El portaviones USS George H.W. Bush llegó a aguas de Medio Oriente, elevando a tres el número de buques de este tipo desplegados por Estados Unidos en la región en plena escalada bélica con el régimen de Irán.

Este movimiento, confirmado por el mando militar responsable de las operaciones estadounidenses en el área, coincide con el mantenimiento de una frágil tregua tras la ofensiva conjunta de Washington e Israel a finales de febrero.

El USS George H.W. Bush opera en el océano Índico bajo la jurisdicción del Mando Central estadounidense, acompañado de una cubierta repleta de cazas preparados para acciones ofensivas o defensivas.

La llegada de este portaviones se suma a la de otros dos buques insignia del poder naval estadounidense: el USS Gerald R. Ford, que se encuentra actualmente en el mar Rojo, y el USS Abraham Lincoln, desplegado en el mar Arábigo.

El despliegue masivo tiene como objetivo sostener el bloqueo naval sobre los puertos iraníes e impedir el tráfico marítimo que pueda beneficiar a Teherán, en un contexto donde Estados Unidos busca asfixiar la economía iraní y garantizar el control de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

El refuerzo de la flota estadounidense llega en pleno cese de hostilidades, extendido a petición de Pakistán mientras continúan las negociaciones para intentar una salida diplomática al conflicto.

Sin embargo, la presencia simultánea de tres portaviones en la región es una señal de la disposición de Washington a responder ante cualquier movimiento hostil y mantener la presión militar sobre Irán.

Cómo es la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente

El despliegue militar estadounidense en Medio Oriente constituye una de las operaciones navales más ambiciosas de las últimas décadas. La fuerza central está compuesta por los portaviones USS Abraham Lincoln, USS George H.W. Bush y USS Gerald R. Ford, cada uno acompañado por grupos de escolta formados por destructores equipados con misiles guiados.

Además, dos buques de asalto anfibio integran la fuerza, transportando a más de dos mil infantes de marina y recursos para operaciones rápidas y abordajes en alta mar.

La misión principal de esta armada es bloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio global de petróleo. Para lograrlo, Estados Unidos ha desplegado diez destructores de la clase Arleigh Burke, armados con misiles Harpoon y sistemas de defensa aérea avanzados capaces de operar a velocidades superiores a los 30 nudos.

La vigilancia se mantiene día y noche mediante aviones E-2D Hawkeye, cazas F-35 y FA-18 Super Hornet, que patrullan la zona y pueden interceptar embarcaciones en cualquier momento.

La infraestructura tecnológica estadounidense es una de las piezas centrales de la operación. Satélites, drones y aviones de alerta temprana como los E-3 Sentry AWACS y los P8 Poseidon, desplegados en bases del Golfo, permiten monitorear la actividad de todas las embarcaciones relacionadas con Irán. Esta vigilancia minuciosa es esencial para detectar intentos de romper el bloqueo o identificar rutas alternativas utilizadas por petroleros o buques sospechosos.

El operativo no está exento de riesgos. Irán ha reforzado sus defensas costeras y cuenta con misiles antibuque CM-302, de origen chino, con un alcance de hasta 290 kilómetros.

Esta amenaza complica las aproximaciones de grandes buques estadounidenses a las aguas cercanas al litoral iraní. Además, los marines y fuerzas especiales de la Marina deben estar listos para abordar embarcaciones que, en ocasiones, pueden estar tripuladas por miembros armados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o civiles forzados a sabotear sus propios barcos.

La presencia de minas navales, mini-submarinos y misiles portátiles incrementa la complejidad de la misión.

El despliegue actual refleja la determinación de Estados Unidos de mantener la supremacía en el Golfo y de endurecer el bloqueo marítimo como herramienta de presión política y económica.

El envío de tres portaviones y su escolta no solo multiplica la capacidad de reacción ante cualquier amenaza, sino que también busca disuadir a Teherán de escalar el conflicto y garantizar que las exportaciones iraníes permanezcan bajo estricto control militar.

(Con información de Europa Press y AFP)

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley de minas que habilita la entrada de capital privado y extranjero al sector minero del país. La decisión se tomó en medio de un renovado interés de Estados Unidos en el oro venezolano y tras la flexibilización de restricciones para el comercio de este recurso.

La normativa, que reemplaza la legislación vigente desde hace más de dos décadas, fue sancionada por unanimidad tras un extenso debate en el parlamento controlado por el chavismo.

La ley de minas, compuesta por 131 artículos, deroga la norma de 1999 instaurada durante el mandato de Hugo Chávez, que establecía un régimen de control estatal sobre los recursos minerales.

Las empresas y consorcios nacionales, estatales y extranjeros podrán explotar oro y otros minerales estratégicos bajo concesiones de hasta 30 años, renovables dos veces por períodos de 10 años.

Entre las disposiciones centrales, la normativa prohíbe que funcionarios públicos y sus familiares participen como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles que adquieran títulos mineros durante cinco años tras dejar sus cargos. Esta medida, recogida en el artículo 74, busca evitar conflictos de intereses y limitar la influencia directa de autoridades en el sector.

La ley también contempla la posibilidad de que el Estado se reserve la explotación primaria de minerales radioactivos y su comercialización, si así lo determina el interés público y estratégico. El artículo 124 establece penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes realicen actividades mineras en áreas protegidas bajo régimen especial, asegurando la protección ambiental.

La promulgación de esta legislación responde tanto a la presión internacional como a la urgencia de captar inversión destinada a reactivar la economía venezolana, afectada por años de recesión y la caída de ingresos petroleros.

Durante el régimen de Nicolás Maduro, el desarrollo minero se amplió a más del 10% del territorio nacional, lo que generó un aumento de la minería informal bajo condiciones precarias y la influencia de grupos criminales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que el valor de mercado del oro extraído en Venezuela promedia USD 2.200 millones anuales, aunque el control estatal sobre la actividad ha sido limitado.

La sanción de la ley se produce poco después de la visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, quien manifestó el interés de empresas norteamericanas en operar en Venezuela.

Tras ese encuentro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que habilita ciertas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, siempre que los contratos se rijan por la legislación de Estados Unidos, según Reuters.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó la iniciativa como parte de una serie de reformas para atraer inversión extranjera y estabilizar la economía nacional.

La reforma a la ley de minas sigue a la modificación de la legislación hidrocarburífera y forma parte de una estrategia para redefinir el papel del Estado en sectores clave.

Rodríguez afirmó que la nueva norma “representa un vehículo para la construcción de la prosperidad futura” y un “instrumento que protege” a los trabajadores mineros.

(Con información de EFE, Reuters y AP)

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) de Uruguay informó que implementará un Laboratorio de Economía Circular Urbana, un instrumento con el que buscará detectar viviendas que estén sin habitar y reformarlas para volver a integrarlas al mercado inmobiliario. En esta primera etapa, se trabajará en dos ciudades del interior del país: Minas (a 120 kilómetros de Montevideo) y Paso de los Toros (a unos 280 kilómetros de la capital uruguaya).

“La idea es poder escalar este laboratorio a los efectos de abordar la problemática del vaciamiento de los centros urbanos y promover el desarrollo y del acceso al suelo en el mercado de la estrategia definida en el Plan Quinquenal de Vivienda”, declaró a directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, en declaraciones difundidas por la Presidencia uruguaya.

En estas dos ciudades del interior de Uruguay habrá, por tanto, un plan piloto que busca promover la renovación y la rehabilitación urbana mediante acciones que buscan devolver al mercado viviendas vacías en mal estado, informó días atrás el semanario Búsqueda.

Este laboratorio lo que hará es identificar variaciones en esas zonas de Uruguay a lo largo de los años y, en base a eso, adaptar las normas a la situación actual.

¿Por qué se eligieron estos dos puntos de Uruguay? El MVOT analizó los datos de los últimos censos de población y discriminó las viviendas ocupadas y las desocupadas, y en qué condiciones (temporal, ocasional, para alquiler o vender, en reparación, en estado ruinoso o inhabitable) se encuentran. A partir de esto, se extrajeron algunos parámetros e indicadores.

En base a esa información fue que el ministerio identificó que en Minas hubo un incremento poblacional en los últimos años, pero señaló que la ciudad tiene un alto nivel de “vacancia” y de viviendas ruinosas en las áreas centrales de la ciudad, donde hay acceso a infraestructura y servicios, consignó el medio uruguayo.

A estos indicadores se le suma que en esa ciudad se instaló una sede de la Universidad Tecnológica, que atrajo público joven para la capital del departamento de Lavalleja.

En el caso de Paso de los Toros, la particularidad de la ciudad está dada porque en ese lugar se dieron cambios en el territorio por la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM. Pese a las transformaciones en el desarrollo habitacional y de infraestructura de servicios, la ciudad también tiene un alto nivel de vacancia.

La intención del ministerio es que los inmuebles deteriorados puedan ser devueltos al mercado en condiciones, innovando en la aplicación de políticas particulares como la expropiación, aplicando el derecho de preferencia y otros programas de esa cartera.

“Hay que generar la demanda y también la oferta, tanto de bienes como de programas que permitan adecuarse a cada una de las necesidades que surjan en las distintas viviendas”, declaró Florio a Búsqueda.

“Es importantísimo para nosotros poder demostrar que, con una adecuada articulación de todos los programas, es posible avanzar en línea a una mayor eficiencia en las ciudades”, agregó.

Otro piloto previsto por el ministerio es la supervisión del uso del suelo a través de una policía territorial, que mediante inteligencia artificial e imágenes aéreas ayudará a las municipalidades a asegurar el cumplimiento de las normas y el correcto uso del suelo. Esto está pensado principalmente para áreas rurales, en las que el acceso a las tareas de supervisión es más complejo.

La policía territorial también funcionará en una primera instancia en Villa Serrana, una zona turística de Lavalleja, y en un área rural del departamento de Canelones. Habrá drones que sobrevolarán esos lugares y la información será procesada con inteligencia artificial, que permitirá conocer el uso efectivo que tiene un determinado desarrollo.

“La inteligencia artificial permitirá identificar la variación del suelo. Es decir, cuánto varió de un vuelo a otro y detectar si esa variación es producto o no de la intervención humana y si significa un problema”, señaló la jerarca.

El prestigioso centro italiano Instituto de Estudios Políticos Internacionales (ISPI) cuantificó en el verano de 2025 que el territorio de Ucrania contaminado con minas terrestres y otros restos explosivos de guerra (REG) había alcanzado ya los 139.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que Inglaterra (130.000 kilómetros cuadrados). La ONU eleva la superficie afectada a 174.000 kilómetros. Eso supone que 21 millones de personas viven en zonas afectadas por estos artefactos, lo que conlleva un riesgo permanente para la población civil. Una empresa española, con sede en Lleida y creada en el año 1999, GOA Tactical, ha sido seleccionada por la ONU para empezar esta primavera un trabajo de desminado en dos zonas del país que suman unas 25.000 hectáreas.

Francisco Galván, presidente de la compañía, y Alberto García, director de operaciones, explican a Infobae la responsabilidad que conlleva comenzar un trabajo de estas dimensiones y peligrosidad. “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”, aseguran. El proyecto está supervisado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que ha hecho un minucioso trabajo de selección para elegir a las empresas que colaborarán sobre el terreno para quitar las minas. GOA Tactical fue una de las elegidas, aunque el contrato no es con UNOPS, sino con el Gobierno ucraniano. “Ya llevamos trabajando un tiempo sobre el terreno. Porque antes hay que hacer un estudio de las zonas afectadas, una evaluación y análisis de riesgos, el marcaje de zonas contaminadas, la selección y formación de personal y finalmente las operaciones de desminado, que empezarán tras el invierno, en primavera”, señala Galván.

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Aunque la empresa española ha firmado el contrato de desminado con el Gobierno ucraniano, quien financia todo el trabajo es la ONU, que estima en 34.600 millones de dólares los trabajos de desminado en los próximos diez años. El objetivo es empezar a desminar zonas ya seleccionadas en la región de Kharkiv, limítrofe con la frontera rusa y una de las zonas calientes del conflicto. “La iniciativa tiene como objetivo liberar y certificar grandes extensiones de terreno contaminadas por minas antipersonal, munición sin explosionar y otros restos explosivos de guerra, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil, facilitar el retorno de personas desplazadas y permitir la reactivación de actividades agrícolas, tan importante para Ucrania”, continúa Galván. Hay que recalcar que la presencia de explosivos en Ucrania altera las cadenas mundiales de suministro de alimentos, ya que el país era uno de los mayores exportadores de cereales antes de la invasión de Rusia en febrero de 2022.

El proyecto se centra en la comunidad de Vilkhivka, un área rural y semiurbana de alto valor estratégico por su proximidad a la ciudad de Járkov y por su importancia logística, agrícola y humanitaria. Se van a desminar caminos rurales, tierras de cultivo, pequeñas aldeas y zonas con infraestructuras críticas como redes eléctricas, estaciones de bombeo, centros educativos y equipamientos comunitarios. “Hay miles y miles de minas y artefactos explosivos. Lo normal es que una hectárea oculte más de 100 minas y proyectiles no explotados”, afirma Galván. “Hay todo tipo de minas. Pero los rusos también han tirado desde sus aviones submuniciones que quedan en el terreno y solo explotan si las pisas”, matiza Alberto García, que ha sido TEDAX en el Ejército.

Españoles, italianos, ingleses...

La mayoría de los profesionales que GOA Tactical va a desplazar a Ucrania son exmilitares con formación específica sobre desminado. “Hay españoles, italianos, surafricanos, ingleses, americanos o de Mozambique. Todos tienen la certificación que pide la ONU para este tipo de trabajos”, asegura García. Hay cuatro tipos de niveles: el 1 habilita para sondear el terreno, excavar e incluso quitar la mina; el 2 supervisa al 1; el 3 es la especialización superior y luego está el 3 plus, que permite desactivar todo tipo de artefactos. “Un buen profesional puede limpiar 30 metros cuadrados al día”, destaca García.

“Es muy difícil que haya un accidente. Es gente preparada”, señala Galván, que no obstante no obvia la peligrosidad del trabajo. “La retribución suele ser de 3.500 euros netos al mes y la campaña dura unos tres meses. Luego hay relevos”. GOA Tactical no solo lleva personal propio, sino que forma a militares ucranianos y aporta su propia maquinaria.

¿El trabajo se asemeja al de las películas bélicas de acción, donde se ve a un profesional sudando agachado sobre el terreno protegido por un traje inutilizando con cuidado una mina? Hay todo tipo de escenarios, señalan desde GOA. Lo normal es que en terrenos abiertos una máquina especia vaya explotando las minas con unas cadenas que se adentran en el suelo. “Pero hay muchas ocasiones en la que el profesional debe trabajar directamente con el proyectil, comprobar si hay trampas y desactivarlo. Como las películas, sí”, aclara García.

En respuesta a la carencia de capacidades locales, la empresa catalana ha apostado por la formación directa de ciudadanos ucranianos como agentes de acción contra minas, capacitándolos en técnicas y estándares internacionales homologables a los exigidos por Naciones Unidas. Hasta la fecha, cerca de 40 personas han sido ya formadas, con financiación asumida íntegramente por la propia empresa, que asciende a unos 9.000 euros por técnico. El Gobierno ucraniano cifra en 816 el personal autóctono formado por empresas extranjeras.

El proyecto que liderará GOA generará 130 puestos de trabajo e incluye actividades educativas sobre Riesgos de Artefactos Explosivos (EORE) dirigidas a comunidades locales, agricultores y otros grupos vulnerables, con el objetivo de reducir accidentes. Las minas ya han dejado 300 muertos y 660 heridos. Ucrania emplea actualmente alrededor de 4.500 desminadores entrenados, pero el país necesitaría al menos 10.000 profesionales calificados durante la próxima década para responder a la magnitud de la contaminación explosiva.

GOA Tactical quiere dejar claro que ellos no forman a mercenarios que combaten en Ucrania, “como ha publicado algunos medios. Formamos a persona de seguridad que debe proteger a los equipos de desminado, instalaciones y personalidades. No para zonas de combate”.

Dos personas murieron tras ser sepultados por un alud de tierra mientras realizaban labores de extracción en una mina artesanal en Liberia, Anorí, en el nordeste de Antioquia. La tragedia ocurrió el pasado lunes 5 de enero, cuando los trabajadores intentaron salir del lugar para ponerse a salvo, pero fueron alcanzados por la avalancha.

En específico, el Cuerpo de Bomberos de Anorí reportó que el derrumbe fue ocasionado por un movimiento en masa que generó el colapso parcial de la mina, lo cual impidió la huida de los mineros.

Las detonaciones se escucharon minutos antes de que los trabajadores ingresaran al socavón, según informaron las autoridades ese lunes al confirmar el deceso de los afectados.

Las autoridades locales detallaron que la recuperación de los dos cuerpos en Anorí requirió varias horas de trabajo por parte de los organismos de socorro, que trasladaron a las víctimas a una funeraria en el municipio de Zaragoza para su entrega a los familiares.

Debido a esta tragedia, las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer las causas del accidente y reiteraron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en explotaciones artesanales.

Antioquia fue epicentro de este tipo de tragedias en sus minas durante 2025

En 2025, Antioquia fue escenario de varias tragedias mineras, destacando el derrumbe en Remedios/Segovia en julio que atrapó a 18 mineros (rescatados vivos), y otro colapso en Segovia en septiembre que atrapó a 23 mineros (rescatados tras días). En ambos casos se trataban de zonas de minería ilegal.

Así mismo, en noviembre ocurrió un accidente similar en el municipio de Segovia, también en el nordeste antioqueño, donde cuatro mineros fallecieron por inhalar gases tóxicos luego de una explosión dentro de la mina Las Delicias.

Colombia registró 60 mineros fallecidos en 46 accidentes laborales hasta mediados de 2025, consolidando a Antioquia como una de las regiones con mayor índice de accidentalidad minera.

El elevado número de víctimas refleja la persistencia de condiciones riesgosas en el sector durante el año, según los datos acumulados a nivel nacional. En el mismo periodo, la situación en Antioquia evidenció una tendencia preocupante al concentrar una significativa proporción de los incidentes reportados en el país.

Así le fue a Colombia en materia de accidentes en el sector minero durante 2025

El sector minero enfrentó durante 2025 un año marcado por emergencias frecuentes y tragedias mortales, siendo en su mayoría casos que se presentaron en minas artesanales.

La Procuraduría General detectó que las actividades ilícitas impactaron a 29 de los 32 departamentos, consolidándose como la principal causa de accidentes fatales en las minas del país.

La falta de ventilación, derrumbes y la interrupción de agua en los yacimientos son patrones que se repiten en los distintos casos que se presentaron durante todo el año.

La Región Pacífica y el Suroccidente exhibieron los incidentes de mayor letalidad. El departamento del Cauca, por ejemplo, registró en septiembre un derrumbe en Santander de Quilichao que costó la vida de ocho mineros.

En la Región Andina, Antioquia se consolidó como el epicentro de los rescates de gran escala y los accidentes de mayor volumen. Sin embargo, en Tolima, la mina artesanal de oro “La Granja”, en el municipio de Ataco, enfrentó un derrumbe que dejó atrapadas a 20 personas.

En el Caribe, entre enero y abril la tasa de mortalidad fue de un fallecido por cada accidente ocurrido, lo que suscitó la preocupación de las autoridades locales y nacionales, sobre todo en el departamento de Bolívar donde más se presentaron derrumbes en las minas.

El balance de siniestralidad en el sector minero durante 2025 sostiene que la totalidad de las muertes se atribuyó principalmente a inhalación de gases por carencias en la ventilación adecuada, derrumbes asociados a deficiencias estructurales y la irrupción inesperada de agua en los socavones.

La dificultad para acceder a empleos bien remunerados en el país de origen lleva a muchas personas a buscar alternativas en el extranjero. Entre quienes desean cambiar su situación económica de forma rápida, las minas australianas surgen como una opción viable pese a los desafíos y sacrificios que implica.

Natalia, una joven española residente en Australia, a través de su cuenta de TikTok (@dubiqui), aborda estas motivaciones y detalla el proceso de adaptación al mudarse para trabajar en este sector tan particular.

En su testimonio, Natalia relata que su decisión de probar suerte en las minas australianas nació tras constatar la escasez de empleos estables y bien pagados en España. Explica que, aunque el cambio puede resultar intimidante, muchas personas optan por dejar atrás su entorno ante la falta de oportunidades. En su caso, el contexto de precariedad laboral y los salarios bajos impulsó la búsqueda de mejores condiciones en Australia, donde la industria minera demanda trabajadores de forma constante.

Determinación y preparación

Natalia describe que acceder a un puesto en las minas requiere determinación y una preparación previa, ya que es necesario obtener certificados y completar cursos de seguridad. Además, los aspirantes deben afrontar varias pruebas médicas y contar con la documentación adecuada.

El manejo del inglés facilita este proceso, aunque existen posibilidades para quienes aún perfeccionan el idioma. Señala que, a pesar de los trámites y las exigencias, la oportunidad vale la pena para quienes buscan mejorar su economía en un corto periodo.

Superados estos requisitos, el ingreso económico se convierte en uno de los principales atractivos. Según la experiencia de Natalia, la intensidad del trabajo —con turnos de dos semanas seguidas y una de descanso— permite ahorrar en pocos meses sumas considerables, lo que representa un incentivo para quienes llegan desde países con sueldos más bajos.

Aprovechar el tiempo libre para viajar o dedicarse a intereses personales es otro aliciente del régimen laboral. Natalia agrega que, al recibir la paga, muchos trabajadores pueden enviar dinero a sus familias o invertir en proyectos personales al regresar a su país de origen.

Convivencia y adaptación

La convivencia en las minas, señala Natalia, implica adaptarse a nuevas costumbres y compartir espacio con personas de diversas nacionalidades, lo que puede generar tanto compañerismo como desafíos de adaptación. La distancia de la familia y la soledad son aspectos que muchos trabajadores sienten con fuerza, aunque las videollamadas y el uso de redes sociales ayudan a mantenerse conectados.

Natalia destaca la importancia de cuidar la salud mental, creando rutinas que incluyan momentos de descanso y actividades recreativas fuera del horario laboral. Recomienda aprovechar las instalaciones recreativas que suelen ofrecer los campamentos, como gimnasios o salas de entretenimiento, para sobrellevar la rutina.

Por último, insiste en la necesidad de informarse bien antes de tomar la decisión de emigrar, y se propone compartir consejos y datos útiles desde su perfil en redes sociales. Invita a quienes tengan dudas a contactarla, convencida de que conocer tanto los beneficios como las dificultades de la vida en las minas australianas permite tomar una decisión más consciente y preparada.

Natalia considera que este tipo de información directa ayuda a evitar idealizaciones y prepara mejor a quienes se plantean un cambio de vida tan importante. La experiencia, según afirma, resulta enriquecedora para quienes buscan crecimiento personal y profesional.

Las imágenes aéreas impactan. Un helicóptero tira agua sobre el Cerro del Verdún, en Minas, para tratar de frenar un incendio que parece descontrolado. Las nóveles letras del lugar –que simulan un estilo Hollywood– parecen cerca del fuego: el humo dificulta la lectura del nombre de esta ciudad ubicada a 120 kilómetros de Montevideo.

Se trata de una escena que se ha reiterado en los últimos días en Uruguay. Porque el incendio en Minas afectó algo más de 200 hectáreas, una superficie que representa el 10% de la cantidad del área afectada por los incendios en los últimos días en el país. En momentos en los que el riesgo de incendio es rojo para buena parte del territorio.

Es que van más de 2.000 hectáreas afectadas por incendios en el país que se explican por las altas temperaturas y la falta de lluvias, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Durante el fin de semana, los bomberos trabajaron en la zona de La Coronilla y el Cerro del Verdún, en Minas, y también en Melilla, en Montevideo.

La zona sur del país está bajo nivel rojo, lo que significa que hay un “riesgo muy alto” de incendio.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, declaró a este medio que muchos de los focos de fuego que se han registrado en los últimos días están relacionados con el riesgo de incendio “más alto” que existe en la zona.

“Ninguno demandó más de un día, dos días de trabajo en la liquidación, pero lo que demanda es una gran disposición de recursos. No solo de la Dirección Nacional de Bomberos”, dijo Camejo, en referencia a que en este tipo de operativos también actúan los distintos centros coordinadores de emergencias y las intendencias departamentales.

Otra característica que tienen estos episodios es la solidaridad de los vecinos, que en general pretenden ayudar a liquidar el fuego. “La gente quiere ayudar, genera una situación de alerta, miedo y pánico en la ciudadanía”, sostuvo Camejo. El consejo ante esta necesidad de colaborar es que la ciudadanía “no se exponga a riesgos para los que no están preparados”, expresó.

Más del 90% de los incendios son provocados por el accionar humano. En Uruguay está vigente un decreto que pide precaución a la población y prohíbe las quemas durante el verano, con la excepción de la cocción de alimentos en fogones ubicados en lugares autorizados.

Desde Bomberos recuerdan que la colilla de un cigarro es suficiente para iniciar un incendio.

En la tarde de este lunes, el Ministerio del Interior –el organismo del que dependen los Bomberos– emitió un comunicado en el que actualiza la situación del incendio en Minas, que afectó al Cerro de la Virgen del Verdún, el Cerro de las Torres y el barrio La Coronilla.

“La Dirección Nacional de Bomberos informa que el incendio forestal registrado en la zona serrana de la ciudad de Minas se encuentra controlado con perímetros consolidados, líneas de defensa activas y anclajes seguros, sin propagación libre de fuego. Al momento llevamos seis horas sin cortinas de humo”, decía el texto oficial, de la hora 18 de este lunes 29.

Para controlar el fuego se utilizaron dos helicópteros del Ministerio de Defensa Nacional, drones de la Policía, 10 efectivos del Ejército, maquinaria pesada de la Intendencia de Minas y un camión cisterna con 10.000 litros de agua.

Pero, ¿cuál fue la dificultad para frenar el fuego? Según el comunicado, hubo ráfagas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora, temperaturas superiores a los 37 grados y una baja humedad. Estos elementos hacían que las condiciones sean favorables para el rebrote de los focos calientes.

Esto provoca que siga activo un dispositivo.

“La Dirección Nacional de Bomberos reitera a la población la importancia de no ingresar a la zona afectada, no interferir con las operaciones de emergencia y extremar las medidas de prevención, ya que la fase de control y liquidación continúa siendo crítica para evitar nuevas igniciones”, cierra el comunicado.

En las redes sociales se nota cada vez más la presencia de mujeres influencers que han decidido irse a trabajar en las minas en Australia para ganar dinero de forma rápida, llegando a cobrar unos 6.000 euros al mes. Es una cifra que atrae a personas de todo el mundo, a pesar de que las condiciones incluyen jornadas exhaustivas de 12 horas y fuerza física.

Lo que podría extrañar a algunos, sobre todo, es que en las minas hay muchas mujeres que, a pesar del esfuerzo físico que supone el puesto, trabajan con mucha energía. Su número está en aumento: la Oficina de Estadística de Australia indica que alrededor de 63.000 mujeres están trabajando en el sector minero.

Además, cada día que pasa esta cifra no para de subir, ya que muchas mujeres se animan a volar hasta estos campamentos tan remotos situados en el país, atraídas por el sueldo. Una de ellas fue una de las aspirantes a Miss Universo Irlanda que decidió dejar las pasarelas por las minas australianas. Otra es Virginia Sanz, española que trabaja en las minas y cuenta su experiencia a sus seguidores en TikTok.

La experiencia de Virginia Sanz

Hace ya tiempo que la influencer publica contenido relacionado con su vida en Australia, y ha tocado varios temas: la diferencia de precio del alcohol y el tabaco, cómo es su trabajo en las minas, e incluso cuánto se cobra por probar medicamentos.

En otros vídeos suyos, Virginia ha hablado sobre cómo compaginar una vida social y personal y un trabajo en las minas, sobre todo si es por la noche, y también sobre su sueldo, los viajes que ha hecho y la residencia en la que vive, los días que está en el trabajo.

En una de sus publicaciones más recientes, Virginia toca un tema que hasta ahora no había mencionado: la presencia de mujeres en su lugar de trabajo y el hecho de que no se trata de una excepción, sino que la mayoría de sus compañeras de trabajo son mujeres.

Mujeres en las minas australianas

“¿Es el trabajo de la mina un trabajo muy físico y duro para las mujeres y por eso hay pocas? Pues no, señores”, afirma al inicio del video. Aunque reconoce que “sí es un trabajo físico y duro”, recalca que “lo podemos hacer igual”.

La tiktoker explica que en su turno actual “somos veinte personas, quince somos mujeres”, muchas de ellas internacionales y de su misma edad, desempeñando puestos de alta exigencia física. También comenta una situación particular vivida durante la jornada: “En el equipo que estoy ahora somos ocho chicas, seis de nosotras estamos malas con el periodo. Y aquí estamos todas como unas jabatas”.

Según relata, la intensidad del trabajo llevó incluso al supervisor a intervenir para recordarles que disponen de descansos adicionales: “Ha tenido que venir el supervisor a decirnos: ‘Oye, que podéis salir de la mazmorra cada vez que necesitéis tomar un poco el aire, beber agua, pero salir de aquí’”. Aunque ya cuentan con pausas formales de una hora, se les animó también a realizar “micro breaks” cuando fuera necesario.

La creadora concluye con una reivindicación directa ante quienes dudan de la capacidad femenina en empleos físicamente exigentes: “Aquí estamos todas dando el callo… claro que podemos con esto”. El video ha generado una amplia conversación en redes sobre igualdad laboral, condiciones de trabajo en la minería y la visibilidad de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados.

La gaditana Virginia Sanz, afincada en Australia, se ha hecho viral, sobre todo en la red social TikTok, por compartir vídeos con sus seguidores sobre su día a día en Australia, un país donde llegó desde Cádiz en busca de nuevas oportunidades laborales. Actualmente, está trabajando en las minas y cuenta su experiencia a los usuarios de la red social.

Conocida en redes como @virgsanz94, la creadora de contenido a menudo habla de las dificultades de su trabajo, los choques culturales, u otras diferencias, como por ejemplo el precio del alcohol y el tabaco en España y en Australia.

Uno de sus recientes vídeos ha sido publicado en respuesta a los comentarios de varios usuarios que afirmaban que su sueldo de 2.500 euros por semana les parecía poco por el trabajo que estaba haciendo. La influencer ha considerado necesario explicar la situación, dando más contexto sobre sus tareas, horarios, y su vida en general en las minas.

2.500 euros por semana: ¿mucho o poco?

La creadora de contenido se ha mostrado sorprendida por las reacciones de sus usuarios ante la información sobre el sueldo que recibe semanalmente: “me estoy llevando €2.500 y la gente dice que es poco”. Virginia ha explicado que si bien pasa muchas horas en las minas, hace falta matizar algunos detalles para entender su situación.

“No trabajas 12 horas, realmente son 10 horas,” destaca la creadora de contenido, especificando que 2 de ellas son de descanso, pero que igualmente cuentan como horas pagadas: “En otros puestos de trabajo puede ser que te paguen 11, pero justo en este me pagan 12, y tenemos 2 horas de descanso.”

Además, Virginia explica que en muchos puestos de trabajo en las minas la gente no llega a trabajar 10 horas: “Últimamente, en todos los puestos que he estado he trabajado la mitad o ni eso”.

Turnos de día y noche

El puesto actual de Virginia es de hose technician, técnico de mangueras: “Por ejemplo, llevo dos noches en las cuales, porque estoy en el turno de noche, no he hecho nada. La primera noche trabajé dos horas eh con la manguera. El resto del tiempo he estado en el camión cisterna, acompañando a la conductora.”

También confiesa que esto varía en función del puesto de trabajo y el salario. Afirma que desde que empezó a trabajar en las minas, nunca ha ganado más que actualmente: “Porque este en este puesto se gana más y también porque estoy haciendo el turno de noche. Si yo, por ejemplo, estuviera en el turno de día cobraría unos €2.000.”

Otro aspecto importante de su trabajo es que sus gastos están cubiertos: “Tengo alojamiento gratis, me dan comida, gimnasio, piscina, todo. No me tengo que preocupar nada, es todo para el bolsillito y aparte.”

Compaginar el trabajo y la vida social

Además, Virginia apunta que dependiendo del propio ritmo de vida, es posible equilibrar el trabajo con la vida personal de distintas formas: “Yo por ejemplo he estado haciendo muchos de dos semanas, venía dos semanas y luego me iba semanas a viajar y me gastaba todo el dinero.”

Explica que muchas personas australianas deciden si trabajar algunos días y descansar, o hacerlo por semanas: “Hay gente australiana que tienen esto como forma de vida, llevan toda la vida en la mina y a lo mejor hacen dos semanas en la mina, dos semanas fuera.”

Virginia admite que podría ser una vida complicada, teniendo familia: “Yo no me lo puedo imaginar. Pero también las dos semanas que estás, o sea la mitad del mes, estás en casa completamente. Hay mucha gente también que hace turnos de 8 días en la Mina y 6 días fuera.”

La creadora de contenido concluye que al final el ritmo de vida se ve determinado por los propios objetivos: “El año pasado, mi objetivo era viajar, entonces yo lo que hacía era cogía dinerito de la mina y me lo gastaba viajando. Este año quiero ahorrar, así que estoy escalando en diferentes puestos, estoy descubriéndome y estoy intentando ahorrar un poquito.”

Virginia afirma que incluso en el puesto más bajo en las minas, el sector servicio, se cobran 1.500 euros por trabajar 10 horas al día: “No me parece que esté nada mal pagado, señores.”

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este sábado que las condiciones de seguridad en la mina de Vega de Rengos eran “muy elevadas”, tras la muerte el viernes de dos trabajadores por un derrumbamiento en las instalaciones. Una inspección había comprobado este mismo jueves que se cumplía con los requisitos para seguir operando en la explotación subtérranea situada en el concejo de Cangas de Narcea, gestionada por la empresa TYC Narcea, a la que el gobierno regional suspendió la licencia temporalmente a mediados de año después de otro accidente mortal en una mina asturiana.

A las 16:58 horas del viernes, una de las víctimas dio la voz de alarma a los servicios de emergencias locales a través de una llamada y horas después los operativos desplazados al lugar del accidente encontraban los cuerpos sin vida de Anilson Soares, de 42 años, y Óscar Díaz, de 32 años. El incidente ocurrió por culpa de un hundimiento del terreno en el nivel -2 de la mina, a aproximadamente un kilómetro y medio de la entrada.

Esta tragedia recuerda a los vecinos de la zona al fallecimiento hace ocho meses de varios trabajadores en un accidente en la explotación minera de Cerredo, en el municipio de Degaña (Asturias), a apenas 35 kilómetros de Cangas de Narcea. Durante la mañana del 31 de marzo, una explosión en las instalaciones, gestionadas por Blue Solutions, se cobraba la vida de cinco mineros en lo que en ese momento se convirtió en el accidente más trágico en la minería asturiana desde 1995.

La investigación en Narcea

A la noticia de los fallecimientos en Cerredo se sumó una semana después el anuncio de la suspensión de la actividad de TYC Narcea para estudiar las licencias con las que contaba la empresa para desarrollar sus labores. Según explicitó el Ejecutivo autonómico, el expediente se abrió con motivo de una denuncia por parte de la compañía Special Anthracites en la que se pedía comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo se ajustaban a los permisos concedidos, que únicamente permitían la extracción de hasta 90.000 toneladas de material para un proyecto de investigación.

Ante la suspensión cautelar aprobada a principios de abril, la empresa inició el 14 de mayo un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) sobre el 100% de la plantilla de 70 personas de la planta de Vega de Rengos. Sindicatos y trabajadores organizaron movilizaciones para reclamar la reanudacion de la actividad y destacaron que el parón no se había dado por motivos de seguridad, mientras en las instalaciones se permitía únicamente la realización de servicios mínimos de mantenimiento.

Dos meses después, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo levantó la suspensión cautelar y la plantilla de Vega de Rengos puedo volver a sus puestos de trabajo. En una nota de prensa fechada del pasado 5 de junio, el Gobierno de Asturias considera que queda “acreditado el cumplimiento de las condiciones exigidas” en las actividades relativas al proyecto de investigación complementario en la mina. En declaraciones recogidas por La Nueva España, empleados de la mina celebran el regreso a la explotación de carbón y destacaban que se había organizado un nuevo protocolo de prevención de riesgos, incluyendo provisiones para evitar accidentes en caso de hundimiento.

Una explotación totalmente en regla

Tras el accidente, Barbón ha insistido en que el área donde se produjo el derrumbe había sido objeto de inspección apenas un día antes del incidente, cuando técnicos revisaron la zona afectada. Además, destaca que TYC Narcea implementó revisiones exhaustivas en sus instalaciones tras el accidente ocurrido en Cerredo, que abarcaron todos los protocolos de seguridad e incluyeron la participación de representantes sindicales que también validaron que se estaban cumpliendo los estándares requeridos.

El presidente asegura que hasta “a los propios trabajadores les cuesta entender lo que sucedió, más allá de lo que es una tragedia en el ámbito de la mina”, dado el riguroso control preventivo que se había ejecutado en la mina como respuesta a la paralización de la actividad este año.

Tanto los técnicos de TYC como Barbón apuntan a un posible origen geológico en eta tragedia, aunque subrayan la importancia de aguardar los resultados de la investigación en curso antes de establecer responsabilidades o causas definitivas. Barbón ha insistido en que “hay que dejar que se investiguen bien las causas”, reiterando que todas las comprobaciones recientes indicaban que la explotación contaba con “condiciones de seguridad muy elevadas”.

La empresa canadiense Calibre Mining Nicaragua, S.A. renunció en una semana a siete concesiones mineras, al tiempo que la dictadura Ortega-Murillo ejecuta contra ella una fuerte ofensiva tributaria por supuestos impuestos, intereses y multas.

Entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, Calibre Mining formalizó siete renuncias consecutivas en la Costa Caribe. En paralelo, Equinox Gold, que completó la adquisición de Calibre en junio, reportó en sus estados un cobro fiscal por 36,6 millones de dólares en Nicaragua.

Las siete concesiones devueltas comprenden una superficie total de 261,316.96 hectáreas.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Calibre Mining renunció a ellas porque “no encontró potencial de interés a corto y mediano plazo” y anunció que las áreas entregadas quedarán libres de derechos 30 días después de su publicación, permitiendo al Estado otorgarlas nuevamente a otras empresas.

A la presión fiscal se suma la reconfiguración por la vía de las expropiaciones. En marzo de 2023, el Ministerio de Energía y Minas canceló la concesión del plantel minero Los Ángeles, en La Libertad. Más recientemente, en septiembre de 2025, inversionistas de BHMB Mining denunciaron la toma de su plantel de beneficio en Palacagüina.

El Ministerio de Energía y Minas justificó la toma “ante el incumplimiento de pago de los impuestos mineros desde diciembre de 2021” y como resultado de una inspección “donde se comprobó actividad de procesamiento de mineral aurífero sin autorización”.

El mapa minero de Nicaragua está cambiando bruscamente. Mientras la empresa canadiense, la mayor en su campo en el país, renuncia a sus concesiones, en los últimos dos años, el régimen nicaragüense ha entregado a 11 empresas chinas 56 concesiones, con una superficie total de más de 800 hectáreas, equivalentes al 6,4 por ciento del territorio de Nicaragua.

La estructura empresarial china en Nicaragua muestra señales de concentración. Las sociedades Little Stone, Zhong Fu, Waslala Mine, Norther Mining y Three Golds Mining comparten dirección de notificaciones en Residencial Altamira, Edificio 695, en Managua, lo que lleva a sospechar que en realidad son de los mismos dueños. En total, esa red acumula más de 370.000 hectáreas, según el conteo de resoluciones ministeriales publicadas.

Amaru Ruiz, biólogo y presidente de Fundación del Río, plantea que el giro minero en Nicaragua responde a un proceso de “limpiar la mesa” para nuevos actores.

“Lo que estamos viendo ahora es una renuncia sistemática de concesiones por parte de empresas de capital canadiense, acompañada de multas o cobros fiscales que han sido reportados en sus propios estados financieros. Eso demuestra que el régimen está ejerciendo presión sobre las compañías que ya tenían concesiones y cuyo origen de capital es distinto, para que renuncien a ellas o desistan de continuar”, sostuvo.

Según Ruiz, la renuncia no es fruto de errores de cálculo geológico. “Una empresa minera no solicita una concesión ‘a ciegas’: antes de hacerlo, invierte en estudios geológicos, abogados, ingenieros y todo un proceso técnico que le permite identificar el potencial minero de una zona”.

Añade que, en su análisis, la justificación de que “no hay suficiente material” para continuar “no es del todo creíble”. “Se trata más bien de presiones del régimen para que las empresas de capital previo abandonen sus concesiones”, afirmó.

“El Estado dice que ‘asumirá la administración’ de esas áreas, lo cual significa que no pasan a ser zonas libres para nueva solicitud, sino que quedan bajo control estatal, dentro de las llamadas ‘áreas de reserva minera’. Es decir, el Estado puede establecer contratos público-privados con otros concesionarios”, añadió. En la práctica, esas figuras facilitan reasignar lotes a nuevos beneficiarios.

En diciembre de 2021, el régimen de Daniel Ortega anunció su decisión de romper lazos diplomáticos con Taiwán para reestablecerlos con Pekín. “La República Popular de China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable de todo el territorio chino”, señalo en su comunicado de ruptura. Desde entonces, empresas con el sello chino mantienen una “invasión”, principalmente en el sector minero.

Amaru Ruiz adviertió que el terreno para los recién llegados fue allanado con reformas. “El régimen ya controla la minería artesanal y ahora busca dominar completamente la minería industrial. Lo hace con un doble movimiento: presiona fiscalmente a las empresas extranjeras y al mismo tiempo facilita la entrada de empresas chinas mediante reformas legales y ambientales”.

En mayo de 2025, el Ejecutivo reformó el Sistema de Evaluación Ambiental. Además, impulsó marcos de zonas especiales que concentran beneficios fiscales y aduaneros extraordinarios.

“El fenómeno que estamos viendo, donde unas empresas renuncian a concesiones y otras las reciben, no tiene una sola explicación. Desde mi punto de vista, hay varias causas que se combinan”, afirmó el economista nicaragüense Enrique Sáenz.

La primera, aseguró, es política interna. “Ortega rompió el límite de condescendencia que mantenía con grandes empresas nacionales e internacionales. Hoy vemos acoso fiscal, confiscaciones y conflictos abiertos con empresas que antes eran intocables. Ese es el primer dato: rompió el pacto con el gran capital”.

El segundo eje es geopolítico. “Ortega está apostando a ser, o al menos parecer, un aliado estratégico de China. Busca que, si la situación política se agrava, los chinos ‘metan las manos’ para defender la permanencia de su dictadura dinástica. Y, para ser o para parecer ese aliado, les está entregando todo: el cucharón, la mesa, la chicha y el delantal. Todo lo que tiene a su alcance".

Sáenz sostuvo que la razón económica concreta es el oro. “Nicaragua tiene poco que ofrecer a China. No exportamos lo que ellos consumen. Por eso, el único producto que resulta verdaderamente atractivo es el oro”. Y remarcó la ventaja: “Concentra un gran valor en poco volumen. No hace falta llenar un contenedor para generar ganancias millonarias. Además, es un producto con alta demanda internacional”.

En ese contexto, las canadienses habrían optado por limitar el daño, por lo que será difícil ver demandas en tribunales internacionales, al menos en el corto plazo. Hasta ahora ninguna empresa ha denunciado presiones para explicar sus renuncias. Ese silencio, según Amaru Ruiz, se debe a que no quieren arriesgar la gran parte del pastel que aún tienen en Nicaragua.

“En una mafia, como la que gobierna Nicaragua, hay muchas formas de hacerte entender que tu presencia ya no es deseada”, expresó Enrique Sáenz. Para él, las empresas siguen apostando a la rentabilidad que aún tienen, a pesar de que ya no tienen seguridad en sus inversiones.

Aún con las renuncias, Calibre Mining, que tiene presencia en Nicaragua desde 2009, mantendría bajo su control, por ahora, unas veinte concesiones con una superficie total de 682,577.16 hectáreas.

“En los últimos años no hemos visto concesiones nuevas a capitales no chinos. Lo que hay son empresas chinas o intermediarias con operadores políticos detrás, como Global Group. El fenómeno es claro: un cambio de hegemonía en el sector minero industrial para beneficiar los intereses del régimen y de sus socios chinos”, señaló el ambientalista Amaru Ruiz.

“Ninguna empresa minera extranjera tiene hoy seguridad sobre sus bienes. El nivel de riesgo es altísimo. El Estado dejó de ser regulador para convertirse en socio. El mismo que debería protegernos es quien firma los contratos y recibe beneficios”, concluyó.

Cobalto, níquel, cobre o wolframio son algunas de las materias primas críticas que la Unión Europea quiere conseguir para dejar de depender de China. Desde Bruselas son cosncientes que en España hay reservas de estos materiales, en lugares como Extremadura y Galicia.

En el caso de la comunidad gallega, concretamente en un municipio de la provincia de Ourense, A Gudiña, las excavadoras ya han comenzado a remover la tierra en busca de minerales. En una ladera del lugar, la empresa sueca Eurobattery Minerals AB ha puesto en marcha los trabajos para extraer wolframio, también conocido como tungsteno, un metal estratégico para la transición energética y tecnológica europea.

Galicia se incorpora de esta forma al reducido grupo de regiones del continente con explotaciones activas de este mineral crítico.

Una mina estratégica

La empresa, a través de su filial gallega Tungsten San Juan, ha puesto en marcha su proyecto San Juan mientras prepara su solicitud para la segunda convocatoria de Proyectos Estratégicos bajo el Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas (CRMA), que se abrirá en enero de 2026.

En la zona ya se pueden observar los primeros movimientos de tierra y la construcción de una nave de servicios, tal y como ha confirmado el Faro de Vigo. Una vez esté a pleno rendimiento, esta será la segunda explotación activa de wolframio en España, junto con la de Barruecopardo, en Salamanca.

El proyecto San Juan será una mina a cielo abierto que tiene como objetivo aportar wolframio al nuevo ecosistema industrial del continente. La empresa ha iniciado su proyecto con la mejora de las infraestructuras y la construcción de una planta piloto con tecnología gravimétrica. A escala global, las reservas del yacimiento son modestas, sin embargo, sus 60.000 toneladas resultan significativas para que Europa pueda reducir de manera más que considerable su dependencia de las importaciones chinas.

Las tramitaciones para este proyecto comenzaron en 2016, por lo que no ha sido un camino corto. Para comenzar con la explotación han necesitado estudios geológicos, sondeos y la construcción de accesos, todo bajo la supervisión de la Xunta de Galicia. “Con este proyecto, Galicia y España refuerzan su papel en la cadena europea de suministro de materias primas críticas”, explica Agne Ahlenius, director general de Tungsten San Juan y antiguo responsable de la mina de Barruecopardo.

Un metal importante

El wolframio es el metal que sostiene la transición energética, ya que gracias a su densidad, su resistencia y su alto punto de fusión lo convierten en un recurso clave para la industria moderna. Ya en tiempos de la Alemania nazi era un recurso muy demandado para utilizarlo en las fábricas, pues es importante para las turbinas eólicas, la defensa, los semiconductores o los coches eléctricos.

Sin embargo, detrás de todas estas facultades se esconde un conflicto mundial, ya que China controla más del 80% de la producción y, en los últimos meses ha limitado sus exportaciones. Esto da como resultado precios disparados, incertidumbre en los mercados y un recordatorio a Europa de lo dependiente que sigue siendo del país asiático.

Para romper ese ciclo, España se ha posicionado como una ventana minera para Europa, ya que además de este proyecto, hay otros de cobre, wolframio, vanadio, grafito y cobalto, junto con otros yacimientos de tierras raras en Extremadura y Gran Canaria.

El objetivo de la UE de dejar de depender de terceros países para obtener suministros es claro. Para ello, ha decretado el nuevo Reglamento de Materias Primas Críticas (CRMA) que establece que para 2030 al menos el 10% de los minerales críticos deberán extraerse en Europa, el 40% procesarse en suelo comunitario y que ningún país externo podrá concentrar más del 65% del suministro.

En ese mapa, España es una pieza clave, con Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia, donde ya rugen las excavadoras, como puntos clave para la transición energética y tecnológica de Europa.

Durante una audiencia pública de verificación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó sobre el debilitamiento del programa de desminado humanitario en Colombia.

El magistrado Camilo Suárez, integrante de la Sección de Reconocimiento de Verdad, advirtió que esta estrategia, fundamental dentro de los proyectos restaurativos asignados a los exjefes de las extintas Farc, presenta deficiencias graves en su estructura operativa y presupuestal.

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La diligencia tuvo como propósito evaluar el cumplimiento de las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para avanzar hacia la sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc.

Allí se abordaron diversos temas relacionados con la implementación de medidas enfocadas en la reparación de las víctimas, entre ellas, el desminado.

Al intervenir, Suárez manifestó que ya se ha intentado en tres oportunidades convocar al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que exponga la situación actual del programa. Sin embargo, hasta el momento no ha asistido a ninguna de las citaciones.

“Es la tercera vez que citamos al ministro de Defensa y siempre tienen una excusa. El conflicto sigue en el territorio, pero hay unas inquietudes que tiene esta magistratura. Buscamos que nos expresen las condiciones de seguridad en el territorio porque no podemos llevar un TOAR a revictimizar y menos llevar acción con daño”, expresó el magistrado.

En representación del Grupo para la Acción Integral contra Minas Antipersonal participó Claudia Pardo, quien asistió a la sesión en lugar del coordinador Andrés Goyeneche. Durante su intervención, Pardo hizo un balance sobre los avances y obstáculos del proceso de desminado, haciendo énfasis en que Colombia ha debido solicitar por tercera vez una prórroga ante la Convención Internacional sobre la prohibición de minas antipersonal.

“Llevamos la tercera solicitud de prórroga ante la Convención para que nos den un tiempo más para entregar el territorio libre de minas, pero la dinámica de conflicto hace que no hemos podido cumplir”, señaló la funcionaria.

Pardo también se refirió al origen de los recursos con los que actualmente opera el programa. Según indicó, la mayoría de la financiación que reciben las siete organizaciones activas proviene de donaciones internacionales. En este grupo de cooperantes se encuentran Estados Unidos, Noruega, Suiza, Japón, Alemania, Canadá, Bélgica, España y el Reino Unido. Solo una parte reducida de los fondos proviene del presupuesto nacional.

En el escenario local, las entidades nacionales dedicadas a labores de desminado incluyen a la Campaña Colombiana contra Minas y Humanicemos DH. A nivel institucional, el Ejército y la Armada participan a través de brigadas especializadas, las cuales operan principalmente con recursos extranjeros.

Según Pardo, “la brigada del Ejército cuenta con una financiación de la Fundación Warren Buffet que estará hasta el 2026. El Estado paga los salarios de los desminadores pero el tema operacional se hace por medio de la cooperación con Warren (...) Este es un llamado a que el desminado humanitario necesita una reinversión, está desfinanciado y es uno de los retos que tenemos para implementar sanciones”.

Además, hacen parte del esfuerzo internacional The Halo Trust, el Consejo Danés para Refugiados y Human Inclusion, organizaciones que han operado en zonas con alta presencia de artefactos explosivos, pero que también dependen de apoyos externos para su sostenibilidad.

Tras la exposición de Pardo, el magistrado Suárez reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad alrededor del desminado y formuló una solicitud directa al Ejecutivo para reorganizar el programa. Afirmó que la JEP necesita garantías de que esta labor puede ser llevada a cabo sin poner en riesgo a las comunidades. “Es indispensable recuperar y fortalecer la estructura de la Dirección de Acción Integral contra Minas, a cargo del Alto Comisionado para la Paz”, subrayó.

Dentro de las recomendaciones, se destacó la urgencia de establecer líneas claras de gestión legislativa y financiera dentro del Plan Nacional de Desarrollo que aseguren la continuidad del programa. También se pidió definir estrategias de cooperación internacional que acompañen los esfuerzos, pero sin que estas se conviertan en la única fuente de sostenibilidad. En palabras del magistrado Suárez, la estructura actual está “desdibujada, sin recursos ni capacidad instalada”.

Desde 1999, Colombia ha contabilizado más de 12.600 personas afectadas directamente por minas antipersonal. El país forma parte de los 164 Estados que integran la Convención de Ottawa, tratado que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de estas armas. La meta trazada para liberar el territorio de estos artefactos aún no se ha cumplido.

Durante la conferencia de prensa “la mañanera del pueblo”, Sheinbaum habló respecto al Plan México, específicamente de los convenios con las empresas mineras.

Además, explicó nuevamente el motivo por el que se “echó para atrás la propuesta de reforma de Andrés Manuel López Obrador, en la que prohibía la minería a cielo abierto.

“Dos semanas después de que entramos al gobierno dije que esa iniciativa tenía problemas porque prohibir, y lo platiqué con el presidente López Obrador, cualquier minería a cielo abierto implicaba prohibir por ejemplo minas de arena para la construcción o minas salinas“, recordó la mandataria.

Sheinbaum respecto al sector minero

Durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia matutina, la mandataria señaló que “no se dará ninguna nueva concesión”, aunque un periodista comentaba que no se trataba de nuevas, sino que se estaban ampliando, a lo que Sheinbaum respondió:

“Alicia Bárcenas está trabajando de manera muy importante para resolver el problema que todavía existe de contaminación de jales -residuos minerales-de distintas mineras. No va a haber ninguna nueva concesión”, sentenció la presidenta.

Con esto también compartió que “la ley o reforma constitucional, si hubiera pasado como tal, hubiera afectado minería de litio, que es uno de los objetivos que hemos planteado para la soberanía nacional, pues no hubiera podido desarrollarse en ciertas zonas”.

Además aclaró que “la minería es una actividad de gran impacto y en ese sentido no hay concesiones y las minas que actualmente existen se les revisa su impacto ambiental para ver qué tanto pueden seguirse explotando”.

Según información compartida por un reportero, el jefe de Unidad de Coordinación de actividades extractivas de la Secretaría de Guía de Economía, José Fernando Aboitiz Saro, encontró un tema de distanciamiento entre la autoridad y el sector minero.

Entre los puntos más importantes destacados, según el periodista, figuró el tema de los permisos, ya que no había ninguno virtualmente de la Secretaría de Economía ni de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o Conagua.

Además, el reportero resaltó que Aboitiz Saro mencionó durante entrevista que algunos de los permisos tenía ya seis años de antigüedad y que esto comenzaba a paralizar el sector, por lo que se liberó una “buena cantidad de permisos en Semarnat”.

Ante estos datos, Sheinbaum comentó que “no son permisos para nueva minería, sino que se ha abierto la resolución de los permisos respecto a cómo se manejan los jales de las minas”.

También explicó que no es que la industria minera se haya detenido, sino que “la minería sigue en México, el tema es qué tanto se abre la minería a cielo abierto, que es una de las actividades que más afectaciones ambientales tiene, no sólo en el país, sino en el mundo entero”.

“Algunos permisos tenían que ver con actividades que se realizan actualmente en las minas para poder mejorar los impactos ambientales de las minas actuales”, aclaró la mandataria.

Posteriormente el reportero citó a Raquel Buenrostro, secretaria de economía durante el mandato de AMLO, quien compartió en aquel entonces que “prácticamente el sector minero no paga impuestos en proporción a sus ingresos totales y que se trata de las industrias con más corrupción relacionadas con las regulaciones de la Secretatía de Economía”.

De acuerdo con cifras mencionadas por el periodista, en 2021 la minería alcanzó 16 mil 680 millones de dólares, de los cuales, los grandes contribuyentes pagan 2.4 % de sus ingresos totales mientras que asalariados pagan entre 30 y 35 % y las mineras el 0.0002%

Ante esto planteó que nunca se le va a mentir ni esconder información al pueblo de México, por lo que comentó que se presentará todo lo relacionado con la actividad minera.

Además, explicó que actualmente hay concesiones de la minería y señaló que requieren permisos para su misma operación, pues no se entregan una sola vez, sino que “son permisos que tienen que ver con ubicación de jales, con tratamiento de agua, con muchas otras cosas relacionadas con la actividad minera actual”.

Para concluir, la mandataria señaló que algunas concesiones debían darse para garantizar que por lo menos hay menores impactos ambientales de los que habían anteriormente y en caso de que continúe la actividad minera, debe revisarse a profundidad si es factible o no que se haga a cielo abierto.

El suceso ha ocurrido en el municipio de Cirebon, donde los trabajadores de la cantera se vieron sorprendidos por un alud de tierra que sepultó vivos a más de una veintena de empleados.

"Entre los que hay identificados hay ocho muertos, doce hospitalizados y otros dos han recibido el alta con heridas", ha explicado el jefe de Policía de Cirebon, Kombes Sumarni, a la cadena de televisión Kompas TV.

La Policía todavía no ha dado la tragedia por zanjada porque hay numerosos desaparecidos en el sitio. Según una información previa de la Jefatura de Ingeniería de Minas, alrededor de una decena de personas todavía se encuentran en paradero desconocido.

Madrid, 30 may (EFE).- La joven Tamara Silva Bernaschina, considerada una de las voces más importantes de la nueva literatura uruguaya, aterriza por primera vez en España con un libro de cuentos, 'Larvas' (Páginas de Espuma), que consolida una trayectoria fulgurante, con numerosos elogios, que confiesa que recibe con "aturdimiento".

Silva Bernaschina (Minas, Uruguay, 2000), en una entrevista con EFE, confiesa que siente una "risa nerviosa de no saber bien cómo tomar" las "grandes palabras" de reconocimiento de una carrera que ya cuenta con dos novelas, una recopilación de cuentos y tres galardones, entre ellos el Premio Nacional de Literatura de Uruguay en la categoría Ópera Prima.

"Hay algo de aturdimiento, de no entender mucho hacia dónde va todo. También hay como curiosidad", comenta la autora, recién llegada a Madrid. "No sé muy bien qué me pasa", añade, para después reflexionar que, quizá, es que todavía no ha digerido la gran acogida de su escritura.

Iniciada en las lecturas de uruguayos como Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández o Armonía Somers, confiesa que "enloqueció" con la lectura de 'Carne' de la argentina Mariana Enríquez, y de ahí pasó de manera natural a otras escritoras de la misma generación como la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, que la formaron como la "lectora" que es ahora.

"Hay algo muy cercano que quizá tiene que ver con lo generacional y lo temático", reconoce, especialmente con una escritura que a veces recuerda a la ecuatoriana Mónica Ojeda, la uruguaya Fernanda Trías o la mexicana Fernanda Melchor.

En ese sentido, Silva Bernaschina apunta que "quizá es pronto para hablar de generación" para referirse al grupo de escritoras latinoamericanas que están destacando en la literatura en español, en parte porque el término 'generación' "es muy raro" y no tiene claro "cómo se arma una generación".

"Hay como una red que se expande, y me parece que sería muy necio y ciego de mi parte decir que esto no está pasando, porque es ir a cualquier librería y mirar la mesa de novedades y te encuentras con novelas de escritoras latinoamericanas", apunta, ante un fenómeno que si bien tiene "temas que se repiten, parece que se repiten de maneras tan distintas".

Eso es algo que la "emociona": poder reconocer a autoras en sus textos, con unas "voces que se están asentando" con un estilo muy propio: "una buena señal de que el camino está bien trazado".

'Larvas', su primer desembarco en España –pronto llegará una edición de su segunda novela, 'Temporada de ballenas'–, reúne ocho cuentos en los que siempre hay elementos ocultos, secretos sin desvelar y misterios que intrigan al lector, e incluso a la autora.

"Hay mucho que se mantiene en secreto que no me interesa revelar (...), porque no resolverlo queda ahí como latente y mucho más vivo", explica.

Combina estos "pequeños misterios" con elementos fantásticos e incluso sobrenaturales –rozando lo tenebroso– que se integran orgánicamente en el texto, "que fuesen fantásticos para nosotros pero los personajes de los cuentos lo vivieran como parte de su realidad, que es lo más importante en esto de narrar".

Los cuentos tienen un aire "muy animal y muy de animales", con presencia de bestias y bichos, una pulsión que aparecía con fuerza durante el proceso de creación y que se unió a una "búsqueda de una estética personal" que bebe de su infancia en el Uruguay de interior, que de hecho marcan mucho los paisajes rurales omnipresentes en los cuentos.

Concluye que "se pueden contar historias que sean interesantes y que me importen y me conmuevan, pero que tal vez no pasen por lo humano de forma central", algo que también tiene lazos con una forma de contar que remite a las leyendas y al folclore tradicional.

Sobre su proceso creativo, explica que su escritura cronológica parte la mayoría de las veces de una "imagen final ya muy presente desde el comienzo", y de ahí "todo se va tejiendo y va derivando hacia ese lugar" que tiene en mente.

Silva Bernaschina participará en la Feria del Libro de Madrid, que empieza este viernes. EFE

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha declarado este martes como testigo en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; defendiendo las actuaciones de su institución en el marco del "cambio sustancial" promovido por la nueva empresa gestora del recinto al objeto de verter en el río Guadalquivir y no en el Agrio, afluente del Guadiamar.

En su comparecencia como testigo, Joaquín Páez ha explicado que cuando en 2018 desembarcó en la Presidencia de la CHG afrontó ya diferentes aspectos relacionados con las autorizaciones previamente solicitadas por Minera Los Frailes, la sociedad de propósito creada por Minorbis y Grupo México para la nueva gestión de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa); con el conocido macro vertido contaminante al río Guadiamar.

Según ha precisado, "desde 2017" la CHG estaba tramitando las solicitudes de Minera Los Frailes para que en la nueva etapa de explotación de la mina, que actualmente sigue pendiente de los últimos permisos mineros; el recinto vertiese al río Agrio, afluente del río Guadiamar, objeto este último del gran episodio de contaminación de 1998.

Al respecto, Páez ha rememorado la "controversia" derivada de dicha petición, razonando que la catástrofe natural derivada del vertido masivo de residuos de metales pesados de la balsa de la mina de Aznalcóllar al río Guadiamar sigue siendo "un accidente que no se va a olvidar nunca", dicho río es actualmente "uno de los más controlados de Europa" en materia medioambiental y la propuesta de vertido incluía cadmio y mercurio.

"SERÍA MÁS FÁCIL" LA OPCIÓN DEL GUADALQUIVIR

Fue en ese marco, según ha explicado, en el que la CHG trasladó a la empresa las exigencias técnicas para un vertido hacia un cauce del dominio público hidráulico, bajo la premisa de que su solicitud incumplía los parámetros requeridos para una autorización como la reclamada; y a su entender los responsables de Minera Los Frailes optaron entonces por reconducir el vertido hacia el río Guadalquivir, perteneciente al dominio público marítimo terrestre, porque de ese modo "sería más fácil cumplir los requisitos legales de este tipo de vertidos", planteamiento que ha expuesto imaginando el razonar de los responsables de Minera Los Frailes.

Y es que según ha remarcado, los técnicos de la CHG le "aseguraron" que el vertido propuesto inicialmente por la empresa al río Agrio "no iba a cumplir" con los requisitos necesarios para que la institución lo autorizase.

Fue así, según ha recordado, cómo en 2021, Minera Los Frailes "desistió" finalmente de su solicitud inicial de verter al río Agrio y optó por solicitar una autorización para un vertido al río Guadalquivir, extremo que cuenta actualmente con el rechazo frontal del conjunto de las organizaciones ecologistas por su supuesto impacto.

TODO UN "CAMBIO SUSTANCIAL"

Aquella maniobra, según ha asegurado, supuso un "cambio sustancial" en toda regla del proyecto original de la empresa en materia de aguas, si bien en paralelo, el presidente de la CHG ha reconocido que él no ha leído personalmente los informes técnicos emitidos con relación a la nueva propuesta de vertido.

De otro lado, el presidente de la CHG ha precisado que un informe elaborado por un jefe de Servicios de Agua de su institución a instancias del Juzgado de Instrucción fue redactado por dicho técnico "como perito judicial" solicitado por dicha instancia, pero "no en nombre de la CHG"; explicando que el Juzgado solicitó que un técnico de la institución actuase "como perito judicial" y el anterior presidente de la CHG consideró "pertinente" acceder a ello, con la emisión de dicho informe cuya oficialidad ha ratificado y cuyo contenido desconoce, según ha asegurado.

Además, Joaquín Paéz ha manifestado que no conoce "para nada" los aspectos del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para la adjudicación de los nuevos derechos de explotación de esta mina, al que concurrieron las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo.

LOS DOS SOBRESEIMIENTOS DEL CASO

Recordemos que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita Resources, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación de este caso al no apreciar delito alguno.

Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, en el que la Fiscalía no formula acusación.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha informado este viernes de que ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), un nuevo plazo para la remisión de la documentación solicitada respecto a la autorización ambiental unificada (AAU) del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y Minorbis; en el marco del recurso contencioso administrativo de Ecologistas en Acción contra dicha autorización.

Para esta petición, según la Consejería, la misma esgrime "la gran envergadura del expediente, que cuenta con más de 3.000 archivos que deben ser indexados correctamente antes de su remisión". "Actualmente, los servicios técnicos de la Consejería están trabajando en la indexación de la documentación para garantizar su envío al tribunal con todas las garantías. Para la Consejería, dar respuesta a este requerimiento judicial es una prioridad", destaca la Administración.

En una diligencia de ordenación emitida el pasado 17 de enero y recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA aborda un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra toda una serie de actos de la Junta con relación a la autorización ambiental unificada concedida a la empresa Minera Los Frailes, sociedad instrumental de Grupo Méxito y Minorbis, respecto a la explotación de la corta minera de Aznalcóllar, que sigue pendiente de declaración de impacto ambiental.

RECURSO ANTE EL TSJA

Entre los actos recurridos, por ejemplo, figura la resolución de 19 de septiembre de 2024 de la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente que desestima la petición de los ecologistas de suspender la resolución autonómica de 11 de julio de 2024 sobre la citada autorización ambiental unificada para la reapertura de la mina, cerrada desde 2002 tras la catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

En ese marco, la citada diligencia de ordenación de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA expone que con relación al recurso de los ecologistas contra tales actos, "habiendo transcurrido mas de 20 días desde la fecha de la comunicación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente participando haber tenido entrada el oficio reclamando el expediente administrativo, sin que éste se haya recibido, reclámese el mismo de nuevo mediante oficio que se enviará por fax a la Administración demandada, que deberá remitirlo en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la entrada de esta comunicación en el registro general".

La diligencia de ordenación contiene la advertencia expresa a la Consejería de que "si no lo envía en el plazo indicado, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento notificado personalmente para formulación de alegaciones, el tribunal impondrá una multa coercitiva de 300 a 1.200 doscientos euros a la autoridad o funcionario responsable del incumplimiento", "multa" que "será reiterada cada 20 días hasta el cumplimiento de lo ordenado".

La Consejería precisa al respecto que "en procedimientos administrativos de esta complejidad, es habitual que se soliciten ampliaciones de plazo para garantizar que la documentación remitida esté debidamente estructurada y conforme a los requisitos establecidos".

LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

La Consejería reitera así su "compromiso con la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa ambiental en el marco del proyecto de reapertura de la mina Los Frailes", asegurando que la tramitación de este expediente "se ha llevado a cabo con el máximo rigor técnico y jurídico, garantizando la evaluación de los posibles impactos ambientales y la aplicación de medidas preventivas necesarias para la protección del medio ambiente y la biodiversidad".

El proyecto cuenta con la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta; pesando de otro lado las insistentes advertencias de las organizaciones ecologistas sobre su impacto en el medio ambiente y en especial sobre los recursos hídricos.

Según avisan, el proyecto implica "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

Al menos tres personas han muerto y otras cinco han resultado heridas, cuatro de ellas niños, este martes por la explosión de restos de guerra en distintos puntos del norte de Siria, según la Defensa Civil Siria, conocida popularmente como 'cascos blancos'.

La organización humanitaria ha confirmado en su cuenta de la red social X que dos de las muertes se han producido por la detonación de una mina terrestre "dejada por el antiguo régimen de (el presidente sirio Bashar) Al Assad" en la localidad de Al Talhiya, en la zona rural al este de Idlib, que también ha herido de gravedad a un civil.

Otra persona ha fallecido en las mismas circunstancias mientras trabajaba en su granja de la aldea de Afes, también en el este de la provincia de Idlib, situada en el noroeste del país. Los 'cascos blancos' también han atribuido esta mina a las fuerzas de Al Assad.

La organización ha denunciado además que cuatro niños han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, en Al Qasimiya, cerca de Alepo, víctimas del estallido de una bomba de racimo "procedente de los restos de la guerra y de los ataques aéreos del antiguo régimen de Al Assad y Rusia".

La Defensa Civil Siria ha registrado 32 muertos, entre ellos ocho niños, y 48 heridos, de los cuales 19 menores, a causa de la explosión de restos de guerra y minas en Siria, desde el pasado 27 de noviembre, cuando yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) comenzaron la ofensiva que derrocó a Al Assad.

Damasco, 28 dic (EFE).- Al menos 77 personas murieron por la explosión de minas y munición sin detonar abandonadas en distintas áreas de Siria, desde el derrocamiento hace poco más de tres semanas del régimen de Bachar al Asad, informó este sábado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La ONG, con sede en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, detalló en un comunicado que del total de fallecidos, al menos 12 son niños y siete mujeres, y agregó que otras 86 personas resultaron heridas, de las que 49 son menores y cuatro mujeres.

"Los restos de las operaciones de guerra están esparcidos por todas partes en las aldeas y barrios devastados de toda Siria, lo que supone una amenaza considerable para la seguridad y la vida de los civiles, especialmente de las personas desplazadas que esperan regresar a sus hogares", detalló el Observatorio.

Asimismo, agregó que los residentes piden a las autoridades pertinentes que retiren las minas terrestres y los objetos sin detonar de las zonas pobladas lo antes posible para evitar más muertos y heridos por estas detonaciones.

Hace tan solo tres días, esta ONG contabilizó 66 fallecidos y 75 heridos por explosiones de minas abandonadas, cifra que en estas 72 horas se ha elevado en 11 muertos y otros 11 heridos, y que podría incrementarse próximamente.

La guerra en Siria comenzó tras la violenta represión por Al Asad de las revueltas populares de 2011, y terminó acabando con su régimen el pasado día 8 por una coalición de facciones insurgentes lideradas por el islamista Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham, HTS, en árabe).

Pese a las señales y declaraciones positivas del nuevo hombre fuerte de Siria, Ahmed al Sharaa, que capitanea el HTS, sobre el futuro del país árabe, la reconstrucción y la eliminación de minas y munición abandonadas por la guerra sigue siendo uno de los mayores obstáculos ante el regreso de los refugiados y desplazados.

"El Observatorio Sirio de Derechos Humanos renueva su llamamiento a las organizaciones internacionales para que trabajen en la retirada de los restos de guerra del territorio sirio teniendo en cuenta los peligros que suponen para la vida de la población, ya que están muy extendidos", concluyó la ONG. EFE

La ciudad de Minas (Lavalleja), ubicada a 120 kilómetros de Montevideo, amaneció con una noticia que generó conmoción en la sociedad y el sistema político. Un hombre de 57 años asesinó a su expareja de 40 y luego se suicidó. La pareja tenía una hija de ocho años, cuya tenencia fue entregada de forma provisoria a la abuela de la menor, informaron medios uruguayos.

El hombre y la mujer habían comenzado su vínculo hace 10 años. La niña no estaba presente en la casa en el momento del femicidio.

Por la tarde, en tanto, otro hecho violento ocurrió en Montevideo y también es investigado como un posible femicidio: una mujer de 25 años murió tras ser arrojada por un hombre desde un séptimo piso.

El jefe de Policía de Lavalleja, Alejandro Rodríguez, contó que el llamado de un familiar hizo que agentes policiales concurrieran al barrio Estación. Allí se encontraron con la dos personas fallecidas: una de ellas tenía una herida de arma de fuego y la otra tenía una herida cortante, realizada con un arma blanca.

No había denuncias de violencia entre la pareja. Sin embargo, el hombre contaba con un antecedente de 2012. Esa vez había sido imputado por violencia doméstica especialmente agravada, por un delito que cometió contra otra mujer. El femicida era un ex policía, que fue destituido de esta fuerza tras este episodio de hace 13 años.

El agresor trabajaba como guardia de seguridad, detalló el jefe de Policía. “Hasta donde sabemos hacía su guardia desarmado. También es importante aclarar que el arma que fue hallada en la escena del hecho no estaba registrada a su nombre. De hecho, no tenía porte de arma. No debería tener tampoco con el antecedente que tenía”, dijo Rodríguez, en una rueda de prensa.

Dirigentes del sistema político se expresaron tras este asesinato y posterior suicidio. La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, recordó que en la actual legislatura se han desachivado varios proyectos para hacer frente a estos problemas, pero advirtió que ninguno “soluciona toda la situación”. “Lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo todas las instituciones del Estado”, dijo Cosse.

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, dijo que es necesario mejorar la respuesta del Estado ante casos como estos e hizo hincapié en mejorar el trabajo entre instituciones públicas y privadas. “Tenemos que verificar que haya, tanto en lo público como en lo privado, servicios que puedan estar lo más interconectados posible”, señaló la jerarca en una rueda de prensa.

Xavier consideró que es necesario que se trabaje en lo educativo, sanitario y policial. “Hay que trabajar para permanentemente estar educando a los funcionarios y trabajando también en función de que ninguna mujer deje de pedir ayuda. El tema es que la respuesta de parte del Estado la tenemos que mejorar”, aseguró.

Por la tarde, en tanto, una mujer de 25 años murió tras caer de un séptimo piso en el barrio de Malvín, en Montevideo, consignó El Observador. El hombre se tiró después de que cayera la mujer y se encuentra grave. El caso es investigado como un femicidio ya que testigos declararon a la Policía que la pareja tuvo una discusión. Además, el hombre aseguró que vio el momento en el que la mujer era arrojada.

“Por los primeros testimonios y las declaraciones de los primeros policías que arribaron a la escena, aparentemente se trata de la discusión de una pareja, en la cual terminan los dos arrojados desde el balcón. Probablemente fue consecuencia de esa misma pelea”, declaró la fiscal de Homicidios Adriana Edelman.

Edelman dijo que, por la escena primaria y las primeras declaraciones, la investigación será encarada como si se tratara de un femicidio.

Damasco, 25 dic (EFE).- Al menos 66 personas murieron por la explosión de minas y munición sin detonar abandonadas en distintas áreas de Siria, desde el derrocamiento hace poco más de tres semanas del régimen de Bachar al Asad, informó este miércoles el Observatorio sirio de Derechos Humanos.

La ONG, con sede en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, detalló en un comunicado que otras 75 personas resultaron heridas de diversa consideración, y avisó que esos "restos de la guerra representan una "fuente de temor" para millones de refugiados y desplazados que deseen regresar a sus hogares.

"Entre los escombros de las aldeas y barrios destruidos, hay dispersos restos de guerra, minas y municiones sin detonar, que representan una amenaza para la vida y una fuente de temor para quienes desean regresard y un obstáculo ante la reconstrucción y la vuelta a la normalidad" en Siria, apuntó la nota.

Subrayó que sólo en Damasco y sus inmediaciones un total de 55 personas perdieron la vida por la detonación de esos "restos de la guerra", entre ellas ocho niños y cinco mujeres.

La guerra en Siria comenzó tras la violenta represión por Al Asad de las revueltas populares de 2011, y terminó acabando con su régimen el pasado día 8 por una coalición de facciones insurgentes lideradas por el islamista Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham, HTS, en árabe).

Pese a las señales y declaraciones positivas del nuevo hombre fuerte de Siria, Ahmed al Sharaa, que capitanea el HTS, sobre el futuro del país árabe, la reconstrucción y la eliminación de minas y munición abandonadas por la guerra sigue siendo uno de los mayores obstáculos ante el regreso de los refugiados y desplazados.

En este contexto se expresó el lunes el subsecretario general para Asuntos Humanitarios y coordinador de emergencias de la ONU, Tom Fletcher, en una entrevista con el canal de televisión libanés Al Nahar, en la que avisó que el regreso "seguro" de los refugiados "requiere una estrategia a largo plazo" por esos mismos motivos.

Se estima que unos seis millones de sirios se refugiaron en otros países durante los catorce años de la guerra, mientras que otros centenares de miles se vieron obligados a desplazarse dentro del país en busca de refugio seguro.

"El Observatorio Sirio de Derechos Humanos renueva su llamamiento a las organizaciones internacionales para que trabajen en la retirada de los restos de guerra del territorio sirio teniendo en cuenta los peligros que suponen para la vida de la población, ya que están muy extendidos", concluyó la ONG. EFE

Jerusalén, 21 dic (EFE).- Un niño de 7 años falleció por la explosión de una mina en la zona de Rashaida, sureste de Belén, en Cisjordania ocupada, presuntamente dejada por el Ejército de Israel, informó este sábado el Ministerio de Sanidad de Palestina.

"El niño Muhammad Yasser Ali Rashaida (7 años) fue martirizado por la explosión de una mina terrestre dejada por el ejército de ocupación en la zona de Rashaida", datalló el Ministerio de Sanidad palestino.

El jefe del consejo de la aldea de Rashaida, Juma Rashaida, comentó a medios palestinos que al menos 6 personas han muerto y 20 han resultado heridas por las explosiones de "objetos sospechosos" en la zona, sin precisar el período.

Explicó que en el área hay minas porque el Ejército israelí utiliza las tierras de Rashaida para el entrenamiento militar de sus soldados.

"La ocupación israelí continúa utilizando las tierras de la aldea para el entrenamiento militar, colocando a los civiles palestinos y especialmente a los niños de la aldea bajo un alto riesgo de los explosivos israelíes dejados atrás", dijo Juma Rashaida.

El director del hospital gubernamental de Belén, Nafiz Sarhan, contó a EFE que el niño recibió el impacto directo del explosivo, y comentó que "su familia está destrozada por la muerte del pequeño".

"Desconozco la naturaleza de la mina, solo sé es que es un remanente de los explosivos dejados por la ocupación (en referencia a Israel)", señaló.

El Ejército israelí, por su parte, dijo a EFE que desconocía sobre tal incidente, sin aportar más detalles.

El grupo islamista palestino Hamás lamentó la muerte del niño de 7 años, a través de un comunicado, y acusó a Israel de "dejar deliberadamente minas en las zonas cuyos residentes se desplazan, con el objetivo de matarlos y privarlos de la libertad de circulación en sus aldeas y tierras". EFE

El Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) ha anunciado que el país alcanzó una inversión minera acumulada de más de 4.961 millones de dólares en 2024, superando la meta inicial de 4.600 millones de dólares. Este logro, según informó el Minem al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), refleja un crecimiento del 0,5% en comparación con los 4.936 millones de dólares registrados en 2023. Sin embargo, el Perú enfrenta el desafío de recuperar su posición como el segundo mayor productor mundial de cobre, un lugar que perdió en 2023 frente a la República Democrática del Congo.

De acuerdo con el último Boletín Estadístico Minero, la producción de cobre en el país alcanzó las 2 millones 736.150 toneladas métricas finas (TMF) en 2024, lo que representó una leve caída del 0,7% en comparación con el año anterior. Este descenso interrumpió cuatro años consecutivos de recuperación tras la pandemia. Aunque en diciembre de 2024 se registró un aumento interanual del 2,9% en la producción mensual, con 262.452 TMF, el total anual quedó por debajo de la meta gubernamental de tres millones de toneladas.

Minem: proyectos estratégicos para impulsar la producción de cobre

El Minem ha identificado una serie de proyectos clave que podrían contribuir significativamente a la recuperación de la posición del Perú en el ranking global de producción de cobre. Entre estos se encuentran La Granja (US$2.400 millones), Michiquillay (US$2.500 millones), Cotabambas (US$1.486 millones) y Haquira (US$1.860 millones), todos en etapas iniciales de desarrollo.

Según la entidad, el avance de estos proyectos es esencial para aumentar la producción y consolidar al país como un actor destacado en el mercado internacional del cobre. El Perú cuenta con aproximadamente 100 millones de TMF de reservas de cobre, lo que lo posiciona como un país con un gran potencial geológico.

Además, el Minem proyecta que en 2025 la producción minera superará los 2,8 millones de TMF, gracias a la implementación de medidas que buscan optimizar los procesos administrativos y fomentar la inversión en el sector.

Reformas y herramientas para mejorar la competitividad

Para alcanzar sus objetivos, el Minem ha puesto en marcha diversas iniciativas, como la Ventanilla Única Digital del Sector Minería (VUD Minem), diseñada para agilizar los trámites administrativos y promover la transparencia. Según la entidad, esta herramienta busca posicionar al Perú como un destino atractivo para la inversión minera responsable, al reducir la carga burocrática y fomentar la eficiencia en los procesos.

Otra medida destacada es la Nueva Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE), que tiene como objetivo formalizar y potenciar a este sector, considerado clave para el desarrollo económico y social de las regiones mineras. El Minem también trabaja en la implementación del TUPA Digital, un sistema que simplifica los procedimientos administrativos y facilita el cumplimiento de las normativas vigentes.

Infraestructura y ventajas competitivas del Perú

El Minem ha subrayado que el Perú cuenta con una serie de ventajas competitivas que lo posicionan favorablemente en el mercado global de minerales. Entre estas se destacan su marco legal sólido y predecible, así como su ubicación estratégica en el Pacífico, que facilita la exportación de cobre a mercados clave como China.

Además, el país es rico en una diversidad de recursos minerales, incluyendo oro, zinc, plata, plomo, estaño y hierro, lo que lo convierte en un importante actor en la industria minera mundial.

Impacto económico y social de la minería

El sector minero no solo es fundamental para la economía peruana, sino también para el desarrollo regional y la generación de empleo. Según el Minem, el inicio de 11 grandes proyectos de explotación minera está previsto para los próximos años, lo que contribuirá a incrementar los ingresos del país y a mejorar las condiciones de vida en las comunidades cercanas a las operaciones mineras.

El Minem destacó que la inversión en infraestructura minera, como depósitos de relaves y equipos modernos, es esencial para mantener los niveles de producción actuales y garantizar la sostenibilidad del sector. Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso con la promoción de una minería responsable y sostenible, que respete el medio ambiente y beneficie a las comunidades locales.

Desafíos y perspectivas para el futuro

A pesar de los avances logrados en 2024, el Perú enfrenta importantes desafíos para recuperar su posición como el segundo mayor productor mundial de cobre. La competencia internacional, las fluctuaciones en los precios de los metales y los retos asociados a la formalización de la minería artesanal son algunos de los obstáculos que el país deberá superar en los próximos años.

Sin embargo, el Minem se muestra optimista respecto al futuro del sector minero en el Perú. Según la entidad, la combinación de reformas administrativas, proyectos estratégicos y un marco legal favorable permitirá al país consolidarse como un líder en la producción de cobre y otros minerales, contribuyendo al desarrollo económico y social de la nación.

En un nuevo evento que hizo evidentes las estrategias utilizadas por el crimen organizado en Sinaloa, agentes federales decomisaron un total de 32 artefactos explosivos en el municipio de Escuinapa.

Acorde con el reporte del Grupo Interinstitucional que realiza labores de seguridad, los hechos ocurrieron en la comunidad de El Camarón, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar) llevaban a cabo sus recorridos terrestres.

Los instrumentos encontrados por el personal naval correspondían a 21 dispositivos para ser lanzados desde drones, además de 10 artefactos tipo mina —los cuales son capaces de detonar al contacto— y una carga explosiva envuelta en cinta canela.

Dadas las características de este hallazgo, los explosivos improvisados fueron neutralizados por personal especializado en la misma área en la que ocurrió el aseguramiento.

En noviembre de 2024 comenzaron a circular los reportes respecto al uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) en Sinaloa como parte de la disputa que mantienen las facciones criminales de Los Chapitos y La Mayiza. En aquel entonces, pobladores del municipio de Eldorado denunciaron la caída de explosivos en el campo pesquero Las Arenitas.

Días más tarde, el 3 de diciembre, se registró la explosión de una camioneta en la zona oriente de Culiacán. Aunque las autoridades locales atribuyeron el estruendo a una detonación por un incendio en el tanque de gasolina, en el lugar también fue localizado un dron con una cámara de video.

Semanas después, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ejército Mexicano aseguraron una camioneta Chevrolet Suburban color blanco que había estado involucrada en una confrontación armada en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

El vehículo presentaba varios impactos de bala y un neumático ponchado, pero el detalle que captó la atención de la ciudadanía y la prensa local fue la colocación de una placa metálica para proteger la unidad ante un posible ataque aéreo.

La hoja de metal fue instalada en la parte superior de la camioneta blindada, justo encima del quemacocos, mediante unos tubos. Debido a la posición y la altura en la que estaba colocada, es posible que fuera utilizada para cubrir a los hombres armados que utilizaban el tragaluz para disparar mientras circulaban a bordo del vehículo.

De acuerdo con un artículo publicado por el periodista Joseph Trevithick en el sitio The War Zone, el esta mejora táctica habría sido aprendida por los cárteles mexicanos de las tropas rusas. En su texto, Trevithick señala que la primera vez que aparecieron estas modificaciones a vehículos de guerra fue en noviembre de 2021, pues se notó la presencia de un tanque ruso que circulaba por el territorio ocupado de Crimea con una especie de “parrilla” por encima de su torreta.

Este tipo de armazones, acorde con el periodista, “son estructuras metálicas rudimentarias, parecidas a las armaduras de laminillas, que están claramente destinadas a proporcionar protección contra los ataques desde arriba”.

En Buenavista Tomatlán, Michoacán, un niño jornalero de 15 años y un trabajador agrícola de 43 murieron el pasado 10 de febrero tras la explosión de una mina terrestre mientras laboraban en una parcela de limón en Santa Ana Amatlán.

El hecho, denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los activistas Adrián y Bryan LeBarón, fue calificado como un acto de terrorismo, argumentando que los grupos criminales utilizan minas y explosivos improvisados para sembrar el miedo en comunidades rurales.

Apenas un día después, el 11 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y de la Secretaría de Marina (SEMAR) aseguraron 12 explosivos de fabricación artesanal dentro de una caja abandonada en un camino de terracería en la comunidad de Razo del Órgano, también en Buenavista Tomatlán. Según el reporte oficial, los artefactos estaban acondicionados para ser lanzados desde drones, una táctica cada vez más común en la guerra entre grupos criminales en la región.

Ese mismo día, en Tumbiscatío, autoridades localizaron un explosivo arrojado desde un dron sobre el rancho El Águila, lo que obligó a realizar una detonación controlada para evitar riesgos a la población.

Según fuentes federales, en lo que va de 2025 se han asegurado 163 artefactos explosivos en Michoacán, aunque algunas detonaciones han causado víctimas mortales entre civiles ajenos a la disputa de cárteles.

Los municipios con más explosivos decomisados

El creciente uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) en Michoacán no es un fenómeno aislado. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) obtenidos por InSight Crime muestran que los municipios con más decomisos de AEI en México entre 2020 y octubre de 2024 se concentran en la frontera entre Michoacán y Jalisco, una de las regiones más disputadas por el crimen organizado.

De acuerdo con los registros, estos son los 14 municipios con mayor número de decomisos de AEI:

1. Apatzingán, Michoacán – 592
2. Buenavista, Michoacán – 319
3. Santa Bárbara, Chihuahua – 209
4. Santa María del Oro, Jalisco – 205
5. Aguililla, Michoacán – 178
6. Irapuato, Guanajuato – 164
7. La Huacana, Michoacán – 161
8. Villanueva, Zacatecas – 134
9. Tepalcatepec, Michoacán – 129
10. Sáric, Sonora – 106
11. Asención, Chihuahua – 100
12. Marcos Castellanos, Michoacán – 91
13. San Isidro Chigüiro, Chiapas – 82
14. Tzimol, Chiapas – 82

Michoacán es el estado con mayor número de municipios afectados, con seis localidades en el listado y un total de 1.440 explosivos decomisados en estos sitios.

Le siguen Chihuahua (dos municipios y 309 explosivos), Zacatecas (uno con 134), Sonora (uno con 106), Jalisco (uno con 205), Guanajuato (uno con 164) y Chiapas (dos con 164 en conjunto).

El uso de explosivos en México ha evolucionado en los últimos años. Según expertos citados por InSight Crime en un artículo publicado el 3 de febrero, los grupos criminales han pasado de utilizar tubos de plástico rellenos con pólvora a emplear estructuras metálicas más resistentes, capaces de provocar mayores daños. Además, los AEI han sido integrados en drones y minas antipersona, aumentando su letalidad.

La violencia en Michoacán y Jalisco es producto de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales como Los Viagras, el Cártel de Zicuirán y Los Caballeros Templarios. El uso de explosivos se ha convertido en una estrategia para bloquear caminos, atacar a grupos rivales y evitar operativos militares en la zona.

El impacto de estas tácticas no solo afecta a los grupos criminales y fuerzas de seguridad, sino también a la población civil.

Cabe apuntar que en los últimos meses el fenómeno también se ha estado replicando en estados del norte, como ha sido el caso de Durango, en donde la guerra interna del Cártel de Sinaloa ha llevado a facciones como Los Chapitos o La Mayiza a hacer uso de ellos para atacar territorios.

Otro caso sonado también ha sido Tamaulipas, donde los grupos criminales también han usado este tipo de artefactos para agredir a policías y el Ejército durante rondines.

Integrantes de la familia LeBarón denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) la muerte de un niño de 15 años que falleció tras explotarle una mina terrestre en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán.

La tragedia que sacudió a Michoacán el pasado fin de semana, con la muerte de Pablo R., un niño jornalero, ha puesto nuevamente en el foco la violencia que azota al estado.

La Voz de Michoacán reportó que el menor falleció tras la explosión de una mina improvisada mientras trabajaba en una parcela de limón en la comunidad de Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista Tomatlán. Este hecho también cobró la vida de José, un hombre de 43 años que lo acompañaba.

En respuesta, los activistas Adrián LeBarón Soto y Bryan LeBarón Jones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), calificando el incidente como un acto de terrorismo.

De acuerdo con la denuncia, entregada en la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, la colocación de minas explosivas en zonas rurales de Michoacán tiene como objetivo sembrar el terror entre la población y disuadir a grupos rivales de cruzar por territorios controlados por organizaciones criminales. Sin embargo, los principales afectados son los civiles, quienes enfrentan las devastadoras consecuencias de estos artefactos.

Según consignaron los activistas en su denuncia, la muerte de Pablo no es un caso aislado. Desde 2024, Michoacán ha sido escenario de múltiples explosiones de minas antipersona que han cobrado vidas y dejado heridos. En marzo de ese año, tres campesinos murieron cuando una mina explotó mientras viajaban en una camioneta entre los poblados de El Caulote y Las Cruces, en el municipio de Tumbiscatío. La explosión fue tan violenta que mutiló las extremidades de las víctimas y dejó a dos personas gravemente heridas.

En diciembre de 2024, otro incidente trágico ocurrió en los municipios de Cotija y Buenavista Tomatlán, donde al menos cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) murieron y siete más resultaron heridos durante un operativo para desactivar minas en la región.

Más recientemente, el 13 de enero de este año, un docente de telesecundaria falleció cuando su vehículo activó una mina mientras transitaba por una brecha que conecta las comunidades de Las Bateas y El Tepetate, en el municipio de Apatzingán.

Durante la presentación de la denuncia, Adrián LeBarón enfatizó la gravedad de la situación y la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza. “No podemos ser indiferentes cuando un niño de 15 años muere por una mina antipersona en Michoacán. Pablo representa a muchos. Él estaba trabajando cuando se enfrentó a estos artefactos, ahora toda una comunidad tiene miedo porque cualquiera pudo estar en su situación y así millones de mexicanos”, declaró. Además, instó a la Fiscalía General de la República a investigar estos hechos como actos de terrorismo, argumentando que es crucial nombrar y reconocer la magnitud de lo que ocurre en el país.

Por su parte, Bryan LeBarón calificó los ataques con minas como “terrorismo puro” y criticó la inacción de las autoridades. “Los grupos criminales dejaron explosivos sembrados en las comunidades rurales de Michoacán y es el pueblo, la gente de a pie, los que están muriendo”, afirmó. También señaló que las autoridades deberían ser responsables por cada muerte, ya que su deber es localizar y desactivar las minas colocadas por los cárteles, en lugar de buscar excusas para criminalizar a las víctimas.

Las minas antipersona, diseñadas para matar o incapacitar a sus víctimas, han sido utilizadas históricamente en conflictos armados para desmoralizar a las tropas enemigas, colapsar servicios médicos y dañar vehículos no blindados. Sin embargo, su impacto persiste mucho después de terminados los enfrentamientos, convirtiéndose en una amenaza constante para las comunidades civiles.

En el caso de Michoacán, estas minas han transformado las zonas rurales en campos minados, donde los habitantes viven con el temor de que cualquier paso en falso pueda ser fatal.

El crimen organizado opta por minar sus caminos en Tierra Caliente de Michoacán, ello ha cobrado la vida de ciudadanos y militares que se mueven por la zona. Recientemente, Guillermo Valencia, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), inició una campaña para colocar letreros de advertencia en lugares minados de Buenavista, Michoacán.

A través de sus redes sociales, el priista compartió imágenes de él colocando el letrero con la leyenda “peligro zona minada” que está acompañado con una calavera. Algunos de estos escenarios de tragedias y de los estragos de la violencia que se vive en las comunidades de Tierra Caliente por culpa de la disputa por la disputa por el control del territorio entre grupos delincuenciales dedicados al trasiego de droga, el cobro de piso y la extorsión.

“Tierra caliente representa la ruta del terror en Michoacán, la población está a merced del crimen organizado. Nuestro líder estatal Guillermo Valencia recorrió Buenavista para colocar letreros y advertir el riesgo que implica transitar en zonas minadas”.

Entre los hechos más recientes ocurridos en Buenavista, el 18 de diciembre de 2024, se informó sobre la detonación de una mina terrestre que provocó la muerte de dos elementos del Ejército Mexicano cuando -según reportes preliminares- realizaban tareas tareas para desactivar el explosivo.

Los hechos ocurrieron en Paredes del Ahogado, localidad ubicada en Buenavista, Michoacán. Días antes de la tragedia, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad informó sobre la destrucción de 15 artefactos explosivos improvisados.

Sin embargo, tres días antes de la muerte de los militares al intentar desactivar la mina, la SSP había confirmado que siete elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados después de un ataque con explosivos ocurrido en Cotija, Michoacán.

En tanto, el mes pasado, se reportó la muerte de un maestro de una telesecundaria en Michoacán. La víctima fue identificada como Ramón Paz Salinas, los hechos ocurrieron cuando viajaba por el camino que conecta las comunidades de Las Bateas y El Tepetate, el profesor murió al instante.

Gobierno federal asegura que minas son elaborada de manera rústica

En la conferencia de prensa del 17 de diciembre del año pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, compartió que obviamente le preocupa a las autoridades el uso de artefactos explosivos por parte de los grupos criminales, sin embargo, hasta ese momento este armamento es elaborado por los miembros de manera rústica, es decir hasta ese momento no se había confirmado que utilicen minas producidas por empresas armamentísticas.

Sin embargo, la crisis por el uso de artefactos explosivos terrestres y aéreos sigue siendo un problema en Michoacán, pues muy recientemente, los grupos criminales utilizan drones que cargan con bombas caseras, que contienen algún químico que puede ser corrosivo o pequeños artefactos metálicos que puedan provocar heridas a sus víctimas.

Las autoridades federales han anunciado un reforzamiento de seguridad, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional han sido desplegados en múltiples localidades para combatir a los criminales. Incluso para prevenir que los empresarios agricultores sean víctimas de extorsión, otro de los delitos que aqueja a la población y que desde hace años ocurre.

Sobre lo anterior, Guillermo Valencia denunció que pese a los esfuerzos de las autoridades federales, los grupos criminales siguen imponiendo cuotas a los productores limoneros, mangueros y aguacateros.

El año pasado, la unidad de drones de élite ucraniana “Birds of Magyar” probó una nueva táctica. En lugar de lanzar bombas, colocaron minas en las carreteras detrás de las líneas enemigas por la noche. Las redes sociales militares rusas se llenaron de advertencias e informes de bajas. Un mapa ruso mostraba que cada parte de los 72 km de carreteras alrededor de Krynky, cerca de Kherson, en el sur de Ucrania, había sido minada. ¿Hasta qué punto podría llegar a ser eficaz el minado con drones?

Las minas antitanque convencionales, normalmente del tamaño de un plato de comida y de 12 kg de peso, suelen colocarse en los campos inmediatamente delante de las posiciones defensivas, marcadas con alambre de espino y señales de advertencia. A veces se entierran, pero lo más frecuente es dejarlas en el suelo. Estados Unidos desarrolló minas dispersables en los años sesenta, durante la guerra de Vietnam.

Sólo pesan una quinta parte que las minas tradicionales, pero son lo bastante potentes como para destruir un tanque; se activan mediante sensores magnéticos que detectan los vehículos que pasan sobre ellas. Al principio se lanzaban desde aviones o helicópteros; más tarde se desplegaron mediante rondas especiales de artillería.

Los mandos podían así crear campos de minas tras las líneas enemigas, para bloquear o canalizar los movimientos de las tropas o simplemente para infligir bajas. La Unión Soviética lanzó sus propias versiones poco después que los estadounidenses.

Estas minas se esparcen al azar; un obús de 155 mm distribuye nueve en un círculo aproximado de 200 metros de diámetro. Los ucranianos utilizan minas dispersables suministradas por Estados Unidos para cerrar brechas en los campos de minas y cortar el avance de las fuerzas rusas. Los drones convierten estas minas en municiones de precisión.

Como demostraron los Birds of Magyar, pueden minar con precisión las carreteras y pistas más utilizadas por el enemigo. Un “bombardero pesado” multicóptero puede colocar seis o más minas a 20 km de distancia, varias veces por noche, aunque para mantener cerrada una ruta es necesario minarla constantemente, lo que resta tiempo a los drones pesados para otras misiones.

Las minas en las carreteras son difíciles de ver en la oscuridad, sobre todo cuando se circula a gran velocidad sin luces por miedo a un ataque. Son más visibles a la luz del día, aunque los vídeos muestran a conductores descuidados chocando contra ellas. Los zapadores rusos las limpian cada mañana.

Disparar no es una forma fiable de desactivarlas. Y retirarlas a mano es peligroso porque el sensor magnético puede ser activado por alguien que lleve objetos metálicos. Algunas minas están disimuladas con hojas de plástico u otro camuflaje, y muchas tienen otros sensores que se activan si se mueven. Cada vez se utilizan más robots y drones para retirarlas además de colocarlas; está en marcha una carrera técnica entre mineros y desminadores.

Pájaros de Magyar se mostraron muy satisfechos con su campaña de desminado y lanzaron una campaña de recaudación de fondos para 20.000 copias ucranianas lanzadas por drones de minas rusas a 50 dólares cada una. Ucrania también está desplegando un nuevo tipo más eficaz, el PTM-L1, basado en un diseño estadounidense con una espoleta moderna.

Ambas partes también utilizan drones para lanzar minas antipersona más pequeñas. (Los rusos también esparcen minúsculas minas “Pétalo” en zonas civiles de Kharkiv, en una campaña para expulsar a la población). Se hace un gran esfuerzo para proteger a las tropas de los drones, con inhibidores, escopetas y otras armas. Pero esto es inútil si los drones los eluden y colocan minas para cortar sus líneas de suministro y retirada.

La guerra de minas siempre ha consistido en reducir la movilidad; las minas sembradas por drones dificultan aún más el movimiento y lo hacen más peligroso, tanto para los soldados como para los vehículos. Así pues, las minas lanzadas por drones pueden reforzar la tendencia hacia un campo de batalla poblado enteramente por máquinas.

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La subsecretaria general de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, ha denunciado este lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Ucrania se ha convertido en uno de los lugares más minados del mundo, con casi una cuarta parte de su territorio contaminado de minas, tras mil días de guerra, desde el 24 de febrero de 2024.

DiCarlo, que ha leído en Nueva York una carta del secretario general de la ONU, António Guterres, ante su imposibilidad de participar en el encuentro porque se encuentra en la cumbre del G20 que se celebra en Río de Janeiro, ha especificado que la zona de Ucrania afectada por las minas es una superficie cuatro veces mayor que el territorio que ocupa Suiza.

"Han pasado 1.000 días de destrucción generalizada desde que la Federación Rusa lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, en una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. 1.000 días de muerte generalizada, destrucción y desesperación que continúan sin cesar para millones de ucranianos. 1.000 días después, esta guerra continúa sin cesar", ha declarado.

En este sentido, ha denunciado que "las batallas mortales se extienden cada vez más" en el este y sur de Ucrania, mientras que ciudades, pueblos y aldeas "enteras han quedado reducidas a escombros" con localidades como Bajmut que han "sido prácticamente borradas del mapa. Desde febrero de 2022, más de 12.100 civiles han muerto, incluidos 600 niños, mientras que 26.800 han resultado heridas. "Es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor", ha advertido.

Asimismo, ha señalado que en los últimos meses "se ha producido un aumento significativo de las víctimas civiles", puesto que en octubre y noviembre se han producido "algunos de los ataques con misiles y drones más intensos y a gran escala de la guerra". De Hecho, durante el fin de semana Moscú lanzó "uno de sus mayores ataques combinados", con el lanzamiento de 120 misiles y 90 drones contra la infraestructura energética ucraniana.

Esta escalada se produce en un momento en el que Estados Unidos ha autorizado a Ucrania a utilizar armas de largo alcance estadounidenses para ataques dentro de Rusia. "Todas las partes deben garantizar la seguridad y protección de los civiles, independientemente de su ubicación", ha concluido.

Con todo, se ha referido a los ataques rusos contra buques civiles e infraestructuras portuarias, en particular en la ciudad costera de Odesa, que "están agravando una vez más la inseguridad alimentaria mundial", y ha hecho hincapié en que "la devastación selectiva de la infraestructura energética de Ucrania puede hacer que el próximo invierno sea el más duro desde el comienzo de la guerra".

En este contexto, ha advertido de que el riesgo de un accidente nuclear "sigue siendo muy real, ya que se siguen recibiendo informes sobre actividades militares cerca de la mayor planta nuclear de Europa, la de Zaporiyia, así como en otros lugares sensibles de la zona de conflicto". "Si se produjera un acontecimiento de esa naturaleza, sería catastrófico y nos estremecería a todos. Es imperativo que todas las partes actúen con responsabilidad para garantizar la seguridad nuclear", ha manifestado.

Por último, se ha referido al reciente despliegue de miles de tropas norcoreanas a la zona de conflicto y ha considerado que "su participación en los combates es alarmante", debido a que "esto añadiría leña al fuego, intensificando e internacionalizando aún más este conflicto explosivo".

"No cabe duda de que esta guerra en el corazón de Europa es un conflicto con implicaciones mundiales. Socava la estabilidad regional y profundiza las divisiones geopolíticas. Debe terminar. Para revertir el peligroso rumbo actual se necesitarán esfuerzos diplomáticos concertados y voluntad política. Ya es hora de lograr una paz justa", ha concluido.

El urbex, de urban exploring o exploración urbana, es una afición que consiste en visitar edificios y estructuras abandonados, generalmente alejados de núcleos urbanos. También se aplica a cualquier acceso clandestino a infraestructuras de difícil acceso, como las alcantarillas o, en este caso, una mina en desuso que ha hecho las veces de plató para varias producciones, como la próxima entrega de Misión Imposible o la nueva versión de los Cuatro Fantásticos, protagonizada por Pedro Pascal (Juego de Tronos, Gladiador 2), Joseph Quinn (Stranger Things, Gladiador 2), Vanessa Kirby (Misión Imposible: Sentencia mortal, Edén), y Ebon Moss-Bachrach (El Oso, Andor) que se estrenará en julio de 2025.

La mina de Middleton es una estructura subterránea espectacular, con 48 kilómetros de túneles repartidos en tres niveles. Aunque hoy en día ya no está en uso, servía como punto de extracción de plomo y de piedra caliza de alta calidad. Dos jóvenes, que solicitaron conservar su anonimato, accedieron a la mina, por explorarla, tras encontrar “la puerta abierta”: según uno de ellos, “la mina solía tener dos grandes bloques de cemento en la entrada, pero estaba haciendo senderismo y me di cuenta de que los habían quitado. Era increíble”.

Encontrarse un autobús de los años 60 en la oscuridad de una mina a 800 metros de profundidad

Según The Sun, aunque en un primer momento los túneles de la antigua mina les resultaron “aterradores”, los dos exploradores se pasaron unas cuatro horas explorando todo lo que les fue posible, y acabaron impresionados: tras 8 kilómetros de camino subterráneo, estaban “caminando con nuestras linternas y de repente nos topamos con un área ‘edificada’ y un autobús americano antiguo”, describían, contando también como “el equipo de luces estaba ahí en sus andamios con un plano que indicaba dónde querían que estuviese cada luz”.

“Fue muy extraño ver una cabina de ascensor en mitad de una carretera, y un escenario delante del autobús”. Aparentemente, también encontraron “todo tipo de maquinaria”, además de una autocaravana y una cabaña con un microondas y una tetera en su interior. Según los exploradores, dos personas que, supuestamente, trabajaron en el set de la película de Marvel, todo se dejó atrás cuando concluyeron las grabaciones.

“También había bastantes tuberías que habrían utilizado para mantener el aire limpio, ya que aquí abajo hay riesgo de (encontrar) gas radón” - un gas radiactivo, incoloro, inodoro e insípido de origen natural que puede provocar cáncer de pulmón y se produce por desintegración radiactiva natural del uranio presente en suelos y rocas. “Me encanta encontrar artefactos interesantes” comentaba uno de los jóvenes “pero nunca me he encontrado el plató de una película”, aunque, según cuenta, también le encantó, ya que “ver el plató fue impresionante, no era lo que esperábamos para nada. Creo que grabaron El Señor de los Anillos y Misión Imposible ahí”.

Seguramente, antes de identificar lo que estaban viendo, debió ser una experiencia muy excitante que daría pie a explicaciones imposibles, desde que se tratase de un acceso a alguna ciudad subterránea oculta o a una base secreta del gobierno, y es que solo hay que ponerse en su lugar: verse a 800 metros bajo tierra, rodeados de oscuridad y acompañados únicamente el uno del otro, de sus linternas, y del eco de sus pasos y, sin esperarlo, toparse con un autobús de los años 60. Para descolocar a cualquiera.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró que la Administración estadounidense enviará minas antipersona a Ucrania para fortalecer su defensa ante la invasión rusa. Según explicó durante su visita a Laos, esta decisión responde a un cambio en las tácticas militares de Rusia, que ahora prioriza avances a pie para luego desplegar vehículos, una estrategia distinta a la empleada al inicio de la invasión en febrero de 2022, informó la CNN.

En este contexto, Austin subrayó que las fuerzas ucranianas requieren herramientas que puedan “ayudar a ralentizar” los avances rusos. Este anuncio se produce en un momento político marcado por la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero.

Anticipándose a las críticas por el uso de este tipo de armamento, Austin defendió que las minas antipersona que enviará Estados Unidos cuentan con sistemas que permiten controlar su activación. Además, destacó que Ucrania tendrá la obligación de registrar las ubicaciones donde se coloquen, con el objetivo de facilitar su futura eliminación.

Un informe reciente de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, publicado este miércoles, reveló que en 2023 se registraron más de 5.700 víctimas por este tipo de armas, de las cuales un 84% eran civiles.

El envío de minas antipersona a Ucrania es una medida que podría generar controversia, ya que más de 160 países han firmado un tratado internacional que prohíbe el uso de estas armas. Este acuerdo, conocido como la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal (o Tratado de Ottawa), se basa en el argumento de que estas armas son indiscriminadas y pueden ocasionar daños prolongados a la población civil.

A pesar de la controversia, Kiev ha solicitado el suministro de minas antipersona desde el inicio de la invasión rusa, hace casi tres años. Según informes, las fuerzas del Kremlin han empleado extensivamente este tipo de armamento a lo largo de las líneas del frente, lo que ha representado un obstáculo significativo para el avance de las tropas ucranianas en su esfuerzo por recuperar territorio perdido.

Los recientes avances de las fuerzas rusas en el este de Ucrania, particularmente en la región de Donetsk, han llevado a la Casa Blanca a considerar nuevas estrategias para apoyar a Kiev, según funcionarios estadounidenses. El uso de las minas estaría restringido al territorio ucraniano y centrado en las zonas más afectadas por la ofensiva rusa.

En los últimos meses, las tropas del Kremlin han registrado el ritmo de avance más rápido desde 2022, apoyándose en ataques constantes de drones y pequeños equipos de asalto, lo que ha dificultado que las fuerzas ucranianas establezcan líneas defensivas sólidas. Este escenario ha intensificado la presión sobre el Gobierno estadounidense para ofrecer soluciones tácticas efectivas.

“Rusia está atacando las líneas ucranianas en el este con oleadas de tropas, sin importar las bajas que sufren”, dijo un funcionario estadounidense. “Por lo tanto, los ucranianos están sufriendo pérdidas, y más pueblos y ciudades están en riesgo de caer. Estas minas fueron diseñadas específicamente para combatir esto.”

“Cuando se usan junto con otras municiones que ya estamos proporcionando a Ucrania, la intención es que contribuyan a una defensa más efectiva”, agregó.

La victoria del presidente electo Donald Trump, quien ha prometido acelerar la resolución del conflicto, ha generado expectativas de un enfoque renovado hacia la guerra en Ucrania.

Esta realidad en el campo de batalla ha llevado a las autoridades ucranianas a insistir en la necesidad de estas armas, argumentando que podrían ser cruciales para contrarrestar las tácticas rusas y mejorar su capacidad de defensa frente a los movimientos enemigos.

A pesar de los avances rusos en el frente, Austin afirmó que el presidente Vladimir Putin no ha conseguido “ninguno de los objetivos estratégicos” planteados al iniciar la invasión hace mil días. Destacó además que Ucrania ha demostrado su capacidad de defensa si cuenta con “voluntad” y “recursos”. “Los agresores del mundo han aprendido que no es tan sencillo como parece y que todo tiene un coste”, advirtió Austin.

Un grupo criminal estaría detrás del robo de seis góndolas o contenedores cargados de oro y otros minerales que fueron extraídos de una mina a cielo abierto en el municipio de Mazapil, Zacatecas.

De acuerdo con el general Juan Manríquez Morena, coordinador de la Guardia Nacional, aseguró que tras recibir el reporte del hurto de la mina propiedad de la trasnacional Newmont, ubicada sobre la carretera Zacatecas-Saltillo, se recuperaron los tractocamiones.

El general aseguró que la recuperación de estas unidades pesadas se hizo con los operadores y los dos conductores que iban a bordo de dos vehículos compactos que eran la seguridad privada de las góndolas robadas.

“En un lapso más o menos de una hora a partir de que nos fue notificada la información de la sustracción del mineral es cuando se dio el dispositivo de un despliegue fuerte, pero no pudimos recuperar las góndolas, porque al parecer hubo otros tractocamiones que pudieron engancharlas y pudieron sustraerse del área”, dijo Manríquez Morena durante la conferencia de prensa de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

Cabe señalar que en la góndolas robadas tenían un peso mayor a las 200 toneladas y en las cuales también iban minerales como plata, zinc y cobre.

De acuerdo con autoridades federales, en Zacatecas se tiene identificado que el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo y células de Los Zetas operan en la entidad gobernada por el morenista David Monreal.

Pertenecen al CJNG los implicados en el asesinato del director de la Policía de Villanueva

Las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro individuos presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habrían participado en el asesinato del director de la Policía Municipal de Villanueva, Zacatecas. Según las autoridades, los detenidos admitieron su pertenencia a un grupo delictivo y su implicación en el ataque.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que las detenciones se llevaron a cabo el lunes 4 de octubre, cuando las autoridades lograron vincular a los capturados con el CJNG. Entre los detenidos se encuentran Nancy G., de 24 años, Alonso V. y Pablo Cano G., ambos de 18 años, todos originarios de Jalisco. Además, se arrestó a un menor de 17 años, oriundo de Villanueva, quien también estaría relacionado con el grupo criminal.

El ataque en Villanueva resultó en la muerte de un oficial de policía y la neutralización de un delincuente, identificado como el segundo al mando de los sicarios en la región. Las autoridades continúan con labores de inteligencia para localizar al líder de la plaza, con la intención de capturarlo o forzarlo a abandonar el área.

París, 23 oct (EFECOM).- La facturación de Michelin bajó un 3,4 % en los nueve primeros meses del año, hasta 20.200 millones de euros, afectada sobre todo por el descenso en el montaje en vehículos nuevos.

Las ventas para primer montaje en automóviles nuevos cayeron, solamente en el tercer trimestre del año, un 9 % en Europa y un 5 % en Norteamérica. En camiones, la caída fue aún más fuerte (-23 % en Europa y -14 % en Norteamérica), detalló la firma este miércoles en un comunicado.

"En primer montaje, los mercados, ya en baja, han continuado deteriorándose en el tercer trimestre", indicó Michelin.

En cambio, las ventas de neumáticos de 18 pulgadas o más para automóviles y camionetas tuvo "un crecimiento fuerte", mientras que la división de Minas también mejoró su posición.

Con estas cifras, Michelin prevé cerrar el año con un descenso global de ventas de entre el 4 % y el 6 %, con un beneficio operativo de unos 3.400 millones de euros (un 2,9 % menos que los 3.500 millones en 2023). EFECOM

Teniendo en cuenta que llegar al centro de la Tierra sería imposible sin convertirse en una masa humeante de ceniza (o menos), esta mina de oro situada en Sudáfrica es la mejor alternativa. Julio Verne no sabía esto, pero la mina de Mponeng, situada a unos 65 km al sudoeste de Johannesburgo, es la más profunda del mundo, ya que desde su entrada a su punto más hondo hay unos imponentes 3.891 metros, aunque sean “solo” 2.062 por debajo del nivel del mar. Ojo, no es el agujero de creación humana más profundo, ya que los rusos ostentan esta hazaña con su pozo superprofundo de Kola, de más de 12 kilómetros de profundidad, sino el punto más profundo al que un ser humano puede acceder, ya que, más abajo, las condiciones son letales.

Las condiciones en esta mina ya son extremas: para llegar a sus profundidades, el equivalente en distancia a 13 torres Eiffel apiladas una encima de otra, los trabajadores toman un ascensor que tarda 90 minutos en alcanzar el final. Ahí, en lo más hondo, la piedra alcanza los 60º C. Ya que la mayor temperatura ambiente que puede soportar el ser humano antes de empezar a sufrir las consecuencias se sitúa alrededor de los 50º Celsius, la mina cuenta con “sistemas de ventilación avanzados y una planta de refrigeración” para “mantener condiciones de trabajo viables enviando aire fresco, hielo y agua fría a los túneles artificiales “, según aporta Energía África. Además, los trabajadores están equipados con ropa protectora y aparatos de respiración de emergencia.

Una mina que ha provocado 22 muertes hasta hoy

El calor no es el único peligro: a esas profundidades, el ser humano se encuentra expuesto al riesgo de sufrir barotrauma, un tipo de lesión a los tejidos del cuerpo provocada por cambios repentinos en la presión o una diferencia entre la presión del interior del cuerpo y el espacio a su alrededor, sea gaseoso o líquido. Además, aparte del peligro que suponen las condiciones físicas y ambientales de las profundidades de la mina, también ha demostrado su letalidad el movimiento de las placas tectónicas: en marzo de 2020, la mina tuvo que detener su producción debido a un terremoto que mató a tres mineros a unos 3,5 kilómetros de la superficie, según informa el medio británico NS Energy. El suceso más trágico, sin embargo, tuvo lugar en 1999, según recuerda el medio South Africa History Online. Los trabajadores perforaron accidentalmente un bolsillo de gas metano inflamable durante los esfuerzos de excavación, lo cual resultó en una explosión que provocó la muerte de 19 personas.

A pesar de su evidente peligrosidad, esta mina lleva operativa desde 1986, deteniendo su producción en ocasiones puntuales como el accidente antedicho o la pandemia del Covid-19, que provocó el cierre temporal de la excavación. Es, además de la mina más profunda del mundo y de las minas de oro más grandes, la segunda más productiva de Sudáfrica y la cuarta en el mundo entero, con una producción anual de 18,5 toneladas de oro.

En la industria minera, sin embargo, no todo son beneficios, ya que, aparte de extraerse tanto oro, también supone un foco de emisiones nocivas para el medioambiente que, además, fue señalado por Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos, como una causa de grandes daños medioambientales.

Una de las zonas en disputa por control de rutas de narcotráfico es el Cañón del Micay, ubicado en Cauca. una de las más disputadas por las estructuras criminales de Iván Mordisco, Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia que, a través de la minería ilegal y la extracción de oro, podrían estar generando $4.000 millones de ganancias mensuales.

En este caso, tres puentes que comunican con comunidades a lo largo del Cañón están cargados con explosivos, lo que representa un riesgo significativo para la población civil.

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La inteligencia militar ha identificado que estos puentes son cruciales para el tránsito de las comunidades locales. El primer puente se encuentra entre los municipios de El Plateado y Aguaclarita, cerca del corregimiento de La Hacienda. El segundo puente es una de las doce entradas al casco urbano de Aguaclarita, mientras que el tercero conecta el sur con el norte del Cauca, cerca del corregimiento de Honduras.

La situación ha llevado a las Fuerzas Militares a intensificar sus operaciones, ya que la presencia de explosivos en los puentes no solo viola los derechos humanos, sino que pone en peligro las únicas vías de acceso para muchas comunidades del Cañón del Micay.

La zona, que abarca nueve municipios a lo largo del Cañón, es disputada por tres estructuras de las disidencias de las Farc, quienes buscan controlar las rutas del narcotráfico. Esta lucha por el control territorial ha incrementado la inseguridad y la violencia en la región, afectando gravemente a la población civil que depende de estos puentes para su movilidad.

Las acciones de las disidencias, como las del grupo Carlos Patiño, han sido condenadas por las autoridades, quienes han reforzado su presencia militar para contrarrestar la amenaza y garantizar la seguridad de los habitantes. La situación en el Cañón del Micay refleja la complejidad del conflicto armado en Colombia, donde las comunidades locales a menudo quedan atrapadas en medio de enfrentamientos entre grupos ilegales y las fuerzas del Estado.

El deseo del control y dominio

Cabe recordar, que recientemente las Fuerzas Militares tuvieron confrontaciones armadas contra las estructuras de Iván Mordisco y disidentes de la Segunda Marquetalia de las Farc, debido a que los grupos criminales desean “tener el control y dominio total de rentas ilegales como la explotación ilícita de yacimientos mineros, la de los cultivos ilícitos y producción de droga y la de tener un corredor de movilidad con salida hacia el Océano Pacifico”, indicó la Fuerza Pública.

Los disidentes de las Farc tendrían al menos, 15 retroexcavadoras, 10 dragones, ocho clasificadoras y por lo menos 30 motores para labores de explotación ilícita de yacimientos mineros sobre el rio Micay.

“Otro grave problema que está derivando esta acción, es que del agua del río Micay se surten acueductos de poblaciones como El Plateado, San Juan de Mechengue, y Honduras, lo que estaría afectando la salud, a largo plazo, de por lo menos 15.000 personas”, confirmaron las autoridades en su momento.

Y la situación se agrava con la presencia de artefactos explosivos instalados por las disidencias en caminos veredales, lo que ha llevado a muchos campesinos a optar por quedarse en sus hogares y continuar con sus labores cotidianas, evitando así el riesgo de desplazarse por áreas peligrosas.

Además, hay que resaltar que en el contexto actual que vive el país entre diálogos de paz y acuerdos del cese al fuego, el Ejército no podría combatir a las disidencias de las Farc porque antes de realizar todo tipo de acción, deberán esperar órdenes judiciales y así proceder a movimientos que den fin a la explotación minera y control armado ilegal en esa región.

En inicio a su administración por la República de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer su plan de gobierno por el sexenio 2024-2030: ‘100 pasos para la Transformación’, el cual resume sus iniciativas y proyectos destinados para algunos sectores de producción y construcción en el país. No obstante, entre uno de sus puntos incluyó cuestiones importantes para el aspecto de minería.

Cabe aclarar que, la titular del Ejecutivo ha reiterado en repetidas ocasiones que se encuentra en contra de otorgar más concesiones a la minería de cielo abierto, puesto que, en su gobierno se buscará priorizar la innovación tecnológica y las exigencias ambientales, lo cual implica una nueva transformación a la industria minera en México.

¿Cuáles son los proyectos extranjeros para la minería en México?

Con la entrada del nuevo gobierno, México estima una inversión de mil 174.5 millones de dólares en proyectos de la materia, así como la producción de cuatro nuevas minas de oro (con 306 mil 400 onzas anuales) y tres de plata (10.6 millones de onzas) en los próximos seis meses. Sin embargo, esto se encuentra en tema de discusión debido a las nuevas reformas y cambios que podrían implementarse por el gobierno de Sheinbaum Pardo.

En el país, se tienen contemplado que las siguientes operaciones en minas, para la extracción de los minerales ya mencionados, den inicio durante la administración de la presidenta de México, es decir durante los primeros meses del 2025.

• El proyecto ‘Media Luna’ en Guerrero: Tal iniciativa funge como la más grande por la extracción de oro, la cual se encuentra bajo la dirección de la minera canadiense ‘Torex Gold Resources’, esto con una producción de alrededor de 170 mil onzas de oro anuales.
• El proyecto de las empresas canadienses Minera Álamos, Endeavour Silver y Luca Mining: Estas empresas abarcarán la producción de los tres proyectos restantes, pues se espera una aportación de 136 mil 400 onzas de oro, que permita aumentar la producción anual en el país.
• El proyecto ‘Los Ricos Sur’ en Jalisco: Bajo el cargo de la empresa GoGold Silver Gold, se busca arrancar esta iniciativa en minas de plata antes del primer trimestre del 2025, en el cual se esperan obtener 4.8 millones de onzas anuales.
• Al anterior proyecto, se sumarán los de Endeavour Silver y otro en Sinaloa de ‘GoGold Silver Gold, que arrancarán en los últimos meses de 2024 y que en conjunto se espera que produzcan 5.8 millones de toneladas de onzas.

Como parte de la opinión de un especialista, el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Raúl García Reimbert, aludió que dichos proyectos podrían significar un avance significativo en la producción minera del país. Sin embargo, debido a los anunciados proyectos de Sheinbaum Pardo, esto tendría un posible impacto negativo en la industria.

No obstante, la presidenta de la República no ha externado su oposición total al aspecto minero, pues ha declarado que se encuentra a favor del ‘Plan Sonora’ impulsado por Andrés Manuel López Obrador, el cual propone el aprovechamiento de los recursos minerales estratégicos de México, como el litio y el cobre, esenciales para la producción de semiconductores y el desarrollo de energías renovables, el cual será respaldado por Sheinbaum Pardo, así lo declaró en su discurso inaugural.

Pese a que la reforma para prohibir la minería a cielo abierto aún no se encuentra en ejecución, se pronostica que para el 2025 esta pueda retomarse con el discurso dirigido a la apertura de las minerías en oro y plata, además de interponer una apelación por la suspensión de la minería a cielo abierto, que si se coloca como certera, acabaría con más de 400 mil empleos directos y más de 2.5 millones de indirectos, afectando así la economía de las comunidades mineras y la industria.

Islamabad, 11 oct (EFE).- Al menos veinte personas murieron y siete resultaron heridas este viernes en un ataque cometido por un grupo de hombres armados contra una mina en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, informó la Policía.

"Un grupo de hombres armados atacó las minas de Junaid Coal Company en la zona de Dukki, a última hora de la noche con armas pesadas y también lanzó cohetes y granadas de mano", dijo a EFE el oficial de la comisaría de policía de Dukki, Humayun Khan.

"Como resultado, 20 mineros murieron y otros siete resultaron heridos. Los mineros eran en su mayoría de Baluchistán y algunos también eran afganos", agregó la fuente.EFE

Uagadugú, 5 oct (EFE).- El líder de la junta militar que gobierna Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, anunció este sábado la próxima nacionalización de las minas, pues abogó por que el país africano explote sus recursos naturales en lugar de confiárselos a multinacionales.

En una larga intervención en la radio nacional en la que respondió a las preguntas de los oyentes, Traoré adelantó que las minas que se nacionalizarán se retirarán a empresas predominantemente occidentales.

"Hay licencias mineras que se habían concedido a potencias que se niegan rotundamente a apoyarnos (en la lucha contra el terrorismo). Hoy ya se han retirado un buen número de licencias. Seguiremos retirándolas", advirtió el presidente de transición burkinés.

También explicó que todas las minas de oro están en su agenda: según él, se trata de hacerse con el control de la economía nacional utilizando los conocimientos locales.

"Sabemos extraer oro, así que no sé por qué tenemos que dejar que las multinacionales vengan a extraerlo. Es en este sentido que digo que hay permisos que estamos en proceso de retirar. Lo vamos a hacer", continuó el capitán, que participó en el programa radiofónico con motivo del segundo aniversario de su llegada al poder mediante un golpe de Estado el 30 de septiembre de 2022.

Desde que Traoré es presidente, las nuevas autoridades burkinesas han adoptado una política soberanista respecto a la minería.

A finales de agosto de este año, el Estado ya nacionalizó dos minas: Boungou (este), explotada por la británica Endeavour Mining, y Wahgnion (suroeste), por la estadounidense-burkinesa Lilium Mining.

En ese momento, el gobierno burkinés recompró los dos yacimientos y firmó tres acuerdos con Endeavour por unos 90 millones de dólares (unos 82 millones de euros), incluidos pagos y cánones sobre 400.000 onzas (más de 11 toneladas) de producción de oro.

"Quiero asegurar a todos los trabajadores de Boungou y Wahgnion que el Estado seguirá trabajando con ellos y garantizará la continuidad de las operaciones", declaró el ministro de Economía y Finanzas, Aboubakar Nacanabo, tras la firma de los acuerdos.

Anteriormente, el 15 de febrero de 2023, la junta militar requisó a Endeavour y la rusa Nordgold 200 y 300 kilos de oro respectivamente por "necesidad pública" y por el "contexto excepcional" de participación en el esfuerzo bélico tras el golpe de Estado.

En su afán por controlar los recursos naturales del país, el pasado enero Traoré puso en marcha la primera planta de tratamiento de residuos mineros de Burkina Faso, que tiene como objetivo que estos dejen de exportarse y procesarse fuera del país.

"La puesta en marcha de la planta es una revolución (...). No teníamos ningún control sobre el tratamiento de los residuos mineros, que se exportaban para ser tratados fuera de Burkina Faso", declaró entonces Traoré.

Burkina Faso es el quinto mayor productor de oro de África y el preciado metal es una de sus principales exportaciones.

El país está gobernado por la junta militar dirigida por Traoré desde el golpe de Estado encabezado por el capitán y se enfrenta a amenazas como los incesantes ataques de grupos yihadistas ligados a Al Qaeda y al Estado Islámico. EFE

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía radicaron en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Presupuesto de Regalías 2025-2026. La iniciativa alcanza un monto de $30,9 billones, equivalentes a 1,7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el proyecto, el 82,5% de los ingresos corresponde a ingresos corrientes ($25,5 billones) y el 17,5% restante a otros ingresos, la gran mayoría proveniente de rendimientos financieros ($5,2 billones). Este proyecto permitirá aumentar el gasto social en las regiones.

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La iniciativa continúa para el estudio y posterior votación de las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara.

Los recursos que se incorporan en este presupuesto son esenciales para: fortalecer la descentralización, la autonomía y el desarrollo territorial, impulsar la reactivación económica, apoyar la transformación de la economía en el marco de la transición energética justa y una producción ambientalmente sostenible, contribuir al cierre de brechas regionales y favorecer el cumplimiento de las metas propuestas en los planes de desarrollo de las entidades territoriales.

Descentralización de los dineros del Estado

Es así como dando cumplimiento al artículo 361 de la Constitución Política, esta iniciativa favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por $29 billones, de los cuales:

• $6,4 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.
• $8,8 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos.
• $2 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $511.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
• $5,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios que hagan parte del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

• $2,8 billones se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
• $255.000 millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, propósito que será fortalecido por la inversión de $432.000 millones, que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas
• $592.000 millones serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.
• Cormagdalena recibirá $128.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.

Qué pasará con el ahorro

Es de destacar que, para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,1 billones. Asimismo, $255 mil millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.

También se destinarán $511.000 millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.

Producción de hidrocarburos

La producción de hidrocarburos seguirá siendo la principal fuente de generación de regalías del país. En el próximo bienio, en promedio, 68% de los ingresos corrientes del SGR serán generados por el sector hidrocarburos y el 32% restante por el sector minero.

Este presupuesto da estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales que rigen la materia; los cuales están contenidos en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, la Ley 2056 de 2020 y el Decreto Único reglamentario del SGR (1821 de 2020).

La tarde del jueves 29 de agosto, una comandante de la Guardia Civil, en el estado de Michoacán, resulto herido junto a tres de sus escoltas, luego de que explotó una mina terrestre de fabricación casera, mientras se encontraban patrullando en la región de Tierra Caliente, zona que se encuentra en disputa por cuatro cárteles del narcotráfico.

Los agentes se encontraban a bordo de una patrulla, en una zona agreste de terracería, en el poblado de Punta de Agua, en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, cuando el vehículo accionó el explosivo que se estaba oculto entre la tierra y las ramas.

El comandante de la Guardia Civil, Ángel Ríos Hernández resultó herido, junto con tres elementos identificados como Marco Antonio Gutiérrez Jiménez, Edgar Rodríguez Alvarado y Blanca Estela Ayala León, quienes tuvieron que ser trasladados en tres helicópteros del Gobierno de Michoacán al Hospital Regional de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la capital del estado.

La mañana de ese mismo día se habían presentado una serie de enfrentamientos entre integrantes de los cuatro cárteles que se disputan la zona, dentro de los municipios colindantes de Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec, por lo que los elementos de la Guardia Civil formaban parte de un operativo.

Las disputas en la zona se han presentado por el control de la producción y control de la producción y tráfico de drogas, además de actividades como extorsión a productores de limón, agricultores, comerciantes y transportistas.

El día previo a la explosión, las autoridades del estado descubrieron una fábrica clandestina de explosivos que era operada por el Cártel de los Viagras, una organización criminal que surgió como grupos de autodefensa. Esta fue encontrada en lo que parecía ser una vivienda, dentro del poblado Eréndira, del municipio de Buenavista Tomatlán.

El domingo por la madrugada, la Policía boliviana rescató el cuerpo de tres jóvenes que fueron encontrados en una mina abandonada en la comunidad de las Ánimas del municipio potosino de Atocha.

Las víctimas fueron identificadas como José Armando Calla, de 16 años; Joel Rodrigo Calla, de 17 años y Christian Choque, de 18. Los jóvenes habían salido de sus viviendas el 11 de agosto y luego de tres días sin noticias suyas fueron reportados como desaparecidos el 14 del mismo mes. Desde entonces, amigos y familiares iniciaron tareas de búsqueda por la zona.

La madrugada del domingo 18 de agosto, los cuerpos de los tres jóvenes fueron encontrados en el interior de una mina abandonada, parte de la concesión de Santa Rosa. Los pobladores inmediatamente alertaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para realizar el levantamiento de los cuerpos.

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó en conferencia de prensa que según las investigaciones los jóvenes intentaron realizar actividades mineras en un yacimiento abandonado. Luego habrían consumido bebidas alcohólicas dentro de la mina, se quedaron dormidos e inhalaron los gases tóxicos que se desprenden de la mina, lo que les ocasionó la muerte.

Los cuerpos fueron velados en una unidad educativa de Atocha y luego trasladados al cementerio general.

Este caso pone de manifiesto el peligro que representan las minas abandonadas en la región. Las autoridades han advertido los riesgos de ingresar a estos lugares sin protección ni conocimiento de las condiciones internas.

Un reporte publicado en julio daba cuenta de 82 fallecimientos dentro de minas en lo que va el año, por lo que con estos tres casos recientes, la cifra habría subido a 85.

Menores dentro de las minas

Las condiciones de inseguridad a las que se someten jóvenes y adolescentes que trabajan dentro de las minas de Potosí es un tema que preocupa a las autoridades.

Antes del fallecimiento de los tres jóvenes encontrados el pasado domingo, otros cuatro habían perdido la vida entre enero y julio de este año. El primer caso de muerte de un menor se reportó a mediados de febrero. Se trataba de un adolescente de 17 años que sufrió una caída de unos 20 metros, tras resbalar en la mina Pailaviri de la Cooperativa Unificada, a donde había ido a trabajar con su familia.

El segundo caso del cual se tuvo conocimiento es el de la muerte de un menor de 15 años tras caer en un rajo mientras estaba trabajando en la mina Vilasirca. El tercero fue el de un adolescente de 16 años que cayó 30 metros al interior de la mina Calamarca, Sumaj Orcko.

El cuarto caso reportado hasta mediados de año, fue el de un menor de 13 años en las proximidades del Cerro Rico de Potosí.

Según una publicación del periódico El Potosí, los socios cooperativistas mineros reportan que existe una alta inestabilidad de la estructura rocosa del Cerro Rico y que presenta un severo debilitamiento. “Hay versiones en sentido de que los cooperativistas vaciaron los ‘taqueos0 o rellenos de las fisuras de la época colonial y están sacando la carga que pueden sin tomar en cuenta la necesidad de mantener los pilares de soporte de las estructuras”, reporta el diario potosino.

El 17 de julio de 2024, soldados del Ejército en el municipio de Puerto León, cerca a Cúcuta, Norte de Santander, encontraron un artefacto explosivo acompañado de varias banderas del ELN. Los hechos ocurrieron en una vía que conduce a un colegio de la zona, cuando la comunidad alertó a las autoridades la presencia de este peligroso artefacto que tenía escrito “campo mina”.

“Los militares, atendieron el llamado de los habitantes del corregimiento, quienes habían denunciado la posible presencia de un artefacto explosivo con mensajes alusivos a campo minado y una bandera del ELN, esto impedía el paso de docentes y estudiantes a la sede de una institución educativa, poniendo en riesgo la vida de niños, adolescentes y adultos de la región”, dijo el coronel Juan Camilo Mazo, comandante del grupo de caballería mecanizado No 5 del Ejército.

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El explosivo impedía el paso de las personas que se dirigían al Instituto Técnico Rafael García Herreros, pues ponía en riesgo la vida de los estudiantes que pasan por la zona en su día a día.”Desplegando todas las capacidades y luego de asegurar la zona, el artefacto fue neutralizado de manera controlada en el lugar, sin generar ningún tipo de afectación”, añadió Mazo.

Luego de que las autoridades lograran destruir el artefacto, se hizo verificación en la zona y se reactivó la libre movilidad por el sector. “Con esta neutralización, le damos seguridad a toda la comunidad, especialmente a los niños que usaban esta vía para llegar a su colegio”, aseguró.

Este hecho causa preocupación en el departamento, pues en los últimos 15 días se han registrado alrededor de 12 intentos de atentado por parte del ELN, acciones que generan pánico en los habitantes. El Ejército y la Policía se han visto obligados a cerrar las vías por posibles acciones terroristas en Cúcuta, El Zulia, Ocaña y Puerto Santander.

Por otro lado, los uniformados señalaron que emitieron una alerta debido a que el ELN ha amenazado a los mineros de la región, que han sido forzados a dejar sus tierras como consecuencia de estas intimidaciones. Según la Federación Nacional de Productores de Carbón, este grupo armado controla la salida del mineral.

En lo corrido del año en este departamento, el Ejército Nacional ha logrado destruir más de 50 artefactos explosivos. Los traficantes de armas y de explosivos utilizan el bajo caudal del río Táchira para lograr ingresar al territorio colombiano de forma ilegal y así vender sus productos a las bandas delincuenciales de la región.

“Nosotros tenemos obviamente un crimen de delincuencia común organizada en esta zona, una delincuencia transnacional. Tenemos una frontera muy permeada que es de muy difícil control por lo extensa que es y esto facilita que se dé un flujo de armas” afirmó el coronel William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El uniformado resaltó que es ahí “donde nosotros debemos seguir trabajando, apoyados en la tecnología y la presencia de la policía. Hacer uso de implementos tecnológicos como son las cámaras, los drones, para poder seguir cuidando esa frontera e impedir que nos sigan ingresando armas a esta ciudad”.

Quintero agregó que las autoridades deben continuar su labor en el territorio y “seguir atacando esas estructuras que se suplen con el tráfico de armas”. Por otro lado, mencionó el eficaz operativo que se realizó en los últimos días para lograr la incautación de armas que pretendían ser vendidas al Tren de Aragua. “Hay delincuencia también que se dedica a eso, a vender armas para las estructuras delincuenciales”.

Las autoridades siguen trabajando para dar con la captura de los responsables de este comercio ilegal que tiene afectada a la población en el departamento.

La empresa Prodeco, propietaria de la mina de carbón Calenturitas situada en el departamento del Cesar, enfrenta una multa que supera los $1.739 millones debido a incumplimientos de parámetros ambientales en sus zonas mineras.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) reveló que la empresa no implementó las barreras vivas o físicas necesarias alrededor de áreas cruciales como los botaderos de estériles y los patios de acopio de carbón, afectando especialmente a las poblaciones de Boquerón y Plan Bonito.

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Según la Anla, estas barreras tenían como objetivo mitigar los impactos ambientales negativos, especialmente en términos de emisiones atmosféricas en los centros de acopio. La falta de estas medidas generó preocupación entre las comunidades locales y las autoridades ambientales. “Se evidenció que Prodeco no cumplió con los parámetros establecidos por la autoridad ambiental para el establecimiento de estas barreras”, puntualizó la Anla.

Además, se determinó que la empresa no había reactivado la operación de la estación de monitoreo de PM10 ubicada en la parcelación El Prado según los términos y condiciones establecidos por la autoridad ambiental. La Anla había estipulado un plazo de tres meses para reactivar la operación de dicha estación, una obligación que no se cumplió hasta el 2015, cuando finalmente la estación de monitoreo comenzó nuevamente a funcionar.

“La sanción impuesta a Prodeco pretende asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones ambientales”, señaló la Anla en un comunicado, enfatizando la necesidad de un cumplimiento riguroso de las medidas ambientales para la protección de las comunidades y el entorno natural.

Según la autoridad, la multa también busca reforzar la importancia de las obligaciones ambientales vinculadas a las licencias otorgadas y el funcionamiento sostenible de los proyectos mineros, marcando un precedente para otras empresas del sector.

Otras decisiones de la Anla

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio luz verde a la modificación de la licencia ambiental para el proyecto Avenida Longitudinal de Occidente tramo sur, lo que marcó un hito para la infraestructura vial de Bogotá y sus alrededores.

Este ambicioso proyecto contempla la construcción de una nueva calzada de dos carriles que correrá en paralelo al corredor vial existente, con el objetivo primordial de aliviar de manera significativa el tráfico en las vías de acceso a la capital colombiana, una medida esperada y necesitada por los residentes y viajeros que enfrentan a diario severos congestionamientos.

El proyecto fue concebido como una solución vial integral para reducir el represamiento vehicular en las principales vías de acceso al suroccidente de Bogotá, con un enfoque particular en la Autopista Sur, una de las arterias más congestionadas y transitadas de la región.

La construcción del sector sur de la perimetral de la Sabana, específicamente en el tramo comprendido entre la intersección de la Autopista del Sur y el río Bogotá, conocido formalmente como Avenida Longitudinal de Occidente tramo sur - ALO SUR, abarcará áreas estratégicas de los municipios de Soacha, Mosquera y Sibaté en Cundinamarca, además de ciertas zonas de Bogotá. Este proyecto no solo mejorará la movilidad sino que también impulsará el desarrollo económico y social en estas áreas.

Luis Enrique Orduz, director general encargado de la Anla, enfatizó la importancia de cumplir con los rigurosos estándares ambientales para la aprobación de proyectos de esta magnitud. “Esta es una muestra de que cuando los estudios de impacto ambiental son presentados con los estándares requeridos por esta autoridad, los proyectos son viabilizados ambientalmente. Esa es la labor de la Anla, garantizar el desarrollo sostenible con el mínimo de impactos ambientales”.

Para asegurar una evaluación exhaustiva y detallada del proyecto, la Anla conformó un equipo multidisciplinario que incluye ingenieros ambientales, forestales, civiles, geólogos, y profesionales sociales, además de especialistas en recursos hídricos.

El equipo de evaluación de la Anla se encargó de revisar todos los aspectos técnicos y ambientales del proyecto, asegurando que se minimicen los impactos negativos sobre el entorno natural y las comunidades locales. Este proceso de evaluación integral considera factores como la biodiversidad, la calidad del aire y el agua, el ruido, y el bienestar de las comunidades afectadas, garantizando que el proyecto se lleve a cabo de manera responsable y sostenible.

Las Fuerzas Militares interceptaron un depósito ilegal con 65 minas antipersonal listas para su instalación en la vereda Nacerá, ubicada en la zona rural del municipio de Barbacoas, departamento de Nariño. Los hechos tuvieron lugar en un operativo destinado a desmantelar actividades terroristas en la región.

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Según información proporcionada por las autoridades, los explosivos eran parte de un plan de la alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN para reforzar sus capacidades en Nariño. Se informó que el objetivo de estos grupos era sembrar los dispositivos en la maleza cercana al río Telembí, un área frecuentemente transitada por los pobladores locales y utilizada para la pesca.

En la operación, las tropas localizaron el depósito escondido entre la vegetación, donde los explosivos estaban cuidadosamente almacenados en bolsas plásticas. Este método de almacenaje estaba diseñado para evitar que los dispositivos fueran detectados por los habitantes de la región y los equipos militares desplegados en el área.

“Las minas antipersonal pertenecían a la estructura ‘Ariel Aldana’ de la Segunda Marquetalia”, destacaron las autoridades, subrayando la seriedad de la amenaza y la coordinación criminal en esa zona del país. La operación no solo reveló la presencia de los explosivos, sino también las intenciones de su uso.

Después de la localización del depósito, los técnicos antiexplosivos de las Fuerzas Militares procedieron a su destrucción controlada. Siguiendo estrictos protocolos de seguridad, lograron neutralizar los artefactos sin daño colateral, garantizando así la seguridad en la zona circundante.

“Nuestro objetivo es desmantelar cualquier intento de estos grupos criminales de sembrar terror entre la población civil”, declararon voceros de las Fuerzas Militares. Este descubrimiento se suma a una serie de operaciones recientes destinadas a minimizar las amenazas que estos grupos representan en diversas regiones del país.

La situación de Nariño

El Departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, enfrenta una situación de seguridad y violencia alarmante. La región sigue siendo uno de los puntos críticos del conflicto armado interno. Su posición estratégica la convierte en un objetivo principal para múltiples grupos armados ilegales como disidentes de las Farc y el Eln.

Desde el segundo trimestre del 2023, se ha registrado una disminución en los asesinatos de líderes sociales en la región. Sin embargo, no deja de ser preocupante que municipios como Tumaco y Barbacoas sigan concentrando la mayoría de estos homicidios. Tumaco, en particular, es significativo en el tráfico de drogas y reporta elevados índices de asesinatos, lo que agrava aún más la situación.

Las comunidades de Nariño padecen graves afectaciones por el narcotráfico, el desplazamiento forzado y la violencia basada en género. La población civil está constantemente atrapada entre la confrontación de diversos grupos armados. Actualmente, se reporta la presencia de al menos diez grupos armados activos, entre ellos el Clan del Golfo, E-30 Franco Benavides, Cuyes, y Guerrillas Unidas del Pacífico.

En un esfuerzo por reducir la violencia, se ha iniciado un proceso de desescalamiento del conflicto con el Frente Comuneros del Sur del ELN. Las negociaciones involucran tanto a representantes del Gobierno Nacional como a las comunidades afectadas.

Las autoridades han intensificado los operativos en la región para enfrentar el accionar delictivo de estos grupos. En este sentido, se han llevado a cabo capturas y otras acciones específicas destinadas a desarticular las estructuras criminales. Además, parte del enfoque gubernamental es empoderar a las comunidades locales y fomentar la transformación del territorio hacia la paz.

El impacto de los delitos y la violencia en Nariño tiene numerosas facetas. Por ejemplo, el narcotráfico no solo contribuye al elevado índice de asesinatos, también es una causa directa de desplazamientos forzados de la población, generando una crisis humanitaria palpable. La presencia de cultivos ilícitos en la región es un factor decisivo en estos procesos de violencia y desplazamiento.

Con respecto a la disminución en los asesinatos de líderes sociales, las cifras indican una leve mejoría, destacando que las acciones de los organismos de seguridad pueden estar empezando a rendir frutos. No obstante, Tumaco sigue siendo un punto crítico y necesita una atención sostenida para prevenir nuevos actos de violencia.

Berlín, 13 jun (EFE).- El gobierno federal de Alemania destina 100.000 millones de euros, a través de un programa de emergencia, para la recuperación de municiones de la Segunda Guerra Mundial en el Mar Báltico y el Mar del Norte, anunció este jueves el Ministerio Federal de Medio Ambiente.

Las pruebas piloto de recuperación, que se inician en julio y terminan en septiembre, tendrán lugar en la bahía de Lübeck y en la bahía de Mecklemburgo y tienen por objetivo proporcionar información importante sobre los tipos y las condiciones de las municiones de guerra que yacen en el mar, además de adquirir información para la eliminación industrial prevista.

"Somos el primer Estado del mundo que aborda activamente esta tarea generacional y ahora estamos empezando en el Mar Báltico", señaló Sebastian Unger, Comisario del Gobierno Federal para la Protección Marina.

Según expertos, hasta 1,6 millones de toneladas de municiones convencionales como bombas, minas, granadas y torpedos se encuentran en las profundidades del mar, además de 5.000 toneladas de agentes químicos de guerra arrojados por los aliados, que confiscaron la mayoría de las municiones de los arsenales alemanes después de la guerra.

Desde entonces, las municiones se han estado pudriendo en el fondo del Mar del Norte y el Mar Báltico y liberando toxinas.

En la bahía de Lübeck se utilizarán vehículos submarinos controlados a distancia y herramientas de agarre especializadas. De esta forma, las municiones se recuperarán del lecho marino de manera segura y respetuosa con el medioambiente, apuntó el ministerio.

A finales de 2026 se construirá una plataforma flotante que se utilizará para cribar, recuperar y eliminar la munición vieja. Esta munición se eliminará en una planta incineradora de Munster.

Samaniego, un municipio ubicado en las montañas del departamento de Nariño, fue marcado por recuerdos dolorosos debido a la instalación de minas antipersona y otros artefactos explosivos colocados por grupos armados entre 2005 y 2008. Este conflicto, que cobró la vida y dejó heridas permanentes en 164 habitantes, ahora hace del desminado humanitario una prioridad en la región.

En el contexto de los diálogos regionales de paz que se llevan a cabo en Nariño, el Gobierno centró sus esfuerzos en abordar este problema, buscando una conversación directa con el Frente Comuneros del Sur. Este grupo, que formaba parte de la guerrilla del ELN desde 1992, anunció su separación en mayo de 2024. Los diálogos con el Frente Comuneros del Sur se llevan a cabo en Samaniego y, a pesar de la tensión generada en la mesa de negociaciones, existen avances, como la firma del primer punto de la agenda sobre participación.

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Estas conversaciones, sin embargo, provocaron que la comandancia del ELN declarara una crisis en febrero en la mesa de negociaciones de paz. La delegación de la guerrilla reiteró recientemente que las negociaciones están congeladas. Aun así, las actividades del Gobierno local y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) continúan con el objetivo de atender las secuelas del conflicto.

El miércoles 12 de junio, se celebró en Samaniego el foro ‘Desminado humanitario y pedagogía para la paz’. Según Geovanny Melo, secretario de Gobierno del municipio, el evento tuvo como objetivo sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del desminado humanitario y proporcionar información clave sobre este proceso, incluyendo la Educación en el Riesgo de Minas (ERM).

El foro contó con la presencia de Nathalie Ochoa, coordinadora del Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Aicma) de la Oacp, así como con funcionarios de la Alcaldía, la Gobernación, líderes sociales y sobrevivientes de explosivos.

“En el pasado hubo en Samaniego algunas experiencias de desminado, pero no salieron como se esperaba. Fueron ejercicios incompletos que no se materializaron, y por eso queremos abrir estas jornadas de pedagogía y resolver las preguntas de la población, que entre otras cosas quiere saber cuál será su participación en las acciones de desminado humanitario”, explicó el secretario Melo.

Cabe destacar que el foro se relaciona con los diálogos sostenidos con el Frente Comuneros del Sur, ya que uno de los primeros compromisos de este grupo es contribuir al desminado humanitario. Sin embargo, no se contó con la participación de ningún miembro o vocero del grupo armado en el evento.

Otro importante propósito del foro es combatir la desinformación en torno al desminado humanitario. Este esfuerzo resulta crucial, ya que algunas críticas al proceso surgieron recientemente, incluso desde miembros del ELN, y las experiencias incompletas del pasado generaron escepticismo en la comunidad.

Más acciones para el desminado

Durante un acto protocolario, el embajador de Japón en Colombia, Takasugi Masahiro, entregó tres radares de penetración terrestre al coronel Carlos Tarazona Ocación, comandante de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, y a Yair Alexander Valderrama Parra, director Administrativo y Financiero de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Estos radares serán empleados en operaciones de desminado humanitario en los departamentos de Caldas, Santander, Tolima, Caquetá, Meta, Huila y Putumayo.

“Se espera usar los tres radares de penetración terrestre para operaciones en los departamentos de Caldas, Santander, Tolima, Caquetá, Meta, Huila y Putumayo”, afirmó el embajador Masahiro durante la ceremonia.

La entrega de estos equipos de alta tecnología forma parte del continuo apoyo del Gobierno japonés a las labores de desminado en Colombia. En 2022, Japón ya había donado dos camiones para talleres móviles, un tracto camión y una camabaja a los ingenieros militares colombianos.

El gobierno de la República Centroafricana suspendió en el país las operaciones de una empresa minera china, al acusarla de cooperar con milicias armadas, según un decreto gubernamental.

El ministro de minas del país acusó a Daqing SARL, una empresa que mina oro y diamantes, de “inteligencia con grupos armados, explotación ilegal, introducción ilegal de sujetos extranjeros a zonas mineras, impago de impuesto y falta de informes de actividad” en el decreto, que fue difundido el sábado.

“Los socios chinos no respetaron sus términos de referencia, especialmente en términos de impacto ambiental. Es hora de detener esta hemorragia”, dijo en declaraciones a EFE este sábado Christian Olowi, inspector de minas y autor del informe sobre este empresa, que desarrollaba su actividad en la prefectura del Basse Kotto (sur).

La medida prevé también que el Estado se incaute de los equipos de la compañía suspendida, a la que EFE intentó contactar sin éxito.

Las autoridades centroafricanas impulsaron esta resolución una semana después de la adopción en el país de una nueva ley de minería que refuerza el régimen de sanciones contra las empresas concesionarias y que también regula las inversiones en un sector plagado de fraude y contrabando.

La implicación de los grupos armados en la minería en la RCA ha llevado al conocido como Proceso de Kimberley -un sistema de certificaciones diseñado para evitar que diamantes de sangre entren en el mercado- a imponer sanciones sobre el país.

Daqins SARL operaba en Mingala, un pueblo en el sur de la República Centroafricana que se ha visto plagado de luchas entre las fuerzas armadas del país y la Colación de Patriotas por el Cambio, un grupo armado antigubernamental.

La República Centroafricana ha estado en conflicto desde el 2013, cuando los rebeldes predominantemente musumalnes tomaron el poder y expulsaron al presidente François Bozize. La mayoría de las milicias cristianas contraatacaron.

Un acuerdo de paz de 2019 sólo aminoró la lucha y seis de los 14 grupos armados que firmaron abandonaron el acuerdo. La Colación de Patriotas por el Cambio se fundó en 2020 después del acuerdo.

El país sigue siendo uno de los más pobres del mundo pese a su vasta riqueza minera de oro y diamantes, entre otros. Durante la última década, rebeldes han operado con impunidad en todo el asediado país, frustrando la exploración minera de las empresas extranjeras.

Muchas de aquellas que actualmente operan en el país son dirigidas por chinos y se han enfrentado a desafíos de seguridad. El mes pasado, cuatro trabajadores murieron en una mina de oro operada por chinos durante un ataque que el gobierno local atribuyó a la Colación de Patriotas por el Cambio.

Maxime Balalu, portavoz del gobierno local, dijo a The Associated Press que la Coalición de Patriotas por el Cambio, una alianza de grupos rebeldes alineados con el ex presidente Francois Bozize, había llevado a cabo el ataque en Gaga, una aldea a aproximadamente 200 kilómetros (125 millas) de la capital, Bangui.

El año pasado, nueve ciudadanos chinos murieron en otra mina de oro en la República Centroafricana. El gobierno atribuyó el ataque a la misma alianza rebelde. En 2020, dos ciudadanos chinos murieron cuando residentes locales dirigieron un levantamiento contra una mina operada por chinos en el sur del país.

(con información de AP y EFE)

Con la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP en 2016, en Colombia se generó una expectativa de tranquilidad en múltiples zonas que durante muchos años han sido epicentro de la violencia interna del país; sin embargo, la presencia de otros grupos armados y la vuelta a las armas por parte de desmovilizados ha hecho que esto se diluya.

Uno de los puntos que reflejan esto es el impacto que aún tienen las minas antipersonales, ya que en 2023 se registraron más de 60 víctimas de estos artefactos explosivos, esto sin contar las áreas en las que persiste la alerta por ser espacios minados.

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A pesar de las estrategias que se han implementado en los últimos años para erradicar este problema, Colombia no ha logrado cumplir con un compromiso que fue adquirido en 1997, cuando se suscribió el Tratado de Ottawa, en el que se prohibió el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales.

En ese momento, la fecha limité que se pactó fue el 1 de marzo de 2011; sin embargo, en Colombia se registró un impacto contrario siendo el auge de violencia por parte de los grupos guerrilleros y paramilitares lo que provocó que la presencia de espacios minados se convirtió en una estrategia de guerra que se masificó.

A meses de que terminara el primer plazo, Colombia tenía minas antipersonales en el 65% de los municipios, por lo que se solicitó una nueva prolongación para el 1 de marzo de 2021 y a pesar de que se firmó el acuerdo de paz con las Farc-EP, las estrategias implementadas por el Gobierno nacional no fueron suficientes para erradicar los campos minados.

“Una vez las extintas Farc habían dejado de existir, debíamos cambiar la convención internacional que había sido firmada en Canadá. Pero el ELN y las disidencias de la Farc empezaron una campaña de sembrar minas antipersonales. Esa fue la razón por cuál no se pudo cumplir” afirmó Rafael Pardo, alto consejero para el postconflicto a El Tiempo sobre esto.

Una vez más, tras no lograr el objetivo pactado, Colombia solicitó una tercera prórroga, que se pactó para el 31 de diciembre de 2025 y aunque falta más de un año para que llegue esta fecha, El Tiempo afirmó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz solicitará un plazo de cinco años más para terminar de desmontar las minas antipersonales que siguen presentes en más del 20% del territorio nacional.

Muestra de que esta problemática sigue vigente en el país es que el 29 de mayo el concejal de Argelia, Cauca, fue víctima de una mina antipersonal cuando intentaba reconectar el servicio de agua que las disidencias de las Farc habían desconectado en la zona.

Sumado a esto, la Defensoría del Pueblo indicó que en los primeros meses de 2024 se han emitido más de 270 alertas por este tipo de artefactos, las cuales en 147 casos son de alto riesgo por artefactos explosivos, resaltando que hay espacios en Chocó y Nariño que antes no aparecían en los registros por este tipo de minas, pero la presencia de las disidencias y el Clan del Golfo ha hecho que la situación cambiara.

A pesar de que el Gobierno nacional anunció que Los Montes de María, uno de los escenarios más marcados por la guerra entre la guerrilla y los grupos paramilitares, había sido liberado por completo de las minas antipersonales, más de 200 municipios siguen siendo afectados por este problema, de los cuales en 120 no hay presencia de desminadores hasta el momento.

Esta semana, Ecoloxistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Ourense contra Strategic Minerals, la empresa concesionaria de la mina de A Penouta, la única explotación en toda Europa de coltán, el ‘oro negro’ del siglo XXI. El grupo ecologista ha llevado un informe ante la justicia que certifica que los niveles de cadmio presentes en las muestras recogidas en las inmediaciones de la explotación “superan 112 veces el máximo legal” y los niveles de arsénico “están 30 veces por encima de los límites permitidos”.

La denuncia supuso el inicio de una nueva batalla con comunicados y contracomunicados entre la compañía minera internacional Strategic Minerals Europe - un filial de la canadiense IberAmerican Resources que cotiza en la Bolsa Neo de Toronto y en la Bolsa de Valores de Frankfurt y que tiene como filial en España a Strategic Minerals Spain- y Ecologistas en Acción, la confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades de toda España.

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Cronología de los hechos

La última disputa entre los dos grupos comenzó el lunes, 6 de mayo, cuando los ecologistas anunciaron a través de un comunicado que interpondrían una denuncia tras constatar en un informe que los niveles de metales pesados sobrepasaban con creces los permitidos por ley: “En la denuncia formulada tanto contra la empresa minera como contra los principales directivos de IberAmerican Resources, se expone que estos serían presuntamente responsables de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en su modalidad agravada de riesgo para la salud de las personas”.

El grupo explicaba que “los análisis realizados por un laboratorio acreditado en cauces fluviales y traídas de agua aledaños a la explotación minera mostraran niveles alarmantes de metales pesados”, de manera que se constataban sus denuncias previas que ya había instado a la paralización de la actividad. Un hecho que se remonta meses atrás.

El pasado octubre, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decretó la paralización cautelar de la explotación minera, que había autorizado previamente la Xunta de Galicia, ante una denuncia del grupo Ecoloxistas en Acción por lo que consideran graves impactos sobre el espacio protegido de Pena Trevinca, dentro de la Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats.

La paralización llegó justo cuando la explotación se encontraba en pleno crecimiento. “Ante la mera posibilidad de que se produzca un daño irreparable o de muy difícil reparación, debe prevalecer la suspensión de la ejecución de la actividad que puede producir ese riesgo, al ser prevalente el interés general de mantener indemnes esos espacios públicos”: así detenía el TSXG la explotación a cielo abierto del yacimiento de estaño, tantalio y columbita -el coltán no es un mineral, sino el término comercial que se utiliza para referirse a estos dos últimos- que había ampliado la Xunta un año antes, concretamente en mayo de 220, cuando el Gobierno gallego concedió el permiso de la sección C. La clasificación de los recursos mineros se encuentra regulada en el artículo 3 de la Ley 22/1973 de Minas, que comprende cuatro secciones de la A a la D, y que deben ser autorizados por la autoridad competente para su explotación. En este caso, la Xunta se encargó de dar el permiso y la Justicia de paralizarlo.

El pasado 15 de abril, la compañía anunciaba a través de un comunicado que a finales de este mes de mayo el TSXG emitirá su veredicto con respecto a si continúa la paralización de la actividad de la empresa en el yacimiento de A Penouta y que retomarían su labor. A la espera que la resolución, la asociación ecologista advertía que retomar la actividad resultaba “temerario”: “Se escudan en que apenas reprocesará los lodos almacenados en los depósitos de residuos, pero para la organización ecologista esto implicará por en riesgo de ruptura unas balsas que ya están en situación crítica y cuyas fugas son precisamente responsables de la contaminación existente”. Por eso, en este primer comunicado pedían “que se adopten nuevas medidas cautelares a nivel penal para impedir los daños a la salud de las personas y a los ecosistemas” a la luz del nuevo informe.

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La contestación de la compañía minera no tardaba el llegar. El miércoles, 8 de mayo, lanzaba una nota en la que se defendían con tres argumentos. El primero es que “la actividad de la empresa nunca ha tenido influencia en el punto que señalan los ecologistas”, el segundo es que no había “ningún vertido industrial derivado de su actividad, ya que las aguas de su proceso industrial se recirculan” y el tercero es que “los datos de Ecologistas en Acción carecen de certificación alguna”. Horas después de su publicación, los ecologistas lanzaban un nuevo comunicado a modo de respuesta.

El grupo explicaba el miércoles por la tarde que las declaraciones de la empresa eran falsas y que negaban su responsabilidad ante la “elevada contaminación con metales pesados existentes” en el agua del entorno. “El negacionismo ambiental de las empresas mineras es, por desgracia, una práctica sistemática”, añadían.

No ha habido más cruces de notas, pero das dos partes se mantienen firmes en sus argumentos. En conversación con Infobae España, Strategic Minerals se reafirmaba y aseguraba que las acusaciones de los ecologistas eran infundadas y que sus informes negativos sobre la calidad del agua por la presencia de metales pesados carecía de validez y que estas no tenían sentido porque la mina se ubica geográficamente en una zona más deprimida de donde supuestamente se han cogido las muestras. Por su parte, los ecologistas garantizaban a este medio que los datos eran claros y que solo buscan evitar un desastre medioambiental que ya ha empezado y que se verá agravado si continúa la actividad minera de la compañía en A Penouta. “No tenemos nada en contra de la mina, sino de quién contamina”, recordaban. Ahora queda en manos de la Justicia tomar una decisión sobre el futuro de la mina y de su entorno.