Estas acciones, que contemplan reanudar las detenciones en tránsito, vulneran los derechos humanos de los connacionales en territorio estadounidense, por lo que la mandataria pidió respeto a sus garantías.

La mandataria mexicana expresó que la postura del gobierno mexicano es clara: la migración no debe ser tratada como un delito, reconociendo que si una persona comete un acto ilícito, corresponde a las autoridades procesarla conforme a la ley. Sin embargo, quienes residen y laboran en Estados Unidos, muchos desde hace décadas, merecen un trato digno y colaboración entre ambos países.

“Si hay una persona que lleva treinta años trabajando en los Estados Unidos, que ha sido contratado, que incluso en algunos de sus casos tiene papeles de trabajo, en otros no, pues que siempre haya respeto a los derechos humanos y colaboración con el país de origen, en este caso nosotros”, señaló durante su conferencia matutina de este 16 de julio en Palacio Nacional.

El caso del mexicano fallecido durante un operativo de ICE

Al abordar el reciente fallecimiento de un ciudadano mexicano tras un operativo del ICE, la presidenta detalló que el consulado mexicano tomó contacto inmediato con la familia de la víctima, cuyo nombre aún no ha sido difundido. Según la información proporcionada, la persona intentó escapar al momento de la intervención y fue atropellada al cruzar una calle.

Sheinbaum señaló que este tipo de tragedias refuerzan la urgencia de abordar los temas migratorios bajo un enfoque de respeto y protección: “La migración no debe criminalizarse per se”, agregando que su gobierno mantiene abiertas las vías diplomáticas y legales para apoyar a los connacionales afectados y exigir que los procedimientos se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco junto con el embajador mexicano en Estados Unidos, ha sostenido conversaciones con funcionarios del Departamento de Estado, para informar sobre las acciones emprendidas y los motivos de preocupación del gobierno mexicano.

En el cierre de su intervención, la jefa de Estado aclaró que no ha mantenido comunicación directa con Trump para tratar estos asuntos, resaltando que los canales diplomáticos se han limitado a intercambios con representantes y funcionarios estadounidenses, sin que exista una reunión programada con el mandatario republicano.

Gobierno de México implementa acciones contra el ICE

La SRE ha desplegado varias líneas de intervención para garantizar la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos que perdieron la vida en territorio de EEUU:

• Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos 

En colaboración con la Fiscalía General de la República, México prepara la presentación de una denuncia formal ante el Departamento de Justicia estadounidense. Este documento será entregado a través de la Embajada mexicana, buscando que se investiguen los incidentes y se responsabilice a los responsables.

• Presentación de denuncias ante fiscalías estatales 

El gobierno mexicano inició procedimientos legales en diferentes fiscalías estatales de Estados Unidos, utilizando tanto la embajada como la red consular. Esta estrategia busca cubrir todas las jurisdicciones donde han ocurrido los decesos.

• Acciones civiles de cese y desistimiento 

Se comenzaron a enviar cartas de cese y desistimiento a los centros de detención implicados en fallecimientos de mexicanos. El primer escrito oficial fue remitido al centro de Adelanto, California, donde se han registrado cuatro muertes. En estas comunicaciones se exige el cese inmediato de prácticas que hayan derivado en dichos fallecimientos, incluyendo la falta de acceso a atención médica y políticas inadecuadas. Este paso es la base para posibles demandas civiles en el futuro.

• Comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

El titular de la SRE, Roberto Velasco notificó a Volker Türk, responsable de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, sobre los casos registrados. Se solicitó una investigación internacional, recomendaciones y la transmisión del expediente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

“Gente preparada y no asesinos”

La diputada Yoloczin Domínguez Serna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pidió a las empresas con concesiones en centros migratorios revisar sus protocolos: “Es importante que esas empresas extranjeras revisen esos protocolos para que tengan gente preparada y no asesinos”. La legisladora también calificó la actuación de agentes del ICE como “esa manera tan miserable de actuar”.

“Totalmente arbitraria”

Por su parte, el diputado identificado como Mario Miguel Carrillo Cubillas en la conferencia sostuvo que el margen de acción que había tenido el ICE en operativos de tránsito “considerábamos estaba fuera de la normatividad norteamericana”, y lo calificó como “totalmente arbitraria”. Aseguró, sin ofrecer una fuente oficial que lo confirme, que tras declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el ICE habría ajustado sus reglas de operación. Esta afirmación no ha sido confirmada de forma oficial por autoridades estadounidenses.

“Condenamos enérgicamente”

El diputado Gilberto Herrera Solórzano fue de los más enfáticos: “Por eso condenamos enérgicamente la actuación del ICE en Estados Unidos y todas las empresas contratadas”, expresó durante su intervención. El legislador también respaldó la postura de la presidenta Sheinbaum, a quien citó textualmente: “Quien juegue contra México está destinado a perder en la cancha, en la vida y en la política”.

Lo que piden los legisladores

Entre los planteamientos presentados por los diputados durante la conferencia se encuentran:

• Un pronunciamiento unánime de todos los grupos parlamentarios
• Investigación sobre las circunstancias de las 17 muertes
• Revisión de protocolos en empresas con concesión de centros de detención
• Continuidad de acciones de la Cancillería, incluida la figura de cease and desist

Trump defiende al ICE mientras México acelera la vía legal

Este miércoles, a través de su red Truth Social, el presidente Donald Trump defendió el trabajo de los agentes del ICE y afirmó que la delincuencia ha disminuido en Estados Unidos a niveles no vistos en décadas, atribuyendo ese resultado a la salida de personas que, según él, ingresaron al país sin control durante la administración anterior. Trump calificó la labor de la agencia como un “gran trabajo” y pidió a los agentes continuar con las detenciones de tránsito, una práctica que un día antes había sido suspendida temporalmente tras varios incidentes mortales. Mientras Trump respaldaba esta postura, el gobierno mexicano avanzó en sentido contrario: la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “homicidios” las muertes de connacionales bajo custodia o en operativos del ICE, y el canciller Roberto Velasco confirmó que la Cancillería, con apoyo de la Fiscalía General de la República, presentará denuncias penales y demandas civiles ante autoridades estadounidenses, además de acciones contra las empresas privadas que operan los centros de detención migratoria.

Panamá recibió $141 millones en remesas durante el primer trimestre de 2026, un aumento de 3.4% frente a los $136,4 millones registrados en igual período del año anterior.

Sin embargo, el país continuó enviando más dinero del que ingresó por esta vía: las transferencias hacia el extranjero alcanzaron $157 millones, tras crecer 1% en comparación con los $155.4 millones de los primeros tres meses de 2025.

El balance dejó una salida neta cercana a $16 millones entre enero y marzo. Aunque la diferencia se redujo frente a los $19.1 millones del mismo lapso de 2025, las cifras confirman una característica que distingue a Panamá de buena parte de América Latina y el Caribe: en los años recientes ha funcionado más como emisor que como receptor de remesas.

Esa condición está relacionada, entre otros factores, con la presencia de trabajadores extranjeros que se han establecido en el país y envían parte de sus ingresos a sus familias.

El crecimiento de la población migrante durante la última década amplió los flujos hacia países como Colombia, Nicaragua, Venezuela y República Dominicana.

No obstante, las estadísticas no permiten atribuir todo el movimiento exclusivamente a trabajadores migrantes. El registro incluye operaciones realizadas mediante casas de remesas, bancos y otros canales, y también puede abarcar transferencias familiares efectuadas por residentes, profesionales, empresarios y personas con vínculos económicos en otros países.

Estados Unidos lidera los ingresos

Estados Unidos se mantuvo como el principal origen del dinero recibido por los hogares panameños, con $85,7 millones en el primer trimestre. Le siguieron Venezuela, con $14.6 millones; Reino Unido, con $11 millones; Colombia, con $5.8 millones, y España, con $2.6 millones.

El comportamiento por país fue desigual. Los envíos procedentes de Estados Unidos bajaron frente a los $88.4 millones del primer trimestre de 2025, pero ese retroceso fue compensado por mayores entradas desde Venezuela, Reino Unido, Colombia y España.

El incremento procedente de Venezuela fue particularmente significativo: pasó de $11.8 millones a $14.6 millones. Reino Unido también registró un avance importante, desde $8.6 millones hasta más de $11 millones.

En dirección contraria, Colombia recibió $71,9 millones desde Panamá, casi el 46% del total enviado al exterior. Le siguieron Venezuela, con $20.1 millones; Nicaragua, con $15,6 millones; Estados Unidos, con $9,3 millones, y República Dominicana, con $7,2 millones.

Aunque Colombia continuó dominando los destinos, el monto disminuyó frente a los $77,1 millones del primer trimestre anterior. La reducción fue contrarrestada por el fuerte aumento hacia Venezuela, que pasó de $13.6 millones a $20.1 millones.

El cambio registrado en 2025

El comportamiento reciente muestra una expansión mucho mayor en las remesas recibidas. Durante todo 2024, Panamá captó $467.6 millones y envió $592.7 millones, lo que produjo una salida neta superior a $125 millones.

En 2025, las entradas aumentaron a $561,2 millones, alrededor de 20% más, mientras las salidas llegaron a $607 millones, con un crecimiento cercano a 2,4%. La brecha se redujo así a aproximadamente $45.8 millones, aunque el país mantuvo su posición como emisor neto.

La comparación revela que Panamá continúa enviando más recursos de los que recibe, pero la distancia entre ambos flujos se ha estrechado por el fuerte crecimiento del dinero procedente del exterior.

El escenario panameño contrasta con el de numerosas economías centroamericanas y caribeñas, donde las remesas constituyen una fuente esencial de ingresos para los hogares y representan una proporción importante de la actividad económica.

Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo aportadas para este análisis, América Latina y el Caribe recibió un récord de $173.733 millones en 2025, un incremento de 7.3% frente a 2024. Para 2026, los datos preliminares apuntan a una expansión más moderada.

El BID atribuye parte del salto del año pasado a envíos extraordinarios efectuados por migrantes ante la incertidumbre sobre las políticas migratorias, financiados mediante ahorros y más horas de trabajo. Esa capacidad tendría límites en 2026 debido al agotamiento de reservas disponibles y a las condiciones del mercado laboral estadounidense.

Para Panamá, el crecimiento de las entradas puede favorecer el consumo de los hogares que reciben estos recursos, pero las salidas también reflejan el papel del país como fuente de empleo para comunidades extranjeras.

El primer trimestre confirma ambas realidades: ingresan más remesas, aunque todavía sale una cantidad mayor hacia los países de origen de miles de trabajadores y residentes.

El presidente de Estados Unidos revirtió en menos de 24 horas la pausa que su propio gobierno había ordenado en las paradas de tráfico de ICE, la misma herramienta que ha dejado al menos dos muertos en las últimas semanas, entre ellos un ciudadano mexicano. La decisión llega justo cuando México intensifica una ofensiva legal sin precedentes contra Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales bajo custodia migratoria.

El mensaje que revirtió la pausa

A través de Truth Social, Trump defendió el trabajo de los agentes de ICE y sostuvo que la delincuencia ha bajado a niveles no vistos en décadas en Estados Unidos. Atribuyó ese resultado al retiro de personas que, según él, ingresaron al país “sin control ni verificación” durante el gobierno de Joe Biden, cifra que ubicó en 25 millones. El presidente calificó las paradas de tráfico como una de las herramientas más efectivas de ICE y advirtió que suspenderlas equivaldría a “hacerle el juego a los delincuentes”.

De las notas diplomáticas a las demandas penales

Mientras Trump defendía la práctica, el gobierno mexicano avanzaba en la dirección contraria. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “homicidios” las muertes de mexicanos bajo custodia o en operativos de ICE y anunció que México dejará atrás la vía exclusivamente diplomática. El canciller Roberto Velasco confirmó que la Cancillería, con apoyo de la Fiscalía General de la República, presentará denuncias penales y demandas civiles ante autoridades estadounidenses, además de acciones contra las empresas privadas que operan centros de detención migratoria.

La estrategia mexicana no se detiene ahí. La Cancillería también elevó el caso a la ONU, solicitando que el organismo emita recomendaciones y lo turne a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Además, comenzó a enviar cartas de cese y desistimiento a los centros de detención implicados en fallecimientos de mexicanos, comenzando por el centro de Adelanto, California.

El caso que encendió la tensión

El detonante más reciente fue la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un albañil mexicano de 52 años con 35 años viviendo en Estados Unidos y padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses. Fue baleado por un agente de ICE durante un operativo en Houston el 7 de julio. Su caso se suma a otras 16 muertes documentadas por la cancillería mexicana, entre custodias en centros de detención y operativos directos.

Sheinbaum explicó que el canciller Velasco sostuvo comunicación directa con el embajador estadounidense en México antes del anuncio, y que este se mostró “muy perceptivo” ante la preocupación mexicana por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Una relación bilateral bajo presión

La ofensiva legal mexicana coincide con un giro más agresivo de Trump en materia migratoria, justo después de que su propia administración pausó —y horas más tarde reactivó— las paradas de tráfico tras los tiroteos en Maine y Houston. El contraste marca un nuevo punto de fricción entre ambos gobiernos, en momentos en que Washington y la Ciudad de México ya enfrentan tensiones por seguridad, cárteles y comercio.

Trump revirtió en menos de 24 horas la pausa que su propio gobierno había ordenado en las paradas de vehículos de agentes de inmigración, una herramienta de detención que en dos semanas dejó dos hombres muertos y encendió protestas en tres ciudades de Estados Unidos.

El miércoles 15 de julio, el presidente publicó en redes sociales: “Debemos ser fuertes, duros e inteligentes, y NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: ¡LA PARADA DE TRÁFICO!”.

La declaración llegó apenas un día después de que funcionarios de su administración anunciaran la suspensión de esa práctica en todo el país.

La pausa que duró un día

El martes 14 de julio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ordenó a sus agentes suspender la mayoría de las paradas de vehículos en todo el territorio nacional. La medida respondió a dos tiroteos fatales ocurridos con seis días de diferencia.

Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, intentó encuadrar el anuncio como algo menor. “No es un cambio de política, es una pausa temporal”, dijo ante Fox News Channel, según informó Reuters. Agregó: “Será una revisión de corto plazo para asegurarse de que los agentes de ICE estén seguros y actúen de forma correcta”.

Menos de 24 horas después, Trump anuló ese mensaje con una sola publicación.

Qué son las paradas de tráfico de ICE y por qué importan

Las “paradas de tráfico” o vehicle stops son intervenciones en las que agentes de ICE detienen un vehículo en movimiento para identificar a sus ocupantes y, si corresponde, proceder a su detención por razones migratorias. A diferencia de un arresto en un domicilio o lugar de trabajo, estas paradas ocurren en la vía pública y pueden escalar con rapidez.

Para las comunidades inmigrantes, esta táctica representa uno de los puntos de mayor vulnerabilidad en su vida cotidiana: cualquier trayecto en automóvil puede convertirse en el inicio de un proceso de deportación, incluso si el conductor no era el objetivo de la operación. Eso fue exactamente lo que ocurrió en los dos casos que desencadenaron la crisis.

Dos muertos que no eran el objetivo

El lunes 14 de julio, un agente de ICE mató a un conductor colombiano identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, localidad costera a unos 24 kilómetros (15 millas) al sur de Portland.

El 7 de julio, un agente de ICE en Houston mató a un ciudadano mexicano durante un intento de detener su vehículo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, calificó a ambos hombres como “extranjeros ilegales”, pero reconoció que ninguno era el objetivo previsto de las operaciones de deportación que derivaron en su muerte. Las autoridades federales no presentaron prueba alguna de que alguno de los dos representara una amenaza para los agentes o para el público en general.

Desde enero de 2025, cuando Trump lanzó su campaña de deportaciones masivas al regresar a la Casa Blanca, al menos siete personas han muerto durante operaciones de control migratorio federal, según señaló la agencia Associated Press.

Protestas y el debate sobre las cámaras corporales

Los dos tiroteos desencadenaron protestas en Maine, Houston y Boston, y reabrieron un debate que ya había surgido el invierno pasado: la ausencia de cámaras corporales en los agentes de ICE.

AP señaló que esa controversia cobró fuerza tras la muerte de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota, dos casos que generaron condena generalizada. El DHS recibió USD 20 millones para equipar a sus agentes con ese dispositivo, pero los agentes involucrados en el tiroteo de Houston no llevaban cámara.

Sin registro de video, la reconstrucción de los hechos depende exclusivamente de la versión oficial, lo que alimenta la desconfianza en comunidades donde ICE opera con frecuencia.

La Comisión Europea ha iniciado un expediente sancionador contra España por no adaptar a tiempo su legislación a las nuevas normas de la Unión Europea sobre condiciones de acogida para solicitantes de protección internacional que llegan a territorio comunitario. La reforma establecía como plazo límite el 12 de junio para que los Estados miembro incorporaran estas medidas en sus leyes nacionales, informa Europa Press.

La normativa busca que todos los países del bloque ofrezcan condiciones de vida “adecuadas y comparables” a quienes solicitan protección internacional en su territorio. Además, concede a los Estados cierta flexibilidad para gestionar sus sistemas de acogida e introduce reglas para evitar movimientos secundarios no autorizados, con el fin de reducir diferencias entre los sistemas nacionales.

España figura entre los 16 países que no cumplieron el plazo, motivo por el que Bruselas ha iniciado el procedimiento de infracción. El primer paso consiste en el envío de una carta de emplazamiento que notifica el incumplimiento y concede dos meses para informar sobre las medidas adoptadas para corregir la situación.

Si la respuesta no resulta suficiente, la Comisión puede emitir un dictamen motivado que abre un nuevo periodo de diálogo antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las peticiones de asilo bajan un 13% en España

A lo largo de 2025, un total de 117,8 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares a consecuencia de los conflictos, persecuciones u otros actos violentos, lo que supone un 4% menos respecto a 2024, el primer descenso registrado en la última década, según los datos publicados en junio por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe anual. Ese descenso, sin embargo, no responde a que se haya producido una mejora en sus condiciones de vida, sino al “incremento de las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos” a nivel global, tal y como denunció la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que este lunes ha presentado su propio balance de 2025.

De acuerdo al informe de CEAR, en España se presentaron 144.396 solicitudes de protección internacional a lo largo del año pasado, un 13,7% menos respecto a 2024, por lo que por primera vez se ha interrumpido la tendencia al alza. No obstante, España es el tercer país europeo que más solicitudes recibió, solo por detrás de Alemania y Francia.

Ese descenso de peticiones responde, por un lado, “al impacto del Reglamento de Extranjería (RELOEX)”, que entró en vigor en mayo de 2025 y no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo, y, por otro, explica CEAR, “al progresivo endurecimiento de las políticas migratorias, en particular los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal”.

(Con información de Europa Press)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la implementación de una serie de medidas tras los recientes fallecimientos de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Estas demandas son una respuesta institucional que se produce luego de los anuncios realizados la semana pasada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló la importancia de proteger los derechos de los connacionales en el extranjero.

A partir del lunes 13 de julio, la dependencia puso en marcha las acciones a esclarecer los hechos y exigir mayor información sobre los diversos casos a las autoridades estadounidenses.

Gobierno de México implementa acciones contra el ICE

La SRE ha desplegado varias líneas de intervención para garantizar la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos fallecidos en territorio de EEUU:

• Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos 

En colaboración con la Fiscalía General de la República, México prepara la presentación de una denuncia formal ante el Departamento de Justicia estadounidense. Este documento será entregado a través de la Embajada mexicana, buscando que se investiguen los incidentes y se responsabilice a los responsables.

• Presentación de denuncias ante fiscalías estatales 

El gobierno mexicano inició procedimientos legales en diferentes fiscalías estatales de Estados Unidos, utilizando tanto la embajada como la red consular. Esta estrategia busca cubrir todas las jurisdicciones donde han ocurrido los decesos.

• Acciones civiles de cese y desistimiento 

Se comenzaron a enviar cartas de cese y desistimiento a los centros de detención implicados en fallecimientos de mexicanos. El primer escrito oficial fue remitido al centro de Adelanto, California, donde se han registrado cuatro muertes. En estas comunicaciones se exige el cese inmediato de prácticas que hayan derivado en dichos fallecimientos, incluyendo la falta de acceso a atención médica y políticas inadecuadas. Este paso es la base para posibles demandas civiles en el futuro.

• Comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

El titular de la SRE, Roberto Velasco notificó a Volker Türk, responsable de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, sobre los casos registrados. Se solicitó una investigación internacional, recomendaciones y la transmisión del expediente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Por otro lado, se reiteró que la institución mantiene el acompañamiento a las familias a través de la red consular, reafirmando el compromiso del Estado nacional de actuar con determinación en defensa de sus ciudadanos, utilizando los mecanismos legales e internacionales disponibles.

Senado exige justicia por muerte de mexicanos en EEUU

El Senado de la República exigió una investigación exhaustiva, imparcial y transparente para las víctimas que perdieron la vida en hechos relacionados con el ICE en EEUU. Los legisladores condenaron los fallecimientos y reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los connacionales en el extranjero.

En un pronunciamiento conjunto, los senadores respaldaron las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Gobierno de México, incluyendo denuncias ante autoridades estadounidenses y la atención consular a las familias afectadas. Además, destacaron la prioridad nacional que representa la protección de los migrantes y aseguraron que darán seguimiento puntual a las investigaciones para evitar la impunidad.

Asimismo, manifestó que ninguna política migratoria puede estar por encima del derecho a la vida y el debido proceso, haciendo un llamado a garantizar la justicia y la dignidad de todos los mexicanos fuera del país.

Relación México-Estados Unidos tras el fallecimiento de migrantes mexicanos

El pasado 13 de julio, la mandataria mexicana aseguró que levantar la voz ante esta situación de violencia en contra de las y los mexicanos en territorio estadounidense no representa un riesgo a la relación bilateral con el presidente Donald Trump.

“No tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación a los derechos humanos de nuestros connacionales”, afirmó.

Un informe publicado en junio de 2026 por el Shimberg Center for Housing Studies de la Universidad de Florida confirma que la migración hacia Florida “cayó drásticamente” en 2025, con los condados más caros como Miami-Dade y Broward perdiendo residentes netos por primera vez sin el amortiguador de la migración internacional.

Para la comunidad latina del sur de la Florida, los números cuentan una historia conocida: los costos de vivienda subieron, los salarios no siguieron el mismo ritmo y muchas familias tomaron la decisión de buscar otro lugar donde vivir, ya sea dentro del estado o fuera de él.

Del boom al freno: qué dicen los números

En 2022, Florida recibió 598.737 nuevos residentes por migración —doméstica e internacional combinadas—, un promedio de 1.640 personas por día, según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos disponibles a través del Florida Housing Data Clearinghouse del Shimberg Center.

En 2025, esa cifra bajó a 201.191 personas, unas 551 personas por día. La caída representa una reducción de más del 66% frente al pico de tres años atrás.

El dato al considerar que el crecimiento natural de la población —la diferencia entre nacimientos y muertes— se mantuvo casi plano en 2025. El crecimiento del estado dependió casi por completo de la migración, y esa fuente cayó.

Los condados que pierden y los que ganan

La caída no fue uniforme. Según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos disponibles a través del Florida Housing Data Clearinghouse del Shimberg Center, los condados urbanos de mayor costo registraron las pérdidas más pronunciadas, mientras que los condados medianos con vivienda más accesible sostuvieron su atracción de nuevos residentes.

Condados con pérdida neta de residentes domésticos en 2025:

• Miami-Dade: lideró la pérdida en todo el estado, con casi 73.000 residentes que se trasladaron a otros condados o estados. En años anteriores, la migración internacional compensaba esas salidas; en 2025, ambas corrientes cayeron.
• Broward: continuó su patrón de pérdida por migración doméstica, sin la compensación internacional que tuvo en el pasado.
• Orange: las salidas domésticas superaron las entradas de migrantes internacionales.
• Hillsborough y Pinellas: dos condados que se beneficiaron del boom migratorio de principios de los 2020 registraron salidas netas de residentes domésticos en 2025.

Condados con crecimiento sostenido:

• Polk: entre los cinco condados con mayor migración doméstica en todo el país por quinto año consecutivo, con entre 22.000 y 34.000 nuevos residentes anuales desde 2021.
• Pasco: segunda mayor ganancia migratoria en Florida en 2025.
• Marion: mantuvo un patrón de atracción de nuevos residentes durante los últimos tres años.

A dónde se va la gente

La directora del Florida Housing Data Clearinghouse del Shimberg Center, Anne Ray, señaló: “A medida que los costos de vivienda han subido, muchos compradores parecen buscar más allá de los grandes condados urbanos del estado, hacia comunidades donde las casas son más asequibles y la nueva construcción ha mantenido el ritmo de la demanda”.

El informe del Shimberg Center de 2025 ya había identificado a Polk, Pasco y Marion como líderes en construcción de viviendas unifamiliares nuevas en Florida, lo que refuerza la conexión directa entre oferta de vivienda y crecimiento poblacional.

Uno de los hallazgos del informe tiene que ver con el origen de quienes llegan a los condados en crecimiento: no son necesariamente personas de otros estados, sino floridanos que se mueven dentro del propio estado.

Los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) correspondientes al período 2021-2023 muestran que aproximadamente el 59% de los nuevos residentes domésticos en Polk y Pasco llegaron desde otros condados de Florida, no desde otros estados. Marion, en cambio, atrajo una mezcla casi pareja de recién llegados del estado y de fuera de él.

Los patrones de migración “tienen implicaciones importantes para la demanda de vivienda en toda Florida”, advirtió Ray. Para la directora del Clearinghouse, monitorear esos cambios permite a los líderes locales anticipar dónde construir más casas y qué infraestructura reforzar antes de que la presión llegue.

El gobierno del presidente Donald Trump intensifica las medidas para restringir el acceso al sistema bancario de las personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización migratoria, un grupo en el que se encuentra un número significativo de connacionales mexicanos, según datos históricos sobre la composición de la población migrante irregular en ese país.

Reguladores emiten nuevas directrices

Este lunes, un grupo de reguladores financieros tiene previsto emitir directrices dirigidas a bancos e instituciones financieras para recordarles sus obligaciones en materia de “conozca a su cliente” y de gestión del riesgo crediticio, con especial atención a los prestatarios sin autorización para trabajar en el país.

El anuncio estará a cargo de tres reguladores:

• La Oficina del Contralor de la Moneda
• La Corporación Federal de Seguro de Depósitos
• La Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito

Las agencias señalaron que los bancos deben considerar que una persona en situación migratoria irregular podría quedar imposibilitada para liquidar un préstamo en caso de ser deportada, por lo que representa, according to su comunicado, un riesgo para el sistema financiero.

Los mexicanos, el grupo más numeroso entre los indocumentados

Aunque las autoridades estadounidenses no han desglosado por nacionalidad el impacto de estas nuevas directrices bancarias, los mexicanos representan el mayor grupo de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos, lo que los coloca entre los más expuestos a esta medida.

De acuerdo con estimaciones del Migration Policy Institute (MPI), aproximadamente 5.1 millones de personas, es decir, un 45% del total de 11.3 millones de migrantes no autorizados en Estados Unidos, eran de origen mexicano hacia 2022. El Pew Research Center, por su parte, ha situado esa cifra en alrededor de 4.1 millones de personas de origen mexicano sin documentos.

Aun cuando la población mexicana indocumentada ha disminuido de manera sostenida durante más de 15 años —de 7.7 millones en 2007 a poco más de 5 millones en 2022, según el MPI—, los mexicanos continúan siendo, por amplio margen, la comunidad más numerosa dentro de este grupo, muy por encima de otras nacionalidades como El Salvador, Guatemala u Honduras.

Esta proporción hace que cualquier medida orientada a restringir el acceso bancario de personas sin estatus legal tenga, en términos numéricos, un impacto proporcionalmente mayor sobre la comunidad mexicana en Estados Unidos, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente cuántas de estas personas tienen cuentas o créditos vigentes en instituciones financieras estadounidenses.

Parte de una orden ejecutiva de mayo

Estas acciones se desprenden de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo, que exige a bancos y otras instituciones financieras examinar con mayor detalle el estatus migratorio de sus clientes. Dicha orden instruyó a los reguladores a identificar indicios de que personas sin estatus legal abren cuentas u obtienen préstamos o tarjetas de crédito.

En ese mismo mes, el FinCEN, el área de delitos financieros del Departamento del Tesoro, había emitido un aviso a los bancos para que estuvieran atentos a posibles casos de robo de identidad, fraude fiscal y lavado de dinero vinculados a la contratación de trabajadores sin autorización.

Créditos fiscales también se ven afectados

La Casa Blanca ha adoptado medidas adicionales en la misma dirección. En noviembre, el Tesoro anunció la reclasificación de ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impide que algunos contribuyentes migrantes accedan a ellos, aun cuando declaren y paguen impuestos.

De acuerdo con especialistas en materia fiscal, esta reclasificación afectaría particularmente a beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), dos grupos en los que también se cuentan ciudadanos de origen mexicano.

¿Quieres que agregue una sección con contexto adicional sobre la comunidad mexicana en EU (con fuentes verificables que pueda buscar), o la dejamos así, ceñida estrictamente a lo reportado por AP?

A finales del pasado mes de junio, casi 160.000 personas extranjeras ya estaban afiliadas a la Seguridad Social como resultado del proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes puesto en marcha por el Gobierno. En concreto, se habían registrado 159.097 altas, concentradas principalmente en la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción.

La mayoría de estas personas trabaja por cuenta ajena: el 83,4% está encuadrado en el Régimen General. Además, el contrato indefinido predomina entre las nuevas altas vinculadas al proceso, ya que representa el 77,3% del total, cerca de ocho de cada diez.

La hostelería reúne el mayor número de incorporaciones, con 38.776. Le siguen el comercio, con 20.195; las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con 19.327; y la construcción, con 18.310. En conjunto, estas cuatro ramas concentran 96.608 altas, alrededor de seis de cada diez de las registradas mediante la regularización.

La afiliación extranjera acelera desde finales de abril

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que el crecimiento de la afiliación extranjera se ha acelerado desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso. No obstante, los datos facilitados no permiten determinar qué parte de las nuevas incorporaciones corresponde a empleos creados desde cero y cuál procede de relaciones laborales que ya existían, pero que hasta ahora no figuraban en los registros de la Seguridad Social.

En junio, España contabilizó una media de 3.446.178 trabajadores extranjeros afiliados, la cifra más alta de la serie. Son 86.630 más que en mayo y 350.163 más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 11,3%.

La subida es cuatro veces superior a la registrada por el conjunto de la afiliación, que avanzó un 2,8% en el último año. Las personas extranjeras representan ya algo más del 15,4% de todos los cotizantes del país. Las 159.097 altas relacionadas con la regularización equivalen, como referencia, a aproximadamente el 45% del aumento interanual de la afiliación extranjera.

Casi la mitad de los trabajadores del hogar y del campo son extranjeros

La presencia de trabajadores extranjeros es especialmente elevada en algunas actividades. Suponen el 31,5% de los ocupados en la hostelería, el 28,9% en la agricultura y el 25,9% en la construcción. También representan el 18,6% en las actividades administrativas y el 18,2% en el transporte.

La proporción es aún mayor en el empleo doméstico y el campo: las personas extranjeras son el 45,5% de quienes cotizan en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y el 41,7% de los incluidos en el Sistema Especial Agrario.

La temporalidad cae al nivel de los trabajadores españoles

El 87,8% de los trabajadores extranjeros por cuenta ajena tiene un contrato indefinido. Este porcentaje corresponde al conjunto del colectivo, no solo a quienes se han incorporado mediante la regularización.

La tasa de temporalidad se sitúa en el 12,2%, prácticamente al mismo nivel que entre los trabajadores españoles, donde alcanza el 12,3%.

La diferencia respecto a los años anteriores a la reforma laboral es amplia. Entre 2017 y 2021, los contratos indefinidos representaban de media el 41,1% entre los empleados extranjeros.

Más de 3,4 millones de trabajadores extranjeros

Desde junio de 2022, la Seguridad Social ha sumado más de 980.000 cotizantes extranjeros. Según los cálculos del ministerio, este colectivo representa el 44,5% del empleo generado desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

El 28,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de algún país de la Unión Europea, mientras que el 71,5% tiene nacionalidades extracomunitarias. Marruecos continúa siendo el principal país de origen, con 422.347 cotizantes, seguido de Rumanía, con 353.974, y Colombia, con 316.460.

También destacan Venezuela, con 239.892 afiliados; Italia, con 223.500; China, con 133.098; Perú, con 122.633; y Ucrania, con 84.020. Por sexos, cerca de dos millones son hombres y casi 1,5 millones son mujeres, que representan el 43% del colectivo.

Por otra parte, el número de autónomos extranjeros supera ya los 525.000, tras crecer un 7,9% en un año. Destacan especialmente en telecomunicaciones y programación informática, donde representan el 32,7% de los trabajadores por cuenta propia, prácticamente uno de cada tres. También suponen el 25,5% en hostelería, el 18,9% en actividades administrativas, el 18,4% en las inmobiliarias y el 18,3% en construcción.

Como tantas otras personas migrantes en busca de mejores oportunidades, Joey decidió dejar su país natal, Honduras, para poner rumbo a España, donde llegó en septiembre de 2025, pero pronto descubrió que, sin papeles, las oportunidades se reducían a empleos sin contrato y sueldos muy por debajo del mínimo interprofesional, entre otros muchos obstáculos. En su primer empleo en un restaurante, trabajó cerca de 70 horas a la semana por 800 euros mensuales, asegura, condiciones que le llevaron a renunciar. Después, a lo largo de estos últimos meses, ha sobrevivido gracias a sus ahorros y preparando comida para amigos y conocidos, aprovechando su formación como cocinero.

“Llegar a España no fue el final del viaje, sino el comienzo de una lucha diaria, porque muchas personas se aprovechan de los migrantes que no tienen papeles. A mí hay jefes que me han dicho: ‘ubícate, si no tienes documentos, tienes que agachar la cabeza’”, relata este hondureño de 36 años a Infobae. Por eso la posibilidad de acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes, proceso que el Gobierno puso en marcha a mediados de abril y cuyo plazo cerró el pasado 30 de junio, se ha convertido en una esperanza para quienes como Joey han tenido que depender de la economía sumergida, lo que limitaba su acceso a derechos fundamentales y le exponía a la exclusión.

Joey presentó su solicitud de regularización en abril y, aunque todavía no ha recibido la resolución definitiva de la Administración, ya tiene el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y el de la Seguridad Social, lo que le permite trabajar de forma provisional. Una vez reciba la respuesta favorable, deberá solicitar cita para la toma de huellas en comisaría y así obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).

“Cuando recibí el email donde me comunicaban que ya tenía el número de la Seguridad Social, tuve que bajarme del metro por la emoción. Sentí que por fin tenía la oportunidad de empezar a trabajar legalmente”, explica Joey, que vio cómo se le escapaban varias oportunidades laborales por encontrarse en situación irregular. “En este tiempo he perdido hasta tres trabajos que me ofrecían como cocinero y ganando un buen salario", lamenta al otro lado del teléfono, al tiempo que agradece la ayuda que le han brindado durante todo este proceso desde el movimiento Regularización Ya para tramitar los documentos que le exigían porque “no podía permitirse pagar a un abogado 500 euros”. En estos últimos días, además, ha recibido una oferta para trabajar como cocinero en un restaurante del centro de Barcelona y espera poder incorporarse en breve.

Otra de las mayores dificultades que ha vivido desde que llegó a España es el acceso a la vivienda. Explica, de hecho, que solo gracias a un amigo ha podido conseguir un piso en alquiler: “Es él quien figura como titular en el contrato, porque yo solo podía acceder a habitaciones, compartiendo casa con otras personas”.

Más de 620.000 expedientes en tramitación

Respecto al proceso de regularización extraordinaria, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló este lunes que hay más de 620.000 expedientes en tramitación y destacó que el 30 de junio, el mismo día que finalizó el plazo de solicitudes, ya se contabilizaron 160.000 altas en la Seguridad Social de personas inmersas en este proceso. En total fueron algo más de 1,2 millones de personas las que han solicitado acogerse a la regularización, más del doble de lo que en principio estimó el Gobierno.

La ministra ha vuelto a defender la eficacia de estas medidas señalando que la irregularidad solo genera “vulnerabilidad” y fomenta la economía sumergida, mientras que la regularización incrementa la recaudación fiscal y reduce la informalidad. Saiz también ha reivindicado que sin la migración España “no podría sostener ni el crecimiento, ni el empleo, ni el Estado de bienestar”, y ha recordado que organismos como el Banco de España vinculan el 80% del crecimiento del PIB entre 2019 y 2024 a la contribución de la población migrante.

España cuenta ya con 3,4 millones de trabajadores extranjeros cotizando a la Seguridad Social, lo que representa el 15,4% del total de afiliados. Además, según estimaciones de la Oficina Nacional de Prospectiva, una reducción drástica de los flujos migratorios podría provocar una caída del 22% de la renta por habitante.

El Senado de la República condenó la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurrida en Estados Unidos en hechos presuntamente relacionados con la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y exigió que cada uno de los casos sea investigado de manera exhaustiva, imparcial y transparente para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

Mediante un pronunciamiento firmado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta expresaron su preocupación por los fallecimientos y reiteraron su compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de los mexicanos que residen en el extranjero.

En el documento, el Senado manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y sostuvo que ningún connacional debe quedar desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a los derechos humanos.

Respaldan acciones jurídicas y diplomáticas del Estado mexicano

Los legisladores respaldaron las acciones legales y diplomáticas emprendidas por el Gobierno de México ante las autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Asimismo, señalaron que, en el ámbito de sus facultades constitucionales de análisis de la política exterior, darán seguimiento puntual al desarrollo de las investigaciones y a la atención consular brindada a las familias de las víctimas, para lo cual solicitarán informes periódicos a las autoridades competentes.

El pronunciamiento también reconoce la soberanía de cada país para definir sus políticas migratorias; sin embargo, enfatiza que ninguna estrategia de seguridad puede estar por encima del derecho a la vida, el debido proceso y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por ambas naciones.

Gobierno de México presenta denuncias por los fallecimientos

El posicionamiento del Senado ocurre el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de los 17 mexicanos vinculados con actuaciones del ICE.

La mandataria explicó que las acciones buscan esclarecer cada uno de los casos, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar justicia para las familias afectadas. Además, hizo un llamado al Congreso de la Unión, a los partidos políticos y a la sociedad mexicana para respaldar la defensa de los derechos de los connacionales que viven en territorio estadounidense.

El Gobierno federal también informó que impulsará acciones civiles relacionadas con algunos centros de detención donde ocurrieron varios de los fallecimientos, con el objetivo de que se investiguen posibles casos de negligencia o irregularidades.

Contexto de los casos

• Entre 2025 y 2026 se documentaron 17 fallecimientos de ciudadanos mexicanos relacionados con acciones del ICE.
• De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 ocurrieron bajo custodia en centros de detención.
• Los tres casos restantes se registraron durante operativos migratorios.
• Uno de los hechos más recientes fue la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida el 7 de julio en Houston, Texas, tras recibir disparos durante un operativo.
• * El Gobierno de México anunció denuncias penales y otras acciones legales para exigir el esclarecimiento de todos los casos.

Protección a migrantes, prioridad para el Estado mexicano

En su pronunciamiento, el Senado destacó que la protección de los mexicanos en el exterior constituye una prioridad del Estado mexicano y un tema de consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.

Los legisladores subrayaron que la relación entre México y Estados Unidos es estratégica e histórica, además de estar sustentada por millones de personas migrantes que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de ambos países.

Por ello, señalaron que el respeto a la dignidad y los derechos de la comunidad migrante no debe entenderse como una concesión, sino como una obligación jurídica y moral derivada de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Senado promete dar seguimiento y evitar la impunidad

Finalmente, el Senado aseguró que mantendrá un seguimiento permanente a las investigaciones y reiteró que utilizará las herramientas del derecho internacional para exigir justicia y garantizar la protección de los connacionales.

El pronunciamiento fue suscrito por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco; la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, así como los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano.

Con este posicionamiento, la Cámara Alta fijó una postura institucional en respaldo de las familias de las víctimas y refrendó que vigilará el avance de las investigaciones para evitar que los fallecimientos queden impunes y que hechos similares vuelvan a repetirse.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó el llamado a la unidad nacional realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum para respaldar la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos y aseguró que dicha convocatoria busca desviar la atención de los señalamientos que, según el tricolor, enfrentan integrantes de Morena en investigaciones desarrolladas por autoridades estadounidenses.

En un posicionamiento difundido este 13 de julio y firmado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el partido sostuvo que no se sumará al exhorto presidencial, al considerar que se trata de un intento por construir un “blindaje político” frente a las acusaciones que, afirma, pesan sobre funcionarios y políticos vinculados al partido gobernante.

Sheinbaum pide respaldo de todos los partidos por fallecimiento de migrantes

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los partidos políticos, al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana para cerrar filas en defensa de los connacionales que viven en Estados Unidos, luego de que el Gobierno federal informara que presentará denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense y fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 mexicanos relacionados con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mandataria sostuvo que la defensa de los derechos humanos de los migrantes debe ser una causa nacional y subrayó que esta postura no busca generar un conflicto con el gobierno estadounidense, sino exigir justicia y esclarecer los hechos.

PRI acusa a Morena de utilizar la causa migrante con fines políticos

En contraste, el PRI aseguró que la defensa de los migrantes está siendo utilizada como un “distractor” para cambiar el foco de atención sobre presuntas investigaciones contra integrantes de Morena.

El documento sostiene que el partido oficialista abandonó durante años a la comunidad migrante y que ahora pretende utilizar su situación con fines políticos. Asimismo, afirma que el Gobierno federal intenta presentar un discurso de unidad nacional para enfrentar las consecuencias de las investigaciones que, según el PRI, realizan agencias de seguridad estadounidenses.

Como parte de su posicionamiento, el partido también lanzó diversas acusaciones contra Morena y reiteró su exigencia de que sea considerado legal y políticamente como una organización vinculada al crimen organizado, además de responsabilizar al gobierno por la crisis de seguridad y el desplazamiento forzado que, asegura, afecta a miles de familias mexicanas.

Puntos centrales del posicionamiento del PRI

Entre los principales planteamientos contenidos en el comunicado destacan:

• Rechazo al llamado de unidad realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
• Acusaciones de que Morena utiliza la defensa de los migrantes para desviar la atención de presuntas investigaciones en Estados Unidos.
• Exigencia para que Morena sea catalogado como una organización vinculada al crimen organizado.
• Señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios morenistas con grupos delictivos.
• Afirmación de que el PRI continuará respaldando a los mexicanos que viven en el extranjero sin sumarse a la convocatoria presidencial.

Gobierno mantiene estrategia legal por muerte de 17 connacionales

Mientras continúa el intercambio de posturas entre el oficialismo y la oposición, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que presentará denuncias formales ante autoridades estadounidenses para solicitar investigaciones sobre la muerte de 17 ciudadanos mexicanos, de los cuales 14 fallecieron bajo custodia en centros de detención del ICE y tres durante operativos migratorios.

De acuerdo con el Gobierno de México, además de las acciones diplomáticas ya emprendidas, esta nueva estrategia busca recurrir a la vía penal para esclarecer los casos y exigir responsabilidades.

La presidenta Sheinbaum reiteró que la protección de los mexicanos en el exterior constituye una obligación del Estado mexicano y sostuvo que todas las fuerzas políticas deberían respaldar las acciones encaminadas a defender los derechos humanos de los connacionales.

Mientras el Ejecutivo insiste en construir un frente común para exigir justicia por los connacionales, la dirigencia priista sostiene que la convocatoria presidencial tiene un trasfondo político y rechazó adherirse a ella.

Con ello, la discusión sobre la defensa de los migrantes se convirtió también en un nuevo punto de confrontación entre Morena y la principal dirigencia del PRI, en un contexto marcado por las acciones legales que México emprenderá ante autoridades estadounidenses por los recientes fallecimientos de ciudadanos mexicanos.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; cerró filas y respaldó la estrategia jurídica del Gobierno de México y convocó a todas las fuerzas políticas a la unidad. A través de un mensaje en video publicado en la red social ‘X’; tras el reciente llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y justo en el arranque de las acciones legales del Estado mexicano para exigir justicia y defender los derechos de los connacionales frente al asesinato de Lorenzo Salgado y otros dos mexicanos bajo custodia en operativos de ICE en Estados Unidos.

El legislador remarcó la necesidad de que la protección de migrantes esté por encima de cualquier interés partidista, ideológico o de coyuntura política.

En su intervención, Monreal subrayó el carácter nacional y humanitario de la causa: “La protección de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior no admite divisiones partidistas, ni ideológicas, ni cálculos políticos”, afirmó el diputado.

Miles de mexicanos contribuyen diariamente al desarrollo económico, social y cultural de México y Estados Unidos, según expresó el legislador. Monreal destacó que el respaldo a sus derechos y aportaciones debe ser una prioridad constante para las instituciones mexicanas.

Llamado a la unidad en el Congreso

El diputado federal hizo énfasis en la urgencia de generar un pronunciamiento conjunto desde la Cámara de Diputados que muestre unidad ante la comunidad internacional.

Por ello, convocó a todos los partidos representados en el Congreso de la Unión a sumarse sin reservas a esta causa, definiéndola como una obligación constitucional, ética y moral para el Estado mexicano. Asimismo, reiteró la plena disposición del Poder Legislativo para impulsar todas las medidas institucionales y legales necesarias que refuercen la protección de los connacionales en territorio estadounidense.

Monreal respaldó públicamente la estrategia jurídica que hoy arrancará el Gobierno de México contra autoridades y empresas de Estados Unidos por la muerte de dos mexicanos bajo custodia en operativos de ICE, después del asesinato de Lorenzo Salgado.

Reiteró la disposición del Poder Legislativo para impulsar todas las medidas necesarias, tanto institucionales como legales, que refuercen la protección de los connacionales.

La causa de los migrantes es una responsabilidad de toda la sociedad y del Estado, no de un partido o gobierno en particular. La defensa de los migrantes en territorio estadounidense, reiteró Monreal, exige: unidad, responsabilidad y visión de largo plazo por parte de todos los actores políticos.

Durante su intervención pública, De la Espriella declaró: “Todos los migrantes que estén legalmente aquí aportándole al país serán protegidos y apoyados”, dejando claro el respaldo a quienes cumplen las normas y contribuyen al desarrollo nacional.

El mandatario resaltó la necesidad de diferenciar entre quienes han regularizado su situación y quienes incurren en actos ilícitos.

“Los que estén de manera ilegal, delinquiendo, serán devueltos sin dilación a sus países de origen”, enfatizó el presidente electo, subrayando su compromiso con el orden, la seguridad y el respeto a la ley colombiana.

La postura del mandatario electo fue comunicada en un contexto de creciente debate sobre el impacto social y económico de la migración. De la Espriella reiteró que su administración garantizará derechos a residentes legales, mientras aplicará medidas estrictas contra quienes infrinjan la legalidad.

Esta directriz refuerza la intención del Ejecutivo de promover políticas migratorias basadas en la legalidad, la integración y la protección de la población trabajadora, al tiempo que busca prevenir delitos asociados a la irregularidad.

Abelardo de la Espriella afirmó que la apertura comercial con Venezuela impulsaría la economía regional

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que la restauración de la democracia en Venezuela representa el mayor motor de desarrollo para Colombia.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista concedida a Semana, donde el mandatario electo sostuvo que la estabilidad política de la nación vecina podría transformar la economía regional y reactivar la frontera colombo-venezolana.

De la Espriella expuso que el restablecimiento democrático en Venezuela abriría una oportunidad sin precedentes para el comercio binacional. “Espero que Venezuela pronto encuentre la democracia total, porque es fundamental para Colombia”, afirmó.

Según sus palabras, el país podría convertirse en el principal socio comercial de la nación vecina. “Vamos a tener que proveerles todos los bienes y servicios que el comunismo no puede proveer y que destruyó todo el aparato productivo”, puntualizó el presidente electo.

El líder colombiano insistió en que la apertura de los mercados venezolanos “sería el mejor plan de desarrollo, la mejor reforma tributaria”. Remarcó que la reactivación de la frontera beneficiaría especialmente a las regiones de Santander y Norte de Santander, territorios que históricamente han enfrentado dificultades económicas por la crisis del vecino país.

“Ese compromiso va, porque nos han respaldado masivamente. En ese pueblo de gente patriota, vamos también a empezar a recuperar la democracia”, manifestó De la Espriella.

En una alocución posterior, De la Espriella se refirió al proceso de reconstrucción tras el reciente terremoto que afectó gravemente a Venezuela.

El presidente electo instruyó a su ministro de Defensa para que evalúe la capacidad del cuerpo de ingenieros militares colombiano con el fin de apoyar las tareas de rehabilitación en el país fronterizo.

“La reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica”, expresó. Solicitó además la colaboración de la empresa privada y la coordinación con las autoridades diplomáticas para canalizar ayuda internacional.

Durante su mensaje, De la Espriella encomendó al doctor Mauricio Gómez Amín gestionar ante el embajador encargado las comunicaciones necesarias con el gobierno de Estados Unidos. El objetivo: articular esfuerzos para respaldar las labores humanitarias y de infraestructura en territorio venezolano.

El presidente electo subrayó la urgencia de organizar una respuesta conjunta entre los sectores militar y civil de Colombia.

“Necesito que revisemos cómo está el estado de nuestro cuerpo de ingenieros reconstructores, porque esto hay que hacerlo de manera conjunta entre nuestros ingenieros militares y la empresa privada”, precisó. Este enfoque, según sus palabras, busca garantizar una reconstrucción eficiente y sostenida de las zonas afectadas.

Al cierre de su intervención, De la Espriella reiteró el compromiso de Colombia con la estabilidad de la región y la recuperación institucional venezolana. Destacó que la prioridad será “hacer todos los negocios con Venezuela, recuperar la frontera y ayudar a que los santanderes puedan resolver esos dolores”.

Más de tres millones de españoles viven fuera de su país, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son muchos los nacionales que deciden cruzar las fronteras en busca de nuevas experiencias vitales o para encontrar mejores condiciones laborales de las que pueden obtener aquí. El Padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE) confirma que son Argentina, México y Estados Unidos los principales destinos de estos españoles aventureros.

Los países nórdicos, en cambio, atraen a menos nacionales. Ya sea por la distancia o por las diferencias del clima, en naciones como Noruega solo se pueden encontrar 9.579 españoles, según el INE. Para David, un catalán residente en el municipio noruego de Bergen, las razones son claras: las normas noruegas no son para todo el mundo, menos para los españoles.

“Voy a decir algo que probablemente no le vaya a gustar a todo el mundo. Creo que muchos españoles tendrían problemas a la hora de adaptarse a una de las normas sociales más importantes aquí en Noruega”, afirma el joven en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales, El auxiliar y entrenador residente en el país nórdico comparte desde su cuenta de TikTok (@palsand91) sus experiencias enn el extranjero y explica las diferencias clave entre noruegos y españoles.

La norma que los españoles no sabrían seguir

Según explica David, en Noruega “presumir está muy mal visto”. El joven no se refiere solo al dinero, aclara: “Hablo de presumir de coche, de puesto de trabajo, de cuánto ganas o de intentar demostrar constantemente que te va mejor que a los demás”, especifica.

En la experiencia del joven, es común que en España se decida compartir este tipo de detalles en la vida para presumir. “En España muchas veces parece que el éxito hay que enseñarlo, que si te compras algo, hay que enseñarlo, que si ganas más dinero, hay que decirlo, que si te ascienden, hay que demostrarlo”, explica. En cambio, “en Noruega ocurre algo muy, muy, muy diferente”.

Según David, “puedes estar sentado al lado de una persona que cobra dos, tres, cuatro y cinco veces más que tú y ni te enteras, y no lo sabrás nunca, porque aquí llamar la atención no suele dar estatus”. En opinión de David, presumir en Noruega “consigue justo lo contrario” a lo que se desea: alardear de los éxitos está mal visto y hará que la gente tenga peor consideración de tu persona. La discreción y la modestia son mucho mejor valoradas en la sociedad noruega. que los grandes éxitos laborales y/o económicos.

Es una actitud que al joven español ha acabado convenciendo. “Cuanto más tiempo llevo aquí, más me doy cuenta de algo. Quizá una sociedad funciona mejor cuando las personas intentan parecer menos importantes de lo que son y no más importantes de lo que realmente son”, reflexiona en su vídeo.

El joven catalán cierra su vídeo con una “pregunta incómoda” que lanza a sus seguidores y a sí mismo: “¿Si en España se valorara menos aparentar y más aportar, viviríamos mejor?“, concluye.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un obrero de la construcción mexicano asesinado esta semana por agentes de migración en Houston, puso bajo la lupa una ofensiva migratoria que se ha intensificado en Estados Unidos “en gran medida fuera de la vista pública”, según reportó The New York Times.

De acuerdo con el diario neoyorquino, los arrestos diarios se duplicaron durante la última semana de junio y han seguido en ascenso desde entonces, con operativos en ciudades como Chicago y Las Vegas, así como en suburbios de Milwaukee y San Antonio.

Un operativo que no lo buscaba a él

Salgado Araujo, padre de tres hijos y residente en el país por más de 30 años sin documentos, no era el objetivo original de los agentes. Según The New York Times:

• Fue interceptado en un retén vehicular mientras agentes buscaban a otra persona.
• Al revisar la placa de su camioneta, los oficiales confirmaron que él era el propietario.
• Una segunda verificación reveló su estatus migratorio irregular.
• El encuentro escaló rápidamente y terminó con un disparo en el abdomen; murió horas después en un hospital.

Autoridades de Seguridad Nacional afirmaron que la víctima habría intentado usar su vehículo como arma, versión que, según el Times, fue disputada por tres testigos presenciales. No existen videos del incidente ni cámaras corporales en los agentes involucrados.

Cifras que respaldan la alerta

El citado medio tuvo acceso a documentos internos que muestran la magnitud del despliegue:

• Más de 10 mil arrestos en cinco días, a fines de junio.
• Entre el martes y el jueves de esta semana, más de 6 mil detenciones, un ritmo de casi 2 mil diarias.
• Desde septiembre, agentes de migración han disparado contra más de 20 personas, casi todas dentro de vehículos.

El financiamiento respalda la escalada: un paquete republicano firmado el mes pasado por el presidente Donald Trump destinó 31 mil millones de dólares a labores de ICE, además de 350 millones adicionales para reforzar operativos en jurisdicciones que no cooperan con la agencia.

Reacción política y protestas

El caso desató protestas masivas, exigencias de investigaciones independientes por parte de líderes latinos y organizaciones de derechos civiles, y una respuesta directa desde México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno prepara medidas legales para exigir cuentas por la muerte de Salgado Araujo y la de más de una decena de mexicanos bajo custodia de ICE.

Organizadores comunitarios en Chicago, Iowa, Carolina del Norte y Puerto Rico reportaron al Times un patrón similar: trabajadores detenidos en retenes de tránsito, cerca de tribunales o en citas migratorias, bajo el argumento de que las autoridades buscaban a alguien más.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a solicitudes de comentario del diario.

Tener autorización de residencia en España no basta para evitar un internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) si sobre esa persona pesa una prohibición de entrada en el espacio Schengen acordada por otro país europeo. Ese es el criterio que ha confirmado la Audiencia Provincial de Navarra al rechazar el recurso presentado por un ciudadano marroquí de 23 años que pretendía dejar sin efecto su ingreso en el CIE de Madrid mientras se tramita su devolución a Marruecos.

La resolución respalda la decisión adoptada días antes por un juzgado de Pamplona y considera que la existencia de una orden de retorno emitida por Alemania, con efectos en todo el territorio Schengen, justifica tanto la devolución como el internamiento cautelar necesario para hacerla efectiva. Además, deja claro que el procedimiento para autorizar el ingreso en un CIE no sirve para revisar si la expulsión acordada por otro Estado miembro fue correcta, sino únicamente para comprobar que existe una resolución válida y ejecutable.

Un control policial destapó una orden vigente en toda Europa

El origen del caso está en un control realizado el 25 de mayo de 2026 por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Navarra. Al comprobar la identidad del joven, los agentes detectaron que figuraba en el Sistema de Información Schengen (SIS) una prohibición de entrada impuesta por Alemania y vigente hasta mayo de 2027.

Las autoridades alemanas habían dictado esa medida después de que el ciudadano abandonara el país sin cumplir una orden de retorno. La información remitida a España a través de los mecanismos de cooperación policial europeos señalaba además que aquella decisión estaba relacionada con varios hechos calificados como cuatro robos, un fraude y un robo con agravantes.

Con esa información, la Delegación del Gobierno en Navarra ordenó su devolución a Marruecos. Como la expulsión no podía ejecutarse de forma inmediata, la Policía solicitó autorización judicial para internarlo temporalmente en el CIE de Madrid mientras organizaba el dispositivo necesario para el traslado, que incluía la reserva de un vuelo y la coordinación de la escolta policial.

La defensa alegó arraigo, trabajo y problemas de salud

El caso presentaba, sin embargo, una circunstancia poco habitual. El joven no era un inmigrante en situación irregular en España. Había llegado años antes como menor extranjero no acompañado y había obtenido una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, cuya renovación todavía podía solicitar. Precisamente por ello, toda su defensa giró en torno a una idea: que su residencia legal, su arraigo y su integración hacían desproporcionado el internamiento.

En el recurso presentado ante la Audiencia Provincial, el abogado del joven sostuvo que el internamiento vulneraba sus derechos fundamentales por varios motivos. El primero era estrictamente procesal. La defensa aseguraba que el arresto se produjo aproximadamente una hora antes de la reflejada por la Policía y que, cuando compareció ante el juez para decidir sobre su ingreso en el CIE, ya habían transcurrido las 72 horas máximas de detención permitidas por la ley. Según esa versión, debía haber sido puesto inmediatamente en libertad.

El recurso también insistía en que el joven estaba plenamente integrado en España. Llevaba residiendo en Navarra desde 2019, tenía domicilio conocido, trabajaba como repartidor para la plataforma Glovo, participaba en programas de integración y aprendizaje del castellano y percibía ayudas sociales mientras consolidaba su situación administrativa. Además, carecía de antecedentes penales y policiales en España.

La defensa añadió otro elemento: el joven recibía tratamiento psiquiátrico por trastornos disociativos y crisis de ansiedad, circunstancias que, a su juicio, también debían haber pesado a la hora de valorar la proporcionalidad del internamiento.

Junto a ello, cuestionó el propio fundamento de la prohibición de entrada alemana. Argumentó que el expediente no incorporaba la resolución completa dictada por las autoridades germanas, sino únicamente una referencia genérica a varios delitos, sin que constara si existían condenas penales. Incluso explicó que ya se habían iniciado contactos con el Consulado de Alemania para intentar obtener la revocación anticipada de esa prohibición.

La Audiencia recuerda que el debate no era la expulsión

La Audiencia Provincial de Navarra rechaza todos esos argumentos y confirma íntegramente el internamiento. Respecto al supuesto exceso del plazo de detención, señala que la única hora acreditada es la recogida en el atestado policial y que la versión ofrecida por el recurrente carece de respaldo objetivo. En consecuencia, concluye que cuando se celebró la comparecencia judicial todavía no habían expirado las 72 horas legales.

Más relevante resulta el razonamiento sobre el fondo del asunto. La resolución insiste en que el procedimiento de internamiento tiene un alcance muy limitado. El juez no debe decidir si la expulsión es o no correcta ni revisar los motivos por los que Alemania acordó la prohibición de entrada. Su función consiste únicamente en comprobar que existe una resolución administrativa válida y que concurren los requisitos para autorizar el ingreso temporal en un CIE mientras se ejecuta la devolución.

En ese contexto, la Audiencia recuerda que las prohibiciones de entrada registradas por un Estado miembro en el Sistema de Información Schengen despliegan efectos en todos los países que integran ese espacio común. Es decir, impiden al afectado entrar, circular o residir en cualquiera de ellos mientras permanezcan vigentes, con independencia de que hubiera obtenido previamente una autorización de residencia en otro Estado, salvo supuestos excepcionales previstos por la normativa.

Los magistrados añaden que el propio recurso reconoce que la defensa estaba intentando convencer a las autoridades alemanas para que dejaran sin efecto la prohibición de entrada. Sin embargo, destacan que no consta que esa resolución hubiera sido recurrida formalmente en Alemania, que es donde, a juicio de la Audiencia, deben discutirse las circunstancias personales del afectado y la eventual cancelación de la medida.

Con esa argumentación, la Audiencia Provincial de Navarra confirma el auto que autorizó el ingreso del joven en el CIE de Madrid durante el tiempo imprescindible —con un máximo de 60 días— para ejecutar su devolución a Marruecos en cumplimiento de la prohibición de entrada que Alemania mantiene vigente en todo el espacio Schengen.

La Unión Europea ha propuesto este jueves incorporar un nuevo marco de sanciones contra el tráfico de migrantes, la trata de personas y otras formas de delincuencia organizada, que, entre otras medidas, impondría incorporar la congelación de activos y la prohibición de viajar a los infractores. La medida comunitaria surge en el contexto de un endurecimiento de la política antimigratoria de la Unión, con nuevas normas que permiten a los Estados miembros enviar a migrantes a quienes se les ha ordenado abandonar la UE a centros ubicados en terceros países no pertenecientes al bloque.

“Todos tenemos un objetivo común: acabar con su negocio y salvar las vidas de miles de personas que sueñan con una mejor vida”, ha indicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado, haciendo referencia a la campaña de la UE contra los traficantes de migrantes y los traficantes de personas. “Debemos ser nosotros quienes decidamos quién viene viene a nuestro territorio y en qué circunstancias”, ha añadido.

La propuesta, anunciada en medio de los intensos debates en torno a la política antimigratoria de la UE, requiere de la aprobación unánime del Consejo Europeo antes de que pueda entrar en vigor y tiene como principal objetivo desarticular el modelo de negocio de los traficantes, restringir sus movimientos y acabar con sus beneficios.

En concreto, la propuesta se centra en las actividades ilícitas que tienen su origen fuera de la Unión; las conductas relacionadas con el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos, el tráfico y otras actividades vinculadas a las drogas ilícitas, así como la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y el blanqueo de capitales; y las personas y entidades identificadas que participan en dichas actividades.

Detención de menores y registro de viviendas

La media choca con la normativa que impulsa la derecha europea para agilizar la deportación de migrantes y crear centros de migrantes en terceros países, como ya mantenían Italia y Albania. Además, dentro de este proyecto de ley se amplían los periodos de detención, así como se introducen sanciones, entre ellas las prohibiciones de entrada, multas y posibles sanciones penales por falta de cooperación. Además, las autoridades podrán confiscar pertenencias, detener menores, recopilar datos biométricos y registrar viviendas.

Este acuerdo también permite a las autoridades registrar a los migrantes y “locales pertinentes”, un término que para los activistas de derechos humanos es excesivamente amplio y permite las redadas domiciliarias. Por su parte, la diputada francesa de Los Verdes, Mélissa Camara, indicó que la legalización de estos centros fuera de la UE, junto con “la luz verde a la detención de menores, las visitas domiciliarias inspiradas en el ICE -Estados Unidos- es un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”.

Algunos Estados ya han comenzado a mover sus fichas en pos de hacer uso de esta normativa. Países Bajos, junto con Dinamarca, Alemania, Grecia y Austria están colaborando para establecer centros conjuntos de retorno y tránsito, mientras que las conversaciones bilaterales con Uganda sobre un acuerdo similar se han suspendido. Por el contrario, dentro de los Veintisiete hay países que se han opuesto a implementar esta normativa, como España, que con la regularización extraordinaria de migrantes ha seguido un sendero distinto al que marca la línea política del Parlamento Europeo.

La muerte de Omar Antonio Vázquez en Luisiana expuso otra vez el costo que enfrentan las familias migrantes para repatriar a sus muertos. El nicaragüense de 36 años falleció el 5 de julio tras sufrir un traumatismo craneal en el edificio donde vivía, mientras su familia inició el traslado de sus restos desde Estados Unidos.

Según datos de la organización Texas Nicaraguan Community (TNC), más de 1,000 nicaragüenses murieron en Estados Unidos entre 2019 y comienzos de 2026. Solo en 2024, la cifra llegó a 201 fallecidos, frente a los 157 documentados el año anterior.

El nicaragüense, originario de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, murió después de resbalar en las escaleras del edificio donde vivía.

Cómo ocurrió el accidente

El accidente ocurrió la noche del 3 de julio, cuando Omar regresaba a su apartamento al terminar su jornada laboral. Según el relato de sus familiares, resbaló al subir las escaleras, se golpeó la cabeza con fuerza y perdió el conocimiento.

Fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde permaneció conectado a soporte vital durante dos días. Los especialistas confirmaron muerte cerebral y el 5 de julio fue declarado fallecido.

Omar llevaba más de cuatro años en Estados Unidos. Había emigrado desde San Juan de Río Coco con el propósito de mejorar las condiciones de vida de su familia y concretar proyectos personales.

Las muertes de nicaragüenses en Estados Unidos

La muerte de Omar se suma a una lista que la TNC clasifica por causas. En 2024, los accidentes de tránsito fueron los más letales, con 59 muertes, seguidos por infartos (52) y asesinatos (29). Los accidentes laborales sumaron seis casos documentados ese año.

Entre los casos más recientes figura el de Rolando Varela Gómez, quien falleció el 21 de agosto de 2024 en Texas por exposición al calor mientras trabajaba en la construcción de una planta de tratamiento de agua, apenas dos semanas después de llegar desde Wisconsin.

Las autoridades de seguridad laboral determinaron que su empleador no tomó las medidas necesarias para protegerlo de las altas temperaturas.

En octubre de ese mismo año, cinco nicaragüenses murieron en Houston cuando el vehículo en que se trasladaban a su trabajo en la empresa constructora Granite Texas sufrió un accidente en una autopista.

El costo de la repatriación

Uno de los casos más prolongados fue el de Bryan Rogelio Cruz Calderón, de 37 años, cuyo cuerpo permaneció más de 11 meses en la morgue de la Oficina del Médico Forense de San Francisco, California.

Murió en abril de 2025 en un apartamento que el gobierno de Joe Biden le había asignado, sin familiares en el país y sin documentos que facilitaran los trámites. La causa del fallecimiento quedó registrada como “indefinida”.

El caso de Francisco Antonio Lumbi Chavarría, de 34 años, fallecido en Jacksonville, Florida, en septiembre de 2024, siguió un curso diferente: su cuerpo estuvo más de seis meses en una morgue porque su familia no lograba reunir el dinero completo para costear el traslado. Sin el pago total, ninguna funeraria aceptaba retirar el cuerpo.

Repatriar un cadáver desde Estados Unidos implica coordinar dos funerarias, una en el país del fallecimiento y otra en Nicaragua, tramitar el certificado de defunción, obtener autorizaciones familiares y cumplir normas sanitarias internacionales.

Según datos de la organización Texas Nicaraguan Community (TNC), más de 1,000 nicaragüenses murieron en Estados Unidos entre 2019 y comienzos de 2026. Solo en 2024, la cifra llegó a 201 fallecidos, frente a los 157 documentados el año anterior.

El nicaragüense, originario de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, murió después de resbalar en las escaleras del edificio donde vivía.

Cómo ocurrió el accidente

El accidente ocurrió la noche del 3 de julio, cuando Omar regresaba a su apartamento al terminar su jornada laboral. Según el relato de sus familiares, resbaló al subir las escaleras, se golpeó la cabeza con fuerza y perdió el conocimiento.

Fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde permaneció conectado a soporte vital durante dos días. Los especialistas confirmaron muerte cerebral y el 5 de julio fue declarado fallecido.

Omar llevaba más de cuatro años en Estados Unidos. Había emigrado desde San Juan de Río Coco con el propósito de mejorar las condiciones de vida de su familia y concretar proyectos personales.

Las muertes de nicaragüenses en Estados Unidos

La muerte de Omar se suma a una lista que la TNC clasifica por causas. En 2024, los accidentes de tránsito fueron los más letales, con 59 muertes, seguidos por infartos (52) y asesinatos (29). Los accidentes laborales sumaron seis casos documentados ese año.

Entre los casos más recientes figura el de Rolando Varela Gómez, quien falleció el 21 de agosto de 2024 en Texas por exposición al calor mientras trabajaba en la construcción de una planta de tratamiento de agua, apenas dos semanas después de llegar desde Wisconsin.

Las autoridades de seguridad laboral determinaron que su empleador no tomó las medidas necesarias para protegerlo de las altas temperaturas.

En octubre de ese mismo año, cinco nicaragüenses murieron en Houston cuando el vehículo en que se trasladaban a su trabajo en la empresa constructora Granite Texas sufrió un accidente en una autopista.

El costo de la repatriación

Uno de los casos más prolongados fue el de Bryan Rogelio Cruz Calderón, de 37 años, cuyo cuerpo permaneció más de 11 meses en la morgue de la Oficina del Médico Forense de San Francisco, California.

Murió en abril de 2025 en un apartamento que el gobierno de Joe Biden le había asignado, sin familiares en el país y sin documentos que facilitaran los trámites. La causa del fallecimiento quedó registrada como “indefinida”.

El caso de Francisco Antonio Lumbi Chavarría, de 34 años, fallecido en Jacksonville, Florida, en septiembre de 2024, siguió un curso diferente: su cuerpo estuvo más de seis meses en una morgue porque su familia no lograba reunir el dinero completo para costear el traslado. Sin el pago total, ninguna funeraria aceptaba retirar el cuerpo.

Repatriar un cadáver desde Estados Unidos implica coordinar dos funerarias, una en el país del fallecimiento y otra en Nicaragua, tramitar el certificado de defunción, obtener autorizaciones familiares y cumplir normas sanitarias internacionales.

Si la muerte fue natural, el proceso tarda entre 20 y 25 días. Si hubo una investigación judicial, puede extenderse durante meses. Mientras tanto, las morgues cobran entre USD 50 y USD 150 diarios por mantener el cuerpo.

Las colectas para pagar el traslado

Ante la imposibilidad de costear esos gastos, las familias recurren cada vez con más frecuencia a plataformas de financiamiento colectivo. Así ocurrió con la familia de Edwin Joaquín Gonzales González, un joven de 24 años que murió en marzo de 2025 en la autopista I-55 de Chicago al ser atropellado mientras reparaba una motocicleta en la vía.

Sus familiares abrieron una campaña en GoFundMe para reunir el dinero de la repatriación.

La familia de Omar Vázquez ya inició los trámites para trasladar sus restos a San Juan de Río Coco. En redes sociales, amigos y conocidos expresaron condolencias y apoyo durante el proceso.

Si la muerte fue natural, el proceso tarda entre 20 y 25 días. Si hubo una investigación judicial, puede extenderse durante meses. Mientras tanto, las morgues cobran entre USD 50 y USD 150 diarios por mantener el cuerpo.

Las colectas para pagar el traslado

Ante la imposibilidad de costear esos gastos, las familias recurren cada vez con más frecuencia a plataformas de financiamiento colectivo. Así ocurrió con la familia de Edwin Joaquín Gonzales González, un joven de 24 años que murió en marzo de 2025 en la autopista I-55 de Chicago al ser atropellado mientras reparaba una motocicleta en la vía.

Sus familiares abrieron una campaña en GoFundMe para reunir el dinero de la repatriación.

La familia de Omar Vázquez ya inició los trámites para trasladar sus restos a San Juan de Río Coco. En redes sociales, amigos y conocidos expresaron condolencias y apoyo durante el proceso.

Milwaukee. La ex jueza de Wisconsin, Hannah Dugan, no pisará una prisión tras el caso que la llevó a juicio por ayudar a un mexicano a evadir a agentes de inmigración: este miércoles, el juez federal de distrito Lynn Adelman le impuso únicamente una multa de 5 mil dólares, muy por debajo de lo que pedía la fiscalía.

El origen: un mexicano en la mira del ICE

El caso se remonta al 18 de abril de 2025, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acudieron al tribunal del condado de Milwaukee. Su objetivo era Eduardo Flores Ruiz, mexicano de 31 años que, de acuerdo con la fiscalía, había reingresado de forma ilegal a Estados Unidos y tenía programada una audiencia ante Dugan por un caso estatal de agresión.

Según la reconstrucción de los hechos:

• Dugan confrontó a los agentes fuera de su sala y los remitió a la oficina del juez principal.
• Argumentó que la orden administrativa presentada no era suficiente para arrestar a Flores Ruiz.
• Tras la salida de los agentes, condujo al hombre y a su abogado por una puerta privada del jurado.
• Los agentes lo identificaron en el pasillo, lo siguieron y lo arrestaron tras una persecución a pie.

Una semana después, agentes del FBI arrestaron a Dugan dentro del propio tribunal y la sacaron esposada.

Una jueza con nueve años de trayectoria

Dugan había renunciado en enero de 2026 al cargo que ocupó durante nueve años, en medio de amenazas de juicio político por parte de legisladores estatales republicanos. En su carta de renuncia, afirmó que el proceso en su contra amenazaba “la independencia de nuestro poder judicial”.

El representante republicano Tom Tiffany, precandidato a gobernador de Wisconsin, había pedido públicamente que la encarcelaran.

Dos catedráticos de derecho de la Universidad Marquette, entre ellos un ex juez de la Corte Suprema estatal, hablaron en su nombre durante la audiencia. Un sacerdote jesuita la describió como defensora de personas oprimidas.

Lo que dijo la propia Dugan

“Me han presentado como una infractora de la ley y como una heroína. No soy nada de eso. Soy una servidora pública que solo intenta hacer su trabajo”, dijo Dugan ante el tribunal, y añadió que ha tenido que retirarse de la vida pública debido a amenazas contra ella y su familia.

Su abogado, Jason Luczak, adelantó que apelarán la condena por el delito grave.

El fiscal federal adjunto Richard Frohling reconoció que Dugan “ha experimentado daños colaterales debido a su conducta”, pero sostuvo que “los jueces no pueden optar por ignorar la ley”.

Hasta el momento, no se ha reportado información adicional sobre la situación migratoria actual de Flores Ruiz, el mexicano en el centro del caso.

Sheinbaum Pardo afirmó: “No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”.

La titular del Ejecutivo señaló que, aunque el gobierno estadounidense responde a los requerimientos jurídicos, persisten casos de fallecimientos de connacionales en custodia, cuya única falta es la carencia de documentos migratorios, incluso cuando han sido contratados por empresas estadounidenses. Sheinbaum Pardo cuestionó que estas personas sean enviadas a centros de detención o sean víctimas de violencia.

El Ejecutivo federal detalló que las nuevas medidas tendrán carácter jurídico y adelantó que mañana, el secretario de Relaciones Exteriores presentará un informe preliminar sobre los avances y acciones a implementar.

El asesinato de Lorenzo Salgado Araujo

De acuerdo con el director en funciones del ICE, informó que Lorenzo Salgado Araujo era un “extranjero ilegal”, que fue detenido por un elemento de la agencia porque supuestamente habría intentado atropellar a personas, aunque no presentó pruebas de inmediato.

El agente estadounidense contó que Araujo lo intentó atropellar, motivo por el cual le disparó e hirió en el abdomen. Luego de ser trasladado al hospital, murió poco después.

En la mañana del incidente, la agencia intentó detener al conductor cerca de las 6:50, de acuerdo con David Venturella, director en funciones de ICE. Venturella describió al fallecido como “extranjero ilegal”, aunque no especificó el motivo de la persecución.

La respuesta de las autoridades fue inmediata. El Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación sobre la actuación del agente, mientras que la oficina del FBI en Houston se concentrará en esclarecer si hubo agresión contra un agente federal. Estas investigaciones buscan esclarecer los hechos y determinar si la actuación policial fue justificada.

Por su parte, Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, relató en sus redes sociales que su padre era “un hombre trabajador que estaba tratando de conseguir su permiso de trabajo por la vía legal para mantener a su familia”. Añadió que su padre se dedicaba a la construcción y sostenía a sus tres hijos y a su esposa. “Mi padre no merecía esto”, afirmó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía respetar el recuerdo de su padre, esto debido a que hay vídeos y fotografías circulando en redes sociales de los últimos momentos de vida de su padre, que “no quiere ver”. También compartió que el día de hoy a las 10:00 ofrecería una conferencia de prensa para detallar los pasos siguientes en este caso.

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, informó que Salgado Araujo se dirigía a una obra con tres trabajadores, uno de ellos su hermano, cuando ocurrió el encuentro con los agentes. Hasta el momento, el gobierno federal no ha respondido sobre la situación de los otros ocupantes del vehículo.

Este incidente se suma a una serie de enfrentamientos recientes entre conductores y agentes federales en el marco de la intensificación de los operativos migratorios durante la administración de Donald Trump. Las dudas sobre la veracidad de las versiones oficiales y el uso de la fuerza letal han incrementado la presión sobre las autoridades para transparentar los procedimientos y proteger los derechos de los migrantes.

La jueza electa Hannah Dugan, de 67 años, enfrenta este miércoles la sentencia que podría llevarla a prisión por hasta cinco años tras su condena por obstrucción de un proceso federal. El tribunal de Milwaukee es el escenario del primer caso en Wisconsin en que una jueza estatal fue a juicio por interferir con agentes de inmigración, y la audiencia se produce en medio de la tensión creciente entre el Poder Judicial y la política migratoria de la administración Trump.

La sentencia jueza Milwaukee llega siete meses después de que el jurado la declarara culpable en diciembre de 2025. El juez federal Lynn Adelman, quien presidió el proceso, es el encargado de fijar la pena. El caso convirtió a Dugan en un símbolo del debate sobre la independencia judicial frente a la estrategia del ICE de realizar arrestos dentro de los tribunales.

Qué hizo Hannah Dugan el día del incidente

El 18 de abril de 2025, agentes del ICE se presentaron al tribunal del condado de Milwaukee tras confirmar que Eduardo Flores-Ruiz, un inmigrante mexicano de 31 años, tenía una audiencia programada ante Dugan por un caso de agresión estatal. Los agentes sabían que Flores-Ruiz había reingresado al país de forma irregular.

Antes de que comenzara la audiencia, Dugan confrontó a los agentes en el pasillo y los derivó a la oficina del juez principal, con el argumento de que su orden administrativa no era suficiente para proceder al arresto. Una vez que los agentes se retiraron, sacó a Flores-Ruiz y a su abogado por una puerta privada de jurados, según informó AP.

Los agentes detectaron a Flores-Ruiz en el corredor, lo persiguieron a pie y lo arrestaron fuera del edificio. Una semana después, agentes del FBI detuvieron a Dugan en el propio tribunal y la sacaron esposada. Reuters reportó que el director del FBI, Kash Patel, publicó una foto de ese momento con el texto “nadie está por encima de la ley”.

Flores-Ruiz fue deportado en noviembre de 2025.

El juicio, la condena y la renuncia

El jurado declaró a Dugan culpable de obstrucción de un proceso federal, un delito grave, pero la absolvió del cargo menor de encubrimiento para evitar un arresto. La distinción entre ambos cargos fue central durante el proceso, que se extendió hasta diciembre de 2025, según AP.

Antes de la condena, Dugan ya había renunciado en enero de 2025 al cargo que ocupaba desde hacía nueve años. La presión vino de legisladores republicanos que amenazaban con destituirla y la calificaban de jueza activista.

El representante republicano Tom Tiffany, precandidato a gobernador de Wisconsin, había pedido públicamente que la “encerraran” tras su condena, de acuerdo con AP.

Qué piden fiscales y defensa en la sentencia

La obstrucción agentes ICE que se le atribuye a Dugan no tiene una pena recomendada explícita por parte de los fiscales, pero su posición es clara: las pautas federales indican entre 15 y 21 meses de prisión, y la conducta de la exjueza constituyó un abuso del “prestigio del cargo judicial”, según el memorando de sentencia presentado por la fiscalía ante AP.

“Los jueces tienen una enorme discreción, pero hay una línea que no pueden cruzar. La acusada cruzó esa línea“, escribió el fiscal ejecutivo auxiliar Richard Frohling en ese documento. La fiscalía también señaló que la sentencia promedio para casos de obstrucción es de 16 meses.

La defensa presentó un argumento opuesto: Dugan ya fue “suficientemente castigada” con la renuncia y las amenazas de violencia que recibió, por lo que debería recibir únicamente el tiempo ya cumplido, equivalente a parte de un día en custodia federal. Los abogados también anunciaron que presentarán una apelación sin importar el resultado de la audiencia de este miércoles.

El trasfondo político del caso

Los abogados de Dugan sostuvieron durante el juicio que la administración Trump buscaba “aplastar” a la jueza para garantizar la obediencia del Poder Judicial ante la táctica del ICE de realizar arrestos en tribunales. Esa lectura del caso convirtió el proceso en un punto de referencia del debate sobre la independencia judicial en Estados Unidos.

Dugan no declaró durante el juicio. Sus abogados anunciaron que hablaría en la audiencia de sentencia de este miércoles, lo que sería su primera declaración pública en más de un año. En su carta de renuncia, la exjueza ya había advertido que el caso federal amenazaba "la independencia de nuestro poder judicial“, según AP.

El juez Adelman tiene la última palabra y no está obligado a seguir las pautas federales al momento de dictar la condena.

El Tribunal Supremo ha rechazado llevar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como suspender el real decreto del pasado 14 de abril por el que dicha regularización se puso en marcha. La Sección Quinta de la Sala Tercera del tribunal resuelve así no aceptar la petición de los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón para suspender la medida de forma provisional, que modifica el reglamento de la Ley de Extranjería.

Según el tribunal, no existen razones suficientes para detener la entrada en vigor de la norma. Además, el Supremo ya había tomado decisiones similares en otros recursos recientes, usando argumentos legales y considerando la importancia social de la regularización.

Fue el pasado 30 de junio, el mismo día en el que se cerró el plazo para que las personas migrantes presentaran las solicitudes a la regularización, cuando el Supremo abrió la puerta a consultar al TJUE si el proceso chocaba con el derecho de la Unión Europea. Una decisión que surgió a raíz de los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón, donde el PP gobierna con el apoyo de Vox, para que se revisara la legalidad del decreto y el impacto en sus competencias. El Supremo entonces preguntó a todas las partes implicadas si era necesario pedir la opinión de la justicia europea, concediéndoles varios días para responder.

En ese plazo, la Abogacía del Estado respondió que no veía necesario acudir al tribunal europeo, mientras que los gobiernos de Comunidad Valenciana y Aragón sí apoyaron la idea, ya que fueron ellos quienes recurrieron la regularización. En concreto, los servicios jurídicos del Estado rechazaron acudir a la justicia europea porque la remisión prejudicial “se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas de una serie de escenarios futuros”, que a la necesidad actual de saber si la regularización es compatible con el derecho de la UE.

Compatibilidad con el Convenio Schengen

La Generalitat Valenciana advirtió que la regularización de migrantes podría tener consecuencias no solo para España, sino para toda la Unión Europea, ya que podría influir en temas como el asilo, el retorno de personas y la libre circulación dentro del espacio Schengen. Por su parte, Aragón argumentó que el decreto podría entrar en conflicto con las normas europeas, por lo que defendió la necesidad de consultar al tribunal europeo y de suspender la medida mientras se resolvía el caso.

El Supremo también ha informado este miércoles que en ninguna de estas cuestiones hubo opiniones diferentes entre los jueces y ha señalado que “los autos serán notificados a las partes en los próximos días”.

El proceso solo habilita a residir y trabajar en España

Cabe recordar que el permiso de residencia y trabajo que se otorga a los migrantes regularizados en España solo es válido para vivir y trabajar en el país y, si la persona que lo obtiene quiere trasladarse y trabajar en otro Estado miembro de la Unión Europea, deberá solicitar un permiso específico conforme a las leyes de esa nación. Para ello, necesitará un contrato de trabajo y cumplir con los requisitos legales establecidos por el país al que desea ir.

En el caso de que las personas migrantes regularizadas quieran transitar o viajar por turismo a otro país europeo del espacio Schengen, se permite una estancia máxima de 90 días en un periodo de 180 días. Si superan los seis meses fuera de España, perderían su permiso.

La regularización extraordinaria ha registrado un total de 1.170.000 solicitudes, una cifra que duplica las previsiones iniciales del Gobierno, y de ellas, más de la mitad, 608.000, ya están tramitándose, según los datos que ofreció la semana pasada la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Dirección General de la Policía que facilite los datos de la nacionalidad de las personas internadas en los diferentes Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay repartidos por toda España, lo que supone un avance importante en favor de la transparencia, según ha destacado el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), organización que impulso la demanda hace más de tres años.

“La resolución supone un importante avance para la transparencia y el derecho de acceso a la información pública y resulta especialmente relevante en un momento en el que la Unión Europea avanza hacia un endurecimiento de sus políticas migratorias en las que la privación de libertad de personas migrantes deja de ser un último recurso, excepcional y sujeto a la proporcionalidad de este tipo de medidas, para convertirse en una herramienta central para la gestión migratoria“, señala el SJM en un comunicado.

La sentencia del Supremo anula la resolución de la Dirección General de la Policía que impedía conocer datos clave sobre el funcionamiento de los CIE, establecimientos de carácter no penitenciarios donde ingresan las personas que se encuentran en situación irregular en España por no tener los papeles en regla. El fallo deja claro que la Administración no puede rechazar solicitudes de información pública con el argumento de que podría suponer un perjuicio para las relaciones exteriores de España con los países afectados.

En concreto, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska argumentaba que esto podría dificultar en el futuro la labor de las diferentes embajadas y consulados a la hora de documentar a los ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad, lo que “afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones”. Sin embargo, a partir de ahora, será necesario demostrar un perjuicio real y específico para limitar el acceso a estos datos.

Tanto el SJM como otras organizaciones sociales llevan años denunciando la falta de transparencia en torno a estos centros. Sus informes anuales advierten que la opacidad dificulta el análisis riguroso sobre temas como la vinculación entre nacionalidad y privación de libertad, la efectividad de las expulsiones o el impacto de las políticas de control fronterizo. Con esta sentencia, el acceso a información sobre la nacionalidad de las personas internadas permitirá un mayor control y evaluación pública de las prácticas en estos centros.

Una administración “más abierta”

Para el SJM, la sentencia representa un avance hacia una administración más abierta, donde la información sobre el funcionamiento de los CIE sea accesible para cualquier ciudadano. “Es gracias al trabajo sostenido de personas voluntarias de los equipos de visita a CIE que podemos alzar la voz sobre las vulneraciones de derechos en estos centros y conocer el perfil de las personas internadas. Con esta sentencia podremos acceder además a información útil para el acompañamiento y la incidencia”, explica Iván Lendrino Tejerina, coordinador del Programa CIE del SJM.

Por su parte, Javier Ignacio Moreno Gómez, abogado del SJM, añade que el derecho a la información pública “no solo es un pilar fundamental del principio de transparencia y del derecho a una buena administración, sino que también, en tiempos de desinformación, tiene un carácter relevante, ya que la opacidad institucional no es neutral: alimenta la estigmatización, valida estereotipos nocivos y perpetúa el sesgo racista en el diseño de las políticas públicas que impactan directamente en las vidas de las personas migrantes y racializadas”.

Durante la presentación del plan y la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’, de hacer país’, Sánchez también ha afirmado que la regularización extraordinaria de migrantes ha recibido más de un millón de solicitudes, lo que demuestra que “era una medida necesaria”, ha añadido en el mismo día en que termina el plazo para presentar las solicitudes para acogerse al proceso. “No hay integración posible sin regularidad. La exclusión no protege a nadie”, ya que no otorga “prioridad nacional a nadie”, sino que hace más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad que acoge, ha señalado el mandatario en su intervención.

Este mecanismo permitirá a miles de personas migrantes acceder a permisos de residencia y trabajo, si bien las organizaciones sociales que han brindado apoyo en la tramitación de la documentación han advertido sobre las dificultades administrativas y consulares a las que se han enfrentado muchos solicitantes desde que el Gobierno puso en marcha la medida a mediados de abril. Estas entidades también han cuestionado el tiempo disponible para participar en el proceso, al considerarlo insuficiente, por ello impulsaron una proposición no de ley en el Congreso para solicitar una prórroga, aunque la propuesta no fue aprobada.

En la apertura del acto, en el que intervinieron representantes de la patronal, sindicatos y personas migrantes con experiencia en procesos de regularización, Sánchez compartió el caso de Diana, una ciudadana peruana que pasó tres años en España sin documentación, separada de sus hijos y empleada como interna sin contrato ni derechos laborales. La situación de esta mujer cambió a raíz de la regularización impulsada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, el último proceso de este tipo antes del actual.

De ahí la importancia, ha destacado Sánchez, de reconocer derechos a personas como Diana, que ya forman parte de la sociedad y contribuyen al país.

Programas de prevención de los discursos de odio

Respecto al plan de integración, que contempla 16 medidas, Sánchez ha explicado que se estructurará en cuatro ejes de actuación. Entre las principales iniciativas figuran la regularización extraordinaria, una Estrategia de Movilidad Laboral orientada a crear vías legales y seguras para la migración, y la puesta en marcha de la nueva agencia estatal.

En el segundo eje, se prevé una inversión de 185 millones de euros para facilitar el acceso al empleo en sectores con alta demanda y ofrecer más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptadas a las necesidades del mercado laboral. El tercer eje, enfocado en la convivencia, contará con casi 30 millones de euros para programas dirigidos al aprendizaje de los idiomas cooficiales y la prevención de los discursos de odio.

El cuarto eje tendrá una dotación superior a 260 millones de euros para fortalecer los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades para las personas migrantes.

(Con información de EFE y Europa Press)

El eco de las maletas rodando por el suelo brillante del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood suele evocar imágenes de reencuentros, vacaciones o nuevos comienzos. Pero la mañana del lunes 6 de julio de 2026, ese mismo sonido arrastraba el peso ineludible de una fractura familiar.

Para Olga Pérez, una mujer guatemalteca que entregó tres décadas de su vida a construir un hogar en los Estados Unidos, el asfalto de la pista no era el inicio de un viaje, sino el final de un arraigo. Con el alma rota y los ojos nublados por el llanto, Olga avanzaba hacia la puerta de embarque.

No regresaba por gusto; lo hacía bajo la figura legal de la autodeportación, una paradoja jurídica que disfraza de voluntad propia lo que en realidad es la última opción frente al encierro prolongado. Detrás de ella quedaban treinta años de recuerdos, una comunidad que hoy lamenta su ausencia y, lo más doloroso, sus cuatro hijos de entre 13 y 21 años. Todos ellos, ciudadanos estadounidenses.

El calvario de Olga se agudizó lejos de Florida. Pasó cerca de siete meses recluida en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, un lugar donde el tiempo se mide en incertidumbre. Su detención causó consternación inmediata. Olga no era una desconocida; durante 20 años trabajó como traductora de lenguas indígenas en el Centro Guatemalteco Maya, sirviendo como un puente lingüístico insustituible para una variante maya poco común. Su labor permitía que otros compatriotas vulnerables tuvieran voz ante la ley.

Ante la perspectiva de un encierro indefinido, un juez de inmigración le otorgó una ventana: dos semanas de libertad condicional a cambio de coordinar su regreso voluntario a Guatemala. Fue una elección sin opciones reales.

En el aeropuerto, el padre Franco Loughlin la estrechó en un abrazo que intentaba infundirle la fe que el proceso le arrebataba. Mientras tanto, Elisa, su hija mayor de 21 años, asumía en ese mismo instante el rol de madre de sus tres hermanos menores. En el rostro de la joven no solo había tristeza, sino una profunda indignación: “Porque esto nos está pasando a nosotros. Yo sé que hay personas que han hecho otras cosas, pero mi mamá no ha hecho nada”.

El avión despegó y, tras unas horas de vuelo, Olga aterrizó en Ciudad de Guatemala. Allí, gracias a las gestiones del Centro Guatemalteco Maya, fue recibida por una comunidad de monjas salesianas que le brindarán refugio temporal. El viaje terminó, pero la distancia apenas comienza.

En Florida quedan cuatro jóvenes que ahora deben aprender a crecer por su cuenta, alimentados solo por la promesa de que, muy pronto, viajarán para volver a abrazar a su madre.

La encrucijada legal y humana de la migración contemporánea

La historia de Pérez no es un caso aislado, sino el vivo reflejo de las complejas dinámicas que configuran el panorama migratorio actual en los Estados Unidos. El sistema judicial y administrativo enfrenta el enorme desafío de balancear la aplicación estricta de las leyes vigentes con las realidades humanitarias de millones de familias con estatus mixto, donde los padres son indocumentados pero los hijos son ciudadanos nativos.

Para los inmigrantes que se encuentran en esta situación, el día a día se convierte en una cuerda floja. Las normativas institucionales, diseñadas para regular los flujos migratorios y mantener el orden legal, a menudo chocan con el arraigo social y laboral de personas que han demostrado ser pilares fundamentales en sus entornos.

Quienes defienden la rigidez del sistema argumentan la necesidad de salvaguardar el estado de derecho; por otro lado, las organizaciones civiles señalan la urgencia de reformas que contemplen el impacto psicológico y económico que sufren los menores de edad al quedar desamparados. Esta tensión constante coloca a miles de familias en un limbo donde la estabilidad es un lujo efímero.

La Audiencia Nacional ha denegado la nacionalidad española a una ciudadana nacida en Marruecos y residente en Parla desde hace más de una década. El tribunal ha considerado que la solicitante no ha demostrado el suficiente grado de integración en la sociedad española, requisito indispensable para acceder a la nacionalidad por residencia, independientemente del tiempo que lleve en el país.

El Ministerio del Interior fundamentó primero su negativa a partir de un informe del Registro Civil de Parla, que señaló carencias en el conocimiento de la cultura, el idioma y las instituciones españolas por parte de la recurrente. 

A pesar de aportar documentos que acreditan su residencia desde 2002, la tenencia de una tarjeta de residencia permanente, la ausencia de antecedentes penales y el nacimiento de tres hijos en España, la Audiencia Nacional entiende que estos elementos no son suficientes para acreditar la integración exigida por la ley. La resolución administrativa y la posterior sentencia han subrayado que la mera convivencia o el arraigo familiar no suplen el conocimiento y la implicación activa en la sociedad española que exige la normativa vigente.

Apenas hablaba español

El proceso se remonta al 24 de marzo de 2014, fecha en la que presentó su solicitud de residencia ante la administración española. Durante la tramitación, el encargado del Registro Civil de Parla emitió un informe desfavorable el 25 de abril de 2014, señalando que la solicitante apenas superaba el conocimiento mínimo del idioma y carecía de vínculos sociales relevantes en el entorno español. En la entrevista, la mujer no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma y desconocía el significado de la Constitución Española, detalles que, según la sentencia, evidencian una integración insuficiente.

En España, cualquier persona extranjera que quiera solicitar la nacionalidad española debe superar dos exámenes tipo test. El primero de ellos es una prueba sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España (en sus siglas, CCSE), que evalúa el conocimiento sobre la Constitución, la sociedad, la cultura y la historia españolas. Después, la persona debe realizar un examen de idioma español (DELE A2 o superior), en el caso de que no tenga el español como lengua materna.

Y así lo ha recordado el tribunal, que ha apuntado que el conocimiento útil del idioma y de la realidad sociopolítica española son componentes esenciales que deben demostrarse de forma individualizada para acceder a la nacionalidad. La Audiencia Nacional le ha impuesto el pago de las costas procesales hasta un máximo de 1.000 euros. El tribunal ha recordado que la sentencia, dictada el 15 de junio de 2026, abre la posibilidad de recurso de casación ante la misma Sala, que deberá prepararse y justificarse en el plazo de 30 días desde la notificación.

Un ciudadano británico que vio archivada su solicitud de residencia permanente en España pese a haber aportado abundante documentación para acreditar que ya vivía en el país antes del Brexit ha conseguido que la Justicia revierta por completo la decisión de Extranjería. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha concluido que la Administración desestimó su petición sin valorar las pruebas que obraban en el expediente y reconoce ahora su derecho a obtener el documento de residencia previsto para los nacionales del Reino Unido protegidos por el Acuerdo de Retirada.

La resolución supone un serio correctivo tanto para la Delegación del Gobierno en Baleares como para el juzgado que inicialmente respaldó su actuación. El alto tribunal considera que ambos pasaron por alto la documentación aportada por el solicitante y llegaron a la conclusión de que no había acreditado los requisitos exigidos sin analizar realmente las pruebas que ya figuraban en el expediente. Tras examinarlas, la Sala entiende que no solo demostraban que residía en España antes del 31 de diciembre de 2020, sino también que disponía del seguro sanitario cuya vigencia le había sido requerida.

El caso se remonta a marzo de 2021. Apenas unos meses después de que culminara la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el ciudadano británico solicitó el documento de residencia permanente previsto para quienes ya estaban establecidos en España antes de que expirara el periodo transitorio del Brexit.

Durante la tramitación, Extranjería le reclamó documentación adicional para acreditar dos extremos fundamentales: que efectivamente residía en España antes del 31 de diciembre de 2020 y que el seguro médico aportado junto a la solicitud seguía vigente. Como ocurre habitualmente en este tipo de procedimientos, la Administración le advirtió de que, si no atendía el requerimiento, el expediente podría quedar archivado. Eso fue precisamente lo que ocurrió. La Delegación del Gobierno entendió que el interesado no había subsanado las deficiencias detectadas y decidió cerrar el procedimiento sin entrar a resolver el fondo de la solicitud.

El afectado recurrió la decisión sosteniendo que sí había aportado toda la documentación exigida, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma confirmó la actuación administrativa al considerar que no había quedado suficientemente acreditada su residencia en España antes del Brexit.

El Tribunal revisa el expediente y encuentra pruebas suficientes

La historia cambia por completo al llegar al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Lo primero que advierte la Sala es que ni la resolución administrativa ni la sentencia dictada en primera instancia explican por qué la documentación presentada no era válida. Sencillamente, afirma, no la valoran. A partir de ahí, los magistrados revisan una por una las pruebas incorporadas al expediente y concluyen que todas ellas apuntan en la misma dirección: el solicitante llevaba años residiendo en España.

Entre esa documentación figura un certificado de residente comunitario expedido por las autoridades españolas con vigencia desde 2011; un certificado de empadronamiento que acredita que estaba inscrito en Calvià desde octubre de 2016; el certificado de nacimiento de un hijo nacido en Mallorca en 2006; justificantes del pago de impuestos municipales por un inmueble situado en la isla; recibos del suministro eléctrico de esa vivienda correspondientes a fechas anteriores a noviembre de 2020 y un certificado que acredita que estaba dado de alta como trabajador autónomo desde 2013.

Para la Sala, resulta difícil comprender por qué, a la vista de esa documentación, la Administración sostuvo que el interesado no había acreditado su residencia. Todos esos documentos, analizados conjuntamente, permiten concluir que cumplía el requisito exigido para beneficiarse del régimen especial diseñado tras el Brexit.

El tribunal recuerda, además, que el propio Acuerdo de Retirada no exige una presencia física ininterrumpida en el Estado de acogida hasta el último día del periodo transitorio. La normativa contempla determinadas ausencias temporales sin que ello implique perder el derecho de residencia y, en cualquier caso, añade que nada de lo aportado permite deducir que el ciudadano hubiera abandonado España de forma permanente.

También había acreditado que mantenía el seguro sanitario

La segunda objeción planteada por Extranjería tampoco convence al Tribunal Superior. La Administración había solicitado al ciudadano británico que demostrara que el seguro médico privado incluido en su solicitud seguía vigente cuando se estaba tramitando el expediente. Según recoge la resolución, el interesado había aportado inicialmente una póliza de DKV contratada desde 2015 y, tras recibir el requerimiento, presentó además las facturas correspondientes al pago de las primas del seguro durante 2021. Pese a ello, el expediente fue archivado igualmente.

La Sala considera que también en este aspecto la Administración resolvió el procedimiento sin comprobar adecuadamente la documentación que tenía delante. Una vez revisadas esas pruebas, concluye que la vigencia del seguro sanitario estaba acreditada y que no existía motivo para mantener el archivo de la solicitud.

Con estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares estima el recurso de apelación, revoca la sentencia que había confirmado la actuación de Extranjería, anula la resolución de la Delegación del Gobierno y reconoce expresamente el derecho del ciudadano británico a obtener el documento de residencia permanente solicitado al amparo del Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea. Además, condena a la Administración al pago de las costas de la primera instancia al considerar que la resolución recurrida ofrecía una respuesta estereotipada y no daba una contestación real a la documentación y a las alegaciones presentadas por el interesado.

Que una empresa sea engañada por trabajadores que utilizan la documentación de otras personas no la exime automáticamente de responsabilidad. Ese es el mensaje que deja una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ha confirmado la multa de 20.002 euros impuesta a la empresa de trabajo temporal Noawork ETT por emplear a dos ciudadanos extranjeros que carecían de autorización de residencia y trabajo. Aunque ambos se hicieron pasar por otras personas con documentación ajena, la Sala concluye que la compañía no actuó con la diligencia mínima exigible para comprobar quiénes estaban realmente trabajando en sus campos.

La resolución respalda íntegramente el criterio que ya había fijado el juzgado de Zaragoza, que redujo a la mitad la sanción inicial de la Administración. La Subdelegación del Gobierno había impuesto una multa de 40.004 euros al considerar que cuatro trabajadores extranjeros estaban empleados de forma irregular, pero la primera instancia entendió que la infracción solo quedaba acreditada respecto de dos de ellos. La empresa recurrió con el objetivo de anular por completo la sanción, pero el alto tribunal aragonés rechaza ahora sus argumentos y mantiene el castigo económico.

Una inspección en plena campaña agrícola destapó el fraude

El caso se remonta al 6 de agosto de 2024. A las diez de la mañana, inspectores de Trabajo y agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza acudieron a una finca agrícola de Osera de Ebro dentro de un dispositivo conjunto contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. En la explotación, de unas 600 hectáreas, trabajaban ese día 68 personas para una empresa cliente de Noawork ETT.

Durante la inspección, cuatro trabajadores llamaron la atención de los agentes. Tras comprobar sus huellas dactilares, descubrieron que ninguno era quien decía ser. Dos de ellos incluso salieron corriendo cuando la Policía les pidió que interrumpieran momentáneamente su actividad para identificarse. Las comprobaciones posteriores revelaron que los cuatro eran ciudadanos pakistaníes sin permiso de residencia ni autorización para trabajar en España y que estaban utilizando la identidad de otras personas que sí figuraban en los registros de la empresa.

Aquella actuación dio lugar a un acta de infracción de la Inspección de Trabajo. La Administración entendió que existía una infracción muy grave por cada uno de los cuatro trabajadores detectados y fijó una multa de 10.001 euros por cada caso, hasta alcanzar los 40.004 euros, además de las correspondientes cuotas de la Seguridad Social.

Sin embargo, cuando el asunto llegó a los tribunales, el juzgado concluyó que únicamente podía mantenerse la sanción respecto de dos de los cuatro empleados, reduciendo así el importe a 20.002 euros. Esa fue precisamente la decisión que la empresa intentó revertir mediante el recurso ahora resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

La empresa alegó que también había sido víctima del engaño

La defensa de Noawork ETT sostuvo durante todo el procedimiento que la empresa había sido engañada por los propios trabajadores. Según su versión, estos presentaron documentación que aparentemente era válida durante el proceso de contratación y solo la Policía pudo descubrir posteriormente que las personas que acudían a trabajar no coincidían con los titulares de esos documentos.

La compañía insistía en que no podía exigírsele una comprobación que únicamente fue posible gracias a las huellas dactilares tomadas por los agentes. También defendía que nunca existió intención de contratar a trabajadores en situación irregular y recordó que, semanas después de la inspección, presentó una denuncia ante la Policía por los hechos ocurridos.

Con esos argumentos pretendía demostrar que había sido víctima de una sofisticada suplantación de identidad y que, por tanto, no podía atribuírsele ninguna conducta sancionable.

El tribunal aprecia negligencia

El Tribunal Superior de Justicia, sin embargo, distingue entre actuar de forma deliberada y hacerlo de forma negligente. Y considera que, aunque no existiera voluntad de contratar a extranjeros sin permiso, la empresa incumplió igualmente las obligaciones que le correspondían como empleadora.

La resolución recuerda que la normativa no exige demostrar que exista dolo para imponer este tipo de sanciones administrativas. Es suficiente con apreciar culpa o falta de diligencia. Y eso es precisamente lo que, a juicio de la Sala, ocurrió en este caso.

Los magistrados ponen el foco en la forma en que la empresa organizaba el control diario de los trabajadores. El encargado de campo debía revisar la documentación y comprobar físicamente quién acudía a trabajar, pero el día de la inspección ese control todavía no se había realizado porque el responsable se encontraba supervisando otra explotación agrícola, donde también gestionaba a centenares de empleados.

Además, la propia documentación interna de la empresa establecía expresamente que era obligatorio revisar la documentación original de las cuadrillas y detectar posibles casos de trabajadores irregulares o de suplantación de identidad. Para la Sala, ese protocolo evidencia que la empresa era plenamente consciente de la necesidad de realizar esas comprobaciones.

La sentencia añade otro elemento que considera especialmente relevante. Al comparar las fotografías de los documentos utilizados con el aspecto físico de dos de los trabajadores descubiertos durante la inspección, las diferencias eran, según el tribunal, tan evidentes que bastaba una comprobación visual para advertir que no se trataba de las mismas personas.

Precisamente por ello, los magistrados concluyen que la empresa no agotó las medidas mínimas de control que estaban a su alcance. No le reprochan haber participado en una contratación fraudulenta ni haber actuado conscientemente al margen de la ley, sino haber permitido que varias personas comenzaran a trabajar sin verificar adecuadamente su identidad, facilitando así que dos ciudadanos sin autorización de residencia ni trabajo accedieran al empleo.

El número de documentos de residencia concedidos en España durante 2025 alcanzó 1.577.842 autorizaciones, lo que representa un crecimiento del 7,8% respecto al año anterior, según la estadística publicada este lunes por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). Este aumento estuvo impulsado, principalmente, por el incremento de solicitudes de personas originarias de Venezuela, Ucrania y Reino Unido, según informó el OPI en su última estadística anual.

La estadística, incluida en el Plan Estadístico Nacional, contempla la totalidad de documentos de residencia otorgados durante el año, abarcando concesiones iniciales, renovaciones, modificaciones, prórrogas y recuperaciones. El observatorio aclara que el volumen total de documentos no equivale al mismo número de personas beneficiadas, ya que una persona puede figurar con más de una concesión a lo largo del año por motivos administrativos.

Entre los colectivos que más influyeron en el ascenso de autorizaciones figuran los nacionales de Reino Unido. Este grupo pasó de 26.325 documentos en 2024 a 57.396 en 2025, un salto atribuido a la transformación de tarjetas temporales a permanentes de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), tras más de cinco años desde la implantación de este sistema documental. El observatorio detalló que los nacionales de Venezuela experimentaron una variación positiva del 19,5% en la concesión de documentos de residencia, mientras que los ciudadanos de Ucrania accedieron a un número relevante de permisos a través del régimen de protección temporal.

Las personas de Ucrania (244.579 documentos), Venezuela (224.341) y Marruecos (187.790) concentraron el 42% de todos los documentos de residencia expedidos en 2025.

Por comunidades autónomas

En cuanto a la distribución territorial, Cataluña y la Comunidad Valenciana lideraron la solicitud y concesión de documentos con 311.038 y 282.897 autorizaciones, respectivamente. Les siguieron la Comunidad de Madrid (275.607) y Andalucía (232.201). Estas cuatro comunidades autónomas agruparon el 70% de las concesiones realizadas en el año analizado.

La estadística del OPI resalta que el 82% de los documentos de residencia concedidos en 2025 correspondió a autorizaciones en régimen de extranjería, con una variación anual del 10,3%. Este segmento sumó 1.292.400 documentos. A ellos se añaden 244.186 certificados de registro o tarjetas de familiar de nacional UE/AELC en régimen de libre circulación (15% del total) y 41.256 Tarjetas de Identificación de Extranjero (TIE) en régimen del Acuerdo de Retirada (3%).

En el apartado de autorizaciones de residencia en régimen de extranjería, el 92% correspondió a residencia temporal (1.192.088 casos), el 6% a residencia de larga duración y el 2% a residencia por protección internacional o apatridia. Entre las autorizaciones temporales, el principal motivo fueron circunstancias excepcionales, excepto arraigo (479.527 casos, 40% del total), seguido de arraigo (221.802 casos, 19%).

Por territorios, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía concentraron el 69% de las autorizaciones en régimen de extranjería concedidas en 2025, consolidando su papel como principales polos de recepción y tramitación de permisos de residencia para personas extranjeras.

Autorizaciones de estancia por estudios

Durante 2025, España también concedió 108.253 autorizaciones de estancia por estudios a personas extranjeras. La edad media de quienes recibieron este permiso fue de 27 años y el 54% de las autorizaciones correspondió a mujeres. Las nacionalidades más frecuentes fueron colombiana (14.784), peruana (10.270), marroquí (8.885), estadounidense (7.986) y china (7.771), que juntas sumaron el 45% del total.

Esa es la realidad que sigue enfrentando el desplazamiento forzado interno en Honduras, un fenómeno que en la última década ha afectado a 24,864 personas. Así lo revela el más reciente Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno 2025, presentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con el respaldo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El desplazamiento forzado interno en Honduras dejó 10.077 quejas entre 2016 y 2025. Los casos atendidos por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno exponiendo las causas, las poblaciones más vulnerables y las zonas con mayor incidencia.

Para la titular del organismo, Blanca Izaguirre, las estadísticas no deben leerse solo en términos numéricos. “Hay rostros, historias y miles de familias que se han visto obligadas a dejarlo todo, abandonando sus hogares para salvar sus vidas frente a la violencia y la desprotección”, expresó durante la presentación del informe.

Barreras para denunciar

La representante de ACNUR en Honduras, Katrin Lou, dijo que uno de los principales desafíos sigue siendo el subregistro de casos, porque muchas personas no llegan a incorporarse a las estadísticas institucionales. “Muchas víctimas no presentan una denuncia porque siguen teniendo miedo. Otras desconocen que existen mecanismos para solicitar protección o no saben cómo acceder a ellos”, señaló.

Lou agregó que el temor sigue siendo uno de los principales obstáculos para que las víctimas busquen ayuda, sobre todo cuando quienes las amenazan permanecen en las mismas comunidades o conservan capacidad de represalia. También mencionó el desconocimiento sobre las rutas de atención, que a juicio de ACNUR limita el acceso a la protección del Estado.

Amenazas, homicidios y extorsión

El informe identifica a las amenazas como el principal detonante del desplazamiento forzado interno.

Cuatro de cada diez quejas atendidas por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno estuvieron vinculadas con amenazas, lo que muestra que muchas familias dejan sus hogares antes de que la violencia se concrete.

Luego aparecen la tentativa de homicidio, con el 10% de los casos; la violencia doméstica y el asesinato de familiares, ambos con 9%; y la extorsión, con 6% de las denuncias.

El documento indica que el desplazamiento no responde a una sola causa, sino a una combinación de distintas formas de violencia que termina expulsando a las personas de sus comunidades.

Los casos registrados en 2025

Solo en 2025, el CONADEH registró 676 quejas, que involucraron a 1.406 personas.

De ese total, el 70% correspondió a personas que todavía permanecían en riesgo de desplazamiento, mientras que el 30% ya había abandonado su lugar de residencia.

Para ACNUR, estas cifras muestran que el desplazamiento sigue vigente y que la prevención debe fortalecerse para evitar que quienes hoy viven bajo amenaza terminen dejando sus hogares.

Mujeres, niñez y otros grupos afectados

Las mujeres representan el 51% de las personas atendidas y los hombres, el 49%.

Además, el documento registra 245 niñas, niños y adolescentes afectados, junto con casos vinculados con personas LGBTIQ+, personas con discapacidad y miembros de pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas.

En estos últimos grupos se contabilizaron 19 quejas, equivalentes al 3% del total registrado durante 2025.

Lou pidió leer ese porcentaje con cautela. Explicó que muchas comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan barreras adicionales para denunciar, entre ellas la distancia geográfica, la limitada presencia institucional y el desconocimiento de los mecanismos de protección, factores que podrían influir en el subregistro.

El informe identifica a Francisco Morazán como el departamento con mayor concentración de quejas, con el 22% de los casos registrados.

Le siguen Cortés, con 16%; Choluteca, con 11%; Olancho, con 7%; y Atlántida y Yoro, con 6% cada uno.

A nivel municipal, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y Juticalpa concentran el mayor número de personas afectadas.

La ley y su aplicación

Durante la conversación con Infobae, Katrin Lou también se refirió a la Ley de Prevención, Protección y Respuesta a las Personas Desplazadas por la Violencia.

Señaló que el desafío es convertir ese marco jurídico en una herramienta efectiva para las víctimas. La representante explicó que la ley aún requiere su reglamento de aplicación y recursos suficientes para que las instituciones puedan ejecutar las medidas de protección previstas.

Cada caso requiere una respuesta especializada y coordinada entre las instituciones”, cerro la conversación ACNUR a Infobae.

El papa León XIV afirmó que defender la vida humana implica también "acoger, proteger y asistir a los migrantes“, según un mensaje enviado por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, país de origen del pontífice, celebrado este sábado.

En la misiva difundida por la oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa expresó: “Extiendo mis más sinceras felicitaciones a todos los estadounidenses con ocasión del 250° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia”.

Como primer papa estadounidense de la historia, León XIV consideró que esta fecha invita no solo a celebrar “el notable viaje de la nación”, sino también a reflexionar “sobre las responsabilidades que los hijos e hijas de este país tienen unos con otros, y con las generaciones que heredarán la nación que se está modelando hoy”.

El Papa subrayó la importancia de proteger la vida humana “desde su inicio en la concepción hasta la muerte natural” y de construir una sociedad donde “los vulnerables, los que sufren y los olvidados sean siempre acogidos con compasión, solidaridad y amor”.

León XIV remarcó: “Defender la vida humana también incluye acoger, proteger y asistir a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribución han formado parte de la historia de este país desde su mismísimo comienzo”.

El pontífice explicó que recibir a los migrantes con compasión y generosidad “no es solo un acto de caridad, sino también un reconocimiento de la dignidad que pertenece a cada persona humana”.

Y agregó: “En cada generación, aquellos que han llegado buscando libertad, oportunidad y un lugar al cual pertenecer han ayudado a modelar el carácter de la nación. (...) Nos necesitamos unos a otros, y necesitamos trabajar juntos en unidad para confrontar los desafíos que el mundo está enfrentando hoy”.

Entre los valores fundamentales, León XIV destacó la libertad religiosa, definida como “el derecho de cada persona a dar culto de acuerdo con su conciencia y a practicar su fe abiertamente, sin coacción ni temor”.

El documento señala que “la libertad de religión ha sido durante mucho tiempo central para la promesa estadounidense, protegiendo tanto la dignidad individual como la coexistencia pacífica de un pueblo diverso”.

El mensaje concluye con el deseo de que este aniversario “renueve el compromiso compartido con la libertad, la justicia, la oportunidad y la democracia”, e insta a los estadounidenses a honrar “el coraje y la visión de aquellos que les precedieron, fortaleciendo sus comunidades, respetando sus diferencias y trabajando juntos hacia una unión más perfecta”.

Este sábado, el Papa se encuentra en la isla italiana de Lampedusa para rendir homenaje a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo Central.

Un tribunal federal limitó a 90 días la detención de migrantes sin audiencia ante un juez, un fallo que recorta una de las herramientas centrales de la política migratoria de Trump. La decisión la emitió el 3 de julio el 5º Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, y puede beneficiar a miles de personas detenidas por ICE en Texas y Louisiana.

En la práctica, el fallo significa esto: el gobierno no puede mantener a un migrante encerrado de forma indefinida sin darle la oportunidad de presentarse ante un juez y pedir su liberación bajo fianza. Pasados 90 días de detención, esa audiencia es obligatoria. Sin ella, la detención es inconstitucional.

Qué reclamaba el gobierno y por qué el tribunal lo frenó

La ley federal clasifica a los “solicitantes de admisión” como personas sujetas a detención obligatoria mientras tramita su caso migratorio, sin derecho a audiencia de fianza. Durante décadas, esa categoría se aplicó solo a quienes llegaban a la frontera.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rompió con ese criterio el año pasado: sostuvo que los extranjeros que ya vivían en el país también califican como “solicitantes de admisión”. Con esa reinterpretación, el gobierno extendió la detención obligatoria a una población mucho más amplia.

El Board of Immigration Appeals, dependiente del Departamento de Justicia, adoptó esa postura en septiembre. Desde entonces, jueces de inmigración en todo el país comenzaron a ordenar detenciones sin audiencia de fianza.

El argumento que inclinó la balanza: la Constitución protege a todos

El juez Leslie Southwick, designado por el presidente republicano George W. Bush, redactó la opinión mayoritaria con un argumento directo: la Quinta Enmienda garantiza el debido proceso a toda persona dentro del territorio nacional, sin importar su estatus migratorio.

La Corte Suprema ya lo había establecido en 2001. Los casos del fallo involucran a dos ciudadanos mexicanos y a uno hondureño detenidos en la jurisdicción del tribunal.

“Es parte de la majestuosidad histórica de esta carta fundacional que no establece excepciones para garantizar derechos básicos a quienes se encuentran dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser escuchado cuando se priva de la libertad personal”, escribió Southwick, según informó la agencia Reuters.

El voto en contra: una disputa sobre quién manda en migración

El juez Cory Wilson, designado por Trump, fue el único en disentir. Su argumento no niega los derechos individuales, sino que cuestiona quién tiene autoridad para definirlos en materia migratoria.

“La mayoría marginaliza la concesión expresa de autoridad plena sobre asuntos migratorios que la Constitución otorga al Congreso”, escribió Wilson.

Es una postura que el gobierno comparte: que los tribunales no deben interferir en decisiones que la ley reserva al poder legislativo.

Qué dicen el gobierno y los migrantes

Las reacciones al fallo fueron opuestas:

DHS expresó su desacuerdo y señaló que el gobierno “confía en su posición legal respecto a la detención obligatoria”. Reuters precisó que en portavoz recordó además que la administración ya pidió la semana pasada a la Corte Suprema que intervenga en el tema.

American Immigration Council, que representa a los migrantes, celebró la decisión. Su abogada Rebecca Cassler afirmó, según la misma agencia de noticias, que “la cláusula del debido proceso no permite al gobierno encerrarlos indefinidamente”.

El siguiente paso: la Corte Suprema

Los tribunales de apelación del país están divididos sobre si la reinterpretación del DHS es válida. Esa fractura llevó a la administración Trump a pedir que la Corte Suprema resuelva el conflicto.

El fallo del jueves suma presión a esa solicitud. En febrero, un panel distinto del mismo 5º Circuito había avalado la interpretación del gobierno sobre quiénes son “solicitantes de admisión”, pero no se pronunció entonces sobre sus consecuencias constitucionales.

El jueves completó ese análisis, y el resultado fue adverso para la Casa Blanca.

Desde que el pasado 16 de abril se abrió el plazo para presentar las solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes en España, y hasta su cierre el pasado 30 de junio, un total de 1.174.978 migrantes han pedido acogerse al proceso, y ya han sido admitidas a trámite más de 608.000 peticiones, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en el país, según ha informado esta semana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pese a este avance, miles de personas siguen esperando una respuesta y, hasta que no obtengan la resolución definitiva, continúan sin acceso pleno a derechos fundamentales y en una situación de vulnerabilidad legal y social, recuerdan desde el movimiento Regularización Ya, impulsor de la medida.

La plataforma subraya que el cierre del plazo de solicitudes marca solo una etapa en el proceso, y que el objetivo es que ninguna persona quede excluida. “Son muchas las personas que están pendientes de admisiones a trámite, resoluciones, citas y respuestas administrativas. El proceso está lejos de haber terminado”, recuerda el movimiento.

Las casi 500 entidades sociales y organizaciones sindicales colaboradoras de Extranjería, que han desempeñado un papel fundamental facilitando el acceso a la información y el acompañamiento a quienes presentaron sus peticiones, advierten que la tramitación de las solicitudes y la concesión de la autorización provisional suelen superar los 15 días previstos y señalan las dificultades que muchas personas han tenido para obtener el NIE y el número de la Seguridad Social. “Han sido mucho más de 15 días, a veces incluso dos meses de demora para dar admisiones a trámites”, señala a Infobae la activista Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya.

El movimiento también critica la escasez de citas que ha habido para realizar el trámite de huellas en comisarías, necesario para recibir la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero), y la complejidad de legalizar certificados en países de origen, especialmente en algunos como Gambia, Guinea Conakry, Senegal, Argelia y Cuba. “Ha habido gente que no ha llegado o que no ha podido pagar trámites carísimos, como ha ocurrido en el consulado de Guinea Conakri, donde han pedido compulsas notariales”, lamenta Columba.

Aparte de las trabas administrativas y fallos burocráticos, desde Regularización Ya también han denunciado “el aumento de las deportaciones exprés durante el proceso, así como de situaciones de discriminación y controles policiales basados en criterios raciales“, y recuerdan que hasta el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recomendó suspender las expulsiones durante el procedimiento.

Por otro lado, el movimiento solicita ahora al sector empresarial que contrate a personas migrantes que ya cuentan con la admisión a trámite y piden a las oficinas de servicios de ocupación que den de alta a estos trabajadores utilizando el número de seguridad social asignado durante el proceso de admisión, tal como establece el decreto aprobado.

Ahora, además, señala el movimiento, se suma otro obstáculo: esta semana, el Tribunal Supremo planteó la posibilidad de llevar la regularización al Tribunal de Justicia Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho de la UE, aunque es poco probable que este recurso prospere.

Redes de solidaridad

Pese a todas las dificultades, desde Regularización Ya se muestran satisfechos con el trabajo que han realizado a lo largo de estos últimos dos meses y medio. “Hemos tejido redes de solidaridad y muchas entidades como Sedoac, Red Acoge o Coordinadora Abrim Fronteres, que se han dejado la piel durante este tiempo. Valoramos mucho la solidaridad de las voluntarias y compañeras activistas que han estado a la altura, mientras que las administraciones se han quedado atrás una vez más en poder echar un cable a un hito histórico”, sostiene Columba.

Desde Regularización Ya aseguran que continuarán su lucha para que el Gobierno detenga las deportaciones y cierre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). También piden la eliminación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que endurece la política migratoria del bloque, y advierten sobre el riesgo de que el nuevo sistema restrinja derechos y profundice situaciones de vulnerabilidad para quienes buscan protección internacional.

Quiénes han solicitado la regularización

Del total de solicitudes recibidas en el proceso de regularización, el 83,2% se ha tramitado por vía telemática, cifra similar a otros procesos de extranjería, mientras que el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial. Por autonomías, las regiones donde se han registrado un mayor número de peticiones han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Por otro lado, el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia.

Según los datos del Ministerio que lidera Elma Saiz, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

A partir del 10 de julio de 2026, una firma mal puesta en un formulario migratorio podrá costarle a un inmigrante cientos de dólares y meses de trámite. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 11 de mayo una norma interina que endurece las consecuencias de presentar una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) con una firma que no cumpla los requisitos.

Lo más serio del cambio: si USCIS detecta la firma inválida después de haber aceptado el expediente, puede denegar el caso y quedarse con el dinero de las tarifas. El solicitante no recibirá reembolso y deberá empezar el trámite desde cero.

Qué cambia a partir del 10 de julio

Antes de esta regla, cuando USCIS encontraba una firma defectuosa después de aceptar una solicitud, en muchos casos enviaba una solicitud de evidencia para que el solicitante corrigiera el problema.

Con la nueva norma, esa posibilidad desaparece. Un oficial de USCIS tendrá la autoridad de rechazar o denegar directamente cualquier solicitud con firma inválida, sin importar en qué etapa del proceso se encuentre el caso.

La diferencia entre rechazo y denegación es importante:

• Si USCIS rechaza la solicitud, devuelve las tarifas y el solicitante puede volver a presentarla.
• Si USCIS la deniega, se queda con el dinero, el caso se considera resuelto en su contra y la única salida es apelar o presentar una solicitud completamente nueva, con pago incluido.

La norma aplica a todas las solicitudes presentadas a partir del 10 de julio, con excepción de los Formularios N-600 y N-600K, que son los relacionados con certificados de ciudadanía.

Qué es una firma inválida según USCIS

La regla no cambia la definición de lo que es una firma válida. Lo que cambia son las consecuencias de no cumplirla.

USCIS considera inválidas las siguientes firmas:

• Un nombre escrito a máquina en el espacio de firma.
• Un sello de goma u otro tipo de estampilla, aunque sea la propia persona quien lo use.
• Una imagen de firma copiada y pegada desde otro documento o desde otro formulario.
• Una firma generada por programas como DocuSign o Adobe Sign, salvo que el trámite se haga directamente en el portal oficial myUSCIS.
• Una firma hecha por el abogado, el preparador o cualquier otra persona que no sea el solicitante o la persona autorizada.
• Una firma en un formulario con una versión desactualizada del mismo.

Lo que sí acepta USCIS es la firma hecha a mano con tinta, directamente sobre el formulario. También acepta fotocopias, escaneos o faxes de ese formulario, siempre que la firma original a mano exista en el documento físico y se conserve guardada.

Quién puede firmar cuando el solicitante no puede hacerlo

Hay situaciones en las que el solicitante no está en condiciones de firmar por sí mismo.

La norma contempla dos casos:

• Si el solicitante tiene menos de 14 años, puede firmar en su nombre el padre, la madre o el tutor legal.
• Si el solicitante tiene una incapacidad mental, también puede firmar un tutor legal debidamente autorizado.

En todos los demás casos, la firma debe ser la del propio solicitante. El abogado de inmigración firma únicamente el formulario G-28, que es el documento de representación legal, no el formulario de la solicitud.

Por qué el error puede descubrirse meses o años después

El propio DHS reconoce que los tiempos de tramitación de la mayoría de los beneficios migratorios son largos. Eso significa que una firma defectuosa puede pasar desapercibida durante meses o incluso años después de presentada la solicitud.

Cuando el error se descubre tarde, las consecuencias pueden ser más graves. En algunos casos, el solicitante ya no podrá volver a presentar el formulario porque venció un plazo legal, la visa dejó de estar disponible o superó un límite de edad.

En esas situaciones, el error en la firma puede significar la pérdida definitiva del trámite.

Cómo evitar problemas: recomendaciones prácticas

Seguir estos pasos reduce el riesgo de que una solicitud sea rechazada o denegada por problemas de firma:

• Firmar siempre a mano. Use bolígrafo y firme directamente sobre el formulario impreso. No use programas de firma digital salvo que esté presentando su solicitud directamente en el portal myUSCIS de USCIS.
• No reutilice firmas de otros trámites. Cada formulario necesita su propia firma original. Escanear la firma de un trámite anterior y pegarla en uno nuevo es uno de los errores más comunes que esta regla busca corregir.
• Guarde el original firmado. Aunque USCIS acepta escaneos, usted debe conservar el documento original con la firma a mano. La agencia puede pedírselo en cualquier momento.
• Lea las instrucciones del formulario. Cada formulario de USCIS incluye instrucciones sobre quién debe firmar y dónde. Revíselas antes de presentar cualquier solicitud.
• Verifique que no haya espacios de firma en blanco. Una línea de firma vacía en cualquier parte del formulario puede provocar el rechazo inmediato al momento de la recepción.
• Consulte dudas en la web oficial. La dirección es uscis.gov. Allí puede encontrar las instrucciones actualizadas de cada formulario y orientación sobre cómo presentar solicitudes correctamente.

La economía española mantiene un ritmo de crecimiento muy superior al de sus principales socios europeos y la inmigración es uno de los factores que favorecen ese comportamiento. En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la escasez de mano de obra en numerosos sectores y el debate político sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, los expertos sostienen que la llegada de población extranjera se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento del país.

Las cifras son contundentes: la economía española creció en el primer trimestre de 2026 un 0,6%, mientras que la de la zona euro cayó un 0,2%. Además, el Gobierno español acaba de elevar cuatro décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026, hasta el 2,6%, una cifra que vuelve a situar a España entre las economías más dinámicas de la Unión Europea. Los expertos estiman que detrás de ese comportamiento se encuentra un mercado laboral que continúa batiendo récords y una población inmigrante cuya aportación resulta cada vez más visible en indicadores como el empleo, la productividad o el crecimiento demográfico.

Los especialistas coinciden en que la inmigración ya no solo cubre vacantes en sectores con dificultades para encontrar trabajadores, sino que está desempeñando un papel estructural en la economía española. Su incorporación al mercado laboral, su elevada participación en la actividad y el rejuvenecimiento de la población activa están impulsando la capacidad de crecimiento del país.

Una aportación decisiva

Durante el ciclo Cuestiones Estructurales de la Economía Española, organizado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), especialistas analizaron el impacto económico de la inmigración y coincidieron en señalar su creciente relevancia.

Pilar Cuadrado Salinas, especialista en Análisis Cuantitativo y Gestión de Información Económica del Banco de España, calcula que entre 2022 y 2025 la inmigración aportó aproximadamente 1,7 puntos porcentuales al crecimiento medio anual del PIB español, situado en el 3,7%. Además, estima que contribuyó con medio punto porcentual al crecimiento anual del PIB per cápita, que alcanzó el 2,7% durante ese mismo periodo.

A juicio de la economista, “la inmigración ha tenido un notable impacto en el crecimiento del PIB y del PIB per cápita”, una conclusión que coincide con los análisis realizados por distintas instituciones económicas durante los últimos meses.

Un papel “relevante” en el empleo y en la productividad

Buena parte de esa aportación se explica por las características de la población inmigrante. La mayoría de quienes llegan a España se encuentran en edad de trabajar, presentan tasas de actividad superiores a la media y, además, el desempleo entre este colectivo ha descendido de forma significativa en los últimos años.

Esa combinación ha permitido que la producción avance a un ritmo superior al crecimiento de la población. Según estimaciones de BBVA, “si se asume que su productividad es similar a la de los nacidos en España, la inmigración explicaría cerca del 40 % del crecimiento del PIB per cápita desde 2022”.

Los analistas de la entidad financiera consideran que la inmigración ha desempeñado un “papel relevante” tanto en el aumento del empleo como en la mejora de la productividad. Sin embargo, advierten de que el desafío de los próximos años consistirá en aprovechar mejor el capital humano incorporado. “La experiencia laboral, la formación y el acceso a ocupaciones de mayor valor añadido determinarán si esta contribución puede mantenerse en los próximos años”, señalan.

España lidera el crecimiento demográfico europeo

El impacto de la inmigración también se refleja en la evolución de la población. España se ha convertido en el principal motor del crecimiento demográfico de la Unión Europea gracias a la llegada de ciudadanos extranjeros. Según Pilar Cuadrado, “en 2024, pese a representar aproximadamente el 11% de la población de la Unión Europea, concentró cerca de la mitad del crecimiento demográfico registrado en el conjunto comunitario”.

La transformación ha sido especialmente intensa durante las últimas décadas. Ismael Gálvez Iniesta, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, recuerda que “la población extranjera ha pasado del 2% en 1990 al 18,5 % en 2024”, una evolución que sitúa a España entre los países europeos donde el cambio demográfico ha sido más acelerado.

El empleo extranjero marca nuevos récords

La contribución de la inmigración también se aprecia con claridad en las cifras del mercado laboral. Los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que junio cerró con un récord histórico de más de 22,46 millones de afiliados a la Seguridad Social tras sumar 128.533 nuevos cotizantes.

La mayor parte de ese crecimiento correspondió a trabajadores extranjeros. De los nuevos empleos creados durante el mes, 86.630 fueron ocupados por ciudadanos de otros países, especialmente en actividades como la hostelería y el comercio, coincidiendo con el inicio de la campaña turística de verano.

Desde la Seguridad Social destacan que “el comportamiento de la afiliación de extranjeros es especialmente dinámico; hay 3.446.178 afiliados medios, que representan el 15,3 % del total”, una cifra que confirma el peso creciente de este colectivo dentro del mercado laboral español.

El efecto de la regularización

El proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno también comienza a reflejarse en las estadísticas laborales. Según explicó el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, hasta el pasado 30 de junio la regularización había supuesto ya la incorporación de 159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que “el récord de empleo coincide con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo, que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación”.

En la misma línea, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende que la medida ya está teniendo efectos positivos sobre el empleo. “Sabemos que parte de la regularización va a hacer que las estadísticas, no solo de afiliación, sino de paro, tengan que ajustarse”, afirmó. A su juicio, la iniciativa no representa únicamente una “conquista de derechos”, sino que también incrementa las cotizaciones sociales y fortalece la financiación de los servicios públicos.

Funcas confirma el protagonismo de los trabajadores extranjeros

Las conclusiones de Funcas apuntan en la misma dirección. La institución destaca que el fuerte crecimiento de la afiliación registrado en junio procede fundamentalmente de los trabajadores extranjeros. En términos desestacionalizados, Funcas calcula que la afiliación de este colectivo aumentó en unas 70.000 personas durante el mes, mientras que entre los trabajadores nacionales el incremento apenas alcanzó las 9.000.

Los economistas de la fundación consideran que “este fenómeno guarda un paralelo con la regularización de inmigrantes, que podrían haber estado trabajando de forma irregular”. Añaden además que “la aceleración no se observa entre los trabajadores nacionales, cuyo crecimiento ha tendido en los últimos meses a la desaceleración. En junio, solo aumentaron en cerca de 9.000, casi ocho veces menos que los extranjeros”.

La conclusión compartida por economistas, instituciones y organismos públicos es que la inmigración ha dejado de ser únicamente un factor demográfico para convertirse en uno de los principales pilares del crecimiento económico español. El reto, según advierten los expertos, consistirá ahora en transformar ese impulso cuantitativo en un crecimiento más sostenible mediante una mejor integración laboral, una mayor cualificación y un acceso creciente a empleos de mayor valor añadido.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que algunos albergues del programa México Te Abraza fueron cerrados debido a las bajas cifras registradas de migrantes que llegaban, mientras que otros fueron reducidos, sin embargo, continúan operando para atender a los mexicanos deportados desde Estados Unidos, explicó la mandataria.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 2 de julio, Claudia Sheinbaum pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que acuda a actualizar las cifras sobre los centros que fueron modificados y cerrados.

“Algunos se quitaron donde no estaba llegando muchas personas, y la mayoría se hicieron más pequeños, pero están para poder recibir a los paisanos que vienen y que cruzan por tierra”, declaró la mandataria.

Albergues para migrantes: ajustes y cierres

El programa México Te Abraza, implementado para recibir a mexicanos deportados desde Estados Unidos, experimentó una disminución en el flujo previsto de personas, lo cual llevó a la revisión y ajuste de la red de albergues. La presidenta detalló que estos espacios siguen funcionando en puntos clave para recibir a quienes regresan al país, especialmente por vía terrestre.

Además, Sheinbaum subrayó que los albergues mantienen la capacidad de brindar atención y apoyo a los migrantes, quienes reciben la tarjeta Paisano que les otorga acceso a ciertos recursos para facilitar su regreso a sus comunidades de origen.

“Aquí se les recibe, se les apoya, se les da la tarjeta Paisano para que puedan tener algo de recurso para llegar a sus lugares. Les hemos dado a conocer aquí, todo el apoyo que requieran, incluso el acceso al empleo para que lo puedan hacer”, puntualizó.

Programas de apoyo y atención en ciudades clave

La presidenta informó que el programa México Te Abraza actualmente opera con un enfoque especial en ciudades del sur del país, como Villahermosa y Tapachula, donde se ha registrado mayor recepción de mexicanos deportados. Además, destacó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) también ha recibido vuelos procedentes de Estados Unidos con personas repatriadas.

La estrategia de atención contempla no solo la recepción y apoyo inmediato, sino también la integración laboral, facilitando el acceso a oportunidades de empleo para los repatriados. Sheinbaum señaló que el gobierno está comprometido en brindar “todo el apoyo que requieran”, reafirmando la política de acompañamiento a los migrantes.

Ante la pregunta de cuáles han sido los albergues que se cerraron o redujeron su tamaño, la presidenta respondió que será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien presentará los números más recientes y detallará el estatus de los centros de atención.

La presidenta reconoció que las cifras presentadas anteriormente por la secretaria de Gobernación mostraban una diferencia significativa entre el número de deportados estimados y los realmente recibidos. Por este motivo, la administración federal se mantiene en revisión constante de la red de albergues para garantizar que los recursos se destinen donde sean más necesarios.

“En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas”, ha señalado Saiz, que ha recordado que la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país. “Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha añadido la ministra.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional, de acuerdo a los datos del ministerio. El 83,2% se ha tramitado por vía telemática, cifra similar a otros procesos de extranjería, mientras que el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial.

Cataluña y Comunidad de Madrid a la cabeza

Las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Por otro lado, el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia.

Según los datos del ministerio, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Además, en total han sido 495 las entidades y organizaciones sindicales que, inscritas como colaboradoras, han realizado labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a los solicitantes durante todo el proceso.

Perfil de los solicitantes

En cuanto al perfil de quienes han solicitado acogerse a la regularización, el 87% se encuentra en edad laboral (entre 16 y 64 años), el 57% son hombres y el 43% mujeres, si bien en el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años la distribución es paritaria. Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%) y entre 16 y 24 años (17%). Seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años.

“La mayoría de solicitantes se van a incorporar al mercado laboral en sectores estratégicos y esenciales, contribuyendo a la prosperidad compartida de nuestro país”, ha indicado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

Obstáculos durante el proceso

La regularización, cuyo plazo para presentar solicitudes comenzó el 16 de abril y terminó el 30 de junio, ha estado marcado por los numerosos obstáculos administrativos y consulares que han afrontado miles de personas migrantes para reunir la documentación exigida.

Durante las primeras semanas del proceso, quienes debían presentar el certificado de vulnerabilidad—aquellas personas sin contrato de trabajo en España y sin hijos menores a cargo— encontraron grandes dificultades para obtenerlo, más aún cuando no estaban empadronadas. La situación fue mejorando a medida que más organizaciones sociales fueron autorizadas por Extranjería para gestionar este documento. De hecho, estas entidades han desempeñado un papel clave como intermediarias entre las personas migrantes y la administración pública, facilitando la gestión de los trámites durante todo el proceso y asesorando de forma gratuita a quien lo necesitaba.

También ha habido retrasos importantes durante el proceso en las citas para obtener los antecedentes penales, sobre todo en consulados y embajadas de países como Gambia, Guinea Conakry, Senegal, Argelia y Cuba. Al no contar con la certificación de la apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, la gestión se ha complicado y ha prolongado los tiempos de espera. En los países que no forman parte del Convenio de La Haya, este certificado tiene que seguir necesariamente la vía diplomática y, en el caso de Argelia, según ha denunciado la plataforma Regularización Ya, la situación ha sido especialmente preocupante.

La plataforma también ha criticado los elevados costes de los trámites, la intervención de abogados y la exigencia de compulsas notariales en algunos consulados. En las últimas semanas también se han reportado quejas porque, en muchos casos, “el Gobierno no ha respetado el plazo máximo de 15 días para admitir a trámite las solicitudes" y conceder la autorización provisional.

Pese a todos los obstáculos, se trata de una regularización histórica: el último proceso de estas características en España tuvo lugar en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que concedió permisos de residencia y trabajo a cerca de 600.000 personas. La actual regularización ocurre en un escenario muy diferente, ya que el contexto económico, la presión migratoria en las fronteras sur de Europa y la presencia de nuevas comunidades migrantes han transformado el debate público.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consolidó el 29 de junio de 2026 una norma definitiva que formaliza la obligación de registro y toma de huellas dactilares para ciertos extranjeros en Estados Unidos. La regla adopta como permanente la regulación interina que entró en vigor el 11 de abril de 2025 e introduce el formulario G-325R como mecanismo universal de registro para quienes nunca pasaron por ese proceso.

El DHS estima que entre 2,2 y 3,2 millones de personas podrían estar comprendidas por esta obligación, principalmente extranjeros que ingresaron sin inspección formal o que llevan años en el país sin haber completado ningún registro ante el gobierno federal.

La medida se apoya en la Sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que exige el registro de extranjeros desde hace décadas, y en la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025 titulada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, según informó El Nuevo Herald.

A quiénes obliga este requisito

La obligación aplica, en términos generales, a todo extranjero de 14 años o más que permanezca en Estados Unidos durante 30 días o más y que no cuente con un registro previo ante las autoridades federales.

De acuerdo con el DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), los grupos que deben registrarse mediante el formulario G-325R son:

• Extranjeros que ingresaron al país sin inspección migratoria y nunca tuvieron contacto posterior con las autoridades de inmigración.
• Personas que llevan más de 30 días en el país y no fueron registradas al solicitar una visa ni al ingresar.
• Ciudadanos canadienses exentos de visa que entraron por un puerto terrestre y no recibieron un formulario I-94.
• Extranjeros que cumplen 14 años mientras permanecen en territorio estadounidense, incluso si sus padres los registraron antes bajo otro formato.

El requisito también alcanza a los padres y tutores de menores de 14 años: son ellos quienes deben completar el trámite en nombre de sus hijos.

Quiénes ya están registrados y no necesitan hacer nada

La norma no impone ninguna acción adicional a quienes ya fueron registrados mediante procesos migratorios anteriores. El USCIS aclara que las siguientes personas se consideran registradas y quedan fuera del alcance del formulario G-325R:

• Residentes permanentes legales (titulares de la tarjeta verde o formulario I-551).
• Personas admitidas con visa de inmigrante o no inmigrante que recibieron un formulario I-94.
• Titulares de un Documento de Autorización de Empleo (EAD o formulario I-766).
• Personas con una solicitud de residencia permanente en trámite mediante los formularios I-485, I-687, I-691, I-698 o I-700, siempre que hayan proporcionado huellas dactilares.
• Personas en proceso de deportación a quienes se emitió una Notificación de Comparecencia (I-862).
• Titulares de tarjetas de cruce fronterizo (Border Crossing Cards).
• Viajeros admitidos mediante programas de ingreso acelerado como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió en 2025 que la medida puede generar preocupación incluso entre inmigrantes con estatus legal, aunque para ese grupo la norma no implica ninguna acción.

Paso a paso: cómo completar el registro

Para quienes sí deben registrarse, el proceso se realiza en su totalidad a través del portal oficial del USCIS. El trámite no tiene costo.

Los pasos son:

• Crear una cuenta en myUSCIS en my.uscis.gov. Los padres o tutores deben abrir una cuenta separada para registrar a sus hijos menores.
• Completar el formulario G-325R (Información Biográfica – Registro) con nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de entrada a Estados Unidos, domicilio actual, situación migratoria e historial de antecedentes penales, si corresponde.
• Asistir a una cita biométrica en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC) del USCIS, donde se toman huellas dactilares, fotografía y firma. Esta cita la programa el sistema automáticamente tras enviar el formulario. Los menores de 14 años y ciertos ciudadanos canadienses están exentos de este paso.
• Descargar la constancia de registro (USCIS Proof of G-325R Registration) desde la cuenta de myUSCIS una vez completada la cita. Ese documento es la prueba oficial del registro conforme a la legislación federal.

La dirección oficial del trámite es uscis.gov/alienregistration.

La obligación de portar el comprobante

Una vez completado el registro, la obligación no termina. La Sección 264 de la INA establece que todo extranjero registrado de 18 años o más debe llevar consigo en todo momento su comprobante de registro.

Los documentos aceptados como prueba son:

• La tarjeta verde (I-551) para residentes permanentes.
• El formulario I-94 impreso desde i94.cbp.dhs.gov, junto con el pasaporte con sello de admisión, para no inmigrantes.
• El EAD (formulario I-766) para quienes tienen autorización de empleo.
• La constancia USCIS Proof of G-325R Registration para quienes se registraron mediante ese formulario.

Además, la Sección 265 de la INA obliga a notificar al DHS cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días posteriores a la mudanza, mediante el formulario AR-11.

Las sanciones por no registrarse

El incumplimiento de las distintas obligaciones que establece la norma conlleva consecuencias penales y civiles. Según las Secciones 264, 265 y 266 de la INA:

• No registrarse ni proporcionar huellas dactilares de forma deliberada: multa de hasta USD 5.000, hasta 6 meses de prisión, o ambas sanciones.
• No portar el comprobante de registro (para mayores de 18 años): multa de hasta USD 5.000, hasta 30 días de prisión, o ambas.
• No informar un cambio de domicilio dentro de los 10 días: multa de hasta USD 5.000, hasta 30 días de prisión, o ambas; y en determinados casos, puede constituir una causal de deportación.
• Falsificar datos en el registro: misdemeanor con posibilidad de deportación bajo la Sección 237 de la INA.
• Falsificar o falsificar documentos de registro: delito grave con hasta 5 años de prisión.

El National Immigration Law Center (NILC) señaló en 2025 que el proceso de registro podía exponer a inmigrantes indocumentados a detenciones, deportaciones y procesos penales, al centralizar su información ante las autoridades federales.

Menores de 14 años: qué deben hacer los padres

Los menores de 14 años no se registran por sí mismos. El USCIS establece que los padres o tutores legales son los responsables de completar el trámite en su nombre.

Para hacerlo, el adulto debe abrir una cuenta separada en myUSCIS a nombre del menor y presentar el formulario G-325R de forma electrónica. Los niños en esta franja de edad no deben asistir a una cita biométrica: el registro queda completo con el envío del formulario.

Cuando el menor cumple 14 años dentro del territorio estadounidense, debe volver a registrarse y someterse a la toma de huellas dactilares dentro de los 30 días posteriores a su cumpleaños, incluso si ya fue registrado por sus padres con anterioridad.

Lo que el registro no garantiza

El DHS aclara de forma explícita que completar el registro mediante el formulario G-325Rno otorga ningún beneficio migratorio, no confiere estatus legal, no equivale a un permiso de residencia y no protege al extranjero de un eventual proceso de deportación.

El objetivo declarado del sistema es que las autoridades federales cuenten con datos biométricos y de identidad para realizar verificaciones de antecedentes penales y detectar posibles riesgos para la seguridad. La mejora del registro, según el DHS, también busca fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden en materia de cumplimiento migratorio.

El plazo para enviar comentarios públicos sobre posibles cambios adicionales a la regulación vence el 28 de agosto de 2026.

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes que puso en marcha el Gobierno a mediados de abril, que permitirá obtener permiso de residencia y trabajo a miles de personas que ya vivían en España y cuyo plazo para presentar solicitudes terminó el 31 de junio, ha estado rodeado de un intenso debate social y político, marcado también por los bulos y la desinformación, como suele ocurrir en asuntos relacionados con la migración. Ahora, pese al cierre del plazo, el debate sigue abierto, ya que el pasado martes el Tribunal Supremo planteó la posibilidad de llevar la regularización al Tribunal de Justicia Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho de la Unión Europea, una duda planteada después de que se hayan recibido más de 1,2 millones de peticiones en un proceso histórico.

La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal surge a raíz de dos recursos presentados por los Gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana, que impugnaron el decreto aprobado en abril por el Gobierno central, que estimó que el mecanismo beneficiaría a medio millón de personas. Ahora las partes implicadas tienen hasta este viernes 3 de julio para expresar su opinión acerca de la procedencia de formular ante el TJUE dudas legales sobre el decreto de regularización. Antes de decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por las mencionadas autonomías, el Supremo quiere saber si la norma española podría entrar en conflicto con el derecho europeo.

La principal duda es si un país de la Unión Europea puede conceder de forma general permisos de residencia temporal a personas en situación irregular, sin exigirles antes que salgan del país, salvo en los casos excepcionales previstos por la legislación comunitaria. Los jueces relacionan esta cuestión con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, aprobado en 2024. El Supremo también pide a las partes que opinen sobre la compatibilidad de esta medida con el Convenio Schengen y otras normas europeas, ya que quienes obtienen la residencia temporal podrían circular libremente por el espacio Schengen durante ciertos periodos.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerdan, no obstante, que el pasado mes de mayo el Supremo ya rechazó suspender la regularización de manera cautelar, por lo que transmiten un mensaje de tranquilidad a quienes han solicitado el proceso. “La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, aseguran las mismas fuentes, que también subrayan que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español.

Desde la Fundación Por Causa también consideran “altamente improbable” que el proceso de regularización pueda anularse. “Lo que ahora ha recibido el Tribunal Supremo es una queja. Pero, si el procedimiento avanzara y el Tribunal de Justicia Europeo se pronunciara en contra, la anulación de la regularización sería extremadamente compleja, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico, porque esto afectaría a cerca de 1,3 millones de personas que han presentado una solicitud para acogerse al proceso -ya hay más de 360.000 admitidas a trámite- y sería difícil de revertir”, señala a Infobae Lucila Rodríguez-Alarcón directora general de la Fundación porCausa.

El proceso judicial sería extenso y, para entonces, muchas personas ya habrían consolidado su situación legal, añade la activista, que insiste en que el anuncio de una posible invalidación de la regularización “es infundado y alarmista”: “Prácticamente es imposible que la regularización se eche atrás”.

En esa misma línea se expresan desde el movimiento Regularización Ya, impulsor del proceso, que tilda de “maniobras jurídicas de incidencia política” los recursos presentados por Aragón y la Comunidad Valenciana, donde gobiernan PP y Vox. “Este tipo de acciones tienen poco recorrido. Nos parece un manotazo de la derecha y la ultraderecha, que no saben perder, pero no van a poder tumbar la regularización”, defiende Victoria Columba, una de las portavoces de este movimiento.

Solo pueden viajar como turistas por la UE

El permiso de residencia y trabajo que se otorga a los migrantes regularizados solo es válido para vivir y trabajar en España, insisten desde el ministerio que lidera Elma Saiz. Si la persona que lo obtiene quiere trasladarse y trabajar en otro Estado miembro de la Unión Europea, deberá solicitar un permiso específico conforme a las leyes de ese país. Para ello, necesitará un contrato de trabajo y cumplir con los requisitos legales establecidos por el país al que desea ir.

En el caso de que las personas migrantes regularizadas quieran transitar o viajar por turismo a otro país europeo del espacio Schengen, se permite una estancia máxima de 90 días en un periodo de 180 días. Si superan los seis meses fuera de España, perderían su permiso. Además, la mayoría de quienes han solicitado la regularización lo han hecho porque ya cuentan con trabajo y cierta estabilidad en España, por lo que no planean mudarse a otros países europeos.

Meses atrás, la Comisión Europea también recordó que la regularización de ciudadanos extranjeros corresponde a las autoridades nacionales y que cada Estado miembro debe asegurar que esas medidas no comprometan la integridad del espacio Schengen. Según explicó en marzo el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, “si una persona con un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la Unión Europea, deberá regresar a España”.

No concede automáticamente el derecho al voto

Aunque existen bulos que difunden que la regularización se realiza para incrementar el censo electoral, lo cierto es que este proceso no otorga automáticamente el derecho al voto. Solo las personas con nacionalidad española pueden votar en elecciones generales y autonómicas, y obtenerla requiere varios años de residencia y cumplir requisitos legales. Las personas regularizadas solo podrán votar en elecciones municipales si provienen de países con acuerdos de reciprocidad con España, ya que la residencia legal no implica la concesión automática de la nacionalidad ni el acceso inmediato al voto en comicios nacionales o regionales.

El derecho al voto en las elecciones generales está restringido a quienes tengan nacionalidad española, sean mayores de 18 años y estén inscritos en el censo electoral. Aunque la regularización otorga residencia legal, no implica la concesión automática de la nacionalidad española.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este miércoles la presencia de observadores que supervisen los procesos de nacionalización y regularización impulsados por el Gobierno central antes de la celebración de las próximas elecciones. A su juicio, estos procedimientos deben contar con mayores garantías de control y transparencia, ya que considera que su desarrollo puede tener consecuencias sobre el censo electoral y, por tanto, sobre el reparto de escaños.

Durante un coloquio celebrado en el Club Siglo XXI, la dirigente popular ha mostrado preocupación por el incremento de nuevos ciudadanos con derecho a voto derivado, entre otras medidas, de la conocida Ley de Nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 también criticada por Vox. Una normativa que permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de personas que abandonaron España como consecuencia de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

Así, Ayuso ha anunciado que el Ejecutivo madrileño va a continuar recurriendo a todas las vías institucionales y jurídicas que considere oportunas para exigir un mayor control sobre estos procesos. “Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que hagan falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir a observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya, porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta”, ha afirmado.

“Nacionalizar socialistas”

Según ella, la supervisión debería comenzar antes de la próxima cita con las urnas, al entender que las decisiones que afectan al censo electoral se están produciendo con antelación y podrían condicionar la composición del electorado. En su intervención, ha insistido en que la preocupación no radica únicamente en la jornada electoral, sino en la forma en la que se están desarrollando los procedimientos previos de concesión de nacionalidades y regulación de personas.

De hecho, Ayuso ha vinculado esta situación con una supuesta estrategia política del Gobierno de Pedro Sánchez, preguntándose si el Ejecutivo está intentando “nacionalizar socialistas”. Así, ha acusado al PSOE de utilizar estos procesos para alterar el censo electoral, defendiendo que el Gobierno estaría realizando una “ingeniería” sobre el registro de votantes y favoreciendo decisiones que, en su opinión, permitirían incentivar o desincentivar el voto “según conviene y según el origen”.

La presidenta popular ha ido un paso más allá al plantear que, en determinadas circunstancias, algunos nuevos electores podrían llegar a elegir la circunscripción en la que empadronarse con efectos sobre el reparto de escaños. “Allí donde le falten los votos al PSOE, pues ahí se podrá empadronar según, por ejemplo, en qué circunscripción, en aquellas regiones que son pluriprovinciales, si saben que, por los restos y por el recuento del voto, quedan 2.100 votos para llegar al siguiente escaño”, ha asegurado.

A partir de esta hipótesis, ha cuestionado los mecanismos de control existentes para determinar dónde se inscriben los nuevos ciudadanos con derecho a voto. En su opinión, podría darse la circunstancia de que personas sin una relación estrecha con España puedan influir en determinadas circunscripciones electorales. “Quién lo controla, quién lo decide y con qué criterio”, se preguntó durante su intervención.

“Una nueva arbitrariedad”

La presidenta madrileña también ha puesto el foco en las consecuencias que, a su juicio, tendría el aumento del número de electores sobre la representación parlamentaria. Según ha explicado, el crecimiento del censo derivado de las nuevas nacionalizaciones y regularizaciones ya estaría modificando el reparto de escaños en la Asamblea de Madrid. En este sentido, ha asegurado que la comunidad pasará de tener “136 a 145 que repartir” como consecuencia de la aplicación de la denominada Ley de Nietos, una situación que califica de “una nueva arbitrariedad”.

Además, ha afirmado que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), en el que figuran los españoles que viven fuera del país con derecho a voto, ha experimentado un incremento que considera “de manera exponencial e inusual” durante el último año. “Nadie pone en tela de juicio que una persona que lleva tiempo viviendo en España tenga sus papeles, todo lo contrario. Nosotros somos una región que da su sanidad y sus servicios públicos a todo el mundo, pero tendrá que haber una ley, tendrá que haber un orden”, ha manifestado.

En relación con la propia Ley de Nietos, Ayuso ha evitado cuestionar directamente el reconocimiento de la nacionalidad a descendientes de exiliados o represaliados por el franquismo, aunque defiende que un asunto de esa trascendencia debería abordarse desde un amplio consenso político y social. “Tendremos que decir todos los españoles quién consideramos que son nuevos españoles”, ha concluido.

*Noticia elaborada con información de agencias.

El PP nacional recoge cable en su ofensiva contra la ley de nietos y rebaja sus acusaciones de pucherazo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este miércoles que su partido no se ha opuesto a conceder la nacionalidad a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura, sino que su denuncia tiene que ver con la “opacidad” y la “urgencia” con la que se está aplicando la normativa.

Los populares acusan al Ejecutivo de “manipular” la posición del PP en este tema, pero lo cierto es que fue la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien apuntó que la normativa trataba de alterar el censo electoral en favor del partido socialista: afirmó que “Buenos Aires sería la tercera provincia de España” en las próximas generales. La dirigente madrileña también denunció unas supuestas instrucciones del Gobierno a los consulados para regular a cualquiera que hubiera salido de España por cualquier razón.

También se refirió sobre ello el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien evitó mencionar la palabra pucherazo, como lleva haciendo Vox desde 2022, pero sí denunció que el Gobierno ha recurrido a una “arquitectura electoral” para “incrementar en dos millones y medio” el número de personas con derecho a voto “en un espacio muy corto de tiempo”, pese a que es una medida que él mismo pidió expresamente en 2006 y en su programa electoral en 2023.

Muñoz critica que votarán muchos “que no han pisado ni una sola vez España”

Muñoz ha matizado estas palabras señalando que el líder de la oposición nunca puso bajo sospecha el sistema electoral, sino que se refería a la “opacidad” del proceso. Según las cifras de los ‘populares’ –que difieren de las del Gobierno–, “ahora de repente hay dos millones y medio de personas más que pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad. Muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España”, ha señalado Muñoz.

“Yo me pregunto: ¿Por qué tanta rapidez? ¿Por qué están teniendo que contratar empresas externas para hacer lo que los consulados no pueden hacer? ¿Por qué hay tanta necesidad en que todo esto sea rápido? ¿Por qué hay tanta opacidad? Y sobre todo, ¿por qué les ha molestado tanto que preguntemos?”, ha lanzado Muñoz, que volvió a obviar que el proceso lleva tres años abierto: la norma se aprobó en 2022 y, tras una prórroga en 2024, se cerró en octubre de 2025. También obvió que el voto desde el exterior apenas supera el 10% del censo de electores: en las últimas generales apenas votó (233.688 sufragios de los más de dos millones potenciales).

Muñoz también ha señalado que “altos cargos del PSOE” estaban organizando actos en otros países en los que argumentan que la gente va a poder votar gracias a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Albares reacciona: “Es una traición al pueblo español”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cargado contra las acusaciones infundadas del PP contra el servicio diplomático. “Es una traición al pueblo español. Lo que el PP quiere es que tres millones y medio de españoles no puedan votar. Muchos de esos españoles son españoles de nacimiento”, ha afirmado el jefe de la diplomacia europea.

Así, el jefe de la diplomacia española ha exigido “disculpas públicas” del líder de la oposición y ha criticado la hipocresía del PP con una ley que propuso hace años: “demuestra que PP y Vox están absolutamente incapacitados para gobernar”.

El Tribunal Supremo quiere que la Justicia europea aclare una cuestión que hasta ahora no tiene una respuesta clara: hasta dónde puede llegar un Estado miembro al regularizar inmigrantes en situación irregular. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al entender que la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada por el Gobierno plantea dudas sobre su encaje en el Derecho comunitario.

La decisión del Supremo ha reabierto un debate que va más allá del caso español. Porque, aunque en los últimos días se ha instalado la idea de que Europa podría impedir una regularización extraordinaria, lo cierto es que la legislación comunitaria no las prohíbe expresamente. Lo que hace es fijar una regla general —el retorno de quienes se encuentran irregularmente en un Estado miembro— y, al mismo tiempo, reconocer una serie de excepciones que permiten conceder permisos de residencia.

La gran incógnita es si esas excepciones también amparan una regularización de carácter general como la prevista por el Gobierno o si, por el contrario, solo están pensadas para situaciones que deben analizarse de forma individual.

La regla general: quien está irregular debe regresar

La principal norma europea en esta materia es la Directiva de Retorno, aprobada en 2008 para establecer unas reglas comunes sobre cómo deben actuar los Estados miembros cuando un ciudadano de un país no perteneciente a la Unión Europea permanece de forma irregular en su territorio.

Su planteamiento es relativamente sencillo. Como norma general, cuando una persona no tiene derecho a permanecer en un Estado miembro, ese país debe dictar una decisión de retorno. Antes de llegar a la expulsión, la directiva da prioridad a que el regreso se produzca de forma voluntaria, pero si eso no ocurre, permite que se adopten medidas para ejecutar el retorno.

Ese es el principio sobre el que se ha construido durante años la política migratoria europea: la permanencia irregular debe desembocar, salvo excepciones, en el regreso al país de origen o a otro Estado donde la persona tenga derecho a residir. Sin embargo, la propia directiva introduce una excepción que resulta clave para entender el debate actual.

Europa también permite regularizar

Aunque el objetivo de la Directiva de Retorno es favorecer el regreso de quienes se encuentran irregularmente en territorio europeo, el texto reconoce que los Estados miembros conservan margen para adoptar otras decisiones.

En concreto, permite conceder permisos de residencia o autorizaciones de estancia por razones humanitarias, compasivas o por otros motivos previstos en la legislación nacional. Cuando un Estado opta por esa vía, el procedimiento de retorno puede dejar de aplicarse. En otras palabras, la legislación europea sí permite regularizar la situación administrativa de un inmigrante.

Esa posibilidad no es solo teórica. A lo largo de las últimas décadas, varios países europeos han aprobado procesos extraordinarios de regularización, entre ellos España, Italia, Portugal o Grecia, sin que la normativa comunitaria estableciera una prohibición expresa.

El punto donde aparecen las dudas

Por eso, la cuestión que ahora plantea el Supremo no consiste en decidir si Europa permite o no conceder permisos de residencia. Ese margen existe. Lo que quiere aclarar es si ese mismo margen puede utilizarse para aprobar una regularización extraordinaria de gran alcance mediante una norma general.

La providencia del Supremo pone el foco precisamente en esa diferencia. Los magistrados consideran que la reforma española no se limita a resolver casos concretos, sino que establece un régimen general para todas las personas que cumplan determinados requisitos. Entre otras medidas, prevé conceder autorizaciones de residencia a determinados extranjeros aunque tengan abierto un procedimiento de devolución o expulsión, archivando esos expedientes una vez concedido el permiso. Es ahí donde surge la duda jurídica.

La Directiva de Retorno habla de la posibilidad de conceder permisos de residencia, pero no explica expresamente si esa excepción puede extenderse a una regularización extraordinaria que afecte potencialmente a cientos de miles de personas. Ese vacío interpretativo es el que el Supremo considera que debería aclarar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El nuevo pacto migratorio cambia el contexto

El debate tampoco se produce en el mismo escenario que hace veinte años. En 2024, la Unión Europea aprobó el Pacto sobre Migración y Asilo, una amplia reforma con la que Bruselas pretende que los Estados miembros actúen de una forma mucho más coordinada en materia migratoria. El objetivo del nuevo sistema es unificar procedimientos, reforzar la cooperación entre los países de la Unión y hacer más eficaz la gestión de la inmigración irregular. Dentro de ese esquema, la aplicación de la Directiva de Retorno sigue considerándose una pieza esencial de la política migratoria europea.

El pacto no prohíbe las regularizaciones nacionales. De hecho, ninguna de sus normas establece expresamente que un Estado no pueda conceder permisos de residencia. Sin embargo, sí insiste en que la gestión de la inmigración debe responder a criterios comunes y desarrollarse con cooperación entre los Estados miembros.

Precisamente por eso el Supremo se pregunta si una regularización de gran alcance puede aprobarse únicamente mediante una decisión nacional o si una medida con posibles efectos sobre el conjunto de la Unión debe interpretarse a la luz de ese nuevo marco europeo.

Una de las razones por las que el debate ha adquirido dimensión europea es que los permisos de residencia expedidos por un Estado miembro no tienen efectos exclusivamente nacionales. Quien obtiene una autorización de residencia en un país de la Unión puede desplazarse durante periodos limitados por el espacio Schengen, lo que convierte cualquier decisión de este tipo en una cuestión que también interesa al resto de socios europeos.

La propia Comisión Europea ha venido recordando en distintas ocasiones que la expedición de permisos de residencia sigue siendo competencia de los Estados miembros, pero también ha insistido en que esas decisiones deben respetar el Derecho de la Unión y tener en cuenta sus posibles efectos sobre el funcionamiento del espacio Schengen y sobre la política migratoria común.

Hasta ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha fijado una doctrina específica sobre el alcance que puede tener una regularización extraordinaria dentro del nuevo marco europeo. Esa ausencia de jurisprudencia es precisamente la que ha llevado al Supremo a plantearse acudir a Luxemburgo para que sea el máximo intérprete del Derecho comunitario quien delimite hasta dónde llega la capacidad de los Estados para aprobar procesos de regularización de inmigrantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que ratifica el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes.

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, la mandataria calificó como “una muy buena noticia” el fallo que frena el intento de eliminar ese derecho.

En su mensaje, reconoció el aporte de los migrantes mexicanos y reiteró el mensaje de orgullo y respaldo para quienes residen en el país vecino.

Sheinbaum reaccionó ante la noticia de que la Corte Suprema estadounidense desestimó la medida impulsada por el presidente Donald Trump, la cual buscaba eliminar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense.

La presidenta explicó: “La Suprema Corte de todos los países lo que hace normalmente es ver si hay constitucionalidad o no en algunos decretos, leyes, etcétera. Y en este caso, pues, por lo visto, la Suprema Corte dijo que no es constitucional esta decisión”.

Reconoció que la medida afecta de manera directa a “mexicanas, mexicanos y de otras nacionalidades quienes tienen hijos que nacen en Estados Unidos, aunque ellos no tengan, tengan 20 años” viviendo allí.

Sheinbaum compartió el caso de un trabajador que conoció en Veracruz, deportado tras pasar dos décadas en Estados Unidos.

“Uno de ellos me dijo: ‘Él es... a él lo deportaron’. Y entonces le pregunté: ‘¿En dónde vivías?’ No recuerdo, creo que, eh, me dijo en California… ‘¿Cuántos años tenías viviendo en Estados Unidos?’ ‘20’. ‘¿Tus hijos dónde nacieron?’ ‘Allá’. ‘¿Y tu esposa?’ ‘Pues mi esposa ya tenía papeles y se quedaron allá y yo estoy aquí trabajando’”, relató.

La presidenta destacó que existen muchísimos casos similares y enfatizó: “20 años tenía trabajando ahí y allá tuvo a sus hijos. Y como él, pues hay muchísimos casos”.

Al abordar las causas de la migración, Sheinbaum acusó que tras la crisis de 1994 y el rescate bancario conocido como FOBAPROA, “se fue muchísima gente del otro lado a Estados Unidos a trabajar, pues porque aquí no había oportunidad de trabajo. Millones”.

La mandataria subrayó que la migración respondió a una necesidad laboral en Estados Unidos, señalando que en ese país había necesidad de empleados para algunos trabajos, por lo que los mexicanos no sustituyen a otras personas.

“¿Qué quiere decir que encuentren trabajo allá? Pues que había necesidad de esos trabajadores en Estados Unidos. No estaban sustituyendo a ninguna otra persona, sino que había necesidad de ese trabajo”, comentó.

Añadió que la migración de mexicanos a Estados Unidos ha disminuido en los últimos años, pero que quienes llevan “20, 15 años, 10 años, que tienen un hijo allá porque tienen su vida allá, pues afortunadamente hoy se les permite la nacionalidad”.

Sheinbaum resaltó la honestidad y el carácter trabajador de los migrantes mexicanos, calificándolos como personas de bien, al afirmar que son quienes “ayudan a la economía de México y a la de Estados Unidos”.

Consultada sobre la doble nacionalidad, la presidenta explicó que los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos pueden acceder a este derecho, aunque deben registrarse formalmente en el consulado.

“Hubo una época en México que no se podía tener doble nacionalidad. Eras mexicano y punto, no podías tener otra nacionalidad. Para tener otra nacionalidad, renunciabas a la mexicana”, recordó.

Precisó que desde 1998, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, se permite la doble nacionalidad.

“Un niño o una niña que nació en Estados Unidos de padres mexicanos, si quieren que los papás, mamás, tener la nacionalidad mexicana, van al consulado y de manera muy fácil la obtienen”, aclaró.

Al ser consultada sobre los discursos y campañas antiinmigrantes y antimexicanos en medios estadounidenses, Sheinbaum envió un mensaje directo a la comunidad mexicana:

“Ya lo saben, que son héroes y heroínas para nosotros. Y que siempre hay que estar con la frente en alto. No hay que permitir que nos afecte alguna forma de discriminación.

“México es grande y las mexicanas y los mexicanos son trabajadores en cualquier lugar donde estemos. Y salieron en condiciones muy difíciles y han sabido salir adelante. Son un orgullo para México”, añadió.

Vox ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra la conocida como ‘ley de nietos’. Después de semanas cargando contra esta norma y de acusar al Gobierno de utilizarla para alterar el censo electoral, el partido de Santiago Abascal ha solicitado ahora al Ministerio de Justicia la nulidad de la instrucción que desarrolla su aplicación. Además, reclama que esa instrucción quede suspendida de forma cautelar para evitar que continúen tramitándose expedientes de nacionalidad mientras se resuelve su petición.

La formación considera que el documento aprobado por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022 va más allá de lo que establece la ley y amplía el acceso a la nacionalidad española sin haber pasado por las Cortes. Ese es el eje de la nueva iniciativa registrada ante la Secretaría de Estado de Justicia, con la que Vox amplía la estrategia jurídica que mantiene abierta desde hace más de dos años contra esta norma.

La denominada ‘ley de nietos’ permite acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados, incluidos quienes residen en el extranjero y nunca han vivido en España. Vox sitúa el foco precisamente en ese aspecto y sostiene que la norma podría beneficiar a cerca de 2,5 millones de personas con derecho a obtener la nacionalidad y, por tanto, también el derecho al voto.

Una nueva vía judicial contra el desarrollo de la ley

La instrucción cuya nulidad solicita Vox fue dictada por el Ministerio de Justicia para concretar cómo deben tramitarse las solicitudes de nacionalidad previstas en la ley. Además de fijar el procedimiento administrativo, el texto interpreta el alcance de algunos de los supuestos contemplados en la norma.

Es precisamente esa interpretación la que cuestiona el partido de Abascal. A su juicio, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, órgano encargado de elaborar la instrucción, ha extendido el acceso a la nacionalidad más allá de lo que aprobó el legislador. En ese contexto, Vox también destaca que la responsable de ese organismo es hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En el escrito registrado ante Justicia, la formación solicita que la instrucción sea declarada nula de pleno derecho y pide que su aplicación quede suspendida cautelarmente para impedir que continúe la tramitación de expedientes de nacionalidad hasta que exista una resolución sobre el fondo del asunto.

Esta actuación no supone el primer frente judicial abierto por Vox contra la norma. El partido ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la propia ‘ley de nietos’, un procedimiento que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el 7 de febrero de 2023 y que todavía permanece pendiente de sentencia.

La estrategia seguida ahora guarda cierto paralelismo con la utilizada por la formación en relación con el reglamento de la regularización de inmigrantes, recurrido ante el Tribunal Supremo por tratarse de una disposición reglamentaria. No obstante, Vox diferencia ambos casos al señalar que la regularización afecta a permisos de residencia, mientras que la ‘ley de nietos’ concede directamente la nacionalidad española y, con ella, el derecho de sufragio.

También pide cambios en el voto exterior

La ofensiva de Vox no se limita al Ministerio de Justicia. Coincidiendo con esta iniciativa, el partido ha registrado también dos escritos ante la Junta Electoral Central con el objetivo de actuar sobre el censo de españoles residentes en el extranjero.

En el primero solicita que se auditen y suspendan las inscripciones masivas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Además, reclama que se revisen los contratos de externalización relacionados con ese proceso, mencionando expresamente a la empresa NEORIS y al grupo estatal cubano PALCO. Según sostiene la formación, estas medidas impedirían que quienes obtengan la nacionalidad mediante la ‘ley de nietos’ puedan participar en procesos electorales mientras se revisa la situación.

En un segundo escrito, Vox pide que no se permita el voto por correo desde el extranjero al considerar que no puede garantizarse plenamente ni la identidad del elector ni la custodia del voto durante todo el procedimiento.

Desde el partido enmarcan todas estas actuaciones dentro de una estrategia que aseguran mantener desde 2023 y que se desarrolla de manera simultánea en distintos ámbitos institucionales. Según resume la propia formación, su actuación se extiende al Tribunal Constitucional, el Congreso, el Ministerio de Justicia y la Junta Electoral Central con el objetivo de combatir lo que considera una alteración del censo electoral derivada de la aplicación de la ‘ley de nietos’.

Las nuevas iniciativas llegan apenas unos días después de que Santiago Abascal endureciera su discurso sobre esta cuestión. La pasada semana acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer “adulterar el resultado de las elecciones” y de utilizar la norma para “transformar” la demografía y el censo electoral español. En ese contexto, también afirmó que el jefe del Ejecutivo pretendía mantenerse “fraudulentamente en el poder”, aludiendo además al denominado ‘caso Leire Díez’.

Ese mismo discurso continuó este martes a través de las redes sociales. En un mensaje publicado en su perfil, Abascal volvió a cuestionar las garantías del sistema electoral al asegurar que Sánchez “dio un pucherazo en las primarias de su partido y está intentando dar otro para seguir en La Moncloa”. El líder de Vox añadió que desconoce “las trampas que ha podido hacer todos estos años” y concluyó que “no se lo podemos permitir”.

La firma de una abogada de Washington que prometía “milagros” migratorios cerró el 10 de junio tras acumularse demandas de miles de inmigrantes que aseguran haber sido estafados con visas humanitarias falsas. Alexandra Lozano entregó su licencia de forma permanente antes de enfrentar un proceso disciplinario, y negó haber cometido irregularidades.

Las demandas y una investigación de ética legal sostienen que Lozano fabricó historias falsas de abuso doméstico y trata de personas para tramitar visas sin el conocimiento de sus clientes. El Colegio de Abogados del estado de Washington registró su firma en más de 53.000 casos pendientes.

El USCIS la investiga a través de su unidad de fraude, según correos obtenidos por The Associated Press.

Cómo funcionaba el esquema

La firma no ofrecía asesoría legal real, según las demandas. Lozano habría contratado cientos de empleados en Colombia, México y Argentina para atender clientes y gestionar solicitudes, sin que ningún abogado con licencia estadounidense interviniera.

El proceso seguía un patrón: indagaban en los problemas personales o laborales del cliente, los reencuadraban como abuso y presentaban solicitudes que los clientes jamás revisaron. En algunos casos, copiaron firmas en documentos que los clientes nunca vieron.

Rafael Alvarez, quien trabajó para la firma entre 2022 y 2024 en Colombia, lo describió así a AP: “Alexandra nos decía que por favor inventáramos más información sobre el abuso porque no era abuso real. Había muchos casos que no eran verdad”.

Las visas que explotó el esquema

La firma se especializó en dos programas federales con estándares de prueba más flexibles, lo que los hace más accesibles para víctimas reales, pero también más vulnerables al abuso:

• Ley de Protección a Víctimas de Trata y Violencia de 2000 (visas T)
• Ley de Violencia contra la Mujer de 1994 (VAWA), que también cubre a hombres

Los clientes obtenían permisos de trabajo con rapidez, pero años después sus casos no resistían el escrutinio al solicitar la residencia permanente.

Lo que vivieron las víctimas

Gabriel Martinez Garcia, 30 años: pagó USD 30.000. Su madre terminó en proceso de deportación pese a estar casada con un ciudadano naturalizado. “Creímos en ella y luego simplemente nos falló”, dijo a AP.

Erika Sánchez y su esposo pagaron USD 32.000 y firmaron hojas en blanco. La solicitud de su esposo contenía afirmaciones falsas de que su hija adolescente lo había abusado. Él está en proceso de deportación. “Realmente creímos que estaba haciendo lo correcto”, declaró al mismo medio.

Nora Murillo Moreno se enteró de las falsedades el día anterior a su entrevista para la tarjeta de residencia: “¿Digo lo que realmente pasó o lo que está escrito? Sabía que las cosas no coincidían”.

La posición de la defensa

El abogado Angelo Calfo, quien representa a Lozano, sostuvo que los clientes tenían la responsabilidad de revisar sus solicitudes antes de firmar y los responsabilizó por cualquier declaración falsa. En un comunicado citado por AP afirmó: “La práctica de Alexandra siempre ha sido luchar por sus clientes, perseguir con determinación cada opción legal disponible para ellos”.

El impacto en cifras

Entre los años fiscales 2020 y 2025, las solicitudes de visa por abuso doméstico pasaron de casi 15.000 a más de 53.000 por año. Las de trata de personas saltaron de alrededor de 1.000 a más de 37.000 en el mismo período, según datos del USCIS.

La administración Trump reformó los programas humanitarios en diciembre en los que alegó “fraude generalizado”, sin presentar más pruebas. Los cambios incluyen definiciones más estrechas de abuso y mayor peso a la evidencia aportada por los propios agresores.

Cecelia Levin, abogada de la Alliance for Immigrant Survivors, advirtió a AP que endurecer el acceso perjudica a las víctimas reales y que la respuesta correcta es aplicar la ley contra los abogados que cometen fraude.

El estado judicial del caso

Demanda por negligencia legal que busca compensación económica

• Demanda colectiva para recuperar honorarios pagados.
• Investigación federal activa del USCIS.
• Demandas contra al menos dos firmas en Texas y Ohio acusadas de replicar las tácticas de Lozano, lo que ambas niegan.

Cientos de exempleados acudieron a consultas con abogados voluntarios en Washington y Oregón. El abogado Vicente Omar Barraza advirtió a AP que muchos aún desconocen qué escribió la firma en sus solicitudes y que perdieron vías viables para regularizar su situación.

Señales de alerta para inmigrantes

• El abogado promete resultados garantizados o usa términos como “milagros”.
• Te piden firmar hojas en blanco o documentos sin leer.
• La asesoría la brindan personas sin licencia en Estados Unidos.
• No te muestran la solicitud antes de presentarla.
• Te enterás de los detalles de tu caso en vísperas de entrevistas o audiencias.
• Los honorarios son muy elevados y el proceso parece demasiado sencillo para tu situación.

Este martes 30 de junio termina el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes, un tiempo que la plataforma impulsora de la medida, Regularización Ya, ha reclamado prorrogar, al considerar insuficiente el periodo habilitado. Desde la apertura del proceso, el pasado 16 de abril, miles de personas han afrontado un sinfín de obstáculos administrativos y consulares para reunir la documentación exigida. Hasta el 12 de junio, el Gobierno había registrado 900.000 solicitudes, una cifra récord respecto a procesos de regularización anteriores, y cerca de 360.000 habían sido admitidas a trámite.

El 65% de las solicitudes corresponde a personas de origen latinoamericano, con especial presencia de ciudadanos colombianos, que representan el 30% del total provisional. El Gobierno dará a conocer esta semana la cifra definitiva de peticiones, aunque datos de la plataforma Mercurio adelantados por El País, indican que ya superan el millón, más del doble de lo estimado inicialmente por el Ejecutivo.

Durante las primeras semanas del proceso, quienes debían presentar el certificado de vulnerabilidad —aquellas personas sin contrato de trabajo en España y sin hijos menores a cargo— encontraron grandes dificultades para obtenerlo, más aún cuando no estaban empadronadas. La situación fue mejorando a medida que más organizaciones sociales fueron autorizadas por Extranjería para gestionar este documento. De hecho, estas entidades han desempeñado un papel clave como intermediarias entre las personas migrantes y la administración pública, facilitando la gestión de los trámites durante todo el proceso y asesorando de forma gratuita a quien lo necesitaba.

También ha habido retrasos importantes durante el proceso en las citas para obtener los antecedentes penales, sobre todo en consulados y embajadas de países como Gambia, Guinea Conakry, Senegal, Argelia y Cuba. Al no contar con la certificación de la apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, la gestión se ha complicado y ha prolongado los tiempos de espera. En los países que no forman parte del Convenio de La Haya, este certificado tiene que seguir necesariamente la vía diplomática y, en el caso de Argelia, explican desde Regularización Ya, la situación ha sido especialmente preocupante.

“En muchos casos de personas procedentes de Argelia y Cuba, los antecedentes penales se han tenido que presentar mediante una declaración responsable, porque no se han podido legalizar los trámites. La situación en las embajadas españolas de esos países es especialmente compleja”, dice a Infobae la activista Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya. También critica la falta de coordinación y de instrucciones claras por parte de las administraciones, así como la sobrecarga laboral en las oficinas de Correos y Extranjería, que ha derivado en “un trato deficiente hacia las personas migrantes”.

La activista denuncia, asimismo, los elevados costes de los trámites, la intervención de abogados y la exigencia de compulsas notariales en algunos consulados. En las últimas semanas también se han reportado quejas porque, en muchos casos, el Gobierno no ha respetado el plazo máximo de 15 días para admitir a trámite las solicitudes y conceder la autorización provisional, sostiene el movimiento.

Columba critica, además, que los sindicatos CCOO y CSIF hayan convocado una huelga para este 30 de junio en las oficinas de Correos de Cataluña, pues podría dificultar la tramitación de algunos expedientes.

Deportaciones exprés e ingresos en los CIE

Aparte de las trabas administrativas y fallos burocráticos, desde Regularización Ya también han denunciado “el aumento de las deportaciones exprés durante el proceso, así como de situaciones de discriminación y controles policiales basados en criterios raciales“, y recuerdan que hasta el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recomendó suspender las expulsiones durante el procedimiento.

El movimiento advierte que resulta especialmente grave que haya personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) sin acceso a la regularización, ”incluso cuando cuentan con toda la documentación necesaria para solicitarla". “¿Por qué una persona puede estar dentro de un CIE mientras hay un proceso de regularización extraordinaria abierto? Los CIES tenían que haber estado cerrados durante todo este periodo. Estas son las contradicciones de un Gobierno progresista que no ha sabido hacer su trabajo bien“, critica Columba.

Todos estos obstáculos, de hecho, llevaron a Regularización Ya a presentar, a mediados de junio, una petición formal ante el Congreso de los Diputados para exigir soluciones y solicitar la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque sin éxito.

Séptima regularización en España

Se trata de la séptima regularización de migrantes que se realiza en España desde la transición democrática. Cuatro de estos procesos tuvieron lugar durante gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos bajo el PP (2000 y 2001). La última, en 2005, tuvo lugar durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y facilitó la residencia legal a más de 576.000 personas.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la expulsión de un ciudadano de Gambia que permanecía en España en situación irregular y ha rechazado sustituir esa medida por una multa, como solicitaba su defensa. El tribunal concluye que la Administración justificó de forma suficiente la expulsión al apreciar varias circunstancias agravantes y descarta también que el afectado fuera menor de edad cuando se tramitó el expediente, uno de los principales argumentos en los que basó su recurso.

La resolución confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos, que ya había avalado la decisión de la Subdelegación del Gobierno de expulsarlo del territorio nacional e imponerle una prohibición de entrada durante tres años.

El procedimiento gira en torno a un ciudadano gambiano que llegó a España en 2023 y cuya situación administrativa derivó en un expediente de expulsión por encontrarse en el país sin autorización de residencia. Frente a esa decisión, el afectado sostuvo que cuando entró en territorio español todavía era menor de edad y que, por tanto, nunca debió tramitarse un procedimiento sancionador de extranjería, sino el previsto para los menores extranjeros no acompañados. De forma subsidiaria, pidió que, si se mantenía la infracción, la expulsión se sustituyera por una multa al considerar que había demostrado un importante esfuerzo de integración en España.

El debate sobre su edad

Buena parte del recurso se centró en determinar si el ciudadano era o no menor de edad cuando llegó a España. Para sostener su versión, aportó un certificado de nacimiento expedido en Gambia, diversa documentación consular y un informe del Hospital Universitario Central de Asturias que concluía que su edad ósea era compatible con 17 años y nueve meses o superior. A su juicio, esos documentos acreditaban que había nacido en 2007 y que, en consecuencia, debía haber recibido la protección prevista para los menores extranjeros no acompañados.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia recuerda que esa cuestión ya había sido resuelta meses antes por la Fiscalía de Menores de Asturias. Tras practicar pruebas radiológicas, un reconocimiento médico-forense y analizar el resto de la documentación disponible, el Ministerio Fiscal dictó un decreto en mayo de 2024 en el que concluía que el interesado debía ser considerado mayor de 18 años con una “muy alta probabilidad”. Esa resolución, además, nunca fue impugnada por el afectado.

Los magistrados subrayan que el objeto de este procedimiento no es revisar aquella decisión de la Fiscalía, sino determinar si la expulsión fue ajustada a Derecho. Por ello, consideran que no procede reabrir ahora el debate sobre la edad del recurrente, especialmente cuando la documentación que aportó para acreditar su fecha de nacimiento consistía en copias que no estaban legalizadas ni apostilladas y, por tanto, carecían de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar una resolución adoptada conforme al procedimiento legalmente previsto.

Alegó que estaba integrado en España

Una vez descartado el argumento relativo a la minoría de edad, la Sala analiza la petición de sustituir la expulsión por una multa. El ciudadano defendía que llevaba residiendo en España desde octubre de 2023 y que durante ese tiempo había realizado un importante esfuerzo para integrarse. En concreto, acreditó su asistencia a clases de castellano y la realización de distintos cursos formativos, entre ellos de electrónica, eficiencia energética y manejo de carretillas elevadoras, con la intención de mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral. También sostenía que esa permanencia continuada le permitiría optar a una autorización de residencia temporal.

No obstante, el Tribunal considera que esas circunstancias, aun siendo favorables, no bastan para impedir la expulsión. La sentencia explica que el recurrente no acreditó disponer de autorización de residencia, ni de medios económicos propios, ni de vínculos familiares en España, ni tampoco cumplía los requisitos exigidos para apreciar un arraigo con efectos jurídicos suficientes para dejar sin efecto la medida acordada por la Administración.

Por qué mantiene la expulsión

La resolución dedica una amplia parte de su fundamentación a repasar la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la Ley de Extranjería y de la Directiva europea de retorno, recordando que la expulsión no puede imponerse automáticamente por el simple hecho de encontrarse en situación irregular, sino que debe estar sustentada en circunstancias adicionales que justifiquen su proporcionalidad.

En este caso, la Sala considera que esas circunstancias sí concurrían. Entre ellas cita la falta de acreditación de cómo y cuándo se produjo la entrada en territorio Schengen, las dudas que surgieron sobre la documentación identificativa presentada durante el procedimiento para determinar su edad y la ausencia de un arraigo familiar, laboral o social con la entidad suficiente para desvirtuar la decisión administrativa.

Los magistrados recuerdan además que el esfuerzo de integración, la realización de cursos o el aprendizaje del idioma son elementos positivos, pero no eliminan por sí solos la situación irregular ni obligan a sustituir la expulsión por una sanción económica cuando la Administración ha motivado adecuadamente la concurrencia de circunstancias agravantes.

Con estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima íntegramente el recurso y confirma tanto la expulsión del ciudadano gambiano como la prohibición de entrada en España durante tres años acordada por la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

Su compañera de filas y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho esta misma denuncia en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, señalando que “la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones será Argentina”. Para la dirigente, se estarían alterando las “reglas del juego” de cara a las generales, previstas en 2027. “El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño”, ha defendido la dirigente, quien también ha advertido: “Cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece estaría haciendo algo ilegal”.

Las claves de la ley de nietos

La ley de nietos es el nombre con el que se conoce una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. Su objetivo original era reparar una deuda histórica: permitir que los descendientes de españoles que se vieron forzados al exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista pudieran recuperar la nacionalidad española. En concreto, la norma abre esa posibilidad a hijos, nietos y bisnietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad por razones políticas, ideológicas, de creencia o de identidad sexual. También se benefician las hijas de mujeres que perdieron el pasaporte español al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.

La aplicación práctica de la ley ha resultado mucho más amplia de lo previsto. Una instrucción administrativa firmada poco después de su aprobación en el Congreso eliminó en la práctica la obligación de acreditar una persecución política concreta. A partir de entonces, bastaba con ser descendiente de un español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de demostrar que el motivo fue el exilio. Eso abrió la puerta a millones de descendientes de emigrantes económicos de finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente en América Latina.

Argentina, a la cabeza

Los datos más recientes, correspondientes a junio de 2026, sitúan en 2,62 millones el número de personas que han iniciado algún trámite para acogerse a la ley. De ellas, los consulados han recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes y ya se han entregado 557.709 pasaportes. El plazo para solicitar la nacionalidad venció en octubre de 2025, pero los números siguen creciendo a razón de unas 100.000 nuevas solicitudes al mes, a medida que los consulados van procesando el atasco acumulado.

Y, en efecto, Argentina encabeza el volumen de peticiones con diferencia: los cinco consulados españoles en el país registran 462.815 expedientes, con más de 645.000 citas aún por tramitar. Al ritmo actual de resolución -unos 10.000 casos al año-, el cónsul general en Buenos Aires ha advertido que harían falta más de un siglo para ponerse al día. Tras Argentina, los principales países de origen de los solicitantes son Cuba, Brasil y México.

Díaz Ayuso ha asegurado que su gobierno estará muy pendiente de este proceso, además del papel de “cónsules y funcionarios”, temiendo por la limpieza de las próximas y cruciales elecciones generales. Para Núñez Feijóo, se trata simple y llanamente de “fabricar votantes”.

Lleva casi tres años fuera de Rusia, pero Kari ya se siente una vallisoletana más. Aunque su carrera profesional en el mundo de la fotografía comienza a despegar, todavía debe compaginar su pasión con trabajar en hostelería. Su camino hasta aquí no ha sido lineal: antes de mudarse a España, estudió programación con la idea de que ese sería su futuro. Sin embargo, la fotografía llegó más tarde, como una necesidad de expresión, identidad y supervivencia.

Kari emigró en septiembre de 2022. Aunque ha pasado la mayor parte del tiempo asentada en Valladolid, sus primeros meses fueron un tránsito que incluyó estancias cortas en Barcelona y Palencia. Su objetivo final, confiesa, es mudarse a Bilbao, atraída por el norte del país. Pero llegar hasta aquí fue el resultado de una huida contrarreloj provocada por el estallido de la guerra en Ucrania y la certeza del peligro.

Tomó la decisión de marcharse junto a su pareja de entonces para pedir asilo político en España. “Llegamos justo cuando empezó la guerra”, relata sobre aquel febrero de 2022 que vivió en shock absoluto. “Nosotras siempre hemos sido de izquierdas y ya sospechábamos que algo así podía pasar, pero cuando ocurrió nos miramos y dijimos: ‘Nos tenemos que ir’”. Quedarse implicaba el dolor de ver a su país matando a civiles, pero también un riesgo directo: “Siendo una persona queer, sabes que si hoy empiezan con esto, mañana vendrán a por ti”.

El tiempo demostró que no se equivocaban: apenas un año después de su partida, el Tribunal Supremo de Rusia ilegalizó el movimiento LGTBIQ+ al clasificarlo como “organización extremista”, una decisión que desató redadas masivas y penas de cárcel. Los meses previos a la huida fueron una odisea de planificación en medio de un colapso burocrático; intentaron pedir un visado para Hungría como puente, pero les fue denegado. Finalmente, España abrió su centro de visados y se convirtió en su única opción viable por sus facilidades para obtener el asilo por orientación sexual.

Llegar a Valladolid, sin embargo, fue fruto del azar. El colapso del sistema de citas de asilo en la policía española les impidió elegir destino. “Al principio nos gustaba Barcelona, pero es caro y en aquel momento era imposible encontrar cita allí”, comenta. El sistema informático solo les ofreció dos alternativas: Vigo o Valladolid. Como en la ciudad gallega solo quedaba una cita disponible y ellas necesitaban dos para no separarse, se decantaron por la ciudad del Pisuerga.

“Me alivió saber que no iba a necesitar tener marido”

“Soy de un pueblo muy pequeño”, señala Kari al recordar sus orígenes. Creció en una escuela de apenas 40 personas, donde siempre fue consciente de que su manera de sentir iba más allá de la normatividad del entorno. A los 12 años entendió que era lesbiana. “Cuando me di cuenta, sabía que no tenía a nadie a quien contárselo. Incluso a mis padres, sabía que no me iban a entender”, lamenta.

El armario fue obligatorio durante su adolescencia, una época tan traumática que confiesa que su cerebro ha borrado muchos recuerdos como mecanismo de defensa. Sin embargo, en su círculo de amigos de confianza sí lograba ser abierta. A pesar de la dureza, recuerda con una sonrisa el momento exacto en el que se aceptó a sí misma: “Me dio tanto alivio saber que no iba a necesitar tener un marido. Pensar que podía estar sola o con una mujer... Cuando entiendes eso, dices: ‘Guau’”.

A los 16 años se mudó a San Petersburgo para estudiar y allí convivió durante años con su pareja. Para sus padres la realidad era un secreto a voces, pero el tabú se rompió recientemente desde España. Kari confrontó a su madre sobre aquella supuesta “compañera de piso” y quiso saber si era consciente de que en realidad era su novia. La respuesta llegó al otro lado del teléfono con un frío y rotundo “hombre, claro”.

“En España puedes ser tú mismo y decir quién eres”

Actualmente, España se encuentra en los puestos más altos de Europa en materia de derechos LGTBIQ+, según el índice internacional Rainbow Europe. Aunque las asociaciones estatales siguen lamentando el repunte de los discursos de odio y las agresiones, para Kari la comparación con su país de origen ofrece un abismo de diferencia.

“No puedo decir que toda la gente tenga la mente abierta, pero hay muchísima más”, explica. “Desde el principio sientes que puedes ser tú misma, decir quién eres y cómo eres. En los últimos años he logrado estar bien con mi propio ser: cómo soy, cómo me visto, cómo me corto el pelo. Para mí es vital no tener que pensar constantemente qué ropa ponerte, de qué puedes hablar y de qué no. En Rusia tenías que esforzarte y tener cuidado para no contar ciertas cosas. Aquí no hace falta”, relata.

Emigrar con 21 años aceleró un crecimiento personal que aún continúa. Desde niña intuía que tendría que marcharse para ser feliz y formar una familia, pero el cambio llegó de forma precipitada por el conflicto y con una gran barrera: el idioma. “Llegué a España sabiendo cero de español”, recuerda. Mientras su expareja había aprendido nociones básicas antes de salir y, apoyándose en el buen nivel de inglés que Kari tenía, decidieron que “algo podrían hacer” para salir adelante.

Durante sus años en Rusia tuvo que enfrentarse a la discriminación por ser lesbiana, algo que la obligaba a esconderse todos los días: “Teníamos que decir que era mi amiga”. Tras seis años de relación, la falta de derechos y el miedo a la violencia eran una amenaza cotidiana. “Te jode mucho. Piensas ya en cosas importantes como si alguna de las dos va a un hospital y la otra no puede visitarla”, lamenta. Kari recuerda el día en el autobús cuando un hombre “alargó la mano para darnos una hostia”, aunque no llegó a pasarle nada. “Es el miedo con el que vives todos los días. Estás pensando: ‘Ay, a ver si alguien me sigue, a ver si alguien me pega’”, relata.

En España, el único episodio amargo lo vivió en el centro de acogida para migrantes donde residió al llegar a Valladolid. Unos niños ucranianos que sabían que eran rusas comenzaron a insultarla por su estética. “Me jodió mucho”, confiesa. “Estás en un centro de acogida donde no tienes nada, estás supervulnerable, solo tienes una cama que ni siquiera es tu casa, y que encima te estén llamando maricón”, indica.

Esta experiencia, sumada al contexto político actual, hace que Kari mire con preocupación el auge de los discursos de extrema derecha en España y Europa: “Me da mucha rabia porque siento que algo se está repitiendo. Por mi pasado, sé perfectamente qué puede pasar cuando se empieza a cerrar la mente de la gente y aumentan estos comentarios”.

“Pensaba que estaba sola en el mundo y que nadie me iba a entender”

La fotografía entró en su vida hace apenas dos años. Aunque empezó capturando naturaleza y rechazaba retratar a personas, un curso la retó a buscar historias humanas: “Necesitaba contar algo importante, que me llene y me toque el corazón”, explica. Así, uniendo su cámara con su propia biografía, nació la idea de retratar la diversidad de la comunidad LGTBIQ+ y migrante de la mano de Fundación Triángulo. Al principio, Kari dudaba de si encontraría perfiles como el suyo en una ciudad pequeña: “Pensaba que estaba sola en el mundo y que nadie me iba a entender, pero descubrí que todos los participantes sentían exactamente lo mismo: que estaban solos”.

El resultado fue “Entre lo visible y lo invisible”, una exposición en el Espacio Joven Norte de Valladolid que invita a sumergirse en las vidas de la migración queer. Tras el rotundo éxito de la muestra, que ha servido para tejer una red comunitaria y devolver la identidad a sus protagonistas, Kari tiene claro que quiere volcarse en el formato documental. Su meta es publicar un fotolibro y visibilizar a quienes chocan con la supuesta normalidad sin recrearse en el drama: “Quiero reflejar la tranquilidad que intentamos tener, dar visibilidad a nuestras vidas y decirle al mundo: ‘Mira, soy una persona como tú’”.

El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, informó que el Gobierno hondureño planteará a las autoridades estadounidenses la posibilidad de conceder un período de seis meses para que los hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan realizar una salida ordenada del país, en caso de que el programa deje de estar vigente para ellos.

El diplomático explicó que la propuesta pretende ofrecer un margen razonable para que los beneficiarios puedan concluir sus compromisos laborales, educativos, financieros y familiares, mientras continúan las gestiones diplomáticas con las autoridades estadounidenses en busca de alternativas que favorezcan a la comunidad hondureña.

“Sin ánimo de asumir compromisos ni generar expectativas, es muy importante decirlo, pero sí estamos considerando que un período de seis meses sería apropiado”, manifestó Flores Bermúdez, al señalar que muchos hondureños cuentan con inversiones, empresas, maquinaria, empleados y otros activos que requieren tiempo para ser liquidados o trasladados de manera adecuada.

El embajador indicó que el Gobierno de Honduras es consciente de la preocupación que existe entre los miles de compatriotas beneficiarios del TPS tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual, aunque está relacionada con casos de ciudadanos sirios y haitianos, podría establecer un precedente para otros programas migratorios.

“Es una situación grave que afecta a miles de hondureños y, desde luego, tiene un impacto también a nivel interno en el país”, expresó el funcionario, quien recordó que una eventual finalización del TPS tendría repercusiones tanto para las familias radicadas en Estados Unidos como para la economía hondureña.

Flores Bermúdez reveló que, tras conocerse la decisión judicial, el presidente Nasry Asfura instruyó a la representación diplomática hondureña a intensificar las gestiones con las autoridades estadounidenses para procurar algún tipo de alivio, ya sea humanitario o de otra naturaleza, que permita proteger a los connacionales.

Según explicó, la prioridad es lograr un acercamiento que facilite un proceso ordenado para quienes eventualmente deban abandonar Estados Unidos, evitando que miles de familias enfrenten una salida abrupta que afecte su estabilidad económica y personal.

El embajador subrayó que muchos beneficiarios del TPS han construido su vida durante años en territorio estadounidense y mantienen responsabilidades que no pueden resolverse de manera inmediata.

“Hay familias que tienen hijos en las escuelas, personas que reciben tratamientos médicos y otras que mantienen hipotecas sobre sus viviendas. Todo eso requiere tiempo para poder cerrarse de manera responsable”, señaló.

Asimismo, destacó que el objetivo de la propuesta no es retrasar indefinidamente una eventual salida, sino permitir que quienes deban regresar a Honduras puedan hacerlo de manera digna, cumpliendo previamente con sus obligaciones y evitando pérdidas económicas mayores.

El diplomático recordó que el TPS ha permitido durante años que miles de hondureños residan y trabajen legalmente en Estados Unidos, contribuyendo tanto a la economía estadounidense como al sostenimiento de sus familias mediante el envío de remesas.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno hondureño continuará impulsando el diálogo con las autoridades de Washington mientras se analiza el alcance que podría tener el precedente establecido por la reciente decisión de la Corte Suprema sobre otros programas migratorios.

Finalmente, Flores Bermúdez reiteró que la administración hondureña mantendrá el acompañamiento a los beneficiarios del TPS y aseguró que las gestiones diplomáticas seguirán enfocadas en buscar alternativas que reduzcan el impacto de cualquier decisión que pueda afectar a la comunidad hondureña residente en Estados Unidos.

El desplazamiento de más de 838,000 nicaragüenses desde 2018 convirtió a Nicaragua en el escenario del mayor éxodo contemporáneo de Centroamérica, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más. Un informe presentado en el Día Mundial de las Personas Refugiadas indicó que el 11.8% de la población abandonó el país por la crisis iniciada en abril de ese año.

La situación migratoria nicaragüense está ligada a la crisis política y de derechos humanos que comenzó en abril de 2018. El informe atribuye la salida de miles de personas a la persecución política, la inseguridad jurídica y el cierre de espacios cívicos.

El exilio nicaragüense y sus consecuencias

En los últimos años, parte de la sociedad nicaragüense se vio forzada a emigrar. Entre las personas desplazadas figuran periodistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, activistas, estudiantes y opositores, que buscaron protección fuera del país ante la imposibilidad de ejercer sus derechos fundamentales.

El informe subraya: “El exilio se ha convertido en una de las consecuencias más profundas y visibles de la crisis nacional”. También señala que las causas de esta migración incluyen la represión estatal y la falta de oportunidades laborales y educativas, lo que derivó en un desarraigo forzado y prolongado.

Costa Rica se consolidó como el principal destino para quienes huyen de Nicaragua. Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indican que, para finales de octubre de 2025, 207,456 personas habían recibido protección internacional en ese país y que aproximadamente el 85% de ellas era de nacionalidad nicaragüense.

Dificultades y riesgos para los refugiados

El acceso al empleo, la educación y la atención médica sigue siendo un reto para la población desplazada. El informe resalta que “cada solicitud de refugio esconde historias de separación familiar y exilio forzado” y advierte sobre la precariedad que enfrentan miles de nicaragüenses para establecerse en los países receptores.

Algunos exiliados también enfrentan riesgos de seguridad. El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam y los ataques sufridos por el activista Joao Maldonado en Costa Rica, según el colectivo, muestran la vulnerabilidad de muchas personas refugiadas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección internacional.

Llamados a la acción internacional

Ante la magnitud del fenómeno, el Colectivo Nicaragua Nunca Más instó a los gobiernos de la región y a organismos internacionales a reforzar las medidas de protección. También pidió mayor cooperación internacional para que los países receptores no asuman solos el peso de la crisis migratoria nicaragüense.

El colectivo planteó que entidades como ACNUR, Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mantengan la situación de Nicaragua en sus agendas. El objetivo, según el informe, es garantizar la seguridad de quienes continúan saliendo del país y facilitar su integración en las sociedades de acogida.

Origen y evolución de la crisis

La crisis sociopolítica en Nicaragua estalló en abril de 2018 y se agravó tras las elecciones de 2021, un proceso cuestionado por la comunidad internacional. Esa escalada alteró la vida de cientos de miles de personas y también impactó en la dinámica de la región.

Un aproximado de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición viven en Panamá, en su gran mayoría naturales de Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

Panamá ha sido históricamente un país de tránsito y acogida, por lo que las autoridades trabajan de manera continua para garantizar que quienes solicitan protección reciban una respuesta digna, justa y oportuna.

“Estas personas no son números, ni estadísticas; son seres humanos que requieren apoyo”, señaló Tania Lam, directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar).

Lam hizo un llamado a actuar con empatía, facilitar la integración social, combatir la discriminación y asegurar la eficiencia en los procedimientos legales de protección.

La condición de refugiado en el país se solicita a través de un portal del Ministerio de Gobierno, donde la persona solicitante debe hacer una relación de los hechos en los cuales fundamenta el temor de persecución.

Posteriormente, la Onpar evalúa si la solicitud reviste la apariencia de cumplir con los criterios incluidos en la definición de refugiado contenida en las leyes vigentes.

De ser admitida la solicitud, el Servicio Nacional de Migración le otorga a cada miembro del grupo familiar solicitante un documento provisional de identificación por un periodo de seis meses.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, prepara un informe dirigido a las autoridades competentes con recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos de la población migrante.

Funcionarios de esta entidad realizaron esta semana una visita de seguimiento a los centros de retención administrativa masculino y femenino del Servicio Nacional de Migración.

La inspección perseguía verificar el cumplimiento de recomendaciones emitidas en visitas anteriores y evaluar condiciones materiales, acceso a servicios básicos, actividades para las personas retenidas y respeto al debido proceso.

Estas acciones buscan identificar y prevenir situaciones de posibles torturas o malos tratos hacia los migrantes.

La Defensoría del Pueblo informó que durante la jornada se contó con el acompañamiento técnico de oficiales de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además, se aplicó una herramienta de monitoreo regional de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson a las personas migrantes retenidas en ambos centros.

Hace un año, al cierre de junio, 117,3 millones de personas en el mundo habían sido desplazadas por persecuciones, conflictos, violaciones a los derechos humanos, violencia o graves alteraciones al orden público, consigna el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En comparación con 2024, esta cifra supone una disminución de casi el 5%, o sea, 5,9 millones de personas menos.

Este cambio, registra Acnur, refleja el fuerte aumento en el número de retornos de personas refugiadas y desplazadas internas en algunas de las situaciones de desplazamiento más graves del mundo, como Afganistán, la República Democrática del Congo, Sudán y Siria.

Sin embargo, muchos de estos retornos se han producido en condiciones adversas y hacia zonas que continúan siendo inseguras y con escaso o inexistente acceso a servicios básicos, lo que suscita preocupación por la sostenibilidad de los mismos.

La mayoría de las personas que se ven obligadas a huir de su hogar, añade la Acnur, nunca cruzan una frontera internacional, sino que permanecen desplazadas dentro de sus propios países.

El organismo internacional revela que a finales de junio de 2025 se estima que había 67.8 millones de personas desplazadas internas por conflictos o violencia en el mundo, un 8% menos que a finales de 2024.

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En Estados Unidos, un par de hermanos fueron sentenciados luego de que fue determinada su responsabilidad en los delitos de participar en una estructura dedicada al tráfico de personas.

Se trata de Edgar Daniel Guzmán y Jesika Guzmán García, de 32 y 35 años, respectivamente. El hombre fue identificado como líder y encargado de la organización que operaba en México y el sur de EEUU, de manera particular en Alabama, Luisiana, Oklahoma y Texas.

Ambos fueron sentenciados por su “participación en una organización de tráfico de personas a gran escala (ASO, por sus siglas en inglés) directamente vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG”.

Las operaciones de la estructura además fueron registradas en le periodo de 2021 a 2026, tiempo en el que el grupo realizó asesinatos, allanamientos y secuestros.

Daniel Guzmán se encargaba de coordinar intentos de trafico de personas. El 21 de julio del año pasado, el hombre se declaró culpable de un cargo de conspiración para tomar rehenes y para el 22 de junio fue sentenciado a cadena perpetua.

El papel de la mujer en la estructura criminal

Por su parte, Jesika Guzmán, fue identificada como una de las co conspiradoras dentro de la estructura criminal. La mujer estuvo relacionada con un caso de contrabando que derivó en la muerte del conductor del vehículo de contrabando y dos migrantes que no contaban con documentos.

Tanto ella como su hermano usaban la cuenta de CashApp de Guzmán García, la cual estuvo relacionada con intentos fallidos de tráfico de personas en el Distrito Oeste de Texas.

A través de la aplicación, Daniel Guzmán hizo pagos entre julio de 2018 y abril de 2023 que sumaron más de 84 mil dólares, según los registros oficiales.

La mujer se declaró culpable el 7 de agosto de 2025 de un cargo de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados con resultado de muerte. Fue sentenciada el 23 de junio a 405 meses (más de 33 años) de prisión .

Sentenciado mexicano ligado al CJNG

En otras acciones, el 4 de junio pasado Elián René Fabián Valladolid, un hombre de origen mexicano de 26 años identificado por las autoridades estadounidenses como líder de una célula local vinculada al CJNG, fue sentenciado a 262 meses de prisión —más de 21 años— por un tribunal federal en Charlotte, Carolina del Norte.

La pena corresponde a cargos de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo, heroína y metanfetamina, según anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, en un reporte publicado el 4 de junio. Al término de su condena, Valladolid será deportado.

En la audiencia de sentencia, el gobierno solicitó y obtuvo un aumento de la pena con base en el rol de liderazgo que Valladolid ejerció dentro de la organización delictiva. Los documentos presentados ante el tribunal lo vinculan con una organización de narcotráfico multidrogas con base en México y conexiones directas con el CJNG, estructurada en células locales dedicadas a la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Entre 2022 y 2023, Valladolid dirigió la célula local de esa organización, supervisó las actividades de distribución y participó en el reclutamiento de nuevos miembros.

Durante la investigación, las autoridades identificaron escondites utilizados por integrantes de la red para almacenar drogas, entre ellos un almacén sobre el que obtuvieron y ejecutaron una orden de registro.

Como resultado del operativo, los agentes incautaron bolsas, maletas y cajas con drogas y artículos de contrabando, además de materiales de empaque, cuatro balanzas digitales, una prensa para drogas y un agente de corte empleado para adulterar los narcóticos y aumentar el volumen del producto destinado a la reventa.

El flujo migratorio inverso que atraviesa Panamá continúa creciendo, aunque mantiene una tendencia de desaceleración mensual.

Hasta el 21 de junio de 2026, las autoridades habían contabilizado 4,912 migrantes dentro del denominado flujo norte-sur, es decir, personas que regresan desde Norteamérica hacia Suramérica tras abandonar sus planes de establecerse en Estados Unidos o luego de verse afectadas por el endurecimiento de las políticas migratorias en la región.

La cifra representa un aumento de 588 personas en apenas 35 días respecto al reporte anterior divulgado por el Servicio Nacional de Migración el pasado 17 de mayo, cuando el acumulado era de 4,324 migrantes. En términos porcentuales, el flujo inverso creció 13.6% durante ese período.

A pesar del incremento acumulado, los datos muestran que la intensidad del fenómeno continúa disminuyendo mes a mes. En enero se registraron 1,250 migrantes retornando hacia el sur; en febrero fueron 1,086; en marzo 916; en abril 674; en mayo 537; y en los primeros 21 días de junio se contabilizaban 449. De mantenerse esa tendencia, junio cerraría nuevamente por debajo de los niveles observados a inicios de año.

Las estadísticas de la Dirección de Operaciones y Control Migratorio confirman que la migración de retorno sigue siendo predominantemente venezolana. Del total de 4,912 personas registradas en el flujo norte-sur, 4,481 son ciudadanos de Venezuela, equivalentes a más del 91% del total.

Les siguen ciudadanos de Colombia con 181 casos, Ecuador con 58, personas nacidas en Estados Unidos con 53 registros —principalmente hijos de migrantes— y 139 personas de otras nacionalidades.

Comparado con el reporte de mediados de mayo, los venezolanos aumentaron de 3,991 a 4,481 personas, es decir, 490 migrantes adicionales en poco más de un mes. Los colombianos pasaron de 149 a 181, mientras que los ecuatorianos aumentaron de 39 a 58 casos.

La logística para atender este fenómeno continúa concentrándose en la frontera oriental del país. Al 21 de junio permanecían 30 migrantes del flujo inverso en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Darién y otros 17 en Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala. No se reportaban personas alojadas en el centro de Miramar.

Las operaciones humanitarias y de transporte siguen siendo uno de los componentes más importantes de la estrategia gubernamental para gestionar el retorno hacia Suramérica.

El informe revela que se han realizado 445 evacuaciones aéreas hacia Puerto Obaldía, además de 786 traslados marítimos en barcazas operadas con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval. También se contabilizan 11 vuelos del SENAN, siete operaciones en barcazas y un vuelo particular vinculado a estos movimientos.

La evolución semanal del flujo muestra variaciones importantes. Entre el 14 y el 20 de mayo se registraron 97 personas; del 21 al 27 de mayo fueron 38; entre el 28 de mayo y el 3 de junio aumentaron a 193; del 4 al 10 de junio descendieron a 70; y entre el 11 y el 17 de junio volvieron a subir hasta 186 migrantes.

Mientras el flujo de retorno continúa acumulando miles de personas, el tránsito irregular tradicional por la selva del Darién permanece en niveles históricamente bajos. El informe reporta apenas 255 ingresos irregulares durante 2026, de los cuales 219 corresponden a adultos y 36 a menores de edad. Tan solo una llegada fue registrada durante la jornada inmediatamente anterior al reporte.

La distribución mensual de estos cruces también refleja una actividad reducida. En enero ingresaron 34 migrantes irregulares; en febrero 19; en marzo 39; en abril 43; en mayo 43; y en junio, hasta el día 21, se contabilizaban 77 personas.

Los venezolanos continúan liderando los ingresos por Darién con 131 casos, seguidos por ecuatorianos con 38 y colombianos con 42. Las autoridades agrupan otras 44 personas dentro de la categoría de otras nacionalidades.

El reporte también incluye datos sobre deportaciones y expulsiones. Hasta el 21 de junio, Panamá había ejecutado 3,461 medidas migratorias de este tipo, de las cuales 2,759 corresponden a deportaciones y 702 a expulsiones. Del total, 2,960 fueron realizadas mediante el acuerdo de cooperación con Estados Unidos.

Dentro de ese programa conjunto, 2,546 corresponden a hombres y 414 a mujeres. Los principales países de origen son Colombia con 1,773 personas, Ecuador con 460 e India con 236. También se registran 57 ciudadanos de Vietnam, 39 de Camerún y 395 personas de otras nacionalidades.

Las estadísticas también muestran la dimensión operativa del programa. Se han realizado 71 vuelos chárter y 224 vuelos comerciales asociados al memorando de entendimiento migratorio. Además, el cronograma oficial contempla nuevos vuelos hacia Venezuela y Finlandia entre finales de junio y mediados de julio.

Aunque el flujo migratorio irregular hacia el norte sigue muy por debajo de los niveles históricos observados durante la crisis migratoria de 2022 y 2023, el crecimiento sostenido del flujo inverso confirma que Panamá continúa desempeñando un papel central en la nueva dinámica migratoria regional: ya no solo como corredor de tránsito hacia Norteamérica, sino también como ruta de retorno para miles de personas que emprenden el camino de regreso hacia Suramérica.

La Unión Europea se ha reunido este martes con una delegación del Gobierno talibán de Afganistán en Bruselas para abordar la deportación de ciudadanos afganos que hayan cometido delitos graves y que representen un peligro para la seguridad, un primer encuentro con representantes de este país desde que tomaron el poder en 2021 que ha generado polémica y rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda. La cita contó con la participación de funcionarios de la Comisión Europea y de Suecia, junto a representantes de otros quince Estados miembros, si bien España no formó parte de las delegaciones.

Según dijeron a EFE fuentes del Ministerio de Exteriores del Gobierno de facto talibán, el eje de las conversaciones fue la posible reanudación de los servicios consulares integrales para los afganos en toda Europa. Las conversaciones también abarcaron medidas de fomento de la confianza, el establecimiento de presencia consular y los mecanismos para facilitar un proceso digno para los afganos retornados.

A pesar de que el encuentro mantuvo un enorme hermetismo y no se anunciaron acuerdos formales, las partes calificaron las conversaciones como constructivas y manifestaron su esperanza en que este acercamiento facilite un mayor diálogo y la mejora de la atención consular para los afganos residentes en el extranjero. “Las reuniones fueron constructivas y se espera que contribuyan a avances positivos y ayuden a crear las condiciones para salvaguardar los derechos consulares de los afganos residentes en el extranjero”, añadieron las fuentes consultadas por EFE.

La Comisión Europea, asimismo, evitó dar detalles sobre si hubo mujeres en la delegación talibán que ha participado en el encuentro, al ser preguntada por este tema en rueda de prensa. El relator especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, calificó a mediados de abril como “sumamente preocupantes” los planes de la Comisión de celebrar estas reuniones.

La UE no reconoce el Gobierno talibán

Cabe recordar que la Unión Europea no reconoce al Gobierno talibán desde que asumió el poder en el país en 2021, tras la salida de las tropas estadounidenses y aliadas, por lo que tanto organizaciones de derechos humanos como formaciones políticas progresistas han criticado este acercamiento, advirtiendo sobre el riesgo que enfrentan los deportados y sobre el precedente de interlocución institucional con autoridades no reconocidas en materia migratoria y de derechos fundamentales.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional consideran que los intentos de deportar a personas afganas “contravienen abiertamente los propios criterios de derechos humanos de la UE en su relación con los talibanes”. “Pasan por alto los riesgos reales y bien documentados que correría cualquier persona devuelta al país, así como los motivos que habría tenido esa persona para huir de allí, como el riesgo de persecución, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y represalias bajo el régimen talibán”, ha señalado Eve Geddie, directora de Amnistía Internacional ante las instituciones europeas.

“El sistema de represión institucionalizada de los talibanes afecta a todos los ámbitos de la vida diaria e incluye gravísimas restricciones de los derechos de las mujeres y las niñas, el uso de la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada, los arrestos arbitrarios y las ejecuciones extrajudiciales. Toda implicación de la UE en deportaciones a Afganistán es irresponsable y peligrosa, y pasa por alto las obligaciones jurídicas de la propia UE, principalmente la de no devolver a ninguna persona a un lugar donde su vida correría peligro", concluye Geddie.

La Audiencia Nacional ha decidido detener la deportación de una familia venezolana y permitir su entrada a España, al considerar que podrían existir razones humanitarias que las autoridades no tuvieron en cuenta al rechazar su solicitud, según ha informado este miércoles la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un comunicado.

La familia, que incluye un menor, solicitó protección internacional en el aeropuerto de Madrid Barajas los pasados 10 y 11 de junio, pero su petición fue rechazada poco después, el día 18, porque el Ministerio del Interior consideró que sus argumentos eran “insuficientes e inverosímiles”, por lo que CEAR presentó un recurso judicial. La organización asegura que las autoridades no se pronunciaron sobre las razones humanitarias que hasta hace pocos días sí permitían la entrada de personas venezolanas en situaciones similares.

El cambio se debe a una nueva instrucción del Ministerio del Interior, que desde el 12 de junio dejó de conceder permisos de residencia por razones humanitarias, al considerarlo incompatible con las normas del Pacto Europeo de Migración y Asilo que entraron en vigor en esa misma fecha. No obstante, CEAR sostiene que las razones humanitarias siguen siendo válidas según la ley española y europea.

“La configuración legal y la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo distinguen expresamente las razones humanitarias de los estatutos de protección internacional, por lo que el Ministerio de Interior no se puede escudar en su entrada en vigor para dejar de aplicar una previsión legal que no ha sido derogada”, señala Elena Muñoz, coordinadora de Jurídico de CEAR.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a esta organización y ha ordenado que se reconsideren los motivos humanitarios en el caso de esta familia, sobre todo porque hay un menor y la ley exige especial atención en casos de vulnerabilidad. El tribunal también señala que el riesgo de deportar a esta familia es alto, por lo que confirma que deben quedarse en España mientras se revisa su caso.

Bajan un 13% las peticiones de asilo

Según los datos del último informe de CEAR, en España se presentaron 144.396 solicitudes de protección internacional en 2025, un 13,7% menos respecto a 2024, a pesar de que los conflictos, persecuciones u otros actos violentos no han dejado de aumentar en todo el mundo. Esta cifra supone un 4% menos respecto a 2024, por lo que por primera vez se ha interrumpido la tendencia al alza. No obstante, España es el tercer país europeo que más solicitudes recibió, solo por detrás de Alemania y Francia.

La organización explica que ese descenso de peticiones responde, por un lado, “al impacto del Reglamento de Extranjería (RELOEX)”, que entró en vigor en mayo de 2025 y no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo, y, por otro, “al progresivo endurecimiento de las políticas migratorias, en particular los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal”.

América Latina y África son las principales regiones de las que proceden 9 de las 10 nacionalidades con mayor número de solicitudes, con Somalia y Guinea como principales novedades, a las que se suma Palestina. Venezuela, no obstante, es el país que acumula más peticiones de asilo, con un total de 85.413, seguido de Mali, con 16.004, y de Colombia, que suma 14.524.

El número de inmigrantes cubanos que solicitó refugio en Brasil en 2025 superó por primera vez al de venezolanos, según el estudio “Refugio en Números 2026" divulgado este lunes por la organización no gubernamental Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra).

De las 75.599 solicitudes de refugio recibidas por el Gobierno brasileño el año pasado, 41.919 provinieron de cubanos, lo que representa el 55,4% del total, según el informe elaborado por OBMigra en conjunto con el Ministerio de Justicia.

Las solicitudes de cubanos aumentaron un 88,1% respecto a 2024. El estudio atribuye este incremento a la crisis de desabastecimiento en la isla y al empobrecimiento poblacional provocado por el colapso económico en Cuba.

Los venezolanos pasaron al segundo lugar entre los extranjeros que más refugio solicitan en Brasil, con 21.233 peticiones en 2025, equivalentes al 28,1% del total.

Las solicitudes de refugio de venezolanos disminuyeron notablemente tras el arresto del ex dictador Nicolás Maduro y el cambio de Gobierno en el país vecino.

Durante los cuatro primeros meses de 2026, las peticiones de refugio venezolanas descendieron un 39,7%, con 4.274 solicitudes, el menor número para ese periodo desde la pandemia de 2021.

Entre 2000 y 2025, Brasil acumuló cerca de 553.000 solicitudes de refugio de venezolanos, aproximadamente el 50% del total registrado en ese lapso.

Después de cubanos y venezolanos, los principales solicitantes de refugio en Brasil en 2025 fueron los colombianos (1.432), angoleños (1.253), marroquíes (888) y ghaneses (792).

Según el Observatorio de Migraciones Internacionales, las solicitudes de refugio han mostrado una tendencia al alza en los últimos años tras la caída ocurrida durante la pandemia del COVID-19.

En 2022 ascendieron a 50.355, en 2023 a 58.628, en 2024 a 68.159 y en 2025 a 75.599, lo que representa un incremento del 10,9% en el último año.

El volumen de solicitudes en 2025 fue el tercero más alto, solo superado por las cifras de 2018 y 2019, años marcados por un éxodo masivo de venezolanos que huían de la crisis humanitaria, social, económica y política de su país.

Según los datos de 2025, los hombres realizaron más solicitudes de refugio que las mujeres, con el 55,9% del total.

Entre los cubanos, la mayoría de los solicitantes de refugio en Brasil (67,8%) tiene más de 60 años.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha frenado la orden de expulsión y la prohibición de entrada durante cinco años de un ciudadano extranjero tras conseguir acreditar su arraigo con un permiso de residencia temporal que le fue aceptado durante el proceso judicial.

La Delegación del Gobierno en Aragón dictó el pasado mes de noviembre una orden de expulsión por su estancia irregular en aplicación del artículo 53.1.a de la Ley de Extranjería, apoyada en una entrada previa sin documentación y una devolución anterior dictada desde Tenerife el pasado 2023. Tras desestimarse su recurso de reposición ante la administración, Pedro decidió recurrir a la vía judicial. Pero un mes más tarde, el Tribunal de Instancia de Zaragoza confirmaría su expulsión.

No obstante, en el transcurso del proceso, Pedro residía en Jaén y había iniciado el proceso para solicitar el permiso de residencia temporal por arraigo socioformativo, al haber acumulado entonces más de dos años en España, si bien no especifica si fue en esa provincia.

Se trata de una autorización que permite a los extranjeros permanecer en el país mientras realizan estudios o formaciones que faciliten su inserción en el mercado laboral. Puede ser prorrogado por otros 12 meses si la persona sigue cursando la formación requerida y, una vez finalizada, podrá solicitar un permiso de residencia y trabajo si logra un contrato laboral relacionado con los estudios realizados. Este permiso le fue concedido el 13 de febrero de 2026, por lo que le autorizaba a permanecer y trabajar hasta el 12 de febrero de 2027.

El permiso prevalece sobre sus antecedentes irregulares

Y esta nueva situación ha resultado determinante para que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón estimara su recurso, anulando la expulsión y permitiendo que Pedro continúe su vida en el país mientras dure el permiso. El tribunal ha considerado que las circunstancias personales y la concesión del permiso de residencia temporal prevalecen sobre los elementos negativos (la entrada irregular en el país o la indocumentación inicial) que alegó la administración.

La sentencia ha anulado definitivamente la expulsión y cualquier condena en costas para ambas partes. No obstante, la resolución advierte que la Administración aún puede preparar recurso de casación ante el Tribunal Supremo —por infracción de norma estatal o de la Unión Europea— o ante el propio Tribunal Superior de Justicia —por infracción de derecho autonómico—, en el plazo de treinta días desde la notificación.

Desde el comienzo del Mundial de Fútbol 2026 hay un tema que ocupa titulares y destaca en muchos de los partidos: en este torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, uno de cada cuatro jugadores nació en un país distinto al que representan los colores de su camiseta y solo ocho, de las 48 selecciones participantes, están conformadas únicamente por futbolistas nacidos en el mismo país que defienden en la cancha. Es la estadística de “extranjeros” más grande en la historia de los mundiales. Las listas, reproducidas en muchas notas y medios, cuentan 289 futbolistas convocados que encarnan esta situación pero que no clausura el asunto: muchos equipos también incluyen integrantes que, si bien nacieron en el país que representan, son hijos de padres que migraron desde otras partes del mundo. Algunos a causa de trabajo, incluso del mismo trabajo, hijos de futbolistas profesionales ya consagrados que se mudaron para hacer carrera —en la selección argentina cuentan como migrantes jugadores que responden a este caso pero representan al país de sus padres: Nicolás Paz y Giuliano Simeone, nacidos en España e Italia, respectivamente—. Otros no.

Y detrás de los que no, o de muchos de ellos, o de sus comunidades, hay realidades que suelen quedar afuera del haz de luz del reflector.

Una publicación de Amnistía Internacional fue al hueso: “Desde Lamine Yamal [N. de la R.: hijo de padres africanos] hasta gran parte de la selección de Estados Unidos, muchas de las historias que hoy brillan en la cancha tienen raíces migrantes. Sin embargo, mientras se aplaude a futbolistas con historias de migración, fuera del estadio millones de personas migrantes siguen enfrentando persecución, discriminación y deportaciones”. “Son aplaudidos en la cancha, pero perseguidos fuera de ella”.

El organismo que protege los derechos humanos menciona algunos ejemplos, como el de Alphonso Boyle Davies. El capitán del seleccionado canadiense nació en Ghana, en un campo de refugiados al que habían llegado sus padres huyendo de Liberia, que se encontraba en una guerra civil. Cuando Davies tenía cinco años la familia se desplazó a Canadá.

Amad Diallo, que se convirtió en el héroe de Costa de Marfil después de anotar el gol que le aseguró la victoria frente a Ecuador, llegó a Italia en 2015, con 12 años, víctima de una red de trata de personas. Cuando las migraciones vía el Mediterráneo estaban en un punto álgido, fue trasladado desde su país por una organización criminal que falsificaba documentos para ingresar menores africanos, especialmente futbolistas, a Italia. Cuando llegó se dio cuenta de que le habían asignado una identidad falsa y que en los papeles aparecía como hijo de personas que no conocía. También estaba registrado que Hamed Junior Traoré, jugador del Olympique de Marsella, era su hermano: tiempo después se comprobó que no compartían lazo de sangre alguno. Los dos habían sido entregados a diferentes familias ignorando absolutamente lo que sucedía. Aún así quiso representar a Costa de Marfil en la Copa del Mundo.

Antonio Rüdiger, el futbolista alemán que juega de defensa en el Real Madrid, nació en Berlín y creció en una comunidad compuesta, en su mayoría, por refugiados. Sus padres habían huido de la guerra civil de Sierra Leona, África, en 1991. Aunque vive días de esplendor no olvida sus raíces y se pronuncia en contra de los estereotipos y la dsicriminación hacia las personas refugiadas y en contra del racismo cada vez que puede. En 2021 escribió un texto para The Players’ Tribune titulado “Este artículo no acabará con el racismo en el fútbol”, en el que cuenta cómo la discriminación afectó su vida, tanto en el deporte como en el plano personal.

Rüdiger, junto a otras estrellas con pasados similares, participó en la previa de este Mundial de una iniciativa de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR): “la creación de un equipo simbólico formado por futbolistas de todo el mundo marcados por experiencias de refugio y desplazamiento forzado”, define el organismo. Llamado Gamechanging Team, la acción de difusión busca hablar de coraje, de historias de superación y resiliencia y, principalmente, mostrar lo que puede suceder cuando personas que huyen de contextos de emergencia, violencia y guerras son acogidos por otros Estados que los protegen y les permiten un futuro.

Este equipo simbólico tiene de capitán al Embajador de Buena Voluntad de ACNUR, y capitán del equipo canadiense, Alphonso Davies. Y está compuesto, además de Rüdiger, por los futbolistas Asmir Begović, que huyó de Bosnia con cuatro años y representó a Bosnia y Herzegovina en su primer Mundial; Ali Al-Hamadi, que huyó de Irak, se refugió en Reino Unido y ayudó a su país a clasificarse para su primer Mundial en 40 años; Eduardo Camavinga, que representa a Francia, donde sus padres se instalaron después de vivir la guerra en Angola y decidir otra vida para su familia; Victor Moses, que huyó de Nigeria hacia el Reino Unido y llegó a representar a su país de nacimiento; Mohamed Touré, quien nació como refugiado en Guinea y se reasentó en Australia, cuya camiseta defiende; Awer Mabil, nacido en el campamento de refugiados de Kakuma y jugador con la camiseta australiana; Nestory Irankunda, nacido en un campamento de refugiados en Tanzania y reasentado en Australia, a quien representa; Bernard Kamungo, criado en un campamento de refugiados en Tanzania antes de reasentarse en Texas, Estados Unidos, selección de la que ya formó parte en varias oportunidades; y Ermedin Demirović, cuyo padre huyó de Bosnia para iniciar una nueva vida en Alemania, donde nació y creció el futbolista que eligió representar a la nación en sus raíces.

Incluso hay, en este Mundial, cuatro pares de hermanos que representan a distintas selecciones. Los hermanos Doué —nacidos en Francia, hijos de un padre marfileño quien los inició en el fútbol: Désiré representa a Francia y Guéla, a Costa de Marfil—, los hermanos Williams —sus padres huyeron de Ghana con el estallido de una guerra civil, caminaron descalzos por el desierto del Sahara y lograron asentarse en Bilbao. Iñaki representa a Ghana y Nico, a España—, los hermanos Derrick Luckassen y Brian Brobbey —hijos de padres ghaneses que huyeron a Ámsterdam durante la misma guerra civil que la familia Williams, Derrick quiso llevar el apellido de su madre y Brian el de su padre; y en el encuentro internacional Derrick defiende los colores de Ghana y Brian, los de los Países Bajos— y los hermanos Souttar —los dos defensores centrales, John y Harry, nacieron en Aberdeen, la tercera ciudad más grande de Escocia. John juega por la copa con la camiseta de su país de nacimiento y Harry con la del país de su madre, Australia.

Y es solo una muestra.

Nacionalidad: migrante

Detrás de los 289 futbolistas que juegan con otras banderas o escogen los colores de las de sus madres y padres como gesto simbólico de agradecimiento o reivindicación a esas raíces; detrás del equipo marroquí, que marcó un hito sin precedentes cuando, frente a Brasil, jugó con once futbolistas nacidos fuera de su tierra y tiene un cuerpo formado por 19 jugadores en la misma situación; detrás del seleccionado de Curazao, que cuenta con un solo jugador nacido en la isla y 25 oriundos de Países Bajos; del de la República Democrática del Congo, que tiene 20 oriundos de otros suelos; y del equipo francés, que aunque tiene mayoría de nacidos en su país más de la mitad de sus integrantes cuentan historias de traslados, hay precisamente eso: historias de traslados. Más dramáticas, menos dramáticas. Muchas —quizás todas— difíciles.

En el mapamundi migratorio existen, por supuesto, quienes se mudan por elección, por trabajo, por aventura, por amor. Quienes lo hacen con un futuro más o menos asegurado o la certidumbre de que, en cualquier caso, siempre pueden volver. Pero existen tantos otros para los que el desplazamiento no es opción. Las crisis humanitarias, los desastres naturales, las guerras, la violencia, el asedio de las guerrillas, el narco, la pobreza extrema, el hambre, impulsan a masas completas a trasladarse. Con lo puesto, como sea. A intentar salvar la vida. A encontrar una mejor.

Este es un hecho que acompaña a la humanidad prácticamente desde que el mundo es mundo, explica el director de la Especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús —y ex vicepresidente del Comité de derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes y familias de la ONU—, Pablo Ceriani Cernadas. Un hecho que hoy se vuelve nítido en las canchas que hacen de muestra representativa.

“La presencia de migrantes nacionalizados o hijos de migrantes en las selecciones de los equipos de fútbol refleja dos o tres cosas. La primera es algo que viene sucediendo ya hace décadas de manera creciente: la mayor diversidad cultural y de orígenes de las sociedades de muchos países de distintas regiones del mundo. Sin lugar a dudas de los países europeos; en Estados Unidos básicamente desde su origen; en buena medida y con diferentes etapas, en América Latina; en los propios países africanos y asiáticos; y de Oceanía también. La movilidad ha acompañado a la humanidad desde que existe por diferentes razones: en busca de recursos, escapando de situaciones de violencia, por cuestiones climáticas, en busca de agua, de suelos cultivables. Esto marca nuestra historia”, dice Ceriani Cernadas.

Y sigue: “La gran diferencia de los últimos dos siglos es la conformación de los Estados - nación, sobre todo desde el siglo XIX en adelante, en varias regiones. Y esta idea del Estado soberano que determina quién ingresa a su territorio. Esto va desarrollándose en las leyes a partir del siglo XX, principalmente. En el siglo XIX tal vez están esas leyes más al estilo de la Argentina de aceptar la migración, en el siglo XX empiezan a restringir porque no les gusta el color de piel, porque no eran los que querían o estaban esperando o porque exigen derechos y empezamos a pensar que la migración es un problema ya que demanda un trato más digno. Hoy la migración sigue siendo un fenómeno estructural que se adecúa a las características del mundo en cada etapa histórica”.

El especialista repasa los procesos políticos que se sucedieron y son imprescindibles para comprender la conformación multicultural de los tejidos sociales actuales. Como “el sistema de esclavitud con el que Europa marcó la historia de buena parte de África y de lo que es hoy América del Norte, el Caribe y buena parte de América del Sur, como Brasil. Y el régimen colonial que instaló en África y en parte de Asia desde 1885 en adelante, llevando forzosamente a muchísimas personas de sus colonias a Francia y el Reino Unido para combatir en la Segunda Guerra Mundial y reconstruir esos países cuando terminó. Esa transformación de lo que hoy vemos en varias ciudades europeas está generada por las decisiones de un mundo desigual del que ese continente fue un hacedor central”. “Es difícil o inexacto pensar los procesos de inmigración sin ver toda esa parte de la historia”.

—¿Cuáles son los motivos principales de la migración actual y qué les depara, en general, a estas personas el camino y el destino? ¿Con qué se encuentran?

—Hoy el mundo está marcado, como los últimos siglos, por el sistema capitalista y la mano de obra que tiene que moverse en busca de trabajo. O al revés: que no se puede mover por cuestiones de política económica y de empleo. Luego, los problemas que genera la distribución de la riqueza dentro y entre países, provoca que las personas tengan que irse por los conflictos, por gobiernos totalitarios u otro tipo de decisiones que excluyen a la población, o a parte de la población, de derechos básicos. Esas características estructurales son las que empujan a la migración que se vuelve una necesidad: es la búsqueda de supervivencia o de dignidad y mejora de las condiciones de vida, o la única oportunidad de salida de la situación de violencia o de exclusión o marginalidad o discriminación o desigualdad que padecen por el país en el que viven, por su color de piel, por su religión, por su origen étnico o porque hay violaciones masivas de derechos humanos. También están quienes migran y circulan con ciertos niveles de privilegio, con facilidad, que siempre van a tener la visa y los recursos para ir a vivir a otro lugar, para trabajar aquí o allá. Porque se enamoraron o porque quieren descubrir el mundo y conocer otras culturas y aprender idiomas. Está esa posibilidad de migrar libremente, que efectivamente practica parte de la población mundial, pero para una gran porción no solo es una necesidad sino, al mismo tiempo, un desafío: se ven muchas veces imposibilitados de hacerlo y la migración, y esta es una característica contemporánea, se da para muchas personas en condiciones muy peligrosas”.

Basta pensar por un segundo en quienes intentan atravesar el Tapón del Darién, cinco mil kilómetros de selva espesa que componen la ruta migratoria entre Colombia y Panamá, uno de los trechos fronterizos más peligrosos del mundo, donde cientos de miles de personas que cruzan a pie se enfrentan a terrenos extremos, fauna salvaje y crímenes que van desde secuestros hasta abusos sexuales. O en los barcos de Open Arms, atestados de personas que tratan de llegar a Europa a través del Mediterráneo, huyendo de guerras y hambre, sin recursos ni elementos de seguridad, y la organización rescata antes de que sean tragadas por el agua.

“Entonces, una de las características actuales de la migración tiene que ver con esa desigualdad —resalta Ceriani Cernadas— que deriva en condiciones de vida, en peligros, en formas de violencia y luego en las posibilidades reales de salir de esa situación y de cómo hacerlo: tramitando una visa, pagando un pasaje de avión que te transporta en dos horas o en ocho a la otra parte del mundo o atravesando durante días, semanas, meses o años, uno, dos, tres, cuatro países, cinco, diez, mares, fronteras, selvas, desiertos, para sobrevivir. Con hijos a cuestas o incluso enviándolos solos esperando que por lo menos ellos se salven. Muchas personas migran en esas condiciones, de ahí que estamos hablando de decenas de miles que han fallecido, desaparecido en rutas migratorias en los últimos veinte o veinticinco años. Esta peligrosidad va de la mano, de manera absolutamente probada, de las políticas más restrictivas, de militarizar las fronteras, de forzar a las personas a usar las rutas más peligrosas en lugar de facilitar caminos para quienes buscan protección, para quienes buscan ejercer este derecho humano al asilo que los Estados pusieron en la Declaración Universal de Derechos Humanos como fundamental”.

Un anfitrión descortés

No hay mucho para agregar respecto a los Estados Unidos y a un presidente que hace una década se jacta de haber mandado a construir un muro para evitar el ingreso de migrantes mexicanos o de otras nacionalidades que vinieran a través de ese país. El endurecimiento de la política migratoria es una de las banderas de Donald Trump desde que inició su mandato. Y se practica en los controles fronterizos, en la suspensión del asilo y las restricciones severas en visados y admisiones de refugiados. Lo que complementa con una disminución récord de la ayuda humanitaria.

Ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo —donde se supone que los protagonistas deben sentirse bienvenidos— no parece haberlo conducido a ninguna reflexión. Aunque su selección también cuenta con migrantes, no tuvo ningún reparo en requisar e interrogar excesivamente a determinados jugadores, en deportar al mejor árbitro de África y en prohibir que el equipo iraní se aloje en su tierra.

Nuevamente Amnistía Internacional puso el reflector ahí, fuera de la cancha, donde se juega algo mucho más perenne: “El álbum de la verguënza Mundial. El único que no queremos completar” tituló a un posteo en el que con el diseño de las figuritas mostraba algunos de los casos que son reflejo de sus políticas. “El delantero de Irak, Aymen Hussein, fue retenido e interrogado durante casi siete horas antes de permitirle la entrada al país. Al fotógrafo de su selección lo deportaron”. “Jugadores de las selecciones de Uzbekistán y Senegal fueron sometidos a invasivos chequeos de seguridad con perros y detectores de metales”. “Omar Artan, reconocido el año pasado como el mejor árbitro de África, iba a ser el primer árbitro somalí en una Copa Mundial de Fútbol, pero Estados Unidos lo deportó. A pesar de contar con visa y pasaporte diplomático tuvo que volver a Somalia donde lo recibieron como a un héroe”. “A la selección completa de Irán le prohibieron hospedarse en Estados Unidos. Se están alojando en México y deberán entrar y salir del país cada vez que tengan un partido”.

Debajo, el organismo recuerda que el país anfitrión está en la obligación de “proteger y respetar a todas las personas”. Suena distópico que haga falta aclararlo. Y deja una pregunta que zumba en buena parte de la opinión pública desde el inicio: si Estados Unidos desconfía tanto de las personas extranjeras, ¿por qué se ofreció como sede del Mundial, que debería simbolizar algo parecido a la fraternidad —o al menos la posible coexistencia— entre los pueblos?

El sociólogo, ensayista y especialista en el vínculo entre fútbol e identidad, Pablo Alabarces, reflexiona sobre el mismo interrogante o, más bien, tiene una certeza. “La política norteamericana, por supuesto, es una calamidad; las políticas respecto de sus migrantes irregulares o respecto de la delegación de Irán o de la sobreactuación de las autoridades de migraciones con los jugadores de ciertos países. Todo eso me vale una única reflexión y es simplemente que este Mundial jamás debió jugarse en los Estados Unidos. Pero con eso va a estar de acuerdo tres cuartas partes del mundo, así que no creo decir ninguna novedad”.

Al analizar la composición de los equipos y si el hecho de que muchos de ellos estuvieran formados por un gran porcentaje de “extranjeros” podría alterar la identificación de sus hinchas, Alabarces dice que no cree que eso suceda. “Sí merece alguna reflexión el hecho de que cuanto más antimigratoria es la opinión pública de un país, más migrantes tiene jugando en su selección nacional. Quiero decir: crece la ultraderecha europea reclamando el tope a las migraciones, la condena de los migrantes, especialmente africanos o árabes o africanos y musulmanes, que parece ser una mezcla explosiva, y sin embargo te los encontrás repartidos en todas las selecciones europeas. Esto es algo muy llamativo. Pero no creo que tenga impacto en el sentido identitario. Estaba en París, hace tres semanas, cuando fue la final de la Champions League entre el París Saint-Germain y el Arsenal de Londres, con hinchas parisinos que estaban absolutamente felices viendo jugar a un equipo repleto de migrantes. Ninguno de ellos puso ninguna objeción, por el contrario, te diría que, entre esos hinchas, la presencia de esos jugadores migrantes puede llegar a modificar esa opinión pública antimigratoria que parece tornarse hegemónica en determinadas sociedades”.

El interrogante, entonces, irrumpe inevitable: por qué si muchas personas pueden alentarlos e identificarse con ellos dentro la cancha, no pueden hacerlo fuera de ella. Los más grandes en el juego: que se vayan luego de él. Todos iguales en el juego, mantener la distancia y los preconceptos fuera de él.

Pablo Ceriani Cernadas también destaca la cadena de restricciones que se suceden en los últimos años en el mundo con respecto a las políticas migratorias y, especialmente, lo que se evidencia en el marco de la Copa del Mundo.

“Estamos viendo retrocesos muy graves en materia migratoria, como en Argentina —con el DNU 366 del año pasado que reformó la ley violando la Constitución, sin pasar por el Congreso, inventando datos que no existían y recurriendo a argumentos que parecen más sacados de Twitter, como que los inmigrantes no pagan impuestos, y se los ha excluido, entre otros ámbitos, del sistema de salud—, en Perú, en Ecuador, ahora en Chile. En Estados Unidos es un proceso que viene de larga data, más allá de la profundidad de los niveles de arbitrariedad que se están viviendo hoy, cuando se persigue a migrantes por las calles con una lógica más propia de la Alemania del ‘33 del siglo pasado, se persiguen familias, se asesina con violencia policial, llevando a las personas a centros de detención, deportándolas, priorizando sancionar una infracción administrativa antes que la unidad de una familia con hijos estadounidenses y padres que han vivido muchísimos años ahí, y sin haber cometido ningún tipo de delito”.

“Y tal vez lo que estamos viendo ahora —continúa—, en el contexto del Mundial, con los jugadores nacionalizados o hijos de migrantes, es la parte buena. La parte mala es que es un indicador de la instrumentalidad en la gestión de las migraciones, en la política migratoria, donde unos pocos entran en esta lógica de: si juegan bien al fútbol vemos si le damos un camino hacia la inclusión, un permiso de residencia, independientemente de que vengan de otro lugar, que tengan cierto color de piel, porque ‘van a aportar a partir del deporte y las ganancias que genera eso’. Pero una gran mayoría sigue siendo víctima de exclusión, de discriminación en el acceso a derechos, de discursos criminalizantes, estigmatizantes de la población migrante, aún cuando al mismo tiempo necesitan a esa población. También está el comportamiento, sin lugar a dudas patético, de la FIFA que en algún momento decide que la política es un oprobio del cual no se puede hablar y luego hace gestos que son puramente políticos en beneficios de, por ejemplo, Estados Unidos. Y no defiende a los actores principales de esta gesta deportiva. Es solo un indicador más de un estado de derecho que en el tema migratorio se va cayendo a pedazos. Esas voces antimigrantes, los actores de la política y de la sociedad de extrema derecha, no solo generan violencia, sino que de alguna manera van a intentar legitimar que las condiciones de vida y de derechos dentro de esas sociedades, que ya son estructuralmente diversas y seguirán siéndolo cada vez más, sean desiguales, que quienes tengan mejores condiciones en la distribución de la riqueza sean los que tienen a lo mejor determinado color de piel, determinada religión. Es muy preocupante porque en lugar de reconocer esa diversidad, afrontarla con diálogo, con búsqueda de convivencia, se están construyendo modelos de mayor desigualdad, de mayor conflictividad social. Y eso puede llevar a niveles extremadamente peligrosos como hemos visto en otros momentos de la historia contemporánea”.

Frank Marie Anaba, un joven de Camerún de 30 años, se vio obligado a huir de su país para conseguir protección internacional tras sufrir agresiones, amenazas y exclusión por ser homosexual. Su vida allí siempre estuvo marcada por las dificultades y el rechazo, pero fue la muerte de un amigo tras una agresión homófoba lo que motivó su decisión de buscar seguridad y nuevas oportunidades en España, donde llegó hace un año, después de un peligroso viaje que le llevó a atravesar Nigeria, Níger y Argelia.

“Un día estaba caminando con un amigo y sufrimos una agresión grave, por lo que tuvimos que ir al médico. Yo, por suerte, tenía dinero para pagar los medicamentos y todo lo que necesitaba, pero él no y su familia le dejó abandonado. Mi amigo terminó falleciendo”, cuenta a Infobae desde Murcia, donde reside actualmente con el apoyo de la organización Accem. En Camerún, la homosexualidad es un delito penal que puede castigarse con entre seis meses y cinco años de cárcel, además de multas. “Ser gay es algo que está muy mal visto y corres muchos peligros”, añade este joven, que asegura que su adolescencia y juventud fueron “muy duras”.

El fallecimiento de su amigo, relata, fue “la gota que colmó el vaso”, porque anteriormente su hermano le había echado de casa “al descubrir que era gay” y le llegó a amenazar con una pistola. Explica que, en África, la familia suele tener una figura de autoridad cuya palabra “lo es todo”, y como sus padres murieron hace años, su hermano asumió ese rol. Su hermano, que trabaja en la guardia presidencial de Camerún y tiene un arma, le apuntó a la cabeza y le dijo que lo mataría si no se iba. “Tuve que irme y empezar de nuevo, y buscar trabajo en Camerún siendo gay no es nada fácil”, asegura. Ni siquiera emprendiendo su propio negocio, como ya intentó.

Sin alternativas y en una situación límite, Frank Marie decidió dejar su país y poner rumbo a España para solicitar protección internacional, pese a los numerosos riesgos del trayecto, que también incluyó un viaje en cayuco desde Argelia junto a otras personas migrantes. “En Camerún llegué a pensar en quitarme la vida, así que no me importaba lo peligroso que fuera el viaje. Pero la verdad es que lo fue, porque las mafias te pueden abandonar en el desierto y pasas muchos problemas”, explica. Su experiencia refleja los riesgos que enfrentan muchas personas en esta y otras rutas migratorias intentando alcanza suelo europeo, ya que durante los primeros cinco meses de 2026, un total de 1.317 personas migrantes han fallecido tratando de llegar a costas españolas, según el último informe de la ONG Caminando Fronteras, que recopila estas datos desde hace una década.

Pese a todos los obstáculos que enfrentó, dice ahora aliviado Frank Marie, logró llegar a España. A lo largo del último año, vivió durante un tiempo en Valencia y Cartagena, pero ahora reside en Murcia, donde hace apenas unos días ha empezado a trabajar en un restaurante a media jornada después de completar un curso de hostelería y clases de español a través de la organización Accem. En Camerún ya se había especializado en el sector, pero ha tenido que volver a formarse, explica, porque aquí no le reconocían los títulos. “La hostelería es mi pasión y quiero hacer bien las cosas aquí”, dice este joven, que sigue a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo.

Ahora lo único que espera es “poder tener una vida mejor” en la que no tenga que ocultar quién es ni vivir con miedo por su orientación sexual. Sabe que el camino en España no será sencillo, y ya ha enfrentado episodios de racismo, pero confía en encontrar oportunidades y vivir con la tranquilidad y el respeto que no tuvo en Camerún. “En Murcia he encontrado lo que antes me faltaba: un refugio y una familia, que son mi trabajadora social y mi psicólogo, además de estabilidad emocional y psicológica que antes no tenía”, asegura.

Bajan las peticiones de asilo pese a que los conflictos aumentan

Al igual que Frank Marie, en 2025 un total de 117,8 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares a consecuencia de los conflictos, persecuciones u otros actos violentos, lo que supone un 4% menos respecto a 2024, el primer descenso registrado en la última década, según ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su reciente informe anual. Ese descenso, sin embargo, no responde a que se haya producido una mejora en sus condiciones de vida, sino al “incremento de las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos” a nivel global, tal y como ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

De acuerdo al último informe de CEAR, en España se presentaron 144.396 solicitudes de protección internacional a lo largo del año pasado, un 13,7% menos respecto a 2024, por lo que por primera vez se interrumpe la tendencia al alza. Ese descenso de peticiones responde, por un lado, “al impacto del Reglamento de Extranjería (RELOEX)”, que entró en vigor en mayo de 2025 y no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo, y, por otro, “al progresivo endurecimiento de las políticas migratorias, en particular los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal”, añade la organización.

América Latina y África son las principales regiones de las que proceden 9 de las 10 nacionalidades con mayor número de solicitudes, con Somalia y Guinea como principales novedades, a las que se suma Palestina. Venezuela, no obstante, es el país que acumula más peticiones de asilo, con un total de 85.413, seguido de Mali, con 16.004, y de Colombia, que suma 14.524.

Pacto migratorio europeo

Entre las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos que han influido en el descenso de las personas desplazadas a nivel global, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio, y que supone un endurecimiento de la política migratoria en el bloque, ya que implica un mayor control fronterizo, la aceleración de los procedimientos y la aplicación de un sistema de solidaridad obligatorio.

Cinco colombianos demandan a Marco Rubio y al Departamento de Estado por la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida de la administración de Donald Trump que dejó en pausa miles de trámites legales, incluidos casos que ya estaban en su etapa final. El litigio, abierto en una corte federal de Nueva York, puede poner a prueba hasta dónde puede llegar el Gobierno de Estados Unidos para restringir la inmigración legal.

El fundamento de los firmantes se basa en que la suspensión frenó procesos migratorios avanzados sin evaluación individual y con base en la nacionalidad de los solicitantes. En ese caso está en juego la legalidad de una política anunciada el 21 de enero de 2026 que, si sigue vigente, podría afectar cerca de la mitad de la inmigración legal hacia el país norteamericano.

Los cinco colombianos integran un grupo de 11 demandantes individuales dentro de una demanda colectiva presentada en febrero por organizaciones de defensa de inmigrantes, entre ellas el National Immigration Law Center (NILC), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Justice Action Center, LatinoJustice PRLDEF, UndocuBlack Network y la clínica jurídica de inmigración de la Universidad de Yale.

La querella quedó radicada ante una corte federal en Nueva York en representación de personas que afirman haber resultado afectadas por la medida. Casi la mitad de los demandantes individuales son colombianos y todos habían optado por vías legales de inmigración apoyadas en sus méritos académicos, su experiencia profesional o proyectos de interés nacional para Estados Unidos.

¿Quiénes son los colombianos que llevan el caso a los tribunales?

El primer colombiano identificado en la demanda es Fernando Lizcano Losada, endocrinólogo con más de tres décadas de experiencia en investigación y práctica clínica. El expediente, revelado por El Tiempo, lo describe como fundador y director de un centro de investigación biomédica en la Universidad de La Sabana, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y exinvestigador posdoctoral en fisiología molecular en el Brigham and Women’s Hospital de la Escuela de Medicina de Harvard.

Lizcano obtuvo la aprobación de una petición migratoria EB-1A en enero de 2025. El 22 de enero de 2026 asistió a su entrevista consular para culminar el proceso, pero al final recibió una notificación que dejó su caso suspendido por la nueva política aplicada a Colombia y a otros 74 países.

El documento judicial señala que el médico esperaba continuar en la Universidad de Harvard investigaciones sobre enfermedades metabólicas y distintos tipos de cáncer, incluido el de mama. También figura Juan David Buitrago Cagua, ingeniero especializado en sistemas solares fotovoltaicos y almacenamiento de energía, que reside en Lisboa, Portugal.

Buitrago obtuvo en febrero de 2024 la aprobación de una petición EB-2 por interés nacional. Después viajó desde Portugal hasta Bogotá para cumplir la entrevista consular requerida y, tras completar el trámite, recibió la notificación de que la emisión de su visa quedaba suspendida.

La tercera colombiana mencionada es Mayra Alejandra Alcendra Moscote, profesional especializada en finanzas, gestión de proyectos y regulación de los sectores minero, petrolero y energético. Residente en España, consiguió la aprobación de una petición EB-2 por interés nacional en noviembre de 2023.

Su proceso acumuló retrasos iniciales por la documentación médica de su hija. Cuando resolvió ese inconveniente, la embajada de Estados Unidos le informó que no podía emitir las visas por la suspensión decretada desde Washington.

También aparece Andrés Alfonso Medina Ramírez, arquitecto especializado en gestión pública y desarrollo de infraestructura. Según el expediente judicial, al que accedió el medio citado,presentó una iniciativa para promover la construcción de viviendas sostenibles y resistentes a fenómenos climáticos para comunidades vulnerables de Estados Unidos, y su petición migratoria fue aprobada en abril de 2025.

La medida de Trump y la justificación del Gobierno

La política cuestionada suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. El Gobierno de Estados Unidos la presentó como una pausa temporal para revisar los procedimientos de evaluación y verificación de los solicitantes.

La administración de Donald Trump sostiene que la decisión busca impedir la llegada de inmigrantes que puedan convertirse en una carga para el sistema de asistencia pública. En una comunicación oficial, el Departamento de Estado afirmó que quienes proceden de esos países “a menudo se convierten en cargas públicas” y dependen de beneficios financiados por los contribuyentes.

Los demandantes rechazan ese argumento y en la querella califican esa afirmación de “infundada y demostrablemente falsa”. También recuerdan que la mayoría de quienes reciben visas de inmigrante no pueden acceder a programas de asistencia pública durante varios años después de llegar a Estados Unidos.

Según los abogados, la medida intenta restringir la inmigración legal más allá de lo autorizado por el Congreso. La demanda añade que la política revive prácticas asociadas a antiguas cuotas migratorias por origen nacional y reemplaza el examen individual de cada expediente por una prohibición general basada en la nacionalidad.

El caso, identificado como CLINIC v. Rubio, sigue su curso en tribunales federales. Ambas partes ya presentaron argumentos y hasta ahora no existe una decisión definitiva sobre la legalidad de la suspensión.

El movimiento Regularización Ya ha presentado una petición formal ante el Congreso de los Diputados para exigir soluciones inmediatas ante los obstáculos que están enfrentando miles de personas migrantes durante el proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno. La organización solicita la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y advierte que las “graves deficiencias administrativas amenazan la efectividad de la medida”.

La situación, recuerda el movimiento, es especialmente complicada para los migrantes procedentes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia, que tienen muchas dificultades al tratar de acceder a citas consulares y legalizar documentos fundamentales, como certificados de antecedentes penales, partidas de nacimiento o poderes notariales. Regularización Ya sostiene que estas dificultades administrativas excluyen injustamente a personas que cumplen los requisitos materiales exigidos por la normativa.

El colectivo también resalta la situación de quienes residen en municipios pequeños o zonas rurales. La distancia a las oficinas de extranjería, la escasez de servicios especializados y las limitaciones del transporte público “generan una desigualdad territorial en el acceso al procedimiento”. Esta brecha se agrava con el colapso en el sistema de citas para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). “La insuficiencia crónica de citas disponibles podría agravarse considerablemente durante el proceso extraordinario, dado el elevado volumen de personas que deberán completar este trámite en un plazo máximo de un mes desde la concesión de la autorización”, critican.

Más recursos humanos, técnicos y materiales para evitar el colapso

Por todo ello, el colectivo pide que la administración garantice los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para evitar el colapso del sistema y plantea que la fecha, hora y lugar para la toma de huellas se comuniquen automáticamente junto con la resolución favorable de residencia. Para la agrupación, la falta de planificación y recursos está comprometiendo la posibilidad real de que cientos de miles de migrantes accedan a derechos fundamentales.

Deportaciones, redadas e internamientos en CIES

El documento entregado en el Congreso alerta también sobre la existencia de procedimientos de expulsión, redadas e internamientos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que afectan a personas potencialmente beneficiarias de la regularización extraordinaria. Regularización Ya expresa preocupación e indignación por estas prácticas y recuerda que el Defensor del Pueblo ha recomendado suspender las expulsiones durante este procedimiento. El movimiento exige que el Ministerio del Interior dicte instrucciones inmediatas para detener cualquier expulsión mientras esté vigente el proceso.

Otro de los puntos centrales de la petición es la defensa del principio constitucional de presunción de inocencia. Denuncian que el uso de antecedentes policiales no judicializados genera inseguridad jurídica y puede derivar en resoluciones injustas. Solicita que la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) no valore negativamente anotaciones policiales que no hayan dado lugar a condenas judiciales firmes.

Además, la organización pide explicaciones a Grande-Marlaska sobre el caso de Henry Josué Vargas, un ciudadano hondureño que, según denuncias recogidas por Regularización Ya, fue víctima de violencia durante un intento de deportación en el aeropuerto de Barajas mientras estaba internado en el CIE de Zapadores, en Valencia. La agrupación considera imprescindible que se esclarezcan los hechos y se garanticen plenamente los derechos humanos en todos los procedimientos de expulsión.

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden tramitar su Credencial para Votar del INE sin regresar a México, a través de la red de consulados y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El trámite es gratuito, la credencial tiene una vigencia de 10 años y el INE la envía directamente al domicilio del solicitante.

El documento funciona como identificación oficial y acredita la ciudadanía mexicana. Pueden solicitarla todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que residan fuera del país.

Cómo agendar la cita en el consulado

El primer paso es programar una cita en el consulado o embajada mexicana más cercana al lugar de residencia. El trámite opera a través de la red consular de la SRE en coordinación con el INE.

Desde Estados Unidos y Canadá, la cita se agenda llamando sin costo al 1-(424)-309-0009 o en el sitio citas.sre.gob.mx. Desde otros países, el proceso se gestiona también a través del portal de la SRE o directamente por correo electrónico con el consulado correspondiente.

Documentos que se deben presentar

Para iniciar el trámite en ventanilla, el solicitante debe llevar tres categorías de documentos en original, sin tachaduras ni enmendaduras:

Documento de nacionalidad: acta de nacimiento o carta de naturalización. Si el solicitante nació en el extranjero, debe presentar adicionalmente el acta de nacimiento de alguno de sus padres. Si el acta está en otro idioma, debe estar apostillada o legalizada y acompañada de su traducción al español.

Identificación oficial con fotografía: pasaporte vigente, cédula profesional, licencia de conducir vigente o cartilla del Servicio Militar Nacional, entre otros. Los documentos sin vigencia establecida —como la cédula o el título profesional— deben tener una fecha de expedición no mayor a 10 años.

Comprobante de domicilio: recibo de servicios (luz, agua, teléfono, gas), estado de cuenta bancario, contrato de arrendamiento con recibo de pago, o declaración de impuestos ante la agencia recaudadora del país de residencia. No debe tener más de tres meses de antigüedad, salvo documentos de emisión anual —como el predial—, que pueden corresponder al año anterior. No se aceptan direcciones de apartado postal (PO Box). Si el comprobante está en otro idioma, debe presentarse traducido al español.

Para quienes soliciten la credencial por primera vez, también es obligatorio presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Nueva medida 2026: documentos vencidos ya son válidos

En marzo de 2026, la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del INE aprobó un acuerdo para ampliar los medios de identificación aceptados en el trámite desde el extranjero.

A partir de esa resolución, el pasaporte mexicano o la matrícula consular vencidos son válidos como identificación, siempre que no tengan más de 10 años de haber expirado y que el titular haya tenido al menos 12 años cumplidos al momento de su expedición. El INE coordinó esta medida con la SRE para verificar en sus bases de datos la autenticidad de esos documentos.

Qué ocurre después de la cita

Una vez validado el trámite en el consulado, el INE envía la credencial por mensajería al domicilio registrado en un plazo de tres a cinco semanas. Solo el titular puede recibirla y deberá identificarse al momento de la entrega.

Tras recibirla, es obligatorio activarla: el solicitante debe llamar al número que aparece en el sobre o ingresar al sitio votoextranjero.mx. Sin ese paso, la credencial no es válida para votar ni como identificación.

Cómo dar seguimiento al trámite

El estatus del proceso puede consultarse en cualquier momento en micredencial-extranjero.ine.mx o llamando a INEtel:

Desde Estados Unidos, sin costo: 1 (866) 986 8306

Desde otros países, por cobrar: +52 (55) 5481 9897

Si el servicio de mensajería realiza tres intentos fallidos de entrega, la credencial queda disponible por hasta 30 días en la oficina más cercana al domicilio registrado. Vencido ese plazo, el documento regresa a México y el solicitante debe ingresar al sistema de consulta para solicitar un nuevo envío.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha revocado la expulsión de España de un ciudadano extranjero condenado por un delito contra la salud pública de menor entidad tras vender dos comprimidos de pregabalina a cambio de cinco euros. El tribunal considera que la medida fue acordada sin valorar adecuadamente su arraigo en Navarra ni sus circunstancias personales, y concluye que resultaba desproporcionada dada la escasa gravedad de los hechos.

La resolución estima el recurso presentado por el afectado y deja sin efecto el auto de la Audiencia Provincial de Navarra que había sustituido una pena de un año y seis meses de prisión por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regresar durante seis años.

Ocho años de residencia en Navarra

El recurrente había sido condenado en diciembre de 2025 como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de menor entidad. Tras la sentencia, la Audiencia Provincial acordó estudiar si procedía sustituir la pena de prisión por la expulsión prevista en el artículo 89 del Código Penal para ciudadanos extranjeros condenados a penas superiores a un año.

Una vez analizada la documentación aportada por la defensa, la Audiencia acordó la expulsión y prohibió su entrada en España durante seis años al entender que carecía de vínculos efectivos con el país.

Sin embargo, el TSJN destaca que el condenado reside de forma ininterrumpida en España desde hace ocho años, todos ellos en distintas localidades navarras —Cadreita, Valtierra, Tudela y Pamplona—, a donde llegó cuando apenas tenía 18 años. Actualmente tiene 26 años.

Los magistrados consideran que la resolución recurrida se limitó a señalar que carecía de familia en España, pero no analizó otros elementos relevantes para valorar su arraigo social y personal.

El tribunal reprocha la falta de una valoración individualizada

La Sala recuerda que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigen que las decisiones de expulsión se adopten tras una valoración individualizada de las circunstancias personales y familiares de cada afectado.

En este caso, considera que la Audiencia Provincial no examinó adecuadamente factores como el tiempo de residencia en España, la edad a la que llegó al país, su integración social o la ausencia de vínculos relevantes con su país de origen. Tampoco tuvo en cuenta que percibe una renta garantizada, que ha realizado cursos formativos para facilitar su inserción laboral y que su situación administrativa irregular le impide actualmente acceder al mercado de trabajo.

La Sala también rechaza que el hecho de haber utilizado intérprete de árabe durante el juicio pueda servir por sí solo para descartar su integración. Según señala, el derecho a ser asistido por intérprete forma parte de las garantías de defensa y, además, en declaraciones anteriores el recurrente había respondido en castellano a varias preguntas antes incluso de que fueran traducidas.

La expulsión fue desproporcionada

El TSJN considera además que la medida de expulsión vulneró el principio de proporcionalidad. Los magistrados recuerdan que el Código Penal permite sustituir determinadas penas de prisión por la expulsión del extranjero condenado, pero también establece que esa sustitución no debe acordarse cuando resulte desproporcionada atendiendo a las circunstancias del caso y al arraigo de la persona afectada.

La resolución destaca que el delito por el que fue condenado consistió en la entrega de un blíster con dos comprimidos de Pregagesic 300, que contenían pregabalina, a cambio de cinco euros. La sentencia de conformidad impuso una multa de tan solo 2,50 euros, circunstancia que, según el tribunal, evidencia la escasa entidad de la conducta enjuiciada.

Además, subraya que se trata del primer antecedente penal conocido del recurrente, que reconoció los hechos, aceptó la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y abonó la responsabilidad económica impuesta.

No supone una amenaza grave para el orden público

La Sala recuerda que la normativa europea exige valorar si la persona afectada representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública antes de adoptar una medida tan intensa como la expulsión.

A juicio del tribunal, la venta de dos comprimidos por cinco euros, unida a la ausencia de antecedentes relevantes y a la aceptación de la condena, impide concluir que el condenado represente un riesgo de esa entidad. Por ello, considera que no concurren circunstancias agravantes que justifiquen la expulsión y la prohibición de retorno al territorio español.

La expulsión queda anulada

Por todo ello, el TSJN estima el recurso y deja sin efecto la expulsión acordada por la Audiencia Provincial de Navarra. La Sala concluye que la permanencia del condenado en España resulta compatible con los fines de la pena y que la sustitución de la condena por una expulsión de seis años no superaba el juicio de proporcionalidad exigido por la legislación nacional y europea.

La resolución insiste en que las medidas de expulsión de extranjeros condenados penalmente no pueden aplicarse de forma automática y requieren un examen concreto y motivado de las circunstancias personales de cada caso.

Tras la votación, en la Eurocámara resonó el coro de “Send Them back” -Mandadlos de vuelta-, por parte de los eurodiputados de la derecha y la extrema derecha, mientras que el resto de la cámara respondió a estos cánticos con gritos de “Shame on you” -vergüenza-.

El reglamento permite imitar el modelo italiano, que impulsó en 2024 una iniciativa por la que creó “centros de retorno” en Albania, donde enviar a migrantes deportados -actualmente se encuentra paralizado por decisiones judiciales-. Así, la nueva norma permitirá a los Estados miembro enviar a terceros países con los que los firmen acuerdos a migrantes deportados, salvo que se trate de menores no acompañados.

Según la nueva normativa, los migrantes de terceros países que hayan recibido la orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades nacionales, por lo que podrán ser detenidos si consideran que existe riesgo de fuga o si suponen un riesgo para la seguridad. En este caso, la detención deberá ser ordenada por la autoridad judicial y podrá alargarse por 24 meses.

“Los Estados miembros podrán exigir la presentación periódica ante las autoridades, o la obligación de residir en un lugar designado. También podrán imponerse alternativas a la detención, como una garantía financiera o la vigilancia electrónica”, indica la normativa comunitaria.

La normativa permite los registros de vivienda de migrantes

Además de las detenciones, el texto aprobado en la Eurocámara permite a los Estados miembro llevar a cabo acciones de investigación específicas para “preparar o garantizar un retorno efectivo”. Algunas opciones contempladas por la norma son los registros a ciudadanos de fuera de la UE, de viviendas o de otros locales pertinentes, previa autorización judicial o administrativa, así como el registro y la incautación de efectos personales y dispositivos electrónicos.

Además, sobre los acuerdos con países no pertenecientes al bloque europeo, el texto especifica que los acuerdos solo podrán firmarse “con países de fuera de la Unión que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución”. Además, las autoridades nacionales deberán informar a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de su entrada en vigor.

Por su parte, Malik Azmani (Grupo Renew Europe), responsable de la tramitación parlamentaria del texto, ha indicado tras la aprobación que “Europa ha cumplido. Los ciudadanos esperan, con razón, que quienes no tienen derecho a quedarse regresen a sus países de origen. Por eso mi prioridad es clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y después de casi veinte años de bloqueo, Europa va a contar con ellas. El retorno es la pieza final del sistema europeo de gestión migratoria, y estoy muy orgulloso de ponerla en su lugar”.

Las remesas familiares sumaron USD 15,852 millones en El Salvador, Guatemala y Honduras entre enero y abril de 2026, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Según publicó la agencia EFE, el monto, enviado en su mayoría desde Estados Unidos, subió 10.7% frente al mismo período del año anterior y sostuvo gastos esenciales de millones de hogares.

El Salvador recibió USD 3,286.7 millones, Guatemala USD 8,431.6 millones y Honduras USD 4,134.2 millones. Guatemala encabezó la lista.

Para quienes dependen de este ingreso, la remesa mensual es más que una transferencia. En el caso de Keyla, hondureña de 48 años, el dinero que recibe de su yerno en Estados Unidos es esencial para cubrir los gastos médicos y educativos de su nieto, un niño con trastorno del espectro autista.

Aunque agradece cada envío de entre USD 100 y USD 200, reconoce: “definitivamente no ajusta. Mi hija tiene que trabajar y yo también”, cita EFE.

Cómo usan las familias el dinero enviado

Las remesas se destinan a alimentación, salud, educación y pago de servicios básicos. El aumento del costo de vida y la inestabilidad laboral en Estados Unidos dificultan mantener un flujo constante y suficiente.

Cada mes, miles de familias en Centroamérica esperan el envío de dinero de sus parientes en el extranjero. Este ingreso permite pagar desde la escuela de los hijos hasta tratamientos médicos o la compra de una vivienda.

La capacidad de envío depende de la situación laboral del migrante y del alza de precios en Estados Unidos y en sus países de origen.

Historias personales detrás de las remesas

Nancy Benavente, residente del departamento de Chimaltenango, Guatemala, relata cómo sus hijas, de 18 y 19 años, envían dinero desde Estados Unidos para ayudarla a criar a su hijo menor.

Aunque asegura que no depende solo de este aporte, destaca el alivio que le da: “Si les cuento que tengo una necesidad, rapidito me están enviando dinero”.

Las historias de migración suelen estar marcadas por la separación familiar y los riesgos del trayecto. Nohemy Velásquez, también guatemalteca, pudo pagar una casa gracias a las remesas enviadas por su hija, mientras que otro de sus hijos fue secuestrado en su intento de cruzar México.

En Honduras, el esfuerzo migratorio permitió a Keyla mantener una casa propia, logro que atribuye al trabajo de su esposo en Estados Unidos años atrás. Ella percibe que la situación en ese país se volvió más compleja, con mayores dificultades para ahorrar y enviar dinero por el aumento del costo de vida y del precio de la renta.

El valor del dinero que llega desde el exterior

Lucy Callejas, salvadoreña con una hija migrante desde hace dos décadas, insiste en que se valore cada remesa recibida. “Cuando mi hija logra enviarme unos 100 dólares, guardo el dinero con gran cariño, porque sé lo que le cuesta”, explica.

Callejas señala que la percepción de bienestar económico en Estados Unidos muchas veces no refleja las condiciones de los migrantes, que suelen vivir para sobrevivir y enfrentan períodos de empleo irregular y amenazas de deportación.

Para muchos receptores, el dinero que llega del extranjero se convierte en la única posibilidad de acceder a medicinas o cubrir gastos imprevistos. Lucy aconseja: “Uno debe tratar de ahorrarlo o invertirlo en algo de valor, como medicamentos”.

La economía española cerró 2024 con un crecimiento del 3,2%, superando el 2,7% del año anterior y situándose por encima del promedio de la zona euro. Factores como el aumento del consumo interno, la recuperación de la inversión, el turismo y la llegada de migrantes explican parte de ese avance. Según los datos del INE, en 2024 el saldo migratorio entre los españoles con el exterior fue positivo, en concreto, de 6.616 entradas netas. Sin embargo, esa cifra no representa la situación de quienes nacieron en España: en ese grupo, 31.548 personas más salieron del país respecto de las que ingresaron, según el informe de DataPulse Research publicado en junio basado en registros de Eurostat. Este dato refleja que, pese al crecimiento económico, cada vez más profesionales prefieren seguir trabajando en el extranjero, atraídos por mejores oportunidades.

“El saldo migratorio de los españoles fue positivo en 2024, pero esa cifra esconde dos movimientos opuestos. El signo positivo lo aportan los españoles nacidos en el extranjero (32.137) que regresan o se instalan en España, sobre todo de Cuba, Venezuela y Ecuador. Entre las personas nacidas en España, en cambio, el saldo siguió siendo claramente negativo: se fueron decenas de miles más de las que regresaron. Dicho de otro modo, el dato no significa que estén volviendo los nacidos en España, sino que el saldo lo sostienen los españoles nacidos fuera", explican desde DataPulse Research a Infobae.

De los 19 países de la UE analizados, 17 registran más salidas que llegadas de ciudadanos nativos y, en términos relativos, España ocupa el puesto 12, con una pérdida de 0,65 personas por cada 1.000 habitantes. Bulgaria y Lituania han logrado revertir la pérdida de población nativa y Rumanía o Croacia han reducido sus salidas.

Las salidas bajaron durante una década

La salida neta de personas nacidas en España alcanzó su punto máximo en 2013, durante la crisis económica, con un total de 49.473, cifra que fue disminuyendo a lo largo de una década, hasta 2023, y que volvió a aumentar en 2024, quedándose en un 36% por encima del nivel de 2019.

“El matiz importante es que las salidas apenas se movieron, pero volvieron bastantes menos personas. Y ocurre en un contexto muy favorable, con la economía española creciendo por encima del 3%, más del triple de la media de la eurozona. El crecimiento agregado es real, pero España todavía no ha cerrado la brecha salarial y de oportunidades con el norte de Europa que se abrió tras 2008″, añade el estudio de DataPulse Research. Los especialistas lo atribuyen, sobre todo, a los salarios y al precio de la vivienda: para una parte de los jóvenes y profesionales nacidos en España emigrar sigue saliendo a cuenta pese al buen dato macroeconómico.

En el conjunto de los 19 países europeos analizados, predomina un intercambio dentro del propio continente, siendo Alemania y Suiza los principales destinos para quienes deciden marcharse. Una proporción menor opta por salir de la Unión Europea, principalmente hacia Estados Unidos, mientras que Canadá y Reino Unido también figuran entre las alternativas más destacadas. En el caso de España, quienes dejaron el país eligieron Francia, Reino Unido y Alemania como principales destinos.

Salarios más altos y menor carga fiscal, razones clave

Aunque las razones para emigrar son diversas y personales, el estudio de DataPulse Research destaca algunos factores recurrentes entre quienes deciden buscar oportunidades fuera de su país. La perspectiva de obtener un salario más alto y pagar menos impuestos es uno de los grandes incentivos. En Suiza, por ejemplo, los sueldos brutos pueden superar entre un 30% y un 50% a los de Alemania en puestos similares, y además los impuestos son considerablemente más bajos: un trabajador medio destina el 18% de sus ingresos a impuestos, frente al 37,4% en Alemania, según la OCDE. Alemania, de hecho, soporta la segunda mayor carga fiscal sobre el trabajo de la OCDE, con un 47,9% del coste laboral total una vez sumadas las contribuciones patronales. Estados Unidos, por su parte, ofrece salarios equiparables o incluso superiores para profesionales cualificados.

Las oportunidades profesionales también pesan en la balanza. Alemania se ha convertido en un polo de atracción para trabajadores de Europa del Este y Central —como Rumania, Polonia, Hungría, Chequia y Bulgaria—, impulsados por la demanda en sectores como oficios, salud y logística. Estados Unidos y Reino Unido resultan especialmente atractivos para profesionales del ámbito tecnológico y académico.

El costo de vida, el idioma y la proximidad geográfica completan el mapa de motivaciones. En Países Bajos, por ejemplo, los alquileres absorben casi el 40% del ingreso de los inquilinos, la proporción más alta de Europa Occidental. Austria seduce a muchos alemanes por la facilidad del idioma y la cercanía. En los países nórdicos, la migración tiende a concentrarse dentro de la propia región. Para los rumanos, Italia y España suelen ser opciones preferidas, en parte por la afinidad lingüística.

Un total de 117,8 millones de personas se vieron obligadas en 2025 a huir de sus hogares a consecuencia de los conflictos, persecuciones u otros actos violentos, lo que supone un 4% menos respecto a 2024, el primer descenso registrado en la última década, según ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su reciente informe anual. Ese descenso, sin embargo, no responde a que se haya producido una mejora en sus condiciones de vida, sino al “incremento de las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos” a nivel global, tal y como ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que este lunes ha presentado su propio balance de 2025.

De acuerdo al informe de CEAR, en España se presentaron 144.396 solicitudes de protección internacional a lo largo del año pasado, un 13,7% menos respecto a 2024, por lo que por primera vez se interrumpe la tendencia al alza. No obstante, España es el tercer país europeo que más solicitudes recibió, solo por detrás de Alemania y Francia.

Ese descenso de peticiones responde, por un lado, “al impacto del Reglamento de Extranjería (RELOEX)”, que entró en vigor en mayo de 2025 y no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo, y, por otro, “al progresivo endurecimiento de las políticas migratorias, en particular los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal”, explica la organización.

América Latina y África son las principales regiones de las que proceden 9 de las 10 nacionalidades con mayor número de solicitudes, con Somalia y Guinea como principales novedades, a las que se suma Palestina. Venezuela, no obstante, es el país que acumula más peticiones de asilo, con un total de 85.413, seguido de Mali, con 16.004, y de Colombia, que suma 14.524.

Los datos también muestran cómo el nivel de protección ofrecido por España sigue descendiendo drásticamente y es de los más bajos de la Unión Europea, ya que en 2025 se situó en un 11,2%, lo que representa un descenso del 7,3% respecto a 2024, una cifra muy por debajo de la media europea, que supera el 35%.

Pacto migratorio europeo

Entre las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos que han influido en el descenso de las personas desplazadas a nivel global, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor este 12 de junio, y que supone un endurecimiento de la política migratoria en el bloque, ya que implica un mayor control fronterizo, la aceleración de los procedimientos y la aplicación de un sistema de solidaridad obligatorio.

La organización llama la atención especialmente sobre la lista común de países considerados seguros, ya que entre ellos “se incluyen algunos con graves déficits en materia de derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez”. Además, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno que supone graves riesgos para los derechos humanos al prever la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países, sin que sea necesario vínculo previo entre la persona y el país.

“España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad”, señala Mónica López, directora de CEAR, que también reclama atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, “entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”.

Llegan menos migrantes a Canarias

Según CEAR, las políticas de externalización de fronteras también han provocado un descenso en las llegadas de personas migrantes a las costas españolas. De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, entre enero y mayo de 2026 arribaron un total de 10.224 extranjeros por vía marítima y terrestre, lo que supone un 35% menos que los 15.769 que llegaron en el mismo periodo de 2025. También ha habido una reducción considerable de las llegadas a costas canarias: 3.184 migrantes, un 71% menos que el año pasado, aunque los que arribaron a Baleares por vía marítima han aumentado un 13%, consolidándose la nueva ruta que parte desde Somalia.

Por ello, CEAR insiste en la necesidad de que España “habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdidas de vidas en las rutas migratorias”.

Cabe recordar que, según el último informe de Caminando Fronteras, organización humanitaria que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década, el número de personas que han fallecido tratando de llegar al país entre enero y mayo de este año es de 1.317, de las que 142 eran mujeres y 129 menores de edad.

CEAR también denuncia en su informe anual que las vulneraciones de derechos no solo se producen en las fronteras, países de tránsito u origen, sino que “también persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas”. Esos obstáculos incluyen el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna y al empadronamiento, además de “la escalada del racismo y la xenofobia”. De hecho, concluyen, los delitos e incidentes de odio contra la población migrante aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado este martes la Estrategia de vacunación en personas migrantes y refugiadas llegadas por vía irregular a España, un documento técnico dirigido a las personas acogidas en el Programa de Atención Humanitaria que pretende aumentar la cobertura vacunacional en este grupo de población.

El Ministerio de Sanidad recuerda que las personas migrantes, por lo general, llegan a España en un buen estado de salud. No obstante, algunos proceden de países donde los niveles de vacunación son bajos y, al entrar en España, pueden encontrar dificultades para completar sus pautas vacunales.

La baja inoculación de la población migrante ha sido señalada por expertos al hablar del descenso de la cobertura vacunacional en España para algunos virus, como el sarampión o la difteria. Recientemente, la OMS ha retirado a España el reconocimiento de país libre de sarampión, al reinstaurarse la transmisión endémica del virus en el territorio: el país ha pasado de registrar 11 casos en 2023 a 397 en 2025. De ellos, la mayoría eran casos importados, principalmente de Marruecos.

Asimismo, España parece haber perdido la inmunidad de rebaño: para lograr una protección efectiva frente a este patógeno, se necesita alcanzar coberturas superiores al 95% con ambas dosis, pero en España ha bajado a 93,8%. Esta diferencia se debe a problemas logísticos en los programas de vacunación y captación, según explicó a Infobae el doctor Diego García Martínez de Artola, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). “El sarampión siempre se ha comentado como una enfermedad que nos habla de problemas de la equidad del sistema sanitario”, valoró en una entrevista con este medio.

Con la difteria ha ocurrido algo similar: su incidencia es muy baja, con solo 17 casos confirmados y uno probable entre 2014 y 2025. En 2022, sin embargo, se detectó un brote a nivel europeo, con más de 300 casos confirmados, que estuvo principalmente relacionado con personas migrantes que habían estado expuestas al virus.

La población migrante en situación irregular es una de las que más barreras de acceso al sistema sanitario sufre. Según un informe de la ONG Médicos del Mundo, cerca de 13.000 extranjeros tuvieron problemas para acudir a la sanidad pública en 2025, pese a tener derecho a atención médica.

Estrategia de vacunación para migrantes y refugiados

En este contexto, el Ministerio de Sanidad ha introducido una estrategia de vacunación para esta población vulnerable. “Las vacunas son una de las herramientas más eficaces de salud pública que existen”, ha valorado la ministra, Mónica García, que ha calificado el plan como “una oportunidad de prevención y equidad”. “Se trata de garantizar que nadie quede fuera de una herramienta tan básica y tan eficaz como es la vacunación. Una sociedad se protege mejor cuando protege a todo el mundo y la salud pública no pregunta de dónde viene una persona, sino qué necesita para estar protegida”, ha agregado.

La recomendación es vacunar a las personas dentro del Programa de Atención Humanitaria, principalmente adolescentes y personas adultas. Deberán recibir al menos una dosis inicial en sus tres primeras semanas de estancia en España. Se priorizarán la administración de la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas), la poliomielitis, el tétanos y la difteria.

Si la persona cuenta con una cartilla o certificado vacunal legible, se tendrán en cuenta las dosis que figuren en el documento. Cuando la información no exista o haya dudas sobre las vacunas recibidas, se recomienda completar las pautas necesarias. Si su estancia se prolonga, deberán completar el calendario vacunal correspondiente, como el resto de la población española.

Raúl Saucedo Huipio, un hombre de 51 años y residente de Mexicali, Baja California, fue sentenciado a 87 meses (más de 7 años) de prisión por su participación como gerente o supervisor en una “extensa” organización de contrabando de personas que operó entre 2018 y 2022 a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

La condena fue informada el 15 de junio y fue realizada luego de la extradición desde territorio mexicano y su declaración de culpabilidad en marzo de 2026 por cargos de conspiración para introducir a un extranjero en EEUU y de introducción de extranjeros al país.

Cabe destacar que a dicho hombre se le relacionó con Ofelia Hernández Salas, alias Doña Lupe, esta última una mujer ya sentenciada y ligada con el Cártel de Sinaloa.

Según la acusación, Saucedo Huipio y sus cómplices facilitaron el traslado de más de 200 personas —aunque las autoridades señalan que la cifra real probablemente sea considerablemente mayor— desde y a través de al menos 19 países hacia EEUU.

Los extranjeros provenían o transitaban por Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. La organización cobraba a cada uno de los migrantes hasta decenas de miles de dólares por el cruce ilegal de la frontera.

Saucedo Huipio era identificado como gerente o supervisor de la operación y frecuentemente portaba un arma de fuego en la cintura antes de que los migrantes cruzaran la frontera.

Los métodos empleados por la red para facilitar los cruces incluían el suministro de escaleras para trepar la valla fronteriza, la indicación de agujeros en la valla por los que los migrantes podían arrastrarse y la provisión de tablas de madera para cruzar cuerpos de agua.

En uno de los casos documentados, Saucedo Huipio supervisó el cruce de tres niños pequeños sobre una tabla colocada encima de un cuerpo de agua. Además del contrabando, la organización también robaba a los migrantes dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias, con frecuencia mediante el uso de pistolas y cuchillos.

El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia subrayó la gravedad del delito: “El tráfico de personas no es un delito sin víctimas. Es un ataque directo a nuestra seguridad nacional y una explotación de algunas de las personas más vulnerables del mundo”.

Duva también advirtió que la organización “no solo transportaba inmigrantes ilegales a través de la frontera, sino que también les robaba y los dejaba en situaciones desesperadas”, generando costos adicionales para las comunidades y los programas gubernamentales.

Por su parte, Jason T. Stevens, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Arizona, calificó a Saucedo-Huipio como un “traficante de personas violento” que “utiliza la intimidación, la violencia y la coacción para lograr sus objetivos: obtener ganancias económicas sin importar el daño causado”. Stevens destacó que la sentencia “sirve como castigo, sino también como una oportunidad para que el delincuente reflexione sobre el daño causado a tantas personas”.

En marzo de 2023, Saucedo-Huipio y su coacusada Ofelia Hernández-Salas fueron arrestados en México a raíz de una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Hernández-Salas se declaró culpable en diciembre de 2024 de un cargo de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos y de tres cargos sustantivos de introducción de extranjeros al país con fines comerciales o de lucro personal. El 13 de mayo pasado fue sentenciada a 11 años de prisión por su participación en la organización.

El Gobierno ha contabilizado ya 900.000 solicitudes de personas extranjeras interesadas en regularizar su situación en España, cuando faltan solo dos semanas para que termine el plazo para presentar estas peticiones, fijado para el 30 de junio. Esta cifra marca un nuevo récord respecto a procesos de regularización anteriores, según ha adelantado el diario El País.

De esas 900.000 solicitudes presentadas, cerca de 360.000 ya han sido admitidas a trámite, según ha indicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde hacen un llamamiento a la calma y a completar las solicitudes para que “nadie se quede fuera” del proceso.

Sin embargo, las entidades sociales colaboradoras de Extranjería que están ayudando a las personas migrantes a tramitar sus solicitudes para poder acceder al permiso de residencia y trabajo que otorga la regularización, han denunciado las numerosas “trabas burocráticas, controles policiales y deportaciones exprés” que ha habido desde que inició el proceso a mediados de abril.

Para personas procedentes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia está siendo especialmente complicado conseguir el certificado de antecedentes penales, indispensable para hacer la solicitud. La ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, complica la gestión y prolonga los tiempos de espera, han criticado desde el movimiento Regularización Ya. Otros muchos solicitantes también han tenido dificultades en los servicios sociales de los ayuntamientos para lograr el certificado de vulnerabilidad, que se les exige a quienes no han trabajado en España con contrato y no tienen hijos menores a su cargo.

Aislamiento de jornaleros e internas

Regularización Ya también ha denunciado que el aislamiento de ciertos trabajadores migrantes como jornaleros e internas en el servicio doméstico complica aún más su acceso. “Hay personas que trabajan de lunes a sábado, e incluso hay internas que solo pueden salir tres horas cada 15 días. Si además esa trabajadora está enferma o no llegan los hijos de la persona que está cuidando, no puede salir de la casa, con lo cual no puede tramitar la documentación necesaria”, explicaba hace unos días a Infobae Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya en Valencia e integrante de la Unidad Móvil Migrante para la DANA.

En muchas ocasiones las trabajadoras internas también tienen problemas a la hora de demostrar que acreditar los cinco meses de residencia continuada que exige el proceso, además de que deben demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2015. “No pueden obtener esas pruebas porque están encerradas en una casa. Nos ha llegado el caso de una mujer que solamente necesita una prueba de residencia de un mes, pero no puede aportarla porque durante ese mes no pudo salir de la casa donde trabaja. Por situaciones como esta decimos que el trabajo de interna es la esclavitud moderna”, indicaba Cabrera.

Reclaman una prórroga y más facilidades en la legalización de documentos

Ante esta situación, las organizaciones sociales han reclamado una extensión del plazo, más allá del 30 de junio, aunque por el momento el Ejecutivo mantiene esa fecha como último día para presentar las solicitudes. De hecho, Regularización Ya ha registrado -a través de Podemos, Sumar, Eh Bildu, ERC y BNG- una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para pedir al Gobierno que facilite la legalización de documentos y que se asigne automáticamente una cita para la toma de huellas con la resolución.

También han reclamado que se paralicen las deportaciones de personas en proceso de regularización, una reivindicación a la que se sumó el pasado 1 de junio el Defensor del Pueblo.

Esta es la sexta vez que España pone en marcha un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, ya que tanto gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista han recurrido a este mecanismo en el pasado para responder a la realidad de miles de migrantes que residen y trabajan en el territorio pero sin acceso de derechos básicos.

(Con información de la agencia EFE)

En el principio esta vez no era el Verbo, sino dos mujeres. Dos mujeres a las que las une la vida, una historia y un viaje que llega con un cambio de vida y un nuevo comienzo, pero que servirá para recuperar la historia en común con las mujeres que las antecedieron.

“En el principio eran una madre y una hija, Después, por ahí de la mitad, habría otras madres e hijas, algunos hombres, otras personas en general. Pero por ahora somos solo ella y yo, y un haz de luz entra a la recámara por la ranura entre las cortinas, y la luz cruza el aire humoso y espeso y pega en la cama, donde se esparce por las arrugas de las sábanas dibujando su silueta entera –pies, piernas, torso, cuello– hasa que se dispersa en su cara descubierta, y está dormida, y le toco la frente con la palma de la mano y la despierto”.

Este es el comienzo de Principio, medio, fin (Anagrama), la nueva novela de la escritora, traductora, crítica y docente mexicana Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983), autora Los niños perdidos, La historia de mis dientes, Papeles falsos y de Desierto sonoro, una novela que años atrás circuló mucho entre buenos y ávidos lectores y en la que también había un viaje, una familia en proceso de desintegración y las voces potentes de los niños.

Esta vez, la protagonista, una escritora recién separada y aún doliente por el final del proyecto amoroso, emprende desde Nueva York, donde vive, un viaje a Europa que terminará en Sicilia. La acompaña su hija de doce años y transcurre en el marco de una gira de promoción de uno de sus libros. La separación puso fin a la convivencia de una familia ensamblada y la ruptura se manifiesta en el cuerpo, con migrañas paralizantes. Con el propósito de iniciar un ciclo diferente, se instalan en el departamento que le presta un amante que es músico y también está de gira.

Así, la narradora de la primera parte (al igual que en Desierto sonoro, los cambios de narrador y de perspectiva iluminan diferentes ángulos de la historia) se dispone a terminar su novela en casa ajena (“Seguir adelante con la vida es estar escribiendo algo que no puedo no escribir”), a estar cerca de la niña y a hacer vida de local aún siendo extranjera, en un verano arrasador de vientos y tormentas, con incendios muy cercanos y amenazantes provocados por la erupción del volcán Etna. Lejos, al otro lado del océano, está su madre, una activista ambiental que siempre priorizó sus causas por sobre los cuidados maternos y que hoy, por ciertas actitudes y algunos mensajes, parece caminar por la cornisa de la locura.

Madre e hija llevan con ellas el fragmento de un fresco antiguo que la abuela de la protagonista puso en su valija cuando emigró a América. La historia de esa abuela aguerrida, que se disfrazó de hombre para ganarse unos centavos excavando en busca de piezas arqueológicas a comienzos del siglo XX, será central en la trama, al igual que la lectura, la mitología, la geología y la filosofía.

El libro -una vez más, un trabajo experimental de Luiselli con las formas, las voces y los géneros- consta de cuatro partes divididas en capítulos que, a su vez, están integrados por breves fragmentos con subtítulos encadenados. Hay también fotos vinculadas a la historia que se cuenta y un QR que conduce a los sonidos naturales que conforman la banda de sonido la historia.

Principio, medio, fin no es un ensayo aunque la escritura cabalga entre los géneros de modo que la narradora, que no consigue terminar su novela, se preguntará por la memoria, por la naturaleza, por las formas en que hoy concebimos el tiempo y también por los mandatos y los deseos de las mujeres y las violencias en su contra. Otra de las claves de la narración es la idea de la extranjería, que se da en el marco de una Italia xenófoba, que se legitima con el avance de las ultra derechas en el mundo.

Son las 11 de la mañana y Valeria Luiselli llega en punto a la cita en el café de la librería Eterna Cadencia. Al saludar se disculpa porque cree que su chaqueta carga con el olor residual del asado que le prepararon anoche, pero no, el aroma ahumado solo permanece en su recuerdo. Se sienta, pide un té y sonríe. Esa misma sonrisa aparecerá regularmente durante la charla en la que conversaremos sobre su nueva novela, que llega luego de varios años en los que, además de escribir, siguió dando clases de escritura creativa en Bard College y ocasionalmente en Harvard y se dedicó a documentar sonidos de la naturaleza que habitualmente no escuchamos, a criar a su hija mayor y a ser madre nuevamente.

Las preguntas difíciles

— Tu novela se llama Principio, medio, fin y, aunque prácticamente la novela trabaja sobre la idea de ese medio, me gusta pensar en lo que fue el principio. ¿Qué fue primero? ¿Reflexionar sobre el tiempo? ¿Sobre la memoria? ¿Narrar la historia de un linaje de mujeres? ¿O fue simultáneo?

— Fue creciendo. No había en un comienzo una dirección precisa, clara, porque nunca da cuando empiezo un proyecto. Es decir, lo que hay para mí son una serie de preguntas difíciles.

— ¿Tampoco arrancás con un género? ¿O con la idea de ficción o no ficción?

— No, ni un idioma. Es decir, no sabía si el proyecto iba a ser en inglés, si iba a ser ensayo o novela, que en general me muevo entre esos dos, no soy una buena cuentista ni, desafortunadamente, poeta. Entonces, lo que tengo a la mano es el ensayo, la novela. Y no hay claridad para mí sobre el género de un proyecto nuevo en particular; lo que hay son una serie de preguntas, una serie de imágenes y una serie de intuiciones en ese momento todavía muy, muy sensoriales, muy poco resueltas en algo. Y así me lanzo, haciendo apuntes. Una de las preguntas, no sé si la primera pero sí que vino muy temprano en el proceso de este libro, fue una que me hizo mi hija, que entonces tendría unos 10 años, en un periodo de noches insomnes en las que yo le leía mitos griegos, que tal vez no eran la mejor manera de tratar…

— De tratar de que durmiera.

— De tratar de que durmiera. Pero bueno, uno hace lo que puede. Y en una de esas me preguntó: ¿por qué mamá en todos estos mitos e historias de creación del mundo siempre todo hendido en dos?

— Una pregunta que atraviesa este libro.

— Una pregunta que atraviesa el libro que está ahí en el epígrafe de la última parte. Por qué todo está siempre hendido en dos. Y qué significa eso de “hendido en dos”. Bueno, le pude contestar lo segundo, que es hendir en dos, partido en dos mitades, dividir. Pero no pude contestarle la pregunta más importante, la enorme pregunta sobre el origen de algo en un rompimiento, en una división, en un estar partido.

— Sigue siendo el gran misterio para todos, ¿no?

— Es una pregunta que ya no se puede contestar y son las preguntas que vale la pena explorar.

— Claro.

— Nunca estoy en busca de respuestas últimas, fijas, cerradas, sino del viaje de exploración de esas preguntas. Y ese viaje en este caso empezó a crecer como en círculos concéntricos hacia una novela con otras voces. De pronto fue necesario la voz de una madre. De pronto, más allá ese otro círculo de una abuela o bisabuela, bisabuela de la niña y abuela de la narradora. Y a medida que exploraba esos temas empezaron también las preguntas por qué es un principio, por qué los principios están rotos, qué es esto de estar a la mitad de la vida, qué significa estar viendo a los hijos o a la generación más chica entrar al mundo con toda su vitalidad, sus preguntas cada vez más complejas, sus necesidades de entender y articular el mundo. Y luego, por el otro lado, estar viendo a la generación de nuestros mayores, nuestras madres, abuelos, mentores, empezar a soltar las riendas, a perder la memoria, a perder la salud y a morir. Cómo hacemos sentido de esto que es estar en el medio. Cómo escribimos y tejemos el tiempo desde aquí. Y, luego, por supuesto, la pregunta no tanto por los finales y el final como un abismo catastrófico ni nada, sino más bien con cómo lidiamos en nuestro presente para no desanclarnos del tiempo presente. Cómo lidiar con la sensación inminente de que estamos ante un cambio de era, un cambio civilizatorio profundo. Yo creo que hay un presentimiento generalizado de eso que no podemos terminar de articular. Que nos acompaña como una especie de río subterráneo, a veces ansioso, a veces curioso. Y bueno, cómo hacemos para escucharlo. Estar atentos a esa sensación.

— Para ver si el fuego llega cerca (como en la novela).

— Sí, exacto.

— O sea, cómo estar advertidos de que el fuego está llegando.

— Sin, por aquella razón, tirar la toalla y desconectarnos de nuestro deber con el mundo, nuestro cariño por las cosas, nuestro estar aquí. Bueno, o sea, ahí fueron creciendo esas preguntas en torno a nuestra manera de entender el tiempo, de habitar en él. Y, por ende, la memoria pensada tanto como la herencia de una historia de linaje íntimo, familiar, pero también de los mitos que se cuentan sobre el mundo. Pero también del pasado arqueológico de los objetos. Y también del pasado geológico de las cosas que viven en nuestras casas, los mosaicos, las piedras. Ahí la novela se fue expandiendo hacia esas otras miradas, disciplinas, formas dentro del tiempo, el tiempo arqueológico, el tiempo mitológico, el tiempo geológico, para entonces ya constituir esta novela en sus múltiples lados.

— Que, curiosamente, o no tan curiosamente, continúa con algunas cosas tu novela anterior no solo en lo que tiene que ver con la pareja y la separación sino por la importancia del sonido. Pensaba en los sonidos grabados especialmente que pueden escucharse a través del QR. Es algo que claramente te viene atravesando en relación a tu creación. Aquello que te deja el sonido o aquello que puede producir el sonido. Porque hay mucho de la forma de la novela que también tiene una estructura muy singular digamos, con esos subtítulos que además se pueden leer como un texto aparte. Me gustaría que me cuentes cómo es tu relación con el sonido.

— El sonido ha sido para mí como un campo de reentrenamiento casi de la atención y de la escucha, ¿no? Creo que en los últimos años he tenido que re alfabetizarme a mí misma como escucha porque no sabía escuchar, no las voces humanas, siento que siempre me ha interesado escuchar a los seres humanos, escuchar historias, eso siempre. Pero no era una buena escucha de lo que podríamos llamar silencio o ruido, que en realidad no es más que una serie de capas de sonidos en el mundo, un viento, sonidos, murmullos de voces más lejanas, zumbidos. Eso que compone en realidad el espacio sónico en el que siempre estamos inmersos. Nunca me había realmente detenido a escucharlo y a atomizar sus partes y a pensarlo y documentarlo hasta hace cinco años, más o menos, que empecé un proyecto con un pequeño colectivo que nos llamamos Ecos de las Tierras Fronterizas y que nos lanzamos a documentar el sonido de toda la frontera México-Estados Unidos. Empezando por debajo del mar documentando migraciones de ballenas jorobadas en un año muy especial, que fue el año de COVID, donde no había cruceros. Entonces, se escuchaban tan prístinos los cantos de las ballenas jorobadas migrando. Una cosa tan envolvente, emocionante y una cosa realmente de otro mundo. En ese año el canto de las ballenas jorobadas era particularmente complejo porque se escuchaban entre sí. Ellas podían hacer un canto muy polifónico, muy largo.

— Un coro.

— Un coro. Y ese coro todos los años renueva la canción, pero cantan todas la misma canción todos los años. Es una cosa extraordinaria. Entonces, de ahí, escuchando a las ballenas, dijimos: tenemos que entender esto mejor. Fuimos después de debajo del mar, subiendo hacia las playas de Tijuana, donde ya empiezan los sonidos devastadores de la policía del lado gringo, los border patrol. Se forman en las playas esas olas tremendas del Pacífico que pegan contra el muro; el muro entra al mar en ese pedazo de tierra. Es como la gran cicatriz de nuestro continente. El Norte anglosajón dice: desde aquí para abajo es nuestro patio trasero. Hay que entender esa frontera, realmente. Entonces, bueno, recorrimos toda la frontera estos cinco años, salvo buenos tramos de Texas que son muy complejos, todavía no los documentamos, estamos en ello.

— ¿Cómo hacen para escuchar? ¿En qué consiste esa acción, concretamente?

— Por ejemplo, nos teníamos que sentar en la arena en un bosque de saguaros, que son estos cactus muy simpáticos, que tienen las manos para acá, los brazos para allá (N. de la R: mientras sonríe, Luiselli imita con sus brazos la forma singular de los cactus). Nos teníamos que sentar en la arena una hora con los cascos (auriculares), micrófonos en distintos lugares dispuestos estratégicamente, a escuchar en pleno silencio para documentar, por ejemplo, una tormenta de polvo. Cómo suena el polvo contra el cuerpo del cactus. Hace unos soniditos hermosísimos. Y así con todo. Así, yo creo, fui reaprendiendo a escuchar. Y esta novela surge como del estado de atención y pausa y de escucha que generaron para mí estos años.

— ¿Y cómo fue el proceso de registrar los sonidos para la novela?

— Cuando estaba también en un proceso más avanzado de escritura de este libro, me puse a documentar con uno de los miembros de ese equipo y con mi pareja, que es un ingeniero sonoro. Nos pusimos a documentar los elementos más básicos, los elementos: el agua, la tierra, el aire, el fuego, esa idea de los cuatro elementos que nació en la isla de Sicilia, con Empédocles en el año... ¿En qué año estaba escribiendo Empédocles? Creo que por ahí del 400 A.C. Es decir, es posterior a Homero y demás, pero es muy temprano todavía. Ahí nace esa idea, una idea que todavía sigue circulando de manera bastante ya deslavada, pero que al final ahí está. Una idea que estructura algo para nosotros. Entonces decidimos ir a grabar esos elementos. Fuimos a grabar volcanes y corrientes de viento, hay ocho vientos muy intensos en la isla. Todo el mundo, al menos los de 50 años para arriba, sabe qué viento está soplando cada día. Sobre todo la gente que vive no en las ciudades sino en el campo. Dicen “uy, hoy es la tramontana, no sé qué”. “Uy, ahí viene el siroco”.

— Tu novela tiene muchas entradas posibles; se puede entrar por la historia de la abuela de la narradora, o la madre de la narradora, o la hija. Y esta hija de la narradora tiene 12 años y esa cosa hermosa en la que aún conserva cierta cosa de niña pero ya empieza a transformarse tanto desde la cabeza como desde el cuerpo en lo que va a ser una mujer. Me gustaría que me contaras esa elección, vos madre de dos hijas mujeres, ¿no es cierto?

— Sí, mamá de dos niñas. Tía de un montón de sobrinas. Y vivo en una casa con ocho mujeres.

— Eso leí en una nota; contabas que la novela un poco había surgido a partir de una cantidad de gente que pasó por tu casa, muchas mujeres.

— Sí, absolutamente. Llevo ocho años viviendo en una casa donde han pasado muchas mujeres, donde solo han vivido mujeres en los últimos ocho años, desde que me separé, y en donde, de alguna manera, la conversación, la forma de convivencia, la manera en que se cuentan historias, la manera en que se hace el cuidado de la otra, todo eso me formó y está como ahí, en el mismo corazón de la novela.

— Es lo que se respira.

— Ese espacio, ese tipo de léxico familiar, como diría la gran (Natalia) Ginzburg, que se tejió en ese espacio. Pero, para volver a tu pregunta sobre la niña, y sin querer estirar demasiado la metáfora, me interesan siempre las zonas fronterizas. Llevo muchos años trabajando en zonas liminales, zonas fronterizas, espacios que no son ni un aquí, ni un allá. Y colocando ahí el ojo, desde ahí una mirada que puede mirar hacia abajo, un par de frentes sin estar en uno, sin estar en otro, pero observándolos con la curiosidad de la extranjería. Y creo que ese claroscuro que es la conciencia de alguien que transita de la infancia hacia la adultez es, precisamente, una zona profundamente fronteriza de la existencia humana. Quizás el momento de mayor transición. Porque el siguiente es una transición hacia la muerte del mundo. ¿Cuál sería la otra gran frontera?

— ¿De la mujer, decís? Y, la menopausia, sin dudas.

— Sin dudas, la menopausia. Pero dura tanto la perimenopausia, ahora. Antes pensábamos que era como “uy, te dejó de venir la regla y ya”.

— Pero es porque no se hablaba del tema.

— Resulta yo, que estoy en mis cuarentas, llevo probablemente un par de años no sabiendo que estaba en la perimenopausia…

— Por eso, porque nadie te lo dice.

— Nadie te lo dice. Hasta que empezamos a hablar las mujeres entre nosotras: “ya llevo dos años con insomnio”, “el pelo se me puso así”, “ah, las uñas se me quiebran”.

— La niebla mental.

— Sí, la niebla mental. Todo. Los humores, las melancolías antes de la regla, todo eso.

— Bueno, en realidad forma parte, digamos, del universo de las mujeres, que se suponía que no era universal porque hasta hace muy poco solo lo relacionado con los hombres venía a ser lo universal.

— En efecto. Me pregunto mucho también por los hombres que no tienen idea de cuál es su ciclicidad. Hay algo importante en la comprensión de nuestra ciclicidad. O sea, de más o menos entender dónde estamos, por qué de pronto nos ponemos muy ansiosas unos días, por qué estamos de mal humor.

— Para terminar un poquito también con la facilidad con la que se habla de la histeria.

— Claro.

— Un hombre es excéntrico, una mujer es una loca. En tu novela aparece la menstruación, bien concreta. Se la visualiza. En apenas un fragmento aparece descripta. También hay mucho que ver con el cuerpo. Con el deseo. Aparece también la contradicción de ser una madre que cuidando a su niña y, al mismo tiempo, tener, y cuidad de una madre a la distancia, y también tener el deseo de irse a la con un hombre que está allí nomás. Eso es una mujer.

— Con un baboso, además

— Sí.

— Oye, pero, además, claro, ahora que mencionas la menstruación pues, o sea, hay muchas formas. Así como decías que hay muchas entradas al libro, efectivamente, y también hay muchas temporalidades cruzadas, hay muchos pasados, desde el mítico, el zoológico, el familiar de la bisabuela, etcétera. Pero, en realidad, el tiempo objetivo de la novela, el único tiempo lineal en el que realmente corren los eventos ocurridos en el presente, en el movimiento de la novela, es un ciclo menstrual.

— Hay un momento en el que la narradora cuenta los días con los nudillos de los dedos. Me di cuenta de que había un detalle ahí.

— Ella dice “ah, hoy es el día 21”. En realidad la novela empieza y termina en un ciclo completo lunar y menstrual.

— Muy interesante. Ese hombre, el baboso, el dueño del departamento, al comienzo es llamado “el pianista”. Pero luego pasa a ser llamado “el turista”. ¿Por qué?

— Porque ahí es el territorio del léxico íntimo de la familia. Una madre y una hija reinventando el mundo con lenguaje íntimo, ¿no? Con códigos propios. O sea, ahí, en esos espacios, es donde siempre surge el humor de la manera en que después salimos al mundo para verlo con la trama que tramamos en el espacio íntimo. El sentido del humor que se va tejiendo entre la madre y la hija, la complicidad que hay entre ellas. Este hombre que amenaza con llegar y eventualmente llega. Es la niña la que le pone “el turista”.

— Me gusta mucho cómo está construido el momento en que salen de esa casa, cuando ella agarra la valija blanca y la nena elige los libros para llevarse y se van. Y las veía como una especie de Thelma & Louise madre e hija yéndose, y dejando atrás ese universo de hombres que no valen la pena.

— Sí, totalmente. Ese momento es como un último estertor con ese hombre, ese enorme lastre que a veces cargamos tanto tiempo las mujeres de encontrarnos una y otra vez con la misma historia, con el mismo hombre, con la misma forma de violencia, y la frustración y el hastío que viene con la pregunta: ¿por qué siempre vuelvo a esto? ¿Qué pasó? Es como que es una última partida después de lo que se había concebido como un final, con esa idea de: vamos a reconstruir todo. Vamos a ser tú y yo. Voy a encontrar un espacio sólido en el mundo. Un centro más claro, más fijo, más sólido. Y otra vez esa historia. Y la partida de ese departamento es como, en el mejor de los casos, el último resabio de hábitos y taras viejas.

El ida y vuelta de los cuidados

“Mientras pensamos que les estamos enseñando a leer y escribir el mundo, nuestras hijas nos están siempre, también, leyendo y reescribiendo a nosotras.”

(De Principio, medio, fin)

— Estamos hablando de muchas cosas que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Y el tema del cuidado es uno de esos temas que se están discutiendo mucho, a propósito de todo lo que han perdido a lo largo del tiempo las mujeres con esa carga que, socialmente, todavía continúa. Se sabe que, cuando hay que cuidar, es mayormente la mujer la que cuida. En tu novela, el cuidado se traslada de madres a hijas, la narradora comienza a cuidar a su madre a la distancia, es una que no sabemos si está loca o es así. Alguien a quien le cuesta no pensar en sí misma.

— Egocéntrica.

— Exactamente. Y, a su vez, el cuidado que debería ser de esta madre con esta hija de 12 años, en varios momentos, y sobre todo por cómo se desarrolla la novela, termina siendo la hija de 12 años la que cuida a su madre.

— Yo creo que, justamente, es así la dinámica del cuidado, no es tan unidireccional como pensamos. Así como la herencia, no hablo de las herencias físicas, pero la herencia de una historia, así como la herencia nunca es realmente unidireccional, es decir, el pasado no nos llueve encima sino que siempre estamos como dos corrientes. Hay un río, el río Hudson, en Nueva York, cuyo nombre original es Mahicannituk. Y Mahicannituk es el Hudson, mucho más bonito el nombre Mahicannituk. Y Mahicannituk significa “río que corre en dos direcciones”. Y, efectivamente, si tú te paras frente al Hudson, Mahicannituk, siempre ves cómo hay una corriente que va para acá y una para allá al mismo tiempo. Esa bidireccionalidad es la misma que existe en las maneras de interactuar del pasado y del presente, de las historias y los linajes familiares. Es decir, cada vez que el pasado se cuenta, se está reescribiendo el presente y está resignificando al presente y viceversa. Siempre el presente está siendo recodificado por su mezcolanza con el pasado. Y así el cuidado, ¿no? Va en dos direcciones, siempre. No de manera simétrica; es más caótico y más hermoso y más complejo que eso, pero en la novela, por ejemplo, la madre de la narradora, que está perdiendo la memoria, empieza a traducir para su hija, la narradora.

— Como un ejercicio para esa memoria que tropieza.

— Como un ejercicio. Yo digo una especie de aerobics mental para que active su mente que está ahí, recordando palabras. Voy a ayudar a mi mamá con eso, dice la narradora. Una narradora que está un poco atorada con la escritura, y es gracias a la traducción de la madre que ella empieza realmente a escribir. Entonces, ¿quién está cuidando?

— Está muy bien lo que vos decís. La historia de la nanna, la abuela, es la historia de la explotación. Hay temas que aparecen mucho en tu literatura: los niños, las fronteras, los migrantes, la explotación. Hablemos primero de lo que tiene que ver con esa historia. ¿Hay alguna historia real detrás de la historia de esa abuela que se disfrazó de hombre en Sicilia para poder ser recultada para excavar?

— Bueno, la nanna es historia real. Sí, claro, tantas mujeres.

— Mujeres que se disfrazaban de hombres para ir a hacer ese trabajo.

— Para ir a hacer excavaciones. O tantos campesinos de las partes más pobres y rurales de Italia, que labraban la tierra para grandes terratenientes y, de pronto, los terratenientes vendían la tierra a alguien más porque resultaba que había ruinas arqueológicas. Ahí los campesinos pasaban de ser quienes cuidaban la tierra y la araban y la sembraban a tener que destruirla y desenterrar. Y, en este caso, en Sicilia así fue la historia de esa magnífica villa enterrada durante nueve siglos debajo de piedras y lodo y de una gran avalancha de una montaña después de una erupción y de un movimiento telúrico. Y los campesinos de la zona, a principios del siglo XX fueron los que fueron contratados como excavadores, pagados no, no les pagaban nada. Pero digamos que cuando yo empecé a desenterrar partes y pedazos de la historia para escribir sobre este personaje de manera ficcional, lo más curioso me resultó que llegué a los archivos del museo de Rovereto, un museo en el Norte de Italia, que es el museo donde están todos los archivos. Bueno, ahí, en Siracusa, están todos los archivos de Paolo Orsini.

— Sí, de ahí están algunas de las imágenes del final del libro.

— Me voló la cabeza encontrarme las imágenes, las fotos de ese archivo de principios del siglo XX. Grupos de excavadores en donde claramente hay una mujer vestida de hombre. Es decir, cómo la ficción fue de atrás para adelante, primero escribí sobre este personaje y luego vino la realidad a confirmar que existía. Así se comporta la ficción.

— Por eso la ficción puede adelantar el futuro, escribís.

— Yo creo que sí. Siempre está recordando el futuro.

— Pensaba en lo que me contabas antes acerca de la frontera y del muro; en los niños perdidos, de los que te ocupaste en otros de tus libros y pensaba en lo que aparece en esta novela de parte de la población contra los africanos, una hostilidad y violencia contra el extranjero, el otro, algo que fue creciendo en estos años. Y esta idea de políticas de un mundo para pocos. Mencionaste antes un cambio de era y de cómo medimos hoy el tiempo y todo va de la mano porque tiene que ver también con cuánto se produce y cuánto demora en producirse. Me gustaría una opinión un poco más de coyuntura, si querés, pero t desde lo que era el mundo cuando creciste a lo que es hoy y a lo que te imaginás que puede venir si no hay un freno a determinadas dinámicas que están en juego.

— Lo que viene y lo que ya está llegando es que se suman a las grandes migraciones y exilios políticos, es decir, resultados de violencia y de guerras, se suma a eso la migración y el exilio climático. Entonces, desde hace tiempo urge una reconceptualización de cómo entendemos las fronteras y nuestro deber como países de albergar a quienes buscan asilo. La noción del Estado nación ya es muy vieja, muy obsoleta. Pertenece a un mundo donde la gente no se movía tanto como se mueve hoy en día. Y las leyes de asilo escritas después de la Segunda Guerra Mundial ya también son insuficientes y no incluyen, por ejemplo, el derecho al asilo por migración climática. Realmente eso tenemos que repensar y rearmar y hacerlo con un poco más de memoria histórica. Es como si los europeos no se acordaran, ni los italianos ni el Mediterráneo en particular, que en algún momento, hace no tanto tiempo, migraron a nuestros países, Argentina, Cuba, México, Estados Unidos por supuesto, cuando Italia no podía abastecerse a sí misma y darle de comer a su gente. Y los españoles migraron también en el siglo XX más tardío por dictaduras. Y los argentinos, a México. Es decir, es fácil olvidar lo que acaba de pasar, incluso es conveniente, y ahí, no sé, en las conversaciones en Europa parece haber siempre poca memoria del deber histórico que tienen también los italianos para otros que ahora llegan siendo migrantes.

Los migrantes y las deudas

— Vivís en los Estados Unidos, cuyo presidente tiene una mirada muy selectiva acerca de la migración y en donde se aplican políticas migratorias muy duras, que se sostienen con un nivel de crueldad inaudito. Y a partir de eso, una especie de legitimación, de consagración general de la crueldad.

— Claro, un cinismo. Es decir, Estados Unidos nunca ha sido un país en donde las migraciones de nadie, salvo de los europeos del Norte, haya sido realmente bienvenida. Históricamente, no importa quién esté en el poder, demócratas o republicanos, siempre ha habido discriminación institucionalizada hacia la migración china o ahí están lo que fueron los campos de los japoneses en la Segunda Guerra. La presencia hispana en Estados Unidos, en el Norte anglosajón, siempre ha sido concebida hasta la fecha como una presencia extranjera. Estados Unidos es el segundo país hispano más grande del mundo después de México. Pues viene México, luego Estados Unidos, luego España y poquito detrás de España, Argentina. Y sin embargo es un país que no se concibe hispano. Es un país en donde los adultos de mi edad no saben español y no sé si les interesa entenderlo ni hablarlo, o sea, es un mundo que le da la espalda a la otra mitad. No, al 80% del resto del continente. Eso para mí es inimaginable. Es una frustración siempre. Y también una militancia, como profesora o como escritora es un tema del que he escrito mucho públicamente.

— Y, como madre, ¿qué mundo te imaginas que van a ver las chicas en relación a este tema por ejemplo? ¿Te imaginas que puede haber alguna modificación o perdiste toda esperanza?

— O sea, la única esperanza es que esto acabe rápido. Es muy difícil imaginar un panorama en su totalidad, puedo imaginar como pequeñas cosas.

— ¿Pero tenés alguna ilusión acerca de que haya algún movimiento que pueda incidir de alguna manera? Entiendo que, cuando uno es activista, es porque alguna clase de esperanza tiene.

— Absolutamente. Sí, yo creo que uno no puede darse el lujo de no tener esperanza. Creo que es una postura política elegir la esperanza, creer en que un cambio es posible por acción nuestra, por colectivización de la acción. Y hay muchos niveles en los que en Estados Unidos también sucede eso. O sea, es un país espantoso y es un país maravilloso al mismo tiempo porque sí hay una sensación muy clara de deber civil de la gente y en donde, si bien desafortunadamente no ha habido aún en este periodo un movimiento más masivo que tome las calles, aunque ha habido protestas y protestas, pero siempre tenemos la sensación de que no pasa, como que las protestas no nos han llevado…

— A modificar el estado de cosas.

— A modificar algo grande. Pero lo que sí ocurre siempre en pequeña escala, hay una gran palabra en español mexicano que es chingatelito, es como poquito a poquito, siempre estar…

— Horadando.

— ¿Horadando?

— Cuando vas horadando, sí, como el agua con la piedra.

— El chipichipi (N. de la R.: una llovizna muy fina, continua y silenciosa), poquito a poquito. Cada vez que hacen una movida en este gobierno para bloquear los procesos de asilo en un condado chiquito, un juez apela. Cada vez que una Universidad apela al gobierno. En esos pequeños trámites burocráticos, aburridos, difíciles de seguir porque son muchos, ¿no? Es un lenguaje un poco externo al lenguaje cotidiano el de las leyes y las apelaciones. Pero ahí se está jugando la batalla en realidad y no va tan mal.

— No, no, son como pequeños límites al poder.

— Y así como nos tienen a nosotros lampareados (N. de la R.: lamparear es una cacería nocturna con una lámpara y, por extensión, aturdir) como venados porque el luz de este lado, luz de este, no vemos bien porque de todos lados no se ve, así también ese nosotros colectivo también, aquí está puesto, aquí está puesto, y así. En eso se juega en realidad la batalla campal cotidiana, que resiste lo más posible a una destrucción plena de nuestras instituciones de educación, a nuestra radio pública, a todo eso que hace que Estados Unidos sea un país habitable.

— Te hago la última y tiene que ver con estructura de la novela. ¿El cambio de voz era algo que imaginabas desde un comienzo o tuvo que ver con tus propias incomodidades o dificultades para cerrar la novela?

— No, la novela se juega en eso. Tenía que ser eso. En algún momento lo entendí. Porque es una novela, entre otras cosas, sobre pasar la batuta a otra generación. Sobre soltar las riendas que, de todos modos, ya está agarrando una generación más joven para contarse el mundo, para vivir la vida de un modo y no de otro. Entonces, claro, la novela es para ese momento.

En un referéndum popular a nivel nacional que ha captado la atención del mundo, los suizos han rechazado limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes al país.

La población suiza asciende a día de hoy a 9,1 millones de personas. La “iniciativa de sostenibilidad”, impulsada por el partido populista Unión Democrática de Centro, contemplaba que, si el país alcanza los 9,5 millones antes de 2050, el gobierno se vería obligado a adoptar medidas drásticas para frenar el crecimiento demográfico. Por un lado, a las personas admitidas provisionalmente ya no se les concederían permisos de residencia permanente y la reunificación familiar también se vería restringida. Por el otro, Suiza tendría que renegociar, en una segunda fase, suspender el acuerdo de libre movimiento con la UE.

El sistema de democracia directa de Suiza permite someter a votación popular las medidas que son consideradas de gran calado si obtienen 100.000 votos en un plazo de 18 meses. Es común que se sucedan hasta cuatro plebiscitos al año, aunque normalmente están relacionados con medidas antiinmigración impulsadas por la extrema derecha.

Los impulsores de la medida defienden la medida para “aliviar las tensiones” que la “migración descontrolada” está provocando en las infraestructuras de transporte y el mercado de la vivienda. Sus detractores señalan justo lo contrario: que impedir la llegada de los migrantes, generalmente personas jóvenes y activas económicamente, reduciría las cotizaciones en un país cada vez más envejecido, lo que implicaría recortes en la financiación de las pensiones públicas y el seguro médico obligatorio, considerados los dos grandes pilares del Estado del bienestar suizo.

Otra votación para “salvar” la ‘mili’

El límite poblacional no ha sido el único asunto que se ha abordado en la votación de este domingo. Los suizos tenían que decidir sobre la reforma de la Ley Federal del Servicio Civil, respaldada por el Parlamento y el Gobierno, que busca dificultar el paso del servicio militar al civil. Los partidarios de la reforma sostuvieron que el elevado número de personas que optan por el servicio civil (la alternativa para aquellos que declaran la objeción de conciencia al servicio militar) está debilitando los fondos del ejército en un momento de tensión geopolítica, marcada por la invasión rusa de Ucrania. Su objetivo es reducir las admisiones anuales de 7.200 a 4.000.

Con la normativa actual, quienes solicitan el servicio civil deben ser aptos para el militar, acreditar una objeción de conciencia y prestar un servicio casi dos veces más largo que en el ejército, por lo general en sectores de interés público como servicios sociales, educación, sanidad y protección medioambiental. La reforma añadiría condiciones más estrictas, entre ellas un mínimo de 150 días de servicio, menos margen para planificar las tareas y cursos anuales obligatorios de reciclaje.

La FGR obtiene la vinculación a proceso de tres personas señaladas como presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de migrantes en la frontera de Tamaulipas, con operación en Reynosa y Río Bravo, de acuerdo con la propia dependencia federal.

Según la FGR, los imputados Gregorio N, Britani N y Balbina N son investigados por su posible participación en actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas migrantes hacia Estados Unidos, una operación que presuntamente realizan desde 2024 para una estructura criminal asentada en la región fronteriza.

La captura ocurre hace unos días durante un operativo encabezado por agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada durante un cateo en la colonia Cumbres, en el municipio de Río Bravo, señala la Fiscalía.

Como parte de la intervención, las autoridades aseguran cuatro inmuebles presuntamente utilizados por la organización, además de 12 teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un vehículo, diversa documentación y dinero en efectivo, de acuerdo con la información oficial.

En audiencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, formula imputación por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas, según la FGR. Con los datos de prueba presentados, un juez de control determina vincular a proceso a los tres acusados.

La resolución incluye la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el internamiento de los imputados en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, además de un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, precisa la Fiscalía.

El caso se registra en una de las rutas con mayor actividad de redes dedicadas al traslado ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. La FGR sostiene que la estructura operaba en la frontera de Tamaulipas, una zona donde este delito se mantiene como un foco de atención para las autoridades federales.

• La FGR obtiene la vinculación a proceso de Gregorio N, Britani N y Balbina N por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.
• El cateo se realiza en la colonia Cumbres de Río Bravo; aseguran cuatro inmuebles y 12 celulares, además de un vehículo, documentos y dinero en efectivo.
• Un juez dicta prisión preventiva oficiosa en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros y fija cuatro meses para la investigación complementaria.

La inmigración se ha situado esta semana en el centro de la agenda social y política en España, un debate impulsado por la visita de León XIV, quien ha transmitido un mensaje firme contra la discriminación y en defensa de la dignidad de las personas migrantes. El papa ha reclamado “vías legales y seguras, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración” durante su recorrido por el país, que ha incluido paradas en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria y el centro de acogida Las Raíces en Tenerife, dos puntos simbólicos de la migración africana que llega al archipiélago arriesgando su vida en el mar. Las declaraciones del pontífice han tenido eco en todo el arco institucional y político, y han servido de impulso al Gobierno de Pedro Sánchez en medio de las críticas a su gestión migratoria y la situación nacional, presentando la visión humanista del Vaticano como un respaldo a su política en la materia.

Según la ministra y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, “los mensajes del papa han sido un espaldarazo desinteresado a la política migratoria del Gobierno de España”. También destacó que los discursos del pontífice en favor de los migrantes “chocan de manera clara y contundente con esa nefasta ‘prioridad nacional’ que pivota en los acuerdos de PP y Vox”, que establece que los ciudadanos españoles tengan preferencias sobre los extranjeros en el acceso a ayudas públicas. Aunque ni el partido de Alberto Núñez Feijóo ni el de Santiago Abascal se han dado por aludidos. El líder ‘popular’ afirmó que comparte el mensaje del papa “de la A a la Z”, mientras que el ultraderechista reclamó para España la política migratoria del Vaticano.

La defensa en estos últimos días de las personas migrantes, sin embargo, contrasta con la realidad administrativa del proceso de regularización extraordinaria que está en marcha en España desde mediados de abril, una medida que pretende otorgar el permiso de residencia y trabajo a más de medio millón de extranjeros que ya residían en el país, pero sin poder ejercer derechos básicos al no tener papeles.

Racismo institucional

Organizaciones sociales colaboradoras de Extranjería, que están sosteniendo en buena medida el proceso —asesorando a los solicitantes y facilitándoles la obtención de los certificados de vulnerabilidad—, han denunciado las trabas administrativas y los fallos burocráticos que amenazan con dejar fuera del proceso a miles de personas vulnerables, además de los controles raciales y deportaciones exprés como la que sufrió recientemente Abdou, un joven senegalés. Las entidades sociales también critican las demoras en la admisión a trámite de expedientes y las “pocas resoluciones favorables”, cuando apenas quedan poco más de dos semanas para que termine el plazo del 30 de junio para acceder a la regularización.

Desde la organización Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la activista Edith Espínola explica a Infobae que, en muchos casos, los expedientes pueden tardar hasta mes y medio en ser admitidos a trámite, sin que exista claridad sobre el procedimiento que sigue Extranjería para su gestión. Esta situación afecta especialmente a familias con menores, “con la angustia e incertidumbre que implica” vivir en esas condiciones, añade. También denuncian la ausencia de recursos y personal suficiente en las oficinas de Extranjería para atender el volumen de solicitudes, “pese a la cantidad de personas desempleadas que podrían cubrir esas funciones”, sostiene Espínola, que asegura que “el racismo institucional y la violencia silenciosa afectan de manera desproporcionada” a los colectivos migrantes.

Extender el plazo del proceso más allá del 30 de junio

Por todo ello, desde el movimiento Regularización Ya, que aglutina a decenas de asociaciones de migrantes, han llevado este miércoles al Congreso una proposición no de ley (PNL) para pedir la prórroga del plazo. “A través de esta PNL, también señalamos con preocupación la falta de citas para huellas, la burocracia de las administraciones, la inoperancia de algunos consulados para legalizar certificados de antecedentes penales y las deportaciones racistas puestas en marcha desde la firma del primer acuerdo“, indica por su parte Victoria Columba, portavoz del movimiento. La activista también recuerda que incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado en un informe que se suspendan las deportaciones de quienes ya han iniciado el procedimiento, dado que muchas personas no logran completar la solicitud por obstáculos ajenos a su voluntad.

“El Gobierno tiene la obligación de garantizar que este proceso se realice con éxito. El plazo arbitrario del 30 de junio no haría justicia al esfuerzo que estamos haciendo las entidades sociales, sin presupuesto, ni al sacrificio de muchas personas que están pagando trámites consulares excesivos sin poder legalizarlos”, sostiene Columba.

La PNL presentada ante el Congreso propone una serie de medidas urgentes para corregir las deficiencias detectadas en la regularización, como facilitar, de manera prioritaria, los trámites de legalización de documentos en los consulados españoles y reforzar el sistema de citas para la toma de huellas dactilares. También plantea la suspensión temporal de las órdenes de expulsión mientras dure el proceso y pide garantizar la presunción de inocencia, evitando que antecedentes policiales sin condena judicial afecten negativamente los expedientes, al tiempo que solicita agilizar la apostilla de los certificados penales requeridos.

A pesar de las dificultades señaladas por las organizaciones sociales y el propio Defensor del Pueblo, la visita y el mensaje de León XIV han situado el foco en la necesidad de que la regularización no quede relegada a una mera declaración de intenciones. El jueves, durante su discurso ante migrantes, voluntarios y trabajadores humanitarios en el muelle de Arguineguín, el pontífice interpeló a las autoridades civiles y a las instituciones europeas, exigiéndoles la apertura de vías legales y seguras. “No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera”, afirmó justo un día después de que la ONG Caminando Fronteras reportara un total 1.317 muertes en las rutas migratorias hacia España entre enero y mayo de 2026.

Este viernes 12 de junio entra en vigor el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, aprobado hace dos años. La nueva normativa exige a los 27 Estados miembros reforzar los controles fronterizos, acelerar los procedimientos y aplicar un sistema de solidaridad obligatorio, lo que confirma un endurecimiento de la política migratoria en el bloque.

La Comisión Europea ha destacado en un comunicado que el objetivo principal de este nuevo marco normativo es “superar el sistema fragmentado que existía hasta ahora”, ya que el pacto establece un modelo común que busca homogeneizar la respuesta europea ante los flujos migratorios. Sin embargo, la implementación ya muestra dificultades: el objetivo de reubicar a 21.000 personas en 2026 se enfrenta a la realidad de que los Estados miembros solo se han comprometido a acoger menos de la mitad de esa cifra, mientras que Hungría y Eslovaquia no han ofrecido ninguna plaza para reubicación.

Uno de los pilares del pacto es la aplicación de procedimientos más estrictos para las llegadas irregulares, entre los que se encuentran la identificación en un máximo de 7 días de cualquier persona que cruce irregularmente una frontera comunitaria.

También se reforma el sistema Eurodac, la base de datos de huellas dactilares europea, que se convertirá en una plataforma integral de gestión migratoria donde también se registrarán imágenes faciales, con una controvertida reducción de la edad mínima para registros biométricos, que pasará de los 14 a los 6 años.

El pacto introduce un procedimiento acelerado de 12 semanas para quienes llegan de forma irregular, periodo en el que se examina su solicitud y, en caso de denegación, se resuelve su retorno. Durante ese tiempo, la persona no será considerada jurídicamente dentro del territorio europeo. Esta vía rápida se aplicará obligatoriamente a solicitantes que representen un riesgo para la seguridad o provengan de países con una tasa de reconocimiento de asilo inferior al 20 % en la Unión Europea.

El acuerdo establece, además, un sistema de solidaridad obligatorio para los Estados miembros que soportan mayor presión migratoria, como es el caso de España, Italia, Grecia y Chipre. Todos los países de la UE deberán participar mediante reubicaciones, asistencia operativa o aportaciones económicas de 20.000 euros por cada persona que les correspondería acoger.

Críticas de las organizaciones humanitarias

El nuevo pacto ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones humanitarias. En España, asociaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Médicos del Mundo, Oxfam o Cáritas han reclamado que se aplique “de la forma más garantista posible conforme a los derechos humanos y en pleno cumplimiento con los derechos establecidos en el marco jurídico español y los compromisos internacionales”. La entidad advierte sobre el riesgo de que el nuevo sistema restrinja derechos y profundice situaciones de vulnerabilidad para quienes buscan protección internacional.

Estas organizaciones han expresado su preocupación por el refuerzo de los controles en frontera que introduce el nuevo sistema de triaje del pacto y señalan que estos controles incluyen el uso intensivo de datos biométricos y la externalización del control migratorio hacia países terceros, “muchos de los cuales no ofrecen garantías plenas en materia de derechos humanos”.

“Los Estados miembros deben garantizar personal debidamente capacitado, incluyendo personal sanitario cualificado y personal especializado en controles de vulnerabilidad. Esto es especialmente importante para personas en situación de vulnerabilidad que no soliciten protección internacional. En estos casos, el artículo 18 del Reglamento de triaje, permite la entrada por motivos humanitarios”, explican las organizaciones.

Asimismo, reclaman la derivación automática al procedimiento adecuado desde un enfoque basado en derechos humanos e interseccional, asistencia letrada gratuita y especializada durante todo el procedimiento, interpretación de calidad desde el registro de solicitud y limitación de la toma de datos biométricos de menores de 14 años “a supuestos absolutamente necesarios y sin coerción”.

(Con información de la agencia EFE)

En un contexto marcado por la regularización extraordinaria de migrantes en España y por el auge de discursos promovidos por la derecha y la ultraderecha, que presentan a este colectivo como una amenaza para la identidad nacional, los servicios públicos y el empleo, el papa León XIV ha condenado esta semana la discriminación que sufren quienes llegan de otros países en busca de mejores oportunidades y las políticas que olvidan su dignidad como personas, apostando en sus discursos por “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”. Frente a la idea de prioridad nacional promovida por el Partido Popular y Vox en tres acuerdos autonómicos, el pontífice ha asegurado que “allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha centrado su labor en la defensa de este colectivo, reclamando especial atención para quienes dejan sus países por conflictos, pobreza o persecución. En línea con este compromiso, el pontífice visita este jueves el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, uno de los puntos más simbólicos de la migración africana hacia Canarias, mientras que el viernes, último día de su visita a España, acudirá al centro de acogida ‘Las Raíces’ en Tenerife, donde se atienden las necesidades básicas y se da orientación a quienes han llegado en cayucos y pateras en la que se considera la ruta más mortífera del mundo.

En este centro, gestionado por la organización de trabajo social Accem para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y donde se ha llegado a albergar más de 2.500 personas, el pontífice conocerá las vivencias de algunos de los 685 usuarios que se alojan actualmente. Entre esos migrantes se encuentra Gbenga, un nigeriano de 37 años que se vio obligado a abandonar su país “para salvar su vida” debido a la persecución y los asesinatos cometidos por grupos islamistas radicales contra la población cristiana. Prefiere no revelar su nombre real, pero cuenta a Infobae su expectativa por la visita del pontífice: “Le pediré que proteja y rece por los cristianos en Nigeria”.

Asegura sentirse “feliz” de tener la posibilidad de encontrarse con León XIV y, como muchos de sus compatriotas, aspira a continuar su formación en España, encontrar un empleo y ayudar a su familia para construir un futuro seguro.

Desde Accem también expresan su satisfacción ante la visita del papa, al señalar que representa un compromiso con quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, “haciendo especial énfasis en el trato a las personas migrantes y refugiadas, que a día de hoy sufren señalamiento y son víctimas de discursos de odio”.

“Su visita supone dar visibilidad a sus problemas y dificultades y preocuparse por los que dejan atrás sus hogares y arriesgan sus vidas en peligrosas rutas migratorias como la canaria, considerada la más mortífera del mundo, por falta de vías legales y seguras, en busca de una seguridad y un futuro que no tienen en sus países de origen”, explica Francisco Navarro, responsable territorial de Accem Canarias. Situar la dignidad de este colectivo como eje principal, añade, demuestra “valentía” y “contribuye a humanizar su situación, promoviendo así la empatía y la búsqueda de la paz”.

Más de 1.300 migrantes mueren en el mar al tratar de alcanzar España

Según el último informe de la organización Caminando Fronteras, entre enero y mayo de 2026 un total de 1.317 personas han perdido la vida intentando alcanzar las costas de España, de las que 142 eran mujeres y 129 menores de edad. Todo esto ocurre, además, en un contexto de descenso de las llegadas de migrantes, ya que el número de personas que arribaron por vía marítima y terrestre ha caído un 35% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 15.769 a 10.224.

A pesar del descenso en las llegadas, advierte la organización, ha aumentado la mortalidad en todas las rutas migratorias hacia España, con la única excepción de la ruta canaria, aunque esta se ha vuelto más letal. La ruta argelina, indica el informe, es la que acumula más tragedias marítimas del periodo analizado y supera por primera vez las 507 víctimas, un 54% más que en el mismo periodo del año anterior.

Tanto la ruta del Estrecho, cruzando a nado hacia Ceuta, como la ruta terrestre de la valla de Ceuta han aumentado considerablemente el número de víctimas con respecto al mismo periodo de 2025. La ruta del Estrecho ha duplicado el número de víctimas pasando de 52 a 99 en este año 2026, y en la valla de Ceuta han fallecido 48 personas durante estos cinco primeros meses de año, añade el informe de esta ONG, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década.

Su metodología se basa en el monitoreo constante de las travesías, la atención a llamadas de auxilio y la colaboración directa con familiares de personas desaparecidas, comunidades de migrantes, y organizaciones sociales tanto en África como en Europa.

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California detuvieron a un hombre que operaba una aeronave no tripulada durante el Operativo Espejo, el cual fue implementado en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en las inmediaciones del muro internacional, en el municipio de Tecate.

El hecho ocurrió minutos antes de las 10:00 de la noche del 10 de junio, luego de que surgieron reportes sobre la presencia de un dron sobrevolando las inmediaciones del Parque México, ubicado sobre la calle México, entre las vialidades Eufrasio Santana y Antonio Girabau, en la colonia Romero.

Al acudir al lugar, los agentes de la FESC localizaron a una persona que manipulaba un control remoto y un celular. Al percatarse de la presencia de las unidades policiacas, el individuo descendió la aeronave, lo que derivó en la intervención de los oficiales para verificar la actividad que realizaba en la zona.

El sujeto revisado informó sobre la posición de los agentes de seguridad

Además, los agentes observaron que el sujeto realizaba una llamada telefónica en la que alertaba sobre la presencia de autoridades en el área. El detenido fue identificado como Erick Fabricio “N”, de 37 años, originario de Guadalajara, Jalisco.

En la intervención quedó asegurada una aeronave no tripulada color gris con la leyenda “DJI”, modelo MT2PD, junto con un control remoto de la misma marca. Ambos indicios fueron puestos bajo resguardo para integrarse a las investigaciones correspondientes.

Información preliminar de las autoridades señala que el dispositivo era usado para monitorear movimientos y operativos de seguridad en la zona fronteriza, con una presunta vinculación al tráfico de personas migrantes sin documentos en la región.

Tras ser informado de sus derechos constitucionales, Erick Fabricio “N” fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que continúen las investigaciones y pueda ser definida su situación jurídica

Motociclista se queda atascado y termina detenido por llevar arma de fuego

En otras acciones en la entidad, un hombre armado fue detenido en la colonia Lomas del Valle de Tijuana durante un operativo conjunto ejecutado por agentes de la FESC, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los agentes detectaron al conductor de una motocicleta DM250, modelo 2022, con placas de Baja California, que se encontraba detenido y obstruía de manera parcial la circulación mientras intentaba, sin éxito, poner en marcha su vehículo.

El sujeto estaba armado

Si bien los oficiales se acercaron al motociclista para ofrecerle auxilio vial e incluso ayudarle a contactar con un taller mecánico, el hombre respondió con una actitud hostil e insultos contra los uniformados.

La situación escaló cuando los agentes se dieron cuenta que el sujeto llevaba una arma de fuego en la cintura. Lo anterior derivó en una inspección precautoria, con lo que confirmaron que el objeto era un arma de fuego marca Smith & Wesson, calibre .40, con un cargador abastecido con dos cartuchos útiles del mismo calibre.

Tras el aseguramiento del arma, José Ignacio “N”, de 28 años y originario de Tijuana, fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Capturado maestro de primaria por presunta pornografía infantil

En otras acciones, el 10 de junio fue informada la detención de un maestro identificado como Néstor “N”, quien se desempeñaba como docente en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia Fundadores de Tecate, por su presunta participación en delitos relacionados con pornografía infantil y pederastia agravada en contra de alumnas menores de edad.

España produce cada año más de 6.600 nuevos médicos. El país cuenta con 568 doctores por cada 100.000 habitantes, más de los que necesitaría, según los criterios de la OCDE. Pero estos no llegan para cubrir la demanda de la atención primaria. El problema no es la falta de interés, sino los “desincentivos impulsados por políticas como contratos inestables, salarios bajos, escaso apoyo y distribución desigual de los puestos”, asegura un reciente estudio de The Lancet.

La investigación, publicada este mes de junio, alerta de que 43 países europeos sufren una crisis de médicos de familia que pone en peligro la atención primaria de la población. España, según el estudio, produce suficientes médicos al año, pero la inestabilidad de los contratos y las limitadas estructuras de carrera empujan a muchos a emigrar hacia el extranjero. Los autores advierten: “Casi la mitad [de los médicos emigrados] se plantean volver si mejoran las condiciones”.

El salario, la inseguridad laboral y la sobrecarga de trabajo son algunos de los aspectos de trabajar en España que les echan para atrás y que, de mejorarse, podrían traer de vuelta a los facultativos que se marcharon.

La migración de los médicos españoles

Los autores del estudio de The Lancet se basan en un trabajo conjunto de 2024 del University College London, Amsterdam UMC y el Servicio de Salud de Castilla y León, que preguntaron a 158 médicos de familia españoles las razones por las que habían decidido emigrar. Los encuestados eran en su mayoría médicos jóvenes, con una edad media de 40 años, que se habían marchado principalmente a Reino Unido, Francia, Irlanda y Suecia.

El 75,3% de los participantes señalaron el sueldo insuficiente como la razón principal para dejar España, seguido por los contratos temporales y la inestabilidad (74,7%), la sobrecarga asistencial (67,7%), la mala gestión de la atención primaria (55,7%) y la falta de flexibilidad en el trabajo (43,7%).

De los 158 encuestados, casi la mitad (48,7%) consideraría regresar a España si mejorasen estos aspectos. “Para hacer bien mi trabajo necesito estabilidad. No se puede dar continuidad asistencial al paciente si tienes que cambiar de centro cada pocos meses”, expresó uno de los participantes.

Jubilaciones y burocracia, las otras lacras de la atención primaria

Las migraciones no son el principal problema de la sanidad española. Según la Organización Médica Colegial (OMC), entre 2017 y 2024, solo 1.663 médicos se han dado de baja de su colegio profesional para acceder a otros mercados laborales.

Así, la atención primaria enfrenta otros retos complejos de resolver. “En Alemania, Suiza, España y Bulgaria, la mayoría de los médicos de atención primaria se acercan a la edad de jubilación”, resaltan los investigadores de The Lancet. El informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2023-2035 del Ministerio de Sanidad calcula que un 60,4% de los facultativos de la Atención Primaria tienen 50 años o más, mientras que un 32% se encuentra por encima de los 60 años y, por tanto, próximos a la jubilación.

Los porcentajes son mayores en comunidades más rurales, como Castilla y León (43,8% por encima de los 60 años) o Galicia (42,9%), que se debe al “fracaso en la retención de médicos en zonas rurales o de difícil acceso”, resaltan desde The Lancet.

Como solución a las “escaseces rurales”, que califican de “especialmente graves”, proponen incrementar la formación de especialistas en estos entornos con rotaciones y programas de mentoría, que “aumentan la probabilidad de establecerse a largo plazo”.

La “pesada burocracia” es otra de las lacras del sistema de atención primaria español. “Contribuyen al agotamiento, las salidas prematuras y la reducción de la participación a tiempo completo. Para recuperar la capacidad, es necesario rediseñar el trabajo para fortalecer los equipos multidisciplinarios, reducir la carga administrativa y alinear las tareas más estrechamente con las habilidades”, aconsejan.

La cifra de personas que han fallecido tratando de llegar a costas españolas entre enero y mayo de este año es escalofriante: 1.317, de las que 142 eran mujeres y 129 menores de edad, según el último informe de Caminando Fronteras, organización humanitaria que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década. En base a esa información, la ONG advierte que la ruta atlántica -conocida también como la canaria, al conectar Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania y Senegal con las islas- continúa siendo la más mortífera de la frontera, con 635 víctimas, seguida de la argelina (507), la del Estrecho (99), la de Ceuta (48) y la de Alborán (28). Bajo este contexto migratorio, el papa León XIV, que ha defendido en su visita a España la “acogida respetuosa de migrantes” y sus derechos, visitará este jueves Gran Canaria y el viernes Tenerife.

“El balance de estos cinco meses es catastrófico, puesto que suben las víctimas en todas las rutas migratorias, salvo en la ruta canaria. En el Estrecho se dobla el número de personas víctimas y también hay que reseñar los 48 fallecidos en la frontera de la valla de Ceuta, muertes provocadas por devoluciones en caliente, caídas de la valla y violencia", ha criticado la activista Helena Maleno, coordinadora de la investigación.

El informe indica que el número de personas que intentaron alcanzar Canarias se redujo un 72% en los primeros cinco meses del año, mientras que las muertes bajaron un 57%. Esto significa, sin embargo, que el riesgo de morir en la travesía es mayor: en 2025, fallecían unas 14 personas por cada 100 que lograban llegar y, en 2026, la cifra subió a 21.

Al inicio de este período, predominaban los cayucos procedentes de Gambia, vinculados a naufragios graves y numerosas desapariciones. Entre marzo y mayo, aumentó la salida de embarcaciones neumáticas desde la costa entre Agadir y Dakhla, en Marruecos, y se documentaron partidas desde puntos aún más alejados, como Essaouira, lo que incrementa los riesgos debido a la mayor distancia a recorrer.

En cuanto a la ruta argelina del Mediterráneo occidental, también conocida como la balear, supera por primera vez las 500 muertes en el periodo analizado, un aumento del 54,6% respecto al año anterior. Esta cifra equivale a una persona fallecida cada siete horas. Desde 2025, se mantiene la tendencia de encontrar cuerpos en la costa, la mayoría con signos de ahogamiento reciente, lo que sugiere naufragios cerca de las islas Baleares.

Evitar la entrada de migrantes “no significa una política eficiente”

Caminando Fronteras advierte en su investigación numerosas carencias institucionales y estructurales: falta de movilización de recursos de búsqueda y rescate, aplicación arbitraria de los protocolos de salvamento, demoras administrativas y diplomáticas, ausencia de coordinación efectiva entre países, y discriminación en la protección de derechos humanos según la ruta o nacionalidad de las víctimas. La precariedad de las embarcaciones, la violencia en origen y durante el trayecto, así como las condiciones extremas de las travesías, agravan un cuadro dramático, advierte la organización.

El informe concluye que la reducción de llegadas celebrada por las autoridades “no puede interpretarse como un éxito en la protección de la vida humana”, sino más bien como el resultado de unas políticas que priorizan evitar la llegada sobre salvar vidas. Desde Caminando Fronteras insisten en la necesidad de memoria, verdad y reparación para las víctimas, y reiteran la urgencia de medidas centradas, ante todo, en proteger el derecho a la vida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este martes una caída del 97% en el ingreso de fentanilo por vía marítima a territorio estadounidense y adelantó que su administración trasladará ahora el foco de sus operativos a la frontera terrestre con México. Las declaraciones, realizadas desde la Casa Blanca, representan una advertencia directa a las redes de tráfico que operan por tierra.

El dato que Trump celebró — y la advertencia que vino después

Durante el evento de firma de la Ley de América Segura, Trump detalló los números que, según su administración, demuestran el éxito de su política fronteriza:

• Cero migrantes irregulares admitidos en los últimos doce meses.
• Reducción de casi 60% en el flujo general de fentanilo.
• Caída del 97% en el ingreso de la droga por rutas marítimas.

Pero lejos de conformarse, el mandatario lanzó una advertencia que no pasó desapercibida: “Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra, porque el mar era más difícil”, dijo, dirigiéndose implícitamente a México.

Por qué importa el giro hacia la frontera terrestre

Trump explicó que las rutas marítimas eran, hasta hace poco, la opción “más segura” para los traficantes: quienes eran detenidos en el mar eran procesados y liberados, y regresaban a operar la noche siguiente. Eso, afirmó, ya no ocurre.

Con el cierre efectivo de esa vía, la lógica del tráfico apunta ahora hacia los cruces terrestres — territorio donde México juega un papel central y donde la presión de Washington promete intensificarse.

El tono: entre la fanfarronería y la amenaza

El discurso de Trump combinó humor y advertencia en partes iguales. Al referirse a quienes aún intentan cruzar por mar a pesar de los operativos, bromeó sobre su “valentía” — y remató: “No lo hacen una segunda vez.”

La frase, dicha entre risas, resume la filosofía disuasoria de su administración: visibilidad del riesgo como herramienta de control.

La contraparte que Trump no menciona: la Marina de México

Mientras Washington presume los números, los datos cuentan otra historia. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, la Secretaría de Marina de México aseguró más de 74 toneladas de cocaína, casi 119 toneladas de metanfetamina y más de 1.5 toneladas de fentanilo — todo esto con una fuerza de apenas 80 mil elementos frente a organizaciones criminales con capacidad logística transnacional. En el ámbito marítimo, los resultados incluyen 74 embarcaciones aseguradas, tres narcosubmarinos de bajo perfil y 114 laboratorios clandestinos desmantelados.

También, el secretario de Marina mexicano sostuvo reuniones de alto nivel con la U.S. Navy y la U.S. Coast Guard — y el embajador estadounidense Ronald Johnson destacó públicamente los resultados de esa cooperación bilateral.

El Mundial arranca mañana — y EE.UU. ya lanzó alerta de terrorismo en México

El anuncio de Trump llega en un momento de máxima tensión diplomática: este jueves 11 de junio arranca el Mundial de Futbol 2026 en territorio mexicano, estadounidense y canadiense — y apenas días antes, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para viajeros en México, en la que clasificó a ciertas zonas del país bajo la categoría de riesgo por terrorismo. La medida fue recibida con malestar en México, donde funcionarios señalaron que el timing no era casual. Para muchos analistas, la alerta forma parte del mismo repertorio de presión que Washington ha desplegado en los últimos meses sobre su vecino del sur: aranceles, deportaciones, descalificaciones públicas — y ahora, una advertencia que llega a 24 horas del pitazo inicial.

Agentes de la CIA y 10 funcionarios mexicanos: la otra tensión que no se nombra

Detrás de los discursos y las cifras, existe una capa más profunda de fricción bilateral. En semanas recientes trascendió la presencia de agentes de la CIA operando en Chihuahua, lo que generó una crisis diplomática silenciosa entre ambos gobiernos. A eso se suma que Estados Unidos tiene señalados a 10 funcionarios mexicanos — entre ellos figuras vinculadas a la seguridad y la política — en el marco de investigaciones sobre vínculos con el crimen organizado. Ninguno de los dos temas ha sido abordado abiertamente en la mesa oficial, pero pesan sobre cada declaración, cada negociación del TMEC y cada cifra que Trump presenta como logro propio. La diplomacia entre México y EU rara vez ocurre solo en los podios.

Las redes de tráfico de migrantes han sufrido bajas en los últimos meses con varios golpes realizados por las autoridades mexicanas. La identificación de células involucradas en el envío de personas desde Guatemala a Estados Unidos, a través de México, provocó las detenciones de dos presuntos involucrados en esta actividad ilícita.

Luego de que Pedro “N” y Daniela “N” fueron detenidos a principios de junio con más de 90 pasaportes, visas y otros objetos, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su vinculación a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

Su arresto se llevó a cabo como resultado de investigaciones y del área de Inteligencia del Gabinete de Seguridad, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), que permitieron identificarlos como probables integrantes de una organización criminal de lleva migrantes desde Guatemala a territorio mexicano, para luego trasladarlos a la frontera con Estados Unidos.

Pedro “N” fue localizado en la colonia Viveros 2, mientras que Daniela “N” en la colonia Santiago M. Belden, ambas locaciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el operativo se aseguraron 94 pasaportes, al menos 25 visas, dinero en dólares y pesos, 10 teléfonos celulares y tres tabletas.

Daniela “N” fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo, Nuevo León, mientras que Pedro “N” permanece en el Centro de Reinserción Social de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ambos deberán esperar la finalización de la etapa de investigación complementaria dentro de dos meses.

Otra ruta de tráfico de migrantes guatemaltecos fue ubicada desde CDMX a Ciudad Juárez

En marzo pasado, una red de tráfico de migrantes guatemaltecos hacia Estados Unidos fue detectada por autoridades mexicanas tras la identificación de sus centros de operaciones en Chihuahua y Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue a través de labores de inteligencia entre corporaciones del Gabinete de Seguridad y en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que se ubicó a la organización criminal.

Derivado de las investigaciones, fueron detenidos cinco presuntos integrantes de la red de tráfico de migrantes, una estructura que, según la fiscalía, operaba al menos desde 2024 con casas de seguridad en Chihuahua y CDMX para alojar a las víctimas antes de intentar su cruce por El Paso, Texas.

La fiscalía informó que, tras ubicar sus operaciones, las autoridades realizaron cateos en cinco domicilios de Ciudad Juárez. En esos operativos detuvieron a José Isaac “N”, alias “Isaac”; Luis Antonio “N”, alias “Perusi”; José Ramón “N”, alias “El Noño”; José Ramón “N”, alias “Niño”; y Gonzalo “N”, alias “El Gori”, este último identificado como el líder de la red.

Guatemala también identificó una red de tráfico de personas que los trasladaba por México

La investigación se enlaza con un operativo realizado en Guatemala en febrero, donde autoridades de ese país desmantelaron otra célula ligada al traslado de personas hacia México y Estados Unidos, la cual declararon desmantelada luego de capturar a líderes y colaboradores.

De acuerdo con María Esther Guzmán, fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales de Guatemala, los familiares de los migrantes llegaron a pagar entre 179 mil pesos y 300 mil pesos por su liberación o por continuar el trayecto.

Según Guzmán, bajo el nombre de “Mercaderes de Migrantes” esa estructura operaba desde Guatemala para enviar personas a México. Su zona de operaciones estaba en los municipios de Nentón y San Pedro Soloma, en el departamento de Huehuetenango, donde ofrecían hospedaje y alimentación en sitios que llamaban bodegas antes del traslado hacia Estados Unidos.

Durante su paso por México, los migrantes eran víctimas de secuestro para obligar a sus familiares a entregar grandes sumas de dinero, cuyos depósitos se hacían en cuentas guatemaltecas y en cuentas de otros países de origen de los captores.

De acuerdo con la fiscal guatemalteca, la red avisaba a organizaciones criminales en México sobre la llegada de los migrantes para que les permitieran continuar con el traslado.

Emigrar supone en muchas ocasiones arriesgar la vida y así lo evidencian los datos. En los primeros cinco meses de 2026, según el último informe de la ONG Caminando Fronteras, 1.317 personas han perdido la vida intentando alcanzar las costas de España, de las que 142 eran mujeres y 129 menores de edad, además de que 27 embarcaciones han desaparecido con todos sus ocupantes a bordo. Todo esto ocurre, además, en un contexto de descenso de las llegadas, ya que en estos últimos cinco meses el número de migrantes que alcanzaron España por vía marítima y terrestre ha caído un 35% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 15.769 a 10.224.

“Los cinco meses documentados en este informe arrojan cifras que ninguna democracia debería poder asumir como normales. La reducción de llegadas que durante este año han anunciado las autoridades no puede, por tanto, interpretarse como un indicador de éxito en la protección de la vida humana. Son el ejemplo de unas políticas que han elegido medir sus resultados en evitar que lleguen personas a su territorio, obviando a las personas que no sobreviven", ha explicado en un comunicado Helena Maleno, coordinadora de la investigación.

La activista destaca que este documento es, ante todo, “un acto de memoria que nace del derecho de las familias a saber, del derecho de las víctimas a ser reconocidas, y de la convicción de que la memoria es también una forma de justicia”. "Es una herramienta de reparación y de transformación social, sostenida año tras año por quienes se niegan a que sus nombres desaparezcan en el silencio”.

El informe se publica en la víspera de la visita del papa León XIV a Canarias y después de que el pontífice haya denunciado en sus discursos el trato indigno que reciben las personas migrantes en muchos países y haya instado a los Estados a ofrecer una acogida respetuosa, fortalecer los sistemas de rescate y asistencia, y garantizar condiciones humanas y justas para quienes buscan llegar a territorio seguro.“ Las cifras que hoy presentamos ilustran con exactitud la realidad a la que se refiere el papa y son la evidencia de lo que ocurre cuando esas palabras no se traducen en políticas concretas de protección del derecho a la vida”, ha indicado Maleno.

La ruta atlántica es la más letal

La ruta atlántica sigue siendo la más mortífera de las fronteras hacia España, con 635 muertes registradas en lo que va de año, destaca el informe. Aunque el número de llegadas ha caído un 72%, la peligrosidad del trayecto ha aumentado, de forma que en 2025, por cada 100 personas que lograban arribar, fallecían aproximadamente 14. Este año, la proporción se ha elevado a 21 muertes por cada 100 llegadas.

Por su parte, la ruta argelina acumula el mayor número de tragedias durante el periodo analizado, superando por primera vez las 507 víctimas, lo que representa un aumento del 54% respecto al mismo periodo del año anterior.

Otras rutas también muestran un incremento en la mortalidad. En el Estrecho de Gibraltar, principalmente en los cruces a nado hacia Ceuta, el número de víctimas se ha duplicado, pasando de 52 en 2025 a 99 en 2026. En la valla de Ceuta, se han contabilizado 48 muertes en los primeros cinco meses del año. En ese sentido, el informe advierte que “resulta especialmente relevante el aumento de las muertes en una de las zonas de frontera con menos extensión y con una ingente presencia de dispositivos de control, lo que pone de manifiesto que la vigilancia está mucho más orientada a impedir las llegadas que a proteger la vida”.

La ruta de Alborán presenta el menor volumen de casos documentados del conjunto de rutas analizadas, si bien los datos disponibles reflejan un aumento tanto en el número de víctimas como en el de tragedias respecto al periodo anterior. En este cruce se registraron 3 víctimas en 2025, y durante el mismo período de este año se han documentado 7 tragedias que han provocado 28 fallecimientos.

Una ciudadana venezolana, identificada como Mirla González Palma, fue condenada a 10 años de prisión en Indiana (Estados Unidos) por el homicidio voluntario de su pareja, el cartagenero Breiner Pérez Matute, de 20 años, que fue atacado a puñaladas en septiembre de 2025.

El caso terminó con una sentencia después de que la acusada admitiera que no actuó por temor, sino porque estaba furiosa, según el medio Fox59.com. Y es que González Palma, nacida en Porlamar, en la isla de Margarita del estado Nueva Esparta (Venezuela), cambió la versión tras verse acorralada por los investigadores del caso.

Asimismo, se indicó que la pena en establecimiento carcelario se cumplirá en el Departamento Correccional de Indiana.

Cabe mencionar que Breiner Pérez Matute había salido de Cartagena cuando tenía 18 años para buscar oportunidades de trabajo en Estados Unidos y ayudar a su madre. En ese entonces, tomó la decisión de viajar con su hermano y con Mirla González Palma.

La familia del joven rechazaba la relación por la diferencia de edad, de 10 años, y porque ella tenía varios hijos, pero él decidió continuar con el vínculo. Tras conocerse lo que ocurrió en el país de América del Norte, un familiar de la víctima que se comunicó con el diario local El Universal y describió a la acusada como una mujer “muy posesiva y controladora”.

La señalada asesina cambió su versión de los hechos

El viernes 12 de septiembre de 2025, cuando el joven tenía 20 años, fue atacado con arma blanca dentro de una vivienda.

Un familiar relató a El Universal detalles del caso: “Breiner estaba trabajando en una empresa en Chicago, pero viajó a Indianápolis para departir con unos amigos y su hermano. Allá estaba esa mujer (...). Estaban juntos pero tuvieron una discusión por celos de la mujer, luego hubo una riña y ella buscó un cuchillo y lo asesinó”.

La misma fuente añadió que fue la propia agresora la que lo trasladó a un hospital cuando advirtió la gravedad de las heridas: “Tras ver que estaba muriéndose, ella misma lo llevó a un hospital, pero todo fue en vano, Breiner tenía heridas en el corazón”.

Según Fox59.com, González Palma declaró que se embriagó y apuñaló a su pareja después de que él la golpeara durante una discusión. También admitió que tras ese golpe él intentó dialogar, pero ella ya había tomado la fatal decisión.

La justicia de Indiana condenó a Mirla González Palma por homicidio voluntario de Breiner Pérez Matute después de que ella reconociera que no sentía miedo por su vida y afirmara que actuó por furia.

La Alcaldía de Cartagena asumió los gastos de repatriación

Horas después de que se confirmara la muerte, la mujer fue capturada y, en los días siguientes, los padres del joven comunicaron la noticia en Cartagena y pidieron apoyo económico para repatriar el cuerpo.

Sus allegados revelaron que el joven había llegado a Estados Unidos por la vía del Darién y que estaba en ese país en situación migratoria irregular, por lo que no tenían los medios para trasladarlo. También indicaron que la pareja se había conocido en Cartagena y que llevaba cerca de tres años de relación antes del viaje.

El alcalde de Cartagena anunció el 15 de septiembre de 2025 que el Distrito apoyaría el traslado del cuerpo: “Lamentamos profundamente lo sucedido con Breiner y enviamos condolencias a sus familiares y amigos. Decirles que desde la Alcaldía de Cartagena nos solidarizamos y nos comprometemos con la gestión y gastos de la repatriación de su cuerpo para que pueda tener un sepelio digno en su ciudad natal”.

Semanas después, y con ayuda de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el cuerpo de Breiner llegó a su ciudad y fue sepultado con el acompañamiento de sus familiares.

A menos de días del arranque del Mundial FIFA 2026, una investigación publicada por la revista italiana L’Espresso expone las condiciones laborales de los trabajadores que hicieron posible la transformación urbana de la Ciudad de México. Según el reportaje, la mayor parte de la mano de obra empleada en los proyectos de infraestructura aledaños al Estadio Azteca proviene de Venezuela y Haití, y opera bajo un esquema de subcontratación que los deja fuera de cualquier protección legal.

El hallazgo es resultado de una investigación encubierta realizada por el Frente Nacional por las 40 Horas, organización mexicana de derechos laborales, que condujo entrevistas anónimas con trabajadores de las obras.

Sin seguro médico, sin registro, sin techo

Las entrevistas revelaron un patrón sistemático de precariedad:

• Los trabajadores no están registrados formalmente ante ninguna autoridad laboral.
• Al carecer de registro, no cuentan con seguro médico, pese a que es obligatorio en México.
• Algunos de quienes construyeron la sopraelevada en Calzada de Tlalpan —la vía que conecta el Zócalo con el Azteca— dormían en la calle por la imposibilidad de costear una renta.

“El costo de los alojamientos se fue a las nubes y es un problema tanto para los trabajadores migrantes como para las familias que ya vivían aquí”, señaló un activista del Frente que pidió el anonimato por razones de seguridad.

Una ciudad irreconocible

En torno al Estadio Azteca se construyeron dos edificios de siete pisos —para hoteles y oficinas—, un centro comercial, tres estacionamientos y la mencionada sopraelevada. El impacto en el tejido urbano fue inmediato.

Unos 300 locatarios y comerciantes de la Calzada de Tlalpan enfrentaron amenazas de desalojo. Ricardo Gutiérrez, quien lleva más de 40 años al frente de un salón de belleza heredado de su padre, lo resume sin rodeos: “El gobierno nos trata como basura”. Según Gutiérrez, las presiones para liberar el espacio de cara al Mundial continúan.

Las trabajadoras sexuales de la zona, agrupadas en el colectivo CLaP!, también denunciaron haber sido desplazadas de sus espacios habituales como parte de una operación de “limpieza social” impulsada por la proximidad del torneo.

El Estado paga lo que la FIFA no quiere

Otra arista del reportaje: el Ministerio del Trabajo mexicano integró su programa de apoyo al empleo juvenil para cubrir los salarios de cientos de trabajadores del Mundial —como azafatas y personal de seguridad—, lo que en la práctica significa que es el erario público, y no la FIFA, quien los paga.

En Guadalajara, ciudad sede que además atraviesa un repunte de violencia tras el asesinato de El Mencho en febrero, el costo de vida escaló de forma dramática: el transporte público subió un 47% y la ciudad figura ya entre las cinco más caras de América Latina.

“El Mundial del despojo”

A finales de marzo, una manifestación masiva frente al Azteca bautizó al torneo con un nombre que condensa el malestar: “el mundial del despojo”. La entrada más barata ronda los 90,000 pesos —unos 400 euros—, equivalente a un salario mensual promedio.

La FIFA no respondió a las solicitudes de entrevista del medio italiano. El principal sindicato mexicano, el CATEM, tampoco.

Imagbe Ehizomwengie llegó a Italia en el año 2016 después de escapar de una sociedad religiosa secreta. El nigeriano cruzó el desierto y, tras ser secuestrado en Libia, consiguió llegar a Europa en barco. El hombre residió cerca de diez años en la provincia de Ancora (este) sin documentos ni permiso de residencia, resignado a la indigencia. Una donación de cinco euros de una ONG le cambió la vida: invirtió el dinero en un boleto de lotería y consiguió un premio de 500.000 euros.

“No podía creerlo. Es increíble, pero es verdad. Es pura suerte. Incluso lloré”, ha expresado el nigeriano en una entrevista con Il Resto del Carlino. Su suerte, sin embargo, terminó ahí, pues los trámites burocráticos le impedían reclamar su premio. Como no tenía permiso de residencia ni un documento válido, no podía retirar las ganancias directamente. Así que recurrí a un compatriota, un amigo en quien confiaba”, ha contado.

Este hombre de confianza tampoco le solucionó la vida. “Surgieron problemas”, ha afirmado. “Después de recaudar el dinero, empezó a comportarse como si fuera el dueño de esa suma, hasta el punto de que otros miembros de la comunidad nigeriana y mi primo tuvieron que intervenir para encontrar una solución”, ha explicado al medio italiano.

Ambos conocidos alcanzaron finalmente un acuerdo: se repartirían el premio entre los dos, ganando cada uno 250.000 euros. “Con ese dinero, compraron un negocio en Falconara, Mama African, donde yo debía trabajar una vez que obtuviera mis documentos", ha explicado Ehizomwengie.

Italia reconoce protección especial para Ehizomwengie

La espera ha sido larga, pero la situación de Ehizomwengie ha podido solucionarse. El pasado domingo, el Tribunal de Ancona ha reconocido su derecho a protección especial, según cuenta Il Resto del Carlino.

Ehizomwengie llegó a Italia en 2016, con tan solo 26 años. Según ha explicado al diario italiano, salió de su país natal, Nigeria, huyendo de una secta religiosa. “Mi padre era el líder espiritual de una sociedad secreta, y como hijo mayor, se suponía que yo debía sucederle. Mi madre, asustada, me aconsejó que huyera”, ha narrado.

La travesía para llegar a la costa europea no fue sencilla: primero, cruzó Níger de punta a punta hasta llegar a Libia. Allí, se quedó unos años en contra de su voluntad. “Me secuestraron y me liberaron solo después de que se pagara un rescate”, ha confesado. Una vez libre de las cadenas, se lanzó al mar en una embarcación hasta llegar a la costa de Palermo en el verano de 2016. Después, fue trasladado a la región de Las Marcas.

El joven, ahora de 36 años, ha celebrado la resolución del tribunal, que le permitirá quedarse en Italia de forma legal y desarrollar su proyecto de vida. “Hablé con mi abogado. Me dijo que todo está bien ahora. Estoy feliz: gracias, Italia, me gusta estar aquí“, ha concluido.

La investigación, que se inició en febrero de 2026 a partir de una solicitud de colaboración de las autoridades francesas, permitió identificar el funcionamiento de la organización. El principal investigado, residente en Murcia, organizaba viajes periódicos hacia Francia, recogía a migrantes en situación irregular a lo largo del trayecto y los introducía en territorio francés. Posteriormente, realizaba el recorrido inverso para trasladar a otras personas hacia España. Estos desplazamientos se realizaban aproximadamente cada quince días.

Los beneficios alcanzaron los 300.000 euros

Las pesquisas constataron que la banda efectuó más de 30 cruces fronterizos en estas condiciones, lo que permitió estimar que los beneficios obtenidos por la actividad superaron los 300.000 euros. Cada migrante abonaba unos 300 euros por el traslado, según se desprende de los testimonios recabados por las autoridades. Durante el operativo, se incautaron 15.800 euros en efectivo, un vehículo, un teléfono móvil y numerosa documentación que acreditaba los desplazamientos y el lucro de la actividad ilícita.

La detención principal se produjo el pasado mes de marzo, cuando el principal sospechoso fue sorprendido en la frontera con seis migrantes en situación irregular en el interior del vehículo. En ese momento, las autoridades francesas arrestaron también a una segunda persona, acusada de colaborar activamente en las tareas de intermediación y captación de migrantes.

Tras las detenciones, la policía francesa emitió una Orden Europea de Investigación que se ejecutó en menos de 48 horas en la pedanía murciana de El Raal. Durante el registro domiciliario se hallaron documentos personales, laborales y bancarios que evidenciaban la frecuencia y el método de los viajes, así como los pagos recibidos.

El análisis de las cuentas bancarias del principal investigado permitió corroborar los ingresos obtenidos y su utilización para adquirir un vehículo de mayor capacidad. Según el comunicado de la Policía, este vehículo estaba siendo preparado para ampliar la operativa ilícita hacia otros países de la Unión Europea, aunque la intervención policial impidió que esa expansión se materializara.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum defendió a México ante un panorama complicado internacional, protagonizado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las crecientes tensiones con las autoridades estadounidenses y el presidente Donald Trump.

Durante un evento celebrado en Xalapa, Veracruz este 6 de junio, la mandataria mexicana aseguró que durante años la visión del mexicano estaba relacionada con una persona sentada debajo de un nopal usando un sombrero, la cual fue promovida por nuestro país vecino, generando un estereotipo que actualmente sigue teniendo relevancia a nivel mundial.

Al mismo tiempo, esta imagen se vinculada a una comunidad “floja” o poco profesional, provocando criticas negativas hacía la población mexicana por años. “Somos de los mejores trabajadores del mundo”, afirmó la jefa de Estado.

Migrantes mexicanos, una pieza fundamental para el mercado laboral de EU

“Hemos sacado adelante al país y también a Estados Unidos”, señaló Sheinbaum mientras recodaba que los 40 millones de migrantes que viven en este país han sido fundamentales para el crecimiento del mercador laboral.

Hace unas semanas, la líder mexicana descartó que existan riesgos inmediatos para México ante la orden de Donald Trump que obliga a los bancos estadounidenses a vigilar las transferencias internacionales, lo que podría dificultar el envío de remesas.

Explicó que la Secretaría de Hacienda y la embajada mexicana en Estados Unidos están revisando el impacto de la medida, pero enfatizó que la mayoría de los migrantes mexicanos cuentan con documentos legales.

“El 95% de las personas, ya sea que nacieron en México o son hijos de mexicanos en segunda o tercera generación, la gran mayoría tienen papeles”, manifestó.

Por otro lado, dio a conocer que solo cerca de cuatro millones de los connacionales que se encuentran en territorio estadounidense no tienen estatus migratorio regular, y la mayoría lleva más de una década residiendo allí. Por es tazón, consideró improbable que la disposición afecte de manera significativa a quienes envían recursos a sus familias en el país.

De acuerdo a cifras difundidas por el Gobierno de México, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha caído en un 97,5% desde diciembre de 2022, atribuyendo esta tendencia a acuerdos bilaterales y a políticas enfocadas en generar oportunidades laborales en diversas entidades federales.

La cooperación internacional ha sido primordial para atender el fenómeno migratorio y garantizar el bienestar de la población en el exterior.

México y Canadá piden ampliar el T-MEC por 16 años más

México y Canadá han solicitado a Estados Unidos extender el T-MEC por 16 años adicionales, argumentando que este pacto ha resultado muy provechoso para las tres economías involucradas. Ambas naciones consideran que la renovación del acuerdo comercial es crucial para mantener la estabilidad financiera y la integración regional, a pesar de las diferencias y conflictos existentes con el gobierno estadounidense.

Canadá formalizó su petición mediante una carta enviada por el ministro de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, en la que destacó los beneficios obtenidos, aunque reconoció la existencia de disputas sobre aranceles, principalmente en sectores como el acero, aluminio y automóviles.

Por su parte, México expresó a través de un comunicado del secretario de Economía, Marcelo Ebrard el interés de fortalecer la integración de América del Norte y manifestando la importancia de revisar el tratado para asegurar que los beneficios se repartan de forma equilibrada. En este contexto, los tres países han impulsado consultas públicas para analizar su aplicación y proponer ajustes que mantengan su vigencia y atractivo para la inversión extranjera.

La administración de Donald Trump ha optado por negociar temas específicos de manera bilateral, lo que añade complejidad al panorama y retrasa la definición sobre la renovación integral del T-MEC.

El papa León XIV visitó este jueves el centro social CEDIA 24 horas de Cáritas en Madrid, donde escuchó en primera persona las historias de varias personas acogidas por la institución. Entre los testimonios más emotivos de la tarde destacaron los de Niurka, una joven cubana de 33 años que llegó al país embarazada de mellizos, y Khadry, un migrante senegalés que aterrizó en España en plena pandemia sin saber por dónde empezar. También tomó la palabra Alicia, voluntaria del Proyecto Esperanza, que acompaña a mujeres víctimas de trata en sus procesos de recuperación.

La visita se produjo apenas unas horas después de que el Pontífice defendiera, a bordo del avión en el que regresaba de su gira por África, que los Estados tienen derecho a regular sus fronteras, pero recordara que, cuando los migrantes llegan, “hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a los animales”.

Esta tarde, la primera de las visitas del Pontífice pasaba por el centro social CEDIA y más tarde, a las 20:00 horas, estará en la Plaza de Lima.

“Nadie se va con las manos vacías”

Antes de que los usuarios tomaran la palabra, el director del centro, Juanjo Gómez, ha leído un discurso ante el Pontífice en el que describió el perfil de quienes cruzan cada día la puerta del CEDIA: “Mujeres y hombres atravesados por las heridas de la calle: descartados, sin papeles, sin oportunidades de trabajo o sin residencia, con frecuencia con problemas de salud mental, adicciones y sin redes de apoyo de ningún tipo”. Más de 2.500 personas pasan anualmente por el centro, que cuenta con 70 voluntarios y educadores sociales y permanece abierto las 24 horas.

Gómez ha explicado que el centro no exige nada a quien llama a su puerta. “Nadie se va con las manos vacías. Les damos lo que tenemos: acogida, escucha, cariño y, sobre todo, reconocemos la dignidad que nos confirió Dios a todos los hombres y mujeres al crearnos a su imagen y semejanza”, ha afirmado. El director subrayó también el significado de recibir la visita del Papa: “Nos emociona a la vez que nos motiva en nuestra labor este gesto tan evangélico de que los últimos sean hoy los primeros”.

“Tuve mucho miedo y angustia”

La primera en dirigirse al Papa fue Niurka Capaz. La joven relató cómo llegó a España desde Cuba embarazada, sin saberlo, de trillizos. Vino sin compañía. “Tuve mucho miedo y angustia porque no sabía cómo iba a ser nuestra vida, pero la Iglesia nos acogió”, ha dicho ante el Pontífice.

Durante su intervención ha recordado el apoyo que recibió en el hogar Santa Bárbara, donde, según dijo, encontró algo más que asistencia. “En el hogar Santa Bárbara encontramos una familia”, ha afirmado. Estuvo acompañada de sus dos hijos, en brazos, nacidos en España y llamados Ares-Ezequiel y Atenea. “Han salido adelante gracias al cuidado de todas estas personas y la Iglesia. Gracias por ayudarnos a construir un futuro de fe y esperanza para nuestros hijos”, ha añadido.

La historia de Khadry

Pero el momento más emotivo llegó justo después, con el testimonio de Khadry. El migrante senegalés cruzó el Atlántico en seis días antes de llegar a España durante la pandemia. “Me sentía perdido y solo. Había dejado todo atrás y no sabía por dónde empezar”, ha relatado ante León XIV, sin poder contener las lágrimas.

Sin embargo, ha asegurado que encontró personas que cambiaron el rumbo de su vida. “Me hicieron sentir que mi vida importaba. Poco a poco volví a confiar”, ha explicado. Hoy tiene trabajo y aspira a devolver lo que recibió: “Quiero acompañar a otras personas que llegan como llegué yo”.

Por último, Khadry ha agradecido la cercanía del Pontífice: “Santo Padre, gracias por acercarse a las personas migrantes”. Al finalizar su intervención, se acercó a León XIV y le entregó una réplica de su tarjeta de residencia. “Representa años de espera, esfuerzo y esperanza”, ha concluido.

El hecho ocurrió a las 8:36 PM, hora central, cuando el tractocamión se aproximó al puesto de control ubicado en Encino. Durante la inspección, una unidad K9 de la Patrulla Fronteriza alertó sobre el remolque, según el boletín.

Los agentes ordenaron al conductor que se dirigiera al área de inspección secundaria, pero el hombre ignoró la instrucción y huyó del lugar.

Tras el rescate, los migrantes fueron sometidos a una evaluación médica para detectar posibles lesiones antes de quedar bajo custodia, según la información oficial.

El episodio volvió a exponer los riesgos de los traslados clandestinos en la frontera sur de Estados Unidos, donde las redes de contrabando mueven personas en condiciones de encierro y hacinamiento.

La huida por la carretera 281 y el despliegue de ponchallantas

Luego de la fuga, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y personal de Falfurrias iniciaron el seguimiento táctico del vehículo, de acuerdo con el reporte. Las autoridades activaron luces y sirenas para detener al camión, pero el conductor continuó hacia el norte por la carretera 281.

Para frenar la marcha, los oficiales desplegaron dispositivos de ponchado de llantas.

El informe oficial indicó que, aun con los neumáticos desinflados por el sistema de inmovilización, el sospechoso siguió conduciendo hasta que la cabina del camión se incendió.

Poco después de la detención, el remolque también comenzó a arder por causas que permanecen bajo investigación, según el mismo texto. El reporte no precisó si el fuego se originó por una falla mecánica, una fricción vinculada al dispositivo de inmovilización u otro motivo.

En el lugar, agentes y policías estatales sacaron a dos ocupantes de la cabina y los detuvieron, según el boletín. Fue durante esa intervención cuando detectaron que había personas dentro del remolque.

Los oficiales abrieron el compartimento, que estaba cerrado con llave, y rescataron a los 39 ocupantes antes de que el fuego consumiera la estructura, de acuerdo con las autoridades. Según el reporte, los migrantes indocumentados salieron por su propio pie antes de que las llamas envolvieran por completo el remolque.

El operativo incluyó la evacuación inmediata del área de riesgo para evitar que el humo afectara a las personas rescatadas y a los propios agentes.

Luego, las autoridades realizaron una evaluación médica de rutina para descartar lesiones asociadas al encierro, la persecución o la exposición al incendio. El boletín señaló que, tras ese control, los migrantes quedaron bajo custodia.

Qué se sabe de la investigación y las agencias a cargo

El caso quedó bajo investigación conjunta de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la CBP, según el comunicado oficial. En paralelo, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia fronteriza revisa el incidente, añadió el texto.

Hasta el momento, el reporte no difundió la identidad de los detenidos, ni detalló qué cargos enfrentarán. Tampoco consignó la nacionalidad de las 39 personas rescatadas ni la ruta prevista del traslado.

El episodio se conoció también por la cobertura de Univision, que citó el mismo boletín oficial para reconstruir la secuencia del control, la persecución y el rescate.

En esa publicación se informó que el camión se incendió durante la huida y que el remolque comenzó a arder poco después, mientras seguían abiertas las pesquisas para establecer el origen del fuego.

En paralelo, FreightWaves, un medio especializado en transporte y logística, también informó sobre el incidente y lo enmarcó en los riesgos del contrabando de personas en rutas de carga.

La investigación quedó abierta para determinar cómo se organizó el traslado, quiénes participaron y qué condiciones de seguridad existían dentro del remolque, además de las causas del incendio.

Las autoridades reiteraron, en el reporte oficial, que el remolque estaba cerrado con llave y que el rescate se concretó antes de que las llamas avanzaran de forma total sobre la estructura.

El movimiento migratorio en sentido contrario al que dominó la región durante los últimos años continúa creciendo en Panamá. Hasta el 17 de mayo de 2026, las autoridades panameñas habían contabilizado 4,324 migrantes dentro del denominado flujo norte-sur, es decir, personas que regresan desde Norteamérica hacia Suramérica luego de desistir de su intento de establecerse en Estados Unidos o ante el endurecimiento de las políticas migratorias en la región.

Las cifras divulgadas por la Dirección de Operaciones y Control Migratorio muestran que la gran mayoría de estos migrantes son ciudadanos venezolanos.

Del total registrado hasta mediados de mayo, 3,991 corresponden a venezolanos, seguidos por colombianos (149), ecuatorianos (39) y personas nacidas en Estados Unidos, principalmente hijos de migrantes (40).

También se contabilizan 105 personas de otras nacionalidades. Al 17 de mayo permanecían 108 migrantes del flujo inverso en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Darién y otros 34 en Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala, punto clave para continuar el retorno hacia Colombia por vía marítima.

El fenómeno representa un cambio radical respecto a la dinámica observada entre 2022 y 2024, cuando Panamá se convirtió en el principal corredor migratorio irregular del continente.

Durante ese período, cientos de miles de personas cruzaron la selva del Darién rumbo al norte impulsadas por crisis económicas, políticas y sociales en varios países de la región.

Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud de aquel movimiento. En 2022 atravesaron la selva del Darién más de 248,000 migrantes. La cifra se disparó en 2023 hasta superar los 520,000 cruces, convirtiéndose en el año de mayor flujo migratorio registrado en la historia de esa ruta.

Durante 2024 el tránsito continuó en niveles elevados, con más de 300,000 personas utilizando el corredor selvático antes de que comenzaran a sentirse los efectos de las nuevas medidas de control migratorio implementadas en Panamá y Estados Unidos.

El impacto de las nuevas medidas migratorias

La reducción del flujo hacia el norte comenzó a acelerarse tras el fortalecimiento de los controles fronterizos estadounidenses durante la administración del presidente Donald Trump y el endurecimiento de las políticas de admisión de migrantes. Paralelamente, Panamá incrementó las acciones de vigilancia en Darién y concentró el tránsito migratorio en una sola ruta controlada por las autoridades.

El gobierno panameño también reforzó los operativos de seguridad en coordinación con organismos internacionales y países vecinos, limitando el movimiento irregular por senderos alternativos utilizados históricamente por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

A pesar de estas medidas, las autoridades reconocen que continúan operando estructuras dedicadas al traslado clandestino de migrantes. Estas organizaciones utilizan rutas dentro de la selva y, en algunos casos, embarcaciones que parten desde distintos puntos del Caribe panameño para evadir los controles migratorios y de seguridad establecidos por el Estado.

Más de un centenar trasladados hacia Guna Yala

Como parte de las acciones para gestionar el flujo inverso, el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional Aeronaval realizaron recientemente un traslado marítimo de 116 personas desde la provincia de Colón hasta Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala.

El grupo estuvo integrado por 85 adultos —61 hombres y 24 mujeres— y 31 menores de edad. La mayoría eran ciudadanos venezolanos, aunque también se encontraban migrantes de Colombia, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Costa Rica.

Según las autoridades, estos traslados forman parte del operativo denominado “Flujo Inverso Controlado”, mediante el cual los migrantes son movilizados bajo supervisión oficial hacia puntos donde posteriormente pueden abordar embarcaciones con destino a Colombia, continuando así su retorno hacia Suramérica.

Las instituciones involucradas señalaron que estas operaciones buscan mantener un ordenamiento migratorio que permita reducir riesgos para las personas en movilidad y garantizar condiciones seguras durante los desplazamientos. Para ello, los operativos incluyen personal especializado, así como equipos médicos y paramédicos encargados de atender cualquier eventualidad durante las travesías marítimas.

El tránsito por Darién sigue en mínimos históricos

Aunque el flujo hacia el norte se encuentra muy por debajo de los niveles observados durante la crisis migratoria de los últimos años, el ingreso de migrantes por la frontera con Colombia no ha desaparecido completamente.

De acuerdo con estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Migración, entre enero y abril de 2026 ingresaron 135 migrantes irregulares por la frontera colombo-panameña. Abril registró 43 ingresos, la cifra mensual más alta del año, luego de 34 en enero, 19 en febrero y 39 en marzo.

Los venezolanos continúan encabezando la lista de nacionalidades detectadas en estos cruces, con 66 casos, seguidos por ciudadanos de Ecuador (24) y Colombia (15). Del total acumulado, 118 corresponden a adultos y 17 a menores de edad.

Otro reporte oficial actualizado al 17 de mayo eleva el acumulado anual a 158 migrantes irregulares detectados en Darién, incluidos 23 durante mayo. Los principales países de origen siguen siendo Venezuela, Ecuador y Colombia.

Si bien estas cifras siguen siendo marginales en comparación con los cientos de miles de migrantes registrados durante el pico de la crisis migratoria, las estadísticas muestran un leve repunte en los últimos meses.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la frontera con Colombia y sobre las rutas marítimas utilizadas por redes de tráfico de personas, ante la posibilidad de que nuevas presiones migratorias vuelvan a generar movimientos irregulares en la región.

La Guardia Costera informó este jueves que autoridades aéreas de Miami guiaron hasta el lugar a dos unidades de la Real Fuerza de Policía de las Islas Turcas y Caicos y del Regimiento del archipiélago. Ambas unidades aseguraron la nave y la remolcaron hasta puerto. La Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos también participó en el dispositivo. La Fuerza Fronteriza del archipiélago asumió la custodia de los 240 ocupantes, quienes afirmaron tener nacionalidad haitiana.

“La exitosa intercepción y la extracción segura de estas personas de una situación peligrosa fue posible gracias a la estrecha colaboración y la rápida respuesta del personal de la Guardia Costera, de la CBP AMO y de las autoridades de las Islas Turcas y Caicos”, señaló la teniente Chelsea García, subdirectora de Operaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos para Bahamas y el archipiélago turcocaiqueño.

El operativo se inscribe en la Operación Vigilant Sentry (OVS), el programa interagencial coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU que guía la respuesta ante flujos migratorios desde Cuba y Haití. El programa involucra a más de 50 agencias federales, estatales y locales. La Guardia Costera patrulla tres corredores prioritarios en la región: el estrecho Bahamas-Florida, el Paso de los Vientos entre Cuba y Haití, y el Canal de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico.

Las Islas Turcas y Caicos, situadas al sureste de las Bahamas y al norte de La Española, son una escala recurrente en las rutas que parten de Haití. La proximidad geográfica y las diferencias de nivel de vida hacen del archipiélago un destino frecuente. En enero de 2024, el gobernador designado por Londres, Nigel Dakin, ya advirtió que los recursos policiales y migratorios del territorio estaban “bajo gran presión” tras la llegada de 275 haitianos en tres embarcaciones en apenas una semana.

El episodio ocurre mientras la crisis haitiana se profundiza. Entre enero y marzo de 2026, al menos 1.642 personas murieron y 745 resultaron heridas en hechos vinculados a la violencia, según un informe de la ONU publicado el 8 de mayo. Las pandillas controlan más del 90% de Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, y el desplazamiento interno afecta a más de 1,4 millones de personas, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones.

La presión empuja a decenas de miles a intentar la travesía marítima pese a los riesgos extremos. Según el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), más de 68.000 haitianos fueron deportados en el primer trimestre de 2026, principalmente desde República Dominicana, Estados Unidos y las Bahamas, cifra que superó los registros del mismo período del año anterior. Entre los deportados figuraban 121 mujeres embarazadas y 246 madres lactantes. Más de cinco millones de haitianos padecen inseguridad alimentaria aguda, según estimaciones internacionales.

No es la primera vez que este corredor registra incidentes de esta magnitud. En octubre de 2025, la Guardia Costera interceptó otra embarcación con 103 migrantes haitianos a la misma distancia de las islas. En julio de 2025, las autoridades del archipiélago repatriaron a 194 migrantes en una operación similar. La repetición de los episodios ilustra que el refuerzo del dispositivo de vigilancia no logra contrarrestar la magnitud de la crisis que empuja a los haitianos hacia el mar.

Un migrante salvadoreño originario de Sensuntepeque, Cabañas, perdió la vida tras ahogarse en el río San Joaquín, en la ciudad de Mendota, California. El hecho ocurrió la tarde del martes cerca de las tarde, cuando el joven se encontraba en compañía de varios amigos.

De acuerdo con la información oficial, el joven identificado como James Romero Soriano, había llegado a la zona para departir con amigos; sin embargo, ingresó al agua durante la reunión, aunque no sabía nadar. La corriente lo arrastró y desapareció de la superficie, lo que generó preocupación entre sus acompañantes.

Al percatarse de la emergencia, el grupo llamó al sistema de emergencias 911 y comenzó a buscarlo en la zona. Declaraciones de los presentes señalaron que aproximadamente 15 minutos después lograron ubicarlo y llevarlo hasta la orilla.

En el lugar se hicieron presentes agentes del sheriff, bomberos de Cal y personal de EMS, quienes intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP. Un helicóptero Sky Life llegó al sitio y trasladó al salvadoreño al Centro Médico Regional Comunitario.

A pesar de los esfuerzos médicos y de la rápida intervención de los equipos de rescate, el joven falleció en el hospital. Las autoridades locales confirmaron que continúan con las investigaciones para esclarecer todos los aspectos del caso.

Durante el verano y ante el aumento de incidentes en ríos, lagos y piscinas, las autoridades estadounidenses han reiterado una serie de recomendaciones para quienes disfrutan actividades recreativas cerca del agua.

Entre las medidas, aconsejan el uso de chalecos salvavidas aprobados por la Guardia Costera, especialmente en personas que no saben nadar o no tienen experiencia. Además, insisten en mantenerse alejados del agua si no se cuenta con las habilidades necesarias y en que los padres supervisen en todo momento a sus hijos.

También señalan que la combinación de alcohol y natación incrementa los riesgos y puede dificultar la respuesta ante situaciones imprevistas.

Recomiendan tener en cuenta que las altas temperaturas pueden provocar mayor cansancio y que el agua suele estar más fría de lo que se percibe, lo que aumenta el peligro de calambres y fatiga.

Las corrientes pueden ser más intensas de lo esperado y es común encontrar escombros bajo la superficie, lo que representa un riesgo adicional. Asimismo, advierten sobre la posibilidad de quedar atrapado en el lodo del fondo y aconsejan utilizar los pies para detectar cambios bruscos de profundidad en ríos y lagos.

Salvadoreño muere atropellado en Estados Unidos

En otro hecho lamentable ocurrido recientemente, otro salvadoreño perdió la vida en Estados Unidos, aunque en circunstancias diferentes. La madrugada del martes 26 de mayo, Ángel Jiménez, originario de Chinameca, San Miguel, murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la zona de Seven Corners, Fairfax County, Virginia. El accidente ocurrió poco antes de las 3 de la mañana en la intersección de Arlington Boulevard y Patrick Henry Drive.

Oficiales acudieron al lugar y encontraron a Jiménez gravemente herido sobre la carretera. El conductor responsable del atropello escapó a bordo de un sedán color plata sin auxiliar a la víctima. Jiménez fue trasladado a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento. Las autoridades de Virginia mantienen activa la investigación para identificar y localizar al responsable del hecho, mientras detectives especializados buscan reconstruir cómo se produjo el accidente.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) registró durante el mes de abril que el 85% de los contenidos sobre inmigración en redes sociales buscó desacreditar a las personas migrantes, ya sea presentándolas como una amenaza, porcentaje que creció del 36% al 55% en un mes, o pidiendo su expulsión, que aumentó del 16% al 30%. El organismo vincula este aumento de mensajes hostiles al inicio de la regularización extraordinaria, proceso que el Gobierno puso en marcha para que miles de personas extranjeras que ya vivían en España puedan obtener un permiso de residencia y trabajo.

Los datos muestran que, mientras en marzo los mensajes sobre “políticas públicas” pasaban casi desapercibidos, en abril adquirieron un peso considerable: este tipo de comentarios llegó a representar uno de cada cuatro contenidos hostiles (24%) en redes sociales. El boletín del OBERAXE señala situaciones concretas como las imágenes de las largas filas de migrantes en los consulados al tramitar los documentos para la regularización, como un ejemplo de los detonantes de este odio en redes sociales.

Retirada del 56% de contenido por las plataformas

En abril, el sistema FARO identificó 39.559 mensajes de odio en redes sociales, lo que representa un aumento del 20% respecto a marzo. Pese a este crecimiento, la retirada de contenidos por parte de las plataformas descendió: solo se eliminó el 56% de los mensajes reportados, frente al 62% del mes anterior.

El proceso de regularización extraordinaria tuvo un impacto directo en la conversación digital. Por primera vez, los mensajes dirigidos a la categoría “inmigrantes” alcanzaron el 13% del total, situándolos como el tercer grupo más mencionado, solo por detrás de las personas del Norte de África (54%) y los musulmanes (38%). Además, los mensajes que deshumanizan a personas bajaron del 39% al 13%, y los contenidos relacionados con “conflicto armado” pasaron del 38% al 11%.

En cuanto a la respuesta de las plataformas, TikTok lideró la retirada de mensajes de odio con un 86%, seguida de X (83%), Instagram (65%), Facebook (40%) y YouTube (11%).

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo ha aceptado este mes de mayo analizar un recurso presentado por el Abogado del Estado en nombre de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esta decisión impacta directamente en la concesión de la nacionalidad española para sefardíes, es decir, los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. El caso, radicado en Madrid, representa una nueva etapa en los pedidos de reconocimiento que presentan personas de origen sefardí de diferentes partes del mundo.

El proceso comenzó después de una sentencia emitida el 19 de diciembre de 2025 por la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora, el Tribunal Supremo intervendrá para revisar los fundamentos bajo los cuales se otorgan estos reconocimientos de nacionalidad. Según consta en el auto, la intervención busca definir los criterios y el alcance legal que deben cumplirse para que los descendientes de sefardíes puedan conseguir la nacionalidad española.

El reclamo del Estado se centra en la necesidad de revisar cómo se están aplicando los requisitos establecidos en la ley. El objetivo es garantizar que la interpretación legal sea clara y uniforme, ya que existen cientos de solicitudes actualmente en trámite. Por ello, cabe tener en cuenta que la decisión podría sentar un precedente importante que afecte a futuros casos similares.

El análisis del Tribunal Supremo es provisional y está a la espera de que se interprete la ley

En el análisis del recurso, el Tribunal Supremo ha determinado que el escrito del Estado cumplía con todos los requisitos legales exigidos. El documento fue presentado en tiempo y forma, y plantea una discusión válida sobre una resolución que puede ser revisada en última instancia. El principal motivo que permite aceptar este recurso es el llamado “interés jurídico casacional”, que en este caso se refiere a la interpretación de la ley sobre la nacionalidad para sefardíes originarios de España. El tribunal aclaró en su momento que la aceptación del recurso es provisional, lo que significa que el tema será discutido en profundidad antes de que se emita una sentencia definitiva.

A partir de la admisión del recurso, se abre un plazo de 20 días para que los opositores, es decir, la parte demandada y el Ministerio Fiscal, presenten sus argumentos y objeciones por escrito. Pasado ese tiempo, el expediente será revisado y analizado por el Ministerio Fiscal. El proceso se limita a las partes principales y al órgano fiscal, sin que existan recursos adicionales contra la decisión de admitir el recurso.

El trasfondo de este caso está relacionado con la gran cantidad de solicitudes de nacionalidad española que han presentado descendientes de judíos sefardíes en los últimos años. Desde la aprobación de la ley que permite este trámite, se han producido distintas interpretaciones sobre los requisitos que deben cumplirse, lo que ha generado incertidumbre y dudas entre los solicitantes.

La decisión del Tribunal Supremo de admitir el recurso de casación cambia el panorama, ya que podría modificar los criterios vigentes. Expertos jurídicos han señalado que la próxima sentencia, que será emitida por este tribunal, podría determinar si se flexibilizan, mantienen o endurecen las condiciones para acceder a la nacionalidad española en estos casos.

Esta medida que aquí se menciona abre un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos de los sefardíes y el alcance de la ley española y la concesión de la nacionalidad, mientras cientos de familias esperan una definición que puede cambiar su vínculo legal y cultural con España.

Desde que hace un mes y medio se puso en marcha la regularización extraordinaria de migrantes, el proceso no solo ha estado marcado por las trabas burocráticas que los solicitantes deben sortear para lograr el certificado de vulnerabilidad en los servicios sociales de muchos ayuntamientos o conseguir los antecedentes penales en algunas embajadas y consulados. Las entidades colaboradoras, que han asumido buena parte del peso de la regularización facilitando los trámites a los solicitantes, denuncian que en estas últimas semanas no han dejado de aumentar las detenciones policiales y los controles por motivos raciales.

“Lo que realmente pedimos es que la policía deje de estar a la caza de las personas migrantes. Están a la caza de la gente marroquí, argelina, de las personas negras y es dolorosísimo. Es terrible cómo han aumentado las detenciones. Ejemplo de ello es que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia está lleno”, dice a Infobae la activista Silvana Cabrera, una de las portavoces del movimiento Regularización Ya e integrante de la Unidad Móvil Migrante para la DANA. “Nos da hasta miedo que la gente que viene a las organizaciones sociales con su documentación con la intención de poder acceder a la regularización pueda ser detenida”.

Cabrera relata que, hace unos días, la policía interceptó a dos jóvenes colombianos en situación irregular que se dirigían a trabajar como jornaleros en el campo tras realizar gestiones para regularizar su situación con ayuda de esta organización, y uno de ellos fue detenido y trasladado al CIE de Valencia. También menciona el caso de un joven marroquí detenido en la calle cuando iba a entregar documentación a su abogado, quien igualmente fue ingresado en el CIE.

“¿Tenemos que decir a la gente que se encierre en su casa hasta que consigan regularizarse?“, se pregunta indignada, sobre todo porque muchas de las personas sin papeles ”viven al día”. “Estamos en pleno proceso de regularización extraordinaria y la gente migrante tiene que poder caminar tranquila con su documentación. Damos por hecho que el Gobierno no va a ampliar el plazo para presentar las solicitudes más allá del 30 de junio fijado, pero pedimos que las instituciones colaboren y que la policía deje de tomarse venganza contra la comunidad migrante”, añade la activista.

La Policía, por su parte, ha señalado a Infobae que no dispone del número de detenciones que se han llevado a cabo en estas últimas seis semanas desde que comenzó la regularización, mientras que el Ministerio del Interior se ha limitado a señalar que “no se ha producido ningún cambio” en este periodo.

Deportaciones exprés

Además de las detenciones, a lo largo de estas semanas también se han producido numerosas deportaciones exprés, según denuncian las organizaciones sociales, como la de Abdou Ngom, un joven senegalés sin papeles que llevaba residiendo tres años en España y que iba a acogerse a la regularización. La policía, que retenía su pasaporte por contar con una orden de expulsión en firme, lo detuvo el pasado 18 de mayo, cuando el hombre acudió a una comisaría para firmar unos documentos. Tan solo unas horas después y sin posibilidad de contactar con su abogada, estaba subido a un avión con rumbo a Dakar, la capital de Senegal. Aterrizó sin dinero y a 400 kilómetros de su pueblo natal.

Su abogada, Marta Llonch, explicó a este periódico que Abdou fue víctima de una “cita trampa”, una práctica denunciada por colectivos antirracistas en la que las autoridades utilizan estas comparecencias obligatorias para ejecutar deportaciones exprés, dentro del plazo legal que permite la detención sin autorización judicial si existe una orden de expulsión firme.

Desde Regularización Ya expresan su inquietud por la continuidad de los vuelos de deportación durante el proceso de regularización, señalando que representan “un negocio millonario para las aerolíneas implicadas —Air Nostrum, Air Europa y Plus Ultra—, compañías que, además, fueron rescatadas por el Gobierno en la pandemia".

Tras recibir varias quejas, también el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidió este lunes a la Policía que no expulse a migrantes que estén tramitando su permiso de residencia y trabajo en España a través de la regularización y solicitó que, durante el periodo del proceso -desde el pasado 16 de abril hasta el 30 de junio- no se emitan órdenes de expulsión de ciudadanos que carezcan de antecedentes penales en base a su situación irregular.

También recomienda que, si una persona demuestra que ha pedido la residencia por arraigo extraordinario y presenta el justificante, la Policía revise esa documentación antes de iniciar cualquier trámite de expulsión. Y en caso de que ya haya una orden de expulsión, la ejecución debe aplazarse hasta que se resuelva la solicitud de regularización.

La Unión Europea ha avanzado hacia su política antimigratoria con nuevas normas que permiten a los Estados miembro enviar a migrantes a quienes se les ha ordenado abandonar el espacio de la Unión Europea a centros ubicados en terceros países no pertenecientes a la Unión. Esta medida ha dividido al bloque, pero avanza por el endurecimiento generalizado de la política migratoria de la UE ante la presión de los partidos de derecha.

Actualmente, la llegada de migrantes se encuentra en su nivel más bajo desde 2021, con una reducción del 26% con respecto al año pasado. Según la Comisión, estas nuevas medidas, que requieren la aprobación formal de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, agilizaría los procedimientos y daría a los Estados más herramientas para deportar a las personas, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales.

Según han afirmado los miembros países miembros de la UE, tienen dificultades para garantizar que los solicitantes de asilo rechazados y las personas que han excedido el plazo de su visado abandonen su territorio. Además, en la misma línea, la Comisión ha afirmado que solo el 20% de las personas a las que se les ha ordenado marcharse de su territorio lo hacen.

“Con las nuevas normas, tenemos más control sobre quién puede entrar en la UE, quién puede quedarse y quién debe marcharse”, ha señalado el comisario europeo Magnus Brunner. Con las nuevas normas, los distintos Ejecutivos que conforman la Unión Europea podrían establecer los “centros de retorno” en países fuera del bloque, donde podrían ser enviados los deportados, tengan o no vínculos con estos Estados.

Detención de menores y registros de viviendas

Dentro del proyecto de ley acordado este lunes entre diputados y Gobiernos de la Unión Europea, se amplían los periodos de detención, así como se introducen sanciones, entre ellas las prohibiciones de entrada, multas y posibles sanciones penales por falta de cooperación. Además, las autoridades podrán confiscar pertenencias, detener menores, recopilar datos biométricos y registrar viviendas.

Este acuerdo también permite a las autoridades registra a los migrantes y “locales pertinentes”, un término que para los activistas de derechos humanos es excesivamente amplio y permite las redadas domiciliarias. Por su parte, la diputada francesa de Los Verdes, Mélissa Camara, ha indicado que la legalización de estos centros fuera de la UE, junto con “la luz verde a la detención de menores, las visitas domiciliarias inspiradas en el ICE -Estados Unidos- es un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”.

Algunos Estados ya han comenzado a mover sus fichas en pro de hacer uso de esta normativa. Países Bajos, junto con Dinamarca, Alemania, Grecia y Austria están colaborando para establecer centros conjuntos de retorno y tránsito, mientras que las conversaciones bilaterales con Uganda sobre un acuerdo similar se han suspendido, según ha adelantado Reuters.

El Gobierno neerlandés ha destacado que pretende tener medidas concretas para finales año, ya que se enfrenta a una “crisis de asilo”, según palabras del primer ministro Rob Jetten. Los centros de acogida del país están saturados, mientras que el Estado vive protestas contra la migración de las zonas que acogen a refugiados de emergencia, ante la falta de capacidad y una lenta salida de los solicitantes de asilo.

Las instituciones europeas avanzan hacia una política migratoria cada vez más estricta. Así lo confirma el acuerdo provisional al que han llegado el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE, que facilita la expulsión de migrantes en situación irregular y contempla la creación de centros de retorno en países terceros distintos a los de su origen, replicando el modelo impulsado por el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni con Albania. La medida necesita la aprobación final de los gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, aunque todo apunta a que saldrá adelante gracias a la mayoría que suman el Partido Popular Europeo y la extrema derecha, pese a que el flujo de migrantes irregulares bajó un 26% el año pasado, situándose en mínimos desde 2021.

El Consejo explica en un comunicado que, con este acuerdo, si las autoridades nacionales deciden que una persona de un país fuera de la UE está residiendo de forma irregular en un Estado miembro, esa persona “deberá abandonar ese país, ya sea de inmediato o dentro de un plazo establecido”.

“Después de casi dos décadas, las normas de la UE sobre retornos necesitaban una reforma. Nuestro objetivo siempre ha sido claro: un sistema de retorno efectivo, justo y viable, respaldado por un marco legal sólido”, ha explicado en un comunicado del Consejo el eurodiputado neerlandés Malik Azmani, del partido Renew Europe, que ha subrayado que lo más importante es que Europa “cuente con un sistema creíble y aplicable en la práctica”.

Familias con hijos menores de edad

La normativa introduce reglas estrictas “para quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea”, de forma que obliga a las personas en situación irregular a abandonar el país donde se encuentren y a colaborar con las autoridades. El texto también prevé consecuencias para quienes no colaboren, como la reducción de ayudas y subsidios. Además, si la legislación nacional lo contempla, los Estados miembros podrán aplicar sanciones penales, incluyendo penas de prisión.

En los centros de retorno, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados. Por el contrario, sí se permitirá trasladar a estos centros a familias con hijos menores de edad.

Para los migrantes que las autoridades consideren una amenaza para la seguridad pública o nacional, el acuerdo contempla su expulsión con carácter prioritario. Además, podrán ser detenidos en centros penitenciarios, en áreas separadas de la población reclusa general, y se les podrá imponer una prohibición de entrada al territorio por tiempo indefinido.

Críticas de partidos y organizaciones humanitarias

La nueva normativa cuenta con la oposición de partidos socialdemócratas, verdes y de izquierda, que aseguran que la propuesta no está alineada con un enfoque europeo y supone, a su juicio, una inclinación de los populares europeos hacia posiciones de la extrema derecha.

El nuevo acuerdo también ha sido muy criticado por organizaciones sociales y humanitarias como Irídia, Novact, Algorace y la Oficina Europea de Amnistía Internacional, que denuncian que “supondrá un retroceso en derechos humanos” y que “el perfilamiento racial sigue siendo una práctica estructural en el sistema policial”. También critican las medidas coercitivas y punitivas que contempla el pacto para intensificar las deportaciones y alertan de la creación de centros de retorno en terceros países, “con riesgos de detención arbitraria y vulneraciones de derechos humanos”.

“La propuesta se ha tramitado de forma acelerada, sin evaluación de impacto y en un contexto de opacidad”, señala en un comunicado Olivia Sundberg, de Amnistía Internacional, que recuerda que el pacto ha recibido oposición de más de 250 organizaciones de la sociedad civil y de expertos de Naciones Unidas.