Un hombre venezolano dio el jueves el primer paso para demandar a Estados Unidos por lo que dice fue una detención y traslado erróneos a una notoria prisión de El Salvador.

Neiyerver Adrián Leon Rengel, de 27 años, pasó cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o Cecot, donde dijo que lo golpearon y maltrataron. El jueves presentó una denuncia administrativa ante el Departamento de Seguridad Nacional, acusando a las agencias de inmigración estadounidenses de expulsarlo sin el debido proceso.

Es la primera denuncia de este tipo que presenta uno de los 252 venezolanos que fueron expulsados y enviados a El Salvador en marzo, dijeron sus abogados, y es un paso necesario antes de emprender acciones legales contra el gobierno estadounidense ante un tribunal federal.

Leon Rengel, quien reclama 1,3 millones de dólares por daños y perjuicios, quedó en libertad la semana pasada en el marco de un canje de prisioneros a gran escala entre Venezuela y Estados Unidos. Ahora vive en Venezuela.

"Yo quiero limpiar mi nombre", dijo en una entrevista telefónica la noche del miércoles desde su casa en el estado de Miranda. "Yo no soy una mala persona".

El Departamento de Seguridad Nacional no hizo comentarios inmediatos sobre la demanda de Leon Rengel.

La reclusión de hombres venezolanos en El Salvador en marzo fue uno de los primeros esfuerzos de alto perfil para cumplir la promesa electoral del presidente Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas. Su gobierno ha acusado a los migrantes de pertenecer a una banda venezolana, el Tren de Aragua, y ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra raramente invocada, para justificar la captura y expulsión de muchos de los hombres a El Salvador.

Algunos de los migrantes deportados tenían antecedentes penales, entre ellos al menos 32 que fueron condenados o acusados de cargos graves, pero una investigación de The New York Times descubrió que la mayoría de los hombres no los tenían. Las familias de muchos de los hombres han dado un paso al frente para impugnar las acusaciones de afiliación a una banda criminal, y sus abogados sostienen que los hombres fueron deportados sin una oportunidad justa de defender su caso ante un tribunal.

Leon Rengel presentó su denuncia con la ayuda de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, un grupo de derechos civiles. Su director ejecutivo, Juan Proaño, afirma que tiene previsto presentar otras decenas de denuncias en nombre de hombres que fueron enviados a la prisión de El Salvador.

Norman Eisen, presidente del Fondo para los Defensores de la Democracia, grupo prodemocracia no partidista, dijo que era importante responder enérgicamente a lo que describió como un "secuestro ilegal" por parte del gobierno estadounidense.

"Si se puede tratar así a los migrantes, estamos en un terreno incierto en el que cualquiera puede ser secuestrado", dijo Eisen.

En su denuncia, Leon Rengel, quien había trabajado como barbero en Texas, indicó que fue detenido el 13 de marzo, el día de su cumpleaños, en el estacionamiento de su edificio de apartamentos en Irving. Los agentes federales pidieron ver sus tatuajes, que, según le dijeron, indicaban que estaba afiliado al Tren de Aragua. Leon Rengel dijo en la entrevista que no tenía ninguna relación con la banda.

Sus abogados afirman que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, salvo por una infracción cometida en noviembre de 2024. En ese incidente, Leon Rengel fue detenido después de que la policía detuvo un coche en el que viajaba y encontró parafernalia relacionada con drogas. Leon Rengel afirmó que el material no le pertenecía y que ni siquiera sabía de su presencia. Se declaró culpable y fue multado.

Cuando Leon Rengel fue enviado a El Salvador, su familia no logró ubicarlo durante más de un mes, dijo su hermano David en una entrevista desde su casa de Chicago. El número de identificación de extranjero de Leon Rengel desapareció del sitio web que se utiliza para rastrear a los detenidos en el sistema de inmigración estadounidense. Ni su hermano ni la novia de Leon Rengel pudieron obtener respuestas de las agencias federales de inmigración sobre su paradero.

Finalmente, su familia supo que Leon Rengel estaba recluido en el Cecot de El Salvador. Según la denuncia de Leon Rengel, los guardias agredían habitualmente a los detenidos en una zona sin cámaras para no dejar pruebas digitales de los abusos. En el documento, Rengel dijo que los agentes utilizaban puños y porras para golpearle en el pecho y el estómago, y lo obligaban a ver cómo maltrataban brutalmente a otros presos.

Su denuncia describe las terribles condiciones en el Cecot. Dice que estaba recluido con casi otros 20 detenidos venezolanos en una celda de unos 9,2 metros por lado, que solo se limpiaba una vez a la semana. A los hombres rara vez se les permitía salir al exterior, no tenían acceso a medicamentos y no se les permitía hacer ejercicio ni hablar con sus familiares o abogados, según la denuncia.

Cuando Leon Rengel se quejó de su gastritis, dijo que solo le dieron agua. Para pasar el tiempo, los reclusos fabricaban dados con jabón y tortillas y utilizaban papel higiénico para jugar al Parqués, un juego de mesa.

Cualquier cosa podía dar lugar a palizas, dijo Leon Rengel en la entrevista.

"Si jugábamos nos golpeaban. Si hablamos, nos golpeaban", dijo. "Si nos reíamos, nos golpeaban. Si nos bañamos nos golpeaban".

Recordó que solo tuvo contacto con alguien del exterior una vez durante su estancia, con la Cruz Roja, que le visitó durante 30 minutos el 12 de junio.

Leon Rengel ingresó a Estados Unidos en junio de 2023 mediante una solicitud con la aplicación CBP One, utilizada por el gobierno de Joe Biden para gestionar las citas de migrantes en la frontera con México. Había solicitado un estatus legal en virtud del programa de Estatus de Protección Temporal, y su solicitud aún estaba en trámite cuando fue detenido.

Desde entonces, el gobierno de Trump ha puesto fin al programa para cientos de miles de venezolanos, y su gobierno ha reutilizado la aplicación CBP One para permitir un proceso de "autodeportación".

Leon Rengel se ha reunido ahora con su hija, Isabela. En la entrevista, dijo que no tenía planes de regresar a Estados Unidos, pero que seguía adelante con su proceso legal con la esperanza de evitar que otros migrantes sufrieran el mismo trato que él recibió.

Añadió: "A cada migrante que sigue en los Estados Unidos --sean quien sean o de cualquier país que vengan-- yo deseo que puedan lograr sus metas, enfocarse en trabajar para su familia, y que de la noche a la mañana no le quiten todo".

Jazmine Ulloa es una reportera de temas de Estados Unidos que cubre migración para el Times.

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La detención de un joven venezolano parece ser el primer caso de detención de un estudiante por parte de funcionarios federales en la ciudad este año.

Cuando un joven venezolano de 20 años fue detenido la semana pasada en un tribunal de inmigración de Nueva York se registró el primer caso conocido de un estudiante de escuela pública de la ciudad detenido por funcionarios federales, en lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump.

También fue indicio de un cambio de estrategia por parte de las autoridades migratorias, decididas a acelerar las expulsiones.

La semana pasada, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empezaron a apostarse dentro y fuera de las cortes de inmigración de todo Estados Unidos para detener a algunas personas migrantes que se presentaban a audiencias programadas. Abogados de inmigración dijeron que los agentes del ICE --desde San Diego y Los Ángeles hasta Boston y Miami-- se dirigían a los migrantes poco después de que los jueces desestimaran sus casos. Los abogados del gobierno solicitan que se desestimen las causas a fin de someter a los migrantes a un procedimiento de expulsión acelerado.

Dylan, el estudiante en Nueva York, fue detenido el miércoles en el vestíbulo de un tribunal del Bajo Manhattan por agentes de ICE que se presentaron en gran número en los tribunales de inmigración de la ciudad. El apellido de Dylan no se ha revelado a petición de su familia, que teme represalias del gobierno.

El martes, el alcalde Eric Adams rechazó un aluvión de preguntas sobre la detención del estudiante.

Adams, quien supervisa un sistema escolar que atiende a miles de estudiantes migrantes, trató de distanciarse de la detención de Dylan, diciendo que el arresto era un asunto federal que escapaba a su competencia porque no se produjo en un recinto escolar.

"Me llama la atención que utilicen todo este tiempo para hablar de algo que está fuera de mi ámbito de control", dijo Adams a los periodistas durante una conferencia de prensa no relacionada con el asunto, celebrada el martes. "Yo no manejo las políticas federales de aplicación de la ley, que quede claro".

"Mi opinión", continuó, "no importa".

ICE parece estar utilizando la nueva estrategia para someter a los migrantes detenidos a procedimientos de deportación que pueden acelerarse y no requieren audiencias judiciales, una escalada de los esfuerzos del gobierno por cumplir los objetivos de deportación del presidente.

Dylan, de cuya detención informó anteriormente Chalkbeat, fue detenido por agentes de ICE en la corte de inmigración tras presentarse a una audiencia obligatoria. Estaba matriculado en Ellis Prep. Academy del Bronx, que forma parte del sistema escolar público y atiende a migrantes mayores que aprenden inglés. Dylan es uno de los más de 40.000 alumnos migrantes que han ingresado en las escuelas de la ciudad en los últimos años.

El joven salió de Venezuela el año pasado e ingresó a Estados Unidos en abril de 2024 en virtud de un programa del gobierno de Joe Biden que permitía a miles de personas vivir y trabajar temporalmente en el país mientras solicitaban asilo, según su madre y sus abogados. No tenía antecedentes penales, según ellos, y, cuando no iba a la escuela, trabajaba a tiempo parcial como conductor de reparto para ayudar a su madre y a sus dos hermanos menores a fin de ahorrar el dinero suficiente para dejar de vivir en un centro de acogida.

"Él es como un padre para mis dos hijos", dijo en una entrevista su madre, Raiza, quien también pidió que se reservara su apellido.

Dylan se presentó ante la corte-- su madre, pero sin abogado-- creyendo que la audiencia sería rutinaria. En cambio, fue detenido por agentes del ICE vestidos de civiles poco después de que se desestimara su caso, lo que le privó de ciertas protecciones legales, dijeron sus abogados.

Se lo llevaron en un coche sin matrícula y lleva detenido desde el 21 de mayo, dijo su madre.

"Mi hijo no es un criminal", dijo. "Mi temor es que lo deporten a Venezuela y lo arresten ahí o peor".

Dylan ha sido trasladado entre centros de Nueva Jersey, Texas, Virginia y Pensilvania, dijeron sus abogados.

"Dylan entró en Estados Unidos con permiso para solicitar asilo, y su detención lo priva de la oportunidad de solicitarlo con todas las garantías que le ofrece la ley", dijo en un comunicado el Grupo de Asistencia Jurídica de Nueva York, organización que brinda ayuda gratuita a clientes de bajos ingresos y que lo está representando. "Trabaja, va a la escuela, tiene amigos y estaba cumpliendo plenamente los procedimientos de inmigración. Todo lo que hace esto es perturbar a las comunidades y poner innecesariamente a la gente en situaciones caóticas y potencialmente perjudiciales".

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa ICE, dijo en un comunicado que Dylan había ingresado "ilegalmente" a Estados Unidos el año pasado, aunque sus abogados y su familia dijeron que había utilizado una aplicación móvil de la época de Biden que permitía a las personas migrantes presentarse legalmente en un puerto de entrada para cruzar y solicitar asilo. La Casa Blanca ha cuestionado la legalidad de la aplicación, de la que, según los funcionarios, el gobierno de Biden abusó para permitir la entrada en el país de cientos de miles de migrantes.

"La mayoría de los extranjeros que entraron ilegalmente en Estados Unidos en los últimos dos años están sujetos a expulsiones aceleradas", dijo McLaughlin. "ICE está cumpliendo la ley ahora y sometiendo a estos extranjeros ilegales a una expulsión acelerada, como siempre debió hacerse".

ICE publicó en enero lineamientos que permiten a sus agentes efectuar detenciones cerca de los juzgados, y los funcionarios federales han dicho que detener allí a migrantes indocumentados es más seguro para los agentes del ICE, y para el público, porque los migrantes ya han pasado por los controles de seguridad.

La detención de Dylan inquietó a los directivos de su escuela del Bronx e hizo que Melissa Aviles-Ramos, la supervisora principal de centros escolares nombrada por Adams, emitiera el lunes un comunicado en el que decía: "Nuestros corazones están con el estudiante que fue detenido por ICE".

"Aunque este incidente no ocurrió en el recinto escolar, queremos tranquilizar a nuestras familias: seguiremos denunciando y defendiendo la seguridad, la dignidad y los derechos de todos nuestros estudiantes", escribió en una publicación en X, animando a los padres a seguir enviando a sus hijos a la escuela.

Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Profesores, sindicato que representa a miles de docentes de Nueva York, dijo que se habían aprovechado de Dylan y que había sido "despojado de sus derechos legales durante una audiencia judicial".

Las denominadas leyes santuario de la ciudad de Nueva York impiden a los funcionarios municipales ayudar en la mayoría de los asuntos relacionados con la aplicación de las leyes federales de inmigración. Pero tras persuadir al gobierno federal para que abandonara sus cargos penales por corrupción, el alcalde, demócrata, se ha mostrado reacio a criticar los esfuerzos del gobierno de Trump. El gobierno intentó desestimar los cargos, argumentando, en parte, que la acusación limitaba la capacidad del alcalde para ayudar a la agenda de deportaciones de la Casa Blanca.

Adams ha dicho que, aunque apoya la intención de las leyes sobre ciudades santuario, estas van demasiado lejos al limitar la cooperación con el gobierno federal. Ha fomentado una relación de trabajo aparentemente buena con Thomas Homan, el zar de las fronteras nombrado por el presidente, que prometió "estar encima de él" si el alcade no hacía avanzar la agenda del gobierno de Trump.

Adams intentó permitir que ICE abriera una oficina en el complejo carcelario de Rikers Island, pero el ayuntamiento presentó una demanda que ha paralizado temporalmente esa iniciativa.

El martes, Adams insistió en que no podía hacer comentarios sustanciales sobre el caso de Dylan porque la cuestión quedaba fuera del ámbito de la alcaldía de Nueva York.

"Tienen que hablar con las autoridades federales", dijo, en respuesta a una pregunta de The New York Post sobre si la detención podría socavar los esfuerzos para que los migrantes cooperen con las fuerzas del orden. "No sé cómo podría ser más claro. Las autoridades federales controlan ICE. Yo no controlo las fronteras".

También pareció insinuar que no podía aprovechar su relación con Homan para ayudar al estudiante, porque podría ir en contra de las leyes santuario.

"Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque las leyes del concejo del ayuntamiento de Nueva York limitan la coordinación que puedo hacer", dijo.

Esa explicación no tuvo mucho sentido para Rendy Desamours, portavoz de la portavoz del Concejo, Adrienne Adams, quien se presenta como candidata a la alcaldía.

"Ni las leyes de santuario de la ciudad ni ninguna otra ley municipal impiden al alcalde defender a los neoyorquinos que son objeto de la extralimitación federal en materia de inmigración", dijo.

Troy Closson colaboró con reportería.

Luis Ferré-Sadurní cubre inmigración, centrándose en la afluencia de inmigrantes que llegan a la región de Nueva York.

Dana Rubinstein cubre la política y el gobierno de la ciudad de Nueva York para el Times.

Troy Closson colaboró con reportería.

DeportationUnited States Politics and GovernmentIllegal ImmigrationDefense DepartmentJustice DepartmentSupreme Court (US)Tren de Aragua (Gang)Abrego Garcia, Kilmar ArmandoGallagher, Stephanie ATrump, Donald JDoughty, Terry AMaryland

El caso, que afecta a un venezolano de 20 años, ejemplifica otra forma en que la Casa Blanca ha buscado nuevos métodos agresivos para expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos.

Durante gran parte de los dos últimos meses, la Casa Blanca ha adoptado una postura desafiante ante una serie de órdenes judiciales --incluida una de la Corte Suprema-- de tomar medidas para garantizar la libertad de Kilmar Armando Abrego Garcia, un hombre de Maryland deportado por error a El Salvador en marzo.

Pero el gobierno también está combatiendo otra orden judicial en otro caso en el que se ha pedido a los funcionarios que busquen la liberación de un migrante diferente, y menos conocido, que fue expulsado a El Salvador en el mismo conjunto de vuelos que Abrego Garcia.

Ese hombre, un venezolano de 20 años identificado en los documentos judiciales como Cristian, fue trasladado en avión a El Salvador el 15 de marzo junto con decenas de otros migrantes. Era uno de los casi 140 venezolanos deportados sin ninguna audiencia después de que funcionarios de Trump los acusaran de ser miembros de la banda callejera Tren de Aragua y los consideraran sujetos a la proclamación del presidente Donald Trump que invocaba una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.

Abrego Garcia, quien es ciudadano salvadoreño, fue deportado en uno de esos vuelos a pesar de que una orden judicial anterior prohibía expresamente que fuera devuelto a su patria. A Cristian le ocurrió algo parecido: fue expulsado de Estados Unidos a pesar de que se había dictaminado que su expulsión infringía un acuerdo judicial anterior destinado a proteger a los jóvenes migrantes con casos de asilo pendientes.

El mes pasado, la jueza Stephanie Gallagher, adoptando un enfoque similar al de la jueza del caso de Abrego Garcia, ordenó al gobierno de Trump que "facilitara" el regreso de Cristian y pidiera al gobierno salvadoreño que lo devolviera a suelo estadounidense. Pero el martes, la juez Gallagher accedió a dejar en suspenso su propia orden hasta el jueves, para dar tiempo al Departamento de Justicia de apelarla.

Los dos casos, que se desarrollan en el Tribunal Federal de Distrito de Maryland, ejemplifican la forma en que la Casa Blanca ha buscado métodos nuevos y agresivos para expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos. Los casos también reflejan la actitud cada vez más recalcitrante que la administración ha adoptado hacia las órdenes judiciales, especialmente en los casos de deportación.

En su orden inicial, de 23 de abril, Gallagher dijo que Cristian no debería haber sido deportado porque estaba amparado por las protecciones de un acuerdo al que habían llegado los abogados de inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional en los últimos días del gobierno de Joe Biden.

En virtud de ese acuerdo, los menores no acompañados que llegan a Estados Unidos y solicitan asilo no pueden ser expulsados del país hasta que sus casos se resuelvan por completo.

Durante el fin de semana, el Departamento de Justicia pidió a Gallagher que anulara esa orden, alegando que, si se devolvía a Cristian a Estados Unidos, los funcionarios de migración rechazarían su solicitud de asilo, lo que anularía las protecciones del acuerdo.

Los abogados del departamento explicaron que se denegaría su solicitud de asilo porque era un terrorista. El departamento no ha revelado qué pruebas tiene para respaldar dicha afirmación, aparte del hecho de que el Departamento de Estado ha designado al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera.

Durante una audiencia realizada el martes, Gallagher se negó a revocar su fallo original, señalando que, aunque el gobierno planeara finalmente rechazar la solicitud de asilo de Cristian, tendría que hacerlo en un proceso que se desarrollara en los tribunales estadounidenses.

Dijo al Departamento de Justicia que el gobierno "no puede saltarse hasta el final" y simplemente dejar a Cristian en El Salvador porque cree que sería inútil traerlo de vuelta.

Aun así, Gallagher reconoció que si los funcionarios de Trump devolvían a Cristian y denegaban su solicitud de asilo, tal vez no pudiera permanecer en Estados Unidos.

"Puede que el resultado para Cristian sea que no se le conceda el asilo", dijo. "Creo que a quien haya seguido las noticias durante los últimos cuatro meses no le sorprendería que ese fuera el resultado final".

Los casos de Maryland no son los únicos en los que el Departamento de Justicia, actuando en nombre de la Casa Blanca, está luchando contra los esfuerzos por devolver a personas deportadas a suelo estadounidense.

El mes pasado, en un caso en Massachusetts, los abogados del departamento intentaron convencer a un juez federal de que la administración no había incumplido su orden de que los migrantes tengan la oportunidad de impugnar su expulsión a un país que no sea el suyo si tienen motivos para temer ser enviados allí.

Aunque los abogados admitieron que cuatro venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua habían sido enviados recientemente a El Salvador desde una base militar estadounidense en Cuba sin tener la oportunidad de cuestionar su expulsión, dieron una explicación limitada del motivo. Los abogados alegaron que la orden del juez solo abarcaba a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, y que, técnicamente, los hombres habían sido enviados desde Cuba por funcionarios del Departamento de Defensa.

La próxima semana, un juez federal de Luisiana tiene previsto realizar una audiencia para determinar si los funcionarios de Trump expulsaron erróneamente a una ciudadana estadounidense de 2 años a Honduras con su madre.

El juez, Terry Doughty, nombrado por Trump, tiene previsto examinar la afirmación del gobierno de que la madre solicitó que la niña --conocida solo como VML-- fuera deportada con ella. Los abogados de la familia han dicho que la madre y el padre querían que VML permaneciera en Estados Unidos.

En otro caso de deportación, un juez federal de Washington ha fijado para el miércoles una audiencia en la que se debatirá si puede ordenar la devolución de todos los hombres venezolanos que fueron deportados con Cristian a El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.

Aishvarya Kavi trabaja en la oficina del Times en Washington, donde ayuda a cubrir una variedad de noticias políticas y nacionales.

Ámsterdam, 17 abr (EFE).- La fotógrafa palestina Samar Abu Elouf ganó este jueves el premio Foto del Año del World Press Photo por una imagen de un niño de 9 años de Gaza que perdió ambos brazos en un ataque israelí en marzo de 2024 y que fue evacuado a Doha para recibir tratamiento.

Según anunció este jueves la fundación del World Press Photo, con sede en Ámsterdam, Abu Elouf, que también fue evacuada a la capital qatarí, logró capturar para el periódico The New York Times la Foto del Año, que muestra el coste humano de la guerra y la importancia del periodismo para contar historias como la de Mahmoud Ajjour, el niño que protagoniza la fotografía.

La fotografía se tomó en Catar, donde Abu Elouf y Mahmoud comparten el mismo complejo de apartamentos con los pocos gazatíes que han logrado salir para recibir tratamiento médico a heridas causadas por los bombardeos y explosiones.

El pequeño de 9 años resultó gravemente herido mientras huía de un ataque israelí en Gaza, lo que llevó a la amputación de sus dos brazos.

“Después de regresar para urgir a su familia a seguir adelante, una explosión le arrancó un brazo y le mutiló el otro”, explicó la fundación, que subrayó que “el sueño de Mahmoud es simple: quiere conseguir prótesis y vivir su vida como cualquier otro niño”.

Ya en diciembre de 2024, Gaza tenía el mayor número de niños amputados 'per cápita' en el mundo, según la ONU.

Esta edición del concurso coincide con el 70 aniversario del World Press Photo y su directora ejecutiva, Joumana El Zein Khoury, subrayó que “al mirar el archivo”, hay “demasiadas imágenes” como la de Mahmoud.

“Estoy eternamente agradecida a los fotógrafos que, a pesar de los riesgos personales y el costo emocional, registran estas historias para darnos a todos la oportunidad de entender, empatizar e inspirarnos a actuar”, señaló.

Este jueves también fueron seleccionados dos finalistas.

Una se titula “Cruce nocturno”, en la que John Moore trata de mostrar cómo un grupo de migrantes chinos intentan entrar en calor bajo una fría lluvia en Campo, California, tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

“Esta imagen, íntima y casi de otro mundo, muestra las complejidades de la migración en la frontera, a menudo simplificada y politizada en el discurso público estadounidense”, señaló la fundación.

La segunda imagen finalista es del mexicano Musuk Nolte (Panos Pictures, Fundación Bertha), autor de “Sequías en el Amazonas”, que muestra los efectos del cambio climático a lo largo de un río que sobrevive a niveles de agua extremadamente bajos.

La fotografía muestra a un joven que lleva comida a su madre en el pueblo de Manacapuru, antes accesible en bote, pero al que, debido a la sequía, ahora accede tras caminar 2 kilómetros por el lecho seco del río. El contraste entre escenas secas, casi desérticas, en la selva más grande del mundo hace que la falta de agua se sienta aún más intensamente.

Las fotografías premiadas serán expuestas en más de 60 lugares del mundo como parte de la muestra itinerante anual de World Press Photo.

Los tres temas clave que definen la edición 2025 son conflicto, migración y cambio climático.

Este año, los ganadores fueron seleccionados entre 59.320 fotos de 3.778 fotógrafos de 141 países.

El juicio de San Antonio puso de manifiesto los peligros mortales del tráfico de personas, mientras el presidente corta las rutas de entrada al país y persigue a los traficantes.

Tras casi tres horas de deliberaciones, un jurado de San Antonio condenó el martes a dos hombres por su participación en la muerte de 53 migrantes indocumentados, 47 adultos y seis niños, uno de los incidentes de tráfico de migrantes más mortíferos de la historia del país.

Los dos acusados, Armando Gonzales-Ortega, de 54 años, y Felipe Orduna-Torres, de 29, a quienes se acusaba de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados con resultado de muerte, se enfrentan a penas de cadena perpetua. Está previsto que sean sentenciados el 27 de junio, tres años después de aquel fatídico viaje.

El juez que presidía el caso, Orlando Garcia, dijo a los hombres que contaba un total de 54 muertes porque una de las víctimas estaba embarazada en aquel momento.

El proceso ha puesto de relieve los peligros mortales del tráfico de personas en un momento en que el presidente Donald Trump está tomando medidas enérgicas contra el sistema de asilo y tratando de cerrar la frontera. Trump también ha aceptado lo que ha denominado el lado humanitario de su mano dura contra la migración, deteniendo a los líderes de los cárteles y a los traficantes que lucran con el transporte de migrantes indocumentados a Estados Unidos.

El terrible juicio de San Antonio puso de relieve los peligros de dicho tráfico, incluso cuando las políticas del presidente pueden hacer que esas engañosas vías de entrada sean más rentables para los traficantes, conocidos como coyotes.

Los acusados no mostraron ninguna emoción mientras el jurado leía el veredicto.

El 27 de junio de 2022, el escalofriante grito de una joven condujo a los testigos al espeluznante descubrimiento de 53 migrantes muertos y moribundos que habían quedado atrapados en el sofocante interior de un camión sin aire acondicionado en pleno calor abrasador de Texas. Las temperaturas en el interior del camión de unos 16 metros habían alcanzado los 65 grados, según dijeron las autoridades.

Durante las dos semanas que duró el juicio, el jurado vio decenas de mensajes de WhatsApp que relacionaban a los hombres con una extensa red de traficantes que se extendía desde Texas hasta Guatemala, y escuchó emotivos testimonios de testigos, agentes de la ley y sobrevivientes. (Once migrantes sobrevivieron a las sofocantes temperaturas del remolque).

Ninguno de los hombres fue acusado de conducir el camión ni de estar presente en el lugar donde se descubrió en Quintana Road, en las afueras de San Antonio.

El jurado también vio imágenes de video de policías que intentaban frenéticamente ayudar a los sobrevivientes entre los montones de cadáveres gravemente quemados que había en el camión y sus alrededores, que fue abandonado por los traficantes en cuanto se dieron cuenta de lo ocurrido. Las víctimas procedían de Guatemala, México y Honduras.

Tras el veredicto del jurado, funcionarios federales de San Antonio dijeron a los periodistas que procesarían a todas y cada una de las personas implicadas en las muertes.

"El desprecio por la vida humana muestra cómo los traficantes de personas dan prioridad al dinero y a las ganancias", dijo Craig Larrabee, agente especial encargado de las Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio.

Durante el alegato final, que duró una hora, Eric Fuchs, ayudante del fiscal estadounidense, mostró a los miembros del jurado las pruebas que demostraban que ambos acusados trabajaron entre bastidores para transportar a los migrantes de Laredo, Texas, a San Antonio. Señaló más de 400 comunicaciones, incluidos mensajes de texto y llamadas telefónicas.

"Cuando los hechos coinciden con la ley, es su deber declarar culpables a los acusados. Cuando se examinan todas las pruebas, se sabe que eso es exactamente lo que hemos hecho aquí", dijo. "Es abrumador".

Edgardo Rafael Baez, abogado de los acusados, dedicó 40 minutos durante los alegatos finales a argumentar que la acusación carecía de pruebas fundamentales, como huellas dactilares, videos y grabaciones, que conectaran a sus clientes con el crimen.

"Si examinan las pruebas, podrán ver las lagunas del caso", dijo Baez al jurado.

El incidente, que el presidente Joe Biden describió en su momento como "espantoso y desgarrador", se produjo en medio de una oleada migratoria sin precedentes, procedente en su mayoría de Venezuela, pero también de otras partes del mundo, en un intento de huir de la represión política, la recesión económica y la violencia en sus países.

Miles de personas llegaban diariamente, desbordando las ciudades fronterizas y los centros urbanos demócratas como Nueva York, Chicago y Denver, antes de que los cruces ilegales disminuyeran en 2024 hasta alcanzar su nivel más bajo en décadas.

En el punto álgido de la crisis, muchos de los migrantes se entregaron a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y pidieron asilo. Pero otros, que sabían que no serían admitidos legalmente, recurrieron a violentas organizaciones de tráfico. Los cárteles de la droga, que trataban de diversificar sus fuentes de ingresos a medida que se atacaba su comercio de fentanilo y otras drogas, asumieron un papel importante en esas operaciones.

Al menos cuatro personas de las más de una decena que han sido acusadas en relación con el caso se han declarado culpables. Entre ellos, Homero Zamorano hijo, quien admitió ante las autoridades que era el conductor del tractocamión. Otros se enfrentan a cargos en Guatemala.

Dos de los cómplices de los acusados que aceptaron testificar en el caso dijeron al jurado que la red funcionaba como si fuera una empresa, con tres niveles distintos de responsabilidades.

Conductores como Zamorano se consideraban en la base. Gonzales-Ortega era uno de los coordinadores de la red, quien supervisaba la contratación de los conductores y vigilaba los camiones durante los viajes. Orduna-Torres era un organizador, considerado en el escalón superior de la red, quien decidía cuándo trasladar la carga humana y dirigía a los coordinadores.

Poco después de iniciar su segundo mandato, Trump designó a muchas bandas, cárteles y grupos de traficantes como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que da al gobierno federal más libertad para imponer sanciones económicas a quienes dirigen el crimen organizado y a los actores relacionados con ellos.

Edgar Sandoval cubre Texas para el Times, con un enfoque en la comunidad latina y la frontera con México. Está radicado en San Antonio. Más de Edgar Sandoval

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La orden ejecutiva del presidente Trump también indica a los departamentos y agencias federales que se aseguren de que los fondos federales no animen a las personas a ir a Estados Unidos ilegalmente.

El presidente Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva destinada a eliminar los beneficios federales para los migrantes indocumentados en Estados Unidos, calificándolos de uso indebido de los recursos de los contribuyentes.

No quedó claro de inmediato qué programas resultarían afectados por la orden, la cual también dictaba a las agencias y departamentos que identificaran los beneficios para las personas que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos que son financiados con fondos federales.

En general, los migrantes indocumentados no son elegibles para las prestaciones federales, a excepción de algunos beneficios permitidos para situaciones de emergencia, y muchas familias de migrantes dudan en inscribirse en programas para los que sí son elegibles, de acuerdo con el Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

La orden fue la más reciente en una oleada de medidas que Trump ha tomado en materia de migración desde el inicio de su segundo mandato, que también incluyen directivas para impedir que las personas crucen ilegalmente a Estados Unidos y para tomar medidas enérgicas contra los migrantes indocumentados que ya se encuentran en el país.

La reciente orden de Trump garantizará que no se utilicen fondos federales para "incentivar o apoyar la migración ilegal", señaló la Casa Blanca. También ordena a los departamentos y agencias que garanticen que los fondos federales no se utilicen para apoyar políticas de "santuario".

Esa etiqueta suele aplicarse a los estados, condados o ciudades que imponen ciertos límites a su cooperación con las agencias federales que deportan a inmigrantes indocumentados.

La Casa Blanca dijo el miércoles, sin proporcionar detalles, que los inmigrantes indocumentados han calificado para diversos programas federales de asistencia social, y acusó al gobierno de Biden de gastar miles de millones en apoyar a personas que han entrado ilegalmente en el país.

Los migrantes indocumentados también han aportado decenas de miles de millones al sistema del Seguro Social, según un análisis publicado el año pasado por el Instituto de Fiscalidad y Política Económica, un grupo de investigación fiscal de tendencia izquierdista.

Murders, Attempted Murders and HomicidesDemonstrations, Protests and RiotsSchool Shootings and Armed AttacksIllegal ImmigrationImmigration and EmigrationEducation (K-12)Teenagers and AdolescenceGuatemalaNashville (Tenn)Tennessee

Los padres de Josselin tomaron la decisión de enviar su cuerpo a Guatemala. Fue una forma de garantizar que volverán a reunirse si se marchan de Estados Unidos.

Josselin Corea Escalante tenía 9 años cuando ella, su madre y su hermano pequeño salieron de Guatemala para pedir asilo en Estados Unidos, creyendo que les ofrecería seguridad.

Llegaron a Tennessee, donde Josselin --cuya familia la llama Dallana, su segundo nombre-- celebró su decimoquinto cumpleaños en 2023 con una fiesta primaveral de quinceañera en un salón de fiestas de Nashville.

Pero la semana pasada, otro estudiante le disparó y mató a Josselin, de 16 años, en la cafetería de su escuela. Ahora su familia, que sigue esperando una decisión sobre su solicitud de asilo, se pregunta si merece la pena quedarse. La principal razón por la que hicieron el angustioso viaje a Estados Unidos --a pie, durante casi dos meses-- fue el temor a que Josselin y su hermano fueran secuestrados o asesinados por pandillas de Guatemala.

Se habían trasladado a Estados Unidos "para un sueño mejor", dijo German Corea, su padre, esta semana. "Pero la verdad que no está mejor en ningún lado. En Guatemala, en las escuelas no se oye, nunca se ha oído que alguien mata alguien en la escuela".

Él y su esposa ya han tomado una decisión desgarradora: enviar el cuerpo de Josselin a Guatemala para su entierro, una manera de asegurarse de que volverán a reunirse si deciden --o se ven obligados-- a irse de Estados Unidos. Corea llegó al país antes que su esposa e hijos y no forma parte del caso de asilo, por lo que corre más riesgo de ser deportado.

"Fue el país quien me la ha quitado", dijo Corea. Y "si nosotros regresamos a nuestro país", agregó "ella va a estar con nosotros".

A Josselin le iba muy bien en Nashville, donde le encantaba cantar y jugar fútbol. Una vez rechazó un viaje de tres días para no faltar a clase. Quería ser médico, dijo su tío, Carlos Corea: "El significado de un doctor, ¿cúal es? es salvar vidas, ¿verdad? yo creo que no fue justo para ella".

El 22 de enero, un estudiante que, según la policía, se había expresado con retórica de odio en internet, llevó una pistola a la secundaria Antioch High School, en el sur de Nashville. Abrió fuego, mató a Josselin e hirió a otro estudiante antes de dispararse. La policía no ha dicho si el objetivo del atacante era Josselin.

A un mes de iniciado 2025, se han producido al menos 15 tiroteos en un campus escolar o cerca de él, según la Base de Datos de Tiroteos en Escuelas K-12.

La pérdida de Josselin, quien con frecuencia servía de traductora para su familia, ha llevado a algunos de ellos a hablar claro.

"La verdad, no me da miedo porque estoy diciendo lo que es, estoy diciendo lo que siento", dijo Carlos Corea en español.

Por eso él y otro tío de Josselin, Juan Corea, se encontraban el lunes en la escalinata del Capitolio del Estado de Tennessee, rodeados por una multitud de legisladores demócratas, estudiantes y activistas del control de armas. Al salir de la iglesia cercana donde celebraron un funeral para Josselin, vieron a la gente reunida con fotos de su sobrina y comprendieron lo que estaba ocurriendo.

"Jamás pensamos que estaríamos en esa posición ni haciendo nada de eso pero sí queríamos enviar un mensaje", dijo Carlos corea más tarde. Los dos hombres llevaban fotos de Josselin, con su tiara de quinceañera y un brillante vestido rojo.

En Nashville ya ha habido protestas por el control de armas, sobre todo en 2023, tras la muerte de tres alumnos de tercer año y tres miembros del personal en una escuela cristiana privada. Pero con la llegada de los legisladores para debatir la creación de un zar estatal encargado de la migración, la multitud de esta protesta vinculó repetidamente la amenaza de la aplicación de las leyes de inmigración con sus temores a la violencia armada.

A través de un intérprete, Carlos Corea se dirigió a la multitud en nombre de su familia. Mientras le aclamaban, levantó el puño.

En el silencio de la casa donde se reunían para las comidas semanales, los familiares de Josselin no han podido descansar. Su tío Juan ha estado pensando en el baile que compartieron durante la celebración del cumpleaños de ella, donde le dijo a Josselin que la quería. Su padre contempla la posibilidad de hacer activismo en su nombre.

"La verdad que tenemos apoyo. Pero lo que les digo a todos los padres que les han quitado los hijos en las escuelas: que no se queden así", dijo. "Que sigan removiendo lo que puedan para que haga justicia por nuestros hijos, porque si nos quedamos con las manos cruzadas, esto va seguir siendo lo mismo".

Aunque la escuela Antioch ha reabierto sus puertas, con un agente de recursos escolares adicional y nuevos detectores de metales, los primos de Josselin que iban a la escuela con ella tienen miedo de volver. Pronto se matricularán en otra escuela, dijeron sus familiares.

El jueves, el ataúd rosa de Josselin fue cargado en un avión para su viaje de regreso a Guatemala. Allí la esperaban sus abuelos y su tía.

Christina Morales es una reportera que cubre noticias de alimentación para el Times. Más de Christina Morales

Emily Cochrane es reportera nacional de el Times, donde cubre el sur de Estados Unidos, radicada en Nashville. Más de Emily Cochrane

Jabil, una importante fabricante de componentes electrónicos para la industria tecnológica, hizo un sorprendente descubrimiento en la primavera de 2021: decenas de sus trabajadores, contratados a través de una agencia de colocación para cubrir vacantes en sus plantas de fabricación cerca de Silicon Valley, vivían ilegalmente en el país.

Jabil insistió en que fueran despedidos, acción que desencadenó un "éxodo masivo" de su plantilla e hizo necesario aplicar "medidas hercúleas" y costosas para encontrar sustitutos, incluida la organización de ferias de empleo y el préstamo de trabajadores de un cliente.

Esta agitación provocó que la empresa se retrasara tanto en los pedidos existentes como en las propuestas para conseguir nuevas ventas, con un costo de hasta 50 millones de dólares, según entrevistas y acusaciones contenidas en una demanda en curso contra la agencia de colocación.

La forma en que Jabil afrontó la repentina pérdida de trabajadores que vivían ilegalmente en el país (años antes de que Donald Trump ganara la reelección con la promesa de realizar deportaciones masivas de inmigrantes sin estatus legal permanente) presagia el posible panorama que les espera a las empresas que dependen de agencias de colocación para cubrir puestos de trabajo en fábricas, almacenes y centros de distribución.

The New York Times informó en noviembre que las empresas de personal se encontraban entre los principales empleadores de trabajadores sin estatus legal permanente y de centros de trabajo inspeccionados por infracciones de inmigración en la última década. Ahora, con la victoria de Trump, algunas empresas temen lo peor.

Toby Malara, vicepresidente de relaciones gubernamentales del grupo comercial American Staffing Association, dijo en una entrevista que la "comunidad empresarial en general" ha instado al gobierno de Trump entrante a "no proceder con las deportaciones masivas".

En un pódcast dirigido a la industria de personal, señaló que los líderes empresariales quieren evitar una situación en que la nueva administración "reúna a un montón de gente que no debería estar aquí y la deporte a México".

Y añadió: "Podría ser catastrófico para la economía".

Chris Thomas, abogado de Denver que asesora a empresarios en el tema del cumplimiento de la normativa de inmigración, les advirtió hace poco a sus clientes que es probable que la nueva administración disuada a los empresarios de utilizar agencias de colocación "para ocultar la contratación de trabajadores indocumentados". En su investigación de noviembre, el Times descubrió que, a menudo, las agencias de colocación protegían a las empresas asociadas de la responsabilidad de contratar a trabajadores que vivían ilegalmente en el país.

"Reconocemos que se avecina una tormenta de aplicación de la ley como nunca se ha visto antes", indicó en una entrevista Thomas, que trabaja en el bufete Holland & Hart.

Al parecer, los trabajadores enviados en California a Jabil, una empresa de la lista Fortune 500 con establecimientos en 25 países, no llamaron la atención de las autoridades de inmigración. Aun así, la empresa tomó la inusual medida de presentar una demanda contra la agencia de colocación, Human Bees, a la que acusó de fraude, prácticas comerciales ilegales e interferencia en un contrato, pues afirma que la agencia le garantizó que verificaría que sus trabajadores cumplieran los requisitos necesarios.

El Times revisó los registros judiciales y entrevistó a personas familiarizadas con la controversia, la mayoría de las cuales solicitaron permanecer en el anonimato porque el asunto aún está en litigio.

En los escritos judiciales, Human Bees rebatió la afirmación de que le había suministrado a sabiendas a Jabil trabajadores que vivían ilegalmente en el país, sosteniendo que respetó su acuerdo y la ley.

Pero el juez encargado del caso determinó que el número de trabajadores sin estatus legal permanente proporcionado por Human Bees hace pensar que las contrataciones no fueron un "incidente aislado" ni un error. Una auditoría de la situación de autorización de trabajo de los 159 trabajadores enviados por Human Bees mostró que casi la mitad "no cumplía los requisitos actualmente".

Dentro del sector de la contratación de personal, Human Bees había sido una estrella en ascenso. La firma fue nombrada en 2021 la empresa privada estadounidense de más rápido crecimiento por la revista Inc., con una lista de clientes que incluía nombres notables como Tesla, FedEx y Google.

En una entrevista, Geetesh Goyal, director general y copropietario de Human Bees, dijo que "no le sorprendió muchísimo" que la auditoría revelara que algunos de los empleados temporales de la empresa vivían ilegalmente en el país, aunque el porcentaje era mayor de lo que esperaba. Lo atribuyó al elevado volumen de trabajadores que carecen de estatus legal permanente en California, al que describió como "un estado de fronteras abiertas". Y añadió: "Todo el estado está abierto, cierto, así que, ¿a dónde va esta gente?".

Indicó que Human Bees llevó a cabo la investigación exigida por ley. Explicó que, normalmente, deben verificar dos tipos de documentos, como un documento de identidad expedido por el estado y una tarjeta de Seguridad Social. Añadió que un escrutinio agresivo de la documentación podría considerarse discriminatorio y dar lugar a demandas judiciales. Aclaró que, a diferencia de otros clientes, Jabil no especificó que los trabajadores debían ser examinados con el programa de verificación electrónica del gobierno, conocido como E-Verify, que es opcional en California.

El rápido ascenso de Human Bees (Inc. calculó que la tasa de crecimiento de sus ingresos en tres años era casi del 50.000 por ciento cuando destacó a la empresa en 2021) se debió en parte a su capacidad para conseguir rápidamente trabajadores para empresas como Jabil, una fabricante mundial con sede en Florida y más de 140.000 empleados.

En 2019, según entrevistas y registros judiciales, uno de los mayores clientes de Jabil (Lam Research, una gigantesca fabricante de equipos para la industria de semiconductores) aumentó su demanda de productos de Jabil. Para mantener el ritmo, Jabil necesitaba más operarios, montadores y manipuladores de materiales.

Un portavoz de Lam se negó a hacer comentarios debido al "litigio activo entre terceros".

Las agencias de colocación que ya empleaba Jabil no podían suministrarle trabajadores con la rapidez suficiente, así que, a principios de 2020, la empresa recurrió a Human Bees, que entonces se llamaba Avitek Recruit. Los trabajadores temporales enviados por Human Bees recibieron formación y observaron a otros empleados durante más de tres semanas antes de ocupar su puesto de trabajo.

Aproximadamente un año después, cuando Jabil decidió contratar a algunos de los trabajadores temporales a tiempo completo, algunos de ellos revelaron que no contaban con "la documentación adecuada", según las entrevistas y la demanda.

Esa revelación y la auditoría posterior provocaron el despido de los trabajadores que carecían de estatus legal permanente.

El director ejecutivo de Human Bees afirma que "no le sorprendió muchísimo" enterarse de que algunos de los empleados temporales de la agencia no estaban autorizados, aunque era un porcentaje mayor del que esperaba. (Mike Kai Chen/The New York Times)

Jabil demandó a Human Bees, la agencia de colocación que envió trabajadores no autorizados a sus fábricas. (Mike Kai Chen/The New York Times)

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El presidente electo Donald Trump citó repetidamente el caso de Riley en su campaña a favor de la deportación masiva de millones de personas indocumentadas.

Un migrante venezolano de 26 años fue declarado culpable el miércoles de asesinar a Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia cuyo caso ha mencionado repetidamente el presidente electo Donald Trump en su campaña en favor de la deportación masiva de millones de personas indocumentadas.

Riley, de 22 años, fue atacada en febrero mientras corría por un sendero del campus de la Universidad de Georgia en Athens. Un día después, las autoridades acusaron a José Antonio Ibarra, migrante que había entrado ilegalmente en el país, en relación con el asesinato.

Ibarra se enfrentaba a numerosos cargos, entre ellos asesinato doloso y agresión agravada con intento de violación.

El juez H. Patrick Haggard del Tribunal Superior Estatal del condado de Athens-Clarke lo declaró culpable y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras un juicio sin jurado de cuatro días. El juez Haggard anunció el veredicto solo unos minutos después de que los abogados concluyeran sus alegatos, repitiendo la declaración anterior del fiscal de que las "pruebas eran abrumadoras y contundentes".

El juez, en lugar de un jurado, decidió el caso a petición de los abogados de Ibarra, después de que intentaron sin éxito trasladar el caso fuera de Athens. El miércoles, los abogados de Ibarra dijeron que su decisión de solicitar un juicio sin jurado se basaba en la preocupación de que un jurado de Athens no pudiera examinar las pruebas desapasionadamente.

Durante meses, el nombre de Riley fue invocado por los conservadores, quienes argumentaban que su muerte había sido el resultado del fracaso del gobierno de Joe Biden a la hora de asegurar las fronteras de la nación. En campaña, Trump llamó "monstruo" a Ibarra. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, interrumpió al presidente Biden durante su discurso del Estado de la Unión, incitándole a que abordara el caso.

En una publicación en las redes sociales el miércoles por la tarde, Trump escribió en parte: "Te queremos, Laken, y nuestros corazones siempre estarán contigo. Es hora de asegurar nuestra frontera y expulsar a estos criminales y matones de nuestro país, ¡para que nada como esto pueda volver a ocurrir!".

Durante el juicio, los fiscales eludieron en gran medida las cuestiones relacionadas con la condición de inmigrante de Ibarra. En cambio, se enfocaron en el 22 de febrero, presentando a Ibarra como un depredador que esa mañana había salido a la caza de mujeres y a Riley como una víctima que se cruzó en su camino.

Los fiscales describieron un angustioso forcejeo en el que Riley intentó zafarse de su agresor, clavándole las uñas en los brazos y el cuello, dejándole profundos arañazos. Después, los fiscales dijeron que Ibarra la arrastró fuera del sendero para correr, donde la estranguló y la golpeó en la cabeza con una piedra, utilizándola "como si fuera un martillo", dijo Sheila Ross, fiscala especial encargada del caso, en su alegato final.

"Las pruebas de este caso", añadió, "han dicho alto y claro que es el asesino de Laken Riley".

Los abogados de Ibarra argumentaron que las pruebas contra él eran circunstanciales y no concluyentes, y que su hermano, Diego Ibarra, con quien compartía apartamento en Athens, podría haber sido el culpable. Sus abogados alegaron que Diego Ibarra era más alto y más atlético que su hermano.

"José era bajo, era regordete", dijo Kaitlyn Beck, una de las abogadas de la defensa, en su alegato final.

"Ella era rápida, podría haberle dejado atrás", añadió Beck, refiriéndose a Riley. "Pero hay otro sospechoso en este caso que es más alto, que está más en forma físicamente".

Los fiscales se apoyaron en la tecnología, incluidos los datos de los teléfonos móviles y los datos de seguimiento de un reloj de correr, para proporcionar un relato detallado del ataque y de la frenética búsqueda mientras los compañeros de departamento de Riley y las autoridades intentaban encontrarla aquella mañana.

Riley había salido a correr poco después de las 9 a. m., escuchando música y corriendo a gran velocidad. Pero unos 10 minutos después, activó la función de emergencia de su iPhone y llamó al 911. La línea permaneció en silencio durante casi un minuto antes de que se oyera a un hombre decir "Yo tengo" en español, según una grabación mejorada por los investigadores.

A las 9:28 a. m., el reloj inteligente de Riley ya no detectaba los latidos de su corazón.

Ella y sus compañeras de casa compartían la ubicación de sus teléfonos y utilizaron esa información para intentar encontrarla.

Un agente de policía del campus encontró su cuerpo sobre las 12:30 p. m. La habían arrastrado unos 20 metros desde el sendero, donde estaba cubierta con hojas.

Los investigadores relacionaron a Ibarra con el ataque gracias a la huella de un pulgar que se encontró en la pantalla del teléfono de Riley y a la cámara del timbre de un complejo de apartamentos cercano al lugar del crimen, que captó a un hombre parecido a Ibarra arrojando una chaqueta a un contenedor de basura. La chaqueta tenía pelo largo y oscuro y manchas de sangre.

Los abogados de Ibarra argumentaron que podría haber sido su hermano quien hubiera tirado la chaqueta, y que Ibarra no fue la única persona que utilizaba el teléfono móvil en el que se basaron los investigadores para situarlo cerca del lugar de los hechos.

Los fiscales dijeron que las pruebas de ADN encontradas bajo las uñas de Riley demostraban que Ibarra había sido su agresor.

Durante el juicio, Ross dijo que Ibarra había salido aquella mañana para acechar mujeres. También fue declarado culpable el miércoles de un cargo de "mirón" derivado de su merodeo fuera de la casa de otra mujer antes de dirigirse al sendero donde encontró a Riley.

El asesinato inquietó profundamente a Athens, sede del campus principal de la Universidad de Georgia. Pero el caso se elevó rápidamente tras la detención de Ibarra, cuando los funcionarios electos se centraron en su condición de migrante y en sus anteriores interacciones con las fuerzas de seguridad.

Ibarra fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza cuando ingresó al país en 2022 cerca de El Paso, según funcionarios federales. Como muchos migrantes, fue puesto en libertad con un permiso temporal para permanecer en el país, y se dirigió en un principio a Nueva York. El año pasado se trasladó a Athens porque su hermano vivía allí, según el testimonio durante el juicio.

Anteriormente había sido detenido en Nueva York por conducir un escúter sin licencia y con un menor que no llevaba casco, y de nuevo en relación con un caso de hurto en Georgia.

El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, dijo que el resultado suponía un poco de justicia. "Las políticas de fronteras abiertas le fallaron a Laken Riley, y el veredicto de hoy es un recordatorio de que la seguridad de nuestras comunidades debe seguir siendo nuestra prioridad número 1", dijo en un comunicado.

En el tribunal, el miércoles por la tarde, familiares y amigos de Riley se presentaron ante el juez Haggard, uno tras otro, compartiendo la angustia que ha llenado sus vidas en los meses transcurridos desde el ataque.

"José Ibarra no se apiadó de mi niña asustada, que luchó, presa del pánico", dijo Allyson Phillips, su madre. "El dolor, el sufrimiento y la pérdida que hemos experimentado no tienen fin".

Rick Rojas es el jefe de buró del Times en Atlanta, y lidera la cobertura del sur de Estados Unidos. Más de Rick Rojas

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El nuevo gobierno de Trump promete mano dura contra la migración. Pero durante años, la economía bajo demanda ha estado impulsada por agencias de empleo sin escrúpulos que explotan a los trabajadores migrantes.

Durante los peores momentos de la pandemia, las ventas de Alo Yoga aumentaron a medida que su popularidad se disparaba en las redes sociales. Kendall Jenner apareció en Instagram luciendo los leggings de cintura alta de la marca. Alessandra Ambrosio y Jennifer Lopez también usaron prendas de Alo. En solo un año, el negocio casi se duplicó, superando los mil millones de dólares.

La empresa hermana de Alo, Bella+Canvas, mayorista de ropa básica, también alcanzó un hito, al vender directamente a los consumidores a través de su sitio web. Para mantener el ritmo, las dos empresas recurrieron a un nuevo y enorme almacén de distribución en Nevada.

Encontrar trabajadores para este tipo de instalaciones no es tarea fácil, pero las empresas estadounidenses suelen recurrir a una estrategia probada: contratar a agencias de empleo que les dan trabajos temporales a migrantes, incluidos algunos que entran de manera ilegal en el país y están desesperados por encontrar una labor.

Este año, la frontera sur de Estados Unidos volvió a ser un punto álgido en los comicios presidenciales, en los que el presidente electo, Donald Trump, prometió deportar a millones de personas de quienes dijo que estaban "envenenando la sangre" del país. A los pocos días de su reelección, anunció su intención de nombrar a funcionarios de línea dura en materia de migración.

A pesar de la dureza de esas declaraciones, la problemática frontera del país ha sido un salvavidas para la economía bajo demanda de Estados Unidos tanto en los gobiernos demócratas como republicanos, incluido el primer mandato de Trump, según descubrió una investigación de The New York Times. Miles de empresas han explotado su permeabilidad reclutando a trabajadores de las filas de migrantes no autorizados, a veces con impunidad.

Oculto a la vista del público está el papel de intermediario que a menudo desempeñan las agencias de empleo. Reclutan trabajadores para almacenes, fábricas y centros de distribución que producen miles de millones de dólares en mercancías a empresas de marca.

Una de las agencias más conocidas, BaronHR, trabajó con Alo Yoga y Bella+Canvas durante años, incluso en el almacén de Nevada. Los datos muestran que el fundador de la agencia, Luis E. Perez, se presentaba como un benefactor de los trabajadores migrantes, pero en muchos casos sus empresas los estafaban con sus salarios y les robaban el pago de sus impuestos.

Aunque BaronHR les daba trabajo a los migrantes --y empleados a las empresas--, también participaba activamente en el lado más oscuro de la economía de la migración. Hasta la quiebra de la empresa a principios de este año, fue un agente de la explotación de trabajadores a menudo mal pagados y que trabajaban en condiciones inseguras, al tiempo que protegía a las marcas de su responsabilidad directa.

Para poder analizar este hermético mundo, el Times ha consultado miles de páginas de expedientes judiciales, documentos internos de la empresa y documentos reglamentarios, y ha entrevistado a 100 empleados migrantes, así como a reguladores y expertos del sector.

Perez ahora está en la cárcel a la espera de sentencia tras declararse culpable de delitos fiscales federales que implican casi 60 millones de dólares. Pero desde 2018, mientras su caso no se resolvía, los registros indican que BaronHR y sus firmas afiliadas celebraron contratos y cobraron más de 750 millones de dólares de socios corporativos, incluidos Alo Yoga y Bella+Canvas. Gran parte del negocio ocurrió incluso cuando Trump tomó medidas enérgicas contra la migración ilegal.

Los minoristas de ropa de propiedad privada no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios, incluida una lista detallada de hallazgos dirigida a sus fundadores y entregada de manera física en su sede de Beverly Hills. Un representante de Jenner, Ambrosio y Lopez declinó hacer comentarios.

En una declaración enviada desde la cárcel en Santa Ana, California, Perez dijo: "Hay limitaciones significativas en mi capacidad para poder colaborar con usted", debido a su situación legal y lo que caracterizó como graves problemas de salud.

Dijo que, a menudo, BaronHR era un empleador "solo de nombre" porque "los clientes dictaban los términos y condiciones de empleo" y que desde 2018 había tenido una "participación restringida". También declaró que algunos de sus detractores eran "exempleados descontentos, competidores y clientes menos que ideales".

En un día cualquiera, las agencias de Perez contaban con más de 8000 trabajadores en sedes asociadas, según una declaración de 2021 de un antiguo alto ejecutivo. Durante más de una década, proporcionaron personal a unas 800 empresas grandes y pequeñas, cotizadas en bolsa y privadas, según muestran las listas de clientes y otros registros obtenidos por el Times. Además de Alo Yoga y Bella+Canvas, entre las empresas figuraban gigantes tan conocidos como TJX --empresa matriz de TJ Maxx, HomeGoods y Marshalls-- y Keurig Dr Pepper, el fabricante de bebidas.

Esos registros no identifican el estatus legal de los trabajadores, pero Stacy Mohler, una exgerente de BaronHR, dijo que algunas compañías se mostraban inflexibles a la hora de investigar a los trabajadores, mientras que otras solo querían contratar a cualquier persona, aunque no tuviera las capacidades necesarias para el cargo. Otro exdirectivo dijo que se corre la voz rápidamente sobre las empresas de personal que "contratan a cualquiera".

Las agencias de personal figuraban entre los principales empleadores de trabajadores no autorizados en los centros inspeccionados por infracciones de las normas migratorias en la última década, según los datos recogidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Los registros indican que al menos 160 empresas de dotación de personal, la mayoría de ellas identificadas durante el gobierno de Trump, emplearon a personas con documentos sospechosos o sin evidencia de autorización.

Los expertos en migración dicen que este patrón de contratación refleja un fenómeno mucho más amplio que también fue detectado en los gobiernos de Joe Biden y Barack Obama, pero las agencias de personal contactadas por el Times disputaron la exactitud de los datos o sugirieron que los trabajadores habían tergiversado su estatus.

El grupo de la industria que representa a las empresas de personal dice que los socios a veces las utilizan como chivos expiatorios.

"Los clientes intentan constantemente trasladarnos la responsabilidad", dijo Ed Lenz, consejero principal de la American Staffing Association. (BaronHR no era miembro.) "Y es una vieja pelea que tenemos con los clientes porque están tratando de liberarse de toda la responsabilidad que puedan".

Decenas de agencias de colocación han sido acusadas de cometer infracciones en los centros de trabajo de sus empresas asociadas, como acoso sexual, discriminación racial, robo de salarios o fallos de seguridad que provocaron amputaciones, aplastamiento de partes del cuerpo y muertes.

Los organismos reguladores federales, estatales y locales han realizado al menos 80 investigaciones de agencias por posibles infracciones relacionadas con migrantes, y muchos de ellos están de manera ilegal en Estados Unidos, según los registros del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos a través de solicitudes de registros públicos. Fueron recopilados durante el gobierno de Biden, pero documentan acusaciones que se remontan al menos hasta la era Trump. No indican el estado de las investigaciones, y un vocero del departamento no proporcionó más información.

Por ejemplo, tres empresas de contratación de personal están siendo investigadas por el Departamento de Trabajo de Illinois por problemas relacionados con una formación inadecuada en Ferrara Candy, fabricante de SweeTarts y Jelly Belly.

La empresa de golosinas también está siendo investigada, según los registros. En un comunicado, describió la investigación como "frívola" y dijo que "todos los trabajadores temporales y a tiempo completo entienden los peligros y las medidas de seguridad apropiadas de su función asignada".

Entrevistas y registros regulatorios muestran que BaronHR y sus afiliadas han sido objeto de al menos tres investigaciones relacionadas con la discriminación o la falta de pago a los trabajadores asignados en decenas de lugares de trabajo, incluyendo en TJX.

En un comunicado, TJX dijo que exige a los socios de dotación de personal que proporcionen trabajadores autorizados. "Dado que estas personas son empleados de Baron", dijo la compañía, "sería inapropiado que nosotros hiciéramos comentarios sobre las prácticas comerciales de BaronHR".

Perez, el fundador de BaronHR, describió a "la gran mayoría" de sus trabajadores como empleados "rollover" que habían sido contratados por otra agencia o que ya trabajaban para la empresa asociada.

En todo el país, BaronHR se hizo conocida por emitir cheques de pago con salarios inferiores o sin fondos suficientes. El Times obtuvo correos electrónicos de BaronHR, entrevistó a empleados y revisó demandas que describían más de una década de problemas de pago.

Un trabajador de Colombia dijo que incluso las operaciones de cambio de cheques que eran populares entre los migrantes indocumentados a menudo lo rechazaban. "Era siempre un dolor de cabeza", dijo el hombre, quien trabajó en el almacén de Alo Yoga y Bella+Canvas en Nevada.

Los minoristas fueron algunas de las muchas empresas que recurrieron a los servicios de Perez después de que él y sus empresas sufrieron redadas del gobierno, detenciones, quiebras, imputados y demandas, según las entrevistas, los registros de clientes de BaronHR y los expedientes judiciales.

Las relaciones son un ejemplo de cómo las empresas pueden beneficiarse de la migración ilegal y eludir su responsabilidad en la explotación de los trabajadores.

En una declaración jurada realizada en mayo, el director de operaciones y seguridad de almacén de los dos minoristas dijo que habían trasladado a los trabajadores de BaronHR en California y Nevada a nuevas agencias de empleo y que habían pagado los salarios que faltaban. La intervención se produjo tras un paro laboral realizado en el almacén de Nevada en enero.

El juego de los empleos

El año pasado, unos 13 millones de personas trabajaron en empleos temporales, y más de un tercio se desempeñaron en almacenes, centros de distribución y otros entornos industriales, según la American Staffing Association.

Para muchos migrantes no autorizados, las empresas de trabajo temporal son una manera de encaminarse. En las entrevistas, algunos contaron que su primer trabajo en BaronHR les había parecido un regalo del cielo.

Un salvadoreño ganaba 40 dólares al día vendiendo naranjas en Los Ángeles. Cuando más tarde llegó a Nevada, BaronHR lo envió al almacén de Alo Yoga y Bella+Canvas por 17 dólares la hora.

Una mujer que había huido de la violencia en Sudamérica trabajó para dos agencias de empleo en Nueva Jersey antes de que BaronHR la enviara a Pensilvania. Allí, dijo, descargó maniquíes, ropa y decoración de tiendas para un centro propiedad de TJX por 18 dólares la hora.

Elizeth Peláez, migrante de México, ganaba 400 dólares semanales como empleada doméstica en Florida, antes de conseguir trabajo con BaronHR en Nevada. Al principio, empaquetaba papas fritas y vitaminas por 10 dólares la hora y soldaba cables para máquinas de casino por 11. Finalmente, dijo, condujo una carretilla elevadora por 18 dólares la hora.

Pero sus cheques de BaronHR rebotaban tan a menudo que no podía pagar el alquiler. Dormía en una oficina de un edificio que limpiaba por su cuenta.

"Tienes que hacer lo que te piden", dijo,"porque sino te quedas con cero".

Para encontrar a esos trabajadores, BaronHR recurrió a plataformas de redes sociales, como LinkedIn, y al boca a boca. Publicó folletos en lavanderías y tiendas y abrió oficinas en barrios de migrantes.

Durante años, Perez también aprovechó sus conexiones culturales.

Nacido en México y criado en el condado californiano de Orange, centró el reclutamiento en la población hispana del sur de California. En su declaración, hizo hincapié en sus orígenes humildes. "Estoy muy familiarizado con la experiencia de los migrantes que luchan por llegar a fin de mes", dijo, "porque yo fui uno de ellos".

En 2003, su primera empresa, entonces llamada Checkmate Staffing, produjo cientos de millones de dólares al año en negocios, dijo Perez a los investigadores del gobierno, según los registros judiciales. Otras revelaciones mostraron que los trabajadores de Checkmate trabajaban para más de 1200 empresas.

Las agencias de empleo ganan dinero cobrando a las empresas un "margen de beneficio" sobre los salarios por hora. Algunas encuentran formas turbias de obtener una ventaja competitiva. Perez podía permitirse pequeños márgenes porque recortaba gastos obligatorios, como el pago de indemnizaciones a los trabajadores y los impuestos sobre las nóminas, según las entrevistas y las dos décadas de causas penales abiertas en su contra.

Sin proporcionar detalles, Perez dijo en su declaración que BaronHR se basó en contratistas de terceros que "engañó" a la agencia de personal sobre la cobertura de compensación de trabajadores o retuvo los salarios cuando "los clientes no pagaron a tiempo".

David Weil, exadministrador de la división de salarios y horas del Departamento de Trabajo estadounidense, dijo que los operadores como Perez entran "y salen del negocio bajo múltiples nombres", eludiendo la responsabilidad mediante la creación de un "juego de Whac-a-Mole".

Y añadió: "Si creas un entorno en el que esencialmente permites que algunas empresas compitan sobre la base del robo de salarios, empieza a bajar el listón".

Lenz, de la Staffing Association, dijo que las empresas que respetan la ley se sienten "profundamente frustradas" porque "están siendo machacadas en el mercado".

BaronHR y sus filiales florecieron, llegando a expandirse por unos 15 estados. "Hacíamos cientos de colocaciones cada hora", dijo Becky Romero, exvicepresidenta ejecutiva de BaronHR, quien interpuso una demanda por acoso sexual y despido improcedente contra la empresa.

'Nada se está arreglando'

Las prácticas de BaronHR no eran un secreto en el sector.

Desde hace más de una década, ha habido demandas, quejas de derechos civiles y otras acciones públicas contra la empresa. Y en múltiples ocasiones, ejecutivos de una agencia de empleo rival enviaron correos electrónicos a clientes de BaronHR sobre los problemas. Una persona familiarizada con los correos electrónicos dijo que fueron a más de 120 empresas asociadas no reveladas.

Un ejecutivo de la competencia, Partners Personnel, escribió en marzo de 2021 que los roces de Perez con la ley tenían el "potencial de interrumpir significativamente sus operaciones" y "manchar la industria de la dotación de personal".

Algunos clientes de BaronHR dejaron de usar sus servicios cuando los problemas de la agencia se hicieron más conocidos, pero cientos la siguieron usando.

Cuando Keurig Dr Pepper firmó un nuevo contrato con BaronHR en 2019 para dotar de personal a una instalación en California, Perez y dos de sus ejecutivos se enfrentaban a cargos estatales por fraude fiscal y de primas de compensación de trabajadores.

Más tarde ese año, cuando los fiscales federales anunciaron una acusación que imputaba a Perez no pagar millones en impuestos sobre la nómina, Keurig Dr Pepper amplió la asociación para incluir más almacenes.

Los socios profundizaron su relación con un contrato nacional, según una demanda por despido improcedente presentada por un antiguo empleado de BaronHR.

Los registros de la agencia muestran que los trabajadores fueron enviados a ubicaciones de Keurig Dr Pepper en todo el país, incluidos los sitios de fabricación y almacenamiento en Florida e Illinois. Al igual que los otros registros de BaronHR revisados por el Times, estos no indican el estatus migratorio de los trabajadores.

En un comunicado, Keurig Dr Pepper no hizo comentarios sobre las prórrogas de los contratos, pero dijo que había terminado su relación con BaronHR porque la empresa era "incapaz de cumplir con los estándares esperados en nuestros procesos internos de proveedores".

La empresa añadió que exige a todos los proveedores que cumplan la ley y sus normas éticas, incluida la comprobación del estatus migratorio de los solicitantes. También dijo que "no observó ninguna conducta" contraria a sus normas.

Del mismo modo, las filiales alimentarias de CJ Group mantuvieron una relación con BaronHR mientras ellas y la empresa de dotación de personal se enfrentaban a demandas de trabajadores, según muestran los registros.

El Times se puso en contacto con Schwan's, que el año pasado se fusionó con las filiales de alimentos y produce productos con Red Baron, Bibigo y otras marcas. En un comunicado, un portavoz de Schwan's reconoció que había habido "un puñado de situaciones" en las que "BaronHR no pagó a los trabajadores", pero dijo que "siempre pagamos a BaronHR por el trabajo realizado", y "esperamos que las empresas con las que trabajamos cumplan todas las leyes".

En las entrevistas, varios exempleados de las oficinas de BaronHR describieron a trabajadores de diversos sitios, entre ellos Alo Yoga y Bella+Canvas, quejándose de salarios faltantes y cheques de pago sin fondos. En algunos casos, respondían a llamadas de empresas asociadas para preguntar por qué los trabajadores no cobraban.

A menudo, dijeron, ofrecían promesas vacías. Uno recordó haber dicho a las empresas: "Nada se está arreglando".

En su declaración, Perez dijo que aceptaba la "responsabilidad última" de sus problemas fiscales, al tiempo que repartía culpas entre los demás.

"Mi percance fue contratar a personas con formación y experiencia limitadas para dirigir el negocio", dijo, "y retener a profesionales que me dieron muy malos consejos".

'USA Strong'

Alo Yoga y Bella+Canvas --que se promociona como "USA Strong" por crear empleo estadounidense-- fueron socios constantes de BaronHR. Son propiedad de Color Image Apparel, una empresa privada con sede en Beverly Hills, fundada por Danny Harris y Marco DeGeorge.

La relación con BaronHR se remonta aproximadamente a una década, cuando la empresa de dotación de personal empezó a suministrarles trabajadores en los suburbios de Los Ángeles, según muestran los registros y las entrevistas. También indican que BaronHR y los minoristas estaban en estrecha comunicación cuando surgieron problemas en el almacén de Nevada. BaronHR y otras firmas proveedoras de personal tenían representantes apostados en el comedor, según trabajadores y empleados corporativos de BaronHR.

En septiembre de 2022, un nuevo contrato entre Bella+Canvas y BaronHR establecía la responsabilidad de la agencia en la selección, contratación y pago de los trabajadores. En los tres años anteriores, al menos cuatro trabajadores habían demandado tanto a BaronHR como a Bella+Canvas por salarios y otras reclamaciones. Tres de ellos llegaron a un acuerdo y uno, que también presentó una denuncia por discriminación ante la agencia de derechos civiles de California, tiene una demanda pendiente.

El Times entrevistó a más de 20 personas que BaronHR había contratado para trabajar para Alo Yoga, Bella+Canvas, Color Image o sus contratistas. Todos ellos estaban indocumentados durante su empleo, y algunos compartieron textos, correos electrónicos, talones de pago y otros documentos.

Muchos de los trabajadores describieron cómo los bancos rechazaban sus cheques de pago por falta de fondos. Dijeron que, en otoño pasado, BaronHR a menudo los mandaba a empresas específicas de cambio de cheques que cobraban altas comisiones.

"La compañía no debería decirme, haz con tu dinero esto, porque es mi dinero", dijo un trabajador, Eduardo Olmos.

Las empresas designadas cambiaban con regularidad y, a última hora del día, a veces rechazaban a los trabajadores. Algunos trabajadores fichaban a mitad de turno para cobrar. Con tanta prisa, María Acuña, antigua supervisora en Nevada, dijo que una vez ella y unos compañeros evitaron por poco un accidente de coche.

"Nos bajamos del carro corriendo", dijo.

Otra trabajadora estuvo una vez en una "sección VIP", empaquetando artículos de Alo Yoga para famosos y personas influyentes en las redes sociales. La empleada era madre soltera e indocumentada y dijo que se había retrasado en el pago del alquiler debido a los cheques sin fondos y le preocupaba la alimentación y el vestido de sus hijos.

Algunos dijeron que se habían quejado a directivos de Alo Yoga y Bella+Canvas. Los correos electrónicos documentan algunos de los intercambios.

En un correo, una trabajadora se quejó el año pasado a un directivo de Bella+Canvas de que su banco rechazaba repetidamente sus cheques. Su intercambio de correos electrónicos se prolongó durante más de tres meses e involucró a la agencia de personal.

Mientras los trabajadores luchaban por cobrar, Alo Yoga promocionaba grandes descuentos navideños y, en Instagram, envíos rápidos gratuitos en "atuendos de fiesta" y "listas de deseos de invierno".

Muchos trabajadores que hablaron con el Times se habían comprometido a trabajar seis días a la semana para satisfacer la demanda. A cambio, BaronHR prometió bonificaciones, pero muchos de esos cheques también rebotaron.

Tras pasar apuros para cobrar durante las fiestas de fin de año, los trabajadores de Nevada ocuparon la cafetería y se negaron a trabajar. A los pocos días, Alo Yoga y Bella+Canvas cambiaron a los trabajadores de BaronHR por otras agencias que proveían de personal a sus almacenes.

En mayo, Delfino Barragan, el gerente de operaciones de almacén y seguridad de las marcas de ropa, reconoció en una presentación judicial que, durante cuatro semanas a partir de diciembre pasado, BaronHR había "dejado de pagarle a su personal".

Dijo que las marcas habían pagado unos 425.000 dólares a las otras agencias para cubrir "costos laborales que BaronHR no pagó", y achacó a los "incumplimientos" de la empresa de personal otros posibles costos.

Algunos trabajadores seguían calculando sus pérdidas meses después. Cuando el hombre salvadoreño, que antes vendía naranjas, trató de declarar sus impuestos este año, se enteró de que BaronHR no había reportado sus ingresos, a pesar de que había deducido los impuestos federales de sus cheques de pago, según dijo en una entrevista. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos le dijo que no tenía constancia de su empleo en el almacén de Nevada.

'Esa gente necesitaba el trabajo'

El empleo de migrantes indocumentados era fundamental para el negocio de BaronHR.

Una empresa que se asoció con la firma determinó que dos tercios de sus trabajadores de la agencia de personal eran indocumentados, según una demanda de 2019 de un exejecutivo de BaronHR.

El ejecutivo, Michael Morris, quien también formó parte de la junta corporativa, instó a Perez a despedir a los gerentes "que contrataron empleados indocumentados porque esa práctica no es ética y es ilegal", dijo la demanda, y planteó preocupaciones de que los trabajadores "estaban siendo explotados por BaronHR y sus clientes".

Morris pronto fue degradado, dice la demanda, y más tarde despedido. Los registros judiciales muestran que BaronHR acordó pagarle 250.000 dólares en un acuerdo que incluía una cláusula de confidencialidad.

A principios de este año, cuando las tres agencias laborales federales y estatales notificaron al Departamento de Seguridad Nacional que se estaba investigando a BaronHR, las infracciones laborales afectaban a trabajadores no autorizados destinados a decenas de empresas, según las entrevistas y los documentos financieros.

Entre ellas figuran una empresa de aperitivos propiedad en aquel momento de Utz, el hotel de Las Vegas Circus Circus, y Alo Yoga y Bella+Canvas. Ninguna de esas empresas respondió a las solicitudes de comentarios.

Varios exempleados de BaronHR dijeron que la empresa tenía como objetivo a los migrantes indocumentados porque era menos probable que renunciaran o hablaran si eran maltratados.

"Esa gente necesitaba el trabajo", dijo Yesenia Murillo, representante de ventas en la oficina de BaronHR en Chula Vista, California, en 2017 y 2018, y agregó que la agencia y sus clientes habían aprovechado la desesperación de los trabajadores para colocarlos en trabajos "peligrosos, arriesgados e inhumanos"

En 2017, cuando el gobierno de Trump intensificó las inspecciones en los lugares de trabajo para trabajadores indocumentados, las agencias de dotación de personal de todo el país recibieron avisos de que agentes federales las visitarían.

Por esa época, el gerente de una sucursal de BaronHR en Chula Vista ordenó a los empleados que tiraran cientos de documentos de verificación de empleo conocidos como I-9, según las demandas presentadas por Murillo y otros dos exempleados.

Al año siguiente, los empleados de la misma oficina fueron instruidos por un auditor de cumplimiento para blanquear partes de I-9, hacer copias borrosas de los formularios alterados, triturar formularios y falsificar firmas en los formularios sin firmar, dijeron las demandas. Las denuncias citaban un correo electrónico de Joseph Martínez, jefe de ventas y operaciones de BaronHR, en el que expresaba su frustración por el reiterado incumplimiento de la ley por parte de la empresa.

"Es evidente que se está produciendo un fraude", escribió. Y añadió: "No podemos estar falsificando documentos gubernamentales". Según el abogado de los empleados, Josh Gruenberg, todas las demandas se resolvieron.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas inspeccionó posteriormente la documentación de Chula Vista y emitió un aviso de advertencia, según consta en los registros, lo que significa que encontró infracciones que debían ser subsanadas.

BaronHR no fue multada, según los registros. Pero fue denunciada al Departamento de Seguridad Nacional en virtud de un programa del gobierno de Biden que ofrece algunas protecciones a los trabajadores no autorizados y a los trabajadores temporalmente autorizados que denuncian infracciones laborales.

Hasta ahora, al menos otras 75 agencias de empleo de 17 estados han sido investigadas, según los documentos. El Departamento de Seguridad Nacional no quiso aclarar el estado de las investigaciones.

Solo un grupo de trabajadores, Arriba Las Vegas, ha recogido pruebas de maltrato de más de 1000 personas que trabajaron para BaronHR o sus filiales en California, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Texas o Nevada, dijo Bliss Requa-Trautz, directora ejecutiva de la organización. Casi todos ellos no habían sido autorizados a trabajar en Estados Unidos, y algunos habían trabajado para BaronHR en épocas que se remontaban a los gobiernos de Trump y Obama.

Miedo a hablar

Cuando José Tapia se desgarró los tendones del hombro en 2017 en un almacén en Carson, California, no fue llevado de urgencia a un hospital, sino a la sucursal de BaronHR para ser interrogado por un abogado, según entrevistas y alegaciones en una demanda.

Tapia aún no se ha sometido a la cirugía recomendada por su médico, dijo, porque la agencia de empleo no tenía el seguro obligatorio del estado que cubre ese tratamiento, y no puede pagarlo él mismo. Su abogado dijo que se había llegado a un acuerdo en su caso, pero sigue esperando el pago.

En los últimos 15 años, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha inspeccionado los centros de trabajo de BaronHR unas 65 veces, contabilizando casi 100 infracciones con multas por un total de al menos 335.000 dólares, según datos federales. En la mayoría de los incidentes, las empresas asociadas a BaronHR también fueron citadas.

Algunos trabajadores han dicho en demandas y denuncias de derechos civiles que fueron despedidos o dejaron de recibir asignaciones después de sufrir una lesión o informar de otros problemas de salud. Otros no recibieron indemnizaciones por accidentes laborales, según se desprende de los registros y las entrevistas. Recientes declaraciones de quiebra enumeran unos 300 casos sin resolver, con más de 2 millones de dólares adeudados a trabajadores lesionados, proveedores médicos y otros.

Las quejas de los trabajadores van más allá de los problemas de salud y seguridad. Según las denuncias recogidas en entrevistas, demandas y acciones reguladoras, BaronHR también creó un entorno permisivo para la discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual y embarazo.

Martínez, el exejecutivo de BaronHR que expresó su preocupación por la falsificación de documentos de empleo, presentó una demanda por discriminación y acoso, en la que acusó a la empresa de dotación de personal de haber mantenido registros codificados que permitían a los socios elegir a los trabajadores en función de la raza y otros factores.

Un documento interno, decía la demanda, se refería a los solicitantes negros como "friendlys", a las mujeres como "lights" y a los hombres como "heavys".

Este año, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo resolvió una demanda por discriminación contra BaronHR y Radiant Services, una empresa de lavandería comercial, que planteaba cuestiones similares relacionadas con el género y la raza. BaronHR acordó pagar 2,2 millones de dólares, y Radiant 1,1 millones.

Volvía a querer esas cosas

Durante más de dos décadas, los investigadores estatales y federales centraron su atención en Perez, el fundador de BaronHR, por infracciones laborales y fiscales. Pero se escabullía y volvía a empezar.

En los primeros años, su riqueza atrajo una atención desmesurada y apareció en publicaciones financieras y de entretenimiento, donde alardeaba de poseer varias casas en el sur de California y una flota de coches de lujo, entre ellos un Lamborghini y un Bentley. Hablaba de sentarse junto a la cancha en los partidos de los Lakers y los Clippers, de asociarse con el actor Mario Lopez en una productora y de codearse con Andy Garcia y otros famosos de Hollywood. Su empresa de entonces, Checkmate, entró en la lista de los 100 empresarios de la revista Hispanic.

Contactada por el Times, una vocera de Garcia dijo que los dos hombres se conocieron "brevemente en un torneo de golf" pero que no tuvieron más relación. Una vocera de Lopez dijo que Perez "apenas era un conocido" y describió la asociación como "una completa invención".

En otoño de 2003, la suerte de Perez dio un giro cuando los investigadores allanaron las oficinas de Checkmate. Se declaró en bancarrota, lo que reveló que Checkmate tenía deudas que superaban los 50 millones de dólares, incluidos 15 millones que debía al fisco. Poco después, Perez y varios de sus ayudantes fueron acusados en California de defraudar a las aseguradoras casi 40 millones de dólares en primas.

En una declaración de quiebra personal en 2010, afirmó que solo tenía 17 dólares en su cuenta corriente y que debía 8 millones en impuestos. También declaró una participación de 300 dólares en una nueva agencia: BaronHR.

En 2011, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de San Bernardino abandonó el caso criminal contra Perez después de que una víctima, el Fondo Estatal de Seguro de Compensación, dijo a los fiscales que desmentiría sus propias auditorías del presunto fraude, según muestran los registros. El fiscal supervisor del caso, ahora jubilado, dijo al Times que se trataba de un cambio de postura muy inusual, y no pudo ofrecer ninguna explicación.

En ese momento, Perez anunció en un comunicado de prensa que había sido "exonerado". Varios de sus clientes de Checkmate lo siguieron a BaronHR.

Su regreso como el ave fénix fue emblemático de la naturaleza del "Salvaje Oeste" del mundo de la contratación de personal, dijo Pollie Pent, exdetective de la división de fraude del Departamento de Seguros de California, quien ahora trabaja en el sector de los seguros. "Hay muy poca supervisión".

En 2017, Perez volvió a estar en problemas y pasó dos mañanas en la oficina del fiscal general de Estados Unidos en Santa Ana, California, tratando de llegar a un acuerdo. Las notas de las reuniones revelan una visión poco habitual y sin tapujos del negocio.

Según Perez, el sector de la contratación de personal estaba repleto de personas que utilizaban los números de la seguridad social de los reclusos para contratar personal en sus centros de trabajo. Dijo que la constante apertura y cierre de empresas por los mismos propietarios indicaba que evadían impuestos.

Las agencias que eludían el pago de impuestos sobre el empleo podían hacer ofertas inferiores a las de la competencia, dijo Perez, quien se ofreció a dar nombres de empresas que estaban "infravalorando y desvalijando". También se ofreció a identificar a las empresas colaboradoras que se ensuciaban las manos exigiendo comisiones ilegales.

En cuanto a sus propios problemas, desvió muchas transgresiones hacia subordinados y contables, pero admitió que había comprado coches, un barco y un avión mientras debía millones de dólares al fisco, y luego ocultó bienes para que no se los embargaran.

"Perez tenía muchas posesiones cuando operaba Checkmate, y quería esas cosas de nuevo", escribió un agente de la oficina del fiscal estadounidense en las notas.

En marzo de 2018, Perez aceptó un acuerdo secreto de culpabilidad que implicaba admitir la evasión de impuestos y cooperar en una investigación más amplia de la industria.

Pero por separado, ese agosto, la Fiscalía del Condado de Orange le acusó a él y a dos de sus ejecutivos de fraude fiscal y al seguro de compensación de trabajadores.

Perez apenas se inmutó.

En diciembre, organizó una brillante gala en el hotel Beverly Hilton para celebrar una organización benéfica que había creado y reconocer el éxito de BaronHR. La fiesta incluyó música en directo, premios a los mejores vendedores y el anuncio del objetivo de duplicar la empresa en cinco años.

"Trabajando juntos", dijo Perez vestido de esmoquin blanco, "podemos hacer cosas increíbles".

A los pocos meses de la gala, se retractó de su declaración secreta. Un gran jurado federal le imputó. Incluso en libertad bajo fianza durante seis años, se mostró "fundamentalmente reacio a cumplir" la ley, dijeron los fiscales.

Esta primavera, a medida que se acercaba su juicio, lo denunciaron como "un defraudador fiscal en serie que ha construido su imperio de personal en torno al incumplimiento crónico del pago de los impuestos federales aplicables a las nóminas por parte de sus empresas".

Para entonces, él y sus socios ya se habían reinventado, esta vez como StaffLab LLC. En septiembre, según muestra una lista de clientes, la nueva firma ya había contratado a empresas asociadas.

Hoy, el sitio web de la empresa es una página en blanco.

"Mi participación en la industria de la dotación de personal me dio un trozo del sueño americano", dijo Perez en su declaración desde la cárcel, "y luego se convirtió en mi peor pesadilla".

Churchill Ndonwie, Natasha Rodriguez, Carson Kessler, Angélica Castro-Reyes, Robert Gebeloff y Orlando Mayorquín colaboraron con reportería. Julie Tate y Sheelagh McNeill colaboraron con investigación.

Steve Eder es periodista de investigación del Times desde hace más de una década. Más de Steve Eder

Danielle Ivory es periodista de investigación del Times. Ha reportado sobre diversos temas, como las muertes por arma de fuego, la pandemia de covid y la guerra de Ucrania. Más de Danielle Ivory

Marcela Valdés es escritora de la plantilla de The New York Times Magazine. Se especializa en escribir sobre política y cultura latina y latinoamericana. Más de Marcela Valdes

Churchill Ndonwie, Natasha Rodriguez, Carson Kessler, Angélica Castro-Reyes, Robert Gebeloff y Orlando Mayorquín colaboraron con reportería. Julie Tate y Sheelagh McNeill colaboraron con investigación.

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Se sabe que al menos nueve personas han muerto en un naufragio frente a las Islas Canarias y 48 más están desaparecidas en el más reciente desastre registrado en la peligrosa travesía por el Atlántico desde África Occidental.

Las autoridades españolas están buscando a decenas de migrantes desaparecidos tras el naufragio de su embarcación el sábado frente a las Islas Canarias, en el que murieron al menos nueve personas. Es el incidente letal más reciente en la travesía desde África Occidental.

¿Qué ocurrió en este naufragio?

Una embarcación con 84 inmigrantes a bordo se volcó el pasado fin de semana frente a la isla de El Hierro, en las Islas Canarias, que forman parte de España, según dijeron las autoridades el lunes. Las autoridades marítimas recibieron una llamada de socorro pasada la medianoche del sábado. Nueve personas fueron halladas muertas, 27 fueron rescatadas y las autoridades aún buscaban a las otras 48.

"Hay pocas expectativas de que algunas de las personas que aún están desaparecidas puedan ser encontradas y salvadas", afirmó Jorge Galindo, portavoz del Instituto de Datos Mundiales de la Organización Internacional para las Migraciones.

Eso lo convertiría en el naufragio con más muertes en aguas españolas desde al menos 2014, señaló. Pero la ruta de África Occidental a las Islas Canarias es enorme, y en los últimos años ha habido desastres más mortales fuera de aguas españolas.

¿Cuántos africanos occidentales intentan cruzar y por qué?

Desde 2020, a pesar de las fluctuaciones, la migración en esta ruta ha sido relativamente alta, dijo Andrea García Borja, coordinadora del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. Hasta el 22 de septiembre, unos 29.500 migrantes habían hecho el viaje este año, según la organización. Esta cifra es aproximadamente el doble de la registrada entre enero y septiembre del año pasado.

Hay algunos factores clave:

Que alejan: Muchas personas en África Occidental enfrentan inestabilidad política, terrorismo y persecución. El cambio climático está afectando los medios de subsistencia. Las perspectivas de empleo son escasas.

Que atraen: La vida en Europa puede parecer glamurosa. Los migrantes suelen enviar dinero a casa o compartir su vida en las redes sociales.

El momento: El clima también influye. Este mes, las autoridades canarias dijeron que la calma del mar y los vientos suaves habían propiciado un repunte.

Sin embargo, las cifras son una fracción de los más de 212.000 migrantes y refugiados que intentaron cruzar el Mediterráneo central desde el norte de África el año pasado, según un informe de la OIM y la Agencia de la ONU para los Refugiados.

¿Por qué es tan peligrosa la ruta?

En 2021, la OIM dijo estar "extremadamente preocupada" por el marcado aumento de las muertes y desapariciones en el mar de migrantes en la ruta; ese año, al menos 785 personas habían muerto a finales de agosto. Este año ha sido casi igual de letal: según Galindo, al menos 775 personas habían muerto hasta la semana pasada.

Sin embargo, es muy probable que las muertes confirmadas en la travesía del Atlántico occidental --y en las rutas migratorias de todo el mundo-- apenas son "una fracción de la cifra real de muertos", dijo Galindo. Muchas personas mueren en el mar sin ningún registro oficial, en "naufragios invisibles".

García Borja describió algunos de los principales factores de riesgo:

La distancia: Los barcos que salen de Senegal o Mauritania pueden tardar unos 15 días en llegar a las Islas Canarias. (Hay aproximadamente 1450 kilómetros en línea recta desde Dakar, la capital de Senegal, hasta las Islas Canarias; las distancias a través del Mediterráneo suelen ser mucho más cortas). Cuanto más tiempo se pase en aguas abiertas, más posibilidades hay de que algo salga mal.

Embarcaciones: Los pequeños botes no tienen instalaciones sanitarias ni protección contra los días calurosos y soleados o las noches húmedas y heladas. Los migrantes pueden enfermar o deshidratarse peligrosamente. Los motores pueden averiarse. Algunas embarcaciones han aparecido en el Caribe, con los pasajeros muertos, tras navegar a la deriva por el océano.

Cobertura: Los migrantes atraviesan una extensión enorme. Incluso España, el país más rico de la ruta, puede tener dificultades para reaccionar a tiempo a las llamadas de socorro y rescatar a las personas. Las embarcaciones pueden ser difíciles de localizar, y los mares pueden ser peligrosos.

Hacinamiento: Algunos traficantes han empezado a sobrecargar las embarcaciones con más inmigrantes, dijo García Borja. Eso hace que los botes viajen a un nivel más bajo, que la gente vaya apretada y que haya menos espacio para comida, agua y suministros.

¿Qué están haciendo los países?

España anunció en agosto una serie de acuerdos con Mauritania destinados a frenar el flujo migratorio procedente de ese país, que incluyen una renovada colaboración entre sus fuerzas de seguridad.

Algunos países, como Italia, han intentado reprimir la migración con medidas agresivas, como la construcción de un campo de procesamiento en Albania para solicitantes de asilo y la restricción de los barcos de rescate. Algunos grupos de derechos humanos han criticado duramente estas medidas, pero parece que han surtido efecto: las llegadas a Italia se redujeron un 62 por ciento hasta agosto de este año en comparación con el mismo periodo de 2023, según datos de la OIM.

Pero García Borja dijo que la ampliación, en lugar de la restricción, salvaría más vidas.

Los habitantes de África Occidental seguirán intentando llegar a Europa y, sin opciones legales, recurrirán a las travesías peligrosas: "Las capacidades de búsqueda y rescate son limitadas", dijo, y nunca serán suficientes para rescatar a todos los que intentan cruzar.

Dijo que hacen falta más visados legales, no más trabajadores de búsqueda y rescate. La única manera de hacer que la migración sea más segura, dijo, sería "eliminar la necesidad de que la gente tome esta ruta".

Elian Peltier, Mady Camara y Rachel Chaundler colaboraron con reportería.

Amelia Nierenberg es reportera de noticias de última hora para The New York Times en Londres y cubre noticias internacionales. Más de Amelia Nierenberg

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