Una megacausa por estafas con falsas promesas de trabajo en el sector minero en Salta involucra hasta el momento a casi 60 víctimas. Según detalló el Ministerio Público Fiscal salteño, hay una mujer detenida y otras cuatro personas estarían bajo investigación.

Hasta el momento, la detenida fue señalada como la principal responsable. Por este motivo, enfrenta actualmente cargos por 57 hechos de fraude tras una actualización en la imputación formalizada durante una audiencia judicial.

La investigación penal sostiene que la mujer ofrecía supuestos puestos laborales en minería y solicitaba dinero a cambio de trámites y estudios preocupacionales. Para dar apariencia de legalidad a su accionar, utilizaba nombres de estructuras comerciales como “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”, con los que emitía documentación y convocaba a profesionales.

Según la información publicada por Diario UNO, entre las personas estafadas se encontrarían ingenieros, topógrafos y operarios. Aparentemente, las víctimas entregaron pagos mediante transferencias bancarias a cuentas de terceros vinculados con el grupo.

Tras una denuncia inicial presentada el 27 de febrero, la principal acusada fue detenida el 10 de marzo. Los investigadores establecieron que la mujer se presentaba como profesional del área técnica y utilizaba títulos no acreditados para captar a las víctimas, prometiéndoles acceso a obras y proyectos mineros que nunca se concretaban.

Muchos de los denunciantes relataron haber renunciado a sus empleos previos al confiar en la posibilidad de acceder a trabajos bien remunerados en minería. Sin embargo, el esquema de fraude no solo afectó a residentes de Salta, ya que los investigadores establecieron que la principal sospechosa habría replicado estas maniobras en otras jurisdicciones del país.

Actualmente, la causa cuenta con un total de 31 denuncias formales adicionales de personas que aseguran haber sido contactadas bajo las mismas promesas falsas. Al mismo tiempo, el avance de la investigación permitió identificar a otras cuatro personas involucradas, que serán imputadas próximamente, según fuentes judiciales de Salta.

De la misma manera que se permitió ampliar los hechos imputados, se prevé que el número de afectados continúe en aumento a medida que surgen nuevos testimonios y se identifican más transferencias vinculadas al grupo investigado.

Más de 400 personas denunciaron fraude por falsas ofertas laborales para trabajar en un festival de Córdoba

Una banda integrada por al menos cuatro personas fue denunciada por más de 400 habitantes de La Rioja tras ser señalada como responsable de una megaestafa vinculada a la falsa oferta de empleos en el festival Cosquín Rock.

Los afectados relataron que los acusados les exigieron anticipos monetarios a cambio de reservarles puestos de trabajo en el área de seguridad para el evento, cuya realización estaba prevista en Córdoba. Sin embargo, días antes del viaje, el plan fue cancelado abruptamente, lo que llevó a los denunciantes a descubrir el engaño.

El caso comenzó a gestarse desde octubre de 2025, momento en el cual la banda habría iniciado la captación de víctimas mediante reuniones virtuales. Según se detalló en los testimonios recabados, los imputados prometían sueldos de 2 millones de pesos, traslado y hospedaje incluidos, y alegaban contar con experiencia previa en la seguridad de eventos masivos, como la Copa Argentina.

De acuerdo con Rioja Política, la maniobra incluía la realización de encuentros virtuales para ofrecer una imagen de legalidad y profesionalismo. Asimismo, indicaron que los acusados, identificados por los apellidos Díaz, Coronel, Gómez y Martínez, solicitaban a las víctimas el depósito de sumas que oscilaban entre $90.000 y $350.000.

El argumento que utilizaban los sospechosos era la necesidad de costear uniformes de seguridad o el ingreso a una presunta mutual. No obstante, la promesa de trabajo fue desmontada cuando, a escasos días del viaje, los supuestos empleadores comunicaron la cancelación de la oferta, aduciendo una decisión unilateral de los organizadores del festival.

Asimismo, muchos damnificados lograron contactar a la empresa productora de Cosquín Rock, que desmintió cualquier vínculo con el grupo denunciado. La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 1 de La Rioja y fue fragmentada en tres expedientes distintos. El abogado Fernando Brizuela asumió la representación de unos 30 denunciantes, aunque el número total de afectados podría multiplicarse hasta 400.

En respuesta al fraude, los afectados realizaron una protesta frente al domicilio de Díaz, uno de los imputados, reclamando su detención. Poco después, el letrado denunció que durante la manifestación se registraron agresiones físicas, luego de que una mujer saliera del inmueble y golpeara en el rostro a una de las manifestantes.

El avance judicial incluyó el bloqueo de cuentas de Mercado Pago y el secuestro de un automóvil perteneciente a los acusados. No obstante, Brizuela advirtió que la recuperación del dinero no está asegurada en esta etapa, ya que la prioridad de la instrucción radica en determinar la figura penal aplicable. Además, informó que solicitará la acumulación de las denuncias para unificar la causa y endurecer la situación procesal de los sospechosos que permanecen en libertad.

En este sentido, adelantó que pedirá cambiar la calificación legal de “estafa” a “asociación ilícita”, argumentando la existencia de una estructura organizada y roles diferenciados entre los imputados. Por esto, dijo que la maniobra no fue un hecho aislado, sino el resultado de una red delictiva coordinada.

Los agentes cortaron el paso a los manifestantes cuando llegaron hasta la presa de Sabaneta y pretendían continuar hasta la localidad de Romero, donde la minera explora en busca de oro y otros metales.

Una vez los manifestantes coreaban con mayor fervor sus consignas e intentaban continuar su camino, los agentes dispararon los gases y los chorros de agua. También se escucharon disparos y desde la marcha se lanzaron piedras a los policías, según constató EFE.

La manifestación comenzó en el municipio principal de San Juan de la Maguana y fue respaldada por habitantes de varios poblados en ruta hacia la comunidad de Romero.

Entre las consignas más escuchadas estuvieron las de 'Agua sí, oro no', o 'No queremos oro, queremos vida', mientras se enarbolaban banderas dominicanas y de diferentes organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la marcha.

"El apoyo ha sido extraordinario de toda la población sureña y del país entero, porque ya esto es una reivindicación que la ha acogido todo el dominicano, que se ha tomado conciencia del año que hace la explotación minera", dijo a EFE el abogado Francisco Isaías Ogando, momentos antes de que empezaran a caer las bombas lacrimógenas.

El senador por San Juan, Félix Bautista, otros legisladores, organizaciones ambientalistas y comunitarias se oponen de manera resuelta a que la empresa finalmente obtenga los permisos de explotación en la zona, porque afirman que eso provocaría la contaminación de los ríos de todo la provincia, donde se produce cerca del 60 % de las habichuelas que consume el país, y alrededor de un 15 % del arroz.

Bautista, a través de sus redes, condenó el accionar de los policías y afirmó que la manifestación era pacífica, por lo que consideró "inaceptable" que fuera dispersada.

Los permisos de exploración fueron concedidos por el Estado dominicano a GoldQuest hace unos 10 años. La Iglesia católica figura entre las organizaciones opuestas a la eventual explotación de oro y otros metales en la zona.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dominicano no ha emitido a la minera permisos para la explotación.

"Estamos marchando en contra de la minería, queremos agua, no oro. El apoyo ha sido masivo, la gente sabe que si se explota la zona se contaminará el agua de nuestros ríos y no tendremos producción agrícola", dijo a EFE Leudys Benzán, habitante de la provincia.

Advirtió de que "las cosas se pondrán difíciles" si el presidente dominicano, Luis Abinader, "no habla rápido" en contra de los trabajos de la minera.

GoldQuest ha explicado que su eventual explotación de oro, y en menor grado, plata y zinc en la zona, se haría utilizando métodos subterráneos y no a cielo abierto, como ocurre con la mina de Pueblo Viejo, considerada una de las más grandes del mundo, y que opera en la provincia de Sánchez Ramírez (noreste dominicano) la también canadiense Barrick Gold.

En una entrevista con el medio El Sur de Acapulco, Apolinar Castañeda Hernández, padre de José Manuel Castañeda Hernández, geólogo secuestrado y asesinado por el crimen organizado en Concordia, Sinaloa, junto a otras nueve personas (de las cuales, cuatro más se ha confirmado que fueron asesinadas y otras cinco permanecen desaparecidas), dio a conocer que la empresa canadiense Vizsla Silver ofrecía a delincuentes de la zona que los extorsionaban entre 200 y 250 mil pesos mensuales.

Don Apolinar aseguró que su hijo y sus compañeros no fueron confundidos por Los Chapitos como miembros de Los Mayos, dos facciones del Cártel de Sinaloa que se pelean el control de ese grupo delictivo, como aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, hace unos días en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También declaró que Vizsla Silver se enteró desde el primer momento de que sus trabajadores habían sido secuestrados por un grupo delictivo, pero se negó a negociar para que fueran liberados.

“En abril del 2025, la empresa mandó a descansar un mes a sus trabajadores porque estaba muy peligroso, y la minera estaba negociando el derecho de piso. Aquí estuvo un mes mi hijo trabajando a distancia para la empresa”, señaló para el medio Apolinar, quien vive en Taxco, Guerrero, y de donde también era originario su hijo.

Tras ese mes de “descanso”, su hijo volvió a Sinaloa a trabajar en la minera. Además, aseguró que antes del secuestro de los mineros, se enteró de que un grupo delictivo le exigía a la minera canadiense la mitad de sus ganancias, sin embargo, la compañía les ofrecía un pago mensual de 200 a 250 mil pesos.

Recordó que el 22 de enero todavía logró hablar con su hijo, pero el 23 ya no le respondió. También denunció que tras el secuestro, la minera no se comunicaba con ellos para decirles cómo estaba la situación y si ya había iniciado la búsqueda para encontrarlos.

Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) sí ayudó, pues logró encontrar los cadáveres de los mineros y detuvo a algunos presuntos responsables.

Además, aseguró que corría el rumor de que a la empresa le pedían 10 millones de pesos para liberar a cada uno de los mineros secuestrados, sin embargo, la minera no quiso negociar y por ello fueron asesinados. Aseguró que esta versión, a él, no le constaba.

Minera dice que suspendió trabajos en Concordia

Este mismo jueves, la minera Vizsla Silver lanzó un comunicado, en el que confirmó que los cinco colaboradores que no han sido localizados, siguen en calidad de desaparecidos.

También señaló que se encontraba en contacto directo con las familias afectadas, y estaba proporcionando apoyo financiero y acceso a servicios adecuados de acompañamiento.

La minera canadiense expuso que se limitará a comunicar información confirmada por las instancias correspondientes, conforme esté disponible, y no participará en rumores o especulaciones sin sustento.

Dijo que el proyecto Pánuco continúa, mientras las operaciones en el sitio permanecen suspendidas.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha consolidado la obligación de Primero Empresa Minera, S.A. de C.V. de cubrir un adeudo fiscal que supera los dos mil 800 millones de pesos, al revocar el acuerdo que permitía aplazar el pago de este monto.

La decisión, adoptada por unanimidad, deja sin efecto la medida impulsada por la anterior presidenta del Tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, y confirma la resolución previa del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

La ministra Lenia Batres detalló en un comunicado que la resolución de la SCJN ratifica la negativa de amparo a la minera, que buscaba evitar el pago de dos mil 868 millones 853 mil 516 pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única, además de las actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal de 2012.

Según Batres, “con esto, queda firme la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del 25 de enero de 2025, que negó amparo a la minera quejosa en contra del pago de dos mil 868 millones 853 mil 516 pesos, por concepto de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, más actualizaciones, recargos y multas, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012”.

La Corte fundamentó su determinación en la ausencia de elementos de excepcionalidad en materia constitucional o de derechos humanos que justificaran la revisión del caso.

Resolución adquiere carácter definitivo

De acuerdo con la ministra Batres, el asunto no reúne las condiciones necesarias para que el máximo tribunal intervenga, por lo que la resolución del tribunal colegiado adquiere carácter definitivo.

En su explicación, Batres subrayó que la Segunda Sala de la SCJN ya ha abordado en diversas ocasiones la constitucionalidad del Artículo 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que fue impugnado por la empresa minera en este proceso de amparo. Además, la ministra precisó que los cuestionamientos sobre los artículos 34-A y 42 del Código Fiscal de la Federación resultan improcedentes, ya que el tribunal colegiado determinó que los argumentos de la parte quejosa se basaban en hechos que no ocurrieron en el caso específico. Por tanto, tampoco en este punto se configura una situación de excepcionalidad, y existen múltiples tesis sobre las facultades de comprobación fiscal.

Batres también informó que la empresa minera intentó posponer la resolución del recurso de reclamación, alegando que mantenía conversaciones con el Gobierno federal para resolver el adeudo.

No obstante, la ministra aclaró que “finalmente, expliqué que, aunque la empresa minera envió a la SCJN promociones para intentar aplazar la resolución de este recurso de reclamación, argumentando que estaba ya en pláticas con el Gobierno federal para resolver este adeudo, no existe ningún tipo de mecanismo alternativo de solución, por lo que no procede seguir retardando solución”.

Durante la misma sesión, la ministra Batres manifestó su voto a favor de conceder amparo a varias empresas dedicadas al turismo en áreas naturales protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera, que impugnaban el cobro de derechos para operar en estos espacios.

Luego de que se reportara que una góndola cargada con 33 toneladas de concentrado de oro y plata propiedad de Grupo Minero Bacis, fuera robada en el estado de Jalisco, la Fiscalía estatal informó que la empresa transportadora declinó en presentar una denuncia.

El pasado 4 de julio, el Grupo Minero Bacis denunció que un grupo armado interceptó y robó el tractocamión sobre la carretera Durango–Puerto Manzanillo, a la altura de Chapala, Jalisco.

“Según información preliminar, el tractocamión con número económico 104 fue interceptado por dos vehículos color blanco con cristales polarizados, quienes neutralizaron a los guardias de seguridad y sometieron al chofer del tractocamión, quienes fueron privados de su libertad durante al menos una hora y media”, se lee en el comunicado.Se informó que una vez que fueron liberados, los guardias de seguridad dieron parte a la Guardia Nacional en la caseta de Chapala.

El tractocamión fue recuperado, pero la carga no.“Lamentamos este incidente que deteriora el giro de negocio minero como los ingresos del país”, se lee en el comunicado del Grupo Minero Bacis que extrae minerales de plata y oro que comercializa a nivel nacional e internacional.

Al respecto, la Fiscalía del estado de Jalisco informó este 8 de julio que la empresa transportadora declinó presentar la denuncia por este ilícito ante la Fiscalía del Estado.

“Este martes una persona acudió ante el Ministerio Público en representación de la empresa transportista, quien acreditó la propiedad del vehículo, el cual tiene matrícula federal. Dicha compañía tiene una razón social distinta a la minera que difundió el supuesto robo”, explicó en un comunicado el Ministerio Público local.

Agregó que quien compareció ante el MP “hizo la manifestación verbal de que la representación legal de la minera acudiría ante el Ministerio Público Federal a denunciar el presunto ilícito”.

“Hasta el momento no se ha presentado nadie con ese carácter ante la Fiscalía del Estado.Durante la reunión de seguridad de este martes con autoridades federales y estatales, se informó que la denuncia tampoco ha sido presentada ante la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República”.

Señaló que hasta el momento no existen elementos fehacientes para asegurar que el presunto robo ocurrió en Jalisco, “ni se cuenta con un manifiesto de la supuesta carga que llevaba el vehículo”.

Lo único acreditado es que el tractocamión fue encontrado en el Municipio de Acatlán de Juárez.

El vehículo de carga pesada fue inicialmente puesto a disposición del Ministerio Público por la Comisaría de Acatlán, municipio a donde llegó sin el concentrado de minerales que transportaba, de acuerdo con la versión preliminar de su operador.

La Fiscalía añadió que pondrá el automotor a disposición de la autoridad correspondiente, ya que está en el Código Penal Federal.

Una de las principales minas productoras de estaño en el mundo, Minsur, anunció una significativa inversión en exploraciones en Perú que alcanzará los 42 millones de dólares. Este monto, destinado para los años 2025 y 2026, se centrará en proyectos greenfields, con el objetivo de diversificar y garantizar la sostenibilidad de sus operaciones a largo plazo.

La compañía minera detalló que esta inversión será dirigida a la exploración de nuevos yacimientos mineros en el territorio peruano. Uno de los objetivos principales es la identificación de recursos minerales en áreas que aún no han sido explotadas, conocidas como greenfields.

La estrategia de Minsur busca ampliar su cartera de exploración más allá de las operaciones tradicionales de expansión, también conocidas como brownfields. Con este enfoque, la empresa pretende no solo aumentar sus reservas de estaño, sino también diversificar su producción incluyendo metales como cobre, molibdeno y oro.

Los proyectos greenfields en cuestión incluyen las iniciativas denominadas Suyana y Lara. Estos proyectos se desarrollarán en el departamento de Ica, al sur del país, en colaboración con las compañías Newmont Perú y Minas Dixon.

Proyectos de perforación

Por otro lado, Minsur avanza con su portfolio de exploraciones con dos importantes proyectos de perforación propios. El primero es el proyecto Santo Domingo, ubicado en Puno, que contempla la perforación de 35 mil metros en busca de yacimientos epitermales de estaño. El segundo es el proyecto Quimsachata, localizado en Arequipa, cuyo enfoque es la exploración de un pórfido de cobre y oro con un plan de perforación de 15 mil metros.

Estas iniciativas se complementan con proyectos bajo el esquema de joint ventures que la compañía ha establecido. Entre estos, se destaca el proyecto Sumac Wayra en Lima. En este lugar, Minsur y Newmont Perú llevarán a cabo una exploración de 15 mil metros para investigar un pórfido de cobre y molibdeno. Otra colaboración es la del proyecto La Colorada en La Libertad, donde se prevé perforar 5 mil metros para comprender mejor un yacimiento epitermal de alta sulfuración de oro.

Un proyecto adicional en este contexto es Pucaccasa, localizado también en el departamento de Ica. Este es un pórfido de cobre y molibdeno que se encuentra en una etapa inicial de exploración. La colaboración continúa con Newmont Perú en esta iniciativa, que promete ser un punto clave dentro de la estrategia de diversificación de Minsur.

Diversificación y sostenibilidad

El impulso hacia estos proyectos representa una sólida estrategia de diversificación del portafolio de Minsur. La empresa no solo busca asegurar nuevas reservas de estaño, sino que también explora activamente la producción de otros metales. En particular, la creciente importancia de metales como el cobre y el molibdeno en la transición energética global ha influido en esta dirección. Estos metales son fundamentales para la fabricación de tecnologías limpias y renovables.

Con estas inversiones y proyectos, Minsur responde a la necesidad de asegurar una base sólida de recursos a largo plazo. Al consolidar su presencia en áreas con alto potencial geológico como Ica, Arequipa y Puno, la compañía minera mantiene su posición competitiva en el sector minero internacional y reforzar su compromiso con el desarrollo minero sustentable en Perú.

Minsur: Operaciones, proyectos al cierre del 2024

Al cierre de 2024, Minsur mantiene operaciones en Perú. En Puno, el proyecto UM San Rafael y Planta B2 se concentra en la producción de estaño, un mineral esencial dentro de la cartera de la compañía. En la región de Ica, proyectos como PFR Pisco y UM Nazareth refuerzan la capacidad extractiva de Minsur, enfocándose en estaño y oro, respectivamente. Además, en Arequipa, la operación en UM Mina Justa sobresale por su producción de cobre.

Simultáneamente, la empresa minera se enfoca en exploraciones que abren nuevas oportunidades en metales estratégicos como cobre, molibdeno y oro. En la región de Lima, el proyecto Sumac Wayra destaca por su exploración de cobre y molibdeno, mientras que en Ayacucho, la exploración en Quimsachata también se centra en estos metales valiosos. En La Libertad, el proyecto La Colorada está dirigido a la extracción de oro y plata.

Un trágico accidente ocurrió este martes en las instalaciones de la Compañía Minera Antamina, ubicada en el campamento Yanacancha, en Huari, región de Áncash. El incidente dejó como saldo la muerte de un alto ejecutivo de la empresa y a otro funcionario gravemente herido. El hecho se produjo cuando un enorme volquete de gran tonelaje aplastó a los dos trabajadores mientras realizaban sus labores en el lugar.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 2:25 de la tarde, cuando un volquete Komatsu 980, de 400 toneladas de carga, aplastó a dos trabajadores que se encontraban a bordo de una camioneta en el área de operaciones del campamento Yanacancha. La tragedia causó la muerte inmediata de Edwin Colque Calisaya, gerente senior de operaciones de Antamina, quien estaba al mando de los trabajos mineros en la zona. Por su parte, el superintendente de perforación y voladura, Yorhinio León Robles, resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención.

El comunicado oficial de la empresa minera confirmó la muerte de Colque Calisaya, quien era un miembro clave de la empresa, y expresó su profundo pesar por el accidente. “Este es un momento difícil para quienes somos parte de Compañía Minera Antamina”, señaló la empresa en su pronunciamiento. Además, informaron que ya se había contactado a las familias de los involucrados para brindarles el apoyo necesario en este momento tan difícil.

León Robles, quien fue rescatado de inmediato tras el accidente, sufrió heridas, aunque su condición no fue reportada como grave en los primeros reportes. La empresa ha destacado la importancia de coordinar con las autoridades locales para realizar las investigaciones pertinentes.

Operaciones mineras paral

Como consecuencia de este trágico suceso, Antamina decidió suspender de manera inmediata todas sus operaciones en la mina, en lo que se denomina una “parada total de seguridad”. Esta medida busca garantizar la seguridad de los demás trabajadores de la compañía mientras se analizan los hechos y se determinan las causas del accidente.

En el comunicado emitido, la empresa también indicó que la prioridad era esclarecer lo sucedido y tomar las medidas necesarias para evitar que incidentes de este tipo se repitan en el futuro. Asimismo, la compañía destacó que se ha iniciado una investigación interna para esclarecer las circunstancias que llevaron al accidente y se comprometió a colaborar con las autoridades competentes para aportar en el esclarecimiento de los hechos.

Cantidad de accidentes mineros mortales

Según el boletín presentado por la Gerencia de Supervisión Minera (GSM) incluye un análisis exhaustivo de los accidentes mortales ocurridos en la mediana y gran minería desde 2007 hasta diciembre de 2024. Durante este período, se recopilaron datos de diversas operaciones mineras supervisadas por Osinergmin, conforme a las leyes y normativas vigentes en Perú. En 2024, se registraron 14 accidentes mortales, resultando en 15 víctimas fatales, lo que resalta una preocupación constante sobre las condiciones de seguridad en el sector. Este histórico proporciona un panorama completo sobre las incidencias ocurridas en las operaciones mineras, permitiendo identificar tendencias y áreas que requieren mayores esfuerzos para mejorar la seguridad laboral.

De las 15 víctimas mortales registradas, la mayoría (10) se produjo en las unidades mineras de la mediana minería, mientras que 5 pertenecieron a la gran minería. El boletín detalla las estadísticas de víctimas mortales según varias categorías, como la especialidad de supervisión, lugar del accidente, tipo de accidente y tipo de empresa. En términos de especialidad de supervisión, se observó que la geomecánica fue la que registró más víctimas mortales, con 7 accidentes que causaron 8 muertes. Otros sectores como el transporte, maquinarias e instalaciones auxiliares, y plantas de beneficio también fueron responsables de varios accidentes fatales, lo que subraya la importancia de mejorar la supervisión y seguridad en todos los niveles de la minería.

Osinergmin inició investigación

El personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha iniciado una investigación en el campamento minero de la empresa Antamina, luego de un trágico accidente en el que un trabajador perdió la vida.

Osinergmin informó que un equipo especializado se encuentra en el lugar del accidente para realizar la supervisión y verificar, conforme a las normas establecidas, el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Además, se están tomando las medidas necesarias para garantizar que se cumplan los estándares de seguridad en el campamento minero y prevenir futuros incidentes.

Redacción deportes, 2 ene (EFE).- El colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos, del Comité de Castilla-La Mancha, pitará el Barbastro-Barcelona, mientras que Javier Alberola Rojas, perteneciente al mismo comité, lo hará en el Deportiva Minera-Real Madrid, ambos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, según ha anunciado el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Las designaciones para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey son las siguientes:

==Viernes 3 de enero

Racing Ferrol-Rayo Vallecano

Árbitro: Adrián Cordero Vega

Pontevedra-Mallorca

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Granada-Getafe

Árbitro: José María Sánchez Martínez

==Sábado 4 de enero

Huesca-Betis

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Tenerife-Osasuna

Árbitro: Juan Martínez Munuera

Almería-Sevilla

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Barbastro-Barcelona

Árbitro: Isidro Díaz De Mera

Marbella-Atlético de Madrid

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Logroñés-Athletic Club

Árbitro: Mario Melero López

==Domingo 5 de enero

Ourense-Valladolid

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Elche-Las Palmas

Árbitro: José Luis Munuera Montero

Racing Santander-Celta

Árbitro: Pablo González Fuertes

Cartagena-Leganés

Árbitro: Víctor García Verdura

Ponferradina-Real Sociedad

Árbitro: Jesús Gil Manzano

==Lunes 6 de enero

Minera-Real Madrid

Árbitro: Javier Alberola Rojas

==Martes 7 de enero

Eldense-Valencia

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández. EFE

En la madrugada del lunes 24 de febrero, alrededor de la 01:50 horas, tres sujetos ingresaron a las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH) con la intención de sustraer armamento. Durante el asalto, lograron apoderarse de un fusil de asalto GALIL.

Sin embargo, la rápida reacción del personal de seguridad y la intervención inmediata de los efectivos militares que estaban en servicio permitieron frustrar el robo. Uno de los delincuentes fue capturado en el acto, mientras que los otros dos lograron escapar sin ser identificados, dejando atrás a su cómplice.

El detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ser interrogado conforme a los protocolos establecidos por la ley. Según información oficial de la institución, el armamento en la EMCH se mantiene completo y sin novedades tras el incidente. Además, las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar si el detenido había ingresado previamente a las instalaciones con fines delictivos.

Lo que en un principio parecía un caso de delincuencia común ha tomado un giro más grave. Fuentes de Infobae Perú confirmaron que el sospechoso capturado sería un ex cadete de la promoción 127 del Ejército Peruano, identificado con el apellido Moreno, quien fue dado de baja en 2020. No obstante, la institución ha evitado pronunciarse al respecto y ha señalado que esperará el resultado de las investigaciones antes de confirmar su vínculo con el Ejército.

¿Quién es el cadete Moreno?

Pedro Yaranga, experto y analista en temas de terrorismo y narcotráfico, compartió a través de su cuenta de X la noticia del fallido robo en la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH) y añadió detalles sobre el pasado del ex cadete Moreno. Según Yaranga, Moreno fue detenido en enero de este año por ronderos y un grupo de mineros artesanales en Pataz, La Libertad. En ese momento, afirmó ser miembro de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que había sido contratado por la minera Poderosa.

Durante su intervención, Moreno explicó que las funciones que tenía en la minera no estaban claramente definidas, pero recibió alrededor de 9,000 soles por un período de dos meses, durante el cual debía resguardar la zona y convocar a personas para proteger las propiedades de la empresa, usando armamento pesado. Esta intervención tuvo lugar en medio del creciente conflicto entre los mineros artesanales y empresarios.

El testimonio de Moreno y su vinculación con la minera se conoció tras la viralización de un video en redes sociales. Sin embargo, nunca se supo con claridad las circunstancias exactas de su detención ni su paradero. Agentes de una unidad especializada realizaron búsquedas intensivas en la zona con la intención de rescatarlo, ya que se difundió que había sido agredido por sus captores.

Casi un mes después, el nombre de Moreno volvió a las páginas policiales tras su detención en la Escuela Militar de Chorrillos. Su pasado dentro de la institución también estuvo marcado por hechos ilícitos. Según fuentes de Infobae Perú, Moreno fue dado de baja en 2020 luego de verse involucrado en una presunta estafa piramidal que implicaba a altos mandos de la institución. Sin embargo, el caso no recibió gran atención mediática.

Al ser consultados sobre estos antecedentes, representantes de la institución indicaron que esperarán el resultado de las investigaciones, aunque expresaron su conformidad con la decisión de haberlo separado de la escuela.

No es la primera vez que un miembro del Ejército del Perú es detenido por robo de armamento o municiones. El 7 de enero el teniente EP Christian Revilla Barzola fue detenido por la PNP acusado como ser el proveedor de peligrosas bandas criminales ecuatorianas.

Cartagena, 11 dic (EFE).- El Minera-Real Madrid, de dieciseisavos de fial de la Copa del Rey, fijado para el 6 de enero de 2025, a las 19.00 CET, se jugará en el estadio municipal de Cartagonova de Cartagena, sin que aún se sepan los precios de las localidades, aunque los abonados locales ya saben que tendrán un descuento de 20 euros.

Así lo confirmó este miércoles el Ayuntamiento de Cartagena tras la reunión mantenida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, con los miembros de la directiva del club de Llano del Beal, presidida por José Blaya, y que se convocó para avanzar en la organización del partido.

El choque, un evento para el que "se esperan aficionados de toda España", según indicó Arroyo, redundará en beneficios para los bares, restaurantes, comercios y hoteles del municipio, tal y como señaló también la primera edil tras confirmar que el encuentro se celebrará en el Cartagonova, recinto con capacidad para 15.000 espectadores y que es el escenario elegido por mucho que la Minera recibiese la propuesta de trasladarlo al estadio Enrique Roca de Murcia, que duplica ese aforo al contar con 31.000 localidades.

Así, en dos días seguidos serán dos los equipos de Primera división que jueguen en el Cartagonova, pues el domingo 5 de enero (15.30 CET) se disputará el Club Cartagena-Club Deportivo Leganés, también de los dieciseisavos de final de la Copa.

"Estamos desbordados ante el interés que despierta este encuentro", dijo Blaya, quien avanzó que los abonados del club minero tendrán un trato preferente "con descuentos de 20 euros sobre el precio de la entrada que compren", según expuso tras la reunión, en la que también participó el concejal de Deportes, José Martínez.

Además, indicó que la previsión es que las localidades salgan a la venta el martes o el miércoles de la próxima semana y que se están cerrando los detalles relativos a los precios de las mismas, aunque ya ha trascendido que las más económicas estarán en torno a los 100 euros.

Blaya, quien acudió a la cita acompañado por su directivo Antonio Martínez, pidió "paciencia y comprensión" a los aficionados a la espera de publicar los precios y desde la entidad que preside se emitió un comunicado difundido a través de X y Facebook.

"Desde la Deportiva Minera volvemos a pedir a todos nuestros aficionados y simpatizantes paciencia y comprensión. Estamos buscando la mejor solución en cuanto a entradas y demás factores que afecten al histórico partido que nos enfrentará al el Real Madrid Club de Fútbol", se lee en la nota. EFE

Ij/bc/lm

Madrid, 8 dic (EFE).- Enfrentarse con el Real Madrid o el Barcelona, que junto a Athletic Club y Mallorca entran en liza en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, es el sueño de los cuatro equipos de Segunda RFEF (cuarta categoría) supervivientes, Barbastro, UD Logroñés, Pontevedra y Minera.

Los dos grandes estandartes del fútbol español, el que fue rey de copas y vigente campeón del torneo del k.o. y el conjunto balear han quedado exentos de las rondas anteriores al ser los cuatro que disputarán en enero la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí).

Según el reglamento, quedarán emparejados con uno de esos cuatro conjuntos de Segunda RFEF, que han protagonizado alguna de las campanadas que se han registrado en las rondas precedentes de la Copa del Rey.

El Pontevedra, líder del grupo 1 que esta jornada se deshizo en la competición liguera del Laredo (0-3), en la primera eliminatoria goleó al Levante (4-1), de Segunda división, y en la tercera se deshizo de uno de los equipos que luchan por Europa en LaLiga EA Sports (1-0).

La UD Logroñés, tercero del grupo II, dejó en la cuneta al Eibar (1-0 en la prórroga), de Segunda, y al Girona, todo un conjunto de 'Champions' (0-0 y 4-3 en los penaltis); el Barbastro, decimosexto del mismo grupo, eliminó al Amorebieta (4-0) y a otro Primera como el Espanyol (2-0); y el Minera, quinto del grupo IV, goleó al Tudelano (0-5) y dejó k.o. al Alavés (2-2 y 4-2 en la tanda de penas máximas).

El Athletic es el vigente campeón después de ganar en la final de la pasada edición al Mallorca en los penaltis (4-2) tras acabar el encuentro disputado en La Cartuja de Sevilla con empate a uno, lo que deja al cuadro vasco con 25 títulos, a seis del Barcelona, al que precisamente eliminó en los cuartos de final.

El Real Madrid ganó el torneo del k.o. en la campaña 2022/23 al vencer por 2-1 a Osasuna y el Barcelona logró su trigésimo primer y último título el curso 202/21 al derrotar por 4-0 al Athletic.

Los tres conjuntos de Primera RFEF supervivientes, Ourense, Ponferradina (ambos del grupo 1) y Marbella (del 2) se enfrentarán a un equipo de la máxima categoría al margen de los cuatro de la Supercopa, Getafe, Osasuna, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Betis, Rayo Vallecano, Valencia, Leganés, Valladolid, Celta y Las Palmas.

Los nueve de Primera que queden libres se medirán a los nueve de Segunda división que siguen en competición, Racing Ferrol, Cartagena, Huesca, Eldense, Almería, Racing Santander, Tenerife, Elche y Granada.

El sorteo se celebrará a las 13.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y la eliminatoria, a partido único en las instalaciones de los equipos de inferior categoría, se disputará el primer fin de semana de enero (3, 4 y 5). EFE

Las autoridades de Brasil firmaron este viernes un acuerdo de indemnización con las mineras Vale y BHP de casi 30.000 millones de dólares por el colapso en 2015 de una presa en la ciudad de Mariana, que provocó el peor desastre ambiental en la historia del país.

“Espero que las empresas mineras hayan aprendido una lección: habría sido mucho más barato haber evitado lo que sucedió. Infinitamente más barato”, dijo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras la firma de lo convenido.

El pacto se selló en una ceremonia oficial en Brasilia, con presencia de los representantes de las firmas, tras negociaciones iniciadas en 2021 e incluyó un minuto de silencio en recuerdo de los afectados por la tragedia.

Las partes ya habían acordado, en 2016, un plan de reparación de 20.000 millones de reales (unos 3.500 millones de dólares al cambio actual).

Pero se abrieron nuevas negociaciones a raíz de “incumplimientos” en las reparaciones, búsqueda de mejores indemnizaciones para más de 300.000 personas y “lentitud” de la justicia en la resolución de los litigios, según el gobierno.

Lo acordado este viernes, sujeto a la aprobación de la corte suprema de Brasil, contempla obligaciones pasadas y futuras para atender a los afectados y repara los daños medioambientales causados por la rompimiento del dique de la firma Samarco, copropiedad de la brasileña Vale y la australiana BHP.

El colapso de la estructura que represaba los desechos de una mina de hierro tuvo lugar el 5 de noviembre de 2015 y afectó a Mariana, en el estado de Minas Gerais (sureste).

El incidente se cobró la vida de 19 personas, arrasó localidades, incluidas comunidades indígenas, y arrojó 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico a lo largo de más de 600 kilómetros en el río Doce y el océano Atlántico.

Tras lo convenido este viernes, las firmas se comprometen a pagar 100.000 millones de reales (17.500 millones de dólares) a las autoridades locales a lo largo de veinte años.

Otros 32.000 millones (5.600 millones de dólares) serán destinados para indemnizaciones individuales, reasentamiento y recuperación ambiental.

Los restantes 38.000 millones de reales (6.600 millones de dólares) tienen que ver con sumas que las compañías aseguran ya haber invertido en medidas de reparación y compensación.

El acuerdo entre Brasil y las mineras tiene lugar días después del inicio de un juicio contra BHP en Londres por el mismo caso, en un proceso que se prevé largo y por el que 620.000 damnificados reclaman 35.000 millones de libras (46.800 millones de dólares) a la empresa australiana.

(Con información de AFP)

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) decidió sancionar a la empresa minera AngloGold Ashanti (AGA) con una multa de $45 millones por alterar un sistema de captación de aguas concesionadas a su proyecto minero La Colosa.

Esta alteración habría permitido a la empresa captar más agua de la autorizada, lo que plantea serias implicaciones ambientales y sociales en la región.

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Alteraciones en el sistema de captación

La sanción de Cortolima se basa en hallazgos de una visita técnica realizada en 2015 a los predios La Paz y Campo Alegre. Según la resolución de la corporación: “en la obra de captación se observó la disposición de una pared lateral, una tabla y una bolsa fibra que no habían sido previstas en los diseños aprobados por Cortolima”. Esta modificación permitió a AGA captar más del 50% del caudal del río La Arena, superando así los límites establecidos por la autoridad ambiental.

Ante esta situación, AngloGold Ashanti argumentó que las intervenciones eran necesarias debido a que “en los cauces concesionados por La Colosa, se evidenciaban bajos caudales y altos contenidos de sedimentación”. La empresa sostuvo que estas modificaciones garantizaban una distribución equitativa del recurso hídrico en el cauce, lo cual, según ellos, aseguraba la toma de recursos permitida. Sin embargo, Cortolima desestimó estos argumentos, afirmando que no eran suficientes para justificar la alteración de la captación de agua.

La resolución emitida en julio de 2024 declaró a AGA responsable y la empresa fue incluida en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). Esta decisión ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que AGA impugne la sanción en los tribunales. Según un comunicado conjunto de organizaciones como el Centro Sociojurídico para la Defensa Ambiental y el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial (Siembra), “es posible que esta sanción sea demandada por AGA, pues la empresa ha adoptado una estrategia de atacar judicialmente cualquier decisión en su contra”.

Incumplimientos y críticas a la gestión ambiental

Los problemas de AGA no se limitan a la captación de aguas. La empresa ha enfrentado sanciones por irregularidades en sus declaraciones de impuestos, lo que ha llevado a decisiones del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se ha ordenado a AGA el pago de $90.760 millones de pesos a la Dian, de los cuales $66.305 millones (73%) están en firme, mientras que $24.454 millones (27%) están pendientes de resolución.

Además, organizaciones ambientales han expresado su preocupación por la suspensión indefinida del contrato de concesión minera desde 2017. Según el Colectivo socio-ambiental juvenil de Cajamarca (Cosajuca) y Siembra, “esta suspensión está sustentada, en parte, porque la empresa no ha logrado obtener las sustracciones necesarias de la Reserva Forestal Central”.

La situación en el suroeste antioqueño es igualmente alarmante. Durante una audiencia pública en Jericó, se denunció que AGA continúa operando sin licencia ambiental y ha tomado acciones legales contra campesinos que han protestado pacíficamente. “La empresa ha utilizado mecanismos del derecho policivo para criminalizarlos”, señalaron la organización Siembra.

En respuesta a estas violaciones, la Mesa por los Derechos Humanos frente al Poder Empresarial ha manifestado su apoyo a las comunidades afectadas. “Estuvimos sesionando en Jericó y rodeando este proceso, respaldando la defensa jurídica de los campesinos y las posturas de las comunidades por la defensa del territorio”, afirmaron.

La sanción impuesta por Cortolima a AngloGold Ashanti pone de relieve la creciente tensión entre la minería y la protección de los recursos hídricos en Colombia. A medida que las comunidades continúan luchando por sus derechos, el futuro de la minería en la región se presenta como un desafío complejo que requiere un diálogo efectivo entre empresas, autoridades y poblaciones locales.