El informe entregado al presidente José Raúl Mulino despeja una de las principales dudas sobre el futuro de Cobre Panamá: la propuesta de la Comisión Interministerial requiere volver a poner en marcha el complejo minero, aunque bajo una figura distinta a las utilizadas anteriormente.

Lo que todavía deberá negociarse es el modelo jurídico, económico y operativo que permitirá extraer y procesar mineral, así como el período durante el cual permanecerá activa la operación. El informe exige establecer una fecha definitiva de cierre, sin posibilidad de renovación o prórroga, aunque no determina cuándo ocurrirá. El propio José Raúl Mulino reconoció que completar el proceso podría tomar décadas.

Ese horizonte temporal se ha convertido en uno de los puntos sensibles para los sectores ambientalistas, que ya habían cuestionado aspectos de la auditoría ambiental utilizada como insumo para evaluar el futuro del proyecto.

La preocupación radica en que el concepto de “cierre ordenado” termine permitiendo una operación minera prolongada durante décadas, mientras se mantiene la extracción necesaria para financiar la clausura progresiva.

Para estos sectores, el debate no debería limitarse al nombre que reciba el nuevo instrumento, sino a cuánto tiempo continuará realmente la explotación del yacimiento y bajo qué límites.

El cuestionamiento cobra relevancia porque el esquema anterior también contemplaba una operación de largo plazo; ahora, en cambio, la comisión propone una fecha final obligatoria, reducción progresiva de la huella y ausencia de prórrogas, condiciones que deberán quedar plasmadas en cualquier eventual acuerdo.

La recomendación plantea iniciar negociaciones formales con Cobre Panamá y First Quantum Minerals para establecer las condiciones de esa puesta en marcha. La actividad deberá generar los recursos necesarios para financiar el cierre definitivo, sin utilizar dinero del Estado, y crear durante la operación una reserva destinada específicamente a cubrir las obligaciones futuras de clausura y mantenimiento.

El nuevo esquema no podrá repetir la fórmula que terminó dos veces cuestionada constitucionalmente. La comisión establece que no deberá utilizarse un contrato-ley ni un contrato de concesión minera, mientras la Nación conservará la titularidad de los yacimientos.

La estructura podría aprobarse mediante una resolución del Consejo de Gabinete acompañada de los contratos que resulten necesarios, aunque los detalles deberán definirse durante la negociación.

Ese punto será determinante porque Panamá mantiene vigente la moratoria establecida después de la crisis minera de 2023.

La Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, mientras que el informe sostiene que la sentencia anuló el vehículo jurídico utilizado, pero no prohibió expresamente la actividad minera dentro del territorio nacional.

La reactivación tampoco significaría recuperar el modelo de expansión que tenía la mina antes de su paralización. El informe establece que la huella territorial del complejo no podrá aumentar y deberá reducirse progresivamente.

Esto supone que la operación permanecería dentro del área actualmente intervenida, sin ampliar la antigua concesión de aproximadamente 13,000 hectáreas, mientras determinadas zonas comienzan a ser rehabilitadas.

Antes del cierre, First Quantum preparaba precisamente una expansión de Cobre Panamá. Durante 2023, la compañía avanzaba en trabajos para incorporar nuevos sectores de explotación, incluyendo labores de prestripping en el tajo Colina y obras asociadas a sistemas de trituración y transporte.

Además, había destinado inversiones al proyecto S3, que contemplaba nueva infraestructura de procesamiento y desarrollo del tajo South East Dome.

Ese escenario cambia sustancialmente con la propuesta presentada a Mulino. En lugar de seguir incorporando áreas, cada frente que deje de resultar indispensable para la operación deberá entrar progresivamente en cierre y rehabilitación, con fechas y metas verificables.

De esta manera, la extracción continuaría únicamente dentro de una huella que deberá ir reduciéndose, hasta alcanzar la clausura definitiva establecida previamente.

El concepto responde a una práctica utilizada internacionalmente conocida como cierre progresivo. En distintas jurisdicciones mineras, la rehabilitación comienza mientras determinadas áreas del proyecto todavía permanecen productivas, evitando acumular todas las obligaciones ambientales para el final.

Canadá, Australia y Chile han incorporado mecanismos de rehabilitación progresiva, garantías financieras y planificación anticipada del cierre dentro de sus marcos regulatorios mineros.

Sin embargo, la comisión advierte que no existe un único modelo internacional que Panamá pueda copiar. Hay esquemas con participación estatal, operación privada, sociedades mixtas y distintos mecanismos de supervisión.

Por ello, recomienda construir una fórmula adaptada al marco constitucional panameño, manteniendo la propiedad nacional del recurso y una fiscalización estatal efectiva sobre ingresos, costos y cumplimiento ambiental.

La duración tampoco sería indefinida. Cualquier acuerdo deberá establecer una fecha de cierre definitivo sin posibilidad de renovación o prórroga, precisamente una diferencia frente al régimen anterior.

Paralelamente, tendrá que crearse un fondo que acumule recursos durante los años de actividad para garantizar el desmantelamiento, manejo de relaves, estabilización de tajos, tratamiento de aguas y restauración ambiental.

El costo constituye una de las razones centrales de la recomendación. Las estimaciones incorporadas al informe sitúan entre $2,600 millones y $3,400 millones el cierre y mantenimiento posterior del complejo durante un período de entre 17 y 19 años.

La comisión propone que la actividad del propio sitio genere esos recursos, evitando trasladar la obligación al Presupuesto General del Estado.

La negociación tendrá además otro componente de enorme peso financiero. First Quantum, Cobre Panamá y socios del proyecto mantienen reclamaciones arbitrales cuyas pretensiones mínimas suman más de $27,000 millones, aunque esas cantidades no representan una deuda reconocida por Panamá ni han sido adjudicadas por ningún tribunal.

El informe establece que el finiquito de todos los arbitrajes pendientes deberá ser condición obligatoria antes de formalizar cualquier nuevo acuerdo.

Mulino tendrá ahora que decidir si autoriza formalmente las negociaciones. La comisión no fijó cuándo volverá a extraerse cobre ni cuánto tiempo permanecerá funcionando el complejo, pero sí trazó una ruta que contempla actividad minera, procesamiento y generación de ingresos durante el cierre.

La discusión dejó así de centrarse únicamente en si Cobre Panamá volverá a operar y pasa a determinar bajo qué modelo lo hará, durante cuánto tiempo y con qué límites.

¿Qué dice la minera?

Tras conocerse las recomendaciones, First Quantum Minerals aseguró que tomó nota del informe presentado al presidente José Raúl Mulino y manifestó su disposición a participar en el proceso que determine el Gobierno.

La compañía señaló que cualquier nuevo acuerdo deberá respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y el marco constitucional, además de garantizar transparencia durante las conversaciones.

La minera indicó que está preparada para participar “de manera constructiva y de buena fe” en la definición de un marco jurídico para Cobre Panamá que considere justo, transparente, duradero y compatible con la Constitución y las leyes panameñas.

First Quantum agregó que esperará las orientaciones del Ejecutivo sobre los próximos pasos para iniciar el diálogo, después del anuncio de las recomendaciones de la comisión.

La empresa también planteó que la gestión y custodia ambiental del complejo seguirá siendo una prioridad y afirmó que una solución sostenible debería proporcionar estabilidad de largo plazo.

Entre los elementos mencionó empleo, desarrollo de la fuerza laboral, compras a proveedores locales, inversión comunitaria y aportes a la economía, mientras reconoció que cualquier acuerdo deberá incluir la terminación definitiva de los arbitrajes internacionales pendientes.

El concepto de “cierre ordenado” quedó en el centro de la recomendación entregada al presidente José Raúl Mulino para definir el futuro de la mina de cobre en Donoso. Sin embargo, esas dos palabras abarcan un proceso complejo que puede extenderse durante décadas y que deberá financiarse con recursos del propio sitio minero.

En la minería internacional, un cierre ordenado no consiste simplemente en detener la extracción y abandonar las instalaciones. Comprende etapas de planificación, desmantelamiento, estabilización física y química, manejo de relaves y aguas, rehabilitación ambiental y monitoreo posterior, además de recursos financieros suficientes para cumplir las obligaciones durante todo el proceso.

Las prácticas internacionales también contemplan el denominado cierre progresivo, mediante el cual determinadas áreas pueden rehabilitarse mientras otras actividades continúan desarrollándose.

Cada proyecto, sin embargo, requiere definir qué trabajos serán necesarios, cuánto costarán, quién tendrá la responsabilidad de ejecutarlos y durante cuánto tiempo deberá mantenerse la vigilancia después del cierre definitivo.

En el caso de Cobre Panamá existe una particularidad: la operación comercial se detuvo abruptamente a finales de 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato minero.

El complejo quedó detenido, pero no técnicamente cerrado, por lo que sus instalaciones continúan requiriendo mantenimiento, vigilancia y manejo ambiental permanente.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, explicó que una operación de esa magnitud no puede cerrarse en uno ni cinco años. La comisión interministerial recomendó establecer las condiciones para iniciar un cierre ordenado del sitio, sin costo fiscal para Panamá y con supervisión independiente de estándar internacional.

Mulino fue incluso más amplio sobre el horizonte temporal. Al recibir las recomendaciones señaló que el cierre deberá ser conducido con orden y financiado por el propio sitio, paso a paso, incluso si el proceso toma décadas. Esa condición introduce una de las principales interrogantes sobre cómo funcionará financieramente la propuesta.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, estableció como principio que el Tesoro Nacional no aporte dinero para cerrar la mina. Según explicó, una clausura asumida directamente por el Estado podría representar miles de millones de dólares y comprometer recursos destinados a programas sociales, subsidios y otras obligaciones de las finanzas públicas.

Hasta ahora, el cuidado y preservación del complejo se ha financiado con recursos obtenidos dentro del propio sitio minero. Primero se utilizó el concentrado de cobre que permanecía almacenado y posteriormente se autorizó procesar mineral que había sido extraído en 2023 y permanecía expuesto a la intemperie.

Ese antecedente coloca una pregunta en el centro de la discusión. Si el material previamente extraído constituye un recurso limitado y el cierre ordenado puede prolongarse durante décadas, ¿de dónde saldrá el dinero cuando se agote? ¿Será necesaria alguna actividad minera para continuar financiando el proceso hasta su culminación?

La comisión no respondió públicamente esas preguntas durante la presentación. Tampoco anunció una reapertura de la mina ni una nueva autorización de extracción. Sin embargo, la fórmula propuesta —un cierre potencialmente de décadas, pagado enteramente por el propio sitio— deja pendiente definir qué actividades producirán los recursos necesarios para sostenerlo durante todo ese período.

Moltó incorporó otro elemento al señalar que los yacimientos minerales pertenecen y continuarán perteneciendo a los panameños. Al explicar el principio de soberanía sobre el subsuelo, indicó que lo que deberá discutirse es quién trabaja el recurso, bajo qué condiciones y qué beneficio derivado de esa actividad llegará al país.

La afirmación abre otras interrogantes que la recomendación todavía no despeja: ¿quién estaría encargado de trabajar el recurso durante el proceso de cierre? ¿Qué podría hacer exactamente? ¿Existiría un límite de extracción o un plazo determinado? ¿Bajo qué figura jurídica podría desarrollarse alguna actividad y cómo se compatibilizaría con el fallo de la Corte Suprema de Justicia?

También deberá determinarse quién ejecutará físicamente el cierre. Moltó planteó como principio que quien opere no sea al mismo tiempo quien verifique el cumplimiento de las obligaciones y que quien cierre tampoco sea quien certifique que el trabajo quedó correctamente realizado. Esto supone una supervisión independiente cuyas características todavía tendrán que establecerse.

El cierre minero tampoco concluye necesariamente cuando desaparece la actividad productiva. Dependiendo de las características del proyecto, el monitoreo ambiental puede continuar durante años después de la clausura, especialmente sobre depósitos de relaves, estabilidad del terreno y calidad de las aguas. En Cobre Panamá, esas obligaciones adquieren otra dimensión por el tamaño del complejo.

Chapman añadió una condición que amplía todavía más la discusión. Su recomendación no se limita a que el sitio genere suficiente dinero para pagar su propia clausura, sino que habló de un cierre ordenado que se autofinancie y que, además, deje recursos económicos al país durante el proceso.

Pero la comisión no tomó la decisión final sobre el futuro de la mina. Mulino recalcó que recibió un estudio y una recomendación, no una autorización de operaciones, y anunció que analizará el documento con su Gabinete y sus abogados antes de establecer el camino que seguirá el complejo de Donoso.

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, reforzó la diferencia entre paralizar las operaciones y ejecutar técnicamente el cierre de una mina. Sostuvo que Cobre Panamá nunca fue cerrado de manera ordenada, sino que sus actividades fueron suspendidas abruptamente, dejando una instalación de miles de hectáreas que todavía requiere supervisión y monitoreo ambiental.

Para Navarro, detener la producción de un día para otro no equivale a cerrar un complejo minero de esta magnitud. El proceso requiere un plan de preservación y gestión segura que atienda durante el tiempo necesario los factores ambientales existentes, lo que ayuda a explicar por qué el cierre planteado no puede entenderse como una clausura inmediata.

La responsabilidad pasa ahora al mandatario. Será Mulino quien deberá determinar qué significará en la práctica el “cierre ordenado” recomendado por sus ministros, bajo qué condiciones se realizará, quién estará encargado de ejecutarlo y cómo se obtendrán los recursos para financiar un proceso que él mismo reconoció que podría extenderse durante décadas.

Hasta entonces, la expresión deja abiertas preguntas fundamentales. Si el Estado no aportará dinero, si los recursos disponibles actualmente son limitados y si el propio sitio tendrá que financiar durante años su clausura, queda por conocer qué ocurrirá cuando esos recursos se agoten y si el camino hacia el cierre definitivo requerirá nuevamente actividad minera.

La auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá, operado por Minera Panamá S.A., subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, alcanzó un avance acumulado de 84,83% al cierre del quinto informe mensual, pero el documento deja claro que la revisión aún no ha concluido y que los resultados consolidados, la matriz de riesgos y el cuadro definitivo de hallazgos serán presentados en el informe final.

El reporte, entregado el 13 de marzo de 2026, establece que el proceso sigue en fase de validación integral, mientras el Estado mantiene suspendida la explotación de la concesión minera.

En el componente ambiental, el informe precisa que, de un universo de 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, el equipo auditor había analizado 147 compromisos a la fecha de corte.

Al mismo tiempo, identifica 223 compromisos pendientes de incorporación documental y cierre de validación dentro del proceso auditor. El propio documento añade que parte de lo ya revisado todavía no ha sido incorporado plenamente al informe porque permanece en fase final de validación integral con los distintos especialistas de la auditoría.

Eso significa que el informe 5 no contiene todavía un inventario final y cerrado de incumplimientos globales por parte de la empresa, pero sí expone que la auditoría avanza sobre una base todavía incompleta y que los hallazgos consolidados no han sido emitidos.

El capítulo de hallazgos relevantes y matriz de riesgos indica expresamente que el equipo auditor está en etapa de construcción, trazabilidad y justificación técnica de los hallazgos, mientras la matriz de riesgos continúa en estructuración para clasificar la relevancia, el impacto potencial y el nivel de exposición de cada observación.

Uno de los puntos más delicados del informe aparece en la recomendación preliminar sobre la potencial generación de drenaje ácido de rocas (DAR). La auditoría identifica la presencia de material extraído de mediana y baja ley que todavía no ha sido procesado y que se mantiene expuesto a aire, agua y condiciones climáticas.

El documento advierte que, por la presencia de minerales sulfurosos, esa exposición puede generar drenaje ácido y elevar la concentración de metales en aguas superficiales y subterráneas, con un riesgo que se agrava mientras el material permanezca en sitio sin remoción ni tratamiento.

La advertencia no se queda en una formulación general. En el análisis del compromiso 13260, la auditoría señala que la permanencia prolongada de estos materiales incrementa su potencial de generación de DAR y menciona como medidas de mitigación la remoción oportuna del material, el manejo adecuado de drenajes y la implementación de mecanismos de protección y neutralización.

Más adelante, en el capítulo de recomendaciones finales preliminares, SGS vuelve a insistir en que el manejo del material acopiado, incluido su eventual tratamiento, remoción o procesamiento, podría constituir una medida técnicamente viable para mitigar o eliminar esos riesgos, sujeto a evaluaciones técnicas y regulatorias.

First Quantum Minerals reportó que en Cobre Panamá, en Donoso (Colón), mantiene almacenadas alrededor de38 millones de toneladas e roca mineralizada extraída antes de la suspensión de operaciones.

En biodiversidad, el informe también documenta vacíos que pesan sobre la evaluación del cumplimiento. En la revisión del compromiso 13228, la auditoría reconoce que hubo acciones de reforestación por compensación ecológica y de rescate de flora, pero señala que estas se desarrollan de manera fragmentada, concentradas en parcelas reducidas y sitios específicos, sin que se evidencie una estrategia integral de compensación orientada de forma explícita al mantenimiento del nivel de biodiversidad de la ecorregión.

El reporte añade que no se identifican indicadores consolidados para medir efectos sobre conectividad ecológica, recuperación funcional de ecosistemas, estabilidad de poblaciones prioritarias ni beneficios sociales y económicos asociados.

A partir de esa revisión, el propio informe concluye que la información presentada por la empresa no permite verificar de manera integral el cumplimiento del compromiso relacionado con el mantenimiento del nivel de biodiversidad mediante compensaciones ambientales con impacto ecológico, económico y social suficiente.

Esa frase tiene peso técnico, porque ya no se trata solo de una recomendación de mejora, sino de una limitación expresa de la auditoría para confirmar el cumplimiento integral en uno de los componentes más sensibles del proyecto.

En el área de reforestación y educación ambiental, la auditoría encontró otra debilidad. Aunque reconoce que el personal del proyecto mantiene capacidades técnicas y que se han desarrollado actividades de difusión y capacitación, el informe indica que estas acciones se han ejecutado de manera puntual y asociadas a distintas iniciativas, sin un esquema estructurado, homogéneo y trazable que garantice su implementación como componente específico en cada proyecto de reforestación.

Además, el documento subraya que no se identifican lineamientos definidos, criterios mínimos ni mecanismos de planificación que permitan asegurar la aplicación sistemática de estas acciones y su seguimiento con parámetros estandarizados.

Otro hallazgo relevante aparece en el compromiso 13273, vinculado a la transparencia y la divulgación pública de resultados socioambientales. Allí la auditoría establece que, para el período evaluado con corte a 2023, no se evidenció la publicación de reportes anuales de monitoreo socioambiental en los términos exigidos por el compromiso.

Aunque la empresa mantuvo boletines, contenidos en medios y acciones de comunicación con comunidades y público general, el informe precisa que esas iniciativas no equivalen a la publicación formal de reportes anuales, por lo que limitan el cumplimiento integral del componente de transparencia establecido en esa obligación.

En el componente social también aparecen observaciones de ejecución incompleta. Al revisar el compromiso 13325, la auditoría señala que la empresa mantiene coordinación con instituciones como MIDES, MEDUCA, MINSA, MIDA e IDAAN, y reconoce acciones concretas, como una gira médica en Los Molejones en febrero de 2025.

Sin embargo, el mismo apartado añade que aún no se evidencia la implementación completa de todos los planes de compensación previstos, una conclusión que deja abierto un frente de revisión sobre el cumplimiento pleno de las medidas sociales comprometidas por el proyecto.

El informe 5 también reitera, en numerosos subprocesos operativos y de soporte, que las observaciones sobre aspectos legales, laborales, tributarios, técnicos y operacionales se mantienen en análisis multidisciplinario y contraste integral para el informe final, lo mismo que la identificación de riesgos y oportunidades de mejora.

La auditoría trabajará con rangos que van desde “Cumplimiento/Optimizado” hasta “No cumple/Inexistente”, pasando por categorías intermedias como “Cumplimiento mayor/Gestionado”, “Cumplimiento parcial/Definido” y “Cumplimiento inicial/Ad hoc”.

Aunque el informe aclara que los ejemplos incluidos en esa tabla son meramente ilustrativos y no constituyen resultados, la estructura muestra que el cierre de la auditoría no será binario, sino que podrá ubicar cada subproceso o compromiso en distintos grados de madurez y cumplimiento.

El resultado de esta auditoría es uno de los elementos que espera el gobierno de José Raúl Mulino para decidir sobre el futuro de la operación minera. La concesión permanece detenida desde noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo unánime de sus nueve magistrados, declarara inconstitucional el contrato aprobado en octubre de 2023 por considerar que violaba múltiples artículos de la Constitución.

El propio informe explica que los resultados de la auditoría serán un insumo para la toma de decisiones estratégicas del Estado panameño y recalca que el informe final deberá ser una herramienta sólida, clara, coherente, trazable e imparcial.

En esa misma línea, el capítulo 13 indica de forma expresa que los resultados de la Auditoría Integral se presentarán en el informe final, mientras la sección de riesgos confirma que la matriz general y su escala de valoración quedarán para el Informe Mensual No. 6.

En términos concretos, el quinto informe deja tres hechos centrales sobre la mesa. El primero es que la auditoría ya superó el 84% de avance, pero todavía no está cerrada. El segundo es que solo 147 de 370 compromisos habían sido analizados a la fecha de corte, mientras 223 seguían pendientes de incorporación documental y validación.

El tercero es que, aun sin presentar todavía los hallazgos finales consolidados, el documento ya registra observaciones sensibles sobre riesgo de drenaje ácido, debilidades en compensación de biodiversidad, falta de trazabilidad estructurada en reforestación, vacíos en transparencia socioambiental y planes de compensación social incompletos.

El régimen de Nicaragua concedió una nueva licencia de minería a cielo abierto en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, adjudicando 157.25 hectáreas a la empresa china Tutuwaka Mining Company S.A., representada en el país por el ciudadano Kaiming Chen. Esta acción permite la explotación de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Isabela 11.

Según informó el Diario Oficial de Nicaragua La Gaceta, esta decisión amplía la huella de la minería china en el territorio nicaragüense y responde a una serie de reformas legales impulsadas en los últimos años para facilitar inversiones extranjeras en este sector estratégico.

En el periodo comprendido entre 2021 y 2026, el régimen copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado concesiones mineras a 17 empresas chinas en un total de 74 lotes que abarcan 1.027.467,49 hectáreas, cifra equivalente al 8.5% de la superficie nacional, según los datos recopilados por la ONG ambientalista Fundación del Río en su informe Invasión minera china en Nicaragua.

La agencia de noticias internacional EFE informó que este volumen de concesiones afecta territorios indígenas, afrodescendientes y áreas protegidas. La organización dirigida por el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz señaló que las compañías chinas beneficiadas con estos contratos presentan características poco habituales: son de reciente constitución, carecen de sitios web corporativos y no figuran como emisoras en las principales bolsas de valores.

Además señalan que no se han presentado credenciales que comprueben experiencia previa en minería nacional o internacional y tampoco se ha divulgado información sobre estudios de factibilidad económica o el volumen de inversión comprometido.

Reacciones ante la expansión de la minería china y su impacto

Organismos medioambientales y de oposición han manifestado su rechazo a la política de concesiones, demandando la anulación de las licencias otorgadas y alertando sobre el impacto ecológico y social de entregar extensas áreas del país al extractivismo extranjero. Los opositores argumentan que Nicaragua ha cedido el 8.5% de su territorio para la exploración y explotación de minerales, sin garantizar transparencia ni participación de las comunidades afectadas en el proceso de toma de decisiones, dice la nota de EFE.

La Fundación del Río documentó que el interés de las compañías chinas no está restringido únicamente a metales preciosos como oro y plata. También se dirige a la obtención de minerales considerados críticos y estratégicos, entre ellos el cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel. Esta diversificación apunta a recursos que actualmente mantienen alta demanda global por sus aplicaciones en tecnología y energía.

Cambios legales y contexto de la aceleración minera

Además, la organización sostiene que el régimen sandinista ha modificado el marco legal nacional para beneficiar la llegada de inversiones mineras procedentes de China. Estas reformas habilitan, entre otros efectos, la elusión de las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), permitiendo así la continuidad de las concesiones mediante alianzas público-privadas en reservas mineras, según reportó EFE.

La acelerada expansión de la minería china responde a la flexibilización regulatoria implementada por las autoridades nicaragüenses y a incentivos específicos para atraer inversión extranjera en el sector minero.

El otorgamiento de la concesión en el municipio de El Rama a Tutuwaka Mining Company S.A. se inscribe dentro del crecimiento de la minería financiada por capital chino en Nicaragua, un proceso que ha generado tensiones y cuestionamientos en el ámbito local e internacional debido a sus implicancias ambientales, legales y geopolíticas.

El cuarto informe de avance de la auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá comenzó a perfilar los primeros niveles preliminares de cumplimiento de los 370 compromisos ambientales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III, un proceso técnico que será determinante para la evaluación final del desempeño ambiental de la operación minera y para las decisiones que debe tomar el Gobierno de José Raul Mulino en su intención de reactivar la mina.

El proyecto está en fase de mantenimiento desde finales de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el contrato firmado entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, era inconstitucional.

El documento corresponde al Informe Mensual No. 4 de la auditoría integral que ejecuta la firma SGS Panamá Control Services Inc., bajo supervisión del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), y cubre el periodo comprendido entre el 10 de enero y el 9 de febrero de 2026, etapa en la que el equipo auditor continuó con revisiones documentales, inspecciones de campo y análisis técnicos multidisciplinarios para verificar el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales derivados del EIA aprobado para el proyecto minero.

Según el documento técnico, la auditoría se desarrolla con un enfoque integral que analiza no solo aspectos ambientales, sino también componentes legales, laborales, tributarios y operacionales, con el objetivo de identificar activos ambientales, posibles pasivos futuros y riesgos asociados a las distintas fases del proyecto.

Este proceso busca construir una trazabilidad técnica sólida que permita evaluar el desempeño del proyecto en función de estándares nacionales e internacionales aplicables.

Durante este cuarto periodo de evaluación, los auditores continuaron con la integración progresiva de la información recopilada, contrastando datos entregados por la empresa, registros históricos, reportes de monitoreo y observaciones realizadas en sitio, lo que permitirá consolidar en los próximos informes una escala de conformidad o cumplimiento que clasificará el grado de avance de cada uno de los 370 compromisos ambientales establecidos en el EIA.

Uno de los componentes relevantes analizados en esta etapa fue el monitoreo ambiental en ecosistemas marino-costeros y de agua dulce, donde se evaluaron variables relacionadas con calidad del agua, sedimentos, comunidades biológicas y presencia de metales pesados.

Los resultados revisados indican que la mayoría de los parámetros fisicoquímicos evaluados se mantienen dentro de los rangos establecidos por la normativa panameña, mientras que las concentraciones de metales pesados, nutrientes e hidrocarburos se registraron en niveles muy bajos o no detectables.

No obstante, el informe también identifica situaciones puntuales que requieren seguimiento, particularmente en algunos registros asociados a sólidos suspendidos totales y coliformes fecales detectados en estaciones de monitoreo de agua.

Aunque el documento señala que estas variaciones podrían estar vinculadas a factores naturales como arrastre de sedimentos por lluvias o condiciones del entorno, la auditoría deja constancia de estos resultados como elementos que deben continuar bajo evaluación dentro del proceso de verificación ambiental.

En el área marino-costera cercana a Punta Rincón, los análisis incluyeron evaluaciones de sedimentos, comunidades bentónicas y poblaciones de peces, así como estudios de metales en organismos marinos, cuyos resultados indican que la estructura de las comunidades biológicas es comparable con registros de años anteriores, sin evidencias de cambios significativos atribuibles directamente a las actividades del proyecto, lo que permitió clasificar el estado ecológico del área como “bueno” a “muy bueno” durante el periodo evaluado.

En los sistemas de agua dulce, los monitoreos abarcaron estaciones ubicadas en las cuencas de los ríos Caimito, San Juan de Turbe y Petaquilla, además de un punto de referencia en el río Hoja, donde se analizaron variables como hábitat acuático, macroinvertebrados, peces y características fisicoquímicas del agua.

De acuerdo con el informe, los resultados muestran condiciones de hábitat calificadas como altas, con parámetros ambientales comparables entre estaciones cercanas, lejanas y de referencia, lo que sugiere que las variaciones observadas responden principalmente a factores hidrológicos y de microhábitat.

El informe también señala observaciones técnicas sobre el diseño del sistema de monitoreo, al indicar que la documentación revisada no evidencia de manera explícita la inclusión sistemática de estaciones estratégicas directamente vinculadas a posibles puntos críticos del proyecto, como infraestructuras de tratamiento de agua o zonas de descarga hacia cuerpos receptores, lo que podría limitar la capacidad de detectar impactos ambientales puntuales aguas abajo.

Otro de los componentes analizados corresponde al monitoreo de calidad del aire, donde se revisaron registros de estaciones de medición instaladas en Río Caimito y San Benito, las cuales realizan monitoreo continuo de contaminantes atmosféricos.

Entre los parámetros evaluados figuran material particulado PM10 y PM2.5, así como dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono, además de metales pesados asociados a partículas en suspensión, incluyendo arsénico, cadmio, mercurio, plomo y níquel.

El informe precisa que, en este componente, la auditoría no realiza mediciones directas de contaminantes, sino que su función consiste en verificar que el sistema de monitoreo ambiental exigido en el Estudio de Impacto Ambiental realmente exista, funcione y genere datos confiables.

Esto implica revisar que las estaciones de medición estén operativas, que los registros sean continuos y que la información reportada corresponda al programa de seguimiento ambiental aprobado, evaluando así la consistencia y confiabilidad de los mecanismos de vigilancia ambiental implementados por el proyecto.

Adicionalmente, el documento señala que algunas campañas de monitoreo de metales pesados en aire registraron interrupciones en periodos anteriores, debido a eventos de vandalismo que afectaron estaciones de medición, lo que provocó una suspensión temporal de las mediciones hasta su posterior restablecimiento en julio de 2025.

Esta situación fue documentada por los auditores como parte del análisis de continuidad operativa de los sistemas de monitoreo ambiental.

Los auditores también verificaron que el proyecto mantiene programas de monitoreo ambiental activos durante el periodo de gestión segura y preservación, iniciado tras la suspensión de operaciones en diciembre de 2023, lo que forma parte de los compromisos establecidos para garantizar la continuidad de la vigilancia ambiental y el control de riesgos asociados al sitio minero.

En términos generales, el cuarto informe confirma que la auditoría se encuentra aún en una fase de consolidación de información técnica, por lo que los resultados presentados son preliminares y forman parte de un proceso más amplio que culminará con la evaluación definitiva del cumplimiento de los compromisos ambientales incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental.

El documento adelanta que el quinto informe mensual de la auditoría incorporará avances en la Escala de Conformidad o Cumplimiento, un instrumento metodológico que permitirá clasificar de forma sistemática procesos, subprocesos, productos auditados y los 370 compromisos ambientales, proporcionando una evaluación más clara del nivel de cumplimiento ambiental del proyecto.

Ese próximo informe será determinante para establecer qué compromisos se han cumplido plenamente, cuáles presentan avances parciales y cuáles requerirán medidas correctivas, información que servirá como base para las decisiones regulatorias que deberán adoptar las autoridades ambientales panameñas sobre el futuro del proyecto minero en Donoso.