Chan Mathok Atak, un joven sudanés de 19 años que huyó de la guerra y la persecución en su país, ha sido encarcelado en Reino Unido tras ponerse al mando de una lancha neumática que cruzó el Canal de la Mancha desde Francia con un número récord de personas a bordo. La travesía, que se prolongó durante casi 24 horas en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, rozó la tragedia.

Atak, que según declaró ante la policía pagó 200 euros a las mafias para poder embarcar, asumió el timón durante gran parte del trayecto. A bordo de la embarcación —un bote neumático de casi 15 metros de eslora, similar a la longitud de un autobús urbano— viajaban entre 165 y 167 personas, incluidos 31 menores de edad y un bebé de pocos meses.

Además, la nave presentaba deficiencias estructurales graves: se estaba desinflando progresivamente en alta mar, solo funcionaba uno de sus dos motores fueraborda y carecía por completo de equipamiento básico de navegación, señales de socorro o extintores.

El Tribunal de la Corona de Canterbury ha dictado sentencia imponiendo al joven una pena de dos años y tres meses de prisión por el delito de poner en peligro vidas en el mar. Las grabaciones aéreas captadas durante la travesía resultaron fundamentales para la investigación desarrollada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido.

A teenager who piloted a boat with 165 people on board across the English Channel has been jailed for risking the lives of others during a sea crossing.

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— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) September 18, 2026

En los vídeos se observa a Atak manejando el timón durante más de 90 minutos, luciendo una chaqueta negra con el logotipo de “ITALIA”. Poco antes de ser interceptados por las autoridades británicas, el joven apagó el motor, se despojó de la prenda e intentó camuflarse entre la multitud en un intento en vano de no ser identificado como el timonel.

Pese a que la defensa argumentó que Atak no obtuvo beneficio económico y que huía de la violencia en Sudán del Sur tras pasar por Libia, la jueza determinó que asumir el timón conlleva la responsabilidad legal de las vidas a bordo. Al superar el año de condena, el joven queda sujeto a un proceso de deportación automática al salir de prisión.

Riesgo extremo en alta mar

Las condiciones en las que los migrantes realizaron el cruce eran extremas. Además del hacinamiento masivo, la lancha transportaba provisiones mínimas de agua y alimentos, los chalecos salvavidas eran inadecuados para el mar abierto y existía un riesgo considerable de incendio debido a la peligrosa proximidad entre las baterías y los depósitos de combustible.

Tras el veredicto, los responsables de la investigación y del Gobierno británico subrayaron la gravedad del caso. El investigador de la NCA, John Turner, afirmó que “Chan Atak fue inimaginablemente temerario y sus acciones podrían haber derivado fácilmente en múltiples muertes si esta embarcación no hubiera sido interceptada”, destacando que la lucha contra estas redes es su prioridad, con más de 100 investigaciones en marcha.

Por su parte, la ministra de Seguridad Fronteriza, Anna Turley, señaló que “la sentencia de hoy pone con razón a este malvado criminal tras las rejas”, calificando el caso como “un duro recordatorio de los actos despiadados utilizados por las bandas de traficantes para explotar a personas desesperadas por dinero”.

Asimismo, el fiscal Andrew Stephens remarcó que “Chan Atak tomó el control de la embarcación y puso en riesgo la vida de 165 personas, incluidos niños” en un viaje de más de 23 horas sin experiencia de navegación, advirtiendo además que “aquellos sentenciados a más de un año de prisión se enfrentan a ser deportados y, si presentan una solicitud de asilo, su condena será tomada en cuenta”.

Un grupo de 31 migrantes fue localizado por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dentro de un camión utilitario modificado cerca de Ocotillo, California, después de que el conductor los abandonara y huyera hacia México.

El caso fue reportado el 16 de septiembre de 2026 por el Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, que difundió imágenes del vehículo y del momento en que los migrantes fueron encontrados en una zona desértica.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, los traficantes habían introducido a las 31 personas en la parte de carga de un camión utilitario modificado y las trasladaron a través del desierto cercano a Ocotillo, una comunidad del condado de Imperial ubicada a pocos kilómetros de la frontera con México.

La fotografía difundida por la corporación muestra el compartimento trasero del vehículo, acondicionado para transportar al grupo. En otra de las imágenes aparecen agentes y migrantes mientras son conducidos fuera de la zona donde fueron abandonados.

La Patrulla Fronteriza señaló que el traslado ocurrió bajo las condiciones de calor del desierto de California, una zona en la que las temperaturas pueden superar los 100 grados Fahrenheit durante los meses de mayor calor.

El conductor huyó hacia México

Según el Sector El Centro, los agentes localizaron al grupo después de que el conductor abandonara el vehículo y huyera hacia México, aparentemente al considerar que la frontera era el destino final de su escape.

Los 31 migrantes quedaron bajo custodia de los agentes estadounidenses, mientras que el conductor fue posteriormente detenido por autoridades mexicanas, de acuerdo con la información difundida por la Patrulla Fronteriza.

Las autoridades estadounidenses no dieron a conocer, en la publicación difundida en redes sociales, las identidades, edades o nacionalidades de las personas encontradas en el vehículo.

El caso quedó relacionado con una operación de tráfico de personas, debido a la forma en que el grupo fue trasladado y ocultado dentro del vehículo. La propia Patrulla Fronteriza describió que los traficantes habían llevado a las personas “como mercancía” a través del desierto.

El hallazgo también expone los riesgos de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. El calor extremo, la falta de ventilación y el aislamiento de las zonas desérticas pueden convertir los traslados en vehículos cerrados en situaciones de peligro para quienes son transportados.

Semanas antes, México desmanteló una red que usaba túneles

El caso ocurre poco más de dos semanas después de un operativo realizado en México contra otra organización dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.

El 28 de agosto, autoridades mexicanas informaron la detención de ocho presuntos integrantes de una organización identificada como “La Tía” o “La Nueva Empresa”, señalada por utilizar túneles clandestinos en Ciudad Juárez para trasladar migrantes hacia territorio estadounidense.

En aquella operación, realizada en Jalisco y Chihuahua, fue detenida la presunta líder de la organización, identificada como Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”. Las autoridades señalaron que la célula no solamente estaba relacionada con tráfico de migrantes, sino también con delitos como narcotráfico, secuestro y extorsión.

La investigación mexicana comenzó en enero, después de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que advertía sobre una posible red dedicada al traslado de personas hacia ese país. Durante los cateos fueron aseguradas dos camionetas, 31 teléfonos celulares y equipo electrónico y de cómputo.

Aunque el caso de los 31 migrantes encontrados en Ocotillo no ha sido vinculado públicamente con aquella organización, ambos hechos muestran distintas modalidades empleadas para intentar trasladar personas desde México hacia Estados Unidos: mientras una investigación apuntó al uso de túneles clandestinos, el episodio más reciente involucró un vehículo modificado para ocultar y transportar a decenas de personas.

La detención del conductor en México añade además un componente binacional al operativo, luego de que el sospechoso cruzara de regreso al territorio mexicano tras abandonar al grupo en el desierto californiano.

Este viernes la noticia vuelve a estar en Ceuta. Tras las idas y venidas con la acogida de migrantes en el puerto, el traslado se ha ejecutado. A las 6:30, efectivos de Guardia Civil han comenzado a llevar a las personas al nuevo campamento. El inicio no ha sido fácil. Los migrantes, conscientes de que habían un total de 1700 plazas disponibles y que son muchos más los que las necesitan, han comenzado a correr para tratar de asegurarse un hueco. Como respuesta, el Instituto Armado ha necesitado un refuerzo de la Policía Nacional y se han producido cargas y disparos al aire.

Pasados estos primeros instantes de tensión, las autoridades han podido establecer un orden. Los migrantes han permanecido sentados ante la entrada al campamento mientras los agentes gestionaban la entrada de forma pausada. La principal duda que se genera ahora es qué va ser de todas las personas que se queden sin sitio y vuelvan a verse en las calles. Fuente del Gobierno reconocen que no se puede descartar que vuelvan a ocuparse las playas. Cifran en cerca de 3.000 personas las que continúan viviendo en la calle.

Efecto llamada sobre el traslado

El traslado al puerto ha sido una fuente de enfrentamientos desde que se propuso. En primer lugar, el gobierno de la ciudad autónoma se opuso a usar estas instalaciones. Después se alcanzó un acuerdo para usar unas parcelas. Cuando su puesta en marcha parecía inminente, llegaron dudas en el ámbito judicial. El Sindicato Unificado de Policías (SUP) presentó un recurso ante la Audiencia Nacional por las consecuencias que podía tener el traslado y esta decidió suspenderlo. Un día después, este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acabó levantando el veto y permitiendo que iniciara el operativo.

Las fuentes del Gobierno señalan que la paralización judicial del operativo ha incrementado la dificultad de los traslados, al generar un foco informativo que dio lugar a un efecto llamada entre los migrantes. Creen que esto es lo que ha llevado una tensión inicial entre las personas que querían entrar al campamento. Según la versión del Gobierno, al detectar la presencia de la Guardia Civil, entendieron que comenzaba la operación y se dirigieron hacia el puerto para situarse entre los primeros en ser trasladados. Además, explican que se trata de un dispositivo especialmente complejo por el volumen de desplazamientos previstos, que dicen que supera cualquier antecedente. El Ejecutivo sostiene que se ha desarrollado con calma y cinismo y que no se han registrado episodios de violencia ni altercados.

Crítica al PP

Desde Moncloa han acusado al PP de irresponsable por cuestionar un operativo antes de que termine. Reprochan a Alberto Núñez Feijóo y a su partido una posición irreal ante la situación, al asegurar que quieren que desaparezcan los migrantes de un momento a otro y esto es imposible. También responden a las críticas de Sumar por las cargas policiales, pues creen que se deben a la necesidad de controlar una operación con un elevado número de personas.

Las fuentes consultadas aseguran que Ceuta participa en el operativo y precisan que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantiene contacto con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, desde el inicio. El Gobierno admite que se ha hecho público un malestar con Vivas por diferencias en la gestión (con la respuesta de Pedro Sánchez en el pasillo del Congreso sobre qué pregunten a Vivas por qué hay menores sin tutelar) y atribuye parte de los retrasos a las dificultades para localizar y habilitar los espacios de acogida.

Sanidad ha confirmado un positivo de mpox (anteriormente conocido como viruela del mono) entre el grupo de menores migrantes acogido en Ceuta. Se trata de un joven de trece años que llegó a la ciudad autónoma en la entrada masiva del pasado mes de julio.

Según ha precisado Europa Press, el menor permanece aislado en el centro en el que se encuentra acogido y está recibiendo tratamiento. El positivo se detectó este jueves, después de que presentase síntomas compatibles con la enfermedad. Las autoridades sanitarias sospecharon que el adolescente podía estar infectado y remitieron muestras para su análisis, que confirmó la infección.

Se trata del primer caso de mpox en la historia de Ceuta desde el inicio del brote en España.

Qué es la mpox

La mpox, también conocida como viruela M, es una zoonosis viral (enfermedad que se transmite de animales a personas) que pasó por primera vez a humanos en la República Democrática del Congo. Hasta el año 2022, se consideraba una infección endémica del África Occidental y Central, pero en mayo de 2022 un brote de mpox saltó a nivel internacional, siendo España uno de los países más afectados.

Ese año, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) registró 7.521 casos de mpox en España, la mayoría en Madrid (2.534), Cataluña (2.329) y Andalucía (884). Desde entonces, la incidencia de la enfermedad ha ido en descenso, con picos en 2024 (695 casos) y en 2025 (814) que quedaron lejos del brote original. Hasta febrero de 2026, España había notificado 9.420 casos de mpox en su historia, ninguno en Ceuta y Melilla.

Este caso es, por tanto, el primero en detectarse en una de las dos ciudades autónomas. Por el momento, los servicios sanitarios han adoptado las medidas correspondientes para evitar nuevos contagios.

La mpox se transmite de persona a persona, por contacto estrecho con alguien infectado, con lesiones cutáneas, fluidos corporales, costras... En 2022, la principal vía de transmisión fue a través de relaciones sexuales, pero existen otras vías de contagio como la vertical (de madre a hijo durante el embarazo), por fómites (contacto con un objeto contaminado) o la zoonótica (arañazo o mordedura).

La enfermedad se manifiesta, normalmente, a las tres semanas de la exposición. Los síntomas se asemejan a los de una gripe, con fiebre, cefaleas, escalofríos, dolores musculares, fatiga extrema y tos, pero vienen acompañados de erupciones cutáneas, que suelen aparecer a los pocos días del inicio de la fiebre.

La erupción suele comenzar en el rostro y después puede aparecer en cualquier zona del cuerpo, incluyendo la palma de las manos y la planta de los pies, la cara, la boca y la garganta, las ingles, los genitales y el ano. Con el tiempo, estas pústulas forman costras que finalmente se desprenden. El período de transmisión suele ser de 2 a 4 semanas y se extiende desde el comienzo de los síntomas hasta la desaparición de las lesiones en la piel con restauración completa de la misma.

Las capas de vulnerabilidad migrante se forman por la interacción de factores como el origen, la situación económica, el género, la etnia y las condiciones del trayecto. Esa combinación puede incrementar los riesgos para las personas que se desplazan o deciden establecerse en México.

De acuerdo a las investigadoras Sofía Teresa Díaz Torres y Jessica Ximena Montes de Oca Quiroz la desventaja no corresponde a una característica fija de determinados grupos, más bien puede ser descrita como una situación dinámica, condicionada por circunstancias sociales, políticas, económicas y raciales.

Las autoras plantean que las diferencias en la recepción de quienes migran no dependen solo de su nacionalidad. La clase social, la forma de viajar y la representación pública de cada persona también influyen en el acceso a vivienda, empleo, educación y atención médica.

La migración desde diversos puntos de vista

Estas reflexiones forman parte del libro Capas de vulnerabilidad de las poblaciones migrantes en México, escrito por Díaz Torres y Montes de Oca Quiroz. Ambas son candidatas a doctoras en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM, dentro de las áreas de Humanidades en Salud y Bioética.

La publicación surgió a partir del ensayo que obtuvo el tercer lugar en el concurso Escribir para la Bioética, organizado por el Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Asimismo, la investigación comenzó hace aproximadamente un año y medio, cuando las protestas contra la gentrificación en Ciudad de México pusieron en debate la llegada de extranjeros y las diferencias con las que son percibidos según su procedencia.

Una de las académicas recordó que en redes sociales, medios de comunicación y ámbitos académicos detectaron posturas nacionalistas y xenófobas, discursos que diferenciaban a las personas procedentes del llamado norte global de quienes llegaban desde el sur global.

“Había un rechazo hacia ellos no por el hecho de ser extranjeros, sino también por su condición económica”, afirmó la autora.

A partir de esa observación, las especialistas concluyeron que la xenofobia no bastaba para explicar el fenómeno, por lo que también incorporaron la aporofobia, entendida como el rechazo hacia las personas pobres.

Campamentos en Ciudad de México mostraron necesidades básicas

Sofía Díaz Torres identificó otro punto de análisis en los campamentos de migrantes que comenzaron a ganar visibilidad en la capital del país, acudiendo al instalado en la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, como parte de una iniciativa para llevar libros y promover la alfabetización.

La experiencia modificó la percepción inicial del proyecto, ya que las personas en el lugar requerían antes agua, medicamentos y alimentos que materiales de lectura.

“Las condiciones en las que estaba el campamento requerían lo más básico”, expresó Díaz Torres, evidenciando la situación sobre que cada desplazamiento incluye necesidades y riesgos particulares.

Para estudiar esa diversidad, se retomó la propuesta de la filósofa argentina Florencia Luna, quien utiliza la metáfora de las capas para comprender la vulnerabilidad, este enfoque permite observar cómo diversos elementos se acumulan en una misma persona.

Montes de Oca explicó que una persona puede enfrentar riesgos vinculados a su situación económica, edad, género, origen, ubicación geográfica o pertenencia étnica, así como circunstancias de traslado que pueden aumentar esa exposición.

El género, el lenguaje y las políticas públicas amplían la discusión

Las mujeres migrantes pueden estar expuestas desde edades tempranas al abuso sexual, la trata de personas y la explotación sexual, lo que representa una serie de riesgos durante su desplazamiento.

Por otro lado, las desigualdades también aparecen en la forma en que se representa a los recién llegados, ya que la información difundida en noticias y redes sociales suele asociar a quienes proceden del norte global con la innovación, la tecnología y la era digital.

En contraste, las personas originarias del sur global aparecen con frecuencia relacionadas con trabajos de servicios. Esta diferencia también se refleja en las palabras empleadas para referirse a las migraciones.

Montes de Oca señaló que términos como expat o “nómada digital” suelen reservarse para quienes llegan desde países del norte global, mientras que la palabra “migrante”, puede adquirir una connotación negativa cuando se vincula con condiciones económicas desfavorables.

Dejarlo todo para buscarse la vida en la otra punta de Europa puede sonar a locura, pero a veces las cuentas le dan la razón al riesgo. Esta es la historia de Laura Prieto, una joven española asentada en Tromsø, en el norte de Noruega, que ha logrado dar un vuelco a sus condiciones de vida tras dejarlo todo para dedicarse a la limpieza de hoteles y al turismo. “Gano en dos horas y media lo que ganaba en un día entero en España. Así que ir a trabajar es mucho menos pesado”, explica.

Laura viajó al país nórdico en noviembre sin empleo, aunque tras realizar una entrevista al segundo día de su llegada, fue contratada en un hotel. Sin embargo, la burocracia frenó su arranque al requerir el D-nummer (el número de identificación provisional para extranjeros) y el paso por la oficina de impuestos. “Estuve tres semanas sin trabajar desde que firmé. Pero sabiendo lo que vas a ganar, ves que te sale a cuenta, aunque al principio tengas que gastar”, asegura.

En ese primer empleo percibía unos 22 euros por hora entre semana y hasta 35 euros los domingos, cifras que en el contexto local resultaban moderadas, pero que superaban de lejos sus ingresos anteriores. Decidida a optimizar sus jornadas y amortiguar el elevado coste de vida nórdico —donde el salario medio mensual roza las 63.700 coronas (unos 5.895 euros)—, Laura optó por diversificar su actividad laboral.

Un ahorro de casi 20.000 euros en diez meses

Aprovechando que para ejercer de guía en la zona no se exige titulación previa, pero sí idiomas como el inglés o el español, comenzó a postular enviando correos y mensajes por redes sociales a las agencias locales. “En Noruega los trabajos a tiempo parcial son muy comunes, sobre todo entre los jóvenes”, explica Laura. Esto le permitió firmar múltiples contratos de temporada en seis compañías distintas.

Esta modalidad laboral le otorga la libertad de aceptar o rechazar turnos para compaginar la limpieza con itinerarios guiados de auroras boreales, fiordos, motos de nieve y servicios de azafata en catamaranes. “Eso me permite tener varios trabajos y combinarlos todos para tener suficiente volumen”, señala sobre una rutina que evita jornadas agotadoras en un solo sitio.

El balance económico de su experiencia en Tromsø ratifica el éxito de su decisión. En solo diez meses de residencia, y tras deducir el alquiler, la alimentación, vuelos y viajes de vacaciones a España, la joven ha logrado acumular 19.485 euros de ahorro neto —una media cercana a los 2.000 euros mensuales—, sin contar casi 1.000 euros adicionales sumados en propinas en efectivo.

Aunque reconoce que adaptarse al clima frío, los días cortos de invierno y el alto precio de la vida diaria requiere disciplina, su caso refleja el creciente atractivo de Noruega para miles de trabajadores españoles (más de 13.000 residían en el país en 2026). “Solo explico mi experiencia personal para que tengáis un ejemplo. Si haces las cosas con cabeza, tarde o temprano te van a salir”, concluye en uno de sus vídeos de TikTok.

La Audiencia Nacional ha rechazado este jueves paralizar de forma cautelarísima la instalación del campamento para migrantes que el Gobierno está habilitando en el Puerto de Ceuta y en el que prevé alojar a más de un millar de personas llegadas a la ciudad autónoma durante el salto masivo de los días 30 y 31 de julio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima así la petición urgente del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que reclamaba suspender la autorización de Transportes hasta que quedaran acreditadas las condiciones de seguridad del recinto y las medidas de prevención para los agentes destinados al dispositivo.

Los magistrados sí consideran que existe una situación de especial urgencia por la inminente ocupación de los 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario, pero concluyen que esa circunstancia no basta para acordar la medida solicitada por el sindicato. En su resolución, la Sala sostiene que “no está justificada” la suspensión cautelarísima porque los argumentos del SUP se centran en que la atención humanitaria se preste “en condiciones de seguridad verificadas y documentadas” y en la protección de la seguridad y salud laboral de los funcionarios de la Policía Nacional.

La Audiencia recuerda además que la resolución del Ministerio de Transportes recurrida por el sindicato no establece las condiciones concretas en las que se prestará la atención humanitaria ni cómo se desarrollará el servicio policial. El acto administrativo se limita a autorizar temporalmente la ocupación de una superficie de 16.000 metros cuadrados para instalar los elementos necesarios para el dispositivo de acogida.

Por ello, los magistrados entienden que las condiciones de seguridad que deberán cumplir las instalaciones y el trabajo de los agentes tendrán que determinarse mediante las actuaciones correspondientes del Ministerio del Interior. La resolución señala que Transportes deberá instar a Interior a aportar los medios necesarios para reforzar la seguridad del recinto.

El SUP pedía detener la instalación y cualquier ampliación del dispositivo

El procedimiento judicial comenzó el 15 de septiembre, cuando el SUP presentó un recurso contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del 5 de septiembre que autorizaba la utilización de unos 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad aproximada para un millar de personas.

El sindicato solicitó al tribunal que actuara por la vía de las medidas cautelarísimas, es decir, sin escuchar previamente a la Administración, y que suspendiera inmediatamente la ejecución de la resolución. En concreto, reclamaba que se detuviera cualquier ocupación, ampliación, instalación o puesta en funcionamiento del dispositivo hasta que se acreditaran las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.

El SUP planteaba además una petición subsidiaria para el caso de que el campamento ya estuviera parcialmente instalado u operativo: que se paralizara cualquier ampliación de su capacidad, la ocupación de nuevas parcelas y el traslado de nuevas personas al recinto. También reclamaba al Gobierno la documentación técnica relacionada con la ocupación, incluida la resolución que la autorizaba, el título jurídico habilitante, el informe de compatibilidad portuaria, los planes de protección del puerto y la evaluación de riesgos laborales de los policías destinados al dispositivo.

La Audiencia Nacional intervino inicialmente el miércoles. Antes de resolver sobre la medida cautelar solicitada, requirió al Ministerio de Transportes que remitiera con urgencia la resolución y el resto del expediente administrativo. Hasta que se pronunciara sobre esa petición, el tribunal indicó a la Administración que no podía ejecutar la orden recurrida. El expediente llegó a la Sala ese mismo día e incluía, entre otros documentos, la resolución de 5 de septiembre y un informe de Puertos del Estado.

El auto dictado este jueves supone, por tanto, el siguiente paso de ese procedimiento: la Audiencia ya ha examinado la petición de suspensión inmediata y ha decidido no acceder a ella. La resolución establece expresamente que contra esta decisión no cabe recurso.

España pidió a finales de agosto a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para “agilizar” los trabajos de clasificación y triaje de los miles de migrantes que permanecen en Ceuta a la espera de su eventual repatriación a Marruecos o a sus respectivos países de origen o, en su caso, de la tramitación de las peticiones de asilo. La respuesta de Frontex, que maneja un presupuesto que ya ronda los 1.200 millones de euros, fue enviar 10 agentes a la ciudad autónoma para ayudar a la Policía Nacional en estas funciones. “Entre los agentes europeos hay un finés, un rumano, un griego... Parece un chiste, pero hay que recordar que no tienen mandato judicial, no pueden tramitar expulsiones, solo entrevistan a los migrantes y trazan sus nacionalidades. No han mandado a gente con conocimientos de español, marroquí y francés, los idiomas más hablados por estos migrantes”, explican fuentes de Frontex.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hablado de Frontex este miércoles en su sexto discurso sobre el Estado de la Unión para exponer sus planes de futuro: entre ellos, reformar las normas migratorias. Von der Leyen quiere que Frontex crezca en efectivos y tenga más competencias. Actualmente, la plantilla de este cuerpo de guardias de fronteras alcanza los 7.750 efectivos, divididos en tres categorías: la 1 (funcionarios empleados directamente por Frontex), la 2 (funcionarios adscritos de larga duración procedentes de Estados miembros de la UE) y la 3 (funcionarios cedidos temporalmente por los Estados miembros). El objetivo de Von der Leyen es llegar a los 30.000 agentes en un contexto geopolítico complejo.

Porque aunque los focos de la Comisión Europea y Frontex se han vuelto irremediablemente a Ceuta tras los sucesos del pasado 30 y 31 de julio, la agencia europea de fronteras tiene otros puntos calientes identificados desde hace tiempo que influyen en los flujos migratorios irregulares que llegan a Europa: el conflicto entre EEUU e Irán; la escalada de inseguridad que hay en Malí; la guerra en Ucrania que no tiene visos de tener fin; las redes de tráfico ilícito que operan desde Argelia y Libia y que llevan migrantes a España, Italia y Grecia; y los intentos de cruce ilegales que se producen para huir de Bielorrusia a Letonia, Lituania y Polonia. En este escenario, la Comisión Europea baraja financiar infraestructuras fronterizas (es decir, vallas), financiar centros de retorno fuera de la UE y agilizar los procesos de retorno.

Aunque todavía no hay datos oficiales de los migrantes que cruzaron a Ceuta los últimos días de julio, Frontex acaba de hacer públicas las últimas cifras oficiales de llegadas a suelo europeo. Todas las zonas analizadas de enero a agosto de este año arrojan un balance de descenso en el número de personas interceptadas, menos la ruta del Mediterráneo occidental, la que afecta a Ceuta. Las detecciones de cruces irregulares en las fronteras exteriores europeas bajaron un 35% en los ocho primeros meses del año, hasta cerca de 75.000 casos. Estas entradas ilegales cayeron en todas las rutas, salvo en la España peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, que creció un 34% hasta unas 15.900 entradas. Y eso que no están todavía contabilizados los datos del 30 y 31 de julio. Un trabajo que llevará su tiempo, explican las mismas fuentes de Frontex.

Solo 2.048 menores filiados

“No todo se soluciona con fichar más operativos en Frontex. Da igual que seamos 30.000 si no tenemos mandato judicial para tramitar, por ejemplo, expedientes de expulsión. No somos policías. No todos conocen la legislación de extranjería de cada país miembro. Solo somos guardias de frontera que en crisis como la de Ceuta podemos ayudar a entrevistar a los migrantes, hacer un triaje y trazar su nacionalidad. Poco más”, señala a Infobae un veterano mando intermedio de ‘Infobae’ que pide anonimato. Actualmente, en Ceuta ya hay 2.048 migrantes menores filiados, casi 50 días después de la crisis de julio. Hay entre 700 y 1.000 menores deambulando todavía por la ciudad, según el Ejecutivo de Ceuta.

El Gobierno central trabaja ahora en dos flancos: acelerar la instalación de los emplazamientos para realojar a los migrantes con el propósito de sacarlos de la calle y, a la vez, identificarlos para agilizar los trámites de expulsión. El Ministerio del Interior va a habilitar dos centros de acogida en Ceuta y Melilla con 800 plazas cada uno. De momento, ya hay en la ciudad autónoma 4.160 plazas temporales y se trabaja para que los migrantes realojados llegan hasta los 6.000. Además, se han producido 5.482 retornos voluntarios y 307 devoluciones a Marruecos por agresiones u otros incidentes. “La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España, Ceuta es Europa”, señaló este miércoles Von der Leyen, que ha definido lo que pasó en Ceuta como “la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y redes de contrabando sin escrúpulos y por parte de nuestros adversarios”.

Frontex recuerda que sus agentes están preparados para prestar asistencia en controles fronterizos y vigilancia, labores de “gestión de la migración” (por ejemplo, selección, registro, toma de huellas dactilares, sesión informativa posterior..), funciones de la guardia costera y búsqueda y rescate, operaciones de retorno para personas sin derecho a permanecer en Europa y lucha contra la delincuencia transfronteriza, incluido el contrabando y la falsificación de documentos. “Diez agentes en Ceuta es ridículo”, explican las fuentes antes mencionadas. Otras fuentes de la Guardia Civil especializadas en fronteras explican que la solución para este triaje de migrantes fuera ágil sería fácil: “el envío de 100 policías nacionales para hacer cada uno ocho expedientes al día; reforzar la seguridad ciudadana de la ciudad con 400 policías nacionales; y 800 para la protección de las fronteras terrestre y marítima, apoyados por nueve embarcaciones”.

Reclutamiento en Frontex

El Cuerpo Permanente de Frontex (con sus tres categorías) se estableció mediante un reglamento de la UE en 2019. Para 2027, deberá alcanzar un total de 10.000 efectivos. De estos, 3.000 serán personal permanente de Frontex, uniformados y armados desde la sede central en Varsovia. Si el objetivo es llegar a 30.000, parece una utopía. Las solicitudes para la categoría 1 no alcanzan, de momento, los objetivos previstos. En 2025 se reclutaron 1.500 de los 2.000 agentes planificados. Proceden principalmente de países con un PIB más bajo, como Grecia, Rumanía y Portugal. Para atraer a más candidatos de otros países, la agencia fronteriza planea campañas de reclutamiento específicas en Alemania, Francia y los Países Bajos. “Los candidatos seleccionados completan hasta 12 meses de formación que combina el aprendizaje en el aula con ejercicios prácticos”, explican desde Frontex.

“Nos unimos para celebrar el primer llamado de Independencia del padre Hidalgo y Costilla. Un grito que no solo cambió la nación, sino todo un continente. También sabemos que el grito no entregó un México soberano de la noche a la mañana, marcó el comienzo de una larga y dolorosa lucha”, expresó el funcionario estadounidense durante un discurso emitido el pasado 15 de septiembre.

Recordó que fue en medio de esta libertad nacional que nació la relación entre el país y la ciudad neoyorquina, “en la década de 1860, Benito Juárez y la República Mexicana lucharon contra los franceses. La ciudad de Nueva York se convirtió en un refugio para los que escapan del conflicto”.

Siguiendo con su mensaje, agregó que parte de este festejo también está vinculado con el hecho de que, durante más de 160 años, los connacionales han ayudado a “dar forma” a esta urbe de EEUU. “México está cosido en el tejido de Nueva York: lo vemos en los zapateros de Corona recomendando botas usadas de turnos tardíos y marchas largas por la justicia”.

Hace dos días, Mamdani marchó por primera vez en el desfile del Día de la Independencia realizado en la Quinta Avenida, junto a la comunidad mexicana que vive en esta metrópoli estadounidense. Posteriormente, durante la celebración en Sunset Park, declaró que en ese momento sintió el mismo orgullo que había experimentado anteriormente.

Zohran Mamdani llama a Nueva York como “Puebla York”

De una forma divertida llamó a Nueva York como “Puebla York”, haciendo que los presentes rieran y se emocionarán por este chiste. El funcionario siguió su participación expresando que para los neoyorquinos mexicanos esa urbe es un hogar donde pueden sentirse a salvo: “vengo a ti como alcalde nuestra ciudad para decir que estás en casa aquí en Puebla York, y siempre estarán en casa aquí”.

Aseguró que las clínicas, escuelas y albergues permanecerán abiertos para todos y todas sin importar su estatus migratorio. Estas declaraciones se dan en un momento de tensión contra los migrantes mexicanos, quienes han sufrido múltiples deportaciones y maltratos como consecuencia de la implementación de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desfile del Día de la Independencia de México

El Desfile del Día de México celebrado Sunset Park el pasado domingo, contó con piñatas con la figura del mandatario estadounidense y banderas con mensajes contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), como expresión de rechazo a la política migratoria del gobierno estadounidense.

Las protestas durante la 32ª edición del evento aparecen mientras elementos de esta agencia federal intensifica sus operativos en Nueva York. El lugar del festejo funciona desde hace meses como un centro de detención de la autoridad, frente al cual organizaciones comunitarias mantienen vigilias semanales para exigir el fin de los arrestos.

Zohran Mamdani recibió la banda de gran mariscal mientras reveló que es el primer alcalde de la ciudad en participar en el desfile. Los asistentes lo recibieron con porras, mientras ondearon una bandera mexicana; el funcionario también ha respaldado limitar las operaciones de ICE dentro de la ciudad.

La celebración reunió a cientos de familias con trajes típicos para presenciar el Jarabe Tapatío, el Son Jarocho y la danza de la flor de piña, originaria de Oaxaca. El eveneto se realiza desde 1994 en Sunset Park para reconocer las contribuciones culturales de la comunidad mexicana a la Gran Manzana.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a presentar un recurso contra el real decreto 556/2026, dictado en junio, que prorroga los traslados de migrantes menores no acompañados para ser acogidos entre las distintas comunidades autónomas. La Abogacía General lo presentó el pasado 1 de septiembre, por encargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, y ya ha sido admitido a trámite, según ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

La norma cuestionada establece el número de menores extranjeros que cada comunidad y ciudad autónoma puede asumir dentro de su sistema de protección, manteniendo así el mecanismo de distribución obligatoria que comenzó en 2025. Ese sistema se aprobó a través del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que diez comunidades autónomas —entre ellas Madrid— recurrieron ante el Tribunal Constitucional.

Con esta nueva actuación, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid suma seis procedimientos judiciales contra decisiones del Gobierno central en materia migratoria, agrupados en cuatro líneas de actuación vinculadas entre sí.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es controlar las fronteras y poner fin a este caos migratorio que está viviendo nuestro país y no tratar a las comunidades como aquellas que deben atender este caos que el propio Gobierno está generando”, ha señalado García Martín en rueda de prensa. “Estamos dando todas las batallas para defender el interés general, para defender el interés de los madrileños y para exigirle al Gobierno que haga su trabajo”, ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press. El portavoz también ha acusado al Ejecutivo de perjudicar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular mientras “busca beneficiar a Cataluña y País Vasco”.

Debe primar el interés superior del menor

El PP ha recalcado en distintas comparecencias que “el interés superior del menor es estar con su familia” y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí. No obstante, organizaciones humanitarias advierten que decenas de menores llegados a Ceuta a finales de julio han huido de Marruecos por la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados.

Cabe recordar que, por el momento, solo Cataluña, País Vasco y Asturias se han mostrado dispuestos a acoger menores migrantes. Navarra es la única autonomía que ha confirmado que acogerá a cinco niñas. El Gobierno central, por su parte, ya ha reiterado que no es posible expulsar a los migrantes directamente y recuerda que existen procedimientos que se deben cumplir de acuerdo a la ley vigente.

Además, en el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, las organizaciones humanitarias recuerdan que cualquier decisión sobre su futuro debe adaptarse de forma individualizada, tras analizar sus circunstancias personales y familiares antes de decidir si corresponde su permanencia en España o la repatriación. En este sentido, insisten en que la legislación española, europea y los estándares internacionales establecen que el interés superior del niño debe ser “una consideración primordial en cualquier decisión que le afecte”.

(Con información de Europa Press)

La crisis de Ceuta sigue lejos de resolverse cuando ya casi se cumple un mes y medio de la entrada masiva desde Marruecos, pese a que el Gobierno continúa aumentando la capacidad para acoger a las personas migrantes que permanecen en la ciudad en distintos dispositivos. En las últimas semanas ha aumentado tanto la tensión entre los propios migrantes que esperan una plaza para dormir bajo un techo seguro como el malestar de la población ceutí, que quiere volver a la normalidad. También se han multiplicado los discursos de odio contra las personas extranjeras que alimentan el racismo y la xenofobia, según denuncian las organizaciones humanitarias, que reclaman “solidaridad” a las autonomías para que acojan a parte de los migrantes y ayuden a descolapsar Ceuta.

Ese clima de criminalización y hostilidad hacia los migrantes ya se ha traducido en episodios de violencia, incluso contra menores. El 7 de septiembre, Alí, un niño de 8 años, sufrió una herida en la cabeza después de que varios encapuchados disparasen con perdigones mientras estaba con su familia en el asentamiento de El Príncipe. Otros menores ceutíes también han sido increpados durante algunas protestas por manifestantes que los “confundieron” con migrantes por el color de su piel. A ello se suman varios incendios en asentamientos que han obligado a intervenir a los bomberos, lo que vuelve a exponer la precariedad persistente en la ciudad autónoma.

Para la organización Luna Blanca, la situación “más preocupante” en términos humanitarios se localiza en el asentamiento de mujeres y niños de las naves del polígono industrial del Tarajal, donde permanecen unas 23 madres con hijos pequeños, si bien también hay menores no acompañados y hombres adultos que no reciben comida desde hace varios días por falta de recursos. La educadora social y portavoz de la asociación, Halima Ahmed, explica a Infobae que las medidas impulsadas por las instituciones resultan insuficientes y avanzan con lentitud.

“En esta entrada masiva, a diferencia de la mayo del 2021, hay muchas más familias con niños, pero también más mujeres y menores no acompañados. A día de hoy, el asentamiento más vulnerable es precisamente el que acoge a muchas mujeres con sus niñas, en el polígono industrial del Tarajal”, detalla.

La educadora social advierte que “será difícil recuperar la normalidad en Ceuta mientras miles de personas continúen en las calles”, sobre todo en los barrios de la periferia, “que están totalmente colapsados”, a diferencia del centro, donde la situación es mucho más estable, asegura. “Hay dos realidades muy distintas, pero lo que sí nos une a toda la población es el cansancio y el hartazgo, porque queremos recuperar nuestros días, nuestros espacios, para poder volver a la vida que teníamos antes del 30 de julio”.

La activista recuerda que Ceuta es una ciudad de tan solo 19 kilómetros cuadrados que no dispone de capacidad suficiente para abordar la emergencia. Por ello, reclama que se agilicen los procesos de filiación para determinar los casos en los que corresponde el retorno al país de origen y pide a las comunidades autónomas que acojan de forma temporal a parte de los migrantes. “Los protocolos que marca la ley también se pueden realizar desde otras autonomías y eso ayudaría mucho a descolapsar Ceuta”, añade.

De momento, las regiones gobernadas por el Partido Popular rechazan el reparto de migrantes a la península, tanto de adultos como de menores, y reclaman su devolución, aunque aseguran que “cumplirán la ley”. En las comunidades donde el PP gobierna junto a Vox, los Ejecutivos han anunciado además recursos judiciales contra los expedientes que no concluyan con la repatriación.

Tan solo Cataluña, País Vasco y Asturias se han mostrado dispuestos a acoger menores migrantes. Navarra es la única que, por ahora, ha confirmado que acogerá a cinco niñas.

El Gobierno central, por su parte, ya ha reiterado que no es posible expulsar a los migrantes directamente y recuerdan que existen procedimientos que se deben cumplir de acuerdo a la ley vigente.

Personas del colectivo LGTBIQ+ “necesitan alojamiento seguro”

Desde la Asociación Elín, que lleva trabajando cerca de 30 años por los derechos de los migrantes en Ceuta, valoran positivamente la apertura de nuevos dispositivos para atender a las personas que permanecen en Ceuta, pero advierten que la respuesta de las instituciones sigue siendo insuficiente, especialmente para las familias con menores que necesitan ser atendidas. “Es inentendible cómo puede ser que estén priorizando a hombres solos antes que a familias con menores, porque aún hay muchas que no han sido acogidas. También hay muchas personas del colectivo LGTBIQ+ que no están recibiendo una alternativa de alojamiento donde se los proteja”, señala Pilu Alba, integrante de esta asociación.

Con el paso de los días, denuncia la activista, la situación de quienes siguen en la calle se deteriora, mientras las familias instaladas en las naves del Tarajal enfrentan condiciones cada vez más precarias. “[Las autoridades] no están protegiendo a los eslabones más débiles. Se están centrando en quitar a hombres de la calle. Se ve clara una línea que no aboga tanto por la protección de las personas o perfiles más vulnerables, sino por otras prioridades”, concluye Alba.

Poco después, la Policía Nacional ha confirmado otro caso en el que han desarticulado una estructura que abusaba de los migrantes en la ciudad autónoma, ofreciendo precios abusivos por alojarles en pisos que también tenían pésimas condiciones. Este organismo llegó a cobrar hasta 6.000 euros por hacer traslados a la Península de migrantes irregulares que entraron en Ceuta.

En el caso de la Guardia Civil, por el momento, no trascendieron los delitos concretos que se les imputan ni las circunstancias en las que los migrantes llegaron a residir en el piso. Mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el caso y determinar cómo se gestionó. En muchas ocasiones, este tipo de situaciones responden a casos que envuelven a una red mayor.

La Policía Nacional ha confirmado que los dos detenidos están acusados de explotar a migrantes en situación de vulnerabilidad, a quienes presuntamente alojaban en garajes, trasteros y otros espacios sin condiciones de habitabilidad a cambio de pagos que podían llegar a 900 euros mensuales. La investigación comenzó tras las quejas de vecinos de un garaje comunitario próximo a la barriada del Príncipe, donde se detectó la presencia recurrente de personas que dormían en el suelo, en zonas destinadas al estacionamiento de vehículos. En algunos momentos, el número de migrantes que pernoctaba allí habría rondado la veintena.

Según las pesquisas, la red captaba a personas recién llegadas a Ceuta, les ofrecía alojamiento y controlaba los pagos. Los investigadores sostienen que cada plaza podía costar unos 30 euros diarios. La entrega de colchones y mantas también quedaba supeditada al abono total de las cantidades exigidas. Los responsables habrían cobrado además entre cinco y diez euros por una carga completa de teléfono móvil. La Policía considera que estos ingresos permitieron a la organización obtener beneficios económicos a partir de la situación de necesidad de las víctimas.

La estructura investigada también ofrecía el traslado irregular de migrantes a la Península por importes que podían alcanzar los 6.000 euros. Para ello, sus integrantes se repartían las tareas de localización y captación de personas, gestión de cobros, desplazamientos hacia los alojamientos y vigilancia de quienes permanecían en esos lugares. Los testimonios recogidos por los agentes apuntan a que algunas víctimas recibieron indicaciones para ocultarse y evitar cualquier contacto con la Policía mientras aguardaban una posible salida de la ciudad.

Amenazas de muerte para impedir que declararan

La investigación incorporó denuncias sobre presuntas amenazas de muerte y coacciones contra los migrantes. El objetivo, según la Policía Nacional, era imponer el silencio y evitar que colaboraran con las autoridades o declararan contra los responsables. Durante el operativo, los agentes localizaron a varias personas en situación irregular y con especial vulnerabilidad.

Algunas mostraron temor ante la presencia policial. Varias aceptaron después prestar declaración, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de la red y la presunta distribución de funciones entre sus miembros. La investigación contó con la coordinación de unidades policiales de la costa andaluza y de servicios centrales, junto con la Fiscalía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a una trabajadora marroquí a la que el Consulado General de España en Tetuán denegó un visado de residencia y trabajo por cuenta ajena después de concluir, tras revisar su documentación y entrevistarla, que el contrato podía ser una vía para emigrar a España. La mujer había obtenido previamente la autorización de residencia y trabajo de la Subdelegación del Gobierno en Ávila para incorporarse como peón de ganado ovino, pero la oficina consular consideró que el empleo no respondía a una necesidad laboral real. Los jueces entienden ahora que esa sospecha no quedó respaldada por datos objetivos y ordenan conceder el visado solicitado.

El caso gira alrededor de una cuestión muy concreta: hasta dónde puede llegar un consulado al valorar si el motivo de un visado de trabajo es auténtico cuando otro órgano de la Administración ya ha autorizado la contratación. La resolución, dictada el 27 de julio por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, considera que el Consulado de España en Tetuán podía volver a examinar las circunstancias de la solicitud, incluida la realidad del empleo, pero debía explicar con hechos por qué llegaba a una conclusión distinta. En este caso, según los magistrados, no lo hizo.

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La mujer, nacida en Marruecos y residente allí, había solicitado el 25 de noviembre de 2024 un visado para trasladarse a España y trabajar por cuenta ajena. El empleo previsto estaba en Pradosegar (Ávila), en una explotación ganadera, con un contrato indefinido como peón de ganado ovino. La autorización inicial de residencia y trabajo había sido concedida cinco días antes, el 19 de noviembre, por la Subdelegación del Gobierno en Ávila. El puesto contemplaba una jornada de 40 horas semanales, una remuneración conforme al convenio, un mes de periodo de prueba y 30 días de vacaciones.

Una entrevista que acabó pesando más que la autorización laboral

La autorización concedida en España no fue, sin embargo, suficiente para que el procedimiento terminara con el visado. El Consulado de Tetuán citó a la solicitante a una entrevista el 26 de noviembre, un día después de presentar la solicitud. Fue entonces cuando aparecieron las dudas que acabarían bloqueando su llegada a España.

Durante el interrogatorio, la mujer fue capaz de responder a buena parte de las cuestiones relacionadas con el empleo. Dijo que sabía que iba a cuidar y limpiar animales, conocía que el contrato era indefinido y calculaba que cobraría unos 1.200 euros, según el convenio. También explicó dónde iba a alojarse, indicó el horario que tenía previsto cumplir y señaló que tendría un mes de prueba.

Pero hubo otros elementos que despertaron las sospechas de la oficina consular. La solicitante contó que conocía al empresario desde hacía tiempo y que mantenían una relación de amistad. Explicó que era una persona cercana, “como de la familia”, y que había querido ayudarla a conseguir el contrato para poder trabajar y seguir adelante. El contacto entre ambos se producía por WhatsApp y videollamadas. También señaló que tenía una tía y primos en España, mientras que sus padres permanecían en Marruecos.

Para el Consulado, esos elementos permitían cuestionar que la finalidad principal fuese realmente laboral. La resolución que rechazó el visado sostuvo que existía una “duda razonable” sobre el motivo real de la solicitud y consideró que el contrato podía responder más a un propósito migratorio que a una necesidad concreta de mano de obra. La oficina consular también sostuvo, al resolver el recurso presentado contra esa decisión, que algunas de las respuestas ofrecidas en las entrevistas de este tipo podían estar preparadas previamente por los solicitantes.

La Administración defendió en el procedimiento judicial que el Consulado estaba facultado para realizar esa comprobación y mantener su negativa. La mujer y su empleador, en cambio, sostuvieron que no existían pruebas que justificaran la sospecha y que tener familiares en España o haber recibido ayuda para encontrar un trabajo no significaba que el empleo fuese ficticio. También alegaron que la decisión consular carecía de una motivación suficiente.

El TSJ parte de que la intervención del Consulado no es un mero trámite automático. La normativa permite a las oficinas consulares entrevistar al solicitante para comprobar su identidad, la documentación y, precisamente, que el motivo alegado para pedir el visado sea verdadero. Por tanto, que la Subdelegación del Gobierno hubiese autorizado previamente el contrato no impedía a Exteriores hacer su propia valoración. La clave estaba en qué elementos utilizaba para apartarse de la primera decisión.

En este caso, los magistrados consideran que la entrevista aportaba precisamente información que apuntaba en la dirección contraria a la conclusión consular. La solicitante conocía las características esenciales del puesto: sabía qué trabajo iba a desempeñar, cuánto cobraría aproximadamente, cuáles serían sus horarios, dónde viviría y quién era su empleador. También conocía la duración del contrato y el periodo de prueba.

La resolución del Consulado, sin embargo, admitía que la mujer conocía esos datos y, pese a ello, mantenía que el empleo no era real y que el objetivo era migratorio. Para el tribunal, esa conclusión no estaba acompañada de nuevos hechos concretos que permitieran sostenerla. No bastaba, por tanto, con la sospecha derivada de la entrevista o con la relación personal existente entre empleadora y trabajadora.

El tribunal considera insuficiente la sospecha de un “propósito migratorio”

La cuestión resulta especialmente relevante porque el procedimiento para obtener un visado de trabajo se desarrolla en dos fases y ante dos órganos distintos. Primero interviene la Administración en España, a través de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, a instancia del empleador. Después, una vez concedida la autorización inicial, el trabajador debe acudir a la misión diplomática u oficina consular correspondiente para solicitar el visado. El Consulado puede, por tanto, detectar circunstancias que no hayan sido apreciadas durante la primera fase. Pero esa segunda valoración no puede convertirse, según el criterio aplicado por el TSJ de Madrid, en una negativa basada únicamente en una impresión que no quede explicada mediante elementos objetivos.

Los jueces subrayan que la primera autorización había sido concedida después de estudiar el contrato y que, durante la entrevista, no aparecieron datos que demostraran que la relación laboral no fuese auténtica. Al contrario, las respuestas ofrecidas por la solicitante acreditaban que conocía los aspectos fundamentales del puesto que iba a ocupar en la explotación ganadera de Ávila.

La presencia de familiares en España tampoco fue considerada suficiente para convertir la solicitud laboral en una operación migratoria encubierta. Tampoco el hecho de que el empleador hubiese ayudado a la mujer a conseguir el contrato. La propia demanda había planteado que esas circunstancias no permitían concluir que el puesto de trabajo no existiera y que la trabajadora tenía experiencia previa relacionada con la actividad ganadera.

La consecuencia es que el tribunal anula la decisión que había mantenido la negativa del Consulado y reconoce directamente el derecho de la solicitante a obtener el visado de residencia y trabajo por cuenta ajena. Además, impone las costas del procedimiento a la Administración, aunque limita su importe a un máximo de 500 euros más el IVA correspondiente.

Un organismo de fiscalización interno del gobierno de Estados Unidos documentó que migrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz” fueron encerrados en pequeñas jaulas metálicas al aire libre. Las condiciones no se ajustaban a los estándares de trato humano, según un informe publicado el 14 de septiembre.

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó una inspección sorpresa en el centro, ubicado en los Everglades de Florida. Concluyó que la práctica ponía en riesgo la salud y la seguridad de los detenidos.

El informe del DHS sobre el uso de jaulas metálicas en Alligator Alcatraz

Tras una visita sin previo aviso en enero de 2026, la OIG registró 79 casos en los que migrantes fueron colocados en pequeños recintos metálicos entre julio de 2025 y ese mismo mes. Los períodos de permanencia variaron desde unos minutos hasta casi dos horas, de acuerdo con el documento.

Las autoridades del centro describieron esos espacios como “áreas de calma”, pensadas para que los detenidos pudieran tranquilizarse y estar solos, según informó The Guardian. El personal también sostuvo que los propios detenidos pedían pasar tiempo en ellos.

Sin embargo, los inspectores identificaron al menos un caso en el que el uso fue de carácter disciplinario: el de un migrante que no acató una orden del personal. El informe señaló que los recintos tenían mecanismos de cierre con llave.

Cómo eran las jaulas metálicas en el centro de detención de Florida

Cada recinto ofrecía cerca de 1,67 metros cuadrados (18 pies cuadrados) de superficie, menos de la mitad del mínimo de 3,4 metros cuadrados (37 pies cuadrados) que exigen las normas nacionales de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para espacios individuales.

La OIG calificó la práctica como “algo sin precedentes entre los centros de detención” inspeccionados por el organismo. “El uso de espacios tan restrictivos es muy poco convencional y no se ajusta a las normas de trato humano”, indicó el informe. Los inspectores advirtieron que confinar a personas en esas condiciones generaba riesgos significativos para su salud física y mental.

Hacinamiento, higiene y acceso al agua entre los migrantes detenidos en el centro de Florida

El informe de la OIG describió otras deficiencias en el funcionamiento del centro. El espacio disponible en las unidades de alojamiento era insuficiente, lo que generaba hacinamiento y llevaba a los detenidos a pasar la mayor parte del tiempo en sus celdas. El tiempo de recreación era limitado, y varios teléfonos permanecían fuera de servicio, lo que impedía el contacto con familiares o abogados.

Los inspectores también hallaron fallas de higiene en la preparación y manejo de alimentos, con riesgos de contaminación. Según el informe, los migrantes debían usar duchas infestadas de pequeños insectos y solo se les permitía ducharse tres veces por semana.

Los migrantes consultados por los inspectores de la OIG dijeron que no tenían acceso a agua potable limpia y que no podían lavar los vasos de plástico que utilizaban para hidratarse. Según detenidos que hablaron con anterioridad con la BBC, también se les negaban medicamentos necesarios y otras medidas básicas de higiene.

Quién administraba el centro y qué dijo el gobierno de Ron DeSantis

El centro fue creado por el estado de Florida mediante un decreto ejecutivo del gobernador Ron DeSantis. Fue el gobierno estatal el que afrontó los costos operativos, que alcanzaron USD 1,2 millones diarios, según The Guardian. El DHS informó a los inspectores que Florida —y no el gobierno federal— tenía autoridad sobre las operaciones cotidianas de la instalación.

El centro cerró en junio de 2026, tras cerca de un año de funcionamiento. Las autoridades explicaron que el cierre obedecía al carácter temporal de la instalación y al riesgo de mantener personas en carpas durante la temporada de huracanes.

La oficina de DeSantis había descartado previamente como “fabricaciones” las denuncias sobre el uso de jaulas, recogidas por Amnesty International en diciembre de 2025, según consignó The Guardian. Ante la publicación del informe, Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador, sostuvo que el área “cumple con todos los estándares federales para la reclusión de criminales” y agregó, en declaraciones recogidas por el diario: “Lo haríamos aún más pequeño si pudiéramos”. La oficina de DeSantis no respondió por qué negó públicamente el uso de las jaulas.

El propio gobernador, consultado en una conferencia de prensa, afirmó que no había leído el informe. Sostuvo que, antes de que el centro comenzara a recibir migrantes, él mismo había cuestionado la existencia de ciertas instalaciones por considerarlas excesivas, pero que el personal le explicó que su propósito era anticiparse a posibles acusaciones de maltrato. “Te van a acusar de eso sin importar lo que hagas. O sea, simplemente lo sabemos, ¿verdad? Ya viene incluido”, declaró DeSantis.

El gobernador también sostuvo que el objetivo al establecer el centro era “no solo cumplir las normas federales, sino superarlas”, lo que —según él— demandó más recursos. Argumentó que la situación “fue difícil” porque, en ese momento, el gobierno federal no contaba con financiamiento suficiente para la detención migratoria.

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el lunes 14 de septiembre una nueva norma de la administración Trump que recortaba de forma drástica los plazos de permanencia para estudiantes extranjeros y periodistas internacionales. La decisión llegó un día antes de que las restricciones entraran en vigor.

El juez del Distrito de Massachusetts F. Dennis Saylor IV dictó la medida cautelar a favor de una coalición de sindicatos y organizaciones de educación superior, según informaron AFP y Reuters. El magistrado —designado por el expresidente republicano George W. Bush— no se pronunció sobre el fondo del litigio, pero ordenó suspender de inmediato la implementación de las reglas y fijó una audiencia de seguimiento para el 2 de octubre.

El sistema de visas vigente desde hace casi cinco décadas generó beneficios científicos y económicos de escala

En un extenso memorando adjunto a su fallo, Saylor cuestionó de raíz la lógica que motivó la norma. Señaló que el sistema en vigor durante casi cinco décadas —que permitía a los estudiantes extranjeros permanecer en el país por el tiempo que durase su programa académico, sin un tope fijo— había posibilitado que decenas de millones de personas llegaran al país y contribuyeran con “investigación innovadora en ciencia, medicina y tecnología, crecimiento económico sustancial y una amplia gama de beneficios, a menudo a gran escala”, según sus propias palabras recogidas por AFP.

El magistrado advirtió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no intentó mejorar ese esquema, sino reemplazarlo por uno que “restringirá sustancialmente el número total de estudiantes extranjeros, investigadores, profesores y periodistas” en el país. En el año académico 2023-24, Estados Unidos recibió más de 1,1 millón de estudiantes internacionales —más que cualquier otra nación del mundo—, de acuerdo con datos oficiales.

Las nuevas reglas limitaban a cuatro años la permanencia de estudiantes y a 240 días la de periodistas extranjeros

Bajo el esquema que el DHS buscaba implementar a partir del martes, las visas F para estudiantes internacionales y las visas J para participantes en programas de intercambio cultural habrían quedado restringidas a un máximo de cuatro años. Hasta ahora, ambas categorías permitían permanecer durante toda la duración del programa, sin vencimiento fijo. Actualmente, alrededor de 1,6 millones de personas son titulares de visas F y otras 500.000 cuentan con visas J, según Reuters.

El impacto habría sido especialmente severo para estudiantes de doctorado, cuyas carreras superan con frecuencia ese límite. Además, la norma también habría impedido a los estudiantes extranjeros obtener un segundo título del mismo nivel, cambiar de área de estudios o transferirse a otra universidad, según informó The New York Times.

Para los periodistas extranjeros con visa I, el recorte era aún más pronunciado: el nuevo límite se fijaba en 240 días —equivalente a unos ocho meses—, cuando antes podían permanecer hasta cinco años. Los comunicadores provenientes de China enfrentaban una restricción adicional: solo 90 días, con posibilidad de renovaciones de igual duración.

Sin apelación posible: Saylor alertó sobre el poder discrecional absoluto del DHS para cortar carreras académicas

Uno de los aspectos que más gravitó en la decisión judicial fue la ausencia total de mecanismos de apelación. Saylor advirtió que, bajo las nuevas reglas, las denegaciones de extensión de visa por parte del DHS serían “completamente discrecionales e inapelables”, según sus declaraciones recogidas por la agencia.

“Un funcionario del DHS —basado en criterios limitados y vagos, y sin posibilidad de apelación— tendría el poder de interrumpir las actividades académicas, de investigación o docentes de cualquier ciudadano no estadounidense, sin razón o por cualquier razón”, sostuvo el magistrado.

La misma lógica aplicaba a los periodistas: quienes solicitaran una renovación de visa tampoco contarían con recurso ni instancia de revisión ante una negativa. Saylor fue explícito al señalar que “las posibilidades de abuso son amplias”, con el riesgo concreto de que las acreditaciones de comunicadores críticos del gobierno no fueran renovadas.

Universidades como el MIT y Harvard habrían enfrentado pérdidas de cientos de millones de dólares

El fallo también contempló el daño económico directo sobre las instituciones académicas. Saylor señaló que universidades de investigación de primer nivel, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard —que concentran altos porcentajes de estudiantes extranjeros, especialmente en posgrado—, habrían sufrido caídas en la matrícula y costos por cientos de millones de dólares si la norma hubiera entrado en vigor, según Reuters.

“El daño al sistema de educación superior y a la economía de Estados Unidos sería probablemente catastrófico”, escribió el juez en su resolución.

Miriam Feldblum, directora ejecutiva de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration —uno de los grupos demandantes—, celebró el fallo: “Mientras el caso continúa, esta medida preserva el sistema de larga data que permite a nuestros colegios y universidades —y a nuestro país— atraer, educar y retener talento global”, afirmó en declaraciones recogidas por Reuters.

Una coalición de universidades, sindicatos docentes y gremios periodísticos llevó el caso a la justicia

La demanda que derivó en la medida cautelar fue presentada por una coalición integrada por sindicatos que representan a universidades, docentes y periodistas, junto con organizaciones de defensa de la educación superior. El bloque impugnó las restricciones por considerarlas incompatibles con el marco legal vigente y con los derechos de sus representados.

Saylor suspendió la implementación sin pronunciarse sobre el fondo de esa demanda. La audiencia del 2 de octubre será la próxima instancia en que el tribunal abordará el litigio de manera sustantiva.

El DHS invocó la seguridad nacional, pero el juez calificó ese argumento de casi absurdo

Al proponer las nuevas reglas, el DHS justificó la medida en razones de seguridad nacional y en la necesidad de prevenir fraudes en el sistema de visas. Sin embargo, Saylor rechazó ese fundamento con dureza: lo calificó de “rayano en lo absurdo” y sostuvo que estaba “basado casi en su totalidad en un puñado de anécdotas”. El juez también señaló que la agencia no cumplió con sus obligaciones legales de considerar alternativas menos restrictivas ni de atender las objeciones recibidas durante el proceso de elaboración de la norma, según Reuters.

Tras el fallo, el DHS respondió a través de su asesor general, James Percival, quien criticó la resolución y aseguró que la medida obliga a la agencia a “permitir el abuso rampante de nuestro sistema migratorio”. “Vení con una visa de estudiante, tomá una materia por semestre y quedate aquí por décadas”, dijo en declaraciones recogidas por la agencia. El DHS no respondió a consultas sobre si apelará el fallo.

La audiencia del 2 de octubre determinará si la suspensión se extiende o si el caso avanza hacia una resolución definitiva sobre el fondo del litigio.

La experiencia migrante, la discriminación, las adicciones, la salud mental y la resistencia frente a la asimilación atraviesan Material inflamable, la primera novela de Rosa Ramírez Mazaheri, publicada por Editorial Almadía.

La obra sigue a una joven mexicana que estudia en una universidad de élite en Massachusetts, Estados Unidos, donde debe encontrar su lugar dentro de un entorno marcado por las diferencias sociales, el privilegio y la sensación de no pertenecer. Mediante una estructura fragmentaria, la narración transita entre la realidad, la memoria y el delirio.

En entrevista exclusiva con Infobae México, la autora explicó que el libro nació a partir de sus diarios personales, poemas y apuntes. Aunque comparte experiencias con la protagonista, Ramírez recurrió a la ficción para expandirlas y construir una historia que representa las vivencias de numerosas personas migrantes.

De los diarios personales a una novela sobre quienes no encajan

Antes de escribir narrativa, Rosa Ramírez se había dedicado principalmente a la poesía. Fue durante su maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Iowa cuando comenzó a explorar otros géneros y encontró en sus antiguos diarios el punto de partida de Material inflamable.

“Definitivamente tengo una cercanía muy profunda con el personaje en cuanto a los paralelos de nuestras vidas y las experiencias. Cuando primero empecé a escribir Material inflamable, estaba partiendo de unos diarios míos, de muchos años”, relató.

La autora reunió experiencias personales, poemas y apuntes acumulados durante distintas etapas de su vida. Después utilizó la ficción como una herramienta para jugar con las fronteras entre lo vivido y lo imaginado.

Su intención original no era publicar una novela. Ramírez ingresó al programa de la Universidad de Iowa con un manuscrito de poesía, pero un taller de ficción la llevó a recuperar los diarios que había escrito durante sus años universitarios y un viaje a La Habana.

“Me agarré de los diarios más que nada por la costumbre de poeta que tenía yo de partir de mis propias experiencias, de partir del yo. Era lo que me nacía más fácil”, explicó. Al releer esos materiales después de varios años, encontró el impulso para contar la historia.

La experiencia retratada, sin embargo, rebasa el terreno autobiográfico. La escritora reconoció en sus recuerdos una vivencia compartida por migrantes y estudiantes que ingresan a instituciones educativas de élite, pero sienten que no pertenecen a esos espacios.

“Me di cuenta de que lo que me interesaba platicar era una experiencia no solo mía, sino de muchísimas migrantes que sienten que no encajan en estas universidades de élite (…) Yo creo que es importante hablar sobre estos temas, no solo de la discriminación, pero del efecto que puede tener en la salud mental, especialmente para las mujeres", señaló.

Una protagonista migrante que se niega a pedir permiso

Uno de los propósitos centrales de la novela fue abordar la discriminación y sus consecuencias sobre la salud mental, particularmente entre las mujeres migrantes. Para hacerlo, Ramírez decidió alejar a su protagonista de una representación pasiva o construida únicamente alrededor del sufrimiento.

“Me importaba contar una historia y cuidar mucho el querer evitar la victimización, y que fuera una personaja muy triunfante, que se resiste por completo a la asimilación”, afirmó.

La identidad mexicana-iraní y fronteriza de la autora no solo influyó en los temas de la novela, sino también en su lenguaje, sintaxis y forma de mirar el mundo. Ramírez señaló que no habría podido escribir el libro de la misma manera sin sus experiencias como migrante ni la convivencia con otras personas que atravesaron luchas similares.

La frontera entre México y Estados Unidos aparece así como un territorio físico, cultural y lingüístico. En la voz de la protagonista conviven expresiones sinaloenses, mazatlecas y fronterizas que se apartan deliberadamente de una narrativa uniforme.

“Mi identidad como una mujer fronteriza es lo que más atraviesa el libro. Es un lenguaje que es sinaloense, que es mazatleco, pero que es fronterizo también”, explicó.

Esta identidad se convierte en una forma de resistencia frente a las presiones de adaptación dentro de un espacio privilegiado. La protagonista no intenta suavizar su personalidad para ser aceptada ni adopta el comportamiento que los demás esperan de ella.

Salud mental y adicciones sin moralejas

La protagonista de Material inflamable atraviesa episodios relacionados con el consumo de sustancias, la inestabilidad emocional y el delirio. Rosa Ramírez buscó presentar estas experiencias sin prejuicios, pero también sin romantizar la autodestrucción.

Para la escritora, los padecimientos y las adicciones no pueden separarse de las condiciones sociales en las que viven los personajes. Por ello, la novela aborda el consumo como un síntoma de circunstancias familiares, económicas y culturales más amplias.

“Quería dejar el estigma de lado por completo. La protagonista puede identificar su locura y su relación con el consumo, pero no le interesa rectificarlo, no le interesa sanarse, no le interesa resolverlo. Ella simplemente es”, sostuvo.

La novela tampoco propone una trayectoria convencional hacia la sobriedad o la recuperación. La autora evitó ofrecer una moraleja porque consideró que esa decisión le permitía mostrar al personaje en toda su complejidad: fuerte e incluso desafiante, pero también vulnerable y consciente de que puede lastimar a otras personas.

Ramírez cuestionó además que la literatura haya permitido históricamente que los personajes masculinos sean atormentados, excesivos o autodestructivos, mientras las mujeres reciben un juicio más severo por ocupar esos mismos espacios.

“Los personajes masculinos y los hombres que son escritores tienen permitido mucho más. Se romantiza incluso más con los hombres, con los escritores alcohólicos o los personajes masculinos atormentados. Es hora de humanizar a las mujeres por medio de permitirles ocupar esos espacios y esos temas”, expresó.

El humor como refugio frente a la violencia

Aunque Material inflamable aborda experiencias dolorosas, el humor, el sarcasmo y la sátira desempeñan un papel fundamental. La protagonista se burla de las situaciones de violencia y discriminación porque esa es su manera de procesarlas y evitar que la rabia termine por consumirla.

“En vez de tratar de explicar lo que le está pasando, prefiere burlarse, hacer un chiste. Esa es la manera en la que se acerca a ese entorno para procesarlo”, explicó Ramírez.

El humor también permite que la novela tenga mayores matices. En lugar de detener constantemente la narración para explicar las injusticias que vive el personaje, la ironía revela el absurdo de los códigos sociales y las expectativas impuestas a las mujeres.

“Si dejas que te consuma esa furia y esa rabia por lo que está sucediendo, te sofocas un poco. Usar el humor fue importante para que fuera una historia más placentera, pero también más matizada”, agregó.

Los silencios y delirios que completan la historia

La estructura fragmentaria del libro surgió inicialmente de la experiencia de Ramírez como poeta y de la dificultad que representaba escribir una obra narrativa de largo aliento. Con el desarrollo de la protagonista, esos cortes adquirieron un valor propio.

En la novela no siempre queda claro cuánto tiempo pasó entre un episodio y otro. Esa incertidumbre reproduce la percepción alterada del personaje y obliga al lector a reconstruir lo que sucede en los espacios vacíos.

“Creo que se puede decir mucho con esos silencios. No sabemos bien la línea de tiempo porque ella tampoco la tiene super identificada”, comentó.

Una influencia importante fue Diario inconsciente, de Santiago Loza, obra que también aborda la enfermedad mental mediante fragmentos y pausas. Ramírez encontró en esa incertidumbre una herramienta para añadir tensión a la historia.

Los episodios delirantes, por su parte, exponen una faceta que la protagonista mantiene oculta cuando se encuentra frente a otras personas. Mientras en el exterior actúa con fuerza y rudeza para defenderse, en sus delirios deja ver su fragilidad.

“Los delirios funcionan mucho para mostrar otro lado de ella, la dualidad que lleva dentro y su vulnerabilidad”, explicó la autora.

Escritoras que enseñan a desobedecer

La formación literaria de Rosa Ramírez estuvo marcada por mujeres y personas queer de América Latina cuya escritura desafió las convenciones. Entre sus principales influencias mencionó a las cubanas Soledad Ríos, Georgina Herrera y Margarita Mateo Palmer, así como a Tatiana de la Tierra y Cristina Peri Rossi.

De Soledad Ríos destacó los textos híbridos, los silencios y la ambigüedad entre realidad y sueño. Su obra le permitió comprender que el lector no necesita recibir toda la información, sino que también puede construir el contexto a partir de los vacíos.

“Me enseñó mucho a dejar atrás la idea de que tienes que obedecer ciertas convenciones. En verdad no tienes que obedecer ninguna convención; la escritura no es para eso”, afirmó.

Ramírez también recuperó de Georgina Herrera la idea de las pequeñas revoluciones cotidianas y literarias. Desde los blancos manicomios, de Margarita Mateo Palmer, fue otro punto de partida para abordar la salud mental y construir uno de los personajes de la novela.

La autora consideró que actualmente existe un movimiento más intencional para colocar en primer plano las obras escritas por mujeres. Aclaró, sin embargo, que su presencia no es nueva, pues siempre han existido autoras relevantes, aunque durante mucho tiempo sus trabajos recibieron menor visibilidad.

“Definitivamente hay un gran movimiento de mujeres escritoras en este momento. La verdad, están sosteniendo la literatura”, afirmó. Para Ramírez, el acompañamiento y la colaboración entre autoras son indispensables para ampliar esos espacios.

“Todas tenemos un poquito de material inflamable”

Más allá de la migración, las adicciones o la salud mental, Rosa Ramírez busca que lectores con experiencias distintas puedan reconocerse en la fuerza interior de la protagonista.

“Todas y todes tenemos un poquito de ese material inflamable, de esa lumbre por dentro”, concluyó. “Podemos decir de vez en cuando: ‘¿Sabes qué? Sí soy inflamable y sí puedo ser quien soy, puedo sentirme empoderada, a pesar de las dificultades que tenga’”.

Así, la escritora definió ese “material inflamable” que llevamos dentro: una lumbre que puede representar la rabia, la identidad o el deseo de resistir, incluso frente a las circunstancias más adversas.

Aunque la mayoría de las personas que cruzó a Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio regresó en 48 horas al país africano, aún permanecen en la ciudad autónoma miles de migrantes. Sin embargo, con el paso de los días parte de ellos ha optado por volver de forma voluntaria ante las limitadas posibilidades de acceder legalmente a la península al no reunir las condiciones para acceder al asilo. En concreto, según ha informado este domingo el Ministerio de Política Territorial, más de 5.300 personas han regresado a Marruecos en los últimos días y cerca de un centenar ha desistido de su solicitud de asilo en España.

Así lo ha detallado en un comunicado el ministro Ángel Víctor Torres, quien ha informado también del operativo realizado esta misma mañana en la ciudad autónoma para trasladar a un nuevo espacio a 864 personas que dormían en las calles, principalmente en las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar, donde esperaban poder lograr una plaza. El ministro ha explicado que el objetivo fundamental es “recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes, y para ello es indispensable habilitar espacios para que los migrantes no estén en la calle, realizar las labores de triaje y reseña y que todos aquellos que no tengan derecho a protección internacional sean devueltos a Marruecos”.

Sin embargo, Torres también ha destacado en otras ocasiones que para llevar a cabo la devolución de estas personas a su país de origen es necesario que previamente sean identificadas y proceder al proceso que marca la legislación vigente. En ese sentido, el ministro ha señalado que, pese a ser una labor “intensa”, en la jornada de hoy “se ha dado un paso importantísimo con cerca de 1.000 personas que ya están siendo filiadas” para poder culminar sus expedientes de devolución.

Con estas casi 1.000 personas, son ya más de 4.500 las que están alojadas en dispositivos del Estado, a las que hay que sumar 2.000 menores que están bajo los recursos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. “Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional”, ha reiterado Torres.

En los próximos días habrá 6.000 plazas temporales

El Gobierno también ha indicado que “en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales”, si bien también está trabajando en la acogida de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek de la ciudad autónoma.

Esta semana la crisis de Ceuta ha continuado en el centro de la agenda política tras la difusión de documentos desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva los días 30 y 31 de julio, a la que se ha sumado la dimisión del jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad, Gonzalo Sanz, quien sostuvo que trasladó los avisos del CNI en la víspera del cruce, el 29 de julio. Su versión contradice la que había expuesto su superior.

(Con información de EFE y Europa Press)

La Policía Nacional ha dispersado en Ceuta a decenas de migrantes que trataban de acceder al nuevo dispositivo temporal que este domingo ha habilitado el Gobierno en el entorno de la antigua cárcel de Los Rosales, en el barrio La Reina, según informa la agencia EFE. La instalación cuenta con 864 plazas, que ya han sido cubiertas en el transcurso de la mañana, por lo que los agentes han tenido que impedir la entrada a grupos de personas que aún siguen durmiendo a la intemperie en el emplazamiento de Loma Colmenar.

No es la primera vez que varios grupos de migrantes que llevan más de un mes y medio sin una alternativa de alojamiento tratan de acceder a centros temporales de acogida. La falta de un lugar donde pernoctar y la incertidumbre sobre su situación han provocado estos intentos en ocasiones anteriores, de forma que en algún episodio la intervención policial ha incluido disparos disuasorios al aire. Este domingo, la Policía también ha desplegado un dispositivo de seguridad ante esa falta de plazas.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguran que continuarán con las gestiones para atender en recursos temporales adecuados a las personas que permanecen en las calles de la ciudad autónoma, con el objetivo de tramitar los expedientes correspondientes y ofrecer una respuesta a cada caso conforme a la normativa. Si las personas migrantes llegadas a Ceuta a finales de julio no reúnen los requisitos para pedir asilo, el Gobierno ya ha advertido que será retornadas a su país de origen.

Con la apertura de este nuevo dispositivo en la jornada de hoy ya son unas 4.300 las plazas habilitadas, según los datos del ministerio, si bien confía en que “en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales”. El Ministerio que lidera Elma Saiz también está trabajando en la acogida demás de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek de la ciudad autónoma.

Documentos desclasificados del CNI

La crisis humanitaria de Ceuta volvió esta semana al centro de la agenda política tras la difusión de documentos desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva, que reabrió el debate sobre la respuesta de las autoridades. A ello se suma la dimisión el pasado viernes de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad, que el 29 de julio recibió el aviso del CNI sobre convocatorias difundidas en grupos de redes sociales que reunían a unos 180.000 usuarios y que instaban a cruzar hacia la ciudad al día siguiente. Sanz había insistido en que trasladó la información a su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, el mismo día que recibió el aviso.

Doce años después de iniciar el procedimiento, una ingeniera colombiana sigue sin saber si España reconocerá oficialmente su título. La Audiencia Nacional ha puesto ahora fecha a esa espera: el Ministerio de Universidades tendrá un máximo de tres meses para volver a examinar su expediente y decidir si procede homologar su título de Ingeniera de Sistemas, obtenido en la Universidad del Cauca, al español de Ingeniería Informática.

La resolución no concede directamente la homologación. Lo que hace es anular la respuesta por silencio administrativo y ordenar a Universidades que estudie de una vez la documentación que la interesada presentó para demostrar que había cumplido las exigencias que se le impusieron en 2014. La clave está en que, según los magistrados, el plazo de cuatro años que tenía la ingeniera era para superar los requisitos formativos, no para entregar necesariamente dentro de esos cuatro años los documentos que acreditasen que los había superado.

El caso tiene, además, un detalle poco habitual. Cuando la Administración le exigió completar determinadas materias para equiparar su formación a la española, la mujer no solo continuó formándose en España, sino que obtuvo un doctorado en Ciencia y Tecnología Informática por la Universidad Carlos III de Madrid, con sobresaliente cum laude, y desarrolló una carrera docente en distintas universidades. Hasta el punto de que llegó a impartir algunas de las áreas que figuraban entre las materias que debía acreditar para conseguir la homologación.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia fechada el 2 de septiembre, considera que el Ministerio no podía dar por zanjado el asunto simplemente porque la documentación se aportara años después. Primero tenía que comprobar qué había hecho la solicitante y si, efectivamente, había cumplido los requisitos dentro del plazo establecido.

Un título condicionado y cuatro años para completar la formación

La historia comenzó en 2011, cuando una mujer identificada en la sentencia como Flora solicitó la homologación en España de su título universitario colombiano. El procedimiento desembocó en una resolución de 5 de agosto de 2014 que le abrió la puerta al reconocimiento, aunque con condiciones. La Administración entendió que existían determinadas carencias en su formación y le exigió completarlas antes de obtener la homologación definitiva.

Las materias que debía superar eran cuatro: Estructura y Tecnología de Computadores; Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales; Arquitectura e Ingeniería de Computadores; y Procesadores de Lenguaje. Podía hacerlo mediante una prueba de aptitud, prácticas, un proyecto o cursos tutelados en una universidad española. La resolución le concedía cuatro años desde su notificación para completar esos requisitos. Como le fue comunicada el 26 de agosto de 2014, el plazo terminaba el 26 de agosto de 2018. Si para entonces no había superado la formación complementaria, la homologación condicionada perdía su eficacia.

Y aquí es donde se produjo el desencuentro con la Administración. Flora presentó en enero de 2022 documentación con la que pretendía acreditar que había cumplido las exigencias. Para la Abogacía del Estado, aquello llegaba demasiado tarde: si los justificantes se habían presentado en 2022, cuatro años después del límite, entendía que la homologación condicionada ya había perdido su eficacia.

La Audiencia Nacional discrepa. Los magistrados distinguen entre hacer lo que se exige y demostrar después documentalmente que se ha hecho. La normativa fijaba el 26 de agosto de 2018 como fecha límite para superar la formación complementaria, pero no establecía que la acreditación documental tuviera que presentarse antes de ese mismo día. Por eso, si la ingeniera demuestra que cumplió las exigencias antes de que expirara el plazo, la entrega posterior de los documentos no puede servir por sí sola para cerrar el expediente.

Del doctorado cum laude a enseñar las asignaturas que le exigían

La documentación presentada por la ingeniera ofrece una fotografía muy distinta de la de una persona que simplemente hubiera dejado pasar el tiempo. Entre los documentos aportados figura el certificado de notas de su doctorado, con sobresaliente cum laude, el título de doctora expedido en junio de 2014 y la tesis doctoral que presentó ante el tribunal en mayo de aquel año.

Su trayectoria profesional tampoco se detuvo. La resolución recoge que fue docente a tiempo completo en el Departamento de Operaciones de Sistemas de la Universidad Autónoma de Occidente y directora del programa académico de Ingeniería Informática de esa misma universidad. Además, continuó trabajando en el ámbito de la ingeniería informática después de agosto de 2018.

Hay incluso una circunstancia especialmente llamativa: algunas de las materias que debía superar para homologar su título eran precisamente áreas en las que había ejercido como profesora. Fue directora durante cinco periodos académicos de un curso relacionado con Arquitectura de Tecnologías de la Información y también había impartido asignaturas de programación en la Universidad del Cauca.

La ingeniera defendió ante la Audiencia Nacional que todo ello demostraba que había adquirido sobradamente la formación necesaria. También alegó que existía un precedente de homologación incondicionada de un título de Ingeniero de Sistemas idéntico y expedido por la misma Universidad del Cauca, y sostuvo que mantener un criterio diferente respecto de su caso supondría un trato discriminatorio y contrario a la seguridad jurídica.

Pero la Audiencia no llega tan lejos. No considera que pueda ser ella quien determine si toda esa formación equivale técnicamente a los requisitos que se le impusieron en 2014. Esa valoración corresponde al órgano especializado de Universidades. Lo que sí reprocha al Ministerio es que no hiciera esa comprobación cuando recibió la nueva documentación en enero de 2022.

La situación se había complicado todavía más por la propia tramitación del expediente. La interesada aseguró que ya había presentado documentación acreditativa en 2018, de forma presencial, aunque no conservaba el justificante. Esos documentos tampoco aparecían en el expediente administrativo remitido por la Administración. Posteriormente, en 2022, volvió a aportar documentación y realizó varias gestiones para conocer el estado de su solicitud.

Ahora Universidades tendrá que volver al expediente y revisar toda esa documentación con un criterio muy concreto: determinar si Flora había completado antes del 26 de agosto de 2018 la formación complementaria que se le exigió. Si la respuesta es afirmativa, podrá concederle finalmente la homologación. Si no lo es, podrá denegarla, aunque esa decisión tendría que ser recurrida de nuevo si la interesada considera que no es correcta.

La Policía Nacional ha trasladado, desde primera hora de este domingo, a 864 personas migrantes a un nuevo dispositivo habilitado por el Gobierno ubicado en Los Rosales, en el barrio La Reina en Ceuta, para evitar que duerman a la intemperie, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hasta ahora, la mayoría estaba pasando la noche en los alrededores de Loma Colmenar a la espera de obtener una plaza.

“Estas personas han sido trasladadas de manera voluntaria, sin incidencias, gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha informado el ministerio en un comunicado, que ha detallado que el nuevo dispositivo temporal es una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda. No obstante, en un primer momento, el desplazamiento ha provocado momentos de incertidumbre entre el colectivo de personas que permanecían en Loma Colmenar, porque pensaban que les trasladaban a Marruecos, pero al conocer que el destino era una instalación oficial, ha colaborado con las autoridades.

Fuentes del ministerio han señalado que con la apertura de este nuevo dispositivo ya son unas 4.300 las plazas habilitadas, si bien “en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales”. “El objetivo del Gobierno es continuar trabajando para garantizar que las personas que permanecen en la vía pública puedan ser atendidas en dispositivos temporales adecuados, al tiempo que permiten facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes para dar la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente”, aseguran.

El Ministerio que lidera Elma Saiz también está trabajando en la acogida de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek de la ciudad autónoma.

Pese a las últimas medidas, la crisis de Ceuta aún sigue lejos de resolverse. Esta semana ha continuado en el centro de la agenda política tras la difusión de documentos desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva los días 30 y 31 de julio, así como la dimisión del jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad, Gonzalo Sanz, quien sostuvo que trasladó los avisos del CNI en la víspera del cruce, el 29 de julio. Su versión contradice la que había expuesto su superior.

El impacto de la crisis y el repunte de la xenofobia

Este lunes, además, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicará su barómetro de septiembre, lo que permitirá conocer el impacto de este episodio en la opinión pública española. El pasado mes de agosto, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ya advirtió que la entrada masiva de migrantes a Ceuta disparó los discursos de odio en redes sociales: se detectaron 9.590 mensajes discriminatorios en solo 48 horas, durante el 30 y 31 de julio, un crecimiento que elevó el total mensual a 57.406 publicaciones, frente a las 40.800 registradas en junio

La mayor parte de los contenidos identificados en julio se dirigió contra personas originarias del norte de África, que concentraron el 68% de los mensajes. Muchos de ellos deshumanizaban o degradaban gravemente a la población migrante, mientras que un alto porcentaje les presentaba como una amenaza. Además, el 15% de los contenidos instaba a la expulsión de estos grupos y el 4% incitaba a la violencia.

El Sindicato Independiente de Trabajadores (SITA) ha alzado la voz este sábado para alertar sobre la insostenible situación que atraviesan los operarios de limpieza y recogida de residuos en Ceuta. Según ha denunciado la organización, la plantilla de la empresa municipal Servilimpce se encuentra trabajando “al límite” debido al drástico incremento en las necesidades del servicio provocado por la reciente llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

La sección sindical asegura que los trabajadores se ven obligados a prolongar sus jornadas de forma habitual para intentar cubrir las crecientes demandas de limpieza en los distintos distritos. Entre los principales contratiempos señalados, destaca la presencia continua de personas que rebuscan en los contenedores de basura y dispersan los desperdicios por las vías públicas, lo que obliga a los efectivos a realizar tareas adicionales para devolver la normalidad a los barrios.

Uno de los puntos más críticos señalados por SITA es la emblemática playa del Trampolín. El sindicato denuncia que este espacio amanece diariamente con una severa acumulación de residuos y excrementos. Esta situación exige una intervención diaria indispensable por razones estrictamente higiénicas, situando al personal en una posición de evidente vulnerabilidad sanitaria.

Ante este escenario, la organización sindical considera que el actual incremento de las necesidades de limpieza exige una respuesta inmediata para evitar que esta sobrecarga recaiga exclusivamente sobre los trabajadores, garantizando condiciones adecuadas tanto para la plantilla como para la población.

Un mes a la espera de equipos de protección

A la falta de personal se suma un grave problema de seguridad laboral. Desde SITA recuerdan que hace aproximadamente un mes solicitaron formalmente a la dirección de la empresa la entrega urgente de Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados para afrontar estas tareas insalubres.

A pesar de haber insistido durante las últimas semanas, los operarios continúan realizando estos trabajos de alto riesgo sin las herramientas de protección necesarias para aminorar los peligros asociados al contacto constante con residuos urbanos.

Por otro lado, la representación sindical reclama que se recurra de manera prioritaria a la bolsa de trabajo pública existente para incorporar nuevos efectivos y dimensionar el servicio a la realidad actual. En este sentido, SITA ha expresado su profundo malestar por el hecho de que se esté recurriendo a empresas privadas para acometer determinados trabajos extraordinarios, mientras se ignora a los aspirantes que integran la bolsa de empleo creada específicamente para reforzar la plantilla municipal.

En palabras de Juan Montoya García, secretario general de la sección sindical de SITA en Ceuta y miembro independiente del comité de empresa, resulta contradictorio recurrir a la privatización. Montoya, quien fue uno de los principales impulsores de la municipalización del servicio de limpieza y residuos, remarca que uno de los pilares fundacionales para asumir la gestión pública fue, precisamente, lograr un ahorro económico para las arcas de la ciudad al eliminar la dependencia de firmas externas.

Por todo ello, la organización sindical reitera que la respuesta ante esta sobrecarga debe ser inmediata, priorizando los recursos humanos de los que ya dispone la Administración local a través de su bolsa de empleo para devolver la estabilidad al servicio público y proteger a la plantilla municipal.

Mikel aterrizó en el aeropuerto de Sídney con una maleta en la que apenas llevaba tres pantalones, cero contactos en el país y una cuenta corriente bajo mínimos tras pagar los billetes de avión, el visado obligatorio y el seguro médico. Como miles de jóvenes de entre 18 y 30 años que solicitan cada año la Work and Holiday Visa, su meta era buscar un futuro lejos de casa. Quince meses después, la cifra en su banco ascendía a 80.000 dólares australianos (aproximadamente 50.000 euros al cambio).

La llegada al país no fue un camino de rosas. Al encontrarse allí sin un trabajo, Mikel adoptó una estrategia directa: patearse las calles y llamar a cuantas puertas hiciera falta. Tras repartir más de 90 currículums impresos en mano y buscar por todas las vías imaginables, la perseverancia dio sus frutos en forma de tres ofertas formales de empleo. Mientras tanto, el joven fue documentando cada paso de su aventura en su canal de YouTube (Maiki) y en sus redes sociales.

En Australia, los perfiles “todoterreno” se cotizan al alza, y Mikel decidió no hacerle ascos a nada. Se convirtió en un camaleón laboral capaz de adaptarse a lo que la semana le exigiera: peón en obras de construcción, mozo de mudanzas, personal de montaje en eventos temporales, camarero en bares, cafeterías y salones de té e incluso fregaplatos.

Para exprimir al máximo el poder adquisitivo del país, donde las tarifas por hora en contratos temporales rondan entre los 25 y los 35 dólares australianos de base, el joven optó por apretarse el cinturón en sus primeros meses. Amuebló a coste cero un piso entero buscando en redes sociales electrodomésticos y muebles que otros vecinos regalaban y adquirió una furgoneta para garantizarse movilidad total.

70 horas de trabajo a la semana

Para extender el visado a un segundo y tercer año, Inmigración exige cumplir 88 días de trabajo en zonas regionales y remotas del interior. Mikel no lo dudó y se trasladó al campo para convertirse en un verdadero granjero australiano. Durante tres meses ejerció de jardinero, pintor, ganadero, lampista y operario de mantenimiento general. Allí aprendió desde a alimentar terneros biberón en mano hasta a manejar maquinaria pesada y excavadoras.

De las granjas del interior dio el salto a la costa tropical de Queensland, donde vivió la etapa más intensa de su periplo. Instalado en un complejo vacacional a pie de playa, combinó dos y hasta tres puestos de trabajo a la vez. En una misma semana ejercía de recepcionista, barman preparando cócteles, barista de café y personal de limpieza. “Llegué a trabajar más de 60 e incluso 70 horas a la semana durante seis meses seguidos, pero me lo pasé increíblemente bien”, reconoce en uno de sus vídeos.

Aunque en sus redes sociales aconseja con cierta ironía que “tampoco hace falta trabajar tanto”, su cifra de ahorro responde a una gran fórmula: aprovechar las mejores pagas por festivos y fin de semana mientras mantenía un estilo de vida austero. Hoy, con los 50.000 euros ya en el bolsillo, Mikel ha logrado exactamente lo que buscaba al subirse a aquel primer avión: comprarse varios años de libertad financiera para viajar por todo el planeta.

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de un ciudadano argelino solicitante de asilo para permanecer en España mientras se resuelve su recurso contra el Ministerio del Interior, que decretó su expulsión. El hombre, internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros, alegó que abandonó Argelia en busca de trabajo ante la precariedad laboral y los bajos salarios que ofrece su país de origen.

El Ministerio del Interior rechazó la solicitud el pasado 3 de agosto por la vía acelerada, alegando que los hechos expuestos no guardaban relación con los requisitos para obtener el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. El ciudadano argelino pidió revisar aquella decisión, pero la Dirección General de Protección Internacional desestimó ese reexamen dos días después.

Fue entonces cuando el migrante decidió presentar un recurso ante la Audiencia Nacional acompañado de una petición cautelarísima. La defensa sostuvo que la expulsión, de ejecutarse antes de una respuesta judicial sobre el fondo, podía causar un perjuicio de imposible o muy difícil reparación, por lo que solicitó que se le permitiera seguir en España hasta que se emitiera una sentencia firme.

No hay indicios de persecución

Los magistrados examinaron este caso bajo el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un país donde pueda sufrir persecución, tortura, tratos inhumanos o graves riesgos para su vida y libertad.

El auto ha señalado que las dificultades laborales y económicas de Argelia (donde el salario mínimo es de aproximadamente 135 euros al mes) no constituyen, por sí solas, una causa para reconocer la condición de refugiado. La protección internacional exige indicios de peligro para la vida, la libertad o la integridad de la persona por razones como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas.

La Audiencia Nacional también ha tenido en cuenta que este ciudadano residía en España desde 2023 de forma irregular y que no pidió asilo hasta su ingreso en el centro de internamiento. La Sala entiende que esa demora resulta incompatible con el temor de retorno que alegó para frenar la expulsión. La existencia de vínculos familiares en España tampoco ha modificado esa valoración, aunque el tribunal admite que esos lazos pueden tener relevancia dentro de un expediente de extranjería (la vía ordinaria).

La resolución, dictada el 10 de agosto de 2026, se ha limitado a la medida urgente solicitada y no resuelve todavía el fondo del recurso contencioso-administrativo contra el rechazo de asilo. La Sala acordó valorar el asunto por la especial urgencia de la posible expulsión, denegó la suspensión y no impuso costas.

Contra este auto no cabe recurso alguno. El procedimiento principal permanece pendiente de la decisión que adopte la Audiencia Nacional sobre la impugnación de Luis Manuel contra la negativa del Ministerio del Interior a reconocerle protección internacional.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado este jueves ante los medios que la región acogerá a cinco de las niñas migrantes que llegaron a Ceuta en la entrada masiva del pasado mes de julio. “Ayudaremos a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario”, ha remarcado Chivite, mientras cuestionaba la falta de agilidad del Gobierno central en las primeras horas de la crisis.

Chivite ha confirmado la acogida durante el primer pleno de control del Ejecutivo del nuevo curso político en el Parlamento foral. Ceuta ha centrado las primeras preguntas del debate, lanzadas desde los grupos EH Bildu y UPN. La presidenta ha asegurado que la manera de “entender la política” de su Gobierno es “dar cobertura” a estas personas llegadas a Ceuta y ello pasa por la acogida de menores.

“Están a punto de llegar a Navarra cinco niñas menores de Ceuta”, ha señalado Chivite, en respuesta a EH Bildu. Para la líder navarra, existe un compromiso ético de “no abandonar a su suerte a ninguna niña y a ningún niño”. “Navarra siempre está dispuesta a ayudar en la medida de sus competencias, de sus responsabilidades y, desde luego, también de sus propios recursos”, ha agregado.

25 millones de euros para atender menores en Ceuta

Navarra ha sido la primera comunidad autónoma en confirmar que aceptará el traslado de menores migrantes desde Ceuta a la Península. Hasta ahora, la idea ha sido rechazada por las once regiones gobernadas por el Partido Popular (PP), que ha pedido el retorno de todos los llegados a Ceuta a finales de julio.

A lo que sí han accedido es a financiar su atención en la ciudad autónoma. El pasado jueves 27 de agosto, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó un crédito extraordinario de 25 millones de euros para sufragar los gastos de su manutención. El Gobierno planteaba financiar el traslado de estos niños con la misma partida, unos fondos que las consejerías consideran insuficientes. En palabras de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, con los 25 millones “solo va a alcanzar para atender a los menores en los próximos dos meses”.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que “el retorno debe ser voluntario y con garantías” y, en muchos de los casos, no será posible. Por tanto, “lo que nos corresponde es acoger y cuidar de esos niños”, agregó en rueda de prensa. Navarra, por el momento, abrirá sus puertas a cinco niñas migrantes alojadas en Ceuta.

Actualmente, la ciudad autónoma ha censado un total de 2.000 menores entre el total de personas que entraron a Ceuta desde Marruecos los pasados días 30 y 31 de julio. El Gobierno ha habilitado 3.500 plazas en la zona y ha incorporado 50 funcionarios extra para realizar triajes. La prioridad, según el ministro de Política Territorial y encargado del mando único, Ángel Víctor Torres, “la reagrupación familiar”.

La Audiencia Nacional ha resuelto un caso con el que probablemente se vuelva a encontrar. Quienes ingresan en España desde Marruecos con la intención de quedarse lo hacen porque de otra forma no pueden subsistir, o bien sus allegados. En una sentencia de este pasado mes de agosto, el tribunal ha ordenado la devolución de una de estas personas, que, sin más solución, ha informado de que su principal objetivo una vez pise de nuevo su país será regresar a este.

Se trata de un joven que cruzó a nado desde Castillejos, como tantos lo hicieron este verano, llegando a Ceuta. Este lo hizo el 12 de junio. Solo 24 horas después, la policía abrió diligencias por su entrada a través de un paso no habilitado. Ante las autoridades españolas, el joven explicó que necesitaba un trabajo. Pidió asilo, sin referir persecución política ni de ninguna otra índole. Había cruzado estrictamente por motivos económicos, para garantizar techo y comida a su familia.

Con tranquilidad y sin rodeos, dijo algo más: si era devuelto a Marruecos, volvería a intentar entrar en España. Aportó su documentación y aguardó el procedimiento, que se trató con carácter de urgencia por tratarse en apariencia de una solicitud “manifiestamente infundada”. El expediente pasó entonces a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, organismo en el que participa ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, que en efecto no vio motivo para aprobar la demanda del migrante.

Un caso de “especial urgencia”

El Ministerio del Interior dictó resolución el 28 de julio, denegando la protección internacional, así como la subsidiaria, un amparo distinto para quienes no cumplen los requisitos del asilo pero sí enfrentan riesgos graves en su país de origen. La conclusión fue clara: no había señales de persecución ni ningún motivo que encajara en la Convención de Ginebra de 1951.

Tras la negativa, el solicitante actuó rápido. A través de su abogado, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del ministerio. En el mismo escrito pidió algo más prioritario: frenar la orden de expulsión que pesaba sobre él. Su argumento central fue el principio de no devolución. Esta regla dice que ninguna persona puede ser enviada a un país donde su vida o su libertad corran peligro. Aparece recogida en la Convención de Ginebra y también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En ese momento, el joven se encontraba en el CETI de Ceuta, a la espera de un posible retorno inminente. Por esa razón, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional reconoció que el caso tenía “especial urgencia” y resolvió con rapidez.

La resolución

El auto llegó el 17 de agosto. Los jueces no aceptaron frenar la expulsión. Explicaron que el principio de no devolución no se aplica de forma automática. Quien pide asilo debe aportar alguna señal real de riesgo en su país y en este caso no la encontraron. El propio relato del solicitante hablaba de dinero, no de miedo, y la única prueba aportada fue un documento de identidad.

La Sala añadió otro argumento: señaló que existe un interés público importante en que el asilo no se use de forma indebida. Según los jueces, esta figura legal no puede convertirse en una vía de entrada sin control al territorio español. Citaron, además, jurisprudencia previa del Tribunal Supremo, que establece que las medidas cautelares en estos casos deben basarse en una apariencia real de persecución, no en motivos económicos.

Con esta decisión, el joven puede ser devuelto a Marruecos en cualquier momento, incluso antes de que se resuelva el recurso de fondo contra la denegación de su asilo.

El puerto de Ceuta se va a convertir en el epicentro mediático en la nueva fase de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma. El Gobierno central ha tomado el control de las instalaciones para permitir la utilización de 16.000 metros cuadrados de dominio público en el muelle de Poniente para empezar a habilitar carpas de acogida y asistencias de unas 1.000 personas. La decisión fue tomada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la negativa del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, organismo que votó en contra de la instalación de las carpas y tiendas de campaña.

Han sido semanas convulsas. El presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, no quería realojar a los migrantes que deambulan por la ciudad en el puerto porque considera que es “una infraestructura crítica”. Al final se impuso el criterio del Gobierno central, que cree que en el puerto estos migrantes van a estar más controlados mientras se decide su expulsión o acogida (en función de su situación jurídica). El puerto, no obstante, sigue con su día a día. Este pasado 4 de septiembre, la Autoridad Portuaria de Ceuta, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, adjudicó un contrato para instalar los adornos que se colocarán estas Navidades en el puerto.

El contrato tiene un valor de 114.000 euros porque la empresa que ha ganado la licitación, Ilutrec Electricistas SL, se encargará de llenar “árboles, guirnaldas, microluces, cableados, protecciones y demás elementos decorativos auxiliares” durante los próximos cuatro años, con tres posibles prórrogas que llegarían hasta el año 2031. No solo en la terminal marítima, también en las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria de Ceuta, otros edificios del complejo, las columnas de alumbrado público en la avenida de Don Juan de Borbón, y en rotondas, jardineras y accesos del muelle España.

Los trabajos consistirán en una propuesta de distribución ornamental y, cuando proceda, de fotomontajes o croquis de implantación. También del transporte, montaje, conexión, fijación, pruebas y puesta en servicio de los elementos decorativos, de su mantenimiento operativo durante la campaña navideña, limitado a la reparación funcional, recolocación o sustitución puntual de componentes defectuosos y atención a avisos por averías. Y cuando acaben las fiestas, del desmontaje, transporte, embalaje, protección y almacenamiento final de los elementos al término de la campaña.

Un diseñador para interiores

Para la decoración de interiores, la Autoridad Portuaria de Ceuta exige a la empresa adjudicataria “la colaboración y asesoramiento de un diseñador/a que ejecutará el montaje de los ornamentos que pertenezcan al interior de las edificaciones, tales como la nueva terminal marítima y las oficinas centrales”. En total serán nueve personas las que formen parte del equipo que participará en este proyecto de instalación de adornos.

El puerto está controlado por la ciudad de Ceuta. Su consejo de administración (11 consejeros nombrados por Ceuta y 4 por el Gobierno central) votó en contra de ubicar allí a los migrantes, algo que en principio estaba pactado y que es importante para la estrategia de resolución del problema ceutí, ya que se habían descartado otras ubicaciones para realojar a los migrantes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no tuvo más remedio que firmar una orden al amparo del artículo 73.3 de la ley de puertos para tomar el control y autorizar al Ministerio de Inclusión a instalar las carpas. Algo muy similar a lo que se hizo en Canarias con la crisis del hantavirus, donde también hubo oposición del Gobierno canario.

Los discursos antiinmigración van ganando espacio tanto en España como en Europa, donde a los partidos de derecha y extrema derecha les resulta especialmente rentable utilizar narrativas que criminalizan a los extranjeros y les presentan como una amenaza colectiva para la seguridad, el trabajo, los servicios públicos o la identidad nacional, un enfoque con el que han aumentado su peso político y electoral. Se trata de un marco que desplaza el debate desde las políticas de integración, asilo o empleo hacia respuestas centradas en el control, la restricción y la expulsión de las personas migrantes. A ello se suma la desinformación y los bulos que circulan en redes sociales contra este colectivo, lo que refuerza prejuicios y contribuye al aumento de los discursos de odio, el racismo y la xenofobia.

El reciente sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER refleja parte de ese clima de opinión y cómo calan ciertos mensajes en la sociedad tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio, ya que recoge visiones negativas sobre la inmigración y un respaldo relevante a medidas más duras. La primera encuesta de este nuevo curso político, elaborada a partir de 2.000 entrevistas que se realizaron antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso y de la polémica generada por los informes policiales sobre lo sucedido en Ceuta, muestra un ascenso de PP y Vox, que por primera vez superan la barrera del 50% en estimación de voto (50,2%), por encima de la mayoría absoluta. Uno de los datos más llamativos del barómetro es que Vox aparece como el partido que los ciudadanos consideran “más capaz” para gestionar la inmigración, con el 27% de las menciones, por delante del PSOE (18,5%) y el PP (14%).

Pero no solo se trata de que PP y Vox busquen capitalizar la indignación generada con la crisis de Ceuta, sino que los discursos antiinmigración tienen consecuencias, tanto para la propia población migrante como para la convivencia, según advierten los expertos consultados por Infobae.

“Cuando se presenta a la inmigración como una amenaza, se genera miedo, se estigmatiza a comunidades enteras y se deteriora la convivencia. De una emergencia se pasa a una amenaza y, de ahí, a deshumanizar a un colectivo”, indica Anna López, investigadora especializada en desinformación y extrema derecha. Además, añade, estos discursos no solo hablan de inmigración, sino que “cambian la forma en que miramos al otro y se normalizan los mensajes racistas, la exclusión y las políticas que puedan llevar a cabo gobiernos de PP y Vox”. “Se rompe, en definitiva, la cohesión social”.

De hecho, la entrada masiva de migrantes a Ceuta ha desencadenado un fuerte repunte de mensajes de odio en redes sociales: el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) detectó 9.590 mensajes discriminatorios los días 30 y 31 de julio, un aumento que elevó el total mensual a 57.406 contenidos, frente a los 40.800 de junio.

Convertir al migrante en el enemigo

López no tiene duda de que la derecha y la extrema derecha utilizarán las imágenes de la crisis de Ceuta para reforzar su discurso político durante su campaña electoral, pero el mayor riesgo, insiste, es que “un problema excepcional y complejo como este convierta al migrante en un culpable fácil, en el enemigo, en esa dicotomía de un nosotros frente a ellos, cuando a ellos se les considera una fuente de inseguridad y de competición por los recursos”. Y desde la entrada masiva desde Marruecos, el peligro es aún mayor, asegura.

La experta también advierte que la violencia constituye la expresión más extrema del discurso de odio, como ya ocurrió el verano pasado en Torre Pacheco, Murcia, donde se desató una oleada de disturbios racistas tras la agresión que sufrió un hombre de 68 años en la localidad, y alerta sobre la escalada de tensión en Ceuta, marcada por la desesperación y altercados entre los propios migrantes, el malestar de los vecinos y el hostigamiento a periodistas, lo que puede profundizar la fractura social.

Los derechos “no son para una minoría”

Desde la Fundación porCausa explican que los discursos antiinmigración distorsionan la percepción de la realidad de buena parte de la población, ya que, en vez de preocuparse por los problemas que realmente les condicionan, como el acceso a la vivienda, las listas de espera en la sanidad o la vuelta al colegio, las narrativas impulsadas por la derecha y extrema derecha “hacen que la inmigración se convierta en la principal preocupación de la sociedad”.

“Lo que generan esos discursos antiinmigración son distorsiones narrativas extremas, que es lo que está pasando ahora con Ceuta. Que un menor llegue a la ciudad autónoma y viva en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin que su situación se resuelva, debería provocarnos una profunda tristeza. Ese niño no tiene relación con el hecho de que los alquileres aumenten mes a mes, no existe una relación causal entre ese malestar y lo que nos están contando”, señala Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de porCausa. “El problema aparece cuando te dicen que estás mal por culpa de un extraño y que vas a estar bien si lo atacas, porque se abre un espacio muy peligroso en el que ese extraño puede ser cualquiera”, añade.

La experta considera que el PP recurre a mensajes simplificadores sobre inmigración para disputar espacio electoral con Vox, una estrategia que aprovecha la vulnerabilidad y el malestar de una parte de la población, “al presentar soluciones simples a problemas complejos”.

Rodríguez-Alarcón defiende que los derechos deben garantizarse para el conjunto de la población, “no para una minoría”, y subraya la necesidad de respetar la legislación vigente en relación con las personas migrantes que intentan llegar a España. En el caso de los menores migrantes, recuerda que la normativa española y europea, así como los estándares internacionales, sitúan el interés superior del menor como una consideración primordial en toda decisión que les afecte. Esto implica que deben ser escuchados y que cualquier eventual retorno a su país de origen debe valorar sus circunstancias individuales y garantizar sus derechos.

También cuestiona que el endurecimiento de las políticas migratorias resuelva los problemas sociales o económicos y menciona el caso de Italia, donde el Gobierno de Giorgia Meloni no ha logrado frenar la falta de mano de obra pese a haber abierto cupos para contratar a trabajadores extracomunitarios en sectores como la agricultura y la hostelería. “Puedes presentar esas medidas como un éxito, pero el problema sigue ahí”, resume.

Por su parte, Amnistía Internacional también advierte que los discursos antiinmigración suponen una amenaza para los derechos humanos, al convertir a las personas migrantes en chivos expiatorios de problemas sociales complejos. Según la organización, estas narrativas se apoyan en bulos y desinformación y se intensifican cuando la derecha y la ultraderecha buscan obtener rédito político.

“Cuando se pierde el enfoque de universalidad de los derechos humanos, perdemos todos, porque si hay un discurso de que yo sí tengo derechos y el otro no y me lo señalan como el culpable, llegará un momento en que tal vez también a ti te nieguen esos derechos y te encuentres con tratos inhumanos, crueles y degradantes como los que provoca esta política de fronteras”, señala a este periódico Carlos Escaño, portavoz de Amnistía Internacional España.

El silencio deja espacio a la extrema derecha

Para tratar de evitar que esos mensajes antiinmigración sigan calando en la sociedad, defiende Anna López, es fundamental que tanto el Ejecutivo central como los gobiernos autonómicos “reconozcan los problemas reales, ofrezcan datos transparentes y apliquen políticas de integración basadas en la ley y los derechos humanos”, pues el silencio, advierte, deja espacio a la extrema derecha para imponer relatos de miedo y desinformación.

“Si la ultraderecha consigue que cada inmigrante sea percibido como una amenaza, ya ha ganado una parte de la batalla. Por eso hay que explicar qué hay detrás de los fenómenos migratorios, hay que exigir responsabilidades a las instituciones y, sobre todo, evitar que la respuesta política sea amplificar sus marcos. La mejor vacuna contra el discurso de odio es una democracia que gestione los problemas y que no renuncie a defender la igualdad y la dignidad de las personas”, concluye.

Ciudad Juárez, México. Los albergues para migrantes en la frontera norte de México registran una ocupación de apenas 15%, luego de que la política migratoria del presidente Donald Trump desalentó a miles de personas que buscaban llegar a Estados Unidos, de acuerdo con un reportaje de Reuters. El fenómeno ocurre en paralelo a un aumento en las denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un tema que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado de forma reiterada en sus conferencias matutinas.

El cierre de CBP One y la contracción de la red de albergues

De acuerdo con Reuters, el regreso de Trump a la presidencia significó el cierre de CBP One, la aplicación que permitía a solicitantes de asilo programar citas en puntos de entrada. Esto dejó a miles de personas varadas en ciudades fronterizas y llevó a las autoridades mexicanas a habilitar albergues de emergencia que, sin embargo, permanecieron mayormente vacíos.

Dirvan García, del Consejo Estatal de Población (Coespo), indicó que la red de albergues en Ciudad Juárez se redujo casi a la mitad, hasta quedar en 18 instalaciones, con una ocupación general de alrededor de 15%. La mayoría de los residentes actuales serían mexicanos desplazados por la violencia, mientras que el resto correspondería principalmente a migrantes de Venezuela, Colombia y Centroamérica.

Sheinbaum ha cuestionado el actuar de ICE y exigido rendición de cuentas

En meses recientes, la mandataria mexicana ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a lo que ha calificado como presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de ICE contra migrantes, incluidos connacionales. En agosto, Sheinbaum cuestionó un plan del organismo estadounidense para equipar a sus agentes con guantes capaces de emitir descargas eléctricas, al advertir que ese tipo de herramientas podrían vulnerar derechos humanos.

La presidenta también ha dado seguimiento a casos de mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria estadounidense. En julio el gobierno mexicano presentó demandas ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante organismos de Naciones Unidas por la muerte de 17 connacionales a manos de ICE. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, ha señalado que la reiteración de estos decesos reflejaría deficiencias graves en los centros de detención migratoria.

Adicionalmente, Sheinbaum ha rechazado que Estados Unidos deporte a mexicanos hacia terceros países. De acuerdo con La Jornada, tras informar el Instituto Nacional de Migración (INM) que más de 2,900 connacionales fueron trasladados a Guatemala, Honduras y Costa Rica, la presidenta afirmó que no existe razón para ese tipo de traslados y que su gobierno ya manifestó su inconformidad ante Washington.

La ONU también exige explicaciones por muertes bajo custodia de ICE

El tema ha trascendido el ámbito bilateral. Según SDP Noticias, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió rendición de cuentas por 23 muertes registradas en 2026 bajo custodia de ICE, durante la apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Türk también pidió frenar las deportaciones hacia países considerados peligrosos, como Haití, y garantizar el debido proceso en los procedimientos migratorios.

Cabe señalar que estas denuncias corresponden a acusaciones formuladas por el gobierno mexicano y por organismos internacionales; las autoridades estadounidenses han sostenido que ICE actúa conforme al marco legal vigente.

Puntos clave del panorama actual

• La ocupación de albergues en Ciudad Juárez se ubica en 15%, tras la reducción de la red a 18 instalaciones.
• La mayoría de los residentes son ahora mexicanos desplazados por violencia, no migrantes en tránsito hacia EU.
• Sheinbaum ha exigido respeto a los derechos humanos de connacionales detenidos y ha rechazado deportaciones hacia terceros países.
• La ONU pidió rendición de cuentas por muertes bajo custodia de ICE en lo que va de 2026.
• El gobierno mexicano ha interpuesto demandas ante instancias estadounidenses e internacionales por casos de connacionales fallecidos.

Una jueza ha ordenado el ingreso en prisión preventiva de un migrante marroquí investigado por una presunta agresión sexual a una menor ceutí de 16 años en el barrio del Príncipe. La denuncia, presentada por los padres de la adolescente, señala que el acusado habría realizado tocamientos en la vía pública delante de otra joven de la misma edad.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado. El sospechoso, que vivía en las calles de la ciudad tras la entrada masiva registrada a finales de julio, fue detenido al día siguiente cerca de la frontera con Marruecos. Los investigadores sospechan que intentaba abandonar España para evitar su localización por parte de la Policía, según han informado fuentes judiciales a EFE.

Tras pasar a disposición judicial, la titular de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta acordó la medida cautelar de prisión. El detenido no ha reconocido los hechos.

En un primer momento se había planteado su expulsión, pero la jueza resolvió que permanezca encarcelado a la espera de juicio por un presunto delito de agresión sexual.

La Fiscalía contabiliza 23 agresiones

Desde la entrada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma de finales de julio, la Fiscalía ha contabilizado 23 agresiones sexuales, de las cuales nueve víctimas son menores de edad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado, hasta el momento, a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga, mientras que el resto de los agresores permanece sin identificar.

De esas 23 agresiones, cinco de ellas han sido violaciones, y nueve de las víctimas son menores de edad de entre 14 y 17 años, lo que refleja la especial vulnerabilidad de las menores migrantes en el contexto de esta crisis, como ha denunciado Save the Children.

En ese sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la necesidad de acoger en la Península a los menores no acompañados llegados a Ceuta, tanto para “destensionar la situación” de la ciudad como para “garantizar los cuidados y derechos de estos niños y niñas”.

Por otro lado, las comunidades gobernadas por el Partido Popular siguen rechazando el traslado de los menores, al considerar que “legitimaría la invasión”, y defienden que regresen a su país de origen. “Si son menores, es mucho más importante que retornen a sus países, pues tienen que estar con su familia”, dijo este lunes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, después de acudir a arropar a su homólogo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una conferencia en Madrid. No obstante, organizaciones humanitarias ya han advertido que muchos de los menores llegados a Ceuta han huido precisamente de Marruecos debido a la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados, una práctica que sigue permitiéndose en el reino alauita mediante excepciones legales, a pesar de que la edad mínima para casarse está fijada en los 18 años.

(Con información de EFE)

La jueza María Tardón ha declarado competente a la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. La magistrada asume así la investigación, al apreciar, de forma provisional, indicios de un posible delito contra la paz y la independencia del Estado y considerar que los hechos pudieron constituir un “ataque” contra la “integridad territorial” de España.

Desde hace unas semanas todas las miradas están puestas en esta magistrada, especialmente desde que se conoció que la jueza encargó a los agentes de la Comisaría General de Extranjería un informe sobre la avalancha migratoria. El resultado fue un documento de 55 páginas que apuntaba a que los agentes marroquíes “planificaron y guiaron” esta entrada masiva. Una formación que solicitó no compartir ni con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni con el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras estos desvinculaban a Marruecos de lo ocurrido. Hace unos días, Tardón trasladó dicho documento a la Fiscalía para decidir sobre su competencia.

Pero, ¿quién es María Tardón (Segovia, octubre de 1957)? La jueza nacida en Zarzuela del Pinar hace 68 años llegó al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional a finales de 2018 tras llevar ejerciendo en la carrera judicial desde 1987 hace casi cuatro décadas. Antes de dar el salto a la Audiencia Nacional pasó por juzgados de lo Penal y de Instrucción y presidió durante 14 años la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia sobre la mujer, según recoge su candidatura a la Comisión de Ética Judicial presentada este 2026.

Nacida en octubre de 1957 en Zarzuela del Pinar (Segovia), Tardón se trasladó con su familia a Valdepeñas (Ciudad Real) cuando tenía ocho años. Allí comenzó a trabajar con apenas 16 años en la empresa Chocolates Elgorriaga al mismo tiempo que estudiaba Derecho en la UNED. Se licenció en 1984 y tres años después ingresó por oposición libre en la carrera judicial. Su primer destino fueron los Juzgados de Distrito y de Primera Instancia e Instrucción de La Carolina (Jaén) y, en diciembre de 1989, ascendió a magistrada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Palma de Mallorca. Más tarde pasó por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid. En 2024 fue la única mujer de ocho candidatos que se presentó a presidir la Audiencia Nacional.

De la política a la lucha contra la violencia de género

Pero su trayectoria judicial tuvo un paréntesis político. En 1999 fue elegida concejala del Ayuntamiento de Madrid como independiente dentro de la candidatura del Partido Popular encabezada por el que alcalde entre 1991 y 2003 José María Álvarez del Manzano . Durante aquella legislatura ejerció como tercera teniente de alcalde y asumió las áreas de Policía Municipal, Movilidad Urbana, Protección Civil y Atención Social. Terminado el mandato, se reincorporó a la carrera judicial.

Buena parte de su carrera ha estado vinculada a la violencia de género. Además de presidir durante 14 años la sección especializada de la Audiencia Provincial de Madrid, ha formado parte durante casi dos décadas del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. También ha participado en programas de formación judicial sobre violencia contra las mujeres en países como Argentina, Colombia, Bolivia, Honduras y México.

Ahora, desde la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Tardón tiene ante sí la investigación sobre lo sucedido en Ceuta los días 30 y 31 de julio y la tarea de determinar si aquella entrada masiva puede encajar en un delito contra la paz o la independencia del Estado.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una causa para investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio al apreciar, de forma provisional, indicios de un posible delito contra la paz y la independencia del Estado y considerar que los hechos pudieron constituir un “ataque” contra la “integridad territorial” de España. El auto, dictado este lunes, atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para investigar lo sucedido al entender que no se trata de una entrada irregular aislada, sino de una operación “a gran escala” que habría movilizado a “decenas de miles de personas” desde territorio extranjero con la finalidad de cometer delitos graves en España.

La resolución parte del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), solicitado por el juzgado después de las distintas denuncias y querellas presentadas tras los acontecimientos de finales de julio. Tardón considera que los primeros datos recabados apuntan a que lo ocurrido no puede explicarse como un fenómeno espontáneo. “Esta entrada masiva no puede considerarse como un hecho aislado ni casual”, afirma en el auto, que descarta igualmente que se trate de un acontecimiento “por generación espontánea”. La jueza habla, por el contrario, de un “proceso” en el que la finalidad migratoria habría sido solo uno de los elementos de una movilización de mucha mayor dimensión.

La investigación todavía se encuentra en una fase inicial y la propia magistrada deja claro que la calificación jurídica de los hechos es provisional. Lo que sí considera suficientemente relevante para asumir el asunto es la dimensión de la operación, su presunta preparación desde fuera de España, la utilización de redes sociales para coordinarla y el impacto que tuvo sobre el funcionamiento de la frontera de Ceuta.

La Audiencia Nacional asume el caso por su dimensión internacional

La cuestión de la competencia ocupa buena parte del razonamiento del auto. Tardón distingue expresamente lo sucedido en Ceuta de los casos habituales de inmigración irregular en los que una embarcación es interceptada y el asunto se investiga en el lugar correspondiente. “No nos encontramos ante un supuesto de interceptación de un buque o un vehículo en el que se transporta a migrantes”, señala la resolución.

En este caso, sostiene la magistrada, se investiga “una operación a gran escala” que habría movilizado a “decenas de miles de personas para que traspasaran la frontera” y cuyos presuntos responsables se encontrarían fuera de España. La resolución entiende que la actividad investigada habría sido planificada y ejecutada en el extranjero con la finalidad de cometer delitos graves en territorio español, una circunstancia que, a juicio de Tardón, permite atribuir la competencia a la Audiencia Nacional conforme a las normas de jurisdicción internacional y a la Convención de Palermo.

Pero la jueza añade otro elemento. Según el auto, el informe policial describe una actuación dirigida a provocar “el colapso del sistema de control fronterizo” mediante la movilización coordinada de decenas de miles de personas, la saturación de infraestructuras y la reducción de la capacidad operativa de los agentes desplegados en El Tarajal.

Ese impacto, añade la resolución, no se limitaría al funcionamiento de la frontera. La operación habría tenido consecuencias sobre “el orden público” y otros bienes colectivos, desde la seguridad pública y los servicios sanitarios hasta la confianza en las instituciones, además de generar episodios de “desinformación” y “agitación de perfil sociopolítico”.

Es en este contexto donde Tardón introduce una de las expresiones más contundentes del auto: “guerra híbrida” o “zona gris”. La magistrada sostiene que, del examen provisional de los hechos, se desprende una posible “intencionalidad de atentar contra el Estado” mediante la vulneración de su integridad territorial. Para explicar esa valoración, la resolución recuerda que el presidente del Gobierno, durante su visita a Ceuta el 31 de julio, calificó lo sucedido como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

María Tardón ha acordado mantener en secreto únicamente una pieza separada con aquellas diligencias cuyo conocimiento pudiera comprometer el resultado de la investigación y ha pedido a los juzgados de Ceuta que se inhiban de las actuaciones relativas a las muertes producidas durante los cruces a nado entre Castillejos y El Tarajal. También deberán informar de si existen otros procedimientos abiertos por lesiones

La ciudad autónoma de Ceuta se enfrenta a la vuelta al cole más complicada de su historia. Este nuevo curso escolar da su inicio este martes 8 de septiembre sin haber cerrado la crisis migratoria que asola el municipio desde finales del mes de julio.

La entrada masiva de cerca de 80.000 personas ha tensionado todos los servicios públicos de la ciudad y ha añadido un reto extra al nuevo curso escolar. La inquietud y preocupación de familias y profesores viene principalmente por una sensación de inseguridad: en el último mes, varios grupos de migrantes han saltado las vallas y entrado en al menos siete colegios de Ceuta para resguardarse, dormir y asearse. Otros, en cambio, han servido de lugar de acogida temporal para niños y adolescentes.

Mientras, la tensión en la calle se mantiene. En las últimas semanas, se han reportado altercados entre la población migrante y las fuerzas del orden, han surgido peleas dentro de los colectivos de migrantes y se han dado episodios de ataques a los asentamientos improvisados por parte de la propia población ceutí.

Seguridad reforzada para colegios e institutos

En este escenario, el Ministerio de Educación ha decidido contratar seguridad privada para los 35 centros educativos de la ciudad, para garantizar una vigilancia 24 horas en las instalaciones. “Lo más importante es transmitir seguridad a las familias, y con ello tranquilidad”, ha asegurado este lunes la ministra Milagros Tolón.

Los dispositivos de seguridad se implantaron el pasado 1 de septiembre, con el regreso de los profesores a las aulas. “Da seguridad, pero es un signo de que no hay una normalidad”, explicó a Infobae Trinidad Megías, secretaria general de UGT Servicios Públicos de Ceuta y presidenta de la Junta de Personal Docente No Universitaria. La portavoz sindical ha confirmado en los últimos días que el trabajo de los docentes ha podido desarrollarse con normalidad, pero hay preocupación por cómo puede afectar a los menores.

“Los niños, los adolescentes, no han podido disfrutar de un mes de agosto normalizado: no salen solos a la calle, no pueden ir a los parques, no se han ido a la playa... Ahora no les podemos quitar el derecho a la educación”, reivindicaba Megías en una entrevista con este medio.

Desde el Ministerio de Sanidad, han puesto en marcha un plan de acompañamiento psicosocial disponible para los estudiantes, el cuerpo docente y las familias. “Hemos estado trabajando con toda la comunidad educativa durante estas últimas semanas”, ha indicado Milagros Tolón, que defiende que “la rutina escolar debe comenzar”.

Vuelta a las aulas el 8 de septiembre

Los estudiantes ceutíes volverán a los centros este martes 8 de septiembre en todos los niveles, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Poco después, el jueves 10 de septiembre, lo harán los alumnos de Formación Profesional, la Escuela Oficial de Idiomas y Artes Plásticas.

El primer festivo del año llegará el 12 de octubre, por la Fiesta Nacional de España, y seguirán el 2 y el 3 de noviembre, designados como días de libre disposición con motivo de la fiesta del Día de Todos los Santos, que este año cae en domingo.

El 7 y 8 de diciembre, la población estudiantil podrá descansar con motivo del Puente de la Constitución y unas semanas después comenzarán las vacaciones de Navidad, que se extienden del 23 de diciembre al 8 de enero.

El segundo trimestre comenzará el lunes 11 de enero y continuará hasta el parón por Semana Santa, que en 2027 se celebrará entre el 22 de marzo y el 2 de abril para los ceutíes. Entre medias, habrá descanso el viernes 12 de febrero, en recuerdo del Tratado de Lisboa; y el 9 de marzo, Fiesta de culminación del Ramadán, Eidul Fitr.

El tercer trimestre empezará el 5 de abril y en este tramo final los estudiantes de Ceuta tendrán dos festivos, el 17 y 18 de mayo, con motivo de la Pascua Musulmana. Las clases terminarán oficialmente el 30 de junio, si bien las actividades lectivas acabarán el 23 de junio, una semana antes.

El reparto de menores migrantes llegados a Ceuta a finales de julio hacia la península mantiene abierto el choque entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, regiones que insisten en rechazar el traslado. Así lo han vuelto a expresar este lunes los presidentes autonómicos del PP que han acudido a arropar a su homólogo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una conferencia en Madrid, donde han expresado que rechazan la medida porque “legitimaría la invasión”. Estas regiones también señalan que el traslado de esos niños, niñas y adolescentes no resolvería la situación.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado, antes del desayuno informativo de Vivas, que el reparto de menores “no es la solución”. “No podemos legitimar una acción dirigida y teledirigida de invasión”, ha señalado ante la prensa, destacando que la única alternativa es “que todos retornen a su país y, si son menores, mucho más importante, pues tienen que estar con su familia”, según informa la agencia EFE. No obstante, organizaciones humanitarias como Save the Children ya han advertido que muchos de los menores llegados a Ceuta han huido precisamente de Marruecos debido a la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados, una práctica que sigue permitiéndose en el reino alauita mediante excepciones legales, a pesar de que la edad mínima para casarse está fijada en los 18 años.

Además, las ONG recuerdan que la legislación española, europea y los estándares internacionales establecen que el interés superior del niño debe ser “una consideración primordial en cualquier decisión que le afecte”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado dos objeciones al reparto. Por un lado, asegura que la Unión Europea ha advertido de que los migrantes no pueden acceder a la península y, por otro, ha alertado de un posible “efecto llamada” si alcanzan “territorio de la Europa continental”.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha acusado al Gobierno de querer “normalizar esta situación” mediante el reparto de menores. Considera que no es admisible que, ante “una avalancha”, el Ejecutivo los distribuya entre las comunidades autónomas “sin más”. “Galicia no iba a aceptar en ningún caso un reparto a la carta, un reparto injusto, sin planificación, sin financiación”, ha indicado, al tiempo que ha criticado que se excluya de la distribución a las autonomías que, a su juicio, presionan al Gobierno por intereses políticos.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha afirmado que trasladar a los menores a otras comunidades no resuelve el problema, sino que “lo reparte”. “No es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y, por lo tanto, tiene que tener otro trato”, añadió.

Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que “la raíz del problema es la invasión” y la ha definido como “un ataque” a las fronteras españolas. Por ello, ha reclamado devolver a los migrantes “por donde han venido”.

El Gobierno recuerda que el retorno “sin garantías” es ilegal

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya ha expresado en varias ocasiones que lo que el Partido Popular plantea “no es reunificación familiar ni retorno, sino una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal”. En ese sentido, la ministra ha insistido en que la ley en España y en Europa “es clara: escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países”. Además, ha subrayado que “el retorno debe ser voluntario y con garantías”.

Cabe recordar que el enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por el reparto de menores migrantes no acompañados se intensificó tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La modificación, aprobada el pasado mes de abril, introduce un sistema obligatorio que redistribuye a los menores cuando territorios como Canarias, Ceuta o Melilla superan su capacidad de acogida. El mecanismo, que fija las cuotas según población, renta y nivel de desempleo de cada autonomía, ha sido rechazado por las regiones gobernadas por el PP y algunas han recurrido a los tribunales, al considerar que el modelo impone criterios obligatorios sin garantizar los recursos necesarios ni transparencia en los datos.

(Con información de EFE)

Nueve de cada diez españoles señalan al Gobierno de Marruecos como principal responsable de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, según el sondeo elaborado por 40dB para El País y la Cadena SER. La encuesta, realizada entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, revela además un fuerte castigo ciudadano a la gestión del Ejecutivo, aunque sin que ese malestar se traduzca todavía en un vuelco electoral significativo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo el jueves en el Congreso que “no hay evidencias sólidas” de la responsabilidad marroquí en lo sucedido. Sin embargo, la percepción ciudadana contradice esa versión: casi el 75% de los encuestados atribuye también lo ocurrido a las mafias y redes de inmigración clandestina, a la difusión del hecho en redes sociales o a la decisión individual de quienes cruzaron la frontera. Un 72% responsabiliza, además, al propio Gobierno español.

Suspenso en rapidez y transparencia

El sondeo evalúa la actuación del Gobierno en cuatro dimensiones: rapidez, eficacia, transparencia y cohesión. Más del 60% de los encuestados considera que el Ejecutivo actuó mal o muy mal en las tres primeras, y la mitad opina lo mismo respecto a la cohesión mostrada. El suspenso es unánime entre todos los electorados en cuanto a rapidez y eficacia. Solo los votantes del PSOE y Podemos valoran de forma positiva la transparencia y la cohesión exhibidas durante la crisis.

Por actores, más del 80% de los ciudadanos cree que quien peor ha gestionado la situación ha sido el Gobierno marroquí. El 63% suspende a Sánchez en particular y el 60% al Gobierno español en general. Tampoco el PP ni su líder, Alberto Núñez Feijóo, salen bien parados: casi la mitad de los encuestados considera que su desempeño ha sido malo o muy malo. En cambio, la Guardia Civil y la Policía reciben la valoración más positiva, con un 52% de opiniones favorables, seguidas del Gobierno de Ceuta (44%) y las organizaciones humanitarias (casi el 40%).

La Guardia Civil y el Gobierno de Marruecos son los únicos actores valorados de forma homogénea por todos los electorados, uno en positivo y otro en negativo. El resto de las figuras políticas solo aprueba entre sus propios votantes, aunque con matices: Feijóo obtiene un 42% de aprobación entre el electorado del PP, mientras que Sánchez apenas alcanza el 15,5% de aprobación entre sus propios votantes.

Vox, el mejor valorado en inmigración

Uno de los datos más llamativos del sondeo es que Vox aparece como el partido que los ciudadanos consideran más capacitado para gestionar la inmigración, con el 27% de las menciones, por delante del PSOE (18,5%) y el PP (14%). Esta percepción se explica en parte porque más del 23% de los votantes populares y un 6% de los socialistas también otorgan esa capacidad a la formación de Santiago Abascal.

Los electores de derecha reparten la responsabilidad casi por igual entre los gobiernos de España y Marruecos, con cerca del 90% de menciones para ambos. Entre los votantes de izquierda, la mitad también culpa al Ejecutivo de Sánchez, aunque con matices: un 44% entre los votantes de Podemos, un 48,5% entre los del PSOE y un 51% entre los de Sumar.

A favor de endurecer el control fronterizo

La crisis deja una posición mayoritaria a favor de reforzar la vigilancia en la frontera. El 70% de los españoles considera que hay que endurecer el control fronterizo aunque eso perjudique a migrantes en situación vulnerable, frente a apenas el 20% que prioriza la acogida por encima de otros factores. Esta postura es casi unánime entre los votantes del PP y Vox, pero también mayoritaria (51%) entre el electorado socialista.

En relación con los menores no acompañados, el 63% de los encuestados aboga por devolverlos a Marruecos, pese a que la legislación vigente no permite hacerlo de forma automática. Solo el 16,5% opta por un reparto obligatorio entre comunidades autónomas y un 11% por uno voluntario. La mayoría (55%) rechaza acoger a esos menores en su propia comunidad, frente al 36% que se muestra a favor, con una división marcadamente ideológica entre izquierda y derecha.

Cerca de la mitad de españoles desconoce la ley

El sondeo evidencia también un notable desconocimiento sobre los aspectos legales de la inmigración: la mayoría ignora que quien entra de forma irregular puede solicitar asilo, y casi la mitad no sabe que los menores no acompañados no pueden ser devueltos de manera automática a Marruecos. Aun así, siete de cada diez ciudadanos afirman que ayudarían a alguien que acabara de cruzar la frontera y necesitara asistencia, aunque la respuesta más habitual es prestar la ayuda imprescindible y avisar a las autoridades.

De cara al futuro, más del 80% de los españoles considera necesario aumentar la vigilancia fronteriza y acelerar las devoluciones de quienes cruzan de manera irregular. Un porcentaje similar reclama a la Unión Europea financiación y personal permanente en la frontera sur, y solo el 10% cree que el bloque comunitario ha respaldado lo suficiente a España durante la crisis.

Creen que volverá a ocurrir

Más de la mitad de los encuestados apoya ampliar las vías de entrada legal mediante visados y cupos laborales, así como mejorar la cooperación con Marruecos a cambio de un mayor control fronterizo. La única medida que genera más rechazo que respaldo es la ampliación de los recursos de acogida y de tramitación de solicitudes de asilo. El refuerzo del control fronterizo y la agilización de las devoluciones cuentan con apoyo transversal en todos los electorados, aunque más marcado en los de derecha, mientras que los votantes de Vox rechazan tanto la cooperación con Marruecos como la ampliación de recursos de acogida.

El 72% de los españoles está convencido de que episodios como el de Ceuta volverán a repetirse con regularidad en el futuro.

La soberanía de Ceuta y Melilla

Respecto a la relación bilateral, el sondeo revela que los españoles se inclinan ligeramente por endurecer el vínculo con Marruecos (46%) frente a quienes prefieren reforzarlo (37%). Los esfuerzos de cooperación reciben mayor respaldo entre los votantes de izquierda, y se observa una brecha de género entre los llamados baby boomers: las mujeres tienden a preferir el refuerzo de la cooperación, mientras que los hombres se inclinan por el endurecimiento.

En cuanto a la soberanía de Ceuta y Melilla, el 64% de los encuestados la considera incuestionable. Un 17% cree que España debería estar dispuesta a dialogar con Marruecos sobre el futuro de ambas ciudades autónomas, un 16% opina que debería decidirlo la propia población local y un 4% se muestra favorable a que España contemple ceder ambos territorios para mejorar las relaciones bilaterales.

El respaldo a la defensa de la soberanía se debilita cuando el sacrificio exigido es más personal: seis de cada diez encuestados apoyan que el Ejército participe en un conflicto armado por Ceuta y Melilla, pero ese apoyo cae por debajo de la mitad cuando se trata de pagar más impuestos o participar de forma directa en la defensa de las ciudades.

PP y Vox superan la mayoría absoluta

El barómetro de septiembre de 40dB, elaborado antes de la comparecencia de Sánchez en el Congreso y de la polémica generada por los informes policiales sobre lo sucedido en Ceuta, no detecta grandes movimientos electorales derivados de la crisis migratoria. Aun así, la ligera caída del bloque de izquierda y el leve repunte de PP y Vox permiten a la derecha situarse, por primera vez en la serie histórica, por encima de la mayoría absoluta.

Si hoy se celebrasen elecciones, el PP volvería a ganar con el 32,4% de los votos, cuatro décimas más que en la entrega anterior, en un trasvase de papeletas que coincide con la caída del PSOE. Sánchez se mantendría en segundo lugar con el 27,6% de los sufragios, lo que deja una distancia de 4,8 puntos entre ambos partidos, similar a la registrada en junio, cuando la acumulación de causas judiciales afectaba ya la imagen del Ejecutivo de coalición.

Vox vuelve a ser el partido que más crece, con un incremento de 0,6 puntos hasta el 17,8% de los votos, lo que le permite frenar la caída que acumulaba desde hacía cuatro meses, aunque sin alcanzar su mejor registro histórico, el 18,8% logrado en marzo. La formación de Abascal amplía además en casi un punto (0,8%) los votos que capta del electorado que en 2023 respaldó a Feijóo.

Sumar cae una décima respecto a la entrega anterior y Podemos pierde tres décimas, con lo que queda por debajo del umbral mínimo del 3% necesario para obtener representación parlamentaria. En conjunto, PP y Vox reúnen el 50,2% de los votos, frente al 33,3% que suman PSOE y Sumar, una diferencia de casi 17 puntos que no incluye el respaldo de los partidos nacionalistas y soberanistas que en 2023 apoyaron la investidura de Sánchez.

La tensión no deja de escalar en Ceuta cuando casi se cumple un mes y medio de la entrada masiva de personas migrantes desde Marruecos. Al episodio de violencia del pasado 27 de agosto, cuando un grupo de manifestantes quemó y destruyó parte de un campamento informal en una de las playas de la ciudad en medio de protestas por parte de la población ceutí para exigir soluciones a la crisis, se suman nuevos altercados y agresiones a periodistas que se encuentran en la zona, que relatan haber sufrido en los últimos días violencia física y verbal, hostigamiento e insultos mientras ejercían su trabajo. Algunos periodistas trasladan que, en ocasiones, las fuerzas de seguridad no han actuado o han actuado tarde para protegerles, viéndose obligados a interrumpir sus coberturas o a abandonar los lugares desde donde tenían previsto informar, por lo que organizaciones como Amnistía Internacional han pedido a los partidos políticos y autoridades que condenen públicamente estos hechos, así como los actos y discursos racistas y xenófobos que “solo contribuyen a incrementar un clima de violencia y de odio”.

El pasado sábado, la periodista Gabriela Sánchez, de elDiario.es, fue acosada por varios manifestantes que protestaban contra la instalación de carpas en el puerto de Ceuta para acoger e identificar a personas migrantes. Mientras conversaba con un migrante palestino y con un joven inglés de visita en la ciudad, los manifestantes la insultaron y la increparon al creer que hablaba con migrantes marroquíes por su color de piel. “Ojalá te violen” o “eres una traidora”, llegaron a decirle mientras la periodista hacía su trabajo.

Profesionales de RTVE también han recibido empujones, insultos y amenazas durante las concentraciones de apoyo a Ceuta del pasado 2 septiembre, que fueron convocadas en toda España por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), sobre todo en puntos como Madrid. El Partido Popular y Vox respaldaron las protestas, mientras que el Ejecutivo las calificó de “partidistas”.

Desde Amnistía Internacional recuerdan que las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad de los periodistas. “Esto es vital para que las sociedades tengan acceso a una información plural e independiente. La libertad de expresión y de información es un derecho humano que debe protegerse”, ha señalado Daniel Canales, responsable de investigación de violaciones de derechos humanos en la organización. La entidad también ha señalado a la ultraderecha por alimentar y agravar un clima de odio, tensión social y hostigamiento contra los profesionales de la comunicación.

“Vox lleva años acusando a algunos medios de manipuladores, llegando a calificar recientemente a periodistas de RTVE como ‘terroristas’. El señalamiento y el acoso contra ellos fomenta el riesgo de que sufran algún tipo de violencia”, sostiene la organización.

De hecho, aunque hubo numerosas muestras de solidaridad con Ceuta en las movilizaciones impulsadas por la FEMP, muchas se convirtieron en actos políticos contra el Gobierno con duras críticas por su gestión de la crisis e insultos dirigidos al presidente, Pedro Sánchez. En diversos puntos se pudieron ver pancartas con lemas como “No a la invasión, defiende Ceuta, defiende España” y se corearon consignas como “Pedro Sánchez, a prisión” y “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

La desesperación de los migrantes

La situación también es límite por momentos entre los propios migrantes que duermen a las puertas del centro temporal de atención humanitaria de Loma Colmenar con la esperanza de conseguir una plaza, lo que ha provocado discusiones e intentos de entrar al recinto. La mayoría son jóvenes marroquíes que llevan cerca de dos semanas esperando para entrar después de que les desalojaran de la playa del Trampolín.

Desde la Asociación Elín describen el ambiente como una mezcla de cansancio generalizado, incertidumbre y desesperanza tras semanas “sin soluciones estables” para quienes permanecen fuera de los recursos de acogida. “Hay muchos migrantes que ahora están durmiendo en las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar, sin instrucciones claras de qué va a pasar, cuántos van a entrar ni en qué momento, y todo eso supone un desgaste. Por eso también surgen peleas y discusiones entre ellos”, indica a Infobae la activista Pilu Alba, integrante de este colectivo, que lleva casi tres décadas trabajando por los derechos de la población migrante en Ceuta.

Aunque el Gobierno prevé nuevas plazas para acoger a los migrantes que siguen en las calles, esta organización social considera que este tipo de medidas debieron prepararse desde los primeros días y dar prioridad a las familias, mujeres y personas vulnerables. En ese sentido, Alba advierte que hay personas del colectivo LGTBIQ+ que aún no tienen techo seguro.

“Toda esta situación puede generar a los migrantes un deterioro psicológico y emocional provocado por la precariedad prolongada. De hecho, compañeros de Médicos del Mundo ya han detectado cuadros de desgaste que podrían tener consecuencias duraderas”, explica.

Detienen a 21 migrantes marroquíes por apedrear a militares

En los últimos días se ha producido más de un episodio de tensión a las puertas del dispositivo de Loma Colmenar, donde la Policía Nacional ha intervenido para impedir que accedieran al recinto más personas, efectuando incluso disparos al aire con carácter disuasorio. Además, según han informado fuentes policiales a la Agencia EFE, 21 migrantes marroquíes han sido detenidos acusados de participar presuntamente en el apedreamiento de una patrulla militar y de agentes de la Guardia Civil, sin que se produjeran heridos.

El incidente se produjo a última hora de la noche del sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde siguen durmiendo algunos grupos de migrantes. Según fuentes policiales, primero hubo peleas entre varias personas y después algunas de ellas lanzaron piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que se encontraba en la zona. La Guardia Civil intervino y también fue apedreada, por lo que los agentes terminaron arrestando a 21 personas. Fuentes policiales han confirmado el domingo que todos los detenidos por el ataque serán deportados a Marruecos por la frontera de Tarajal.

El Ejecutivo defiende los dispositivos temporales

El Ejecutivo central, por su parte, defiende que debe haber espacios para acoger temporalmente a los migrantes llegados a Ceuta, como los que está habilitando en el puerto, pese a la oposición vecinal y del Gobierno ceutí. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este domingo que estas carpas son necesarias para facilitar la filiación de los migrantes que permanecen en la ciudad y añadió que, en caso de que no reúnan los requisitos de protección internacional para solicitar asilo, serán devueltos. “Cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos”, señaló Torres al canal 24 Horas de TVE.

El ministro reprochó que se cuestionen de forma sucesiva las alternativas planteadas para alojar de forma provisional a los migrantes, mencionando en ese sentido el hospital militar, los polideportivos o la fábrica de harina, espacios que también han suscitado rechazo vecinal o institucional.

“Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, lo sacamos del decreto. Si no queremos los polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 2021, porque los vecinos no quieren; si no queremos el acuartelamiento Fiscer porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren... pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no, es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso”, indicó Torres durante la entrevista.

Respecto a los menores migrantes, el ministro también indicó que actualmente puede haber entre 1.500 y 1.600 menores ya filiados, aunque ha precisado que el dato exacto se dará a conocer el martes.

Patrick es un ciudadano belga que vive en la Costa Blanca de Alicante, una zona en la que residen cerca de 15.000 personas de su país. 1.500 de ellas, por ejemplo, están en Torrevieja, donde han formado una comunidad dentro de la ciudad para apoyarse entre todos. Una comunidad cercana, pero también cerrada, como critica este hombre que lleva más de 25 años en España junto a su compañera: y es que, en una entrevista con el medio de su país SudInfo, critica que muchos de los recién llegados aprovechan las ventajas de España, pero sin incorporarse a sus costumbres, su idioma ni sus horarios.

El expatriado asegura que conoce “a personas que están aquí desde hace más de 20 años” y que “no hablan una palabra de español”. Para Patrick, ese dato resume la falta de voluntad de adaptación que observa en algunos residentes. Otra prueba de ello son los horarios de las cenas: “Vienen a cenar a las 18.30 porque en Bélgica se cena a las 18.30. ¡Pero no está usted en Bélgica, querido señor!”, expresa.

El residente no plantea que los extranjeros deban adoptar de forma absoluta todas las rutinas españolas, pero sí opina que hay que hacer algún esfuerzo. “No digo que tengas que ir a comer a las 23.00, pero al menos intenta acostumbrarte”.

El expatriado recuerda que la comunidad belga era reducida cuando se fue a vivir a la región. “Cuando llegué, había tres belgas”, afirma a SudInfo. Con el paso de los años, esa presencia se volvió mucho más visible en su entorno. Para él, el cambio también afectó el vínculo con la identidad española de la Costa Blanca. “La sensación de estar en otro país desaparece por completo”, lamenta ante el medio belga. Por ejemplo, dice, antes había numerosos restaurantes españoles en el lugar, pero ahora “todos esos pequeños bares han desaparecido; es una pena”.

“Hay que hacerles todo en francés”

El hombre aclara que su crítica no abarca a todos los belgas residentes en España. Su cuestionamiento apunta a quienes esperan que los servicios se adapten a ellos. “Llegan y hay que hablarles en francés, hay que hacerles todo en francés”, señala. “Quieren tener su carnicería, su local de papas fritas, su panadería”. Para el expatriado, la instalación de comercios orientados a esa comunidad refleja una pérdida de los rasgos locales que, en su caso, habían motivado su mudanza a España.

El belga sostiene que la convivencia resulta sencilla para quienes intentan incorporarse a la vida española. “Desde el momento en que te integras, hablas e intentas hacer un esfuerzo, no tienes ningún problema”. Por eso, él tomó una decisión distinta en su actividad laboral: “Todos mis subcontratistas son españoles”. Y es que, finaliza, “a partir del momento en que te expatrias a un país, hay que trabajar con la gente del país”. Para él, esa integración permite conservar el atractivo de España que había encontrado al instalarse en la Costa Blanc y poder preservar el ambiente que buscaba al emigrar.

Tras casi cinco semanas durmiendo a la intemperie en playas y parques, escondidos en el monte, sin dinero y con escasa comida, muchos de los jóvenes marroquíes que entraron a nado a Ceuta a finales de julio están regresando a su país. Conscientes de que no van a poder entrar legalmente en España, al no reunir las condiciones para acceder al asilo, han optado por volver al lugar del que huyeron, donde el desempleo juvenil limita sus oportunidades y donde buena parte de esa generación expresa su rechazo a la desigualdad, la corrupción, el autoritarismo y los abusos de poder. Según datos de la Organización Mundial de Trabajo, unos 2,9 millones de personas marroquíes de entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan.

A lo largo de estas semanas, muchos de los jóvenes se han enfrentado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al rechazo de la población ceutí, que exige soluciones para recuperar la normalidad. Uno de los episodios más tensos se produjo el pasado 27 de agosto en una de las playas de la ciudad, cuando grupos organizados quemaron y destruyeron parte de un campamento improvisado en el que dormían decenas de migrantes. Y es que la solidaridad previa de buena parte de los vecinos se han transformado con el paso del tiempo en un creciente malestar ante “la falta de respuestas oficiales eficaces” para atajar la crisis.

Según han informado fuentes policiales a la agencia EFE este domingo, más de 700 migrantes marroquíes han abandonado de forma voluntaria la ciudad a lo largo de esta semana ante la falta de un lugar para poder dormir y la confirmación de que no serán regularizados. Algunos regresan solos por el mismo lugar por el que entraron, mientras que otros lo hacen junto a familiares o amigos que también cruzaron a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos aseguran que tomaron la decisión alentados por mensajes difundidos en redes sociales y por el boca a boca, aunque también explican que los gendarmes marroquíes desplegados en la frontera “no les impidieron el paso”.

La cifra puede aumentar en los próximos días

Las fuentes policiales sostienen que esa cifra de jóvenes que decide salir de Ceuta podría incrementarse en las próximas semanas, sobre todo coincidiendo con las adversas condiciones meteorológicas, una situación que podría influir en la decisión.

El Ministerio del Interior calcula que en Ceuta quedan unas 5.000 personas migrantes mientras que el Gobierno ceutí eleva esta cifra a 9.000. La mayor parte de quienes no han podido acceder a alguno de los dispositivos de atención humanitaria habilitados por el Ejecutivo central están acampados en la playa del Trampolín o en las inmediaciones de la barriada de Loma Colmenar.

Por otro lado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que las carpas instaladas en el puerto de Ceuta para acoger a migrantes tendrán un carácter “temporal” y se desmontarán una vez que estas personas sean devueltas a su país de origen. “Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y, por tanto, no es para que se queden en Ceuta”, ha indicado Torres al canal 24 Horas de TVE en declaraciones recogidas por Europa Press.

Según ha explicado el ministro, este tipo de instalaciones buscan facilitar la filiación de los migrantes que aún permanecen en la ciudad y, en caso de que no reúnan los requisitos de protección internacional, serán devueltos. “Cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos”, ha detallado.

El ministro ha reprochado que se cuestionen de forma sucesiva las alternativas planteadas para alojar de forma provisional a los migrantes, mencionando en ese sentido el hospital militar, el acuartelamiento Fiscer, los polideportivos o la fábrica de harina, espacios que también han suscitado rechazo vecinal o institucional.

La habilitación de nuevos espacios temporales para acoger a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio desde Marruecos se ha convertido en uno de los principales focos de tensión de la crisis en la ciudad autónoma. Mientras sectores de la población rechazan la apertura de más polideportivos o instalaciones provisionales, el Gobierno sostiene que esos lugares son necesarios para sacar a las personas de playas y calles, identificarlas y acelerar los procedimientos de devolución cuando correspondan.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que las carpas instaladas en el puerto de Ceuta tendrán un carácter “temporal” y se desmontarán una vez que los migrantes sean devueltos. “Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y, por tanto, no es para que se queden en Ceuta”, ha señalado Torres al canal 24 Horas de TVE en declaraciones recogidas por Europa Press. Según ha explicado, este tipo de instalaciones buscan facilitar la filiación de los migrantes que aún permanecen en la ciudad y, en caso de que no reúnan los requisitos de protección internacional para solicitar asilo, serán devueltos a su país. “Cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos”, ha detallado.

Torres ha explicado que los terrenos del puerto y de la zona de La Reina figuraban en un real decreto aprobado por unanimidad en el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Situación, órganos en los que participó el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, junto con integrantes de su Gobierno. No obstante, ha indicado que el Consejo de Administración del Puerto trasladó informes técnicos contrarios a esa ubicación cuando las obras ya habían comenzado.

El ministro ha reprochado que se cuestionen de forma sucesiva las alternativas planteadas para alojar de forma provisional a los migrantes, mencionando en ese sentido el hospital militar, los polideportivos o la fábrica de harina, espacios que también han suscitado rechazo vecinal o institucional.

“Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, lo sacamos del decreto. Si no queremos los polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 2021, porque los vecinos no quieren. Si no queremos el acuartelamiento Fiscer porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, pues que nos digan donde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso”, ha señalado durante la entrevista.

El ministro ha insistido en que los migrantes no pueden ser devueltos “de la noche a la mañana” y que “hay que buscar alternativas” para que la ciudad autónoma recupere la normalidad lo antes posible. “Es muy fácil decir lo que no se quiere, pero hay que buscar alternativas, y aquí las hemos puesto. Es muy importante que esto se pueda culminar”, ha recalcado, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno tomará decisiones “con la ley en la mano” para normalizar la situación.

Entre 1.500 y 1.600 menores migrantes identificados

Respecto a los menores migrantes, Torres ha avanzado que actualmente puede haber entre 1.500 y 1.600 menores ya filiados en Ceuta, aunque ha precisado que el dato exacto se dará a conocer el martes. Aunque su tutela corresponde a la ciudad autónoma, el Gobierno busca promover reagrupamientos familiares y derivaciones a otras comunidades.

En ese sentido, el ministro ha atribuido parte de la dificultad para ejecutar esos traslados al rechazo del Partido Popular y Vox a una reforma legal destinada a facilitar el reparto de menores.

Cabe recordar que entre esos menores, hay un porcentaje de niños y adolecentes procedentes de países como Chad o Sudán que huyen de guerras y crisis humanitarias y tienen derecho a protección internacional, como ha recordado Save the Children. La organización ha puesto el foco en las niñas, pues muchas se enfrentan, además, a matrimonios forzosos, violencia sexual o trata.

Defiende la postura de Pedro Sánchez sobre Marruecos

Por otro lado, Torres ha respaldado la posición expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que actualmente no existen pruebas de una implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta, pese al informe policial elaborado por la CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) que atribuye a agentes de Rabat un papel activo en ese cruce. El documento, remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, sostiene que esos agentes “guiaron el cruce a través del agua”.

El ministro ha señalado que, si aparecen pruebas, el Ejecutivo actuará “acorde” a ellas, pero ha reclamado “rigor” y que no se actúe sobre la base de “conjeturas” o “indicios” cuando se trata de cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y las relaciones con un país vecino.

Muchas de las personas que a finales de julio entraron de forma irregular a Ceuta desde Marruecos lo hicieron por motivos económicos, con el objetivo de que España les pueda brindar las oportunidades que no encuentran en su país. Pero también hay otros migrantes que se han visto obligados a huir de la violencia, la persecución social y las leyes que criminalizan su orientación sexual o su identidad de género, como les ocurrió a Hassan y Fariha, que permanecen en la ciudad autónoma con la esperanza de poder solicitar asilo.

En el caso de Hassan, nombre ficticio de un joven marroquí gay de 19 años, llegó a Ceuta el 31 de julio, nadando desde Fnideq (Castillejos) hasta la playa de Miramar. Lo hizo a pesar de que se jugaba la vida, consciente de los riesgos que implica y de que, si lograba alcanzar España, tampoco sería fácil. Pero “no tenía otro remedio”. En Marruecos, su exnovio ingresó en prisión hace un año, explica por teléfono a Infobae, después de que la policía encontrara fotografías en las que ambos aparecían desnudos, además de otros jóvenes. La Justicia le condenó a 10 meses de cárcel y al pago de una multa de unos 1.000 euros y, desde entonces, Hassan asegura que dejó de sentirse seguro en el país. En el reino alauita, las relaciones entre personas del mismo sexo continúan penalizadas en el artículo 489 del Código Penal, con penas de prisión que van desde los seis meses a los tres años de prisión.

“No vine a Ceuta porque me faltara el trabajo, el dinero o la comida. En Marruecos tenía un buen empleo y hablo tres idiomas. Pero vine porque no me siento seguro en mi país debido a mi sexualidad. No puedo vivir como una persona normal dentro de la comunidad LGTBIQ+ y, además, cuando mi madre se enteró de que soy gay, me echó de casa”, relata en un perfecto inglés. “Tu país no te apoya y tu familia está en contra de ti, porque lo consideran haram (prohibido, según la ley islámica). Los insultos que escuchas si alguien descubre que eres gay pueden llegar a destruirte por dentro”, asegura.

Aunque Hassan está alojado ahora en un refugio vinculado a la Iglesia donde puede dormir, comer y ducharse, cuenta que sus primeros 15 días en Ceuta durmió a la intemperie, al igual que lo siguen haciendo muchos migrantes que aún no han podido acceder a los dispositivos temporales de atención humanitaria habilitados por las administraciones, ya que su capacidad es insuficiente. Por el momento, el Gobierno no contempla el traslado de los adultos a la península y, mientras, esa concentración de migrantes en un territorio de apenas 20 kilómetros cuadrados no hace más que incrementar el malestar de la población ceutí, que reclama “soluciones reales” para recuperar la normalidad cuanto antes.

Este joven reconoce que la llegada a Ceuta no le ha proporcionado la seguridad que esperaba, de forma que se ha encontrado con racismo e insultos homófobos, además de que la precariedad agrava su sensación de desprotección. “Nos llaman maricones y nos dicen que deberíamos ir al infierno. Ni siquiera aquí me siento seguro”, lamenta. Sin embargo, Hassan confía en poder acceder pronto al proceso de asilo y así “empezar una vida nueva” en España. “Solo quiero poder vivir abiertamente como un hombre gay y conseguir trabajo”.

Violencia y humillaciones

La situación de algunas personas trans que cruzaron la frontera a finales de julio es aún más delicada. Lo explica Tima, una mujer trans marroquí y reconocida activista por los derechos del colectivo LGTBIQ+, que llegó a España en 2023 con un visado humanitario tras pedir protección para evitar el servicio militar obligatorio en Marruecos. Con ella contactaron decenas de personas del colectivo tras el cruce masivo a Ceuta, pidiéndole ayuda al no tener un sitio donde dormir bajo techo ni disponer de otros recursos para sobrevivir, además de la “violencia y humillaciones” a las que están expuestas.

“El 30 y 31 de julio empecé a recibir mensajes de personas LGTBQ+ que se encontraban en Ceuta y no habían podido entrar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Algunas me decían que estaban en peligro, que les habían golpeado por la noche, así que empecé a buscar ayuda con organizaciones humanitarias para conseguirles alojamiento”, explica Tima, que actualmente reside en Madrid. Desde la asociación Border Resistance piden la suspensión de cualquier procedimiento de deportación para solicitantes de asilo LGTBIQ+ y recuerdan el peligro al que estas personas se exponen si regresaran a Marruecos, donde la policía “no les protege”. Tima destaca el caso de Fariha, una mujer trans que se vio obligada a salir de Marruecos porque “allí no tiene derechos” y que sufrió varias agresiones sexuales, además de violencia por parte de su propio padre.

Fariha cuenta que llegar a Ceuta fue una de las experiencias más cercanas a la muerte que ha tenido, porque le tocó nadar durante mucho tiempo con una herida abierta en la mano y, aunque hubo gente que le ayudó, el mar la empujaba adentro una y otra vez. Cuando logró llegar a suelo español, se fue directamente al bosque. “Estuve tres días sin comer. Estaba en la calle, me habían robado el teléfono y el dinero que tenía para seguir mi camino, así que me escondí en el bosque y durante ese tiempo solo bebí agua”, relata. Después se reunió con otros jóvenes y logró conseguir algo de dinero para pagar alguna noche en una vivienda. “Cocinaba para ellos y me dejaban quedarme”, explica Fariha, que debía pagar 30 euros diarios por dormir en una habitación con 12 personas y, cuando no podía reunir esa cantidad, volvía a la calle. “Fue muy duro y tengo mucho miedo de sufrir ataques o agresiones como las que viví en el bosque y en el centro de la ciudad, cuando un motorista me amenazó de muerte y me dijo que regresara a mi país”, añade, si bien actualmente se encuentra en un centro de acogida.

Las personas migrantes LGTBIQ+ que permanecen en Ceuta, asegura Fariha, “temen por su seguridad”, aunque también confía en que la situación se calme y pueda obtener el asilo. Pese a todos los obstáculos, espera reconstruir su vida en un entorno en el que pueda vivir abiertamente su identidad sexual sin miedo a sufrir agresiones o represalias.

El Gobierno sigue defendiendo a Marruecos

La crisis en Ceuta ha vuelto a protagonizar esta semana la agenda política. El pasado jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ante el pleno del Congreso y allí defendió que mantiene su confianza en Marruecos, pese a un informe policial elaborado por la CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) que atribuye a agentes de Rabat un papel activo en la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. El documento, remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, sostiene que esos agentes “guiaron el cruce a través del agua”.

Durante la comparecencia, Sánchez aseguró que su Gobierno mira “de igual a igual” a todas las potencias extranjeras e insistió en que no va a iniciar un conflicto sin tener “hechos sólidos” que evidencien la participación de un tercer Estado como Marruecos. El mandatario recalcó que no tienen una política de apaciguamiento con el reino alauí, sino una política de “buena vecindad” en la que hay “líneas rojas”, como la soberanía española de Ceuta y Melilla.

No obstante, tanto la oposición como los socios parlamentarios del Gobierno rechazan la defensa de Sánchez sobre Marruecos y le exigen más contundencia con el país vecino.

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, insistió este viernes en su solicitud al Gobierno de Estados Unidos para que conceda más tiempo a los hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) antes de que deban enfrentar un eventual retorno al país.

El mandatario afirmó que Honduras respeta la decisión de Washington de no extender el TPS, pero consideró necesario que los compatriotas que han permanecido durante décadas en territorio estadounidense tengan la oportunidad de organizar su regreso y resolver asuntos pendientes.

“Les he pedido que les den el tiempo a los compatriotas para que puedan prepararse para un retorno al país”, explicó Asfura a los periodistas, al referirse a las gestiones realizadas por su administración ante las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el gobernante, alrededor de 55,000 hondureños se encuentran directamente afectados por la decisión relacionada con el TPS. Muchos de ellos, señaló, llevan 30 o 40 años viviendo en Estados Unidos, donde han construido sus familias, desarrollado actividades laborales y contribuido a la economía de ese país.

Asfura destacó que se trata de personas que, durante décadas, han mantenido una vida estable en Estados Unidos y que deberían contar con un período suficiente para organizar sus asuntos antes de regresar a Honduras.

“Han estado 30 y 40 años en Estados Unidos, siendo ciudadanos honorables, respetables, que han sido parte de la economía y de la sociedad”, manifestó el presidente hondureño.

El Gobierno hondureño realizó gestiones diplomáticas ante Estados Unidos con el objetivo de conseguir un período adicional que permitiera a los beneficiarios del TPS prepararse ante el cambio migratorio.

La intención, según explicó Asfura, era evitar que la medida provocara una situación de presión inmediata para miles de familias hondureñas que tienen vínculos personales, laborales y patrimoniales establecidos en Estados Unidos.

El mandatario reconoció, sin embargo, que corresponde a Estados Unidos establecer sus propias políticas migratoriasy que Honduras debe respetar las determinaciones adoptadas por Washington.

“Las políticas del Gobierno americano en temas de migración y aranceles son políticas firmes que debemos respetar”, sostuvo.

El Estatus de Protección Temporal para Honduras fue concedido por Estados Unidos en 1999, después de la devastación provocada por el huracán Mitch a finales de 1998.

El fenómeno natural causó una de las peores tragedias de la historia reciente de Honduras y dejó miles de personas fallecidas, además de una enorme destrucción de infraestructura, viviendas y cultivos.

A partir de esa situación, miles de hondureños pudieron permanecer legalmente en Estados Unidos bajo el mecanismo de protección temporal, que posteriormente fue objeto de diferentes extensiones y procesos relacionados con la situación migratoria de los beneficiarios.

Durante los últimos años, el futuro del TPS para los hondureños se ha convertido en un tema recurrente dentro de la agenda diplomática entre Tegucigalpa y Washington.

Para las familias beneficiarias, la posibilidad de perder esta protección migratoria implica no solamente un cambio en su situación legal, sino también la necesidad de tomar decisiones relacionadas con sus empleos, viviendas, propiedades y familiares.

Ante la posibilidad de que parte de los beneficiarios tenga que regresar a Honduras, el Gobierno de Asfura aseguró que trabaja en la preparación de medidas de reintegración económica y social.

El objetivo sería facilitar que los hondureños retornados puedan incorporarse nuevamente a la vida productiva del país y encontrar oportunidades laborales o de emprendimiento.

La administración hondureña también ha señalado la importancia de generar condiciones para que quienes regresen puedan aprovechar la experiencia y las capacidades adquiridas durante sus años de residencia en Estados Unidos.

No obstante, la canciller Mireya Agüero ha descartado, por ahora, que Honduras enfrente un retorno masivo inmediato, pese a la preocupación existente entre los beneficiarios y sus familias.

Las autoridades mantienen seguimiento al proceso migratorio y a las decisiones que adopte Estados Unidos para determinar los siguientes pasos de las personas que actualmente se encuentran protegidas bajo el TPS.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de la migración hondureña. Según cifras oficiales citadas por las autoridades, más de un millón de hondureños residen en territorio estadounidense.

De ese universo, alrededor de 200,000 personas han adquirido la ciudadanía estadounidense o cuentan con algún estatus migratorio regular, mientras que otro grupo enfrenta diferentes condiciones migratorias.

La comunidad hondureña en Estados Unidos también representa una fuente fundamental de ingresos para el país mediante el envío de remesas familiares, recursos que sostienen a miles de hogares y tienen un peso importante en la economía nacional.

El eventual retorno de decenas de miles de hondureños plantea, por ello, un desafío que trasciende el ámbito migratorio y alcanza áreas como el empleo, vivienda, educación, salud y reintegración económica.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha tomado las riendas de una parte del puerto de Ceuta para levantar allí varias carpas destinadas a más de mil personas migrantes. La orden, rubricada este sábado por el ministro Óscar Puente, habilita el uso del muelle de Poniente con carácter temporal.

Detrás de esta decisión hay un choque previo con la Autoridad Portuaria de la ciudad. Un día antes, su Consejo de Administración, controlado por el consistorio ceutí, se había negado a autorizar esas mismas carpas, pese a que así lo había pedido la Secretaría de Estado de Migraciones.

La Autoridad Portuaria rechazó la medida por considerarla “incompatible con la normal explotación del puerto”

Argumentaba su negativa explicando que la instalación resultaría “incompatible con la normal explotación del puerto”, por lo que procedió a elevar el expediente a Puertos del Estado, que depende de Transportes. Ante esa negativa, el Ministerio ha decidido asumir directamente esa competencia.

Tras el rechazo de la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado emitió un informe favorable a la ocupación. En el documento, Puertos del Estado reconoce que la medida puede ”incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria", pero concluye que existen ”razones de interés general” que justifican conceder la autorización solicitada. El informe añadió que esa autorización se otorga ”sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto".

En ese sentido, la resolución añade que, para reducir ”posibles efectos adversos” sobre el funcionamiento del puerto, el Ministerio de Transportes pedirá la colaboración del Ministerio del Interior. Según el texto, Transportes instará ”su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad".

La ley de puertos, base jurídica de la orden

Según han trasladado a la agencia EFE fuentes del propio departamento, el documento se sustenta en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. Esa norma habilita al Ministerio a autorizar el montaje de las carpas en una parcela de 16.000 metros cuadrados de suelo público portuario.

Las mismas fuentes explican que ha sido “la excepcionalidad de la situación en Ceuta” lo que ha empujado al departamento a hacerse cargo del asunto y atender así la petición de la Secretaría de Estado de Migraciones, para lo cual se cede una parte de la zona de servicio del puerto que ya tiene uso ciudadano.

Descanso, enfermería y atención social, entre los usos previstos

El texto de la orden precisa el propósito de la ocupación: “La instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional”.

Sobre el terreno, esto implicará distintos tipos de estructuras. Según detalla el documento, “la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad”.

Vecinos y empresarios se oponen

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y las asociaciones de vecinos de Junta Obras del Puerto y Parques de Ceuta han pedido que se detengan los trabajos para instalar un espacio temporal destinado a más de 1.000 migrantes en el muelle de Poniente. Ambas partes reclaman que se respete el rechazo expresado el viernes por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Ha mostrado su “respaldo firme y sin reservas” a la decisión de la Autoridad Portuaria de Ceuta. En su comunicado, la organización ha pedido al Gobierno y al resto de administraciones que respeten el acuerdo y descarten “cualquier iniciativa para ceder, habilitar o utilizar terrenos portuarios” para este fin.

La patronal admite que la situación migratoria de la ciudad requiere una respuesta, pero sostiene que debe plantearse fuera del recinto portuario. También ha reiterado su oposición a utilizar los terrenos e instalaciones del puerto, incluido el muelle de Poniente, para “un campamento, un centro de acogida o cualquier otra fórmula que suponga destinar espacios portuarios a un asentamiento de inmigrantes”.

La Confederación considera que el puerto “no es un espacio disponible para resolver de forma coyuntural una situación que corresponde abordar a las administraciones mediante otras alternativas”. Añade que se trata de una infraestructura vinculada a la actividad económica, logística y comercial de la ciudad, con tránsito diario de pasajeros y mercancías. Según la CECE, en el recinto trabajan empresas, empleados y operadores relacionados con el transporte marítimo y la logística. La entidad sostiene que la actividad del puerto exige conservar los espacios disponibles y mantener las condiciones de seguridad y movilidad.

Las asociaciones de vecinos de Junta Obras del Puerto y Parques de Ceuta también han exigido la “paralización inmediata” de las obras próximas a ambas barriadas. Los colectivos han expresado su “indignación y profunda preocupación” ante la continuidad de los trabajos. En un comunicado conjunto, los representantes vecinales han recordado que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazó la petición de la Secretaría de Estado de Migraciones. Las asociaciones han señalado que la decisión contó con 11 votos en contra, cuatro a favor y ninguna abstención.

Los vecinos aseguran no comprender “por qué continúan los trabajos si la Autoridad Portuaria ha votado en contra de autorizar dicha ocupación”. También preguntan “cómo pueden seguir adelante unas actuaciones cuando el propio órgano competente sobre ese espacio ha dejado constancia oficial de su negativa”. Las asociaciones indican que llevan varios días movilizándose contra la ubicación elegida para el embolsamiento. A su juicio, las reivindicaciones de los residentes “no pueden seguir siendo ignoradas”. Entre sus peticiones figuran la suspensión de los trabajos, el respeto a la decisión del Consejo de Administración y una explicación pública sobre la continuidad de las actuaciones.

Cientos de jueces de inmigración en Estados Unidos recibieron en septiembre de 2026 una capacitación obligatoria con instrucciones para reducir drásticamente los plazos otorgados a migrantes que esperan la aprobación o disponibilidad de una visa o green card antes de ser deportados. Entre los afectados figuran menores víctimas de abandono o abuso y sobrevivientes de delitos graves, según materiales de capacitación del gobierno federal obtenidos por The Guardian.

La presentación virtual, titulada “Motions to Continue: Efficiently Advancing Cases to Completion” (“Mociones de continuación: avanzar los casos hacia su resolución de manera eficiente”), fue dirigida por Keith Hunsucker, juez de la Junta de Apelaciones de Inmigración —la rama de apelaciones de los tribunales migratorios—, quien rechazó más del 80% de las solicitudes de asilo durante gran parte de su trayectoria en los tribunales de inmigración.

La capacitación, a la que asistieron los magistrados, buscó restringir el uso de las llamadas continuances o prórrogas procesales, una herramienta legal que históricamente ha permitido a los migrantes ganar tiempo para conseguir abogado, fortalecer su caso o aguardar una decisión de otra agencia federal.

Qué son las “continuances” y por qué importan en los tribunales migratorios

En el sistema judicial migratorio de Estados Unidos, una continuance es el aplazamiento de una audiencia o de la resolución de un caso. Los jueces de inmigración pueden concederlas cuando una persona necesita tiempo para contratar representación legal, cuando su solicitud está pendiente de evaluación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) —que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)—, o cuando aguarda la disponibilidad de una visa ya aprobada, sujeta a cupos anuales.

El mecanismo cumple una función central en el debido proceso migratorio: sin esas prórrogas, una persona puede llegar a una audiencia sin abogado y ser deportada antes de que una agencia federal haya procesado su solicitud. Según los materiales obtenidos por The Guardian, la capacitación impartida por Hunsucker apuntó a reducir ese margen al mínimo, con el argumento de que algunas prórrogas se solicitan únicamente con fines dilatorios.

“Las solicitudes de continuance presentadas exclusivamente con fines de demora no deben ser admitidas por los jueces de inmigración”, se leía en una de las diapositivas, según el medio británico.

Los grupos más vulnerables ante la nueva directriz de deportaciones

La capacitación identificó dos categorías de migrantes en riesgo: jóvenes que pueden calificar para la clasificación de inmigrante juvenil especial (SIJ), destinada a menores abandonados, maltratados o descuidados, y víctimas de delitos graves que buscan una visa U, mecanismo de protección para sobrevivientes de crímenes violentos que colaboran con las autoridades.

Ambas vías de protección requieren tiempo de procesamiento. Una deportación, según advirtieron defensores de migrantes en respuesta a la nota de The Guardian, puede cerrar o dificultar significativamente esas opciones: algunos estatus migratorios se vuelven inaccesibles para quienes han sido expulsados del país, lo que convierte una orden de deportación apresurada en un obstáculo permanente para solicitudes legítimas.

La presentación también planteó que una petición de visa aprobada no debería retrasar los procedimientos de deportación si la visa en sí aún no está disponible por los cupos anuales, aunque la persona calificada fuera a recibirla en una fecha posterior no especificada. Esta postura preocupó a críticos que señalaron que esos tiempos de espera escapan al control del solicitante y dependen de las listas de espera de USCIS, no de su inacción.

La administración Trump y el argumento del atraso histórico en los tribunales de inmigración

La justificación oficial de la medida se enmarca en la crisis de acumulación de casos en los tribunales migratorios. Según los materiales de capacitación, hay alrededor de 3,2 millones de expedientes pendientes a nivel nacional. Hunsucker presentó la restricción de las prórrogas como una herramienta para reducir ineficiencias y demoras evitables. Una diapositiva planteó que, cuando una parte “duerme sobre sus derechos” y no demuestra diligencia, la prórroga no está justificada.

En respuesta a una solicitud de comentario de The Guardian, un vocero del Departamento de Justicia afirmó, sin revelar su identidad: “Reducir el atraso en los tribunales de inmigración sigue siendo una de las principales prioridades de esta administración. El Departamento de Justicia está restaurando la integridad de nuestro sistema migratorio al resolver los casos de manera justa, expedita y uniforme, conforme a la ley”, según recogió el medio.

Un vocero de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia afirmó que la agencia prioriza la resolución oportuna de todos los casos y que los jueces deben cumplir la legislación migratoria, reglamentos, decisiones precedentes y políticas de la EOIR. Según The Guardian, agregó que las demoras innecesarias perjudican a extranjeros con solicitudes legítimas y al público estadounidense, que desea que los extranjeros con solicitudes sin mérito sean removidos rápido.

Acceso a representación legal y el riesgo de deportación sin abogado

La restricción de prórrogas afecta la posibilidad de que los migrantes tengan abogado. Según documentos obtenidos por The Guardian, la capacitación indicó que los jueces podrían dar hasta 10 días para conseguir representación legal antes de continuar el caso. Una fuente anónima cuestionó ese plazo: “Pensé: ¿quién tiene tiempo de encontrar un abogado en 10 días?”.

Tener abogado impacta el proceso migratorio: entre 2019 y 2024, casi una cuarta parte de los migrantes con representación recibió orden de deportación, contra más del 60% sin abogado, según el American Immigration Council. En junio, solo una quinta parte de quienes recibieron orden de deportación tenía representación.

Los abogados migratorios también quedan bajo presión

La capacitación incluyó una advertencia a los abogados de inmigración: si aceptan más casos de los que pueden manejar, el juez podría remitirlos al consejo disciplinario de la EOIR para posible sanción. Críticos alertaron que esta amenaza, junto a la escasez de representación legal, agrava la situación de los migrantes más vulnerables.

“No hay espacio para ser amable; solo existe la urgencia de hacer que se vayan, de una manera u otra”, dijo la fuente anónima citada por The Guardian, al describir el espíritu de la capacitación.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que permite al fiscal general emitir decisiones con valor de precedente y controlar sus operaciones. Según The Guardian, esto hace que directrices como las de esta capacitación obligatoria tengan alcance inmediato sobre cientos de jueces en todo el país.

La Unión Europea financia la construcción de dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal, uno en Dakar y otro en la región de Saint-Louis, destinados a las personas rescatadas o interceptadas en el mar. La Comisión Europea sostiene que las instalaciones servirán para la recepción, la asistencia, el registro y la derivación de quienes desembarquen en territorio senegalés tras un rescate marítimo. “La UE apoya la creación de dos centros de acogida temporal en Senegal, en Dakar y en la región de Saint-Louis, para asistir a los migrantes tras su desembarco en territorio senegalés”, indicó la Comisión Europea en respuesta a una solicitud de información de Infobae España.

La estancia ordinaria prevista será de 72 horas, con posibilidad de prórroga en situaciones excepcionales de salud, protección o vulnerabilidad, siempre autorizada por las autoridades senegalesas. Bruselas asegura que los centros “no estarán vinculados a procedimientos de retorno”, por lo que, según su propia explicación, no funcionarían como alojamiento permanente ni como espacios para ejecutar expulsiones o repatriaciones.

La iniciativa se integra en una Asociación Operativa Conjunta desarrollada por CIVIPOL, la empresa pública de cooperación del Ministerio del Interior francés, y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), con un presupuesto de 35,75 millones de euros. La Comisión señala que el proyecto responde a una petición de las autoridades senegalesas, interesadas en contar con un mecanismo nacional que ordene la acogida y derivación de las personas rescatadas.

Senegal se hará cargo de la gestión y el marco jurídico de los centros

El diseño, el marco jurídico y la gestión de las instalaciones corresponderán en exclusiva a las autoridades de Senegal, según precisó la Comisión Europea, que no intervendrá en el funcionamiento cotidiano de los centros. Las organizaciones internacionales y las entidades de la sociedad civil podrán prestar servicios especializados, siempre bajo coordinación senegalesa.

El proyecto contempla atención específica para menores no acompañados, mujeres embarazadas, personas enfermas o heridas, posibles víctimas de trata y quienes puedan necesitar protección internacional, todos ellos derivados a los servicios correspondientes. A principios de 2026, Bruselas firmó además un contrato con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Senegal, identificada como tercero independiente, con el fin de garantizar que la gestión de los centros respete los derechos humanos.

Las obras en Dakar ya empezaron, Saint-Louis está a la espera

Las obras del centro de Dakar están en marcha desde principios de 2026, según la Comisión Europea, mientras que los trabajos en Saint-Louis comenzarán “muy pronto”. Según publica Africa Intelligence, el centro de Dakar podría entrar en funcionamiento antes de que acabe 2026, y el de Saint-Louis se prevé para 2027.

Estos centros forman parte de negociaciones más amplias entre Dakar y Bruselas sobre migración, inversiones y seguridad. En ese marco, los comisarios europeos Jozef Síkela y Magnus Brunner se reunieron en marzo con el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye. Según Africa Intelligence, ambas partes trabajan desde entonces en un borrador de declaración conjunta sobre esa asociación.

Los centros se financian con cargo al Programa Operativo Conjunto II (POC II), el mismo mecanismo que costeó en marzo la entrega de patrulleras y otras embarcaciones a la Policía y la Gendarmería senegalesas, dentro de las operaciones europeas contra el tráfico de personas. Lanzado en diciembre de 2023 y con vigencia hasta 2028, el POC II contempla también la construcción de puestos fronterizos y el refuerzo de unidades de vigilancia.

La primera fase del programa se centró en las redes de tráfico de migrantes y trata de personas; la segunda añade la lucha contra el terrorismo, según documentos de la Comisión Europea citados por Statewatch. En octubre de 2024, la entonces comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, anunció un refuerzo de 30 millones de euros para Senegal, canalizado en buena parte a través del POC II.

Los fondos proceden del Mecanismo Flexible para la Migración y el Desplazamiento Forzado en África Subsahariana, dotado con cerca de 80.000 millones de euros a escala global. El POC II está ejecutado por CIVIPOL y la FIIAPP y cuenta entre sus socios institucionales con la Policía Nacional, la Gendarmería, Aduanas y el Ministerio de Justicia senegaleses.

La cooperación entre Dakar y Bruselas incluye además la lucha contra la pesca ilegal, el impulso a la inversión europea a través del programa Global Gateway, que ya movilizó unos 1.300 millones de euros en el país, y la ampliación del Tren Expreso Regional financiada junto con la Agencia Francesa de Desarrollo.

El antecedente mauritano: otro POC europeo con participación de la FIAP

Los centros previstos en Senegal se insertan en una red de Programas Operativos Conjuntos (POC) financiados por la Unión Europea en África Occidental para reforzar la cooperación policial, la gestión de fronteras y la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas. El POC II Senegal y el POC Mauritania son proyectos distintos, sujetos a las autoridades de cada país, pero ambos cuentan con participación de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), denominada hasta marzo de 2025 Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

El POC Mauritania, financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África y ejecutado con participación de la entonces FIIAPP, incluyó la rehabilitación de dos Centros de Acogida Temporal de Extranjeros en Nuakchot y Nuadibú. El proyecto tuvo un presupuesto global de 4,5 millones de euros y finalizó el 30 de septiembre de 2025, según la FIAP. La UE presenta ambos recintos como centros de acogida temporal para personas desembarcadas tras rescates o interceptaciones marítimas. La estancia máxima prevista también es de 72 horas, durante las cuales las autoridades deben identificar a personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de trata o posibles solicitantes de protección internacional.

Investigaciones de El Salto, la Fundación porCausa y El Español cuestionan esa definición. El Español los describe como espacios de privación de libertad bajo tutela española en un país tercero. Fuentes citadas por ese medio sostienen que agentes de la Policía Nacional española acuden a ambos centros para tomar huellas, fotografías y otros datos de identificación de las personas retenidas, en actuaciones vinculadas con investigaciones sobre redes de inmigración irregular, en particular a través de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF).

El 27 de agosto de 2025, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe de 142 páginas basado en 223 entrevistas, en el que documentó abusos contra 78 personas. La organización atribuyó a fuerzas de seguridad mauritanas casos de tortura, violación y otras agresiones, arrestos y detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de reclusión, trato racista y expulsiones sumarias o colectivas. La investigación de porCausa, por su parte, indica que, a diferencia de la normativa española, las instalaciones mauritanas contemplan la retención de menores, incluidos bebés lactantes.

Existen similitudes formales entre los centros proyectados en Senegal y los ya abiertos en Mauritania: financiación europea, participación de organismos públicos franceses y españoles, vinculación con Programas Operativos Conjuntos y una estancia inicial de hasta 72 horas. No permiten anticipar, sin embargo, cómo funcionarán las instalaciones senegalesas cuando entren en servicio.

Un ciudadano marroquí en situación irregular ha sido detenido en Ceuta después de que amenazara presuntamente con apuñalar a un militar del Grupo de Regulares durante una intervención en la zona del puerto. Según confirma Europa Press, el incidente ocurrió en la tarde del jueves, cuando un ciudadano avisó a los efectivos que patrullaban por el área sobre la presencia de un hombre que intimidaba a los viandantes. Según el aviso, llevaba un palo en la mano y provocaba inquietud entre las personas que transitaban por el lugar.

Los militares iniciaron una búsqueda en las inmediaciones para localizar al individuo. Poco después, encontraron a un hombre cuyas características coincidían con la descripción aportada por el ciudadano que había dado la alerta. Al advertir la presencia de la patrulla, el sospechoso huyó en dirección al puerto de Ceuta. Uno de los militares logró alcanzarlo tras una persecución por la zona. El hombre sacó entonces un arma blanca que llevaba oculta y amenazó al militar con agredirlo y apuñalarlo. Otros integrantes del Grupo de Regulares acudieron en apoyo de su compañero y lograron reducirlo. Una vez controlada la situación, los efectivos procedieron a detenerlo. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Reglas de enfrentamiento para militares

El Ministerio de Defensa ha activado reglas de enfrentamiento para los militares desplegados en Ceuta, una medida que autoriza el uso de armas de fuego en situaciones de legítima defensa. La decisión se adoptó tras varios ataques contra patrullas militares, que incluyeron lanzamientos de piedras y botellas con líquido corrosivo. La tensión entre las asociaciones estaba creciendo por su demanda para poder defenderse.

El armamento con munición real no estará disponible para todos los integrantes de cada unidad. Según la medida, solo uno de cada cuatro o cinco efectivos de una patrulla portará el arma cargada. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) cuestionó esta limitación. Su presidente, Marco Antonio Gómez, consideró insuficiente que una única persona concentre la posibilidad de responder con munición real ante una situación de peligro. ATME reclama que todos los militares que participan en las patrullas cuenten con su armamento reglamentario y munición real.

La autorización llegó después de varios incidentes en Ceuta. El pasado viernes, de madrugada, un grupo de personas lanzó piedras contra militares y causó heridas leves a un sargento y a una militar. Dos días antes, una patrulla fue atacada en Benzú. Entre 30 y 40 migrantes rodearon un vehículo militar y arrojaron piedras contra los cuatro efectivos que se encontraban en su interior.

ATME sostiene que los militares han patrullado desarmados o con armas sin munición desde el inicio de la crisis migratoria. La asociación reclama una definición clara de las facultades de los efectivos ante agresiones con piedras, cócteles molotov u otros objetos. Gómez también planteó dudas sobre la cobertura jurídica de quien deba decidir si usa el arma. La organización pide, además, que los militares desplegados en Ceuta recuperen la condición de agentes de la autoridad, como ocurrió durante el estado de alarma por la pandemia.

Las declaraciones se produjeron durante una visita de trabajo a la provincia de Rioja, en la región San Martín, donde Fujimori también anunció la compra estatal de arroz para pequeños productores y la entrega de ocho mil títulos de propiedad agrícola.

Facultades para fortalecer inteligencia y penales

La mandataria explicó que las facultades solicitadas permitirían determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles o terroristas, una calificación que endurecería el marco legal para su persecución. “Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia, porque desde hace unos años no tienen capacidad operativa”, afirmó Fujimori en declaraciones recogidas por TV Perú.

La presidenta añadió que el objetivo también incluye lograr que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de manera conjunta y asuman mayor control de los penales del país. “Invocamos al Congreso de la República a que ellos puedan analizar este pedido de facultades de una manera rápida”, sostuvo.

Coordinación institucional

Sobre el trabajo actual en materia de seguridad, Fujimori detalló que existe coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La mandataria calificó el pedido de facultades especiales como la parte más relevante de su agenda de seguridad, al vincularlo directamente con la recuperación del orden público y la respuesta al fenómeno climático de El Niño.

Consultada sobre una obra paralizada en la carretera Soritor-Rodríguez de Mendoza, la presidenta indicó que existen miles de proyectos detenidos a nivel nacional y que cada ministerio realiza un análisis técnico para garantizar su financiamiento y ejecución.

Expulsión de inmigrantes indocumentados

La presidenta Keiko Fujimori señaló que el pedido de facultades especiales presentado ante el Congreso incluye una política para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados. La medida forma parte de las acciones planteadas por el Ejecutivo en materia de seguridad, junto con el combate a las organizaciones criminales, el fortalecimiento del servicio de inteligencia y una mayor participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Fujimori precisó que el Congreso recibió la solicitud de facultades el día previo a su visita a San Martín y exhortó al Legislativo a evaluar el pedido con rapidez. La mandataria no detalló el mecanismo que se aplicaría para acelerar las expulsiones ni estableció un plazo para su implementación.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por el asesinato del tecladista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa y su familia, el pasado 2 de septiembre en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Asimismo, reveló que su reunión con el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, se centró principalmente en su libro, donde hace una reflexión sobre cómo el uso de plataformas digitales puede influir en los resultados de las elecciones, así como el aumento de la ultraderecha en los últimos tiempos.

Termina la conferencia matutina

Sheinbaum anuncia grupo de K-pop con la visita de presidente de Corea del Sur

“Sí, sí va a venir. No, no recuerdo el día, pero sí viene, viene el presidente de la República de Corea”, confirmó, agregando que el mandatario vendrá acompañado de un grupo de K-pop.

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Migrantes enviados a países de Centroamérica

“No estamos de acuerdo. No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, algún país de Centroamérica. Ninguna razón. Y lo que hacemos, además de manifestar nuestra inconformidad, es que de inmediato que llegan, tenemos un acuerdo con estos países y nuestros consulados están pendientes. En el momento en que llegan, los recibe el consulado y tenemos contratados vehículos para que puedan subir a los vehículos y puedan venir de inmediato a México. Y aquí se les atiende con México te abraza”, expresó la mandataria mexicana.

/mexico/2026/09/03/mexico-pide-a-eeuu-frenar-deportacion-de-mexicanos-a-centroamerica-han-sido-repatriadas-mas-de-2-mil-personas/

Denuncian gasolineros por red de extorsión en verificentros de Edomex

“Gasolineros lo denunciaron, a partir de ahí, la Fiscalía del Estado de México, que escuchó la denuncia en la mañanera, realizó una investigación y encontró que, en efecto, había corrupción de alguien que tenía un puesto en el gobierno del Estado de México y que pedía dinero para no hacer las sanciones que correspondían. Entonces procedió a hacer la detención y ya le corresponde a la Fiscalía del Estado de México, pues si hay más involucrados o no. Entonces, es una investigación que lleva la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y como lo hemos dicho, hasta nosotros no tenemos complicidades con nadie”, afirmó la líder mexicana.

Iniciativa para la prevención de delitos en casinos

“Por instrucción de la presidenta estamos en la revisión, ya está casi terminada la revisión interna, digamos, hacia las diferentes dependencias que conforman el gobierno y que puede tener alguna incidencia en estos lugares que son casinos y lugares para apuestas, centros de entretenimiento. Entonces ya estamos con avances, ya tenemos una propuesta de ley, todavía la vamos a poner a consideración del gabinete de seguridad, pero ya la hemos estado viendo con diferentes instancias”, declaró Rosa Icela Rodríguez.

Acciones de prevención, atención y búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas

La Segob informó sobre las acciones implementadas para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas

• Garantizar que todos los registros en el RNPDNO cuenten con datos completos.
• Lograr que todas las personas desaparecidas cuenten con una carpeta de investigación.
• Informar los avances en la búsqueda y localización de personas.
• Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).
• Búsqueda en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas.
• Plan de Identificación Humana para abatir el rezago forense en conjunto con la FGR.
• Trabajo con SSPC y Guardia Nacional para dar de baja páginas y sitios utilizados por grupos delictivos para contactar a jóvenes.
• Fortalecimiento de la CNB con personal y equipo especializado.
• Atención a familias de personas desaparecidas y colectivos.
• Reuniones con familias y colectivos de todo el país para presentación de la estrategia.

La jefa de Estado adelantó que una de las propuestas para combatir el huachicol fiscal dentro del Paquete Económico 2027 es que el IEPS a los combustibles tengan trazabilidad.

Sheinbaum confirma que el Gobierno envió la iniciativa de la doble nacionalidad y la Ley General para atender el feminicidio al Congreso. El martes se enviará todo el Paquete Económico 2027.

Testamento político de la presidenta de México

La mandataria mexicana aseguró que no cuenta con un testamento político, enfatizando que solo tiene a su nombre un departamento ubicado Coapa, cerca del Estadio Azteca. “Estoy heredando en vida a mis hijos”.

Sheinbaum habla sobre el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo

“Sí, me lo informaron desde ayer. Es, en efecto, una situación muy triste, lamentable. Ya hay detenidos y ya se conocen también las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia. Incluso ya salió en los medios una publicación y se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación. Pero ya hay detenciones”, comunicó la jefa de Estado.

Problema de agua en Ecatepec: habilitan nuevos pozos

Claudia Sheinbaum dio a conocer que 24 pozos de agua que no estaban en funcionamiento ya están operando en Ecatepec, destacando el trabajo de rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la zona.

“Se trabaja muy bien con la presidenta municipal, con Azucena, y se está avanzando. La zona metropolitana del Valle de México, particularmente el oriente, y por eso el plan que estamos desarrollando, las acciones que estamos desarrollando, pues durante mucho tiempo fue abandonado, principalmente, pues por los gobiernos del Estado de México”, señaló.

Encuentro entre Marcelo Ebrard y Howard Lutnick

La jefa de Estado aseguró que el secretario de Economía se encuentra trabajando “muy intensamente”, al igual que su equipo, para alcanzar un acuerdo en la reducción de aranceles implementados por Estados Unidos.

• Migración, seguridad y comercio: los temas prioritarios en la relación bilateral entre México y EEUU.

“Cada quien es responsable de sus actos”, declaró la mandataria mexicana sobre el caso del senador Enrique Inzunza tras su renuncia como funcionario de Morena.

/mexico/2026/09/03/regreso-de-enrique-inzunza-al-senado-es-prueba-de-autonomia-senala-sheinbaum-cada-quien-es-responsable-de-sus-actos/

Reunión de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro

Claudia Sheinbaum informó que durante su reunión con el expresidente colombiano, Gustavo Petro hablaron sobre el libro que se está escribiendo, donde hace una reflexión sobre cómo el uso de plataformas digitales puede influir en los resultados de las elecciones, así como el aumento de la ultraderecha en los últimos tiempos.

“Entonces, platicamos de eso, de la reflexión que está haciendo en su libro. Le platiqué de México, de que nuestra perspectiva es muy distinta, porque aquí, pues hay una gran mayoría del pueblo de México que apoya la transformación y los resultados que hemos tenido y que la gente está contenta con el trabajo que está haciendo el gobierno y con la transformación, con el proyecto de nación. Fueron algunos temas de los que platicamos. Lo invitamos a que pudiera, a través de el Instituto de Historia y la Revolución Mexicanas, que ahora va a ser un instituto, o ya es un instituto de investigación y docencia pudiera venir a dar algunas pláticas. En fin, sobre estos temas platicamos”, declaró.

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Rosa Icela Rodríguez presentó los avances por parte de la Secretaría de Gobernación

“Hay cero censura, hay cero represión”, aseguró

• Migración: De octubre de 2024 a junio 2026 se reportaron más de 86 millones de entradas de visitantes a México. 281 mil 777 personas repatriadas y 1.6 millones de servicios brindados.
• Construcción de paz: visita casa por casa: 545 mil 207; ferias de paz: 869 y artículos y enseres entregados: 3.5 millones.
• Atención a las causas: Armas de fuego intercambiadas hasta el 31 de agosto: 13 mil 144; trámites y servicios: 8 millones 562 mil 497; 4 millones 981 mil 462 personas beneficiadas.

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Comienza la conferencia matutina

Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves en Ceuta a una mujer española como presunta autora del homicidio de un joven de nacionalidad marroquí. Según han adelantado a Efe fuentes policiales, la víctima se encontraba dentro del domicilio de la detenida.

Los hechos han ocurrido esta mañana alrededor de las 7:00 horas, en la zona de Poblado de Regulares, en la ciudad autónoma. Tras mantener una discusión con el joven, que se encontraba dentro de su vivienda, la mujer habría utilizado un arma blanca, un cuchillo, para acabar con su vida.

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La Policía Nacional ha detenido a la implicada por el presunto delito de homicidio. Por el momento, se desconoce si la víctima, de nacionalidad marroquí, llegó a España tras la entrada masiva de migrantes a finales del mes de julio. Sí han podido confirmar, a través de los testimonios de los vecinos, que se trataba del primo de la arrestada.

Según han precisado las fuentes policiales, el joven estaba viviendo en casa de su prima, un inmueble de tres plantas, y recibió una puñalada en el pecho que resultó ser mortal.

Actualmente, los agentes investigan en qué situación se encontraba el joven, que carecía de documentación para una residencia legal en el país. Además, intentarán averiguar las circunstancias de la presencia de la víctima dentro de la casa y los motivos por los que la mujer decidió cometer la agresión con arma blanca.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió el 1 de septiembre un dictamen que amplía la obligación de los gobiernos estatales de informar al Departamento de Seguridad Nacional sobre personas sin presencia legal en el país. El dictamen, difundido el 2 de septiembre, fue elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica y es una interpretación oficial de la legislación vigente, no una ley aprobada por el Congreso.

La medida alcanza a todos los estados que participan de los programas Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), dos de los mayores programas de asistencia social del país. Según el Departamento de Justicia, el incumplimiento puede tener consecuencias graves, entre ellas la pérdida del financiamiento federal asociado a esos programas.

Qué cambia para los gobiernos estatales con el nuevo dictamen jurídico

Hasta ahora, la obligación de informar al DHS sobre personas sin estatus legal estaba acotada, por una interpretación emitida en 1998 durante el gobierno de Bill Clinton, a las agencias estatales que administraban directamente TANF o SSI. La nueva opinión revierte ese criterio y establece que el deber recae sobre el conjunto del gobierno estatal cuando el estado acepta fondos de esos programas.

En la práctica, esto significa que dependencias que no tienen relación directa con la administración de beneficios sociales —como departamentos de vehículos motorizados, universidades públicas u otras oficinas del gobierno estatal— podrían quedar alcanzadas por la obligación, en la medida en que dispongan de información relevante sobre personas sin presencia legal en el país.

Joshua Craddock, subsecretario adjunto de Justicia y autor de la opinión, sostuvo que la lectura de 1998 fue incorrecta. “Nos vemos obligados a concluir que nuestra opinión anterior erró en su análisis y resultado”, escribió Craddock, según recogió The Guardian. El funcionario también descartó el argumento de que la inacción del Congreso durante décadas equivalía a un aval implícito de la interpretación anterior.

Qué son TANF y SSI y quiénes reciben esos fondos federales

TANF es un programa federal de asistencia a familias de bajos ingresos. Provee transferencias de dinero y servicios a hogares que no alcanzan ciertos umbrales de ingresos, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y promover el empleo. Los subsidios federales de este programa superan los USD 16.400 millones anuales, según consta en el comunicado del Departamento de Justicia.

SSI, por su parte, brinda asistencia económica a personas mayores de 65 años, ciegas o con discapacidad que cumplen ciertos requisitos de ingresos y patrimonio. Los beneficios federales de este programa superan los USD 60.000 millones anuales, de acuerdo con datos de Reuters. Ambos programas pertenecen a la red de protección social de Estados Unidos, aunque tienen poblaciones destinatarias y mecanismos de financiamiento distintos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las personas inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para recibir beneficios directos de TANF ni de SSI. Los 50 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios participan de ambos programas.

La ley de 1996 y el cambio de interpretación del Departamento de Justicia

La nueva opinión se fundamenta en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996, conocida por su sigla en inglés como PRWORA. Esa ley incluyó disposiciones que exigen a los estados informar a las autoridades migratorias federales sobre personas que saben que no están en el país de forma legal.

El punto central del debate jurídico es el alcance del término “Estado” en el texto de la ley. La interpretación de 1998 lo entendía como referido exclusivamente a la agencia estatal encargada de administrar los beneficios. La Oficina de Asesoría Jurídica sostiene ahora que el Congreso definió ese término de forma amplia, de modo que abarca a la totalidad del gobierno estatal y a todos sus organismos componentes.

T. Elliot Gaiser, fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica, defendió la reinterpretación. “Cuando un estado elige participar en TANF, acepta la obligación de informar sobre extranjeros ilegales en Estados Unidos”, afirmó en un comunicado publicado por el Departamento de Justicia. La Oficina retiró formalmente la opinión de 1998.

Qué consecuencias pueden enfrentar los estados que no cumplan con la nueva política

El Departamento de Justicia advirtió que los estados que no se ajusten a la nueva interpretación pueden enfrentar consecuencias serias, incluida la pérdida de financiamiento de TANF y SSI. Las agencias federales quedan autorizadas a actualizar los acuerdos de financiamiento y los procesos de cumplimiento para reflejar el nuevo criterio jurídico.

La opinión rige de manera prospectiva: los estados no recibirán sanciones retroactivas por haber seguido la interpretación de 1998 mientras estuvo vigente. Sin embargo, se espera que ajusten su conducta a partir de ahora.

Craddock señaló además que los estados que rechacen las nuevas condiciones tienen la posibilidad de retirarse de los programas, aunque abandonar TANF o SSI tendría consecuencias directas sobre sus sistemas de asistencia social y sobre las poblaciones que dependen de esos recursos.

Posibles impugnaciones judiciales en el contexto de la política migratoria de Trump

La decisión se inscribe en la política migratoria que la administración de Donald Trump impulsa desde enero de 2025 para ampliar la cooperación de gobiernos estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.

La nueva interpretación podría enfrentar desafíos judiciales, especialmente de estados gobernados por demócratas. Según NBC News, varios procuradores generales ya resistieron intentos previos de la administración de imponer ese tipo de colaboración.

El debate jurídico abarca los límites de esa cooperación y el acceso federal a datos personales de beneficiarios de programas sociales. El Departamento de Justicia sostiene que la obligación de informar se deriva de la ley de 1996 y de las condiciones asociadas a la recepción de fondos federales.

Los estados que discrepen tendrán la vía judicial como recurso.

El presidente ha anunciado desde la tribuna que, en un ejercicio de transparencia, publicará un dossier con todos los informes sobre la crisis migratoria remitidos desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La decisión ha recibido el apoyo de todos los diputados de la bancada socialista, que han aplaudido con fuerza la noticia. Todos, salvo una: la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Las cámaras del hemiciclo han mostrado cómo Robles se abstenía del aplauso en este momento e incluso torcía el gesto al escuchar la noticia. La ministra ha protagonizado en los últimos días uno de los principales choques dentro del Gobierno socialista: si el CNI informó o no de que la entrada masiva desde Marruecos iba a suceder.

El Congreso reaviva el choque entre Robles y Marlaska

Robles ha asegurado que, antes del inicio de la crisis, se produjeron avisos de que la entrada masiva iba a ocurrir. Entre ellas, la ministra aseguró en varias ocasiones que funcionarios del CNI informaron el día de antes de una convocatoria para entrar a nado a España “aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino”.

Las declaraciones de Robles no han sido respaldadas por ningún miembro del Ejecutivo. La Delegación del Gobierno en Ceuta aseguró horas después que no recibió “en ningún momento” informes que advirtieran de lo que iba a suceder. También lo ha negado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha reiterado en varias ocasiones que “no hubo ningún informe” que alertara de la crisis migratoria y que, de haberse sabido, la información se habría elevado “a las más altas instancias” para adoptar las medidas necesarias.

Este jueves, Sánchez ha vuelto a insistir en la falta de avisos. “Hemos revisado todas las notas del CNI, de nuestras Fuerzas de Seguridad durante aquellos días, y ninguna iba más allá del aviso rutinario y ninguna preveía la escala”, ha asegurado durante su comparecencia. Respecto al CNI, el presidente ha especificado que el centro “hizo dos informes de la situación y decían que se aumentaban los cruces por el espigón y se recomendaba aumentar la precaución”, sin avisos de una situación extraordinaria.

“Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y otra es decir que iban a entrar 70.000. Eso no lo hizo ningún informe. Esto no es acusar a ningún organismo. Es decir la verdad”, ha insistido Sánchez. El presidente ha asegurado que “el Gobierno no tiene nada que ocultar” y ha ordenado publicar todos los informes relativos a la crisis migratoria. El dossier prometido por el líder del Ejecutivo podría confirmar o echar por tierra la versión de Margarita Robles, que ha rechazado aplaudir el anuncio.

Una nueva tragedia migratoria ha dejado más de 80 muertos en la ruta atlántica hacia Canarias, entre las que se encontraba un bebé. El cayuco en el que viajaban salió hace 26 días desde Gambia con 127 ocupantes y ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva al sur del archipiélago, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes y cinco cadáveres.

Según ha confirmado a EFE Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones este miércoles por la tarde a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche. Los rescatadores se vieron obligados a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados, debido al mal estado del mar.

La Guardia Civil ha confirmado a la ONG Caminando Fronteras que el cayuco tenía unas inscripciones en su casco que coinciden con una embarcación que partió el 7 de septiembre desde Gambia con 127 ocupantes. Este dato también ha sido confirmado por los supervivientes, ya que durante la asistencia de Cruz Roja en el muelle de Arguineguín, han afirmado que habían partido hacia Canarias con “más de cien personas” y que muchas murieron durante la travesía.

“La información que hemos podido contrastar hasta el momento es que se trata de una alerta que dimos a las autoridades de búsqueda y rescate de 127 personas, entre ellas cuatro mujeres y una bebé, que salieron de Gambia el día 7 de agosto. Durante este tiempo, numerosos familiares han llamado desesperadas, temiéndose lo peor y al final la tragedia se ha confirmado”, explica a Infobae la activista Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras, organización que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España. “Estamos hablando de más de 80 víctimas y, de nuevo, hay que preguntarse por la cooperación entre los servicios de búsqueda y rescate de los distintos países y también de los medios de búsqueda que hay disponibles cuando estas embarcaciones quedan a la deriva y necesitan, evidentemente un rescate urgente”, critica Maleno.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado el fallecimiento de los migrantes que trataban de alcanzar suelo español. “Es insoportable que sigan perdiéndose vidas. Canarias no puede acostumbrarse ni normalizar que el Atlántico siga siendo una ruta de muerte”, ha indicado en su perfil de la red social X.

La ruta más mortífera

Según los informes publicados por Caminando Fronteras, la ruta atlántica sigue siendo la más mortífera de las fronteras hacia España, con 635 muertes registradas entre enero y principios de junio de este año, de acuerdo a los últimos datos publicados. Aunque el número de llegadas de personas migrantes a las costas españolas ha caído significativamente, la peligrosidad del trayecto ha aumentado, de forma que en 2025, por cada 100 personas que lograban arribar, fallecían aproximadamente 14. Este año, la proporción se ha elevado a 21 muertes por cada 100 llegadas.

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos

Ha pasado más de un mes desde la entrada masiva de migrantes a Ceuta y la asistencia sanitaria continúa en tensión. Los últimos datos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para Ceuta y Melilla (Ingesa) notifican más de 300 atenciones en el último día tan solo a la población extranjera que llegó a finales de julio.

La mayor parte de la presión recae sobre las enfermeras: al hospital y centros de salud llegan pacientes para tratarse heridas y otras patologías que competen a estas sanitarias. A la sobrecarga se le une una sensación de inseguridad, acrecentada cuando salen de su centro sanitario para realizar atenciones domiciliarias. Los sindicatos han demandado que se contrate vigilancia privada para acompañar a estas profesionales cuando visitan a los pacientes en sus hogares.

“Los tres centros de salud, el consultorio de Benzú y toda la atención domiciliaria que se cubre por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria está abandonada a su suerte”, asegura Elisabeth Muñoz, portavoz del sindicato SATSE Ceuta. A la hora de hacer las rondas por la ciudad, las enfermeras acuden muchas veces solas y se sienten desprotegidas.

La portavoz sindical apunta que, por el momento, no han tenido que lamentar ataques al propio personal, pero “sí hemos visto agresiones entre los propios migrantes en las que las profesionales se han visto en medio”, señala. “Se les ha increpado por las calles, se les ha gritado, se les ha pedido dinero y, cuando han dicho que no, las profesionales han sido insultadas y amedrentadas. Esta es la realidad que se está viviendo en la calle”, describe.

Asistencia en parejas y viajar en ambulancia para protegerse

Para Alejandro Artero, responsable de Sanidad en CSIF Ceuta, el problema es la falta de control. “Seguimos sin tener identificadas a las personas que han venido, no se les puede hacer un seguimiento como tal”, explica. “Estas personas andan deambulando por la ciudad sin ningún tipo de control, así que irte a realizar un domicilio te supone un riesgo, no sabes lo que te puede pasar”, describe.

La tensión entre las sanitarias creció después del ataque sufrido por una vigilante de seguridad del Hospital de Ceuta, a quien agredieron con arma blanca. “Después de ese momento, sí se puso custodia militar en los accesos del hospital, sobre todo en el servicio de urgencias”, explica. Pero cuando salen del centro, nadie les acompaña.

La situación es más compleja, dice, en zonas como el Tarajal. “Llegas y hay cincuenta personas acostadas en el suelo; no sabes cómo van a reaccionar cuando vean a una compañera sola por el camino”, comenta. Para intentar ir más protegidas, las enfermeras han empezado a hacer estos viajes en pareja y a acudir en ambulancia a los domicilios, pero “sigue siendo igual de vulnerable”, afirma Artero.

El portavoz de CSIF lo compara con las atenciones que prestan los profesionales en la playa del Trampolín: “Ahí, si no estamos con escolta de militares y policías, no puedes atender a los pacientes, porque sabes que tiene un riesgo”, dice.

Por el momento, el Ingesa ha establecido seguridad privada para un grupo de siete enfermeras del centro de salud de El Tarajal, unas medidas que desde SATSE califican de “insuficientes”. El sindicato pide que se extienda la iniciativa a todos los profesionales que realizan atención domiciliaria.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a 2.197 personas en situación migratoria irregular en el estado de Nueva York entre el 27 de julio y el 29 de agosto de 2026. El resultado fue presentado públicamente el 1 de septiembre durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, quien calificó la Operación Rotten Apple (“Operación Manzana Podrida”) como un éxito de la agencia federal.

Según el comunicado oficial del DHS, entre las personas detenidas había individuos con antecedentes o acusaciones vinculadas con homicidio, violación, abuso sexual infantil, secuestro, tráfico de drogas y otros delitos violentos. La dependencia no desglosó cuántos de los arrestados tenían condenas firmes y cuántos enfrentaban únicamente cargos o arrestos previos.

En qué consistió el despliegue

La Operación Rotten Apple fue un operativo de cumplimiento migratorio diseñado y ejecutado por ICE con alcance en todo el estado de Nueva York. Tuvo una duración de 34 días y, de acuerdo con la agencia, fue coordinada con socios federales sin participación de las autoridades estatales ni municipales.

El nombre del operativo alude a una expresión del inglés coloquial —“manzana podrida”— usada para referirse a elementos negativos dentro de un grupo. La elección del nombre forma parte del encuadre comunicacional con el que el gobierno federal presentó la acción ante la prensa.

Según el DHS, el foco estuvo puesto en individuos con historial criminal o acusaciones pendientes en el sistema judicial estadounidense o en el extranjero. La dependencia sostuvo que el operativo fue “deliberado, preciso y fundamentado en la ejecución legal de nuestra misión de seguridad pública”, según las palabras del director de la Oficina de Campo de la ciudad de Nueva York de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE (ERO), Kenneth Genalo.

Cuándo se realizaron los arrestos y qué informó el DHS

El operativo se extendió entre el 27 de julio y el 29 de agosto de 2026, un período de poco más de un mes. El anuncio oficial tuvo lugar el 1 de septiembre, en una conferencia de prensa encabezada por Mullin en la ciudad de Nueva York.

La presentación contó con la participación de cuatro funcionarios federales: el secretario Mullin; Tom Homan, designado por la Casa Blanca como “zar fronterizo”; Kenneth Genalo, director de la oficina de Nueva York de ERO, y Philip Rhoney, director interino de la oficina de Buffalo de esa misma dependencia.

El comunicado oficial no especificó qué proporción de los arrestados fue trasladada a centros de detención, cuántos enfrentaban procesos de deportación en curso ni en qué estado se encontraban los procedimientos legales al momento del anuncio.

Qué dijeron los funcionarios federales sobre el operativo

En la conferencia de prensa, Mullin afirmó que el operativo “hizo lo que los políticos de ciudades santuario en Nueva York se niegan a hacer: volver más seguro al Estado Imperio” y que se realizó “sin ayuda del alcalde Mamdani ni de la gobernadora Hochul”.

Homan dijo que los esfuerzos de ICE por remover amenazas a la seguridad pública “contribuyeron a la mayor disminución del crimen violento en la historia de Estados Unidos”, pero no presentó datos estadísticos independientes.

Genalo afirmó que “las políticas que obstaculizan la cooperación con las autoridades federales de inmigración comprometen la seguridad pública” y que ICE seguirá aplicando la ley federal. Rhoney, desde la oficina de Buffalo, agregó que esas políticas “crean riesgos evitables para los residentes, los agentes y los vecindarios de todo el estado”, según el comunicado del DHS.

Las críticas del gobierno federal a las políticas migratorias de Nueva York

El DHS cuestionó las políticas migratorias de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul y del alcalde Zohran Mamdani, al señalar que limitaron la coordinación local con ICE.

Según el DHS, Mamdani firmó una orden que volvió a la ciudad de Nueva York un escudo para personas en situación irregular con antecedentes penales, facilitando que eludan la custodia federal. Esto ocurrió después de que Hochul propusiera una ley para prohibir la colaboración policial local con ICE.

El DHS afirmó que 13.621 migrantes con antecedentes penales quedaron liberados de cárceles de Nueva York sin ser transferidos a ICE, sin detallar la metodología ni el período correspondiente. Las autoridades estatales y municipales no respondieron al comunicado.

Los casos citados por ICE tras la Operación Rotten Apple

El DHS incluyó en su comunicado una selección de casos individuales para ilustrar el perfil de algunos detenidos durante el operativo. La agencia aclaró en cada caso si se trata de condenas firmes o de arrestos y acusaciones previas.

Entre los casos con condenas, el comunicado menciona a Bogdan Detrovich Gren, nacional de Ucrania, con sentencias por secuestro, muerte como resultado de un rapto, posesión ilegal de armas y asesinato. También figura Palvinder Singh, de India, con una condena por violación cometida en Alemania y Carlos Mendez-Acosta, de Venezuela, condenado por el mismo delito.

En el apartado de tráfico de sustancias, la dependencia citó a Chhun Kim Pril, de Camboya, con una condena por narcotráfico y a Danilo Antonio Rodriguez, de República Dominicana, sentenciado por conspiración para distribuir heroína.

El comunicado también incluyó casos con arrestos o acusaciones, sin condenas firmes. Andreas Bernal Chiquito, de Colombia, figura con arrestos vinculados a abuso sexual contra menores. Noel Celestino Lopez Martinez, de México, tiene registrado un arresto por violación en primer grado.

El DHS no especificó en qué etapa procesal se encuentran esos casos.

El Ejecutivo descarta trasladar a la península a parte de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio y asegura que en los próximos días la ciudad tendrá “capacidad suficiente” para alojarlos al habilitarse unas 6.000 plazas. Lo explicó este lunes el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser, donde detalló que la mayoría de quienes cruzaron la frontera de manera irregular los días 30 y 31 de julio lo hicieron por razones económicas, por lo que “muy previsiblemente” serán devueltos a Marruecos, además de que señaló que el objetivo del Gobierno es que todos los expedientes de los menores migrantes se resuelvan en la propia ciudad autónoma. Según las estimaciones oficiales, en Ceuta permanecen cerca de 5.000 migrantes, de los que 1.200 son menores, y actualmente hay 3.300 plazas disponibles en los centros de atención humanitaria habilitados.

Ese esperado incremento de plazas, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y el de Ceuta, presidido por el popular Juan Jesús Viva, llega un mes después del inicio de la crisis y en un contexto de críticas por parte de organizaciones humanitarias que trabajan en el terreno, como la asociación Elín, que advierte de la persistencia de graves carencias en la atención y protección de los migrantes que permanecen en la ciudad. El colectivo denuncia que la mayoría sigue sin acceso a un alojamiento digno y muchas continúan durmiendo en la calle: “Son más las que no tienen un techo digno de las que sí lo tienen”, señala a Infobae Pilu Alba, voluntaria en esta organización.

La activista insiste en la importancia de separar los alojamientos por perfiles para proteger a los colectivos más vulnerables, como niñas, niños y familias monomarentales. La asociación Elín también pone el foco en la “falta de recursos especializados para personas del colectivo LGTBI”, subrayando que, aunque existe un grupo acogido en un espacio seguro, otras personas siguen en la calle sin alternativas reales.

También denuncian la insuficiencia de suministros básicos como agua y alimentos. En el espacio habilitado en Loma Margarita, donde permanecen alojados migrantes de origen subsahariano, “tienen que seguir bajando enfrente de la fábrica del Guano para ducharse”, lo que supone un desplazamiento de varios kilómetros “con una cuesta bastante grande”. En otro punto donde se alberga a más de 300 mujeres y niñas, añade Alba, solo existen tres baños portátiles sin duchas adecuadas. “No tienen duchas para poder lavarse. Es muy grave”, añade.

El acceso real a tratamientos médicos, sostiene la asociación, también resulta limitado, y advierte que las dificultades para una identificación y triaje adecuado de las personas “afectan directamente a su futuro administrativo”. “Hay muchas personas que vienen con los triajes y lo que se escribe en ellos es muy diferente a lo que han expresado. Estamos acompañándoles en esto, pero es muy difícil tener respuestas o correcciones rápidas”, denuncian. En ese sentido, España ha solicitado a la Comisión Europea la colaboración de Frontex y Europol para acelerar la identificación y clasificación de los migrantes que permanecen en Ceuta, con el objetivo de facilitar tanto las posibles devoluciones a Marruecos o a sus países de origen como la tramitación de solicitudes de asilo para quienes cumplan los requisitos.

El papel clave de las asociaciones y vecinos

La Asociación Elín señala que la respuesta de emergencia ha dependido, sobre todo, del tejido comunitario y social, que continúa ocupándose de tareas como la identificación de perfiles, países de origen y edades, así como del reparto de alimentos, agua y la atención sanitaria, a pesar de las numerosas limitaciones. “Necesitamos canalizar los casos más vulnerables hacia recursos especializados donde realmente se pueda atender a las personas con calidad”, afirma la organización.

También expresan su preocupación por los episodios de violencia registrados la semana pasada, cuando grupos organizados bloquearon el reparto de comida e incendiaron asentamientos en la Playa del Trampolín, además de agredir a periodistas y vecinos musulmanes. La organización cuestiona el papel de líderes políticos, especialmente de la ultraderecha, así como de algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales, a quienes acusa de difundir desinformación y bulos sobre los migrantes en Ceuta, lo que contribuye a aumentar la sensación de inseguridad y a su criminalización, por lo que hace un llamamiento a la prudencia y responsabilidad.

“Por supuesto que hay que movilizarse y exigir tanto al Gobierno local como nacional el despliegue de medios para que Ceuta vaya volviendo poco a poco a una situación más estable, tranquila y positiva, no solo para quienes han llegado, sino también para la propia ciudadanía ceutí. Pero es cierto que este tipo de movilizaciones hay que hacerlas desde la no violencia, el respeto y desde una dimensión mucho más amplia que desde los discursos de la extrema derecha y del racismo. Tenemos que poner a las personas en el centro y eso conlleva respetar la ley, la protección internacional y la protección de la infancia”, concluye Alba.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un paquete de emergencia de 165 millones de euros para Ceuta, unos fondos que se destinarán a impulsar la economía local y a fortalecer los servicios públicos, que se han visto presionados tras la llegada masiva. Esta medida se complementará, a medio plazo, con la ampliación del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de la ciudad autónoma.

Desde el 30 de julio, el Gobierno ha mantenido su defensa de Marruecos como un “socio leal” que ha cooperado en todo momento durante la crisis de Ceuta. Sin embargo, a medida que pasan los días, el papel y la responsabilidad que tuvo Rabat en la entrada masiva que se produjo en la ciudad autónoma queda menos claro. Los analistas discuten sobre el término correcto para lo que sucedió esos días y sobre las acciones de Marruecos y, en medio de esta disputa, aparece de forma recurrente el concepto de “guerra híbrida”.

Esta idea ha sufrido transformaciones a lo largo de los años. Una de las teorías con más peso es la doctrina Gerasimov, que surge tras el artículo escrito por el general ruso Valeri Guerásimov, Jefe del Estado Mayor de Rusia. No es una concepto universalmente aceptado, pues otros teóricos han criticado que estaba muy enfocado en la situación rusa, pero sí que fue de las primeras explicaciones que hablan de la posibilidad de un conflicto sin que llegue a tener acciones militares abiertas.

El enfoque de Gerasimov combina presión política, económica, informativa y humanitaria con el aprovechamiento de actores internos y protestas en el país adversario. También contempla “guerra de información”, acciones encubiertas y, si resulta necesario, un empleo limitado de fuerza convencional y armas de precisión o drones, pero sin ser un elemento indispensable. A ello suma capacidades como la inteligencia artificial y métodos “irregulares” que pretendan desestabilizar al rival desde dentro. En los últimos años, Marruecos ha realizado movimientos que se pueden encasillar en varias de estas características, como el caso Pegasus, las declaraciones de ministros que reclaman la soberanía de Ceuta y Melilla o, en el plano económico, las amenazas con cierres de aduanas.

Exigencias de soberanía marroquí de Ceuta y Melilla

La idea del dominio de Marruecos sobre las ciudades autónomas no es una novedad. La idea del “Gran Marruecos”, que incluye a ambas, la repiten figuras del poder desde hace décadas. No obstante, en el último mes ha vuelto a cobrar peso. Por un lado, a través de ministros marroquíes, lo que se corresponde con la presión política de la que habla Gerasimov, y, por otro, mediante la batalla “informativa”, con titulares en periódicos como Le360 prácticamente diarios.

El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, exigió hace días que ambas ciudades “vuelvan al seno de la patria”, defendiendo supuestos “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre estos territorios. Además, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, en un evento religioso con Mohamed VI presente, insistió en la reclamación con argumentos religiosos y la identidad nacional. El Gobierno español ha respondido rechazando tajantemente cualquier duda sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla, pero no se ha traducido en una llamada a consultas a la embajada.

Uso de la migración y el caso Pegasus

Hay dos enfoques más que permiten establecer conexiones con la doctrina del militar ruso. El primero es el uso de la migración del que le acusan partidos e instituciones. En apenas un día entraron 72.000 personas, según cifras del Gobierno, lo que hace difícil creer que hubo un esfuerzo real de las autoridades al otro lado de la frontera. El PP y el Partido de Izquierda Europea, al que pertenece Izquierda Unida, coinciden en el término de “chantaje migratorio” por parte de Marruecos contra el Gobierno.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO de Ceuta llegan a acusar al ejecutivo marroquí de haber “instrumentalizado a la población como arma contra España”. El propio Gobierno, en el Informe de Seguridad de 2021, advierte de que “se han explotado debates sensibles sobre flujos migratorios irregulares, por ejemplo, difundiendo rumores de ‘oleadas inminentes’ para fomentar polarización social”, aunque no señala directamente a Marruecos.

Si existe una evidencia de amenaza directa contra España por parte de su vecino es el caso Pegasus. En mayo de 2022, el Gobierno reconoció que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la entonces ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus. Según los informes del Centro Criptológico Nacional, se produjeron dos intrusiones en el móvil de Sánchez y una en el de Robles, de las que se extrajeron datos, como también le ocurrió al presidente francés, Emmanuel Macron.

Si bien es el sistema que emplean, Sánchez y los ministros no llegaron a mencionar a Marruecos como ejecutor. El juez Calama ha tratado de afrontar el caso en diversas ocasiones, pero, hace unos meses, lo archivó por “la obstrucción de Israel a cooperar”. Los hackers de Jabaroot flitraron lo que aseguraban que era una lista de 70.000 espías marroquíes. En lo más alto de este engranaje situaban a Abdellatif Hammouchi, señalado por Pegasus y a quien después Marlaska homenajeó con una medalla de la Guardia Civil.

Ceuta es una ciudad fronteriza de 83.000 habitantes acostumbrada a convivir con la complejidad de la inmigración y cuatro comunidades religiosas -cristiana, musulmana, hebrea e hindú-, pero la entrada de 72.000 personas desde Marruecos a finales de julio ha transformado la vida cotidiana de los barrios entre servicios públicos saturados y vecinos que expresan preocupación por la seguridad. Aunque la gran mayoría regresó al país africano en apenas 48 horas, aún permanecen en Ceuta unos 5.000 migrantes, según cifras del Gobierno, aunque la ciudad autónoma eleva esa cifra hasta los 10.000, lo que ha desbordado un sistema de acogida ya de por sí limitado y ha generado un malestar creciente entre la población, incluyendo episodios de tensión como los de la semana pasada, cuando grupos organizados trataron de bloquear el reparto de comida e incendiaron asentamientos en la Playa del Trampolín.

Más de un mes después del inicio de la crisis, Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad y ese impacto se percibe en el ánimo de vecinos como Fátima, María Jesús y Carlos, que expresan a Infobae su temor a salir a la calle y a que la situación se prolongue. “No vemos soluciones reales”, coinciden, y aseguran sentirse “abandonados por las autoridades”. Al igual que ellos, buena parte de la población ceutí pide un control fronterizo riguroso, la agilización de las devoluciones de los migrantes a Marruecos y el traslado urgente de menores a la península para destensionar los recursos de la ciudad.

La sociedad ceutí ha respondido con solidaridad e incluso en barrios como El Príncipe y Sidi Embarek las organizaciones vecinales han convertido campos de fútbol sala en refugios improvisados para mujeres y niñas migrantes para evitar que durmieran en el monte, expuestas a agresiones sexuales. Sin embargo, el paso del tiempo y la respuesta tardía de las instituciones han provocado indignación y hastío entre la población. También les preocupa la dependencia de Ceuta respecto a las decisiones de Marruecos y muchos temen que en el futuro puedan ocurrir episodios similares a esta última entrada masiva.

Para Fátima, una joven ceutí musulmana de 27 años que prefiere no desvelar su verdadero nombre, esta situación “es completamente insostenible”, porque considera que “no hay soluciones realistas ni viables”, pese a las últimas medidas de las administraciones, como el acuerdo entre el Ejecutivo y la ciudad autónoma para habilitar nuevos dispositivos para los migrantes, con el objetivo de acelerar los procesos de identificación y retorno de adultos sin derecho a asilo, el refuerzo policial o la creación de un mando único para gestionar la crisis. Considera que estas acciones son insuficientes y llegan demasiado tarde para responder a un impacto de tal magnitud.

“Hemos sentido un abandono muy grande, nos vemos solos. Ya no es que necesitemos el apoyo de los políticos, porque ni la izquierda ni la derecha hacen nada, sino que necesitamos el apoyo de la población española, del pueblo a nivel nacional”, dice al otro lado del teléfono, confiando en que las manifestaciones convocadas para este miércoles en apoyo a la ciudad, impulsadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en toda España, reúnan una amplia participación. “Sabemos que hay muchos migrantes con problemas muy serios, que huyen incluso de guerras, pero también sabemos que Marruecos utiliza a su propia gente para presionar [a nivel geopolítico] y que muchos creen que al cruzar la frontera van a tener todo solucionado cuando no es así. Al final, los que pagamos somos los ceutíes”, añade indignada.

La joven cuestiona la falta de control fronterizo y la dependencia de Ceuta de las decisiones de Marruecos, “de cómo se levante este país y su estado de ánimo”, resume. Fátima, que trabaja en el sector del comercio, asegura que ya no camina “ni tranquila ni sola por las calles” de Ceuta y que vive “en constante alerta”.

Un miedo latente con Marruecos

La preocupación que describe Fátima se repite en los testimonios de María Jesús y Carlos, un matrimonio ceutí al que todavía le cuesta asimilar lo que está ocurriendo en la ciudad. “Lo estamos llevando como podemos”, admiten. Ambos recuerdan que al inicio de la crisis vieron desde su casa cómo decenas de personas migrantes entraban a la ciudad mojadas, descalzas y con escasa ropa, una escena que les provocó “compasión y tristeza”, conscientes de su sufrimiento y de que “vienen en busca de un mejor futuro”, pero con el paso de los días esos sentimientos se han transformado en miedo e indignación por la falta de respuestas institucionales y la tensión en las calles.

“Esa indignación va creciendo, sobre todo, hacia los gobernantes”, señala María Jesús. Explica que en muchas familias ceutíes persiste desde hace décadas el temor a las reivindicaciones marroquíes sobre la ciudad, ya que sus padres le transmitieron esa inquietud tras la Marcha Verde de 1975, la movilización promovida por el rey Hassan II en el entonces Sáhara español, que precedió a la retirada de España del territorio. No obstante, esta vecina confiesa que nunca imaginó una crisis de tal magnitud como la actual.

El Gobierno marroquí, por su parte, sigue reivindicando los “derechos históricos y geográficos” sobre Ceuta y Melilla, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza esos planteamientos y recuerda que la soberanía de ambas ciudades es española y forma parte de la Unión Europea.

Este matrimonio, además, considera que el cruce masivo no pudo producirse sin la permisividad de las autoridades marroquíes y reprochan al Gobierno español una reacción tardía. Y en el caso de María Jesús, como le ocurría a Fátima, asegura que ahora evita salir sola a la calle al percibir una mayor inseguridad, sobre todo al encontrarse con grupos que, a su juicio, muestran actitudes intimidatorias.

La pareja rechaza los episodios de violencia que han ocurrido en los últimos días y advierte sobre el riesgo de que grupos externos aprovechen la crisis para promover discursos racistas o aumentar la confrontación. “No se trata de linchar a nadie, porque así solo conseguirían romper la ciudad y eso es lo que no queremos”, aseguran. “Solo queremos que vuelva la calma”, concluyen.

Concentraciones en toda España

Respecto a las concentraciones que la Federación de Municipios y Provincias ha convocado para este 2 de septiembre, Día de Ceuta, en apoyo a la ciudad en todos los municipios españoles, PP y Vox han llamado a participar mientras que el Gobierno las considera partidistas. Los actos se celebrarán a las 20:00 horas frente a los ayuntamientos de toda España. En Madrid estarán presentes el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El Ministerio de Sanidad y el colectivo médico llevan cerca de dos años en pie de guerra por las negociaciones del Estatuto Marco. El intento de reforma de Mónica García llevó a los sindicatos a convocar multitud de jornadas de huelga y manifestaciones en protesta por las nuevas condiciones laborales propuestas. Con el conflicto todavía abierto y sin vistas a cerrarse, Ceuta ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno y los facultativos.

Tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio, los servicios sanitarios ceutíes se mantienen en una situación de tensión que los representantes médicos tildan de colapso, pero que desde Sanidad niegan. El ministerio se apoya en los propios datos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo que gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla: desde el inicio de la crisis migratoria, se han realizado una media de 250 a 350 asistencias diarias a la población migrante.

El Gobierno reconoce un “innegable” aumento de la demanda asistencial, pero insiste en que no ha supuesto ni retrasos ni cancelaciones en la atención a la población ceutí. Ello ha sido posible gracias al “sobreesfuerzo” de los trabajadores sanitarios, dijo la ministra durante su intervención en la Comisión de Sanidad el pasado 27 de agosto; pero también al refuerzo de plantilla, con más de 100 contrataciones, y de infraestructura, con la ampliación de camas en el Hospital de Ceuta o la apertura del clúster de emergencia en el servicio de Urgencias.

Pero los médicos viven otra realidad: el sindicato médico de Ceuta (CESM-Ceuta) insiste en el escenario excepcional que viven los profesionales del Ingesa. “La situación de Ceuta es un ejemplo más de la consideración que tiene la ministra de Sanidad hacia el colectivo sanitario y, en especial, el colectivo médico”, valora Víctor Pedrera, secretario general de CESM, en una conversación telefónica con Infobae.

Infradotada, maltratada y debilitada

El problema en la ciudad autónoma no es nuevo, recuerda Pedrera. “En Ceuta tenemos un problema que no nace con la invasión del día 31 de julio”, afirma. “El sindicato lleva años pidiéndole a la ministra que fuera allí y que viera directamente cómo estaba la sanidad ceutí, que estaba en pañales”, asegura.

Para Pedrera, Ceuta es “un área de difícil cobertura no reconocida”, en la que la falta de profesionales médicos ha sido un problema recurrente. “Tenemos, por ejemplo, cuatro radiólogos para un hospital que da servicio en teoría a 87.000 habitantes, pero que en la práctica son muchos más, porque hay que tener en cuenta que no se atiende solamente a los ceutíes, sino a todas las personas que pasan por allí, con o sin papeles”, describe el secretario general de la CESM.

La lejanía de la ciudad con el resto del país, unido a la cada vez más exigente demanda asistencial, “estaba generando cada vez más problemas para encontrar radiólogos, ginecólogos, médicos de familia y otros especialistas”, afirma Pedrera. En su opinión, la crisis migratoria ha llegado a “una sanidad infradotada, maltratada” y “debilitada” de por sí.

La situación se vivía, hasta ahora, sin una sola visita de Mónica García, un hecho que muchos facultativos le han afeado a la ministra. “[A la ministra] Le costó 17 o 18 días ir a Ceuta y fue después de la enorme presión que se hizo desde los sindicatos médicos, de enfermería y del resto de profesiones sanitarias”, señala Pedrera, que critica que García no reconociera tras su visita “la realidad de los médicos, que estaban atendiendo cantidad de gente en los hospitales, en los centros de salud y en la calle”. “La demanda asistencial estaba y está totalmente desbordada”, asegura.

El sindicato denuncia que el refuerzo ha sido insuficiente tras la crisis migratoria: del centenar de sanitarios contratados, alrededor de 7 serían médicos, según las cifras comunicadas por el ministerio.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha justificado este desajuste en sus redes sociales por las características de la población migrante atendida. “Son [personas] mucho más jóvenes que la media de la población ceutí y apenas traen comorbilidades”, ha explicado, por lo que las consultas principalmente se han centrado en “heridas y necesidades de atención específicamente, o fundamentalmente, de enfermería”.

Padilla ha aclarado que, durante los próximos tres meses, se seguirá contratando “a toda la gente que sea necesaria”, para lo que se utilizarán los fondos aprobados este martes en el Consejo de Ministros.

La visa de estudiante para Australia exige presentar información que permita acreditar la identidad del solicitante, su capacidad económica y el motivo académico del viaje. La documentación requerida puede variar según el país de origen y la institución educativa elegida, por lo que el Departamento de Interior australiano recomienda consultar la lista actualizada antes de enviar la solicitud.

En ese proceso, Henar Díaz, una española que vive en Australia, pone el foco en la preparación de los documentos y, en especial, en la explicación que debe dar cada aspirante sobre sus planes de estudio. “Es muy muy muy importante este paso, porque es muy determinante para que decidan si quieren o no quieren que entres en el país”, advierte.

La española se refiere a la carta de presentación o intención, un texto en el que, según explica, el solicitante debe detallar por qué quiere viajar a Australia, qué formación cursará y de qué forma esos estudios pueden contribuir a su futuro profesional.

Los requisitos del trámite

El sistema oficial de solicitud contempla actualmente el requisito de demostrar que el estudiante tiene una razón genuina para ingresar y permanecer en el país con fines educativos. La autoridad migratoria pide respuestas en inglés sobre las circunstancias personales del solicitante, sus vínculos familiares, laborales y económicos, además de los motivos para elegir el curso y la institución.

Díaz señala que el primer requisito es contar con un pasaporte vigente. “Con mínimo seis meses de antelación antes de empezar tu viaje”, indica. Sobre ese trámite, añade una recomendación basada en su experiencia: “Yo te recomiendo que tengas muchísimo más tiempo para que luego no haya follones cuando estés allí”.

El Departamento de Interior de Australia exige un pasaporte válido al momento de presentar la solicitud. También aconseja comprobar que los datos personales incluidos en el formulario coincidan con los que figuran en ese documento, ya que cualquier diferencia puede afectar la evaluación del expediente.

La capacidad económica es otro de los aspectos que menciona Díaz. “Te van a pedir extractos bancarios para que demuestres que tienes dinero suficiente para sobrevivir”, afirma. La autoridad migratoria puede requerir pruebas de fondos para cubrir el viaje, la matrícula, los gastos de manutención durante 12 meses y, si corresponde, los costos de los familiares que acompañen al estudiante.

Entre los documentos que pueden utilizarse para justificar esos recursos figuran los depósitos en entidades financieras, préstamos gubernamentales o bancarios, becas y otras formas de apoyo económico. La administración australiana también aclara que los montos exigidos para la visa son mínimos y que el costo de vida puede ser superior según la ciudad elegida.

Documentación coherente

Díaz subraya, además, la importancia de explicar el proyecto académico. “Te van a pedir tu currículum y tu certificado de estudios traducido por un traductor oficial para que ellos sepan un poquito más de ti”, dice sobre los antecedentes educativos y laborales que, según su experiencia, conviene reunir para la solicitud.

La lista definitiva de documentos no es idéntica para todos los aspirantes. Puede incluir pruebas de dominio de inglés, antecedentes académicos, información financiera y otros respaldos, de acuerdo con el perfil del estudiante y el proveedor educativo. Por ese motivo, las autoridades australianas disponen de una herramienta en línea que permite consultar los requisitos según el pasaporte y el centro de estudios.

Para Díaz, el punto que requiere más atención es el relato sobre la decisión de estudiar en Australia. La española sostiene que debe haber coherencia entre la formación elegida, la trayectoria previa y los planes posteriores al curso.

“En el caso de la visa de estudiante, tener todo este papeleo organizado y sin ningún fallo para que no te rechacen la visa es bastante complicado”, afirma. El Departamento de Interior advierte que, cuando la lista de verificación exige presentar pruebas financieras o de inglés, la ausencia de esos documentos puede derivar en el rechazo del pedido sin que se solicite información adicional.

Díaz recomienda acudir a especialistas antes de enviar el expediente. “Yo te recomendaría que fueses con gente que sabe de verdad, es decir, asesores”, señala. El trámite se realiza de forma electrónica y la documentación debe cargarse en la cuenta del solicitante, por lo que la revisión previa de los archivos resulta relevante para evitar omisiones.

Las reacciones internacionales a la entrevista de Pedro Sánchez continúan. Este martes, el Ministerio de Exteriores ruso ha pedido a España que presente pruebas de su presunta implicación en la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio.

El presidente del Gobierno afirmó el lunes en la Cadena Ser que “hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al Gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo, como es la lucha contra la migración irregular”. Sánchez aseguró que no hay informaciones que apunten a la participación de Marruecos en lo sucedido, pero sí “una internacional ultraderechista” que habría difundido. bulos que motivaron la entrada masiva a Ceuta.

Para el socialista, se trataba de una respuesta ante “las posiciones políticas valientes” que ha adoptado su gobierno en relación con el “genocidio” en Gaza o la “invasión” de Putin en Ucrania. El presidente aludió a un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea para respaldar sus declaraciones.

Desde Rusia, han pedido pruebas de su supuesta implicación en la campaña de desinformación. “Cuando hay acusaciones, debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y solo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio”, ha expresado María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa, en declaraciones recogidas por la agencia Interfax. En su opinión, “sin hechos, sin materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada de qué hablar”.

“En esta situación podría haberse encontrado cualquier otro país, ya que no hay ninguna información que lo confirme. Así que, como siempre decimos, primero debe haber al menos, no necesariamente pruebas, pero sí algunas informaciones que respalden los temores o preocupaciones de la parte española. Después ya comentaremos todo esto en concreto”, ha agregado la portavoz gubernamental.

Israel acusa a Sánchez de mentir

En Tel Aviv tampoco sentaron bien las palabras del presidente. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó en sus redes sociales que Sánchez “volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta”.

Según Saar, “esto es una mentira descarada” y un intento de desviar la atención “del vergonzoso fracaso de Sánchez en la gestión de los asuntos de su país”, una campaña en la que, en su opinión, no triunfará.

Las explicaciones del presidente tampoco han contentado a las formaciones políticas nacionales. Desde Sumar, principal socio del Gobierno, han responsabilizado a Marruecos “por acción u omisión” de la llegada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio. En palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, “esa frontera está muy controlada por las fuerzas de seguridad marroquí y lo único que digo es que la responsabilidad de Marruecos, por acción o por omisión, está allí”.

Para el Partido Popular, Sánchez habría entrado en la “conspiranoia” con el señalamiento a Israel, Rusia y la internacional ultraderechista. “Solo le ha faltado culpar a Franco”, ironizó Borja Sémper, portavoz del PP, que también achacó responsabilidades al Gobierno de Marruecos.

La Fiscalía ha contabilizado 23 agresiones sexuales en Ceuta, de las cuales nueve víctimas son menores de edad, desde la entrada masiva de personas migrantes a finales de julio desde Marruecos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado, hasta el momento, a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga, mientras que el resto de los agresores permanece sin identificar.

De esas 23 agresiones, según han informado fuentes fiscales a la agencia EFE, cinco de ellas han sido violaciones. Nueve de las víctimas de esas agresiones sexuales son menores de edad de entre 14 y 17 años, lo que refleja la especial vulnerabilidad de las menores migrantes en el contexto de esta crisis.

Organizaciones humanitarias especializadas en infancia como Save the Children ya han advertido en varias ocasiones de que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación.

Organizaciones vecinales se han encargado de proteger a mujeres y niñas

Aunque ya han sido reubicadas unas 400 menores en espacios provisionales, hasta el momento otras 300 niñas permanecían fuera del sistema de protección, según ha adelantado la Cadena Ser, aunque el Gobierno de la ciudad autónoma espera poder acogerlas este martes en una nave que ha tenido que ser habilitada en los últimos días porque no disponía de electricidad. En total, el sistema de protección de menores de Ceuta acoge a unos 1.500 niños.

Por ello, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió este lunes en el Congreso de los Diputados que es “imprescindible” acoger en la Península a los menores no acompañados llegados a Ceuta para “destensionar la situación” de la ciudad y porque “es la mejor manera de garantizar los cuidados y derechos de estos niños y niñas”, añadió la ministra durante su comparecencia. Ante esta situación, Rego reclama agilizar el traslado a la Península de 500 niñas de las 760 que, según estima el ministerio, aún permanecen en la ciudad.

Ante la falta de recursos oficiales, han sido varias las organizaciones vecinales que se han encargado de proteger a estas menores, convirtiendo campos de fútbol sala en campamentos improvisados para evitar que durmieran en el monte, con los riesgos que implica.

“Requiere la actuación ágil de la justicia”

Este lunes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que cifró en 21 las agresiones sexuales ocurridas en Ceuta en este último mes, advirtió que se trata de “hechos graves que exigen una respuesta firme, protección para las víctimas y la actuación ágil de la justicia, tanto para las mujeres migrantes en Ceuta como para todas las mujeres y niñas en todo el territorio español”.

Redondo, que intervino en la Comisión de Igualdad del Congreso para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por su ministerio tras la crisis en Ceuta, explicó que el Centro de Crisis 24 horas destinado a atender a víctimas de violencias sexuales o trata, gestionado por el gobierno de la ciudad autónoma, está acogiendo a nueve menores víctimas de agresión sexual en las 14 plazas residenciales de corta estancia de las que dispone.

(Con información de EFE)

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado a Pedro Sánchez de mentir durante su entrevista de esta mañana en la Cadena Ser. El presidente del Gobierno aseguró durante la conversación radiofónica que “hubo redes rusas e israelíes” involucradas con la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio, declaraciones que desde Tel Aviv tildan de “mentira descarada”.

En su entrevista, el presidente Sánchez ha descartado que Marruecos tuviera algo que ver con la crisis migratoria, pero ha asegurado que “una internacional ultraderechista” difundió bulos en relación con una sentencia del Tribunal Supremo, que propiciaron la crisis migratoria.

“Efectivamente, hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al Gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo, como es la lucha contra la migración irregular”, ha aseverado el presidente del Gobierno. Con estas palabras, Sánchez hacía alusión a un análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE. Para el presidente, es “evidente” que la injerencia de Rusia e Israel se debe a una respuesta ante “las posiciones políticas valientes” que ha adoptado respecto al “genocidio” en Gaza y a la “invasión” de (Vladimir) Putin en Ucrania.

“Volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta. Esto es una mentira descarada”, ha señalado Saar en un mensaje en redes sociales. “Seguir difundiendo mentiras difamatorias no desviará la atención del vergonzoso fracaso de Sánchez en la gestión de los asuntos de su país”, ha concluido el representante israelí.

El PP tacha de “conspiranoia” las declaraciones de Sánchez

Desde el Partido Popular, han acusado al presidente de caer en la “conspiranoia” al atribuir la propagación de bulos a una “internacional reaccionaria” mientras exculpa a Marruecos de la entrada irregular masiva del 31 de julio. Borja Sémper, portavoz de la formación política, ha sostenido que el presidente vive “fuera de la realidad” por no hacer autocrítica un mes después de su visita a Ceuta.

El dirigente popular ha cargado contra la tesis expuesta por Sánchez y ha asegurado que, mientras dice que se está investigando lo ocurrido, señala a Israel, Rusia, Elon Musk y a una “internacional ultraderechista”. “Solo le ha faltado culpar a Franco”, ha ironizado Sémper en rueda de prensa, citado por el diario. A su juicio, “la falta de humildad y la conspiranoia” del presidente “empiezan a resultar ya preocupantes”.

Sémper ha considerado que “obviamente hay responsabilidades” dentro del gobierno de Marruecos, pues no le parece verosímil que 80.000 personas se desplazaran por el país vecino sin el conocimiento de las autoridades, y ha pedido a Sánchez que no tome a los españoles por “tontos”. El portavoz del Partido Popular ha valorado que España está “ante una crisis política de dimensiones colosales” y que, después de un mes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, “todo ha empeorado”, con un Gobierno “instalado en la ficción y desbordado por su inoperancia” y que trata a los ceutíes como ciudadanos de “tercera”.

La tensión sigue aumentando por momentos en Ceuta, donde en la mañana de este lunes la Policía Nacional ha intervenido en Loma Colmenar después de que unas 400 personas migrantes que permanecían acampadas en el exterior del recinto hayan intentado acceder al interior. Según ha informado Europa Press, los agentes han desplegado un amplio dispositivo, con cargas para contener a las personas concentradas y disparos al aire con carácter disuasorio, con el objetivo de restablecer el control en la zona.

El incidente se ha originado cuando varios migrantes han conseguido superar el perímetro y entrar en el centro. Esta situación ha provocado que otras personas intentaran avanzar al mismo tiempo, lo que ha generado empujones y enfrentamientos entre los propios migrantes.

La intervención policial ha incluido la separación de varios de los concentrados y el inicio del desalojo de quienes permanecían en las inmediaciones, muchos de ellos tras haber pasado la noche en el lugar. Además, la Policía Nacional ha cortado la carretera y reforzado la presencia en los accesos a Loma Colmenar para evitar nuevos intentos de entrada y dispersar a los grupos congregados, que han abandonado la zona con sus pertenencias.

Traslado desde la playa del Trampolín

El origen de esta concentración se encuentra en el reciente traslado de cientos de migrantes desde la playa del Trampolín hasta la explanada habilitada por el Gobierno en el entorno del centro de acogida. Este espacio se destinó a quienes permanecían en la zona de este arenal, pero, con el paso de los días, nuevos grupos han acudido con la esperanza de encontrar refugio en el recinto.

En los últimos días, la explanada de Loma Colmenar se ha transformado en un campamento improvisado. Decenas de migrantes han pasado la noche en tiendas precarias o al raso, ocupando tanto los alrededores del recinto como parte de la carretera de acceso. Esta situación ha generado conflictos y molestias en las zonas residenciales próximas y en el entorno del Hospital Universitario de Ceuta.

Nuevas plazas

Este mismo lunes, el Gobierno ha habilitado nuevas plazas de atención humanitaria en Ceuta en diferentes dispositivos temporales, de forma que se encuentran habilitadas más de 3.300. En concreto, en la Loma Colmenar hay 1.200 plazas habilitadas, 1.300 en Loma Margarita, más de 500 adicionales en el CETI y 320 en La Hípica, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El objetivo del Gobierno es “seguir incrementando progresivamente” esta capacidad hasta alcanzar 6.000 plazas para garantizar que las personas que permanecen en la vía pública puedan ser atendidas en dispositivos adecuados, mientras se gestionan sus expedientes, y se da la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente.

(Con información de Europa Press)

El Gobierno italiano ha anunciado que prorrogará 15 días más la suspensión del acuerdo Schengen con España y continuará realizando controles a los viajeros procedentes del país ibérico en sus puertos y aeropuertos. La decisión, según ha expresado el Ministerio del Interior de Roma, se ha tomado “debido a que persisten los elementos de evaluación que habían motivado su reintroducción el pasado 1 de agosto”.

Según han expresado en un comunicado, el Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza ha realizado un análisis de la situación tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 31 de julio y ha decidido prorrogar los controles en frontera. Las evaluaciones que justifican la prórroga fueron comunicadas por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una conversación telefónica constructiva", explica la nota oficial. El memorando ha sido entregado igualmente a la Unión Europea.

El equipo de Giorgia Meloni suspendió el acuerdo Schengen con España como mecanismo para proteger su “seguridad nacional” tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. La ciudad autónoma cuenta con un régimen específico dentro del espacio Schengen y aplica controles a la salida, por vía marítima y aérea, que impiden que nadie se desplace hasta la península sin identificarse, pero ello no tranquilizó al Gobierno de Roma.

La decisión de Meloni provocó una respuesta idéntica desde el Ejecutivo español: Moncloa tildó la medida de “injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española”, para después instaurar controles similares en sus fronteras hacia los viajeros italianos.

España prorrogará sus controles con Italia

La respuesta desde Madrid no se ha hecho esperar. El Ministerio del Interior ha decidido también prorrogar los controles de documentación durante otros 15 días de quienes lleguen “por mar o aire” desde Italia a territorio español. Así, el bloqueo fronterizo continuará, por lo menos, hasta el 21 de septiembre.

Los últimos datos comunicados por el Ministerio del Interior muestran que España ha controlado hasta 8.216 viajeros de terceros países procedentes de Italia entre el 8 de agosto y el 23 de agosto. Estos turistas llegaron a España en 734 vuelos diferentes y fueron identificados dentro de los controles aleatorios activados. En concreto, los controles fueron realizados en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid Barajas; El Prat, en Barcelona; Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, Bilbao, Mallorca, Menorca, Ibiza, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote.

El doble filtro de Ceuta y Melilla

España se incorporó al Acuerdo de Schengen en 1991, suprimiendo los controles fronterizos con el resto de países de la Unión Europea. Desde su entrada en vigor en 1995, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han regido por unas normas especiales, con el objetivo de controlar la migración procedente del norte de África.

Ceuta y Melilla establecen controles en la frontera con Marruecos, pero también para viajar hasta la península ibérica. Se aplica así un doble filtro, tanto a la entrada como a la salida de las ciudades autónomas, para lograr que, si se producen entradas irregulares en estos territorios españoles, los migrantes puedan viajar por el resto de España y Europa.

El Gobierno español ha recalcado que “entrar irregularmente en Ceuta no da derecho a permanecer en España, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa” y ha asegurado que “ninguna de las personas que cruzaron el 30​ de julio irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la Península, ni habría podido hacerlo".

La desinformación y los bulos no solo han jugado un papel clave en la entrada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos a finales de julio, sino que a lo largo de este último mes han servido para alimentar el discurso de odio contra la población migrante.

La crisis ha desencadenado, por un lado, la circulación de mensajes falsos en redes sociales marroquíes que alentaban a dirigirse a la frontera después de que se difundiera la idea errónea de que una sentencia del Tribunal Supremo facilitaba tanto el acceso al proceso de asilo como la entrada en territorio continental europeo. Por otro lado, también se han multiplicado los contenidos en plataformas españolas que han utilizado el contexto para promover narrativas xenófobas y racistas: el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó 9.590 mensajes discriminatorios durante el 30 y 31 de julio, un repunte que elevó el total mensual a 57.406 contenidos, frente a los 40.800 registrados en junio.

“La puerta de Ceuta está abierta”, “hoy es el día” o “Tetuán, vamos” fueron algunos de los mensajes que circularon en redes sociales en los días previos al cruce masivo, según constató EFE Verifica. De hecho, tanto el Gobierno español como el Ministerio del Interior de Marruecos han indicado que la desinformación ha sido uno de los factores superpuestos de la crisis.

Aunque la gran mayoría de las 72.000 personas migrantes que ingresaron a Ceuta regresaron en 48 horas a Marruecos, lo que contribuyó a una reducción de la desinformación, también comenzaron a aparecer bulos en redes sociales, incluyendo imágenes y vídeos antiguos o directamente falsos que vinculaban a los recién llegados con actos delictivos y reforzaron narrativas xenófobas. Además, cuentas extranjeras y grupos ultras amplificaron el conflicto en redes, presentando la crisis como una amenaza para España y Europa, de forma que perfiles vinculados a la extrema derecha europea y al entorno proisraelí también difundieron mensajes destinados a polarizar y desestabilizar el debate público. Por el momento, aún permanecen en la ciudad autónoma unas 9.000 personas según el Gobierno ceutí y en torno a 5.000 según las estimaciones del Ministerio de Interior.

El Observatorio Europeo de Medios Digitales identificó patrones de interferencia externa, como la difusión coordinada de mensajes idénticos y la reutilización de contenido audiovisual falso. Incluso tras el inicio de la crisis, nuevos bulos incentivaron intentos de cruce, como ocurrió el 15 de agosto tras circular en WhatsApp el falso anuncio de una apertura puntual de la frontera, lo que terminó con cientos de detenciones en Marruecos.

En mayo de 2021 Ceuta vivió otro cruce masivo, cuando entre 12.000 y 15.000 personas accedieron andando por el espigón fronterizo del Tarajal, pero en esta ocasión las cifras son mucho más elevadas, de forma que se asemejan a la población que vive en la ciudad autónoma, de unos 80.000 habitantes.

Un sistema de acogida colapsado

Al estar colapsado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que no sólo tiene ocupadas sus 512 plazas sino que también alberga a otras 300 más, el Gobierno central y la ciudad autónoma han habilitado emplazamientos para albergar a más personas de forma temporal con el objetivo de que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible.

Además, el pasado viernes ambas administraciones alcanzaron un acuerdo sobre nuevos espacios donde alojarlos, con el objetivo de acelerar los retornos de los adultos marroquíes con escasas posibilidades de obtener asilo. El Ejecutivo central también ha enviado más policías especializados y ha solicitado formalmente la colaboración de la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de Europol y de la Agencia de la UE para el Asilo (EUAA).

La semana pasada el Gobierno dio luz verde asimismo al anteproyecto de la ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería con el fin de “adaptar la legislación nacional al Pacto Europeo de Migración y Asilo”, que entró en vigor en junio y endurece la política del bloque. Además, el Ejecutivo y las comunidades autónomas aprobaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta, cuya situación es especialmente vulnerable.

Estallidos de violencia

Además de que aún no están claras las cifras de cuántas personas migrantes permanecen en la ciudad, un mes después del inicio de la crisis tampoco se ha esclarecido el papel que ha jugado Marruecos, que insiste en el “derecho histórico” sobre Ceuta y Melilla, y tampoco se sabe si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó de la entrada masiva, ya que el Ministerio de Defensa y del Interior han ofrecido versiones contradictorias.

Por el momento, Ceuta no solo sigue lejos de recuperar la normalidad, sino que la tensión social va en aumento: la semana pasada se produjeron estallidos de violencia protagonizados por grupos organizados que bloquearon el reparto de comida e incendiaron asentamientos en la Playa del Trampolín, además de agredir a periodistas y vecinos musulmanes. También han aumentado las manifestaciones y concentraciones por parte de la población ceutí, que reclama la españolidad de la ciudad y exige la expulsión de quienes entraron.

Según los datos de la ONG Caminando Fronteras, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década, los fallecidos durante la entrada masiva a Ceuta se elevan a 145. De ello, 67 cadáveres se han recuperado en territorio marroquí y los78 restantes en la ciudad autónoma. Respecto a las causas de los fallecimientos, aunque la organización no tuvo acceso a los resultados de las autopsias, explica las muertes ocurrieron por ahogamiento durante los intentos de cruzar a nado o por aplastamiento al tratar de atravesar la frontera hacia España.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Estados Unidos intensificó en los últimos días las deportaciones de inmigrantes hacia terceros países: más de un centenar de personas, entre ellas ciudadanos cubanos, fueron trasladadas recientemente a ocho naciones africanas en tres vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según documentos citados por EFE.

Según informó NBC News, las autoridades estadounidenses enviaron a inmigrantes de nacionalidades como cubana, venezolana, nicaragüense, afgana, iraní, nepalí y turca a países como Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona. Ninguno de los deportados fue enviado a su país de origen, una práctica que ha generado preocupación entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con EFE, entre los deportados figuraban personas con antecedentes penales y quienes únicamente se encontraban en situación migratoria irregular. CBS News añadió que una parte significativa de quienes abordaron estos vuelos carecía de antecedentes penales, lo que refuerza las críticas a las deportaciones masivas hacia destinos lejanos y ajenos a las raíces de los afectados.

La política de deportaciones a terceros países

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump se enmarca en una serie de acuerdos internacionales que autorizan la deportación de inmigrantes a terceros países. Más de 30 países han suscrito estos convenios, según EFE, incluyendo Panamá, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Paraguay. Desde el retorno de Trump a la presidencia en enero del año pasado, el gobierno estadounidense ha buscado acelerar el ritmo de deportaciones como parte de sus promesas de campaña.

Los riesgos adicionales para los cubanos

Pero además el caso de los cubanos sobresale por la combinación de vulnerabilidad migratoria y la existencia de nuevos riesgos externos. Según el periodista Mario J. Pentón, Cuba se ha convertido en el principal foco de América Latina para una red de reclutamiento vinculada a Rusia, orientada a incorporar extranjeros en la guerra contra Ucrania.

Pentón detalla que las ofertas para los cubanos circulan en redes sociales y prometen empleos, salarios de USD 2,000 mensuales, ciudadanía rusa y vacaciones. Sin embargo, algunos reclutados terminan en el frente sin recibir las condiciones prometidas.

“El entrenamiento militar de tradición soviética y el conocimiento del armamento ruso facilitarían su incorporación a las fuerzas rusas”, analizó el periodista, quien advierte que el contingente de cubanos podría superar en número al de las tropas procedentes de Corea del Norte.

La presencia de cubanos en unidades militares rusas se conoce desde 2023, cuando La Habana reconoció la existencia de esta red de reclutamiento. Las autoridades cubanas han negado que los implicados cuenten con respaldo estatal, pero la situación ha generado presión sobre las familias y tensiones diplomáticas.

Otros centroamericanos cayeron en la misma red

Además de cubanos, ciudadanos centroamericanos también han sido engañados por una red transnacional reclutamiento que los lleva a Rusia con promesas de empleos y sueldos de hasta USD 2,600, pero, según una investigación de Infobae, al llegar a territorio ruso muchos terminan incorporados al frente de guerra tras firmar contratos que no comprenden y perder el control de sus documentos y comunicaciones.

La captación no comienza en oficinas ni por vías formales. La investigación señala que los reclutadores operan sobre todo en el ecosistema digital, con anuncios en TikTok, Facebook y Telegram que ofrecen puestos de seguridad privada, logística, construcción o cocina con condiciones que se presentan como difíciles de igualar.

Los ciudadanos son atraídos con esas ofertas y viajan convencidos de que trabajarán en retaguardia y, una vez en la Federación Rusa, son convertidos en personal militar con entrenamiento mínimo de apenas unos días.

Ese patrón se ha repetido con ciudadanos de países como El Salvador, Panamá y Colombia. Lo que se les presenta como trabajo en zonas petroleras o como escoltas privados deriva en el retiro de pasaportes y teléfonos y en su incorporación forzada a unidades de combate.

La Guardia Civil ha detenido este domingo a tres ciudadanos marroquíes acusados de haber lanzado cócteles molotov contra una patrulla de militares españoles en la zona de San Amaro, un lugar próximo a la costa donde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han establecido un dispositivo de control en Ceuta. Afortunadamente, el ataque no ha dejado heridos entre los efectivos del Ejército.

El incidente ha marcado el tercer ataque contra las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma en menos de 72 horas, lo que ha elevado la preocupación dentro de los cuerpos de seguridad y entre las autoridades militares. Los autores han utilizado botellas con líquido corrosivo y han sido localizados poco después de la agresión, gracias al despliegue permanente en la zona.

Tras la detención, los implicados han sido puestos a disposición judicial. El suceso se ha sumado a una cadena de episodios violentos que han puesto en alerta a las fuerzas de seguridad y a la población local.

Escalada de ataques y preocupación en Ceuta

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y sindicatos como JUPOL han reiterado la necesidad de fortalecer la protección legal y operativa de los militares. “Volvemos a solicitar de manera urgente el reconocimiento de la profesión de riesgo y de los agentes de la autoridad de nuestros militares para que puedan desempeñar su trabajo y sus funciones con la legalidad y el amparo jurídico necesarios. Lamentablemente, tenemos que estar viendo cómo parece que los militares son el objetivo a batir junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, que están realizando una labor titánica para devolver la seguridad y la normalidad a la ciudad española de Ceuta”.

En la última semana, dos ataques han precedido al suceso de este domingo. El primero, ocurrido el miércoles, implicó la detención de un grupo por lanzar piedras contra un vehículo militar, mientras que el sábado otros cuatro marroquíes fueron arrestados por un nuevo asalto a efectivos del Ejército. En esos casos, se han registrado varios heridos y algunos de los detenidos han sido expulsados del país.

Las autoridades han considerado que, aunque no se ha identificado una estructura organizada detrás de los ataques, la reiteración de estos sucesos podría consolidar una dinámica de hostigamiento. El despliegue de vigilancia se ha reforzado y se mantienen controles en los puntos más sensibles de la ciudad.

Falta de respuesta institucional

El Ministerio de Defensa aún no ha ofrecido respuestas concretas sobre el marco legal que ampara la actuación de los militares en este contexto. Por ello, también han lanzado un duro mensaje al ministerio de Margarita Robles. " Somos muy claros y Defensa lleva sin contestar desde principios de la crisis a todas las preguntas que hemos elevado por escrito a través del Consejo de personal de las Fuerzas Armadas. Siguen negándonos la información y siguen sin decirnos qué amparo jurídico tienen nuestros militares, que se ven abandonados que se ven solos y que no pueden realizar sus funciones de una manera más eficaz".

Este nuevo ataque ha coincidido con un clima político tenso en Ceuta, donde la seguridad y la gestión migratoria concentran la atención pública. La vigilancia se ha incrementado y las autoridades han evaluado nuevas medidas para contener los incidentes y garantizar la tranquilidad en la ciudad.

La investigación contra una célula vinculada con La Nueva Empresa permitió identificar una estructura que operaba en distintos puntos del país y que, según autoridades federales, utilizaba túneles, vehículos y recursos tecnológicos para sostener sus actividades.

El principal corredor para el traslado de migrantes se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que en Jalisco fueron localizados integrantes de la organización y parte del equipo que utilizaba.

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”, como presunta líder de la célula. Junto con ella fueron detenidas otras cuatro personas durante tres cateos realizados en Zapopan y Tonalá, Jalisco, el 28 de agosto. Las autoridades vincularon a la estructura con tráfico de personas migrantes hacia Estados Unidos, además de narcotráfico, secuestro y extorsión.

Ciudad Juárez, el punto de salida hacia Estados Unidos

La operación de tráfico de personas estaba relacionada con Ciudad Juárez, de acuerdo con la investigación federal. Desde esa zona fronteriza, la célula presuntamente utilizaba túneles para trasladar migrantes hacia Estados Unidos.

El uso de estos pasos clandestinos es uno de los elementos que distingue la operación investigada. Las autoridades no han informado cuántos túneles fueron identificados, sus ubicaciones exactas, dimensiones o características, pero sí señalaron que eran utilizados por la organización para facilitar el traslado de personas hacia territorio estadounidense.

El dato también coloca a la célula dentro de un fenómeno que continúa apareciendo en investigaciones recientes en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. En 2025, autoridades localizaron un túnel de aproximadamente 300 metros que conectaba Ciudad Juárez con El Paso, mientras que en 2026 un hombre fue condenado en Texas por participar en una red que utilizaba túneles y alcantarillas para trasladar migrantes.

Estos casos no están vinculados públicamente con la organización de “La Tía”, pero muestran que la infraestructura subterránea continúa siendo utilizada por redes dedicadas al tráfico de personas en esa zona fronteriza.

Una estructura que no terminaba en la frontera

La investigación contra la célula llevó a las autoridades hasta Jalisco, donde fueron ejecutadas tres órdenes de cateo en inmuebles de Zapopan y Tonalá. Allí fueron localizados los cinco presuntos integrantes y parte de los recursos atribuidos a la organización.

Entre los objetos asegurados estaban una camioneta GMC Sierra AT4 y una Toyota Tacoma, además de dinero en efectivo. La autoridad no estableció que los vehículos fueran utilizados directamente para trasladar migrantes, por lo que su función dentro de la estructura aún debe determinarse.

La investigación todavía no permite reconstruir públicamente toda la ruta entre ambos estados ni establecer qué funciones desempeñaba cada integrante en las distintas etapas de la operación.

31 teléfonos y una red de dispositivos

Los cateos permitieron asegurar 31 teléfonos celulares, tres tabletas electrónicas, una computadora portátil, cuatro equipos de cómputo, una memoria USB y tres tarjetas SIM.

El inventario revela la cantidad y diversidad de recursos tecnológicos localizados en los inmuebles, aunque las autoridades no han informado qué información contenían los dispositivos ni qué función específica tenía cada uno.

El análisis de ese material podría aportar información sobre contactos, comunicaciones, movimientos o integrantes adicionales, pero esos elementos todavía forman parte de las diligencias de investigación y no han sido dados a conocer.

La misma cautela aplica para los vehículos y el dinero en efectivo. Su aseguramiento está documentado, pero el comunicado oficial no establece por sí mismo qué papel desempeñaban dentro de las actividades investigadas.

Las terminales de pago abren una pista financiera

Entre los objetos asegurados también fueron localizadas tres terminales de pago. Su presencia introduce un elemento financiero dentro de la infraestructura encontrada durante los cateos.

Las autoridades no han precisado a nombre de quién estaban registradas, qué operaciones habían procesado, quién las utilizaba ni si tenían relación directa con el tráfico de migrantes.

Por ello, el aseguramiento no permite afirmar que esos dispositivos fueran utilizados para cobrar el traslado de personas o para lavar dinero. Lo que sí está documentado es que tres terminales fueron encontradas junto con dinero en efectivo y otros equipos tecnológicos.

El análisis de estos dispositivos podría aportar información sobre movimientos financieros de la célula, aunque cualquier vínculo con el tráfico de personas deberá ser establecido por la investigación ministerial.

¿Qué es La Nueva Empresa y dónde opera?

La Nueva Empresa es una organización criminal que las autoridades mexicanas han identificado como una estructura dedicada a distintas actividades ilícitas, entre ellas narcotráfico, tráfico de personas, secuestro y extorsión. Su nombre comenzó a aparecer en investigaciones de seguridad pública como parte de la reconfiguración de grupos delictivos con presencia en el norte del país.

Su actividad se ha relacionado principalmente con Chihuahua y otras zonas de la frontera norte, donde las rutas hacia Estados Unidos representan un punto estratégico para el tráfico de drogas y personas. La organización también ha sido mencionada en investigaciones relacionadas con Jalisco, aunque la información pública disponible no permite establecer un mapa preciso de sus zonas de control territorial.

El grupo también resulta relevante por su capacidad para participar en diferentes mercados criminales. En lugar de atribuirle una sola actividad, las investigaciones recientes lo han relacionado con tráfico de migrantes, narcotráfico, secuestro y extorsión, lo que permite ubicar a La Nueva Empresa dentro de las estructuras que combinan distintas fuentes de ingresos ilícitos.

Tras una semana en la que han comparecido en el Congreso la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Justicia, Félix Bolaños, la de Sanidad, Mónica García, y el recién nombrado mando único para abordar la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, este lunes 31 de agosto será el turno de las titulares de Juventud e Infancia y de Igualdad, Sira Rego y Ana Redondo, que intervendrán a petición propia para dar explicaciones sobre menores migrantes y agresiones sexuales, tras la entrada masiva a finales de julio a la ciudad autónoma. También han comparecido ya el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La situación de los menores y su reubicación siguen siendo dos de las principales preocupaciones para las organizaciones humanitarias, que han recordado en varias ocasiones la importancia de “ampliar la respuesta para garantizar los derechos de la infancia”, si bien el Gobierno y las comunidades autónomas aprobaron el pasado jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender a los niños, niñas y adolescentes que llegaron a la ciudad autónoma. Las únicas regiones que mostraron su rechazo y que no acudieron a esta reunión fueron Extremadura, Castilla y León y Aragón, todas gobernadas por PP y Vox, ya que se oponen a cualquier reparto desde la ciudad autónoma a la península.

Desde Unicef insisten en que estos menores “necesitan que se les registre de manera adecuada, se evalúen sus circunstancias particulares y se les traslade a lugares seguros”. “En Ceuta hay actualmente niños y niñas que deberían estar en una escuela, jugando o con sus familias, y que, sin embargo, llevan semanas sobreviviendo en la calle”, ha señalado la organización, que en una de sus visitas a la ciudad ha encontrado “niños y niñas agotados, con problemas de salud física y emocional y una profunda sensación de incertidumbre sobre su futuro”, algunos durmiendo a la intemperie y recibiendo una alimentación insuficiente.

La ministra Rego acudirá por la mañana a la Comisión de Juventud e Infancia de la Cámara Baja para para detallar las acciones de su departamento orientadas a garantizar la atención y protección de los menores migrantes. Entre las propuestas del departamento de Rego figuran traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación, la oferta inmediata de unas 500 plazas en la Península gestionadas por entidades —sin necesidad de que las autonomías asuman la tutela—, y el acogimiento familiar. Cabe recordar que las niñas son quienes están más expuestas a agresiones sexuales, trata y explotación, según han denunciado varias organizaciones humanitarias.

Tras su intervención, ya por la tarde, la ministra Ana Redondo comparecerá en la Comisión de Igualdad del Congreso para abordar su gestión ante la crisis.

Igualdad tiene activo un plan de contingencia

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género activó el 4 de agosto el Plan de Contingencia, una iniciativa cuyo objetivo es reforzar la atención de las mujeres en protección e implementar la atención y protección de las mujeres y niñas que permanecen en la ciudad autónoma.

De la misma manera, en colaboración con las ONG, Igualdad ha trasladado información sobre el servicio 016 en los lugares donde se encuentran actualmente mujeres y niñas para que conozcan este recurso que atiende en 53 idiomas.

Respecto al Centro de Crisis 24 horas de Ceuta, que atiende víctimas de violencias sexuales o trata, la estancia de las usuarias se ha ampliado más allá de las 72 horas habituales. De este modo, la permanencia en el recurso se adaptará a las necesidades específicas que requiera cada una de las víctimas.

Además de estas intervenciones por parte de varios ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá también en la Cámara Baja el próximo 3 de septiembre.

(Con información de Europa Press)

El regreso de los profesores a las aulas en Ceuta, previsto para este martes 1 de septiembre, se produce en un ambiente de incertidumbre y desconfianza por parte de docentes y familias tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, que ha llevado al Ministerio de Educación a reforzar las medidas de seguridad de cara al inicio de clases el 8 de septiembre.

Ante un previsible aumento del absentismo escolar en los primeros días, la Junta Local de Seguridad de Ceuta ha diseñado un plan que incluye la presencia policial en rutas escolares y en las entradas y salidas de los centros, así como un refuerzo de la vigilancia en los alrededores de los colegios durante las tardes y noches, según informa Europa Press. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha comunicado estas medidas a directores, asociaciones de padres y representantes estudiantiles, y el plan también contempla la intervención de equipos psicosociales para apoyar al alumnado más afectado por la situación.

Los sindicatos exigen garantías

Por parte del profesorado, los sindicatos CSIF, ANPE y UGT exigen garantías de que las medidas anunciadas serán efectivas antes del inicio del curso. Entre las principales demandas figuran la habilitación de aulas matutinas y vespertinas, la limpieza diaria reforzada en los centros y la implantación de líneas de autobús escolar con personal de vigilancia. Además, solicitan la activación inmediata de programas de apoyo psicológico para estudiantes, familias y docentes, así como el refuerzo de los equipos de orientación.

Desde UGT reconocen que la limpieza ya ha mejorado en los centros que alojaron a menores, aunque el principal problema sigue siendo la seguridad durante los desplazamientos de los alumnos a los colegios.

Persiste la desconfianza

El temor de las familias se refleja en las declaraciones de la FAMPA Cuatro Culturas y el Consejo de la Juventud. Muchos padres contemplan no enviar a sus hijos a clase en las primeras semanas, optando por trasladarlos en vehículos particulares o planteando autorizaciones para justificar su ausencia. A pesar de que valoran la coherencia de las medidas anunciadas, persiste la desconfianza ante la falta de cambios en la situación de seguridad.

Los representantes estudiantiles consideran que las actuaciones propuestas resultan insuficientes y reclaman un retorno a la normalidad lo antes posible. El absentismo, aseguran, podría prolongarse más allá de los primeros días del curso si no se perciben avances reales en la protección de los menores.

Un paquete de emergencia de 165 millones

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de emergencia de 165 millones de euros para Ceuta, que se sumarán a la ampliación que tendrá, más a medio plazo, el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta, según ha adelantado el diario El País. En él se incluye una inyección directa de 80 millones de euros en los próximos cuatro meses, 35 millones en ayudas a pymes y autónomos, 15 millones para comercio y turismo y otros 15 millones para reforzar educación, sanidad y justicia en la ciudad autónoma.

(Con información de Europa Press)

La Audiencia Nacional ha denegado el asilo a un ciudadano colombiano internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, que pedía la suspensión urgente de su devolución a Colombia tras la negativa del Ministerio del Interior a concederle el reconocimiento de la condición de refugiado. La resolución, firmada el 19 de agosto de 2026, ha determinado que no podrá permanecer en España mientras se resuelve el recurso principal sobre la protección internacional solicitada.

El hombre trató de evitar su expulsión alegando que su vida e integridad física corrían peligro si era devuelto a Colombia debido a su activismo político contra el entonces presidente Iván Duque. El recurrente, representado por su procurador, solicitó la adopción de una medida cautelarísima ante la inminente finalización del plazo máximo de internamiento en el centro de Aluche. La solicitud fue dirigida contra la resolución administrativa de la Dirección General de Protección Internacional, que había desestimado tanto la solicitud inicial como el reexamen, argumentando incoherencias e insuficiencia en los motivos de asilo expuestos por el solicitante.

Durante el proceso, la defensa del migrante argumentó que las resoluciones administrativas incurrían en errores relevantes, como atribuirle motivos para solicitar asilo que no correspondían con su relato y situar los hechos en una cronología incorrecta.

En la misma línea, insistió en que el solicitante había documentado su participación en manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque en los años 2018 y 2019, así como las amenazas y episodios de represión sufridos por su activismo político. Entre la documentación aportada figuraban recortes de prensa de 2019 y justificantes de solicitudes de residencia y empadronamiento en España.

No demuestra una persecución individualizad

Aunque reconoció la urgencia debido a la situación de internamiento y a que se acercaba el plazo máximo de privación de libertad, la Sala ha considerado que no se cumplían los requisitos para otorgar la medida cautelarísima. El tribunal ha valorado que no existían pruebas suficientes de un riesgo real, actual y grave para la vida o integridad del solicitante en caso de devolución, ni un perfil político que justificase una persecución individualizada bajo los términos de la Convención de Ginebra.

Señaló también que el hecho de haber participado en varias manifestaciones no resultaba suficiente para acreditar la existencia de un peligro concreto, y subrayó el informe desfavorable de ACNUR. Por estos motivos, la Audiencia Nacional denegó la suspensión de la devolución y el derecho de permanencia en territorio español, haciendo firme la resolución ante la imposibilidad de recurso.

Este domingo se cumple un mes desde que unas 72.000 personas migrantes, según datos oficiales, cruzaran de forma irregular a Ceuta desde Marruecos, provocando la mayor crisis humanitaria hasta la fecha. Desde entonces, la ciudad no solo sigue lejos de recuperar la normalidad, sino que en las últimas jornadas ha vivido estallidos de violencia protagonizados por grupos organizados que han bloqueado el reparto de comida e incendiado asentamientos en la Playa del Trampolín, además de agredir a periodistas y vecinos musulmanes. Con un sistema de acogida colapsado, menores no acompañados que siguen expuestos en las calles y adultos que desconocen si tendrán posibilidad de solicitar asilo, hasta ahora se habían evitado conflictos mayores, pero la tensión social aumenta por momentos entre la población ceutí, que reclama soluciones eficaces a las autoridades.

Cuatro semanas después del inicio de la crisis, aún no se ha esclarecido el papel que ha jugado Marruecos, que insiste en el “derecho histórico” sobre Ceuta y Melilla, y tampoco se sabe si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó de la entrada masiva, ya que el Ministerio de Defensa y del Interior han ofrecido versiones contradictorias, mientras el Gobierno se ha esforzado por ‘defender’ a Marruecos. Tampoco están claras las cifras del total de personas que cruzaron ni cuántas permanecen en la ciudad. A lo largo de esta última semana, el Gobierno central ha desplegado una serie de medidas, como la aprobación del reparto de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes, la presentación del anteproyecto de la ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería.

El Ejecutivo también ha declarado de interés para la seguridad nacional la situación en Ceuta y ha creado un mando único —liderado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres— para coordinar la respuesta institucional, aunque son muchas las voces que critican que estas iniciativas llegan tarde y que la crisis sigue lejos de resolverse.

Desde la Fundación porCausa, especializada en migraciones y derechos humanos, tienen claro que se trata de una crisis humanitaria cuya respuesta debe incluir tanto recursos económicos e institucionales extraordinarios como la reubicación de parte de la población migrante en la península, no solo la de los menores. “Esta crisis humanitaria no ocurre ni en Sudán ni en Venezuela, sino en un Estado perfectamente operativo que tiene todas las capacidades para hacer frente a esta situación, igual que hace frente a otras muchas emergencias derivadas de desastres naturales como inundaciones o incendios, donde se destinan recursos extraordinarios para solventarlo. Es, por tanto, una situación desafiante, pero no es inmanejable si existe la voluntad para hacerlo”, señala a Infobae Gonzalo Fanjul, investigador de la Fundación porCausa y experto en migraciones.

También cuestiona las propuestas del Partido Popular y de algunos países de la Unión Europea que piden devoluciones masivas a Marruecos, al ser contrarias a la legalidad vigente. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal la devolución de 55 menores de edad no acompañados que entraron a Ceuta en agosto de 2021, mientras que en julio de este año dictaminó que las “devoluciones en caliente” no se pueden aplicar a los migrantes que intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla por el mar. “Hay que considerar caso por caso, especialmente cuando se trata de personas con necesidades de protección, como los menores de edad, que deben ser escuchados”, recuerda Fanjul, que destaca que la colaboración de todas las comunidades autónomas “es absolutamente fundamental”.

El PP ha recalcado que todos aquellos migrantes que entraron a Ceuta de manera irregular, “sean adultos o menores, deben volver a Marruecos”, y se ha apoyado en el aval de la Comisión Europea, que considera a Marruecos un “país seguro” para el retorno. Sin embargo, organizaciones humanitarias ya han advertido que decenas de menores llegados a la ciudad autónoma han huido de Marruecos por la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados, una práctica que sigue permitiéndose en el reino alauita mediante excepciones legales, a pesar de que la edad mínima para casarse está fijada en los 18 años.

La ultraderecha, por su parte, defiende una política aún más estricta respecto a las devoluciones, incluyendo las de niños, niñas y adolescentes migrantes, y ha asegurado que impugnará cada expediente de reparto de menores procedente de la ciudad autónoma. “Hay que poner todos los medios para devolverlos”, han señalado en repetidas ocasiones los consejeros del partido de Santiago Abascal.

El papel de la Unión Europea

Fanjul se muestra especialmente crítico con la postura que mantuvieron la mayoría de socios europeos (impulsada por Italia y Dinamarca), ya que al inicio de la crisis cuestionaron la política migratoria impulsada por Pedro Sánchez, denunciando incluso que medidas como la regularización extraordinaria de migrantes podrían haber actuado como “factores de atracción”, si bien unos días después los ministros del Interior europeos mostraron su “total solidaridad” con España.

“Aquí no hay atajos y quienes están poniendo palos en la rueda, quienes están tratando de que el Gobierno incumpla la ley y rechazan la solidaridad de las comunidades autónomas, así como la falta de apoyo inicial de la Unión Europea a España, al final todos ellos terminan favoreciendo los intereses de quienes provocaron esta crisis en primer lugar”, sostiene el investigador. Fanjul advierte que estas posturas contribuyen a alimentar futuras crisis migratorias en Marruecos o en otros puntos sensibles de las fronteras europeas, donde terceros países “podrían volver a utilizar a las personas migrantes como arma arrojadiza”.

La Unión Europea, al no responder con firmeza y solidaridad, “legitima este tipo de actuaciones y facilita que puedan repetirse en el futuro”. “¿Qué van a hacer los italianos cuando tengan la próxima crisis de este tipo en Lampedusa? ¿Debería España promover una carta criticándoles como hicieron ellos? ¿Qué van a hacer los daneses cuando Donald Trump vuelva a exigir quedarse con Groenlandia?”, se pregunta Fanjul.

El experto recuerda que la Unión Europea ha promovido durante años un modelo de externalización de la política migratoria y eso ha dificultado el control efectivo de los flujos migratorios. “No se han promovido alternativas legales, seguras y ordenadas para la llegada de migrantes, lo que ha sobrecargado los sistemas de protección, ya que muchas personas se ven obligadas a solicitar asilo sin reunir los requisitos para ello”, sostiene.

Si bien el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta continúa siendo objeto de un intenso debate político y diplomático, con posturas contradictorias sobre el nivel de implicación de Rabat, lo que sí resulta evidente es que el país “ha evidenciado una falta de control en su frontera y ha proyectado una imagen negativa a nivel internacional”, añade Fanjul.

Pese a los últimos estallidos de violencia, el investigador destaca el trabajo que ha realizado la ciudad de Ceuta para responder a la crisis, “esforzándose por mantener el equilibrio social y la convivencia entre distintos colectivos y religiones”. Valora especialmente los esfuerzos del Ministerio de Infancia y Juventud para proteger los derechos de los menores en un contexto especialmente complejo.

Por el momento, aunque la crisis está lejos de resolverse, el Gobierno y la ciudad autónoma alcanzaron el viernes un acuerdo unánime sobre los nuevos espacios donde alojar a los migrantes, con el objetivo de acelerar los retornos de los adultos marroquíes con escasas posibilidades de obtener asilo. El Ejecutivo también ha enviado más policías especializados y ha solicitado formalmente la colaboración de la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de Europol y de la Agencia de la UE para el Asilo (EUAA), diez días después de recibir la oferta europea.

En conversación con Infobae Perú, el autor de Lima, hora cerro analiza las tensiones que persisten en la capital alrededor del racismo, la discriminación y las diferencias entre Lima y las provincias. También cuestiona la manera en que los medios suelen representar la ciudad y reivindica espacios donde la música, las danzas y las tradiciones populares construyen otras formas de identidad. El autor cuenta, además, qué buscó mostrar con su libro y cuáles son los temas que pretende seguir explorando.

En sus crónicas aparecen bailarines, migrantes e incluso cantantes. ¿Qué tienen en común estas historias y cómo describen a la Lima migrante?

Creo que el punto en común es que todos forman parte de una ciudad, pero, al mismo tiempo, conservan la reminiscencia de venir de distintas partes del país. Se apropian de la ciudad y, a la vez, construyen una identidad que no necesariamente es la misma que tuvieron sus padres, abuelos o ancestros.

También tiene que ver con la construcción de una nueva presencia dentro de la urbe, que ha reconfigurado nuestras tradiciones, ritos y cultura.

¿Qué diferencia encontró entre la Lima que se proyecta públicamente y la ciudad que descubrió al acercarse a estos personajes y espacios

No es que haya encontrado algo nuevo o que haya realizado una investigación para descubrirlo; simplemente es la ciudad. Lo que ocurre es que, para utilizar un término académico, se trata de visibilizar.

Durante mucho tiempo entendimos la realidad a partir de los medios de comunicación convencionales. Las redes sociales han democratizado un poco las perspectivas, pero antes existía la idea de que todo lo que aparecía en televisión representaba la realidad. Y no es así.

La televisión, las radios y los medios convencionales no abarcan toda la ciudad. Básicamente, su foco de atención se concentra en dos distritos: Miraflores y Barranco. Sin embargo, Lima es mucho más que eso.

También existe la idea de que las únicas obras de teatro son las que forman parte de un circuito preestablecido, pero tampoco es así. Lo mismo ocurre con los certámenes de belleza. Las reinas no están únicamente en los concursos que aparecen en los medios de comunicación. También están en lugares como el cerro El Pino y en lo que tradicionalmente llamamos “conos”, aunque en realidad hablamos de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur.

Ese es el verdadero entorno de la ciudad. Incluso diría que la minoría, el gueto, es el espacio conformado por Miraflores y Barranco. Lima está integrada por 41 o 42 distritos.

En Lima hubo diferentes olas migratorias. ¿Se puede hablar de Lima sin abordar el tema de las migraciones?

Estamos planteando la migración como si fuera algo ajeno a nosotros, y creo que no es así. Por lo que he podido comprobar en el trabajo periodístico que hemos realizado, la migración tiene mucho más que ver con nosotros de lo que creemos.

Todos tenemos ascendencia provinciana. La Lima limeña, en realidad, creo que no existe. Lo que quedan son vestigios de aquella ciudad de inicios del siglo XX. La migración es permanente y forma parte de todos nosotros.

Por eso, cuando se habla de la “toma de Lima”, se plantea cierta distancia, como si fuera una ciudad que viviera de espaldas a lo que ocurre en el resto del país. No necesariamente es así. Aquí viven nuestros parientes, ahijados, primos y abuelos; también las primeras personas que llegaron a esta ciudad.

No es que no tengamos ningún vínculo con el interior del país. Cuando se habla de una Lima distante o indiferente, no lo veo necesariamente de esa manera, porque esos lazos permanecen y conectan a todos.

Yo diría que basta con subir a una unidad del Metropolitano en hora punta y preguntar quién es netamente limeño. Todos tenemos ascendencia provinciana.

Si todos tenemos ascendencia provinciana, ¿por qué persiste el racismo en Lima, particularmente en determinados sectores de la ciudad?

Entiendo que hay una segregación y discriminación en función de la raza, pero eso no significa que las razas existan como categorías naturales.

Por ejemplo, hace dos décadas, si acudías a una discoteca como Aura, podías ser discriminado a primera vista. Sin embargo, cuando asistes a un festival de danzantes de tijeras, no necesariamente encuentras esa discriminación. Todos participan, comparten y celebran. Allí hay personas de Huancavelica y Ayacucho, incluso de zonas divididas por límites políticos entre Junín y Huancavelica.

Lo mismo puede observarse en festivales taurinos como los de Mamara o el Yahwar Plaza de Puente Piedra. En esos espacios no se percibe necesariamente la misma dinámica de discriminación.

Incluso existen cosos ambulantes que llegan a zonas de la periferia. Si se calcula la cantidad de personas que participan en esas actividades, es muchísimo mayor que la que acude a Acho. También existe un movimiento cultural y comercial mucho más amplio.

En Acho aparecen cuatro o cinco familias que suelen figurar en las revistas de sociales, pero eso no tiene una representatividad colectiva como sociedad o población.

En las últimas elecciones hemos visto una aparente separación entre Lima y las distintas regiones debido a los resultados electorales. Incluso se critica el voto de ciudadanos de Cusco o Puno. ¿Por qué persiste esa división?

No podría decir exactamente por qué existe esa separación. Habría que observar cuáles son las poblaciones más numerosas de Lima: San Juan de Lurigancho, Lima Norte, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador o Puente Piedra.

No necesariamente son poblaciones netamente limeñas; en gran medida descienden de migrantes y mantienen un vínculo permanente con las expresiones culturales del resto del país.

Ni siquiera llamaría a esas zonas “el interior del país”, porque forman parte de la misma realidad. Creo que hay una deformación al interpretar la realidad únicamente desde la política. Por ejemplo, puedes acudir a una fiesta de folclore en la plaza de Armas o en la plaza de Acho donde incluso se realizan pasacalles por el centro de Lima. Eso no suele aparecer en televisión, pero allí las personas ocupan los espacios públicos. Esa sí es una verdadera “toma de Lima”.

En esos encuentros participan personas que bailan y celebran una fiesta de Santiago en la plaza de Acho, sin que exista una división política evidente.

Por eso considero que las afirmaciones según las cuales las provincias exigen determinados resultados o cuestionan a Lima por sus decisiones electorales forman parte, en buena medida, de un discurso mediático. No necesariamente representan las expresiones genuinas de la población.

Lo mismo puede observarse en los jóvenes que ocupan el Paseo de los Héroes Navales durante los fines de semana e incluso desde mitad de semana para bailar saya, caporales, marinera o salsa. Existe un divorcio entre esas expresiones culturales espontáneas y los discursos políticos que aparecen en los medios.

Los medios suelen presentar esas movilizaciones como «movilización popular», pero no necesariamente es así. Muchas de esas personas se apropian de los espacios públicos de manera espontánea y no se sienten identificadas con determinados discursos políticos.

Sería un error interpretar la realidad o los sentimientos populares únicamente a partir de esas divisiones políticas. La gente está mucho más allá de ellas y no creo que exista una identificación generalizada con esos discursos.

¿Por qué todavía se utilizan de forma peyorativa términos como “cholo” y “serrano”, especialmente en contextos relacionados con el racismo y la discriminación?

En el libro, por ejemplo, aparece un profesor que viene de Huas y cuyo apelativo es «el Cholo Quitasueño». No percibo que él se sienta ofendido por ese nombre. Al contrario, existe una razón de orgullo, identidad y reafirmación.

Cuando te desenvuelves en ambientes segregacionistas, como San Isidro, Miraflores o Barranco, quizá encuentres un sentido peyorativo en el uso del término «cholo». Sin embargo, en espacios donde conviven personas serranas, amazónicas y costeñas, no necesariamente se percibe como una expresión discriminatoria.

No estoy diciendo que exista un ambiente completamente libre de conflictos. Lo que ocurre es que, cuando una comunidad reafirma sus tradiciones y herencias, ese poder segregacionista puede resultar inocuo y no percibirse como una agresión.

También existe un racismo que opera en sentido contrario. En determinados entornos de personas mestizas o cobrizas, por ejemplo, se utiliza el término «blanco» o «rosado» para referirse a las clases hegemónicas. Muchas veces eso no se interpreta como racismo.

Lo he visto incluso en ambientes futbolísticos: se habla de «el blanco» y nadie se sorprende. Sin embargo, eso también puede ser una expresión de racismo.

El asunto tiene que ver con las relaciones de poder y con quién ocupa una posición privilegiada frente a otra persona. En un barrio popular, incluso en lugares como Surquillo, Lince o Breña, que alguien te llame «cholo» no necesariamente implica una actitud racista o segregacionista. Incluso puede utilizarse en un contexto festivo.

Para las personas que todavía no han leído Lima Cerro y que conocen el libro únicamente por el título y el resumen de la portada, ¿qué pueden encontrar en sus páginas?

El título es un homenaje a Enrique Congrains. Uno de sus cuentos más famosos es El niño junto al cielo, que narra la historia de un niño provinciano que desciende del cerro y se enfrenta a una ciudad representada como un monstruo de mil cabezas. El personaje es víctima de esa ciudad y termina perdiendo sus diez soles anaranjados.

Lo que intento hacer, al margen del parafraseo del libro de cuentos de Congrains, es mostrar una Lima palpitante, orgullosa, excitante, colorida y exuberante, configurada por los provincianos que llegaron a la ciudad.

Lima es básicamente provinciana. Está representada por grupos como Los Mojarras, Laíta y Los Chapis. Incluso Los Chapis pueden entenderse como una tercera generación de la música tropical.

¿Qué otros proyectos tiene en camino? ¿Está escribiendo una novela u otro libro relacionado con este tema?

Uno siempre quiere publicar. Me gustaría publicar poesía, pero todo depende del tiempo que uno pueda dedicarle a desarrollar un tema.

También me interesa mucho la música tropical andina porque considero que existen varios malentendidos alrededor de ella. Se ha tendido a exotizar una música que es esencialmente urbana.

Por ejemplo, si revisas los programas de los años 80, como Pura chicha, aparecen agrupaciones como Pintura Roja, Muñequita Sally y Princesita Mily. El presentador era Pepito Quechua, pero verlo con poncho no representa necesariamente la naturaleza de esa música.

La tropical andina es urbana. Pintura Roja es de Barrios Altos. Alejandro Zárate tiene ascendencia de Huarochirí, que sigue siendo Lima, pero pasó su infancia y juventud, y desarrolló su formación cultural, en Barrios Altos.

El guitarrista de Los Chapis, Jaime Moreira, es de Independencia. Esa es la diferencia respecto de los antiguos cumbieros o cumbiamberos: él no bebe del rock, como sí lo hicieron sus maestros, sino que aprende de guitarristas que ya estaban vinculados con la música tropical.

Una nueva emboscada contra militares en Ceuta se ha saldado con dos efectivos heridos leves y varios detenidos. El suceso, ocurrido de la madrugada del viernes al sábado, se produjo cuando un grupo numeroso comenzó a lanzar piedras contra el dispositivo militar. Durante la intervención, una militar resultó herida al caer mientras huía, mientras que un sargento sufrió lesiones leves al forcejear con uno de los presuntos agresores.

El ataque tuvo lugar en las inmediaciones del Foso Real, a la altura de la gasolinera Shell y frente a la playa de El Chorrillo. En ese momento, según informaron fuentes policiales a La Gaceta, un grupo numeroso comenzó a lanzar piedras contra los militares desplegados en la zona.

La intervención se produjo después de que una patrulla del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil pasara por las inmediaciones. Los propios militares alertaron a los agentes de que estaban siendo atacados, lo que provocó la intervención inmediata de los efectivos del GRS. Tres de los presuntos agresores fueron detenidos en el lugar, mientras que un cuarto logró huir en dirección a la playa.

Los militares iniciaron entonces la persecución del individuo y lograron darle alcance en el arenal, donde fue retenido y posteriormente entregado a los agentes de la Guardia Civil. Finalmente, cuatro personas fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, según confirmaron fuentes oficiales a la Cadena SER.

Durante la intervención resultaron heridos dos militares. El sargento sufrió lesiones en el codo y una herida sangrante después de caer al suelo durante el forcejeo con uno de los individuos a los que trataba de inmovilizar. La otra militar sufrió lesiones leves al caer mientras trataba de alejarse de la zona durante el lanzamiento de piedras.

Dos ataques a militares esta semana

Este ataque se suma al ocurrido el pasado jueves en Benzú, cuando un grupo de entre 30 y 40 migrantes rodeó un vehículo militar y comenzó a lanzar piedras de grandes dimensiones contra los cuatro militares que se encontraban en su interior. Los efectivos resultaron heridos y tuvieron que abandonar el vehículo para ponerse a salvo.

Tras el ataque, doce personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial. Once de ellos reconocieron su participación y aceptaron una condena de dos años de prisión, sustituida por su expulsión a Marruecos y la prohibición de regresar a España durante cinco años. El duodécimo detenido, que niega haber participado en los hechos, permanece en prisión provisional.

Una pelea entre migrantes deja un herido y un detenido

Una reyerta entre migrantes se produjo durante la madrugada de este sábado en la barriada de Miramar, cerca de la frontera con Marruecos. Según fuentes policiales y vecinales citadas por EFE, el enfrentamiento comenzó con una discusión entre dos migrantes que habían accedido a Ceuta el pasado 30 de julio. Durante la pelea, uno de ellos agredió al otro, que cayó por un terraplén próximo y quedó inconsciente en el suelo.

Los vecinos de la zona avisaron a los servicios de emergencia al comprobar que el herido sangraba abundantemente por la cabeza. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Universitario de Ceuta, donde permanece ingresado. El presunto agresor, también de nacionalidad marroquí, fue detenido por la Policía Nacional y está previsto que pase a disposición judicial por un presunto delito de agresión.

Los residentes de la barriada han denunciado que en este punto de la ciudad se producen con frecuencia enfrentamientos entre los migrantes que permanecen en la zona. Según su relato, algunas de estas disputas estarían relacionadas con el reparto de comida y con el consumo de alcohol u otras sustancias.

Las ubicaciones que propuso el equipo de Vivas inicialmente fueron descartadas por requerir obras de meses al carecer de saneamiento y electricidad. Los polideportivos, primera opción del Ejecutivo, también quedaron fuera por el rechazo expreso del presidente ceutí.

Los nuevos espacios acordados necesitan menos acondicionamiento, y el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, se comprometió a tenerlos listos “con la máxima premura”. Decenas de trabajadores de Tragsa ya están instalando camas, baños y comedores.

Un acuerdo para alojar a los migrantes y desbloquear la crisis

La urgencia por resolver el alojamiento no es solo humanitaria, sino también operativa. Desde el Gobierno lo explican con una razón práctica: “No se puede hacer un proceso de expulsión o denegación de asilo en una mesa en una playa, porque requiere un complejo sistema informático cerrado con protección de datos”. Sin espacios adecuados, los trámites de devolución no pueden empezar.

La ministra de Sanidad, Mónica García, lo explicó en una entrevista con ElDiario.es: “Sin realojos, no hay nada de lo demás”. García cifró en 3.800 las personas ya alojadas y anunció que “en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más”, con el objetivo de que todos los migrantes estén bajo techo en dos o tres semanas.

La ministra señaló también que el Gobierno no tiene capacidad de realojar a los migrantes con rapidez “sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta”, y apuntó a una “actitud de desidia” de la ciudad durante las dos primeras semanas, “porque jugaban la carta de la expulsión”. A su juicio, ahora ha habido un “cambio de actitud” y la ciudad colabora. Sobre las devoluciones, García fue tajante: “Nos acusan de llegar tarde, pero nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos”, recalcó.

Para acelerar los retornos, la prioridad son los adultos marroquíes, con muy pocas posibilidades de obtener asilo. Torres se comprometió a forzar “el retorno de quienes se quedaron en Ceuta tras el día 30 y 31” de julio. El Ejecutivo ha enviado más policías especializados y ha autorizado que parte de las entrevistas preceptivas se hagan por vía telemática, con agentes e intérpretes fuera de la ciudad.

Además, ha solicitado formalmente la colaboración de la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de Europol y de la Agencia de la UE para el Asilo (EUAA), diez días después de recibir la oferta europea. La secretaria de Estado de Interior, Aina Calvo, se ha trasladado a Ceuta para coordinar el operativo sobre el terreno.

Las cifras de la crisis varían según la fuente. El Ejecutivo calcula que en Ceuta permanecen unos 5.000 migrantes; el gobierno de Vivas considera que pueden ser casi el doble. Unos 1.827 ocupan ya plazas en los dos centros habilitados y alrededor de 1.500 son menores identificados. El objetivo inmediato es habilitar 2.000 nuevas plazas.

La reunión del mando único también abordó los episodios de violencia del jueves, cuando un grupo de ceutíes intentó bloquear los camiones de la Cruz Roja con alimentos para los migrantes. Sánchez reclamó una condena unánime y Vivas, tras calificar la situación de “insostenible”, se comprometió a trabajar para frenarla. Todos los partidos de Ceuta firmaron un comunicado conjunto.

“Los violentos no nos representan, nadie debe tomarse la justicia por su mano”, leyó el presidente de la ciudad. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, añadió en el Congreso: “¿Qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y si tuvieran que conseguirlos de otra manera?”. Para evitar que los bloqueos se repitan, la policía y el ejército han multiplicado su presencia en la zona y se han enviado más antidisturbios a Ceuta.

En sus comparecencias ante el Congreso, los ministros de Exteriores, José Manuel Albares; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Inclusión, Saiz, aseguraban que Marruecos no está detrás de la entrada masiva de migrantes, al menos no como principal impulsor.

Albares detalló sus contactos con su homólogo marroquí, Naser Burita, y señaló que en las primeras horas de la crisis más del 90% de los migrantes que cruzaron a Ceuta regresaron al país vecino gracias a la colaboración marroquí. García, por su parte, vinculó lo ocurrido con “un intento de desestabilización” en el que Marruecos “tiene una responsabilidad”, con “anclajes con la ultraderechización internacional, con Trump y Netanyahu”, según declaró a ElDiario.es.

La tensión que reina en Ceuta tras casi un mes desde que cerca de 70.000 personas cruzaron la frontera de la ciudad autónoma ha dado este viernes una tregua después de varios días marcados por episodios de violencia. Este jueves un grupo de ciudadanos intentó impedir el reparto diario de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín, donde los antidisturbios de vieron obligados a intervenir. Los hechos provocaron que tanto el Gobierno central como el de la región y hasta el Partido Popular -que lidera en la región desde hace 25 años- hayan llamado a la calma. “Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de todos y de Ceuta”, dijo su presidente, Juan Jesús Vivas.

De la misma manera, el miércoles tuvo lugar una marcha para denunciar la “inacción del Gobierno”, que terminó con un grupo de una 200 personas desviadas hacia dicha playa donde se encontraban los migrantes y con disparos disuasorios por parte de la policía. Este viernes, centenares de personas han vuelto a salir a las calles de Ceuta para protestar por la entrada masiva de migrantes. Pero en esta ocasión, y como han reportado Europa Press y EFE, la jornada ha sido “pacífica” con dos manifestaciones que han tenido lugar en diferentes puntos de la ciudad.

Bajo los gritos de “Invasores, expulsión” y “¡Ceuta, Ceuta!”, y portando numerosas banderas de España, la marcha convocada por Ceuta Unida y el colectivo Varela, ha arrancado sobre las 19.30 horas desde el puente del Cristo y ha recorrido diferentes barriadas de la ciudad autónoma. El objetivo de los convocantes era que los vecinos pudieran incorporarse progresivamente hasta formar una única movilización con destino a las playas del Trampolín y Benítez, donde se han venido produciendo los altercados y donde todavía permanecen migrantes llegados durante finales de julio.

Sin embargo, ha sido frente a la Delegación del Gobierno, en la plaza de los Reyes, donde se ha producido la imagen del armisticio. Como ha recogido Europa Press, más de un centenar de ceutíes han acudido hasta allí con claveles en las manos para expresar su rechazo a la gestión del Ejecutivo y, al mismo tiempo, marcar distancias con los episodios de violencia registrados durante las últimas jornadas. Los asistentes han terminado lanzando las flores a las puertas del edificio.

“Sin violencia, sin odio, sin racismo” ha sido el lema elegido para una concentración que, según sus impulsores, ha reunido a cristianos, musulmanes, judíos e hindúes bajo una misma reivindicación: “Nuestra tierra, nuestra seguridad y nuestro futuro”. Los manifestantes han asegurado sentirse “abandonados” por el delegado del Gobierno y han calificado de “violentos” a los grupos que protagonizaron los incidentes del jueves en la playa de Benítez.

Una convocatoria que pedía “desesperar” a los migrantes

Pese al carácter pacífico con el que finalmente se ha desarrollado la jornada, algunos de los mensajes difundidos previamente para movilizar a los vecinos empleaban un tono mucho más contundente. Ceuta Unida había pedido expresamente evitar “agresiones” y “enfrentamientos” y dejar cualquier incidente en manos de la Policía, pero al mismo tiempo instaba a prolongar la presión sobre los migrantes. “Hay que desesperarlos, que sean ellos los que atacan para que la Policía, con el uso gradual de la fuerza, pueda defendernos y estar de nuestro lado. Un asedio de muchas horas hará que se desesperen”, señalaba uno de los mensajes difundidos para la convocatoria.

Tras el lanzamiento de los claveles, los participantes congregados frente a la Delegación del Gobierno han comenzado a marchar por la ciudad con la intención de encontrarse con la otra movilización y continuar el recorrido hasta la playa de Benítez.

Noticia en ampliación

*Con información de Europa Press y EFE

España ha solicitado a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de personas de los pasados 30 y 31 de julio. Así se lo ha trasladado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea, Beate Gminder, después de que esta enviara el pasado 21 de agosto una carta al embajador de España ante la UE, Marcos Alonso, en la que ofrecía el apoyo de distintas agencias europeas para hacer frente a la crisis migratoria.

En respuesta a ese ofrecimiento, Interior ha pedido la intervención de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) para reforzar el dispositivo de triaje y agilizar la posterior tramitación de los expedientes de quienes todavía permanecen de manera irregular en la ciudad autónoma.

En concreto, la cartera que dirige Grande-Marlaska ha solicitado ampliar la duración de la operación Minerva de Frontex, que actualmente cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho y cuya finalización está prevista para el próximo 2 de septiembre. La intención del Gobierno es que el dispositivo pueda prolongarse “todo lo necesario” mientras se resuelve la situación en la ciudad autónoma.

Agentes adiciones y que el dispositivo pueda prolongarse el tiempo necesario

Interior también reclama la incorporación de diez agentes adicionales del Cuerpo General de Frontex a las labores de triaje. Su cometido sería agilizar la recogida de información de las personas que entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio y que todavía no han pasado por este procedimiento.

A esta labor se sumaría la Agencia de la Unión Europea para el Asilo. El Ministerio considera que la EUAA podría prestar asistencia tanto en la realización de entrevistas como mediante la puesta a disposición de intérpretes. Debido a las limitaciones de espacio existentes en Ceuta para desarrollar estas actuaciones, la propuesta pasa por que ambas tareas puedan llevarse a cabo de manera telemática.

La participación de Frontex podría extenderse además a una fase posterior. Una vez concluidos los procesos de triaje y, en los casos correspondientes, los procedimientos de asilo en frontera, Interior concretará qué asistencia necesita de la agencia europea para ejecutar determinados retornos, recurriendo a los mecanismos de mediación y a los acuerdos que Frontex mantiene con diferentes países de origen.

Grande-Marlaska ha pedido asimismo que el buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil permanezca en aguas españolas durante 2027. Esta embarcación, enfocada en prevenir la delincuencia transfronteriza, garantizar la seguridad marítima y combatir lamigración irregulary la trata de personas, fue inaugurada por el ministro el pasado mes de septiembre.

La embarcación opera seis meses al año bajo las órdenes de Frontex debido a que su flete fue cofinanciado por la Unión Europea. A ello se suma la petición de mantener los servicios de EUROSUR Fusion Services, que proporcionan imágenes por satélite de la frontera con Marruecos para vigilar zonas marítimas, puertos, costas y áreas prefronterizas.

En cuanto a Europol, Interior plantea mantener y profundizar la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, especialmente en la investigación de las redes de tráfico de migrantes y el análisis estratégico.

La petición llega después de que España solicitara el pasado 24 de agosto más de 32 millones de euros en ayuda de emergencia con cargo a los fondos europeos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV). Grande-Marlaska ha trasladado a Gminder que el Gobierno confía en una “pronta resolución” de esa solicitud.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a fortalecer los vínculos con los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y pidió unidad en el marco del concurso México Canta, que busca fortalecer las raíces mexicanas en jóvenes que radican en el extranjero.

Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, la mandataria subrayó que no se debe confundir la aplicación de leyes migratorias con el racismo o la discriminación hacia las y los mexicanos que viven en el país vecino.

Relación entre México y Estados Unidos: migración, racismo y vínculos familiares

Sheinbaum explicó que existe “algo muy especial” en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en las experiencias de los migrantes y sus familias. La presidenta sostuvo que, aunque todos los países cuentan con reglas migratorias, esto “no significa que eso se traduzca en racismo, en ver menos a las y los mexicanos, porque el trabajo que hacen allá es muy importante para nuestras familias, pero también para la economía de Estados Unidos”.

La mandataria reconoció que las acciones recientes de ICE han sido dolorosas y violatorias de derechos humanos, y aseguró que para el gobierno mexicano es motivo de orgullo la presencia de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. “La reivindicación de nuestras paisanas y paisanos es muy importante en este momento y el vínculo que queremos que siempre tengan con su país”, afirmó.

Inclusión de artistas mexicanos en el extranjero en concursos culturales

La presidenta destacó que muchos migrantes han mantenido la lengua, la música y la identidad mexicana, aún después de varias generaciones en el extranjero. “Allá hay muchos grupos mexicanos. Los Tigres del Norte se hicieron allá, porque allá los escuchan, y muchos otros grupos se han hecho allá, y son grupos que han ido a tocar a la Casa Blanca con distintos presidentes”, mencionó.

Además, Sheinbaum resaltó que existe un reconocimiento especial para las y los jóvenes de origen mexicano, muchos de ellos con doble nacionalidad y descendientes de personas que migraron hace décadas: “Nacieron en Estados Unidos por segunda, tercera generación, pero decidieron también, porque así lo permiten las leyes mexicanas, ser mexicanos también”.

En respuesta a la propuesta de ampliar el certamen “México Canta” a mexicanos residentes en otras regiones del mundo, la presidenta señaló que “pueden participar si viven en otros lados del mundo, pero ese en particular (Estados Unidos) es un vínculo muy importante”. Subrayó que la hermandad y el reconocimiento hacia quienes han migrado son una prioridad para su administración, especialmente para que las nuevas generaciones mantengan un lazo sólido con México.

A punto de cumplirse un mes desde que Ceuta recibió una oleada masiva de más de 70.000 migrantes, la tensión en la ciudad autónoma no cesa. Este jueves cerca de 200 personas de la localidad bloquearon durante más de dos horas el acceso de un convoy de Cruz Roja a la playa de El Trampolín donde los migrantes acuden diariamente a recoger comida. El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ya hizo ayer un llamamiento a la no violencia: “No puede ser que voluntarios de Cruz Roja se sientan amenazados por entregar comida”.

Pero desde los pasados 30 y 31 de julio, los ceutíes han hecho pública la inseguridad que aseguran sentir en sus propias calles. Uno de los últimos testimonios que se ha hecho viral ha sido el de Noelia, una mujer ceutí que este jueves relató en el programa En boca de todos, de Cuatro, la situación que está viviendo la población de la ciudad, que hace un mes vio casi duplicada su población ante la llegada masiva de personas.

Este REPASO de una ceutí a una tertuliana progre que pide no devolver a todos los inmigrantes ilegales a Marruecos es lo mejor que verás hoy.

"Tras a tus hijos aquí y los sacas a la calle si tienes cojones".

"Desde Madrid sentadita y pintadita es muy fácil". pic.twitter.com/ZCsoIXgnQ1

— Unai Cano (@unaicano10) August 27, 2026

Noelia, madre de dos niños de 11 y 12 años, explicó que no permite actualmente a sus hijos salir solos de casa por miedo a que pueda ocurrirles algo. “Mis hijos están encerrados en mi casa. Mis hijos no tienen culpa”, lamentó antes de preguntarse: “¿Hay derecho a que no vayan a la playa?”, dijo, para antes añadir: “Las circunstancias en las que han venido han sido violando una frontera y si han venido violando una frontera tienen que volver”.

“Ya estamos otra vez vinculando delincuencia con inmigración”

" ¿Pero están encerrados porque tienes miedo de que les hagan algo? Es que ya estamos otra vez vinculando delincuencia con inmigración”, respondió Peñalosa. La mujer prosiguió a referirse a las “15 violaciones” que se habrían producido desde el inicio de la crisis. Tras esto, procedió a elevar el tono hacia la periodista, mientras recibía aplausos por parte de los vecinos que se encontraba junto a ella en la calle: “¡Trae a tus hijos aquí y los sacas a la calle si tienes cojones, qué desde Madrid sentadita y pintadita es muy fácil”. “¡Vente aquí que yo pago los mismos impuestos que tú“, continuó, para después añadir: “¡Qué nos escuche España y que esto no se corte el día 1 de septiembre! Cuando empiece el curso político que no se olviden de nosotros, como se olvidaron de nosotros de la DANA (de Valencia, ocurrido el pasado octubre de 2024) y de la Palma (de la erupción volcánica que tuvo lugar en 2021)”.

Antes del enfrentamiento, Noelia también había cargado contra algunas de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad ante el comienzo del curso escolar. Al conocer que habrá presencia policial en colegios e institutos, cuestionó: “¿Mi hijo es un criminal que va a tener que tener un policía dentro de su colegio? ¡Pero a dónde hemos llegado!”. “Mis hijos no han cometido ningún delito para tener que estar custodiados”, añadió.

La avalancha migratoria en Ceuta ha dejado en una situación crítica al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en la ciudad autónoma, que supera con creces su capacidad operativa sin apenas medidas de seguridad.

Meses antes de que más de 70.000 migrantes cruzasen de manera repentina la frontera desde Marruecos el pasado 30 de julio, estos espacios de primera acogida y de carácter temporal ya sufrían los problemas de sobrecapacidad. Con una capacidad teórica de unos 512 ocupantes, el CETI de Ceuta gestiona a día de hoy la acogida de 965 personas.

Tornos averiados, sistemas de videovigilancia obsoletos y escasez de personal figuran en una lista de incidencias que, según Miguel Ángel Sánchez, miembro del comité de empresa de Eulen Seguridad y representante de Comisiones Obreras, exponen a diario tanto a los residentes como a los vigilantes. “Los compañeros nos jugamos la vida en el centro”, asegura.

Las averías en los sistemas de fichaje, donde los internos deben introducir una tarjeta de acceso con su fotografía y datos personales, impiden que el personal controle quién entra y quién sale del centro. La consecuencia de ello, explica el vigilante de seguridad, es que muchas personas se cuelan para ducharse, asearse, cambiarse de ropa, incluso recibir comida, sin estar dadas de alta como residentes del CETI, “con la peligrosidad que esto conlleva”, advierte.

“No sabemos quiénes son, de dónde vienen o cuál es su situación sanitaria. No vamos a decir que todo el mundo viene con una situación sanitaria mala, pero al final están dejando pasar a una persona sin control. Y si la dirección decide permitir estos accesos, debe garantizar previamente el protocolo de identificación, registro y control y de prevención sanitaria”, asevera.

Las noches son especialmente críticas. A estos problemas de control se suma más de 25 farolas fundidas, una avería que deja varias zonas prácticamente a oscuras durante la noche y obliga a los trabajadores a realizar sus rondas “con las linternas de sus teléfonos móviles”.

“Sales a la calle y te encuentras una ciudad desbordada a niveles máximos; los niños no pueden salir a la calle, no se puede hacer vida normal y encima te metes en un centro donde te juegas la vida. Se asume un riesgo innecesario y no podemos esperar a que ocurra una desgracia”, lamenta.

El centro de menores de Melilla se declara en huelga

La presión y la falta de medios en los centros de acogida también es límite en la ciudad autónoma de Melilla, donde el sindicato CGT ya ha registrado una convocatoria de huelga de los trabajadores del centro de menores La Purísima de Melilla del 3 al 6 de septiembre por la “grave situación” que, según el sindicato, padecen tanto la plantilla como los cientos de menores acogidos.

Sánchez afirma que el sindicato “no descarta” declarar paros si las deficiencias persisten. “Desde la sección sindical no descartamos nunca nada porque llevamos ya tiempo con las deficiencias. Hace un mes, antes de que pasase esto [refiriéndose a la entrada masiva], realizamos un informe en el que manifestamos estos problemas”, advierte.

CCOO reclama un complemento específico para los vigilantes

En un comunicado difundido por CCOO, la sección sindical de la empresa de vigilancia ha anunciado que estudia fórmulas para reclamar que la próxima contratación del servicio de seguridad del CETI, dependiente del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incluya en los pliegos un complemento específico para los vigilantes destinados en estas instalaciones.

La organización considera que la vía adecuada pasa por pedir a la Administración que reconozca de forma expresa la singularidad del servicio que se presta en el CETI de Ceuta dentro del próximo expediente de contratación. Esa petición incluye que el contrato cuente con dotación económica suficiente para incorporar el coste de ese complemento al presupuesto y a los costes laborales del servicio.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum que México impida que más personas migrantes, principalmente mexicanos, crucen de manera irregular la frontera, de acuerdo con un reporte publicado este jueves por Bloomberg.

El mensaje habría sido transmitido por el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, al canciller mexicano Roberto Velasco, durante el encuentro privado que ambos funcionarios sostuvieron el miércoles 26 de agosto en Washington, según personas familiarizadas con la conversación citadas por el medio.

La exigencia surge después de que las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos alcanzaran en julio su nivel más alto desde el comienzo del segundo mandato de Trump. Sin embargo, los cruces irregulares continúan muy por debajo de las cifras registradas durante años anteriores.

¿Qué está exigiendo Donald Trump al Gobierno de Sheinbaum?

Según Bloomberg, el llamado de EEUU es encabezado por Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y uno de los principales promotores de la política migratoria restrictiva de Trump.

La principal demanda sería que el Gobierno mexicano despliegue mayores esfuerzos para interceptar a las personas que intentan llegar a Estados Unidos sin documentos, incluso cuando se trate de ciudadanos mexicanos.

La solicitud representaría una nueva presión sobre Sheinbaum, pues México ha colaborado en el control del tránsito de migrantes extranjeros por su territorio, pero impedir que sus propios ciudadanos abandonen el país implicaría dificultades políticas, jurídicas y operativas.

En México, el derecho a entrar y salir del territorio nacional está reconocido en el artículo 11 de la Constitución. Por esta razón, las autoridades pueden combatir delitos vinculados con el tráfico de personas o advertir sobre los riesgos de cruzar la frontera, pero no detener arbitrariamente a una persona únicamente por su intención de viajar.

El reclamo estadounidense también ocurre en medio de un repunte mensual de los encuentros fronterizos. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), retomados por medios internacionales, indican que durante julio se registraron alrededor de 33 800 detenciones en la frontera con México, el máximo mensual desde febrero de 2025.

Pese al aumento reciente, la cifra permanece lejos de los niveles observados anteriormente. En diciembre de 2024, por ejemplo, los encuentros mensuales llegaron a aproximadamente 370 mil.

Marco Rubio pidió “acciones decisivas” contra la migración irregular

Tras la reunión, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Rubio solicitó “acciones decisivas” para atender tres asuntos considerados prioritarios por Washington:

• Poner fin a la migración irregular hacia Estados Unidos.
• Detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.
• Desmantelar a los cárteles y las organizaciones designadas como terroristas, además de privarlas de armas.

El comunicado oficial no especificó qué medidas concretas espera Washington que adopte México. Tampoco mencionó expresamente una petición para impedir la salida de ciudadanos mexicanos; ese señalamiento procede de las fuentes anónimas consultadas por Bloomberg.

La versión difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso el acento en otros aspectos del encuentro. La dependencia destacó los avances bilaterales en seguridad, particularmente en el combate al tráfico de drogas y armas y contra la delincuencia organizada transnacional.

La Cancillería agregó que Velasco insistió en mantener una colaboración basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la coordinación “sin subordinación”.

Asimismo, las autoridades mexicanas señalaron que durante la reunión se revisaron los avances para reducir la migración irregular y se abordó la protección de los derechos humanos de los mexicanos sometidos a procedimientos migratorios en Estados Unidos.

México y Estados Unidos muestran prioridades distintas

Los posicionamientos difundidos después del encuentro reflejan diferencias entre ambos gobiernos. Mientras Washington sostiene que México debe intensificar las acciones contra la migración y el tráfico de drogas, la administración de Sheinbaum destaca los resultados alcanzados y reclama corresponsabilidad.

El Gobierno mexicano también ha endurecido sus críticas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de las muertes de ciudadanos mexicanos durante redadas o mientras permanecían en centros de detención.

Sheinbaum ha señalado que su administración buscará una relación de cooperación con Estados Unidos, pero mantendrá como límites la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la no injerencia.

La presión migratoria se incorpora a una agenda bilateral marcada por las negociaciones comerciales, el combate al fentanilo, el tráfico de armas y las exigencias estadounidenses contra los cárteles. Aunque ambos gobiernos aseguran que mantienen abiertos los canales de comunicación, las versiones divergentes sobre la reunión muestran que persisten desacuerdos respecto a las responsabilidades de cada país.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido este jueves a petición propia para rendir cuentas sobre la actuación del Gobierno durante la emergencia humanitaria en Ceuta. Y lo hace dos días después de que la titular de Defensa, Margarita Robles, abriese una nueva fractura interna en el seno del Ejecutivo, tras reiterar que el CNI avisó de la avalancha migratoria, pese a la negación -e insistencia- del titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro socialista, que también tiene responsabilidad en los servicios de inteligencia, ha querido dejar claro que no hubo ninguna información “ni previa ni precisa” que alertase sobre la avalancha migratoria o que demostrase que Marruecos miró hacia otro lado. “Esta es la realidad”, ha zanjado el ministro.

Las preguntas han sido prácticamente calcadas a las que ya contestó el martes la titular de Defensa. Qué propició la entrada de 70.000 migrantes, qué sabían los servicios secretos sobre ello y qué papel jugó Marruecos. “Hay que llamar a todo por su nombre. Señor Bolaños, lo que sucedió el 30 de julio es una invasión. Esto hay que llamarlo así”, señaló la diputada del PP, Cuca Gamarra. Desde la bancada de Vox han endurecido todavía más el tono, acusando al Gobierno de “traición” y de querer ceder los enclaves españoles a la monarquía alauí.

Bolaños ha tenido que aguantar un aluvión de críticas del resto de diputados a izquierda y derecha, quienes han acusado al Gobierno de tibieza en su respuesta a las reivindicaciones históricas de Marruecos; y por la falta de previsión ante los movimientos que, según deslizó la titular de Defensa, se produjeron días antes en los aledaños de la frontera.

Bolaños se ha limitado a insistir en la tesis que lleva defendiendo desde el inicio de la crisis el resto del Ejecutivo, reiterando que la magnitud del desastre surgió a raíz de una sentencia “tergiversada” del Tribunal Supremo y su difusión masiva en las redes: que la frontera estaba abierta y que no se podían interceptar a los migrantes que accediesen por el mar.

“Están ustedes acusando sin ninguna prueba [...] Yo espero que tarden mucho en gobernar, pero esto de lanzar insidias y sospechas sobre el gobierno de un país vecino, con el que hay que cooperar, no es un buen camino”, replicaría de nuevo el titular de Justicia, asegurando que “nunca jamás” se ha abordado el futuro de Ceuta o Melilla en las conversaciones mantenidas con sus homólogos en Rabat. “Son tan españolas como Madrid y Barcelona”, ha afirmado el ministro.

Promete refuerzos en los juzgados y acusa a PP y Vox de falta de patriotismo

En su intervención, Bolaños ha pedido confianza en el Estado en la crisis de Ceuta, reiterando que “el Estado está volcado” y que su prioridad es la devolución, también de los menores migrantes no acompañados. En esta línea, ha acusado al PP y Vox de querer torpedear el reparto de menores en la península para aliviar la presión en Ceuta: “No es muy patriota envolverse en la bandera de España, pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan ayudar a normalizar la situación en Ceuta”.

El ministro ha prometido refuerzos en los juzgados para afrontar la situación de colapso y resolver los miles de expedientes de asilo que quedan por resolver. En este sentido, el titular de Justicia ha matizado que el Gobierno aprobará “en cuestión de horas” los refuerzos una vez lo solicite formalmente el Consejo General del Poder Judicial, una petición que, según el ministro, no ha sido formulada.

La vacunación de los migrantes llegados a Ceuta el pasado 30 de julio comenzará la próxima semana. Así lo ha adelantado la ministra de Sanidad, Mónica García, en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso.

García ha situado la vacunación de la población migrante como uno de los principales retos y desafíos tras la primera fase de la gestión de la crisis en Ceuta. En total, el ministerio y las comunidades autónomas han acordado enviar 45.000 dosis a la ciudad autónoma, que permitirán desarrollar un programa de inoculación contra la difteria, el tétanos, la polio, la varicela, el sarampión, la rubeola y la parotiditis. “Debemos asegurar la logística, la administración de las dosis, el registro de la vacunación y también la reposición de las vacunas cedidas por las diferentes comunidades autónomas”, ha agregado García.

La vacunación entra dentro del operativo preventivo de salud pública entre la población migrante. El pasado mes de junio, el Ministerio de Sanidad aprobó una estrategia de vacunación en personas migrantes y refugiadas, base sobre la que se trabajará ahora en Ceuta.

El hacinamiento, principal preocupación de salud pública

En el balance sanitario expuesto por Sanidad, Ceuta registra por ahora tres casos de tuberculosis, aunque uno ya estaba en tratamiento cuando llegó y no tenía capacidad de contagio. Los otros dos corresponden a una tuberculosis cerebral y a otro caso previo al 30 de julio que también estaba tratado.

A ese cuadro se suman tres casos sospechosos de varicela, uno de ellos vinculado a la operación Paso del Estrecho, y alrededor de 60 casos de gastroenteritis. La vacunación prevista para la próxima semana incluirá también protección frente a la varicela y la polio, además de la triple vírica y la difteria-tétanos.

Respecto a los casos de escabiosis, la ministra ha declarado que “son casos que son conocidos en todo nuestro territorio” y que la incidencia de la sarna “se ha multiplicado por 12″ en la última década. Los servicios sanitarios han tratado a todos los pacientes migrantes que padecen escabiosis, pero “hasta que no tengamos a toda la población en lugares seguros y en lugares habitables y en lugares higiénicamente controlados, pues no podremos hacer el seguimiento de todas estas personas”, ha aseverado.

García ha rechazado con dureza que se presente a toda la población migrante como una amenaza sanitaria. La ministra ha afirmado que “usar enfermedades habituales en nuestro entorno para presentar a toda una población como una amenaza sanitaria es injusto, no es real y es mentira”. La titular de Sanidad ha cargado además contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por plantear su confinamiento. Esa posibilidad, según ha dicho, ha sido ampliamente rechazada por epidemiólogos y expertos en Salud Pública y resulta además “contraria a la legalidad”.

El Gobierno sitúa la prioridad inmediata en las condiciones de alojamiento de la población migrante. García ha advertido de que el hacinamiento, la intemperie, la falta de agua segura y las dificultades de higiene y saneamiento siguen siendo los principales riesgos para la salud.

Solo con alojamiento bajo techo en espacios seguros y habitables, ha explicado, puede garantizarse la vigilancia epidemiológica y reforzarse la detección temprana, el diagnóstico, los tratamientos, los aislamientos indicados y el estudio de contactos. Para hacer frente a este desafío, el Gobierno de España, en colaboración con la ciudad de Ceuta, irá habilitando espacios para acoger a la población migrante, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 4.000 personas.

En medio de uno de los días más complicados de la crisis que vive desde hace un mes, Ceuta ha recibido este jueves la visita del expresidente José María Aznar. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, le ha recibido con los brazos abiertos y ha defendido su labor como mandatario en lo referente a la ciudad autónoma. Vivas ha asegurado que no permitió que “dependiera del otro lado de la frontera”. A su vez, ha asegurado que ambos comparten el “dolor” por esta crisis y por la “pasividad de quien pudo evitarlo y estaba avisado”, en un nuevo mensaje dirigido al Gobierno.

Tras las palabras de Vivas, ha llegado el turno de Aznar. El que fuera presidente de España entre 1996 y 2004, ha comenzado su discurso exigiendo la vuelta del “orden”. “Quien ataca nuestras fronteras no puede permanecer en territorio nacional”, ha sostenido, dirigiéndose después a Pedro Sánchez al afirmar que “la soberanía nacional no tiene vacaciones”.

Aznar ha pedido que hay que centrarse en los ceutíes y no en lo que ocurre al otro lado de la frontera. El expresidente ha concluido con el mensaje de que “Ceuta es España” y su futuro el de todo el país. Por ello, ha llamado a terminar con las “incertidumbres” que suponen una amenaza para todo España. También ha recordado que la frontera con Marruecos no solo es española, sino que también europea, tratando de elevar el problema al continente.

Reacciones del PP a la tensión en Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la agresión sufrida por cuatro militares en Ceuta señalando que este incidente evidencia el deterioro de la situación tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha reclamado al Gobierno una revisión de la normativa para que los militares puedan desempeñar funciones de agentes de la autoridad, subrayando que ahora actúan “sin medios, órdenes claras ni respaldo legal”.

El líder popular ha expresado su inquietud por la falta de respuesta gubernamental y cuestionó la pasividad del Ejecutivo. Feijóo ha sostenido que los ciudadanos de Ceuta afrontan en solitario la crisis y criticó la ausencia de medidas preventivas para controlar la llegada de migrantes, así como la gestión de la seguridad en la ciudad autónoma. Paralelamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la situación de los militares y la ausencia de facultades legales para intervenir más allá de labores logísticas o de apoyo.

Muñoz ha recordado que durante la pandemia se permitió a las Fuerzas Armadas actuar como agentes de la autoridad, instando a que se adopte una medida similar ahora. Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, alertó sobre el “descontrol” en Ceuta y solicitó la ampliación de competencias del Ejército en tareas de seguridad ciudadana. En el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, dirigió críticas al Ejecutivo por la gestión de la seguridad y la protección a los militares desplegados en la ciudad.

Casi un mes después de la llegada masiva de cerca de 80.000 migrantes a Ceuta, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido en el Congreso para evaluar la situación que viven los servicios públicos y la población de la ciudad autónoma. García ha defendido una vez más la ausencia de un colapso sanitario en la región, un escenario que se ha evitado gracias al sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios presentes en la ciudad.

“Es gracias al esfuerzo, gracias al compromiso, es gracias a los refuerzos que hemos puesto y que se han puesto en el Hospital de Ceuta, en los centros de salud y en el 061, gracias a eso es por lo que no ha habido un colapso”, ha valorado la ministra, que ha agradecido el trabajo de los profesionales en el último mes.

Pese a la ausencia de colapso, García ha reconocido el “innegable” aumento en la demanda asistencial, que principalmente ha afectado a los servicios de urgencias, con una media de 75 visitas diarias más que en 2025. Tan solo el primer día de la crisis humanitaria, se realizaron en Ceuta 1.146 asistencias sanitarias en el sistema de salud de la ciudad autónoma. La presión se ha reducido a lo largo de las diferentes semanas, con una media de 250 a 350 asistencias diarias.

En la atención primaria, los centros de salud recibieron 342 pacientes el 30 de julio y ahora atienden a una media de 141-146 pacientes diarios. Respecto a los ingresos hospitalarios, la ministra ha detallado un pico de 35 migrantes el pasado 13 de agosto, que ahora se ha reducido a 17.

Refuerzos y horas extra permiten esquivar el colapso

“En todo momento hemos tenido más de cien camas libres para atender a los pacientes”, ha asegurado García, un logro conseguido por el aumento de 37 camas, hasta alcanzar las 215, “que podrían ser ampliadas a 250″, ha aclarado. El Hospital de Ceuta ha habilitado igualmente un clúster de emergencia para recibir a los migrantes, mientras el Ingesa ha diferenciado los circuitos asistenciales para garantizar la asistencia sanitaria de los ceutíes. De hecho, la ministra ha recordado que ninguna cita programada ha sido cancelada y ningún proceso quirúrgico ha sido aplazado. “Esta no es la imagen del colapso”, ha sentenciado García.

El incremento de la demanda asistencial se ha combatido con un refuerzo de las plantillas, con más de 100 contratos nuevos; pero también con la realización de guardias voluntarias de los facultativos ya presentes, han recordado desde el Partido Popular. La diputada Carmen Fúnez de Gregorio ha asegurado que los residentes MIR del hospital han hecho 574 horas extra en los últimos días y hay adjuntos que han acumulado nueve guardias en el último mes. “No es que haya más, es que se está haciendo un sobreesfuerzo”, ha incidido.

La insalubridad, el primer desafío de salud pública

La ministra ha insistido en que en Ceuta “no está todo resuelto” y que “la emergencia migratoria persiste”. En materia sanitaria, el principal reto sigue siendo, según García, garantizar condiciones dignas, salubres y de alojamientos para todas aquellas personas que todavía se mantienen en situación de calle.

Han sido estas condiciones insalubres las que han provocado pequeños brotes de infecciones y enfermedades transmisibles entre la población migrante, para la que el riesgo de contagio se considera moderado. La ministra ha asegurado que los casos detectados de tuberculosis (dos casos detectados relacionados con la llegada masiva a Ceuta), varicela (un caso sospechoso) y gastroenteritis (unos 60 casos) están controlados, mientras que la expansión de la sarna solo podrá vigilarse de forma adecuada cuando “tengamos a toda la población en lugares seguros, habitables e higiénicamente controlados”.

La ministra ha insistido en que todas estas patologías no son ajenas a España. Ha vuelto a rechazar, igualmente, las peticiones de confinamiento de la población migrante. “Es contrario a la evidencia científica, pero sobre todo es contrario a la legalidad”, ha aseverado.

Para hacer frente a este desafío, el Gobierno de España, en colaboración con la ciudad de Ceuta, irá habilitando espacios para acoger a la población migrante, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 4.000 personas.

Respecto a la vacunación de la población migrante, la ministra ha informado de que comenzarán la próxima semana con el operativo para repartir las 45.000 dosis cedidas por las comunidades autónomas. El ministerio mantendrá la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de los casos y trabajará para preservar la calidad asistencial en la ciudad de Ceuta, para lo que mantendrán los refuerzos de plantilla “el tiempo que haga falta mientras sean necesarios”. ”La atención ordinaria ha estado en todo momento asegurada y va a seguir plenamente garantizada", ha concluido.

El Gobierno ha aprobado la transferencia de 25 millones de euros para reforzar la atención a menores migrantes en Ceuta, a lo que suma el despliegue de nuevos recursos policiales y la preparación de un centro con capacidad para 400 personas. El reparto económico cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, regiones donde Vox gestiona las competencias de Infancia y que han solicitado dejar constancia de su voto negativo y su ausencia en la reunión, según señala el Ministerio de Juventud e Infancia.

En la conferencia sectorial celebrada este jueves, presidida por la ministra Sira Rego, se ha validado la transferencia de fondos para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, vestimenta, apoyo jurídico, atención médica y servicios de traducción para los menores que permanecen en la ciudad autónoma. El encuentro no ha abordado el posible reparto de estos menores entre otras comunidades, ya que el Ministerio ha retirado ese punto del orden del día después de que responsables autonómicos, como la consejera madrileña Ana Dávila, anunciaran su oposición a debatir esa cuestión.

Refuerzo policial y agilizar asilos

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un dispositivo especial para agilizar la identificación y tramitación de solicitudes de asilo de los migrantes que permanecen en Ceuta. Desde este jueves, agentes de la Policía Nacional disponen de ocho nuevas líneas de trabajo en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) provisional, ubicado en el Polígono Industrial de El Tarajal. Este centro, cuya finalización está prevista para el 4 de septiembre, contará con una superficie útil de 1.179 metros cuadrados destinada a uso habitacional y capacidad para 400 plazas, dotada de aseos y duchas.

El dispositivo policial incluye miembros de las unidades de Extranjería y Fronteras, Policía Científica y Seguridad Ciudadana, equipados con sistemas informáticos, impresoras y puntos de red para facilitar las labores de identificación y registro biométrico. El Ministerio del Interior ha detallado que estas infraestructuras se suman a las ya existentes en la Jefatura Superior de Policía y el paso fronterizo, donde operan otras 10 líneas de identificación.

A la llegada de los nuevos recursos policiales se suma un equipo compuesto por 11 miembros de la Dirección General de Protección Internacional, que reforzarán la formalización y tramitación de las solicitudes de asilo, en especial las presentadas por menores en situación de desamparo, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Estas entrevistas se realizarán tanto de manera presencial como por videoconferencia.

Finalmente, se refuerza la realización del triaje, obligatoria antes de cualquier procedimiento administrativo, ya sea expulsión, devolución, protección internacional o atención de menores. Este proceso incluye un reconocimiento médico a cargo de la Cruz Roja, un examen de vulnerabilidad a cargo de los servicios médicos de la Policía Nacional, identificación biométrica y registro de datos como fotografías y huellas. Toda la información queda registrada en bases de datos policiales, según ha precisado el Ministerio del Interior en su nota de prensa.

Horas después del caos, con la salida del sol y la situación controlada por las autoridades, algunas personas vuelven a ocupar la arena de esta playa que se ha convertido en el campamento improvisado de cientos de personas. A esta hora de la mañana se rebaja un poco el nerviosismo en la playa cercana a la frontera. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil la han custodiado durante toda la noche para proteger a los migrantes y evitar la escalada.

Algunos de los ceutíes que protestaban durante la pasada noche llegaron a El Trampolín y desmontaron estas instalaciones que ahora reconstruyen. En medio de esta tensión, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se reúne con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y con el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Mientras tanto, el Congreso de los Diputados acoge las comparecencias del ministro Ángel Víctor Torres, encargado del mando unificado, Mónica García, de Sanidad, y Félix Bolaños, de Justicia.

La noche más tensa en Ceuta

Una multitud se reunió en la barriada de O’Donnell, frente al Hospital Militar de Ceuta, para mostrar su oposición a la gestión de la crisis migratoria. A lo largo del recorrido, más personas se sumaron hasta alcanzar la Delegación del Gobierno, donde se intensificaron los cánticos y las exigencias. Los participantes portaron banderas, reclamaron la expulsión de los migrantes y pidieron la dimisión de los máximos responsables políticos, a los que acusan de anteponer las relaciones diplomáticas con Marruecos al interés de la ciudad.

El punto más crítico de la jornada se vivió en la Playa del Trampolín, lugar donde se ubica el principal asentamiento provisional, que alberga a centenares de migrantes. Parte de los manifestantes accedieron a la zona e intentaron desmontar tiendas de campaña y arrojar pertenencias al mar. La Policía, desplegada de forma preventiva, intervino para separar a los grupos y realizó disparos al aire para evitar un enfrentamiento directo.

El descontento y la tensión se apodera de la ciudad

El descontento ciudadano se ha agravado desde la llegada masiva de migrantes a finales de julio. Una población de 84.000 habitantes vivió como en unas horas entró casi el equivalente a su total de ciudadanos. El anuncio del uso de polideportivos y antiguos cuarteles para alojar a los recién llegados se recibió como una amenaza para los recursos públicos locales, lo que llevó al presidente Vivas a asegurar que “tendrían que sacarle” si lo intentaban. Para muchos vecinos, estas medidas suponen una falta de atención del Gobierno central hacia las necesidades de Ceuta.

El dispositivo policial evitó incidentes mayores, aunque parte del campamento ha resultado dañado. El malestar social continúa creciendo, impulsado por la sensación de desprotección y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades. En El Trampolín, van volviendo muchos de sus actuales ocupantes, cuyo futuro todavía es incierto y se debate entre el reparto por la Península, su estancia en centros de Ceuta o su devolución a Marruecos.

La concentración ha comenzado en la barriada de O’Donnell, frente al Hospital Militar. A lo largo del recorrido se han sumado nuevos participantes hasta alcanzar las inmediaciones de la Delegación del Gobierno, donde se han multiplicado los cánticos y consignas reclamando la defensa de la ciudad y el rechazo a la utilización de infraestructuras públicas para albergar a migrantes. Al avanzar la tarde, un sector de los manifestantes se ha dirigido a la playa del Trampolín. Allí se han producido intentos de desmontar tiendas de campaña y arrojar pertenencias al mar. Las fuerzas policiales se han interpuesto entre ambos grupos y han hecho uso de disparos al aire para impedir la escalada de agresiones.

La playa del Trampolín ha albergado en las últimas semanas un asentamiento provisional donde se han refugiado centenares de migrantes, y ha sido escenario de creciente malestar vecinal desde el inicio de la crisis. La manifestación de este miércoles ha sido calificada de histórica por su magnitud en una ciudad de 84.000 habitantes que, desde hace semanas, vive una situación de excepcionalidad.

La Playa del Trampolín, el escenario del caos

La tensión que viven los ceutíes va en aumento y, tras esta última concentración, la segunda de esta semana, varias decenas de manifestantes se han desplazado a la playa del Trampolín de la ciudad autónoma, donde se refugian cientos de inmigrantes y en el lugar en el que Cruz Roja realiza el reparto diario de comida. Así, entre insultos y gritos de “fuera invasores” o “esta es nuestra playa”, algunos se han lanzado a la arena en las inmediaciones y han comenzado a derribar algunas tiendas de campaña que sirven de cobijo a los migrantes y a lanzar algunos de sus enseres al mar.

La Policía, con un fuerte dispositivo sobre el terreno, ha evitado que los manifestantes accedieran a la playa principal donde se encuentra el grueso de los migrantes y ha impedido males mayores. Mientras los ceutíes han destruido parte del campamento, los migrantes se han agrupado en el espigón con los antidisturbios entre ambos grupos.

El rechazo a la gestión política ha alimentado la protesta

A lo largo de la protesta, los manifestantes han dirigido sus críticas tanto al delegado del Gobierno como al presidente del Ejecutivo, a quienes acusan de anteponer la relación con Marruecos a la seguridad y bienestar de Ceuta. Las consignas y pancartas han reflejado la exigencia de expulsión de los migrantes y la dimisión de los responsables políticos.

El malestar de los ceutíes por la gestión de la crisis migratoria ha crecido de forma sostenida desde la entrada masiva de migrantes a finales de julio. La indignación ciudadana ha encontrado un nuevo motivo tras conocerse la intención de las autoridades de utilizar polideportivos y antiguos cuarteles militares como puntos de acogida para los recién llegados. Para muchos residentes, esta medida ha supuesto una amenaza directa sobre los escasos equipamientos públicos disponibles para la población local, y ha sido interpretada como una muestra más de la falta de atención a las necesidades de la ciudad por parte del Gobierno central.

La gestión de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio -el Gobierno ha identificado hasta el momento a 2.500, aunque las organizaciones humanitarias elevan la cifra a 4.000- enfrenta de nuevo al Gobierno central y a varias comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para este jueves 27, abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de estos niños, niñas y adolescentes y su posible reubicación, pero las regiones gobernadas por PP y Vox -Aragón, Castilla y León y Extremadura- han rechazado participar.

La negativa de estas tres regiones, que no están de acuerdo con la propuesta de reparto planteada por el Ejecutivo, se produce pese a que la normativa vigente obliga a todas las regiones a colaborar en la reubicación de menores y en un contexto de especial vulnerabilidad como el actual. Aragón, Castilla y León y Extremadura también plantaron al Ministerio de Infancia en la reunión técnica que se celebró el pasado 13 de agosto.

Al encuentro de este jueves entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia, han confirmado su participación Andalucía, Cataluña, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Navarra, Canarias y País Vasco, si bien algunas como esta última ya han dicho que colaborarán con el Gobierno central pero con condiciones. Otras gobernadas por el PP como Baleares, la Comunidad de Madrid y La Rioja han evitado confirmar su asistencia.

El PP ha recalcado en distintas comparecencias que “el interés superior del menor es estar con su familia” y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí. No obstante, organizaciones humanitarias advierten que decenas de menores llegados a Ceuta han huido de Marruecos por la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados, una práctica que sigue permitiéndose en el reino alauita mediante excepciones legales, a pesar de que la edad mínima para casarse está fijada en los 18 años.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, que condiciona cualquier discusión sobre el reparto de los menores migrantes a la obtención de datos concretos, también subraya que Marruecos ha exigido a España la devolución de sus menores que cruzaron a Ceuta. “Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?”, preguntó la semana pasada el vicesecretario del Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en declaraciones que recoge Europa Press.

“La deportación es ilegal”

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado en redes sociales que lo que el Partido Popular plantea “no es reunificación familiar ni retorno, sino una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal”.

En esta línea, Rego ha explicado que la ley en España y en Europa “es clara: escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países”. Además, subrayó que “el retorno debe ser voluntario y con garantías”.

Reforma de la Ley de Extranjería

El enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por el reparto de menores migrantes no acompañados se intensificó tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La modificación, aprobada el pasado mes de abril, introduce un sistema obligatorio que redistribuye a los menores cuando territorios como Canarias, Ceuta o Melilla superan su capacidad de acogida. El mecanismo, que fija las cuotas según población, renta y nivel de desempleo de cada autonomía, ha sido rechazado por varias regiones gobernadas por el PP, que han recurrido a los tribunales al considerar que el modelo impone criterios obligatorios sin garantizar los recursos necesarios ni transparencia en los datos.

Vox, por otro lado, sostiene una postura aún más estricta y exigen la devolución de los menores a sus países de origen. “Hay que poner todos los medios para devolverlos”, han señalado los consejeros del partido de Santiago Abascal.

“Deben quedar fuera de la pelea política”

El rechazo de algunas autonomías a acoger a los menores migrantes que permanecen en Ceuta preocupa especialmente a organizaciones como Amnistía Internacional, que urge a todas las regiones a facilitar la reubicación “en cumplimiento del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo”, que regula su acogida y traslado en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. “La acogida digna de estos niños y niñas es una responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas, la Fiscalía y el Gobierno Central. Los niños y niñas no acompañados tienen que quedar fuera de la pelea política y las autoridades deben garantizar que se adopta una solución que respete todos sus derechos”, indica la organización.

Esta situación se produce, además, en un momento en el que el Gobierno central y el de Ceuta trabajan en el traslado urgente de unas 500 menores a la Península, “sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas”. Esta medida incluye el mencionado real decreto-ley para “la acogida vinculante y solidaria” por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, “pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida”. Entre ellas, se aborda “una vía” para que las organizaciones de protección a la infancia “desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península”, sin que las regiones asuman la tutela.

Son precisamente las niñas y adolescentes solas y sin acceso a sistemas de protección quienes enfrentan un mayor riesgo de sufrir violencia, explotación o ser víctimas de trata. Además, según ha informado la Cadena Ser, aún hay unas 300 niñas en las instalaciones improvisadas que montaron algunas asociaciones vecinales desde casi el inicio de la crisis para ofrecerles ayuda y protección.

Financiar gastos de atención y acogida

La partida de 25 millones de euros que ya ha aprobado el Consejo de Ministros transferir a Ceuta para la atención de los menores migrantes se someterá a votación este jueves en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. Según ha explicado el departamento liderado por Rego, con este crédito la ciudad autónoma podrá financiar todos aquellos gastos de atención inmediata y acogida de los menores, como las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar.

También podrán sufragarse gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, servicios de traducción e identificación de perfiles vulnerables y su atención, así como cualquier otro gasto destinado a garantizar la adecuada atención e integración de las personas migrantes no acompañadas menores de edad.

El sindicato policial JUCIL ha reclamado al Ministerio del Interior un plan urgente para reparar y renovar la flota del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil en Murcia, al sostener que la falta de embarcaciones operativas merma la vigilancia del litoral en un momento de creciente presión migratoria.

La organización ha asegurado en un comunicado difundido a los medios que dos de las cuatro embarcaciones disponibles en la provincia están “fuera de servicio” y que una tercera navega con limitaciones mecánicas que reducen su velocidad a entre 22 y 23 nudos, un nivel que considera insuficiente para responder con eficacia en la costa murciana.

Jucil ha subrayado que la inoperatividad de parte de la flota “reduce de forma preocupante la capacidad operativa de los agentes para vigilar el litoral” y para responder ante la llegada de personas en situación irregular por vía marítima. La cuarta unidad disponible, una semirrígida incautada, no constituye a su juicio una alternativa real a una patrullera provincial frente a las llamadas “pateras-taxi”, equipadas con motores de gran potencia.

“No se puede exigir a los guardias civiles que hagan frente a las necesidades del litoral del siglo XXI con embarcaciones que llevan años acumulando averías y que, en algunos casos, ni siquiera pueden prestar servicio”, ha denunciado el sindicato.

Jucil ha advertido además de una presión operativa al alza en la zona. Según sus cálculos, solo en agosto se habrían registrado ya más de 500 llegadas de inmigrantes en el área de Cabo de Palos-Cartagena, una cifra a la que habría que añadir otra igual o superior si se toma en cuenta el conjunto del litoral murciano.

El problema, ha subrayado, no se limita al estado de las embarcaciones. “Una embarcación nueva no sirve de nada si no hay suficientes profesionales especializados para garantizar su presencia en el mar, cubrir los turnos y responder simultáneamente a las diferentes incidencias que puedan producirse en un litoral tan extenso”, ha señalado.

Miras entra al choque con el Gobierno por la llegada de nuevas embarcaciones

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha lamentado la llegada durante la mañana de una nueva lancha rápida con inmigrantes a la costa murciana. El jefe del Ejecutivo autonómico ha vinculado ese episodio a la falta de medios y ha elevado el tono contra el Gobierno central, al que culpa de dejación de funciones.

“Ante la gravedad de la situación, el Consejo de Gobierno se reúne mañana en Cartagena. La dejación de funciones del Gobierno de España es inadmisible; no puede ser que la Guardia Civil siga sin medios para frenar a las mafias. Exigimos el control de nuestro litoral, esto tiene que acabar ya. Sigo a la espera de respuesta del presidente del Gobierno”, ha afirmado en un mensaje publicado en X.

El PSOE acusa a Miras de “hacer el paripé”

Por su parte, los socialistas murcianos han acusado al regidor popular de intentar generar “una sensación de descontrol sobre la inmigración que no existe”. Asi lo ha trasladado la portavoz del PSRM, Carmina Fernández, sosteniendo que la situación “no es excepcional” y que está controlada. También ha afirmado que la Guardia Civil monitoriza las embarcaciones y actúa desde el primer momento, y ha añadido que los ocupantes de las tres embarcaciones llegadas a la costa de la Región en la última semana han sido localizados, puestos a disposición de la Policía Nacional e incluidos en los correspondientes expedientes de expulsión.

La dirigente socialista ha reprochado además a López Miras que reclamara por carta información y coordinación al Gobierno de España y que, después, el PP rechazara la reunión propuesta por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para compartir información y trabajar de forma conjunta, según ha informado el PSRM.

“Queda claro que aquella carta era un paripé y que la actitud del Partido Popular es hipócrita, no quiere coordinación ni trabajar conjuntamente”, ha manifestado Fernández, que ha definido la actuación del presidente autonómico como el “show habitual de López Miras” y le ha acusado de utilizar la inmigración “como arma electoral”.

Noticia con información de agencias

La entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio no solo ha desencadenado una crisis humanitaria inédita en la ciudad autónoma, sino que también ha propiciado cambios en la legislación. Este martes, el Gobierno ha aprobado dos anteproyectos de ley para adaptar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde junio: una nueva ley de asilo, que sustituirá a la de 2009, y la reforma de la actual norma de extranjería.

Los dos anteproyectos suponen un endurecimiento en la política migratoria de España, al incluir, entre otras medidas, un refuerzo de los controles en frontera y procedimientos más ágiles para las expulsiones. Respecto a la nueva ley de asilo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de “graves retrocesos en derechos”, ya que la iniciativa contempla “medidas más duras de las que obliga la Unión Europea”, lo que puede poner en riesgo el derecho de asilo.

CEAR sostiene que el Gobierno ha optado por ignorar las demandas de las organizaciones especializadas, que reclamaban un pacto enfocado en la protección de las personas solicitantes de asilo y sus derechos. “Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos. Con este proyecto de ley, nuestro Gobierno plantea medidas regresivas que no solo se han mostrado fallidas, sino que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional”, han señalado Mónica López y Mauricio Valiente, directora y director general de la entidad.

La organización, que participó activamente en la redacción de las leyes de asilo de 1984 y 2009, lamenta que no se hayan incorporado propuestas clave, como el refuerzo de vías legales y seguras para solicitar asilo desde embajadas o consulados. Bajo la nueva redacción, la admisión de estas solicitudes “quedaría en manos de la discrecionalidad de las representaciones diplomáticas”, señala CEAR.

Para la organización, entre las novedades más controvertidas del anteproyecto, figura la posibilidad de aplicar procedimientos fronterizos menos garantistas por causas no obligatorias, como el hecho de que la persona procede de un supuesto tercer país seguro o país de origen seguro, entre otras. Actualmente, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo solo exige la aplicación de estos procedimientos cuando la tasa de reconocimiento de protección internacional en la UE sea igual o inferior al 20%, cuando la persona represente una amenaza para la seguridad nacional o presente documentación falsa.

El anteproyecto también incluye la elaboración de listados nacionales de países seguros, así como establecer excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, “medidas que los Estados miembro no están obligados a aplicar”, recuerda CEAR.

Extiende los plazos de detención

Además, critica la organización, la propuesta contempla la posibilidad de extender los plazos de detención: en el triaje, de 72 horas hasta 7 días con autorización judicial, y durante el procedimiento fronterizo, de un máximo de 8 días a dos semanas. Además, se mantiene el límite de 60 días de internamiento pero se habilita la opción de prorrogarlo hasta 120 días si la persona solicita protección internacional.

Otro de los puntos críticos identificados por CEAR es la eliminación de las razones humanitarias como fundamento para acceder al asilo, a pesar de que el pacto europeo permite a los Estados miembro establecer este tipo de estatutos. Según la interpretación de la legislación vigente y la jurisprudencia consolidada, añade la organización,estas razones no generan conflictos con los estatutos de protección internacional.

La reforma propuesta también endurece los requisitos para la reagrupación familiar de personas refugiadas, advierten. Si la solicitud se presenta pasado un año, se exigirán pruebas de medios económicos y de vivienda adecuada, un criterio que hasta ahora no era obligatorio en la legislación española. “La nueva Ley dificultaría enormemente la reagrupación familiar”, aseguran.

La organización remarca que el anteproyecto representa un retroceso en garantías fundamentales como la libertad de movimiento, el acceso a información y el reconocimiento de personas apátridas. “La nueva ley de asilo será la tercera que se apruebe durante el periodo democrático. Pedimos al Gobierno que recapacite y retire esa propuesta para que no sea recordada como la más involucionista de las tres”, concluyen.

El Gobierno ha dado luz vede este martes a dos anteproyectos para adaptar la legislación nacional al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio: una nueva ley de asilo, que sustituirá a la de 2009, y la reforma de la ley de extranjería. El anuncio llega tras la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio y, si el Congreso respalda estas propuestas, se agilizarán los procedimientos para expulsar a quienes entren de manera irregular a España o no cumplan los requisitos para obtener asilo. Ambas iniciativas se enmarcan en un contexto europeo de mayor endurecimiento de la política migratoria, con nuevas normativas y acuerdos orientados a reforzar el control de fronteras y a establecer criterios más estrictos para la admisión y el retorno de migrantes.

El objetivo del Gobierno, según ha explicado el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, es contar con un sistema de protección “más ágil, eficaz, ordenado, con un enfoque garantista y de protección de los derechos humanos”. Sin embargo, las nuevas normativas incorporan restricciones como la limitación geográfica de la residencia y la unificación de los procesos para denegar el asilo y ordenar la expulsión, lo que permitirá acelerar las devoluciones. A continuación, te contamos los puntos más relevantes de la reforma.

Triajes en la frontera

A través de la reforma de la ley de extranjería, se introduce un triaje (control y registro inicial) en la frontera a todos los migrantes irregulares, que incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, identificación, toma de datos biométricos como las huellas o la imagen facial, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos. Hasta que no se completa este control, no se autoriza la entrada al territorio.

Aunque la normativa europea permite que estos procedimientos se realicen en un plazo de hasta siete días, España establece en la reforma un límite de tres días, ampliable únicamente por decisión judicial.

Permanencia en instalaciones policiales

En algunos casos, quienes soliciten asilo tendrán que quedarse en dependencias policiales y bajo control de las autoridades antes de poder entrar oficialmente al país. Esta medida, previa al ingreso, facilita la expulsión si se rechaza la solicitud de protección internacional. El tiempo máximo que puede durar este proceso es de doce semanas. Cabe recordar que las solicitudes de protección internacional han pasado de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025, según los datos del Ministerio de Interior.

Los denominados procedimientos fronterizos se aplican a solicitudes presentadas en un país fronterizo, zonas de tránsito o tras cruces no autorizados de la frontera exterior, conforme a lo establecido en el reglamento europeo.

“País seguro”

El documento aprobado por el Consejo de Ministros también aclara qué se entiende por “país de origen seguro” y cómo afecta a la admisión de solicitudes de asilo. Si una persona proviene de un país que España considera seguro, como Marruecos, su solicitud puede ser rechazada de forma automática. Lo mismo ocurre si ya tiene el estatus de refugiado en otro país o si reside habitualmente en un tercer país catalogado como seguro.

El pasado mes de febrero, el Parlamento Europeo aprobó cambios en la normativa de la UE sobre asilo con el objetivo de “facilitar que las solicitudes sean tramitadas con más celeridad”, de forma que creó una nueva lista de países de origen seguros en la que se incluyó a Marruecos, Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India y Túnez, ya que se parte de la idea de que en estos lugares, en general, no existe persecución ni riesgo grave para sus ciudadanos o personas procedentes de otros países.

Protección por motivos de género

El Ministerio del Interior señala que la ley de asilo incorpora realidades como la persecución relacionada con el género, la identidad o la expresión de género y la discapacidad como causa de protección internacional. Además, se precisan los daños graves que justifican la protección subsidiaria.

También se regulan procedimientos específicos para menores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y víctimas de violencia. La ley contempla medidas para su escolarización, acceso al trabajo, asistencia sanitaria y condiciones materiales de acogida.

Cuándo entran en vigor

Aún no hay una fecha confirmada para la entrada en vigor de la nueva ley de asilo ni de la reforma de la ley de extranjería. Una vez aprobados los anteproyectos, ahora deben someterse al dictamen de distintos órganos constitucionales y consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos.

Una vez que estas instituciones emitan sus informes y el Gobierno revise e incorpore sus observaciones, los textos se aprobarán en segunda vuelta como proyectos de ley. Después, serán enviados al Congreso de los Diputados y al Senado, donde seguirán el proceso parlamentario de debate, enmienda y votación.

(Con información de EFE)

Entre gritos de “delegado dimisión”, las calles de la ciudad vivieron un día intenso. Los ciudadanos exigen información clara respecto a las condiciones en las que se produciría la acogida, las medidas de seguridad previstas y las posibles consecuencias para quienes viven en la zona. La inquietud se extendió rápidamente, sumando a más vecinos y trasladando la protesta hasta la plaza de los Reyes, donde reclamaron a las autoridades transparencia y respuestas concretas sobre el plan de alojamiento y su impacto en la vida cotidiana de la ciudad.

Crece el enfado entre los ceutíes

La protesta, que comenzó alrededor de las 16:00 en las inmediaciones del Fischer, fue convocada por residentes preocupados ante la posibilidad de que se instale allí un grupo de migrantes. La movilización, que arrancó de manera pacífica y cívica, fue ganando participantes a medida que avanzaba hacia el centro. Los asistentes coreaban lemas como “No nos mires, únete” mientras se dirigían a la plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno.

Los organizadores rechazan la adaptación de instalaciones deportivas, espacios abandonados o antiguos acuartelamientos para acoger a migrantes, argumentando que supondría una transformación no deseada para la ciudad. Señalan que no aceptan que Ceuta “se convierta en un CETI”, como recoge EFE. Durante la concentración, que según los convocantes reunió a más de 300 personas, se escucharon cánticos como “No quiero invasores, quiero mi libertad” y se exigió la dimisión tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Además, a través de redes sociales, los promotores han llamado a repetir la movilización y unir a más ciudadanos. Los manifestantes afirman que la situación se extiende desde hace 27 días y denuncian que afecta a la vida cotidiana de los residentes. Reclaman al Gobierno información clara sobre las medidas previstas ante la crisis migratoria y cuestionan la aplicación de la normativa en materia de inmigración. Algunos participantes también piden la devolución de quienes han ingresado de manera irregular en la ciudad.

El aumento de la tensión coincide con la difusión de detalles del borrador de un real decreto que prevé declarar la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, y en medio de la disputa entre ministerios. Margarita Robles, ministra de Defensa, sostiene que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actuó tal y como debía los días previos, mientras que el encargado de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al igual que la Delegación, asegura que no recibieron ningún informe.

A poco de cumplirse un mes de la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta, la ciudad autónoma sigue sin recomponerse del impacto de una crisis humanitaria que ha dejado 141 muertos, según la ONG Caminando Fronteras, y un clima de inseguridad entre los ceutíes. Mientras cientos de personas siguen durmiendo en las calles, el Gobierno todavía no ha ofrecido cifras oficiales del número real de migrantes que continúan en la ciudad.

Hace una semana, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunció el despliegue de cuatro dispositivos temporales de atención humanitaria para acoger a cientos de personas que llevaban casi tres semanas durmiendo a la intemperie en las playas y las calles de Ceuta. Estos campamentos, con capacidad para unas 1.800 personas, ofrecen comida, aseo, catres y un lugar para cargar los móviles, pero las condiciones, denuncian asociaciones como la de Elín, todavía son mejorables y son muchos quienes todavía no tienen acceso a un asilo.

Las condiciones de hacinamiento en la ciudad autónoma no solo preocupan a ONGs, también a los sanitarios. Ante la detección de casos de sarna, tuberculosis, varicela o gastroenteritis, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al Ejecutivo central el confinamiento de Ceuta por “riesgo sanitario”. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que las competencias sanitarias de la ciudad corresponden al gobierno del presidente Juan Jesús Vivas y que la medida tendría un calado “injustificado y totalmente desmesurado”.

Los expertos en epidemiología también se posicionan en contra del confinamiento de la ciudad en tanto que “no es una medida habitual en el control de enfermedades transmisibles, y menos aún en la sarna o la tuberculosis”. El vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Pello Latasa, insiste en una entrevista con Infobae en que las personas migrantes que llegan a los países ricos suelen ser “personas jóvenes y sanas que han sobrevivido a unas trayectorias migratorias traumáticas y peligrosas”.

El pasado mes de junio, el Ministerio de Sanidad publicaba el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, en el que se revelaba que la población migrante estaba más sana y consumía menos recursos sanitarios que los españoles. Los datos mostraban que la población autóctona presenta mayor prevalencia en 16 de las 21 patologías con mayor impacto en gasto y presión asistencial, además de consumir un 62% más de medicamentos que la africana y cerca de un 50% más que la latinoamericana.

Cuándo podría decretarse el confinamiento en Ceuta

El epidemiólogo matiza que los casos de sarna, tuberculosis o gastroenteritis registradas “entran dentro de lo esperado”. “En situaciones de crisis humanitaria, donde muchas personas tienen carencia de servicios básicos de alojamiento, agua y saneamiento, las patologías más frecuentes son principalmente enfermedades de la piel, respiratorias y digestivas”, cuenta. Por ello, recuerda que “el principal riesgo no está en las personas, sino en las condiciones en las que son obligadas a vivir”. Además, Latasa pone el foco en brindar una protección reforzada a las mujeres y las niñas, un grupo de especial riesgo de sufrir violencia de todo tipo.

Ante este escenario, Latasa sostiene que el confinamiento se podría plantear para enfermedades en las cuales no hay alternativas eficaces, como diagnósticos, tratamientos o vacunas, como fue el caso del coronavirus. En el caso de Ceuta, “las enfermedades no cumplen estas condiciones y sí que hay tratamientos y alternativas”.

Qué hay tras los casos de sarna y tuberculosis

Para Latasa, “la enfermedad más preocupante es la estigmatización y la discriminación de las personas” alimentadas ambas por la desinformación. En cuanto a la tuberculosis, son tres los casos detectados; uno de ellos ya venía con tratamiento y no era contagioso; el segundo se trataba de una tuberculosis cerebral (tampoco podía infectar); y el tercero “era una persona presente en Ceuta desde antes que estaba sometida a un proceso diagnóstico desde hace tiempo y que ha iniciado tratamiento”, asegura García en un mensaje publicado en X.

Solo la tuberculosis pulmonar tiene la capacidad de contagiar, pero una vez se empieza el tratamiento, a las dos semanas deja de ser infecciosa. Además, el epidemiólogo matiza que, aunque la transmisión sea vía respiratoria, esta requiere que dos personas tengan un contacto muy estrecho, como compartir un espacio cerrado durante seis horas. Por ello, el confinamiento “no es una medida eficaz”.

De forma similar ocurre con la sarna, puesto que esta enfermedad cutánea se transmite por un contacto estrecho, piel con piel, o por el contacto de las sábanas que haya utilizado la persona infestada. Como con la tuberculosis, “una vez que se trata, deja de ser contagiosa”. El tratamiento consiste en aplicar una pomada sobre la piel y en lavar la ropa y las sábanas. El número de casos detectados a raíz de la crisis en Ceuta es indeterminado. Entre 2021 y 2023, se detectaron 1529 brotes de sarna, con un total de 11301 casos en España; estos datos se recogen en un estudio publicado el año pasado en Eurosurveillance que señalaba que la sarna está mucho más presente de lo esperado.

Vacunar a la población migrante, clave para evitar brotes epidémicos en Ceuta

Este lunes, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado en una reunión de urgencia de la Comisión de Salud Pública el envío de 15.000 dosis de triple vírica (para prevenir el sarampión, la rubéola y la parotiditis), 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y otras 10.000 de polio a la ciudad autónoma. Aunque García niega que exista una “emergencia de salud pública”, la llegada de estos medicamentos entra dentro del marco de actuación para la prevención y para “garantizar unas condiciones dignas para las personas migrantes”.

La importancia de las vacunas radica, precisamente, en la protección que ofrecen ante patologías fácilmente transmisibles en ámbitos de crisis humanitarias, como es el sarampión. “Por eso se plantea la triple vírica, como también la vacuna de difteria-tétanos, porque en los últimos años ha habido un aumento de casos en varios países africanos”, así como con la polio, puesto que estas personas pueden venir de lugares donde los programas de vacunación no llegan a toda la población.

El envío de las vacunas no solo cumpliría esta función de preservar la salud de las personas, sino también la de evitar el colapso del sistema sanitario por brotes epidémicos. Más allá de la puesta en marcha de esta vacunación de campaña y de emergencia, “estas personas podrán acceder a atención primaria en servicios sanitarios y actualizar su calendario vacunal”.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha descartado este martes que los servicios sanitarios de Ceuta vivan una situación de colapso. Padilla llegó el lunes a la ciudad autónoma como parte de la delegación de Sanidad para evaluar el impacto de la crisis migratoria en los servicios ceutíes. En declaraciones ante los medios, el número dos de Mónica García ha reconocido “la existencia de un incremento de la demanda” en el Ingesa, que habría conseguido suplirse con un aumento de la plantilla.

En concreto, el Ministerio de Sanidad ha contratado más de 90 profesionales de refuerzo entre enfermeros, TCAE y médicos, con el objetivo de “seguir preservando la asistencia sanitaria de manera totalmente normalizada para la población ceutí”, ha asegurado Padilla.

Desde el 1 de agosto, los servicios de urgencias han recibido, de media, 70 visitas diarias más respecto a los niveles previos a la llegada masiva de migrantes. Para hacer frente a este aumento de la demanda, se ha ampliado el número de profesionales que trabajan en el centro, de modo que “el incremento de visitas por cada profesional y turno sería entre uno a cinco o siete”. “A día de hoy, menos del 50% de las camas en el hospital están ocupadas”, ha especificado Padilla, lo que, considera, “no son cifras de colapso, ni muchísimo menos”.

El secretario de Estado ha asegurado, no obstante, que continuarán con las contrataciones de profesionales de refuerzo durante los próximos tres meses, momento en el que reevaluarán la situación. Así, durante su visita a la ciudad autónoma, el representante ministerial se ha reunido con el Colegio de Enfermería “para ver de qué manera poder aumentar esa capacidad de contratación de personal enfermero”. Es una de las categorías sanitarias más reforzadas hasta el momento, con al menos 29 nuevas incorporaciones.

El secretario de Estado no se ha reunido en esta ocasión con el colegio de médicos, lo que ha provocado el enfado del colectivo. Padilla ha recordado que el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (Comce) ya tuvo un encuentro con Mónica García previo a su llegada y que, en esta ocasión, ha priorizado encontrarse con organizaciones que no pudieron incluirse en la visita ministerial.

Padilla ha informado de la contratación de al menos cuatro nuevos médicos en los últimos días, cifra que seguirá aumentando. “Ahora mismo, médico que tenga posibilidad para ser contratado en Ceuta, va a ser contratado”, ha asegurado. Además de estas nuevas incorporaciones, se ha ofrecido a los especialistas ya en terreno realizar turnos de guardia voluntarios.

La situación de higiene sigue siendo “insuficiente”

En el plano de la salud pública, Padilla ha señalado las condiciones insalubres en las que se encuentra la población migrante como su principal preocupación. El secretario de Estado considera que ha habido “avances importantes” en materia de higiene y saneamiento, con operativos de limpieza desplegados en varias ubicaciones, “pero todavía es insuficiente”, ha recalcado.

Es una realidad que certifica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). En su último informe, publicado este martes, considera bajo el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas en Ceuta para la población ceutí, pero lo eleva a moderado para los migrantes debido a las condiciones de hacinamiento y calle en las que viven.

El documento resalta que las personas migrantes “suelen presentar un buen estado de salud dado que suelen ser jóvenes con la capacidad física adecuada para emprender estos desplazamientos”, pero que las condiciones de hacinamiento, las deficiencias higiénicosanitarias, el acceso limitado a agua segura y la alimentación insuficiente pueden “aumentar la vulnerabilidad de estas personas” y “favorecer la aparición y transmisión de determinadas enfermedades”.

Los brotes de infecciones gastrointestinales o sarna documentados en los últimos días se deberían justamente a estas condiciones de insalubridad. Padilla ha certificado, no obstante, que “los casos de sarna han disminuido en los últimos días y el brote principal de infección gastrointestinal, relacionada con una infección por E. coli enteroinvasivo, se ha controlado también y ahora es casi residual”.

Casi un mes después de la entrada masiva de 70.000 migrantes marroquíes en Ceuta, el Consejo de Ministros ha aprobado las primeras medidas para afrontar la crisis que comenzó el 30 de julio. Aunque la mayoría de estas personas volvieron a pasar la frontera con Marruecos en los días siguientes, todavía hay miles de migrantes en la ciudad autónoma, entre ellos 2.500 menores extranjeros no acompañados.

Debido a la gravedad de esta situación, se han aprobado los primeros anteproyectos para reformar la ley de asilo y la ley de extranjería. Frente a esto, la Comisión Europea ha respaldado oficialmente las medidas de España, valorando positivamente el mando único y celebrando la cooperación con Marruecos que impidió nuevos intentos de entrada en los días posteriores. No obstante, el portavoz Markus Lammert ha advertido que aún persisten “importantes retos” por las miles de personas que continúan en la ciudad.

Así, desde Bruselas se ha recalcado que la prioridad ineludible sigue siendo garantizar el retorno rápido de todos los que permanezcan de forma irregular, mientras la Comisión evalúa con carácter prioritario la solicitud de fondos de emergencia EMAS formulada por España para reforzar la protección fronteriza y la acogida de menores.

Las medidas que se plantean en Ceuta

De este modo, para solventar esta crisis, el Consejo de Ministros ha declarado a Ceuta como zona de “interés de seguridad nacional”, adoptando un Real Decreto para constituir un mando único estratégico encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Este órgano se encargará de coordinar la respuesta institucional y acelerar la movilización de recursos.

La prioridad inmediata de Torres es agilizar la devolución de los adultos y menores llegados de manera irregular, bajo el estricto cumplimiento de la ley. “La prioridad del Gobierno de España es la devolución, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta que si hablamos de menores, reagrupación familiar y con procesos que establece el orden internacional”, ha dicho el ministro durante la rueda de prensa de hoy.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para la habilitación flexible de recursos y espacios públicos y privados dedicados a la acogida temporal, y se ha formalizado la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para pagar la asistencia y protección de los menores tutelados en la ciudad.

Esta medida es fundamental para Ceuta, Melilla o Canarias, porque, como ha remarcado el ministro, puede “volver a repetirse” otra llegada de migrantes. Aun así, Torres ha insistido en que en estos momentos en Ceuta están saliendo cien personas “cada día” y “están entrando prácticamente muy pocos”.

En el plano legislativo, el Ejecutivo ha dado luz verde al anteproyecto de una nueva ley de asilo, diseñada para homogeneizar las normas nacionales con el Pacto Europeo de Migración y Asilo que rige desde junio de este año. Con un enfoque “garantista”, la futura ley actualiza las definiciones de protección internacional, incorporando expresamente la persecución por género o discapacidad como causales de asilo.

Para agilizar la gestión de los expedientes, la normativa diferenciará entre el trámite ordinario y uno acelerado, que deberá resolverse en tres meses. También se introduce un procedimiento fronterizo de retorno, con un plazo máximo de 12 semanas en las que el solicitante permanecerá custodiado para facilitar su repatriación inmediata si su petición de asilo es desestimada.

De forma complementaria, la reforma parcial de la ley de extranjería regula la figura del “triaje” migratorio para personas que acceden al país sin controles. Este mecanismo obligatorio consiste en un reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, identificación biométrica, inspección de seguridad básica y la posterior derivación al expediente administrativo idóneo. Aunque la Unión Europea autoriza hasta siete días para este triaje, España mantendrá por ley el límite de 72 horas para reducir al mínimo el internamiento policial, requiriendo autorización judicial para cualquier prórroga.

No obstante, estos anteproyectos se han aprobado por el momento en la primera vuelta. Para que se apliquen estas medidas, deberán ser aprobadas en una segunda votación dentro del Consejo de Ministros y, a continuación, en el Congreso de los Diputados. Así, la única medida que se incorporará tras la rueda de prensa que han dado el ministro del Interior, Marlaska, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, será la de crear un mando único que movilice los recursos.

45.000 vacunas, más camas en hospitales y un aumento de personal sanitario

Junto a estas estrategias, cabe recordar también las medidas que se han tomado en el ámbito sanitario. Tal y como informaban ayer desde el Ministerio de Sanidad, la Comisión de Salud Pública ha aprobado el envío de 45.000 vacunas a la ciudad autónoma: “15.000 dosis de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, varicela y polio, tanto para personas ceutíes no vacunadas como para personas migrantes”, explicaron en un comunicado en sus redes sociales.

Además, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha ampliado la capacidad en “camas hospitalarias e incorporado a más de 60 profesionales” en Ceuta. Con esto, el ministerio busca tranquilizar la tensión de la ciudadanía al asegurar que “el sistema no está colapsado y mantiene todas las citas programadas. La presión diaria ha caído un 72%: de 1.149 a 250-300 asistencias”. Del mismo modo, Sanidad sostiene que el envío de las vacunas no obedece a una declaración de emergencia médica, sino a la prevención y la protección de los derechos sanitarios de todos los residentes.

“Estamos en una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias”. El Gobierno ya ha aprobado las primeras medidas para afrontar la crisis en Ceuta, 25 días después de la entrada masiva de 70.000 migrantes desde Marruecos. El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta los anteproyectos para reformar la ley de asilo y, parcialmente, la ley de extranjería.

El objetivo de ambas iniciativas, ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor desde este mes de junio y se traduce en un reglamento que homogeneiza las normas migratorias en la UE. El Gobierno defiende que la reforma se ha diseñado con un “enfoque garantista” de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y con el objetivo de responder “mejor” a la realidad del “fenómeno migratorio”.

El titular de Interior ha explicado que la norma actualiza las definiciones de protección internacional e incorpora de forma expresa “realidades relevantes” como motivo de asilo, entre ellas la persecución por el género y la discapacidad.

Respecto a la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, el ministro socialista ha detallado que la futura ley distingue entre el procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses. También incorpora un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, previsto en el reglamento de la UE y de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante las cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas. La medida, ha añadido Marlaska, facilita el retorno de los migrantes si su expediente es rechazado.

La figura del triaje para recoger información sobre los perfiles de los migrantes

Por su parte, la reforma de la ley de extranjería modifica materias que afectan a derechos fundamentales e incorpora la figura del triaje, es decir, el proceso de recogida de información de las personas migrantes que entran en España sin haber sido sometidas a los controles fronterizos.

Un proceso que, según detalló el ministro, se basa en un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación de la persona, la recopilación de datos biométricos, una inspección de seguridad y la asignación al procedimiento correspondiente en cada caso. Aunque la normativa europea establece un plazo máximo de siete días para el triaje —un proceso obligatorio para los Estados miembros—, en España se mantendrá el límite de 72 horas, que solo podrá ampliarse mediante decisión judicial, con el objetivo de reducir al mínimo el tiempo que la persona extranjera deba permanecer en las dependencias policiales destinadas a este fin.

Ángel Víctor Torres asumirá el mando único

El Gobierno ha aprobado también el Real Decreto para constituir un mando único en Ceuta, con el objetivo de acelerar la toma de decisiones y la movilización de recursos privados y públicos. Así lo ha afirmado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien asumirá la dirección del comité.

La decisión llega horas después de celebrarse el Consejo de Seguridad Nacional extraordinario convocado por el presidente del Gobierno, en el que se ha declarado a la ciudad autónoma como zona de “interés de seguridad nacional”.

Torres ha fijado como prioridad la “devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores”, llegadas de forma irregular a la ciudad, respetando el ordenamiento jurídico. Según datos de Interior, todavía permanecen 2.500 menores migrantes no acompañados en la ciudad autónoma y el ministro ha defendido también la necesidad de trabajar en la respuesta humanitaria para acogerlos.

En esta línea, Torres ha anunciado un real decreto que se publicará este miércoles en el que se habilitan distintos recursos y espacios, tanto de titularidad del Gobierno como de Ceuta, para acoger a los migrantes, un catálogo que será “flexible y actualizable” para que pueda recuperarse la normalidad que se vivía en la ciudad a principios de julio.

También se ha probado la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes, cantidad que había anunciado ya el Ministerio de Infancia y Juventud.

Noticia con información de EFE

El artículo 56 de la Constitución Española establece que el “rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia” y, bajo estas palabras, se encuentra su deber de personarse ante los ciudadanos en las diferentes cuestiones que afecten a la sociedad. Por ello, y ante la crisis humanitaria que ocurre en Ceuta en estos momentos, el PP ha requerido al Gobierno la presencia de Felipe VI en la ciudad autónoma.

Ante esta cuestión, y teniendo en cuenta las contradicciones sucedidas entre los ministros, Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional, ha explicado en La Hora de La 1, quién establece las visitas de Casa Real en situaciones de tensión política. “Es un asunto especial y de Estado, la presencia del rey necesita del refrendo del Gobierno. Decir lo contrario es convertir al rey en un poder, y el rey es un órgano del Estado, no un poder”, ha expuesto.

Además, ha aclarado: “Si el rey entiende que su presencia es necesaria, tendrá conversaciones con el gobierno para manifestarlo. Y sobre esa manifestación, el gobierno, por el tacto y la trascendencia, debe tener en cuenta su posición. Pero en un régimen parlamentario, como es nuestro caso, es el Gobierno el que responde ante los actos del rey”.

Mientras esa posible visita continúa pendiente, surge una pregunta inevitable: ¿cuándo fue la última vez que un miembro de la familia real española estuvo en Ceuta? La respuesta lleva directamente hasta la reina Sofía. La emérita visitó la ciudad el pasado 2025, en el marco de su colaboración con los Bancos de Alimentos a través de la Fundación Reina Sofía.

Su presencia estuvo vinculada a la inauguración de la nueva sede del Banco de Alimentos de Ceuta, una actividad de carácter social y alejada de cualquier agenda política. Durante aquella jornada, doña Sofía recorrió las nuevas instalaciones y conoció el trabajo que desarrolla la organización para atender a las familias más vulnerables. La entidad había distribuido durante el año anterior más de 635.000 kilos de alimentos entre decenas de asociaciones colaboradoras, en una labor que beneficia a miles de personas.

Su visita tuvo además un significado especial porque la reina emérita llevaba muchos años vinculada a los Bancos de Alimentos de toda España. Ceuta era uno de los territorios que todavía no había recorrido personalmente dentro de esa labor. La visita se produjo, por tanto, por un motivo estrictamente social y no como representación institucional de la Jefatura del Estado.

El precedente de 2007 que todavía pesa

Si lo que se busca es, en cambio, la última visita oficial de los reyes de España a Ceuta, hay que retroceder hasta noviembre de 2007. Fue entonces cuando don Juan Carlos y doña Sofía viajaron juntos a la ciudad autónoma. Aquella visita, la primera de un monarca español a Ceuta y Melilla durante el reinado de Juan Carlos I, provocó una contundente reacción de Marruecos.

Mohamed VI calificó entonces el desplazamiento de “lamentable” y lo consideró contraproducente para las relaciones bilaterales. La visita se produjo en un contexto especialmente delicado y Rabat interpretó la presencia de los reyes como un gesto político hacia los territorios cuya soberanía reclama Marruecos.

Desde entonces, ningún rey de España ha realizado una visita oficial a Ceuta. Felipe VI, que accedió al trono en 2014, todavía no ha viajado a la ciudad como jefe del Estado. Sí lo hizo, en cambio, la princesa Leonor durante su formación militar, cuando la fragata Blas de Lezo permaneció atracada en Ceuta en junio de 2025. Aquella estancia se produjo dentro de sus actividades con la Armada y no constituyó una visita oficial de la heredera.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la creación de un mando único para gestionar la emergencia migratoria en Ceuta, una medida puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocado a primera hora de la mañana.

Tal y como avanzó el lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su visita a la ciudad autónoma, el comité estará encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y contará con un “comité especializado” en el que participarán el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno, representantes del CNI y los ministros implicados, con el respaldo del Departamento de Seguridad Nacional.

¿Qué implica en la práctica? Torres será el encargado de coordinar las labores de todos los cuerpos de Fuerza y Seguridad del Estado durante la crisis, una medida que pretende agilizar y encauzar en su figura la toma de decisiones y la puesta en marcha de todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios.

La decisión llega tras 26 días de emergencia e insistentes peticiones del gobierno ceutí y el Partido Popular. En Moncloa no se han dado explicaciones sobre el motivo del cambio de postura, si bien Carlos Cuerpo atribuyó el viraje a un cambio de etapa, limitándose a afirmar que “ya no hablamos solamente de una crisis de seguridad y por eso ahora es aún más importante la coordinación entre administraciones”.

Dos crisis migratorias que estuvieron bajo el mando único de un general de la Guardia Civil

El precedente del mando único se remonta al pasado septiembre de 2018, durante la crisis migratoria, cuando llegaban a las costas de Canarias cerca de 160 migrantes al día tras cruzar el Mediterráneo. El Gobierno otorgó el mando único al general de la Guardia Civil, Cándido Cardiel, quien se encargó de coordinar las labores de vigilancia y rescate en las islas.

Cardiel fue el encargado de dar órdenes a los policías, guardias civiles, militares, Frontex, Salvamento Marítimo y Cruz Roja, así como actuar de interlocutor con los ministros del gobierno involucrados. El general también dirigió el comité durante la crisis de los cayucos en 2006, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando desembarcaron en las costas canarias más de 30.000 personas de origen africano en pequeñas y precarias embarcaciones.

El Consejo de Ministros aprueba las primeras medidas

Además de este anuncio, el Consejo de Ministros aprobará medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como a la población ceutí.

Entre ellas, los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la Península a 500 niñas o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, una medida de represalia que el Gobierno aprobó después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España.

La entrada de unas 72.000 personas migrantes a Ceuta desde Marruecos ha desencadenado un fuerte repunte de mensajes de odio en redes sociales, según el último boletín publicado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Basado en datos del Sistema FARO, el informe revela que este fenómeno provocó la detección de 9.590 mensajes discriminatorios en solo 48 horas, durante los días 30 y 31 de julio, un crecimiento que elevó el total mensual a 57.406 publicaciones, frente a las 40.800 registradas en junio. El informe analiza la respuesta de Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube, así como los colectivos más afectados por estos mensajes.

El director de OBERAXE, Tomás Fernández, advierte sobre el impacto que pueden tener las crisis puntuales en la propagación del discurso de odio en redes sociales y destaca la importancia de que los usuarios no compartan esos mensajes para evitar su difusión y viralización, si bien también considera “crucial” la labor de las plataformas digitales en la retirada de los mensajes xenófobos y racistas.

La mayor parte de los contenidos identificados en julio se dirigió contra personas originarias del norte de África, que concentraron el 68% de los mensajes. Los datos de OBERAXE señalan que, aunque este porcentaje disminuyó respecto a junio, las cifras se mantienen en niveles altos y reflejan la persistencia de narrativas hostiles contra este grupo.

El informe subraya que la categoría genérica de personas inmigrantes representa el 19% del total de mensajes monitorizados, mientras que el 16% se dirigió específicamente a personas musulmanas, un incremento de cinco puntos porcentuales respecto al mes previo. Las personas afrodescendientes y latinoamericanas fueron blanco del 10% y el 7% de los contenidos, respectivamente.

El documento también revela que el 40% de los mensajes de odio detectados en julio deshumanizaba o degradaba gravemente a los colectivos señalados, mientras que el 38% los presentaba como una amenaza, un aumento respecto a los meses anteriores. Además, el 15% de los contenidos instaba a la expulsión de estos grupos y el 4% incitaba a la violencia. El boletín agrega que el 2% de los mensajes buscaba desacreditar a los colectivos y el 1% celebraba ataques contra ellos.

Vincular inmigración con delincuencia

Durante julio, la inseguridad ciudadana se consolidó como el principal motor del discurso de odio en redes sociales, generando el 48% de los mensajes analizados. Las narrativas predominantes asociaron de manera generalizada la delincuencia con personas migrantes, reforzando percepciones negativas hacia determinados colectivos y, en ese sentido, la entrada masiva de migrantes en Ceuta intensificó el fenómeno.

El deporte también fue un ámbito relevante, impulsado por la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que contribuyó al 34% de los contenidos discriminatorios detectados. Jugadores, selecciones y aficionados se convirtieron en blanco de mensajes racistas, xenófobos e islamófobos, especialmente vinculados a la composición de equipos y figuras destacadas del torneo. Las políticas migratorias, con temas como la regularización, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y la gestión de flujos migratorios, representaron el 17% de los mensajes, mientras que las agresiones sexuales, el terrorismo y la llegada de embarcaciones sumaron en conjunto el 10% del total monitorizado.

Mejora de la respuesta de las plataformas

Los datos del boletín reflejan una evolución positiva en la retirada de contenidos notificados. Las plataformas eliminaron el 12% de los mensajes denunciados por usuarios, frente al 10% registrado en junio. Asimismo, el 9 de los contenidos retirados fue eliminado durante las primeras 24 horas desde su notificación, mientras que un 1% adicional se retiró en las siguientes 48 horas y un 2% durante la primera semana.

La vía trusted flagger –utilizada por entidades con reconocimiento oficial– continúa mostrando una eficacia significativamente superior. A través de este mecanismo se retiró el 58% de los contenidos reportados, siete puntos porcentuales más que el mes anterior, señala el informe.

Por plataformas, X registró la mayor proporción de mensajes eliminados (93%), seguida de TikTok (88%), Facebook (74%) e Instagram (71%), que duplicó la tasa de retirada respecto al mes anterior. YouTube eliminó el 14% de los comentarios reportados. El OBERAXE atribuye la mejora en la respuesta de las plataformas al trabajo coordinado mediante grupos de trabajo, reuniones bilaterales y canales de comunicación directa, que han permitido agilizar la eliminación de contenidos discriminatorios tras eventos de alto impacto como la entrada de migrantes en Ceuta.

La incertidumbre de miles de hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) llegará a una nueva instancia de negociación el próximo 3 de septiembre, cuando representantes de Honduras se reúnan con funcionarios de la administración de Donald Trump para abordar las alternativas disponibles ante el proceso migratorio que se avecina.

La reunión que fue confirmada a Infobae por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, explicó que la cita responde a una solicitud presentada por el gobierno hondureño desde principios de julio ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El encuentro tendrá como uno de sus principales objetivos dar seguimiento al planteamiento realizado por el presidente hondureño, Nasry Asfura, para que se establezca un período de transición que permita a los beneficiarios del TPS contar con más tiempo para definir su situación migratoria.

La delegación hondureña también pretende poner sobre la mesa las circunstancias particulares de quienes todavía dependen de esta protección y solicitar que sus casos puedan ser evaluados de manera individual.

Flores Bermúdez confirmó que la fecha ya fue concedida por las autoridades estadounidenses y adelantó que Honduras llegará a la mesa de diálogo con argumentos destinados a reforzar su petición.

Por ahora, Honduras no tiene garantías sobre el resultado de la conversación. La representación diplomática reconoce que la decisión final corresponde a las autoridades estadounidenses y que la posibilidad de modificar la política migratoria enfrenta obstáculos.

Estatus de Protección Temporal

Uno de los argumentos que llevará Honduras a Washington es que no todos los beneficiarios del TPS se encuentran en las mismas condiciones.

Después de años de permanencia en Estados Unidos, algunos hondureños han formado familias, establecido negocios, pagado impuestos o construido vínculos económicos y sociales que, según la posición hondureña, deberían ser considerados antes de adoptar una decisión definitiva sobre su futuro migratorio.

Entre los ejemplos mencionados por Flores Bermúdez figuran los compatriotas que contrajeron matrimonio con ciudadanos estadounidenses, así como personas que durante años han cumplido con sus obligaciones tributarias y desarrollado empresas que generan actividad económica.

La intención es que estas circunstancias puedan ser tomadas en cuenta individualmente y que no todos los beneficiarios sean tratados bajo una única fórmula.

Según la estimación presentada por el embajador, años atrás existían alrededor de 70.000 hondureños beneficiarios del programa, mientras que aproximadamente 25.000 ya lograron regularizar su situación en Estados Unidos mediante procesos de residencia u otros mecanismos.

Para la representación hondureña, esa cifra demuestra que una parte importante de los beneficiarios ya avanzó hacia una solución migratoria permanente.

¿Se extenderá el TPS?

Aunque Honduras buscará convencer a las autoridades estadounidenses de ampliar el período de protección, Flores Bermúdez reconoció que existe una dificultad central: el Gobierno de Estados Unidos mantiene una posición contraria a una nueva extensión del TPS.

Ante ese escenario, la estrategia hondureña contempla plantear alternativas. Una de ellas sería una figura similar al Deferred Enforced Departure (DED), un mecanismo que puede ofrecer protección frente a la deportación durante un período determinado.

La propuesta no se limita a pedir que el TPS continúe indefinidamente. Honduras busca que exista una etapa intermedia que reduzca el impacto de una eventual terminación del beneficio.

La reunión del 3 de septiembre será relevante para los hondureños que todavía dependen del TPS, ya que el resultado de las conversaciones podría influir en el tiempo disponible para buscar una alternativa migratoria.

El encuentro tampoco significa que exista ya un acuerdo entre ambos gobiernos. La cita será, principalmente, un espacio para discutir las opciones planteadas por Honduras y conocer hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington.

Este es un libro delgado y modesto, un volumen de historias orales en la línea de Working (1974) de Studs Terkel, pero todos quienes suelen comer fuera deberían conocerlo. Su título es Voices From the Kitchen: Personal Narratives From New York’s Immigrant Restaurant Workers. Su editor es Marc Meyer, chef y copropietario de los restaurantes Shuka, Cookshop, Vic’s, Shukette y Rosie’s en Manhattan.

La metodología de Meyer es sencilla. Se sentó con 27 de sus empleados, muchos de los cuales llevan décadas trabajando en sus restaurantes, y grabó sus historias en su iPhone. Transcribió las entrevistas y las volcó en relatos con una edición mínima.

Estos hombres y mujeres provienen de todo el mundo —Ecuador, Bangladesh, Perú, Egipto, México, Costa de Marfil, Bosnia, República Dominicana, Gambia— y sus relatos sobre cómo llegaron y lograron sobrevivir en Nueva York son decididos, estremecedores, conmovedores y a menudo muy divertidos. Últimamente, se han convertido en blancos políticos anónimos, y “Voices From the Kitchen” les devuelve su rostro humano.

Es posible ver con escepticismo el proyecto de Meyer, y él lo sabe. Existe una dinámica de poder obvia: nadie va a contar toda la verdad, especialmente sobre su trabajo, a su jefe. Y Meyer también es consciente del posible efecto de “salvador blanco” que puede tener un proyecto así.

Se pueden tener presentes esas objeciones y aún así admirar “Voices From the Kitchen”. (Todos los ingresos van para los narradores, quienes además conservaron la propiedad legal de sus historias). En las librerías abundan los libros sobre gastronomía, pero pocos ahondan en la vida de los inmigrantes que trabajan en la cocina como lavaplatos, ayudantes y cocineros de preparación, y cada vez más en el salón como camareros y jefes de sala. Varios de ellos han llegado a ser chefs principales y gerentes.

Historias como estas no han quedado completamente fuera de los registros. Organizaciones como la Southern Foodways Alliance, el American Folklife Center y otras han recopilado con esmero historias orales sobre comida que se pueden consultar en línea. Pero resulta valioso tener estos relatos en un libro. “Voices From the Kitchen” es lo suficientemente audaz y oportuno como para hacer pensar que alguien recopilará una obra aún más amplia en este estilo, sin limitarse a los trabajadores de un solo grupo de restaurantes.

La mayoría de estos hombres y mujeres provienen de pueblos pequeños. Muchos tuvieron padres ausentes o abusivos, y no tuvieron acceso a una educación real. Huyeron a Estados Unidos para ayudar a sus familias en sus países de origen, escapar de la violencia de las pandillas y de gobiernos corruptos, y tratar de alcanzar lo que solo puede llamarse el sueño americano. Muchos tenían familiares que ya habían llegado a Nueva York.

Las historias sobre su llegada son intensas: días en el desierto con poca comida o agua, coyotes ladrones (traficantes de personas), hombres armados al azar, cruces de ríos aterradores y viajes largos, apretados “como galletas” en camiones cisterna con pocas ventilaciones. Muchos pensaron que no sobrevivirían. Uno llegó a Nueva York desde Los Ángeles en la parte trasera de un camión cargado de sandías.

Todos comenzaron en los puestos más bajos: limpiando baños, recogiendo platos, en el guardarropa. Todos ascendieron —primero a tareas de preparación, luego a la estación de ensaladas, y así sucesivamente— gracias al esfuerzo, la austeridad y la perseverancia. Estas son las historias que, mucho antes de la era de ICE en Estados Unidos, se conocían como relatos de Horatio Alger.

Parte del atractivo del libro es seguir a estos hombres y mujeres mientras pasan de un restaurante a otro, subiendo escalones. Hay un factor de nostalgia al leer los nombres de estos lugares, algunos ya inexistentes y otros aún abiertos: Big Kahuna, Ocean Grill, Red Gravy, Le Zoo, Clyde Frazier’s, Jean Georges, Mercer Kitchen, Momofuku Ssam Bar, Ernie’s, Lil’ Frankies, Bayamo, Poiret, Brown Betty, Avanti, Danji, Seventh Avenue Donuts, Charlie Bird, Calle Doa, Veranda, Fraunces Tavern, Sequoia, Maestro’s Steakhouse, Upland, Danube, A Voce Columbus, Aqualis Grill, Bayamo.

Hasta hace poco, casi todo trabajo en restaurantes se consideraba labor servil. Gracias en buena parte a Anthony Bourdain, hoy se lo admira y se percibe como cool (aunque sigue siendo duro). Muchos quieren parecerse a los chefs: desaliñados, tatuados, directos, con quemaduras en los antebrazos a la vista. El trabajo ofrece una camaradería intensa. Es una puerta de entrada a muchas formas de cultura, de una forma que otras profesiones manuales no permiten, si uno quiere cruzarla.

Una historia representativa es la de Vico (Meyer solo usa nombres de pila y a veces seudónimos), que llegó de un pueblo pequeño en México en 1986 y empezó como portero en restaurantes. Ahora está casado, es ciudadano estadounidense desde hace ocho años, dirige su propio restaurante reconocido, La Flor, en Queens, y supervisa más de 20 restaurantes en el grupo Bowery.

La hija de Vico se graduó en Amherst College. Otro entrevistado, Ángel, también de un pueblo pequeño en México (su padre era camionero), ahora es chef y su hijo estudia en Phillips Exeter Academy.

Las mujeres del libro dicen sentir la presión de demostrar su valía en una profesión dominada por hombres. Se sienten exprimidas entre el trabajo y la familia, como tubos de pasta de tomate. Algunas han sido víctimas de abuso sexual. Pero varias han llegado alto. Carlha, cuyo padre era pescador en República Dominicana, llegó aquí a los 6 años. Actualmente es chef y gerente en Shuka.

No todas las historias son alegres. Algunos entrevistados sufren depresión u otros problemas de salud. “Esta ciudad puede darte estabilidad económica, pero no puede darte estabilidad emocional”, dice uno. Algunos solo quieren regresar a lugares que ya no existen. “¿Por qué no me quedé?”, se pregunta otro sobre su pueblo en México. “Creo que perdí algo del pasado y se fue para siempre. No puedo recuperarlo”.

Las entrevistas cobran vida cuando los narradores rompen la armonía, cuando alguien raspa la superficie. Una mujer admite que estar demasiado tiempo atendiendo mesas puede agotar y volver irritable a cualquiera. Otra afirma que trabajar en cafeterías es horrible porque muchas son propiedad de grandes familias griegas. Todos opinan en la familia, así que tienes que lidiar con eso todo el tiempo.

Comentarios así recuerdan las limitaciones de “Voices From the Kitchen”. Porque estos narradores le hablan a su jefe, pocas veces aparece el lado oculto del trabajo: clientes groseros, errores en la cuenta, racismo, encuentros sexuales y limpiezas en los baños, ampollas sangrantes en los pies, choques de egos, tener que “empujar” ciertos platos, caídas, colapsos de compañeros, turnos obligatorios de último minuto, retirar platos asquerosos a medio comer, problemas con las propinas, cortes y pinchazos, trato con celebridades y VIPs, ambientes ruidosos y apretados: todo lo que ocurre tras la fachada aparentemente pulida del salón.

Hay un proyecto de historia oral más honesto y abarcador esperando ser compilado. Editores, en marcha.

Supe de este libro porque almorcé en Cookshop hace unos meses y había ejemplares en la mesa del anfitrión. Fue un buen hallazgo. Algunas de estas historias son tan complejas y absorbentes que podrían convertirse en películas.

Este no es un libro político. No dice nada concreto sobre la política migratoria. No defiende fronteras abiertas. Pero complejiza los relatos fáciles y pide mirar a la gente no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser.

“Leían mi nombre, veían mi cara y señalaban los platos”, cuenta el narrador que busca empleo en una de las historias de la colección Lot (2019) de Bryan Washington. Esto ocurre a diario en los restaurantes neoyorquinos. “Voices From the Kitchen” es un libro optimista: recuerda que, aunque muchas carreras en restaurantes empiezan así, no tienen que terminar de la misma manera.

Fuente: The New York Times