En esta investigación, Amnistía Internacional informa de “palizas y agresiones frecuentes con puñetazos, patadas, golpes con porras e incluso uso de una pistola táser por parte de militares, generalmente regulares, a personas que se encontraban indefensas durmiendo en la calle”, lo que les ocasionó fracturas, heridas, hematomas en la zona lumbar o brechas en la cabeza, “en zonas muy vulnerables en las que resulta peligroso”. La organización señala que estas agresiones ocurren de noche y “son despertados a golpes”.

Uno de los casos que recogen es el de M., un ciudadano tunecino de 40 años, que explicó que cuatro militares le golpearon mientras dormía junto a tres jóvenes marroquíes en playa Benítez. Los puñetazos que recibió en el rostro, de acuerdo a su relato, le provocaron un hematoma y le afectaron la visión de un ojo durante dos semanas, además de que ya le habían golpeado otra vez. “La primera vez, cuando les vi venir, mis compañeros me dijeron que huyera, pero yo pensaba que no tenía nada que ocultar, así que me quedé. Un soldado rajó mi tienda y me robaron el móvil, la documentación, 50 euros, el tabaco y los teléfonos”.

Descargas con pistola táser

R., otro migrante y padre de tres hijos, dormía en una carretera cercana al cementerio de Sidi Embarek cuando se despertó por la descarga de una pistola taser apoyada contra su pecho. Recibió varias descargas que lo dejaron aturdido y, al intentar escapar, no se dio cuenta de que aún tenía mantas encima, por lo que tropezó y cayó de bruces. “Nadie me llevó al hospital. Cuando volví a despertar me fui andando, pero no conté lo que había pasado por miedo a preocupar a mi familia”, explica.

En el caso de H., de 27 años, cuenta que el pasado 5 de octubre fue agredido por un grupo de varios militares cerca de un supermercado. “Los militares me llevaron a un callejón sin salida y, cuando comprobaron que nadie miraba, me empezaron a pegar con porras, me daban patadas, puñetazos, y me rociaron con espray pimienta en los ojos y en la cara”. Asegura que también recibió varios de golpes cuando estaba ya tirado en el suelo y que le atendieron miembros de una ONG para después ser trasladado al hospital. “Desde entonces siento temor y procuro no estar cerca de ellos”, añade.

Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, Amnistía Internacional esperaba que los malos tratos contra migrantes cesaran, “pero no ha sido así”, critica la organización. “Son persistentes y muestran la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando”.

Según explica en un comunicado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, los militares señalados por presuntas agresiones continúan en sus puestos, de acuerdo a los testimonios recogidos de personas migrantes, que aseguran haber reconocido a sus agresores y haber recibido amenazas para no relatar ni denunciar los hechos. Además, el miedo a nuevas palizas impide a muchos migrantes dormir durante la noche.

Varios menores entrevistados por la organización también han denunciado abusos por parte de militares. Relataron golpes con porras mientras dormían en la calle, robos y la destrucción de teléfonos móviles, otras pertenencias y documentos de identidad. También mencionaron amenazas de agresión y humillaciones.

De acuerdo al relato de Z., de 17 años, los militares le agredieron dos veces, el 18 y el 23 de octubre. La primera, mientras dormía entre coches en Los Rosales, terminó con diez puntos en la cabeza tras recibir un golpe con la porra. En la segunda los recibió en las piernas mientras escapaba. “Ahora, cuando me ven cojeando, pasan de mí”, contó a Amnistía Internacional aún con miedo.

Según las estimaciones de las organizaciones sociales tras la entrada masiva desde Marruecos, al menos 500 menores migrantes no acompañados continúan en las calles de Ceuta. Las autoridades, en tanto, tienen registrados a más de 3.600 que pernoctan en dispositivos temporales.

Reclaman una investigación exhaustiva e independiente

La investigación también recoge denuncias de tortura y tratos crueles previos al 30 de septiembre. Algunos relatos describen traslados en vehículos militares a lugares apartados, inmovilizaciones con bridas, palizas, humillaciones, amenazas con armas y agresiones físicas, lo que para la ONG son hechos que podrían constituir “crímenes de derecho internacional”. Amnistía Internacional también ha recabado algunos testimonios sobre malos tratos por parte de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Amnistía Internacional reclama el cese inmediato de la violencia y el hostigamiento, una investigación independiente, imparcial y exhaustiva, la separación cautelar de los militares señalados y garantías de protección para víctimas y testigos. También pide que se permita trabajar sin amenazas ni trabas a periodistas, activistas y entidades humanitarias en Ceuta.

La organización explica que se ha dirigido por carta a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa, pidiendo órdenes expresas para el cese de la violencia contra migrantes en Ceuta, y solicitando información acerca de la investigación anunciada por el Ministerio de Defensa, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento. La ONG asegura que tampoco tiene información sobre si la Fiscalía y los juzgados de Ceuta han iniciado investigaciones por su cuenta ante las denuncias de abusos, tal como recomiendan los estándares internacionales.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció en Madrid que su Gobierno prepara las condiciones para que alrededor de 2.000 hondureños puedan viajar a España y acceder a oportunidades de empleo entre finales de febrero y marzo de 2027, como parte de un mecanismo de migración laboral ordenada que se encuentra en proceso de preparación.

Asfura explicó que las gestiones incluyen la preparación de pasaportes y la realización de análisis clínicos de los posibles participantes, en el marco de las conversaciones sostenidas con autoridades españolas para facilitar la movilidad de trabajadores hondureños.

La iniciativa se desarrolla bajo un esquema de economía circular, mediante el cual los trabajadores podrían trasladarse temporalmente a España para desempeñar actividades laborales y regresar luego a Honduras.

Sin embargo, todavía no se han detallado los sectores económicos en los que serían contratados, los salarios que recibirían, los requisitos definitivos de selección ni las condiciones específicas de los contratos.

El anuncio se produjo durante la visita oficial de Asfura a España, donde participa en actividades relacionadas con la XXX Cumbre Iberoamericana y ha sostenido encuentros con autoridades y miembros de la comunidad hondureña residente en ese país.

Trámites pendientes

De acuerdo con lo informado por Asfura, el traslado de los trabajadores podría concretarse entre finales de febrero y marzo de 2027. El Gobierno ya trabaja en la documentación de los posibles beneficiarios, particularmente en la preparación de pasaportes y los análisis médicos necesarios para avanzar en el proceso.

Asfura señaló que el tema fue abordado durante sus conversaciones con el rey Felipe VI, como parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral y abrir alternativas de empleo para ciudadanos hondureños.

El anuncio no constituye aún una convocatoria laboral con condiciones definitivas. Quedan pendientes los mecanismos de inscripción, los criterios de selección, las empresas participantes y las garantías que tendrán los trabajadores durante su permanencia en España. Tampoco se han precisado los salarios, las jornadas laborales ni los sectores que concentrarán las contrataciones.

Esos datos serán importantes para que los interesados puedan conocer las condiciones reales de las oportunidades anunciadas y distinguir los procedimientos oficiales de posibles ofertas fraudulentas.

Digitalización de documentos personales

El presidente anunció que su administración trabaja en incorporar la firma electrónica y la partida de nacimiento a la billetera digital nacional denominada BIEN, con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar gestiones sin necesidad de viajar a Honduras ni acudir presencialmente a oficinas consulares.

La propuesta busca reducir los desplazamientos, los costos y los tiempos que enfrentan los migrantes para obtener documentos oficiales o completar procedimientos administrativos. La iniciativa también responde a las dificultades planteadas por miembros de la comunidad hondureña en España, quienes expusieron problemas relacionados con los costos de los documentos y la atención consular.

Durante uno de los encuentros, se mencionó el pago de hasta 200 euros por gestiones de antecedentes penales mediante intermediarios, una situación que muestra los gastos adicionales que pueden enfrentar algunos compatriotas para completar trámites desde el exterior.

Con la incorporación de nuevos documentos y servicios a BIEN, el Gobierno pretende ampliar la atención digital y reducir la dependencia de intermediarios. Sin embargo, todavía falta conocer el calendario de implementación, los procedimientos para validar la identidad de los usuarios y los trámites específicos que podrán realizarse desde otros países.

La visita de Asfura a España coincide con el cambio de liderazgo de la Comunidad Iberoamericana: Honduras asumirá la Secretaría Pro Tempore para el período 2026-2028.

Asfura mencionó la educación, la infraestructura, la salud y el turismo como sectores que requieren inversión para impulsar el crecimiento económico hondureño.

En materia educativa, recordó el convenio suscrito con Google que contempla 60,000 becas destinadas a docentes, además de programas de capacitación y acciones para ampliar la conectividad de los centros educativos mediante tecnología satelital.

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró la noche de este martes, mediante un mensaje y un video en su cuenta de X, el peso del voto latino en las elecciones intermedias del 3 de noviembre. En esa jornada, según proyecciones de medios estadounidenses, el Partido Demócrata se hizo con la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado.

En su publicación, el exdiplomático escribió que los votantes latinos son una de las fuerzas más poderosas de la política estadounidense y que tienen el poder de decidir elecciones en todo el país. Añadió: “Esta noche celebramos. Mañana nos ponemos a trabajar”.

Lo que dijo Salazar sobre ICE, economía e inmigración

De acuerdo con el mensaje, las familias latinas votaron por lo que viven a diario: el costo de los alimentos y la gasolina, la atención médica y lo que Salazar describió como la “crueldad” de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En el video, Salazar afirmó que los votantes del país están “listos para poner un freno” al poder del presidente Donald Trump. Describió su política como de “caos, corrupción y borrado”. Citó a latinos de Texas, Arizona, Nevada, Colorado e Iowa como parte de ese electorado.

Según Salazar, los latinos, “como todos”, esperan resultados en estos temas:

• Financiamiento escolar y atención médica.
• Costo de los alimentos y la gasolina.
• Rendición de cuentas para un ICE “fuera de control”.
• Reforma migratoria, seguridad fronteriza y vías legales para los dreamers.

Cerró con el propósito de construir una América “más inclusiva y más unida”. El mensaje no cita cifras de participación ni de preferencia del electorado latino.

El contexto: el peso del electorado latino

Alrededor de 39 millones de latinos estaban habilitados para votar en 2026, cerca del 16 % del electorado, según un análisis del Pew Research Center. Una encuesta de The New York Times y Siena, a ocho días de los comicios, indicaba que 61 % de los votantes hispanos consultados apoyaría a candidatos demócratas.

En enero, un sondeo de Reuters/Ipsos halló que 58 % de los estadounidenses consideraba que las acciones de ICE habían ido demasiado lejos. Entre los resultados reportados figuran victorias demócratas en Texas, Kansas, Carolina del Sur, Iowa, Ohio, Carolina del Norte y Maine. Medios reportaron además que Trump dijo que aceptará los resultados. Los conteos finales de escaños pueden variar entre medios mientras avanza el escrutinio.

Un demócrata con críticas a Biden y a Trump

Salazar fue senador por Colorado y secretario del Interior con Barack Obama. Fue confirmado como embajador en México en 2021 y dejó el cargo en enero de 2025, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

En sus memorias, Borderlands: My Fight for an Inclusive America, publicadas en EU el 28 de julio de 2026, expresó frustración porque la administración Biden-Harris no atendió su petición de nombrar a un “zar de la frontera”. También escribió que el cruce fronterizo estaba en mal estado y que, en eso, Trump tenía razón.

En la presentación de su libro en México, afirmó que Trump busca dividir a su país como no se había visto antes y propuso una alianza duradera entre México, Canadá y Estados Unidos. Tras dejar el cargo, también calificó de “arrogante” la idea de Trump sobre el “Golfo de América”. Salazar declinó precisar si el libro es parte de una plataforma para una eventual candidatura en 2028.

La polémica de Salazar en México

En 2022, Salazar defendió su cercanía con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tras críticas publicadas por The New York Times. En noviembre de 2024 criticó abiertamente la estrategia de “abrazos, no balazos”, lo que derivó en una “pausa” diplomática decretada por López Obrador. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió entonces una nota diplomática a la embajada.

El caso más reciente es la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024. Sheinbaum recordó que Salazar aseguró entonces que ninguna agencia estadounidense participó, y cuestionó esa versión tras un reportaje sobre el avión usado para trasladar a Zambada. La presidenta preguntó en su conferencia si el embajador había mentido.

Salazar negó haber mentido y sostuvo que no fue un avión ni una operación de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República cuestionó públicamente sus explicaciones en una conferencia de prensa. Salazar planteó que el caso debe verse como una victoria compartida y pidió dejar atrás la controversia. Sheinbaum rechazó esa petición y dijo que antes se requieren respuestas.

En su libro, Salazar afirma que López Obrador temía lo que Zambada pudiera revelar a autoridades estadounidenses. Sheinbaum defendió al expresidente. En entrevista con N+ y Univisión, Salazar dijo no tener evidencias de vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos criminales.

El 14 de octubre, en la Ciudad de México, respondió a preguntas sobre el caso que “todo está en el libro” y que lo importante es mirar hacia adelante. Ese día afirmó que, desde la llegada de Sheinbaum, México hace bastante para combatir la violencia.

La ruta migratoria canaria, una de las más peligrosas del mundo, ha registrado un repunte importante de llegadas en el mes de octubre y los primeros días de noviembre, con jornadas especialmente trágicas como este lunes, cuando Salvamento Marítimo localizó una lancha neumática con dos personas fallecidas del total de 132 ocupantes que viajaba a bordo, si bien los supervivientes relataron que otros cinco cuerpos habían sido arrojados al Atlántico en circunstancias que aún están por aclarar. La patera fue localizada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife, en Lanzarote, en una jornada en la que fueron rescatadas más de 500 personas intentando llegar a Canarias en nueve embarcaciones, de acuerdo a la información facilitada por Salvamento Marítimo. En los últimos tres días al archipiélago han llegado más 1.900 migrantes en 23 embarcaciones, según datos de Cruz Roja, mientras que octubre ha sido el mes más intenso desde 2023.

Una tragedia similar a la del lunes ocurrió el 30 de octubre en esta ruta marcada por naufragios y desapariciones, cuando cuatro personas murieron a bordo de un cayuco rescatado al sur de El Hierro que partió desde Gambia con 115 ocupantes. De estas víctimas solo se pudieron recuperar dos cadáveres y los otros dos cuerpos fueron arrojados al mar por sus compañeros durante la travesía. Ambos varones jóvenes han sido enterrados por orden judicial en el cementerio municipal de El Pinar.

Desde la ONG Caminando Fronteras, su fundadora Helena Maleno explica a Infobae que la ruta canaria se divide en dos trayectos con dinámicas diferenciadas. El primero corresponde a los cayucos que llegan a El Hierro principalmente desde Senegal y Gambia, ya desde inicios del mes de octubre. “Esto responde a la falta de perspectivas de futuro de la juventud senegalesa, mientras que la gente que sale de Gambia procede del Sahel, ya que antes partían desde Mauritania”, aclara la activista.

El segundo trayecto reúne a las pateras y lanchas neumáticas que se dirigen a Lanzarote desde Agadir y Tan-Tan, localidades ubicadas al sur de Marruecos. “Hemos detectado que esas neumáticas cada vez son más grandes, a pesar de que tienen que recorrer una larga distancia. De hecho, la que llegó este lunes con 132 migrantes rompe el récord de personas a bordo que han viajado en neumática en el océano Atlántico, al menos que nosotras tengamos reseñadas”, advierte Maleno. Según recuerda, la última de estas características que llegó al archipiélago transportaba 124 personas y también hubo fallecidos durante la travesía.

Las condiciones a bordo de una lancha neumática en el Atlántico son especialmente duras, distintas de las que afrontan quienes viajan en una patera de madera o en un cayuco, sostiene Maleno, si bien también son complejas en estas últimas. En las neumáticas, además, suelen viajar a bordo personas procedentes del África subsahariana, después de periodos de espera que pueden agravar la dureza del trayecto, “y es ahí donde se producen muertes”. “El cansancio, la deshidratación o la caída de personas al mar son algunas de las circunstancias que pueden causar las muertes, si bien en alguna ocasión también se han producido peleas” durante estas travesías.

La ruta atlántica es la más mortífera

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre al menos 80 personas fallecieron tras el naufragio de un cayuco que había partido de Gambia con rumbo a Canarias, entre ellas un bebé. La embarcación llevaba 127 ocupantes y permaneció 26 días a la deriva. Cuando fue rescatada, solo 45 personas seguían con vida.

De acuerdo a los informes publicados por Caminando Fronteras, la ruta atlántica sigue siendo la más mortífera de las fronteras hacia España, con 635 muertes registradas entre enero y principios de junio de este año.

Descenso de llegadas irregulares a nivel nacional

Aunque las llegadas irregulares a Canarias han aumentado en las últimas semanas, el balance nacional muestra un descenso durante los primeros diez meses de 2026. Entre el 1 de enero y el 15 de octubre, 27.230 personas llegaron a España por vía marítima y terrestre, un 5,9% menos que en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 28.922, según datos del Ministerio del Interior.

La caída ha sido más pronunciada en Canarias, ya que en ese periodo recibió 8.970 migrantes, un 33,5% menos que los 13.491 registrados el año anterior.

“Está muy bien que tenga su representación”

Al responder, la mandataria destacó el peso de la diáspora. “Son cuarenta millones de mexicanos que viven en Estados Unidos”, dijo, y precisó que se trata de personas de primera, segunda y tercera generación.

Sheinbaum sostuvo que esa población es parte de la vida de Estados Unidos y participa en sus partidos políticos como comunidad mexicano-estadounidense. “Está muy bien que una parte de ese país tenga también su representación”, afirmó.

La reportera planteó después que un eventual triunfo de Becerra rompería la narrativa de los grupos de ultraderecha contra los latinos. La presidenta respondió que esa es “la narrativa del clasismo, del racismo, que tiene que acabar en cualquier lugar del mundo”.

¿Quién es Xavier Becerra?

Becerra es un político demócrata con una larga trayectoria pública. Ha sido fiscal general de California, integrante de la Cámara de Representantes y legislador estatal. También fue secretario de Salud y Servicios Humanos en el gobierno de Joe Biden.

Su historia familiar es central en su campaña:

• Su madre nació en Jalisco, México, y emigró a Estados Unidos tras casarse con su padre.
• Su padre es originario de Sacramento y creció en México.
• Becerra nació y creció en Sacramento.

Becerra repasó ese origen al anunciar su candidatura. Dijo que sus padres llegaron a California con apenas 12 dólares en el bolsillo.

Un posible hito histórico}

California es uno de los estados más diversos del país, pero casi todos sus gobernadores han sido hombres blancos. Según la cobertura de la Associated Press, Becerra sería el primer latino en ocupar el cargo desde finales del siglo XIX.

Su candidatura avanzó a la elección general tras las primarias de junio. Su ascenso se aceleró cuando el congresista Eric Swalwell abandonó la contienda tras una acusación de agresión sexual, lo que le permitió concentrar el apoyo demócrata.

Cierre de campaña y encuestas

Este lunes, Becerra cerró su campaña en Los Ángeles y pidió a la comunidad latina que salga a votar. Expresó su preocupación por la menor participación electoral de los latinos en comparación con otros grupos, como los afroamericanos y los asiáticos.

Según datos recogidos por The Times y citados por EFE, el demócrata aparece como favorito:

• Xavier Becerra (demócrata): 59.8 % de la intención de voto.
• Steve Hilton (republicano): 36.2 %.

Hilton es un excomentarista de Fox News respaldado por el presidente Donald Trump.

El cierre de campaña incluyó un mitin bajo el lema “Stop the Power Grab” (“Detengan la toma de poder”). Becerra compartió escenario con el gobernador Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris y los senadores Adam Schiff y Alex Padilla.

La Proposición 39, en la boleta

Becerra también pidió votar en contra de la Proposición 39. La medida exigiría a los votantes presentar una identificación oficial en los centros de votación y dar los últimos cuatro dígitos de su número de identificación oficial en el voto por correo.

El candidato dijo que la propuesta busca “hacer más difícil que nuestros ciudadanos voten”, y mencionó a su madre, ciudadana naturalizada, como ejemplo de los afectados.

Resultados, aún pendientes

Aunque las encuestas favorecen a Becerra, el resultado todavía no está definido. La Associated Press indicaba, en su último reporte consultado, que esperaba el cierre de las urnas en la contienda por la gubernatura de California.

Para Sheinbaum, el tema tiene una lectura que va más allá de una elección estatal. Su mensaje apunta a la representación política de los mexicanos y sus descendientes en Estados Unidos. Los resultados oficiales confirmarán si California tendrá a un hijo de migrantes mexicanos como gobernador.

Un total de 14.818 personas migrantes que llegaron a Ceuta a finales de julio han regresado a Marruecos, 995 más que la semana anterior, según los últimos datos ofrecidos por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha detallado que 14.180 retornos fueron voluntarios y 638 correspondieron a expulsiones. No obstante, organizaciones sociales como la Asociación Elín y la Coordinadora de Barrios cuestionan la versión oficial sobre los retornos y sostienen que buena parte de ellos no han sido de forma voluntaria. Esos mismos colectivos denuncian que, en octubre, decenas de agentes de la Policía Nacional ingresaron en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta con material antidisturbios para detener a residentes y ejecutar devoluciones a Marruecos, de forma que afectó a personas que estaban esperando una respuesta sobre sus solicitudes de protección internacional.

En concreto, uno de los casos que mencionan Elín y la Coordinadora de Barrios es el de Yaseen S. A., un ciudadano yemení al que se le denegó la solicitud de asilo. Su defensa recurrió la resolución y pidió a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima para impedir su devolución mientras se resolvía el procedimiento y, aunque el tribunal acordó que el migrante permaneciera en España mientras analizaba el recurso, el Ministerio del Interior ejecutó su devolución a Marruecos. Después, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sostuvo que la resolución judicial llegó “fuera de plazo”, cuando Yaseen ya se encontraba fuera de España.

Como alternativa, Interior propuso que el ciudadano yemení se presentara en el puesto fronterizo para intentar regresar a territorio español, pero las organizaciones sociales consideraron inviable esa opción, dadas las condiciones en las que se encontraba el hombre en Marruecos, “sin dinero ni otros recursos”.

La ciudad autónoma acoge a 3.600 menores migrantes

Por otro lado, la ministra Saiz también ha informado ante la prensa que son 6.113 personas las que ya han pasado por el procedimiento de triaje y que 3.650 menores permanecen en el sistema de protección de la ciudad autónoma.

Respecto de los traslados a la Península, la ministra ha precisado que 135 menores fueron derivados por reagrupación familiar y otros 181 fueron acogidos por distintas comunidades autónomas en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El Ejecutivo, además, ha remitido 89 informes a Marruecos.

La portavoz del Gobierno ha señalado que el Ejecutivo trabaja para desmontar “lo antes posible” los centros de acogida temporal instalados en Ceuta, con el objetivo de que la ciudad “recupere la normalidad cuanto antes”.

Ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Este martes el Gobierno también ha aprobado un real decreto ley dotado con 30 millones de euros para atender a los afectados por el accidente ferroviario de Urda. La norma establece un régimen extraordinario de transferencias y anticipos por responsabilidad civil, con el objetivo de que los damnificados no tengan que esperar a que terminen los procedimientos administrativos y judiciales.

Los allegados de cada víctima mortal percibirán 72.121,46 euros a fondo perdido y otros 72.121,46 euros como adelanto de la responsabilidad civil, hasta sumar 144.242,92 euros. Las primeras “son ayudas no reembolsables y compatibles con otras indemnizaciones”, ha destacado el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa. Los anticipos tampoco deberán devolverse aunque la compensación definitiva fuera inferior al importe inicial abonado.

Las elecciones intermedias de Estados Unidos se llevarán a cabo mañana, 3 de noviembre, ante el escenario de una derrota del Partido Republicano; esto podría llevar al presidente Donald Trump a tomar decisiones “alocadas” contra México, incluyendo una mayor confrontación comercial o militar, advirtió el académico José Arturo Santa Cruz Díaz Sanatana a la Universidad de Guadalajara.

El especialista, director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCSH, señaló que un Trump debilitado y acorralado políticamente tiene menos incentivos para moderar su política exterior.

Las encuestas citadas por el académico muestran un panorama adverso para los republicanos: 99% de probabilidad de que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes y hasta 65% de posibilidades de ganar el Senado. La aprobación de Trump se ubica en niveles históricamente bajos, con dos terceras partes del electorado desaprobando su gestión, principalmente por una inflación que llegó a 3.6% el mes de septiembre.

Los aranceles y los cárteles, en la mira de un eventual arrebato

El maestro Miguel Alejandro Hiljar Chiapa, profesor investigador del mismo centro académico, advirtió a Universidad Guadalajara que Trump podría endurecer los aranceles a productos mexicanos o intensificar su ofensiva contra los cárteles mexicanos mediante intervención militar directa o ataques con drones. “Tendría implicaciones importantísimas en daños y en contra de la soberanía”, afirmó el académico.

Santa Cruz Díaz Santana fue más allá y planteó un escenario adicional: que la administración estadounidense busque llevarse a territorio de Estados Unidos a políticos, gobernadores o funcionarios mexicanos señalados de complicidad con el crimen organizado para juzgarlos ahí.

México descarta que el T-MEC se vea afectado por el resultado electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su conferencia matutina del 28 de octubre que la negociación del T-MEC no depende del resultado del 3 de noviembre. De acuerdo con la mandataria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Echeartea, dialogó con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y con el embajador Ronald Johnson para explorar un entendimiento previo a los comicios.

Sheinbaum indicó que el principal punto pendiente de México en las negociaciones comerciales es la reducción de aranceles de la sección 232 y llamó a mantener “mucha paciencia y serenidad” ante los mensajes contradictorios de Trump, quien hasta ese momento, se encontraba en campaña electoral.

El voto latino, factor decisivo que podría inclinar la balanza

El resultado electoral depende en buena medida del electorado hispano, que según The New York Times se consolidó como el grupo de votantes indecisos más influyente de la década. Los latinos prefieren ahora a los demócratas por 30 puntos porcentuales, un giro notable frente al 44% de apoyo que Trump obtuvo entre ellos en 2024.

El costo de la vida y la política migratoria explican el viraje. El 61% de los votantes hispanos afirma que respaldará a los demócratas, mientras que casi una cuarta parte conoce a alguien deportado o detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los últimos dos años, según The New York Times.

La cifra de hondureños retornados desde Estados Unidos disminuyó en 2026 en comparación con el año anterior, de acuerdo con un registro divulgado por la Fundación 15 de Septiembre, que documentó el comportamiento de las deportaciones y retornos entre 2022 y el 15 de octubre de 2026.

Los datos reflejan que durante el presente año se contabilizan 37,968 compatriotas retornados, frente a los 42,928 registrados en 2025. Esto representa una reducción de 4,960 personas, equivalente a aproximadamente un 11.5 % respecto al año anterior.

La organización difundió las estadísticas mediante una publicación en sus redes sociales y aprovechó para plantear que el debate migratorio no debe concentrarse únicamente en las decisiones políticas de Estados Unidos, sino también en las condiciones que obligan a miles de hondureños a abandonar su país.

El comportamiento de los últimos cinco años muestra variaciones importantes en la cantidad de personas que regresaron a Honduras desde territorio estadounidense, con el registro más elevado en 2022 y una disminución considerable en los años posteriores.

Durante 2022, año en que asumió la presidencia Xiomara Castro, las estadísticas registraron 94,339 hondureños retornados desde Estados Unidos, la cifra más elevada del período presentado por la Fundación 15 de Septiembre.

Un año después, en 2023, el número experimentó una reducción considerable, al contabilizarse 56,172 compatriotas que regresaron al territorio hondureño.

La tendencia descendente continuó durante 2024, cuando se reportaron 34,386 retornados. Este registro representó el nivel más bajo de los cinco años incluidos en el balance divulgado por la organización.

Sin embargo, durante 2025 los números volvieron a incrementarse. En ese período se contabilizaron 42,928 hondureños retornados, lo que significó un aumento de 8,542 personas respecto a 2024.

La Fundación 15 de Septiembre relacionó el contexto migratorio con las políticas implementadas por el Gobierno estadounidense, que han influido en los procesos de detención y deportación de migrantes.

Para 2026, el registro muestra nuevamente una reducción, aunque las cifras todavía corresponden a un período parcial del año, pues únicamente abarcan hasta el 15 de octubre.

Más allá de las variaciones estadísticas, la Fundación 15 de Septiembre hizo un llamado a analizar la migración hondureña desde una perspectiva más amplia y atender las condiciones internas que motivan a las personas a salir del país.

En su publicación, la organización cuestionó que el tema migratorio se limite a las diferencias políticas entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, al considerar que Honduras también tiene responsabilidades frente a las causas que provocan el desplazamiento de sus ciudadanos.

“La migración no debe reducirse a demócratas contra republicanos. EE. UU. define sus políticas de deportación; Honduras debe atender las causas que empujan a salir”, expresó la fundación.

Asimismo, recordó que el país pasó de registrar 94,339 retornos en 2022 a contabilizar 37,968 hasta el 15 de octubre de 2026, una diferencia de 56,371 personas.

La organización advirtió que, pese a la disminución observada, el fenómeno migratorio continúa y requiere medidas que permitan prevenir la salida irregular de hondureños y garantizar condiciones adecuadas para quienes regresan.

“Urge prevenirlo y garantizar reintegración”, agregó la Fundación 15 de Septiembre en su mensaje.

El retorno de miles de hondureños representa un desafío para las instituciones encargadas de atender a la población migrante, especialmente por las necesidades económicas, familiares y laborales que enfrentan quienes regresan después de permanecer en Estados Unidos.

La reintegración implica facilitar oportunidades de empleo, acceso a servicios y acompañamiento para que las personas puedan reconstruir sus proyectos de vida en Honduras.

Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes una patera con 132 personas a bordo a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife, en Lanzarote, según ha confirmado la entidad a Infobae. En la embarcación había dos personas fallecidas y, de acuerdo al relato de los ocupantes, otros cinco cuerpos fueron arrojados por la borda al Atlántico en circunstancias que aún están por aclarar.

La Guardamar Urania de Salvamento Marítimo rescató la embarcación hacia las 5:20 horas. De esas 132 personas, 120 son hombres y 12 mujeres.

El operativo se suma a una nueva noche de intensa actividad en la ruta migratoria canaria, ya que entre el sábado y el domingo los equipos de rescate realizaron otras tres intervenciones —dos en Lanzarote y una en El Hierro— que dejaron casi 300 personas auxiliadas, según recuentos aún provisionales.

“No son las primeras muertes de los últimos días. Detrás de cada una hay na vida, una historia y una familia. Y mientras seguimos lamentando fallecidos y se confirma el repunte en la ruta migratoria, seguimos sin respuestas del Gobierno de España”, ha criticado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su perfil de la red social X, donde ha recordado que su Ejecutivo lleva tiempo reclamando “medidas, recursos y anticipación”.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre al menos 80 personas fallecieron tras el naufragio de un cayuco que había partido de Gambia con rumbo a Canarias, entre ellas un bebé. La embarcación llevaba 127 ocupantes y permaneció 26 días a la deriva. Cuando fue rescatada, solo 45 personas seguían con vida.

Según los informes publicados por la ONG Caminando Fronteras, la ruta atlántica sigue siendo la más mortífera de las fronteras hacia España, con 635 muertes registradas entre enero y principios de junio de este año.

Aumentan las llegadas en los últimos días al archipiélago

Las llegadas irregulares a España han descendido en los primeros diez meses de 2026, pero los últimos rescates en la ruta canaria reflejan que el flujo no se ha detenido. Entre el 1 de enero y el 15 de octubre llegaron al país 27.230 personas por vía marítima y terrestre, un 5,9% menos que en el mismo período de 2025, cuando fueron 28.922, según los datos del Ministerio del Interior.

El descenso ha sido más acusado en Canarias. El archipiélago registró 8.970 llegadas, un 33,5% menos que las 13.491 contabilizadas hasta esa fecha el año anterior, de acuerdo con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La tendencia acumulada, sin embargo, contrasta con la actividad de los últimos días: Salvamento Marítimo ha encadenado varios operativos en aguas próximas a Lanzarote y El Hierro. Las embarcaciones rescatadas vuelven a evidenciar los riesgos de una travesía en la que muchas personas pasan días en el mar para intentar alcanzar territorio español.

Una jornada de controles simultáneos en distintos puntos de República Dominicana dejó 2,256 migrantes en condición irregular detenidos y trasladados para la aplicación de los procedimientos migratorios, entre ellos la eventual deportación hacia Haití.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que los operativos se realizaron en áreas urbanas, comunidades rurales y pasos próximos a la frontera. Las autoridades desplegaron equipos en varias provincias mientras reforzaban la vigilancia territorial ante la situación de seguridad en Haití.

Operativos en la frontera y el Cibao

Del total de personas interceptadas, 1,466 fueron detenidas directamente por la DGM. El resto fue localizado durante acciones en las que participaron el Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Se presume que las 2,256 personas detenidas son migrantes haitianos que han buscado salir del país en medio de la crisis de inseguridad por las pandillas que experimenta el país. Sin embargo, la DGM indicó que, durante la semana comprendida entre el viernes 23 y el viernes 30 de octubre, interceptó a 339 haitianos indocumentados vinculados a labores agrícolas en distintas zonas de una provincia que no fue especificada en el comunicado.

Los controles incluyeron localidades de la franja fronteriza, como Dajabón, Loma de Cabrera, Restauración, Capotillo, Comendador, Oviedo, Juancho, Aguas Negras, Mencía y Paso Sena. En estas áreas, los agentes verificaron la situación migratoria de las personas localizadas durante las inspecciones.

Dajabón encabezó el registro regional de interdicciones de esa semana, con 1,375 casos. Valverde quedó en segundo lugar, con 818. Estas cifras reflejan la concentración de operativos en el norte y noroeste dominicano, zonas con conexión directa o cercana a la frontera con Haití.

Los detenidos fueron enviados al centro migratorio de Haina

Tras las detenciones, los migrantes fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Haina, en la provincia de San Cristóbal. Allí, la DGM prevé realizar las verificaciones documentales y los trámites establecidos por la normativa migratoria dominicana.

El traslado a ese centro forma parte de la etapa previa a la definición de cada caso. Las autoridades no precisaron cuántas personas ya fueron deportadas ni informaron un calendario para las repatriaciones. Tampoco detallaron si hubo menores de edad, familias o personas con situaciones particulares entre los interceptados.

Las operaciones se extendieron al Cibao, con intervenciones en Santiago, Mao, Esperanza, Hatillo Palma, Jaibón, Cutupú, Río Verde, Burende, Licey al Medio, Navarrete, Puñal, Tamboril y San José de las Matas.

La DGM también reportó acciones en Duarte, Neiba, Villa Jaragua, Galván, Jimaní, San Francisco de Macorís, Castillo, Pimentel y Villa Riva. Otros operativos alcanzaron Azua, Peravia, San Cristóbal, Espaillat, Samaná, La Altagracia y San Pedro de Macorís.

El operativo abarcó provincias del norte, sur y este

El despliegue incluyó además intervenciones en Montecristi, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez y Monseñor Nouel. La presencia simultánea de equipos migratorios y fuerzas de seguridad permitió ampliar el alcance territorial de las inspecciones.

La DGM presentó la jornada como parte de su estrategia de control migratorio y de vigilancia fronteriza. Los procedimientos continuarán en el Centro de Procesamiento de Haina, donde se determinará la situación administrativa de cada persona detenida y, en los casos que corresponda, su devolución a Haití.

Dos cayucos con 307 personas migrantes han llegado este sábado por la noche al puerto de La Restinga, en El Hierro, después de seis días de travesía desde Gambia, según datos de los servicios de emergencia recogidos por la agencia EFE.

La primera embarcación atracó a las 19:30 horas, escoltada por la Salvamar Navia. A bordo viajaban 193 personas: 173 hombres, diez mujeres y diez menores. Habían partido de Barra, en Gambia, y procedían de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil.

Siete minutos más tarde, a las 19:37 horas, llegó un segundo cayuco con 114 ocupantes, asistido por la Salvamar Diphda, y entre ellos había 102 hombres, seis mujeres y seis menores cuya condición todavía debía confirmarse. Esta segunda embarcación había salido de Brufut, también en Gambia, con personas procedentes de Senegal, Gambia y Níger.

La ruta atlántica es la más mortífera

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre al menos 80 personas fallecieron tras el naufragio de un cayuco que había partido de Gambia con rumbo a Canarias, entre ellas un bebé. La embarcación llevaba 127 ocupantes y permaneció 26 días a la deriva. Cuando fue rescatada, solo 45 personas seguían con vida.

Según los informes publicados por la ONG Caminando Fronteras, la ruta atlántica sigue siendo la más mortífera de las fronteras hacia España, con 635 muertes registradas entre enero y principios de junio de este año, de acuerdo a los últimos datos publicados.

Bajan las llegadas de migrantes

Según los datos del Ministerio del Interior, un total de 27.230 personas migrantes llegaron a España por vía marítima y terrestre entre el 1 de enero y el 15 de este año, lo que supone un 5,9% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando arribaron 28.922.

Las personas migrantes que han llegado por mar a la Península y Baleares han aumentado un 9,8%, pasando de 12.252 en 2025 a 13.458 este año, y lo han hecho en 797 embarcaciones. Sin embargo, las llegadas a Canarias han bajado un 33,5%, al situarse en un total 8.970, mientras que el año pasado fueron 13.491, de acuerdo a la información del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Durante estos diez primeros meses y medio hasta Ceuta han llegado 4.076 personas migrantes, un 41% más de los 2.890 que arribaron en 2025. Estas cifras no incluyen la entrada masiva a la ciudad autónoma ocurrida a finales de julio, que derivó en una crisis humanitaria sin precedentes. En Melilla, en tanto, llegaron 701 personas, frente a las 260 del mismo período del año anterior.

En la práctica, el fallo significa que la orden judicial favorable a los beneficiarios —bloqueada por la Corte Suprema desde octubre de 2025— volvería a tener efecto a partir del 6 de noviembre, fecha en que vence esa suspensión. La decisión no cierra el litigio ni garantiza el regreso de las protecciones: si el Gobierno apela y el máximo tribunal accede a intervenir antes de esa fecha, la suspensión podría extenderse nuevamente, según advirtió la National TPS Alliance (Alianza Nacional TPS).

Qué resolvió la Corte de Apelaciones sobre el TPS para venezolanos

Los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone firmaron la decisión en el caso 25-5724. El tribunal no solo negó la solicitud principal del Gobierno para prolongar la suspensión, sino que también rechazó su petición alternativa de una pausa administrativa de al menos 21 días y anunció que fijará un calendario acelerado para examinar el fondo del litigio.

El fallo no representa una decisión definitiva sobre el fondo del caso. La abogada de inmigración Khatia Quiros explicó a Noticias Telemundo que el Noveno Circuito concluyó que, aun bajo los criterios fijados por la Corte Suprema, la forma en que se canceló el TPS venezolano constituyó un error. “No es una decisión final porque la Corte Suprema podría volver a extender la suspensión”, subrayó.

Por qué cuestionan las decisiones de Kristi Noem sobre el TPS venezolano

El origen del litigio se remonta a una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS contra la administración federal. Un tribunal de distrito del Norte de California determinó que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, se extralimitó en sus facultades al anular una prórroga del TPS otorgada a Venezuela y, en su lugar, poner fin a la designación de ese país.

En vez de extender el beneficio —que protege de la deportación a los inmigrantes y les otorga permisos de trabajo—, Noem terminó la designación, según recogió la agencia EFE.

Qué es el TPS y a cuántos venezolanos afecta

El TPS es un programa migratorio creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 para evitar deportaciones hacia países afectados por desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas. Cuando está vigente, impide las deportaciones y autoriza a sus beneficiarios a trabajar legalmente en el país. La designación puede ser otorgada y revocada por la secretaria de Seguridad Nacional.

Según datos del DHS de junio de 2026, hay 627.750 beneficiarios venezolanos del programa. De restablecerse el TPS el 6 de noviembre, las protecciones cubrirían a quienes estaban amparados bajo la designación de 2023, así como a los venezolanos con TPS bajo la designación de 2021 que solicitaron extender su estatus conforme a la prórroga del 17 de enero de 2025.

Qué puede ocurrir el 6 de noviembre con el TPS de Venezuela

La suspensión que ahora expira fue impuesta por la Corte Suprema en octubre de 2025, cuando el máximo tribunal bloqueó —sin dar explicaciones, a través del mecanismo conocido como shadow docket o lista de sombra— la sentencia del tribunal de distrito que había declarado ilegales las decisiones de Noem.

El abogado de inmigración José Guerrero advirtió que persisten dudas sobre la duración de las protecciones, incluso si se restauran. “Por ley, si el gobierno no anuncia 60 días antes una terminación, entonces se restablece automáticamente, pero no está claro si eso comenzó desde el 2 de octubre o desde el 6 de noviembre”, explicó a Telemundo 51. “No hay TPS todavía y hay que esperar al 6 de noviembre para ver si el gobierno apela”, concluyó.

Por qué el caso del TPS venezolano todavía no está resuelto

El 5 de octubre de 2026, la Corte Suprema aplicó el precedente Mullin v. Doe —resuelto en junio de ese año con una votación de seis a tres— al caso venezolano, anuló la sentencia favorable del Noveno Circuito y devolvió el expediente para su reconsideración. Ese mismo día, el Gobierno solicitó al Noveno Circuito que mantuviera la suspensión; el tribunal lo rechazó este viernes.

La Alianza Nacional TPS resumió el alcance del fallo: “A menos que la Corte Suprema intervenga, el TPS para Venezuela será restablecido el 6 de noviembre”, mientras el litigio continúa. Entre las pruebas presentadas ante el tribunal figuran declaraciones de beneficiarios afectados, como la de Carlos Sánchez Villa, un venezolano deportado a Liberia tras perder el amparo. “Fue como algo sacado de una película de terror; pero, lamentablemente, para mí fue real”, declaró, según recogió EFE.

Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Miñana Family Center for Immigration Law and Policy (Centro de Derecho y Política de Inmigración Miñana) de la Universidad de California Los Ángeles, indicó que esperan que la administración “reconozca su error” y, de no ser así, “que la Corte Suprema defienda el estado de derecho manteniendo intacta” la decisión del tribunal de distrito.

Quiénes podrían recuperar la protección migratoria en Estados Unidos

Los beneficiarios venezolanos del TPS deben seguir con atención la evolución judicial en los próximos días. Antes del 6 de noviembre, la Corte Suprema tiene margen para volver a suspender la orden si el Gobierno presenta una nueva apelación de emergencia.

Incluso si las protecciones se restablecen en esa fecha, el litigio continuará y su resultado final sigue abierto. Los abogados del caso y las organizaciones de defensa recomiendan verificar los anuncios oficiales del DHS y consultar a un abogado de inmigración acreditado antes de tomar decisiones sobre empleo, viajes internacionales o cualquier otro trámite migratorio.

Organizaciones sociales como la Asociación Elín y la Coordinadora de Barrios han denunciado que el pasado 26 de octubre decenas de agentes de la Policía Nacional entraron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para detener a residentes y ejecutar devoluciones a Marruecos. El operativo, indican en un comunicado, incluyó material antidisturbios y derivó en detenciones de personas que permanecían en el centro a la espera de respuestas sobre sus solicitudes de protección internacional, por lo que reclaman el cese inmediato de unas expulsiones que califican de “ilegales y carentes de garantías”.

Las intervenciones, aseguran los colectivos, continuaron en días posteriores, lo que ha extendido el miedo entre los residentes del CETI.

El principal cuestionamiento apunta al lugar y la forma en que se realizan las entregas a las autoridades marroquíes. Elín y la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes aseguran que las devoluciones se ejecutan por un paso no habilitado, fuera del puesto fronterizo oficial.

Ese mecanismo, aclaran, impide verificar la entrega de cada persona y limita derechos básicos como la posibilidad de presentar alegaciones individuales, el acceso a intérpretes y la tutela judicial efectiva.

También señalan que las personas afectadas incluyen mujeres, personas del colectivo LGTBI y ciudadanos de terceros países, entre ellos Yemen, Senegal, Sudán y Bangladesh. Perfiles que, según advierten, afrontan riesgos de violencia y malos tratos en Marruecos, en especial quienes no tienen nacionalidad marroquí.

Las asociaciones sitúan un episodio previo el viernes 23 de octubre, cuando al menos 16 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas hacia Marruecos y permanecieron durante tres días en una zona fronteriza sin poder entrar en territorio marroquí ni regresar a España, según su relato. El grupo, en el que había personas de Senegal, Togo, Bangladesh, Costa de Marfil, Nigeria y Yemen, pasó tres días sin acceso a comida ni agua, sin información sobre su situación jurídica ni sobre el destino de sus procedimientos de asilo.

El Ministerio del Interior por su parte, sostiene que, de acuerdo con las informaciones conocidas sobre el caso, las personas devueltas no habían presentado recursos dentro de plazo. Las organizaciones lo niegan y afirman que hubo actuaciones pese a procedimientos judiciales aún abiertos.

El caso de Yaseen elevó la disputa con Interior

Uno de los expedientes señalados por las entidades corresponde a Yaseen S. A., ciudadano yemení cuya solicitud de asilo fue denegada. Su defensa había recurrido la decisión y solicitó una medida cautelarísima ante la Audiencia Nacional para evitar su devolución mientras se resolvía el procedimiento.

La abogada del migrante y de otro ciudadano yemení informó de que ambos fueron enviados a Youssoufia, una localidad situada a más de 230 kilómetros al sur de Casablanca, en Marruecos. Según la letrada, fueron privados de dinero y pertenencias, y quedaron bajo custodia de la policía marroquí por una presunta estancia irregular.

La defensa y otros abogados de la Coordinadora de Barrios habían comunicado por escrito a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y al CETI que no debían ser devueltos porque existía un recurso presentado. También alegaron que la denegación de protección internacional contradecía el criterio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La Audiencia Nacional acordó el pasado lunes que Yaseen permaneciera en España mientras se resolvía el recurso presentado ante su denegación de asilo. Interior, por su parte, reconoció la devolución, pero niega haber desobedecido al tribunal: sostiene que el plazo terminó el viernes y que la respuesta al recurso llegó el lunes por la tarde, con el migrante ya en Marruecos.

Interior posteriormente reconoció la vigencia de la medida cautelarísima y planteó que el ciudadano yemení se personara en el paso fronterizo para volver a entrar en España, una posibilidad que las entidades sociales consideran inviable, dadas las condiciones en las que se encuentra el hombre en Marruecos, sin dinero ni otros recursos.

Derecho de asilo y el principio de no devolución

Elín y la Coordinadora de Barrios cuestionan que se efectúen detenciones y devoluciones dentro de un recurso de acogida. A su juicio, la presencia policial en el CETI transforma un espacio destinado a atender a personas migrantes en un lugar de temor y puede disuadir a quienes necesiten solicitar asilo o acceder a servicios de protección.

Las asociaciones citan la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y el Reglamento de la Unión Europea 2024/1348, que regula los procedimientos de protección internacional y retorno, y recuerdan que las personas con recursos pendientes deben poder permanecer en España hasta que se resuelva su situación.

También invocan el principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra de 1951, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que prohíbe retornar a una persona a un país donde pueda afrontar persecución, tortura o riesgos graves para su integridad.

Por todo ello, las organizaciones sociales exigen al Gobierno, al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Ceuta que suspendan las redadas en el CETI y detengan las devoluciones de personas con recursos judiciales pendientes o necesidades de protección. Además, solicitan que cualquier entrega a Marruecos se realice por el puesto fronterizo oficial, con registro documental, asistencia letrada, intérprete y revisión individual de cada expediente.

La administración de Donald Trump anunció este jueves que restringió visas a más de 15 personas acusadas de organizar, facilitar o promover caravanas migrantes con destino a Estados Unidos. La medida alcanza a individuos que, según el Departamento de Estado, reclutaron y coordinaron grupos que atraviesan Centroamérica y México rumbo a la frontera sur estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que Washington aplicará controles adicionales sobre quienes participen en esas actividades y soliciten una visa. La política también contempla la posibilidad de rechazar o revocar permisos de ingreso al país.

“Las investigaciones indican que ciertas personas reclutaron, coordinaron y dirigieron a grandes grupos de inmigrantes que viajaban a través de Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El anuncio ocurre en momentos en los que una caravana que partió de Honduras avanza por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses no divulgaron la identidad, nacionalidad ni el papel específico de las personas alcanzadas por las restricciones. El anuncio se produjo cinco días antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump.

Controles adicionales para solicitantes de visa vinculados a caravanas

El gobierno estadounidense sostuvo que las investigaciones identificaron a personas que “reclutaron, coordinaron y dirigieron” a grupos numerosos de migrantes durante su trayecto por Centroamérica y México. Según el comunicado, esas acciones tienen como objetivo facilitar el ingreso irregular al territorio estadounidense.

La administración afirmó que está dispuesta a usar su política de restricciones de visa contra quienes organicen, promuevan, respalden o financien caravanas migrantes. También advirtió que los participantes de esos grupos podrían enfrentar un examen adicional si piden autorización para viajar a Estados Unidos.

“Cualquier persona involucrada en facilitar o participar en esa actividad ilegal será considerada para restricciones de visa”, indicó el Departamento de Estado. La dependencia añadió que el cruce no autorizado de la frontera sur puede derivar en arrestos, detenciones, deportaciones y prohibiciones futuras de ingreso.

Una caravana salida de Honduras avanza por el sur de México

La decisión forma parte de la estrategia migratoria de Trump, quien regresó a la Casa Blanca en 2025 con la promesa de endurecer los controles fronterizos. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han presentado la reducción de los cruces irregulares como uno de los ejes de su gestión.

Una caravana de cerca de 100 migrantes salió el 20 de septiembre desde San Pedro Sula, Honduras, y se encuentra en el estado mexicano de Chiapas. El grupo busca avanzar hacia el norte de México con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, según informó la agencia EFE.

El Departamento de Seguridad Nacional ha difundido imágenes y mensajes sobre el recorrido de la caravana en redes sociales. En una de sus publicaciones, la agencia afirmó que Estados Unidos acumula “17 meses de frontera segura”, una expresión que integra el discurso oficial de la administración sobre la política migratoria.

Las caravanas adquirieron visibilidad internacional en octubre de 2018, cuando miles de personas partieron desde Honduras rumbo a Estados Unidos en busca de empleo, seguridad y mejores condiciones de vida. Desde entonces, se convirtieron en asunto recurrente del debate electoral estadounidense.

Cuatro migrantes cubanos recibieron dos años adicionales de prisión en Rusia tras escapar de una colonia penal de régimen estricto, mientras que otros dos fueron expulsados del país por no contar con documentación que acreditara su residencia y permiso de trabajo.

El Tribunal Municipal de Rýbinsk, en la región de Yaroslavl, dictó sentencia el 27 de octubre contra Frank Joel Ravelo Reina, Yoan Mayo Pérez, George Betancourt Revé y Pedro Jesús Madán Marrero. Los cuatro ya cumplían condenas de entre nueve y 11 años y medio por delitos relacionados con la distribución de drogas en Moscú y su región.

El caso se conoció el 27 de octubre a través de medios rusos y fue recogido por el medio cubano 14ymedio. Los hombres estaban recluidos en la colonia penitenciaria número 2, conocida como IK-2, una instalación de régimen estricto situada en Rýbinsk.

La fuga ocurrió durante la noche del 9 de julio. Según la oficina de prensa de los tribunales de Yaroslavl, los cuatro internos habían coordinado su salida con un supuesto cómplice que permanecía fuera de la prisión. Dos de ellos fueron detenidos el mismo día por agentes del servicio penitenciario regional y los otros dos fueron localizados al día siguiente.

Los acusados reconocieron los hechos, por lo que el tribunal aplicó un procedimiento simplificado. La pena impuesta fue de dos años de cárcel para cada uno, que se sumarán a las condenas que ya cumplían. La sentencia aún puede ser apelada, mientras la investigación sobre la persona que habría colaborado desde el exterior continúa en un expediente separado.

En un caso distinto, autoridades de Nizhni Nóvgorod expulsaron a dos ciudadanos cubanos que no tenían documentos que demostraran su derecho a residir temporalmente o trabajar en Rusia. La información fue publicada por el diario regional Nizhegoródskaya Pravda, con datos del Servicio Federal de Alguaciles de la región.

Los migrantes permanecieron bajo custodia en un centro de internamiento destinado a extranjeros mientras se resolvía su situación administrativa. Cuando se completaron los trámites, funcionarios rusos los trasladaron hasta un puesto fronterizo y los entregaron a los agentes responsables del control migratorio.

Los dos cubanos tendrán prohibida la entrada a Rusia durante cinco años. Las autoridades no difundieron sus nombres, el tiempo que llevaban en el país ni si habían intentado obtener una regularización migratoria. Tampoco informaron a qué destino fueron enviados tras su expulsión.

Los registros oficiales citados por la prensa local indican que los alguaciles de Nizhni Nóvgorod trasladaron a 1,340 migrantes de distintas nacionalidades hasta puestos fronterizos durante los primeros nueve meses de 2026. Las estadísticas no precisan cuántos de ellos eran ciudadanos cubanos.

Aumentan los controles sobre migrantes cubanos en Rusia

Las decisiones contra los seis cubanos se conocen en un contexto de mayores controles migratorios sobre extranjeros en distintas regiones rusas. En septiembre de 2025, siete ciudadanos de la isla fueron deportados desde la región de Kaluga después de que las autoridades determinaran que permanecían de forma irregular en el país. En aquella ocasión, fueron enviados a La Habana.

Durante abril de 2026 también aumentaron las redadas contra cubanos sin un estatus migratorio regularizado en Moscú. La ausencia de vuelos directos entre Rusia y Cuba no ha impedido las deportaciones, que se realizan mediante escalas, entre ellas conexiones a través de Estambul.

Otro caso fue el de Hugo Alberto Formes Romero, un cubano de 20 años condenado en febrero en Volgogrado a ocho años y seis meses de prisión por participar en una operación de venta de estupefacientes. Había llegado a Rusia en septiembre de 2025.

Un antiguo sargento de la Gendarmería Real marroquí que entró a nado en Ceuta el pasado 30 de julio ha señalado ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a las autoridades de su país por su papel en la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. El testigo, que ya había declarado ante la Policía Nacional, ha ratificado su relato y ha identificado a responsables marroquíes a los que sitúa en las inmediaciones de la frontera durante los acontecimientos.

La comparecencia se ha celebrado este miércoles en una nueva ronda de interrogatorios sobre la entrada masiva, en la que también han declarado otros dos ciudadanos marroquíes que cruzaron a Ceuta aquel día y dos policías españoles. Según fuentes jurídicas, los reconocimientos fotográficos realizados por los testigos han permitido señalar a distintas autoridades administrativas y mandos policiales marroquíes cuya presencia en la zona trata de esclarecer la investigación.

El antiguo gendarme, identificado como Hicham E. B., ha reconocido, entre otros, a quien ha señalado como el ‘bacha’ de Castillejos, al que aseguró haber visto en una rotonda próxima al hotel Senator, cerca de la frontera, alrededor de las diez de la mañana. Según su declaración, el responsable administrativo hablaba por teléfono, conversaba con agentes y realizaba indicaciones con las manos. El testigo también ha identificado a un responsable policial.

Los reconocimientos se apoyan en las fotografías incorporadas a las diligencias policiales, en las que aparecen personas a las que los investigadores sitúan durante el avance de los migrantes hacia la frontera. La identificación de estos cargos constituye uno de los elementos de la investigación, aunque no acredita por sí sola que participaran en la organización del cruce ni permite atribuirles órdenes o actuaciones concretas.

Un interrogatorio marcado por la tensión

Los tres ciudadanos marroquíes han comparecido ante Tardón antes de los dos policías españoles que han cerrado la jornada. Los dos primeros se han ratificado en los testimonios que prestaron ante la Policía Nacional, mientras que la declaración del último de los migrantes ha transcurrido con mayores dificultades.

Según ha podido saber Infobae tras consultar fuentes jurídicas, la jueza ha interrumpido en varias ocasiones el interrogatorio de este tercer testigo, en el que se han planteado dudas sobre la credibilidad de su relato y sobre los motivos por los que decidió entrar en España. El declarante ha centrado parte de su intervención en material fotográfico relacionado con las personas que se encontraban en la zona durante la llegada masiva, pero la comparecencia ha terminado sin que el interrogatorio pudiera desarrollarse con normalidad.

Los dos agentes españoles han declarado a continuación. Sus testimonios se incorporan a las diligencias sobre la actuación policial durante el cruce y la respuesta de los cuerpos de seguridad españoles ante la llegada de miles de personas a la frontera.

El jefe fronterizo contactó con su homólogo marroquí antes de la entrada masiva

Las declaraciones de los dos policías españoles han aportado nuevos detalles sobre las comunicaciones entre ambos lados de la frontera y las decisiones adoptadas durante la llegada masiva. El responsable policial de la frontera de Ceuta ha explicado ante María Tardón que mantuvo contacto con Mustafa, jefe de la Policía fronteriza marroquí, quien le trasladó que la situación era de normalidad.

Según fuentes jurídicas, el mando español también ha relatado que consultó a sus superiores la posibilidad de cerrar la frontera ante lo que estaba ocurriendo, aunque la Delegación del Gobierno no llegó a plantear esa medida. En su relato, las autoridades marroquíes estaban colaborando y la situación que le había trasladado su homólogo no apuntaba a una alteración de la normalidad. Al mando español también le llamó la atención la ausencia de migrantes subsaharianos entre quienes llegaban a la frontera.

La jornada se ha completado con la declaración de un segundo policía, un sargento, cuyo testimonio se suma al del responsable fronterizo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) detuvo a Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, exintegrante de la extinta Policía Estatal de la entidad, por su probable participación en el homicidio calificado de 19 migrantes ocurrido en el municipio de Camargo en enero de 2021.

La captura se concretó el lunes 26 de octubre de 2026 en la colonia Albañiles, en el municipio de Altamira, mediante una orden de aprehensión otorgada por una Jueza de Control. Tras el procedimiento, la detenida quedó a disposición de la autoridad competente.

La masacre de Camargo y los hechos de 2021

El caso conocido como la masacre de Camargo se remonta al 22 de enero de 2021, cuando un grupo de 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos fueron asesinados mientras viajaban por la brecha Santa Anita, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, cerca de Camargo.

En la persecución y el ataque habrían participado integrantes del entonces Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. El hecho generó condena internacional y derivó en 20 órdenes de aprehensión, la mayoría ya cumplimentadas.

Detalles del hallazgo y la investigación forense

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en una brecha del ejido Santa Anita, cerca de los límites con el estado de Nuevo León, dentro de una camioneta Chevrolet Silverado que presentaba 113 impactos de bala. Quince cuerpos se encontraban en la caja del vehículo, dos en la cabina y dos más cerca de las puertas del piloto y el copiloto.

En el mismo sitio fue abandonada una segunda camioneta, una Toyota Sequoia, que también resultó incendiada. Pese a la cantidad de disparos registrados en la escena, no se hallaron casquillos percutidos en el lugar.

Los policías involucrados recogieron la mayoría de los casquillos antes de huir, en un intento por ocultar su participación en los hechos. En un primer momento, los agentes señalados declararon que únicamente habían encontrado los cadáveres ya calcinados, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Tamaulipas. Esa versión fue desmentida durante el proceso judicial que derivó en las condenas de 2023.

La agencia AP documentó que cinco migrantes guatemaltecos sobrevivieron al ataque y permanecieron bajo protección en Estados Unidos, según confirmó en su momento el entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Los restos de 16 víctimas de nacionalidad guatemalteca fueron repatriados a ese país semanas después del hallazgo, donde familiares los recibieron en la capital antes de trasladarlos a sus comunidades de origen en el departamento de San Marcos.

Avance de las investigaciones y condenas previas

El titular de la FGJET, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que con la detención de Berenice “N” suman once las personas capturadas por su presunta participación en el asesinato y la incineración de los cuerpos de los 19 migrantes. El funcionario precisó que aún faltaría por detenerse a una persona más implicada en los hechos.

Ese mismo año 12 personas fueron condenadas a 50 años de prisión por los hechos registrados en el ejido Santa Anita, culpables de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.

Entre los procesados por el caso se encuentra José Arturo Alfaro Acuña, exintegrante del extinto Grupo de Operaciones Especiales, quien se fugó en abril de este año tras una audiencia. Las autoridades de Tamaulipas ofrecieron entonces una recompensa de 300 mil pesos por información que condujera a su captura, y en septiembre fue recapturado, por lo que ahora enfrenta dos cargos.

Situación procesal y compromiso institucional

La FGJET no precisó el papel que la exagente habría tenido en los hechos ni la fecha de su próxima audiencia. La responsabilidad de Berenice “N” deberá determinarse conforme al proceso judicial en curso.

En su comunicado, la Fiscalía refrendó su compromiso de investigar los delitos que atentan contra la vida, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

La dependencia estatal señaló que continuará con las investigaciones para procurar justicia en el caso, que a casi seis años de ocurrido mantiene abiertos procesos judiciales contra varios de los implicados en la masacre de Camargo.

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha reclamado este martes al Consejo de Ministros la desclasificación de la totalidad de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vinculados a la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La magistrada ha fijado un plazo máximo de 15 días naturales para que el Ejecutivo cumpla con la medida.

En el auto al que ha tenido acceso Infobae, Tardón solicita que se hagan públicas “todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio de 2026 relativos a las investigaciones sobre los hechos” ocurridos esos días. La petición incluye de manera específica la documentación relacionada con “la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha”.

Además, la jueza ha reclamado el listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas correspondientes al 27 y al 30 de julio, identificadas con las referencias C/10266/27-07-2026 y C/10481/30-07-2026. La solicitud incluye cualquier otra comunicación remitida con posterioridad a esa fecha, indicando también la hora exacta de envío y certificación de su recepción efectiva por parte de los destinatarios.

Según el auto, esta documentación permitirá establecer qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de la entrada masiva prevista para el 30 de julio, además de determinar qué decisiones se adoptaron o se omitieron a partir de esa información.

Desclasificación “con carácter urgente”

La resolución establece que la desclasificación debe producirse “con carácter urgente y, en todo caso, en el plazo de quince días naturales” desde que el Consejo de Ministros reciba la solicitud. Todo el material desclasificado se incorporará a la pieza separada que permanece bajo secreto de sumario dentro de la causa.

Tardón sostiene que la información reclamada “es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado”, ya que esta se vio comprometida precisamente durante los hechos que se investigan, y que determinar la autoría de ese ataque a la seguridad nacional constituye el objeto central de la causa. La magistrada añade que la eventual clasificación de la documentación “no constituye un obstáculo jurídico absoluto” que impida al órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos.

Antecedentes de una desclasificación parcial

El pasado 8 de septiembre, el Consejo de Ministros ya acordó una desclasificación parcial de la documentación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), que incluyó tres escritos del servicio de inteligencia, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil.

El propio Ejecutivo reconoció entonces que no toda la documentación podía hacerse pública, debido a que parte de ella afecta a información especialmente protegida o incorpora elementos procedentes de servicios de inteligencia extranjeros.

La jueza ha reclamado también a otros organismos documentación relacionada con la crisis, entre ellos al Estado Mayor de la Defensa, al Ejército de Tierra y a la Guardia Civil.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón interrogará este miércoles a tres ciudadanos marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria del pasado 30 de julio. La magistrada quiere escuchar como testigos a quienes cruzaron la frontera en una de las jornadas más críticas de la crisis, en una investigación que busca esclarecer cómo se desarrolló la entrada masiva y si existió una actuación coordinada desde Marruecos.

Los tres están citados a las 10.00 horas por videoconferencia, antes de las declaraciones de los policías que también comparecerán mañana en el marco de la misma causa. Según fuentes jurídicas, los ciudadanos marroquíes habían acudido voluntariamente a declarar ante la Policía Nacional antes de que se acordara su comparecencia judicial. La instructora incorpora así a las diligencias el testimonio de personas que vivieron la entrada desde el lado de quienes cruzaron la frontera.

La causa, abierta por un presunto delito contra la paz e independencia del Estado, busca reconstruir cómo se produjo la llegada masiva, qué información manejaban las autoridades antes de los hechos y qué respuesta desplegaron los distintos organismos. En sus resoluciones, Tardón ha apuntado que la entrada no habría sido un episodio espontáneo, sino un proceso organizado en el que la finalidad migratoria habría servido de cobertura para generar una presión extraordinaria sobre la frontera.

La Policía apunta al guiado de los migrantes por agentes marroquíes

Uno de los aspectos que examina la magistrada es la actuación de las fuerzas marroquíes. En declaraciones incorporadas a la causa, responsables políticos de Ceuta y mandos policiales han descrito comportamientos de agentes del país vecino que, según sus testimonios, habrían facilitado o no impedido los cruces.

El principal indicio sobre este extremo es un informe de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional y remitido a la Audiencia Nacional. El documento sostiene que agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, habrían participado en el guiado de los migrantes hacia determinados puntos de acceso a Ceuta. Según el análisis policial, algunos efectivos habrían dado indicaciones para que quienes intentaban cruzar a nado se dirigieran hacia el espigón del Tarajal.

El informe describe una situación de “permisividad policial” en el lado marroquí y sostiene que no se detectaron intentos serios de dispersar o alejar a la multitud del perímetro fronterizo. También recoge imágenes y testimonios sobre individuos que, sin formar aparentemente parte de la masa, habrían actuado como gestores del flujo, orientando a los migrantes hacia zonas concretas.

La Policía interpreta estos elementos como indicios de que la entrada respondió a un patrón organizado y no a una movilización espontánea. El documento plantea que el objetivo habría sido colapsar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta española. No obstante, el informe no identifica una autoría concreta ni acredita por sí mismo que el Gobierno marroquí ordenara la operación. El Ministerio del Interior sostuvo que el análisis policial no atribuía a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la crisis.

Las declaraciones sobre la pasividad de las fuerzas marroquíes

Los indicios recogidos por la Policía coinciden parcialmente con los relatos de testigos que han comparecido ante Tardón. El inspector jefe de la Policía Nacional en Ceuta Lorenzo Juan Fages aseguró que había observado a agentes marroquíes, uniformados y de paisano, haciendo gestos para facilitar el avance de las personas hacia territorio español. Según su declaración, algunos individuos conducían a los migrantes hacia la zona del espigón mientras los agentes permanecían en las inmediaciones.

El teniente coronel de la Guardia Civil Miguel Lobo también relató que la noche anterior a la entrada masiva se había informado de la presencia de seis embarcaciones marroquíes frente a Ceuta, entre ellas patrulleras e interceptoras.

Los responsables políticos ceutíes han ofrecido, por su parte, relatos sobre la actitud de los agentes del país vecino. La consejera Nabila Benzina ha descrito este martes la presencia de efectivos marroquíes que, según su versión, no estaban tratando de frenar los cruces. El portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, ha contado que había observado a personas recogiendo flotadores utilizados por quienes llegaban a Ceuta y devolviéndolos hacia Marruecos, donde volvían a emplearse.

El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta, ha asumido ante la Audiencia Nacional la responsabilidad de abrir la valla fronteriza durante la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. El mando ha defendido ante la jueza María Tardón que la decisión fue exclusivamente suya, sin que ningún superior le ordenara hacerlo, y ha asegurado que actuó para evitar que las personas que se agolpaban en la frontera se echaran al mar y trataran de acceder nadando a la ciudad autónoma.

Según fuentes jurídicas, Lobo ha explicado que el exdelegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, no le dio instrucciones operativas durante la crisis. El teniente coronel ha sostenido que se limitó a informarle de lo que estaba ocurriendo, mientras que las decisiones sobre cómo responder a la llegada masiva de personas desde Marruecos las adoptó él mismo sobre el terreno.

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La comparecencia de Lobo se ha producido el mismo día en que ha declarado como testigo el inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Fagés, con quien el teniente coronel protagonizó una discusión por la apertura del acceso fronterizo.

Fagés ha ofrecido una versión sobre la preparación y respuesta policial que dibuja un escenario de falta de instrucciones y de ausencia de un dispositivo extraordinario ante la magnitud de lo ocurrido. Según fuentes presentes en su declaración, el inspector jefe ha asegurado que no recibió órdenes sobre cómo actuar, ni durante la jornada de la entrada masiva ni en los días previos, y que tampoco participó en reuniones de coordinación o planificación para afrontar una eventual avalancha.

La discusión por la apertura de la frontera

La decisión de abrir la cancela se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la actuación de las fuerzas de seguridad. Mientras Lobo ha defendido que permitir el paso era la opción necesaria para evitar que la multitud se arrojara al mar, Fagés ha explicado ante la magistrada que las instrucciones que defendía eran diferentes.

El inspector jefe ha relatado que, cuando se produjo la entrada masiva, se aproximó con sus hombres a la valla para tratar de contener la llegada de personas desde Marruecos. Su testimonio sitúa la intervención policial en un escenario en el que, según su versión, no existían directrices previas sobre cómo responder a una situación de esas características.

El despliegue marroquí la noche anterior

Miguel Lobo ha explicado también ante la jueza Tardón que la noche anterior a la entrada masiva de migrantes en Ceuta detectó el despliegue de seis embarcaciones de la Armada marroquí frente a la frontera. El mando de la Guardia Civil interpretó aquel movimiento como un refuerzo de la seguridad y se lo trasladó al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. “Han reforzado, a ver si estamos más tranquilos esta noche”, le comentó, según fuentes jurídicas conocedoras de su declaración.

Las embarcaciones que identificó eran dos interceptoras, dos patrulleras y otras dos de menor tamaño. Lobo ha relatado que informó al delegado de este movimiento, aunque ha asegurado que no recibió de él ninguna indicación operativa y que las decisiones sobre cómo responder a la entrada masiva de migrantes, entre el 30 y el 31 de julio, fueron exclusivamente suyas.

Alberta, la provincia canadiense que durante años recibió con los brazos abiertos a trabajadores extranjeros, ahora busca limitar los derechos de los residentes no permanentes. Entre ellos hay migrantes mexicanos que sostienen sectores como el campo, la hospitalidad y la construcción.

Un referéndum que cambió el tono

El 19 de octubre, los albertanos votaron sobre varias preguntas de inmigración. Según conteos no oficiales, alrededor de 54% respaldó mayor control provincial sobre la inmigración, y cerca de 56% apoyó que solo ciudadanos, residentes permanentes y personas con un “estatus migratorio aprobado por Alberta” accedan a programas como salud y educación.

Los resultados oficiales se publicarán el 29 de octubre. Las preguntas no son vinculantes y no modifican permisos de trabajo ni de estudio. Aun así, la primera ministra Danielle Smith ha dicho que su gobierno pretende implementar cambios antes de la sesión legislativa de primavera.

Los números detrás del debate

• Alberta tiene 279,477 residentes no permanentes, según Statistics Canada (julio de 2026).
• Un análisis sostiene que no representan una carga fiscal, pues muchos de los que acceden a servicios públicos también pagan impuestos.
• Smith ha planteado que quien está de forma temporal “debe pagar su propio camino” y ha sugerido una prima de salud de hasta 1,900 dólares por trabajador.

La voz de una mexicana en Calgary

Vanesa Ortiz llegó a Calgary desde México y hoy es una de las voces más visibles de la comunidad migrante. Es secretaria de la Asociación de Mexicanos en Calgary (AMexCal). Para ella, “culpar a los residentes no permanentes no va a reducir el costo de vida”.

El vínculo con México

México y Canadá mantienen desde 1974 el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). En 2025, más de 25,000 mexicanos trabajaron bajo este esquema. El programa es federal, pero tiene amplia repercusión en el sector agrícola de Alberta.

Además, ambos países firmaron en septiembre de 2025 un Plan de Acción 2025-2028 que incluye la modernización del PTAT y mecanismos de protección laboral. Cualquier restricción provincial podría poner a prueba esos compromisos.

¿Qué sigue?

• Publicación de resultados oficiales (29 de octubre).
• Posibles proyectos de ley en Alberta y diálogo con el gobierno federal.
• Por aclarar: si los cambios alcanzarían a quienes llegan mediante programas federales como el PTAT.

La Secretaría de Marina (Semar) rescató a seis personas de nacionalidad extranjera frente a las costas de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas, luego de localizarlas a bordo de una embarcación menor durante recorridos de vigilancia marítima.

De acuerdo con la Vigésima Segunda Zona Naval, el hallazgo de los hombres ocurrió a 148 millas náuticas (unos 274 kilómetros) al sureste de Puerto Chiapas, luego que fueron detectados navegando en aguas nacionales.

Las unidades de superficie de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, avistaron la embarcación pesquera durante sus recorridos permanentes de vigilancia marítima en aguas nacionales.

Tras su localización, el personal naval trasladó a las seis personas a las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval. Ahí, los elementos de la Armada las entregaron a personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para los trámites legales correspondientes a su situación migratoria en territorio mexicano.

La Marina reiteró su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y la atención oportuna a personas en situación de riesgo en aguas nacionales; sin embargo, no brindó más detalles acerca del destino que tenían los hombres.

Marina rescató a un extranjero cerca de Yucatán

Días antes, el pasado 21 de octubre, elementos navales rescataron a un hombre de nacionalidad extranjera a 190 millas náuticas de Progreso, Yucatán, es decir, a más de 350 kilómetros de tierra firme. Su hallazgo se dio con un buque portacontenedores que lo localizó en altamar.

Una embarcación tipo Defender de la Marina se desplazó de inmediato al lugar del incidente para brindarle asistencia. Durante la valoración inicial, el hombre mostró signos de deshidratación y quemaduras solares, indicativos de una prolongada exposición al sol y al agua en altamar.

El hombre fue trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén, donde su estado de salud fue monitoreado hasta que se confirmó su estabilidad. Posteriormente, fue entregado al INM para iniciar su proceso de regularización migratoria.

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a mexicanos tras hundimiento de una embarcación en Ensenada

El 16 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 16 personas tras el hundimiento de una embarcación a 225 kilómetros al oeste de Ensenada, Baja California, en una zona frecuentada por traficantes de personas. Un sobreviviente declaró que en la embarcación viajaban al menos 27 personas, por lo que 11 tripulantes quedaron reportados como desaparecidos.

La llamada de auxilio se recibió alrededor de la 01:00 horas del viernes, lo que activó el despliegue de helicópteros desde las Estaciones Aéreas Ventura y Sacramento, además del cúter Active y el buque de combate USS Kingsville de la Armada estadounidense.

“La gente se sostenía unos a otros, a restos del barco, solo tratando de mantenerse a flote antes de ser rescatados”, dijo el teniente Santiago Tamburini al medio Associated Press. El propio Law relató que esa noche fue, por horas, el único rescatista en el agua, guiado solo por el reflector del helicóptero en plena oscuridad.

El Consulado General de México en San Diego confirmó, según Infobae América, que los 16 rescatados eran mexicanos, a quienes les brindó asistencia durante su recuperación en hospitales del condado. Algunos de los sobrevivientes presentaron lesiones graves compatibles con mordeduras de tiburón, atribuibles a la cercanía de la zona con la Isla Guadalupe, hábitat natural de tiburones blancos a unos 400 kilómetros de Ensenada.

La búsqueda de los 11 desaparecidos se extendió por 89 horas y cubrió más de 6 mil 322 kilómetros cuadrados, sin arrojar resultados. La Guardia Costera, en coordinación con la Marina de Estados Unidos y la Armada de México, dio por concluido el operativo de búsqueda cuatro días después del naufragio.

La fiscalía federal acusó recientemente a seis personas en Massachusetts por integrar una presunta red de matrimonios fraudulentos diseñada para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos. Según los documentos judiciales citados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la organización habría operado durante más de una década con cobros de entre USD 38.000 y USD 40.000 por cada casamiento simulado.

El caso pone en foco una práctica que algunos inmigrantes consideran un atajo hacia la residencia permanente, pero que puede derivar en consecuencias graves. Una persona que haya obtenido su green card mediante un matrimonio simulado se expone a perder su estatus migratorio, enfrentar un proceso de deportación e incluso recibir cargos penales federales.

Los efectos no se limitan a los organizadores: cualquier participante en un arreglo de este tipo queda bajo la mira de las autoridades, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde el casamiento.

Qué consecuencias puede tener un fraude matrimonial para obtener la green card

Las repercusiones para quien participó en un matrimonio fraudulento dependen de su situación migratoria al momento en que las autoridades detecten el fraude. Un experto en derecho migratorio consultado por Telemundo explicó que “si uno es ciudadano, debe de ser casi imposible perder la ciudadanía”, pero que la residencia permanente tiene “un estándar mucho más bajo para perderlo”, ya que se trata de un permiso de permanencia, no de una garantía.

Si las autoridades determinan que la persona obtuvo la residencia permanente con documentación fraudulenta, pueden iniciar un procedimiento que ponga en riesgo su estatus legal, con la posibilidad de una orden de deportación. En los casos en que el fraude se detecte durante la evaluación de una solicitud en curso, USCIS puede rechazar la residencia, el permiso de trabajo o la ciudadanía.

El paso de los años no cierra de forma automática la puerta a una investigación. El procedimiento legal depende, entre otros factores, de cómo se obtuvo la residencia y de las circunstancias particulares del caso. Cada situación migratoria requiere una evaluación individual, y las posibles sanciones no son un resultado predeterminado: dependen de la situación concreta, la prueba reunida y las decisiones de las autoridades o los tribunales.

El caso de la presunta red de matrimonios fraudulentos en Massachusetts

Según el comunicado de USCIS, los seis acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial, fraude matrimonial, conspiración para ocultar inmigrantes indocumentados y ocultamiento de inmigrantes indocumentados. La acusación sostiene que la principal organizadora dirigió un negocio en el que inmigrantes sin documentos le pagaban para que les arreglara casamientos con ciudadanos estadounidenses y así pudieran presentar papeles falsos ante USCIS para regularizar su situación.

Los documentos judiciales indican que la organización instruía a sus clientes sobre cómo aparentar una relación legítima. Les indicaba que debían abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar pólizas de seguro de vida y tomarse fotografías juntos en estilo selfie, como si fueran una pareja real. Según la acusación, la responsable de la red les explicaba que el proceso de preparar la documentación suficiente para solicitar la residencia tomaba entre tres y cuatro meses.

Los clientes debían firmar contratos que, según la fiscalía, la organización redactó de manera deliberada para ocultar el propósito real del acuerdo. El contrato evitaba mencionar al cónyuge porque hacerlo sería “incriminante”, habría dicho la acusada, de acuerdo con los registros de audio y video obtenidos durante la investigación. Según los documentos judiciales citados por USCIS, los clientes solían pagar USD 500 mensuales a su “cónyuge” asignado o a una persona cercana, como parte de la apariencia de una unión real.

Es importante precisar que las imputaciones son alegaciones y que los acusados son inocentes hasta que un tribunal demuestre lo contrario, tal como lo establece el propio comunicado de USCIS.

Qué dice el Departamento de Justicia sobre el fraude matrimonial

La ley federal de Estados Unidos sanciona a toda persona que contraiga matrimonio de manera consciente con el objetivo de evadir las normas migratorias. Según el Manual de Recursos Penales del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la pena puede alcanzar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta USD 250.000.

La norma, que el Congreso introdujo a través de la Ley de Enmiendas sobre Fraude Matrimonial Migratorio de 1986, apunta tanto a ciudadanos estadounidenses como a personas extranjeras que participen en estas prácticas. El DOJ describe un patrón habitual: un ciudadano estadounidense y una persona extranjera cumplen todos los requisitos estatales —licencia, exámenes médicos, ceremonia— pero el casamiento no tiene como fin formar una vida en común, sino obtener la residencia permanente a cambio de un pago.

Por qué un matrimonio válido ante la ley estatal no evita una investigación migratoria

Un punto que suele generar confusión es la relación entre la validez del matrimonio y la investigación federal. Según el DOJ, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó en el caso Lutwak v. United States (1953) que la validez de un matrimonio bajo la ley estatal es irrelevante para determinar si hubo fraude migratorio. Es decir, un casamiento puede cumplir con todas las formalidades legales del estado —licencia, ceremonia, registro— y aun así las autoridades pueden calificarlo de fraudulento si concluyen que no existió una intención real de formar una pareja.

Además, la ley prevé un mecanismo de control: la residencia condicional de dos años para ciertos cónyuges extranjeros que solicitan la residencia permanente. Al finalizar ese período, la pareja debe demostrar que la unión sigue en pie y que constituye un núcleo familiar real. El Congreso diseñó este mecanismo para dificultar que las uniones simuladas prosperen dentro del sistema migratorio.

El caso de Massachusetts continúa bajo investigación. Las penas máximas por los delitos de ocultamiento de inmigrantes indocumentados y la conspiración para cometerlo alcanzan los 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000, mientras que las imputaciones vinculadas al fraude matrimonial prevén hasta cinco años de prisión, según la información publicada por USCIS. Las sentencias finales quedan a criterio del tribunal federal, conforme a las directrices de sentencia vigentes.

El dispositivo, conocido como Sistema de Denegación Activa (ADS, por sus siglas en inglés), fue diseñado por el ejército estadounidense para el control de multitudes y puede alcanzar blancos a más de 800 metros (media milla). Sería la primera vez que esa tecnología se emplea contra migrantes.

Su posible uso fronterizo reaviva interrogantes sobre los límites legales de la fuerza, la eficacia real del sistema y los riesgos para la integridad física de las personas, en particular en zonas cercanas a ríos donde una huida repentina podría resultar fatal.

Qué es el Sistema de Denegación Activa y qué efecto tiene en el cuerpo

El ADS lanza un haz de energía electromagnética de 95 GHz que, al entrar en contacto con la piel humana, genera un efecto de hormigueo y ardor que dura entre diez y quince minutos, según autoridades militares citadas por CNN. El haz penetra aproximadamente 1/64 de pulgada en la superficie de la piel y la calienta de forma casi instantánea, de acuerdo con documentación del Departamento de Defensa citada por Axios.

Funcionarios del Pentágono han comparado la sensación con la ráfaga de calor que se percibe al abrir un horno. El efecto, según documentación militar, produce “un impulso instintivo e irresistible de huir”. El arma no dispara proyectiles ni deja marcas visibles, pero su diseño busca que el cuerpo humano no tolere la exposición.

Incidentes previos con el arma no letal del Pentágono

Aunque se clasifica como no letal, el sistema ha causado quemaduras de segundo grado en al menos dos incidentes documentados:

• Un accidente de laboratorio en 1999 que dejó una ampolla.
• Un ejercicio de entrenamiento en 2007 en la base aérea Moody, en Georgia, donde un aviador resultó herido por errores de procedimiento, según reportó Military.com. El militar se recuperó por completo.

El ejército de Estados Unidos desplegó el ADS brevemente en Afganistán, pero decidió no utilizarlo en operaciones de combate y lo retiró en 2010. También evaluó su empleo para el control de detenidos en instalaciones antiterroristas en el exterior, sin concretarlo.

El memorando de Hegseth habilita un préstamo sin precedentes

El documento autoriza el “préstamo temporal” de una unidad del ADS a partir de septiembre de 2026. Establece que el sistema “no será operado por personal del Departamento de Guerra”, una cláusula que busca deslindar al Pentágono de cualquier responsabilidad sobre el uso final del arma.

La responsabilidad recae en forma exclusiva sobre el DHS, que deberá definir tácticas, técnicas y procedimientos de empleo. Al término de los siete meses, la agencia podrá solicitar una extensión, indicó un funcionario de Defensa a CNN. Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló que la agencia “evalúa de forma continua nuevas tecnologías, en especial aquellas que fortalecen la efectividad operativa”.

Patrick Weaver, jefe adjunto de gabinete de Hegseth, celebró la decisión en la red social X: “La frontera es ahora una instalación militar y un laboratorio de combate para probar nuevos sistemas, incluidas armas de energía dirigida”. La afirmación contrasta con la lectura de especialistas. Jared Keller, autor del boletín de tecnología de defensa Laser Wars, dijo a Axios que el arma plantea cuestionamientos éticos y legales desde su desarrollo. “Personalmente, yo simplemente no lo haría”, afirmó.

Años de debates sobre legalidad y riesgos del arma en la frontera

La idea de desplegar el ADS en la frontera no es nueva. Funcionarios de la CBP han debatido su empleo como herramienta de dispersión en zonas con alta concentración de cruces irregulares, pero nunca lo llevaron a la práctica. El sector El Centro, que cubre unos 113 kilómetros (70 millas) de frontera entre Estados Unidos y México, evaluó el sistema hace varios años bajo la dirección de Rodney Scott, actual comisionado de la CBP.

La preocupación central era si el arma podría incapacitar a quienes estuvieran en el río y multiplicar los rescates de emergencia. “Aunque estés persiguiendo a la gente de vuelta hacia el río, no querés que se metan y se ahoguen”, advirtió un exfuncionario de la CBP a CNN.

En 2018, funcionarios de la CBP sopesaron el uso del ADS contra migrantes, pero la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó la propuesta. “El problema era tratar a inmigrantes y ciudadanos como combatientes enemigos”, explicó un exfuncionario del DHS. En 2020, el principal oficial de policía militar del Pentágono consultó a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia si disponía de un ADS antes de que fuerzas federales despejaran a manifestantes cerca de Lafayette Square, según NPR.

La Guardia respondió que no contaba con uno.

Qué falta definir sobre el posible despliegue del ADS en la frontera

El memorando no especifica dónde se realizarán las pruebas, qué protocolos de uso de la fuerza se aplicarán ni cómo se abordarían las implicancias de soberanía si el haz alcanza a personas del lado mexicano que aún no hayan cruzado a territorio estadounidense.

La legislación federal autoriza al secretario de Defensa a ceder equipamiento militar a fuerzas civiles, pero el lenguaje del préstamo no garantiza bajo qué marco legal podría utilizarse el arma contra personas, precisó Military.com. Las regulaciones del DHS exigen que sus agentes apliquen “el nivel de fuerza objetivamente razonable según la totalidad de las circunstancias”, un estándar cuya interpretación será central si el sistema llega a desplegarse.

En julio de 2025, la Oficina de Capacidades de Fuerza Intermedia del Pentágono publicó un artículo que abogó por el uso de armas de energía dirigida para reforzar la seguridad fronteriza, según Axios. Algunos agentes de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, han puesto en duda que el arma sea necesaria: los cruces irregulares se encuentran en niveles bajos y la dotación de personal ha aumentado.

Si el DHS decide avanzar con el despliegue, deberá resolver las cuestiones legales y operativas que frenaron cada intento anterior.

Han pasado tres meses desde la entrada masiva de migrantes a Ceuta y la situación continúa tensa en la ciudad autónoma. El Gobierno ha habilitado más de 7.400 plazas temporales para acoger a las personas que cruzaron la frontera a finales de julio, pero siguen sin ser suficientes para dar cobijo a todos ellos. Mientras, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han trabajado este mes en el desalojo de los últimos asentamientos improvisados en las playas y explanadas de Ceuta, lo que ha provocado que muchos de estos migrantes se hayan trasladado a los barrios.

En este contexto, el fenómeno de las ‘casas patera’ ha vuelto a recibir un impulso. En la última semana, la Policía Nacional ha localizado a un centenar de migrantes que vivían en situación irregular en algunos de estos domicilios. La última, este jueves, cuando desalojó un inmueble del barrio del Príncipe en el que se hacinaban 74 personas.

Los propios agentes relacionan estas actuaciones con el desalojo de los campamentos improvisados. “El elevado número de personas localizadas durante la intervención se enmarca en un contexto de intensificación de la presión policial, que ha acabado con el desalojo de los asentamientos en la playa Benítez y El Trampolín. El desmantelamiento de los asentamientos ha propiciado el desplazamiento de una parte de los migrantes que permanecían en ellos hacia otros puntos de la ciudad, entre ellos el barrio de El Príncipe”, admiten en un comunicado publicado esta semana.

De trasteros a contratos de limpieza a cambio de alojamiento

“Casas patera hubo desde el principio”, afirma Mónica López, directora de CEAR, a Infobae. La portavoz recuerda las noticias publicadas al principio de la crisis, sobre el aumento en el alquiler de trasteros, dejaron patente que “siempre hay gente que se aprovecha de la situación”.

La organización celebra el esfuerzo del Ministerio de Inclusión para habilitar espacios de acogida, que han permitido, por ejemplo, que ya no haya mujeres en situación de calle. No obstante, no todas están en centros de acogida. “Nos consta que hay mujeres que están trabajando en casas, haciendo el servicio doméstico, a cambio de poderse quedar en la vivienda”, alerta.

“Hay también cuestiones que tienen que ver con conocidos, familiares que tienen en la propia Ceuta”, aclara. López advierte, además, que “es muy difícil saber cuánta gente ha podido esconderse en el monte, en viviendas y en otros espacios que puede haber”. “Van viendo que no van a ser trasladados a la península, que finalmente van a ser expulsados, y eso también hace que haya incluso personas que salgan de los espacios de acogida que se han habilitado para esconderse, ante el miedo a que puedan ser devueltos”, lamenta.

Si la presión migratoria se sintió en un inicio en los barrios céntricos, ahora se ha trasladado a los de la periferia, como el de Sidi Moulay o el del Príncipe, en el que la policía busca estas viviendas irregulares. En estas zonas, López aplaude la “respuesta casi heroica” de los vecinos. “Muchos de los chavales han podido sobrevivir gracias a la ayuda de estos vecinos, que les han ofrecido comida, les han ofrecido aseo”, asegura.

Preocupación por los menores

Aunque los dispositivos de acogida se hayan estirado lo máximo posible, a la ONG todavía le preocupa la situación de los menores, cuya acogida “está resultando mucho más complicada que la de los adultos”. “Están teniendo más dificultades en encontrar espacios adecuados”, lamenta.

CEAR defiende que la única solución es el reparto de menores a otras comunidades autónomas, una tarea “que tímidamente se está empezando a hacer”, pero que no es suficiente para resolver el problema. “Llevan casi tres meses en malas condiciones y tenían que haber sido repartidos en distintas comunidades autónomas y desde ahí iniciar los trámites de reagrupación con sus familias o de tutelaje en España”, dice.

“Lo que se necesita ahora mismo es agilidad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, reclama. Igualmente, López hace un llamamiento a la “calma y la tranquilidad de los vecinos” en Ceuta. “Sé que es muy difícil pedir que, después de tres meses viviendo una situación de crisis, la gente esté tranquila, pero ahora está la cosa relativamente controlada y, por tanto, yo creo que es el momento de llamar a la calma, de que la tensión social baje y que dejen a las autoridades del Ministerio del Interior hacer su trabajo”, así como “coger los expedientes de expulsión con cierta celeridad”, expone.

El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos a probar un arma de energía dirigida conocida como Sistema de Denegación Activa o “rayo de calor” y desarrollar tácticas para su posible uso en operaciones en la frontera con México, dio a conocer el pasado miércoles el medio estadounidense CNN.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, aprobó la medida, misma que abre la posibilidad de emplear una tecnología militar para disuadir cruces migratorios y dispersar multitudes, pese a las dudas sobre riesgos para la población, su eficacia y su legalidad, de acuerdo con un memorando firmado el mes pasado y obtenido por la cadena.

El documento señala que el Departanto de Guerra de ese país no operará el arma y atribuye a Seguridad Nacional la responsabilidad exclusiva de su empleo y del desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos. El Pentágono prestará temporalmente el sistema al DHS durante siete meses, a partir de septiembre.

Al concluir el periodo, el DHS podrá solicitar una extensión si considera necesario mantenerla en operaciones fronterizas, precisó un funcionario de la Defensa al medio.

¿Cómo funciona?

El dispositivo emite un haz de ondas electromagnéticas que pueden alcanzar un kilómetro. Al entrar en contacto con la piel, provoca una sensación intensa de ardor, comparable con abrir la puerta de un horno caliente, según funcionarios militares citados por CNN. Aunque el hormigueo suele desaparecer en 10 a 15 minutos, el ardor desencadena un impulso de huida.

Las fuerzas estadounidenses desplegaron brevemente el sistema en Afganistán hace casi 20 años, sin embargo, finalmente descartaron su uso en operaciones de combate. Tampoco lo emplearon en otras situaciones de control de multitudes que llegaron a evaluar.

La posibilidad de usarlo en contra de migrantes no es nueva, pues funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) analizaron su aplicación en zonas con numerosos cruces irregulares, incluido un tramo de unos 112 kilómetros en el sector de El Centro, California, cuando Rodney Scott, actual comisionado de la agencia, dirigía esa demarcación.

Efectos del Rayo Destructor en el cuerpo humano

El Sistema de Denegación Activa está diseñado para la dispersión de multitudes y para la seguridad perimetral. Su haz de energía penetra solamente la capa más superficial de la piel, activando los receptores de dolor (nociceptores) sin afectar órganos internos ni tejidos profundos. El efecto inmediato es un dolor insoportable que obliga a las personas a alejarse del área de exposición.

Según reportes técnicos, el sistema puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta un kilómetro.

Entre los efectos fisiológicos documentados, se encuentran:

• Sensación de quemadura intensa en la piel expuesta
• Enrojecimiento y, en caso de exposición prolongada, posibles ampollas superficiales
• Dolor persistente durante varios minutos tras cesar el haz
• Reacción de huida instintiva, lo que puede llevar a situación de riesgo si las personas corren a zonas peligrosas, como ríos o áreas de difícil acceso.

Aunque el sistema es clasificado como no letal, existe preocupación sobre su uso en contextos donde las víctimas podrían ser personas vulnerables, como migrantes, niños o adultos mayores.

Además, el dolor externo podría desencadenar crisis médicas en individuos con condiciones preexistentes.

La decisión de autorizar el rayo responde a la presión para reforzar el control fronterizo y disuadir cruces masivos de migrantes.

La Guardia Civil investiga la presunta incitación a migrantes para atacar a integrantes de las fuerzas de seguridad en Ceuta, una causa que ha derivado este jueves en registros en dos locales vinculados con organizaciones de atención humanitaria y en la detención de dos activistas, un hombre y una mujer.

La investigación se centra en No Name Kitchen (NNK), según han publicado medios como El Mundo y El Confidencial, aunque la Guardia Civil no ha identificado de forma oficial a la entidad bajo investigación ni ha detallado los indicios que sustentan la hipótesis. Las pesquisas analizan una posible distribución de espráis de pimienta u otros materiales a personas migrantes con el supuesto fin de agredir a policías, guardias civiles y militares.

El operativo se ha desplegado en dos inmuebles situados en la Almadraba y el polígono industrial del Tarajal. Las actuaciones contaban con autorización judicial y han participado agentes de las unidades de Policía Judicial e Información de la Guardia Civil.

Una mujer detenida en Valencia y un hombre en Ceuta

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que la operación ha concluido con dos detenidos: una activista arrestada en Valencia y un activista detenido en Ceuta. Ambos están vinculados a la investigación abierta contra una organización humanitaria por la presunta instigación a ataques contra integrantes de las fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad autónoma.

El dispositivo comenzó pasadas las 6.30 horas y los registros finalizaron después de las 10.00, aunque la causa continua abierta. Durante las primeras horas de la intervención, el Instituto Armado comunicó que no se habían practicado arrestos.

Los agentes trasladaron además a tres varones migrantes desde el local de la Almadraba a dependencias de la Policía Nacional, donde debían ser identificados. También retiraron cajas con material de los dos espacios inspeccionados.

Medios locales señalaron que varias personas presentes en una nave del Tarajal entregaron sus teléfonos móviles antes de que los agentes las condujeran fuera del inmueble. El local quedó clausurado mientras duró el registro.

De Belgrado a las fronteras europeas

Las instalaciones investigadas no son de uso exclusivo de una sola entidad. En esos espacios operan de forma coordinada distintas organizaciones que preparan alimentos y entregan ropa y bienes de primera necesidad a personas migrantes que viven en la calle en Ceuta.

Uno de los locales, el situado en la Almadraba, ha sido utilizado por No Name Kitchen. La organización nació en 2017 en Belgrado, Serbia, cuando un grupo de voluntarios comenzó a repartir comida y asistencia básica entre migrantes que habían quedado bloqueados en la ruta de los Balcanes tras el cierre de la frontera con Hungría.

Con el tiempo, NNK extendió su presencia a otros puntos de tránsito migratorio de Europa. Su actividad declarada incluye la distribución de alimentos, mantas, ropa y artículos de higiene, además de asistencia sanitaria básica y acompañamiento legal para personas en situación de vulnerabilidad.

La organización participa también en campañas de denuncia sobre políticas migratorias y presuntos abusos en las fronteras. Formó parte de la creación de Border Violence Monitoring Network, una red dedicada a reunir testimonios sobre denuncias de violencia y devoluciones de migrantes sin garantías legales.

La ONG rechaza las acusaciones y anuncia acciones judiciales

Tras conocerse el operativo, No Name Kitchen ha negado que alguno de sus integrantes hubiera sido detenido o hubiera recibido una orden de arresto. La entidad ha rechazado así las informaciones que la vinculan con los dos activistas arrestados.

La ONG sostiene que, durante el registro de sus instalaciones, los agentes no encontraron armas, explosivos ni espráis de pimienta, y ha afirmado que nunca contó con ese tipo de materiales. También ha negado haber alojado en sus espacios a personas en situación administrativa irregular.

Según el comunicado de NNK, los guardias civiles accedieron al local tras derribar la puerta, sin comunicación previa. La organización ha asegurado que miembros de su equipo fueron inmovilizados y esposados durante la intervención.

La entidad ha denunciado además que no recibió un acta del registro ni un inventario firmado de los objetos intervenidos, entre ellos teléfonos y ordenadores. NNK ha calificado el operativo como parte de una “campaña de criminalización e intimidación” contra su labor en la ciudad autónoma y ha anunciado que recurrirá a la vía judicial frente a las actuaciones que considere injustificadas.

La investigación deberá determinar el origen del material intervenido, la vinculación de los detenidos con los espacios registrados y si existen elementos suficientes para sostener las sospechas que motivaron la operación.

Familias y activistas denunciaron que autoridades migratorias de Estados Unidos notificaron a varios migrantes con enfermedades graves, detenidos en el sur de Florida, que serán deportados esta semana a África. Según las denuncias, la medida llegaría después de que México se negara a recibirlos por su estado de salud. La información fue difundida por EFE.

Lo que denuncian familias y activistas

La denuncia se presentó en una rueda de prensa virtual convocada por The Workers Circle, asociación judía que apoya a migrantes. Según su organizadora, Arianne Betancourt:

• Otros detenidos en el centro Krome, en Miami, y en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, recibieron el mismo aviso.
• Los deportados a África con los que ha hablado no reciben atención médica donde los retienen.

La abogada de inmigración Shalyn Fluharty, que representa a varios afectados, indicó que previsiblemente habrá dos vuelos esta semana, probablemente jueves y viernes. Los destinos serían la República Centroafricana y posiblemente Burundi, aunque fechas y destinos no están confirmados.

El caso de Noslen Sendra González

Su esposa, Anisley Cortez, dijo temer que, si llega a África, “se me muere”. Según su relato, Sendra, detenido en Krome:

• Padece diabetes tipo 2 y requiere insulina.
• Sufrió tres episodios de pancreatitis aguda necrotizante y fue hospitalizado tres veces durante su detención.
• Fue detenido en noviembre de 2025 al acudir a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
• Pasó cinco meses en “Alligator Alcatraz”, el centro de los Everglades que ya fue cerrado.

Cortez afirmó que el domingo agentes migratorios le dijeron que podían enviarlo a África porque ni Cuba ni México lo aceptan. Pidió que lo liberen si no pueden deportarlo. Según el registro judicial, tiene pendiente desde mayo una petición de hábeas corpus en una corte federal de Miami.

Fluharty cuestionó que ICE pueda declarar apto para volar, como exige su propia política, a alguien hospitalizado varias veces. Los trayectos pueden durar hasta 24 horas y con grilletes.

México en el tablero migratorio

El señalamiento coloca a México en un lugar delicado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el país no participa como “tercer país seguro”. En una declaración previa informó que, desde el 20 de enero de 2025, México había recibido 65,475 deportados: 59,747 mexicanos y 5,728 extranjeros. También afirmó que México “no ha firmado nada de eso” y que a los no nacionales se les ofrece volver a su país o integrarse.

La postura mexicana ante el envío de connacionales a terceros países también ha sido crítica. El 3 de septiembre de 2026, Sheinbaum dijo que “no hay razón” para enviar mexicanos a Centroamérica, después de que el Instituto Nacional de Migración informara de 2,900 trasladados a Guatemala y Honduras y 20 a Costa Rica.

El despacho de EFE no incluye una postura oficial de las autoridades mexicanas sobre el supuesto rechazo.

Un esquema que se expande

El caso ocurre en medio de una política de alcance creciente. Según el observatorio Third Country Deportation Watch, EEUU ha firmado acuerdos de deportación a terceros países con hasta 35 gobiernos, y la mayoría de las más de 20,000 personas enviadas bajo ese esquema fueron devueltas a México tras ser rechazadas en pasos fronterizos.

En África, el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) identifica acuerdos de recepción con Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún y la República Democrática del Congo. Un informe basado en documentos de ICE reportó tres vuelos a África en diez días, con más de 100 extranjeros.

Sobre quienes ya llegaron, seis migrantes (un hondureño, cuatro cubanos y un ecuatoriano) denunciaron a EFE haber sido enviados a la República Centroafricana sin información previa sobre su destino. La abogada Alma David, que impugna la práctica, afirmó que algunos de sus clientes fueron secuestrados por policías locales con fines de extorsión. Estas versiones corresponden a los afectados y a sus representantes legales.

El pulso judicial en EEUU

• Septiembre: un tribunal de apelaciones declaró ilegal la política de deportar a terceros países sin una oportunidad adecuada de impugnar la expulsión.
• Finales de septiembre: el Supremo de EEUU suspendió ese fallo y permitió que las deportaciones continuaran mientras examina el caso.
• 9 de diciembre: el alto tribunal escuchará los argumentos de las partes.

Lectura desde las relaciones internacionales

El caso ilustra la externalización de la política migratoria: EEUU traslada la recepción de migrantes a Estados con los que a veces no hay vínculos previos. Tres elementos se cruzan:

• Principio de no devolución: las organizaciones defensoras sostienen que estas expulsiones exponen a personas a riesgos de violencia, detención arbitraria o persecución.
• Margen soberano de México: como país de tránsito y receptor de deportados, su decisión de aceptar o no a ciertos migrantes tiene consecuencias directas para Washington.
• Diplomacia bilateral en África: los acuerdos con gobiernos africanos dependen de negociaciones poco públicas.

Lo que falta por confirmar

• Si México rechazó formalmente recibir a estos migrantes. Hasta ahora solo consta lo que, según la esposa de Sendra, le dijeron agentes de ICE.
• Las fechas y destinos de los vuelos.
• La respuesta de ICE, la SRE y el INM a las denuncias.

Una nueva caravana partió este martes desde Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, con migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos cubanos, que buscan avanzar hacia el centro y el norte del país. El grupo espera una modificación de las condiciones migratorias que le permita regularizar su situación o acercarse a la frontera con Estados Unidos.

La movilización reunió a entre 400 y 700 personas, según informes de la prensa mexicana citados por Periódico Cubano. Predominan los ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, pero también hay muchos migrantes de Cuba, Haití y Venezuela.

De acuerdo a las estimaciones citadas por Periódico Cubano, entre 20,000 y 25,000 cubanos permanecían varados en la ciudad fronteriza del sur de México, quienes se van incorporando a las caravanas de centroamericanos que parten hacia los Estados Unidos.

Los participantes reanudaron la marcha por la carretera Costera de Chiapas después de permanecer varios días en el parque Bicentenario de Tapachula. Allí aguardaron la llegada de otros grupos procedentes de Centroamérica antes de iniciar el recorrido.

La caravana reúne a familias, menores y migrantes con problemas de salud

Entre quienes caminan hay familias con niños y personas que recorrieron tramos extensos bajo la lluvia. Una migrante salvadoreña relató a Milenio que varios integrantes del grupo sufrieron lesiones en los pies, mientras algunos menores presentaron cuadros de deshidratación y desmayos.

Las expectativas de los migrantes no son uniformes. Una parte pretende continuar hacia la frontera estadounidense, mientras otros consideran la posibilidad de solicitar protección en México y asentarse en alguna ciudad del país.

El desempleo y las demoras en los trámites de regularización aparecen entre las razones más mencionadas por quienes se sumaron a la marcha. Algunos migrantes evalúan permanecer en Oaxaca o Nuevo León, con especial interés en Monterrey, donde esperan encontrar oportunidades laborales.

Según el periodista independiente Julio Rosas, especializado en asuntos fronterizos, varios miembros de la caravana confían en que futuras decisiones políticas en Estados Unidos modifiquen las restricciones migratorias que enfrentan.

Los cubanos vuelven a sumarse a las marchas desde Tapachula

La presencia de ciudadanos cubanos en caravanas que salen de Tapachula se repitió en distintos momentos de 2026. En agosto, entre 500 y 600 migrantes proyectaron una movilización ante las demoras en los procesos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la falta de empleo.

En marzo, otro grupo de unas 500 personas, denominado “Génesis 2026”, también incluyó a un ciudadano cubano que llevaba más de un año sin documentación regular.

La nueva marcha ocurrió pocos días después de que las autoridades mexicanas desarticularan la caravana “Fe y Esperanza con Dios”, cerca del límite entre Chiapas y Oaxaca. Esa movilización había salido de San Pedro Sula, Honduras, el 20 de septiembre.

El avance en grupo permite a los migrantes visibilizar sus reclamos, aunque no garantiza la obtención de refugio, permisos de tránsito ni el ingreso a Estados Unidos.

Cubanos rescatados rumbo a México

En agosto, la Secretaría de Marina de México rescató a 16 migrantes cubanos, entre ellos 12 adultos y cuatro menores, que permanecían a la deriva cerca de la península de Yucatán tras perderse el contacto con la embarcación en la que viajaban.

La lancha había salido el 11 de agosto desde Pinar del Río, en el oeste de Cuba. En un principio se informó que transportaba a 19 personas, aunque el balance final de las autoridades mexicanas confirmó el rescate de 16.

La Marina desplegó una embarcación tipo Defender para localizarlos en las inmediaciones de la Novena Zona Naval. Tras el operativo, los migrantes recibieron atención médica y fueron trasladados a instalaciones navales antes de quedar a disposición de las autoridades migratorias mexicanas, que deberán definir su situación legal. Un familiar de algunos de los pasajeros había advertido que la embarcación contaba con poco combustible.

El caso volvió a exponer los riesgos de la travesía marítima entre Cuba y México, una ruta utilizada por personas que intentan salir de la isla en embarcaciones pequeñas.

Más de 600 migrantes centroamericanos partieron en caravana desde Tapachula rumbo al norte de México, con la intención de llegar a Estados Unidos pese al endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump.

El grupo salió el martes 20 de octubre de Tapachula, en el estado de Chiapas, y avanzó por la carretera federal México 200, en la ruta del Pacífico. La mayoría de los integrantes son hondureños, aunque también hay guatemaltecos, salvadoreños y personas de otras nacionalidades.

Según informó Associated Press, entre los migrantes hay familias completas que llegaron a la frontera sur mexicana desde San Pedro Sula, Honduras, en distintos grupos. La falta de empleo figura entre los principales motivos de salida.

Los migrantes piden permisos para viajar hacia la frontera norte

Los integrantes de la caravana migrante solicitaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum documentos de tránsito que les permitan viajar en autobús hacia el norte del país, en lugar de continuar a pie.

Olvin Colin, un hondureño de 38 años que caminaba junto a su hijo de cuatro años, dijo que decidió salir de su país por la falta de oportunidades laborales. El migrante señaló que mantiene la expectativa de que las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos modifiquen las condiciones para quienes buscan ingresar a ese país.

La movilización ocurre tras una caravana que partió de San Pedro Sula en septiembre y caminó durante casi tres semanas por el sur de México. Las autoridades migratorias mexicanas desintegraron ese grupo y otorgaron salvoconductos a sus integrantes para atravesar el país.

Tapachula concentra a miles de personas que esperan respuesta a sus trámites

Desde julio de 2024 no se registraban caravanas de migrantes centroamericanos que partieran desde el sur de México. La organización Pueblo Sin Fronteras sostuvo la semana pasada que este tipo de movimientos masivos, en períodos electorales, puede responder a intereses políticos.

Organizaciones que trabajan en la zona estiman que más de 60 mil migrantes permanecen varados en Tapachula, muchos de ellos sin empleo y a la espera de una respuesta a sus solicitudes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

En los últimos dos años, al menos 20 grupos partieron desde esa ciudad fronteriza. Todos fueron disueltos por las autoridades antes de salir de los estados de Chiapas y Oaxaca, según el despacho de AP.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras negó que las caravanas faciliten el ingreso al país

La Embajada de Estados Unidos en Honduras advirtió que viajar en una caravana migrante no garantiza ni facilita el ingreso a territorio estadounidense y rechazó la idea de que esa modalidad permita cruzar la frontera sin cumplir los requisitos migratorios.

A través de una publicación en X, la representación diplomática señaló que es falsa la creencia de que sumarse a un grupo de migrantes aumenta las posibilidades de entrar a Estados Unidos.

El mensaje también indicó que la frontera estadounidense está cerrada para quienes intenten ingresar de forma irregular. Según la embajada, las personas que crucen sin autorización pueden ser detenidas y deportadas.

La advertencia estuvo dirigida a quienes evalúan emprender el trayecto hacia el norte dentro de caravanas, una modalidad que en años recientes reunió a migrantes de distintos países de América Latina con destino a la frontera entre México y Estados Unidos.

La sede diplomática insistió en que integrar una caravana no sustituye los procesos legales de ingreso ni evita la aplicación de las normas migratorias estadounidenses.

Cuando los servicios de emergencia abrieron las puertas del camión abandonado en una carretera remota de San Antonio, Texas, el 27 de junio de 2022, encontraron 48 cuerpos sin vida y marcas de uñas en las paredes interiores del compartimento de carga, tal como reconstruyó NBC News. Otras cinco personas murieron en hospitales. Entre las víctimas había seis menores de edad y al menos una mujer embarazada.

La escena marcó el capítulo más letal en la historia del tráfico de personas en la frontera sur de Estados Unidos.

Más de cuatro años después, el juez de distrito Orlando Garcia dictó el martes 20 de octubre de 2026 la sentencia contra Rigoberto Román Miranda-Orozco, el hombre de 39 años que reclutó y organizó el viaje de al menos tres de esas víctimas desde Guatemala.

Dos de ellas murieron en el tráiler; la tercera sobrevivió con lesiones graves tras una prolongada internación.

Las últimas horas dentro del tráiler

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) detalló que Miranda-Orozco conspiró con otros traficantes para facilitar el traslado de migrantes desde Guatemala, a través de México, hasta territorio estadounidense.

El camión fue cargado con 64 personas y recorrió unos 250 kilómetros (156 millas) entre Laredo y San Antonio con temperaturas que superaban los 32 ℃ (90 ℉). El sistema de aire acondicionado del remolque no funcionaba.

De acuerdo con documentos judiciales citados por USA Today, las condiciones dentro del tráiler se volvieron “insoportables y caóticas”. Algunos pasajeros perdieron el conocimiento. Otros se quitaron la ropa en un intento desesperado por soportar el calor.

Veintiuno de los 53 fallecidos eran ciudadanos guatemaltecos, tal como precisó el fiscal federal Justin Simmons durante una conferencia de prensa posterior a la sentencia.

“Fue claro que sufrieron enormemente en sus últimas horas sobre esta tierra”, afirmó Simmons en declaraciones recogidas por NBC News.

El rol del acusado en la red de tráfico

El rol de Miranda-Orozco no se limitó a un único viaje. Los fiscales federales lo describieron como alguien que estuvo “al principio y al final” de la operación fatal: reclutó a las víctimas, organizó su transporte y alojamiento a lo largo de toda la ruta y cobró hasta USD 15.000 por persona —USD 10.000 antes de la travesía y USD 5.000 al llegar a destino—.

Pero el dato que más pesó en la decisión del juez Garcia fue otro. Tal como reveló San Antonio Express-News, los fiscales presentaron pruebas de que Miranda-Orozco continuó con actividades de reclutamiento incluso después de que la tragedia acaparara titulares en todo el mundo. En el momento del incidente, tenía en proceso a otras 20 personas que no viajaban en ese tráiler.

“¿Me está diciendo que el acusado continuó con esta conducta después de la tragedia?”, preguntó el juez al fiscal José Luis Acosta. “Sí, señor”, respondió el abogado.

Esa revelación llevó a la fiscalía a solicitar una pena de hasta 365 meses, por encima del rango previsto en las directrices federales. Garcia optó por una condena de 360 meses —30 años—, cercana al máximo permitido.

Miranda-Orozco fue arrestado en Guatemala en agosto de 2024 durante un operativo a gran escala con múltiples allanamientos y órdenes de captura. Fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2025.

En julio de ese mismo año, se declaró culpable de tres cargos: conspiración para introducir a un migrante con resultado de muerte, colaboración en el ingreso ilegal con resultado de muerte y colaboración en el ingreso ilegal con resultado de lesiones graves.

Una vez que cumpla su condena, enfrentará deportación inmediata y cinco años de libertad supervisada en Guatemala.

El avance judicial del caso más letal en la frontera sur

La investigación del caso derivó en la condena de casi 20 personas tanto en Estados Unidos como en Guatemala.

El fiscal Simmons destacó la cooperación del fiscal general guatemalteco, Gabriel García Luna, quien estuvo presente en el acto posterior a la sentencia en Texas.

En junio de 2025, Felipe Orduña-Torres, identificado como el líder de la red de tráfico dentro de territorio estadounidense, recibió cadena perpetua.

Su principal colaborador, Armando Gonzales-Ortega, fue condenado a 83 años de prisión. Ambos recibieron multas de USD 250.000.

“Miranda-Orozco y sus cómplices trataron vidas humanas como carga, y colocaron a personas vulnerables en condiciones letales para beneficio de su empresa criminal”, sostuvo John A. Condon, director ejecutivo interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El caso, sin embargo, no está cerrado. Homero Zamorano, el conductor del camión, tiene audiencia de sentencia prevista para diciembre.

También esperan condena Christian Martínez, Juan Francisco D’Luna-Bilbao, Luis Alberto “Cowboy” Rivera-Leal y Riley Covarrubias-Ponce.

La tragedia de San Antonio se sumó a un historial de episodios similares en la región. En 2017, 10 migrantes murieron encerrados en un camión estacionado en un Walmart de esa misma ciudad. En 2003, los cuerpos de 19 personas fueron hallados en un vehículo al sureste de San Antonio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra 28 residentes permanentes legales en California, acusados de registrarse de manera fraudulenta o emitir votos ilegales en elecciones estadounidenses. Las detenciones tuvieron lugar el lunes 19 de octubre en distintos puntos del estado como parte de la operación federal “Proteger el Voto” (Operation Protect the Vote), coordinada por las cuatro fiscalías federales de California.

Los acusados provienen de 14 países distintos, pero en su mayoría son ciudadanos de México y Guatemala, según el comunicado oficial. La operación se produjo en medio de una disputa entre la administración federal y las autoridades de California por el mantenimiento de los padrones electorales, que se intensificó la semana previa.

De acuerdo con información de Associated Press, el voto de personas no ciudadanas es un fenómeno poco frecuente, difícil de probar. Además, no se ha demostrado que haya alterado el resultado de ninguna elección.

Quiénes son los 28 acusados de voto ilegal en California, por nacionalidad

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia, los 28 imputados provienen de 14 países. A continuación, el detalle por nacionalidad:

• México (9): Flavio Alejandro Zúñiga, Ernest Gutiérrez Ruvalcaba, Jesús Narez-Madrigal, José Antonio Bañuelos-Díaz, Sulema de León, Maricela Nazarín González, Camino Giles Jiménez, Juan Antonio Rivas García y Verónica Bullene (también conocida como Verónica Hernández Martínez).
• Guatemala (3): Axel Giovani Prera García, Rony de Jesús Sicaja y Erick Ronaldo Soto Mendizábal.
• Filipinas (3): Giezell Viduya Adawag, José Probitsado Amaro y Pamele Arbués Line.
• India (2): Amandeep Kaur y Kamlesh Navnitlal Shah.
• Canadá (2): Rouzbeh Seyamaknejad y Jennifer Jung.
• El Salvador (1): Ana Domínguez.
• Camboya (1): Butleng Taing.
• Honduras (1): Carlos Antonio Galeas.
• Pakistán (1): Muhammad Khan.
• Belice (1): Omar Alexander Muñoz.
• Georgia (1): David Shapiro.
• Birmania (1): Moe Thida Lwin.
• Tonga (1): Manakotau Mataele Finau.
• Ecuador (1): Maribel del Carmen Garcés Barriga.

Qué cargos federales enfrentan los 28 residentes permanentes en California

Los 28 imputados —todos titulares de tarjetas de residencia permanente, conocidas como green cards— fueron acusados mediante quejas penales federales (criminal complaints). Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, los acusados declararon bajo juramento en sus solicitudes de registro electoral que eran ciudadanos estadounidenses, a pesar de no serlo.

Sus registros fueron aprobados y, en numerosos casos, emitieron votos de forma ilegal en elecciones recientes.

Los cargos varían según el distrito judicial:

• Distrito Central de California: declaraciones falsas en solicitudes de naturalización, delito grave con pena máxima de cinco años de prisión.
• Distrito Este: voto como extranjero en una elección federal, delito menor con hasta un año de cárcel.
• Distritos Norte y Sur: obtención fraudulenta de la naturalización y falsa declaración de ciudadanía para votar.

Once de los 28 acusados fueron detenidos el lunes y debían comparecer esa misma tarde ante tribunales federales. No se tomaron declaraciones de culpabilidad durante las audiencias iniciales.

La disputa entre el Departamento de Justicia y California por 20.000 presuntos votantes no ciudadanos

El 13 de octubre, el gobierno federal entregó a las autoridades electorales de California una memoria USB con los nombres de más de 20.000 personas identificadas como probables no ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Otorgó un plazo de 48 horas para su revisión, que el estado no cumplió.

Ante la negativa, el Departamento de Justicia demandó a California y solicitó una orden judicial que obligue al estado a apartar las boletas de voto por correo de esas personas y verificar su ciudadanía antes de contabilizar sus votos en las elecciones del 3 de noviembre.

“Si las personas contabilizan a sabiendas las papeletas emitidas por individuos identificados por las agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal”, advirtió Trent McCotter, subprocurador general interino, en una carta dirigida al condado de Los Ángeles, con copia a la secretaria de Estado, Shirley Weber, y al registrador del condado, Dean Logan, según informó Associated Press.

Qué dice California frente a las acusaciones del gobierno federal

El fiscal general del estado, Rob Bonta, declaró que no existe un fraude electoral generalizado en California y calificó los posibles casos aislados como “una gota en el océano” en un estado con 23 millones de votantes registrados, de acuerdo con Associated Press. Bonta afirmó que la administración federal “no nos ha proporcionado ningún dato sobre votantes no elegibles, solo una declaración concluyente sin ninguna prueba que la respalde”.

Bill Essayli, primer fiscal federal auxiliar en Los Ángeles, cuestionó la postura del estado: “¿Por qué California se niega a mostrar sus registros de votantes? ¿A qué le temen? ¿Qué están ocultando?”, preguntó durante la conferencia de prensa, según recogió la agencia.

Cargos contra no ciudadanos en 20 estados de Estados Unidos

El Departamento de Justicia informó que en las últimas siete semanas presentó cargos contra 113 personas en 20 estados por delitos de votación y registro ilegal. De forma separada, la dependencia había comunicado antes que a lo largo del año acusó a unas 90 personas por diversas irregularidades electorales, de las cuales al menos 50 presuntamente votaron sin ser ciudadanas, según los datos recogidos por AP.

McCotter argumentó que la demanda contra California era necesaria y acusó a los funcionarios estatales de no colaborar con la verificación de los presuntos votantes no ciudadanos. También afirmó que la cifra de 20.000 era solo un piso: “Ese es solo el suelo”, declaró, según Associated Press.

El caso sigue abierto con audiencias pendientes y litigio entre California y el gobierno federal

Los 28 acusados son inocentes hasta que un tribunal demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, tal como lo estableció el propio Departamento de Justicia en su comunicado oficial. Las audiencias judiciales continúan en curso en los cuatro distritos federales de California.

En paralelo, el litigio por la lista de más de 20.000 presuntos votantes no ciudadanos permanece abierto, con una solicitud de orden judicial que el Departamento de Justicia pidió que se resuelva antes de las elecciones del 3 de noviembre. Logan, el registrador del condado de Los Ángeles, respondió que “el Departamento de Justicia ha optado por litigar sobre sus afirmaciones no verificadas” y que el asunto debe resolverse en los tribunales.

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 16 personas luego de que la embarcación en la que viajaban se hundió cerca de Ensenada, Baja California, durante la madrugada del pasado viernes. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda para localizar a 11 tripulantes desaparecidos.

De acuerdo con la agencia estadounidense, el accidente ocurrió a unos 225 kilómetros (140 millas) al oeste de Ensenada, en una zona frecuentada tanto por embarcaciones pesqueras y recreativas como por traficantes de personas.

Fue a través de una llamada de auxilio realizada alrededor de la 01:00 de la mañana que la Guardia Costera se trasladó con un helicóptero de rescate al sitio del accidente, pero no encontró ningún barco, solo escombros y 16 personas aferradas entre sí, luchando por mantenerse a flote en plena oscuridad.

La Guardia Costera desplegó a las Estaciones Aéreas Ventura y Sacramento, el cúter Active (WMEC-618), mientras que la Armada de Estados Unidos sumó el buque de combate USS Kingsville (LCS-36) y un helicóptero de su Escuadrón de Combate Helicóptero del Mar 23.

Un sobreviviente declaró que en la embarcación viajaban al menos 27 personas. Con 16 ya recuperadas, las autoridades mantienen una búsqueda activa para localizar a las 11 restantes.

El teniente Santiago Tamburini, de la Guardia Costera, señaló que no se sabía si el barco se había perdido, si sufrió una avería mecánica o si fue arrastrado mar adentro, según reportó AP.

Medios estadounidenses reportaron que algunos de los rescatados sufrieron lesiones graves compatibles con mordeduras de tiburón. El personal a bordo les brindó primeros auxilios de emergencia durante el traslado a San Diego, y al menos una persona recibió tratamiento específico por una presunta mordedura.

Los reportes indican que tres de los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Scripps Mercy de San Diego, entre ellos la víctima de la presunta mordedura y dos personas atendidas por exposición al frío, indicó Janice Collins, portavoz del centro médico.

Otras tres personas fueron evaluadas en el Hospital Scripps Memorial La Jolla y dadas de alta posteriormente, explicó Steve Carpowich, vocero de Scripps Health. Por su parte, dos pacientes se encontraban en estado sumamente grave, informó Matt Hoffman, portavoz de la ciudad de San Diego.

De acuerdo con Infobae América, el Consulado General de México en San Diego confirmó que las 16 personas rescatadas son mexicanas, a quienes les brindó asistencia en su recuperación; sin embargo, la Guardia Costera informó en un primer momento que se trataba de dos ciudadanos mexicanos.

Además, dijo que activó de manera inmediata su protocolo de emergencia al ser informado sobre el operativo de rescate, y personal del Departamento de Protección de la representación consular acudió a distintos hospitales del condado para ubicar y asistir a los 16 connacionales.

Embajador de Estados Unidos en México llama a combatir la migración ilegal

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que los traficantes de personas ponen en riesgo a cientos de personas a cambio de ganancias luego del rescate de las 16 personas.

A través de sus redes sociales, señaló este hecho como “un claro recordatorio de estos peligros” y reconoció a la Guardia Costera y a la Armada de Estados Unidos por su respuesta y sus esfuerzos continuos para localizar a quienes aún están desaparecidos.

Además, hizo un llamado a continuar combatiendo a las organizaciones criminales “que se aprovechan de las personas vulnerables para obtener ganancias”.

La Guardia Costera informó, en una actualización difundida este sábado, que los esfuerzos de búsqueda continúan en curso a 140 millas al oeste de Ensenada y que no se han encontrado personas adicionales desde el rescate inicial. La agencia señaló que sigue coordinando los operativos junto con la Marina de Estados Unidos y la Marina de México.

Finalmente, agradeció la coordinación y el apoyo de las autoridades mexicanas en la búsqueda de las 11 personas que se mantienen desaparecidas tras el hundimiento de la embarcación,

La Policía Nacional realiza este domingo un operativo para localizar migrantes en varios puntos de Ceuta tras el desmantelamiento de asentamientos en las playas y en las proximidades de la frontera del Tarajal, una actuación que ha llevado a decenas de personas a huir hacia zonas de monte con sus escasas pertenencias.

El operativo de este domingo abarca tanto el entorno industrial del Tarajal como las barriadas del Poblado de Regulares y Los Rosales, donde los agentes buscan a quienes abandonaron los campamentos tras las intervenciones policiales. La actuación se produce después del desmantelamiento de los asentamientos instalados en las playas de Benítez, el Trampolín y la Fábrica del Guano. Muchos de los migrantes que vivían allí se desplazaron a otros puntos de la ciudad para evitar ser localizados.

Los agentes están desplegados desde primeras horas de la mañana en el Poblado de Regulares y en el entorno de Los Rosales, dos de las zonas periféricas donde se detectó una mayor presencia de estas personas. La operación tiene como objetivo identificar a los migrantes que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que todavía permanecen en la ciudad. El delegado del Gobierno, David de la Encina, había anunciado durante la semana que la intervención policial llegaría a los barrios una vez desmantelados los campamentos de Benítez, el Trampolín y la Fábrica del Guano. La primera fase ha concluido a las 9.00 horas. Una vez finalizada la actuación en Los Rosales y Benítez, los efectivos se han desplazado hasta el entorno del polígono industrial del Tarajal.

La mayoría de quienes se encuentran ahora en esos barrios procedían de los asentamientos costeros y huyeron cuando los policías comenzaron a retirar las estructuras instaladas en las playas.

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) se reunió con la Delegación del Gobierno para trasladar las reclamaciones de distintas barriadas, donde se había acumulado un número elevado de migrantes. Los migrantes que sean encontrados serán trasladados al CATE del Tarajal para completar su filiación. En respuesta, muchos de ellos han huido durante la mañana por los montes próximos a la frontera del Tarajal, cerca de las naves de esta zona.

La Policía interviene en el Tarajal ante la proliferación de chabolas

El procedimiento que se está siguiendo es el mismo que se aplicó durante los desalojos de las playas de Benítez y el Trampolín, así como en el asentamiento del Guano. Los migrantes son trasladados inicialmente al CATE, donde se tramita su filiación y se determina su posterior derivación al campamento de acogida de Loma Colmenar. También se les ofrece la posibilidad de regresar voluntariamente a Marruecos, una opción a la que se prevé que se acoja una parte mayoritaria de los trasladados, atendiendo a las experiencias anteriores. Tras los desalojos de las playas, la inmensa mayoría optó por retornar.

El CETI y el CATE son instalaciones distintas. La primera acoge temporalmente a migrantes en Ceuta, mientras que la segunda está destinada a su identificación y filiación tras su localización por parte de las fuerzas de seguridad.

Luego de la polémica que rodeó el espectáculo recién de Los Tigres del Norte en Tiny Desk, Félix Contreras, conductor y productor del programa Alt.Latino, de la cadena NPR Music, compartió un mensaje en video para responder a las críticas por la presunta censura de su presentación en la versión publicada en YouTube.

El comunicador reconoció el malestar de la audiencia y explicó que NPR ya restituyó la introducción completa en su sitio web para volver a publicar el show de la agrupación mexicana, que ganó múltiples elogios del público, especialmente de los fanáticos latinoamericanos.

“Hola, familia. Quería hacer este video para que me escuchen directamente a mí. Primero que nada, quiero darles las gracias por todo el apoyo y la pasión que demuestran hacia el trabajo que hacemos en Alt.Latino y en Tiny Desk en general”, comienzan las palabras de Félix Contreras.

“El Mes de la Música Latina es, para Anamaria Sayre y para mí, siempre el momento más destacado del año. Desde hace 6 años, hemos intentado mostrar lo ricas y diversas que son nuestras culturas a través de la música; ustedes siempre han estado ahí para valorar ese esfuerzo, y eso significa todo para nosotros”.

“En los últimos días, nuestro concierto de Tiny Desk con los legendarios Los Tigres del Norte ha generado mucha conversación en línea. Hemos leído sus comentarios, escuchamos sus preocupaciones, sus decepciones e incluso su enojo. Lo entiendo perfectamente”, afirmó Félix Contreras.

Asimismo, el productor aseguró que su “presentación de la banda no estaba destinada a ser publicada, pero al incluirla en el video del concierto, generó una reacción que jamás hubiéramos imaginado”.

“En resumen, hemos vuelto a publicar el video original completo en el sitio web de NPR y muy pronto estará de vuelta en YouTube”, confirmó Félix Contreras al estar sorprendido por el apoyo que recibió del público tras la actuación de Los Tigres del Norte en Tiny Desk.

“Debo decir que nunca antes había sentido tanto apoyo y ánimo hacia mi trabajo aquí en NPR, pero, en realidad, no se trata de mí. Se trata de ese sentido de familia que surge cuando nos reunimos para compartir música aquí en Tiny Desk”, expresó.

“Así que espero que podamos volver a centrar la atención en la increíble actuación de Los Tigres del Norte y en todos los demás artistas que presentamos a lo largo del Mes de la Música Latina. De corazón, gracias”, finalizó Félix Contreras.

¿Qué pasó con el video y las acusaciones de censura en la sesión de Los Tigres del Norte?

El show de Los Tigres del Norte en Tiny Desk se estrenó este 15 de octubre con una introducción de Félix Contreras en la que habló de los ataques contra la comunidad latina en Estados Unidos.

El conductor recordó el cambio de frontera de 1848 y la Operación Espalda Mojada, además de señalar que la agrupación mexicana ha devuelto “humanidad” a los migrantes a través de su música.

Sin embargo, un día después, usuarios detectaron que ese fragmento había desaparecido de la versión publicada en la página de YouTube. El video conservó la bienvenida a Los Tigres del Norte, pero eliminó el mensaje emitido por Félix Contreras.

La modificación provocó señalamientos de censura contra NPR Music y los internautas exigieron que se restableciera la versión original y cuestionaron que se retirara un discurso que había sido celebrado durante las primeras horas de su difusión.

Inclusive, los fans reprodujeron las palabras de Félix Contreras en los comentarios del video alojado en la red social, tanto en español como en inglés, afirmando que el recorte contradecía el mensaje de identidad y defensa de los migrantes que caracteriza a Los Tigres del Norte.

NPR reconoció el recorte del mensaje emitido por Félix Contreras en Tiny Desk de Los Tigres del Norte

La cadena NPR Music informó que retiró temporalmente la presentación de Tiny Desk para someterla a una revisión editorial, debido a que aborda un tema “emocional y complejo” que afecta a parte de su audiencia y personal.

“Como saben nuestros fans de Tiny Desk, normalmente no publicamos presentaciones para nuestros conciertos. Hemos restaurado este después de eliminarlo temporalmente para su revisión editorial, reconociendo que el tema compartido es emocional y complejo y algo con lo que muchos oyentes y el personal de la sala de redacción están lidiando. Esperamos tener pronto actualizado el vídeo de YouTube”, informó en su cuenta de X.

El mensaje de Los Tigres del Norte durante Tiny Desk

La agrupación respondió desde la música. Los Tigres del Norte abrieron su sesión con “Somos más americanos”, canción que cuestiona la frontera trazada entre México y Estados Unidos y reivindica la identidad de las comunidades latinas y mexicanas.

Con esa elección, el grupo reforzó el sentido de la introducción de Félix Contreras: una defensa de la memoria migrante, de los orígenes mexicanos y del vínculo que la banda mantiene con familias que han vivido discriminación, deportaciones o separación a causa de la política migratoria estadounidense.

La mujer, originaria de Michoacán, México, contrajo una infección por la bacteria Klebsiella que la mantuvo hospitalizada durante 19 días, le provocó coágulos en la sangre y derivó en la amputación de sus cuatro extremidades.

Su esposo, Onésimo Garfias Hernández, acompañó cada etapa del tratamiento y tuvo que autorizar las cirugías ante la posibilidad de que ella no sobreviviera. Hoy es él quien la alimenta, la viste y la traslada. “Ahora yo soy sus manos, soy sus pies”, dijo a Telemundo Chicago.

Cómo una infección por Klebsiella complicó la salud de Eloida Hermenegildo

La bacteria Klebsiella se encuentra de forma natural en el intestino humano, pero puede provocar infecciones graves cuando alcanza otras zonas del cuerpo, como el torrente sanguíneo, según información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Las personas con enfermedades preexistentes, entre ellas la diabetes, presentan mayor vulnerabilidad ante este tipo de infecciones.

Hermenegildo explicó a Univision Chicago la razón por la que la bacteria se diseminó en su sangre. “Yo soy diabética y dicen que esa bacteria ahí está, pero como se mantiene de la azúcar y a mí se me subió la azúcar mucho, por eso se me regó en la sangre”, declaró la paciente.

El doctor Alfredo Mena Lora, especialista en enfermedades infecciosas consultado por Telemundo Chicago, explicó que una infección de esa gravedad puede reducir la presión arterial de forma abrupta y comprometer el flujo de oxígeno hacia los órganos y las extremidades.

“Cuando una infección es tan severa, con o sin bacteria, la presión puede bajar de manera significativa y esto puede poner a todos los órganos en un estado de hipoperfusión, en el que no llega mucho oxígeno, y puede afectar las extremidades”, señaló el especialista al medio.

Garfias Hernández relató que el equipo médico le comunicó la necesidad de administrar un medicamento para mejorar la circulación de su esposa, aunque el procedimiento implicaba un riesgo considerable. “Ellos me dicen: tenían el medicamento para bombear sus venas y que le pudiera llegar a sus piernas y a sus manos, pero había un 80 o 90 por ciento de posibilidades de que no sobreviviera”, contó.

Las amputaciones y el pedido de ayuda para acceder a prótesis

Tras recibir el alta, el daño en las extremidades de Hermenegildo ya era irreversible. La paciente describió cómo sus manos y pies fueron oscureciéndose por la falta de circulación. “Se me fueron poniendo mis pies y mis manos negros. Era porque la sangre no estaba bombeando”, relató.

Con el paso de los días, el dolor se volvió insoportable y Hermenegildo tomó la decisión de someterse a las amputaciones. “Era más el dolor. Yo decía: pues a lo mejor si ya me quitan mis manos y mis pies, a lo mejor ya descanso del dolor”, afirmó en declaraciones recogidas por Univision Chicago.

La pérdida de sus cuatro extremidades transformó por completo la vida cotidiana de la pareja. Garfias Hernández, quien lleva 33 años casado con Eloida, asumió todas las tareas de cuidado. “Ahora yo soy sus manos, soy sus pies. Ella necesita un hombre donde recargarse, y yo aquí estoy”, dijo a Telemundo Chicago.

El objetivo inmediato de la familia es conseguir prótesis que le devuelvan a Hermenegildo cierta movilidad e independencia. “Que me ayudaran para mis prótesis para poder regresar a mi hogar”, pidió la paciente entre lágrimas, según el reporte de Univision Chicago. Personas cercanas a la pareja abrieron una cuenta en GoFundMe para reunir fondos destinados a cubrir parte de los gastos.

Los gastos médicos superan los USD 300.000, según el esposo de Hermenegildo

Las facturas hospitalarias acumuladas representan otro frente crítico para la familia. Garfias Hernández detalló a Univision Chicago que la primera hospitalización generó un cargo de USD 280.000. Además, informó sobre un gasto cercano a USD 7.000 por una estancia de una noche y un día en un hospital de Elgin, y otro de alrededor de USD 27.000 por cuatro días en un hospital de Rockford.

Los montos citados corresponden a lo declarado por el esposo y no incluyen necesariamente el costo final de las cirugías de amputación, las prótesis ni otros tratamientos pendientes.

La pareja no cuenta con ingresos en Estados Unidos y los tratamientos continúan, lo que agrava la presión económica sobre la familia.

La visa de turista vence en noviembre y el Consulado de México evalúa alternativas

A la emergencia médica y financiera se suma un factor migratorio. Según el reporte de Univision Chicago, la visa de turista de Hermenegildo vence el 8 de noviembre, pero los médicos le recomendaron no viajar en los próximos meses.

El Consulado de México en Chicago informó, a través de Saúl Juárez, cónsul de protección, que el procedimiento ante estos casos consiste en entrevistar a la persona afectada o a su familia para evaluar las alternativas disponibles. “El consulado puede ayudar a localizar algún hospital que se pueda encargar de darle continuidad al paciente”, señaló Juárez en declaraciones recogidas por Univision Chicago.

El funcionario agregó que la representación consular puede derivar a las personas a asesoría legal en asuntos migratorios y, de ser necesario, cubrir parte de los costos de esa asistencia jurídica.

NPR Music habría eliminado un fragmento del Tiny Desk de Los Tigres del Norte en el que el periodista Félix Contreras dedicó un mensaje de apoyo a la comunidad migrante, de acuerdo con usuarios que compararon la versión original del concierto con la publicada posteriormente en YouTube. La sesión se estrenó el jueves 15 de octubre de 2026 como parte de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Un día después del estreno, internautas detectaron que la introducción de Félix Contreras había sido recortada en la versión disponible en el canal oficial de YouTube de NPR Music. El discurso eliminado conectaba la bienvenida a la agrupación con un señalamiento sobre el trato que reciben los migrantes bajo las políticas vigentes en Estados Unidos.

En la versión original, Félix Contreras declaró: “Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí”. Esas palabras ya no aparecen en el video actualmente publicado en YouTube.

El discurso original hacía referencia a episodios históricos de discriminación

Antes del fragmento eliminado, Félix Contreras había advertido al público asistente que intentaría completar su intervención “sin llorar”. El periodista, conductor del programa Alt.Latino de NPR, situó su mensaje en el contexto de episodios históricos vinculados a la comunidad latina en territorio estadounidense.

La Operación Espaldas Mojadas, un programa de deportaciones masivas posterior a la Segunda Guerra Mundial, y el cambio de frontera de 1848 fueron los dos episodios históricos que citó Félix Contreras durante su intervención. Con esas referencias, el periodista enmarcó el mensaje dirigido a Los Tigres del Norte dentro de una historia más amplia de persecución hacia los migrantes mexicanos.

La intervención completa de Félix Contreras se dio después de las palabras iniciales de Anamaria Artemisa Sayre, periodista y productora de Alt.Latino, quien también participó en la presentación de la agrupación mexicana. El agradecimiento final de Félix Contreras a la banda es lo único que sobrevivió de su participación en el corte difundido en YouTube; las palabras de Anamaria Artemisa Sayre, en cambio, no sufrieron ningún cambio.

NPR no ha explicado los motivos detrás de la edición del video

Hasta el momento, NPR Music no ha ofrecido una explicación pública sobre la decisión de recortar la introducción del concierto. El diario El País informó que contactó a la radiodifusora para solicitar una postura oficial sobre el cambio, sin obtener respuesta inmediata al momento de su publicación.

Sin una postura oficial de NPR, la discusión en redes sociales giró en torno a una posible responsabilidad directa del equipo de producción del programa.

El discurso completo de Félix Contreras permanece disponible en la cuenta oficial de Instagram de NPR, lo que permitió a los usuarios comparar ambas publicaciones y constatar que la eliminación ocurrió exclusivamente en la versión alojada en YouTube.

La polémica surge en medio de recortes de financiamiento federal a NPR

Algunos usuarios en redes sociales vincularon la edición del video con la posibilidad de que NPR buscara evitar represalias del gobierno de Donald Trump, que ha impulsado medidas para eliminar el financiamiento federal destinado a medios públicos como NPR y PBS. La administración estadounidense ha argumentado que ambas emisoras producen una cobertura informativa sesgada.

Esa hipótesis circuló como una interpretación de usuarios en plataformas digitales y no cuenta, hasta el momento, con una confirmación oficial por parte de NPR ni de representantes del gobierno estadounidense. La emisora tampoco ha señalado si el recorte de financiamiento federal influyó de alguna manera en la decisión de editar el contenido del Tiny Desk de Los Tigres del Norte.

El mensaje musical del grupo permanece intacto en la grabación

A pesar de la edición en la introducción hablada, el contenido musical de la presentación de Los Tigres del Norte no sufrió modificaciones. La agrupación abrió su sesión con “Somos Más Americanos”, canción que aborda la identidad de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y cuestiona la frontera trazada entre ambos países.

La canción incluye un pasaje en el que el vocalista Jorge Hernández afirma que los latinos “somos más americanos que todititos los gringos”, frase que generó comentarios adicionales entre los espectadores que compararon el mensaje musical con el discurso hablado que fue eliminado del video.

El Tiny Desk completo de Los Tigres del Norte incluyó un total de cinco canciones durante la sesión grabada en las oficinas de NPR, en Washington, formato característico de esta serie de conciertos en la que distintos artistas se presentan ante un público reducido dentro de un entorno de oficina.

La presentación acumula millones de reproducciones pese a la controversia

El video del Tiny Desk de Los Tigres del Norte acumuló más de 144,000 reacciones de “me gusta” y superó los dos millones de reproducciones en YouTube durante su primer día disponible en la plataforma. La cifra de visualizaciones continuó en aumento conforme la polémica por la edición del discurso de Félix Contreras se difundió en redes sociales.

Usuarios que detectaron la diferencia entre ambas versiones del video compartieron fragmentos del discurso eliminado acompañados de mensajes como “qué no se nos olvide la historia” y “qué no nos quieran callar”, frases que circularon ampliamente junto con capturas de pantalla comparando las dos ediciones del concierto.

Sánchez ha hecho estas declaraciones al término de la cumbre de líderes de los 27 países de la Unión Europea, celebrada en Bruselas. El Consejo Europeo ha aprobado unas conclusiones que reconocen la “situación específica” de las dos ciudades autónomas, por ser la única frontera terrestre de la UE con el continente africano.

El documento también expresa la solidaridad de los Estados miembros con España tras la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y alude al apoyo financiero y operativo comunitario ante la situación de ambas ciudades.

“El Consejo Europeo subraya la situación específica de Ceuta y Melilla, que tienen la única frontera de la Unión Europea con el continente africano”, recoge el texto adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno.

Un respaldo específico a Ceuta y Melilla

El presidente ha sostenido que la mención separada de Ceuta y Melilla en las conclusiones refleja un mayor compromiso de las instituciones y de los gobiernos de la Unión con ambas ciudades. “Hay un reconocimiento explícito por parte de la Unión a las dos ciudades autónomas, la de Ceuta y Melilla, como fronteras terrestres, no solamente de España, sino también de Europa en África”, ha señalado.

Sánchez ha añadido que el acuerdo incluye “la solidaridad de los líderes europeos y el compromiso de movilización operativa y también de recursos financieros por parte de las instituciones comunitarias”.

El presidente ha defendido que la referencia no quedó incluida en el apartado general sobre migración, sino en un punto específico de las conclusiones. El texto vincula el respaldo europeo con la crisis fronteriza de julio y con la condición particular de Ceuta y Melilla.

“Evidentemente queda todavía mucho por hacer, pero creo que es un paso muy importante el que hemos dado desde el punto de vista político con estas conclusiones y el reconocimiento por parte de los líderes y por parte también de las instituciones comunitarias”, ha afirmado Sánchez.

Sánchez rechaza que España vaya a contracorriente

La defensa de las ciudades autónomas ha coincidido con un debate sobre las políticas migratorias españolas dentro de la cumbre. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió que Bruselas examinara el modelo de regularización aplicado por España, mientras que la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, reclamó reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores tras la crisis de Ceuta.

Sánchez ha reconocido que mantiene discrepancias con Frederiksen, pero ha rechazado que la política española se aparte de la orientación seguida en otros Estados miembros. “No es contracorriente porque hay otros muchos países que no lo llaman regularización, pero que están también reconociendo permisos de trabajo a muchos de esos migrantes”, ha asegurado.

El presidente ha defendido que la estrategia española combina medidas contra la inmigración irregular, cooperación con los países de origen y tránsito, retornos y vías para reconocer derechos a quienes ya residen en territorio nacional. “España está teniendo una política muy responsable en la lucha contra la migración irregular, en la gestión de los flujos de migración regular, la cooperación con los países de tránsito y de origen”, ha sostenido durante su comparecencia.

El jefe del Ejecutivo ha discrepado de la posición de la primera ministra danesa sobre el reconocimiento de derechos a los inmigrantes que ya se encuentran en un país de la Unión Europea. “Yo creo que sí. Es más, creo que reconociendo esos derechos, lo que se hace es anclar a esos migrantes a ese país que los reconoce”, ha afirmado.

Sánchez también ha respondido a las declaraciones del primer ministro checo, Andrej Babiš, quien había acusado al Gobierno español de promover un reemplazo de población para mantenerse en el poder. El presidente español ha equiparado ese planteamiento con las posiciones de Vox. “Me suena mucho a lo que dice la ultraderecha de Vox en España. Por tanto, es el mismo discurso porque pertenecen a la misma familia política”, ha manifestado.

El presidente ha insistido en que el debate migratorio entre los Veintisiete mostró posiciones distintas, aunque ha valorado que la cumbre terminara con una fórmula de consenso. “Hemos llegado a un acuerdo en torno al texto, al párrafo sobre la migración. Ha habido mucho debate, hay posiciones muy diferentes entre unos países y otros, pero hemos logrado una solución de compromiso”, ha dicho.

El CNI ha concluido que las autoridades marroquíes conocían días antes la previsión de una entrada masiva en Ceuta a finales de julio y que su respuesta operativa contribuyó al desbordamiento del dispositivo fronterizo. El informe remitido a la Audiencia Nacional vincula la falta de reacción con la prioridad concedida a la seguridad de la Fiesta del Trono.

Las autoridades de Marruecos conocían convocatorias en redes sociales seguidas por 180.000 usuarios que llamaban a cruzar hacia Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono. El CNI advirtió de que, si solo lo intentaba el 10 % de esa audiencia, la llegada podía superar el episodio registrado en 2021.

Según Europa Press, el organismo ha trasladado sus conclusiones a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada irregular. La información procede de pesquisas realizadas tras los días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas accedieron a la ciudad autónoma, y responde a las preguntas planteadas por la magistrada en un informe de una veintena de folios.

Marruecos conocía el aumento de la presión migratoria

Los servicios de inteligencia españoles sostienen que las autoridades marroquíes eran “absolutamente conocedoras” de que se estaba generando una situación anómala, con posibles intentos de entrada irregular, y “plenamente conscientes” del aumento “real y tangible” de la afluencia de migrantes hacia el entorno de Ceuta. Las autoridades del país vecino habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente.

El CNI remitió el 29 de julio una alerta urgente a la Delegación del Gobierno, a la Guardia Civil y a sus homólogos marroquíes sobre las convocatorias para el asalto. El informe, entregado después a la jueza, señala que las fuerzas policiales y de seguridad del país vecino conocían tanto la situación anómala como el incremento de la afluencia durante los días previos.

La noche de ese mismo día, pasadas las nueve y media, el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno contactó con el CNI en Ceuta para comunicar que la situación seguía siendo preocupante. También indicó que se habría alcanzado un acuerdo con Marruecos para devolver a las personas que estaban entrando en la ciudad autónoma.

El CNI insistió durante esa conversación en el elevado número de candidatos a emigrar concentrados en Castillejos, algunos de los cuales trataban de camuflarse entre los veraneantes que llenaban la localidad. El jefe de gabinete preguntó si la estimación de usuarios de redes sociales no era exagerada, ante la previsión de un volumen de llegadas superior al de 2021.

La Fiesta del Trono condicionó el dispositivo fronterizo

El informe atribuye el insuficiente despliegue marroquí a la decisión de garantizar el desarrollo de las celebraciones de la Fiesta del Trono en la localidad cercana de Rincón, a las que asistía Mohamed VI. Esa prioridad permitió, de acuerdo con el CNI, que la llegada descontrolada de inmigrantes al entorno de Ceuta se produjera sin oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Hasta el día anterior a la entrada masiva, las autoridades de Marruecos mantenían una actuación activa para interceptar a quienes intentaban cruzar a nado, la modalidad dominante hasta entonces. Cuando aumentó de forma relevante el número de personas que trataban de acceder, el CNI observó un despliegue insuficiente combinado con una actitud de “pasividad” que desbordó el dispositivo.

Las medidas más contundentes, entre ellas detenciones, traslados al interior y el uso de medios disuasorios, comenzaron cuando ya se había producido el pico de entradas por tierra y mar. El informe añade que no detectó una “reacción proactiva de las autoridades marroquíes tras la pérdida de control de la situación”.

El CNI señala que “la Gendarmería marroquí instaló controles que resultaron insuficientes para contener la llegada de personas a las inmediaciones de Ceuta”. El 29 de julio, las autoridades marroquíes habían desplegado más efectivos de las Fuerzas Auxiliares en las proximidades del dique fronterizo con Castillejos tras interceptar un incremento muy notable de los flujos.

Tras las entradas, las autoridades marroquíes dispusieron instalaciones, refugios temporales, un hospital de campaña y autobuses para trasladar a los retornados a distintas localidades del interior de Marruecos.

El CNI añade que la gestión posterior de Marruecos buscó controlar el mensaje sobre la situación social en el norte del país y preservar su imagen como aliado de la Unión Europea y España en la gestión migratoria.

Una llamada puede cruzar la frontera, pero no recupera los años lejos de casa ni devuelve un lugar vacío sobre la mesa.

Entre tierras llega este 15 de octubre de 2026 a las salas mexicanas con las historias de Gustavo Lavariega, Jesús Ortiz y Ana Laura López, quienes intentan reconstruir su vida en México después de ser deportados de Estados Unidos.

La ópera prima de Atzin Ortiz González no se queda en el cruce fronterizo. El documental observa los contactos con hijas e hijos, los trámites, el duelo y la vida que continúa a la distancia cuando una familia queda dividida entre dos países.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el director y los protagonistas Gustavo Lavariega y Jesús Ortiz hablaron sobre los cinco años de filmación y el esfuerzo por volver a habitar un país que puede sentirse extraño tras años de ausencia.

Atzin Ortiz deja atrás el discurso político para seguir las heridas familiares de la deportación

La historia de Entre tierras comenzó en 2018, cuando Atzin Ortiz González conoció a Ana Laura López durante el contexto de los debates presidenciales de aquel año, en los que participó Andrés Manuel López Obrador.

A partir de ese encuentro, el director se acercó a Deportados Unidos en la Lucha, un colectivo formado por personas que enfrentan las consecuencias de la deportación.

La idea inicial estaba ligada al trabajo del grupo, sus manifestaciones y labores de acompañamiento. Con el paso de los meses, las conversaciones con Ana Laura, Gustavo, Jesús y otros miembros que llegaban al colectivo modificaron el documental.

El centro dejó de ser solamente la organización para entrar a las casas, las pérdidas y los vínculos de cada protagonista.

Atzin recordó que el proyecto cambió conforme escuchaba esas experiencias: “Al principio tenía un enfoque un poco más en el tema del colectivo, pero conforme fui conociendo más a fondo sus historias de vida me di cuenta de que quería llevarla hacia este lado más humano y no necesariamente político”.

El rodaje se extendió durante cinco años y atravesó la pandemia. El director sostuvo buena parte del trabajo de manera autogestiva, hasta que recibió apoyos en la etapa de postproducción, después de participar en actividades vinculadas con San Diego, Los Ángeles y el Festival de Guadalajara.

La cercanía del equipo con los protagonistas también tuvo límites establecidos por ellos mismos. Ortiz González explicó que la cámara no podía entrar a cualquier parte ni convertir la experiencia de una persona deportada en material de observación ajena.

El acuerdo consistía en que cada quien definiera qué quería compartir y qué debía permanecer fuera de pantalla. Ese cuidado fue central para el cineasta.

El director sostuvo que el acompañamiento ocurrió “desde el respeto” y con la intención de representarlos desde un lugar de “honestidad”. La película, así, se construye con quienes aparecen en ella y no solamente sobre ellos.

“No sólo somos números”: los protagonistas ponen rostro a las cifras de deportados

La relación entre Atzin y los protagonistas no nació frente a una cámara. Gustavo Lavariega recuerda que el director participaba en marchas, reuniones y actividades de Deportados Unidos en la Lucha antes de pedirles abrir la puerta de sus historias familiares.

Esa convivencia permitió que el documental entrara a una zona menos visible de la deportación: lo que ocurre cuando alguien tiene que ejercer la paternidad desde otro país.

Gustavo habló de las llamadas y los esfuerzos que conllevó seguir presente en la vida de sus hijas aun cuando la frontera determinó la distancia.

Al recordar el proceso, Lavariega contó que el director se ganó la confianza del colectivo porque acompañaba sus actividades de manera constante. Esa presencia permitió expresar sentimientos que después quedaron plasmados en el documental.

La separación obligó a cambiar el sentido de la crianza. Para Gustavo, no se trata sólo de aceptar la distancia, sino de buscar formas de sostener un vínculo cotidiano con quienes permanecen en Estados Unidos.

La experiencia implica, como él señala, “aprender cómo ser padre” o madre a larga distancia: “Es ir adaptándose sobre la marcha, sobre el camino”.

“Somos familias binacionales y creo que tenemos ese derecho también de poder educar a nuestros hijos por medio de una videollamada”. En esa frase aparece una de las preguntas que atraviesan la producción: cómo se conserva una familia cuando la convivencia depende de una conexión a internet.

Jesús Ortiz también mira el paso del tiempo dentro de la película. Cuando Atzin comenzó a grabar, su hija era bebé; siete años después, ambos son distintos a quienes quedaron registrados. Por eso pidió que el rostro de la niña no apareciera, una decisión que el equipo respetó.

Ortiz les explicó que sus testimonios no podían separarse de sus propias decisiones y que ellos tendrían la última palabra sobre su exposición: “La historia es de ustedes, ustedes me ayudan a contarla, ustedes me van a decir qué se puede, qué no se puede”.

La importancia de Deportados Unidos en la Lucha dentro de la construcción del documental

La deportación no termina cuando una persona aterriza en México o vuelve a cruzar la frontera. Después comienzan otros pendientes: recuperar documentos, buscar un lugar para vivir, encontrar trabajo y enfrentar las preguntas de quienes asocian ese regreso con un delito.

Ana Laura López creó Deportados Unidos en la Lucha después de volver a la CDMX y no encontrar una organización que pudiera orientarla.

A partir de esa experiencia, el colectivo comenzó a acompañar a personas que requerían apoyo para iniciar trámites, conseguir hospedaje o localizar a familiares detenidos por autoridades migratorias.

Gustavo explica que el grupo llegó a tener un albergue y que ahora sigue recibiendo solicitudes de familias que buscan información sobre personas detenidas o que necesitan orientación para volver a empezar.

Para Jesús, el colectivo representó una forma de aterrizar en México. Tenía familiares en el país, pero encontró en otras personas deportadas una experiencia compartida que le permitió poner nombre a la sensación de no pertenecer por completo a ningún lado.

Esa etapa habría sido mucho más difícil sin el acompañamiento de la organización: “Si no hubiera existido, para muchos de nosotros hubiera sido complicada la readaptación”, afirma Jesús, quien cuestiona la falta de apoyos para quienes regresan después de construir una vida entera en Estados Unidos.

La frase que resume el mensaje de Entre tierras llega cuando Jesús habla de las cifras.

Una estadística puede contar miles de deportaciones, pero no alcanza a decir cuántas familias quedan separadas, cuántos hijos crecen lejos de sus padres ni cuántas vidas se interrumpen de un día a otro: “No sólo somos números, somos historias”.

El estreno de Entre tierras lleva la conversación sobre la deportación a cinco ciudades

El documental llega a salas este 15 de octubre de 2026 con una ruta que combina complejos comerciales y espacios independientes.

La exhibición permitirá que las historias de Ana Laura, Gustavo y Jesús salgan de las reuniones del colectivo y encuentren al público en distintas regiones del país.

• La película estará en Cinemex Casa de Arte y Cinemex Insurgentes, además de Cine Tonalá y La Casa del Cine, en Ciudad de México.
• La gira también contempla funciones en Cine Cabañas, en Guadalajara, así como en el Centro Audiovisual Toluca y una función especial en la Cineteca Mexiquense.
• Kinoki, en Chiapas, y El Brazo Fuerte, en Campeche, completan el circuito anunciado para el estreno.

Así, mientras la pantalla sigue a tres vidas atravesadas por la distancia, Entre tierras deja una pregunta en el aire: qué ocurre con una familia cuando la frontera no desaparece al volver a casa.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que vaya a realizarse otra investigación a Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), tras un incendio que dejó 40 migrantes fallecidos y 27 lesionados, luego de que fuera exonerado por un juez federal de Ciudad Juárez.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 14 de octubre, la mandataria fue cuestionada sobre si habría otra investigación al extitular INM luego de que fuera exonerado, sin embargo, la mandataria descartó cualquier nueva posibilidad.

“No. Se hizo una investigación, se hizo durante el periodo del presidente López Obrador, la reparación de daños, todo lo que tenía que ver con las víctimas y la investigación de las responsabilidades. Y esto es lo que determinó el juez”, declaró la mandataria.

Sheinbaum sostuvo que la resolución judicial sobre Garduño derivó de las investigaciones previas sobre las responsabilidades de las personas involucradas.

“Es lo que determinaron los jueces”, respondió al ser cuestionada sobre la exoneración. Sheinbaum añadió que los juzgadores revisaron las responsabilidades individuales. “Hicieron una investigación muy profunda de las responsabilidades de cada persona y es lo que determinaron los jueces”, afirmó.

Garduño fue exonerado tras incendio en el INM

Un juez federal de Ciudad Juárez exoneró a Garduño por el incendio registrado el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria del INM, ubicada cerca del puente internacional que conecta esa ciudad con El Paso, Texas.

La decisión se tomó la noche del martes 13 de octubre, tras una audiencia que se prolongó por más de siete horas. La resolución tuvo efectos de sentencia absolutoria, por lo que el extitular del INM no tendrá antecedentes penales.

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón determinó que Garduño cumplió las condiciones que se le impusieron el 24 de enero de 2025 para acceder a la suspensión condicional del proceso. Entre ellas estuvieron el pago de indemnizaciones, una disculpa pública y cursos de capacitación en derechos humanos y protección civil.

El incendio comenzó después de que un grupo de migrantes prendió fuego a colchones como protesta por las condiciones de detención. De acuerdo con las reconstrucciones del caso, personal del INM y elementos de una empresa de seguridad privada no abrieron las puertas de las celdas mientras el humo se extendía en las instalaciones.

La omisión impidió que 40 personas escaparan y dejó lesionados a otros 27 migrantes. Además, 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático, sin que fueran reconocidas formalmente como víctimas.

Sheinbaum descarta abrir investigación nuevamente por fallecimiento de migrantes

Sheinbaum señaló que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se realizaron las indagatorias y se atendieron las medidas relacionadas con las víctimas.

La presidenta mencionó que el proceso incluyó la reparación de daños y la investigación de las responsabilidades. Con ello, descartó que su gobierno impulse otro procedimiento tras la resolución judicial.

Después del incendio, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que procedería penalmente contra Garduño por presuntamente incumplir sus obligaciones para vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones bajo su cargo.

Durante la audiencia del martes, la agente del Ministerio Público adscrita a la FGR, Iliana Ruiz Bautista, indicó que la Fiscalía no se opuso al sobreseimiento. Explicó que, tras dejar el cargo, Garduño instruyó encauzar un fideicomiso para las víctimas pendientes de indemnización, con el que se pagaron $ 3,500,000 a ocho personas.

La defensa de las víctimas anunció que impugnará la resolución. El abogado Marcos Zavala, de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), afirmó que presentarán un recurso de apelación contra la decisión que exoneró al extitular del INM.

Las autoridades rusas expulsaron a 11cubanos hacia Uzbekistán entre marzo y septiembre de 2026, sin informarles que ese sería su destino ni entregarles documentos sobre el procedimiento. Los migrantes creían que regresarían a Cuba, pero aterrizaron en Taskent sin dinero, familiares, alojamiento ni una explicación sobre su salida de Rusia. Según información presentada por CubaNet.

Los pasajes entre Moscú y la capital uzbeka costaban entre USD 164 y USD 207, mientras que las rutas disponibles hacia La Habana superaban los USD 1,000, según una búsqueda realizada el 12 de octubre por CubaNet. La diferencia coincidió con la suspensión, en febrero, de los vuelos comerciales directos entre Rusia y Cuba por falta de combustible en la Isla.

La investigación de CubaNet reunió los testimonios de 11 personas que describieron una secuencia similar: una redada, meses de encierro en centros migratorios, el traslado al aeropuerto y un vuelo hacia un país de Asia Central que algunos ni siquiera conocían. Ninguno había consentido el destino ni sabía bajo qué figura jurídica había sido enviado.

Una expulsión sin documentos ni destino conocido

María Antonia Pérez Salazar, una cubana de 73 años, descendió de un avión en Taskent a poco más de las 6:00 del 1 de agosto de 2026. Vestía un vestido grueso de manga larga y botas de invierno, la ropa que había usado durante su detención en Moscú y que conservaba como sus prendas más presentables en pleno verano uzbeko.

Llevaba una bolsa con ropa interior, tres camisetas, una bata para dormir, dos pantalones ligeros y un cepillo de dientes. No tenía teléfono, dinero ni información sobre el lugar donde estaba, y pensó que podía morir allí sin que su familia supiera qué había ocurrido.

Su hija, Niosly Vidal, sabía que sería deportada, pero ambas suponían que el destino sería La Habana. Las autoridades rusas, en cambio, compraron un boleto a Uzbekistán y enviaron sola a María Antonia a más de 12.000 kilómetros de Cuba, mientras Niosly permanecía detenida en Rusia y sus tres hijos quedaron bajo custodia de servicios sociales.

Durante sus primeros días, María Antonia recorrió una y otra vez la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Islam Karimov. Buscaba a alguien que hablara español, observaba los puestos de comida rápida, las máquinas expendedoras y una tienda que parecía vender tarjetas telefónicas, con la esperanza de conseguir ayuda o hallar una bebida abandonada.

Las autoridades migratorias uzbekas le entregaban una comida diaria, aunque no estaba bajo su custodia. Los ciudadanos cubanos pueden ingresar sin visa al país por hasta 30 días, por lo que ella podía abandonar el aeropuerto, pero no tenía un lugar adonde ir ni recursos para sobrevivir fuera de la terminal.

El baño se convirtió en el único sitio donde podía beber agua y asearse. Mojaba papel sanitario bajo el grifo para limpiarse, usaba jabón líquido en el cepillo de dientes y dormía en sillas acolchadas para viajeros, después de comprobar que las metálicas le impedían descansar.

Al tercer día, escuchó un acento caribeño. Era un joven cubano deportado desde Rusia, quien la llevó a un hostal de Taskent frecuentado por migrantes de la Isla. Allí encontró un techo, pero no una salida para su situación.

Yalina González Morales, de 29 años y natural de Mayabeque, vivió un proceso parecido. Fue escoltada por policías rusos, no pudo revisar el boleto ni conocer la ruta y descubrió que estaba en Uzbekistán solo después de aterrizar.

Las 11 personas entrevistadas coincidieron en que no recibieron órdenes de deportación, comprobantes de traslado ni papeles que explicaran por qué habían sido enviadas a un tercer país. Tampoco firmaron documentos que autorizaran la salida, según sus testimonios.

Mihra Rittmann, investigadora para Asia Central de Human Rights Watch, afirmó que la organización no había registrado antes expulsiones de cubanos desde Rusia hacia terceros países. La defensora rusa Svetlana Gannushkina, dedicada durante años a asistir a refugiados y migrantes, incluidos cubanos, tampoco conocía antecedentes similares.

La separación de una familia en Moscú

María Antonia había llegado a Rusia en 2023 junto a Niosly y sus tres nietos: Cristopher, Dylan y Milaydis, entonces de 13, 10 y nueve años. Vendieron electrodomésticos, ropa y juguetes para comprar los cinco boletos, impulsados por el deterioro de sus condiciones de vida en Cuba.

En La Habana, María Antonia había trabajado como ingeniera civil durante casi cuatro décadas. Tras jubilarse, su pensión no le alcanzaba para sostenerse una semana y la vivienda familiar en el Cerro no ofrecía espacio suficiente para los cinco.

La familia se instaló en un apartamento pequeño en las afueras de Moscú. María Antonia y Niosly limpiaban un mercado local durante largas jornadas, mientras Cristopher cuidaba de sus hermanos, les enseñaba a leer y escribir y preparaba arroz, huevos o los restos de la cena.

Los niños no asistían a la escuela. Cuando llegaron, la legislación rusa exigía documentos traducidos y certificados que la familia no tenía; desde el 1 de abril de 2025, la normativa estableció además que los menores debían acreditar una estancia legal para matricularse.

Los cubanos podían ingresar sin visado y permanecer hasta 90 días en Rusia, pero ese permiso no autorizaba el trabajo. Al vencer el plazo, quienes no regularizaban su situación quedaban en condición migratoria irregular y muchos sobrevivían mediante empleos informales.

La familia temía especialmente las redadas tras el ataque contra la sala de conciertos Crocus City Hall, cometido en marzo de 2024 por ciudadanos tayikos y reivindicado por el Estado Islámico. La xenofobia y la discriminación contra extranjeros crecieron en Rusia, mientras la Duma Estatal aprobó en julio de ese año leyes para reforzar el control migratorio.

Las opciones de regularización para María Antonia y su hija eran escasas: casarse con un ciudadano ruso o resultar seleccionadas dentro de las cuotas estatales asignadas a las distintas regiones de la Federación. La familia permaneció junta hasta una noche de marzo de 2026.

Varios agentes irrumpieron en el apartamento mientras todos dormían. Los niños fueron retirados sin que su madre y su abuela pudieran despedirse con calma. “Se llevaron a los niños sin que pudiésemos casi despedirnos. Mi hija gritaba como una loca, los niños lloraban y yo me quedé congelada, sin atinar a nada”, recordó María Antonia.

Madre e hija pasaron tres días en una estación de policía y luego fueron trasladadas al centro de deportación de Sájarovo. Cristopher, Dylan y Milaydis quedaron bajo custodia del Centro Familiar de Ayuda a la Familia y la Infancia Neposedy, en Zheleznodorozhni, Balashija, al este de Moscú.

El Código de Familia ruso establece que el ingreso temporal de un menor en una institución mientras sus padres no pueden cuidarlo no extingue por sí mismo los derechos parentales. En otros casos, madres cubanas detenidas volvieron a reunirse con sus hijos antes de ser expulsadas, pero Niosly aún no sabe cuándo saldrá ni qué ocurrirá con los niños.

Según CubaNet, María Antonia permaneció cinco meses en Sájarovo. Compartía una celda para seis mujeres con Niosly, dormían en una litera y solo podía bañarse una vez por semana; cuando el clima lo permitía, salía diez minutos diarios a tomar el sol.

“Bajé mucho de peso. Nos daban comida tres veces al día, pero era poca y mala”, relató. La comida que más apreciaba eran los chícharos servidos una vez por semana con cuatro rodajas de pan, mientras las colchonetas eran tan delgadas que sentía las barras de hierro de la cama.

La Embajada de Cuba en Moscú intervino para que madre e hija pudieran hablar con los menores diez minutos una vez por semana. “El consulado no intentó repatriarnos. Lo único que hicieron fue contactar a los rusos para que dejaran a los niños hablar con nosotras”, afirmó María Antonia en información presentada por CubaNet.

El 31 de julio, las autoridades le anunciaron que solo ella sería deportada. La trasladaron hacia las 9:00 a. m. a una instalación policial, donde permaneció unas seis horas sin agua ni comida, antes de ser llevada esposada al aeropuerto.

“Yo bajaba la cabeza por vergüenza. Me daba mucha pena que me miraran”, recordó sobre el traslado. Subió al avión sin saber que su destino era Uzbekistán.

Las dudas legales y la supervivencia en Taskent

Judith Sunderland, directora asociada sénior de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes de Human Rights Watch, consideró preocupante que los testimonios no revelaran un procedimiento que permitiera cuestionar la detención o la expulsión. Alcira Silva Hava, integrante de esa división, resumió: “No parece haber ningún procedimiento y ese es el problema”.

La legislación rusa diferencia la deportación de la expulsión administrativa, que puede ser forzosa o ejecutarse mediante una salida independiente controlada. Sin embargo, la ausencia de documentos en manos de los cubanos impide determinar qué procedimiento se aplicó y bajo qué fundamento fueron enviados a Uzbekistán.

Human Rights Watch sostuvo que Rusia incumplió garantías del derecho internacional al no proporcionar información comprensible sobre las expulsiones ni permitir que los migrantes impugnaran su detención y traslado. Las especialistas tampoco pudieron establecer si esos viajes se realizaron con conocimiento o autorización del Gobierno uzbeko.

Moscú y Taskent mantienen desde 2008 un acuerdo de readmisión para devolver a Uzbekistán a ciudadanos de terceros países que hayan llegado a Rusia directamente desde territorio uzbeko. El acuerdo excluye a quienes entraron legalmente a Rusia sin visa por un tratado internacional, como los cubanos, y ninguno de los 11 casos documentados encaja en ese supuesto.

Stavros Papageorgopoulos, asesor jurídico sénior del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados, explicó que el derecho internacional no obliga a enviar a toda persona en situación irregular únicamente a su país de origen. Sin embargo, antes de trasladarla a un tercer Estado deben informarle el procedimiento, brindarle asistencia jurídica, evaluar de manera individual los riesgos del destino y permitirle presentar razones contra la expulsión.

Yoelsy del Toro, otro cubano detenido en Sarátov, logró fotografiar documentos antes de que se los retiraran. Las ocho páginas incluían una multa de 2,000 rublos por exceder su estancia permitida, una orden de expulsión forzosa, una decisión de internamiento y una prórroga judicial de detención por hasta 90 días.

Los documentos indicaban que Del Toro no dominaba el ruso, pero también afirmaban que había reconocido plenamente su culpa y se había arrepentido. Él aseguró que nadie le explicó el contenido ni le asignó un intérprete, pese a que la última página contenía la firma de uno.

Las resoluciones contemplaban un plazo de diez días para recurrir, pero Del Toro afirmó que no le explicaron esa posibilidad ni le informaron cómo pedir asilo. Junto a otros tres cubanos, permanece a la espera de una expulsión cuyo destino desconoce. “Ellos me dijeron en español que íbamos para Cuba, pero no sé si creerles”, escribió desde el centro de detención.

Hasta febrero de 2026, los migrantes cubanos expulsados de Rusia llegaban a La Habana. El cambio de destino comenzó en marzo, después de que fueran suspendidos los vuelos comerciales directos entre ambos países.

Orday Robaina, abogado cubano residente en Rusia, atribuyó la modificación a una combinación de factores: centros de detención sobrepoblados, boletos costosos para Cuba y escalas que dificultaban mantener bajo custodia a los migrantes. En esas condiciones, señaló, Uzbekistán apareció como una alternativa porque admite cubanos sin visa. Reporta CubaNet

Yindra y su esposo, Ángel, fueron detenidos en Moscú en septiembre, tras salir de un supermercado. Según Yindra, policías les exigieron 5.000 euros para liberarlos; como no podían pagarlos, pasaron dos días en una estación sin recibir comida y luego les ofrecieron comprar un pasaje a Cuba o a Uzbekistán.

La pareja eligió Taskent porque no tenía dinero para volver a la Isla. “Prefiero los apagones que estar tirada aquí. En este país no hay trabajo”, dijo Yindra, de 52 años, quien conserva apenas recursos para una semana más de alojamiento.

Rosmery llegó a Uzbekistán en julio con su pareja tras abandonar un centro de detención ruso. Su hermano pagó el pasaje porque ella, con unos siete meses de embarazo, temía dar a luz encarcelada y ser separada de su hijo.

En Taskent, Rosmery fue atendida de urgencia y tuvo su primera ecografía del embarazo. “En el centro de detención no me daban ni vitaminas, ni siquiera más comida”, recordó, antes de explicar que no puede afrontar una cesárea porque el hospital le pidió un método de pago.

María Antonia vive en un hostal de habitaciones colectivas, donde un administrador uzbeko le permite quedarse sin cobrarle. Padece glaucoma e hipertensión, pero no puede comprar las gotas ni los medicamentos que necesita; tampoco tiene teléfono propio y depende de otros cubanos para comunicarse con su familia.

Yorkis Vega, deportado desde Rusia tras ser detenido en una redada, comparte el hostal con otros cubanos. Consiguió un empleo de limpieza en un pueblo cercano, pero después de trabajar un día y medio no recibió pago. “Se aprovechan de que estamos sin permiso de trabajo y nos estafan”, explicó a CubaNet.

Una noche en el hostal cuesta alrededor de USD 10. Yalina consiguió empleo en una fábrica y cubre sus gastos esenciales, pero Yorkis duerme en la calle o intenta descansar en el aeropuerto cuando no puede pagar, mientras María Antonia depende de la comida que otros huéspedes deciden compartir.

En verano, Taskent puede alcanzar los 40 °C y María Antonia solo tiene sus botas de invierno y unas sandalias de baño. Evita salir del hostal porque teme una multa o una nueva deportación, al haber superado el plazo de estancia permitido.

Algunos cubanos salen de Uzbekistán antes de cumplir los 30 días y vuelven a entrar por la frontera con Tayikistán, situada a unos 100 kilómetros de Taskent a través del paso Oybek-Fotejobod. Yorkis y Yindra han utilizado esa ruta, pero María Antonia no tiene dinero para realizar el trayecto.

CubaNet también reporta que la Embajada de Cuba en Moscú, el Ministerio del Interior de Rusia, la Oficina de la Comisionada para los Derechos Humanos de la Federación de Rusia y la Oficina de la Comisionada para los Derechos del Niño no respondieron las consultas sobre los traslados a Uzbekistán y la separación de la familia. “Yo no puedo regresar a Cuba sin ellos. Donde estén mi hija y mis nietos, allí tengo que estar yo”, dijo María Antonia.

Un juez federal de Ciudad Juárez exoneró a Francisco Garduño Yáñez, quien fuera titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados en marzo de 2023.

La resolución, dictada la noche de este martes 13 de octubre tras una audiencia de más de siete horas, tiene efectos de sentencia absolutoria, por lo que Garduño no tendrá antecedentes penales. La defensa de las víctimas anunció que impugnará la decisión.

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón determinó que Garduño cumplió con todas las condiciones impuestas el 24 de enero de 2025 para acceder a la suspensión condicional del proceso, con un plazo de 18 meses para hacerlo. Entre ellas estaban el pago de indemnizaciones, una disculpa pública y cursos de capacitación en derechos humanos y protección civil.

El incendio dejó 40 muertos y 27 heridos en marzo de 2023

El siniestro ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023 en un centro de detención del INM ubicado a unos metros del puente internacional que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas. El incendio comenzó después de que un grupo de migrantes prendió fuego a unos colchones en protesta por las condiciones de detención en las que se encontraban.

Según las reconstrucciones del caso, ni el personal del INM ni los agentes de la empresa de seguridad privada abrieron las puertas de las celdas mientras el humo se extendía por las instalaciones.

Esa omisión dejó a 40 personas sin posibilidad de escapar y provocó lesiones graves en otras 27. Además, 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático, sin que hasta ahora hayan sido reconocidas formalmente como víctimas.

Tras los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que procedería penalmente contra Garduño por “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”.

La disculpa pública que Garduño ofreció a las víctimas se dio el 26 de septiembre de 2025, por orden judicial, dos años y medio después del incendio.

Garduño pidió disculpas antes de conocer la resolución

La audiencia inició al mediodía en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez y se extendió por la tarde con múltiples recesos, incluida traducción a la lengua maya k’iché, debido a que la mayoría de las víctimas directas e indirectas son de origen guatemalteco. Varios sobrevivientes y familiares de fallecidos siguieron el proceso por videoconferencia desde distintos países.

A su llegada al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, un grupo de 20 manifestantes recibió a Garduño con gritos de “asesino” y “justicia”.

Antes de que el juez diera a conocer su decisión, Garduño tomó la palabra. “Si alguna vez hice daño a alguien, pedirles y suplicarles me disculpen. También soy humano, también tengo problemas de salud y crisis psicológicas”, dijo el extitular del INM, según reporteros presentes en el lugar.

La agente del Ministerio Público adscrita a la FGR, Iliana Ruiz Bautista, señaló que la Fiscalía no tenía objeción al sobreseimiento. Explicó que, al dejar el cargo, Garduño instruyó encauzar un fideicomiso a favor de las víctimas pendientes de indemnización, con el cual se pagaron 3,500,000 pesos a ocho de ellas.

Las víctimas rechazaron la resolución y anunciaron apelación

Durante la audiencia, varios familiares de los fallecidos expresaron su desacuerdo con el sobreseimiento y acusaron que el cumplimiento de las condiciones fue parcial. La hermana de una víctima fallecida, identificada con las iniciales G.C.Q.M., reprochó que Garduño haya sido nombrado después en un cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP) pese a su gestión al frente del INM.

“La disculpa de Dios no sé si la vaya a tener. La disculpa de nosotros no la va a tener ni ahora, ni nunca. Garduño goza de un puesto público. Claudia Sheinbaum lo premió con otro cargo. Le quedaron grandes las gestiones de las cárceles y lo nombran en Educación. Se premian las malas gestiones”, dijo G.C.Q.M., según recogió Milenio.

El abogado Marcos Zavala, de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), sostuvo que desde el inicio la FGR favoreció a Garduño al presentar cargos por un delito menor, lo que le permitió acceder a una salida alterna como la suspensión condicional.

Zavala precisó que existen varios juicios de amparo interpuestos contra las causas penales de este caso que aún no se resuelven, y confirmó que interpondrán un recurso de apelación contra la resolución que exoneró a Garduño.

La organización DHIA, que representa a diez migrantes sobrevivientes y diez núcleos familiares de víctimas fallecidas, advirtió que el INM mantiene prácticas similares a las que provocaron el incendio de 2023.

El Departamento de Justicia confirmó la acción en un comunicado escueto: informó que HSI ejecutó una orden de registro con autorización judicial en el área de Washington D.C., como parte de una investigación criminal federal en curso, sin aportar detalles sobre el expediente.

Omar no ha sido formalmente acusada de ningún delito.

1. El operativo federal en Washington

El registro comenzó alrededor de las 6 de la mañana, según una fuente familiarizada con el caso citada por Fox News. Agentes con chalecos identificados como “POLICE HSI” ingresaron al domicilio y salieron cargando cajas con documentación.

HSI es la rama de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A diferencia de las operaciones de deportación que suelen asociarse a ese organismo, HSI conduce pesquisas penales y tiene competencia sobre delitos como el fraude en documentos migratorios y la falsedad en declaraciones ante autoridades federales.

CBS News informó que el fiscal general Todd Blanche tenía conocimiento personal del operativo y que el Departamento de Justicia consultó con su Sección de Integridad Pública antes de ejecutar la orden, unidad que ha funcionado históricamente como órgano de supervisión en investigaciones que involucran a miembros del Congreso.

2. El origen: trámite migratorio de su infancia

Según fuentes citadas por Reuters y The Associated Press, la investigación se centra en presuntas irregularidades en la documentación migratoria de la infancia de Omar. Los papeles bajo escrutinio fueron elaborados por su padre, ya fallecido, al tramitar el ingreso de la familia a Estados Unidos. Omar nació en Somalia en 1982, llegó al país a los 12 años como refugiada en 1995 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000, a los 17 años.

Según una persona familiarizada con el documento citada por The New York Times, la orden de registro lista una serie de potenciales delitos bajo investigación: declaraciones falsas, fraude en documentación migratoria y un cargo general de conspiración. CBS News precisó que los investigadores examinan ese tipo de presuntas irregularidades.

El secretario de Homeland Security, Markwayne Mullin, había anticipado el mes pasado que “algo va a pasar” en relación con el examen de los antecedentes migratorios de la familia. El denominado “zar de la frontera”, Tom Homan, confirmó en septiembre la existencia de “una investigación criminal en curso” sobre la congresista, según Reuters.

3. El momento político: a 22 días de las elecciones

El allanamiento se produjo a tres semanas de las legislativas del 3 de noviembre, en las que Omar busca su quinto mandato consecutivo por el 5.º distrito de Minesota, considerado uno de los más seguros para el Partido Demócrata. La congresista ganó su reelección en 2024 con una ventaja de 50 puntos porcentuales.

La política interna del Departamento de Justicia establece evitar acciones investigativas susceptibles de volverse públicas cerca de una elección, con una ventana histórica de alrededor de 60 días antes de los comicios.

Randall Eliason, profesor de derecho en la Universidad George Washington y exfiscal federal, señaló a Reuters que el operativo parece una ruptura con esa práctica. “La idea es evitar incluso la apariencia de cualquier tipo de interferencia del Departamento de Justicia en el proceso político”, afirmó, y aclaró que no existe un mecanismo formal para hacer cumplir esa política interna.

4. Omar acusa persecución política; Trump se desentiende del caso

Omar publicó en redes sociales: “Durante diez años, Trump me ha señalado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me van a silenciar”. Su oficina afirmó que la congresista “no hizo nada indebido” y calificó el allanamiento de “abuso de poder sin precedentes”.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, junto a los representantes Katherine Clark y Pete Aguilar, calificaron el operativo de “profundamente perturbador” y señalaron que “plantea serios interrogantes sobre el uso del gobierno federal contra los adversarios de Donald Trump”. El gobernador de Minesota, Tim Walz, escribió en redes sociales que Trump “está abusando de su poder para ir contra sus opositores políticos a semanas de una elección”.

Trump, que ese lunes hacía campaña en Youngstown, Ohio, se desligó del operativo al ser consultado por periodistas. “Eso no tiene nada que ver conmigo”, afirmó, según Reuters y The Associated Press. Aun así, volvió a referirse a Omar en tono crítico ante sus seguidores.

5. El panorama legal y electoral

Sobre los casos federales de fraude investigados en Minesota vinculados a organizaciones de la comunidad somalí —entre ellos el caso Feeding Our Future, con pérdidas estimadas en USD 250 millones—, Reuters indicó que Omar no enfrenta acusaciones formales. La congresista sí ha sido objeto de escrutinio político por su rol en la sanción de una ley que habría facilitado ese esquema y por haber recibido donaciones de campaña de dos condenados en ese caso, que luego devolvió.

Un funcionario en actividad citado por NPR en condición de anonimato indicó que el registro forma parte de una investigación de varios años que incluye denuncias de informantes. Desde el punto de vista legal, el plazo de prescripción penal podría representar un obstáculo para presentar cargos criminales por la documentación migratoria original, dado el tiempo transcurrido desde los hechos bajo escrutinio.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no reveló plazos ni anunció cargos formales contra Omar ni contra ninguna otra persona en relación con el registro del 12 de octubre. HSI continúa al frente del expediente, que permanece abierto según la declaración oficial de ese día.

Danny Trejo respondió a la controversia por su participación en Pawn Shop, una película estadounidense vinculada con The Daily Wire, la compañía del comentarista conservador Ben Shapiro. El actor defendió sus raíces mexicanas y su apoyo a los inmigrantes, después de que su incorporación al proyecto generara cuestionamientos entre sus seguidores.

De acuerdo con una nota de Variety, que recoge declaraciones ofrecidas a TMZ, el intérprete negó que aceptar el papel signifique respaldar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Su explicación combina una defensa de sus convicciones personales con el interés que encontró en representar a un personaje latino.

La polémica surge porque Pawn Shop coloca a un agente federal en el centro de una historia sobre violencia y protestas relacionadas con la aplicación de las políticas migratorias. La participación del protagonista de Machete abrió así una discusión sobre la relación entre las decisiones profesionales de un actor y el mensaje político de las producciones en las que trabaja.

¿Por qué Danny Trejo aceptó participar en Pawn Shop?

El motivo que habría llevado a Danny Trejo a incorporarse a la película fue la posibilidad de interpretar a un latino presentado de manera positiva y que, además, es veterano militar. Según el reporte retomado por Variety, esa explicación proviene de información de TMZ sobre lo que el actor habría comentado a personas del rodaje.

Este detalle permite distinguir entre sus declaraciones públicas y lo que se conoce mediante fuentes relacionadas con la producción. Su interés por la representación del personaje fue reportado a partir de esas conversaciones; su postura sobre la agencia migratoria, en cambio, fue expresada directamente.

Trejo sostuvo que conoce sus orígenes y las dificultades de su comunidad. Al explicar su trabajo frente a la cámara, resumió su posición con una frase:

“Soy actor. Mi trabajo es contar una historia”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la publicación.

En la cinta interpreta al propietario de una casa de empeños que ha pertenecido a su familia durante generaciones. El establecimiento se convierte en refugio para un agente migratorio en medio de los disturbios, una situación que conecta al personaje de Trejo con el conflicto principal de la historia.

El actor niega apoyar a ICE y defiende sus raíces mexicanas

Frente a los comentarios en redes sociales, Danny Trejo reiteró su identificación con la comunidad mexicana y afirmó que mantiene su respaldo a los inmigrantes. También difundió un mensaje en sus cuentas para responder a los cuestionamientos sobre su participación en el proyecto.

“No estoy a favor de ICE”, señaló el intérprete, cuya respuesta buscó aclarar cómo entiende su presencia en la película: como un trabajo de actuación que, según explicó, no modifica sus convicciones personales.

Las reacciones de sus seguidores han sido distintas. Mientras algunos cuestionaron que aceptara aparecer en una producción con esa orientación política, otros defendieron que interpretar un papel forma parte de su oficio y no implica compartir las ideas de quienes financian una película.

El debate involucra a una figura reconocible para varias generaciones de espectadores. A sus 82 años, Trejo cuenta con una trayectoria que incluye títulos como Heat, From Dusk Till Dawn y la saga Machete, por lo que su incorporación a este proyecto atrajo atención más allá del anuncio del reparto.

Las protestas también alcanzaron al rodaje en Montana

La controversia se extendió a Livingston, Montana, donde se realizaron filmaciones. Vecinos denunciaron cierres de calles, problemas para acceder a un banco de alimentos y falta de avisos suficientes sobre escenas con disparos simulados.

También circularon imágenes de una secuencia que fue cuestionada por su parecido con la muerte de Renee Good, quien falleció por disparos de un agente de ICE en Minneapolis. Los señalamientos sobre esa semejanza contribuyeron a las protestas alrededor de la producción.

Los permisos de filmación fueron suspendidos temporalmente y después se permitió continuar el trabajo. Ben Shapiro atribuyó la interrupción a razones políticas y sostuvo que afectaba la libertad de expresión.

Así, Pawn Shop quedó envuelta en dos discusiones simultáneas: las molestias y preocupaciones de la comunidad donde se filmó, y los cuestionamientos sobre su enfoque migratorio. En medio de ambas, Trejo defendió su decisión profesional y reiteró públicamente su apoyo a los inmigrantes.

¿De qué trata la polémica cinta Pawn Shop?

La sinopsis difundida de Pawn Shop describe a un joven agente federal que queda aislado después de que su compañero resulta gravemente herido durante una situación de violencia en Minneapolis. Al buscar protección, termina refugiado en una casa de empeños.

En ese espacio coincide con integrantes de una familia hispana que tienen posiciones políticas diferentes. El encierro y la amenaza exterior obligan a los personajes a enfrentar sus desacuerdos, sus temores y decisiones relacionadas con su supervivencia.

Además de Danny Trejo, el reparto incluye a Harvey Keitel y Henry Thomas. La producción reúne así a actores de amplia trayectoria en una historia cuya relación con el debate migratorio estadounidense ha generado cuestionamientos desde su rodaje.

El Gobierno ha dado por concluidos los desalojos de los asentamientos de migrantes en el litoral de Ceuta tras la intervención de este domingo en El Guano, uno de los últimos puntos de concentración que quedaban en la costa. El ministro de Política Territorial y coordinador del mando único de la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en cerca de 12.000 las personas que han regresado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto y ha asegurado que el Ejecutivo ha cumplido cuatro días antes del plazo previsto su objetivo de despejar las playas. La operación, sin embargo, continuará en otros puntos de la ciudad, donde todavía hay personas que pernoctan al aire libre.

“Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre”, ha afirmado Torres después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado completaran el desalojo de El Guano. El ministro ha advertido de que la retirada de los campamentos no supone el final de las actuaciones policiales, que se extenderán ahora a las barriadas y otros espacios urbanos en los que puedan permanecer migrantes sin alojamiento.

“Vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa con las personas que queden en los barrios, de acuerdo a los informes, indicaciones y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha señalado. El siguiente objetivo del dispositivo es, por tanto, localizar a quienes han abandonado los asentamientos de la costa y se han dispersado por otros puntos de Ceuta, así como determinar qué actuaciones corresponden en cada caso.

El desalojo de El Guano culmina la operación en las playas

La intervención de este domingo en El Guano ha puesto fin a las principales concentraciones de migrantes que se habían formado en el litoral ceutí durante las últimas semanas. La operación se ha desarrollado después de los desalojos de las playas de Benítez y El Trampolín, donde se habían instalado cientos de personas a la espera de una oportunidad para cruzar a la península o regresar a Marruecos.

El dispositivo se enmarca en la respuesta del Ejecutivo a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde las entradas masivas registradas a finales de julio. Desde entonces, numerosos migrantes, en su mayoría jóvenes, han permanecido en asentamientos improvisados junto a la costa, a la espera de una solución a su situación administrativa o de poder continuar su recorrido hacia la península.

La operación en El Trampolín, uno de los principales focos de concentración, comenzó el 4 de octubre. Según el balance difundido entonces por Torres, durante la primera jornada fueron trasladadas unas 1.100 personas. Al día siguiente, más de 1.200 migrantes que se encontraban en el asentamiento habían optado por regresar voluntariamente a Marruecos, de acuerdo con las cifras facilitadas por fuentes policiales.

El desalojo de El Guano se ha producido en un contexto de presión sobre los recursos de acogida y de atención a los menores extranjeros no acompañados. En este asentamiento se habían concentrado cientos de personas, entre ellas adolescentes que reclamaban su traslado a centros de protección. Las condiciones de vida en estos espacios improvisados, expuestos a las inclemencias meteorológicas y sin las infraestructuras necesarias, habían convertido su desmantelamiento en una de las prioridades de las administraciones.

Tras las intervenciones policiales, los servicios municipales deben retirar las tiendas, los enseres abandonados y los residuos acumulados para recuperar las condiciones de salubridad de las zonas afectadas. El Gobierno sostiene que la retirada de los asentamientos permitirá devolver estos espacios a la normalidad, aunque la presencia de migrantes en otros puntos de la ciudad obliga a mantener parte del dispositivo.

Cerca de 12.000 retornos desde agosto

El balance de retornos a Marruecos constituye uno de los principales indicadores que maneja el Ejecutivo para evaluar la evolución de la crisis. Torres ha situado este domingo en cerca de 12.000 el número de personas que han regresado al país vecino desde el 10 de agosto, una cifra que incluye tanto los retornos voluntarios como las expulsiones tramitadas por las autoridades.

El último balance detallado difundido por el Ministerio de Política Territorial, correspondiente al jueves, situaba en 11.026 las personas que habían regresado a Marruecos desde esa fecha. De ellas, 10.513 lo habían hecho de forma voluntaria y 513 mediante expulsiones. El departamento también había contabilizado 2.783 retornos entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre, en una semana marcada por los operativos para despejar los asentamientos del litoral.

En paralelo a los desalojos, las autoridades han mantenido los procedimientos de identificación y filiación de los migrantes. Los adultos trasladados desde los campamentos pueden dirigirse a la frontera del Tarajal para regresar a Marruecos o ser conducidos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se realizan las actuaciones correspondientes. La situación de cada persona determina los siguientes pasos, incluidos los procedimientos relacionados con una eventual solicitud de protección internacional.

El desmantelamiento de los asentamientos no significa, sin embargo, que todas las personas que se encontraban en ellos hayan abandonado Ceuta. Parte de los migrantes se ha desplazado a otros puntos de la ciudad antes de la llegada de los agentes, lo que obliga a las fuerzas de seguridad a ampliar sus actuaciones más allá de las playas. Las zonas urbanas, las barriadas y otros espacios donde pueden pasar la noche al aire libre forman parte ahora de las áreas en las que se centrarán los esfuerzos policiales.

La atención a los menores extranjeros no acompañados sigue siendo otro de los frentes de la crisis. Su acogida corresponde a la ciudad autónoma, que debe garantizar su protección mientras se determina su situación y se estudian las posibles medidas de traslado a otros territorios. La presión sobre los recursos disponibles ha alimentado las reclamaciones de más medios para atender a estos jóvenes, algunos de los cuales permanecían fuera de los centros de acogida mientras se desarrollaban los operativos en la costa.

Siete migrantes extranjeros reportados como desaparecidos en Chiapas entre 2016 y 2023 fueron localizados en Estados Unidos, informó este sábado 10 de octubre el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en declaraciones a la prensa.

Según el funcionario, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó a la Fiscalía chiapaneca que los siete se encuentran en territorio estadounidense. El estado fronterizo con Guatemala había registrado sus casos como desapariciones.

¿Quiénes son los migrantes localizados?

De acuerdo con el fiscal, tres son originarios de Honduras, dos de El Salvador, uno de Colombia y uno de Guatemala. Los reportes de desaparición se abrieron en distintos momentos del periodo 2016-2023.

Llaven Abarca relató lo que, según dijo, le comunicó la CBP: “Ellos confirman que estas personas ingresaron a su país, ingresaron de forma irregular, tienen el registro allá, allá están en Estados Unidos”.

Lo que no se ha precisado

El fiscal no detalló cuándo fueron localizados ni si permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Medios mexicanos reportaron que estarían recluidos en centros de detención en ese país, aunque esa información no fue confirmada por la Fiscalía.

Hasta el momento no se conoce un posicionamiento público de la CBP sobre el caso.

Bajas del registro y expedientes atrasados

Llaven Abarca añadió que los nombres de los siete serán dados de baja del registro estatal de personas desaparecidas. Indicó también que la Fiscalía ha retomado expedientes atrasados de denuncias por desaparición, principalmente de personas extranjeras.

Además, el fiscal informó que desde hace seis meses se reforzó la colaboración con el Centro Transnacional Antipandillas. El objetivo es localizar en Chiapas a personas con antecedentes penales u órdenes de captura en sus países de origen.

Las cifras de desaparecidos en México

El anuncio ocurre en un contexto de cifras elevadas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza casos desde 1950, en México hay más de 130.000 personas sin localizar, 1.954 de ellas en Chiapas.

Los datos oficiales reportan 317 personas migrantes desaparecidas en todo el país, 19 de ellas en Chiapas. Sin embargo, Amnistía Internacional ha alertado de un “importante subregistro” de estos casos y de los riesgos que enfrentan los migrantes en su paso por México, en particular por Chiapas.

En su informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo, la organización señaló que, en diciembre de 2025, los casos de personas desaparecidas y no localizadas en México ascendían a 133.500. Ese mismo documento expresó preocupación por los migrantes que atraviesan el país y suelen sufrir extorsión y secuestro.

Contexto: denuncias de familias y organizaciones

La desaparición de personas migrantes en Chiapas ha sido motivo de reclamos de familiares y colectivos. En 2025, la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas mantenía un plantón frente a la Fiscalía estatal en Tuxtla Gutiérrez para exigir que se agilicen las búsquedas, según reportó Expansión.

Otro caso que ha recibido atención es el de un grupo de unos 40 migrantes de Cuba, Honduras y Ecuador. Sus familiares perdieron el contacto con ellos el 21 de diciembre de 2024, cuando salieron de Mazatán para intentar cruzar por mar hacia Oaxaca, de acuerdo con Uno TV. Las notas consultadas no vinculan ese caso con los siete migrantes localizados en Estados Unidos, y la Fiscalía no lo mencionó en sus declaraciones.

Política migratoria y descenso de cruces

El anuncio del fiscal se da en medio de una política migratoria mexicana que ha favorecido la contención del tránsito hacia Estados Unidos. Esta incluye un mayor despliegue militar y operativos en las fronteras norte y sur.

Según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, los encuentros con migrantes en la frontera con México cayeron más de 84 % entre 2024 y el año fiscal 2025. Pasaron de más de 1,5 millones a 237.538.

Lo que sigue

Con la baja de los siete nombres, la Fiscalía de Chiapas prevé continuar con la revisión de expedientes pendientes. Queda por aclarar bajo qué condición permanecen los migrantes en Estados Unidos y en qué fecha fueron ubicados, datos que el fiscal no precisó.

La Policía Nacional ha iniciado este domingo, alrededor de las 7:30 horas, el desalojo del asentamiento de personas migrantes instalado en la explanada de la antigua fábrica de El Guano en Ceuta, informa la agencia EFE. Se trata del último gran campamento improvisado que permanecía en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En las últimas semanas también se han producido operativos similares en las playas de Benítez y El Trampolín, donde las fuerzas de seguridad desmontaron los asentamientos y trasladaron a los migrantes a los dispositivos de acogida habilitados por la Administración.

El campamento de El Guano, en el que se estiman que permanecían unas 500 personas, se ha convertido durante semanas en uno de los principales puntos de concentración de migrantes en Ceuta, ya que también se instalaron personas desalojadas de otros asentamientos, aunque el número de ocupantes ha ido descendiendo de forma paulatina en los últimos días. En la intervención de este domingo han participado agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y efectivos de Extranjería, además de medios aéreos no tripulados para controlar los movimientos en las inmediaciones del asentamiento.

El dispositivo se lleva a cabo a poco más de 48 horas de la visita oficial de los reyes Felipe VI y Letizia, prevista para el martes, mientras Ceuta aún enfrenta las consecuencias de la crisis migratoria iniciada hace más de dos meses.

Diez dispositivos temporales con más de 7.000 plazas

Por otro lado, el pasado jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres señaló que un total de 11.026 personas han regresado a Marruecos desde el 10 de agosto, “registrando desde el 29 de septiembre la cifra más alta”, con 2.783 retornos. Del total, 10.513 corresponden a retornos voluntarios y 513 a expulsiones, mientras que los triajes de adultos ascienden a 4.039. Torres, no obstante, aseguró que “todavía queda por hacer” y que disponer de espacios habilitados es fundamental para atajar la crisis.

En cuanto a esos recursos de acogida, Torres aclaró que el Gobierno ha pasado de disponer de dos instalaciones con unas 2.000 plazas el 24 de agosto a contar actualmente con diez recursos y más de 7.000 plazas, mientras que Caballería ha sido acondicionado para acoger hasta 540 mujeres y menores acompañados.

Respecto a los niños, niñas y adolescentes que aún permanecen en Ceuta, Torres señaló que son 2.827 los que están en el sistema de protección autonómico. Hasta el momento se han realizado 200 triajes, se han remitido a Marruecos 24 expedientes de reagrupación familiar y 86 menores han sido reagrupados en la península, mientras que otros 173 han sido reubicados en distintas comunidades autónomas.

Además, la Fiscalía ha solicitado 627 expedientes para determinar la edad de los migrantes y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ya ha analizado todos los casos y ha remitido sus informes al Ministerio Público.

Servicios esenciales

El ministro Torres también indicó que la asistencia del alumnado en los centros educativos continúa consolidándose con cifras estables en torno al 90%. En el ámbito sanitario, de las 212 camas hospitalarias disponibles, 93 están ocupadas, y únicamente 13 corresponden a personas migrantes.

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la intercepción de una embarcación menor en aguas de Ensenada, Baja California, en la que eran trasladadas ocho personas que presuntamente serían llevadas de manera ilegal hacia Estados Unidos.

El operativo fue realizado el lunes 6 de octubre por personal de la Armada de México durante recorridos de vigilancia marítima en inmediaciones de Ensenada. Los elementos navales localizaron una embarcación tipo panga en la que viajaban las ocho personas.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, cuatro de los ocupantes eran de nacionalidad extranjera. Además de las personas que viajaban a bordo, los elementos localizaron cinco bidones con combustible, por lo que la embarcación fue conducida hasta puerto para continuar con las diligencias correspondientes.

Marina identifica a presunto responsable del traslado

Durante la intervención, personal naval identificó entre los ocupantes a un presunto infractor, señalado por su posible vínculo con operaciones relacionadas con el traslado ilegal de personas.

La Semar indicó que, una vez que la embarcación arribó a las instalaciones del Mando Naval, personal de Sanidad Naval proporcionó atención médica a las personas que habían sido trasladadas.

La revisión médica determinó que las ocho personas se encontraban en buen estado de salud, por lo que no se reportó que alguna de ellas requiriera atención hospitalaria.

Posteriormente, las personas involucradas fueron informadas de sus derechos y quedaron a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

La dependencia no detalló en el comunicado la nacionalidad de las cuatro personas extranjeras ni precisó hacia qué punto de Estados Unidos presuntamente serían trasladadas.

El operativo se suma a otras acciones realizadas por la Armada de México en las inmediaciones de Ensenada para detectar embarcaciones utilizadas presuntamente en el traslado irregular de personas por vía marítima.

En septiembre, Marina interceptó dos yates con 45 personas

El caso ocurre apenas unas semanas después de otro operativo realizado por la Semar en la misma zona. El pasado 26 de septiembre, la dependencia informó sobre la intercepción de dos embarcaciones tipo yate en inmediaciones de Ensenada, en las que eran trasladadas ilegalmente hacia Estados Unidos 45 personas de nacionalidad mexicana.

En aquella intervención, realizada por personal de la Segunda Zona Naval, fueron localizados 41 hombres, una mujer y tres menores de edad, quienes viajaban a bordo de las embarcaciones.

La operación también permitió asegurar aproximadamente mil 850 litros de combustible diésel, distribuidos en 23 bidones. Debido a las condiciones del traslado y a la presencia del combustible, tanto las embarcaciones como sus ocupantes fueron conducidos a puerto.

En ese operativo, la Marina reportó además la detención de cinco presuntos infractores, señalados por su posible participación en actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas y de hidrocarburos con destino a Estados Unidos.

Al llegar a las instalaciones navales, los 45 rescatados recibieron atención por parte de personal de Sanidad Naval, que determinó que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, las personas y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Los dos operativos registrados en septiembre y octubre muestran que la vigilancia marítima en las costas de Ensenada ha permitido detectar distintas embarcaciones utilizadas presuntamente para intentar trasladar personas de manera irregular hacia territorio estadounidense.

En el caso más reciente, corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si el detenido tuvo alguna responsabilidad en el traslado ilegal de las ocho personas localizadas a bordo de la panga.

La revista británica The Economist publicó el 1 de octubre de 2026 un reportaje, elaborado desde Bogotá, Ciudad de México y Ciudad de Panamá, en el que sostiene que la ruta migratoria más transitada del mundo “se ha quedado en silencio”. De acuerdo con el medio, las restricciones migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambiaron el movimiento de personas en todo el hemisferio y convirtieron a México en un país de destino para migrantes que antes solo lo cruzaban.

El texto recuerda que, en los últimos 50 años, al menos 23 millones de personas nacidas en América Latina emigraron a Estados Unidos, el mayor flujo migratorio sostenido del mundo hacia un solo país.

La frontera sur de EE. UU. registra una caída de 94%

Con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), The Economist detalla que en el año que concluyó en julio de 2026 se registraron:

• 137 mil encuentros entre agentes y migrantes en la frontera sur, 94% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando hubo 2.4 millones.
• 99.9% menos cruces por el Tapón del Darién, la ruta selvática entre Sudamérica y Panamá.
• Un flujo de migrantes hacia el norte por Costa Rica que se redujo prácticamente a cero.

El medio señala que parte de la desaceleración posterior al auge de la pandemia era previsible, pero atribuye el cambio casi por completo a Trump. Menciona la eliminación de vías legales para obtener asilo, la intensificación de la aplicación de la ley, la aceleración de deportaciones y el mensaje de que los migrantes no son bienvenidos.

México deja de ser solo tránsito y se vuelve destino

Según Luciana Gandini, de la UNAM, citada por The Economist, México fue punto de tránsito y principal fuente de migrantes, y hoy es también destino para personas de otros países.

El reportaje menciona a Casa Tochan, un albergue en la Ciudad de México donde muchos migrantes llevan más de un año. También indica que los cubanos, que solían atravesar el país rumbo a Estados Unidos, ahora se quedan: las solicitudes de asilo de cubanos en México pasaron de 17,884 en 2024 a 34,662 en 2025.

La publicación incluye testimonios:

• Luis Alvarado, venezolano de 41 años, relató que al llegar a Panamá y enterarse del cierre de la frontera “decidí no arriesgarme”.
• Carlos, migrante colombiano, llegó a Monterrey, centro de tránsito en el norte de México, antes de regresar.
• Marcus González, salvadoreño deportado de Estados Unidos en diciembre y ahora en la Ciudad de México, afirmó que ese país ofrece oportunidades económicas que ningún otro lugar puede dar.

Remesas: México registra su primera caída anual desde 2013

The Economist informa que los mexicanos enviaron 61,800 millones de dólares a sus familias en 2025, 4.6% menos que en 2024. Fue la primera caída anual desde 2013 y el descenso más pronunciado en 16 años. México es el país con más emigrantes en Estados Unidos.

El panorama regional es distinto. Las remesas a Centroamérica aumentaron 20% en 2025, hasta 55,400 millones de dólares, y Honduras recibió casi 6,000 millones en el primer semestre de 2026, 14% más. Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, atribuye ese aumento a que los migrantes envían más dinero por temor a ser deportados, y advierte que el número de transacciones ya disminuye.

Según el Banco Mundial, citado en el texto, las remesas equivalen a 19% del PIB en Guatemala, 28% en El Salvador y más de 30% en Honduras.

Otros países reciben más solicitudes y refuerzan sus fronteras

El reportaje agrega que otras economías cercanas a Estados Unidos también registran mayor afluencia:

• Las solicitudes de asilo de haitianos en Canadá subieron de 8,124 en 2024 a 18,027 en 2025.
• Las de cubanos en Brasil pasaron de 22 mil a 42 mil.
• Uruguay acogió a 15 mil cubanos en 2025, el triple que el año previo.

Frente a ello, The Economist señala que gobiernos como el de Colombia, encabezado por Abelardo de la Espriella, ordenaron redadas para deportar a inmigrantes indocumentados, y que el presidente de Chile, José Antonio Kast, pronunció un discurso en marzo mientras se cavaba una zanja en la frontera con Perú.

¿Es un cambio temporal?

La publicación apunta que el número de personas que se dirigen a Estados Unidos aumenta desde mayo y que han llegado a Casa Tochan más personas, sobre todo hondureñas, con la intención de ir al norte.

Orozco prevé que este año lleguen aproximadamente 415 mil personas sin autorización, 2% más que el año pasado y por debajo de las 750 mil de 2019. Estima que la cifra se estabilizará en torno a 600 mil, aunque una crisis podría provocar un repunte.

Un funcionario de la ONU en la región, cuyo nombre no se menciona, afirma que “todo esto es temporal”. Gandini, en tanto, sostiene que la migración no es un fenómeno singular: algunas personas que se han asentado en México podrían permanecer, y otras se irían en cuanto puedan.

La Policía Nacional ha trasladado a los migrantes en autobuses hasta las inmediaciones de la frontera del Tarajal, donde se ubica el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), con el objetivo de identificarlos. Sin embargo, muchos han decidido no completar ese trámite ni ingresar al centro y regresar a Marruecos, al conocer que el traslado a recursos de acogida en la península requiere solicitar protección internacional.

La situación se asemeja a la registrada días atrás en la playa de Benítez, donde más de 150 migrantes también eligieron regresar a Marruecos en lugar de ser identificados ante la falta de opciones para solicitar asilo y acceder de forma legal a un traslado a la península.

Hace unos días, el Gobierno informó de que cientos de personas regresan cada día de forma voluntaria a Marruecos y situó en 7.794 el número de retornos registrados desde el 10 de agosto.

Expulsión “ilegal” de un menor marroquí tutelado por Ceuta

Esta situación se produce después de que esta misma semana la Fundación Raíces ha denunciado el caso de un adolescente marroquí de 16 años que ha sido trasladado “de forma ilegal” a su país, pese a que se encontraba bajo la tutela del Área de Protección de Menores de Ceuta desde hace dos años.

La organización, que ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo para pedir su retorno “inmediato”, señala que el chico se identificó en castellano y explicó que residía en Ceuta, en el centro Aljarafe, pero sus palabras no fueron atendidas y los militares “llegaron a agredirle físicamente para mantenerle en el suelo”.

Según explicó el menor a las letradas de la Fundación Raíces, Paloma García de Viedma y Leire Villate, fue interceptado en la zona del puerto por integrantes de las Fuerzas Armadas y poco después una patrulla de la Guardia Civil le trasladó directamente al puesto fronterizo del Tarajal. Pese a que el menor sufrió una crisis de pánico y alertó sobre la ilegalidad de la devolución, los agentes, según su relato, le sacaron del vehículo por la fuerza para ser entregado a las autoridades marroquíes.

El chico, indica la Fundación Raíces, llegó solo a España con 14 años en diciembre de 2024 y dispone de autorización de residencia y trabajo, un documento vigente hasta diciembre de 2026, además de que tiene derecho a renovarla mientras sea un menor de edad tutelado.

El tamaño del dispositivo responde a las dimensiones que ha alcanzado el asentamiento. En la playa permanecen todavía más de 3.000 personas y las estimaciones policiales sitúan la cifra por encima de los 3.500. El desalojo, por tanto, no podrá completarse en una sola jornada. La falta de plazas disponibles en los recursos de acogida obliga a que la intervención se desarrolle de manera escalonada y que los traslados se ajusten a la capacidad que vaya quedando libre.

Los primeros migrantes que están abandonando el asentamiento están siendo trasladados en autobuses hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal. Allí se procede a su identificación y se determina su posterior derivación a los recursos disponibles. También se contempla la posibilidad de que algunos opten por regresar voluntariamente a Marruecos. Los agentes están utilizando intérpretes para explicar a los ocupantes cómo se desarrollará el procedimiento y organizar los diferentes grupos. Por el momento, la intervención transcurre sin incidentes graves.

El primer objetivo de la Policía es despejar el tramo de playa situado junto a la planta desalinizadora. A partir de ahí, el dispositivo continuará avanzando por el resto del asentamiento a medida que existan plazas suficientes para trasladar a las personas que todavía permanecen en la zona.

Un asentamiento que volvió a crecer tras el primer desalojo

El desalojo llega después de varias semanas de presión sobre las autoridades de Ceuta para poner fin al asentamiento. El Trampolín se convirtió en uno de los principales puntos de concentración de migrantes tras las entradas masivas registradas a finales de julio, cuando la ciudad recibió a un elevado número de personas en un corto periodo de tiempo y sus recursos de acogida quedaron tensionados.

No es, además, la primera vez que la Policía interviene en esta playa. El pasado 20 de agosto, alrededor de 1.700 personas fueron desalojadas del Trampolín y trasladadas a distintos recursos temporales de acogida. Sin embargo, el asentamiento volvió a crecer durante las semanas posteriores y terminó reuniendo de nuevo a miles de personas.

La situación se repitió en otros puntos del litoral ceutí. Esta misma semana, la Policía completó el desalojo de la playa de Benítez, donde permanecían varios cientos de migrantes. En este caso, tras sacar a los ocupantes se reforzó la vigilancia para evitar que el espacio volviera a ser ocupado. Ahora, el dispositivo se centra en el Trampolín, donde el número de personas y la extensión del asentamiento hacen que la operación sea considerablemente más compleja.

La principal dificultad vuelve a estar en la capacidad de acogida. Las autoridades necesitan disponer de plazas para trasladar a las personas que abandonan la playa y evitar que el desalojo se limite a desplazar el asentamiento a otro punto de la ciudad. Por este motivo, la Policía irá avanzando por sectores mientras se habilitan nuevos espacios y se libera capacidad en los recursos ya existentes.

La alerta sanitaria

A esta situación se ha sumado en los últimos días la preocupación por el estado del agua. La Consejería de Sanidad de Ceuta realizó análisis los días 23, 25 y 28 de septiembre y detectó concentraciones elevadas de enterococos intestinales y Escherichia coli en las aguas de la playa. Los resultados fueron trasladados a los ministerios de Sanidad y Migraciones ante el posible riesgo sanitario asociado a las condiciones del enclave. Las muestras se tomaron mientras miles de personas continuaban viviendo en la zona, en un asentamiento que se ha ido extendiendo durante las últimas semanas y en el que se han acumulado residuos y estructuras improvisadas.

La alerta sanitaria ha añadido presión a una situación que las autoridades ya trataban de resolver por la dimensión que había alcanzado el campamento. El objetivo ahora es recuperar progresivamente la playa y evitar que vuelva a convertirse en un punto de concentración de migrantes.

El Gobierno también maneja una fecha para completar el desalojo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado el 15 de octubre como objetivo para que el Trampolín quede despejado. El plazo coincide prácticamente con la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, prevista para el próximo 13 de octubre.

La proximidad de esa fecha obliga a acelerar una operación que, sin embargo, está condicionada por la falta de plazas de acogida. La Policía tendrá que continuar durante los próximos días con el traslado de los ocupantes hasta que pueda completar el desalojo de todos los sectores de la playa.

El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR), liderado por Barham Salih, confió el sábado en que la transición en Venezuela permita crear condiciones de seguridad y estabilidad para el retorno voluntario de migrantes venezolanos.

“Muchos desean regresar a casa, y quieren hacerlo, por supuesto, con seguridad y dignidad, en paz, con la reconciliación nacional y el reconocimiento de estas importantes preocupaciones y expectativas. Esperamos que mucha gente emprenda el viaje y regrese a casa”, sostuvo el diplomático al finalizar su estadía, la primera de un alto comisionado del ACNUR en territorio venezolano.

El funcionario, en diálogo con la agencia EFE advirtió que el retorno representa una etapa inicial y señaló que aún faltan medidas para garantizar la reintegración de quienes salieron del país tras sentirse en riesgo. “Este país (...) ha atravesado desafíos muy, muy difíciles a lo largo de los años y esperemos que la paz, la reconciliación nacional y la inclusión creen el entorno propicio para que muchos venezolanos que han huido de su país tengan la oportunidad de regresar”, afirmó.

De acuerdo con cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que ACNUR colidera junto con la Organización Internacional para las Migraciones, unos 6,9 millones de venezolanos salieron del país durante los últimos años.

Salih afirmó que mantiene contactos con el Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y con organismos de la región para facilitar los retornos voluntarios. “Muchos de ellos están deseando que llegue el día en que puedan regresar a su país”, remarcó. El viernes, el diplomático se reunió con la mandataria, para abordar el retorno de migrantes, la reintegración de la población desplazada, las consecuencias de los terremotos y un nuevo capítulo de cooperación entre Venezuela y ACNUR.

En el encuentro participaron la directora regional de ACNUR para las Américas, Isabel Márquez; el coordinador residente de las Naciones Unidas, Álvaro Rodríguez; el canciller venezolano, Félix Plasencia; el vicecanciller Oliver Blanco, y el viceministro para temas multilaterales, Joaquín Pérez.

El mes pasado, Salih también se reunió con Plasencia durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese encuentro, ambas partes ratificaron el compromiso de fortalecer la cooperación conjunta, de acuerdo con una nota de la Cancillería venezolana.

La visita se produjo en medio de una apertura de Venezuela ante organismos internacionales, luego de que Estados Unidos capturara al ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

Por otra parte, Barham Salih afirmó que existe “determinación para reconstruir” Venezuela, tras recorrer las zonas afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el país hace más de 100 días.

Durante su visita a La Guaira, el estado con mayores daños por los sismos, Salih señaló que la destrucción alcanzó a miles de hogares y provocó desplazamientos de población. “Al visitar las zonas afectadas por el terremoto, uno puede ver que la devastación es realmente increíble. Los daños son generalizados y el costo humano es verdaderamente desgarrador. Como consecuencia, más de 12.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias han sido desplazadas”, afirmó.

Salih sostuvo que, pese a la magnitud de las pérdidas, observó “capacidad de recuperación” entre las comunidades afectadas y alertó que la recuperación demandará tiempo: “El camino es muy largo y el desafío es abrumador”.

El alto comisionado se reunió en La Guaira con autoridades locales, entre ellas el gobernador José Alejandro Terán, para revisar la situación en las áreas alcanzadas por el doble terremoto.

“Estamos coordinando nuestros esfuerzos y trabajando en conjunto para ayudar a la población de este país a superar la tragedia del terremoto”, añadió Salih. El representante recordó que varias oficinas de las Naciones Unidas operan en Venezuela y prestan asistencia ante las consecuencias de los sismos.

(Con información de EFE)

Hasta el 27 de septiembre de 2026, Panamá contabilizó 6,534 migrantes irregulares desplazándose de norte a sur, un movimiento protagonizado principalmente por personas que habían avanzado hacia Estados Unidos y posteriormente emprendieron el regreso.

Los venezolanos representan ampliamente la mayoría de este flujo, según las estadísticas del Servicio Nacional de Migración.

De ese total, 5,995 personas eran venezolanas, cerca del 92% de los registros. También fueron contabilizados 222 colombianos, 74 ecuatorianos y 64 hijos de migrantes irregulares nacidos en Estados Unidos, mientras otras nacionalidades reunieron 179 personas dentro del movimiento hacia el sur.

El fenómeno, sin embargo, ha perdido intensidad frente a lo observado durante 2025. Al 30 de septiembre del año pasado, Migración había contabilizado 18,644 personas desplazándose en esa dirección, por lo que el volumen actual representa una reducción cercana al 65% en aproximadamente un año.

El comportamiento mensual permite observar cómo el retorno fue disminuyendo conforme avanzó 2026. Enero comenzó con 1,250 personas, febrero registró 1,086 y marzo 916. Posteriormente fueron contabilizadas 674 en abril y 537 durante mayo, antes de un repunte hasta 622 en junio.

La tendencia volvió a moderarse durante los meses siguientes. Julio cerró con 470 personas y agosto con 568, mientras septiembre acumulaba 411 migrantes hasta el día 27. Entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, el reporte semanal registraba apenas 24 personas dentro de este movimiento.

El giro comenzó a hacerse visible después de los cambios experimentados por la política migratoria de Estados Unidos, que modificaron las expectativas de miles de personas que pretendían alcanzar ese país.

El endurecimiento de controles y las mayores dificultades para permanecer allí impulsaron movimientos de regreso hacia países de América Latina.

Pero el descenso del flujo norte-sur durante 2026 indica que también se está reduciendo la cantidad de personas que emprenden ese retorno. La situación coincide con una disminución todavía más pronunciada de quienes atraviesan Panamá rumbo al norte, especialmente por la ruta irregular de la selva del Darién.

Hasta el 27 de septiembre, 522 personas habían ingresado irregularmente por Darién durante 2026. La cifra contrasta con las 2,982 contabilizadas hasta el 30 de septiembre del año pasado y representa una disminución aproximada de 82.5% en los cruces registrados por esa zona fronteriza.

Agosto fue hasta entonces el mes con mayor movimiento de 2026 por Darién, con 148 personas, seguido por junio con 102. Septiembre acumulaba 54. Ninguno de los demás meses llegó a 50 ingresos, reflejando que la ruta opera actualmente con volúmenes muy inferiores a los observados anteriormente.

La diferencia resulta especialmente marcada frente a enero de 2025, cuando 2,229 migrantes atravesaron irregularmente Darién en un solo mes. Esa cantidad supera cuatro veces todo lo registrado durante los primeros nueve meses de 2026, período en el que el acumulado apenas alcanzaba 522 personas.

Entre quienes ingresaron este año por la selva, 461 eran adultos y otros 61 menores de edad. Venezuela encabezó nuevamente las nacionalidades con 252 personas, seguida por Colombia con 92 y Ecuador con 75, mientras el resto correspondió a ciudadanos de diferentes países.

A la reducción de los movimientos migratorios se suma un incremento de las deportaciones y expulsiones ejecutadas desde Panamá. Hasta el 27 de septiembre fueron contabilizadas 3,656 personas bajo estas medidas, frente a 2,644 un año antes, lo que representa un aumento aproximado de 38%.

Del total registrado durante 2026, 2,873 casos correspondieron a deportaciones y 783 a expulsiones. Los hombres concentraron 3,128 procedimientos y las mujeres 528. Colombia encabezó la estadística con 2,079 personas, mientras Ecuador registró 507 e India otras 237.

Una parte importante de estos procedimientos se realizó mediante el acuerdo migratorio existente entre Panamá y Estados Unidos. Hasta finales de septiembre, 3,154 deportaciones y expulsiones estaban vinculadas con este mecanismo, frente a 2,269 en 2025, mientras 2,708 correspondieron a hombres y 446 a mujeres.

Dentro de ese grupo, Colombia concentró 1,860 personas deportadas o expulsadas mediante el acuerdo, seguida por Ecuador con 493 e India con 236. Vietnam sumó 57 casos y Camerún otros 39, mientras 469 correspondieron a ciudadanos de diversas nacionalidades.

Las estadísticas muestran así una transformación profunda del escenario migratorio panameño durante 2026: disminuyeron tanto los cruces irregulares por Darién como el retorno desde el norte, mientras aumentaron las deportaciones y expulsiones. Panamá continúa siendo parte del corredor regional, pero bajo una dinámica muy diferente a la registrada en años anteriores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump justificó las medidas implementadas a través de su política migratoria, pese a la perdida del respaldo de la comunidad mexicana y latina, asegurando que las deportaciones son “algo que tienen que hacer”.

Asimismo, sostuvo que si el día de hoy se presentaran a unas elecciones ganaría con una ventaja del 25% de los votos, especialmente con el apoyo hispano. Esto en un contexto donde hace unos días fue publicada una encuesta por The Cook Political Report y TelevisaUnivision, revelando que el 33% la aprobación de su gestión es entre los votantes latinos de Texas.

“Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos”, dijo el republicano al ser cuestionado sobre las acciones que puso en marcha desde su regreso a la Casa Blanca contra los migrantes, justificando que está expulsando del país a las personas que cuentan con antecedentes penales.

El sondeo, realizado entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre a 1.000 votantes latinos probables del estado, mostró además que el 18% de los hispanos que votaron por el mandatario estadounidense en los comicios de 2024 ahora desaprueba su gestión.

Arrestos se disiparan durante mandato de Donald Trump

Desde su regreso al frente de EEUU en enero de 2025, la política migratoria de Trump ha disparado los arrestos de connacionales y migrantes latinoamericanos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a casi 51.000 personas en agosto, récord por tercer mes consecutivo, aunque las deportaciones se mantuvieron en torno a 1.200 diarias.

Además, menos de una cuarta parte de los detenidos en julio tenía condenas penales, frente a casi el 60% en diciembre de 2024, según datos analizados por medios locales.

Embajador de México en EEUU visita centros de detención

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri visitó centros de detención migratoria y dialogó con autoridades de ICE al cumplir sus primeros 100 días en Washington, al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirá un reporte sobre el uso de jaulas metálicas en el centro Alligator Alcatraz, Florida.

La controversia surge tras un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, citado por CNN, donde se señala que 79 detenidos pasaron por pequeños encierros metálicos entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026, durante periodos que fueron de unos minutos a casi dos horas.

El funcionario acudió a Prairieland y Montgomery, en Texas, así como Caroline Detention Facility, en Virginia, en el que escuchó a personas que, en su mayoría, cruzaron sin documentos, calificando la separación de familias como “la tragedia más grande”.

Lazzeri también mantiene comunicación directa con autoridades federales de ICE en Dallas, Houston y Atlanta para fortalecer la protección consular y el trato digno a los mexicanos detenidos.

Durante la mañanera del pasado miércoles 30 de septiembre, la mandataria mexicana confirmó que no recibió información ni denuncias de connacionales sobre personas encerradas en jaulas en Alligator Alcatraz, por lo que pediría un reporte a las instancias correspondientes.

Asimismo, explicó que las personas deportadas que llegan a México mediante el programa México te Abraza son consultadas sobre posibles maltratos y el tiempo que permanecieron detenidas, y con esos testimonios se presentan denuncias. Hasta ahora no hay reportes de mexicanos o mexicanas sobre el uso de jaulas en ese lugar.

Mexicanos muertos a manos de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores destinó 24 mil 788.38 de dólares para repatriar los restos de siete de los 17 migrantes mexicanos que han muerto bajo custodia del ICE de Estados Unidos desde mayo de 2025, según informó el canciller Roberto Velasco.

Los fallecimientos se han registrado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

El Gobierno de México también presentó una carta ante Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 3 de julio pasado ante estos hechos violentos por parte de las autoridades estadounidenses.

De las 20 denuncias presentadas ante fiscalías estatales, de condado y de distrito, solo cuatro han recibido respuesta. En Florida, la autoridad estatal indicó que la información coincide con una investigación propia y que no abrirá una indagatoria adicional. El líder de la SRE aseguró que el 14 de julio también se presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia.

Un informe del área de Sanidad de Ceuta ha determinado que el agua de la playa del Trampolín está contaminada y presenta un riesgo para la salud humana. El Gobierno de la ciudad autónoma ha alertado al Ejecutivo central para que acometa las actuaciones necesarias.

Según han explicado desde la ciudad autónoma a Efe, las autoridades regionales no tienen competencia en esta playa, pero ante la gran acumulación de personas desde la entrada masiva de migrantes a finales de julio, los expertos municipales han optado por analizar el estado del agua.

Los resultados, reflejados en un informe, han sido alarmantes. Las últimas muestras de agua, tomadas entre el 23 y el 28 de septiembre, dejan constancia de la existencia de “concentraciones muy elevadas de enterococos intestinales y Escherichia coli, claramente superiores a los valores establecidos para aguas costeras sobre la gestión de la calidad de aguas de baño”. Estas acumulaciones, concluyen, suponen un “riesgo sanitario” asociado al contacto con el agua, que está “contaminada”.

El informe se ha enviado al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Migraciones para su análisis. El Gobierno ceutí pide medidas urgentes “para garantizar la salud de los inmigrantes de la zona y prevenir los riesgos sanitarios derivados de la contaminación microbiológica detectada”.

Qué provocan las bacterias encontradas en la playa de Ceuta

Los enterococos intestinales son bacterias que forman parte habitualmente del aparato digestivo, pero puede causar infecciones si llega a otras zonas del cuerpo. Existen más de 17 especies de enterococos. Muchas forman parte de la flora residente del tubo digestivo y, por lo general, no provocan enfermedad, aunque pueden infectar otras partes del cuerpo cuando penetran en ellas.

E. faecalis y E. faecium son las especies que causan infecciones con mayor frecuencia en seres humanos. El enterococo intestinal suele ser inofensivo dentro del intestino, pero puede generar problemas clínicos fuera de él.

La Escheria coli también vive de forma natural en el cuerpo, pero algunas cepas pueden causar una infección diarréica. Las heces de seres humanos y animales pueden contaminar las aguas subterráneas y superficiales, como ha ocurrido en la playa del Trampolín, lo que supone un riesgo para la salud de los bañistas, pero la principal vía de transmisión es la ingesta de alimentos contaminados.

*Con información de Efe

Un adolescente marroquí de 16 años que se encontraba bajo la tutela del Área de Protección de Menores de Ceuta ha sido trasladado de forma ilegal a su país, según ha denunciado este jueves la Fundación Raíces, que ha presentado un recurso contencioso-administrativo para pedir su retorno “inmediato”. De nada sirvió que el adolescente intentara explicar a los militares españoles que le interceptaron durante la madrugada del 10 al 11 de septiembre que residía desde hacía dos años en la ciudad autónoma, en concreto, en el centro Aljarafe.

El chico asegura que se identificó en castellano y repitió ante los agentes que era un menor tutelado, e incluso proporcionó el nombre de la directora del centro de protección. Sin embargo, aseguró que los militares desoyeron sus explicaciones y que “le llegaron a agredir físicamente para mantenerle en el suelo”. Según explicó el menor a las letradas de la Fundación Raíces, Paloma García de Viedma y Leire Villate, fue interceptado en la zona del puerto por integrantes de las Fuerzas Armadas y poco después una patrulla de la Guardia Civil le trasladó directamente al puesto fronterizo del Tarajal.

Pese a que el menor sufrió una crisis de pánico y alertó sobre la ilegalidad de la devolución, los agentes, según su relato, le sacaron del vehículo por la fuerza para ser entregado a las autoridades marroquíes. Estas le maniataron con “grilletes de lazo” y le retuvieron durante horas en una instalación temporal militar junto al lado marroquí del puesto fronterizo.

Llegó a España en en diciembre de 2024

El chico, explica la Fundación Raíces, llegó solo a España con 14 años en diciembre de 2024 y dispone de autorización de residencia y trabajo, un documento vigente hasta diciembre de 2026, además de que tiene derecho a renovarla mientras sea un menor de edad tutelado.

“Expulsar por la fuerza a un niño tutelado y documentado con permiso de residencia y trabajo, ignorando todas las garantías legales, vulnera gravemente no solo los derechos del propio niño, sino también los pilares del Estado de Derecho y los compromisos internacionales de España en materia de protección a la infancia”, advierte la abogada García de Viedma.

No se ha respetado la Ley de Extranjería

La organización denuncia que la devolución se ha llevado a cabo sin respetar las garantías previstas por la Ley de Extranjería, ya que no se abrió un expediente, no hubo una resolución que el menor pudiera recurrir ni se le permitió ser escuchado. Tampoco intervinieron la Fiscalía ni el Área de Protección de Menores de Ceuta, responsable de su tutela.

También explican que el adolescente fue expulsado de madrugada sin asistencia letrada, sin evaluar su interés superior y sin comprobar las circunstancias que había expuesto ni las condiciones en las que quedaría en Marruecos. Por ello, la fundación considera que la actuación de los agentes vulneró sus derechos a la integridad, la libertad y la tutela judicial efectiva. Incluso si se trató de un error de los militares, sostienen, la Guardia Civil debía verificar su identidad y confirmar que era un menor tutelado antes de trasladarlo al puesto fronterizo.

Piden que faciliten su regreso a España

A través del recurso presentado, la fundación pide al juzgado que declare vulnerados los derechos fundamentales del adolescente y anule su devolución, al considerarla una actuación realizada al margen del procedimiento legal. También solicita que la Administración adopte de forma inmediata las medidas necesarias para facilitar su regreso a España y restituir su tutela y protección.

Además, la entidad reclama la conservación urgente de las grabaciones de videovigilancia de aquella madrugada. El objetivo es evitar que se borren de forma automática y que puedan incorporarse como prueba del relato del menor.

La fundación señala que no se trata de un caso aislado. Aunque afirma que es el primero de un menor tutelado para el que ha reunido documentación suficiente para acudir a los tribunales, asegura tener constancia de devoluciones de adultos y menores sin procedimiento ni garantías en la frontera del Tarajal desde la entrada masiva de finales de julio a Ceuta.

El caso de este adolescente marroquí se produce además después de que la ONG Amnistía Internacional denunciara esta misma semana “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” por parte de miembros de las Fuerzas Armadas españolas contra personas migrantes en la ciudad autónoma. La organización atribuye estos abusos, en particular, a unidades de Regulares y de la Legión, y advierte de que “parecen responder a un patrón”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que solicitará un reporte sobre el uso de jaulas metálicas en Alligator Alcatraz, el centro de detención migratoria de Florida. Afirmó que ni los mexicanos repatriados ni los cónsules habían informado de ese uso. El tema coincide con el balance de 100 días del embajador Roberto Lazzeri, quien visitó centros de detención y dialogó con autoridades de ICE.

Lazzeri: visitas a centros y diálogo con ICE

En su mensaje por los primeros 100 días, publicado en X, Roberto Lazzeri dijo que la defensa de la comunidad mexicana ha sido la prioridad por instrucción de Sheinbaum. Visitó Prairieland y Montgomery, en Texas, y Caroline Detention Facility, en Virginia. Ahí escuchó a personas que, en su mayoría, cruzaron sin documentos. Calificó como “la tragedia más grande” la separación de familias.

También sostuvo diálogo directo con autoridades federales de ICE en Dallas, Houston y Atlanta, para fortalecer la protección consular y el trato digno a connacionales.

Sheinbaum: “No lo habían reportado”

En la mañanera del miércoles 30 de septiembre, la mandataria señaló que no había recibido información ni denuncias de migrantes mexicanos sobre personas detenidas en jaulas en ese centro.

Un reportero le recordó que, en una ocasión anterior, ella había dicho que los cónsules le informaron que todo estaba normal. Cuando le preguntó si pediría el reporte, respondió: “Sí, por supuesto”.

La presidenta añadió que hoy hay más información que antes. A los connacionales que llegan por México te Abraza se les pregunta si sufrieron maltratos y cuánto tiempo estuvieron detenidos. Con esos testimonios, explicó, se presentan denuncias.

También precisó que:

• El Gobierno ha hecho públicas denuncias por mexicanos fallecidos en centros de detención o redadas.
• Se busca que haya investigación y responsabilidades, “si es así”.
• Se apoya a las familias que quieran denunciar maltratos, que reconoció que en algunos casos sí ocurrieron.
• Hoy es más fácil acceder a los centros y los cónsules mantienen sus visitas.

¿Qué encontró el informe sobre las jaulas?

El cuestionamiento surgió tras un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Según CNN, 79 detenidos pasaron entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026 por pequeños encierros metálicos, por periodos de minutos a casi dos horas.

Entre los hallazgos que reportaron medios estadounidenses:

• Los espacios tenían unos 1.6 metros cuadrados (18 pies cuadrados).
• El personal los llamaba “áreas de calma”. La OIG indicó que tenían mecanismos de cierre.
• La OIG halló al menos un caso en que pudieron usarse como medida disciplinaria.
• El organismo describió la práctica como distinta a todo lo que sus equipos han observado en instalaciones de ICE.
• El informe también encontró incumplimientos de estándares federales en higiene, atención médica, alimentos y seguridad.

La postura del DHS

Un vocero del DHS dijo a CBS News que el centro cumplía los mismos estándares federales de administraciones anteriores, incluidas las de Biden y Obama. El centro fue cerrado en junio.

¿Qué sigue?

Queda pendiente el reporte que Sheinbaum dijo que pedirá. La información en poder de la Cancillería y de los consulados será clave para saber si hubo mexicanos entre los 79 detenidos. Hasta ahora, la presidenta indicó que no hay reportes de connacionales sobre ese tema.

Además de los dos decretos sobre vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros, que el Gobierno pretende convalidar el viernes en el Congreso, el Ejecutivo también prepara otra norma para agilizar la tramitación de solicitudes, denegaciones y devoluciones de migrantes en Ceuta. El borrador plantea una suspensión temporal de garantías del derecho de asilo que, según critican organizaciones humanitarias, podrían vulnerar el principio de no devolución y limitar el acceso a una tutela judicial efectiva, pese a los límites fijados por la normativa europea y la Constitución española. “Puede tener consecuencias fatales para el derecho de asilo y las garantías de quienes solicitan protección internacional”, advierten.

Según han denunciado en un comunicado entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Oxfam Intermón, la propuesta introduce un “régimen de excepción al derecho al asilo” que afectaría, con carácter retroactivo, a solicitantes de asilo que hubieran formulado su petición desde el 30 de julio. También alertan de que la medida puede vulnerar el principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra, al permitir que una persona que solicita asilo no permanezca en España mientras las autoridades resuelven su caso.

El proyecto, critican las entidades, permitiría inadmitir una solicitud de asilo presentada más de siete días después de que se notifique una orden de devolución, expulsión o denegación de entrada. Un límite, añaden, que el Pacto Europeo de Migración y Asilo no obliga a aplicar y dificultaría el acceso al procedimiento de protección internacional.

Las organizaciones han explicado que, en el contexto actual de Ceuta, puede haber demoras en la formulación por muchos factores, como la falta de información sobre protección internacional o las dificultades para realizar los triajes que se están identificando.

Las organizaciones sostienen que, de aprobarse este real decreto ley, se limitaría la posibilidad de invocar el principio de no devolución en determinados casos, pese a que la normativa vigente en materia de asilo y derechos humanos lo protege. Ese principio impide devolver a una persona cuando su vida o su integridad física corran peligro en el país de origen o en un tercer país.

Su alcance, subrayan, no se restringe a quienes ya han formulado una petición de protección internacional. También está recogido en tratados internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.

El plazo para presentar una solicitud puede verse condicionado por la falta de información sobre el sistema de protección internacional y por las dificultades detectadas en los triajes. Las entidades consideran que esas circunstancias hacen especialmente restrictiva la inadmisión automática de las peticiones registradas fuera del periodo previsto.

Un plazo escaso para recurrir resoluciones desfavorables

La propuesta también reduciría el plazo para recurrir resoluciones desfavorables hasta cinco días naturales, el mínimo más corto contemplado en el Pacto. Las organizaciones entienden que ese margen vulneraría la tutela judicial efectiva y limitaría el acceso a garantías como la asistencia letrada y la representación gratuitas.

En ese tiempo, argumentan, resulta inviable designar profesionales de oficio, acceder al contenido de la resolución y revisar el expediente con la persona interesada, pues el análisis puede requerir además la presencia de un intérprete para que la defensa se ejerza con garantías.

Las entidades alertan igualmente de la supresión de la intervención de ACNUR en la valoración de las solicitudes de protección internacional. La participación de la agencia de Naciones Unidas está prevista en la legislación española vigente.

Sistema de notificaciones

El real decreto ley incorporaría también un sistema excepcional de notificaciones que, a juicio de las organizaciones, generaría indefensión jurídica. El mecanismo consideraría que los centros públicos de alojamiento o estancia con sobreocupación y los dispositivos de emergencia no son lugares aptos para entregar notificaciones por razones de seguridad u orden público.

Esa previsión desplazaría la notificación al BOE, una vía que el ordenamiento reserva como último recurso. Las entidades recalcan que las personas alojadas en esos centros y dispositivos están plenamente localizadas, por lo que temen que la publicación oficial les impida conocer a tiempo decisiones que afectan a su situación administrativa y a su derecho de defensa.

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, se ha ratificado este jueves ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón en que trasladó a Miguel Ángel Pérez Triano la alerta que había recibido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) horas antes de la entrada masiva del 30 de julio. Fuentes jurídicas han señalado que se reafirma en lo que ya sostuvo en la carta con la que presentó su dimisión el pasado 11 de septiembre: que informó al entonces delegado del Gobierno de los mensajes que había recibido de un miembro del servicio de inteligencia el día anterior a la crisis fronteriza.

Sanz ha comparecido como testigo ante la jueza Tardón dentro de la investigación sobre las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Su declaración estaba especialmente vinculada a la información que recibió directamente del CNI el 29 de julio y a la posterior comunicación de esos avisos dentro de la Delegación del Gobierno. El que fuera jefe de Gabinete ya había dejado fijada su versión por escrito cuando abandonó el cargo y este jueves, tras declarar ante la magistrada, ha confirmado que mantiene aquel relato.

La carta de dimisión es, por tanto, el principal documento sobre el que Sanz ha reafirmado su posición. En ella explicaba que dejaba su puesto por razones personales y familiares, pero añadía otro motivo relacionado con la controversia surgida después de que se conocieran los contactos entre el CNI y la Delegación del Gobierno. El entonces jefe de Gabinete sostenía que existía una “evidente incompatibilidad” entre lo que él había hecho y lo que Pérez Triano había manifestado públicamente.

En concreto, Sanz afirmó en aquel documento que la información escrita que había recibido del CNI el 29 de julio fue trasladada por él mismo al entonces delegado del Gobierno ese mismo día. De esta forma, su versión situaba a Pérez Triano como conocedor de los avisos del servicio de inteligencia antes de que se produjera la entrada masiva del día siguiente.

El teléfono de Sanz, a disposición de la jueza

Según ha podido saber Infobae, además de su declaración, Sanz ha aportado a la investigación los datos que conserva en su teléfono móvil. El objetivo es que la magistrada pueda examinar las comunicaciones mantenidas antes de la entrada masiva y contrastar el flujo de mensajes y llamadas producido durante esas horas. El dispositivo puede permitir a la jueza analizar las comunicaciones que mantuvo Sanz después de recibir los avisos del CNI, aunque el contenido y alcance de las diligencias que pueda acordar la magistrada a partir de esos datos todavía están por determinar.

La aportación del teléfono se suma así a la documentación ya desclasificada por el Gobierno. El 29 de julio, un miembro del CNI se puso en contacto con el entonces jefe de Gabinete mediante mensajes de WhatsApp y le trasladó información sobre varios grupos que estaban difundiendo en redes sociales una convocatoria relacionada con una posible entrada en Ceuta. Según la documentación desclasificada, esos grupos sumaban alrededor de 180.000 seguidores y en ellos se hacía un “llamamiento para asalto por valla y mar” para el día 30 de julio. Sanz recibió esos mensajes y mantuvo posteriormente una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia.

La existencia de esos contactos entre el CNI y Sanz está documentada. La cuestión que ha generado la controversia es qué ocurrió después con la información. Sanz sostiene que trasladó esos avisos a Pérez Triano ese mismo día, mientras que el entonces delegado del Gobierno había asegurado que no tuvo conocimiento de los mensajes ni de la conversación mantenida entre su jefe de Gabinete y el agente del CNI. Cabe recordar que Sanz estaba citado como testigo en la Audiencia Nacional, condición que le obliga a decir verdad.

Esa discrepancia entre ambos fue precisamente una de las cuestiones que Sanz dejó reflejadas en su carta de dimisión. El exjefe de Gabinete explicó que decidió abandonar el puesto después de que Pérez Triano negara públicamente haber recibido la información que él aseguraba haberle trasladado.

Pese a la discrepancia, Sanz quiso desvincular su salida de cualquier enfrentamiento personal con el delegado. En su escrito aseguró que tomaba la decisión “sin la más mínima acritud hacia el delegado” y defendió la actuación desarrollada por la Delegación del Gobierno durante los días previos a la entrada masiva. En la misma carta, Sanz también sostuvo que existían informes que acreditaban la labor de aviso y alerta realizada por la Delegación ante distintos departamentos del Gobierno. Su argumento era que la institución había trasladado información y reclamado medidas ante la situación que se estaba produciendo en Ceuta antes del 30 de julio.

La jueza Tardón ha comenzado a tomar declaración a distintos responsables y testigos para reconstruir esa cadena de información. Antes de Sanz declaró el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien explicó sus intentos de contactar con el Gobierno central durante los días previos a la crisis. Este jueves también ha comparecido el antiguo —ahora jubilado— jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega.

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó más de 250.000 visas desde el comienzo de la administración de Donald Trump. La medida forma parte de una política de control migratorio que el gobierno define como la más intensa de su historia reciente y que tiene impacto directo sobre extranjeros con permisos de ingreso o residencia temporal en el país.

Las revocaciones alcanzaron a personas acusadas de incumplir las condiciones de sus visas, cometer delitos, promover la violencia contra el país o sus ciudadanos, cometer fraude, abusar del sistema migratorio o representar una amenaza para la seguridad nacional.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la cifra y subrayó que la revisión de titulares de visas no tiene fecha de cierre.

Cuántas visas revocó Estados Unidos y cuáles fueron las causas

La cifra representa un salto significativo respecto del dato anterior: en agosto, el propio Departamento de Estado había informado la cancelación de más de 175.000 visas, con los contactos de sus titulares con las fuerzas de seguridad como causa predominante. Según Pigott, en declaraciones a Fox News Digital, el volumen actual es “sin precedentes” para esta administración. “Más de 250.000 visas revocadas; eso es lo máximo que hemos visto bajo esta administración, especialmente en apenas dos años”, afirmó el portavoz.

El funcionario atribuyó la mayor parte de las cancelaciones a actividades delictivas. Entre los delitos que derivaron en revocaciones, el Departamento de Estado mencionó conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones, robos y delitos vinculados con drogas, según el medio.

Qué delitos y faltas pueden derivar en la revocación de una visa

Además de los casos más frecuentes, las autoridades señalaron otros ilícitos que también motivaron cancelaciones: fraude, malversación, abuso infantil y agresión sexual, de acuerdo con la información del organismo difundida por Fox News Digital.

Pigott fue explícito al respecto en declaraciones al medio: “No vamos a permitir que los extranjeros que están aquí con visas conduzcan ebrios por nuestras calles, agredan a nuestra gente o roben en nuestras tiendas. Cuando vemos esa actividad delictiva, es motivo de revocación”.

La política también alcanzó a funcionarios extranjeros: el Departamento de Estado revocó las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, junto a sus familias, por acusaciones de corrupción. Los afectados provenían de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, según la misma fuente.

El foco en el turismo de nacimiento y las solicitudes de asilo

Entre las 250.000 revocaciones, 2.300 correspondieron a casos vinculados con el turismo de nacimiento: la práctica por la que mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos nazcan en suelo estadounidense y obtengan así la ciudadanía automática. El Departamento de Estado identificó estos ingresos como un uso indebido del sistema migratorio.

Otro frente de la política apuntó a los titulares de visas de turismo y negocios de categoría B1/B2. La administración evaluó la revisión de los permisos emitidos entre 2016 y 2026 a extranjeros que, con posterioridad, solicitaron asilo en Estados Unidos. El universo potencial de afectados, según datos recogidos por Fox, alcanzaba hasta 200.000 personas.

Qué dijo el Departamento de Estado sobre el control migratorio

Pigott resumió la postura oficial con una frase que el organismo reiteró en distintos foros: “Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”. El portavoz agregó que las autoridades mantienen una revisión continua de los titulares y que el proceso no se detendrá.

En la misma línea, el Departamento de Estado publicó en su cuenta oficial de X que las 250.000 cancelaciones reflejan “el compromiso inquebrantable de proteger al pueblo estadounidense”, con el aval del secretario de Estado Marco Rubio.

El organismo también sostuvo que cada decisión sobre una visa equivale a una decisión de seguridad nacional, premisa que guía el esquema de verificación permanente que la administración puso en marcha desde el primer día de gestión.

Se han cumplido dos meses desde la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde Marruecos y sigue sin haber consenso sobre cuántas permanecen en la ciudad autónoma, que aún no ha podido recuperar la normalidad. La tensión social no ha dejado de aumentar mientras numerosos adultos y menores continúan viviendo en las calles, una situación que se agrava con la llegada de las lluvias, pese a que las autoridades ya han alojado a más de 8.000 migrantes en los centros de acogida temporal desplegados. Según datos del Gobierno, cientos de personas regresan cada día de forma voluntaria a Marruecos y, desde el 10 de agosto, el total asciende a 7.794 retornos, mientras que otras 449 personas han sido expulsadas.

En esta última semana se han producido traslados desde las playas de Benítez y Trampolín al centro temporal desplegado en el puerto, mientras que cerca de 30 mujeres y niños que dormían a las puertas de la Hípica han sido realojados en un centro temporal. La Policía Nacional también ha reforzado los operativos especiales para identificar a quienes permanecen en la ciudad con el objetivo de acelerar su salida de Ceuta en los casos en que no puedan solicitar protección internacional.

A dos meses de la entrada masiva, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y vejaciones de militares españoles a migrantes en la ciudad autónoma y advierte que responde a un patrón. En concreto, la ONG atribuye estos abusos a unidades de Regulares y de la Legión después de haber entrevistado a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo durante una visita realizada del 10 al 15 de septiembre. Entre los testimonios recogidos, 22 personas han atribuido a militares palizas, acoso, humillaciones, robo de dinero y confiscación de teléfonos móviles, sin distinción de edad, condición o género.

Sin identificar y expuestos a abusos

Además, organizaciones humanitarias como Save the Children o la Fundación Raíces se muestran especialmente preocupadas por la situación de los menores migrantes, pues “entre las miles de personas que siguen en la calle hay más de 1.000 niños y niñas de entre 12 y 17 años aún sin identificar, expuestos a situaciones de enorme riesgo y sin un mínimo de seguridad”, y algunos solo acceden a una ración de comida al día “gracias a la sociedad civil, las ONG y Cruz Roja”, critican. Otros menores, alertan, “no duermen, tienen miedo o no pueden acceder siquiera a un inodoro o una ducha, quedando expuestos a todo tipo de abusos”.

Las organizaciones también critican la “falta de solidaridad” por parte de las comunidades autónomas al rechazar el traslado de los menores a la península. Por ello piden a los ministerios de Juventud e Infancia, Interior e Inclusión que habiliten acogida de emergencia, refuercen la policía y los equipos de protección. “Deben priorizar poner a salvo a los menores antes de identificarlos, agilizar las reagrupaciones familiares y activar traslados obligatorios a la península. Es imposible que Ceuta pueda responder por sí sola a una situación humanitaria de estas dimensiones”, señalan desde la Fundación Raíces.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular —incluidas aquellas en las que comparte el Ejecutivo con Vox— rechazan acoger menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta porque alegan, principalmente, que el Gobierno central lo impone sin consenso suficiente y sostienen que sus recursos de acogida, personal y financiación son insuficientes. El PP considera que los traslados masivos podrían generar un “efecto llamada” y defiende que debe priorizarse la reunificación de los menores con sus familias en sus países de origen, pese a que las entidades sociales ya han advertido de que muchos de esos menores han huido precisamente de Marruecos debido a la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados.

Pese a las críticas al modelo y a los recursos judiciales anunciados, el PP asume que tendrán que acoger a menores migrantes, aunque mantiene su ofensiva contra el Gobierno y busca mantener la estabilidad con Vox. El partido de Abascal, por su parte, rechaza la acogida de todos los migrantes llegados a Ceuta, tanto adultos como menores, y defiende que regresen a Marruecos.

“No se prioriza el interés del menor”

Hace unos días, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, indicó que los menores ya filiados son 2.300 y estimó que entre 500 y 700 continúan en las calles, una cifra que las organizaciones sociales consideran “totalmente asumible” para las 17 comunidades autónomas, “pero, desafortunadamente, el interés superior del menor sigue sin afirmarse como ese principio básico”.

“Está habiendo otro tipo de consideraciones que tienen más que ver con partidos y políticas que con el interés superior de cada uno de los niños y las niñas”, dice a Infobae Jennifer Zuppriroli, especialista en infancia y movimiento en Save the Children. Lo más urgente, asegura, es aliviar el sistema de protección de Ceuta, pues las comunidades autónomas “tienen capacidad para dar acogida a estos menores” y desde allí realizar todos los procedimientos que se consideran necesarios, añade la experta.

“Las autonomías tienen capacidad, es una cuestión de coordinar esfuerzos, de ser corresponsables y entre todos arrimar el hombro para buscar una solución conjunta para la atención adecuada a estos niños y niñas”, sostiene Zuppriroli, que asegura que la prioridad debería ser garantizar que los menores estén en centros adecuados, reciban una evaluación individual y accedan a la atención que requiera cada caso. Los procedimientos administrativos, incluida una eventual reunificación familiar en otro país europeo o en Marruecos, pueden tramitarse después del traslado, aclara.

Crisis económica y turística

La llegada masiva también tiene efectos fuera del sistema de acogida. La Confederación de Empresarios de Ceuta ha advertido que la crisis afecta a la actividad económica y turística de la ciudad, al deteriorar su imagen como destino y centro comercial. Asimismo, se han cancelado numerosas citas culturales y festivas, la principal de ellas las fiestas patronales que estaban previstas para los primeros días de agosto, así como el tradicional Mercado Medieval o la Feria de Música Antigua, entre otros.

El impacto de la crisis también se ha trasladado al plano institucional. El 28 de septiembre presentó su renuncia el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que atribuyó su decisión al desgaste político y denunció una campaña de insultos en su contra.

La pregunta que abrió el tema

Durante la conferencia, un reportero le recordó que en una ocasión anterior le advirtió sobre las condiciones del lugar. Según su relato, ella respondió entonces que los cónsules le habían informado que todo estaba normal. El reportero sostuvo que le habían informado mal desde Estados Unidos y le preguntó cómo es que no se detectó que los connacionales estaban enjaulados.

La respuesta de la presidenta

Sheinbaum explicó que actualmente hay mucha más información, ya que a los mexicanos que llegan mediante el programa México te abraza se les pregunta si sufrieron maltratos y cuánto tiempo estuvieron en un centro de detención. A partir de esos testimonios, dijo, se presentan denuncias.

Precisó que:

• El tema de las jaulas no había sido reportado por los connacionales atendidos en México te abraza ni por los cónsules.
• El Gobierno ha hecho públicas denuncias de mexicanos que fallecieron en centros de detención o en redadas.
• Se busca que haya investigación y responsabilidades para quienes hayan cometido delitos, “si es así”.
• Se apoya a las familias que quieran presentar denuncias por maltratos, que, reconoció, en algunos casos sí ocurrieron.

Más acceso a los centros

La mandataria indicó que ahora es más fácil acceder a estos centros gracias a distintas resoluciones y que los cónsules mexicanos mantienen sus visitas.

Cuando el reportero le preguntó si, ahora que se conoce el caso, solicitará el reporte, respondió: “Sí, por supuesto”.

Lo que revela el informe

El cuestionamiento se da tras la publicación de un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre Alligator Alcatraz, el centro instalado en los Everglades, Florida. El caso fue difundido también por The New York Times en su cobertura.

De acuerdo con los reportes, el documento concluye que:

• Migrantes fueron confinados en pequeñas celdas metálicas de alrededor de 1.6 metros cuadrados.
• Entre julio de 2025 y enero de 2026, 79 migrantes habrían sido colocados en esos espacios, según la BBC.
• La OIG calificó su uso como algo sin precedentes entre los centros que ha inspeccionado.
• El personal las describió como “áreas de calma”.

El DHS sostuvo que el centro era administrado por el estado de Florida y que las condiciones eran consistentes con las normas federales empleadas por gobiernos anteriores. Florida cerró la instalación este verano.

Dos mexicanos fueron acusados ante un tribunal federal de Texas de participar en una organización dedicada al tráfico de niños migrantes no acompañados, a quienes presuntamente trasladaban desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, durante al menos uno de los traslados algunos menores recibieron gomitas con THC, un compuesto psicoactivo derivado de la marihuana, con la finalidad de sedarlos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que Susana Guadian, de 51 años, y Daniel Guadian, también de 51, ambos residentes de Ciudad Juárez, fueron acusados por un gran jurado federal de conspiración para transportar e introducir ilegalmente a extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro.

Según los documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, los acusados habrían formado parte de una organización que introdujo ilegalmente a menores de edad no acompañados en territorio estadounidense entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024.

Los niños tenían entre 5 y 13 años y viajaban sin la compañía de un familiar o adulto responsable.

Reclutaban conductores para trasladar a los menores

La denuncia señala que Susana y Daniel Guadian se encargaban de reclutar conductores para transportar a los menores en automóvil desde México hasta un puerto de entrada en la frontera entre ambos países.

Una vez que llegaban al punto de ingreso, los conductores y otros integrantes de la organización presuntamente presentaban documentos estadounidenses ante los agentes de inspección.

De acuerdo con la acusación, los involucrados afirmaban falsamente que los documentos correspondían a los menores y que ellos eran sus padres, con el objetivo de facilitar su entrada a Estados Unidos.

Después de cruzar la frontera, los niños eran trasladados hasta El Paso, donde otras personas presuntamente los recogían y realizaban pagos a los conductores.

La investigación de las autoridades estadounidenses señala que la organización operaba bajo un esquema en el que distintas personas cumplían funciones específicas para facilitar el traslado de los menores desde México.

Una víctima terminó hospitalizada por intoxicación

Uno de los elementos más graves incluidos en la denuncia corresponde al presunto uso de gomitas que contenían marihuana para sedar a los niños durante al menos uno de los traslados.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los menores recibieron dulces con THC, sustancia responsable de los principales efectos psicoactivos de la marihuana.

Uno de los niños tuvo que ser llevado posteriormente a un hospital local, donde fue diagnosticado con intoxicación por marihuana, según los documentos del caso.

El Departamento de Justicia señaló que la protección de los menores constituye una prioridad en las investigaciones relacionadas con redes de tráfico de personas.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que proteger a los niños de los traficantes continuará siendo una de las principales prioridades de esa dependencia.

Los señalamientos forman parte de una acusación federal y deberán ser acreditados durante el proceso judicial. Los acusados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

Otros tres involucrados ya enfrentaron procesos

Las autoridades estadounidenses señalaron que Susana y Daniel Guadian fueron detenidos en México durante el año pasado y posteriormente extraditados a Estados Unidos a petición de las autoridades de ese país.

El caso también involucra a otras dos personas que ya enfrentaron procesos judiciales por su presunta participación en la misma estructura de tráfico de menores.

Manuel Valenzuela fue condenado el 1 de julio a cinco años de prisión por su participación en la trama de tráfico de niños, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Por su parte, Dianne Guadian se declaró culpable el 28 de julio por su participación en los hechos.

La acusación contra Susana y Daniel Guadian amplía así la investigación sobre una red que, según los fiscales estadounidenses, utilizaba vehículos particulares, documentos falsos y conductores reclutados para facilitar el ingreso de menores mexicanos a Estados Unidos.

El caso también expone uno de los riesgos que enfrentan los menores migrantes que cruzan la frontera sin acompañamiento de familiares, particularmente cuando quedan bajo el control de redes dedicadas al tráfico de personas.

Las autoridades estadounidenses continuarán con el proceso judicial para determinar el grado de responsabilidad de los dos acusados y esclarecer cuántos menores fueron trasladados mediante el esquema descrito en los documentos judiciales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca que el gobierno de México se haga cargo de un programa local de empleo que facilita la inserción laboral de migrantes en el sector privado, en medio de una crisis de liquidez del organismo internacional. Así lo declaró a Bloomberg News el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Barham Salih, en una entrevista realizada el martes 29 de septiembre.

De acuerdo con Salih, el traspaso a un esquema gestionado por el gobierno mexicano podría funcionar como modelo para otros países con poblaciones migrantes similares.

¿Qué plantea la ONU a México?

El programa ha permitido que miles de migrantes encuentren trabajo en distintos sectores, entre ellos el automotriz y el electrónico, según la información difundida por Bloomberg.

Salih, expresidente de Irak, se refirió a la percepción de las empresas contratantes: “Se ve cómo estas empresas, japonesas, alemanas, mexicanas, están contratando a refugiados. Los consideran personas de confianza y trabajadoras”, afirmó.

El funcionario también relató lo que, según dijo, le comentó un líder empresarial: “Esto no solo es lo más humano y moral que se puede hacer. Es bueno para los negocios y es bueno para México”.

Previamente, Salih se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores e Interior de México para debatir cómo la ONU puede colaborar mejor con el gobierno.

Crisis de financiamiento de la ONU

El planteamiento ocurre en un contexto de recortes presupuestarios. De acuerdo con Bloomberg, en los últimos dos años el organismo ha resentido reducciones drásticas de recursos luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara su apoyo. Los datos reportados son:

• Estados Unidos, históricamente el principal donante, adeuda a la ONU aproximadamente 4 mil millones de dólares.
• China, su segundo mayor contribuyente, también registra retrasos en sus pagos.
• La agencia de la ONU para los refugiados recortó su plantilla en un tercio el año pasado.

Salih reconoció que la menor financiación limita el trabajo del organismo, pero subrayó que la ONU lleva tiempo dando prioridad a los programas gestionados por gobiernos locales frente a iniciativas paralelas operadas por agencias de ayuda.

Un programa con más de 50 mil migrantes beneficiados

Desde 2016, la ONU ha apoyado a más de 50 mil migrantes en México para trasladarse a zonas con salarios generalmente más altos, como el centro y el norte del país, frente al sur, más empobrecido.

El programa también los ayuda a abrir una cuenta bancaria para recibir pagos directos de sus empleadores. Más de la mitad de las colocaciones se han dado en el sector manufacturero; el resto, en hostelería y ventas.

Según Bloomberg, los empleadores han elogiado la iniciativa. Señalan que los trabajadores migrantes suelen ser más leales, mientras que los mexicanos contratados localmente son más propensos a cambiar de empleo cuando reciben una oferta de mejor salario u otras prestaciones.

México, destino alterno para migrantes

En años recientes, muchos migrantes que inicialmente esperaban ingresar a Estados Unidos han elegido a México como destino alternativo. De acuerdo con la información publicada, la tendencia se aceleró desde que la administración Trump restringió las opciones de asilo e intensificó las detenciones y deportaciones de migrantes irregulares.

México enfrenta además el reto de atender a más de 200 mil connacionales deportados desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. El país también ha recibido a otros extranjeros expulsados de Estados Unidos, entre ellos miles de cubanos.

El caso de un migrante haitiano en San Luis Potosí

Jean Henel Gabaud, migrante haitiano, es uno de los beneficiarios más recientes del programa. Hace dos años se trasladó al centro industrial de San Luis Potosí, donde consiguió empleo en el fabricante de autopartes Draxton.

Su esposa encontró trabajo por su cuenta en la filial mexicana del proveedor chino Joysonquin Automotive Systems. Con esos ingresos, la pareja paga la hipoteca de una vivienda de cuatro recámaras donde vive con sus tres hijos. Gabaud trabaja en sistemas de frenos y, según relató, en Haití no lograba encontrar empleo.

“Llegué con mi familia y estaba preocupado porque no teníamos dinero, y pensé: ‘Dios tiene una razón para todo’”, afirmó. “Pero ahora hay muchos haitianos en San Luis Potosí, porque aquí se puede encontrar trabajo”.

Retos para ampliar los programas de inserción laboral

A pesar de los casos de éxito, Bloomberg reporta que los programas de este tipo han tenido dificultades para ampliarse. Analistas han señalado que suelen estar integrados por un número relativamente reducido de migrantes que ya obtuvieron protección de asilo.

La oficina de refugiados de México no respondió a la solicitud de comentarios de Bloomberg, por lo que en la información publicada no consta una postura oficial sobre el planteamiento.

Más allá de los detalles sobre cómo replantear los programas liderados por la ONU, Salih hizo hincapié en que el empleo productivo es una solución a las inquietudes sociales que suelen asociarse con migrantes que pueden depender de servicios públicos. “En lugar de que los refugiados supongan una carga o un problema”, afirmó, “se convierten en contribuyentes a la economía”.

Una embarcación precaria volcó en la noche del domingo 27 de septiembre cerca de Isla Mona, una pequeña isla deshabitada, después de que uno de los pasajeros atacara a otros con un machete.

El descontrol que siguió empujó a decenas de personas al agua oscura, a unos 16 kilómetros (10 millas) de la costa, sin chalecos salvavidas. Nadie los encontró durante las primeras 12 horas. Para entonces, algunos ya habían muerto.

Un barco de paso evitó que la tragedia fuera mayor

Fue una embarcación que transitaba por la zona el lunes al mediodía la que avistó a los sobrevivientes. Su tripulación rescató por su cuenta a cuatro personas antes de alertar a las autoridades.

El portavoz Ricardo Castrodad, de la Guardia Costera, confirmó el operativo en declaraciones a Associated Press: “Todos podrían haber muerto fácilmente”, afirmó. Para el martes, el organismo ya había rescatado a 49 personas en total.

Los helicópteros de la Guardia Costera sobrevolaron Isla Mona y sus alrededores el martes. Un video difundido por la agencia mostró a al menos dos sobrevivientes con chalecos salvavidas caminando por el borde rocoso de Isla Mona; uno de ellos saltó al agua hacia un rescatista mientras las olas golpeaban contra las piedras.

Origen, motivos y ruta: lo que las autoridades aún no pudieron confirmar

Castrodad precisó que la mayor parte de los migrantes a bordo era oriunda de República Dominicana, mientras que al menos dos provenían de Haití.

La nacionalidad de las tres personas fallecidas aún no fue establecida, tal como informó la Associated Press.

El funcionario aseguró que desconocía qué desencadenó el ataque con machete, aunque describió que “generó una situación de pánico” entre los pasajeros. El punto de partida de la embarcación tampoco fue determinado de forma oficial.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) documentó 184 casos de migrantes muertos o desaparecidos en el Canal de la Mona entre 2014 y 2022, lo que lo convierte en una de las rutas más letales del Caribe.

Las corrientes fuertes, las olas altas y la distancia hacen del Canal de la Mona una travesía que cobra vidas con regularidad.

Quienes lo intentan huyen, en su gran mayoría, de la pobreza y la violencia en Haití y República Dominicana.

El Canal de la Mona acumula años de naufragios y decenas de muertos

No es el primero ni el más letal. En junio de 2022, 11 niñas y mujeres haitianas murieron cuando la embarcación sobrecargada en la que viajaban naufragó al noroeste de Puerto Rico.

La semana anterior al hundimiento de Isla Mona, la policía de las Islas Turcas y Caicos detuvo una embarcación con 60 migrantes haitianos a bordo; en junio pasado, otras 240 personas procedentes de Haití fueron detenidas cerca del mismo archipiélago.

La búsqueda de los 10 desaparecidos se extiende, por el momento, a varias rutas del Caribe: el Estrecho de Florida, el Paso de los Vientos y el propio Canal de la Mona, con la participación de la Policía de Puerto Rico y la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Los sobrevivientes rescatados fueron trasladados a tierra y quedaron a disposición de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para una investigación posterior, tal como informó ABC News.

La caravana Fe y Esperanza reúne a personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Haití y otras nacionalidades que recorren las carreteras mexicanas rumbo al norte. Algunos buscan llegar a Estados Unidos, mientras otros contemplan quedarse en México.

Entre los caminantes también viajan familias con niños pequeños, cargando pocas pertenencias y enfrentando largas jornadas bajo el sol o la lluvia. Para muchos, el recorrido representa la posibilidad de escapar de la inseguridad y encontrar las oportunidades que no encontraron en sus países de origen.

El régimen de Cuba rechazó recibir a Antonio Frómeta Ascón, un migrante cubano de 63 años que permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde hace más de un año, sin que las autoridades estadounidenses hayan logrado concretar su deportación.

Frómeta está recluido en el Centro de Procesamiento de Servicios de ICE en El Paso, Texas, después de que agentes lo arrestaron el 14 de agosto de 2024 en West Palm Beach, Florida, durante la Operación Tidal Wave, una acción conjunta de autoridades estatales y federales contra inmigrantes con órdenes pendientes de expulsión.

Según informó CiberCuba, que citó un reportaje de El Paso Matters, ICE intentó deportarlo al régimen de Cuba en noviembre de 2024. Las autoridades de la isla no lo aceptaron, lo que dejó el proceso sin una fecha definida para su ejecución.

El migrante también rechazó la posibilidad de ser trasladado a México. “Soy cubano, no mexicano”, afirmó Frómeta en declaraciones recogidas por el medio estadounidense. El detenido sostuvo que teme por su seguridad si es enviado a ese país.

Cuba rechazó la deportación y el plazo queda sin fecha

La situación de Frómeta llegó a un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas. En marzo, presentó una petición de hábeas corpus para cuestionar la legalidad de su detención, ante la falta de avances concretos hacia una expulsión efectiva.

El caso se vincula con el precedente Zadvydas v. Davis, resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2001. Esa sentencia estableció que seis meses constituyen, en principio, un período razonable de detención para extranjeros con órdenes de deportación definitivas, indica la publicación de CiberCuba.

Pasado ese plazo, si existen elementos que indiquen que la expulsión no es probable en un futuro razonablemente previsible, el Gobierno debe justificar por qué mantiene privada de libertad a esa persona. En julio, de acuerdo con la información presentada ante el tribunal, las propias autoridades federales reconocieron que “actualmente se desconoce” el tiempo necesario para concretar la deportación del cubano.

El cubano llegó a Estados Unidos en 1994, durante la crisis de los balseros. Pasó un período en la Base Naval de Guantánamo y luego recibió un permiso de permanencia temporal para ingresar al país. Durante las tres décadas siguientes residió en Florida, trabajó en la poda de árboles y formó una familia.

Su expediente migratorio incluye una condena en 2002 a cinco años de libertad condicional por un delito de agresión en el condado de Palm Beach. Cumplió esa pena. En 2008 faltó a una audiencia migratoria y un juez dictó una orden de deportación en ausencia, detalla el medio.

La detención impidió que conociera a su primera nieta

Durante el tiempo que lleva bajo custodia, Frómeta no pudo conocer a su primera nieta, nacida mientras permanecía detenido. “No la he podido conocer ni abrazarla. Yo debo estar con ellos y no encerrado aquí”, declaró desde el centro de ICE en El Paso.

Su pareja indicó que el hombre está deprimido y desesperado. Frómeta aseguró, además, que su salud empeoró durante el encierro y que perdió peso. En una carta manuscrita fechada el 14 de agosto, pidió al tribunal que ordenara su liberación: “Llevo un año y quince días detenido”.

El cubano también dijo haber sido testigo de los hechos previos a la muerte de Geraldo Lunas Campos, otro cubano de 55 años que falleció el 3 de enero bajo custodia de ICE. El médico forense del condado de El Paso determinó que murió por asfixia causada por compresión del cuello y el torso, y clasificó el caso como homicidio.

Frómeta denunció que un guardia lo golpeó en una oreja, lo que le habría provocado pérdida auditiva. También afirmó que recibió presiones para aceptar una deportación a México, después de que el régimen de Cuba rechazara recibirlo.

La influencer estadounidense documentó parte de su viaje a territorio mexicano y mostró ante sus seguidores la emoción que sentía mientras se acercaba el momento de volver a ver a su esposo.

Desde el avión, Blondi no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el esperado reencuentro.

“Voy a ver a mi esposo por primera vez en más de un mes”, expresó mientras viajaba a México.

La pareja había permanecido separada luego de que Ángel fuera detenido por ICE y posteriormente saliera de Estados Unidos. Ahora ambos decidieron continuar compartiendo su historia desde México, donde comenzarán una nueva etapa juntos.

Ángel contó lo que vivió durante su detención

Después de volver a estar juntos, Blondi aprovechó uno de sus encuentros para preguntarle a Ángel sobre los momentos más difíciles que experimentó durante el tiempo que permaneció bajo custodia.

La influencer quiso conocer directamente de su esposo cuáles habían sido sus mayores temores y qué situaciones había presenciado desde el momento de su detención.

“Amor, quiero que me cuentes... ¿qué fue lo que más miedo te dio, o qué presenciaste mientras estuviste detenido por ICE? O sea, desde que te detuvieron, mientras estabas allí”, le preguntó Blondi a Ángel.

El mexicano explicó que uno de sus principales pensamientos durante esos momentos estuvo relacionado con la posibilidad de tener que regresar a su país. Aunque inicialmente intentó mantenerse tranquilo, reconoció que durante algunos minutos tuvo pensamientos negativos ante lo que estaba ocurriendo.

“Mmm, creo que... bueno, vine a Estados Unidos para tener una vida mejor y... cuando... si tuviera que volver a mi país... ya sabes, me sentía muy mal en ese momento, pero pensaba: “No, no va a pasar nada malo. Simplemente volveré a mi país”. Intentaba mantener la calma porque pensaba: “Mierda, todo va a salir mal”, o algo así. Pensaba cosas negativas, no sé, durante un par de minutos. Pero después... después dije: “Nah, voy a volver a mi país. Estaré bien. Voy a empezar a crear contenido y todo eso”... Porque habíamos hablado de eso antes, ¿no?, ...de que si pasaba algo, te vendrías conmigo a vivir a México y todo eso”, contó el mexicano.

Ángel describe las condiciones durante su estancia bajo custodia

En otro momento de la conversación, el esposo de Blondi también habló sobre las condiciones que, según su testimonio, enfrentó mientras permaneció detenido.

Entre los aspectos que recordó estuvo la alimentación y las dificultades para descansar durante la noche. De acuerdo con su relato, las luces permanecían encendidas y los sonidos del lugar hacían complicado dormir.

“La comida es purta mierda. O sea, no te alimentan bien. Solo un día, el miércoles, te dan... te dan pollo. Pero...pero es una porquería, y no puedes dormir. Había gente hablando o... o... o los guardias, o la luz... la luz no se apaga... y... y todo el tiempo. O sea, no puedes... no apagan las luces”, relató como lo trato ICE.

Una nueva etapa en México

Tras el periodo de separación, Blondi decidió viajar a México para encontrarse nuevamente con Ángel. El momento quedó registrado por la propia influencer, quien mostró la emoción que representaba volver a estar junto a su esposo.

Ahora, ambos aseguran que continuarán compartiendo contenido sobre esta nueva etapa y las experiencias que han atravesado como pareja.

El reencuentro representa así un nuevo capítulo para Blondi y Ángel, esta vez desde México, después de una separación que, según sus propios testimonios, estuvo marcada por la incertidumbre y la experiencia de Ángel durante su detención en Estados Unidos.

La Policía Nacional ha iniciado el traslado de los centenares de migrantes que quedaban junto a la playa Benítez de Ceuta, junto a a la desalinizadora de la ciudad. Los agentes les conducen hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que se encuentra en las naves del Tarajal, para filiarlos, según informa Europa Press.

El desalojo de Benítez se debe a “motivos de seguridad”, debido a que allí se encuentra el aliviadero de una presa, donde se evacua el agua cuando el pantano se llena con motivo de las lluvias. La temporada de precipitaciones comenzó este lunes. Según las fuentes policiales consultadas, la Policía Nacional ha introducido drones en el conducto que transporta el agua desde el pantano hasta Benítez y han comprobado gracias a las cámaras térmicas que hay personas viviendo dentro.

Serán trasladado al CATE

Más de una decena furgones de la Policía Nacional han comenzado a desplegarse en la zona desde las siete de la mañana. También han ubicado efectivos policiales en el extremo del paseo que conduce al centro de la ciudad para evitar estampidas como la que se produjo durante el traslado de 1.800 personas al Puerto.

Más de cinco furgones se han colocado en la playa del Trampolín, a escasos metros de la de Benítez, para evitar que los más de 4.000 migrantes que pernoctan allí se desplazaran a la otra al oír el ruido.

Minutos antes de las 8:00 horas, en torno a medio centenar de agentes antidisturbios se han desplegado en la arena y han comenzado a despertar a los migrantes. “Coged las cosas y fuera”, les han transmitido. Los migrantes han comenzado a abandonar las chabolas con sus pertenencias sin oponer resistencia.

Los efectivos han ido colocando a los migrantes en fila antes de comenzar a acompañarlos hasta el paseo de la playa, donde está previsto que lleguen los autobuses de manera inminente para su traslado al CATE.

Las fuentes policiales han adelantado que está previsto que procedan a perimetrar el acceso a la Playa de Benítez por la zona de la Desalinizadora para evitar que vuelva a ser ocupada por migrantes tras el desalojo, como ya ha sucedido en experiencias anteriores en el Trampolín.

Más de 600 migrantes volvieron a caminar bajo la lluvia por el sureste mexicano en la noche del domingo y madrugada de este lunes, con un solo destino en la cabeza: la frontera con Estados Unidos.

La caravana bautizada Fe y Esperanza salió el domingo del parque Bicentenario de Tapachula pese a las precipitaciones que dejaban los efectos de la tormenta Rachel sobre el Pacífico mexicano, según informó la agencia EFE.

El grupo, que llegó a la ciudad fronteriza el jueves pasado con unas 300 personas, casi duplicó su tamaño en pocos días. Se sumaron migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos y haitianos que permanecían varados en la frontera sur.

El endurecimiento migratorio de Trump empuja a moverse en grupo

La decisión de avanzar en caravana no es casual. El endurecimiento de las políticas antimigratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, y las deportaciones masivas hacia territorio mexicano llevaron a cientos de personas a buscar seguridad en el número, de acuerdo con el relato recogido por EFE.

Una investigación reciente del consorcio Forbidden Stories, conocida como El Proyecto Deportación, documentó que entre enero de 2025 y agosto de este año Estados Unidos expulsó a al menos 25,427 personas hacia terceros países. Casi 20,000 de ellas, cerca del 80%, terminaron en México, la mayoría trasladadas en autobús hasta Chiapas y Tabasco, según ese informe.

En ese contexto de presión fronteriza y traslados forzados, avanzar como contingente numeroso se volvió, para muchos, la única alternativa viable frente a la demora de los trámites migratorios individuales.

Un padre hondureño camina para ayudar a la familia que dejó atrás

El hondureño José Zelaya, de San Pedro Sula, salió el domingo 20 de septiembre junto a siete integrantes de su familia. Contó a EFE que su meta es llegar a Estados Unidos para después enviar ayuda económica a los suyos.

“En mi persona quiero llegar a los Estados Unidos, tengo hijos que dejé en mi país, tengo a mi mamá y a mi familia y la idea es seguir para adelante con la ayuda del pueblo mexicano”, dijo en entrevista con la agencia.

Zelaya explicó que en la caravana no hay líderes más allá “del hambre, la necesidad”. Advirtió que los niños y las mujeres del grupo llegarán hasta donde el cuerpo aguante.

La demora en los trámites empuja a la ruta masiva

¿Por qué los migrantes eligen caminar en grupo en lugar de esperar sus papeles? Porque la tramitación individual en México puede tardar meses sin respuesta, mientras que avanzar en caravana ofrece protección numérica frente a asaltos y controles migratorios, según el testimonio recogido por la agencia.

El ecuatoriano Vinicio Obonaga representa ese caso. Lleva dos meses en Tapachula sin novedades en sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ni en su solicitud de visa humanitaria ante el Instituto Nacional de Migración.

“Pienso que esta es la oportunidad porque si no, no podemos avanzar”, señaló Obonaga a la agencia. “Estamos en espera y espera”, agregó.

A diferencia de Zelaya, Obonaga no busca cruzar a Estados Unidos. Viaja con tres hijos, uno de ellos en una carriola, y su objetivo es llegar hasta Monterrey, Nuevo León, para tramitar allí su residencia permanente y establecerse a trabajar.

Una madre guatemalteca cambió de ruta tras un intento de secuestro

Entre los integrantes del contingente también camina una madre guatemalteca que prefirió no revelar su identidad por seguridad. Su plan original era distinto: llegar al centro de México y quedarse allí.

Ese plan cambió cuando, según su propio relato a EFE, sufrió un intento de secuestro que la hizo reconsiderar el rumbo. Decidió entonces sumarse a la caravana hacia Estados Unidos.

“Es mucho mejor, más rápido y no lo agarra migración”, explicó la mujer. “Es la forma más fácil de llegar a su destino”, concluyó.

El trayecto por Chiapas ya desgastó a caravanas anteriores

El recorrido no es sencillo. Los integrantes de Fe y Esperanza envolvieron sus pocas pertenencias en bolsas plásticas negras antes de partir del parque Bicentenario, un gesto que anticipa las condiciones del camino que les espera.

La ruta atraviesa la carretera costera de Chiapas, un tramo donde el calor, la lluvia y las ampollas ya frenaron a caravanas similares en el pasado.

La última, según reportes posteriores a la salida de este grupo, terminó por disolverse en la región tras unas tres semanas, cuando sus integrantes aceptaron una oferta del Instituto Nacional de Migración mexicano.

La distancia hasta los cruces fronterizos con Estados Unidos supera los 1,500 kilómetros por carretera. Con la frontera prácticamente cerrada a nuevos ingresos y las autoridades mexicanas desarticulando contingentes previos en cuestión de semanas, el desenlace de esta nueva caravana permanece abierto.

Vivir sin papeles durante casi dos años y medio no fue nada fácil para Lina, una mujer colombiana que llegó a Barcelona junto a su hija pequeña. Su intención era iniciar un doctorado, tras completar una maestría en México, pero no consiguió a tiempo la titulación necesaria para realizar los trámites de Extranjería y quedó en situación administrativa irregular. Durante ese periodo solo pudo acceder a empleos informales, sin posibilidad de cotizar, tuvo que mudarse siete veces porque no podía firmar un contrato de alquiler y vivió con el temor constante de ser expulsada del país. El pasado mes de abril, sin embargo, obtuvo una autorización de residencia temporal por arraigo, una vía prevista por la ley que le abre la posibilidad de construir un futuro más estable.

Su hija menor de edad, en cambio, no ha tenido la misma suerte: presentó su petición dentro del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, y recientemente ha recibido una respuesta negativa, una decisión que Lina aún no logra entender.

Envió la solicitud de su hija el 27 de mayo, dentro del plazo de la regularización, fue admitida a trámite el 23 de junio, y el 17 de agosto recibió un requerimiento. En ese documento la Administración le solicitaba información adicional sobre dos cuestiones: las pruebas que demuestran la permanencia de cinco meses seguidos de la niña en España —uno de los requisitos que exige la regularización a todos los solicitantes— y la acreditación de que tiene su custodia. Lina respondió al requerimiento el 19 de agosto, explicando que en la solicitud inicial “ya había acreditado ambas peticiones”, pero, aun así, tan solo dos días después recibió la resolución desfavorable a la regularización de su hija, donde además concedían 15 días a la menor para abandonar España.

“Es totalmente absurdo que le denieguen la regularización a mi hija, que cuenta con un padrón desde enero de 2024 y acude al colegio desde entonces. En su solicitud de regularización incluí tanto documentos sobre la escolarización, como justificantes de citas médicas y certificados de participación en actividades sociales y deportivas, porque practica voleibol y va a clases de teatro”, explica Lina a Infobae, que aclara que tiene la custodia exclusiva de la menor —el padre vive en Colombia—, tal y como consta en un poder notarial apostillado conforme al Convenio de La Haya.

“Es ridículo que rechacen la solicitud de regularización de mi hija y, más aún, cuando yo ya tengo concedido el permiso de residencia”, insiste, al tiempo que explica que ya ha presentado un recurso. “Soy el núcleo familiar de mi hija y tengo papeles. ¿Cómo va a salir mi hija del país?“, critica.

Si este caso está siendo tan complicado, a pesar de haber aportado todos esos documentos, Lina se pregunta qué ocurrirá con las madres migrantes que no pueden aportar todas esas pruebas para que sus hijos obtengan una resolución favorable en la regularización. Piensa especialmente en las víctimas de violencia de género que aún esperan una resolución judicial sobre la patria potestad, ya que “mientras no exista ese fallo judicial, muchas no pueden acreditar formalmente que tienen la custodia de sus hijos”, un requisito que puede complicar sus trámites.

“Esto te destroza nivel emocional”

Lina asegura que todo este proceso y la reciente denegación, después de haber pasado más de dos años sin papeles sorteando toda clase de obstáculos, ha supuesto un duro golpe. “Cuando por fin piensas que tu situación familiar puede empezar a estabilizarse y estar más tranquila, llega esta noticia que te destroza a nivel emocional, porque la regularización es un proceso agotador en el que las personas migrantes nos dejamos la piel. Es como que siempre estamos bajo sospecha, como si tuviéramos que demostrar todo el tiempo todo. Hay un racismo institucional que lo que quiere hacer es agotarnos y que desistamos”, lamenta.

Lina también explica que la situación de irregularidad no solo condiciona los trámites y la vida cotidiana, sino también la posibilidad de mantener los vínculos con el país de origen. El temor a salir de España y no poder regresar lleva a muchas familias a renunciar a visitar a familiares y amistades, tal y como les ha ocurrido a ambas, que no han podido visitar Colombia en los últimos tres años. Esa distancia, asegura, también recae sobre los menores, que crecen sin poder reencontrarse con su familia ni regresar con tranquilidad a los lugares que forman parte de su historia.

Aunque la ausencia de un registro real dificulta conocer con exactitud el número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran actualmente en España en situación irregular como la hija de Lina, el informe Crecer sin papeles, elaborado por Save the Children y la Fundación por Causa en 2021, estimaba que eran cerca de 150.000 y casi la mitad de ellos tenía menos de 10 años.

Lina confía en que prospere el recurso que ha presentado contra la denegación pero, si la Administración mantiene su decisión, asegura que recurrirá a la vía contencioso-administrativa para impugnarla ante los tribunales.

Advertir a los jóvenes migrantes de que pueden morir en el mar al intentar llegar a España por la ruta canaria “ya no basta”. Así lo recoge un estudio presentado este martes por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), que reclama medidas para abordar las causas profundas de la migración por la ruta atlántica hacia el archipiélago y plantea la necesidad de “hacer creíble la movilidad regular”, reducir la rentabilidad de las economías criminales y reforzar las alternativas locales para disminuir las vulnerabilidades en los países de origen. Según el IEAM, Canarias puede desempeñar un papel central en esa estrategia.

El informe Ruta Atlántica, Sahel y Canarias propone sustituir las políticas centradas en contener salidas por una cogobernanza anticipatoria que reduzca la mortalidad de las rutas y refuerce la confianza entre ambas orillas del Atlántico, según informa la agencia EFE. En ese sentido, la directora ejecutiva del IEAM, Beatriz de León, ha destacado la importancia de orientar la persecución penal hacia “los organizadores, los intermediarios financieros, las redes logísticas y los actores responsables de las formas más peligrosas de facilitación”, en vez de limitarse a las personas visibles o periféricas implicadas en el paso.

El instituto sostiene que las vías regulares deben ser accesibles, previsibles y recíprocas. Entre ellas menciona los visados, la movilidad circular, la formación profesional, los intercambios académicos y los viajes turísticos o laborales, que deben responder a las necesidades de los territorios de origen y destino.

De León ha advertido que las políticas dirigidas exclusivamente a reducir las llegadas visibles pueden ofrecer resultados inmediatos sin modificar los factores de fondo. “Pueden desplazar las rutas, aumentar los riesgos, reforzar a los intermediarios e invisibilizar las vulnerabilidades”, ha señalado. También ha atribuido a Canarias una posición estratégica por su experiencia en primera línea, su proximidad a África Occidental, su capacidad de diálogo y su interés en la cooperación descentralizada. A su juicio, esos elementos permiten pasar de una lógica reactiva a otra de anticipación.

La cooperación en origen y el cierre de otras rutas

La directora del IEAM también ha lamentado que la migración reciba atención política sobre todo durante episodios de crisis, como el que se vive actualmente en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio, y ha criticado que una cuestión humana pueda ser instrumentalizada. “Estamos hablando de seres humanos, cosa que a veces se nos olvida”, ha afirmado.

Preguntada por la ralentización de los flujos de la ruta canaria durante los dos últimos años, ha citado la cooperación desarrollada por España y la Unión Europea con Gambia, Mauritania, Senegal y Marruecos. La responsable ha considerado que el repunte registrado en 2024 se explicó porque “las rutas de Marruecos, Argelia, Libia y Túnez estuvieron muy cerradas”.

“Ahora que hay una cooperación excelente en origen (en los países del África Subsahariana), vemos que Marruecos repunta, por eso la cuestión securitaria solo es importante si, además, hacemos políticas de desarrollo, fomentamos la colaboración en origen”, ha argumentado De León, porque “las redes criminales profesionales son capaces de trasladar al migrante de un sitio a otro de cualquier manera. Antes tardaban tres semanas, ahora tardan siete años, pero el migrante que quiere venir va a venir”, ha añadido.

Cabe destacar que entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de este año, han llegado a España por vía marítima y terrestre un total de 21.906 personas migrantes, un 16% menos que las 26.225 que arribaron en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Los migrantes llegados a Canarias este año se sitúan en 5.592, una cifra muy inferior a los 12.453 de 2025.

(Con información de EFE)

Un estudio de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) plantea reforzar los puntos de apoyo para mujeres migrantes, retornadas y desplazadas en El Salvador, con programas de reintegración, atención en salud y coordinación entre instituciones públicas, comunidades y organizaciones sociales.

Así lo plantea en una investigación, titulada “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en El Salvador”.

El documento analiza la situación de quienes migran, solicitan protección internacional, retornan al país o enfrentan desplazamiento forzado.

El informe fue elaborado por la RMMSyM, a partir de una revisión de normas, políticas públicas y testimonios de mujeres, organizaciones sociales y funcionarios. El trabajo de campo se realizó entre julio y octubre de 2025.

El Salvador recibió oficialmente a 15,003 personas retornadas durante 2024, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las mujeres representaron el 29% de las 12,873 deportaciones registradas ese año, de acuerdo con la información difundida junto con la presentación del informe.

El retorno requiere apoyos para la autonomía económica y social

La RMMSyM advierte que el regreso al país puede abrir una etapa con necesidades específicas para las mujeres, en particular cuando deben reconstruir sus redes familiares, encontrar empleo y acceder a servicios públicos.

El estudio señala que algunas enfrentan precariedad laboral y habitacional, estigmas asociados a la migración y dificultades para recibir atención psicosocial, sanitaria o jurídica.

Frente a ese escenario, el documento propone diseñar programas de reintegración con perspectiva de género. Estas iniciativas deberían facilitar el acceso a empleo digno, vivienda, educación y acompañamiento psicosocial para las mujeres retornadas y sus familias.

Entre los apoyos sugeridos figura también el reconocimiento de capacidades y experiencias laborales adquiridas fuera del país. El informe recomienda que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social facilite la reincorporación laboral de las personas retornadas y promueva la autonomía económica de las mujeres.

El estudio resalta que el país cuenta con instrumentos legales que reconocen derechos de las mujeres en situación de movilidad. Entre ellos menciona la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley contra la Trata de Personas y la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.

La atención integral incluye salud, información y rutas claras

La investigación propone fortalecer servicios confidenciales, accesibles y libres de discriminación para mujeres migrantes, retornadas y desplazadas.

El documento pone el foco en la atención de salud física, mental, sexual y reproductiva, así como en la existencia de protocolos para sobrevivientes de violencia sexual.

La RMMSyM plantea que las rutas de atención y denuncia deben ser claras y conocidas por las usuarias. El estudio identifica que el desconocimiento de los servicios disponibles puede limitar el acceso de las mujeres a instituciones de salud, protección y justicia.

La recomendación incluye mejorar la divulgación de los servicios públicos desde los gobiernos locales y establecer mecanismos de referencia que permitan acompañar cada caso. El objetivo es que las mujeres encuentren orientación desde el primer contacto y cuenten con seguimiento durante los procesos de protección, salud, denuncia o reinserción.

El informe también propone sistemas de información con datos desagregados por variables como nacionalidad, condición migratoria, identidad de género y discapacidad.

Contar con registros homologados permitiría identificar necesidades y orientar los recursos hacia los territorios y grupos que requieren mayor atención, según el documento.

Las redes comunitarias pueden ampliar la respuesta territorial

La investigación reconoce el trabajo de organizaciones y redes comunitarias que ofrecen espacios de acogida, atención psicosocial, orientación legal y acompañamiento a mujeres en movilidad. Entre las experiencias mencionadas figuran la Mesa Técnica para las Migraciones en Chalatenango, la Red Regional de Protección y el Comité de Migrantes de Santa Marta.

Estas estructuras locales pueden aportar cercanía territorial, conocimiento de las comunidades y capacidad para orientar a las mujeres hacia los servicios disponibles. Por esa razón, el estudio recomienda financiamiento sostenible, reconocimiento institucional y articulación con el sistema estatal de protección.

La propuesta contempla una coordinación entre instituciones, organizaciones sociales y comunidades, con un enfoque que tenga en cuenta las condiciones de mujeres jóvenes, rurales, en situación de pobreza, con discapacidad y de la población LGBTIQ+.

La RMMSyM resalta que el desafío consiste en consolidar una respuesta coordinada que acompañe a las mujeres en cada etapa de la movilidad humana y que garantice acceso efectivo a salud, justicia, protección social y oportunidades de reintegración.

Un grupo de aproximadamente 300 migrantes, en su mayoría de nacionalidad hondureña, ingresó a territorio mexicano procedente de Guatemala, con la intención de continuar su recorrido hacia el norte del país. Algunos integrantes buscan llegar a Estados Unidos, mientras que otros contemplan permanecer en México, según reportó la agencia EFE.

La ruta del contingente

El grupo, que se identifica bajo el nombre de “Fe y Esperanza”, salió el domingo pasado desde San Pedro Sula, Honduras, y atravesó territorio guatemalteco antes de cruzar de manera pacífica hacia México por el puente internacional Rodolfo Robles, en la frontera con el estado de Chiapas.

Integrado por mujeres, hombres y algunos niños, el contingente recorrió cerca de 40 kilómetros en aproximadamente 12 horas, pasando por los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez y Tuxtla Chico, hasta llegar a Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur mexicana.

Historias detrás del trayecto

Entre los integrantes de la caravana se encuentra Carlos Alexis Ortiz, agricultor hondureño dedicado a la siembra de maíz, quien decidió salir de su país ante las dificultades económicas. Ortiz, quien se desplaza con muletas, tenía como destino Estados Unidos, pero al llegar a Tapachula se enteró de que su madre está enferma, por lo que decidió interrumpir su recorrido. “El sueño mío es llegar a Estados Unidos”, relató, y no descartó intentarlo nuevamente más adelante.

También viaja Dilmar Campos, originario de El Salvador, para quien esta es la segunda ocasión en menos de un mes que se une a un contingente migrante. Campos atribuyó su salida a la situación económica de su país y afirmó que, a diferencia de otros integrantes, contempla establecerse en México si logra regularizar su situación migratoria y conseguir empleo, particularmente en el norte del país.

Por su parte, el hondureño Óscar Vanegas, originario de Victoria, Yoro, fue deportado hace siete meses y ahora busca alcanzar nuevamente la frontera con Estados Unidos. Vanegas reconoció que el grupo viaja con temor, pero confía en recibir apoyo de las autoridades mexicanas durante el trayecto.

Sin financiamiento de organizaciones, según los propios migrantes

Vanegas rechazó que la movilización cuente con financiamiento de alguna organización y aseguró que los integrantes viajan con recursos propios, además de depender de alimentos y ayuda que reciben durante el camino.

Siguientes pasos de la caravana

Hasta el viernes, el contingente permanecía en el parque Bicentenario de Tapachula, donde sus integrantes recibían atención e hidratación antes de reanudar, el domingo, su recorrido hacia el norte de México.

• Origen: San Pedro Sula, Honduras
• Punto de cruce: puente internacional Rodolfo Robles, Chiapas
• Distancia recorrida hasta Tapachula: 40 km
• Próxima salida prevista: domingo

La Policía Nacional ha desalojado el asentamiento levantado por migrantes en la playa de Benítez, junto a la desalinizadora de Ceuta, y ha comenzado su traslado a una explanada próxima mientras se preparan espacios habitacionales para su acogida.

El dispositivo busca retirar las construcciones instaladas en los alrededores de una infraestructura considerada estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad. La operación se ha concentrado en el área que une la desalinizadora con el arroyo situado en el extremo este de la playa.

Los migrantes que permanecían en la zona serán llevados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, cerca de la playa del Trampolín. La reubicación será transitoria hasta que existan lugares habilitados para alojarlos, según la información difundida por las autoridades.

La Jefatura Superior de Policía ha explicado a EFE que la primera finalidad es “garantizar la seguridad en un potencial acceso” a la instalación y a la desalinizadora por su zona norte. La segunda razón expuesta por la Jefatura es la protección de quienes ocupaban los huecos entre los bloques de hormigón y el área del espigón. La Policía advirtió que una caída en esos espacios podría provocar lesiones graves o poner en riesgo sus vidas. Los agentes retiraron tiendas y otros asentamientos que se extendían hasta el espigón que limita el lugar con el mar. La institución también ha señalado que las lluvias y los temporales pueden agravar las condiciones del terreno al aumentar la humedad e impedir el tránsito por el área.

El traslado se dirigió a una explanada cercana a la playa del Trampolín

El desalojo comenzó a las ocho de la mañana, cuando un centenar de efectivos policiales empezó con la retirada de tiendas instaladas hasta el espigón y junto a los bloques de hormigón frente al mar. En esa playa vecina había tiendas de campaña y chabolas donde vivían unas 1.000 personas. A las 10.00, 50 migrantes ya habían sido alojados en el Guano, mientras que el resto sería reubicado en la propia playa. En los próximos días se realizará la limpieza del asentamiento y se instalará el cierre perimetral.

La Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma había solicitado el 11 de septiembre a la Delegación del Gobierno el levantamiento de los asentamientos. Tras estudiar el terreno y las necesidades materiales y operativas, la Policía Nacional fijó la jornada para ejecutar el desalojo después de una reunión de coordinación celebrada esta semana en la Delegación del Gobierno.

Arranca la causa judicial

Por otro lado, la jueza María Tardón escuchará esta semana a los primeros testigos en la causa abierta por la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio; el próximo miércoles está citado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), y el jueves quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno.

El presidente de la ciudad autónoma será el primer testigo que declarará en la causa abierta en la Audiencia Nacional, donde la magistrada busca esclarecer la entrada de decenas de miles de migrantes por la frontera de Ceuta a finales de julio, en la que aprecia una “conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”.

Con información de EFE

El Gobierno estudia medidas para acelerar el regreso a Marruecos de los migrantes que aún permanecen en Ceuta, según ha confirmado este sábado el secretario general del PSOE en Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. López ha defendido la labor del Ejecutivo para responder a la situación de la ciudad autónoma. “El Gobierno está trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar para devolver la normalidad a Ceuta y esas personas retornen cuanto antes. El Gobierno está volcado en eso”, ha declarado ante los medios.

El dirigente socialista no ha precisado si será en el próximo Consejo de Ministros del próximo martes cuando se materialice. Al ser preguntado por esta posibilidad de impulsar un real decreto, sobre la que informó El País, el ministro ha señalado que esa opción “está encima de la mesa”, junto a otras iniciativas. El secretario general ha defendido que la respuesta debe centrarse en actuaciones. “Porque a Ceuta no se la apoya manifestándose en contra o insultando a nadie, se la apoya con medidas”, ha aseverado. López ha pedido “buscar soluciones” y ha reprochado que “otros” intenten “alargar los problemas”, en referencia a la manifestación de este sábado impulsada por PP y Vox.

El Gobierno aumenta las plazas de acogida

Mientras estudia fórmulas para agilizar el retorno a Marruecos de los migrantes llegados a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, el Gobierno ha abierto y prepara dos recursos destinados a mujeres, algunas de ellas con hijos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha incorporado ya a 63 mujeres al recurso de acogida humanitaria de La Hípica. Las plazas estaban disponibles después de que otras migrantes fueran trasladadas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en las 48 horas previas.

El departamento ha precisado que la acogida de estas mujeres no supone una ampliación de la capacidad de La Hípica. La medida ha permitido sacar de los asentamientos informales próximos al recinto a parte de quienes llevaban semanas en esa situación. El Ejecutivo prepara además un nuevo espacio en el antiguo campo de fútbol del acuartelamiento del Regimiento de Caballería Montesa número 3, junto a la playa del Trampolín. La instalación contará con carpas y tendrá capacidad para unas 500 mujeres que permanecen en los alrededores del CETI y en la zona de La Hípica.

La separación de las mujeres respecto del resto de migrantes adultos responde a la necesidad de ofrecer una ubicación específica a este colectivo. El nuevo recinto ampliará la red de dispositivos temporales habilitados ante la llegada de migrantes a la ciudad autónoma. Según informó EFE, que citó a fuentes del Gobierno, el acuartelamiento figura entre los espacios incluidos en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, que declaró la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. La norma también contempla explanadas en El Guano, cerca de la playa del Trampolín, y en la antigua instalación militar Batería K-8, en Benzú, junto a la frontera norte con Marruecos. El Gobierno ha habilitado ya más de 6.000 plazas temporales de acogida.

Unos 300 migrantes, entre ellos al menos un salvadoreño que evalúa radicarse en México, llegaron este viernes a Tapachula tras cruzar desde Guatemala en la caravana “Fe y Esperanza”, de acuerdo con EFE.

El grupo, integrado en su mayoría por ciudadanos hondureños, pretende continuar hacia el norte mexicano: una parte busca llegar a Estados Unidos y otra analiza regularizar su situación para permanecer en el país.

La movilización partió el domingo pasado desde San Pedro Sula, en Honduras, atravesó Guatemala y entró de forma pacífica a México por el puente internacional Rodolfo Robles, ubicado en la frontera entre Guatemala y el estado de Chiapas.

Durante cerca de 12 horas, mujeres, hombres y niños recorrieron unos 40 kilómetros por los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez y Tuxtla Chico. El contingente llegó finalmente a Tapachula, ciudad que concentra buena parte de los flujos migratorios que ingresan al país por su frontera sur.

El salvadoreño Dilmar Campos considera quedarse en México

Entre los integrantes de la caravana está Dilmar Campos, un migrante de El Salvador que intenta avanzar por segunda vez en menos de un mes junto a un contingente. Según relató a EFE, dejó su país debido a las dificultades económicas y contempla la posibilidad de establecerse en México si logra acceder a documentos migratorios y a un empleo.

Campos señaló que su intención inicial es avanzar hacia el norte, aunque no descarta quedarse en territorio mexicano. “Yo en lo personal quiero quedarme un rato acá y ver si se puede, sino me quedo en México, veo si arreglo mi situación y quedarme acá; a mí México me encanta”, afirmó.

La caravana también incluyó a Carlos Alexis Ortiz, agricultor hondureño que dejó la siembra de maíz por la situación económica en su país. Ortiz, quien se desplaza con muletas, tenía como meta llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, cuando ya se encontraba en Tapachula, recibió la noticia de que su madre estaba enferma. Esa situación lo llevó a detener temporalmente su recorrido y evaluar un regreso a Honduras.

“Sí, primera vez, si Dios lo permite dependiendo la situación vuelvo otra vez, porque el sueño mío la verdad de las cosas es llegar a Estados Unidos”, dijo Ortiz en declaraciones recogidas por EFE.

Un hondureño deportado volvió a intentar alcanzar la frontera estadounidense

Otro integrante del grupo es Óscar Vanegas, originario de Victoria, en el departamento hondureño de Yoro. El migrante contó que fue deportado hace siete meses y que ahora busca alcanzar otra vez la frontera entre México y EE.UU.

Vanegas reconoció que el recorrido genera temor entre los participantes, aunque afirmó que confían en recibir apoyo durante el trayecto. “Sí vamos en masa, sí tenemos miedo, porque siempre va a haber miedo, pero nosotros confiamos en que Dios nos ayuda”, expresó.

También rechazó que la movilización cuente con financiamiento de organizaciones. Según explicó, los migrantes cubren el viaje con recursos propios y dependen, además, de la comida y la ayuda que reciben en las localidades por las que pasan.

La caravana permanecía este viernes en el parque Bicentenario de Tapachula, donde sus miembros recibían atención e hidratación. El grupo tenía previsto reanudar el domingo su marcha hacia el norte de México.

El ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, ha responsabilizado a España de que no se haya dado todavía la devolución de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la llegada masiva del 30 de julio. Después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el jefe de la diplomacia marroquí ha sostenido que Rabat no es responsable de la ejecución de esos retornos. “Si los inmigrantes ilegales no han sido devueltos, si los menores no han sido devueltos, la pregunta no hay que planteársela a Marruecos, sino a España”, ha afirmado Bourita ante los medios.

Bourita ha afirmado en todo momento que Rabat ha trasladado la “voluntad claramente expresada por las autoridades marroquíes” de recibir a estas personas. Marruecos transmitió esta posición hace semanas a través de una carta enviada a eurodiputados, buscando evitar un choque con Bruselas. También ha señalado que las devoluciones se han visto afectadas por “polémicas, consideraciones, ‘obstáculos’, entre comillas, y dificultades españolas”. El ejecutivo español ha respondido siempre que se devolverán pero a través de un proceso individual en el que se analiza si cada persona debe o no recibir el visado. En el caso de los menores, esos expedientes exigen además una tramitación específica y una valoración individualizada antes de cualquier retorno.

Reunión entre Albares y Bourita

El ministro Albares ha recibido este jueves de su homólogo marroquí, Nasser Bourita, garantías de “plena colaboración” en relación con la situación migratoria en Ceuta, según fuentes del Ministerio de Exteriores citadas por EFE. Albares y Bourita han tratado en su encuentro la situación de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma desde el 30 de julio y que no reúnen los requisitos para acceder a protección internacional. El ministro marroquí ha recalcado que “no es Marruecos quien lleva a cabo esa devolución”, en alusión a los procedimientos que deben activar las autoridades españolas. Los dos ministros mantuvieron el encuentro en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. Durante la reunión, Albares ha trasladado su voluntad de preservar una relación con Marruecos basada en “el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022”, según las mismas fuentes.

Junto a la devolución de migrantes hay otros dos asuntos que incumbe a los dos países en lo referente a Ceuta. Por un lado, se encuentra la investigación sobre si existió cooperación por parte de las autoridades marroquíes para favorecer la entrada. Hace pocos días, Pedro Sánchez señaló en una entrevista con la CNN que habían exigido “respuestas” a Marruecos por el “fallo de su control fronterizo”. En todo momento la intención del Gobierno ha sido preservar una buena relación con el país vecino, algo que ha hecho que otros partidos, incluidos sus socios, les acusen de falta de señalamiento.

La otra polémica que les une es la reclamación marroquí de las ciudades autónomas. Varios ministros han emitido opiniones en las últimas semanas que defienden que las dos deben pertenecer a Marruecos por razones históricas y geográficas. España se mantiene firme en este asunto. Pedro Sánchez, Albares o la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido tajantes con que la integridad territorial no es negociable.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que sea posible que empresas privadas estadounidenses operen en México para cobrar multas impagadas a migrantes deportados. Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de hoy advirtió a las compañías que:

“No podrían, no tendrían que poder, necesitan el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”, afirmó Sheinbaum. Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos no le ha notificado ninguna información respecto a esta situación, de acuerdo con la mandataria.

Empresas de Estados Unidos necesitan autorización de la SRE: Sheinbaum

Estados Unidos habría pagado 36 millones de dólares a cuatro empresas privadas para localizar en México a migrantes que hayan sido deportados para cobrarles las multas que, según el gobierno norteamericano, deben pagar.

De acuerdo con Bloomberg, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU (CBP, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo de estas acciones recuperar al menos 423 millones de dólares en multas por tasas de más de 66 mil 300 personas deportadas. Según lo publicado, la agencia habría destinado recursos para que las empresas localicen no solo a migrantes mexicanos, sino también en Honduras y Guatemala.

Ante estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se enteró del caso a través de medios de comunicación y que hasta el momento no ha recibido ninguna confirmación por parte del gobierno estadounidense sobre la existencia de dichos contratos.

“Lo leí en los medios, no nos ha confirmado la Embajada si esto es cierto o no”, afirmó la mandataria, sin embargo, anunció que buscará confirmar los hechos y que su gobierno lo informará. No obstante, puntualizó que ninguna empresa podría operar de esa manera en México sin antes haber solicitado permiso al gobierno a través de la SRE, encabezada por Roberto Velasco.

Multas a migrantes y cómo planea cobrarlas EEUU

El gobierno de Estados Unidos ha implementado estas medidas con el objetivo de volver cada vez más difícil permanecer sin documentación en dicho país. De acuerdo a Bloomberg, algunos inmigrantes han recibido multas de hasta 1 millón o más de dólares por tratar de tramitar recursos legales para permancer en Estados Unidos.

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, informó que dialogó este 23 de septiembre con Bernie Sanders sobre migración, comercio y derechos laborales.

En el marco del T-MEC, Lazzeri señaló que mantener altos estándares laborales y una integración económica que genere prosperidad compartida seguirá en el centro de la conversación entre ambos países.

El embajador agregó que compartió los avances de México para fortalecer los derechos laborales y mejorar de manera sostenida los ingresos de los trabajadores, así como su perspectiva sobre la protección de las comunidades mexicanas en Estados Unidos.

Roberto Lazzeri se reúne con familiares de Lorenzo Salgado en el Consulado de México en Houston

El Gobierno de México acompañó a la familia de Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano de 52 años que murió por disparos de agentes federales en Houston durante un operativo del 7 de julio.

Roberto Lazzeri se reunió el pasado 5 de agosto con sus familiares en el Consulado General de México en Houston por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco.

El embajador informó que también se reunió con el equipo jurídico de ACLU of Texas. Lazzeri afirmó que el gobierno mexicano no dejará sola a la familia Salgado y que mantendrá el acompañamiento hasta esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Congresistas demócratas del Caucus Hispano del Congreso sostuvieron, según EFE, que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocultaron pruebas relacionadas con la muerte y que funcionarios federales promovieron una campaña para desacreditar a Salgado Araujo. Los legisladores presentan esa conclusión después de una audiencia paralela realizada en Houston el 24 de julio.

La calificadora Fitch eleva a 1.4% su previsión de crecimiento para México en 2026

Fitch advirtió que la revisión del T-MEC puede frenar la recuperación económica de México por la incertidumbre que genera para la inversión y el comercio exterior, aunque elevó a 1.4% su previsión de crecimiento del PIB para 2026.

En su más reciente Informe de Perspectivas Económicas Mundiales, Fitch Ratings ajustó al alza su estimación desde 1.0%. Para 2027 mantuvo el pronóstico de 1.8%, mientras que para 2028 proyecta una expansión de 2.0%.

El panorama mexicano se inserta en una expectativa mundial ligeramente más favorable. La calificadora elevó en 0.2 puntos porcentuales su previsión de crecimiento global para 2026, hasta 2.6%, pese al aumento en los precios de la energía.

La revisión del T-MEC mantiene incertidumbre para la inversión

Fitch Ratings señaló que la economía mexicana se recuperó durante el segundo trimestre de 2026 y prevé que el crecimiento pueda acelerarse el próximo año. La firma atribuyó parte de esa perspectiva al desempeño de las exportaciones, el mercado laboral y la relación comercial con Estados Unidos.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá prolongará la incertidumbre sobre la política comercial, de acuerdo con el informe. Ese proceso podría influir en las decisiones de inversión de las empresas.

Contempla la calificadora la posibilidad de que las negociaciones se estanquen, aunque su escenario base considera que México conservará el trato arancelario relativamente favorable que recibe actualmente de Estados Unidos.

El sector automotriz enfrenta una exposición mayor, pues los aranceles afectan su competitividad frente a otras actividades exportadoras. A ello se suman las preocupaciones por reformas internas que, según Fitch, pueden reducir la confianza empresarial y limitar la recuperación.

Las exportaciones ligadas a IA superan a los vehículos

El crecimiento de las exportaciones vinculadas con la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos es uno de los factores que sostienen la previsión para México. El volumen de bienes mexicanos enviados al exterior aumentó con fuerza durante el último año, impulsado en buena medida por productos relacionados con esa tecnología.

Estas exportaciones están exentas de aranceles y ya superan a las ventas de vehículos al mercado estadounidense, lo que modifica la composición de algunos de los principales flujos comerciales entre ambos países.

Fitch prevé que las ventas externas continúen como respaldo de la economía mexicana durante los próximos años, mientras persista el auge de inversión estadounidense en infraestructura y tecnologías asociadas con la inteligencia artificial.

Sheinbaum tiene la llave para negociar con Estados Unidos, afirma Guajardo

La presidenta Claudia Sheinbaum será la figura con mayor peso para cerrar una negociación comercial favorable con Estados Unidos y contener los aranceles que afectan a sectores industriales de México, afirmó Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y exnegociador del T-MEC, según EFE.

Dicha declaración ocurrió este miércoles 23 de septiembre de 2026, durante la quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico.

Guajardo propuso dividir las conversaciones en dos vías: una inmediata para reducir los aranceles a automóviles, autopartes, acero y aluminio, y otra de largo plazo para extender el tratado comercial durante 16 años. También observó una ventana para alcanzar un acuerdo antes de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

El exfuncionario sostuvo que Donald Trump es el “negociador en jefe” de Estados Unidos y puede modificar mediante una llamada los términos acordados por los equipos técnicos. “Nada que acuerden en la mesa nos garantiza que será respetado en el escritorio de Donald Trump”, advirtió.

Por ello, Guajardo afirmó que Sheinbaum “tiene la llave de la negociación” y debe evitar que México reciba un cambio de última hora. Su planteamiento inicial consiste en recuperar el compromiso de cero aranceles para los productos que cumplen las reglas del T-MEC.

La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un migrante marroquí con antecedentes por terrorismo y ha ejecutado su expulsión a Marruecos después de que entrara ilegalmente en España pese a tener prohibido el acceso al país por una resolución vinculada a un caso de yihadismo.

El arresto se ha producido este martes cerca del cementerio musulmán de Sidi Embarek, en el extrarradio ceutí. Según EFE, el hombre había entrado ilegalmente a finales de julio pese a una orden que le impedía acceder a España, impuesta tras una expulsión anterior por su relación con un caso de terrorismo yihadista.

El Faro de Ceuta precisa que el detenido contaba con una condena firme por terrorismo y que cruzó el espigón del Tarajal durante las entradas registradas los días 30 y 31 de julio. El medio sostiene que los servicios de Información de la Guardia Civil han intensificado la identificación de personas que accedieron entonces a la ciudad.

La orden de prohibición de entrada

Los agentes localizaron al hombre en la calle, en la zona de Sidi Embarek, y comprobaron que figuraba sobre él una orden de prohibición de entrada en territorio nacional. La medida derivaba de su expulsión anterior por su vinculación con una causa de terrorismo yihadista.

Tras la detención, el migrante fue trasladado a dependencias judiciales. De acuerdo con EFE, allí se ha decretado la aplicación inmediata de la medida que ha permitido su retorno a Marruecos.

El caso no es aislado y que la Guardia Civil ha detenido a otros condenados por delitos asociados a causas terroristas que incumplieron prohibiciones de entrada en España. Según ese relato, la llegada de miles de personas desde Marruecos a finales de julio dificultó inicialmente conocer la identidad y los antecedentes de quienes lograron acceder a la ciudad.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había asegurado que “no existe ningún riesgo de amenaza terrorista”. También había defendido que las autoridades mantenían la vigilancia sobre los recién llegados: “Estamos realmente vigilantes, y si lo puedo decir es porque estamos monitorizando todas las personas que han entrado”.

Las entradas de julio y las detenciones posteriores

La localización de estos migrantes está vinculada al trabajo de los grupos de Información, que siguen identificando a personas que habrían cruzado el Tarajal durante aquellas jornadas. Entre los recién llegados había condenados por enaltecimiento del terrorismo o por su relación con grupos radicales, sujetos a resoluciones que les impedían regresar a España.

En las últimas semanas la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a varios condenados y han aplicado su retorno a Marruecos. Entre ellos figuran dos hermanos condenados por terrorismo yihadista que ya se encuentran de nuevo en territorio marroquí.

Nueve cuerpos de presuntos migrantes aparecieron en Rancho La Uva, municipio de Tecate, entre el 5 y el 10 de septiembre de 2026. Colectivos de búsqueda los localizaron tras recibir un aviso anónimo, y las autoridades atribuyen los hallazgos al control que ejercen los cárteles sobre las rutas de cruce fronterizo, según reportó Zeta.

El primer hallazgo ocurrió el sábado 5 de septiembre, cuando los buscadores recuperaron cuatro cuerpos. El segundo se produjo el jueves 10 de septiembre, día en que localizaron cinco cadáveres adicionales sobre el mismo camino que conduce a la línea fronteriza.

Colectivos de Tecate hallan nueve cuerpos sin apoyo de la Fiscalía

Los colectivos Madres Hasta Encontrarte y Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, ambos de Tecate, encabezaron la búsqueda. Se sumaron el Colectivo de Búsqueda de Baja California, Buscando a Tolano y Armadillos Tijuana, en lo que definieron como una mega jornada.

Ningún denunciante confió en las autoridades para reportar los cuerpos. En su lugar, contactaron de forma anónima al colectivo Madres Hasta Encontrarte y enviaron coordenadas y fotografías como evidencia.

Mónica Madrigal, presidenta y fundadora de ese colectivo, solicitó apoyo a las demás agrupaciones tras recibir el aviso. La primera jornada, el 5 de septiembre, se extendió por más de cinco horas bajo temperaturas extremas en un terreno serrano de difícil acceso.

Los buscadores encontraron cuerpos en dos condiciones distintas. Algunos aún vestidos indicaban una muerte reciente, mientras otros presentaban huesos carcomidos por animales de rapiña.

La jornada del 10 de septiembre resultó todavía más extenuante. Los participantes caminaron mayores distancias bajo una temperatura de 40 grados centígrados (104 grados Fahrenheit).

Integrantes de los colectivos y agentes de la Guardia Nacional que los acompañaron sufrieron golpes de calor. Varios terminaron deshidratados, mareados y desorientados, y abandonaron temporalmente la búsqueda.

Bomberos y paramédicos atendieron a los afectados a kilómetros del punto de búsqueda. El difícil acceso a la zona impidió que los servicios de emergencia llegaran hasta el lugar de los hallazgos.

Los buscadores más resistentes continuaron y localizaron los cinco cuerpos restantes. La Guardia Nacional reportó el hallazgo por radiofrecuencia policiaca, según documentó Zeta.

La Fiscalía General del Estado recibió el reporte pero decidió no acudir a la escena. En su lugar, pidió a los buscadores y a la Guardia Nacional que trasladaran los restos hasta el acceso principal para su registro.

Sin equipo ni capacitación forense, los familiares de desaparecidos trasladaron los cadáveres en mantas. El traslado por terreno escarpado tomó más de tres horas hasta llegar al punto donde esperaban las autoridades.

Los cuerpos y restos óseos fueron enviados al Semefo de Tijuana. Ahí, peritos intentarán identificarlos mediante pruebas genéticas para localizar a sus familias.

“Va a ser difícil, sí, porque algunos de ellos ya no traían ninguna pertenencia, o estaban incompletos”, dijo uno de los buscadores al diario. El mismo buscador expresó su confianza en que los cuerpos regresen algún día con sus familias.

Elementos de la fiscalía consultados por la publicación señalaron que las pruebas periciales determinarán la causa de muerte. Uno de ellos explicó que algunas víctimas no presentaban huellas visibles de violencia y que pudieron morir de deshidratación tras ser abandonadas por sus guías.

Al menos dos de los cuerpos mostraban características que apuntan a heridas de arma de fuego. “Hay ocasiones que por falta de dinero no logran concretar un acuerdo con los traficantes, y se adentran a intentarlo solos”, dijo un investigador estatal al medio, y agregó que quienes controlan los caminos asesinan a los migrantes que no pagan la cuota.

Los cárteles de Sinaloa y Jalisco controlan el corredor migrante de Tecate

Tecate conecta por vía terrestre a Mexicali con Tijuana, condición que convierte al municipio en corredor estratégico para el narcotráfico. Los grupos criminales trafican droga, personas, dinero en efectivo y armas por esa misma ruta, de acuerdo con la investigación de Zeta.

Personal de inteligencia de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California confirmó la presencia de células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco en el tráfico de personas por el corredor. Los antiguos “polleros” de la zona se integraron a esas estructuras o fueron desplazados.

Los migrantes, en su mayoría originarios de Centroamérica y del sur de México, pagan entre USD 20.000 y USD 40.000 a los traficantes por el traslado desde Tecate hasta una ciudad específica en Estados Unidos. Un agente estatal detalló al diario que, ante el asedio de las patrullas fronterizas, los guías abandonan a los migrantes sin agua ni orientación.

La Organización Internacional para las Migraciones estimó en 2021 que entre 600 y 800 personas mueren cada año al intentar cruzar la frontera por Baja California. Activistas locales consideran que la cifra real es mayor, porque decenas de cuerpos nunca son recuperados del desierto, los cerros o los ríos, según la publicación.

¿Por qué mueren migrantes en Tecate? El área montañosa y desértica del municipio es usada de forma sistemática por el crimen organizado para el cruce clandestino: los traficantes cobran miles de dólares y prometen un paso seguro, pero abandonan a quienes no resisten el trayecto o no completan el pago, sin agua ni orientación en terreno hostil.

Fosas clandestinas se acumulan en Tecate desde 2025

En junio de 2026, un mensaje anónimo guio a los buscadores hacia dos fosas en la zona residencial Del Bosque. Ahí recuperaron los cuerpos de tres adolescentes de 15 y 16 años, desaparecidos en abril e identificados posteriormente por sus familiares.

En marzo de 2026, el colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos localizó una fosa en las faldas del Cerro del Cuchumá. Un mes más tarde se confirmó que las dos osamentas correspondían a dos jóvenes de Durango, desaparecidos el 26 de diciembre de 2025 en la carretera Tijuana-Tecate mientras intentaban cruzar hacia Estados Unidos.

El 28 de abril de 2025, en un paraje de La Rumorosa, apareció el cuerpo de Elena Ríos, desaparecida catorce días antes. En mayo de ese año, buscadores hallaron seis cuerpos en una fosa del mismo poblado y dos cadáveres más en una fosa contigua.

Una de las víctimas de mayo de 2025 fue identificada como José Luis Ríos Solís, de 47 años, propietario del rancho Four Season en Tecate y creador del canal Explorando la Rumorosa. Un grupo armado lo había privado de su libertad días antes de que apareciera su cuerpo.

En enero de 2026, cerca del panteón de La Rumorosa, los colectivos desenterraron cuatro cuerpos masculinos en avanzado estado de descomposición. Los cuatro contaban con reporte de desaparición previo, según documentó Zeta.

Mónica Madrigal no descartó regresar a la zona para una nueva jornada de rastreo. La complejidad del terreno reduce el tiempo disponible para cada búsqueda, explicó la fundadora del colectivo al medio.

La propia Madrigal reportó la desaparición de su hijo David en julio de 2019 y localizó su cuerpo casi seis años después en una fosa común resguardada por el gobierno. Su búsqueda continúa porque otro de sus hijos, Francisco Javier, desapareció en mayo de 2026 en medio de la violencia que persiste en Tecate.

Un grupo de unos 400 migrantes hondureños avanza por Guatemala rumbo a México, tras salir de San Pedro Sula, Honduras, ante la falta de oportunidades laborales.

El contingente recorrió 184 kilómetros y se encuentra en el kilómetro 235 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal.

La mayoría lleva pocas pertenencias, entre ellas ropa, alimentos y agua. Mientras que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala acompaña el desplazamiento durante el trayecto por el país.

“No hay trabajo”, dijo Santos Cruz Velásquez, un hombre de unos 45 años quien viaja junto con su esposa y su hija de 14 años. En una corta entrevista con el medio de Izabal Bahía Stereo, el hombre narró que ha sido difícil encontrar empleo. “Una semana hay y dos no”, lamentó.

Según dijo, devenga alrededor de 1,500 lempiras a la semana, unos USD 55.92 , mientras que una libra de frijol tiene un costo de USD 1.12 aproximadamente, situación que limita su supervivencia en su país.

Las quejas contra el Presidente Nasry Juan Asfura

El grupo pretende continuar por territorio guatemalteco antes de dirigirse a México, como parte de una ruta migratoria que algunas personas utilizan para seguir hacia Estados Unidos.

Los participantes de la caravana lo confirmaron. Uno de los jóvenes que viaja en el grupo afirmó que inició su recorrido desde Tela, un municipio del departamento de Atlántida, de Honduras.

“No hay trabajo”, remarcó. Según dijo, unos días lograba encontrar un puesto laboral cargando cajas de una embotelladora y otros fabricando blocks de construcción. Esos empleos le dejan un ingreso semanal de entre USD 37,22 a USD 67.

El joven afirmó que toda su familia ya reside en Estados Unidos, por lo que decidió marcharse de su país, al tiempo que criticó al presidente hondureño Nasry Juan Asfura Zablah.

Todo surgió luego de un comentario del periodista de Stereo Bahía quien comenta sobre el cambio gubernamental y las esperanzas que eso significaba, pero es interrumpido por el hondureño quien sin pensarlo afirmó: “El Presidente no sirve. No ha hecho nada, desde que entró a la presidencia no se le ha visto nada”.

“Yo voy con todo, menos con miedo”

Ángel Noé, un adolescente de 17 años, tomó su mochila con un poco de ropa y le dio un beso a su mamá y le prometió que él trataría de sacarla adelante.

Según dijo, ya trabajaba con su tío en la albañilería. Al día tenía un salario de USD 1,12 que no le alcanzaban ni para una libra de frijol.

Fue por eso que decidió aventurarse y buscar el sueño americano. Ahora, viaja acompañado de su tío y de su sobrina, otra adolescente de 14 años, quienes no pierden la esperanza de alcanzar sus objetivos y cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Estados Unidos advierte que las fronteras están cerradas

Pese al avance de la nueva caravana, la administración de Donald Trump ha advertido que las fronteras están cerradas y que no permitirán el paso de “quienes violen la ley” en su territorio.

La advertencia la hizo llegar a través de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, quienes afirmaron: “No arriesgue su vida ni la de su familia emprendiendo el peligroso viaje hacia el norte”.

El Ministerio del Interior ha iniciado este martes los trámites para prolongar el espigón de El Tarajal en Ceuta y sustituir la barrera flotante provisional por un sistema permanente de balizamiento, una intervención con la que pretende reforzar la condición fronteriza de esta construcción con Marruecos.

El proyecto prevé ampliar el espigón 15 metros mediante tres tramos y añadir después otros 100 metros con un dique vertical, por un coste conjunto de 7 millones de euros. El nuevo balizamiento incorporará una red sumergida de alta resistencia, presupuestada en dos millones de euros.

El portavoz del Gobierno de Ceuta Alejandro Ramírez ha denunciado, antes de conocerse el anuncio, que el actual sistema de boyas había quedado parcialmente sumergido. La incidencia se repite desde su instalación y que este martes era visible en vísperas de una convocatoria difundida en redes sociales para entrar masivamente en la ciudad el miércoles 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones en Marruecos.

Interior solicitará informes favorables a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a otros organismos estatales antes de ejecutar la obra. El departamento ha vinculado la actuación al refuerzo de la frontera marítima que separa la playa de El Tarajal del territorio marroquí.

Cómo será la ampliación del espigón

La primera fase consistirá en una prolongación mar adentro dividida en tres tramos modulados, cimentados mediante pilotes. El diseño incluye un cerramiento superior de malla antitrepa con peines curvos invertidos, de acuerdo con los detalles recogidos por Europa Press.

La segunda fase se ejecutará mediante un dique vertical. La actuación completa tendrá como objetivo extender sobre el mar la infraestructura que delimita el paso fronterizo en esta zona de Ceuta.

El sistema que reemplazará a la barrera instalada en agosto desplegará una red de contención suspendida hasta el fondo marino para impedir los cruces por debajo de la superficie. El balizamiento tendrá carácter permanente, frente a la solución provisional aplicada durante el verano.

La crisis migratoria de julio

La actuación se enmarca en la crisis registrada en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, cuando al menos 72.000 personas llegaron a la ciudad en un lapso de 24 horas. La entrada irregular por el perímetro de El Tarajal abrió una crisis migratoria y política, ante la presión sobre los servicios de acogida y el dispositivo de seguridad desplegado en la frontera.

Después de aquellos hechos, las autoridades instalaron una barrera flotante provisional en el mar para dificultar los cruces a nado. El Ejecutivo atribuyó las convocatorias para acceder a Ceuta a mensajes difundidos en redes sociales tras una sentencia del Tribunal Supremo que impedía el retorno a Marruecos de los migrantes que alcanzaran la ciudad por vía marítima.

Los trámites para ampliar el espigón y sustituir el sistema temporal por un balizamiento permanente han comenzado 55 días después de aquella llegada masiva. La nueva infraestructura busca reforzar el control sobre el paso marítimo que separa la playa de El Tarajal del territorio marroquí.

México mantiene su política de acogida e integración de personas refugiadas mientras la red internacional de protección enfrenta una fuerte reducción de recursos para atender el desplazamiento forzado. La situación ocurre en un contexto mundial marcado por el aumento de personas que huyen de la violencia y los recortes presupuestarios.

Chiara Cardoletti, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país, señaló que el mundo atraviesa un “cambio histórico de prioridades”, debido a que las necesidades de quienes han sido desplazados continúan creciendo mientras disminuye el financiamiento destinado a su atención.

Durante la presentación del programa ‘Seamos Hogar’ en la capital mexicana, la funcionaria explicó que los fondos operativos de la red global de protección han registrado una reducción de aproximadamente 50%. Ante este panorama, advirtió que tanto los países como la narrativa sobre las personas refugiadas han cambiado, aunque destacó que México mantiene una postura diferente.

México mantiene abiertas sus puertas a personas refugiadas

Cardoletti resaltó que, pese al endurecimiento de discursos y la falta de recursos a nivel internacional, México continúa ofreciendo oportunidades a quienes escapan de contextos de violencia, sostuvo que la inclusión formal puede beneficiar tanto a las comunidades receptoras como a las personas refugiadas.

“Los refugiados no son un peso, son una aportación”, afirmó Cardoletti, quien destacó que más de 175 mil personas han sido beneficiadas por iniciativas del organismo en México desde 2016, con el respaldo de 650 empresas socias.

La campaña busca mostrar esta realidad mediante las historias de 11 personas refugiadas establecidas en siete ciudades del país. Entre ellas se encuentra Diego, un salvadoreño que llegó a Tapachula después de que su hermano fuera asesinado por pandillas en su lugar de origen.

Historias de quienes encontraron refugio en México

Durante el acto también participó la periodista guatemalteca Lucía Escobar, quien se exilió después de enfrentar presiones y amenazas relacionadas con su trabajo informativo. La comunicadora habló sobre las diferencias entre los lugares de origen de las personas desplazadas y los destinos a los que llegan.

“Siempre he contado historias y nunca creí que un día tendría que contar la mía”, relató Escobar, quien describió su llegada a territorio mexicano como “llegar al primer mundo” por los servicios públicos que encontró en el país.

La actriz mexicana Johanna Murillo, colaboradora de Acnur, llamó a evitar la estigmatización y recordar las circunstancias que obligan a las personas refugiadas a abandonar sus hogares.

El llamado ocurre antes de la visita a México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, prevista para finales de esta semana. Su llegada tendrá como objetivo respaldar los esfuerzos de integración en medio de la reducción de fondos internacionales.

De acuerdo con Acnur, actualmente hay más de 43 millones de refugiados en el mundo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha indicado que esta semana se han registrado renuncias a la solicitud de protección internacional entre los migrantes que permanecen en Ceuta. “La mayoría responde que sí, pero tengo que decir que la mayoría no va a tener derecho a ella. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que están pidiendo derecho a protección internacional son marroquíes y no van a tener, cuando culmine el expediente, derecho a esa protección internacional", ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press.

El ministro ha indicado que ya se han realizado 2.546 triajes a adultos, esa primera evaluación que se realiza para comprobar su identidad, estado de salud, posibles situaciones de vulnerabilidad y eventuales necesidades de asilo. Solo este lunes se practicaron 100: 74 personas pidieron protección internacional y las 26 restantes fueron informadas de la apertura de expedientes de devolución. “Muchas de estas personas son las que retornan voluntariamente a Marruecos porque ya se les ha dicho que se les va a devolver”, ha señalado.

Unos 700 menores siguen en las calles

Sobre la actuación del Ministerio de Igualdad en la ciudad autónoma, Torres ha anunciado que el Gobierno activará “en los próximos días” mecanismos para reubicar a mujeres, a quienes considera población prioritaria por su situación de vulnerabilidad. Además, ha precisado que hay 730 niñas alojadas en recursos de acogida.

En relación con los menores migrantes no acompañados, ha cifrado en 2.321 los que están filiadas actualmente, casi 300 más que hace una semana. El Gobierno estima, además, que entre 500 y 700 menores permanecen en las calles de Ceuta. “Quien tiene que dar cobertura, y ese es el esfuerzo que se está haciendo, es la ciudad autónoma para poder tenerlos en espacios acotados”, ha dicho Torres, quien ha atribuido al Gobierno ceutí la responsabilidad sobre la atención de los menores migrantes que viven en la vía pública.

La regularización extraordinaria de personas migrantes en España, aprobada por el PSOE y Podemos para permitir que quienes ya residían en el país accedieran a permisos de residencia y trabajo, ha avanzado durante el verano, aunque con demoras importantes y obstáculos en diferentes etapas, según denuncia el movimiento Regularización Ya, que recuerda que miles de solicitantes aún esperan respuesta y siguen pendientes de una resolución favorable, que les permitiría mejorar sus oportunidades y acceder a derechos básicos. Como el plazo para presentar solicitudes al proceso concluyó el 30 de junio, la normativa otorgaba al Gobierno tres meses —hasta finales de septiembre— para resolver la mayor parte de los expedientes y comunicar las decisiones, un calendario “imposible de cumplir”, advierte el movimiento.

El proceso de regularización registró casi 1,2 millones de solicitudes, más del doble de las 500.000 que en principio había estimado el Ejecutivo, y el 67% de esas peticiones procedía de América Latina. En concreto, Colombia concentró el 26% del total, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%) y Honduras (4,9%).

A falta de datos actualizados, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan a Infobae que a finales de julio se habían admitido a trámite más del 70% de las solicitudes —unas 822.000— y, en cuanto a las resoluciones favorables, el departamento que dirige Elma Saiz se limita a señalar que “no dispone de esos datos”, aunque sostiene que la tramitación “avanza con normalidad”.

Desde Regularización Ya explican que las entidades sociales colaboradoras de Extranjería que han ayudado a las personas migrantes a realizar los trámites para lograr su regularización en Barcelona, o como la Asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac) en Madrid y Valencia, “no han parado de atender demandas de solicitantes en todo el verano”, pues las dificultades se dan en varias fases del proceso. Muchas personas no logran completar la documentación exigida porque sus países de origen se retrasan o no facilitan certificados de antecedentes penales -entre los casos más frecuentes figuran Marruecos, Argelia, Gambia, Guinea Conakry, Cuba y Nicaragua- mientras que otras ya han recibido una autorización temporal de trabajo por tres meses pero siguen sin recibir la resolución favorable para acceder a la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), porque “tampoco hay citas de huellas en las comisarías de Policía”.

En otras ocasiones, los problemas se han dado a la hora de solicitar el número de la Seguridad Social y el certificado digital, si bien también ha sido complicado para muchos solicitantes comunicar a la Dirección General de Gestión Migratoria que no se podían abrir algunas notificaciones. “Solo en Barcelona, en Bloc4BCN de Can Batlló, hemos atendido durante el verano a más de 500 personas para acompañar trámites de certificados digitales y así poder recibir notificaciones que no les llegan al domicilio, bien porque en Correos no había suficiente personal o porque no se podían abrir desde sus teléfonos o correos electrónicos”, explica Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya.

La activista sostiene que también ha habido inconvenientes cuando los solicitantes no adjuntaban el comprobante de la tasa al expediente, ya que el trámite queda inconcluso hasta que incorporan el justificante de pago, añade.

“No nos notifican las inadmisiones a trámite”

Desde la asociación Sedoac en Valencia explican que en esta última semana les han llegado notificaciones con admisiones a trámite “a cuentagotas” y advierten que, hasta ahora, las resoluciones favorables recibidas “son muy pocas” en comparación con el total de expedientes enviados. “Hemos presentado 328 expedientes y apenas tenemos 15 resoluciones favorables. Y lo que más nos preocupa es que no nos están notificando las inadmisiones a trámite. Tememos que, más adelante, se acumulen requerimientos o inadmisiones y esto pueda ser como una estrategia para que no demos abasto para subsanarlo” dentro de los plazos establecidos, señala por su parte Silvana Cabrera, integrante de Sedoac y portavoz de Regularización Ya.

La activista asegura que los retrasos administrativos y la falta de certezas solo generan “desesperanza y nerviosismo” entre las personas migrantes.

Qué reclaman al Ejecutivo

Regularización Ya también advierte de que algunas personas han recibido requerimientos por alertas registradas en el Sistema de Información de Schengen (SIS) y, por tanto, tienen que demostrar que esas alertas se deben a una expulsión por irregularidad administrativa en otro país europeo y no a antecedentes penales. “Esta exigencia traslada a los propios migrantes la carga de obtener y legalizar documentos en países donde fueron expulsados, incluso cuando se encuentran en una situación de precariedad o sin vivienda. Hay que tener en cuenta que muchas de estas personas no pueden desplazarse ni acceder con facilidad a la documentación que les reclaman”, alerta Columba.

El colectivo pide a la Administración española que compruebe directamente con las autoridades de los países implicados si las alertas por expulsión se deben a una infracción administrativa o a antecedentes penales. Así, las personas solicitantes no tendrían que acreditar por su cuenta que una expulsión anterior obedeció a una situación irregular y no a la comisión de un delito.

Por ello, Regularización Ya reclama criterios claros para resolver tanto los requerimientos relacionados con las alertas del SIS, como de la vulnerabilidad, la permanencia en España y los casos de menores. El colectivo reclama pautas que den seguridad jurídica a los solicitantes y a las entidades que los acompañan.

Ante los retrasos en la resolución de los expedientes, piden aclarar cómo afectarán a la renovación o modificación de los permisos, especialmente en los requisitos de cotización a la Seguridad Social. Por último, el movimiento también reclama que empresas, sindicatos y administraciones aclaren cómo pueden acceder al empleo las personas en proceso de regularización, ya que “los retrasos, la falta de criterios claros y las dudas de los empleadores dificultan la contratación”.

Todos estos obstáculos coinciden, además, con la crisis humanitaria, política y social que atraviesa Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio. La ciudad vive un clima de tensión en aumento, con los servicios de acogida colapsados y miles de personas que aún permanecen en las calles y playas a la espera de obtener una plaza en un dispositivo temporal habilitado por las autoridades.

El Gobierno ha destacado que, con la apertura del último dispositivo en el Muelle de Poniente, Ceuta dispone ya de más de 6.000 plazas en espacios temporales de acogida. En estos espacios se realiza la filiación y el triaje, los pasos previos para estudiar cada caso: determinar si la persona puede solicitar protección internacional, si reúne requisitos para permanecer en España, o si corresponde iniciar un procedimiento de retorno.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala activaron un operativo preventivo de seguridad con herramientas de identificación biométrica e interconexión internacional ante el posible ingreso de una caravana migrante procedente de Honduras.

La intervención institucional busca mantener el orden público, prevenir hechos delictivos y resguardar el territorio nacional ante el desplazamiento de un contingente de al menos 400 personas que partió desde San Pedro Sula con la intención de cruzar Guatemala y México para llegar a Estados Unidos.

Puestos interinstitucionales controlan los pasos fronterizos

En cumplimiento del Código de Migración, las autoridades guatemaltecas habilitaron puestos de control interinstitucionales en sectores fronterizos clave como Corinto, Agua Caliente y Entre Ríos, así como en rutas estratégicas.

En estos puntos participan unidades especializadas de la PNC, entre las que destacan la División de Puertos, Aeropuertos y Fronteras (Dipafront), la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC).

Los agentes utilizan tecnología biométrica conectada en tiempo real con Interpol y el Centro Antipandillas Transnacional para corroborar identidades y detectar a personas con antecedentes o vínculos con estructuras criminales.

Junto al despliegue de las fuerzas de seguridad, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) realizan una verificación exhaustiva de los documentos de los menores de edad que forman parte de los grupos en tránsito.

Esta supervisión tiene como objetivo certificar el parentesco con los adultos acompañantes para prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

De forma paralela, las comisarías departamentales y unidades operativas vigilan carreteras principales como la ruta CA-9 Norte para prevenir congestionamientos viales y brindar protección a las comunidades de la zona.

El Gobierno guatemalteco retornará a quienes incumplan los requisitos

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que la vigilancia en los pasos fronterizos se mantendrá de manera estricta y que el IGM autorizará únicamente el ingreso de las personas que cuenten con su documentación en orden.

El mandatario aseguró que quienes no cumplan los requisitos formales no podrán ingresar y serán retornados a Honduras para completar sus trámites.

“Se les pedirá que completen en sus países para que esto funcione. En Honduras, en este caso, que es de donde están viniendo”, explicó el jefe del Ejecutivo, quien añadió que los ciudadanos podrán solicitar de nuevo su entrada formal una vez resuelta su situación.

A estas acciones se suma la postura expresada por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, la cual exhortó a los migrantes a no poner en riesgo sus vidas ni creer en los ofrecimientos de traficantes.

La representación diplomática remarcó que las fronteras estadounidenses continúan cerradas para quienes violen la ley y recordó que todas las semanas se efectúan deportaciones aéreas de cientos de ciudadanos hondureños.

Ante este panorama, el Mingob habilitó líneas de la PNC para promover la denuncia ciudadana anónima sobre cobros o intermediaciones ilícitas en las rutas migratorias.

Inicia el ingreso de migrantes hondureños

Pese a las advertencias de las autoridades hondureñas y guatemaltecas, la caravana ya se encuentra en el puente Motagua, jurisdicción de Puerto Barrios, departamento de Izabal, zona fronteriza con Honduras.

Medios locales han reportado la colocación de mesas donde participan funcionarios de varias instituciones como el IGM, la PDH, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y agentes de la Policía Nacional Civil.

Stereo Bahía entrevistó a varios hondureños quienes comentaron que les están otorgando permiso para transitar por Guatemala durante un día, siempre que su documentación se encuentre en orden.

Algunos ya habían hecho el trámite con anterioridad, no obstante, comentaron que tienen las mismas restricciones, sólo pueden estar en el territorio guatemalteco durante un día, lo que, según ellos, les dificultará su paso, ya que “es imposible abarcar todo el país en 24 horas”.

La tensión en las calles de Ceuta sigue en aumento tras un domingo de protestas vecinales y altercados en el Puerto por la instalación de un nuevo dispositivo de acogida para migrantes con 1.700 plazas. Durante la jornada, decenas de manifestantes lanzaron piedras y huevos contra el vehículo de Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, en el que viajaban también el activista Rafael Borrego y la abogada de Derechos Humanos de la ONU Sofía Acevedo. A este escenario se suma la situación de los menores migrantes que permanecen en las calles y que, según ha estimado este lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se sitúan entre 500 y 700, y ha señalado que la mayoría no va a ser reagrupado con sus familias en Marruecos.

“Creo que la mayoría se quiere quedar en España. Y se van a quedar, porque hay una ley que les protege, y lo digo con mucho orgullo, no importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal, todos son iguales ante la ley. Tenemos una norma garantista que les escucha, que les protege y, sobre todo, en los casos de niños que huyen de mucha violencia... la obligación como sociedad es protegerlos”, ha afirmado la ministra en una entrevista en la Cadena SER.

También ha precisado que en unos días tendrán listos los primeros expedientes para solicitar el reagrupamiento familiar y que habrá que esperar a la respuesta de Marruecos, ya que anteriormente se habían tramitado 600 expedientes de menores y el Gobierno sigue sin tener “ningún tipo de respuesta”. “No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto, obviamente, es un problema o es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación familiar de menores”, ha dicho.

“Se está haciendo politiqueo”

Rego también ha destacado que es el sistema de acogida de Ceuta el que tiene que hacerse cargo de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, porque tiene la competencia en materia de menores. “Tienen 90 millones de euros para dar una solución inmediata”. “Es un dolor y es indignante que haya una negativa a trasladar a los niños, a niños que ya están filiados, que ya están dentro del sistema, a la Península. Porque esto habilitaría con carácter inmediato 500 o 600 plazas ya mismo en el sistema de tutela de Ceuta, y haría que fuera muy sencillo que estos niños tuvieran cama, techo, tuvieran comida, tuvieran una mínima atención mañana mismo”, ha señalado.

En este sentido, ha lamentado que “se esté haciendo politiqueo con la situación de niños y niñas” y ha denunciado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, “no está planteando la posibilidad de acogida de niños en Península, cuando antes sí que lo veía como algo viable”.

(Con información de EFE y Europa Press)

En el segundo año del gobierno de Donald Trump, uno de cada cinco migrantes deportados por orden de jueces migratorios en Estados Unidos es mexicano. Así lo documentan los datos más recientes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), centro de investigación de la Universidad de Syracuse que da seguimiento a los tribunales de inmigración estadunidenses.

En lo que va del año fiscal 2026 —que inició el 1º de octubre de 2025 y concluye el 30 de septiembre próximo— los tribunales migratorios han ordenado expulsar a 160 mil 29 connacionales, cifra que supera en casi 78% a la de la segunda nacionalidad con más casos: los venezolanos, con 90 mil 249 órdenes de deportación.

El total de expulsiones en el periodo

De acuerdo con TRAC, las cortes migratorias han emitido en este lapso 741 mil 870 órdenes de deportación en conjunto —entre remoción y salida voluntaria—, lo que equivale a 83.5% de todos los casos resueltos por esos tribunales durante el año fiscal en curso.

Las órdenes dictadas por jueces migratorios son solo una de las vías con las que Estados Unidos expulsa migrantes. Se trata del mecanismo con más garantías procesales, ya que:

• Las autoridades deben presentar un caso formal ante un juez de inmigración.
• El migrante tiene derecho a audiencias para defenderse.
• El fallo se emite tras un proceso, aunque este sea expedito.

Existen también vías no judiciales, como la llamada “remoción expedita”, que permite a agentes de ICE o de la Patrulla Fronteriza deportar en cuestión de días a personas que no logren demostrar al menos dos años de residencia continua en el país, sin que un juez intervenga en el proceso.

Otras nacionalidades con más casos

Detrás de mexicanos y venezolanos, la lista de nacionalidades con más órdenes de deportación dictadas por jueces migratorios la completan:

• Honduras: 89 mil 7 casos
• Guatemala: 87 mil 255 casos
• Colombia: 48 mil 458 casos

Lo que dicen los datos sobre el argumento de seguridad pública

Uno de los hallazgos del reporte de TRAC contrasta con el argumento que la administración de Trump ha usado para justificar la ofensiva migratoria: la seguridad pública.

Según la organización, apenas 1.79% de los nuevos casos abiertos ante las cortes migratorias en el año fiscal en curso buscaban la deportación por presunta actividad criminal del migrante, más allá de la posible entrada irregular al país. Es decir, la mayoría de los procesos no están vinculados a delitos, sino a la situación migratoria en sí misma.

Agosto, el mes con más casos resueltos

Solo en agosto pasado, los jueces de inmigración completaron 96 mil 184 casos, de los cuales:

• 77 mil 234 terminaron en orden de remoción.
• 9 mil 20 concluyeron en salida voluntaria.

Esto significa que 89.7% de los procesos resueltos ese mes terminaron con la expulsión del migrante.

Otro dato relevante es el del acceso a representación legal: solo 24.2% de los migrantes a quienes se dictó una orden de expulsión en agosto —incluidos menores no acompañados— contaron con un abogado durante su proceso.

Un rezago de más de 3 millones de casos

Al cierre de agosto había 3 millones 92 mil 988 casos activos pendientes ante las cortes de inmigración estadunidenses. De ese total, 2 millones 278 mil 978 corresponden a solicitantes de asilo que aún esperan audiencia o resolución final.

En cuanto a las audiencias de fianza, los jueces migratorios han realizado 66 mil 620 en lo que va del año fiscal, pero solo 20 mil 258 —menos de un tercio— terminaron en la concesión de la fianza al migrante.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este lunes a Ceuta para supervisar los recursos habilitados para atender a los migrantes que llegaron de forma irregular desde Marruecos a finales de julio. La visita se producirá mientras miles de personas continúan sin plaza en los dispositivos de acogida y permanecen acampadas en playas y calles de la ciudad, por lo que la tensión y el malestar de los vecinos no han dejado de aumentar en estas últimas semanas. El Gobierno, a partir de los datos que le facilitan las fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad, estima que permanecen en Ceuta unos 10.000 migrantes y que entre 3.000 y 4.000 viven en las calles.

Según informó el Ministerio del Interior, el ministro recorrerá el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CETI), varias unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio que se abrieron en la ciudad autónoma, según ha informado la agencia EFE.

Se trata del cuarto desplazamiento de Marlaska a Ceuta desde que comenzó la crisis humanitaria, social y política, que ha disparado la xenofobia y el racismo y ha servido como caldo de cultivo y altavoz para los discursos de la derecha y ultraderecha, además de haber derivado en un creciente enfrentamiento político entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Juan Jesús Vivas y el PP.

Más de 6.000 plazas habilitadas

El último espacio que el Gobierno ha puesto en marcha está ubicado en el Puerto de la ciudad y allí fueron trasladadas el viernes un total de 1.700 personas que estaban en las playas de El Trampolín y Benítez. Este dispositivo se suma a las 1.300 plazas abiertas en Loma Margarita, las 1.200 de Loma Colmenar, las 500 adicionales habilitadas en el CETI y las 320 de La Hípica, según las últimas cifras facilitadas a EFE por la Delegación del Gobierno. En total, ya son más de 6.000 plazas habilitadas en espacios temporales de acogida.

“Es indispensable que estas personas estén bien atendidas en lugares acotados para ser filiadas e iniciar los trámites de devolución y así se seguirá haciendo con el resto de personas que quedan en la ciudad autónoma”, según han señalado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que destaca que “cuanto antes estén en esos espacios, antes se procederá a los retornos y antes se recuperará la ansiada normalidad”.

En estos centros se registran sus datos y se realiza el triaje, una primera evaluación para comprobar su identidad, estado de salud, posibles situaciones de vulnerabilidad y eventuales necesidades de protección internacional. En el caso de que no puedan solicitar asilo, el Gobierno ya ha reiterado que no podrán entrar legalmente en España y que serán devueltos al país de origen, en su mayoría a Marruecos.

La situación de los menores no acompañados sigue un cauce distinto. Una vez identificados, quedan bajo tutela de Ceuta y se abre un expediente individual para estudiar si procede la reagrupación con sus familias en Marruecos o su acogida y eventual traslado a otra comunidad autónoma. La devolución no puede aplicarse de forma automática y exige valorar el interés superior de cada niño o adolescente.

Chan Mathok Atak, un joven sudanés de 19 años que huyó de la guerra y la persecución en su país, ha sido encarcelado en Reino Unido tras ponerse al mando de una lancha neumática que cruzó el Canal de la Mancha desde Francia con un número récord de personas a bordo. La travesía, que se prolongó durante casi 24 horas en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, rozó la tragedia.

Atak, que según declaró ante la policía pagó 200 euros a las mafias para poder embarcar, asumió el timón durante gran parte del trayecto. A bordo de la embarcación —un bote neumático de casi 15 metros de eslora, similar a la longitud de un autobús urbano— viajaban entre 165 y 167 personas, incluidos 31 menores de edad y un bebé de pocos meses.

Además, la nave presentaba deficiencias estructurales graves: se estaba desinflando progresivamente en alta mar, solo funcionaba uno de sus dos motores fueraborda y carecía por completo de equipamiento básico de navegación, señales de socorro o extintores.

El Tribunal de la Corona de Canterbury ha dictado sentencia imponiendo al joven una pena de dos años y tres meses de prisión por el delito de poner en peligro vidas en el mar. Las grabaciones aéreas captadas durante la travesía resultaron fundamentales para la investigación desarrollada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido.

A teenager who piloted a boat with 165 people on board across the English Channel has been jailed for risking the lives of others during a sea crossing.

Read the full story ➡️ https://t.co/VHPexAJswy pic.twitter.com/4y9J4CWvSk

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) September 18, 2026

En los vídeos se observa a Atak manejando el timón durante más de 90 minutos, luciendo una chaqueta negra con el logotipo de “ITALIA”. Poco antes de ser interceptados por las autoridades británicas, el joven apagó el motor, se despojó de la prenda e intentó camuflarse entre la multitud en un intento en vano de no ser identificado como el timonel.

Pese a que la defensa argumentó que Atak no obtuvo beneficio económico y que huía de la violencia en Sudán del Sur tras pasar por Libia, la jueza determinó que asumir el timón conlleva la responsabilidad legal de las vidas a bordo. Al superar el año de condena, el joven queda sujeto a un proceso de deportación automática al salir de prisión.

Riesgo extremo en alta mar

Las condiciones en las que los migrantes realizaron el cruce eran extremas. Además del hacinamiento masivo, la lancha transportaba provisiones mínimas de agua y alimentos, los chalecos salvavidas eran inadecuados para el mar abierto y existía un riesgo considerable de incendio debido a la peligrosa proximidad entre las baterías y los depósitos de combustible.

Tras el veredicto, los responsables de la investigación y del Gobierno británico subrayaron la gravedad del caso. El investigador de la NCA, John Turner, afirmó que “Chan Atak fue inimaginablemente temerario y sus acciones podrían haber derivado fácilmente en múltiples muertes si esta embarcación no hubiera sido interceptada”, destacando que la lucha contra estas redes es su prioridad, con más de 100 investigaciones en marcha.

Por su parte, la ministra de Seguridad Fronteriza, Anna Turley, señaló que “la sentencia de hoy pone con razón a este malvado criminal tras las rejas”, calificando el caso como “un duro recordatorio de los actos despiadados utilizados por las bandas de traficantes para explotar a personas desesperadas por dinero”.

Asimismo, el fiscal Andrew Stephens remarcó que “Chan Atak tomó el control de la embarcación y puso en riesgo la vida de 165 personas, incluidos niños” en un viaje de más de 23 horas sin experiencia de navegación, advirtiendo además que “aquellos sentenciados a más de un año de prisión se enfrentan a ser deportados y, si presentan una solicitud de asilo, su condena será tomada en cuenta”.

Un grupo de 31 migrantes fue localizado por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dentro de un camión utilitario modificado cerca de Ocotillo, California, después de que el conductor los abandonara y huyera hacia México.

El caso fue reportado el 16 de septiembre de 2026 por el Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, que difundió imágenes del vehículo y del momento en que los migrantes fueron encontrados en una zona desértica.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, los traficantes habían introducido a las 31 personas en la parte de carga de un camión utilitario modificado y las trasladaron a través del desierto cercano a Ocotillo, una comunidad del condado de Imperial ubicada a pocos kilómetros de la frontera con México.

La fotografía difundida por la corporación muestra el compartimento trasero del vehículo, acondicionado para transportar al grupo. En otra de las imágenes aparecen agentes y migrantes mientras son conducidos fuera de la zona donde fueron abandonados.

La Patrulla Fronteriza señaló que el traslado ocurrió bajo las condiciones de calor del desierto de California, una zona en la que las temperaturas pueden superar los 100 grados Fahrenheit durante los meses de mayor calor.

El conductor huyó hacia México

Según el Sector El Centro, los agentes localizaron al grupo después de que el conductor abandonara el vehículo y huyera hacia México, aparentemente al considerar que la frontera era el destino final de su escape.

Los 31 migrantes quedaron bajo custodia de los agentes estadounidenses, mientras que el conductor fue posteriormente detenido por autoridades mexicanas, de acuerdo con la información difundida por la Patrulla Fronteriza.

Las autoridades estadounidenses no dieron a conocer, en la publicación difundida en redes sociales, las identidades, edades o nacionalidades de las personas encontradas en el vehículo.

El caso quedó relacionado con una operación de tráfico de personas, debido a la forma en que el grupo fue trasladado y ocultado dentro del vehículo. La propia Patrulla Fronteriza describió que los traficantes habían llevado a las personas “como mercancía” a través del desierto.

El hallazgo también expone los riesgos de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. El calor extremo, la falta de ventilación y el aislamiento de las zonas desérticas pueden convertir los traslados en vehículos cerrados en situaciones de peligro para quienes son transportados.

Semanas antes, México desmanteló una red que usaba túneles

El caso ocurre poco más de dos semanas después de un operativo realizado en México contra otra organización dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.

El 28 de agosto, autoridades mexicanas informaron la detención de ocho presuntos integrantes de una organización identificada como “La Tía” o “La Nueva Empresa”, señalada por utilizar túneles clandestinos en Ciudad Juárez para trasladar migrantes hacia territorio estadounidense.

En aquella operación, realizada en Jalisco y Chihuahua, fue detenida la presunta líder de la organización, identificada como Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”. Las autoridades señalaron que la célula no solamente estaba relacionada con tráfico de migrantes, sino también con delitos como narcotráfico, secuestro y extorsión.

La investigación mexicana comenzó en enero, después de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que advertía sobre una posible red dedicada al traslado de personas hacia ese país. Durante los cateos fueron aseguradas dos camionetas, 31 teléfonos celulares y equipo electrónico y de cómputo.

Aunque el caso de los 31 migrantes encontrados en Ocotillo no ha sido vinculado públicamente con aquella organización, ambos hechos muestran distintas modalidades empleadas para intentar trasladar personas desde México hacia Estados Unidos: mientras una investigación apuntó al uso de túneles clandestinos, el episodio más reciente involucró un vehículo modificado para ocultar y transportar a decenas de personas.

La detención del conductor en México añade además un componente binacional al operativo, luego de que el sospechoso cruzara de regreso al territorio mexicano tras abandonar al grupo en el desierto californiano.

Este viernes la noticia vuelve a estar en Ceuta. Tras las idas y venidas con la acogida de migrantes en el puerto, el traslado se ha ejecutado. A las 6:30, efectivos de Guardia Civil han comenzado a llevar a las personas al nuevo campamento. El inicio no ha sido fácil. Los migrantes, conscientes de que habían un total de 1700 plazas disponibles y que son muchos más los que las necesitan, han comenzado a correr para tratar de asegurarse un hueco. Como respuesta, el Instituto Armado ha necesitado un refuerzo de la Policía Nacional y se han producido cargas y disparos al aire.

Pasados estos primeros instantes de tensión, las autoridades han podido establecer un orden. Los migrantes han permanecido sentados ante la entrada al campamento mientras los agentes gestionaban la entrada de forma pausada. La principal duda que se genera ahora es qué va ser de todas las personas que se queden sin sitio y vuelvan a verse en las calles. Fuente del Gobierno reconocen que no se puede descartar que vuelvan a ocuparse las playas. Cifran en cerca de 3.000 personas las que continúan viviendo en la calle.

Efecto llamada sobre el traslado

El traslado al puerto ha sido una fuente de enfrentamientos desde que se propuso. En primer lugar, el gobierno de la ciudad autónoma se opuso a usar estas instalaciones. Después se alcanzó un acuerdo para usar unas parcelas. Cuando su puesta en marcha parecía inminente, llegaron dudas en el ámbito judicial. El Sindicato Unificado de Policías (SUP) presentó un recurso ante la Audiencia Nacional por las consecuencias que podía tener el traslado y esta decidió suspenderlo. Un día después, este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acabó levantando el veto y permitiendo que iniciara el operativo.

Las fuentes del Gobierno señalan que la paralización judicial del operativo ha incrementado la dificultad de los traslados, al generar un foco informativo que dio lugar a un efecto llamada entre los migrantes. Creen que esto es lo que ha llevado una tensión inicial entre las personas que querían entrar al campamento. Según la versión del Gobierno, al detectar la presencia de la Guardia Civil, entendieron que comenzaba la operación y se dirigieron hacia el puerto para situarse entre los primeros en ser trasladados. Además, explican que se trata de un dispositivo especialmente complejo por el volumen de desplazamientos previstos, que dicen que supera cualquier antecedente. El Ejecutivo sostiene que se ha desarrollado con calma y cinismo y que no se han registrado episodios de violencia ni altercados.

Crítica al PP

Desde Moncloa han acusado al PP de irresponsable por cuestionar un operativo antes de que termine. Reprochan a Alberto Núñez Feijóo y a su partido una posición irreal ante la situación, al asegurar que quieren que desaparezcan los migrantes de un momento a otro y esto es imposible. También responden a las críticas de Sumar por las cargas policiales, pues creen que se deben a la necesidad de controlar una operación con un elevado número de personas.

Las fuentes consultadas aseguran que Ceuta participa en el operativo y precisan que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantiene contacto con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, desde el inicio. El Gobierno admite que se ha hecho público un malestar con Vivas por diferencias en la gestión (con la respuesta de Pedro Sánchez en el pasillo del Congreso sobre qué pregunten a Vivas por qué hay menores sin tutelar) y atribuye parte de los retrasos a las dificultades para localizar y habilitar los espacios de acogida.

Sanidad ha confirmado un positivo de mpox (anteriormente conocido como viruela del mono) entre el grupo de menores migrantes acogido en Ceuta. Se trata de un joven de trece años que llegó a la ciudad autónoma en la entrada masiva del pasado mes de julio.

Según ha precisado Europa Press, el menor permanece aislado en el centro en el que se encuentra acogido y está recibiendo tratamiento. El positivo se detectó este jueves, después de que presentase síntomas compatibles con la enfermedad. Las autoridades sanitarias sospecharon que el adolescente podía estar infectado y remitieron muestras para su análisis, que confirmó la infección.

Se trata del primer caso de mpox en la historia de Ceuta desde el inicio del brote en España.

Qué es la mpox

La mpox, también conocida como viruela M, es una zoonosis viral (enfermedad que se transmite de animales a personas) que pasó por primera vez a humanos en la República Democrática del Congo. Hasta el año 2022, se consideraba una infección endémica del África Occidental y Central, pero en mayo de 2022 un brote de mpox saltó a nivel internacional, siendo España uno de los países más afectados.

Ese año, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) registró 7.521 casos de mpox en España, la mayoría en Madrid (2.534), Cataluña (2.329) y Andalucía (884). Desde entonces, la incidencia de la enfermedad ha ido en descenso, con picos en 2024 (695 casos) y en 2025 (814) que quedaron lejos del brote original. Hasta febrero de 2026, España había notificado 9.420 casos de mpox en su historia, ninguno en Ceuta y Melilla.

Este caso es, por tanto, el primero en detectarse en una de las dos ciudades autónomas. Por el momento, los servicios sanitarios han adoptado las medidas correspondientes para evitar nuevos contagios.

La mpox se transmite de persona a persona, por contacto estrecho con alguien infectado, con lesiones cutáneas, fluidos corporales, costras... En 2022, la principal vía de transmisión fue a través de relaciones sexuales, pero existen otras vías de contagio como la vertical (de madre a hijo durante el embarazo), por fómites (contacto con un objeto contaminado) o la zoonótica (arañazo o mordedura).

La enfermedad se manifiesta, normalmente, a las tres semanas de la exposición. Los síntomas se asemejan a los de una gripe, con fiebre, cefaleas, escalofríos, dolores musculares, fatiga extrema y tos, pero vienen acompañados de erupciones cutáneas, que suelen aparecer a los pocos días del inicio de la fiebre.

La erupción suele comenzar en el rostro y después puede aparecer en cualquier zona del cuerpo, incluyendo la palma de las manos y la planta de los pies, la cara, la boca y la garganta, las ingles, los genitales y el ano. Con el tiempo, estas pústulas forman costras que finalmente se desprenden. El período de transmisión suele ser de 2 a 4 semanas y se extiende desde el comienzo de los síntomas hasta la desaparición de las lesiones en la piel con restauración completa de la misma.

Las capas de vulnerabilidad migrante se forman por la interacción de factores como el origen, la situación económica, el género, la etnia y las condiciones del trayecto. Esa combinación puede incrementar los riesgos para las personas que se desplazan o deciden establecerse en México.

De acuerdo a las investigadoras Sofía Teresa Díaz Torres y Jessica Ximena Montes de Oca Quiroz la desventaja no corresponde a una característica fija de determinados grupos, más bien puede ser descrita como una situación dinámica, condicionada por circunstancias sociales, políticas, económicas y raciales.

Las autoras plantean que las diferencias en la recepción de quienes migran no dependen solo de su nacionalidad. La clase social, la forma de viajar y la representación pública de cada persona también influyen en el acceso a vivienda, empleo, educación y atención médica.

La migración desde diversos puntos de vista

Estas reflexiones forman parte del libro Capas de vulnerabilidad de las poblaciones migrantes en México, escrito por Díaz Torres y Montes de Oca Quiroz. Ambas son candidatas a doctoras en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM, dentro de las áreas de Humanidades en Salud y Bioética.

La publicación surgió a partir del ensayo que obtuvo el tercer lugar en el concurso Escribir para la Bioética, organizado por el Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Asimismo, la investigación comenzó hace aproximadamente un año y medio, cuando las protestas contra la gentrificación en Ciudad de México pusieron en debate la llegada de extranjeros y las diferencias con las que son percibidos según su procedencia.

Una de las académicas recordó que en redes sociales, medios de comunicación y ámbitos académicos detectaron posturas nacionalistas y xenófobas, discursos que diferenciaban a las personas procedentes del llamado norte global de quienes llegaban desde el sur global.

“Había un rechazo hacia ellos no por el hecho de ser extranjeros, sino también por su condición económica”, afirmó la autora.

A partir de esa observación, las especialistas concluyeron que la xenofobia no bastaba para explicar el fenómeno, por lo que también incorporaron la aporofobia, entendida como el rechazo hacia las personas pobres.

Campamentos en Ciudad de México mostraron necesidades básicas

Sofía Díaz Torres identificó otro punto de análisis en los campamentos de migrantes que comenzaron a ganar visibilidad en la capital del país, acudiendo al instalado en la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, como parte de una iniciativa para llevar libros y promover la alfabetización.

La experiencia modificó la percepción inicial del proyecto, ya que las personas en el lugar requerían antes agua, medicamentos y alimentos que materiales de lectura.

“Las condiciones en las que estaba el campamento requerían lo más básico”, expresó Díaz Torres, evidenciando la situación sobre que cada desplazamiento incluye necesidades y riesgos particulares.

Para estudiar esa diversidad, se retomó la propuesta de la filósofa argentina Florencia Luna, quien utiliza la metáfora de las capas para comprender la vulnerabilidad, este enfoque permite observar cómo diversos elementos se acumulan en una misma persona.

Montes de Oca explicó que una persona puede enfrentar riesgos vinculados a su situación económica, edad, género, origen, ubicación geográfica o pertenencia étnica, así como circunstancias de traslado que pueden aumentar esa exposición.

El género, el lenguaje y las políticas públicas amplían la discusión

Las mujeres migrantes pueden estar expuestas desde edades tempranas al abuso sexual, la trata de personas y la explotación sexual, lo que representa una serie de riesgos durante su desplazamiento.

Por otro lado, las desigualdades también aparecen en la forma en que se representa a los recién llegados, ya que la información difundida en noticias y redes sociales suele asociar a quienes proceden del norte global con la innovación, la tecnología y la era digital.

En contraste, las personas originarias del sur global aparecen con frecuencia relacionadas con trabajos de servicios. Esta diferencia también se refleja en las palabras empleadas para referirse a las migraciones.

Montes de Oca señaló que términos como expat o “nómada digital” suelen reservarse para quienes llegan desde países del norte global, mientras que la palabra “migrante”, puede adquirir una connotación negativa cuando se vincula con condiciones económicas desfavorables.

Dejarlo todo para buscarse la vida en la otra punta de Europa puede sonar a locura, pero a veces las cuentas le dan la razón al riesgo. Esta es la historia de Laura Prieto, una joven española asentada en Tromsø, en el norte de Noruega, que ha logrado dar un vuelco a sus condiciones de vida tras dejarlo todo para dedicarse a la limpieza de hoteles y al turismo. “Gano en dos horas y media lo que ganaba en un día entero en España. Así que ir a trabajar es mucho menos pesado”, explica.

Laura viajó al país nórdico en noviembre sin empleo, aunque tras realizar una entrevista al segundo día de su llegada, fue contratada en un hotel. Sin embargo, la burocracia frenó su arranque al requerir el D-nummer (el número de identificación provisional para extranjeros) y el paso por la oficina de impuestos. “Estuve tres semanas sin trabajar desde que firmé. Pero sabiendo lo que vas a ganar, ves que te sale a cuenta, aunque al principio tengas que gastar”, asegura.

En ese primer empleo percibía unos 22 euros por hora entre semana y hasta 35 euros los domingos, cifras que en el contexto local resultaban moderadas, pero que superaban de lejos sus ingresos anteriores. Decidida a optimizar sus jornadas y amortiguar el elevado coste de vida nórdico —donde el salario medio mensual roza las 63.700 coronas (unos 5.895 euros)—, Laura optó por diversificar su actividad laboral.

Un ahorro de casi 20.000 euros en diez meses

Aprovechando que para ejercer de guía en la zona no se exige titulación previa, pero sí idiomas como el inglés o el español, comenzó a postular enviando correos y mensajes por redes sociales a las agencias locales. “En Noruega los trabajos a tiempo parcial son muy comunes, sobre todo entre los jóvenes”, explica Laura. Esto le permitió firmar múltiples contratos de temporada en seis compañías distintas.

Esta modalidad laboral le otorga la libertad de aceptar o rechazar turnos para compaginar la limpieza con itinerarios guiados de auroras boreales, fiordos, motos de nieve y servicios de azafata en catamaranes. “Eso me permite tener varios trabajos y combinarlos todos para tener suficiente volumen”, señala sobre una rutina que evita jornadas agotadoras en un solo sitio.

El balance económico de su experiencia en Tromsø ratifica el éxito de su decisión. En solo diez meses de residencia, y tras deducir el alquiler, la alimentación, vuelos y viajes de vacaciones a España, la joven ha logrado acumular 19.485 euros de ahorro neto —una media cercana a los 2.000 euros mensuales—, sin contar casi 1.000 euros adicionales sumados en propinas en efectivo.

Aunque reconoce que adaptarse al clima frío, los días cortos de invierno y el alto precio de la vida diaria requiere disciplina, su caso refleja el creciente atractivo de Noruega para miles de trabajadores españoles (más de 13.000 residían en el país en 2026). “Solo explico mi experiencia personal para que tengáis un ejemplo. Si haces las cosas con cabeza, tarde o temprano te van a salir”, concluye en uno de sus vídeos de TikTok.

La Audiencia Nacional ha rechazado este jueves paralizar de forma cautelarísima la instalación del campamento para migrantes que el Gobierno está habilitando en el Puerto de Ceuta y en el que prevé alojar a más de un millar de personas llegadas a la ciudad autónoma durante el salto masivo de los días 30 y 31 de julio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima así la petición urgente del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que reclamaba suspender la autorización de Transportes hasta que quedaran acreditadas las condiciones de seguridad del recinto y las medidas de prevención para los agentes destinados al dispositivo.

Los magistrados sí consideran que existe una situación de especial urgencia por la inminente ocupación de los 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario, pero concluyen que esa circunstancia no basta para acordar la medida solicitada por el sindicato. En su resolución, la Sala sostiene que “no está justificada” la suspensión cautelarísima porque los argumentos del SUP se centran en que la atención humanitaria se preste “en condiciones de seguridad verificadas y documentadas” y en la protección de la seguridad y salud laboral de los funcionarios de la Policía Nacional.

La Audiencia recuerda además que la resolución del Ministerio de Transportes recurrida por el sindicato no establece las condiciones concretas en las que se prestará la atención humanitaria ni cómo se desarrollará el servicio policial. El acto administrativo se limita a autorizar temporalmente la ocupación de una superficie de 16.000 metros cuadrados para instalar los elementos necesarios para el dispositivo de acogida.

Por ello, los magistrados entienden que las condiciones de seguridad que deberán cumplir las instalaciones y el trabajo de los agentes tendrán que determinarse mediante las actuaciones correspondientes del Ministerio del Interior. La resolución señala que Transportes deberá instar a Interior a aportar los medios necesarios para reforzar la seguridad del recinto.

El SUP pedía detener la instalación y cualquier ampliación del dispositivo

El procedimiento judicial comenzó el 15 de septiembre, cuando el SUP presentó un recurso contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del 5 de septiembre que autorizaba la utilización de unos 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad aproximada para un millar de personas.

El sindicato solicitó al tribunal que actuara por la vía de las medidas cautelarísimas, es decir, sin escuchar previamente a la Administración, y que suspendiera inmediatamente la ejecución de la resolución. En concreto, reclamaba que se detuviera cualquier ocupación, ampliación, instalación o puesta en funcionamiento del dispositivo hasta que se acreditaran las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.

El SUP planteaba además una petición subsidiaria para el caso de que el campamento ya estuviera parcialmente instalado u operativo: que se paralizara cualquier ampliación de su capacidad, la ocupación de nuevas parcelas y el traslado de nuevas personas al recinto. También reclamaba al Gobierno la documentación técnica relacionada con la ocupación, incluida la resolución que la autorizaba, el título jurídico habilitante, el informe de compatibilidad portuaria, los planes de protección del puerto y la evaluación de riesgos laborales de los policías destinados al dispositivo.

La Audiencia Nacional intervino inicialmente el miércoles. Antes de resolver sobre la medida cautelar solicitada, requirió al Ministerio de Transportes que remitiera con urgencia la resolución y el resto del expediente administrativo. Hasta que se pronunciara sobre esa petición, el tribunal indicó a la Administración que no podía ejecutar la orden recurrida. El expediente llegó a la Sala ese mismo día e incluía, entre otros documentos, la resolución de 5 de septiembre y un informe de Puertos del Estado.

El auto dictado este jueves supone, por tanto, el siguiente paso de ese procedimiento: la Audiencia ya ha examinado la petición de suspensión inmediata y ha decidido no acceder a ella. La resolución establece expresamente que contra esta decisión no cabe recurso.

España pidió a finales de agosto a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para “agilizar” los trabajos de clasificación y triaje de los miles de migrantes que permanecen en Ceuta a la espera de su eventual repatriación a Marruecos o a sus respectivos países de origen o, en su caso, de la tramitación de las peticiones de asilo. La respuesta de Frontex, que maneja un presupuesto que ya ronda los 1.200 millones de euros, fue enviar 10 agentes a la ciudad autónoma para ayudar a la Policía Nacional en estas funciones. “Entre los agentes europeos hay un finés, un rumano, un griego... Parece un chiste, pero hay que recordar que no tienen mandato judicial, no pueden tramitar expulsiones, solo entrevistan a los migrantes y trazan sus nacionalidades. No han mandado a gente con conocimientos de español, marroquí y francés, los idiomas más hablados por estos migrantes”, explican fuentes de Frontex.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hablado de Frontex este miércoles en su sexto discurso sobre el Estado de la Unión para exponer sus planes de futuro: entre ellos, reformar las normas migratorias. Von der Leyen quiere que Frontex crezca en efectivos y tenga más competencias. Actualmente, la plantilla de este cuerpo de guardias de fronteras alcanza los 7.750 efectivos, divididos en tres categorías: la 1 (funcionarios empleados directamente por Frontex), la 2 (funcionarios adscritos de larga duración procedentes de Estados miembros de la UE) y la 3 (funcionarios cedidos temporalmente por los Estados miembros). El objetivo de Von der Leyen es llegar a los 30.000 agentes en un contexto geopolítico complejo.

Porque aunque los focos de la Comisión Europea y Frontex se han vuelto irremediablemente a Ceuta tras los sucesos del pasado 30 y 31 de julio, la agencia europea de fronteras tiene otros puntos calientes identificados desde hace tiempo que influyen en los flujos migratorios irregulares que llegan a Europa: el conflicto entre EEUU e Irán; la escalada de inseguridad que hay en Malí; la guerra en Ucrania que no tiene visos de tener fin; las redes de tráfico ilícito que operan desde Argelia y Libia y que llevan migrantes a España, Italia y Grecia; y los intentos de cruce ilegales que se producen para huir de Bielorrusia a Letonia, Lituania y Polonia. En este escenario, la Comisión Europea baraja financiar infraestructuras fronterizas (es decir, vallas), financiar centros de retorno fuera de la UE y agilizar los procesos de retorno.

Aunque todavía no hay datos oficiales de los migrantes que cruzaron a Ceuta los últimos días de julio, Frontex acaba de hacer públicas las últimas cifras oficiales de llegadas a suelo europeo. Todas las zonas analizadas de enero a agosto de este año arrojan un balance de descenso en el número de personas interceptadas, menos la ruta del Mediterráneo occidental, la que afecta a Ceuta. Las detecciones de cruces irregulares en las fronteras exteriores europeas bajaron un 35% en los ocho primeros meses del año, hasta cerca de 75.000 casos. Estas entradas ilegales cayeron en todas las rutas, salvo en la España peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, que creció un 34% hasta unas 15.900 entradas. Y eso que no están todavía contabilizados los datos del 30 y 31 de julio. Un trabajo que llevará su tiempo, explican las mismas fuentes de Frontex.

Solo 2.048 menores filiados

“No todo se soluciona con fichar más operativos en Frontex. Da igual que seamos 30.000 si no tenemos mandato judicial para tramitar, por ejemplo, expedientes de expulsión. No somos policías. No todos conocen la legislación de extranjería de cada país miembro. Solo somos guardias de frontera que en crisis como la de Ceuta podemos ayudar a entrevistar a los migrantes, hacer un triaje y trazar su nacionalidad. Poco más”, señala a Infobae un veterano mando intermedio de ‘Infobae’ que pide anonimato. Actualmente, en Ceuta ya hay 2.048 migrantes menores filiados, casi 50 días después de la crisis de julio. Hay entre 700 y 1.000 menores deambulando todavía por la ciudad, según el Ejecutivo de Ceuta.

El Gobierno central trabaja ahora en dos flancos: acelerar la instalación de los emplazamientos para realojar a los migrantes con el propósito de sacarlos de la calle y, a la vez, identificarlos para agilizar los trámites de expulsión. El Ministerio del Interior va a habilitar dos centros de acogida en Ceuta y Melilla con 800 plazas cada uno. De momento, ya hay en la ciudad autónoma 4.160 plazas temporales y se trabaja para que los migrantes realojados llegan hasta los 6.000. Además, se han producido 5.482 retornos voluntarios y 307 devoluciones a Marruecos por agresiones u otros incidentes. “La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España, Ceuta es Europa”, señaló este miércoles Von der Leyen, que ha definido lo que pasó en Ceuta como “la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y redes de contrabando sin escrúpulos y por parte de nuestros adversarios”.

Frontex recuerda que sus agentes están preparados para prestar asistencia en controles fronterizos y vigilancia, labores de “gestión de la migración” (por ejemplo, selección, registro, toma de huellas dactilares, sesión informativa posterior..), funciones de la guardia costera y búsqueda y rescate, operaciones de retorno para personas sin derecho a permanecer en Europa y lucha contra la delincuencia transfronteriza, incluido el contrabando y la falsificación de documentos. “Diez agentes en Ceuta es ridículo”, explican las fuentes antes mencionadas. Otras fuentes de la Guardia Civil especializadas en fronteras explican que la solución para este triaje de migrantes fuera ágil sería fácil: “el envío de 100 policías nacionales para hacer cada uno ocho expedientes al día; reforzar la seguridad ciudadana de la ciudad con 400 policías nacionales; y 800 para la protección de las fronteras terrestre y marítima, apoyados por nueve embarcaciones”.

Reclutamiento en Frontex

El Cuerpo Permanente de Frontex (con sus tres categorías) se estableció mediante un reglamento de la UE en 2019. Para 2027, deberá alcanzar un total de 10.000 efectivos. De estos, 3.000 serán personal permanente de Frontex, uniformados y armados desde la sede central en Varsovia. Si el objetivo es llegar a 30.000, parece una utopía. Las solicitudes para la categoría 1 no alcanzan, de momento, los objetivos previstos. En 2025 se reclutaron 1.500 de los 2.000 agentes planificados. Proceden principalmente de países con un PIB más bajo, como Grecia, Rumanía y Portugal. Para atraer a más candidatos de otros países, la agencia fronteriza planea campañas de reclutamiento específicas en Alemania, Francia y los Países Bajos. “Los candidatos seleccionados completan hasta 12 meses de formación que combina el aprendizaje en el aula con ejercicios prácticos”, explican desde Frontex.