Personal de la Fuerza Armada de El Salvador respondió de inmediato al llamado de auxilio realizado por habitantes de la zona de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión Norte. El aviso informaba que dos trabajadores de minas clandestinas habían quedado atrapados en una mina localizada en ese sector.

Según la información difundida por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, el incidente ocurrió el sábado 1° de agosto. Los equipos de rescate lograron sacar con vida a uno de los mineros, identificado como Carlos Wilfredo Delgado Díaz, quien se encontraba a 45 metros de profundidad. Delgado Díaz fue trasladado a un centro hospitalario, donde actualmente recibe atención médica y, de acuerdo con el reporte oficial, se encuentra estable.

A través de un video compartido en redes sociales se muestran las maniobras de rescate que las autoridades emplearon entre los estrechos pasajes del túnel para extraer a Delgado Díaz. En las imágenes se observan las labores coordinadas para avanzar por los conductos y asegurar el traslado del trabajador hasta la superficie.

Durante esas maniobras, también fue encontrado el cuerpo sin vidade la segunda víctima, cuyo nombre no fue detallado en el comunicado oficial. El ministro de Defensa precisó que el segundo trabajador se hallaba a unos 80 metros de profundidad, lo que complicó aún más las labores de recuperación.

El operativo involucró a personal capacitado en este tipo de situaciones. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron al accidente ni sobre posibles investigaciones en curso respecto del funcionamiento de la mina.

Al menos 15 minas abandonadas en el oriente salvadoreño

Un informe presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador en 2019 advirtió que en la zona oriental del país existen al menos 15 minas de oro y plata abandonadas, localizadas principalmente en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión. Estas minas, muchas de las cuales operaron desde hace más de un siglo, fueron abandonadas sin un cierre técnico adecuado, lo que las convirtió en graves pasivos ambientales para las comunidades cercanas.

El informe detalló que en el departamento de Morazán destacan complejos mineros como Los Encuentros, El Divisadero, Montecristo, Barrios, San Pedro y El Gigante. En el departamento de San Miguel se encuentran minas como Potosí, Montemayor, Loma Larga y Flamenco Pavón. En La Unión sobresale la exmina San Sebastián, reconocida por la persistente contaminación activa en sus alrededores, así como otras minas como Las Piñas y Tepeyac.

Entre los principales riesgos ambientales y sociales identificados por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica figura la contaminación de fuentes de agua. Los residuos metálicos provenientes de estas minas afectan las cuencas de los ríos Goascorán y Grande de San Miguel, incrementando la filtración de metales pesados y amenazando la seguridad hídrica de la región. Además, muchas de estas minas presentan un alto riesgo de drenaje ácido, ya que el contacto de la lluvia con los minerales expuestos puede generar ácidos que contaminan el entorno.

El informe también destacó que las comunidades cercanas a estas minas enfrentan impactos negativos en la salud física y en la seguridad de los suelos de cultivo, lo que agrava la vulnerabilidad en la zona oriental de El Salvador.

En un operativo realizado el 1 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres personas en el distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad, tras encontrarles un arsenal de explosivos listos para su uso.

Los intervenidos fueron identificados como Romario Ronald Lara Rodríguez (28), Elvis Galarreta Campos (32) y Jholvin David Segura Laiza (34). Todos enfrentan cargos por el presunto delito de tenencia ilegal de material explosivo.

Según el reporte oficial, los agentes de la Comisaría de Vijus hallaron 500 cartuchos de Emulgod 80, 175 unidades de carmen y 14 detonadores embalsados durante la inspección. El material se encontraba en condiciones para ser utilizado, lo que permitió a las autoridades abrir una investigación sobre su posible destino.

Investigan vínculos con minería ilegal y extorsión

Las pesquisas del Ministerio Público apuntan a determinar si los explosivos incautados iban a ser empleados en actividades de extracción ilícita de mineral o si estaban dirigidos a organizaciones criminales que operan en Trujillo.

“El material y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley, y así determinar responsabilidades”, informaron las autoridades.

No se descarta que parte del cargamento pudiera ser utilizado para extorsionar a empresarios locales mediante el uso de cargas explosivas, una práctica detectada en anteriores operativos en la región. La investigación también busca identificar el origen del material y posibles nexos de los detenidos con redes de crimen organizado.

Los tres sujetos y el arsenal de explosivos permanecen bajo custodia en espera de las diligencias judiciales correspondientes, mientras la Policía y la fiscalía amplían las pesquisas en la zona.

Ministro investigado por minería ilegal

El nuevo ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, consignó en su declaración jurada presentada a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la presidenta Keiko Fujimori que figura en una veintena de investigaciones fiscales y procesos judiciales. De estos casos, diez corresponden a investigaciones penales en trámite, mientras que el resto fueron archivados o concluyeron con sobreseimiento.

Entre los expedientes archivados destaca el caso seguido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puquio (Ayacucho), donde Shinno fue investigado por el presunto delito de minería ilegal. Este proceso, registrado bajo el expediente 1606165200-2023-5-0, fue cerrado el 31 de enero de 2023.

La región sur de Ayacucho, donde se produjo la investigación, es conocida por concentrar actividades de explotación minera ilícita, especialmente en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.

Por otro lado, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno mantiene vigente una investigación preliminar contra Shinno por el presunto delito de contaminación ambiental dolosa, iniciada el 24 de noviembre de 2021. Según la propia declaración del ministro, este caso continúa abierto.

Pese a estos antecedentes, Shinno recibió el respaldo del Instituto de Ingenieros de Minas, organismo que destacó su experiencia en el sector público y privado. El funcionario es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y ha ocupado cargos como viceministro de Minas, director general de Minería, gerente general de Osinergmin y de la Compañía Minera Apumayo. También presidió el directorio de Egasa e integró el consejo directivo de Sucamec.

La propuesta del Poder Ejecutivo para obtener facultades legislativas por un plazo de 120 días incluye cambios en diversas áreas vinculadas con la economía, la administración pública y el desarrollo productivo. Entre los puntos incorporados en el proyecto de ley figura una modificación del marco normativo ambiental con el objetivo de reducir tiempos en la aprobación de proyectos de inversión.

El planteamiento forma parte del pedido presentado al Congreso para delegar competencias al Ejecutivo en materias como seguridad ciudadana, empleo, formalización, desarrollo productivo, modernización del Estado, régimen tributario y facilitación del comercio. Dentro de ese conjunto de medidas también se contempla una reforma sobre recursos naturales y áreas naturales protegidas.

La iniciativa plantea cambios en los procedimientos relacionados con permisos, autorizaciones e instrumentos ambientales. Según el texto del proyecto, el propósito consiste en compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo de actividades económicas mediante una actualización de las normas vigentes.

Proyecto plantea cambios en la normativa ambiental

La propuesta incluye la regulación de competencias entre las distintas entidades involucradas en la evaluación ambiental. Asimismo, plantea simplificar y reducir los plazos de aprobación de los instrumentos ambientales, además de uniformizar criterios y disminuir exigencias para la elaboración o modificación de dichos documentos.

El texto también propone establecer mecanismos de presunción de veracidad y aplicar el silencio administrativo positivo en determinados procedimientos. De igual forma, señala que se busca otorgar estabilidad a los permisos y aprobaciones concedidos para el desarrollo de proyectos.

Otro de los aspectos considerados dentro del proyecto se refiere a las restricciones aplicables a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas.

El documento precisa que dichas limitaciones deberán sustentarse en “evidencia científica objetiva y clara”, evaluada técnicamente y respetando los principios de legalidad y proporcionalidad. La propuesta forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo pretende desarrollar si el Congreso aprueba la delegación de facultades legislativas.

Además, el planteamiento contempla modificaciones relacionadas con los recursos naturales, con el propósito de establecer un marco regulatorio que, según el proyecto, permita una mayor coordinación entre las entidades competentes durante los procesos de evaluación y autorización.

Medidas incluyen sectores estratégicos para la inversión

Las facultades solicitadas no se limitan al ámbito ambiental. El proyecto también incorpora medidas para fortalecer el marco normativo de las actividades mineras, incluida la promoción de inversiones, la simplificación de requisitos, la formalización, los permisos, las autorizaciones y las certificaciones.

En materia de hidrocarburos, el Ejecutivo propone crear mecanismos de aprobación expedita para proyectos energéticos y de exploración y explotación, además de modificar los regímenes legales y contractuales aplicables al sector. El documento también menciona ajustes relacionados con regalías, retribuciones e industria del gas.

Respecto al sector eléctrico, la iniciativa contempla normas para promover inversiones en generación, transmisión y distribución de electricidad, ampliar la cobertura en zonas rurales y aisladas e impulsar proyectos vinculados con energías renovables y transición energética.

Pedido de facultades comprende reformas económicas y administrativas

El proyecto de ley solicita autorización para legislar durante 120 días calendario en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, promoción del empleo, protección social, formalización, desarrollo productivo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, modernización del Estado y régimen tributario, aduanero y de comercio.

Dentro del apartado dedicado al desarrollo productivo también figuran medidas relacionadas con agricultura, recursos hídricos, pesca, turismo, infraestructura, asociaciones público-privadas y servicios financieros.

El texto incorpora propuestas para facilitar autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes mediante procedimientos simplificados, aprobación automática y silencio positivo en proyectos priorizados dentro del Plan Nacional de Infraestructura. Asimismo, plantea regular las competencias de las entidades públicas involucradas en esos procesos con el objetivo de agilizar la ejecución de inversiones contempladas en la iniciativa presentada al Congreso.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) lograron desmantelar una presunta red criminal dedicada al tráfico ilícito de combustible para la minería ilegal en Madre de Dios.

Entre los 12 detenidos figuran cuatro policías del Escuadrón de Emergencia y un exfiscal, quienes, según las investigaciones, facilitaban el desvío y transporte clandestino de grandes volúmenes de combustible hacia zonas de extracción minera no autorizada.

De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía, la operación se ejecutó de manera simultánea en las localidades de Mazuko (Madre de Dios), Puno y Ucayali. El despliegue permitió la captura de integrantes de la presunta organización “Los lecheros del puerto”, cuyo objetivo principal consistía en abastecer de insumos a maquinaria empleada en actividades mineras ilegales.

La investigación, desarrollada en colaboración con la PNP, estableció que la estructura criminal mantenía operaciones desde 2023 y se apoyaba en una cadena integrada por proveedores, distribuidores, transportistas y encargados de cobertura institucional.

Según el jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), coronel Robert Trujillo, los detenidos conformaban una organización que operaba al menos tres años en la zona de Lechemayo. El combustible era adquirido en el puerto de Mollendo y transportado formalmente hasta Puno, donde sufría el primer desvío.

Tráfico de combustible

El procedimiento utilizado por la red implicaba la compra legal de combustible a través de empresas o estaciones de servicio, con documentos que consignaban como destino grifos legales. Sin embargo, una vez en ruta, los cargamentos de hasta 10.000 galones cada uno se desviaban y almacenaban en cisternas clandestinas ubicadas en el distrito de San Gabán.

El coronel Trujillo explicó a RPP que “el desvío de combustible lo realizaban en Puno, y hacían el desenvase en cisternas clandestinas para ser trasladado a San Gabán, donde tenían cisternas para que, tras el desenvase, sea trasladado por el río Inambari y también por la carretera Interoceánica de manera clandestina. Todo esto era para la maquinaria que utilizaba la minería ilegal”.

Desde los almacenes acondicionados en Lechemayo, el combustible era transvasado hacia tanques o bidones, siguiendo pedidos coordinados previamente. Los distribuidores de la organización gestionaban el traslado hasta el puerto de Lechemayo o a puntos clandestinos en Mazuko, donde el producto se transfería a canoas y navegaba por el río Inambari. Esta vía fluvial permitía evadir los controles terrestres y abastecer puntos como Mazuko, Puerto Punkiri, Puerto Carlos y Puerto Sarayacu.

Protección institucional

Un aspecto clave del funcionamiento de la red, según la información difundida por la Fiscalía, era la presencia de efectivos policiales y un exfiscal —destituido meses atrás— en el equipo de protección y cobertura institucional.

Su rol consistía en alertar sobre posibles controles o intervenciones estatales, así como facilitar el libre tránsito de los vehículos implicados, omitiendo controles y procedimientos de rigor.

El coronel Trujillo puntualizó que “los detenidos omitían sus funciones, sabían el desplazamiento del desvío de combustible. Trabajaban en el Escuadrón de Emergencia, en la comisaría de Mazuco y comisaría Santa Rosa”.

Por su parte, la Fiscalía detalló que estos funcionarios “aseguraban la continuidad de las operaciones ilícitas”, anticipando rutas de intervención y coordinando para evitar la detección del tráfico ilegal de insumos. El desmantelamiento de la organización representa un golpe a las redes que sostienen el abastecimiento logístico de la minería ilegal en la Amazonía peruana.

Impacto de los operativos

Como parte de la respuesta estatal, el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, informó a Rumbo Minero que las acciones desplegadas por las Fuerzas Armadas y entidades asociadas permitieron incautaciones valorizadas entre S/ 450 y S/ 500 millones en los últimos meses. El funcionario resaltó que uno de los principales desafíos consiste en fortalecer el marco legal que rige las intervenciones militares en la lucha contra el crimen organizado, para garantizar la seguridad del personal involucrado.

Flores Carcagno indicó que “hay un marco, pero no es suficiente. En mis casi cuatro meses de gestión no puedo cambiar todas las leyes, pero sí hicimos ajustes normativos para que cuando ellos intervengan no se pongan en riesgo, porque el crimen organizado no respeta nada y nosotros actuamos dentro del Estado de Derecho”.

La operación, que tuvo lugar en los últimos días, expuso el funcionamiento de un circuito clandestino que facilitaba recursos a actividades extractivas ilegales en la Amazonía.

Entre los detenidos figuran un policía y un exrepresentante del Ministerio Público en actividad, quienes, según las investigaciones, desempeñaban un papel clave en el primer eslabón de esta cadena criminal. La operación incluyó la incautación de más de S/ 1.8 millones en efectivo, así como vehículos, equipos y otros bienes presuntamente vinculados a estas actividades.

Un circuito que abastecía a la minería ilegal

Según declaró el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, el esquema de distribución comenzaba formalmente en la ciudad de Juliaca, donde empresarios del rubro adquirían el combustible bajo una ruta fiscalizada. Posteriormente, el insumo era desviado hacia almacenes clandestinos y de allí trasladado a Chemayo, punto desde el cual se distribuía por vía fluvial a campamentos de minería ilegal en Madre de Dios.

“Nuestros dos objetivos que han sido detenidos en esa ciudad son empresarios griferos que desvían su insumo químico, que tienen una ruta fiscalizada y controlada. Sin embargo, ese combustible no llega a su destino final, sino es desviado hacia la localidad de Chemayo, de donde por vía fluvial llega a la minería ilegal acá en Madre de Dios”, explicó.

El operativo contó con el apoyo de Interpol y organismos de cooperación internacional, lo que permitió la identificación y detención de los principales sospechosos tras varios meses de investigación.

“Ellos han sido detenidos justamente por la Policía Nacional y esto es sumamente importante. Porque nuestra propia Policía Nacional identifica los malos elementos y son ellos mismos los que los capturan y los ponen a disposición de la justicia”, remarcó el coordinador nacional.

Durante la intervención, además de los detenidos, se incautaron sumas significativas en dinero en efectivo, vehículos y equipos vinculados al transporte y almacenamiento de combustible. La Fiscalía ha iniciado una investigación por lavado de activos para determinar el origen y destino de los fondos, así como para identificar el patrimonio de los implicados.

La investigación abarca a 27 personas, entre ellas efectivos policiales y un exfiscal, todos presuntamente vinculados a la organización. Según los reportes, la red operaba bajo la apariencia de legalidad hasta el momento en que el combustible era desviado.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con líneas telefónicas y plataformas digitales para recibir denuncias sobre actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal, el tráfico de combustible y otros delitos ambientales.

El Ministerio Público ofrece canales de atención a través de sus Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y Contra la Criminalidad Organizada. Cualquier persona puede presentar información, pruebas o reportes sobre delitos asociados al tráfico de combustibles o daño ambiental acudiendo a las sedes.

Mientras la atención internacional continúa concentrada en el narcotráfico, otra economía ilícita crece silenciosamente hasta convertirse en uno de los principales motores financieros del crimen organizado. La explotación ilegal de oro actualmente financia guerrillas, carteles, mafias, redes de corrupción y estructuras de lavado de activos que disputan el control territorial en buena parte de América Latina. El fenómeno ya no constituye un problema ambiental, representa una amenaza estratégica para la seguridad de los Estados.

Durante décadas, el narcotráfico fue considerado el principal motor financiero de las organizaciones criminales latinoamericanas; guerrillas, carteles, organizaciones mafiosas y grupos armados encontraron en la cocaína una fuente extraordinaria de recursos (aún vigente) que les permitió expandirse, corromper instituciones, adquirir armamento, controlar territorios y desafiar la autoridad de los Estados. La imagen del crimen organizado quedó así inevitablemente asociada a las rutas de la droga, los grandes cargamentos, los laboratorios clandestinos y las redes internacionales de distribución. Sin embargo, mientras la mayor parte de los esfuerzos estatales continuaban concentrándose en combatir ese fenómeno, otra economía ilícita comenzó a expandirse de manera constante, silenciosa y con una capacidad de adaptación extraordinaria.

Lejos de ocupar un lugar secundario dentro de las actividades criminales, la minería ilegal se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado transnacional, modificando profundamente la estructura económica de estas organizaciones, posibilitando a su vez la diversificación de sus fuentes de ingresos. El cambio no resulta casual, responde a una lógica empresarial que las organizaciones criminales han perfeccionado durante décadas. Como cualquier estructura económica compleja, el crimen organizado busca reducir riesgos, diversificar inversiones y asegurar la continuidad de sus ingresos frente a escenarios inestables o cambiantes.

La presión internacional sobre el narcotráfico, el fortalecimiento de algunos mecanismos de cooperación judicial y financiera y la mayor capacidad de los Estados para interceptar cargamentos de distintos tipos de drogas impulsaron a estas organizaciones a explorar mercados ilícitos con menor exposición y similares niveles de rentabilidad. En ese proceso, el oro apareció como un recurso excepcional. A diferencia de la cocaína, cuya producción, transporte y comercialización requieren una infraestructura logística, compleja y, (aunque clandestina), potencialmente detectable, el oro posee una característica que lo convierte en un activo particularmente atractivo para las economías criminales, ya que, una vez extraído, resulta extremadamente difícil distinguir el origen legal del ilegal. Puede fundirse, mezclarse con producción formal, incorporarse rápidamente al circuito financiero internacional y comercializarse como un producto aparentemente legítimo; en otras palabras, el oro ofrece algo que pocos activos ilegales proporcionan simultáneamente, como el alto valor económico, la estabilidad de precio, la aceptación universal y enormes posibilidades de lavado de activos.

Esta condición explica por qué numerosas organizaciones criminales comenzaron a desplazar parte de sus recursos hacia la explotación ilegal de minerales preciosos. El fenómeno ya no se limita a pequeños grupos de buscadores informales ni a explotaciones artesanales desarrolladas en zonas aisladas; la minería ilegal evolucionó hasta convertirse en una compleja industria clandestina que demanda maquinaria pesada, logística internacional, redes financieras, sistemas de transporte, protección armada, estructuras orientadas a explotar la corrupción y mecanismos sofisticados de comercialización. Lo verdaderamente novedoso es que esta actividad dejó de ser un simple delito ambiental para transformarse en un fenómeno que afecta seriamente a la seguridad regional. Durante muchos años, la minería ilegal fue analizada casi exclusivamente desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. La preocupación principal giraba alrededor de la deforestación, la contaminación con mercurio, la degradación de los cursos de agua y la destrucción de ecosistemas estratégicos.

Todos esos efectos continúan existiendo y representan una amenaza de enorme magnitud, sin embargo, esa mirada resulta hoy ciertamente insuficiente ya que, detrás de cada explotación minera ilegal a gran escala, suele encontrarse una estructura criminal mucho más amplia. Allí donde aparecen dragas clandestinas, retroexcavadoras, campamentos ilegales y pistas aéreas improvisadas, rara vez opera un único delito, emergiendo un verdadero ecosistema criminal en el que convergen el lavado de activos, la trata de personas, la explotación laboral, el tráfico de armas, el narcotráfico, la corrupción pública, el contrabando y la violencia organizada; la diversificación criminal les proporciona a estas estructuras delictivas, mayor resiliencia, reduciendo riesgos y multiplicando su capacidad para adaptarse a las respuestas estatales. La minería ilegal financia organizaciones capaces de controlar territorios completos, imponer sistemas paralelos de autoridad, regular actividades económicas, cobrar extorsiones, administrar justicia por mano propia e incluso sustituir al Estado en vastas regiones de América Latina. En definitiva, el oro dejó de ser únicamente un metal precioso, convirtiéndose en extensos lugares de América Latina, en la moneda con la que el crimen organizado compra poder, construye gobernanza, financia violencia y consolida su expansión.

Evolución criminal en la región - patrones y mutaciones de la minería ilegal

La evolución del crimen organizado demuestra que las organizaciones más exitosas no son necesariamente las más violentas. Son aquellas que logran adaptarse con mayor rapidez a las transformaciones económicas, regulatorias y geopolíticas. Allí donde los Estados concentran sus esfuerzos sobre una actividad específica, estas estructuras desplazan parte de sus recursos hacia nuevos mercados, reducen riesgos y preservan su capacidad financiera. La minería ilegal representa, precisamente, una de esas mutaciones estratégicas.

La Amazonía y la Zona Andina comparten profundas semejanzas en sus crisis de inseguridad debido a que la minería ilegal funciona bajo las mismas lógicas del crimen organizado transnacional. Aunque difieren drásticamente en su geografía, el auge en el precio internacional del oro ha convertido a ambas regiones en objetivos de mafias internacionales que aprovechan la debilidad del Estado. Esto ha homogenizado las amenazas que sufren las poblaciones locales de la selva y de la montaña en extensos sectores de la región.

Colombia - minería criminal como sustituto del narcotráfico

En Colombia, por extraño que nos parezca, la minería ilegal ha llegado a equiparar e incluso superar al narcotráfico en ciertas regiones como principal fuente de ingresos para grupos armados organizados. Estructuras como el Clan del Golfo o disidencias de las FARC y estructuras posparamilitares (las llamadas bandas criminales emergentes - BACRIM – ) han incorporado la explotación aurífera como eje estratégico.

Las características relevantes, del fenómeno Colombiano están dadas por el control territorial directo de zonas de extracción; en regiones como Chocó, Antioquia, Cauca o el sur de Bolívar, estos actores controlan dragas, retroexcavadoras, insumos químicos y rutas de comercialización, imponiendo impuestos a mineros informales y sus comunidades, empleando la violencia como método de disciplinamiento territorial. La relación con comunidades indígenas y afrodescendientes es ambivalente, en algunos casos hay cooptación y participación directa de comuneros en la cadena de extracción; en otros, resistencia y desplazamiento forzado.

La minería ilegal se superpone con cultivos ilícitos y corredores de narcotráfico, generando un mapa de economías ilícitas integradas donde el oro funciona como lavado de activos y diversificación criminal. La minería ilegal demuestra una alta sofisticación logística y financiera, con vínculos que atraviesan fronteras. Colombia muestra un alto grado de criminalización de la minería ya que, no es solo una actividad informal, sino un componente estructural de la economía de guerra de grupos armados, con capacidad de controlar ríos, pasos y centros poblados, además de condicionar la vida comunitaria mediante extorsión, reclutamiento y regulación violenta de la actividad.

Venezuela y el arco minero del Orinoco

En Venezuela, el Arco Minero del Orinoco y otras zonas auríferas del sur del país ilustran un modelo aún más extremo, la minería ilegal (y semi-legal, bajo paraguas estatal) se articula con sindicatos mineros, pranes y grupos armados que ejercen un control casi total sobre campamentos, poblaciones y rutas fluviales. En territorios indígenas del estado Bolívar y áreas cercanas al amazonas Venezolano, estos actores imponen reglas propias, cobran impuestos, regulan el acceso a insumos y ejercen violencia sistemática, incluyendo masacres y desplazamientos.

A ello se suma la presencia de grupos armados de carácter irregular, colombianos como el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), que han sido señalados como partícipes del negocio minero en zonas fronterizas, lo que refuerza la idea de una economía criminal transnacional donde oro, armas y drogas circulan en un mismo circuito. La gobernanza estatal se ve sustituida por una gobernanza criminal híbrida, esto es, actores armados locales, estructuras carcelarias (pranato) y segmentos de fuerzas de seguridad que participan o protegen la actividad ilegal. Para las comunidades que habitan esos espacios, esto se traduce en pérdida de control sobre su territorio, contaminación masiva de ríos, ruptura de formas tradicionales de organización y una dependencia creciente de la economía del oro para sobrevivir, aun sabiendo que esa misma economía destruye su entorno y su tejido social.

Perú - la guerra por el control minero en el Pataz

En el Perú, la minería ilegal ha superado al narcotráfico como la economía ilícita más rentable y destructiva. Esta crisis ya se extiende a 11 regiones amazónicas y a enclaves críticos de la sierra andina, generando un escenario de violencia que desafía directamente la soberanía del Estado. La situación en el territorio Peruano evidencia el cruce de estas dos realidades geográficas bajo el control del crimen organizado.

En la sierra de La Libertad, la provincia de Pataz se ha convertido en el símbolo de la violencia andina por el oro. Organizaciones transnacionales operan allí controlando socavones. El uso de armamento militar pesado de largo alcance (fusiles de asalto AR-15 y AKM, granadas y explosivos) ha transformado la zona en un campo de batalla. El Gobierno mantiene a Pataz bajo un constante estado de emergencia con control de las Fuerzas Armadas y toque de queda. Pese a millonarias incautaciones y la destrucción de campamentos, la violencia (sicariato, secuestros y extorsión) y los enfrentamientos armados persisten. La enorme capacidad económica de estas redes delictivas ha penetrado la política local, detectándose candidatos municipales y regionales con nexos directos a la minería ilegal.

Brasil - el garimpo ilegal

En la Amazonia—especialmente en territorios yanomami y otras tierras indígenas—la actividad minera artesanal (garimpo), muestra otro patrón de convergencia entre minería, crimen organizado y captura territorial. Miles de garimpeiros operan con apoyo logístico que incluye avionetas, combustible, maquinaria pesada y cadenas de suministro que no pueden sostenerse sin algún grado de protección política y criminal.

En los últimos años se ha documentado la articulación de facciones como el PCC y otras organizaciones con el negocio minero, ya sea en la provisión de armas, en el control de rutas fluviales y aéreas, o en el uso del oro como mecanismo de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Las comunidades indígenas sufren invasiones masivas, destrucción de fuentes de agua, epidemias y violencia, mientras el Estado oscila entre operativos de interdicción y períodos de tolerancia o desregulación de facto. Brasil aporta el componente de industrialización del garimpo, ya que la minería ilegal no es solo un conjunto de campamentos improvisados, sino una cadena productiva con financistas, proveedores, pilotos, intermediarios y compradores internacionales, donde el crimen organizado se inserta como garante de la seguridad y la logística.

Argentina observador participante

También en nuestra Cordillera se han registrado incidentes a lo largo de la historia reciente, siendo quizá el más conocido, aquel que se difundiera públicamente como el incidente del ZANCARRON.

Los hechos tuvieron lugar en la mina El Zancarrón, un yacimiento de oro inactivo y sin custodia, ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar en la alta cordillera de la Provincia de San Juan, departamento de Iglesias, Jáchal, justo en el límite fronterizo entre Argentina y Chile; allí cuatro mineros chilenos (conocidos históricamente en la región como "pirquineros") cruzaron la frontera por un paso ilegal no habilitado utilizando para ello, una camioneta. El grupo se instaló de forma clandestina en el yacimiento argentino y extrajo rocas con alto contenido de oro en bruto. Efectivos del Escuadrón 25 Jáchal de la Gendarmería Nacional Argentina recibieron una alerta sobre movimientos sospechosos en la alta montaña y desplegaron un operativo cerrojo a resultas del cual lograron detener a los incursores ilegales, quienes se resistieron a la detención, llegando a utilizar armas de fuego. No obstante, estos antecedentes, nuestro país aún conserva una ventaja estratégica dado que puede observar y entender antes de padecer el problema. Argentina posee recursos minerales de enorme valor, especialmente oro, plata, cobre y litio, compartiendo además extensas fronteras internacionales, corredores logísticos complejos y zonas de baja densidad poblacional que requieren una vigilancia permanente.

No se trata únicamente de incrementar controles policiales, sino de integrar organismos ambientales, aduaneros, tributarios, judiciales, financieros y de inteligencia criminal bajo una conducción estratégica común. La cooperación internacional también ocupa un lugar decisivo. Ninguna organización criminal opera exclusivamente dentro de las fronteras nacionales; las rutas financieras, logísticas y comerciales atraviesan varios países de forma simultánea. Compartir inteligencia criminal, coordinar investigaciones patrimoniales y realizar operaciones conjuntas constituye una condición indispensable para enfrentar este fenómeno de alcance transnacional. Sin embargo, ninguna herramienta será suficiente si el Estado actúa únicamente cuando el delito ya se encuentra consumado.

La principal enseñanza que ofrece América Latina es que el éxito del crimen organizado depende mucho menos de su capacidad que de las oportunidades que encuentran para crecer. Las organizaciones criminales no crean las vulnerabilidades, simplemente las identifican, las estudian y las explotan con extraordinaria rapidez.

La pregunta, entonces, ya no consiste en determinar cuál de estas economías ilícitas resulta más rentable. La verdadera cuestión es comprender cómo interactúan entre sí para fortalecer la capacidad de expansión del crimen organizado, porque el oro, por sí solo, no explica la magnitud del fenómeno. Lo verdaderamente preocupante es que ha pasado a convertirse en el punto de encuentro donde confluyen violencia, corrupción, captura institucional, devastación ambiental y sofisticadas redes financieras internacionales. Es allí donde la minería ilegal deja de ser un problema sectorial para transformarse en uno de los mayores desafíos estratégicos para la seguridad y la gobernabilidad de América Latina, región de la que somos parte.

En los últimos meses, en el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, se ha registrado una problemática por la minería ilegal de oro.

Esta actividad, desarrollada sin permisos ni controles ambientales, ha generado una fuerte degradación de los ecosistemas de alta montaña. Investigaciones y registros recientes muestran cómo la minería ilegal ha destruido extensas áreas del páramo, afectando cuerpos de agua y suelos, y poniendo en riesgo la biodiversidad y el suministro de agua para millones de personas en la región. El impacto de la minería ilegal incluye la deforestación, el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, y la alteración de fuentes hídricas que abastecen a ciudades como Bucaramanga.

Pese a los operativos de control y las nuevas propuestas de delimitación del área protegida, la presencia de grupos ilegales y la falta de alternativas económicas para la población local dificultan el control efectivo sobre la actividad minera, provocando debates sobre la necesidad de fortalecer la protección legal del páramo, aumentar la vigilancia y ofrecer alternativas sostenibles para las comunidades dependientes de la minería.

Gobernador de Santander pidió operaciones militares para mitigar la minería ilegal

El 22 de julio, el gobernador Juvenal Díaz aprovechó una entrevista con Caracol Radio para hablar sobre la problemática que se registra en Santurbán y los problemas que ha tenido con el Ministerio de Ambiente por la delimitación del páramo.

Díaz indicó que, debido a la gravedad de los hechos recientes y ante la falta de compromiso que ha tenido la ministra de Ambiente, Irene Vélez, que ha asegurado que los problemas son con multinacionales que han intentado ingresar a esta zona para ejecutar proyectos mineros, se ha consolidado una red delictiva que ha puesto en riesgo a la ciudadanía de la zona, afectando el medioambiente de la región.

“Si usted va a proteger el medio ambiente, pues tiene que protegerlo. En lo que estamos de acuerdo con el páramo es que no podemos hacer la parte de la minería, pero hacerse el de la oreja gorda con la minería ilegal, que es lo que está haciendo la ministra de Medio Ambiente, es lo que está mal y decir eso no es un problema mío, es el problema de los alcaldes y del gobernador, no es así. Ahí hay responsabilidad de todos”, declaró el gobernador de Santander.

Díaz reveló que ha elevado una solicitud para que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería se hagan cargo de la problemática de alguna forma.

Como una solución que considera viable, el gobernador pidió que se lleven a cabo operaciones militares contra la minería ilegal en las zonas del páramo que han sido afectadas; además, que se priorice la seguridad de estos lugares para que no vuelvan a ser invadidos por criminales.

“Nosotros no podemos estar protegiendo el páramo como se ha venido haciendo contra aquellas empresas que pretendían hacer en el páramo la minería, estigmatizarlas y permitir y hacernos los de la oreja gorda con los ilegales. Hay que hacer una operación militar en esa área que requiere de unidades especializadas y para eso, pues vamos a pedirle al ministro de Defensa entrante que nos ayude”.

Juvenal Díaz destacó que la petición será dirigida a los ministros designados por Abelardo de la Espriella, que será posesionado como presidente el 7 de agosto, puesto que considera que los funcionarios actuales no escucharán su solicitud.

Por último, el gobernador de Santander destacó que espera que el nuevo gobierno pueda corregir los problemas que se han mantenido durante los últimos cuatro años, asegurando que la crisis en el páramo de Santurbán es una muestra de que las estructuras criminales han tomado territorios sin que se registre algún tipo de oposición por parte del Estado.

La intervención se realizó en Puerto Maldonado, cuando el representante del Ministerio Público salía de su vivienda. Según la información policial, Bautista Yama es investigado por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a la minería ilegal. Además, las autoridades analizan sus presuntos vínculos con operadores de seguridad ilegal de La Pampa y Lago Inambarillo, zonas donde se han reportado extorsiones, cobro de cupos y disputas por el control de actividades mineras.

Fiscal es acusado de presuntamente obstruir investigaciones contra organización criminal

La detención del fiscal ambiental se produce en medio de una investigación contra una estructura criminal que habría operado en el corredor minero de Madre de Dios. De acuerdo con fuentes policiales, Bautista Yama habría intentado interferir en las pesquisas relacionadas con los 21 detenidos durante un operativo realizado el 6 de julio, entre ellos personas vinculadas a los presuntos cabecillas conocidos con los alias de “Chili” y “Gringasho”.

Ambos nombres aparecen relacionados con la organización conocida como “Los Guardianes de La Pampa”, una presunta red criminal que fue intervenida a inicios de julio en un campamento clandestino ubicado en el corredor minero. Durante esa operación, las fuerzas del orden detuvieron a 20 personas y decomisaron un importante arsenal, que incluía fusiles, pistolas, municiones, granadas, explosivos, chalecos antibalas y equipos de comunicación.

La investigación también alcanza a un grupo de seis personas detenidas el 6 de mayo, presuntamente vinculadas a un sujeto conocido como “Brayam”. Según la versión policial, una de las abogadas que intervino en ese expediente sería Rocío Milagros Escobar Hillasaca, hermana de Yamila Escobar Hillasaca, pareja del fiscal Bautista Yama y madre de uno de sus hijos.

Un alto oficial involucrado en las acciones contra la organización criminal sostuvo que la detención del fiscal fue necesaria debido a la presunta interferencia en las investigaciones. “Había que neutralizarlo con la detención, ya que estaba obstruyendo las investigaciones”, declaró, según la información recogida durante las diligencias.

La sospecha de las autoridades también se habría reforzado luego de que, en el teléfono incautado a Eneyser Fernández Pérez, se encontraran conversaciones que presuntamente demostrarían coordinaciones y apoyo del fiscal Bautista Yama a un sujeto identificado con el alias de “Brayam”. El contenido de estas comunicaciones forma parte de las diligencias que buscan establecer el nivel de participación del funcionario y sus posibles conexiones con la estructura investigada.

“Los Guardianes de La Pampa” y el asesinato de un comerciante en Lago Inambarillo

Otro elemento que aparece en la investigación está relacionado con un video grabado durante un operativo de interdicción contra la minería ilegal en la comunidad de Lago Inambarillo, el 7 de noviembre de 2025. En las imágenes aparece el fiscal Bautista Yama participando en una diligencia como representante de la Fiscalía Ambiental.

Según el testimonio de Denis Carbajal Estrada, la presencia del fiscal en ese lugar habría sido solicitada por Antonio Cose Apaza, conocido como “Antonio Quino”, quien es señalado como uno de los líderes de la seguridad ilegal que opera en la zona. Este grupo habría sido denunciado por presuntamente cobrar cupos y extorsionar a mineros y comerciantes de la comunidad ubicada a orillas del río Madre de Dios.

En el video, Cose Apaza aparece junto a otro hombre vestido con ropa de camuflaje y portando armas de largo alcance. Según el testimonio incorporado a las investigaciones, ambos no serían agentes policiales, sino presuntos integrantes de una estructura de seguridad ilegal que tendría características similares a la organización que opera en La Pampa.

El nombre de “Antonio Quino” también figura en una denuncia por extorsión presentada ante la División de Investigación Criminal de Puerto Maldonado. En el documento aparecen otros presuntos integrantes de la seguridad ilegal de Lago Inambarillo.

La investigación tomó mayor relevancia tras el asesinato del comerciante Yvid Wilder Carbajal Estrada, de 39 años, ocurrido el 16 de mayo de 2026. La víctima era propietario de Multiservicios Wilder, tenía esposa e hijo y también figuraba como minero formal con inscripción en el REINFO. Su negocio abastecía de abarrotes e insumos a trabajadores de la zona.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la Policía, días antes del crimen, un grupo de hombres habría acudido a su establecimiento para reclamarle por denuncias previas relacionadas con extorsiones. También le habrían exigido el pago de 20 mil soles mensuales para permitirle continuar trabajando. Carbajal Estrada se habría negado y, según la investigación, recibió amenazas.

El día del crimen, uno de los presuntos implicados, identificado como Widhert Suárez Yapo, alias “Quillacho”, habría ingresado previamente al local con el supuesto objetivo de verificar si la víctima se encontraba allí. Cerca de las 7:25 de la noche, tres sujetos ingresaron al establecimiento y dispararon contra el comerciante. Los impactos alcanzaron su pecho y cabeza.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio. Luego del asesinato, los sujetos habrían sustraído dinero de la caja, celulares, objetos de valor y una caja de seguridad. La suma robada ascendería a aproximadamente 300 mil soles.

El fiscal Víctor Raúl Phoco López, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, solicitó la detención preliminar de los investigados, entre ellos Antonio Cose Apaza. La investigación busca establecer si los presuntos integrantes de la seguridad ilegal de Lago Inambarillo tuvieron participación en el crimen y qué relación mantenían con otras redes criminales dedicadas al control de actividades ilícitas en el corredor minero.

Santa Rosa del Peñón, una pequeña localidad en el occidente de Nicaragua, experimenta una transformación inesperada tras el reciente hallazgo de una veta de oro en la ribera del río Amayón.

El descubrimiento, que se propagó rápidamente entre los habitantes, provocó una movilización masiva de buscadores impulsados por el precio récord del oro, según reportó La Prensa.

El rumor sobre la existencia de una veta rica en oro comenzó a circular de manera discreta entre un grupo reducido de trabajadores. Pocas horas después, la noticia se viralizó en redes sociales y atrajo a cientos de personas al sitio, quienes se sumaron a la excavación. “Cuando quise llegar, ya estaba full”, relató uno de los mineros entrevistados por La Prensa, describiendo el ambiente de expectación que domina la comunidad.

La escena en Santa Rosa del Peñón evoca imágenes históricas de fiebre del oro: hombres cubiertos de lodo, mujeres y jóvenes colaboran en la extracción y traslado de material, mientras los túneles improvisados avanzan sin descanso.

El estrépito de piochas y palas se impone día y noche, borrando la frontera entre la luz y la oscuridad. La precariedad es evidente, ya que los túneles se sostienen con troncos y carecen de seguridad estructural, lo que representa un peligro constante de derrumbe. A pesar de los riesgos, la búsqueda del “bolillazo” —el hallazgo de una piedra con suficiente oro para cambiar el destino de una familia— alimenta la esperanza colectiva.

De acuerdo con La Prensa, esta fiebre no es un hecho aislado. El precio internacional del oro alcanzó valores sin precedentes en los últimos cinco años. El metal pasó de cotizarse a USD 1,800 por onza a casi USD 5,600 en enero de 2026, manteniéndose luego en torno a los USD 5,000.

Esta tendencia situó al oro como el principal producto de exportación de Nicaragua. El Banco Central reportó ventas por USD 2,009 millones en 2025, cifra que representa el 20% de los ingresos totales por exportaciones, incluidas las zonas francas, según datos recabados por La Prensa.

En la ribera del Amayón, la ausencia de concesiones privadas y la falta de señalización oficial permiten que cualquier persona se sume a la búsqueda.

La minería artesanal es una tradición local, transmitida de generación en generación, y se aprende en la práctica diaria junto a familiares y vecinos. No existen horarios fijos ni restricciones formales: algunos buscan oro al amanecer, mientras otros trabajan bajo la luz de linternas improvisadas.

Cada viaje puede implicar cargar más de 40 kilogramos de piedras o tierra, que luego se tamiza en busca de diminutas partículas doradas capaces de transformar la vida de una familia.

El trabajo en Santa Rosa del Peñón dista mucho de ser sencillo o seguro. Aunque la tierra rojiza a veces ofrece pequeñas partículas de oro, en la mayoría de los casos solo aparecen piedras blancas y otros minerales.

El peligro de derrumbe está siempre presente, ya que la estructura de los túneles depende de troncos cortados en el monte. A pesar de estas condiciones, el deseo de encontrar una fortuna impulsa a la comunidad y supera el miedo y el cansancio.

A diferencia de las minas concesionadas, donde el acceso es restringido y las ganancias suelen beneficiar a empresas extranjeras, la fiebre del oro en Santa Rosa del Peñón ha devuelto a los habitantes la posibilidad de soñar con un futuro mejor.

Un residente, que pidió no ser identificado, explicó a La Prensa que “de eso vive la gente” allí, que “no hay otro trabajo”. Esta afirmación resume la realidad de una economía local marcada durante generaciones por la minería artesanal y por la falta de opciones laborales.

La fiebre del oro en Nicaragua refleja una tendencia global impulsada por la volatilidad de los mercados y la revalorización de los minerales. La experiencia de Santa Rosa del Peñón ilustra cómo el precio internacional puede transformar economías rurales y reactivar tradiciones ancestrales, al mismo tiempo que expone a las comunidades a riesgos y desafíos estructurales. La cobertura de La Prensa documenta cada etapa de este fenómeno, desde la viralización del hallazgo hasta la organización comunitaria y las expectativas que genera el mercado internacional.

Según los testimonios recogidos por La Prensa, la minería artesanal, aunque riesgosa y exigente, se mantiene como el principal sustento de la región ante la ausencia de alternativas. La ilusión de hallar oro en la ribera del Amayón sigue vigente, y cada jornada de trabajo renueva la esperanza de quienes buscan en la tierra una oportunidad para cambiar su destino.

La creciente demanda mundial de minerales estratégicos abre una ventana de oportunidad para Colombia, pero aprovecharla dependerá de las decisiones que adopte el país durante los próximos años. Un estudio advierte que el rumbo que tomen la política minera y la seguridad será determinante para convertir ese potencial en ingresos para el Estado o permitir que termine en manos de estructuras criminales.

La investigación plantea que el escenario es especialmente relevante por el papel que adquirió estos recursos en la transición energética, la digitalización y el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. En ese contexto, Colombia figura entre los países con condiciones geológicas favorables para convertirse en proveedor de minerales clave. Sin embargo, el informe señala que ese potencial no garantiza resultados. La posibilidad de atraer inversiones y fortalecer el recaudo dependerá de la capacidad institucional para desarrollar proyectos legales, mejorar la gobernanza en los territorios y contener la expansión del crimen organizado sobre estas actividades.

Esas conclusiones hacen parte del estudio Regulando para el Estado, no para el crimen: renta fiscal, crimen organizado y minerales críticos en Colombia, elaborado por Fedesarrollo y Loom Strategy Centre. El documento advierte que, si el Estado logra consolidar un entorno favorable para la inversión formal y frena el avance de las economías ilegales, el país podría obtener entre $10 billones y $19 billones en ingresos fiscales provenientes de los minerales críticos hacia 2050.

De acuerdo con los investigadores, los próximos cinco años serán decisivos para definir ese resultado. Si no se adoptan medidas oportunas, parte de esa riqueza podría terminar fortaleciendo organizaciones criminales, tal como ocurrió con la explotación ilegal de oro durante la última década.

El informe explica que minerales como el cobre, el níquel, el niobio y el tantalio ganaron protagonismo porque son esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, centros de datos, semiconductores, infraestructura eléctrica y equipos de defensa. La demanda internacional continúa creciendo. Según el estudio, el consumo mundial de cobre podría aumentar cerca de 30% hacia 2040, mientras economías como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón buscan diversificar sus proveedores para disminuir la dependencia de China, que concentra buena parte del refinamiento de estos minerales.

En ese panorama, Colombia aparece dentro del 25% de los países con mayor potencial minero del mundo. Para los autores, esa posición podría traducirse en nuevas inversiones y mayores ingresos fiscales si se superan las barreras regulatorias y los problemas de seguridad que hoy limitan el desarrollo del sector. Las estimaciones indican que el recaudo asociado a los minerales críticos alcanzaría entre $10 billones y $19 billones, calculados en valor presente neto hacia 2050. Los investigadores comparan esa cifra con entre 10 y 13 años del presupuesto del Ministerio de Ambiente o cerca de siete años del presupuesto de inversión de Defensa y Policía.

“Las decisiones de política pública de los próximos cinco años en el sector minero y de seguridad definirán el potencial recaudo de 2050 asociado a los minerales estratégicos”, señaló Jairo García, investigador principal del estudio de Fedesarrollo. El experto añadió que “Se requieren procesos más ágiles y transparentes y un escenario de colaboración y confianza entre el sector público, privado y las comunidades”.

Además, advirtió: “No hay margen para esperar porque en juego están cerca de 19 billones de pesos y el papel estratégico del país en la transición energética global”. El documento sostiene que uno de los principales riesgos consiste en que las organizaciones criminales repliquen en los minerales críticos el modelo ilegal que consolidaron alrededor del oro.

Según las estimaciones de la investigación, la extracción ilícita de oro generó entre $32 billones y $34 billones durante 2025, una cifra equivalente al 1,9% del Producto Interno Bruto. Los autores señalan que, si esa actividad fuera una empresa formal, estaría entre las cinco organizaciones con mayores ingresos del país, aunque esos recursos no generan recaudo tributario y fortalecen economías ilegales. La investigación advierte que grupos armados y organizaciones criminales ya empiezan a incursionar en zonas con potencial para minerales críticos, especialmente en Guainía, Vichada y corredores fronterizos con Venezuela.

Los autores consideran necesario fortalecer la formalización minera, mejorar la coordinación entre las entidades del Estado y consolidar mecanismos de relacionamiento con las comunidades para que los beneficios económicos de los proyectos lleguen efectivamente a los territorios. Además, el estudio destaca que, según Brújula Minera, el 69% de los colombianos considera que la minería tiene un impacto positivo para el país, ocho de cada diez creen posible desarrollar una minería socialmente responsable y el 62% respalda aumentar la exploración y producción de minerales.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha implementado un nuevo régimen de control con el objetivo de impedir el desvío de insumos químicos, entre ellos el mercurio y el cianuro, hacia actividades de minería ilegal.

La Resolución N° 000135-2026/SUNAT, dictada en cumplimiento de la Ley N° 32412, busca llenar vacíos con el sistema anterior, que permitía que el reporte de pérdidas o desvíos se realizara fuera del plazo de 24 horas, debido a la ausencia de un registro digital obligatorio y la existencia de procedimientos menos rigurosos.

SUNAT: registro digital obligatorio y reporte en 24 horas

Con la nueva normativa, la SUNAT establece que cualquier persona o empresa que manipule insumos químicos fiscalizados debe registrar diariamente todas las operaciones relacionadas con estos productos.

Esto incluye movimientos de ingreso, egreso, transporte, almacenamiento, uso y producción. El registro debe realizarse en el sistema SUNAT Operaciones en Línea, asegurando así la trazabilidad total de los insumos desde su ingreso al país hasta su destino final.

La principal novedad es la obligación de reportar cualquier pérdida, derrame, excedente, desmedro o robo de insumos químicos en un plazo máximo de 24 horas tras tomar conocimiento del hecho.

Este requerimiento busca cerrar los vacíos que antes permitían demoras y dificultaban el seguimiento de posibles desvíos hacia la minería ilegal.

Según la resolución, la información presentada se considera declaración jurada, lo que refuerza el carácter legal y la responsabilidad del usuario.

Insumos bajo vigilancia: mercurio, cianuro y combustibles

Los insumos químicos sujetos a este régimen incluyen el mercurio, el cianuro de sodio, el cianuro de potasio y los hidrocarburos como diésel y gasolinas.

Todos ellos son utilizados en actividades de extracción y procesamiento de minerales, y figuran entre los productos más frecuentemente desviados hacia operaciones de minería ilegal en distintas regiones del país.

La SUNAT podrá incorporar nuevos productos a la lista de fiscalizados mediante decreto supremo, según evolucione el mercado o cambien los patrones de uso ilícito.

La norma también obliga a los usuarios a presentar un inventario inicial al inscribirse o al incorporar un nuevo producto fiscalizado. Se suman la obligación de presentar reportes mensuales consolidados y de conservar la documentación de respaldo por un periodo no menor de cuatro años.

Sanciones ante incumplimiento y fortalecimiento del control

El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a multas, sanciones administrativas e incluso procesos penales en caso de falsedad u ocultamiento de información.

La presentación de reportes fuera de plazo, la omisión de incidencias o la manipulación de datos se consideran infracciones graves, ya que impiden la fiscalización y favorecen el desvío hacia actividades ilícitas.

La entrada en vigor de la Resolución N° 000135-2026/SUNAT, el 1 de setiembre de 2026, marca un nuevo estándar para la fiscalización de insumos químicos en el Perú.

La medida responde a la necesidad de cerrar brechas históricas en la vigilancia de productos que alimentan la minería ilegal y el comercio ilícito de oro.

Con estas herramientas, la SUNAT busca garantizar que cada kilogramo de mercurio, cianuro o hidrocarburo utilizado en el país quede plenamente registrado y justificado, reduciendo los márgenes para el desvío y el uso clandestino en actividades mineras fuera de la ley.

A solo cinco días de que se instale oficialmente el nuevo Congreso de la República el 20 de julio, el Centro Democrático comenzó a mover sus fichas legislativas con una propuesta de gran impacto económico y de orden público, que sería la segunda de un paquete que preparan.

El partido oficialista del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella presentó un ambicioso proyecto de ley que busca arrebatarle el negocio del oro a los grupos armados ilegales y ofrecer un camino real de formalización para los pequeños mineros del país.

Esta iniciativa surge en un momento clave de transición política y tiene como principal objetivo transformar una actividad que históricamente está ligada a la informalidad y a la violencia en las regiones más apartadas de Colombia.

Con esta ley, la bancada del expresidente Álvaro Uribe Vélez pretende dar una solución integral que combine el cuidado del medio ambiente con la asfixia financiera de las organizaciones criminales.

El Centro Democrático propone un camino de tres pasos para salir de la informalidad

El núcleo del proyecto de ley, “por el cual se establece un procedimiento para la formalización gradual de la minería de subsistencia y de pequeña escala”, consiste en crear una ruta sencilla de tres fases para que los mineros tradicionales puedan trabajar dentro de la ley sin temor a ser perseguidos.

A través de un comunicado oficial, la colectividad política explicó cómo funcionará este plan de transición diseñado para no ahogar a los trabajadores con trámites imposibles desde el primer día: “La iniciativa propone una ‘Ruta de formalización minera gradual’ para que los pequeños mineros transiten de la informalidad a la legalidad. La propuesta busca quitarle el control de las zonas mineras a los grupos armados y eliminar el uso de mercurio”.

La ruta de tres fases propuesta por el partido se detalla de la siguiente manera:

• Fase 1 (Permiso inmediato temporal): Se otorgará una autorización rápida para explotar el terreno, la cual estará condicionada a que los mineros cumplan con normas ambientales básicas y dejen de usar mercurio inmediatamente.
• Fase 2 (Permiso de transición): Un periodo para consolidar técnicamente el proyecto minero con el acompañamiento de las autoridades del sector.
• Fase 3 (Licencia Ambiental de Formalización): El paso final donde el minero obtiene su licencia plena y se convierte en un empresario formal ante el Estado.

El Banco de la República sería el comprador del oro legal

Uno de los puntos más novedosos y audaces de esta propuesta legislativa tiene que ver con la comercialización del mineral, ya que el proyecto busca que el Banco de la República sea el comprador directo del oro producido por estos pequeños mineros ya formalizados.

Con esta medida, se busca cortar de raíz el lavado de activos y garantizar que las ganancias del esfuerzo de los trabajadores no terminen en manos de extorsionistas o de grupos armados organizados.

Para garantizar que el oro sea de procedencia limpia y legal, el Centro Democrático propone la implementación obligatoria del Certificado de Origen de Beneficio (COB), un documento técnico que asegurará la trazabilidad del metal desde la mina hasta su destino final.

Al mismo tiempo, se impulsará un fuerte proceso de bancarización para que los productores manejen su dinero a través del sistema financiero nacional, con el fin de demostrar que la legalidad puede ser una opción mucho más segura y rentable para ellos.

Conscientes de que la burocracia suele ser el principal enemigo de la formalización en el campo colombiano, el proyecto contempla la creación de una Ventanilla Única para la formalización minera, la cual centralizará y agilizará todos los papeleos necesarios ante el Estado en un solo lugar.

Además, el proceso no dejará solos a los mineros en sus regiones, ya que el articulado de la ley incluirá la creación del Programa Nacional de Asistencia Técnica, Jurídica y Social, que llevará expertos a los territorios para capacitar a las comunidades en técnicas de explotación limpias y seguras.

Con este proyecto de ley, el Centro Democrático no solo busca cumplir una de las promesas de reactivación económica del presidente electo Abelardo de la Espriella, sino que aprovechará que el oficialismo es mayoría en el Congreso para avanzar en los debates.

La frontera amazónica que comparten Colombia, Ecuador y Perú atraviesa un momento de alta tensión. Un informe elaborado por organizaciones especializadas advierte que el avance de las economías ilegales, junto con una creciente militarización, está transformando el panorama de seguridad en una de las zonas más sensibles de la región.

La investigación, desarrollada por Amazon Underworld, Amazon Watch y Al Margen, alerta que la combinación entre crimen organizado, disputas territoriales y nuevas estrategias militares podría agravar el conflicto armado, aumentar las tensiones entre los tres países y profundizar la crisis humanitaria en la Amazonía. Según el documento, la presencia de organizaciones criminales creció, mientras los gobiernos priorizan respuestas militares con mayor apoyo de Estados Unidos. Para los autores, este escenario plantea nuevos desafíos para las comunidades que viven en la triple frontera.

El informe titulado “Triple amenaza: Geopolítica, economías ilícitas y los riesgos de la guerra contra el narcoterrorismo en la triple frontera Colombia-Ecuador-Perú”, expone que la región vive una transformación impulsada por la expansión de las economías ilícitas y un nuevo contexto geopolítico. Uno de los episodios que refleja esa situación ocurrió en marzo de este año, cuando tropas ecuatorianas realizaron un operativo en la provincia de Sucumbíos con apoyo de Estados Unidos. Las autoridades aseguraron que la intervención buscaba atacar una estructura del narcoterrorismo.

No obstante, el propietario del terreno donde se desarrolló la operación rechazó esa versión al afirmar: “¿Cómo va a ser un campamento de entrenamiento si aquí es una zona ganadera?”. Posteriormente, una investigación de The New York Times respaldó esa declaración, recuerda el informe. Pocos días después, el hallazgo de una bomba de 500 libras sin detonar en territorio colombiano, cerca de Jardines de Sucumbíos, provocó un nuevo choque diplomático entre Bogotá y Quito. Mientras el presidente Gustavo Petro responsabilizó a Ecuador, Daniel Noboa negó cualquier incursión fuera de su territorio. Una investigación conjunta concluyó que el artefacto pertenecía al bombardeo efectuado durante el operativo militar.

Para los investigadores, estos hechos evidencian una tendencia más amplia: el fortalecimiento de la estrategia estadounidense Escudo de las Américas, creada para combatir organizaciones criminales transnacionales bajo un enfoque de “guerra contra organizaciones terroristas extranjeras”.

El estudio advierte que esa política podría intensificarse si Colombia y Perú eligen gobiernos alineados con la estrategia de seguridad impulsada por Noboa. Sin embargo, también sostiene que la respuesta militar, por sí sola, no logró contener el avance del crimen organizado y generó denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. En Ecuador, incluso, menciona reportes sobre torturas y desapariciones forzadas durante operaciones desarrolladas en el conflicto armado interno.

Otro de los hallazgos del informe apunta al cambio en las principales fuentes de financiación de las estructuras ilegales. Aunque el narcotráfico continúa siendo una actividad clave, la minería ilegal de oro gana cada vez más protagonismo. Un líder comunitario citado en la investigación resume esa transformación con una frase contundente: “Lo fuerte ahora es la minería ilegal, porque incluso en Colombia ya no se habla mucho de la coca, ya que no la están comprando, no hay comercialización”.

Según el documento, ambas economías ilegales funcionan de manera complementaria. Los recursos del narcotráfico financian explotaciones mineras, mientras que el comercio del oro facilita el lavado de dinero y fortalece las finanzas de las organizaciones criminales. El informe también señala que los Comandos de la Frontera (CDF) han ampliado su presencia a lo largo de los ríos Putumayo y San Miguel, extendiendo su influencia desde Colombia hacia Ecuador, Perú e incluso Brasil.

Aunque durante las negociaciones entre el Gobierno colombiano y ese grupo disminuyeron los homicidios y los desplazamientos en Putumayo, los autores aclaran que esa reducción de la violencia no significa que el Estado haya recuperado el control del territorio. Por el contrario, advierten que las organizaciones criminales siguen consolidando su poder en la Amazonía y mantienen una fuerte capacidad para controlar las economías ilegales de la región.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, alertó sobre el avance de la minería ilegal en el páramo de Santurbán, un territorio estratégico para el suministro de agua en el oriente colombiano.

Durante una entrevista con La FM, el mandatario departamental explicó que desde hace dos años vienen denunciando la presencia de grupos armados, como el ELN y el Clan del Golfo, en actividades ilícitas de explotación minera en la zona.

“La llegada esporádica del ELN y del Clan del Golfo”, precisó Díaz Mateus, al describir la situación en el páramo, donde las autoridades han identificado entradas a minas ilegales que ponen en riesgo el ecosistema.

Frente a este panorama, el gobernador informó que en los próximos 20 días solicitará una reunión interinstitucional con el Ministerio de Ambiente, la fuerza pública, los municipios de Soto Norte y la Gobernación de Santander.

El objetivo es articular acciones para enfrentar el fenómeno criminal y proteger el páramo. Como antecedente, Díaz Mateus recordó la Operación Creta en el municipio de Buriticá, Antioquia, donde el Ejército Nacional y otras entidades sellaron bocaminas ilegales para frenar la expansión de la minería ilegal en esa región.

La protección del páramo de Santurbán se ha convertido en uno de los temas principales del proceso de empalme territorial entre el gobierno saliente de Gustavo Petro Urrego y el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

En paralelo al empalme anticorrupción, la coordinación con las regiones ha cobrado relevancia ante los retos ambientales, sociales y de seguridad que enfrenta el país.

En este contexto, Díaz Mateus reveló detalles sobre las reuniones sostenidas con los delegados del gobierno entrante, así como los avances y observaciones planteados en vista del inicio del nuevo mandato.

El gobernador anunció que De la Espriella está en Santander para reunirse con los 87 alcaldes del departamento, con el objetivo de definir prioridades y proyectos urgentes para la región. “Cada provincia presentará tres proyectos y tres necesidades prioritarias, mientras la gobernación expondrá otras tres iniciativas y tres necesidades adicionales”, explicó Díaz Mateus.

El mandatario santandereano precisó que al encuentro asistirán los ministros designados por el presidente electo y se espera que, tras la exposición de cada provincia, De la Espriella entregue un pronunciamiento sobre las propuestas. “Es una oportunidad para presentar iniciativas en fase tres que no han recibido recursos del gobierno nacional”, detalló Díaz Mateus, quien insistió en la importancia de priorizar proyectos que tengan impacto estructural en el departamento.

Entre las prioridades planteadas por el gobernador se encuentra la infraestructura turística, incluyendo las segundas fases de la náutica de Topocoro, la de Arena Bonita y la de aldea Guane. Estas iniciativas buscan fortalecer el turismo sostenible y dinamizar la economía local.

Díaz Mateus también mencionó la necesidad de “activar el convenio Comuneros para la vía Barbosa-Bucaramanga”, con el fin de que los ingresos de los peajes se destinen a mejorar esa carretera.

En el caso de Pescadero, el gobernador sugirió que una concesión permitiría ejecutar obras con mayor agilidad respecto a los procedimientos habituales de Invías.

El mandatario anunció que solicitará respaldo para el programa de alimentación escolar, con el fin de liberar recursos que se invertirían en la construcción de placa huella en los municipios. Los alcaldes, por su parte, presentarán propuestas de conectividad regional para fortalecer la integración entre localidades.

En el ámbito de la seguridad, Díaz Mateus adelantó que propondrá la creación de un Centro de Gestión del Riesgo y la Seguridad para Santander, una herramienta digital que permita mantener comunicación constante con las provincias y monitorear las acciones de la fuerza pública. “El alcalde de Bucaramanga presentará una herramienta similar para el área metropolitana”, añadió el gobernador.

Díaz Mateus aseguró que entregará un informe al nuevo ministro de Defensa y al presidente electo, en el que plasmará su apreciación sobre la seguridad y las intenciones de los grupos armados en Santander. “La experiencia de la gobernación está a disposición para fortalecer la gestión del próximo gobierno”, afirmó.

Por último, en cuanto a la vía Curos-Málaga, el gobernador relató que durante una visita del presidente Gustavo Petro a Málaga se ordenó traer las vigencias futuras a valor presente para pavimentar la carretera, pero esa instrucción no fue ejecutada.

Nueva información sobre el robo de un lingote de oro en Santiago de Surco apunta a que el cargamento “no nace de noche a la mañana”, porque “tiene que haber siempre una persona que coordine con criminales para la comisión de este hecho”, según el coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional.

El botín habría estado compuesto por casi 6 kilos. Según Panamericana, el cargamento de oro tenía como destino Turquía y estaba valorizado en más de USD 600.000.

Cano sostuvo que el caso es el primer caso de este tipo en su experiencia al frente de esa unidad policial: “Es la primera vez de lo que yo vengo trabajando… que se presenta una víctima”. También precisó que el denunciante es una empresa “proveniente de Puno” y que su representante legal formalizó el monto sustraído: “Ha presentado un escrito donde indica que ha sido víctima del robo por 5,8 kilos aproximadamente”.

El asalto ocurrió el jueves 9 de julio, cuando delincuentes a bordo de una camioneta blanca atacaron al equipo que trasladaba el metal precioso. Según reportes de los peritos que llegaron al lugar, se habría utilizado armamento de guerra contra el vehículo y se realizaron más de 20 disparos.

Copiloto fue secuestrado por los asaltantes

Todo ocurrió la mañana del jueves en Santiago de Surco, cuando una unidad blanca de placa BRJ-303 fue interceptada mientras trasladaba un cargamento de mineral hacia un almacén ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Dentro del vehículo viajaban el conductor, identificado como César Augusto Espinoza Hernández, de 46 años, y un copiloto cuya identidad aún es materia de investigación. Según la versión preliminar, los delincuentes abrieron fuego contra la unidad, hirieron al chofer y escaparon con una mochila que contenía el oro. La Policía Nacional también maneja como hipótesis que el acompañante habría sido secuestrado durante la huida.

Sobre el recorrido y el destino del metal, Cano señaló que ya se entregó documentación sobre la trazabilidad: “Ya han puesto la diversa documentación de la trazabilidad del oro. De cómo lo han querido y hacia dónde iba”. En esa línea, añadió: “Al parecer, estaba yéndose a Turquía… y lo estaban yendo al depósito de la empresa SASA, que es la que se encarga de llevar este material”.

Podría estar vinculado al robo de lingote en la Costa Verde

La investigación sobre el robo de lingotes de oro en Surco ha cobrado una nueva dimensión tras las declaraciones del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien señaló la hipótesis de una posible conexión con el asalto ocurrido en la Costa Verde en marzo de este año.

“Han transitado por esta zona que parece haber sido estudiada para asestar el golpe. Esta mochila pequeña que contenía este material de oro en un peso aproximado de 5 kilos. Hipótesis de que habrían remanentes que han quedado en libertad y que habían participado acá”, expresó Arriola ante la prensa.

La línea de investigación apunta a que algunos de los involucrados en el asalto anterior, que permanecieron en libertad, podrían estar detrás del nuevo golpe.

Las autoridades consideran que los responsables planificaron con anticipación el recorrido del vehículo y aprovecharon las condiciones del traslado, en las que el agente de seguridad no portaba arma de fuego. Este detalle será evaluado dentro de las diligencias para determinar la ejecución del robo.

La División de Investigación de Robos se mantiene a cargo de las investigaciones y trabaja en la recopilación de evidencias, análisis de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios para identificar a todos los participantes. Arriola indicó que “no se descarta que algunos integrantes que permanecieron en libertad tras ese hecho hayan intervenido en el nuevo ataque”.

La representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao lanzó una dura crítica contra el gobierno saliente de Gustavo Petro debido a la difícil situación ambiental y de orden público que golpea al Páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander).

La congresista acusó directamente a los sectores de izquierda de haber permitido que la minería ilegal y las organizaciones criminales se apoderaran de este ecosistema estratégico, lo que pone en riesgo el suministro de agua para más de dos millones de personas en la región.

El fuerte pronunciamiento de la legisladora se dio en medio de la transición política que vive el país tras las elecciones presidenciales; Cathy Juvinao advirtió que el sector político que gobernó durante los últimos cuatro años intentará evadir su responsabilidad institucional y culpar de los daños ambientales a la administración entrante de Abelardo de la Espriella, la cual asumirá funciones el próximo 7 de agosto de 2026 en todo el territorio nacional.

La dura denuncia de la congresista en plataformas digitales

A través de su cuenta en la red social X, la representante a la Cámara —que inicialmente apoyó las propuestas del Gobierno nacional pero luego se consolidó como una de sus principales opositoras en el Congreso— compartió su indignación por el contraste entre las promesas ambientales de la campaña presidencial pasada y el panorama actual de abandono que denuncian las veedurías locales en el ecosistema de alta montaña.

“Qué tristeza lo del Páramo de Santurbán. Tanto discurso oficial, tanta promesa, tanta ‘narrativa’ para que al final en el gobierno de izquierda se comieran el páramo los ilegales", escribió.

Juvinao añadió a su post de X que: “Ahora vendrán 4 años en donde reclamarán a otros todo lo que ellos no hicieron. Incompetentes”.

La postura de la representante evidenció el descontento de diversos sectores políticos que consideran que las banderas de la protección del agua y la transición ecológica se quedaron únicamente en el plano retórico desde el primer gobierno de izquierda en Colombia, mientras las mafias del oro avanzaron sin control sobre las áreas protegidas.

Minería ilegal y retrasos en la delimitación territorial: esto es lo que ocurre en el Páramo de Saturbán

El debate por el Páramo de Santurbán se agudizó de manera alarmante debido a los históricos retrasos en su proceso de delimitación territorial definitiva.

Aunque el Ministerio de Ambiente, cartera que actualmente es liderada por Irene Vélez Torres, como ministra encargada, se había fijado la meta de consolidar los acuerdos con las comunidades locales, diferentes factores climáticos y alertas invernales obligaron a aplazar las mesas de concertación técnica en varios municipios clave de Santander.

Esta falta de claridad sobre las fronteras geográficas del páramo fue aprovechada por redes de minería ilegal de oro que operan con total impunidad a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Diversas investigaciones y registros fotográficos de medios regionales exponen que la apertura de bocaminas ilícitas destruye la vegetación nativa de frailejones y acelera de forma irreversible el deterioro de esta fábrica natural de agua.

Y es que la explotación ilícita del suelo provocó que los organismos de control del Estado encendieran las alarmas institucionales por el inminente riesgo de salud pública que corren los habitantes de los municipios de la región y el área metropolitana de Bucaramanga.

Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo advirtieron que los niveles de contaminación química en algunas fuentes hídricas son alarmantes.

De acuerdo con las muestras técnicas recolectadas por las autoridades, el uso desmedido de insumos químicos para la extracción del metal precioso provocó que los niveles de mercurio en las cuencas que surten a los acueductos locales superen hasta en 40 veces los límites máximos permitidos para el consumo humano seguro.

En el plano estrictamente normativo, el Gobierno nacional optó por mantener las restricciones y prohibiciones sobre la gran minería multinacional mediante la creación de Zonas de Reserva Temporal.

No obstante, las organizaciones ambientalistas denuncian que algunas compañías privadas continúan buscando resquicios jurídicos ante las corporaciones autónomas regionales para tramitar licencias de mediana minería y evadir así las directrices ambientales nacionales.

La Alcaldía de Segovia anunció el domingo 12 de julio la implementación de toque de queda y restricción al acompañante en motocicleta ante los graves disturbios registrados luego de un operativo contra la minería ilegal en el municipio antioqueño.

Las medidas buscan contener la ola de violencia que afecta a la población desde la madrugada, tras la intervención de la fuerza pública en una unidad minera.

Medidas excepcionales para restablecer el orden

La Administración Municipal informó que las restricciones estarán vigentes hasta las 12:00 a. m. del miércoles 15 de julio.

Entre las acciones principales figura la prohibición del acompañante en motocicleta (parrillero) durante las 24 horas, el toque de queda nocturno y la limitación de horarios para establecimientos con venta y consumo de licor, los cuales solo podrán operar hasta las 8:00 p. m.

De acuerdo con lo expuesto por la Alcaldía, mediante un comunicado oficial, estas disposiciones surgen tras la realización de un Consejo Subregional y uno Extraordinario de Seguridad, en el que participaron autoridades civiles, militares y de policía.

Además, se decidió reforzar la presencia policial y militar en el municipio, así como habilitar corredores humanitarios para garantizar el acceso a servicios de salud y la movilidad de la comunidad. La Policía Nacional envió refuerzos para fortalecer la seguridad en sectores críticos, mientras la Alcaldía de Segovia reiteró que la protección de la vida y la integridad de los habitantes es la prioridad institucional.

Contexto: operativo y tensión social

La intervención de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional en una zona de explotación minera desencadenó enfrentamientos entre las autoridades y personas señaladas de realizar actividades extractivas irregulares. Según reportaron medios locales, los disturbios se extendieron a sectores urbanos, donde se registraron bloqueos de vías, daños a vehículos y ataques a patrullas militares.

Videos difundidos en redes sociales muestran a uniformados desplegados en calles de Segovia y detonaciones cerca de áreas residenciales. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el uso de gases lacrimógenos en zonas habitadas por familias, incluidos menores y adultos mayores, que debieron abandonar sus hogares para resguardarse.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que los disturbios estarían relacionados con retaliaciones del Clan del Golfo frente a los operativos contra la minería ilegal, y advirtió que algunos habitantes habrían sido instrumentalizados por esa estructura criminal. Según el reporte oficial, se mantienen bloqueos en los accesos a la localidad, con quema de llantas, incineración de vehículos y ataques a la fuerza pública.

Afectaciones y respuesta institucional

Durante los enfrentamientos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia denunció agresiones contra sus unidades mientras atendían emergencias y evacuaban a residentes afectados. El comandante Wilson Plata reportó incidentes que dificultaron la labor humanitaria y la asistencia a la población.

De manera preliminar, las autoridades informaron sobre la muerte de una persona y un herido de gravedad. También se reportaron daños materiales, incluida la quema de instalaciones vinculadas a empresas mineras, hechos que aún están en proceso de verificación.

La Alcaldía de Segovia reiteró el llamado a la ciudadanía a ejercer sus derechos de forma pacífica y a respetar la labor de los organismos de socorro, así como el funcionamiento de los corredores humanitarios habilitados. “Rechazamos cualquier hecho que ponga en riesgo la vida, la integridad de las personas o afecte la misión humanitaria de los organismos de socorro”, subrayó la administración local en su comunicado oficial.

Las autoridades mantendrán un seguimiento diario de la situación a través del Consejo de Seguridad Municipal, con el fin de evaluar la evolución del orden público y coordinar nuevas acciones para garantizar la protección de la comunidad y la normalidad en el municipio.

Según la información conocida hasta el momento, las familias de la zona reportaron afectaciones directas, mientras la fuerza pública mantiene una presencia activa para intentar recuperar el control del municipio.

Las protestas comenzaron después de que, según testimonios de habitantes y trabajadores mineros, cerca de 150 uniformados irrumpieron sin previo aviso en la zona minera entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m. del domingo. Los mineros artesanales, respaldados por líderes locales, denunciaron que los agentes emplearon gases lacrimógenos y armas de fuego, sin mostrar la orden de allanamiento correspondiente.

Durante los disturbios, testigos relataron a El Colombiano que una persona murió tras el rebote de un disparo realizado al suelo por un uniformado. Otras tres personas resultaron heridas en medio de la confrontación, lo que incrementó la indignación de la población y motivó que las movilizaciones alcanzaran puntos estratégicos del municipio, como las instalaciones de la electrificadora.

”Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica y empezaron otra vez de nuevo los ataques del Ejército. Toda la noche estuvieron hostigándonos el Ejército, la Policía y el Esmad (hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo) con gases”, señaló el testigo al diario nacional.

El operativo tenía como objetivo un allanamiento contra minería ilegal en la mina Frontera Gold, donde operan mineros informales que consideran el yacimiento su fuente principal de sustento.

Testimonios recogidos por medios regionales señalan que la intervención contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), el Ejército y agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

Habitantes denunciaron que los gases lacrimógenos no solo se utilizaron en las inmediaciones de la mina, sino en barrios residenciales. Varias familias, incluyendo niños, tuvieron que abandonar sus viviendas por la presencia de humo y gas en el interior de sus casas.

Un ciudadano consultado por El Colombiano relató que existió una supuesta coordinación entre las autoridades y la multinacional Aris Mining para ejecutar la intervención, aunque la empresa respondió que el operativo fue un asunto de orden público, remitiendo a la versión oficial.

Entretanto, la muerte del joven involucrado en los disturbios habría ocurrido en medio de un intercambio de disparos durante las protestas. De acuerdo con fuentes militares consultadas por el medio nacional, un soldado respondió a un ataque armado por parte de un manifestante y, tras el enfrentamiento, un hombre herido fue trasladado a un centro de salud, donde falleció. Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente la identidad de la víctima ni su posible vinculación con grupos armados ilegales.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuyó los hechos a una posible retaliación del Clan del Golfo ante los operativos de las autoridades contra la minería ilegal. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó respaldo a la fuerza pública e informó sobre la realización de un consejo de seguridad para coordinar la respuesta.

Rendón aseguró que persistían bloqueos viales, incineración de vehículos y ataques a patrullas del Ejército en diferentes puntos de acceso a Segovia. Además, señaló la presunta instrumentalización de algunos habitantes por parte de estructuras criminales, lo que añade complejidad a la situación.

“Avanzamos en un Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta institucional y contener esta situación. Hay instrumentalización de algunos pobladores por parte de esa estructura criminal. A esta hora persisten cuatro bloqueos en los accesos al municipio, con quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta. Además, durante estos hechos fue atacada una patrulla del Ejército Nacional”, señaló el gobernador.

En paralelo, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado esclarecimiento de los hechos y garantías para la población civil, especialmente para las familias afectadas por los gases lacrimógenos y los disturbios. Hasta el cierre de esta edición, la Policía Departamental no había emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División Regional de Inteligencia La Libertad y la Comisaría de Huamachuco, ejecutó un operativo en la provincia de Santiago de Chuco que permitió desarticular la banda criminal “Los Elegantes de Quiruvilca II”.

Esta intervención se concretó tras un trabajo de inteligencia en el distrito de Quiruvilca, donde los agentes intervinieron a Alcides Flores, de 22 años, y retuvieron a un menor de 15 años, ambos presuntamente implicados en la organización.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el jirón Hermanos Ayar. Durante el registro, la PNP encontró 5,213 cartuchos de dinamita de las marcas Emulgold, Riogel y Emulnor, junto a 500 fulminantes, 13 rollos de mecha de seguridad y tres teléfonos celulares.

Todo el material incautado fue valorizado en aproximadamente S/ 200.000 y, según fuentes policiales, estaba presuntamente destinado a actividades de minería ilegal en la región.

“Este operativo es resultado de semanas de investigación y vigilancia en la zona”, explicó uno de los agentes de la División Regional de Inteligencia, quien añadió que la intervención se coordinó con la Comisaría de Huamachuco y el Ministerio Público. “La cantidad de explosivos incautados supera ampliamente lo registrado en operativos previos en La Libertad”, señaló el oficial.

Investigación y destino de los explosivos

Según la Policía Nacional, la evidencia y los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. El objetivo es determinar el origen, destino y posible utilización de los explosivos y otros materiales decomisados.

“Estamos trabajando para conocer si hay más personas involucradas y cómo llegaban estos insumos a manos de la banda”, informaron las autoridades.

El caso puso en alerta a las autoridades regionales respecto al abastecimiento de materiales explosivos que habitualmente se emplean en la minería informal e ilegal. El Ministerio del Interior (Mininter) destacó que la incautación de los más de 5,200 cartuchos de dinamita y los implementos asociados representa un avance en la reducción del suministro de insumos para redes criminales. “Nuestra prioridad es cerrar el paso al tráfico de explosivos y proteger la seguridad en la región”, indicó un vocero del ministerio.

La operación también reveló la participación de menores de edad en actividades delictivas relacionadas con la minería ilegal. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones y denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada a la manipulación o traslado de explosivos en la región.

El compromiso de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior se mantiene firme, con la promesa de reforzar la vigilancia y los operativos en zonas identificadas como focos de riesgo para la seguridad pública y el ambiente. El caso de “Los Elegantes de Quiruvilca II” es parte de una estrategia más amplia para combatir el accionar de bandas en La Libertad y evitar que estos insumos lleguen a manos de grupos dedicados a la minería ilegal.

La escena ocurrida en la avenida El Derby difícilmente encaja con un robo común: armas de largo alcance, decenas de disparos, información precisa sobre la ruta y un objetivo específico. Los atacantes no buscaban cualquier vehículo. Iban detrás del oro.

Todo ocurrió la mañana del jueves en Santiago de Surco, cuando una unidad blanca de placa BRJ-303 fue interceptada mientras trasladaba un cargamento de mineral hacia un almacén ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Dentro del vehículo viajaban el conductor, identificado como César Augusto Espinoza Hernández, de 46 años, y un copiloto cuya identidad aún es materia de investigación. Según la versión preliminar, los delincuentes abrieron fuego contra la unidad, hirieron al chofer y escaparon con una mochila que contenía el oro. La Policía Nacional también maneja como hipótesis que el acompañante habría sido secuestrado durante la huida.

Más que la violencia del ataque, un detalle concentra la atención de los investigadores: la forma del traslado. Según las primeras versiones, el oro era movilizado en una mochila y en un vehículo convencional, una modalidad que especialistas consideran incompatible con los niveles de seguridad que suelen emplearse para bienes de alto valor.

Una ruta urbana bajo sospecha

Para el analista en temas de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado Pedro Yaranga, el asalto ocurrido en Surco no solo revela la violencia de las bandas que operan en Lima, sino también el nivel de organización que existe alrededor del oro. “El reciente asalto en la avenida El Derby, donde una banda interceptó aparentemente cinco kilos de lingotes de oro en camino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, evidencia la sofisticación de las mafias locales y la enorme liquidez que mueve este recurso”, sostuvo Yaranga.

El especialista puso el foco en un dato clave: la forma en que era trasladado el mineral. Según indicó, el oro era transportado bajo modalidades vulnerables, como mochilas y autos particulares, una práctica que coloca bajo sospecha la procedencia del cargamento. “El oro era transportado bajo modalidades vulnerables, mochilas y en autos particulares. Este método pone en sospecha la procedencia delictiva del metal precioso”, señaló.

Para Yaranga, la ruta también abre interrogantes. El oro presuntamente habría salido de acopios u oficinas de fachada ubicadas en la avenida El Polo, en Surco. Desde allí, según su análisis, el cargamento se dirigía al almacén aduanero SAASA, en el Callao, para ingresar a una ruta de exportación formal.

La hipótesis dibuja un circuito más amplio: mineral extraído en zonas donde operan economías ilegales, trasladado a Lima, procesado en lingotes y luego movido bajo una apariencia comercial. En esa cadena, la capital no aparece como un punto final, sino como una plataforma para acopiar, ordenar y sacar el oro hacia mercados internacionales.

De las zonas de extracción ilegal al circuito formal

Yaranga sostiene que la Policía especializada presume que el oro podría provenir de mafias dedicadas a la extracción ilegal en zonas como Madre de Dios, La Rinconada en Puno, Nazca o el sur medio. La clave está en que, al llegar a Lima como lingotes ya procesados, el mineral puede adquirir una apariencia de formalidad. “El cargamento de oro se dirigía al almacén aduanero SAASA en el Callao, para ser exportado legalmente. Al ser lingotes ya procesados, contaban con una aparente red corporativa de comercio”, afirmó.

Ese punto es central para entender el caso. Si el oro ya estaba convertido en lingotes, la investigación no solo debe determinar quién ejecutó el robo, sino también quién lo acopió, quién lo procesó, quién coordinó su traslado y qué red podía colocarlo en una cadena de exportación.

La modalidad descrita por Yaranga refuerza una sospecha mayor: el oro de origen ilegal o informal no siempre se mueve al margen del sistema. En algunos casos, puede intentar ingresar a circuitos formales mediante documentación, empresas de fachada, comercializadoras o rutas logísticas que le dan apariencia legal antes de salir del país.

“No es un robo común”: la inteligencia detrás del asalto

El investigador especialista en seguridad Noam López coincide en que el ataque no puede leerse como un robo al paso. En entrevista con Exitosa, sostuvo que este tipo de asaltos responde a un delito de alta sofisticación, porque requiere información previa, seguimiento, coordinación y capacidad operativa. “No es un robo común. Este tipo de asaltos no corresponde solo a la oportunidad delictiva; requiere inteligencia previa por parte de las organizaciones criminales, seguimiento, coordinación y una buena capacidad operativa”, señaló López.

Para el especialista, el oro se ha convertido en un objetivo prioritario para el crimen organizado por tres razones: su alto valor, su bajo volumen y la dificultad para rastrear su procedencia cuando ingresa a cadenas ilegales o se mezcla con producción informal y legal.

Esa característica vuelve especialmente atractivo el mineral para las organizaciones criminales. A diferencia de otros bienes robados, el oro puede ser trasladado en pequeñas cantidades, transformado, fundido, mezclado o reinsertado en circuitos comerciales donde la trazabilidad se vuelve más difícil.

El punto ciego, la ruta y la filtración de información

Uno de los puntos centrales de la investigación es cómo los atacantes conocían la ruta, el horario y el contenido del traslado. La PNP busca determinar si hubo filtración de información desde dentro de la cadena logística o si la banda realizó un seguimiento previo al cargamento.

Para López, ese nivel de precisión abre una pregunta clave: cómo sabían los delincuentes el recorrido, el momento del traslado y el punto donde podían ejecutar el ataque. No se trataría de una oportunidad improvisada, sino de una operación dirigida contra una carga específica. “No es un robo callejero, no es un asalto improvisado. Son robos de cargas de alto valor y emplean armas largas”, advirtió.

La ubicación también es relevante. El ataque se produjo en un tramo donde, según la información preliminar, no había cámaras de videovigilancia municipal. Ante ello, agentes de la comisaría de Monterrico empezaron a recopilar imágenes de cámaras privadas y registros instalados en vías cercanas, como la avenida El Polo y los accesos al Jockey Club.

Armas largas, datos y crimen organizado

La escena del ataque dejó una señal de la capacidad de fuego de la banda. Peritos de Criminalística hallaron 27 casquillos de bala, correspondientes a armas de corto y largo alcance. Para López, el acceso a armas largas, municiones y otros recursos explica parte del avance de las organizaciones criminales en el país.

El especialista advirtió que estas redes ya no solo operan con violencia visible. También pueden acceder a información personal, datos financieros, ubicaciones y puntos GPS, elementos que permiten planificar ataques contra objetivos de alto valor.

Ese punto amplía el foco del caso. El robo no solo plantea preguntas sobre seguridad física, sino también sobre la protección de información dentro de las cadenas logísticas: quién sabía del traslado, quién tenía acceso a la ruta, qué personas conocían el horario y cómo esa información pudo llegar a manos de una banda armada.

López también puso sobre la mesa otro problema: el mercado ilegal de armas. Según explicó, las organizaciones criminales acceden a armamento por contrabando, desvío de armas originalmente adquiridas de forma legal, robos a empresas de seguridad o instituciones públicas, así como redes de tráfico ilícito organizado.

El mercado internacional detrás del oro

El caso también vuelve a poner el foco sobre la cadena internacional del oro ilegal peruano. Pedro Yaranga sostiene que el Perú es el mayor exportador de oro ilegal de Sudamérica y concentra el 44% del comercio ilícito de la región.

Según el especialista, mercados como India, Emiratos Árabes Unidos y China tienen un rol relevante en la demanda global de este mineral. India, señaló, se ha consolidado como uno de los mayores compradores globales, con importaciones que pueden canalizarse mediante intermediarios y comercializadoras.

Sobre Emiratos Árabes Unidos, Yaranga advierte que Dubái opera como un centro global del comercio del oro, donde las redes criminales pueden aprovechar debilidades en la fiscalización de la procedencia original del mineral para introducirlo al mercado internacional.

En el caso de China, el especialista vincula la demanda a sus industrias tecnológicas y de joyería, que sostienen una absorción permanente de minerales de procedencia mixta o de redes de lavado a nivel global.

La precisión es importante: no se afirma que el cargamento robado en Surco tuviera como destino alguno de esos países. Lo que el caso expone es otra cosa: una economía donde el oro de origen opaco puede pasar por acopios, oficinas de fachada, comercializadoras y almacenes aduaneros antes de intentar insertarse en cadenas internacionales.

En ese circuito, Lima cumple un rol estratégico. El mineral puede llegar desde zonas de extracción ilegal, pasar por puntos de acopio urbano y luego buscar una salida formal si logra superar los controles documentarios y aduaneros.

Un robo que recuerda al caso de la Costa Verde

El asalto en Surco no aparece como un hecho aislado. El pasado 22 de marzo, presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla protagonizaron un violento asalto en la subida de la Costa Verde, a la altura de San Miguel. Los delincuentes interceptaron a balazos dos vehículos que transportaban lingotes de oro.

En abril, la PNP y el Ministerio Público capturaron a ocho presuntos miembros de esta organización durante un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 16 inmuebles en Lima y Callao. Los detenidos son investigados por presuntos delitos de sicariato, extorsión y asaltos a mano armada cometidos desde 2025.

Sin embargo, el presunto cabecilla de la organización, Giancarlo Infante, alias ‘Cholo Jean’, logró escapar durante la intervención y permanece prófugo. Como parte del operativo, las autoridades también incautaron 19 vehículos que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para cometer diversos hechos delictivos.

Ese antecedente es relevante porque muestra una modalidad que se repite: información previa, armas de fuego, vehículos interceptados y cargamentos de oro trasladados dentro de Lima. La capital empieza a aparecer no solo como escenario de asaltos, sino como parte de una ruta donde el mineral se mueve entre acopios, operadores logísticos y puntos de salida.

El asalto en Surco todavía está bajo investigación. La PNP debe determinar el origen del oro, la identidad del copiloto, la ruta de escape de los atacantes, si existió filtración de información y hacia dónde iba realmente el cargamento.

Pero el caso ya dejó una señal clara: el oro ilegal no solo se extrae en zonas remotas. También puede acopiarse, moverse, disputarse y buscar salida desde circuitos urbanos con apariencia formal.

La acción, desarrollada por equipos combinados del Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió incautar arsenal de guerra y equipamiento sofisticado utilizado para garantizar la seguridad de actividades de minería ilegal y extorsión.

Durante el operativo, reportado por 24 Horas, como uno de los más contundentes en la lucha contra el crimen organizado en la Amazonía peruana, se decomisaron explosivos, equipos de comunicación de alta tecnología y más de treinta mil municiones.

Entre los elementos confiscados se encontraron seis minas Claymore, dispositivos capaces de destruir vehículos blindados, lo que evidenció el nivel de armamento y la capacidad operativa del grupo criminal.

Según 24 Horas, el despliegue conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional del Perú permitió identificar la estructura del Cártel de La Pampa, también conocido como Los Guardianes de la Trocha. Esta organización ha sido señalada como responsable de actividades ilícitas de extracción de oro y cobro de cupos en la zona, consolidando su influencia mediante el uso de armamento de guerra.

Participación de militares

De acuerdo con la información difundida por 24 Horas, dos de los detenidos son miembros activos del Ejército peruano. Ambos son investigados por proporcionar seguridad a la red criminal. Fuentes del Ministerio Público citadas por el medio indicaron que los militares habrían estado haciendo uso de una licencia al momento de su presunta participación en los hechos delictivos.

Las autoridades evitaron brindar detalles sobre la identidad de los efectivos castrenses, argumentando que sus casos están sometidos a evaluación judicial para determinar la procedencia de medidas como prisión preventiva. La situación de los uniformados detenidos ha abierto un nuevo frente en la investigación y pone en relieve la posible infiltración de organizaciones criminales en instituciones estatales, según lo reportado por 24 Horas.

Impacto en la seguridad

El operativo arrojó como resultado el abatimiento de dos presuntos miembros del cártel y la desarticulación de al menos tres campamentos utilizados para la minería ilegal. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental solicitó la ampliación de la detención preliminar por siete días adicionales, a fin de convalidar los hallazgos y profundizar la investigación sobre la red delictiva.

Funcionarios del Ministerio Público advirtieron sobre la magnitud del problema, al señalar que los grupos dedicados a la minería ilegal en Madre de Dios no operan de forma artesanal, sino que constituyen verdaderos cárteles con acceso a recursos logísticos y financieros considerables. 24 Horas recogió declaraciones en las que se enfatizó que “quien está detrás de la minería ilegal son cárteles, son organizaciones criminales”.

Falta de recursos

En medio del avance de la investigación, el Ministerio Público manifestó su preocupación por el presupuesto asignado para combatir la minería ilegal. De acuerdo con lo informado por 24 Horas, durante 2026, el rubro presupuestal número 128, destinado a la lucha contra este flagelo, no ha recibido fondos. Las autoridades reiteraron su llamado a los organismos competentes para fortalecer las capacidades de respuesta institucional frente al avance del crimen organizado en la región.

La operación, que visibilizó la presencia de elementos militares en las filas del Cártel de La Pampa, marca un nuevo episodio en la lucha contra la minería ilegal y la extorsión en Madre de Dios. Las investigaciones seguirán su curso en el Poder Judicial, donde se determinará la situación jurídica de los veinte detenidos, incluidos los dos militares del Ejército peruano, según lo reportado por 24 Horas.

La Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) solicitó formalmente a la presidenta electa Keiko Fujimori y al presidente José María Balcázar que prioricen medidas urgentes para proteger una de las principales fuentes de agua de la Amazonía peruana. A través de dos cartas oficiales enviadas el 4 de junio de 2026, la organización expresó su preocupación por el crecimiento de la minería ilegal y pidió extender la suspensión de nuevos petitorios mineros en la cuenca del río Nanay por diez años más o, de ser posible, de manera indefinida.

El pedido surge semanas después de que se conociera que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesión minera en la zona, pese a que existe un decreto supremo que mantiene suspendido el otorgamiento de nuevos derechos mineros hasta el 22 de noviembre de 2026. La decisión generó cuestionamientos de organizaciones ambientales y de comunidades amazónicas que advierten que cualquier flexibilización de las restricciones podría acelerar la expansión de actividades extractivas en una cuenca de la que dependen más de 500 mil habitantes de Iquitos para su abastecimiento de agua.

CONACCUNAY pide ampliar la suspensión de petitorios mineros en toda la cuenca del Nanay

En la carta dirigida a Keiko Fujimori, CONACCUNAY felicitó a la mandataria electa por su victoria y aprovechó el inicio de una nueva gestión para trasladarle una de las principales preocupaciones de las comunidades asentadas en la cuenca del río Nanay.

La organización explicó que representa a 33 comunidades nativas y campesinas, cuyos pobladores dependen directamente del río para acceder al agua, la pesca y otras actividades de subsistencia. En el documento, remarcan que el Nanay constituye uno de los afluentes más importantes del río Amazonas y abastece de agua potable tanto a la ciudad de Iquitos como a miles de familias distribuidas a lo largo de su recorrido.

Según la federación, la principal inquietud radica en que la actual suspensión para admitir nuevos petitorios mineros vencerá en noviembre de este año. Consideran que, si la medida no se amplía, la cuenca volvería a quedar expuesta a nuevos procesos de concesión para la explotación de minerales, lo que incrementaría la presión sobre un ecosistema que ya enfrenta el avance de la minería ilegal.

Por ello, solicitaron que el próximo Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, emita un nuevo decreto supremo que prorrogue por 10 años la suspensión vigente y que, además, amplíe expresamente esa restricción a toda la cuenca del Nanay, incluyendo las zonas baja, media y alta, así como los ríos Chambira y Pintuyacu.

Como alternativa, las comunidades plantearon que la suspensión de nuevos petitorios se establezca de forma indefinida, hasta que existan condiciones ambientales, sociales y culturales que permitan evaluar nuevamente cualquier actividad minera sin poner en riesgo la cuenca.

En una segunda comunicación oficial, enviada al presidente José María Balcázar con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros, la organización reiteró el mismo pedido y solicitó una intervención urgente del Ejecutivo para reforzar la protección del territorio frente al crecimiento de la actividad minera.

El pedido se produce en medio del avance de la minería ilegal

La solicitud de CONACCUNAY llega en un escenario marcado por la controversia generada tras la admisión de dos petitorios mineros, identificados como Achuny y Jaguar Dorado, dentro de la cuenca del Nanay.

Diversas organizaciones, entre ellas el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), sostuvieron que la decisión de Ingemmet contradice el Decreto Supremo 022-2024-EM, norma que suspendió durante dos años la admisión de nuevos petitorios en esa zona precisamente por los riesgos que representa la extracción de oro para el abastecimiento de agua de Loreto.

Frente a ello, se presentó una oposición administrativa que busca dejar sin efecto ambos procedimientos al considerar que vulneran la normativa vigente. Mientras tanto, el caso continúa siendo evaluado por las autoridades competentes.

La preocupación también está respaldada por antecedentes judiciales. En 2024, el Poder Judicial declaró fundada en parte una demanda de amparo relacionada con las concesiones mineras en la cuenca del Nanay, decisión que posteriormente fue confirmada por la Sala Civil de Loreto. Las resoluciones reconocieron el riesgo que estas actividades representan para el derecho a un ambiente equilibrado y al acceso al agua potable.

A este panorama se suma la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. Un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advirtió que durante 2024 se identificaron 221 balsas mineras activas dedicadas a la extracción de oro en la cuenca del Nanay. El documento alertó que el uso de mercurio continúa contaminando el agua y los peces, además de afectar la economía de las comunidades ribereñas.

El mismo estudio también documentó impactos sociales asociados a esta actividad, como el incremento de conflictos, la precarización laboral y mayores riesgos para las mujeres, quienes han asumido un papel cada vez más activo en la vigilancia del territorio y en la organización de redes comunitarias para alertar sobre el ingreso de embarcaciones vinculadas a la extracción ilegal.

En sus cartas, CONACCUNAY sostiene que la continuidad de las restricciones sobre los petitorios mineros resulta indispensable para evitar una mayor presión sobre el río Nanay, considerado la principal fuente de agua para más de medio millón de personas en Iquitos y para cerca de 23.500 habitantes de las comunidades nativas y campesinas asentadas en la cuenca. La organización pidió que este tema sea incorporado entre las prioridades de las nuevas autoridades nacionales y que las decisiones sobre el futuro del territorio consideren la protección de los recursos hídricos y la seguridad de las poblaciones amazónicas.

Las Líneas de Nasca enfrentan una etapa de creciente presión por factores que comprometen la conservación de uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del Perú. Denuncias sobre minería ilegal, acumulación de residuos sólidos, expansión urbana y presuntas irregularidades en la protección del área arqueológica reactivaron el debate sobre las medidas necesarias para resguardar un espacio reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.

El problema no solo alcanza a los geoglifos visibles en las pampas de Ica. Especialistas, vecinos y defensores del patrimonio sostienen que el riesgo también afecta otros espacios vinculados con la civilización Nasca, cuyos vestigios todavía ofrecen información para la investigación arqueológica. Mientras distintos sectores plantean posiciones opuestas sobre el uso del territorio, las demandas por una mayor presencia del Estado continúan.

Las recientes denuncias difundidas por RT en Español colocaron nuevamente el foco sobre una zona que durante décadas recibió atención internacional por su valor histórico. El reportaje recoge testimonios de expertos, pobladores y representantes de diversos sectores que describen una realidad marcada por conflictos relacionados con la protección del patrimonio y el desarrollo de actividades económicas.

Especialistas destacan el valor histórico de las Líneas de Nasca

Las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa constituyen uno de los principales legados arqueológicos del continente. Sus figuras, distribuidas sobre el desierto de Ica, representan animales, plantas y formas antropomorfas que todavía son materia de estudio para investigadores de distintas disciplinas.

El conocimiento sobre este complejo arqueológico tomó mayor impulso gracias al trabajo de la matemática alemana María Reiche, cuya investigación permitió ampliar la comprensión sobre el significado de los geoglifos y su importancia para el patrimonio cultural peruano.

Las investigaciones no se detuvieron con el paso de los años. Nuevas tecnologías permitieron ampliar el conocimiento sobre este espacio arqueológico. Entre ellas figuran los trabajos desarrollados por la Universidad de Yamagata, en Japón, que recurrió a inteligencia artificial e imágenes satelitales para identificar nuevos elementos en el desierto.

El especialista Josué, entrevistado por el medio internacional, explicó que las figuras no pueden analizarse de forma aislada, sino dentro de un contexto mucho más amplio vinculado con la civilización Nasca.

“Ahora tenemos que hablar de los geoglifos como parte de Cahuachi. La civilización Nazca era una civilización político-religiosa que tenía su base en Cahuachi, un centro ceremonial en adobe más grande del mundo en veinticuatro kilómetros cuadrados”, señaló.

Según el especialista, la sociedad Nasca desarrolló una planificación que permitió plasmar figuras de gran tamaño mediante trazos cuidadosamente diseñados. También sostuvo que estas representaciones formaban parte de prácticas religiosas relacionadas con el recorrido de los propios geoglifos.

Basura y residuos afectan el entorno arqueológico

Además de los riesgos asociados con la actividad minera, los pobladores denunciaron problemas relacionados con la disposición de residuos dentro del entorno protegido.

Durante el recorrido presentado en el informe se observaron botaderos de basura cerca de los geoglifos. Vecinos aseguraron que esta situación permanece desde hace varios años pese a los reclamos dirigidos a distintas autoridades.

Una propietaria de terrenos próximos a las Líneas de Nasca afirmó que incluso animales muertos son abandonados en el lugar.

“No solamente es esta basura, hay animales que traen muertos, todo lo dejan y este es un pan del día a día, ya que vienen y las autoridades no hacen nada”, expresó.

La misma vecina sostuvo que el estado del lugar provoca una mala imagen para quienes llegan desde distintos países con fines turísticos.

“Me da vergüenza ajena, porque se supone de que si vienen a ver cultura, ¿qué cultura ven? Basural”, manifestó.

El reportaje también recuerda que el Gobierno dejó sin efecto la reducción del 40 % del territorio comprendido dentro de la reserva arqueológica, decisión que surgió después de diversos cuestionamientos relacionados con la protección del patrimonio.

Denuncias apuntan a minería ilegal y ocupación de terrenos

La delimitación del área protegida continúa como uno de los principales puntos de discusión en Nasca.

La abogada Noemí Castañeda, identificada como defensora del patrimonio cultural, sostuvo que existen construcciones y ocupaciones dentro de sectores que permanecen bajo protección del Ministerio de Cultura.

“Todas estas áreas tienen más de diez mil hectáreas, que está bajo custodia y protección del Ministerio de Cultura desde el 2019”, indicó.

Según explicó, la resolución correspondiente establece acciones inmediatas frente a posibles afectaciones del patrimonio arqueológico.

“La resolución señala claramente que de inmediato se tiene que proceder con el desalojo, que de inmediato se tiene que proceder con las denuncias, con la identificación de los que estarían dañando el patrimonio”, afirmó.

Castañeda también denunció la presencia de más de 130 plantas mineras ilegales distribuidas entre zonas pobladas, áreas agrícolas y sectores próximos al patrimonio arqueológico.

“Nosotros no estamos en contra del desarrollo económico de la minería, sino del hacinamiento de más de ciento treinta plantas mineras ilegales que están aquí, en medio de la población, en medio de la zona urbana, al costado de los ríos y en medio de la agricultura”, declaró.

Asimismo, responsabilizó al Gobierno Regional de Ica por el crecimiento de plantas concentradoras de minerales en el valle Las Trancas.

“Lo que queremos es hacer un llamado a todas las autoridades, porque el único responsable de que las plantas concentradoras de minerales se haya polarizado en toda la provincia de Nazca, en especial en el centro poblado del valle Las Trancas, donde tenemos más de veintiún plantas mineras a partir del 2012 en adelante, es el Gobierno Regional de Ica a través del programa de titulación de tierras”, sostuvo.

El colapso del principio de autoridad en Cajamarca ha dado paso a una nueva etapa de la minería ilegal en el norte del Perú, según reveló Contra Corriente.

El modelo criminal que devastó La Libertad ahora se replica en Cajamarca, donde la violencia y la tecnificación de la minería ilegal han establecido un territorio fuera del control estatal.

La región de Cajamarca enfrenta una escalada de violencia ligada a la minería ilegal. De acuerdo con ContraCorriente, tras un operativo policial en el distrito de Hualgayoc, una turba de aproximadamente ochenta personas, presuntamente vinculadas a economías ilegales, emboscó a las autoridades y liberó a siete detenidos. Este episodio marcó el inicio de un nuevo patrón criminal, en el que las fuerzas del orden quedan rebasadas frente a una estructura violenta y organizada.

Pedro Yaranga, analista en seguridad integral y gestión de riesgos, quien fue consultado por Contra Corriente, explicó que los grupos criminales “miden primero si hay mucha cantidad de policías y si no hay mucha cantidad de policías, lo único que hacen es acorralar igual y atacarlos con todo, liberar si es que hay detenidos”.

Esta metodología ha convertido varias zonas en un escenario donde la ley carece de fuerza, mientras la policía opera con recursos y equipamiento limitados.

Tecnificación y poder

La minería ilegal en Cajamarca ha alcanzado niveles industriales, según detalla ContraCorriente. Localidades como Colquirrumi, Chinchiho, El Tingo y Quebrada Honda albergan operaciones que emplean maquinaria pesada, retroexcavadoras y socavones de hasta cincuenta y cinco metros de profundidad.

“El que contamina más no es la minería grande, ni la minería mediana, ni la pequeña minería, es la minería ilegal”, sostuvo un especialista entrevistado por el medio, al precisar que estos grupos procesan metales con insumos químicos prohibidos.

Las cifras expuestas por Contra Corriente muestran la magnitud del fenómeno: la minería ilegal mueve aproximadamente doce mil millones de dólares, mientras que la exportación alcanza los quince mil millones de dólares. Este caudal de dinero permite a las organizaciones criminales financiar sobornos, actos de corrupción y captar autoridades locales, lo que profundiza la crisis institucional.

Expansión y frontera

El reporte de Contra Corriente advierte sobre un “peligro geopolítico” en la frontera norte. Cajamarca conecta con Piura y el vecino Ecuador a través de mil quinientos kilómetros de territorio vulnerable.

Mientras el gobierno ecuatoriano refuerza su lucha contra el crimen organizado, las rutas de escape y la criminalidad transnacional buscan expandirse hacia el lado peruano. Un especialista destacó que “los criminales ecuatorianos, con tanto espacio que hay, porque el control policial militar solamente está en Aguas Verdes, está en Macará y el resto de la cordillera del Cóndor hacia Cajamarca está abierta y ellos pasan por ahí”.

Este corredor facilita el traslado de maquinaria y personas dedicadas a la minería ilegal, mientras el Estado peruano mantiene una presencia limitada en la zona. El resultado es un territorio cada vez más controlado por intereses criminales, donde la ausencia estatal deja espacio para la captura de autoridades y el crecimiento de nuevas redes de complicidad.

Impacto social

La crisis generada por la minería ilegal en Cajamarca afecta directamente a la población local. Contra Corriente documentó cómo los relaves y efluentes de las operaciones ilegales contaminan los ríos Singo y Malgasbamba, lo que ha provocado niveles alarmantes de arsénico y plomo en la sangre de decenas de niños.

“El costo de la impunidad criminal en Bambamarca y Hualgayoc ya se cuenta en la sangre”, señala el informe.

La descomposición social es visible en la precariedad de las escuelas rurales y en el abandono de servicios básicos, mientras el crimen organizado ocupa los espacios que el Estado ha dejado vacíos.

En palabras recogidas por ContraCorriente, “la característica que tiene la minería ilegal es que son en su mayoría migrantes y efectivamente en Hualgayoc son migrantes, pero al mismo tiempo también se van involucrando gente de la misma zona”.

Fracaso institucional

Las acciones estatales se ven limitadas frente a la magnitud del problema. Según ContraCorriente, los operativos de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), como el Plan Sierra Norte, han incorporado drones y sensores electroópticos para desmantelar infraestructura ilegal. Sin embargo, la inteligencia táctica resulta insuficiente cuando las turbas locales impiden traslados y detenciones.

Expertos citados por el medio enfatizan la necesidad de mecanismos de apoyo militar permanente, reclamando el despliegue del Batallón de Infantería Cepita número siete de Cajamarca para respaldar las operaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri). El objetivo es garantizar que los responsables de delitos ambientales enfrenten la justicia.

Un entrevistado afirma que “declarando el estado de emergencia en las zonas no se hace absolutamente nada”, y atribuye la inacción a la falta de voluntad política y a la influencia que la minería ilegal ejerce sobre partidos y autoridades.

Nueva tierra de nadie

El fenómeno observado en Cajamarca reproduce el modelo criminal que devastó Pataz en La Libertad, según la investigación de ContraCorriente. La comparación resulta inevitable para los expertos, quienes alertan que “podríamos comparar a Cajamarca en este momento con una posibilidades, digamos, de Patás en los próximos años”.

La ausencia de autoridad y el avance del crimen organizado han transformado a Cajamarca en una tierra donde el Estado ha perdido su capacidad de respuesta, mientras la minería ilegal se consolida como una amenaza a la seguridad nacional, la institucionalidad y el medio ambiente.

En una nueva acción contra la minería ilegal en la selva central, autoridades de Huánuco destruyeron nueve balsas dragas valorizadas en más de S/ 1,3 millones durante un operativo fluvial ejecutado en el río Pachitea, en la provincia de Puerto Inca. La intervención se desarrolló en una zona donde, según las autoridades, este tipo de equipos venía siendo utilizado para la extracción ilícita de minerales en pleno cauce del río.

El despliegue se realizó de manera inopinada en los centros poblados de Yanayacu, Nuevo Trujillo y Trece Tiros, ubicados en el distrito de Yuyapichis. Hasta esos puntos llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), representantes del Ministerio Público y personal de la Marina de Guerra del Perú, en una operación coordinada para ubicar embarcaciones, motores, herramientas y otros implementos vinculados a actividades ilegales en la zona.

Autoridades hallaron balsas, motores y herramientas en plena zona de extracción ilícita

De acuerdo con la información oficial, durante el recorrido fluvial se identificaron nueve balsas dragas que operaban en distintos sectores del río. Estos equipos forman parte de la infraestructura empleada por los grupos dedicados a la extracción ilícita de minerales, una actividad que continúa expandiéndose en varias regiones del país y que afecta directamente a ecosistemas acuáticos y áreas de difícil acceso.

Además de las balsas, las autoridades hallaron motores y diversos materiales utilizados para sostener la operación de los artefactos. Todo el material fue intervenido en el lugar bajo la supervisión de los representantes del Ministerio Público, quienes dispusieron la incautación y posterior destrucción de los bienes encontrados. La medida buscó evitar que estos equipos vuelvan a ser empleados en nuevas acciones de minería ilegal.

La intervención fue documentada conforme a ley, como parte del procedimiento establecido para este tipo de operativos en los que participan distintas instituciones del Estado. Según el reporte difundido, la acción permitió afectar bienes valorizados en más de S/ 1 336 735, cifra que refleja la magnitud de la estructura instalada para estas labores ilícitas en el río Pachitea.

En el operativo también se puso énfasis en la ubicación estratégica de los puntos intervenidos, ya que los centros poblados de Yanayacu, Nuevo Trujillo y Trece Tiros son zonas de difícil acceso donde las operaciones fluviales suelen ser aprovechadas por redes dedicadas a la extracción no autorizada de recursos. Por ello, el trabajo conjunto entre la PNP, el Ministerio Público y la Marina de Guerra del Perú fue clave para ingresar por vía acuática y ubicar los equipos en actividad.

Las autoridades mantuvieron la intervención centrada en la inmovilización de los instrumentos usados para la extracción ilícita, con el fin de reducir la capacidad operativa de quienes se dedican a esta actividad en Puerto Inca.

Destruyen 17 campamentos de minería ilegal y equipos valorizados en más de S/ 5,6 millones en Madre de Dios

En una intervención paralela contra la minería ilegal, las fuerzas del orden ejecutaron un operativo en los sectores Isla Córdova y Azul, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata (Madre de Dios). La acción fue liderada por el Comando Operacional del Sur con apoyo de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Como resultado del despliegue, las autoridades destruyeron 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas, además de intervenir cinco motores, 130 metros de alfombra y otros equipos utilizados para la extracción ilegal de oro. Según el Ministerio de Defensa, los bienes inutilizados durante el operativo superan los S/ 5,6 millones.

Durante las diligencias también fueron incautados 1.400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubería de PVC y 1.400 metros de cable eléctrico, entre otros materiales empleados en estas actividades ilícitas. Todo el equipamiento fue destruido en el lugar bajo supervisión del Ministerio Público, como parte de las acciones que buscan reducir la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal en la Amazonía peruana.

En una acción coordinada, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía ejecutaron un operativo en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

La intervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, con la participación de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Según información difundida por el Ministerio de Defensa (Mindef), la operación concluyó con la destrucción de 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas. Además, se interdictaron cinco motores, 130 metros de alfombra, así como otros bienes empleados en la minería ilegal. El valor total de lo destruido supera los 5,6 millones de soles.

Durante la intervención, las autoridades también incautaron 1,400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubo PVC y 1,400 metros de cable eléctrico, junto a una variedad de materiales utilizados para la extracción ilícita de oro.

Todo el material incautado fue destruido in situ, en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y bajo supervisión del Ministerio Público.

El operativo se suma a las acciones que, desde el sector Defensa, impulsan las Fuerzas Armadas para frenar el avance de la minería ilegal que impacta en áreas naturales protegidas y pone en riesgo la biodiversidad y los recursos ambientales de la región amazónica.

Estrategia nacional y resultados recientes

El golpe en Inambari forma parte de una estrategia nacional articulada para combatir la minería ilegal en la Amazonía peruana. Entre enero y mayo de este año, las fuerzas del orden lograron destruir maquinaria y equipos valorizados en más de 1,200 millones de soles en diferentes regiones.

Otras intervenciones recientes incluyeron la destrucción de dragas y bienes utilizados para la extracción ilegal de oro en las cuencas de los ríos Nanay, Amazonas, Marañón y Tigre, en la región Loreto.

Solo en la primera quincena de junio, un operativo en el sector Puca Urco resultó en la incautación y destrucción de equipos, motores fuera de borda, generadores eléctricos y combustible sin autorización.

El Ministerio de Defensa subrayó que estos operativos buscan proteger las áreas naturales y preservar el patrimonio ambiental. “Reafirma, además, el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental del país”, señaló en un comunicado oficial.

En estas acciones, la colaboración entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y las fuerzas del orden permite que la destrucción e incautación de bienes se realice bajo un marco legal estricto, minimizando la posibilidad de reincidencia. La incautación de combustibles y materiales, como cables y cilindros, busca cortar la cadena logística de la minería ilegal.

El impacto de los operativos en la región se refleja en la reducción de campamentos y equipos dedicados a la extracción ilícita, así como en el refuerzo de la presencia estatal en zonas tradicionalmente afectadas por actividades ilegales. Las autoridades reiteraron que estas intervenciones continuarán en todo el territorio amazónico, priorizando la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

Cinco ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos esta semana en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Antioquia por parte de Migración Colombia, en acciones que refuerzan la lucha contra el turismo con fines de explotación sexual y otras actividades ilícitas.

El saldo eleva a 95 los casos de inadmisión por turismo sexual en lo que va del año en el departamento y a más de 130 en todo el país.

Entre los casos detectados figura el de una mujer procedente de Estados Unidos, identificada por una alerta en la plataforma Angel Watch, que la señala como ofensora sexual de menores de edad. Los oficiales de Migración Colombia, tras consultar sus sistemas de información, determinaron inadmitirla y retornarla a su país de origen. Se trata de la segunda mujer rechazada en Colombia por este motivo.

Otros tres viajeros, también provenientes de Norteamérica, fueron detenidos durante los controles migratorios cuando se comprobó que su propósito en Colombia era realizar turismo vinculado a la explotación sexual. Las entrevistas migratorias permitieron descubrir nexos entre sus itinerarios y agencias que promueven actividades inapropiadas, lo que motivó la aplicación de la medida de inadmisión y el regreso inmediato a sus países.

En un hecho aparte, un ciudadano de nacionalidad peruana fue inadmitido tras declarar su intención de trabajar en minería sin la visa reglamentaria. El extranjero mencionó que planeaba operar en minas de oro no registradas en los municipios de Segovia y Mutatá, en el Urabá antioqueño, lo que constituye un motivo de exclusión del país.

De acuerdo con la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, la entidad incrementó la preparación de sus oficiales para identificar y evitar el ingreso de personas que puedan representar riesgos para la infancia, la adolescencia y las mujeres, o que busquen desarrollar actividades ilícitas como la minería ilegal.

Las autoridades migratorias sostienen que el turismo sexual y la explotación laboral irregular afectan la imagen internacional del país y ponen en peligro la seguridad de las comunidades locales. La inadmisión de estos extranjeros refleja la rigurosidad de los controles y la prioridad institucional para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Cayó cerca a Medellín el costarricense alias Kokin

La captura de Óscar David Román Ovares, conocido como alias Kokin, marca un punto de inflexión en los esfuerzos conjuntos de las autoridades de Colombia y Costa Rica contra el crimen organizado transnacional. Este ciudadano costarricense fue localizado en Sabaneta, Antioquia, gracias a una operación coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

La operación destaca la cooperación entre agencias y la efectividad de los mecanismos de intercambio de información, lo que permitió identificar y detener a uno de los principales miembros de la banda conocida como Los Saggy.

Las investigaciones atribuyen a Román Ovares la autoría intelectual y material de al menos 22 homicidios en Costa Rica. Esta cifra motivó la emisión de la notificación roja de Interpol, que facilitó su búsqueda y captura internacional. Además, se le vincula con el tráfico internacional de sustancias ilícitas, lavado de activos y la legitimación de recursos mediante la adquisición de comercios y vehículos de lujo.

El proceso de localización y arresto de alias Kokin se apoyó en el cruce de información entre la OCN Interpol Bogotá, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la OCN Interpol Costa Rica. Este trabajo colaborativo incluyó el uso de bases de datos internacionales, verificaciones en campo y la contribución de fuentes humanas especializadas para obtener datos sólidos sobre su paradero.

Actualmente, Román Ovares se encuentra bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que gestiona el proceso de extradición hacia Costa Rica. Allí deberá enfrentar a la justicia por los delitos imputados, en medio de una estrategia regional para combatir las redes criminales que trascienden fronteras.

Fabio Arjona Hincapié, designado como próximo ministro de Ambiente para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, ya está arrojando luces sobre cómo sería su trabajo en la cartera y cuál es el balance que está recibiendo de la administración saliente, que contó con tres nombramientos: Susana Muhammad González, Lena Yanina Estrada e Irene Vélez Torres.

Un día después del anuncio de su participación en el gabinete de los Defensores de la Patria, el eventual funcionario criticó la gestión ambiental de la gestión aún vigente. De la misma manera, cuestionó la efectividad de las políticas implementadas y el contraste entre el discurso ambientalista y los resultados en materia de protección ecológica.

En entrevista con Blu Radio, Arjona afirmó que “en lo ambiental ha sido el discurso. El deterioro ambiental de este gobierno es tremendo. Decir que soy ambientalista porque tengo un discurso que habla de medioambiente a la realidad es tremendo”, dijo.

Para ilustrar sus señalamientos, sostuvo que los índices de deforestación “se encuentran desbordados” en el territorio nacional y que estas falencias se deben a un factor crucial que, ha su juicio, impidió la intervención gubernamental.

“El principal factor de deterioro ambiental es el control sobre el territorio. No tenemos ninguno. Eh, la minería criminal está desbordada. El 90 % del oro que el país saca es de, de, de minería criminal”, dijo Arjona Hincapié.

Por qué fue “discurso” la gestión ambiental durante el Gobierno Petro

Según el biólogo marino y ambientalista nacido en Montería, el eje de las propuestas del gabinete de Gustavo Petro de “ralentizar la explotación de hidrocarburos como política ambiental” no tiene resultados en la práctica, porque aumentan otras amenazas para el equilibrio medioambiental.

“Decir que con eso vamos a salvar el planeta y estamos contribuyendo a que el principal factor de deterioro ambiental se exacerbe, que es la pobreza”, aseguró.

Explicó que este flagelo y las necesidades sociales básicas continúan siendo el motor de “acciones depredadoras humanas” que a su vez, podrían atentar contra el medioambiente.

“Si es el último manatí en la faz de la Tierra y mi hijo tiene hambre, adiós manatí. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas. Y del discurso al hecho hay mucho trecho”, aclaró.

Según Arjona, la política de la transición energética “fue cero”

El próximo ministro explicó que Colombia depende de sus exportaciones de commodities energéticos y mineros —materiales tangibles que se pueden comerciar, comprar o vender por ser insumos—, y que, debido a la aparente falta de implementación de la política, fueron frenadas.

“Las exportaciones se han ralentizado y son los temas que sirven para la transición energética, que entre otras cosas, ha sido cero. No solamente ralentizamos los hidrocarburos, sino que no tenemos un solo mega instalado en términos de energía no convencional”, alegó.

Agregó que 16.000 megas “que estaban dispuestos para La Guajira en un potencial de más de 70.000 por el viento que tenemos allá salieron corriendo porque no encontraron condiciones regulatorias ni sociales, a veces exacerbadas por el mismo gobierno, para implantarse”, explicó durante la entrevista.

De manera que insistió en que una cosa es utilizar el medioambiente en el discurso político, y otra, muy diferente, es ejecutar políticas sostenibles, y que la primera no determina que un gobierno sea medioambiental.

“Decir que este gobierno fue ambiental porque simplemente hablaba del medioambiente en lugar de hablar de la real sostenibilidad es bastante equivocado”.

Frente a las críticas que califican a Abelardo de la Espriella y su equipo de “antiambientalista”, el próximo líder de la cartera aclaró que considerar la sostenibilidad como opuesta al crecimiento económico es una falacia.

Un total de 10.000 detonantes de presunta fabricación boliviana, valorizados en S/195.000, fueron incautados en Cusco durante un operativo conjunto de las autoridades. El material explosivo era transportado sin documentos que acreditaran su ingreso legal al país y, según las primeras investigaciones, podría estar destinado a actividades de minería ilegal.

La intervención estuvo a cargo de oficiales de Aduanas de la SUNAT, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, quienes emplearon un escáner móvil para revisar una encomienda procedente de Juliaca. El hallazgo encendió las alertas debido a que este tipo de accesorios suele ser utilizado en actividades extractivas que requieren explosivos.

Las autoridades informaron que los detonantes podrían estar destinados a operaciones de minería ilegal. Tras la intervención, el caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras que el material quedó bajo custodia de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para las investigaciones correspondientes.

Escáner móvil permitió detectar cargamento de detonantes extranjeros

La incautación se produjo durante las acciones de control desarrolladas en los almacenes de una empresa de transporte de carga en Cusco. Según informó la SUNAT, los agentes utilizaron un escáner móvil para inspeccionar la carga y detectaron una caja de cartón cuyo contenido resultó sospechoso.

Al revisar la encomienda, encontraron 10.000 detonantes Riocap de origen boliviano ocultos en el interior del paquete. La mercancía había sido enviada desde Juliaca y era transportada sin documentos que acreditaran su importación o ingreso legal al territorio peruano.

De acuerdo con la Sucamec, los accesorios para el uso de material explosivo fueron retirados de circulación como parte de un operativo conjunto en el que también participó la Policía Nacional del Perú. La intervención buscó reforzar los controles para prevenir el transporte y la comercialización ilegal de explosivos y materiales relacionados.

Tras la incautación, las autoridades comunicaron el hallazgo al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes. Asimismo, los detonantes fueron internados en los almacenes de la Sucamec, entidad competente para su custodia y evaluación mientras avanzan las investigaciones.

Cargamento incautado podría estar destinado a la minería ilegal

La SUNAT advirtió que el cargamento podría haber estado destinado a actividades de minería ilegal, debido a que este tipo de detonantes es empleado para la fragmentación de roca en explotaciones mineras.

Aunque las investigaciones continúan para determinar el destino final de la mercancía y la identidad de los responsables, las autoridades consideran que impedir el traslado de estos materiales reduce el riesgo de que sean utilizados en operaciones clandestinas.

La minería ilegal representa uno de los principales mercados para el uso irregular de explosivos en distintas regiones del país. El transporte sin autorización de detonantes constituye una infracción grave, ya que estos materiales requieren controles estrictos por el riesgo que representan para la seguridad pública.

El operativo también evidencia el fortalecimiento de las acciones conjuntas entre la SUNAT, la Policía Nacional y la Sucamec para combatir el tráfico de explosivos, una actividad que suele estar asociada a otras economías ilícitas.

Estudio advierte el avance conjunto de la minería ilegal y el narcotráfico

El decomiso ocurre en un contexto marcado por el crecimiento de las economías ilegales en el país. Un reciente informe titulado La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, elaborado por Amazon Watch junto con organizaciones indígenas, advierte que la minería ilegal y el narcotráfico ya operan como una estructura criminal integrada.

La investigación sostiene que ambas actividades dejaron de actuar por separado y hoy comparten rutas, infraestructura y mecanismos financieros. Entre 2014 y 2024, las economías ilícitas habrían movilizado al menos US$13.341 millones en el Perú, de los cuales aproximadamente US$7.810 millones corresponderían a la minería ilegal, superando incluso los ingresos del tráfico de drogas.

El estudio explica que el dinero generado por el narcotráfico financia operaciones extractivas ilegales, mientras que el oro obtenido ilícitamente sirve para lavar activos provenientes de diversas actividades criminales. Además, identifica corredores estratégicos donde estas redes han fortalecido su presencia, como Madre de Dios, Ucayali, Huánuco y la Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia.

Los investigadores también alertan sobre el impacto de estas organizaciones en comunidades indígenas y ecosistemas amazónicos. Según el informe, la expansión de la minería ilegal ha provocado miles de hectáreas de deforestación y ha favorecido el ingreso de organizaciones criminales transnacionales, lo que refuerza la necesidad de intensificar los controles sobre explosivos y otros insumos que podrían abastecer estas actividades ilícitas.

El avance de la minería ilegal en Crucitas, Costa Rica, se expandió en la última década desde los dos km² de la antigua concesión legal hasta unos 30 km², según autoridades y reportes periodísticos.

La actividad se consolidó con campamentos improvisados, caminos clandestinos y una dinámica transfronteriza con impacto en la seguridad, el ambiente y la salud pública del norte de Costa Rica.

La expansión del área impactada implicó la apertura de campamentos y la construcción de caminos clandestinos, lo que facilitó el ingreso de más actores y agravó la tensión en la frontera con Nicaragua.

Redes criminales y migración irregular

La dinámica ya no se limita al minero individual de subsistencia. Involucra al menos tres grupos: los coligalleros, muchos de ellos nicaragüenses en condición irregular atraídos por ingresos superiores a los del trabajo agrícola; redes intermediarias que financian y proveen equipos, y compradores que procesan el oro, principalmente en territorio nicaragüense.

El ministro de Seguridad Pública informó ante diputados que en la zona operan alrededor de 300 coligalleros activos, aunque esa cifra no incluye a quienes participan en logística, transporte, procesamiento o actividades indirectas como la venta de alimentos y drogas.

La Fuerza Pública mantiene un puesto permanente con 65 agentes, pero los esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

Los decomisos muestran la escala de la actividad: 285 tómbolas, 132 vehículos, 173 toneladas de mineral, más de 15.000 kg de cianuro y 20.000 kg de mercurio, además de armas y drogas. Según autoridades, la operación alcanzó niveles de “industrialización” en equipos y logística.

Deforestación y contaminación

La minería ilegal en Crucitas causó pérdida de bosques y fragmentación de hábitats en zonas de alto valor ecológico. La apertura de caminos y la tala ilegal afectan especies como el almendro de montaña, fundamental para la fauna local.

La contaminación de ríos y quebradas con mercurio y cianuro preocupa a autoridades y organizaciones ambientales. El método de amalgamación utilizado por los mineros libera metales tóxicos en el agua y la atmósfera, mientras la excavación de túneles subterráneos y tajos abiertos multiplica el riesgo de derrumbes y altera el flujo hídrico.

El Colegio de Geólogos y la Sala Constitucional advirtieron sobre la aparición de drenaje ácido, capaz de afectar los ecosistemas durante décadas.

El deterioro ambiental no se limita a Costa Rica. El oro extraído cruza el río San Juan hacia Nicaragua, donde plantas industriales, algunas con capital extranjero, lo procesan y lo introducen en cadenas legales de exportación. La reciente flexibilización de controles ambientales en Nicaragua, incluso en áreas protegidas, facilitó ese flujo e incentivó el contrabando y el “blanqueo” del mineral de origen ilegal.

Salud pública y seguridad

La minería ilegal en Crucitas también tiene consecuencias directas sobre la salud de la población. El uso indiscriminado de sustancias tóxicas y la contaminación de fuentes de agua ponen en riesgo el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria.

El mercurio, en particular, puede provocar daños neurológicos graves, sobre todo en niños y mujeres embarazadas, a través del consumo de pescado contaminado.

Las autoridades sanitarias declararon la alerta ante la presencia de metales pesados en el ambiente y el inicio de procesos de drenaje ácido. La Sala Constitucional señaló que la falta de acción estatal constituye una violación al derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano, y exigió medidas inmediatas para proteger a las comunidades afectadas.

El entorno de Crucitas se volvió más violento. Los operativos policiales llevaron a la detención de más de cinco mil personas vinculadas a actividades mineras ilícitas y a la incautación de decenas de armas de fuego y blancas.

Episodios recientes incluyen la prisión preventiva de 18 oreros, en su mayoría extranjeros, y casos de tentativa de homicidio asociados a disputas por yacimientos y deudas.

Respuesta estatal y desafíos regulatorios

La presión de la minería ilegal llevó al gobierno costarricense a proponer un proyecto de ley que permitiría la explotación regulada de oro en Crucitas, junto con el endurecimiento de penas para la actividad ilícita. El Ejecutivo sostiene que la regulación permitiría controlar el impacto ambiental y canalizar recursos hacia el desarrollo local, al tiempo que combate el crimen organizado.

Sectores sociales y ambientales advierten que la legalización podría consolidar un modelo extractivo de mayor escala, con nuevos riesgos para la biodiversidad y la salud pública. La persistencia de la minería ilegal, pese a los operativos policiales y las incautaciones, muestra la necesidad de alternativas económicas para la población local y de un enfoque binacional que atienda la dimensión transfronteriza del problema.

La situación en Crucitas también pasó a la política exterior. El entonces presidente Rodrigo Chaves planteó su preocupación ante autoridades de Estados Unidos, en el marco de iniciativas para sancionar el comercio de oro vinculado a actividades ilegales en la región.

Las decisiones que tome Costa Rica sobre Crucitas tendrán consecuencias sobre su relación con Nicaragua, socios comerciales y organismos internacionales preocupados por la trazabilidad del oro y el cumplimiento de estándares ambientales y de derechos humanos.

La minería ilegal en Crucitas transformó a esta zona rural del norte de Costa Rica en un foco de conflicto ambiental y de seguridad. En un área de 30 km², la extracción de oro afecta a unas 15 comunidades, mientras la Sala Constitucional ordenó en marzo de 2026 medidas urgentes para proteger la salud, el ambiente y el acceso al agua en este golpeado territorio.

Las autoridades costarricenses calificaron la situación en Crucitas como una “emergencia nacional”. La actividad provocó deforestación, contaminación de fuentes acuáticas con mercurio y la proliferación de campamentos irregulares, en un contexto que favorece la violencia y otros delitos.

Crucitas está en el distrito de Cutris, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, cerca de la frontera con Nicaragua. La riqueza aurífera y su ubicación en corredores biológicos la convirtieron en un punto de interés para actores legales e ilegales.

El valor del territorio y el deterioro ambiental

El área forma parte del Corredor Biológico San Juan La Selva, de la Reserva de Biosfera Agua Paz y del Corredor Binacional El Castillo San Juan La Selva. Allí, múltiples especies dependen de la conectividad ecológica.

La región también está reconocida como una de las “áreas importantes para la conservación de aves” por BirdLife, por su relevancia para aves migratorias y mamíferos de gran tamaño. La degradación del hábitat por la minería amenaza la biodiversidad y fragmenta corredores biológicos.

El origen del conflicto y por qué es tan importante Crucitas

El conflicto se agravó tras la anulación judicial del proyecto de minería industrial de la empresa canadiense Industrias Infinito y la prohibición legal de la minería metálica a cielo abierto en 2010.

Ese vacío fue aprovechado por coligalleros (extractores irregulares de oro) y redes criminales, que intensificaron la extracción y el tráfico de oro hacia Nicaragua.

Estudios oficiales calculan que en los cerros de Crucitas habría unas 64 toneladas de oro, valuadas en los años noventa en unos USD 2,500 millones y que, con la cotización actual, podrían alcanzar los USD 10,000 millones.

La onza producida en Crucitas se comercializa cerca de USD 4,115, según el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora, y los ingresos ilícitos anuales rondan los 1,000 millones de colones- unos USD 2,204, millones.

Qué ocurre hoy en Crucitas

Actualmente, Crucitas enfrenta tres frentes: degradación ambiental, violencia vinculada a la minería ilegal y disputa política sobre el futuro del territorio. El uso intensivo de mercurio y otros químicos contaminó fuentes de agua y generó alertas del Colegio de Geólogos y del Ministerio de Salud.

La Sala Constitucional destacó la pérdida de biodiversidad como un daño ambiental irreparable que justifica una intervención urgente.

Las comunidades locales, integradas en su mayoría por familias campesinas, trabajadores agropecuarios y migrantes, viven en condiciones de pobreza y con acceso limitado a servicios básicos. La expansión del área impactada extendió los riesgos más allá del antiguo polígono minero.

El debate político

La visita de la presidenta Laura Fernández a la Zona Norte la semana pasada - donde fue sacada de emergencia luego de una explosión- y los llamados públicos a discutir el futuro de Crucitas reactivaron el debate.

Algunos sectores proponen reforzar la prohibición minera; otros plantean formalizar una “minería responsable”, y otros impulsan alternativas de desarrollo no minero.

La discusión ocurre en medio de presiones geopolíticas, con contrabando de oro hacia Nicaragua y la posibilidad de sanciones internacionales.

El proyecto de ley presentado hace casi dos años para habilitar la minería bajo ciertas condiciones tiene respaldo parcial del Ejecutivo. Sus defensores sostienen que permitir la actividad formal ayudaría a “poner orden”, mientras sus detractores advierten sobre el riesgo de legalizar la devastación ambiental y entregar el territorio a intereses privados.

Impacto social y tensiones en las comunidades

La presencia de migrantes nicaragüenses, muchos de ellos en situación irregular, es un rasgo dominante en Crucitas. Diversas fuentes señalan que una parte de los mineros ilegales son extranjeros en condiciones de vulnerabilidad, sometidos al control de redes criminales que operan en la zona.

La Sala Constitucional subrayó que la minería ilegal compromete la soberanía, la seguridad pública y los derechos de la población local. El conflicto generó divisiones dentro de las comunidades: mientras algunos ven en la minería una salida ante la falta de oportunidades, otros denuncian la contaminación, la violencia y el deterioro del tejido social. La respuesta estatal fue percibida como insuficiente y reactiva, sin ofrecer alternativas sostenibles para las familias afectadas.

La minería ilegal de carbón en la provincia de Ubaté dejó más de 17 medidas preventivas de suspensión y procesos sancionatorios ambientales, después de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) detectó explotaciones activas sin título minero y sin licencia ambiental en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa.

Según el diario El Tiempo, las inspecciones también registraron daños sobre el suelo, el agua y la flora, además de riesgos para los trabajadores y se documentaron vertimientos, descargas de aguas residuales mineras y afectaciones en quebradas, suelos, vegetación y áreas de especial importancia ambiental.

Las acciones se concentraron en los últimos días en la provincia de Ubaté. La CAR también verificó desacato a suspensiones que ya habían impuesto autoridades municipales y nacionales.

En varios casos, la autoridad ambiental encontró que los responsables habían retirado de forma ilegal los sellos de suspensión.

Durante algunos operativos, trabajadores intentaron entregar información falsa a los funcionarios.

La infraestructura y la producción detectadas

La infraestructura y la producción de las explotaciones ilegales Las visitas técnicas en Cucunubá, en especial en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, hallaron minas de carbón en plena operación. Algunas ya tenían antecedentes de suspensión y clausura por accidentes mineros fatales y daños ambientales.

La infraestructura detectada incluía bocaminas, compresores industriales, subestaciones eléctricas, patios de acopio, sistemas de descargue, talleres y áreas de almacenamiento de carbón y material estéril. Esa dotación mostraba una operación activa, no frentes aislados o abandonados.

Los equipos también encontraron toneladas de carbón listas para su comercialización. En varios puntos, la producción estimada llegaba a 900 toneladas mensuales.

Los daños sobre el agua, el suelo y la vegetación

Las inspecciones atribuyeron a esas explotaciones vertimientos incontrolados de material estéril y residuos de carbón sobre el suelo natural.

También registraron el sepultamiento de la cobertura vegetal, los potreros y el bosque nativo.

La CAR documentó el arrastre de sedimentos hacia quebradas y otras fuentes hídricas. A eso se sumó la descarga directa de aguas residuales mineras sin tratamiento sobre cuerpos de agua.

Los funcionarios, además, observaron contaminación del suelo por hidrocarburos, aceites y combustibles. Según el medio citado, hubo intervención de rondas hídricas, zonas de protección ambiental y alteraciones del terreno con riesgo de deslizamientos por manejo inadecuado de botaderos.

Los hallazgos en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa

Los hallazgos en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa Uno de los casos apareció en la vereda Gachaneca, en Lenguazaque, donde la explotación ilegal avanzaba dentro del área protegida del páramo de Rabanal y Río Bogotá.

Allí, la CAR evidenció extracción y procesamiento de carbón sin permisos ambientales ni título minero, además de vertimientos de aguas de mina directamente sobre el suelo.

En la vereda Espinal Carrizal, también en Lenguazaque, la autoridad inspeccionó seis bocaminas activas. En ese punto encontró vertimientos directos de aguas residuales mineras, disposición inadecuada de material estéril y almacenamiento de carbón a cielo abierto sin medidas de manejo ambiental.

Los operativos también llegaron a Sutatausa, municipio donde este año han ocurrido al menos 3 emergencias mineras fatales. En la vereda Peñas de Boquerón, la CAR inspeccionó una explotación ilegal tras una de esas emergencias, que causó la muerte de un trabajador.

En ese lugar había cerca de 15 trabajadores y unas 30 toneladas de mineral listas para transporte. La inspección detectó descargas directas de aguas residuales mineras y riesgo de inestabilidad del terreno por infiltración de aguas contaminadas en botaderos de estériles.

Las sanciones y los próximos operativos

Tras los hallazgos, la corporación impuso suspensiones inmediatas, instaló sellos de cierre y abrió procesos administrativos sancionatorios ambientales contra los responsables. Julio César Sierra León, director de la CAR seccional Ubaté, anunció nuevos operativos de seguimiento y control junto con alcaldías municipales, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades.

En la conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, reiteró la urgencia de que los diputados de la Asamblea Legislativa apruebe medidas para contra la minería en la zona, señalando que las consecuencias sociales y ambientales provocadas generan una crisis latente.

La mandataria afirmó que: “Crucitas ya no aguanta más. Es hora que la Asamblea Legislativa se ponga la mano en el corazón”.

Durante su intervención, Fernández destacó el impacto que la minería ilegal ha tenido sobre las comunidades cercanas. En sus palabras, “la desgracia que hoy invade a las familias de esos distritos de San Carlos. Gente luchadora, trabajadora, niños que deberían de tener un futuro por delante, hoy ven sus sueños apagados por la desgracia de la minería ilegal”.

La jefa de Estado dirigió un mensaje directo a los diputados, criticando la presentación de mociones que, según denunció, buscan frenar el avance del proyecto. “No queremos más excusas, queremos soluciones y las queremos de manera inmediata. Este país no está para debates de otros 20 años en este tema”, sostuvo Fernández.

De igual manera, la jefa de Estado señaló que “con respeto, pero con vehemencia les pido que las mociones presentadas de mala fe para atrasar la aprobación de esta importante ley, son mociones que no mejoran el texto, son más mociones presentadas, repito, para atrasarlo con mala fe, y el pueblo de Costa Rica no se merece eso señores diputados”.

Al mismo tiempo, Fernández remarcó que su llamado no responde a intereses personales ni gubernamentales, sino a una demanda nacional. “Señores diputados, les repito, piensen en Costa Rica. Esto no es para hacerme un favor a mí ni al gobierno, esto es para atender una necesidad de nuestro país. Así que, encarecidamente, en nombre del pueblo de Costa Rica, les pido que cumplan con su deber democrático y dejen de patear la pelota de los problemas nacionales para adelante”, expresó la funcionaria.

Detonaciones durante visita presidencial a Crucitas

Las declaraciones de Fernández se producen en un contexto de creciente presión sobre el Poder Legislativo, para que apruebe con urgencia medidas que enfrenten la crisis causada por la minería ilegal en Crucitas.

Sectores políticos y sociales han manifestado posturas encontradas sobre la conveniencia de aprobar la ley, mientras persisten las denuncias sobre los efectos negativos de la actividad minera ilegal en la región.

Durante una reciente visita oficial a la zona de Crucitas, el pasado viernes 19, Fernández enfrentó un episodio que puso en evidencia el alto nivel de riesgo en el área. Mientras recorría el sitio acompañada por funcionarios y vecinos, una detonación repentina interrumpió la actividad y generó un momento de tensión entre los presentes.

El estruendo, escuchado a poca distancia, llevó a la comitiva presidencial a activar el protocolo de seguridad y evidenció la inseguridad que enfrentan tanto los habitantes como quienes visitan la zona.

El hecho, aunque no dejó heridos, ilustró de forma directa el peligro asociado a las actividades ilegales de extracción minera que continúan en la zona.

Habitantes rurales de los municipios de Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, denunciaron la circulación de un panfleto contra trabajadores mineros de la región.

El documento, revelado por Caracol Radio, fue firmado presuntamente el Frente Cuatro (José Antonio Galán) adscrito al bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá.

En la misiva, el grupo armado les prohíbe ejercer su labor a un grupo de mineros denominados “machuqueros” en esos dos municipios, a quienes los señala de manera general como presuntos financiadores del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

“A aquellos que ejercen la labor de machuqueros les queda prohibido seguir trabajando ya que sabemos a quienes están financiando y es mejor que no lo sigan haciendo”, expresaron.

Además, advierten a personas con supuestos vínculos con ese grupo, así como a quienes venden estupefacientes y a ladrones para que efectúen su salida del territorio.

“Se informa que a partir de la fecha vamos a estar haciendo presencia permanente en los municipios mencionados esto con el fin de combatir a las bandas criminales que solo están dañando a la sociedad con sus ventas de estupefacientes y los paramilitares que viven atropellando a la población civil”, se lee en la carta expuesta por la cadena radial mencionada.

En otro punto, el mismo panfleto les pide a las personas que “tienen vínculos o negocios con los paramilitares” que se desvinculen del conflicto, e incluye un mensaje contra los llamados “dueños de lo ajeno”.

“Busquen trabajo. Ustedes son una enfermedad y toda enfermedad tiene cura y esperamos no llegar a ese extremo queda a conciencia de estos individuos”, advirtieron.

Fuentes consultadas por el medio de comunicación señalaron que ese contenido apunta a una posible “limpieza social”, en alusión a los pasajes dirigidos contra quienes comercializan estupefacientes y contra los ladrones. Esa caracterización corresponde al medio y no aparece como frase textual en el panfleto.

Autoridades avanzan la investigación

Residentes de la zona explicaron a Caracol Radio que los machuqueros “son personas que se internan en un socavón durante varias semanas o meses”.

Así mismo, advierten que la mayoría de los trabajadores de ese estilo debe entregar un porcentaje de lo extraído al Clan del Golfo para que les permitan entrar a la mina.

Entre tanto, las autoridades manifestaron que, tras conocerse la información, se adelantará la revisión y verificación de la autenticidad del panfleto, aunque preliminarmente indicaron que el documento podría ser real.

La circulación del mensaje elevó la inquietud en la comunidad. El temor creció tras recientes hechos violentos atribuidos por la emisora a esa guerrilla en los dos municipios.

Masacre contra cuatro campesinos en Remedios

Además de las amenazas contra los trabajadores de la región, el frente cuatro de las disidencias de las Farc había admitido su responsabilidad en la masacre de cuatro campesinos en la vereda Las Camelias, zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), ocurrida durante el primer fin de semana de junio de 2026.

La admisión quedó consignada en un video fechado el 9 de junio de 2026, en el que una mujer identificada como alias Samanta Ruiz, también llamada como La Enfermera, leyó un comunicado en la que informó sobre su acción criminal en la región antioqueña.

En ese mensaje, la vocera afirmó que los cuatro retenidos eran “dos hombres y dos mujeres” que, según la organización armada, cumplían labores de informantes y estaban vinculados a una finca que atribuyeron a paramilitares. También sostuvo que les habrían incautado una pistola calibre nueve milímetros, un revólver y radios de comunicación.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como los esposos Efraín Botero y Rocío Silva, junto con dos trabajadores. De acuerdo con la información oficial, los cuatro fueron amarrados y torturados antes de ser asesinados.

Por este hecho, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el primero en asociar la masacre con Luis Antonio Montoya, alias Jhon Fiera, cabecilla del frente disidente con presencia en Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.

Sobre este sujeto pesa una recompensa de 300 millones de pesos. Igualmente, se destaca alias Johan Veneco, otro integrante del frente señalado de participar en los homicidios, con una recompensa de 100 millones de pesos, respectivamente.

Pese a una prohibición vigente hasta noviembre de 2026, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesión minera en la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable de Iquitos. El hecho fue observado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), que considera que el procedimiento contradice las medidas de protección establecidas por el Estado.

Los petitorios, identificados como Achuny y Jaguar Dorado, fueron presentados en noviembre de 2025 y ahora son objeto de una oposición administrativa que busca anular su tramitación. La controversia se produce mientras la cuenca del Nanay continúa bajo vigilancia por el avance de la minería ilegal y por su importancia para el abastecimiento de cientos de miles de habitantes de Loreto.

La controversia por los petitorios mineros en la cuenca del Nanay

El punto central de la controversia es el Decreto Supremo 022-2024-EM, que suspendió por dos años el otorgamiento de petitorios mineros en la cuenca del río Nanay. Esa medida, según advierten los defensores del territorio, sigue plenamente vigente hasta el 22 de noviembre de 2026. Sin embargo, el Ingemmet habría admitido a trámite dos nuevas solicitudes, lo que para el OMI representa una contradicción directa con la protección establecida por el propio Estado.

La reacción no tardó en llegar desde los frentes ciudadanos que desde hace años alertan sobre la presión extractiva en esta zona amazónica. El Nanay no es un río más en el mapa de Loreto: es la principal fuente de agua potable para Iquitos y varias comunidades aledañas. Por eso, cualquier trámite que abra la puerta a la actividad minera en su cuenca es leído como una amenaza inmediata para miles de familias.

“Es una burla a la población. A las 500.000 personas que dependen del río Nanay. Es increíble como funcionarios dentro del Estado terminan desconociendo sus propias funciones y normativas y poniendo en riesgo una vez más la vida de la gente”, denunció Jose Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos.

La preocupación, además, no se limita al plano administrativo. La protección del Nanay está respaldada por normas regionales y nacionales que han buscado frenar el avance de actividades extractivas en una cuenca considerada sensible por su valor ambiental y sanitario. Entre esas disposiciones figura la Ordenanza Regional 006-2003-CR/RL, que declara la zona como área de exclusión para la extracción minera.

A ello se suma la cercanía de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, un espacio de especial fragilidad ecológica que alberga ecosistemas únicos y especies endémicas. En ese entorno, la sola posibilidad de nuevos procesos mineros despierta alertas por el impacto que podría tener sobre el agua, la biodiversidad y la salud de la población.

La controversia se agrava porque, paralelamente, la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto ha solicitado la ampliación del estado de emergencia para reforzar las acciones frente a la problemática minera en la cuenca. Sin embargo, ese pedido aún no recibe respuesta del Gobierno Central, lo que mantiene a la zona en un escenario de incertidumbre institucional.

Antecedentes judiciales, oposición administrativa y una defensa que sigue abierta

El conflicto por el río Nanay no apareció recién con estos dos petitorios. La discusión ya había llegado al terreno judicial desde fines de 2023, cuando ciudadanos de Iquitos presentaron una demanda de amparo contra el otorgamiento de concesiones mineras superpuestas a la cuenca. El caso avanzó y en agosto de 2024 el Primer Juzgado Civil de Loreto declaró fundada en parte la demanda al reconocer el riesgo sobre el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua potable.

Luego, en enero de 2025, la Sala Civil de Loreto confirmó ese criterio, reforzando la idea de que la presión minera sobre el Nanay no solo es un tema ambiental, sino también un asunto vinculado con derechos fundamentales. Pese a esos antecedentes, el nuevo episodio volvió a instalar la duda sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias restricciones.

Desde el OMI, la lectura es directa: la admisión de los petitorios abre un precedente delicado. Karina Garay, abogada especializada en temas ambientales y vocera del colectivo, sostuvo que el marco legal vigente es claro respecto a la prohibición en la cuenca.

"El decreto establece una prohibición expresa por razones de seguridad y salud de la población de Loreto. Por ello, que una institución del propio Estado admita estos petitorios constituye una grave vulneración de una norma de cumplimiento obligatorio y genera un precedente preocupante, debiendo cualquier trámite o autorización en ilegal”, indicó Garay.

En paralelo, ya se presentó una oposición administrativa que solicita la nulidad de ambos procedimientos por considerar que su tramitación contraviene las restricciones vigentes para la cuenca del Nanay. La solicitud deberá ser evaluada en un plazo de 30 días calendario, un periodo que será clave para determinar si el caso avanza o se frena en sede administrativa.

La controversia ocurre, además, en un contexto marcado por la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. En octubre de 2025, un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sobre la cuenca del Nanay advertía que la actividad ilícita ya había generado una crisis social y ambiental con fuerte impacto en las comunidades ribereñas, especialmente en las mujeres. El documento señalaba también la presencia de 221 balsas mineras activas en 2024 y describía un escenario de contaminación por mercurio, afectación de peces y agua, y debilitamiento de la economía local.

Ese mismo informe recogía testimonios sobre comunidades que han empezado a bloquear ríos para frenar el avance de los mineros ilegales, ante la falta de respuesta estatal. También detallaba que las mujeres asumieron roles de vigilancia y defensa territorial frente a una situación que combina precariedad, violencia y abandono.

Comunidades afectadas y especialistas se reunieron este martes 23 de junio en Lima en el Foro Social “Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería” para debatir sobre la actividad extractiva en Perú, mientras más de 3.000 representantes empresariales participaban en el Congreso Mundial de Minería.

El encuentro alternativo, convocado por organizaciones de la sociedad civil, se realizó en el Hotel Carrera, en el distrito de Lince, con mesas de diálogo abiertas al público. La premisa fue que el debate sobre la minería peruana no puede darse sin la participación de quienes viven en los territorios donde opera esa industria.

El foro reunió a líderes comunitarios, representantes sindicales, académicos e instituciones de derechos humanos que suelen quedar al margen de los espacios donde se toman decisiones del sector. La agenda se organizó en torno a tres ejes: la disputa geopolítica por los minerales estratégicos, los desafíos de la minería artesanal y de pequeña escala y los problemas de gobernanza social y ambiental.

Minerales sin declaración y disputa geopolítica

Uno de los datos centrales del foro surgió de una investigación de CooperAcción: minerales estratégicos valuados en aproximadamente USD 500 millones —entre ellos vanadio, cobalto, galio, germanio, indio y telurio— saldrían del país “ocultos” dentro de los concentrados de cobre y zinc exportados, sin declaración aduanera, sin registro estadístico y sin control.

La cifra corresponde a estimaciones preliminares de 2024 y abarca solo seis minerales de los muchos que podrían estar en esa situación. Esos recursos tienen una demanda creciente por su uso en baterías, motores eléctricos, aerogeneradores, sistemas LED, drones, radares y equipos militares.

El foro presentó la investigación Los minerales ocultos y la disputa por el control de los recursos. Análisis comparativo de los casos de Perú, Chile e Indonesia, que examina cómo esos tres países, principales exportadores de concentrados de cobre del mundo, enfrentan el desafío de extraer valor de esos minerales dentro de sus propios territorios.

Conflictos y condiciones laborales

El 17,6% del territorio nacional está concesionado a la minería. Según la Defensoría del Pueblo y el Observatorio de Conflictos Mineros, los conflictos socioambientales representan el 51,1% del total de casos informados en el país, y de ese total, el 33,7% está vinculado de forma directa con la actividad minera.

Casos como los de Pasco, Espinar en Cusco, Las Bambas en Apurímac, La Oroya en Junín y Colpayoc en Cajamarca formaron parte del debate del foro por los problemas de contaminación ambiental que afectan a las poblaciones locales y sus medios de vida.

La situación laboral del sector también fue analizada. Alrededor del 70% de los trabajadores mineros son contratistas, frente a un 30% que trabaja de forma directa con las empresas. Entre 2001 y 2024 se registraron 11.000 accidentes incapacitantes y 333 accidentes fatales en el sector.

MAPE, concesiones y gobernanza

La minería artesanal y de pequeña escala fue otro de los focos del encuentro. Los participantes señalaron el crecimiento de la MAPE en todas las regiones del país, las continuas prórrogas al Registro Integral de Formalización Minera y los impactos ambientales y laborales asociados a las plantas de beneficio que permiten su “legalización”.

A eso se suma otro dato expuesto en el foro: más del 50% de las concesiones mineras del país está en manos del 1% de los titulares.

Frente a ese panorama, los participantes debatieron la necesidad de construir una nueva gobernanza minera que garantice la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana, la transparencia en la gestión de los recursos naturales y una distribución más equitativa de los beneficios de la actividad extractiva.

El programa del foro incluyó en la mesa de apertura a Steven Emerman, Pavel Aquino, César Flores y Paul Maquet, de CooperAcción, con moderación de Cinthia Navarro, de Oxfam. Las mesas presenciales también contaron con la participación del doctor Víctor Hugo Pachas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Earth First, y de la doctora Gisselle V. Benites, de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.

El avance de redes criminales internacionales hacia los delitos ambientales en Costa Rica ha tomado una dimensión inquietante, con consecuencias directas sobre la biodiversidad y la salud pública, destaca una nota publicada este lunes en Diario Extra.

Este fenómeno ya no se limita al tráfico de drogas o armas, sino que ahora incluye la venta ilegal de especies y la minería clandestina, actividades que generan ingresos comparables a los del narcotráfico pero con mucho menos riesgo penal.

Desde la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández y Alejandro Alpízar han advertido -según cita el medio-sobre la transformación de antiguas organizaciones criminales, que han identificado en los delitos ambientales un negocio sumamente lucrativo.

En palabras de Alpízar, la situación se agrava porque “generan ganancias enormes, compatibles con las del narcotráfico, pero con penas muy bajas”.

La venta de fauna silvestre, que alguna vez fue un problema de menor escala, ahora se realiza a través de plataformas digitales y redes sociales, utilizando tecnologías como páginas cifradas y transacciones con monedas electrónicas.

Esta sofisticación tecnológica permite que los criminales mantengan el anonimato y dificulta el rastreo de los flujos económicos.

Cómo operan las redes y por qué la ley se queda atrás

En la actualidad, las organizaciones dedicadas al tráfico de especies y a la minería ilegal emplean redes sociales y plataformas cifradas para subastar animales y productos derivados. Las transacciones, en muchos casos, se realizan en bitcoin, lo que complica aún más el seguimiento de las ganancias ilícitas.

Las autoridades reconocen una desventaja significativa frente a los criminales: las leyes vigentes no contemplan estos delitos como crimen organizado, lo que impide a los fiscales utilizar mecanismos de investigación avanzados, como las intervenciones telefónicas o la ampliación de plazos para detención preventiva.

Alpízar ha llamado a un debate urgente sobre la necesidad de reformas legales que permitan una respuesta más eficaz.

El fenómeno convierte a Costa Rica en un punto estratégico para el tráfico internacional, funcionando tanto como fuente de especies como puente hacia mercados en Estados Unidos, México y Europa. Esto significa que animales y plantas nativos terminan en colecciones privadas o son vendidos en el extranjero, con graves consecuencias para el ecosistema local.

Impacto de la minería ilegal en territorios y comunidades

En regiones como Conchudita, la minería ilegal arrasa ya unas 3,000 hectáreas, según estimaciones fiscales. Esta actividad no solo destruye la cobertura vegetal y los hábitats naturales, sino que introduce al ambiente sustancias altamente peligrosas, como el cianuro.

El uso de cianuro en los procesos de extracción contamina ríos y afecta a la fauna acuática, con repercusiones directas sobre la salud de las comunidades cercanas. La infraestructura de vigilancia que las propias organizaciones criminales han montado dificulta la labor de inteligencia y los operativos de intervención estatal.

El contexto internacional ayuda a entender por qué Costa Rica se ha convertido en un objetivo para el crimen ambiental. La demanda global de especies exóticas y minerales preciosos, sumada a la percepción de bajas consecuencias legales, incentiva la expansión de estas actividades ilícitas en el país.

El Ministerio Público insiste en que la respuesta legal y social debe ser inmediata. Para los fiscales, la discusión sobre reformas legales ya no puede postergarse si se quiere proteger el patrimonio natural costarricense y evitar el fortalecimiento de estructuras criminales transnacionales.

La Fundación del Río alertó sobre el incumplimiento de Nicaragua en los acuerdos binacionales con Costa Rica para combatir la minería de oro ilegal en la frontera que comparten ambos países. El informe divulgado este domingo sostiene que las autoridades nicaragüenses no han implementado acciones para frenar el flujo de mineros artesanales y el contrabando de material aurífero a través del río San Juan, frontera natural entre ambos países. Según informó la agencia de noticias EFE, el documento señala que la actividad minera ilícita persiste y se ha expandido en la zona limítrofe.

De acuerdo con la organización, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua y la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura no han desplegado operativos para impedir que los mineros utilicen el río como vía de acceso a los puntos de extracción ilegal, tanto en territorio nicaragüense como costarricense. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y activista ambiental desnacionalizado, afirmó a EFE: “no ha habido esfuerzos para detener el paso de mineros ni el traslado de material aurífero a lo largo del río”.

El pasado 28 de febrero, Costa Rica y Nicaragua firmaron un acuerdo con el objetivo de mejorar la coordinación policial en la frontera, fortalecer el intercambio de información, establecer canales directos de comunicación y celebrar reuniones periódicas entre los altos mandos de seguridad. Según el reporte de EFE, la Fundación del Río ha seguido de cerca el cumplimiento de estos compromisos y constató que la minería ilegal continúa sin restricciones. La organización identificó nuevos sitios de extracción ilícita en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, a unos 3,2 kilómetros del puesto militar nicaragüense y a tan solo un kilómetro de territorio costarricense.

La Fundación del Río, entidad que fue ilegalizada en Nicaragua y actualmente opera desde Costa Rica, documentó que el transporte de “broza” o material minero sigue a cargo de los llamados “güiriseros” o “coligalleros”, denominación que reciben los mineros artesanales en ambos países. El río San Juan es la principal ruta utilizada para movilizar estos sedimentos auríferos, que son procesados en puntos clandestinos ubicados a ambos lados de la frontera. EFE detalló que los operativos de control han resultado insuficientes ante la magnitud del problema.

El efecto de las concesiones en la frontera

Otro aspecto que destaca el informe es el impacto de las concesiones mineras otorgadas por Nicaragua a empresas chinas en áreas cercanas a la frontera. Según datos recopilados por la Fundación del Río, entre 2021 y 2026 el gobierno nicaragüense adjudicó 84 lotes a 19 compañías de origen chino, con una extensión total de 1.274.908,33 hectáreas. Esta superficie representa más del 8,5% del territorio nacional e incluye zonas protegidas, comunidades indígenas y afrodescendientes. EFE subraya que estas concesiones han propiciado un aumento de la actividad minera y la adopción de métodos semi-industriales en el procesamiento del oro.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, manifestó el viernes pasado su preocupación ante la posibilidad de una “invasión” de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, motivada por el auge de las concesiones a empresas extranjeras en la franja fronteriza. Fernández advirtió sobre el riesgo de que la presión migratoria y el avance de la minería ilegal desborden la capacidad de respuesta de las autoridades costarricenses, que mantienen operativos en zonas como Las Crucitas y Conchudita.

Según la Fundación del Río, la solución al problema en zonas como Crucitas y Conchudita depende de que exista una voluntad política por parte del régimen nicaragüense para desarticular las redes que facilitan el tránsito de mineros ilegales y el contrabando de oro. La ONG considera necesario que se refuercen los mecanismos de cooperación binacional y que se apliquen controles más estrictos en los puntos críticos de la frontera.

Las respuestas en Costa Rica

El gobierno costarricense impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro legal y otorgar nuevas concesiones en Las Crucitas, con el objetivo de regular una actividad que actualmente se realiza en gran medida fuera del marco legal y que involucra a mineros nicaragüenses y costarricenses. EFE informó que las autoridades de Costa Rica han intensificado la vigilancia y las detenciones en la zona, mientras la presión internacional por el impacto ambiental y social de la minería ilegal sigue en aumento.

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, presentó los avances de su modelo de recuperación de áreas degradadas por la minería aurífera ilegal aluvial. La exposición se realizó durante la instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de diseñar la estrategia nacional de recuperación ambiental con horizonte al año 2030.

En esta sesión, el director de la sede de Madre de Dios, ingeniero Ronald Corvera Gomringer, expuso los principales resultados obtenidos por la institución tanto en la restauración de suelos afectados como en la generación de nuevas alternativas económicas para las familias impactadas por la actividad minera ilegal.

Diagnóstico de las zonas degradadas por minería ilegal

Durante su intervención, Corvera explicó la gravedad del deterioro ambiental provocado por la minería ilegal, que elimina por completo la cobertura vegetal y agota los nutrientes esenciales del suelo. A ello se suma la exposición directa del terreno a condiciones extremas que dificultan cualquier proceso de recuperación natural.

El especialista advirtió además que, en las zonas intervenidas, las temperaturas del suelo pueden superar los 50 °C, lo que impide el desarrollo de vegetación y elimina toda posibilidad de uso productivo sin una intervención técnica especializada.

Sucesión ecológica acelerada para la recuperación del suelo

Como parte de la respuesta técnica, el IIAP implementó la estrategia denominada “Sucesión ecológica acelerada”, orientada a la recuperación progresiva de la funcionalidad biológica del suelo mediante etapas de restauración.

“Mediante la inoculación y siembra de leguminosas con capacidad de fijación de nitrógeno, se ha logrado reducir drásticamente la temperatura del suelo intervenido a un nivel funcional de aproximadamente 30 °C”, indicó el especialista.

El enfoque permite reactivar los procesos naturales del ecosistema degradado, facilitando la recuperación de la fertilidad del suelo y sentando las bases para nuevas actividades productivas en las zonas intervenidas.

Acuicultura como alternativa de producción segura

El segundo componente del modelo corresponde a la “Acuicultura para consumo seguro”, un paquete tecnológico orientado al cultivo de la especie mota punteada (Calophysus macropterus) en condiciones controladas.

Este sistema emplea jaulas flotantes y estanques diseñados para evitar el contacto de los peces con los sedimentos tóxicos presentes en las pozas mineras abandonadas, reduciendo así los riesgos de contaminación.

De acuerdo con los análisis del Laboratorio de Calidad Ambiental, los peces cultivados bajo este sistema presentan niveles de mercurio total entre 0.05 y 0.093 ppm, valores que se encuentran muy por debajo del límite máximo de 0.5 ppm establecido por la Organización Mundial de la Salud, confirmando su seguridad para el consumo humano.

Impacto territorial, inversión y beneficios económicos

El modelo del IIAP se aplica actualmente en 350 hectáreas de zonas afectadas y beneficia directamente a 176 familias en los distritos de Laberinto, Inambari y Tambopata, incluyendo comunidades como San Jacinto, El Pilar, Tres Islas, Kotsimba y Horacio Zevallos.

El director del proyecto destacó que la propuesta genera un “doble retorno”, al combinar la recuperación ambiental del suelo con la reactivación económica de las familias a través de la acuicultura. Además, el esquema se ejecuta con una inversión que oscila entre S/ 4.707 y S/ 10.500 por hectárea.

“Todo esto se ha logrado con una inversión altamente viable y eficiente que oscila entre S/ 4,707 y S/ 10,500 por hectárea, lo que convierte a esta alternativa en una opción totalmente real y escalable para la recuperación de las zonas afectadas por la minería aurífera ilegal”, destacó.

Con estos resultados, el IIAP busca posicionar su propuesta como una solución científica validada que puede ser replicada a mayor escala para la restauración ambiental y el desarrollo sostenible en Madre de Dios.

Cuatro personas fueron condenadas a 48 meses de prisión por realizar actividades de minería ilegal en la comunidad de Río Negro, corregimiento de Chepo, distrito de Las Minas, provincia de Herrera, en un caso que ocurre en medio de un fuerte aumento de los delitos ambientales relacionados con la destrucción de los recursos naturales en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que la Personería Municipal de Las Minas logró la validación de cuatro acuerdos de pena por delitos contra los recursos naturales, luego de demostrar que los implicados realizaban labores de exploración minera sin autorización, ocasionando daños al ecosistema y la degradación de un acuífero de la zona.

Los sentenciados fueron aprehendidos en flagrancia el 31 de enero de 2026 y permanecían bajo medida cautelar de depósito domiciliario antes de aceptar su responsabilidad penal.

Tras admitir los hechos, recibieron una condena de cuatro años de prisión por infringir el artículo 399 del Código Penal, que sanciona la destrucción de los recursos naturales.

Aunque el caso ocurrió en Herrera, la minería ilegal se ha convertido en una preocupación recurrente para las autoridades ambientales y de seguridad.

Durante los últimos años se han detectado operaciones clandestinas principalmente en áreas de Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, generalmente en zonas boscosas, cercanas a ríos o de difícil acceso, donde grupos ilegales buscan extraer oro y otros minerales sin permisos ni controles ambientales.

La actividad es considerada ilegal cuando se realiza sin concesiones otorgadas por el Estado, sin estudios de impacto ambiental aprobados o incumpliendo las regulaciones establecidas por las autoridades competentes.

En muchos casos, quienes participan en estas actividades utilizan motobombas, excavaciones artesanales y maquinaria que altera cauces de ríos, provoca erosión de los suelos, elimina cobertura forestal y afecta ecosistemas sensibles.

De hecho, en enero de este año las autoridades desmantelaron un campamento de minería ilegal en Chepo, al este de la capital panameña, mientras que hace apenas unos días un operativo interinstitucional en Panamá Este dejó 11 aprehendidos y un menor retenido presuntamente vinculados a actividades ilícitas de extracción de minerales.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que los delitos ambientales muestran una tendencia creciente durante 2026. Entre enero y mayo se registraron 337 acciones criminales relacionadas con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, frente a 189 casos contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 78.3%.

El crecimiento es todavía más marcado en los delitos contra los recursos naturales. Mientras entre enero y mayo de 2025 se reportaron 93 investigaciones en esta categoría, en igual período de 2026 la cifra ascendió a 184 casos, prácticamente el doble.

Particularmente llamativo resulta el comportamiento del delito de destrucción de recursos naturales, la misma figura utilizada para condenar a los responsables del caso de Herrera. Las investigaciones por este delito pasaron de 54 en los primeros cinco meses de 2025 a 120 durante el mismo período de 2026, un incremento de más de 122%.

La legislación panameña contempla sanciones penales para quienes destruyan, degraden o afecten recursos naturales protegidos. Dependiendo de la gravedad del daño, las penas pueden aumentar cuando las acciones afectan fuentes de agua, bosques, ecosistemas vulnerables o áreas protegidas.

Especialistas en temas ambientales advierten que la minería ilegal es una de las actividades con mayor capacidad de generar daños simultáneos sobre distintos componentes del ambiente. La remoción de suelo, la sedimentación de ríos, la contaminación de cuerpos de agua y la pérdida de cobertura forestal suelen ocurrir de manera paralela, dificultando posteriormente la recuperación de los ecosistemas afectados.

En el caso de Las Minas, la investigación concluyó que las actividades desarrolladas por los ahora condenados provocaron afectaciones directas sobre un acuífero, un recurso particularmente sensible en momentos en que Panamá enfrenta crecientes desafíos relacionados con la disponibilidad y gestión del agua.

La condena también coincide con un momento de especial atención nacional sobre la actividad minera. Desde finales de 2023 permanece suspendida la operación de Cobre Panamá luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato ley que sustentaba el proyecto.

Esta misma semana, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino recibió el informe de auditoría ambiental que servirá de base para definir los próximos pasos sobre el futuro de la mina ubicada en Donoso, Colón, una concesión que abarca aproximadamente 13 mil hectáreas y que llegó a convertirse en una de las operaciones mineras más importantes de América Latina.

Aunque se trata de situaciones completamente distintas desde el punto de vista legal —una vinculada a actividades clandestinas y otra a una concesión minera suspendida por decisión judicial—, ambos casos reflejan la creciente atención que existe en Panamá sobre el impacto ambiental de las actividades extractivas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental.

Para las autoridades, la condena dictada en Herrera constituye una señal de que los delitos ambientales pueden derivar en sanciones penales. Para el país, representa además un recordatorio de que la protección de los recursos naturales se ha convertido en uno de los temas que marcarán buena parte del debate ambiental durante los próximos años.

Un hombre identificado como Ordoñez fue detenido en la zona norte de Costa Rica tras ser señalado como autor de una amenaza de muerte contra la presidenta Laura Fernández Delgado. La captura se efectuó este sábado en San Carlos, luego de que la alerta llegara a las autoridades a través de redes sociales.

Según informó el comisionado Elder Monge, director regional de la Zona Norte, la amenaza se detectó cuando Ordoñez comentó una fotografía en redes sociales relacionada con la visita de la mandataria a la región. En esa publicación, el sospechoso habría incitado a atentar contra la vida de la jefa de Estado. De acuerdo con el reporte policial, “luego de una alerta recibida, a través de redes sociales, donde en apariencia una persona de apellidos Ordoñez habría generado una amenaza en contra de la integridad de la señora presidenta de la República, se procede a interponer la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”.

Tras la denuncia presentada por la Fuerza Pública, el grupo de apoyo operacional localizó y detuvo al individuo que coincidía con las características del presunto autor de la amenaza. “En estos momentos, esta persona está siendo trasladada al Organismo de Investigación Judicial para que se realicen las investigaciones correspondientes”, señaló el comisionado Monge en declaraciones recogidas por Infobae.

La publicación bajo investigación hacía referencia directa a la presencia de la presidenta en la zona norte y destacaba la oportunidad de su visita para alentar un atentado. Ordoñez fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, donde deberá responder ante el proceso correspondiente. Según la información policial, el seguimiento de la amenaza se realizó de forma coordinada entre las instancias de seguridad y el OIJ.

El incidente ocurre en un contexto de elevada atención hacia la seguridad de funcionarios públicos, ante el creciente uso de redes sociales para emitir amenazas e incitar a la violencia. Tras la detención, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier mensaje que ponga en riesgo la integridad de figuras públicas.

El proceso judicial contra Ordoñez se encuentra en su etapa inicial y el OIJ determinará las acciones legales que corresponda en los próximos días.

El incidente se da en un contexto de alta tensión en la zona norte, especialmente en Crucitas, donde la presidenta Laura Fernández Delgado y una comitiva de diputados y ministros debieron ser evacuados de emergencia el viernes, tras una detonación registrada cerca de la gira oficial destinada a abordar la problemática de la extracción ilegal de oro. La mandataria había invitado a los 57 diputados a recorrer Crucitas para que observaran de primera mano el impacto ambiental y de seguridad generado por la minería clandestina y la presencia de redes del crimen organizado. Fernández advirtió que la situación en Crucitas “está totalmente fuera de control” y que la atención de seguridad demanda un gasto mensual de alrededor de un millón de dólares, recursos que el Estado no puede destinar a otras áreas prioritarias La presidenta de Costa Rica reclama intervención del ...Evacuan de emergencia a la presidenta Laura Fernández tras fuerte explosión en Crucitas, Costa Rica.

La problemática en Crucitas se ha agravado tras la anulación de la concesión minera en 2010, lo que dejó el área expuesta a la explotación ilegal. Las bandas criminales y mineros artesanales han generado una crisis ambiental y de seguridad, con pérdidas estimadas en 252 millones de dólares anuales y un flujo constante de oro ilegal hacia Nicaragua. La reciente visita presidencial buscaba impulsar una solución legislativa que permita la legalización y control estatal de la minería, en medio de un intenso debate político y social.

En este contexto, la amenaza denunciada y la posterior detención de Ordoñez se producen mientras las autoridades mantienen protocolos reforzados de seguridad para proteger a la presidenta y su equipo. El sospechoso fue puesto a disposición judicial y el OIJ determinará las acciones legales correspondientes en los próximos días.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, advirtió que la situación en Crucitas se encuentra fuera de control, tras realizar una visita a la zona acompañada de diputados y cuerpos de seguridad, y exigió a la Asamblea Legislativa que apruebe sin más dilaciones el proyecto de ley para regular la minería y restablecer el orden.

Durante el recorrido, una detonación interrumpió la agenda oficial, obligando a activar protocolos de seguridad y evidenciando la gravedad del escenario.

El Gobierno considera que en Crucitas no se practica minería artesanal, sino que opera una estructura criminal dedicada al saqueo de oro. Según lo expuesto por autoridades y legisladores en la conferencia de prensa, miles de personas ingresan ilegalmente para extraer el metal precioso, usando sustancias como cianuro y mercurio, lo que genera daños ambientales severos y pone en riesgo la vida de policías y habitantes. “Cada gramo de oro extraído ilegalmente tiene un costo enorme para el país”, afirmaron.

La presidenta Fernández expresó su preocupación por la destrucción ecológica, la contaminación de fuentes de agua y las condiciones precarias de los cuerpos policiales destacados en la zona. El Gobierno invierte cerca de 1.3 millones de dólares mensuales en operativos de seguridad en Crucitas, pero reconoce que la cobertura es insuficiente para enfrentar la magnitud del problema. Actualmente hay 150 policías en un área de 800 hectáreas, lo que, según la mandataria, resulta claramente insuficiente.

Durante la visita, la presidenta entregó cuatro vehículos todo terreno decomisados al crimen organizado, destinados a reforzar la labor de los oficiales. Fernández destacó que la minería ilegal está tipificada como delito ambiental, con penas que no superan los dos meses de cárcel, y abogó por una reforma legal que lo clasifique como crimen organizado. En varias intervenciones, la mandataria reclamó a los legisladores que retiren las cientos de mociones presentadas al proyecto de ley y avancen con una solución que permita una explotación minera regulada y sostenible, orientada a beneficiar a las comunidades afectadas.

La discusión legislativa se encuentra estancada desde noviembre de 2024, cuando se presentó la iniciativa para regular la actividad minera en Crucitas.

Desde entonces, el proyecto ha recibido más de 650 mociones de fracciones como el Frente Amplio y Liberación Nacional. Fernández insistió en la necesidad de establecer plazos para el diálogo parlamentario y advirtió sobre el riesgo de perpetuar el problema por falta de acuerdos.

“La gente lo que está esperando de nosotros son resultados, son soluciones”, reclamó la presidenta, quien pidió a los diputados que no sigan posponiendo la respuesta a las comunidades.

En el acto participaron diputados del oficialismo, Liberación Nacional y Frente Amplio, así como el alcalde de San Carlos, quienes coincidieron en el carácter crítico de la crisis y la urgencia de adoptar una legislación eficaz.

La diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio, subrayó la necesidad de aumentar la asignación de recursos a las comunidades afectadas y propuso que la minería ilegal sea considerada crimen organizado.

Por su parte, el diputado Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional, defendió la apertura de un espacio de diálogo técnico, pero pidió que se respete el derecho de enmienda y se escuchen las propuestas de todas las fuerzas políticas.

El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, fue enfático al denunciar el desastre ambiental y social, y pidió a los diputados que retiren las mociones que no contribuyen a la solución. “Aquí estamos viviendo prácticamente una guerra que se salió de control”, manifestó González ante los asistentes.

La presidenta Fernández reiteró que la solución al problema de Crucitas no pasa por la presentación de nuevos proyectos de ley, sino por la aprobación y mejora del texto presentado en 2024, resultado de años de trabajo con comunidades, académicos y especialistas. La mandataria rechazó la intervención extranjera y defendió la capacidad del Estado costarricense para resolver la crisis, aunque advirtió que la credibilidad en el sistema democrático está en juego si no se adoptan decisiones a tiempo.

Finalmente, el Gobierno y las autoridades locales insistieron en que el oro extraído ilegalmente pertenece a todos los costarricenses y que la explotación regulada es clave para invertir en infraestructura, educación y seguridad en la zona norte y el resto del país. Las fuerzas de seguridad mantienen operativos mientras persista la amenaza del crimen organizado y la minería ilegal.

El recorrido oficial, en el que participaban alrededor de más de 10 diputados de diversas fracciones legislativas, ministros y cuerpos policiales, debió ser interrumpido drásticamente por motivos de seguridad. Mientras la comitiva regresaba de inspeccionar los daños, un fuerte estruendo sacudió la montaña, obligando a los equipos tácticos a intervenir de inmediato.

“Si se atrevieron a hacer una detonación en la montaña... francamente, yo creí que era como una bombeta de esas que revientan en los túneles. Sonó como un ¡pum!, como un eco que se hizo seguro por el bosque. Me sentí yo como en lo que ve uno en las películas; lo agarran a uno del pelo, lo tiran al suelo, lo montan y ¡jalen!”, relató la gobernante sobre la brusca maniobra de evacuación ejecutada por su escolta.

Fernández aclaró que, por protocolo, fue revisada y se encuentra bien, aunque el incidente y las condiciones climáticas obligaron a brindar asistencia médica a cuatro personas, incluyendo a varios diputados que sufrieron crisis nerviosas, golpes de calor y descompensaciones de presión.

Para la mandataria, el ataque no hace más que reflejar el peligro que sufren diariamente los oficiales y los vecinos: “Si se animaron a hacer una detonación hoy con el operativo de seguridad que hay aquí por nuestra presencia, imagínense cómo será un día ordinario para los cuerpos policiales y la comunidad”.

Según explicaron los expertos de seguridad en el sitio, estas explosiones no son inusuales, ya que las bandas criminales utilizan explosivos en el monte para aflojar la tierra y construir las piletas de sedimentación.

El vacío legal: De delito ambiental a crimen organizado

El núcleo del reclamo presidencial se centró en la total ineficacia del marco jurídico actual de Costa Rica para combatir la minería clandestina en la zona norte. Fernández fue enfática en que el país se enfrenta a estructuras de crimen organizado puro y duro, y no a simples infractores ambientales.

“¿Ustedes sabían que la minería ilegal está tipificada como un delito ambiental y que la condena es de dos meses? Tienen toda la razón los policías que nos contaban: ‘Doña Laura, hemos agarrado a sujetos hasta treinta y cinco veces y ni uno solo ha ido a prisión preventiva’. Da lo mismo robarse un nido de pericos que hacer estas piletas de cianuro, porque se tipifica como delito ambiental parejo y no son la misma cosa”.

Por lo que, la mandataria urgió a los legisladores a respaldar una reforma integral en el Código Penal para clasificar la minería ilegal bajo la ley de delincuencia organizada, permitiendo castigos severos y herramientas de investigación punitivas. Explicó que el país cuenta con leyes obsoletas “creadas desde antes de que existiera el Internet”, lo que deja al Estado de manos atadas ante las dinámicas delictivas modernas y transfronterizas.

Por lo que, la presidenta reveló que el Gobierno de la República realiza un gasto insostenible de aproximadamente un millón trescientos mil dólares mensuales para mantener un contingente permanente de 150 policías resguardando las 800 hectáreas de la zona de conflicto. Sin embargo, catalogó este colosal esfuerzo económico como “una gota de agua en una plancha hirviendo”.

Como una muestra de apoyo inmediato a las patrullas fronterizas que operan en condiciones extremas sin agua potable, internet ni señal de radio, la mandataria hizo entrega en el acto de dos cuadriciclos todoterreno y dos vehículos tipo “mula” de tracción 4x4, bienes de alta gama confiscados directamente al narcotráfico mediante gestiones con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Un llamado enérgico a retirar las mociones “chayote”

El proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo, que lleva dos años en el Plenario Legislativo y cuatro en diseño técnico, pretende sustituir el viejo modelo minero por uno moderno que eleve el canon de explotación de un 2% a un 6%, distribuyendo los dividendos directamente entre la Municipalidad de San Carlos, las Asociaciones de Desarrollo Integral y el Estado.

Fernández fustigó duramente la presentación de 658 enmiendas al proyecto por parte de las bancadas del Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio, calificando a muchas de ellas como tácticas dilatorias. “Cuando yo reviso esas mociones... hay mociones, costarricenses, que dicen para cambiar la palabra ‘minería’ por ‘actividad minera’. Es una falta de respeto a los policías y a la gente que vive aquí. Les pido que hagan una labor patriótica y retiren las mociones que son, como decimos, chayote”.

Aunque la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, defendió en la misma conferencia su derecho de enmienda y argumentó la existencia de propuestas alternativas para redistribuir mejor las regalías hacia las escuelas y la seguridad local, coincidió con la mandataria en que la situación ha empeorado drásticamente.

Al cierre de la sesión, Fernández descartó de plano la propuesta de la oposición de abrir una nueva mesa técnica sin plazos definidos, advirtiendo que el sistema democrático pierde credibilidad cuando los políticos postergan las soluciones reales por dos décadas.

La región de Crucitas, ubicada en el distrito de Cutris en San Carlos, Costa Rica, se ha convertido en el epicentro de una crisis ambiental y de seguridad, marcada por la intensificación de la minería ilegal de oro y la presencia del crimen organizado. Este escenario fue abordado por la presidenta Laura Fernández durante su conferencia semanal, donde reafirmó que no consentirá el saqueo del oro costarricense y defendió el derecho nacional sobre esos recursos.

Tras la cancelación de un proyecto minero a gran escala promovido por la compañía canadiense Industrias Infinito, la zona de Crucitas experimentó un vacío de control estatal.

Según lo expuesto por el gobierno y documentado por medios como La Nación, cientos de mineros artesanales, conocidos localmente como “coligalleros”, operan clandestinamente en la región, utilizando técnicas que implican el uso de mercurio y cianuro. Estas sustancias han contaminado mantos acuíferos, ríos y suelos, agravando la situación ambiental y poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas.

Por lo que, la mandataria subrayó: “Esa riqueza es de Costa Rica y debería de estarse generando para construir escuelas, para mejorar caminos, carreteras y por supuesto, la seguridad de todo el territorio nacional”. Las autoridades han reconocido que la extensión del área, de aproximadamente 800 hectáreas, supera la capacidad de vigilancia de los cuerpos policiales, quienes enfrentan riesgos crecientes por la actividad delictiva y la presión del crimen organizado.

Para dar seguimiento a la crisis, Fernández encabezará una visita oficial a Crucitas junto a ministros del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Seguridad Pública, Justicia y Paz y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), además del ministro de Salud. El objetivo es realizar una inspección técnica, actualizar las acciones de control y dialogar con las asociaciones de desarrollo local.

La mandataria enfatizó que se trata de una “visita de trabajo” y no de un acto simbólico. También agradeció la disposición de algunos diputados de distintas bancadas para acompañar la visita, señalando las limitaciones físicas o de salud de quienes no podrán asistir, como la diputada Abril Folem del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Debate legislativo y polarización política

La crisis en Crucitas también ha reavivado el debate político sobre cómo gestionar los recursos minerales del país. El 25 de noviembre de 2024, Laura Fernández, entonces ministra de la Presidencia, presentó un proyecto de ley para regular y explotar de manera sostenible la minería en Cutris de San Carlos.

El texto fue consensuado con las principales fracciones legislativas. Sin embargo, el proyecto acumula 651 mociones presentadas, principalmente por el Frente Amplio, la diputada Claudia Dobles y el Partido Liberación Nacional (PLN), lo que ha retrasado su avance en la Asamblea Legislativa.

De igual manera, la presidenta alertó sobre propuestas que buscan transformar Crucitas en una reserva ambiental, cuestionando la viabilidad financiera y operativa de una limpieza total de la zona: “Eso cuesta doscientos millones de dólares aproximadamente… y por arte de magia se van a dejar de meter ahí a robarse el oro”. Recordó que la problemática de la fiebre del oro persiste, pues el conocimiento sobre los yacimientos ya está extendido y el control policial resulta insuficiente ante la magnitud del territorio.

Fernández sostuvo que la única salida sostenible es la aprobación de un marco legal que permita la explotación ordenada y controlada del oro residual, con el Estado como garante de los recursos y la protección ambiental. Durante su gira, también se reunirá con representantes de las comunidades afectadas para escuchar sus demandas y evaluar posibles soluciones.

El futuro de Crucitas depende ahora de la capacidad de la Asamblea Legislativa para destrabar el proyecto de ley. Mientras tanto, la crisis ecológica y de seguridad sigue vigente, con un impacto directo sobre la vida de las familias del norte de Costa Rica.

Mejía afirmó ante el gabinete que la salida de Hernández no se debió al operativo contra la caravana de alias Calarcá en Antioquia, sino a investigaciones sobre presuntos vínculos con la minería ilegal y hechos de corrupción. El debate revela tensiones internas en las Fuerzas Militares y expone conflictos sobre el manejo de denuncias y operativos en el país.

Contradicciones públicas sobre la salida de Hernández

El martes 16 de junio, el director de la Uiaf, Wilmar Mejía, respondió públicamente a las declaraciones realizadas por el general retirado Jorge Ricardo Hernández.

Según Mejía, Hernández salió a denunciar en medios que fue retirado del Ejército tras encabezar el operativo contra alias Calarcá, líder de disidencias de las Farc, lo cual calificó como falso. “Eso no es cierto”, afirmó el funcionario en presencia de Petro, que intervino para ampliar la explicación oficial sobre el caso.

El jefe de Estado recordó que medios de comunicación señalaron supuestos vínculos entre altos oficiales y alias Calarcá, pero sostuvo que “todo lo que indica esa investigación es que militares corruptos, que reciben dinero del oro, entonces, pues fueron encontrados en eso. Y uno es el general que dice que ahora es porque estuvo con lo de Calarcá”.

El presidente puntualizó que la decisión de retiro no provino del Gobierno, sino de las propias Fuerzas Militares, tras hallazgos relacionados con tráfico de oro y otras actividades ilícitas. “Obviamente, es la Fiscalía la que tiene que determinar si es así o no”, añadió Petro.

Investigación por minería ilegal y corrupción

El director de la Uiaf insistió en que la causa del retiro de Hernández está asociada a investigaciones disciplinarias y penales.

“La invitación a este general es que diga la verdad. A él no lo sacaron por el operativo de Calarcá, sino por sus posibles vínculos con la minería ilegal en el departamento de Antioquia, como muchos otros oficiales que han pasado por ese departamento”, sostuvo Mejía.

Según el funcionario, existen expedientes en la Inspección del Ejército y en la Fiscalía General de la Nación que vinculan a Hernández con un entramado de corrupción que incluye el desvío de recursos públicos y contratos asociados a la logística militar.

En palabras de Mejía, “se robaban los recursos de los servicios públicos, pero además de la obra pública y de otros contratos que están asociados a la logística del Ejército”. El director de la Uiaf informó que solicitó al Ministerio de Defensa acceso a las investigaciones para realizar análisis financieros sobre los generales y altos oficiales implicados, con el fin de esclarecer el alcance de las actividades ilícitas dentro de la institución.

Versión de Hernández: represalia y falta de respaldo institucional

Por su parte, el general retirado Jorge Ricardo Hernández explicó en entrevista con Noticias RCN que su salida respondió a una “incomodidad” del Gobierno tras el operativo del 23 de julio de 2024, cuando fue detenida la caravana de alias Calarcá en Antioquia.

Hernández aseguró que no recibió reconocimiento oficial por la captura y que la medida se dio en el contexto de una depuración que habría dejado fuera a más de 70 generales entre 2022 y 2026.

El excomandante de la IV Brigada del Ejército manifestó que la acción contra “Calarcá” fue tratada como un hecho incómodo para la administración, y que la explicación formal de su retiro incluyó referencias a una investigación disciplinaria, así como a “lo que pasó en Medellín”.

El general relató que la falta de respaldo se evidenció en un “silencio absoluto” de sus superiores. Expuso que los mensajes sobre la molestia oficial se manifestaron en traslados y exclusión de estímulos, y que al comunicarle su retiro le mencionaron que el Gobierno estaba incómodo con su labor.

Según Hernández, esa reacción muestra una asimetría en la política de seguridad, pues observó una menor contundencia operativa frente al grupo de alias Calarcá respecto al tratamiento dado a las disidencias de alias “Iván Mordisco”.

El Gobierno de Perú dispueso la prórroga por sesenta días calendario del estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata, así como en Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu, en el departamento de Madre de Dios.

Esta medida, que extiende la declaratoria inicial del 16 de abril de 2026, responde a la persistencia de situaciones que afectan el orden interno, vinculadas a la criminalidad, la violencia y el crimen organizado, según lo estipula el Decreto Supremo Nº 093-2026-PCM.

El texto publicado en el diario El Peruano señala que la decisión se apoya en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, que establece como deber del Estado garantizar los derechos humanos y proteger a la población ante amenazas contra su seguridad. El numeral 1) del artículo 137 faculta al Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, a decretar estados de excepción, como el estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o graves circunstancias que afecten la vida nacional.

En tales contextos pueden restringirse derechos constitucionales relacionados con la libertad y seguridad personales, inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión y de tránsito.

De acuerdo con el decreto, la prórroga del estado de emergencia tendrá una duración de sesenta días calendario a partir del 16 de junio de 2026. La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno en las zonas involucradas, con apoyo de las Fuerzas Armadas para la ejecución de operaciones diseñadas a partir de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.

Justificación y alcance

La solicitud de extensión fue elevada por la Comandancia General de la PNP mediante el Oficio Nº 571-2026-CG PNP/SEC. El pedido se fundamenta en informes reservados de la Unidad de Planeamiento de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y de la Región Policial Madre de Dios, que documentan la necesidad de continuar con las acciones policiales para combatir y neutralizar la tala y minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.

Según el documento, la medida busca enfrentar hechos vinculados tanto a la delincuencia común como al crimen organizado, entre los figura la minería ilegal, así como otras expresiones de violencia que alteran el orden interno.

Durante el periodo de vigencia, se restringen derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a los artículos 2 y 137 de la Constitución.

Para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y de otro tipo de carácter masivo, se requiere solicitar autorización a las autoridades competentes. Las actividades no masivas pueden llevarse a cabo sin permiso previo.

Intervención de autoridades

El Decreto Supremo establece que la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se rige por el marco legal previsto en los Decretos Legislativos Nº 1186 y Nº 1095, que regulan el uso de la fuerza por parte de ambas instituciones.

Las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo de la Policía Nacional, en tanto persista el control del orden interno bajo la responsabilidad de esta última.

Además, se aplican los lineamientos del “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 002-2023-MIMP, así como las disposiciones de la Ley de Migraciones para el control de ingresos y salidas del territorio nacional.

Durante la prórroga dispuesta, se mantienen vigentes las medidas decretadas en el Decreto Supremo Nº 055-2026-PCM, que estableció el Estado de Emergencia inicial.

El documento lleva la firma del presidente José María Balcázar Zelada, el presidente del Consejo de Ministros Luis Enrique Arroyo Sánchez y los titulares de las carteras de Ambiente, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ordenó este mes la suspensión inmediata de actividades de explotación minera en zonas no autorizadas de la cuenca del río Fonce, una de las fuentes hídricas estratégicas del sur de Santander. La medida responde a denuncias de comunidades rurales sobre presuntas irregularidades en la extracción de materiales de construcción.

El pronunciamiento oficial de la CAS llegó tras una visita de inspección y vigilancia ambiental en municipios como Socorro, Cabrera y Palmar, donde habitantes de la vereda Baraya y el sector El Hoyo alertaron sobre el avance de frentes de explotación minera cerca de fuentes hídricas y ecosistemas sensibles. En su comunicado, la entidad detalló: “CAS ordena suspensión inmediata de explotación minera ilegal en zonas cercanas a la cuenca del río Fonce”.

Durante la inspección técnica, los funcionarios de la CAS verificaron la existencia de varios frentes de explotación asociados al título minero DAO-151. La autoridad ambiental determinó que algunas de estas actividades se desarrollaban por fuera de los límites autorizados por la Agencia Nacional de Minería y la propia corporación. Según el informe oficial, esta situación generó preocupación por el riesgo de afectación directa sobre microcuencas, afluentes, ecosistemas estratégicos y zonas agrícolas.

Según la entidad, “el desarrollo de actividades mineras por fuera de las áreas autorizadas puede generar impactos ambientales significativos sobre los recursos naturales y las comunidades del territorio”. El comunicado agrega que las extracciones irregulares podrían alterar el abastecimiento de agua y la productividad agrícola en la provincia Comunera, así como comprometer el equilibrio de los ecosistemas locales.

La CAS impuso una medida preventiva: la suspensión inmediata de todas las actividades mineras detectadas en zonas no autorizadas, mientras avanza el proceso sancionatorio ambiental conforme a la Ley 1333 de 2009 y su modificación de 2024. El procedimiento busca establecer las responsabilidades y el alcance de los posibles daños generados.

La actuación de la autoridad ambiental tuvo origen en la presión de los habitantes de las veredas afectadas, quienes insistieron en la necesidad de controlar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Líderes comunitarios venían señalando el impacto potencial sobre las fuentes hídricas utilizadas por poblaciones rurales y productoras de la región.

La CAS reiteró públicamente su compromiso con la protección de los recursos naturales y anunció que mantendrá el seguimiento técnico y las acciones de control en la zona para garantizar el cumplimiento de la suspensión e impedir nuevas intervenciones no autorizadas.

De acuerdo con la autoridad ambiental, la medida permanecerá vigente mientras se desarrollan las investigaciones y se determina la magnitud de las posibles afectaciones. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia para las actividades extractivas en áreas de alta sensibilidad ambiental.

Mientras la cuenca del río Fonce se encuentra bajo medidas de protección ambiental, el Ministerio de Ambiente ha dado a conocer una nueva decisión orientada a resguardar ecosistemas estratégicos en el país. Recientemente, la entidad formalizó la Reserva de Recursos Naturales Renovables “Corazón del Mundo” en la Sierra Nevada de Santa Marta, delimitando un área de 1,5 millones de hectáreas, en las que quedan vetadas las nuevas explotaciones mineras y de hidrocarburos.

Esta resolución impide que se otorguen futuros permisos para actividades extractivas de combustibles fósiles dentro del territorio protegido. Según la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, la reserva permite el desarrollo de actividades agrícolas, proyectos turísticos y otras iniciativas consideradas sostenibles, sin afectar la propiedad privada ni los procesos de titulación de tierras.

La medida no altera la autonomía de los pueblos indígenas de la sierra, quienes seguirán ejerciendo autoridad sobre sus territorios. La decisión del Ministerio responde a una solicitud del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), representante de los pueblos Wiwa, Kogui, Kankuamo y Arhuaco. Con esta disposición, la protección ambiental sobre la región se amplía de manera permanente, superando la cobertura provisional que existía desde hace unos meses.

Dos militares ecuatorianos resultaron heridos durante un enfrentamiento con un grupo de civiles armados en una zona de minería ilegal ubicada en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. El Ejército de Ecuador informó además que, de manera preliminar, existen indicios de que también habría personas fallecidas y heridas entre los atacantes, aunque no precisó el número de víctimas.

El hecho ocurrió en el sector de Taruka, en el municipio de Cascales, mientras las Fuerzas Armadas desarrollaban operaciones relacionadas con el denominado “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno de Daniel Noboa contra las bandas criminales. Según las autoridades, los soldados realizaban labores de patrullaje cuando fueron atacados con disparos.

Tras la agresión, los uniformados respondieron utilizando la fuerza de manera legítima y progresiva, de acuerdo con los protocolos establecidos por la institución militar. Los dos militares heridos fueron evacuados para recibir atención médica.

De acuerdo con el Ejército ecuatoriano, la operación se desarrollaba en una zona donde se adelantan actividades ilegales relacionadas con la extracción minera.

La institución señaló que las tropas fueron sorprendidas por hombres armados y que, posteriormente, repelieron el ataque.

La información oficial indica que los hechos ocurrieron en una región estratégica debido a su cercanía con Colombia y a la presencia de estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Ejército mantiene ofensiva contra grupos criminales

Las autoridades ecuatorianas aseguraron que las operaciones militares en esa región continuarán.

El Ejército recordó que estas acciones se han intensificado desde enero de 2024, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno y catalogó como organizaciones terroristas a varias bandas criminales.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas han aumentado los operativos contra grupos vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

La institución militar explicó que la presencia de estos grupos en zonas fronterizas representa uno de los principales desafíos de seguridad para el país.

Aunque el Ejército no reveló la identidad de los civiles armados involucrados en el enfrentamiento, sí indicó que la operación se mantiene en desarrollo y que las autoridades continúan verificando lo ocurrido.

Noboa ha reforzado la presencia militar en la frontera con Colombia

En los últimos meses, el presidente Daniel Noboa ha ordenado fortalecer los controles militares en el norte del país.

El mandatario ecuatoriano ha manifestado en diferentes ocasiones su preocupación por las actividades criminales que operan en las zonas limítrofes y ha señalado que, a su juicio, Colombia no actúa con suficiente contundencia frente a estas amenazas.

Como parte de esa estrategia, Ecuador ha incrementado la presencia de tropas en la frontera y ha intensificado las operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

El enfrentamiento registrado en Sucumbíos se produce en medio de ese contexto y vuelve a poner de relieve la compleja situación de seguridad que enfrenta Ecuador en las áreas cercanas al territorio colombiano.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre las personas que habrían resultado muertas o heridas dentro del grupo armado y señalaron que las investigaciones continúan.

La fracción del Frente Amplio comunicó que, pese a los obstáculos impuestos por el Gobierno, sí participará con una delegación de dos diputaciones en la gira oficial a Crucitas programada para el próximo 19 de junio. A través de un oficio remitido a Presidencia, la agrupación solicitó la habilitación de dos espacios adicionales para asesores, argumentando que la decisión de enviar solo parte de la bancada responde a limitaciones impuestas en la organización de la actividad.

Según la información difundida por el partido, la petición se formalizó la tarde del martes 10 de junio. La misiva requería que, dado que no asistiría la totalidad de la fracción, se permitiera la presencia de asesores parlamentarios. Durante la reunión de jefaturas realizada en la mañana del 11 de junio, el diputado José María Vilalta trasladó la solicitud a la presidenta del Directorio, quien rechazó la petición. Frente a este escenario, el Frente Amplio sostiene que el Gobierno ha puesto todas las trabas posibles para evitar la presencia de la fracción en la gira. No obstante, la agrupación ratificó su compromiso y confirmó la asistencia de dos diputaciones.

En el comunicado, el Frente Amplio destacó que su participación en la gira tiene como objetivo reiterar los peligros asociados al avance del proyecto gubernamental para permitir la minería a gran escala en la zona de Crucitas. Además, la fracción se propone visibilizar la alternativa que impulsa su bancada frente a la propuesta oficial.

La diputada Claudia Dobles Camargo, jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana, también dirigió un oficio a la Presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en el que expone la situación de los legisladores de fracciones unipersonales. Dobles Camargo subrayó que la labor de fiscalización, representación y presencia territorial es indelegable para los diputados, y argumentó que el apoyo de asesores resulta indispensable para cumplir estas funciones en campo.

En su carta, Dobles Camargo solicita la autorización para que al menos dos asesores de su confianza puedan participar en la gira a Crucitas. Sus argumentos se centran en la necesidad de contar con respaldo técnico para el análisis en tiempo real de la información presentada durante la visita, así como garantizar una documentación adecuada de los hallazgos y compromisos surgidos en el marco de la actividad. La diputada defiende que negar dicha solicitud o imponer condiciones restrictivas haría materialmente imposible su asistencia en condiciones dignas y funcionales.

La comunicación también plantea la instalación de una mesa técnica de trabajo para abordar de manera integral la problemática de la zona. Dobles Camargo señala la relevancia de esta instancia en el trámite del Expediente N°. 25.299, Ley contra el crimen organizado en la extracción ilegal del oro y sus actividades conexas. La ausencia de dicha mesa, advierte, ha impedido la construcción conjunta de mociones que acerquen posturas y acuerdos legislativos.

La fracción del Frente Amplio reafirmó su compromiso con la defensa de Crucitas y la promoción de alternativas a la minería a gran escala. Además, reiteró la importancia de establecer condiciones de participación equitativas para todas las bancadas y legisladores, especialmente para quienes integran fracciones unipersonales.

La gira institucional a Crucitas, que se llevará a cabo el 19 de junio, se enmarca en el contexto del debate nacional sobre el futuro de la minería en la zona norte del país. Tanto el Frente Amplio como la Coalición Agenda Ciudadana insisten en la necesidad de transparencia, participación técnica y garantías mínimas para el ejercicio efectivo de la labor legislativa.

Los retrasos en la delimitación del páramo de Santurbán estarían facilitando el crecimiento de la minería ilegal dentro de uno de los ecosistemas más estratégicos del nororiente colombiano. Esa fue la principal conclusión expuesta por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en un nuevo informe de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017.

Los organismos de control advirtieron que, después de más de ocho años de la orden impartida por la Corte Constitucional para realizar una nueva delimitación participativa del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, el proceso continúa sin completarse. Según señalaron, esta situación ha generado consecuencias ambientales, sociales e institucionales que hoy afectan a las comunidades de la región.

La Procuraduría concluyó que la demora ha propiciado el aumento de la extracción ilícita de minerales dentro del ecosistema, además del crecimiento de la informalidad y nuevas dificultades para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que habitan la zona. Las observaciones quedaron consignadas en el XXV Informe de Seguimiento presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander, según información publicada por Blu Radio.

El documento, con corte al 30 de abril de 2026, expone una serie de incumplimientos que, a juicio de los organismos de control, han impedido avanzar hacia una solución definitiva para la delimitación del páramo.

La situación preocupa especialmente porque Santurbán es una de las principales fuentes de agua para miles de habitantes de Santander y Norte de Santander, por lo que cualquier afectación ambiental genera repercusiones que van más allá de las zonas donde se desarrollan actividades extractivas.

Procuraduría llevará hallazgos a la Fiscalía

Uno de los puntos más delicados del informe tiene relación con la capacidad del Estado para ejercer control sobre actividades ilegales dentro del ecosistema.

La Procuraduría sostuvo que la prolongación del proceso ha limitado la capacidad institucional para enfrentar fenómenos como la minería ilegal, situación que continúa generando afectaciones ambientales en la zona de influencia del páramo.

Ante ese panorama, el organismo anunció que remitirá copia del informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las actividades de extracción ilícita de minerales que presuntamente se estarían desarrollando en áreas cercanas a Santurbán.

Los organismos de control consideran que la ausencia de una delimitación definitiva ha generado incertidumbre sobre el manejo del territorio y ha dificultado la adopción de medidas más efectivas para proteger el ecosistema.

Además de las preocupaciones relacionadas con la minería ilegal, el informe identifica otros incumplimientos que comprometen el avance del proceso ordenado por la Corte Constitucional.

Cuestionan al Ministerio de Ambiente por nuevos incumplimientos

La Procuraduría también formuló observaciones sobre el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la ejecución de las órdenes judiciales asociadas a la delimitación.

Entre los hallazgos figura la falta de entrega oportuna del informe de seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de 2026. Según el ente de control, esta situación no es nueva y se viene registrando de manera reiterada desde 2019.

El documento también señala que el Ministerio no ha entregado información técnica solicitada por la Procuraduría relacionada con resoluciones que declararon una zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, en Santander.

Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con los retrasos en las mesas de concertación con las comunidades. De acuerdo con el cronograma oficial, durante el primer cuatrimestre de 2026 debían desarrollarse encuentros en 15 municipios. Sin embargo, el informe concluye que ninguna de las reuniones programadas fue realizada.

Los organismos de control también encontraron deficiencias en la actualización del portal oficial “Santurbán Avanza”, donde identificaron ausencia de información reciente, diferencias entre cronogramas publicados y reportados oficialmente, así como la falta de publicación de varios informes de seguimiento.

Frente a este panorama, la Procuraduría y la Defensoría recomendaron al Ministerio de Ambiente presentar un cronograma definitivo, público y verificable para culminar la delimitación del páramo, establecer fechas concretas para las mesas pendientes y fijar un plazo para expedir el acto administrativo definitivo. Además, anunciaron el traslado de copias a dependencias disciplinarias para evaluar posibles responsabilidades de funcionarios relacionados con los incumplimientos detectados.

La expansión de las economías ilícitas en la Amazonía peruana ha alcanzado un nivel que preocupa a especialistas, organizaciones indígenas y analistas de seguridad. Un reciente informe advierte que actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras ya no funcionan de manera independiente, sino que se han articulado en una estructura criminal que gana presencia en amplias zonas del país y que amenaza la gobernabilidad en territorios amazónicos.

El estudio, denominado La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, fue elaborado por Amazon Watch junto a organizaciones indígenas y presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El documento plantea que el próximo gobierno enfrentará uno de los mayores desafíos de seguridad de los últimos años, debido al fortalecimiento de redes ilícitas que han logrado expandirse aprovechando la débil presencia estatal y los vacíos institucionales existentes en varias regiones amazónicas.

Minería ilegal y narcotráfico consolidan un sistema de “narcocapitalismo” en la Amazonía

Uno de los hallazgos más relevantes del informe señala que el narcotráfico y la minería ilegal han evolucionado hacia un sistema económico interdependiente que los investigadores describen como una forma de “narcocapitalismo”.

Según el documento, entre 2014 y 2024 las economías ilegales movilizaron al menos US$ 13.341 millones en el Perú. De ese total, la minería ilegal habría generado aproximadamente US$ 7.810 millones, superando incluso a los ingresos vinculados al tráfico de drogas.

Los especialistas explican que ambas actividades se complementan. Por un lado, los recursos obtenidos por el narcotráfico permiten financiar operaciones extractivas ilegales en zonas remotas. Por otro, el oro extraído ilegalmente se ha convertido en uno de los principales mecanismos para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

El informe también identifica zonas consideradas estratégicas para estas organizaciones criminales. Entre ellas figuran el corredor Ucayali-Huánuco, la Cordillera del Cóndor, la denominada Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia, así como diversas áreas de Madre de Dios, una región históricamente afectada por la minería ilegal.

La investigación advierte además sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales que buscan ampliar sus operaciones en territorio peruano. Entre ellas menciona a las disidencias de las FARC, el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital, grupos que tendrían interés en fortalecer rutas y actividades ilícitas vinculadas al mercado internacional de drogas y minerales.

Otro factor que facilita la expansión de estas redes es la utilización de infraestructura compartida. Pistas de aterrizaje clandestinas, rutas fluviales y carreteras rurales son empleadas para movilizar drogas, combustible, maquinaria y oro, dificultando las labores de control y fiscalización.

Comunidades indígenas enfrentan violencia, deforestación y expansión de cultivos de coca

El informe sostiene que los territorios indígenas se han convertido en uno de los principales escenarios de esta expansión criminal. Los datos recopilados muestran que en 2024 se identificaron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas.

La cifra representa un crecimiento significativo respecto a años anteriores. Entre 2018 y 2024, la superficie cultivada con coca dentro de territorios indígenas aumentó 147%, reflejando el avance de las economías ilegales hacia zonas tradicionalmente habitadas por pueblos amazónicos.

Además, los investigadores identificaron una superposición de más de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con áreas vinculadas a la actividad cocalera. A ello se suma la existencia de más de 13.000 derechos mineros ubicados en espacios donde también existen comunidades indígenas.

La situación también tiene impactos ambientales. El documento estima que la minería ilegal ha provocado la deforestación de al menos 47.350 hectáreas de bosques amazónicos, mientras que diversas comunidades reportan niveles preocupantes de contaminación por mercurio.

El reporte alerta igualmente sobre el incremento de la violencia contra dirigentes indígenas. De acuerdo con registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, entre 2013 y 2026 fueron asesinados 35 líderes indígenas en contextos relacionados con conflictos territoriales y actividades ilícitas. La mayoría de estos casos continúa sin llegar a juicio.

Las mujeres indígenas también enfrentan riesgos adicionales asociados a la presencia de economías ilegales, incluyendo restricciones a su movilidad, violencia sexual y trata de personas.

Frente a este escenario, diversas organizaciones indígenas han impulsado mecanismos de vigilancia y autoprotección. El informe destaca experiencias como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo en Ucayali y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica en Junín, iniciativas que realizan patrullajes territoriales, monitoreo comunitario y acciones de alerta frente al ingreso de actores vinculados a actividades ilegales.

Los autores del estudio también cuestionan algunas reformas legislativas aprobadas en los últimos años, las cuales —según señalan— habrían debilitado la capacidad del Estado para perseguir organizaciones criminales y controlar actividades extractivas irregulares. Entre los puntos observados figuran modificaciones normativas relacionadas con investigaciones penales, formalización minera y regulación forestal.

Ante el avance de estas redes criminales, el informe plantea una agenda prioritaria para los primeros 100 días del próximo gobierno. Entre las principales recomendaciones figuran recuperar la presencia estatal en las zonas más afectadas, fortalecer la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad, mejorar la trazabilidad del oro, impulsar la titulación de territorios indígenas y promover una mayor cooperación con las comunidades amazónicas para enfrentar el crecimiento del crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico en la región.

En el sector La Porfía, ubicado en la provincia de Pataz (La Libertad), las fuerzas combinadas del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) ejecutaron dos operaciones consecutivas que permitieron la captura de 26 personas y la incautación de un arsenal de armas de fuego y municiones, según informó el Ministerio de Defensa (Mindef).

Las intervenciones, desarrolladas el sábado 6 de junio, se activaron tras información de inteligencia que alertaba sobre la presencia de la organización criminal “La Nueva Alianza”.

La primera acción, denominada “Centinela de Hierro”, inició a las 05:00 de la mañana. Un despliegue de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), GRECCO, DINOES e inteligencia militar irrumpió en una vivienda de la parte baja de La Porfía, donde presuntos miembros de la red almacenaban armamento de largo alcance.

El resultado fue la detención de 17 personas y la incautación de dos fusiles AKM, dos fusiles R15, una pistola con cargadores y miles de municiones de diversos calibres, además de cacerinas y chalecos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones relacionadas a minería ilegal y delitos conexos.

Horas más tarde, a las 15:30, una segunda operación se activó tras el reporte de un grupo armado que ingresó en camioneta por la garita de la carretera Pueblo Nuevo–Yalen.

Los sujetos se refugiaron en una vivienda rústica cerca de la bocamina de Camilo Villalva. Al detectar la llegada de un dron de vigilancia, los individuos intentaron huir, pero fueron rodeados por el personal policial y militar que ya había establecido un cerco perimétrico.

Incautación de fusiles, subametralladora y chalecos

Durante esta segunda intervención, la acción coordinada entre el CUPAZ, inteligencia militar y la comisaría PNP Alto Pataz permitió la detención de nueve personas más, presuntamente vinculadas a la misma organización criminal.

En el lugar se hallaron dos fusiles AR-15, una subametralladora Mini Uzi modificada, así como municiones y chalecos antibalas. Parte del armamento se encontraba oculto en la vivienda, mientras otras piezas estaban listas para ser trasladadas o utilizadas en actividades ilícitas.

Las operaciones en Pataz forman parte de la estrategia nacional de interdicción contra la minería ilegal y el crimen organizado. El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reafirmó el compromiso de mantener acciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades para enfrentar el avance de redes criminales que operan en regiones mineras de difícil acceso.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan restablecer el control del territorio y prevenir la consolidación de grupos armados que protegen actividades ilícitas.

El despliegue de recursos y personal especializado responde a la complejidad del fenómeno en La Libertad, donde la minería ilegal se asocia a delitos como tráfico de armas, extorsión y amenazas contra comunidades y defensores ambientales.

Las fuerzas del orden mantienen la vigilancia y el patrullaje en zonas críticas, al tiempo que continúan las investigaciones para determinar el alcance de la organización intervenida y la procedencia del armamento incautado.

Las acciones recientes en Pataz se suman a los esfuerzos desarrollados en otras regiones del país para combatir la expansión de la minería ilegal y mitigar los riesgos ambientales y sociales que genera.

Testigos reportaron sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y movimientos de cientos de trabajadores que abandonaban apresuradamente áreas de extracción de oro en Las Claritas y el sector conocido como Kilómetro 88, dos puntos clave del Arco Minero del Orinoco.

La intervención se desarrolla en una zona donde el Estado ha tenido durante años una presencia limitada frente al poder de grupos armados que administran minas, cobran extorsiones y regulan la actividad económica vinculada al oro.

De acuerdo con información citada por Bloomberg, las acciones militares tuvieron como objetivo explotaciones bajo control ilegal. Américo De Grazia, ex diputado por Bolívar y uno de los principales conocedores de la dinámica minera de la región, afirmó que efectivos militares atacaron varios enclaves auríferos mediante bombardeos y disparos, lo que provocó la huida de numerosos mineros.

El régimen venezolano no ha informado oficialmente sobre víctimas, detenidos o posibles enfrentamientos. Tampoco han aclarado si la operación derivó en choques directos con las estructuras criminales que operan en la zona.

Reportes difundidos por medios locales y usuarios de redes sociales muestran helicópteros militares sobrevolando áreas mineras mientras grupos de trabajadores abandonaban el lugar en motocicletas y camiones. Según versiones extraoficiales, el objetivo sería desalojar explotaciones no autorizadas y debilitar a las organizaciones que controlan parte de la actividad aurífera.

La organización International Crisis Group aseguró a Bloomberg haber recibido numerosos reportes sobre movimientos militares en la zona. El investigador Bram Ebus señaló que las fuerzas de seguridad restringieron el acceso a Las Claritas mientras aeronaves operaban sobre distintos puntos cercanos a los yacimientos.

La falta de información oficial ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes.

Las Claritas se encuentra cerca de la frontera con Brasil y es uno de los principales centros de extracción de oro de Venezuela. Durante años se convirtió en destino de miles de personas afectadas por la crisis económica. No solo llegaron mineros tradicionales: también profesionales, empleados públicos, maestros y trabajadores de distintos sectores que encontraron en el oro una alternativa para sostener a sus familias.

Ese crecimiento acelerado estuvo acompañado por la consolidación de grupos armados que asumieron funciones de control territorial. En muchas zonas son estas organizaciones las que determinan quién puede ingresar a las minas, cuánto debe pagarse por trabajar y qué porcentaje de la producción queda bajo su control.

Según Bloomberg, una de las estructuras con mayor influencia en el área es un denominado “Sistema” liderado por un hombre conocido como “Juancho”, quien ejerce un control de facto sobre amplios sectores de la actividad minera.

La intervención militar ocurre además en un momento en que el régimen venezolano busca atraer inversiones al sector minero y aumentar la explotación de recursos considerados estratégicos.

El estado Bolívar concentra algunas de las reservas minerales más valiosas del país. Además del oro, alberga importantes depósitos de bauxita, coltán y tierras raras, minerales con creciente demanda internacional para industrias tecnológicas y energéticas.

La operación en Las Claritas se suma a otros movimientos recientes de las fuerzas de seguridad en la región. En mayo, el régimen reforzó su presencia en Los Pijiguaos, donde se encuentran importantes explotaciones de bauxita, después de reportes sobre actividades atribuidas a grupos guerrilleros colombianos.

De Grazia aseguró que un integrante de una comunidad indígena perdió una pierna tras activar una mina antipersonal presuntamente instalada por esas organizaciones.

Las acciones en el sur de Bolívar vuelven a exponer la compleja realidad de una región donde confluyen enormes riquezas minerales, economías ilegales y estructuras armadas que han consolidado poder durante años.

Aunque las autoridades han realizado intervenciones similares en el pasado, especialistas advierten que la combinación de aislamiento geográfico, intereses económicos y presencia criminal ha dificultado cualquier intento de control permanente sobre uno de los territorios más sensibles de Venezuela.

El Gobierno ejecutó una de las acciones de interdicción contra la minería ilegal más fuertes de este año en Madre de Dios, donde se destruyeron e incautaron bienes, maquinaria e insumos valorizados en más de S/ 64 millones. El operativo se desarrolló de manera simultánea en el distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata, y dejó al descubierto la magnitud de las estructuras montadas por redes dedicadas a la extracción ilícita de oro en una de las zonas más sensibles del país.

De acuerdo con la información oficial, las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de la estrategia nacional contra las economías ilícitas que golpean directamente el patrimonio natural del Perú. Las acciones permitieron desarticular campamentos mineros instalados de forma ilegal dentro y fuera de la Reserva Nacional de Tambopata, un espacio reconocido por su alta biodiversidad.

Operativos en Inambari dejan bienes incautados por más de S/ 64 millones

El primer golpe se ejecutó en el sector conocido como “Isla Córdova”, donde las fuerzas del orden hallaron una gran cantidad de equipos usados para la extracción ilegal de oro. Allí se incautaron bienes valorizados en S/ 62 247 275, entre ellos 95 balsas traca, 90 motores sumergidos, 32 pozas, 95 radiadores y más de 4 700 galones de combustible entre petróleo y gasolina.

En paralelo, otro operativo fue desplegado en el sector “Zorro Valencia”, también en Madre de Dios, donde se intervinieron equipos y materiales valorizados en S/ 2 277 230. En esta zona se decomisaron seis balsas tracas, dos pozas, tres motores, 360 cilindros metálicos, además de cientos de metros de mangueras y alfombras utilizadas para el procesamiento ilegal del mineral.

La intervención en ambos puntos se realizó bajo el amparo del Decreto Legislativo N.° 1100, norma que regula las acciones de interdicción para prevenir y erradicar la minería ilegal en el territorio nacional. Esta base legal permite a las autoridades actuar de forma directa contra campamentos, maquinaria e insumos empleados en actividades extractivas no autorizadas, especialmente en zonas donde el impacto ambiental se vuelve más severo por la cercanía a áreas protegidas.

Las acciones desarrolladas en Inambari forman parte del despliegue coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que mantienen intervenciones en distintos puntos del país para enfrentar las actividades que afectan los recursos naturales. En el caso de Madre de Dios, la presión de la minería ilegal de oro continúa siendo uno de los principales desafíos para la protección de la selva, la fauna y los cuerpos de agua de la zona.

La expansión de la minería ilegal amenaza nuevas regiones de la Amazonía peruana

La problemática de la minería ilegal ya no se limita a los tradicionales focos de extracción en Madre de Dios. Un informe reciente de la agencia internacional AP advirtió que esta actividad se ha extendido hacia regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco, avanzando por ríos remotos y áreas de difícil acceso.

Según el reporte, autoridades peruanas reconocen que este delito tiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional, impulsado por el incremento del precio internacional del oro, que en 2026 bordea los US$ 2.000 por onza.

La investigación también alerta sobre los severos impactos ambientales que genera esta actividad. Las organizaciones especializadas citadas en el informe señalan que los operadores ilegales utilizan maquinaria pesada, dragas y motores para remover grandes cantidades de sedimentos en los cauces amazónicos.

Como consecuencia, extensas áreas de bosque son transformadas en pozas y terrenos degradados en cuestión de semanas, mientras que los ríos presentan altos niveles de turbidez debido a la acumulación de residuos y sustancias contaminantes.

Otro de los riesgos identificados es el uso de mercurio en el procesamiento del oro, un elemento tóxico que termina ingresando a los ecosistemas acuáticos y a la cadena alimenticia. El reporte advierte además que la expansión de la minería ilegal está vinculada al accionar de redes criminales que operan en zonas alejadas de la Amazonía, generando conflictos sociales y amenazas contra comunidades indígenas y defensores ambientales.

La Fiscalía General de la Nación lo acusa de haber promovido el uso de explosivos y mercurio, lo que provocó graves daños a los cuerpos de agua y a la biodiversidad de esta área protegida.

Investigación y captura

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la captura y judicialización de Acosta Yandi forman parte de una estrategia interinstitucional orientada a frenar la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

El ente acusador detalló que el procesado, conocido como alias Guatín, habría dirigido la extracción clandestina de oro entre 2016 y abril de 2023 en los socavones denominados Patequeso y La Martínez” ubicados en el sector Minas del Socorro, sin títulos mineros ni licencias ambientales.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía expuso que Acosta Yandi incentivó la utilización de explosivos y materiales tóxicos, como el mercurio, en el proceso de extracción. De acuerdo con la acusación, esta práctica generó afectaciones al agua, al suelo, a la flora y a la fauna del parque. “Hay afectación al ecosistema altoandino, deterioro de hábitats naturales y presencia de mercurio en cuerpos de agua”, señaló el fiscal del caso.

Cargos y proceso judicial

Por estos hechos, Acosta Yandi fue imputado por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos e invasión de área de especial importancia ecológica.

Durante la diligencia judicial, el procesado aceptó los cargos y, en consecuencia, una juez de control de garantías ordenó su detención en establecimiento carcelario, informó la Fiscalía General de la Nación.

El ente investigador aportó pruebas que vinculan a Acosta Yandi con la comercialización clandestina del oro extraído en Cali, así como en los municipios de Suárez y Santander de Quilichao (Cauca). Las autoridades sostienen que la actividad minera ilegal no solo infringió la normatividad ambiental y minera vigente, sino que también puso en riesgo la salud de las comunidades y la estabilidad de los ecosistemas del suroccidente colombiano.

Impacto ambiental y respuesta institucional

La presencia de mercurio y otros tóxicos en los cuerpos de agua del parque es motivo de alarma para las autoridades y la población circundante. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la contaminación por mercurio altera la calidad del agua y representa un riesgo para la vida silvestre y para quienes dependen de estos recursos hídricos.

En abril de 2026, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció un plan de choque para enfrentar la minería ilegal en los Farallones, tras el llamado de las comunidades del corregimiento La Leonera.

El plan contempla recorridos de reconocimiento, cierres técnicos de minas ilegales y la presencia permanente de Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca.

Como parte de la estrategia, se priorizarán acciones de remediación ambiental y vigilancia epidemiológica para detectar posibles afectaciones en la salud de la población. Además, se activó una mesa de diálogo con las comunidades y se aprobaron recursos por más de $271.000 millones para proyectos de restauración en ecosistemas estratégicos.

Estrategias de control y participación comunitaria

La ofensiva institucional contra la minería ilegal en los Farallones de Cali incluye la coordinación entre la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y autoridades regionales.

Durante la Segunda Mesa Extraordinaria del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), se acordó mantener canales de comunicación con la comunidad de La Leonera y fortalecer la cooperación con organismos internacionales, como parte de un esfuerzo sostenido para frenar la degradación ambiental y proteger la biodiversidad.

Las autoridades reiteran que la minería ilegal constituye una amenaza directa para los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad de los Farallones de Cali.

La minería ilegal se ha consolidado como la principal economía ilícita en el Perú. Según estimaciones del IPE, en 2025 las exportaciones de oro ilegal superaron los US$ 11,500 millones, un monto 6.5 veces mayor que hace una década y casi equivalente al valor del oro legal exportado. Este fenómeno se intensificó en un contexto de precios altos: a junio de 2026, el precio del oro se ubica alrededor de US$ 4,500 por onza, el triple que a inicios de 2019 (US$ 1,300). Como resultado, la inseguridad se elevó en todo el país y en particular en La Libertad, una región con gran presencia de minería ilegal.

Pese al mayor presupuesto, la minería ilegal no para

En los últimos años, la respuesta del Estado frente a la minería ilegal ha sido insuficiente. Las denuncias por minería ilegal registradas en el Ministerio del Interior se triplicaron de 813 a 2,605 entre 2020 y 2025. Pese a ello, el presupuesto nacional destinado a la lucha contra esta actividad creció apenas 4%, ajustando por inflación, entre el 2019 y 2025.

La expansión de la minería ilegal coincide con un deterioro en los indicadores de seguridad. A mayo de 2026, la tasa de homicidios ascendió a 6.2 por cada cien mil habitantes, casi el doble del registrado en 2019 (3.3). Además, seis de los diez distritos con la mayor tasa de homicidios del país tienen presencia de minería ilegal, entre ellos Pataz, en La Libertad, con 166 homicidios por cada cien mil habitantes.

Aumento sostenido de la criminalidad en La Libertad

En 2025, La Libertad registró 415 denuncias por minería ilegal según el Ministerio del Interior, una tasa de 19.2 por cada cien mil habitantes que casi triplica el promedio nacional (7.6). En línea con ello, la seguridad se deterioró: la tasa de homicidios pasó de 6.6 a 12.5 por cada cien mil habitantes entre 2019 y 2025, el doble del promedio nacional (6.6).

Sin embargo, el Reinfo, mecanismo transitorio de formalización, limita la capacidad del Estado para combatir la minería ilegal, ya que otorga protección penal a sus inscritos aun cuando operen en zonas restringidas o incumplan sus compromisos ambientales. En La Libertad, el 15.4% de los aproximadamente 3 mil inscritos figura como suspendido por incumplimiento. Además, se registra una superposición entre inscritos activos y cultivos de coca identificados por Devida, lo que refleja la convergencia de rutas, insumos y estructuras logísticas entre la minería ilegal y el narcotráfico.

Recomendaciones

Las elecciones abren una oportunidad para exigir a los candidatos una estrategia integral para combatir la minería ilegal. Para ello, el IPE identificó siete ejes de acción: (i) formalización con plazos estrictos; (ii) trazabilidad del oro; (iii) interdicción y fiscalización permanentes; (iv) desarrollo alternativo; (v) coordinación interinstitucional; (vi) cooperación transfronteriza; y (vii) presencia sostenida del Estado en territorios afectados.

Fuerza Popular cubre seis de estos ejes en su plan de gobierno. Juntos por el Perú, en su programa de segunda vuelta, aborda solo trazabilidad. No obstante, ninguno propone la eliminación del Reinfo. Así, el debate debe centrarse en lo que La Libertad requiere: plazos efectivos e improrrogables para la formalización, trazabilidad del mineral, coordinación entre instituciones, y presencia permanente del Estado en los corredores mineros de Pataz y Santiago de Chuco. Sin avances en todos estos frentes, la minería ilegal seguirá erosionando la seguridad, el ambiente y la competitividad regional.

Elaborado por Gonzalo Manrique, economista sénior del IPE, con la colaboración de Matías Buendía.

En entrevista con Latina Noticias, Francke fue consultado sobre esta norma, que ha sido objeto de críticas por haber derogado facultades relacionadas con la interdicción de artefactos y materiales explosivos. Sus detractores sostienen que dicha medida habría debilitado las herramientas del Estado para enfrentar actividades vinculadas a la minería ilegal e informal.

Rechaza que sea una “ley procrimen”

Durante la entrevista, el extitular del MEF descartó que la Ley 31989 pueda ser considerada dentro del grupo de normas calificadas como “leyes procrimen”. Según explicó, la iniciativa tuvo un contexto relacionado con la minería artesanal y no debe ser equiparada con otras disposiciones cuestionadas por presuntamente favorecer a organizaciones criminales.

“No creo. Eso tiene una explicación que tiene que ver con la minería artesanal”, afirmó Francke al ser consultado sobre la participación de Roberto Sánchez en la aprobación de la norma. Asimismo, sostuvo que existen otras leyes que, a su juicio, generan mayores dificultades para la lucha contra la criminalidad organizada.

“No está incluída”

La discusión también giró en torno a las iniciativas legislativas que buscan derogar diversas normas cuestionadas por organismos del sistema de justicia. En ese contexto, Pedro Francke fue consultado sobre si la Ley 31989, impulsada por Roberto Sánchez, forma parte del paquete de disposiciones que distintos sectores proponen dejar sin efecto.

El exministro rechazó esa interpretación y sostuvo que la norma no integra el grupo de normativas legislativas que facilitan el crimen organizado. “No, la verdad es que ese detalle me parece que es una distinta, no está incluida dentro de las llamadas leyes procrimen”, afirmó durante la entrevista, al diferenciarla de otras disposiciones que sí han sido objeto de cuestionamientos por su impacto en la lucha contra la criminalidad.

No obstante, se le indicó que la Ley 31989 aparece entre las propuestas de derogación actualmente en discusión. Frente a ello, Francke insistió en que la norma no figura dentro de las iniciativas observadas por el Ministerio Público. “No es las que incluyó la fiscalía. Entonces, tenemos el paquete, no sé qué decirte, hay varios paquetes”, respondió.

¿En qué consiste la Ley 31989?

La Ley N.° 31989 fue promulgada en marzo de 2024 y modificó el marco legal relacionado con la actividad minera en el país. La norma derogó una disposición incorporada previamente por el Decreto Legislativo 1607, la cual facultaba a la Policía Nacional del Perú a intervenir en determinados casos vinculados al uso o posesión de materiales explosivos por parte de personas dedicadas a actividades mineras que contaban con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Antes de la entrada en vigor de esta ley, la disposición permitía a las autoridades adoptar medidas inmediatas frente a quienes desarrollaran actividades mineras utilizando explosivos sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente. Con la derogación de dicho artículo, se eliminó esa facultad específica, lo que generó un debate sobre los alcances de la norma y sus efectos en las acciones de control contra actividades extractivas fuera de la legalidad.

La Ley 31989 ha sido objeto de cuestionamientos por parte de especialistas, exautoridades y sectores vinculados a la lucha contra la minería ilegal, quienes sostienen que la modificación redujo herramientas de fiscalización e intervención estatal. Por otro lado, sus defensores argumentan que la norma estuvo orientada a atender aspectos relacionados con el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, rechazando que su aprobación haya tenido como finalidad favorecer actividades ilícitas extractivas.

El debate sobre el Reinfo emerge en un contexto donde la minería ilegal moviliza alrededor de USD 11.500 millones al año, cifra que ya supera las ganancias del narcotráfico, según el texto fuente. Pese a su impacto económico y criminal, el tema no fue abordado ni en el debate técnico ni en el presidencial, ambos organizados por el Jurado Nacional de Elecciones.

El Reinfo, eje de controversia y señalamiento técnico

Especialistas como César Ipenza, abogado en derecho ambiental y minero, advierten que mantener abierto el Reinfo sin horizonte de cierre no responde a criterios técnicos. Ipenza sostiene que la normativa vigente crea un escenario donde los inscritos pueden “seguir contaminando fuentes de agua y destruyendo bosques sin que las fiscalías ambientales logren procesarlos con eficacia por minería ilegal”.

Esta omisión de un plazo de cierre para el Reinfo se vuelve un punto central en la discusión, dado que el registro, ideado originalmente para formalizar la minería artesanal y de pequeña escala, ha permitido que gran parte de la actividad ilegal permanezca fuera del alcance de la fiscalización efectiva.

Juntos por el Perú: reforma estructural y banca estatal

El plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, propone una reforma estructural del sector minero. La agrupación plantea la redacción de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que busca modificar la estructura de concesiones y operaciones.

Entre los ejes centrales de la propuesta figuran la reducción de los plazos temporales para las concesiones mineras, el incremento de los límites máximos permitidos para la pequeña minería y la creación de cooperativas mineras autogestionadas bajo un modelo similar al boliviano. Además, el partido propone la creación de un Banco Minero administrado directamente por el Estado para financiar al sector.

Según Ipenza, la viabilidad de un banco estatal enfrenta una limitación constitucional, pues la Carta Magna vigente restringe la actividad empresarial del Estado, por lo que la implementación del banco exigiría una reforma constitucional. El especialista recordó también el antecedente de 2012, cuando se creó un fondo estatal para la formalización minera, que no logró resultados significativos.

Fuerza Popular: comandos mixtos y simplificación administrativa

Por su parte, el plan de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, aborda la minería ilegal desde una perspectiva de seguridad y reducción de trabas administrativas. La agrupación propone la creación de comandos mixtos integrados por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y personal de fiscalización de la Sunat para combatir el crimen organizado y desmantelar campamentos ilegales.

En cuanto a la formalización, el partido plantea la implementación de una ventanilla única para acortar los tiempos burocráticos, además de líneas de crédito para la minería artesanal y contratos de cuidado ambiental. Esta propuesta asigna al Estado un rol fundamental de vigilancia y apoyo operativo, pero deja la ejecución y el proceso en manos de las empresas privadas.

Ipenza considera que esta estrategia responde al modelo tradicional de un Estado fiscalizador, asociado históricamente a Fuerza Popular. El abogado subraya que su efectividad dependerá del fortalecimiento presupuestal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la capacidad de romper redes de corrupción en el terreno.

Diferencias y coincidencias en las propuestas

La principal diferencia entre ambas plataformas reside en el instrumento propuesto: Juntos por el Perú apuesta por cooperativas y banca estatal, mientras Fuerza Popular se inclina por operativos conjuntos y la desburocratización de la formalización. No obstante, ambos coinciden en no establecer un plazo para cerrar el Reinfo, omisión que, según Ipenza, mantiene abierto el cuestionamiento técnico central sobre la viabilidad y efectividad de sus propuestas.

El silencio sobre el cierre del registro genera inquietud entre especialistas y organizaciones ambientales, que advierten sobre las consecuencias de mantener un régimen que, en la práctica, facilita la operación de actividades ilegales bajo una apariencia de transición hacia la formalidad.

Impacto económico y ausencia en los debates

La discusión sobre la minería ilegal adquiere mayor relevancia dado que el sector mueve miles de millones de dólares y supera al narcotráfico tanto en volumen económico como en expansión territorial. No obstante, el tema permaneció ausente en los debates presidenciales y técnicos, pese a su peso en la economía y la seguridad nacional.

Ante la inminencia de los comicios, la atención se centra en cómo los próximos gobernantes abordarán el desafío de la minería ilegal y la formalización, en un escenario marcado por la falta de consenso sobre el futuro del Reinfo y la urgencia de respuestas eficaces frente a un problema de alto impacto social, ambiental y criminal.

Un reciente operativo realizado en el norte de Costa Rica concluyó con la detención de 20 migrantes nicaragüenses que presuntamente realizaban minería ilegal en la zona de Crucitas, una comunidad situada muy cerca de la frontera con Nicaragua. Estas personas fueron localizadas dentro de túneles, donde, según las autoridades, extraían recursos de manera ilícita. Tras su captura, todos los detenidos quedaron bajo supervisión de las autoridades para verificar su situación y definir los pasos legales a seguir.

La Dirección General de Migración y Extranjería comunicó que los aprehendidos se encontraban en condición migratoria irregular. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de San Carlos, en donde podrían enfrentar procesos judiciales por infracciones al Código de Minería vigente en Costa Rica. “Todos ellos están siendo verificados para proceder como corresponde”, informó la entidad migratoria.

Durante el operativo, la autoridad migratoria registró en video el momento en que los detenidos eran escoltados por agentes policiales fuera de la zona intervenida. En las imágenes se observa a los migrantes caminando en fila, con las manos sobre el cuello, mientras son custodiados por la policía y una patrulla. El procedimiento fue parte de una acción coordinada entre la Fuerza Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería y otras instituciones estatales, según informó 100% Noticias.

En los últimos meses, Crucitas ha sido escenario de frecuentes detenciones de personas dedicadas a la minería ilegal. Las autoridades han intensificado los patrullajes terrestres, controles en carretera y verificaciones migratorias en puntos clave de la frontera norte. Esta estrategia busca combatir la minería ilegal, el tráfico ilícito de personas, el ingreso irregular al territorio y otros delitos relacionados que afectan la seguridad de la región fronteriza.

La presencia constante de las fuerzas estatales en Crucitas, cerro Chachalaca y cerro Conchuditas responde a la necesidad de proteger a las comunidades locales y resguardar la soberanía nacional. La Policía de Fronteras ha mantenido operativos de vigilancia y patrullaje permanente, con el objetivo de enfrentar no solo la minería ilegal, sino también delitos ambientales, tráfico de armas, narcotráfico y el contrabando de mercancías a través de pasos no autorizados.

Según las autoridades costarricenses, estas actividades ilícitas representan una amenaza directa para la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la frontera. Además, subrayan que los operativos buscan impedir que organizaciones criminales aprovechen las condiciones geográficas de la zona para desarrollar actividades ilegales.

El tráfico ilícito de personas es otra preocupación relevante en el norte costarricense. Los controles migratorios tienen como propósito detectar casos de ingreso irregular y prevenir el avance de redes criminales dedicadas a este delito. En paralelo, se refuerzan medidas contra el contrabando y el tráfico de armas, buscando mantener la estabilidad y la paz en las comunidades fronterizas.

Según la autoridad migratoria, estas acciones fortalecen la capacidad de respuesta institucional y permiten reforzar el control en los sectores más vulnerables. De acuerdo con 100% Noticias, el gobierno costarricense sostiene que la minería ilegal y los delitos conexos no solo afectan los recursos naturales, sino que también ponen en riesgo la seguridad pública y la integridad de quienes residen en la región.

El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia respondió de forma categórica al reportaje publicado por The New York Times el 2 de junio de 2026, en el que se afirmó que la entidad solicitó a Estados Unidos imponer sanciones financieras al oro colombiano.

La cartera negó haber hecho cualquier solicitud para incluir el oro nacional en una “lista negra” y recalcó que esa competencia corresponde exclusivamente al Gobierno nacional, bajo la dirección del presidente de la República.

Controversia tras publicación internacional

La reacción oficial de la cartera de Defensa, en cabeza del ministro Pedro Sánchez Suárez, se dio luego de que el medio norteamericano publicara el artículo “Colombia pidió a Estados Unidos sancionar su oro ilegal. Washington lo compraba”.

En el reportaje, firmado por los periodistas Simón Posada y Justin Scheck, se aseguró que el ministro de Defensa colombiano había elevado una petición formal a la administración estadounidense para sancionar económicamente la industria del oro ilegal, con el objetivo de combatir redes criminales como el Clan del Golfo.

Según el comunicado divulgado por la entidad, “este Ministerio nunca ha elevado solicitud alguna ante el Gobierno de los Estados Unidos para imponer sanciones financieras al oro colombiano ni para promover su inclusión en una denominada ‘lista negra’, como se afirma en el artículo”. Subrayó que únicamente el Gobierno nacional, encabezado por el presidente, tiene la autoridad para tomar decisiones de ese nivel.

The New York Times sostuvo en su texto que la supuesta solicitud colombiana buscaba endurecer el combate a la minería criminal y sus vínculos con estructuras ilegales de exportación de oro, situación que habría puesto en aprietos al Departamento del Tesoro estadounidense.

De acuerdo con el medio, la petición habría coincidido con investigaciones sobre compras de oro procedente de minas ilegales por parte de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

Acciones contra la minería ilegal y contexto de cooperación

El Ministerio de Defensa aprovechó su respuesta para detallar los avances en la lucha contra la minería ilegal. Durante el actual Gobierno, se intervinieron 17.897 minas ilegales y destruyeron 6.471 máquinas industriales utilizadas en actividades de extracción ilícita, lo que representa incrementos del 19% y 67%, respectivamente, frente al mismo periodo de la administración anterior.

Estas cifras, presentadas en el comunicado, reflejan las acciones emprendidas en una política de cooperación internacional para combatir las economías ilícitas y las organizaciones criminales transnacionales.

El ministerio subrayó que la colaboración con otros países permanece activa, pero señaló que las discusiones sobre posibles alternativas para enfrentar el fenómeno minero ilegal no constituyen decisiones oficiales ni solicitudes formales.

De acuerdo con la cartera, “las iniciativas conocidas sobre posibles mecanismos para combatir la minería ilegal hacen parte de escenarios de análisis y evaluación de alternativas, sin que ello implique decisiones adoptadas, solicitudes oficiales o compromisos institucionales por parte del Estado colombiano”.

Intercambio con periodistas y transparencia informativa

Otro punto abordado por el Ministerio de Defensa fue la gestión de información ante los periodistas de The New York Times. La entidad aseguró que respondió de manera oportuna y completa el cuestionario enviado por Simón Posada y Justin Scheck el 14 de mayo de 2026, en el que se consultaba sobre presuntas actividades de minería ilegal cerca de una unidad militar.

La respuesta oficial incluyó la entrega de documentos y soportes requeridos, entre ellos la escritura pública del predio donde se encuentra el Batallón Rifles, en el municipio de Cáceres, Antioquia.

“No es cierta la afirmación del artículo según la cual se negó información por parte de esta Cartera”, destacó el comunicado. En este sentido, la entidad reiteró su disposición a colaborar con los procesos de consulta adelantados por medios internacionales.

Compromiso institucional y respeto a la labor periodística

La respuesta de la entidad concluyó con un reconocimiento a la función de la prensa y un llamado a la transparencia. “El Ministerio de Defensa Nacional reitera su respeto y reconocimiento a la labor periodística que desarrollan los diferentes medios de comunicación, fundamentales para informar a la ciudadanía y visibilizar asuntos de interés público”.

Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con el acceso a la información pública y la lucha contra todas las manifestaciones de criminalidad que afectan la seguridad y los recursos del país.

La operación, coordinada por tropas del Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo, la Fiscalía 164 Contra las Organizaciones Criminales y la Policía Nacional, se realizó en la vereda La Ensillada, sector Puente Amarillo, zona rural de Ataco. De acuerdo con el reporte oficial, alias Miguel Ángel es considerado el articulador financiero de la organización y contaría con una trayectoria de más de 12 años dentro de grupos armados al margen de la ley.

Las autoridades señalaron que la Comisión Gerónimo Galeano se dedicaba principalmente al cobro de extorsiones a propietarios de maquinaria amarilla y a mineros dedicados a la explotación ilícita de oro en la región. Esta estructura, según la investigación, utilizaba los recursos obtenidos para fortalecer las economías ilegales del Bloque Central Isaías Pardo, facción asociada a las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco.

El Ejército Nacional detalló que, además de las capturas, se incautaron cinco fusiles, una pistola, veinte proveedores para fusil, cartuchos de distintos calibres, explosivos artesanales, una granada de mano, material de intendencia y equipos de comunicación.

El brigadier general Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, indicó que alias Miguel Ángel provenía del departamento del Cauca y habría integrado anteriormente la estructura Jaime Martínez, otra facción armada con operaciones en esa región.

El oficial señaló que “Esta comisión, Gerónimo Galeano, era la encargada de recaudar y articular todo el sistema financiero de las economías ilícitas producto de la extracción ilícita de yacimientos mineros. Toda esta articulación financiera era conducida directamente al Bloque Central Isaías Pardo”.

Durante la intervención, también fue recuperada una menor de edad que permanecía bajo el control de la estructura ilegal, quien fue puesta a disposición de las entidades competentes para su protección. Las investigaciones en curso apuntan a que el grupo instrumentalizaba a la población local para generar disturbios, como los ocurridos a inicios de mayo en el corregimiento de Santiago Pérez, donde unidades del BRACNA N.º 3 y de la Policía Nacional fueron atacadas mientras desarrollaban operativos contra la minería ilegal.

Además, las autoridades indagan la presunta participación de la organización en al menos 17 homicidios registrados entre 2025 y 2026 en el municipio de Ataco. Estos hechos mantuvieron en alerta a la población civil, según fuentes citadas por el Ejército. La estructura también sería responsable de la ubicación de una pancarta que prohibía el ingreso de un partido político al sur del departamento.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso personal. El material incautado habría sido utilizado para intimidar y ejercer control criminal sobre comunidades dedicadas a actividades mineras ilegales.

De acuerdo con la información de El Tiempo, el Bloque Central Isaías Pardo tiene presencia en municipios como Ataco, Planadas, Chaparral, San Antonio y Rioblanco, considerados corredores estratégicos por su conexión con el norte del Huila y el oriente del Cauca. Entre las principales fuentes de financiamiento del grupo figuran la extorsión a comerciantes, ganaderos, transportadores y campesinos, quienes han denunciado amenazas y cobros ilegales, según reportes del Ejército Nacional.

La operación fue ejecutada en el marco de la jornada electoral presidencial del domingo 31 de mayo y representa un impacto estratégico sobre las capacidades criminales, logísticas y financieras de las disidencias de Iván Mordisco en el sur de Tolima. La Sexta Brigada del Ejército anunció que continuará las operaciones militares sostenidas con el objetivo de proteger a la población civil y neutralizar las estructuras armadas que buscan alterar la seguridad en la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107 Antiterrorista.

El Gobierno inauguró el nuevo Puesto de Vigilancia y Control “Yarinal” en la Reserva Nacional Tambopata, en la región Madre de Dios, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en esta área natural protegida y fortalecer las acciones contra la minería ilegal que afecta la Amazonía peruana.

La ceremonia contó con la participación de la ministra del Ambiente y el ministro del Interior, quienes destacaron que esta infraestructura permitirá intensificar las labores de control en una zona considerada crítica por la presión de actividades ilícitas, especialmente en los alrededores de la reserva y su zona de amortiguamiento, donde se han identificado constantes amenazas a los ecosistemas.

Refuerzo de presencia estatal en zona crítica

El nuevo puesto de vigilancia busca consolidar la presencia institucional del Estado en una de las áreas más vulnerables frente a la expansión de la minería ilegal. Según se informó, esta base operativa permitirá una intervención más rápida y coordinada ante actividades ilícitas que amenazan la biodiversidad del lugar.

Las autoridades señalaron que la infraestructura está ubicada en un punto estratégico frente al sector Apaylón, una zona identificada por su alta incidencia de actividades ilegales. Con ello, se espera mejorar el control territorial y reducir los espacios utilizados por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de recursos.

Base operativa para fuerzas del orden

El puesto “Yarinal” servirá como base para el trabajo conjunto de la Marina de Guerra del Perú, el Ejército y la Policía Nacional, en coordinación con los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Esta articulación busca fortalecer las operaciones de vigilancia e interdicción en la zona.

De acuerdo con lo informado, la presencia combinada de estas fuerzas permitirá ampliar las capacidades de patrullaje en la selva de Madre de Dios, una región de difícil acceso donde se han identificado campamentos ilegales vinculados a la minería informal.

Equipamiento tecnológico y logística moderna

La infraestructura inaugurada ha sido equipada con paneles solares, internet satelital, vehículos motorizados y embarcaciones, lo que permitirá mejorar la movilidad y la comunicación en zonas alejadas. Estos recursos facilitarán las labores de vigilancia permanente y la respuesta ante posibles incursiones ilegales.

Asimismo, el nuevo puesto sustituye al antiguo centro de control “Correntada”, el cual fue incendiado en 2023 en medio de ataques atribuidos a mineros ilegales, lo que evidenció la necesidad de reforzar la presencia del Estado en la zona.

Estrategia integral contra actividades ilícitas

El funcionamiento del puesto “Yarinal” forma parte de una estrategia más amplia del Estado para enfrentar las economías ilegales que afectan la Amazonía. Esta incluye el fortalecimiento de la red de vigilancia y la incorporación de más personal especializado en las labores de control ambiental.

En paralelo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado mantiene otros nueve puestos de vigilancia en la región, los cuales contribuyen a la detección temprana de actividades ilegales y al monitoreo constante de la Reserva Nacional Tambopata, considerada uno de los principales refugios de biodiversidad del país y de la Amazonía peruana.

El despliegue incluyó una persecución que se extendió por varios distritos y que derivó en balaceras, cierre de vías y el despliegue de unidades especializadas.

El operativo más tenso se desarrolló en el estacionamiento de un supermercado en Ventanilla, donde agentes de la División de Investigación de Robos (Dirincri) lograron atrapar a Leandro Taxi Rodríguez, quien sería la pareja de la suboficial Diana Madeley Zamalloa Durán.

Esta última, también detenida durante las intervenciones, es investigada por su presunta relación con la organización y por conducir un automóvil BMW negro utilizado en el robo de los lingotes y en otros asaltos cometidos en la región.

Durante la balacera, decenas de clientes y trabajadores buscaron refugio entre los vehículos y dentro del supermercado. Testigos relataron la confusión y el temor que provocó el intercambio de disparos.

Según información de la PNP, la detención de la suboficial ocurrió horas antes en el Cercado de Lima, cuando fue sorprendida al volante del BMW reportado como robado y que, de acuerdo con las investigaciones, estuvo involucrado en el atraco del circuito de playas y en un intento de asalto en el Callao.

La estructura criminal y la investigación en curso

Las autoridades informaron que Los Chukys del Oro utilizaban vehículos de alta gama para perpetrar asaltos y coordinar su escape. Parte del modus operandi consistía en captar jóvenes para ejecutar robos, dotarlos de armas de fuego y placas clonadas, y emplear taxis por aplicativo para dificultar el seguimiento policial. El caso del Audi plateado, abandonado en La Perla, aportó nuevas pruebas para la investigación.

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, confirmó que los vehículos intervenidos participaron directamente en el robo de los lingotes y en otros delitos recientes.

“El BMW negro, cuya placa original es FOX 547, estuvo en el asalto del circuito de playas”, detalló Cano en declaraciones recogidas por medios nacionales.

En paralelo al operativo de Ventanilla, la PNP detuvo a otros presuntos miembros de la banda en Villa El Salvador, entre ellos Omar Saria Miranda, Gian Franco Sucasaire Cruz, Mateo Carrión Rojo y Alejandra Bustamante Díaz.

Los investigadores incautaron vehículos adicionales y detectaron vínculos entre los intervenidos y asaltos cometidos en San Martín de Porres y San Juan de Miraflores.

La estructura de la organización también involucra la participación de personal policial, un hecho que el propio general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, calificó como inaceptable al señalar que no habrá “espíritu de cuerpo” para encubrir a efectivos implicados. En total, siete personas permanecen bajo custodia mientras continúan las indagaciones para identificar a los cabecillas y establecer el destino de los lingotes de oro robados.

La Policía Nacional solicitó la colaboración ciudadana para reunir más información sobre la banda Los Chukys del Oro y exhortó a denunciar cualquier dato relevante sobre robos de oro o vehículos.

La extracción ilegal de minerales estratégicos volvió a quedar en evidencia en el oriente del país. En una operación desarrollada en zona rural de Puerto Carreño, Vichada, las autoridades decomisaron cerca de cinco toneladas de tierras raras que, según las primeras estimaciones, tendrían un valor superior a los 3.000 millones de pesos en el mercado ilegal.

El operativo se llevó a cabo en el sector de Casuarito, una zona fronteriza que desde hace varios años permanece bajo vigilancia de las autoridades por posibles actividades relacionadas con minería ilícita y tráfico de recursos minerales. Allí, tropas del Ejército Nacional llegaron hasta un punto donde, presuntamente, funcionaba una explotación clandestina de yacimientos mineros.

La acción militar fue resultado de varios días de inteligencia, seguimiento e infiltración en el área. De acuerdo con información entregada por las Fuerzas Militares, la intervención estuvo liderada por la Brigada 28 del Ejército, con apoyo del Gaula Militar Oriente, la Armada Nacional y la Policía. Durante el procedimiento no solo fueron encontradas las toneladas de minerales. Las autoridades también incautaron una camioneta, una motocicleta, radios de comunicación y varios teléfonos celulares que ahora harán parte de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

Entre el material decomisado aparecen minerales como estaño y coltán, recursos altamente apetecidos en mercados internacionales por su uso en industrias tecnológicas y electrónicas. Ambos hacen parte de los llamados “minerales de transición”, fundamentales para la fabricación de baterías, dispositivos móviles y componentes utilizados en nuevas tecnologías. Precisamente ese valor estratégico convirtió estas explotaciones ilegales en una fuente de financiación para organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país. Según el Ejército, este tipo de economías ilícitas permite que grupos armados obtengan recursos para adquirir armamento, explosivos y equipos tecnológicos utilizados en acciones violentas.

“La extracción de estos recursos representa un alto valor dentro de las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en el oriente colombiano, permitiéndoles adquirir armas, explosivos y, en muchas ocasiones, drones con los que llevan a cabo sus acciones criminales”, señalaron desde la institución militar.

El hallazgo también volvió a poner sobre la mesa las dificultades de control en territorios apartados del suroriente colombiano, donde las condiciones geográficas y la cercanía con corredores fronterizos facilitan este tipo de actividades ilegales. En departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, las autoridades intensifican operaciones durante el último año para frenar el tráfico de minerales extraídos de manera irregular.

Aunque el decomiso representa un golpe para las estructuras criminales que se benefician de este negocio, las autoridades reconocen que el fenómeno sigue creciendo por la alta demanda internacional de minerales estratégicos. El coltán, por ejemplo, es utilizado en la fabricación de celulares, computadores y componentes electrónicos, lo que lo convierte en uno de los recursos más codiciados dentro de los mercados ilegales.

Las Fuerzas Militares explicaron que estas explotaciones suelen desarrollarse en zonas apartadas y de difícil acceso, donde la presencia estatal es limitada. Allí, grupos ilegales aprovechan corredores fluviales y pasos fronterizos para mover el material hacia otros países o centros de comercialización clandestina.

En el caso de Vichada, la preocupación también se concentra en los impactos ambientales que deja la extracción irregular de estos minerales. Las autoridades han advertido que muchas de estas actividades generan afectaciones sobre fuentes hídricas, suelos y ecosistemas sensibles de la región, además de alterar dinámicas sociales y económicas en comunidades rurales.

Las investigaciones ahora buscan establecer quiénes estarían detrás de la explotación ilegal detectada en Casuarito y cuál era la ruta que tendría el cargamento incautado. La Fiscalía asumió el proceso judicial y analizará los elementos decomisados durante el operativo para identificar posibles redes criminales vinculadas al tráfico de minerales.

La trágica muerte de Berlindo Samuel Sosa Oporta, un joven nicaragüense de apenas 23 años, en la mina ilegal “Cerro Conchudita” pone de relieve el devastador costo humano de la fiebre del oro informal en Centroamérica.

Su deceso, provocado por una fulminante intoxicación con cianuro de sodio, desnuda un drama estructural que trasciende las fronteras: la desesperación económica que empuja a miles de personas a arriesgar sus vidas en actividades altamente extractivas, sin ningún tipo de regulación, protección técnica o fiscalización sanitaria.

El suceso tuvo lugar el pasado jueves 21 de mayo alrededor de las 8:00 de la mañana en la mina ilegal conocida como La Conchudita o Cerro Conchuditas, ubicada en la localidad de Cutris de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. Esta región, situada a escasos kilómetros de la frontera con Nicaragua y de la ribera del río San Juan, se ha convertido en un epicentro de minería artesanal clandestina donde se procesa material aurífero utilizando químicos de contrabando.

Sosa Oporta, originario del municipio de Rosita, en el Triángulo Minero de la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, no poseía antecedentes formales como minero profesional; según allegados, se trataba de un ciudadano que intentaba sobrevivir a la precariedad laboral. Informes preliminares detallan que el joven manipulaba directamente un saco de cianuro en el interior de un túnel cuando quedó expuesto, durante un lapso de tres a cinco minutos, a una alta concentración de gases tóxicos emanados por la sustancia.

El químico provocó de inmediato una crisis respiratoria aguda. Al manifestar una severa sensación de ahogo, sus compañeros de faena procedieron a rescatarlo del túnel. Sin embargo, en cuestión de minutos perdió el conocimiento y mostró signos graves de hipoxia (falta de oxígeno).

Ante la ausencia de servicios de emergencia en el sitio clandestino, sus familiares y compañeros decidieron evacuarlo de urgencia a bordo de una embarcación a través del río San Juan, buscando atención médica en el centro de salud de Boca de Sábalos, en territorio nicaragüense.

Lamentablemente, la intoxicación fue letal y el joven falleció durante el trayecto, confirmándose posteriormente su deceso en el puesto de salud de El Castillo, en el departamento de Río San Juan.

Las autoridades costarricenses reafirmaron que la tragedia fue desencadenada por la manipulación directa de sustancias altamente letales en una zona donde la extracción de oro se realiza de forma ilícita, lo que anula cualquier posibilidad de control o fiscalización sobre las medidas de seguridad industrial.

Las profundas secuelas de la minería ilegal en Nicaragua

El fenómeno migratorio y laboral que llevó a Sosa Oporta a territorio costarricense está íntimamente ligado a la arraigada cultura de la minería informal o “güiricería” en Nicaragua. El Triángulo Minero (compuesto por Bonanza, Rosita y Siuna) es una de las zonas con mayor tradición extractiva del país, pero también un reflejo de las graves consecuencias socioambientales que genera la falta de control técnico e institucional.

Las consecuencias de la minería ilegal abarcan múltiples dimensiones de extrema gravedad:

1. Impacto Ecológico e Hidrográfico: La extracción ilegal de oro depende del cianuro de sodio y del mercurio para separar el metal precioso de la piedra mediante lixiviación.
2. Salud Ocupacional y Riesgo Humano: Las minas artesanales carecen de estudios geotécnicos, lo que deriva en derrumbes recurrentes que sepultan anualmente a decenas de mineros.
3. Precarización Social: Casos como el de este joven costeño evidencian que la minería informal es, a menudo, la única alternativa percibida de subsistencia económica frente al desempleo.

El deceso de Berlindo Samuel Sosa Oporta representa un síntoma de la desatención económica regional y de la porosidad de las fronteras ante el tráfico ilegal de insumos químicos peligrosos. Mientras no se establezcan políticas binacionales firmes de fiscalización y alternativas reales de desarrollo socioeconómico en las regiones de origen, los yacimientos informales continuarán cobrándose vidas.

La Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas protegidas más importantes de la Amazonía peruana, continúa bajo presión por el avance de la minería ilegal de oro. Aunque el Estado intensificó las acciones de control durante los primeros meses del 2026, nuevos reportes advierten que las actividades ilícitas no se han detenido y siguen generando graves impactos ambientales dentro de la zona protegida de Madre de Dios.

En lo que va del año, las autoridades ejecutaron 75 operativos de interdicción terrestre y fluvial en Tambopata y su zona de amortiguamiento. Las intervenciones permitieron destruir cientos de equipos utilizados para la extracción ilegal de oro, además de desmantelar campamentos y estructuras instaladas cerca de ríos y sectores considerados críticos. Sin embargo, imágenes satelitales recientes muestran que la deforestación continúa avanzando dentro de la reserva pese a los operativos.

Más de 370 campamentos mineros ilegales fueron destruidos en Tambopata durante el 2026

Las acciones de interdicción realizadas este año dejaron como saldo la destrucción de más de 370 campamentos mineros ilegales, además de 211 balsas tipo traca, 202 motores, 130 bombas de succión, 150 tracas y 71 tricargueros. También se inutilizaron más de 16 mil galones de diésel, generadores eléctricos, motosierras, botes y motores fuera de borda vinculados a la actividad minera ilegal.

Los operativos fueron liderados por la Policía Nacional del Perú, el Ejército, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). A estas acciones se sumó el apoyo técnico y logístico del Sernanp y del Alto Comisionado para la Lucha Contra la Minería Ilegal.

Las intervenciones se concentraron en sectores como Correntada, Isla Córdova, Playa Vilma, río Malinowski, Filadelfia, Valle Dorado, La Cumbre y Aguas Negras, considerados algunos de los principales puntos de ingreso y operación de organizaciones dedicadas a la minería ilegal dentro de la reserva.

Actualmente, más de 70 guardaparques y técnicos mantienen vigilancia permanente en 10 puestos de control instalados en Tambopata. Estas brigadas generan reportes en tiempo real sobre nuevos focos de invasión y facilitan la respuesta rápida de las autoridades. Además, el monitoreo se reforzó mediante sobrevuelos con drones e imágenes satelitales para detectar desplazamientos de maquinaria y nuevas áreas intervenidas.

500 hectáreas de bosque fueron deforestadas en la reserva Tambopata

Pese a ello, el más reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) alertó que la minería ilegal volvió a expandirse dentro de la reserva durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026. El reporte señala que la actividad ilícita ya provocó la deforestación de aproximadamente 500 hectáreas de bosque, una superficie equivalente a cerca de 700 canchas de fútbol.

El documento identificó cinco sectores con actividad minera activa: Isla Córdoba, A3, A4, Isla Correntada y Apaylom. Solo en febrero de este año se detectaron 67 campamentos y 183 infraestructuras vinculadas a la extracción ilegal de oro.

Uno de los puntos más vulnerables continúa siendo el río Malinowski, debido a que conecta directamente con áreas internas de la Reserva Nacional Tambopata. Según los especialistas, la zona presenta una alta presión por parte de grupos que operan de manera organizada y cuentan con capacidad logística para instalar campamentos, trasladar combustible y movilizar maquinaria dentro del área protegida.

El informe también advierte que la reducción de vigilancia en algunos puestos de control facilitó el avance de estas actividades. De acuerdo con el reporte, grupos especiales de la Marina de Guerra que realizaban patrullaje permanente en el corredor del río Malinowski fueron retirados durante 2025 por falta de presupuesto, situación que dejó expuesto uno de los accesos más sensibles hacia el interior de la reserva.

Más de S/ 8.3 millones en maquinaria, combustible y materiales usados para la minería ilegal fueron incautados y destruidos en Madre de Dios durante seis días de intensas operaciones, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta acción, realizada en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, busca frenar el avance de la minería ilegal en una de las regiones más afectadas de la Amazonía.

Las autoridades detallaron que los operativos permitieron decomisar excavadoras, balsas, motores y campamentos rústicos, todos utilizados para extraer oro de manera ilícita. El valor de los bienes destruidos y confiscados asciende a S/ 8’379,726.00, lo que representa un duro golpe a la logística de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad. Los trabajos se centraron en los sectores de Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, donde la minería ilegal se ha expandido en los últimos años.

Con estas intervenciones, las fuerzas del orden buscan debilitar la capacidad operativa de los grupos ilegales y proteger áreas de alto valor ecológico en Madre de Dios. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que la destrucción de maquinaria y equipos es una medida clave para impedir que los mineros ilegales sigan explotando la selva y dañando sus ecosistemas.

Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios

El despliegue de operativos helitransportados fue fundamental para llegar a zonas de difícil acceso donde la minería ilegal ha consolidado sus operaciones. Helicópteros del Comando Operacional del Sur permitieron que los efectivos ingresaran a Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, puntos estratégicos donde abundan los campamentos clandestinos y la maquinaria pesada.

En cada intervención, las autoridades destruyeron equipos y estructuras ilegales bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. De esta manera, se aseguró que los procedimientos cumplieran con las normas legales y ambientales. Los operativos también incluyeron el decomiso de combustible y la desactivación de balsas empleadas para la extracción de oro en los ríos.

Según los reportes oficiales, estas acciones afectan directamente la logística de los mineros ilegales, ya que la reposición de maquinaria y materiales representa un alto costo y limita su capacidad de continuar operando en la zona. Sin embargo, las autoridades subrayan que se requiere una vigilancia constante para evitar que estas redes vuelvan a instalarse en los mismos lugares.

Minería ilegal deja grave huella ecológica y amenaza la biodiversidad en Tambopata

Paralelamente a los operativos, un informe de Conservación Amazónica - ACCA reveló que la minería ilegal ha destruido más de 500 hectáreas de la Reserva Nacional Tambopata en pocos meses. El reporte, basado en imágenes satelitales y difundido en el MAAP #241, señala que solo en 2025 se deforestaron más de 400 hectáreas, superando los niveles más altos registrados en años anteriores.

El monitoreo identificó 183 infraestructuras mineras activas, 67 campamentos ilegales y 5 núcleos de operación dentro de la reserva, especialmente en la zona norte y cerca del río Malinowski. Se estima que unas 1.000 personas participan actualmente en actividades ilegales dentro de Tambopata, lo que demuestra la magnitud del problema.

El informe destaca que la minería ilegal avanza incluso cerca de los puestos de vigilancia estatales, como Otorongo, Azul y Yarinal. Esto evidencia que la sola presencia de personal no es suficiente para detener la expansión de los mineros ilegales. Sidney Novoa, de Conservación Amazónica - ACCA, advirtió que la cercanía de los campamentos ilegales incrementa el riesgo para los guardaparques y dificulta la protección efectiva del territorio.

La presión sobre la Reserva Nacional Tambopata no solo afecta los bosques y ríos, sino que también pone en peligro la seguridad de quienes defienden el ecosistema. Las autoridades y organizaciones ambientales coinciden en que la lucha contra la minería ilegal requiere acciones sostenidas, mayor presupuesto y el fortalecimiento de la fiscalización para evitar que la Amazonía peruana siga perdiendo áreas valiosas a manos de actividades ilícitas.

El Ministerio del Interior informó que continúa reforzando las acciones contra las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad, mediante una serie de operativos y estrategias de seguridad desarrolladas en coordinación con diversas entidades del Estado.

Según informó la agencia Andina Noticias, las acciones fueron presentadas durante la reunión de implementación del Plan de Trabajo de la Mesa de Desarrollo Integral de Pataz, espacio multisectorial orientado a fortalecer la seguridad y promover medidas integrales en beneficio de la población de esta provincia afectada por la criminalidad.

Operativos contra redes criminales en Pataz

Durante la sesión, el director general contra el Crimen Organizado del Mininter, Luis Yunis, destacó la ejecución del operativo “Caballo de Troya”, considerado una de las mayores intervenciones recientes contra redes delictivas vinculadas a la minería ilegal en la zona.

La operación fue desarrollada a inicios de mayo en el anexo Pueblo Nuevo y permitió la detención de más de 68 presuntos integrantes de organizaciones criminales extranjeras. Asimismo, las fuerzas del orden lograron incautar fusiles, subfusiles, municiones y explosivos industriales utilizados presuntamente por estas redes ilegales.

Rescate de trabajadores secuestrados

El representante del Mininter también recordó la ejecución del operativo “Qatar”, realizado en abril de 2026 en la bocamina Sanone, donde agentes policiales y efectivos de seguridad rescataron con vida a 20 mineros artesanales que permanecían secuestrados.

A ello se sumó el operativo “Impacto”, mediante el cual fueron liberados otros ocho trabajadores retenidos por delincuentes armados en la provincia. Según las autoridades, estas intervenciones forman parte de las acciones orientadas a recuperar el control y el principio de autoridad en Pataz.

Capacitación a rondas campesinas

Como parte de la estrategia de seguridad, el Ministerio del Interior informó que viene desarrollando capacitaciones dirigidas a rondas campesinas de diversos distritos de Pataz, entre ellos Parcoy, Huayo, Tayabamba, Urpay, Ongón y Pías.

La reunión de la Mesa de Desarrollo Integral de Pataz contó además con la participación de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Salud, entre otras entidades públicas involucradas en las acciones de recuperación y desarrollo de la provincia.

FF.AA. rescatan a 33 mineros

Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas permitió el rescate de 33 mineros que permanecían atrapados en una mina ubicada en una zona remota del país. La intervención se realizó tras recibir la alerta de un derrumbe que bloqueó las salidas principales, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Personal especializado en rescate y equipos médicos acudieron al lugar para brindar asistencia inmediata.

Durante el procedimiento, las autoridades emplearon maquinaria pesada y técnicas de rescate subterráneo para asegurar la integridad de los mineros. Se establecieron protocolos de comunicación para mantener informadas a las familias y coordinar el traslado de los rescatados a centros de salud cercanos. El operativo contó con la colaboración de organismos locales y voluntarios, quienes apoyaron en la logística y atención primaria.

El rescate puso en evidencia la importancia de fortalecer los sistemas de seguridad en la minería y la capacidad de respuesta ante emergencias. Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente y evaluar el cumplimiento de las normas de seguridad laboral en la mina afectada. El caso reabrió el debate sobre las condiciones de trabajo en el sector minero y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

Un grupo de mineros bloqueó la vía principal a la costa Caribe en el municipio de Cáceres, Antioquia, afectando el tránsito en el sector de Guarumo, en la Troncal de Occidente.

Las autoridades locales, junto a la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, buscan restablecer la movilidad mediante diálogos con los manifestantes, quienes protestan contra los operativos recientes de la Fuerza Pública para combatir la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, en un consejo de seguridad, anunciado por la alcaldesa Cáceres, Damiana Monterrosa, en diálogo con La FM.

“Hacen referencia a la comunidad, que es por el tema de los operativos que se están presentando, se están ejecutando desde hace tres días sobre Caucasia y a la altura de Caucasia. Y Cáceres. Ya informamos a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal para que, obviamente, hagan los acercamientos con la comunidad y así poder dialogar”, afirmó la alcaldesa en diálogo con el medio mencionado.

El bloqueo en Cáceres fue implementado por trabajadores mineros conocidos como dragueros (operarios de dragas), desde la madrugada del 16 de mayo.

Los protestantes reclaman la afectación de sus actividades y el incumplimiento de acuerdos previos entre la comunidad y las autoridades sobre los procedimientos de control.

El cierre total de la troncal interrumpe el paso de vehículos particulares y de carga entre Cáceres y Caucasia, con impacto directo en la movilidad regional y la economía local.

Específicamente, los manifestantes exigen el respeto a acuerdos alcanzados tras diálogos recientes y manifiestan su inconformidad por los procedimientos efectuados por las autoridades en los tres últimos días.

Señalan que su sustento económico se ve afectado por los operativos policiales.

Estos mineros han presentado pliegos de peticiones y solicitan que se revisen los controles implementados para evitar más perjuicios a la comunidad.

Acciones de las autoridades ante el bloqueo

El objetivo es dialogar con los manifestantes y buscar una solución al cierre de la vía.

La FM informó que el Ministerio de Defensa continuará con los operativos en la región a pesar de las protestas. Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre el corredor vial, dada su importancia estratégica para el transporte entre la costa Caribe y el interior de Colombia.

El bloqueo impide la totalidad del paso de vehículos entre Cáceres y Caucasia. Solo las motocicletas pueden atravesar la zona.

Sin embargo, quienes viajan desde municipios como Tarazá, Valdivia, Briceño, Yarumal y Santa Rosa de Osos hacia Caucasia deben desviar su trayecto por Barbosa y las vías del Nus, lo que implica un recorrido más extenso y afecta la logística regional.

La explosión en mina Las Quintas deja cuatro mineros muertos en Cucunubá

La explosión registrada en la mina Las Quintas del municipio de Cucunubá al final de la tarde del sábado 9 de mayo dejó un saldo de cuatro mineros fallecidos, lo que ha reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad en la minería de Cundinamarca.

Las autoridades regionales y nacionales han iniciado investigaciones para esclarecer el origen del accidente y determinar si la operación minera se encontraba dentro del área debidamente autorizada.

El suceso no solo pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes laboran en este sector, sino que también abre la puerta a posibles medidas para reforzar los protocolos de protección y asistencia a las familias afectadas.

La mina Las Quintas contaba con título minero y licencia ambiental vigentes desde diciembre de 2025, pero se investiga si la boca de mina donde ocurrió la explosión estaba legalmente autorizada para operar.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, los cuerpos de los trabajadores fueron encontrados tras intensos esfuerzos de rescate realizados por bomberos de Ubaté y Cucunubá, el Grupo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

El accidente en Las Quintas fue confirmado por la Secretaría de Minas de Cundinamarca, que desde el primer momento enfatizó el cumplimiento de la mina con los requisitos legales para su funcionamiento.

La secretaria de Minas, Milena Fonseca, detalló que el programa de trabajos y obras, necesario para la autorización de operaciones según exigencias de la ANM, “estaba completamente aprobado y modificado conforme a la normativa vigente”.

Fonseca agregó que un equipo interdisciplinario está disponible para prestar asistencia técnica; sin embargo, la intervención de la secretaría requiere expresa autorización de los titulares mineros, de acuerdo con la legislación vigente.

La madrugada del 15 de mayo marcó un punto de inflexión en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde 33 trabajadores mineros de la empresa Inversiones Mineras Gheraldin fueron liberados tras permanecer secuestrados por una organización criminal armada.

La alerta se activó el jueves 14 a las 18:30 horas, luego de la denuncia presentada por representantes de la minera, quienes reportaron el ingreso violento de individuos armados a las instalaciones del sector La Joya 24/25, en el centro poblado Pueblo Nuevo.

El Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas (FF. AA.)y la Policía Nacional del Perú (PNP), desplegó un contingente de personal de élite tras recibir la notificación.

Las acciones incluyeron coordinación con autoridades locales, representantes de la empresa y rondas campesinas, en un esfuerzo articulado para asegurar el cierre territorial y controlar los accesos a la zona de riesgo. Desde el inicio, el Ministerio Público se mantuvo informado y participó en el marco de sus competencias legales.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad ejecutaron maniobras tácticas de aproximación, contención y control perimétrico, evaluando permanentemente las condiciones del terreno y el riesgo para los trabajadores.

La operación se extendió por más de diez horas, enfrentando desafíos geográficos y climáticos que exigieron coordinación y resistencia física por parte del personal militar y policial.

Fases del rescate

La operación de rescate se dividió en etapas. En la primera fase, 20 trabajadores lograron ser liberados, mientras que el resto fue rescatado en acciones posteriores; en total, 33 trabajadores mineros recuperaron la libertad. Uno de ellos resultó herido por proyectil de arma de fuego, recibiendo atención médica inmediata en el centro minero y reportándose en condición estable.

El grupo armado responsable del secuestro logró escapar a través de los túneles del socavón, aprovechando la compleja infraestructura subterránea de la mina.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables, en el contexto de un estado de emergencia declarado en la zona extractiva para combatir la minería ilegal y el crimen organizado.

La articulación entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público y rondas campesinas resultó clave para el éxito de la intervención.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas destacó el profesionalismo y la disciplina de los equipos que participaron en la operación, así como el compromiso institucional para restablecer la seguridad en Pataz.

Control en la zona minera

El operativo realizado en el sector La Joya evidencia la capacidad de respuesta y la coordinación entre distintas entidades estatales frente a situaciones de alto riesgo en zonas mineras.

La presencia permanente de equipos de seguridad busca garantizar la integridad de trabajadores y pobladores, en un contexto donde la minería ilegal y la acción de organizaciones criminales representan amenazas recurrentes.

Sucede que, a menudo, los grupos armados aprovechan la infraestructura minera para ejecutar acciones delictivas, utilizando túneles y socavones como rutas de escape.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen la vigilancia y control en la jurisdicción del Comando Unificado Pataz, con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger la vida de los peruanos y asegurar la continuidad de las actividades productivas en la región.

La Amazonía, una extensa región con una de las mayores concentraciones de diversidad en flora y fauna, y considerada el pulmón del mundo, enfrenta una transformación silenciosa y peligrosa debido a la presencia y expansión de grupos armados que operan en la región, tanto del lado colombiano como ecuatoariano.

Entre estos actores destaca Comandos de Frontera, estructura adscrita a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y liderada por Geovanni Andrés Rojas, alias Araña, uno de los ocho líderes de grupos armados organizados en Colombia, y que no integrará las Zonas de Ubicación Temporal aprobadas por el presidente Gustavo Petro, debido a que cuenta con una orden de extradición vigente a los EE. UU.

Este grupo que se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno colombiano es un claro ejemplo del alcance de las economías ilegales en la zona, que combinan narcotráfico, minería ilegal, control territorial y lavado de activos.

Así lo reseñó la ONG (Organización No Gubernamental) International Crisis Group en su informe El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado, y que concluyó que la debilidad estatal y las fronteras porosas han facilitado el auge de redes criminales transnacionales en la cuenca amazónica.

Los Comandos de Frontera, tras la conquista de las rutas de narcotráfico en la Amazonía

Los Comandos de Frontera, que en principio operaban en Putumayo, han ampliado su influencia hacia Perú, donde paga a campesinos para la conversión de bosques en plantaciones de coca, especialmente al sur del río Putumayo.

El grupo también participa en alianzas con organizaciones criminales de otros países, como Los Lobos en Ecuador, lo que le permite exportar cocaína desde la costa del Pacífico y proteger operaciones de minería ilegal en territorio ecuatoriano.

El informe señala que la presencia de grupos armados colombianos, como Comandos de Frontera, el ELN y disidencias de las Farc, es central en las economías ilícitas amazónicas.

Estas estructuras han logrado combinar el control territorial, la regulación de actividades ilegales y la expansión transfronteriza.

En el caso del ELN, se mantiene activo en el sur de Venezuela, particularmente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, desde donde participa en corredores de narcotráfico y minería ilegal conectados con Brasil y Guyana.

Un coctel de grupos criminales entre fronteras

Además de los grupos colombianos y ecuatorianos, en la dinámica criminal amazónica participan organizaciones brasileñas como Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), así como redes venezolanas.

Esta red criminal opera como una “corporación transnacional”, según funcionarios de seguridad citados en el informe, y extiende su control a lo largo de rutas fluviales y terrestres que atraviesan varios países.

La expansión de estas estructuras ha impactado gravemente a la población civil, que sufre asesinatos, campañas de “limpieza social” y cooptación, además de ser utilizada como mano de obra y escudos humanos.

Crisis Group estima que estas organizaciones tienen presencia en al menos el 67% de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

En localidades como Tabatinga, en la frontera entre Brasil y Colombia, grupos como Comando Vermelho publican listas de personas amenazadas de muerte para silenciar la oposición y consolidar el control social.

El impacto ambiental del accionar de estos grupos armados organizados en la Amazonía

La expansión de cultivos de coca y la minería ilegal han provocado deforestación masiva, contaminación de ríos y destrucción de hábitats.

El informe detalla que más del 70% de la selva deforestada se encuentra a menos de 50 kilómetros de los principales corredores abiertos por las organizaciones criminales.

Las sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de cocaína y el mercurio empleado en la minería ilegal han contaminado fuentes de agua, afectando la salud de comunidades indígenas y campesinas.

En algunos pueblos amazónicos, se han detectado niveles de mercurio en sangre superiores a los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

A estos problemas se suma el aumento del consumo de drogas en comunidades indígenas y rurales, fenómeno vinculado tanto a los pagos en pasta base de cocaína como al acceso facilitado por la presencia de los grupos armados.

El documento advierte que, pese a los esfuerzos de los gobiernos de la región, la respuesta estatal ha sido fragmentada y menos eficiente que la dinámica criminal.

Para esto, se recomienda fortalecer la coordinación transnacional y establecer controles más estrictos sobre las cadenas globales de suministro de oro, madera y materias primas, para evitar que productos asociados a la destrucción ambiental e ilícitos lleguen a mercados legales internacionales.

La Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró la recuperación de dos barras de oro valorizadas en S/ 2′506.474,40, luego de que el Poder Judicial confirmara la sentencia de primera instancia.

Los lingotes, de aproximadamente 6.16 y 6.17 kilogramos cada uno, iban a ser enviados a la India a través de una intermediaria comercial contratada por Julio Chambi y Gomercindo Condori en agosto de 2022.

Ambos mineros estaban inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo). Sin embargo, no pudieron demostrar el origen legal del oro ni la posesión legítima de los lingotes, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio.

La investigación determinó que existía un vínculo entre los investigados, las barras y actividades de minería ilegal, por lo que el oro fue incautado y transferido a favor del Estado peruano.

El caso fue liderado por el fiscal adjunto superior Roger Solano Yauri, quien destacó la importancia del proceso para combatir el ingreso de recursos de origen ilícito al sistema económico formal.

El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de continuar las investigaciones y operativos para recuperar bienes provenientes de la minería ilegal en todo el país.

Minería ilegal

La minería ilegal se ha consolidado en los últimos años como una de las principales economías ilícitas en el Perú. Según datos del Instituto Peruano de Economía, las exportaciones de oro de origen ilegal superaron los US$ 11,500 millones en 2025, casi igualando el valor del oro legal exportado.

El precio del oro, que promedió US$ 4.695 por onza en abril de 2026, ha incentivado el auge de esta actividad. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a la minería ilegal se multiplicaron por diez desde 2019, reflejando el crecimiento de los flujos financieros asociados a delitos como el lavado de activos y el narcotráfico.

Regiones como Piura presentan retos adicionales por su ubicación fronteriza, facilitando la salida y entrada irregular de minerales y maquinaria. En esa región, los ROS vinculados a minería ilegal crecieron dieciséis veces entre 2019 y 2025.

Las denuncias por minería ilegal en Piura aumentaron 82.4% en el mismo periodo, con una concentración especial en las provincias de Sullana y Ayabaca. Además, la tasa de homicidios en la región pasó de ser la más baja a superar el promedio nacional, como resultado del avance de las economías ilícitas.

Un fenómeno recurrente y multimillonario

En diciembre del 2025, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio decomisó 5,77 kilos de oro doré, valorizados en S/ 2 003 713.92.

Mientras que, en octubre del mismo año, la Fiscalía recuperó cuatro lingotes de oro, valorizados en más de S/ 12 millones, que iban a ser exportados a India e Italia.

Frente a este panorama, especialistas advierten sobre la necesidad de fortalecer la trazabilidad del oro, la fiscalización y la cooperación transfronteriza, así como revisar el funcionamiento del Reinfo y los mecanismos de formalización minera.

El caso de la recuperación de las barras incautadas por la Fiscalía evidencia los desafíos que enfrenta el Estado para frenar la expansión de la minería ilegal y recuperar recursos para el país. El Ministerio Público sostiene que la lucha será sostenida y que la recuperación de bienes ilícitos seguirá siendo una prioridad en los próximos meses.

La Reserva Nacional Tambopata, uno de los espacios de mayor valor ecológico de la Amazonía peruana, vuelve a estar bajo presión por el avance de la minería ilegal de oro. Siete años después de la Operación Mercurio, una nueva alerta satelital revela que esta actividad criminal se ha reactivado con fuerza al interior del área protegida en Madre de Dios, con un impacto que ya supera las 500 hectáreas deforestadas en apenas meses.

El monitoreo, elaborado por Conservación Amazónica - ACCA y difundido a través del reporte MAAP #241, advierte que la expansión se aceleró durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026. La información también da cuenta de una presencia cada vez mayor de personas, campamentos e infraestructura vinculada a la extracción ilícita, incluso en zonas cercanas a puestos de vigilancia del Estado.

Más de 500 hectáreas afectadas y una red minera que vuelve a tomar forma en Tambopata

El nuevo análisis satelital muestra que la deforestación por minería ilegal dentro de la Reserva Nacional Tambopata ya alcanzó las 500 hectáreas. Solo en 2025, el área impactada superó las 400 hectáreas, un nivel que incluso rebasa los registros considerados más críticos en los años 2016 y 2017, cuando la invasión minera había llegado a uno de sus picos más altos.

La expansión se concentra principalmente en la zona norte de la reserva, especialmente en sectores cercanos al río Malinowski, un corredor que desde hace años figura entre los puntos más vulnerables al ingreso de operadores ilegales. De acuerdo con el reporte, las imágenes de alta resolución permitieron identificar 183 infraestructuras mineras activas, además de 67 campamentos ilegales y 5 núcleos de operación minera dentro del área natural protegida.

A partir de esa evidencia, y usando modelos de estimación desarrollados por el equipo técnico, se calcula que alrededor de 1.000 personas estarían vinculadas a la actividad minera ilegal al interior de Tambopata. La dimensión del hallazgo resulta muy preocupante porque no se trata únicamente de maquinaria dispersa, sino de una red organizada que continúa ganando espacio dentro del ecosistema.

Los sectores más impactados también muestran la velocidad del daño. En Isla Córdoba se reportaron 106 hectáreas deforestadas, 53 tracas y 20 campamentos. En el sector A4, el monitoreo registró 101 hectáreas afectadas, 68 infraestructuras mineras y 33 campamentos. Mientras tanto, en Isla Correntada se identificaron 111 hectáreas alteradas, junto con presencia de maquinaria y estructuras ilegales.

La expansión se acerca a puestos de control y expone los límites de la respuesta estatal

Uno de los puntos más sensibles del informe es que el avance de la minería ilegal en Tambopata no ocurre en zonas alejadas o de difícil acceso, sino en áreas cercanas a puestos de vigilancia como Otorongo, Azul y Yarinal. La proximidad de estas actividades ilícitas a espacios de control del Estado muestra que la presencia institucional no está logrando frenar el avance de las redes criminales.

Las imágenes satelitales analizadas evidencian un patrón repetido: apertura de pozas, instalación de maquinaria pesada, expansión de campamentos y consolidación de nuevos frentes de extracción dentro del área protegida.

En paralelo, los operativos ejecutados entre enero y marzo de 2026 permitieron decomisar y destruir combustible, motores, campamentos y otros equipos utilizados por los mineros ilegales. Sin embargo, el monitoreo posterior confirmó que la actividad no se detuvo y continuó expandiéndose en la misma zona.

Para Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica - ACCA, el hecho de que este avance ocurra cerca de puestos de control eleva el riesgo para los guardaparques y demás personal que trabaja en la protección del territorio.

El reporte también advierte que el resurgimiento de la minería ilegal responde a una combinación de factores económicos, institucionales y políticos. Entre ellos figura el incremento del precio internacional del oro, que durante 2025 alcanzó niveles récord y elevó la rentabilidad de la extracción ilícita.

A ello se suman las sucesivas prórrogas del Reinfo, el debilitamiento de normas vinculadas a la lucha contra el crimen organizado, la promoción de iniciativas legislativas que podrían aumentar la presión extractiva sobre áreas protegidas y las limitaciones presupuestales de las autoridades responsables de fiscalizar.

Desde el Observatorio de Minería Ilegal - OMI, Gaby Rivadeneyra sostuvo que el caso de Tambopata demuestra que las intervenciones aisladas no bastan cuando continúan debilitándose los mecanismos de control ambiental y de persecución penal. En esa misma línea, Matt Finer, de Amazon Conservation, señaló que la reserva es un caso emblemático para toda la Amazonía, porque evidencia que, aunque un gobierno puede contener la actividad ilegal por un tiempo, esta vuelve a expandirse con rapidez si se pierde el compromiso estatal.

La Reserva Nacional Tambopata protege algunos de los ecosistemas más diversos del planeta, pero la presión de la minería ilegal ya no solo afecta bosques y fuentes de agua. También compromete la seguridad de quienes defienden el territorio, en un contexto en el que Madre de Dios sigue registrando riesgos contra defensores ambientales y una creciente debilidad en la gobernanza de la Amazonía peruana.

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (Cupaz), ejecutó la operación “Impacto” en el distrito de Pataz, región La Libertad, con el objetivo de rescatar a ocho trabajadores secuestrados por una organización criminal armada. Según informó Andina Noticias, el operativo culminó con la liberación de los rehenes, aunque dejó como saldo cuatro militares heridos durante un enfrentamiento armado.

De acuerdo con la información difundida, el secuestro ocurrió el jueves 7 de mayo en la bocamina “Danrro, La Codiciada”, ubicada en el sector Los Alisos, centro poblado de Pueblo Nuevo. Los trabajadores habrían sido retenidos por presuntos integrantes de una banda criminal que opera en la zona vinculada a actividades ilegales.

Tras conocerse el hecho, el Comando Unificado Pataz —integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP)— desplegó acciones tácticas para intervenir la bocamina y restablecer el orden interno. La operación contó además con presencia del Ministerio Público para garantizar la legalidad de las diligencias realizadas durante el rescate.

Cuatro soldados heridos

Durante la intervención, los agentes del orden fueron atacados por los secuestradores, quienes se encontraban parapetados en el interior de la bocamina. De acuerdo con Andina Noticias, los delincuentes abrieron fuego contra el personal militar y policial, lo que desencadenó un enfrentamiento armado en la zona.

Como consecuencia del ataque, cuatro miembros de la Fuerza Aérea del Perú resultaron heridos por impactos de bala en las extremidades inferiores. El Ministerio de Defensa informó que los efectivos fueron evacuados oportunamente y trasladados al Hospital Central de la Fuerza Aérea en Lima, donde permanecen estables.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño Valdivia, destacó la labor de los efectivos que participaron en el operativo. “Cuatro de nuestros valerosos efectivos de la FAP fueron heridos cumpliendo la misión de liberar y proteger la vida de ocho peruanos”, manifestó para el citado medio.

Delincuentes intentaron impedir el rescate

Las autoridades informaron que los secuestradores intentaron obstaculizar el ingreso de las fuerzas del orden mediante la quema de llantas dentro de la bocamina. Según detallaron, utilizaron sistemas de ventilación forzada para propagar gases tóxicos y dificultar las labores de rescate.

Pese a las condiciones adversas, militares y policías continuaron con la maniobra táctica y lograron avanzar en el interior de la mina para rescatar progresivamente a los trabajadores retenidos. El operativo se desarrolló entre las 12:23 y las 16:00 horas, periodo en el que se concretó la liberación de los ocho rehenes.

Las víctimas rescatadas presentaban signos de violencia física, aunque, de acuerdo con las evaluaciones médicas iniciales, no registraban lesiones de gravedad que requirieran evacuación especializada. Tras su liberación, recibieron atención médica y permanecen bajo observación.

FF.AA. consolidan control en la zona

Luego del rescate, las fuerzas del orden consolidaron el control del área y realizaron un repliegue táctico dentro de su zona de responsabilidad. El Ministerio de Defensa señaló que la operación forma parte de las acciones desplegadas para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas a la violencia y actividades ilícitas en Pataz.

Asimismo, la cartera reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la recuperación del control territorial y la protección de la población frente a grupos criminales que operan en zonas afectadas por la minería ilegal y otros delitos.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan identificar plenamente a los responsables del secuestro y del ataque armado contra el personal militar y policial que participó en la operación “Impacto”.

En los últimos años, la minería ilegal se ha consolidado como la principal economía ilícita en el Perú. Según estimaciones del IPE, en 2025, las exportaciones de oro ilegal superaron los US$ 11,500 millones, un monto 6.5 veces mayor que hace una década y casi equivalente al valor del oro legal exportado. Este fenómeno se ha intensificado en un contexto de precios altos: en abril de 2026, el precio del oro promedió US$ 4,695 por onza, el triple que a inicios de 2019 (US$ 1,322). Estas cifras evidencian que se trata de una economía ilícita de gran escala, vinculada al crimen organizado, lavado de activos y narcotráfico.

El auge de la minería ilegal y otras actividades ilícitas

La magnitud del dinero que mueve la minería ilegal se refleja en el sistema financiero. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) asociados a minería ilegal, alertados por bancos, cajas municipales y otros a la SBS, se multiplicaron por diez entre 2019 y 2025. Tras revisar estos reportes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS reportó que en la última década esta actividad concentró más de la mitad de los flujos por posibles delitos (más de US$ 6 mil millones), consolidándose como el principal medio de lavado de activos del país.

La mayor escala de estos flujos financieros refleja vínculos entre la minería ilegal y grandes redes criminales. Las denuncias vinculadas a minería ilegal, registradas en el Ministerio del Interior, se triplicaron entre 2020 y 2025, aumentando de 2.5 a 7.6 por cada cien mil habitantes. A su vez, la tasa de homicidios se duplicó en el mismo periodo, de 3.6 a 6.6 por cada cien mil habitantes. A ello se suma que, en territorios como La Convención en Cusco y Tambopata en Madre de Dios, se evidencia una superposición de inscritos al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y cultivos ilícitos de coca identificados por Devida, donde las economías ilegales comparten rutas, insumos y estructuras logísticas.

Piura: Minería ilegal fronteriza

Dada su condición fronteriza, Piura es una de las regiones más expuestas ante la minería ilegal. Los desafíos geográficos del control y vigilancia facilitan el ingreso o salida irregular de maquinaria y minerales sin trazabilidad, así como el uso de rutas de comercialización ilegales.

Al igual que a nivel nacional, la dimensión financiera del problema se evidencia en la región. Los ROS del sistema financiero vinculados a minería ilegal en Piura se multiplicaron por 16 entre 2019 y 2025. Así, en 2025 la región registro el octavo mayor monto a nivel nacional, que ascendió a US$54 millones.

En ese contexto, se evidencia un deterioro en la seguridad. Las denuncias por minería ilegal aumentaron 82.4% entre 2020 y 2025, concentradas en las provincias fronterizas de Sullana y Ayabaca. Esta última concentra el 63% de los registros de Reinfos de la región y cerca de un tercio de estos están suspendidos. Además, Piura pasó de tener la menor tasa de homicidios del país a registrar la séptima más alta, aumentando de 1.0 a 6.9 muertes por cada cien mil habitantes entre 2019 y 2025, superando al promedio nacional (6.6).

Recomendaciones

Las elecciones abren una oportunidad para exigir una estrategia integral que combine la eliminación del Reinfo, trazabilidad de insumos y minerales, fiscalización sostenida y cooperación transfronteriza. Sin embargo, los partidos que pelean el pase a la segunda vuelta plantean enfoques que no abarcan todos los ejes del problema. Ninguno propone eliminar el Reinfo ni establecer plazos improrrogables de formalización. Fuerza Popular enfatiza en operativos, trazabilidad y control de fronteras. Juntos por el Perú propone una mayor intervención estatal en la comercialización del oro de la minería artesanal, modelo que presenta riesgos de legitimación de producción ilegal, como ocurre en Bolivia. Renovación Popular plantea intervención militar directa en focos críticos, sin mecanismos de sostenibilidad operativa ni articulación con la fiscalía.

Elaborado por Paola Herrera, economista senior del IPE, con la colaboración de Matias Buendia.

La Policía Nacional rechazó de manera categórica los hechos violentos ocurridos en el sector de Puente Amarillo, en el municipio de Ataco, Tolima, donde durante un operativo contra la minería ilegal se registró la incineración de un vehículo institucional tipo NPR y actos de intimidación contra integrantes de la Fuerza Pública.

Según el pronunciamiento oficial, los hechos se presentaron en medio de una intervención conjunta con el Ejército Nacional, en una zona donde se adelantan acciones para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros, una de las economías ilegales de mayor expansión en el sur del departamento.

Rechazo contundente de la Policía

La institución fue enfática en señalar que ninguna manifestación de inconformidad justifica actos criminales contra la Fuerza Pública ni acciones que alteren el orden público.

“Ninguna manifestación de inconformidad puede justificar acciones criminales que atenten contra la vida, la integridad y la seguridad de nuestros uniformados”, señaló la Policía Nacional.

Asimismo, la entidad confirmó que, gracias a la reacción oportuna de los uniformados, no se registraron policías ni militares lesionados durante el ataque, pese a la gravedad de los hechos.

La institución agregó que continuará actuando con firmeza, responsabilidad y apego a la ley, en defensa de la legalidad y la seguridad ciudadana.

Operativo contra minería ilegal en Ataco desencadenó los disturbios

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la situación se originó durante una operación militar contra la minería ilícita desarrollada por tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de Santiago Pérez, zona rural de Ataco.

El objetivo de la intervención era neutralizar puntos de extracción ilegal de oro, actividad que, según reportes oficiales, ha venido creciendo en la región y que estaría asociada a economías criminales.

Durante el desarrollo del operativo, un grupo de personas habría intentado obstruir la acción de las autoridades, lo que derivó en enfrentamientos que escalaron rápidamente.

Ejército Nacional: ataques con piedras y quema de vehículos

Por su parte, el Ejército también rechazó los hechos violentos y entregó su versión de lo ocurrido, asegurando que algunos civiles agredieron a las tropas con piedras y otros elementos contundentes.

Además, la institución confirmó que, durante la asonada, fue incendiado un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional, lo que representó un grave riesgo para la integridad de los uniformados y afectó el desarrollo de la operación.

El Ejército señaló: “Rechazamos enérgicamente estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan operaciones orientadas a proteger los recursos naturales y restablecer la legalidad”.

Investigaciones y posible instrumentalización de comunidades

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de los ataques, así como posibles redes detrás de la minería ilegal en el sur del Tolima.

Se ha advertido sobre la posible instrumentalización de comunidades por estructuras criminales, especialmente en zonas donde se ha fortalecido la extracción ilícita de oro.

Además, se investiga la eventual influencia de grupos armados ilegales en la organización de los disturbios, en un contexto donde la minería ilegal representa millonarias rentas criminales.

Minería ilegal: una economía criminal en expansión en el Tolima

El caso vuelve a poner en el centro del debate la expansión de la minería ilegal en el departamento. Según cifras dadas por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, existen cerca de 5.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en el sur del departamento, operando con más de 300 retroexcavadoras.

De acuerdo con cifras oficiales, solo en una de las operaciones realizadas en abril se destruyó maquinaria valorada en $2.900 millones, utilizada para una actividad ilícita que generaba más de $15.900 millones mensuales para estructuras armadas ilegales.

Las autoridades han advertido que esta economía ilícita genera ingresos multimillonarios para estructuras criminales, lo que incrementa la violencia contra la Fuerza Pública y la presión en zonas rurales.

Llamado a la calma y continuidad de operativos

Finalmente, tanto la Policía Nacional como el Ejército hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma y a evitar acciones violentas que afecten la convivencia.

Las instituciones reiteraron que continuarán desarrollando operativos contra la minería ilegal y otras economías criminales, con el objetivo de proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad en el territorio.

Las autoridades denunciaron ataques de civiles durante un operativo que buscaba desarticular complejos de extracción ilícita de oro en la región. Los hechos generaron preocupación por el aumento de la violencia en la zona, el fortalecimiento de economías ilegales y la posible instrumentalización de la comunidad por parte de estructuras armadas.

Operativo contra la minería ilegal desata disturbios

El Ejército Nacional detalló que soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales adelantaban una operación en Santiago Pérez, zona rural del municipio de Ataco.

El objetivo era neutralizar puntos de extracción ilegal de oro, actividad que crece de forma considerable en el sur del Tolima. Durante el desarrollo de la intervención, centenares de personas identificadas por las autoridades como mineros ilegales rodearon a los uniformados, impidiendo el avance de la diligencia.

La jornada se tornó violenta cuando civiles comenzaron a lanzar piedras, palos y machetes contra las tropas, provocando lesiones a trece militares. La institución castrense denunció que “un grupo de personas obstruyó el desarrollo de una operación militar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros”.

Además, los disturbios llegaron hasta la estación de Policía del corregimiento, donde los uniformados se vieron obligados a resguardarse para evitar una posible agresión mayor.

Vehículos oficiales incendiados y tensión en la región

Durante los disturbios, dos vehículos oficiales, incluidos al menos un camión tipo NPR de la Policía Nacional, fueron incendiados por la multitud. Este acto puso en riesgo la integridad de los uniformados y afectó la capacidad de respuesta de la fuerza pública en la zona.

Según la denuncia difundida por el Ejército a través de X, “algunos civiles agredieron con piedras a las tropas y posteriormente incendiaron un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados y afectando la acción legítima de las autoridades”.

La situación generó momentos de pánico en Santiago Pérez, donde las imágenes captadas por ciudadanos mostraron a la población acompañando a los uniformados hasta la estación de Policía, un hecho inusual para la región. La intervención de la Dirección de Carabineros de la Policía tampoco fue suficiente para contener la tensión debido a la cantidad de personas involucradas.

Denuncias de instrumentalización y contexto de la minería ilegal

Al parecer, los ciudadanos implicados en la asonada provienen en gran parte de otros lugares del país y estarían vinculados a actividades de extracción ilícita de oro.

Autoridades locales han advertido sobre la posible influencia de las disidencias de las Farc, concretamente del Frente Ismael Ruiz, en la organización y financiación de estos disturbios.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, recientemente reveló que existen cerca de 5.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en el sur del departamento, operando con más de 300 retroexcavadoras. De acuerdo con cifras oficiales, solo en una de las operaciones realizadas en abril se destruyó maquinaria valorada en $2.900 millones, utilizada para una actividad ilícita que generaba más de $15.900 millones mensuales para estructuras armadas ilegales.

Rechazo institucional y operativos en curso

El Ejército Nacional rechazó de manera enfática estos hechos, advirtiendo sobre el peligro que representan para la institucionalidad y la protección de los recursos naturales.

“Rechazamos estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”, manifestó la institución.

La fuerza pública continúa verificando la situación en la zona y se mantiene a la espera de un pronunciamiento oficial sobre uniformados lesionados y posibles capturas. Hasta el momento, no se ha confirmado un balance definitivo de heridos ni de daños materiales.

La Armada de Colombia informó sobre la destrucción e inhabilitación de maquinaria utilizada en minería ilegal en el departamento del Cauca, una acción que representó una afectación económica combinada superior a 700 millones de pesos para las estructuras criminales responsables de estas actividades.

En el municipio de Guapi, las tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 4 ejecutaron dos operaciones coordinadas con el Comando Aéreo de Combate No. 7, gracias a inteligencia naval.

Así como explicó el coronel de Infantería de Marina Jorge Enrique González Orejuela, Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4: “se logró la destrucción e inhabilitación de maquinaria utilizada en la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento del Cauca. Gracias a información de inteligencia naval y en coordinación con el Comando Aéreo de Combate número siete, tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número cuarenta y dos desarrollaron dos operaciones en la zona rural del municipio de Guapi”.

La primera intervención, realizada en el sector San José de Guare, permitió detectar en flagrancia actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

En ese lugar, los uniformados hallaron y destruyeron de manera controlada una retroexcavadora, cumpliendo con la normatividad vigente y procurando minimizar los daños ambientales.

Durante una segunda acción en la misma zona, los efectivos localizaron tres dragas, una clasificadora y cuatro motobombas, todas en funcionamiento. El procedimiento culminó con la inhabilitación de estos equipos, lo que generó una nueva afectación al financiamiento de las organizaciones ilegales.

“En una segunda operación, en esta misma zona, se localizaron tres dragas, una clasificadora, cuatro motobombas que fueron inhabilitadas con una afectación económica de cerca de doscientos noventa y un millones de pesos”, detalló el oficial.

Las operaciones se fundamentaron en el Decreto 1035 de 2024, que otorga facultades a las Fuerzas Militares para destruir o inhabilitar maquinaria empleada en actividades ilícitas. La normativa apunta a frenar la degradación ambiental y a debilitar las economías ilegales que sostienen a grupos armados residuales como el conocido Jhonier Toro Arenas.

“Estas acciones, realizadas en el cumplimiento del Decreto diez treinta y cinco de 2024, permiten afectar directamente las economías ilícitas de las estructuras como el Gador Joiner Toro Arenas, responsable de graves daños ambientales por la explotación ilegal de recursos”, agregó el Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4.

El balance de las autoridades indica que la destrucción de la retroexcavadora representó una pérdida económica de 410 millones de pesos, mientras que la inhabilitación de las dragas y motobombas sumó un impacto estimado en 291 millones de pesos para las estructuras criminales.

Las fuerzas militares sostienen que estos resultados afectan de manera directa las finanzas de las bandas involucradas, al mismo tiempo que contribuyen a frenar la contaminación ambiental asociada a la minería ilegal en la región.

La Armada anunció que mantendrá operaciones constantes y coordinadas con otras autoridades, con el objetivo de proteger los recursos naturales del Pacífico colombiano y reforzar la seguridad en el territorio.

Según la institución, el trabajo conjunto busca garantizar la defensa del entorno natural y limitar el margen de acción de los grupos armados que se benefician de la explotación ilícita de minerales.

“La Armada de Colombia continuará adelantando operaciones contra estas actividades con el propósito de proteger el medio ambiente y fortalecer la seguridad en el Pacífico colombiano. Año 2026. Azul que inspira, fuerza que protege”, concluyó el coronel Jorge Enrique González Orejuela.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la designación de Paolo Joel Andrés Alzamora como nuevo director general de la Dirección General de Minería (DGM), un nombramiento que genera inquietud en el sector por los antecedentes empresariales del funcionario.

La resolución Resolución Ministerial N° 198-2026-MINEM/DM fue publicada el 6 de mayo de 2026, menos de un mes después de que Gaby Yulisa Julca Cumbicus asumiera el cargo el 10 de abril.

Hasta ayer, Alzamora se presentaba públicamente como titular del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), tras asumir de forma interina en enero pasado.

¿Un cambio acelerado en la cúpula minera?

La llegada de Alzamora ocurre tras una gestión fugaz de Julca , quien estuvo menos de un mes en el cargo. Todavía no se ha anunciado quién lo reemplazará en Ingemmet.

Según El Comercio, Alzamora fue gerente general de TLM Consulting S.A.C. hasta octubre de 2025, empresa que mantiene una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Aunque el acta de transferencia de acciones y del cargo no aparecía en la Sunarp, la compañía figura como titular del derecho minero Abundancia 2014-I en Lima, dentro del registro orientado a la minería informal.

Esta situación podría generar posibles conflictos de interés: la DGM regula, autoriza y supervisa a los operadores mineros, incluyendo a quienes buscan formalizarse por el Reinfo.

Cercanía política con el expresidente José Jerí

De acuerdo con la investigación, el hoy director de Minería fue asesor de la Alta Dirección del Viceministerio de Hidrocarburos y mantenía vínculos políticos con el expresidente José Jerí, con quien coincidió en la gestión regional de Áncash en 2020.

Registros oficiales muestran visitas de Alzamora al despacho de Jerí en el Congreso y fotografías de su hermano junto al mandatario.

Según fuentes del MINEM citadas por El Comercio, el propio funcionario se propuso para el cargo, indicando que actuaba “por encargo del presidente José Jerí”.

Y es que se trata de un puesto clave: la DGM es responsable de autorizar, supervisar y regular actividades de exploración, explotación, transporte y beneficio minero. Además, administra títulos mineros y gestiona la estabilidad tributaria de los proyectos.

INGEMMET y DGM, dos pilares de la gestión minera

El Ingemmet es el organismo público especializado encargado de la investigación geológica, administración del catastro minero, concesiones, monitoreo volcánico y análisis de riesgos.

La DGM, por su parte, actúa como autoridad concedente, gestiona concesiones de beneficio y transporte, regula técnicamente el sector y evalúa programas de inversión.

Ambos organismos cumplen roles cruciales en la promoción de la minería sostenible y la prevención de riesgos, pero el reciente reacomodo en las direcciones estratégicas —con funcionarios con vínculos recientes en el sector informal y la política— activa el debate sobre la independencia y la integridad en la gestión pública.

Hasta el cierre de esta edición, el MINEM no ha informado públicamente los criterios por los que seleccionó a Alzamora para dirigir la DGM ni ha detallado los mecanismos para evitar conflictos de interés.

La lucha contra la minería ilegal en Crucitas, en la frontera norte de Costa Rica, continúa intensificándose. En los últimos días, la Fuerza Pública logró la detención de 12 personas vinculadas con estas actividades ilícitas, en una serie de operativos realizados en distintos puntos de esta conflictiva zona del cantón de San Carlos.

De acuerdo con información oficial, la mayoría de los detenidos corresponde a ciudadanos nicaragüenses que se encontraban realizando labores de extracción de oro de manera ilegal dentro del territorio nacional. Estas personas fueron remitidas a la Fiscalía de San Carlos, donde podrían enfrentar cargos por presunta infracción al Código de Minería, lo que podría derivar en sanciones penales según lo establecido por la legislación costarricense.

El resto de los aprehendidos fue interceptado mientras se dirigía hacia los puntos de extracción clandestina. En estos casos, las autoridades determinaron que permanecían en condición migratoria irregular, por lo que fueron puestos a la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería para iniciar su proceso de deportación hacia Nicaragua.

Crucitas se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales focos de minería ilegal en Costa Rica. Esta actividad no solo representa un desafío creciente en materia de seguridad, sino que también genera un impacto significativo en el ambiente, afectando ecosistemas de alto valor ecológico. La extracción artesanal, sin controles técnicos ni regulaciones, provoca la degradación de los suelos, la deforestación y la contaminación de fuentes de agua, especialmente por el uso de sustancias tóxicas como el mercurio.

A esto se suma la presencia de grupos organizados que, según han advertido las autoridades, operan detrás de estas actividades ilegales, lo que complica aún más el panorama. La dinámica en la zona ha obligado al Estado costarricense a reforzar la vigilancia y a mantener una presencia constante de cuerpos policiales.

Frente a este escenario, la Fuerza Pública mantiene operativos permanentes en el área, con presencia las 24 horas del día. Los oficiales deben enfrentar condiciones particularmente difíciles, como intensas lluvias, terrenos fangosos y de difícil acceso, así como la constante movilidad de quienes participan en la minería ilegal, lo que dificulta su localización y captura.

Como parte de estas acciones, también se logró el decomiso de múltiples herramientas y equipos utilizados para la extracción de oro. Entre los artículos incautados se encuentran rotamartillos, palas, barras metálicas, máquinas tipo tómbolas, plantas eléctricas y bombas sumergibles, entre otros implementos clave para estas operaciones clandestinas.

El retiro de estos insumos representa un golpe importante para las organizaciones que operan en la zona, ya que limita su capacidad de continuar con las actividades extractivas ilegales. Sin embargo, las autoridades reconocen que el fenómeno es complejo, dinámico y persistente, por lo que requiere de intervenciones sostenidas en el tiempo y de una coordinación interinstitucional.

La presencia de oreros en Crucitas ha sido una constante en los últimos años, impulsada en gran medida por factores económicos y sociales en la región fronteriza. La falta de oportunidades laborales y la cercanía con Nicaragua han contribuido a que muchas personas vean en la extracción de oro una alternativa para generar ingresos, pese a los riesgos legales y ambientales que implica.

En este contexto, las autoridades reiteraron que los operativos continuarán desarrollándose de manera permanente, con el objetivo de proteger los recursos naturales del país, preservar los ecosistemas afectados y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la minería ilegal, destacando que la colaboración ciudadana es clave para enfrentar este problema que afecta tanto al ambiente como a la seguridad nacional.

De acuerdo a información difundida por Canal N, la acción fue ejecutada por representantes de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de la provincia del Santa, en coordinación con efectivos de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional. Según la información brindada por las autoridades, durante el operativo se identificaron instalaciones utilizadas para el procesamiento artesanal de mineral sin autorización legal vigente.

Maquinaria artesanal

Durante la intervención, las autoridades constataron la existencia de diversa infraestructura vinculada a actividades mineras informales. Entre los elementos hallados se encontraron quimbaletes, molinos artesanales, pozos con relaves y sistemas de abastecimiento de agua utilizados para el procesamiento de minerales.

Asimismo, los agentes detectaron indicios de actividad reciente en ambos puntos intervenidos. Según Canal N, entre las evidencias reportadas figuran residuos húmedos, conexiones operativas y herramientas de trabajo que habrían sido utilizadas en las labores de procesamiento mineral. Las autoridades señalaron que estas instalaciones operaban de manera irregular y sin los permisos correspondientes.

Cuatro intervenidos

Como resultado del operativo, cuatro personas quedaron intervenidas luego de no poder acreditar autorización legal para desarrollar actividades mineras en la zona. Las autoridades verificaron además que no existían registros vigentes vinculados a las operaciones en la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash ni en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La Fiscalía y la Policía dispusieron también la interdicción de las dos plantas intervenidas. En el lugar se incautaron equipos celulares y tres motocicletas que habrían estado relacionadas con las actividades detectadas durante las diligencias realizadas en Huarmey.

Fiscalía y PNP continúan acciones contra minería ilegal

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones destinadas a enfrentar la minería ilegal e informal en distintas zonas de Áncash. La intervención se desarrolló bajo coordinación entre el Ministerio Público y las unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de delitos ambientales.

La minería ilegal es considerada una actividad que genera impactos ambientales debido al manejo inadecuado de residuos y relaves, además de operar al margen de la normativa vigente. Por ello, las autoridades señalaron que continuarán realizando operativos de fiscalización e interdicción en diferentes puntos de la región.

Interdicciones a la minería ilegal se duplicaron

Entre 2024 y 2026, el Estado peruano más que duplicó el promedio mensual de operativos de interdicción contra la minería ilegal. Según datos expuestos por el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, en 2026 se superaron las 130 intervenciones mensuales, mientras que en 2024 la cifra era de 62. Este incremento responde a la expansión de las actividades mineras ilícitas y al aumento del precio internacional del oro, que superó los 5.000 dólares por onza.

A pesar de la intensificación de los operativos, los recursos destinados a combatir la minería ilegal continúan siendo insuficientes frente a esta problemática, que moviliza más de 12.000 millones de dólares anuales, diez veces más que el narcotráfico, pero recibe apenas una décima parte de los fondos asignados a la lucha antidrogas. En 2025, el presupuesto estatal destinado a esta tarea fue de 70 millones de soles y, en 2026, aumentó a 178 millones, mientras que la lucha antidrogas alcanzó los 700 millones de soles en el mismo periodo.

El impacto ambiental y social de la minería ilegal es severo. En los últimos años, se han destruido más de 140.000 hectáreas de bosques y contaminado al menos 225 cuerpos de agua con mercurio, afectando principalmente a regiones como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco. La contaminación compromete la salud y el sustento de comunidades indígenas, cuyos recursos hídricos resultan esenciales para su supervivencia. El esfuerzo estatal, reflejado en la multiplicación de operativos y decomisos, aún no logra contener la expansión de este delito, que sigue avanzando sobre los ecosistemas más vulnerables del país.

Tropas del Batallón de Selva No. 48 de la Brigada 19 del Ejército Nacional ubicaron e incautaron 27 toneladas de cianuro almacenadas de forma irregular en la zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Este decomiso, ejecutado durante una operación de inteligencia, se realizó en un contexto de lucha constante contra la minería ilegal en la región. El Ejército Nacional reportó que la sustancia, altamente reactiva y tóxica, estaba bajo custodia de una estructura criminal que opera actividades ilícitas en la zona.

El cianuro es un compuesto químico letal, utilizado principalmente en procesos industriales y en la extracción de oro y plata. De acuerdo con la información oficial, el material confiscado iba a ser empleado en prácticas de minería ilegal, lo que representa un grave riesgo tanto para la salud de la población como para el medioambiente.

Consecuencias ambientales y de salud pública

La alta toxicidad del cianuro lo convierte en una amenaza inmediata cuando se maneja sin los controles necesarios.

Las autoridades señalaron que la mezcla incautada estaba almacenada en condiciones precarias, lo que incrementaba el peligro de intoxicación masiva por inhalación, ingestión o contacto físico. En palabras del Ejército Nacional, “el cargamento representaba un riesgo inminente para la salud pública y el ecosistema local”.

El uso indiscriminado de sustancias como el cianuro genera daños irreversibles en los ecosistemas, contamina el agua y afecta la fauna, la flora y la vida de cientos de familias que dependen de estos recursos naturales.

De acuerdo con las autoridades, la manipulación inadecuada de estos químicos puede dejar secuelas de difícil reparación en las fuentes hídricas y en la biodiversidad de la región.

Reacción institucional y acciones articuladas

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la labor de la fuerza pública en la región, especialmente en la zona sur, donde la minería ilegal se tornó en una fuente de financiación para grupos armados.

“Toda nuestra fuerza pública cuenta con el apoyo irrestricto de la Gobernación de Bolívar para que continúe, con determinación, asestando golpes contundentes contra los grupos ilegales y garantizando la seguridad en el territorio. Estas acciones también permiten prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de miles de familias. Seguimos avanzando en la construcción de un departamento más seguro y en paz”, expresó el mandatario a medios locales.

Desde la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar se resaltó la importancia del trabajo conjunto entre la fuerza pública y las autoridades territoriales, que intensificaron las operaciones contra la minería ilegal.

El objetivo es garantizar la seguridad y la preservación de los recursos naturales del departamento. Tras la incautación, el material quedó a disposición de la autoridad competente y se inició la investigación correspondiente para identificar la procedencia y los responsables.

Tras la incautación, las autoridades iniciaron una investigación para determinar el destino final del cargamento y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El Ejército Nacional subrayó que la acción representa “un golpe contundente a los grupos armados ilegales que se dedican a prácticas que acaban con el medioambiente”.

Contexto de seguridad en la región: capturas y desarticulación de grupos armados

En el mismo contexto de operaciones contra el crimen organizado, las autoridades informaron sobre la captura de siete presuntos integrantes del Clan del Golfo en diferentes municipios de Bolívar y Magdalena.

La operación fue desarrollada por la Fuerza Naval del Caribe, con apoyo de la Primera División del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Según la información oficial, cinco de los detenidos tenían órdenes judiciales por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, mientras que dos fueron capturados en flagrancia.

Entre los capturados se encuentra una mujer identificada como presunta cabecilla pseudopolítica de la subestructura Edwin José Sierra Regino, señalada de reclutamiento forzado de menores y de la dinamización de economías ilegales.

Otro capturado sería responsable del almacenamiento de material de guerra y control de actividades criminales. Durante el operativo se incautaron armas, munición, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.

Los detenidos y el material confiscado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para su respectivo proceso. La Armada de Colombia reiteró que continuará con las operaciones conjuntas para debilitar las estructuras criminales que afectan a la región y garantizar la seguridad de la población.

El Estado peruano duplicó el número de interdicciones contra la minería ilegal en menos de dos años, mientras la asignación presupuestaria sigue sin equiparar el impacto económico y ambiental de este delito.

Según datos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la minería ilegal moviliza más de US$ 12.000 millones anuales, 10 veces más que el narcotráfico, pero recibe solo una décima parte de los recursos asignados a la lucha antidrogas.

El general (r) Rodolfo García, Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó en el XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores que en 2026 el promedio mensual de interdicciones superó las 130, frente a las 62 registradas en 2024.

La cifra representa un incremento superior al 100% en la frecuencia de operativos, impulsada por la expansión de actividades ilegales y el alza del precio internacional del oro, que ha alcanzado más de cinco mil dólares la onza.

Impacto ambiental y social: datos y zonas críticas

La minería ilegal ha dejado más de 140.000 hectáreas de bosques destruidos y al menos 225 cuerpos de agua contaminados con mercurio, afectando principalmente a las regiones de Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco.

El informe del IIMP advierte que la contaminación compromete la salud y los medios de vida de comunidades indígenas, para quienes los recursos hídricos de la Amazonía son esenciales. El aumento del precio del oro ha incentivado la expansión de operaciones ilegales, que aprovechan vacíos regulatorios y limitaciones en la respuesta estatal.

La PCM detalló que el presupuesto estatal destinado a combatir la minería ilegal fue de S/70 millones en 2025, mientras la lucha contra el narcotráfico recibió S/700 millones ese mismo año.

Para 2026, la asignación para minería ilegal subió a S/ 178 millones, aunque la distancia frente al impacto económico y social persiste. En dos años, se ejecutaron más de 2.300 operativos y se decomisaron bienes valorados en más de S/7.000 millones, según los reportes oficiales.

Estrategias oficiales y límites del modelo actual

La estrategia nacional, aprobada en 2025, involucra a 18 instituciones y adopta el llamado “modelo Pataz”, enfocado en la instalación de puestos de control multisectoriales en rutas fiscales clave para garantizar la trazabilidad de minerales, equipos y personas.

En la provincia de Pataz, región La Libertad, en 2025 se excluyó del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a más de 1.000 mineros por incumplimiento de requisitos. A nivel nacional, la exclusión ya supera los 50.000 registros, lo que limita vías de legalización para actividades ilícitas.

El Decreto Legislativo 1695 ha otorgado mayores facultades a fiscales y policías, quienes ahora pueden intervenir no solo en la extracción, sino también en el transporte, acopio y comercialización de minerales. Según el general García, la minería ilegal representa un riesgo para la seguridad, la gobernabilidad y la salud pública.

El esfuerzo estatal se refleja en la multiplicación de operativos, pero la magnitud del problema pone en el ojo público que los recursos y acciones aún resultan insuficientes para contener la expansión del delito.

Un duro golpe contra las economías ilícitas propinó la Fiscalía General de la Nación después de que informara en la mañana del domingo 3 de mayo sobre la desarticulación de un complejo enclave de minería ilegal en el departamento del Cauca.

Según datos revelados por el ente investigador, el operativo dejó como resultado la captura y judicialización de once individuos, que fueron sorprendidos mientras extraían oro sin permisos, utilizando métodos que ponen en riesgo el equilibrio ambiental del sector.

La diligencia fue desarrollada en las últimas horas en la vereda La Alegría, en zona rural de Santander de Quilichao, donde se documentó un grave impacto ecológico sobre el río Quinamayó.

Durante la acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, los funcionarios hallaron maquinaria y equipos destinados a la extracción aurífera, entre ellos dos motores, dos motobombas, cuatro dragas tipo buzo, seis clasificadoras de oro y tres taladros percutores.

La evidencia permitió establecer que los capturados estarían empleando técnicas no convencionales, vertiendo sustancias tóxicas y abandonando desechos sólidos directamente en las fuentes hídricas.

El procedimiento judicial incluyó la presentación de los detenidos ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, ecocidio y contaminación ambiental.

Según la Fiscalía, los acusados no solo operaban sin los permisos requeridos, sino que además generaron afectaciones directas sobre el ecosistema, principalmente en el cauce del río Quinamayó, receptor de los residuos contaminantes.

El grupo de procesados fue plenamente identificado y responden a los nombres de Jhon Jairo Mina Zapata, Mayken Steven Palacios Balanta, Leiner Edilson Gómez Tegue, José Wilson Camilo Caicedo, Ronald Stiven Trochez Coronado, Niber Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortez, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lasso Campo y Víctor José Molina Cortez.

Sin embargo, aunque el material probatorio en su contra fue catalogado por la justicia como suficiente, todos los acusados se abstuvieron de aceptar los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades sostienen que la modalidad de explotación, en socavón y aluvión, afectó de manera directa la ronda hídrica y puso en peligro especies nativas y la calidad del agua utilizada por comunidades cercanas.

Operativo en Antioquia desarticuló banda que extraía oro en San Luis

La Policía Nacional desmanteló dos unidades de minería ilegal en la vereda El Prodigio, zona rural del municipio de San Luis, Antioquia, durante un operativo ejecutado en el marco de la operación “Hefesto”, con la colaboración de la Seccional de Carabineros, Protección Ambiental y el Ejército Nacional.

Según información entregada por las autoridades, el valor total de la maquinaria destruida supera 1.000 millones de pesos, que servía para generar graves daños ambientales en zona rural del municipio.

El procedimiento, realizado como parte de acciones coordinadas para frenar el daño ambiental y el avance de las economías ilícitas en el oriente antioqueño, incluyó la inutilización de una excavadora Komatsu valorada en 350 millones de pesos, una excavadora Zoomlion de aproximadamente 670 millones, cuatro dragas tipo buzo y siete motobombas a combustión, detalló la Policía Nacional.

El impacto del operativo recae especialmente sobre las actividades ilegales que afectan de manera grave los ecosistemas locales, incluyendo fuentes hídricas y suelos, de acuerdo al coronel Luis Muñoz, comandante del departamento.

“Este tipo de acciones impacta directamente las economías ilícitas que operan en la región y que generan graves afectaciones a los ecosistemas, especialmente en fuentes hídricas y suelos”, señaló el oficial.

Entretanto, las autoridades anunciaron la continuidad de los operativos en distintas zonas de Antioquia para contrarrestar la minería ilegal y salvaguardar los recursos naturales.

El Comando Unificado Pataz ejecutó la operación “Caballo de Troya” en el anexo Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad, como respuesta a informes de inteligencia que alertaron sobre la presencia de armamento ilegal vinculado a actividades de minería ilegal y crimen organizado.

La intervención se realizó durante la madrugada del viernes 1 de mayo, bajo el marco del estado de emergencia vigente en la zona.

Durante la operación, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano (EP) aseguraron el área e ingresaron a un sector conocido como “Las Porfirias”, en el área de “Los Alisos”, donde localizaron una bocamina utilizada como refugio por un grupo numeroso de personas investigadas por presuntas actividades ilícitas. El despliegue táctico involucró la participación de unidades especializadas GRECO y FEC, junto a fuerzas militares.

Como resultado, se logró la detención de 68 personas y la incautación de un arsenal de guerra compuesto por tres fusiles Galil, un fusil de francotirador, un fusil automático ligero FAL, cuatro subametralladoras, municiones de diversos calibres, explosivos y cargadores específicos para este armamento.

Según el reporte oficial, 67 de los detenidos no pertenecerían a Pataz, sino que procederían de otras jurisdicciones, lo que refuerza la hipótesis sobre la presencia de redes delictivas externas en la zona.

Impacto de la intervención y balance acumulado

El material incautado y las personas intervenidas fueron trasladados a la comisaría del sector, donde permanecen bajo investigación a cargo de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el proceso de identificación y diligencias se realiza conforme a ley, y que todos los hallazgos han sido puestos a disposición de las instancias competentes para continuar con las investigaciones.

En conferencia realizada en Trujillo, el jefe del Comando Operacional del Norte, general de división EP Carlos Rabanal Calderón, junto a altos mandos militares y policiales, destacó la importancia de esta operación conjunta.

La intervención fue presentada como uno de los golpes más significativos contra la estructura de la minería ilegal y el crimen organizado desde la creación del Comando Unificado Pataz, por la cantidad de armamento incautado y el alcance del operativo.

El balance acumulado del Comando Unificado en la región indica una afectación económica aproximada de S/ 250 millones a las actividades ilícitas, la incautación de 78 armas entre fusiles y pistolas, más de 16 000 municiones, más de 33 000 kilos de explosivos y la detención de más de 159 personas desde el inicio de sus operaciones.

Compromiso de las fuerzas del orden

El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio del Interior reafirmaron su compromiso de mantener el combate contra la minería ilegal y fortalecer la seguridad de la población en la provincia de Pataz.

La presencia activa de las fuerzas del orden busca restablecer el principio de autoridad y garantizar la tranquilidad de los habitantes frente a escenarios de alta peligrosidad provocados por el avance del crimen organizado.

Una operación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) junto a la Policía de Carabineros permitió descubrir y suspender una explotación minera ilegal en el municipio de Soacha.

El hallazgo se produjo en la vereda Panamá, en la que equipos técnicos y uniformados constataron la extracción de materiales de construcción mediante maquinaria pesada, sin que la actividad contara con el título minero vigente requerido por la normativa colombiana.

Según informó la CAR, en el lugar funcionaban tres puntos de extracción activos. En el primero, cuatro volquetas y una retroexcavadora cargaban arena, grava y recebo, mientras que una zaranda permitía la clasificación del material.

El segundo punto contaba con dos cargadores, una máquina amarilla y otro vehículo de carga en plena faena. El tercer frente también registraba movimiento con equipos pesados, todos operando fuera de la regulación estatal.

Por su parte, el director de la CAR, Alfred Ballesteros publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que informó a cerca de este hecho: “Desde la @CAR_Cundi y con apoyo de la Policía de Carabineros, suspendimos tres frentes de explotación de arena y recebo que operaban sin título minero vigente en zona rural del municipio de Soacha. En el operativo encontramos: Retroexcavadoras en plena operación Volquetas y cargadores trabajando. Clasificación de material en curso. Seguiremos ejerciendo nuestra actualidad ambiental en función del territorio CAR”.

De acuerdo con un reporte oficial recogido por la CAR, la intervención se motivó porque la explotación carecía del permiso y título minero actualizado otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

César Rico Mayorga, director regional de la entidad en Soacha, explicó: “El proyecto no tiene el título minero vigente que otorga la autoridad competente, por lo que se procedió a suspender de inmediato la operación”, declaración recogida por la propia corporación.

La licencia ambiental que poseía el emprendimiento databa de 2003 y ya no cumplía con los requisitos legales. Según detalló la CAR, la suspensión se aplicó de manera inmediata sobre todas las labores extractivas en la zona, como parte de los principios de control ambiental y coordinación institucional entre autoridades.

La intervención busca evitar daños ambientales y frenar prácticas irregulares que amenazan los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas del municipio.

La CAR reiteró que mantendrá operativos conjuntos con la Policía para identificar y sancionar este tipo de actividades fuera de la ley en el departamento de Cundinamarca.

La CAR inició acciones legales tras detectar acopio ilegal de madera en un predio rural

En un operativo realizado en la vereda San Jorge, en el municipio de Soacha, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva tras hallar 42 unidades de madera acopiadas sin autorización, presuntamente destinadas a la producción de carbón vegetal.

Según informó la CAR, el material incautado corresponde a trozas de ciprés almacenadas en el predio Las Acacias, en el que no se contaba con permiso de aprovechamiento forestal.

El procedimiento, reportado por la autoridad ambiental, permitió identificar que la madera ya se encontraba lista para ser utilizada, aunque no se evidenció quema a cielo abierto durante la inspección. De acuerdo con un comunicado de la CAR, la actividad se desarrollaba de forma irregular y actualmente se encuentra en proceso sancionatorio administrativo.

César Augusto Rico Mayorga, director regional de la CAR en Soacha, explicó que “en el momento de la visita técnica reposan restos de madera a la espera de surtir el trámite sancionatorio correspondiente”.

El funcionario realizó un llamado para erradicar prácticas que afectan los recursos naturales y señaló que “es fundamental tratar de evitar estas actividades que afectan los recursos aire, suelo y flora”, de acuerdo con declaraciones recogidas por la entidad.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reiteró que la tala sin autorización impacta directamente recursos como el agua y el suelo. Según la información difundida, toda intervención forestal requiere autorización previa de la autoridad ambiental competente. Además, la entidad recordó que la protección del entorno es una obligación colectiva de la ciudadanía.

Por el momento, el material incautado permanece bajo custodia en el predio mientras avanzan las acciones administrativas para establecer responsabilidades y determinar eventuales sanciones.

La tercera acción a gran escala en menos de dos meses volvió a poner en evidencia cómo operan estas estructuras ilegales en una franja cercana al límite con territorio peruano. Tropas ecuatorianas ingresaron en helicópteros a sectores como San Luis, Dos Camas y La Aída, donde localizaron campamentos precarios levantados con madera y plástico en medio de la montaña. Según los reportes oficiales, desde el inicio de los operativos también se ha logrado desalojar a más de 2.000 personas que permanecían en las inmediaciones del parque, mientras la presión sobre el ecosistema continuaba avanzando con la explotación no autorizada de material aurífero.

El despliegue militar en Podocarpus y la estructura detrás de la minería ilegal

Las acciones se desarrollan dentro del Parque Nacional Podocarpus, una reserva de 146.000 hectáreas considerada clave para la conservación ambiental y la provisión de agua en la región. El área forma parte de la Reserva de Biósfera del Ecuador, reconocida por la UNESCO desde 2007, y se ha convertido en un punto crítico por la expansión de la minería ilegal en frontera con Perú. De acuerdo con información de inteligencia militar, el control de estas actividades estaría en manos del grupo armado Los Lobos, una referencia que ha encendido las alertas por la combinación de crimen organizado, extracción ilícita y ocupación territorial.

Durante la más reciente intervención, los uniformados destruyeron infraestructura usada para sostener la operación minera clandestina. Entre los elementos encontrados figuran bocaminas, rotomartillos, generadores eléctricos, emulsiones explosivas, mecha lenta, combustible, municiones, una carabina Mossberg, además de campamentos con capacidad para decenas de personas. También se halló un centro de procesamiento de material aurífero equipado con chancadoras, mangueras de agua y antenas satelitales Starlink, lo que muestra un nivel de organización mucho más amplio que el de una actividad artesanal aislada.

133.000 dólares de afectación económica a mafias

Las autoridades ecuatorianas sostienen que la intervención busca cortar la logística de las redes dedicadas a la explotación ilegal de oro, afectando su capacidad de movilización, abastecimiento y permanencia en la zona. En las operaciones ejecutadas en este sector, la afectación económica estimada supera los 133.000 dólares, una cifra que forma parte de los cálculos oficiales sobre el golpe a las estructuras criminales asentadas en el parque.

Desde el punto de vista operativo, el ingreso por aire ha sido uno de los factores que ha permitido a las tropas avanzar sobre una geografía difícil, marcada por cerros, vegetación densa y accesos limitados. Los campamentos detectados estaban distribuidos en distintos puntos de la reserva y funcionaban como bases temporales para el personal involucrado en la extracción, el procesamiento y la custodia del material obtenido de forma ilegal.

En paralelo, la presencia militar en esta zona de la frontera Perú-Ecuador se mantiene como parte de una estrategia de control territorial que apunta a frenar el avance de economías ilícitas en áreas protegidas. La secuencia de operativos iniciada en marzo ha dejado al descubierto una red con capacidad para instalar, mover y rearmar infraestructura clandestina en cuestión de días, mientras persiste la presión sobre uno de los espacios naturales más frágiles del sur ecuatoriano.

La pérdida de bosques primarios tropicales en el Perú se redujo en 8 % durante el año 2025, de acuerdo con un informe de Global Forest Watch difundido por el Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés). De acuerdo a información difundida por Andina Noticas, el país registró una disminución en comparación con el año 2024.

Según el reporte, en el territorio peruano se perdieron 1.700 hectáreas de bosques primarios tropicales durante el último año. Esta cifra representa el 0,25 % del total de áreas de bosques primarios perdidas a nivel mundial. Los bosques primarios tropicales son considerados ecosistemas clave debido a que no han sido intervenidos por la actividad humana y cumplen funciones relacionadas con la regulación climática y la conservación de la biodiversidad.

Pese a la reducción reportada, el Perú se mantiene entre los países con mayores niveles de pérdida de bosques primarios. El informe ubica al país en el quinto lugar del ranking mundial, por detrás de Brasil, Bolivia, Congo e Indonesia.

Agricultura y minería ilegal: principales causas

El estudio de Global Forest Watch, citado por Andina Noticias, señala que la expansión de la actividad agropecuaria continúa siendo la principal causa de pérdida de bosques tropicales en el Perú. Entre los factores identificados destacan el crecimiento de cultivos como el cacao y la palma aceitera, actividades que generan presión sobre las áreas forestales.

Asimismo, el informe advierte que la minería ilegal sigue teniendo un impacto importante en la reducción de bosques primarios, especialmente en la región Madre de Dios. El reporte indica que la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios registrada entre los años 2002 y 2025 en dicha zona del país.

El documento también relaciona la pérdida de bosques con factores climáticos y ambientales. En ese sentido, menciona que los incendios forestales, favorecidos por el calor extremo y las sequías, contribuyen a acelerar la degradación de estos ecosistemas.

Panorama global y efectos ambientales

A nivel mundial, el informe del WRI reporta que durante 2025 se perdieron 4 millones 290 mil hectáreas de bosques tropicales, una cifra equivalente —según la entidad— a la desaparición de más de 11 canchas de fútbol por minuto. No obstante, el estudio destaca que esta pérdida representa una reducción de 36 % respecto al año 2024, periodo marcado por numerosos incendios forestales.

Del total global perdido, un millón 620 mil hectáreas desaparecieron a causa de incendios, mientras que 2 millones 670 mil hectáreas se redujeron por otras causas, principalmente relacionadas con actividades humanas. A pesar de la disminución anual, el WRI advirtió que la cifra actual sigue siendo 46 % superior a la registrada hace diez años.

El informe subraya además que la pérdida de bosques primarios genera consecuencias sobre la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y las fuentes de agua, además de afectar a las poblaciones que dependen de estos ecosistemas para su alimentación, medicina e identidad cultural. En América Latina, se estima que entre 2001 y 2025 se perdieron 132 millones de hectáreas de bosques primarios.

El Ministerio de Defensa de Colombia descartó que el Clan del Golfo realice explotación minera en instalaciones militares del Bajo Cauca antioqueño, tras una inspección liderada por el ministro Pedro Sánchez Suárez en la zona.

La visita respondió a informes que circulaban sobre supuestas actividades ilícitas de extracción de oro dentro del Batallón Rifles, en el municipio de Caucasia. Durante la verificación, el titular de la cartera de Defensa, acompañado por autoridades civiles, militares y equipos técnicos, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene el control institucional y supervisa el cumplimiento de la ley en el área.

El funcionario subrayó que, tras revisar el terreno, no se halló evidencia de explotación minera del Clan del Golfo dentro de la unidad militar, contradiciendo versiones periodísticas y rumores recientes.

Según información recopilada y difundida por el ministerio, la inspección identificó actividades de extracción de oro a cargo de mineros artesanales, algunos asociados a La Mandinga, en terrenos colindantes con el Batallón Rifles, pero fuera de los límites militares.

Estos predios, bajo administración del Fondo para la Reparación de Víctimas, presentan operaciones mineras con maquinaria pesada, lo que ha generado afectaciones ambientales severas en el ecosistema local.

El ministerio señaló que se detectaron discrepancias entre los linderos oficiales registrados en Catastro y los que constan en escrituras públicas, situación que será objeto de una revisión jurídica y técnica para definir con precisión los límites del predio militar.

Medidas inmediatas y refuerzo de control institucional

El ministro Pedro Sánchez Suárez anunció que el Gobierno fortalecerá sus políticas y tomará decisiones inmediatas para garantizar el control y la transparencia en la zona. Entre las acciones implementadas se encuentra el inicio de una misión de trabajo por parte de la Inspección del Ejército Nacional, así como la verificación jurídica y técnica de los linderos del Batallón Rifles.

Además, se intensifica el control operacional, con la incautación y destrucción de maquinaria empleada en la minería ilegal, judicialización de responsables y coordinación con las autoridades ambientales y judiciales competentes.

El Ministerio de Defensa remarcó que la fuerza pública actúa bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y protección a la población civil, aplicando la fuerza exclusivamente en situaciones previstas por la ley y priorizando la protección de los derechos fundamentales.

“Estamos al frente de esta situación, actuando con evidencia, control institucional y decisiones firmes en territorio, para proteger el medio ambiente y a las comunidades, manteniendo la confianza de los colombianos en su fuerza pública”, afirmó Sánchez Suárez durante su visita.

Nuevos compromisos del Gobierno y articulación institucional

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una estrategia integral, que incluye diálogo directo con líderes de La Mandinga para detener la minería no artesanal, y la implementación de medidas sociales, económicas, legales y de seguridad para enfrentar la problemática.

Estas acciones se desarrollan en la hoja de ruta establecida por la Mesa de Seguimiento del Bajo Cauca antioqueño, con compromisos y cronograma para abordar la minería ilegal.

El Ministerio de Defensa dispuso además las líneas nacionales 107 y 157 para recibir denuncias sobre actividades ilícitas o presencia de grupos criminales que representen un riesgo para la seguridad de las comunidades.

Minería ilegal y presencia de organizaciones criminales

El contexto regional evidencia que la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño involucra tanto economías de subsistencia como estructuras criminales. El Ejército Nacional, en un comunicado reciente, reconoció la existencia de entre 2.000 y 2.500 mineros ilegales en la finca La Mandinga, un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y colindante con la base militar.

De acuerdo con la institución castrense, la actividad minera en la zona carece de título y protección legal, y ha provocado un “daño ambiental severo e irreversible”. El Ejército reportó desde 2022 estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, reiterando su compromiso con la legalidad y la protección ambiental.

Las operaciones de la Séptima División han incluido la destrucción de maquinaria y equipos empleados en la actividad ilícita, así como la presentación de nuevas acciones penales contra responsables.

The New York Times documentó la magnitud de la operación minera en terrenos próximos al batallón, señalando que parte del oro extraído habría servido para financiar al Clan del Golfo y parte del metal habría llegado hasta la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

El fotógrafo documental colombiano Federico Ríos Escobar, colaborador habitual de The New York Times y testigo directo de la realidad en las regiones más apartadas del país, compartió detalles inéditos de la investigación que dio origen al reportaje Cartel gold, sold as ‘American’ (Oro de Cartel, vendido como «americano»), publicado en la edición impresa del periódico estadounidense el martes 28 de abril de 2026.

En conversación con la periodista María Jimena Duzán para el videopódcast A fondo, Ríos detalló el proceso de reportería, los riesgos enfrentados y el impacto global del tráfico de oro ilegal colombiano, que termina en monedas oficiales de Estados Unidos.

Según explicó el fotógrafo caldense a Duzán, la investigación comenzó con la inquietud de rastrear el destino del oro extraído de territorios históricamente controlados por grupos armados en Colombia, y uno de ellos terminó siendo mencionado, y que de paso generó polémica en el país: el Clan del Golfo (ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

“Había una sospecha clara en las regiones mineras de Antioquia, especialmente Caucasia, sobre cómo el Clan del Golfo no solo controla la extracción, sino que también regula toda la cadena de valor del oro”, relató Ríos.

“En el terreno, los mineros saben que cada gramo tiene dueño antes de salir de la tierra. El clan cobra cuotas y supervisa cada operación”, puntualizó el freelancer.

El proceso de reportería llevó a Ríos y el equipo de The New York Times a visitar minas como La Mandinga y a documentar la forma en que el oro ilegal es comercializado.

“Lo que vimos es una economía ilegal completamente normalizada. Tiendas locales, comerciantes que compran oro a sabiendas de su origen y empresas exportadoras que lo mezclan con oro legal antes de enviarlo al exterior”, explicó el oriundo de Manizales, y ante la dificultad de diferenciar entre lo legal y lo ilegal en el terreno.

El viaje del oro: de Colombia a Estados Unidos

Ríos narró que el oro extraído de forma ilícita es vendido por mineros informales y comerciantes locales a empresas exportadoras, algunas de ellas de propiedad estatal.

“Estas empresas, en muchos casos, funden el oro y lo mezclan con suministros legales. Así, el oro pierde su rastro y se convierte en un lingote sin pasado”, dijo.

Además, los registros de exportación revisados por el equipo periodístico del diario norteamericano demuestran que lingotes valorados en cientos de millones de dólares han sido enviados a Estados Unidos en el último año (2025).

En Estados Unidos, el oro llega a refinerías como Dillon Gage, en Texas, donde se mezcla con material reciclado y oro de otros países sudamericanos.

En esta parte del procedimiento Ríos aseveró: “Hablamos con directivos de estas refinerías y admitieron que, una vez mezclado, el oro se considera ‘estadounidense’. Legalmente, todo está en regla, pero el origen real se pierde para siempre”.

Ríos destacó una declaración clave de uno de los ejecutivos: “El director de Dillon Gage nos dijo que sus clientes saben que el oro tiene múltiples fuentes, pero que la documentación y las prácticas de refinación lo vuelven indistinguible”.

Monedas oficiales con oro de origen criminal: la realidad desde La Mandinga

El reportaje detalla cómo dos de los proveedores habituales de la Casa de la Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) obtienen parte de su oro de Dillon Gage y otra refinería, Asahi USA, en Salt Lake City (Utah).

Ambas admiten mezclar oro de numerosos países, incluyendo Colombia, según lo que detalló el informe periodístico en la edición impresa de The New York Times.

“Descubrimos documentos y testimonios que demuestran que el oro ilegal colombiano no solo entra a Estados Unidos, sino que termina en monedas como la American Eagle, que se venden como símbolo de pureza y origen nacional”, explicó Ríos en la entrevista.

El fotógrafo hizo hincapié en una parte de la charla con Duzán sobre la dimensión global del fenómeno.

Al respecto, Ríos menciona que “la Casa de la Moneda reconoce que el oro es ‘principalmente’ estadounidense, pero nuestros hallazgos muestran que también incluye material de minas controladas por grupos armados en Colombia, casas de empeño en México y Perú, e incluso minas africanas con participación estatal china”.

La investigación fue posible por el trabajo conjunto de periodistas y documentalistas que lograron acceso a documentos, entrevistas y testimonios en Colombia y Estados Unidos.

“El gran hallazgo es cómo el sistema está diseñado para borrar el pasado del oro. Hay una prohibición legal en EE. UU. desde 1985 para fabricar lingotes con oro extranjero, pero la mezcla y las lagunas en la trazabilidad permiten que el oro ilegal se legalice”, expuso Ríos.

Las consecuencias ambientales y sociales en Colombia

“La minería ilegal destruye selvas, contamina fuentes de agua y financia a organizaciones criminales”, advirtió Ríos, que documentó cómo el Clan del Golfo mantiene el control territorial y económico de la extracción.

“El oro que termina en monedas estadounidenses no solo viola leyes ambientales y laborales, también financia actividades criminales y perpetúa la violencia en regiones como Caucasia”, una subregión situada en el Bajo Cauca antioqueño (al noroccidente de Colombia).

El precio internacional del oro, que ronda los 5.000 dólares la onza, incentiva la extracción y el tráfico ilegal, y con ello favorece a redes que se extienden desde las minas hasta los mercados financieros globales.

Para el fotógrafo documental, “la demanda internacional y la impunidad en la cadena de suministro hacen que el problema siga creciendo”.

El llamado a la responsabilidad y a pensar en el impacto al medio ambiente

En la conversación, Ríos puntualizó la necesidad de mayor control y transparencia en la cadena de suministro del oro.

“La responsabilidad no es solo de los mineros o traficantes, sino también de quienes compran y procesan el oro a nivel global. Los consumidores e inversionistas deben exigir trazabilidad real”, concluyó.

Continúa la polémica por el hallazgo de La Mandinga, un predio ubicado en inmediaciones a una unidad militar en el Bajo Cauca antioqueño en el que se estarían realizando actividades mineras de forma ilegal.

La investigación realizada por el medio internacional The New York Times detalla que trabajadores locales operaban bajo protección directa del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Pese a que el grupo armado negó su vinculación con el predio mencionado, se conoció una nueva versión que demostraría lo contrario. El exparamilitar José Germán Sena Pico, conocido con el alias de Nico, reveló que los trabajadores mineros abonan desde hace años un porcentaje significativo de su producción al Clan del Golfo, situación que persiste pese a que estos terrenos fueron entregados por él para la reparación de víctimas del conflicto armado en 2009.

El hoy condenado, en diálogo con Blu Radio, la explotación de la mina continúa bajo control de grupos armados ilegales, mientras la restitución para las víctimas aún no se cumple.

“Todo lo que lo que significa minería legal o ilegal en el Bajo Cauca le paga un porcentaje altísimo al Clan del Golfo. La Mandinga tiene dos títulos mineros en explotación que solamente ocupan 300 hectáreas”, explicó el exintegrante del grupo paramilitar al citado medio de comunicación.

En su testimonio, Sena Pico especificó que los mineros informales deben entregar el 12% del valor del oro extraído a este grupo armado. “O sea, si sacan 1.000 millones de pesos en oro, tienen que pagarle 120 millones de pesos al Clan del Golfo”, expuso.

Además, se exige el pago de un “impuesto” adicional por maquinaria utilizada, con más de 20 equipos de extracción identificados en la zona.

Igualmente, remarcó que esta circunstancia fue alertada desde 2011 a diferentes entidades, entre ellas la Justicia y Paz y el Congreso de la República, aunque afirma que jamás obtuvo respuesta sobre el destino adecuado de los predios.

“Lo entregaron directamente a las víctimas, ya que el Bajo Cauca tienen un gran número de víctimas. Ninguna de esas voces hicieron eco para que, de verdad, se hicieran la reparación. En cambio, ha habido mayor cantidad de explotación aurífera”, dijo a la cadena radial.

En el Bajo Cauca antioqueño, Sena Pico —antiguo comandante político del Frente Sur de los Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— cedió en 2009 cerca de 22.000 hectáreas de tierras que figuraban a nombre de alias Macaco, destinadas formalmente a compensar a los afectados por el conflicto.

Entre estos bienes figura el predio La Mandinga, que abarca aproximadamente 1.200 hectáreas. Dentro de la mina operan actualmente dos títulos mineros legales en un área reducida de 300 hectáreas, pero el ingreso de mineros informales, quienes deben dar cuenta de su producción al Clan del Golfo, fue detectado después de la entrega oficial.

Detalles de la investigación

Según la investigación publicada por The New York Times, el predio de 2.000 hectáreas donde está situada la mina La Mandinga ha permanecido bajo control del Clan del Golfo desde hace al menos ocho años.

Las autoridades colombianas han ejecutado más de 20 intervenciones desde 2022, con el objetivo de destruir maquinaria e intentar contener la extracción ilegal de oro.

El Ejército colombiano calcula que entre 2.000 y 2.500 mineros informales participan regularmente en estas actividades sobre el terreno, según datos citados por el medio estadounidense.

La posición del Clan del Golfo, expresada mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (@soygaitanista), fue explícita al rechazar la investigación periodística y cualquier vinculación directa como titular de la mina, aunque reconoció que que impone un “impuesto” sobre las operaciones mineras ilegales, justificando esta práctica como un medio para “garantizar seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades que allí habitan, ante la ausencia total de un Estado indiferente a su suerte”.

Entre tanto, Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro, subrayó la importancia de abordar estos temas en el espacio socio jurídico con el grupo armado.

“Las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz”, manifestó a Colombia+20 de El Espectador.

El caso de La Mandinga no solo evidenció la dificultad del Estado colombiano para controlar territorios estratégicos, sino que también exhibió la complejidad de las redes económicas ilícitas que se benefician del oro extraído.

El llamado a un debate nacional e internacional sobre estas estructuras, sus beneficiarios y la necesidad de formalizar la minería y sus ganancias, permanece abierto como uno de los retos centrales en el proceso de negociación y pacificación en Colombia.

El presidente Gustavo Petro, solicitó de manera oficial una retractación pública al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de que este último lo señalara como “enemigo” en el contexto de la entrega de un título minero en el predio La Mandinga, en el Bajo Cauca antioqueño. La controversia escaló cuando el mandatario departamental acusó al Gobierno Nacional de facilitar la explotación ilícita en esta zona estratégica para la seguridad y el medio ambiente.

Según informó El Tiempo, el 11 de abril de 2024, una comitiva del Gobierno Nacional encabezada por Gustavo Petro y varios de sus ministros asistió a la Asamblea Popular por la Paz y la Vida en Caucasia, Antioquia. Durante el acto, se entregaron títulos mineros, uno de ellos a Hermelina Isabel Cardozo Calle, quien fue llamada a la tarima en presencia del entonces presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, y el ministro de Minas de ese momento, Andrés Camacho.

El medio precisó que el título entregado corresponde al predio La Mandinga, colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles en Cáceres, y que ya había sido objeto de reportes de actividades mineras presuntamente ilegales. Un informe del Ejército Nacional, fechado en diciembre de 2022 y citado por el diario, señala: “Actualmente, el predio Mandinga es colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, donde hemos sido testigos y afectados directos de la grave devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal de minerales desarrolladas por pobladores de los municipios de Cáceres y Caucasia”.

Las declaraciones cruzadas y la respuesta presidencial

La controversia se intensificó cuando Andrés Julián Rendón publicó en redes sociales: “Tan difícil para la Fuerza Pública con el enemigo de Jefe”, en clara alusión al presidente.

Ante esto, Gustavo Petro respondió: “Usted me ha calumniado y le solicito oficialmente rectificar y retractarse. Proceda”, haciendo pública su exigencia a través de su cuenta oficial.

De acuerdo con una recopilación de La FM, Rendón responsabilizó a quienes explotan de manera ilegal el predio La Mandinga de estar detrás de los paros mineros que han afectado el Bajo Cauca entre 2022 y 2026.

Además, cuestionó la gestión del Gobierno Nacional, afirmando: “Ese predio ya había pasado al Fondo de Reparación para las víctimas, pero hoy el crimen se ha apoderado de él y lo ha sometido a explotación ilícita de minerales, generando un daño ambiental que salta a la vista”.

El contexto institucional y las acciones en curso

De acuerdo con El Tiempo, la Agencia Nacional de Minería ordenó recientemente la reasignación del conocimiento, custodia y trámite del título minero de La Mandinga al Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente. La medida busca establecer si la concesión fue otorgada conforme a la normativa y si corresponde efectivamente al predio en cuestión.

Por otro lado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) explicó que el predio pasó por orden de un juez a la Unidad de Reparación de Víctimas, lo que abre el interrogante sobre la legalidad y seguimiento en la entrega de títulos mineros en esta zona. El diario también reportó que la comerciante beneficiaria, Hermelina Cardozo, está vinculada a un establecimiento en Cali dedicado a la extracción de oro y que viene pagando regalías por la explotación del título.

Impacto ambiental y cuestionamientos institucionales

El medio ya mencionado detalló que la explotación ilícita ha transformado el predio en un “desierto de lodo y mercurio”, con una afectación ambiental que abarca el equivalente a 50.000 campos de fútbol. El informe del Ejército Nacional advierte: “De acuerdo con la información aportada por el Ejército Nacional, se evidencian unos pasivos ambientales por las intervenciones efectuadas a la flora, fauna, suelo, aguas, que afectan directamente la hidrología, geomorfología del área y su paisaje”.

Por su parte, Corantioquia indicó, mediante herramientas de georreferenciación citadas, que el proyecto Mina Mandinga está a solo un kilómetro de los límites del batallón militar. Desde 2011, la entidad ha informado a la Fiscalía y la Procuraduría sobre las irregularidades ambientales detectadas en la zona.

El trasfondo político y los interrogantes sin resolver

El origen reciente de la controversia remite a una investigación internacional publicada por el fotoperiodista Federico Ríos en The New York Times, donde se documentó la extracción ilegal y sus nexos con organizaciones criminales. El reportaje evidenció la presencia del ‘Clan del Golfo’ en el control de la zona y el ingreso de oro a circuitos internacionales, según cita el diario estadounidense.

El gobernador Andrés Julián Rendón insistió, según La FM, en que el Gobierno Nacional debe responder tanto por el daño ambiental como por la usurpación de tierras destinadas a las víctimas del conflicto. La administración departamental sostiene que la falta de una intervención efectiva representa una muestra de la debilidad institucional para frenar la minería ilegal.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las irregularidades que rodean a un terreno ubicado en la vereda Río Man, en el municipio de Cáceres, Antioquia, cuyo título de fromalización minera entregó el mismo mandatario a una comerciante en abril de 2024. Se trata del predio La Mandinga que, presuntamente, estaría siendo utilizado para la extracción ilegal de oro, actividad ilícita que estaría controlando el Clan del Golfo.

La polémica detrás del predio también tiene que ver con su aparente cercanía a una base militar, específicamente, al Batallón de Infantería N.° 31 Rifles, situado a una escasa distancia de la cabecera de Caucasia. De acuerdo con un artículo periodístico publicado por The New York Times, las operaciones ilícitas del grupo criminal no se quedaron en el mencionado terreno; abarcan, incluso, la zona en donde opera la base militar.

Imágenes satelitales reveladas por el informativo muestran cómo la minería ilegal acabó con el terreno. La zona pasó de contar con una densa vegetación a convertirse en un espacio de deforestación.

El presidente Gustavo Petro indicó que, contrario a lo expuesto por The New York Times –que fue replicado por medios de comunicación colombianos–, el predio en cuestión no colinda con la base militar mencionada. En su cuenta de X publicó una imagen satelital del lugar para sustentar su afirmación; en ella se evidencia la lejanía entre La Mandinga y el batallón.

“Esto es otra calumnia de @elcolombiano. El título que entregué a la pequeña minería en Cáceres no llega ni a los límites del Batallón Rifles”, indicó el mandatario en la red social.

Aclaraciones sobre el predio: ubicación, título minero y actividades ilícitas

El título de formalización que Petro entregó en abril de 2024 fue recibido por la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle. Así se indica en el documento que le fue entregado a la ciudadana: “Contrato de concesión para la explotación de un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados No. ODH-08201, celebrado entre la la Agencia Nacional de Minería (ANM) y Hermelina Isabel Cardozo Calle”.

Según la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), el proyecto Mina Mandinga (placa ODH-08201) se localiza a un kilómetro de los límites del Batallón de Infantería N°. 31 Rifles, aproximadamente, y cuenta con una licencia ambiental temporal para la explotación de oro y plata, que le fue otorgada en 2022.

Explicó que dicho proceso de formalización cumplió con todos los requisitos técnicos, jurídicos y ambientales actualmente establecidos en la normativa. “Estos procesos hacen parte de los mecanismos de formalización minera, mediante los cuales actividades que no contaban con título ni control avanzan hacia la legalidad, bajo condiciones de cumplimiento ambiental, control y seguimiento institucional”, precisó.

Sin embargo, aclaró que hay un segundo polígono que no cuenta con una licencia ambiental aprobada. Ese sitio está asociado al trámite de formalización minera con placa LID-09161 y la solicitud que se hizo para el otorgamiento de la licencia fue evaluada por la autoridad ambiental, pero, a la fecha, no se ha habilitado el desarrollo de actividades mineras en ese lugar.

“En este sentido, cualquier actividad minera que se adelante por fuera de los títulos y licencias debidamente otorgados corresponde a minería informal. Frente a estas situaciones, la intervención en casos de flagrancia es competencia de las diferentes entidades del estado, conforme a la normatividad vigente”, detalló.

De acuerdo con The New York Times, el terreno estaría siendo utilizado por entre 2.000 y 2.500 mineros informales, encargados de la presunta explotación ilegal en el sitio, bajo órdenes del Clan del Golfo. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que, debido a la divulgación periodística de los hechos, ordenó la realización de una investigación al respecto.

“Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, señaló el ministro en su cuenta de X.

Luego de la denuncia que realizó The New York Times sobre minería ilegal en terrenos de un batallón militar en Caucasia, Antioquia, el Gobierno nacional anunció que ha comenzado una investigación para esclarecer estos hechos.

Mientras que el proceso avanza, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado Julián Ossa explicó que el Gobierno nacional puede impulsar diligencias administrativas y disciplinarias, pero la acción penal corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.

“La titularidad de la acción punitiva y, por tanto, la discrecionalidad para adelantar investigaciones de carácter penal en contra de los ciudadanos pertenece de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación, la cual actúa a través de sus delegados, lo que reafirma la separación de poderes entre el poder judicial, ejecutivo y legislativo, pilar fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho”.

Lo que podría registrarse en este caso

El jurista explicó que las sanciones disciplinarias dentro de las Fuerzas Militares podrían derivar en medidas como suspensión, inhabilidad e incluso expulsión; sin embargo, aclaró que la “pretensión punitiva corre por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, la cual se puede apoyar en las investigaciones al interior de las Fuerzas Militares”.

Respecto a los delitos que podrían afectar a los involucrados, Ossa precisó que los uniformados o civiles que hayan explotado recursos mineros sin autorización incurrirían en la pena prevista en el artículo 332 del Código Penal (explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales), la cual va de 32 a 144 meses de prisión y multas de entre 133.000 y 150.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para miembros de la fuerza pública que hayan recibido dinero o favores para permitir la minería ilegal, el abogado advirtió sobre la posibilidad de imputación por cohecho propio. “Podrían incurrir en el delito de cohecho propio, establecido en el artículo 405 del Código Penal colombiano, por el que sus infractores podrían incurrir en penas que van entre los ochenta a los ciento cuarenta y cuatro meses de prisión y una multa de sesenta a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales”, explicó el jurista.

El jurista también abordó el delito de prevaricato por omisión, aplicable a servidores públicos que hayan omitido sus funciones y permitido la actividad ilegal.

“El servidor público que haya omitido, retardado o denegado funciones propias de su cargo, con pleno conocimiento y voluntad, y haya generado una lesión jurídica, podrá incurrir en el delito de prevaricato por omisión, previsto en el artículo 414, el cual contempla una pena de prisión de 32 a 90 meses de prisión.

Ossa advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales en la región, como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, lo que podría agravar la situación penal de los responsables.

“Podrían ser responsables de concierto para delinquir agravado por fines de explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, previsto en el artículo 340, segundo inciso, el cual tiene una pena que va de 8 a 18 años de cárcel, penas que serán incrementadas en la mitad para quienes sean servidores públicos”.

De acuerdo con el abogado, la defensa de los acusados deberá concentrarse en desacreditar elementos estructurales de los delitos imputados, como la relación con grupos armados o la existencia real de explotación minera.

Para los delitos contra la administración pública, las estrategias defensivas podrían centrarse en demostrar que los funcionarios no omitieron ningún deber jurídico concreto, o que no tenían capacidad real de actuar para evitar la minería ilegal.

El abogado terminó aclarando que sin que sea probada la explotación minera, será necesario acreditar la autoría o participación específica de los procesados, puesto que la defensa podrá desvirtuar su dominio funcional sobre los hechos si no existe material probatorio suficiente.

La concesión, otorgada a la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle por la Agencia Nacional de Minería (ANM), desató controversia inmediata ante la existencia previa de denuncias formales sobre actividades ilícitas en la zona, incluidas alertas sobre devastación ambiental y extracción ilegal.

En el informe final de la Agencia Nacional de Minería, expedido tras el acto público del 11 de abril de 2024 en Caucasia, se estableció la reasignación del conocimiento y control del título minero La Mandinga al Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente. Esta medida busca que el organismo active las investigaciones y fiscalizaciones correspondientes a las competencias legales, según reportó El Tiempo.

Entre los antecedentes que agravan la polémica figura un detalle ignorado por otras coberturas: el predio de casi 2.000 hectáreas fue incautado a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, exjefe paramilitar, y estaba bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por proceso de extinción de dominio.

No obstante, el título de explotación fue formalizado para Cardozo Calle pese a reportes del Ejército Nacional fechados en noviembre y diciembre de 2022, que advertían sobre el impacto ambiental y la ilegalidad de las tareas extractivas en el área, particularmente por el uso de mercurio, la remoción de montaña y el vertimiento de químicos, como consigna el teniente Héctor Leonardo Saavedra en comunicaciones dirigidas a Corantioquia.

Durante la llamada Asamblea Popular por la Paz y la Vida, realizada en la plaza principal de Caucasia el 11 de abril de 2024, el presidente Gustavo Petro subió al escenario junto al entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, y Álvaro Pardo, presidente de la ANM, para entregar títulos mineros a pobladores de la región.

La primera beneficiaria en recibir el reconocimiento oficial fue Hermelina Isabel Cardozo Calle, titular del contrato de concesión para la mina La Mandinga, según quedó registrado en el video registrado por la propia Presidencia de la República.

Cardozo Calle, cuyo nombre figura asociado a un establecimiento de comercio registrado en Cali bajo la denominación ‘Mandinga’, dedicado a la extracción de oro y otros metales, no atendió los llamados del equipo periodístico de El Tiempo durante los días posteriores a la revelación.

La comerciante, sin embargo, ha cumplido hasta el momento con el pago de las regalías que exige la ley por el aprovechamiento del título entregado en Caucasia.

En respuesta a la repercusión del caso, la ANM expidió una resolución interna, firmada por Jimmy Soto Díaz, vicepresidente encargado de seguimiento, control y seguridad minera, que otorga al área de Zona Occidente la facultad de asumir la investigación sobre el proceso de otorgamiento y las posibles irregularidades asociadas.

En noviembre de 2022, el teniente Héctor Leonardo Saavedra, del Ejército Nacional, remitió a Corantioquia un informe técnico sobre las consecuencias de las labores mineras ilegales e informales en el predio Mandinga, adyacente al batallón Rifles de Cáceres.

El documento advertía daños graves: “Hemos sido testigos y afectados directos de la devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal desarrolladas por pobladores de Cáceres y Caucasia, lo cual ha desencadenado la remoción y desaparición de extensas áreas de montaña, el vertimiento de mercurio sobre los afluentes hídricos que surten el recurso a la población y el riego de químicos combustibles utilizados en las actividades de minería”, citó El Tiempo.

Además, el reporte militar identificó pasivos ambientales y la ausencia de planificación técnica o instrumentos de manejo ambiental: “La zona no hace parte de áreas protegidas ni de zonas de minería restringida. La actividad se desarrolla sin ningún estudio técnico de planeamiento minero, ni control y manejo ambiental que identifique los recursos naturales, evalúe la capacidad del ecosistema para asimilar el cambio y defina las medidas necesarias para la conservación del patrimonio ambiental”, se detalla en la comunicación presentada.

La Fiscalía, la Procuraduría y la ANM fueron notificadas formalmente sobre estos hechos a finales de 2022, más de un año antes de la oficialización del título otorgado por la administración Petro en abril de 2024, según estableció EL TIEMPO.

La controversia cobró un segundo impulso internacional luego de que The New York Times publicara el 26 de abril de 2026 un reportaje en el que, tras documentar con imágenes la presencia de mineros con equipos de alta presión colindando la base militar, citó al comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, negando que la extracción ocurriese dentro de la propiedad militar.

El límite entre la base y La Mandinga, sin embargo, no presentaba separación física visible, según ilustró el periodista Federico Ríos.

En el contexto de las investigaciones recientes, el Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente de la ANM ha iniciado la evaluación sobre la legalidad de los trámites, la magnitud de los daños ecológicos y el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos para el desarrollo de actividades extractivas, de acuerdo a la resolución oficial.

Las pruebas reveladas despliegan un escenario institucional conflictivo: el Estado otorgó la formalización de la explotación minera a pesar de que estaba notificado sobre la existencia de pasivos ambientales y actividades ilícitas masivas, en una franja de territorio sin estudios técnicos ni instrumentos formales de manejo, colindante a la principal base militar de la zona.

Ante estos hechos, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) realizó una inspección técnica, recolectó muestras y emprendió una investigación para determinar las causas del fenómeno, según confirmaron las autoridades ambientales.

El propósito es esclarecer el origen de la emergencia, considerando antecedentes de actividad minera ilegal, deslizamientos y episodios previos de afectación ambiental en la zona. Autoridades ambientales analizan actualmente las muestras y monitorean el área para evitar una mayor degradación del ecosistema.

Vecinos del sector documentaron la aparición repentina de peces y otros animales sin vida, alertando públicamente sobre el estado de la quebrada.

Videos y testimonios difundidos en redes sociales reflejaron el impacto en la fauna y el color turbio del agua. “Vean cómo está bajando la cañada sucia y vean que los animales van bajando muertos. Vea la cantidad”, narraron los denunciantes en registros recogidos por La Patria.

Hasta el momento, medios regionales, habitantes de la zona y la misma corporación ambiental se mueven entre tres opciones que explican esta mortandad. La primera, la cual tiene antecedentes recientes pero en otros cuerpos de agua en Risaralda, tiene que ver con la minería ilegal; por otro lado, en redes sociales, usuarios afirman que este hecho tendría que ver con presuntos procedimientos petroleros mal realizados. Finalmente, según la misma Carder, la opción más factible es muerte por altas lluvias y deslizamientos de tierra.

Acciones de la Carder tras el reporte de mortandad de peces

Tras la denuncia, la Carder envió a su equipo técnico a la zona para realizar una inspección detallada. Allí se encontraron peces tipo sardino y otras especies muertas, las cuales fueron trasladadas a laboratorios especializados con el fin de identificar la causa de muerte, según la autoridad ambiental.

Durante el recorrido, se observaron alteraciones en el comportamiento del agua y en el entorno del afluente, aunque no se detectaron vertimientos químicos preliminarmente.

No obstante, la evidencia muestra un efecto directo sobre el ecosistema local. La Carder ha implementado medidas técnicas y preventivas, al tiempo que mantiene abiertas las investigaciones para aclarar tanto el origen como el alcance de la afectación, tal como informó la autoridad ambiental.

Factores ambientales y antecedentes en la cuenca del Campoalegre

Las primeras valoraciones de la Carder identificaron presencia de deslizamientos de tierra y rastros de minería artesanal no regularizada aguas arriba, factores que han sido recurrentes en el deterioro ambiental. “En la inspección aguas arriba se identificaron deslizamientos de tierra y rastros de minería artesanal no regularizada, factores que podrían estar generando afectaciones sobre este ecosistema. Aunque no se evidenciaron procesos químicos, el impacto ambiental es visible”, detalló la Carder en declaraciones a ambos medios.

Este tipo de afectación tiene antecedentes, pues la misma institución ambiental determinó en 2025 que otra mortandad de peces fue provocada por turbiedad excesiva durante fuertes lluvias, que lesionó a la fauna acuática, y no por contaminación química.

Por otro lado, en marzo del 2026, el operativo de la Fiscalía “Guardianes del San Juan” permitió a la Carder, junto a otras instituciones, desmantelar tres dragas y capturar a cinco personas por minería ilegal, intervención que impacta la dinámica natural de los cuerpos de agua y genera daños serios a la fauna silvestre y la calidad del recurso hídrico.

En su momento, el director de la Caarder, Julio César Gómez Salazar, remarcó el papel de estos operativos: “Hemos venido a estos ecosistemas de conservación... para desactivar todos y cada uno de los puntos de minería ilegal y criminal que vienen haciendo daños a estos ecosistemas…”, citó la autoridad ambiental.

Respuesta institucional y llamado a proteger las fuentes hídricas

Las instituciones insisten en la vigilancia activa y en la reacción ante cualquier amenaza que comprometa los recursos naturales.

Tras el más reciente reporte, la autoridad ambiental ejecuta acciones preventivas y técnicas, y exhorta a la ciudadanía a mantener la colaboración en la defensa de los afluentes y reservas de la región.

La comunidad pide respuestas y acciones sostenidas para restaurar el equilibrio ambiental, mientras la autoridad ambiental subraya la importancia de verificar la información antes de difundirla, especialmente después de la circulación de videos antiguos que no correspondían a la situación actual.

La selva densa y apartada del Parque Nacional Corcovado se ha convertido en el escenario central de una transformación silenciosa: el incremento del precio internacional del oro ha reconfigurado el crimen organizado en la zona sur de Costa Rica, destaca una nota de Diario CRHOY.

Redes asociadas al narcotráfico encontraron en la extracción ilegal de oro no solo una actividad rentable, sino una estructura de negocio que replica la lógica de los grandes delitos transnacionales, según información de la Fiscalía Adjunta Ambiental y del Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC).

Quienes patrullan Corcovado, como relata el guardaparques óscar Beita, describen jornadas de hasta dos días avanzando entre ríos y lodazales para llegar a sitios como los ríos Tigre y Sirena.

Allí, la huella es inconfundible: maquinaria pesada, árboles caídos, caminos abiertos a la fuerza y vestigios de operaciones clandestinas que han cambiado el paisaje. No se trata de mineros aislados, sino de organizaciones que proveen todo lo necesario: combustible, alimentos y la compra directa del oro.

El atractivo es evidente. Un gramo de oro extraído ilegalmente puede alcanzar los ₡69,000 (aproximadamente USD 130), una cifra que, según datos recabados en la zona, convierte el mineral en el motor de una economía clandestina.

El fiscal coordinador Luis Diego Hernández advirtió que el Ministerio Público ya no aborda estos casos como hechos sueltos, sino como “fenómenos estructurados”: las redes financian, transportan, suministran materiales peligrosos como mercurio y cianuro, y logran que el oro llegue a circuitos comerciales que se extienden hasta San José o atraviesan fronteras nacionales.

Una logística que desafía la conservación

La misma geografía que protege la biodiversidad del parque facilita las actividades clandestinas. El aislamiento, según Beita, es aprovechado para operar sin interrupciones y abastecer a quienes extraen el oro. La presencia de maquinaria y caminos improvisados evidencia la magnitud y permanencia de la actividad. El delito ambiental, según la Fiscalía Ambiental y el SINAC, involucra financiamiento, transporte y distribución de insumos tóxicos, replicando esquemas conocidos en el narcotráfico.

Este patrón se repite en Puerto Jiménez y otras localidades, donde la presión sobre ecosistemas protegidos se hace sentir. La apertura de senderos ilegales y la acumulación de residuos en zonas tradicionalmente inaccesibles alteran el equilibrio ecológico y exponen a los guardaparques a riesgos crecientes.

El impacto: ríos intervenidos y amenazas constantes

Los daños no son solo ambientales. En los ríos Tigre y Sirena, los guardaparques han documentado excavaciones, alteración de cauces y contaminación por químicos. El uso de mercurio y cianuro para separar el oro envenena aguas, afecta la fauna y pone en riesgo a comunidades cercanas. La deforestación y los residuos generan un efecto dominó que compromete la regeneración forestal y la supervivencia de especies endémicas.

Vigilar estos territorios implica aislamiento extremo y recursos limitados. El personal, generalmente en parejas, enfrenta amenazas y presiones directas para reducir su presencia o silenciar los reportes de actividades ilegales.

El oro como ruta de lavado y expansión criminal

La cadena de valor del oro ilegal no termina en las excavaciones. Personas ligadas al narcotráfico adquieren el mineral en comunidades del Pacífico sur, como Sierpe, Golfito y Puerto Jiménez. Parte de ese oro se vende localmente, pero otra fracción llega a San José, donde adquiere apariencia legal y, en ocasiones, sale del país.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, sostiene que la rentabilidad de esta actividad ha motivado a las organizaciones criminales a expandir su alcance, convirtiendo la minería ilegal en un negocio “altamente lucrativo” y de difícil rastreo.

Así, las estructuras criminales han transformado la minería ilegal de oro en Corcovado en una operación compleja que genera ganancias millonarias, contamina ecosistemas protegidos y permite el lavado de capitales ilícitos en Costa Rica.

El más reciente descubrimiento sobre la mina ilegal La Mandinga en el Bajo Cauca antioqueño ha encendido alertas de primer nivel en Colombia y en el extranjero.

La reciente intervención de las fuerzas armadas en terrenos próximos al Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 31 “Rifles”, ubicado en el municipio de Caucasia (Antioquia), expuso el alcance de estas actividades ilícitas, que según trabajadores locales operan bajo protección directa del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), de acuerdo con una investigación adelantada por el diario internacional The New York Times.

La revelación generó todo tipo de reacciones en el país; algunos consideraron las dificultades del Estado colombiano para controlar la extracción y el tráfico de oro en áreas estratégicas. Sin embargo, una de las partes involucradas desmintió su vinculación frente a ello.

Es el caso del mismo grupo armado que, en un comunicado publicado en su cuenta de X (@soygaitanista) negó poseer la mina ni ser titular de las actividades mineras ilegales en la región antioqueña, por lo que calificaron el informe periodístico como injurioso y calumnioso.

Incluso, dirigieron su mensaje al periodista Federico Ríos, autor de la investigación revelada en el medio internacional, en la que acusaron de sacar la nota tras negar una entrevista solicitada por el comunicador.

“Miente de manera descarada el periodista @federicorios no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones. ¿Es en venganza por no darle la entrevista?”, escribió el grupo armado en sus redes sociales.

Posteriormente, en el comunicado público, el EGC reconoció imponer un “impuesto” sobre esas operaciones en el Bajo Cauca antioqueño.

“Lo decimos de manera enérgica, no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones”, declararon.

Del mismo modo, reiteraron su llamado a la prensa nacional e internacional para que se evite pronunciarse la denominación “Clan del Golfo” para referirse a la organización ilegal.

“Al avanzar en la lectura del reporte periodístico, es clara la mentira del titular del periódico, que dice: “La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana”. No somos el Clan del Golfo, pero como intentan relacionarnos con esta denigrante denominación, salimos al paso de las falsedades que se publican con lamentable frecuencia”, mencionaron.

Así mismo, explicaron que “no somos los dueños de la minería ilegal ni de otras economías ilícitas. Situación diferente es que se cobre un impuesto a estas actividades, para poder garantizar seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades que allí habitan, ante la ausencia total de un Estado indiferente a su suerte”.

Por último, el EGC hizo un llamado para que se desarrollen discusiones sobre el estado de las economías ilícitas que se efectúan no solo en Antioquia sino en el resto del territorio colombiano.

“En el país y en el mundo debe darse el debate sobre las economías ilícitas, como la minería ilegal, y sobre los verdaderos beneficiados con su comercialización. El oro debe entrar en los cauces de la economía legal para su monetización, por lo que también se deben revelar los entramados que lo permiten”, concluyeron.

Será abordado en mesa de diálogos

Estas revelaciones han repercutido de inmediato en las conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo, que se conducen bajo la premisa de transformar las economías locales ilegales en legítimas.

Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro, subrayó a Colombia+20 de El Espectador la importancia de abordar estos temas en el espacio socio jurídico con el grupo armado.

“Las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz”, manifestó al citado medio de comunicación.

Incluso, recordó que este fenómeno se intensificó en la década de los 90, cuando el Banco de la República de Colombia dejó de ser el comprador oficial del oro, por lo que para Jiménez, “lo que facilitó que los grupos armados empezaran a ser los monopolizadores de la compra de oro a los pequeños mineros”.

El negociador añadió que “en la medida que han venido ejerciendo una incidencia fuerte y control de algunas regiones del país, se han convertido en dueños de esa economía porque les facilita lavar las economías ilegales del narcotráfico”.

También, advirtió que el problema se extiende más allá del control directo del grupo armado, sino que involucra a comunidades y empresarios auríferos que, sin integrar el Clan, terminan sometidos a su régimen económico impuesto.

Detalles de “La Mandinga”

Según datos consignados en la investigación de The New York Times, el predio donde se encuentra la mina tiene aproximadamente 2.000 hectáreas y ha estado bajo control del Clan del Golfo al menos desde hace ocho años.

El Ejército ha reportado la presencia de entre 2.000 y 2.500 mineros informales extrayendo oro en estos terrenos. Las autoridades han intervenido en al menos 20 ocasiones desde 2022 para destruir maquinaria e intentar frenar la actividad ilegal.

Sin embargo, la administración actual del predio sigue siendo incierta: la Sociedad de Activos Especiales (SAE) indicó que no figura entre los bienes bajo su control, pese a haber recibido medidas cautelares de embargo en 2013 y una orden de extinción de dominio en 2020.

Las armas y municiones que fueron robadas de un batallón en Bolivia estaban destinadas a grupos delictivos vinculados a la minería ilegal, según las investigaciones preliminares.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto, informó este lunes en conferencia de prensa que seis militares y tres extranjeros —un venezolano y dos peruanos— implicados en el robo ocurrido el fin de semana en el Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, de Chua Cocani, en la ruta a la turística Copacabana en La Paz.

De acuerdo a la información oficial, los elementos sustraídos son 4 fusiles FAL, 4 fusiles AKT-56-2, 3 escopetas Mossberg, 3 pistolas Norinco, 2 pistolas Glock 17, 1 pistola Steyr L9-A1 y aproximadamente 250 cartuchos calibre 7,62. Todo este material estaba destinado a actividades ilegales en el municipio paceño de Sorata.

“Este armamento iba a dar a manos de una organización criminal dedicada al avasallamiento de tierras y a la minería ilegal. Y es posible que también a otro tipo de hechos”, explicó el coronel Pinto, flanqueado por el comandante de la Armada, Ernesto Alfaro y otras autoridades del mando militar.

Mientras las investigaciones continúan para identificar a todos los autores intelectuales y materiales, la Policía logró recuperar la mayor parte de las armas robadas y se desplegaron militares a zonas fronterizas para evitar el traslado del armamento fuera del país.

La minería ilegal en Bolivia ha crecido en los últimos años impulsada por el aumento del precio del oro, la expansión de cooperativas mineras y limitaciones en los mecanismos de control estatal. Esta actividad se concentra en regiones amazónicas y tropicales del país, donde existen reportes que vinculan la minería ilegal con el avasallamiento de tierras, la presencia de grupos armados y ataques a líderes locales.

En el municipio de Sorata, ubicado 150 kilómetros al norte de la sede de Gobierno, se han registrado operativos recientes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) para desmantelar campamentos ilegales, con decomiso de maquinaria y enfrentamientos con grupos vinculados a la explotación aurífera.

Según un comunicado de prensa institucional, una de las intervenciones fue interrumpida por “detonaciones y disparos”, que dejaron a un efectivo policial herido y daños materiales en el lugar.

En otra acción conjunta con la Policía, se logró desmantelar un campamento clandestino, inutilizar maquinaria pesada y generar una afectación económica significativa a las operaciones ilegales en el sector, señala la nota.

“Estos antecedentes, evidencian que la minería ilegal en la región no solo persiste, sino que presenta niveles crecientes de organización y violencia, configurando un escenario de alto riesgo para la intervención estatal”, señala el comunicado de la Ajam, en el que apunta la necesidad de generar acciones coordinadas con otras instancias para combatir un delito que ha evolucionado a “formas más complejas de organización” y se ha vinculado con otras actividades ilícitas.

El informe “Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía”, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA), establece como acciones urgentes fortalecer la vigilancia estatal, regular la cadena del oro, asegurar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y establecer mecanismos regionales de cooperación para combatir este delito.

El caso adquiere relevancia porque la propiedad sigue siendo un epicentro de minería ilegal y está bajo control del Clan del Golfo, mientras limita con el Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, de acuerdo con una investigación de El Tiempo.

La Mandinga es una finca rural situada en Cáceres, Antioquia, que aparece en expedientes judiciales por haber funcionado como depósito de armas, vehículos y base de operaciones paramilitares.

El terreno ha estado relacionado con la estructura de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, así como con un presunto vínculo previo con Pablo Escobar, según testimonios y documentos judiciales citados por el medio citado.

La investigación señala que la propiedad ha sido utilizada repetidamente para actividades delictivas, incluso en proximidad directa a instalaciones militares.

El expediente sobre ‘La Mandinga’ detalla que el proceso judicial incluyó la extinción de dominio en el marco de la desmovilización paramilitar, validado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Según la documentación obtenida por el medio citado, la propiedad figuraba a nombre de sociedades y personas que habrían actuado como testaferros, lo que derivó en decisiones judiciales en su contra.

Un testimonio clave es el de José Germán Sena Pico, conocido como ‘Nico’ y mano derecha de ‘Macaco’, quien declaró que la compra de la finca se produjo en 2005 a una familia local, pagándose en efectivo y sin recurrir al circuito bancario. Añadió que el predio era utilizado para almacenar armas y vehículos por instrucciones de la organización criminal.

La Corte Suprema de Justicia avaló la declaración de alias ‘Nico’ y consideró evidente la destinación ilícita de la finca, al menos entre 2005 y 2008.

La sentencia resalta que los supuestos dueños formales de ‘La Mandinga’ no presentaron reclamos, pese al uso notorio del terreno para delitos, lo que, según la Corte, muestra la instrumentalización del predio como activo de las estructuras armadas.

Además, el expediente recoge que la finca fue ofrecida como garantía en procesos de reparación de víctimas del paramilitarismo.

Uno de los puntos más relevantes del expediente es la mención al pasado de ‘La Mandinga’ como propiedad asociada a Pablo Escobar, según recoge una declaración citada por El Tiempo.

Alias ‘Nico’ aseguró que la finca habría pertenecido a Escobar en los años 80, aunque estaba registrada a nombre de testaferros para encubrir el origen de los fondos y esquivar investigaciones patrimoniales. El testigo indicó que la hacienda servía como refugio de miembros de la organización, que gestionaban la seguridad y controlaban las actividades en el terreno.

La Corte Suprema confirmó la credibilidad de la versión de alias ‘Nico’ y destacó que el testigo participó durante años en la gestión de la finca.

Los registros judiciales precisan que, junto con otros colaboradores, transportaba insumos agrícolas de establecimientos vinculados a ‘Macaco’ y que la finca conservó su papel de escondite de recursos para el paramilitarismo.

La expresión “escondite de armas y vehículos” aparece repetidamente en el expediente. Además, otro testimonio señaló que, tras la desmovilización de ‘Macaco’, la finca siguió siendo objeto de disputas entre actores criminales.

El expediente analizado por El Tiempo constata que la finca ha permanecido bajo la atención de diversos grupos, cuyas disputas y operaciones han consolidado su valor estratégico para redes ilegales.

La minería ilegal y la presencia del Clan del Golfo junto al Batallón

En los últimos años, ‘La Mandinga’ se ha transformado en escenario de minería ilegal a gran escala, bajo el control y fomento del Clan del Golfo.

Según los registros consultados por el medio citado, cientos de personas extraen oro en unas 2.000 hectáreas del terreno, sin licencia y a muy poca distancia del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, una de las unidades militares más antiguas del país.

Autoridades han identificado la zona como un foco de degradación ambiental grave, resultado directo de las operaciones mineras al margen de la ley.

Mientras la extracción ilegal se realiza a la vista del público y de entidades estatales, la presencia del Clan del Golfo ha dificultado el acceso y la respuesta institucional.

Documentos judiciales y testimonios recogidos por el medio coinciden en que el hecho de compartir límite con el Ejército no ha detenido la continuidad de delitos en el área. El expediente menciona la disputa por el control del predio para fines como la producción de cocaína y la extracción de oro, lo que subraya el carácter estratégico y objeto de disputa del terreno.

Respuesta del Ejército y cuestionamientos institucionales

El Ejército Nacional, al ser consultado por El Tiempo, confirmó que el área afectada corresponde a ‘La Mandinga’ y remarcó su extensión de 2.000 hectáreas, destacando la colindancia con el batallón militar.

En un comunicado, la institución explicó que la administración del predio no está bajo su competencia directa, pues tras el proceso de Justicia y Paz, la finca quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En su declaración oficial, el Ejército resaltó el deterioro ambiental derivado de la minería ilegal sin títulos ni respaldo jurídico. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre otras actividades ilegales consignadas en el expediente y no explicó por qué estas situaciones continúan ocurriendo pese a la presencia militar.

A lo largo del tiempo, la finca ‘La Mandinga’ ha sido utilizada como enclave para actividades criminales, con vínculos atribuidos históricamente a Pablo Escobar y el paramilitarismo, y actualmente bajo operación del Clan del Golfo, a pesar de su proximidad inmediata al Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional de Colombia.