de la Amazonía, donde antes no se contaba con helicópteros ni patrullaje suficiente.

Sin embargo, reiteró que la solución debe ser progresiva y de largo plazo. Para graficarlo, comparó las interdicciones con un “jarabe para bajar la fiebre”, mientras que el control, la fiscalización y el desarrollo sostenible representan el “antibiótico” necesario para curar una enfermedad que afecta a todo el país.

La senadora Isabel Cristina Zuleta generó controversia al exigir información reservada a la Policía Nacional sobre operativos contra la minería ilegal en Antioquia y Caldas.

El derecho de petición, presentado el 3 de octubre de 2025, solicitó detalles precisos sobre las intervenciones realizadas por la institución, lo que provocó inquietud, según Semana.

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Zuleta, integrante del Pacto Histórico, pidió explicaciones respecto a 25 operativos llevados a cabo entre abril y octubre de 2025 en Yalí, San Roque, Amalfi, Angostura, Anorí, Remedios, Buriticá y Marmato.

Se quejó por la destrucción de maquinaria amarilla, el cierre de minas y denunció posibles amenazas y agresiones a civiles, todo ello durante intervenciones policiales junto a la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Ilegal.

La senadora argumentó que estas acciones contradecían acuerdos alcanzados meses antes entre el Gobierno y los mineros informales. En el documento, citó la destrucción de medios de trabajo y denunció que los mineros fueron ultrajados. Añadió que los compromisos obligaban a priorizar el decomiso y la verificación documental de equipos en vez de su inmediata incineración.

El derecho de petición incluyó once solicitudes concretas: registros audiovisuales de las operaciones (videos, fotografías, cámaras corporales), georreferenciación de las acciones, informes reservados exentos de confidencialidad y las órdenes que sustentaron los operativos.

Según el medio mencionado, Zuleta también pidió los nombres, grados y dependencias de los policías involucrados, así como copias de evaluaciones sobre el uso de la fuerza e informes disciplinarios, si existiesen.

Dentro de los temas más sensibles, la congresista requirió detalles sobre la relación entre la Policía y la administración departamental de Antioquia en estos procedimientos.

Recordó que la Gobernación de Antioquia, dirigida por Andrés Julián Rendón, no tiene competencias mineras directas, aunque pidió claridad sobre posibles coordinaciones y actas de reuniones entre ambas entidades.

Desde la Policía Nacional, altos mandos interpretaron las solicitudes de Zuleta como posibles intentos de intimidación que podrían favorecer a mineros vinculados con el Clan del Golfo, el ELN o disidencias de las Farc.

Un coronel retirado dijo al medio mencionado que los cuestionamientos de la senadora fueron entendidos como intentos de convertir acciones contra la explotación ilegal de minerales en intervenciones sobre minería tradicional, pese a las pruebas reunidas por la institución.

El mismo oficial relató que la información operacional era filtrada y, en ocasiones, recibieron órdenes superiores de suspender funciones en el Bajo Cauca antioqueño para evitar bloqueos o confrontaciones sociales.

Por su parte, Zuleta negó haber solicitado informes de inteligencia a la Policía. En declaraciones recogidas por el medio mencionado, aclaró que busca el sustento legal de los operativos, en su calidad de coordinadora de la comisión encargada de la revisión de la política minera en Colombia.

La senadora cuestionó la legalidad de las intervenciones contra mineros identificados que, según ella, buscan formalizarse, situación que desestimula ese proceso y genera conflictos sociales. Sostuvo que la normativa permite trabajos en fase de exploración sin requerir licencia ambiental, en contraste con la lectura dada por la Policía sobre sus atribuciones.

Respecto a los nombres de los oficiales, Zuleta afirmó que los necesita para denunciar prácticas como la ocultación de identificaciones oficiales, lo que consideró incompatible con la obligación de la fuerza pública de identificarse.

Añadió que no solicita traslados ni busca destituir funcionarios, sino que acude a mecanismos institucionales o ejerce su función legislativa al votar ascensos, de acuerdo con su criterio sobre el comportamiento de los agentes.

Las diferencias entre el sector minero, el Estado y la fuerza pública en Antioquia y Caldas evidencian la complejidad del proceso de formalización minera. La discusión se centra en la legitimidad y transparencia de los procedimientos policiales.

Zuleta reiteró que jamás utiliza su cargo para solicitar traslados de funcionarios. Dijo que sus posturas se canalizan a través de medios institucionales y decisiones legislativas, respondiendo a sus principios y a la función de control asignada en el Congreso.

La provincia de Pataz, en la región La Libertad, fue escenario de un rescate que marcó un hito en la lucha contra la minería ilegal y las redes criminales que operan en el sector.

El Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por personal de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó el Operativo Libertad, liberando a veintinueve mineros secuestrados en la mina Sanone, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo.

El hecho se produjo tras el ingreso de las fuerzas de élite a la bocamina, luego de recibir información clave de las rondas campesinas sobre la toma violenta del socavón.

El operativo se inició a las 10:00 horas, en respuesta a la alerta de que una banda armada mantenía retenidos a los trabajadores con el fin de controlar la extracción y comercialización ilegal de oro.

Las investigaciones señalan que los secuestradores buscaban someter a los mineros mediante extorsión y amenazas, una situación que se repite en varios puntos de la provincia bajo estado de emergencia.

Al detectar la presencia de los agentes, los delincuentes huyeron hacia las profundidades de la mina, usando explosivos para proteger su escape y evitar ser capturados.

El Ministerio de Defensa (Mindef) confirmó que ninguno de los trabajadores resultó herido, y todos fueron puestos bajo resguardo de la Policía en Alto Pataz, donde brindaron sus testimonios para el avance de la investigación.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército César Briceño Valdivia, subrayó la importancia de la operación.

“La operación Libertad refleja la cohesión y capacidad de respuesta de nuestras fuerzas de élite, entrenadas para actuar con precisión en defensa de la vida y la seguridad”, declaró.

Además, remarcó que la presencia militar en la provincia responde a la necesidad de garantizar el restablecimiento del orden y la seguridad, en un contexto donde la minería ilegal ha generado enfrentamientos y víctimas en los últimos años.

El Ministerio de Defensa aseguró que las acciones continuarán en la zona para ubicar a los responsables y desarticular a las mafias que controlan la cadena productiva ilegal. El Comando Unificado reiteró su compromiso con la protección de la población y la erradicación de las actividades ilícitas en los socavones de La Libertad.

Estado de emergencia

La intervención se desarrolló en un contexto de estado de emergencia prorrogado por sesenta días en Pataz y la localidad vecina de Chagualito.

El decreto, publicado este viernes 30 de enero, otorga a las fuerzas armadas el control del orden interno, restringiendo derechos como la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio, con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales asociadas a la minería ilegal. La inmovilización social obligatoria en la zona se mantiene desde las 22:00 hasta las 05:00 del día siguiente.

El rescate de los 29 trabajadores marca un episodio relevante en la estrategia estatal para enfrentar la criminalidad en las zonas mineras. La labor coordinada de las fuerzas armadas, la policía y las rondas campesinas permitió poner a salvo a los rehenes, en una operación que, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, “ratifica la determinación de combatir sin tregua la minería ilegal y sus delitos conexos”.

El avance de la minería ilegal en el Perú ha dejado de ser un problema exclusivamente ambiental para convertirse en una amenaza estructural al Estado de derecho. La expansión de dragas en ríos amazónicos, la deforestación masiva, la contaminación con mercurio y el impacto directo sobre comunidades indígenas y rurales configuran una emergencia social de gran escala. Según el Observatorio de Minería Ilegal, esta actividad ilícita mantiene un crecimiento sostenido en la Amazonía y en zonas andino-amazónicas, donde el control estatal es débil o inexistente.

En este escenario, la congresista Diana Gonzáles, representante de Avanza País y candidata a la reelección, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones políticas contra quienes resulten sentenciados por este delito. La iniciativa propone modificar el artículo 19 del Reglamento del Congreso de la República para que los parlamentarios condenados por minería ilegal pierdan de manera definitiva su escaño, sin posibilidad de reemplazo por un accesitario del mismo partido, aplicando la figura conocida como la “silla vacía”.

La “silla vacía” como sanción política

El proyecto, registrado como Proyecto de Ley N° 13835/2025-CR, plantea que si un senador o diputado es condenado mediante sentencia firme por delitos graves —como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas, lavado de activos y, con esta modificación, minería ilegal—, la curul quede vacante durante el resto del periodo parlamentario. La propuesta apunta no solo al individuo sentenciado, sino también al partido político que lo postuló, bajo el argumento de que debe asumir responsabilidad por no aplicar filtros éticos y legales adecuados en la selección de sus candidaturas.

Actualmente, el reglamento del Congreso ya contempla la pérdida del escaño para determinados delitos, pero permite que el accesitario asuma la representación. La iniciativa de Gonzáles busca cerrar esa posibilidad en el caso de la minería ilegal, equiparando su gravedad al impacto social, ambiental y económico que genera en el país.

Proyecto de Ley 13835 by Infobae Perú

Economía ilegal, redes criminales y vacíos del Estado

Los argumentos que sustentan el proyecto se apoyan en cifras oficiales y estudios especializados. El Natural Resource Governance Institute (NRGI) ha advertido que la expansión de la minería ilegal ha contado, en los últimos años, con respaldos legislativos indirectos, a través de normas que flexibilizan controles o amplían plazos de formalización, generando incentivos favorables para redes criminales.

A ello se suma la dimensión económica del delito. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que entre octubre de 2024 y 2025 las operaciones vinculadas a la minería ilegal movilizaron USD 3.355 millones. En una mirada de largo plazo, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) estima que, en dos décadas, la producción acumulada de oro ilegal oscila entre 476 y 3.260 toneladas, con un valor que podría ubicarse entre USD 23 mil y USD 165 mil millones.

Deforestación, contaminación y comunidades afectadas

El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que entre enero de 2021 y marzo de 2024 la minería ilegal provocó la deforestación de 30.846 hectáreas en la Amazonía sur, afectando ecosistemas clave y generando riesgos para la salud pública. Conservación Amazónica–ACCA reporta que esta actividad se ha extendido ya a nueve regiones, perjudicando a 73 comunidades nativas y a más de 250 ríos y quebradas, con una deforestación acumulada de 139.169 hectáreas.

Asimismo, Madre de Dios continúa siendo el epicentro del problema, concentrando el 97,5 % de la deforestación asociada a minería ilegal. Sin embargo, el fenómeno se expande a otras regiones. En Loreto, cuencas como Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre registraron hasta 42 dragas activas en un solo día y 688 en el año. En Huánuco, la deforestación vinculada a este delito se triplicó en un año, pasando de 558 hectáreas en 2024 a 1.700 en 2025.

Oro ilegal y crecimiento sin control

Las cifras de exportación reflejan la magnitud del problema. El IPE señala que en 2005 se exportaron 12 toneladas de oro ilegal, mientras que en 2023 la cifra alcanzó 77 toneladas, con un valor estimado de USD 4.800 millones. En 2024, el volumen subió a 92 toneladas (USD 7.415 millones) y para 2025 se proyecta una exportación de entre 105 y 115 toneladas, valorizadas en alrededor de USD 12.000 millones.

En paralelo, el número de dragas en operación se ha disparado. Solo en el corredor minero de La Pampa, este año se contabilizan 1.613 dragas, frente a las 140 identificadas en 2021, con la participación de aproximadamente 6.400 mineros ilegales.

El deterioro institucional que genera la minería ilegal también se refleja en la opinión pública. El 94% de peruanos afirma que la corrupción está directamente vinculada con economías ilícitas —como la minería y la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras—, según la XIII Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción 2025 de Proética.

Marco legal y compromisos regionales

La minería ilegal está tipificada en el artículo 307-A del Código Penal y sancionada con penas privativas de libertad de entre cuatro y ocho años, además de multas, cuando se realiza sin autorización y con afectación al ambiente o la salud. El proyecto de Gonzáles plantea que estas consecuencias penales se reflejen también en el ámbito político.

La iniciativa se alinea, además, con la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal de la Comunidad Andina y con la Agenda Legislativa 2024–2025, orientada a fortalecer la democracia y el Estado de derecho. Según se precisa en la exposición de motivos, la propuesta no implica costos adicionales para el Estado y busca reforzar los controles sobre los antecedentes de quienes aspiran a un cargo parlamentario.

Por último, cabe precisar que los informes del NRGI advierten que, entre 2020 y 2025, se han documentado en regiones como Loreto indicios de corrupción, representación sobredimensionada de intereses vinculados a economías ilegales y estrategias para debilitar la fiscalización estatal.

“No es la primera vez que algunos empresarios chinos absolutamente informales participan en este tipo de actos ilícitos”, afirmó Arenas en diálogo con Canal N. El especialista recordó que, en febrero de 2020 al menos dos ciudadanos chinos fueron capturados en Parcoy y Pataz, zonas de la región La Libertad con presencia de mineros ilegales e informales.

Arenas advirtió sobre la movilidad de estos grupos, que buscan áreas con menor control estatal para instalar sus operaciones. Actualmente, las redes delictivas se ubicarián en Hualgayoc, Chugur, Bambamarca y El Indin, extendiendo su alcance dentro de la región Cajamarca.

“Se sabe que en Cajamarca hay mafias de algunos empresarios chinos que están básicamente vinculados a la minería ilegal”, indicó el especialista, quien también aseguró que el incremento de las actividades ilícitas también se observa en localidades como Quiruvilca y se replica en otros puntos. “La Policía Nacional del Perú también lo sabe. Hay mafias de empresarios chinos que están vinculados a mineros ilegales de la zona o, en todo caso, a plantas de procesamiento”.

Minería ilegal y vínculos políticos

Consultado sobre el posible vínculo entre la minería ilegal y el financiamiento a organizaciones políticas, Arenas indicó que en Hualgayoc detectaron a personas relacionadas con dicha actividad y describió esa zona como “el nuevo corredor en la minería ilegal”. Relacionó estos hechos con el caso de los “Topos del Frío”, capturados en 2020 durante una requisa en la que incautaron entre USD 10 millones y USD 20 millones en oro. Sostuvo que “de alguna u otra manera tenían relación con Alianza para el Progreso (APP)”.

El especialista reiteró ante Canal N que existen “evidentemente conexiones políticas” en torno a la minería ilegal. Según Arenas, el fenómeno revela el alcance de las redes mineras ilícitas en la política nacional, donde emergen indicios de aportes y vínculos financieros entre estas organizaciones y ciertas estructuras partidarias.

Sobre la posición de las autoridades regionales, Arenas afirmó que “el actual gobernador regional de Cajamarca es miembro del partido de José Jerí, es decir, de Somos Perú. Entonces uno podría decir, digamos, malintencionadamente, que podría haber una relación”. Sostuvo también que el gobernador “trata de excusarse de las responsabilidades que puedan tener” y recordó que, hasta este año, la función principal de los gobiernos regionales era la formalización de mineros.

Respecto a la fiscalización, Arenas aclaró: “Lo que se buscaba con la nueva ley MAPE era fortalecer las capacidades fiscalizadoras de los gobiernos regionales para ese tipo de minería ilegal”. Lamentó, sin embargo, que “quienes antes se oponían a la minería ilegal, la minería moderna que cumple estándares, no dicen absolutamente nada frente a lo que está sucediendo ahora”.

Un operativo de gran escala permitió desmantelar ocho unidades de producción minera que operaban a cielo abierto y que, según las autoridades, no solo estaban causando un daño profundo a los ecosistemas locales, sino que además servían como fuente de financiación para estructuras criminales con presencia en la región.

La intervención se llevó a cabo tras varios meses de seguimiento e inteligencia, y contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que facilitó el acceso a áreas de difícil ingreso.

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El despliegue permitió ubicar campamentos, frentes de explotación y maquinaria pesada utilizada para extraer materiales de manera ilegal, en zonas donde la actividad minera está prohibida o carece de cualquier tipo de licencia ambiental.

Durante la operación fueron inutilizadas siete excavadoras, tres motores industriales, una draga, una planta eléctrica y una motobomba.

Se trata de equipos de alto costo que, de acuerdo con los investigadores, eran utilizados de forma permanente para remover grandes volúmenes de tierra y sedimentos, alterando cauces hídricos y generando deforestación acelerada en áreas sensibles del municipio.

El golpe económico a las finanzas criminales

El impacto económico del operativo no fue menor. Las autoridades estimaron que la acción golpeó las finanzas de los grupos ilegales en más de 4.000 millones de pesos por concepto de producción ilícita, a lo que se suman cerca de 5.700 millones de pesos correspondientes al valor de la maquinaria destruida.

Para los investigadores, este tipo de afectaciones representa uno de los golpes más efectivos contra las economías criminales, ya que limita su capacidad de recuperación a corto plazo.

Fuentes oficiales señalaron que detrás de estas explotaciones estarían Grupos Delictivos Organizados y estructuras asociadas al Estado Mayor Central, que habrían encontrado en la minería ilegal una alternativa rentable frente a la presión de la Fuerza Pública en otros negocios ilícitos.

En este esquema, la extracción irregular de minerales no solo genera ingresos millonarios, sino que también les permite ejercer control territorial y social sobre comunidades rurales vulnerables.

El daño ambiental que deja la minería ilegal

Más allá del componente criminal, el daño ambiental es uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades y a las organizaciones sociales de la región. La minería ilegal a cielo abierto implica el uso indiscriminado de maquinaria pesada, la desviación de quebradas y ríos, y la pérdida de cobertura vegetal, efectos que pueden tardar décadas en revertirse.

En municipios como Chaparral, donde la economía campesina depende en gran medida del agua y de la tierra, las consecuencias son directas y profundas.

Desde la Policía Nacional aseguraron que este tipo de operativos hacen parte de una estrategia sostenida para frenar la expansión de la minería ilegal en distintas zonas del país.

La apuesta, explicaron, no se limita a la destrucción de maquinaria, sino que busca desarticular las redes logísticas y financieras que sostienen esta actividad, así como enviar un mensaje disuasivo a quienes ven en la explotación ilícita una fuente rápida de ingresos.

Habitantes de sectores rurales del sur del Tolima han manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por el avance de estas prácticas, que suelen llegar acompañadas de amenazas, contaminación y conflictos sociales. Para muchos, la presencia de las autoridades representa un alivio temporal, aunque advierten que el verdadero desafío será garantizar que las zonas intervenidas no vuelvan a ser ocupadas por estructuras ilegales.

El operativo en Chaparral se suma a una serie de acciones recientes contra la minería ilegal en diferentes regiones del país, en un contexto en el que el Estado busca recuperar el control sobre territorios estratégicos y proteger los recursos naturales.

Mientras tanto, el debate sigue abierto: cómo ofrecer alternativas económicas legales y sostenibles para las comunidades, sin que el vacío sea nuevamente llenado por economías ilícitas.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, declaró que su país adopta nuevos aranceles del 30% para los productos originarios de Colombia, una decisión que permanecerá vigente hasta que, según indicó, exista un esfuerzo conjunto sostenido para combatir el narcotráfico y la minería ilegal a lo largo de la frontera común. El mandatario comunicó la medida a través de su cuenta en 'X', precisando que la falta de reciprocidad y de coordinación en acciones firmes por parte de Colombia hizo necesaria la adopción de esta tasa adicional. El medio consignó que la entrada en vigor de dicho arancel se ha programado para el primero de febrero.

El jefe de Estado ecuatoriano enfatizó, según informa la fuente, que el objetivo de esta acción es motivar a las autoridades de Colombia a asumir una responsabilidad compartida frente a la presencia de organizaciones criminales en la zona limítrofe. Noboa subrayó los esfuerzos ya realizados por Ecuador en materia de cooperación bilateral, a pesar de que el saldo comercial entre ambos países representa un déficit para Ecuador que supera los 1.000 millones de dólares cada año —equivalentes a 854 millones de euros—, según detalló la agencia.

De acuerdo con lo publicado, el presidente ecuatoriano señaló que, aunque su gobierno ha priorizado el diálogo y la colaboración en asuntos de seguridad y crimen organizado, las fuerzas armadas de Ecuador continúan enfrentándose a bandas asociadas al tráfico ilícito de drogas y la extracción ilegal de minerales, sin haber recibido apoyo operativo pleno por parte de las autoridades colombianas. "Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna", expresó el mandatario, citado por la misma fuente.

El anuncio de la tasa de seguridad del 30% representa una de las medidas comerciales de más alto impacto adoptadas por Ecuador en la relación bilateral reciente, ya que tiene implicaciones tanto para el comercio formal como para los flujos económicos entre ambas naciones, según publicó la plataforma informativa. Las autoridades esperan que la presión derivada de este arancel impulse la concreción de acuerdos efectivos para frenar las actividades ilícitas que afectan a ambas jurisdicciones.

Según las declaraciones compiladas por el medio, Noboa remarcó que Ecuador mantendrá la vigencia de la tasa hasta corroborar una disposición real por parte de Colombia a “enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”. El mensaje añade que la situación de la frontera común se ha convertido en uno de los principales desafíos bilaterales, no solo en términos de crimen, sino también por el impacto económico que genera la inseguridad en la dinámica de intercambio de bienes entre los dos países.

Finalmente, la cobertura de la fuente señala que este anuncio del gobierno ecuatoriano ocurre en un contexto de tensión regional, marcado por la intensificación de operativos militares en la zona limítrofe y la presión por parte de distintos sectores para que la cooperación antinarcóticos y antiminería ilegal adquiera un carácter tangible y verificable. La expectativa oficial en Quito, según la información publicada, es que la aplicación de la tasa logre traducirse en compromisos concretos en la lucha contra el crimen transfronterizo y la protección de los recursos naturales ecuatorianos.

Una evacuación forzada por falta de garantías

Luego de más de dos meses de denuncias por amenazas e intimidaciones, el equipo del ACP Panguana decidió evacuar la zona ante la ausencia de garantías que aseguren su integridad física. Las alertas fueron corroboradas por la Fiscalía de la Nación, que confirmó la gravedad del riesgo que enfrentaba el personal frente al avance de la minería ilegal.

El área se ubica en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, y cuenta con una extensión aproximada de 700 hectáreas. Allí funciona la estación biológica Panguana, con casi 60 años de trayectoria, considerada la estación ambiental más antigua del Perú y una de las más importantes para el estudio de la biodiversidad amazónica.

Un patrimonio científico en peligro

Panguana se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, a orillas del río Yuyapichis. En los últimos años, la minería ilegal se ha expandido en esta área, llegando incluso a modificar el cauce natural del río, con impactos directos sobre los ecosistemas.

Desde 2023, la estación alberga además una torre de monitoreo del proyecto AndesFlux de la PUCP, que permite observar el bosque amazónico desde altura y estudiar procesos clave como el intercambio de carbono, el ciclo del agua y la dinámica del ecosistema.

Sobre este riesgo, el investigador de la PUCP Eric Cosio advirtió:

“El incremento de las actividades informales ilegales está poniendo en peligro una enorme cantidad de esfuerzos de observación que tienen que ser necesariamente de largo plazo. La función que tienen las universidades es la presión social que debe incrementarse significativamente. Tenemos que llegar a un nivel que decir: ‘Esto no puede continuar’”.

Eric Cosio, investigador de la PUCP

Amenazas tras denunciar la minería ilegal

Según testimonios recogidos por Mongabay Latam, las amenazas se intensificaron luego de que los trabajadores del ACP exigieran la intervención de las autoridades ante la presencia de al menos 30 maquinarias pesadas que estaban deforestando la zona.

En respuesta, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecutó operativos entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025. Estas acciones redujeron parcialmente la actividad minera ilegal durante ese periodo.

Sin embargo, tras los operativos, las intimidaciones contra el personal se incrementaron, lo que terminó por forzar la evacuación del equipo de conservación.

Investigación y conservación en pausa

La salida del personal dejó suspendidas las labores de investigación científica y conservación ambiental en Panguana. Según la PUCP, el retorno solo será posible cuando existan condiciones mínimas de seguridad que garanticen la vida del equipo.

La recuperación de bienes vinculados a economías ilegales vuelve a ocupar un espacio central en la agenda judicial. En Lima, una decisión fiscal coloca bajo dominio estatal un cargamento de alto valor que, según las investigaciones, procede de actividades prohibidas. El caso expone los mecanismos usados para introducir mineral de origen ilícito en el circuito comercial formal.

El proceso se desarrolla en el marco de la lucha contra la minería ilegal, un delito que mueve grandes sumas de dinero y genera daños ambientales y sociales. Las autoridades fiscales sostienen que el control sobre la trazabilidad del oro resulta clave para frenar estas redes y evitar que los recursos obtenidos ingresen al sistema financiero.

En esta oportunidad, la intervención fiscal culminó con una decisión favorable que transfiere al Estado un conjunto de lingotes de oro. El valor económico del material y las circunstancias de su adquisición colocan el caso como uno de los más relevantes del año en materia de extinción de dominio.

Demanda fiscal y características del oro incautado

La Cuarta Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima logró que se declare fundada la demanda de extinción de dominio de “un total de 35.32 kilos de oro procedente del delito de minería ilegal”. El material corresponde a cuatro barras de oro con pesos diferenciados: 9.51 kilos, 8.33 kilos, 9.07 kilos y 8.41 kilos.

De acuerdo con la información fiscal, el valor conjunto del cargamento en el mercado internacional asciende a “1 millón 869 038.98 dólares”. Tras la decisión judicial, las barras pasarán a propiedad del Estado como parte del proceso de extinción de dominio aplicado a bienes vinculados con actividades criminales.

La investigación fiscal identificó que el oro se encontraba en poder de una empresa comercializadora. Durante el proceso, esta no presentó documentación que demuestre un origen legal del mineral ni pruebas que sustenten que las compras realizadas a sus proveedores correspondían a producción obtenida dentro de concesiones mineras formales.

La investigación se desarrolló bajo la conducción de la fiscal provincial Milagros Erika Pereda Valderrama. Según los actuados, los proveedores de la empresa requerida tampoco demostraron contar con la capacidad logística necesaria para producir la cantidad de mineral vendida.

El análisis fiscal determinó que la falta de sustento documental y operativo conduce a una sola conclusión: “se concluyó que el oro proviene del delito de minería ilegal, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1373, Ley de Extinción de Dominio”. Esta norma regula la pérdida de derechos de propiedad sobre bienes relacionados con delitos, incluso sin una condena penal previa.

Desde la Fiscalía se explica que la extinción de dominio constituye “un mecanismo legal que permite a los operadores de justicia investigar y extinguir la propiedad de bienes adquiridos producto de actividades criminales”. El objetivo central apunta a recuperar estos bienes a favor del Estado y evitar su uso futuro en la comisión de delitos, dentro de una estrategia orientada a reducir el impacto económico de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal.

Un año marcado por expansión delictiva

El Observatorio de Minería Ilegal presentó un balance que evidencia un crecimiento persistente de la actividad extractiva ilegal en la Amazonía y la zona andino-amazónica del país. El incremento de dragas en ríos, la deforestación acelerada, la contaminación con mercurio y la destrucción del tejido social se consolidaron como riesgos cada vez más difíciles de contener.

Organizaciones como Conservación Amazónica–ACCA reportaron expansión en nueve regiones del país, afectando 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas. La deforestación acumulada vinculada a la minería artesanal y de pequeña escala llegó a 139 169 hectáreas, con Madre de Dios como epicentro del 97.5% del total.

El corredor minero y zonas como La Pampa concentran operaciones con 1 613 dragas activas este año —frente a 140 reportadas en 2021— y la participación de unos 6 400 mineros ilegales.

Loreto, Huánuco y la expansión en cuencas vulnerables

El avance no solo se limita a Madre de Dios. En Loreto, cuencas como el Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre presentaron 42 dragas operando en un solo día, y un total de 688 en el año.

En Huánuco, la deforestación vinculada a minería ilegal se triplicó en un año: pasó de 558 hectáreas en 2024 a 1 700 en 2025. Ríos como el Yuyapichis figuran entre los más afectados.

El Natural Resource Governance Institute (NRGI) advirtió que la expansión responde también a constantes respaldos legislativos, que generan incentivos favorables para redes criminales.

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Argiro Cossio, conocido como alias Guajiro, señalado como presunto cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, Cossio sería el responsable de la muerte de dos policías en ataques registrados durante abril y julio de 2025 en el suroeste del departamento de Antioquia.

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Así mismo, las autoridades identifican a Cossio como un líder criminal con trayectoria de aproximadamente diez años en actividades ilícitas, al frente de la mencionada subestructura en esta región del país.

Bajo su mando, el grupo ha protagonizado ataques contra integrantes de la Policía Nacional y disputas relacionadas con el control de territorios ligados al narcotráfico y la minería ilegal.

El primer ataque atribuido al hoy procesado ocurrió el 16 de abril de 2025, cuando, según el ente acusatorio, se activó un artefacto explosivo durante una procesión religiosa en la vereda El Concilio del municipio de Salgar (Antioquia).

El hecho, registrado en el contexto del “plan pistola” dirigido por el grupo armado contra la Policía, provocó la muerte del subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona, quien tenía quince años de servicio, y dejó a otro uniformado herido.

Otro hecho relevante se produjo el 10 de julio del mismo año, en el corregimiento Santa Rita del municipio de Andes, también en Antioquia.

En esa ocasión, el patrullero Luis Carlos González Bejarano fue asesinado durante un ataque armado mientras patrullaba, y el patrullero Julio César Atencio Sánchez resultó herido y debió ser trasladado a un centro médico.

Según los reportes oficiales citados por medios locales, durante el año 2025 habrían muerto hasta tres policías y uno más habría resultado lesionado por la misma subestructura.

La operación que permitió la captura de alias Guajiro tuvo lugar en zona rural de Andes, en el suroeste antioqueño. La acción incluyó un enfrentamiento entre la Policía Nacional y miembros del Clan del Golfo, en el que dos agentes policiales resultaron heridos por una granada de fragmentación.

En el procedimiento fueron capturadas otras tres personas presuntamente vinculadas al grupo criminal, y se incautaron dos fusiles, una pistola, proveedores, munición de distintos calibres, radios de comunicación y otros equipos tecnológicos, según el reporte oficial.

Posteriormente, la Fiscalía imputó a Cossio los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, así como tenencia de armas de fuego y accesorios. Durante la audiencia, el detenido no aceptó los cargos formulados en su contra.

Este avance judicial se enmarca en el fortalecimiento de los operativos de las autoridades contra estructuras criminales en el suroeste antioqueño, una zona de disputa por parte del Clan del Golfo para el tráfico de drogas y explotación minera ilícita.

Voceros institucionales señalaron que las investigaciones continúan con el objetivo de ubicar a otros miembros de la subestructura vinculados a estos ataques y reducir la capacidad operativa de la organización.

Con la detención de alias Guajiro, las autoridades aspiran a restringir la influencia del Clan del Golfo en una de las áreas de mayor rivalidad criminal en Antioquia, donde se mantiene el despliegue policial y militar para evitar la reorganización de la banda y un posible recrudecimiento de la violencia asociada al control de actividades ilícitas.

El Clan del Golfo es la mayor organización criminal dedicada al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de migrantes en Colombia, con aproximadamente 9.000 integrantes, según registros oficiales.

La organización ilegal surgió de las antiguas autodefensas y mantiene su control en zonas estratégicas, incluyendo rutas como la selva del Darién en la frontera con Panamá.

Desde mediados de 2025, el Gobierno nacional sostiene diálogos en Catar con la cúpula de esta organización, con la intención de lograr un sometimiento a la justicia y la eventual desmovilización de sus miembros.

A partir del 1 de febrero de 2026, Ecuador aplicará un nuevo arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia.

La decisión fue comunicada por el presidente del país sudamericano, Daniel Noboa, en su cuenta de X, al considerar la falta de cooperación del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

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La disposición establece que todos los productos colombianos que ingresen a Ecuador serán sujetos a este nuevo gravamen, que permanecerá vigente hasta que, en palabras de Noboa, “exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

La decisión del mandatario ecuatoriano generó varias reacciones en Colombia.

Uno de ellos fue el expresidente Iván Duque, al señalar que la determinación del vecino país responde a las falencias en las políticas impulsadas por su predecesor Gustavo Petro.

“Cuando Colombia es permisiva con el narcotráfico, Ecuador paga el precio. La cooperación se desmanteló y las mafias avanzaron. Se necesita firmeza y acción real contra el crimen”, indicó el exmandatario colombiano en su cuenta de X, al replicar una entrevista con el medio ecuatoriano Teleamazonas.

Igualmente, la senadora María Fernanda Cabal responsabilizó al presidente Gustavo Petro por la medida arancelaria, enfatizando en que es una medida que afecta principalmente a los productores colombianos.

“Una decisión difícil que golpea a los productores colombianos, quienes no son responsables del fracaso del gobierno de Petro. Lamentablemente, no hay acciones reales ni contundentes contra los grupos ilegales que operan en la frontera. Mientras Ecuador combate con decisión al crimen organizado, en Colombia reina la permisividad”, manifestó.

Incluso, recordó la polémica visita de Petro a Manta (Ecuador), después de asistir a la posesión presidencial de Daniel Noboa.

“Petro visitó Ecuador recientemente, pero estuvo en Manta, zona con fuerte presencia del narcotráfico, supuestamente para escribir un libro, no para coordinar esfuerzos en seguridad. No es justo que los ciudadanos trabajadores paguen las consecuencias de un gobierno débil frente al crimen”, añadió.

Por su parte, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, también lamentó la medida del gobierno ecuatoriano contra Colombia.

“¿Cuántas otras pruebas necesitamos de que el gobierno @petrogustavo le entregó el país a las organizaciones criminales a través de la “Paz Total”? Es esencial que todo el mundo entienda que @IvanCepedaCast es uno de los principales arquitectos y líderes de la ejecución de semejante fracaso”, mencionó.

Así mismo, la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, calificó de ‘grave’ las medidas arancelarias de Ecuador contra Colombia.

“Grave la denuncia del presidente de Ecuador Daniel Noboa sobre la falta de cooperación de Colombia en el combate al narcotráfico en la frontera”, escribió en la misma red social.

Desde el sector empresarial, también hubo opiniones al respecto. José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif) remarcó que la tasa especial impuesta a productos colombianos en Ecuador generaría consecuencias para ambos países.

“La noticia de un eventual arancel de 30% por parte de Ecuador a productos colombianos es una mala noticia para los dos países. Algunos productos de exportación colombianos como vehículos, productos farmacéuticos, aceites y azúcares, tienen en Ecuador un destino que supera el 10% de las exportaciones totales de cada producto”, detalló.

Respuesta del Gobierno Petro

Por el lado del Ejecutivo colombiano, la reacción frente a la medida decretada por Daniel Noboa no se hizo esperar.

Desde el Ministerio de Defensa Nacional desmintieron que haya falencias en la cooperación de seguridad, al mencionar un operativo conjunto entre las autoridades de ambos países donde se incautaron 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza.

“Este resultado, producto del intercambio de información y la coordinación en terreno, evitó la distribución de más de 371.000 dosis y generó una afectación económica superior a 13 millones de dólares a estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes”, señaló la cartera en un comunicado publicado en X.

Igualmente, el Gobierno colombiano reiteró su compromiso con el vecino país “en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera, como herramientas fundamentales para enfrentar el narcotráfico transnacional, proteger a las comunidades y preservar la estabilidad y la seguridad regional”.

El Ministerio de Defensa (Mindef) intensificó en los últimos días los operativos contra la minería ilegal en las regiones de Ucayali y Loreto, con acciones que han significado pérdidas superiores a un millón de soles para las organizaciones involucradas.

Las intervenciones, lideradas por la Marina de Guerra del Perú y coordinadas con fiscalías especializadas, se ejecutaron en puntos estratégicos de la Amazonía, afectando tanto la infraestructura como la logística de quienes participan en estas actividades ilícitas.

En el río Pachitea, región Ucayali, la Jefatura del distrito de Capitanía N° 4 junto con la Unidad de Control Fluvial Puerto Inca y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, realizaron un operativo de interdicción.

El despliegue permitió intervenir una draga informal y decomisar materiales valorizados en S/ 177,805.00. Esta acción se suma a la estrategia nacional para limitar el avance de la minería ilegal en zonas fluviales y proteger los recursos naturales de la región.

En la localidad de Huaman Urco, distrito de Mazán, en la provincia de Maynas (Loreto), se ejecutó otro operativo conjunto. Participaron efectivos de la Capitanía de Puerto de Iquitos y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto.

El resultado: incautación y destrucción de dos balsas artesanales, 150 galones de petróleo, una compresora de aire, equipos de buceo, una antena Starlink y diversos materiales, alcanzando un valor total de S/ 313,940.00.

Droga, armas y equipos logísticos

La ofensiva en la región amazónica continuó con la operación denominada “Máquina I”, desplegada en el río Amazonas, provincia de Maynas.

Personal de la Jefatura de distrito de Capitanías N° 5, con apoyo de la Capitanía de Puerto de Iquitos, la Unidad de control fluvial Río Tamshiyacu y la Dirandro, realizó la intervención que derivó en el decomiso de 160.2 kg de pasta básica de cocaína, seis fusiles, una pistola, munición, un bote de madera, dos motores “peque peque”, dos teléfonos y mochilas con ropa. Una persona de nacionalidad peruana fue detenida. El valor de lo incautado asciende a S/ 539,085.00.

Los bienes incautados quedaron bajo custodia de las autoridades o fueron destruidos conforme a lo indicado en el Decreto Legislativo Nº 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en el país y establece procedimientos para el manejo de materiales decomisados.

El sector Defensa ratifica el compromiso de continuar con operaciones conjuntas y permanentes, en coordinación con otras entidades del Estado, para enfrentar la minería ilegal y otras economías criminales.

Nueve años de cárcel

El Gobierno peruano elevó la pena a nueve años de cárcel para quienes trafiquen insumos químicos y maquinaria destinados a la minería ilegal, así como para quienes transporten o almacenen minerales de origen ilícito.

El decreto legislativo 1695 amplió las sanciones, que ahora incluyen entre cinco y ocho años de prisión para quienes realicen actividades mineras sin autorización y hasta nueve años para quienes suministren insumos o equipos.

Las mismas penas aplican a quienes comercialicen o exporten minerales ilegales. Además, se establecen inhabilitaciones para obtener concesiones mineras durante el mismo periodo de la condena.

En un nuevo intento de luchar contra la minería ilegal, el gobierno del presidente José Jerí emitió un nuevo decreto legislativo que modifica el código penal para endurecer las penas contra los criminales que lleven a cabo estas actividades ilícitas.

Según el Decreto Legislativo Nº 1695 se introducen modificaciones en el Código Penal para castigar a quienes adquieren, venden, distribuyen, comercializan, transportan, importan, poseen o almacenan insumos químicos y maquinarias destinadas a las actividades de minería ilegal. En estos casos, la pena será no menos de 6 ni más de 9 años de prisión, además de entre 100 y 600 días-multa.

Por otro lado, el decreto legislativo también indica que quien realice “actividad de exploración, extracción, explotación, beneficio u otra actividad minera según la ley de la materia, de recursos minerales metálicos o no metálicos”, y que además afecte al medio ambiente, tendrá una condena de prisión “no menor de cinco ni mayor de ocho años y con 100 a 600 días-multa”, un aspecto que ya estaba regulado en el Código Penal antes de esta modificación.

Jerí a favor de ampliar el Reinfo

Mientras que su gobierno intenta luchar contra la minería ilegal incrementando las penas para este tipo de delitos, el presidente José Jerí se pronunció en más de una oportunidad a favor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta que ayuda a los mineros informales a alcanzar la formalidad, pero que en los últimos años ha sido utilizada para ocultar las actividades de mineros ilegales, que recurrían a este registro como un “paraguas legal”.

En noviembre del 2025, en medio del debate en el Congreso por definir la ampliación del Registro -que incialmente iba a ser de dos años-, el presidente Jerí indicó que “un año me suena razonable” y rechazó la alternativa impulsada por el Congreso de extender el proceso hasta diciembre de 2027, una decisión que él consideró como “excesiva”.

Minero excluido del Reinfo ahora está a cargo de formalización

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la designación de Wilfredo Pedro Portilla Barrera como director general de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM).

La decisión, publicada en la RM N° 012-2026-MINEM/DM el 13 de enero de 2026, coloca a un minero informal, que figura en los registros de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al frente del órgano encargado de trazar los lineamientos y políticas de formalización para el sector.

De acuerdo con información del propio MINEM, Portilla Barrera aparece con dos inscripciones concluidas en el Anexo I de la Resolución Directoral N° 0004-2025-MINEM/DGFM, publicada en julio de 2025, que declaró finalizado el proceso de formalización para más de 50 mil inscripciones suspendidas por más de un año.

En ese listado, el nombre de Portilla Barrera figura en los casilleros 35368 y 35369, ambos vinculados a derechos mineros en la provincia de Canta, Lima, bajo la denominación de “minero informal” en el registro oficial. Según el documento, quienes aparecen en ese anexo pierden la posibilidad de reactivar su proceso de formalización bajo el esquema anterior y quedan excluidos del REINFO.

El hecho se registró pasadas las 4:00 de la tarde del sábado 17 de enero, cuando una caravana oficial conformada por al menos 15 vehículos retornaba hacia la ciudad de Pasto, tras concluir actividades relacionadas con el lanzamiento del programa de creación de la promotora minera, iniciativa orientada a organizar y formalizar la actividad minera en los 64 municipios del departamento.

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Las autoridades investigan si el atentado iba dirigido contra el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dado que el vehículo atacado es similar al que utiliza habitualmente el mandatario para sus desplazamientos por los municipios del departamento.

No obstante, de acuerdo con información entregada por funcionarios de la administración seccional, el gobernador no se movilizaba en ese automotor al momento de los hechos, ya que, por recomendación de su esquema de seguridad, había tomado una ruta alterna, mientras que parte de la comitiva regresó por el trayecto habitual.

Voceros de la Gobernación indicaron que los disparos se produjeron sin que se lograra identificar el punto exacto desde donde fueron efectuados, lo que llevó a los conductores a acelerar la marcha para abandonar la zona y resguardar la integridad de los ocupantes.

Contexto del desplazamiento y agenda minera en La Llanada

Minutos antes del ataque, el gobernador Escobar, junto a secretarios y funcionarios de su despacho, había participado en una visita a minas de explotación aurífera en el municipio de La Llanada. La jornada hacía parte de una estrategia institucional enfocada en la formalización y el ordenamiento del sector minero, así como en el fortalecimiento de la legalidad en territorios con alta presencia de minería informal e ilegal.

Desde la Gobernación aclararon que el objetivo del desplazamiento a la cordillera nariñense es avanzar en un modelo de desarrollo minero legal, mediante la creación de una promotora minera público-privada, articulada con los procesos de ordenamiento territorial y desarrollo económico regional.

Autoridades confirman que no hubo personas heridas

El secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, confirmó que el vehículo afectado transportaba funcionarios de la Gobernación y reiteró que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del ataque.

“El gobernador no venía en ese vehículo. Quienes estaban allí habían estado previamente con él en el trabajo institucional y, posteriormente, el mandatario se desplazó por otra vía como parte de las medidas de prevención”, explicó el funcionario a la FM.

Asimismo, precisó que el ataque se presentó cuando parte del equipo de trabajo retornaba por la vía que comunica a Sotomayor con El Peñol, corredor vial que es utilizado de manera frecuente en los desplazamientos oficiales hacia Pasto.

Investigación en curso y antecedentes de amenazas

El secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, Alex González, señaló que el hecho está siendo analizado con especial atención, debido a que a comienzos de año la Fiscalía General de la Nación alertó al gobernador sobre un presunto plan para atentar contra su integridad, información que habría sido obtenida mediante fuente humana.

En este contexto, funcionarios de la Gobernación solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el reforzamiento del esquema de seguridad del mandatario, considerando que las amenazas podrían estar relacionadas con estructuras de delincuencia organizada vinculadas a economías ilegales como la minería ilícita y el narcotráfico.

Zona con presencia de grupos armados ilegales

De acuerdo con el subsecretario de Seguridad, Andrés Peñaranda, el ataque se produce en un territorio donde se ha advertido de manera reiterada la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las Farc y estructuras del Estado Mayor Central, que operan en esta zona del departamento.

El funcionario indicó que no se descarta que el atentado esté relacionado con las acciones institucionales contra la minería ilegal, las cuales han afectado intereses económicos de organizaciones criminales que hacen presencia en la región.

Fiscalía adelanta los procedimientos correspondientes

La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque, establecer si se trató de un atentado dirigido contra el gobernador o de un hecho intimidatorio contra la institucionalidad, e identificar a los responsables.

Hasta el momento, el gobernador Luis Alfonso Escobar no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Desde la administración departamental reiteraron su compromiso de continuar con las acciones orientadas a la legalidad, el ordenamiento minero y la seguridad en los territorios.