Las organizaciones sociales y colectivos de migrantes han desempeñado un papel central en la aprobación por parte del Gobierno de la nueva regularización extraordinaria, que permitirá a medio millón de personas acceder a un permiso de residencia y trabajo en España. Tras seis años de impulso y movilización, a partir de este 16 de abril, cuando la norma entra en vigor, muchas de estas entidades actuarán como una “oficina de Extranjería”, ya que elaborarán los informes de vulnerabilidad necesarios para quienes no cuenten con empadronamiento, facilitando así el acceso al proceso.

“Somos las organizaciones sociales las que vamos a realizar esos informes de vulnerabilidad cuando las personas migrantes no tengan el padrón. La idea es que puedan demostrar, con diferentes documentos -informes médicos, facturas de servicios, envíos de dinero o abonos de transporte- que llevan residiendo al menos cinco meses de forma continuada y que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025″, dos de los requisitos clave para poder regularizarse, explica a Infobae Edith Espínola, una de las portavoces del movimiento Regularización Ya.

En ese sentido, lo más recomendable es presentar un ticket o prueba por cada mes “para que sea más fácil constatar la residencia en España durante esos meses”. Tras la publicación este miércoles de la norma en el Boletín Oficial del Estado, desde Regularización Ya aseguran que “explicarán todo paso por paso”, tanto en su página web como en talleres para que no haya confusiones.

Ante la dificultad de muchas personas migrantes para acceder a abogados especializados en Extranjería, las organizaciones sociales asumirán el acompañamiento y asesoramiento durante el proceso de regularización, cuyas solicitudes se podrán presentar entre este 16 de abril y el 30 de junio.

“Los últimos seis años hemos estado luchando para sacar adelante la regularización, pero este es ahora nuestro compromiso de trabajo y nos alegra que haya más organizaciones que se están sumando al Registro de Colaboradores de Extranjería”, afirma Espínola, pues solo las organizaciones y sindicatos que están inscritos en ese nuevo registro, que entró en vigor el pasado 6 de marzo, pueden tramitar los documentos que presenten las personas migrantes para regularizar su situación.

Según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya hay unas 200 entidades inscritas en todo el país y en los próximos días el Gobierno publicará un listado con todas ellas. Estas entidades colaboradoras revisarán toda la documentación presentada por la persona migrante y prepararán el expediente para el proceso.

Oferta de trabajo o hijos menores

Además de quienes acrediten situación de vulnerabilidad, podrán acceder a la regularización quienes presenten una oferta de trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia, o una declaración responsable sobre el negocio que desean iniciar. También accederán quienes formen parte de una unidad familiar con hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado a cargo.

En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con haber presentado la solicitud antes del 1 de enero de 2026 y poder acreditarlo debidamente.

Refuerzo del Gobierno para evitar colapsos administrativos

El Gobierno, no obstante, con el objetivo de garantizar la eficacia del proceso, también reforzará con más personal la capacidad administrativa. El plan contempla la incorporación de 400 empleados del ministerio a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que depende de la Dirección General de Migraciones, sumándose a los 200 que ya integran la plantilla habitual, por lo que serán un total de 600 trabajadores. Con esta medida, según han informado fuentes ministeriales, el Ejecutivo busca acelerar la gestión y resolución de las solicitudes.

Según señalan esas mismas fuentes, las oficinas de Extranjería “no tendrán que asumir una carga extra de trabajo” e insisten en que será la UTEX quien se encargue, principalmente, de este proceso de regularización, el séptimo que se lleva a cabo en España desde la llegada de la democracia.

La gestión podrá realizarse de forma telemática o presencial -a partir del 20 de abril-. La atención presencial requerirá cita previa y la solicitud podrá presentarse en alguna de las 60 oficinas que se habilitarán de la Seguridad Social o en las 371 oficinas de Correos que se distribuirán tanto en capitales de provincia como en municipios con más de 50.000 habitantes. También estarán disponibles cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Cabe recordar que la autorización que se conceda en el proceso de regularización permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a esta regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.

Otra condición fundamental para acceder al proceso es no tener antecedentes penales graves. Para acreditarlo, los solicitantes deben presentar un certificado expedido por su país de origen. Si no logran obtenerlo en un mes, el Gobierno español lo solicitará por vía diplomática durante tres meses. Si el documento no llega, la persona tendrá 15 días más para gestionarlo por su cuenta. La falta de este certificado impedirá acceder a la regularización.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a la ofensiva contra la regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado este martes el Gobierno, afirmando que la norma es “injusta”, “inhumana” e “insostenible”. Pero su ofensiva ya estuvo falta de pólvora porque la primera bala de su partido ya la disparó, de nuevo, la oposición alternativa de Sánchez, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso ha vuelto a pasar por encima de su jefe nacional llevando la iniciativa política y judicial. Cinco días antes de que Feijóo fijase posiciones con los grupos del PP en el Congreso y el Senado, la baronesa madrileña anunció en Pleno que presentaría un recurso contra la ILP porque, según denunció, provocaría el colapso de los servicios madrileños. Y este lunes mismo, un día antes del discurso de Feijóo, avanzó que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar su suspensión cautelar.

En su intervención, Feijóo criticó enérgicamente la norma, pero no anticipó movimientos judiciales por parte de su partido. Se refirió al impacto económico de la regularización e incluso se hizo eco de bulos afirmando que no se acredita fehacientemente la presencia de antecedentes penales, a pesar de que el Gobierno sí incluyó la obligatoriedad de presentar un certificado en el texto final.

Según ha explicado el Gobierno, a partir de este jueves 16 se podrán iniciar los trámites de forma telemática y, desde el día 20, de forma presencial. La autorización que se conceda permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a esta regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.

Ayuso lideró la ofensiva de Adamuz, la ley de amnistía y la financiación autonómica

No es la primera vez que Ayuso mueve la primera ficha. Lo hizo anteriormente con la ley de amnistía, cuando la líder regional anunció un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y avanzó que los ejecutivos autonómicos del PP harían lo mismo, adelantándose así al anuncio que se esperaba de Alberto Núñez Feijóo.

También anunció, antes que Feijóo, su intención de recurrir por la vía judicial la reforma de la financiación autonómica que el Gobierno acordó con ERC al denunciar que “perjudica” a los madrileños, “prioriza a las comunidades con intereses independentistas” y reduce el “acceso equitativo a los servicios públicos”.

Y ya no solo se ha limitado al ámbito judicial. Ayuso ha tratado de liderar ofensivas del PP como, por ejemplo, sobre el accidente de Adamuz del pasado mes de febrero. Ayuso, mientras el PP nacional respetó el silencio institucional cuando las circunstancias eran totalmente desconocidas, Ayuso salió a la palestra para ser la primera en exigir responsabilidades políticas tras el accidente y propuso una misa encabezada por el Arzobismo de Madrid. Un día después, el PP pediría las comparecencias de Sánchez y Puente en el Congreso.

Ayuso también se anticipó una vez más a la dirección nacional del partido cuando llamó a Sánchez a rendir cuentas en la Asamblea de Madrid para explicar posibles tratamientos de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) hacia Begoña Gómez, cuando el grupo parlamentario en el Senado aún no dio el paso de citar al presidente del Gobierno; lo hizo finalmente en mayo de 2024.

Sánchez rechazó su comparecencia en la Cámara madrileña, por lo que la sesión quedó inicialmente aplazada, a la espera de que el Consejo de Estado aclarase si está obligado o no a asistir. Finalmente, avaló la decisión de Presidencia, pero la primera bala ya había sido

La nueva regularización de personas migrantes, aprobada este martes por el Gobierno en el Consejo de Ministros y que permitirá a medio millón de personas obtener permisos de residencia y trabajo, entrará en vigor este 16 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A continuación te contamos algunos de los requisitos más relevantes que los solicitantes deben tener en cuenta.

El primer requisito para los migrantes en situación irregular es demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada. Para evidenciar esa vida continuada, más allá del empadronamiento, también podrán demostrarlo con otro tipo de documentos como facturas de la luz, informes médicos o resguardos de servicios municipales.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de junio, fecha que el Gobierno había previsto desde un principio, pese a que las organizaciones sociales habían reclamado que se extendiera, al considerar que menos de tres meses resulta insuficiente por las dificultades derivadas de la falta de recursos, los trámites administrativos y las barreras idiomáticas, entre otros obstáculos. A partir de este jueves 16 se podrán iniciar los trámites de forma telemática y, desde el día 20, de forma presencial.

Tipo de permiso que se concede

La autorización que se conceda permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a esta regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.

Qué pasa con los antecedentes penales

Otra condición fundamental para acceder al proceso es no tener antecedentes penales graves. Para acreditarlo, los solicitantes deben presentar un certificado de antecedentes penales expedido por su país de origen. Sin embargo, el Gobierno también ayudará a que el mayor número de personas pueda conseguir este documento. La norma establece que las personas migrantes tendrán un mes para presentar el certificado, pero si no lo consiguen en ese plazo, el Ejecutivo lo solicitará por vía diplomática durante un periodo de tres meses. Si después de ese plazo el certificado no ha llegado, la persona interesada dispondrá de 15 días adicionales para intentar obtenerlo por su cuenta. Si no logra presentar el documento en ese tiempo, no podrá acceder al proceso de regularización.

También podrán acogerse al proceso aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pero para ello tendrán que justificarlo. Los servicios sociales pueden emitir informes de vulnerabilidad, pero solo para personas empadronadas. Si el solicitante no está empadronado, podrá solicitar el informe a organizaciones sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que actualmente son unas 200 en el país. El Gobierno publicará un listado de estas entidades para orientar a los solicitantes, aunque algunas organizaciones ya han advertido de la posible sobrecarga administrativa que puede generar este proceso.

Asilo

Las personas que hayan solicitado asilo deben demostrar que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026. Para ello, pueden presentar cualquier documento que sirva como prueba válida. Además, deben aportar un documento de identidad, ya sea vigente o caducado. No es necesario renunciar al procedimiento de asilo antes de solicitar la regularización extraordinaria. Solo se exigirá la renuncia si la persona recibe una resolución favorable a su solicitud de regularización. Los solicitantes de asilo que todavía no hayan obtenido respuesta sobre su petición o recurso pueden iniciar el trámite de regularización sin abandonar el proceso de protección internacional.

También se pueden acoger a la regularización aquellas personas que hayan trabajado en España durante su permanencia en el país o si presentan un contrato de trabajo de al menos 90 días en un año.

De la misma forma, podrán acceder al proceso quienes residan en España junto a su unidad familiar, siempre que esté formada por hijos o hijas escolarizados o realizando estudios académicos, hijos mayores de edad con discapacidad que requieran apoyo o no puedan cubrir sus propias necesidades por motivos de salud, o ascendientes de primer grado.

Durante el periodo de solicitudes, los menores de edad acompañados podrán obtener la autorización de residencia con condiciones más flexibles. Para los nacidos en España, no será obligatorio presentar la solicitud en los seis meses posteriores al nacimiento. Para los no nacidos en España, no se exigirá una permanencia previa de dos años ni que los padres o tutores demuestren medios económicos o alojamiento suficiente.

Las personas apátridas (sin nacionalidad) no podrán acogerse a esta regularización extraordinaria, pues las autoridades consideran que su situación es diferente y debe tratarse por otro camino. Esta exclusión afecta, principalmente, al pueblo saharaui.

Cómo se presentará la solicitud

La solicitud se presentará mediante un formulario proporcionado por la administración competente y podrá entregarse a través de cualquiera de los medios de registro admitidos en derecho: con cita previa, en registros oficiales, en oficinas municipales o de los Gobiernos regionales, o mediante el servicio de Registro Virtual Electrónico (ORVE) de Correos.

La concesión de la autorización implicará el archivo de cualquier procedimiento de expulsión o devolución iniciado, así como la revocación de la orden correspondiente, si existiera.

La regularización de migrantes, aprobada este martes por el Gobierno con el objetivo de “atender una realidad” que afecta a miles de personas que ya viven y trabajan en el país, permitirá acceder a un permiso de residencia y trabajo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Aquellas personas que quieran acogerse al proceso deberán demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada, además de carecer de antecedentes penales.

Para garantizar la eficacia del proceso, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que se reforzará la capacidad administrativa. El plan contempla la incorporación de 400 empleados del ministerio a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que depende de la Dirección General de Migraciones, sumándose a los 200 que ya integran la plantilla habitual, por lo que serán un total de 600 trabajadores. Con esta medida, el Ejecutivo busca acelerar la gestión y resolución de las solicitudes.

La Administración General del Estado, destacan fuentes ministeriales, cuenta con experiencia en procesos de regularización, ya que este es el séptimo que se pone en marcha desde la llegada de la democracia al país. La diferencia en esta ocasión es el alto volumen de expedientes que deben resolverse en un plazo reducido, desde el 16 de abril y hasta el 30 de junio. Por ello, añaden, la gestión estará a cargo de la UTEX, reforzada con personal adicional del propio ministerio, con el objetivo de “admitir las solicitudes en un máximo de quince días y facilitar que las personas puedan acceder al trabajo lo antes posible”.

Desde el ministerio también aclaran que la gestión de los procedimientos ordinarios de extranjería continuará en las oficinas habituales, que “no recibirán carga de trabajo adicional por la regularización extraordinaria”. Esto permitirá que se concentren en los expedientes ya iniciados y se eviten retrasos o diferencias en la atención respecto a quienes inicien el nuevo trámite, aseguran.

Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos

Así, las solicitudes podrán presentarse de forma online a partir del 16 de abril -un día después de que se publique el real decreto en el Boletín Oficial del Estado- para lo que es necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que son alrededor de 200 en todo el territorio.

El proceso contará con cinco Oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, disponibles de 16 a 19 horas. Además, se habilitarán 60 oficinas de la Seguridad Social en el mismo horario y 371 oficinas de Correos en capitales de provincia o municipios con más de 50.000 habitantes, con atención de lunes a viernes entre las 8:30 y las 17:30 horas. Los lugares, de hecho, donde más afluencia de personas se espera es en las capitales de provincia, han indicado fuentes del ministerio.

Pese a ese plan de refuerzo, el sindicato CCOO ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del 21 de abril, con el objetivo de denunciar la situación que atraviesan sus trabajadores, dependientes del Ministerio de Política Territorial, por la creciente carga de trabajo a la que hacen frente desde hace años. Por su parte, el sindicato CSIF ha denunciado la falta de personal en Correos y de formación para abordar el proceso.

250.000 solicitantes de asilo más otros 250.000 en situación irregular

El Gobierno estima que se beneficiarán de la regularización extraordinaria unos 250.000 solicitantes de asilo (han iniciado su procedimiento de protección internacional pero aún no está resuelto) y otras 250.000 personas más que se encuentran en situación administrativa irregular, que lo harán a través de arraigos. En cuanto al origen de quienes se podrán beneficiar de la regularización, “serán principalmente de países latinoamericanos y de Marruecos”.

Antecedentes penales e informes de vulnerabilidad

Para acreditar la ausencia de antecedentes penales, los solicitantes deben presentar un certificado expedido por su país de origen. Si no logran obtenerlo en un mes, el Gobierno español lo solicitará por vía diplomática durante tres meses. Si el documento no llega, la persona tendrá 15 días más para gestionarlo por su cuenta. La falta de este certificado impedirá acceder a la regularización.

También pueden acogerse a la regularización si cumplen uno de los siguientes tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar su situación de vulnerabilidad.

Aunque los informes de vulnerabilidad solo pueden ser emitidos por servicios sociales a las personas que estén empadronadas, quienes no dispongan del padrón, podrán solicitarlos a las organizaciones sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, cuya lista será publicada por el Gobierno.

Fuentes ministeriales aseguran que esta nueva regularización “nace de la responsabilidad institucional” para afrontar una realidad que existe en España, pero que “impide avanzar a muchas personas atrapadas en situaciones administrativas irregulares, lo que también impide al país avanzar en todo su potencial”. También recuerdan que cada caso se analizará de forma individual, con “controles estrictos para garantizar también la seguridad pública”.

La regularización de migrantes ya tiene fecha de inicio en España. Este 16 de abril, tras la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), más de 500.000 personas podrán iniciar los trámites de manera virtual para obtener el permiso de residencia y de trabajo. La inminente entrada de medio millón de personas al sector formal ha supuesto un motivo de alegría para el campo español, con serios problemas para encontrar mano de obra.

Según han explicado las distintas asociaciones agrarias y ganaderas que representan al sector primario español, los empleados extranjeros ya suponen para el sector el 37% de afiliados al sistema agrario, lo que pone en valor el rol de los migrantes en el campo, principalmente ante el riesgo de recogida de algunas cosechas.

Pese a que no existe un consenso claro de cuanta mano de obra es necesaria en el sector primario, desde COAG han elevado esta cifra hasta los 150.000 trabajadores de temporada por año, que actualmente no se están cubriendo con mano de obra local.

“Esto es una oportunidad para resolver los problemas de mano de obra que tiene el sector y que ha llevado incluso a dejar campañas sin poder ser recolectadas. Por eso, pedimos a la Administración que agilice al máximo este proceso, que va a regularizar a miles de personas y a otorgar tanto permiso de residencia como permiso de trabajo, fundamental para que puedan ser contratadas en el sector agrario”, ha valorado Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG.

Un sector con particularidades

Por su parte, la organización Asaja ha considerado positiva la iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros este martes, ya que está “orientada a mejorar el funcionamiento del mercado laboral y a dar respuesta a la falta de mano de obra”. Por otro lado, Asaja confía en que la normativa tenga en cuenta las particularidades del sector, simplificando los trámites y dando estabilidad y seguridad jurídica a agricultores y trabajadores.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha mantenido una postura similar a la de el resto de asociaciones, valorando positivamente la regularización de migrantes y asegurando que el campo “necesita mano de obra”, especialmente en los pueblos que “necesitan a las personas migrantes con todos sus derechos y deberes que les permitan acceder a un contrato digno”.

“Son personas que contribuirán a sostener el estado del bienestar en el presente y en el futuro, así como a aportar vida, juventud y capacidad de trabajo a zonas como el medio rural”, han señalado desde la organización agraria.

Carles Vicente, responsable de Economía y Seguridad Social de la organización agraria Unión de Uniones, ha lamentado que hay cosechas que se quedan “casi sin recoger” por la falta de mano de obra, cuando hay una potencial disponibilidad de “600.000 personas viviendo entre nosotros que no tienen papeles para trabajar”. Además, ha reconocido que “a veces” se acercan personas buscando trabajo en el campo, pero al no tener documentos el sector no les puede ofrecer empleo.

La regularización de migrantes disminuirá la economía sumergida

Por su parte, el secretario del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT-FICA, Sebastián Serena, ha afirmado que la regularización “puede ser buena” para el sector agrícola y ganadero, puesto que contribuiría a disminuir la economía sumergida en la actividad y permitiría que quienes ya trabajan sin papeles accedan a salarios y condiciones regidos por convenio colectivo.

Cuando el Gobierno comunicó a finales de enero su intención de aprobar una regularización extraordinaria, desde CCOO estimaron que el plan podría abarcar entre 150.000 y 200.000 extranjeros que actualmente desempeñan labores en el campo en situación irregular. Vicente Jiménez, responsable del sector agrario de CCOO, subrayó que las patronales han manifestado reiteradamente el “déficit de trabajadores por cuenta ajena en los picos de actividad” de las campañas, y que la medida facilitaría el acceso a una mayor mano de obra contratada con condiciones laborales dignas.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) han valorado positivamente el proceso de regularización de migrantes, aunque han reclamado claridad sobre “cómo será el proceso y la posibilidad de contratación”, considerando que la medida, junto a otros instrumentos, puede resolver la escasez de personal.

Más de un tercio de los refugiados venezolanos en seis países de América Latina se plantea regresar a Venezuela si se dieran las condiciones, según datos de la ACNUR -la agencia de Naciones Unidas para los refugiados- presentados en el informe “Intenciones de regresar a Venezuela. Marzo 2026″.

El 35% de los consultados considera posible su retorno, aunque la mayoría opta por permanecer en el país de acogida, motivada principalmente por razones laborales y de seguridad.

De acuerdo con la encuesta realizada por ACNUR entre el 27 de enero y el 4 de marzo, el 35% de los venezolanos entrevistados en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala valora la idea de volver a su país. La principal motivación es el reagrupamiento familiar, mientras que el temor a la inseguridad y a la falta de empleo figura como el mayor obstáculo para el retorno.

Alrededor de 6,9 millones de venezolanos residen actualmente en América Latina y el Caribe en condición de refugiados o migrantes, conforme a las cifras actualizadas de ACNUR a noviembre de 2025. Al menos 4 millones de estas personas requieren asistencia humanitaria.

El sondeo incluyó a 1.288 participantes, con un perfil predominante de mujeres (67%) y una edad media de 38 años. El 65% cuenta con estudios secundarios o superiores. Sin embargo, un 41% permanece sin condición migratoria regular, lo cual limita sus opciones de empleo formal y dificulta la integración.

Las principales causas de salida han sido la crisis económica, la inseguridad y el deterioro de los servicios en Venezuela.

Motivos y barreras principales para el regreso a Venezuela

Las motivaciones personales y familiares son factores clave que explican el interés en el retorno. ACNUR indica que el reagrupamiento familiar es la causa más recurrente entre quienes desean regresar a corto o medio plazo.

No obstante, los temores a la falta de trabajo y la inseguridad representan las barreras principales: cada uno es señalado por el 22% de los encuestados como motivo para no retornar.

Además, el informe reportó que el 58% manifiesta miedo ante la perspectiva de regresar, citando inseguridad o condiciones inadecuadas. Factores adicionales como inseguridad alimentaria, problemas sanitarios y exposición a la violencia también dificultan la decisión.

La preferencia mayoritaria sigue siendo quedarse en el país de acogida, amparada en la estabilidad laboral y el acceso a servicios de salud y educación. El 81% de los encuestados subraya la importancia de contar con ingresos estables, y el 75% valora el acceso a la atención médica al definir su decisión de permanecer.

Condiciones necesarias y perspectivas sobre el retorno

El retorno permanece mayormente como un anhelo, más que una acción inminente. Solo el 9% de las personas entrevistadas por ACNUR contempla regresar en los próximos 12 meses. La mayoría asocia el retorno a un plazo intermedio y lo vincula a transformaciones estructurales en Venezuela.

Entre las condiciones indicadas como esenciales destacan la recuperación económica (85%), la estabilidad política y control de la inflación (83%), la mejora en los servicios básicos (82%) y la ampliación de la seguridad pública (78%). Estas exigencias apuntan a que el retorno solo será viable con un cambio integral en el país.

La organización del retorno suele discutirse a nivel familiar. De quienes consideran volver, alrededor de la mitad lo haría junto a toda su familia. Sin embargo, el 75% no ha tomado medidas prácticas para preparar el regreso y una minoría ha contemplado realizar visitas exploratorias para valorar las condiciones en Venezuela.

Brechas de información y necesidades de apoyo identificadas

La carencia de información confiable es un obstáculo destacado en la decisión migratoria. El 60% de los entrevistados afirma que no dispone de datos suficientes para evaluar las implicaciones del retorno, una tendencia presente en la mayoría de los países analizados.

Las redes familiares constituyen la principal fuente informativa para el 39%, seguidas de amistades, redes sociales y medios de comunicación. La falta de comunicación institucional favorece la incertidumbre sobre los procesos de regreso y las consecuencias legales para su estatus migratorio.

En cuanto a necesidades detectadas, los refugiados consultados solicitan “apoyo en documentación, asistencia socioeconómica y orientación legal”, tanto para planificar la salida del país de acogida como para facilitar la reintegración en Venezuela.

El informe de ACNUR advierte también sobre potenciales disputas por vivienda y propiedad, dado que un tercio de los encuestados afirma poseer vivienda en su país de origen, aunque en muchos casos estas residencias están ocupadas o deterioradas.

La creación de condiciones que permitan un retorno voluntario que sea seguro, informado y digno requiere fortalecer la información, el acompañamiento y el acceso a mecanismos de protección y servicios tanto en los países de acogida como en Venezuela. Estas medidas, según ACNUR, serán fundamentales para responder a las aspiraciones y necesidades de los refugiados venezolanos en la región.

El camino hasta lograr la nueva regularización extraordinaria de migrantes, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que es ya la séptima de este tipo desde la llegada de la democracia en España, no ha sido sencillo. El proceso ha salido adelante tras largas negociaciones políticas después de que el PSOE y Podemos alcanzaran un acuerdo en enero pasado, pero, sobre todo, gracias al incansable trabajo de los colectivos de migrantes. Integrados en la plataforma Regularización Ya, su lucha comenzó hace seis años, el 12 de abril de 2020, cuando presentaron una carta al Gobierno para exigir “una regularización amplia, permanente y sin condiciones, dirigida a unas 500.000 personas que se encontraban en situación irregular durante la pandemia, sin acceso a derechos básicos”.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno permitirá a las personas migrantes que ya residían en el país obtener un permiso de residencia y trabajo, reduciendo así la precariedad y los riesgos de explotación asociados a la situación administrativa irregular. El proceso ofrece mayores garantías y protección, y representa un paso importante para abandonar la clandestinidad y mejorar las condiciones de vida de más de medio millón de personas en el país.

“Han sido seis años de lucha continua en los que hemos atravesado diferentes procesos, como la presentación de propuestas, el impulso de una Proposición No de Ley y la recogida de 700.000 firmas en 2022 para avalar una iniciativa legislativa popular, que después quedó bloqueada por la falta de consenso político. Hemos comparecido dos veces ante el Congreso, en la Comisión de Trabajo, Migración y Asuntos Sociales, en 2023 y 2024, y finalmente retomamos el diálogo con el Gobierno para la aprobación de un real decreto, que fue nuestra demanda inicial", explica a Infobae la activista Edith Espínola, una de las portavoces de Regularización Ya.

Publicación en el BOE

La plataforma celebra la aprobación de la medida, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 15 de abril y entrará en vigor a partir del 16, aunque también muestran preocupación por las personas que puedan quedar fuera del proceso. “Sentimos alegría por el avance, pero nos preguntamos cómo podremos apoyar a quienes no logren regularizar su situación, si llega ese momento”, añade Espínola.

El movimiento llama la atención sobre el endurecimiento de las políticas y controles migratorios tanto en España como en la Unión Europea en este último tiempo y señala las dificultades para proteger los derechos de las personas migrantes ante una visión “centrada en la seguridad, el miedo y la exclusión, presente en buena parte del discurso político y social, y vinculada a mensajes de odio y xenofobia”.

“Ha valido la pena”

Pero a pesar de las dificultades de estos años, Espínola considera que la lucha por los derechos de las personas migrantes “ha valido la pena”. “El esfuerzo colectivo, las horas de reunión, las emociones compartidas, se reflejan ahora en la esperanza de quienes podrán presentar su solicitud de regularización y empezar a reconstruir sus vidas”, sostiene. “La lucha migrante y antirracista demuestra que, cuando se actúa en comunidad y se ponen los derechos humanos en el centro, siempre hay motivos para seguir adelante”, añade.

El proceso de regularización exige a los migrantes acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Además del empadronamiento, las personas migrantes tendrán la posibilidad de acreditar su residencia continuada en el país mediante otros documentos, como facturas de suministros, informes médicos o comprobantes de servicios municipales.

Tras las recomendaciones que la semana pasada planteó el Consejo de Estado, los requisitos para conseguir el certificado de antecedentes penales se endurecen, de forma que no bastará con una simple declaración del solicitante, de forma que deberán presentar un documento expedido por su país de origen. Sin embargo, el Gobierno también ayudará a que el mayor número de personas pueda conseguir ese certificado.

La norma establece que las personas migrantes tendrán un mes para presentar el certificado de antecedentes, pero si no lo consiguen en ese plazo, el Ejecutivo lo solicitará por vía diplomática durante un periodo de tres meses. Si después de ese plazo el certificado no ha llegado, la persona interesada dispondrá de 15 días adicionales para intentar obtenerlo por su cuenta. Si no logra presentar el documento en ese tiempo, no podrá acceder al proceso de regularización.

También podrán acogerse al proceso aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pero para ello tendrán que justificarlo. Los servicios sociales pueden emitir informes de vulnerabilidad, pero solo para personas empadronadas. Si el solicitante no está empadronado, podrá solicitar el informe a organizaciones sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que según ha explicado la ministra Elma Saiz son unas 200 en todo el país. El Gobierno, igualmente, publicará el listado de estas entidades para orientar a los solicitantes, aunque algunas organizaciones ya han advertido de la posible sobrecarga administrativa que puede generar este proceso. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio.

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería que comenzará el próximo 21 de abril, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado este medio. Los paros comenzarán cinco días después de que abra el plazo para tramitar la regularización extraordinaria de los migrantes en situación irregular.

Por primera vez, estas oficinas no serán las encargadas de tramitar las solicitudes de regularización extraordinaria, sino que el proceso se ha derivado a Correos y Tragsa con el objetivo de evitar saturar todavía más los servicios de Extranjería. Es justamente esta situación, que arrastran desde hace años, la que lleva a los trabajadores a la huelga: altas cargas de trabajo, poco personal y retribuciones hasta un 40% más bajas que en otras administraciones del Estado. Estos mismos motivos les llevaron a la huelga en mayo de 2025.

Desde CCOO apuntan que, aunque no serán ellos los encargados de tramitar los procesos de regularización de extranjería, terminará por afectarles de manera directa en los próximos meses. Primero, porque cualquier problema que haya durante el proceso debe resolverse en una oficina de Extranjería y, segundo, porque los próximos trámites de la regularización de estos migrantes se llevarán por vía ordinaria, aumentando todavía más la carga de trabajo de los funcionarios.

El sindicato considera que el dinero que destinará el Gobierno para preparar Correos y Tragsa para la regularización estaría mejor invertido en Extranjería, donde se encuentra el personal especializado en estos trámites. La organización no entiende que se haya decidido formar de forma acelerada a trabajadores sin experiencia en dichos procesos, cuando ya cuentan con una plantilla experimentada que necesita medios y retribuciones adecuadas. “Lo harían más rápido y mejor formados”, defienden fuentes del sindicato. CCOO aclara que el objetivo de la huelga no es dinamitar el proceso de regularización, sino hacer visible la situación que tienen las oficinas de extranjería.

La regularización extraordinaria comienza el 16 de abril

El Gobierno de España activará el proceso extraordinario de regularización de extranjeros este viernes 16 de abril por la vía digital y el próximo lunes 20 de abril de forma presencial; según ha confirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este martes. El proceso está dirigido a personas en situación irregular que hayan residido de forma ininterrumpida en el país durante al menos cinco meses y se encuentren en territorio nacional desde antes del 1 de enero.

El plazo para presentar solicitudes concluirá el 30 de junio, por lo que los interesados dispondrán de aproximadamente dos meses y medio para gestionar su situación. La responsabilidad de tramitar las solicitudes recaerá en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo, bajo la dependencia de Seguridad Social y Migraciones. Para responder a la demanda, los equipos de trabajo han sido reforzados y ampliadas las capacidades operativas, de acuerdo con el Ministerio. De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, quedan excluidos del proceso quienes hayan solicitado el estatuto de apátrida, colectivo que cuenta con un régimen jurídico específico por su condición y no se considera en situación irregular. La ministra también aclaró que las medidas no aplican a desplazados ucranianos, que gozan de protección temporal impulsada por el Ejecutivo.

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros, a través de un real decreto, la regularización extraordinaria de migrantes después de incorporar las recomendaciones emitidas la semana pasada por el Consejo de Estado. La iniciativa, que es la séptima de estas características en España, modifica el Reglamento de Extranjería y permitirá que miles de personas sin papeles regularicen su situación y accedan a permisos de residencia y trabajo. El Ejecutivo busca con esta medida “favorecer la integración social, garantizar seguridad jurídica y reducir la irregularidad administrativa”.

“Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su perfil de la red social X.

El número de personas que se podrán beneficiar solo se conocerá cuando finalice el proceso, pero se calcula que puedan acceder unas 500.000 personas. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, los detalles del texto se publicarán este 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado, por lo que la norma entrará en vigor a partir del 16, según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser. A partir de este jueves se podrán iniciar los trámites de forma telemática y, desde el día 20, de forma presencial. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio.

Las personas migrantes que quieran acogerse al proceso deberán demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada. El texto del decreto, al que ha tenido acceso Infobae, conserva los criterios del borrador inicial, aunque también incorpora nuevos requisitos. Cabe destacar que quedarán excluidas aquellas con antecedentes penales graves o consideradas una amenaza para el orden público.

La norma indica que el padrón no será el único medio de prueba para acreditar la permanencia, sino que los solicitantes también podrán demostrarlo con otro tipo de documentos como facturas de la luz, informes médicos o resguardos de servicios municipales.

Antecedentes penales

Tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no bastará con una simple declaración del solicitante para conseguir el certificado de antecedentes penales, de forma que deberán presentar un documento expedido por su país de origen. Sin embargo, el Gobierno también ayudará a que el mayor número de personas pueda conseguirlos. La norma establece que las personas migrantes tendrán un mes para presentar el certificado de antecedentes, pero si no lo consiguen en ese plazo, el Ejecutivo lo solicitará por vía diplomática durante un periodo de tres meses. Si después de ese plazo el certificado no ha llegado, la persona interesada dispondrá de 15 días adicionales para intentar obtenerlo por su cuenta. Si no logra presentar el documento en ese tiempo, no podrá acceder al proceso de regularización.

También podrán acogerse al proceso aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pero para ello tendrán que justificarlo. Los servicios sociales pueden emitir informes de vulnerabilidad, pero solo para personas empadronadas. Si el solicitante no está empadronado, podrá solicitar el informe a organizaciones sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que según ha explicado la ministra Saiz son unas 200 en todo el país. El Gobierno, igualmente, publicará el listado de estas entidades para orientar a los solicitantes, aunque algunas organizaciones ya han advertido de la posible sobrecarga administrativa que puede generar este proceso.

También se podrán acoger a la regularización aquellas personas que hayan trabajado en España durante su permanencia en el país o si presentan un contrato de trabajo de al menos 90 días en un año.

De la misma forma, podrán acceder al proceso quienes residan en España junto a su unidad familiar, siempre que esté formada por hijos o hijas escolarizados o realizando estudios académicos, hijos mayores de edad con discapacidad que requieran apoyo o no puedan cubrir sus propias necesidades por motivos de salud, o ascendientes de primer grado.

Los solicitantes de asilo se pueden acoger y los apátridas quedan fuera

Quienes hayan pedido asilo antes de esa fecha no tienen que renunciar al trámite de asilo antes de solicitar el permiso extraordinario, pero sí tendrán que hacerlo una vez que se les conceda ese permiso.

También siguiendo las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, quedan fuera de esta nueva regularización los apátridas, lo que afecta principalmente a los saharauis, que “ya cuentan con un reglamento específico que los protege”. “No se pueden solapar procedimientos, no son personas que están en situación de irregularidad. Están protegidas por el Estatuto de los Apátridas”, ha precisado Saiz.

Desde el movimiento Regularización Ya, la plataforma de colectivos migrantes que impulsó el proceso y ha luchado durante seis años para que la medida se convirtiera en realidad, lamentan que los solicitantes de apatridia hayan sido excluidos.

Esta regularización representa el séptimo proceso extraordinario de este tipo en España desde la llegada de la democracia. Cuatro se llevaron a cabo durante gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos bajo el PP (2000 y 2001). La más reciente, en 2005, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, permitió a más de 576.000 personas acceder a la residencia legal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes que el Consejo de Ministros aprobará por real decreto la regularización extraordinaria de personas en situación irregular en España. Se trata, para el mandatario, de un avance de la sociedad española logrado “gracias a cientos de organizaciones y a más de seiscientas mil personas que, durante años, han trabajado sin descanso para llevar esta iniciativa al Parlamento”.

La iniciativa legislativa popular (ILP) llegó al Congreso de los Diputados de la mano del movimiento ciudadano Regularización Ya y obtuvo 700.000 firmas, pero no consiguió los apoyos necesarios entre los diputados. En enero de 2026, un acuerdo entre Podemos y PSOE volvió a poner la regularización sobre la mesa y este martes el Consejo de Ministros la hará efectiva.

Sánchez ha defendido en una carta publicada en sus redes sociales que la regularización es “un acto de normalización” que reconoce “la realidad de casi medio millón de personas” que residen en el país y que “construyen la España rica, abierta y diversa que somos y la que aspiramos a ser”. El real decreto supone también “un acto de justicia con nuestra propia historia” y todos aquellos españoles que se vieron forzados a emigrar, según el presidente. “Con nuestros abuelos y abuelas, que emigraron a América y a Europa en busca de una vida mejor. Con nuestros hermanos y hermanas que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008. Ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron. Y con sus remesas y con todo lo aprendido fuera, contribuyeron también a modernizar España”, ha recordado.

Asimismo, el presidente ha resaltado que el sistema público necesita a los trabajadores migrantes. “España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos -sanidad, pensiones, educación sufren”, ha recalcado en su misiva. “Ni la tecnologia ni la automatización van a resolver solas este reto en los próximos años. El camino es claro: integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven entre nosotros”, ha añadido.

Derechos y obligaciones para los migrantes

Así, ha asegurado que “el verdadero sentido de esta regularización” es “reconocer derechos, pero también exigir obligaciones” a los migrantes en España, de modo que puedan coexistir con la ciudadanía “en igualdad de condiciones” y “contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”.

Frente a las críticas y discursos antiinmigración, el presidente ha asegurado ser consciente “de que las migraciones plantean desafíos”, pero considera “que la regularización es la mejor respuesta para afrontar muchos de ellos”. “La integración solo es posible desde la regularidad. Desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema, desde la participación plena en nuestra sociedad”, ha defendido en su texto a la ciudadanía. Por ello, ante “quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión”, el presidente apuesta por entender la migración como “una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida”.

El proceso de regularización de extranjeros que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes abrirá su fase inicial el 16 de abril, momento en el que los solicitantes podrán iniciar su trámite de forma telemática o solicitar cita para acudir presencialmente. A partir del 20 de abril será posible formalizar la petición en persona en las oficinas habilitadas. Lo ha adelantado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser.

Las solicitudes para acceder a la regularización requerirán, según lo indicado, que las personas interesadas se encuentren en situación irregular, hayan residido en España de forma ininterrumpida durante cinco meses previos y estén en territorio nacional desde antes del 1 de enero. El plazo de presentación concluirá el 30 de junio, lo que establece una ventana de aproximadamente dos meses y medio para completar todos los trámites previstos.

Saiz ha explicado que el procedimiento podrá realizarse desde el primer día de forma telemática o, tras solicitar cita, de manera presencial a partir del 20 de abril. En sus declaraciones ha subrayado que esta medida sitúa a España como “un país mejor, que reconoce derechos en lugar de recortarlos”, aludiendo a la decisión del Ejecutivo de abrir un proceso de regularización que considera amplio y planificado.

Dónde puede presentarse la solicitud

El Ministerio ha dispuesto que la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, ubicada en Vigo y dependiente de Seguridad Social y Migraciones, será la responsable de tramitar las peticiones que se reciban a través de este procedimiento extraordinario. La ministra ha insistido en que el sistema está “absolutamente dimensionado” para responder a todas las peticiones, razón por la que los equipos han sido reforzados y ampliadas las capacidades operativas.

Para facilitar el acceso en todo el territorio, las solicitudes podrán también entregarse en oficinas de la Seguridad Social y de Correos repartidas por toda España hasta el 30 de junio, fecha límite del proceso. El Ejecutivo prevé así garantizar la cobertura y capacidad de respuesta, independientemente de cuántas sean finalmente las personas interesadas en acogerse al proceso.

Cuáles son los requisitos

Los requisitos que, según la ministra, rigen la regularización incluyen encontrarse en situación irregular, acreditar la presencia en España desde antes del 1 de enero y demostrar una residencia continuada de al menos cinco meses. Todos estos criterios pretenden establecer el marco necesario para canalizar las solicitudes conforme a los parámetros fijados.

Cambios en el borrador y colectivos excluidos de la medida

Entre las modificaciones introducidas respecto al borrador inicial, Saiz ha confirmado que los solicitantes del estatuto de apátrida quedan excluidos de la regularización, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado. Según ha detallado la ministra, la razón es que quienes disponen de dicho estatuto no se encuentran en situación irregular y cuentan con un régimen jurídico específico en virtud de su condición.

La ministra ha recalcado no obstante que esta circunstancia no implica “desprotección” para este colectivo, ya que su tratamiento legal se realiza por otras vías. Tampoco quedan incluidos los ciudadanos ucranianos desplazados por la guerra, dado que estos se benefician de la protección temporal instaurada para este colectivo concreto.

Tharima tiene 27 años y dejó Bangladesh en busca de mejores oportunidades en Europa. Su primer destino fue Dinamarca, donde inició sus estudios de Física en la Universidad, pero el alto costo de vida la obligó a abandonar el país nórdico y mudarse a España junto a su marido. Viven en Barcelona desde hace un año y medio sin papeles y en condiciones muy precarias: ella ha realizado jornadas de hasta 12 horas en una tienda de ropa por 500 euros, mientras que su marido trabaja como repartidor de comida de forma ocasional, por lo que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir lo básico. Ambos esperan que la regularización extraordinaria de migrantes que este martes aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros les abra la puerta a derechos básicos y una vida mejor.

La regularización permitirá a medio millón de migrantes acceder a un permiso de residencia y trabajo, si cumplen ciertos requisitos, como haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar al menos cinco meses de residencia continuada y no tener antecedentes penales graves.

La falta de documentación expone a los migrantes a abusos y a situaciones de explotación como las que viven Tharima y su marido, que explican que recién llegados a Barcelona se encontraron con personas que les pidieron dinero por el empadronamiento, a pesar de que este trámite, esencial para acceder a cualquier servicio básico, es gratuito. También denuncian que les han llegado a ofrecer la posibilidad de comprar un contrato de trabajo por 10.000 euros.

“Estar en situación irregular es mucho peor de lo que imaginamos en un principio”, dice la joven en conversación con Infobae. Pero el mayor obstáculo al que se han enfrentado, asegura, es el acceso a la vivienda.

“Es muy difícil conseguir una habitación. Ahora compartimos un piso en el Raval de tres habitaciones con otras cinco personas, todas de Bangladesh, y nosotros pagamos 700 euros al mes por la nuestra”, explica Tharima, quien a pesar de llevar solo un año y medio en España, se expresa correctamente. “La vida aquí es muy complicada, pero España es el lugar con el que sueña mucha gente de mi país”, asegura. Ahora, embarazada de cuatro meses y sin trabajo, su situación se ha vuelto aún más precaria.

“Solo queremos trabajar para tener una vida mejor”

Según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña correspondientes a 2025, en esta región viven algo más de 11.000 personas procedentes de Bangladesh, una cifra superior a la registrada en 2024 y que solo incluye a quienes están empadronados. De ese total, un 70% son hombres, y la mayoría de esta población vive en Barcelona. Entre los principales motivos de emigración de los bangladesíes figuran la precariedad económica, la inestabilidad política, la falta de oportunidades y los desastres naturales relacionados con el cambio climático.

“Nosotros solo queremos trabajar para poder tener una vida mejor y poder enviar dinero a nuestras familias allí”, afirma Tharima, que confía en que la regularización les aporte estabilidad.

Objeciones del Consejo de Estado

El pasado viernes, el Consejo de Estado presentó su informe con recomendaciones sobre el proceso y, aunque no cuestionó el contenido de la norma, solicitó detallar la justificación de ciertos requisitos, como la ausencia de antecedentes penales y la acreditación de vulnerabilidad. El órgano consultivo también señaló que no se pueden tener al mismo tiempo un permiso de asilo y uno por la nueva regularización.

Desde el movimiento Regularización Ya, el colectivo que ha luchado durante seis años para impulsar esta iniciativa, también esperan que, tras la aprobación del real decreto este martes, el proceso se publique en el Boletín Oficial del Estado lo antes posible. “Esperamos que desde el Gobierno se articulen todos los medios necesarios para garantizar que ninguna persona quede fuera de esta oportunidad histórica“, ha señalado la plataforma.

Las organizaciones sociales piden que el plazo para la presentación de solicitudes se amplíe más allá del 30 de junio, fecha inicialmente establecida, ya que consideran que un periodo de menos de tres meses es insuficiente debido a los problemas que ocasiona la falta de recursos, los trámites y el idioma.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el fallecimiento de una persona mexicana mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

El deceso ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el estado de Luisiana.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades estadounidenses, el connacional fue encontrado sin signos vitales en su celda y posteriormente trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.

Hasta el momento, la causa del fallecimiento continúa bajo investigación, por lo que no se han determinado las circunstancias específicas en las que ocurrió el hecho.

Activación de protocolos consulares y acompañamiento a la familia

Tras recibir la notificación, el Consulado de México en Nueva Orleans activó de inmediato los protocolos de protección consular.

En coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, se estableció contacto con los familiares de la persona fallecida para brindar asistencia jurídica, orientación y acompañamiento durante el proceso.

La Cancillería mexicana indicó que mantiene comunicación con autoridades estadounidenses con el objetivo de obtener información detallada sobre las condiciones previas al fallecimiento.

Asimismo, señaló que, en conjunto con la familia y el equipo legal, se analizarán las acciones que podrían emprenderse una vez que se conozcan los resultados de la investigación.

Incremento de fallecimientos de mexicanos bajo custodia migratoria

Con este caso, suman al menos 15 personas mexicanas fallecidas en lo que va de 2026 mientras se encontraban bajo custodia de ICE.

Esta cifra se suma a los registros acumulados desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, periodo en el que se ha reportado un incremento en las detenciones migratorias.

Información oficial señala que las causas de muerte han sido diversas e incluyen complicaciones médicas, suicidios, un caso por herida de arma de fuego y otros que aún permanecen bajo investigación.

Autoridades mexicanas han subrayado la importancia de esclarecer cada uno de estos casos de manera puntual para garantizar transparencia.

Postura del Gobierno de México y acciones diplomáticas

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado su preocupación por los fallecimientos de connacionales en centros de detención migratoria en Estados Unidos.

En este contexto, la SRE informó que se han enviado diversas comunicaciones diplomáticas a las autoridades estadounidenses para solicitar información y expresar inquietudes sobre las condiciones de detención.

Además, se confirmó la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que este organismo analice los casos reportados.

De igual forma, se dio a conocer que el Gobierno mexicano evalúa posibles acciones legales y el seguimiento a procesos colectivos en instalaciones donde se han registrado múltiples fallecimientos.

Señalamientos sobre condiciones en centros de detención

La Cancillería ha señalado que la recurrencia de estos casos ha puesto en el centro del debate las condiciones en los centros de detención migratoria.

Entre los aspectos que han sido referidos por autoridades y especialistas destacan la atención médica, las condiciones de reclusión y la comunicación con familiares.

Asimismo, se ha mencionado la participación de empresas privadas en la operación de algunos centros, lo que ha generado cuestionamientos sobre la supervisión y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Refuerzo de la protección consular a mexicanos en Estados Unidos

Como parte de las medidas adoptadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó a la red consular mexicana en Estados Unidos a reforzar las acciones de protección a connacionales, especialmente en el contexto del aumento de detenciones migratorias.

Entre las acciones destacadas se encuentran:

• Visitas periódicas a centros de detención migratoria para verificar condiciones
• Seguimiento puntual a los casos de mexicanos detenidos
• Asesoría legal y acompañamiento a familiares
• Comunicación constante con autoridades estadounidenses
• Uso de vías diplomáticas y legales para solicitar información y esclarecer casos
• Difusión de canales de atención para personas detenidas o en riesgo

Asimismo, se reiteró que las personas mexicanas pueden acercarse a los consulados correspondientes o comunicarse a la Línea de Apoyo Consular Mexicana para recibir orientación en caso de detención.

El fallecimiento más reciente se mantiene bajo investigación, mientras autoridades de ambos países continúan el intercambio de información.

El Gobierno de México ha señalado que dará seguimiento tanto a este caso como a la situación general de las personas mexicanas detenidas en Estados Unidos, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos y el acceso a la justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la demanda de un trabajador marroquí en situación irregular que reclamaba salarios a una empresa alegando que había trabajado para ella sin contrato ni alta en la Seguridad Social. La Sala concluye que no logró acreditar ni siquiera de forma indiciaria la existencia de la relación laboral, pese a que la empresa no compareció al juicio.

El caso parte de la demanda interpuesta por un hombre identificado como Arsenio, que sostenía haber prestado servicios para la mercantil Spatium Refur, S.L. y para un particular durante un periodo no concretado, sin haber sido dado de alta ni haber percibido las cantidades pactadas.

El trabajador acudió a los tribunales reclamando diferencias salariales y denunciando una situación de empleo irregular. Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº 1 de Mataró desestimó su demanda al considerar que no existía prueba suficiente de la relación laboral. Esa decisión es la que ahora confirma el TSJ de Cataluña.

La empresa no acudió al juicio… pero eso no basta

Uno de los argumentos centrales del recurso era que la empresa demandada no se presentó al juicio, por lo que, a juicio del trabajador, debía considerarse admitida la relación laboral por aplicación de la llamada ficta confessio.

Sin embargo, el tribunal desmonta esa tesis. Recuerda que la ley no obliga automáticamente al juez a dar por ciertos los hechos por la mera incomparecencia de la parte demandada. Se trata de una facultad, no de una imposición.

La sentencia insiste en que esa posibilidad solo puede aplicarse cuando existen hechos concretos, precisos y verosímiles, y siempre en el contexto de una valoración conjunta de la prueba. No basta con que la empresa no comparezca para tener por acreditada una relación laboral que no ha sido respaldada por ningún otro elemento.

En este caso, la Sala avala el criterio del juzgado: la ausencia de la empresa no suple la falta de prueba por parte del demandante.

La clave: no aportó ninguna prueba

El punto determinante del fallo es la absoluta ausencia de prueba. El tribunal subraya que el trabajador no aportó ningún elemento que permitiera acreditar, ni siquiera de forma indiciaria, que hubiera prestado servicios para la empresa.

No presentó testigos, ni fotografías, ni grabaciones, ni denuncias ante la Inspección de Trabajo, ni ningún otro medio probatorio que pudiera sostener su versión. Tampoco documentación indirecta que permitiera situarle en el entorno laboral o acreditar su estancia en España durante el periodo alegado.

La Sala va más allá y rechaza de forma expresa la idea de que un trabajador en situación irregular carezca de medios para probar su relación laboral. Enumera, de hecho, diversas vías de prueba accesibles incluso para personas sin papeles: certificados de empadronamiento, cartillas sanitarias, testimonios, imágenes, actas notariales o denuncias administrativas.

El problema, concluye, no es la imposibilidad de probar, sino que en este caso el demandante no utilizó ninguno de esos instrumentos.

No existe “prueba diabólica”

El trabajador sostenía que exigirle acreditar la relación laboral era imponerle una “prueba diabólica”, es decir, imposible de cumplir en su situación. El tribunal rechaza tajantemente ese argumento. Recuerda que el ordenamiento ofrece múltiples mecanismos para acreditar una prestación de servicios, incluso en contextos de economía irregular.

La sentencia insiste en que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos, y que esa exigencia no desaparece por el hecho de tratarse de un trabajador sin autorización de residencia o trabajo. En este sentido, la Sala recalca que no se puede presumir la existencia de una relación laboral sin ningún respaldo probatorio, ya que ello supondría vaciar de contenido las reglas básicas del proceso.

Con estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia desestima íntegramente el recurso y confirma la sentencia de instancia, absolviendo a la empresa de todas las pretensiones del demandante.

La oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), ubicada en el barrio de Chamberí y única en la Comunidad destinada a expedir certificados sobre el historial de recargas de la tarjeta de transporte, ha agotado todas sus citas disponibles, ha informado la Cadena Ser. El sistema está saturado debido a que la inminente aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes ha disparado la demanda de certificados de transporte de titularidad y de recargas.

Para muchos solicitantes que no pueden acceder al padrón, el historial de su tarjeta de transporte es una de las pocas vías oficiales para acreditar su entrada y estancia en el país. Y es que uno de los requisitos clave para que los migrantes accedan a la regularización que este martes prevé aprobar el Gobierno en el Consejo de Ministros es que acrediten al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.

Por el momento, la elevada demanda de citas en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha dejado sin disponibilidad a quienes necesitan este trámite. Algunas personas migrantes en situación irregular que se han acercado hasta esta oficina han relatado que, tras el anuncio del proceso de regularización, resultó imposible conseguir turno.

“Ayuso boicotea el proceso”

Ante la alta demanda, el PSOE ha reclamado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que refuerce la atención en esta oficina. El grupo socialista planteará en la Asamblea de Madrid una propuesta para aumentar el número de oficinas habilitadas, sumar personal y permitir que el trámite pueda realizarse también de forma digital.

El PSOE atribuye el colapso de la oficina a la actitud del Gobierno regional, que prevé recurrir la regularización de migrantes ante los tribunales una vez se apruebe en el Consejo de Ministros. “Ayuso boicotea el proceso de regularización con trabas administrativas porque su modelo es otro”, denuncia Javier Guardiola, portavoz de la Ejecutiva del PSOE, según recoge la Cadena Ser. “Pone la alfombra roja a los multimillonarios del mundo para que vendan Madrid a cachos, mientras condena a la pobreza y la marginalidad a miles de vecinos”, ha añadido el político.

Por su parte, el Gobierno de Madrid afirma que el certificado de recarga es un trámite poco habitual y por eso solo se gestiona en una oficina. Considera que ampliar el servicio, como propone el PSOE, solo aumentaría la carga de trabajo y podría colapsar la atención en el resto de gestiones.

Una operación conjunta de la Policía Nacional española y la Policía Judiciaria de Portugal, con el apoyo de EUROPOL y EUROJUST, ha desmantelado una red criminal dedicada a introducir trabajadores extranjeros en España mediante documentación falsa. La investigación también ha contado con la colaboración de la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y el Centro Especializado de Combate al Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de Brasil.

La organización, integrada principalmente por ciudadanos brasileños, había reclutado a más de 1.000 personas, en su mayoría de Colombia y Perú, a quienes ofrecían supuestas oportunidades laborales como soldadores en Portugal. Los trabajadores pagaban hasta 300 euros por trámites que muchas veces no se completaban, quedando sin cobertura de Seguridad Social y expuestos a condiciones laborales sin medidas mínimas de seguridad, situación que provocó varios accidentes, según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.

Al llegar a Europa, se comunicaba a las personas captadas que el trabajo se desarrollaría en España, mientras eran dados de alta en la Seguridad Social portuguesa. Para aparentar legalidad, la organización creó una empresa en Sabadell (Barcelona) con el mismo nombre que una empresa portuguesa, facilitando así la subcontratación de servicios a compañías españolas del sector metalúrgico.

Simulaban ser turitsas al cruzar la frontera

Las víctimas firmaban contratos en portugués sin comprender su contenido y eran instruidas para simular ser turistas al cruzar fronteras. Una vez en España, se les exigían pagos adicionales para gestionar documentación en el país luso, trámites que en muchos casos nunca llegaban a completarse. Además, eran obligados a pagar cuotas inexistentes a la Seguridad Social.

Incumplían la normativa laboral y los convenios colectivos

La documentación presentada por la red era falsa: certificados de desplazamiento, altas en la Seguridad Social portuguesa, tarjetas de residencia, cursos de formación y reconocimientos médicos. Las empresas implicadas incumplían la normativa laboral y los convenios colectivos del sector metalúrgico, y no proporcionaban equipos de protección, lo que derivó en accidentes laborales.

La operación policial, iniciada en mayo de 2025 y culminada en febrero de 2026, incluyó seis registros domiciliarios —tres de ellos en España— y la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona, dos de las cuales permanecen en prisión provisional. Además, se intervinieron tres vehículos (dos de alta gama), abundante documentación falsa y se bloquearon varias cuentas bancarias.

El cabecilla de la organización dirigía las operaciones desde Emiratos Árabes Unidos, donde fue detenido tras una orden internacional emitida por INTERPOL.

El Gobierno prepara los últimos detalles para aprobar la regularización extraordinaria que permitirá a medio millón de personas migrantes acceder a un permiso de residencia y trabajo con el objetivo de que este martes 14 el Consejo de Ministros dé luz verde al texto definitivo. Si bien estaba previsto que la regularización arrancara el 1 de abril, el calendario se ha retrasado porque no fue hasta el pasado viernes cuando el Consejo de Estado envió su informe sobre el proceso -un paso obligatorio pero no vinculante- donde respalda la propuesta del Gobierno aunque sugiere algunos ajustes técnicos.

El Consejo de Estado, según explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, avala que la regularización se haga a través de una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, al considerar que se trata de un texto normativo legal dentro del marco constitucional donde “se han respetado todas las garantías para concluir con éxito un procedimiento de esta índole”. También valora positivamente los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa.

Advertencias sobre el proceso

No obstante, el órgano consultivo ha lanzado algunas advertencias sobre el proceso. El Consejo de Estado explica que no se pueden tener al mismo tiempo un permiso de asilo y uno por la nueva regularización. Si una persona ya tiene protección internacional, ese permiso seguirá en vigor hasta que le den el nuevo permiso de residencia y trabajo. Solo después podrá pedir la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).

Respecto a las personas que piden ser reconocidas como apátridas (sin nacionalidad), recomienda que no deben entrar en el proceso de regularización, ya que su situación es diferente y debe tratarse por otro camino.

El Consejo de Estado pide que se establezcan reglas claras para definir quién es vulnerable, de modo que todos los casos se valoren de la misma forma. Por eso, propone que se considere vulnerable a quien haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve al menos cinco meses sin papeles al presentar la solicitud.

Respecto a los antecedentes penales, el órgano consultivo considera que todos los solicitantes deben presentar un certificado oficial de su país de origen o de aquellos otros donde haya vivido los últimos 5 años. El Consejo no está de acuerdo con que, si no se puede obtener el certificado, baste con una simple declaración del solicitante, como preveía el borrador original, porque “podría conllevar riesgos de seguridad”.

Entre sus recomendaciones, también insiste en que empresas como TRAGSA y Correos solo deben encargarse de tareas de apoyo, como gestionar y tramitar documentos, pero “no pueden tomar decisiones administrativas ni ejercer funciones que corresponden únicamente a funcionarios públicos”. Además, recomienda que el texto especifique qué tareas concretas pueden delegarse a estas entidades y que se garantice la protección de los datos personales, cumpliendo siempre con la ley.

Por otro lado, el dictamen destaca positivamente que los desplazados por la guerra de Ucrania no tengan que presentarse a la regularización, al tener un cauce específico para ellos. También otorga especial relevancia a la protección de los hijos menores y familiares cercanos de los solicitantes, un punto incluido en la redacción del Real Decreto.

La espera de miles de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria que el Gobierno anunció en enero entra, ahora sí, en su recta final. Tras más de dos meses de incertidumbre y dilaciones administrativas, el proceso ha avanzado este viernes con el dictamen favorable del Consejo de Estado, un trámite necesario para asegurar la legalidad del texto, porque, aunque no es vinculante, omitirlo podría invalidar todo el procedimiento. Este órgano consultivo apoya la regularización por considerarla conforme al marco legal y constitucional, valorando especialmente “la integración social y la reducción de la irregularidad administrativa”.

El Gobierno, según informan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha celebrado este respaldo y ya está trabajando para incorporar las recomendaciones del dictamen, y así aprobar el texto definitivo en Consejo de Ministros lo antes posible. Si se aprobara el martes 14 de abril, se publicaría en el BOE al día siguiente.

El Gobierno considera que las recomendaciones del Consejo de Estado “caminan en la misma línea del texto original y respeta la esencia del Real Decreto, y las valora positivamente a la hora de clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación”, señalan fuentes del ministerio. Entre las propuestas, el Consejo de Estado sugiere que se considere vulnerable a cualquier persona migrante que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve al menos cinco meses en situación irregular al presentar la solicitud.

Desde el movimiento Regularización Ya, formado por los colectivos de migrantes que han impulsado la iniciativa, destacan la importancia de respetar los acuerdos entre el PSOE y Podemos que dieron origen a la medida así como las alegaciones que presentaron posteriormente. Advierten sobre la sobrecarga administrativa que recaería en las entidades sociales si se exige cierta documentación a los solicitantes. En concreto, rechazan que se pida un certificado de vulnerabilidad, ya que los servicios sociales no emiten este tipo de informes a quienes no están empadronados. “No se puede exigir un certificado de vulnerabilidad a quienes están fuera del sistema. Esto es una línea roja”, dice a Infobae Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya.

Otro de los obstáculos que señala la plataforma es la dificultad para obtener certificados de antecedentes penales en algunos países de origen. Columba explica que hay consulados que no expiden estos documentos o exigen requisitos imposibles de cumplir para personas migrantes sin permiso de trabajo en sus países. También existen trabas administrativas y elevados costes asociados a la obtención de estos certificados, lo que afecta especialmente a migrantes procedentes de países como Gambia, Honduras, Senegal o Guinea Conakri.

Quiénes pueden acogerse al proceso

Cabe recordar que la regularización extraordinaria permitirá a los migrantes acceder a un permiso de residencia y trabajo si demuestran que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditan al menos cinco meses de residencia continuada. Quedarán excluidas aquellas con antecedentes penales graves o consideradas una amenaza para el orden público.

La medida está pensada para quienes, pese a llevar tiempo viviendo y trabajando en el país, no han logrado regularizar su situación por las vías habituales, incluyendo a quienes tienen solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas y no han podido acceder a otras opciones de arraigo. El proceso se aplicará de forma general, sin importar la nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El proceso recoge el impulso de la iniciativa ciudadana promovida por Regularización Ya, que reunió más de 700.000 firmas y obtuvo un amplio respaldo en el Congreso, aunque después quedó bloqueada por la falta de una mayoría suficiente para aprobarla como ley. Frente al estancamiento parlamentario, el Gobierno decidió aprobar la regularización a través de un real decreto tras alcanzar un acuerdo el pasado enero con Podemos.

El Gobierno ha calculado que esta regularización podría generar alrededor de 750.000 solicitudes, aunque la cifra de beneficiarios efectivos se situará finalmente en torno a las 500.000 personas, según informó El País en base a un documento del Ministerio de Migraciones. Se trata del sexto proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España desde los años 80: cuatro de ellos se realizaron bajo gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos durante mandatos del PP (2000 y 2001). La última se llevó a cabo en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, y permitió a más de 576.000 personas obtener la residencia legal.

El contacto era directo. A los jugadores les aseguraba que podía facilitar “tanto su incorporación a esos equipos como la obtención de documentación necesaria para su permanencia en el país”, según el comunicado compartido por las autoridades. La primera incluía un club profesional y, con el tiempo, acceder a contratos.

Sin embargo, no era gratis. Para realizar estas gestiones, el detenido pedía una suma cercana a los 3.000 euros. Muchos de los jóvenes, de escasos recursos, asumían dicho coste recurriendo a los préstamos familiares o personales en su país de origen.

Los primeros pasos de la estafa

Para dar apariencia de veracidad, el detenido enviaba a las víctimas documentos denominados “compromisos de invitación”, supuestamente emitidos por clubes españoles. En ellos se indicaba la incorporación del jugador al primer equipo durante un periodo de tres meses, así como la asunción de los gastos de estancia por parte de la entidad.

Sin embargo, la investigación policial ha confirmado posteriormente, junto a responsables de distintos clubes, que dichos documentos eran falsos. Ninguna de las entidades deportivas reconocía su emisión.

Con esos papeles, el siguiente paso era preparar el viaje. El investigado proporcionaba los billetes de avión y orientaba a los jugadores sobre cómo actuar en los controles fronterizos. Debían declarar que viajaban a España por motivos deportivos y mostrar la documentación falsa junto con imágenes de su actividad como futbolistas.

La llegada a Madrid

Una vez en España, el propio detenido recogía a los jugadores en el aeropuerto de Madrid. Allí les hacía firmar contratos de representación mediante los cuales se reservaba un 10% de los ingresos futuros en caso de lograr un contrato profesional.

Después, los trasladaba a clubes de categorías inferiores para llevar a cabo pruebas deportivas. La realidad, sin embargo, se alejaba de lo prometido: los jóvenes quedaban lejos de los equipos de élite que se les habían ofrecido inicialmente.

En ciertos casos, los clubes proporcionaban alojamiento y manutención de forma temporal durante el periodo de pruebas. Sin embargo, esa ayuda era limitada y dependía exclusivamente de la duración de dichas pruebas deportivas.

El final del proceso

Al concluir las pruebas, los jugadores no podían tramitar las licencias federativas necesarias para continuar vinculados a los clubes. Sin esa documentación, se veían obligados a abandonar las instalaciones deportivas.

En ese momento, el detenido los trasladaba a hostales y cortaba el contacto. Según la investigación, varias víctimas quedaron “en situación de desamparo, sin recursos económicos ni apoyo”. Algunas llegaron a dormir en la calle al no contar con alternativas inmediatas.

La investigación

El caso se abrió tras la denuncia de dos testigos que alertaron a la Policía Nacional sobre posibles irregularidades en la captación de jóvenes futbolistas. A partir de esa información, los agentes identificaron al menos seis víctimas que describieron un mismo patrón de actuación.

Las investigaciones apuntan también a que el método podría haberse repetido con jugadores destinados a otros países europeos, como Italia, con un esquema similar de captación y traslado. El detenido ha sido arrestado en Madrid y está acusado de estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

México está gestionando una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de 14 migrantes mexicanos en territorio estadounidense dentro de las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana durante su conferencia de prensa que México solicitará una audiencia y que la información será compartida en los próximos días.

“Lo está llevando el secretario de Relaciones Exteriores y él puede aumentar esta información”, confirmó la mandataria. Por lo que Roberto Velasco acudirá a la conferencia de prensa matutina para brindar toda la información sobre el caso.

Además, informó que se realizará una conferencia de prensa en Los Ángeles para dar a conocer los detalles de la denuncia que busca responsabilizar a las autoridades necesarias por el fallecimiento de los migrantes, cuyos derechos fueron vulnerados en múltiples formas.

Roberto Velasco anuncia solicitud de audiencia

El recién nombrado secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dio a conocer que México está buscando una audiencia ante la CIDH para abordar los casos de violaciones de derechos humanos a los migrantes mexicanos.

El canciller lamentó las muertes que continúan sumándose bajo custodia de esta agencia migratoria de Estados Unidos y y reiteró la postura del gobierno mexicano de no quedarse de brazos cruzados ante estos hechos.

Reiteró su apoyo al pueblo mexicano y las acciones que su nueva administración frente a la SRE ejercerá sobre estos lamentables hechos.

Mueren migrantes a manos del ICE y México busca justicia

El gobierno mexicano mostró su respaldo con las familias de los migrantes que murieron dentro de las instalaciones del ICE, cuando fueron detenidos en Estados Unidos.

En una conferencia de prensa en marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y dio a conocer que su gobierno buscaría implementar diversas medidas a través de organismos internacionales de derechos humanos, como es el caso del CIDH.

Entre las acciones que México implementará se encuentra reunirse con familiares y organizaciones civiles para colaborar en el caso de defensa de derechos humanos.

También prevé enviar cartas a legisladores y autoridades de Estados Unidos para exigir que se otorguen tratos dignos a las personas migrantes y evitar que esta situación se repita.

De igual modo, México había anunciado previamente que se sumaría a la demanda de colectivos como amicus curiae para buscar que las condiciones las que viven los migrantes dentro de los centros de detención del ICE sean dignas.

Desde que Lina llegó de Colombia hace dos años y medio, su vida ha estado marcada por la precariedad y la incertidumbre. Su día a día en Barcelona transcurre entre varios trabajos y el cuidado de su hija pequeña, pero sobre todo bajo la preocupación constante de vivir en situación administrativa irregular, como les sucede a otras muchas personas migrantes en España. Sin permiso de residencia y trabajo, Lina solo ha optado a empleos informales sin poder cotizar y ha tenido que mudarse siete veces, ya que sin contrato de alquiler las opciones para conseguir vivienda son muy limitadas. Durante este tiempo, el miedo a ser expulsada del país también ha sido constante.

Lina espera que la regularización extraordinaria de migrantes, anunciada por el Gobierno en enero tras el acuerdo entre PSOE y Podemos y aún pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, se haga efectiva este mes de abril. Confía en que esta medida le permita dejar atrás la clandestinidad, aunque advierte que no podrá sentirse segura hasta tener el documento que lo acredite. “Para mí esto no va a cambiar hasta que tenga un papel que diga ‘en trámite’, porque mañana mismo podrían detenerme y expulsarme del país”, cuenta a Infobae, y asegura que, si la regularización sale adelante, es gracias al intenso trabajo que han desarrollado durante los últimos seis años los propios colectivos de migrantes.

Esta socióloga de 34 años llegó a Barcelona con la intención de cursar un doctorado, después de haber realizado una maestría en México. Sin embargo, no pudo iniciar el programa porque no obtuvo la titulación necesaria a tiempo para completar los trámites de extranjería, un proceso que el sistema solo le permitió gestionar durante los primeros tres meses tras su llegada. Más adelante supo que, en algunos casos, se otorga hasta un año para presentar la documentación, pero en su caso no recibió esa prórroga. Ya instalada en la ciudad y con su hija a cargo, decidió permanecer en España, aunque implicara quedarse en situación irregular.

“Ya nos habíamos mudado, con todo lo que supone un cambio tan grande, así que decidimos quedarnos”, explica. Señala que estos dos años y medio han sido especialmente difíciles por el miedo constante a la deportación, un temor que se ha intensificado ante el aumento de controles, identificaciones y operativos policiales con tintes racistas, tal y como han denunciado más de 400 organizaciones sociales en España. “En el último año, los controles policiales han aumentado de forma impresionante, sobre todo en el metro. En ese sentido, también he tenido que preparar a mi hija para explicarle que, al ser menor de edad, no le pueden pedir ninguna documentación, aunque el miedo siempre está ahí”, relata, por eso para evitar riesgos procura desplazarse en coche acompañada de amigos.

El acceso a la vivienda, el mayor obstáculo

Sin embargo, para Lina el mayor problema ha sido el acceso a la vivienda y, si no llega a ser por la ayuda que le han brindado desde el colectivo Mujeres Migrantes Diversas, los obstáculos se habrían multiplicado. “He vivido situaciones muy feas, llegando a quedarme en la calle de la noche a la mañana porque nos echaron de un piso. En estos dos años y medio nos hemos mudado siete veces”, explica. “Si el acceso a la vivienda ya es complicado para cualquier persona, imagina cuando eres migrante y sin papeles, que ni siquiera puedes firmar un contrato, y peor aún cuando tienes hijos. Eres la escala más baja".

Durante este tiempo, Lina y su hija solo han tenido la posibilidad de alquilar habitaciones de manera informal, en ocasiones compartidas con otras personas. Ahora, cuenta aliviada, gracias a una compañera activista que le ha alquilado dos habitaciones a un precio accesible, por primera vez desde que llegó a España puede disfrutar de un espacio propio y sentir la tranquilidad de que no la desalojarán de forma repentina.

En el ámbito laboral, Lina ha trabajado sobre todo en el cuidado de niños y en tareas de limpieza. Solo después de un año y medio consiguió mejorar sus condiciones, algo poco frecuente entre quienes viven en situación irregular y temen reclamar derechos. De cara al futuro, una vez que la regularización sea una realidad, le gustaría orientar su trabajo a acompañar y ayudar a otras personas migrantes.

“Oportunidad histórica”

Desde la plataforma Regularización Ya, el colectivo que impulsó esta iniciativa, también confían en que el texto definitivo del proceso se publique antes del 15 de abril y que, ante esta demora, se articulen desde el Gobierno “todos los medios necesarios para garantizar que ninguna persona quede fuera de esta oportunidad histórica“. “Esperamos que se respete el acuerdo inicial y las condiciones flexibles para que las personas más vulnerables accedan a derechos. La gente no puede seguir en la precariedad, condenada a la irregularidad por la burocracia del Estado”, recordó hace unos días en conversación con este periódico la activista Victoria Columba, una de las portavoces de esta plataforma.

Por su parte, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han aclarado que el proceso “sigue su curso” y que la medida se pondrá en marcha en las primeras semanas de abril, una vez finalizados los trámites administrativos. La puesta en marcha depende de informes obligatorios, como el del Consejo de Estado, que todavía no se ha emitido.

Esta regularización extraordinaria se aplicará a quienes acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025, con un mínimo de cinco meses de estancia y sin antecedentes penales. Se trata del sexto proceso de regularización de migrantes en España desde los años 80. Cuatro de ellos se realizaron bajo gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos durante mandatos del PP (2000 y 2001). La última regularización extraordinaria se llevó a cabo en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, y permitió a más de 576.000 personas obtener la residencia legal.

“Para mí ser parte de la misión Artemis II, es increíble ser parte de la historia del mundo, que los cuatro humanos que están en esa nave han viajado a la Luna hasta lo más lejos que un humano ha estado”, explicó Patricia Ortíz un salvadoreña que ha trabajado en hacer posible la más reciente misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en ingles).

Su curiosidad por estudiar el universo inició a muy temprana edad en su infancia. La salvadoreña se propuso alcanzar un horizonte que parecía imposible para muchos; sin embargo, hoy lidera diferentes proyectos que permitirán al hombre continuar descubriendo el espacio.

Ortiz, no solo ha enorgullecido a su familia al ser la primera en tener una carrera universitaria tras migrar a Estados Unidos, aunque reconoce que ese viaje personal ha estado marcado por el trabajo duro y la tenacidad. Todo inició tras ver un programa de televisión sobre un viaje que el astronauta Buzz Aldrin emprendió hacia la Luna, cuando ella tenía 7 años.

“Después de ver ese programa, la verdad que yo no conocía a ningún ingeniero, nadie de mi familia había ido a la universidad”, relató Ortiz en entrevista con Infobae. La ingeniera sostiene que el respaldo de su madre fue clave en su formación academica.

En el año de su graduación de la Universidad de California, San Diego, Ortiz fue la única mujer que obtuvo el título en Ingeniería Aeroespacial. Según narró a Infobae, “el año que me gradué yo fui la única mujer que se graduó”. Dos décadas más tarde, la cifra de graduadas subió a 10, para Ortiz este escenario genera satisfacción ante el aumento de la presencia femenina en un campo históricamente dominado por hombres.

Patricia es la primera en su familia en graduarse y liderar en la NASA tras migrar a Estados Unidos

Sin modelos familiares o cercanos que abrieran camino en la ingeniería, Ortiz se aferró al consejo constante de su madre: “Nosotros éramos de bajos recursos, mi mamá nos cuidó a los cinco, limpiando casas. Ella siempre me recalcó que tenía que estudiar muy duro para salir adelante, para sacar un título, para que yo no tubiera que limpiar casas, tenía que estudiar duro”.

El camino estuvo lleno de obstáculos. La falta de referentes y el entorno masculino de la carrera acentuaron su sensación de soledad académica: “Esta carrera es muy difícil y también me he sentido muy sola. Empezando que cuando yo me gradué fui la única mujer que se graduó. No tenía familiares que ya habían ido a la universidad. Mis hermanos no habían podido estudiar, no les podía preguntar, me tuve que arreglarme las cosas sola”, explicó Ortiz a Infobae.

Ortiz recurrió a los programas de apoyo para estudiantes de primera generación en su universidad, como el Minority Engineering Program, lo que fue fundamental para transitar un entorno altamente competitivo.

Su perseverancia no solo la impulsó a destacarse entre sus compañeros, sino que transformó la perspectiva de su propia familia, argumentando que uno de sus hermanos mayores, decidió retomar la universidad tras ver su ejemplo y completó tanto la licenciatura como la maestría.

Ortiz lidera proyectos clave de la nueva generación de vuelos tripulados a la Luna y Marte

Dentro de la NASA, Ortiz ha ocupado roles estratégicos en dos iniciativas de relevancia internacional. Una de ellas es la misión Artemis II, la primera misión tripulada que llevará nuevamente humanos a la Luna.

Ortiz fue gerente del espectrómetro del escudo térmico de la cápsula Orión, liderando a su equipo en la certificación de este sistema fundamental para la seguridad de los viajeros espaciales.

“Para mí ser parte de la misión Artemis II, que es parte de la historia, guiar a mi equipo a que nosotros recibamos nuestro certificado para ser aprobados para estar en esta misión es increíble. Que yo pude ser un pequeño grano de arroz, parte de esta gran misión”, detalló.

Además, desempeñó el rol de subgerente del proyecto CHAPEA, un experimental destinado a preparar misiones largas a Marte. En CHAPEA, cuatro astronautas permanecen un año aislados en una estructura impresa en 3D, simulando las condiciones de un viaje marciano, donde resultará decisivo el desarrollo de sistemas de alimentación capaces de sobrevivir durante una misión mínima de tres años, lo necesario para ir, permanecer y regresar del planeta rojo.

Ortiz explicó: “Esta misión es muy importante para apoyar cuando lleguemos a Marte. Debemos tener claro cosas muy importantes, como qué se va a alimentar los astronautas cuando vayan a Marte. Necesitamos tener alimentación para sostenerlos ese tiempo”.

Las salvadoreñas también pueden cumplir sus sueños

La salvadoreña extendió un llamado a las jóvenes salvadoreñas para esforzarse y cumplir sus sueños. “Muchas veces vas a querer dejar tus estudios. Muchas veces van a salir cosas de la vida que no puedes controlar, tal vez, problemas con tu familia o la materia es muy difícil”.

A pesar de las dificultades, Ortiz recomendó no rendirse: “Muchas veces vas a sentir que ya no puedes, pero no te detengas, siga estudiando, siga trabajando duro con la ayuda de Dios y su familia, van a salir adelante para completar sus carreras para obtener ese sueño. Sí es posible”.

Ortiz se ha convertido en una de las figuras más visibles de la representación centroamericana en programas de investigación espacial de alto impacto, mostrando que, en palabras suyas, la perseverancia puede transformar un sueño aislado en una realidad comprobable mediante el avance de avances científicos y tecnológicos.

En una operación conjunta, autoridades federales y estatales inhabilitaron un túnel con 79 metros de diámetro en Nogales, Sonora, el cual presuntamente buscaba ser utilizado para el cruce ilegal de migrantes hacia Estados Unidos, sin embargo, no contaba con salida hacia el exterior.

La acción derivó de trabajos de inteligencia realizados por el Gabinete de Seguridad, con participación de la Secretaria de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad de Sonora (SSP), según el comunicado emitido este 9 de abril de 2026.

Autoridades detallaron que la operación fue realizada mediante una orden de cateo en el inmueble, la cual fue autorizada por un juez.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona presuntamente vinculada a actividades de contrabando y tráfico de personas, de la cual no ha sido revelada su identidad, pero es señalado como integrante de un grupo delictivo con operaciones delictivas en la región.

Además, se reportó que en el sitio fueron asegurados cartuchos útiles de arma de fuego.

La infraestructura clandestina tiene una profundidad de 4.5 metros.

Orden de cateo permitió inhabilitar el túnel

La intervención se realizó luego de que un Juez de Control otorgó la orden de cateo a partir de pruebas recabadas por agentes mediante vigilancias fijas y móviles.

El inmueble, ubicado en la colonia Centro, fue señalado como punto clave para las operaciones de un grupo delictivo.

En el operativo, además de inhabilitar el túnel, las autoridades aseguraron 21 cartuchos útiles y detuvieron a una persona vinculada a actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas.

El inmueble quedó bajo resguardo policial mientras el Ministerio Público Federal continúa con las investigaciones.

Otras clausuras de túneles en la frontera de EEUU y México

El 16 de enero de 2025, autoridades de Estados Unidos clausuraron un túnel clandestino descubierto bajo el lecho del río Bravo, en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

En aquella ocasión, el paso subterráneo contaba aproximadamente 40 metros de longitud y presuntamente era utilizado para el tráfico de personas, drogas y mercancías ilícitas.

De acuerdo con reportes, el túnel bajo el río Bravo habría sido operado por el grupo delictivo conocido como “La Línea”. Las autoridades señalan que esta organización mantiene presencia en la región fronteriza y utiliza infraestructura clandestina para actividades de tráfico de personas, drogas y mercancías ilegales.

La estructura conectaba con sistemas de drenaje de El Paso y contaba con ventilación y alumbrado.

El túnel fue localizado tras una denuncia anónima y la operación conjunta incluyó el sellado con concreto desde el lado estadounidense.

Giovana Lozano Hernández, mexicana de 27 años de edad, será enviada a una prisión federal en los Estados Unidos por formar parte de una red de tráfico de personas en la frontera.

La mujer, residente irregular en Laredo, Texas, fue condenada a 70 meses de cárcel tras admitir su papel como administradora financiera de una organización dedicada al contrabando de inmigrantes vinculada con el Cártel del Noreste.

Las autoridades estadounidenses atribuyeron a Lozano Hernández la gestión de las finanzas y la contabilidad de la red, en colaboración estrecha con su esposo, Danny Núñez.

Según la investigación, la pareja actuó como enlace directo con el Cártel del Noreste, facilitando el traslado de más de mil 900 migrantes y generando cuantiosas ganancias ilícitas tanto para el grupo criminal como para ellos mismos.

Durante el proceso judicial, el tribunal resaltó la magnitud de la operación y la responsabilidad asumida por Hernández dentro de la estructura. “El tribunal destacó la importante responsabilidad que tenía en la organización”, remarcó el juez John A. Kazen al dictar sentencia.

El funcionamiento de la red y el papel de los implicados

El grupo operaba como un centro logístico que ofrecía alojamiento y transporte a migrantes indocumentados recién cruzados al lado estadounidense. Las pruebas presentadas en la audiencia incluyeron registros de contabilidad, teléfonos móviles y mensajes de voz que detallaban las rutas, el alojamiento y el flujo de dinero generado por cada traslado.

La investigación permitió documentar operaciones que se remontan a marzo de 2023. En uno de los episodios más alarmantes, agentes federales localizaron en diciembre de ese año un remolque blanco con 101 personas en su interior, incluidos 12 menores no acompañados. Parte de los migrantes relataron que experimentaron serias dificultades para respirar y temieron por su vida debido a las condiciones del vehículo.

Descubrimientos en la vivienda y pruebas materiales

Las autoridades realizaron un registro en la residencia de la pareja, donde hallaron más de 36 mil dólares en efectivo, teléfonos celulares, libros de contabilidad y dos migrantes indocumentados. Además, se incautaron imágenes digitales que documentaban tanto los registros financieros como la presencia de personas alojadas en el inmueble.

Los mensajes de voz recopilados demostraron la coordinación constante entre la mujer y otros miembros de la red para organizar el transporte y rendir cuentas del dinero recibido.

Condena y futuro de los implicados

Mientras que Danny Núñez recibió una condena de 10 años de prisión federal el pasado mes de enero, Giovana Lozano Hernández permanecerá bajo custodia hasta ser trasladada a una prisión federal, cuyo destino está aún por definirse. Tras el cumplimiento de la pena, se prevé que enfrente un proceso de deportación, al no contar con ciudadanía estadounidense.

El caso fue investigado por las agencias federales y estatales, entre ellas ICE, el FBI, la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, con el apoyo del Departamento de Policía de Laredo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que recurrirá el real decreto que reconoce el derecho a la atención sanitaria pública a los migrantes sin residencia legal en España. Durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha adelantado que acudirán a los tribunales contra esta nueva norma que busca “fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid”.

El Consejo de Ministros aprobó este real decreto el pasado 12 de marzo con el objetivo de facilitar a los migrantes irregulares el acceso a la sanidad pública. Según la organización Médicos del Mundo, cerca de 13.000 personas extranjeras han tenido problemas para acudir al médico en el último año, principalmente por las dificultades para conseguir el padrón. Un 2% de ellas tenía la nacionalidad española.

“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso otra vez este gobierno va a recurrir en este caso a este Real Decreto”, ha expresado la presidenta autonómica en respuesta a una pregunta de Vox. Ayuso ha asegurado estar en contra del abuso del sistema sanitario y ha insistido en que reclamará “orden y ley” al Ejecutivo central.

Así, la dirigente autonómica ha cargado contra “la gestión migratoria del Gobierno de Sánchez”, que quiere “fundir los servicios públicos”. No obstante, ha asegurado que Madrid no va a “dejar morir a ningún ser humano en la puerta de un hospital por su situación regular o irregular, eso es inhumano”.

Mónica García: “No vamos a permitir que su racismo contamine la sanidad pública”

Desde el Ministerio de Sanidad no han tardado en reaccionar ante el anuncio de Ayuso. Mónica García ha recordado que el derecho a la atención sanitaria de las personas migrantes “está reconocido desde el año 1986″. “Lo que hace este real decreto es eliminar las trabas burocráticas que, entre otras, ponía la señora Ayuso”, ha asegurado.

La ministra ha acusado a la dirigente madrileña de “usar los tribunales para poner trabas a la sanidad de miles de personas que viven y trabajan ya en Madrid”. “Piensa que está confrontando con el Ministerio de Sanidad y con el Gobierno de España, pero en verdad lo que está haciendo es ir contra nuestra sanidad pública y contra un modelo que nos enorgullece como país, que es un modelo que no deja a nadie atrás”, ha expresado.

Según García, “a la señora Ayuso le molesta que quien tiene derecho a la atención sanitaria la reciba” y ha afirmado que no permitirá “que su racismo se interponga y contamine nuestra sanidad pública”. Para la ministra, “lo que de verdad está desguazando nuestra sanidad” son “los chanchullos del entorno de la señora Ayuso con el grupo Quirón”.

García ha recordado que no es la primera vez que el Gobierno madrileño lleva “este tipo de batallas a los tribunales”, en referencia al reciente conflicto judicial por el registro de objetores al aborto. “La justicia le obligó a cumplir la ley y en este caso estoy segura de que va a ocurrir lo mismo. La ley y la sanidad universal no se tocan”, ha sentenciado.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó la importancia de la cooperación entre ambos países para combatir el tráfico de personas, a propósito del caso de Daniel Zavala Ramos, traficante de personas originario de Guatemala.

En sus canales oficiales, Johnson afirmó que la coordinación binacional ha permitido salvar vidas y desmantelar redes criminales dedicadas a esta actividad.

Daniel Zavala Ramos admitió su participación en un esquema de tráfico vinculado a un accidente de tractocamión, donde viajaban al menos 160 migrantes en Chiapas. En el incidente murieron más de 50 personas y más de 100 resultaron heridas.

Johnson advirtió que estos hechos evidencian el riesgo al que los migrantes son expuestos por parte de las redes de tráfico.

Coordinación bilateral bajo liderazgo de ambos países

El embajador señaló que la cooperación impulsada por los gobiernos de México y Estados Unidos, con el respaldo de sus respectivos presidentes, ha facilitado la desarticulación de estas operaciones y el fortalecimiento de la protección fronteriza.

El embajador insistió en que la acción conjunta es fundamental para evitar tragedias y frenar a los grupos criminales que lucran con la migración.

Los informes oficiales sobre el caso, publicados el pasado 7 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también destacan la cooperación del gobierno de Guatemala para detener a Dany ZR y extraditarlo.

Dany ZR reconoció su implicación en el accidente que dejó más de 50 migrantes muertos

Daniel Zavala Ramos, conocido como Dany ZR, admitió ante autoridades de Estados Unidos su participación en la red de tráfico de personas que derivó en la volcadura de un tráiler y la muerte de más de 50 migrantes en Chiapas, el 9 de diciembre de 2021.

El 7 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zavala Ramos, de 42 años, se declaró culpable de conspirar para introducir ilegalmente a migrantes en ese país. Las autoridades estadounidenses acusaron que puso en riesgo la vida de las personas traficadas, causó lesiones graves y derivó en la muerte de decenas de ellas.

Las investigaciones acreditaron que la red trasladaba tanto adultos como menores no acompañados bajo condiciones que resultaron fatales.

Documentos judiciales en Estados Unidos señalan que Zavala Ramos y sus cómplices reclutaban migrantes en Guatemala y organizaban su traslado a través de México hasta la frontera con Estados Unidos, cobrando sumas de dinero por el servicio e instruyendo incluso a menores sobre qué decir si eran detenidos.

El 9 de diciembre de 2021, la red organizó el traslado de más de 160 migrantes en un tráiler sobrecargado, que volcó en Chiapa de Corzo. El accidente dejó al menos 56 personas muertas y más de 100 heridas.

La tragedia evidenció los riesgos del tráfico de personas y la capacidad de las redes criminales para coordinar operaciones de gran escala.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena a un hombre identificado como Jesús, que se hacía pasar por gestor en materia de extranjería, por falsificar un documento clave para que una mujer obtuviera el permiso de residencia en España. El tribunal rechaza su recurso y respalda íntegramente la sentencia que le impuso seis meses de prisión y una multa por estos hechos.

El caso se remonta a 2017, cuando una mujer identificada como Nicolasa, de nacionalidad nicaragüense, acudió a este hombre para regularizar su situación administrativa en España. Él le ofreció encargarse de todo el proceso a cambio de una cantidad que oscilaba entre 200 y 300 euros, asegurándole que podía tramitar su autorización de residencia por arraigo social.

La solicitud se presentó ante la Oficina de Extranjería de Madrid y, en junio de ese mismo año, la mujer obtuvo un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Sin embargo, ese expediente incluía un documento determinante que resultó ser falso.

Un certificado clave que nunca existió

Entre la documentación aportada figuraba un certificado emitido supuestamente por la empresa United Europhil EP S.A., en el que se hacía constar que Nicolasa había enviado dinero de forma continuada desde España durante varios años. Ese dato era esencial para acreditar su arraigo en el país.

Pero el documento nunca fue real. La investigación policial determinó que ese certificado había sido confeccionado por el propio acusado —o por encargo suyo— con el único objetivo de reforzar el expediente administrativo y facilitar la concesión del permiso de residencia.

Los agentes comprobaron directamente con la empresa que el documento no había sido emitido por ellos. Además, la propia mujer declaró en el juicio que nunca había visto ese certificado ni había tenido relación con la entidad que supuestamente lo había expedido.

El tribunal considera acreditado que fue el acusado quien preparó la documentación y organizó la presentación del expediente, incluso mediante una persona que acompañó a la solicitante a la oficina de extranjería.

La beneficiaria, absuelta

A diferencia del principal acusado, la mujer que obtuvo la residencia fue absuelta. La sentencia descarta que tuviera conocimiento de la falsedad del documento o que participara en su elaboración.

La Sala da credibilidad a su versión: acudió a un supuesto profesional para regularizar su situación, aportó la documentación que le solicitaron y dejó en manos del gestor la tramitación del expediente.

Este elemento resulta clave para delimitar responsabilidades. El tribunal distingue entre quien se beneficia del resultado y quien ejecuta la conducta delictiva, concluyendo que solo este último actuó con dolo falsario.

No era un documento “sin importancia”

Uno de los argumentos principales de la defensa fue restar relevancia al documento falsificado. Sostenía que se trataba, en todo caso, de un documento privado que no afectaba al tráfico mercantil ni causaba perjuicio a terceros.

La Audiencia Provincial rechaza de plano esa tesis. Subraya que el certificado tenía una función decisiva: acreditar la permanencia continuada en España y, con ello, permitir la obtención del permiso de residencia.

Además, destaca que el documento fue incorporado a un expediente administrativo y presentado ante una autoridad pública, lo que refuerza su relevancia jurídica. No se trataba de un papel irrelevante, sino de un elemento esencial para la decisión administrativa.

En ese contexto, la falsificación encaja plenamente en el delito de falsedad documental, ya que afecta a la confianza en el tráfico jurídico y puede influir en decisiones de la Administración.

La prueba y el recurso

En su recurso, el condenado cuestionó la valoración de la prueba y alegó vulneración de la presunción de inocencia. Sin embargo, el tribunal recuerda que su función no es sustituir la valoración del juez de instancia, sino comprobar que existe prueba suficiente y razonablemente apreciada.

Tras revisar el caso —incluida la grabación del juicio—, la Sala concluye que la condena se basa en pruebas válidas y coherentes: la declaración de la perjudicada, los testimonios policiales y la verificación directa de la falsedad del documento. También descarta la aplicación del principio in dubio pro reo, al no existir dudas razonables sobre la autoría de los hechos.

Con estos argumentos, la Audiencia Provincial desestima el recurso y confirma íntegramente la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 17 de Madrid.

El acusado deberá cumplir seis meses de prisión, además de una multa económica, por haber creado y utilizado un documento falso con el fin de alterar un procedimiento administrativo de extranjería.

La Florida SAVE Act, promulgada como la ley HB 991, redefine los parámetros para la identificación y derechos civiles de los residentes, en particular de los migrantes en Florida. El gobernador Ron DeSantis firmó la normativa con el objetivo de reforzar la integridad electoral.

Sin embargo, sus repercusiones abarcan mucho más que el proceso de votación, impactando directamente sobre quienes no poseen la ciudadanía estadounidense.

Las licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales se convertirán en un nuevo eje de visibilidad legal y administrativa, lo que introduce modificaciones sustanciales.

Las implicancias afectan la vida cotidiana de miles de personas y generan inquietud en organizaciones civiles y entidades estatales.

Cambios inmediatos para los migrantes en Florida

Desde el 1 de enero de 2027, las licencias de conducir y las tarjetas de identificación en Florida incluirán de manera explícita el estatus legal del titular. A partir de esa fecha, cualquier trámite de obtención, renovación o reposición de estos documentos reflejará si el portador es ciudadano estadounidense o si posee otro tipo de residencia legal.

Para las personas con licencias vigentes, el documento seguirá siendo válido hasta la fecha de expiración. No se exige un reemplazo inmediato, aunque cualquier actualización futura incorporará la nueva indicación sobre el estatus migratorio.

Según informó el diario local El Nuevo Herald, la transición se realizará de forma gradual y dependerá de los trámites individuales de cada persona.

¿Qué significa la nueva ley para los migrantes?

El rediseño de los documentos de identidad permite a autoridades y entidades determinar instantáneamente el estatus de ciudadanía de quienes presentan sus identificaciones, facilitando los controles y posibles revisiones migratorias.

Además, la ley modifica el acceso a servicios y derechos: algunas entidades privadas y públicas podrían usar la información para condicionar la prestación de servicios, acceso a beneficios o empleo.

La Florida SAVE Act busca, en palabras de DeSantis, elevar los estándares de transparencia y seguridad tanto en el ámbito electoral como administrativo.

Modificaciones clave introducidas por la ley HB 991

La normativa introduce varios cambios relevantes para migrantes y el sistema electoral:

• Identificación del estatus legal: Las licencias de conducir y tarjetas de identificación mostrarán si el titular es ciudadano, residente legal o posee otro estatus migratorio.
• Requisitos adicionales para el registro de votantes: Para inscribirse en el padrón, se deberá presentar documentación que acredite la ciudadanía estadounidense, como pasaporte, certificado de nacimiento o naturalización.
• Eliminación de identificaciones alternativas: Las identificaciones estudiantiles y de residencias para adultos mayores quedarán excluidas como prueba de identidad para votar.
• Fortalecimiento de la verificación de identidad: El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados coordinará acciones con agencias estatales y federales para mantener la exactitud de los registros y detectar fraudes.
• Responsabilidad ampliada para candidatos: Todos los aspirantes a cargos públicos deberán declarar si poseen doble ciudadanía y, en el caso de candidatos al Congreso, informar sobre actividades bursátiles.

Declaraciones oficiales y justificación de la ley

El gobernador Ron DeSantis explicó ante el público y en redes sociales: “Firmé la Ley SAVE de Florida para reforzar nuestro compromiso con la integridad y la seguridad electoral”, expresó en su cuenta de X.

DeSantis aseguró que esta medida previene influencias ilícitas y garantiza que solo ciudadanos estadounidenses puedan registrarse para votar y participar en la vida política.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, afirmó que la ley representa “un paso importante hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en los registros públicos”.

Su oficina, responsable de los trámites de licencias de conducir, ya está adaptando los procesos administrativos para facilitar la transición y asegurar que los migrantes comprendan las nuevas reglas.

Reacciones y controversias

Diversos grupos de derechos civiles han presentado demandas federales para intentar frenar la aplicación de la ley. Sostienen que los nuevos requisitos documentales podrían dejar fuera del sistema a ciudadanos legítimos, especialmente estudiantes, personas mayores y migrantes con dificultades de acceso a documentos originales.

Este argumento se apoya en reportes previos y acciones legales en otros estados, donde medidas similares han presentado problemas de exclusión y ninguna investigación ha probado la existencia de fraude sistemático previo.

Estas organizaciones denuncian que la normativa impone una carga discriminatoria, dado que no existen pruebas de fraude o problemas graves con el actual proceso electoral, según datos presentados en cortes federales y auditorías estatales.

Solicitan a la justicia la suspensión inmediata y que se declare inconstitucional la medida, como informó la emisora pública de Florida WUSF.

Contexto nacional, antecedentes y recomendaciones para migrantes

La Florida SAVE Act forma parte de un conjunto de reformas recientes orientadas a reforzar controles electorales y migratorios.

Florida ya implementaba estrategias como el mantenimiento periódico del padrón y sanciones en casos de irregularidades, pero la nueva ley amplía las facultades de fiscalización y eleva las penas por delitos relacionados con elecciones.

Entre las acciones previas destacan:

• Mantenimiento anual obligatorio de los registros de votantes
• Creación de la Oficina de Delitos Electorales
• Supervisión reforzada sobre organizaciones que registran electores
• Penalizaciones más severas por fraude y manipulación de votos

Ante este escenario, migrantes y residentes pueden considerar:

• Revisar la fecha de expiración de su licencia o identificación actual
• Preparar los documentos de ciudadanía o residencia legal si planean renovar o solicitar una nueva identificación después de 2027
• Consultar con las oficinas locales sobre los requisitos actualizados
• Informarse sobre sus derechos y vías legales disponibles ante posibles dificultades

Las autoridades sostienen que la transición será paulatina y que los documentos vigentes mantendrán su validez al menos hasta la renovación, aunque los efectos de largo plazo sobre privacidad y acceso a servicios aún generan debate.

Daniel Zavala Ramos, conocido como Dany ZR, admitió ante autoridades de Estados Unidos su participación en la red de tráfico de personas que derivó en la volcadura de un tráiler y la muerte de más de 50 migrantes en Chiapas, el 9 de diciembre de 2021.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves asociados al tráfico de personas en el país, con una red que operaba desde Guatemala, atravesaba México y pretendía ingresar a migrantes a Estados Unidos.

Cabe recordar que en el año 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH) emitió una recomendación en la que señala el papel de omisión que tuvo Institutito Nacional de Migración por no revisar el tráiler en un retén carretero, antes de que se accidentara.

Este 7 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zavala Ramos, de 42 años, se declaró culpable de conspirar para introducir ilegalmente a migrantes en ese país. La acusación señaló que puso en riesgo la vida de las personas traficadas, causó lesiones graves y derivó en la muerte de decenas de ellas.

Dany ZR fue detenido en Guatemala el 7 de agosto de 2025 y extraditado a EEUU el 23 de octubre del mismo año. Las investigaciones acreditaron que, además de adultos, la red trasladaba menores no acompañados bajo condiciones que resultaron fatales.

La organización detrás del accidente

Documentos judiciales en Estados Unidos revelaron que Zavala Ramos y sus cómplices reclutaron a migrantes en Guatemala y organizaron su traslado a través de México hasta la frontera con Estados Unidos.

El grupo cobró sumas de dinero por el servicio e instruyó a los migrantes, incluidos menores, sobre qué decir en caso de ser detenidos por autoridades estadounidenses.

El viaje se realizó en condiciones peligrosas: a pie, en microbuses, camiones de ganado y tráileres.

El 9 de diciembre de 2021, la red integrada por Danny ZR organizó el traslado de más de 160 migrantes en un tráiler que circulaba por Chiapas. El vehículo, con sobrecupo, se volcó en Chiapa de Corzo, cerca de Tuxtla Gutiérrez, al norte de la frontera entre Guatemala y México.

El accidente dejó al menos 56 personas muertas y más de 100 heridas, muchas de ellas de gravedad. La tragedia puso en evidencia los riesgos del tráfico de personas y la capacidad de las redes criminales para coordinar operaciones de gran escala.

Proceso judicial y colaboración internacional

Tras el accidente y una investigación conjunta de autoridades mexicanas, guatemaltecas y estadounidenses, Zavala Ramos fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2025.

La Fiscalía del Distrito Este de Texas lo acusó formalmente de conspirar para introducir ilegalmente a migrantes, cargos que podrían derivar en cadena perpetua y una multa de hasta 250 mil dólares.

Según los reportes de EEUU, la jueza federal Marina García Marmolejo dictará sentencia contra Dany ZR el próximo 7 de julio de 2026.

El caso, según los datos oficiales, estuvo a cargo del Grupo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE en Washington D.C., con apoyo de sus oficinas en Guatemala y México, la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y fiscales de ambos países.

Por último, las autoridades estadounidenses señalaron que la investigación identificó la operación como parte de la estrategia federal Operación Recuperar América, enfocada en frenar la inmigración ilegal y desmantelar redes criminales transnacionales responsables de delitos graves contra migrantes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé iniciar en las “primeras semanas” de abril el proceso de regularización que facilitará la obtención de permisos de residencia y trabajo a más de medio millón de personas migrantes en España. Tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos, el pasado 27 de enero el Consejo de Ministros autorizó la tramitación de un real decreto para llevar a cabo esta nueva regularización extraordinaria, pero la medida aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde el movimiento Regularización Ya confían en que el texto definitivo se publique antes del 15 de abril y que, ante esta demora, se articulen desde el Gobierno “todos los medios necesarios para garantizar que ninguna persona quede fuera de esta oportunidad histórica“. “Esperamos que se respete el acuerdo inicial y las condiciones flexibles para que las personas más vulnerables accedan a derechos. La gente no puede seguir en la precariedad, condenada a la irregularidad por la burocracia del Estado”, dice a Infobae la activista Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya, plataforma que lleva seis años luchando para que este proceso se convierta en realidad.

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Hace unos días, durante la clausura de una jornada sobre migración organizada por el Consejo Económico y Social (CES), la ministra Elma Saiz aseguró que el proceso “sigue su curso” y que la medida se pondrá en marcha en las primeras semanas de abril, una vez se hayan completado los trámites administrativos necesarios. Saiz, que pidió “tranquilidad y confianza” ante la desinformación que circula sobre la regularización, también recordó que la iniciativa no requiere convalidación parlamentaria y depende de informes preceptivos como el del Consejo de Estado, aún pendiente de emisión, por lo que la fecha concreta de aprobación podría extenderse a la segunda quincena de abril.

La regularización estará dirigida a quienes puedan probar su estancia en España previa al 31 de diciembre de 2025, que sumen al menos cinco meses de residencia y no tengan antecedentes penales. Disponer de documentación, según ha explicado la ministra, es un elemento esencial para que estas personas migrantes puedan integrarse en el mercado laboral, en línea con las conclusiones del Consejo Económico y Social, que destaca la importancia de la regularidad administrativa para garantizar la igualdad de acceso a empleo y servicios.

Además, un reciente informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno (ONPE) advierte sobre el impacto de una reducción en los flujos migratorios: si descendieran un 30% en los próximos 50 años, España perdería nueve millones de trabajadores y su Producto Interno Bruto caería un 22%. El estudio señala que esta bajada implicaría una reducción de la población activa, la desaparición de 63.000 médicos especialistas y el cierre de unos 90.000 bares. Ante este escenario, el Ejecutivo defiende que facilitar vías legales de residencia es clave no solo para favorecer la integración, sino también para garantizar la sostenibilidad económica y social.

“Gestionar la migración con eficacia es una auténtica oportunidad” para el país, aseguró Saiz en el evento organizado por el CES, al tiempo que arremetió contra los bulos y los discursos de odio vertidos hacia los migrantes. Solo en el mes de febrero, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó 37.000 mensajes de odio contra este colectivo en las principales redes sociales, duplicándose la tasa de contenidos islamófobos.

Se habilitarán ventanillas especiales

A la espera de que se publique el proceso de regularización en el BOE, miles de migrantes afrontan la incertidumbre de su situación administrativa. Desde el Movimiento Regularización Ya advierten sobre casos de abusos y estafas cometidos por falsos asesores que, a cambio de sumas incluso superiores a 400 euros, ofrecen gestionar trámites que aún no están habilitados oficialmente.

Las autoridades dispondrán de 15 días para admitir o rechazar las solicitudes de permisos de residencia y trabajo, y hasta tres meses para resolverlas de forma definitiva. Tanto las oficinas de Correos como las de Seguridad Social habilitarán ventanillas especiales para gestionar el proceso, puesto que las oficinas de Extranjería se encuentran colapsadas tanto de manera presencial como telemática por falta de personal y volumen de trabajo.

Otras regularizaciones en España

En España, los procesos de regularización de migrantes se han sucedido desde los años 80 bajo distintos gobiernos, tanto del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) como del Partido Popular (2000 y 2001). La última regularización masiva se realizó en 2005, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y permitió acceder a la residencia legal a más de 576.000 personas.

La sanidad pública española todavía no es universal. En 2025, cerca de 13.000 personas tuvieron problemas para acceder al Sistema Nacional de Salud (SNS), en su mayoría mujeres latinoamericanas, que no pudieron tratar sus afecciones de forma adecuada, según la ONG Médicos del Mundo.

La organización ha publicado con motivo del Día Mundial de la Salud su IV Informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud, que ha identificado un total de 34.545 casos de barreras de acceso. La imposibilidad de obtener una tarjeta sanitaria, la falta de información adecuada por parte de los sanitarios, las dificultades en el transporte para llegar a los centros de salud o los problemas económicos son algunos de los obstáculos descritos por la organización, que alcanzaron a 12.768 personas.

Las barreras sanitarias afectaron sobremanera a la población femenina, en una proporción de casi tres a uno respecto a los hombres. La mayoría eran mujeres adultas, entre los 18 y los 44 años, y de procedencia latinoamericana, seguidas del norte de África. Si bien la inmensa mayoría de la población excluida del sistema sanitario era extranjera, cerca del 2% tenía la nacionalidad española, pero todavía no podía acceder a la sanidad pública.

“Los datos aportados por este informe no denotan tanto un empeoramiento de la situación, sino la continuidad de un grave problema que las autoridades no están abordando debidamente”, concluyen desde Médicos del Mundo.

El empadronamiento obligatorio, principal barrera sanitaria

Entre los principales motivos que impidieron a estas personas acceder a la sanidad pública española se encuentran las barreras discriminatorias, entendidas como aquellos requisitos legales o administrativos que afectan sobremanera a personas vulnerables. De los 12.826 casos documentados de esta categoría, el principal obstáculo que encontraron las personas extranjeras fue el padrón.

Hasta ahora, el empadronamiento era requisito indispensable para poder disfrutar de la sanidad pública sin tener la nacionalidad. Los extranjeros residentes en España debían estar inscritos al padrón durante tres meses antes de conseguir atención médica, un requisito que se dificultaba ante las trabas administrativas. Según la plataforma Regularización Ya, muchos ayuntamientos imponen requisitos que no son obligatorios para inscribirse al padrón, como contratos de alquiler, visados o permisos de residencia, lo que dificulta el acceso al colectivo migrante.

La falta de información adecuada desde la propia atención sanitaria fue otra de las razones principales que impidieron el acceso a la sanidad pública (12.593), seguidas de las barreras culturales (3.141) y económicas (3.035), que obstaculizaron al colectivo acceder a medicamentos necesarios para tratar su salud. Fueron también importantes las barreras físicas, de las que Médicos del Mundo ha documentado 2.950 casos. Destacan principalmente las dificultades en el transporte para llegar a los centros sanitarios, escenario que afecta especialmente a los asentamientos temporeros. “Al no estar considerados núcleos urbanos, no cuentan con las conexiones necesarias”, explican desde la ONG.

Los horarios de los centros de salud también fueron una importante barrera. “Impide a personas en situación administrativa irregular acudir, ya que no tienen la posibilidad de ausentarse del trabajo sin arriesgarse a perderlo”, apuntan en el informe.

La inacción de las administraciones públicas tuvo un impacto importante sobre la salud de muchas personas vulnerables. “Solo en 2025 hemos documentado 45 casos de cáncer, 65 de enfermedades cardiovasculares, 105 de diabetes, 119 de hipertensión, 70 de VIH, 80 de salud mental grave, 26 de enfermedades respiratorias, 47 de enfermedades degenerativas como esclerosis o alzhéimer, o 29 casos de interrupción voluntaria del embarazo que no han sido debidamente atendidas”, denuncian.

Hacia una sanidad pública universal

Frente a las barreras sanitarias que sufre la población migrante, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo un real decreto que buscaría solventar esta brecha. La nueva normativa permitiría a las personas extranjeras acceder a atención médica con tan solo una declaración responsable en la que manifiesten que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar este derecho de otro país y que no hay un tercero obligado a pagar su asistencia.

Posteriormente, el paciente tendría que demostrar su residencia en España, pero el padrón ya no será el único documento para ello: podrán utilizar certificados de escolarización o matriculación en centros públicos, facturas de luz, agua, gas o telefonía, documentos de inscripción consular... La asistencia sanitaria se reconocerá desde el momento en el que hagan la solicitud.

Para Médicos del Mundo, se trata de un “primer paso positivo”, pero no suficiente para resolver el problema. La organización pide aprobar el Proyecto de Ley de sanidad universal, actualmente en trámite, que recupere el derecho a la atención sanitaria “a todas las personas que viven de forma efectiva en España, independientemente de su situación administrativa”.

Al menos dos personas han muerto y 71 más están desaparecidas tras el naufragio el sábado de una embarcación de madera en el Mediterráneo, cerca de las costas de Libia, según ha informado la ONG alemana Sea Watch.

“Hoy se ha comprendido la magnitud del horror: 105 personas iban a bordo. Solo 32 sobrevivieron, rescatadas por los cargueros ‘Saavedra Tide’ y ‘Ievoli Grey’. Esta mañana, los supervivientes y dos cuerpos fueron trasladados a Lampedusa. 71 personas siguen desaparecidas”, ha informado la organización en un comunicado.

Sea Watch ha podido localizar el lugar del siniestro con su avioneta ‘Sea Bird 2’ tras una llamada de auxilio emitida el sábado y comprobó que había una embarcación volcada tras zozobrar y que los dos buques mercantes, ambos británicos, estaban ya en el lugar. Desde el ‘Sea Bird 2’ han podido fotografiar los restos de la embarcación antes del rescate.

“El ‘Saavedra Tide’ finalmente desplegó un bote salvavidas y ambos buques mercantes rescataron a los supervivientes. Se han confirmado al menos dos cadáveres”, ha añadido Sea Watch.

Entonces una autoridad no identificada, “presumiblemente la guardia costera libia” ordenó el traslado de los supervivientes, ha explicado la ONG, que recuerda que “Libia no es un puerto seguro”. Además, ha destacado que tanto las autoridades británicas como el avión de vigilancia ‘Eagle 3’ de Frontex está al tanto de la situación.

“Este último naufragio no es un trágico accidente sino, más bien, la consecuencia de las políticas de los gobiernos europeos que rechazan abrir vías de acceso seguras y legales”, señaló Mediterranea Saving Humans.

“Hace apenas cuatro días, 19 cadáveres, congelados, fueron trasladados a Lampedusa. No se trata de incidentes aislados, sino de un patrón de políticas fronterizas mortales. No olvidaremos a los fallecidos ni perdonaremos a los políticos responsables”, ha remachado Sea Watch.

Otra ONG, Mediterranea Saving Humans, ha explicado que la embarcación partió desde Tajura con 105 mujeres, hombres y niños “huyendo de Libia”, pero naufragó en la zona de rescate que corresponde a las autoridades libias, a 14 millas náuticas al noreste de las plataformas petrolíferas de ENI-NOC.

Mediterranea Saving Humans ha destacado que la presencia de Sea Watch ha “impedido” que los supervivientes fueran enviados de vuelta a Libia y ha confirmado que han llegado en la mañana del domingo a la isla italiana de Lampedusa.

En lo que va de año, 683 personas migrantes murieron o fueron declaradas desaparecidas en el Mediterráneo central, según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).

A las costas italianas llegaron 6.175 migrantes en ese mismo periodo, según las últimas cifras del Ministerio italiano del Interior, actualizadas el 3 de abril.

(Con información de EP y AFP)

La reciente detención de un hombre guatemalteco en la ciudad de Ogden, Utah por parte de la policía local ha reavivado el debate sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos y el seguimiento de antecedentes penales por parte de las autoridades migratorias. El individuo fue aprehendido tras ser acusado de secuestroagravado y agresión sexual a una adolescente, caso que podría derivar en una larga condena antes de una eventual deportación.

Según documentos judiciales citados por la policía de Ogden, el arrestado fue identificado como Israel Itzep Ixcoy, de 41 años, frente a cargos que incluyen secuestro agravado, violación y otros delitos conexos. De acuerdo con el capitán Timothy Scott, la policía detuvo el vehículo donde viajaba la víctima, una joven de 15 años que conducía en compañía de Ixcoy como copiloto. Las inconsistencias en sus declaraciones y la edad de la conductora motivaron una investigación inmediata, informó la policía a los medios locales.

La menor relató que Itzep Ixcoy, aprovechanado que eran vecinos con cierta relación familiar, la persuadió para salir de su casa con la promesa de comprarle golosinas. Posteriormente la llevó a su habitación, cerró la puerta y la agredió sexualmente, según consta en el expediente citado por la policía de Ogden. Las autoridades resaltaron que este incidente refleja patrones donde los agresores buscan ganarse la confianza de menores empleando regalos, dinero o atención especial. Expertos en psicología infantil consultados por la policía insisten en la importancia de que los padres supervisen la vida social de sus hijos y mantengan canales de comunicación abiertos para prevenir escenarios de “grooming”.

Las consecuencias para Itzep Ixcoy se agravan por su estatus migratorio. Según informaron las autoridades migratorias tras la detención, existe una orden de detención activa contra el acusado. Documentos del caso revelan que fue deportado previamente en 2014, lo que implica que, en caso de condena, podría pasar varios años en prisión antes de ser devuelto a Guatemala.

Seis trabajadores guatemaltecos detenidos tras denuncia de su empleadora en Maryland

El 24 de marzo de este año, seis trabajadores guatemaltecos fueron detenidos en Cambridge, Maryland, luego de ser denunciados por la propietaria de la vivienda donde laboraban. El arresto fue llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un caso que llamó la atención de los medios a nivel internacional.

Bryan, uno de los migrantes, relató que la dueña de la casa, tras facilitarles una escalera para que descendieran de la azotea, esperó a que culminaran sus tareas y posteriormente alertó a las autoridades migratorias, con el objetivo de evitar el pago de al menos $10,000 por el trabajo realizado. Tras la intervención de ICE, los trabajadores ubicaron su camioneta, utilizada para desplazarse hasta el trabajo desde Glen Burnie, abandonada con las puertas abiertas en las inmediaciones.

El incidente tuvo amplia visibilidad debido a que el arresto fue transmitido en vivo durante unos 30 minutos por uno de los compañeros, Bryan Polanco, quien no fue detenido debido a que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos.

El Gobierno británico ha pagado 744 millones de euros a Francia con el objetivo de frenar la llegada de personas migrantes a través del Canal de la Mancha y, sin embargo, lejos de reducir los riesgos, el número de fallecidos que intentan cruzar en pequeñas embarcaciones no ha hecho más que aumentar. Así lo revela una investigación realizada por el Centro ESRC para el Futuro Sociodigital de la Universidad de Bristol y Border Forensics, que atribuye este repunte a las políticas acordadas entre los gobiernos de Keir Starmer y Emmanuel Macron. Ambas administraciones firmaron en julio de 2025 un plan conjunto para combatir la migración irregular en la zona.

Según detalla la investigación, basada en datos recabados por activistas en Francia, registros de la guardia costera francesa y documentos oficiales británicos, el repunte de víctimas comenzó en el verano de 2023, en paralelo a una reducción en el número de botes y personas que lograron llegar a Reino Unido. El informe subraya que, pese a una mayor vigilancia aérea y refuerzo de las capacidades de búsqueda y rescate marítimo, han aumentado los fallecimientos, que se producen más cerca de las costas francesas.

El incremento de muertes responde, sobre todo, a dos situaciones: los botes cruzan tan saturados que algunas personas quedan atrapadas y mueren aplastadas, y los migrantes intentan salir en medio del caos que provocan los operativos policiales en las playas francesas. Muchas veces, las intervenciones de la policía son violentas y generan escenas de confusión y peligro justo antes de que las embarcaciones partan hacia Reino Unido.

El documento menciona tres prácticas de control fronterizo que han agravado los riesgos para quienes intentan llegar a Reino Unido de manera irregular: nuevas medidas para combatir las redes de tráfico de personas y dificultar el acceso a botes, mayor uso de vigilancia aérea y un incremento de la presencia y las intervenciones policiales en la costa francesa.

El informe también sostiene que las autoridades de ambos países “sabían o deberían haber sabido” las consecuencias mortales de las políticas impulsadas.

Prórroga temporal ante la falta de un nuevo acuerdo

El documento, además, se publica en un momento en que ambos gobiernos no logran alcanzar un nuevo acuerdo para controlar la migración irregular entre 2026 y 2029. Las negociaciones están bloqueadas porque Reino Unido quiere que los próximos fondos dependan del número de cruces frustrados, mientras que Francia advierte que esa condición podría aumentar los riesgos para quienes intentan cruzar.

Ante la falta de acuerdo, Londres y París han aprobado una prórroga temporal de dos meses para mantener la financiación actual.

En el centro de Santa María la Ribera, artesanos del Colectivo de Cartoneros de la Ciudad de México realizaron. con motivo de Semana Santa, la Quema de Judas este sábado, utilizando una figura de gran tamaño con colores de la bandera de Estados Unidos y consignas como “Fuck ICE”, para manifestar su rechazo a la política migratoria de ese país y a la persecución de migrantes hispanos.

La protesta se enfocó en la crítica hacia las acciones impulsadas durante la administración de Donald Trump, incluyendo la exhibición del lema “Make America Great Again” con un círculo rojo cruzado. El colectivo denunció la guerra emprendida por la administración estadounidense contra los migrantes y la discriminación sufrida por la comunidad hispana, motivo central de la movilización.

Previo a la quema, un grupo de mojigangas recorrió el barrio, acompañadas de música y muestra de piezas artesanales. El evento, organizado a unos metros del Kiosco Morisco, busca preservar y difundir el trabajo con carrizo y cartón que distingue a los cartoneros capitalinos.

En el centro de Santa María la Ribera, artesanos del Colectivo de Cartoneros de la Ciudad de México realizaron la Quema de Judas este sábado, utilizando una figura de gran tamaño con colores de la bandera de Estados Unidos y consignas como “Fuck ICE”, para manifestar su rechazo a la política migratoria de ese país y a la persecución de migrantes hispanos.

La protesta se enfocó en la crítica hacia las acciones impulsadas durante la administración de Donald Trump, incluyendo la exhibición del lema “Make America Great Again” con un círculo rojo cruzado.

El colectivo denunció la guerra emprendida por la administración estadounidense contra los migrantes y la discriminación sufrida por la comunidad hispana, motivo central de la movilización.

Previo a la quema, un grupo de mojigangas recorrió el barrio, acompañadas de música y muestra de piezas artesanales. El evento, organizado a unos metros del Kiosco Morisco, busca preservar y difundir el trabajo con carrizo y cartón que distingue a los cartoneros capitalinos.

Detención migratoria es alarmante

El sistema de detención migratoria de Estados Unidos, bajo administración directa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ha registrado una inquietante serie de fallecimientos de ciudadanos mexicanos en el último año del segundo mandato de Donald Trump.

El caso más reciente corresponde a Ismael Ayala Uribe, quien falleció el 22 de septiembre de 2025, a los 39 años, luego de un mes bajo custodia en el centro de detención de Adelanto, California.

Así como la de otros cinco mexicanos en situaciones similares, la muerte de Ismael ha puesto de relieve las deficiencias sistemáticas en la atención médica dentro de estas instalaciones, advertidas tanto por organismos independientes como gubernamentales.

La falta de atención oportuna y diagnósticos adecuados en estos centros ha motivado investigaciones y denuncias por parte de organizaciones como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Festival de la Cartonería resiste

La edición 14 del Festival de la Cartonería se celebra del 2 al 5 de abril de 2026 en la alameda de Santa María la Ribera, reuniendo a artesanos, colectivos y visitantes interesados en esta técnica tradicional mexicana. El evento ofrece expo-venta de piezas, talleres, conferencias, música en vivo y exhibiciones.

Tras la quema de Judas realizada este sábado, las actividades continúan hasta el domingo 5 de abril en el Kiosco Morisco, con horarios de 11:00 a 20:00 horas, según el Colectivo cartoneros de la CDMX.

Los organizadores han dispuesto más de 10 talleres para este año, garantizando que los maestros expliquen el oficio y el proceso de elaboración a cada grupo de hasta 10 alumnos por sesión. Cada instructor estará presente al menos dos veces durante el festival para facilitar la experiencia a los asistentes.

El objetivo de la iniciativa es rescatar y difundir la cartonería como parte del arte popular y patrimonio cultural de la Ciudad de México.

Dos hombres que trabajan en el Instituto Nacional de Migración (INM) fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho, por acciones registradas en Tamaulipas.

La situación jurídica de Pelagio H. G. y de Edson Josimar O. M., fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 2 de abril.

Ambos sujetos son investigados luego de que fue compartido un video en redes sociales en el que aparecen dos funcionarios posiblemente pidiendo dinero a personas que buscaban entrar a México desde Estados Unidos.

Los hechos sucedieron en diciembre pasado, en las oficinas del puente internacional “Puerta México”, de la representación local del INM, en Matamoros, Tamaulipas.

Tras estas acciones el INM presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), esta última fue la encargada de iniciar la carpeta de investigación.

“Aquí Matamoros está muy peligroso”: grabación fue clave para iniciar el proceso en contra de los agentes

“En audiencia inicial, el Ministerio Público de la FEMCC, expuso datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso referida, y el juez determinó tres meses para la investigación complementaria”, aparece en el reporte de la FGR.

Reportes de Imagen Noticias señalan que el material fue registrado el 16 de diciembre pasado. El video permite ver a un funcionario explicando algo a un grupo de personas.

“Quiero que entiendas que es una opción y lo que estoy dando […] porque no quieren quedarse aquí, tomando en cuenta que es frontera. Y la verdad, aquí Matamoros está muy peligroso, para las doce de la mañana se pone más gacho. Para qué arriesgarse", se puede escuchar en la grabación.

Caso llegó a la mañanera de Claudia Sheinbaum

Por su parte, el 22 de diciembre pasado la presidente Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre el tema en su conferencia matutina.

“Me mandaron un video de una persona del Instituto Nacional de Migración —que salió en las redes sociales— que está pidiéndole dinero a paisanos que vienen de Estados Unidos a México”, comentó en dicha ocasión la mandataria.

Sheinbaum agregó que tras ver el video solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y al titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, que revisaran lo sucedido y también pidió que los implicados fueran separados de su cargo para dar inicio con las averiguaciones.

“Vamos a generar un esquema así para todos los casos en donde haya reportes de algún acto de corrupción, en cualquiera de las instituciones. Lo vamos a presentar el próximo año”, comentó en dicha ocasión la jefa del Poder Ejecutivo.

El Gobierno calcula que la próxima regularización extraordinaria de personas migrantes podría generar alrededor de 750.000 solicitudes, aunque la cifra de beneficiarios efectivos se situará finalmente en torno a las 500.000 personas. Según un documento del Ministerio de Migraciones al que ha tenido acceso El País, unas 300.000 personas accederían a la regularización a través de un procedimiento específico dirigido a solicitantes de protección internacional. En este caso, se exige como condición haber entrado en España antes del 1 de enero de este año.

El resto, unas 200.000 personas, corresponderían a ciudadanos extranjeros que también llegaron antes de esa misma fecha, pero que deberán demostrar una estancia continuada en el país de al menos cinco meses en el momento de formalizar la solicitud.

Estas previsiones se apoyan en precedentes recientes, como la regularización extraordinaria puesta en marcha tras la DANA de Valencia. En aquel proceso, el volumen de solicitantes superó en un 143% el número final de beneficiarios, una diferencia atribuida principalmente al incumplimiento de requisitos y a la presentación de expedientes duplicados.

Requisitos más suaves para ampliar la regularización

Para este nuevo proceso, el Gobierno ha optado por cálculos más prudentes y ha elevado la estimación hasta un 150% sobre el número potencial de beneficiarios, con el objetivo de anticipar una mayor carga administrativa. El propio documento citado por El País advierte de que el dispositivo deberá estar preparado para gestionar un volumen de solicitudes superior al de personas que finalmente cumplan las condiciones.

En cuanto a los cerca de 200.000 permisos de residencia y trabajo previstos por razones de arraigo, la estimación parte de los datos de autorizaciones concedidas en los últimos tres años. Además, el Ejecutivo contempla en esta ocasión una flexibilización de los requisitos de acceso respecto a la normativa actual, lo que podría ampliar el alcance de esta vía de regularización.

La flexibilización prevista en el nuevo decreto afecta, entre otros aspectos, al tiempo exigido para acreditar el arraigo, que se reduce a cinco meses frente a los dos años requeridos hasta ahora. También introduce cambios en relación con los antecedentes penales, adoptando un enfoque más permisivo. Así, quedarán fuera del proceso quienes ya tengan en curso una solicitud de residencia y trabajo, lo que afecta a unos 180.000 expedientes de arraigo pendientes a cierre de 2025.

No obstante, para evitar desigualdades respecto a los solicitantes de asilo, cuyas solicitudes sí serán admitidas aunque estén en trámite, el plan contempla resolver automáticamente de forma favorable estos casos a través de un sistema de tramitación preferente, siempre que no existan antecedentes penales ni riesgos para el orden público, la seguridad o la salud. Este mismo mecanismo se aplicará también a quienes estén gestionando permisos por circunstancias excepcionales. La incorporación de estas disposiciones transitorias busca aliviar el atasco administrativo acumulado en materia de extranjería, con decenas de miles de expedientes pendientes.

Plazos cortos y permiso provisional inmediato

El decreto, actualmente en revisión por el Consejo de Estado, se tramita por la vía de urgencia y su aprobación podría producirse a lo largo de este mes, aunque no hay unanimidad sobre la fecha concreta. El procedimiento prevé plazos acelerados: 15 días para admitir o rechazar solicitudes y un máximo de tres meses para su resolución definitiva. Una vez iniciado el trámite, los solicitantes obtendrán un permiso provisional de residencia y trabajo previo pago de una tasa.

El Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI) advirtió que las mujeres migrantes en México enfrentan revictimización institucional y protección insuficiente ante violencia de género, a pesar de la existencia de un marco legal sólido y la adhesión del país a compromisos internacionales en derechos humanos y migración.

En un resumen del Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, la organización señaló que la brecha entre la normativa y su aplicación deja a miles de mujeres en situación de movilidad en condiciones de vulnerabilidad.

Afirmó que México ha ratificado instrumentos internacionales clave, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención Belém do Pará y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, así como acuerdos recientes como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Señaló que en el plano nacional, el país cuenta con leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, además de políticas públicas como el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Sin embargo, el IMUMI identificó una profunda disparidad entre la ley y la protección real.

Según el informe, la violencia basada en género es tanto causa de desplazamiento forzado como riesgo constante durante el tránsito y la estancia en México.

El 53% de la población asistida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2024 señaló la violencia de género como motivo principal para huir de sus países.

El reporte resalta que la ausencia sistemática de registros que incluyan la variable migratoria en los sistemas oficiales impide dimensionar la magnitud real del problema.

Entre enero de 2016 y agosto de 2024, los 69 Centros de Justicia para las Mujeres brindaron más de 89 millones de servicios, pero solo 5 mil 429 correspondieron a mujeres extranjeras, lo que representa apenas el 0.006%. Algunos centros ni siquiera solicitan la condición migratoria de las usuarias.

En el periodo 2019-2025, las mujeres constituyeron el 30% de la migración irregular, cifra superior al 22% registrado entre 2012 y 2018.

En 2025, el 45% de las nuevas solicitudes de asilo correspondió a mujeres, frente al 30% en 2013.

Además, el 60% de las personas migrantes reportó incidentes de seguridad, como robo, secuestro y extorsión, durante su tránsito.

El IMUMI también documentó que el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años en México ha sufrido algún tipo de violencia.

La fragmentación en la coordinación institucional y la distribución dispersa de recursos dificultan una respuesta integral.

Denunció que persisten prácticas discriminatorias y obstáculos para el acceso a la justicia, lo que genera revictimización y limita el enfoque de interseccionalidad necesario para atender a las mujeres migrantes.

El informe destaca que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan el papel principal en la atención y protección de mujeres migrantes sobrevivientes de violencia de género.

Estas entidades ofrecen acompañamiento, asesoría jurídica, apoyo psicosocial y refugio ante la falta de respuesta estatal suficiente.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, el IMUMI urge al Poder Legislativo a impulsar vías migratorias regulares y seguras, y garantizar recursos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y los programas de atención a la violencia con enfoque de movilidad.

Al Poder Judicial le solicita incorporar transversalmente la perspectiva de género e interseccionalidad en los procesos relacionados con migración y asilo.

Al Poder Ejecutivo, le pide integrar al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en los sistemas de prevención y atención de la violencia de género y la niñez, y desarrollar registros administrativos que incluyan la variable migratoria.

También plantea fortalecer la articulación entre las organizaciones civiles y el Estado, y sistematizar modelos de prevención y atención especializada.

José Guadalupe Ramos, ciudadano mexicano, falleció el 25 de marzo en el centro de detención de Adelanto, ubicado a las afueras de Los Ángeles, de acuerdo con información publicada por The Guardian.

El personal de seguridad lo encontró inconsciente en su litera; se activaron protocolos de emergencia y fue trasladado al hospital Victory Valley Global en Victorville, donde fue declarado muerto. Según el reporte del medio británico, Ramos tenía diagnósticos de diabetes, hipertensión e hiperlipidemia y recibía medicación diaria, aunque no quedó claro si era para una o las tres condiciones.

De acuerdo con el diario británico, esta es al menos la 14ª muerte bajo custodia del ICE en lo que va de 2026, un ritmo que ya supera al año pasado, cuando fallecieron 32 migrantes detenidos, la cifra más alta desde 2004. Ramos es además el cuarto mexicano en morir en Adelanto desde que Donald Trump retomó la presidencia, según el mismo medio.

México responde: protestas diplomáticas y acción legal

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en conferencia de prensa que México tomará acciones para protestar por la muerte de otro connacional. Las autoridades mexicanas planean llevar sus preocupaciones ante la administración Trump, miembros del Congreso de Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que México presentará un escrito de apoyo en la demanda federal contra el centro de Adelanto.

Según The Guardian, la diplomática mexicana Vanessa Calva Ruiz señaló en conferencia de prensa en Los Ángeles que los decesos revelan “fallas sistémicas, deficiencias operativas y posible negligencia” en el centro.

Un centro bajo la lupa

Adelanto es operado por GEO Group, la empresa privada contratista más grande del ICE en Estados Unidos. Una coalición de organizaciones de derechos humanos presentó una demanda federal contra la empresa alegando condiciones inhumanas y negligencia médica. El fiscal general de California, Rob Bonta, respaldó esa demanda tras una inspección estatal que, según el reporte de The Guardian, documentó atención médica deficiente, condiciones insalubres y falta de insumos básicos.

GEO Group, por su parte, defendió sus operaciones argumentando que ofrece atención médica las 24 horas con equipos de médicos, enfermeras y especialistas, supervisados por el ICE.

El contexto: detención masiva y cifras récord

Desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas de Trump, el número de migrantes detenidos bajo custodia del ICE superó los 68,000 en febrero de 2026. Organizaciones de derechos humanos vinculan directamente ese crecimiento acelerado con el deterioro de las condiciones al interior de los centros de detención, de acuerdo con la información publicada por The Guardian.

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza este miércoles uno de los casos de derechos civiles más trascendentes en un siglo: si se mantiene o se elimina la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de padres migrantes nacidos en territorio estadounidense.

El caso llega al máximo tribunal tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el año pasado, que busca restringir ese derecho garantizado históricamente por la 14ª Enmienda de la Constitución, según lo reportó The New York Times el 31 de marzo.

Lo que hace especialmente significativo este momento, según el mismo medio, es quién está alzando la voz en contra: republicanos latinos en la región fronteriza del sur de Texas, muchos de ellos hijos o nietos de mexicanos, que votaron por Trump pero que hoy cuestionan abiertamente esta medida.

Voces desde la frontera

El New York Times entrevistó a más de dos docenas de republicanos latinos en la región. Prácticamente todos dijeron apoyar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que muchos describen como un pilar fundamental del sueño americano.

Uno de ellos es Samuel Garza, actor de 62 años nacido en McAllen, Texas, hijo de padres mexicanos. Garza votó por Trump en tres ocasiones, pero el reporte del diario neoyorquino lo muestra hoy profundamente cuestionado. Según el New York Times, Garza expresó que la posible eliminación de este derecho “lastimaría a muchas familias que vienen a contribuir y a construir una vida”. “No creo que pueda seguir votando por los republicanos”, dijo.

Otro caso documentado por el medio es el de Santiago Manrrique, expolicía retirado de 59 años en Edinburg, cuyos abuelos paternos llegaron a Estados Unidos de manera irregular desde México en los años diez del siglo pasado. Su padre nació en suelo estadounidense, lo que lo convirtió en ciudadano por nacimiento. Para Manrrique, según el New York Times, la respuesta es clara: “Si naciste en Estados Unidos, eres ciudadano, está bastante claro en la 14ª Enmienda”.

El peso histórico para las familias mexicanas

El reportaje del New York Times también documenta el caso de Roberto Hinojosa, de 51 años, hijo de trabajadores agrícolas mexicanos, quien enfrentó una pesadilla burocrática cuando solicitó su pasaporte hace más de una década. Su caso se enmarca en un episodio histórico en el sur de Texas: en los años ochenta y noventa, autoridades federales descubrieron una red de parteras que falsificaron actas de nacimiento estadounidenses para hijos nacidos en México. Décadas después, el gobierno comenzó a negar pasaportes a todos los texanos nacidos con ayuda de cualquiera de las 75 parteras condenadas entre 1960 y 2008, sin distinción.

El Gobierno eliminará en junio el mecanismo que desde 2018 ha permitido la regularización casi automática de miles de venezolanos, según ha adelantado el diario El País, una vía especial que se había establecido como una medida excepcional a la crisis política, económica y social del país sudamericano. Así, España pondrá fin a la concesión de permisos de residencia por razones humanitarias de forma extraordinaria para este colectivo, que pasará a tramitar sus solicitudes a través del procedimiento ordinario aplicado a las personas migrantes.

Los datos del Ministerio del Interior muestran que en 2025 los venezolanos recibieron el 99,4% de las autorizaciones de residencia por razones humanitarias otorgadas en España: de las 49.473 concedidas, 49.178 correspondieron a ciudadanos procedentes del país sudamericano. Desde 2018, se han concedido unas 240.000 permisos humanitarios a venezolanos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado este miércoles que los ciudadanos venezolanos podrán acogerse al proceso de regularización extraordinaria una vez finalice esta vía excepcional. “Esto es una cuestión no de fondo, sino de formas, porque después de este importante proceso que terminará el 30 de junio y donde van a poder regularizarse miles y miles de ciudadanos, también venezolanos, seguiremos con las vías propias del Reglamento de la Ley de Extranjería que tan buenos resultados está dando y que da respuesta a muchas situaciones de personas a través de las diferentes vías de arraigo”, ha explicado la ministra en una entrevista en RNE recogida por la agencia EFE.

Fuentes del Ejecutivo también han señalado a El País que las solicitudes humanitarias seguirán existiendo, aunque con criterios más restrictivos, limitados a situaciones muy específicas, como las médicas.

Esta vía exprés permitía solicitar asilo y, aunque no se concedía el estatuto de refugiado, sí se obtenía un permiso de residencia temporal renovable y con derecho a trabajar. De esta forma, funcionaba como solución para expedientes que no cumplían con la definición de refugiado, pero tampoco podían resolverse con una devolución, facilitando además el acceso posterior a la regularización y, eventualmente, a la nacionalidad.

Cambios en Venezuela y un sistema saturado en España

La decisión del Gobierno de retirar el mecanismo de regularización automática para venezolanos responde, principalmente, a que la situación política en Venezuela ha cambiado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, lo que ha abierto una etapa de transición bajo supervisión estadounidense.

En estos tres meses, Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras ejercer como vicepresidenta de Nicolás Maduro, ha impulsado una serie de cambios orientados a mejorar la relación con Estados Unidos, lo que incluye medidas como la liberación de opositores, activistas y periodistas detenidos desde hace años, así como la salida de altos cargos vinculados al chavismo y la eliminación de organismos creados en el anterior Ejecutivo. No obstante, a pesar de estos gestos, en el país caribeño sigue sin haber avances significativos hacia una apertura política más amplia.

La otra razón que ha llevado al Gobierno español a cerrar la vía rápida de regularización ha sido el volumen de solicitudes, que ha terminado por saturar el sistema de asilo. El Ministerio del Interior sostiene que muchas de estas peticiones de la mayoría de las nacionalidades no respondían a situaciones de persecución, sino que se utilizaban como mecanismo para acceder a la residencia legal. Ante este escenario, además de poner fin a la vía humanitaria para los venezolanos, el Ejecutivo ya había adoptado medidas para frenar el uso del asilo como puerta de entrada, endureciendo el Reglamento de Extranjería en mayo de 2025, lo que dificulta la regularización tras la solicitud de asilo.

Según datos recientes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 7.667 personas han muerto o desaparecido en rutas migratorias a nivel global durante 2025, lo que equivale a un promedio de 21 fallecimientos diarios. A la luz de estas cifras, una nueva tragedia se registró el miércoles frente a las costas de Bodrum, en el suroeste de Turquía, donde 19 migrantes perdieron la vida tras el hundimiento de una embarcación neumática en el mar Egeo. Según informaron los guardacostas turcos y recopiló la cadena TRT, las autoridades continúan con operaciones de búsqueda y rescate.

La Guardia Costera de Turquía reportó que 20 migrantes lograron ser salvados con vida tras el naufragio. El comunicado oficial no especificó la nacionalidad de quienes viajaban en la lancha de goma ni tampoco su destino final. De acuerdo con TRT, inmediatamente tras el accidente se desplegaron unidades para identificar la situación de los supervivientes y se mantienen activos los dispositivos de búsqueda en el área donde ocurrió el hundimiento.

El mar Egeo se ha convertido en uno de los corredores más transitados por personas que intentan llegar a Europa en busca de mejores condiciones de vida, atravesando rutas que habitualmente cuentan con embarcaciones precarias y sobrecargadas. Organismos internacionales han advertido sobre los riesgos asociados a estos viajes, señalando que las rutas migratorias marinas concentran buena parte de los incidentes que afectan a quienes se desplazan en condiciones inseguras.

El medio TRT también consignó las declaraciones de la Guardia Costera, que informó acerca del despliegue de patrulleras y personal especializado en la zona cercana a Bodrum para asegurar la asistencia inmediata y avanzar en la identificación de los afectados. El operativo incluyó la evacuación de los supervivientes y la búsqueda de posibles desaparecidos, en coordinación con otras agencias estatales que operan sobre las rutas marítimas empleadas para la migración irregular.

Las cifras entregadas por la OIM reflejan la persistencia de los riesgos para los migrantes en todo el mundo. Solo en lo que va de 2025, más de 930 personas han muerto o desaparecido en situaciones similares, según precisó la organización. Las autoridades han destacado la necesidad de reforzar las labores de patrullaje y rescate en aguas consideradas de alto riesgo, dada la constante presión migratoria y la proliferación de rutas gestionadas por redes de tráfico de personas.

A pesar del operativo y el rescate de 20 personas, las circunstancias que llevaron al naufragio permanecen bajo investigación, conforme a lo comunicado por la Guardia Costera. El organismo remarcó la importancia de esclarecer cómo se produjo el hundimiento y en qué condiciones partió la lancha siniestrada, para determinar posibles responsabilidades y mejorar los protocolos de prevención.

En incidentes migratorios recientes, las autoridades turcas han reiterado las dificultades que enfrentan para controlar el flujo de personas que, impulsadas por la inestabilidad en sus países de origen o por la falta de oportunidades, arriesgan sus vidas en trayectos marítimos peligrosos. Numerosas organizaciones humanitarias insisten en la necesidad de programas de protección y vías seguras para quienes se ven forzados a abandonar sus hogares.

El accidente al sur de Turquía se suma a una larga lista de tragedias migratorias documentadas tanto por entidades nacionales como internacionales. Algunos de los supervivientes han recibido atención médica y psicológica, mientras los equipos de emergencia tratan de confirmar la cantidad exacta de personas que viajaban en la embarcación y verificar la existencia de más desaparecidos.

La localidad de Bodrum, ubicada cerca de la frontera marítima entre Turquía y las islas griegas, se mantiene como uno de los puntos de salida principales para migrantes que intentan cruzar hacia Europa. Las autoridades aumentaron la vigilancia en la zona tras el naufragio para evitar nuevos incidentes, según registró el medio TRT.

Distintos organismos, incluida la OIM, continúan monitoreando la evolución de los flujos migratorios y documentando los incidentes que afectan a personas en tránsito, reiterando el llamado a un enfoque más integral que aborde tanto la asistencia humanitaria como las causas estructurales que provocan estos desplazamientos. Este episodio, reportado por TRT y cifras de la OIM, resalta la urgencia de soluciones coordinadas para evitar pérdidas humanas en el contexto de la migración internacional.

Cuenta atrás para la regularización extraordinaria de migrantes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Con la llegada de abril llega también el momento en que se empiecen a presentar las solicitudes de las cerca de medio millón de personas que ya residen en el país. La autorización concedida será de residencia con permiso de trabajo, válida durante un año en todo el territorio nacional y para cualquier sector, puesto que su objetivo es "garantizar derechos y ofrecer nuevas oportunidades".

Pese a que los migrantes deben acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en España antes del 31 de diciembre del año pasado o que no tengan antecedentes penales ni supongan una amenaza para el orden público, entre otros, han surgido dudas sobre si pueden circular libremente por la UE o no.

Hasta ahora, la información que ha dado la Comisión Europea es que “las decisiones y políticas para la regularización de ciudadanos extranjeros son responsabilidad de las autoridades nacionales”. Sin embargo, como ya apuntaron el pasado mes de febrero en el pleno del Parlamento Europeo, “los Estados miembros deben garantizar que esas decisiones no pongan en riesgo la integridad del espacio Schengen y considerar las implicaciones potenciales en migración y seguridad”.

El permiso permite trabajar en España, pero no establecerse en otros países de la UE

El diario El Mundo aseguró este lunes que, según declaraciones del comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, si un migrante regularizado en España se intenta asentar en otro país de la UE, será devuelto a territorio español. En palabras de Brunner, este permiso no da autorización para establecerse en cualquier lugar de la UE, sino únicamente para vivir y trabajar en España. “Si una persona titular de un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la UE, esa persona debe regresar a España“, aseguró el austríaco este lunes.

La ministra portavoz, Elma Saiz ha reaccionado a sus palabras durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes. Saiz ha explicado que “el proceso de regularización dará derecho a permiso de trabajo en nuestro país”, con lo cual “afecta a la decisión de trabajar en nuestro país”, lo que “se deduce” de esas declaraciones.

Ya en febrero, este advirtió a España que la regulación impulsada por el Gobierno no da carta blanca para moverse por el espacio Schengen. “Un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse por toda la Unión”, dijo.

En esta misma línea, este martes la Comisión que preside Ursula von der Leyen ha vuelto a asegurar que España deberá hacerse cargo de los migrantes acogidos a la regularización que traten de desplazarse a otros Estados miembros. De esta forma, el portavoz de Migración Guillaume Mercier ha detallado que cualquier persona que reciba un permiso de residencia nacional y “sea encontrada en situación irregular en otro Estado miembro” o solicite asilo, "sea devuelta al Estado miembro que emitió el permiso de residencia“.

“No creo que nadie tenga ningún interés en irse a trabajar a otro país con su NIE”

Respecto a esto, fuentes de la organización sin ánimo de lucro Fundación porCausa explican a Infobae que “está hablando de una causística que es muy difícil que se dé”. “Cuando a una persona la regularizas le concedes el reconocimiento legal para que pueda trabajar en un país, en Europa tú te puedes mover con esos papeles“, explican sobre las palabras de Mercier.

La autorización de residencia habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector, pero, como recuerda el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “la mayoría ya trabaja, aunque muchas lo hacen hoy en condiciones de informalidad o precariedad administrativa. La regularización ordena situaciones laborales ya existentes”. “En el momento en el que estás regularizado, ya te puedes mover por Europa. Lo que no puedes es trabajar. “Necesitas que te hagan un contrato y arreglar los papeles en el país”, añaden.

“La gente ya estaba trabajando en España y viviendo aquí, por eso se les regulariza. No creo que nadie tenga ningún interés en irse a trabajar a otro país con su NIE”, añaden. “No es que vaya a haber hordas de gente regularizada que se vayan a Alemania. No creo que pase”.

Panamá firmó un acuerdo sanitario con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para fortalecer la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria, tres enfermedades que siguen representando un desafío en contextos de movilidad humana, especialmente en zonas de tránsito como Darién, Colón y Chiriquí, donde el sistema de salud enfrenta una presión creciente por la llegada constante de migrantes.

El convenio, suscrito por el Ministerio de Salud (Minsa) y la OIM, busca mejorar el acceso a diagnóstico oportuno, tratamiento continuo y prevención, mediante la implementación de un proyecto financiado por el Fondo Mundial, enfocado en reforzar la capacidad institucional frente a enfermedades transmisibles que tienden a expandirse en escenarios de alta movilidad.

La iniciativa contempla la distribución de kits de prevención, pruebas rápidas, mosquiteros y medicamentos, además de la entrega de equipos médicos especializados, como sistemas portátiles de rayos X y tecnología diagnóstica, con el objetivo de garantizar la continuidad de tratamientos y reducir el riesgo de transmisión en poblaciones vulnerables.

El contexto epidemiológico en Panamá evidencia la magnitud del reto, particularmente en el caso del VIH, donde se estima que alrededor de 31,000 personas viven con el virus, una cifra que refleja tanto el impacto positivo del tratamiento antirretroviral como el aumento acumulado de casos debido a una mayor sobrevida de los pacientes.

Desde el primer registro en 1984 hasta diciembre de 2024, el sistema de vigilancia ha contabilizado 43,111 casos de VIH/Sida, de los cuales más de 20,000 corresponden a personas con enfermedad avanzada, además de 14,178 fallecimientos, lo que mantiene la enfermedad como un problema de salud pública relevante en el país.

A pesar de la expansión del tratamiento, el desafío sigue siendo lograr las metas 95-95-95, lo que implica que la mayoría de las personas con VIH estén diagnosticadas, en tratamiento y con carga viral suprimida, una meta que requiere ampliar la cobertura en zonas donde el acceso a servicios de salud es limitado.

En el caso de la tuberculosis, el informe epidemiológico confirma que continúa siendo la principal enfermedad oportunista asociada a pacientes con VIH en Panamá, lo que evidencia la estrecha relación entre ambas patologías y la necesidad de abordarlas de forma integrada en los programas de salud pública.

La situación se agrava en contextos de movilidad, donde factores como el hacinamiento, la falta de acceso a servicios médicos y las condiciones precarias aumentan el riesgo de transmisión, especialmente en rutas migratorias donde las personas permanecen largos períodos sin atención médica.

En cuanto a la malaria, los datos del sistema de vigilancia indican que en lo que va de 2026 se han registrado 2,080 casos acumulados, incluyendo 88 nuevos casos en una sola semana, lo que confirma que la enfermedad sigue activa en el territorio nacional, particularmente en regiones con condiciones ambientales propicias para la transmisión.

Frente a este panorama, el acuerdo busca fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la capacidad de respuesta en regiones críticas y garantizar que las poblaciones en tránsito puedan acceder a servicios básicos de salud, reduciendo el impacto de enfermedades transmisibles en comunidades de acogida.

El enfoque del proyecto incluye no solo atención médica, sino también acciones de educación en salud, sensibilización y distribución de insumos, con el objetivo de disminuir los factores de riesgo y evitar brotes en zonas donde la movilidad humana incrementa la vulnerabilidad.

Las autoridades sanitarias han señalado que la implementación de estas medidas permitirá mejorar la detección temprana de casos, evitar interrupciones en tratamientos y fortalecer la vigilancia epidemiológica, elementos clave para contener la propagación de enfermedades.

El acuerdo también refuerza la cooperación regional, ya que el proyecto se desarrollará de manera articulada con países como Costa Rica y Guatemala, reconociendo que los flujos migratorios requieren respuestas coordinadas a nivel internacional.

Con esta iniciativa, Panamá busca consolidar un modelo de atención que combine prevención, diagnóstico y tratamiento, en un contexto donde la movilidad humana seguirá siendo un factor determinante en la dinámica de las enfermedades transmisibles en la región.

Un informe de la OIM señala que en las Américas se registraron 409 muertes en 2025, el total anual más bajo desde que comenzaron a compilarse estos datos en 2014.

La organización indica que esto podría estar relacionado con una menor utilización de rutas irregulares peligrosas, como el cruce por la selva del Darién o la frontera entre México y Estados Unidos. No obstante, advierte que existen demoras en la entrega de reportes por parte de funcionarios, por lo que las cifras de 2025 en las Américas podrían no cerrarse hasta mediados de 2026.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha situado esta cuestión en el centro de su agenda política, defendiendo la necesidad de articular un retorno ordenado tras el fin de la guerra civil en Siria y el cambio de escenario político en el país. El acuerdo supone, además, la institucionalización de una cooperación que en etapas anteriores se había desarrollado con mayor discreción.

Un cambio de fase en la política migratoria

Durante la comparecencia conjunta en la Cancillería, Merz enmarcó el acuerdo en el nuevo contexto surgido tras la caída del régimen de Bashar al Asad en diciembre de 2024. “La guerra civil ha terminado. Ahora existe, en principio, la posibilidad de regresar al país de origen”, afirmó el canciller, que subrayó que las necesidades de protección de los refugiados deberán ser revisadas caso por caso.

En Alemania residen actualmente más de 900.000 ciudadanos sirios, dentro de un total que supera los 1,3 millones desde 2015. Aquel año, el Ejecutivo encabezado por Angela Merkel optó por abrir las fronteras ante la presión humanitaria, una decisión que marcó la política europea durante la última década.

El nuevo planteamiento del Gobierno alemán no implica un retorno inmediato ni homogéneo, sino un proceso gradual que priorizará a quienes no disponen de permiso de residencia válido y a aquellos cuya situación jurídica ya no justifique la protección internacional. En paralelo, Berlín insiste en que el regreso deberá producirse en condiciones organizadas y con garantías mínimas de estabilidad.

Coordinación bilateral y apoyo económico

El acuerdo prevé la creación de un grupo de trabajo conjunto que comenzará a operar de forma inmediata, con el objetivo de coordinar los aspectos logísticos, administrativos y técnicos del proceso. En los próximos días está previsto el desplazamiento de una delegación alemana a Siria para avanzar en estos preparativos.

Además, el Gobierno alemán ha anunciado una aportación inicial de al menos 200 millones de euros destinados a proyectos de estabilización y reconstrucción. Esta financiación se enmarca en una estrategia más amplia que busca vincular el retorno de población con la recuperación económica del país.

Al Sharaa destacó durante su intervención que el regreso de ciudadanos formados en el exterior puede contribuir a reforzar el tejido productivo sirio. En esa línea, apuntó a la importancia de canalizar inversiones y de generar oportunidades que permitan la reintegración de quienes regresen.

Del esfuerzo de acogida al retorno organizado

El acuerdo supone, en la práctica, un cambio de etapa respecto al modelo de acogida desplegado en Alemania a partir de 2015. Aquella respuesta, impulsada por el Gobierno federal y respaldada ampliamente por la sociedad civil, permitió habilitar alojamientos de emergencia en instalaciones públicas y movilizó a miles de ciudadanos en tareas de apoyo y acompañamiento.

Durante estos años, los refugiados han tenido acceso a ayudas económicas, servicios sanitarios, educación y programas de integración. Ese esfuerzo sostenido ha tenido un impacto significativo en las cuentas públicas, especialmente en un contexto en el que Alemania ha seguido recibiendo solicitantes de asilo de diversas nacionalidades.

El Ejecutivo de Merz defiende que la evolución de la situación en Siria permite ahora abrir una nueva fase centrada en el retorno, sin que ello suponga desconocer las dificultades que aún persisten sobre el terreno.

No obstante, el propio Ministerio Federal de Asuntos Exteriores continúa calificando el contexto sirio como “volátil”, en referencia tanto a la situación de seguridad como a las condiciones de vida, marcadas por la destrucción de infraestructuras y las dificultades de abastecimiento.

Perspectivas económicas

Junto al componente migratorio, el acuerdo incorpora una dimensión económica relevante. Berlín ha expresado su interés en fomentar la participación de empresas alemanas en proyectos de reconstrucción, en un contexto en el que Siria busca atraer inversión extranjera y reactivar su economía tras años de conflicto.

Las autoridades sirias han señalado que se están adoptando reformas para mejorar el marco jurídico de las inversiones y facilitar la actividad empresarial. En este sentido, el retorno de población cualificada procedente de Europa es considerado un factor potencialmente dinamizador.

La llegada de migrantes subsaharianos a Baleares por mar sigue en aumento y los viajes resultan cada vez más peligrosos. Así lo revela el informe ‘Llegadas a las Baleares por vía marítima irregular 2025’, elaborado por el Observatorio de las Migraciones en el Mediterráneo (Omimed) de la Universitat de les Illes Balears. El estudio, que combina datos oficiales y análisis propios, advierte que la ruta marítima desde Argelia hacia el archipiélago es cada vez más arriesgada, en parte porque la falta de vías legales empuja a quienes buscan refugio a embarcarse en travesías con altos niveles de peligro.

Durante 2025, según el Omimed, 7.146 personas alcanzaron Baleares en 390 embarcaciones, cifras ligeramente inferiores a las reportadas por el Ministerio del Interior. Pese a ello, la región concentró el 22% de todas las llegadas marítimas irregulares al país, consolidándose como uno de los principales puntos de entrada. El aumento en el flujo migratorio ha ido acompañado de un crecimiento en el número de perfiles vulnerables y en la exposición a riesgos graves durante la travesía, informa Europa Press.

El informe subraya que las embarcaciones con migrantes subsaharianos llegan con un mayor grado de ocupación. Aunque el 57,7% de las que arribaron al archipiélago transportaban principalmente a personas magrebíes, el 49,3% de los migrantes eran de origen subsahariano. La media general por embarcación se sitúa en 18,3 personas, pero en el caso de las embarcaciones con subsaharianos, la cifra asciende a 23,2 ocupantes, frente a los 15 de las que transportan a personas magrebíes. Cuando hay pasajeros asiáticos y subsaharianos, la media sube hasta 25,3.

Riesgos adicionales

Este mayor número de personas por patera implica riesgos adicionales. Las embarcaciones, fabricadas con materiales precarios y sin garantías de seguridad, soportan un peso superior al recomendado, lo que dificulta la navegación, aumenta la posibilidad de averías o de quedarse a la deriva y hace que la embarcación sea más vulnerable a cambios meteorológicos. En situaciones de rescate, un cayuco sobrecargado responde peor ante movimientos bruscos, lo que puede desencadenar situaciones de pánico o vuelcos.

El informe señala que la sobreocupación podría estar vinculada a la menor capacidad económica de los migrantes subsaharianos, lo que lleva a que más personas compartan los costes del viaje. Sin embargo, no existen datos concluyentes que permitan establecer una relación directa.

El perfil de quienes viajan en la ruta argelina es diverso. Aunque predominan los hombres jóvenes, el informe identifica la presencia de menores y mujeres, ambos grupos con necesidades y riesgos específicos. En 2025, llegaron a Baleares 614 menores, de los cuales 497 viajaban sin adultos. Las mujeres sumaron 637, lo que supone un aumento respecto a años anteriores.

Víctimas de violencia sexual

El documento también recoge tres casos de mujeres menores víctimas de agresiones sexuales durante la travesía, aunque se desconoce la dimensión real de este fenómeno. La minoría numérica de las mujeres incrementa su exposición a la violencia sexual y de género.

El Omimed reclama la puesta en marcha de protocolos específicos de identificación y atención a víctimas de violencia sexual, que contemplen las necesidades de cualquier persona independientemente de su género o edad. Además, el informe insta a garantizar atención médica y psicosocial adecuada para quienes declaren haber sufrido una agresión sexual, más allá de la existencia de un proceso penal.

La falta de registros oficiales completos sobre naufragios, muertes y desapariciones en la ruta argelina dificulta conocer la magnitud real del drama. La Delegación del Gobierno reconoce el hallazgo de 63 cuerpos en aguas o costas baleares en 2025. El colectivo Caminando Fronteras contabiliza 1.037 víctimas en la ruta y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 250. Los autores del estudio concluyen que las cifras oficiales son solo una aproximación parcial a una realidad mucho más dura, marcada por la precariedad, la vulnerabilidad y la ausencia de registros fiables.

Más desapariciones en el Mediterráneo

Según datos de la OIM, durante dos primeros meses de 2026 al menos 655 migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, pese a que se han registrado menos intentos de cruce hacia Europa.

Desde la agencia Associated Press también han advertido de que el verdadero alcance de la tragedia puede ser aún mayor después de haber documentado que muchas de las muertes recientes corresponden a “naufragios invisibles”, es decir, embarcaciones que desaparecen en alta mar sin dejar rastro, especialmente durante episodios de mal tiempo con fenómenos meteorológicos extremos.

(Con información de Europa Press)

Thimbo Samb llegó a España desde Senegal a bordo de un cayuco cuando tenía 17 años. Pese a su juventud, ya había enfrentado muchas dificultades en su país, donde trabajaba como pescador desde los 11 años mientras soñaba con ser actor, una tradición que heredó de su entorno familiar, ya que su madre era actriz y su abuela, cantante. Ese deseo de cambiar su vida le llevó a cruzar el mar, aun sabiendo que el trayecto era peligroso. Al llegar, sin papeles, sin apoyos y sin saber el idioma, tuvo que empezar de cero y buscarse la vida como pudo, a través de la venta ambulante y empleos informales. Tardó nueve años en regularizar su situación y, aunque a día de hoy las dificultades persisten, pudo lograr el sueño de dedicarse a la interpretación.

Al llegar a Tenerife, tras varios intentos fallidos, lo primero que le preguntaron fue su nombre. Él respondió “Thiambou”, pero las autoridades registraron “Thimbo” y, aunque señaló el error, nunca lo corrigieron. Ese detalle tuvo consecuencias después, cuando, al tratar de regularizar su situación tras tres años en España, presentó su pasaporte con su nombre real. Los funcionarios revisaron el documento y, al ver que el nombre no coincidía, lo rechazaron y lo acusaron de presentar un pasaporte falso. Terminó en un calabozo y recibió una orden de expulsión.

Thimbo pasó varios días en un centro de internamiento, sin que creyeran que era menor de edad, y después estuvo tres meses durmiendo en la calle, una etapa que, asegura, “le marcó profundamente”. Más tarde, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), tuvo oportunidad de unirse a un grupo de teatro, donde uno de los profesores le ofreció asistir a sus clases a cambio de repartir flyers. Aceptó sin dudar, si bien era consciente de que enfrentaría un proceso largo y lleno de retos.

Encasillados en papeles estereotipados

Con el tiempo, Thimbo decidió seguir formándose y comenzó a buscar oportunidades en distintos escenarios y audiciones. Reconoce que su origen le suele cerrar puertas, pero ha logrado igualmente hacerse un lugar y participar en proyectos relevantes. Ha trabajado en documentales como Makun (No llores) – Dibujos en un C.I.E. y en producciones como La puerta azul, El silencio del pantano, Perdida, Black Beach, la serie Antidisturbios y el thriller Fuerza de Paz de TVE. Ahora prepara un nuevo monólogo que estrenará el 18 de junio en la entrega de los premios África Mundi en Madrid.

“Siempre he tenido que esforzarme tres veces más que el resto de los compañeros con los que estudié para poder estar donde estoy. No solo era el idioma, a veces iba a clase con la barriga vacía y sabiendo que por la noche no iba a cenar, no tenía redes de apoyo”, cuenta a Infobae. En sus inicios, además, había muchos menos actores negros que hoy en día, por lo que los castings también fueron complicados. “Hoy hay muchos actores y actrices africanos y hay más posibilidades, pero el cine español sigue siendo lo que es y seguimos teniendo los mismos personajes. La mayoría, y yo me incluyo, lo que hacemos es hacer de negro y no de actor, y es triste, porque esto sigue ocurriendo después de mucho tiempo”. “Me gustaría vernos haciendo de actores, no solo de negros”.

Thimbo explica que suelen interpretar “al que acaba de llegar, al que no habla bien español o al mantero” y, aunque asegura que esas historias también merecen ser contadas, reivindica que “no solo han estudiado para interpretar esos papeles”. “Confío en que podamos cambiar las cosas desde dentro, al menos lo estamos intentando y espero que mi hijo pueda ver personajes diferentes en un futuro”.

Controles policiales racistas

Desde que llegó hace ya 20 años —y eso es algo que no ha cambiado—, Thimbo ha enfrentado situaciones de discriminación y controles policiales por motivos raciales, una realidad que comparten muchos migrantes africanos y personas racializadas. De hecho, más de 400 organizaciones sociales, entre ellas Amnistía Internacional, Red Acoge, Fundación Secretariado Gitano, IRIDIA o Defender a Quien Defiende, han denunciado recientemente estas prácticas y han exigido medidas concretas para garantizar la igualdad y evitar el racismo policial.

Ahora, el exdiputado de Podemos Serigne Mbaye, de origen senegalés y residente en España desde hace años, ha denunciado haber sido víctima de una “redada racista” tras ser detenido el pasado jueves por la Policía Nacional junto a otras seis personas. Unas horas después de ser liberado, la Delegación del Gobierno explicó que Mbaye fue arrestado por negarse a identificarse en un control policial relacionado con la investigación del robo de un coche, pero desde Podemos denuncian que “este tipo de redadas racistas basadas en un perfil étnico son algo demasiado habitual en España”, al tiempo que critican la “brutalidad policial” empleada en estos episodios.

Las organizaciones sociales, por su parte, explican que las detenciones, identificaciones y redadas motivadas por perfiles raciales generan un fuerte impacto en quienes las sufren, tanto en su salud física como en su bienestar emocional, ya que se ven sometidas a controles sin justificación, obligadas a identificarse y, en ocasiones, a ser registradas públicamente. Se trata de prácticas que “refuerzan la marginación social y suponen una vulneración de derechos y libertades”.

Thimbo también conoce de cerca esta realidad. Recuerda especialmente un episodio en Valencia, cuando iba en moto con su novia rumbo a la playa y la policía les detuvo. Aunque era ella quien conducía, los agentes le pidieron los papeles solo a él. “Pregunté por qué, si yo no era el conductor, y solo respondieron que hacían su trabajo. Pero es curioso que solo se fijaran en mí”, relata, convencido de que fue por su aspecto. “Cuántas veces la gente africana llega tarde a su puesto de trabajo o a cualquier cita simplemente porque la policía les ha parado. Esto no pasa con la población blanca”, añade.

Problemas con el alquiler

Sin embargo, las situaciones de discriminación más evidentes, dice Thimbo, suelen darse al buscar alquiler o al utilizar servicios de transporte compartido como BlaBlaCar, donde se ha topado con muchas cancelaciones de viajes sin explicación aparente. El mismo día de esta entrevista, intentó trasladarse de Sevilla al pueblo de Badajoz donde vive y le anularon la reserva tres veces, por lo que terminó viajando en tren. “Puede ser casualidad, pero me ha ocurrido en muchas ocasiones y casi siempre la cancelación llega a última hora. Cuando esto pasa, he pedido a una amiga blanca que reserve el mismo trayecto y a ella no le ponen problemas”, señala.

Los obstáculos para acceder a la vivienda, añade, surgen cuando se presenta a visitar el piso en cuestión. “En cuanto ven que eres africano, empiezan a ponerte pegas y en seguida te das cuenta de que no te lo van a alquilar”, afirma. “El racismo existe y hay que hablarlo”.

Regularización extraordinaria

Después de haber atravesado tantas dificultades, Thimbo sabe mejor que nadie cómo la regularización extraordinaria de migrantes acordada en enero entre el Gobierno y Podemos puede marcar un antes y un después en la vida de quienes buscan una estabilidad en España.

Por eso confía en que el proceso comience pronto, al tiempo que reivindica el esfuerzo de las personas migrantes y su contribución a la sociedad española, tanto en el ámbito laboral como en la vida cultural y artística.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso contra un hombre identificado como Jesús “N”, quien fue detenido el pasado 23 de marzo en el estado de Veracruz después de que las autoridades localizaran a 229 migrantes en el interior de la caja de un tráiler que él conducía.

El caso involucra delitos relacionados con el transporte de migrantes y la posesión de un vehículo con reporte de robo, hechos que activaron una respuesta interinstitucional para la investigación penal y la atención inmediata de las víctimas.

Así fue la detención de Jesús “N”

La FGR detalló que la detención de Jesús “N” ocurrió en el kilómetro 32 de la carretera Veracruz-Xalapa, en la localidad de Palo Gacho, municipio de Emiliano Zapata.

Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detectaron el tractocamión con placas del servicio público federal y reporte de robo.

Durante la inspección, las autoridades encontraron a 229 personas extranjeras, sin que se precisaran sus nacionalidades ni situación migratoria en el comunicado oficial.

Jesús “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz.

Medidas cautelares del caso

Según el reporte de la FGR, el Ministerio Público Federal presentó pruebas ante el juez, quien determinó la vinculación a proceso del imputado y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Además, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

El imputado fue ingresado al Centro de Reinserción de Pacho Viejo, Zona 1 Xalapa, en el municipio de Coatepec.

El proceso penal sigue en curso y se enmarca en las acciones institucionales para combatir el tráfico de migrantes en la región.

Reportes estatales sobre el caso

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz informó que el rescate de las 229 personas extranjeras se realizó el 23 de marzo de 2026 en el municipio de Puente Nacional.

En el comunicado oficial, la dependencia estatal señaló que, tras la detención del tractocamión con reporte de robo, agentes estatales inspeccionaron el interior y localizaron a las personas migrantes, entre las que había menores de edad.

De inmediato, se activaron los protocolos de atención y resguardo. Paramédicos de la Policía Estatal brindaron atención médica a los migrantes y evaluaron su estado de salud.

Posteriormente, se notificó al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la FGR, responsables de los procedimientos legales y administrativos conforme a la normativa vigente.

La SSP subrayó que la prioridad fue garantizar la integridad y los derechos humanos de las personas rescatadas, además, reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con instancias federales para asegurar la protección de quienes se encuentran en situación vulnerable en el estado de Veracruz.

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) informó por medio de un comunicado sobre el lamentable fallecimiento de una persona mexicana bajo custodia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) en California.

De acuerdo con información otorgada por el Consulado de México en San Bernardino, el cual fue notificado por elementos migratorios del centro de procesamiento de Adelanto, el incidente ocurrió durante la noche del pasado 25 de marzo.

Tras el hecho el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville ubicado en la región, donde reportaron su defunción, hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa de muerte.

Autoridades mexicanas en EU activaron el protocolo consular designado, el cual establece primordialmente el contacto con la familia de la víctima con la finalidad de brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

Estas acciones también incluyen el seguimiento del acontecimiento en conjunto con los funcionarios estadounidenses pertinentes para conocer el motivo del deceso, así como el expediente médico completo y las circunstancias previas con el objetivo de esclarecer el suceso.

SRE pide a EU investigación tras la muerte de migrantes mexicanos

La SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que estos casos no sigan ocurriendo. De la misma forma, demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto en California, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia.

El Gobierno de México aseguró que agotará todas sus instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este hecho. Agregó que tiene el compromiso de velar la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.

Personas mexicanas fallecidas bajo custodia del ICE

El pasado miércoles 25 de marzo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez dio a conocer el balance sobre las defunciones de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios en el periodo de 2025-2026.

Los casos se concentraron principalmente en California, con un total de cinco registros, seguido de Georgia con tres y Arizona con dos. En menor medida, también se reportaron incidentes en Texas, Florida, Missouri e Illinois, con un caso en cada uno de estos estados.

Ante estos hechos el funcionario aseguró que ya se encuentran abiertas las investigaciones correspondientes, y agregó que “vamos a buscar que haya toda la justicia”.

Las imágenes difundidas del momento en que agentes policiales detienen a Serigne Mbaye, con uno de los policías colocando su rodilla sobre su cabeza mientras otros lo sujetan de las extremidades, han motivado la reacción parlamentaria de Podemos, según publicó el medio que cubrió las declaraciones del partido. El secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, anunció este viernes la presentación de una batería de preguntas en el Congreso con el propósito de esclarecer los hechos que rodearon la detención calificada como “extremadamente violenta y racista” del exdiputado autonómico. Según consignó la fuente, Podemos también impulsará una proposición no de ley (PNL), dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigir que se abra una investigación “verdaderamente independiente” que depure todas las responsabilidades correspondientes.

Según detalló el medio, Fernández responsabilizó directamente a Marlaska por lo sucedido con Mbaye y solicitó medidas contundentes para erradicar prácticas discriminatorias en el país, especialmente aquellas que afectan a personas migrantes y racializadas. El secretario de Organización sostuvo que España no puede considerarse una democracia plena mientras persistan actuaciones policiales basadas en perfiles étnicos y episodios de violencia o brutalidad policial, señalando que estas situaciones se repiten a diario y afectan a miles de personas.

De acuerdo con la información recogida por el medio en las inmediaciones del Congreso, Fernández expuso que Mbaye, así como otras “miles de personas migrantes y racializadas que viven en España”, sufren de manera recurrente redadas policiales y hostigamiento, prácticas que describió con contundencia durante su comparecencia pública. A raíz de los hechos recientes, Podemos trasladó su solidaridad tanto a Mbaye como a las seis personas que fueron detenidas junto a él por la Policía Nacional bajo la acusación de resistencia a la autoridad. El dirigente puntualizó que cuatro de estos detenidos presentaron partes médicos que acreditan lesiones supuestamente derivadas de la actuación policial.

Fernández informó al citado medio que la proposición no de ley de su grupo parlamentario requerirá no solo la investigación independiente de los hechos, sino también la adopción de mecanismos que impidan las denominadas “redadas racistas”, es decir, aquellas basadas en el perfil étnico de los individuos, y la inclusión de formación en derechos humanos y antirracismo para todos los cuerpos policiales del Estado. El secretario indicó que estas demandas forman parte de una estrategia para garantizar que las fuerzas de seguridad actúen dentro de parámetros respetuosos con los derechos humanos y la igualdad.

El medio también consignó que Podemos consideró “inaceptable e intolerable” lo ocurrido, remarcando la necesidad de establecer responsabilidades claras por la aparente brutalidad policial reflejada en los vídeos ampliamente divulgados. Fernández insistió en que, desde su perspectiva, el máximo responsable de los acontecimientos es el ministro del Interior y reclamó la necesidad de cambios estructurales, además de exigir explicaciones públicas.

Respecto a la interlocución institucional, Fernández señaló ante los medios que Podemos se puso en contacto con la Delegación del Gobierno en Madrid para exigir la liberación inmediata de Mbaye y del resto de los detenidos. Esta exigencia, según reportó el medio, tuvo respuesta durante la madrugada, momento en que los detenidos quedaron en libertad.

El secretario de Organización de Podemos expresó su preocupación porque prácticas como las redadas basadas en el color de la piel se estén normalizando en España y reiteró que estas afectan principalmente a personas racializadas y migrantes. Para ilustrar la gravedad de los hechos, Fernández aludió al contenido del vídeo viral que muestra la detención de Mbaye y pidió a la ciudadanía confiar en las imágenes, que calificó como esclarecedoras y reveladoras de la dinámica policial aplicada en el caso.

Las medidas anunciadas por Podemos, según informó la fuente original, incluyen demandas para evitar que episodios similares se repitan en el futuro y ponen el foco en la urgencia de implementar formación específica en los cuerpos de seguridad, orientada a garantizar el trato igualitario y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas en España.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció las acciones institucionales para garantizar el voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero durante los Procesos Electorales Locales 2026-2027, con el objetivo de que puedan participar en la elección de 10 gubernaturas y cuatro diputaciones migrantes.

Así lo establece el Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, aprobado por el Consejo General, el cual organiza las actividades, procesos operativos y acciones necesarias para implementar la participación electoral.

El consejero y presidente, Jorge Montaño Ventura señaló que este plan busca no sólo cumplir con la normatividad vigente, sino también garantizar que la ciudadanía que reside fuera del país pueda emitir su voto en condiciones de seguridad, certeza y universalidad.

Asimismo, explicó que la participación desde el exterior abarcará los comicios locales que se llevarán a cabo en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, donde se renovarán gubernaturas. Además, se contemplan elecciones de diputaciones migrantes en la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.

Modalidades de voto y avances del proceso

Las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero contarán con tres modalidades para ejercer su derecho al voto: la vía postal, el voto electrónico por internet y la votación presencial en sedes habilitadas fuera del país. Estos mecanismos buscan facilitar la participación ciudadana desde distintas partes del mundo.

Durante la sesión ordinaria, consejeras y consejeros también recibieron el informe trimestral de avances de la emisión del voto en el extranjero, correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, en el que se detalla el desarrollo de las actividades y los progresos alcanzados en la implementación de este ejercicio.

Lineamientos del SPEN y otros acuerdos

En otro punto de la sesión, el Consejo General emitió los lineamientos del concurso público para el ingreso a cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL). Estos lineamientos establecen reglas claras para el desarrollo de los concursos, bajo los principios de igualdad, no discriminación y profesionalización.

Además, se aprobó el dictamen de procedencia para la reincorporación de Diego Armando Maestro Oceguera al SPEN del sistema del INE, como Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan, Jalisco.

El pleno también dio cumplimiento a sentencias de las salas regionales Monterrey y Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de fiscalización.

Asimismo, se recibió el informe sobre el estado jurídico de los procedimientos administrativos sancionadores en trámite, así como las sanciones impuestas entre 2016 y 2026 y las solicitudes de información atendidas por diversas autoridades.

El jefe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Obock, Youssouf Moussa, expresó que la tragedia ocurrida ha dejado a “decenas de desaparecidos”, al tiempo que indicó que la entidad proporcionó “asistencia necesaria” a los supervivientes junto a las autoridades locales. Este incidente, según detalló la OIM en sus canales oficiales y recogió el medio, representa un episodio más en una serie de naufragios que suceden en la ruta migratoria marítima entre el Cuerno de África y el golfo Pérsico, una de las más activas del planeta. El hundimiento tuvo lugar durante la noche del 24 de marzo en aguas frente a la localidad de Obock, en Yibuti, y transportaba al menos a 320 personas, según informó la OIM.

De acuerdo con la información entregada por la OIM, al menos nueve personas murieron y otras 45 permanecen desaparecidas tras el naufragio de la embarcación. El organismo informó estos datos a través de un mensaje en sus redes sociales, donde también se refirió al evento como un “trágico hundimiento”. Tras el siniestro, los equipos de socorro y asistencia de la OIM, en conjunto con las autoridades y equipos locales, procedieron a atender a los supervivientes de la embarcación.

Según el medio, cada año miles de personas intentan cruzar desde el Cuerno de África hacia los países del golfo Pérsico, utilizando rutas marítimas riesgosas para tratar de alcanzar mejores oportunidades de vida. Estos trayectos marítimos suelen involucrar embarcaciones sobrecargadas y condiciones desfavorables, lo cual incrementa el peligro de naufragio y tragedias como la registrada ahora frente a Yibuti.

La OIM ha resaltado que esta travesía figura entre las más transitadas y peligrosas a nivel mundial para quienes migran. Tal como publicó la propia organización, la secuencia de accidentes en rutas similares durante el año evidencia el alto costo humano de esta migración: al menos 200 personas, entre muertos o desaparecidos, han sido reportadas en lo que va de 2024 en distintas rutas migratorias de África.

Desde el año 2014, de acuerdo con datos oficiales de la OIM citados por el medio, el total de fallecidos o desaparecidos en las rutas migratorias de África asciende a 18.794 personas. Esta cifra pone en relieve la magnitud del fenómeno y la persistencia de los riesgos asociados a la migración irregular a través de rutas marítimas de larga distancia.

El incidente más reciente ocurrido frente a la costa de Obock se inserta en un contexto donde la cantidad de personas que recurren a la ruta marítima hacia la Península Arábiga sigue en aumento, motivadas por situaciones de violencia, crisis económicas y búsqueda de oportunidades laborales. En las últimas semanas, la presión migratoria en esa zona se ha mantenido, según la información consignada por la OIM, lo que incrementa las posibilidades de nuevos episodios de naufragio y desapariciones.

En un breve video difundido por la OIM y recogido por el medio, Youssouf Moussa insistió en los riesgos de la travesía marítima, subrayando la colaboración entre la organización y las autoridades yibatíes para atender a quienes logran sobrevivir a estos incidentes. También hizo hincapié en que la entidad continúa monitoreando y prestando asistencia a las personas migrantes que transitan por uno de los corredores más peligrosos del mundo para el desplazamiento humano.

La OIM alertó sobre la tendencia persistente de tragedias de este tipo en la región, que afecta tanto a los migrantes como a las comunidades y servicios de rescate de los países de tránsito y destino. A lo largo del año, la organización mantiene activa una estrategia de respuesta ante la emergencia que implica equipos desplegados en áreas clave, como el puerto de Obock, para responder de manera inmediata en caso de nuevos incidentes.

Según la OIM y la información difundida por el medio, la tragedia reciente pone nuevamente en el centro del debate la urgencia de abordar las causas profundas de la migración, así como la necesidad de fortalecer la gestión de riesgos y la protección de las personas migrantes que emprenden este tipo de trayectos. Mientras las cifras continúan acumulándose, el fenómeno sigue presentando desafíos significativos para las autoridades y las organizaciones internacionales presentes en la región.

El Parlamento Europeo sigue allanando el terreno para aplicar penas más duras a personas migrantes en situación irregular, así como su posible deportación a los llamados “centros de retorno” fuera del bloque. Legisladores de la Unión Europea han votado este jueves en Bruselas, saldándose la votación con 206 votos en contra y 389 a favor del endurecimiento de la normativa migratoria de Europa - iniciativa criticada por grupos defensores de derechos humanos - lo que supone que esté un paso más cerca de ser aprobada de forma definitiva.

El paquete legislativo incorpora la creación de centros para tramitar devoluciones en países no pertenecientes a la Unión, además de sanciones más estrictas para los migrantes a quienes se les deniegue el asilo o se resistan a abandonar el territorio.

El Parlamento respalda el establecimiento de “centros de retorno” fuera de la Unión

De acuerdo con información de la AFP, el proyecto cuenta con el respaldo de grupos de centroderecha y ultraderecha, y propone una respuesta común a la cuestión migratoria en los veintisiete Estados miembros. El debate ha estado marcado por el desacuerdo entre distintos gobiernos y organizaciones sociales. “Los cambios decisivos introducidos por este reglamento permitirán garantizar de manera simple este principio: si llegas ilegalmente a Europa, puedes estar seguro de que no te quedarás aquí”, declaró el eurodiputado francés de centroderecha François-Xavier Bellamy al término de la votación, en declaraciones recogidas por Reuters.

La propuesta prevé que estos centros de retorno se ubiquen fuera de la Unión Europea, donde podrían ser enviados quienes vean rechazadas sus solicitudes de asilo, siempre que existan convenios con los países receptores. Algunas voces, como la de Marta Welander, del Comité Internacional de Rescate (IRC), han advertido de los riesgos de este modelo: “Se ubicarán fuera del territorio de la UE, donde los responsables políticos no pueden garantizar el respeto de los derechos de las personas”, explicó la representante del IRC, citada por la AFP.

El texto de la propuesta registrada en marzo del año pasado sostiene que las personas migrantes afectadas por esta medida solo podrán ser “devueltas” a países fuera del bloque de los cuales se tenga la certeza, basada en acuerdos, de que se respetan los estándares y principios internacionales de derechos humanos, de acuerdo con el derecho internacional.

Dichos acuerdos deberán establecer tanto la forma en la que se realizará el traslado como las condiciones que regirán la estancia de la persona en el país tercero, independientemente de si se trata de una permanencia corta o indefinida. Además, se incorporará un sistema de supervisión que permita controlar el cumplimiento del acuerdo y ajustar su aplicación si cambian las circunstancias en el país de destino. Por otro lado, los menores no acompañados y las familias con hijos quedarán fuera de la posibilidad de ser retornados en virtud de estos acuerdos.

Unificación de criterios, sanciones más duras y polémica por los centros de retorno fuera de la UE

La Comisión Europea lanzó en marzo de 2025 una propuesta para unificar los procedimientos de devolución de migrantes en situación irregular, en sustitución de la normativa de 2008, como parte de los compromisos del Pacto sobre Migración y Asilo de 2024. El objetivo era que los 27 Estados miembros aplicasen un sistema común, ya que solo dos de cada diez migrantes con orden de expulsión abandonan realmente la Unión. Según el memorando, “la falta de claridad de las reglas y los procesos administrativos extensos genera incertidumbre tanto para los migrantes como para las autoridades”. La Comisión advierte que la fragmentación de los sistemas nacionales favorece el ingreso irregular y las redes que explotan a estas personas.

El reglamento introduce la Orden de Retorno Europeo, válida en todo el espacio Schengen y registrada en el sistema de información correspondiente. Una orden de expulsión seguirá vigente aunque la persona se traslade a otro país miembro, evitando así que el proceso se reinicie en otro Estado. Las personas afectadas tendrán nuevas obligaciones, como informar de cualquier cambio en su situación y no abandonar el país donde se tramite el expediente, con sanciones que pueden llegar hasta la prohibición de entrada por diez años.

Se contemplan alternativas a la detención, aunque el arresto no se descarta en caso de fuga. El texto distingue entre personas migrantes irregulares y aquellas personas que supongan una amenaza para la seguridad pública, reservando para este último grupo medidas más estrictas, incluida la detención prolongada. Se mantiene el respeto al “principio de no devolución”, la asistencia legal gratuita para menores no acompañados y el derecho a defensa.

El sistema prevé una inversión superior a 200 millones de euros entre 2025 y 2027, con fondos comunitarios destinados a infraestructuras y sistemas digitales, y auditorías independientes para garantizar el respeto de los derechos humanos en las expulsiones.

El debate en torno a los centros de retorno ha generado reacciones encontradas. Francia y España han mostrado dudas sobre su eficacia, mientras que Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos exploran acuerdos con países terceros. El IRC ha calificado estos centros como “agujeros negros legales” y diversas ONG han advertido sobre las dificultades para velar por los derechos de los migrantes en estos lugares. Además, setenta organizaciones de derechos humanos alertaron en febrero sobre una posible “aplicación migratoria al estilo ICE”, en referencia a los métodos de la agencia estadounidense durante la presidencia de Donald Trump.

En el contexto global, más de una de cada ocho personas es considerada refugiada o migrante, dato que, según detalló la Organización Mundial de la Salud (OMS), subraya la magnitud del fenómeno de movilidad humana y la necesidad de adaptar los sistemas de salud. De acuerdo con la OMS, un estudio realizado en 93 Estados miembro reveló que más de 60 de estos países ya han implementado mejoras en la atención sanitaria de estos grupos, integrándolos en leyes y políticas nacionales de salud conforme al Plan de Acción Mundial de la OMS. Tal como informó la organización, estos avances representan cerca de dos tercios de las naciones analizadas e ilustran un cambio en la aplicación de políticas inclusivas.

Según publicó la OMS, el director general, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó que los sistemas de salud solo alcanzan verdadera universalidad cuando se prestan servicios a toda la población. Ghebreyesus afirmó: "Los refugiados y los migrantes no solo reciben atención de salud, sino que también trabajan en estos servicios, cuidan de otras personas y son personas de referencia dentro de su entorno". El funcionario subrayó que los resultados del estudio demuestran que la inclusión de estos colectivos "beneficia a toda la sociedad y refuerza la preparación frente a futuros retos de la salud pública". La OMS calificó los avances recogidos en el informe como signos alentadores de la evolución en políticas sanitarias orientadas a la inclusión de refugiados y migrantes.

El estudio de la OMS identificó diversas buenas prácticas pioneras en diferentes países. Entre ellas figura la ampliación de la cobertura de seguro de salud para migrantes en Tailandia, un programa de mediación intercultural adoptado en Bélgica, y la inclusión de representantes de comunidades migrantes en la toma de decisiones sobre la prestación de atención primaria en Chile. Estas iniciativas han sido destacadas por su capacidad para mejorar el acceso y la calidad en la atención sanitaria ofrecida a estos colectivos.

No obstante, la OMS también identificó numerosos desafíos. Según reportó el organismo, muchos refugiados y migrantes afrontan serios obstáculos para acceder a los servicios sanitarios en los países de destino. Estas dificultades se suman a una mayor vulnerabilidad frente a enfermedades infecciosas y crónicas, problemas de salud mental y situaciones laborales o de vida marcadas por la precariedad y la inseguridad. El informe señala que destinar recursos a la salud de refugiados y migrantes genera beneficios a largo plazo, al facilitar su integración social y económica e incrementar la resiliencia frente a emergencias sanitarias.

Otras barreras detectadas en el informe de la OMS incluyen la limitada formación del personal sanitario para adecuar su atención a diferentes realidades culturales. Menos del 40 por ciento de los países ha impartido capacitación específica en este sentido, mientras solo el 30 por ciento ha desarrollado campañas formales de comunicación para combatir estigmas, percepciones inexactas y la discriminación asociada con la salud de migrantes y refugiados. Según consignó la OMS, apenas el 37 por ciento de los países recolecta, analiza y divulga periódicamente datos sanitarios desglosados por condición migratoria, y solo el 42 por ciento incluye sistemáticamente a estos grupos en sus planes de preparación ante emergencias y desastres.

Dentro de los refugiados, se observa una situación de mayor acceso a servicios de salud que en el caso de grupos como migrantes en situación irregular, desplazados internos, trabajadores migrantes y estudiantes internacionales, para quienes la cobertura sanitaria resulta mucho menos uniforme. Las desigualdades de acceso persisten especialmente en estos subgrupos, como evidenció el análisis presentado por la OMS.

En respuesta a estas brechas, la OMS clama por políticas que incorporen de manera integral a refugiados y migrantes en estrategias y planes nacionales de salud, así como por una mejor coordinación intersectorial, incluyendo áreas como vivienda, educación, empleo y protección social. También recomienda el fortalecimiento de la participación de estas comunidades en la planificación y gestión de servicios, la formación continua de los equipos sanitarios para promover una atención justa y el esfuerzo sostenido para evitar retrocesos mediante la garantía y expansión de la financiación dedicada.

El informe de la OMS destaca que invertir en la salud de refugiados y migrantes no solo refuerza la seguridad sanitaria mundial, sino que reduce los costes a largo plazo y favorece la integración plena de estas personas en la sociedad, permitiendo que contribuyan al bienestar general. Estas acciones, según la organización, resultan fundamentales para afrontar con mayor solidez los desafíos derivados de la movilidad humana contemporánea.

El 2025 cerró con un total de 214.085 personas con residencia por arraigo que trabajaban y cotizaban en España, lo que supone un máximo histórico y consolida la tendencia de crecimiento iniciada tras las reformas normativas de 2022. Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, este colectivo registró un incremento del 39% respecto al año anterior.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado en un comunicado que estas cifras “confirman la importancia del arraigo como herramienta eficaz para favorecer la integración en nuestra sociedad, proporcionando estabilidad jurídica y facilitando la plena inclusión social y laboral”.

Por nacionalidades, Colombia lidera la lista con el 29% de las personas con autorización de residencia por arraigo dadas de alta en la Seguridad Social, seguida de Marruecos (14%) y Perú (10%).

El crecimiento ha sido progresivo durante todo el año. En el primer trimestre, 155.000 personas con arraigo estaban afiliadas a la Seguridad Social, cifra que ascendió a casi 180.000 en junio y superó las 197.000 en septiembre. El cuarto trimestre marcó el récord, con más de 214.000 personas cotizando, según informó el OPI. La mayoría de los beneficiarios, el 58%, cuentan con una autorización de arraigo familiar, mientras que el 21% dispone de arraigo social. El 46% de quienes trabajan bajo este régimen tienen un contrato indefinido a tiempo completo.

Hostelería, construcción y comercio

Por sectores, la presencia de personas con arraigo es especialmente notoria en la hostelería, con un 17% (37.036 personas), seguida por las actividades administrativas (14%; 29.680), la construcción (13%; 27.734) y el comercio (13%; 27.182). Estas ramas de actividad concentran a la mayor parte de los nuevos cotizantes, según los datos proporcionados por el observatorio.

En cuanto al perfil sociodemográfico, predomina la población masculina, que representa el 55% del total, frente al 45% de mujeres. Durante el último año, el número de hombres afiliados creció un 38% —31.965 personas más—, mientras que el incremento entre las mujeres fue del 41%, con 28.180 nuevas incorporaciones. La edad media del colectivo se sitúa en los 36 años, aunque existen diferencias según el país de origen: Pakistán presenta la media más baja, con 33 años, mientras que en el caso de Venezuela y Cuba, las personas afiliadas superan los 40 años de media.

Madrid y Barcelona concentran el mayor número de las autorizaciones

El número total de personas extranjeras con una autorización de residencia por arraigo en vigor a 31 de diciembre de 2025 alcanzó las 394.110, lo que supone un aumento del 26% respecto al año anterior. Este grupo representa el 11% del total de autorizaciones en régimen de extranjería, frente al 3% registrado en septiembre de 2021.

La distribución geográfica muestra que Madrid y Barcelona concentran el 31% de las autorizaciones de arraigo en vigor, con 65.816 y 57.553 personas, respectivamente. Les siguen Valencia (6%; 22.226) y Alicante (5%; 20.311).

El informe del OPI incorpora también la actualización sobre la situación de los jóvenes no acompañados y extutelados, de 16 a 23 años, que suman 20.201 personas con autorización de residencia a finales de 2025. De este grupo, el 59% ya participa en el mercado laboral, cifra que asciende al 69% en el tramo de 18 a 23 años, según la estadística oficial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adoptó una decisión clave para el sistema penal mexicano al reconocer el derecho de las víctimas extranjeras de delitos a recibir asistencia consular.

Dicho pronunciamiento, emitido este 25 de marzo, responde a un caso de secuestro ocurrido en Matamoros en 2010, donde ciudadanos mexicanos y migrantes fueron engañados con falsas promesas de traslado a Estados Unidos y posteriormente privados de la libertad.

La resolución incide en la forma en que las declaraciones de víctimas extranjeras, en especial migrantes, deben ser valoradas cuando no se garantiza su acceso a servicios consulares, abriendo la posibilidad de que esta omisión comprometa tanto los derechos de las víctimas como el debido proceso para los imputados, informó en un comunicado la SCJN.

La Corte ordenó revisar dos sentencias penales de Tamaulipas tras identificar omisiones de asistencia consular a migrantes

Durante el análisis de los Amparos Directos en Revisión 6627 y 5632, ambos de 2025, el Pleno de la SCJN determinó la revocación de resoluciones condenatorias dictadas contra los acusados, ordenando al tribunal inferior emitir un nuevo fallo que examine de forma individual y sustentada el efecto que tuvo la falta de asistencia consular sobre la validez y valor probatorio de las declaraciones de víctimas migrantes.

De acuerdo con el comunicado, el examen se sostiene en la interpretación conjunta del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, los artículos 1°, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7 de la Ley General de Víctimas.

Las víctimas extranjeras, de acuerdo con la SCJN, en un proceso penal tienen derecho no solo a ser notificadas, sino también al contacto e intervención de sus representaciones consulares, garantizando que barreras idiomáticas, culturales o normativas no limiten su acceso a la justicia.

Suprema Corte redefine los criterios para valorar testimonios de extranjeros sin apoyo consular

La resolución de la SCJN establece que la ausencia de asistencia consular no inhabilita automáticamente los testimonios de las víctimas, pero obliga a las autoridades a analizar si la omisión tuvo impacto real en la obtención de la prueba, aplicando una serie de factores orientadores.

Entre ellos destacan el contexto en que se rindió la declaración, la posibilidad de incomunicación o presión sobre la víctima, la existencia de obstáculos lingüísticos o culturales, el acceso a traducción o interpretación, la imposibilidad futura de reproducir el testimonio —por ejemplo, cuando la víctima podría no estar disponible posteriormente por su situación migratoria—, la falta de asesoría legal y, especialmente, el peso de ese testimonio dentro de la evidencia total del caso.

La Corte puntualizó que en situaciones donde la declaración de la víctima extranjera haya sido recabada en condiciones desfavorables, sin acompañamiento institucional y con obstáculos derivados de su nacionalidad o estatus migratorio, la autoridad judicial debe valorar con rigor el posible menoscabo a la prueba.

En palabras del comunicado de la SCJN: “La falta de asistencia consular afecta directamente a la víctima, ya que puede enfrentar barreras que dificultan su acceso a la justicia. No obstante, esta omisión puede impactar el debido proceso de la persona imputada, particularmente cuando compromete la confiabilidad de las declaraciones, sin que ello suponga reconocer a la persona imputada como víctima.”

Esta decisión marca un precedente normativo al identificar a las personas extranjeras involucradas como víctimas del delito como titulares del derecho a la notificación y asistencia consular en cualquier etapa del proceso penal. La SCJN instruyó a jueces y tribunales que, ante la ausencia de esta garantía, valoren de manera individualizada y fundada si ello afecta la validez de las declaraciones y, por tanto, la integridad del proceso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron este miércoles los avances de su alianza estratégica a favor de los connacionales mexicanos en el exterior, a través de la Plataforma UNAM Acción Migrante, que desde su lanzamiento en febrero de 2025 ha registrado más de 81 mil visitas y atendido a más de 1,408 usuarios en salud mental, orientación jurídica y capacitación.

Desde su arranque, la plataforma digital se ha consolidado como una herramienta de acompañamiento integral para migrantes mexicanos en distintos contextos de movilidad. Los números hablan solos: 81 mil 500 visitas registradas, más de 30 mil usuarios frecuentes y 956 tamizajes de salud mental realizados hasta marzo de 2026.

En julio de 2025 se sumó el Centro Telefónico de Orientación Jurídica de la UNAM, que atiende consultas sobre derecho mexicano, y se han documentado intervenciones exitosas de enfermería en la zona de Arizona, donde la presencia de personal consular y universitario ha marcado la diferencia en casos críticos.

Diplomacia y derecho: las dos armas de México para proteger a sus migrantes

El canciller Juan Ramón de la Fuente fue claro: la prioridad de la Cancillería es la atención y protección de los connacionales en todo el mundo, independientemente de su situación migratoria. Para lograrlo, México cuenta fundamentalmente con dos herramientas: la diplomática y la jurídica, y alianzas como la establecida con la UNAM son clave para potenciar ambas.

“Cerrar filas y trabajar juntos de la manera más eficiente en apoyo a nuestras y nuestros connacionales”, fue el llamado del canciller durante la reunión de trabajo celebrada este miércoles entre ambas instituciones.

La UNAM lleva educación, salud y cultura a los migrantes

El rector Leonardo Lomelí Vanegas celebró los resultados del primer año de operación de la plataforma y planteó una visión ambiciosa para la siguiente etapa: llevar asistencia médica en línea a través de las facultades de Medicina, ampliar los servicios de apoyo psicológico y acercar los beneficios de la cultura y la educación a las comunidades mexicanas en Estados Unidos.

“Hay mucho por hacer y de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores podemos dar continuidad a estos trabajos y ampliar las metas que nos hemos trazado”, afirmó el rector.

Consulados más cercanos, trámites más simples

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, destacó que el nuevo modelo consular ha permitido homologar y simplificar los trámites en toda la red consular, con horarios claros, documentación transparente y una mayor presencia física de los cónsules en las comunidades, a través de audiencias públicas y zonas de atención directa.

Por su parte, la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz, subrayó que la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior es “una prioridad irrenunciable del Estado mexicano" y el eje que orienta cada acción de la red consular.

El subsecretario para América del Norte de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez informó sobre la recaudación de 115 millones de pesos para el sorteo “México con M de Migrante”.

Durante la conferencia matutina de este 25 de marzo, el funcionario reveló que hasta el momento los recursos erogados han sido de 31 millones 750 mil 859 pesos.

¿En qué se han destinado los fondos de México con M de Migrante?

Los recursos obtenidos se han destinado a distintas acciones enfocadas en los migrantes mexicanos y los consulados de México en Estados Unidos, principalmente en:

Representación legal migratoria y penal (incluye fianzas)

• 128 casos atendidos
• 646,003.60 USD

Fortalecimiento de visitas de protección consular

• 1,101 visitas
• 40,566.39 USD

Jornadas extraordinarias de protección preventiva

• 752 jornadas
• 123,574.00 USD

Acciones de difusión y protección preventiva

• 10 consulados
• 36,492.45 USD

Reforzamiento de capacidades en consulados con alta demanda

• 28 contrataciones
• 857,650.15 USD

Total

• 2,019 acciones
• 1,704,286.59 USD

Muertes de migrantes mexicanos bajo la custodia de ICE

Entre 2025 y 2026, trece ciudadanos mexicanos han fallecido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). De estos casos, seis muertes se atribuyen a complicaciones médicas, cuatro a suicidio, dos ocurrieron durante operativos y una por tiroteo.

Las edades de las personas muertas oscilan entre 19 y 69 años. Mientras que los estados donde se registraron las defunciones son California (cuatro casos), Georgia (tres), Arizona (dos), Texas (uno), Florida (uno), Missouri (uno) e Illinois (uno).

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que cinco familias recibieron apoyo económico para la repatriación de los cuerpos, con un monto total de 22,288.34 dólares. En seis casos, las personas fueron sepultadas en Estados Unidos, mientras que dos familias no solicitaron asistencia y en un caso no se logró localizar a los parientes del fallecido. Tres situaciones se encuentran en valoración por parte de los familiares, y en otro más no se ha encontrado a su familia.

En cuanto al aspecto legal, se han presentado dos demandas, cuatro expedientes están en integración, tres en análisis jurídico preliminar y tres en valoración por las familias. La institución ha brindado representación en cinco casos y en otros cuatro se ha contratado representación privada.

Juan Ramón de la Fuente, indicó que desde el 20 de enero de 2025 ICE ha detenido a 177,192 mexicanos, con 13,722 arrestados actualmente. México mantiene la red consular más grande del mundo en Estados Unidos.

Concluye la conferencia de prensa

Presentan el detector de mentiras

La presidenta compartió su agenda de actividades para lo que resta de la semana; mañana jueves y viernes “probablemente” esté en la Ciudad de México.

Mientras que el sábado, la presidenta viaje a Zacatecas y el domingo, encabezará la conmemoración por los 200 años del nacimiento de Margarita Maza en el panteón de San Fernando en CDMX.

“Alicia Bárcena puede ser la mejor secretaria también de Naciones Unidas”: Sheinbaum reitera apoyo a Michelle Bachelet

Claudia Sheinbaum se refirió a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, como una candidata destacada para la Secretaría General de Naciones Unidas, afirmando que “Alicia puede ser la mejor secretaria de Naciones Unidas, eso es lo primero, es una mujer extraordinaria con mucho conocimiento, hiperactiva, con muchos principios”.

La presidenta detalló que sostuvo una conversación con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para evaluar cuál sería la mejor opción: apoyar la candidatura de Michelle Bachelet para el secretariado de la ONU o respaldar a la titular actual. Según Sheinbaum, la secretaria de Medio Ambiente expresó que era preferible promover a Bachelet.

Sheinbaum urge eliminar privilegios y reducir cargos públicos tras aprobación del Plan B en reforma electoral

Tras la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral en el Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que aún quedan pendientes dos ejes clave por atender en la agenda política.

Por un lado, insistió en la necesidad de avanzar en la eliminación de privilegios dentro de los poderes públicos, lo que implicaría reducir el número de regidores, diputaciones y el presupuesto de los congresos estatales, así como ajustar el gasto del propio Senado. Por otro lado, planteó la posibilidad de que el mecanismo de revocación de mandato se realice a la mitad del periodo de gobierno.

En paralelo, la mandataria expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados discuta y vote este mismo día la iniciativa relacionada con las denominadas “pensiones doradas”.

“No es periodismo”: Sheinbaum arremete contra Raymundo Riva Palacio por señalamientos entre Cuba y crimen organizado

El periodista Raymundo Riva Palacio, escribió una columna de opinión titulada "La traición de Cuba“, en donde citó a una fuente estadounidense (sin revelar identidad) que ”Cuba está ofreciendo armas a los cárteles a Estados Unidos“.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la situación:

“No tiene que ver con el periodismo, nada, nada, nada que ver. Cada día dice —Raymundo Riva— una cantidad de mentiras en sus columnas, qué uno dice ‘de dónde las saca’. Es un escritor de ciencia ficción, para mí y para muchas mexicanas y mexicanos”, señaló Sheinbaum Pardo.

La mandataria señaló que “espera” que “nadie le haga caso” al columnista.

Sheinbaum descarta presión de EU por agua y recuerda vigencia del Tratado de 1944

Luego de que el senador estadounidense John Cornyn sugiriera que México habría sido presionado por el tema del agua en las negociaciones del tratado comercial, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la afirmación: “Si hay acuerdo, no sé porque a lo mejor no está enterado el senador”.

Se explicó que el marco legal no es nuevo ni improvisado, sino que está sustentado en el Tratado de 1944, el cual establece mecanismos claros para la distribución del agua entre ambos países. Dicho acuerdo contempla periodos de hasta cinco años para que México cumpla con la entrega de una cantidad determinada de agua del río Bravo, mientras que Estados Unidos hace lo propio con el río Colorado.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo subrayó que no hay elementos para sostener que el tema hídrico haya sido utilizado como una medida de presión en las negociaciones, ya que se trata de compromisos previamente establecidos y regulados.

La jefa del Ejecutivo afirmó que se han realizado quince cambios de cónsules: “Fue una selección muy detallada, muchos de ellos personas que no venían de nuestro movimiento, pero que consideramos que podían cumplir una buena labor, y otros que venían del movimiento”.

Sheinbaum destacó el trabajo de estos 15 cónsules, que fueron elegidos por el Senado de la República en su atención. a migrantes mexicanos.

Sheinbaum reafirma su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó: “Nosotros vamos a seguir apoyándola; tengo una llamada con ella pronto. No necesariamente se tiene que apoyar a una persona del país; se puede hacer y los argumentos por los cuales apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile”.

Sheinbaum reacciona al adolescente que asesinó a dos maestras en Michoacán

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos, primero, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga; todo parece indicar que ellas eran las personas que estaba buscando y, pues, toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable.

No queremos que estas situaciones, es queremos que este hecho no sea aislado", dijo Sheinbaum Pardo.

La presidenta señaló que está trabajando en crear un programa de salud mental dirigido a los estudiantes de secundaria, padres y madres de familia y docentes.

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Sheinbaum destaca el trabajo de revisiones de INM en el hallazgo de 229 migrantes en tráiler de Veracruz

El martes 24 de marzo, medios locales, reportaron que autoridades federales y estatales encontraron a 229 migrantes dentro de un tráiler en Xalapa, Veracruz.

Ante este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el hallazgo fue “gracias a las revisiones” que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación y recordó que se están realizando acciones para evitar el maltrato de migrantes en territorio mexicano.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que durante sus llamadas con Donald Trump le ha manifestado que no está de acuerdo en cómo se realizan las detenciones; además, ha pedido que se respeten los derechos.

De acuerdo con la presidenta, Estados Unidos ha respondido que investigarán la causa de los fallecimientos de migrantes durante operativos de ICE. La mandataria subrayó que insistirá en que se respete a los migrantes.

13 mexicanos han perdido la vida bajo custodia del ICE

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, compartió: “Es muy doloroso y desgarrador. Además, absolutamente inaceptable para el Gobierno de México” la muerte de 13 personas que han fallecido durante operativos migratorios del ICE.

Los fallecidos tenían entre 19 y 69 años; las investigaciones continúan y señalan que en seis de los casos, presuntamente,, son por complicaciones de muerte, cuatro por presunto suicidio y dos durante operativos realizados por ICE y uno más por un tiroteo.

La SRE ha recaudado 22 mil 288 dólares para realizar la repatriación de las familias de las víctimas.

Así se distribuyen los recursos recolectados en sorteos de “México con M de Migrante”

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, compartió los resultados del sorteo “México con M de Migrante”, a través del cual se recaudaron 115 millones de pesos.

De estos recursos, se han erogado 31 millones 750 mil 859 pesos para acciones de protección y asistencia a personas migrantes.

Entre las acciones realizadas destacan la representación legal migratoria y penal, con 128 casos atendidos y un gasto de 646,003.60 dólares. Además, se fortalecieron 1,101 visitas de protección consular (40,566.39 dólares) y se llevaron a cabo 752 jornadas extraordinarias de protección preventiva (123,574.00 dólares) en 10 consulados (36,492.45 dólares).

También se reforzaron las capacidades en consulados con alta demanda mediante 28 contrataciones, con un gasto de 857,650.15 dólares.

SRE ha acompañado a migrantes mexicanos detenidos por ICE

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, informó que desde el 20 de enero del 2025 al corte de hoy ICE ha detenido 177 mil 192 connacionales, “en este momento la cifra es de 13 mil 722 personas detenidas”, expresó el secretario.

“Hemos realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención, esto es un promedio de 30 visitas por día a los centros de detención que tienen en los Estados Unidos en diversos”, expresó Juan Ramón de la Fuente.

SRE presenta las innovaciones de trámites consulares

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre la modernización de la red consular de México, destacando avances en los trámites consulares. Entre los principales cambios está la migración al Centro de Contacto 079, que reduce costos y mejora los estándares de atención. Ahora, los usuarios pueden recibir atención por WhatsApp y a través de la página Mi Consulado, incluyendo atención sin cita en casos de emergencia.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se han expedido más de 6 millones de trámites en los consulados mexicanos en territorio estadounidense.

Entrega de viviendas del Bienestar en Sinaloa

Desde un enlace vía remota, el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, en compañía de Edna Vega Rangel, titular de la Sedatu, y Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, realizaron la sexta entrega de vivienda en el fraccionamiento Horizonte, en Los Mochis, donde 40 familias reciben las llaves de sus nuevos hogares.

Romero informó que antes de concluir marzo se entregarán diez fraccionamientos más a los derechohabientes de Sinaloa, entidad donde se plantea construir 56 mil viviendas a lo largo de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum Pardo informó que este miércoles 25 de marzo de 2026 se hablará en su conferencia acerca de los avances en los consulados mexicanos en territorio estadounidense.

• Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.
• Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte.

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que hasta el momento seis mexicanos han fallecido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Durante la mañanera del pueblo de este 25 de marzo en Palacio Nacional, el funcionario aseguró que esta situación es inaceptable para el Gobierno de México.

Personas mexicanas fallecidas bajo la custodia del ICE

La SRE presentó un balance sobre las defunciones de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios en el periodo de 2025-2026.

Estados donde ocurrieron los casos

• California (4)
• Georgia (3)
• Arizona (2)
• Texas (1)
• Florida (1)
• Missouri (1)
• Illinois (1)

Edad de las personas

• Entre 19 y 69 años

Presunta causa de muerte

• Complicaciones médicas (6)
• Suicidio (4)
• Operativos (2)
• Tiroteo (1)

Apoyo económico para repatriación

• Cinco casos recibieron apoyo

Monto total de repatriación

• 22 mil 288.34 dólares

Demandas legales

• Presentadas (2)
• En integración de expediente (4)
• En análisis jurídico preliminar (3)
• En valoración por la familia (3)
• Tipo de representación:
• Programas de la SRE (5)
• Privada (4)

Gestiones diplomáticas

• 14 comunicaciones enviadas
• 12 respuestas recibidas

La institución informó acerca de la apertura de investigaciones por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE.

En cuanto al apoyo económico brindado por la SRE, se comunicó que seis personas de las afectadas fueron sepultadas en Estados Unidos, dos no solicitaron apoyos.

Mientras que en un caso no se pudo localizar a los familiares de la persona, por lo que no hubo apoyo legal. Tres situaciones están en valoración por la familiar y en otro más no se ha encontrado a los parientes del fallecido.

“Vamos a buscar que haya toda la justicia”, expresó Roberto Velasco Álvarez.

Detención de migrantes en EU

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente dio a conocer que desde el 20 de enero del 2025 hasta el día de hoy, ICE ha detenido 177 mil 192 connacionales.

La cifra actual se encuentra en 13 mil 722 personas arrestadas por autoridades de Estados Unidos.

“Estamos tratando de homologar todos los servicios de los consulados para que pueda haber una atención más eficiente, oportuna y pareja en esta que es la red de consulados más grande del mundo. No hay ningún otro país que tenga tantos consulados como los que México tiene en EU”, aseguró el funcionario.

La creencia de que la migración resta oportunidades laborales a la población local no se sostiene frente a los datos de la realidad española. En un país marcado por el envejecimiento y una natalidad en mínimos históricos, la llegada de personas migrantes resulta clave para mantener el dinamismo económico y la prestación de servicios esenciales. Según el informe presentado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), una reducción del 30% en la inmigración para 2075 tendría importantes consecuencias: la población activa disminuiría en 9 millones de personas, se perderían 63.000 médicos especialistas y cerrarían unos 90.000 bares. El estudio, presentado este miércoles, advierte que, lejos de desplazar a la fuerza laboral local, la inmigración sostiene sectores estratégicos y contribuye a la viabilidad del sistema de pensiones, la educación y la sanidad.

El documento, elaborado por la ONPE y un grupo de expertos en migraciones, utiliza herramientas de comparación de escenarios para anticipar el impacto de dos posibles futuros migratorios entre 2026 y 2075. El primer escenario mantiene los actuales flujos migratorios, mientras que el segundo plantea una reducción del 30% respecto a las proyecciones oficiales. De acuerdo con el análisis, en el escenario de baja inmigración, la población española caería a 40 millones de habitantes, lo que implica una reducción del 25%, mientras que el número de personas en edad laboral quedaría en 24 millones, frente a los 33 millones previstos si se sostienen los niveles actuales.

Según el informe, que lleva por título España ante el reto migratorio: dos futuros posibles, este descenso demográfico desencadenaría consecuencias económicas y sociales de amplio alcance. El Producto Interior Bruto (PIB) sería un 22% menor, cada trabajador debería aportar 2.000 euros adicionales al año para financiar las pensiones y los servicios públicos sufrirían un fuerte deterioro: se perderían 63.000 médicos especialistas y cerrarían 50.000 aulas entre primaria y secundaria. Además, la hostelería podría ver el cierre de hasta 90.000 bares, casi la mitad del total actual.

El impacto en el sector agrícola

La reducción de la inmigración golpearía especialmente al sector agrícola. El informe estima que 220.000 explotaciones dejarían de operar por la falta de mano de obra, lo que representa cerca de un tercio de la producción de frutas y verduras del país. Provincias como Huesca, Soria y Teruel, ya amenazadas por la despoblación, podrían perder hasta el 28% de sus habitantes si los flujos migratorios caen por debajo de las previsiones, según el análisis de la ONPE.

En el escenario alternativo, España mantendría su dinamismo social y económico si sostiene la inmigración en niveles similares a los actuales. La llegada de nueva población compensaría el envejecimiento, ampliaría la base laboral y aportaría diversidad, de acuerdo a este diagnóstico.

Más de 1.745 personas migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo durante 2025, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, lo que supone un descenso del 32% en comparación con el año anterior. Sin embargo, los dos primeros meses de 2026 muestran un repunte: al menos 655 migrantes han muerto o desaparecido en esta ruta, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, pese a que se han registrado menos intentos de cruce hacia Europa, de acuerdo a la OIM. La falta de vías legales obliga a quienes buscan refugio a optar por travesías cada vez más peligrosas.

Desde Associated Press advierten de que el verdadero alcance de la tragedia puede ser aún mayor. La agencia de noticias ha documentado que muchas de las muertes recientes corresponden a “naufragios invisibles”, es decir, embarcaciones que desaparecen en alta mar sin dejar rastro, especialmente durante episodios de mal tiempo con fenómenos meteorológicos extremos. Según la ONG Refugees in Libya, solo en enero más de mil personas desaparecieron en la ruta entre Túnez e Italia, coincidiendo con el paso de un ciclón devastador. Días después, más de veinte cuerpos aparecieron en la costa, “pero la noticia apenas tuvo repercusión, en parte porque las autoridades han guardado silencio”, denuncian desde AP.

Pese a los numerosos intentos de la agencia de noticias por contactar con la Guardia Costera italiana, las Fuerzas Armadas de Malta y las autoridades tunecinas, no han obtenido respuesta y, lo que antes era un flujo limitado de datos oficiales, ahora se ha convertido en un muro de silencio, aseguran. Esta falta de transparencia impide tanto a periodistas como a organizaciones humanitarias confirmar el destino de quienes desaparecen en el Mediterráneo, a pesar de que la Unión Europea ha aumentado la vigilancia con el objetivo de combatir la migración irregular.

La situación en España: la ruta entre Argelia y Baleares es la más peligrosa

En su último informe de 2025, la ONG Caminando Fronteras, que realiza un monitoreo continuo de las rutas migratorias hacia España contabilizando naufragios mediante las llamadas de auxilio de migrantes y familiares, señaló que un total de 3.090 personas fallecieron entre enero y el 15 de diciembre en los distintos recorridos migratorios hacia las costas españolas. Esa cifra representa una reducción del 70,3% frente a los datos de 2024, año en el que la ONG contabilizó 10.400 fallecidos o desaparecidos y, sin embargo, advierten, esa disminución “no responde a una mayor protección del derecho a la vida”.

La coordinadora de la investigación, Helena Maleno, señaló que, aunque el número global de personas fallecidas haya bajado, las tragedias aumentaron, ya que muchas rutas migratorias actuales emplean embarcaciones con menos personas a bordo, “lo que fragmenta las cifras sin reducir la letalidad”.

El informe señala un aumento en los intentos de cruce y en los episodios mortales, especialmente en la ruta argelina y en los cruces a nado hacia Ceuta. También destaca la aparición de rutas más largas y peligrosas, que exponen a los migrantes a riesgos extremos. Así, Caminando Fronteras documentó 303 tragedias en distintas rutas durante el año, lo que muestra que persisten los episodios fatales pese a la reducción parcial del número total de víctimas.

La organización indicó que la ruta desde Argelia se ha consolidado como el principal paso migratorio hacia España, por encima de la ruta atlántica hacia Canarias. En este trayecto se registraron 1.037 personas muertas o desaparecidas en 121 incidentes marítimos. De esta forma, el cruce entre Argelia y las Islas Baleares, especialmente hacia Ibiza y Formentera, se mantiene entre los más largos y peligrosos.

El informe de Caminando Fronteras también destaca la falta de transparencia y visibilidad institucional en esta ruta, lo que limita la protección del derecho a la vida, retrasa la activación de los sistemas de búsqueda y rescate y dificulta la cooperación entre los Estados involucrados.

(Con información de Associated Press)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reconoció irregularidades en consulados de México en Estados Unidos, ante denuncias de malos tratos por parte de la población migrante, durante la mañanera del pueblo este 24 de marzo en Palacio Nacional.

“Hay decisiones que se están tomando, a partir de una investigación que se hizo”, aseguró la mandataria mexicana.

Declaró que cuando existe una denuncia con fundamento se tienen que tomar medidas para su indagación, especialmente en los últimos tiempos donde los migrantes en EU han sido blanco de las políticas migratorias impuestas en la administración de Donald Trump.

“Los consulados tienen una función principal, y más ahora que están sufriendo tanto nuestros paisanos, persecuciones muy violentas con las que no estamos de acuerdo. Tienen que ser muy sensibles”, manifestó.

Asimismo, afirmó que se van a tomar algunas medidas en las acusaciones difundidas por negligencia y malos tratos a migrantes por parte de autoridades estadounidenses.

Muere joven mexicano de 19 años bajo custodia del ICE en Florida

Un joven mexicano de 19 años, identificado como Josué Vargas, falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida. El deceso ocurrió en el centro de detención de Baker, donde la víctima permanecía desde su detención en febrero de 2026 tras cruzar la frontera de manera irregular.

Según las autoridades de EU, el joven fue trasladado al hospital tras presentar problemas médicos, donde posteriormente perdió la vida. El consulado de México en Orlando indicó que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para esclarecer el caso y brindar apoyo a la familia.

El fallecimiento de Josué Vargas ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos, que exigen una investigación transparente sobre las circunstancias y condiciones de su detención.

Personal del ICE informó que ha iniciado un proceso de revisión interna y que colaborará con las autoridades correspondientes para determinar las causas del fallecimiento. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México solicitó un informe detallado y reiteró la importancia de proteger los derechos de los migrantes. El caso se suma a otros incidentes recientes que han puesto en foco las condiciones de los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos y la atención médica que reciben los internos.

Giorgi Meloni viaje este miércoles a Argelia, pero no lo hace para un encuentro diplomático habitual. El norte de África es una región con una gran influencia en el tablero geopolítico mundial y su relevancia sigue creciendo. Marruecos y Argelia, como dos de sus principales potencias, mantienen un importante pulso competitivo en varias áreas. La exportación de gas es uno de estos ámbitos.

Este recurso tan deseado y necesario crea alianzas internacionales entre países. La situación de Oriente Medio está complicando y encareciendo una de las principales rutas de gas, de manera que otros países levantan la mano y se ofrecen como alternativa. Argelia es uno de estos exportadores que han encontrado esta vía de crecimiento, y el próximo cliente con el que se va a sentar en la mesa de negociación es Italia.

A principios de febrero, Meloni mantuvo una llamada telefónica con Abdelmadjid Tebboune, presidente de la República Argelina Democrática. Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron el estado de las relaciones bilaterales y reiteraron la voluntad de profundizar la cooperación económica entre Italia y Argelia, con el gas como uno de los protagonistas. En aquel momento, Tebboune invitó a su homóloga al país norteafricano. Ahora, ha aceptado la invitación y sus reuniones han cobrado mayor relevancia por las consecuencias de la guerra entre Irán y EEUU e Israel.

Cooperación Italia y Argelia

Entre los temas tratados en su última conversación figuraron los avances de las iniciativas conjuntas incluidas en el Plan Mattei, enfocado en formación, investigación e innovación agrícola, a cambio de cooperación entre los dos países. La conversación incluyó una revisión de las acciones conjuntas en materia migratoria, con énfasis en la lucha contra la trata de personas, según comunicó el ejecutivo italiano.

En 2022, Italia se convirtió en su principal cliente de gas, llegando a un acuerdo de 4.000 millones de euros. Desde entonces, la relación ha ido fluctuando, con algunos acercamientos a Marruecos por parte de Meloni, buscando un equilibrio entre los dos. No obstante, el gas de Qatar se está encareciendo y su transporte se está complicando, de manera que volver a realizar una apuesta importante por Argelia puede ser una alternativa.

¿Nueva fricción entre Trump y Meloni?

Giorgi Meloni ha mostrado su cercanía con Donald Trump en muchas ocasiones, incluyendo encuentros entre los dos mandatarios. Sin embargo, los movimientos geopolíticos de EEUU están provocando importantes diferencias entre ambos gobiernos. La advertencia de Trump sobre sus intenciones de controlar Groenlandia contra la presencia china y rusa provocaron una primera reacción negativa de Meloni.

El conflicto de Oriente Medio ha hecho que la italiana vuelva a no ponerse del lado del republicano, asegurando que “no es su guerra” y bloqueando las bases italianas para su uso en los ataques de Irán. Ahora, un acercamiento estratégico con Argelia puede suponer un distanciamiento con Marruecos, aliado principal de la administración Trump. EEUU impulsó en la ONU el reconocimiento de la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental como base de negociaciones y ha llegado a diversos acuerdos de defensa.

Más de 200 migrantes fueron rescatados de una cabina de un tráiler en Xalapa, Veracruz la tarde del lunes 23 de marzo. Las personas indocumentadas se encontraban al interior de un camión de carga, la cual fue llevada a un corralón en la calle Galeana, colonia Revolución.

Luego de que estacionaron la unidad, personal del lugar se percató que al interior de la caja viajaban personas, por lo que solicitaron el apoyo de personal de seguridad. De acuerdo con los primeros reportes, los gritos de auxilio alarmaron al personal del depósito vehicular, por lo que identificaron que dentro del tráiler viajaba un grupo numeroso de personas y que estaban acinadas.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Xalapa para auxiliar en el rescate de las personas indocumentadas, se desconoce cuánto tiempo pasaron atrapadas. Esta situación generó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, así como del gobierno municipal.

Rescatan a migrantes atrapados en un tráiler en Veracruz

Policía Estatal intervino para el rescate de los migrantes, hasta el momento no se tiene una cifra exacta pero se estima que alrededor de 250 a 300 migrantes fueron localizados al interior de la caja del tráiler, entre ellos había menores de edad. Fue en el depósito de las Grúas Méndez de Xalapa donde ocurrió esta situación.

Debido a la cantidad de personas indocumentadas intervino José Manuel Pozos Castro, subsecretario de gobierno, quien arribó al lugar para coordinar las acciones de rescate y atención a las personas de origen Centroamericano. Para su atención fueron trasladados a centros de migración en Veracruz, el Instituto Nacional de Migración atendió el incidente.

De acuerdo con las autoridades, el tráiler circulaba por la comunidad de Rinconada en el municipio de Emiliano Zapata cuando fue detenido por policía estatal, durante la revisión no se reportó alguna anomalía, por lo que fue remolcado al corralón.

Gobierno de México y Colombia fortalecen agenda migratoria bilateral

México y Colombia acordaron en Bogotá reforzar la agenda migratoria bilateral durante el Foro de Alto Nivel CELAC-África, según informó la canciller colombiana Rosa Villavicencio tras reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente. El pacto prioriza mantener la cooperación en materia migratoria y otros sectores bajo el respeto a la soberanía de ambas naciones.

Desde la capital colombiana, De la Fuente destacó la importancia de la colaboración entre México y Cuba, reiterando el compromiso mexicano con la ayuda humanitaria a la isla, en línea con las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario subrayó que el país mantendrá el apoyo material, en un contexto marcado por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió posibles afectaciones ante el envío de combustible mexicano a Cuba.

Durante la conferencia matutina en Cancún, Quintana Roo, Sheinbaum confirmó que el 20 de marzo partirá un nuevo buque con ayuda humanitaria a Cuba, gestionado desde el Puerto de Veracruz por la Secretaría de la Marina. La presidenta precisó que se continuará buscando vías para suministrar combustible a la isla “sin afectar a México”.

El Gobierno va ultimando los detalles del proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Anunciado a finales de enero, el nuevo decreto permitiría que medio millón de personas que ya viven en España puedan obtener un permiso de trabajo o residencia. A la espera de que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones ha comenzado a esbozar los primeros detalles del proceso.

Según ha confirmado el diario El País, tanto las oficinas de Correos como las de Seguridad Social habilitarán ventanillas especiales en las que presentar las solicitudes de permisos de residencia y trabajo, facilitando así la gestión para más de 500.000 personas actualmente en situación irregular en el país.

La nueva regulación establece que quienes puedan acreditar que se encontraban en España antes del 1 de enero del año en curso y hayan residido al menos cinco meses consecutivos podrán iniciar los trámites antes del 30 de junio. El plazo para resolver cada petición será de tres meses a contar desde su admisión. Algunas fuentes calculan que la cifra de potenciales beneficiarios podría acercarse al millón de personas, mientras que el centro de análisis Funcas sostiene que en España residen de forma irregular unas 840.000 personas que cumplirían los requisitos fijados.

El Ejecutivo, según el borrador citado por El País, ha ideado este procedimiento para aliviar la presión administrativa que implicaría centralizar la regularización en las oficinas provinciales de Extranjería, dependientes de las subdelegaciones del Gobierno. Este servicio, ya de por sí saturado, se enfrentaría a un aluvión de solicitudes que entorpecería todavía más los procesos.

Si bien desde el Ministerio de Política Territorial han defendido que debía ser el personal de las oficinas de Extranjería el encargado de la regularización por su experiencia y especialización, finalmente serán Correos y Seguridad Social los puntos de solicitud.

Las oficinas se habilitarán para recoger los documentos necesarios para la regularización, que revisará después la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Migraciones. El modelo de solicitud estará disponible en las páginas web de los ministerios de Migraciones y Política Territorial.

Requisitos para la regularización extraordinaria

La regularización extraordinaria estará disponible para todas aquellas personas indocumentadas que hayan llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025. Tendrán que acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en España, así como la ausencia de antecedentes penales.

Se espera que las solicitudes puedan presentarse a partir del mes de abril y hasta el 30 de junio de 2026. Para acreditar la residencia efectiva, bastará cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

Quienes cumplan todos los requisitos recibirán una autorización de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. Este permiso tendrá vigencia de un año, permitiendo después acceder a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. Hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España podrán regularizarse de manera simultánea, con una autorización que les permitirá residir legalmente en el país durante cinco años.

Encontrar una vivienda en España se ha convertido en una misión casi imposible para miles de ciudadanos, un desafío que se multiplica en el caso de la población migrante: a los precios elevados y la escasez de pisos, se suma la discriminación racial, un factor que restringe aún más sus posibilidades. En ese sentido, la ONG Accem ha advertido sobre el aumento de casos de discriminación y delitos de odio que sufren las personas migrantes y refugiadas en España, de forma que solo en 2025 la organización registró 358 incidentes en ámbitos como la vivienda, la atención sanitaria y el empleo.

Desde Accem han observado un aumento de casos en los que las familias migrantes encuentran obstáculos para alquilar una casa. Muchos propietarios o intermediarios inmobiliarios, explica la ONG, rechazan solicitudes de alquiler de personas extranjeras, a menudo mediante argumentos encubiertos como la supuesta falta de cumplimiento de requisitos o la disponibilidad repentina de la vivienda. La discriminación, por tanto, no siempre es explícita, “lo que dificulta la denuncia y el acompañamiento a los afectados”

El informe anual del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), del que Accem forma parte, contabilizó en 2024 un total de 2.913 casos de asistencia a víctimas de discriminación racial, un 12% más que en 2023. El acceso a la vivienda ocupa el cuarto lugar entre los ámbitos donde se produjeron más incidentes, con 278 casos, solo por detrás de la denegación de acceso a bienes y servicios, el empleo privado y los servicios de salud.

Esa realidad tiene rostros concretos como el de Redouane, un ingeniero informático marroquí que contaba en esta entrevista con Infobae cómo pese a demostrar solvencia económica, su origen terminaba siendo el factor decisivo para que inmobiliarias o particulares le rechazaran: “Siempre preguntan de dónde soy y, en cambio, no se interesan por mi trabajo ni mis nóminas”, lamentaba.

Los requisitos cada vez más exigentes restringen su autonomía

Todos esos requisitos y condiciones cada vez más complejos restringen, según denuncia Accem, la autonomía de las personas migrantes y refugiadas, dificultando la posibilidad de que construyan una vida independiente. “Garantizar el acceso a una vivienda digna no es solo una cuestión de necesidad, sino de derechos”, subraya la entidad en un comunicado.

Durante 2025, Accem gestionó programas específicos para el acompañamiento de víctimas de discriminación racial y étnica, con 172 casos atendidos a través de su Servicio de Asistencia y Orientación, 68 por delitos de odio y 118 en el marco de acciones de prevención y empoderamiento. El trabajo de la organización incluye asesoramiento jurídico, mediación y formación para el acceso y mantenimiento de la vivienda, así como campañas de sensibilización dirigidas a agentes públicos y privados del sector inmobiliario.

Por todo ello, la entidad recuerda que garantizar el derecho a la no discriminación “exige el compromiso de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la puesta en marcha de políticas públicas”, al tiempo que destaca que el acceso a la vivienda debe estar libre de restricciones vinculadas a la nacionalidad, el origen étnico o el color de la piel.

Los estudiantes que llegan desde el extranjero para estudiar en España casi se han duplicado en la última década. El número de autorizaciones de estancia por estudios concedidas a los alumnos y a sus familiares se situaba en 2024 —último año con datos— en 118.947, lo que supone un incremento del 6,3% (7.088 concesiones más) respecto al año anterior y un 93% más que en 2014, cuando se realizaron 61.570. Son datos de la nueva estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) que recoge el flujo de las autorizaciones concedidas.

En estos últimos 20 años, algunos países han aumentado sus autorizaciones de estancia por estudios y otros han ido disminuyéndolas. Las nacionalidades más frecuentes en 2024 son la colombiana (14.124), la estadounidense (10.352), la china (9.763), la peruana (9.391) y la marroquí (8.604). De hecho, la colombiana ha pasado de representar un 8% a un 12% del total de las autorizaciones concedidas, aumento que ha llevado a este país a alcanzar el primer puesto.

En el caso de China, la tendencia se invierte. El gigante asiático ha pasado de ser el principal país emisor hasta el 2020, llegando a representar entre el 14% y el 16% de lasautorizaciones, a ocupar el tercer lugar de la lista y a suponer tan solo un 8%. El informe también destaca la evolución de las autorizaciones concedidas a nacionales de Rusia. De 2021 a 2023 alcanzó su máximo histórico, con 7.372 autorizaciones, para reducirse bruscamente un año más tarde, en 2024, con 4.305.

A su vez, el número de autorizaciones concedidas a personas de nacionalidad marroquí ha ido aumentando de forma continuada desde el año 2017 hasta 2024, sin disminuir ni siquiera durante la pandemia, pasando de 2.516 concesiones en 2017 a 8.604 en 2024.

En la mayoría de las nacionalidades se ha dado un incremento anual de autorizaciones por estudios. De entre las 15 nacionalidades más frecuentes, las personas nacionales de Argelia son las que presentan un crecimiento anual más elevado, con un 56,5%. En el último año han pasado de representar un 1% a un 2% del total de autorizaciones de estancia por estudios. Además, es un grupo que ha cambiado cualitativamente y se ha masculinizado fuertemente en los últimos dos años: mientras las mujeres argelinas recibían en 2022 un 48% de las autorizaciones de estancia por estudios, en 2024 representan tan solo un 36%.

Le sigue Colombia, con un crecimiento anual del 23,9%, consolidando así su primera posición como el principal país de nacionalidad de los estudiantes y sus familiares. El Observatorio destaca los incrementos de las autorizaciones de estancia por estudios a nacionales de Ecuador (21,5%) y de Venezuela (21,2%) en el último año.

Solo llegan un 3% de familiares

Son estudiantes el 97% (114.903) del total de personas con autorización de estancia por estudios; tan solo el 3% (4.044) restante corresponde a sus familiares. Casi uno de cada res familiares de estudiantes tiene nacionalidad colombiana o chilena. En el caso de Chile, el 14% de las autorizaciones de estancia por estudios son para los familiares, un porcentaje que está cerca del 5% en el de Colombia. En contraposición, nos encontramos con Marruecos, Reino Unido o India, para los que el porcentaje de familiares respecto del total de autorizaciones por estudios es inferior al 1%.

Madrid y Barcelona, los destinos estrella

En cuanto a la distribución provincial en 2024, más del 50% de las autorizaciones de estancia por estudios se conceden en Madrid (31%) o Barcelona (22%). A estos destinos preferentes les sigue Valencia, que recibe un 10% de las autorizaciones. Este destino ha aumentado su porcentaje respecto al total en cuatro puntos en relación con 2014 (cuando representaba solo un 6%).

Una década después del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía en marzo de 2016 para la gestión migratoria, sus efectos siguen marcando la realidad de las islas griegas y otras fronteras europeas. Según denuncia Médicos Sin Fronteras (MSF) en un nuevo informe, lo que comenzó como una respuesta ante el aumento de llegadas por la ruta del Mediterráneo oriental se ha consolidado como un modelo que redefinió la política migratoria europea: prioriza la disuasión, la contención y la transferencia de responsabilidades de asilo a países fuera del bloque. Las consecuencias de esta estrategia, indica la organización, siguen siendo visibles en la vida de miles de personas.

Por ello, Médicos Sin Fronteras urge a las autoridades europeas y griegas a “cambiar de manera profunda la política migratoria” que sigue afectando a miles de personas, incluidos niños y niñas, “atrapados en condiciones inhumanas”. La organización insiste en que los gobiernos deben ofrecer acogida segura y digna, garantizar acceso a atención médica y establecer procesos de asilo justos y rápidos. Además, pide dejar de trasladar las responsabilidades de protección fuera de Europa.

“El acuerdo entre la UE y Turquía, presentado como un éxito por la Comisión Europea, ha generado un coste humano enorme en la última década”, señala Christina Psarra, directora general de MSF Grecia. Lejos de los discursos oficiales, “miles de personas siguen enfrentándose a condiciones inhumanas, mientras los líderes europeos celebran diez años de políticas que han provocado caos y maltrato”, añade.

España adopta la misma estrategia

Este pacto no solo transformó la gestión migratoria en el Mediterráneo oriental, sino que sentó las bases para la estrategia adoptada por España en sus propias fronteras. Inspirada en ese modelo, España ha reforzado su colaboración con países como Marruecos, Mauritania y Senegal, estableciendo acuerdos bilaterales que buscan frenar la llegada de personas migrantes antes de que alcancen territorio europeo. Estas alianzas priorizan el control fronterizo y la externalización de responsabilidades, replicando la lógica de contención que caracterizó al pacto entre Bruselas y Ankara y trasladando la gestión migratoria fuera de las fronteras comunitarias.

Solicitantes de asilo obligados a esperar durante años

Médicos Sin Fronteras también explica en su informe que entre 2016 y 2026 atendió a casi 157.000 personas en consultas ambulatorias en las islas griegas. Muchos solicitantes de asilo que llegan a Lesbos, Samos, Quíos, Kos o Leros se ven obligados a esperar allí durante meses o incluso años mientras se resuelve su situación. En todo este tiempo, los equipos de MSF han visto de primera mano “la violencia en las fronteras, los campamentos desbordados, la falta de servicios básicos”, lo que provoca un profundo impacto en la salud física y mental de quienes quedan atrapados en estas islas.

Según cifras de la organización, de abril de 2016 a febrero de 2025 solo 2.140 personas fueron devueltas desde las islas griegas a Turquía, y no se han producido retornos desde marzo de 2020.

La organización recuerda que el acuerdo contemplaba que Turquía fuese considerada un “tercer país seguro” y que la UE se comprometió a reasentar a un refugiado sirio desde Turquía por cada sirio retornado. En la práctica, la política de devoluciones ha sido limitada y un elevado número de personas ha quedado atrapado en las islas sin una resolución eficiente sobre su situación.

Tras el incendio del campamento de Moria en 2020, las autoridades establecieron los llamados Centros Cerrados de Acceso Controlado (CCAC), que funcionan bajo sistemas estrictos de vigilancia y control de acceso, lo que refuerza la lógica de contención y exclusión, añade el informe de MSF.

Nuevas políticas de externalización migratoria

El acuerdo, añade la organización, también sirvió de modelo para nuevas políticas de externalización migratoria, de forma que la UE ha ampliado su cooperación con países como Libia, Túnez, Senegal, Mauritania, Marruecos, Níger, Egipto y estados de los Balcanes occidentales. “Estas alianzas se traducen en ayudas financieras o colaboración en seguridad para reforzar el control fronterizo, trasladando la responsabilidad de protección a naciones con garantías y sistemas de asilo limitados”, señala la organización.

También alertan de que muchas personas llegan a las islas griegas tras haber sufrido violencia, persecución y peligrosos cruces por mar. “La incertidumbre, la falta de libertad y las malas condiciones de vida agravan el trauma, provocando depresión, ansiedad y otros problemas graves de salud mental”, aclaran. Las condiciones precarias también han causado brotes de enfermedades y dificultan el acceso a atención médica, especialmente para embarazadas, víctimas de violencia sexual y pacientes crónicos.

Además, concluyen, a pesar de las políticas más duras en las fronteras, la llegada de personas no se detiene y la organización sigue prestando atención médica y psicológica de emergencia.

El jueves se registró el rescate de 25 personas que habían salido desde costas de Francia y Bélgica en pequeñas embarcaciones, una operación relacionada con el incremento reciente de intentos de cruce hacia el Reino Unido a través del canal de la Mancha. Ese mismo día, según un comunicado oficial de las autoridades francesas, los guardacostas llevaron a cabo el auxilio de 78 migrantes cuya embarcación presentó una falla mecánica en el motor mientras avanzaban desde Bélgica hacia territorio británico.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad marítima francesa, la embarcación de migrantes quedó a la deriva tras el desperfecto, lo que motivó la intervención inmediata de los equipos de emergencia. Según publicó el medio, los migrantes rescatados fueron trasladados al muelle de Calais, donde recibieron atención de los servicios de rescate en tierra. El operativo incluyó la participación de efectivos de la guardia costera y personal especializado en emergencias humanitarias y sanitarias.

En lo que va del año, el número de personas que han llegado al Reino Unido por medio de pequeñas embarcaciones asciende a 3.863, según cifras oficiales citadas por el medio. El volumen de cruces a través del canal de la Mancha evidencia la persistencia de rutas marítimas migratorias entre Europa continental y el Reino Unido, a pesar de los riesgos asociados y del despliegue de vigilancia fronteriza por parte de las autoridades francesas y británicas.

El jueves, además de este operativo de rescate masivo, otras operaciones pusieron a salvo a 144 migrantes que viajaban en dos embarcaciones diferentes, reportó la agencia. Estos rescates reflejan la presión migratoria constante en esta franja marítima y la importancia de los dispositivos de socorro gestionados por guardacostas y equipos de emergencia a ambos lados del canal.

Las acciones de salvamento realizadas por las autoridades francesas se inscriben dentro de los protocolos establecidos para responder ante incidentes en el canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas y vigiladas de Europa para la migración irregular. La coordinación entre los distintos equipos de emergencia y la rapidez de la respuesta resultan determinantes para garantizar la vida y la salud de las personas involucradas en estos intentos de cruce.

Los traslados a Calais incluyeron atención médica y evaluación por parte de personal sanitario, asegurando que los rescatados recibieran los cuidados urgentes tras la travesía y el incidente mecánico. Según consignó el medio, este tipo de operativos incluyen la participación de servicios especializados que ofrecen apoyo inmediato y evalúan la situación de cada persona rescatada antes de realizar cualquier traslado posterior.

Las cifras divulgadas evidencian la magnitud del fenómeno migratorio que afecta la región y la respuesta sostenida de las autoridades ante situaciones de riesgo que pueden resultar en naufragos o emergencias humanitarias. Los eventos recientes marcan una tendencia que preocupa a los organismos humanitarios y a los gobiernos involucrados, por la continuidad en los intentos de travesía pese a las condiciones peligrosas del canal y la precariedad de las embarcaciones utilizadas.

Mientras tanto, continúan los esfuerzos de cooperación y patrullaje entre Francia y Reino Unido en la búsqueda de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad en una de las rutas marinas más activas para los migrantes en tránsito hacia el norte de Europa, según informó el medio.

Durante la primera quincena de 2026, las deportaciones de migrantes hondureños registraron una caída del 28.8 %, lo que indica una reducción clara en el flujo de retornos forzados. No obstante, las bases estructurales que impulsan la migración se mantienen sin variaciones.

De acuerdo con el INM, entre el 1 y el 15 de enero de 2026, 1.528 personas fueron retornadas a Honduras. Esta cifra representa 618 deportados menos que en igual lapso de 2025, cuando se reportaron 2.146 repatriaciones.

La tendencia adquiere relevancia, dado que las primeras semanas de enero suelen registrar elevados movimientos migratorios.

El país de origen de la mayoría de las deportaciones sigue siendo Estados Unidos. En esas dos semanas, 1.423 hondureños ,entre ellos menores de edad, algunos sin acompañante, fueron retornados desde territorio estadounidense, lo que destaca la influencia de la política migratoria de esa nación para la región, según indicó el INM.

En el mismo periodo, México deportó a 101 migrantes hondureños, de los cuales 88 regresaron por vía terrestre y 13 a través de vuelos. Guatemala reportó únicamente cuatro repatriaciones de ciudadanos hondureños.

Autoridades precisan que 1.390 migrantes fueron deportados directamente por autoridades migratorias, mientras que 138 regresaron mediante programas de retorno asistido. Estos programas se concentran en personas en situación de vulnerabilidad o quienes optan voluntariamente por retornar, muchas veces en medio de complejas circunstancias humanitarias.

En cuanto al desglose demográfico, la mayoría corresponde a población en edad productiva. Se reportaron 255 personas entre 41 y 50 años, 91 entre 51 y 70 años y 144 menores de edad. Las cifras muestran que el impacto migratorio abarca también a la niñez y personas mayores, reflejando efectos directos en el ámbito familiar y en la economía nacional.

Respecto al género, el 80,3 % de los deportados fueron hombres (1.227 personas), frente a 157 mujeres, 120 niños y 24 niñas. Este patrón confirma que los varones siguen predominando en la migración irregular, aunque la presencia de mujeres y menores implica desafíos para las políticas de asistencia y protección.

Migración resalta que persisten causas estructurales como la inseguridad, el desempleo, los bajos salarios y la pobreza, factores que generan tanto movimientos migratorios constantes como intentos reiterados incluso tras una deportación.

Se calcula que alrededor de 1,8 millones de hondureños viven en Estados Unidos, incluyendo quienes tienen situación regular e irregular. Esta migración tiene un claro reflejo económico: las remesas familiares sumaron USD 12.200 millones en 2025, más del 25 % del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Banco Central de Honduras. Estos envíos constituyen el principal sustento económico de numerosos hogares y ponen en evidencia la dependencia estructural del país respecto a su diáspora.

El panorama anual deja ver que, aunque los primeros quince días de 2026 registraron menos deportaciones, la tendencia de fondo continúa siendo ascendente. Durante 2025, se documentaron 42.928 deportaciones, la mayoría desde Estados Unidos y México; esto representó un alza del 24,8 % respecto a las 34.384 de 2024, según datos.

Expertos migratorios detallan que estas fluctuaciones pueden responder a cambios en políticas migratorias de los países de destino, situaciones climáticas y dinámicas internas de Honduras. Por esa razón, consideran que la caída observada en el inicio de 2026 no constituye un cambio estructural.

Advierten sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas de reintegración para los migrantes retornados. La carencia de mecanismos de apoyo impulsa una migración cíclica: muchas personas vuelven a intentar salir en busca de mejores oportunidades.

La baja de deportaciones registrada en la primera quincena de 2026 responde a contextos específicos. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas hondureñas mantienen vigente el flujo migratorio y la dependencia de las remesas enviadas por los ciudadanos que residen en el exterior.

La denuncia de presuntas irregularidades en la administración de más de 90 millones de lempiras asignados al programa Hermano, hermana, vuelve a casa ha reactivado el debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos destinados a migrantes retornados en Honduras, una nación donde la migración forzada representa uno de los fenómenos sociales más complejos y urgentes.

Itsmania Platero indicó que 98.25% de los recursos no cuenta con trazabilidad verificable y que solo una minoría de los beneficiarios habría recibido apoyo económico puntual, el cual rondó los mil dólares por persona e incluyó materiales básicos para emprendimientos, conforme a los resultados de un monitoreo independiente citado por la activista.

Según Platero, esta situación representa una falla administrativa y una vulneración directa a los derechos de quienes regresan al país en condiciones de precariedad extrema.

De acuerdo con los datos proporcionados por Platero, la entrega de recursos del programa se caracterizó por una cobertura mínima. Señaló que la mayoría de los hondureños beneficiarios no pudo acreditar la recepción de fondos y denunció que “apenas un pequeño porcentaje” pudo acceder a los montos prometidos.

El destino del restante 98.25% del dinero permanece sin comprobación efectiva, lo que aumenta las dudas sobre el funcionamiento de los mecanismos de supervisión estatal.

Por este motivo, la defensora hizo un llamado explícito al Ministerio Público para la realización de una auditoría urgente que, a su juicio, debe incluir la identificación de responsables y la adopción de medidas correctivas que garanticen la transparencia futura.

La relevancia humana del caso se evidencia en las consecuencias que plantea la defensora muchas familias migrantes enfrentan deserción escolar y dificultades para emprender actividades productivas; otros padecen situaciones de riesgo al regresar al país.

Platero denunciò además que al menos 25 personas han sido asesinadas tras su retorno, lo que ilustra los desafíos de seguridad vinculados a la migración y el retorno forzado en Honduras.

La denuncia pública de Platero evidencia que un monto superior a 90 millones de lempiras asignados al programa de ayuda a migrantes retornados muestra, según el monitoreo independiente citado, una grave falta de trazabilidad, y que solo una minoría de beneficiarios habría recibido apoyos concretos.

Esto derivó en la solicitud de una auditoría oficial y en la exposición de supuestas deficiencias sistémicas en la gestión estatal de recursos para poblaciones vulnerables.

El exdirector del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, rechazó las acusaciones y defendió la legalidad y eficacia del programa. Paz sostuvo al medio fuente que la entrega de fondos se efectuó directamente en efectivo a unos 37.000 migrantes retornados, quienes firmaban constancias de recepción como medida de control.

En su opinión, la existencia de documentación respaldatoria y el esquema adoptado de entrega directa representan pruebas de una gestión conforme a la normativa, evitando intermediaciones y facilitando la llegada de recursos.

Paz vinculó la denuncia de Platero a posibles intereses políticos y calificó sus afirmaciones como carentes de fundamento. Advirtió que, si tales declaraciones continuaran sin pruebas, correspondería tomar acciones legales, incluida una demanda por difamación.

Además, el exdirector ofreció una cifra global: durante el último año, aproximadamente 43.000 hondureños retornaron al país y cerca de 37.000 habrían recibido algún tipo de apoyo económico, según el registro oficial.

El programa Hermano, hermana, vuelve a casa fue lanzado como política prioritaria bajo el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro. La iniciativa original preveía la entrega de un bono económico de unos 100 dólares (2.630 lempiras) por persona beneficiaria, además de capacitación, asesoría para emprendimientos y acceso a recursos sociales. El objetivo era articular una respuesta integral que facilitara la reintegración social y económica de los migrantes retornados.

Mudarse a otro país en busca de una vida mejor es una decisión que, en muchos casos, está cargada de expectativas, ilusiones y también incertidumbre. España suele aparecer como uno de los destinos más atractivos para miles de personas de Latinoamérica, tanto por el idioma como por la cultura y la cercanía social.

Sin embargo, no todas las experiencias migratorias son iguales. Una creadora de contenido cubana ha compartido su testimonio tras vivir varios años en el país y haber decidido marcharse a Alemania, lanzando una reflexión que ha generado debate sobre lo que realmente implica construir una vida en el extranjero y las expectativas frente a la realidad migratoria.

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En su relato, explica que vivió durante siete años en España antes de tomar la decisión de emigrar de nuevo. Su mensaje está dirigido especialmente a personas de Latinoamérica que ven el país como una especie de meta ideal. Desde su experiencia, insiste en que, aunque España tiene muchas ventajas, también presenta dificultades importantes que a menudo no se cuentan con la misma intensidad en redes sociales o en conversaciones informales.

Uno de los principales problemas que menciona es el acceso a la vivienda en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Según explica, resulta muy complicado vivir solo con un salario medio, lo que obliga a muchas personas a compartir piso. Esta situación no es puntual, sino bastante habitual, especialmente entre quienes acaban de llegar o tienen empleos con ingresos limitados. El coste de una habitación puede situarse entre 450 y 650 euros, lo que supone un porcentaje elevado del sueldo.

Además del precio, también destaca las exigencias que imponen muchos propietarios o agencias inmobiliarias. No basta con tener el dinero necesario: en muchos casos se solicitan contratos de trabajo estables, nóminas, avales o incluso garantías adicionales. Este conjunto de requisitos puede convertirse en una barrera de entrada para quienes aún están en proceso de asentarse en el país.

Sensación de estancamiento económico

En cuanto a los ingresos, la creadora señala que muchos trabajos ofrecen salarios que oscilan entre los 1.100 y 1.300 euros mensuales. Con estos niveles salariales, cubrir gastos básicos como alquiler, transporte, alimentación y otros costes diarios puede resultar complicado, especialmente en las grandes ciudades. Esta situación genera una sensación de estancamiento económico que, en algunos casos, lleva a replantearse el proyecto migratorio.

Otro aspecto que aborda es la dificultad de emprender. Según su experiencia, iniciar un negocio en España puede ser un proceso complejo debido a la carga burocrática y fiscal. Habla de trámites largos, requisitos legales exigentes y una presión impositiva que puede resultar elevada para quienes empiezan desde cero. Este entorno puede desanimar a personas con mentalidad emprendedora que buscan desarrollar sus propios proyectos en el país.

La decisión de marcharse a Alemania responde, en su caso, a la búsqueda de nuevas oportunidades y condiciones diferentes. Aunque no idealiza su nuevo destino, sí plantea que cada país tiene sus ventajas y desventajas, y que es importante analizar bien cada contexto antes de tomar una decisión. Su mensaje no pretende desincentivar la emigración a España, sino aportar una visión más completa y realista basada en su propia experiencia.

También hace hincapié en la importancia de informarse antes de dar el paso. Muchas personas toman decisiones basadas en expectativas poco ajustadas a la realidad, lo que puede generar frustración al enfrentarse a dificultades no previstas. Por eso, insiste en que es fundamental conocer tanto los aspectos positivos como los negativos de cualquier destino migratorio.

De acuerdo con la información brindada por el funcionario y recogida por ‘Al Watwan’, la tragedia se produjo cuando la embarcación, que transportaba aproximadamente a cincuenta migrantes, se hundió en las cercanías de una playa de la citada localidad, ubicada en el archipiélago del océano Índico. Entre los rescatados, se encuentran treinta personas que lograron salir con vida del mar, detallaron fuentes oficiales.

El ministro Assoumani indicó, según consignó ‘Al Watwan’, que la mayoría de los fallecidos serían ciudadanos de la República Democrática del Congo. El incidente involucró también a varios menores, aunque aún no se ha precisado el número exacto de niños a bordo ni su situación actual, pues continúan las tareas de identificación y rescate.

Las autoridades no han podido esclarecer aún las causas precisas que provocaron el hundimiento de la nave. Tal como informó ‘Al Watwan’, el análisis de las circunstancias del accidente permanece en curso, mientras persisten los operativos de rastreo para localizar a los desaparecidos y brindar asistencia a los sobrevivientes.

Según publicó el mismo medio, el suceso ha generado preocupación entre los residentes y en las instituciones responsables del control marítimo. Las operaciones de salvamento se desplegaron rápidamente tras conocerse el incidente, incluidas patrullas de emergencia y equipo especializado en rescate.

El diario ‘Al Watwan’ destaca que las rutas marítimas hacia y desde Comoros suelen registrar una alta actividad de migrantes que intentan llegar a diferentes destinos del continente y del archipiélago, principalmente debido a situaciones de inestabilidad política, condiciones económicas complicadas y búsqueda de mejores oportunidades de vida.

El balance provisional, reportado por autoridades comorenses y citado por ‘Al Watwan’, subraya que el número de personas a bordo podría variar según nuevos testimonios y declaraciones de los sobrevivientes, lo que podría modificar tanto el recuento de víctimas fatales como la cifra de desaparecidos en las próximas horas.

La tragedia reciente pone de relieve las dificultades enfrentadas por quienes arriesgan sus vidas en trayectos irregulares a través del océano. El gobierno de Comoros, a través del ministro Assoumani, reiteró, según indica el medio, su compromiso de investigar el accidente e implementar medidas para fortalecer la seguridad en las rutas migratorias marítimas próximas a sus costas.

Las reacciones de la población local y de organizaciones de asistencia humanitaria no han tardado en manifestarse en la zona, atendiendo tanto a los heridos como a los familiares de las víctimas. Estas agrupaciones han pedido a las autoridades que intensifiquen el patrullaje y la cooperación internacional para reducir los riesgos en estos viajes, publicó ‘Al Watwan’.

Por el momento, el desenlace completo del naufragio permanece abierto mientras los equipos de rescate trabajan en la zona del siniestro. La vigilancia de las autoridades continúa y no se descarta que se ofrezcan nuevos informes oficiales a lo largo del día, en la medida que avance la búsqueda de los desaparecidos y se investigue con profundidad lo sucedido, reportó el diario local.

La inmigración es uno de los temas que más polarización y discursos de odio genera en las redes sociales, un fenómeno que no deja de aumentar. Prueba de ello es el 57% de los contenidos reportados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) en el mes de febrero deshumaniza a las personas extranjeras, lo que supone un aumento de 14 puntos respecto al mes anterior.

La idea de que la población inmigrante representa una amenaza se mantiene como la segunda narrativa más extendida en los mensajes denunciados, con un 26% del total, aunque esta cifra baja 10 puntos respecto al mes anterior. Un 7% de los comentarios reportados pide la expulsión de personas extranjeras, mientras que un 3% promueve directamente la violencia.

En febrero, la celebración del Ramadán y el debate sobre el uso del burka actuaron como principales desencadenantes de los discursos de odio en redes sociales, A estos factores se añadió la tramitación del real decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes, que siguió alimentando la desinformación y los mensajes antiinmigración.

De esta forma, la proporción de contenidos islamófobos se duplicó en febrero y alcanzó el 30% de los mensajes reportados, coincidiendo con el inicio del Ramadán y las discusiones públicas sobre el burka. El 63% de los mensajes de odio se dirigió a personas del Norte de África, mientras que los ataques contra personas afrodescendientes descendieron al 11%.

Por otro lado, lass plataformas de redes sociales retiraron el 45% de los mensajes notificados, una cifra inferior al 57% registrado en enero. Solo el 11% se eliminó en la primera semana tras la denuncia y un 34% fue retirado gracias a la intervención de instituciones o verificadores confiables, según los datos del OBERAXE, organismo que depende de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, el sistema FARO, basado en inteligencia artificial, identificó 37.477 comentarios de odio en febrero, un 6,2% más que el mes anterior.

TikTok es la plataforma más eficaz en la retirada

TikTok encabeza la eliminación de mensajes de odio en redes sociales. La plataforma retiró el 81% de los contenidos reportados, y más de la mitad desaparecieron en menos de 24 horas. X se situó en segundo lugar, con un 64% de mensajes eliminados y una eficacia total cuando la denuncia provino de verificadores confiables, mientras que Instagram alcanzó un 30% de retirada, mejorando sus cifras respecto al mes anterior.

En Facebook, el 26% de los mensajes notificados fue eliminado, la mayoría gracias a la intervención de entidades verificadoras, y YouTube suprimió el 9% de los contenidos reportados, casi todos tras ser señalados como mensajes de odio por actores de confianza.

Odio en el fútbol

Otro de los datos relvante que destaca el OBERAXE es que el 50% de los mensajes analizados vinculó la migración con la inseguridad ciudadana, “lo que refuerza narrativas racistas y xenófobas sustentadas en datos falsos”. Además, el ámbito deportivo concentró el 20% del discurso de odio, impulsado por episodios como el partido entre Real Madrid y Benfica, detenido por insultos racistas a Vinicius, y los comentarios sobre Lamine Yamal durante el Ramadán.

Con el objetivo de fomentar redes sociales libres de exclusión y violencia, el Gobierno presentó la semana pasada una herramienta digital diseñada para medir y evaluar el discurso de odio y la polarización en las plataformas, bautizada como HODIO. Sin embargo, algunos expertos de la Universidad Complutense de Madrid consultados por Infobae advierten que la herramienta se limita a supervisar lo visible en las plataformas “sin cuestionar las estructuras privadas que las sostienen”. También destacan que el odio forma parte central del modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas y que, mientras internet siga bajo control de estas compañías, la medición de estos fenómenos tendrá un escaso impacto.

Enero y febrero han dejado al menos 655 personas migrantes muertas o desaparecidas en el Mediterráneo. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) citados por la AFP, esto representa más del doble de las 287 que se contabilizaron en el mismo periodo del año pasado a pesar de que se han intentado menos cruces hacia Europa. Las cifras, que recogen el balance de un arranque de año especialmente trágico en la principal frontera marítima de la Unión Europea, reflejan el aumento de la mortalidad en estas rutas.

De acuerdo con Frontex - agencia europea de control de fronteras - las tormentas y otros fenómenos meteorológicos como el ciclón Harry explican parte de la gravedad de la situación. A esto se suman las crecientes dificultades para las operaciones de rescate y el cierre de rutas terrestres, lo que deriva en un repunte de la letalidad en las aguas que separan el norte de África del sur de Europa. Frontex atribuye la elevada cifra de fallecimientos, al menos parcialmente, a esas “condiciones meteorológicas extremas”, pero responsabiliza también a las redes de tráfico de personas, que “lanzan a los migrantes al mar en embarcaciones precarias”.

Las explicaciones recogidas por la OIM y las ONG que trabajan en la zona apuntan hacia una combinación de factores estructurales y coyunturales. Los acuerdos bilaterales entre Italia, Túnez y Libia para frenar las salidas han desplazado los puntos de partida hacia enclaves menos vigilados y más alejados de la costa europea.

El cierre de vías legales obliga a más migrantes a arriesgar la vida

Según Arnaud Banos, investigador del CNRS de Francia especializado en migración marítima citado por AFP, “cuanto más se presiona para evitar las salidas, más se crean condiciones ideales para los traficantes”, lo que incrementa los riesgos para los migrantes. “Los cruces son más largos y muy expuestos a vientos y fuertes corrientes. Esas rutas están menos vigiladas, pero las embarcaciones también son menos visibles para los rescatistas”, explicó Banos.

El investigador añadió que la ruta terrestre a través de los Balcanes “está prácticamente cerrada, por lo que el mar es la única vía que queda”. En sus palabras, “al final, lo que hacemos es aumentar el riesgo. Cuanto más decimos que queremos asegurar nuestras fronteras por razones humanitarias, más incrementamos el peligro. Es un círculo sin fin”.

Las organizaciones no gubernamentales que operan en el Mediterráneo han denunciado obstáculos crecientes para su labor de salvamento, desde la tramitación de permisos hasta la designación de puertos de desembarco. “Las autoridades italianas nos asignan ahora un puerto seguro casi inmediatamente después del primer rescate, que a veces está a más de mil kilómetros”, explicó Giulia Messmer, portavoz de la ONG alemana Sea-Watch.

La representante puntualizó que esto conduce a situaciones en las que las tripulaciones de rescate “se ven obligadas a ignorar otros casos de emergencia cercanos, lo que constituye una violación total del derecho internacional”. Messmer subrayó el reclamo de su organización para la creación de “un programa europeo de búsqueda y rescate que atienda a las personas en peligro”, y denunció la violencia de las milicias libias, que según su testimonio, “disparan activamente contra personas en peligro en el mar”.

En paralelo, las posibilidades de acceder legalmente a territorio europeo se han reducido en los últimos años. Alemania, que en 2015 acogió cerca de un millón de refugiados sirios, afganos e iraquíes, ha endurecido desde entonces sus reglas para la reunificación familiar y la obtención de la ciudadanía. Por su parte, Reino Unido ha anunciado el fin de los visados de estudios para nacionales de Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán. Las ONG consideran que este cierre de vías legales empuja a más personas a intentar la travesía en condiciones cada vez más inseguras.

El antropólogo Filippo Furri, coautor de un libro sobre las muertes en el Mediterráneo, sostiene que “lo que Frontex no menciona es que estas redes criminales surgen donde hay demanda, porque las condiciones de vida en los países de origen son terribles y no existen vías legales para llegar”. Furri detalló que la agencia europea solo contabiliza a quienes llegan a las fronteras exteriores del bloque comunitario, “no el número de salidas” que intentan alcanzar Europa. “El número de muertes registradas de quienes intentan el cruce queda muy por debajo de la realidad”, concluyó.

Las cifras de la OIM y los testimonios de quienes trabajan sobre el terreno reflejan el endurecimiento de las travesías en el Mediterráneo y el impacto de las políticas migratorias y de control fronterizo. El mar, convertido en la última frontera para quienes buscan una vida diferente, sigue dejando un balance de víctimas que crece incluso cuando los intentos de cruce disminuyen.

Este año, la población extranjera asentada en España ya ha superado los 10 millones de residentes. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento de la población española se ha debido casi exclusivamente al aumento de personas nacidas fuera. Y, entre ellas, la comunidad marroquí se sitúa en primera posición, rozando el millón de habitantes. Personas que, en su mayoría, vienen a trabajar y en busca de una vida mejor. Uno de ellos es Abdelilah, un albañil marroquí que llegó a nuestro país en 1991.

“No pensé en mudarme a España hasta que mi hermano estuvo aquí en el año 1988. Eso fue lo que me convenció para venir a trabajar”, rememora Abdelilah a Infobae. Antes de cruzar el estrecho, trabajaba como cerrajero en Marruecos, pero su llegada a España supuso un giro radical en su vida. “En Marruecos tenía otro oficio, era cerrajero, pero en 1991 me vine a España, siendo joven”, relata.

Su primera oportunidad laboral surgió en una empresa de la construcción, sector del que, tal y como él mismo confiesa, “no sabía nada”. “Empecé primero trabajando de albañil, y después me pasé a otra empresa en la que estuvo mi madre, donde trabajé con ella. Ahí empecé a aprender, poco a poco, como peón”, explica.

“Empecé a ganar bien porque le echaba muchas horas”

El sector de la construcción en España se nutre desde hace años de trabajadores foráneos. Según los registros de la Seguridad Social, la construcción se sitúa en la cuarta posición de sectores con mayor presencia de trabajadores extranjeros dentro del régimen general, tanto por número total como por proporción. A finales de 2025, el sector sumaba 243.480 afiliados de origen internacional, lo que supone un incremento del 12,8% respecto a 2024. De estos, 50.781 procedían de países de la Unión Europea y 192.699 de otras regiones.

Abdelilah es uno de los muchos que emigraron a España para trabajar, y comenzaron desde los escalones más bajos hasta la estabilidad, aunque siempre sorteando obstáculos. “Me costó bastante, porque nunca había trabajado en este sector. Yo pensaba que iba a trabajar de mi oficio, pero no me gustó el horario de cerrajero de aquí, y me decanté por seguir trabajando en la construcción”, explica. Llegó aquí sin papeles, pero una de las primeras empresas en las que trabajó lo regularizó.

Su evolución laboral estuvo marcada por largas jornadas y dedicación. “Empecé a ganar bien porque le echaba muchas horas. Había meses en que ganaba 3.000-4.000 euros; a veces llegaba a los 5.000, depende del tiempo que trabajara”, detalla. Una de las claves fueron los turnos de fin de semana, jornadas en las que encontró una oportunidad para mejorar ingresos: “Sábados, a veces domingos e incluso festivos. Pero estuve muy a gusto en esa empresa, duré muchos años y me trataban muy bien”.

“Tampoco me he hecho rico, pero sí gano para comer”

En 2006, tras más de una década como asalariado, decidió emprender como autónomo. El cambio trajo nuevos retos, pero también cierta independencia. “Ahora, aunque tampoco gano mal, me es más difícil encontrar arquitectos o aparejadores con los que trabajar y hacer reformas. Aunque con los que trabajo habitualmente, siempre me llaman porque se fían de mí y me conocen”, reconoce el albañil, que destaca la importancia de la confianza para su trabajo.

En España, el salario medio de un albañil ronda los 1.600-1.700 euros brutos mensuales, aunque la experiencia y la especialización pueden elevar los ingresos a cifras superiores a los 22.000-25.000 euros anuales. Abdelilah confirma que las reformas permiten alcanzar ingresos elevados, aunque la regularidad no siempre está garantizada: “En las reformas se gana más; a veces te puedes sacar 8.000 o 9.000 euros, e incluso 10.000 euros limpios al mes. Mi problema es que no cojo muchas obras, porque no tengo mucha gente de confianza”.

Y, aun así, Abdelilah insiste en que su motivación no ha sido la riqueza, sino la estabilidad y el reconocimiento profesional: “Tampoco me he hecho rico, pero sí gano para comer”.

Los informes judiciales confirman que tanto el desconocimiento técnico como la falta de reacción ante los problemas de la nave influyeron en el resultado de la travesía, que terminó con la muerte por ahogamiento de uno de los pasajeros. Según publicó Europa Press, la Audiencia Provincial de Almería dictó una sentencia firme contra los responsables de la patera, tras determinar que su conducta fue fundamental para el naufragio que dejó un muerto.

El tribunal provincial impuso seis años y medio de prisión a los dos acusados, responsables de trasladar de manera ilegal a seis migrantes de origen argelino y sirio desde Argelia a la costa almeriense. Según detalló Europa Press, la sentencia quedó en firme por la conformidad de las partes, con una condena de cinco años y medio por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro año por homicidio por imprudencia grave. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2024 y la patera se hundió durante el rescate, después de tres días a la deriva.

De acuerdo con la información disponible, los acusados organizaron el viaje clandestino entre octubre y noviembre de 2024, encargándose uno del pilotaje, mientras que el otro controlaba la ruta por GPS. Junto a ellos viajaban seis personas, quienes pagaron aproximadamente 2.500 euros cada una a colaboradores no identificados para subir a la embarcación. La patera, de unos cinco metros de eslora, zarpó hacia Almería alrededor de las 19:00 horas del 4 de noviembre.

Europa Press informó que la embarcación llevaba un motor de 40 caballos en mal estado y, poco después de comenzar la travesía, el motor dejó de funcionar. Uno de los acusados intentó repararlo sin tener conocimientos de mecánica, lo que resultó en una reparación insuficiente. Como consecuencia, la patera avanzaba de forma muy lenta. Ni los responsables ni los pasajeros disponían de habilidades para navegar en mar abierto, y la embarcación quedó a la deriva durante tres días sin provisiones de agua o comida.

El deterioro del clima complicó aún más la situación. El fuerte oleaje permitió la entrada de agua en la patera y los ocupantes usaron garrafas para achicar la embarcación. No fue hasta las 7:20 horas del 7 de noviembre cuando divisaron una embarcación y solicitaron socorro. La nave de mayor tamaño se acercó y lanzó cuerdas de rescate. Primero, los acusados lograron abordarla. Según consignó Europa Press, en ese momento la patera fue golpeada por la nave de rescate y volcó, lo que provocó que todos los ocupantes cayeran al mar.

Durante las maniobras de auxilio, la tripulación de la embarcación de socorro lanzó más cuerdas y consiguió rescatar a cuatro de los migrantes. Sin embargo, dos hermanos permanecían en el agua; uno no sabía nadar y el otro intentaba evitar que se hundiera, lo que les impidió acercarse a la nave de auxilio. A la escena acudió un helicóptero de Salvamento Marítimo, cuyos efectivos lograron recoger al hermano que sabía nadar, aunque no fue posible alcanzar a su familiar, que falleció por ahogamiento tras hundirse en el mar.

Según la resolución judicial citada por Europa Press, la peligrosidad de la travesía aumentó debido al mal estado del motor, la inexperiencia de los acusados y la negativa de estos a regresar tras los primeros fallos mecánicos, pese a las solicitudes del resto de los pasajeros. Estos factores determinaron que la embarcación vagara durante tres días y sufriera el naufragio con el desenlace fatal.

La sentencia recoge que los responsables de la patera fueron condenados por sus decisiones y su falta de preparación, que pusieron en peligro la vida de otros migrantes y derivaron, según el tribunal, en consecuencias letales durante el fallido intento de llegar a España. Europa Press subraya que la nave utilizada no contaba con equipamiento suficiente ni condiciones mínimas de seguridad para afrontar la travesía. Los ocupantes, que inicialmente solo buscaban alcanzar suelo español, se vieron atrapados en una situación límite por la ausencia de recursos y habilidades por parte de quienes lideraban el viaje.

La investigación, de acuerdo con Europa Press, no logró identificar a los colaboradores que participaron en la organización del traslado de los migrantes ni recabar más detalles sobre la suma exacta de lo abonado por los pasajeros. El tribunal destacó que la intervención de los servicios de Salvamento Marítimo fue fundamental para evitar más víctimas, aunque no logró evitar la muerte del pasajero que no dominaba la natación.

La resolución del tribunal también concluyó que la imprudencia grave de los acusados no pudo evitarse, ya que estos ignoraron las peticiones de los tripulantes para regresar cuando se evidenció el mal funcionamiento del motor en la primera fase del trayecto. Europa Press puntualizó que la decisión ya es firme, luego de que las partes asumieran la responsabilidad y conformidad con las penas propuestas.

El caso ha puesto en primer plano el riesgo que implica el tráfico clandestino de personas por vías marítimas, especialmente en condiciones precarias y con falta de preparación de quienes asumen la conducción de estos trayectos. Europa Press añadió que este tipo de condenas buscan sentar un precedente sobre las responsabilidades legales de quienes organizan y ejecutan estos viajes en situaciones peligrosas para la vida de los migrantes.

Los discursos de odio no dejan de aumentar a nivel global, favorecidos por la polarización política, el racismo, la xenofobia y la difusión de información falsa en entornos digitales, donde el anonimato, la falta de regulación y el efecto amplificador de las redes sociales facilitan su expansión y alcance. Para abordar este fenómeno, el Gobierno presentó la semana pasada HODIO, una herramienta diseñada para analizar la presencia y el comportamiento de estos mensajes en redes sociales, permitiendo identificar cómo circula el odio en el entorno digital y qué factores influyen en su difusión, según ha informado el Ejecutivo.

Aunque todavía no se han dado a conocer todos los detalles sobre HODIO, el Gobierno ha explicado que la herramienta analizará el contenido público en las principales plataformas digitales del país, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X, y los resultados se plasmarán en un informe semestral que incorporará un ranking sobre la respuesta de cada compañía ante los discursos de odio.

El objetivo del Ejecutivo es “impulsar una mayor responsabilidad y transparencia por parte de estas plataformas”, al mismo tiempo que ofrece a los usuarios información relevante para comprender y decidir cómo interactuar en estos entornos. Además, el Gobierno confía en que la publicación de estos datos incentive a las redes sociales a actuar para reducir los mensajes nocivos y mejorar la protección de quienes las utilizan.

El análisis realizado por HODIO se limitará al contenido público disponible, sin intervenir en la privacidad de los usuarios ni rastrear comportamientos particulares. El objetivo, destaca el Ejecutivo, es medir y analizar tendencias generales en redes sociales para comprender mejor el fenómeno del odio y aportar información útil al debate y al diseño de políticas públicas.

HODIO evaluará mensajes que expresan desprecio, hostilidad, abuso o discriminación por motivos de color de piel, origen étnico, creencias religiosas, identidad, orientación sexual o género, entre otros factores. El análisis se realizará mediante un modelo que combina técnicas cuantitativas, inteligencia artificial y la supervisión de especialistas, para ofrecer una visión precisa y rigurosa del fenómeno.

Los datos en España evidencian la magnitud del problema

Solo en lo que va de año, el sistema FARO del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha detectado más de 892.000 mensajes de odio en plataformas digitales, una cifra que refleja la magnitud del problema, mientras que el 66% de los españoles reconoce haberse topado con discursos discriminatorios en redes, según datos del Centro de Investigaciens Sociológicas (CIS).

El desarrollo de HODIO responde a una creciente preocupación europea sobre el impacto de la polarización y el discurso de odio en el entorno digital. La herramienta se suma a iniciativas similares en otros países de la Unión Europea y se enmarca dentro de los compromisos internacionales de España para garantizar la protección de los derechos fundamentales en internet. El Gobierno confía en que la herramienta sirva de base para elaborar propuestas legislativas, acciones educativas y campañas de sensibilización, contribuyendo a construir un ecosistema digital más seguro y saludable.

La regularización extraordinaria de personas migrantes pactada a finales de enero entre el Gobierno y Podemos, que permitirá que más de medio millón de extranjeros que ya residían en el país puedan obtener a medio plazo permiso de trabajo y residencia, sigue siendo un proceso que todavía no se definido completamente ni ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y mientras miles de migrantes en situación administrativa irregular esperan la aprobación de la medida para dejar atrás la clandestinidad, ya han comenzado a detectarse abusos y estafas por parte de supuestos asesores que, a cambio de sumas que pueden incluso superar los 400 euros, prometen agilizar trámites que todavía no existen.

Se trata de intermediarios y falsos gestores que publican anuncios engañosos en los que prometen facilitar los trámites y solicitan pagos anticipados, aprovechando la incertidumbre de quienes esperan obtener sus papeles. “Trámites garantizados, no pagas hasta la obtención de la cita. No pierdas el tiempo delante de un dispositivo para conseguirlo, contacta, le asesoramos y se la conseguimos”, se puede leer en uno de los mensajes que circulan en portales como Milanuncios sin estar vinculados a despachos legales. Desde el sindicato CCOO también advierten que se han detectado ofertas de servicios de particulares e incluso agencias de viajes que cobran “desde 50 euros por una simple consulta hasta 450 euros por tramitar gestiones” que no pueden realizarse hasta que la norma esté publicada.

Esta situación preocupa especialmente a los colectivos de migrantes que conforman el movimiento Regularización Ya, que han luchado durante años para impulsar la iniciativa, y advierten que las estafas detectadas solo consiguen “aumentar la ansiedad” de quienes esperan este proceso para salir de la clandestinidad. También lamentan que algunos despachos de abogados se estén lucrando de esta necesidad. “Están intentando sacar dinero a la gente para leerles simples borradores, algo que debería ser sancionado. Por eso pedimos a la gente que espere a la publicación en el BOE”, explica a Infobae la activista Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya.

También critica la demora en la publicación oficial de la regularización y la ausencia de una comunicación oficial por parte del Gobierno para desmentir borradores o filtraciones, ya que, según sostiene, solo sirve para “alimentar la confusión y la inquietud” entre los afectados.

Desde Regularización Ya informan que, junto con organizaciones aliadas, publicarán en su sitio web un listado de entidades donde las personas migrantes podrán tramitar informes de vulnerabilidad y gestionar sus expedientes de forma gratuita. Insisten en que quienes cumplan con los requisitos podrán presentar la documentación en oficinas de Correos y otros puntos públicos que se habilitarán para ello, ya que las oficinas de Extranjería están saturadas por la falta de personal, con miles de expedientes pendientes de tramitación, y no podrían asumir esa nueva tarea.

La importancia de poder empadronarse sin cita previa

El movimiento solicita a las administraciones, y en particular a los ayuntamientos, que simplifiquen los trámites y permitan el empadronamiento de personas migrantes sin necesidad de cita previa. Columba asegura que muchos municipios siguen imponiendo requisitos que no son obligatorios, como contratos de alquiler, visados o permisos de residencia, lo que dificulta el acceso al padrón. Cabe recordar que el certificado de empadronamiento es fundamental para acceder a servicios básicos como la atención sanitaria, la escolarización de menores y la tramitación de permisos de residencia.

Por todo ello, la plataforma Regularización Ya insiste en que “hay que esperar a la publicación oficial en el BOE” antes de iniciar gestiones o hacer pagos. También aclaran que no existe un límite de plazas para la regularización, por lo que no es cierto que solo las primeras 500.000 personas puedan acceder al trámite.

Quién puede acogerse al proceso

Hasta la publicación definitiva en el BOE, el borrador acordado exige como requisitos para la regularización extraordinaria haber solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 o poder acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en España antes de esa fecha, además de no tener antecedentes penales.

El periodo para presentar solicitudes todavía no está habilitado, por eso también se recomienda consultar únicamente fuentes oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para informarse sobre el proceso.

Aunque la regularización migratoria otorga residencia legal, no implica la concesión automática de la nacionalidad española, por lo que quienes se beneficien del proceso no podrán votar en elecciones generales. El derecho al voto en estos comicios está restringido a quienes tengan nacionalidad española, sean mayores de 18 años y estén inscritos en el censo electoral.

Las personas migrantes regularizadas podrán votar únicamente en elecciones municipales y solo si su país tiene acuerdos con España. Para votar en elecciones generales o autonómicas necesitan la nacionalidad española, un proceso que requiere varios años de residencia y cumplir con una serie de requisitos legales.

La cifra de personas que han ingresado de forma irregular por vía marítima a las Islas Canarias hasta el 15 de marzo de 2026 muestra un descenso pronunciado respecto al año anterior: sólo 1.334 migrantes han llegado este año al archipiélago, frente a los 9.062 que lo hicieron en 2025. El Ministerio del Interior, según datos recogidos por Europa Press, atribuye este retroceso a una disminución significativa tanto en la cantidad de personas como en el número de embarcaciones; en 2026 se han registrado únicamente 13 embarcaciones, en comparación con las 138 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

En el conjunto de España, el informe divulgado por el Ministerio del Interior reportó un total de 5.606 migrantes que arribaron al país de forma irregular hasta el 15 de marzo de 2026, lo que representa una reducción del 50,1% frente a las 11.231 llegadas contabilizadas en la misma etapa de 2025. Según publicó Europa Press, las llegadas por vía marítima también experimentaron un descenso a nivel nacional del 63,8%: 3.965 personas alcanzaron costas españolas, frente a las 10.948 que lo hicieron entre enero y el 15 de marzo del año pasado. Este año, 150 embarcaciones arribaron, cifra que implica 104 menos que en el periodo comparado.

El descenso en los ingresos irregulares por mar hacia Canarias contrasta con el incremento detectado en otras rutas. El informe del Ministerio del Interior, citado por Europa Press, señaló que las llegadas por vía marítima a la Península y Baleares se incrementaron un 39,3%. Un total de 2.622 personas entraron de manera irregular este 2026 a estos territorios: 1.469 lo hicieron a la Península y 1.153 a Baleares. Ambas cifras superan los registros contabilizados en 2025, cuando 1.882 migrantes usaron estas rutas. Respecto a las embarcaciones, se registraron 135 arribos hasta el 15 de marzo, 21 más que en el mismo periodo del año anterior.

En detalle, la Península registró 456 llegadas más que en 2025, lo que representa un aumento del 45,01%. Estas entradas se produjeron en 80 embarcaciones, cinco más que las detectadas en igual lapso el año pasado. En cuanto a Baleares, la cifra subió a 284 personas adicionales respecto a 2025, lo que corresponde a un incremento del 32,7%. Los migrantes accedieron a las islas en 55 embarcaciones, 16 más que las reportadas entre el 1 y el 15 de marzo del año anterior, según publicó Europa Press.

La situación en Ceuta y Melilla muestra un cambio significativo, como revelaron los datos del Ministerio del Interior. La suma de llegadas irregulares por vía terrestre a ambas ciudades autónomas alcanzó a 1.641 personas, una subida del 479% en comparación con 2025. Ceuta acogió a 1.604 migrantes —1.338 más que el año anterior—, mientras que Melilla recibió a 37, frente a los 17 del año pasado. En la vía marítima, Melilla registró el ingreso de nueve personas hasta el 15 de marzo de 2026, ocho más que en el mismo periodo del año anterior. Ceuta, en contraste, no tuvo llegadas por vía marítima en este periodo, a diferencia de las tres registradas en 2025.

El informe presentado evidencia variaciones sustanciales en las tendencias migratorias hacia España, con una disminución pronunciada en el flujo hacia Canarias y, de forma simultánea, aumentos notables en las rutas marítimas hacia la Península y Baleares, así como en los accesos terrestres a Ceuta y Melilla, según consignó Europa Press tras analizar la información proporcionada por el Ministerio del Interior.

La decisión de fijar su hogar en Bogotá, y luego en Cajicá, no solo le cambió su perspectiva de la vida, sino que tuvo influencia en su trabajo, debido a que decidió trabajar como creador de contenido y así empezó a conectar aún más con su audiencia.

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Martínez detalló que optó por radicarse definitivamente en el país luego de un periodo de ajuste y de aislamiento que duró 20 meses en Cajicá, municipio cercano a Bogotá. Inicialmente, su residencia incluyó tres de los barrios considerados entre los de mayor posicionamiento socioeconómico de la capital: Chicó, Santa Bárbara y Rosales.

La experiencia en estos sectores le permitió identificar retos específicos, como el choque cultural, el contacto con el clasismo y una percepción de distanciamiento social distinguible en comparación con sus vivencias previas en Puerto Rico y en Estados Unidos.

Martínez transformó sus percepciones iniciales sobre el entorno bogotano y utilizó el proceso de adaptación como elemento diferencial en sus videos: “En cualquier ciudad del mundo vas a encontrar lo que sales buscando. Yo sigo viajando constantemente, pero ahora cuando salgo no paro de pensar en el momento de regresar. Yo amo este país, esta es mi casa, tengo una vida aquí y de aquí no me saca nadie”.

Según su testimonio, el hecho de interactuar con la comunidad fue clave para conectar con una parte de la población que habita en Bogotá: “Comencé a conocer al rolo del que no te hablan: el amable, el exitoso pero humilde, el que quiere más de la vida y hace lo que sea por ayudar a todo el mundo a su alrededor, el que camella, el que empezó desde cero y se atrevió a creer en sí mismo y cumplir su sueño”.

Del mismo modo, Martínez recalcó la perseverancia como rasgo predominante en el ámbito laboral colombiano, haciendo alusión al concepto local de “camellar” (trabajar) y la actitud de “echar pa’ lante” ante las crisis políticas y socioeconómicas recurrentes.

La exposición de estos planteamientos en TikTok le ha permitido consolidar una narrativa que trasciende el relato personal, posicionándose como referente para otros migrantes latinoamericanos que buscan opciones de integración y éxito en Colombia.

El recorrido de Martínez en Colombia no se limita a la capital. De acuerdo con sus videos, ha visitado ciudades y regiones clave para la industria de contenidos turísticos y motivacionales: Barranquilla, Cartagena, Medellín, Pereira, Quindío, Santa Marta y casi toda Cundinamarca, conociendo así paisajes, costumbres y retos sociales.

La combinación de su mensaje motivacional con el relato de su situación migratoria lo ubica como uno de los creadores de contenido que se destaca por mostrar su experiencia migratoria como un referente para aquellos que quieren conocer Colombia o mudarse allí.

Martínez reiteró que su apego por Colombia responde a motivos personales: “Yo de Colombia no me voy y tengo una misión muy linda con este país. Quiero educar e impactar positivamente la vida de la mayor cantidad de personas que yo pueda mientras yo esté aquí. Así que gracias a todos por recibirme con tanto amor”.

Así, aseguró que considera tener la misión de impactar positivamente la vida de la mayor cantidad de personas posible mientras permanezca en el país.

Son las 10:00 de la mañana de un viernes y en la calle Escuderos de Campaspero, un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid de unos 1.000 habitantes, hay un vaivén continuo de personas. Podría ser una escena habitual sin mayor importancia, pero en este caso el trasiego se debe a que la panadería Cáceres ha vuelto a abrir sus puertas y, en lugares como este, donde la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades para los jóvenes golpean con fuerza, al igual que en tantos otros pueblos de Castilla y León donde la oferta de establecimientos y servicios es reducida, el hecho de que un establecimiento no termine cerrando se vive como una victoria.

En esta región, tierra de cereales que mantiene una arraigada tradición panadera, muchos pueblos siguen elaborando sus productos de forma artesanal, con la maquinaria de antaño y siguiendo la receta que aprendieron de sus antepasados. Es el caso de Ángeles García Cáceres y su marido, José Antonio de la Fuente, que han trabajado entre sacos de harina y el calor del horno durante 30 años, manteniendo la tradición familiar en Campaspero. Pero el pasado verano, la jubilación del matrimonio supuso el cierre de la panadería ante la falta de alguien que tomara el testigo, a pesar de que ellos estaban dispuestos a compartir sus recetas y conocimientos con quien quisiera seguir con el negocio.

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Aunque el pueblo aún conserva otra panadería, el cierre de este obrador supuso mucho más que la pérdida de un comercio, pues ponía fin a una tradición familiar de más de 70 años, forjada por tres generaciones y profundamente vinculada a la vida local. Cuando ya los vecinos creían que no volverían a disfrutar de las famosas tortas de aceite, muy solicitadas entre restaurantes de la zona, ni de las magdalenas de siempre, en diciembre una joven pareja búlgara que vive en un pueblo cercano a Campaspero contactó con Ángeles para alquilar el obrador. Y poco después, en febrero, la panadería Cáceres abrió de nuevo sus puertas. Ahora son Valeria Zdravkova y Gospodin Stoyanov los que vuelven a dar vida a las recetas de la familia de Ángeles.

“Les hemos enseñado lo que sabemos. Me daba mucha pena que se perdiera esta tradición, porque era lo que hacían mis abuelos y lo que después hicieron mis padres”, cuenta Ángeles a Infobae. Recuerda que, en tiempos pasados, en Campaspero existía la costumbre, alrededor de Semana Santa, de que los vecinos llevaran sus propios ingredientes a la panadería —huevos, manteca, azúcar o esencias— para preparar magdalenas, rosquillas y pastas, mientras que la harina la aportaba el propio establecimiento. Aquellas jornadas aún siguen presentes en la memoria colectiva, y por eso preservar estas recetas también es proteger la historia del pueblo.

“Estoy encantada de haberlo compartido y de que, gracias a ellos, la tradición continúe. Me alegra que se pueda seguir elaborando todo y que la gente siga disfrutando”, añade la mujer, que además destaca la destreza de los nuevos panaderos y su rápida adaptación. Ahora, a sus 66 años, asegura estar disfrutando de la jubilación después de tres décadas de madrugones. “Lo llevo de maravilla, pensé que me iba a costar más, pero nada de eso. Ahora tengo tiempo para leer, que me encanta, y antes apenas podía. También voy a clases de gimnasia y camino mucho, así que no me aburro. Hemos cambiado las horas de trabajo por ocio”, resume.

Nuevos panes búlgaros

En este viernes de frío intenso pero soleado, la panadería recibe clientes tanto del pueblo como de otros municipios cercanos que llegan con ganas de volver a probar esas tortas y pan tradicional. “Sabe igual que antes”, reconocen, mientras que las novedades también reciben buenas críticas. Panes como el de queso, típico de Bulgaria, y el de aceitunas, perejil y cebolla, que Gospodin aprendió a elaborar en su etapa de panadero en Chipre, desaparecen rápidamente del mostrador. El interior de la panadería y su vieja maquinaria permanecen intactos, al igual que el método de elaboración, porque aquí no hay fermentadora y la masa reposa al ritmo natural de las levaduras.

La jornada laboral de Valeria y Gospodin comienza entre semana mucho antes del amanecer, a las 4:00, mientras que los fines de semana, días de mayor intensidad, madrugan un poco más para empezar a las 3:00. Cada día elaboran de media unas 150 piezas entre barras y tortas, 10 kilos de magdalenas y 25 tortas de chicharrones, entre otros muchos productos.

“Todavía no tenemos la agilidad de Ángeles y José Antonio, por eso ahora venimos tan pronto, pero esto es coger el punto de la fermentación, la cantidad de levadura y el tiempo de horneo. Se nota que la gente tenía ganas de volver porque no paramos de recibir encargos”, explica Valeria, que lleva viviendo en España más de dos décadas, a diferencia de su marido, que llegó hace tan solo dos años.

De momento todavía viven en Cuéllar, un pueblo ubicado a 15 kilómetros de Campaspero, pero su idea es instalarse aquí en los próximos meses.

“Ahora puedo pasar la tarde con mis hijos”

A pesar de los madrugones, Valeria reconoce que su anterior trabajo como encargada en una empresa de recolección y producción de fresa “era mucho más estresante” y ahora valora especialmente tener la tarde libre para poder estar con sus dos hijos, un niño de tan solo nueve meses y otra niña de 9 años. “Fue mi marido, que ya había trabajado como panadero en Chipre, quien me sugirió la idea de hacernos cargo de este local, y la verdad es que estamos muy contentos. Somos jóvenes y tenemos muchas ganas”, añade.

En un futuro les gustaría incorporar más maquinaria que les facilite el trabajo y poder repartir por más pueblos de la zona, pero, de momento, prefieren ir “poco a poco”.

Una región especialmente envejecida

La presencia de familias migrantes en el ámbito rural es especialmente importante para Castilla y León, una región donde la pérdida de habitantes y el envejecimiento han provocado a su vez una baja tasa de natalidad. Esta autonomía es, de hecho, una de las más envejecidas de España, solo superada por Asturias y Galicia, de forma que en 2025 alcanzó un máximo histórico de 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según el INE. Por otro lado, la región puede presumir de tener la segunda mayor esperanza de vida en España, con 84,6 años de media, solo por detrás de Madrid.

A pesar de que solo el 8,4% de la población de Castilla y León es extranjera, muy por debajo de la media nacional del 14%, la llegada de migrantes ha sido clave para el leve aumento de habitantes registrado en la región entre 2021 y 2025, con un crecimiento del 0,67%. La mayoría proviene de Rumanía y Bulgaria, aunque en los últimos años también han aumentado las llegadas desde Marruecos y algunos países de América Latina como Colombia y Venezuela.

Historias como la de esta pareja búlgara muestran que los migrantes no solo revitalizan el mercado laboral y permiten mantener abiertos negocios, escuelas y servicios básicos en zonas rurales de la región que, de otra forma, acabarían cerrando. También aportan diversidad a la vida social y cultural, contribuyendo al surgimiento de nuevas iniciativas.

Castilla y León, que cuenta con algo menos de 2,4 millones de habitantes distribuidos en 9 provincias, lo que la convierte en la región más extensa del país, celebra elecciones este 15 de marzo para elegir al próximo presidente de la Junta y a los 82 procuradores que integran el parlamento autonómico.

El Gobierno de Panamá aprobó un nuevo decreto ejecutivo que modifica varios artículos del Decreto Ejecutivo No. 6 de marzo de 2025, con el objetivo de ajustar los requisitos migratorios del Permiso de Protección de Seguridad Humanitaria y ampliar el plazo para presentar solicitudes.

La norma, firmada por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Seguridad Pública Frank Ábrego, introduce cambios en los artículos 2, 5, 9 y 12 del decreto original, además de extender por un año adicional el periodo para que personas extranjeras en condición migratoria irregular puedan aplicar al beneficio.

El Decreto Ejecutivo No. 5 de 2026 surge tras una evaluación técnica del Gobierno, que concluyó que era necesario ajustar algunos requisitos administrativos y ampliar el plazo de aplicación para mejorar la eficiencia del sistema migratorio.

El decreto original de marzo de 2025 creó este permiso especial para extranjeros que permanecían en el país sin estatus migratorio regular pero que habían residido al menos un año en el territorio panameño al momento de su entrada en vigor.

La nueva norma mantiene ese principio central, pero introduce modificaciones en los procedimientos y condiciones de aplicación.

Uno de los cambios más relevantes se encuentra en el artículo 2, que redefine los requisitos para solicitar el permiso humanitario. Entre los documentos exigidos figuran un poder y solicitud mediante apoderado legal, dos fotografías tamaño carné, copia completa del pasaporte debidamente notariado y comprobantes de domicilio en Panamá.

Además, el solicitante deberá presentar certificado de antecedentes penales de su país de origen, una declaración jurada de antecedentes personales, un certificado de salud expedido por un profesional idóneo y copia del registro de mano de obra migrante ante el Ministerio de Trabajo, salvo en el caso de estudiantes, jubilados o dependientes.

El decreto también establece que el Servicio Nacional de Migración podrá someter a los solicitantes a una entrevista o evaluación adicional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para determinar si procede la aprobación, cancelación o negación del permiso.

Este punto modifica el artículo 5 del decreto original, incorporando un mecanismo de evaluación discrecional que no estaba detallado de la misma manera en la normativa anterior. La medida busca fortalecer los controles administrativos y de verificación en el proceso migratorio.

Otro cambio importante aparece en el artículo 9, que regula las condiciones para solicitar la prórroga de seis años del permiso. En esta etapa, los solicitantes deberán presentar nuevamente varios documentos actualizados, incluyendo historial de antecedentes penales y policivos emitido por la Policía Nacional, comprobante de seguro social o declaración de renta, así como evidencia de arraigo laboral o fiscal en el país.

También se mantiene la exigencia de certificado de salud, declaración jurada de antecedentes y documentos que acrediten residencia en Panamá.

En materia de costos administrativos, el decreto establece pagos específicos asociados al trámite migratorio. Los solicitantes deberán cancelar $250.00 en concepto de servicio migratorio, además de $100.00 por carné y visa múltiple, y $100.00 adicionales por el permiso de trabajo emitido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

En el caso de menores de edad, los pagos se limitan al carné y visa múltiple, mientras que los trámites relacionados con el permiso laboral aplican únicamente para adultos que desarrollen actividades económicas en el país. i

El artículo 12, también modificado por la nueva norma, introduce cambios en los requisitos para solicitar la residencia permanente una vez obtenido el permiso humanitario. Entre las condiciones establecidas se incluyen demostrar arraigo familiar, presentar documentación por razones laborales o acreditar condición fiscal ante la Dirección General de Ingresos.

En algunos casos, los solicitantes deberán presentar declaraciones de renta recientes o documentación que respalde su actividad económica en Panamá, lo que apunta a reforzar el vínculo del solicitante con el país.

Además de los cambios administrativos, el decreto introduce una decisión clave: prorrogar por un año el plazo para presentar solicitudes del Permiso de Protección de Seguridad Humanitaria. Esta extensión permitirá que más extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular puedan regularizar su estatus dentro del sistema migratorio panameño.

Según el decreto, la prórroga busca optimizar los mecanismos de control migratorio, facilitar la regularización ordenada de extranjeros y garantizar una fiscalización más efectiva de quienes permanecen en el territorio nacional.

El nuevo decreto entrará en vigor a partir de su promulgación, según lo establece el artículo 7 del documento, publicado en la Gaceta Oficial No. 30482 del 13 de marzo de 2026.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca ajustar la aplicación del programa migratorio creado en 2025, manteniendo su objetivo inicial de regularizar a extranjeros en situación irregular, pero reforzando al mismo tiempo los controles institucionales y requisitos administrativos dentro del proceso.

La administración del alcalde Zohran Mamdani firmó un nuevo acuerdo por USD 1.860 millones con la industria hotelera de Nueva York para garantizar alojamiento de emergencia a familias sin hogar durante los próximos tres años, en cumplimiento de la obligación legal de ofrecer refugio y ante la persistente escasez de opciones de vivienda.

La firma del contrato responde a la presión generada tras un invierno en el que se registraron al menos 15 muertes de personas expuestas al frío extremo, lo que evidenció la magnitud del problema habitacional en la ciudad.

El convenio, firmado entre el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar (DHS) y la Hotel Association of New York City Foundation, que representa a aproximadamente 300 hoteles en la ciudad, busca ofrecer una capacidad de respuesta ante emergencias ajustada a la demanda. Según el New York Post, el acuerdo no está vinculado al flujo de migrantes que saturó previamente los albergues.

La oficina del contralor de la ciudad indicó que el DHS mantiene un contrato vigente por USD 929 millones con la asociación hotelera, efectivo desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio, que permitirá disponibilizar hasta 10.651 habitaciones para familias necesitadas. Hasta el momento, ya se han desembolsado más de USD 626 millones bajo ese acuerdo.

Actualmente, más de 85.000 personas buscan refugio cada noche en los albergues municipales, según el DHS. El último invierno registró al menos 15 fallecimientos relacionados con las bajas temperaturas, lo que subrayó el riesgo de carecer de alternativas inmediatas para quienes se ven obligados a permanecer en la calle.

El sistema de refugios en hoteles nació como respuesta urgente durante la pandemia de coronavirus, cuando las autoridades abandonaron los tratos individuales con cada hotel para firmar acuerdos globales con la asociación hotelera. Esto permitió el alojamiento inmediato de miles de personas y ayudó a contener la propagación del virus.

Durante la posterior crisis migratoria, estas instalaciones llegaron a albergar a 100.000 personas cada noche, según cifras de la organización de defensa de personas sin hogar Coalition for the Homeless citadas por el New York Post.

Este nivel de ocupación no tenía precedentes desde la Gran Depresión de la década de 1930 y puso en relieve la extensión del desafío habitacional de la ciudad.

Nueva York financia refugios hoteleros por casi USD 1.900 millones pese al descenso de la presión migratoria

El portavoz del DHS, Nicholas Jacobelli, explicó al diario neoyorkino que el importe máximo del nuevo contrato probablemente no será desembolsado íntegramente, ya que el pago final dependerá de la utilización real de habitaciones: “La agencia paga en función del uso, por lo que, conforme eliminemos progresivamente el uso de instalaciones hoteleras comerciales de emergencia, anticipamos que el gasto se mantendrá por debajo del máximo”.

Jacobelli afirmó que la prioridad es llevar adelante la orden ejecutiva de Mamdani para cesar la dependencia de hoteles como refugio, dado que estas instalaciones no cuentan con los servicios integrales de los albergues familiares tradicionales.

Reconoció, sin embargo, que la transición llevará tiempo: “Debemos mantener una reserva suficiente de plazas para cumplir con el mandato del derecho al albergue de la ciudad”.

Según Jacobelli, el sistema actual permite además habilitar rápidamente nuevas unidades de refugio fuera del circuito tradicional en situaciones de emergencia extraordinarias, como ocurrió durante la pandemia o el reciente flujo de solicitantes de asilo.

Cambios en la política de refugios municipales

El alcalde Mamdani, al asumir el cargo, dispuso desmantelar el sistema separado de albergues hoteleros exclusivo para migrantes, pero mantuvo el acceso universal de solicitantes de asilo a refugios municipales sin límite temporal, dejando atrás la política de su predecesor, Eric Adams.

También ordenó el cierre del mayor albergue para hombres de Manhattan, el Bellevue, con capacidad para 250 personas. Actualmente, el DHS ya no gestiona instalaciones hoteleras reservadas exclusivamente a solicitantes de asilo, según señaló un portavoz del organismo al New York Post.

Críticas y riesgos de la contratación hotelera

La modalidad de contratar de manera directa con la asociación hotelera ha recibido críticas de parte de expertos. Nicole Gelinas, investigadora sénior del think tank de política urbana Manhattan Institute, manifestó al diario citado que “es un mal precedente” la firma de acuerdos sin licitación.

Argumentó: “Ya no se trata de usar hoteles para emergencias a corto plazo. Si se utilizan hoteles, deberían competir entre ellos en precio y no actuar como un cartel”.

Gelinas advirtió además que apartar miles de habitaciones de hotel para alojamiento social puede encarecer una ciudad que depende en gran parte del turismo y que ya presenta unas de las tarifas hoteleras más altas de Estados Unidos.

Además, un portavoz de la industria hotelera dijo que su sector brinda a la ciudad una variedad de precios de alojamiento y contribuye a atender un problema serio de vivienda. La obligación de dar refugio se encuentra respaldada por un decreto de 1981 que consagra el “derecho al albergue”.

El punto de vista de las organizaciones sociales

David Giffen, director ejecutivo de la organización de defensa de personas sin hogar Coalition for the Homeless, subrayó a New York Post que la dependencia de hoteles no es una solución ideal, pero sigue siendo necesaria mientras persista la obligación legal de evitar que las personas duerman a la intemperie.

Giffen afirmó: “Las 20 muertes ocurridas en las calles durante el reciente clima gélido demuestran la importancia de garantizar que nadie tenga que dormir afuera, expuesto a los elementos”.

Destacó que el fin del uso de hoteles solo será posible “reduciendo drásticamente la cantidad de personas que necesitan refugio, mediante la construcción de más viviendas que sean realmente asequibles para los neoyorquinos de menores ingresos”.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto para reforzar el acceso universal a la sanidad pública en España. La medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca eliminar las barreras sanitarias que sufren los migrantes en situación irregular.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) siempre ha aspirado a dar una atención universal y gratuita, pero desde el año 2012 excluía a todas aquellas personas adultas que no estuvieran registradas ni autorizadas a residir en España. En el año 2018, el Real Decreto-ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud intentó paliar la situación, pero aún obligaba a los migrantes a demostrar tres meses de residencia en el país.

La nueva norma viene a solventar esta situación y permitirá tener atención sanitaria a miles de inmigrantes sin documentación. “Convertimos el acceso a la sanidad en una opción por defecto y reafirmamos un principio que es muy sencillo: la sanidad pública es un derecho de todas las personas que viven en nuestro país”, valoró la ministra de Sanidad, Mónica García.

Requisitos y trámites para acceder a la sanidad pública

Con la nueva normativa, los migrantes en situación irregular tan solo necesitarán hacer una declaración responsable que certifique que no cuentan con cobertura sanitaria por ninguna otra vía que no sea el SNS, que no pueden exportar este derecho de otro país y que no hay un tercero obligado a pagar su asistencia médica. Podrán solicitar la atención sanitaria desde el mismo punto en el que la precisen y, en caso de que ellos no puedan realizar el trámite, lo podrá hacer otra persona de oficio.

Desde el mismo momento de la solicitud, los migrantes recibirán un documento provisional para poder acceder a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos de forma inmediata. Este documento da acceso a todos los servicios sanitarios bajo el paraguas del SNS. El Estado tendrá un máximo de tres meses para responder y, si su petición no recibe respuesta en el plazo establecido, se considerará aprobada. Por el contrario, si la petición es denegada, no deberán reembolsar ningún tratamiento percibido.

Pese a los trámites agilizados, los migrantes aún tendrán que acreditar su residencia habitual en España, pero el proceso se simplifica: valdrán para demostrarlo certificados de escolarización, informes de servicios sociales, facturas de la luz, gas, agua, telefonía, internet y cédulas o documentos de inscripción consular. Ante todo, el certificado de empadronamiento seguirá siendo preferente.

En caso de que se detecte inexactitud o falsedad en la declaración responsable, el documento provisional quedará invalidado de inmediato. Solo en estos supuestos la persona deberá reintegrar el importe total de las prestaciones sanitarias recibidas.

Excepciones a la norma

El real decreto garantiza el acceso inmediato y efectivo a la sanidad pública para colectivos vulnerables, sin importar su situación administrativa. Estos colectivos son:

• Menores de edad y mujeres embarazadas: Se asegura la asistencia integral a todos los menores de 18 años y a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto. Además, las mujeres extranjeras tendrán derecho al aborto.
• Víctimas de violencia: Las víctimas de violencia de género, incluidos sus hijos e hijas, tendrán una protección específica. También se incluye a las víctimas de violencias sexuales y a las víctimas de trata de seres humanos.
• Protección internacional: Los solicitantes de asilo y protección internacional también tendrán reconocida la asistencia sanitaria pública.
• Discapacidad: Se garantizará que las personas con discapacidad dispongan de formatos accesibles y el apoyo necesario para realizar sus trámites en igualdad de condiciones.

Las personas que no encajen en estos supuestos, pero que se encuentren de forma temporal en el país y necesiten asistencia, podrán acudir a los servicios sociales para recibir una acreditación especial de vulnerabilidad.

Un video difundido recientemente en redes sociales ha puesto nuevamente en el centro de la conversación la compleja realidad que enfrentan muchas familias migrantes al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Las imágenes muestran el momento en que una madre intenta superar los obstáculos instalados en la zona limítrofe mientras carga a su hija pequeña.

En el video se observa cómo la mujer recurre a una estrategia improvisada para protegerse de las estructuras metálicas colocadas sobre el muro fronterizo.

Para evitar lastimarse con el alambre de púas, la madre coloca un pedazo de cartón sobre su espalda y comienza a avanzar lentamente sobre el terreno. Mientras realiza el recorrido, sostiene con firmeza a su hija en brazos, procurando que la menor permanezca a salvo durante el trayecto.

El avance es pausado y cuidadoso. Centímetro a centímetro, la mujer se desplaza sobre la superficie hasta conseguir pasar por encima de la barrera. La escena refleja el esfuerzo físico y la tensión que implica enfrentar ese tipo de obstáculos, especialmente cuando se viaja acompañado de un menor de edad.

El video ha provocado numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes han compartido opiniones diversas sobre lo ocurrido. Algunos internautas destacaron la determinación de la madre al intentar proteger a su hija durante el cruce, mientras que otros señalaron los peligros que representa atravesar la frontera bajo esas condiciones.

Especialistas en temas migratorios señalan que situaciones como la que se observa en la grabación ilustran la falta de alternativas seguras para muchas personas que buscan ingresar a Estados Unidos. De acuerdo con estos análisis, la ausencia de vías legales accesibles obliga a algunos migrantes a utilizar métodos improvisados que pueden resultar sumamente peligrosos.

La frontera entre ambos países cuenta con diversas medidas de seguridad, entre ellas muros, cercas reforzadas, sistemas de vigilancia y extensiones de alambre de púas. Estas barreras físicas, diseñadas para impedir el cruce irregular, también incrementan los riesgos para quienes intentan atravesarlas sin el equipo adecuado.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que este tipo de escenas refleja una problemática humanitaria más amplia. Según estos grupos, muchas familias migrantes emprenden el viaje con la esperanza de encontrar oportunidades laborales, condiciones de vida más seguras o reunirse con parientes que ya residen en territorio estadounidense.

El video también ha llamado la atención sobre la vulnerabilidad de los menores que participan en estas travesías. En la grabación se observa cómo la madre intenta resguardar a su hija en todo momento; sin embargo, cualquier movimiento en falso podría provocar una caída o lesiones graves.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta tarde un nuevo real decreto que abrirá la sanidad pública a los migrantes irregulares. La medida, adelantada por El País y confirmada por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, pretende solventar las lagunas que presenta la universalidad del Sistema Nacional de Salud actualmente.

Hasta ahora, los migrantes en situación irregular en España debían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país para poder recibir atención sanitaria gratuita. Quienes eran incapaces de demostrarlo o no cumplían este requisito, quedaban fuera de la cobertura pública.

La nueva normativa pretende solventar esta brecha. La persona que necesite atención médica tan solo deberá realizar una declaración responsable, en la que manifieste que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar este derecho de otro país y que no hay un tercero obligado a pagar su asistencia. “Con este Real Decreto, eliminamos barreras y, sobre todo, damos mayor agencia y garantías a las personas migrantes en situación irregular, reforzando el carácter universal de nuestra sanidad”, ha expresado Padilla a través de su canal de Telegram.

“España reivindica una sociedad que cuida, una sociedad basada en la solidaridad, la convivencia y la defensa de la vida”, ha valorado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Requisitos para acceder a la sanidad pública

Además de la declaración responsable, los migrantes deberán acreditar la residencia en España, pero se amplían los documentos válidos para ello. Aunque el empadronamiento seguirá siendo preferente, se podrán utilizar certificados de escolarización o matriculación en centros públicos, facturas de luz, agua, gas o telefonía, documentos de inscripción consular... para demostrar su residencia en el país.

La asistencia sanitaria se reconocerá desde el momento en el que hagan la solicitud. Mientras tanto, el Estado tendrá un máximo de tres meses para contestar. Si su solicitud no recibe respuesta por parte de la administración, el silencio se considerará positivo en favor del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria. Una vez reciban el sí del Estado, los migrantes dispondrán de una tarjeta sanitaria definitiva sin fecha de caducidad. Si, en cambio, la solicitud es denegada, no se le cobrarán los servicios recibidos hasta el momento.

La solicitud podrá realizarse desde el punto donde precisen la asistencia. En caso de que no pueda realizar el trámite, otra persona podrá hacerlo de oficio en su nombre.

La ampliación del real decreto contempla la inclusión explícita de colectivos vulnerables con derecho automático a la asistencia sanitaria, independientemente de su situación administrativa en España. Quedan recogidos los menores de 18 años, mujeres embarazadas (con acceso a servicios de embarazo, parto y posparto), solicitantes de protección internacional o apátridas, personas desplazadas bajo protección temporal, víctimas de violencia de género con sus hijos e hijas, víctimas de trata y de violencias sexuales, personas afectadas por enfermedades de declaración obligatoria y mujeres que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo. Todos ellos no estarán obligados a acreditar residencia.

Atención sanitaria para los españoles en el extranjero

El real decreto también amplía la atención sanitaria que reciben los españoles desplazados temporalmente en el extranjero. Hasta ahora, este derecho tan solo se reconocía para trabajadores o pensionistas, pero el Gobierno extenderá la cobertura a todos los españoles de origen y a sus familiares, siempre y cuando no tengan atención sanitaria prevista por convenios internacionales o la legislación de la seguridad social.

Deberán solicitar el derecho ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social presentando una declaración responsable. El acceso se concede bajo condiciones similares a las de los residentes en el país, pero, si la administración deniega la solicitud, sí se facturarán los servicios recibidos.

Durante el primer bimestre de 2026, los envíos de remesas a Honduras alcanzaron USD 1.809,9 millones, consolidándose como pilar esencial en la economía de un país donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza y el ingreso depende en buena parte del apoyo de los compatriotas que residen en el exterior.

El informe del Banco Central de Honduras indica que, entre enero y febrero de este año, el país captó 181,7 millones de dólares adicionales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando el flujo totalizó USD 1.628,2 millones. Solo en febrero de 2026, las remesas sumaron USD 939,1 millones, un crecimiento del 7,8 % respecto a enero, con USD 870,8 millones. Este comportamiento refleja un crecimiento sostenido impulsado por el esfuerzo laboral de hondureños en el extranjero.

Las autoridades explican que la mayoría de las remesas que llegan al país cumple funciones vitales, más del 86 % se destina a necesidades básicas, como alimentación, salud y educación. Este flujo contribuye a reducir la vulnerabilidad económica en miles de hogares, especialmente en zonas rurales, y mantiene activo el comercio local a través del consumo de bienes y servicios básicos.

El BCH detalla que Estados Unidos sostiene su papel como mayor origen de remesas, representando el 85 % del total de envíos. Se estima que 1,8 millones de hondureños viven en ese país, tanto con estatus regular como irregular, manteniendo un vínculo financiero directo y periódico con sus familias en Honduras. España ocupa el segundo lugar, con una participación del 9,1 %, mientras que el 5,9 % restante llega de naciones como Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá.

El análisis presentado por el BCH subraya que las madres hondureñas son las principales receptoras de remesas, concentrando más del 39,6 % de los beneficiarios. Este dato evidencia el papel central de las mujeres en la administración del presupuesto hogareño y en el sostenimiento de familias dependientes del dinero enviado desde el exterior.

En la mayoría de los casos, las remesas permiten a los hogares hondureños cubrir necesidades fundamentales como alimentación, medicinas y educación, mejorando así su calidad de vida y capacidad de resistencia económica.

Según el BCH, el 83,5 % de los emigrantes hondureños envía dinero a sus familiares al menos una vez al mes. El mecanismo favorito es el uso de empresas remesadoras, elegidas por el 81,5 % de los migrantes. Estas compañías, apoyadas por redes de agencias y plataformas digitales, facilitan envíos rápidos y seguros, lo que contribuye también a la formalización y registro del flujo de divisas que ingresa al país.

La expansión de los canales financieros y tecnológicos formales ha permitido un mejor monitoreo de estos ingresos, aportando a la estabilidad macroeconómica y al fortalecimiento de las reservas internacionales.

El BCH apunta que durante 2025 el país recibió USD 12.212 millones en remesas, cifra que ratifica el crecimiento sostenido del fenómeno. Para 2026, la proyección oficial es de USD 10.670 millones, una disminución respecto al año anterior, atribuida a factores externos como la coyuntura económica internacional, la estabilidad laboral de los migrantes y las políticas migratorias en los países de destino.

Las remesas seguirán siendo la principal fuente de divisas para Honduras, con un peso determinante en la economía doméstica. El crecimiento registrado en los primeros meses de 2026 ratifica el compromiso de los hondureños en el extranjero y afirma el rol permanente de las remesas como motor clave de la economía nacional.

El Ministerio de Interior y Justicia precisó en una publicación en la red social Instagram que, de las 134 personas repatriadas en este vuelo, 91 eran hombres, 30 mujeres y 13 menores de edad. Estas cifras se suman a los más de 20.000 venezolanos que, de acuerdo con datos oficiales citados por la agencia EFE, han regresado al país mediante el mecanismo de vuelos de repatriación desde febrero de 2025.

El vuelo reportado constituye el número 120 ejecutado bajo el acuerdo bilateral en materia migratoria entre Caracas y Washington, firmado en enero del año anterior. Este entendimiento, según consignó EFE, ha continuado operando incluso en medio de episodios de tensión diplomática vinculados con la presencia naval militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Tras el aterrizaje, el Ministerio de Interior y Justicia explicó que los recién llegados recibieron atención médica en las instalaciones aeroportuarias antes de ser acompañados hasta sus respectivos domicilios por organismos de seguridad y asistencia social. La cartera resaltó el despliegue de personal para garantizar un retorno seguro y ordenado de los migrantes tras completar el proceso sanitario y administrativo.

De acuerdo con la cobertura de EFE, la repatriación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos se mantiene activa y supervisada por las autoridades competentes de ambos países, bajo el paraguas de acuerdos migratorios orientados a permitir el regreso voluntario de quienes han decidido retornar a Venezuela. Las cifras revelan una participación sostenida en estos vuelos a lo largo del último año, fortalecida por la cooperación entre los gobiernos de Caracas y Washington, a pesar del contexto de relaciones bilaterales complejas.

El aeropuerto de Maiquetía ha constituido el principal acceso para estas operaciones, centralizando la llegada de los vuelos de repatriación organizados desde distintos puntos de Estados Unidos, aunque Miami figura como el lugar frecuente de partida de estas rutas. Las instancias de seguridad venezolanas han coordinado cada traslado, priorizando la atención sanitaria e integración familiar en el proceso de recepción de los migrantes, según detalló el Ministerio de Interior y Justicia a través de sus canales oficiales y como reportó EFE.

La cifra de víctimas en rutas migratorias internacionales alcanzó las 7.667 muertes o desapariciones en 2025, con un promedio de 21 personas fallecidas diariamente, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este contexto global se refleja en el reciente accidente ocurrido en aguas cercanas a la provincia de Antalya, al suroeste de Turquía, donde al menos 14 migrantes murieron tras el hundimiento de una embarcación, de acuerdo con información proporcionada por la Guardia Costera de Turquía.

La operación de rescate se inició después de que un vehículo aéreo no tripulado detectó una lancha inflable transportando a decenas de migrantes durante la madrugada, sobre las 2:24 de la mañana, en las proximidades del distrito de Finike. Según informó la Guardia Costera turca, la embarcación viajaba a alta velocidad cuando fue localizada, lo que motivó una intervención inmediata. Las autoridades desplegaron dos barcos para intentar interceptar la lancha, efectuando advertencias visuales y sonoras con la intención de detener su avance.

A pesar de las señales emitidas por las fuerzas de seguridad, la lancha no detuvo la marcha y, horas después, aproximadamente a las 5:09, ocurrió una colisión con uno de los barcos de la Guardia Costera, según publicó el propio organismo en su versión oficial. El choque provocó que muchas personas cayeran al mar, desencadenando una intensiva operación de búsqueda y rescate en la zona afectada.

El medio consignó que, tras la llegada de cuatro barcos adicionales y un helicóptero de rescate, los equipos lograron extraer con vida a seis migrantes irregulares, así como a un ciudadano turco identificado como sospechoso de tráfico de personas, ambos encontrados en la superficie del mar. Al mismo tiempo, se localizaron los cuerpos de 14 migrantes que no sobrevivieron al siniestro.

En relación a las actuaciones tras el accidente, la Guardia Costera detalló que lograron interceptar a otros quince migrantes que alcanzaron la costa en la playa de Beymelek, ubicada en el distrito de Demre. Estas personas también forman parte del grupo que viajaba en la lancha siniestrada y fueron puestas bajo custodia de las autoridades.

Reportó la Guardia Costera que se ha abierto una investigación judicial sobre el incidente para determinar la responsabilidad de los sospechosos ligados al tráfico de personas. Según lo publicado por las autoridades, al menos seis personas han sido detenidas en el marco de este proceso, dentro de las medidas emprendidas para esclarecer lo sucedido y frenar el tráfico ilícito de migrantes en la región.

El medio informó que el número de fallecidos en rutas migratorias lleva más de 930 víctimas en lo que va del año, siguiendo datos recabados por la OIM. Estas cifras evidencian la persistencia del riesgo mortal para los migrantes que emprenden travesías marítimas y la magnitud del fenómeno migratorio que enfrenta la región del Mediterráneo y otras áreas a nivel global.

Un total de 39 haitianos indocumentados fueron detenidos por soldados del Ejército de República Dominicana durante un operativo en Montecristi, en un contexto de deportaciones masivas que el gobierno dominicano ha intensificado tras la implementación de nuevas medidas migratorias.

La detención forma parte de los recientes operativos que han llevado a la expulsión de decenas de miles de ciudadanos haitianos en situación irregular, en medio de tensiones fronterizas y llamados internacionales para frenar las devoluciones.

Según informó el Ejército, la 15ta. Compañía se encargó de la detención, trasladando a los 39 migrantes entre ellos se encontraban 23 mujeres y 16 hombres, a la Fortaleza San Fernando en la provincia de Montecristi. Allí permanecen bajo custodia con el objetivo de ser entregados a la Dirección General de Migración para continuar con los procedimientos legales previstos.

República Dominicana deportó cerca de 68 mil haitianos en dos meses

El caso de Montecristi se suma a las cifras entregadas por la propia Dirección General de Migración, que informó que 67,940 haitianos han sido expulsados del país solo entre enero y febrero de este año. Los migrantes afectados fueron detenidos “en condición migratoria irregular” en acciones coordinadas por las fuerzas militares y policiales a lo largo de numerosas provincias, según detalló la institución en un comunicado difundido el martes.

La oficina migratoria aseguró en la nota oficial que estos procesos seguirán reforzándose: “Continuaremos fortaleciendo los controles migratorios en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la normativa vigente y conforme a los procedimientos establecidos”. Además, la autoridad sostuvo que garantiza “la protección de los derechos humanos de los detenidos y deportados hacia su país de origen”.

Política de deportaciones masivas desde 2024

El endurecimiento en la política migratoria responde a una iniciativa del gobierno dominicano, quien en octubre de 2024 dispuso la intensificación de las deportaciones masivas de migrantes haitianos en situación irregular. Desde entonces, la cifra semanal de expulsados ronda los 10,000 haitianos, de forma simultanea organismos internacionales han solicitado al gobierno dominicano no proceder con las devoluciones, dada la grave situación en Haití.

Entre enero y junio de 2025, la violencia en Haití se ha cobrado la vida de más de 4,000 personas, principalmente a causa de enfrentamientos entre grupos armados y el deterioro del orden público. Esta crisis humanitaria llevó a reiterados llamamientos de la comunidad internacional para que República Dominicana frene el ritmo de deportaciones.

Avances en el muro fronterizo y control migratorio

A la par de los operativos, el gobierno dominicano inició la construcción de un muro perimetralen la frontera con Haití, con el objetivo de contener no solo el paso de migrantes, sino también el tráfico de drogas y armas. La medida pretende fortalecer el control del flujo migratorio e incrementar la vigilancia sobre los puntos limítrofes, históricamente permeables.

El operativo en Montecristi y la detención de los 39 ciudadanos haitianos se inscriben dentro de este marco de acción más amplio, que ha tenido como resultado cifras récord de deportaciones y nuevas infraestructuras de seguridad en la zona fronteriza.

Las personas migrantes que llegan a España afrontan en sus primeros años “una brecha” en salarios, condiciones laborales y calidad del empleo respecto a los trabajadores nativos. Esta diferencia se reduce progresivamente y, tras unos cinco años de residencia, la situación laboral de los inmigrantes tiende a equipararse a la de la población autóctona, según ha explicado este lunes el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, durante la presentación de un informe.

El análisis, solicitado por el Ministerio de Inclusión, destaca que las personas migrantes con permiso de residencia suelen acceder, al principio, a empleos de menor calidad y salarios más bajos que los trabajadores españoles. Sin embargo, este desfase no afecta negativamente a los salarios de la población autóctona. Es más, según ha explicado Costas, la presencia de migrantes facilita que algunos trabajadores nativos accedan a puestos mejor remunerados y de mayor cualificación.

“La inmigración está provocando un desplazamiento hacia arriba, es decir, hacia empleos de mejor calidad y de mejores salarios para una parte de los autóctonos”, ha detallado el representante del CES durante la presentación del estudio en Santiago de Compostela, según informa la agencia Europa Press.

El informe también refleja que la inmigración no se distribuye de forma homogénea, de forma que Madrid, Barcelona y la costa mediterránea concentran a la mayoría de las personas nacidas en el extranjero, con barrios donde representan más del 50% de la población. La media nacional de inmigrantes es del 20%, mientras que en Galicia apenas alcanza el 7%.

La situación en Galicia

Según ha explicado Costas, aunque la presencia de migrantes en Galicia es baja, su impacto ha sido positivo en términos demográficos y económicos, especialmente en sectores como los servicios, la hostelería, la construcción y la atención a personas mayores. Uno de los datos más llamativos del informe es el incremento de trabajadores autónomos de origen extranjero en esta región, que ha impulsado el crecimiento de este colectivo. Aunque la inmigración se concentra en áreas urbanas y económicamente dinámicas, comienzan a observarse cambios en zonas rurales, donde la llegada de extranjeros ha contribuido a mantener e incluso rejuvenecer la población, aunque todavía no ha detenido el éxodo de autóctonos.

Por todo ello, el presidente del CES ha insistido en que la inmigración es un componente estructural y decisivo de la sociedad española y, a su juicio, el reto principal es lograr que los procesos migratorios sean controlados, seguros y eficaces, para favorecer su aceptación social.

Más implicación por parte de las empresas

En relación a la necesidad de cubrir vacantes en el mercado laboral, Costas ha instado a las empresas a implicarse activamente en la formación de los migrantes, pues insiste en que no basta con reclamar mano de obra. “Es fundamental que el sector empresarial participe en el desarrollo de las capacidades que requiere”, ha concluido.

(Con información de Europa Press)

España está muy cerca de alcanzar los 50 millones de habitantes. Según la última Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población aumentó en 81.520 personas durante el cuarto trimestre de 2025 y se ha situado en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026. Este incremento, que consolida la tendencia al alza de las últimas décadas, no es fruto de un inesperado repunte de la natalidad —que continúa su caída en picado—, sino de la migración. Este último censo cuenta con un hito histórico: España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero.

Uno de cada cinco residentes no ha nacido en España. De hecho, en una nota de prensa, el INE destaca que, en el último trimestre, “el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó”. En concreto, la cifra de extranjeros aumentó en 56.431 personas durante el trimestre, hasta sumar 7.243.561 residentes, mientras que la población de nacionalidad española creció en 25.089 personas (hasta los 42.327.164 habitantes).

La cifra se ha duplicado en menos de 20 años. En 2007, la cifra de habitantes nacidos en el extranjero era de 5.200.061 personas, y no ha parado de crecer desde entonces. Según el último censo, 10.004.581 personas que viven en España han nacido en otro país y, entre ellos, los hay que han adquirido la nacionalidad (2.761.029) y los que no (7.243.561). Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España en ese último periodo), la venezolana (27.000) y la marroquí (22.000).

“Emigrar tampoco es fácil, porque extrañas a tu tierra”

Entre ellos, se encuentra Lucas Bochides, un argentino que ha obtenido la nacionalidad española y ha contado cómo ha sido el proceso a través de su cuenta de TikToK (@lucasmbochides). “Hoy ya soy ciudadano español”, introduce antes de narrar la travesía.

“No fue un regalo, no fue solo irte de tu país y ya. Fue papeleo, fue cita, fue pedir documentos en Argentina, fue papeles que faltaban, fue hacerlo todo por mi cuenta, fue esperar y esperar”, asegura Bochides, que añade que “emigrar tampoco es fácil, porque muchas veces extrañás a tu tierra, extrañás a tu familia, te sentís muy lejos, te sentís muy solo, sobre todo al principio”, reflexiona.

Pero, pese a las dificultades, el argentino destaca que se trata de un proceso de crecimiento que le ha enriquecido: “Te podés volver, pero cuando uno emigra también elige algo, elige una mejor calidad de vida, elige conocer otra gente, elige conocer otra cultura y crecés, porque en todo ese proceso también crecés y muchísimo, y después de todo ese largo y duro camino, un día te dan un papel y entendés que no fue suerte, que fue constancia”.

“Argentina no se va, pero hoy puedo decir algo más: Argentina me vio nacer y España me dio otra oportunidad; así que estoy sumamente agradecido por esto”, concluye.

La presencia de mujeres extranjeras en España aumenta año a año y su papel resulta clave tanto para la economía como para el equilibrio demográfico del país. Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, 3.581.558 mujeres contaban con documentación de residencia en vigor en España a 30 de septiembre de 2025, lo que supone prácticamente la mitad del total de población extranjera documentada.

En términos porcentuales, las mujeres representan el 48% del total de personas extranjeras con residencia en vigor en el país. De ellas, el 41% procede de países de la Unión Europea, lo que equivale a 1.459.397 mujeres. El grupo más numeroso corresponde a las mujeres procedentes de Rumanía, con 531.041 residentes. Tras ellas se sitúan las de nacionalidad marroquí, con 414.171, y en tercer lugar las italianas, que suman 227.886.

Este mapa migratorio refleja las dinámicas históricas de movilidad dentro de Europa y también la importancia de los flujos migratorios procedentes del norte de África y América Latina.

En cuanto a la distribución geográfica de estas mujeres en nuestro país, el 68% se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, con un 21% del total; Madrid, con el 17%, y Andalucía y la Comunidad Valenciana con un 15% ambas. Estas regiones destacan por su dinamismo económico y su capacidad de absorción de empleo en sectores clave como los servicios, los cuidados, el turismo o la agricultura, recoge el informe.

El proceso de integración también se refleja en el acceso a la nacionalidad española. Entre 2015 y 2024, algo más de 724.000 mujeres obtuvieron la nacionalidad por residencia, lo que representa el 55% del total de personas nacionalizadas por esta vía. Este dato pone de relieve el peso creciente de las mujeres en los procesos de integración social y administrativa en España.

Una contribución clave al mercado laboral

Uno de los aspectos más destacados del informe del Observatorio Permanente de la Inmigración es la aportación de las mujeres extranjeras al mercado de trabajo. Los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a enero de 2026 registran 1.294.259 mujeres extranjeras afiliadas, lo que supone el 43% del total de personas extranjeras dadas de alta en el sistema.

Según el informe, estos datos “consolidan el peso estructural del empleo femenino migrante en el mercado laboral español y evidencia su creciente contribución a la sostenibilidad del sistema de protección social”.

Sus autores inciden en que el volumen de afiliación femenina extranjera “confirma su papel estratégico y su aportación resulta especialmente relevante en un contexto de envejecimiento demográfico y necesidad de refuerzo generacional, contribuyendo de manera directa al equilibrio y sostenibilidad de la Seguridad Social”.

Rumanas, colombianas y venezolanas, las más numerosas

Por regiones de origen, las mujeres procedentes de América Central y del Sur son el colectivo más numeroso, con 504.023 afiliadas, lo que representa el 39% del total de mujeres extranjeras afiliadas. A continuación se sitúan las de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, con 427.664 afiliadas, es decir, el 33%.

Si se analiza por nacionalidades concretas, las mujeres rumanas vuelven a liderar el ranking, representando el 12% del total de afiliadas. Les siguen las colombianas (9%) y, con un 8% cada una, las venezolanas y las marroquíes.

En cuanto a los regímenes laborales, el Régimen General concentra el 70% de las afiliadas extranjeras, lo que supone el 42% del total de personas extranjeras incluidas en este modelo de cotización.

‘Autorizadas’ para estudiar

Además del ámbito laboral, el informe del OPI destaca la creciente presencia de mujeres migrantes en el sistema educativo y universitario español. Los datos reflejan una tendencia ascendente en las autorizaciones de residencia por estudios. En concreto, la última estadística publicada por el Observatorio muestra un incremento del 92% en las autorizaciones concedidas a mujeres entre 2014 y 2024.

A 30 de septiembre de 2025, 29.107 mujeres extranjeras contaban con una autorización de estancia por estudios en vigor, lo que representa el 52% del total de personas con este tipo de permiso. La mayor parte de estas estudiantes se encuentra en edades jóvenes. El 29% tiene entre 20 y 29 años, una etapa clave para la formación universitaria o de posgrado.

Por nacionalidades, las estudiantes extranjeras con mayor presencia en España proceden principalmente de América Latina. Las colombianas encabezan la lista, representando el 14% del total de mujeres con autorización de estudios. Les siguen las peruanas (10%), las chinas (7%) y, con un 6% cada una, mujeres procedentes de Marruecos, Estados Unidos, México y Ecuador.

En cuanto a su distribución geográfica, las estudiantes extranjeras se concentran en las principales ciudades universitarias del país. Las provincias con mayor presencia son Madrid, con el 33%; Barcelona, con un 20%, y Valencia, con el 12%.

Tramitar los papeles de extranjería será más fácil. El Gobierno ha aprobado la creación de un Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, una medida destinada a que sindicatos y organizaciones sociales gestionen trámites administrativos en nombre de personas migrantes a través de procedimientos telemáticos. Esta iniciativa, formalizada mediante una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como objetivo principal facilitar el acceso a estos trámites y papeleo para colectivos tradicionalmente implicados en el acompañamiento e integración de personas extranjeras.

El nuevo registro entrará en vigor el 6 de marzo, al día siguiente de su publicación oficial, y ofrece un mecanismo de representación adicional a las vías ya previstas en la legislación vigente. La inscripción será gratuita y tendrá una validez de cuatro años, renovable si las entidades mantienen los requisitos legales. Esta herramienta refuerza la eficacia, la transparencia y la seguridad jurídica en la tramitación de expedientes de extranjería, de acuerdo con lo publicado en el BOE.

El registro estará adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones y gestionado por la Dirección General de Gestión Migratoria. Su ámbito de aplicación comprende todo el territorio español para procedimientos de extranjería tramitados por la Administración General del Estado, y sus destinatarios principales son organizaciones sindicales y entidades sociales que actúan en el sector migratorio o de protección internacional.

Quiénes pueden ser colaboradores y requisitos de inscripción

Podrán inscribirse en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o autonómico, reconocidas conforme a la Ley Orgánica 11/1985, y las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España con una antigüedad mínima de tres años desde su creación, cuyos estatutos o programas estén vinculados al ámbito migratorio o de la protección internacional, tal como estipula la orden publicada en el BOE.

Las entidades deben estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y no haber sido condenadas ni sancionadas, tanto ellas como sus representantes legales, por delitos relacionados con su actividad ni por infracciones en materia de extranjería, derecho laboral o protección de datos personales en los tres años previos a la solicitud.

Además, se exige acreditar una experiencia mínima de dos años en tareas de acompañamiento, asesoramiento, integración o tramitación administrativa orientadas a personas migrantes o solicitantes de protección internacional. Para ello, deberán presentar memorias de actividad, certificaciones de proyectos, convenios, informes de entidades financiadoras o documentos equivalentes que reflejen el trabajo realizado y permitan identificar a los responsables y los recursos empleados.

En el trámite de inscripción será obligatorio entregar un censo actualizado de las personas que estarán habilitadas para representar a migrantes ante la Administración; dicho censo debe incluir los datos identificativos de cada delegado y la justificación de que cumplen los requisitos legales. Por otro lado, estarán excluidos de este registro los sujetos que ya dispongan de convenios para la gestión electrónica de trámites de extranjería con la Administración General del Estado, según se señala en la normativa.

Obligaciones, garantías y funcionamiento del sistema

Las entidades colaboradoras deberán mantener actualizado el censo de representantes e informar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, sobre cualquier alta o baja. El listado debe recoger nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y los documentos identificativos de cada representante autorizado.

Todas las tramitaciones gestionadas bajo este registro deberán realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Inclusión, siguiendo las condiciones establecidas por la Dirección General de Gestión Migratoria. La normativa prohíbe expresamente que los colaboradores cobren honorarios o compensaciones económicas por los servicios realizados a las personas migrantes en este marco, garantizando así la gratuidad del servicio: “La representación a través de este sistema tendrá carácter gratuito, por lo que las entidades no podrán cobrar a los migrantes por realizar estos trámites dentro de este marco”, dice la nota ministerial.

También se exige que las entidades dispongan de un seguro de responsabilidad civil que cubra la labor de sus representantes acreditados. Todas las personas autorizadas deberán contar con firma electrónica reconocida, conforme a los estándares requeridos por la Administración, y garantizar la confidencialidad y adecuada protección de los datos personales tratados conforme a la legislación vigente.

Para mantener la inscripción en el registro, las entidades deben demostrar de forma regular que cumplen con los requisitos necesarios. Esto se hace a través de informes o auditorías externas que muestren el número de casos gestionados, los procedimientos realizados y los recursos utilizados. La inscripción tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable en caso de cumplir con los criterios legales y documentar adecuadamente la actividad desarrollada.

Protección de derechos y límites de aplicación

La inscripción en el registro como colaborador de extranjería no limita otras formas de representación jurídica reconocidas en la ley; las personas extranjeras pueden ejercer sus derechos ante la Administración por cualquiera de las vías previstas en la normativa. No pueden acceder al registro las entidades o colectivos cubiertos por convenios específicos que ya les permitan tramitar procedimientos electrónicos de extranjería con la Administración.

El procedimiento prevé mecanismos concretos de baja y control. La Dirección General de Gestión Migratoria podrá acordar de oficio la baja en el registro si se pierde el cumplimiento de los requisitos, tras procedimiento de audiencia previa, o a petición de la propia entidad. Asimismo, la baja operará por vencimiento del plazo de inscripción o de su prórroga correspondiente. Frente a la denegación o retirada de la inscripción, las entidades disponen de derecho de recurso en alzada ante el órgano superior jerárquico.

La protección de datos personales se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 y la legislación española vigente, siendo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el responsable del tratamiento. El registro podrá consultarse de forma automatizada por aplicaciones y sedes electrónicas autorizadas de la Administración exclusivamente para validar la identidad de los representantes habilitados. La ejecución y supervisión del sistema corresponden a la Dirección General de Gestión Migratoria, aplicándose de forma supletoria la Ley 39/2015 en todos aquellos aspectos no regulados expresamente por la orden.

A 100 días del arranque de la Copa Mundial FIFA 2026, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lanzó la campaña “Tu cancha de Derechos” — y lo hizo con una advertencia clara: el megaevento deportivo más grande puede convertirse en una amenaza real para quienes viven y trabajan en las calles de la capital.

Las quejas ya llegaron: trabajadoras sexuales de Tlalpan denuncian desplazamiento

La presidenta del organismo, Dolores González Saravia, confirmó que la CDHCM ya recibió quejas formales de trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan, afectadas por la construcción de la ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, obra que conectará el Centro Histórico con el Estadio Azteca. Llevan al menos siete protestas desde septiembre de 2025, denunciando que la nueva infraestructura reduce el espacio donde ejercen su actividad y golpea directamente sus ingresos. Los expedientes ya están abiertos y la investigación está en curso.

Los grupos de atención prioritaria: quienes enfrentan mayores riesgos durante el Mundial

González Saravia fue directa al señalar quiénes están en la línea de fuego: poblaciones callejeras, trabajadoras sexuales, personas migrantes y comerciantes informales que dependen del espacio público para sobrevivir. La historia no ayuda: en Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar los mundiales dejaron un patrón preocupante de desplazamientos forzados y decisiones públicas tomadas solo en función de la imagen y la rentabilidad del espectáculo.

“No esperamos a que ocurran las violaciones para actuar”: pero en Tlalpan ya están ocurriendo

La presidenta González Saravia no dejó lugar a interpretaciones durante la presentación de la campaña. “Buscamos identificar los riesgos tempranamente, documentamos las violaciones a derechos humanos y acompañamos a las poblaciones afectadas”, señaló ante medios y organizaciones civiles.

El problema es que en la Calzada de Tlalpan los riesgos ya no son hipotéticos — llevan meses materializándose. Las trabajadoras sexuales no están esperando que algo malo pase: ya perdieron espacio, ya vieron reducidos sus ingresos y ya salieron siete veces a la calle a exigir que se cumpla lo prometido. Clara Brugada ya se había comprometido con 58 puntos de inclusión como solución. No fue suficiente. Y mientras la CDHCM habla de prevención, estas mujeres llevan meses documentando con sus propios pies lo que nadie ha resuelto.

González Saravia también lanzó un llamado directo a todos los actores del Mundial: “El diálogo no es opcional, es indispensable”. Un megaevento de esta naturaleza, dijo, no puede planearse de espaldas a las comunidades afectadas. El llamado incluye a gobierno, sociedad civil, sector privado y a la propia FIFA.

La pregunta que queda en el aire es inevitable: si el diálogo es indispensable, ¿por qué estas mujeres llevan meses gritando y nadie termina de escucharlas?

Cientos de cubanos se manifestaron durante el fin de semana por las calles de Montevideo en contra del régimen de Cuba, pidiendo una mayor libertad y también la intervención humanitaria en el país. Legisladores de la oposición acompañaron el reclamo, una señal que fue en respuesta a una marcha promovida por la izquierda horas antes.

“Va a caer, va a caer, la dictadura va a caer”, fue uno de los gritos que se escuchó por parte de los manifestantes que llegaron hasta la Plaza Independencia, en el casco histórico de Montevideo.

“Llevamos muchos años en una dictadura, muchos años sufriendo. Un pueblo sufriendo”, dijo un hombre que se manifestaba al noticiero Telemundo de Canal 12, que contó que su familia sigue estando en la isla. “La situación es un poco difícil. Bien difícil”, relató. Además, pidió por la libertad para los presos políticos, que están en la cárcel por “expresar lo que necesita el pueblo”.

Los diputados opositores Conrado Rodríguez, Felipe Schipani (Partido Colorado), Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente) acompañaron la movilización.

“La comunidad cubana hoy reclama por libertad para los presos políticos en la isla, reclama por democracia”, dijo a Canal 5 el diputado Rodríguez. “Reclaman porque una tiranía de casi 70 años llegue a su fin y nosotros como uruguayos, que en su momento también reclamamos por libertad y democracia, tenemos que acompañarlos; y decir que el régimen que hoy existe en la isla, en Venezuela y Nicaragua, tiene que llegar a su fin”, expresó.

Varios de los carteles que estaban en la plaza hacían referencia a la postura que ha tomado el PIT-CNT, la central sindical de Uruguay, y el Frente Amplio, la coalición de izquierda uruguaya que gobierna en el país. “El Fraude Amplio y el PIT-CNT apoyan las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Libertad para los presos políticos. Abajo el comunismo”, decía uno de los carteles de los manifestantes.

“Ellos están apoyando la dictadura, no están apoyando al pueblo cubano. Si ellos supieran lo que sufre el pueblo cubano en esa dictadura, no apoyarían ni harían esa caravana que hicieron hoy, del lado incorrecto de la verdad, de la Justicia”, contó otro de los manifestantes entrevistados en Canal 12.

Para llegar a Uruguay, los cubanos debieron “cruzar fronteras, arriesgar la vida, hay que perderlo todo”, agregó. Contó que llegan sin saber cuándo van a poder volver a ver a sus familiares. El pedido es que haya un “cambio de régimen”, que se concrete “de la mejor manera posible”.

En la mañana del sábado, antes de esta marcha, dirigentes del Frente Amplio, el PIT-CNT y distintas organizaciones sociales participaron de una caravana en apoyo a Cuba, informó el mismo medio. La consigna fue ‘Por la paz y contra el bloque imperialista en solidaridad con Cuba’.

Durante la lectura de la proclama se calificó de crimen de lesa humanidad el bombardeo de lanchas presuntamente de narcotraficantes en el mar caribe y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Entre los dirigentes que se hicieron presentes, estuvo la ex vicepresidenta Lucía Topolansky y el senador del Partido Comunista Óscar Andrade.

Topolansky, viuda de José Mujica, expresó su “solidaridad con un pueblo que está acosado con la energía, con la comida, con la medicina”. “Es casi un gesto de humanidad elemental”, dijo.

Consultado sobre esta manifestación, el diputado opositor Rodríguez dijo que una democracia admite que se manifiesten los que reclaman por la democracia y quienes “apoyan a las tiranías”.

“En la mañana marcharon, fueron en caravana, los que apoyan a los tiranos, a los dictadores. En la tarde, marcharon los que reclaman libertad”, señaló.

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería un entramado dedicado a falsificar certificados de empadronamiento para poder regularizar la situación de migrantes de forma fraudulenta. El operativo policial ha incautado varios documentos falsos y detenido a tres personas involucradas en la trama.

La investigación, bautizada como Operación Hurón, fue llevada a cabo por el Grupo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Según ha informado la Comisaría de Almería a EFE, el operativo comenzó el pasado mes de febrero.

Los agentes de la brigada mencionada identificaron en el centro de Almería a un individuo con “actitud sospechosa”, según describen. El hombre circulaba con su vehículo por la ciudad cuando fue interceptado por los policías. Dentro del automóvil, encontraron varias autorizaciones de empadronamiento correspondientes a un cortijo del barrio de Venta Gaspar.

Falsificó los padrones sin que los propietarios de la vivienda se enterasen

En esta finca de la pedanía almeriense había inscritas varias personas de origen extranjero. Sin embargo, lo que hizo sospechar a los agentes fueron los documentos, pues presentaban claros indicios de manipulación. El cuerpo policial comenzó entonces una investigación al respecto.

Las pesquisas determinaron que las autorizaciones habían sido elaboradas por uno de los copropietarios del cortijo de Venta Gaspar. Esta persona falsificó las firmas del resto de propietarios del recinto, sin que estas tuviesen conocimiento de los hechos. Una vez elaborados los documentos, empadronó falsamente a tres personas de origen extranjero, que se encontraban en situación irregular en el país, todo a cambio de importantes sumas de dinero, sin que se haya detallado la cantidad.

Los migrantes llegaron a inscribirse en el padrón de la ciudad, presentando los documentos primero en la Oficina de Recursos Demográficos del Ayuntamiento de Almería y, después, en la Oficina de Extranjería para solicitar la regularización de su situación.

Tres detenidos en la Operación Hurón

Tras descubrir estos hechos, la policía ha logrado detener a dos de los extranjeros implicados, a quienes se acusa de un delito de falsedad documental por haber utilizado dichos certificados. Asimismo, los agentes lograron arrestar días después al principal responsable de la trama, a quien también se acusa de falsedad documental. El cabecilla se enfrenta también a un delito de favorecimiento de la migración ilegal.

El delito de falsedad documental, recogido en los artículos 390 al 399 del Código Penal español, castiga la falsificación, alteración, simulación o modificación de los elementos esenciales de un documento oficial. Las penas por este delito van desde los seis meses a seis años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos,. El castigo también puede acaerrar multas y la inhabilitación, si quien lo comete es un funcionario público.

En cuanto al favorecimiento de la inmigración ilegal o fraudulenta, recogido en el artículo 313 del Código Penal, puede acarrear de dos a cinco años de prisión, así como una multa de seis a doce meses. Los tres han pasado a disposición judicial. La investigación, sin embargo, se mantiene abierta para intentar localizar a otros posibles implicados.

Le Senne vinculó las variaciones en las tasas de natalidad y el aumento histórico de nacimientos de personas migrantes con los cambios demográficos registrados en Baleares, avanzando la preocupación por el impacto social de estos movimientos. Al intervenir en el acto institucional del Día de Baleares, el presidente del Parlament autonómico abordó el fenómeno migratorio y la gestión del Estado autonómico, introduciendo consideraciones sobre el modelo territorial y la integración social. Según consignó el medio que reportó el evento, Gabriel Le Senne sostuvo que el régimen autonómico ha demostrado “incapacidad” para responder a emergencias de diversa índole y ha señalado la aparición de tensiones que, a su juicio, ponen en entredicho la cohesión nacional.

Durante su discurso, Le Senne argumentó que si bien el Estado autonómico surgió con objetivos positivos, consideró que en la práctica ha generado desigualdades entre territorios y contribuido a la aparición de tensiones sociales. De acuerdo con la información publicada, el presidente del Parlament reconoció el marco constitucional vigente, al subrayar que, como máximo representante de la cámara, se debe a este sistema y su cumplimiento, aunque planteó la opción de que los ciudadanos puedan debatir futuros cambios a través de los mecanismos previstos en la Constitución. En este contexto, insistió en que “sin duda puede ser mejorado” el modelo actual del Estado.

En materia migratoria, Le Senne centró su intervención en la obligación de las autoridades de aplicar y hacer cumplir el ordenamiento jurídico en relación con lo que denominó “inmigración masiva”, según publicó el medio que cubrió el acto. Para reforzar su postura, recurrió a una cita evangélica antes de afirmar que las naciones poseen tanto el derecho como el deber de controlar sus fronteras. A su juicio, la ausencia de controles fronterizos transforma al Estado en un ente vulnerable ante la influencia exterior, llegando a advertir sobre los riesgos de convertirse en un “Estado fallido”.

En otro momento de su exposición, el presidente del Parlament expresó su opinión contraria a la propuesta de regularización de personas migrantes promovida por el Gobierno central. Consideró que permitir un incumplimiento generalizado o arbitrario de la legislación de extranjería supondría, en su opinión, renunciar al control sobre la gestión de las fronteras estatales. Según precisó el medio, Le Senne estableció una relación entre las estadísticas de nacimientos con progenitores migrantes y el descenso de la natalidad entre la población española, destacando que los registros alcanzan “el máximo histórico de nacimientos con padres migrantes” en el archipiélago balear.

El medio responsable de la cobertura destacó que las declaraciones de Le Senne insinuaron elementos asociados con la denominada teoría del Gran Remplazo, una tesis que sostiene que la población europea estaría siendo progresivamente sustituida por comunidades no europeas. El presidente del Parlament sugirió que la afinidad cultural de las personas que emigran debe evaluarse y tomarse en cuenta para implementar políticas efectivas. Entre los factores a considerar mencionó el idioma, la religión, el nivel educativo y la cultura democrática. Durante su discurso, también se refirió a cuestiones económicas del archipiélago como el acceso a la vivienda y el coste de la vida, enlazando estos temas con las dinámicas migratorias y demográficas existentes.

La intervención de Le Senne se realizó en el marco de las celebraciones institucionales del Día de Baleares y formó parte del programa oficial presidido por las principales autoridades regionales. Según reportó el medio que cubrió el acto, el discurso cerró el evento, marcando una toma de postura pública frente a las políticas migratorias y la organización territorial del Estado. A lo largo de su intervención, Le Senne argumentó que la revisión o eventual reforma del modelo territorial solo debe darse a través de los cauces que contempla la Constitución, reafirmando su compromiso con el marco legal vigente.