La mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, suspenderá sus operaciones durante al menos tres meses luego de concluir los trabajos de búsqueda del último de los cuatro mineros que quedaron atrapados tras la filtración de jales mineros ocurrida el pasado 25 de marzo.

Así lo informó Álvaro Vargas Miranda, gerente administrativo de Industrial Minera de Sinaloa (IMSSA), quien precisó que durante ese periodo se realizarán revisiones para identificar las causas del accidente y evitar que se repita.

El último trabajador en ser localizado fue Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo. Su cuerpo fue ubicado en la madrugada del 28 de abril, a las 2:15 horas tiempo del Pacífico, tras 33 días de búsqueda ininterrumpida.

Dos sismos, entre las causas bajo investigación

El accidente ocurrió cuando una membrana se rompió y permitió que el jal —residuo del proceso minero— se infiltrara dentro del yacimiento. En ese momento quedaron atrapados 25 trabajadores, de los cuales 21 lograron salir el mismo día y cuatro permanecieron al interior.

Entre los factores que se analizarán durante el receso destacan dos sismos registrados en el municipio de El Rosario en lo que va del año:

• 17 de enero: magnitud 3.9, profundidad de 5 kilómetros, al sureste del municipio.
• 13 de marzo: magnitud 4.1, profundidad de 5 kilómetros, al noroeste del municipio.

Vargas Miranda señaló que los expertos revisarán minuciosamente estos y otros posibles factores, además de realizar trabajos de limpieza interior del yacimiento para preparar las condiciones que permitan reanudar las operaciones.

Trámites pendientes con familias y autoridades

Antes de que el receso técnico arranque formalmente, IMSSA atiende gestiones administrativas con instancias de gobierno. La empresa también está pendiente del traslado del cuerpo de Leandro Isidro Beltrán a su lugar de origen, en Zimapán, Hidalgo.

En cuanto a las compensaciones, Vargas Miranda indicó que se cubrirán a través de pólizas de seguros privados contratadas para cada trabajador minero, las cuales serán entregadas directamente a los familiares.

Reconocimiento pendiente para los rescatistas

El gerente de IMSSA mencionó que la empresa analiza realizar un reconocimiento a todos los trabajadores mineros que participaron en las labores de rescate durante las 33 jornadas que duró la emergencia.

En total, el operativo desplegó a 389 elementos de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del estado de Sinaloa.

De los cuatro mineros atrapados, dos fueron rescatados con vida: José Alejandro Cástulo Colín, de Michoacán, localizado tras más de 100 horas, y Francisco Zapata Nájera, de Durango, rescatado al día 14. Los otros dos —Abraham Aguilera Aguilera, de Guanajuato, y Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de Hidalgo— fueron hallados sin vida.

Luego de 33 días de búsqueda, fue hallado sin vida el cuarto trabajador que permanecía atrapado en de la mina Santa Fe, ubicado en El Rosario, Sinaloa.

Se trata de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años de edad, originario de Zimapán, Hidalgo, quien luego de trabajos ininterrumpidos fue ubicado dentro de la mina luego de quedar atrapado desde el pasado 25 de marzo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que su localización se dio la madrugada de este lunes, a las 2:15 horas del Pacífico (3:15 horas del centro del país).

Luego de ubicarlo, las autoridades dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) para iniciar los protocolos de recuperación del cuerpo del minero. Es así que los equipos de búsqueda esperan a los peritos estatales para llevar a cabo el proceso correspondiente.

Finalizan trabajos de búsqueda que desplegaron más de 380 elementos

Luego de que se registró el siniestro, fue desplegado un equipo de 389 elementos de diversas instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno del estado de Sinaloa.

Al localizar al último minero que permanecía atrapado, las autoridades continuarán con el acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante el proceso.

Se espera que sea en las próximas horas en las que se lleve a cabo el rescate del cuerpo del cuarto minero para que sea entregado a sus familiares.

Cronología de la búsqueda de los cuatro mineros: entre lodo y altos niveles de agua que impedían su ubicación

Luego del rompimiento de una presa de jales al interior de la mina que provocó que 25 mineros lograran salir, pero cuatro de ellos quedaran atrapados, las labores de búsqueda enfrentaron diversas complicaciones debido al laberinto de galerías inundadas.

Buzos, militares y personal especializado fueron desplegados en el sitio con el objetivo de ubicar con vida a los cuatro trabajadores, de los cuales solo dos lograron sobrevivir.

La presencia de lodo y altos niveles de agua impedían que el equipo de rescate pudiera ingresar a la mina, por lo que los trabajos se enfocaron en la extracción del líquido a través de motobombas.

El primer trabajador fue localizado con vida luego de más de 100 horas. Se trató de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, originario de Angangueo, Michoacán.

Durante las jornadas, equipos de buzos del Ejército Mexicano también ingresaron a la mina con el objetivo de continuar la exploración del lugar, lo que permitió ubicar al segundo trabajador con vida.

Luego de 14 días, Francisco Zapata Nájera de 42 años (originario de Durango) fue ubicado y al siguiente día rescatado. Su extracción de la mina se vio dificultada debido a los altos niveles de agua en la zona en la que permanecía.

El pasado 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la localización sin vida del tercer trabajador, quien fue identificado dos días después como Abraham Aguilera Aguilera de 33 años de edad, originario de Guanajuato.

A poco más de un mes de distancia, los cuatro trabajadores fueron ubicados, mientras la familia de Leandro Isidro Beltrán permanecen en espera de recuperar su cuerpo para despedirlo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que aseguró un inmueble utilizado como mina irregular en la comunidad de La Plazuela, municipio de Peñamiller, Querétaro, donde se localizaron sustancias con características similares al mercurio, material explosivo y equipo industrial.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se llevó a cabo tras denuncias de habitantes que alertaron sobre la operación clandestina del sitio y señalaron haber recibido amenazas por parte de quienes realizaban las actividades extractivas.

Durante el cateo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron herramientas tipo malacate, costales con material pétreo, recipientes con sustancias potencialmente tóxicas y objetos con características de explosivos.

Hasta el cierre de esta nota informativa, el predio quedó bajo resguardo de la autoridad federal.

Violaciones ambientales y posible vínculo criminal

La FGR indicó que el lugar no contaba con autorizaciones para la extracción de minerales, lo que representa una posible violación a la normativa ambiental y minera. Además, advirtió que el manejo de mercurio implica riesgos para la salud de las personas y para el entorno natural.

El agente del Ministerio Público Federal fue quien encabezó las diligencias. Como parte de las indagatorias, se corroboró la ausencia de permisos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El caso se inscribe en una región donde la extracción de mercurio ha sido documentada como parte de cadenas ilegales de mayor escala. Informes de organizaciones internacionales han señalado que este metal, utilizado en la minería artesanal de oro, es trasladado desde zonas de México hacia países de Sudamérica, donde su uso genera contaminación en ríos y suelos.

Estas investigaciones han identificado que el tráfico de mercurio forma parte de redes criminales que operan más allá del ámbito local. Entre los grupos señalados en estos reportes se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha diversificado sus actividades hacia la explotación y comercialización de minerales.

Sin embargo, en este caso, la autoridad no ha atribuido la operación intervenida a una organización específica.

Impacto ambiental y flujo ilegal hacia Sudamérica

Como Infobae México ya ha documentado en trabajos anteriores, el mercurio es utilizado para separar el oro de otros materiales en procesos de minería ilegal. Durante su uso, el metal puede liberarse en el ambiente y transformarse en compuestos tóxicos que se acumulan en organismos vivos, lo que genera afectaciones a la fauna y a las comunidades cercanas.

De acuerdo con datos de la Agencia de Investigación Ambiental, cientos de toneladas de mercurio han salido de México en los últimos años hacia la Amazonía, donde la demanda está asociada a la expansión de la minería clandestina. Este flujo ha consolidado al país como uno de los principales proveedores ilegales de este insumo en la región.

En este contexto, la intervención en Peñamiller refleja la presencia de actividades extractivas fuera de regulación en una zona vinculada a rutas de tráfico de minerales. La FGR continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance de estas operaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difundió este 8 de abril de 2026 un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció la labor de los “excepcionales miembros del Batallón de Respuesta de Emergencia del Ejército Mexicano”.

En su publicación, Sheinbaum destacó que, junto con “la fe y la resiliencia de un minero”, fue posible la realización de un rescate descrito como asombroso tras 13 días de labores en la mina Santa Fe en Sinaloa.

Subrayó que “todos los mexicanos, cada uno de nosotros, los llevamos en nuestros corazones”, en referencia tanto al personal militar como al minero involucrado en el suceso.

Junto a su mensaje, la mandataria mexicana compartió el video difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), donde se puede ver la salida del minero la mañana de este miércoles.

Así han sido las labores de rescate en la mina Santa Fe

Luego de que el pasado 25 de marzo se registrara el colapso de la mina Santa Fe, operada por Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. (IMSSA), en la localidad de Chele, la CNPC desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en el municipio de El Rosario, ya que al momento del suceso se encontraban al interior 25 trabajadores, de los cuales 21 lograron salir, sin embargo, 4 quedaron atrapados.

El personal de la Defensa Nacional forman parte del Batallón de Atención a Emergencias, quienes son especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

El pasado 29 de marzo a las 23:52 horas, autoridades reportaron el rescate de uno de los trabajadores atrapados, lo que activó los protocolos de atención prehospitalaria y traslado para su pronta valoración médica.

Luego de 312 horas de trabajos ininterrumpidos, fue localizado con vida Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, el hallazgo fue a las 13:50 del martes 7 de abril, y tras determinar la existencia de condiciones favorables para extraerlo, fue rescatado a las 10:36 de este miércoles.

Un rescate que continúa en Sinaloa

De igual forma, este día se dio a conocer que un tercer minero fue localizado sin vida, por lo que se llevaron a cabo las labores para recuperar su cuerpo. Personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa se trasladó al lugar para trasladarlo a la unidad forense.

Hasta el momento, el operativo que es coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, brigadas de rescate de Protección Civil de Jalisco y autoridades del estado de Sinaloa, mantienen los trabajos de desalojo de agua para localizar al cuarto y último minero.

El segundo trabajador localizado con vida en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, Sinaloa, fue rescatado y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada luego de cumplir 14 días atrapado.

Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad y originario de Durango, fue extraído de la mina con éxito luego de su localización con vida la tarde de este martes.

Los trabajos de rescate comenzaron luego de su ubicación, pero los altos niveles de agua en la zona complicaron el ingreso del equipo de manera segura, por lo que las labores se enfocaron en la extracción del líquido.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el minero fue rescatado a las 10:36 horas de este miércoles 8 de abril, luego de quedar atrapado desde el pasado 25 de marzo junto a tres de sus compañeros, de los cuales solo falta uno por ubicar.

El trabajador recibió una valoración médica al interior de la mina como parte de los protocolos de seguridad; sin embargo, a su salida a la superficie, el personal paramédico procedió con su estabilización inmediata.

Francisco Zapata Nájera fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde será atendido por especialistas.

Su rescate se suma al de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad y originario de Michoacán, quien fue extraído con vida el pasado 30 de marzo.

Buscan al último trabajador atrapado

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la localización sin vida de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina.

Fue así que el equipo de rescate llevó a cabo los procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se llevarán a cabo las pruebas correspondientes para su identificación.

Las autoridades mantienen comunicación con los familiares sobre las diligencias que realizan, esto con el fin de entregar el cuerpo a sus familiares.

Con el hallazgo de tres de los cuatro mineros, el equipo de rescate mantiene sus operaciones en el sitio para localizar al último trabajador. En tanto, las labores se enfocan en la extracción de agua y de jales.

Además, para favorecer los trabajos y garantizar la seguridad del equipo de rescate, el Comando Unificado también realiza actividades de reforzamiento de la estructura, ya que la presencia de lodo también ha sido un factor clave.

Las autoridades detallaron que desde los primeros días de labores se le brinda acompañamiento a las familias, a quienes se les dan informes sobre los avances, atención psicológica, cobertura de alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios de descanso.

El segundo minero atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, fue localizado con vida este martes 7 de abril, en un avance clave dentro del operativo de rescate que se mantiene activo desde hace casi dos semanas.

El Comando Unificado informó que el hallazgo ocurrió a las 13:50 horas, luego de más de 312 horas de labores ininterrumpidas.

El trabajador fue identificado como Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango.

Tras su localización, se activaron de inmediato los protocolos de extracción para garantizar su traslado seguro a la superficie.

Con este resultado, suman dos los mineros rescatados con vida, por lo que las labores se concentran ahora en ubicar al último trabajador que permanece bajo tierra.

Colapso en mina de Sinaloa: así ocurrió el accidente que dejó trabajadores atrapados

El incidente se registró el 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales dentro de la mina Santa Fe, lo que provocó la entrada súbita de agua y lodo en los túneles donde laboraban los trabajadores.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el sitio se encontraba una cuadrilla de 25 mineros realizando labores de excavación.

• 21 trabajadores lograron salir por sus propios medios tras el colapso
• Cuatro quedaron atrapados en el interior de la mina
• El primer minero fue rescatado con vida después de más de 100 horas
• Este 7 de abril fue localizado el segundo trabajador
• Solo un minero permanece atrapado

El rescate más reciente ha sido considerado un punto de inflexión en el operativo, al confirmar que existen condiciones que han permitido la supervivencia prolongada dentro de la mina.

Extracción de agua en mina Santa Fe: el factor que define el avance del rescate

Uno de los principales obstáculos para acceder a las zonas profundas de la mina ha sido la acumulación de agua, producto del colapso de la presa de jales.

Para hacer frente a esta situación, las autoridades implementaron un sistema de achique que ha sido reforzado en los últimos días con mejoras técnicas que buscan acelerar el desalojo del líquido.

Actualmente, el sistema opera con los siguientes parámetros:

• Caudal de extracción de 9.5 litros por segundo
• Desalojo de aproximadamente 34 mil 200 litros de agua por hora
• Flujo constante que permite mantener condiciones operativas

La instalación de una segunda línea de conducción en la electrobomba principal ha sido clave para optimizar el proceso.

Además, se prevé la incorporación de una tercera línea para incrementar la capacidad de bombeo.

A pesar de estos avances, las autoridades han reconocido que la magnitud del agua acumulada y la presencia de jales mineros continúan dificultando el acceso al área donde se presume se encuentra el último trabajador.

Estrategia técnica: refuerzan comunicación, monitoreo y seguridad estructural

De manera paralela al desagüe, el operativo ha incorporado diversas acciones técnicas para mejorar la seguridad y la coordinación de las brigadas de rescate.

Entre las medidas implementadas destacan:

• Instalación de genéfonos, dispositivos de comunicación sin necesidad de energía externa
• Tendido de aproximadamente tres kilómetros de cableado eléctricoMonitoreo constante de las condiciones al interior de la mina
• Planeación de rutas seguras de acceso hacia el punto de búsqueda

En el plano estructural, las cuadrillas realizan trabajos de perforación para colocar anclajes de soporte, así como la construcción de un muro de concreto en zonas críticas.

Estas acciones buscan reducir riesgos de nuevos colapsos durante las maniobras.

El gerente de la empresa operadora, Industrial Minera Sinaloa, señaló que no es posible establecer tiempos precisos para el rescate.

“No podemos dar plazos porque desconocemos los volúmenes exactos de agua y la cantidad de jale que tendremos que sacar”, explicó.

Operativo coordinado: participación federal y respaldo a familias de mineros

El rescate en la mina Santa Fe involucra a múltiples instituciones federales y estatales, que trabajan de manera coordinada para enfrentar las condiciones adversas del terreno.

En el operativo participan:

• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
• Secretaría de la Defensa NacionalSecretaría de Marina
• Coordinación Nacional de Protección Civil
• Comisión Federal de Electricidad
• Brigadas especializadas de búsqueda y rescate

Personal de la empresa mineraLas autoridades han mantenido comunicación permanente con los familiares de los trabajadores atrapados, a través de reuniones informativas en las que se detallan los avances y las acciones previstas.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, subrayó que la prioridad es el rescate con vida del último minero. “Siempre mantendremos la esperanza”, afirmó.

Sin plazos definidos, pero con avances sostenidos en el rescate

Aunque el hallazgo del segundo minero representa un avance significativo, el operativo continúa sin un plazo definido para su conclusión.

Factores como el volumen de agua restante, la cantidad de material a remover y las condiciones estructurales de la mina siguen condicionando el ritmo de los trabajos.

Autoridades locales han señalado que existe la posibilidad de alcanzar el punto donde se ubicaría el último minero en las próximas horas o días, aunque esto dependerá de las condiciones al interior del sitio.

Mientras tanto, las labores se mantienen de forma ininterrumpida, en un esfuerzo contrarreloj que combina recursos técnicos, humanos y logísticos para lograr el rescate del trabajador que aún permanece atrapado bajo tierra.

Luego de la localización con vida de Francisco Zapata Nájera dentro de la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, en Sinaloa, las labores de rescate han sido impedidas a causa del nivel del agua en la zona en la que se encuentra el trabajador.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el Comando Unificado se enfoca en la operación de bombeo para reducir el altura del agua en la zona donde se encuentra el trabajador, esto con el objetivo de que su rescate se realice en condiciones de máxima seguridad.

Para llevar a cabo la extracción del agua, la operación de la bomba ha permitido la reducción de 1 metro en el nivel del agua. Hasta el momento, mantienen un gasto de salida de 9 litros por segundo para disminuir los 2.05 metros restantes del tirante.

Mientras tanto, el equipo de búsqueda continúa trabajando al interior de la mina para que en el momento en que consideren que los niveles de agua son favorables para movilizar al minero, se implemente el protocolo para su valoración y traslado a una unidad médica.

Uno de los trabajadores ya fue rescatado

Cabe señalar que el trabajador fue localizado con vida a las 13:50 horas de este martes 7 de abril luego de más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, es decir, tras 13 días de presentarse el derrumbe que dejó a cuatro mineros atrapados.

Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, es originario del municipio de Papasquiaro, en Durango. Con su próximo rescate, solo faltarán dos trabajadores por localizar y extraer de la mina.

El primer trabajador rescatado fue José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, originario del municipio de Angangueo, Michoacán. El minero fue extraído con éxito durante la madrugada del 30 de marzo, luego de cinco días de búsqueda.

Sheinbaum anuncia localización sin vida del tercer trabajador

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la localización sin vida del tercer trabajador de la mina que quedó atrapado junto a tres de sus compañeros, por lo que las labores de búsqueda se mantienen para hallar al último minero.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que tras la localización del trabajador, se llevaron a cabo los procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para el traslado del cuerpo del trabajador a la unidad forense, donde se harán las pruebas de ADN para lograr su identificación.

Por su parte, las autoridades mantienen comunicación directa con los familiares para informarles sobre las diligencias que se llevan a cabo para determinar de qué trabajador se trata.

Una resolución emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias autorizó la remoción del material que aún se encuentra en la clausurada mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón, cuya exposición a condiciones climáticas representa, según las autoridades, un riesgo real de generar drenaje ácido y afectar el suelo y las fuentes de agua, de no ser manejado de forma adecuada.

La minera canadiense First Quantum Minerals reportó que en Cobre Panamá mantiene almacenadas alrededor de 38 millones de toneladas de roca mineralizada, extraída antes de la suspensión de operaciones.

A partir de ese material, la compañía estima que podrían producirse unas 70,000 toneladas de cobre, un volumen que, valorado a precios recientes del metal, equivaldría a cerca de $892 millones en concentrado, aunque el monto final dependerá del precio efectivo de venta y de las condiciones de comercialización al momento de exportar.

La decisión gubernamental se basó en evaluaciones técnicas, ambientales y legales que identificaron riesgos, sustentadas en los resultados de la auditoría integral independiente realizada en el área, de acuerdo con las autoridades.

En el aspecto legal, para tomar la medida, el comunicado oficial manifiesta que se basaron en el artículo 115 del Código de Recursos Minerales, el Decreto Ejecutivo No. 5 de 1 de abril de 2026, en la Resolución 45 de 2025 del Ministerio de Comercio e Industrias, así como en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) de la mina Cobre Panamá y su Anexo Técnico.

Esta medida habilita a la empresa Minera Panamá, S.A., a ejecutar un proceso estrictamente controlado de procesamiento de material que yace en la mina, y remoción y traslado del material resultante fuera del país, como acción puntual de eliminación de condiciones peligrosas identificadas mediante las evaluaciones técnicas.

En consecuencia, indica la resolución ministerial, se ha dispuesto la implementación de acciones específicas para garantizar el manejo seguro de estos materiales, bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad claramente definidos.

La empresa será responsable de cubrir en su totalidad todos los costos y gastos asociados a la ejecución de las actividades establecidas en la resolución, sin que esto represente erogación alguna para el Estado.

Asimismo, y en línea con lo aplicado en 2025, una vez se obtenga el concentrado de cobre en condiciones de ser comercializado, este estará sujeto al pago de las regalías correspondientes sobre el producto exportado.

El documento oficial manifiesta que es importante reiterar que esta decisión no implica la reactivación de la mina, sino que corresponde a una medida preventiva y controlada para evitar daños al ambiente y garantizar la estabilidad del área.

El proceso contará con la supervisión permanente del Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Ambiente y demás entidades competentes, asegurando el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y de las obligaciones de seguimiento e informes que se establecen en la resolución.

Hasta la paralización de labores, Cobre Panamá fue uno de los proyectos mineros más relevantes del hemisferio occidental por escala de producción y por su peso en la economía panameña.

Su “último año completo” de operación, en 2022, cerró con ingresos atribuidos a la unidad de Cobre Panamá por $2,959 millones, según los estados financieros consolidados de la empresa.

En 2023, año en que las operaciones se interrumpieron, la cifra bajó a $2,513 millones, diferencia refleja el impacto de una operación parcialmente afectada por la crisis social y regulatoria que derivó en el cierre, y que desde entonces mantiene a la mina bajo un esquema de mantenimiento y control para evitar deterioros mayores del sitio.

Este jueves, durante la madrugada, continuaron los trabajos al interior de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, con el ingreso de un grupo conformado por personal de la Comisión Federal de Electricidad y especialistas, fortaleciendo, con ello, las acciones en el sitio.

Así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) por medio de una publicación compartida en redes sociales, en la que se mostraron fotografías de los trabajos.

Las labores, se aseguró, permiten consolidar condiciones para seguir avanzando de manera segura y sostenida en las tareas de rescate.

En un comunicado aparte, se informó que la estrategia de rescate de los tres mineros en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, se enfocaba en la consolidación de la seguridad estructural del yacimiento.

Ante las condiciones de inestabilidad estructural detectadas en un tapón natural de rezaga y lodo en el interior de la mina, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los especialistas de la CFE, ayer inició la edificación de un tapón definitivo de concreto de cinco metros de dimensión, anclado al terreno y con armado por tempetratura, diseñado para soportar la carga hidráulica total de la zona.

Dicha obra, se informó, presenta un avance del 50% y se desarrolla en cinco etapas técnicas: limpieza (concluida), anclaje, armado, cimbrado e inyección de concreto, esta última actualmente en ejecución bajo la supervisión directa de especialistas.

De manera paralela se registra un avance acumulado de 129 metros en la remoción de jales, destacando un progreso de 30 metros durante la última jornada de trabajo. Con el objetivo de optimizar los tiempos de operación, el material se almacena en puntos estratégicos dentro de la propia mina, lo que evita desplazamientos innecesarios hacia la superficie y agiliza las maniobras.

También se ejecuta un barreno de exploración para determinar las condiciones del frente de trabajo y se realizan labores de canalización de aguas subterráneas hacia el sector norte de la mina.

De manera complementaria se mantienen activas las tareas de bombeo hacia el exterior mediante la instalación de nuevas líneas de energía.

Se cuenta con un despliegue de 300 elementos pertenecientes a los tres órdenes de gobierno, quienes llevan más de 180 horas de trabajo ininterrumpido de manera conjunta con brigadas de emergencias voluntarias provenientes de otras unidades mineras y estados del país.

Este esfuerzo interinstitucional es coordinado estrechamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración directa con la CFE y las autoridades del Gobierno de Sinaloa.

Cabe destacar que apenas el pasado miércoles, la misma dependencia señaló que en la mina Santa Fe seguían las acciones coordinadas para el rescate de los tres mineros que están atrapados en el lugar. En una reunión del Puesto de Mando, que fue encabezada por Laura Velásquez Alzúa, titular de la CNPC de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se definieron tareas prioritarias para avanzar en el barreno, el suministro de energía al interior, el traslado de equipo, la colocación de barricadas y el monitoreo técnico de las maniobras, con la participación de CNPC, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la CFE e IMSSA.

La búsqueda de los cuatro mineros atrapados en una mina ubicada en El Rosario, Sinaloa, continúa bajo la atención de autoridades estatales y equipos de rescate especializados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mediante el Plan DN-III-E. Al sitio se trasladó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien acompaña a las familias y supervisa el desarrollo de las acciones.

Mediante su cuenta de X, el mandatario aseguró que las tareas de rescate no cesarán hasta lograr que todos los mineros sean puestos a salvo. Además, compartió actualizaciones a los medios de comunicación presentes en el sitio.

Siete mineros lograron ser rescatados poco después del derrumbe, ocurrido el pasado 25 de marzo, pero cuatro más siguen bajo tierra. La esperanza continúa debido a que se ha reportado que en la zona los equipos especializados han detectado ruidos.

Estrategia y avances en el operativo de rescate

De acuerdo con declaraciones de Rubén Rocha Moya, los equipos de rescate ingresan de forma continua a los puntos de la mina donde, según información de los propios mineros, podría haber personas atrapadas.

El plan contempla relevos regulares: “Existe una estrategia que establece turnos de cuatro a cinco horas en el interior, para luego salir y dar paso a nuevos grupos”, explicó el gobernador.

El avance de los trabajos depende de las condiciones internas de la mina, pues el material conocido como “jal” -una piedra volcánica- obstaculiza el acceso en ciertas áreas.

La exploración minuciosa busca identificar todos los posibles caminos hacia los trabajadores, con el objetivo de acelerar el rescate y buscar nuevas vías de rescate.

Apoyo institucional y acompañamiento a las familias

Durante la jornada, autoridades estatales reiteraron su compromiso con las familias de los mineros afectados.

Rubén Rocha Moya utilizó su cuenta de X para expresar solidaridad y subrayar que los equipos “mantienen las maniobras con responsabilidad y coordinación” y que “no se detendrán hasta rescatarlos”.

El operativo se desarrolla bajo la supervisión de personal especializado y con la colaboración de diversas dependencias.

Según las autoridades, la proximidad de las con los familiares de los cuatro mineros atrapados ha sido constante, en un ambiente marcado por la incertidumbre y la espera de noticias favorables.

El derrumbe de la mina en El Rosario, Sinaloa

Cuatro trabajadores permanecen atrapados en la mina de El Rosario desde el miércoles 25 de marzo, después de un derrumbe provocado por la ruptura de una presa de jales, un depósito de residuos mineros compuesto por agua y sedimentos.

Según reportes previos de este medio, el material descendió por la rampa principal, bloqueando las salidas y dificultando las labores de rescate.

Las estimaciones señalan que uno de los trabajadores podría estar en el área del comedor, mientras que los otros tres estarían en una zona más profunda.

La empresa minera informó que los conductos de aire no habrían sido completamente bloqueados, lo que mantiene la esperanza de encontrarlos con vida.

La incertidumbre persiste en el municipio de Rosario, Sinaloa, donde cuatro trabajadores permanecen atrapados al interior de una mina tras un derrumbe registrado esta semana. Aunque hasta el momento no se ha logrado establecer contacto directo con ellos, la detección de ruidos dentro del yacimiento ha generado esperanza entre rescatistas y familiares.

De acuerdo con información proporcionada por directivos de la empresa minera, no existe comunicación con los trabajadores, pero durante las primeras horas posteriores al accidente se percibieron sonidos provenientes del interior, lo que hace suponer que podrían estar con vida.

Un derrumbe provocado por lodo y residuos mineros

El accidente ocurrió luego de la ruptura de una presa de jales, un depósito de residuos mineros compuesto por agua y sedimentos, que generó una especie de avalancha de lodo dentro de la mina.

Según explicaron responsables de la empresa, este material descendió como un río por la rampa principal —el acceso habitual de los trabajadores—, bloqueando las salidas y dificultando las labores de rescate.

El flujo de jal provocó acumulaciones de entre medio metro y metro y medio en distintas zonas, e incluso formaciones más densas que impiden el paso del personal de auxilio.

Atrapados en distintas zonas de la mina

Las estimaciones indican que uno de los mineros podría encontrarse en el área del comedor, mientras que los otros tres estarían en una zona más profunda del yacimiento.

De acuerdo con la empresa, existe la posibilidad de que las áreas donde se encuentran no presenten problemas graves de ventilación, ya que los conductos de aire no habrían sido completamente bloqueados por el lodo.

Esto ha sido clave para mantener la esperanza de encontrarlos con vida, pese a las horas transcurridas desde el derrumbe.

Rescate contrarreloj en condiciones complejas

Las labores de rescate se han intensificado con la participación de autoridades y equipos especializados, quienes trabajan para remover el material y abrir paso hacia las zonas donde se presume están los trabajadores.

El incidente ocurrió el miércoles 25 de marzo, y aunque en un inicio se reportó que más mineros habían quedado atrapados, siete lograron ser rescatados con vida en las primeras horas, lo que confirmó la magnitud del accidente.

Sin embargo, los cuatro restantes continúan bajo tierra, mientras las condiciones del terreno —inestable y saturado de residuos— representan un riesgo constante para los rescatistas.

La espera de las familias y la esperanza en los sonidos

En el lugar, familiares de los trabajadores permanecen a la espera de noticias, en medio de la angustia y la incertidumbre.

Los ruidos detectados dentro de la mina se han convertido en el principal indicio de vida, en un contexto donde cada hora es crucial.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para establecer contacto y lograr el rescate, en un operativo que mantiene en vilo a toda la comunidad.

Un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC concluyó que la mina Minera Camino Rojo, operada por la canadiense Orla Mining en Zacatecas, incurrió en una denegación “grave” de derechos laborales al interferir activamente en la libertad sindical de sus trabajadores, según informó este 26 de marzo la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos mediante un comunicado oficial.

El fallo, publicado este 26 de marzo por la oficina de los Estados Unidos, se fundamenta en las causas y consecuencias comprobadas de la intervención de la empresa en las actividades sindicales, así como en la insuficiencia de las medidas adoptadas por Camino Rojo para remediar las irregularidades.

De acuerdo con el panel, la actuación de la empresa —en complicidad con el sindicato preferido, el Sindicato de Minas— implicó coacción, discriminación y despidos asociados a la afiliación sindical, generando un ambiente de temor fundado entre los empleados. Además, el panel enfatizó que la responsabilidad de Orla Mining se incrementó al estar al tanto de la presencia de delincuencia organizada en la región.

La resolución constituye un antecedente relevante dentro del T-MEC, al dejar asentado que la mina no solo propició la desafiliación de empleados del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Los Mineros), la organización vigente, sino que instrumentó actos de intimidación y violencia que derivaron en una “grave” violación a la libertad de asociación.

De acuerdo con el comunicado: “La injerencia en los asuntos sindicales, los actos de violencia, las amenazas y los despidos arbitrarios vinculados a preferencias sindicales ´fueron suficientes para crear un clima de temor entre los trabajadores de la mina...´.

Proceso de denuncia y actuación binacional bajo el T-MEC

La investigación se desencadenó cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros presentó el 24 de junio de 2024 una petición formal ante el Comité Interinstitucional de Trabajo para el Monitoreo y la Aplicación de la Ley (ILC), copresidido por el Representante Comercial de Estados Unidos y el Secretario de Trabajo. La denuncia señalaba que en la mina Camino Rojo de Mazapil, Zacatecas, la libertad sindical de sus afiliados estaba siendo vulnerada.

Tras una revisión inicial, el ILC encontró evidencia suficiente y creíble de la denegación de derechos, lo que permitió la activa intervención estadounidense. El 12 de diciembre de 2024, el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente al gobierno de México revisar la situación y, ante la ausencia de un acuerdo sobre medidas correctivas, activó el panel independiente previsto por el T-MEC.

La verificación de los hechos ocurrió durante la inspección presencial en la mina realizada los días 16 y 17 de diciembre de 2025, seguida de audiencias públicas en Ciudad de México el 18 y 19 de diciembre del mismo año.

El panel propuso a Camino Rojo y Orla Mining cumplir una serie de nueve medidas correctivas:

1. Una disculpa pública.
2. Garantía de respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva.
3. Neutralidad sindical en la operación cotidiana.
4. Compromisos gerenciales para promover los derechos laborales, incluyendo procedimientos disciplinarios y políticas de tolerancia cero ante amenazas o violencia.
5. Reincorporaciones y compensaciones económicas.
6. Aumento de la seguridad en la mina.
7. Programas de capacitación laboral.
8. Garantías de no repetición.
9. Herramientas para que Los Mineros puedan comunicarse de forma directa con la administración de la empresa y acceder físicamente a la mina para ejercer su labor sindical.

Abril es el mes clave para conocer los resultados finales que arroje la auditoría que adelantan las autoridades sobre la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, para luego proceder a las correcciones o recomendaciones que haya que hacer, informó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

“La auditoría avanza de manera normal, ahora mismo no hay noticias”, dijo Navarro, quien al ser cuestionado sobre una posible apertura de la mina afirmó que “no tengo idea, estamos esperando la auditoría”.

En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia por unanimidad dictaminó la inconstitucionalidad de la mina de cobre Cobre Panamá, haciendo referencia a la ley nacional de Derechos de la Naturaleza (Ley 287) aprobada en febrero de 2022, entre sus fundamentos para fallar en contra de la mina.

Pese a ello, en Panamá se mantiene y aumenta cada vez más el debate entre un sector que propugna por su apertura, bajo el argumento de los empleos que ofrece, mientras que otros llaman a respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Las declaraciones del ministro de Ambiente se dieron durante el Encuentro Anual de Euroclima 2026, que por tres días reúne en Panamá a representantes de gobiernos, organismos internacionales, agencias de cooperación y entidades financieras de Europa, América Latina y el Caribe.

El evento cuenta con la participación de representantes de 33 países de América Latina y el Caribe, así como de la Comisión Europea, las delegaciones de la Unión Europea en la región, agencias implementadoras del programa e instituciones financieras internacionales.

Las sesiones de trabajo del Encuentro Anual de Euroclima 2026 identificarán oportunidades de cooperación e inversión, fortalecerán capacidades e impulsarán intercambios prácticos entre países y socios europeos.

Se indicó que estas conversaciones contribuirán a la preparación de hitos regionales e internacionales de 2026, incluida la ruta hacia la COP31, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde las naciones evalúan los avances y las medidas globales contra la crisis climática.

A su vez, la Agenda de Inversiones de Global Gateway para América Latina y el Caribe establece la colaboración de la Unión Europea con la región para conducir una transición verde y justa mediante alianzas y resultados enfocados en impacto.

Esta también reúne oportunidades de inversión, marcos habilitantes y alianzas estratégicas para producir crecimiento sostenible, resiliente e inclusivo, basado en las prioridades de los países socios.

El encuentro en Panamá, de acuerdo con los organizadores, pone en el centro la importancia de movilizar inversión pública y privada y de mejorar las condiciones para acelerar iniciativas en ámbitos como economía circular y la transición energética.

De esta manera, indican que se apoyan acciones que reduzcan emisiones, optimicen la gestión de residuos e impulsen oportunidades de empleo verde en América Latina y el Caribe.

En tanto, Euroclima contribuye a asegurar la coherencia con la Agenda de Inversiones de Global Gateway para América Latina y el Caribe mediante la cooperación técnica y el fortalecimiento de las condiciones favorables en ocho áreas estratégicas: transición energética e interconectividad regional, movilidad sostenible, biodiversidad, sargazo y bioeconomía, gestión del agua, economía circular, gestión del riesgo de desastres y financiamiento climático sostenible.

Isabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en Panamá, declaró que “el cambio climático no conoce fronteras”, por lo que nuestra respuesta tampoco debe tenerlas.

“Espacios de diálogo como este nos recuerdan que unir esfuerzos no es solo una opción, sino una necesidad. Juntos, América Latina y el Caribe y la Unión Europea podemos liderar la acción climática, fortalecer la resilencia de nuestras comunidades, proteger nuestra biodiversidad y avanzar en la transición verde para construir un futuro sostenible”, apuntó la diplomática europea.

Una emergencia minera se presentó en zona rural del municipio de Guachetá, en el departamento de Cundinamarca, luego de una explosión ocurrida al interior de la mina denominada ‘Mata Siete’, ubicada en la vereda Peñas.

El incidente fue reportado en la noche del jueves 5 de febrero de 2026, lo que generó la activación inmediata de los organismos de socorro y de las autoridades locales.

De acuerdo con información divulgada inicialmente por Semana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, a través de su subestación en Guachetá, confirmó que dentro de la mina se produjo una explosión que dejó a varios trabajadores atrapados.

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En ese momento, los reportes eran preliminares y no se contaba con confirmación oficial sobre el estado de salud de los mineros.

Las primeras versiones indicaban que seis personas estarían involucradas en el accidente, dato que fue suministrado por la gestión del riesgo del municipio. Sin embargo, debido a las condiciones de seguridad al interior del socavón, no fue posible un ingreso inmediato para verificar la situación de los trabajadores.

Horas después, el alcalde de Guachetá, Pablo Enrique Quicazán, confirmó a Caracol Radio que los seis mineros fallecieron como consecuencia directa de la explosión. El mandatario explicó que el incidente no se produjo por un colapso estructural de la mina, sino por la acumulación de gases en su interior.

Según señaló el alcalde Quicazán en declaraciones entregadas a Caracol Radio, la emergencia se originó por una fuga de gas metano. “La mina no se derrumbó. El gas mató a las personas, están tratando de sacarlas, pero por seguridad tienen primero que ventilar la mina para que no se produzcan más accidentes”, afirmó el funcionario, en un entrecomillado difundido por la emisora.

Tras la confirmación del fallecimiento de los trabajadores, las autoridades dispusieron el cierre y la custodia total del lugar, con el objetivo de permitir el desarrollo seguro de las labores de recuperación. De acuerdo con lo informado por los Bomberos de Cundinamarca, el acceso a la mina quedó restringido mientras se adelantaban los procedimientos técnicos necesarios.

En el sitio hicieron presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, unidades de la Policía Nacional, personal de la Alcaldía de Guachetá y equipos especializados en rescate minero, quienes trabajaron de manera articulada para avanzar en la recuperación de los cuerpos de los trabajadores fallecidos.

Tal como informó Semana en su reporte, la Alcaldía de Guachetá instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de respuesta, centralizar la información oficial y garantizar la comunicación entre las distintas entidades que participan en la atención de la emergencia.

Uno de los principales retos operativos estuvo relacionado con la necesidad de ventilar completamente la mina, debido a la persistencia de gases que representaban un riesgo adicional para los rescatistas. Las autoridades señalaron que este procedimiento era indispensable antes de permitir el ingreso de los equipos de recuperación.

El personal de salud del hospital local permaneció en alistamiento preventivo durante el desarrollo de la operación, aunque no se reportaron personas lesionadas adicionales fuera de los seis trabajadores que se encontraban en el interior del socavón al momento de la explosión.

Hasta el momento, no se han entregado informes oficiales sobre posibles sanciones administrativas o investigaciones relacionadas con la operación de la mina, ni sobre el cumplimiento de normas de seguridad industrial. Estas verificaciones, según indicaron las autoridades locales, se realizarán una vez concluyan las labores técnicas y se garantice la seguridad total del área.

La emergencia minera generó un despliegue institucional en el municipio de Guachetá y en otros puntos del departamento de Cundinamarca, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para evitar acercarse a la zona y permitir el trabajo de los organismos de socorro durante el desarrollo de las diligencias.

Al menos tres presuntos integrantes del Cártel de Tepalcatepec fueron abatidos y dos militares resultaron heridos de gravedad tras la detonación de una mina terrestre, en el contexto de una ofensiva conjunta del Ejército mexicano y fuerzas estatales en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, donde el uso de artefactos explosivos se ha convertido en una táctica recurrente dentro de la disputa criminal por el control territorial, según informaron la 43 Zona Militar y La Jornada.

La 43 Zona Militar precisó que los hechos se originaron durante un operativo efectuado en la zona serrana cercana al poblado de Corralitos, dentro del municipio de Tepalcatepec. En ese paraje, soldados y elementos de la Guardia Civil de Michoacán se enfrentaron a una célula armada, logrando abatir a tres agresores. Los cómplices huyeron hacia la sierra, pero pocos minutos después el contingente de fuerzas federales y estatales fue nuevamente atacado, aunque repelieron la agresión sin que se reportaran bajas adicionales ni entre militares ni entre los grupos hostiles.

En medio de las acciones de persecución y aseguramiento del área, se desplegó un operativo de búsqueda, en el cual un grupo de militares y elementos de la Guardia Nacional movilizados en un convoy activó accidentalmente un artefacto explosivo oculto en una brecha que conecta a la comunidad de La Ordeñita. La detonación causó daños de consideración al vehículo militar y provocó heridas graves en dos efectivos del Ejército. Estos uniformados fueron trasladados de urgencia a bordo de un helicóptero militar al hospital de la 43 Zona Militar, en la ciudad de Apatzingán, donde permanecen bajo vigilancia médica.

Ambas víctimas cumplían labores de refuerzo para sus compañeros desplegados en Corralitos cuando ocurrió la explosión. Un soldado del 30 Batallón de Infantería y un agente de la Guardia Nacional constituyen los lesionados por esta mina artesanal, cuya presencia en la zona ha ido en aumento debido a la escalada del conflicto entre grupos delictivos.

El municipio de Tepalcatepec ha sido identificado por autoridades federales y estatales como bastión del “Cártel de Tepalcatepec”, encabezado por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo Farías”, quien mantuvo vínculos previos con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambas organizaciones mantienen una confrontación abierta y violenta por el control de actividades ilícitas en la región, haciendo uso de armas de alto poder, minas terrestres, drones adaptados para lanzar explosivos y vehículos de blindaje artesanal, conocidos en la zona como “monstruos”.

Las alianzas entre grupos criminales también intensifican el conflicto. El Cártel de Tepalcatepec cuenta con el respaldo de agrupaciones como “Los Reyes” y “Los Caballeros Templarios”, mientras que el CJNG es apoyado por Los Viagras, “Blancos de Troya” y el “Cártel de Acahuato”.

La Jornada reportó que, tras el enfrentamiento y la explosión, fuerzas federales, estatales y la propia Guardia Nacional incrementaron su presencia y operativos en las zonas de Corralitos y La Ordeñita, con el propósito de asegurar el perímetro y reducir el tránsito de células armadas, aunque el terreno accidentado ha dificultado los barridos de búsqueda.

Un derrumbe en la mina Socos, ubicada en Nasca, Ica, mantiene atrapado desde hace más de 24 horas a Héctor García Guerra, trabajador minero de 44 años. El accidente ocurrió la mañana del martes, cuando García ingresó al socavón acompañado de dos familiares, quienes lograron salir ilesos. La situación ha generado una intensa movilización de rescatistas, voluntarios y autoridades que, bajo condiciones extremas, luchan contrarreloj para lograr el rescate.

La mina se encuentra a 40 minutos en vehículo desde el centro urbano y requiere una caminata adicional de similar duración para acceder al sitio. Desde el primer momento, bomberos, personal de Defensa Civil y la comunidad se sumaron a las labores, pero las condiciones adversas dificultan el avance: la galería colapsada supera los setenta metros de longitud y el derrumbe se reactiva constantemente con cada intento de limpieza, lo que obliga a extremar precauciones.

El alcalde de Nasca, Jorge Bravo, difundió imágenes que muestran la magnitud del esfuerzo desplegado en la mina Socos. En los videos, Bravo detalla que el equipo de rescate ha logrado avanzar entre 40 y 50 metros dentro del socavón, utilizando la técnica del pasamano para extraer el desmonte en sacos de 30 kilos. La tarea exige una cadena humana que trabaja de manera continua, relevándose para mantener el ritmo ante la persistencia de los derrumbes.

La zona presenta un desafío logístico adicional: la falta de iluminación y la escasez de herramientas, sumado al cansancio de los rescatistas, que llevan más de 24 horas de trabajo continuo. “La única manera de llegar hasta Héctor es limpiando la zona del derrumbe y reforzando con madera, pero la inestabilidad de la tierra exige mayor apoyo técnico y humano”, explicó el alcalde Bravo. Las autoridades han solicitado urgentemente materiales como maderas de tres metros, clavos y herramientas especializadas, además de la incorporación de ingenieros de minas y personal capacitado.

Un día de trabajo familiar que terminó en tragedia

Héctor García Guerra es un minero artesanal que, como muchos en la región, depende de la extracción para subsistir. El día del accidente, salió junto a sus sobrinos para “buscarse la vida”, según relató su madre, en una actividad que para los jóvenes era desconocida. La familia, de bajos recursos, enfrenta ahora la angustia de la espera y la incertidumbre sobre el estado de salud de García Guerra.

Su madre, visiblemente afectada, señaló en diálogo con Exitosa: “Mi hijo no está comiendo nada desde ayer. Quisiera que me ayuden a rescatarlo. Somos una familia pobre y no tenemos recursos para enfrentar esto solos. Pido apoyo al pueblo de Nasca y a las autoridades. Es una vida, por favor”.

La solidaridad de la comunidad se ha hecho notar. Vecinos y familiares han realizado colectas para reunir alimentos y víveres tanto para los rescatistas como para quienes esperan noticias en los alrededores de la mina. Sin embargo, la necesidad sigue siendo apremiante: falta agua, comida y, sobre todo, oxígeno en el interior del socavón, según han advertido los familiares.

Familia y autoridades piden apoyo para el rescate de minero

Desde el momento del derrumbe, la municipalidad de Nasca, encabezada por Jorge Bravo, ha coordinado acciones con bomberos, Defensa Civil y voluntarios. “Nos quedamos hasta el último. De acá no nos movemos hasta rescatar a Héctor”, subrayó el alcalde, quien permanece en el lugar junto a los equipos de rescate. La municipalidad también ha hecho un llamado solidario a empresarios mineros y a toda la población para que colaboren con materiales y mano de obra calificada.

Los familiares de García Guerra reiteran la urgencia de que se sumen ingenieros y especialistas en rescates mineros, además de la provisión de puntales de madera, sierras, clavos y alambre para reforzar la galería y evitar nuevos colapsos. La madre del minero enfatizó: “Lo que queremos es oxígeno, por favor, porque mi hijo está con vida, pero necesita aire. Que las autoridades y el pueblo de Nasca no nos abandonen”.

La noche y la dificultad de acceso han complicado aún más las maniobras. A pesar de ello, la esperanza y la determinación persisten. “Aquí estamos haciendo los trabajos de pasamanos, limpiando toda la zona del derrumbe. Hay gente agotada, pero seguimos. Pedimos que vengan más voluntarios para hacer el cambio de guardia”, insistió el alcalde Bravo.

Fue reportado que un conjunto de sujetos armados privó de la libertad a un grupo de ingenieros en el municipio de Concordia, Sinaloa. No hay informes de los profesionales desde hace cinco días.

El 28 de enero, a través de sus redes sociales, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) reportó los hechos. Mientras que reportes periodísticos señalan que los ingenieros estarían ligados con una empresa minera.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de #Concordia, #Sinaloa, desde el pasado 23 de enero", se puede leer.

Dicha asociación también destacó que se ha acercado a las autoridades estatales con el objetivo de que intervengan para que los ingenieros regresen a sus hogares con bien.

A través de redes sociales, la periodista Michelle Rivera compartió una imagen en la que aparecen los rostros de algunas de las personas que no han sido localizadas.

Algunos cuentan con ficha de desaparición

Entre las personas no localizadas están:

Saúl Alberto Ochoa Pérez. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa cuenta con una ficha para hallarlo, la cual fue publicada el 27 de enero.

José Antonio Jiménez Nevárez también es buscado por la Comisión de Búsqueda de Sinaloa.

Antonio Esparza, identificado como gerente de operaciones comunitarias de la empresa minera.

José Castañeda, geólogo.

Ignacio Salazar.

Antonio de la O.

Javier Vargas.

Javier Valdez.

Vizsla Silver confirma 10 personas secuestradas

También el 28 de enero la empresa minera Vizsla Silver confirmó en su página web que una decena de personas secuestradas. Añade que se trata de un tema bajo investigación y que han sido suspendidas ciertas actividades en el sitio.

“Se ha notificado a las autoridades locales y los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la Compañía están trabajando activamente”, es parte del reporte de la empresa.

Asimismo, a inicios de diciembre del 2025 las autoridades de Sinaloa informaron sobre el Proyecto Pánuco en Concordia con la empresa señalada y el cual contó con un financiamiento de 300 millones de pesos.

"Entre 2021 y 2025, Vizsla Silver ha destinado más de 250 millones de dólares a exploración, generando 230 empleos directos e indirectos. Hasta ahora, la exploración representa apenas el 14% del potencial total del proyecto“, refiere la Secretaría de Gobierno de Sinaloa.

Por su parte, el mismo 28 de enero los diputados los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron atacados a balazos en Culiacán, por estos hechos también fue herido un escolta. No han sido reportadas personas detenidas, únicamente un auto que estaría relacionado con el caso.

El accidente en la mina subterránea de Cangas del Narcea que provocó la muerte de dos trabajadores este viernes 21 de noviembre pudo haber sido causado por razones geológicas ajenas a las medidas de seguridad de la explotación, según ha avanzado el el alcalde de la localidad, José Luis Fontaniella. Tanto el edil canguense como los técnicos de TYC Narcea, empresa encargada de la gestión de la mina subterránea, han situado el foco de las investigaciones sobre las condiciones del terreno en el que ocurrió el siniestro, desplazando la atención de posibles errores humanos o deficiencias en la seguridad.

El derrumbe, producido poco antes de las 17:00 horas en el nivel menos dos de la explotación, a un kilómetro y medio de la entrada, se ha saldado con el fallecimiento de los trabajadores Anilson Soares, de 42 años, y Óscar Díaz, de 32 años.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado que las condiciones de seguridad de la mina eran “muy elevadas” y también ha sugerido que el accidente podría haberse debido a un problema de origen geológico, sin descartar otras causas hasta que finalicen las pesquisas oficiales. “Hay que dejar que se investigue bien”, ha pedido Barbón, insistiendo en la rigurosidad de los protocolos empleados en la explotación.

La explotación contaba con todos los permisos

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha respaldado esta posición al afirmar que la mina no presentaba “absolutamente ningún problema” y contaba con todos los permisos en regla. En la misma línea, Fontaniella ha defendido el modelo de gestión de la compañía minera y ha asegurado que “administrativamente, es un ejemplo de empresa”. Respecto al siniestro, ha explicado que todo apunta a que se produjo por la rotura imprevista de unas rocas, desencadenando un desprendimiento imposible de prever ni calcular.

Tras el accidente, los gobiernos del Principado de Asturias y Castilla y León han decretado dos días de luto oficial mientras continúa la investigación para esclarecer cómo una posible causa geológica pudo desembocar en una tragedia a pesar del cumplimiento de los más estrictos protocolos de seguridad.

Nuevo accidente minero en Asturias

Fontaniella ha querido subrayar las diferencias entre este accidente y el registrado en Cerredo, señalando que se trata de una situación completamente diferente. CCOO de Industria de Asturias también ha insistido en que los trabajadores realizaban su labor “en condiciones que, según la información disponible, cumplían los estándares de seguridad exigidos”. Así lo ha ratificado el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, quien ha incidido en que la empresa “iba más allá de lo legalmente exigible”.

El incidente ocurrido el pasado mes de marzo en la localidad asturiana de Degaña, en el que una explosión de gas acabó con la vida de cinco mineros, ha vuelto a ser tema de conversación por las similitudes con este último siniestro. Las autoridades investigan todavía si la empresa Blue Solutions realizaba extracciones que no se correspondían con los permisos concedidos en la mina de Cerredo y la revocación temporal de la licencia de TYC Narcea para realizar una comprobaciones similares poco después del accidente de marzo ha provocado comparaciones entre los dos casos. Sin embargo, el Principado de Asturias consideró en junio que la mina de Cangas de Narcea sí contaba con la autorización necesaria para continuar operando y la actividad se reaunudó por completo.

La tragedia ocurrió cuando una máquina retroexcavadora retiraba material en una zona de explotación minera presuntamente ilegal, según confirmaron las autoridades locales.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, informó que el derrumbe está vinculado al “mal uso de una de estas máquinas” en el desarrollo de actividades de minería ilegal.

“En Ataco, por la explotación ilegal, al parecer por el mal uso de una de estas máquinas, se produjo un derrumbe que ya deja cinco personas fallecidas”, declaró Matiz Vargas, de acuerdo con información recogida por diversos medios de comunicación.

Tras conocerse el siniestro, autoridades municipales y departamentales activaron la respuesta de emergencia, desplazando al lugar tres ambulancias y dos camionetas de la Alcaldía, junto con personal de la Gobernación para atender a los afectados y realizar la verificación de la situación.

Según la funcionaria, desde hace tiempo se desarrolla una campaña conjunta con la Policía Nacional para enfrentar la minería ilegal en la región. “Venimos haciendo una campaña muy fuerte contra la minería ilegal y hace pocos días lanzamos más de 1.500 volantes en Ataco advirtiendo que esta actividad solo trae destrucción y muerte, y hoy lo estamos viviendo. Es lamentable”, señaló Matiz Vargas.

La gobernadora, que también atendía la emergencia por el desbordamiento de un río en el municipio de Venadillo, expresó su solidaridad con las familias afectadas: “Quiero hacer un llamado a la comunidad y enviar un mensaje de profundo acompañamiento a quienes hoy sufren la pérdida de sus seres queridos. Esta tragedia nos duele a todos”.

De acuerdo con el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil Tolima, se mantiene presencia institucional en la zona mientras avanzan las labores de rescate y se evalúan los riesgos de nuevos deslizamientos. Al lugar llegaron organismos de socorro, personal del Concejo Municipal y equipos de emergencia para atender la situación.

Las reacciones de la comunidad reflejan el malestar ante la persistencia de operaciones mineras clandestinas. Vecinos de Ataco declararon a El Cronista.co que la tragedia era “previsible”, citando la presencia de actividades ilegales conocidas desde hace tiempo sin acciones contundentes de las autoridades. Una habitante del municipio afirmó al medio que “las autoridades hacen como si no vieran, o se la montan a gente que no es la que compra esas máquinas porque eso es caro… se la montan al que por necesidad se va allá a trabajar”.

Por su parte, un activista ambiental local, que prefirió mantener el anonimato, cuestionó la efectividad de las campañas preventivas impulsadas por la Gobernación. “¿A usted de qué le sirve que le pasen un volante y le digan que eso es peligroso? La gente ya sabe que es peligroso y aun así va, y hasta se enfrentan con la autoridad para evitar que cierren eso, pero todo es por necesidad”, comentó este habitante al medio citado.

También indicó que la problemática abarca tanto la minería ilegal como irregularidades en operaciones legales, exigiendo investigaciones profundas y mejoras en las condiciones de vida.

El balance anual evidencia la gravedad de la situación. Este accidente se suma al ocurrido el 8 de agosto en la vereda Anape, donde una persona murió en otro derrumbe vinculado a una explotación ilegal. Con esta nueva emergencia, Ataco acumula seis fallecidos por accidentes mineros en lo que va de 2025.

Las comunidades insisten en que, de no tomar medidas estructurales, la minería ilegal y las irregularidades asociadas continuarán generando víctimas y afectando la seguridad en la región.

Corría 1963 cuando 129 mineros alemanes quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina de hierro de Lengede-Broistedt, en Baja Sajonia. El accidente ocurrió el 24 de octubre, cuando un estanque de sedimentación cedió e inundó la mina con 500.000 m³ de barro, cubriendo los túneles situados entre 60 y 100 metros bajo tierra.

Ese mismo día, muchos trabajadores lograron escapar, pero otros murieron en los túneles colapsados. Otros once, que se refugiaron en el Alter Mann —un antiguo túnel abandonado de la mina por peligro de derrumbe— protagonizaron dos semanas después un rescate histórico a 70 metros de profundidad. La meticulosa operación, realizada con las cápsulas de rescate Dahlbuschbombe, fue seguida por cámaras de televisión de todo el mundo. El público asistió con emoción al llamado Wunder von Lengede, el “Milagro de Lengede”.

En las primeras horas de la catástrofe, 79 mineros lograron escapar por conductos de ventilación y pozos auxiliares. Cuando parecía no haber esperanza para los 50 restantes, 23 horas después se halló con vida a un grupo de siete. Desde entonces, se puso en marcha una de las operaciones de rescate más grandes y dramáticas en la historia de la minería, con la cobertura de 450 periodistas y la presencia del canciller federal Ludwig Erhard.

Durante las labores, los rescatistas se toparon con varios cuerpos sin vida, y cuando creían que ya estaba todo perdido, un sondeo diagonal permitió establecer contacto con el grupo de los once sobrevivientes.

Los hombres soportaron días de oscuridad, frío y privaciones extremas. No tenían comida, el aire limitado y bebieron agua contaminada. Finalmente fueron rescatados con la cápsula Dahlbuschbombe, una suerte de tubo metálico de 52 cm de diámetro, diseñado para rescates en espacios extremadamente estrechos. Similar al que décadas más tarde se usaría en Chile para salvar a los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad. En total, 39 trabajadores perdieron la vida: 29 murieron en el colapso inicial de los túneles y 10 durante la espera de rescate.

Bernhard Wolter (2003), Dieter Richey (2007), Adolf Herbst, Helmut Webranitz, Johannes Sitter, Heinz Kull, Siegfried Ebeling (2012), Rudolf Wiese, Hermann Lübke (1982), Fritz Bär y Helmut Kendzia (2011) inspiraron una película y un memorial que recuerdan el suceso.

Una historia de coraje y negligencia

Dirigida por Kaspar Heidelbach y estrenada en 2003, Das Wunder von Lengede (El milagro de Lengede) reconstruye el colapso de la mina y exalta el espíritu humano frente a condiciones extremas. La película también expone cómo la tragedia fue consecuencia de advertencias ignoradas y decisiones guiadas por la rentabilidad antes que por la seguridad.

En la víspera del desastre, los mineros Franz Wolbert y Bruno Reger compartieron una salida con sus esposas. Al día siguiente, el clima en el vestuario se tornó tenso por una disputa entre compañeros, calmada por el capataz Pit Spieker. Poco después, comenzó la jornada laboral. En la dirección de la mina, el ingeniero Harald Hansen expresó al director, el Dr. Dietz, su preocupación por la cercanía de las galerías a una bolsa de agua subterránea. Dietz, sin embargo, desestimó la advertencia y recordó la “importancia de la rentabilidad”.

Mientras los mineros preparaban una voladura, ocurrió lo temido: una pared cedió y el agua irrumpió violentamente, inundando los túneles a más de sesenta metros de profundidad. El corte de electricidad los dejó sin opciones, y el avance del agua bloqueó las rutas de escape. La única salida posible era el Alter Mann, una zona abandonada por riesgo de derrumbe. En la huida, el capataz Spieker perdió el equilibrio y fue arrastrado por la corriente; poco antes de alcanzar el refugio, un puntal golpeó a Bruno Reger, fracturándole ambas piernas.

En el Alter Mann, los sobrevivientes treparon hasta una zona más alta, donde el agua se detuvo, aunque el peligro continuaba: fragmentos del techo caían sin cesar. En la superficie, los familiares esperaban noticias mientras se velaban los cuerpos hallados en los túneles colapsados.

Cuando ya no se creía posible hallar más sobrevivientes, el Dr. Dietz autorizó nuevas perforaciones. Todas fallaron, hasta que el ingeniero Hansen dedujo que algunos hombres podrían estar refugiados precisamente en el Alter Mann. Una perforación en ese sector confirmó la existencia de una cavidad a la profundidad estimada.

Según la película, al décimo día bajo tierra la desesperación era total: se habían producido intentos de suicidio, y algunos consumados, cuando un nuevo derrumbe dejó al descubierto una broca. Los mineros, exhaustos, apenas reaccionaron. En la superficie, el jefe de perforación Jürgen Grabowski no escuchó señales y, por orden de Dietz, se detuvieron los trabajos. Pero Grabowski decidió intentar una segunda perforación, esta vez sin broca, y entonces los golpes de los mineros se sintieron con claridad. Por una cuerda enviaron una nota con los nombres de los once sobrevivientes. La noticia desató una profunda emoción entre los familiares reunidos en la iglesia de Lengede.

El problema era cómo rescatarlos. Las perforaciones convencionales requerían agua, pero la presión podría provocar un colapso en el inestable Alter Mann. Solo un método experimental, la limpieza con aire comprimido, podía funcionar. El equipo necesario llegó desde Bélgica, y la operación avanzó con rapidez, aunque Bruno Reger no logró sobrevivir.

La gran broca atravesó la roca con estruendo. Tras unos segundos de silencio, se escucharon voces desde la profundidad. Uno a uno, los mineros fueron devueltos a la superficie en la cápsula Dahlbuschbombe, donde sus familias los esperaban.

Cada vez que ocurre un derrumbe y la esperanza parece perdida, se recuerda a los once sobrevivientes de Lengede, símbolo de resistencia y fe en medio de la oscuridad.

El Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), realizó el 27 de octubre una intervención de alto riesgo en la mina Gladis Quispe, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, distrito de Pataz, departamento de La Libertad.

El despliegue de la “Operación Dante” se produjo tras una denuncia de usurpación en el lugar, donde se alertó sobre la presencia de personas retenidas por presuntos integrantes de un grupo dedicado a la minería ilegal.

A su llegada, las fuerzas conjuntas confirmaron un entorno de alta tensión: detonaciones, disparos y vehículos incendiados indicaban la gravedad del escenario.

Según informaron fuentes militares y policiales, personal del operativo detectó rápidamente a dos personas que lograron salir del socavón, atadas de manos, quienes dieron la advertencia de que los captores amenazaban con asesinar al resto de los rehenes ante cualquier intento de rescate.

Ante la situación límite, el Comando Unificado Pataz decidió incrementar el contingente y solicitar la intervención de unidades especializadas como la DIROPESP-GRECCO y la Fuerza Especial Conjunta (FEC). La intervención se desarrolló en coordinación y con rapidez, logrando la liberación de las quince personas secuestradas y asegurando el área, informó la Policía Nacional.

La fase siguiente incluyó la verificación y aseguramiento del interior de la mina, donde se hallaron casquillos de bala, restos de explosivos y evidencias del enfrentamiento.

La mina había sido sellada parcialmente. Las víctimas fueron evacuadas y trasladadas a la sede de la DIVPOL Pataz. Los informes médicos iniciales establecieron que no presentaban lesiones visibles.

La “Operación Dante” se enmarca en la política de intervención directa contra los delitos asociados a la minería ilegal.

El CUPAZ reiteró que el objetivo fundamental consiste en devolver el control de zonas clave al Estado, reforzar la seguridad de la población y debilitar las redes delictivas en esta zona del país.

La Libertad, un territorio en tensión

El rescate coincidió con otra noticia que marcó la agenda regional: el fallecimiento de Marco Marín Saldaña, general de brigada y jefe del Comando Unificado de Pataz, quien pereció en un accidente de helicóptero luego de la operación, en la localidad de Chagual.

El hecho, confirmado por el Ejército del Perú el 27 de octubre, añadió nuevas interrogantes sobre la seguridad y los retos logísticos en el distrito de Pataz.

En mensajes difundidos por organismos oficiales y medios periodísticos, se informó que el general viajaba en una aeronave de desplazamiento institucional junto a una comitiva del Ministerio de Defensa.

Versiones preliminares, recogidas por Sol TV, apuntaron como posibles causas a la colisión con cables de alta tensión, y también se planteó la hipótesis de un eventual ataque a la aeronave, aunque la información oficial sobre el caso permanece incompleta.

Marco Marín Saldaña había asumido recientemente la misión de liderar al Comando Unificado de Pataz, conformado específicamente para enfrentar la ola de delitos, conflictos y amenazas asociadas al auge de la minería ilegal y la presencia de grupos armados.

La provincia de Pataz representa uno de los principales retos de seguridad, tanto por su geografía accidentada como por la concentración de actividades ilícitas y conflictos sociales, según el análisis de especialistas en seguridad.

La mina de mercurio “El Guamúchil”, también identificada como “La Adriana”, en el municipio de Peñamiller, estado de Querétaro, enfrenta una nueva clausura total temporal. La medida responde a la continuación de actividades mineras sin autorización ambiental en pleno territorio de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, según informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Durante una inspección practicada el 15 de octubre de 2025, personal de la Profepa verificó que, contraviniendo la orden emitida en octubre de 2022, la mina mantenía sus operaciones de extracción y beneficio de mercurio. Los inspectores constataron que aún no se había presentado la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), documento exigido por la autoridad desde diciembre de 2024 como requisito indispensable para que la mina pudiera operar legalmente.

En el momento de la visita, trece trabajadores se encontraban laborando en el sitio, lo cual implica un grave riesgo a su salud debido a la alta toxicidad del mercurio y la ausencia de equipo de protección personal. La Profepa indica que “ninguno de los empleados portaba equipo de protección al realizar las actividades”, situación que viola normas básicas de seguridad.

Frente al incumplimiento de la clausura previa y la ausencia de los permisos ambientales necesarios, el organismo federal procedió a imponer nuevamente los sellos de clausura y abrir un nuevo procedimiento administrativo contra los responsables del proyecto minero.

Adicionalmente, la Profepa anunció que incrementará las acciones de vigilancia en la zona con el propósito de “garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de impacto ambiental y reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente”, especialmente tratándose de sustancias como el mercurio.

El mercurio, sustancia que se extraía en la mina sancionada, se encuentra severamente regulado por el Convenio de Minamata, tratado internacional diseñado para proteger la salud humana y el ecosistema de las liberaciones y emisiones provocadas por actividades industriales con este metal. Por su elevada toxicidad, incluso exposiciones breves a bajos niveles pueden provocar daños severos en el sistema nervioso central.

“El mercurio es un neurotóxico que puede alterar la coordinación motriz y la memoria, así como provocar daños en la mucosa oral, pulmones y sistema cardiovascular, además de generar problemas sensoriales y de aprendizaje”, documenta la Profepa.

Las consecuencias de la exposición ocupacional al mercurio abarcan desde náuseas, presión arterial elevada y erupciones cutáneas, hasta debilidad generalizada y, en los casos más graves, parálisis y muerte.

El reforzamiento de la vigilancia en la zona por parte de las autoridades busca, además de frenar la minería irregular, contener los peligros que representa para la población trabajadora y para el entorno la manipulación de este mineral sin controles ambientales ni medidas de protección.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cinco áreas operativas de la minera Los Filos en el estado de Guerrero, como parte de un procedimiento para reducir riesgos ambientales detectados desde mayo.

De acuerdo con información de la dependencia la minera ha cumplido parcialmente las medidas correctivas impuestas por la autoridad, por lo que continuará la suspensión hasta que se constate la mitigación completa de los daños.

Las medidas forman parte de una inspección iniciada a finales de mayo, cuando la Profepa recibió denuncias de comunidades vecinas respecto a presuntos daños ambientales.

Posteriormente, entre el 26 y 30 de mayo, personal de la Profepa realizó tres visitas de inspección en la Unidad Minera Los Filos, en las que revisaron el cumplimiento de las normas NOM-157-SEMARNAT-2009, NOM-141-SEMARNAT-2003, NOM-001-SEMARNAT-2021 y NOM-004-SEMARNAT-2009.

A raíz de las observaciones, la Profepa ordenó a la minera adoptar acciones inmediatas para corregir irregularidades en cinco zonas, cuya corrección ha sido incompleta. Las áreas cerradas son la mina subterránea, dos depósitos de residuos denominados tepetateras y dos patios de lixiviación, en los que se extraen metales por medio de sustancias químicas.

Entre los motivos de la clausura destaca que la mina subterránea opera en una superficie mayor a la autorizada. Además, los dos depósitos de tepetate presentan problemas de estabilidad, lo que, según la autoridad ambiental, podría ocasionar desprendimientos de residuos. En el patio de lixiviación de la zona 1, la Profepa observó ausencia de infraestructura para impedir la entrada de animales, así como acumulación de líquidos susceptibles de desbordamiento. Una situación similar se identificó en el patio de lixiviación de la zona 2.

Durante la verificación realizada entre el 23 de junio y el 4 de julio, la Profepa reportó “cumplimiento parcial” de las acciones correctivas, aunque persistían derrames de líquidos en los patios de lixiviación y manejo deficiente de los taludes y residuos sólidos urbanos.

En un comunicado conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se detalló la situación de la mina: “Las clausuras serán levantadas hasta que la empresa cumpla con todas las medidas de urgente aplicación que le fueron impuestas y la Profepa verifique que ya no representan un riesgo para el medio ambiente”

El procedimiento administrativo continuará su curso y no se levantarán las clausuras hasta la aprobación de las medidas de seguridad necesarias para evitar el daño. Las sanciones que correspondan serán determinadas conforme avancen las inspecciones de la autoridad.

Énder Daniel Correa Padilla, un minero dedicado a la extracción de oro, quedó sepultado durante varias horas tras un deslizamiento de tierra y rocas ocurrido el 12 de octubre de 2025, mientras cumplía su jornada laboral, en una mina localizada en la zona de Vegas de Segovia, en el municipio de Zaragoza, Antioquia.

Sus compañeros colegas intentaron rescatarlo, albergando la esperanza de que hubiera sobrevivido en una de las denominadas burbujas de aire, una posibilidad que en ocasiones permite a los atrapados resistir bajo los escombros. Sin embargo, el desenlace fue trágico: el cuerpo de Correa Padilla fue recuperado horas después del derrumbe, informó El Tiempo.

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Tras el hallazgo, el cadáver de Correa Padilla fue trasladado al casco urbano de Zaragoza para que especialistas del Instituto de Medicina Legal realizaran los exámenes correspondientes y determinaran las causas exactas de la muerte. Paralelamente, las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias precisas que rodearon el derrumbe en la mina.

El fatal accidente se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en el departamento durante el último mes: el 25 de septiembre, la alcaldía de El Bagre confirmó el fallecimiento de Heuler Andrés Beleño, que también perdió la vida sepultado en una mina ubicada en el corregimiento de Puerto Claver, en el Bajo Cauca antioqueño.

El suceso tuvo lugar durante la noche, cuando un talud de tierra se desprendió, dejando al joven minero atrapado bajo toneladas de tierra y escombros, en circunstancias comparables a las que rodearon la muerte del trabajador en Zaragoza. La muerte de Beleño fue confirmada por las autoridades locales, quienes lamentaron la reiteración de este tipo de tragedias en la zona.

Días antes, el 4 de septiembre, se reportó la muerte de Jorge Mario Ibargüen López, un minero originario de Caucasia que quedó atrapado por un alud de tierra en una mina de oro situada en el corregimiento de Cargueros, a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Caucasia, también en el Bajo Cauca.

Ibargüen López residía en el barrio El Castillito de esa localidad y, al igual que las otras víctimas, falleció mientras realizaba labores de extracción en condiciones de alto riesgo. Estos tres casos recientes evidencian la persistencia de condiciones peligrosas en las explotaciones mineras del Bajo Cauca antioqueño, donde los deslizamientos y derrumbes continúan cobrando vidas de trabajadores dedicados a la minería artesanal y de pequeña escala.

El rescate de los 23 mineros en la mina La Reliquia, de Segovia

Un total 23 mineros fueron rescatados luego de que terminaran atrapados en la mina La Reliquia en el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño. La operación concluyó con éxito tras más de dos días de intensas labores, según informó la Agencia Nacional de Minería.

La operación, que mantuvo en vilo a la comunidad local y a las autoridades, se vio marcada por la complejidad del terreno y la necesidad de mantener la integridad física y emocional de los trabajadores durante el encierro. La mañana del miércoles 24 de septiembre, la Agencia Nacional de Minería difundió las primeras imágenes del rescate, confirmando que los 23 mineros habían sido evacuados con vida después de permanecer bajo tierra desde el lunes 22 de septiembre de 2025.

En un reporte emitido cerca de las 10:50 a. m., la entidad detalló que hasta ese momento 7 mineros habían sido evacuados con vida de la mina, mientras continuaban las maniobras para liberar al resto del grupo.

Durante el tiempo que los trabajadores permanecieron atrapados, las autoridades lograron establecer y mantener comunicación constante con ellos. Este contacto permitió suministrarles alimentos, agua y aire comprimido, elementos esenciales para preservar su bienestar mientras se desarrollaban las tareas de rescate.

El personero local subrayó la relevancia de los recursos psicológicos brindados a los mineros, al señalar que, además de la alimentación e hidratación, se les proporcionó apoyo emocional a través de un teléfono fijo que les permitió comunicarse con el exterior.

“Se les está dando aire, se les está dando hidratación, les están dando alimentos y lo otro más importante, la ayuda psicológica, porque tienen un teléfono fijo del cual se pueden comunicar”, afirmó el funcionario.

La tarde del lunes 8 de septiembre de 2025, un accidente en una mina de arrastre del ejido El Mezquite, en el municipio de Sabinas, Coahuila, dejó atrapados a 16 trabajadores.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas, cuando una falla mecánica provocó la ruptura del malacate, mecanismo compuesto por una cuerda de acero empleada para la extracción de carbón y traslado de los mineros. La unidad cayó al fondo del socavón, obstruyendo la salida y dejando a los mineros sin posibilidad inmediata de salir a la superficie.

Las primeras informaciones indicaron que en el sitio se encontraban laborando 11 mineros en el momento del accidente, de los cuales cinco lograron salir por sus propios medios. Más tarde, el número de atrapados fue confirmado en 16, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila. La mina siniestrada pertenece a la empresa DUMAC.

Operativo de rescate y situación de los mineros

Autoridades, personal especializado en rescate minero y cuerpos de auxilio activaron el protocolo de emergencia para este tipo de eventos. Brigadistas y equipos de Protección Civil arribaron a la zona, resguardada por corporaciones de seguridad.

El operativo se realiza con precaución debido a las condiciones técnicas del pozo, de aproximadamente cuatro metros de diámetro y entre cuatro y cinco metros de profundidad.

El subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán, confirmó que el percance ocurrió por la ruptura del sujetador del contenedor destinado a la extracción del mineral, lo que generó la obstrucción total en el ducto de salida.

Detalló que los mineros atrapados se encuentran estables y con suministro de oxígeno, además de que se mantiene comunicación con ellos.

Hasta el momento, se descartan lesiones graves o pérdidas humanas. Ambulancias se encuentran en el sitio para brindar atención médica en cuanto los trabajadores sean rescatados.

Minería en la región: antecedentes y riesgos

El ejido El Mezquite ha sido escenario previo de percances similares, por tratarse de una zona dedicada a la explotación carbonífera a través de pozos y minas de arrastre, método que implica riesgos frecuentes como derrumbes o fallas en mecanismos de extracción.

A raíz del accidente, familiares de los trabajadores se concentraron en las inmediaciones de la mina, y las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alejada del sitio para facilitar las labores de rescate.

Además, se mantiene reserva sobre la identidad de los mineros atrapados, a la espera de información oficial más detallada.

Se espera que los mineros atrapados puedan ser liberados en el transcurso de las horas.

Una tragedia ocurrió en la mañana del martes 19 de agosto de 2025 en el sector conocido como Mina Walter en Montecristo, al sur de Bolívar, en el momento en el que un joven de 24 años, falleció tras ser aplastado por una piedra mientras trabajaba en un socavón. El accidente, que se presentó durante una jornada de extracción de oro, se convirtió en ejemplo de los riesgos a los que se enfrentan los mineros en esta región.

De acuerdo con testigos, un deslizamiento de tierra provocó que una gran roca se desprendiera y cayera sobre la víctima, identificada como Hernán David Rodríguez Ramírez. El impacto fue demasiado fuerte, por lo que sus compañeros actuaron con rapidez y decidieron mover la piedra para brindarle los primeros auxilios en el lugar.

Después de verificar la gravedad de las heridas, lo trasladaron al Hospital Manuel Elkin Patarroyo, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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Sobre Rodríguez Ramírez, se sabe que residía en el corregimiento de Canelos, jurisdicción de Santa Rosa del Sur, aunque había encontrado en la minería una fuente de sustento en Montecristo.

De acuerdo con lo revelado por aquellos que compartían labores con él, citados por el diario El Universal, la víctima llevaba poco tiempo dedicada a la extracción de oro, una actividad que, pese a su peligrosidad, representa una de las pocas alternativas económicas para muchos jóvenes de la zona.

Temor entre mineros por los constantes antecedentes y tragedias

El accidente generó temor entre los trabajadores de la mina, puesto que varios compañeros de Rodríguez Ramírez expresaron su temor ante la posibilidad de que hechos similares se repitan, lo que ha provocado incertidumbre sobre la continuidad de las labores en el sector. Con este sentimiento generalizado se demuestra la vulnerabilidad y la falta de garantías de seguridad en estas explotaciones informales.

Este hecho se suma a otras tragedias recientes en la minería del sur de Bolívar, pues el 20 de junio de 2025, en el sector Mina de San Juan, también en Santa Rosa del Sur, ocurrió un derrumbe en el interior de una mina de oro que dejó atrapados a tres trabajadores.

Pese a que varios mineros lograron escapar, tres personas quedaron sepultadas. Las víctimas de este caso fueron identificadas como Jaime Hernández, Anderson Gutiérrez y un tercer hombre, del que no se conoce su nombre. Todos eran provenientes de otras regiones del país y trabajaban en el lugar para ganarse la vida, hasta que quedaron bajo los escombros.

Tras diez días de labores de búsqueda y rescate, los organismos de socorro recuperaron los cuerpos de los tres mineros, lo que demuestra el riesgo constante de estas actividades en esta y otras zonas del territorio nacional.

Este panorama evidencia que la muerte de Hernán David Rodríguez Ramírez se suma a una lista de víctimas fatales en las minas del sur de Bolívar, donde los accidentes han cobrado la vida de más de seis personas en lo que va del año.

Debido a las consecuencias fatales que han ocurrido en repetidas oportunidades en este sector del país, tanto los trabajadores como sus familiares y la comunidad en general hicieron un nuevo llamado para que las autoridades avancen en el control de esta actividad, con el fin de evitar que se produzcan más pérdidas humanas por causa de la actividad de la minería, que se ha convertido en un trabajo de fácil acceso para aquellos jóvenes que buscan desempeñarse en alguna actividad lejos de la criminalidad en las diferentes zonas del territorio nacional.

La Dirección del Trabajo de Chile autorizó este sábado la paulatina reanudación de las operaciones en la mina El Teniente, lo que permitirá retomar la actividad en los sectores que no se vieron afectados por el derrumbe ocurrido el pasado 31 de julio, en el que murieron seis trabajadores. Las áreas consideradas de mayor riesgo permanecerán restringidas.

“Luego de la autorización entregada por Sernageomin y la Dirección del Trabajo, la División El Teniente de Codelco retomará esta noche, en el turno C, sus operaciones subterráneas con una dotación aproximada de 200 trabajadores, equivalente al 70 por ciento de la habitual para un fin de semana”, informó la compañía minera estatal en un comunicado. La empresa señaló que espera alcanzar la normalización definitiva de las faenas este domingo 10 de agosto.

Antes de tomar la decisión, el organismo evaluó el plan de reincorporación del personal, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (MIPER), los protocolos de emergencia, las actividades de formación, así como los informes del Comité Paritario y del departamento de seguridad de la compañía. Todo ello se realizó en el marco de “un proceso de reincorporación diseñado para resguardar la seguridad y el bienestar de las personas”.

Pese a la reapertura parcial, continúa vigente la paralización total —decretada el 1 de agosto— en los sectores Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante. La reactivación de estas áreas dependerá de futuras resoluciones del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y de la propia Dirección del Trabajo, según informó el diario chileno La Tercera.

Codelco comunicó que, a partir de ahora, también comenzará a levantar de manera progresiva la suspensión de contratos motivada por el derrumbe, y reiteró que el reinicio de cualquier actividad está condicionado al cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención establecidas.

“División El Teniente informará tan pronto sea posible su plan de reinicio de actividades, las condiciones y medidas implementadas para ello. En lo inmediato, la reactivación de las faenas permite desde ahora levantar la suspensión de los contratos de las empresas colaboradoras de las áreas mina informada ayer”, agregó la empresa en su nota pública.

El derrumbe del 31 de julio ocurrió en una de las galerías subterráneas de la mina de cobre, en una zona de explotación donde, por motivos que aún se investigan, se produjo un colapso de material rocoso. El accidente dejó seis personas fallecidas y nueve heridas.

Tras el siniestro, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de todas las actividades subterráneas mientras se llevaban a cabo las labores de rescate.

Actualmente, tanto el Sernageomin como la Dirección del Trabajo mantienen investigaciones en curso para determinar las causas del accidente y establecer en qué estado se encontraban las instalaciones al momento del derrumbe.

El reinicio parcial de las faenas supone el primer paso hacia la reactivación de una operación clave para la minería chilena, aunque la actividad en los sectores de mayor riesgo seguirá suspendida hasta que las autoridades lo autoricen.

(Con información de Europa Press)

Luego de que un reporte de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) compartiera un reporte sobre el papel de un grupo criminal mexicano que estaría involucrado en la extracción de mercurio en minas de Querétaro, las autoridades de dicho estado negaron la presencia de grupos criminales en las actividades mineras.

Durante una conferencia de la Secretaría de Gobierno de Querétaro, el titular de la institución, Eric Gudiño Torres, aseguró que la información que aparece en el informe referido “no está comprobada” y que hasta el momento no hay una investigación oficial por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Economía.

“Los mineros con los que se han entrevistado desmienten”, agregó Gudiño Torres, quien solicitó esperar a los datos que puedan compartir las autoridades federales.

“Es falso lo que dicen, no hay ningún grupo ni nada en las mina, seguramente hay algunas que son irregulares, pero eso depende de que nos de la información oficial de la Secretaría de Economía”. comentó Eric Gudiño ante medios de comunicación.

Reporte de la EIA señala al CJNG como implicado en las minas

Las declaraciones del funcionario suceden luego de que en días pasados fue revelado un informe de EIA en el que es señalado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como la estructura delictiva que tiene el control de minas para la extracción de mercurio.

Fue el pasado 24 de julio que la EIA publicó un informe en el que documentan el contrabando de alrededor de 200 toneladas de mercurio, cuya ruta inicia en Querétaro, además de que varias de las minas están dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de la UNESCO, una zona que ocupa más del 30% del territorio de la entidad gobernada por Mauricio Kuri.

“La evidencia recabada por EIA indica que algunas de estas minas están bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación”, aparece en el reporte de la agencia de investigación ambiental.

“Hemos identificado una red de contrabando de mercurio vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, a una sola organización”, destaca Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, en el trabajo del medio digital de Perú OjoPúblico, el cual retoma los datos de la EIA.

El CJNG es una organización criminal relacionada principalmente con el trasiego de drogas, es un grupo en la mira de Estados Unidos, donde es considerada una organización terrorista.

Cinco mineros artesanales murieron el viernes en el interior de la mina de oro Amayapampa, ubicada en el departamento boliviano de Potosí, tras un derrumbe que los sepultó bajo un talud de tierra, informó la Policía el sábado.

El accidente ocurrió a más de 4.000 metros de altitud, en uno de los yacimientos auríferos más grandes de la región, explotado a cielo abierto por la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Las víctimas, de entre 23 y 25 años, no pertenecían al personal regular de la empresa, pero contaban con autorización oficial para realizar labores de “paqoma”, una práctica tradicional que permite recolectar mineral residual.

“Cinco personas, mayores de edad, fueron encontradas dentro de la mina. La causa de la muerte es asfixia por aplastamiento. Asumimos que el cerro cedió en alguna porción y los aplastó”, declaró a la prensa el comandante de la Policía de Potosí, coronel Fernando Benítez. El oficial añadió que hasta el viernes por la tarde lograron recuperar los cinco cuerpos, aunque solo dos de ellos habían sido identificados.

El derrumbe se suma a una serie de accidentes similares registrados en Bolivia durante el año. “En lo que va del año, 73 mineros han perdido la vida en incidentes mineros solo en Potosí”, informó Benítez. La cifra pone en evidencia el alto riesgo al que se enfrentan los trabajadores del sector, en particular aquellos que operan de forma independiente o en condiciones informales.

El comandante regional, coronel Fernando Barrientos, precisó que los fallecidos eran trabajadores artesanales provenientes de comunidades rurales cercanas a la mina. “La causa de la muerte fue por asfixia por aplastamiento. Gran cantidad de tierra se desprendió en el interior de la mina y los aplastó. Estamos investigando las causas del accidente”, dijo Barrientos.

El hecho reaviva la preocupación por las condiciones de seguridad en las operaciones mineras del país. De acuerdo con la Policía, gran parte de las víctimas de este tipo de incidentes trabaja en minas gestionadas directamente por mineros o cooperativas, en contextos donde la precariedad laboral y la ausencia de medidas de seguridad son comunes.

La mina de Amayapampa se encuentra a unos 578 kilómetros al sur de La Paz. A pesar de su magnitud y producción, la práctica del paqoma persiste en sus alrededores como una forma de subsistencia para habitantes de comunidades vecinas, que extraen restos de mineral con herramientas básicas y sin infraestructura adecuada.

En marzo, un derrumbe similar en una mina de la ciudad de La Paz provocó la muerte de cinco trabajadores. Las autoridades no informaron de sanciones ni modificaciones estructurales tras aquel episodio.

El Ministerio de Minería no emitió comentarios públicos tras el accidente del viernes. Tampoco se reportaron inspecciones inmediatas o medidas de suspensión temporal de actividades en la mina afectada.

Las investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar las condiciones en las que se produjo el derrumbe permanecen abiertas, según confirmaron fuentes policiales.

(Con información de AFP y AP)

Se trata del accidente mas grave en dicha faena en décadas y según explicó el presidente de la estatal Codelco, Máximo Pacheco, “estos movimientos sísmicos son movimientos que se generan como una reacción de la roca a la actividad de perforación que hacemos al hacer minería subterránea”.

Sin embargo, y aunque se conoce la ubicación exacta donde se encuentran atrapados los cinco mineros, los rescatistas aún no han podido establecer contacto con ellos.

Esta jornada, en entrevista con el matinal de CHV Contigo en la Mañana, un trabajador identificado solamente como Juan narró la traumática experiencia:

“Esto no fue un temblor, mas bien fue una explosión, una onda expansiva que vino desde abajo, nos levantó. Fue como de dos segundos y después se vio el impacto, fue muy fuerte lo que se sintió”, señaló.

“Me encontraba en el proyecto Andesita, cerca del barrio cívico, que es la zona que está más fortificada y aún así se sintió muy fuerte. A los compañeros que estaban trabajando afuera los pilló desprevenidos, fue terrible para ellos”, agregó.

Según el minero, “el piso se levantó y luego cayó, fue como dos segundos el movimiento y trajo todas esas consecuencias. Se sentía el crujido del cerro, el plan de emergencia se activó y los furgones ya estaban en el área para retirarnos”.

“Fue todo sorpresivo, impresionante el impacto, se cayó material y el polvo no dejaba ver nada, pensamos en ese momento lo peor", complementó.

Juan relató que conocía al trabajador fallecido, identificado como Paulo Marín. “Estuvimos compartiendo habitación en el turno pasado (...) Quedamos con daño psicológico, hay colegas que dicen que no van a regresar. Estamos en un campamento esperando mayor información”, remató el minero.

Investigación en curso

En paralelo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) anunció una investigación para dilucidar las circunstancias en que se produjo el derrumbe, mientras que desde Codelco informaron que los cinco trabajadores desaparecidos se encuentran en el sector Teniente 7.

Se trata de Moisés Pávez Armijo, Gonzalo Núñez Caroca, Alex Araya Acevedo, Jean Miranda Ibaceta y Carlos Arancibia Valenzuela.

“En las labores de rescate está involucrado un equipo de aproximadamente 100 personas, formado por geofísicos y geomecánicos —quienes están revisando la respuesta sísmica—, además de rescatistas, algunos de los cuales participaron en el socorro de los 33 mineros en San José, en 2010. El grupo es liderado por el gerente de Minas de El Teniente, Rodrigo Andrades, quien ha estado trabajando toda la noche”, detallaron desde Codelco.

Finalmente, el presidente Gabriel Boric anunció que suspendió un viaje que tenía para esta jornada y que la ministra de Minería, Aurora Williams, ya se encuentra en el lugar de los hechos a fin de monitorear esta nueva tragedia que enluta al país.

Tres guardas de seguridad sufrieron heridas de consideración por explosivos en un violento ataque reportado en horas de la madrugada del miércoles 23 de julio, en la mina de Buriticá, ubicada en un sector conocido como Higabra.

Los afectados recibieron atención médica inmediata, con lesiones principalmente en el rostro, mientras la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional intervino en el lugar para restablecer la seguridad y permitir la reanudación de las actividades extractivas.

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Según denunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el objetivo de los agresores era apoderarse de la subestación eléctrica principal de la empresa que opera legalmente la mina.

“Los criminales están desesperados, tienen el propósito de tomarse el sector donde se encuentra la subestación eléctrica principal de la empresa, lo cual afectaría la operación legal (...) Estamos tratando con los peores delincuentes, no con angelitos, a estos bandidos hay que combatirlos con todas las capacidades de nuestras Fuerzas y de la ley”, escribió el mandatario departamental en su cuenta de X.

La declaración del Rendón da muestra de la delicada situación en el que se considera el proyecto subterráneo más grande de Colombia, en el que la disputa por el control de este enclave minero ha escalado a niveles alarmantes, pese a los esfuerzos de las autoridades por restablecer el orden y la legalidad.

La violencia en Buriticá no es un fenómeno aislado. A pesar de que las autoridades lograron recuperar por completo un túnel que estaba bajo control del Clan del Golfo, los hechos violentos persisten, lo que evidencia la complejidad de la disputa. La guerra subterránea ha incluido el uso de cilindros bomba, mercurio, atentados con explosivos y armas largas, según recopiló Blu Radio.

Estos ataques han tenido como blanco tanto al personal de la compañía como a la fuerza pública, como parte de las operaciones de control que buscan frenar la minería ilegal y garantizar la seguridad en la zona. La situación ha alcanzado tal nivel de tensión que la empresa titular del derecho minero anunció la adopción de acciones legales internacionales contra el Estado colombiano.

La compañía argumenta que el Estado, responsable de asegurar las condiciones mínimas de seguridad para la explotación minera, no ha cumplido con su deber, lo que ha puesto en riesgo tanto a sus empleados como a la continuidad de sus operaciones. La Procuraduría también ha intervenido, solicitando informes detallados sobre las medidas de seguridad implementadas para evitar que la problemática se agrave.

La exigencia de información busca determinar si las acciones adoptadas por las autoridades han sido suficientes o si se requieren estrategias adicionales para contener la escalada de violencia y proteger tanto a los trabajadores como a la infraestructura crítica del proyecto. La mina de Buriticá se ha convertido en un escenario de confrontación directa entre organizaciones criminales y el Estado, con la legalidad y la seguridad de la industria extractiva en juego.

Otro ataque contra la misma mina en enero

Cabe destacar que el viernes 17 de enero de 2025, a las 2:47 a. m., un grupo vinculado a la minería ilegal irrumpió de forma violenta en las instalaciones subterráneas de la mina de oro Buriticá, ubicada en el municipio homónimo.

Apenas media hora después, a las 3:18 a. m., los atacantes lanzaron bombas de fabricación casera de alto poder contra la infraestructura crítica del complejo, según detalló en un comunicado oficial Zijin-Continental Gold, la multinacional china que opera la mina.

La compañía detalló que el ataque destruyó la subestación eléctrica y dejó inutilizada la fuente de energía de respaldo, lo que obligó a la suspensión inmediata de todas las operaciones mineras.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a 17 personas que presuntamente están relacionadas con el ataque a militares donde fallecieron seis efectivos en una zona limítrofe de los estados de Michoacán y Jalisco.

Infobae México pudo confirmar con la Defensa que hay 17 persona detenidas, de las cuales, doce son de origen colombiano. Todos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Morelia, donde se les investigará por su probable responsabilidad en la colocación de los artefactos explosivos que provocaron la muerte de los militares.

El arresto ocurrió en un domicilio usado como “casa de seguridad” en el fraccionamiento Villa de Oriente en el municipio de Los Reyes.

La agencia Quadratín aseguró que a estas personas se les incautaron armas de fuego, cartuchos, cargadores, dos vehículos con reporte de robo y material explosivo.

Información preliminar refiere que estos sujetos serían integrantes del Cártel de los Reyes, organización liderada por Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringüa”; y Luis Enrique Barragán Chávez “El Güicho”.

El pasado 27 de mayo se reportó que seis militares del Ejército Mexicano perdieron la vida y dos más resultaron heridos tras la explosión de una mina terrestre en un camino rural del poblado de El Santuario, en el municipio de Los Reyes, Michoacán.

El incidente ocurrió mientras los militares patrullaban la zona a bordo de un vehículo táctico blindado, en un área donde operan presuntamente grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico.

De acuerdo con la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, capital de Michoacán, la mina terrestre que detonó era de fabricación casera. La explosión destruyó por completo el vehículo militar tipo SandCat, causando la muerte inmediata de dos agentes pertenecientes a la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) y cuatro integrantes del Grupo de Respuesta a Emergencias (GRE), ambas unidades asignadas al Ejército y la Guardia Nacional. Además, dos miembros del GRE resultaron gravemente heridos.

El Ejército Mexicano señaló que la mina fue colocada por grupos de delincuencia organizada que operan en la región. Las autoridades han identificado a los dos militares fallecidos de la FERI como el Segundo subinspector Jovany Rosales Rosales y el subagente Jorge Alberto Cruz Velázquez. Sin embargo, la identidad de los otros cuatro fallecidos y los dos heridos no ha sido revelada oficialmente, aunque se sabe que entre ellos se encuentran un oficial y cinco elementos de tropa.

Tras una revisión por parte de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 23 de mayo se determinó que existe un riesgo inminente de desequilibrio ecológico en la zona ya que se registró un derrame de jales que han llegado hasta viviendas aledañas.

Habitantes de Zimapán, Hidalgo y zonas cercanas a la mina de Sago Import Export se quejaron ante autoridades ambientales por irregularidades, ante lo cual acudió la procuraduría para realizar una inspección.

En respuesta a denuncias difundidas en redes sociales sobre el derrame, que habría alcanzado predios cercanos, elementos de la Profepa realizaron una visita de inspección enfocada en la contaminación de suelos.

¿Cuál es la sanción que impuso la Profepa?

La Profepa concluyó que debía implementarse una clausura parcial y temporal como medida de seguridad a la minera, tras detectar un derrame de jales dentro y fuera de sus instalaciones. Este incidente ocasionó daños al suelo tanto del predio donde opera la empresa como de las zonas aledañas.

Durante esta verificación, se constató que el derrame comenzó en la parte superior del talud de la presa 2, específicamente en la corona de la misma.

Esto produjo afectaciones en dos zonas dentro de la planta, con una extensión acumulada de 1.38 hectáreas, contaminadas con jales, lodos y agua residual.

De igual manera, se identificó un sitio donde se produjo un escurrimiento considerable que sobrepasó los límites del terreno de la empresa y afectó un área habitacional conocida como “La Alberca”.

Este desbordamiento no solo impactó a la comunidad, sino que también implica un riesgo significativo de desequilibrio ecológico para los ecosistemas del entorno.

La institución destacó que los jales derramados contienen residuos peligrosos que dañan el medio ambiente y generan repercusiones negativas en la flora, fauna y el suelo natural de la región.

Con base en lo estipulado en el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Profepa impuso la clausura parcial temporal de las actividades de extracción, beneficio de minerales metálicos y no metálicos, así como de la generación y disposición de residuos mineros en las presas de jales 2 y 3, que forman parte de la misma estructura.

Esta medida estará condicionada a que la empresa implemente acciones que garanticen la prevención de futuros derrames, el retiro de los jales ya vertidos y la remediación del suelo dañado, tanto dentro como fuera de las instalaciones.

La minera Sago Import Export centra sus operaciones en la extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos, destacándose en la obtención de plomo, zinc y cobre.

Son seis el número de militares pertenecientes a las Fuerzas Especiales que murieron por la explosión de un artefacto creado de manera artesanal en los límites de Michoacán y Jalisco, el pasado martes.

Se confirmó que eran seis los militares caídos y dos heridos de gravedad tras la explosión del objeto tipo mina que se activó cuando patrullaban en un vehículo blindado de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI), en la comunidad El Santuario, municipio de Los Reyes, Michoacán, como parte de un operativo en esa zona.

De acuerdo, fuentes federales se ha confirmado que son seis los efectivos fallecidos por el hecho; se tiene conocimiento de que los grupos criminales que operan en Michoacán y Jalisco, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclutaron a exmilitares colombianos para la siembra de explosivos artesanales.

Cabe destacar que este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la muerte de los militares y se solidarizó con los familiares de las víctimas.

La mandataria nacional señaló que era muy lamentable que sucediera el uso de artefactos explosivos.

“Nuestra solidaridad y todo el apoyo a los familiares de la Guardia Nacional, y se está trabajando de manera muy importante en seguridad, el día de ayer hubo 44 homicidios reportados, por supuesto que quisiéramos que no hubiera ninguno, pero recuerden que el promedio en septiembre del año pasado era de casi 80, 75, entonces van disminuyendo y hay detenciones muy importantes, además del trabajo de atención a las causas”, señaló la presidenta.

Ante la pregunta de una periodista sobre si la explosión de la mina se le adjudica a algún grupo delictivo, Sheinbaum dijo que prefería que eso lo informara el gabinete de seguridad.

El despliegue de la agrupación militar a dicha zona comenzó desde el pasado sábado, cuando unidades del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) fueron enviadas para desmantelar un supuesto centro de adiestramiento perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre las víctimas fatales se encuentran el segundo subinspector Jovany Rosalesy el subagente Jorge Alberto Cruz Velázquez, aunque la identidad del resto de los militares no ha sido confirmada oficialmente.

El incidente ocurrió el domingo en la región de Cot'e D'or, según la versión militar, que sostiene que los mineron provocaron e incluso abrieron fuego contra los militares, que "actuaron en defensa propia", según recoge el diario ghanés 'The Chronicle'.

Los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario Komfo Anokye de Kumasi --uno-- y al Hospital Público de Obuasi --nueve más--.

El comandante de la Policía para la región de Ashanti, George Ankoma, se ha dirigido a la gente congregada en uno de los hospitales, ha realizado un llamamiento a la calma y ha anunciado que se investigará lo ocurrido y que los responsables rendirán cuentas.

En diciembre de 2024, después de quince años de trabajo en la mina Veladero, provincia de San Juan, Roberto Sarmiento fue notificado de su despido. La decisión se tomó sin causa aparente, sin explicaciones ni litigios. A cambio, recibió $110 millones de indemnización por parte la empresa Minera Andina del Sol, conformada por Barrick Gold y Shandong Gold. Aunque se trata de una cifra exorbitante, no sorprendió a quienes conocen el mundo de la minería donde los sueldos oscilan entre los $5.000.000 y $7.000.000 mensuales.

Sarmiento, maquinista de oficio y oriundo de San Luis, tenía un perfil que pasaba inadvertido: clase media, sin deudas ni antecedentes llamativos. Su vida, hasta entonces, había estado definida por el ritmo cíclico de las jornadas en altura, la maquinaria pesada y las escalas salariales del convenio minero.

La mina Veladero es uno de los yacimientos de oro y plata más importantes de Argentina, y su operación implica una logística compleja y condiciones laborales muy particulares. Se sitúa en plena cordillera de los Andes, en el departamento de Iglesia. Allí, las operaciones se desarrollan en lugares ubicados entre los 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a 374 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan. El trabajo de Sarmiento consistía en operar y vigilar las máquinas y el equipo que se utiliza para perforar y explotar barrenos, o abrir rozas.

Al igual que el resto de los mineros, Sarmiento se regía por un sistema de rotación 14x14. Es decir, permanecía 14 días seguidos en la mina y luego descansaba 14 días en su casa. Durante los días en operación, vivía en campamentos mineros especialmente preparados para soportar las condiciones climáticas de alta montaña.

La jornada laboral diaria se extendía durante 12 horas, en turnos diurnos y nocturnos, donde las temperaturas podían descender a -20℃ en invierno y la radiación solar es elevada.

Cuando ya habían quedado atrás esos días de tareas extenuantes, disfrutaba de su tiempo libre y pensaba en qué gastar su dinero, su cuenta bancaria experimentó un inusual movimiento. Unas 72 horas después de haber cobrado la indemnización recibió otros $110.000 millones parte de la empresa Andina del Sol.

Había sido una falla humana. El administrativo y el contador encargados de abonar la indemnización no advirtieron que el dinero ya había sido enviado y lo hicieron nuevamente.

Cuando la empresa notó el movimiento duplicado, intentó contactar a Sarmiento. No hubo respuesta. No hubo devolución. Entonces acudieron a la justicia. Esa duplicación contable fue el primer paso hacia una causa penal por estafa. Hoy, el caso está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan, que está a cargo del fiscal Guillermo Heredia.

¿Cómo fue que un asunto laboral terminó en una denuncia penal? Según los informes bancarios solicitados por la fiscalía, Sarmiento transfirió el segundo monto —los $110 millones adicionales— a una cuenta a nombre de su esposa, identificada con el apellido Muñoz.

“En ese momento se configura el delito de estafa. Ya no se trata de una simple defraudación por no devolver un dinero recibido por error, sino que hay una conducta orientada a ocultar los fondos”, explicó el fiscal Heredia a Infobae. “Ese hallazgo desvió la atención la causa de una simple omisión a un presunto delito deliberado”, agregó.

La fiscalía actuó rápido. Las cuentas vinculadas a Sarmiento y Muñoz fueron bloqueadas, impidiendo que el dinero se moviera. “El dinero no lo gastaron, sigue estando en la cuenta de la mujer de Sarmiento”, precisó el fiscal, quien aclaró que lo que pretende la empresa es que el ex trabajador devuelva ese dinero que no le corresponde.

Sin embargo, el caso se complicó más de lo esperado porque la justicia de San Juan le tuvo que pedir ayuda a la de San Luis. “El motivo radica en que tanto Sarmiento como su esposa residen en San Luis, fuera del alcance directo de los tribunales sanjuaninos”, remarcó el fiscal Heredia.

A pesar de que Sarmiento ya fue citado a declarar por la justicia de San Luis, no se presentó a la audiencia. “La causa ya fue formalizada, y si vuelve a ausentarse, se solicitará su detención. Muñoz también fue imputada y deberá declarar sobre su participación en la transferencia”, dijo el fiscal, que además señaló que en el expediente penal los dos figuran como imputados.

Ese tipo de delito se encuentra tipificado en el artículo 172 del Código Penal Argentino, que prevé una pena de entre un mes y seis años de prisión. “Estamos hablando de una cifra que casi llega a los USD 100 mil”, remarcó el fiscal, que también hizo alusión a la multa que contempla el artículo 175.

Consultado sobre el monto de la indemnización, Heredia explicó que los trabajadores del sector minero se rigen por convenios colectivos que establecen escalas salariales altas, lo que justifica cifras de esa magnitud tras una desvinculación. “Las empresas suelen pagar indemnizaciones completas y sin litigios para evitar conflictos judiciales”, concluyó el fiscal al referirse a la paradójica situación en la que se encuentra la minera con el ex trabajador.

Australia es una de las principales potencias mineras del mundo. Sus grandes exportaciones de oro, hierro, carbón, litio o gas natural han convertido este sector en uno de sus grandes focos económicos. De esta manera, la minería también es uno de los principales creadores de empleo del gran país de Oceanía.

Por tanto, las minas dan empleo a miles de australianos, pero también es el destino de muchos migrantes que ponen rumbo a Australia. La calidad de vida y los rasgos que lo hacen un país único han hecho que se convierta en uno de los lugares donde más personas deciden probar suerte.

Dentro de los migrantes que eligen Australia, encontramos un amplio número de españoles. En los últimos años ha crecido el número, y muchos de ellos deciden mostrarlo en redes sociales. La minería es uno de los muchos mercados donde todos estos españoles pueden encontrar un empleo.

Tommy López es un joven español que decidió marcharse a Australia a buscar trabajo y lo encontró en las minas. Desde entonces, relata su día a día, sus experiencias o curiosidades del país en sus redes sociales. Su vídeo explicando los servicios de los que pueden disfrutar los mineros han sorprendido a miles de usuarios.

Desde pistas deportivas a un cine

En Australia, la calidad de vida del trabajador durante su turno laboral se la toman muy en serio. Además de pagar grandes salarios -ajustados a que el nivel de vida es mucho más caro que en otros lugares- los empleados cuentan con muchos privilegios que han desatado la envidia o la sorpresa de muchos españoles.

“Con esto vais a flipar”, adelanta Tommy. Como cuenta en su vídeo, las instalaciones de su lugar de trabajo cuentan con pistas de baloncesto o fútbol, con una zona de gimnasio donde ejercitarse o “una sala para desconectar en nuestro tiempo libre con butacas, billar, juegos y hasta una sala de cine con un proyector".

La empresa busca fomentar las relaciones personales entre los compañeros. Con este tipo de instalaciones, facilita que existan conexiones positivas entre los trabajadores. Además de las ya comentadas, también cuentan con un amplio comedor, donde compartir tiempo en los descansos. Además, todo el recinto favorece estas relaciones sociales, pues parece una pequeña ciudad en la que puedes hacer una vida muy completa.

No obstante, al igual que es importante la compañía, también lo es la privacidad en ciertos momentos. Por ello, más allá de todas estas instalaciones, también tienen su propio espacio. Hay casetas con habitaciones para “cada persona en la que se alojan los trabajadores y en las que hay una mesa, silla, televisión, cama, aire acondicionado, baño, frigorífico y un microondas”, explica Tommy López.

Todas estas ventajas con las que cuentan mineros y otros trabajadores de las minas en Australia han viralizado el vídeo en TikTok. Muchos usuarios se interesan en los comentarios, asegurando que quizás sería una buena opción que plantearse. Desde luego, es llamativo la cantidad de servicios que ofrecen para que los trabajadores disfruten de un espléndido entorno laboral.

En este punto, el frío obliga a los pasajeros a abrigarse, y pocos se animan a limpiar las ventanas, que se encuentran empañadas debido a la neblina y las lluvias. Tras dejar atrás Ticlio, se puede vislumbrar el paisaje a través de la ventana.

Los viajeros que partieron de Lima hacia el centro del Perú y se sentaron junto a la ventana izquierda del bus interprovincial o automóvil tienen el privilegio de contemplar la laguna Huacracocha. A pesar de la neblina, es posible admirar este vasto cuerpo de agua que, aunque parece estático, está en constante movimiento.

A medida que el bus avanza, la neblina comienza a disiparse, lo que permite ver algunas de las pocas casas de Morococha que aún permanecen en pie, pero que están deshabitadas. En las calles no hay nadie, salvo algunos mineros. Desde 2012, cientos de familias dejaron este pueblo para mudarse a una nueva ciudad que ya estaba lista para ser habitada, con servicios básicos, infraestructura moderna y espacios de esparcimiento.

El pueblo de Morococha, ubicado a 4.525 m s.n.m., pertenece al distrito de Morococha, en la provincia de Yauli, región Junín. Desde tiempos inmemoriales, es conocida como una localidad minera. Según los archivos de la empresa Cerro de Pasco Corporation, la explotación minera en este distrito data de 1763. Posteriormente, Centromin y Minera Perú Copper S.A. (hoy Minera Chinalco Perú S.A.) continuaron con las actividades mineras.

Precisamente Minera Chinalco, de capitales chinos, fue la encargada de construir la Nueva Morococha para albergar a las familias del pueblo de Morococha, quienes fueron desplazadas debido al proyecto cuprífero Toromocho.

La ciudad que se construyó desde cero en 26 meses

A solo 15 minutos en auto desde el pueblo de Morococha se encuentra Nueva Morococha, la primera ciudad planificada y construida con infraestructura urbana y servicios públicos, incluso antes de que sus habitantes se mudaran. Debido a la existencia de recursos naturales bajo sus viviendas, cientos de familias se vieron obligadas a reubicarse en esta nueva ciudad, ya que Minera Chinalco planeaba explotarlos.

La empresa implementó un plan de reasentamiento para los pobladores que residían cerca del yacimiento minero, ubicado a 4.750 m s. n. m., como parte de la preparación para la explotación a gran escala del Proyecto Toromocho, uno de los más importantes proyectos de extracción de cobre en Perú.

La Minera Chinalco, a través de su página de Facebook, informó sobre el tiempo que tomó la construcción de la ciudad, así como los espacios e infraestructuras con las que cuenta. “La ciudad fue construida en un periodo de 26 meses, entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, tomando como referencia estándares internacionales”, indicó.

“La ciudad cuenta con todos los servicios públicos, como redes de agua y alcantarillado, redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua y desagüe, espacios públicos como pistas y veredas, rampas para personas con discapacidad, áreas de recreación, mercados, parques, templos religiosos, cementerio, museo, entre otros”, agregó.

La construcción de la localidad se realizó en coordinación con los residentes, las autoridades competentes y siguiendo estándares internacionales, como informó Rubén Villasante Guerrero, jefe del Proyecto Social Capital Group.

“Definido el sitio y el diseño de la nueva ciudad, las viviendas fueron planificadas con la participación de la población. Se realizaron talleres con los habitantes para asignar las viviendas. Además, en una consulta, descubrimos que querían mantener sus barrios de la vieja Morococha”, expresó Villasante Guerrero en un video publicado en el canal de YouTube de Minera Chinalco.

En Nueva Morococha, se encuentran más de mil viviendas de 105 metros cuadrados, que pertenecen a los antiguos pobladores de Morococha. Muchos de ellos han ampliado sus hogares y han inaugurado negocios en diversos rubros.

Es menester señalar que la moderna ciudad no es un campamento minero. Aunque, a primera vista, puede parecerlo debido a los cascos ubicados en puntos estratégicos de las calles pavimentadas. Lo cierto es que esta percepción cambia cuando se observa el amplio campo de fútbol con césped sintético y pista atlética ubicado en un extremo del lugar.

La ciudad cuenta con espacios para el deporte y el ocio, pero también para la educación. Por ejemplo, dispone de colegios de nivel inicial, primaria y secundario. Además, las madres que tienen bebés pueden realizar otras actividades, ya que hay guarderías disponibles.

A pesar de las modernas infraestructuras, las casas son considerablemente más pequeñas en comparación con los hogares anteriores de los pobladores. Sin embargo, los servicios en Nueva Morococha son superiores a los de la antiguo pueblo, especialmente en lo que respecta al acceso al agua potable, un problema que aquejaba a los habitantes de Morococha.

Sobre las falencias que puedan existir, Aida Gamarra Sánchez, luchadora social y pobladora de Morococha, fue entrevistada por El Gran Angular en 2016, cuatro años después de que los pobladores comenzaran a mudarse a la moderna ciudad.

“No quise recibir una casa ni el dinero que me ofrecieron, tampoco el trabajo. ¿Por qué? Porque Carhuacoto (Nueva Morococha) es un lugar que ellos decidieron arbitrariamente. Además, esas casas no están bien hechas, hay filtraciones. Incluso en la misma municipalidad, el agua filtraba... las paredes se están rajando", contó.

La antigua Morococha se encuentra en ruinas, ya que sus viviendas fueron demolidas para dar paso a la minería. Desde lo alto, se pueden observar las enormes zanjas donde los mineros trabajan arduamente. La mina a tajo abierto instalada en la zona desplazó a los pobladores, quienes ahora viven en una ciudad moderna, pero esto no garantiza necesariamente el bienestar de todos.

El lado B de la Nueva Morococha

A pesar de las modernas infraestructuras y los espacios de esparcimiento para toda la familia, más de un habitante de Nueva Morococha considera que la localidad está aislada y carece de oportunidades de trabajo. En diálogo con Red Muqui, uno de los vecinos comparó su antiguo pueblo con la nueva ciudad.

“Debido a que el campamento minero estaba cerca de nuestras casas, se instalaron negocios. Los trabajadores de las minas, con sus esposas, venían. Había movimiento, pero ahora... ¿dónde está el compromiso de Chinalco?”, expresó el hombre, quien prefirió no revelar su identidad.

Rosmery Poma, moradora de Nueva Morococha, también compartió su opinión en una entrevista con El Gran Angular en 2016, coincidiendo con la apreciación de su vecino. “En los años anteriores había negocios. Uno podía vender café con panqueques, y salía a cuenta. También podías lavar ropa. Ahora, acá no se puede hacer eso”, comentó.

Mayra Alejandra Buenrostro, madre de Pablo Ríos, joven que murió tras la explosión de una mina en un plantío de limones, situado en Michoacán, pidió asilo a la embajada de Estados Unidos.

Durante una entrevista que ofreció a medios, Mayra Alejandra declaró que pide ayuda a EEUU, debido a que en el estado en el que reside hay “violencia” y “menos trabajo”, pero sobre todo por el fallecimiento de su hijo.

“Con lo que le pasó a mi niño yo ya no quiero saber nada”, expresó.

Respecto al avance del caso o información de la Fiscalía del estado, la mamá de Pablo, quien tenía 15 años cuando perdió la vida, aseguró que no le han dicho nada y presuntamente no hay un respaldo.

“Solo hablaron de mi niño y atacaron su memoria. Hubieran ido conmigo a preguntar por qué murió y a qué se dedicaba”.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia LeBarón denunció el fallecimiento del llamado niño jornalero cuando laboraba en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en la entidad.

Sin embargo, la explosión que ocurrió el 8 de febrero, no solo cobró la vida del joven, sino también de un hombre de al menos 43 años. Ambos trabajaban en una parcela de limón, y de acuerdo con la Fiscalía, este tipo de artefactos, denominados “narcomina”, son colocados para sembrar terror entre los pobladores.

La mamá de la víctima asegura que hay más artefactos explosivos en la zona y lamenta la forma en que le entregaron los restos de su hijo y cómo se ha desarrollado el caso ante las autoridades.

“A mí niño me lo entregaron incompleto, porque tardaron en llegar ahí. Y me dijeron que no pudimos recoger más, ¿Por qué? porque al hacerlo explotaría otra mina. Ellos saben que hay más”, insistió.

Madre de menor pide disculpas públicas

Por su parte, Mayra Alejandra pidió al titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, que brinde una disculpa pública “en memoría de él”.

“Yo quiero una disculpa en vía pública a mí, porque así como fue bueno para hablar de mi hijo que se retracte de lo que dijo”.

Y es que la FGE informó que una de las líneas de investigación sobre el caso de la muerte de dos personas tras estallar una mina en el municipio de Buenavista Tomatlán “pudiera sugerir que no necesariamente son víctimas” y que la explosión se debió a la manipulación intencional del artefacto explosivo.

Según informó el departamento de bomberos del condado, el incidente ocurrió cuando el adolescente y un grupo de amigos decidieron explorar el lugar y descender utilizando cuerdas caseras.

El grupo de jóvenes se encontraba caminando por un parque estatal cuando decidieron investigar una cueva que resultó ser un antiguo pozo minero horizontal, ubicado a unos 55 metros dentro de la ladera de una montaña.

Un rescate técnico que requirió medidas de seguridad extremas

Utilizando cuerdas improvisadas, los adolescentes descendieron entre 12 y 15 metros hacia el interior del pozo. Sin embargo, durante el ascenso, la cuerda de uno de ellos se rompió, provocando que cayera y quedara atrapado en una posición peligrosa.

El adolescente no pudo escalar por sí mismo los 15 metros de la verticalidad del pozo y se vio obligado a esperar en un saliente hasta que llegaran los servicios de emergencia.

Según detalló Mary Eldridge, oficial de información pública del departamento de bomberos durante una entrevista con People, el equipo de rescate técnico desplegó una operación que incluyó la instalación de líneas de cuerda, la evaluación de la calidad del aire en el interior del pozo y la implementación de estrictas medidas de seguridad para garantizar la integridad tanto del joven como de los rescatistas.

“[Ellos] le colocaron un arnés al joven y lo sacaron”, explicó Eldridge al medio, destacando la complejidad de la operación.

El joven de 16 años fue rescatado utilizando un arnés y, tan pronto llegó a la salida al aire libre, fue entregado al personal médico, quien lo atendió para descartar cualquier problema de salud.

Los riesgos de explorar sin equipo adecuado

El departamento de bomberos del condado de Placer enfatizó que el rescate en lamina fue el primero de este tipo al que el departamento respondía. Sin embargo, las autoridades enfatizaron la la importancia de tener cuidado, ya que la localidad históricamente ha sido epicentro de extracción de oro.

“Recomendamos a la gente que no entre en esas zonas. Muchas de ellas están bloqueadas y cerradas, pero la tierra se mueve y la gente encuentra acceso. Así que están por todas partes”, explicaron los bomberos.

El incidente pone de manifiesto los peligros de explorar áreas naturales o estructuras abandonadas sin el equipo adecuado. Según las autoridades, los amigos del joven lograron salir del pozo utilizando las mismas cuerdas improvisadas, pero la rotura de una de ellas dejó al último adolescente en una situación crítica.

Tal y como se observa en las fotografías, el adolescente rescatado usaba crocs, un tipo de calzado no adecuado para explorar estas formaciones rocosas.

“Este suceso resalta los peligros naturales únicos siempre presentes dentro de nuestro hermoso y accidentado paisaje en el condado de Placer. Nuestro compromiso con la seguridad pública en estos diversos escenarios utilizando equipos de operaciones especiales altamente capacitados es primordial en nuestro servicio al público”, redactaron los bomberos en un comunicado emitido en redes sociales.

En las imágenes compartidas por los servicios de emergencias se puede observar el momento exacto en el que diversos integrantes del departamento de bomberos local arribaron a la entrada de la cueva, para después inspeccionar el lugar del rescate.

El resto de las fotografías muestran al equipo de rescate descendiendo hasta el saliente en el que se encuentra el joven, para posteriormente amarrarlo a un sistema de arneses.

La mañana de este sábado se reportó la explosión de una narcomina colocada en la comunidad de Santa Ana Amatlán, perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, y que terminó con la vida de un campesino que se encontraba en la zona.

Fueron los propios familiares y compañeros de trabajo de José “L”, un hombre de 43 años, quienes lo trasladaron al Hospital Regional de Apatzingán; aunque todavía presentaba signos vitales, la magnitud de sus heridas terminaron por arrebatarle la vida horas más tarde.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, según el reporte que recibió la Fiscalía Regional de Apatzingán, cuyo personal acudió a la zona de la explosión para implementar un cerco de seguridad e iniciar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información de testigos recogida por medios locales, la narcomina explotó cuando el campesino trabajaba la tierra con un azadón y de manera accidental activó el mecanismo para hacerla detonar.

El cuerpo ya se encuentra en el Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle los exámenes correspondientes, aunque de manera preliminar se indicó que la víctima tenía múltiples heridas provocadas por las esquirlas, lo que le causó una gran pérdida de sangre.

Conviene recordar que la región de Tierra Caliente de Michoacán es escenario de una intensa guerra por el control criminal que se disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Zicuirán, entre otros.

Conviene recordar que el pasado 31 de enero se reportó la muerte de Antonio de Jesús Céspedes y Horacio López Peña, cuando la camioneta en la que viajaban pisó una narcomina en el ejido de Santa Rita, Tamaulipas; junto a ellos viajaba una mujer que necesitó atención médica por las heridas provocadas por la explosión.

Antonio de Jesús era ciudadano estadounidense, por lo que después del incidente, el gobierno de su país emitió una alerta nivel 4 para pedir a todos sus connacionales que no viajaran al municipio de San Fernando, una de las 4 demarcaciones de Tamaulipas en las que el Ejército Mexicano ha detectado y desmantelado 15 narcominas.

Por casos como este, el Congreso de Tamaulipas está analizando la posibilidad de modificar el Código Penal para que se tipifique el delito de fabricación, posesión y transporte de minas terrestres y se castigue con hasta 75 años de prisión a quienes resulten responsables, según se lee en la iniciativa presentada por el diputado panista Gerardo Peña Flores.

Dos hombres murieron y una mujer resultó lesionada en el Ejido Santa Rita, en San Fernando, Tamaulipas, luego de que se activara un artefacto explosivo que se encontraba enterrado en el lugar.

Así lo dio a conocer la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, por medio de sus redes sociales.

“Se informa el incendio de un vehículo presumiblemente por activación de artefacto explosivo en el Ejido Santa Rita de #SanFernando. Las autoridades ya se encuentran a cargo de la situación”, posteó la Vocería de Seguridad en su cuenta de X, el pasado viernes por la tarde.

“Derivado del reporte de incendio de un vehículo por activación de artefacto explosivo en el Ejido Santa Rita de #SanFernando. Se informa el lamentable fallecimiento de dos masculinos por la onda expansiva de la explosión y una femenina lesionada la cual fue trasladada a un hospital para su atención mediante”, se explicó.

Fuentes policiales habrían dado a conocer que los dos hombres contaban con 74 y 75 años de edad, y perdieron la vida debido a la explosión. La mujer lesionada cuenta con 50 años de edad.

El vehículo habría pasado sobre lo que se presume, era una mina terrestre de las que últimemante se dejan en diversos ejidos y brechas de Tamaulipas como parte de la guerra entre grupos delictivos.

Tan solo en el mes de enero, se registraron tres hechos donde vehículos que circulan por algunos ejidos detonan artefactos explosivos, por lo que el gobernador de Tamaulipas anunció restricción de unidades en los municipios de Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Matamoros, específicamente en cuatro ejidos.

El mandatario estatal, Américo Villarreal Anaya, aseguró que únicamente estos cuatro municipios se encuentran en alerta roja, ya que, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de las fuerzas de seguridad, sigue habiendo enfrentamientos entre dos grupos delincuenciales.

Se dio a conocer que, tanto el Ejército Mexicano, como la Guardia Nacional y Estatal, se encuentran realizando recorridos para detectar y desactivar estos artefactos de fabricación casera de las zonas rurales del estado, donde, además, grupos delictivos usan drones con explosivos para inhibir el trabajo de las fuerzas armadas.

La mañana del 13 de enero Ramón Paz Salinas, maestro de una telesecundaria en Michoacán, perdió la vida cuando su camioneta pisó una narcomina sembrada por uno de los grupos criminales que se pelean a muerte la región de Tierra Caliente.

Como todas las mañanas, Paz Salinas se dirigía a dar clases en una de las regiones más apartadas de Apatzingán; viajaba en su camioneta de la comunidad de Las Bateas a El Tepetate cuando ocurrió la tragedia. El profesor, de 69 años, murió al instante y su vehículo quedó completamente destruido y calcinado.

La noticia, replicada por medios locales, fue condenada por los habitantes de Apatzingán, esto por tratarse de un maestro rural con amplia trayectoria, reconocido y querido por comunidades enteras que temen ante el incremento de las narcominas sembradas sobre caminos de terracerías para evitar que grupos rivales avancen hacia sus territorios dominados.

Una de las primeras versiones que corrieron tras el siniestro apuntaba a que la víctima era un jornalero -adulto mayor- que había acudido a supervisar sus huertas de limón; sin embargo, en las últimas horas se confirmó que la víctima era el profesor rural, el cual se sumó a otras dos víctimas que murieron en circunstancias similares.

Y es que esta mañana el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó el hallazgo de dos cuerpos al interior de una camioneta que contaba con blindaje artesanal” y en cuyo interior se encontraron armas largas y municiones.

Conviene señalar que en la última jornada Michoacán se sumó a los estados con más homicidios dolosos registrados en el país, pues de las 74 personas asesinadas durante el 13 de enero, siete crímenes fueron cometidos en Morelos (primer lugar), seguido por Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Sonora, con seis víctimas cada entidad.

El peligro de las minas terrestres de fabricación casera no sólo han afectado a pobladores y grupos criminales rivales. A finales de agosto de 2024 un comandante de la Guardia Civil de Michoacán y tres de sus escoltas resultaron heridos cuando la patrulla en la que viajaban pisó un explosivo en el poblado de Punta de Agua, en el municipio de Buenavista Tomatlán.

Conviene recordar que la zona de Tierra Caliente está en constante conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya y Los viagras, quienes se pelean el dominio de delitos como extorsiones a productores de limón y aguacate, así como la producción y exportación de narcóticos.

La continuidad de Ariana, el controversial proyecto minero ubicado en el distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, departamento de Junín, ha llegado a su recta final. Este miércoles 8 de enero se llevó a cabo la última audiencia de segunda instancia en el Poder Judicial, donde se decidirá si esta mina subterránea de cobre y zinc podrá operar en una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Lima y Callao.

El caso ha generado un intenso debate, ya que el sistema hídrico involucrado incluye 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que alimentan el túnel trasandino Cuevas-Milloc, una infraestructura clave para el trasvase de agua desde la cuenca del río Mantaro hacia la cuenca del río Rímac. Este sistema representa el 62% del agua que abastece a Lima y Callao durante la temporada de estiaje. El proceso judicial se encuentra en un punto crítico, con dos jueces a favor del proyecto y dos en contra, lo que deja en manos de un quinto juez la decisión final.

Sedapal advierte riesgos para el abastecimiento de agua

Aunque no es parte directa del proceso judicial, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha intervenido como coadyuvante de la parte demandante, alertando sobre los riesgos que el proyecto minero Ariana podría representar para la distribución de agua en Lima y Callao.

Durante su presentación en la audiencia, Sedapal dijo haber identificado al menos cuatro amenazas inminentes, entre ellas la posible contaminación de las fuentes de agua debido a la presencia de arsénico y otros materiales que, aunque actualmente se encuentran dentro de los límites permitidos, podrían superar los estándares de calidad ambiental con la operación minera.

Además, Sedapal denunció que la empresa responsable del proyecto, Southern Peaks Mining (SPM), ha cercado parte del área de influencia, lo que ha impedido que los técnicos de la entidad puedan realizar investigaciones sobre los niveles de contaminación en las lagunas. También se advirtió que las voladuras con dinamita, necesarias para la explotación subterránea, podrían alterar el cauce de las aguas y reducir tanto la cantidad como la calidad del recurso hídrico disponible para la población.

¿Qué es Ariana? Impactos ambientales y sociales en debate

El proyecto Ariana, cuya construcción podría reiniciarse en enero de 2025 y comenzar operaciones en 2027, ha sido objeto de controversia desde su aprobación en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Según consignó la parte demandante, el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado en ese momento no incluyó una evaluación exhaustiva sobre los posibles efectos en el sistema hídrico de Marcapomacocha ni en el abastecimiento de agua para Lima. Esto ha sido señalado como una omisión grave por parte de los demandantes, quienes argumentan que el proyecto representa un riesgo significativo para una ciudad que ya enfrenta un alto estrés hídrico.

En enero de 2023, la jueza Rocío del Pilar Rabines, del sexto juzgado constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto y la realización de estudios hidrogeológicos para determinar los riesgos existentes. Sin embargo, tanto la empresa como el Estado apelaron esta decisión, lo que llevó a la audiencia definitiva del 8 de enero de 2025.

Durante la audiencia de hoy, el abogado del MINEM defendió el proyecto argumentando que su paralización busca frenar la inversión privada y que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la entidad competente para evaluar la inocuidad del proyecto, aunque esta última no incluyó en su análisis inicial una valoración específica sobre el impacto en el sistema hídrico de Marcapomacocha.

Un conflicto que refleja tensiones nacionales

El caso del proyecto Ariana no solo pone en juego el abastecimiento de agua para Lima y Callao, sino que también refleja un patrón recurrente de conflictos socioambientales en el Perú. Este tipo de disputas, que antes se concentraban en regiones alejadas de la capital, ahora afectan directamente a Lima, una ciudad desértica que depende casi por completo del agua proveniente de la sierra central. De no contar con este recurso, la capital enfrentaría una crisis hídrica de proporciones alarmantes.

Aunque Southern Peaks Mining adquirió la concesión en 2011, la oposición al proyecto ha sido constante. En 2019, las congresistas Maritza Glave y Katia Gilvonio, junto con el exministro José De Echave, interpusieron una demanda de amparo para detener la obra, argumentando que su ejecución podría comprometer la provisión de agua para Lima y Callao.

Un fallo crucial para el futuro hídrico de Lima

El desenlace de este caso será clave no solo para el futuro del proyecto Ariana, sino también para la gestión del agua en una de las ciudades más vulnerables al estrés hídrico en América Latina.

Según datos del Observatorio de Ceplan, Perú ocupa el puesto 32 entre los países con mayor estrés hídrico a nivel mundial y el tercero en América Latina y el Caribe. Lima, junto con Ica, encabeza la lista de las ciudades peruanas más afectadas por esta problemática.

La decisión del Poder Judicial, que se conocerá en los próximos días, marcará un precedente en la relación entre la minería y la gestión de recursos hídricos en el país. Mientras tanto, la incertidumbre persiste para los millones de limeños que dependen del agua proveniente de Marcapomacocha.

En el marco de sus esfuerzos por identificar nuevos recursos minerales, Minera Poderosa ha completado importantes campañas de exploración en diversas regiones del Perú durante 2024, según informó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Estas actividades, enfocadas principalmente en la búsqueda de oro, han arrojado resultados preliminares positivos, aunque aún se encuentran en etapas iniciales de evaluación.

De acuerdo con declaraciones de Carlos Villanes, jefe de Prospección y Exploración Regional de la compañía, el próximo paso de Minera Poderosa será desarrollar una nueva operación minera en La Libertad.

Este proyecto, que se encuentra en fase de evaluación de factibilidad, no está directamente vinculado a la operación actual en Pataz, pero se ubica dentro de la misma región.

De esta manera, explicó, Poderosa tiene proyectos cerca de la mina que no son alrededor de la operación misma y que están entrando en una etapa de evaluación para ver su factibilidad en el corto plazo.

“Están dentro de la misma región La Libertad y eso vendría a ser el siguiente paso que tenga Poderosa. Tener una operación, aunque pequeña, pero puede tenerla”, afirmó Villanes al IIMP.

Poderosa alista planes de expansión en 2025

Además de los planes en La Libertad, la empresa también está desarrollando proyectos en otras regiones del país. Sin embargo, estos se encuentran en etapas más tempranas y requieren un proceso más prolongado antes de alcanzar la viabilidad.

Según Villanes, estos proyectos de mediano y largo plazo podrían tardar entre 10 y 15 años en madurar, debido a las múltiples fases de exploración y evaluación necesarias para avanzar hacia una operación minera consolidada.

Estas exploraciones se han centrado en la identificación de depósitos auríferos, aunque los resultados obtenidos hasta ahora corresponden a una etapa inicial de conocimiento geológico.

“Los resultados son positivos, pero esos resultados primero tienen que ver con una etapa de conocimiento. Ya después, va a venir la parte de aplicación directa de la exploración para conseguir, por ejemplo, identificar recursos minerales o reservas, que esa es la parte económica del proyecto. Entonces, ahorita estamos en una fase inicial todavía”, explicó Villanes al medio especializado.

El auge de las empresas contratistas en el sector minero peruano

En el Perú, el sector minero continúa consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, y con ello, las empresas contratistas que prestan servicios a esta industria experimentan un crecimiento constante.

Según informó la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú (Acomipe), cada año se suman aproximadamente 100 nuevas empresas a este rubro, una tendencia que podría mantenerse o incluso incrementarse en los próximos años debido a las expectativas generadas por nuevos proyectos mineros.

De acuerdo con declaraciones de Carlos Bernal, gerente de Acomipe, el desarrollo de proyectos mineros de mediana y gran envergadura, junto con el interés por maximizar el aprovechamiento de recursos como el cobre y otros minerales, está incentivando la creación de nuevas empresas de servicios y proveedores de bienes.

Este panorama, según Bernal, podría mantener el ritmo de crecimiento anual de 100 empresas o incluso superarlo en el futuro cercano. “El próximo año, se espera algo similar o quizás más”, afirmó Bernal en un evento organizado por el IIMP.

Sin embargo, no todas las empresas registradas están operativas. Bernal señaló que, aunque el Minem tiene un registro oficial de 2.416 empresas contratistas, algunas de ellas no están activas, mientras que otras operan bajo múltiples razones sociales pertenecientes al mismo propietario.

El sábado 14 de diciembre de 2024, en horas de la mañana, se registró una explosión en el interior de una mina de carbón en Sogamoso, Boyacá, en la vereda Morcá en el sector El Portillo. De acuerdo con testigos de la zona, varias personas lograron salir ilesas, pero tres personas murieron y varios trabajadores quedaron atrapados en los túneles.

El fallecimiento de los trabajadores lo confirmó el secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán, que lamentó los hechos y aseguró que aún no se sabe la identidad de los fallecidos.

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“La explosión fue en el centro poblado de Morcá donde fallecieron los tres mineros que estaban dentro de la estructura carbonera”, dijo el funcionario.

A su vez, dio a conocer que las tres personas fueron identificadas como Fabio Merchán, Ferney Cano y Jonathan Gaitán. Mineros del sector indicaron que dos de ellos son de nacionalidad venezolana y que el otro es colombiano.

“Lamentablemente, hay tres mineros desaparecidos y lo que dicen los socorredores mineros es que están a 150 metros de profundidad. Hay socorredores mineros y bomberos realizando labores de extracción del gas metano y, obviamente, poder tener libre la zona de gas para poder ingresar a la mina a ver cuál es el estado y cómo podemos encontrar a los mineros”, explicó Castro.

Según el informe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, la explosión tuvo lugar en la mina conocida como Oro Negro, reconocida a nivel nacional por la explotación de carbón.

La entidad también aseguró que el incidente ocurrió en la zona más profunda de la mina. Además de revelar que la principal teoría detrás de la explosión fue la acumulación de gas metano en el interior de la mina. Sin embargo, mencionó que están recabando información para determinar con exactitud las razones detrás del accidente y si hubo alguna responsabilidad por parte de los trabajadores de la zona.

También se ha conocido que la mina de carbón donde están atrapados los hombres es propiedad de Reinaldo López Fernández, que no se ha pronunciado ante la explosión. Mientras las familias de los atrapados esperan a que se resuelva la situación, la Agencia Nacional de Minería (ANM), territorial Nobsa, se desplazó al lugar de los hechos para rescatar a los mineros.

Entre las acciones que han adelantado destacan la ventilación de dicho espacio, aspecto fundamental para salvaguardar la integralidad de los hombres; ya que, de acuerdo con los primeros informes de las autoridades, los túneles quedaron repletos de gas metano, lo que podría ahogar a las personas o provocar más explosiones.

A la presencia de la ANM se suma el personal de la Cruz Roja Colombiana Unidad Municipal Sogamoso, Gestión del Riesgo del municipio, funcionarios de la Alcaldía de la ciudad, Policía Nacional y mineros voluntarios, entre otros, que trabajan para rescatar lo más rápido posible a Merchán, Cano y Gaitán.

Por su parte, los familiares de las víctimas esperan que en las próximas horas el cuerpo de socorro y las autoridades competentes puedan hallar los cuerpos de los tres muertos; y rescatar a los trabajadores mineros que se encuentran desaparecidos tras la explosión.

Otra tragedia por la explosión de una mina de carbón se registró en el departamento de Santander, en la que falleció Jhon Fredy Ruiz Ariza, un trabajador de 32 años, por las heridas que generó el accidente y la inhalación de gas metano.

Según los reportes preliminares entregados por las autoridades, la explosión registrada el 13 de diciembre de 2024 en el municipio de Landázuri fue por causas aún bajo investigación.

En la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada respecto a un incidente ocurrido en una mina del estado de Guerrero en la que murieron varias personas por inhalar monóxido de carbono.

“Ahora que estuvimos en Pasta de Conchos, las familias y los trabajadores mineros nos plantearon varios temas, unos relacionados con el apoyo a las familias y el rescate que se está haciendo de los mineros y la otra es la seguridad de las y los trabajadores mineros”, expresó la mandataria al referirse a la muerte de tres mineros en el yacimiento Media Luna, localizado en el poblado Nuevo Balsas, del municipio de Cocula; uno más se encuentra hospitalizado.

Las acciones

“Le pedí a Marath -Bolaños-, secretario del Trabajo, que se incrementen las inspecciones y que se revise a fondo. No puede ser que aquí se apliquen unas normas por empresas canadienses y en Canadá se apliquen otras”, indicó tras conocerse que la mina es propiedad de la canadiense Torex Gold Resources Inc..

Cabe destacar que en reiteradas ocasiones Sheinbaum Pardo ha manifestado su descontento por las compañías procedentes de Estados Unidos y Canadá quienes apegadas al TMEC proceden a instalarlas en nuestro país, sin embargo, no aplican los mismos criterios ambientales o de seguridad industrial, como es el caso, las cuales no son acordes a la imagen de nación progresista y socialmente responsable que pretenden dar.

Medios locales señalaron que los fallecidos son Gonzalo Guzmán Martínez, de 39 años, originario de Durango; José Francisco López Elías, de 36, oriundo de Hermosillo; y Javier Rucobo Ávila, de 32 y proveniente de Zacatecas.

“Ya está revisando el caso el secretario de Trabajo y en particular sobre esta mina y la coordinadora de Protección Civil -Laura Velázquez Alzúa- para el apoyo que requieren las familias, pero sí es un tema que todavía está pendiente y es indispensable que se trabaje”, reconoció la jefa del Ejecutivo.

La empresa

Tras lo ocurrido, las autoridades estatales y federales de inmediato procedieron con la suspensión de las actividades en la mina subterránea ELG.

De igual modo a través de un comunicado, Torex Gold, informó que, “Una exposición fatal a monóxido de carbono cobró la vida de dos empleados y un contratista en la mina subterránea El Limón Guajes, y otro está hospitalizado”, la firma se dijo “devastada por la muerte de estos colegas y que su prioridad es apoyar plenamente a sus familias y a nuestra gente, mientras comenzamos el trabajo para comprender cómo ocurrió esto”, comunicaron.

La corporación es un productor intermedio de oro con sede en Canadá que opera un área de 29 mil hectáreas en el Cinturón de Oro de Guerrero, ubicado a 180 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México.

Los restos del noveno de los diez trabajadores que quedaron atrapados en El Pinabete fueron recuperados este viernes tras dos años del derrumbe de la mina.

Así lo informó Comando Unificado, integrado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de un comunicado.

El cuerpo se recuperó este viernes 8 de noviembre a las 11:49 horas, luego de 147 días del inicio de la segunda fase de labores de búsqueda.

Tras su recuperación, los restos quedarán bajo resguardo de la Fiscalía de Coahuila, a través de quien se realizarán las acciones para el proceso de identificación genética y que en su momento informará los resultados a los familiares que correspondan.

El Comando señaló además que las labores de excavación continúan en las zonas identificadas por los especialistas como de mayor probabilidad de hallazgo para la localización del décimo minero.

“El Gobierno de México, a través del Comando Unificado, mantiene su firme compromiso de localizar e identificar al último minero atrapado en la mina El Pinabete, con el propósito de brindar certeza y justicia a sus familiares”.

Fue el 4 de noviembre cuando el Comando Unificado informó sobre la localización de los restos óseos del noveno minero en el interior de la galería conocida como “GWE11″, en la zona oeste de trabajo.

Para realizar una extracción segura, en el área del hallazgo se implementaron trabajos de reforzamiento estructural, mediante la colocación de marcos de acero y madera.

A dos años del derrumbe

Cerca de las 13:35 horas del 3 de agosto de 2022 la mina El Pinabete, en Sabinas Coahuila, colapso durante los procesos de excavación en el sitio, debido de una inundación derivada de la presencia de tres pozos en sus alrededores.

Y aunque algunos mineros lograron salir, diez quedaron atrapados, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia para recuperar a los trabajadores con vida.

Desde entonces las labores de búsqueda permitieron que el primer cuerpo fuera localizado el 27 de diciembre de 2023, seguido del segundo y tercero el 29 de diciembre del mismo año, y el cuarto el 16 de enero de 2024.

Mientras que el quinto y sexto minero se localizaron en agosto, y el octavo en septiembre pasado.

Uno de los compromisos asumidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue la recuperación de los restos de los trabajadores, encomendando la tarea a la Comisión Federal de Electricidad.

El último fin de semana, un accidente fatal tuvo lugar en una mina artesanal ubicada en el sector Huanocancha - Choccollo, distrito de Colquemarca, en la provincia cusqueña de Chumbivilca. El incidente provocó la muerte de dos trabajores mineros, quienes realizaban labores en condiciones que no contaban con medidas de seguridad adecuadas.

Los mineros identificados en el accidente son José Tensio Jenio Sucapuca y un trabajador sin identidad confirmada, aunque sus compañeros se refirieron a él como Nolberto Jalo. Según la información recabada en el lugar, ambos hombres intentaban empujar un coche minero junto a otros trabajadores. Mientras algunos de los obreros tiraban del vehículo desde adelante, una cuerda que los sostenía se rompió, y el coche retrocedió, aplastando a José Sucapuca y a su compañero.

Así llegaron los cuerpos al centro de salud

Como informó la agencia Andina, la policía supo de esta tragedia cuando, al hospital de Santo Tomás en Chumbivilcas, llegó una camioneta blanca con placa de rodaje VCF-853. El que conducía el vehículo era Cristian Cárdenas Quispe, de 30 años, quien transportaba en la tolva el cuerpo de uno de los fallecidos, en posición de cúbito dorsal. Vestía una chompa de lana de colores negro, plomo y blanco, y un pantalón deportivo negro. El cuerpo fue reconocido por el ciudadano Efraín Montari Hinojosa, quien declaró que se trataba de su compañero de trabajo, conocido como Nolberto Jalo.

Al llegar a la mina, la policía encontró el cuerpo de José Tensio Jenio Sucapuca en la entrada del socavón, también en posición cúbito dorsal, con los brazos cruzados sobre el vientre y las piernas estiradas. Vestía ropa de color negra y crema, y calzaba botas negras; sobre su abdomen reposaba un casco azul. Según el reporte policial, el cuerpo presentaba signos de pérdida de masa encefálica, con una posible lesión en la cabeza, y fue cubierto con una frazada multicolor.

Los cuerpos de los trabajadores fueron trasladados a la morgue central del hospital de Santo Tomás, donde serán sometidos a una necropsia para determinar las causas precisas del accidente. La policía sigue en proceso de verificar la identidad de los fallecidos, mientras un grupo de agentes especializados inició una investigación paralela sobre el presunto incidente de trabajo.

Un accidente que se suma a otros en la zona

El sector minero en Chumbivilcas fue escenario de varios accidentes en los últimos meses. Hace menos de un mes, un hecho similar tuvo lugar en el distrito de Livitaca, en la misma provincia. En esa ocasión, Paúl Huillca Flores, un joven de 32 años perteneciente a la comunidad de Huanaco, sector Quechapampa, perdió la vida tras inhalar gases tóxicos en el socavón de una mina artesanal abandonada, conocida como “Natalia”. La mina, ubicada en el sector de Hatun Q’asa en el distrito de Livitaca, presentaba condiciones de ventilación inadecuadas y acumulación de gases, factores que provocaron la muerte de Huillca.

El hombre había ingresado a la mina en compañía de su amigo, Aparicio Mollo Huamani, sin contar con equipo de protección ni con conocimiento sobre los riesgos de los gases tóxicos en minas abandonadas. Mientras este último logró salir con vida, Paul quedó atrapado, y finalmente falleció. El difunto dejó a dos hijos en la orfandad.

Las autoridades locales tomaron medidas inmediatas, iniciando investigaciones para determinar las causas exactas de la acumulación de gases en la mina y evaluar posibles responsabilidades en el accidente.

Ginés Donaire

Jaén, 17 oct (EFE).- La perfecta socialización de Veenita, una cría de lince ibérico que perdió a su madre en junio, ha sorprendido a los técnicos del centro La Olivilla de Jaén, hasta el punto que han convertido a esta cría en pieza clave paras las futuras campañas de reintroducción así como para reforzar genéticamente las áreas de reintroducción en Andalucía.

Veenita es uno de los cuatro cachorros que sobrevivieron cuando, en junio de este 2024, su madre, Rupia, fue atropellada en las inmediaciones del término municipal de La Palma del Condado (Huelva).

Tras la información recogida por el equipo de seguimiento del Centro de Cría de Jaén, se ha constatado que Veenita socializa correctamente con una hembra adulta llamada Mina y su único cachorro.

Fue trasladada el pasado lunes al centro jiennense tras haberse realizado todas las comprobaciones sanitarias pertinentes y comprobar que no representaba ningún riesgo para sus hospedadores.

“La correcta socialización de los cachorros es imprescindible para prepararlos de cara a la futura temporada de reintroducción, así como para el adecuado desarrollo del cachorro más joven de camada única”, indican en un comunicado los técnicos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

De este modo, por medio de la técnica del fototrampeo, así como a través de un exhaustivo seguimiento por videovigilancia, no sólo se ha comprobado que la hembra, Mina, se ha mostrado receptiva ante la nueva presencia, sino que además las interacciones están siendo positivas entre los tres ejemplares.

El equipo técnico de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente concluyen que el aumento de estas, que incluyen el acicalamiento y el descanso conjunto, demuestra lo exitoso de la unión.

Por medio de las técnicas de seguimiento de fototrampeo, así como a través del uso de un dron con sensor térmico perteneciente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, se comprobó que los intentos de caza cooperativa de los cachorros permitían la evolución favorable de los mismos.

Por este motivo, los técnicos del programa de conservación del lince ibérico designaron a un candidato, de entre los cuatro cachorros, para las futuras reintroducciones durante la temporada de 2025 en Andalucía.

Por tanto, el recién bautizado, Veenita, ha sido elegido para reforzar genéticamente las áreas de reintroducción en la comunidad autónoma.

En una primera instancia, Veenita se trasladó al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y de Gestión del Medio Marino (CREA-CEGMA) Marismas del Odiel, en Huelva, para su incorporación a un proceso de cuarentena. Y posteriormente fue reubicado en el Centro de Cría de Lince Ibérico de La Olivilla, en Santa Elena, Jaén, para continuar con su sociabilización y entrenamiento de cara a la futura temporada de reintroducción.

De este modo, una vez superadas todas las evaluaciones sanitarias a lo largo de la cuarentena, el equipo técnico confirmó que, al no presentar ninguna enfermedad infectocontagiosa, podría pasar a sociabilizar con otros ejemplares.

La población de lince ibérico ha superado la barrera de los 2.000 ejemplares en toda España, constituyendo un nuevo número máximo desde que se realiza un seguimiento pormenorizado de sus poblaciones. De este modo, se aleja progresivamente del riesgo de extinción. EFE

gd/fs/cc

(foto)

Este viernes 11 de octubre fueron recuperados los restos humanos del octavo trabajador, que quedó atrapado en la mina “El Pinabete” en agosto de 2022.

Así lo informó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de un comunicado.

Los restos que fueron ubicados el sábado 5 de octubre, se recuperaron tras más de seis horas de trabajo de los equipos de búsqueda y a 123 días del inicio de la segunda fase de las labores de recuperación.

“A 123 días del inicio de la segunda fase de las labores para la recuperación de los mineros en “El Pinabete”, se informa que a las 12:59 h de hoy viernes 11 de octubre se recuperaron los restos humanos del octavo minero en la galería GWE10 oeste”.

En la acción se contó con la participación coordinada de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza (FGEC).

“Las operaciones de búsqueda y recuperación continúan en las áreas señaladas como las de mayor probabilidad de hallazgo. Las autoridades persisten en el objetivo de localizar e identificar a los dos mineros restantes”.

Hasta la fecha se han logrado recuperar ocho de los diez mineros atrapados en la mina ‘El Pinabete’, tras la emergencia del 3 de agosto de 2022″.

Identifican a séptimo minero de “El Pinabete”

Fue ayer jueves cuando se informó sobre la identificación de los indicios biológicos recuperados el 28 de septiembre, correspondientes al séptimo minero.

Se trata de Ramito Torres Rodríguez, cuya identidad fue comunicada en una reunión privada con las familias de los mineros.

Los hallazgos fueron recuperados y resguardados por la Fiscalía para su debida identificación.

Lo anterior, luego de que el 3 de agosto de 2022 se dio a conocer el colapso de uno de los túneles de la mina “El Pinabete” durante los procesos de excavación en el sitio.

La excavación provocó una inundación derivada de la presencia de tres pozos en sus alrededores.

El saldo final del colapso fue de diez mineros atrapados, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia para recuperar a los trabajadores con vida.

Con el pasar de los días, las esperanzas disminuyeron, hasta que las autoridades determinaron centrar sus esfuerzos en la extracción de los cuerpos.

Uno de los compromisos asumidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue la recuperación de los restos de los diez trabajadores atrapados, encomendado la tarea a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La mañana de este sábado fueron localizados restos humanos que corresponderían al octavo de los diez trabajadores que quedaron atrapados en la mina “El Pinabete” en agosto de 2022, en Coahuila.

Así lo informó Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), a través de un comunicado.

El hallazgo se realizó durante las operaciones de búsqueda subterránea en la galería GWE10, luego de 118 días del inicio de la segunda fase de las labores para la recuperación de los mineros.

“En una jornada marcada por el esfuerzo de los equipos de rescate, se ha activado el protocolo de recuperación de hallazgos biológicos establecido por el Mando Unificado, conformado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza”.

Velázquez Alzúa detalló además que se implementan acciones para reforzar estructuralmente el área mediante la instalación de marcos, lo que permitirá iniciar la recuperación de los restos humanos.

Las operaciones de excavación continúan en las áreas señaladas por los especialistas como las de mayor probabilidad de hallazgo. “El objetivo persiste en localizar e identificar a los dos mineros restantes atrapados en la mina ‘El Pinabete’”.

La búsqueda ha permitido localizar hasta ahora ocho de los diez cuerpos atrapados. Fue en septiembre cuando autoridades comunicaron la recuperación de los restos del séptimo minero tras 113 días de búsqueda.

Los restos fueron recobrados a las 15:51 horas del sábado 28 de septiembre, luego de que un día antes se reportó su visualización en la galería GWE 10 oeste.

Colapso de El Pinabete

Fue cerca de las 13:35 horas del 3 de agosto de 2022 cuando se dio a conocer el colapso de uno de los túneles de la mina “El Pinabete” durante los procesos de excavación en el sitio.

La excavación provocó una inundación derivada de la presencia de tres pozos en sus alrededores.

El saldo final del colapso fue de diez mineros atrapados, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia para recuperar a los trabajadores con vida.

Con el pasar de los días, las esperanzas disminuyeron, hasta que las autoridades determinaron centrar sus esfuerzos en la extracción de los cuerpos.

Uno de los compromisos asumidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue la recuperación de los restos de los diez trabajadores atrapados, encomendando esta tarea a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En medio de operaciones militares un solado del Ejército Nacional cayó en una mina antipersonal en el departamento del Bolívar.

El suceso se habría presentado cuando tropas del Batallón de Infantería Mecanizado N 4 General Antonio Nariño, realizaban operaciones militares en contra de grupos armados, pero en el lugar donde transitaban estaba instalado un campo de minas antipersona.

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El uniformado resultó con graves heridas en sus extremidades. Al parece los hechos estarían perpetuados por la subestructura Erlín Pino Duarte del Clan del Golfo.

El solado fue trasladado a Bucaramanga donde está siendo atendido, luego de ser evacuado por la Fuerza Aérea. Se espera que en las próximas horas, el Ejército Nacional entre un avance de la situación.

Este nuevo ataque se presentó un día después de que un soldado murió y otros cinco más resultaros heridos, debido a que también cayeron en una mina antipersonas.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), podría estar detrás del ataque. El hecho ocurrió en una zona donde actualmente el Ejército está en pleno combate con miembros de esa guerrilla.

Por medio de su cuenta oficial de X el Ejército Nacional de Colombia denunció el hecho. “Durante este hecho el GAO- ELN, Frente Héctor comisión de alias Duván, activó un área con artefactos explosivos, al paso de la tropa, dejando como saldo un soldado asesinado y 5 más heridos”.

En un comunicado de la institución afirmaron que las tropas atacadas se encontraban cumpliendo con la misión de asegurar el territorio escoltando la maquinaria destinada a la reparación del Oleoducto Caño Limón – Coveñas afectado por este GAO. En el lugar varios de los militares en medio de la ofensiva cayeron en el área que estaba con explosivos.

“Como resultado de esta cobarde y criminal acción, el soldado profesional Solano Miranda Carlos fue asesinado y otros cinco militares resultaron heridos, quienes fueron evacuados vía aérea hacia la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica especializada”, dice el comunicado.

“Este acto terrorista, ejecutado por delincuentes del grupo armado organizado ELN, constituye una grave violación a los derechos humanos y una flagrante transgresión al derecho internacional humanitario, al emplear métodos de guerra no convencionales de manera indiscriminada contra los integrantes de la Fuerza Pública y la población civil. Las denuncias correspondientes serán interpuestas ante las autoridades judiciales nacionales e internacionales”, agregaron.

Mientras tanto, las operaciones de seguridad siguen activas para retomar el control de la zona. Estos operativos se realizan con la intención de garantizar la seguridad de los residentes locales por la fuerte tensión que existe actualmente en la región gracias a la presencia de estos grupos armados. El Ejército también ha reforzado acciones para vigilar y controlar la situación.

Por otra parte, el Ejército ha dispuesto un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento a la familia del soldado asesinado y a las familias de los militares heridos, asegurando el apoyo necesario en este difícil momento.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente la irreparable pérdida del soldado profesional Solano Miranda Carlos y extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. De igual manera, nos solidarizamos con el personal herido y confiamos en su pronta recuperación”, señalaron.

Este tipo situaciones se han incrementado en los últimos días, luego de que el Gobierno Nacional suspendiera los diálogos de Paz con el ELN.

El 19 de agosto de 2024 durante una operación contra el ELN en el municipio de Nóvita, en el sur del Chocó, un soldado, miembro del comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, resultó herido al activar una mina antipersonal. Dicha información se dio a conocer por un comunicado del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.

El incidente se produjo mientras las tropas realizaban operaciones de control destinadas a mitigar la intimidación que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejerce sobre la población civil en el sur del departamento. El soldado Luis Felipe Serpa Acosta resultó herido en su pierna derecha y fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana hacia Medellín.

La búsqueda por una mujer desaparecida desde el 8 de septiembre de 2024 terminó. Su cuerpo sin vida fue encontrado al interior de una mina de carbón, ubicada en zona rural del municipio de Angelópolis, suroeste antioqueño.

Según el testimonio del hijo de la víctima, identificada como Mónica María Parra Ardila, de 52 años, ella salió alrededor de la 1 de la tarde del domingo para hacer unas compras y no regresó a casa, lo que encendió las alarmas entre sus vecinos y familiares.

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Luego de una intensa búsqueda de dos días por parte de las autoridades y bomberos locales, su cuerpo fue encontrado en el interior de una mina de carbón. En el lugar pudieron determinar que la mujer había sido atada de manos y tenía heridas de arma blanca en su cuello. Funcionarios de una funeraria la trasladaron hasta la morgue municipal.

“Lamentablemente, el día 10 de septiembre se halla sin vida el cuerpo de Mónica Parra Ardila en jurisdicción del municipio Angelopoilis, en la zona rural”, confirmó Sor Alicia Arboleda, encargada de la Autoridad de Género del municipio, a los medios locales.

Hasta el momento, la Policía sigue investigando lo ocurrido, pero según las investigaciones preliminares, al parecer, se trataría de un nuevo caso de feminicidio, debido a que la pareja sentimental de la mujer escapó del municipio y las autoridades están rastreando su paradero.

Ante este trágico hecho, los habitantes de Angelopoilis programaron una velatón para orar y al mismo tiempo reclamar por justicia en este caso de presunto feminicidio. La comunidad repudia el hecho e invita a las autoridades a tener más control sobre la zona.

“Nunca se había visto en Angelópolis algo así. Estoy muy sorprendido, esta situación tiene a la comunidad muy sorprendida porque esto nunca se ha llegado a ver acá y, ojalá, esperemos que nunca se vuelva a ir en un futuro porque realmente la comunidad está asustada con esto”, le dijo Iván Quiceno, a TeleAntioquia.

Este crimen se suma a las 74 mujeres asesinadas este año en el departamento de Antioquia, tres casos menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Con el fin de brindar atención a esta problemática, la capital paisa propuso distintos mecanismos como la Línea 123, Agencia Mujer y la ruta de atención contra las mujeres en flagrancia, que fue inaugurada en marzo de 2024.

Denuncian que más de 400 mujeres víctimas de violencia de género en Medellín se quedaron sin defensa jurídica

En Medellín, las mujeres víctimas de violencia basada en género han quedado sin representación jurídica durante dos semanas. La razón es la terminación del contrato entre la Alcaldía de Medellín y la corporación Colectiva Justicia Mujer, lo cual dejó sin defensa técnica a casi 500 mujeres en 580 procesos activos.

La Secretaría de la Mujer explicó que el cambio de contratistas responde a un proceso administrativo necesario. El contrato entre la alcaldía y Colectiva Justicia Mujer finalizó el 27 de agosto. Según Caracol Radio, la terminación del contrato se debió a una reducción presupuestaria del 71% en los recursos destinados a la representación jurídica de estas mujeres.

Valeria Molina, secretaria de las Mujeres en Medellín, dijo al medio citado que “en la administración pública uno no puede tener dos contratos con el mismo objeto, por lo que tuvimos que finalizar el anterior y realizar todos los procesos administrativos para iniciar el nuevo contrato con el Tecnológico de Antioquia y su equipo jurídico llamado ‘Módulo Fucsia’”. Molina aseguró que se espera firmar el nuevo contrato esta semana.

Por su parte, Nathalia Álvarez Cadavid, subdirectora de Colectiva Justicia Mujer, calificó la situación como riesgosa para los procesos legales y la calidad de la atención a las víctimas. “Esto expone a las víctimas a una mayor violencia institucional y deteriora la calidad de la atención lograda”, dijo Álvarez Cadavid.

La alcaldía, por su parte, aseguró que, durante esta transición, han buscado que las mujeres continúen recibiendo asesoría a través de mecanismos de atención psicológica y jurídica en diferentes territorios, además de solicitar apoyo con la Defensoría del Pueblo.

Guatapé Plaza es el nombre del megaproyecto que comenzó su construcción en 2023 y del que Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina son socios. Actualmente, el proyecto llegó al 52% de avance y los jugadores anunciaron a Jefferson Lerma como nuevo integrante de la iniciativa.

Para el proyecto se han desembolsado un total de 24 millones de dólares, y Lerma afirmó que la participación de Mina y Cuadrado le dieron la confianza para hacer parte.

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“Esto es algo inmenso, tenemos una bonita amistad. Ellos me enseñaron el proyecto y por eso tomé la decisión. Colombia es un país maravilloso, tiene lugares como Guatapé, que es un tesoro oculto, es como una mina que no ha llegado a su tope, el turismo viene creciendo y será muy importante”, señaló Lerma en la visita al megaproyecto.

Juan Guillermo Cuadrado reveló que hay conversaciones con más inversionistas que potencialmente podrían unirse al negocio; un centro comercial de 14.000 metros cuadrados con una expectativa final de inversión por el orden de 43 millones de dólares, una vez se levanten las cuatro etapas contempladas.

“Guatapé Plaza es un sueño hecho realidad, que nos recuerda que Colombia es un país lleno de maravillas que necesitan ser reconocidas y exaltadas. Recibimos con los brazos abiertos a Jefferson Lerma, como miembro de este gran equipo con el que buscamos construir país”, afirmó Juan Guillermo Cuadrado.

Guatapé Plaza genera en la actualidad 120 empleos directos y 160 indirectos, sin contar con los 27 profesionales del diseño que se encargarán del gran mural de 10 metros de altura, alusivo a la carrera futbolística de los tres inversionistas principales: Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y Jefferson Lerma. Esta obra se une a la creación del zócalo más grande del mundo, con 17X15 metros, cuya construcción registra un avance del 50%.

Finalmente, Yerry Mina resaltó la labor del equipo que hay detrás de las figuras de la Tricolor para gestionar la inversión: “Las personas que están detrás de nosotros hacen un trabajo fundamental, ellos miran en dónde podemos invertir e impactar con empleos y generando turismo”.

El objetivo es que la primera etapa del proyecto esté operando en mayo de 2025.

Epa Colombia lamentó situación con su empresa que la hizo perder millones

En 2018, después de llegar del Mundial Rusia 2018, la empresaria bogotana consolidó su marca de keratinas y otros productos para el cuidado del cabello. Sin embargo, en ocasiones enfrenta inconvenientes con empleados que intentan aprovecharse de su buena voluntad sustrayendo sumas de dinero de su empresa, o como ocurrió recientemente, con una materia prima que adquirió.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido reveló el engaño del que fue víctima, teniendo que llenar más de una tractomula con varios de sus productos. “Para que tú sepas que perdí alrededor de 900 millones de pesos, como 800 a 900 millones de pesos… Es demasiado, amiga”, dijo Epa, que añadió que todos los productos que estaban cargando en los camiones serían destruidos.

La pérdida, que calificó como “masiva”, da cuenta de litros de productos de keratinas, champú, acondicionadores y demás, dañados o averiados por un mal manejo de los insumos con los que se fabrican. Esta denuncia vino cargada de un mensaje de positivismo, con el que aseguró que se levantará nuevamente después de haber perdido millones de pesos.

Antes de terminar su denuncia, Epa Colombia mencionó que demandó a la persona que le hizo el daño a ella y a su empresa, mencionando que los culpables, al darse cuenta de la situación, sacaron el dinero de las cuentas y dejaron un saldo de 200 millones de pesos. “Nada, seguir adelante, amiga, en esta vida a uno le pasa de todo cuando sale adelante, cuando emprende y quiere crecer”.

Y concluyó: “Me hicieron un daño grande, pero, bueno, es de aprender… Cuando les vaya a regalar les doy algo de calidad. Déjenme, amiga, que es que me voy a levantar en menos de nada, denme un momentito”.

En un trágico incidente en una mina del municipio de Norosí, ubicado en el sur del departamento de Bolívar, tres mineros perdieron la vida y otros dos resultaron heridos. Según información preliminar, un deslizamiento de tierra sepultó a cinco personas que trabajaban en el socavón.

Las autoridades locales están en el lugar del accidente realizando las labores de rescate y apoyo a los heridos. Se espera la llegada de equipos especializados para asegurar la zona y prevenir nuevos desastres.

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Las condiciones en las que operaban los mineros y las causas exactas del deslizamiento aún están bajo investigación. Este evento resalta nuevamente los riesgos y desafíos que enfrenta la minería en zonas rurales del país, donde frecuentemente se trabaja en condiciones precarias y con mínima supervisión.

Los trabajadores rescatados están recibiendo asistencia médica. Los cuerpos de los mineros fallecidos serán sometidos a los respectivos procedimientos forenses antes de ser entregados a sus seres queridos para los trámites funerarios.

Más accidentes mineros

El 8 de julio, dos mineros perdieron la vida en Marmato, Caldas, tras un accidente en la mina La Dorotea, según informaron los organismos de socorro. El incidente, que aparentemente fue causado por acumulación de gases dentro del socavón, afectó fatalmente a los trabajadores.

Los detalles provistos por la gestión del riesgo de Caldas, representada por Félix Giraldo, indicaron que la principal hipótesis apunta a la acumulación de gases en el interior de la mina. “Este proceso de acumulación de gases es normal en este tipo de actividades mineras, para ello se utilizan máquinas de extracción mecánicas especiales con el fin de que circule el aire: salen los gases del interior de la mina y entra gas limpio”, señaló Giraldo.

Sin embargo, las investigaciones están en marcha para esclarecer si el trágico suceso se debió a un accidente fortuito o a una posible negligencia en los procedimientos de revisión y seguridad de la mina. Hasta que se concluya la investigación, no se descartan otras posibles causas.

Las víctimas de este desafortunado episodio fueron identificadas como Camilo Esteban Gañán Largo y Herman de Jesús Giraldo Loaiza. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para asegurar la zona y prevenir futuros incidentes similares.

Un deslizamiento en una mina de oro, esta vez en el municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, dejó dos menores de edad muertos y a un tercero herido. El incidente, ocurrido en el corregimiento Las Flores, atrapó a los jóvenes en el socavón donde, aparentemente, estaban sacando oro. Los hechos se registraron pasadas las 4:00 de la tarde del viernes 28 de junio, cuando el barranco se desprendió y afectó la mina.

Carlos Andrés Ríos, director del Dagrán, indicó que “este hecho fue atendido por cuatro unidades bomberiles, cuatro voluntarios de Defensa Civil y personas de la comunidad”. Dentro de la mina, Jhon Jairo Bohórquez, de 14 años, perdió la vida instantáneamente. Otro menor lesionado fue trasladado al Hospital La Misericordia de la localidad para recibir tratamiento.

Las intensivas labores de búsqueda continuaron durante varias horas, logrando encontrar el cadáver de Samuel David Arroyo, de 11 años, ya entrada la noche del viernes. El otro adolescente herido fue llevado a un centro asistencial de mayor complejidad debido a múltiples traumatismos, especialmente en la cabeza, para recibir una atención más completa.

El personal de la Gobernación de Antioquia se desplazó a la zona para realizar las verificaciones correspondientes y asegurarse de que no hubiera más personas atrapadas entre el lodo. “Desde la Gobernación de Antioquia nos solidarizamos con los familiares de los menores fallecidos y el lesionado”, expresó el director Ríos.

Dos trabajadores que se encontraban al interior de una mina, ubicada en el municipio de Marmato, Caldas, fallecieron después de que se presentara un accidente en el socavón donde se ubicaron, de acuerdo con lo informado por los organismos de socorro.

Los hechos ocurrieron al interior de la mina conocida como La Dorotea, en la que se habría presentado un incidente por acumulación de gases, lo que terminó por afectar a los dos mineros que fallecieron en su lugar de trabajo.

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Así lo confirmó Félix Giraldo, profesional de Gestión del Riego de Caldas, que indicó que la primera hipótesis que se maneja es la acumulación de gases que se habría presentado al interior del socavón.

“Este proceso de acumulación de gases es normal en este tipo de actividades mineras, para ello se utilizan máquinas de extracción mecánicas especiales con el fin de que circule el aire: salen los gases del interior de la mina y entra gas limpio”, declaró el experto.

Sin embargo, esta es solo una versión que está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, debido a que se iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar si se trató de un accidente o de alguna falla por negligencia en la revisión de la mina.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, las víctimas mortales de este lamentable accidente fueron identificadas como Camilo Esteban Gañán Largo y Herman de Jesús Giraldo Loaiza.

Los cadáveres de los mineros fueron rescatados

Ante esta situación, el alcalde Carlos Alberto Cortés informó que los cuerpos ya fueron rescatados con el apoyo de los Bomberos, Salvamento Minero, Policía y la Secretaría de Gobierno. Según relató uno de los voceros del cuerpo de bomberos, citado por medios locales, uno de los mineros cayó desde una altura de 40 metros y el otro se precipitó al intentar auxiliarlo. Las dificultades para el rescate aumentaron debido a la atmósfera contaminada del lugar.

Tras el accidente, otros trabajadores intentaron rescatar a sus compañeros, pero la presencia de gases tóxicos impedía el acceso. Por esta causa, algunos de los mineros presentaron síntomas de intoxicación y fueron atendidos por el personal del hospital San Antonio.

Del mismo modo, la prensa local dio a conocer que la operación de rescate incluyó el uso de equipos de respiración autónoma suministrados por Salvamento Minero y la intervención de un técnico electricista, que fue enviado por la empresa La Esperanza.

Gracias a los esfuerzos de las autoridades se logró completar la extracción de los cuerpos desde la profundidad de la mina y estos serán entregados a sus familiares en las próximas horas para su respectiva velación y sepulcro.

Este nuevo accidente generó preocupación en la comunidad minera sobre las condiciones de seguridad en las operaciones subterráneas y también puso en evidencia la importancia de contar con equipos especializados y adecuados para este tipo de emergencias.

Cabe mencionar que, este no es el primer accidente que se presenta en el sector, lo que obliga a las autoridades a buscar alternativas ante la cantidad de hechos ocurridos en los diferentes socavones en los que trabajan personas que intentan llevar un sustento a su hogar.

Otro de los incidentes recordados se presentó en la misma mina el 30 de junio de 2024, en el momento en el que un minero de 18 años cayó a una profundidad de al menos 40 metros. Afortunadamente, el joven no falleció, aunque presentó graves lesiones en la cabeza y presentó dolor en la cadera, así como otras heridas en su cuerpo.

Después de que sus compañeros y el personal debomberos que llegó hasta el lugar lograran estabilizarlo, lo trasladaron a un centro asistencial en el que terminó de recuperarse.

Un trágico hecho se presentó en el municipio de Cucunubá (Cundinamarca), donde un trabajador quedó atrapado al interior de una mina de carbón después de un derrumbe que se produjo al interior del socavón.

Aunque los hechos se presentaron durante la jornada del 25 de junio en la mina de carbón Operadora Minera La Esperanza, que se encuentra ubicada en la vereda Ramada Alta de Cucunubá, el cuerpo logró ser rescatado hasta el miércoles y, de acuerdo con los reportes oficiales, ya no contaba con signos vitales.

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Debido a esta emergencia y ante el llamado de la ciudadanía, los equipos de rescate de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se movilizaron hasta la zona en compañía de las autoridades locales, el grupo de Salvamento Minero y la Policía Nacional.

A pesar de los esfuerzos continuos durante más de 20 horas, los rescatistas encontraron el cuerpo del trabajador que se encontraba atrapado entre los escombros. El hallazgo se registró sobre el mediodía del 26 de junio y los encargados del proceso tuvieron que entregar el reporte del deceso a los familiares.

Del mismo modo, se realizó el respectivo llamado al cuerpo técnico de investigación para que realizara el traslado hasta la sede de Medicina Legal, donde se realizó la inspección para posteriormente entregarlo a sus familiares.

En cuanto a la identidad del fallecido, las autoridades confirmaron que se trata de Juan Pablo Murcia, cuya partida se suma a las muertes que se han presentado en las minas del territorio nacional y que, en algunas ocasiones, se han registrado en los socavones ilegales, por lo que es necesario que las autoridades presten atención a esta labor y garanticen las medidas de seguridad para evitar que casos como estos se vuelvan a registrar en el país.

La comunidad local ha mostrado conmoción y pesar tras la pérdida, pero aún no se han conocido declaraciones oficiales de las autoridades del sector sobre este trágico evento que trae a la memoria tragedias previas en la región, reiterando la importancia y necesidad de mejorar la seguridad en las operaciones mineras.

Cabe mencionar que, exactamente hace un año, en la vereda Pueblo Viejo de Cucunubá, una explosión en otra mina resultó en la muerte de siete mineros. Estos incidentes recurrentes preocupan a los familiares de los trabajadores sobre las medidas de seguridad en la minería y regular las minas en funcionamiento para evitar más tragedias.

La comunidad continúa de luto por esta nueva pérdida, por lo que sus familiares, amigos y allegados reciben condolencias mientras continúa el clamor por una minería más segura y regulada en todo el territorio nacional.

Otro de los hechos recientes se presentó en mayo, en una mina de oro localizada en la vereda Angosturas, en el municipio de California, Santander. Seis trabajadores más resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital San Antonio de California, según indicaron las autoridades.

La emergencia se habría originado por la acumulación de gases de un elemento desconocido, tal como se desprende del informe preliminar. En el lugar de los hechos, bomberos de Vetas y Suratá, junto con la unidad de gestión de riesgo, están atendiendo la situación.

Uno de los bomberos que intervino en las operaciones de rescate explicó que el tipo de gases acumulados aún está siendo investigado para esclarecer las causas exactas del incidente. Las autoridades locales también han ordenado el monitoreo continuo de la zona para prevenir accidentes adicionales y asegurar la estabilidad de la mina.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, que también se pronunció sobre el incidente, afirmó que se priorizará la atención de los heridos y el apoyo a las familias de las víctimas. Las investigaciones continúan para determinar qué fallos de seguridad pudieron contribuir a esta tragedia.

Cerrejón, la empresa minera, informó sobre múltiples bloqueos que afectan sus operaciones, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.

Hay tres bloqueos en las instalaciones de la mina y cuatro en la línea férrea, obstaculizando la entrada y salida de trabajadores y el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar.

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Estos bloqueos también están impactando la llegada de suministros esenciales y la movilización del tren que entrega agua a las comunidades vecinas.

Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón, señaló que estos bloqueos son liderados por dirigentes de Uribia y Manaure, quienes demandan soluciones a los problemas de suministro de energía.

Marulanda aclaró que la solución depende del gobierno nacional, no de Cerrejón. Además, una comunidad está bloqueando la operación minera exigiendo ser incluida en las consultas previas y programas sociales de la compañía, a pesar de dos sentencias judiciales que indican lo contrario.

Además, reiteró el compromiso de Cerrejón de trabajar con entidades gubernamentales y comunidades para generar espacios de diálogo y concertación que solucionen los problemas sin recurrir a medidas de hecho que ponen en riesgo tanto la operación de la compañía como el desarrollo normal de las comunidades y la región.

Esta situación lleva varios días y Cerrejón ya había alertado sobre la necesidad de una solución a los bloqueos, destacando que afectan a 164 comunidades que no reciben agua potable y a más de 12 mil trabajadores y sus familias.

El impacto de estos bloqueos es significativo, no solo en términos de operación minera, sino también en la vida diaria de las comunidades vecinas y la economía regional. La empresa y los líderes locales continúan buscando soluciones que permitan el normal funcionamiento de la mina y el bienestar de las comunidades afectadas.

Comunidades colombianas piden a la Justicia reparación tras el cierre de dos minas

Comunidades campesinas del norte de país, afectadas durante 25 años por dos minas gestionadas por una filial de la multinacional suiza Glencore, esperan la decisión de la Corte Constitucional sobre su petición de reparación por los daños ocasionados tras el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua. Prodeco, la filial, renunció a sus licencias mineras ante la Autoridad Nacional de Minería (ANM) debido a los impactos de la pandemia.

Las comunidades, compuestas por unas 20.000 personas de diversos grupos sociales, buscan reparaciones por los daños ambientales y económicos que sufrieron.

La Asamblea Campesina del Cesar, representada por Evert Francisco García, sostiene que el cierre fue “inesperado e irregular” y esperan que la Corte siente un precedente en la garantía de derechos humanos en la clausura de minas.

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La tutela, presentada en agosto de 2022, busca asegurar que la empresa no abandone el territorio sin reparar los daños causados, tanto ambientales como a la salud de los residentes locales.

Las comunidades han destacado la importancia de ser consideradas en este proceso, subrayando la necesidad de que la empresa se responsabilice por los “huecos y daños al ambiente y a la salud” que han dejado las actividades mineras.

El resultado de esta decisión, que se espera para este lunes, podría tener un impacto significativo en la manera en que se manejan las clausuras de minas en Colombia, especialmente en términos de responsabilidad corporativa y protección de los derechos de las comunidades afectadas.

Por medio de un comunicado, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que este miércoles, en una reunión con el director corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), César Fuente Estrada y el jefe de Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) Alejandro Salafranca Vásquez, se dio a conocer a las viudas y familiares de las víctimas de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, acerca del hallazgo de los primeros restos humanos localizados en una de las galerías, ubicada a 146 metros de profundidad.

En el comunicado, compartido en redes sociales de la titular de la Segob, se explica que luego de más de 18 años del lamentable acontecimiento y cuatro años de que, por instrucciones del presidente López Obrador, se iniciaran los trabajos de rescate, fue posible llegar a uno de los puntos, donde las bitácoras señalan que 13 mineros se encontraban en la zona el día que ocurrió el siniestro.

Además de los restos humanos, se habrían encontrado diversos objetos de trabajo. En ese punto de la mina, no se identificó que hubiese tenido lugar una explosión, como en su momento dieron a conocer las autoridades correspondientes. Se informó en el comunicado que, por el momento, se deconoce la condición de las galerías ubicadas en diversos puntos de la mina.

Desde ahora, la Fiscalía General del Esatado de Coahuila, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), iniciarán con los protocolos para identificar los restos humanos, así como con los peritajes que permitan determinar las causas del accidente.

Se señaló que la Segob reiteraba el compromiso del Gobierno de México para continuar esos trabajos con responsabilidad, manteniendo estrecha comunicación con las familias, en particular durante esta etapa, que es, por su naturaleza, de la mayor sensibilidad para ellas.

Además, la titular del Sistema Nacional de Protección Civil en México, Laura Velázquez Alzúa, afirmó la localización de restos óseos, lo que calificó como “nuevos resultados” en los trabajos para el rescate de los 63 mineros en Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila.

Agregó que el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), logró lo que otros no lograron.

Tomarán muestras de ADN

Este martes, familiares de los mineros señalaron que se habían localizado los restos de mineros, luego de haber sostenido una reunión con autoridades federales, por lo que se anunció el comienzo de la toma de muestras de ADN para su indemnización.

Laura Velázquez confirmó que se trató de restos óseos, y que las familias, al tener la noticias, lo tomaron con asombro, alegria y tristeza, pero que además surgieron muchas preguntas que el Gobierno Federal habrá de responder durante la búsqueda.

AMLO visitará el lugar el próximo viernes

También se dio a conocer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador estará el próximo viernes en la región Carbonífera con el objetivo de darle seguimiento a los avances en las labores de rescate, sobre si las causas de la tragedia ocurrida hace 18 años en la mina fueron causadas por derrumbe o explosión. Se destacó que este tema se va a determinar con las investigaciones y análisis pertinentes, lo que se definirá en los próximos días.

“Lo importante es de que se logró llegar a la galería donde está presente el riel por donde corría toda la maquinaria”, señaló Velázquez, y explicó que se trata de 120 metros de profundidad.

Mientras las Trece Colonias se unían para formar una nación en 1776, exploradores españoles se adentraban en el territorio que más tarde se convertiría en Nevada. En su travesía, descubrieron un yacimiento de oro de gran magnitud en Eldorado Canyon, a unos 70 kilómetros de la actual Las Vegas. Así nació la mina Techatticup, un lugar que se transformaría en un ícono del Salvaje y Lejano Oeste a finales del siglo XIX.

La mina, representativa de una época de bonanzas y peligros, atraía a aventureros con la promesa de fortuna y anonimato. Entre ellos se encontraban desertores de la Unión y la Confederación que buscaban escapar de la guerra. Sin embargo, la vida en la Techatticup no era para los débiles. Los asesinatos eran moneda corriente y rara vez quedaban registrados, ya que los campamentos mineros operaban con mínima supervisión bajo el implacable sol de Nevada.

Por generaciones, estas tierras se mantuvieron indomables y fuera de la ley. Hoy, la mina Techatticup ofrece una experiencia totalmente diferente. Ya no es un lugar temido, sino un fascinante museo viviente que permite a locales y visitantes explorar la historia de Nevada a través de tours guiados.

Adentrándose en las profundidades de la mina

El recorrido, con un costo de $20 dólares y una duración aproximada de 90 minutos, ofrece una mirada al pasado minero de la región. El guía explica cómo se construían las minas, excavando en la resistente riolita, una roca tan dura que avanzar un metro se consideraba un logro.

Los visitantes podrán apreciar la evolución de las técnicas de extracción, desde los cinceles y explosivos rudimentarios hasta los martillos neumáticos que llegaron años después. Estos últimos, aunque más eficientes, trajeron consigo un nuevo peligro: la silicosis, una enfermedad pulmonar irreversible causada por la inhalación de polvo de sílice.

La exploración continúa por una sección de los túneles subterráneos, ahora iluminados para seguridad de los visitantes. Sin embargo, hay un momento en que el guía apaga las luces, recreando la oscuridad absoluta que enfrentaban los mineros, una experiencia que acentúa la sensación de claustrofobia, especialmente cerca del estrecho ascensor que conecta con la superficie.

“Trabajaban por 30 centavos la hora”, comenta el guía sobre los mineros. “Pero ganar tres dólares al día era una fortuna en los años 1800″.

Un detalle que no pasa desapercibido es el esqueleto colocado estratégicamente al final de una reja de túnel. Aunque se trata de una recreación, sirve como un recordatorio de los peligros inherentes a la excavación subterránea.

Los túneles, que siguen la forma natural de las formaciones rocosas, cuentan con vigas de madera, puentes de metal y barandillas, elementos de seguridad inexistentes en la época de apogeo de la mina. A lo largo del recorrido, el guía comparte historias sobre fantasmas, disputas por reclamos mineros y la ingeniosa técnica de usar canarios para detectar monóxido de carbono en la mina.

Un legado histórico en un paisaje transformado

Al salir a la superficie, el paisaje cautiva con su belleza agreste. La mina Techatticup se encuentra a pocos kilómetros de Nelson’s Landing, una playa popular a orillas del río Colorado, el límite natural entre Nevada y Arizona. Es el mismo lugar donde, hace más de un siglo, los barcos fluviales desembarcaban a los aspirantes a mineros, quienes luego eran trasladados a caballo hasta el campamento.

En la actualidad, la propiedad pertenece a Tony y Bobbie Worly, quienes la adquirieron hace 30 años. La pareja ha dedicado años a restaurar los edificios, que añade su propia colección de antigüedades y objetos curiosos. El resultado es un ambiente único que combina la historia con la estética del cine, lo que explica por qué la mina Techatticup se ha convertido en un escenario popular para películas, que incluye “3000 Miles to Graceland” (2001) protagonizada por Kevin Costner.

“Cuando la compramos, todo estaba en ruinas”, menciona Bobbie Worly. “No había puertas ni ventanas, todo estaba lleno de basura y ratones”.

Actualmente, la mina Techatticup es mucho más que un recuerdo del pasado. Es un destino popular para bodas, sesiones fotográficas y excursiones turísticas. Aunque la extracción de oro ya no forma parte de sus planes, la mina Techatticup sigue brillando como un testimonio de la historia de Nevada y el espíritu del Salvaje Oeste.

La policía lleva años investigando el desastre y algunos familiares confían en que en algún momento se presenten cargos penales.

Se han localizado al menos dos cuerpos, y posiblemente un tercero, tras enviar una cámara a la mina a través de un nuevo agujero, indicó el superintendente detective de policía Peter Read. Los cuerpos se encontraron en el extremo más lejano de la mina, donde el nivel de metano sigue siendo alto.

La tecnología de imágenes ha mejorado de forma considerable desde el desastre, indicó Read, lo que ayudó a hacer el descubrimiento.

Las autoridades no habían identificado los cuerpos, señaló, aunque trabajaban con expertos forenses para ver si era posible. Hasta ahora se habían identificado a los seis u ocho mineros que se cree trabajaban en ese momento en esa parte de la mina.

“Apenas quedan dos días para el 11mo aniversario de la explosión de la mina, y querríamos recordar a las familias de todos los hombres", dijo Read a la prensa. “Es un recordatorio muy sombrío del dolor y la pérdida”.

El descubrimiento ayudará a la investigación, señaló.

La policía no publicará las imágenes por respeto a las familias, dijo Read, que declinó describir en qué estado se encontraban los cuerpos.

“Es lo que se podría esperar después de 11 años, pero en realidad no voy a entrar en detalles sobre lo que muestran las imágenes”, dijo.

Una investigación anterior concluyó que la compañía Pike River Coal expuso a los mineros a riesgos inaceptables en su esfuerzo de alcanzar sus objetivos financieros. El reporte determinó que antes del desastre, la empresa ignoró 21 advertencias de acumulación de metano hasta niveles explosivos.

La empresa, que entró en bancarrota, no negó las acusaciones de infracciones laborales.

Los cargos de infracciones laborales contra el exdirector general Peter Whittall fueron desestimados después de que él y la compañía alcanzaran un acuerdo financiero, algo que indignó a muchas de las familias de los muertos.

La Corte Suprema de Nueva Zelanda determinó más tarde que el acuerdo era ilegal.