El proyecto regional “Pasos Seguros” inició oficialmente sus acciones en el Perú con el objetivo de garantizar el acceso a servicios gratuitos de salud sexual y reproductiva para personas migrantes en tránsito, especialmente mujeres, niñas y población LGBTIQ+. La iniciativa, impulsada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) y ejecutada en el país por INPPARES, también busca reforzar la prevención y atención de casos de violencia basada en género (VBG) en zonas de alta movilidad humana como Tumbes, Tacna y Lima.

El lanzamiento del programa ocurre en medio de un escenario marcado por el incremento de los flujos migratorios en Sudamérica y el endurecimiento de las políticas de control fronterizo en la región. En el Perú, donde viven más de 1,2 millones de ciudadanos venezolanos según datos del INEI, organizaciones humanitarias advierten que miles de personas migrantes enfrentan dificultades para acceder a atención médica, métodos anticonceptivos y orientación frente a situaciones de violencia o discriminación durante sus trayectos migratorios.

Atención gratuita y acompañamiento para personas migrantes en tránsito

Uno de los ejes centrales de Pasos Seguros es garantizar que las personas migrantes puedan acceder a servicios de salud sin que la condición migratoria se convierta en una barrera. En la práctica, esto implica ofrecer atención gratuita en zonas de paso y, al mismo tiempo, ampliar el acceso a servicios con precios diferenciados en distintas sedes del país, entre ellas Chiclayo, Chimbote y Lima, específicamente en Los Olivos y San Juan de Lurigancho.

INPPARES informó que incluso las personas en situación migratoria irregular podrán recibir atención en cualquiera de sus sedes, sin restricciones. Ese detalle resulta clave dentro de un contexto en el que muchas personas evitan acercarse a un establecimiento de salud por temor, desinformación o por la falta de documentos. En este caso, el proyecto apunta a reducir esas barreras y a garantizar una respuesta más cercana para quienes necesitan orientación, prevención o tratamiento oportuno.

La implementación en Perú contempla acciones de orientación gratuita y atención directa en Tumbes y Tacna, dos puntos estratégicos por su condición de zonas fronterizas y de tránsito migratorio. Desde allí, el proyecto busca acompañar a personas que llegan en medio de trayectos largos, condiciones precarias o situaciones de vulnerabilidad que suelen deteriorar su salud física y emocional.

Además del acceso a consultas, el programa prevé la entrega de métodos anticonceptivos, tamizajes de salud y una articulación con organizaciones locales para ampliar las redes de atención humanitaria. El objetivo es que las personas migrantes encuentren una respuesta integral que no se limite a una sola consulta, sino que permita dar continuidad a su atención en distintos puntos de la ruta.

Violencia basada en género y riesgo humanitario en la ruta migratoria

El proyecto también pone el foco en uno de los problemas más graves que enfrentan las personas en movilidad humana: la violencia basada en género. Según datos de ONU Mujeres, cerca del 50% de las mujeres en movilidad enfrenta algún tipo de violencia durante el tránsito, una cifra que refleja la magnitud del riesgo al que están expuestas muchas personas que viajan solas, con sus hijos o en condiciones de alta precariedad.

En el caso peruano, el fenómeno migratorio tiene una dimensión particularmente sensible. De acuerdo con información de la INEI, en el país residen más de 1,2 millones de personas venezolanas, lo que convierte a esta población en el principal grupo migrante extranjero dentro del territorio nacional. Esa realidad convive con un escenario de tensión en la frontera entre Perú y Chile, donde en los últimos meses se han registrado mayores desafíos humanitarios por el incremento de personas migrantes varadas y por el endurecimiento de los controles migratorios en la región.

Frente a ello, Pasos Seguros plantea un trabajo articulado entre organizaciones de siete países de América Latina: Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Honduras, Venezuela y México. El consorcio liderado por IPPF busca asegurar que la atención no se corte en la frontera y que una persona pueda continuar su proceso de cuidado en otro país sin perder seguimiento ni protección.

En el Perú, la intervención de INPPARES incluye también el manejo y derivación segura de casos vinculados a VBG, una línea de trabajo que será reforzada con campañas informativas y comunitarias. Estas acciones buscan que las personas migrantes identifiquen rutas de ayuda, sepan dónde acudir y puedan acceder a orientación confiable cuando enfrenten situaciones de riesgo, abuso o agresión.

Para el periodo 2026-2027, la institución proyecta atender alrededor de 3 mil personas migrantes en servicios de salud sexual y reproductiva y gestionar más de 780 casos de violencia basada en género con acompañamiento y derivación segura. A ello se sumará el desarrollo de campañas de prevención y educación orientadas a reducir riesgos, fortalecer el acceso a derechos y promover entornos más seguros para una población que muchas veces transita por el país sin redes de apoyo estables.

Las citas para naturalizarse mexicano se han convertido en una carrera contra el reloj. En mayo de 2026, los espacios disponibles en las tres sedes operativas —Ciudad de México, Monterrey y Tijuana— desaparecieron del portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en menos de 24 horas. La cuarta sede, Mérida, ni siquiera abrió: lleva semanas cerrada sin fecha de retorno.

El portal de la SRE notificó a los interesados que los módulos de Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California ya no tienen espacios disponibles para este mes.

La apertura del sistema ocurrió el 30 de abril a las 11:00 horas y, a primera hora del 1 de mayo, la mayoría de las sedes ya mostraban cupo agotado, de acuerdo con lo reportado por Conexión Migrante.

La situación en Mérida: sin fecha de retorno

La sede de Mérida, Yucatán, presenta un problema distinto. La cancillería informó que esa oficina se encuentra “inhabilitada por restructuración de personal” y no precisó cuándo volverá a operar.

La SRE indicó que avisará a través de su propio portal cuando esa sede reinicie actividades. Mientras tanto, quienes requieran resolver una duda o dar seguimiento a un trámite de nacionalidad pueden escribir al correo nacionalidad@sre.gob.mx.

Qué opciones quedan para quienes no alcanzaron cita

Las citas para la naturalización en México se abren mes a mes a través del portal oficial de la SRE. Quienes no lograron un espacio en mayo deberán esperar a que se libere la agenda de junio de 2026, cuya fecha de apertura aún no ha sido anunciada.

La otra alternativa es estar atentos a la reactivación de la sede de Yucatán, que podría habilitar lugares antes de que abra el siguiente ciclo mensual.

Un punto que la SRE subrayó: quien seleccionó una sede equivocada no puede cambiarla. El solicitante debe presentarse en el módulo que eligió al momento de reservar. Si no puede asistir a su cita, no recibirá ninguna sanción, pero tendrá que agendar un nuevo espacio desde cero.

Cómo funciona el proceso de naturalización en México

La naturalización mexicana requiere, en términos generales, acreditar un período de residencia legal en el país —que en la vía ordinaria es de cinco años— y superar una entrevista en español junto con una prueba básica de historia y civismo.

El proceso completo, desde la solicitud hasta la conclusión, puede tomar entre seis y 12 meses, según información del sitio especializado LottaLingo. México permite la doble nacionalidad, por lo que los solicitantes no están obligados a renunciar a su ciudadanía de origen.

Las citas para este trámite se gestionan exclusivamente a través del portal de la SRE, en la dirección citas.sre.gob.mx. La alta demanda ha convertido la obtención de un espacio en uno de los principales obstáculos del proceso: los cupos mensuales se agotan en horas desde que el sistema los habilita.

Qué hacer si no encontraste cita disponible

La recomendación práctica es revisar el portal de la SRE con frecuencia, tanto para detectar la apertura de citas de junio como para conocer el momento en que Mérida retome la atención.

Ante cualquier duda sobre el estado de un expediente, el canal oficial de contacto es el correo nacionalidad@sre.gob.mx, habilitado por la propia cancillería para dar seguimiento a los casos en curso.

Como otros tantos jóvenes migrantes, Abdou Ngom, de 30 años, llegó a España desde Senegal hace cinco años en busca de un futuro mejor. Pero su vida no ha sido nada fácil. Sin papeles, después de que el documento como solicitante de asilo solo le permitiera trabajar un tiempo, su situación se complicó y terminó durmiendo en la calle, soportando exclusión y racismo.

Abdou es una de las personas que fue desalojada el pasado mes de diciembre del instituto abandonado B9 en Badalona, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, aunque poco después Àngela Valeiras, médica jubilada, lo acogió durante un tiempo. El joven tenía una orden de expulsión en firme y este mismo martes ha sido deportado. La Policía lo ha trasladado hasta Madrid, desde donde ha salido un vuelo hacia Canarias para viajar finalmente hasta Senegal. “No hay derecho”, decía consternada a Infobae al otro lado del teléfono Àngela, que le ayudó en sus peores momentos.

La abogada del joven, Marta Llonch, no ha podido hablar con él. El informe que acreditaba su estado de vulnerabilidad para poder acogerse a la regularización no ha llegado a tiempo. Y Àngela, quien lo ha acompañado durante todos estos meses en su proceso de reinserción, lo cuenta con la voz rota: “Estaba recuperando una vida”, explica.

Abdou llegó a trabajar en campañas agrícolas y recorrió diferentes puntos del país, pero ninguna empresa le había dado de alta en la Seguridad Social. Sin contrato estable y sin papeles, terminó viviendo en la calle. En Senegal era pescador, aunque en este último tiempo para sobrevivir en España recogía chatarra con un carrito: “A veces recojo al día 20 euros de chatarra”, le contaba a Àngela. “Ese día no como y le mando el dinero a mi madre”. Y es que en su país hay una madre y una hermana a las que nunca ha querido decir que no.

Pasó tres años largos entre asentamientos, edificios abandonados e inmuebles ocupados por otras personas sin hogar. Los únicos antecedentes que acumuló fueron faltas menores, todas consecuencia directa de vivir en la calle: haber entrado en pisos vacíos para asearse o resguardarse o haber pasado noches en edificios ocupados. “Juicio de falta es consecuencia de vivir en la calle”, denuncia Àngela.

El desalojo del B9

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d’Esquadra, tras una orden judicial, llevaron a cabo un operativo policial en el antiguo instituto B9. Un edificio que llevaba tiempo convertido en refugio improvisado para cerca de 400 migrantes sin alternativa habitacional. Tras el desalojo, muchas personas quedaron durmiendo en plazas y calles de Barcelona.

Àngela fue a la plaza donde habían dormido los desalojados para intentar ayudar. Fueron los propios hombres de la comunidad senegalesa quienes le pidieron que se ocupara de Abdou: era muy joven, no sabía desenvolverse. Esa misma noche, de forma totalmente improvisada, Abdou durmió en su casa. Se quedó tres días junto a otro joven senegalés, Serigne Babacar.

No era la primera vez que Àngela actuaba así. Hace dos años hizo lo mismo con uno de los afectados por el cierre del albergue de Can Bofí Vell. De joven había estado en Senegal en un proyecto humanitario. “Se te cae el alma a los pies”, resume la médica jubilada.

En pleno proceso de recuperación

Tras el desalojo y la ayuda de Ángela, Abdou consiguió entrar en un recurso residencial de Sant Joan de Déu. Tuvo un seguimiento de un trabajador social llamado Sergi, apoyo psicológico, clases de idioma. Incluso una dentista “maravillosa”, según Ángela, que le arregló la boca. Entre tanto, la médico retirada le enseñaba a usar la agenda y el calendario “para que no perdiera sus citas médicas”. “Es la primera vez que me puedo reír con una persona blanca”, le dijo entonces.

“Estaba recuperando una vida”, dice Àngela. “Un ser visto como una persona”. Lo acompañó a juicios, gestionó informes médicos, lo llevó a fiestas de la asociación de vecinos. La semana pasada estuvieron en casa riendo a carcajadas. “Es la primera vez que conozco a una persona blanca buena”, le confesó entonces.

La orden de expulsión y las “citas trampa”

La orden de expulsión que pesaba sobre Abdou había sido dictada en 2024, cuando todavía vivía en la calle. Él apenas comprendía el procedimiento y no llegó a recurrirse en su momento. Cuando Àngela lo acompañó a la policía a recuperar su pasaporte, allí le comunicaron que no podían devolvérselo. La condición para seguir en libertad era presentarse cada lunes en comisaría. Y durante tres meses, Abdou cumplió sin falta.

Eso, según denuncia su abogada, es lo que se conoce como una “cita trampa”. Un lunes cualquiera, como este lunes 18, al presentarse como siempre, lo detuvieron y no lo soltaron. Marta Llonch presentó ese mismo día una solicitud urgente de medidas cautelarísimas. Argumentaba que Abdou se encontraba en situación de especial vulnerabilidad y en pleno proceso de integración y regularización.

No obstante, la petición fue rechazada. Y cuando Llonch consiguió localizar a Abdou por teléfono, le dijeron que ya no era posible hablar con él: estaba camino de Madrid. El informe médico que lo catalogaba en situación de máxima vulnerabilidad no llegó a ningún juzgado.

“No por él, sino con él”

Para Àngela, la deportación no es solo un fracaso institucional. Es la destrucción de un trabajo colectivo de meses: el trabajador social, la abogada, los médicos, las vecinas de la asociación, la dentista... Una red construida persona a persona. “No por él, sino con él”, precisa.

Ahora teme que todo ese proceso quede interrumpido. “Es un golpe muy duro”, lamenta. Sobre todo porque, después de cinco años fuera, en su comunidad, el regreso sin dinero ni logros “le deja marcado como un fracasado”, señala Àngela. A pesar de ello, la abogada Llonch admite que “haría falta un milagro” para que la deportación no se llevara a cabo.

Reunir los documentos necesarios para acceder al proceso de regularización extraordinaria, como es el caso del certificado de vulnerabilidad para quienes no pueden demostrar vínculo familiar ni contrato de trabajo, supone un desafío mayor para las empleadas de hogar internas y para las personas jornaleras que trabajan en el campo. Las jornadas interminables, el escaso descanso y unos salarios que no alcanzan el mínimo interprofesional las mantienen en una vulnerabilidad constante y el hecho de que apenas puedan salir del lugar donde viven y trabajan lo vuelve todo más difícil aún. La situación se agrava para quienes viven en zonas rurales alejadas de embajadas y consulados, donde se tramitan los informes de antecedentes penales, requisito imprescindible.

“Hay personas que trabajan de lunes a sábado, e incluso hay internas que solo pueden salir tres horas cada 15 días. Si además esa trabajadora está enferma o no llegan los hijos de la persona que está cuidando, no puede salir de la casa, con lo cual no puede tramitar la documentación necesaria”, explica a Infobae Silvana Cabrera, portavoz del movimiento Regularización Ya en Valencia e integrante de la Unidad Móvil Migrante para la DANA.

El aislamiento de las empleadas internas también supone un problema a la hora de demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar los cinco meses de residencia que exige el proceso. “No pueden obtener esas pruebas porque están encerradas en una casa. Nos ha llegado el caso de una mujer que solamente necesita una prueba de residencia de un mes, pero no puede aportarla porque durante ese mes no pudo salir de la casa donde trabaja. Por situaciones como esta decimos que el trabajo de interna es la esclavitud moderna”, añade la activista.

Brecha idiomática

La barrera del idioma representa un obstáculo adicional para muchas personas migrantes que quieren acogerse a la regularización, sobre todo para quienes proceden de países como India, Nepal o Pakistán. La gestión de trámites en embajadas y consulados y la comprensión de la documentación oficial se complica para quienes no dominan el español, lo que limita el acceso de estas personas a servicios y respuestas a sus dudas, según denuncia Regularización Ya. “Conseguir información clara o resolver gestiones administrativas resulta mucho más difícil cuando no hay recursos disponibles en su idioma”, señala Cabrera.

En embajadas y consulados se tramita el certificado de antecedentes penales, un requisito fundamental para todos aquellos migrantes que quieran regularizar su situación, y el documento debe ser emitido por las autoridades del país de origen. Sin embargo, las demoras en la gestión de este certificado están dificultando que los solicitantes puedan cumplir con el plazo establecido, que vence el 30 de junio.

Los mayores problemas con la obtención de citas se concentran en las embajadas y consulados de países africanos como Gambia, Guinea Conakry, Senegal o Argelia. La ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, prolonga los tiempos de espera. En los países que no tienen la apostilla de La Haya, mecanismo que permite validar documentos de forma ágil, los tiempos de espera se prolongan, porque los trámites deben hacerse por la vía diplomática. Por todo ello, desde Regularización Ya reclaman una extensión del plazo para poder presentar las solicitudes.

También hay casos de ambulatorios, añade la activista, que se están negando a facilitar documentación médica a los migrantes en situación irregular “cuando tienen obligación de entregársela”.

Hasta la semana pasada, el Gobierno había recibido 549.596 solicitudes para la regularización, de las cuales 91.505 fueron admitidas a trámite, según informó el abogado del Estado, en representación del Ejecutivo, ante el Tribunal Supremo.

El acceso de los ciudadanos a los servicios bancarios ha mejorado en España en los últimos años, especialmente para determinados colectivos en riesgo de exclusión financiera, como las personas mayores y la población rural. No obstante, persiste un problema de inclusión entre los inmigrantes en situación irregular debido a sus dificultades para acceder a cuentas bancarias de pago básicas.

Estas son las conclusiones del Informe de Inclusión Financiera 2025, elaborado por el Banco de España, que analiza la evolución de la accesibilidad a los servicios bancarios y al efectivo e incorpora, por primera vez, un estudio específico sobre la inclusión financiera de la población.

Los autores del estudio señalan que miles de inmigrantes que llegan a España sin papeles o que pierden su estatus legal por caducidad afrontan serias dificultades para abrir una cuenta bancaria, lo que perpetúa su exclusión económica y social y limita su acceso al empleo, a la vivienda y a servicios básicos.

Exclusión financiera, una trampa para la integración

De acuerdo con el Banco de España, solo entre el 10% y el 12% de los inmigrantes en situación irregular logra acceder a una cuenta bancaria de pago básica (CPB), la modalidad más elemental de bancarización. Esto significa que existe apenas una cuenta por cada ocho inmigrantes irregulares, una brecha que se ha ampliado en paralelo al crecimiento de este grupo en los últimos años.

La población inmigrante ‘sin papeles’ ha pasado de representar entre el 3% y el 5,5% de los extranjeros extracomunitarios en 2019, a alcanzar entre el 8,5% y el 11,8% en 2025. Según calculan los expertos de Funcas, el número de personas en esta situación oscilaba entre 614.000 y 838.000 al inicio de 2025, sin contar a los solicitantes de asilo, quienes también sufren trabas bancarias.

Las trabas financieras no solo afectan a quienes entran de forma irregular en el país, sino también a quienes ven caducar sus permisos y a solicitantes de asilo, quienes, pese a su estatus de residencia, enfrentan obstáculos derivados de exigencias de identificación no previstas en la normativa. Otras dificultades están relacionadas con la falta de información de estos ciudadanos, las limitaciones en la oferta de los bancos y los requisitos derivados de la normativa antiblanqueo.

Diversas organizaciones del tercer sector han trasladado al Banco de España y al Defensor del Pueblo la preocupación por la magnitud del problema. Los informes de estas entidades advierten que la falta de información y el escaso conocimiento de los empleados bancarios sobre los procedimientos de apertura de cuentas de pago básicas.

Solicitud de documentación no exigida por la normativa

Uno de los principales escollos identificados por el informe reside en la exigencia de documentación adicional no estipulada legalmente. Muchas entidades bancarias solicitan documentos de identificación que no se exigen por ley, especialmente a extranjeros en situación irregular o a solicitantes de asilo, lo que genera confusión y rechazo.

El informe incide en que el desconocimiento sobre el derecho a abrir una cuenta, tanto entre los potenciales clientes como entre los empleados de los bancos, limita la demanda y la capacidad de los inmigrantes para hacer valer sus derechos. Algunas entidades muestran poca disposición a ofrecer este producto, lo que contribuye a un círculo vicioso de exclusión.

El Defensor del Pueblo, en su informe sobre los retos de la inclusión financiera de 2024, alerta sobre la falta de cumplimiento efectivo de la obligación legal de las entidades de crédito de ofrecer cuentas básicas a quienes cumplen los requisitos.

En España, la ley obliga a todas las entidades de crédito a ofrecer cuentas de pago básicas, no solo a residentes legales, sino también a solicitantes de asilo y personas cuya expulsión sea inviable por motivos jurídicos o de hecho. No obstante, la aplicación restrictiva de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y la interpretación estricta de los requisitos de identificación han dejado a miles de personas fuera del sistema financiero.

Medidas integradoras

Para paliar esta situación, el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) actualizaron en 2025 los criterios de buenas prácticas para promover una interpretación más flexible de la normativa y minimizar las negativas a abrir cuentas a colectivos vulnerables. Estas directrices buscan que las entidades analicen cada caso concreto y reduzcan el margen de discrecionalidad.

Aun así, la proporción de cuentas básicas cubre menos del 10% de las necesidades de bancarización de los inmigrantes irregulares, señala el informe.

Productos alternativos, una solución parcial

Frente a la resistencia de la banca a abrir cuentas a los inmigrantes irregulares, algunas entidades financieras han comenzado a desarrollar productos alternativos, como cuentas transitorias de operativa limitada, dirigidas especialmente a inmigrantes procedentes de países considerados de mayor riesgo.

Estas cuentas permiten sortear parte de los riesgos regulatorios y han sido señaladas como una práctica prometedora por el Banco de España, aunque su alcance sigue siendo muy limitado.

Ante este problema, las organizaciones sociales insisten en la necesidad de potenciar la información, la formación financiera y la reducción de trabas administrativas como medidas indispensables para avanzar en la inclusión.

La experiencia de muchas personas migrantes muestra que, sin una cuenta bancaria, la integración social y laboral se vuelve casi imposible. La posibilidad de recibir salarios, pagar alquileres o domiciliar recibos depende de un acceso que, para cientos de miles de personas, sigue siendo una meta lejana.

Estados Unidos entregará a Panamá $3 millones para iniciar la limpieza ambiental de la provincia de Darién, por donde miles de migrantes transitaron en su periplo por llegar a la nación norteamericana.

Miles de plásticos, ropa, residuos sólidos, entre otros desperdicios, fueron dejados por los migrantes a su paso por una trocha que abrieron por el llamado Tapón del Darién, una selva que sirve de frontera entre Panamá y Colombia, y que hasta ese momento se mantenía virgen.

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, quien hizo el anuncio del aporte de su país para la limpieza de Darién, dijo que el trabajo se hará en conjunto con el Ministerio de Ambiente, y que además dará oportunidades de trabajo para los darienitas que se sumen a esta iniciativa.

Agregó que “vamos a estar contratando personas locales para darle empleos a estas personas que viven en estas comunidades, para limpiar el ambiente y asegurar que regrese a lo que era antes”.

En 2024 las autoridades del momento calcularon que la migración irregular dejó al menos 2,500 toneladas de basura en la selva darienita y que la limpieza costaría unos $12 millones.

En su momento, Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, declaró que así como Estados Unidos ha invertido para evitar el paso de migrantes, debe hacerse cargo de la limpieza del Darién, puesto que la mayoría de personas ingresaron a la zona con el objetivo de llegar a su nación.

“No están limpiando su desastre. Si Estados Unidos es responsable porque abrió sus fronteras, entonces Estados Unidos debería pagar por eso”, sentenció Navarro.

Los medios señalaron que en el primer trimestre de 2024 el flujo de migrantes por Darién alcanzó los 110,008, mientras que 2025 se redujo drásticamente a 2,831.

En 2026, según las autoridades la cifra se estancó en 92 personas.

Este año no han pasado más de 2,500 personas, afirmó Larry Solís, director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

En la odisea migratoria los ciudadanos de Venezuela fueron lo que más se aventuraron por la trocha darienita, al igual que ecuatorianos, colombianos y nativos de Ghana.

Desde 2021 el número de personas que cruzaban la peligrosa selva aumentó exponencialmente, alcanzando más de 520.000 en 2023, sostiene la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales.

Las causas de este fenómeno, afirma la organización, incluyen la combinación de crisis políticas y económicas en América Latina, la falta de vías migratorias legales y la difusión de información sobre las rutas disponibles.

Los trayectos, tanto terrestres como marítimos, variaban en duración y costo, exponiendo a los migrantes, en su mayoría venezolanos, haitianos y africanos, a condiciones extremas, abusos y explotación.

A su llegada a Panamá los migrantes eran atendidos en estaciones administradas por el Servicio Nacional de Fronteras y la Organización Internacional de las Migraciones, aunque los recursos eran limitados.

Desde 2024, bajo el gobierno de José Raúl Mulino, Panamá adoptó una política de cooperación con Estados Unidos que incluyó la repatriación aérea de migrantes irregulares.

En agosto de ese año el gobierno de Estados Unidos otorgó $6 millones para la repatriación de los migrantes.

La cooperación entre ambos países redujo el flujo migratorio en un 96% para marzo de 2025, pero también generó nuevas problemáticas humanitarias, como el cierre de centros de acogida y el incremento de un flujo inverso hacia el sur, manifiesta la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales.

La organización Human Rights Watch acusó que México se convirtió en el principal receptor de deportaciones de extranjeros realizadas por el gobierno de Donald Trump y advirtió que miles de personas permanecen atrapadas en un “limbo legal” en ciudades del sur del país, sin acceso efectivo a vivienda, atención médica o mecanismos claros para regularizar su estancia.

En el informe titulado “Nos abandonan aquí a morir”, la organización documentó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 Estados Unidos deportó a México a 12 mil 977 personas de terceros países, es decir, migrantes que no son ciudadanos estadounidenses ni mexicanos. De acuerdo con el documento, México concentró alrededor del 70 % de todas las deportaciones de extranjeros realizadas por Estados Unidos hacia terceros países durante el actual gobierno de Trump.

Cubanos fueron el grupo más afectado por las deportaciones a México

Según Human Rights Watch, los ciudadanos cubanos representan el grupo más afectado por esta política migratoria. El estudio señaló que 4 mil 353 cubanos fueron deportados a México en el periodo analizado, muchos de ellos después de pasar décadas viviendo en Estados Unidos.

El informe indicó que varios de los deportados llegaron a territorio estadounidense durante el éxodo del Mariel de 1980 o mediante programas migratorios legales implementados en años anteriores. También señaló que numerosos migrantes ya tenían familias, empleo y arraigo en estados como Florida antes de ser enviados a ciudades del sur mexicano.

La organización sostuvo que durante años el gobierno cubano limitó la recepción de deportados desde Estados Unidos, situación que cambió con la política migratoria impulsada por Trump, enfocada en ampliar las deportaciones masivas y negociar acuerdos con terceros países para recibir personas expulsadas.

Human Rights Watch afirmó que las autoridades mexicanas aceptaron recibir a ciudadanos cubanos aun cuando existían restricciones para su retorno a Cuba, pero sin ofrecerles residencia permanente o mecanismos efectivos de integración. El documento concluyó que esto dejó a miles de personas atrapadas en un “limbo legal permanente”.

Human Rights Watch cuestionó acuerdo “no escrito” entre México y Estados Unidos

La organización también denunció la existencia de un acuerdo migratorio no transparente entre ambos gobiernos. El informe citó documentos estadounidenses en los que el Departamento de Justicia reconoció un “acuerdo vigente no escrito” con México para recibir cubanos y otros extranjeros deportados desde Estados Unidos.

Human Rights Watch acusó posibles violaciones al debido proceso y al principio de no devolución, que prohíbe trasladar personas a lugares donde puedan enfrentar riesgos graves. De acuerdo con el estudio, varias personas deportadas alertaron a autoridades estadounidenses sobre amenazas en México, incluidos antecedentes de secuestros y violencia contra familiares, pero aun así fueron enviadas al país sin audiencias individualizadas ni evaluaciones formales de riesgo.

La organización señaló además que la mayoría de los deportados fue enviada a ciudades como Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), donde documentó presencia del crimen organizado, altos índices de violencia y condiciones precarias para migrantes.

Entre las 41 personas cubanas entrevistadas por Human Rights Watch, 17 tenían más de 60 años y al menos 22 padecían enfermedades crónicas. El informe indicó que muchos enfrentaron dificultades para acceder a medicamentos o tratamientos médicos por falta de documentos y recursos económicos.

La organización también sostuvo que el sistema mexicano de refugio enfrenta limitaciones para responder al aumento de deportaciones. Aunque las autoridades recomiendan iniciar trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los entrevistados reportaron retrasos, falta de citas y restricciones para desplazarse fuera de los estados donde presentan sus solicitudes.

El documento añadió que la situación se agravó tras la reducción del financiamiento estadounidense al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México. Según Human Rights Watch, la aportación de Estados Unidos pasó de 50 millones de dólares en 2024 a 8 millones en 2025.

La organización pidió que cualquier deportación de nacionales de terceros países hacia México se realice mediante acuerdos formales y transparentes, además de garantizar acceso efectivo a protección internacional y mecanismos de regularización migratoria.

Los inmigrantes extracomunitarios con menos de tres años de residencia en España tienen una probabilidad hasta 12 puntos porcentuales mayor de trabajar habitualmente los sábados que los nacidos en el país, según el Boletín número 17 del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo (OTMT) elaborado por BBVA Research y Fedea y publicado este miércoles. El mismo informe constata que este colectivo también pierde el empleo con más frecuencia que los trabajadores nativos, lo que apunta a una doble exposición a la precariedad: condiciones más duras y trayectorias laborales más inestables.

El patrón de trabajo en horarios atípicos no afecta por igual a toda la población inmigrante. Según el OTMT, las diferencias se concentran en las personas nacidas fuera de la Unión Europea con menor tiempo de residencia, mientras que los nacidos en otros países comunitarios presentan divergencias menos relevantes respecto a los trabajadores españoles. La brecha, precisa el informe, se reduce con los años de permanencia en el país, pero no llega a desaparecer.

Más allá del trabajo en fin de semana, los asalariados del sector privado nacidos en el extranjero trabajan con más frecuencia en horarios de tarde y de noche que los nativos. Las diferencias son algo menores que en el caso del fin de semana, pero el informe las califica de persistentes a lo largo del tiempo. La explicación que ofrece el OTMT remite a la distribución sectorial: la mayor presencia de población inmigrante en hostelería, comercio, cuidados y servicios personales determina una exposición superior a turnos menos favorables para la conciliación.

Aumentan el peso de los contratos discontinuos entre los migrantes

Los datos de Fedea indican que la reforma laboral redujo la temporalidad en todos los tamaños de empresa, pero no eliminó las brechas por origen. En este contexto, los establecimientos de menor tamaño combinan las tasas de temporalidad más elevadas con una mayor proporción de trabajadores nacidos en el extranjero. Tras la reforma, el peso relativo de la población inmigrante entre los asalariados con contrato fijo discontinuo también aumentó de forma apreciable, lo que el informe interpreta como una reconfiguración de la precariedad más que como su desaparición.

Esta precariedad contractual se traduce en una mayor exposición a la pérdida de empleo. El OTMT constata que la proporción de personas nacidas en el extranjero entre quienes son despedidos o ven finalizado su contrato supera su peso en el conjunto de la población ocupada. La brecha, además, se amplió desde la pandemia, especialmente en las salidas asociadas a despidos y finalizaciones de contrato. Las finalizaciones representan dos tercios de todas las transiciones desde el empleo hacia el paro o la inactividad, y los despidos y finalizaciones juntos explican alrededor del 90% de las salidas del empleo.

El empleo indefinido crece pero los migrantes siguen liderando en trabajo temporal

La infrarrepresentación de los inmigrantes en el empleo indefinido, aunque en descenso, también persiste. El informe señala que la contratación estable avanza para el conjunto del mercado laboral (el empleo indefinido ha subido un 31,4% desde el cuarto trimestre de 2019), y que la brecha entre nativos e inmigrantes se estrecha en este segmento. Aun así, la población nacida en el extranjero sigue sobrerrepresentada entre los asalariados con contrato temporal.

En materia de horas extraordinarias, el OTMT introduce un matiz que contradice la tendencia general: las diferencias entre nacidos en España y en el extranjero son reducidas, y son los trabajadores nativos quienes presentan una mayor incidencia de horas extraordinarias no remuneradas durante buena parte del período analizado. La proporción de asalariados del sector privado que realiza horas extra se sitúa desde la crisis financiera en torno al 5% y el 6% para el conjunto de la población, sin diferencias sustanciales por lugar de nacimiento.

La afiliación extranjera a la Seguridad Social alcanzó los 3,2 millones de personas en el primer trimestre de 2026, el 14,5% del total, con un crecimiento del 8,1% respecto al mismo período del año anterior, frente al 1,8% de la afiliación autóctona. Desde el primer trimestre de 2019, la afiliación extranjera ha subido un 55,3%, lo que refleja la magnitud de la incorporación de trabajadores nacidos fuera de España al mercado laboral formal en los últimos años.

Lucrecia Sáenz, migrante nicaragüense que llegó a España en 2005, ha dedicado toda su vida al cuidado de otras personas. Comenzó desde pequeña, atendiendo a familiares, y ahora, a sus 66 años, no le queda más remedio que seguir trabajando en este sector a pesar del desgaste físico acumulado tras décadas de esfuerzo. Lo peor, cuenta a Infobae, es que no tendrá “una alternativa digna” para la jubilación, no solo por el bajo salario que percibe, sino porque durante los nueve años que estuvo sin papeles y sin contrato no pudo cotizar.

“Cuando llegué a España comencé a cuidar niños y limpiar casas. Tenía que hacer compras y cargar con ellos, siempre cogiendo peso de un lado a otro. Después empecé a cuidar a personas mayores sin los medios adecuados para poder atenderlos y sin dejar de limpiar y cocinar, porque no solo es atender a una persona, sino un hogar, y una tiene que ingeniárselas como puede con lo que tiene”, explica la trabajadora durante la breve pausa que se ha tomado en su jornada para responder a esta entrevista. “Yo ahora, con 66 años, sigo trabajando con el cuerpo roto, deshecho, porque tengo la columna fatal del esfuerzo de todos estos años”, añade Sáenz, que está pendiente de una cirugía.

Como ella, más de 158.000 mujeres mayores de 55 años dedicadas al trabajo de hogar y cuidados en España se acercan a la jubilación sin garantías de acceder a una pensión suficiente tras haber trabajado en condiciones precarias y sin derechos plenamente reconocidos, tal y como revela un nuevo informe de Oxfam Intermón. El estudio indica que sólo el 45,9% de estas trabajadoras tendrá acceso a una pensión contributiva y “aun así la cuantía media es de 710 euros mensuales, la mitad de la pensión media en España”.

Otro 40%, señala el informe, solo podría aspirar a una pensión no contributiva, de apenas 517 euros al mes, lejos de cubrir las necesidades básicas, sobre todo teniendo en cuenta que cerca del 65% de estas mujeres vive de alquiler y destina el 40% de sus ingresos a la vivienda.

“No estamos ante trayectorias laborales individuales fallidas. Esto es el resultado de desigualdades acumuladas a lo largo de la vida laboral en un sector feminizado, precarizado y racializado”, explica Nerea Boneta, investigadora y autora del estudio, que lleva por título Toda una vida cuidando. El derecho a una jubilación digna para las trabajadoras de hogar y cuidados. La ONG calcula que el 14% de las trabajadoras del hogar y los cuidados llegará a la jubilación sin acceso a ninguna prestación, porcentaje que asciende al 25,4% entre las migrantes.

De acuerdo con una encuesta incluida en el informe, el 65,9% de las trabajadoras mayores de 55 años anticipa que deberá retrasar su jubilación más allá de los 65 años, mientras que el 78,3% ve probable continuar trabajando en la economía informal al alcanzar la edad legal para retirarse.

No pueden afrontar gastos imprevistos

Otros datos alarmantes del estudio reflejan que el 87% reconoce que no podría afrontar un gasto imprevisto superior a 600 euros, siete de cada diez han renunciado a ir al dentista por falta de recursos y la mitad ha tenido que endeudarse o pedir ayuda para llegar a fin de mes.

El sector de las trabajadoras del hogar y los cuidados concentra un porcentaje elevado de mujeres mayores: el 30% tiene 55 años o más, frente al 21% registrado en el conjunto del mercado laboral, pues muchas de ellas se ven obligadas a seguir trabajando para poder garantizar una pensión, lo que refleja las consecuencias de "décadas de desigualdad y falta de protección institucional". Además, desde 2012, la cifra de afiliadas mayores de 55 años se ha duplicado y el grupo que supera los 65 años se ha multiplicado por seis.

El desgaste físico y emocional, una constante

El trabajo de hogar y cuidados es físicamente extenuante, añade el estudio. El 73% de las trabajadoras mayores de 55 años declara dolor de espalda habitual, más del 70% dolor articular, y un 65% sufre estrés. La falta de reconocimiento de enfermedades profesionales y la exclusión histórica de sistemas de prevención agravan el deterioro físico y mental de estas mujeres, según recoge el estudio. Dos de cada tres han acudido a trabajar enfermas, y más de ocho de cada diez toman medicación para poder afrontar la jornada laboral.

Oxfam Intermón recuerda que mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar y los cuidados exige el compromiso de instituciones públicas, agentes sociales y familias empleadoras. Por ello, la organización propone el reconocimiento de las enfermedades profesionales asociadas a esta labor, la posibilidad de que estas mujeres accedan a la jubilación anticipada o parcial mediante coeficientes reductores, así como la compensación de los periodos sin cotización. También proponen que se garanticen pensiones mínimas suficientes y que se complete la equiparación de derechos laborales con el Régimen General, incluyendo la cotización por salario real, la prevención efectiva de riesgos laborales y el fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La organización subraya la importancia de aprobar la reforma de la Ley de Dependencia, actualmente en trámite legislativo, para reforzar el sistema público de atención y profesionalizar el sector. “El escaso reconocimiento social hacia los cuidados sostiene su precarización material y simbólica. Reconocer este trabajo como esencial exige un cambio profundo en las percepciones sociales, rompiendo con el edadismo y el racismo que atraviesan el sector”, concluye Boneta.

Desde que el pasado 20 de abril se abrió el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes, los Servicios Sociales y las asociaciones que otorgan certificados de vulnerabilidad se han visto desbordados ante el aluvión de peticiones, lo que está generando retrasos e incertidumbre para quienes esperan acceder al procedimiento. En algunos pueblos la situación se complica todavía más, ya que a la falta de recursos se suma, según denuncia el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, la “escasa voluntad” de los responsables de los servicios sociales para gestionar estos trámites. Un ejemplo es Talayuela, en Cáceres, un municipio de poco más de 7.000 habitantes y con la mayor proporción de población migrante de Extremadura: cerca del 40% de sus vecinos son de origen marroquí.

“Entendemos que algunos ayuntamientos tienen menos personal, que están sobrepasados y no dan abasto, pero hay que ponerse en el lugar de quienes ven en este proceso la posibilidad de tener una vida digna. En este caso no hay voluntad“, explica a Infobae la activista Maryorit Guevara, presidenta de este colectivo, que forma parte del Registro de Colaboradores de Extranjería, encargado de emitir el certificado de vulnerabilidad requerido para quienes no han trabajado en España con contrato ni tienen hijos menores a su cargo.

Entidades sociales como esta han asumido un rol clave en el proceso de regularización, atendiendo de forma directa a quienes necesitan el certificado de vulnerabilidad ante la falta de respuesta de muchos ayuntamientos. ”Hemos vivido en carne propia esa desesperación de no tener documentos y sabemos qué consecuencias tiene a la hora de acceder a derechos básicos", señala el colectivo, que cuestiona que se exija acreditar la vulnerabilidad cuando “la propia situación administrativa irregular de los migrantes ya implica esa condición”.

“Tener que demostrar constantemente la propia precariedad para acceder a derechos básicos es una forma de revictimización. El certificado de vulnerabilidad es apenas la punta del iceberg de un sistema que burocratiza el sufrimiento y profundiza la exclusión", sostiene Guevara.

En Talayuela, en concreto, la asociación que encabeza Guevara ha atendido recientemente a más de un centenar de personas, en su mayoría hombres marroquíes, a quienes “los trabajadores sociales no les han emitido el certificado de vulnerabilidad” a pesar de presentar la documentación requerida, explican. “Estos 105 expedientes estaban registrados por el ayuntamiento, todos con empadronamiento, pero no les han hecho el certificado de vulnerabilidad”, afirma. Según explica, además, a algunos solicitantes les han pedido documentos que “no se contemplan en el real decreto” para acceder al proceso.

“Talayuela es el ejemplo perfecto de un sistema que nos quiere sin derechos, un sistema que está pensado en la explotación de nuestros cuerpos sin el mínimo acceso a derechos, porque esas 105 personas y otras tantas que nos han solicitado ayuda son vecinos del pueblo del día a día, son la comunidad, son la misma España”, reivindica la activista.

Este periódico ha intentado contactar en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Talayuela, tanto por teléfono como por correo electrónico, pero no ha obtenido respuesta.

A los obstáculos para obtener el certificado de vulnerabilidad se suma que muchas personas migrantes tienen serias dificultades para desplazarse hasta Talayuela desde otros pueblos, por las limitaciones del transporte público en Extremadura. Además, para quienes trabajan como peones en fincas o como internas y viven aislados y sin empadronamiento, acceder a la regularización resulta aún más complicado.

Acuerdo entre PP y Vox en Extremadura

Las complicaciones que enfrentan muchos migrantes para obtener el certificado de vulnerabilidad llegan en un contexto marcado por el nuevo acuerdo político entre PP y Vox en Extremadura, firmado a mediados de abril. El pacto, que recoge más de 70 medidas, incluye algunas de las principales demandas de Vox, como el endurecimiento de las políticas migratorias, y entre los compromisos asumidos por el Gobierno autonómico figura el rechazo a la acogida de menores extranjeros no acompañados y oponerse legal, jurídica y políticamente a cualquier mecanismo de “reparto” de migrantes en situación irregular, tanto adultos como menores.

PP y Vox se han comprometido a no abrir nuevos centros de acogida ni ampliar las plazas en los ya existentes, y llevar a cabo auditorías anuales para reducir al mínimo los gastos vinculados a la migración irregular. También plantean prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos antes de que finalice 2026, una propuesta que ya intentaron promover en el Congreso.

El punto 7 del acuerdo entre ambas formaciones establece que el acceso “a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas” se inspirará en el principio de prioridad nacional, de forma que se asignarán antes a quienes mantengan “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Para acceder a estas ayudas, se exigirá un tiempo mínimo de residencia y empadronamiento en la región —diez años para comprar vivienda y cinco años para alquiler—, así como haber cotizado y contribuido al sistema. Además, según el acuerdo, quienes estén en situación irregular solo podrán recibir asistencia social en situaciones de urgencia vital.

El acuerdo del PP y Vox en Extremadura también elimina el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros públicos de Talayuela, una decisión que ha generado críticas entre la comunidad educativa y preocupación entre la población migrante, que percibe estas medidas como discriminatorias y teme que dificulten aún más su regularización y el acceso a servicios básicos.

Dificultades para conseguir el informe de antecedentes penales

Como requisitos generales para poder acogerse al proceso de regularización, las personas migrantes en situación irregular deben acreditar su llegada a España antes del 31 de diciembre de 2025, demostrar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses previos a la solicitud y no tener antecedentes penales. De hecho, la obtención del informe de antecedentes penales, emitido por las autoridades del país de origen, también está presentando dificultades en numerosos consulados y embajadas, donde las citas se conceden con mucha demora.

Esta situación afecta sobre todo a personas originarias de países africanos como Gambia, Guinea Conakry, Senegal o Argelia. La falta del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de manera rápida, hace que en los países que no forman parte del convenio el certificado deba gestionarse por vía diplomática, lo que alarga aún más los plazos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó este martes las condenas de ocho años de prisión dictadas contra tres miembros de una familia boliviana por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en un caso que tuvo como víctima a una joven de esa nacionalidad sometida a trabajo forzado en un taller textil clandestino del conurbano bonaerense.

Los condenados son los hermanos Armando Condori Jiménez y Alex Tito Condori Jiménez, dueños del taller textil, y Claudia Mery Choque Condori, esposa de un tercer hermano y cuñada de ambos. Los tres habían sido sentenciados en octubre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín, con integración unipersonal, como coautores del delito previsto en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. El fallo de Casación, firmado por unanimidad, rechazó el recurso interpuesto por la defensa compartida.

El caso se inició el 25 de noviembre de 2016, cuando Esperanza Llanos Méndez denunció ante la Comisaría 54 de la Policía Federal Argentina (PFA) la situación en que se encontraba su amiga, identificada en el expediente como “S.M.H.”. La joven había llegado a Argentina el 14 de julio de ese año desde Bolivia, trasladada por Gualberta Jiménez Quinchu -madre de los hermanos Condori Jiménez-, con la promesa de trabajar en costura a cambio de $4.000 mensuales. Fue recibida en la terminal de Liniers por Armando Condori y llevada a la vivienda de la calle Estanislao del Campo 2749, en la localidad de Gregorio de Laferrere, donde en el fondo del terreno funcionaba un taller textil clandestino.

Según el relato de la víctima, recogido en una entrevista en modalidad de Sala Gesell el 26 de noviembre de 2016, las jornadas de trabajo se extendían de 7 a 22 horas de lunes a viernes, y los sábados hasta el mediodía. La joven debía coser prendas para la feria La Salada, cocinar y limpiar la casa. El primer mes no recibió pago alguno; el cuarto, tampoco. En el transcurso de su estadía sufrió un accidente con una máquina de coser que le provocó una herida en un dedo que requirió puntos, y fue obligada a retomar las tareas antes de recuperarse.

El tribunal de juicio tuvo por acreditado que S.M.H. no contaba con las llaves del domicilio, que Armando Condori la dejaba encerrada cuando salía, y que Alex Condori supervisaba su trabajo y la golpeaba en las manos para que aprendiera a usar la máquina overlock. Las psicólogas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que atendieron a la víctima ese mismo día de la denuncia, describieron en sus informes una situación de “restricción de la autonomía” y señalaron que la joven presentaba dificultades idiomáticas y de comprensión.

El día del operativo, el personal policial que acompañó a la joven Llanos Méndez al punto de encuentro preacordado -la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Cosquín, en el barrio porteño de Liniers- constató una discusión entre la denunciante y Armando Condori junto a Claudia Choque Condori, quienes habían llegado en una camioneta Renault Kangoo. Al requisar el vehículo, los efectivos hallaron la documentación personal de S.M.H. entre las pertenencias de Choque Condori, dato que el tribunal valoró como uno de los elementos probatorios centrales.

Tras la sentencia condenatoria, la defensa conjunta, a cargo del abogado Luis Montané López, articuló el recurso de casación con tres ejes principales: la nulidad de la declaración en Sala Gesell por haber sido realizada sin notificación previa a los imputados, la improcedencia de incorporar al juicio oral -mediante lectura- los testimonios de S.M.H. y de Llanos Méndez, ambas fuera del país desde el 2 de diciembre de 2016, y la alegada falta de sustento en la valoración de las pruebas. Subsidiariamente, cuestionó el monto de las penas.

Los tres camaristas rechazaron cada uno de esos planteos. Respecto de la Sala Gesell -un sistema de entrevista especializado que permite tomar declaración a víctimas en un entorno protegido, sin la presencia directa de los imputados-, señalaron que la defensa oficial había sido notificada del procedimiento y que Montané López no intervenía en el proceso como defensor particular el 26 de noviembre de 2016, fecha en que se realizó la diligencia, sino que su primera actuación acreditada fue el día siguiente, cuando sus asistidos prestaron declaración indagatoria.

El juez Mariano Borinsky, quien redactó el voto principal, subrayó además que el material videograbado fue puesto a disposición de la defensa desde los primeros días de la investigación.

En cuanto a los testimonios incorporados por lectura al debate -un mecanismo que la ley habilita cuando un testigo no puede comparecer al juicio, entre otras causales, por encontrarse fuera del país-, el máximo tribunal penal federal aplicó el estándar fijado por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Benítez”, según el cual la garantía de defensa en juicio se ve afectada solo cuando la condena se sustenta de manera exclusiva en prueba que la defensa no pudo controlar.

Al respecto, la Sala IV concluyó que ese no era el caso y enumeró el conjunto de pruebas independientes sobre las que se apoyó la condena:

• Las declaraciones e informes de las psicólogas del Programa de Rescate, que describieron las condiciones de sometimiento de S.M.H. y constataron la herida en su dedo al momento de la denuncia.
• La denuncia de Llanos Méndez y sus declaraciones posteriores, que daban cuenta de las llamadas de auxilio de la víctima y de las condiciones en que trabajaba.
• Las actas policiales que documentaron la discusión en la vía pública entre Llanos Méndez, Armando Condori y Claudia Choque Condori el día del operativo.
• El secuestro de la documentación personal de S.M.H. en la camioneta Kangoo en poder de Choque Condori.
• El resultado del allanamiento del domicilio de la calle Estanislao del Campo 2749, donde se constató la existencia del taller textil clandestino con máquinas de coser, estampadoras y prendas a medio confeccionar.
• Los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, que acreditaron el ingreso de S.M.H. al país el 14 de julio de 2016 junto a Gualberta Jiménez Quinchu.
• Las declaraciones del personal policial interviniente, que reconocieron su firma en las actas del procedimiento.
• Los testimonios de los testigos civiles presentes durante el allanamiento, quienes ratificaron las circunstancias del operativo.

El juez Javier Carbajo sintetizó esa valoración: “La evaluación conglobada de los diversos elementos de prueba (...) demuestra la ocurrencia fáctica de hechos significantes de acogimiento, explotación y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de S.M.H., tal como fue atribuido por la acusación a los imputados”, escribió.

Y agregó que lo actuado por el tribunal oral para intentar localizar a las testigos fue “válido (...), además de razonable y suficiente a fin de brindar a la defensa oportunidades para instar o ejercer medidas de contrapeso dirigidas a compensar la alegada desventaja”.

A la hora de analizar si los hechos probados encuadraban efectivamente en el delito de trata de personas agravada por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad y violencia, por la pluralidad de las personas intervinientes y por haberse consumado la explotación de la víctima, el juez Borinsky trazó los límites de lo que la ley protege: “El ilícito bajo estudio no se reduce a una mera limitación de la libertad física o ambulatoria de las personas, sino que comprende el sometimiento de una persona a situaciones de explotación de las que no pueda librarse por sus propios medios, aunque no existiere violencia física o intimidación ostensible”, dijo en su voto.

Desde esa perspectiva, la situación de vulnerabilidad de S.M.H. -migrante, sin estudios secundarios completos, sin oficio previo y sin red de contención en el país- fue considerada el factor determinante. “He sostenido -reseñó Borinsky- que la víctima ‘es más propensa a brindar su conformidad para ser explotada, y el abuso de esa situación ocurre cuando el autor usa intencionadamente o aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para captarla, transportarla, trasladarla, acogerla o recibirla con el fin de explotarla, de modo que la persona crea que someterse a la voluntad del abusador es la única alternativa real o aceptable de que dispone y que resulte razonable que crea eso a la luz de su situación".

Por su parte, el camarista Gustavo Hornos completó el acuerdo con una definición sobre la naturaleza del delito, en tanto “el tráfico de personas con fines ilegales constituye una grave y particularmente insidiosa violación de los derechos humanos que ataca los valores y principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional”, afirmó.

En otro pasaje aclaró: “Resulta pertinente memorar que en relación a delitos como el aquí investigado, el consentimiento de la víctima para ser ofrecida o acogida, con la finalidad de ser sometida a su explotación económica en favor de terceros a costa de su actividad, no tendrá efectos jurídicos, por cuanto, y esto es lo sustancial en relación a supuestos como el que nos ocupa, se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado (libertad) que no es posible otorgar consenso para ser considerado un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios”.

Y añadió: “Se trata, de la esencia de lo humano, cuya propia explotación no puede ser consentida por el sujeto sin afectación de su condición de persona, de su libertad como prerrogativa que le es inherente”.

La pena de ocho años de prisión impuesta a los tres condenados coincide con el mínimo que la ley prevé para este delito con las agravantes aplicadas. La sentencia del Tribunal Oral N°3 de San Martín, dictada en octubre de 2025, no se hará efectiva hasta que quede firme.

La madre de los hermanos Condori Jiménez, Gualberta Jiménez Quinchu -señalada como quien captó a la víctima en Bolivia y pagó su pasaje, suma que luego fue descontada de su salario-, había sido buscada por el juzgado instructor desde marzo de 2017 y no fue hallada.

La integración de la población extranjera en el mercado laboral catalán sigue marcada por la precariedad y el desaprovechamiento del talento. Un informe reciente del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC) pone cifras claras a una realidad muchas veces invisibilizada: el 50% de los migrantes con educación superior trabajan en puestos para los que están sobrecualificados, una tasa que en el conjunto de los extranjeros se sitúa en el 38,5%.

El fenómeno golpea especialmente a los trabajadores africanos y asiáticos, quienes, pese a contar con titulación, tienen menos opciones de acceder a empleos de calidad. La brecha afecta de manera aún más intensa a mujeres extranjeras, que constituyen el 8,7% de la población catalana y el 78% de ellas son extracomunitarias.

Este colectivo, el de las mujeres exranjeras, es más joven respecto a las mujeres españolas y los hombres foráneos, pero encabeza las tasas de precarización. El 52% de las extracomunitarias con estudios superiores ejercen funciones muy por debajo de su cualificación académica.

Además, las mujeres extranjeras sufren mayores tasas de temporalidad laboral (18,5% frente a 13,5% en hombres extranjeros y 13% en mujeres españolas), parcialidad (25,3%) y subocupación (12,9%). En salarios, la brecha es doble: ganan un 19,4% menos que las mujeres españolas y un 10,9% menos que los hombres extranjeros. El resultado: un alto número de mujeres con formación universitaria relegadas a trabajar como empleadas del hogar, en hostelería o en otros sectores “invisibles”.

El salario, otro muro: 6.891 euros menos al año

El informe del CTESC revela que, de media, los trabajadores extranjeros en Cataluña cobran un 22,3% menos (unos 6.900 euros menos al año) que sus pares españoles, una discriminación que se agrava en la agricultura y en el sector servicios. Los contratos temporales y a tiempo parcial son el pan de cada día en ocupaciones donde la mano de obra migrante es esencial pero menos protegida.

En agricultura, por ejemplo, los extranjeros suponen ya el 32,4% de la fuerza laboral pero enfrentan condiciones laborales más duras y peor remuneradas, con altos porcentajes de contratos en fraude e infradeclaración de horas. Algo similar ocurre en el servicio doméstico y las tareas de cuidados, donde casi el 50% son extranjeras y la mayoría trabajan sin derechos laborales básicos.

El fenómeno de la sobrecualificación tiene su máxima expresión en las tareas peor pagadas. Aunque el 38,6% de los extranjeros tiene estudios superiores, el triple que entre los españoles acaba en ocupaciones con baja exigencia de formación, como limpieza, camareros, peones o cuidados. Esto se traduce en una elevada desmotivación y prolonga la vulnerabilidad socioeconómica de las familias migrantes.

La juventud migrante: directa al paro y la temporalidad

La sobrecualificación va de la mano de otro fenómeno: paro y precariedad entre los jóvenes extranjeros. En Cataluña, mientras que el desempleo juvenil español ronda el 7,7%, entre los migrantes sube al 13,9%, disparándose al 28,4% para los africanos. La tendencia se agrava porque, aunque crecen en número, los jóvenes extranjeros no logran compensar el descenso de jóvenes catalanes nativos incorporándose a empleos estables.

El CTESC y entidades sociales reclaman políticas activas de inclusión laboral que se adapten a la realidad de este colectivo, como facilitar la homologación de títulos, mejorar la orientación laboral o reforzar los itinerarios formativos. También piden regularizar a los trabajadores en situación administrativa irregular y dignificar el empleo doméstico, además de incentivar la contratación en sectores considerados “de difícil cobertura” en los que la mano de obra extranjera es ya imprescindible, pero injustamente tratada.

Con una inmigración que representa el 21,2% de la población activa, Cataluña se juega parte de su futuro económico y social en conseguir que la integración laboral no sea sinónimo de precariedad y discriminación sistemática hacia los residentes extranjeros.

Las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, enfocadas en restringir el envío de remesas hacia México, han generado preocupación entre sectores clave de la economía mexicana.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), a través de un comunicado, alertó que estas disposiciones tendrán un impacto inmediato en millones de familias que dependen del dinero enviado por sus seres queridos para cubrir necesidades básicas, como alimentación, salud y educación.

Esta propuesta estadounidense busca endurecer los controles y dificultar el acceso de migrantes sin residencia legal a servicios financieros, especialmente a los sistemas formales de transferencia de recursos. Se prevé que las restricciones entren en vigor entre septiembre y octubre de este 2026.

Según especialistas financieros, podrían reducir hasta en un 20% el flujo formal de ingresos hacia varias regiones del país. Esta política, busca fortalecer la estrategia antimigratoria, desalentando la permanencia de trabajadores indocumentados. La consecuencia de estas acciones podría derivar en el uso de canales informales para el envío de dinero, más costosos y riesgosos

Freno de remesas tendrá consecuencias para familias y comercios mexicanos

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, señaló que la migración de transferencias hacia alternativas informales como los “shuttles” o intermediarios implicará mayores comisiones y un incremento en los riesgos de fraudes y abusos.

Los hogares de estados como Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Nayarit y Guanajuato, donde las remesas son vitales, se verán especialmente afectados. En 2025, México recibió más de 61 mil millones de dólares por este concepto, consolidándolas como una de las principales fuentes de ingreso nacional.

La llegada de estas restricciones coincide con un periodo de bajo crecimiento económico, pérdida de poder adquisitivo y desaceleración del consumo interno. Limitar su acceso representa un golpe directo al consumo popular y pone en riesgo la operación de miles de pequeños negocios que dependen del gasto cotidiano de sus clientes.

El presidente del organismo, advirtió que la caída en las transferencias podría llevar al cierre de comercios tradicionales, acentuando la fragilidad económica de muchas comunidades.

Contexto político y repercusiones en la relación bilateral

Desde el inicio de la renegociación del T-MEC, EU ha optado por una postura de “America First”, culpando a los acuerdos comerciales con México y Canadá del deterioro de su calidad de vida.

Más de 30 millones de mexicanos que viven en en el país vecino enfrentan cotidianamente condiciones de presión y una creciente discriminación y persecución por parte de agencias como U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), señaladas por acciones represivas contra migrantes ,mexicanos que han derivado incluso en casos de muertes denunciadas como ilegales y ampliamente cuestionadas.

“ANPEC considera que esta política contra las remesas no sólo afecta a México y a las familias migrantes, sino que también amenaza la estabilidad económica, debilita el consumo interno y erosiona los principios de integración y cooperación que dieron origen al T-MEC y al florecimiento de la zona comercial más pujante del mundo: Norteamérica”, sentenció Rivera en la publicación.

Abdou Ngom, un joven senegalés que llevaba residiendo tres años en España e iba a acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes, no imaginaba que su vida fuera a cambiar de golpe el pasado 18 de mayo, cuando acudió a una comisaría para firmar unos documentos. La policía, que retenía su pasaporte por contar con una orden de expulsión en firme, lo detuvo en ese momento y, pocas horas después, estaba subido en un avión con destino a Senegal. Su abogada, Marta Llonch, explicó a Infobae que Abdou fue víctima de una “cita trampa”, una práctica denunciada por colectivos antirracistas en la que las autoridades utilizan estas comparecencias obligatorias para ejecutar deportaciones exprés, dentro del plazo legal que permite la detención sin autorización judicial si existe una orden de expulsión firme. Después de tres vuelos y sin posibilidad de contactar con su abogada, el joven de 30 años aterrizó en Dakar con lo puesto y sin dinero, a 400 kilómetros de su pueblo natal.

La deportación ha interrumpido el intento de Abdou por construir un futuro en España, tras años de dificultades desde su llegada en cayuco a las islas Canarias. Al pedir asilo y tener permiso de residencia durante un tiempo, al inicio pudo trabajar como ayudante de cocina, pero tras la denegación de su solicitud, perdió la documentación y solo pudo desempeñar trabajos informales en el campo.

Abdou se vio obligado a vivir en la calle, recogiendo chatarra para poder enviar algo de dinero a su familia, aunque eso supusiera dejar de comer en más de una ocasión. En diciembre de 2025 fue desalojado del instituto abandonado B9 de Badalona, el mayor asentamiento de migrantes en Cataluña, en un operativo impulsado por el alcalde de la localidad, el popular Xavier García Albiol. Fue tras este desalojo, en un momento en que Abdou creía que todo estaba perdido, cuando conoció a Ángela Valeiras, una médica jubilada que lo acogió durante un tiempo y lo acompañó en su proceso de arraigo, ayudándolo a empezar una nueva etapa.

“Pasó por situaciones muy duras, era una persona muy vulnerable, pero él estaba aquí para buscar un mejor futuro y ayudar a su madre y su hermana en Senegal. Cuando por fin empezaba a mejorar, a encontrar cierta dignidad en su vida, la deportación le ha truncado todo”, cuenta la mujer a este periódico aún conmocionada por lo ocurrido.

Abdou contactó con ella a las pocas horas de aterrizar en Dakar y le contó que había llegado exhausto y sin apenas haber comido. “Me envió una foto en la que estaba irreconocible, agotado, con la cara desencajada porque había dormido en un banco”, explica la doctora retirada, que considera “injusto” que, mientras avanza el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que permitirá a miles de personas acceder a permisos de residencia y trabajo, la policía siga realizando detenciones y deportaciones rápidas de personas como Abdou, que tras mucho esfuerzo, estaban logrando salir adelante.

“Volver así es un shock”

Los antecedentes policiales de Abdou, que no suponen necesariamente la comisión de un delito ni una sentencia en su contra, resultaron determinantes para su expulsión, pese a que su trabajador social había iniciado el proceso para cancelar esos registros antes de presentar la solicitud de regularización. Su abogada explica que una de las causas se debe a una acusación de usurpación, ya que Abdou entraba a un piso de la Sareb -el denominado “banco malo”- para poder ducharse debido a la situación de sinhogarismo que atravesaba, mientras que otra está relacionada con un delito contra la salud pública, cuando fue detenido junto a una persona que vendía drogas, aunque “no presentaron pruebas en su contra y solo lo implicaron por encontrarse cerca”, aclara Llonch.

“Eran causas menores derivadas de su situación de sinhogarismo”, añade por su parte Àngela, que considera que la forma en que Abdou ha sido expulsado le dejará secuelas personales y familiares difíciles de superar. “Volver así es un shock, para él y para su familia, porque vuelve sin nada y de golpe, como si hubiera hecho algo malo. Él estaba haciendo aquí todo un proceso y regresar así es un retroceso”, resume la mujer. También recuerda que, antes de emigrar a España, Abdou trabajaba como pescador en Senegal, pero ahora esa opción tampoco es viable, pues los recursos pesqueros del país se han reducido drásticamente por la explotación industrial y los acuerdos poco transparentes con flotas extranjeras, sobre todo europeas y asiáticas.

El caso de Abdou, según denuncian organizaciones sociales y colectivos antirracistas, no es aislado. Alertan sobre un incremento de deportaciones durante el proceso de regularización extraordinaria, así como de situaciones de discriminación y controles policiales basados en criterios raciales. El movimiento Regularización Ya mencionan el caso de Fallou, un migrante senegalés que también fue desalojado del B9 en Badalona y ahora permanece privado de libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. “Fallou fue identificado en uno de los muchos y cada vez más frecuentes controles antifraude en el transporte público, otro espacio donde se produce perfilamiento racial. Su posible expulsión, como la de Abdou, no puede quedar en silencio”, sostienen.

“Doble vara de medir” en el contexto migratorio

El movimiento también manifiesta su inquietud por la continuidad de los vuelos de deportación en pleno proceso de regularización extraordinaria. “Vemos con mucha preocupación que en pleno proceso de regularización extraordinaria se sigan produciendo vuelos de deportación, que además es un negocio millonario para las aerolíneas implicadas en estos viajes: Air Nostrum, Air Europa y Plus Ultra, compañías que, además, fueron rescatadas por el Gobierno en la pandemia. También nos preocupa que haya personas que estén internadas en los CIE sin la posibilidad de acceder a la regularización, teniendo incluso todos los documentos para acogerse al proceso”, explica Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya.

La activista critica la “doble vara de medir” por parte del Gobierno en el contexto migratorio al considerar que, por un lado, “tiene la valentía para hacer una regularización extraordinaria en medio de un contexto global de antiinmigración y discursos de odio, pero, por otro, sigue criminalizando la migración”, concluye.

Las autoridades migratorias deportaron este domingo a 58 migrantes colombianos y 22 bolivianos que tenían órdenes de expulsión pendientes, en el tercer vuelo que el gobierno de José Antonio Kast realiza en el marco de su plan de control migratorio.

“En total se han concretado 80 expulsiones: 20 administrativas y 60 judiciales. Las personas expulsadas corresponden a las nacionalidades colombiana y boliviana, 32 de ellas mantenían antecedentes policiales”, señalaron desde la Policía de Investigaciones (PDI) mediante una publicación en sus redes sociales.

En un punto de prensa, el jefe nacional de Migraciones de la PDI, Ernesto León, explicó que el operativo requirió que cada expulsado fuese escoltado por un detective, mientras que el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, detalló por su parte que es la “primera vez desde que se instaló el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras”.

Balance 2026

Según indicó Pavez, “hoy día dejaron el país 80 expulsados. Y además, quisiera dar cuenta de un dato que para el gobierno es muy satisfactorio, que es que en 40 días han salido tres vuelos de expulsión. Y, por lo tanto, en vuelos de expulsión han habido 160 personas que han dejado el país”.

“No hay antecedentes que registren esa cifra en los gobiernos anteriores”, agregó la autoridad, quien sostuvo que este último vuelo “da cuenta de la voluntad inclaudicable” del Ejecutivo para seguir adelante con el “plan de reordenamiento migratorio”, uno de los ejes de la campaña del mandatario.

Finalmente, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, entregó un balance afirmando que 2.446 personas han dejado el país de manera voluntaria -un 90% de ellos ciudadanos venezolanos-, y además se han concretado 686 expulsiones administrativas y 97 expulsiones judiciales, lo que da un total de 3.229 deportaciones en lo que va del año.

La presión vecinal y el apoyo de colectivos sociales han logrado aplazar el desahucio de Ya Amou, una mujer maliense que vive con sus dos hijas y su nieta recién nacida en el barrio madrileño de Lucero. El desalojo estaba previsto para este martes 26 de mayo, pero esta mañana los juzgados notificaron tanto a Ya Amou como al Sindicato de Inquilinas que se pospone durante un mes, lo que supone un respiro para esta familia que llegó a España en 2009 en busca de mejores oportunidades.

El fondo de inversión Mona ITG, propietario actual del piso, ha ordenado su desalojo a pesar de que la familia no dispone de una alternativa habitacional y atraviesa una situación de especial vulnerabilidad, ya que la hija adolescente de Ya Amou dio a luz el pasado 20 de abril.

“Este aplazamiento se produce gracias al trabajo de presión sindical que se ha realizado en los juzgados, en base al artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que da un plazo de un mes por motivos de vulnerabilidad. Sin embargo, esta medida es insuficiente, pues este fondo buitre con sede en Luxemburgo se niega a negociar un acuerdo con Ya Amou tras meses de acoso inmobiliario”, explica el sindicato en un comunicado. Esto se suma, añade la organización, “a la falta de medidas tanto del Gobierno de España como del de la Comunidad de Madrid para proteger a las inquilinas”.

El Sindicato de Inquilinas reclama al Gobierno central que tome medidas firmes, “deje de favorecer los intereses de los grandes propietarios” y suspenda de inmediato todos los desahucios. También pide a Mona ITG que ponga fin al acoso inmobiliario y “se siente a negociar de forma justa” para que Ya Amou y su familia puedan permanecer en la vivienda. “Estaremos más organizadas y preparadas si intentan volver a desahuciar a nuestra vecina”, advierten.

“Estrategia de desgaste”

Según explica la organización, la relación de Ya Amou con la propiedad de la vivienda ha estado marcada por constantes obstáculos y promesas incumplidas. En un primer momento, el fondo le ofreció comprar el piso por 110.000 euros y, tras lograr reunir esa cantidad con mucho esfuerzo, la empresa aumentó el precio hasta en dos ocasiones, hasta llegar a los 150.000 euros. Cuando finalmente consiguió reunir todo el dinero, la venta fue rechazada. “Le hicieron creer que podía comprar su casa para luego ir subiendo el precio y acabar negándose a vender. Es una estrategia clara de desgaste para expulsarla”, afirma el sindicato.

El proceso judicial también presentó complicaciones desde el inicio. Sin dominio del español, Ya Amou recurrió a los servicios sociales tras recibir la demanda de desalojo, pero no recibió información sobre cómo solicitar justicia gratuita ni sobre la necesidad de personarse en el procedimiento, por lo que fue declarada en rebeldía y no pudo defenderse, asegura el sindicato.

El sindicato recuerda que el conflicto con la vivienda comenzó en 2005, cuando el marido de Ya Amou la compró. Años después, la familia acumuló una deuda hipotecaria de 5.000 euros por un intermediario que no realizó los pagos al banco mientras el esposo estaba en Mali. Tras perder la propiedad en un juicio, Abanca les permitió permanecer como inquilinos con un alquiler social, aunque después el piso fue adquirido por Mona ITG.

Cinco personas fueron sentenciadas luego del rescate de 135 migrantes de diferentes nacionalidades que permanecían secuestrado en un domicilio del municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 35 años de prisión contra Jesús “N” y de 17 años y seis meses para Santiago “N”, Guadalupe “N”, Jesús “N”, Vianey “N” y Ana “N”, por su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

El fallo fue dictado por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con residencia en Mexicali, tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Rescate de migrantes y proceso judicial en contra de los hoy sentenciados

De acuerdo con la investigación, fue en mayo de 2023 cuando agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) escucharon gritos de auxilio provenientes de un domicilio en San Luis Río Colorado durante recorridos de vigilancia.

Al ingresar al inmueble, liberaron a 135 personas de diferentes nacionalidades que estaban privadas de la libertad, lo que motivó la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

En diciembre de 2023, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los ahora sentenciados, vinculados con el secuestro de los 135 migrantes en Sonora.

Las pruebas recabadas permitieron acreditar la responsabilidad penal de los implicados por delincuencia organizada destinada al secuestro, de acuerdo con la FGR.

Así fue la liberación de 113 migrantes en Sonora

La Fiscalía de Sonora informó el 06 de mayo de 2023 la liberación de 113 migrantes en San Luis Río Colorado que permanecían secuestrados en un predio de la colonia El Mezquite. Los datos concuerdan en fecha y lugar con los cinco sentenciados por el secuestro de migrantes, por lo que presume podría tratarse del mismo hecho.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo ocurrió cuando las autoridades daban seguimiento a la privación de la libertad de 10 migrantes colombianos rescatados un día antes, quienes fueron ubicados cerca de una gasolinera sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a 2 kilómetros de la caseta de salida a San Luis Río Colorado.

“Los 7 hombres y tres mujeres se encuentran en buen estado de salud y reciben atención en el Centro Integral de Justicia, donde reciben acompañamiento e información sobre su situación”, indicó la Fiscalía de Sonora.

Sobre ese caso, trascendió que los colombianos huyeron de su país por amenazas de una organización criminal y buscaban cruzar a Estados Unidos, pero antes de llegar a San Luis fueron bajados por la fuerza del autobús en el que viajaban.

Las 113 víctimas eran originarias de El Salvador, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, India, Perú, Nepal, Bangladesh, Cuba, Colombia, Brasil y Afganistán.

Después de ser puestos en libertad, los migrantes fueron trasladados a la Academia de Policía Municipal para recibir atención médica por parte de una brigada de la Secretaría de Salud y acompañamiento del Centro de Atención a Víctimas de Delito.

Las autoridades informaron que durante el operativo también fueron detenidas cinco personas en flagrancia como presuntas responsables del secuestro.

Los arrestados fueron identificados como Jaime Noé “N.”, de 20 años, y Axcel Yoan “N.”, de 22 años, ambos originarios de Honduras, además de Leobardo “N.”, de 49; Carlos Aarón “N.”, de 34, de Hermosillo, Sonora, y Jesús Armando “N.”, de 40, originario de Nacozari de García, Sonora.

En el operativo participaron la UECS, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

El Tribunal Supremo ha decidido mantener en vigor la regularización extraordinaria de personas migrantes, una medida que se puso en marcha el pasado mes de abril y que, hasta la fecha, ha sido solicitada por más de medio millón de migrantes. Esta decisión representa un rechazo a la petición de suspensión cautelar presentada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Vox, por un lado, y de las organizaciones Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia.

Respecto a éstas últimas, el tribunal ha inadmitido sus recursos por “falta de legitimación activa”. No obstante, sí que ha admitido la legitimación activa de Vox y de la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado su petición de suspensión cautelar del real decreto y ha indicado que en los próximos días serán notificados los autos.

El proceso de regularización, impulsado por el Gobierno central, permite a todas las personas extranjeras sin papeles que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026, que puedan demostrar una estancia continuada de al menos cinco meses y carezcan de antecedentes penales, solicitar la residencia legal. Además, también incluye a los solicitantes de asilo cuya petición de protección internacional estuviese registrada antes de esa fecha. El decreto que regula esta medida surgió a raíz de una iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas.

Noticia en ampliación

Este viernes, el abogado del Estado, en representación del Gobierno, ha informado al Tribunal Supremo de que hasta el 21 de mayo se han recibido 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes. Por el momento, 91.505 de estas peticiones han sido admitidas a trámite.

Estos datos han sido ofrecidos por el abogado del Estado para defender que la admisión a trámite de las solicitudes no se realiza de forma automática, sino que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo provisional. Así, se produce solamente después de comprobar los documentos aportados para acreditar que se cumplen los requisitos esencial para acogerse a la medida extraordinaria.

Este viernes se celebran cinco vistas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo —en una de ellas es en la que el abogado del Estado ha facilitado los datos— con el objetivo de estudiar si se paraliza o no de forma cautelar la regularización extraordinaria, como han solicitado, entre otros, la Comunidad de Madrid y Vox.

Durante la vista para estudiar una de las solicitudes, concretamente la de Asociación Libertad y Justicia, esta ha denunciado que el Real Decreto para la regularización ha sido aprobado “por la puerta de atrás” y “saltándose” la soberanía nacional, según su juicio.

El abogado del Estado, por su parte, ha cuestionado la legitimación de entidades como Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica o la Asociación Libertad y Justicia para solicitar la suspensión cautelar de la medida extraordinaria, que entró en vigor el pasado 16 de abril.

El Tribunal Supremo estudia la paralización cautelar

Este viernes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo está celebrando sucesivamente las cinco vistas de los recurrentes a la regularización extraordinaria de migrantes, cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio: la Comunidad de Madrid, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.

Ya en su momento, el Alto Tribunal rechazó una medida cautelarísima de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para frenar el Real Decreto, ya que no consideró acreditada una especial urgencia para ello.

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, señaló en un escrito remitido hace unos días al Tribunal Supremo que la paralización de la medida extraordinaria supondría una “afectación directa” sobre “los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”.

Las asociaciones recurrentes se apoyan en distintos argumentos para solicitar la paralización cautelar: una afectación grave a la prestación de servicios públicos sin mecanismos de financiación y de provisión de medios, así como de la seguridad, según la Comunidad de Madrid; un colapso del sistema, dificultades en el acceso a la vivienda y más inseguridad en las calles, según Vox, o la carencia por parte del Gobierno de una base legal para la regularización general, según Hazte Oír.

La Abogacía del Estado niega tales argumentos, señalando que la medida extraordinaria no tendrá un impacto en los servicios públicos porque las personas que podrán acogerse a ella ya disfrutan de ellos. Además, defiende que la iniciativa permitirá el incremento de las cotizaciones sociales por la incorporación de los beneficiarios al mercado laboral.

*Con información de EFE

Al menos 20 inmigrantes detenidos en el Desert View Annex, adyacente al centro de detención de ICE en Adelanto, iniciaron esta semana una huelga de hambre para denunciar condiciones inhumanas y exigir mejoras urgentes en el trato dentro de las instalaciones.

Los participantes reclaman atención médica oportuna, mejor acceso a agua potable y raciones alimenticias adecuadas. Las demandas fueron confirmadas por la ONG regional coaliciones de derechos migrantes, así como la reducción de las porciones de comida y represalias contra quienes protestan.

Las denuncias se centran en la falta de atención médica, el acceso restringido a comida y agua potable, así como la aplicación de represalias, incluidas medidas de aislamiento en confinamiento solitario.

Los huelguistas, apoyados por organizaciones sin fines de lucro como la Alianza para la Defensa de los Migrantes del Sur de California (Defend Migrants Alliance of Southern California) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Coalition for Humane Immigrant Rights), sostienen que la protesta comenzó después de agotar todas las vías formales de queja.

Por su parte, las autoridades migratorias niegan la existencia de la huelga y afirman que prestan servicios médicos y alimentarios conformes a los estándares federales.

Quiénes participan en la huelga y qué reclaman

El grupo de huelguistas está compuesto por personas detenidas en el Desert View Annex, una instalación con capacidad para 750 camas que actualmente alberga a más de 400 personas, según datos oficiales. Reclaman la remoción de moho, acceso a agua potable limpia, atención médica para enfermedades crónicas y el cese de represalias.

Además, se reportó una reducción en las porciones de comida, lo que los obliga a comprar productos en la tienda interna a precios elevados. Como parte de la protesta, han dejado de adquirir alimentos en ese comercio.

La situación desató así un boicot económico dentro del centro.

Qué condiciones motivan la huelga de hambre

Tanto las organizaciones de derechos migrantes como los familiares de las personas detenidas documentaron situaciones de abandono sanitario y negligencia médica. Eva Huerta, esposa de uno de los trasladados al anexo, detalló: “Cuando va al médico por tos y dolor en el pecho, solo le dan dos Tylenols. Le entregan bolsitas de sal para hacer gárgaras. Eso no es atención médica”.

Caleb Soto, abogado de la Red Nacional de Jornaleros Organizados (National Day Laborer Organizing Network), manifestó su preocupación por el deterioro físico y mental de quienes permanecen detenidos: “He visto personas envejecer en cuestión de meses. Muchos salen con condiciones más graves que al ingresar”, relató a LAist.

Dónde ocurre la huelga y cuál es el contexto

La huelga se desarrolla en el Desert View Annex, junto al centro de ICE de Adelanto, gestionado por la multinacional de gestión de centros de detención Geo Group bajo contrato federal. Esta empresa, junto con CoreCivic —también multinacional en el rubro—, administra la mayoría de los centros de detención de inmigrantes en California.

El estado cuenta con una normativa que exige inspeccionarlos y publicar informes anuales sobre sus condiciones. De acuerdo con el informe anual del Departamento de Justicia de California, el hacinamiento y la escasez de personal médico se han agravado tras el aumento de detenciones y deportaciones.

Desde 2025, 6 personas han fallecido bajo custodia de ICE en California: cuatro en Adelanto y dos en el centro de Imperial.

Cuándo comenzó la protesta y cómo han respondido las autoridades

La huelga de hambre empezó el martes de esta semana, según confirmaron las organizaciones sin fines de lucro mencionadas. La respuesta oficial llegó mediante un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), quien negó que haya una protesta activa y sostuvo que ICE mantiene la entrega de tres comidas diarias y suficiente acceso a agua potable.

Desde Geo Group, la postura ha sido afirmar que sus servicios están “monitoreados por agencias federales para asegurar el cumplimiento de los estándares de detención”, según declaró la empresa a The Los Angeles Times.

Las autoridades federales sostienen que ofrecen atención médica, dental y mental desde el ingreso de cada detenido, aunque los testimonios de los internos y sus familiares contradicen esa versión.

México es actualmente un país de tránsito para miles de personas migrantes que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos, algunos optan por quedarse en México de manera temporal mientras regularizan su situación migratoria o esperan una oportunidad para continuar con su viaje, mientras que otros deciden asentarse de manera permanente en el país.

Durante este tránsito por México las personas migrantes enfrentan diversos problemas, uno de los más frecuentes y que tiene importantes implicaciones en su salud, seguridad y bienestar es el factor económico dentro del cual se incluyen:

1. Barreras para la bancarización: Los migrantes enfrentan dificultades para acceder a servicios financieros básicos, lo que les dificulta recibir, guardar o enviar dinero de manera segura.O bien, recibir un salario en el empleo formal si desean quedarse en el país.
2. Vulnerabilidad ante estafas: La falta de familiaridad con el sistema bancario local y la necesidad urgente de adquirir servicios puede hacerlos más susceptibles a ser víctimas de fraudes y estafas que afectan su situación económica.
3. Limitación para ahorro: No contar con facilidades para servicios de bancarización, deja a las personas migrantes con pocas opciones de ahorro e inversión en México.

Estos problemas requieren de iniciativas integradoras que promuevan el acceso a derechos básicos y la inserción económica de las personas migrantes de manera justa y digna.

Ante este problema, Banco Azteca lanza un producto financiero dirigido a migrantes en situación de tránsito en México con el objetivo proveerles de acceso a servicios bancarios que los ayuden con la gestión de su economía.

Se trata de “Guardadito Amigo Migrante”, iniciativa presentada en el marco del Día Internacional del Migrante para refrendar su compromiso con la creación de productos integrales que resuelvan las necesidades de los clientes y promuevan la prosperidad incluyente.

En qué consiste “Guardadito Amigo Migrante”

Es una cuenta de ahorro que ofrece servicios adicionales como asistencia legal, servicios médicos y apoyo psicológico sin costo alguno, al tiempo que facilita el acceso a una cuenta de débito adaptada a sus necesidades específicas.

El banco ha desarrollado una página web de ”Guardadito Amigo Migrante”, con información multilingüe en español, inglés y francés, que ofrece información relevante para personas migrantes. Además, en sucursales estratégicas, proporcionan atención en estos idiomas, incluyendo criollo haitiano, para garantizar un servicio personalizado y eficaz.

Esta iniciativa posiciona a Banco Azteca como pionera en la respuesta a las exigencias financieras de las personas migrantes en México. Además de este nuevo producto, las sucursales del banco exhiben áreas dedicadas a personas migrantes ofreciendo una atención especializada y eficiente.

Estas acciones forman parte del enfoque inclusivo del banco para garantizar que todos los clientes reciban un servicio equitativo e individualizado.

La llegada del “Guardadito Amigo Migrante” refuerza el reconocimiento de Banco Azteca hacia las aportaciones significativas de la comunidad migrante en el país, contribuyendo a una cultura de respeto e igualdad de oportunidades financieras para este colectivo.

El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, que impone nuevas obligaciones de vigilancia a bancos y entidades financieras —y que podría afectar directamente el flujo de remesas hacia México.

Aunque el documento no menciona explícitamente la palabra “remesas”, sus disposiciones apuntan con claridad al dinero que millones de migrantes mexicanos envían a sus familias cada mes.

¿Qué dice exactamente la orden?

La orden, fechada el 19 de mayo de 2026, instruye al Departamento del Tesoro a emitir en los próximos 60 días un aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con:

• Transferencias transfronterizas de bajo monto, señaladas como vehículos potenciales para financiamiento de actividades ilícitas.
• El uso de plataformas de pago entre particulares (peer-to-peer) y procesadores de pagos de terceros para envíos “fuera de los libros”.
• Patrones de retiros o depósitos repetitivos en montos pequeños que coincidan con ciclos de nómina —práctica conocida como “estructuración”.

Además, ordena reforzar los programas de identificación de clientes, incluyendo la posibilidad de que los bancos soliciten información sobre el estatus migratorio de los cuentahabientes cuando se detecten indicadores de riesgo.

El impacto potencial para México

México es el tercer receptor de remesas a nivel mundial. En 2025, el Banco de México registró ingresos superiores a los 64 mil millones de dólares por este concepto, la gran mayoría provenientes de Estados Unidos.

La orden de Trump no prohíbe las remesas, pero abre la puerta a que los bancos aumenten la vigilancia, soliciten documentación adicional o incluso rechacen transacciones de migrantes sin estatus legal regular —que representan una parte significativa de quienes envían dinero a sus familias en México.

ITINs en la mira

Uno de los puntos más sensibles del documento es la mención explícita del ITIN (número de identificación fiscal individual), que es precisamente el documento que usan miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias y realizar transferencias internacionales.

La orden señala que su uso “puede identificarse como un factor de riesgo que requiere diligencia debida reforzada”, lo que en la práctica podría traducirse en mayores obstáculos para quienes dependen de este número para mover su dinero.

Los plazos que marcan la agenda

Lo que viene

Los reguladores financieros federales —entre ellos la Reserva Federal y la FDIC— deberán emitir en los próximos dos meses guías específicas sobre cómo gestionar los riesgos crediticios asociados a la población migrante sin autorización de trabajo, lo que podría endurecer también el acceso a créditos hipotecarios y préstamos para migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Este 20 de mayo marca el primer mes desde que se abrió el plazo presencial para presentar las solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes, un periodo en el que se han asignado ya más de 150.000 citas a quienes quieren acogerse al proceso en alguna de las 446 oficinas habilitadas en todo el país. Así lo ha constatado este miércoles en el Congreso la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha defendido la medida como “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, si bien este mes ha estado marcado por las trabas burocráticas en el acceso al certificado de vulnerabilidad y los antecedentes penales, lo que genera demoras.

“Solo queda mes y medio para finalizar el proceso: hay citas y tiempo disponible suficiente”, ha afirmado la ministra en el pleno de la Cámara Baja ante una pregunta del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, sobre las dificultades que están enfrentando muchas personas para acceder a la solicitud, entre ellas también la falta de citas, informa EFE. Saiz ha asegurado que la regularización permitirá que cientos de miles de personas obtener un permiso de residencia y trabajo para “acceder a una vida con derechos y obligaciones, aportando al desarrollo" del país.

Con el objetivo de que el proceso concluya con éxito, el Gobierno ha diseñado un dispositivo “a la altura del reto”, ha explicado, de forma que las solicitudes pueden presentarse telemáticamente con certificado digital o a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos. También, como novedad, pueden hacerlo a través de una de las casi 500 oenegés registradas como colaboradoras de Extranjería, que asesoran de forma gratuita a los solicitantes.

Barreras administrativas

Por su parte, Jon Iñarritu ha calificado la medida como “justa, lógica y beneficiosa”, pero advirtió sobre los obstáculos administrativos que enfrentan muchos solicitantes: falta de citas, notificaciones que no llegan, ayuntamientos que dificultan el acceso al padrón, problemas con los informes de vulnerabilidad y consulados saturados para obtener certificados de antecedentes penales.

El diputado ha instado al Gobierno a tomar medidas adicionales, como dialogar con Exteriores, los ayuntamientos o considerar una prórroga del plazo, previsto hasta el 30 de junio, para asegurar que todas las personas que cumplen los requisitos puedan acogerse a la regularización.

También las entidades sociales han pedido a Exteriores que tome medidas para agilizar el proceso e insisten en esa extensión del plazo del proceso, al considerar insuficientes estos dos meses y medio en los que se pueden presentar las solicitudes ante tantas demandas. De hecho, las organizaciones sociales están desempeñando un papel clave en este proceso.

Esta es la séptima vez que España impulsa un proceso de regularización extraordinaria de migrantes desde la llegada de la democracia, ya que tanto gobiernos del PSOE como del PP han puesto en marcha medidas similares en diferentes momentos, con el objetivo de dar respuesta a la situación de miles de personas en situación administrativa irregular.

(Con información de EFE)

Este 20 de mayo se cumple un mes desde que comenzó el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes, un proceso marcado por los obstáculos administrativos en todo el país y en el que las entidades sociales “están asumiendo el peso principal”. Las dificultades para obtener el certificado de vulnerabilidad en los ayuntamientos y el de antecedentes penales en embajadas y consulados complican el acceso al trámite, según denuncia la plataforma Regularización Ya.

“Las administraciones han tomado el real decreto para la regularización de personas migrantes como un menú a la carta, donde han convertido el padrón municipal en un elemento determinante para acreditar la vulnerabilidad. Sin este documento, no pueden acceder a derechos básicos como la salud, el empleo formal o la vivienda”, explica a Infobae la activista Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya. Ante la falta de respuestas de las administraciones, añade, son las entidades sociales acreditadas como colaboradoras de Extranjería las que “han asumido el peso del proceso”, ofreciendo asesoramiento gratuito, gestionando solicitudes y emitiendo certificados de vulnerabilidad.

Además de estas trabas y, ante la falta de alternativas, muchas personas migrantes han recurrido a servicios legales cuyos honorarios “superan sus posibilidades económicas”, una situación que, según advierten desde Regularización Ya, “refuerza la vulnerabilidad de este colectivo y alimenta el discurso antiinmigración en un contexto de ambigüedad institucional”.

El movimiento se muestra especialmente preocupado por la situación en consulados de países como Cuba, Argelia, Nigeria, Mali o Guinea Conakry, donde la obtención de los certificados de antecedentes penales registra retrasos significativos. Advierten que estos obstáculos pueden dejar fuera del proceso a solicitantes que dependen de la gestión de la Embajada de España en esos países, por lo que reclaman la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar los trámites y evitar exclusiones.

La plataforma también denuncia que mientras se desarrolla el proceso de regularización, las expulsiones de migrantes no se han detenido. “La maquinaria racista de las deportaciones continúa su gran negocio de expulsar personas que podrían acceder a la regularización”, señala Columba, que denuncia situaciones como la de Mounir M., un joven marroquí que fue detenido por la Policía cuando iba al Ayuntamiento de Valencia a presentar la solicitud de regularización y acabó internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Al no tener permiso de residencia o trabajo y, pese a contar con el padrón, tarjeta sanitaria y número de la seguridad social, los agentes le detuvieron.

Ante la saturación de las administraciones y las dificultades para conseguir citas previas y certificados, Regularización Ya solicitará una ampliación del plazo para presentar solicitudes. El proceso concluye el 30 de junio, una fecha que consideran insuficiente dadas las demoras acumuladas.

Pese a los problemas, la organización define esta regularización —la séptima que se lleva a cabo en España desde 1986— como un “hito histórico” y afirma que las entidades sociales mantendrán su esfuerzo para que el proceso llegue al mayor número de personas. Se estima que esta nueva regularización permitirá a medio millón de personas obtener permiso de residencia y trabajo.

Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) rescataron a dos migrantes que viajaban ocultos dentro de un tráiler durante un operativo realizado en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

De acuerdo con la información oficial, la intervención ocurrió sobre el tramo carretero Las Choapas-Raudales, donde agentes federales realizaban recorridos de vigilancia como parte de las acciones de seguridad implementadas en la región.

Durante la inspección de un tractocamión, los elementos localizaron a dos personas extranjeras que permanecían escondidas dentro de la unidad. Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo y a la detención del conductor.

La FGR identificó al chofer como Hugo “N”, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por el presunto traslado ilegal de personas migrantes.

En el operativo fueron rescatadas Sofía “N”, originaria de Guatemala, y Jean “N”, de nacionalidad ecuatoriana. Ambos recibieron resguardo por parte de las autoridades migratorias, que iniciaron los procedimientos correspondientes.

El aseguramiento fue realizado por elementos adscritos a la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Tabasco, como parte de las acciones federales para detectar el traslado irregular de personas en rutas carreteras del sureste del país.

La carretera donde ocurrió el operativo conecta zonas de tránsito utilizadas para el transporte de mercancías entre Tabasco y Veracruz, una región que en distintos momentos ha sido señalada por autoridades federales como paso frecuente de migrantes que buscan avanzar hacia el norte del país.

Tráileres y rutas del sureste: casos recientes de migrantes hallados en Veracruz y Tabasco

El caso registrado en Huimanguillo ocurrió semanas después de uno de los mayores hallazgos recientes de migrantes transportados de forma clandestina en la región. El 23 de marzo de 2026, autoridades estatales y federales rescataron a 229 personas migrantes hacinadas dentro de un tráiler en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, luego de que trabajadores de un corralón escucharon gritos provenientes del interior de la unidad.

Entre las personas localizadas había menores de edad y migrantes originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Algunos presentaban signos de deshidratación tras permanecer encerrados durante horas.

Las investigaciones revelaron que el tractocamión había sido asegurado inicialmente por un reporte de robo y posteriormente trasladado a un depósito vehicular, donde fue descubierto el grupo de migrantes. Días después, autoridades federales informaron sobre el procesamiento penal del conductor presuntamente relacionado con el traslado ilegal de personas.

La zona limítrofe entre Tabasco y Veracruz ha registrado varios aseguramientos similares en los últimos años debido a su ubicación estratégica dentro de las rutas migratorias del sureste mexicano. En abril de 2024, el Instituto Nacional de Migración rescató a 145 migrantes que viajaban ocultos en un tráiler en Huimanguillo, Tabasco. Entre los extranjeros localizados había personas originarias de Ecuador, Cuba, China, Bangladesh, Nepal, Honduras, India y Guatemala, además de menores de edad.

Otro caso documentado ocurrió en julio de 2023, cuando autoridades rescataron a más de 200 migrantes abandonados dentro de la caja hermética de un tráiler en el municipio veracruzano de Puente Nacional, una zona recurrentemente señalada por autoridades federales como corredor de tráfico de personas.

Recibir atención médica en una lengua diferente a la propia puede poner en riesgo el diagnóstico, la confianza entre el profesional sanitario y el paciente y la calidad del tratamiento. Así lo concluye una investigación de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), que advierte que la barrera lingüística en el ámbito sanitario afecta tanto a personas migrantes como a la población autóctona que habla una lengua minoritaria o minorizada, “aunque sea bilingüe y pueda expresarse también en la lengua dominante con mayor o menor fluidez”.

El estudio, publicado en la Revista Llengua i Dret y elaborado por Joana Pena-Tarradelles, del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la UPF, constituye la primera revisión bibliográfica en catalán sobre el efecto de la discordancia lingüística en la atención sanitaria. El análisis, además, abarca un centenar de estudios realizados en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Finlandia y Euskadi.

“Utilizar una lengua distinta a la propia supone un esfuerzo mental añadido y puede provocar la invisibilización de matices vitales para el diagnóstico”, explican. El estudio describe que, cuando el paciente no puede comunicarse en su lengua habitual, pueden producirse diagnósticos incorrectos, dificultades para seguir las indicaciones médicas y realización de pruebas innecesarias.

Colectivos vulnerables

La investigación también muestra que la capacidad comunicativa en una segunda lengua disminuye en situaciones de estrés o dolor, dificultando la descripción precisa de síntomas y la comprensión entre paciente y profesional. Este impacto se agrava en los colectivos más vulnerables, como la infancia y las personas mayores. En niños pequeños, la lengua materna resulta esencial para describir síntomas, mientras que en mayores el deterioro cognitivo puede dificultar el uso de una segunda lengua, añade el estudio.

Además, la imposibilidad de comunicarse en la lengua propia puede generar sentimientos de menosprecio y afectar la relación de confianza con el personal sanitario, con consecuencias sobre el bienestar emocional.

Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio que, por primera vez, analizará el impacto de utilizar el castellano en la atención a pacientes catalanohablantes en centros sanitarios de Cataluña. Los resultados sobre este contexto específico se conocerán en una próxima fase del estudio, informa la Universidad Pompeu Fabra.

La organziación Red TDT, integrada por 88 colectivos, denunció que desde el 1 de mayo de 2026, el Instituto Nacional de Migración (INM), junto con las Fuerzas Armadas y corporaciones policiales, realiza redadas contra migrantes en la Ciudad de México.

Esto, como parte de una “limpieza” por los preparativos rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará en la Ciudad de México en junio de este año, a pesar de que la capital del país se ha posicionado como “una ciudad santuario”.

En un comunicado, la organización expresó su “profunda preocupación y rechazo” a los operativos migratorios, que de acuerdo con información documentada por colectivos, medios de comunicación y testimonios directos, se realizan en colonias como Guerrero, Doctores, Polanco, San Rafael y otras zonas céntricas.

Según la misma información, las redadas consisten en detenciones arbitrarias de personas en contexto de movilidad, así como en allanamientos a viviendas y espacios donde habitan personas migrantes.

La organización sostiene que entre las personas detenidas se encuentran solicitantes de asilo, refugiadas y personas con trámites de regularización migratoria en curso, cuya situación irregular en la mayoría de los casos obedece a los rezagos y retrasos de las instituciones responsables, no a negligencia de los afectados.

Acusó que el despliegue de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y corporaciones policiales, constituye un operativo militarizado que prioriza el control y la “limpieza” urbana sobre la protección de derechos humanos.

Por ello, califica como inaceptable ética y jurídicamente el uso de un evento deportivo internacional como pretexto para la persecución y hostigamiento de personas migrantes en la capital del país.

Exige a gobierno de CDMX detener redadas

En virtud del marco constitucional y convencional de derechos humanos vigente, la Red TDT exige al gobierno de la Ciudad de México detener de inmediato cualquier operativo que derive en detenciones arbitrarias basadas en perfil racial, nacionalidad aparente o lengua, y que se realice sin pleno respeto al debido proceso y a la dignidad de las personas.

La organización demanda que toda intervención en la capital se conduzca bajo criterios civiles y de protección, evitando el uso de fuerzas armadas en tareas de control migratorio, conforme al carácter no militar de la seguridad ciudadana.

Además, solicita asegurar la protección especial de niñas, niños, adolescentes, mujeres —incluidas embarazadas— y personas LGBTI+ en contexto de movilidad, evitando su detención y separación de redes de apoyo.

También pide establecer un mecanismo de coordinación urgente con albergues, organizaciones y colectivos que acompañan a personas migrantes en la ciudad, priorizando la canalización a esquemas de protección y regularización sobre la detención y el traslado forzado.

Pide a investigar violación a derechos humanos

A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la organziación solicita iniciar investigaciones de oficio sobre posibles violaciones a derechos humanos derivadas de estos operativos, incluidas detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, incomunicación y obstáculos al acceso a defensa legal.

Solicita también desplegar brigadas de observación en zonas donde se han reportado redadas y en estaciones migratorias, para documentar la situación de las personas detenidas y emitir medidas precautorias cuando sea necesario.

La organización pide emitir un pronunciamiento público enérgico que recuerde al Gobierno de la Ciudad de México y al INM sus obligaciones de respetar el principio de no devolución, el derecho al asilo y las garantías del debido proceso.

Asimismo, solicita fortalecer campañas de información sobre los derechos de las personas migrantes dirigidas a población en tránsito, vecindarios y autoridades locales, para prevenir abusos y fomentar solidaridad.

Ofrece acompañamiento y pide a capitalinos no normalizar las redadas

La Red TDT reitera que ninguna persona es ilegal y que la migración representa una búsqueda de vida digna y protección.

Señala que la Ciudad de México se ha definido históricamente como “Ciudad Santuario”, y que los operativos militarizados, las detenciones masivas y el miedo en las calles contradicen ese compromiso y debilitan la confianza en las instituciones.

Como organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, la Red TDT mantiene el acompañamiento jurídico, psicosocial y humanitario a personas detenidas o en riesgo; documenta y denuncia públicamente cualquier abuso; y fortalece redes de apoyo con comunidades, parroquias, casas del migrante y colectivos barriales.

La organización llama a la sociedad capitalina a no normalizar estas redadas, a informarse en fuentes confiables y a manifestar rechazo ante toda forma de criminalización de la movilidad humana.

“La ciudad se mide por cómo trata a quienes llegan a ella. Ninguna fiesta mundial justifica la persecución de quienes huyen para seguir vivos”, concluyó.

Cada fin de semana, decenas de niños acudían al campo después de una semana entera entrenando con sus equipos, compartiendo vestuarios con sus compañeros y esperando, de una vez por todas, que su situación se regularice para poder vestirse de corto. Sin embargo, cuando llegaba el sábado o el domingo, se quedaban fuera. No por una cuestión de capacidades, sino por una cuestión burocrática. No tenían ficha. Ahora, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha cambiado el juego.

El organismo ha obligado a la Real Federación Española de Fútbol a conceder la licencia federativa a un menor migrante residente en Canarias. La resolución, adelantada por El País, supone la primera vez que el CSD se opone claramente al ordenamiento jurídico y las normas de la FIFA en materia de menores.

El caso llegó a través de un recurso de Extranjeristas en Red y Algeciras Acoge. El CSD entiende que los menores extranjeros no acompañados bajo tutela administrativa se encuentran en situación legal en España y, por tanto, tienen derecho a poder jugar en competiciones federadas.

La resolución se apoya en “la protección del interés superior del menor” y deja fijado que los recursos serán estimados siempre que quede acreditada la residencia legal del menor, ya sea mediante DNI, autorización de residencia o reconocimiento de la condición de refugiado.

¿Por qué un menor migrante no puede federarse?

La situación que impide que los menores migrantes sin residencia legal en España jueguen al fútbol en ligas federadas viene de años atrás. En los años 90 y 2000, diversas canteras de equipos grandes ‘fichaban’ a jugadores jóvenes con la promesa de hacerles futbolistas, pero cuando crecían, dichos equipos prescindían de ellos y les abandonaban a su suerte.

Es por eso que la FIFA, en su artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), prohíbe las transferencias internacionales y las primeras inscripciones de futbolistas menores de 18 años sin residencia legal en el país. Cualquier inscripción se consideraría una “transferencia ilegal” del menor. A ellos se suma la ley 39/2022 del Deporte, que impide precisamente que los menores migrantes sin residencia legal obtengan una licencia federativa y compitan oficialmente.

La FIFA y el derecho español

No obstante, ahora, el CSD reconoce que las federaciones de cada comunidad autónoma tienen la capacidad para establecer sus propias normas, pero marca un límite claro cuando estas chocan con la legislación vigente. “Es lícito que las federaciones de fútbol tengan sus propias normas reguladoras y que exijan a sus socios el cumplimiento de las mismas. Ahora bien, la aplicación de las citadas normas deberá respetar el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país”, señala la resolución.

El Consejo añade además otro elemento relevante: no existe constancia de que el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA haya sido reconocido formalmente ni por la Unión Europea ni por el Consejo de Europa. Hasta ahora, esta doctrina se aplicaba únicamente a menores españoles que regresaban del extranjero, pero nunca a jóvenes extranjeros con residencia legal en España.

Y deja claro que no cabría pensar en “un eventual conflicto entre la normativa de la FIFA y el ordenamiento jurídico español”. Desde la Federación Española de Fútbol confirman que no recurrirán la resolución y que concederán la licencia si el CSD así lo estima. “Si el Consejo no admite la queja, no damos la licencia, pero si la admite, sí. Así venimos actuando”, explicaron fuentes federativas al medio citado.

Un cachorro de caniche que llegó a Ibiza en patera junto a una familia procedente de Argelia el pasado 11 de diciembre. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears haya suspendido de forma cautelar la orden que obligaba a su sacrificio, permanecerá en las instalaciones de Natura Parc. El animal, que no presentaba síntomas de rabia en el momento de su rescate, seguirá bajo vigilancia veterinaria mientras se resuelve el procedimiento judicial.

El caso se originó cuando el cachorro fue localizado en la playa de s’Estanyol tras la llegada en patera de un núcleo familiar. Según informó la Policía Nacional-Extranjería, la familia fue trasladada posteriormente a un centro de acogida de la Cruz Roja en Mallorca, mientras que el animal quedó bajo custodia del servicio municipal y fue derivado a la Fundació Natura Parc.

Según los informes veterinarios iniciales, se trataba de un cachorro mestizo de caniche, de unos tres meses de edad, que no mostraba heridas compatibles con mordeduras ni signos clínicos de rabia en el momento de su recogida.

Pocos días después, el 16 de diciembre, la Dirección General de Salud Pública del Govern balear emitió una resolución ordenando su sacrificio al proceder de un país con rabia endémica, que puede transmitirse a humanos. Esta medida generó oposición inmediata por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, municipio donde se encontró al caniche mestizo.

El Ayuntamiento recurrió la orden de sacrificio

Por su parte, el consistorio recurrió la decisión al considerar que existían alternativas menos drásticas contempladas en la normativa sanitaria, como la cuarentena prolongada, la observación veterinaria o incluso el retorno del animal a su país de origen. El Ayuntamiento defendió además que la probabilidad de contagio era muy reducida, teniendo en cuenta la corta edad del cachorro, su estado de salud y la ausencia de lesiones compatibles con mordeduras.

Tras la desestimación del recurso el pasado 6 de marzo, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, solicitando además la adopción de medidas cautelares para evitar la ejecución inmediata del sacrificio. Este jueves, el tribunal ha estimado la petición, lo que supone la suspensión cautelar de la orden.

El cachorro seguirá en aislamiento bajo control veterinario

En su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que, aunque la protección de la salud pública debe prevalecer, en este caso el riesgo puede mantenerse controlado mediante el aislamiento estricto del animal. El cachorro continuará en las instalaciones de Natura Parc en Mallorca, donde se encuentra desde el 12 de enero, bajo supervisión veterinaria permanente y con un régimen de control sanitario continuo.

Asimismo, el tribunal considera que ejecutar el sacrificio antes de que se resuelva el procedimiento principal podría causar un perjuicio irreversible si finalmente prospera el recurso del consistorio.

El perro permanecerá, por tanto, en cuarentena mientras se resuelve el procedimiento judicial, con los costes de su manutención asumidos por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. Además, el consistorio se ha querido además desmentir informaciones que le atribuían la orden de sacrificio, aclarando que ha sido la propia institución la que ha impulsado las acciones legales para evitarlo y garantizar una resolución con todas las garantías sanitarias y jurídicas.

Elaborado con información de Efe

El gobierno de Panamá creó un nuevo Régimen Especial y Temporal de Tránsito para ciudadanos de países hispanohablantes del continente americano incluidos en programas de cooperación de repatriación internacional, en medio de un escenario marcado por la crisis migratoria que durante los últimos años convirtió a la selva del Darién en uno de los principales corredores migratorios del continente.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 8 del 13 de mayo de 2026, firmado por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Seguridad, Frank Alexis Ábrego.

La decisión surge después de años de presión migratoria sobre Panamá, especialmente tras el incremento masivo de personas que cruzaron el Tapón del Darién rumbo a Estados Unidos.

Desde 2021, cientos de miles de migrantes atravesaron la peligrosa selva fronteriza entre Panamá y Colombia, incluyendo venezolanos, ecuatorianos, haitianos y ciudadanos de otras nacionalidades que buscaban llegar al norte del continente.

La crisis obligó al Estado panameño a desplegar operativos humanitarios, controles de seguridad y centros temporales de atención migratoria.

Aunque el flujo migratorio disminuyó significativamente en 2025 y 2026 tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y el cierre de varias rutas irregulares en Centroamérica, Panamá continuó enfrentando nuevos desafíos asociados al retorno de migrantes deportados o repatriados desde distintos países del continente.

En las últimas semanas incluso se ha observado en sectores de la capital panameña a ciudadanos migrantes realizando actividades informales o solicitando ayuda económica para regresar a sus países de origen.

El nuevo régimen busca precisamente establecer un mecanismo temporal para ordenar esos procesos de tránsito y cooperación internacional.

Según el decreto, el programa será aplicable exclusivamente a nacionales de países hispanohablantes del continente americano con los que Panamá haya suscrito acuerdos de cooperación de repatriación internacional.

El documento establece que el régimen no crea derechos migratorios permanentes ni abre la puerta a procesos automáticos de regularización.

De hecho, uno de los puntos más sensibles del decreto es que Panamá deja explícitamente establecido que no será reconocido como país de destino ni como “tercer país seguro” para los beneficiarios del programa.

La normativa señala además que las personas incluidas dentro de este régimen podrán permanecer temporalmente en territorio panameño por un período de hasta 30 días prorrogables, mientras se concreta su salida hacia el país de origen o hacia otro destino autorizado dentro de los protocolos internacionales establecidos.

Entre los requisitos definidos por el decreto aparecen ser mayor de edad, no poseer antecedentes penales conocidos, ingresar formalmente al país y contar con un itinerario de salida dentro del plazo establecido. También se excluye expresamente a mujeres en estado de gestación.

El gobierno sostiene que el régimen busca garantizar condiciones mínimas de trato digno, alimentación, asistencia médica básica e información clara sobre la situación migratoria de las personas que entren dentro del programa.

El decreto indica además que los migrantes podrán movilizarse únicamente dentro de áreas previamente designadas por las autoridades migratorias y deberán cumplir comparecencias administrativas cuando sean requeridas.

La creación de este régimen ocurre después de uno de los períodos migratorios más complejos en la historia reciente de Panamá. Durante el pico de la crisis en el Darién, organismos internacionales alertaron sobre el aumento de muertes, desapariciones, abusos sexuales, trata de personas y presencia de redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes dentro de la selva.

Las autoridades panameñas defendieron durante esos años que el país enfrentaba una crisis regional que superaba sus capacidades operativas y presupuestarias. Panamá tuvo que destinar recursos a estaciones migratorias, asistencia sanitaria, transporte humanitario y operativos de seguridad en áreas fronterizas, mientras aumentaba la presión diplomática de Estados Unidos y otros gobiernos de la región para contener los flujos irregulares.

El decreto también establece que organismos internacionales de derechos humanos podrán participar en la coordinación de traslados, asistencia humanitaria y aceptación de destinos de retorno de los migrantes incluidos en el programa.

Además, el Ministerio de Seguridad, a través del Servicio Nacional de Migración, será la entidad encargada de ejecutar y supervisar la aplicación de la nueva normativa.

La medida tendrá una vigencia inicial de un año, aunque podrá ser prorrogada mientras persista el interés nacional, según establece el propio decreto ejecutivo.

Unas 40.000 mujeres trabajan como empleadas internas en España, según Oxfam Intermón. Gran parte de ellas son migrantes y se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad: prestan cuidados en condiciones de alta exigencia y, muchas veces, lo hacen sin permiso de residencia ni de trabajo. La combinación de ambas circunstancias las convierte con frecuencia en blanco de abusos laborales que quedan impunes no por vacíos legales, sino por desconocimiento de los derechos que la ley ya reconoce.

El momento del despido es donde la desprotección se vuelve más visible. El abogado laboralista Víctor Arpa lo describe con precisión en un video publicado en su perfil de TikTok (@abogadovictorarpa): muchas internas pierden su empleo de un día para otro cuando fallece la persona mayor a la que cuidaban, cuando esta ingresa en una residencia o cuando la familia simplemente decide prescindir de sus servicios. En todos esos casos, la trabajadora queda en la calle sin que nadie le explique qué puede reclamar.

El patrón que se repite, según Arpa, es el de la renuncia silenciosa. “Aceptan cualquier cosa. Se van sin indemnización, sin reclamar salarios, sin reclamar esas vacaciones que nunca disfrutó, porque creen que como no tienen papeles, no pueden exigir nada”, relata el especialista.

Qué dice la ley sobre los derechos de las internas

Las empleadas internas, incluso sin papeles, pueden reclamar los derechos que les corresponden según la ley. El artículo 36.5 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España establece expresamente que la falta de autorización de residencia o trabajo “no invalida el contrato respecto a los derechos del trabajador”.

No es necesario estar en situación regular para exigir ninguno de esos conceptos, aunque la familia empleadora pretenda lo contrario. El experto lo sintetiza sin rodeos: “Eso es exactamente lo que muchas familias quieren que pienses. Pero la ley te protege, aunque estés sin papeles”.

Los tres conceptos que se pueden reclamar

El abogado detalla varias vías concretas de reclamación. La primera es la indemnización por despido, y subraya que no se trata de cualquier cantidad: “no a cualquier cantidad, a la que realmente te corresponde”. La segunda son las diferencias salariales, en los casos en que la trabajadora haya cobrado por debajo del salario mínimo interprofesional. La tercera son las vacaciones no disfrutadas.

Este último punto merece una aclaración adicional, según el experto. En muchos hogares, las internas acompañan a la familia durante sus periodos de descanso y siguen ejerciendo sus funciones. “Si nunca disfrutaste de tus vacaciones, también se reclaman. Porque esas supuestas vacaciones donde tú cocinabas, limpiabas o cuidabas mientras la familia descansaba, eso no eran vacaciones”, sentencia.

El miedo como mecanismo de contención

La razón por la que tantas trabajadoras no reclaman no es jurídica, sino psicológica. El temor a las consecuencias de no tener documentación en regla actúa como un freno que las familias empleadoras, en ocasiones de forma deliberada, no hacen nada por desactivar. Frente a ese miedo, Arpa lanza un mensaje directo a quienes se encuentran en esa situación: “Que estés sin papeles no significa que no tengas tus derechos”. Y remata con una distinción esencial: “No estás pidiendo un favor, estás pidiendo lo que te pertenece”.

En su libro, Chaib aborda la precariedad que con frecuencia atraviesan los hogares de familias migrantes: la dificultad para pagar facturas, priorizar gastos para poder llegar a fin de mes y cómo operan los prejuicios en las relaciones sociales. Relata estas situaciones desde lo cotidiano, “sin querer juzgar ni hacer señalamientos”, y siempre con un toque de ironía y humor. “Me dedico a la comedia, es lo que mejor se me da y más a mano tengo. Por eso decidí contar la historia un poco desde el humor. No es un libro que tenga monólogos ni chistes, pero hay veces que el enfoque es un poco más divertido. Uso esa herramienta porque es la que tengo más afilada”, explica a Infobae Chaib, colaborador del programa La Revuelta.

El autor reconoce que nunca se habría visto escribiendo una autobiografía, por eso optó por la autoficción para contar parte de su historia. Y aunque la precariedad y las dificultades están presentes en su relato, aclara que “nunca se ha sentido miserable”: “Es como decía el rapero Morad: ‘No éramos pobrecitos, éramos pobres’”.

El esfuerzo de quienes se marchan a otro país

Sobre la resiliencia y adaptación de sus padres a la vida en España —su padre nació en Melilla y su madre en Marruecos—, reconoce que ha aprendido a valorar el esfuerzo de quienes emigran. “Nunca voy a ser tan fuerte como alguien que se marcha a otro lugar para buscarse la vida. Yo nací con privilegios respecto a mis padres y aprendí a honrar el esfuerzo de la gente que se va a otro sitio para empezar de nuevo”, relata, al tiempo que destaca que crecer en un hogar con costumbres diferentes a las locales “siempre le ha marcado de forma positiva en todos los aspectos”.

El amazigh, la lengua de sus padres —presente en los pueblos del norte de África—, también ocupa un lugar central en Corderito. Las conversaciones familiares sobre asuntos cotidianos o dificultades escolares marcan una distancia con el protagonista, que, como el propio autor, no domina ese idioma y, esa ausencia, reconoce, le pesa. “El amazigh es una lengua que no está en Duolingo ni se enseña en las escuelas oficiales de idiomas. Creo que la única forma de aprenderla es a través de la familia o pasando una temporada en el campo de mi abuela, en Marruecos. Aunque tengo que decir que el otro día estaba en Lavapiés y un señor que me reconoció en el supermercado, me dijo que era profesor de esta lengua y me apunté su teléfono, así que igual me animo”.

Chaib concluye la entrevista reconociendo que sentarse del otro lado y responder preguntas no deja de ser un reto, aunque no descarta seguir explorando su faceta de escritor.

Una mujer de origen mexicano e identificada como Mónica Hernández Palma fue sentenciada en Estados Unidos a 41 meses (más de tres años) de prisión tras ser hallada culpable de participar en una organización internacional de tráfico de personas.

El informe de los hechos fue publicado en el Departamento de Justicia el 12 de mayo. Hernández Palma, de 34 años, formó parte de una red que entre el 13 de noviembre de 2020 y el 7 de marzo de 2023 introdujo ilegalmente a miles de migrantes provenientes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador a territorio estadounidense desde México.

Según los documentos judiciales, la organización internacional de tráfico de personas (ASO, por sus siglas en inglés) mantenía casas de seguridad en Monterrey y Piedras Negras.

Hernández Palma era la persona encargada de dirigir la casa de seguridad en Piedras Negras, sitio donde coordinaba el traslado y alojamiento de los extranjeros, quienes posteriormente eran guiados a pie para cruzar la frontera por el Río Grande. La operación incluía la colaboración con guías y “coyotes” armados.

La investigación señala que Hernández Palma actuó en complicidad con Enil Edil Mejía Zúñiga, un sujeto radicado en San Antonio, Texas, quien facilitó el tránsito de los migrantes desde Sudamérica hacia Estados Unidos, además de gestionar los pagos a conductores de carga y operadores de casas de seguridad.

Mejía Zúñiga admitió que la red logró ingresar entre 2 mil 500 y 3 mil inmigrantes al país en un periodo de dos años, percibiendo entre 6mil 500 y 12 mil dólares por persona. Las ganancias de la organización oscilaron entre 16 y 30 millones de dólares.

Por su parte, Mejía Zúñiga fue condenado a diez años de prisión el 9 de julio de 2025. Además, el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia declaró que las autoridades estadounidenses “se toman muy en serio” la actividad de los traficantes de personas.

Arrestan a mujer estadounidense con paquetes de cocaína en México

En otras acciones, las autoridades de Guanajuato informaron sobre la detención de una mujer de 33 años de edad identificada como Mariela “N”. Dicha persona fue detenida debido a que elementos de seguridad le hallaron paquetes con droga en la camioneta que manejaba y donde había dos menores de edad.

Según los datos de las autoridades, en la unidad había aproximadamente 59 mil 550 dosis de la mencionada droga, cargamento que será revisado con la finalidad de especificar la cantidad y el valor económico de la sustancia.

España ha concentrado la mayor parte del crecimiento laboral en el continente durante el último año, generando el 57,7% del empleo neto creado en la Unión Europea en 2025. Este dato, revelado en el último estudio sobre la evolución del empleo de UGT, sitúa al país como el principal impulsor del mercado laboral europeo con 487.000 nuevos puestos en un contexto de desaceleración de las economías líderes del bloque. Sin embargo, el avance del empleo en España no se limita al volumen global, sino que muestra cambios en la composición de la fuerza laboral: el año pasado, fueron los extranjeros y las mujeres los que más impulsaron la subida.

La posición de España como motor del empleo en la región se explica por una combinación de factores económicos y demográficos. Según el informe de la UGT, la economía española creció un 3,5% en 2024 y un 2,9% en 2025, mientras que la media de la eurozona solo alcanzó el 0,9% y el 1,4%, respectivamente. El país superó los 22 millones de personas ocupadas, un registro inédito desde que existen datos oficiales. En contraste, economías como la de Alemania encadenan dos años de recesión y registraron un estancamiento en el empleo.

Las mujeres explican el 55% del incremento de la población activa

El informe subraya que el 55% del aumento anual de la población activa corresponde a mujeres. La cifra representa un récord histórico de participación femenina, con una tasa de actividad del 54,4% que además supone un incremento de 11,6 puntos respecto a 2002. Gracias a esta evolución, la brecha entre el peso de las mujeres en la población activa se ha reducido notablemente respecto a los hombres: de una diferencia de 19,7 puntos hace dos décadas, se pasó a solo 5,4 puntos en 2025 (47,3% mujeres frente a 52,7% hombres).

El crecimiento de la fuerza laboral femenina ha sido sostenido y acelerado: desde 2002, el número de mujeres activas aumentó un 54,3%, frente al 15,3% de los hombres. En 2025, el empleo femenino también alcanzó cifras inéditas: el 46,6% del empleo total lo ocupan mujeres, lejos del 38% que representaban en 2002, y la tasa de empleo entre las mujeres se ubica en el 47,9%, la más alta de la serie estadística.

Sin embargo, las brechas de género persisten. La brecha de actividad entre hombres y mujeres es de 9,6 puntos, la de temporalidad es de 2,6 puntos (13,8% en mujeres frente a 11,2% en hombres) y la de paro, de 2,5 puntos (11,2% para ellas y 8,8% para ellos). Las mujeres concentran casi el 73% del empleo a tiempo parcial y el 68,5% de ellas trabaja bajo esta modalidad por obligaciones familiares o de cuidado.

En cuanto a la brecha salarial, alcanza el 15,7% anual: las mujeres ganan en promedio 4.781 euros menos que los hombres. El 26,8% de las mujeres está empleada en sectores con salarios medios inferiores a 2.000 euros mensuales, frente al 18,4% de los hombres, y los sectores más feminizados, como educación, sanidad y empleo doméstico, presentan salarios medios de 2.196 euros, por debajo de los 2.457 euros de los sectores masculinizados.

La llegada de migrantes apuntala el 60% del crecimiento del empleo desde 2021

La inmigración ha constituido el otro pilar fundamental en la expansión y sostenibilidad del empleo en España durante 2025. Desde 2021, el 60% del aumento de la población activa se explica por la llegada de trabajadores extranjeros. En el último año, el 46% del incremento del empleo neto corresponde a migrantes, lo que representa 243.000 de los 487.000 nuevos empleos generados en 2025.

Actualmente, casi 3,5 millones de personas extranjeras están ocupadas en España, el 15,7% del total, cifra que duplica el registro de 2002 (entonces el 12,1%). El número de personas con doble nacionalidad también ha crecido, hasta alcanzar el 5,6% del total de ocupados en 2025, el doble que en 2015. La población activa española (con nacionalidad española) ha descendido del 84,2% en 2012 al 77,8% en 2025, reflejo del peso creciente de la inmigración en el mercado laboral.

En cuanto al origen, el 41,6% de los trabajadores migrantes son latinoamericanos, el 27,8% procede de países de la Unión Europea, el 7,3% de otras regiones de Europa y el 23,3% del resto del mundo. Esta diversidad, y la fuerte presencia latinoamericana, diferencia a España de otros mercados laborales europeos.

La inmigración es decisiva no solo para el crecimiento del empleo, sino también para afrontar el reto demográfico. En un país donde casi la mitad de la población activa tiene más de 45 años y los menores de 35 son solo el 26,8%, los flujos migratorios resultan imprescindibles para revertir el envejecimiento, sostener las cotizaciones sociales y mantener el equilibrio del Estado de Bienestar.

Organizaciones civiles documentaron operativos de control migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) en diversas zonas de la Ciudad de México desde finales de abril, con detenciones que califican de arbitrarias. Entre las personas afectadas hay migrantes cubanas, haitianas, venezolanas y hondureñas, algunas de ellas con procesos activos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Queja formal ante la CNDH

Ante los hechos documentados, organizaciones como Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de que el organismo investigue los hechos y emita medidas cautelares.

En el documento, las organizaciones denuncian que el 1 de mayo agentes del INM realizaron un operativo contra repartidores de plataformas digitales en las inmediaciones del centro comercial Miyana, en Polanco. Señalan que varias personas fueron detenidas sin considerar que contaban con trámites de solicitud de refugio, y que posteriormente fueron trasladadas a la Estación Migratoria Las Agujas, en Iztapalapa.

El testimonio de Julio: “Me quitaron los teléfonos y me subieron a la camioneta”

Uno de los testimonios incluidos en la queja es el de Julio —nombre ficticio para proteger su identidad—, quien relató que durante el operativo en Miyana, agentes del INM le solicitaron sus documentos. Aunque presentó la constancia de inscripción en el Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno del gobierno capitalino, fue detenido de todas formas.

En la estación migratoria, narró, le tomaron datos personales, huellas dactilares y fotografías, y lo hicieron firmar documentos que no le permitieron leer. Pasada la medianoche fue trasladado en autobús junto con aproximadamente 20 personas más hasta Villahermosa, Tabasco, donde llegaron a otro centro de detención.

Operativos en múltiples puntos de la ciudad

Las organizaciones documentaron acciones similares en distintas zonas:

• Avenida Revolución: revisiones migratorias en vía pública sin criterios individualizados.
• Tepito y La Merced (2 y 3 de mayo): intercepción de personas con base en su apariencia física.
• Colonia Buenavista (4 de mayo): presuntas inspecciones en casas y vecindades.
• Polanco, frente al centro comercial Antara (30 de abril): testigos registraron en video cómo entre 10 y 15 personas fueron subidas a camionetas del INM en menos de 20 minutos.

INM niega las “redadas”; migrantes dicen lo contrario

El INM ha rechazado públicamente que sus acciones constituyan “redadas” y ha justificado su actuación como respuesta a un “oficio de colaboración solicitado por las autoridades competentes de la Ciudad de México con la intención de prevenir algún acto delictivo”.

Sin embargo, defensores como Rodrigo Yedra y July Rodríguez, de Apoyo a Migrantes Venezolanos, señalan que los testimonios de los afectados contradicen esa versión.

Lorena Cano, coordinadora jurídica del IMUMI, advirtió que estas acciones son “totalmente irregulares”, dado que la Ciudad de México se autodenomina ciudad santuario y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado este tipo de redadas como inconstitucionales.

Además, recordó que los migrantes "no son una amenaza, sino el rostro más vulnerable de un mundo marcado por la violencia y la desesperanza".

La Arquidiócesis de México en su editorial del semanario Desde la fe aseguró que "ha recibido testimonios directos y verificados", junto con organizaciones hermanas, sobre detenciones de migrantes llevadas a cabo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, particularmente en las colonias (barrios) Guerrero, San Rafael, La Merced, Tepito y en zonas de Polanco e Iztapalapa.

Explicó que "vehículos oficiales con logotipos de (la Secretaría de) Gobernación (Segob) y del Instituto Nacional de Migración (INM) han trasladado a personas extranjeras, interceptadas en la vía pública o incluso en sus propias viviendas", hacia estaciones migratorias y, posteriormente, hacia otros estados del país.

De acuerdo con la información recabada por la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, estos operativos se han realizado, en numerosos casos, "sin órdenes oficiales que los amparen, sin identificación clara de los agentes y sin las garantías mínimas del debido proceso".

Y expuso que es "especialmente alarmante" que entre las personas detenidas haya "solicitantes de la condición de refugiado con trámite vigente" ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de la Segob, personas en proceso de regularización migratoria e incluso personas ya reconocidas como refugiadas por el Estado mexicano.

Detener a quien ya cuenta con un documento expedido por la propia autoridad que lo protege representa "una contradicción inadmisible y una violación directa al principio de no devolución", consagrado en nuestro orden jurídico y en los tratados internacionales firmados por México, señaló el órgano católico.

Ante ello, la Iglesia católica mexicana llamó a la Segob y al INM "a suspender de inmediato estas redadas y ajustar todo operativo migratorio al marco constitucional", a la Ley de Migración, a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como a los tratados internacionales suscritos por México.

También pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que estén presentes en los puntos donde se realizan estos operativos, así como en las estaciones migratorias a las que están siendo trasladadas las personas detenidas.

Esto con el objetivo de "verificar y documentar posibles violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad".

Tras las duras medidas antiinmigrantes impuestas en su regreso al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cientos de migrantes intentan hacerse de papeles de asilo en México y han elevado hasta el 20 % su permanencia en territorio mexicano.

Ante la presión de Estados Unidos, el Gobierno de México ha defendido que los encuentros de migrantes irregulares en la frontera de Estados Unidos han ido a la baja durante 2025 y 2026.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes haitianos, cubanos y hondureños son las nacionalidades principales, aunque México alberga a personas de muchos otros países.

La regularización extraordinaria de migrantes, que comenzó de forma presencial el pasado 20 de abril, sigue avanzando y sumando solicitudes en todo el país, aunque con obstáculos importantes y, en buena medida, son las entidades sociales quienes se están encargando de que el proceso salga adelante, facilitando el acceso de los solicitantes. Uno de los principales desafíos para muchas personas sin papeles es la obtención del informe de vulnerabilidad, debido a la saturación de los servicios sociales, y a esto se suman los problemas en numerosas embajadas y consulados para expedir el certificado de antecedentes penales, que debe ser emitido por las autoridades del país de origen.

En muchos casos, los trámites se extienden y ponen en riesgo la posibilidad de presentar la solicitud dentro del plazo, que finaliza el 30 de junio. El movimiento Regularización Ya advierte sobre retrasos importantes en la obtención de citas para obtener los antecedentes penales, sobre todo en consulados y embajadas de países africanos como Gambia, Guinea Conakry, Senegal o Argelia. La ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, complica la gestión y prolonga los tiempos de espera. En naciones que no forman parte del Convenio de La Haya, el certificado tiene que seguir necesariamente la vía diplomática y, en el caso de Argelia, explican desde Regularización Ya, la situación es especialmente preocupante.

“Nos estamos encontrando con muchos migrantes argelinos que tienen toda la documentación, incluyendo los antecedentes penales expedidos por las autoridades de su país, pero tienen que pasar por el trámite de legalizarlo y el consulado de Argelia en España no está dando citas para ello, no está teniendo en cuenta los plazos que exige la regularización extraordinaria”, explica a Infobae el activista Redwan Baddouh, portavoz de Regularización Ya.

Partidas de nacimiento de menores de edad

También han surgido problemas con otros documentos fundamentales, como las partidas de nacimiento requeridas para menores de edad, que también necesitan legalización. “A veces se necesita la autorización de uno de los progenitores que permanece en Argelia, que debe realizarse ante notario en ese país y posteriormente ser legalizada y traducida. Nos estamos encontrando con el mismo problema para legalizar este trámite en el consulado en España”, añade Baddouh, que asegura que ya han trasladado esta problemática al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque no ha recibido respuesta.

“En este caso el problema no está siendo Argelia, sino la oficina del consulado de España, que es la que debe legalizar estos documentos y está dando citas muy tarde”, aclara.

El activista señala el caso de un solicitante que, pese a contar con el certificado de antecedentes penales expedido por el país africano, solicitó cita en febrero y solo ha conseguido fecha en el consulado para el 29 de junio, un día antes de que finalice el plazo de regularización. Debido a que este documento tiene una vigencia de tres meses, la demora en la cita provoca que el certificado caduque antes de poder ser legalizado y presentado, lo que deja al solicitante sin margen para completar el trámite.

El certificado de antecedentes penales es solo uno de los requisitos que se les exige a todos los migrantes en situación irregular que quieran acogerse a la regularización para poder obtener un permiso de residencia y trabajo, además de que deben acreditar haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses antes de la solicitud.

La autorización que se conceda permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a la regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.

Termina la conferencia matutina.

Presentan “Suave patria” sobre el trabajo artesanal de los pueblos mexicanos

¿Qué hará la presidenta de México el 10 de mayo?

El 10 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum visitará a su mamá regresando de su viaje de Sonora: “La pasaré a ver a su casa”, detalló la mandataria.

Antes de despedirse, la presidenta felicitó a las madres y les deseó un feliz día.

/mexico/2026/05/08/estos-son-los-planes-de-claudia-sheinbaum-para-celebrar-el-dia-de-la-madres-2026/

La presidenta reiteró que los consulados mexicanos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos; no tienen por qué hacer política.

Sigue pidiendo pruebas a EEUU por caso de Rocha Moya

“Nosotros siempre vamos a defender la soberanía de México”, dijo la mandataria. Insistió en que, en el caso de Rubén Rocha Moya, el gobierno de Estados Unidos debe dar pruebas.

Sheinbaum critica reportaje en el que se acusa que los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador recibieron dinero del crimen organizado, en el cual los relaciona con Sinaloa.

México y EEUU tienen una buena relación

La presidenta reiteró que tiene una buena relación con el presidente Donald Trump. “No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero eso no quiere decir que tengamos una mala relación”, aseveró en el contexto de las acusaciones a 10 funcionarios mexicanos por nexos con el narcotráfico.

AMLO no se reunió con Sheinbaum

Sheinbaum aclaró que la única comunicación que tiene con el expresidente Andrés Manuel López Obrador es la de pertenecer al mismo proyecto de transformación. Destacó que no tiene relación con él.

Detalló que con la única con quien ha llegado a hablar es Beatriz Gutiérrez “porque somos amigas”; sin embargo, aclaró que tampoco es seguido.

La mandataria ironizó sobre las versiones que circularon en medios sobre su viaje a Palenque, en el que se dijo que probablemente se iba a reunir con el exmandatario. “Dijeron que yo lo fui a ver a Palenque, y luego dijeron que lo vieron aquí ese mismo fin de semana”.

/mexico/2026/05/08/sheinbaum-revela-que-se-reune-de-vez-en-cuando-con-beatriz-gutierrez-muller-y-pone-en-duda-comunicacion-con-amlo/

/mexico/2026/05/08/sheinbaum-pide-a-mexicanos-mantener-valores-familiares-y-no-abusar-de-redes-sociales-ante-casos-de-violencia-cometidos-por-jovenes/

Sheinbaum habla sobre caso de la joven Leyla Monserrat, asesinada en Sonora por otras jóvenes: es necesario atender las causas, reiteró. Informó que debe revisarse el caso. Destacó los programas sociales que su gobierno ha impulsado para que se atiendan los contextos en los que crecen los jóvenes.

Próximos eventos de Claudia Sheinbaum en Sonora

La presidenta informó sobre su agenda en Sonora.

• Inauguración de acueducto en el Plan de Justicia del Pueblo Seri
• Inauguración del Hospital de Zona 15
• Entrega de títulos de concesión de agua
• Habrá concierto para las madres en Sonora.

Después de BTS en Palacio Nacional, ¿habrá conciertos gratis?

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su administración considera importante fomentar el acceso a la cultura para todos los mexicanos; por ello, se continúa trabajando en organizar eventos gratuitos para que todos puedan disfrutar de ellos.

Dio a conocer que desde la Secretaría de Cultura se busca que estos espectáculos de entretenimiento (no solo conciertos de pop, sino también de otros géneros) no sean solo en la Ciudad de México, sino que también se realicen en otros estados del país.

“Por lo pronto, lo que conseguimos es que BTS regrese el siguiente año”, celebró la presidenta.

/mexico/2026/05/08/sheinbaum-abre-puerta-a-que-mas-artistas-visiten-palacio-nacional-tras-reunion-con-bts/

FGR tendrá que dar detalles del líder de la Luz del Mundo

La mandataria informó que será la Fiscalía General de la República la que dé los detalles sobre las investigaciones en México de Nasón Joaquín García, exlíder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, quien actualmente cumple una condena de 16 años y 8 meses de prisión en California por cargos de abuso sexual infantil y trata de personas.

Claudia Sheinbaum reitera buena relación con Estados Unidos

“Somos países de iguales”, destacó la mandataria sobre su relación con el presidente Donald Trump. Además, dijo que hay un avance en que Estados Unidos reconociera la problemática de consumo de drogas y de tráfico de armas que tiene su país. Asimismo, celebró que presentara una estrategia para combatirlo.

“Eso es muy bueno y es lo que hay que poner en el centro: los avances que hemos tenido en la coordinación”, dijo.

Gobierno hablará con familias de quienes viajan en las flotillas de ayuda humanitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura de defender la paz en Palestina y reconocerlo como un Estado.

Dio a conocer que está dispuesta a recibir a los familiares de quienes viajan en las flotillas de ayuda humanitaria hacia Gaza, sin embargo, informó que instruyó a Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, para que sea él quien tenga el primer contacto con ellos.

Sheinbaum habla sobre adelanto de vacaciones en la SEP

La mandataria dio a conocer que el calendario todavía no está completo; sin embargo, aseguró que próximamente se presentará mayor información al respecto.

Detalló que no fue una decisión única de Mario Delgado, sino que hubo una reunión en la cual se tomó la decisión que consideraron mejor para los niños mexicanos en el marco de la próxima inauguración del Mundial 2026; sin embargo, dio a conocer que todavía se están estudiando las posibilidades.

/mexico/2026/05/08/cambio-en-calendario-escolar-por-mundial-2026-no-esta-definido-sheinbaum-ajusta-medida-de-la-sep/

Ebrard visitará Canadá por relación bilateral

La visita de Marcelo Ebrard a Canadá busca fortalecer la relación bilateral y el acuerdo comercial previo a la primera revisión del T-MEC, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia desde Palacio Nacional.

Fortaleza de la economía mexicana

Según la mandataria mexicana, hubo un incremento de puestos de trabajo en el mes de abril:

• Registran un incremento de 23 mil 923 puestos de trabajo afiliados al IMSS con corte al 30 de abril. La afiliación total alcanzó los 22 millones 748 mil 603 de vacantes.
• Monto histórico de remesas: Se recibieron 5 mil 394 millones de dólares, representando el mayor crecimiento desde noviembre de 2024.
• Baja tasa de interés a 6.5%.
• Inflación baja a 4.45%.

Sheinbaum asegura que consulados mexicanos en EEUU no están realizando política en ese país

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos es completamente falsa. Lo que hacen los consulados es siempre proteger a los ciudadanos”, aseguró la mandataria mexicana.

/mexico/2026/05/08/consulados-de-mexico-no-influyen-en-politica-de-estados-unidos-afirma-sheinbaum-desconoce-sobre-revision-a-sedes/

2.3 billones del PIB de Estados Unidos provienen de los mexicanos

Más de la mitad de la economía latina de EEUU proviene de su gente. Estos son los principales motores:

• California: 833 mil millones de dólares. 20.5% del PIB estatal y 39.9% del crecimiento del estado en 2024.
• Texas: 629 mil millones de dólares. 22.7% del PIB estatal y 30.9% del crecimiento del estado en 2024.
• Nuevo México: 46 mil millones de dólares. 30.6% del PIB estatal. 137% del crecimiento del estado en 2024.

¿Cuántos migrantes mexicanos viven en EEUU?

En Estados Unidos viven 38 millones de mexicanos; de esta cifra, solo 34 millones mantienen un estatus legal o son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, reveló Ana Teresa Ramírez Valdez, presidenta y directora ejecutiva de Latino Donor Collaborative.

La presidenta viajará a Sonora

Sheinbaum anuncia que la conferencia matutina terminará a las 9:00 horas, ya que viajará a Sonora.

Inicia la conferencia matutina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará La Mañanera del Pueblo de este viernes desde el Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

La Embajada de Estados Unidos en México difundió un video en el que se ve un operativo realizado por agentes de la Patrulla Fronteriza en la zona desértica de Sonora, donde fueron detenidos 13 migrantes que intentaban cruzar de manera irregular hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la publicación generó polémica luego de que las autoridades aseguraran, sin mostrar pruebas, que uno de los detenidos tendría presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, elementos de la Estación Nogales de la Patrulla Fronteriza interceptaron al grupo de migrantes tras una persecución realizada a caballo en el desierto. En el mensaje difundido en redes sociales, la Embajada afirmó que entre las personas arrestadas se encontraba “un ciudadano mexicano con vínculos con el Cártel de Sinaloa”, aunque no detalló qué tipo de relación tendría ni presentó evidencia que respaldara el señalamiento.

“Nuestro mensaje es claro: si cruza ilegalmente, será arrestado, procesado y deportado. Seguimos comprometidos a utilizar todos los recursos disponibles para proteger las fronteras de nuestra nación”, indicó la Embajada estadounidense en la publicación.

Junto al mensaje, la sede diplomática compartió un video del operativo grabado desde cámaras corporales colocadas en los uniformes de los agentes fronterizos. Las imágenes muestran cómo los oficiales persiguen a caballo al grupo de migrantes hasta rodearlos en una zona desértica, mientras las personas levantan las manos al momento de ser detenidas.

La grabación llamó especialmente la atención por su edición. El video fue presentado con un filtro amarillo de estilo cinematográfico y musicalizado con la canción “(Ghost) Riders in the Sky”, interpretada por Johnny Cash, un tema con estética western que narra la historia de jinetes fantasmales condenados a perseguir ganado eternamente.

Tras su difusión, usuarios de redes sociales criticaron el contenido y acusaron a las autoridades estadounidenses de criminalizar y deshumanizar a los migrantes. Diversos comentarios señalaron que la manera en que fue editado el material proyectaba a las personas detenidas como si fueran animales perseguidos, además de convertir el operativo migratorio en una especie de espectáculo audiovisual.

La polémica ocurrió en medio del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, cuya administración ha reforzado las acciones de vigilancia y detención en la frontera sur.

En paralelo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) aseguró que durante 2025 se registró una caída histórica en los cruces irregulares hacia Estados Unidos. Según datos de la dependencia, las detenciones en la frontera sur disminuyeron más de 79% respecto al año anterior, alcanzando su nivel más bajo en más de cinco décadas.

La CBP informó que en 2025 fueron contabilizadas 443 mil 671 detenciones de personas migrantes, una cifra considerablemente menor frente a los más de 2 millones de arrestos reportados durante 2024.

El gobierno estadounidense ha atribuido la reducción de cruces a las nuevas medidas de control fronterizo implementadas en los últimos meses, mientras organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han advertido sobre un incremento en los riesgos que enfrentan los migrantes al intentar cruzar por rutas cada vez más peligrosas, especialmente en zonas desérticas como Sonora y Arizona.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para respaldar a Honduras en la atención de las más de 423.000 personas desplazadas por la violencia y los desastres naturales, una problemática que continúa golpeando a miles de familias en el país centroamericano.

En una entrevista concedida a EFE en Tegucigalpa, la representante de Acnur en Honduras, Kathryn Lo, advirtió que el fenómeno del desplazamiento forzado interno no puede ser enfrentado únicamente por el Estado hondureño, sino que requiere una respuesta integral y coordinada entre autoridades, organismos internacionales, comunidades y sociedad civil.

“Creo que es un trabajo que realmente requiere la colaboración de las comunidades y el Estado en todos sus niveles; la cooperación internacional, las comunidades afectadas, toda la sociedad, porque es un fenómeno que realmente afecta a todo el país”, expresó la funcionaria.

Las declaraciones de Lo se producen en un contexto marcado por el aumento de los desplazamientos causados tanto por la violencia criminal como por eventos climáticos extremos que afectan recurrentemente a Honduras, uno de los países más vulnerables de América Latina frente a fenómenos naturales.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, unas 423.845 personas, equivalentes al 4,5 % de la población hondureña, se han visto obligadas a abandonar sus hogares en algún momento de sus vidas debido a amenazas, extorsiones, persecución de grupos criminales o desastres naturales.

Para Acnur, la oficialización de estas cifras representa un avance significativo, ya que permite dimensionar con mayor claridad la magnitud de una problemática que durante años permaneció invisibilizada.

Kathryn Lo destacó que detrás de cada número existe una historia humana marcada por el dolor, la incertidumbre y la pérdida.

La representante insistió en que las estadísticas deben ser interpretadas como una llamada urgente a la acción para fortalecer las políticas de prevención y protección.

“Detrás de estas cifras debemos recordar que hay personas. Cada número representa a un niño o niña que tuvo que abandonar su escuela, o a un padre y una madre que tomaron la difícil decisión de salir de su hogar para proteger a su familia”, enfatizó.

El desplazamiento forzado interno afecta principalmente a mujeres y jóvenes. De acuerdo con Acnur, alrededor del 55 % de las personas desplazadas son mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de género, amenazas o persecución.

Asimismo, cerca del 38 % corresponde a jóvenes de entre 15 y 34 años, un sector altamente vulnerable ante el reclutamiento por estructuras criminales y la exclusión social.

La situación se vuelve aún más compleja en zonas rurales y comunidades apartadas, donde las familias desplazadas enfrentan enormes dificultades para acceder a servicios básicos, atención médica, educación y oportunidades laborales.

Uno de los principales desafíos señalados por Acnur es la implementación efectiva de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, aprobada por Honduras en 2022.

Aunque la normativa fue considerada un paso histórico en el reconocimiento del problema, su aplicación aún enfrenta importantes retrasos.

La representante de Acnur indicó que es urgente aprobar el reglamento de la ley y activar el fondo de asistencia humanitaria contemplado en la normativa para garantizar atención inmediata y soluciones duraderas a las víctimas.

“Muchas instituciones del Estado están trabajando en la respuesta y en la prevención, pero hay mucho más que pueden hacer, por ejemplo, avanzar con la política nacional de prevención del desplazamiento forzado”, señaló Lo.

Acnur también alertó sobre la situación de unas 163.000 personas que viven una doble vulnerabilidad.

Se trata de familias que huyen de la violencia y terminan instalándose en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos u otros riesgos climáticos, o personas afectadas inicialmente por desastres naturales que luego quedan expuestas a contextos de inseguridad y criminalidad.

Ante este escenario, la agencia de Naciones Unidas considera indispensable diseñar respuestas diferenciadas que integren asistencia humanitaria, protección y estrategias de desarrollo sostenible.

La situación de las mujeres desplazadas es otro de los aspectos que más preocupa al organismo internacional.

Muchas de ellas enfrentan riesgos de violencia sexual, explotación y discriminación, especialmente cuando deben movilizarse hacia comunidades desconocidas o asentamientos improvisados.

Por ello, Acnur insiste en la necesidad de crear servicios seguros y accesibles, particularmente en áreas rurales, donde las limitaciones de infraestructura y atención estatal son mayores.

En el caso de la niñez, la agencia advirtió que el desplazamiento incrementa los riesgos de abandono escolar, exclusión educativa y reclutamiento forzado por grupos criminales.

La falta de escuelas seguras y programas de apoyo psicológico profundiza el impacto emocional y social sobre miles de menores.

La migración no solo transforma las ciudades y las dinámicas sociales, también modifica la manera en que las personas se alimentan y se relacionan con la comida, de acuerdo con un texto publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la primera sesión del seminario virtual “La ciudad y sus patrimonios”, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), especialistas señalaron que las personas que se movilizan llevan consigo tradiciones culinarias, ingredientes y hábitos de consumo que terminan integrándose en los lugares donde se establecen.

Wilfredo Alaniz Pérez, investigador posdoctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), subrayó que las diferentes modalidades de movilidad humana, tanto regulares como irregulares, inciden de manera directa en la vida de quienes participan en estos procesos, caracterizados por una marcada desigualdad.

Según la definición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este fenómeno abarca el traslado de individuos de un sitio a otro, motivado por razones diversas, ya sean voluntarias o forzadas, en el ejercicio del derecho a la libre circulación.

Se puntualizó que la transformación reciente de los corredores migratorios en las Américas y el cambio en la gobernanza han convertido a ciertas metrópolis en puntos clave para los migrantes, quienes no solo atraviesan fronteras, sino también las ciudades, donde establecen nuevas rutinas y formas de convivencia.

Un ejemplo destacado es la Ciudad de México, que ha experimentado un aumento en la diversidad de dinámicas migratorias, la proliferación de albergues y la aparición de campamentos, reflejando la complejidad de los desplazamientos.

Intercambio cultural y transformación alimentaria

Francesc Xavier Medina Luque, investigador de la Universidad Abierta de Cataluña, abordó las interacciones entre cultura alimentaria, movilidad y diversidad cultural en contextos urbanos. Explicó que definir los límites de la comida tradicional resulta complicado, ya que la llegada de migrantes redefine costumbres y significados, generando una fusión de hábitos y territorios gastronómicos.

Explicó que los migrantes no solo traen consigo comestibles considerados imprescindibles, sino que, al regresar a sus comunidades, introducen preferencias adquiridas en el extranjero, lo que propicia nuevas combinaciones y preferencias culinarias.

Tiana Bakic Hayden, de El Colegio de México, destacó que los sistemas alimentarios dependen en gran medida de las personas en tránsito y se adaptan a sus pautas de consumo.

En la capital mexicana, este fenómeno se refleja en espacios como La Merced y la Central de Abastos, donde convergen productos de todo el país y aumenta la visibilidad de migrantes internacionales.

Los espacios recorridos por estas personas pueden clasificarse en activos (como supermercados, tienditas, puestos callejeros y albergues de paso) y fijos, entre los que se encuentran albergues de larga duración, viviendas alquiladas y comedores comunitarios. Así, la movilidad redefine tanto las prácticas alimentarias como los entornos donde se desarrollan.

La Red Jesuita con Migrantes México denunció la realización de operativos de detención migratoria en la Ciudad de México y la zona metropolitana con participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y el Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que calificó como un esquema de control “profundamente militarizado” contra personas migrantes.

De acuerdo con la organización, los operativos se han concentrado en colonias como Guerrero y Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, además de zonas como Polanco y Patriotismo, así como en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Las acciones, afirma la organización, forman parte de una política de detención que se ha intensificado en los últimos días.

Detenciones en vía pública y en domicilios particulares

La Red Jesuita sostuvo que estas intervenciones incluyen detenciones en la vía pública y dentro de domicilios particulares, además de traslados forzados a estaciones migratorias del sur del país sin notificación clara sobre el destino de las personas aseguradas.

También acusó casos de incomunicación de migrantes detenidos y la falta de información sobre su situación jurídica tras los aseguramientos realizados por autoridades federales y locales.

Casos documentados

Entre los episodios documentados, la organización señaló un operativo en la colonia Doctores donde, según su reporte, elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el INM ingresaron a un domicilio habitado por jóvenes venezolanos, quienes fueron detenidos y trasladados inicialmente a la estación migratoria Las Agujas, en la capital, y posteriormente enviados a Tapachula, Chiapas, a la estación Siglo XXI.

Asimismo, refirió un segundo caso registrado en la colonia Guerrero, difundido en redes sociales por el medio Conexión Migrante, en el que se observa el ingreso de agentes del INM a un inmueble para realizar detenciones, presuntamente, sin orden judicial.

La organización calificó ambos hechos como posibles allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, al considerar que vulneran derechos fundamentales y podrían implicar responsabilidades para las autoridades involucradas.

La Red Jesuita advirtió que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un despliegue sistemático que inició al menos una semana atrás y que, dijo, se ha intensificado en el marco de operativos de control migratorio en la capital.

En su posicionamiento, la organización atribuyó el aumento de detenciones a un colapso del sistema de protección internacional en México, al señalar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha reducido su capacidad operativa tras recortes presupuestales vinculados a la salida de apoyo de ACNUR, lo que ha generado rezagos en los procesos de solicitud de asilo.

También acusó al INM de haber dejado de expedir documentos migratorios de manera sistemática, lo que —afirmó— coloca a miles de personas en una situación de incertidumbre jurídica mientras esperan resolver su estatus migratorio.

La Red Jesuita sostuvo que en algunos casos incluso han sido detenidas personas con documentación que acreditaría estancia regular en el país, lo que consideró una violación al debido proceso.

“Orden y limpieza” rumbo al Mundial

La organización advirtió también que las acciones se desarrollan en un contexto en el que el gobierno capitalino impulsa políticas de “orden y limpieza” del espacio público rumbo al Mundial de Futbol 2026, lo que, afirmó, se ha traducido en medidas de control social que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la Red Jesuita con Migrantes exigió el cese inmediato de los operativos de detención migratoria, el retiro de fuerzas armadas de tareas de control migratorio, la liberación de personas detenidas de forma arbitraria, así como el respeto al derecho de solicitar asilo y el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos.

INM niega redadas

Luego de estos señalamientos, el INM negó haber realizado redadas contra personas migrantes en la Ciudad de México. A través de una tarjeta informativa, el organismo aseguró que su participación en recientes operativos respondió a solicitudes de colaboración emitidas por autoridades de la capital, con el objetivo de prevenir posibles actos delictivos.

El INM sostuvo que su actuación se llevó a cabo en el marco de sus atribuciones legales y reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos, al tiempo que defendió una política de “movilidad segura, ordenada, regular y humana” para las personas en situación de movilidad.

España ha superado por primera vez los 49,6 millones de habitantes. Entre enero y marzo de 2026, se alcanzó un récord histórico: 49.687.120 personas residen ya en territorio español, según la Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone un incremento de 97.021 habitantes respecto al trimestre anterior y casi medio millón más que en abril del año pasado.

El motor principal de este crecimiento ha sido la llegada de personas nacidas en el extranjero. En solo tres meses, este grupo aumentó en 123.076 personas hasta situarse en 10.154.722, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Mientras tanto, la población nacida en España retrocedió en 26.055 personas.

El fenómeno migratorio sigue transformando el perfil demográfico del país. El número de extranjeros residentes alcanzó también un récord: 7.346.414 personas, tras sumar 94.182 nuevos ciudadanos en el primer trimestre. La población de nacionalidad española experimentó un leve aumento de 2.839 personas, impulsado en parte por las naturalizaciones.

Aumenta la migración

Colombianos, marroquíes y venezolanos lideraron las llegadas entre enero y marzo, con 38.600, 25.700 y 21.200 personas respectivamente. Tras ellos se situaron migrantes de nacionalidad española (17.200), peruana (16.700), italiana (7.800), hondureña (7.400), argelina (7.200), brasileña (7.200) y ucraniana (7.000).

En sentido opuesto, las salidas del país estuvieron encabezadas por ciudadanos marroquíes (11.700), colombianos (11.200), venezolanos y rumanos (5.100 cada uno), seguidos de peruanos (4.700), españoles (4.100), italianos (3.500), ucranianos (2.600), pakistaníes (2.400) y chinos (2.400).

El crecimiento poblacional se ha extendido a casi todo el territorio. Solo Canarias y Melilla registraron ligeras caídas. Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia protagonizaron los mayores incrementos porcentuales, mientras que Madrid, La Rioja, Asturias, Aragón, Castilla y León, Navarra, Cantabria, Ceuta, Cataluña, Baleares, Andalucía, País Vasco y Galicia también sumaron nuevos habitantes. Extremadura mantuvo su población estable.

Entre las principales ciudades, el mayor aumento de población durante 2025 se produjo en Torrevieja (4,6%), seguida de L’Hospitalet de Llobregat (2,9%) y Roquetas de Mar (2,6%). En el extremo contrario, Cádiz (-0,6%), Córdoba (-0,4%) y Santa Coloma de Gramenet (-0,3%) registraron los descensos más notables.

El número de hogares también marcó un nuevo máximo: 19.812.292 a 1 de abril de 2026, con 52.943 viviendas más en apenas tres meses. Un año antes, la cifra era de 19.570.298 hogares, según los datos provisionales del INE.

(Con información de Europa Press)

El flujo de migrantes retornados a Honduras sigue en aumento durante 2026. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 15,449 personas han sido retornadas o deportadas al país en los primeros 120 días del año, lo que representa un promedio de 129 personas diarias, es decir, una cada 11 minutos.

Las cifras evidencian la persistencia de un fenómeno migratorio con niveles elevados en los últimos años. Informes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de organismos de derechos humanos confirman que el país cerró 2025 con más de 42.000 retornos, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizaban más de 11,600 casos, reafirmando la tendencia ascendente.

De los registros se desprende que aproximadamente el 91% de los retornos provienen de Estados Unidos, seguido por México y Guatemala, consolidando a la región como el principal corredor migratorio de retorno hacia Honduras.

Perfil de la población retornada

Las estadísticas revelan que la mayor parte de las personas retornadas pertenece a la edad productiva. El grupo más nutrido tiene entre 21 y 30 años, seguido por quienes tienen 31 a 40 años, lo que repercute directamente en la fuerza laboral del país.

Asimismo, se verifica la llegada de menores de edad y mujeres entre los retornados, situación que genera alertas sobre la necesidad de una atención diferenciada para población vulnerable, especialmente durante los procesos de reintegración familiar y comunitaria.

Respuesta gubernamental

En medio del incremento de retornos, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una iniciativa impulsada por la diputada Sara Zavala.

La normativa busca establecer un marco legal para facilitar el retorno ordenado de los migrantes, proteger sus bienes y promover su reintegración social y económica.

La ley contempla mecanismos de coordinación interinstitucional para brindar apoyo integral a los connacionales que regresan al país, incluyendo acceso a programas de reinserción y acompañamiento institucional.

La finalización del programa coloca a miles de personas ante posibles procesos de detención y deportación, incluso por faltas menores, lo que podría aumentar aún más las cifras de retorno en los próximos meses.

A nivel regional persisten factores estructurales como la pobreza, la falta de empleo y la violencia, que siguen siendo determinantes en la migración irregular desde Honduras.

Brechas en la reintegración

Organismos de Derechos Humanos insiste en la necesidad de una política pública integral que no solo atienda el retorno, sino que también fortalezca la prevención migratoria y la reintegración sostenible.

Entre los retos mencionados se incluye la creación de oportunidades económicas, el fortalecimiento de los centros de atención al migrante retornado y la coordinación entre instituciones estatales y gobiernos locales.

Paralelamente, se indica la importancia de mejorar la cooperación internacional para abordar las causas estructurales de la migración y asegurar una atención más efectiva a la diáspora hondureña.

Las cifras de 2026 muestran que la migración y el retorno siguen siendo desafíos de primer orden para Honduras. Con un promedio de una persona retornada cada 11 minutos, el país enfrenta el desafío de transformar estos flujos en procesos de reintegración que eviten la repetición del ciclo migratorio.

Familias originarias de Cuba, Honduras y Ecuador llegan esta semana a Chiapas, México, para iniciar labores de búsqueda en terreno y en penales tras la desaparición de cerca de 40 migrantes ocurrida en diciembre de 2024, en uno de los episodios más graves de desaparición de personas migrantes en la frontera sur del país.

Las acciones de búsqueda se intensifican luego de meses de exigencias y trámites realizados ante autoridades federales y estatales para acceder a las zonas clave en el municipio de Mazatán. La movilización ocurre en medio de una crisis migratoria creciente y frente a un operativo institucional que, según las familias, aún no arroja resultados claros.

Alrededor de ocho familias encabezan la búsqueda. Provenientes de distintas ciudades cubanas como Matanzas, La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba, así como de Honduras y Ecuador, los familiares arribaron a Chiapas con el objetivo de recorrer puntos estratégicos desde San José El Hueyate hasta Tapachula. Estos viajes iniciaron tras 17 meses de silencio desde el último contacto con los desaparecidos, cuando avisaron que cruzarían en lancha hacia Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pero nunca llegaron a su destino esperado.

Entre las víctimas que forman parte del grupo están los cubanos Lorena Rozabal Guevara, de 28 años; Elianis de la Caridad Morejón Pérez, de 18 años; Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años; Meiling Álvarez Bravo, de 40 años, y su hijo Samei Armando Reyes Álvarez, de 14; Dayranis Tan Ramos, de 33 años; el hondureño Ricardo Hernández, de 33 años, y el ecuatoriano Jefferson Stanley Quindil Guanoquiza, de 21 años. Las familias insisten en que el grupo completo desapareció después de abordar dos embarcaciones en la costa del Pacífico. Antes de embarcar, varios migrantes enviaron mensajes con frases como “No sabemos nadar”, “nos están poniendo chalecos” y “hay tiroteos cerca”.

La última señal GPS de las lanchas se registra a las 08:25 horas del 21 de diciembre de 2024 a escasos metros de la costa, y desde entonces no existe comunicación confirmada de ningún integrante del grupo. El trayecto, por el que los migrantes pagaron entre USD 8 mil y USD 10 mil a intermediarios, formaba parte de una ruta bajo control de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De septiembre a diciembre de 2024, la zona de San José El Hueyate concentra al menos tres eventos de desaparición que suman 83 migrantes ausentes, de acuerdo con organizaciones que acompañan a los familiares.

El acompañamiento civil no detiene la crisis de desapariciones en la frontera sur

La Red Regional de Familias Migrantes, integrada principalmente por madres y abuelas de desaparecidos, coordina las brigadas internacionales de búsqueda en territorio mexicano. La organización, fundada por la hondureña Ana Enamorado —quien lleva 16 años buscando a su hijo—, agrupa este año a familiares de Cuba, Honduras, Ecuador, Colombia e Italia. Los grupos se movilizan tanto por rutas rurales de Chiapas como en centros penitenciarios para descartar que las personas migrantes estén detenidas sin registro.

Como parte de las acciones, las familias solicitan a las autoridades estatales y federales autorización para difundir fichas de búsqueda y realizar inspecciones presenciales en cárceles del estado. El respaldo de colectivos civiles ha sido imprescindible para abrir líneas formales de búsqueda, gestionando reuniones con instituciones y solicitando acceso a información oficial, aunque organizaciones y familias denuncian que la respuesta gubernamental sigue siendo nula. La abogada Yesenia Váldez, de la Fundación para la Justicia, afirma en junio de 2025: “No hay una sola diligencia para buscarlos. Es como si el Estado los hubiera borrado”.

Las versiones sobre lo ocurrido se multiplican en la ausencia de resultados oficiales. Parte de los indicios apuntan a un posible naufragio, mientras que otras versiones sugieren la intervención de grupos criminales que operan en la costa de Chiapas y tienen capacidad para levantar a grupos enteros de migrantes. Durante casi dieciocho meses, las familias acusan investigación lenta y descoordinada, sin operativos específicos ni avances confirmados.

Crimen organizado y rutas bajo riesgo: el trasfondo de la desaparición

El corredor Tapachula–Mazatán–Juchitán es identificado como punto estratégico en rutas de tráfico controladas por el CJNG y otras redes de extorsión en la frontera sur. San José El Hueyate es uno de los epicentros de desapariciones masivas, donde los migrantes quedan expuestos a violencia, levantamientos o abandono por parte de traficantes. Las propias familias denuncian el clima de miedo, poca denuncia y falta de coordinación institucional como los elementos que permiten que la crisis permanezca invisible.

Mientras madres, padres y abuelas recorren los parajes y penales, organizaciones insisten en que la desaparición de migrantes es una de las crisis menos documentadas de toda la región. La desaparición de los 40 migrantes en diciembre no es un caso aislado: el 30 de abril se suma el nombre de Yarissel Díaz Arcia, cubana de 19 años desaparecida en Tapachula, y en marzo se informa de ocho balseros cubanos desaparecidos cuando intentaban llegar a costas mexicanas.

Para las familias recién llegadas a México, el objetivo es claro: no piensan regresar sin obtener información mínima sobre la suerte de sus hijos, hijas y hermanos. La consigna colectiva sigue vigente: “Lo único que pedimos es encontrar aunque sea una pista, una luz que nos lleve a ellos”.

• Ocho familias de Cuba, Honduras y Ecuador llegan a Chiapas tras 17 meses sin noticias de 40 migrantes desaparecidos en diciembre de 2024.
• El grupo pagó entre USD 8.000 y USD 10.000 por una ruta controlada por el CJNG; la última señal GPS de las lanchas se perdió a metros de la costa.
• Organizaciones civiles critican ausencia de acciones de búsqueda oficiales y señalan que Chiapas es epicentro de desapariciones masivas de migrantes.

Los mexicanos y mexicano-estadunidenses que radican en Estados Unidos crean una economía cuyo valor supera a la producción de países como Brasil, Canadá y el propio México, y ese potencial sería todavía mayor si tanto Washington como la Ciudad de México dejaran de aplicar políticas antimigrantes y apostaran por una nueva estrategia conjunta de integración. Así lo señala Raúl Hinojosa Ojeda, presidente del Departamento de Estudios Chicanos/as y Centroamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en un informe que identifica a esta población como un motor de crecimiento subutilizado.

La magnitud del aporte económico de los habitantes de origen mexicano en Estados Unidos equivale a 2.27 billones de dólares en el Producto Interno Bruto durante 2024. Esta suma convierte a la población mexicano-estadunidense en la octava economía más grande del mundo, representa el 54% del total generado por la comunidad latina en ese país —que asciende a 4.2 billones de dólares— y constituye el 11% de toda la economía estadounidense.

Por sí sola, la actividad económica de los inmigrantes mexicanos —quienes nacieron en México, con o sin documentación— llegó a 792 mil millones de dólares en el último ciclo. La población estadounidense de origen mexicano nacida en ese país durante varias generaciones aportó 1 billón 311 mil millones en el mismo periodo. El total de la actividad económica latina en Estados Unidos alcanzó una cifra comparable con el producto nacional de Alemania.

Las cifras de integración y el saldo de la deportación

El informe, elaborado por el Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte en UCLA, subraya que la integración binacional enfrenta un saldo negativo por decisiones políticas. Hinojosa sostiene que las oportunidades perdidas por la falta de una estrategia coordinada de integración en las últimas tres décadas se acentuaron bajo el gobierno de Donald Trump y sus políticas antimigrantes.

La estrategia de deportación masiva, advierte Hinojosa, constituye “el peor desastre económico autoinfligido” por Estados Unidos y, en su opinión, sus efectos superan incluso a los de una guerra comercial. No se trata solo del último gobierno republicano. Hinojosa argumenta que la omisión, en el tratado de libre comercio original, de mecanismos para la migración documentada y la inversión compartida en capital humano e infraestructura provocó una pérdida de oportunidades a gran escala.

Mediante modelos económicos desarrollados en colaboración con el Peterson Institute for International Economics y con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Hinojosa calculó que, si desde los años 90 se hubiera instalado un esquema integral binacional, el Producto Interno Bruto de las personas de origen mexicano en Estados Unidos sería cercano a 3 billones de dólares. El Producto Interno Bruto mexicano sería entonces el doble de su tamaño actual.

Hinojosa sostiene que la regularización de aproximadamente 4 millones de mexicanos indocumentados ampliaría en al menos 15 mil millones de dólares los ingresos fiscales estadounidenses cada año, incrementaría salarios generales de trabajadores no calificados y reduciría la economía informal que hoy subsidia la explotación laboral. La cifra de mexicanos indocumentados contribuye anualmente con 36 mil millones de dólares en impuestos, de los cuales 14 mil millones van a programas sociales a los que no pueden acceder.

Estrategias para potenciar el vínculo México-Estados Unidos

Entre las recomendaciones del informe está el fortalecimiento de la infraestructura laboral y ambiental incluida en el T-MEC, así como la reactivación del Banco de Desarrollo de América del Norte y el Programa de Ajuste de Inversión Comunitaria, proyectos que originalmente formaban parte del tratado comercial y estuvieron activos antes de su abandono.

Hinojosa propone habilitar un mecanismo financiero para canalizar hasta el 10% de las remesas para consumo hacia inversiones productivas en México. Sostiene que el gobierno mexicano podría ofrecer a los migrantes la posibilidad de ahorrar en Cetes, con una tasa de rendimiento del 10%. Ejemplos en India, China e Israel muestran que estos instrumentos se convirtieron en fuentes de capital para el desarrollo nacional.

Con remesas superiores a 60 mil millones de dólares anuales, el fondo tendría la capacidad de generar hasta 6 mil millones de dólares destinados a invertir en las regiones más pobres de México. Esta política podría implementarse de forma unilateral por el gobierno mexicano, afirma Hinojosa, y favorece tanto a la economía mexicana como a su contraparte estadounidense. Plantea la eliminación del impuesto del 1% a remesas que aprobó el Congreso estadounidense el año anterior.

La inversión productiva en comunidades expulsoras de migrantes no solo fortalecería la economía local, sino que también reduciría los incentivos para migrar hacia Estados Unidos.

El informe, de 70 cuartillas, incluye materiales y series estadísticas que detallan este análisis, junto con un agente de inteligencia artificial diseñado para responder dudas y ampliar la información disponible sobre estas propuestas.

• La población mexicana y mexico-estadunidense en Estados Unidos genera un PIB de 2.27 billones de dólares, superior al de Brasil o Canadá.
• Regularizar a 4 millones de mexicanos indocumentados aportaría 15 mil millones de dólares anuales en impuestos y reduciría la economía informal.
• Canalizar el 10% de las remesas a inversiones productivas podría generar hasta 6 mil millones de dólares al año para las regiones más pobres de México.

Los relatos de migrantes que desaparecen en el mar al intentar llegar a Europa componen una tragedia constante a las puertas del continente. En Los vigías. Cinco centinelas de las fronteras, la periodista y escritora Taina Tervonen trata de descifrar su verdadera dimensión.

La cifra real de fallecidos continúa siendo imposible de precisar, pero cada historia refleja la magnitud de la crisis: “¿Cuántos muertos invisibles habrá por cada muerto mencionado en la prensa?”, se pregunta Tervonen en la obra, publicada por Errata Naturae y traducida por Iballa López.

La experiencia personal de Tervonen con las fronteras y los exiliados abarca más de veinticinco años, influida por su origen finlandés, su residencia en Francia y una infancia y adolescencia vividas entre Namibia y Senegal. En su investigación, la autora recurre a cinco “vigías” —Marie Dupont, Saliou, Hervé, María y Marie Cosnay—, algunos bajo identidad real y otros con nombres ficticios, que auxilian a los migrantes o a sus familias tras el naufragio.

El volumen documenta rutas migratorias hacia Canarias y Baleares, e incluye testimonios sobre intentos trágicos de cruzar el Bidasoa a nado hacia Francia, así como el salto a la valla de Melilla de junio de 2022.

La narración se detiene en quienes arriesgan su vida y en quienes intentan socorrerlos. Saliou, uno de los vigías, afirma: “En las fronteras, estás enterrando a gente de la noche a la mañana, porque no aguantan más”, lo que revela una situación de emergencia permanente. Su labor, junto con la de Marie Dupont, consiste en asistir desde la distancia a embarcaciones en tránsito, poniendo en marcha rescates a cualquier hora e insistiendo ante los servicios oficiales.

La respuesta directa del libro ilustra así: Los migrantes que intentan llegar por mar a Europa se exponen a naufragios y desapariciones, mientras un pequeño grupo de personas —los “vigías”— colabora tanto en las labores de rescate como en la ayuda a familias que buscan a sus seres queridos. Sus acciones, que incluyen alertar a servicios de Salvamento y acompañar a distancia los rescates, revelan dimensiones ocultas de la crisis migratoria.

Hervé y María, quienes ayudan a localizar a desaparecidos desde Francia y España, describen la dificultad de muchas familias para aceptar la pérdida definitiva de un hijo, esposo o esposa. A menudo, además de la incertidumbre, sufren estafas a manos de “depredadores” que les exigen dinero por fotografías o pertenencias supuestamente halladas de los fallecidos. Marie Cosnay lleva listas de embarcaciones naufragadas y enfatiza que los migrantes no viajan solos: “Está ahí con sus sueños, con su familia, esté o no presente”.

El enfoque narrativo de Tervonen en Los vigías privilegia la oralidad. Cada una de las historias es contada por los propios vigías, lo que otorga a la crónica una intensidad inmediata. Marie Cosnay subraya su posición: “No somos una organización formalmente constituida. Sólo somos personas. Personas que coinciden en que la desaparición de seres humanos es algo grave”.

La autora subraya la gravedad de la tragedia migratoria en Europa y visibiliza la red de ayuda y consuelo construida por estos cinco vigías, dispersos entre Senegal, Francia y España, cuya labor es escuchar llamadas de auxilio, avisar a las autoridades y perseguir, hasta donde sea posible, el destino de los desaparecidos en el mar.

Un cayuco en ruta hacia Canarias ha sido localizado por Salvamento Marítimo la tarde de este lunes a unos 63 kilómetros al sureste de El Hierro, después de que la embarcación emitiera una llamada de auxilio por problemas en el motor. Entre las personas rescatadas destaca la presencia de menores, algunos de ellos bebés, en una travesía que ha supuesto, según relataron los propios ocupantes tras llegar a tierra, un viaje de nueve días desde Banjul, capital de Gambia.

De acuerdo con el recuento realizado por los servicios de emergencia que atendieron a los supervivientes tras el desembarco en La Restinga, en el grupo viajaban 97 inmigrantes, entre ellos 47 mujeres y 20 menores, varios de estos últimos con pocos meses de vida. La operación, coordinada por Salvamento Marítimo y ejecutada principalmente por la Salvamar Diphda, ha contado además con la participación del helicóptero Helimer 205 y de la Salvamar Menkalinan, desplazada desde Tenerife. El medio Canarias 7 ha confirmado estos datos y señalado que tres de los menores han precisado traslado al Hospital de la isla para recibir atención médica.

El estado de los menores rescatados ha obligado su traslado al hospital insular

El rescate arrancó tras recibir Salvamento Marítimo una llamada de auxilio desde la embarcación a las 16.24 horas del lunes, momento en el que se activó el dispositivo de urgencia y las unidades de intervención pusieron rumbo al punto de localización, según ha indicado Agencia EFE. La antena del pueblo herreño de San Andrés fue la que captó la alerta, coordinándose desde allí la intervención. En la operación se movilizaron, además de los dispositivos marítimos, un helicóptero especializado.

Las personas rescatadas de la embarcación son 97 inmigrantes, destacando igualmente que la cifra de menores incluye a varios bebés y a niños de muy corta edad. Tras desembarcar en La Restinga, los equipos de emergencia han constatado la precaria situación de algunos de los pequeños, cuya estabilidad hizo necesario el traslado de tres de ellos al hospital insular.

La peligrosa ruta de los 97 migrantes: 1.600 kilómetros de navegación

Una constante en todos los relatos es la combinación de perfiles vulnerables a bordo del cayuco: mujeres y menores, incluidos bebés, componían una parte sustancial del grupo. El origen de la travesía es otro punto confirmado por los testimonios recogidos tras el desembarco y publicado por las distintas agencias de comunicación y medios locales: procedían de tres países africanos, en concreto, Gambia, Senegal y Guinea, y afirman haber zarpado en dirección a Canarias desde la capital gambiana, Banjul. Esta travesía supone cubrir una distancia aproximada de 1.600 kilómetros de navegación hasta la isla canaria.

Aunque las cifras de ocupantes varían levemente según las fuentes, todas coinciden en la extrema vulnerabilidad del pasaje y en la peligrosidad de la ruta emprendida. La intervención de Salvamento Marítimo, apoyada por el helicóptero y otras unidades marítimas, ha sido determinante para garantizar la llegada a puerto de las personas rescatadas y la atención inmediata a los casos críticos, especialmente entre los menores.

La aprobación de un proceso extraordinario de regularización migratoria en España ha generado expectativas entre miles de extranjeros, incluidos hondureños que ven en esta medida una oportunidad para formalizar su situación y acceder a mejores condiciones de vida. A pocas semanas de iniciado el procedimiento, han surgido dificultades que amenazan con frenar el avance de muchos solicitantes.

El decreto, aprobado el 14 de abril por el Gobierno español, contempla otorgar permisos de residencia y trabajo a aproximadamente medio millón de migrantes que ya se encuentran en el país.

En el caso de Honduras, se estima que alrededor de 90 mil ciudadanos podrían beneficiarse de esta medida. Uno de los requisitos fundamentales es la presentación de antecedentes penales debidamente certificados y apostillados se ha convertido en el principal obstáculo para avanzar en el proceso.

Connacionales en distintas ciudades españolas han manifestado su preocupación por la lentitud en la emisión de este documento, que debe ser tramitado en Honduras y posteriormente validado por instancias oficiales. Esta situación ha generado un cuello de botella que podría dejar fuera a muchos solicitantes si no logran completar los requisitos dentro del plazo establecido.

Reducir tiempo de espera

Ante esta situación, el diputado Miguel Motiño impulsa un anteproyecto de ley que busca reducir a cinco días hábiles el tiempo necesario para autenticar documentos mediante firma digital, con el objetivo de beneficiar a migrantes que residen en España y otros países. Actualmente, el proceso de apostillado y rúbrica física en la Corte Suprema de Justicia presenta demoras de treinta a sesenta días, mientras que el plazo legal disponible es de noventa días.

La propuesta pretende agilizar estos trámites para garantizar que los migrantes puedan validar sus documentos de manera remota y oportuna.

Desde las autoridades hondureñas, tanto el sistema judicial como la Cancillería han reconocido las demoras y aseguran que trabajan para agilizar los procesos. Las quejas persisten, especialmente entre quienes ya iniciaron el trámite y aún no reciben respuesta.

Alternativas ante retrasos

El embajador de Honduras en España Marlón Breve confirmó que la fecha límite para presentar solicitudes completas es el 30 de junio de 2026, lo que añade presión a los interesados. Además, explicó que el proceso también requiere el apostillado del documento, una certificación que valida su autenticidad a nivel internacional.

El marco legal aprobado por España prevé algunas alternativas en caso de retrasos: si el solicitante no logra obtener el certificado de antecedentes penales en un plazo de un mes, puede presentar una declaración responsable que demuestre sus gestiones. En ese caso, las autoridades españolas tramitarán la solicitud por vía diplomática. Si después de tres meses no se obtiene el documento, el proceso puede darse por desistido, representando un riesgo adicional para quienes dependen de estos trámites.

El proceso ha presentado una alta demanda desde su inicio. En la primera semana, más de 130 mil migrantes presentaron solicitudes, lo que refleja el interés generalizado en acceder a la regularización. Las autoridades españolas han señalado que el procedimiento se desarrolla conforme a lo previsto, combinando modalidades virtuales y presenciales mediante citas programadas.

Oportunidades laborales

Este programa tiene implicaciones sociales y económicas, debido a que, sectores productivos en España han manifestado su interés en incorporar a estos migrantes regularizados al mercado laboral. En el ámbito de atención a personas dependientes existe un déficit significativo de trabajadores ante el envejecimiento de la población. Organizaciones empresariales han planteado la posibilidad de generar hasta 160 mil empleos para quienes logren regularizar su situación

Para los hondureños, el desafío inmediato es superar las barreras burocráticas y cumplir con los requisitos dentro del plazo establecido. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre quienes ven en esta regularización una posibilidad concreta de estabilidad y hoy enfrentan retrasos que podrían dejar en pausa ese objetivo.

-Pregunta: En la sociedad española se ha abierto un debate que compara las pensiones que cobran los jubilados con los salarios de los jóvenes, en muchos casos precarios. ¿Cómo valora esta polémica intergeneracional?

-Respuesta: Las finanzas públicas en España y el futuro del gasto público necesitan un análisis profundo, sobre todo en materia de pensiones, con el objetivo de conseguir un mayor equilibrio intergeneracional, porque en este momento hay una brecha entre la situación de los jubilados y la de los jóvenes menores de 30 años. Eso hay que corregirlo. Es necesario que se haga. Creo que el tema de la sostenibilidad de las pensiones se tiene que analizar. Es decir, cuando los salarios crecen de una manera y las pensiones crecen más, la situación empieza a no ser sostenible y los economistas lo llevamos diciendo durante mucho tiempo. No es que tengamos manía a las personas mayores, es que hay que redistribuir las cargas.

Los jubilados no han notado prácticamente ni la crisis financiera de 2008 ni ninguna otra. Desde los últimos 15 años no han tenido una corrección en sus rentas. Otros sí las han notado. No queremos que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, pero cada año están en una situación más favorable.

-P: ¿Qué se puede hacer para equilibrar esta situación y que los jóvenes mejoren sus ingresos?

-R: Hay que crear programas más efectivos de apoyo a los jóvenes, que les ayuden, que les faciliten la vida. Entre estas ayudas destacaría las dirigidas a la vivienda, que se está convirtiendo en un cuello de botella para todos, incluidos los inmigrantes. Eso es fundamental. También hay que potenciar determinados servicios sociales como guarderías. En general, las iniciativas y los programas dirigidos a los mayores tienen más recursos que los destinados a los jóvenes. Y son estos últimos los que van a seguir manteniendo la maquinaria productiva y los ingresos del Estado. Y para eso hace falta una política un poco más realista hacia las generaciones más jóvenes, sin menoscabar, necesariamente, a los mayores.

Los pensionistas deben recibir una parte de la carga que los jóvenes han soportado desde la crisis financiera, luego con el COVID, después con la guerra de Ucrania... Esas cargas se han notado mucho menos en los pensionistas. Esto no significa que las pensiones no contributivas tengan que bajarse, hay que seguir apoyándolas, pero las pensiones más altas pueden no crecer tanto cada año. No estoy diciendo que dejen de subir, pero a veces llaman la atención porque pesan mucho más que un salario medio. Lógicamente se lo han ganado y eso hay que respetarlo, pero es el crecimiento de las pensiones lo que más me preocupa.

-P: ¿Entonces cree que la decisión del Gobierno socialista de vincular la subida de las pensiones al incremento del índice de precios al consumo (IPC) ha sido una mala medida?

-R: En este momento, después de muchos años de dignificación de las pensiones, es hora de abrir el debate de hasta dónde pueden subir si no existen salarios dignos para una buena parte de la población. Esa es la clave. Es decir, no hay que ‘desdignificar’ las pensiones sino llevar a cabo un debate público para ver qué se hace con el resto de remuneraciones. Hay que acompasar las pensiones un poco más. No hay que destruir lo logrado, pero en este momento la percepción es que no están lo suficientemente acompasadas. La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los pensionistas tienen que pensar en sus nietos.

-P: Hablando de salarios, han experimentado subidas en los últimos años y una de las más elevadas ha sido la del salario mínimo interprofesional, un 60% desde 2018. Sin embargo, la percepción de los trabajadores es que han perdido poder adquisitivo. ¿A qué cree que se debe esta contradicción? ¿La vivienda tiene mucho que ver en ello?

-R: Sí. La vivienda tiene muchísimo que ver. Desde la pandemia hasta hoy hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo incrementada por la guerra de Ucrania, que generó una inflación muy importante. Es verdad que se han producido crecimientos salariales considerables, pero tenemos un problema de productividad, no crece lo suficiente para permitir un aumento salarial significativo. El gran problema es que una parte muy importante del salario se lo lleva el coste de la vivienda, que supera ampliamente ese sano porcentaje que se recomienda del 30% de los ingresos. En muchos casos alcanza el 40% o el 50% y esa es una cantidad muy elevada.

Otro punto a tener en cuenta es que no todos los salarios han subido al mismo ritmo que el salario mínimo. En determinadas ciudades, las rentas medias tienen dificultades para encontrar una vivienda asequible que no suponga un gran problema en sus finanzas familiares. Comprar o alquilar una casa en algunas ciudades de España para una familia de cuatro o cinco miembros cuesta un potosí. Todo esto hace que acceder a una vivienda quite demasiados recursos a los ciudadanos para poder desarrollar su proyecto de vida.

-P: Uno de los avances más importantes que ha conseguido España en los últimos años ha sido el aumento de la creación de empleo, hasta bajar la tasa de paro al 9.93% al cierre de 2025. ¿El conflicto en Oriente Medio puede generar una crisis que frene el ritmo de creación de puestos de trabajo?

-R: La creación de empleo está muy vinculada a lo que pasa con el producto interior bruto (PIB). Es cierto que hemos alcanzado niveles de ocupación que prácticamente no recordábamos desde 2006 y 2007 e incluso un poco más altos que en aquel momento. El producto interior bruto va a marcar mucho la agenda del empleo. Si no se resiente nuestra economía, seguiremos creando puestos de trabajo, aunque cada vez cueste más. Si hay una corrección del PIB de sólo dos o tres décimas, probablemente el empleo tendría también una corrección, pero se podrían seguir generando puestos de trabajo. Sobre todo si somos capaces de atraer nuevas inversiones extranjeras. También estamos viendo los efectos que puedan tener los acuerdos con China y otros países, porque la guerra arancelaria de Donald Trump ha hecho que busquemos otros mercados y eso puede tener a medio y largo plazo un efecto favorable sobre la economía española.

-P: En relación con el empleo, ¿cómo valora la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno? ¿Cómo afectará a nuestra economía? Según Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, sin inmigración el crecimiento de España está en riesgo. ¿Comparte esta apreciación?

-R: Desde luego. El crecimiento español de los últimos cuatro o cinco años tiene un componente fundamental: el aumento de la población inmigrante, que ha ayudado a la producción. Además son consumidores, lo que también aporta crecimiento a España. Por eso entiendo las palabras de De Guindos. Hemos permitido la llegada de muchos inmigrantes, sobre todo de América Latina, que se han amoldado muy bien a nuestro país, que han ayudado a que el sistema funcione bien. Si tenemos aquí a estas personas, que ya se han establecido, que están trabajando, que están contribuyendo y que están ayudando, lo lógico es que la regularización no fuera un problema. Con ellos hemos ganado una cierta ventaja competitiva respecto a otros países. Lo que pasa es que este tema genera una gran polémica que capta o no capta votos. Un factor importante es que hay que aumentar los servicios públicos en aquellos lugares en que se ha incrementado la población inmigrante para evitar tensiones y determinados mensajes demagógicos y populistas. En definitiva, la inmigración ha sido muy favorable para España y las cifras económicas lo demuestran cada año.

-P: España ha arrastrado durante años dos asignaturas pendientes: el déficit y la deuda. 2025 cerró con un déficit del 2,4 %, el más bajo en dieciocho años, y la deuda fue del 100,7%, la menor en seis años. ¿Empezamos a acercarnos al aprobado en estos dos indicadores o todavía nos queda un largo camino por recorrer?

-R: Si nos comparamos con otros países, probablemente lleguemos al aprobado. Lo que pasa es que debemos pensar también en el futuro de las nuevas generaciones. En qué les estamos dejando: una situación de mercado de vivienda compleja, una cierta desigualdad... Hablando de las cifras en concreto, evidentemente son las mejores en mucho tiempo. En cuanto a la deuda, tiene un nivel que no preocupa tanto porque en este momento la economía crece. Una economía al alza puede pagar su deuda sin ningún problema. Esa es una ventaja importante y lo notamos en los mercados. Los mercados de bonos para la deuda española han sido bastante benignos. Hemos vivido una situación favorable en los últimos años, lo que demuestra una cierta credibilidad de nuestras finanzas públicas. No obstante, preferiría que estuviéramos más cerca del equilibrio presupuestario.

-P: En el nuevo contexto geopolítico, ¿cuáles son ahora los principales riesgos y vulnerabilidades de la economía española?

-R: Creo que la economía española puede resistir razonablemente bien un periodo de tensión como el actual provocado por la guerra en Oriente Medio. Incluso en el tema de la energía. En España somos dependientes de petróleo y de gas, pero tenemos una elevada capacidad de refino que permite transformar petróleo en combustible de aviación. También tenemos centrales para el gas líquido. Otros países europeos no lo tienen. Eso nos ha ayudado mucho en el actual escenario geopolítico. En el ámbito energético tenemos ciertas garantías comparados con países de nuestro entorno, pero debemos evitar morir de éxito. También estamos creciendo mucho en turismo, pero nuestro modelo se está haciendo poco sostenible. Tendríamos que tener un debate nacional para ver hasta dónde queremos llevarlo. Cien millones de turistas internacionales en 2025, ¿y después qué?

-P: Tras la subida arancelaria de Donald Trump, ¿cómo valora la decisión del Gobierno español de buscar nuevos mercados en China o apoyar el acuerdo comercial UE-Mercosur?

-R: Esto es importante. Deberíamos ir de la mano de la Unión Europea, que debe ser ahora un bloque mucho más unido que nunca ante un contexto global tan complicado. No solo en el ámbito militar, que lo va a ser, sino también como modelo de competitividad. No tenemos las grandes tecnológicas, pero tenemos un modelo productivo que resiste. Lo que pasa es que a veces la Unión Europea no tiene esa capacidad de hacerlo y entonces los países tienen que buscar por sí mismos nuevos mercados. Alemania y Francia tienen una larga tradición de buscarse la vida, Italia también, en menor medida. Y en este contexto es comprensible que España busque y refuerce nuevos mercados. En el caso de China, lo entiendo, y respecto a Mercosur somos uno de los países que lo hemos potenciado por nuestra vinculación con América Latina.

Respecto a Estados Unidos y la Unión Europea, se han roto muchas relaciones de confianza y, por tanto, hay que buscar otras relaciones porque esto va para largo. Hace un año fueron los aranceles, pero luego han ocurrido muchas cosas. La última, el conflicto en Oriente Medio con una tensión enorme entre los dos bloques. Ante ello, no había más remedio que reaccionar yendo hacia otras zonas que quieran invertir y comerciar con nosotros.

-P: ¿Los españoles tenemos que empezar a apretarnos el cinturón para estar preparados ante una próxima crisis económica si el conflicto en Oriente Medio se alarga?

-R: El escenario central no es de una crisis económica a día de hoy. Después de unas semanas de gran virulencia en las acciones militares, muertos, destrucción de infraestructuras, ataques a países vecinos, una tensión enorme en el estrecho de Ormuz… hemos pasado a los anuncios de tregua, inestable pero tregua. Parece que nos estamos acercando a un escenario en el que una guerra cruenta tiene una menor probabilidad. Esto generaría un menor impacto en la inflación.

Además, los combustibles parecen que están aguantando un poco y los mercados están resistiendo bien. Si no hay un impacto grande, el crecimiento económico de España puede notarlo pero no en gran medida. Se va a notar algo, por supuesto, porque ya lo hemos detectado en las gasolineras y en algunos productos de los supermercados. Pero nada que ver, por el momento, con las subidas producidas por la guerra de Ucrania. Por ahora, el escenario central no es de apretarnos el cinturón como ocurrió tras la invasión de Ucrania.

Este domingo 3 de mayo, los colectivos Hasta Encontrarles y la Red Regional de Familias Migrantes iniciarán una jornada de difusión de fichas de búsqueda en diferentes zonas de la Ciudad de México. Invitan a personas solidarias a sumarse a la pega de fichas en cualquiera de las cuatro fechas programadas:

• Domingo 3 de mayo de 2026: Salida a las 10:00 horas desde la estación Metro Villa de Cortés (Línea 2, azul).
• Martes 5 de mayo de 2026: Salida a las 10:00 horas desde la estación Metro Garibaldi (Línea 8, verde).
• Jueves 7 de mayo de 2026: Salida a las 10:00 horas desde la estación Metro La Villa Basílica (Línea 6, roja).
• Sábado 9 de mayo de 2026: Salida a las 10:00 horas desde la estación Metro Tezonco (Línea 12, dorada).

“Las Madres llegaremos a la final”

En el contexto de la próxima inauguración del Mundial 2026, prevista para el 11 de junio, las madres buscadoras de distintos colectivos participarán en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional: madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia.

El llamado se extiende a las familias de personas desaparecidas, colectivos y a la afición: “Este 10 de mayo no hay nada que festejar, porque las madres de México estamos jugando el encuentro más difícil de la justicia”.

Las madres señalan que “el partido final es la verdad y el único trofeo que importa es que nuestros hijos e hijas regresen a casa. Por eso, hacemos un llamado urgente para que la afición se una a nuestro equipo.

Necesitamos su aliento en las calles para ganar este marcador contra el olvido”. La cita para esta marcha será el domingo 10 de mayo a las 10:00 horas, con partida desde el Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

Jornada de pega de fichas de búsqueda en Jalisco

En Jalisco, otra de las ciudades sede del Mundial 2026 y con una crisis de personas desaparecidas persistente, el colectivo Luz de Esperanza realiza cada domingo jornadas de pega de cédulas de búsqueda.

Este domingo 03 de mayo, la actividad se desarrollará en la Glorieta de las y los Desaparecidos desde las 9:30 horas, con entrega de juguetes a niñas y niños víctimas de la desaparición de familiares. Posteriormente, a las 12:30 horas, se llevará a cabo una cascarita por la justicia.

Estas acciones, organizadas por familiares y personas solidarias, buscan visibilizar la crisis de desapariciones que atraviesa el país y exigir justicia en cada desaparición.

Esta semana, la Policía Nacional ha llevado a cabo la expulsión de 21 personas extranjeras con múltiples antecedentes penales, la mayoría de ellas activas en Barcelona y su entorno metropolitano. Todas se encontraban en situación irregular en España y su salida se ha producido en cumplimiento de la Ley de Extranjería.

Según el comunicado difundido por la Policía Nacional, los expulsados acumulaban más de 170 antecedentes por delitos contra el patrimonio, incluyendo robos con fuerza, robos con violencia y hurtos. Además, figuran delitos contra la salud pública, detenciones ilegales y tentativas de homicidio. Siete de los individuos presentaban antecedentes por violencia en el ámbito familiar y uno más por agresión sexual.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a través de la Unidad Central de Repatriaciones (UCR), ha sido el órgano encargado de ejecutar estas expulsiones. Para que la repatriación fuera posible, primero se tramitaron los decretos de expulsión necesarios desde la Subdelegación del Gobierno, o, en su caso, la orden de expulsión judicial correspondiente. Los agentes solicitaron autorización a todos los juzgados donde los afectados tenían causas pendientes y realizaron gestiones para documentar a estas personas en sus respectivos consulados. Algunos de los expulsados permanecían en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona a la espera de la resolución de sus expedientes. Otros fueron detenidos con el objetivo de proceder a la salida del país.

3.398 personas fueron expulsadas de España en 2025

En el último año, la Policía Nacional ha ejecutado 3.398 expulsiones de migrantes, cifra que supera en un millar a la registrada en 2021. Según datos proporcionados a la Agencia EFE por el Ministerio del Interior, en 2025 se efectuaron 3.398 procesos de deportación, frente a las 3.031 de 2024, las 3.090 de 2023, las 2.627 de 2022 y las 2.025 de 2021. La tendencia al alza se observa desde las 1.834 expulsiones de 2020, año marcado por la pandemia.

Fuentes policiales especializadas en la lucha contra la migración irregular señalan que el número de expulsiones sigue siendo bajo si se tiene en cuenta el total de migrantes en situación irregular. En la mayoría de los casos en España, las personas repatriadas son ciudadanos de Hispanoamérica, principalmente dominicanos, ecuatorianos y colombianos. Las personas de origen africano representan una minoría, y en torno al 90% de estos casos corresponden a individuos con antecedentes penales o policiales. También existen situaciones en las que algunos extranjeros solicitan voluntariamente la repatriación en sus respectivos consulados.

De acuerdo con datos de Eurostat, España figura entre los países europeos que más órdenes de salida emite a migrantes irregulares. Sin embargo, aunque en 2024 se dictaron 51.025 órdenes, finalmente solo se materializaron poco más de 3.000. En 2025, se emitieron 53.695 órdenes de deportación, pero finalmente se ejecutaron solo 3.398.

En 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado iniciaron el procedimiento de expulsión para 3.398 extranjeros, un 12% más que el año anterior. Entre 2021 y 2025, el Ministerio del Interior ha contabilizado un total de 14.171 expulsiones ejecutadas por la Policía Nacional. Los procedimientos incluyen motivos diversos relacionados con la seguridad nacional, sin contabilizar las devoluciones inmediatas de migrantes en situación irregular.

La Ley de Extranjería otorga a la Policía Nacional la competencia exclusiva en la tramitación de estos expedientes, que según la situación de la persona afectada pueden ser ordinarios o preferentes. Todos los procedimientos contemplan la posibilidad de ser disputados mediante la presentación de un recurso judicial, por lo que la decisión final depende de un juez. Además, el artículo 89 del Código Penal abre la opción de sustituir la pena de prisión superior a un año por la expulsión directa a su país, salvo en el caso de extranjeros con más de diez años de residencia en España, para quienes la condena mínima se eleva a cinco años y se valora el riesgo de reincidencia.

Las cifras europeas de deportación

Entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercero de 2025, los países de la Unión Europea emitieron un total de 480.775 órdenes de salida para migrantes en situación irregular, pero solo se materializaron 119.615 retornos efectivos a terceros países. La tasa media de ejecución durante este periodo se situó cerca del 25%, dejando a 361.160 personas con una orden de salida pendiente de cumplimiento.

El desglose trimestral muestra cierta estabilidad en la proporción de órdenes ejecutadas. Entre octubre y diciembre de 2024 se emitieron 124.935 órdenes y se realizaron 28.630 retornos (23%). En el primer trimestre de 2025, las órdenes ascendieron a 123.905, con 28.475 retornos (23%). Entre abril y junio se contabilizaron 116.495 órdenes y 28.355 expulsiones efectivas (24%). El tercer trimestre de 2025 registró 115.440 órdenes y 34.155 retornos, lo que elevó la tasa al 30%, la cifra más alta del periodo, aunque la media general se mantuvo por debajo del 25%.

En el caso español, el reto es especialmente notable. Durante el segundo trimestre de 2025, España emitió 14.545 órdenes de salida, situándose como el segundo país de la UE en volumen, solo por detrás de Francia. Sin embargo, la tasa de ejecución efectiva se mantuvo en el 13% en el tercer trimestre, una de las más bajas de la Unión, similar a la de Grecia (14%) y por debajo de la media europea. Considerando los primeros tres trimestres del año, la tasa española ronda el 11%, lo que implica que la mayoría de las órdenes no se traducen en retornos efectivos.

La Organización Médica Colegial (OMC) ha mostrado este jueves su “profunda preocupación” por el aluvión de homologaciones de títulos de Medicina extranjeros. En el año 2025, España ha concedido 30.303 homologaciones médicas, cifra que casi quintuplica el número de egresados de las universidades nacionales.

El país acumulaba desde el año 2014 un atasco en la homologación de títulos extranjeros. El endurecimiento de los procesos, sumado a la falta de funcionarios, generó largas listas de espera en el sistema, dificultando a los extranjeros trabajar como titulados en el país. En el último año, sin embargo, la tendencia se ha revertido: el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades logró validar 65.000 títulos universitarios en solo un año. De ellos, 30.303 correspondían a médicos.

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Con el empujón a las homologaciones, se ha producido una “descompensación” entre los médicos formados en territorio nacional y aquellos educados en el extranjero. El problema, según la OMC, es que el sistema español de homologación es demasiado laxo. “Es el único sistema que no exige examen de conocimientos clínicos, ni práctica supervisada, ni intervención colegial en el proceso de habilitación para el ejercicio”, denuncian en un reciente informe.

La organización colegial exige crear un examen que evalúe las competencias clínicas de estos facultativos antes de homologar su formación. Proponen implementar un sistema similar a la ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada), prueba que pasan los estudiantes de medicina y enfermería desde el año 2015, basada en un examen oral-práctico que evalúa las competencias de los graduados. El objetivo, según la OMC, es “pasar de una homologación exclusivamente administrativa a una homologación clínica reforzada, que certifique que todos los médicos que ejercen en España cuentan con las competencias clínicas mínimas exigibles para una práctica segura”.

El sistema de homologación más laxo de Europa

Actualmente, España cuenta con el sistema de homologación más laxo de Europa y uno de los más sencillos del mundo, según la organización colegial. Países como Alemania, Francia o Reino Unido exigen ya una acreditación clínica y una evaluación de competencias para reconocer títulos extranjeros en Medicina. En España, en cambio, el procedimiento es “estrictamente documental y administrativo”.

“A ojo de cualquiera, es una gran injusticia que hagamos atravesar a los chavales un bachiller extraordinariamente duro para adquirir unas notas extraordinariamente elevadas para poder ingresar en una Facultad de Medicina, para atravesar un periplo de 6 años de carrera más un examen de grado tremendo y pasar una ECOE final y que de repente, sin planificación, aparezcan en solo un año 30.000 médicos”, ha expresado Tomás Cobo, presidente de la OMC.

Un “cuello de botella” en el MIR

La organización advierte que el aluvión de homologaciones tendrá un “impacto brutal” para las pruebas MIR, imprescindibles para poder ejercer una especialidad en el sistema público. Los exámenes de acceso a la residencia médica ofrecen cada año unas 9.000 plazas, insuficientes para acoger a todos los aspirantes que se presentan.

En 2026, han sido más de 15.000 los candidatos al MIR, pero el próximo año, podrían unirse los más de 30.000 homologados. Las pruebas reservan un 10% a aspirantes extracomunitarios, pero muchos de estos aspirantes podrían acceder al 90% si cuentan con la residencia legal en España. “En vez de una ratio de 2 a 1 para alcanzar una plaza de formación médica especializada, se convertirá en por lo menos 20”, ha expuesto la vicepresidenta de la OMC, Isabel Moya. Para la OMC, la solución no es el cierre del sistema de homologación, sino equiparar las exigencias en España a lo que se requiere en otros países.

El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, Adrián Sánchez, dio a conocer, el pasado miércoles, la identidad de tres personas detenidas la tarde del pasado martes, por secuestrar y mantener cautivos por la fuerza a dos migrantes provenientes del estado de Oaxaca.

Se trata de Jorge Alfredo E. V. de 39 años, Antonio M. R. de 26 y María Fernanda F. R. de 23, quienes fueron detenidos en una casa de la calle Tres Jacales, de la colonia Toribio Ortega, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los presuntos delicuentes, se dio a conocer, forman parte del grupo delictivo La Línea y recibían órdenes de un sujeto que se encuentra identificado por las autoridades, que ya lo buscan.

Al momento de la captura de los tres sujetos, se les aseguraron dos teléfonos. Los detenidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, acusados del delito de secuestro.

¿Cómo ocurrió el rescate de las víctimas secuestradas?

El pasado martes, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, llevaron a cabo el rescate de dos ciudadanos mexicanos que habían sido víctimas de secuestro, logrando también la detención de tres personas, presuntamente involucradas con el delito.

La intervención ocurrió cuando los agentes realizaban labores de vigilancia y prevención, y dos sujetos se acercaron a los elementos policiacos, solicitando su ayuda.

Ante la urgencia de su petición, los policías se detuvieron para atender la situación. Durante la entrevista, los hombres, originarios de Oaxaca, revelaron que habían estado privados de su libertad por ocho días en un domicilio, donde varias personas los mantenían cautivos con el propósito de ayudarles a cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Con esa información de las víctimas, los agentes se dirigieron a la vivienda donde habían estado retenidas ambas personas.

Al llegar al lugar, los policías vieron a una mujer y dos hombres saliendo del domicilio señalado, mismos que fueron identificados por las víctimas como responsables de haberles grabado con teléfonos celulares bajo amenazas, con el objetivo de exigir un rescate a sus familiares.

Por ello, los policías detuvieron a las tres personas, quienes, tras la lectura de sus derechos, fueron puestas a disposición para enfrentar cargos por su presunta participación en el secuestro.

Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos falló en contra de una política del Gobierno de Donald Trump que ordenaba la detención obligatoria, sin derecho a fianza, de migrantes arrestados por autoridades migratorias.

La decisión fue tomada de manera unánime por los jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, quienes rechazaron la interpretación del Ejecutivo sobre la ley migratoria vigente.

En su resolución, el tribunal advirtió que aceptar esta política habría significado “el mandato más amplio de detención masiva sin derecho a fianza en la historia” del país, con consecuencias profundas tanto para el sistema judicial como para la sociedad.

Los magistrados señalaron que la medida habría incrementado la presión sobre una infraestructura de detención ya saturada, además de provocar separación de familias y afectar la estabilidad de comunidades migrantes en todo el país.

La política cuestionada, adoptada el año pasado, establecía que cualquier persona que ingresara de forma irregular a Estados Unidos debía permanecer detenida durante todo su proceso migratorio, sin importar el tiempo que llevara en el país. Esto representó un cambio frente a prácticas anteriores, donde la detención sin fianza se aplicaba principalmente en casos específicos, como riesgos a la seguridad pública o detenciones en la frontera.

Como resultado de estas medidas, la población en centros de detención migratoria ha alcanzado niveles históricos. En enero de este año, más de 70.700 migrantes se encontraban bajo custodia, según datos oficiales.

Habeas Corpus

La situación también ha generado una ola de recursos legales. Miles de migrantes han presentado solicitudes de habeas corpus en cortes federales, con un promedio de 200 nuevos casos diarios, especialmente en estados como California y Texas, de acuerdo con reportes del medio ProPublica.

El alcance del fallo es limitado, ya que aplica únicamente en los estados bajo la jurisdicción del Segundo Circuito: Nueva York, Connecticut y Vermont. En contraste, otros tribunales federales han respaldado la política migratoria en distintas regiones del país, lo que deja abierto un escenario de decisiones judiciales contradictorias.

En paralelo, el tema migratorio también se debate en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se analizan casos relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa clave para miles de migrantes.

Desde Washington D. C., el representante de la Asociación Hondureña Estadounidense, Jay Miranda, advirtió que "más de 55 mil hondureños ya han perdido este beneficio, lo que ha provocado la pérdida de empleos y estatus legal para muchas familias".

El TPS, vigente desde 1991 y otorgado a hondureños tras el huracán Mitch en 1998, depende de evaluaciones del Departamento de Seguridad Interna sobre las condiciones del país de origen. El debate actual gira en torno a si el Ejecutivo puede cancelar este beneficio de forma unilateral.

Remesas y TPS

Miranda alertó que, de “confirmarse la potestad del Gobierno para eliminar el TPS, hasta 1,3 millones de personas de 17 países podrían quedar sin protección migratoria, lo que representaría la mayor pérdida de estatus legal en la historia reciente del país".

Además del impacto social, también se anticipan efectos económicos significativos. La comunidad hondureña bajo TPS aporta miles de millones de dólares a la economía estadounidense y envía importantes remesas a Honduras.

Los hondureños amparados por TPS generan alrededor de 1.500 millones de dólares anuales en la economía de Estados Unidos y más de 300 millones en impuestos. Una eventual cancelación no solo afectaría a miles de familias, sino también a dos economías estrechamente vinculadas.

El suceso que ha dejado impactado a miles de personas en redes sociales, salió a la luz ayer por la tarde cuando el sindicato mayoritario de la Policía Nacional (@JupolNacional) publicó el video donde se veían a cientos de personas trepando el muro de la institución. “No, no es África: es la embajada de Gambia en Madrid”, se leía en el post.

Los agentes de la Policía Nacional acudieron sobre las 10 de la mañana tras detectar intentos de asalto al edificio. No obstante, una vez llegaron hasta el edificio institucional, el ambiente se calmó y se restableció el órden. El sindicado del cuerpo nacional asegura que esta acción ha sido “consecuencia del proceso de regularización de personas extranjeras en situación irregular impulsado por el Gobierno, que está generando un auténtico caos en buena parte del país, algo totalmente previsible, por otro lado”, escribían a continuación.

Qué ha dicho la embajada

Por su parte, la embajada de Gambia ha asegurado que lo sucedido ayer es un “incidente puntual”, al tratarse de un pequeño grupo que intentó acceder a las instalaciones fuera de los procedimientos establecidos. También han explicado que la aglomeración de solicitantes responde a la frecuencia habitual de los servicios consulares.

Al parecer, el equipo encargado de tramitar pasaportes se desplaza periódicamente desde Banjul, lo que provoca acumulaciones de solicitudes entre visita y visita. Esto, inevitablemente, da lugar a picos de demanda y largas colas, como las observadas ayer. Aun así, la embajada se ha comprometido a reforzar las medidas de gestión y seguridad para evitar situaciones similares en el futuro.

“Caos” en Murcia

Aunque no hubo heridos ni detenidos por lo ocurrido, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha calificado el incidente como “preocupante”, además de criticar el proceso de regularización migratoria que se aprobó hace unas semanas. Asimismo, considera que “estamos dando una imagen de país que es un auténtico caos, un proceso de regularización que ya nació mal y que estamos viendo cómo está saturando los servicios de muchísimos ayuntamientos y viendo imágenes tan preocupantes como la de ayer”, ha valorado hoy el consejero.

Las palabras de García Martín hacen referencia, del mismo modo, a lo ocurrido en la asociación Rumiñahui en Murcia, otro episodio denunciado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). El centro también es una de las instituciones encargadas de expedir certificados de vulnerabilidad y aunque suele haber aglomeraciones, lo ocurrido ayer aumentó la tensión. Los trabajadores del centro aseguran que atienden diariamente a 200 personas y que están completamente desbordados, ya que siempre queda gente sin atender.

Esto ha provocado que muchos migrantes pasen largas horas alrededor de la oficina e incluso esperen en el lugar con cartones y colchones para pasar la noche. Ante este episodio, el PSOE del municipio ha afirmado que lo ocurrido también fue un hecho puntual. Además, según Onda Regional, el partido asegura que los únicos puntos de la provincia en los que se han visto estos problemas son aquellos liderados por el PP.

El gobierno federal ha ratificado el acceso al IMSS y otros apoyos para migrantes mexicanos repatriados desde Estados Unidos a través de de la estrategia “México Te Abraza”.

Durante el último año, más de 189 mil personas han regresado al país, en el marco del endurecimiento de la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos lo que ha generado un aumento de deportaciones.

El objetivo de la estrategia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca ofrecer apoyos inmediatos y facilitar la reintegración social y económica de quienes retornan.

Apoyos disponibles para migrantes repatriados

Entre enero de 2025 y marzo de 2026, la estrategia coordinó la entrega de más de un millón de servicios a través de 34 dependencias federales. Los apoyos brindados incluyen:

• Alimentación y bebidas al arribo.
• Llamadas telefónicas gratuitas para contactar familiares.
• Orientación jurídica y apoyo en traslados internos.
• Copias certificadas de actas de nacimiento y CURP (más de 93 mil documentos emitidos).
• Tarjetas Bienestar Paisano con 2 mil pesos para ayuda en traslados (114.800 entregadas).
• Incorporación a programas sociales (42.400 personas).
• Atención médica general (57 mil personas).
• Asesoría en regularización de tierras, acceso a vivienda y temas agrarios (13.600 asesorías).
• Tarjetas de Financiera para el Bienestar para facilitar la recepción de remesas (30.900 tarjetas).
• Atención especializada del DIF a mujeres, niñas, niños y adolescentes en retorno (más de 11 mil personas).

Además, un total de 130.414 personas han sido atendidas en los Centros de Atención, distribuidos en once puntos fronterizos, así como en Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas.

Acceso al IMSS: beneficios, requisitos y cómo solicitarlo

El decreto presidencial vigente permite a los migrantes repatriados afiliarse al IMSS por un periodo de hasta tres meses, con derecho a todas las prestaciones, incluyendo seguro de enfermedades y maternidad. Este beneficio puede concluir antes si así lo solicita el beneficiario.

Para solicitar la afiliación al IMSS como repatriado, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

• Contar con CURP vigente.
• Tener un número de seguridad social (vigente o recuperado).
• Realizar el pago de cuotas desde Estados Unidos a través del portal institucional. El pago puede ser mensual, bimestral, semestral o anual.

98.600 personas retornadas ya han sido afiliadas bajo esta modalidad que también cubre a beneficiarios legales. Además, 19.500 mexicanos residentes en el extranjero realizaron el trámite en línea; de ellos, 2.300 cumplieron los requisitos para acceder a una jubilación.

Pasos para la afiliación al IMSS:

1. Ingresar al portal institucional del IMSS. 2. Registrar la CURP y el número de seguridad social. 3. Elegir el periodo de pago y realizar el pago correspondiente. 4. Descargar e imprimir el comprobante de afiliación.

Apoyos para vivienda y empleo formal

El Infonavit amplió la posibilidad de que las personas repatriadas retomen pagos de créditos de vivienda previos o comiencen a cotizar nuevamente. Además, el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Trabajo han facilitado la colocación formal de 14.228 repatriados en empleos en distintos estados.

Opciones de apoyo para empleo y vivienda:

• Reactivación o inicio de créditos de vivienda con Infonavit.
• Asesoría personalizada sobre opciones de vivienda.
• Acceso a ofertas de empleo formal a través del Servicio Nacional de Empleo.
• Acompañamiento durante el proceso de reintegración económica.

Centros de atención y operación permanente

La estrategia de repatriación dispone de un Centro de Mando en la Secretaría de Gobernación, disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Hasta la fecha, se reporta saldo blanco en las operaciones de atención.

Las autoridades subrayan que el objetivo es garantizar una bienvenida digna y humana para todas las personas repatriadas, facilitando su acceso a servicios, apoyos y programas que les permitan iniciar de nuevo en su país.

EL gobierno también puso a disposición de los paisanos retornados un número de atención y un chatbot con orientación y servicios dirigidos a la comunidad migrante.

De acuerdo con el representante de ACNUR, Christian Carrillo, actualmente residen en el Perú cerca de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos. Dentro de ese grupo, una parte significativa no solo busca oportunidades económicas, sino también garantías para su seguridad y la de sus familias.

El dato es relevante porque evidencia que no todos los migrantes llegan en las mismas condiciones. Mientras algunos se insertan en el mercado laboral, otros recurren a mecanismos legales de protección al considerar que no pueden regresar a su país.

En ese contexto, el sistema de refugio se ha convertido en una vía clave para miles de extranjeros, aunque solo una pequeña parte ha logrado obtener ese reconocimiento formal hasta el momento.

Refugio, trabajo y aporte económico

Aunque más de medio millón de venezolanos ha solicitado refugio, en el Perú solo más de 7 mil cuentan actualmente con ese estatus reconocido. Se trata de personas cuya vida, libertad o integridad podrían estar en riesgo si retornan a su país.

Más allá de la situación legal, ACNUR subraya que esta población tiene un impacto en la economía peruana. Según explicó Carrillo, el aporte de los refugiados supera la inversión que realiza el Estado en ellos.

El representante de la agencia indicó que por cada sol destinado a un refugiado, el retorno puede ser casi tres veces mayor en términos de ingresos fiscales. Este dato busca contrarrestar la percepción de que la llegada de migrantes representa únicamente una carga para el país.

En esa línea, ACNUR ha lanzado la campaña “Solidaridad +51”, con el objetivo de visibilizar el aporte de los extranjeros, especialmente de los venezolanos, en distintos sectores de la sociedad peruana.

Restricciones en Chile podrían agravar la crisis migratoria

Mientras el Perú enfrenta el desafío de atender a una alta población de migrantes, nuevas medidas en la región podrían intensificar la llegada de personas a sus fronteras. En Chile, el gobierno ha impulsado un plan de control que incluye la construcción de barreras físicas en la zona norte.

Para el internacionalista Ramiro Escobar, este tipo de políticas podría generar un efecto inmediato: la acumulación de personas en la frontera con el Perú, especialmente en la zona de la Concordia.

El especialista advirtió que el endurecimiento de los controles no elimina el flujo migratorio, sino que puede redirigirlo. En ese escenario, cientos de extranjeros podrían quedar varados o intentar ingresar a territorio peruano.

Esta situación no solo plantea un reto logístico, sino también humanitario. La concentración de personas en zonas fronterizas suele estar acompañada de falta de servicios básicos y ausencia de mecanismos claros de atención.

Perú y los retos de la migración

El posible impacto de estas medidas en Chile se suma a una realidad ya compleja en el Perú. Según Escobar, las características de las fronteras peruanas facilitan el ingreso irregular, lo que podría intensificarse si otros países endurecen sus políticas.

En ese contexto, el país podría enfrentar un aumento en el número de migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan continuar su tránsito o establecerse.

El analista también puso en duda la efectividad de medidas basadas únicamente en el control físico, al señalar que la migración irregular ya había disminuido en Chile sin necesidad de este tipo de intervenciones.

Además, advirtió que propuestas como la expulsión masiva de extranjeros en situación irregular resultan difíciles de aplicar en la práctica.

La Policía Nacional ha desmantelado en Roquetas de Mar (Almería) una red acusada de gestionar contratos laborales falsos y altas irregulares en la Seguridad Social para regularizar a ciudadanos extranjeros y acceder de forma ilícita a prestaciones públicas.

La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido ha llevado a cabo la investigación, que ha terminado con la detención de cinco personas: la administradora de una empresa de limpieza considerada ficticia por la Inspección de Trabajo y cuatro supuestos empleados. Según ha explicado la Policía Nacional, la principal implicada, una empresaria de nacionalidad española, cobraba entre 3.000 y 3.500 euros por cada contrato laboral simulado y exigía cuotas mensuales de entre 420 y 620 euros para mantener las altas ficticias en la Seguridad Social.

Delitos de falsedad documental y facilitación de la inmigración irregular

Durante la operación, los agentes identificaron cinco contratos laborales simulados, correspondientes a tres ciudadanos senegaleses y dos españoles, quienes admitieron no haber desempeñado funciones en la empresa investigada. Dos de estas personas utilizaron las cotizaciones falsas para solicitar prestaciones por desempleo, logrando percibir de forma indebida 7.823 euros.

A la administradora se le imputan delitos de falsedad documental, facilitación de la inmigración irregular, fraude a la Seguridad Social y estafa.

La investigación comenzó a partir de una alerta de la Unidad de Análisis Avanzado de Datos para la Prevención del Fraude en Almería, tras detectar el alta de un ciudadano extranjero en la empresa investigada.

(Con información de Efe y Europa Press)

La regularización extraordinaria de migrantes avanza desde que el pasado 20 de abril se habilitó la atención presencial, pero el principal reto sigue siendo el colapso de muchos servicios sociales, sobrecargados por la alta demanda de informes de vulnerabilidad, obligatorios para quienes no puedan acreditar un contrato de trabajo en España o no tengan hijos menores a su cargo. Desde el movimiento Regularización Ya advierten que algunos ayuntamientos “no están a la altura”, ya que están imponiendo un “menú a la carta” con condiciones como el padrón, lo que genera un escenario desigual y complica el acceso.

“Las instrucciones han sido bastante claras por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El problema es que cada administración las está interpretando como le da la gana”, dice a Infobae Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya. Hay ayuntamientos, explica, que no están emitiendo los certificados de vulnerabilidad porque solo atienden a personas que figuran en el padrón municipal. “Aunque los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a quienes residen en su territorio, en la práctica cada municipio aplica sus propios criterios, se lo toman como un menú a la carta y estamos a merced de cómo lo interpreta cada servicio social, lo que supone un gran problema”, añade la activista.

La plataforma advierte que las entidades sociales encargadas de emitir los certificados de vulnerabilidad, inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, no son suficientes para cubrir la demanda y piden “responsabilidad” a las instituciones responsables. También critican que grandes organizaciones como Cruz Roja o Cáritas, que reciben fondos públicos y europeos, tardan en inscribirse en el registro de colaboradores, lo que retrasa la emisión de estos informes. “Las entidades pequeñas están asumiendo una gran carga de trabajo y no dan abasto”, insisten.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de junio

Regularización Ya advierte que las trabas administrativas y la falta de una aplicación uniforme amenazan con dejar fuera del proceso a numerosas personas, mientras el plazo para presentar solicitudes continúa fijado en el 30 de junio.

Para poder obtener un permiso de residencia y trabajo, los solicitantes deben demostrar que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses. Además, uno de los requisitos generales es no contar con antecedentes penales, ni aquí ni en el país de origen.

La autorización concedida tendrá una validez inicial de un año y, al finalizar ese periodo, las personas deberán integrarse en las figuras ordinarias contempladas en el Reglamento de Extranjería. Además, este procedimiento no habilita para establecerse ni trabajar en otros países de la Unión Europea.

El futuro de miles de hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos podría definirse esta semana, con el anuncio pendiente de una decisión fundamental de la Corte Suprema sobre la continuidad del programa y el alcance legal para su cancelación.

El presidente de la Asociación Hondureña Estadounidense, Jay Miranda, explicó que el caso no solo involucra la permanencia del TPS para Honduras: también plantea un debate constitucional sobre los límites del poder presidencial frente a la revisión judicial.

Miranda indicó: “Son unos 55 mil hondureños con TPS, y es un impacto económico notable que tendría Estados Unidos si se cancela el programa; eso es lo que se va a tratar este miércoles”.

Decisión Clave

Según Miranda, la discusión central que analizará la Corte Suprema es si el Poder Judicial puede intervenir o frenar decisiones del Ejecutivo en materia migratoria, particularmente en la terminación de programas como el TPS.

Agregó: “El gobierno argumenta que estas decisiones son potestad del Ejecutivo y que los jueces no deben intervenir. En febrero se canceló el TPS para más de cincuenta y cinco mil hondureños”.

El fallo, que se espera con gran expectativa, podría impactar también a ciudadanos de al menos 17 países que actualmente están bajo algún tipo de protección migratoria en Estados Unidos. El TPS opera como una vía para que miles de migrantes trabajen y residan legalmente tras crisis en sus países de origen.

Honduras- Estados Unidos

Miranda mencionó que han observado el interés del Gobierno hondureño por dar seguimiento al tema y se refirió al acercamiento con autoridades diplomáticas.

“Vemos con positividad que el Gobierno de Asfura les está dando atención”, afirmó.

Además, expuso que recientemente mantuvo reuniones con el embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Florés Bermúdez, con la finalidad de coordinar esfuerzos a favor de los beneficiarios del TPS.

“Por eso nosotros hemos ofrecido al embajador y a la Cancillería trabajar en conjunto para ayudar a nuestra gente tepesiana que está ahorita al borde”, explicó.

Preocupación latente

El representante advirtió que la actual incertidumbre genera preocupación entre los beneficiarios, quienes buscan alternativas legales ante la posibilidad de perder su estatus migratorio.

“Ahorita nuestra gente tepesiana no está protegida. Cuando no están protegidos, se desesperan y empiezan a buscar abogados, a organizaciones, y muchas veces algunos abogados los estafan: no les dan soluciones o les ofrecen falsas promesas”, alertó.

La decisión de la Corte Suprema tendría la capacidad de establecer un precedente legal en Estados Unidos respecto a la intervención del Poder Judicial en decisiones migratorias del Ejecutivo, un asunto que ha alimentado el debate político y jurídico en los últimos años.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a seis años y nueve meses de prisión a un joven argelino por pilotar una lancha con 26 migrantes desde las costas de Argelia hasta el litoral murciano en condiciones que ponían en grave riesgo sus vidas. La Sala descarta que fuera un pasajero más, como sostenía la defensa, y concluye que era el patrón de la embarcación, responsable de una travesía clandestina sin las mínimas garantías de seguridad.

La resolución, dictada por la Sección Tercera, se apoya en una prueba que el tribunal califica de sólida y coherente, especialmente en el seguimiento continuo realizado por un helicóptero de la Guardia Civil, cuyos agentes no perdieron de vista en ningún momento al piloto de la lancha, desde su localización en alta mar hasta su detención en tierra.

Los hechos se remontan al 9 de mayo de 2025. Aquella mañana, una embarcación semirrígida con unas 26 personas a bordo fue detectada a menos de doce millas náuticas de la costa murciana. Procedía de Argelia y se dirigía a tierra firme con el objetivo de introducir a sus ocupantes en territorio español al margen de cualquier control fronterizo.

El piloto condujo la lancha hasta una cala del litoral, donde 22 de los ocupantes se lanzaron al agua para alcanzar la playa a nado. De ellos, al menos 18 fueron localizados posteriormente, todos de nacionalidad argelina y cuatro de ellos menores de edad.

Tras ese primer desembarco, la embarcación retomó la marcha con cinco personas a bordo. El intento de huida concluyó poco después, cuando la lancha embarrancó en otra zona de la costa. Los ocupantes trataron entonces de escapar a pie, pero el piloto fue interceptado tras una persecución guiada desde el aire.

La identificación del patrón

El eje del juicio giró en torno a una cuestión esencial: determinar si el acusado era quien pilotaba la embarcación o, por el contrario, un migrante más. La Sala no alberga dudas.

La sentencia otorga especial valor a la declaración del comandante del helicóptero, que identificó desde el aire al piloto —por su posición en la embarcación y por rasgos físicos y de vestimenta— y aseguró que no lo perdió de vista en ningún momento. Esa identificación continuada, sin interrupciones, se convierte en el elemento decisivo.

A ese testimonio se suman las declaraciones de los otros agentes y el material gráfico incorporado al atestado, que permite situar al acusado en el puesto de mando durante distintos momentos de la travesía. El tribunal considera, por ello, que la versión exculpatoria carece de respaldo y resulta incompatible con la prueba practicada .

Una travesía sin las mínimas condiciones

La gravedad del caso no reside solo en la introducción irregular de migrantes, sino en la forma en que se llevó a cabo. La embarcación, de pequeño tamaño, iba sobrecargada y carecía de cualquier elemento de seguridad: ni chalecos salvavidas, ni bengalas, ni botiquín, ni provisiones suficientes para un trayecto de varias horas.

Las imágenes incorporadas al procedimiento muestran a más de una veintena de personas hacinadas en una lancha descubierta, en una travesía entre continentes que, en palabras del tribunal, comportaba un riesgo evidente para la vida de todos los ocupantes.

Esa circunstancia permite aplicar el subtipo agravado del delito, previsto para los supuestos en los que la conducta genera un peligro concreto para las personas transportadas.

Un acusado reincidente

El acusado no era ajeno a este tipo de actividades. La sentencia recuerda que ya había sido condenado en 2024 por un delito de tráfico ilegal de personas, lo que activa la agravante de reincidencia.

Ese antecedente no solo incrementa la pena, sino que refuerza, a juicio de la Sala, la idea de que el acusado no actuaba como un simple pasajero, sino que contaba con conocimientos y experiencia en la conducción de este tipo de embarcaciones en travesías clandestinas.

El delito de favorecimiento de la inmigración irregular con riesgo para la vida está castigado con penas de entre cuatro y ocho años de prisión. Al concurrir la agravante de reincidencia, la horquilla se desplaza a su mitad superior.

Dentro de ese margen, la Audiencia fija la pena en seis años y nueve meses de prisión. Una condena que, según razona el tribunal, resulta proporcionada si se tiene en cuenta el número de personas transportadas —26 en total— y el nivel de riesgo asumido durante la travesía. También impone al acusado el pago de las costas.

La resolución se alinea con una doctrina consolidada en esta materia: el delito se consuma con la mera realización de actos que faciliten la entrada irregular, sin necesidad de que esta llegue a materializarse plenamente.

Pero, en este caso, la Sala va más allá y subraya el componente de riesgo. Transportar a más de una veintena de personas en una embarcación precaria, sin medidas de seguridad y a lo largo de una travesía entre las costas africanas y españolas, constituye —concluye— una conducta de especial gravedad que justifica sobradamente la condena impuesta.

Las mujeres migrantes que se dedican al sector de los cuidados, la limpieza y el trabajo doméstico en Europa enfrentan una alta exposición al estrés laboral, la violencia y el acoso, factores que se ven agravados por la precariedad, la informalidad y la invisibilidad social de estos trabajos. Así lo refleja un informe elaborado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), que revela cómo estas condiciones abren la puerta a la violencia, el acoso y la discriminación, con graves consecuencias para la salud y el bienestar de estas mujeres.

El informe, titulado Riesgos psicosociales y condiciones laborales de las mujeres migrantes en el trabajo de cuidados, limpieza y tareas domésticas, aplica una perspectiva interseccional, considerando cómo el género, el estatus migratorio, la etnia, el nivel de cualificación y la precariedad laboral se combinan para agravar la exposición al estrés y el acoso.

Entre los aspectos analizados, el informe detalla que la organización del trabajo y la doble discriminación —por género y condición migratoria— intensifican los riesgos psicológicos y sociales. La EU-OSHA destaca que la ausencia de regulación en el sector y la dificultad para acceder a la información sobre derechos laborales incrementan la desprotección. En palabras del organismo, “la exposición a riesgos psicosociales se intensifica debido a la inestabilidad laboral, la precariedad contractual y la escasa regulación del sector”.

Programas de apoyo

Para mitigar estos riesgos, el informe propone el desarrollo de iniciativas dirigidas a empleadores y agentes sociales, entre ellas, programas de apoyo entre iguales culturalmente sensibles, acceso a información sobre derechos laborales y medidas para mejorar la comunicación y la confianza entre trabajadoras migrantes. A su vez, recomienda que la información se ofrezca en los idiomas de origen y en formatos accesibles para quienes tienen bajo nivel de alfabetización, con el objetivo de facilitar el conocimiento de derechos y reducir la exposición a los factores de riesgo.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo subraya la importancia de una planificación interactiva de horarios en tareas de limpieza, cuidados y trabajo doméstico, ya que esto puede aliviar el conflicto entre vida laboral y personal y favorecer el bienestar de las trabajadoras. Además, resalta que los programas de gestión de la diversidad, como la formación en competencia cultural para supervisores, pueden mejorar el trabajo en equipo y reducir el aislamiento y la discriminación.

Las mujeres sin papeles son más vulnerables

El informe hace hincapié en la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes sin documentación, que suelen desempeñar su labor en la informalidad, con mayor riesgo de explotación y una menor capacidad para denunciar condiciones abusivas. La concentración de estas trabajadoras en empleos no declarados refuerza la invisibilidad y dificulta la intervención de los mecanismos de inspección laboral, advierte el estudio.

Trabajo invisibilizado y aislamiento social

El informe también destaca que las mujeres migrantes que trabajan en cuidados, limpieza y tareas domésticas suelen hacerlo en espacios privados, lo que invisibiliza su labor y limita el reconocimiento de sus habilidades. Muchas de ellas combinan varios empleos precarios y mal pagados, lo que puede generar agotamiento físico y emocional.

El aislamiento social es frecuente, ya que muchas trabajadoras están lejos de sus familias y enfrentan barreras idiomáticas o largas jornadas que dificultan la integración. Además, tienen acceso limitado a servicios de salud y protección social, lo que aumenta su vulnerabilidad.

El estudio también recuerda que las mujeres migrantes sostienen gran parte de los cuidados en Europa. De hecho, en algunos países llegan a asumir hasta el 70% de la atención a personas mayores.

Regularización extraordinaria en España

Con el objetivo de combatir precisamente la economía sumergida y reducir el trabajo informal como el que se concentra en el trabajo doméstico y de cuidados, además de otros como la hostelería y la construcción, el Gobierno español aprobó el pasado 14 de abril una regularización extraordinaria de migrantes, que permitirá a medio millón de personas obtener permisos de residencia y trabajo.

Entre los requisitos figuran haber llegado antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada y no contar con antecedentes penales. Para determinados casos, se exige además un certificado de vulnerabilidad, un documento que está provocando retrasos y saturación en los lugares encargados de emitirlo, tanto en las entidades sociales colaboradoras de Extranjería como en los servicios sociales de numerosos ayuntamientos. Pese a estos obstáculos, el proceso continúa según los plazos establecidos y las solicitudes pueden presentarse hasta el día 30 de junio.

Han pasado siete días desde que a la República Democrática del Congo llegó un vuelo proveniente de Estados Unidos con 16 migrantes expulsados, entre ellos varios ciudadanos colombianos.

Sobre la llegada de los latinos al Congo, estos fueron informados de que tendrán una visa de siete días para moverse libremente por la nación africana y que este permiso podrá ser extendido hasta por tres meses; de la misma forma, los migrantes podrán solicitar un asilo en el Congo, pero los funcionarios estadounidenses recomendaron no hacerlo por los peligros que existen por el conflicto interno en este país.

Sin embargo, varios de los colombianos han pedido ayuda del Gobierno nacional, puesto que afirman no tener dinero para volver a Colombia; además de que otros aseguran no poder volver por amenazas que en su momento los obligaron a dejar el país.

Uno de los colombianos que están en el Congo es Jorge Cubillos, que en diálogo con la BBC narró lo que ha vivido desde que fue expulsado de Estados Unidos, en donde asegura que tenía un permiso de trabajo vigente.

En la actualidad se encuentra en un hotel en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, en donde está desorientado y lejos de su esposa e hijos, que se quedaron en la Florida.

“Nunca pensé que terminaría en África, pensé que eran solo amenazas”, indicó el colombiano, mientras que, en medio de la polémica, el Gobierno de la nación africana defiende su postura de recibir a los migrantes bajo el argumento de que se trata de un compromiso con la dignidad humana.

El latino indicó que su caso no es el único irregular, puesto que una mujer afirma haber estado durante más de 13 meses en un centro de detención antes de ser expulsada de Estados Unidos, a pesar de que tenía un permiso de trabajo y un proceso para radicarse en Estados Unidos abierto.

Cubillos indicó que el vuelo hasta el Congo no fue digno, puesto que los migrantes estuvieron amarrados en todo momento sin saber a dónde estaban siendo llevados.

“Fue terrible. Fue agobiante porque pasamos más de 25 horas amarrados de cintura, manos y pies con una bolsa de papel que llevaba adentro una manzana, unas papas y un agua”.

Una colombiana que optó por no exponer su identidad confirmó lo afirmado por su compatriota e indicó que ella fue deportada tras pasar varias semanas en el centro de detención de Eloy, en Arizona.

“Me convocaron a una oficina supuestamente para quitarme el GPS y cuando llegué me informaron que iba a quedar detenida porque habían conseguido un tercer país para mí”, narró la latina, que aseguró no querer volver a intentar cumplir el sueño americano.

“No sé, porque después de todo lo que ha pasado y lo que he sufrido, ¿quién me asegura que no voy a volver a pasar por esto y que en un futuro me van a enviar a otro país? Me parece que es inhumano lo que está haciendo no solamente el presidente, sino también las personas que se están dejando manipular por él”.

Por último, Jorge Cubillos indicó que decidió hablar ante la prensa para pedir ayuda, puesto que salió de Colombia por la violencia y no quiere volver para exponerse a ser víctima del conflicto interno.

“Los solicitantes de asilo corremos riesgo en nuestros países. Si a mí me ponen a escoger entre el Congo y Barranquilla, Colombia, que es de donde soy, escogería Barranquilla, porque aquí no estoy haciendo nada, pero volver a Barranquilla es poner mi vida en riesgo”, puntualizó.

Al respecto, el director del Instituto de Investigación sobre Derechos Humanos en el Congo, Hubert Tshiswaka, ha criticado el accionar del Gobierno Trump y la situación que afrontan los migrantes.

“No existe base legal para traer personas de otros países al Congo, especialmente de Estados Unidos. Además, estas personas no han hecho nada malo aquí, por lo que tampoco hay base legal para mantenerlos detenidos”.

“Todos sabemos que iba a ser difícil estar acá, pero nunca imaginamos un panorama tan complicado para los migrantes. Por eso conseguir los papeles es crucial, porque no solo ganas derechos, sino que eres visible ante la sociedad”, explica Gabriela a Infobae, que llegó desde Lima a Madrid hace tres años y desde entonces se ha dedicado a trabajar en el cuidado de personas y en limpieza, atravesando numerosas dificultades.

Para obtener el certificado de vulnerabilidad, que se les exige a quienes no han trabajado en España con contrato y no tienen hijos menores a su cargo, Gabriela se ha dirigido a la organización SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) en el barrio de Orcasitas, una de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, aunque los servicios sociales también lo gestionan. Sin embargo, desde que el 20 de abril comenzó la atención presencial en más de 400 oficinas habilitadas en toda España para la regularización, la demanda del documento ha superado la capacidad de respuesta tanto de las organizaciones colaboradoras como de los propios ayuntamientos, lo que está generando un cuello de botella que dificulta avanzar en el proceso.

Algunos consistorios han denunciado tanto la falta de personal como la “escasez de instrucciones por parte del Gobierno central”, que dificultan aún más el trámite.

Para SEDOAC, el principal obstáculo en la gestión del certificado de vulnerabilidad es la falta de información y las dudas sobre el formato, quién debe validarlo y cómo tramitarlo.

“La mayor dificultad es la falta de información correcta y que, lógicamente, las comunidades migrantes están ansiosas de poder completar la carpeta con todos los documentos requeridos para presentar la solicitud de regularización. Por eso siempre hemos pedido mucha calma, porque las entidades sociales estamos haciendo lo imposible por cubrir todos estos huecos y también tenemos que organizarnos”, explica la activista Edith Espínola, portavoz de la organización, si bien también destaca la labor de “los trabajadores sociales comprometidos” en orientar a los solicitantes.

SEDOAC recuerda que no todos los migrantes deben presentar este certificado y que también quedan exentos quienes han sido o son solicitantes de protección internacional y los migrantes que residen en España con hijos mayores de edad con discapacidad o problemas de salud, o con ascendientes de primer grado a su cargo.

Nuevo choque entre el Gobierno central y PP

La tramitación del certificado de vulnerabilidad también ha abierto un nuevo frente de tensión entre el Gobierno central y las administraciones gobernadas por el PP. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado los “obstáculos” impuestos por algunos ayuntamientos y ha acusado a la formación de Alberto Núñez Feijóo de “boicotear” el proceso, al tiempo que ha apelado a la colaboración de todas las administraciones en el proceso.

Ante las críticas sobre la supuesta falta de recursos para implementar el procedimiento, Saiz ha afirmado que el sistema está “totalmente dimensionado, es perfectamente asumible y todo transcurre con normalidad”. “La mayor parte de los servidores públicos, independientemente del color del Ayuntamiento, están funcionando”, ha asegurado la ministra en una entrevista con TVE. También ha precisado que el proceso continuará aunque algunos ayuntamientos del PP no colaboren y la fecha de cierre sigue fijada en el 30 de junio.

Evitar abusos y aportar garantías

De hecho, pese a las dificultades, ya hay muchos migrantes que, como Eric, han logrado el certificado de vulnerabilidad. “Me lo acaban de dar y estoy muy contento”, dice a Infobae desde la sede de SEDOAC. Este joven de 22 años llegó a España desde Perú en 2024 y actualmente trabaja en la cocina de un restaurante sin contrato, por lo que confía en que la regularización pueda mejorar tantos sus condiciones laborales y como su vida cotidiana. “Hay empresas que abusan mucho y no respetan las horas, pero no tenemos más opción que aceptar, porque al final de cuentas estamos trabajando y tratamos de sacar dinero para llevar un pan a la casa”, explica.

Eric ha llegado a esta asociación madrileña acompañado de su tío, Heiner, que también se encuentra en situación irregular y solo ha podido desempeñar trabajos en la construcción de manera informal. “Vine a buscar un mejor futuro para mí y para mi familia”, relata este migrante, al que solo falta el certificado de vulnerabilidad para poder entregar su expediente.

Lilian, de tan solo 20 años, llegó a España hace apenas doce meses en busca de nuevas oportunidades y solo ahora, tras recibir apoyo en SEDOAC, siente algo de alivio, ya que aquí ha obtenido la ayuda que no encontró en el Ayuntamiento de Móstoles. Ahora espera obtener sus papeles lo más pronto posible para poder trabajar.

Esta organización social, por su parte, asegura que todas las entidades continuarán trabajando para que el mayor número posible de personas pueda presentar expedientes completos y regularizarse para acceder a una vida más digna. Se estima que medio millón de personas pueda lograrlo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado que quienes cuentan con solicitudes de asilo o autorizaciones de residencia vigentes no deben renunciar a estos permisos para acogerse al proceso de regularización extraordinaria. La Dirección General de Gestión Migratoria ha explicado que el objetivo principal de esta medida es facilitar una autorización de residencia a aquellas personas que viven en situación irregular o que han sido solicitantes de protección internacional.

“Se recomienda a aquellas personas que hayan presentado una solicitud de autorización de estancia o de residencia, o que ya sean titulares de una autorización en vigor, que no presenten desistimiento de la solicitud ni renuncia de la autorización, dado que la finalidad de este proceso extraordinario es proporcionar una autorización de residencia a personas que se encontraban en situación irregular o que sean o hayan sido solicitantes de protección internacional”, explica el Migraciones en los criterios interpretativos del proceso.

El proceso extraordinario de regularización permitirá que 500.000 extranjeros se beneficien de la nueva normativa. Aquellas personas que hayan solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026, en cualquier estado de su procedimiento, podrán acceder a este proceso. Esto incluye tanto las solicitudes en trámite como las ya resueltas o recurridas, según detalla el documento remitido por el Ministerio, que recalca que el diseño de la normativa busca una aplicación equitativa y coherente.

Entre los requisitos establecidos, los migrantes deben acreditar su llegada a España antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una residencia continuada de al menos cinco meses. La acreditación podrá realizarse mediante empadronamiento, pero también se admiten documentos alternativos como facturas de la luz, informes médicos o justificantes de servicios municipales. Además, los solicitantes no podrán tener antecedentes penales graves. El certificado de antecedentes penales debe ser expedido por el país de origen del interesado, aunque el Gobierno ofrece colaboración: si el documento no se presenta en el plazo de un mes, se solicitará vía diplomática durante tres meses más y, si tras ese periodo sigue sin recibirse, el interesado dispondrá de quince días adicionales para gestionar la obtención por su cuenta. De no conseguir el certificado en ese tiempo, no podrá acceder al proceso.

Requisitos para acceder a la regularización extraordinaria

El documento elaborado por el Ministerio especifica que las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio, fecha que se mantiene pese a las demandas de las organizaciones sociales, que han reclamado una extensión por considerar insuficientes menos de tres meses para realizar todos los trámites, dadas las limitaciones de recursos, obstáculos administrativos y problemas de idioma.

El informe de vulnerabilidad será exigible únicamente cuando no se pueda acreditar el acceso a la regularización por la vía laboral o por unidad familiar. Estos informes pueden ser emitidos tanto por entidades del Tercer Sector como por organizaciones sindicales inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX). No obstante, la inscripción en el RECEX no comporta la obligación de emitir certificados de vulnerabilidad. El certificado debe estar firmado por cualquier miembro de la entidad o sindicato correspondiente, aunque no figure formalmente como persona habilitada inscrita, e incluir tanto el sello —electrónico o físico— como el número de expediente de la entidad en el RECEX. La emisión será totalmente gratuita.

La propia Dirección General de Gestión Migratoria ha precisado que los servicios sociales de cada municipio pueden emitir informes de vulnerabilidad, pero exclusivamente para personas empadronadas. Aquellas personas que no estén empadronadas podrán recurrir a organizaciones sociales que figuren en el Registro de Colaboradores de Extranjería, del que actualmente forman parte unas 200 entidades en todo el país. El Gobierno tiene previsto publicar un listado referencial para facilitar la ubicación de estas entidades por parte de los solicitantes, aunque algunas organizaciones han advertido sobre el riesgo de sobrecarga administrativa derivado del proceso.

Senadores de la República sostuvieron un encuentro con el presidente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés), Barry Sawyer, para analizar estrategias enfocadas en la defensa de los derechos humanos de migrantes mexicanos en Canadá, particularmente en el sector agrícola.

La reunión, organizada por la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, reunió a legisladores interesados en fortalecer la protección laboral de connacionales en el extranjero, así como en construir mecanismos de colaboración bilateral que permitan atender sus principales problemáticas.

📷 Senadoras y senadores se reunieron con el presidente de la United Food and Commercial Workers (UFCW Canadá) en donde plantearon la creación de una agenda conjunta para la defensa de los migrantes mexicanos en Canadá. https://t.co/kduuAFUd1E pic.twitter.com/ddQUeEVVSh

— Senado de México (@senadomexicano) April 22, 2026

Propuesta de agenda parlamentaria bilateral

Durante el diálogo, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Ruth González Silva, propuso la elaboración de una agenda parlamentaria bilateral México–Canadá que incluya visitas de campo para conocer de primera mano las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas migrantes.

La legisladora subrayó la importancia de escuchar directamente a los migrantes mexicanos, con el objetivo de identificar vacíos normativos y generar insumos que permitan legislar con mayor precisión y exigir un respaldo más efectivo para este sector.

“Se trata de construir desde el territorio los insumos que necesitamos para legislar con mayor precisión y exigir mayor respaldo”, expresó, al tiempo que invitó al sindicato canadiense a establecer una relación de trabajo permanente y con resultados tangibles.

UFCW ofrece apoyo para visitas en campo

En respuesta, Barry Sawyer manifestó la disposición de la UFCW Canadá para colaborar con los legisladores mexicanos y facilitar recorridos en distintas provincias donde laboran trabajadores mexicanos.

El líder sindical destacó que estas visitas permitirían a los senadores conocer de cerca la realidad que enfrentan los migrantes, incluyendo problemáticas como:

• Barreras de idioma
• Temor a cuestionar a empleadores
• Falta de acceso a información clara sobre sus derechos

Sawyer explicó que muchos trabajadores prefieren acudir a las oficinas del sindicato para resolver dudas debido a la falta de confianza o condiciones adversas en sus centros de trabajo, por lo que consideró fundamental fortalecer los canales de acompañamiento.

Enfoque regional: derechos laborales y cooperación

Por su parte, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa enfatizó que la relación entre México, Canadá y Estados Unidos debe entenderse desde una perspectiva de cooperación regional, más que de competencia.

Señaló que garantizar los derechos laborales de los trabajadores migrantes es clave para fortalecer la integración económica de América del Norte, así como para mejorar los ingresos y condiciones de vida de quienes participan en estas dinámicas laborales.

“El verdadero entendimiento regional pasa necesariamente por garantizar los derechos de los trabajadores”, afirmó.

Hacia una defensa integral de migrantes mexicanos en Canadá

El encuentro entre senadores y la UFCW Canadá marca un paso hacia la construcción de estrategias conjuntas para la defensa de los migrantes mexicanos en Canadá, con énfasis en el trabajo agrícola.

La propuesta de una agenda bilateral y las visitas en campo podrían convertirse en herramientas clave para visibilizar problemáticas, fortalecer la legislación y mejorar la protección de los derechos humanos de los connacionales en el extranjero.

El papa León XIV visitaba el miércoles una de las prisiones más tristemente célebres de Guinea Ecuatorial, en una llamada de atención sobre abusos de derechos humanos que activistas han denunciado durante años y, en especial, desde que Estados Unidos empezó a deportar aquí a migrantes de terceros países.

La visita de León a la prisión de Bata, una ciudad portuaria de este país de África central, continúa la tradición del papa Francisco, quien hizo de las visitas a cárceles una prioridad de su pontificado. El objetivo de Francisco era dar esperanza a los presos y recordarles que la Iglesia estaba con ellos, al tiempo que ponía el foco en abusos judiciales, hacinamiento y otras injusticias.

La visita culmina el último día completo de León en África y cierra una maratónica gira de 11 días por cuatro países, que lo llevó desde Argelia, en el norte, hasta Angola, en el sur, con Camerún entre ambos.

Tenía previsto comenzar la jornada con una misa en Mongomo, en el extremo oriental, antes de llegar a Bata, la ciudad más poblada del país en la costa. También figuraba en la agenda un momento de oración en un monumento a las víctimas de una explosión ocurrida en 2021 en un cuartel militar en Bata, que se ha atribuido a negligencia.

Abusos judiciales documentados

La oficina de derechos humanos de la ONU celebró en 2022 la abolición de la pena de muerte en Guinea Ecuatorial, pero sus prisiones y su sistema de justicia en general han sido señalados repetidamente por la ONU y condenados por grupos de derechos humanos y por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En su informe de 2023 sobre el país, Estados Unidos enumeró una larga lista de abusos: homicidios y detenciones arbitrarias o ilegales, detenciones políticas, tortura, condiciones carcelarias que ponen en peligro la vida y “graves problemas” con la independencia del poder judicial.

“Amnistía Internacional tiene serias preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial”, afirmó Marta Colomer Aguilera, responsable sénior de campañas en la oficina de África Occidental y Central de Amnistía.

Indicó que se ha utilizado la tortura para obtener confesiones o como castigo, que se hostiga a defensores de derechos humanos y que la falta de independencia judicial compromete el derecho a un juicio justo.

Guinea Ecuatorial está gobernada por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien está en el poder desde 1979 y está acusado de corrupción generalizada y autoritarismo.

Guinea Ecuatorial también es uno de varios países africanos que han recibido millones de dólares en acuerdos controvertidos con el gobierno de Donald Trump para aceptar a migrantes deportados desde Estados Unidos a países distintos del suyo.

Reportes de AP muestran que al menos 29 de esos migrantes, sin vínculos con el país, han sido deportados al país. No fueron enviados a la prisión de Bata. Algunos siguen detenidos en Malabo con restricciones a la asistencia médica y legal, mientras que otros han sido devueltos por la fuerza a sus países, donde enfrentan persecución.

El gobierno de Guinea Ecuatorial ha negado abusos de derechos y no ha hecho comentarios cuando se le pidió responder a preguntas sobre abusos relacionados con el acuerdo de deportaciones migratorias de Estados Unidos.

León, nacido en Estados Unidos, ha criticado la política general de deportaciones migratorias del gobierno de Trump por ser “extremadamente irrespetuosa”.

Grupos de derechos humanos quieren que el papa se pronuncie

En la víspera de su visita a la prisión, 70 organizaciones de derechos humanos publicaron una carta abierta a León, en la que le pidieron que se pronuncie, especialmente, sobre la deportación de migrantes desde Estados Unidos hacia este país y que inste a las naciones africanas a no ser cómplices de esa práctica.

“Estas prácticas eluden las protecciones humanitarias, exponen a los refugiados a la detención y la coerción, y someten a las personas a la devolución, en contravención directa del derecho internacional”, escribieron, en referencia al concepto jurídico que prohíbe a los países enviar a personas a lugares donde sus vidas o libertades estén en riesgo.

“Las condiciones en las que se han llevado a cabo estas deportaciones también han reflejado un desprecio muy preocupante por la vida humana y la seguridad. Pedimos la intercesión del papa León XIV para desalentar a los países africanos a ser cómplices de estas violaciones y, en cambio, proteger a estas personas”, señalaron los grupos.

Uno de los firmantes fue EG Justice, que ha denunciado repetidamente la detención de presos políticos en Guinea Ecuatorial. El grupo instó a León a usar su autoridad moral para pronunciarse al respecto.

“Hay personas —presos de conciencia y activistas de derechos humanos— detenidas cuyos casos plantean serias preocupaciones humanitarias y de debido proceso", afirmó Tutu Alicante, un activista radicado en Estados Unidos que dirige el grupo EG Justice. “En momentos como este, la revisión de sentencias y un compromiso real de reformar el poder judicial pueden enviar una señal poderosa de disposición a pasar página hacia la justicia y la reconciliación”.

Alicante sostuvo que el gobierno había dado “pasos cosméticos” en los últimos meses para mejorar ciertas instalaciones de detención, pero añadió que eran temporales.

“El verdadero examen será si las condiciones humanas, el acceso a la atención médica y los derechos básicos se mantienen mucho después de que concluya la visita papal”, expresó.

(con información de AP)

Este miércoles el obispo de Canarias, José Mazuelos, se ha mostrado contundente con respecto a la situación de la migración en nuestro país. “A mucha gente habría que meterla cinco días en un cayuco sin comer”, ha señalado en un encuentro con los medios de comunicación en Madrid.

De esta manera, apoyando la acogida de las personas que atraviesan el océano en embarcaciones precarias para llegar a nuestro país, el obispo ha hecho un llamamiento a la empatía, contraponiéndose a discursos como el que Vox pronuncia con respecto a este asunto.

Dadas las circunstancias en las que llegan estos migrantes a nuestras costas, Mazuelos ha señalado que “lógicamente”, lo que hay que hacer es “acogerlos” y “cuidarlos”. Así, el obispo de Canarias ha destacado que esta es la actuación correcta que debe llevarse a cabo “si se quiere ser cristiano, y ya no solamente cristiano, si se quiere ser humano”.

“Fastidia mucho cuando se trata al migrante como si fuera un número”, ha afirmado Mazuelos. “No es fácil meterse cinco días en un cayuco, vienen cargados de esperanza”.

La visita del Papa a Canarias en junio

El próximo mes de junio, concretamente los días 11 y 12, el papa León XIV visitará Gran Canaria y Tenerife. El pasado viernes Mazuelos recordó que la migración es uno de los elementos que motivaron su viaje al archipiélago, con el objetivo de cumplir el deseo de su predecesor.

Así, la agenda oficial del Pontífice en suelo canario se abrirá con un encuentro en el muelle de Arguineguín, “ese puerto de la vergüenza” en palabras de Mazuelos. Allí la Iglesia buscará dar cuenta de la realidad migratoria que se vive a nivel internacional y, especialmente, en las islas. Es aquí donde “se expresa toda esa realidad de la migración, tantas veces inhumana, y atendiendo y faltando a la dignidad de las personas”.

En el muelle de Arguineguín se realizará “un reconocimiento a todos aquellos a los que llamamos los ángeles del océanos”: Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional y las cofradías de pescadores, que muchas veces son los primeros que atienden a estas personas.

Recientemente, el papa León XIV, en una charla con los estudiantes de la Universidad Católica de África Central de Yaundé, en Camerún, expresó su comprensión sobre la migración, a la que muchas personas se ven obligadas por la situación de sus países de origen.

Sin embargo, animó a los jóvenes africanos a quedarse y luchar por la mejora de sus naciones: “Ante la comprensible tendencia a emigrar, que puede llevar a creer que en otro lugar un futuro mejor puede encontrarse más fácilmente, los invito, ante todo, a responder con un ardiente deseo de servir a su país y de aplicar los conocimientos que están adquiriendo aquí en beneficio de sus conciudadanos”.

En su visita a las islas Canarias, donde se abordará la situación de esta ruta atlántica “mortal”, Mazuelos espera que el Pontífice arroje humanidad con respecto a este asunto. “A ver si aparece esa humanidad de a ver cómo frenamos eso. Y eso es un problema no del gobierno de Canarias, no de la Iglesia de Canarias, sino un problema a nivel global, de toda Europa y de toda España, en definitiva. Incluso de los países de origen que, ya que se les está dando dinero, habrá que exigirles una responsabilidad. Y lógicamente habrá que atacar también mucho a las mafias”, ha puntualizado.

Sin embargo, es consciente de que el Papa no viaja a las islas “para coger el palo de la migración, para pegar políticamente a uno y a otro”. Pese a ello, el pasado mes de febrero el Pontífice ya alertó sobre el riesgo que supone la extrema derecha, especialmente por su discurso contra la acogida de migrantes.

“Triste drama de la inmigración”

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha expresado también este miércoles que espera que la visita del Papa a Canarias sirva para “visibilizar a nivel internacional este triste drama de la inmigración”.

Ambos obispos se han mostrado de acuerdo con el contenido de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de España: “Podemos debatir si las formas son las correctas o no son las correctas, pero el contenido vamos a defenderlo como Iglesia porque no tenemos más remedio que defenderlo porque tenemos rostros delante y realidades, familias, que están ahí que necesitan papeles para poder trabajar”, ha señalado Mazuelos.

*Con información de Europa Press

La planificación es “nefasta” e “irresponsable”. Los trabajadores de Correos, entidad que lleva el peso fundamental del proceso de regularización de migrantes que ha comenzado esta semana, critican con dureza cómo se está desarrollando en esta fase inicial una prestación que puede llevar a las oficinas de Correos a más de medio millón de personas. “La formación que estamos recibiendo es un video explicativo y un manual de 29 páginas”, denuncian desde CGT. “Hace falta un 30% más de plantilla para hacerlo bien y un 40% más en Andalucía, ya que en esta comunidad hay, además, elecciones autonómicas”, explican desde CCOO.

El proceso de regularización va a poner a prueba a la estructura del Estado. El Gobierno ha decidido que las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería atiendan a los inmigrantes que quieran, y puedan porque cumplen los requisitos, regularizar su situación en nuestro país. El proceso dura hasta el 30 de junio. Es necesario que los interesados que pidan una cita presencial la soliciten previamente a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o a través del teléfono 060. En los cinco primeros días ya se han registrado 60.656 solicitudes y hay 35.966 citas asignadas hasta el 30 de abril.

Correos es el que más oficinas ha habilitado: concretamente 371 oficinas (el 16% de su red), todas aquellas que la empresa pública tiene en capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes. En Madrid capital, por ejemplo, hay 36, y en el resto de la región solo 32. “Algunas de estas oficinas abren hasta las 20.30 horas de la tarde, pero la última cita que están dando es a las 17.10 horas”, explica un portavoz de CGT. ¿Por qué? “Porque falta personal”, argumenta. En las oficinas de Extranjería y de la Seguridad Social habilitadas para la regularización, el horario es hasta las 19 horas. En una de las dos oficinas que hay en la localidad de Rivas-Vaciamadrid hay siete ventanillas de atención al público. Ahora solo funcionan tres, de las que dos se han destinado para la regularización.

Es un ejemplo que resume que la falta de personal va a ser un hándicap en Correos durante todo el proceso de regularización. “Para llevar a cabo este trabajo con garantías, ya le trasladamos a la empresa que haría falta aumentar la plantilla un 30% en el conjunto de España, y de un 40% en Andalucía porque hay elecciones autonómicas y más carga de trabajo. Habría que abrir también oficinas en municipios de menos de 50.000 habitantes”, afirman desde CCOO. “Han seleccionado a 1.000 compañeros en todo el país para esta regularización. En algunos casos pidiendo voluntarios y, en otros, eligiéndolos a dedo”, señala el portavoz de CGT.

Sin refuerzo de la plantilla

El 14 de abril hubo una reunión entre todos los sindicatos y la dirección de Correos. “Se habló de reforzar la plantilla. No se va a hacer. Hay oficinas que ya están sobrecargadas de trabajo antes de que llegara la regularización. Lo único que dijeron es que iba a hacer un ‘seguimiento dinámico de la situación’ para ver si durante el proceso se debían implementar nuevas medidas”, relatan desde CGT, que recuerdan que Correos debe cumplir con garantías sus funciones públicas y no transitar por una “deriva mercantilista. No queremos ser los siervos de Amazon y AXA”, en alusión al convenio que hace unos meses firmó la empresa pública para vender en sus oficinas pólizas de esta aseguradora privada.

Correos tiene una bolsa de empleo de eventuales para cubrir puestos base en reparto y gestión, trabajadores a los que puede llamar en cualquier momento. También cuenta con la figura del ‘idóneo’, que aparece en el convenio, empleados que ya han trabajado en algún momento en la compañía. Correos podría contar con ellos para reforzar el proceso de regularización. En la reunión del día 14 también salió el debate de si habrá algún tipo de compensación económica por esta carga de trabajo. No hubo respuesta.

Falta plantilla y falta formación, señalan los sindicatos. Muchos de los trabajadores destinados a este proceso iniciaron su formación este mismo lunes 20, cuando los migrantes ya podían acudir a las oficinas. Tienen que ver un video y leer un manual de 29 páginas “que no es intuitivo y está mal estructurado. Tiene errores. No recoge todas las casuísticas. La regularización es un proceso nuevo, que pocos trabajadores han vivido. El procedimiento no tarda 20 minutos, sino una hora”, aseguran desde la CGT. La intranet interna de Correos revela (ver foto de arriba) que el plazo de formación sigue abierto hasta el 29 de abril.

CCOO ha analizado la guía de formación y ha detectado “graves errores”, como la interpretación errónea de requisitos laborales, al no diferenciar adecuadamente entre contrato formalizado e intención de contratación, y la existencia de discrepancias entre el Real Decreto aprobado por el Gobierno, los formularios oficiales y la propia guía de Correos. “El documento presenta una estructura confusa y poco operativa, lo que dificulta su aplicación en la atención diaria al público. Es injustificable que se haya puesto en marcha el proceso de regularización con un documento que requiere correcciones y clarificaciones inmediatas, lo que refleja, una vez más, una gestión marcada por la improvisación”, se lamentan desde este sindicato.

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha defendido este martes que la inmigración es un factor “indispensable” para sostener el crecimiento económico tanto en España como en el conjunto de Europa, aunque ha advertido de la necesidad de gestionar sus efectos para evitar tensiones en ámbitos como la vivienda.

Durante un desayuno informativo, el dirigente del BCE subrayó que más de la mitad del crecimiento de la economía española en los últimos años se explica por el aumento de la población derivado de la inmigración. Sin embargo, alertó de que este impulso no se está traduciendo en una mejora del bienestar individual, ya que el PIB per cápita permanece prácticamente estancado, según recoge Europa Press.

El vicepresidente del eurobanco insistió en que el reto no pasa por frenar estos flujos, sino por ordenarlos y optimizar su impacto. En este sentido, abogó por “maximizar los beneficios y minimizar los costes”, evitando fenómenos como la presión excesiva sobre el mercado inmobiliario o la actuación de redes ilegales.

Vivienda: aumentar la oferta es “imprescindible”

Uno de los principales problemas señalados fue la vivienda. De Guindos cree “imprescindible” aumentar la oferta y criticó que la actual regulación del alquiler esté limitando su crecimiento, lo que contribuye a elevar los precios y dificulta el acceso, especialmente para los jóvenes. Esta situación, añadió, también reduce la movilidad laboral y la eficiencia del mercado de trabajo.

De cara al futuro, Guindos advirtió de un posible choque entre las prioridades políticas y las necesidades económicas. Según explicó, un eventual endurecimiento de las políticas migratorias podría poner en riesgo el crecimiento, en un contexto en el que, además, España dejará de contar con el impulso de los fondos europeos a partir de agosto. Subrayó que “el desafío será encontrar el equilibrio” entre mantener el dinamismo económico y gestionar de forma eficaz los flujos migratorios.

Hernández de Cos, un “magnífico” candidato a presidente del BCE

Luis de Guindos también ha reconocido que el economista español Pablo Hernández de Cos sería un “magnífico” candidato para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, aunque ha subrayado que la decisión final dependerá de factores políticos y del respaldo de los gobiernos europeos.

El vicepresidente del BCE ha recordado que los nombramientos en el organismo no recaen en economistas, sino en los líderes políticos de la Unión Europea, a través del Consejo Europeo. En este sentido, pidió prudencia al valorar las quinielas, recordando que la propia Lagarde no figuraba entre las favoritas antes de ser elegida para sustituir a Mario Draghi.

Aun así, reconoció que Hernández de Cos parte con una posición destacada en la carrera. El actual director del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de España cuenta con un amplio reconocimiento entre los expertos en política monetaria, que valoran su experiencia, perfil técnico y capacidad de consenso.

El candidato mejor valorado

De hecho, una reciente encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras lo sitúa como el candidato mejor valorado para asumir la presidencia del BCE en 2027. Según este sondeo, Hernández de Cos destaca especialmente en áreas como formación en economía monetaria, credibilidad internacional y capacidad para obtener apoyos dentro de la Unión Europea.

No obstante, Guindos insistió en que el resultado final dependerá de múltiples variables, entre ellas el momento político, los equilibrios institucionales y el respaldo explícito del Gobierno español, que consideró “básico” para impulsar cualquier candidatura.

La sucesión de Lagarde, cuyo mandato concluye en octubre de 2027, se perfila así como una decisión compleja en la que competirán también otros nombres relevantes del panorama europeo. Entre ellos figuran Klaas Knot, Joachim Nagel o François Villeroy de Galhau.

En este contexto, Guindos ha subrayado la importancia de que España mantenga su peso en el BCE, ya que su salida dejará al país sin representación directa en el órgano de gobierno de la institución.

Casi 8.000 migrantes murieron en 2025 en rutas irregulares en todo el mundo, más del 40% de ellos intentando llegar a Europa, según confirmó este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su evaluación final sobre el uso de estas rutas el año pasado.

De las rutas utilizadas hacia Europa, la más mortífera fue la del Mediterráneo central, donde 1.330 migrantes fallecieron, mientras que en el Mediterráneo oriental perecieron 374 y en el Mediterráneo occidental fueron 484 las víctimas mortales. Esta fue seguida por la ruta utilizada principalmente por los refugiados ronhinyás para cruzar el mar de Andamán y el golfo de Bengala, donde perecieron 860 personas, confirmó este martes la OIM.

En esta última ruta se trató del año con más víctimas mortales, mientras que en el Mediterráneo central hubo -a pesar del alto número de fallecidos- una disminución del 27%.

Considerando todo tipo de rutas, los cruces entre Afganistán e Irán provocaron la muerte de 1.323 migrantes, lo que la convirtió en la segunda más letal a nivel global el año pasado, aunque se trata de una cifra ligeramente inferior a las 1.474 muertes de 2024.

Con respecto a los datos que arrojan una disminución del número de muertes en rutas migratorias, una experta de la OIM aclaró que esto puede deberse a que hubo falta de información o dificultades para acceder a la misma por parte de esta organización, lo que hizo que muchas muertes no se pudieran verificar.

La organización tiene, además de las casi 8.000 que ha registrado, “otras 1.500 que no pudieron ser verificadas, pero que creemos que ocurrieron”.

Del total de muertes, más del 40% corresponde a personas que perecieron intentando llegar a Europa.

En la ruta atlántica del Africa occidental, vía las Islas Canarias, la OIM ha podido establecer la muerte de 1.172 migrantes.

En el Mediterráneo oriental (principalmente hacia Grecia, Chipre y Bulgaria) perecieron 374 (+ 91%) y en el Mediterráneo occidental fueron 484 las víctimas mortales (-15%).

En término de llegadas, la migración de la región de Asia Pacífico hacia Europa constituyó el 30 % de las entradas irregulares a Europa en 2025, frente a un 20 % el año anterior, una tendencia que refleja “el papel cada vez más importante de esta región en la movilidad global”, señaló la OIM.

Este flujo, en el que hubo más de 47.000 migrantes que llegaron por tierra y por mar, aumentó pese a una disminución general de llegadas a territorio europeo el año pasado.

Según la evaluación final de la OIM sobre el uso de rutas migratorias a nivel global en 2025, Bangladesh, Afganistán, Irán y Pakistán representaron la mayor parte de los movimientos hacía Europa, aunque el primer país supuso por si solo el 52 % de todas las llegadas procedentes de la región.

La OIM estima que al menos unos 340.000 familiares se han visto directamente afectados por la perdida de seres queridos en las rutas migratorias en todas las regiones.

También aclaró que a pesar del menor número de llegadas en algunas zona del mundo, los datos muestran que las rutas migratorias están cambiando más que disminuyendo, y que los trayectos son cada vez más peligrosos.

(con información de EFE)

Salvamento Marítimo ha localizado los cadáveres de tres migrantes en una embarcación a la deriva junto con otros dos vivos, a unas 25 millas de la costa de Cartagena, según ha informado la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia. Un buque militar francés dio aviso este lunes por la tarde del avistamiento de una embarcación a la deriva ocupada por cinco inmigrantes varones, tres de ellos sin vida.

Hasta el lugar se ha desplazado la embarcación Salvamar Draco, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) de Cartagena, para trasladarlos al Puerto de Santa Lucía de Cartagena. Una vez en tierra, se llevó a cabo el levantamiento de los tres cadáveres, mientras que los dos supervivientes fueron atendidos por Cruz Roja y trasladados al Hospital Santa Lucía, donde quedaron en custodia de la Policía Nacional.

No son hechos aislados

Los fallecimientos de personas migrantes tratando de alcanzar las costas europeas no son un hecho aislado. Según los informes de la ONG Caminando Fronteras, solo en 2025, más de 3.000 personas perdieron la vida en rutas migratorias hacia España. Este recuento, que incluye 192 mujeres y 437 niños, niñas y adolescentes, refleja la magnitud y la frecuencia de las tragedias en la frontera occidental euroafricana.

El análisis de esta organización de las diferentes rutas migratorias documentó 303 tragedias, con especial atención a 70 embarcaciones que desaparecieron sin dejar rastro, destacando un aumento de los riesgos y de las condiciones extremas en los trayectos.

Además de los naufragios, las condiciones precarias de las embarcaciones, un entorno hostil y la carencia de alimento, agua y abrigo son factores que contribuyen a la mortalidad en las rutas españolas, especialmente en la canaria. Estas cifras exponen el impacto de la ausencia de alternativas legales y seguras para quienes buscan llegar a Europa.

Por otro lado, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre enero y febrero al menos 655 personas migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo, un dato que representa más del doble de las 287 que se contabilizaron en el mismo periodo del año pasado a pesar de que se han intentado menos cruces hacia Europa.

(Con información de agencias)

Brenda no puede ocultar su alegría. Tras un año y medio viviendo en España sin papeles, tiene motivos para ser positiva: ha conseguido reunir todos los documentos necesarios para que tanto ella como su hija pequeña puedan acogerse a la regularización de migrantes. Este lunes, día en el que comenzaba la atención personal en los más de 400 puntos habilitados para el proceso en todo el país, ha presentado ambas solicitudes en la oficina de Correos de la calle Palos de la Frontera en Madrid, donde la jornada transcurrió con tranquilidad, sin filas ni aglomeraciones, aunque con algunos fallos técnicos y demoras destacadas. Pero para Brenda, y otros migrantes que acudieron a esta sede, la oportunidad de acceder a derechos y garantías supera cualquier incidente o espera.

“Al principio fue muy duro porque, cuando llegamos, no teníamos padrón y ese trámite era necesario para escolarizar a mi hija. Después, cuando lo conseguimos, todo mejoró: en el colegio siempre han apoyado mucho a mi hija y en la sanidad la han atendido siempre bien cuando ha tenido algún problema de salud”, relata Brenda a Infobae a las puertas de esta oficina de Correos, donde es necesario acudir con cita previa. Desde que llegó de Perú, ha trabajado como limpiadora en una casa, sin contrato y un salario que no llega al mínimo interprofesional, por eso confía en que la regularización le abra nuevas oportunidades. “Sin papeles no te pagan lo que corresponde. Estoy segura de que la regularización nos permitirá acceder a mejores condiciones”, añade esperanzada tras una larga espera.

En el caso de esta migrante de 30 años, su solicitud resulta más ágil porque es madre de una niña y una de las vías permite regularizar a quienes tienen hijos menores, hijos mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado a su cargo, si bien también pueden solicitarlo quienes hayan trabajado en España con un contrato legal, ya sea por cuenta ajena o propia, o quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para este último caso, es imprescindible presentar un certificado avalado por organizaciones y sindicatos inscritos en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) o los Servicios Sociales.

De hecho, la alta demanda del certificado para acreditar la vulnerabilidad ha incrementado la presión sobre estas entidades, y en estos días también se observan largas filas en embajadas y consulados, responsables de expedir los certificados de antecedentes penales que exige el proceso. Los otros dos requisitos indispensables son haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una permanencia de cinco meses continuada.

“Tener todo en regla da tranquilidad”

A esta misma oficina de Correos en Madrid acudió este lunes Marcela, migrante colombiana, para iniciar la regularización de una de sus dos hijas. Tanto ella como su pareja ya habían logrado regularizar su situación porque su hija menor nació en España, pero la mayor no había podido acceder a este trámite hasta ahora. “Nunca hemos tenido problemas con la educación ni con la atención sanitaria, pero queremos que todos sus documentos estén en regla, nos da tranquilidad”, explica, sin apartar la mirada de la pantalla mientras espera su turno.

Muy distinta es la situación de Ezequiel, un joven de Costa Rica que “llegó a España hace un año por amor”, tras conocer a su pareja en el país centroamericano. Se siente afortunado porque, a diferencia de muchos migrantes, pudo instalarse con apoyo desde el principio, lo que le permitió evitar otras dificultades.

“Además de que tengo a mi novia aquí, llegué con una situación económica estable, no he atravesado dificultades en ese sentido. He trabajado como agente de ventas, recibo una comisión por cada operación, así que he podido ganar dinero”, cuenta a este periódico. Aún así, a lo largo de este año Ezequiel no ha tenido contrato y tampoco acceso a otros servicios básicos. “Creo que la regularización, sobre todo, me va a aportar tranquilidad, acceso a la atención médica y la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, algo que hasta ahora no he podido”, añade.

Este joven también expresa su deseo de regresar a Costa Rica para reencontrarse con su familia y amigos, algo que no ha podido hacer por su situación irregular. Como él, muchas personas migrantes evitan viajar a sus países de origen porque luego no pueden volver a entrar en España. “Es muy importante recuperar la libertad de movimiento“.

La migración irregular llega en avión, no en cayucos

Aunque en España se suele asociar la migración irregular con las llegadas por mar desde África en embarcaciones precarias, en realidad estos casos representan solo una parte minoritaria del total. La mayoría de las personas en situación irregular accede al país por vía aérea, utilizando visados de turista, como hicieron Brenda, Marcela y Ezequiel. La gran mayoría procede de países de América Latina, sobre todo de Colombia, Perú y Honduras, aunque también destaca la presencia de migrantes originarios de Marruecos.

También hay quienes llegan desde lugares más lejanos, como es el caso de Dong Joon, un joven de 33 años de Corea del Sur, que no ha dudado en acudir a Correos de forma presencial para solicitar la regularización, aunque le ha tocado esperar pacientemente a que llegara su turno.

Llegó a España hace un año y ocho meses con una vida de estudiante, pero decidió quedarse en Madrid después de que sus papeles vencieran y tras encontrar trabajo en una agencia de viajes dedicada a recibir turistas coreanos en diferentes ciudades españolas. En su caso, explica, solicitar la regularización ha resultado más sencillo gracias a su empleo y a que ya contaba con número de la Seguridad Social. Ahora, Dong Joon espera seguir mejorando el idioma y alcanzar una mayor estabilidad cuando regularice su situación.

Una jornada tranquila, aunque con fallos técnicos y demoras

La tramitación presencial dejó distintas escenas en todo el país, pero en general la jornada transcurrió con tranquilidad. En ciudades como Almería, Santander o Valladolid no se registraron grandes colas y los solicitantes fueron atendidos de forma escalonada, sin demoras importantes. En otras, como Barcelona, la afluencia fue mayor, con largas filas y esperas más prolongadas. También hubo problemas informáticos en Madrid y algunos otros puntos, lo que obligó a reprogramar algunos turnos para el martes, según denunció el sindicato CSIF.

El plazo para solicitar este proceso estará abierto hasta el 30 de junio.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha solicitado a todos los centros penitenciarios que informen a la población reclusa extranjera sobre el proceso extraordinario de regularización vinculado al Real Decreto 316/2026, divulgado el 14 de abril.

Según la comunicación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, a la que ha accedido Europa Press, los centros deberán crear un registro estadístico de solicitantes, proporcionar la documentación relacionada “a la mayor brevedad” y ofrecer apoyo lingüístico cuando sea preciso, para facilitar la participación de todos los internos extranjeros.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior ha precisado que la información sobre el proceso debe estar accesible en tablones, bibliotecas o escuelas de los recintos penitenciarios, determinando para ello un profesional de referencia del equipo técnico.

Además, se indica que las solicitudes deben quedar anotadas en el expediente personal de cada recluso, tanto si la documentación existe en su totalidad como si falta parcial o completamente, con el objetivo de contabilizarlas exhaustivamente, de acuerdo a la instrucción distribuida. Este registro permitirá a las autoridades llevar un control detallado del proceso y evaluar su alcance en cada centro.

Integración de extranjeros

El Real Decreto 316/2026 forma parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar la integración y el acceso a derechos fundamentales de personas extranjeras en situación administrativa irregular.

Esta normativa, con carácter excepcional, busca responder a la realidad de numerosos internos que, tras cumplir sus condenas, enfrentan dificultades para regularizar su situación y, por tanto, para acceder a oportunidades laborales o residenciales fuera del centro penitenciario.

Las autoridades han subrayado la importancia de garantizar que la información llegue a todos los potenciales beneficiarios, especialmente teniendo en cuenta las barreras idiomáticas y la diversidad de nacionalidades presentes en los centros españoles. El objetivo es que ningún interno quede excluido del procedimiento por falta de información o por dificultades de comprensión.

La instrucción remarca que la colaboración de los equipos técnicos es esencial para identificar a los internos que puedan acogerse al proceso y para asegurar que reciben el acompañamiento necesario durante la tramitación de la solicitud.

El proceso contempla la posibilidad de presentar la documentación incluso si esta resulta incompleta, permitiendo así iniciar el expediente y evitar demoras en la inscripción de los reclusos interesados. Los profesionales de los equipos técnicos tendrán la responsabilidad de orientar y asistir a los internos a lo largo de todo el procedimiento administrativo.

Reclamos laborales sin respuesta

Por otro lado, la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha criticado ante Europa Press la rapidez en implementar medidas para beneficiar a la población reclusa, cuestionando el “silencio” de la Secretaría General ante demandas laborales históricas de los trabajadores penitenciarios.

Entre ellas, mencionan el “retraso injustificado” en la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que supondría el reconocimiento del personal como agente de autoridad, así como la exigencia de medidas de concentración horaria orientadas a reducir desplazamientos.

La asociación TAMPM, compuesta en su mayoría por funcionarios de prisiones, sostiene que la Administración muestra una respuesta más ágil ante cuestiones que afectan a los internos que ante las reivindicaciones del personal. Desde hace años, el colectivo reclama mejoras en las condiciones laborales, mayor seguridad en los centros y una mayor dotación de recursos humanos y materiales.

Además, insisten en la necesidad de que los funcionarios penitenciarios sean reconocidos como agentes de autoridad para reforzar la protección jurídica en el ejercicio de sus funciones. Estas demandas han sido trasladadas de forma reiterada a la Administración, que según el colectivo, no ha dado una respuesta satisfactoria hasta la fecha.

Este lunes ha arrancado el proceso presencial para la regularización extraordinaria de migrantes en España, una jornada que ha dejado un panorama muy desigual: largas colas y esperas por un lado, y normalidad y tranquilidad en otros.

El primer lugar en el que se ha visto movimiento ha sido en Cataluña, donde centenares de personas se concentraron desde la madrugada en el recinto ferial La Farga, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para conseguir la documentación necesaria para iniciar el procedimiento. Parte de los solicitantes ha llegado a pasar la noche allí para asegurarse un puesto en la fila. Entre los requisitos figuran el informe de vulnerabilidad y el certificado de empadronamiento, documentos clave para acceder al trámite de regularización.

Quienes se han acercado a la oficina de Atención a la Ciudadanía de la Plaza Sant Miquel, en Barcelona, también han sufrido largas esperas. Algunas personas han asegurado que el tiempo de espera superó “más de cuatro horas”, según declaraciones a Europa Press. Una situación muy distinta a la que han vivido en oficinas de Correos y sedes de ONGs, donde la exigencia de cita previa y de acudir obligatoriamente con toda la documentación preparada ha permitido agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

Tranquilidad y buena organización en prácticamente todas las oficinas

En Galicia, tanto en dependencias de la Seguridad Social como en las oficinas de Correos, la jornada ha transcurrido con “total normalidad” y apenas ha habido afluencia de solicitantes. Algo parecido ha ocurrido en Cantabria, donde las oficinas de Correos han atendido exclusivamente con cita previa y no se han formado colas, aunque sí se han detectado fallos puntuales en el sistema informático.

Por otro lado, en Castilla-La Mancha la situación ha variado según la provincia. En Albacete, más de un centenar de migrantes se han concentrado ante la Oficina Municipal de Atención Ciudadana, mientras que en Cuenca la jornada ha sido más tranquila, aunque con dudas por parte de los solicitantes sobre el inicio del procedimiento y la documentación a presentar, en especial el certificado de vulnerabilidad.

Más al norte, en Castilla y León, se han producido incidencias técnicas. Los trámites en Valladolid han sufrido retrasos por problemas informáticos, pero la organización del proceso con cita previa ha permitido que la atención se haya producido de manera ordenada y con un ambiente de esperanza. Los solicitantes expresaron a Europa Press su deseo de acceder a un “buen trabajo”, vivir “más tranquilos” y “aportar al país”.

Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid, la normalidad ha sido la tónica dominante de la mayoría de las oficinas de Correos, especialmente en las de Julián Besteiro (Tetuán) y Maudes (Chamberí), donde no se han producido colas a primera hora. En la oficina de Jacinto Verdaguer se ha implementado durante todo el día un sistema de tres ventanillas dedicadas a la tramitación de solicitudes. Desde el Ayuntamiento de la capital han hablado de un “aumento exponencial” de las solicitudes, que pasaron de 1.500 diarias la semana pasada a 4.000 tras la entrada en vigor del decreto y hasta 5.500 al día siguiente.

Contrastes en la costa y las islas

En la costa, la alta demanda recibida en la Comunidad Valenciana se ha reflejado en las largas colas desde por la mañana, sobre todo en edificios municipales de Valencia, como en la Plaza del Ayuntamiento o en Amadeo de Saboya. Allí, cientos de personas esperaban para reunir la documentación requerida.

Después, la jornada de La Rioja se ha vivido con mucha ilusión. Entre los primeros solicitantes han estado Stevens y Esteban, ambos colombianos, y Betty, de nacionalidad peruana, quienes presentaron su solicitud en una oficina de Correos de Logroño con la esperanza de “tener una vida mejor”.

En Baleares, varias decenas de personas han empezado los trámites con la expectativa de conseguir empleo o mejorar su seguridad personal. Algunos de los casos recogidos por Europa Press son los de Johny y Paola, una pareja de Colombia que llegó a Mallorca tras huir de la violencia. Él ha trabajado sin papeles, en la economía sumergida, y hace poco que firmó un contrato como repartidor al solicitar protección internacional, mientras que ella espera que la regularización por unidad familiar le permita acceder por primera vez a un permiso laboral.

Las Islas Canarias han sido uno de los territorios donde la jornada ha transcurrido con mayor tranquilidad. Se estima que el proceso de regularización podría afectar a unas 40.000 personas en el archipiélago. Las 24 oficinas de Correos y los puntos de la Seguridad Social mantuvieron la atención sin colas, salvo alguna espera puntual en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La amplitud del plazo, hasta el 30 de junio, y el sistema de cita previa han contribuido a evitar incidencias.

Asesoramiento social ante el volumen de solicitudes

El operativo se va a desarrollar en más de 370 oficinas de Correos, más de 60 oficinas de la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Las autoridades han reiterado que la atención se realiza únicamente con cita previa y en horarios específicos: de 8:30 a 17:30 en Correos, y de 16:00 a 19:00 en la Seguridad Social y Extranjería.

Desde el ámbito social, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido “paciencia” ante la “afluencia muy numerosa” de personas en sus sedes. “Las organizaciones hacemos un llamamiento a la paciencia en un proceso complejo. Estamos convencidos de que toda persona que reúna requisitos podrá solicitarlo a tiempo”, trasladó la entidad. CEAR alertó también del aumento de solicitudes del certificado de vulnerabilidad, aunque no siempre es necesario para la tramitación.

La organización Accem señaló que la situación en sus oficinas es de “relativa tranquilidad”, aunque prevé un incremento del volumen de trabajo en las próximas semanas. Las consultas se centran en dudas sobre documentación, vías de acceso y el informe de vulnerabilidad. Tanto CEAR como Accem forman parte del Registro de Colaboradores de Extranjería, compuesto por entidades sociales y sindicatos que ofrecen asesoramiento gratuito.

En el plano sindical, los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, reclamaron un refuerzo inmediato de los recursos humanos y materiales. Álvarez, en rueda de prensa, exigió a la Fiscalía que investigue la existencia de redes que trafican con citas para migrantes: “Hoy hemos conocido webs que se dedican a traficar con las citas para los migrantes”, afirmó el secretario general de UGT, quien pidió a la Administración de Justicia que “actúe de oficio”.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advirtió sobre problemas informáticos y falta de personal. La central sindical reportó “fallos reiterados” en el sistema informático en diferentes puntos del país, lo que ha supuesto demoras en los expedientes y, en el caso de Granada, el cierre temporal de una oficina.

La regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno se puso en marcha el pasado 16, con la apertura de solicitudes vía telemática a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero a partir de este lunes 20 de abril comienza la atención presencial. Pero, eso sí, quienes decidan iniciar su trámite en alguna de las 400 oficinas habilitadas en toda España, tendrán que solicitar cita previa.

En las primeras 24 horas del procedimiento, según ha informado el departamento liderado por Elma Saiz, se confirmaron 19.633 citas, presentadas a través de Cl@ve, del teléfono 060 y del formulario de la web del Ministerio. Asimismo, se recibieron 13.500 solicitudes telemáticas.

La regularización está dirigida a quienes llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025, incluidos los solicitantes de asilo que presentaron su petición antes de esa fecha, y para optar al proceso deberán acreditar una estancia continuada de al menos cinco meses y no contar con antecedentes penales, ni aquí ni en sus países de origen. Entre los requisitos, se exige aportar documentos que prueben ese tiempo de permanencia, como el padrón municipal, informes médicos, contratos de alquiler, recibos de luz o certificados de envíos de dinero.

Para acreditar los antecedentes penales, los solicitantes deben presentar un certificado expedido por su país de origen, pero si no logran conseguirlo en un mes, el Gobierno gestionará la solicitud por vía diplomática durante tres meses más. Si el documento aún no llega, los migrantes dispondrán de 15 días adicionales para intentarlo por su cuenta. La falta de este certificado impedirá acceder al proceso.

También podrán acceder al proceso los migrantes en situación administrativa irregular que puedan acreditar haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España, que cuenten con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado, o quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El certificado de vulnerabilidad, disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solo será válido si cuenta con la acreditación y el sello de las autoridades competentes, bien sean las organizaciones o sindicatos inscritos en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) o los Servicios Sociales.

A qué oficinas hay que dirigirse

Para realizar el trámite de forma presencial, las personas interesadas podrán acudir a alguna de las 60 oficinas de la Seguridad Social habilitadas en todo el territorio, en horario de 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, además de las 371 oficinas de Correos que hay distribuidas tanto en capitales de provincia como en municipios de más de 50.000 habitantes, con atención entre las 8:30 y las 17:30 horas. El proceso contará con cinco Oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, disponibles de 16 a 19 horas.

La reserva de cita puede hacerse por internet mediante el sistema Cl@ve, lo que permite elegir la oficina más conveniente. Si la gestión se hace por teléfono (060) o a través de un formulario web, el sistema asigna automáticamente el punto más cercano según los datos del solicitante.

Las solicitudes serán gestionadas por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), órgano dependiente del Ministerio de Migraciones. Con el objetivo de agilizar el proceso y evitar colapsos, el Gobierno ha reforzado el equipo con unas 400 personas, que se suman a las 200 de la plantilla habitual de la UTEX.

Quienes resulten beneficiarios recibirán un permiso de residencia y trabajo por un año y, al finalizar ese plazo, podrán optar a una autorización más estable según el Reglamento de Extranjería o, si no cumplen los requisitos, solicitar una prórroga anual.

Quedan fuera de este proceso tanto los apátridas, en su gran mayoría saharauis, como los menores migrantes no acompañados de edad indeterminada. En este último caso se trata de adolescentes cuyos pasaportes biométricos, emitidos por las oficinas consulares de sus países de origen, certifican que son menores de edad y, sin embargo, han sido considerados adultos por la Fiscalía.

Las autoridades de Chihuahua informaron sobre la desarticulación de una célula criminal y el rescate de 15 personas migrantes en Ciudad Juárez. Reportes no oficiales señalan que los integrantes de la estructura serían miembros del grupo criminal La Línea.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel S. H., Adrián Alejandro V. M., José Luis R. G., José Ángel O. R., y María Cristina M. H.

El arresto de cinco sujetos fue informado el 19 de abril por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), institución que detalló que las acciones fueron realizadas en la colonia Chihuahua.

A las personas mencionadas les fueron aseguradas un arma de fuego tipo fusil, una escopeta, una decena de cargadores, así como más de 290 cartuchos útiles. De igual manera, elementos de investigación, apoyados por la Dirección de Análisis Táctico y la Plataforma Centinela, localizaron y aseguraron un vehículo implicado en los hechos, un Grand Cherokee de color negro con placas de Michoacán.

Un reporte al número de emergencias, 911, señalaba que un grupo de personas habían ingresado a la fuerza a un conjunto de individuos a un domicilio en la calle Rubén Posada Pompa, lo que derivó en el despliegue de elementos del Grupo Especial de Detectives y la Fuerza Especial SWAT para resguardar el perímetro e intervenir en el sitio.

En un primer momento los agentes vieron a un civil armado, quien al percatarse que lo superaban en número no opuso resistencia a su captura, posteriormente fueron detenidos los otros individuos.

“La presunta célula criminal fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, para dar continuidad a las investigaciones correspondientes”, es parte del reporte de las autoridades.

Los migrantes provenían de Ecuador y de otro estados de México

Asimismo, las personas migrantes recibieron atención médica para corroborar su estado de salud y luego fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias.

La mayoría de los rescatados (13) son provenientes de diversos estados de México, mientras que los dos restantes aseguraron ser provenientes de Ecuador.

Sentencian a dos hombres por tráfico de migrantes

Por su parte, en diciembre del año pasado Ismael “H” y Juan “R” fueron condenados a 16 y 18 años de prisión, respectivamente, tras ser hallados culpables de los delitos de cohecho y transporte agravado de extranjeros.

Dichos sujetos transportaban un grupo de 20 personas migrantes originarias de Guatemala en un tráiler en Chihuahua.

Además de los años en la cárcel, Juan “R” recibió una multa de 971 mil 822 pesos, mientras que Ismael “H” una multa de 962 mil 200 pesos

“Cuando una persona migrante regulariza su situación, hay una serie de tranquilidades y de garantías que te permiten estar desde otro lugar, porque cuando no tienes esos derechos es como ir a la deriva”. Raquel Mosquera, migrante colombiana de 45 años, habla ahora desde el alivio, pero no se le olvidan las innumerables dificultades que tuvo que atravesar durante tres años, desde que llegó a España en 2022 y hasta que pudo obtener un permiso de residencia y trabajo tres años después, en mayo de 2025. Los problemas en el acceso a la vivienda, los trabajos precarios y mal remunerados o el miedo a que un control policial pudiera truncar sus planes de quedarse en el país marcaron su día a día. Pero, a pesar de la incertidumbre, consiguió abrirse paso y acceder a nuevas oportunidades.

Después de conseguir su primer trabajo en un restaurante, un año después, cuando logró tener un techo seguro, pudo traer a su hija, que ahora tiene 14 años. Más tarde, ya con una relación estable, Raquel pudo regularizar su situación mediante la inscripción como pareja de hecho, una vía que permite obtener la residencia legal, por lo que obtuvo sus papeles en mayo de 2025. El proceso de su hija, sin embargo, aún sigue pendiente.

Raquel decidió no iniciar los trámites para su hija hasta regularizar primero su propia situación. Quería asegurarse de tener un contrato de trabajo, aunque solo fuera por unas pocas horas cuidando niños, y un alquiler a su nombre, porque temía que cualquier detalle pudiera poner en riesgo la solicitud. El pasado mes de diciembre entregó por fin la documentación de su hija en Extranjería y, aunque la respuesta aún no ha llegado, la aprobación esta semana por parte del Gobierno de la regularización extraordinaria de migrantes ha abierto una nueva esperanza para esta familia.

Derechos básicos limitados

A lo largo de estos años, Raquel ha acumulado empleos marcados por la precariedad, tanto en la hostelería como en el cuidado de personas dependientes, llegando a asistir a un hombre con esclerosis múltiple por apenas 8 euros la hora, sin derecho a permisos retribuidos, ni baja por enfermedad ni vacaciones. Pero también ha sido testigo de cómo la falta de papeles ha afectado a su hija, que, como muchos otros menores migrantes en situación irregular, ha vivido con el miedo a ser expulsada y sin la certeza de poder construir un futuro en el lugar donde crece. En otros casos, además, los menores encuentran dificultades a la hora de acceder a servicios y derechos básicos como la educación, la sanidad o las ayudas sociales.

“Mi hija, afortunadamente, ha logrado crear un vínculo fuerte tanto con otras chicas migrantes como con sus compañeras de colegio, porque, al no tener familia cerca, esas amistades son el sostén al que te agarras. Aun así, siempre ha sentido miedo a que la policía la detenga en el transporte público o a que puedan expulsarla del país”, explica Raquel. Para ella, lo más doloroso es no poder salir de España con su hija, aunque espera que la regularización extraordinaria permita cambiar esa situación a lo largo de este año.

“Ella me pregunta frecuentemente que cuándo vamos a poder ir a Colombia y estoy segura de que este año sí vamos a poder hacerlo”, dice esperanzada. La regularización, un proceso destinado a quienes llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar al menos cinco meses de permanencia continuada y carecer de antecedentes penales, representa para Raquel mucho más que un trámite: significa que su hija y otros muchos menores migrantes podrán vivir con mayor tranquilidad y acceder a las mismas oportunidades que los demás.

Aunque la ausencia de un registro real dificulta conocer con exactitud el número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran actualmente en España en situación irregular como la hija de Raquel, el informe Crecer sin papeles, elaborado por Save the Children y la Fundación por Causa en 2021, cuantificaba en casi 150.000 el número de menores de edad en esta situación. Casi la mitad de ellos tenía menos de 10 años.

Racismo en las aulas

En el caso de Lina, una migrante colombiana que llegó a Barcelona hace dos años y medio, también enfrenta cada día la incertidumbre de la irregularidad junto a su hija menor de edad. Sin papeles, solo ha podido acceder a empleos informales y ambas han tenido que mudarse hasta en siete ocasiones, debido a las dificultades para conseguir vivienda en estas condiciones.

Además, el día a día de su hija en el colegio resulta especialmente difícil, ya que ha vivido episodios de racismo, según denuncia Lina. La menor ha recibido insultos y ha presenciado comentarios discriminatorios en un chat grupal, donde un compañero mandó callar a otro alumno migrante y le dijo que “se fuera a recoger algodón”. Al informar a la tutora, lejos de encontrar apoyo, la profesora expuso a la niña delante del grupo, lo que agravó su aislamiento, relata la madre.

En el aula de acogida, un espacio destinado a apoyar a los estudiantes migrantes en el aprendizaje del catalán, la situación tampoco fue mejor. Lina explica que una profesora desestimaba los esfuerzos de su hija, le negaba ayuda y llegó a decirle que no valía la pena evaluarla porque “igual iba a suspender”. Y cuando la adolescente compartió su malestar, añade, la profesora la dejó sola en clase y otros docentes la reprendieron.

Lina trató de buscar ayuda e involucrar a la dirección del colegio, pero no recibió respaldo. Incluso le advirtieron que su hija podría perder el aula de acogida si no dejaba de “hacer drama”. Lo más preocupante, asegura, es que muchos niños migrantes atraviesan experiencias similares sin apoyo ni recursos para defenderse. “Para un adulto, adaptarse a un lugar nuevo es complicado, pero para los niños, niñas y adolescentes lo es aún más, porque no han elegido migrar”, concluye. Aun así, se muestra esperanzada en que la regularización ayude a cambiar estas situaciones y permita a la infancia vivir también con mayor seguridad y oportunidades.

Las solicitudes para el proceso ya se pueden presentar vía online, mientras que de manera presencial se habilitará a partir de este lunes 20 de abril y esta última vía siempre requerirá cita previa. Para ello estarán disponibles 60 oficinas de la Seguridad Social en todo el territorio, 371 oficinas de Correos distribuidas tanto en capitales de provincia como en municipios con más de 50.000 habitantes, y cinco oficinas más de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

La regularización extraordinaria de migrantes aprobada esta semana por el Gobierno permitirá a unas 500.000 personas que ya viven en España, pero sin papeles, acceder a permisos de residencia y trabajo, con todos los derechos y obligaciones correspondientes, pero el proceso también ha dejado fuera a algunos colectivos vulnerables como los apátridas, en su gran mayoría saharauis, y algunos menores migrantes no acompañados. En este último caso se trata de adolescentes cuyos pasaportes biométricos, emitidos por las oficinas consulares de sus países de origen, certifican que son menores de edad y, sin embargo, han sido considerados adultos por la Fiscalía.

“El nuevo marco no resuelve la situación de estos adolescentes y los mantiene en un limbo jurídico inaceptable. Aunque son menores de edad, el decreto de Fiscalía les convierte en adultos y, como consecuencia, quedan fuera del sistema de protección de menores y sin acceso a una autorización de residencia como menores tutelados”, explican desde la Fundación Raíces, organización dedicada a la defensa de los derechos de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad. Paradójicamente, añaden, aunque la Fiscalía les reconoce como mayores de edad, esa consideración no les permite acceder a los derechos de los adultos ni beneficiarse por tanto de la regularización recién puesta en marcha.

Según la última memoria de la Fiscalía, en 2024 se analizaron más de 7.500 casos para determinar la edad de jóvenes migrantes y en unos 2.500 de ellos se decidió que eran mayores de edad.

Cabe recordar que cuando un migrante desembarca en costas españolas y alega ser menor de edad pero no cuenta con un documento que lo acredite o se sospecha que puede ser un adulto, la Administración comprueba si es cierto o no mediante una prueba ósea que determina su edad, unos exámenes muy criticados por las ONG al considerarlos invasivos e imprecisos, y cuyos resultados suelen demorarse mucho.

Dos décadas denunciando la situación

La Fundación Raíces insiste en que estos adolescentes extranjeros y sin protección que no pueden solicitar ningún tipo de autorización de residencia son los más vulnerables y recuerda que llevan denunciando esta situación desde hace dos décadas. La organización también lamenta que, pese a haber presentado enmiendas para que los menores migrantes afectados por procedimientos de determinación de la edad pudieran acogerse expresamente a esta regularización, su propuestas no han sido incorporadas al texto aprobado.

“Llevamos veinte años denunciando el limbo en el que permanecen estos niños y niñas cuando se les determina mayores de edad, pese a contar con pasaportes auténticos que demuestran ser menores. La regularización extraordinaria no puede volver a excluir a quienes ya han sido excluidos del sistema de protección”, dice a Infobae Lourdes Reyzábal, cofundadora de la fundación. “Esto solo ocurre con los niños y niñas que están solos, los pasaportes de ciudadanos adultos de los mismos países o de niños acompañados por sus padres, sí son válidos para España. El mismo Gobierno que deja sin protección a niños y niñas que están solos en España, no les permitirá regularizar su situación administrativa por esta vía”, añade.

El Supremo y Naciones Unidas lo cuestionan

La fundación también explica que el Tribunal Supremo ha dictado más de 20 sentencias desde 2014 estableciendo que los niños y niñas documentados con pasaporte no deben ser sometidos a procedimientos de determinación de edad y que resulta discriminatorio no dar validez a pasaportes auténticos de determinados países africanos. En la misma línea, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas “ha dictaminado hasta en 14 ocasiones que España ha vulnerado derechos de la infancia en este ámbito”, y ha reiterado su preocupación e instado a España a cesar en esta práctica.

También recuerdan que existe un proyecto de regulación del procedimiento de evaluación de la edad paralizado en el Congreso de los Diputados desde marzo de 2025 que sigue permitiendo cuestionar la validez de los pasaportes.

Por todo ello, desde Fundación Raíces animan a los adolescentes afectados, así como a quienes les acompañan, a que presenten sus solicitudes de regularización incluyendo tanto el pasaporte como el decreto de la Fiscalía. También llaman a exigir a la Administración que interprete la norma de forma que les permita “salir de este limbo legal que el Gobierno prometió reformar desde 2020″.

El 95% de los apátridas son saharauis

Respecto a los apátridas, las personas a las que ningún país reconoce como ciudadanos y que también han quedado excluidos de la regularización, el Gobierno sostiene que su situación es diferente. Argumenta que no pueden acogerse a esta medida porque “ya están protegidos por el Estatuto de los Apátridas” y que no se encuentran en situación de irregularidad, por lo que no corresponde aplicarles el mismo procedimiento.

Casi todas las personas que carecen de nacionalidad en España son saharauis, por lo que desde la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara) han rechazado esta exclusión del proceso. CEAS-Sahara condena “enérgicamente” que los apátridas se queden fuera de la regularización extraordinaria del Gobierno.

“Carece de total sentido y coherencia alegar una hipotética situación de ‘regularidad’ de las personas solicitantes del reconocimiento del estatuto de apátrida mientras no se les permite trabajar durante la tramitación del procedimiento por no tener autorización de residencia y trabajo concedida”, critica en un comunicado la Coordinadora. La organización ha llamado a entidades, colectivos y organizaciones dedicadas a los derechos humanos y las migraciones a unirse al manifiesto de protesta contra la decisión del Gobierno, con el fin de visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que quedan las personas apátridas.

En un primer momento, el borrador de la regularización contemplaba a los solicitantes de apatridia como beneficiarios de la medida. Sin embargo, tras las recomendaciones del Consejo de Estado, que advirtió que su inclusión “podría generar confusión”, el texto fue modificado y finalmente este colectivo quedó excluido.

Solicitudes de forma presencial, a partir de este lunes 20

Después de el 16 de abril comenzara el proceso de regularización, a través de la vía telemática, este lunes 20 empieza el plazo para hacer la solicitud de forma presencial, siempre con cita previa. Los trámites se podrán realizar en cualquiera de las 400 oficinas disponibles en todo el territorio, 30 de la Seguridad Social que estarán abiertas de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas, y otras 371 de Correos, que estarán disponibles tanto en capitales de provincia como en municipios con más de 50.000 habitantes en horario de 8.30 a 17.30 horas de lunes a viernes.

Las solicitudes también se podrán presentar en cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16.00 a 19.00 horas.

En un hecho que ha sido discutido en el mundo, durante la primera semana de abril se confirmó que Estados Unidos y la República Democrática del Congo alcanzaron un acuerdo para que el país africano reciba migrantes deportados desde Estados Unidos sin importar su nacionalidad.

El acuerdo, anunciado por el Ministerio de Comunicación congoleño, establece que la medida será implementada en abril bajo un esquema de “acogida temporal”. Las autoridades de la RD del Congo confirmaron que no se trata de un mecanismo de reubicación permanente ni de una externalización de las políticas migratorias estadounidenses.

La gestión logística y técnica estará a cargo del gobierno de Estados Unidos, mediante estructuras especializadas en el traslado internacional de personas. El acuerdo descarta que el tesoro público congoleño deba asumir costos por la implementación del dispositivo.

Cada caso de migrante será evaluado de forma individual en función de la legislación local y la seguridad nacional, lo que da al Gobierno congoleño control total sobre la admisión, la permanencia, el retiro del estatus temporal y los procedimientos de retorno de los migrantes. Los deportados serán alojados en infraestructuras ubicadas en Kinshasa, donde estarán sujetos a seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario.

Primer vuelo con migrantes llegó al Congo

El 18 de abril, Reuters confirmó que llegó a la República Democrática del Congo el primer vuelo con migrantes expulsados por Estados Unidos. Se trataría de 16 latinos de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y peruana.

El medio citado habló con una mujer colombiana que confirmó que en el grupo hay nueve hombres y siete mujeres, y que les han informado que el segundo vuelo llegará a África el miércoles 22 de abril con 30 personas más.

“El vuelo fue muy tranquilo. Nos trataron bien y nos dieron suficiente comida. Fue muy largo, alrededor de 26 o 27 horas”, fueron las palabras del migrante colombiano, cuya identidad no fue revelada.

En Colombia, el primer pronunciamiento al respecto fue por parte del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, en la que rechazó el trato que están recibiendo los migrantes en Norteamérica.

Petro lamentó vivir una crisis diplomática con Ecuador, mientras que ciudadanos de ambos países son expulsados de esa forma por Estados Unidos, y anunció que ordenará el traslado inmediato de los connacionales a Bogotá.

“Esto se llama ostracismo. Mientras Noboa me calumnia, deja que sus amigos humillen a su pueblo. La canciller tiene orden de traer de inmediato a los colombianos desde el Congo y sin cadenas”.

Detalles del proceso de expulsión de los migrantes

Los datos de seguimiento del vuelo indican que el avión partió de Alexandria, Louisiana, hizo escala en Dakar, Senegal, y Accra, Ghana, para finalmente llegar a Kinshasa el 17 de abril.

Medios en Estados Unidos han recordado que el acuerdo coincide con los proyectos que el Gobierno Trump ha concretado para implementar los acuerdos del proceso de paz que este país gestionó entre la República Democrática del Congo y Ruanda, que tiene como objetivo poner fin a los combates con los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, en el este del Congo, que han causado miles de muertos y el desplazamiento de cientos de familias en la región.

Sobre la llegada de los latinos al Congo, estos fueron informados de que tendrán una visa de siete días para moverse libremente por la nación africana y que este permiso podrá ser extendido hasta por tres meses; de la misma forma, los migrantes podrán solicitar un asilo en el Congo, pero los funcionarios estadounidenses recomendaron no hacerlo por los peligros que existen por el conflicto interno en este país.

El diputado Alan Sahir Márquez Becerra ha impulsado una reforma para modificar la Ley de Migración y otorgar de inmediato condición de estancia por razones humanitarias a personas migrantes víctimas de secuestro en México.

La iniciativa busca responder a los vacíos legales actuales que dificultan la protección y el acceso a la justicia para este grupo, uno de los más vulnerables a los delitos graves en el país.

La propuesta modifica el inciso a) del artículo 52 de la Ley de Migración, al adicionar dos párrafos que establecen la entrega automática de dicha autorización, sin exigir que la persona acredite previamente su situación migratoria.

En el documento expuesto en la Cámara de Diputados se señala que el permiso otorgaría a la víctima la posibilidad de transitar o permanecer en el país el tiempo necesario para su recuperación integral, su protección y su participación en las investigaciones y procesos judiciales derivados del secuestro.

Se documentaron 262 migrantes víctimas de secuestro

El legislador citó cifras de la organización Alto al Secuestro, las cuales, en marzo de 2024, registraron 521 víctimas de secuestro en México, de las cuales 262 son migrantes.

Los datos corresponden a 84 casos reportados. Márquez Becerra subrayó que las bandas delictivas aprovechan la vulnerabilidad de quienes se desplazan por el territorio nacional sin recursos y sin redes de apoyo.

En estas situaciones, los migrantes son privados de la libertad muchas veces en condiciones degradantes, a la espera de que un familiar pague un rescate en dólares o pesos mexicanos. Si esto no ocurre, las víctimas enfrentan amenazas de mutilación o incluso de muerte.

El diputado sostiene que la legislación actual omite garantías para que las víctimas de secuestro obtengan acceso inmediato a la regularización migratoria y no establece mecanismos efectivos de protección, atención integral o acceso a la justicia. Esta carencia coloca a las personas migrantes en una situación de indefensión superior a la que enfrentan otros sectores.

Acceso urgente a protección integral

La iniciativa ordena a las autoridades federales y locales asegurar el acceso inmediato a medidas de protección específicas para las víctimas:

• Atención médica y psicológica especializada
• Asistencia jurídica gratuita
• Disponibilidad de intérpretes o traductores cuando sea necesario

El objetivo es que los derechos de la persona migrante sean ejercidos en tiempo real y no queden sujetos a trámites burocráticos o a la discrecionalidad de los funcionarios.

Márquez Becerra argumenta que las personas migrantes no experimentan el daño ni las consecuencias de la misma forma que otras víctimas y que, por lo tanto, los mecanismos de protección y reparación del Estado mexicano deben responder a características específicas de este grupo.

El legislador insiste en que, si se aprueba la propuesta, el Estado mexicano cumpliría sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales en derechos humanos. La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios para su análisis.

Hasta el 15 de abril de 2026, España ha registrado la llegada irregular de 7.030 migrantes, lo que supone una reducción del 47,5% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra alcanzó los 13.390. Según datos del Ministerio del Interior citados por Europa Press, el descenso afecta principalmente a la ruta atlántica hacia Canarias y a los trayectos marítimos más habituales, aunque determinadas zonas del litoral y las fronteras terrestres del norte de África muestran tendencias opuestas.

Un descenso del total, pero con repuntes pronunciados en Baleares, Ceuta y Melilla

La vía marítima sigue siendo la principal puerta de entrada para quienes intentan alcanzar territorio español de forma irregular, aunque el flujo en lo que va de año es considerablemente menor. En total, 5.004 personas han llegado por mar, un 61,2% menos que en el mismo tramo de 2025, cuando se contabilizaron 12.910. La reducción también se percibe en el número de embarcaciones, con 174 registradas, 138 menos que en el ejercicio anterior.

La distribución de las llegadas, sin embargo, no es uniforme. En la Península y Baleares, por ejemplo, la tendencia es inversa. Durante los primeros meses de 2026, 2.898 migrantes han desembarcado en estas zonas, lo que representa un aumento del 21,2% respecto a 2025, cuando se habían registrado 2.391 llegadas. De ese total, 1.580 personas lo han hecho en la Península y 1.318 en Baleares. El incremento en la Península es del 22,7%, con 293 llegadas más que el año anterior; a bordo de 85 embarcaciones, siete menos que en 2025. En Baleares, el aumento es del 19,4%, con 214 personas más y 65 embarcaciones, 16 más que en el mismo periodo anterior.

El caso de Canarias destaca por el brusco descenso en la presión migratoria. El archipiélago ha contabilizado 2.097 llegadas irregulares, frente a las 10.515 del año pasado en las mismas fechas, lo que supone una caída del 80,1%. Esta cifra refleja el impacto de los controles y una posible redistribución de rutas hacia otras zonas del país.

Por otro lado, las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla han experimentado un fuerte repunte. En lo que va de año, 2.026 personas han accedido de manera irregular a las dos ciudades autónomas desde el continente africano, lo que equivale a un incremento del 322,1% respecto al año anterior. Ceuta concentra la mayor parte, con 1.968 migrantes, 1.531 más que en 2025. Melilla, por su parte, suma 58 llegadas, frente a las 43 del año anterior. Por vía marítima, Melilla ha recibido nueve personas, ocho más que en 2025, mientras que Ceuta no ha registrado ninguna en lo que va de año, a diferencia de las tres contabilizadas en el mismo periodo anterior.

El balance de estos primeros meses de 2026 revela un descenso generalizado en las rutas marítimas, especialmente en Canarias, y un aumento de la presión en los accesos terrestres del norte de África y en los trayectos marítimos hacia la Península y Baleares. La evolución de los datos confirma la capacidad de adaptación de las redes migratorias, que modifican sus rutas y destinos en función del refuerzo de los controles y de los cambios en la coyuntura internacional.

Esta semana ha comenzado el proceso de regularización de personas migrantes en España. Aprobado tras un acuerdo entre el Gobierno y Unidas Podemos, se espera que este procedimiento extraordinario dé la residencia legal a unas 500.000 personas que entraron en el país antes del 31 de diciembre de 2025. El anuncio ha generado dudas y desinformación respecto a las consecuencias de la regularización, entre ellas los posibles efectos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desde el Partido Popular madrileño, Isabel Díaz Ayuso acusaba al Gobierno central de intentar “reventar los servicios públicos” de la capital, mientras que Vox ha lanzado una campaña de concienciación sobre las consecuencias de la “inmigración masiva”, en la que acusa a los extranjeros de “vaciar nuestras arcas públicas” y aumentar las listas de espera.

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Lo cierto es que este medio millón de personas ya tenía derecho a la sanidad pública. La Ley General de Sanidad estableció en 1986 una sanidad pública, gratuita, de calidad y universal, un apelativo final que recuperó en 2018 y el Gobierno ha afianzado con un reciente real decreto de acceso universal para extranjeros en situación irregular.

Pese a estar reconocido de forma legal, el acceso de los migrantes irregulares a la sanidad pública nunca ha transcurrido de forma sencilla. Un reciente informe de la ONG Médicos del Mundo (MDM) certifica que cerca de 13.000 personas extranjeras se encontraron con barreras sanitarias en el año 2025. “Hasta ahora, la mayoría de las comunidades autónomas han hecho una interpretación restrictiva del reglamento”, explica Celia López, vocal de Igualdad de MDM.

Más pacientes para la atención primaria

La falta de papeles era uno de los principales impedimentos para que estas personas obtuvieran la tarjeta sanitaria. El real decreto de universalidad de 2018 exigía estar empadronado tres meses para poder acceder al SNS, pero lograr el reconocimiento local no era tan sencillo. “Las personas pueden estar en un alojamiento para el que no les faciliten el empadronamiento, porque son infraviviendas, y muchos ayuntamientos no utilizan la figura del empadronamiento social”, lamenta López.

Se sabe que los migrantes llegan al país con un excelente estado de salud, pero empeora con el tiempo debido a las condiciones laborales, sociales y de vivienda a las que se enfrentan. La barrera administrativa, unida al desconocimiento general del funcionamiento del sistema sanitario español, impedía que estas personas fuesen al médico para tratar sus patologías. A su vez, dificultaba la obtención de fármacos dispensados bajo prescripción médica. “Al no tener tarjeta sanitaria y no poder acceder al médico, no pueden comprar esas medicaciones, porque la farmacia no las vende sin receta”, indica López. También suponía un obstáculo para acceder a programas de prevención, como la vacunación infantil.

La regularización “va a suponer que tengan acceso a la tarjeta sanitaria y, por tanto, a la atención primaria de salud”, apunta López, un mayor control que ayudaría a controlar patologías leves y reduciría las visitas a urgencias. Así, más que un gasto, supone un ahorro para el presupuesto sanitario. “En vez de disminuir el gasto por no tener tarjeta sanitaria, se aumenta, porque esa persona va a tener que ser atendida en urgencias”, explica López. “Nuestra atención primaria va a prevenir y hacer que ese gasto en urgencias y hospitalizaciones sea mucho menor”, añade.

No es una ventaja únicamente monetaria, también sanitaria: permite controlar el estado de salud de una población que suele escaparse de los sistemas de vigilancia, previniendo el contagio y propagación de enfermedades. “Es una cuestión de derechos, pero también de salud pública”, apostilla López.

Eso sí, los migrantes entrarían a una atención primaria que muestra desde hace años síntomas de saturación. El último barómetro del CIS muestra que los españoles esperan de media 9,15 días para ver a su médico de cabecera y que un 24% de la población ni siquiera consigue una cita de atención primaria, un problema especialmente agravado en las zonas rurales por la falta de especialistas.

Pero la regularización no supone la entrada de 500.000 nuevos pacientes, sino una mayor protección a su derecho de atención sanitaria ya reconocido. De hecho, la experiencia española con anteriores regularizaciones extraordinarias evidencia que estos procesos no terminan con el colapso de los sistemas sanitarios. Estudios sobre el uso del sistema sanitario por parte de la población migrante, como el realizado por el doctor Luis Gimeno en 2021, muestran que la población extranjera regular acude menos a la sanidad pública: de media, visitan al médico de cabecera una media de 4,4 veces al año, frente a las 7,1 visitas anuales de una persona nacida en España.

Las regularizaciones tampoco generan un efecto llamada a la migración, desmiente López. “Los movimientos migratorios responden a factores estructurales que nada tienen que ver con el acceso sanitario. Responden más bien a conflictos, guerras, desigualdades socioeconómicas, falta de oportunidades laborales, inseguridad en los países de origen...”, defiende la portavoz.

Más ingresos para el sistema público

Además de un ahorro en gasto sanitario, su incorporación al mercado laboral supondrá también un aumento de los ingresos. “Van a poder tener un contrato de trabajo y van a contribuir plenamente a la sociedad, incluso en el sostenimiento del propio sistema sanitario a través de la recaudación de impuestos”, defiende López.

Los estudios de procesos de regularización previos indican que las personas migrantes generan mayores ingresos fiscales para el Estado de los que perciben en ayudas. La actual regularización permitiría un ingreso adicional de hasta 3.300 euros por persona, desmintiendo que su presencia represente una carga financiera para las finanzas públicas.

Quedará en manos de las administraciones si ese incremento en la recaudación se destina o no a los servicios de salud. “Recordemos que en Europa el gasto sanitario público en relación al PIB tiene una media del 10%; en España solo gastamos un 7-8%, según las estadísticas de 2024. Y ahí sí que estamos muy mal en cuanto a atención primaria, porque la Organización Mundial de la Salud dice que, de ese presupuesto sanitario, un 25% debería ir para atención primaria, pero nosotros estamos entre un 10-15%”, explica.

Más trabajadores en el SNS

No solo contribuirían a la recaudación fiscal, los migrantes también podrían sumarse a las plantillas de sanitarios del país. A fecha de 13 de marzo de 2026, el Ministerio de Universidades tenía pendientes unos 72.300 procesos de homologación y equivalencia de títulos universitarios de extranjeros. De ellos, el 47% correspondería a graduados de Medicina y el 20% a enfermeros, según la última encuesta del colectivo Homologación Justa Ya. De hecho, de las últimas 60.000 homologaciones aprobadas por el Gobierno, hasta 30.000 correspondían a médicos.

No obstante, estos trámites de equivalencia no reconocen la especialidad. Así, todos estos sanitarios tendrán que pasar por el MIR para poder ejercer de forma legal en el sistema público español. De lo contrario, solo podrían trabajar en los servicios privados. El acceso será complicado, pues tan solo el 10% de las plazas del MIR se reservan a médicos extracomunitarios.

“La regularización va a ayudar a muchísima gente a acceder al sistema sanitario, pero sobre todo nos va a beneficiar desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista económico”, concluye López.

El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión urgente del decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno, al no apreciar motivos para paralizar la medida sin escuchar previamente a las partes, tal y como había solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, según adelanta el diario El País.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo descarta así la vía cautelarísima planteada por la asociación, que pretendía frenar de manera inmediata la aplicación del decreto. Con esta decisión, la norma continúa en vigor y seguirá su tramitación judicial por los cauces ordinarios.

El auto, notificado este jueves, acota el alcance de la resolución al plano estrictamente cautelar y descarta la concurrencia de la urgencia cualificada que exige la adopción de medidas sin audiencia de las partes. En consecuencia, el tribunal acuerda reconducir la solicitud por la vía cautelar ordinaria y abre un plazo de diez días para que las partes formulen alegaciones sobre la eventual suspensión del decreto.

Una regularización extraordinaria ya en vigor

El decreto fue aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros y establece una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que se encuentran en España en situación administrativa irregular.

Según lo previsto por el Gobierno, la medida podría afectar a alrededor de 500.000 migrantes. El objetivo es permitir su incorporación al sistema legal, facilitando que puedan cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos y asumir derechos y obligaciones en el marco normativo vigente.

Una asociación recurrente

La petición de suspensión cautelarísima parte de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que en los últimos años ha recurrido distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno en ámbitos diversos.

En 2025, la organización presentó un recurso contra el concurso de ideas para la remodelación del Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, en el marco de las actuaciones dirigidas a resignificar este enclave. Ese mismo año también mostró su oposición a la transformación del mausoleo de Pamplona en el que reposaban los restos de Emilio Mola y José Sanjurjo, dos de los militares que participaron en el golpe de Estado contra el Gobierno de la II República que dio origen a la Guerra Civil.

En relación con estas actuaciones, el presidente de la asociación, Javier Campal, aseguró entonces que “quieren quitar los monumentos para borrar la historia de una guerra que nunca van a ganar, porque ya la perdieron”.

La asociación protagonizó además una polémica en 2025 tras concedérsele la gestión durante 30 años de la denominada Pirámide de los Italianos, un monumento de homenaje al fascismo italiano y a los soldados de esa nacionalidad caídos en los frentes del norte y en la batalla de Santander durante la Guerra Civil. Este enclave está situado en el puerto del Escudo, entre las provincias de Burgos y Cantabria.

La actuación de la organización en estos ámbitos forma parte de su trayectoria reciente, caracterizada por la oposición a distintas decisiones gubernamentales, contexto en el que se enmarca ahora el recurso presentado contra el decreto de regularización extraordinaria.

La percepción no siempre se corresponde con la realidad y, cuando se trata de personas migrantes, la distancia entre lo que se dice y lo que ocurre es aún mayor. La regularización extraordinaria, que entra en vigor en España este 16 de abril, vuelve a poner en primer plano los bulos y prejuicios que circulan en torno a la migración: desde comentarios racistas a la idea de que roban el puesto de trabajo a la población local. Sin embargo, los datos y la experiencia de quienes llevan años en el país muestran una realidad distinta.

Son principalmente dirigentes y agitadores de ultraderecha quienes lanzan mensajes de odio y difunden falsedades sobre la población migrante, a la que vinculan con la delincuencia y el deterioro de los servicios públicos sin aportar pruebas o datos fiables, e incluso hablan directamente de “invasión migratoria”. Sobre esta nueva regularización extraordinaria, Vox ha señalado que el proceso “pretende promover el efecto llamada para acelerar la invasión”, unas críticas a las que también se ha sumado la derecha.

En una intervención ante diputados y senadores del Congreso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que su partido rechaza la nueva regularización, a la que calificó de “irresponsable, inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Feijóo ha argumentado que el proceso “alienta a las mafias”, pues reciben el mensaje de que “España es un chollo”, y perjudica “a quien cumple y ha entrado de forma legal”, además de “sobrecargar el Estado del bienestar”.

Esta postura alineada con la de Vox difiere de la de 2024, cuando el PP votó a favor de admitir a trámite en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una medida impulsada por la plataforma Regularización Ya para que miles de personas que ya residían y trabajaban en España pudieran obtener papeles. Además, durante los años 2000 y 2001, bajo el gobierno de José María Aznar, el PP también promovió procesos de regularización de migrantes.

Las personas migrantes que quieran acogerse al proceso deberán demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada, mientras que quedarán excluidas aquellas con antecedentes penales graves o consideradas una amenaza para el orden público. Además de permitir que medio millón de personas migrantes accedan a permisos de residencia y trabajo, el Gobierno señala que la regularización busca “reducir la economía informal, proteger frente a abusos laborales y asegurar que quienes ya viven en España lo hagan con plenas garantías legales”. A continuación, en Infobae desmentimos los principales bulos que circulan en torno a la regularización.

No concede automáticamente el derecho a voto

Una de las desinformaciones más extendidas asegura que el Ejecutivo ha impulsado la regularización para que las personas migrantes puedan votar en las próximas elecciones, pero se trata de una información falsa, pues este proceso no concede automáticamente el derecho a voto. Solo quienes tienen nacionalidad española pueden votar en elecciones generales y en las autonómicas, un proceso que requiere varios años de residencia y cumplir con una serie de requisitos legales.

Aunque la regularización permite vivir y trabajar legalmente en España, no concede la nacionalidad. Con la residencia legal, las personas migrantes regularizadas solo podrán votar en elecciones municipales, y únicamente si proceden de países con acuerdos de reciprocidad con España.

No hay un efecto llamada

Otro de los bulos que circula en redes es que la regularización va a provocar un efecto llamada cuando en realidad la medida solo afecta a las personas que ya viven y trabajan en España, y no a las que puedan llegar en el futuro. Esta es la séptima regularización que se produce en el país desde la llegada de la democracia y tampoco en los procesos anteriores se produjo ningún efecto llamada. De hecho, según un estudio de la Universidad de Chicago, la última regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de Zapatero, no redujo el empleo ni los salarios de los trabajadores nativos con menor cualificación. Por el contrario, añade el informe, mejoró la calidad del empleo y los salarios de los perfiles más cualificados.

Lo que sí cambia es la balanza de las aportaciones: las personas regularizadas pasan de usar los servicios públicos sin cotizar formalmente a financiarlos con sus impuestos. De hecho,, tras la regularización de 2005, cada persona regularizada generó más de 4.400 euros anuales en IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.

Además, al regularizar a personas que ya están trabajando en la economía informal se evita que algunos empleadores puedan aprovecharse de su situación para pagar salarios más bajos. En ese sentido, otro estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sostiene que las personas migrantes ni quitan el empleo a los españoles ni hacen que sus sueldos sean menores.

Más de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir

En España actualmente unas 156.000 vacantes laborales sin cubrir, según datos del INE, principalmente en los servicios, la construcción y el sector primario. De hecho, estas son las áreas donde se concentra la mayoría del empleo de quienes se beneficiarán de la regularización: el 17% trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio. En ese sentido, la Comisión Europea también apunta a la migración como palanca esencial para mantener sectores estratégicos de difícil cobertura.

Si en España disminuyera la inmigración, también peligrarían servicios esenciales, tal y como advierte un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), que calcula que, si la inmigración cae un 30% para 2075, la población activa se reduciría en 9 millones de personas, habría 63.000 médicos especialistas menos y cerrarían unos 90.000 bares.

No se agrava la situación en la sanidad

Las afirmaciones que vinculan la regularización con el colapso de la sanidad también carecen de respaldo en la evidencia. Aunque el sistema de salud presenta mayores niveles de saturación desde la pandemia, el acceso de la población migrante a estos servicios es comparable al de la ciudadanía española de igual edad. Además, se estima que la regularización podría aportar hasta 3.300 euros adicionales por persona a las arcas del Estado, desmontando la percepción de que los migrantes suponen una carga para el sistema.

En cuanto a la vivienda, la regularización no cambia la demanda, ya que las personas beneficiarias ya residen en España y alquilan o comparten piso. El proceso tampoco da acceso a vivienda social ni a ayudas específicas, pero sí ofrece seguridad jurídica y permite firmar contratos de alquiler, presentar una nómina como aval o abrir una cuenta bancaria.

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes comienza este 16 de abril con el objetivo de facilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo a quienes ya viven en España. La medida, impulsada por el Gobierno a través de un real decreto y que responde al esfuerzo de los propios colectivos de migrantes que llevaban años reclamando derechos, busca “otorgar seguridad jurídica y favorecer la integración social y laboral”.

El procedimiento está dirigido a quienes puedan acreditar su residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y hayan vivido en el país al menos cinco meses de forma continuada antes de la solicitud. También pueden acogerse solicitantes de protección internacional que hayan presentado su petición antes de esa fecha. Acreditar la ausencia de antecedentes penales, tanto en España como en el país de origen, es un requisito imprescindible.

A partir de este jueves se abre el plazo para presentar las solicitudes de regularización de manera telemática, mientras que a partir del lunes 20 de abril se comenzará a atender de forma presencial, siempre con cita previa. Junto con la información disponible en los canales oficiales y redes sociales, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha una página web específica dedicada al proceso: inclusion.gob.es/regularización.

La autorización concedida tendrá una validez inicial de un año y, al finalizar ese periodo, las personas deberán integrarse en las figuras ordinarias contempladas en el Reglamento de Extranjería. También cabe destacar que el permiso de residencia y trabajo no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea. A continuación te resolvemos algunas de las dudas más frecuentes.

• ¿Qué vías se habilitan para presentar la solicitud?

Durante todo el proceso, la solicitud por vía telemática podrá realizarse de cuatro formas: de manera individual con certificado electrónico, mediante personas apoderadas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, a través de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos y, por último, por medio de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La plataforma para presentar las solicitudes estará disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

• ¿Cuáles son las vías para presentar la solicitud?

La vía presencial requerirá siempre cita previa y la solicitud se podrá presentar, de lunes a viernes, en alguna de las 60 oficinas de la Seguridad Social habilitadas en todo el territorio o de las 371 oficinas de Correos distribuidas tanto en capitales de provincia como en municipios con más de 50.000 habitantes, con atención de lunes a viernes entre las 8:30 y las 17:30 horas. Además, el proceso contará con cinco Oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, disponibles de 16 a 19 horas.

• ¿Cómo solicitar cita previa?

Para gestionar la cita presencial, el portal de la Regularización ofrece varias opciones. Si cuentas con el sistema Cl@ve, puedes acceder al portal, seleccionar la oficina, la fecha y la hora que prefieras.

También puedes reservar cita completando un formulario web en el portal de la Regularización. En este caso, la oficina y la fecha serán asignadas automáticamente según tu ubicación. Otra alternativa es llamar al teléfono 060, donde recibirás atención en español.

• ¿Qué documentación debo presentar?

Para iniciar el trámite de regularización será necesario presentar una solicitud utilizando el modelo oficial, disponible para descarga en el portal de la Regularización. Junto al formulario, se deberá adjuntar una copia íntegra del pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje reconocido como válido en España.

También será fundamental aportar documentos que prueben la presencia en el país antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una residencia continua durante los cinco meses previos a la solicitud. Estas pruebas pueden incluir cualquier documento aceptado por la ley, siempre que contengan datos personales suficientes para verificar la identidad del solicitante.

Otro documento clave es el certificado de antecedentes penales en España, en país de origen, así como en los países en los que el solicitante haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España. Todos los documentos justificativos deberán, en cualquier caso, ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos.

Algunos ejemplos que pueden acreditar la estancia en España son: un sello de entrada en pasaporte, billetes nominativos de avión, justificante de transacciones bancarias realizadas en sucursales de territorio español, certificados oficiales de haber cursado una formación, contratos de alquiler nominativos o billetes de transporte para recorridos en territorio nacional.

• ¿Qué debes acreditar si no eres ni has sido solicitante de protección internacional?

En este caso, el solicitante deberá acreditar uno de estos tres supuestos: haber trabajado con contrato por cuenta ajena o propia en España, contar con una unidad familiar compuesta con hijos menores de edad o mayores con discapacidad y los ascendientes de primer grado, o bien encontrarse en situación de vulnerabilidad, que se acreditará a través de un certificado que se podrá descargar desde la web de la Regularización. Este certificado de vulnerabilidad debe estar acreditado y sellado por las autoridades competentes (entidades como organizaciones sociales o sindicatos inscritas en el RECEX o servicios sociales).

• ¿Quiénes pueden ayudar a presentar la solicitud?

La solicitud puede ser presentada por la propia persona interesada, aunque pueden contar con apoyo y asesoramiento de profesionales especializados: abogados, graduados sociales y gestores administrativos habilitados pueden asesorar y actuar como representantes durante todo el trámite.

Además, el Ministerio ha creado el Registro de Colaboradores de Extranjería, integrado por entidades sociales y sindicatos. Estas organizaciones ofrecen asesoramiento gratuito y también pueden presentar solicitudes en nombre de los interesados.

El listado completo de Entidades Colaboradoras de Extranjería estará disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

• ¿Cómo te contactará la Administración?

La comunicación con la persona solicitante se realizará, preferentemente, a través del mismo canal utilizado para presentar la solicitud. Por ello, es importante completar con precisión los datos personales y de contacto —teléfono, correo electrónico y dirección postal— al momento de iniciar el trámite.

En caso de que la gestión se lleve a cabo mediante un representante, será este profesional quien reciba las notificaciones sobre el estado de la solicitud.

• ¿Con este permiso se puede trabajar?

Una vez comunicada la apertura del procedimiento administrativo, la persona solicitante queda habilitada para trabajar en cualquier sector y en todo el territorio español, lo que permite acceder a un empleo y formalizar contratos bajo condiciones reguladas y seguras tanto para trabajadores como para empleadores.

Es importante distinguir entre el justificante de presentación de la solicitud y la comunicación formal de inicio del procedimiento. Solo esta última, que será enviada por la Unidad de Tramitación de Expedientes (UTEX), permite acceder a los derechos mencionados.

Al iniciarse el procedimiento, se asigna de manera automática un Número de Seguridad Social (NUSS) y se emite una resolución que reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria.

• ¿Y qué ocurre cuando se recibe la resolución?

Una vez obtenida una resolución favorable, es necesario tramitar la gestión de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en el plazo de un mes a partir de la fecha de resolución. La solicitud de TIE se debe presentar ante la Unidad de Documentación de la Policía Nacional.

La regularización de migrantes que viven en España, presentada este martes, no es el único proceso de gran magnitud abierto en nuestro país para modificar la situación administrativa de miles de personas. El Gobierno de Pedro Sánchez también avanza en la conocida como ‘ley de nietos’, que concederá la nacionalidad española a hijos y nietos de nacionales exiliados. Estamos hablando de 1,2 millones de solicitudes que han llegado a embajadas y consulados de todo el mundo, especialmente de Suramérica. Para agilizar todo este proceso, la Secretaría de Estado de Justicia ha adjudicado a la empresa Neoris España SL un contrato para la prestación de “servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte a usuarios de los sistemas de Nacionalidad”.

Neoris fue fundada hace más de dos décadas por el gigante mexicano CEMEX, especialista en materiales de construcción. Pero en el año 2022, el fondo Advent International se convirtió en accionista mayoritario, aunque en junio de 2025 EPAM Systems, firma estadounidense, anunció que compraba la consultora tecnológica Neoris. Su filial española, Neoris España se ha hecho con este contrato tras presentar la oferta económica más ventajosa para las arcas públicas: 1.703.955 euros. Neoris ha conseguido el contrato en detrimento de otras firmas españolas tan importantes como el gigante Indra (participado por el propio Ejecutivo español) y Grupo Oesía, una multinacional española de ingeniería centrada en líneas de negocios de defensa y digitalización. De hecho, esta compañía es uno de los suministradores tecnológicos de referencia de sistemas militares clave, desde el caza de combate Eurofighter, pasando por las fragatas F-110 o los misiles Patriot.

Justicia ofreció el contrato a una treintena de empresas que suelen trabajar con el ministerio, aunque finalmente solo 13 pasaron la criba final. Neoris España presentó una oferta un 18,75% inferior a la media de las ofertas admitidas, por lo que generó dudas en la Mesa de Contratación de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. Al final, esta empresa pudo superar las reticencias porque su oferta, a pesar de ser anormalmente baja, respetaba las categorías de convenio de los perfiles solicitados y establecía condiciones salariales para cada uno de los perfiles propuestos que igualan a lo establecido en el convenio colectivo vigente para ‘empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública’. Neoris superó a Indra porque su oferta económica fue mejor. En el caso de Oesía, esta hizo sus cálculos y declinó su participación en la licitación.

En España se puede acceder a la nacionalidad española por tres vías principales: por residencia, que es el procedimiento de naturalización al que acuden más extranjeros; por carta de naturaleza, esto es, aquella se otorga discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto; y nacionalidad por opción, donde entra el supuesto de hijos y nietos de españoles emigrantes hasta 1978. Esta última vía, conocida como ‘ley de nietos’, es la que quiere agilizar el Gobierno con este contrato. Un contrato que pertenece a un acuerdo marco de 125 millones de euros firmado en julio de 2022 y que tiene tres lotes.

Aluvión de solicitudes

El lote 1 es en el que se enmarca este tipo de trabajo: “el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, y las oficinas de Gestión de Programas y Proyectos”. El aluvión de solicitudes que han llegado a las degelaciones diplomáticas de España en el extranjero ha sido tan importante desde que la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que Justicia se ha visto obligada a reforzar su tramitación. Los últimos datos oficiales ofrecidos en septiembre del año pasado revelan que el Gobierno de España ha concedido hasta el momento 237.145 nacionalidades.

En septiembre se habían presentado 876.321 solicitudes, aunque en el último mes de plazo el flujo de peticiones se disparó hasta los 1,2 millones. La mayoría han llegado a Argentina, Cuba, Brasil, México y EEUU. El proceso de nacionalización es largo, ya que acaba con la entrega del pasaporte a los beneficiados. Un pasaporte que les permitirá votar en las próximas elecciones generales.

La regularización extraordinaria de migrantes en España abre un nuevo capítulo para miles de personas que buscan acceder a permisos de residencia y trabajo tras años sin acceso a derechos fundamentales. Desde este 16 de abril se pueden presentar las solicitudes de forma telemática y, a partir del lunes 20, también de manera presencial con cita previa, siempre que cumplan los requisitos clave: haber llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar al menos cinco meses de residencia continuada, además de no tener antecedentes penales. Pero más allá de plazos y requisitos, el proceso también genera interrogantes sobre los derechos de movilidad dentro de la Unión Europea.

En ese sentido, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, precisan que el permiso de residencia y trabajo concedido en España no permite establecerse o trabajar en otros países de la Unión Europea. “Si la persona migrante que obtenga el permiso de residencia y trabajo a través de esta regularización quiere ir a otro Estado miembro de Europa a trabajar, tendrá que solicitar la autorización correspondiente a la normativa que establezca ese país miembro”, indican desde el departamento liderado por Elma Saiz. Por lo tanto, quienes deseen trabajar en otro país de la UE necesitará un contrato y gestionar la documentación necesaria conforme a la ley.

En el caso de que las personas migrantes regularizadas quieran transitar o viajar por turismo a otro país europeo del espacio Schengen, se permite una estancia máxima de 90 días en un periodo de 180 días.

Previamente, la Comisión Europea recordó que la regularización de ciudadanos extranjeros corresponde a las autoridades nacionales y que cada Estado miembro debe asegurar que esas medidas no comprometan la integridad del espacio Schengen. Según explicó en marzo el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, “si una persona con un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la Unión Europea, deberá regresar a España”.

El 65% de los migrantes en situación irregular ya trabaja

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que el 65% de los migrantes que se beneficiarán de la regularización ya trabajan en España desde hace tiempo, aunque lo hacen sin acceso a servicios esenciales como sanidad o educación y sin derechos laborales fundamentales, como tener contrato o permisos retribuidos. La ausencia de documentación les deja fuera del amparo de la legislación laboral, lo que les expone a abusos, salarios por debajo de lo legal y jornadas excesivas. Según el ministerio, ese 65% representa unas 100.000 personas que, tras la regularización, podrán continuar trabajando con plenos derechos.

Desde la Fundación Por Causa consideran poco probable que quienes obtengan el permiso de residencia y trabajo en España busquen empleo en otros Estados miembros de la UE. “La gente ya estaba trabajando en España y viviendo aquí, por eso mismo eso se les regulariza. No creo que nadie tenga ningún interés en irse a trabajar a otro país con su NIE”, sostiene la organización.

Además de la nueva regularización, la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), que permite a los extranjeros vivir legalmente en España por más de tres meses, solo es válida dentro del país y no en otros lugares de Europa.

Vigencia de un año

El permiso que se obtiene mediante la regularización habilita automáticamente para trabajar en toda España y en cualquier sector de actividad, “facilitando el acceso al empleo y contratación en condiciones dignas y garantistas tanto para el empleado como el empleador”, explica el Gobierno. Con el inicio del prodecimiento se obtiene de oficio, un número de Seguridad Social y una resolución que reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria.

La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año y, una vez transcurrido ese plazo, las personas migrantes deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

La población de Chalco y zonas marginadas del Estado de México enfrenta carencias graves ante el acceso a servicios médicos.

La falta de hospitales cercanos, la suspensión temporal del Hospital de Chalco y las dificultades para recibir atención especializada han dificultado la vida diaria de quienes más necesitan ayuda.

Desde septiembre de 2025, Médicos Sin Fronteras (MSF), en colaboración con comunidades locales, ha brindado atención directa a personas en movilidad y habitantes de áreas apartadas de Chalco.

El trabajo del equipo ha priorizado la salud de mujeres embarazadas, infancia, adolescentes y personas de la diversidad sexo-genérica, así como quienes han vivido desplazamiento interno o buscan permanecer en México tras migrar.

En los primeros seis meses de operación, MSF realizó un total de 540 consultas de salud primaria. Además, ofreció 144 atenciones de salud mental y 86 intervenciones de trabajo social, apoyadas por mediadores culturales. La atención abarcó casos de violencia sexual y consultas en materia de salud sexual y reproductiva.

Nueva estrategia de atención de Médicos Sin Fronteras en Chalco

La apertura de la clínica en Chalco marca una fase renovada en la estrategia de MSF en el Estado de México y la Ciudad de México. Según Jorge Martín, coordinador del proyecto, esta decisión responde a los cambios en la política migratoria y a la necesidad de adaptarse a los nuevos proyectos de vida de miles de personas. El objetivo es ampliar la cobertura hacia la población local que no ha logrado acceder al sistema estatal de salud.

La nueva clínica funcionará los martes, miércoles y jueves, entre las 10:00 y las 15:00 horas. Aunque el horario es limitado, MSF considera que este espacio seguro y privado facilitará diagnósticos más precisos, un mejor seguimiento de enfermedades crónicas y la construcción de vínculos sólidos con pacientes que requieren atención psicológica.

Atención integral para personas en movilidad y comunidades vulnerables

En la actualidad, el proyecto de MSF también mantiene presencia en otros 10 puntos de atención en albergues, campamentos y zonas de difícil acceso entre la Ciudad de México y el Estado de México. Las actividades buscan cerrar brechas en el acceso a la salud y atender a quienes han vivido movilidad humana o desplazamiento forzado.

Durante su trabajo de campo, MSF identificó que la población sufre por la falta de servicios médicos básicos y limitaciones para recibir atención especializada. Además, las dificultades en el traslado de ambulancias agravan la situación de quienes requieren intervenciones urgentes o consultas de seguimiento.

El Gobierno de Pedro Sánchez oficializó hoy, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto 316/2026, una regularización extraordinaria de migrantes que modifica el Reglamento de Extranjería. La medida permitirá que personas sin papeles accedan a permisos de residencia y trabajo en todo el país, y podría beneficiar a más de 40 mil argentinos.

Según un estudio divulgado por el think tank español Funcas, dedicado a la investigación económica y social, los argentinos registrados a inicios de 2025 son 148.585. De ellos, 106.139 tienen su situación regularizada, mientras que otros 42.446 están sin documentos.

Se trata de la séptima iniciativa de este tipo en España. A partir de mañana, se podrán iniciar los trámites de forma virtual, y desde la semana que viene se podrán hacer de manera presencial. “Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, expresó el mandatario español en X.

“Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, expresó Sánchez en su cuenta de X.

Los requisitos

El texto del decreto recoge los requisitos para beneficiarse de la medida, que son prácticamente iguales para los dos grandes grupos a los que se dirige: solicitantes de asilo que hayan hecho su petición antes del 1 de enero y las personas en situación irregular que estén en España desde antes de esa fecha.

En ambos casos, los interesados tienen que ser mayores de edad, haber permanecido en España cinco meses seguidos antes del momento de la solicitud, aportar una copia de un documento identificativo caducado o en vigor, no tener antecedentes penales en España ni en los países donde haya vivido los cinco años anteriores a su entrada en España y abonar una tasa.

Además, en el caso de los que no son solicitantes de asilo, se deberá cumplir una de las siguientes condiciones: haber trabajado o tener una oferta de empleo, tener hijos menores o mayores dependientes a su cargo o padres con los que convivan o encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Para acreditar este último extremo, deberá aportarse un informe de vulnerabilidad expedido por los servicios sociales o las entidades acreditadas como colaboradoras de extranjería.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo de la medida es “favorecer la integración social, garantizar seguridad jurídica y reducir la irregularidad administrativa”. Sin embargo, desde la oposición manifestaron sus críticas: el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la calificó como un “disparate”.

A la hora de demostrar la estancia de cinco meses en el país, podrá hacerse “mediante cualquier prueba válida en derecho”, siempre que esta incluya datos personales que permitan acreditar la identidad.

Antecedentes penales

En el caso de los antecedentes penales, se debe aportar el correspondiente certificado, y, de forma excepcional, para aquellos que no obtengan respuesta de su país de origen en un mes, será el Gobierno de España el que lo solicite por la vía diplomática; si este tampoco lo consigue en tres meses, se comunicará al interesado y, después de otros quince días, se dará por desistida la solicitud.

El texto del decreto establece que las solicitudes se resolverán por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería en un plazo de tres meses y, desde el momento de la admisión a trámite, se habilitará de forma provisional a las personas a residir y trabajar en España.

Una vez recibida la resolución estimatoria, el interesado tendrá un mes para pedir su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). La autorización concedida tendrá una vigencia de un año y habilitará a sus titulares a residir y trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en cualquier lugar del territorio español, ocupación o sector de actividad.

El texto contempla que, en el caso de que las personas extranjeras que se vayan a beneficiar de esta regularización tengan hijos menores de edad o mayores dependientes, podrán presentar la solicitud para ellos también, de forma simultánea, y en su caso las autorizaciones tendrán una vigencia de cinco años.

Una vez pasado un año, el beneficiario podrá pasar a otros permisos contemplados en el reglamento de extranjería para mantener su situación administrativa regular y, excepcionalmente, si no cumple los requisitos para ello, podrá optarse a una prórroga por otro año más.

Para ello, se debe acreditar estar en búsqueda activa de empleo o aportar un informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la comunidad autónoma en el que se certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia.

Es posible obtener una prórroga sin cumplir estos últimos requisitos en casos en los que el beneficiario no pueda buscar empleo, como padecer una enfermedad grave o discapacidad o estar en edad de jubilación. En estos casos, la prórroga será de cuatro años.

El camino hasta lograr la nueva regularización extraordinaria de migrantes, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que es ya la séptima de este tipo desde la llegada de la democracia en España, no ha sido sencillo. El proceso ha salido adelante tras largas negociaciones políticas después de que el PSOE y Podemos alcanzaran un acuerdo en enero pasado, pero, sobre todo, gracias al incansable trabajo de los colectivos de migrantes. Integrados en la plataforma Regularización Ya, su lucha comenzó hace seis años, el 12 de abril de 2020, cuando presentaron una carta al Gobierno para exigir “una regularización amplia, permanente y sin condiciones, dirigida a unas 500.000 personas que se encontraban en situación irregular durante la pandemia, sin acceso a derechos básicos”.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno permitirá a las personas migrantes que ya residían en el país obtener un permiso de residencia y trabajo, reduciendo así la precariedad y los riesgos de explotación asociados a la situación administrativa irregular. El proceso ofrece mayores garantías y protección, y representa un paso importante para abandonar la clandestinidad y mejorar las condiciones de vida de más de medio millón de personas en el país.

“Han sido seis años de lucha continua en los que hemos atravesado diferentes procesos, como la presentación de propuestas, el impulso de una Proposición No de Ley y la recogida de 700.000 firmas en 2022 para avalar una iniciativa legislativa popular, que después quedó bloqueada por la falta de consenso político. Hemos comparecido dos veces ante el Congreso, en la Comisión de Trabajo, Migración y Asuntos Sociales, en 2023 y 2024, y finalmente retomamos el diálogo con el Gobierno para la aprobación de un real decreto, que fue nuestra demanda inicial", explica a Infobae la activista Edith Espínola, una de las portavoces de Regularización Ya.

Publicación en el BOE

La plataforma celebra la aprobación de la medida, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 15 de abril y entrará en vigor a partir del 16, aunque también muestran preocupación por las personas que puedan quedar fuera del proceso. “Sentimos alegría por el avance, pero nos preguntamos cómo podremos apoyar a quienes no logren regularizar su situación, si llega ese momento”, añade Espínola.

El movimiento llama la atención sobre el endurecimiento de las políticas y controles migratorios tanto en España como en la Unión Europea en este último tiempo y señala las dificultades para proteger los derechos de las personas migrantes ante una visión “centrada en la seguridad, el miedo y la exclusión, presente en buena parte del discurso político y social, y vinculada a mensajes de odio y xenofobia”.

“Ha valido la pena”

Pero a pesar de las dificultades de estos años, Espínola considera que la lucha por los derechos de las personas migrantes “ha valido la pena”. “El esfuerzo colectivo, las horas de reunión, las emociones compartidas, se reflejan ahora en la esperanza de quienes podrán presentar su solicitud de regularización y empezar a reconstruir sus vidas”, sostiene. “La lucha migrante y antirracista demuestra que, cuando se actúa en comunidad y se ponen los derechos humanos en el centro, siempre hay motivos para seguir adelante”, añade.

El proceso de regularización exige a los migrantes acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Además del empadronamiento, las personas migrantes tendrán la posibilidad de acreditar su residencia continuada en el país mediante otros documentos, como facturas de suministros, informes médicos o comprobantes de servicios municipales.

Tras las recomendaciones que la semana pasada planteó el Consejo de Estado, los requisitos para conseguir el certificado de antecedentes penales se endurecen, de forma que no bastará con una simple declaración del solicitante, de forma que deberán presentar un documento expedido por su país de origen. Sin embargo, el Gobierno también ayudará a que el mayor número de personas pueda conseguir ese certificado.

La norma establece que las personas migrantes tendrán un mes para presentar el certificado de antecedentes, pero si no lo consiguen en ese plazo, el Ejecutivo lo solicitará por vía diplomática durante un periodo de tres meses. Si después de ese plazo el certificado no ha llegado, la persona interesada dispondrá de 15 días adicionales para intentar obtenerlo por su cuenta. Si no logra presentar el documento en ese tiempo, no podrá acceder al proceso de regularización.

También podrán acogerse al proceso aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pero para ello tendrán que justificarlo. Los servicios sociales pueden emitir informes de vulnerabilidad, pero solo para personas empadronadas. Si el solicitante no está empadronado, podrá solicitar el informe a organizaciones sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que según ha explicado la ministra Elma Saiz son unas 200 en todo el país. El Gobierno, igualmente, publicará el listado de estas entidades para orientar a los solicitantes, aunque algunas organizaciones ya han advertido de la posible sobrecarga administrativa que puede generar este proceso. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio.

Un empresario de la provincia de Cádiz, propietario de varios locales de comida rápida tipo kebab, ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto responsable de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. La investigación comenzó a raíz de varias inspecciones realizadas desde enero en cuatro establecimientos ubicados en El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano, todos ellos gestionados por el mismo empresario.

La Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevaron a cabo inspecciones en los locales de kebab de los cuatro municipios, y durante estos controles los agentes localizaron a cuatro ciudadanos de origen pakistaní que trabajaban allí a pesar de encontrarse en situación administrativa irregular. Los trabajadores también fueron arrestados, en su caso por infracción de la Ley de Extranjería, y se tramitaron los expedientes sancionadores de expulsión correspondientes.

Condiciones laborales abusivas y empadronamientos ficticios

De acuerdo con información recogida por la Comisaría Provincial, la investigación ha permitido acreditar que los empleados trabajaban sometidos a condiciones laborales abusivas, como la obligación de realizar jornadas de trabajo prolongadas sin días de descanso, la existencia de un control permanente mediante cámaras instaladas en los locales, así como insultos y amenazas continuas. Además, los salarios que recibían eran significativamente inferiores a los establecidos por la ley, aprovechando el empresario la situación de vulnerabilidad de los trabajadores al carecer de permiso de residencia y de trabajo en España.

En paralelo a la investigación por explotación laboral, la policía ha detectado que el empresario favorecía la inmigración irregular a través del empadronamiento ficticio de ciudadanos extranjeros. En total, 34 personas aparecían empadronadas, tanto en activo como en histórico, en dos viviendas de su propiedad y otras dos alquiladas, sin que residieran realmente en ellas. Esta práctica tenía como finalidad facilitar el arraigo necesario para la regularización administrativa de los extranjeros, ya fuera a cambio de dinero o mediante su incorporación laboral en los negocios del detenido.

Los agentes también han constatado que, en algunos casos, ciudadanos extranjeros en situación regular figuraban dados de alta en la Seguridad Social en las empresas del empresario sin desempeñar actividad laboral efectiva. Por el contrario, otros trabajadores en situación irregular desarrollaban tareas en los locales sin estar dados de alta, lo que supone una infracción de la normativa vigente en materia de Seguridad Social y empleo.

El empresario, además, exigía a los migrantes - en situación irregular - el pago de entre 6.000 y 8.000 euros a cambio de facilitar su empadronamiento, el arraigo en España y un contrato de trabajo con el objetivo de regularizar su situación administrativa.

La operación, denominada ‘Naturke’, ha corrido a cargo de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Puerto de Santa María-Puerto Real. Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni detenciones relacionadas con los hechos.

La Policía Nacional ha destacado que el caso pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas migrantes en situación irregular, que pueden verse sometidas a explotación laboral y a prácticas que dificultan el acceso a derechos básicos. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre este tipo de delitos y han reforzado la colaboración con la Inspección de Trabajo para detectar situaciones similares en otros ámbitos y sectores de la provincia.

Las organizaciones sociales y colectivos de migrantes han desempeñado un papel central en la aprobación por parte del Gobierno de la nueva regularización extraordinaria, que permitirá a medio millón de personas acceder a un permiso de residencia y trabajo en España. Tras seis años de impulso y movilización, a partir de este 16 de abril, cuando la norma entra en vigor, muchas de estas entidades actuarán como una “oficina de Extranjería”, ya que elaborarán los informes de vulnerabilidad necesarios para quienes no cuenten con empadronamiento, facilitando así el acceso al proceso.

“Somos las organizaciones sociales las que vamos a realizar esos informes de vulnerabilidad cuando las personas migrantes no tengan el padrón. La idea es que puedan demostrar, con diferentes documentos -informes médicos, facturas de servicios, envíos de dinero o abonos de transporte- que llevan residiendo al menos cinco meses de forma continuada y que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025″, dos de los requisitos clave para poder regularizarse, explica a Infobae Edith Espínola, una de las portavoces del movimiento Regularización Ya.

En ese sentido, lo más recomendable es presentar un ticket o prueba por cada mes “para que sea más fácil constatar la residencia en España durante esos meses”. Tras la publicación este miércoles de la norma en el Boletín Oficial del Estado, desde Regularización Ya aseguran que “explicarán todo paso por paso”, tanto en su página web como en talleres para que no haya confusiones.

Ante la dificultad de muchas personas migrantes para acceder a abogados especializados en Extranjería, las organizaciones sociales asumirán el acompañamiento y asesoramiento durante el proceso de regularización, cuyas solicitudes se podrán presentar entre este 16 de abril y el 30 de junio.

“Los últimos seis años hemos estado luchando para sacar adelante la regularización, pero este es ahora nuestro compromiso de trabajo y nos alegra que haya más organizaciones que se están sumando al Registro de Colaboradores de Extranjería”, afirma Espínola, pues solo las organizaciones y sindicatos que están inscritos en ese nuevo registro, que entró en vigor el pasado 6 de marzo, pueden tramitar los documentos que presenten las personas migrantes para regularizar su situación.

Según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya hay unas 200 entidades inscritas en todo el país y en los próximos días el Gobierno publicará un listado con todas ellas. Estas entidades colaboradoras revisarán toda la documentación presentada por la persona migrante y prepararán el expediente para el proceso.

Oferta de trabajo o hijos menores

Además de quienes acrediten situación de vulnerabilidad, podrán acceder a la regularización quienes presenten una oferta de trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia, o una declaración responsable sobre el negocio que desean iniciar. También accederán quienes formen parte de una unidad familiar con hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado a cargo.

En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con haber presentado la solicitud antes del 1 de enero de 2026 y poder acreditarlo debidamente.

Refuerzo del Gobierno para evitar colapsos administrativos

El Gobierno, no obstante, con el objetivo de garantizar la eficacia del proceso, también reforzará con más personal la capacidad administrativa. El plan contempla la incorporación de 400 empleados del ministerio a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que depende de la Dirección General de Migraciones, sumándose a los 200 que ya integran la plantilla habitual, por lo que serán un total de 600 trabajadores. Con esta medida, según han informado fuentes ministeriales, el Ejecutivo busca acelerar la gestión y resolución de las solicitudes.

Según señalan esas mismas fuentes, las oficinas de Extranjería “no tendrán que asumir una carga extra de trabajo” e insisten en que será la UTEX quien se encargue, principalmente, de este proceso de regularización, el séptimo que se lleva a cabo en España desde la llegada de la democracia.

La gestión podrá realizarse de forma telemática o presencial -a partir del 20 de abril-. La atención presencial requerirá cita previa y la solicitud podrá presentarse en alguna de las 60 oficinas que se habilitarán de la Seguridad Social o en las 371 oficinas de Correos que se distribuirán tanto en capitales de provincia como en municipios con más de 50.000 habitantes. También estarán disponibles cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Cabe recordar que la autorización que se conceda en el proceso de regularización permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a esta regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.

Otra condición fundamental para acceder al proceso es no tener antecedentes penales graves. Para acreditarlo, los solicitantes deben presentar un certificado expedido por su país de origen. Si no logran obtenerlo en un mes, el Gobierno español lo solicitará por vía diplomática durante tres meses. Si el documento no llega, la persona tendrá 15 días más para gestionarlo por su cuenta. La falta de este certificado impedirá acceder a la regularización.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a la ofensiva contra la regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado este martes el Gobierno, afirmando que la norma es “injusta”, “inhumana” e “insostenible”. Pero su ofensiva ya estuvo falta de pólvora porque la primera bala de su partido ya la disparó, de nuevo, la oposición alternativa de Sánchez, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso ha vuelto a pasar por encima de su jefe nacional llevando la iniciativa política y judicial. Cinco días antes de que Feijóo fijase posiciones con los grupos del PP en el Congreso y el Senado, la baronesa madrileña anunció en Pleno que presentaría un recurso contra la ILP porque, según denunció, provocaría el colapso de los servicios madrileños. Y este lunes mismo, un día antes del discurso de Feijóo, avanzó que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar su suspensión cautelar.

En su intervención, Feijóo criticó enérgicamente la norma, pero no anticipó movimientos judiciales por parte de su partido. Se refirió al impacto económico de la regularización e incluso se hizo eco de bulos afirmando que no se acredita fehacientemente la presencia de antecedentes penales, a pesar de que el Gobierno sí incluyó la obligatoriedad de presentar un certificado en el texto final.

Según ha explicado el Gobierno, a partir de este jueves 16 se podrán iniciar los trámites de forma telemática y, desde el día 20, de forma presencial. La autorización que se conceda permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a esta regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.

Ayuso lideró la ofensiva de Adamuz, la ley de amnistía y la financiación autonómica

No es la primera vez que Ayuso mueve la primera ficha. Lo hizo anteriormente con la ley de amnistía, cuando la líder regional anunció un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y avanzó que los ejecutivos autonómicos del PP harían lo mismo, adelantándose así al anuncio que se esperaba de Alberto Núñez Feijóo.

También anunció, antes que Feijóo, su intención de recurrir por la vía judicial la reforma de la financiación autonómica que el Gobierno acordó con ERC al denunciar que “perjudica” a los madrileños, “prioriza a las comunidades con intereses independentistas” y reduce el “acceso equitativo a los servicios públicos”.

Y ya no solo se ha limitado al ámbito judicial. Ayuso ha tratado de liderar ofensivas del PP como, por ejemplo, sobre el accidente de Adamuz del pasado mes de febrero. Ayuso, mientras el PP nacional respetó el silencio institucional cuando las circunstancias eran totalmente desconocidas, Ayuso salió a la palestra para ser la primera en exigir responsabilidades políticas tras el accidente y propuso una misa encabezada por el Arzobismo de Madrid. Un día después, el PP pediría las comparecencias de Sánchez y Puente en el Congreso.

Ayuso también se anticipó una vez más a la dirección nacional del partido cuando llamó a Sánchez a rendir cuentas en la Asamblea de Madrid para explicar posibles tratamientos de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) hacia Begoña Gómez, cuando el grupo parlamentario en el Senado aún no dio el paso de citar al presidente del Gobierno; lo hizo finalmente en mayo de 2024.

Sánchez rechazó su comparecencia en la Cámara madrileña, por lo que la sesión quedó inicialmente aplazada, a la espera de que el Consejo de Estado aclarase si está obligado o no a asistir. Finalmente, avaló la decisión de Presidencia, pero la primera bala ya había sido

La nueva regularización de personas migrantes, aprobada este martes por el Gobierno en el Consejo de Ministros y que permitirá a medio millón de personas obtener permisos de residencia y trabajo, entrará en vigor este 16 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A continuación te contamos algunos de los requisitos más relevantes que los solicitantes deben tener en cuenta.

El primer requisito para los migrantes en situación irregular es demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada. Para evidenciar esa vida continuada, más allá del empadronamiento, también podrán demostrarlo con otro tipo de documentos como facturas de la luz, informes médicos o resguardos de servicios municipales.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de junio, fecha que el Gobierno había previsto desde un principio, pese a que las organizaciones sociales habían reclamado que se extendiera, al considerar que menos de tres meses resulta insuficiente por las dificultades derivadas de la falta de recursos, los trámites administrativos y las barreras idiomáticas, entre otros obstáculos. A partir de este jueves 16 se podrán iniciar los trámites de forma telemática y, desde el día 20, de forma presencial.

Tipo de permiso que se concede

La autorización que se conceda permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a esta regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.

Qué pasa con los antecedentes penales

Otra condición fundamental para acceder al proceso es no tener antecedentes penales graves. Para acreditarlo, los solicitantes deben presentar un certificado de antecedentes penales expedido por su país de origen. Sin embargo, el Gobierno también ayudará a que el mayor número de personas pueda conseguir este documento. La norma establece que las personas migrantes tendrán un mes para presentar el certificado, pero si no lo consiguen en ese plazo, el Ejecutivo lo solicitará por vía diplomática durante un periodo de tres meses. Si después de ese plazo el certificado no ha llegado, la persona interesada dispondrá de 15 días adicionales para intentar obtenerlo por su cuenta. Si no logra presentar el documento en ese tiempo, no podrá acceder al proceso de regularización.

También podrán acogerse al proceso aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pero para ello tendrán que justificarlo. Los servicios sociales pueden emitir informes de vulnerabilidad, pero solo para personas empadronadas. Si el solicitante no está empadronado, podrá solicitar el informe a organizaciones sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que actualmente son unas 200 en el país. El Gobierno publicará un listado de estas entidades para orientar a los solicitantes, aunque algunas organizaciones ya han advertido de la posible sobrecarga administrativa que puede generar este proceso.

Asilo

Las personas que hayan solicitado asilo deben demostrar que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026. Para ello, pueden presentar cualquier documento que sirva como prueba válida. Además, deben aportar un documento de identidad, ya sea vigente o caducado. No es necesario renunciar al procedimiento de asilo antes de solicitar la regularización extraordinaria. Solo se exigirá la renuncia si la persona recibe una resolución favorable a su solicitud de regularización. Los solicitantes de asilo que todavía no hayan obtenido respuesta sobre su petición o recurso pueden iniciar el trámite de regularización sin abandonar el proceso de protección internacional.

También se pueden acoger a la regularización aquellas personas que hayan trabajado en España durante su permanencia en el país o si presentan un contrato de trabajo de al menos 90 días en un año.

De la misma forma, podrán acceder al proceso quienes residan en España junto a su unidad familiar, siempre que esté formada por hijos o hijas escolarizados o realizando estudios académicos, hijos mayores de edad con discapacidad que requieran apoyo o no puedan cubrir sus propias necesidades por motivos de salud, o ascendientes de primer grado.

Durante el periodo de solicitudes, los menores de edad acompañados podrán obtener la autorización de residencia con condiciones más flexibles. Para los nacidos en España, no será obligatorio presentar la solicitud en los seis meses posteriores al nacimiento. Para los no nacidos en España, no se exigirá una permanencia previa de dos años ni que los padres o tutores demuestren medios económicos o alojamiento suficiente.

Las personas apátridas (sin nacionalidad) no podrán acogerse a esta regularización extraordinaria, pues las autoridades consideran que su situación es diferente y debe tratarse por otro camino. Esta exclusión afecta, principalmente, al pueblo saharaui.

Cómo se presentará la solicitud

La solicitud se presentará mediante un formulario proporcionado por la administración competente y podrá entregarse a través de cualquiera de los medios de registro admitidos en derecho: con cita previa, en registros oficiales, en oficinas municipales o de los Gobiernos regionales, o mediante el servicio de Registro Virtual Electrónico (ORVE) de Correos.

La concesión de la autorización implicará el archivo de cualquier procedimiento de expulsión o devolución iniciado, así como la revocación de la orden correspondiente, si existiera.

La regularización de migrantes, aprobada este martes por el Gobierno con el objetivo de “atender una realidad” que afecta a miles de personas que ya viven y trabajan en el país, permitirá acceder a un permiso de residencia y trabajo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Aquellas personas que quieran acogerse al proceso deberán demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada, además de carecer de antecedentes penales.

Para garantizar la eficacia del proceso, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que se reforzará la capacidad administrativa. El plan contempla la incorporación de 400 empleados del ministerio a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que depende de la Dirección General de Migraciones, sumándose a los 200 que ya integran la plantilla habitual, por lo que serán un total de 600 trabajadores. Con esta medida, el Ejecutivo busca acelerar la gestión y resolución de las solicitudes.

La Administración General del Estado, destacan fuentes ministeriales, cuenta con experiencia en procesos de regularización, ya que este es el séptimo que se pone en marcha desde la llegada de la democracia al país. La diferencia en esta ocasión es el alto volumen de expedientes que deben resolverse en un plazo reducido, desde el 16 de abril y hasta el 30 de junio. Por ello, añaden, la gestión estará a cargo de la UTEX, reforzada con personal adicional del propio ministerio, con el objetivo de “admitir las solicitudes en un máximo de quince días y facilitar que las personas puedan acceder al trabajo lo antes posible”.

Desde el ministerio también aclaran que la gestión de los procedimientos ordinarios de extranjería continuará en las oficinas habituales, que “no recibirán carga de trabajo adicional por la regularización extraordinaria”. Esto permitirá que se concentren en los expedientes ya iniciados y se eviten retrasos o diferencias en la atención respecto a quienes inicien el nuevo trámite, aseguran.

Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos

Así, las solicitudes podrán presentarse de forma online a partir del 16 de abril -un día después de que se publique el real decreto en el Boletín Oficial del Estado- para lo que es necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que son alrededor de 200 en todo el territorio.

El proceso contará con cinco Oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, disponibles de 16 a 19 horas. Además, se habilitarán 60 oficinas de la Seguridad Social en el mismo horario y 371 oficinas de Correos en capitales de provincia o municipios con más de 50.000 habitantes, con atención de lunes a viernes entre las 8:30 y las 17:30 horas. Los lugares, de hecho, donde más afluencia de personas se espera es en las capitales de provincia, han indicado fuentes del ministerio.

Pese a ese plan de refuerzo, el sindicato CCOO ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del 21 de abril, con el objetivo de denunciar la situación que atraviesan sus trabajadores, dependientes del Ministerio de Política Territorial, por la creciente carga de trabajo a la que hacen frente desde hace años. Por su parte, el sindicato CSIF ha denunciado la falta de personal en Correos y de formación para abordar el proceso.

250.000 solicitantes de asilo más otros 250.000 en situación irregular

El Gobierno estima que se beneficiarán de la regularización extraordinaria unos 250.000 solicitantes de asilo (han iniciado su procedimiento de protección internacional pero aún no está resuelto) y otras 250.000 personas más que se encuentran en situación administrativa irregular, que lo harán a través de arraigos. En cuanto al origen de quienes se podrán beneficiar de la regularización, “serán principalmente de países latinoamericanos y de Marruecos”.

Antecedentes penales e informes de vulnerabilidad

Para acreditar la ausencia de antecedentes penales, los solicitantes deben presentar un certificado expedido por su país de origen. Si no logran obtenerlo en un mes, el Gobierno español lo solicitará por vía diplomática durante tres meses. Si el documento no llega, la persona tendrá 15 días más para gestionarlo por su cuenta. La falta de este certificado impedirá acceder a la regularización.

También pueden acogerse a la regularización si cumplen uno de los siguientes tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar su situación de vulnerabilidad.

Aunque los informes de vulnerabilidad solo pueden ser emitidos por servicios sociales a las personas que estén empadronadas, quienes no dispongan del padrón, podrán solicitarlos a las organizaciones sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, cuya lista será publicada por el Gobierno.

Fuentes ministeriales aseguran que esta nueva regularización “nace de la responsabilidad institucional” para afrontar una realidad que existe en España, pero que “impide avanzar a muchas personas atrapadas en situaciones administrativas irregulares, lo que también impide al país avanzar en todo su potencial”. También recuerdan que cada caso se analizará de forma individual, con “controles estrictos para garantizar también la seguridad pública”.

La regularización de migrantes ya tiene fecha de inicio en España. Este 16 de abril, tras la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), más de 500.000 personas podrán iniciar los trámites de manera virtual para obtener el permiso de residencia y de trabajo. La inminente entrada de medio millón de personas al sector formal ha supuesto un motivo de alegría para el campo español, con serios problemas para encontrar mano de obra.

Según han explicado las distintas asociaciones agrarias y ganaderas que representan al sector primario español, los empleados extranjeros ya suponen para el sector el 37% de afiliados al sistema agrario, lo que pone en valor el rol de los migrantes en el campo, principalmente ante el riesgo de recogida de algunas cosechas.

Pese a que no existe un consenso claro de cuanta mano de obra es necesaria en el sector primario, desde COAG han elevado esta cifra hasta los 150.000 trabajadores de temporada por año, que actualmente no se están cubriendo con mano de obra local.

“Esto es una oportunidad para resolver los problemas de mano de obra que tiene el sector y que ha llevado incluso a dejar campañas sin poder ser recolectadas. Por eso, pedimos a la Administración que agilice al máximo este proceso, que va a regularizar a miles de personas y a otorgar tanto permiso de residencia como permiso de trabajo, fundamental para que puedan ser contratadas en el sector agrario”, ha valorado Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG.

Un sector con particularidades

Por su parte, la organización Asaja ha considerado positiva la iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros este martes, ya que está “orientada a mejorar el funcionamiento del mercado laboral y a dar respuesta a la falta de mano de obra”. Por otro lado, Asaja confía en que la normativa tenga en cuenta las particularidades del sector, simplificando los trámites y dando estabilidad y seguridad jurídica a agricultores y trabajadores.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha mantenido una postura similar a la de el resto de asociaciones, valorando positivamente la regularización de migrantes y asegurando que el campo “necesita mano de obra”, especialmente en los pueblos que “necesitan a las personas migrantes con todos sus derechos y deberes que les permitan acceder a un contrato digno”.

“Son personas que contribuirán a sostener el estado del bienestar en el presente y en el futuro, así como a aportar vida, juventud y capacidad de trabajo a zonas como el medio rural”, han señalado desde la organización agraria.

Carles Vicente, responsable de Economía y Seguridad Social de la organización agraria Unión de Uniones, ha lamentado que hay cosechas que se quedan “casi sin recoger” por la falta de mano de obra, cuando hay una potencial disponibilidad de “600.000 personas viviendo entre nosotros que no tienen papeles para trabajar”. Además, ha reconocido que “a veces” se acercan personas buscando trabajo en el campo, pero al no tener documentos el sector no les puede ofrecer empleo.

La regularización de migrantes disminuirá la economía sumergida

Por su parte, el secretario del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT-FICA, Sebastián Serena, ha afirmado que la regularización “puede ser buena” para el sector agrícola y ganadero, puesto que contribuiría a disminuir la economía sumergida en la actividad y permitiría que quienes ya trabajan sin papeles accedan a salarios y condiciones regidos por convenio colectivo.

Cuando el Gobierno comunicó a finales de enero su intención de aprobar una regularización extraordinaria, desde CCOO estimaron que el plan podría abarcar entre 150.000 y 200.000 extranjeros que actualmente desempeñan labores en el campo en situación irregular. Vicente Jiménez, responsable del sector agrario de CCOO, subrayó que las patronales han manifestado reiteradamente el “déficit de trabajadores por cuenta ajena en los picos de actividad” de las campañas, y que la medida facilitaría el acceso a una mayor mano de obra contratada con condiciones laborales dignas.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) han valorado positivamente el proceso de regularización de migrantes, aunque han reclamado claridad sobre “cómo será el proceso y la posibilidad de contratación”, considerando que la medida, junto a otros instrumentos, puede resolver la escasez de personal.

Más de un tercio de los refugiados venezolanos en seis países de América Latina se plantea regresar a Venezuela si se dieran las condiciones, según datos de la ACNUR -la agencia de Naciones Unidas para los refugiados- presentados en el informe “Intenciones de regresar a Venezuela. Marzo 2026″.

El 35% de los consultados considera posible su retorno, aunque la mayoría opta por permanecer en el país de acogida, motivada principalmente por razones laborales y de seguridad.

De acuerdo con la encuesta realizada por ACNUR entre el 27 de enero y el 4 de marzo, el 35% de los venezolanos entrevistados en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala valora la idea de volver a su país. La principal motivación es el reagrupamiento familiar, mientras que el temor a la inseguridad y a la falta de empleo figura como el mayor obstáculo para el retorno.

Alrededor de 6,9 millones de venezolanos residen actualmente en América Latina y el Caribe en condición de refugiados o migrantes, conforme a las cifras actualizadas de ACNUR a noviembre de 2025. Al menos 4 millones de estas personas requieren asistencia humanitaria.

El sondeo incluyó a 1.288 participantes, con un perfil predominante de mujeres (67%) y una edad media de 38 años. El 65% cuenta con estudios secundarios o superiores. Sin embargo, un 41% permanece sin condición migratoria regular, lo cual limita sus opciones de empleo formal y dificulta la integración.

Las principales causas de salida han sido la crisis económica, la inseguridad y el deterioro de los servicios en Venezuela.

Motivos y barreras principales para el regreso a Venezuela

Las motivaciones personales y familiares son factores clave que explican el interés en el retorno. ACNUR indica que el reagrupamiento familiar es la causa más recurrente entre quienes desean regresar a corto o medio plazo.

No obstante, los temores a la falta de trabajo y la inseguridad representan las barreras principales: cada uno es señalado por el 22% de los encuestados como motivo para no retornar.

Además, el informe reportó que el 58% manifiesta miedo ante la perspectiva de regresar, citando inseguridad o condiciones inadecuadas. Factores adicionales como inseguridad alimentaria, problemas sanitarios y exposición a la violencia también dificultan la decisión.

La preferencia mayoritaria sigue siendo quedarse en el país de acogida, amparada en la estabilidad laboral y el acceso a servicios de salud y educación. El 81% de los encuestados subraya la importancia de contar con ingresos estables, y el 75% valora el acceso a la atención médica al definir su decisión de permanecer.

Condiciones necesarias y perspectivas sobre el retorno

El retorno permanece mayormente como un anhelo, más que una acción inminente. Solo el 9% de las personas entrevistadas por ACNUR contempla regresar en los próximos 12 meses. La mayoría asocia el retorno a un plazo intermedio y lo vincula a transformaciones estructurales en Venezuela.

Entre las condiciones indicadas como esenciales destacan la recuperación económica (85%), la estabilidad política y control de la inflación (83%), la mejora en los servicios básicos (82%) y la ampliación de la seguridad pública (78%). Estas exigencias apuntan a que el retorno solo será viable con un cambio integral en el país.

La organización del retorno suele discutirse a nivel familiar. De quienes consideran volver, alrededor de la mitad lo haría junto a toda su familia. Sin embargo, el 75% no ha tomado medidas prácticas para preparar el regreso y una minoría ha contemplado realizar visitas exploratorias para valorar las condiciones en Venezuela.

Brechas de información y necesidades de apoyo identificadas

La carencia de información confiable es un obstáculo destacado en la decisión migratoria. El 60% de los entrevistados afirma que no dispone de datos suficientes para evaluar las implicaciones del retorno, una tendencia presente en la mayoría de los países analizados.

Las redes familiares constituyen la principal fuente informativa para el 39%, seguidas de amistades, redes sociales y medios de comunicación. La falta de comunicación institucional favorece la incertidumbre sobre los procesos de regreso y las consecuencias legales para su estatus migratorio.

En cuanto a necesidades detectadas, los refugiados consultados solicitan “apoyo en documentación, asistencia socioeconómica y orientación legal”, tanto para planificar la salida del país de acogida como para facilitar la reintegración en Venezuela.

El informe de ACNUR advierte también sobre potenciales disputas por vivienda y propiedad, dado que un tercio de los encuestados afirma poseer vivienda en su país de origen, aunque en muchos casos estas residencias están ocupadas o deterioradas.

La creación de condiciones que permitan un retorno voluntario que sea seguro, informado y digno requiere fortalecer la información, el acompañamiento y el acceso a mecanismos de protección y servicios tanto en los países de acogida como en Venezuela. Estas medidas, según ACNUR, serán fundamentales para responder a las aspiraciones y necesidades de los refugiados venezolanos en la región.

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería que comenzará el próximo 21 de abril, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado este medio. Los paros comenzarán cinco días después de que abra el plazo para tramitar la regularización extraordinaria de los migrantes en situación irregular.

Por primera vez, estas oficinas no serán las encargadas de tramitar las solicitudes de regularización extraordinaria, sino que el proceso se ha derivado a Correos y Tragsa con el objetivo de evitar saturar todavía más los servicios de Extranjería. Es justamente esta situación, que arrastran desde hace años, la que lleva a los trabajadores a la huelga: altas cargas de trabajo, poco personal y retribuciones hasta un 40% más bajas que en otras administraciones del Estado. Estos mismos motivos les llevaron a la huelga en mayo de 2025.

Desde CCOO apuntan que, aunque no serán ellos los encargados de tramitar los procesos de regularización de extranjería, terminará por afectarles de manera directa en los próximos meses. Primero, porque cualquier problema que haya durante el proceso debe resolverse en una oficina de Extranjería y, segundo, porque los próximos trámites de la regularización de estos migrantes se llevarán por vía ordinaria, aumentando todavía más la carga de trabajo de los funcionarios.

El sindicato considera que el dinero que destinará el Gobierno para preparar Correos y Tragsa para la regularización estaría mejor invertido en Extranjería, donde se encuentra el personal especializado en estos trámites. La organización no entiende que se haya decidido formar de forma acelerada a trabajadores sin experiencia en dichos procesos, cuando ya cuentan con una plantilla experimentada que necesita medios y retribuciones adecuadas. “Lo harían más rápido y mejor formados”, defienden fuentes del sindicato. CCOO aclara que el objetivo de la huelga no es dinamitar el proceso de regularización, sino hacer visible la situación que tienen las oficinas de extranjería.

La regularización extraordinaria comienza el 16 de abril

El Gobierno de España activará el proceso extraordinario de regularización de extranjeros este viernes 16 de abril por la vía digital y el próximo lunes 20 de abril de forma presencial; según ha confirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este martes. El proceso está dirigido a personas en situación irregular que hayan residido de forma ininterrumpida en el país durante al menos cinco meses y se encuentren en territorio nacional desde antes del 1 de enero.

El plazo para presentar solicitudes concluirá el 30 de junio, por lo que los interesados dispondrán de aproximadamente dos meses y medio para gestionar su situación. La responsabilidad de tramitar las solicitudes recaerá en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo, bajo la dependencia de Seguridad Social y Migraciones. Para responder a la demanda, los equipos de trabajo han sido reforzados y ampliadas las capacidades operativas, de acuerdo con el Ministerio. De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, quedan excluidos del proceso quienes hayan solicitado el estatuto de apátrida, colectivo que cuenta con un régimen jurídico específico por su condición y no se considera en situación irregular. La ministra también aclaró que las medidas no aplican a desplazados ucranianos, que gozan de protección temporal impulsada por el Ejecutivo.