La ciudadanía por nacimiento define el destino legal y social de millones de personas, pero su reconocimiento automático es en realidad una excepción a escala global. Estados Unidos constituye uno de los pocos países que mantienen un modelo amplio de “jus soli”, el principio según el cual toda persona nacida en su territorio adquiere ciudadanía desde el primer momento de vida.

Las repercusiones de este principio alcanzan a millones de familias migrantes y continúan alimentando debates legislativos y sociales en el país, que a diferencia de la tendencia internacional reciente, sostiene este derecho como un pilar constitucional, de acuerdo con La Opinión y el informe del American Immigration Council.

Estados Unidos y el “jus soli”: una excepción global

A pesar de la percepción común de que la ciudadanía por nacimiento es una norma universal, la mayoría de los países no otorgan de manera automática la nacionalidad a quienes nacen dentro de sus fronteras.

Un análisis del Pew Research Center reveló que en las últimas décadas predominó una tendencia global a restringir, y no a expandir, el derecho al jus soli (derecho de suelo).

Es en América —con Estados Unidos a la cabeza— donde este modelo se conserva con mayor vigor, mientras que en Europa, Asia, áfrica y Oceanía predominan sistemas de jus sanguinis (derecho de sangre), donde la nacionalidad se transmite por la ascendencia.

En la actualidad, países como Estados Unidos mantienen la ciudadanía automática a todo nacido en su territorio, con solo excepciones limitadas como los hijos de diplomáticos extranjeros, según explicó el American Immigration Council.

Esta normativa se encuentra respaldada por la Enmienda 14 de la Constitución, ratificada en 1868, la cual establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del Estado en que residen”.

De esta manera, este principio fue consagrado tras la Guerra Civil estadounidense, específicamente para garantizar la igualdad jurídica independientemente de raza, ascendencia o estatus familiar.

El Congreso adoptó la Enmienda 14 como respuesta directa al precedente de la Corte Suprema en el caso Dred Scott de 1857, en el que se había negado la ciudadanía a afroamericanos nacidos en el país.

Igualdad legal y cohesión social: implicancias del derecho al nacimiento

La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos garantiza que todos los individuos nacidos en suelo estadounidense sean tratados con igualdad ante la ley.

En la interpretación del American Immigration Council, revocar o debilitar este derecho implicaría la creación de una sociedad dual, donde ciertos niños nacidos en el país quedarían excluidos de la ciudadanía por la condición de sus padres.

El fallo de la Corte Suprema en el caso “United States v. Wong Kim Ark” (1898) resultó clave para sellar esta norma: el tribunal confirmó que los hijos de inmigrantes, nacidos en Estados Unidos, son ciudadanos al nacer.

Actualmente, este derecho representa la base legal para que niños de familias inmigrantes —cuyo número supera los millones en Estados Unidos— gocen de acceso a la educación, la atención médica y la protección jurídica.

En caso de retirarse este principio, muchos menores quedarían en situación de apatridia o enfrentarían la expulsión del único país que conocen como propio. La ciudadanía por nacimiento responde también a valores profundos de la democracia estadounidense, al afianzar el sentido de pertenencia e igualdad.

De acuerdo con el American Immigration Council, “la ciudadanía por nacimiento provee una regla simple, imparcial y unificadora: si naciste en Estados Unidos, eres estadounidense”.

Cambios globales con carácter único del modelo estadounidense

En comparación, la mayoría de los países ejercen sistemas de transmisión de nacionalidad por linaje, conocidos como jus sanguinis, donde la ciudadanía de los padres es el criterio dominante.

Solamente en ciertas naciones de América el nacimiento en territorio genera derecho automático a la ciudadanía y, según La Opinión, incluso allí existen excepciones, como los hijos de diplomáticos o situaciones equiparables.

Fuera del continente americano, únicamente un puñado de Estados mantienen sistemas similares. El Pew Research Center documentó que la tendencia ha sido hacia una restricción de derechos, con cada vez menos países que reconocen el jus soli pleno.

Obstáculos a una eventual reforma del “jus soli” estadounidense

Modificar el principio de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos requeriría una reorganización constitucional de gran envergadura.

Según el American Immigration Council, limitar este derecho demandaría la aprobación de una enmienda constitucional (con el voto favorable de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados), o bien una reinterpretación radical de la Enmienda 14 por parte de la Corte Suprema.

Los intentos de restringir este principio mediante leyes ordinarias o acciones ejecutivas han sido recurrentemente descartados por ser incompatibles con la Constitución, de acuerdo con la misma fuente.

De este modo, Estados Unidos persiste como una excepción histórica y legal: protege la ciudadanía por nacimiento frente a la oleada internacional de restricciones y la erige como un emblema de sus principios fundacionales de igualdad y pertenencia.

Cada año, miles de californianos toman la decisión de abandonar su lugar de residencia en busca de comunidades donde el costo de vida es considerablemente menor y la posibilidad de adquirir una vivienda se transforma, en cuestión de años, en un escenario mucho más accesible.

Este fenómeno, documentado por el informe “Priced Out: Relocation Amidst California’s Affordability Crisis” del California Policy Lab de la Universidad de California en Berkeley y citado por La Opinión, reveló que quienes optan por mudarse no solo dejan atrás altos precios, sino que ganan en expectativas de estabilidad financiera y propiedad inmobiliaria.

En 2025, California registró una pérdida neta de alrededor de 150.000 residentes, cifra que representa menos del 1% de los 39 millones de habitantes del estado.

Dicho movimiento poblacional tiene consecuencias directas en la base tributaria estatal y puede incidir en la representación política, ya que la reasignación de escaños en el Congreso federal favorece a los estados receptores de migrantes.

Mudanzas por costos elevados de vida y acceso a la vivienda propia

El informe del California Policy Lab, publicado el 31 de marzo y dirigido por Evan White, evidencia que la razón principal de estas migraciones radica en la “crisis de asequibilidad” que atraviesa el estado. El costo mensual de la vivienda en los nuevos destinos es, en promedio, USD 672 menor que en las comunidades californianas de origen.

De este modo y en términos concretos, siete años después de haberse mudado, los inmigrantes internos son en promedio, 48% más propensos a ser propietarios de vivienda que quienes permanecieron en California.

Este salto significa un aumento de 11 puntos porcentuales respecto a la tasa de acceso a la vivienda entre quienes deciden no emigrar, según las estadísticas del informe.

Asimismo, el estudio se nutre de datos anónimos de una agencia nacional de crédito, lo que permitió a los investigadores rastrear desplazamientos internos y comparar la situación financiera de los hogares antes y después de la mudanza entre 2016 y 2025.

A juicio de White, “el precio del ‘Sueño Californiano’ ha aumentado, y muchas familias están abandonando el estado en busca de lugares más asequibles”. El investigador destacó que “los vecindarios a los que se mudan son la mitad de costosos, y en consecuencia, tienen muchas más probabilidades de convertirse en propietarios de una vivienda en tan solo unos pocos años”.

Destinos más frecuentes: estados cercanos y nuevos horizontes para familias migrantes

Aunque la percepción pública suele vincular la migración californiana a Texas o Florida, el análisis ajustado por población revela que Nevada es el destino con mayor proporción de residentes californianos recibidos cada año: 81 por cada 10.000 habitantes, seguido por Idaho, Oregón y Arizona. Texas ocupa el undécimo lugar, y Florida el vigésimo, conforme a los datos recabados por el California Policy Lab.

La migración interna cuenta historias personales como la de Delmi Rocsana Ramírez, inmigrante guatemalteca que llegó hace nueve años a California.

Ramírez, según relató en La Opinión, se vio forzada a trasladarse a Utah junto a su esposo en enero de 2025 debido a que “el costo de la vida se volvió una barrera para nuestras aspiraciones”. La familia logró adquirir su primera vivienda en Utah, logro que Ramírez estimó inalcanzable de haber permanecido en California.

Por su parte, Yesica Campos narró al mismo medio su experiencia tras mudarse del barrio Sun Valley de Los Ángeles a Dallas, Texas, junto a su madre, esposo e hijos adultos. “Nunca pudimos comprar una casa en Los Ángeles ni uniendo los ingresos de todos. Decidimos venirnos a Dallas porque allá nunca íbamos a tener una casa propia, y las rentas subieron mucho”, explicó.

En Texas, Campos y su familia adquirió una vivienda de cuatro recámaras por USD 350.000 y, aunque Campos reconoce que los salarios son más bajos, considera que la vida diaria es más sostenible.

Propietarios que provienen de vecindarios acomodados pero en situación vulnerable

El informe dirigido por Brett Fischer, investigador del California Policy Lab, subrayó que los emigrantes californianos provienen cada vez más de barrios de altos ingresos, aunque muestran un mayor grado de vulnerabilidad financiera comparados con quienes permanecen.

En la última década, la proporción de quienes se mudan desde zonas acomodadas se incrementó en 19%. Además, presentan en promedio USD 5.500 más en deudas estudiantiles y puntajes de crédito 17 puntos inferiores a los de sus vecinos, según difundió La Opinión.

La reubicación no solo alivia los costos de vida inmediatos, sino que implica para los migrantes californianos, una mejora en acceso a la vivienda y una mayor estabilidad frente al endeudamiento, lo que redefine el mapa demográfico y económico del oeste de Estados Unidos.

En un clima marcado por el endurecimiento migratorio y las crecientes redadas en Estados Unidos, la frontera en Tijuana (México) sigue siendo testigo de un éxodo impulsado por la necesidad.

Miles de jornaleros mexicanos, con maletas y documentos en mano, se aglomeran diariamente cerca de la garita de San Ysidro con un solo objetivo: cruzar legalmente a territorio estadounidense para la temporada de pizca.

Provenientes en su mayoría de estados como Puebla, Guanajuato y Oaxaca, estos trabajadores se dirigen a los campos de California, Washington y Florida para recolectar alimentos como fresas, melocotón, lechuga y espárragos durante los próximos tres meses.

Un programa que sostiene al campo estadounidense

El antropólogo Víctor Clark Alfaro, profesor en la San Diego State University, explicó a EFE que este movimiento masivo se realiza a través de programas laborales temporales implementados en Estados Unidos desde hace varios años para cubrir la escasez de trabajadores en el área agrícola.

De acuerdo con el especialista, el número de jornaleros mexicanos bajo este esquema supera actualmente los 200 mil, cifra que revela el crecimiento sostenido de la demanda.

Clar Alfaro detalló que estos esquemas habilitan la estancia legal de los trabajadores por un periodo aproximado de tres meses durante la temporada de pizca o recolección agrícola. Una vez concluida esa temporalidad, los jornaleros regresan a México sin enfrentar complicaciones legales.

Endurecimiento migratorio e incremento de deportaciones impactan el sector agrícola estadounidense

Desde el arranque de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025, las redadas y restricciones al ingreso de migrantes indocumentados han generado un ambiente de temor (en particular en sectores como la agricultura) que provocó absentismo de mano de obra durante los primeros meses del nuevo gobierno, señaló Clark Alfaro a EFE. El especialista subrayó que esta situación encendió las alertas entre productores agrícolas de Estados Unidos.

“La falta de trabajadores comenzó a impactar incluso en los precios de los productos en los mercados”, expuso Clark Alfaro. El vacío de mano de obra llevó a que trabajadores indocumentados regresaran paulatinamente a las labores agrícolas para solventar sus necesidades económicas.

Según datos del consulado estadounidense en Tijuana, un promedio de 200 personas al día se presentan interesadas en integrarse a los programas laborales temporales, lo que evidencia tanto la presión migratoria como la vigencia del esquema legal para jornaleros.

Jornada legal, ambiente de incertidumbre y permanencia de la demanda

Quienes cuentan con permisos para laborar en Estados Unidos afrontan un escenario de incertidumbre, ya que el endurecimiento de las políticas y el aumento en la deportación afectan el ánimo y la seguridad de los trabajadores, sin distinguir plenamente entre aquellos en situación regular o irregular.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que 14 mexicanos han fallecido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés). Entre las acciones que realiza el gobierno mexicano, está el acompañamiento a las familias de las víctimas para repatriación de los cuerpos, respaldo económico para quienes han solicitado análisis forenses independientes e iniciaron acciones jurídicas en cortes estadounidenses.

Sin embargo, la jurisdicción mexicana está limitada y no permite entablar demandas penales.

Tucker Carlson reconoce perfil racial en redadas migratorias

Tucker Carlson, comentarista político estadounidense, en relación con el perfil racial en las redadas migratorias, Tucker Carlson manifestó que reconoce la existencia de discriminación contra los latinos en estos operativos. “La mayoría de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos son latinos”, expresó, aunque insistió en que rechaza cualquier forma de discriminación basada en el color de piel.

Sobre el debate migratorio en Estados Unidos, Carlson consideró que falta matiz en la discusión pública, señalando que la frontera suele presentarse como el principio y el final del problema, cuando en realidad “las causas de la migración responden a una realidad compleja en ambos lados (México y EEUU de la frontera”.

En un momento en que las redadas migratorias del Immigration and Customs Enforcement (ICE) generan miedo en comunidades latinas de todo Estados Unidos, el gobernador demócrata de Pennsylvania, Josh Shapiro, fue categórico en su entrevista con N+: su estado no tolerará esas tácticas y ya se lo dejó claro a las autoridades federales.

“Detener a la gente y pedirle sus documentos solo por hablar con acento o por tener la piel más morena que la mía es simplemente contra la ley", afirmó Shapiro, quien se postula a la reelección y es señalado como uno de los posibles aspirantes demócratas a la presidencia en 2028.

Pennsylvania como escudo: sin ICE, sin miedo

Shapiro explicó que ha trabajado directamente con las fuerzas del orden estatales para que las tácticas del ICE no lleguen a Pennsylvania. Su argumento no es solo humanitario, sino legal y estratégico:

• Las redadas destruyen la confianza entre las comunidades y las autoridades locales.
• Violan derechos constitucionales fundamentales de ciudadanos que respetan la ley.
• Afectan directamente la seguridad pública, porque la gente deja de reportar crímenes por miedo a ser detenida.

“No toleraremos esa ilegalidad. Si el ICE intenta hacer eso aquí, tendrá oposición de mi parte y de las fuerzas del orden estatales. Y hasta ahora les hemos dejado muy claro que no traigan eso acá, y no lo han hecho.”

600,000 latinos en juego —y Shapiro lo sabe

Pennsylvania tiene alrededor de 600 mil latinos elegibles para votar, una cifra que ningún político en ese estado puede ignorar. Shapiro reconoció que pasa tiempo significativo en comunidades puertorriqueñas, dominicanas, mexicanas y sudamericanas, y que el mensaje que recibe es consistente:

• Buenas escuelas y comunidades seguras
• Costos más bajos y oportunidades de empleo reales
• Protección frente a políticas federales que los criminalizan

Para el gobernador, conectar con el voto latino no es solo cuestión de retórica: es una prioridad política concreta de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

Trump, la guerra y el caos: sin filtro

Shapiro no se guardó nada respecto a la política exterior de la administración Trump. Criticó duramente la decisión de involucrarse militarmente en el conflicto con Irán, señalando que el bloqueo del Estrecho de Ormuz ya está impactando los precios de la gasolina en Pennsylvania —por encima de los cuatro dólares por galón— y que eso golpea directamente a familias y pequeñas empresas.

“Trump y su mano derecha son como dos niños de 8 años jugando con soldaditos de juguete. No creo que sepan lo que están haciendo.”

¿Candidato en 2028? Por ahora, no

Ante la pregunta directa sobre una posible candidatura presidencial, Shapiro esquivó sin cerrar la puerta del todo: dijo estar enfocado únicamente en su reelección y en convertir las elecciones de medio término en un referéndum nacional contra lo que llama el “caos, la crueldad y la corrupción” de Trump. Un no por ahora —y un quizás que muchos en el Partido Demócrata ya están leyendo entre líneas.

Josefina Dowbor tiene 27 años y es la primera argentina en competir por una concejalía en Londres. Nacida en el Reino Unido, creció en Luján, Buenos Aires. Hoy vive en la capital británica, donde es candidata por el Partido Verde en el municipio de Islington. De ganar, hará historia en la ciudad y marcará un precedente para la comunidad argentina en el Reino Unido.

En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, Josefina Dowbor relató que nació en Londres, pero un mes después sus padres regresó con sus padres a Argentina, país donde vivió su niñez. “Me crié toda mi infancia y adolescencia en el interior bonaerense. Recién a los 15 años viajé por primera vez a Londres y nunca perdí el vínculo con ese país”, detalló.

El contexto en el que se presenta es de intensa actividad política local, donde ciudadanos del municipio de Islington eligen representantes municipales y concejales. Dowbor destaca por la combinación de su origen argentino con el acceso a la nacionalidad británica, producto de su nacimiento.

“Cuando terminé la secundaria me mudé de nuevo para acá. Me interesé por la política y especialmente por los verdes, porque sus políticas me atraían. Finalmente, me anoté para ser candidata”, describió.

La campaña y la percepción en Londres

“La realidad es que Londres es una de las ciudades más multiculturales del mundo. Si hay un lugar donde una argentina puede ganar, es aquí, donde la diversidad es bienvenida”, aseguró Dowbor.

Explicó, sin embargo, que su candidatura generó rechazos en ciertos sectores. “Obviamente, también hay gente que piensa que estoy en algún complot internacional o argentino para tirar el gobierno británico abajo”, comentó entre risas. Después agregó: “Hay grupos de extrema derecha que me siguen en redes sociales hace años y publican todo lo que hago”.

Sobre sus posibilidades electorales, Dowbor sostuvo: “Las encuestas dicen que podemos salir primeros o segundos en Arsenal. Mucho dependerá de la campaña de este mes. El último mes es clave y depende de la organización. Aunque no ganemos en Arsenal, es muy posible que ganemos en otros lugares de Islington, porque los verdes somos la principal oposición al Partido Laborista, que ha controlado el distrito por décadas”.

Señaló que hay acuerdos con otros partidos: “Donde hay candidatos con políticas similares, no competimos entre nosotros. Eso también ayuda a tener más posibilidades de ganar”.

Identidad, tensiones y el tema Malvinas

Su doble condición de argentina y británica aparece tanto en la campaña como en los medios. “Londres es muy diversa, pero hay temas delicados. El 2 de abril surge todo el tiempo en las entrevistas. Como candidata local, no tengo poder sobre este conflicto, que además no fue resuelto. Si algún día estoy en una posición nacional, me gustaría ser parte de una solución diplomática. Por ahora trato de mantener un perfil bajo porque recibo ataques de grupos organizados de extrema derecha”, enfatizó.

A la pregunta sobre si la hostilidad proviene de su origen, responde: “Por ser argentina. Como argentina se pueden imaginar cuál es mi posición sobre Malvinas, pero tengo que tener cuidado de cómo digo las cosas en público. Al final la gente que me vota está acá. Es complicado: vengo de un país, pero represento a otro. Tengo que encontrar un equilibrio en mis posturas”.

Describe también la conversación pública en el Reino Unido sobre Malvinas: “No es un tema que se hable mucho. Si se comenta, es en términos generales sobre territorios internacionales y en discusiones sobre el imperialismo. Los grupos de izquierda o progresistas suelen oponerse a todos los territorios internacionales, no solo a Malvinas. Es un debate complejo y distante para el londinense común”.

Prioridades y propuestas en el municipio de Islington

Consultada sobre su primera propuesta en caso de ganar, Dowbor es concreta: “Tratar de ayudar en todo lo que tiene que ver con la vivienda. El problema número uno en Londres es el costo de vida, que afecta los alquileres y las propiedades. Para los jóvenes es imposible hoy comprar una casa sin un buen sueldo”.

Agrega que la mala calidad de los edificios es otro desafío: “Muchas propiedades son viejas y no estaban pensadas para las necesidades actuales. Hay problemas de humedad y calefacción. Los verdes queremos implementar políticas para resolver esto, aunque somos un partido minoritario, así que no todo se puede lograr”.

Sobre el acceso a la vivienda, resumió: “Proponemos construir más viviendas estatales, que sean más baratas o incluso gratuitas según el ingreso. Ya existen proyectos en marcha, pero hay que renovar el sistema porque la lista de espera puede ir de un año a cinco”.

Mirada sobre la Argentina desde Reino Unido

Cuando se le consulta cómo se ve al gobierno argentino desde Londres, su respuesta vuelve a ser directa: “En general, no está muy bien visto. La imagen de la política argentina es superficial desde el extranjero, como sería a la inversa. La manera en que Javier Milei se muestra en los medios hace que acá no lo tomen muy en serio. Por ejemplo, las imágenes de la motosierra durante la campaña fueron motivo de risa. Entre la diáspora argentina hay opiniones divididas, como en Argentina. Pero, en líneas generales, la opinión es mixta”.

Josefina Dowbor enfatizó que no deja de tomar mate y mantiene costumbres argentinas en Londres, incluso en el marco de una campaña electoral que puede convertirla en la primera argentina en ingresar al Concejo Municipal de la capital británica.

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El gobernador aclaró: “Nosotros nos abstuvimos. En nuestro partido considerábamos que había que hacer un estudio más profundo, por lo menos en nuestra provincia”. Y explicó que esta postura no constituía una oposición ni una adhesión automática, sino la necesidad de análisis: “No estamos ni a favor ni en contra, pero teníamos que estudiarlo más”.

Al explicar las razones detrás de la abstención, remarcó: “Sí vemos lados positivos que ratifican de alguna manera las potestades provinciales con el tema medioambiental, pero creíamos que necesitábamos un poco más de estudio y planteábamos un poco más de tiempo. No se llevó el debate un poco más de tiempo, entonces nos abstuvimos”.

Sobre la posibilidad de presiones desde el Gobierno nacional para que Neuquén acompañara la ley, Figueroa respondió: “No, es muy respetuoso. Nosotros somos un partido provincial independiente, solo tenemos ese horizonte, o al menos mi proyecto es solo ese horizonte”.

El gobernador insistió en la necesidad de cautela frente a legislaciones ambientales: “No podíamos tomar una posición sin tener todas las herramientas para evaluar si era favorable o no”. Añadió: “Considerábamos que había mitad de biblioteca para un lado, mitad para el otro”.

Vaca Muerta: el impacto concreto y el empleo

Durante la entrevista en Infobae a las Nueve, equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Figueroa detalló la compleja realidad social, económica y política en torno a Vaca Muerta, el empleo y la migración en Neuquén.

Consultado sobre la imagen de Vaca Muerta como motor de crecimiento, Figueroa diferenció la realidad: “Muchas veces desde acá se mira que Vaca Muerta es como una lámpara de Aladino, que uno la frota y sale riqueza. Y es muy distante a todo eso. Vaca Muerta es una roca, es una condición necesaria, pero no suficiente”.

Explicó que el desarrollo no es automático: “Hay que armar muchas otras cosas para que un proyecto económico pueda ser exitoso: sustentabilidad social, cuidado ambiental y ser muy respetuoso en la planificación, con lo cual no nos sobra trabajo”.

En cuanto al aporte económico de Vaca Muerta, remarcó: “El derrame de la coparticipación llega a todos lados, porque de todo lo que ganan las empresas, el 52,66% se reparte al resto de las provincias, por un coeficiente de coparticipación, por todos los impuestos nacionales. A Neuquén ahí le toca solo el 1,72 %”.

Y sobre inserción laboral y migración, Figueroa precisó la importancia de la formación: “Para que alguien pueda acceder a trabajo en Vaca Muerta se tiene que formar. Nosotros tenemos un instituto, que es el más moderno del mundo, que hemos creado con la industria, estamos muy orgullosos, pero requiere mucha formación”.

Y en cuanto a las prioridades de gestión, el gobernador expresó: “Estamos focalizados en sacar gente del desempleo, neuquinos, sacar gente de la pobreza, neuquinos, llevar servicios a la gente de Neuquén, porque vivíamos muchas injusticias. Cuando asumimos, por ejemplo, Añelo, que es uno de los lugares donde Vaca Muerta produce, no tenía gas natural”.

Al referirse a la presión migratoria, aportó cifras: “En el año 2025 nacieron 6000 chicos en Neuquén y tuvimos 21 mil migrantes. Es una provincia que recibe con los brazos abiertos, pero hay que ser muy prudentes, hay que formarse, no se puede ir sin trabajo a Neuquén". Y amplió: “Si llegan con trabajo, pueden trabajar. El tema es si llegan sin trabajo, porque pasa a ser una persona que también tiene necesidades en un determinado lugar”.

Coparticipación, infraestructura y políticas públicas

Al referirse a la gestión provincial de infraestructura y recursos, el gobernador afirmó: “Cuando disminuyó el precio del petróleo, disminuimos los costos y empleados, lo pensamos como si fuese una empresa, disminuimos un 87 %, gastos innecesarios y comenzamos a buscar financiamiento inteligentemente”, aseveró.

Y detalló sobre el impacto fiscal: “El 15 % de nuestros recursos es coparticipación federal. Del resto, la mitad es regalías y la otra mitad es recaudación propia”.

En relación a la obra pública, Figueroa sostuvo: “Estamos repavimentando la mitad con el Estado y estamos haciendo 850 kilómetros de rutas nuevas, muchas en la cordillera para promocionar el turismo”.

Y enfatizó el perjuicio de la reforma impositiva: “Al restablecer el impuesto a las ganancias, la renta de la cuarta categoría, los trabajadores patagónicos eran los que terminaban aportando y la devolución es la mitad. El dinero circulante fluía hacia otros lugares. Le pedimos que no apoye la parte tributaria porque nos castigaba a Neuquén y a todos los patagónicos”.

Sobre el voto de la ex legisladora neuquina Luclla Crexell, postulada como embajadora en Canadá, fue enfático: “Terminó votando completa esa ley, incluso el paquete tributario, que nos lastimó. Hoy cada trabajador tiene que pagar el impuesto a las ganancias y el circulante nos castiga porque no queda en la provincia, me parece incongruente para los neuquinos”.

El gobernador concluyó con una reflexión acerca del papel de Neuquén en el país: “Es la primera vez que somos una pata fundamental para el crecimiento de la Argentina. Entonces, si a Neuquén le va bien, estamos convencidos que vamos a ayudar a la Argentina y hemos tomado esto como un desafío generacional”.

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó la importancia de la cooperación entre ambos países para combatir el tráfico de personas, a propósito del caso de Daniel Zavala Ramos, traficante de personas originario de Guatemala.

En sus canales oficiales, Johnson afirmó que la coordinación binacional ha permitido salvar vidas y desmantelar redes criminales dedicadas a esta actividad.

Daniel Zavala Ramos admitió su participación en un esquema de tráfico vinculado a un accidente de tractocamión, donde viajaban al menos 160 migrantes en Chiapas. En el incidente murieron más de 50 personas y más de 100 resultaron heridas.

Johnson advirtió que estos hechos evidencian el riesgo al que los migrantes son expuestos por parte de las redes de tráfico.

Coordinación bilateral bajo liderazgo de ambos países

El embajador señaló que la cooperación impulsada por los gobiernos de México y Estados Unidos, con el respaldo de sus respectivos presidentes, ha facilitado la desarticulación de estas operaciones y el fortalecimiento de la protección fronteriza.

El embajador insistió en que la acción conjunta es fundamental para evitar tragedias y frenar a los grupos criminales que lucran con la migración.

Los informes oficiales sobre el caso, publicados el pasado 7 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también destacan la cooperación del gobierno de Guatemala para detener a Dany ZR y extraditarlo.

Dany ZR reconoció su implicación en el accidente que dejó más de 50 migrantes muertos

Daniel Zavala Ramos, conocido como Dany ZR, admitió ante autoridades de Estados Unidos su participación en la red de tráfico de personas que derivó en la volcadura de un tráiler y la muerte de más de 50 migrantes en Chiapas, el 9 de diciembre de 2021.

El 7 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zavala Ramos, de 42 años, se declaró culpable de conspirar para introducir ilegalmente a migrantes en ese país. Las autoridades estadounidenses acusaron que puso en riesgo la vida de las personas traficadas, causó lesiones graves y derivó en la muerte de decenas de ellas.

Las investigaciones acreditaron que la red trasladaba tanto adultos como menores no acompañados bajo condiciones que resultaron fatales.

Documentos judiciales en Estados Unidos señalan que Zavala Ramos y sus cómplices reclutaban migrantes en Guatemala y organizaban su traslado a través de México hasta la frontera con Estados Unidos, cobrando sumas de dinero por el servicio e instruyendo incluso a menores sobre qué decir si eran detenidos.

El 9 de diciembre de 2021, la red organizó el traslado de más de 160 migrantes en un tráiler sobrecargado, que volcó en Chiapa de Corzo. El accidente dejó al menos 56 personas muertas y más de 100 heridas.

La tragedia evidenció los riesgos del tráfico de personas y la capacidad de las redes criminales para coordinar operaciones de gran escala.

De acuerdo con un reportaje de The Atlantic, el 4 de febrero de este año, en el Pearl Theater de Las Vegas, algo inusual interrumpió una pelea de lucha libre profesional: la multitud comenzó a corear, de forma espontánea y sostenida, “Fuck ICE”. La transmisión iba en vivo por TBS, sin censura.

El hombre en el centro del ring era Brody King, un luchador imponente de 6 pies 5 pulgadas, cubierto de tatuajes y conocido tanto por sus llaves como por sus posturas políticas. King ha luchado en México portando una playera de “Abolish ICE” y ha recaudado fondos para organizaciones de apoyo a migrantes. Esa noche, según The Atlantic, “lució como Popeye después de tomarse su lata de espinacas”, listo para pelear contra algo más grande que su rival en el ring.

¿Qué tiene que ver México con todo esto?

Mucho. La lucha libre profesional tiene una raíz profundamente latinoamericana, y King lo sabe. The Atlantic documenta que el luchador se ha presentado en el Arena México portando mensajes contra las redadas migratorias, en un gesto que no pasa desapercibido para los aficionados de este lado de la frontera.

La conexión es directa: miles de mexicanos y latinos en Estados Unidos han sido afectados por las políticas agresivas de deportación del gobierno de Trump. Que un luchador estadounidense lleve esa bandera —literalmente en su ropa— dentro de uno de los recintos más icónicos de la lucha libre mexicana, convierte al ring en algo más que entretenimiento.

Una audiencia que no se queda callada

Lo que hace poderosa esta historia, según The Atlantic, es que los fans de la lucha libre no son espectadores pasivos. Son parte del espectáculo. En St. Paul, Minnesota —una de las ciudades más afectadas por las redadas del ICE— la gente fue a la función con playeras de “Abolish ICE” y con historias personales a cuestas.

Un aficionado identificado como John le contó al medio que un conocido suyo, “un hombre de familia con hijos y trabajo”, había sido detenido y golpeado por agentes del ICE. Otro, Brandon Bjerke, trabajaba en el suburbio donde una fotografía viral mostró a un niño de 5 años siendo detenido por la agencia.

El final que nadie transmitió

La noche en St. Paul terminó con un sabor agridulce. King salió al final, intervino para apoyar al héroe y los gritos de “Fuck ICE” retumbaron con más fuerza que nunca. Pero para entonces, la transmisión en vivo ya se había cortado. Nadie fuera de la arena lo presenció.

The Atlantic sugiere que AEW optó por restringir ese momento al público presente, evitando que llegara a la audiencia nacional. Más que un descuido, parece una forma de contener el mensaje, como si la verdadera resistencia sólo pudiera expresarse fuera del alcance de las cámaras.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reafirmó su propuesta de establecer un corredor humanitario a través de Perú para expulsar a los inmigrantes indocumentados que permanecen en territorio chileno, una medida que, según expertos, enfrenta serias dificultades de implementación si no existe coordinación regional.

La postura del mandatario se hizo pública tras mantener reuniones bilaterales, donde expresó su intención de avanzar gradualmente con el plan, según informó 24 Horas. La declaración de Kast ha generado diversas reacciones en el ámbito diplomático y académico.

Óscar Vidarte, internacionalista consultado por 24 Horas, señaló que la iniciativa requiere un nivel elevado de cooperación entre varios países para que resulte viable.

“El primer problema, y creo que el más importante, es que requiere un nivel de coordinación muy importante entre varios países. Es decir, Chile no lo puede hacer solo. Necesita coordinar con Perú, con Ecuador, con Colombia, pero también con Venezuela, que es el país que finalmente va a recoger o va a recibir a todos estos migrantes", precisó el experto.

Vidarte explicó que el desafío logístico no solo recae en la organización de los traslados, sino en la distribución de los costos asociados: “En términos logísticos hay un costo importante por realizar y que debería, pues, de alguna manera dividirse entre todos los países implicados, en mayor o menor medida”.

Diferencias sobre el alcance

La propuesta del jefe de Estado chileno ha sido objeto de debate respecto de quiénes serían los sujetos de la expulsión. Miguel Rodríguez Mackay, excanciller peruano, destacó a 24 Horas que la prioridad de la política migratoria debe enfocarse en regularizar la situación de los migrantes y no en expulsar masivamente a quienes han huido de situaciones extremas.

“No necesita expulsar a los venezolanos que ya se encuentran o, en general, a los migrantes. Hay que empadronarlos y circunscribir la política migratoria a una realidad concreta, que son venezolanos en su inmensa mayoría, que salieron por la dictadura, pero que estoy persuadido que van a querer volver a su país”, sostuvo Mackay.

Desde esta perspectiva, el excanciller peruano propone empadronar a los migrantes para facilitar su eventual retorno voluntario y no para forzar su salida. “La idea es empadronarlos, no para sacarlos, sino para coadyuvar, ayudar a que puedan volver a su país”, expresó.

Riesgo de tensiones

De acuerdo a los expertos, la propuesta de Kast podría desembocar en un impasse diplomático, especialmente frente a la negativa de Perú a aceptar un alto número de migrantes expulsados desde Chile.

La historia reciente muestra que el gobierno peruano ha respondido a situaciones similares con el cierre y militarización de su frontera, lo cual ha dejado a numerosos migrantes en condiciones de vulnerabilidad.

“¿Qué va a hacer Perú ante eso? Pues probablemente haga lo que ha hecho en otras ocasiones, y es simplemente cerrar su frontera y militarizarla, dejando, pues, a los migrantes expuestos al frío, al clima”, explicó Óscar Vidarte.

Añadió que muchos de los migrantes que podrían ser expulsados no cuentan con documentos en regla, lo que imposibilita su ingreso a territorio peruano. “Muchos son migrantes, no tienen ni siquiera pasaporte para poder entrar al Perú, no tienen visa para poder entrar al Perú”, precisó el internacionalista.

Distinción entre migrantes y delincuentes

El exministro peruano Miguel Rodríguez Mackay subrayó la importancia de diferenciar entre migrantes en situación irregular y personas implicadas en delitos.

“Los que sí deben salir, los que sí hay que expulsar, los que sí hay que deportar no son a los de la migración irregular, sino a los delincuentes, a los malsanos criminales que probadamente, determinadamente, aquí en el Perú, por la justicia y deben ser expectorados del país”, afirmó.

En el marco de sus recientes encuentros con líderes regionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, José Antonio Kast reiteró su determinación de proseguir con su plan de expulsión de inmigrantes indocumentados a través de un corredor humanitario.

La detención de Annie Ramos, una joven hondureña de 22 años, en una base militar de Luisiana por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado inquietud sobre la situación de las familias de militares en Estados Unidos. La joven fue arrestada cuando intentaba completar un trámite migratorio como cónyuge de un sargento del Ejército estadounidense.

El 2 de abril, Ramos acudió junto a su esposo, el sargento primero Matthew Blank, de 23 años, a las instalaciones de Fort Polk para registrarse como esposa de militar, un proceso que le permitiría acceder a beneficios médicos y avanzar en su solicitud de residencia.

Sin embargo, el sistema de seguridad de la base detectó una orden de deportación pendiente. Minutos después, agentes de ICE detuvieron a Ramos frente a su esposo y su suegra, Jen Rickling.

La orden de deportación data de abril de 2005, cuando Ramos, nacida en Honduras, tenía 20 meses de edad y fue llevada a Estados Unidos.

Según la abogada Jessie Schreier, la joven no asistió a una audiencia migratoria siendo menor de edad, lo que derivó en una orden judicial de expulsión.

Desde entonces, Ramos ha residido en el país, donde estudia bioquímica, ejerce como maestra de escuela dominical y es becaria de la organización TheDream.US.

Según el medio CBS, Ramos cumple los requisitos para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aunque su solicitud permanece sin resolución debido a la suspensión de nuevos trámites. La joven ha manifestado que su vida entera se ha desarrollado en EE.UU, país en el que considera estar plenamente integrada.

Ante este panorama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación de ICE argumentando que la administración actual prioriza el cumplimiento estricto de la ley.

Un portavoz señaló a CBS que cualquier persona con una orden final de deportación es considerada prioridad para detención. “Esta administración no va a ignorar el estado de derecho”, afirmó el funcionario, citado por el medio.

Voces expertas han criticado el endurecimiento de los procedimientos. La teniente coronel retirada Margaret Stock, especialista en derecho militar e inmigratorio, explicó al medio que en otras administraciones se facilitaban vías de regularización para cónyuges de militares. “La estabilidad familiar es esencial para la operatividad de las tropas”, puntualizó Stock.

Consecuencias emocionales y debate público: la familia militar, en el centro de la polémica

El impacto de la detención de Ramos trasciende el ámbito legal. Según la directora de TheDream.US, Gaby Pacheco, la situación afecta directamente la moral de los soldados. “La detención de una estudiante de bioquímica casada con un sargento no nos hace más seguros; debilita a una familia militar”, declaró Pacheco.

Actualmente, Ramos permanece recluida en un centro de detención de ICE en Basile, Luisiana. Su esposo intentó visitarla para completar la documentación relacionada con la residencia, pero le fue negado el acceso.

La madre del sargento, Jen Rickling, ha solicitado públicamente una respuesta basada en los valores fundacionales del país. “Mi hijo y mi nuera deberían poder construir sus vidas juntos aquí, en una nación a la que mi hijo está tan comprometido a servir”, abogó.

El caso de Annie Ramos ha reavivado el debate sobre la compatibilidad entre la aplicación estricta de las leyes migratorias y la protección de las familias militares. El desenlace de este proceso legal será observado de cerca por organizaciones de derechos humanos y asociaciones militares, al considerarse un test para medir el alcance y la flexibilidad del sistema actual.

El sargento Blank, quien se prepara para un nuevo despliegue en el extranjero, declaró a los medios internacionales que se mantendrá junto a su esposa. “Estaré a su lado, sin importar lo que cueste”, expresó el militar. El futuro de Ramos permanece incierto, dependiendo de la resolución judicial y de la posibilidad de intervención de autoridades federales o legisladores.

Panamá aprobó un nuevo protocolo de actuación en puestos de controles migratorios terrestres, una herramienta que busca ordenar, estandarizar y fortalecer los procedimientos que aplican las autoridades frente al ingreso, tránsito y permanencia irregular de personas en el país, en un contexto marcado por el aumento de flujos migratorios por rutas como Darién.

El documento fija como objetivo principal uniformar los procedimientos en campo, reducir la discrecionalidad de los agentes y garantizar trazabilidad en cada intervención, obligando a que todo caso sea tratado bajo criterios técnicos, administrativos y legales previamente definidos, lo que fortalece el control y disminuye errores operativos.

Uno de los puntos más importantes es que el protocolo establece un procedimiento paso a paso cuando un funcionario detecta a una persona sin estatus migratorio regular, iniciando con la interceptación, identificación inmediata y verificación documental, seguido de la consulta en bases de datos nacionales e internacionales para confirmar identidad, alertas o antecedentes.

Tras esta verificación, el funcionario está obligado a realizar un registro formal del caso, que incluye la toma de datos personales, biometría y levantamiento de un informe administrativo, lo que permite que cada intervención quede documentada y pueda ser auditada posteriormente por las autoridades.

El protocolo también establece que, una vez confirmada la irregularidad, se debe proceder con la notificación formal al migrante sobre su estatus y las medidas que podrían aplicarse, garantizando el debido proceso administrativo, lo que incluye el derecho a conocer la falta y las posibles consecuencias.

En cuanto a sanciones, el documento no fija nuevos montos, sino que deja claro que los funcionarios deben aplicar las multas establecidas en la legislación migratoria vigente en Panamá, las cuales dependen del tipo de infracción, como permanencia vencida, ingreso irregular o reincidencia, evitando así interpretaciones arbitrarias en campo.

Estas multas forman parte de un esquema que busca desincentivar la permanencia irregular, pero el protocolo enfatiza que su aplicación debe estar debidamente sustentada en el expediente administrativo levantado por el funcionario, lo que introduce un mayor nivel de control institucional sobre las decisiones.

En los casos más graves, el protocolo detalla que los funcionarios deben iniciar el proceso administrativo para la deportación o expulsión del país, especialmente cuando se trata de personas que ingresaron evadiendo controles, representan un riesgo o reinciden en faltas migratorias, activando procedimientos más estrictos.

Este proceso incluye la remisión del caso a las instancias competentes dentro del Servicio Nacional de Migración, donde se evalúa la medida a aplicar, garantizando que la decisión no quede únicamente en el punto de control, sino que pase por un proceso administrativo estructurado

El protocolo también define la obligación de los funcionarios de coordinar con otras entidades de seguridad, como el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, especialmente en situaciones donde se detecten posibles delitos, lo que refuerza el enfoque interinstitucional del control migratorio.

Otro elemento clave es que se incorporan lineamientos para el manejo de poblaciones vulnerables, obligando a los funcionarios a activar protocolos diferenciados en casos de menores de edad, mujeres embarazadas o personas en condición de riesgo, evitando actuaciones que puedan vulnerar derechos fundamentales.

Además, se establece que toda actuación debe cumplir con criterios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos, lo que limita el margen de actuación de los agentes y reduce riesgos de abusos o procedimientos incorrectos en terreno.

El protocolo también introduce una mejora relevante en términos de inteligencia migratoria, ya que obliga a la sistematización de la información recolectada, lo que permitirá identificar patrones, rutas y comportamientos, fortaleciendo la toma de decisiones a nivel estratégico.

En términos operativos, el cambio más importante es que se elimina la improvisación: ahora los funcionarios deben seguir una ruta clara de actuación desde la detección hasta la resolución del caso, lo que convierte el control migratorio terrestre en un proceso más técnico y menos reactivo.

Con esta medida, Panamá busca fortalecer su capacidad de control en puntos terrestres clave, alineando su actuación con estándares internacionales, pero también respondiendo a una realidad local donde el país se ha convertido en un corredor migratorio de alta presión en la región.

¿Qué dicen los números?

Durante el año 2025, Panamá registró un total de 1,349 extranjeros detenidos por infracciones a la legislación migratoria, evidenciando un flujo constante de casos a lo largo de los doce meses, con picos como 186 detenciones en enero y 139 en marzo, lo que refleja una presión sostenida sobre los sistemas de control en puntos terrestres y operativos internos.

Al analizar las causales, el principal motivo de detención fue la condición de indocumentado o irregular, con 476 casos, seguido por estadía vencida con 400 registros y el ingreso irregular al país con 335 casos, lo que confirma que el fenómeno migratorio en Panamá no solo responde al tránsito, sino también a permanencias fuera del marco legal .

En cuanto a las nacionalidades, los datos muestran una clara concentración en países de la región, encabezados por Colombia con 677 personas detenidas, seguido por Nicaragua con 170 casos y Venezuela con 108, mientras que también se registran flujos más pequeños pero relevantes desde países extracontinentales como Camerún, Nepal e India, lo que evidencia la diversidad del perfil migratorio .

Otro elemento clave es la distribución por género, donde el 84% de los detenidos fueron hombres frente a un 16% de mujeres, así como la concentración por edades, con mayor incidencia en los rangos de 28 a 37 años (481 casos) y 18 a 27 años (394 casos), lo que indica que se trata principalmente de población en edad productiva .

Para el año 2026, aunque las cifras corresponden únicamente a los primeros dos meses, ya se contabilizan 222 extranjeros detenidos, con una fuerte concentración en enero con 147 casos, lo que sugiere que la dinámica migratoria se mantiene activa desde el inicio del año, sin señales de reducción significativa .

En este período, la principal causal cambia ligeramente, destacando la rebaja de pena con 102 casos, seguida por el ingreso irregular al país con 46 registros y la estadía vencida con 45 casos, lo que introduce un componente distinto vinculado a personas que ya estaban dentro del sistema penal o administrativo .

En cuanto a las nacionalidades en 2026, se mantiene la tendencia regional con Colombia liderando con 143 casos, seguido por Nicaragua con 29 y Venezuela con 28, lo que confirma la continuidad de los principales países de origen observados el año anterior, aunque con volúmenes menores por tratarse de un periodo parcial .

Finalmente, la composición demográfica también se mantiene estable, con un predominio de hombres que representan el 85% de los casos frente a un 15% de mujeres, y una mayor concentración en edades entre 28 y 47 años, lo que refuerza el perfil de población adulta joven que caracteriza los flujos migratorios detectados en el país.

Por primera vez desde que existen registros, un grupo de grullas trompeteras, una de las aves más amenazadas de América del Norte, permaneció durante todo el invierno en el Salt Plains National Wildlife Refuge de Oklahoma, interrumpiendo su tradicional migración hacia las costas de Texas y marcando un potencial cambio en los patrones de movilidad de la especie, según el U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS).

Durante el invierno reciente, una bandada compuesta por seis adultos y dos juveniles fue observada en diversas ocasiones en el refugio mediante el conteo anual impulsado por la National Audubon Society, conocido como Christmas Bird Count.

Glen Hensley, biólogo de vida silvestre del Salt Plains National Wildlife Refuge, indicó que la última vez que se avistaron las grullas antes de este registro fue el 3 de enero.

Hasta ese momento, nunca se había documentado que ejemplares de esta especie permanecieran en Oklahoma más allá de diciembre: históricamente, todos partían hacia el Aransas National Wildlife Refuge en Texas antes del Año Nuevo, según el USFWS.

La permanencia invernal desafía una tradición migratoria de 100 años

El registro de este comportamiento no es un hecho aislado en Oklahoma. Según Kevin McAbee, coordinador nacional de la especie en el USFWS, la expansión en el uso de hábitats durante el invierno se volvió más frecuente conforme la población de grullas trompeteras crece. McAbee afirma: “Cada año estas grullas trompeteras parecen hacer algo que no habíamos observado en los últimos 100 años”.

Históricamente, en 1941 solo se contabilizaban 14 adultos y dos juveniles de grulla trompetera en estado silvestre en Texas. A partir de programas de conservación y alianzas para proteger hábitats clave en las Grandes Llanuras Centrales de Estados Unidos, la población actual supera los 550 individuos. Monitoreos realizados en la última década constatan un incremento de aves invernando tierra adentro, a más de 48 km de su zona estuarina habitual en la costa texana, incluso permaneciendo durante veranos completos en la región.

Un episodio climático extremo puso a prueba la adaptabilidad de las grullas este invierno. En enero, una masa de aire ártico provocó temperaturas bajo cero y cerca de 20 centímetros de nieve en Oklahoma.

Biólogos como Hensley esperaban que estas condiciones forzaran al grupo a reanudar el viaje hacia el sur. Al mejorar el clima, las aves continuaron alimentándose en su campo preferido.

La restauración y manejo de hábitats amplían la resiliencia de la especie

Salt Plains National Wildlife Refuge fue designado en 1978 como hábitat crítico para la especie y desempeñó un papel central en su recuperación. Entre las acciones de manejo se destaca la eliminación sistemática de especies invasoras, como el salt cedar, un arbusto adaptado a suelos salinos que amenaza la vegetación nativa y la integridad del ecosistema, según el USFWS.

Los campos abiertos y salitrales del área ofrecen condiciones favorables para las grullas, que evitan zonas con vegetación densa y presencia potencial de depredadores.

El refugio implementa quemas prescritas de hasta 600 hectáreas anuales para restaurar pastizales e incentivar la aparición de alimentos vegetales preferidos por las grullas. Matt Rabbe, biólogo encargado del registro y análisis de avistamientos, destaca que los reportes voluntarios permiten ajustar las recomendaciones para proyectos de manejo y conservación de hábitats de la especie.

La red de humedales y pastizales del Central Flyway, el corredor migratorio reconocido a nivel internacional que conecta las praderas de Canadá con el Golfo de México, es indispensable para el éxito migratorio de la grulla trompetera y otras especies. Estas aves requieren humedales y lugares de forrajeo cada 300 kilómetros aproximadamente, lo que convierte a zonas como Salt Plains en refugios ecológicos relevantes en el trayecto.

Expansión de los límites ecológicos de la grulla trompetera

La tendencia a permanecer en hábitats más septentrionales o interiores durante el invierno, según el USFWS, refleja la flexibilidad y resistencia crecientes de la especie. Esta diversificación en los enclaves para invernar disminuye el riesgo de dependencia de unos pocos sitios vulnerables a cambios ambientales o eventos climáticos extremos.

Shane Kasson, director del Salt Plains National Wildlife Refuge, afirma: “Esto nos dice que estamos en el camino correcto, que proveemos el hábitat adecuado para ellas, y es una validación para nuestro trabajo”. La observación constante de voluntarios y científicos ciudadanos, que reportan avistamientos todo el año, nutre la base de datos y contribuye a mejorar la toma de decisiones para la conservación de la especie.

La grulla trompetera sigue migrando en primavera hacia su área de reproducción en el Wood Buffalo National Park en Canadá y evidencia una fuerte capacidad de retorno a los mismos sitios cada año, fenómeno que según USFWS es conocido como fidelidad de sitio. El personal técnico del refugio se mantiene atento para registrar si estos 8 ejemplares, u otros, repiten la permanencia invernal en Oklahoma tras el verano.

Vigilancia comunitaria y directrices para la observación responsable

El USFWS señala que cualquier persona puede contribuir a la comprensión y recuperación de las grullas trompeteras mediante reportes de avistamientos. No obstante, enfatiza no acercarse a menos de 400 metros, debido a que son animales susceptibles al sobresalto.

El procedimiento para informar avistamientos varía por estado y puede consultarse en el sitio web del departamento de vida silvestre local.

Antes de que saliera el sol, Andrea García ya estaba despierta. No era por voluntad propia. Era porque alguien tenía que despertar a sus cinco hermanos, prepararles el desayuno, llevarlos a la escuela y pagar las cuentas del mes.

Hace apenas unos meses, Andrea tenía planes: su propio departamento, su propia vida, quizás encontrar pareja. Tenía 22 años. El mundo estaba por delante. Luego llegó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La madrugada que destruyó una familia

El 9 de enero de 2026, agentes del ICE irrumpieron en la casa familiar en Donna, Texas, mientras algunos de los niños todavía dormían. Se llevaron a Julio Orosco y Lucero Garza, padres de seis hijos, migrantes mexicanos que cruzaron la frontera siendo jóvenes... buscando una vida digna.

La madre fue deportada a México. El padre permanece detenido. Sus seis hijos no fueron expulsados. Todos nacieron en suelo americano. Todos tienen ciudadanía. Pero esa noche aprendieron que un papel no protege de todo.

The New York Times documentó su historia el pasado 5 de abril, y desde entonces no ha dejado de circular en redes sociales alrededor del mundo.

Crecer de golpe, sin pedirlo

Lo que siguió fue brutal en su cotidianidad. Sin drama. Sin discursos. Solo seis jóvenes aprendiendo a sobrevivir:

• Andrea, de 22 años, trabaja limpiando casas y llega su hogar a hacer de comer.
• Humberto, de 21, pospuso su boda y se fue a Dallas a cortar árboles para mandar dinero.
• Ana, 20, soñaba con estudiar derecho penal. Ya no puede: “Nos trataron como si fuéramos los peores criminales. No puedo ser parte de eso”.
• Juan, de 17, se entierra en los libros y no habla de lo que pasó
• Lucero, de 15, la niña de papá, sigue alimentando sola las gallinas del patio que cuidaban juntos cada mañana.
• Jorge, de 11 años, el más pequeño, llegaba de la escuela corriendo y hablando sin parar. Ahora llega en silencio, se sienta en el sofá y abraza a su perro.

“Nuestros hijos tienen que criarse solos. No tenemos a nadie más. Tienes que crecer rápido”, le dijo Andrea a The New York Times.

No son los únicos. Están lejos de serlo

La historia de esta familia tiene miles de versiones a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Familias de estatus migratorio mixto: padres mexicanos sin documentos, hijos con pasaporte americano, vidas construidas entre dos idiomas y dos países.

Según datos citados por The New York Times, bajo la política migratoria de la administración Trump, algunas zonas fronterizas han registrado más de 5,300 arrestos mensuales del ICE en lo que va de 2026. Además, al menos 13 migrantes mexicanos han muerto bajo custodia del ICE o durante operativos de detención en el mismo periodo. En varios casos, se señala la falta de atención médica como causa, mientras que otros fallecimientos permanecen en investigación. Sus nombres rara vez aparecen en los titulares.

Una carta desde el otro lado

En la casa de Donna todavía están los medicamentos del padre encima del refrigerador. La insulina para la diabetes. Las pastillas para la presión. Nadie los ha movido.

De vez en cuando llega una carta desde México. La última decía:

“Los amo mis hijos. I love you, my children.”

Ana la leyó en silencio, de pie frente al altar familiar decorado con figuritas de ángeles y santos.

“Ya no tenemos padres”, dijo Andrea. “Al menos no ahora. Y tal vez nunca.”

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha avalado la expulsión de España de un hombre identificado en la sentencia como Marcial, un ciudadano marroquí en situación irregular que alegó haber sido identificado por la Policía por motivos raciales. La Sala rechaza ese argumento y confirma tanto la expulsión como la prohibición de entrada en el espacio Schengen durante un año.

El caso arranca con una intervención policial en la vía pública en Valladolid. Los agentes requirieron la identificación de este hombre, que carecía de documentación y no pudo acreditar su situación administrativa en España. A partir de ese momento se inició el procedimiento de expulsión, que culminó con una resolución de la Subdelegación del Gobierno que acordó su salida del país y le impuso una prohibición de entrada de dos años.

El afectado recurrió la decisión ante los tribunales. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valladolid confirmó la expulsión, aunque redujo la prohibición de entrada a doce meses. Disconforme, el recurrente acudió al TSJ, donde trató de anular toda la actuación administrativa.

Su principal argumento fue que todo el procedimiento estaba viciado desde el inicio. Sostuvo que la identificación policial había sido ilegal por responder únicamente a su aspecto físico —color de piel y rasgos—, lo que, a su juicio, suponía una actuación discriminatoria. De ahí derivaba, según su tesis, la nulidad de todo el expediente sancionador posterior.

La identificación policial no fue discriminatoria

El tribunal aborda en primer lugar esa cuestión y la descarta de forma tajante. La sentencia recuerda que la legislación de seguridad ciudadana permite a los agentes requerir la identificación de personas en la vía pública, especialmente en el ámbito de control de extranjería.

En este sentido, la Sala subraya que los ciudadanos extranjeros están obligados a portar y exhibir documentación que acredite su identidad y su situación legal en España. Por tanto, el hecho de que la Policía solicitara la identificación a un extranjero no convierte automáticamente la actuación en discriminatoria.

El recurrente intentó apoyarse en un informe policial para sostener que existía un sesgo en este tipo de controles, pero el tribunal considera que ese documento no permite concluir que la actuación concreta respondiera únicamente a motivos raciales. Incluso en el hipotético caso de que hubiera una mayor proporción de identificaciones a extranjeros, eso no bastaría por sí solo para acreditar una discriminación individualizada.

La detención y el inicio del expediente

Otro de los pilares de la defensa fue cuestionar la legalidad de la detención, al entender que no se había seguido el procedimiento adecuado. Sin embargo, el tribunal también rechaza este planteamiento.

La Sala recuerda que la legislación de extranjería permite la detención cautelar en el marco de un procedimiento de expulsión, siempre con límites temporales. Además, la normativa de seguridad ciudadana autoriza a trasladar a una persona a dependencias policiales cuando no puede ser identificada en el momento, durante el tiempo estrictamente necesario.

En este caso, los magistrados consideran que la actuación fue conforme a derecho: el hombre se encontraba indocumentado y sin autorización para permanecer en España, lo que justificaba la intervención policial y el inicio del expediente sancionador.

Entrada irregular y expulsión

El núcleo del asunto, desde el punto de vista jurídico, se centra en la procedencia de la expulsión. La defensa alegó que no existían pruebas de una entrada ilegal en territorio Schengen, ya que el afectado había explicado que accedió por Grecia, pasando por Turquía y otros países antes de llegar a España.

Sin embargo, el tribunal considera que esa versión carece de respaldo probatorio. No se aportó ningún documento que acreditara esa trayectoria ni la existencia de un visado o autorización de entrada.

La Sala parte de un hecho clave: la estancia irregular del recurrente. Al no disponer de documentación válida ni constar una entrada legal en el espacio Schengen, se presume que su permanencia en España es irregular desde el inicio. Esa situación encaja en la infracción prevista en la Ley de Extranjería, que puede sancionarse con multa o con expulsión. La diferencia depende de la existencia de circunstancias agravantes.

En este caso, el tribunal aprecia una de ellas: la falta de datos sobre cuándo, cómo y por dónde entró en territorio Schengen. Esa ausencia de información, unida a la carencia de visado —obligatorio para ciudadanos marroquíes—, permite justificar la expulsión en lugar de una simple multa.

Sin arraigo ni medios económicos

La sentencia también analiza la duración de la prohibición de entrada, que el recurrente pretendía reducir a un mes o, como máximo, a seis. Sin embargo, la Sala mantiene el año fijado en primera instancia. Para ello tiene en cuenta varias circunstancias: la falta de arraigo familiar o sociolaboral en España, la inexistencia de medios económicos acreditados y el incumplimiento de los requisitos para obtener una residencia legal.

Estos elementos refuerzan la proporcionalidad de la medida, según el tribunal, que entiende que la sanción impuesta se ajusta a la gravedad de la situación administrativa del afectado.

Con todos estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia desestima íntegramente el recurso y confirma la sentencia anterior, que ya había avalado la expulsión. Además, impone las costas del proceso al recurrente, fijando un límite máximo de 500 euros, al no apreciar dudas de hecho o de derecho que justifiquen otra decisión.

Italia figura entre los destinos europeos con mayor demanda entre argentinos. Diversas organizaciones brindan la posibilidad de participar en programas de voluntariado, a través de los cuales los viajeros pueden alojarse y recibir manutención sin costo durante varias semanas. Estas iniciativas se desarrollan en el marco de proyectos sociales, ambientales y culturales, lo que permite a los participantes contribuir activamente en distintas áreas mientras recorren el país.

Se encuentran opciones en una amplia variedad de destinos, que abarcan desde ciudades históricas como Roma hasta pueblos rurales y localidades costeras. Estas propuestas se adaptan a diferentes perfiles de participantes y contemplan tanto quienes buscan una experiencia breve como aquellos interesados en una estadía prolongada. La duración de los programas puede variar entre una semana y tres meses.

En primer lugar, algunos de los voluntariados que ofrece la organización Worldpackers son:

Ayudar a regenerar la naturaleza

La propuesta, con lugar en Castiglione di Sicilia, Italia, contempla una dedicación de 25 horas semanales en tareas vinculadas a la cocina, la producción agroecológica y la jardinería. Las actividades incluyen la preparación y el servicio de comidas, así como labores en granjas sustentables —como siembra y cosecha— y trabajos de cultivo en espacios verdes.

A cambio, la iniciativa ofrece dos días libres por semana, alojamiento en modalidad camping y cobertura completa de comidas diarias, con desayuno, almuerzo y cena incluidos durante toda la estadía. Además, se garantiza acceso a internet básico y a un espacio de trabajo destinado a quienes necesiten realizar tareas remotas.

El programa también suma beneficios adicionales, como el uso gratuito de lavandería, la participación en tours y excursiones sin costo, clases de idiomas y la posibilidad de acceder a un curso de permacultura, orientado a prácticas sostenibles.

Marineros e instructores de vela

Este voluntariado, en la localidad de Orbetello, requiere una dedicación de 20 horas semanales, centradas principalmente en la enseñanza de deportes. Las tareas incluyen instruir o asistir al anfitrión en la organización de actividades físicas, tanto para huéspedes como para comunidades locales.

A cambio, se ofrecen dos días libres por semana y alojamiento en habitación compartida dentro del equipo. La iniciativa incluye además la cena diaria durante toda la estadía, acceso a internet básico y la posibilidad de utilizar una cocina equipada de manera libre.

Entre los beneficios adicionales se destacan el uso gratuito de lavandería, descuentos en restaurantes cercanos, acceso a eventos y fiestas sin costo, clases de surf y de idiomas, y servicio de traslado al momento de la llegada para facilitar el acceso al lugar.

Construcción de casas en los árboles

En el municipio de Patti, la propuesta contempla una dedicación de 20 horas semanales en tareas vinculadas a actividades artísticas —como pintura, escultura o dibujo—, así como trabajos de pintura y decoración del espacio, construcción y reparación, y labores de jardinería. A diferencia de otras experiencias, el anfitrión requiere el pago de una cuota adicional de 10 euros por día, destinada principalmente a cubrir la alimentación y otros gastos básicos del proyecto.

A cambio, se ofrecen dos días libres por semana, alojamiento en modalidad camping y cobertura completa de comidas diarias, con desayuno, almuerzo y cena incluidos durante la estadía. Además, se garantiza acceso a internet de alta velocidad y el uso de una cocina equipada.

El programa suma una amplia gama de beneficios, entre los que se destacan descuentos en fiestas, restaurantes, bares, bebidas y alojamiento, así como acceso gratuito a tours, excursiones, eventos y celebraciones locales.

Otra organización que ofrece voluntariados es Volunteer World. Algunas de las iniciativas son las siguientes:

Conservacionista de delfines y tortugas marinas

La propuesta, en Comcchio, invita a participar activamente en un proyecto de conservación de fauna marina ubicado en la costa italiana del norte del mar Adriático. La experiencia permite involucrarse en tareas de investigación y monitoreo de tortugas marinas y delfines, bajo la coordinación de biólogos especializados, al tiempo que ofrece la posibilidad de descubrir la biodiversidad del Parque del Delta del río Po.

La jornada incluye unas cuatro horas de trabajo de campo, con tareas de recolección de datos y observación de especies en playa, laguna o mar. Se combinan capacitaciones, carga de información y excursiones por la zona.

Apoyo a jóvenes y niños

La iniciativa, en Roma, convoca a voluntarios para colaborar con distintas ONG en la promoción de iniciativas educativas extracurriculares, mediante el diseño de nuevas actividades y el acompañamiento de las ya existentes. Las tareas incluyen la enseñanza de deportes, culturas, idiomas y otras habilidades, con el objetivo de fomentar la inclusión, el desarrollo personal y la adquisición de herramientas clave para la vida en niños y jóvenes.

En la práctica, los participantes se encargan de organizar y coordinar actividades, asistir a los niños con sus tareas escolares y brindar apoyo en instancias de estudio. Además, contribuyen al desarrollo de habilidades a través de propuestas artísticas, recreativas y deportivas, al tiempo que colaboran en el fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés.

Cuidado de animales

El programa de cuidado animal en Roma convoca a voluntarios para colaborar en el bienestar de perros y gatos, al tiempo que brinda apoyo al trabajo de organizaciones sin fines de lucro y promueve la adopción responsable.

Las tareas incluyen la alimentación, limpieza y cuidado de los animales, así como el mantenimiento de los espacios del refugio y la participación en campañas de concientización. Si bien no se requiere experiencia previa, se valora especialmente el interés y compromiso con el cuidado animal.

En la práctica, los voluntarios se ocupan de asistir en las rutinas diarias del refugio, que abarcan desde el cuidado directo de los animales hasta la limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Además, participan en acciones de comunicación orientadas a difundir la adopción y generar mayor conciencia en la comunidad.

Los requisitos para las distintas propuestas varían, aunque, en general, piden ser mayor de 18 años y un buen nivel de inglés. Se pueden hacer los voluntariados solo, en pareja o grupo.

El actor mexicano Diego Luna y el cineasta Alejandro González Iñárritu encabezan una protesta internacional contra el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas. La iniciativa reúne a figuras de Hollywood que exigen el cierre de esta instalación, señalada por presuntas violaciones a derechos humanos.

La petición, dirigida al gobierno de Donald Trump y a la empresa privada CoreCivic, ya supera las 4 mil firmas verificadas. Entre los participantes destacan Jane Fonda, Madonna, Javier Bardem y Pedro Pascal.

Denuncian condiciones en centro migrante

El documento lanza una crítica directa a la detención de menores en instalaciones migratorias. “Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes”, inicia la carta difundida por activistas y celebridades.

El texto advierte sobre el impacto en la infancia: “Los niños detenidos en centros de inmigración sufren traumas, abandono y condiciones que violan las normas básicas de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos”.

De acuerdo con un informe de ProPublica publicado en febrero, alrededor de 3 mil 500 personas han permanecido en el centro de Dilley, más de la mitad menores de edad.

Casos que encendieron la indignación

El centro recibió atención internacional tras el caso de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue enviado a esa instalación después de su detención junto a su padre en Minneapolis.

Investigaciones adicionales revelaron que cerca de 300 menores permanecieron en Dilley por más de un mes. Esta situación contraviene el Acuerdo Flores, que establece un límite de 20 días para la retención de niños migrantes.

Aumento en detenciones infantiles

El debate surge en un contexto de incremento en la detención de menores en Estados Unidos. Datos del Deportation Data Project indican que entre enero y octubre se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados. La cifra contrasta con los 25 casos mensuales reportados durante los últimos 16 meses del gobierno de Joe Biden.

La participación de Diego Luna y Alejandro González Iñárritu refuerza el peso mediático de la protesta. Ambos han sido voces activas en temas sociales y migratorios, lo que amplifica el alcance de esta petición.

La exigencia apunta a cerrar el centro de Dilley y revisar las políticas migratorias que permiten la detención prolongada de familias. El pronunciamiento coloca nuevamente el tema en la agenda internacional, con presión directa hacia autoridades y empresas involucradas.

El permiso temporal por razones humanitarias, que hasta la fecha permitía a los nacionales venezolanos residir y trabajar en España con una autorización renovable por un año, pasará a integrarse en nuevos procesos administrativos a partir de julio, según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Este cambio se produce en el contexto de una regularización extraordinaria y temporal para inmigrantes en España, incluyendo a los venezolanos, activa solo hasta finales de junio. Tras esa fecha, quienes requieran regularizar su situación deberán hacerlo conforme a los procedimientos ordinarios establecidos en la ley de extranjería vigente. Según detalló el medio Europa Press, el gobierno busca aclarar las condiciones y plazos para la documentación de las personas migrantes, ante la finalización de la vía exprés utilizada desde 2018, por la que se han regularizado 240.000 venezolanos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Elma Saiz enfatizó que “esta noticia tiene que leerse sabiendo que está encima de la mesa y que está a punto de comenzar un importantísimo proceso de regularización extraordinaria al que efectivamente van a poder acogerse también muchos ciudadanos y ciudadanas venezolanas”. La ministra aclaró que se trata de una modificación procedimental, no sustantiva, ya que la alternativa extraordinaria dará paso posteriormente a los cauces habituales para la regularización migratoria. Enfatizó que no se dificultará la regularización para los nacionales venezolanos, asegurando que el reglamento actual de la ley de extranjería ofrece distintos mecanismos como el arraigo para la obtención de permisos de residencia.

Según informó Europa Press, la nueva fase de regularización extraordinaria podrá solicitarse entre abril y el 30 de junio de este año. Una vez finalizado este periodo, los interesados deberán acogerse a los trámites habituales y vigentes al amparo de la ley de extranjería. Estos procedimientos ordinarios continuarán permitiendo el acceso a la residencia legal en España mediante distintos supuestos recogidos en la normativa, como arraigo social o laboral, entre otros.

Desde el año 2018, ciudadanos venezolanos que llegaron a España pudieron acogerse a la modalidad de residencia temporal basada en circunstancias excepcionales de índole humanitaria, una medida que ofrecía permisos de trabajo y residencia por un periodo inicial de 12 meses, renovable por otro año. Este mecanismo, según había publicado Europa Press, estaba específicamente dirigido a quienes acreditasen una situación de especial vulnerabilidad y era susceptible de ampliación en función de la evolución de la coyuntura en Venezuela y las valoraciones de las autoridades migratorias.

Con la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, los venezolanos en España podrán acogerse al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de enero. Este decreto establece un mecanismo temporal que persigue regularizar la situación de más de medio millón de inmigrantes en España y recoge el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada en 2004, la cual recabó el apoyo de más de 700.000 firmas y fue tomada en consideración en el Congreso, aunque quedó posteriormente bloqueada, detalló Europa Press.

La normativa fijó varios requisitos para acceder a esta vía excepcional. Los interesados deben haber arribado a territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una estancia continuada mínima de cinco meses en el país. En el caso particular de quienes hayan solicitado protección internacional, será suficiente acreditar que la petición se presentó antes de la mencionada fecha límite y que dicha solicitud pueda probarse. Adicionalmente, los solicitantes deberán acreditar la ausencia de antecedentes penales, como parte de los requisitos exigidos.

Según consignó Europa Press, el cierre de la vía exprés corresponde a la política de unificación y racionalización de procedimientos migratorios, facilitando una transición ordenada a los trámites ordinarios. El real decreto temporal estará disponible durante el plazo estipulado y, una vez concluido, los cauces previstos en la ley de extranjería seguirán operativos para resolver las solicitudes pendientes o futuras.

El proceso se enmarca en las respuestas adoptadas por el Ejecutivo ante la presión migratoria y las necesidades de regularización de diversos colectivos, con la comunidad venezolana entre las más representadas en los últimos flujos migratorios hacia España. Las opciones que permanecerán disponibles tras la regularización extraordinaria apelan a la normativa ordinaria, que contempla supuestos como el arraigo, la reagrupación familiar y otros procedimientos, según enfatizó la ministra en las declaraciones a Europa Press.

Elma Saiz recalcó que la regulación que rige tras junio permite a miles de personas, incluidas aquellas de nacionalidad venezolana, acceder a la residencia y el trabajo en España, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos y sigan los procesos documentales correspondientes. Así, subrayó que los recursos y mecanismos previstos en el reglamento han posibilitado la respuesta a numerosas situaciones personales en años recientes.

En síntesis, tal como reportó Europa Press, el cambio anunciado conlleva la conclusión de la vía exprés que ha permitido la regularización de cientos de miles de venezolanos en los últimos seis años, al tiempo que se implementa temporalmente un sistema de regularización extraordinaria y, posteriormente, se reanuda la aplicación de cauces ordinarios según la legislación de extranjería.

La decisión de formar una ponencia conjunta de diputados y senadores destinada a examinar cómo podría afectar una eventual regularización extraordinaria de migrantes sobre la seguridad nacional generó críticas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según consignó Europa Press, Elma Saiz, ministra y portavoz del Gobierno, expresó su desacuerdo respecto a la postura tomada por el Partido Popular (PP) y Vox en este tema, subrayando que representa un cambio drástico en la trayectoria política del PP sobre cuestiones migratorias, especialmente después de haber respaldado en el pasado una iniciativa legislativa popular vinculada a la regularización de personas migrantes.

De acuerdo con Europa Press, Elma Saiz atribuyó a ambas formaciones políticas intenciones de exclusión con la propuesta de alejar los centros de menores extranjeros no acompañados del entorno urbano en la Comunidad Valenciana. Saiz calificó este planteamiento como un intento de “apartheid”, indicando que “pactar para que los centros de menores de niños y niñas no acompañados se lleven lo más lejos posibles de nuestra realidad tiene un nombre, se llama apartheid”. Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE).

El planteamiento, impulsado por Vox y que prevé recibir el apoyo del PP en las Cortes Valencianas, busca cambiar la ubicación de los centros en los que residen menores extranjeros no acompañados, alejándolos de las ciudades. La portavoz gubernamental contextualizó esta propuesta en el marco de las conversaciones y pactos entre PP y Vox para la conformación de gobiernos autonómicos, señalando que determinadas condiciones están siendo impuestas en dichas negociaciones.

Elma Saiz hizo hincapié, según detalló Europa Press, en la “absoluta incoherencia” del Partido Popular en relación a la política migratoria. La ministra recordó que el PP brindó respaldo un año atrás a una iniciativa legislativa popular que, según explicó, constituye el primer paso para que el Gobierno adopte una respuesta social mediante la regularización de personas migrantes. Sobre esto, Saiz señaló que “es un giro absoluto” respecto al posicionamiento anterior de los populares.

Saiz también reprochó al PP la supeditación de sus políticas a las exigencias de Vox, sosteniendo que “el PP está supeditado a los acuerdos que le está marcando la ultraderecha”. Añadió su rechazo a la vinculación propuesta por el PP entre la regularización extraordinaria de migrantes y el terrorismo, postura que calificó de injustificada.

El análisis de la ministra incluyó una crítica al enfoque que promueve el PP de realizar la regularización de migrantes “caso por caso”, al mismo tiempo que plantea la eliminación de la figura del arraigo, mecanismo que, según resaltó, es el que permite al Gobierno evaluar individualmente las situaciones de migrantes para determinar su regularización. Según declaró Saiz, esta petición refleja “desconocimiento” por parte de los populares sobre el funcionamiento del sistema vigente, puesto que el propio Gobierno ya regula estos procesos de modo personalizado a través del arraigo.

Europa Press reportó que Saiz enmarcó sus declaraciones en la preocupación por el rumbo de la política migratoria en la Comunidad Valenciana si se aprueban iniciativas como la impulsada por Vox y apoyada por el PP, que buscan apartar a menores migrantes no acompañados del entorno urbano. La ministra expresó que este tipo de medidas no encajan con la integración social ni con el enfoque humanitario que, según defendió, debería guiar toda política pública dirigida a menores.

Además, la ministra situó el actual debate en el contexto de las tensiones y condicionantes que rodean la formación de nuevos gobiernos autonómicos, haciendo referencia a los acuerdos pendientes entre PP y Vox y las exigencias que ello implica en materia de políticas migratorias. Recalcó que este giro en la política del Partido Popular vulnera el consenso previo existente en torno a la necesidad de dar una respuesta social a los procesos migratorios.

Para finalizar, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacó la contradicción entre lo que el PP solicita y lo que el sistema actual ya contempla, e insistió en que el estudio de cada caso es precisamente la función que cumple la figura del arraigo. Saiz pidió consecuentemente coherencia y conocimiento preciso en la formulación de propuestas que afectan tanto a menores extranjeros no acompañados como a la totalidad de la política migratoria nacional.

La presencia de más de 20.000 sirios en el Reino Unido desde 2014, según datos oficiales, ha marcado el desarrollo de políticas migratorias en ese país, especialmente tras la intensificación del conflicto armado en Siria. La caída de Bashar al Asad a finales de 2024 llevó a la suspensión temporal de nuevos asilos para ciudadanos sirios, aunque las autoridades británicas reanudaron la tramitación de solicitudes en julio de 2025. Este contexto sirvió de marco para la reunión celebrada este martes entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, en Londres, como reportó el Gobierno británico en un comunicado.

De acuerdo con la publicación oficial recogida por el Gobierno del Reino Unido, la visita de Al Shara a Londres, que siguió a una estancia previa en Alemania, tuvo como propósito avanzar en acuerdos en materia de migración y de reconstrucción para Siria, país afectado por catorce años de guerra civil. Las conversaciones incluyeron el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la exploración de oportunidades para que las empresas británicas tomen protagonismo en el proceso de transición económica sirio. El objetivo, según consignó el comunicado, es posicionar al Reino Unido como un socio clave en esta nueva etapa para Siria.

El medio británico detalló que durante el encuentro, ambos mandatarios coincidieron en que el momento actual representa una coyuntura significativa para la relación entre ambos países. Tanto Starmer como Al Shara se comprometieron a mantener una comunicación constante, subrayando la voluntad de seguir colaborando en áreas de interés común. Entre los principales temas abordados figuró la situación de seguridad regional, con un enfoque en la necesidad de evitar una escalada adicional del conflicto en Oriente Próximo y trabajar por el restablecimiento de la estabilidad.

La lucha contra el terrorismo ocupó un lugar relevante en la agenda. Según el comunicado, el primer ministro Starmer destacó “positivamente” las acciones aplicadas por el Ejecutivo de Al Shara en Siria para combatir a grupos extremistas, lo que sienta bases para estrechar la colaboración en materia de seguridad. El mandatario británico expresó su esperanza de lograr avances adicionales en la gestión migratoria, lo que incluye una cooperación más efectiva en repatriaciones, en la protección de fronteras y en el combate contra redes de tráfico de personas.

La reunión se produjo en un contexto en el que el Reino Unido decidió, tras la caída del expresidente Al Asad, suspender temporalmente la concesión de asilo a solicitantes de origen sirio. Sin embargo, en julio de 2025 el procedimiento se reanudó, reflejando una modificación en la política de acogida y atención a refugiados. El medio oficial británico indicó que la evolución de la crisis siria y la reconstrucción del país forman parte central de la agenda bilateral.

El itinerario de Al Shara en Londres incluyó también un encuentro con la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, en el que participaron el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, y el jefe de Inteligencia, Huseín al Salamé. De acuerdo con la Presidencia de Siria, las delegaciones analizaron vías para fortalecer la coordinación y el intercambio de conocimientos a fin de contribuir a la estabilidad regional y encarar desafíos compartidos, especialmente en las áreas de migración y seguridad.

Según lo publicado por el Gobierno de Reino Unido, ambas partes identificaron como prioritario el establecimiento de mecanismos para controlar mejor el flujo migratorio y garantizar una respuesta conjunta ante amenazas de carácter transnacional. Uno de los aspectos destacados incluyó la intención de mejorar los sistemas de repatriación y la cooperación para frenar las actividades de las redes de tráfico humano.

También se abordaron las condiciones que podrían facilitar la participación de empresas británicas en proyectos de reconstrucción y desarrollo económico en Siria, lo que abriría nuevas oportunidades comerciales y favorecería la reactivación económica del país árabe. El comunicado remarcó el interés del Reino Unido en volverse un aliado fundamental para Siria durante su proceso de transición.

La situación en Oriente Próximo y las posibilidades de desescalada también fueron mencionadas repetidamente en los comunicados oficiales. Ambas delegaciones consideraron indispensable el trabajo conjunto para preservar la estabilidad y evitar que el conflicto afecte de manera más amplia a la región. La importancia de una respuesta coordinada ante riesgos de seguridad motivados por el contexto regional fue uno de los ejes de la conversación, tal como consignaron la Presidencia siria y el Gobierno británico.

A partir de estos encuentros, el compromiso expresado por las partes apunta a mantener el diálogo abierto y desarrollar nuevos acuerdos, tanto en los aspectos económicos como en los referidos a la seguridad y la migración. El comunicado de la Presidencia siria enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación para hacer frente a desafíos compartidos y contribuir a una mayor estabilidad, mensaje que coincidió con los planteos oficiales del Ejecutivo británico sobre la evolución de las relaciones entre ambos países tras más de una década de crisis en Siria.

Ante la reciente noticia del fallecimiento de un mexicano dentro de las instalaciones del centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Adelanto, California, con el que se suman 14 muertes, el gobierno de México anunció que tomará medidas legales.

Durante la conferencia de prensa matutina del 30 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su gobierno buscará justicia y protección para los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos con el fin de evitar que suceda una muerte más a manos de autoridades migrantes estadounidenses.

La mandataria anunció la intervención de México como amicus curiae en apoyo al caso judicial L.T. Mesrobian, una demanda presentada desde el 26 de enero de 2026 contra las condiciones que viven los migrantes en los centros del ICE. Se trata de una demanda presentada por el despacho de abogados Public Counsel de Los Ángeles.

¿Qué significa ser amicus curiae?

Es una expresión del latín que significa “amigo de la corte”. Se trata de un término jurídico que se utiliza para describir a personas, organizaciones o instituciones que, sin ser parte directa en un juicio, presentan información o argumentos ante el tribunal.

Es una figura legal para que terceros puedan interceder en una demanda y es especialmente utilizada por organizaciones civiles o instituciones.

El propósito es aportar elementos que puedan ser útiles para que el juez tome una decisión más completa y fundamentada, especialmente en casos que tienen relevancia o impacto en el interés público.

Por ello, resulta especialmente utilizada en casos sobre derechos humanos o protección a grupos vulnerables, además, porque el objetivo de quien se une a una denuncia como amigo curiae, es el de participar en el impacto social que pueda tener un caso.

Estas contribuciones suelen realizarse mediante escritos o presentaciones formales, y su aceptación depende del tribunal.

En México, la figura del amicus curiae ha sido cada vez más utilizada para resolver distintos asuntos de interés público en materia de derechos humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Algunos de los casos mediáticos donde se ha presentado un amigo curiae, son las primeras resoluciones del aborto en el entonces Distrito Federal, en 2007, el caso Florence Cassez en 2011, o bien el matrimonio igualitario.

En el caso de organizaciones civiles, por ejemplo, Amnistía Internacional ha presentado en más de una ocasión esta figura legal para ayudar a resolver casos de feminicidios en el país y ayudar a evidenciar impunidad, fallas en las investigaciones por parte de autoridades o bien, obstáculos en la justicia.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, trasladó en un encuentro con autoridades del Gobierno la relevancia del acompañamiento legal en las etapas de regularización de personas extranjeras, remarcando que incluso los procesos aparentemente simples requieren asesoramiento profesional. Con esta intervención, González situó la actividad de los más de 28.000 letrados españoles especializados en extranjería como un soporte crucial que cobra especial sentido en circunstancias complejas, como las vividas por migrantes en las costas o aeropuertos. A partir de este posicionamiento, se dio a conocer el inicio de un plan de acción coordinado entre la Abogacía, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuyo propósito central es informar a la población sobre la regularización extraordinaria.

Según reportó Europa Press, la colaboración se acordó este martes y tendrá forma en jornadas divulgativas, mesas redondas y campañas ciudadanas, así como en materiales informativos que provean claridad sobre el proceso. El Consejo General de la Abogacía informó que la primera de estas actividades está programada para el mes de abril, abriendo un calendario de acciones conjuntas que se desplegará durante los próximos meses. Este esfuerzo se presenta como respuesta a la demanda de transparencia y precisión sobre los requisitos de la regularización extraordinaria, de acuerdo con el comunicado emitido tras la reunión.

Tal como detalló la propia Abogacía en ese comunicado, mantienen la defensa de su papel como garante de la seguridad jurídica en todo el procedimiento. La organización subrayó que el marco de cooperación recién acordado tiene como meta que ninguna duda quede sin resolver para quienes participen en el proceso, asegurando que los detalles de la regulación, por mínimos que sean, se aborden de manera pública y comprensible.

La vicepresidenta de Abogacía Española, Cristina Vallejo, encabezó la reunión junto a representantes ministeriales. Vallejo señaló la importancia de que los abogados integren estos espacios como garantía para los ciudadanos, ya que esta intervención profesional ayuda a protegerles frente al ejercicio ilegal de la profesión y las prácticas poco claras, en línea con lo reflejado en el comunicado institucional. Junto a Vallejo participaron Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo, y Borja Vargues, secretario general técnico de la institución.

Las autoridades y representantes legales coincidieron, según lo manifestado por la Abogacía, en la necesidad de una divulgación extensa sobre el proceso de regularización, dada la cantidad de personas en situación vulnerable a quienes puede afectar la nueva regulación. González puntualizó, según recogió Europa Press, que el asesoramiento jurídico cualificado se vuelve imprescindible para asegurar una correcta interpretación y aplicación de la normativa, evitando así posibles situaciones de indefensión y fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas.

Además de estas acciones, los representantes de la Abogacía y de los ministerios remarcaron la intención de asegurar que la información llegue a todos los interesados de forma clara y accesible, y que el acompañamiento de expertos permita prevenir errores o malas interpretaciones que puedan derivar en consecuencias negativas para quienes buscan regularizar su situación. Esta coordinación pretende, según publicó Europa Press, dotar a la ciudadanía de herramientas suficientes para abordar la regularización extraordinaria con todas las garantías legales.

A lo largo del comunicado, el Consejo General de la Abogacía destacó la trayectoria y especialización de los letrados que trabajan en materia de extranjería en España, señalando la complejidad de las situaciones enfrentadas en los puntos de mayor presión migratoria y la constante necesidad de salvaguardar los derechos de quienes buscan estabilidad jurídica en el país. Informó, además, que la Abogacía valoró la disposición del Gobierno para ejecutar un proceso informativo riguroso e inclusivo, en palabras del propio González, quien calificó de logro el estar presentes en la construcción de una respuesta institucional ante la regularización extraordinaria.

La propuesta de que el 80% de los ciudadanos sirios establecidos en Alemania retornen a su país en los próximos tres años corresponde a un planteamiento formulado por Ahmed al Shara, presidente de transición de Siria, según la oficina del canciller alemán Friedrich Merz. De acuerdo con la información publicada por diversos medios y confirmada por la oficina de Merz, esta sugerencia surgió durante la reciente visita oficial de Al Shara a Berlín en medio de críticas pronunciadas desde sectores políticos de todo el espectro en Alemania.

Según informó la prensa alemana, Friedrich Merz aclaró el martes que la cifra citada sobre posibles retornos de sirios no es una meta establecida por su gobierno, sino un deseo expresado explícitamente por Al Shara. “Hemos tomado nota de esta cifra, pero somos conscientes de la magnitud de la tarea”, señaló la oficina del canciller, intentando despejar las dudas y el malestar que se generaron ante la eventualidad de un retorno masivo. Esta precisión de Merz surge después de que expertos y observadores califiquen la idea de extremadamente difícil de implementar, dado el elevado número de personas y el escaso margen temporal mencionado para llevarla a cabo.

La petición de retorno de sirios al país de origen ha tenido eco en una conferencia de prensa conjunta entre Friedrich Merz y Ahmed al Shara, donde se puntualizó que la aspiración del mandatario sirio es que el 80% de los sirios que han encontrado refugio en Alemania se reintegren en Siria en el lapso de tres años. La oficina del canciller alemán, citada por medios germanos, señaló que el Ejecutivo federal es consciente de los desafíos logísticos, legales y sociales que una acción de esta magnitud implicaría.

El debate sobre el posible retorno de ciudadanos sirios encontró resistencia no solo en la opinión pública sino también en figuras clave del gobierno alemán. Según detalló la prensa, el actual ministro de Exteriores, Johann Wadephul, expresó escepticismo al abordar las posibilidades del retorno voluntario o forzado de los nacionales sirios. Wadephul ya había manifestado en noviembre de 2025 sus dudas respecto a la viabilidad de que migrantes retornen a Siria, subrayando especialmente el alcance del daño material y humano tras años de conflicto armado. Tras una visita oficial a Harasta, un suburbio de Damasco que aún muestra huellas profundas de los combates, el canciller alemán recabó impresiones personales sobre las dificultades que enfrenta la posible repatriación.

Según publicó la prensa alemana, Wadephul también ha cuestionado las políticas de inclusión étnica y minorías bajo la administración siria actual. Los recelos se centran en la situación de grupos como los cristianos, los alauitas y los kurdos ante las políticas gubernamentales, en un contexto donde el nuevo ejecutivo sirio recibe múltiples acusaciones de incitación o participación en crímenes dentro de la gobernación de Sueida. Estas preocupaciones han elevado la cautela del gobierno alemán con respecto a cualquier plan que implique retornar a los ciudadanos sirios al país.

El paso por la capital alemana de Ahmed al Shara, identificado como exlíder yihadista, provocó movilizaciones y manifestaciones de la comunidad siria residente en Alemania. Como reportó la prensa local, algunos colectivos expresaron su rechazo a la propuesta de regreso masivo, mientras otros la respaldaron, reflejando la diversidad de posturas dentro de la diáspora siria. Actualmente, residen cerca de 900.000 ciudadanos sirios en territorio alemán, y una parte considerable de ese grupo está compuesta por trabajadores cualificados, entre ellos profesionales de la medicina, motivo por el cual el gobierno alemán también sopesa el impacto social y económico ante la eventualidad de un plan de retorno masivo.

El medio alemán detalló que la controversia en torno a la visita de Al Shara y la propuesta en cuestión intensificó el clima de debate político en Alemania. Las autoridades federales hacen hincapié en las dificultades y limitaciones para operar un retorno forzado, enfatizando que cualquier decisión al respecto debe contemplar la situación en el país de origen, las consideraciones humanitarias y la integración alcanzada por la comunidad siria en Alemania.

El debate parlamentario sobre la regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Ejecutivo quedó marcado por acusaciones sobre posibles consecuencias para la protección nacional y europea. Según informó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, se ha decidido constituir una ponencia de diputados y senadores encargada de analizar los eventuales riesgos del proceso iniciado por el Gobierno de España. Esta medida fue aprobada tras una propuesta del Partido Popular, que logró la mayoría absoluta en la comisión con el apoyo de Vox, mientras que PSOE, ERC y EH Bildu votaron en contra.

De acuerdo con el medio, la ponencia tendrá la función de examinar los efectos que la nueva regularización pueda tener en el ámbito de la política de Seguridad Nacional. El diputado del Partido Popular Rafael Hernando explicó que se busca “supervisar, analizar y estudiar el conjunto del proceso, así como en su caso exigir responsabilidades”. La iniciativa se centra en un análisis exhaustivo del citado proceso impulsado por el Ejecutivo, tras la aprobación de un trámite de urgencia por parte del Consejo de Ministros, realizado el 27 de enero, que plantea la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes.

Según publicó la fuente, la justificación del Gobierno para este procedimiento parte de un acuerdo entre PSOE y Podemos, que ha dado lugar a la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica que regula los derechos y libertades de los extranjeros en el país. Este real decreto retoma la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 700.000 firmas en 2004, la cual fue considerada en el Congreso con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios en esa fecha, con excepción de Vox. Pese a ese amplio apoyo, la ILP había quedado bloqueada en los procedimientos legislativos.

Durante el debate parlamentario, detalló la fuente, Rafael Hernando manifestó que el proceso de regularización presenta riesgos considerables tanto por su contenido como por la forma en la que se ha llevado a cabo. Hernando acusó al Gobierno de actuar de modo unilateral mediante un decreto urgente en enero, en lo que denominó un “decretazo” realizado durante una campaña electoral. Según el diputado, esta decisión se tomó para “tapar sus casos de corrupción”, abriendo así la puerta a una regularización masiva para los inmigrantes que no cumplen las condiciones legales necesarias, sin la existencia de garantías suficientes y fuera de los procedimientos habituales.

El Partido Popular y Vox argumentaron que la medida pudiera debilitar los controles de seguridad interna y favorecer la actividad de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de personas. Según consignó el medio, Hernando advirtió que la regularización convierte a España en un punto de entrada atractivo para estas redes, lo que plantea riesgos no solo para el país sino también para otros Estados miembros de la Unión Europea. Además, alertó sobre la posibilidad de que personas con antecedentes delictivos o vinculadas a actividades terroristas logren ingresar y permanecer tanto en España como en otras naciones europeas bajo el amparo del proceso de regularización.

La oposición parlamentaria, formada principalmente por PSOE, ERC y EH Bildu, rechazó la constitución de la ponencia y la premisa de que el procedimiento de regularización sea una amenaza para la seguridad nacional. Estos grupos consideraron que los planteamientos del Partido Popular y Vox carecen de fundamento y defendieron que la regularización responde a criterios de derechos humanos y adaptación a la realidad migratoria, tal como reportó la fuente.

El alcance de la ponencia incluirá un análisis detallado del impacto en las estructuras de seguridad fronteriza, interna y en el marco cooperativo comunitario, considerando especialmente la integración de España en los mecanismos de seguridad europeos. La comisión buscará contrastar los argumentos políticos y técnicos procedentes tanto de expertos como de agentes sociales involucrados, con el objetivo de elaborar un dictamen sobre la conveniencia o no de la medida gubernamental. El proceso se inicia tras meses de presión desde distintos ámbitos políticos y sociales, subrayó la fuente, que han solicitado una revisión exhaustiva de las políticas migratorias en el contexto de la seguridad nacional y la cooperación europea.

El debate sobre los efectos de la regularización extraordinaria constituye uno de los puntos más controvertidos de la agenda política actual, en la que los partidos de la oposición apuntan a la gestión migratoria como un tema clave en la estrategia del Gobierno. A la vez, asociaciones civiles y entidades pro derechos humanos han mostrado posturas favorables al proceso de regularización, recordando el respaldo ciudadano expresado a través de la ILP que dio origen a la propuesta.

El desarrollo de la ponencia parlamentaria se encuentra pendiente de los procedimientos establecidos por la comisión mixta, que deberá organizar las sesiones de trabajo, solicitar comparecencias especializadas y reunir la información necesaria para evaluar con detenimiento los riesgos alegados. Según detalló el medio, la comisión tendrá la responsabilidad de presentar conclusiones que serán claves para determinar la continuidad o modificaciones del proceso impulsado desde el Ejecutivo.

La muerte del migrante mexicano José Guadalupe Ramos Solano, ocurrida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), fue confirmada por autoridades estadounidenses y se suma a los casos registrados este año dentro del sistema de detención migratoria.

De acuerdo con información oficial, el connacional se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, cuando fue encontrado inconsciente el 25 de marzo en su litera dentro de las instalaciones.

Personal del centro solicitó asistencia médica y posteriormente fue trasladado a un hospital local, donde se certificó su fallecimiento.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente la causa de la muerte.

Familia pide información y justicia durante conferencia en el consulado

En una conferencia de prensa realizada en el Consulado General de México en Los Ángeles, familiares de Ramos Solano solicitaron que se informe con claridad lo ocurrido y se investigue el caso.

Durante el encuentro con medios, su esposa, Antonia Tovar, expresó: “Queremos que mi esposo tenga justicia.

Él no merecía morir así, era un hombre muy trabajador y muy responsable. No me ha dejado solo dolor a mí, se lo dejó a sus hijos, a su madre y a sus hermanos”.

En el mismo acto, su hija Gloria Ramos pidió que se conozcan los detalles del fallecimiento.

“Quiero justicia para mi papá y para todas las familias que han perdido a alguien, porque no es una manera de perder a una persona que uno quiere”.

Su hijo José Ramos destacó que su padre era una persona trabajadora y señaló que era “un buen papá” y “una buena persona”.

Abogado señala falta de contacto directo con la familia

El abogado de la familia, Jesús Eduardo Arias, afirmó que hasta el momento no ha habido comunicación directa por parte de la autoridad migratoria con los familiares para informar sobre lo sucedido.

Según explicó durante la conferencia, el equipo legal realiza una investigación propia para conocer la causa del fallecimiento.

También señaló que el migrante habría hablado con su esposa minutos antes de morir, según lo informado por la familia.

Elementos confirmados hasta ahora sobre el caso:

• El fallecimiento ocurrió el 25 de marzo mientras el migrante se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.
• Personal del centro lo encontró inconsciente dentro de las instalaciones y solicitó atención médica.
• Posteriormente fue trasladado a un hospital en Victorville, donde se certificó su muerte.
• La familia busca conocer con precisión qué ocurrió antes del fallecimiento.
• El equipo legal indicó que realiza una investigación para esclarecer las circunstancias.

Gobierno de México anuncia acciones tras la muerte del connacional

Tras confirmarse el fallecimiento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno mexicano tomará acciones de protesta ante autoridades estadounidenses.

Entre las medidas anunciadas se contempla llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y enviar comunicaciones a autoridades de Estados Unidos para expresar inconformidad por la atención médica en el centro de detención donde se encontraba Ramos Solano.

También se informó que funcionarios mexicanos sostendrán reuniones con familiares de connacionales fallecidos en centros de detención migratoria en Los Ángeles.

Información oficial del ICE sobre la detención y antecedentes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas indicó en un comunicado que Ramos Solano había sido detenido previamente en California y trasladado posteriormente al centro de procesamiento de Adelanto.

La agencia señaló que, al ingresar al centro, se detectaron varios problemas de salud, entre ellos diabetes, hiperlipidemia e hipertensión, y que recibió tratamiento médico y medicación durante su estancia bajo custodia.

El organismo informó que el fallecimiento fue notificado al Departamento de Seguridad Nacional y a instancias internas encargadas de supervisar los procedimientos de la agencia.

Registro de fallecimientos en custodia migratoria

La muerte de Ramos Solano se suma a otros casos registrados en 2026 dentro del sistema de detención del ICE.

De acuerdo con reportes oficiales citados en distintos informes, al menos 14 personas migrantes han fallecido bajo custodia de la agencia durante este año.

En 2025 se reportaron 31 muertes en estos centros, mientras que en el mismo periodo se ha registrado un aumento en el número de personas detenidas en instalaciones del sistema migratorio federal de Estados Unidos.

El caso continúa en seguimiento por autoridades y representantes legales, mientras se espera que se determine la causa del fallecimiento.

CCOO calcula que alrededor de medio millón hasta un millón de personas podrían verse involucradas en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes para el cual Correos asumirá un rol estratégico como infraestructura pública. En este contexto, el sindicato advierte sobre la magnitud y la urgencia de la tarea, subrayando la necesidad de que se aclaren los términos de la participación de la empresa y se refuercen las condiciones laborales para afrontar el proceso. De acuerdo con el medio FSC-CCOO, la organización sindical ha dirigido una petición formal a la dirección de Correos, solicitando “información inmediata” sobre cómo se gestionará el nuevo encargo y reclamando, además, una reunión urgente para abordar los pormenores de la gestión.

En la carta enviada al presidente de Correos, CCOO no solo exige detalles concretos sobre el papel de la empresa en esta política de Estado, sino que también plantea demandas referidas a la negociación de las condiciones de trabajo, el refuerzo de plantilla, el acceso a formación adecuada y la dotación de medios suficientes. El sindicato insiste en la necesidad de articular una compensación económica específica para el personal, considerando el elevado volumen de solicitudes previsto. Según informó FSC-CCOO, estos recursos adicionales permitirían gestionar el proceso con garantías y minimizar el riesgo de colapso en los servicios por insuficiente planificación y falta de personal.

La organización sindical ha señalado que la dirección de Correos no ha informado de antemano a los trabajadores ni a sus representantes sobre funciones relacionadas con el nuevo proceso, lo que genera incertidumbre en la plantilla. CCOO recuerda además que, en las últimas décadas, España ha implementado al menos seis procesos de regularización de población migrante, situando estos procedimientos en el marco de políticas de Estado orientadas a garantizar derechos, ordenar el mercado laboral y sacar a la luz parte de la economía sumergida, según publicó FSC-CCOO.

El sindicato subraya que, a diferencia de ocasiones anteriores, Correos será considerada por primera vez una estructura pública esencial para el desarrollo de una iniciativa estatal de estas características. En este sentido, CCOO indica que la participación de la empresa se produce en el marco de sus misiones dentro del Servicio Postal Universal y los Servicios de Interés Económico General, donde ya gestiona tareas de índole social. Sin embargo, recalca que el volumen previsto de solicitudes y la concentración de plazos, que se situarán entre abril y junio, supondrán una carga laboral extraordinaria que no resulta abordable sin una planificación adecuada y medios suficientes.

Según detalló FSC-CCOO, el despliegue operativo que se requiere no puede confiarse a la improvisación o depender exclusivamente del compromiso voluntario del personal. El sindicato insiste en que la escala inédita del proceso, junto con la urgencia de los plazos y su impacto sobre la carga de trabajo, exige una respuesta estructurada y dialogada con la representación de los trabajadores. En este sentido, FSC-CCOO subraya la importancia de que la dirección de Correos facilite información suficiente para el diseño de las condiciones de trabajo, la organización de los medios materiales y humanos necesarios y la negociación de posibles compensaciones.

Finalmente, FSC-CCOO reitera que la falta de comunicación previa por parte de la empresa no solo afecta a la organización del trabajo, sino que puede comprometer la viabilidad y los resultados del proceso, así como la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Ante este escenario, el sindicato mantiene su exigencia de diálogo y reclama transparencia por parte de Correos sobre su papel en la regularización.

El desarrollo y gestión de la nueva plataforma digital de empleo en la Unión Europea estará a cargo de la Comisión Europea, que dispone como plazo máximo el año 2027 para su puesta en funcionamiento completa. Esta herramienta funcionará como una "bolsa de vacantes" en la que personas de terceros países podrán presentar su candidatura a puestos de trabajo en sectores con falta de personal, antes incluso de su llegada al territorio europeo. El objetivo principal de este mecanismo es emparejar las competencias de los migrantes que buscan empleo desde sus países de origen con la demanda de empresas instaladas en la UE, priorizando la cobertura de vacantes en sectores considerados esenciales y donde se acusa una escasez relevante de mano de obra.

Según publicó la agencia Europa Press, la aprobación definitiva de este proyecto llegó tras el visto bueno de los Veintisiete Estados miembro, que validaron tanto los aspectos técnicos como políticos de la propuesta. El acuerdo político entre el Consejo y el Parlamento Europeo, alcanzado en noviembre pasado, sentó las bases de la plataforma y definió los mecanismos de funcionamiento y acceso. El proceso concluirá formalmente con la adopción administrativa por parte de los órganos colegisladores, lo que permitirá el inicio de la fase de implementación a nivel comunitario.

La iniciativa tendrá carácter voluntario para los Estados miembro, que podrán decidir si desean sumarse al sistema y adaptar, según su interés, la lista de profesiones o puestos laborales ofertados. La "bolsa de vacantes" recogerá en un inventario común aquellas ocupaciones en las que la UE detecta mayor dificultad para cubrir plazas, y contempla la posibilidad de ajustes específicos a nivel nacional o regional según las condiciones particulares de cada mercado laboral. De esta manera, los países podrán hacer adaptaciones para responder tanto a políticas de competitividad regional como al equilibrio entre oferta y demanda de empleo local.

Tal como detalló Europa Press, los trámites para la incorporación de candidatos seleccionados a través de la plataforma se agilizarán significativamente. Las autoridades nacionales de los países participantes serán responsables de simplificar la entrada al país de los trabajadores que, por medio de este sistema, consigan un empleo acorde con las vacantes ofertadas. Esta medida busca acortar los plazos de migración regular y facilitar una integración profesional y social más rápida.

El uso de la plataforma tendrá carácter gratuito tanto para quienes postulan a los empleos como para las empresas que buscan cubrir puestos. Entre los actores que podrán registrar ofertas de trabajo figuran empleadores directos, Empresas de Trabajo Temporal (ETT) e intermediarios del mercado laboral, siempre que tengan sede legal en uno de los países de la Unión y cumplan la legislación vigente —tanto comunitaria como nacional— en materia de empleo y derechos laborales.

Europa Press informó que, para operar en la plataforma, los empleadores estarán obligados a cumplir estrictos requisitos en materia de contratación justa, condiciones laborales adecuadas, trato no discriminatorio y protección integral de los derechos de los trabajadores. Además, los Estados miembro asumirán la responsabilidad de supervisar que estos estándares se respeten, previendo como sanción la suspensión o expulsión de los empleadores o intermediarios que infrinjan las normas, en especial aquellas relacionadas con el abuso o la trata de personas.

La creación de esta plataforma responde a la presión demográfica y laboral que atraviesan varios sectores económicos en Europa, donde resulta difícil cubrir diversas especializaciones e industrias —particularmente las que demandan empleados con cualificaciones que no se encuentran fácilmente en el mercado nacional o comunitario—. De acuerdo con Europa Press, el sistema permite que la UE compita de forma más eficiente en la captación de talento internacional, aportando nuevas herramientas para favorecer la movilidad laboral y la integración previsora, mediante procesos regulares y transparentes.

Una de las claves del acuerdo recae en la posibilidad de ajustar la lista de ocupaciones incluidas en el sistema en función de cambios en el mercado laboral, tendencias de desempleo local y necesidades puntuales de las regiones o Estados. Así, la plataforma mantendrá un enfoque flexible y dinámico, posibilitando responder a coyunturas específicas y mejorando la adaptación de las medidas migratorias y de empleo a las necesidades reales de la economía europea, según consignó Europa Press.

Las autoridades comunitarias deberán propiciar la colaboración entre las instituciones nacionales de empleo, el sector privado y los propios migrantes interesados, lo que supondrá un esfuerzo coordinado en términos tecnológicos, administrativos y legales, tal como resaltó Europa Press. El proceso de desarrollo tecnológico y puesta en marcha recaerá ahora sobre la Comisión Europea, que se encargará de diseñar el sistema informático, definir los protocolos de seguridad e interoperabilidad y atraer la participación voluntaria de Estados y empresas.

En la fase actual, los países podrán prepararse para adecuar sus instalaciones administrativas y normativas con el fin de integrarse eficazmente en la plataforma en cuanto esté disponible. Según informó Europa Press, la operatividad completa de la herramienta se prevé para el año 2027, aunque algunos Estados pueden comenzar antes los procesos piloto o las pruebas técnicas si así lo deciden.

El texto legal aprobado establece mecanismos específicos para evitar el fraude, garantizar la transparencia y preservar los derechos de todas las partes implicadas —tanto empleadores como personas migrantes—, según lo publicado por Europa Press. Las autoridades nacionales tendrán la potestad de intervenir en caso de detectar irregularidades y asegurarán que el reclutamiento y las condiciones de trabajo respeten las normas de la Unión Europea y las de cada país participante.

La plataforma digital se configura como parte de una estrategia más amplia de la UE para responder a los retos de movilidad laboral, garantizar vías legales y seguras de migración y prevenir abusos o situaciones de vulnerabilidad que afectan tradicionalmente a los trabajadores migrantes en distintos sectores. El enfoque comunitario pone el acento en la cooperación voluntaria, el respeto a la legislación y la promoción de condiciones laborales justas, tal como viene detallando Europa Press en sus reportes.

El número total de resoluciones emitidas por causas sobrevenidas en la provincia de Valencia alcanzó las 29.684 al cierre del 31 de diciembre de 2025, con 27.525 casos resultando favorables para migrantes que solicitaban la regularización de su situación administrativa tras el impacto de la dana de octubre de 2024. Según publicó Europa Press, esta medida se enmarca en una respuesta ejecutiva extraordinaria adoptada para ofrecer protección y prevenir situaciones de exclusión entre la población extranjera afectada por el fenómeno climático.

El proceso de regularización fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero del año anterior a partir del temporal, con una previsión inicial de al menos 25.000 personas beneficiadas. De acuerdo con la respuesta parlamentaria escrita consultada por Europa Press tras la petición de información de Sumar, la cifra final superó esa estimación, con 27.525 migrantes obteniendo la resolución favorable y regularizando así su permanencia en el país. El procedimiento buscó amparar a quienes se encontraban en riesgo de caer en la irregularidad administrativa a raíz de la catástrofe meteorológica.

El mecanismo extraordinario respondió a un contexto en el que múltiples poblaciones de la provincia valenciana sufrieron severas consecuencias por la dana —una Depresión Aislada en Niveles Altos— experimentada en octubre de 2024. El episodio causó daños materiales y alteró el curso de vida de decenas de miles de personas, muchos de ellos extranjeros que vieron comprometidas sus condiciones de residencia y acceso a recursos básicos. Europa Press recogió que la decisión gubernamental se centró en prevenir la exclusión y proteger los derechos de este colectivo, asegurando que una adversidad climática no se traduzca en desamparo legal.

El informe oficial detalla también 2.159 resoluciones desfavorables dentro del proceso. Aunque estos casos no obtuvieron la regularización solicitada, representan una minoría frente al total de expedientes tramitados. El proceso de valoración incluyó un análisis de la situación administrativa y social de los solicitantes, priorizando criterios de vulnerabilidad derivados directamente del desastre ambiental.

De acuerdo con la consulta parlamentaria, la medida extraordinaria se implementó tras solicitudes de información por parte de Sumar, grupo parlamentario que mostró interés en conocer la magnitud de la población extranjera afectada y beneficiar con la regulación especial aprobada por el Ejecutivo español. Los datos facilitados muestran el alcance de la respuesta institucional ante emergencias climáticas y humanitarias.

Europa Press señaló que este proceso de regularización representó una política singular destinada a afrontar situaciones de "máxima vulnerabilidad" y evitar la irregularidad sobrevenida entre los colectivos migrantes. Las acciones gubernamentales incluyeron coordinación de administraciones y mecanismos especiales para agilizar la tramitación, reflejando un abordaje diferenciado frente a emergencias de origen natural.

La aprobación inicial del Consejo de Ministros partió de la premisa de que el cambio climático y sus eventos extremos pueden agravar riesgos de exclusión social, especialmente entre la población migrante con vínculos laborales y familiares potencialmente interrumpidos por desastres naturales. Según la información de Europa Press, el objetivo central residía en impedir que miles de afectados se vieran abocados a la pérdida de cobertura legal o de derechos básicos, reforzando los criterios de protección institucional ante circunstancias excepcionales.

Las estadísticas presentadas en la respuesta parlamentaria permiten dimensionar el impacto de la medida en la provincia de Valencia. La mayoría de las personas que iniciaron el proceso obtuvieron una resolución que les garantiza una situación administrativa estable en España, mientras que un porcentaje reducido no alcanzó los requisitos para su aprobación. El reporte de Europa Press enfatiza que la regularización se ejecutó tras un proceso de evaluación individualizado, enmarcado en la normativa definida para casos sobrevenidos derivados de un desastre.

La iniciativa gubernamental constituye una de las acciones más extensas de regularización extraordinaria aplicadas en España en los últimos años a raíz de un episodio climático, según cifras divulgadas por Europa Press. La combinación de factores sociales y ambientales tras la dana motivó la respuesta, articulando la protección legal con los mecanismos humanitarios necesarios para mitigar los efectos del evento extremo sobre la población extranjera residente en la provincia.

En los últimos años se han reportado múltiples fallecimientos de migrantes mexicanos en Estados Unidos, lo cuales aumentaron desde el comienzo de la segunda administración del presidente Donald Trump con el implemento de su política migratoria.

Durante el mes de marzo se registraron dos defunciones de connacionales en distintos estados del país norteamericano.

El primer caso se suscitó el pasado 16 de marzo, cuando un joven mexicano de 19 años, identificado como Royer Pérez Jiménez, murió mientras se encontraba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.

El hecho fue notificado por la dependencia estadounidense, tras encontrar inconsciente al mexicano dentro de las instalaciones. Al momento el personal del lugar activó un protocolo de emergencia al no recibir respuesta del arrestado, por lo que se intentó reanimarlo mediante maniobras de primeros auxilios, sin tener éxito.

Hoy 28 de marzo, el Consulado de México en San Bernandino dio a conocer sobre un segundo incidente en el centro de procesamiento de Adelanto ubicado en California. De acuerdo a la información brindada por autoridades migrantes de EU, durante la noche del 25 de marzo ocurrió otro lamentable fallecimiento mientras estaba bajo custodia de elementos del ICE.

La persona de nacionalidad mexicana fue trasladada al hospital de Victorville, donde se confirmó su defunción, hasta el momento no se ha determinado de forma oficial la causa de la muerte.

SRE reitera el llamado a las autoridades de Estados Unidos tras defunción de migrantes mexicanos

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado exigió la investigación de los casos, reiterando su llamado a las autoridades responsables para ponerle un freno a estos hechos.

Demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica bajo su custodia.

Por otro lado, el Gobierno de México aseguró que agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar este problema que continúa afectando a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Subrayó su compromiso de velar por la protección y dignidad de los connacionales en el exterior.

Mexicanos fallecidos bajo la custodia de ICE

El pasado 25 de marzo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez presentó el balance sobre las defunciones bajo la custodia de los agentes del ICE o durante operativos migratorios en el periodo de 2025-2026

Estos son los estaos donde han ocurrido los casos, sumando esta mañana uno al estado de California.

• California (5)
• Georgia (3)
• Arizona (2)
• Texas (1)
• Florida (1)
• Missouri (1)
• Illinois (1)

Presunta causa de muerte

• Complicaciones médicas (6)
• Suicidio (4)
• Operativos (2)
• Tiroteo (1)

Varios testigos describieron a las autoridades que, durante seis días a la deriva en el mar, los cuerpos de quienes no sobrevivieron fueron arrojados progresivamente al agua. Según informó ERT, la televisión pública griega, la embarcación, que transportaba a migrantes, partió probablemente desde Tobruk, en Libia, junto a otras naves, antes de perder el rumbo en su intento de llegar a Grecia. El trayecto concluyó en tragedia, luego de casi una semana expuestos a condiciones meteorológicas hostiles y sin acceso a agua ni comida.

Según reportó la agencia de guardacostas griega, al menos veintidós personas fallecieron durante este intento de alcanzar la costa sur de Creta. El medio ERT detalló que el incidente culminó con el rescate de veinticuatro supervivientes en estado crítico y la detención de dos ciudadanos sudaneses, identificados como hombres de diecinueve y veintiún años. Los hechos llevaron a que los dos sudaneses fueran citados a declarar ante la Fiscalía de Heraclión y que el lunes deban comparecer ante el tribunal, bajo sospecha de entrada ilegal y homicidio por negligencia.

El rescate se produjo gracias a la intervención de un buque de la misión Frontex, el operativo coordinado por la Unión Europea destinado al control de fronteras marítimas. El navío localizó a los sobrevivientes que, de acuerdo a la declaración de los propios rescatados recogida por ERT, se encontraban en condiciones sanitarias graves tras el prolongado período a la deriva. La emergencia incluyó episodios en los que la tripulación, desprovista de provisiones y expuesta a circunstancias climáticas adversas, presenció la muerte paulatina de sus compañeros de viaje.

La fiscalía griega ha iniciado una investigación formal sobre lo ocurrido, centrando la atención en los dos hombres de nacionalidad sudanesa. Según publicó ERT, la embarcación habría perdido el rumbo a consecuencia de las condiciones del mar y la falta de recursos, prolongando significativamente el viaje e incrementando la vulnerabilidad de quienes viajaban a bordo. La televisión estatal agregó que la situación de desabastecimiento pudo haber acelerado el deterioro de la salud física de los migrantes y provocado los fallecimientos.

Las autoridades marítimas griegas subrayaron que los supervivientes fueron hallados en estado de gravedad extrema debido a la prolongada exposición sin alimento ni agua y a la presión psicológica derivada del fallecimiento de sus compañeros. El medio ERT indicó que, después de su declaración inicial, los dos detenidos comparecerán ante el tribunal de Heraclión para responder a los cargos formales derivados de la tragedia.

El drama ocurrido en aguas cercanas a Creta se suma a una serie de incidentes vinculados a la migración en la región del Mediterráneo, donde las rutas migratorias desde el norte de África hasta Europa central continúan suponiendo riesgos elevados para quienes emprenden el viaje. Según las fuentes consultadas por ERT, varios incidentes similares en el pasado han motivado mayores controles por parte de Frontex y otros actores internacionales en la zona.

El relato de los supervivientes, recogido por la guardia costera y reportado por ERT, coincide en señalar que la desesperación y la falta de medios desataron una serie de eventos fatales durante los seis días en el mar. Esta información ha sido incorporada al expediente judicial que deberá aclarar las circunstancias exactas que determinaron la responsabilidad penal de los acusados y el grado de sufrimiento padecido por los migrantes.

Las autoridades continúan analizando los testimonios y las pruebas recolectadas, en tanto se realiza la identificación formal de las víctimas fallecidas. Los registros preliminares difundidos por ERT sugieren que la mayoría de los migrantes a bordo provenía de países del norte de África, aunque los detalles completos sobre las nacionalidades aún permanecen bajo investigación oficial.

La misión europea Frontex ratificó la dificultad de las operaciones de búsqueda y rescate en esa área del Mediterráneo, especialmente bajo condiciones meteorológicas adversas. La organización reiteró su compromiso con las tareas de salvamento humanitario, al tiempo que coordina acciones con las autoridades locales y centrales de la Unión Europea para prevenir la repetición de tragedias similares.

Mientras avanza el proceso judicial contra los dos ciudadanos sudaneses detenidos, el caso se ha convertido en un nuevo registro trágico del impacto de la migración irregular en la región. Las instituciones griegas y europeas revisan la información proporcionada por las fuentes marítimas y judiciales para esclarecer los hechos y establecer las Eventuales responsabilidades conforme al marco legal vigente.

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) informó por medio de un comunicado sobre el lamentable fallecimiento de una persona mexicana bajo custodia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) en California.

De acuerdo con información otorgada por el Consulado de México en San Bernardino, el cual fue notificado por elementos migratorios del centro de procesamiento de Adelanto, el incidente ocurrió durante la noche del pasado 25 de marzo.

Tras el hecho el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville ubicado en la región, donde reportaron su defunción, hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa de muerte.

Autoridades mexicanas en EU activaron el protocolo consular designado, el cual establece primordialmente el contacto con la familia de la víctima con la finalidad de brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

Estas acciones también incluyen el seguimiento del acontecimiento en conjunto con los funcionarios estadounidenses pertinentes para conocer el motivo del deceso, así como el expediente médico completo y las circunstancias previas con el objetivo de esclarecer el suceso.

SRE pide a EU investigación tras la muerte de migrantes mexicanos

La SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que estos casos no sigan ocurriendo. De la misma forma, demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto en California, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia.

El Gobierno de México aseguró que agotará todas sus instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este hecho. Agregó que tiene el compromiso de velar la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.

Personas mexicanas fallecidas bajo custodia del ICE

El pasado miércoles 25 de marzo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez dio a conocer el balance sobre las defunciones de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios en el periodo de 2025-2026.

Los casos se concentraron principalmente en California, con un total de cinco registros, seguido de Georgia con tres y Arizona con dos. En menor medida, también se reportaron incidentes en Texas, Florida, Missouri e Illinois, con un caso en cada uno de estos estados.

Ante estos hechos el funcionario aseguró que ya se encuentran abiertas las investigaciones correspondientes, y agregó que “vamos a buscar que haya toda la justicia”.

Antes de participar en la clausura de la presentación del informe del Consejo Económico y Social titulado 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas', la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, transmitió confianza al señalar que el proceso de regularización administrativa de migrantes extranjeros seguirá los pasos previstos, cumpliendo con todos los trámites legales requeridos para su publicación en el Boletín Oficial del Estado durante el mes de abril. Según publicó el medio, la ministra reafirmó la continuidad del proceso y su avance conforme a la hoja de ruta establecida, pese a la existencia de rumores y desinformaciones que han surgido en el contexto de esta iniciativa.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa, Saiz aclaró que todos los trámites perceptivos continúan ejecutándose conforme a la normativa vigente. La ministra expresó: “Quiero aprovechar esta comparecencia para confirmar que el proceso de regulación administrativa sigue su curso. Se están cumpliendo todos los trámites perceptivos, como saben no es necesario su convalidación en el Congreso, están haciéndose todos los informes necesarios para que sea una realidad, que será cuando se publique hacia el mes de abril”. La funcionaria destacó de este modo la operatividad del procedimiento e insistió en que la adopción de los informes y pasos administrativos previos garantizarán la seguridad jurídica de la medida.

Elma Saiz también abordó la existencia de informaciones inexactas o imprecisas sobre la regularización extraordinaria de migrantes, haciendo énfasis en la necesidad de transmitir un mensaje de serenidad a la población extranjera residente en España. El medio consignó que, según la ministra, la ejecución del proceso avanza “con total normalidad y cumpliendo todos los trámites preceptivos”. Saiz reiteró su mensaje a los migrantes, asegurando tranquilidad y confianza respecto al futuro de la regularización.

Durante su comparecencia en Madrid, la ministra resaltó que la realidad migratoria en España constituye un fenómeno estructural, lo que implica la necesidad de políticas públicas adaptadas y eficientes. Saiz subrayó la importancia de gestionar la migración “con eficacia” al verla como “una oportunidad” para el país. Según detalló el medio, el informe presentado por el Consejo Económico y Social, que ya había sido expuesto anteriormente en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sirve como base para la elaboración de las políticas actuales y futuras sobre la integración de personas extranjeras en el territorio español.

En el mismo marco informativo, la portavoz del Gobierno puso de relieve el papel decisivo de informes como el presentado por el CES para fundamentar las decisiones legislativas y administrativas en materia migratoria. Según informó el medio presente, Saiz subrayó que la publicación en el Boletín Oficial del Estado marcará la entrada en vigor de la regularización, tras la consecución de los trámites internos y la recopilación de los informes necesarios, paso imprescindible para garantizar la transparencia y el rigor del proceso administrativo en curso.

La ministra recordó que, por tratarse de una medida administrativa, no resulta necesario el trámite de convalidación por parte del Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo publicado por la fuente. Con esta aclaración, Saiz respondió a dudas y especulaciones sobre el cauce legal del procedimiento, insistiéndose en la normalidad y legalidad de los plazos y pasos seguidos por la administración.

El medio reportó que la intervención de Saiz se produjo en un contexto marcado por la atención mediática y social en torno al tema migratorio. Los objetivos señalados durante su comparecencia apuntan tanto a la correcta gestión de los trámites legales como a la necesidad de combatir la desinformación que podría acarrear incertidumbre entre la población extranjera y la ciudadanía en general.

De acuerdo con la información divulgada, se espera que la publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado se lleve a cabo dentro del mes de abril, completando así una fase clave del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras residentes en España. La ministra hizo un llamado a esperar la comunicación oficial y a mantenerse informados a través de los canales institucionales correspondientes para evitar malentendidos respecto a los plazos y procedimientos implicados.

La Iglesia Católica en Estados Unidos cambió de rumbo durante el segundo mandato de Donald Trump. Ahora, la defensa de los migrantes domina su mensaje público y deja en segundo plano el aborto, el tema que antes encabezaba las prioridades.

Los obispos aumentaron sus críticas a las políticas migratorias del Gobierno y buscaron respaldo en el Vaticano. Esta transformación genera un debate entre los líderes religiosos y los propios fieles, que no siempre comparten la nueva agenda.

En los últimos meses, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) elevó el tono en sus declaraciones. Los obispos denunciaron las deportaciones masivas, exigieron respeto para quienes buscan asilo y aseguraron que defender la vida implica proteger a los migrantes. El papa Leo XIV, el primer pontífice estadounidense, respaldó este mensaje y pidió que el país “oponga al trato inhumano de los inmigrantes”.

Además, la USCCB organizó vigilias frente a centros de detención migratoria y habilitó líneas de asistencia legal para migrantes en situación de riesgo. Las parroquias en ciudades como Minneapolis y Houston ofrecieron refugio temporal a numerosas familias que quedaron desamparadas tras las redadas federales.

Las prioridades cambian: del aborto a la inmigración

Durante décadas, la Iglesia Católica en el país luchó sobre todo contra el aborto, el matrimonio igualitario y defendió la libertad religiosa. Ese enfoque marcó la imagen pública de los obispos y los alineó con posturas conservadoras. Todo cambió con la segunda presidencia de Trump.

A partir de 2025, los comunicados públicos de la USCCB sobre derechos de migrantes superaron en número a los referidos al aborto, según informes oficiales del episcopado. Hasta 2024, el aborto encabezaba la mayoría de las declaraciones episcopales, pero desde la reelección del republicano la inmigración ocupa el lugar central en la agenda y en la comunicación institucional.

En noviembre, la USCCB publicó un mensaje especial y criticó la política de “deportación masiva indiscriminada”. Los obispos reclamaron reformas que garanticen el derecho al asilo y pidieron respeto a la dignidad humana.

El obispo Mark J. Seitz, presidente del Comité de Migración, afirmó: “La dignidad humana y la seguridad nacional no son incompatibles, siempre que haya voluntad de diálogo”.

La Iglesia sostiene que la defensa de la vida abarca a quienes huyen de la violencia y la pobreza. El papa Leo XIV afirmó que ser “pro vida” requiere oponerse tanto al aborto como al maltrato de los migrantes.

Obispos enfrentan las políticas migratorias de Trump

El Gobierno de Trump endureció las leyes migratorias. Los obispos reaccionaron de inmediato. Tras ver imágenes de redadas en Minnesota, varios líderes religiosos de estados fronterizos viajaron a la zona. Mostraron su apoyo a las comunidades migrantes y rechazaron la represión.

Algunos obispos recibieron presiones directas de legisladores cercanos al Gobierno para moderar sus críticas públicas. A pesar de esas presiones, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos intensificó la colaboración con Catholic Charities y la Red Jesuita de Migrantes para distribuir ayuda humanitaria en la frontera sur. Asimismo, presentó recursos legales junto a organizaciones civiles con el objetivo de frenar las deportaciones masivas.

La USCCB presentó documentos ante la Corte Suprema. Calificó la revocación de la ciudadanía por nacimiento como “una afrenta a la dignidad humana”. Los abogados de la Iglesia citaron el Catecismo: los países ricos deben recibir refugiados y migrantes económicos en la medida de sus posibilidades.

El giro en la agenda generó rechazo en sectores conservadores. CatholicVote, organización política católica estadounidense, sostuvo que los obispos “tratan la aplicación de la ley como moralmente sospechosa por defecto”.

El grupo afirma que los fieles se sienten obligados a elegir entre la obediencia eclesial y el respeto a la ley.

El Vaticano respalda el nuevo enfoque

El Vaticano apoya el cambio. El papa Leo XIV animó a los obispos estadounidenses a defender a los migrantes. Francisco, su antecesor, ya había pedido prioridad absoluta para esa causa. Tres meses antes de morir, había mandado una carta abierta a los obispos de Estados Unidos. Les pidió que defiendan a los migrantes sin titubeos.

Leo XIV continuó esa línea. En septiembre, señaló que la defensa de los inmigrantes es “muy importante”. Respaldó el mensaje especial de la USCCB y planea pasar el 4 de julio en Lampedusa, un símbolo de la migración en Europa.

Ese viaje repite el gesto de Francisco y muestra la continuidad entre ambos pontífices.

Distancia entre obispos y fieles católicos

El cambio de prioridades no convence a toda la feligresía. Las encuestas muestran una brecha clara entre la dirigencia eclesial y los católicos de a pie. En noviembre, un sondeo indicó que el 54% de los católicos apoya la detención y deportación a gran escala de inmigrantes sin autorización.

Un estudio del Pew Research Center, centro de estudios demoscópicos estadounidense, reveló que el 57% de los católicos defiende la legalidad del aborto en la mayoría de los casos. Estos números muestran que la Iglesia enfrenta dificultades para influir de manera uniforme en su propio pueblo, incluso cuando los obispos bajan el perfil del aborto.

La historia de las tensiones políticas

La Iglesia Católica estadounidense ya vivió enfrentamientos con el poder político y con sus fieles. En 1983, los obispos rechazaron la política nuclear de Ronald Reagan. Tres años después, criticaron la desregulación económica que impulsó el Partido Republicano.

En los últimos veinte años, la defensa del aborto como prioridad provocó debates internos sobre la comunión de políticos católicos proabortistas y generó mensajes públicos contra leyes de salud y matrimonio igualitario.

Con la llegada de Trump, la confrontación tomó otro rumbo. Las políticas migratorias y la retórica oficial empujaron a la Iglesia a una posición de resistencia. Ahora, los obispos se alinean con el Vaticano y con sectores progresistas de la sociedad estadounidense.

El futuro de la agenda episcopal

Todo indica que la defensa de los migrantes seguirá en el centro de la agenda católica. Los obispos cuentan con el apoyo del papa y mantienen la línea que inició Francisco. La evolución de la política nacional y la relación entre la Iglesia y sus fieles marcarán los próximos pasos.

Por ahora, la protección de la dignidad de los migrantes se convirtió en el símbolo del compromiso católico en un país polarizado. Los líderes eclesiales insisten en que la defensa de la vida no termina en el aborto, sino que también incluye a quienes buscan un futuro mejor lejos de sus países de origen.

La presunta detención de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, puso nuevamente en el centro de la atención pública a una de las figuras más cercanas al exmandatario acusado de desvío de recursos.

Según reportes de medios nacionales, Gómez Fong fue localizada y puesta bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso por un tema relacionado con su estatus migratorio en Estados Unidos. Presuntamente el problema que derivó en su detención fue que no contaba con sus documentos para acreditar su legal estadía en EEUU.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la detención de Fong, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida en 2020 por la justicia mexicana, que la señala como presunta participante en un esquema de desvío de recursos públicos y lavado de dinero durante la administración de Duarte.

Los orígenes y el perfil público de Bertha Gómez Fong

Según reportes periodísticos, Bertha Gómez Fong nació en Chihuahua y se formó en el ámbito local antes de adquirir notoriedad como esposa de César Duarte, quien gobernó el estado entre 2010 y 2016.

Durante este periodo, Gómez Fong encabezó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, desde donde coordinó programas sociales y actividades de asistencia dirigidas a sectores vulnerables.

Reportes previos de este medio señalaron que su gestión al frente del DIF de Chihuahua incluyó la promoción de campañas de salud y apoyo alimentario, lo que le permitió afianzar una presencia constante en actos público.

La esposa del exgobernador consolidó una imagen de trabajo social, aunque su papel institucional la colocó bajo la lupa de las autoridades tras el inicio de las investigaciones contra Duarte.

Reportes de medios nacionales han documentado cómo la familia Duarte Gómez consolidó una estructura de poder relevante en la administración estatal, lo que derivó en indagatorias sobre el manejo de fondos públicos y la posible utilización de instituciones oficiales para fines personales.

Acusaciones y procesos judiciales en su contra

El caso judicial contra Gómez Fong se formalizó cuando la Fiscalía General del Estado de Chihuahua obtuvo una orden de captura en su contra en 2020.

Según información publicada por Infobae México, la exfuncionaria está acusada de participar en operaciones de triangulación y lavado de dinero, así como en el desvío de fondos públicos a través de empresas y cuentas asociadas a su entorno familiar y político.

Gómez Fong intentó obtener un amparo para evitar la detención y la extradición, pero la justicia federal negó la protección.

Tras el término de la administración de su esposo, Bertha habría salido de México para alojarse en Estados Unidos. En el 2020 fue detenido César Duarte por autoridades estadounidenses, sin embargo, su caso fue desestimado por falta de pruebas y se realizó su extradición a México en el 2022.

Ya en México, en 2024 César duarte fue liberado con medidas cautelares y recapturado el pasado 8 de diciembre de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR) quien cumplimentó una orden de aprensión en su contra.

Bertha Gómez Fong y la tarjeta American Express

Uno de los momentos recientes en que el nombre de Bertha Gómez Fong volvió a figurar públicamente se dio en diciembre de 2025, cuando la FGR presentó una nueva acusación contra César Duarte, quien se encuentra preso en el Penal del Altiplano, por presunto desvío de recursos a través de empresas ganaderas.

Supuestamente el ex gobernador intentó ocultar el origen de más 76 millones de pesos, de los 96 millones que presuntamente desvió cuando fue gobernador de Chihuahua.

Las investigaciones incluyeron a personas cercanas al exgobernador, entre ellas su esposa, por la presunta triangulación de recursos públicos mediante sociedades mercantiles y transferencias irregulares.

Entre las empresas vinculadas se encuentran Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, de la cuales Bertha Olga Gómez Fong fue representante legal y socia.

La investigación sostiene que los recursos originalmente asignados para la adquisición de ganado y equipamiento en el sector ganadero de Chihuahua fueron canalizados hacia empresas vinculadas a la familia Duarte a través de subsidios y convenios oficiales. Las autoridades presumen que una parte de esos fondos terminó en cuentas controladas por César Duarte, su esposa y sus hijos.

Documentos del caso señalan que parte del dinero desviado presuntamente fue utilizado para saldar la deuda de una tarjeta de crédito American Express registrada a nombre de Bertha Olga Gómez Fong.

De acuerdo con la organización Médicos del Mundo, la misiva fue publicada este miércoles y tiene como destinatarios a los miembros del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, instándolos a rechazar la propuesta de reglamento para la deportación de migrantes. Médicos del Mundo manifestó su profunda preocupación por el impacto negativo que la aplicación de esta normativa tendría sobre la salud pública en la región, tal como detalló el medio en su comunicado. La organización remarcó que la medida, que será sometida a votación el jueves, intensificaría redadas policiales, detenciones y expulsiones de migrantes en situación administrativa irregular. Como resultado de este marco legal, los hospitales y otros servicios públicos podrían quedar expuestos a su transformación en instrumentos de control migratorio.

Según el documento citado por Médicos del Mundo, en la actualidad muchas personas indocumentadas ya se abstienen de buscar atención médica por temor a ser detectadas y deportadas, lo que conduce a diagnósticos tardíos, enfermedades más avanzadas y costes de tratamiento más elevados. Además, estos retrasos generan riesgos adicionales para la salud pública, ya que enfermedades transmisibles pueden quedar sin controlar y propagarse en las comunidades. El reglamento, según la carta, agravaría la situación al perpetuar un clima de miedo que alejaría aún más a quienes necesitan atención, afectando tanto el bienestar individual como la estabilidad general de los sistemas de salud pública.

Eva Compes, vocal de Migraciones de Médicos del Mundo, advirtió a través del comunicado que “este reglamento corre el riesgo de crear un clima de miedo que alejará a las personas de los servicios sanitarios, con graves consecuencias tanto para los individuos como para los sistemas de salud pública en su conjunto”. Los firmantes del escrito enfatizaron que la propuesta legislativa pone en peligro los principios fundamentales de la ética médica, sobre todo la confidencialidad de los pacientes, al abrir la puerta a compartir información sensible y obligar potencialmente a profesionales a actuar como agentes de control migratorio.

“No aceptamos ser instrumentos del control migratorio”, recalcaron los profesionales sanitarios en la carta, y subrayaron que su deber es “proteger la salud de todas las personas que necesitan atención, independientemente de su situación administrativa”, según consignó Médicos del Mundo. Para el colectivo firmante, la protección de la confidencialidad y el acceso sin restricciones a la atención médica constituyen pilares fundamentales de la función sanitaria, que no pueden verse condicionados por políticas migratorias.

El pronunciamiento de estos especialistas también advierte acerca de las consecuencias a largo plazo de ampliar la detención migratoria, como la mayor exposición a enfermedades infecciosas, el deterioro de la salud mental y la posibilidad de padecer enfermedades crónicas derivadas de entornos restrictivos y segregados. Médicos del Mundo incluyó en el análisis el riesgo de que se establezcan centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea, donde las personas migrantes encuentren dificultado su acceso a la atención de salud y vean vulnerados sus derechos fundamentales debido a una menor exigencia de garantías.

Por último, la carta subrayó el rechazo de su comunidad a cualquier sistema que divida el acceso a la salud en función del estatus administrativo de las personas. “Como profesionales de la salud y organizaciones que prestan asistencia sanitaria en situaciones de crisis, no podemos aceptar la creación de un sistema que divide a las personas entre quienes merecen acceso a la salud y quienes no”, manifestó el grupo, según publicó Médicos del Mundo.

El rango de edad de los ciudadanos mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) abarca desde los 19 hasta los 69 años, según especificó el subsecretario para América del Norte del Ministerio de Exteriores de México, Roberto Velasco. Esta información se agrega al anuncio oficial realizado este miércoles, cuando el Gobierno de México comunicó la muerte de trece nacionales durante operaciones o mientras permanecían bajo custodia de agentes migratorios estadounidenses en el transcurso del segundo mandato de Donald Trump, reportó el medio de referencia.

De acuerdo con la información consignada por el medio, el funcionario mexicano precisó en la rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que el Gobierno de México presentó hasta el momento catorce protestas formales a las autoridades de Washington, en relación con estos decesos. Las autoridades estadounidenses, según relató Velasco, se comprometieron a abrir investigaciones correspondientes en cada uno de los casos.

El subsecretario Velasco declaró que los hechos están siendo objeto de seguimiento puntual desde la Cancillería mexicana. “Nos parece inaceptable”, expresó el funcionario durante su comparecencia, mientras subrayó que existen casos considerados “absolutamente desoladores”. Detalló que las causas probables de las muertes abarcan desde complicaciones médicas y suicidios, hasta situaciones ocurridas durante actividades de los agentes, incluido un caso relacionado con un tiroteo.

Según detalló el medio, las autoridades mexicanas indicaron que, en todo momento, se proporcionó asesoramiento jurídico y respaldo económico a los familiares de los fallecidos para facilitar el traslado de los cuerpos a territorio mexicano. Este acompañamiento busca responder a las necesidades derivadas del proceso de repatriación y asistencia legal.

La publicación también señala que, en un informe reciente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reportó que durante el año 2025 las familias mexicanas encabezaron la lista de arrestos por parte de las autoridades estadounidenses. El documento precisa que hasta 30.034 familias mexicanas resultaron detenidas en ese periodo, superando a grupos provenientes de Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala.

El informe de la CBP apunta que el contingente de personas de nacionalidad mexicana sigue constituyendo el principal grupo nacional detenido en Estados Unidos, concentrando un número considerablemente más alto de registros efectuados por los cuerpos fronterizos. Según publicó la fuente, este dato subraya el peso que la migración mexicana conserva en las tendencias de movilidad y en el enfoque de control fronterizo implementado por las autoridades estadounidenses.

El medio expuso que la reiteración de protestas diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores se produce en un contexto de amplio despliegue de medidas migratorias durante la administración Trump. El Gobierno de México sostiene que las investigaciones prometidas por Washington para cada fallecimiento deben concretarse y arrojar resultados. Las autoridades mexicanas insisten en el seguimiento y la exigencia de transparencia en torno a las circunstancias de cada caso.

El reporte medio también recoge las palabras del subsecretario Velasco, quien reafirmó la disposición de la cancillería mexicana para acompañar a las familias afectadas y mantener contacto permanente con las autoridades estadounidenses a fin de asegurar la exhaustividad de las pesquisas y la atención a las demandas de justicia y protección de derechos de los connacionales involucrados.

La información publicada por el medio subraya la complejidad del fenómeno migratorio y los riesgos asociados al endurecimiento de los controles en la frontera sur de Estados Unidos. La muerte de los ciudadanos mexicanos bajo custodia migratoria intensifica el nivel de tensión diplomática entre los gobiernos de México y Estados Unidos, mientras las protestas oficiales y la demanda de resultados en las investigaciones se mantienen como prioridad para las autoridades mexicanas.

Un proyecto federal sin precedentes en la frontera sur de Estados Unidos está transformando el río Bravo con la instalación de 27,4 kilómetros de boyas cilíndricas como parte de una estrategia destinada a disuadir los cruces irregulares desde México.

El Departamento de Seguridad Nacional adjudicó contratos por más de USD 1.000 millones a empresas privadas para desplegar 863 kilómetros de barreras flotantes desde el Golfo de México hasta el sur de Texas, una iniciativa que avanza tras la suspensión de más de 30 normas ambientales.

Esta medida se produce al tiempo que las autoridades federales informan un descenso en los cruces fronterizos no autorizados, resultado que plantea interrogantes sobre la magnitud y el momento de esta intervención.

Esto ocurre dado que la caída podría explicarse por factores estacionales o acciones conjuntas con las autoridades mexicanas, según reporta el medio de investigación regional The Texas Tribune en conjunto con el medio especializado en medioambiente Inside Climate News.

A diferencia de los primeros tramos, la fase actual del proyecto contempla la colocación de los dispositivos a través de seis condados, incluidos Cameron, Hidalgo, Starr, Zapata, Webb, Maverick y Val Verde, con boyas industriales de más de tres metros de largo y hasta un metro y medio de diámetro.

El costo por kilómetro asciende a USD 3,48 millones, por lo que la extensión planeada supondrá un desembolso superior a USD 3.000 millones.

Según revela la revisión de contratos federales realizada por Inside Climate News, solo la compañía Cochrane USA recibió USD 641 millones para la construcción de estas barreras, y la empresa Spencer Construction LLC de Arizona, cuatro adjudicaciones que totalizan USD 1.210 millones.

La instalación de las boyas avanzó sin la publicación de evaluaciones ambientales ni modelos de riesgo de inundación. Diversos especialistas advirtieron que el grado de opacidad oficial implica una “violación del estándar profesional básico” para proyectos de tal envergadura, en palabras del geomorfólogo Mark Tompkins, quien elaboró un análisis sobre las boyas por encargo de organizaciones opositoras en Laredo.

Tompkins y otros expertos sugieren que la ausencia de evaluaciones obedece tanto a la urgencia política como al interés de evitar impugnaciones legales.

El experto alertó que estos dispositivos podrían acelerar las crecidas y modificar la dinámica del cauce, e incluso crear nuevas formaciones sedimentarias que reconfiguren la frontera fluvial, lo que podría derivar en disputas con México por tratados vigentes.

El costo humano y ambiental y la legalidad bajo escrutinio

Entre 2017 y 2023, más de 1.100 personas murieron intentando cruzar el río Bravo en diferentes puntos de la frontera Texas-México, según una investigación del diario estadounidense The Washington Post citada por The Texas Tribune.

Aunque la motivación oficial alude a combatir el tráfico ilegal y la trata de personas, los antecedentes de proyectos anteriores —como la instalación estatal de boyas en Eagle Pass durante 2023, que derivó en múltiples polémicas y un fallecimiento— aportan contexto al actual rechazo social. La funcionaria ambientalista local Elsa Hull de Zapata denunció: “Esto es un experimento a escala continental, sin consenso científico ni sentido común”.

El secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem firmó en julio de 2025 la derogación de importantes leyes ambientales en un tramo de 32 kilómetros en el condado de Cameron, para acelerar la ejecución del Waterborne Barrier Project. Al justificar la medida, Noem escribió que existe “una brecha de seguridad” en las vías fluviales de la frontera suroeste donde operan redes de narcotráfico y migración irregular.

Los contratos asociados al proyecto fueron adjudicados tras una segunda suspensión de las regulaciones de contratación pública, extendida a todo el límite binacional en octubre del mismo año. En Brownsville, las autoridades locales se opusieron a las barreras mediante una resolución formal, advirtiendo sobre los efectos en el acceso a actividades recreativas y el riesgo de desarraigo entre las comunidades a ambos lados del río.

Riesgos estructurales, tratados internacionales y protestas locales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asegura que los obstáculos flotantes se diseñaron para resistir inundaciones que solo ocurren una vez cada 100 años, conforme a lo que establece su propio estándar técnico.

No obstante, la agencia evitó divulgar detalles de ingeniería, mientras expertos como Tompkins alertan que la falta de transparencia deja a las comunidades sin información crítica ante potenciales catástrofes: “Es inevitable que partes del sistema de boyas se desprendan y segmentos del muro fronterizo fallen”.

La geomorfóloga Adriana Martinez docmentó que, incluso bajo caudales bajos, las boyas transforman el patrón de sedimentación y vegetación en zonas de Eagle Pass, facilitando la eventual formación de islas y alterando la trayectoria del río.

Martínez sostiene que los obstáculos federales —aún más grandes que los experimentados a nivel estatal— agravan los problemas de desvío de agua y pueden cambiar el cauce, un fenómeno especialmente problemático en una frontera regida por estrictos tratados binacionales.

En 2023, la Comisión Internacional de Límites y Aguas estadounidense determinó que gran parte de las boyas estatales estaban en territorio mexicano, contraviniendo los acuerdos que disponen no modificar el flujo del río ni construir obras que perjudiquen al país vecino.

El profesor Samuel Sandoval Solis de la Universidad de California Davis enfatizó al medio The Texas Tribune que los “Estados Unidos serán responsables de la reparación o indemnización a México, según lo estipula el tratado de 1970, si las estructuras causan daños”. La agencia federal reconoció que las boyas deben instalarse totalmente en territorio estadounidense, pero no confirmó si el despliegue integral cumple con los compromisos bilaterales.

En Brownsville, la instalación coincidió con la celebración anual de los Charro Days, mientras activistas como Bekah Hinojosa y líderes comunitarios —incluido Juan Mancias de la tribu Carrizo/Comecrudo— lideraron manifestaciones públicas denunciando la desconexión creciente de los habitantes del Valle del río Bravo respecto a su entorno fluvial.

Esto se manifiesta en la reducción del acceso público a las riberas, la pérdida de espacios de recreación acuática y el temor a sufrir fragmentación de los vínculos sociales ligados al río. “Los ríos deberían unir a las personas. Estas boyas serán un desastre ecológico”, advirtió Hinojosa.

Federalización del control fronterizo y reacción comunitaria en la frontera

La expansión de las boyas marca el regreso del enfoque federalista en seguridad fronteriza, reforzado tras el retorno de Donald Trump a la presidencia en 2025.

El gobierno desplazó a figuras técnicas clave, como la ex comisionada Maria-Elena Giner en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, reemplazada por Chad McIntosh, y proclamó el pleno respaldo al despliegue de barreras, limitándose a declarar que “apoya totalmente los esfuerzos de la administración Trump para asegurar la frontera”.

La falta de información técnica documentada y la sistemática exclusión de las comunidades locales motivaron la reorganización de grupos cívicos en ciudades como Laredo, donde la directora del Centro Internacional de Estudios del Río Bravo Tricia Cortez denunció la estrategia federal como una “operación agresiva y silenciosa”.

Según declaró el gerente municipal Joseph Neeb, la ciudad está gestionando la obtención de información específica ante las autoridades fronterizas y evaluará cualquier adhesión a posturas públicas únicamente sobre la base de datos verificables.

Cada vez más cubanos optan por establecerse y moverse por Latinoamérica, un fenómeno que se aleja de la idea de la región como “corredor migratorio”, según un análisis reciente de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“Estas tendencias muestran que América Latina ya no es un corredor para migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan”, afirmó María Moita, directora Regional de la OIM para América Latina y el Caribe.

Moita explicó que, detrás de estas cifras, se encuentran personas que enfrentan decisiones complejas sobre dónde reconstruir sus vidas. Remarcó que los datos obtenidos diariamente en terreno permiten a los gobiernos desarrollar políticas migratorias fundamentadas en evidencias que reflejan estas realidades.

Las estadísticas, recogidas entre enero de 2025 y febrero de 2026, se elaboraron a partir de encuestas sistemáticas realizadas por la DTM de la OIM en puntos clave de tránsito y destino a lo largo de la región, así como de información sobre migración irregular de los gobiernos de Honduras y Guatemala, y datos oficiales de migración regular en Brasil y Uruguay.

En Costa Rica, una encuesta efectuada a cubanos en ese periodo reveló que el 94% deseaba permanecer en el país por las “mejores condiciones económicas, estabilidad política y acceso a protección internacional”.

En paralelo, los movimientos hacia Norteamérica a través de Centroamérica disminuyen. En Honduras, los ingresos irregulares de cubanos desde Nicaragua descendieron cerca de un 75%, pasando de 64.000 en 2024 a 17.000 en 2025.

Durante enero y febrero se registraron solo 1.500 llegadas, menos de una cuarta parte respecto al mismo periodo de 2025, según la OIM.

En Guatemala, todos los cubanos encuestados mencionaron razones económicas como el principal factor de salida de su país.

En Sudamérica la tendencia también se consolida. En Brasil, la migración cubana regular neta casi se triplicó de 2.100 en 2024 a 6.400 en 2025, sin registrar ningún mes con balance negativo. Los cubanos suelen ingresar a Brasil por Venezuela o Guyana, países que requieren visa, antes de llegar al estado de Roraima.

En Uruguay se observó una tendencia similar: el balance de migración neta mensual promedio superó el doble, de unos 500 cubanos en 2024 a más de 1.200 en 2025. La OIM subrayó el papel creciente de la región como destino, y no solo como ruta de tránsito.

Con motivo de la llegada de la Semana Santa 2026, el Instituto Guatemalteco de Migración ha puesto en marcha el Plan de Contingencia en los principales puestos fronterizos del país, una medida que estará vigente entre el 26 de marzo y el 6 de abril.

El objetivo central de este plan es facilitar el tránsito de viajeros, reducir los tiempos de espera y garantizar el orden en el flujo migratorio, ante el incremento anticipado de viajeros nacionales y extranjeros que caracteriza este período.

Según detalló el Instituto, también se reforzó la atención en los controles fronterizos con El Salvador, Honduras, México y Belice, junto con el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde se ha asignado más personal para responder al aumento del movimiento migratorio.

Para quienes planean viajar durante este período, el Instituto Guatemalteco de Migración enfatizó una serie de recomendaciones específicas que buscan agilizar el proceso y evitar inconvenientes.

Una de las principales sugerencias es revisar la vigencia del pasaporte y, de no estar al día, tramitar uno nuevo o gestionar la extensión correspondiente. Además, el Instituto recuerda a la población consultar posibles restricciones, como el arraigo, a través del portal oficial igm.gob.gt, y verificar los requisitos de ingreso al país de destino.

El Instituto anunció que la atención en sus oficinas centrales y sedes departamentales se suspenderá entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2026, manteniéndose únicamente el funcionamiento normal de los puestos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos. Este ajuste responde a la demanda estacional y forma parte del esfuerzo integral para garantizar un proceso migratorio eficiente durante una de las temporadas más concurridas del año, según informó el Instituto Guatemalteco de Migración.

El plan incluye recomendaciones específicas para residentes y turistas extranjeros

Las autoridades migratorias aclararon que quienes cuenten con residencia permanente en Guatemala deberán tener al día sus pagos anuales para poder viajar sin dificultades.

Si se está gestionando una residencia temporal, se puede solicitar en la Subdirección de Extranjería una “visa por expediente en trámite” que servirá como soporte al momento de viajar. Para visitantes extranjeros que prolonguen su estadía, el Instituto recomienda gestionar una prórroga de la visa de turista.

En el caso de turistas que residen en países exentos de visado pero cuya nacionalidad requiere “visa consultada” o “visa consular”, la entrada a Guatemala será autorizada siempre que presenten residencia demostrable de más de tres años en dicho país.

Uno de los requerimientos más estrictos se refiere al viaje de niñas, niños y adolescentes (NNA). Para facilitar la salida de menores de edad, es obligatorio presentar el pasaporte vigente y, según el caso, documentación adicional respecto a la compañía del menor. Si viajan acompañados de ambos padres, se exige el certificado de nacimiento vigente además del pasaporte. En tanto, si el menor viaja solo con uno de sus progenitores, el acompañante debe portar una autorización formal del otro: puede tratarse de un mandato, acta de declaración jurada, carta poder con firma legalizada, documento emitido por autoridad diplomática o consular guatemalteca en el exterior, o autorización jurisdiccional competente.

La normativa se vuelve más estricta si el menor viaja acompañado por una tercera persona. En este caso, se requiere el pasaporte y el certificado de nacimiento, junto con la autorización formal de ambos padres, mediante los documentos antes mencionados. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración: “contar con la documentación correspondiente permite agilizar el proceso de control migratorio en aeropuertos y puestos fronterizos, evitando inconvenientes al momento del viaje”.

Niños y adolescentes: documentación obligatoria según compañía

La documentación exigida varía dependiendo de quién acompaña al menor.

Cuando viaja con ambos padres debe presentar certificado de nacimiento y pasaporte vigentes. Si viaja con uno solo, debe añadirse la autorización expresa del progenitor ausente por alguno de los procedimientos validados por el Instituto: mandato, acta de declaración jurada, carta poder, resolución consular o jurisdiccional.

Cuando el acompañante es un tercero, la autorización legal de ambos padres resulta indispensable, siempre mediante documentos expedidos o legalizados conforme a los criterios de la autoridad migratoria.

El Instituto Guatemalteco de Migración remarcó la importancia de que las familias revisen minuciosamente la documentación de viaje antes de iniciar el trayecto, así como de cerciorarse de los requisitos para el ingreso en países de destino. Recomendó llenar previamente la Declaración Jurada de Viajero Electrónica, portar la documentación impresa a mano y llegar con antelación suficiente a los aeropuertos para contribuir a que el proceso migratorio resulte seguro y ordenado.

Por otro lado, el Instituto reafirmó su compromiso de mantener informados tanto a los guatemaltecos como a los residentes extranjeros sobre los trámites y servicios migratorios. La institución instó a la población a consultar sus canales oficiales y a seguir las recomendaciones preventivas, “promoviendo el acceso oportuno a la información sobre trámites y servicios migratorios”.

La serie de medidas y protocolos anticipados para la Semana Santa 2026 reflejan el esfuerzo del Instituto por responder de manera eficiente al incremento del flujo de viajeros y preservar la seguridad y el orden en los puestos de control del territorio guatemalteco.

La preocupación ante un posible incremento en la presión sobre los servicios públicos como sanidad, educación y vivienda, además de la estabilidad del empleo en sectores de baja cualificación, ha generado un debate urgente en el seno del Parlamento Europeo acerca del proceso extraordinario de regularización de migrantes en España. Según informó Europa Press, este asunto será discutido en el mes de mayo por la Comisión de Peticiones (PETI) del órgano legislativo, luego de que el Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo Patriotas por Europa (PfE) solicitaran su inclusión prioritaria en la agenda por las implicancias detectadas para España y el resto de la Unión Europea.

De acuerdo con Europa Press, la petición que dio origen a este debate fue presentada en febrero por una ciudadana española ante la comisión europarlamentaria. El documento expresa la inquietud sobre la aplicación de medidas de regularización masiva de personas inmigrantes por parte de Estados miembro y solicita que toda iniciativa de este tipo sea precedida por análisis de impacto socioeconómico, así como la implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados. Además, la petición reclama mayor transparencia por parte de los Estados para evitar consecuencias negativas en otros países de la UE.

El medio Europa Press detalló que la petición plantea que la regularización puede impactar en servicios esenciales y el mercado laboral. Esa preocupación se sustenta en la posibilidad de que, al no existir controles ni evaluaciones previas, se incrementen las cargas sobre los sistemas públicos y se generen desequilibrios en la oferta de empleo en ocupaciones de baja cualificación. Tanto el PPE como Patriotas por Europa, donde participa Vox, han instado a que el supuesto proceso de regularización extraordinaria se estudie de forma urgente en la Eurocámara.

Según publicó Europa Press, miembros de estos grupos políticos solicitaron abordar la temática rápidamente debido al contexto actual en España, señalando la ausencia de mecanismos de control y coordinación a nivel europeo. La comisión PETI tratará oficialmente el tema durante su sesión de mayo, cumpliendo así con la solicitud de urgencia impulsada por los eurodiputados de estas bancadas.

Ya en febrero, el caso español se debatió en el pleno del Parlamento Europeo. Magnus Brunner, comisario de Migración e Interior, recordó que la política de regularización de migrantes corresponde en exclusiva a cada Estado miembro y que la Comisión Europea no puede intervenir directamente, de acuerdo con lo informado por Europa Press. No obstante, Brunner señaló que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez debe prever que su proceso de regularización extraordinaria no derive en impactos adversos para otros Estados de la Unión.

El comisario expuso previamente que la regularización propuesta por el Ejecutivo español constituye una respuesta legal ante la presencia de migrantes irregulares y atiende demandas laborales nacionales. Sin embargo, insistió ante el Parlamento en que es necesario mantener el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, aclarando que la normativa general exige que los migrantes en situación irregular sean retornados. Añadió que la concesión de un permiso de residencia en un país de la UE no implica la libertad de movilidad por todo el espacio comunitario, y recordó la existencia de normativas estrictas: si una persona regularizada en el marco de este proceso se encuentra residiendo de manera irregular en otro Estado miembro, las autoridades deben proceder a su retorno al país que le otorgó el permiso.

Europa Press reportó que el Partido Popular ha manifestado su rechazo a las regularizaciones masivas, defendiendo el análisis individualizado de cada caso para evitar la generación de lo que denominan "efecto llamada". Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y eurodiputada de este partido, expresó mediante un comunicado que el proceso iniciado en España ocurre "sin control alguno", "a ciegas" y sin una coordinación debida con los marcos europeos.

El desarrollo de este debate parlamentario transcurre en medio de la demanda de varias formaciones políticas para que los procesos de migración se rijan por parámetros rigurosos de control, evaluación y transparencia. Según consignó Europa Press, los actores involucrados demandan que cada paso dado en la política migratoria considere las repercusiones sobre la cohesión social y la competencia en el mercado de empleo, así como la sostenibilidad de los servicios públicos, temas considerados centrales en este debate que continuará en la sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo programada para mayo.

La presencia de dos casas baleares en Puerto Rico, que actualmente agrupan a 500 miembros, marcó uno de los temas principales en el encuentro entre la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. Según informó el medio original, Prohens destacó estas entidades —la Casa Balear de Puerto Rico y la Asociación Baleares en Puerto Rico— como testimonio de los lazos históricos y culturales que perduran entre el archipiélago y la isla caribeña. Durante una reunión sostenida el lunes en la residencia oficial de la gobernadora, la mandataria balear abordó el papel que juegan estas asociaciones en la vida cotidiana de los residentes baleares y en la preservación de tradiciones compartidas.

Tal como publicó la fuente, la presidenta de Baleares agradeció de manera expresa la acogida que Puerto Rico brinda a las personas originarias de las islas Baleares que han migrado al territorio. Prohens trasladó su reconocimiento directamente a González, subrayando el compromiso mostrado por las autoridades caribeñas en facilitar la integración y el bienestar de estos migrantes. En la cita también participó la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

El medio detalló que, en su visita, Prohens se interesó por las relaciones institucionales que mantienen las casas baleares en Puerto Rico con el gobierno local y otras entidades relevantes para la comunidad migrante. Este interés responde al objetivo de fortalecer el acompañamiento a los baleares residentes en el extranjero y dar continuidad a una tradición de colaboración histórica entre ambas regiones.

Las asociaciones mencionadas han servido como punto de encuentro y salvaguarda de la identidad cultural para los descendientes de baleares así como para los recién llegados. De acuerdo con la información consignada, la presidenta tuvo la oportunidad de compartir impresiones con integrantes de ambos colectivos en reuniones celebradas el domingo previo, en las que puso en valor la importancia de mantener este contacto entre territorios y generaciones.

El encuentro entre ambas mandatarias se inscribe en una agenda institucional orientada a reconocer y valorar las comunidades originarias de Baleares repartidas por el mundo, así como a afianzar los lazos existentes en el ámbito educativo, social y cultural. Conforme relató la fuente, Prohens y González dialogaron sobre las posibilidades de ampliar los mecanismos de cooperación y sostenimiento de las actividades que permiten preservar la historia compartida.

El medio también reportó que la presidenta del Govern aprovechó la ocasión para expresar no solo su agradecimiento, sino también la voluntad de promover nuevas iniciativas conjuntas destinadas al intercambio cultural y al apoyo recíproco entre ambas comunidades. Estas acciones buscan reforzar el papel de las casas baleares como espacios de convivencia, memoria y relación institucional entre las islas y sus descendientes en el Caribe.

En conjunto, la serie de encuentros y reuniones mantenidos durante la visita reflejaron el interés tanto de las autoridades baleares como de las puertorriqueñas en mantener una tradición de hospitalidad y cooperación, a través de estructuras asociativas que favorecen la integración y el desarrollo personal y colectivo de los migrantes originarios de Baleares en Puerto Rico.

El informe elaborado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) registró durante 2025 la detención de 39.034 familias mexicanas que intentaban ingresar o que ya permanecían en territorio estadounidense. Según consignó el medio que publicó estos datos, esta cifra coloca a las familias mexicanas por delante de las originarias de Venezuela, que sumaron 27.953 detenciones, seguidas por las de Honduras con 13.209 y las guatemaltecas con 9.643. De acuerdo con la CBP, los mexicanos representaron el grupo nacional con el mayor número de registros de arresto por parte de las autoridades fronterizas ese año, ocupando una posición dominante en estos operativos.

El medio detalló que estas cifras se enmarcan en el endurecimiento de las políticas migratorias lideradas por el gobierno del presidente Donald Trump, estrategias que han sido objeto de fuertes cuestionamientos tanto nacionales como internacionales. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su inquietud frente al efecto de las redadas, especialmente en lo que refiere a la separación de familias, el impacto social y la generación de temor en comunidades migrantes. Human Rights Watch señaló que el Ejecutivo estadounidense desarrolló una amplia campaña de redadas y detenciones a nivel nacional, calificando estas acciones como un intento deliberado de "impulsar una política de deportaciones masivas que separa familias y siembra temor en comunidades enteras".

Según publicó este organismo, la fase más dura de estas operaciones comenzó en Los Ángeles durante el verano de 2025. En esa ciudad, describe Human Rights Watch, se implementaron tácticas consideradas especialmente agresivas, que luego se replicaron en otros puntos del país. Las intervenciones se centraron, en gran parte, en personas identificadas por su raza, etnia u origen nacional percibido.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tuvo a su cargo la ejecución de estas deportaciones. La organización reportó que los agentes despliegan operativos para localizar y arrestar a individuos sospechados de carecer del permiso legal necesario para residir en Estados Unidos. Estas acciones, según Human Rights Watch, derivan en la separación de familias y refuerzan el estado de temor predominante entre los migrantes.

El impacto de estos operativos no ha sido reportado únicamente a través de cifras, sino también mediante testimonios. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, John Raphling, director adjunto del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch, expuso que "estas redadas, dirigidas en gran medida contra comunidades latinas, han causado un daño devastador a la población de Los Ángeles y se han extendido a otras ciudades del país". Raphling agregó que las estrategias "destruyen familias, obligan a la gente a vivir con miedo y ponen en evidencia la dureza de la política migratoria de la administración Trump".

En este contexto, organizaciones defensoras de los derechos humanos intensificaron sus críticas hacia la administración, advirtiendo sobre las consecuencias sociales y humanitarias de la implementación de estas medidas. Tal como modeló el medio, los cuestionamientos se centran tanto en la magnitud de las redadas como en la manera en que afectan a las familias migrantes, incrementando la vulnerabilidad de aquellas personas ya expuestas a condiciones de riesgo.

Durante el año 2025, las familias mexicanas estuvieron en el centro de este fenómeno. Según cifras de la CBP citadas por el medio, el número de detenciones de mexicanos superó ampliamente al siguiente grupo nacional en la lista. La distribución de las detenciones refleja además el énfasis puesto por las autoridades en los arrestos de familias completas, profundizando la situación de fragmentación de los hogares beneficiados por redes migrantes.

La información difundida por Human Rights Watch y recogida por el medio revela que el patrón repetido en varias ciudades estadounidenses es el de agentes federales focalizando su labor “en gran medida en la detención de personas por su raza, etnia u origen nacional percibidos”. La ONG señaló que esta focalización contribuye a aumentar el sentimiento de miedo y desconfianza en las comunidades migrantes, dificultando su acceso a recursos y perjudicando la integración social.

El fenómeno de las separaciones familiares, resultado directo de la intensificación de redadas y detenciones, ha alarmado no solo a los colectivos de derechos humanos sino también a observadores internacionales. Según detalló el medio con base en datos de la CBP y testimonios de afectados, el miedo a la ruptura del núcleo familiar motivó que muchas personas decidieran abandonar sus empleos o evitar acudir a servicios públicos, temiendo ser arrestadas y deportadas.

El ciclo de detenciones masivas a lo largo de 2025, marcado por la creciente cifra de familias mexicanas detenidas, dejó en evidencia el aumento de la presencia de agentes de ICE en numerosos barrios y centros urbanos del país. Como subrayó el medio, la extensión de las redadas desde Los Ángeles a otras ciudades amplió la escala del fenómeno.

En conclusión, la información proporcionada por la CBP, y reforzada por los reportes y declaraciones de Human Rights Watch recogidos por el medio, muestra que durante 2025 las familias mexicanas representaron el mayor número de detenciones a raíz de las políticas migratorias adoptadas esa temporada, que incluyen arrestos masivos y la separación forzada de hogares en múltiples ciudades estadounidenses.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el número total de migrantes que han llegado este año a Baleares asciende a 1.177, luego de la llegada de 24 personas de origen subsahariano al islote de Ses Bledes, en el archipiélago de Cabrera. Estas personas viajaban en una patera y fueron localizadas y rescatadas en una operación conjunta de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en la mañana de este lunes, según detalló la Delegación del Gobierno en Baleares.

El rescate se produjo a las 07:03 horas, momento en el que las autoridades interceptaron la embarcación precaria utilizada por el grupo migrante. Según publicó la Delegación del Gobierno, los servicios de rescate se activaron al detectarse la presencia de la patera en la zona de Ses Bledes, una de las áreas que componen el archipiélago de Cabrera y que suele ser punto de llegada de embarcaciones procedentes del norte de África.

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo coordinaron el operativo para garantizar la seguridad de los migrantes y su traslado a tierra firme. Tal como reportó la Delegación del Gobierno en Baleares, los 24 migrantes presentaban síntomas compatibles con el agotamiento por la travesía en condiciones adversas, aunque no se detalló la necesidad de traslados hospitalarios en este caso.

Según datos recogidos por la Delegación y publicados por el Ministerio del Interior, las llegadas de embarcaciones irregulares a las Islas Baleares continúan incrementándose. Hasta la fecha, se han contabilizado un total de 56 pateras desde el inicio del año. Las pateras, embarcaciones precarias utilizadas frecuentemente por migrantes para intentar cruzar el Mediterráneo, representan una vía recurrente para quienes buscan alcanzar territorio español a pesar de los riesgos asociados a la navegación por mar abierto y las condiciones meteorológicas cambiantes.

El medio atribuyó a fuentes oficiales que la procedencia subsahariana de los 24 migrantes rescatados este lunes forma parte de una tendencia registrada en anteriores operaciones. Las autoridades informaron que, una vez localizados, los migrantes recibieron atención humanitaria básica y quedaron bajo la custodia de los organismos competentes.

Las cifras mencionadas en la información oficial permiten observar la presión migratoria existente en la ruta marítima entre el continente africano y el archipiélago balear. El Gobierno ha subrayado, según consignó la Delegación, la importancia de coordinar los esfuerzos entre los servicios de rescate y las fuerzas de seguridad para actuar ante este tipo de llegadas.

Las operaciones de este tipo requieren la intervención rápida y la colaboración de múltiples organismos para garantizar la atención adecuada de las personas rescatadas. Según detallaron las autoridades, en las 56 pateras interceptadas hasta esta jornada, la mayoría de los ocupantes proceden de países del África subsahariana.

La llegada de migrantes por vía marítima a las costas españolas ha generado diversos procedimientos administrativos y de intervención por parte de la Delegación del Gobierno en Baleares y de los cuerpos de seguridad. Tal como informó la Delegación, el seguimiento de estos casos incluye controles sanitarios, identificación de los pasajeros, y la tramitación de la situación de cada persona conforme a la legislación española.

El Ministerio del Interior contabilizó en su registro la cifra de 1.177 personas que han alcanzado Baleares durante el año, considerando los diferentes rescates efectuados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. Las condiciones en las que llegan, a bordo de pateras sobrecargadas y sin protección adecuada, suponen riesgos elevados para la vida e integridad de quienes se embarcan en este tipo de trayectos.

Las autoridades han adoptado medidas de refuerzo de la vigilancia costera en puntos sensibles del archipiélago, tal como recogió la Delegación, con el objetivo de interceptar de forma preventiva las embarcaciones y evitar tragedias marítimas asociadas a la migración irregular. La cooperación de Salvamento Marítimo ha permitido mantener una capacidad de respuesta ante la llegada de pateras, según los datos y declaraciones recogidos por la fuente oficial del Gobierno en Baleares.

La reunión entre Nasry ‘Tito’ Asfura, presidente de Honduras, y Kristi Noem, representante de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, marcó un nuevo capítulo en el diálogo bilateral sobre seguridad, migración e inversiones. El encuentro, de una hora en la Casa Presidencial, se centró en la cooperación para fortalecer la seguridad y la prosperidad en el continente.

Asfura subrayó la actitud receptiva ante propuestas de inversión y seguridad, aunque evitó detallar compromisos concretos. El mandatario remarcó la necesidad de “una América más fortalecida, de respeto, de futuro, de inversión, que es lo que necesitamos para salir adelante”, y confirmó que el tema migratorio ocupó un lugar central en la agenda, junto con la búsqueda de un trabajo conjunto para lograr “una América más próspera”.

La reunión permitió reafirmar la alianza estratégica entre Honduras y Estados Unidos. Ambos países buscan soluciones conjuntas frente a desafíos como el crimen transnacional, la migración y la dinamización de la economía a través de nuevas inversiones, según las declaraciones oficiales tras el encuentro, informó la agencia EFE.

El secretario de Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez, detalló que la conversación con Noem incluyó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante “equipo, recursos y activos estratégicos”. El objetivo es que la institución esté preparada para enfrentar desafíos actuales y futuros, como el crimen organizado y la seguridad fronteriza.

Rodríguez anticipó que para 2026 las Fuerzas Armadas tendrán que afrontar retos adicionales relacionados con la seguridad interna y la cooperación con la Secretaría de Seguridad, encabezada por Gerson Velásquez, quien también participó en la reunión. Velásquez afirmó que se expusieron necesidades nacionales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

La reunión forma parte de una serie de acciones destinadas a “operacionalizar la alianza del Escudo de las Américas”, con atención especial a temas como el narcotráfico, la trata de personas y las extorsiones que afectan a la población hondureña. El funcionario destacó el interés de la delegada estadounidense en conocer los mecanismos locales de combate al crimen organizado transnacional.

La presencia de Noem en Honduras ocurre poco después de haber sido designada por el presidente Donald Trump como enviada especial para el Escudo de las Américas, una coalición lanzada el 7 de marzo en Florida. La iniciativa busca unir a gobiernos latinoamericanos de derecha en el combate coordinado a los carteles del narcotráfico, sin la participación de México, país que mantiene tensiones con Washington por la posibilidad de operaciones militares estadounidenses en su territorio.

El excanciller y embajador hondureño en Washington, Roberto Flores, interpretó la visita de Noem como “un paso significativo en las relaciones entre Estados Unidos” y anticipó que la funcionaria asumirá un papel importante en la continuidad del Escudo de las Américas, luego de concluir su labor en el Departamento de Seguridad Nacional.

Flores también señaló que Noem llegó a Honduras tras visitar República Dominicana y que su agenda regional la llevará a Costa Rica, en una ruta que refuerza la dimensión continental de la cooperación en materia de seguridad.

Durante la víspera, Asfura recordó que el 7 de marzo participó en la cumbre del Escudo de las Américas en Florida, junto a otros presidentes latinoamericanos, con el objetivo de reforzar la cooperación regional ante el crimen organizado. El mandatario reiteró la posición de Honduras de trabajar con Estados Unidos y otros países aliados “de frente para solucionar, enfrentar los problemas de nuestra nación”.

Aunque Noem no ofreció declaraciones a la prensa tras el encuentro, la agenda divulgada por los funcionarios hondureños dejó claro que la colaboración bilateral apunta a fortalecer tanto la seguridad como el atractivo del país para nuevas inversiones, en el marco de una estrategia más amplia de desarrollo y control migratorio.

Durante la preparación de la visita papal se ha considerado la posibilidad de que el Pontífice acuda a El Hierro, isla que en algunas ocasiones ha recibido más del doble de migrantes que el total de su población, cercana a los 11.000 habitantes. En mayo de 2025, el volcamiento de un cayuco provocó la muerte de tres niñas y cuatro mujeres, lo que ha puesto nuevamente en el foco la magnitud del drama humanitario en la ruta atlántica. De acuerdo con Europa Press, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, manifestó que el Papa León XIV podría utilizar su presencia en las Islas Canarias para llamar la atención de instituciones nacionales e internacionales sobre la situación de los migrantes que llegan en patera al archipiélago.

Según declaró Eloy Santiago en entrevista con Europa Press, el objetivo es que la visita del Papa, prevista entre el 6 y el 12 de junio, concluya con un mensaje claro dirigido tanto al pueblo canario como a las autoridades locales. El obispo expresó su esperanza de que el Pontífice emita una llamada de atención que impulse a los responsables políticos a reconocer el alcance de la crisis humanitaria provocada por los flujos migratorios hacia España y en particular a Canarias. Añadió que espera un mensaje de ánimo tanto para la población local, que participa en la acogida, como para los organismos canarios que buscan ofrecer refugio y acompañamiento a quienes arriban tras cruzar el Atlántico.

El obispo Santiago subrayó, según publicó Europa Press, la importancia de que el mensaje papal contribuya a combatir bulos y juicios erróneos respecto a las personas migrantes. Rechazó categóricamente que se asocie a quienes llegan a Canarias en patera con conductas delictivas. Subrayó que “son personas que incluso, bueno, algunos han pagado un dineral por venir en ese cayuco, incluso 6.000 euros”, lo que, en palabras del prelado recogidas por el medio, evidencia la magnitud del sacrificio involucrado para intentar alcanzar suelo europeo.

Según detalló Europa Press, las propuestas presentadas al Vaticano para la organización del viaje contemplan tanto la visita al muelle de la Restinga en El Hierro —punto de llegada de muchas embarcaciones— como la posible presencia del Pontífice en algún campamento de migrantes en Tenerife, entre ellos el de Las Raíces. El muelle de la Restinga representa un lugar simbólico, al ser la primera escala donde los recién llegados son recibidos y permanecen hasta tres días en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Posteriormente, estos migrantes se trasladan a otros centros de acogida.

El obispo indicó a Europa Press que, por cuestiones logísticas, de seguridad y de agenda, resulta complejo que el Papa pueda trasladarse a El Hierro, dado el tiempo limitado de su estancia en la diócesis y el calendario de actividades programadas. No obstante, señaló que no descartan ninguna opción. Añadió que la visita a un campamento de migrantes en Tenerife permitiría un contacto directo con la realidad diaria de la masificación y los retos que enfrenta el sistema de acogida en la isla, considerando el elevado número de personas atendidas en estos centros y la presión que afrontan tanto los migrantes como los servicios de atención.

La preparación de la visita ha supuesto un desafío significativo para la diócesis, según explicó Eloy Santiago a Europa Press, dado que se han dispuesto menos de tres meses para organizar un acontecimiento que consideran histórico: será la primera vez que un Papa realiza un viaje oficial a las Islas Canarias. Las autoridades eclesiásticas y civiles trabajaban en la definición del itinerario papal y en el desarrollo de los mensajes clave que marcarán el discurso en la visita.

Europa Press reportó que, en las conversaciones dirigidas al Vaticano, la diócesis de Tenerife ha insistido en visibilizar las particularidades del fenómeno migratorio en El Hierro, tanto por la sobrecarga de llegadas en proporción a su población como por los episodios de pérdidas humanas ocurridas recientemente. La selección de los lugares que visitará el Pontífice pretende representar, por un lado, ese carácter emblemático del primer punto de entrada y, por otro, la realidad de la convivencia diaria con la migración en los espacios de acogida temporales.

El obispo también expresó su deseo de que las palabras del Papa León XIV constituyan una invitación para quienes escuchan a “no dejarse llevar por manipulaciones ideológicas, noticias falsas o prejuicios” sobre los migrantes, según consignó Europa Press. Criticó abiertamente la estigmatización y reiteró la necesidad de abordar el fenómeno desde la perspectiva humanitaria, destacando las historias de quienes arriesgan su vida y sus recursos con la esperanza de encontrar refugio y oportunidades en Europa.

La visita papal se percibe tanto por la Iglesia local como por el propio obispo de Tenerife como una ocasión para situar la agenda migratoria en el centro del debate público y político, en medio de tensiones relacionadas con la gestión de la migración irregular en España y con la respuesta institucional frente a las demandas humanitarias planteadas por las repetidas crisis de afluencia en el Atlántico. Europa Press indicó que la diócesis mantiene la expectativa de que, a raíz del paso del Pontífice, gobiernos y organismos internacionales revisen sus políticas y asuman un mayor compromiso con la atención y protección de las personas migrantes que llegan a las islas.

Durante su estadía en Budapest, Javier Milei sostuvo conversaciones con el primer ministro Viktor Orbán en el marco de la primera visita oficial de un jefe de Estado argentino a Hungría. El encuentro también incluyó una reunión con el presidente magiar, Tamás Sulyok. En este contexto, el mandatario argentino recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Ludovika de Budapest, donde centró su discurso en el impacto de la migración en la cohesión social y en el derecho de cada nación a establecer sus propias políticas fronterizas.

Según informó la agencia Europa Press, durante la conferencia que ofreció tras recibir el reconocimiento académico, Milei remarcó que el ingreso de extranjeros sin mecanismos orientados a su integración puede provocar situaciones sociales adversas. “La migración descontrolada, sin integración, desarticula el orden social. Cuando se desconoce la cultura de la comunidad que recibe se termina generando desgracias evitables”, afirmó, aludiendo a la necesidad de promover la adaptación cultural como elemento clave para la convivencia.

De acuerdo con Europa Press, el presidente argentino expuso que cada Estado posee la potestad de definir sus políticas migratorias, así como la forma de gestionar sus fronteras y preservar los elementos que lo definen como sociedad. Este posicionamiento se inscribió dentro de un discurso más amplio en el que también hizo referencia a lo que denominó “experiencia compartida” entre Argentina y Hungría bajo el contexto de los efectos del socialismo en ambas naciones.

El evento en el que Milei formuló estas declaraciones fue la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada en la capital húngara. Según consignó Europa Press, en el encuentro participaron figuras internacionales identificadas con el espectro de la derecha y la ultraderecha, como Viktor Orbán, el líder de Vox, Santiago Abascal, Alice Weidel de Alternativa para Alemania (AfD) y Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. El medio detalló que la presencia de estos dirigentes sirvió de plataforma para dialogar sobre temas de alcance global y regional, con un enfoque particular en políticas migratorias, fronteras y soberanía nacional.

Durante su intervención en la CPAC, Milei también se refirió a la situación cubana. Según publicó Europa Press, el presidente argentino expresó optimismo sobre la posibilidad de un cambio en el país caribeño mediante la mediación del expresidente estadounidense Donald Trump. “Probablemente veamos a Cuba libre (…) seguramente antes de mitad de año”, manifestó. Estas declaraciones se dieron en un contexto en el que Milei defendió sus políticas internas, resaltando su gestión económica en Argentina, en un foro donde el público estaba compuesto principalmente por líderes y simpatizantes de movimientos conservadores europeos y latinoamericanos.

En materia migratoria, Milei señaló que en Europa el incremento de la población extranjera, sin requisitos ni aportes exigidos por las autoridades, representa un desafío significativo. Según indicó Europa Press, el mandatario calificó la situación como “una estafa” y criticó el enfoque de apertura indiscriminada. En su visión, esta modalidad ha ido en detrimento del tejido social y evidencia la necesidad de revisar las políticas de ingreso y asentamiento para los inmigrantes.

De acuerdo con información difundida por la Oficina del Presidente de Argentina y citada por Europa Press, la agenda en Hungría incluyó la discusión de temas bilaterales y multilaterales con las autoridades anfitrionas. Las reuniones se produjeron tras la participación de Milei en la CPAC, donde aprovechó la oportunidad para enfatizar en la defensa de los valores que, según su postura, fortalecen la identidad nacional y permiten a los países responder de manera soberana a los retos contemporáneos asociados a la migración.

El medio Europa Press detalló que el viaje de Milei a Budapest se inscribe en un posicionamiento internacional que busca reforzar alianzas con gobiernos y partidos políticos que comparten una perspectiva crítica sobre los procesos migratorios en curso en Europa y América Latina, así como sobre las políticas de integración y multiculturalismo adoptadas en años recientes. La intervención de Milei ha generado reacciones diversas entre los sectores políticos y sociales, tanto en el foro donde intervino como en los países de origen y destino de los participantes en la conferencia.

En un operativo conjunto que deja al descubierto una sofisticada red de fraude internacional, la Fiscalía General de la Nación, a través de su delegada para la Seguridad Territorial y el Cuerpo Técnico de Investigación, adelantó una serie de allanamientos en el departamento del Tolima contra una organización señalada de engañar a migrantes latinoamericanos con supuestos trámites legales en Estados Unidos.

Las diligencias, realizadas en articulación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), se llevaron a cabo en 13 inmuebles ubicados en los municipios de Ibagué, El Espinal y Suárez, donde las autoridades hallaron múltiples elementos que evidenciarían el funcionamiento de esta estructura trasnacional.

Durante los procedimientos de registro, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos como celulares, computadores portátiles y unidades de almacenamiento, además de documentación relacionada con procesos migratorios en Estados Unidos.

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Entre los hallazgos también se encuentran $16’867.000 en efectivo, tarjetas bancarias, agendas y material publicitario que hacía referencia a permisos de trabajo, solicitudes de asilo político y trámites de exención de inadmisibilidad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de elementos que simulaban pertenecer a organismos oficiales estadounidenses.

En los inmuebles fueron encontrados chalecos tácticos con los distintivos “Police ICE”, banderas y un pendón con el logo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que, según las investigaciones, habría sido utilizado para generar confianza entre las víctimas y dar apariencia de legalidad a los servicios ofrecidos.

Adicionalmente, los operativos —que contaron con el apoyo de unidades del Gaula Militar— permitieron descubrir la presencia de imágenes y altares asociados a rituales de santería, lo que refuerza la hipótesis de que la red no solo ofrecía trámites migratorios fraudulentos,también supuestas ayudas esotéricas para evitar procesos de deportación.

“De acuerdo con la investigación, las personas que estarían implicadas en el entramado ilícito residen en Estados Unidos. Desde ese país publicarían anuncios por páginas web y redes sociales en los que convocaban a extranjeros para ayudar a legalizar su estatus migratorio, gestionar visas o asilos políticos y brindarles supuestas ayudas esotéricas para que no fueran deportados", confirmó José Luis Ramírez Hinestroza, director del Cuerpo Técnico de Investigación.

El director aseguró que esos anuncios dirigidos a ciudadanos latinoamericanos interesados en regularizar su situación migratoria ofrecían gestionar visas, procesos de asilo y otros trámites, acompañados de promesas de éxito respaldadas, incluso, por prácticas místicas.

Además, reveló que el costo de estos supuestos servicios variaba considerablemente. Según la investigación, las víctimas habrían pagado sumas que iban desde los 300 hasta los 10.000 dólares, dependiendo del tipo de trámite o “asesoría” ofrecida.

Las autoridades continúan recopilando material probatorio para avanzar en la identificación plena de los responsables y determinar el alcance de esta red, que habría aprovechado la vulnerabilidad de migrantes en busca de oportunidades en el exterior.

Hasta el momento no se conoce información exacta sobre las personas que estaban detrás de la red internacional creada para estafar a los ciudadanos que querían migrar a Estados Unidos, ni tampoco se reveló los nombres de los responsables que cayeron en el operativo.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa las múltiples formas en que operan las estructuras criminales transnacionales, que combinan herramientas digitales, suplantación de autoridades y hasta creencias esotéricas para engañar a sus víctimas.

Desde la Fiscalía General de la Nación reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar siempre la autenticidad de los servicios migratorios y evitar caer en este tipo de estafas que, además de representar pérdidas económicas, pueden poner en riesgo la situación legal de quienes buscan un futuro fuera del país.

El encuentro previsto entre el Papa León XIV y personas migrantes que atravesaron el Atlántico en pequeñas embarcaciones busca contribuir a la visibilización del drama migratorio y generar ánimo entre quienes participan en la acogida de quienes llegan a Gran Canaria. Según consignó el medio Europa Press a través de declaraciones del obispo de Canarias, José Mazuelos, la reunión tomará lugar el 11 de junio en el puerto de Arguineguín, durante la estadía del pontífice en la isla como parte de su visita a España, programada del 6 al 12 de junio.

De acuerdo con lo expresado por el obispo Mazuelos y recogido por Europa Press, está previsto que León XIV escuche en persona los relatos de personas migrantes que han llegado en patera o cayuco y también de quienes, tras recibir acogida por parte de la Iglesia, se encuentran en procesos de integración en la sociedad canaria. El obispo ha detallado que esperan que el pontífice transmita un mensaje de ánimo y esperanza a quienes intervienen en las acciones de apoyo, a la vez que renueve el llamado a detener la peligrosa ruta atlántica que cada año registra numerosas muertes, promoviendo medidas en los países de origen, pero también defendiendo la acogida e integración en los lugares de destino.

Según publicó Europa Press, la visita de León XIV a Canarias responde a un deseo de su predecesor, el Papa Francisco, quien mostraba intención de viajar a las islas motivado por la crisis migratoria creciente. Mazuelos señaló que esta escala en el archipiélago dota al recorrido de una dimensión social y de denuncia frente a la situación de las migraciones, a la vez que permite poner sobre la mesa problemas derivados de guerras, situaciones de violencia, explotación de recursos naturales y minerales en países africanos. Todo esto, según indicó el obispo en declaraciones al citado medio, deja a Canarias y, por extensión, a España y Europa, ante el reto de gestionar la frontera sur con consecuencias humanitarias.

Consultado sobre si la presencia del pontífice podría interpretarse como una advertencia hacia Europa por su gestión de la crisis, Mazuelos expresó a Europa Press que no podía prever el alcance del mensaje, aunque reiteró que la realidad de la migración es innegable y exige respuestas sociales en lugar de convertirse en un asunto de instrumentalización política. Remarcó la necesidad de buscar el bien común, evitando el uso frívolo del fenómeno migratorio y afrontando situaciones específicas como las que se presentan en Canarias, territorio que actúa como puerta de entrada a Europa para muchas personas migrantes.

Según el testimonio del obispo recogido por Europa Press, los mensajes xenófobos que han ido surgiendo en la sociedad española encuentran en la visita y la intervención del Papa una posible llamada de atención, en la medida en que el liderazgo moral que encarna podría contribuir a iluminar las conciencias ante el fenómeno migratorio. Mazuelos añadió que no solo debe centrarse el enfoque en los migrantes originarios de países africanos, ya que también Gran Canaria ha recibido en años recientes a venezolanos y cubanos que abandonaron sus países por la situación social y política. “Para Canarias, Venezuela era la octava isla”, recordó el obispo, describiendo la estrecha relación histórica y el impacto de estos nuevos flujos migratorios.

Además del encuentro en el puerto, el programa de la visita de León XIV contempla otro evento multitudinario con todos los fieles de la diócesis. El obispo destacó ante Europa Press el esfuerzo colectivo en los preparativos de la visita, subrayando el apoyo brindado por las instituciones gubernamentales canarias, los cabildos y ayuntamientos. “Percibo que estamos todos a una”, afirmó Mazuelos durante la entrevista, mostrando confianza en que la llegada del Papa supondrá un impulso para la Iglesia y también para la sociedad civil de Canarias.

El obispo subrayó que la diócesis enfrenta actualmente desafíos relacionados con la secularización y la sinodalidad y que la visita del pontífice llega en un momento complejo, con la expectativa de que su presencia otorgue un nuevo impulso a quienes trabajan en la integración y atención de personas migrantes y aporte a la reflexión colectiva sobre esta problemática, tal como reportó Europa Press.

Durante la primera quincena de 2026, las deportaciones de migrantes hondureños registraron una caída del 28.8 %, lo que indica una reducción clara en el flujo de retornos forzados. No obstante, las bases estructurales que impulsan la migración se mantienen sin variaciones.

De acuerdo con el INM, entre el 1 y el 15 de enero de 2026, 1.528 personas fueron retornadas a Honduras. Esta cifra representa 618 deportados menos que en igual lapso de 2025, cuando se reportaron 2.146 repatriaciones.

La tendencia adquiere relevancia, dado que las primeras semanas de enero suelen registrar elevados movimientos migratorios.

El país de origen de la mayoría de las deportaciones sigue siendo Estados Unidos. En esas dos semanas, 1.423 hondureños ,entre ellos menores de edad, algunos sin acompañante, fueron retornados desde territorio estadounidense, lo que destaca la influencia de la política migratoria de esa nación para la región, según indicó el INM.

En el mismo periodo, México deportó a 101 migrantes hondureños, de los cuales 88 regresaron por vía terrestre y 13 a través de vuelos. Guatemala reportó únicamente cuatro repatriaciones de ciudadanos hondureños.

Autoridades precisan que 1.390 migrantes fueron deportados directamente por autoridades migratorias, mientras que 138 regresaron mediante programas de retorno asistido. Estos programas se concentran en personas en situación de vulnerabilidad o quienes optan voluntariamente por retornar, muchas veces en medio de complejas circunstancias humanitarias.

En cuanto al desglose demográfico, la mayoría corresponde a población en edad productiva. Se reportaron 255 personas entre 41 y 50 años, 91 entre 51 y 70 años y 144 menores de edad. Las cifras muestran que el impacto migratorio abarca también a la niñez y personas mayores, reflejando efectos directos en el ámbito familiar y en la economía nacional.

Respecto al género, el 80,3 % de los deportados fueron hombres (1.227 personas), frente a 157 mujeres, 120 niños y 24 niñas. Este patrón confirma que los varones siguen predominando en la migración irregular, aunque la presencia de mujeres y menores implica desafíos para las políticas de asistencia y protección.

Migración resalta que persisten causas estructurales como la inseguridad, el desempleo, los bajos salarios y la pobreza, factores que generan tanto movimientos migratorios constantes como intentos reiterados incluso tras una deportación.

Se calcula que alrededor de 1,8 millones de hondureños viven en Estados Unidos, incluyendo quienes tienen situación regular e irregular. Esta migración tiene un claro reflejo económico: las remesas familiares sumaron USD 12.200 millones en 2025, más del 25 % del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Banco Central de Honduras. Estos envíos constituyen el principal sustento económico de numerosos hogares y ponen en evidencia la dependencia estructural del país respecto a su diáspora.

El panorama anual deja ver que, aunque los primeros quince días de 2026 registraron menos deportaciones, la tendencia de fondo continúa siendo ascendente. Durante 2025, se documentaron 42.928 deportaciones, la mayoría desde Estados Unidos y México; esto representó un alza del 24,8 % respecto a las 34.384 de 2024, según datos.

Expertos migratorios detallan que estas fluctuaciones pueden responder a cambios en políticas migratorias de los países de destino, situaciones climáticas y dinámicas internas de Honduras. Por esa razón, consideran que la caída observada en el inicio de 2026 no constituye un cambio estructural.

Advierten sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas de reintegración para los migrantes retornados. La carencia de mecanismos de apoyo impulsa una migración cíclica: muchas personas vuelven a intentar salir en busca de mejores oportunidades.

La baja de deportaciones registrada en la primera quincena de 2026 responde a contextos específicos. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas hondureñas mantienen vigente el flujo migratorio y la dependencia de las remesas enviadas por los ciudadanos que residen en el exterior.

En el marco del Foro de Alto Nivel CELAC-África celebrado en Bogotá, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Colombia, Cuba, Ghana y Haití, con el propósito de fortalecer los lazos entre México y dichos países en beneficio de sus pueblos.

Durante la reunión, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, agradeció la presencia mexicana en el evento y destacó los resultados alcanzados en materia de seguridad, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía de ambas naciones. Ambos funcionarios acordaron mantener y reforzar la agenda bilateral, con énfasis en temas migratorios, para dar continuidad a los compromisos conjuntos.

En su encuentro con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, De la Fuente reiteró el compromiso de México de mantener la ayuda humanitaria a la isla caribeña y seguir con la relación basándose en las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum. El diálogo reafirmó la colaboración entre los dos países en favor del bienestar y el desarrollo.

Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores dialogó con la canciller del nuevo gobierno de transición de Haití, Raina Forbin. Durante la conversación, el servidor público reafirmó la cooperación para el desarrollo en el ámbito bilateral y manifestó el respaldo del país en los foros multilaterales, con el objetivo de contribuir a la consolidación del proceso democrático dentro de esa región.

Finalmente, De la Fuente se reunió con el canciller de Ghana, Samuel Okudzeto, a quien agradeció la próxima apertura de la Embajada de Ghana en México. Ambas partes coincidieron en que este hecho representa un paso importante para el fortalecimiento de la relación birregional y la colaboración futura.

Envían otro barco de ayuda humanitaria a Cuba, anuncia Sheinbaum

Durante la mañanera del pueblo de este 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que el día de hoy enviará otro buque con ayuda humanitaria para Cuba,

“Nosotros hemos impulsado la ayuda humanitaria. De hecho, hoy sale otro barco a la isla de Cuba por parte del Gobierno de México, que brinda tanto apoyo en especie como en la solidaridad pueblo mexicano”, declaró la mandataria mexicana.

El traslado de los bienes hacia la isla caribeña será desde el Puerto de Veracruz liderado por la Secretaría de la Marina.

La jefa de Estado agregó que continuará el apoyo a Cuba buscando la manera de proporcionarles combustible sin “afectar a México”, esto derivado de la amenaza anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La incertidumbre rodea a La Arrolladora Banda El Limón tras conocerse que los integrantes del grupo aún no habrían recibido sus visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos.

La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y en la industria del regional mexicano, ya que se desconoce si la agrupación podrá cumplir con sus próximas fechas en territorio estadounidense.

¿Qué pasa con La Arrolladora Banda el Limón?

La información, que todavía no ha sido confirmada oficialmente por la banda, surgió tras una publicación de la especialista en espectáculos Chamonic, quien señaló que el trámite migratorio sigue en proceso.

“Me acaban de confirmar que a la Banda La Arrolladora aún no les llegan sus visas de trabajo, están en proceso”, afirmó Chamonic a través de sus redes sociales.

Según sus declaraciones, la agrupación no cuenta actualmente con los permisos necesarios para realizar presentaciones en Estados Unidos.

Esta no sería la primera vez que La Arrolladora Banda El Limón enfrenta inconvenientes migratorios. Chamonic recordó que en 2025 dos integrantes presuntamente experimentaron problemas con sus documentos al intentar abordar un vuelo hacia Estados Unidos.

“El año pasado, dos de sus integrantes tuvieron un tema con sus visas al querer subir a su vuelo y les dijeron que no podían porque sus visas no estaban activas”, relató la fuente.

Aunque en ese momento los músicos negaron los hechos y manifestaron su molestia, Chamonic aseguró: “Tres Doritos después, toda la banda está sin visa de trabajo, fueron revocadas”.

En el contexto actual, la presencia de agrupaciones del regional mexicano en Estados Unidos enfrentaría cada vez más obstáculos administrativos.

Chamonic advirtió que La Arrolladora Banda El Limón no sería el único grupo afectado, ya que existen otros artistas del género cuyos trámites migratorios tampoco han sido aprobados.

“Hay otros cantantes del regional a los que no se les han aprobado las visas, luego les cuento a quiénes más”, puntualizó la especialista.

Hasta el momento, La Arrolladora Banda El Limón no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación de sus visas. Se espera que en los próximos días la agrupación confirme o aclare el estatus de sus trámites ante las autoridades de Estados Unidos.

El simbolismo de que la gira internacional de 'Carne y Arena' comience en Euskadi marca un hito personal y colectivo para Alejandro González Iñárritu, quien explicó que tanto él como su esposa tienen ascendencia vasca, con raíces familiares que se remontan a Gordexola desde 1867. Con este contexto, el director mexicano presentó este viernes en Bilbao la instalación inmersiva, la cual invita a reflexionar sobre la experiencia de las personas migrantes y refugiadas provenientes de México y Centroamérica, según detalló el medio EITB.

De acuerdo con EITB, la presentación oficial de 'Carne y Arena' tuvo lugar pocos días después de la inauguración de la exposición el 11 de marzo en Bilbao. El propio Iñárritu encabezó el acto junto a la alcaldesa en funciones de la ciudad, Amaia Arregi, y la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada. Representantes de instituciones que han apoyado el proyecto también estuvieron presentes en el evento. La localidad vasca se convierte, de esta forma, en el punto de partida de la gira internacional de esta propuesta artística.

'Carne y Arena' permanecerá instalada en Euskadi por un periodo de tres meses, según consignó el medio EITB. Durante este tiempo, hasta el 20 de junio, se ha programado una serie de debates y espacios de análisis en torno a la experiencia inmersiva. Estas actividades tendrán lugar en fechas coincidentes con diferentes jornadas internacionales como el Día Internacional contra la Discriminación Racial (21 de marzo), el Día Mundial de la Diversidad Cultural (20 de mayo) y el Día Mundial de las Personas Migradas (20 de junio).

La obra, estrenada en 2017 en el Festival de Cannes y galardonada ese año con un Oscar especial, consiste en una experiencia de aproximadamente 15 minutos basada en la realidad virtual. Según informó EITB, el objetivo es permitir a los asistentes "sentir y entender con el cuerpo" el recorrido y las vivencias de los migrantes y refugiados centroamericanos. Iñárritu señaló durante la presentación que la experiencia busca contrarrestar la influencia de las pantallas digitales, que, en su opinión, han reducido la capacidad de comprensión de la realidad a una dimensión limitada. Añadió que 'Carne y Arena' aspira a generar una comprensión corporal y emocional del sufrimiento que implica la migración.

La instalación parte de entrevistas realizadas a 500 migrantes, según relató el propio director durante el acto recogido por EITB. Iñárritu recalcó que el arte, y en particular el cine, deben asumir una función disruptiva y de denuncia, introduciendo temáticas difíciles y exponiendo las deficiencias de los sistemas humanos. Consideró que los migrantes representan "una oportunidad, no un problema", y subrayó que la pieza adquiere actualmente más relevancia ante una coyuntura global caracterizada por el aumento de la hostilidad y el déficit de compasión hacia quienes cruzan fronteras.

Convencido de que el arte "no debe doctrinar ni dar lecciones políticas", Iñárritu defendió que la expresión artística consiste en exponer verdades a través de la ficción. Aseguró que la realidad virtual utilizada en 'Carne y Arena' constituye hasta hoy uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos en su género y subrayó que busca dejar una pequeña huella para contrarrestar la ignorancia y el miedo que, según él, dan pie a la discriminación y al aprovechamiento de la situación de los migrantes por parte de intereses particulares.

El evento de presentación sirvió también para que representantes institucionales pusieran en valor el enfoque de la iniciativa. La diputada foral Teresa Laespada afirmó, según EITB, que la Diputación de Bizkaia apoyó el proyecto desde el primer momento, enmarcándolo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en planes municipales y forales de diversidad y cohesión social. Laespada remarcó que "migrar es un derecho" y advirtió sobre los discursos y liderazgos que fomentan el temor al diferente, levantando barreras que van más allá de las fronteras físicas. Instó a reforzar los valores europeos de estado de derecho, bienestar, diplomacia, multilateralismo y paz.

La alcaldesa en funciones de Bilbao, Amaia Arregi, resumió que el verdadero peligro reside en la adopción de visiones excluyentes hacia los demás, y destacó que la propuesta de Iñárritu promueve comprensión e identificación con quienes son distintos. Manifestó que Bilbao y Euskadi se posicionan en defensa de la igualdad y la no discriminación, aportando así una alternativa a la lógica de separación de las fronteras geográficas.

Además, el consistorio recordó que las entradas para la instalación inmersiva pueden adquirirse en la web oficial de EITB, con un precio de 10 euros más costes de gestión. Tanto la programación de actos paralelos como la disponibilidad de la obra están diseñadas para estimular la reflexión y la empatía sobre el fenómeno migratorio y los derechos humanos, según detalló el medio vasco en su cobertura.

Santiago Abascal planea interpelar directamente a Pedro Sánchez durante la próxima sesión de control en el Congreso de los Diputados, con la intención de escenificar el desacuerdo de Vox con la ampliación de la cobertura sanitaria gratuita para migrantes en situación irregular, una medida aprobada recientemente por el Gobierno central. De acuerdo con información publicada por diversos medios y detallada por Europa Press, Abascal buscará cuestionar públicamente al jefe del Ejecutivo en torno al uso de los recursos estatales destinados a sostener dicha política sanitaria.

Según consignó Europa Press, la controversia surge a raíz de la aprobación el 10 de marzo de un decreto ley por parte del Consejo de Ministros. Esta normativa garantiza el acceso a la atención médica pública para personas migrantes sin autorización legal en España. El líder de Vox interpretó esta decisión como un uso indebido del sistema sanitario nacional, considerando que a partir de ahora los impuestos de la ciudadanía española financiarán, en sus palabras, la "atención sanitaria de medio mundo".

Tal como reportó Europa Press, Abascal formulará una pregunta directa a Pedro Sánchez en la Cámara Baja, articulada en los siguientes términos: "¿Por qué no les pregunta a los españoles si quieren que el dinero de sus impuestos se dedique a la atención sanitaria de medio mundo?" Este reproche busca centrar el debate en el supuesto coste ciudadano de la iniciativa, asociando la financiación pública de la sanidad a una carga para los contribuyentes españoles.

En intervenciones previas recogidas por Europa Press, Abascal ha tildado la reforma como un “crimen”, argumentando que la apertura de los servicios sanitarios españoles a los inmigrantes en situación irregular equivale, según él, a abrir “los hospitales a toda África”. El presidente de Vox fundamenta su oposición en la creencia de que este tipo de políticas generan un “efecto llamada brutal”, es decir, incentivan la llegada de más migrantes atraídos por el acceso a servicios gratuitos en el contexto de lo que denomina una “invasión migratoria”.

Europa Press indicó que otro de los ejes argumentales de la intervención de Abascal se encuentra en la denuncia del presunto mantenimiento mediante subsidios y ayudas sociales a “millones” de personas no nacionalizadas, mientras, según su versión, hay españoles en situación de vulnerabilidad económica que carecen de dichas ayudas. En ese sentido, la crítica de Vox se fundamenta en la competencia entre ciudadanos nacionales y personas migrantes por los recursos públicos, trasladando el foco del debate a la priorización en el reparto del gasto social.

El pleno de control donde tendrá lugar este intercambio está considerado uno de los escenarios habituales para los enfrentamientos entre el líder de Vox y el presidente del Gobierno sobre la política migratoria, un área en la que ambos exhiben posturas muy alejadas y han mantenido intensos cruces parlamentarios en el pasado. La estrategia de Vox busca así trasladar la controversia al centro del debate político y social, interpelando directamente a Sánchez para que dé explicaciones sobre el alcance y las consecuencias económicas de la ampliación sanitaria.

Sobre la aprobación del decreto, Europa Press detalló que la medida se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para fortalecer el acceso universal al sistema sanitario y cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, Vox ha insistido en que este tipo de iniciativas terminan penalizando a la ciudadanía española, tanto en términos fiscales como en la competencia por recursos públicos.

Los distintos argumentos expuestos por Abascal formarán parte del cuerpo principal de su intervención el miércoles en la Cámara Baja, donde la política migratoria volverá a ocupar un lugar central en la agenda. La pregunta al presidente del Gobierno girará en torno al sentido y la legitimidad de utilizar los fondos públicos para cubrir la atención sanitaria de personas sin regularización, instaurando así un debate sobre la priorización de las políticas sociales en el contexto español actual.

El enfoque de Vox sobre la cobertura sanitaria para extranjeros sin papeles se enmarca en su crítica más amplia al Ejecutivo, a quien acusa recurrentemente de permitir un aumento en la llegada de migrantes e incrementar el gasto social asociado. La formación argumenta que tales políticas constituyen incentivos adicionales para la migración irregular, así como una carga para los sistemas públicos, cuestión que Abascal pretende subrayar durante su intervención en el Congreso, según detalló Europa Press.

Tres ciudadanos cubanos fueron entregados a las autoridades para investigación por delitos cometidos antes de abandonar la isla, en el contexto de los vuelos de deportación recientes. Según informó la agencia Europa Press, las autoridades cubanas recibieron a 117 ciudadanos deportados desde Estados Unidos y esta cifra eleva a 427 el total de nacionales retornados a Cuba desde enero del presente año.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el Ministerio del Interior cubano detalló que el arribo de estos ciudadanos se realizó en cumplimiento de los acuerdos migratorios vigentes entre Cuba y Estados Unidos. El grupo llegó en un vuelo al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, específico compuesto por 89 hombres y 29 mujeres. Estos ingresos forman parte de una serie de operaciones continuas destinadas a gestionar el flujo migratorio y el retorno de nacionales cubanos desde territorio estadounidense.

En la información consignada por Europa Press, el Ministerio del Interior precisó que, de las 427 personas repatriadas en lo que va del año, tres de ellas fueron trasladadas al órgano de investigación nacional. Estas personas se encuentran bajo investigación en relación con hechos delictivos presuntamente cometidos antes de su partida de Cuba. Esta práctica se ajusta a los procedimientos establecidos para abordar casos en los que existan antecedentes penales de los ciudadanos retornados.

Europa Press publicó que el proceso de devoluciones se enmarca en los acuerdos bilaterales que regulan el trato a los migrantes en situación irregular. Dichos convenios buscan regularizar los retornos y garantizar una gestión ordenada del flujo migratorio entre ambas naciones. Las autoridades cubanas han reiterado su compromiso de cumplir con las obligaciones pactadas y de mantener la coordinación necesaria con los organismos del país norteamericano para el retorno de sus ciudadanos.

El medio Europa Press señaló que la reciente llegada pone en relieve el volumen de cubanos que intentan ingresar de manera irregular a Estados Unidos y el enfoque de ambos gobiernos por abordar esta situación de manera organizada. Los vuelos de repatriación se han mantenido con regularidad durante el año, permitiendo la devolución de cientos de ciudadanos que no lograron legalizar su permanencia en territorio estadounidense.

Los reportes oficiales divulgados por el Ministerio del Interior, según citó Europa Press, destacan que el procedimiento para el retorno contempla, además, la identificación de personas buscadas por la justicia cubana. En este sentido, se evalúa cada caso en función de los antecedentes legales de los migrantes antes de decidir su reintegro a la vida civil o el inicio de investigaciones penales.

Las autoridades han realizado estos operativos bajo estrictos protocolos de recepción y verificación de identidad. El Ministerio del Interior utiliza mecanismos de coordinación con entidades estadounidenses para identificar a los viajeros y determinar si existe alguna causa pendiente en Cuba con anterioridad al viaje, según recoge Europa Press.

Durante los meses transcurridos desde enero, los vuelos de deportación han incluido a ciudadanos con distintos perfiles demográficos, aunque la mayoría corresponde a adultos. Europa Press puntualizó que la integración de mujeres en estos retornos responde a un aumento generalizado de migrantes de ambos sexos que buscan llegar a Estados Unidos por vías no autorizadas.

La información suministrada por las autoridades a través de Europa Press indica que el protocolo migratorio actual contempla el traslado inmediato de cualquier individuo sospechoso de actividades criminales hacia entidades de investigación. Este procedimiento se basa en intercambios de información entre los dos gobiernos para garantizar que ningún caso relacionado con delitos graves quede sin atender tras el retorno.

A medida que avanza el año, Europa Press informó que el Ministerio del Interior prevé mantener la transparencia respecto a los vuelos de repatriación y ofrecer actualizaciones periódicas sobre el número de ciudadanos retornados y los procedimientos asociados. La agencia recuerda que este tipo de operativos forma parte de la política migratoria bilateral vigente desde hace varias décadas, destinada a gestionar de manera conjunta los desafíos migratorios entre ambos países.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han ofrecido detalles sobre la naturaleza de los delitos imputados a los tres ciudadanos bajo investigación ni han divulgado información sobre los procesos judiciales en curso relacionados con estos retornos, según reseñó Europa Press.

Los datos presentados por el Ministerio del Interior y recogidos por Europa Press contribuyen a entender la magnitud y perfil actual de las repatriaciones desde Estados Unidos hacia Cuba, destacando el impacto de la gestión bilateral y el monitoreo conjunto de los movimientos migratorios.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, subrayó que las autoridades europeas observan con preocupación la propuesta de regularización de migrantes planteada por el Gobierno español, por sus posibles efectos en toda la Unión Europea dada la libre circulación de personas. Según consignó el medio, Feijóo expresó sus reservas tras participar en la reunión del Partido Popular Europeo celebrada en Bruselas, a las puertas del Consejo Europeo.

Tal como publicó la misma fuente, Feijóo calificó la iniciativa gubernamental de "temeridad" y alertó que podría fomentar un "efecto llamada" en un momento de crisis internacional y tensión en materia de seguridad. El dirigente argumentó que, previsiblemente, en los próximos meses se elevará la alerta antiterrorista, por lo que considera especialmente arriesgado adoptar medidas de regularización en el contexto actual. Según sus palabras, “el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad”.

El líder popular afirmó que la decisión adoptada por el Gobierno español carece de planificación y control, y la tachó de "improvisada, desordenada e irresponsable". Informó que, según fuentes policiales citadas por él, la medida de regularización podría afectar a más de un millón de personas. Feijóo insistió en que la magnitud del procedimiento y sus implicaciones requieren control y coordinación con los socios comunitarios, ya que Europa, en su opinión, debe determinar quién puede entrar y bajo qué condiciones.

El medio detalló que Feijóo reiteró que Europa está desarrollando estrategias para una política migratoria conjunta y busca reforzar su control de fronteras, con el objetivo de lograr flujos migratorios en condiciones ordenadas. En contraste, opinó que la política española va “en dirección contraria”, al tomar decisiones unilaterales con posibles consecuencias para el conjunto del bloque europeo.

Durante la comparecencia, Feijóo manifestó inquietud por la falta de información sobre la identidad y los antecedentes de las personas que se beneficiarían de la regularización. "No sabemos tampoco de dónde vienen con exactitud, no sabemos cuáles son sus países de origen, sus países de tránsito y tampoco sabemos si tienen antecedentes penales", puntualizó. Solicitó al Gobierno que actúe “con sensatez” y subrayó la necesidad de mayor control y transparencia en el proceso.

De acuerdo con la información publicada, Feijóo también pidió a Pedro Sánchez que renuncie a la regularización, recordando que la propuesta fue rechazada en el Congreso. "Si el Gobierno tuviera algún compromiso democrático, debería aceptar su derrota y parar inmediatamente la regularización masiva de inmigrantes irregulares", declaró. La reciente sesión plenaria en el Congreso aprobó una moción presentada por el Partido Popular que insta de manera inmediata al Ejecutivo a abandonar la regularización extraordinaria de migrantes, con 176 votos favorables de Vox, Junts y UPN, frente a 172 votos en contra procedentes del PSOE y sus aliados.

Según informó el medio, la medida continúa generando debate y divisiones tanto en la esfera nacional como comunitaria, en un contexto donde las cuestiones migratorias forman parte de la agenda principal de la Unión Europea y ante la presión de los movimientos migratorios internacionales. Feijóo concluyó que los Estados miembros no deben asumir decisiones unilaterales en materia migratoria, dado el impacto potencial en el resto de socios europeos, e insistió en que la coordinación y colaboración deben guiar las políticas en este ámbito.

Jáuregui, quien además de presidir la Fundación Euroamérica ha desempeñado funciones como eurodiputado, subrayó que la posición recientemente expresada por el monarca Felipe VI implica una revisión histórica en la que se reconoce la intención de los Reyes Católicos de proteger a las poblaciones indígenas mediante la promulgación de las Leyes de Indias, pero reconoce al mismo tiempo los abusos perpetrados durante la Conquista. Según lo publicado por Europa Press, el Rey reconoció el lunes que "hubo mucho abuso" durante aquellos episodios y que, analizando estos hechos desde la perspectiva y los valores actuales, no pueden considerarse motivo de orgullo. Jáuregui consideró que las palabras del jefe del Estado español suponen "un gesto clave" que puede facilitar y fortalecer las relaciones institucionales de España con países como México y, por extensión, con el conjunto de América Latina.

En su intervención en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Jáuregui puso de relieve que la postura de Felipe VI representa "una mirada equilibrada al pasado y muy inteligente hacia el futuro", en referencia al reconocimiento de los episodios de abuso cometidos por los colonizadores europeos. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Jáuregui afirmó que el gesto del monarca abre una vía favorable para el avance en las relaciones bilaterales y para el fortalecimiento de los lazos con las naciones latinoamericanas.

El presidente de la OEI, Mariano Jabonero, aprovechó el evento para expresar su inquietud ante la situación de las democracias en el espacio iberoamericano. Jabonero advirtió, según reportó Europa Press, que fenómenos como las migraciones y la inseguridad están dando lugar a discursos políticos que tildó como xenófobos y de bajo nivel argumentativo. Por su parte, Jáuregui señaló las dificultades que atraviesan las democracias en el ámbito global, identificando tres factores que las debilitan: la polarización, la postverdad y el populismo. Apuntó a que en América Latina persiste una fragilidad democrática, cuyos orígenes atribuyó a la ausencia de una cultura democrática consolidada tras décadas marcadas por conflictos políticos, golpes militares, dictaduras severas o la acción de guerrillas.

Europa Press añadió que tanto Jáuregui como Jabonero señalaron elementos estructurales que afectan a la región latinoamericana. Jabonero enfatizó la desigualdad y un nivel muy bajo de productividad como problemas de relevancia para el desarrollo de los países del área, manifestando que la escasa productividad impide la generación de riqueza suficiente para distribuir entre la población. Este escenario, según su análisis, limita las posibilidades de superar la brecha social.

En el marco del análisis de seguridad, Jabonero hizo referencia a los elevados índices de violencia y a la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las sociedades latinoamericanas, hechos que, según subrayó, están contaminando múltiples sectores sociales. Jáuregui añadió que las actuaciones unilaterales, como la destrucción de embarcaciones en el Caribe por parte de Estados Unidos durante 2024, no constituyen respuestas efectivas frente a la violencia, y abogó por un rediseño integral del sistema.

Sobre la influencia externa, Jáuregui denunció que la democracia latinoamericana enfrenta una debilidad adicional por su "sumisión a la doctrina Monroe", reflexión vinculada a la histórica política de Estados Unidos hacia el continente. Según indicó Europa Press, el expolítico español calificó la actual influencia extranjera como particularmente grave, y cuestionó las repercusiones sobre la soberanía de los pueblos para decidir libremente sus líderes. Jabonero se refirió al papel del expresidente estadounidense Donald Trump, especialmente en naciones como Argentina y Ecuador, y sugirió que la injerencia de potencias externas condiciona los procesos democráticos regionales.

Ambos participantes coincidieron en la importancia de la educación, la cultura y el desarrollo científico como pilares para fortalecer la democracia y blindar a las sociedades frente al engaño y la manipulación. Durante el evento de la OEI, Jabonero defendió que “una sociedad educada, culta y tecnificada es menos propensa al engaño”, según detalló Europa Press.

En cuanto a la dimensión migratoria, Jáuregui criticó la gestión europea ante el flujo de inmigrantes latinoamericanos y sostuvo que Europa ha fracasado en el manejo de este fenómeno. No obstante, elogió la integración lograda por la comunidad latina en España, a la que denominó un caso exitoso. El presidente de la Fundación Euroamérica argumentó que Europa necesita “la migración ordenada como el respirar”, y lamentó la falta de disposición política para abordar el tema de manera integral. Jabonero añadió que la historia latinoamericana ha estado marcada por el fenómeno migratorio, recordando que durante el siglo XX muchas personas emigraron desde el continente europeo hacia América Latina escapando de guerras, privaciones y presión política, flujo que en años recientes se ha revertido en sentido contrario.

Las intervenciones recogidas por Europa Press evidenciaron los desafíos compartidos entre ambos lados del Atlántico, instando al reconocimiento histórico, al fortalecimiento institucional y al impulso de políticas más sensibles y comprometidas con la realidad cambiante de Iberoamérica.

La directora general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Grecia, Christina Psarra, explicó que muchas de las personas que arriban a las islas griegas ya han atravesado episodios de violencia o han escapado de situaciones de conflicto o persecución antes de emprender la travesía por el mar Egeo. Según comunicó la organización, la incertidumbre extendida sobre su futuro, las limitaciones para moverse y las condiciones precarias en que viven contribuyen a intensificar los traumas previos que estos migrantes padecen. En este contexto, según detalló el medio, la ONG hizo hincapié en los graves efectos para la salud mental y física de quienes buscan asilo en Europa.

MSF demandó el cese del “sufrimiento innecesario” que afecta a miles de migrantes y solicitantes de asilo, a diez años de la entrada en vigor del acuerdo alcanzado en 2016 entre la Unión Europea y Turquía. De acuerdo con MSF, este pacto, vigente desde hace una década, estableció un modelo de gestión migratoria marcado por la “disuasión, la externalización y la contención”, cuyas consecuencias han sido la permanencia de personas en entornos inseguros y la persistencia de numerosos obstáculos para acceder a derechos básicos, especialmente en las islas griegas.

Según informó el medio, el acuerdo fue introducido en respuesta a un aumento en las llegadas de migrantes por la ruta del Mediterráneo oriental y fue presentado como una solución para controlar la migración hacia Europa. Sin embargo, MSF resaltó que esto provocó una transformación profunda en las políticas migratorias del bloque comunitario, al priorizar la contención de personas y el traslado de responsabilidades de asilo fuera de las fronteras de la UE.

El reporte de la organización recoge un llamado hacia las autoridades europeas y griegas para que reevalúen de raíz su aproximación en materia migratoria. MSF subrayó la urgencia de terminar con las situaciones de sufrimiento que viven menores y adultos en campamentos insulares y solicitó que se garanticen condiciones que respeten la dignidad, acceso adecuado a servicios sanitarios y procedimientos de asilo ágiles y justos. Del mismo modo, instó a abandonar las prácticas que trasladan la protección internacional fuera de la jurisdicción europea, para evitar que la carga recaiga en países terceros.

El medio consignó que, en línea con estas posturas, MSF renunció en junio de 2016 a recibir fondos de la Unión Europea, de sus Estados miembros y de Noruega, en protesta por las políticas migratorias implementadas a raíz del acuerdo bilateral. Christina Psarra afirmó que la Comisión Europea ha presentado el convenio como un logro, aunque desde su perspectiva este ha dejado tras de sí un “enorme coste humano”. Psarra declaró: “A pesar de las afirmaciones de progreso, miles de personas siguen enfrentándose a condiciones inhumanas, y los líderes europeos celebran diez años de políticas que han provocado caos y mal trato. No dejaremos de exigir que la UE y las autoridades griegas pongan fin a esta estrategia cínica de contención, para evitar seguir dañando la salud de nuestros pacientes y respetar su dignidad”.

El informe de MSF, citado por el medio, explica que quienes llegan a islas como Lesbos, Samos, Quíos, Kos y Leros se ven obligados a permanecer durante periodos prolongados a la espera de la resolución de sus pedidos de asilo, situación que puede extenderse meses o incluso años. La organización ha documentado situaciones de violencia en fronteras, hacinamiento en los centros de acogida, deficiente acceso a sistemas de saneamiento, obstáculos para recibir atención médica y un deterioro acentuado de la salud mental de las personas alojadas en estas condiciones.

MSF destacó que el acuerdo UE-Turquía contemplaba la posibilidad de devolver a Turquía a quienes no recibieran asilo en Grecia, considerando a este país como “tercer país seguro”. Por cada devolución de un solicitante sirio desde Grecia, la UE debía aceptar el reasentamiento de otro refugiado sirio desde Turquía. En la práctica, el número de devoluciones fue limitado: según datos publicados por el medio, desde abril de 2016 hasta febrero de 2025 fueron retornadas 2.140 personas desde las islas griegas a Turquía, sin registrarse devoluciones desde marzo de 2020.

Esto derivó en una acumulación de solicitantes en las islas, atrapados sin una rápida resolución. Tras el incendio que destruyó en 2020 el campamento de Moria en Lesbos, se crearon los denominados Centros Cerrados de Acceso Controlado (CCAC), instalaciones situadas en áreas alejadas y caracterizadas por estrictas medidas de control y vigilancia, lo que, según la ONG, refuerza el objetivo político de contención y exclusión.

De acuerdo con el análisis consignado por el medio, el modelo del acuerdo UE-Turquía se convirtió en referencia para la externalización de las políticas migratorias europeas. En los últimos años, la UE amplió la colaboración con países como Libia, Túnez, Senegal, Mauritania, Marruecos, Níger, Egipto y varios Estados de los Balcanes occidentales con el propósito de frenar los cruces hacia Europa. Estas asociaciones incluyen desde asistencia financiera hasta cooperación en seguridad y control fronterizo, lo que implica el desplazamiento de la protección de personas refugiadas a territorios donde los sistemas de asilo resultan escasos o carecen de garantías.

MSF reiteró que el endurecimiento de las políticas y la prolongación de la incertidumbre afectan especialmente a quien ya ha vivido experiencias de violencia, desplazamientos forzados o persecuciones. Los equipos de la ONG han registrado numerosos casos en los que las restricciones de movilidad, la degradación en las condiciones de vida y el aislamiento profundizan el impacto negativo en la salud física y mental de los migrantes, según documentó el medio.

El canciller Hugo de Zela señaló que el Gobierno peruano no adoptará medidas frente a la construcción de zanjas y muros en la frontera sur, siempre que estas obras se desarrollen dentro del territorio de Chile. En declaraciones brindadas en entrevista con RPP, el titular de Torre Tagle precisó que la posición oficial se basa en el respeto a la soberanía del país vecino.

Asimismo, indicó que el Perú ha expresado su preocupación por el impacto migratorio de estas medidas. “No estamos en condiciones de recibir a más migrantes”, afirmó De Zela, al referirse al contexto actual en la zona fronteriza y a la presión que enfrentan los servicios del Estado peruano.

Coordinación diplomática

El ministro de Relaciones Exteriores detalló que existió comunicación directa con autoridades chilenas antes del inicio de las obras. Según explicó, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Chile el mismo día en que comenzaron los trabajos, en la que se abordaron los alcances del proyecto.

“El día que empezaron con esos trabajos, conversé por teléfono con el canciller de Chile. Y, en esa ocasión, él me expresó que lo que estaban haciendo era cumplir con la promesa de campaña, respetando los parámetros que habíamos conversado”, declaró para el citado medio.

Perú ya estaba informado del proyecto

De Zela también indicó que las acciones emprendidas por el Gobierno chileno no tomaron por sorpresa al Ejecutivo peruano. Explicó que el tema había sido previamente tratado en conversaciones con el presidente de Chile y su canciller.

“No es un tema que nos haya sorprendido en absoluto porque, además, este ha sido uno de los temas más importantes de campaña del presidente Kast”, sostuvo. Añadió que se había anticipado que una de las primeras medidas sería la instalación de barreras físicas en la frontera.

El canciller subrayó que la construcción del denominado “Escudo Fronterizo” responde a compromisos asumidos durante la campaña electoral del presidente chileno. En ese sentido, reiteró que se trata de una decisión soberana de Chile, siempre que se ejecute dentro de su jurisdicción territorial.

Presidente de Chile supervisa construcción

El presidente de Chile, José Antonio Kast, supervisó personalmente el inicio de la construcción de un muro fronterizo en la región de Arica, junto a la línea limítrofe con Perú. Esta obra, parte del denominado Plan Escudo Fronterizo, busca frenar la inmigración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado. Kast sostuvo que la intervención responde a una demanda transversal de seguridad y representa el cumplimiento de una promesa de campaña. “El narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no tienen color político”, declaró el mandatario, aludiendo a la magnitud del fenómeno migratorio que llevó a más de 180.000 personas a ingresar por pasos no habilitados.

La construcción del muro incluye zanjas de hasta tres metros de profundidad y barreras físicas de hasta cinco metros de altura, junto a sistemas tecnológicos y presencia militar permanente. La obra ha generado inquietud en el gobierno de Perú, que incrementó el despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la región de Tacna ante un posible “efecto embudo” de migrantes. Las autoridades peruanas monitorean el avance y han declarado el estado de emergencia en la zona, mientras ambos países acordaron crear un Comité Binacional de Cooperación Migratoria para coordinar respuestas ante la presión migratoria en el eje Tacna-Arica.

Kast agradeció el respaldo de alcaldes y parlamentarios chilenos, así como la colaboración de autoridades peruanas, e insistió en que el muro representa un sistema integral de seguridad. El mandatario sostuvo que el costo social y económico de la crisis migratoria ha sido alto para Chile, con impacto en salud, educación y acceso a la vivienda. El gobierno peruano, por su parte, ha expresado respeto a la soberanía chilena y mantiene vigilancia sobre el impacto de la construcción para garantizar que no se vulneren acuerdos bilaterales o derechos de las personas en frontera.

Martínez nació en Cantón Rojitas, Ciudad Victoria, en el departamento de Cabañas, y emigró junto a su familia a California, donde trabajó como jornalero agrícola en Fresno.

Su experiencia como migrante influyó en su deseo de incidir en la vida pública, según relató a la Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Patricia Godinez, en un encuentro oficial compartido por la funcionaria en sus redes sociales.

En 2014, Martínez obtuvo la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Estatal de California en Fresno (Fresno State), y en 2018 finalizó una maestría en administración de empresas. De acuerdo con información publicada por el San Joaquin Valley Sun y FOX26 News, su formación académica y su vinculación constante con las necesidades de la población latina lo llevaron a ingresar a la política local.

En 2016, Martínez fue elegido concejal de Mendota, un municipio de aproximadamente 12,000 habitantes, mayoritariamente de origen latino. Seis años después, durante la sesión del concejo municipal del 13 de diciembre de 2022, Martínez fue nombrado alcalde por unanimidad de sus compañeros de concejo, como consta en las actas oficiales de la ciudad. Su designación respondió al reconocimiento de su desempeño y a la reorganización interna tras la renuncia del anterior alcalde.

Martínez señaló que su gestión se apoya en la cercanía con los habitantes y en la identificación de los retos que enfrenta la comunidad inmigrante. “La preparación y el trabajo permanente con la gente han sido fundamentales”, afirmó Martínez en la entrevista con la funcionaria salvadoreña. Aseguró que su objetivo es “trabajar de la mano con la gente para lograr cambios positivos”.

FOX26 News y el San Joaquin Valley Sun informaron que Martínez, además de su labor como alcalde, se desempeña como jefe de negocios del Distrito Escolar Unificado de Golden Plains, lo que refuerza su vínculo con la educación y los jóvenes de la región. Su llegada a la alcaldía coincidió con un contexto político donde los líderes latinos buscan mayor representación y respuesta a problemáticas locales como el empleo, la seguridad y el acceso a servicios públicos.

Entre las acciones más relevantes bajo su administración, las actas municipales reflejan la aprobación de la segunda fase de expansión del Rojas-Pierce Park, la autorización de acuerdos con el Departamento de Impuestos y Tarifas de California para la implementación de un impuesto local, y la supervisión de auditorías financieras que consolidan la transparencia en el manejo de fondos públicos. También impulsó la mejora de la infraestructura urbana, como la ampliación de las instalaciones de la comisaría y las oficinas municipales.

Según reportó el San Joaquin Valley Sun, Martínez justificó su cambio de afiliación política del Partido Demócrata al Republicano en diciembre de 2024, argumentando que las políticas estatales de Sacramento dificultan el acceso al “sueño americano” para familias del Valle Central. En declaraciones recogidas por este medio, sostuvo: “Nuestra comunidad latina quiere empleos mejor pagados, precios más bajos y calles seguras. Estoy trabajando para que ese cambio ocurra”.

Durante su gestión, Martínez ha reiterado el mensaje de superación para la diáspora salvadoreña y las nuevas generaciones de inmigrantes. “Cualquiera que sea el sueño, la visión o tu meta, síguela, que sí se puede. Si continúas trabajando duro, si continúas recto en esa visión, lo vas a lograr”, expresó en diálogo con la Viceministra Godínez.

La experiencia de Víctor Martínez en Mendota ilustra el impacto de la migración salvadoreña en Estados Unidos y la creciente presencia de líderes latinos en cargos de decisión. Su historia representa un referente para quienes buscan integrarse y aportar a sus comunidades de origen y destino.

Las publicaciones sobre Lamine Yamal relacionadas con el Ramadán generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde se pusieron en duda su vinculación con la selección española. Según informó el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), estos episodios forman parte de un área más extensa de mensajes hostiles que han afectado especialmente a colectivos musulmanes y personas originarias del norte de África durante el mes de febrero, coincidiendo con debates públicos sobre la prohibición del burka y la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular.

De acuerdo con los datos difundidos por Oberaxe, los comentarios negativos hacia personas extranjeras en redes sociales crecieron un 14% en febrero y conforman ya un 57% del total de contenidos reportados ese mes. El medio especificó que esta subida coincide temporalmente con la discusión sobre la prohibición del burka en espacios públicos y el proceso de regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, modificando de forma notoria la densidad del debate en plataformas digitales.

Oberaxe detalló que la caracterización de grupos como amenaza representó el 26% de los mensajes denunciados, lo que revela una disminución de 10 puntos porcentuales frente al mes previo. Por otra parte, un 7% de los mensajes apoyó la expulsión de los colectivos migrantes. Un 3% de los comentarios notificados incitó de manera directa a la violencia. Según lo consignado por el Observatorio, el 63% de los mensajes de discurso de odio dirigidos a personas extranjeras tuvo como objetivo a quienes provienen del norte de África.

El informe de Oberaxe recogió también un dato relevante sobre islamofobia: los mensajes hostiles contra personas musulmanas alcanzaron el 30% del total en febrero, cifra que duplica la tasa del mes anterior, cuando se situó en el 14%. Este incremento, publicado por el observatorio, se asocia al inicio del Ramadán y al auge del debate político y social acerca del uso del burka en lugares públicos. Los mensajes contra personas afrodescendientes disminuyeron hasta el 11% —frente al 15% del mes previo—, según publicó Oberaxe.

El estudio remarcó la reacción de las principales redes sociales ante la denuncia de estos contenidos. Durante febrero de 2026, las plataformas eliminaron el 45% de los mensajes denunciados, un descenso respecto al 57% retirado en enero. De los mensajes suprimidos, un 11% fue retirado durante la primera semana y un 34% tras haberse notificado como institución o como verificador de confianza, apunta el Observatorio.

La eficacia de cada red social en la eliminación de mensajes de odio varió, publicó Oberaxe en su boletín mensual. TikTok eliminó el 81% de los contenidos reportados, el 52% de ellos en menos de 24 horas. En la plataforma X (antes Twitter), la tasa de retirada fue del 64%, llegando al 100% cuando la notificación fue gestionada vía trusted flagger. Instagram suprimió el 30% de los mensajes reportados, registrando una mejoría del 16% respecto a su desempeño en enero. Facebook retiró el 26% de los contenidos señalados; de ellos, el 79% fue gestionado mediante la vía de verificador de confianza. Por último, Youtube removió el 9% de los mensajes notificados, de los cuales el 80% respondió también a notificaciones vía trusted flagger, según describió el Observatorio.

Oberaxe resaltó la actividad del sistema FARO, una herramienta basada en inteligencia artificial destinada al filtrado y análisis de odio en redes sociales. El sistema identificó un total de 37.477 comentarios discriminatorios en febrero, representando un aumento del 6,2% respecto al mes precedente, reportó el organismo.

En lo referente al contenido de los mensajes analizados, Oberaxe identificó que el 50% hacía referencia a cuestiones de inseguridad ciudadana, atribuyendo a personas extranjeras hechos agresivos o delictivos. Esta cifra marcó un descenso de cuatro puntos porcentuales respecto a enero, aunque el Observatorio advirtió sobre el empleo de argumentos vinculados a la seguridad ciudadana para nutrir discursos xenófobos y racistas y reforzar prejuicios basados en información falsa que incide en la opinión pública.

El ámbito deportivo ocupó el 20% de la conversación digital analizada en el boletín, con un incremento de 3 puntos respecto al mes anterior. Entre los acontecimientos destacados, Oberaxe citó el partido entre Real Madrid y Benfica, interrumpido tras la activación del protocolo antirracista por insultos al jugador Vinicius. El organismo señaló que esta situación incentivó una oleada de mensajes de odio, sumándose a los comentarios que generaron publicaciones vinculadas con Lamine Yamal y el Ramadán.

El Observatorio también monitorizó el tratamiento de los mensajes respecto a la expulsión de colectivos extranjeros y el llamamiento a la violencia, resaltando que pese a que la proporción de llamados a expulsión alcanzó el 7% y los incitadores de violencia el 3%, el grueso de los mensajes registrados en redes sociales sigue recayendo sobre la estigmatización y amenaza percibida de determinados colectivos.

Según publicó Oberaxe, la instrumentalización del debate público —ya sea por medidas regulatorias en materia migratoria o discusiones asociadas a símbolos religiosos como el burka— se refleja de manera nítida en el volumen y la dirección de los discursos negativos, especialmente en el contexto del Ramadán, periodo en el que se ha registrado un notorio repunte de la hostilidad en redes hacia personas musulmanas.

La obligación de presentar una fianza de 15.000 dólares afecta ya a casi medio centenar de países, sumando a los 38 previos, a partir del 2 de abril, a otras doce naciones entre las que se encuentran Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Según consignó el medio, las autoridades estadounidenses prevén que este mecanismo incentive el cumplimiento de los plazos de estancia otorgados bajo los visados de turismo y negocios (categorías B1 y B2), permitiendo que el depósito sea devuelto a quienes respeten las condiciones del permiso o decidan no viajar, de acuerdo con lo publicado por el Departamento de Estado en un comunicado oficial.

Tal como informó la fuente, Estados Unidos ha decidido ampliar el programa de fianzas para visados con el objetivo de disuadir las estadías irregulares que superan el plazo autorizado. El Departamento de Estado ha señalado que este sistema busca reforzar los controles migratorios y reducir los costes que generan las deportaciones a cargo de fondos públicos estadounidenses. El propio Gobierno federal detalló que expulsar a una persona en situación irregular representa un desembolso promedio superior a los 18.000 dólares.

El medio añadió que la Administración estadounidense calcula que los contribuyentes podrían ahorrar hasta 800 millones de dólares (casi 698 millones de euros) anuales, recursos que de otro modo se asignarían a gestionar la salida forzosa de quienes sobrepasan la duración permitida por sus visados. Según el último balance dado a conocer por las autoridades federales, el programa ya se ha aplicado a cerca de 1.000 extranjeros desde su implantación. El 97% de ellos regresaron a sus países de origen de manera puntual tras visitar Estados Unidos bajo esta modalidad de visado. No obstante, durante el último año del Gobierno de Joe Biden, se identificó que 44.000 personas procedentes de los 50 países incluidos en la lista permanecieron en el territorio estadounidense más tiempo del autorizado.

El Departamento de Estado aclaró que esta política se extenderá a un total de 50 países, incorporando a los nuevos doce y manteniendo en vigor la obligación de la fianza en otras 38 naciones, como Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

El comunicado oficial publicado por la Administración estadounidense insiste en que quienes cumplan con los requisitos del visado y retornen dentro de los plazos previstos recibirán el reembolso íntegro de la fianza depositada. También puntualiza que la medida estará vigente tanto para viajes de turismo como para asuntos empresariales bajo las categorías B1 y B2 de visados.

La ampliación del sistema de fianzas podría extenderse a más países en un futuro, advirtió el Departamento de Estado. El Ejecutivo defendió que medidas como esta permiten evitar cargas adicionales al presupuesto público derivadas de los costes que implica proceder a la expulsión de ciudadanos extranjeros que no respetan los plazos de sus permisos de estancia.

El mecanismo de fianzas para visados, según reportó el medio, está diseñado para reducir las oportunidades de fraude y mejorar la gestión de los flujos migratorios temporales hacia Estados Unidos, especialmente entre ciudadanos de países con elevados índices históricos de personas que han excedido el tiempo permitido de permanencia bajo permisos de entrada temporales.

El sistema de reembolso incluye también a quienes, aun tras obtener el visado y haber depositado la fianza, decidan no concretar su viaje a territorio estadounidense. Por otro lado, el Departamento de Estado aclaró que el monto de la fianza, equivalente a 13.000 euros, se fija con base en el coste estimado que generan los procedimientos de expulsión y actúa como incentivo financiero para el cumplimiento de los términos del visado.

El Gobierno estadounidense concluyó que este procedimiento administrativo busca equilibrar la apertura al turismo y los negocios con la necesidad de asegurar que las estancias sean temporales y ajustadas a los límites legales establecidos en la normativa migratoria vigente.

La Administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su estrategia de blindaje fronterizo, esta vez centrándose en el control administrativo de los visitantes legales. El Departamento de Estado anunció este miércoles la incorporación de 12 nuevos países a un programa de fianzas obligatorias para solicitantes de visa, elevando a 50 el total de naciones bajo esta restricción. A partir del próximo 2 de abril, ciudadanos de países como Nicaragua, Georgia o Etiopía deberán depositar garantías de hasta 15.000 dólares antes de pisar suelo estadounidense, una medida que redefine el acceso al país bajo criterios estrictamente económicos y de riesgo migratorio.

El mecanismo, que se implementó inicialmente el año pasado, tiene como objetivo declarado combatir el fenómeno del overstay: personas que ingresan legalmente con visas de turismo o negocios, pero que no abandonan el país al expirar su permiso. Según el aviso oficial, los montos de las fianzas —fijados en 5.000, 10.000 o 15.000 dólares— quedarán a discreción del funcionario consular, quien evaluará las circunstancias particulares de cada solicitante. Este depósito se reembolsa íntegramente si la visa es denegada o si el visitante cumple rigurosamente con los plazos de salida estipulados.

La ampliación del listado refleja una geografía de la desconfianza migratoria que afecta principalmente a naciones en vías de desarrollo. Entre los nuevos integrantes destacan Camboya, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez, además de la ya mencionada Nicaragua. Esta última incorporación resulta especialmente significativa en el contexto centroamericano, donde la presión migratoria hacia el norte ha sido una constante tensión política para Washington. Al incluir a Nicaragua, la administración envía una señal clara de que la vigilancia no se limita a la frontera física, sino que comienza en los consulados.

El Departamento de Estado defiende la eficacia de esta política basándose en resultados preliminares. Según datos oficiales, casi el 97% de las aproximadamente 1.000 personas que ya han pasado por este proceso cumplieron con los términos de su estancia y abandonaron el país a tiempo. Para el Gobierno, esta cifra justifica la expansión del programa como una herramienta “disuasoria y efectiva” para reducir la inmigración irregular que se origina por vías legales, un flanco que a menudo queda fuera de los titulares centrados en los cruces fronterizos terrestres.

Sin embargo, la medida no está exenta de críticas por su carácter excluyente. Al exigir sumas que superan con creces el ingreso anual per cápita de muchos de los países afectados, el programa de fianzas actúa de facto como un filtro de clase. En naciones como Etiopía o Lesoto, el depósito de 15.000 dólares representa una barrera infranqueable para la mayoría de la población.

El despliegue cronológico del programa ha sido incesante desde finales de 2025. Países como Gambia, Zambia o Tanzania fueron de los primeros en experimentar estas restricciones, seguidos por una oleada masiva en enero de 2026 que incluyó a gran parte de África Occidental y el Caribe. Con la entrada en vigor de los nuevos 12 países en abril, Washington consolida un sistema de “visas garantizadas” que busca externalizar la responsabilidad del control migratorio al propio ciudadano, utilizando el patrimonio personal como fianza de su retorno.

El Departamento de Estado de Estados Unidos adoptó una nueva política migratoria que impactará desde el 2 de abril a viajeros de 12 países, incluidos solicitantes de Nicaragua, quienes deberán pagar una fianza de $15,000 para tramitar visas de turismo o negocios tipo B1 y B2.

Esta medida, orientada a desincentivar la permanencia ilegal tras el vencimiento de la visa de los viajeros, busca reducir los gastos públicos asociados a procesos de deportación, según informaron las autoridades.

Además de Nicaragua, el requisito se extiende a naciones como Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez, todos ahora obligados a presentar este depósito como condición previa a la aprobación de su solicitud.

La política prevé que el monto será restituido únicamente a quienes comprueben su salida de Estados Unidos antes de la fecha límite establecida en el documento migratorio, mientras que quienes incumplan la normativa verán su depósito empleado para financiar los costos operativos del proceso de deportación.

El costo medio para expulsar a una persona del país asciende a $18,000, de acuerdo con cifras del Departamento de Estado. Las autoridades estiman que la aplicación de este sistema, es un ahorro para los contribuyentes estadounidenses podría alcanzar los $800 millones anuales, considerando la magnitud de casos que involucran procesos de repatriación.

Ya son 50 los países sujetos al pago de fianza para visas ante Estados Unidos

Con la reciente suma de estos 12 países, la lista de naciones cuyos ciudadanos enfrentan el requisito de la fianza llega a 50. Entre otros, se incluyen a Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladés, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

El Gobierno estadounidense sostiene que, desde la implementación de este esquema de fianzas, casi 1,000 extranjeros recibieron visas bajo la modalidad y el 97% retornó puntualmente a su país de origen, dato que, en palabras del Departamento de Estado, evidencia la eficacia de la estrategia para fomentar el cumplimiento de los plazos migratorios.

Esta política migratoria forma parte de un paquete amplio de restricciones impulsado durante la Administración de Donald Trump. Además de la introducción del depósito obligatorio, la Casa Blanca implementó vetos adicionales para la emisión de visas y restricciones severas al acceso al asilo, con el propósito declarado de limitar el flujo migratorio.

Sanciones a empresarios y funcionarios nicaragüenses

A finales de 2025, las autoridades estadounidenses ampliaron su respuesta ante el aumento de la migración irregular desde Nicaragua, al imponer sanciones a empresarios y funcionarios acusados de facilitar la salida ilegal de migrantes. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, comunicó a través de una nota oficial que la administración de Donald Trump determinó la revocación de visas a individuos en Nicaragua identificados como facilitadores conscientes de la inmigración ilegal.

Entre los sancionados figuran propietarios, ejecutivos así como altos funcionarios de compañías dedicadas al transporte, agencias de viajes y operadores turísticos vinculados con rutas migratorias irregulares, aunque las autoridades no difundieron nombres específicos.

Durante el año fiscal 2024, Estados Unidos alcanzó un máximo histórico en deportaciones, con 271,484 personas expulsadas, según informes de investigaciones internacionales citados por publicaciones locales. Este nivel representa un aumento significativo, casi el doble respecto al año previo, y coincide con el incremento de detenciones en la frontera. Diversas fuentes sostienen que, tras la entrada en vigor de las nuevas políticas migratorias y el endurecimiento de los controles, las autoridades han priorizado la remoción de migrantes permanecientes fuera de estatus, lo que ha repercutido directamente en estas cifras.

El plan de Íkualo concentra sus expectativas en canalizar cerca de 100 millones de euros en transacciones digitales para el año 2026, una meta que la empresa considera alcanzable tras la implementación de su nueva red regulada de envíos de dinero desde Europa hacia Venezuela y Cuba. Según detalló el medio Europa Press, Íkualo vislumbra movilizar más de 50 millones de euros en remesas exclusivamente hacia ambos países durante ese periodo, con la intención de atender a alrededor de 30.000 usuarios activos pertenecientes a estas comunidades.

De acuerdo con Europa Press, Íkualo, fintech española especializada en soluciones financieras para inmigrantes, inauguró esta semana su plataforma de remesas digitales, que ya funciona en toda Europa. A través de una infraestructura regulada bajo los parámetros de la Unión Europea, la compañía busca ofrecer una alternativa segura frente a los canales informales que predominan por las restricciones financieras locales e internacionales. La empresa argumenta que millones de venezolanos y cubanos residen actualmente en distintos países europeos y, ante la falta de medios digitales y formales para transferir dinero, recurren a opciones poco supervisadas.

De acuerdo con el fundador y consejero delegado de Íkualo, Harold Correa, citado por Europa Press, "los migrantes envían miles de millones de euros cada año a sus familias. Sin embargo, una parte significativa de esos flujos sigue circulando fuera del sistema financiero formal. Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa regulada, segura y digital que reduzca fricciones y costes". Esta afirmación da cuenta del enfoque de la compañía en transformar el mercado de las remesas, favoreciendo la inclusión y la transparencia financiera.

Europa Press también señaló que la alianza de Íkualo con RevoluPay ha facilitado la operativa internacional, dado que esta colaboración proporcionó la base regulatoria esencial para cumplir con los estándares exigidos por la Unión Europea en materia de cumplimiento y seguridad jurídica. A partir de este marco, la empresa ha detallado que su servicio permite operar con fiabilidad y dentro de los límites normativos establecidos en todo el territorio europeo.

Enmarcada en una nueva hoja de ruta estratégica, la fintech ha anunciado que esta fase centrada en atender a los destinos de Cuba y Venezuela se engloba en un programa más amplio. Este plan contempla la expansión hacia otros corredores de Latinoamérica, la optimización de márgenes y la consolidación de la rentabilidad de la empresa, según publicó Europa Press. La dirección de Íkualo estudia incorporar un número limitado de socios financieros y estratégicos, en búsqueda del capital y la experiencia necesarios para sostener un crecimiento global.

La iniciativa de Íkualo pretende encontrar soluciones para una problemática recurrente entre las poblaciones migrantes: la dificultad de enviar recursos a sus familiares de forma accesible y conforme a la ley. Europa Press consignó que las limitaciones impuestas por los sistemas bancarios de destino y las sanciones internacionales fomentan la proliferación de alternativas informales, que en muchos casos pueden implicar altos costos y riesgos de seguridad. La propuesta de la fintech se fundamenta en cubrir estas lagunas mediante tecnología y un marco normativo claro.

Este lanzamiento representa un paso relevante dentro del sector de remesas internacionales, segmento clave para muchas comunidades migrantes en Europa. Las perspectivas cuantitativas proporcionadas por la compañía —con previsión de superar los 50 millones de euros canalizados hacia Cuba y Venezuela en 2026— dejan entrever el peso económico de este fenómeno y el espacio de desarrollo para nuevos actores financieros.

La fusión de tecnología, regulación y alianzas estratégicas como la establecida con RevoluPay ha permitido a Íkualo ofrecer un servicio dirigido a cubrir necesidades reales de quienes, por diversas circunstancias, carecen de acceso a sistemas formales para transferencias internacionales. Europa Press informó que la propuesta no solo busca transformar la experiencia del usuario migrante, sino también cimentar la consolidación y expansión del negocio de remesas en el ámbito global. Las estimaciones sobre el número de usuarios activos y el volumen de transacciones previsto reflejan la apuesta de la compañía por un crecimiento sostenido dentro de la comunidad latinoamericana en Europa y, a mediano plazo, en otros mercados emergentes.

Según explicó en Canal N, una política de este tipo podría replicar escenarios ya vistos cuando Kast aún era candidato. “Se amontona mucha gente en la frontera”, señaló, al advertir que el cierre o endurecimiento del paso podría provocar que cientos de personas intenten cruzar hacia territorio peruano. Esto abriría un escenario complejo para las autoridades, que tendrían que decidir qué hacer con esos grupos y cómo gestionar su retorno.

Escobar remarcó que este tipo de situaciones no solo generan tensión operativa, sino también humanitaria, debido a la falta de mecanismos claros para atender a los migrantes varados en zonas fronterizas.

Un muro de 500 kilómetros como promesa política

El plan contempla la construcción de una barrera física compuesta por muros y zanjas a lo largo de cerca de 500 kilómetros. Para Escobar, se trata de una medida que responde directamente a una de las principales promesas de campaña de Kast: combatir la migración irregular y la delincuencia.

El propio mandatario chileno ha supervisado las obras en la frontera norte, acompañado de ministros y maquinaria pesada. Durante su visita, aseguró que el Estado actuará con firmeza frente a quienes intenten ingresar irregularmente. “Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado”, advirtió.

Para el internacionalista, este despliegue también tiene un componente político y comunicacional. Considera que el presidente busca mostrar resultados rápidos ante su electorado, en un contexto que describió como una “luna de miel política”.

Sin embargo, cuestionó la magnitud de la intervención. A su juicio, se trata de una medida “demasiado aparatosa”, especialmente si se compara con los niveles de criminalidad en Chile, que, según indicó, siguen siendo menores frente a otros países de la región.

Impacto limitado y cuestionamientos desde el derecho internacional

Más allá del impacto político, Escobar puso en duda la efectividad real del plan. Recordó que la migración irregular en Chile ya había disminuido en el último año sin necesidad de implementar este tipo de barreras físicas, lo que refuerza la idea de que existen alternativas menos drásticas.

Desde el punto de vista legal, precisó que la construcción del muro no vulnera tratados bilaterales, ya que se realiza dentro del territorio chileno. No obstante, advirtió que sí podría entrar en conflicto con estándares internacionales de derechos humanos.

En ese sentido, consideró que una política migratoria basada en la contención física no necesariamente responde a un enfoque integral. Para el analista, el desafío radica en desarrollar estrategias más “inteligentes” que permitan gestionar los flujos migratorios sin generar efectos colaterales en países vecinos.

Perú ante un posible efecto rebote migratorio

El eventual impacto en Perú es uno de los puntos que genera mayor preocupación. Escobar subrayó que el país ya enfrenta una situación compleja debido a sus “fronteras porosas”, lo que facilita el ingreso irregular de personas.

En ese contexto, una política restrictiva en Chile podría empujar a los migrantes hacia territorio peruano, incrementando la presión sobre las autoridades locales. El especialista recordó que, en situaciones de alta concentración de personas, surge el problema de cómo gestionar su permanencia o retorno, especialmente en el caso de ciudadanos venezolanos.

También advirtió que, aunque los flujos migratorios pueden generar percepciones de inseguridad, estos fenómenos deben analizarse con cuidado. Señaló que, si bien existen casos de delincuencia, muchos migrantes también son víctimas, incluso dentro de sus propias comunidades.

Finalmente, cuestionó la viabilidad de propuestas como la expulsión masiva de extranjeros en situación irregular. A su juicio, se trata de una meta difícil de cumplir en la práctica, incluso a lo largo de todo un periodo de gobierno.

Entre las distintas medidas implementadas con financiación europea, los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) han atendido desde 2022 a 260.156 personas y documentado a 126.396, en instalaciones situadas en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga. Estas cifras reflejan el alcance de los proyectos desarrollados con el apoyo del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), cuya aportación extra a España de 244 millones de euros eleva el total asignado hasta los 812 millones desde el inicio del programa, según publicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta nueva contribución representa un incremento del 68% respecto a la asignación inicial de 482 millones prevista en 2022 y forma parte de la quinta modificación presupuestaria del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración para el periodo 2021-2027, tal como detalló el Ministerio.

De acuerdo con lo difundido por el Ministerio español, la cifra global financiada para políticas migratorias y de asilo en España se aproxima a los 900 millones de euros. Este total contempla también los 82 millones provenientes en el mismo periodo del denominado mecanismo temático del Fondo FAMI, dedicado a dar respuesta a prioridades estratégicas y a necesidades urgentes. Las actuaciones asociadas a estas partidas presupuestarias se concentran mayoritariamente en la Secretaría de Estado de Migraciones.

El medio reportó que la Comisión Europea ha señalado el año 2026 como fecha prioritaria para destinar fondos a la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) en todos los países miembros de la Unión Europea. En ese contexto, la nueva asignación del Fondo FAMI en España dirigirá 129,5 millones de euros específicamente a desplegar el pacto en el ámbito nacional. El objetivo principal del FAMI consiste en mejorar la gestión de los flujos migratorios y fortalecer el desarrollo de una política común de inmigración y asilo en Europa, con pleno respeto a los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Tal como ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Programa Nacional del Fondo en España y sus sucesivas modificaciones han canalizado recursos económicos para diversas operaciones y proyectos desde el año 2022. El respaldo a los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) surge como uno de los principales ejemplos en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo. Las instalaciones, creadas por el Ministerio tras la crisis de desplazados por la guerra en Ucrania, reciben financiación desde enero de 2023 para gastos como personal administrativo, técnicos y servicios de mantenimiento, gracias a los Fondos FAMI.

El medio apuntó también el apoyo del Observatorio Español del Racismo y Xenofobia (OBERAXE) con recursos provenientes de este Fondo. Las actividades de OBERAXE incluyen la recopilación y el análisis de datos sobre fenómenos de racismo y xenofobia en España. Los mismos fondos han permitido impulsar el Marco Estratégico de Ciudadanía, Inclusión y contra el Racismo y la Xenofobia, junto con la definición de indicadores para el seguimiento.

En la lista de proyectos respaldados por el Fondo FAMI se encuentran 22 iniciativas centradas en la prevención y protección de víctimas de trata de seres humanos y otras 52 en la prevención y protección de mujeres migrantes víctimas de la violencia de género, así como en la asistencia a sus descendientes. Según consignó el Ministerio, desde 2021, los recursos de este Fondo europeo también han respaldado convocatorias dirigidas a facilitar el retorno voluntario de personas provenientes de terceros países. Estos retornos contemplan la elaboración de itinerarios individualizados, que incluyen apoyo para el emprendimiento a través de formación en autoempleo y gestión empresarial, asistencia técnica y seguimiento durante la puesta en marcha de los proyectos asociados al proceso de retorno.

En el ámbito del reasentamiento de personas refugiadas, el Plan Nacional de Reasentamiento aprobado cada año por el Gobierno español ha recibido fondos europeos. Durante 2025, dicho Plan permitió el reasentamiento de 817 personas refugiadas que recibieron protección internacional en España. La mayoría de estas personas procedía del Líbano y Costa Rica, según informó el Ministerio.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, declaró que la ampliación presupuestaria supone “la confianza de las instituciones europeas en el modelo migratorio español” y consideró que el país se ha convertido en un referente internacional por combinar eficacia con un enfoque basado en derechos humanos, según destacó el medio.

La Comisión Europea, de acuerdo con el Ministerio, ha orientado los fondos adicionales y las futuras asignaciones presupuestarias al cumplimiento de los compromisos del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que establece líneas comunes de actuación a todos los Estados miembros en la materia. Los recursos aprobados permitirán seguir financiando medidas que abarquen asistencia humanitaria, protección internacional, apoyo a víctimas, integración e iniciativas de lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, en conformidad con los estándares europeos y las prioridades del Gobierno español.

Según difundió el Ministerio y recogieron diversos medios, estas partidas buscan responder a las complejidades de la movilidad internacional y las necesidades de las personas migrantes y refugiadas, consolidando la coordinación tanto a nivel nacional como comunitario, a través de programas estructurados y estrategias de inclusión adaptadas al contexto social actual.

La distribución de estos fondos y su impacto en los servicios públicos, la protección de derechos y la inclusión de personas migrantes, así como en la respuesta a situaciones de emergencia y desafíos migratorios en Europa, seguirá regulada según las reglas europeas y las prioridades definidas por la Comisión Europea y el Gobierno español.

El papa León XIV recibirá la Medalla de la Libertad en Filadelfia en vísperas del 4 de julio, pero no viajará a Estados Unidos durante las celebraciones del 250 aniversario del país. León XIV, el primer Papa nacido en Estados Unidos, aceptará el galardón mediante una transmisión remota desde Roma, según confirmó en un comunicado el Centro Nacional de la Constitución, el organismo que entrega el galardón todos los años.

El 3 de julio, la ceremonia se llevará a cabo en Independence Mall, el distrito histórico de Filadelfia donde se firmaron la Constitución y la Declaración de Independencia. El Papa será honrado por “una vida dedicada a promover la libertad religiosa y la libertad de conciencia y expresión en todo el mundo, ideales consagrados en la Primera Enmienda”, según la organización. Entre los asistentes habrá líderes cívicos, representantes religiosos y público general.

La Medalla de la Libertad, entregada anualmente a personas “de coraje y convicción” que promueven la libertad en el mundo, ha sido recibida en años anteriores por figuras como Volodimir Zelensky, Ruth Bader Ginsburg y John Lewis. Es la primera vez que un Papa recibe esta distinción, establecida en 1988 para conmemorar el bicentenario de la Constitución.

El papa León XIV, nacido Robert F. Prevost y criado en Chicago, estudió en la Universidad de Villanova antes de ejercer como misionero y obispo en Perú. Su elección como pontífice en mayo de 2025, tras la muerte de Francisco, marcó el inicio de un papado centrado en el diálogo interreligioso y la defensa de la libertad de conciencia. Ha buscado el acercamiento entre comunidades judía, musulmana y cristiana, y ha enfatizado la convivencia pacífica y la protección de los derechos religiosos.

A pesar de la invitación del presidente Donald Trump, el Vaticano confirmó que el Papa no viajará a Estados Unidos en 2026, año en el que tiene previsto un recorrido por Italia y visitas a cuatro países africanos. El 4 de julio, León estará en la isla italiana de Lampedusa, punto de llegada para migrantes africanos que buscan llegar a Europa. Su estancia en Lampedusa remite al viaje inaugural de su predecesor, Francisco, quien celebró una misa en ese lugar en 2013 sobre un altar construido con restos de barcos naufragados de migrantes.

La decisión de entregar la Medalla de la Libertad a un Papa estadounidense coincide con la vigencia de los debates sobre migración y libertad religiosa en Estados Unidos. En los últimos meses, León ha criticado aspectos de la política migratoria estadounidense y respaldó una declaración de los obispos católicos del país en contra de las deportaciones masivas y las condiciones en los centros de detención. El 18 de noviembre, el pontífice afirmó que tratar a migrantes con años de residencia “de una manera extremadamente irrespetuosa, por decir lo menos”, resulta inadmisible, e instó a las autoridades a actuar con dignidad en la aplicación de la ley.

En un caso reciente que atrajo atención internacional, un juez federal ordenó a las autoridades migratorias permitir el acceso de clérigos católicos a un centro de detención en Chicago para ofrecer servicios religiosos y apoyo espiritual a inmigrantes indocumentados detenidos.

La entrega del premio y la agenda del Papa reflejan una historia compleja entre la tradición católica y la identidad estadounidense. La relación entre la república y el Vaticano fue históricamente tensa, con oleadas de inmigrantes católicos en los siglos XIX y XX enfrentando sospechas y prejuicios sobre su lealtad política y cultural. El reconocimiento a León XIV, según Vince Stango, presidente interino del Centro Nacional de la Constitución, “responde a la necesidad de destacar los principios fundacionales y pluralistas” de Estados Unidos y a la contribución del pontífice a la defensa global de la libertad religiosa.

Las políticas migratorias del presidente Donald Trump prometieron una “fuerza laboral 100% estadounidense”. La realidad del campo estadounidense apunta en otra dirección: ante la escasez de trabajadores agrícolas provocada en parte por sus propias redadas, la administración está facilitando y abaratando la contratación de trabajadores extranjeros temporales, la mayoría de ellos mexicanos.

El mecanismo es el programa de visas H-2A, diseñado para cubrir empleos agrícolas de temporada. En las últimas dos décadas, los puestos certificados bajo este esquema pasaron de 50 mil en 2005 a casi 400mil en 2025. Los trabajadores mexicanos representan la gran mayoría de ese flujo.

Las redadas que vaciaron los campos

Una encuesta reciente de la Oficina Agrícola de California y la Universidad Estatal de Michigan reveló que más del 14% de los agricultores reportó escasez de mano de obra directamente relacionada con las redadas y la ansiedad generada por el endurecimiento migratorio. En cultivos intensivos como frutas y verduras, esa cifra alcanzó casi el 20%.

El propio Departamento de Trabajo estadounidense reconoció el problema y la dificultades que se presentan para encontrar trabajadores: la paralización de la entrada de migrantes indocumentados, combinada con la falta de mano de obra legal disponible, genera trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad del suministro de alimentos, afectando principalmente a los consumidores estadounidense.

El costo para los trabajadores mexicanos

Los cambios al programa H-2A no solo amplían el flujo de visas, sino que recortan salarios. Según estimaciones, las tarifas por hora bajaron entre 1 y 7 dólares dependiendo del estado. El Instituto de Política Económica calculó que los recortes representan una reducción de 2,000 millones de dólares anuales en los salarios de trabajadores temporales.

Una entrevista realizada por The New York Times narró la experiencia de María, una trabajadora agrícola mexicana en Idaho con casi tres décadas de experiencia, lo vive en carne propia: su salario podría bajar de 17 a 11 dólares por hora. Para compensar las horas perdidas ya recurre a vender tamales. Su hijo estadounidense de 17 años ni siquiera pudo conseguir trabajo en el campo: le dijeron que ya no necesitaban adolescentes con tantos trabajadores H-2A disponibles.

¿Qué significa esto para México?

El debate tiene implicaciones directas para los miles de mexicanos que cada año tramitan visas H-2A o trabajan de forma indocumentada en el campo estadounidense. Por un lado, el programa se expande y ofrece una vía legal de empleo. Por el otro, los salarios bajan, las condiciones se precariza y la dependencia de un sistema que puede cambiar con cada administración se profundiza.

Como señaló un economista de la Universidad de California, Davis: reducir salarios no traerá más estadounidenses al campo. Solo hará que los agricultores dependan más de trabajadores temporales, mecanización e importaciones.

La derogación de la ley de memoria democrática en Baleares y el debate sobre la gestión de los menores migrantes no acompañados en Canarias han visibilizado la influencia de Vox en las políticas regionales, según las declaraciones realizadas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Estas acciones, impulsadas desde gobiernos autonómicos en los que el Partido Popular depende del apoyo del partido de ultraderecha, han generado interrogantes acerca del impacto de los pactos postelectorales entre ambas formaciones. El medio Europa Press reportó que Torres cuestionó directamente si al PP le resultan útiles los adelantos electorales convocados en distintas regiones, dado que, a su juicio, continúan sujetos a las condiciones impuestas por Vox.

Durante su participación en el 'Foro Horizonte RUP', Torres reconoció el ascenso electoral del Partido Popular, pero remarcó que este crecimiento va acompañado del fortalecimiento de Vox. Según Europa Press, el ministro subrayó cómo esta relación de dependencia condiciona decisiones clave en comunidades autónomas como Baleares, donde se procedió a derogar la normativa de memoria democrática. Torres manifestó que este tipo de iniciativas evidencian el peso de la ultraderecha en la política autonómica y el retroceso en la protección de la memoria histórica.

Con respecto al futuro de las regiones ultraperiféricas, Torres enfatizó la discrepancia entre los planteamientos centralistas de Vox y las necesidades de territorios como Canarias. De acuerdo con el medio Europa Press, el ministro planteó la cuestión de qué opinión mantiene el PP sobre las regiones ultraperiféricas europeas en el contexto de su alianza con una formación que aboga por el centralismo y la toma de decisiones desde Madrid.

El asunto migratorio también ocupó parte central de las declaraciones de Torres, quien mencionó ante Europa Press la posibilidad de que el PP tuviese que definir su postura sobre los menores migrantes no acompañados en caso de gobernar conjuntamente con Vox a nivel estatal. Vox propone procedimientos como la deportación, lo que, en palabras del ministro y en referencia al derecho internacional, no resulta viable legalmente, o bien dejar a estos menores en la frontera, situaciones que generan dilemas humanitarios y legislativos.

Torres expresó que, "en los lugares como Canarias, es donde se hace más claro lo importante que son gobiernos que apuesten por la descentralización y cada una de las comunidades autónomas", consignó Europa Press. El ministro destacó la importancia de que las comunidades mantengan la capacidad de responder a sus desafíos particulares, frente a propuestas centralistas que, a su juicio, no contemplan esas especificidades territoriales.

En el repaso de resultados electorales en Castilla y León, Torres valoró la campaña de Carlos Martínez, candidato socialista, destacando que la formación logró aumentar su presencia parlamentaria en dos escaños, según publicó Europa Press. El ministro subrayó que, pese a las previsiones que auguraban una disminución del apoyo al PSOE, los resultados reflejaron un incremento, lo que, en sus palabras, refuta las predicciones de una debacle para el partido en esa comunidad.

Europa Press detalló que las declaraciones de Torres giraron en torno a la combinación de factores que están configurando los acuerdos políticos autonómicos, en especial la influencia que Vox ejerce sobre las decisiones del Partido Popular cuando se forjan pactos que otorgan a la ultraderecha margen para impulsar medidas que transforman políticas en ámbitos como la memoria histórica y la gestión migratoria. Torres también hizo referencia a la importancia de los gobiernos que defienden la descentralización administrativa, frente a modelos centralistas que pueden no responder adecuadamente a las necesidades concretas de regiones como las Islas Canarias o Baleares.

El contexto de estos comentarios recae sobre los últimos movimientos de Vox y PP en distintas regiones de España, en especial tras adelantos electorales autonómicos que, de acuerdo con Torres y según reflejó Europa Press, no han modificado la dependencia del PP respecto a los acuerdos y exigencias de Vox para acceder al poder institucional en diversas autonomías.

El inicio del proceso de regularización de migrantes en España se producirá en los primeros días de abril y estará abierto hasta el 30 de junio, según detalló Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Saiz explicó que la administración ha diseñado un procedimiento mixto, tanto telemático como presencial, y ha insistido en que se evitarán colapsos en las embajadas gracias a la colaboración con diferentes instituciones y entidades. La ministra reiteró la expectativa de que unas 500.000 personas puedan regularizar su situación en el país en este plazo, e instó a las comunidades autónomas a asumir plenamente su corresponsabilidad en la respuesta a este proceso. De acuerdo con una entrevista recogida por Europa Press y difundida por el medio, Saiz rechazó temores de saturación en el sistema administrativo y lamentó la persistencia de discursos antiinmigratorios en diversas fuerzas políticas.

Según informó Europa Press, la regularización de migrantes forma parte de las políticas que el Ejecutivo español está llevando adelante durante una coyuntura global caracterizada por cambios geopolíticos y tensiones internacionales. La responsable gubernamental destacó que España se encuentra "mucho mejor" preparada para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán que ante la invasión rusa de Ucrania en 2022. Saiz manifestó durante la entrevista en Catalunya Ràdio que tanto el Gobierno como la sociedad han realizado "los deberes" en materia de autonomía energética y diversificación del suministro energético, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta y resiliencia ante eventuales crisis. Enfatizó que estas medidas reducen la vulnerabilidad frente a fluctuaciones en los mercados internacionales y permiten una reacción más sólida frente a escenarios adversos derivados del conflicto en Oriente Próximo.

Consultada acerca de las medidas específicas que prepara el Ejecutivo ante un posible incremento de los precios energéticos y su impacto en sectores productivos y en los consumidores, la ministra explicó que el Gobierno está trabajando en dos vertientes. Por un lado, se aplicarán medidas de carácter estructural, enfocadas en acelerar la transición ecológica y mejorar la autonomía energética. Por otro, se contemplan actuaciones más focalizadas dirigidas a los sectores especialmente afectados por la subida de precios, como la agricultura y el transporte. Saiz señaló a Europa Press que la aprobación de estas políticas ocurrirá "tan pronto como sea posible", subrayando la prioridad de mantener la estabilidad y el control de precios ante posibles repuntes derivados de la situación internacional.

Durante la conversación, la portavoz del Gobierno también abordó la reciente presentación de la herramienta digital ‘HODIO’, puesta en marcha esta semana contra el odio en entornos digitales. Saiz consideró llamativo el revuelo que ha generado la iniciativa y defendió su utilidad frente a casos de vulneración de derechos en redes sociales. Preguntó a quienes han hecho mofa de la herramienta “si acaso les molesta que se intente trabajar para que a las niñas que suban una foto en TikTok la inteligencia artificial no les desnude o que al migrante que viene a desarrollar su proyecto de vida se le ponga el foco en redes sociales como pasó en Torre Pacheco, denigrándoles con discursos que deshumanizan”. El medio Europa Press incluyó estas declaraciones para ilustrar el alcance de las acciones emprendidas contra la discriminación y los discursos de odio en plataformas digitales.

Respecto al traspaso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para Cataluña, aspecto que actualmente afecta la negociación de los Presupuestos catalanes, Saiz aclaró que “no hay acuerdo” en este momento. Según publicó Europa Press, la ministra subrayó que continúan trabajando para encontrar puntos de entendimiento que acerquen posturas entre las partes implicadas. El traspaso fiscal resulta un punto de fricción en las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, y las negociaciones se mantienen abiertas con el objetivo de alcanzar un consenso en el marco presupuestario vigente.

Saiz fue preguntada también por la relación entre el Ejecutivo y Junts, formación política que recientemente ha roto acuerdos con los socialistas. Sobre este tema, la ministra enfatizó que el Gobierno mantiene su apuesta por el diálogo como herramienta principal en la búsqueda de acuerdos y mantiene la mano tendida a los representantes de Junts, liderados por Carles Puigdemont. Europa Press consignó que la disposición al diálogo sigue siendo el eje de la estrategia política del Ejecutivo en el contexto de las alianzas parlamentarias y la aprobación de iniciativas legislativas.

Por último, la ministra reiteró la importancia de la corresponsabilidad institucional y social para afrontar tanto los retos migratorios como las situaciones derivadas de las crisis internacionales. Según Europa Press, Saiz insistió en que el objetivo del Gobierno es dotar a España de mecanismos robustos de gestión y protección tanto para sus ciudadanos como para quienes lleguen al país, y reconoció la complejidad del escenario global en el que se inscriben estas políticas.

En medio de una creciente ola de fraudes migratorios en Estados Unidos, una madre hondureña perdió 15,000 dólares tras ser víctima de una red de estafas que simulan audiencias judiciales migratorias en Baltimore, Maryland. El caso ha generado inquietud entre organizaciones de defensa y líderes comunitarios por la sofisticación de estos crímenes, que utilizan tecnología y manipulación psicológica para explotar la esperanza de reunificación familiar de la comunidad latina.

La víctima, identificada por razones de seguridad solo como Sady Giseel, fue contactada por individuos que le prometieron la liberación de su esposo detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los estafadores organizaron una falsa audiencia virtual en la que participaron actores haciéndose pasar por juez, fiscal e intérprete, y presentaron documentos aparentemente oficiales con sellos y terminología legal.

Según testimonios recogidos por el medio Univision Washington D.C. , la mujer, impulsada por la urgencia de liberar a su esposo, accedió a transferir la suma exigida, recurriendo incluso a préstamos familiares en Honduras.

El dinero desapareció en cuentas bancarias imposibles de rastrear, y el esposo permanece en custodia de ICE, mientras la familia enfrenta ahora una deuda considerable y el futuro de sus hijos ha quedado comprometido. “Me mostraron documentos con sellos, me hablaron en términos legales que no entendía, y vi una pantalla que parecía una oficina de gobierno”, relató la víctima.

Las nuevas tácticas de fraude migratorio: inteligencia artificial, manipulación y vulnerabilidad comunitaria

Diversos expertos y defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la sofisticación de estas estafas ha aumentado en los últimos años, impulsada por el uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Kelli Ortega, abogada de inmigración consultada por Univisión Noticias, explicó que los criminales ahora clonan voces de familiares, generan documentos digitales idénticos a los formularios oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y rastrean redes sociales para recabar información sobre personas detenidas.

“Ya no te llaman solo para amenazarte con la deportación; ahora te ofrecen ‘ayuda’ personalizada. Usan información que obtienen de redes sociales para saber quién está detenido y contactar a sus esposas o madres con detalles específicos que hacen que el engaño parezca real”, afirmó Ortega.

Consecuencias económicas, emocionales y medidas de prevención ante el fraude migratorio

El impacto de estos fraudes trasciende la pérdida económica. El dinero entregado por la madre hondureña, que ascendía a 15,000 dólares, representaba los ahorros familiares destinados a la educación de los hijos y el pago de deudas en Honduras.

Por lo que, el daño psicológico también es considerable: las víctimas suelen experimentar culpa, angustia y una profunda sensación de desesperanza tras descubrir el engaño.

Frente a este panorama, expertos y organizaciones recomiendan a la comunidad migrante tomar precauciones concretas. Las agencias federales y estatales no solicitan pagos inmediatos por teléfono ni por aplicaciones como Zelle o Venmo, ni aceptan transferencias a cuentas personales.

Los pagos de fianzas se realizan solo a través de canales oficiales y rastreables. Además, el estatus de un detenido puede verificarse sin intermediarios mediante el sistema en línea de ICE o comunicándose directamente con el centro de detención. El caso de Sady Giseel ha visibilizado la magnitud del problema y motivado a otras familias a prestar mayor atención a las señales de alerta.

El Gobierno de Panamá aprobó un nuevo decreto ejecutivo que modifica varios artículos del Decreto Ejecutivo No. 6 de marzo de 2025, con el objetivo de ajustar los requisitos migratorios del Permiso de Protección de Seguridad Humanitaria y ampliar el plazo para presentar solicitudes.

La norma, firmada por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Seguridad Pública Frank Ábrego, introduce cambios en los artículos 2, 5, 9 y 12 del decreto original, además de extender por un año adicional el periodo para que personas extranjeras en condición migratoria irregular puedan aplicar al beneficio.

El Decreto Ejecutivo No. 5 de 2026 surge tras una evaluación técnica del Gobierno, que concluyó que era necesario ajustar algunos requisitos administrativos y ampliar el plazo de aplicación para mejorar la eficiencia del sistema migratorio.

El decreto original de marzo de 2025 creó este permiso especial para extranjeros que permanecían en el país sin estatus migratorio regular pero que habían residido al menos un año en el territorio panameño al momento de su entrada en vigor.

La nueva norma mantiene ese principio central, pero introduce modificaciones en los procedimientos y condiciones de aplicación.

Uno de los cambios más relevantes se encuentra en el artículo 2, que redefine los requisitos para solicitar el permiso humanitario. Entre los documentos exigidos figuran un poder y solicitud mediante apoderado legal, dos fotografías tamaño carné, copia completa del pasaporte debidamente notariado y comprobantes de domicilio en Panamá.

Además, el solicitante deberá presentar certificado de antecedentes penales de su país de origen, una declaración jurada de antecedentes personales, un certificado de salud expedido por un profesional idóneo y copia del registro de mano de obra migrante ante el Ministerio de Trabajo, salvo en el caso de estudiantes, jubilados o dependientes.

El decreto también establece que el Servicio Nacional de Migración podrá someter a los solicitantes a una entrevista o evaluación adicional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para determinar si procede la aprobación, cancelación o negación del permiso.

Este punto modifica el artículo 5 del decreto original, incorporando un mecanismo de evaluación discrecional que no estaba detallado de la misma manera en la normativa anterior. La medida busca fortalecer los controles administrativos y de verificación en el proceso migratorio.

Otro cambio importante aparece en el artículo 9, que regula las condiciones para solicitar la prórroga de seis años del permiso. En esta etapa, los solicitantes deberán presentar nuevamente varios documentos actualizados, incluyendo historial de antecedentes penales y policivos emitido por la Policía Nacional, comprobante de seguro social o declaración de renta, así como evidencia de arraigo laboral o fiscal en el país.

También se mantiene la exigencia de certificado de salud, declaración jurada de antecedentes y documentos que acrediten residencia en Panamá.

En materia de costos administrativos, el decreto establece pagos específicos asociados al trámite migratorio. Los solicitantes deberán cancelar $250.00 en concepto de servicio migratorio, además de $100.00 por carné y visa múltiple, y $100.00 adicionales por el permiso de trabajo emitido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

En el caso de menores de edad, los pagos se limitan al carné y visa múltiple, mientras que los trámites relacionados con el permiso laboral aplican únicamente para adultos que desarrollen actividades económicas en el país. i

El artículo 12, también modificado por la nueva norma, introduce cambios en los requisitos para solicitar la residencia permanente una vez obtenido el permiso humanitario. Entre las condiciones establecidas se incluyen demostrar arraigo familiar, presentar documentación por razones laborales o acreditar condición fiscal ante la Dirección General de Ingresos.

En algunos casos, los solicitantes deberán presentar declaraciones de renta recientes o documentación que respalde su actividad económica en Panamá, lo que apunta a reforzar el vínculo del solicitante con el país.

Además de los cambios administrativos, el decreto introduce una decisión clave: prorrogar por un año el plazo para presentar solicitudes del Permiso de Protección de Seguridad Humanitaria. Esta extensión permitirá que más extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular puedan regularizar su estatus dentro del sistema migratorio panameño.

Según el decreto, la prórroga busca optimizar los mecanismos de control migratorio, facilitar la regularización ordenada de extranjeros y garantizar una fiscalización más efectiva de quienes permanecen en el territorio nacional.

El nuevo decreto entrará en vigor a partir de su promulgación, según lo establece el artículo 7 del documento, publicado en la Gaceta Oficial No. 30482 del 13 de marzo de 2026.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca ajustar la aplicación del programa migratorio creado en 2025, manteniendo su objetivo inicial de regularizar a extranjeros en situación irregular, pero reforzando al mismo tiempo los controles institucionales y requisitos administrativos dentro del proceso.

Entre los detalles del operativo de rescate dirigidos desde el centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Almería, destaca que la embarcación Salvamar Gienah culminó la evacuación de 17 personas hacia la dársena de Motril pasadas las 22:30 horas. En esa terminal, los migrantes recibieron atención médica inicial antes de quedar bajo resguardo de la Policía Nacional. Según informó Europa Press con base en fuentes de Salvamento Marítimo, la acción se desplegó tras el aviso emitido por el buque mercante BBC Lima, que localizó la neumática a unas 40 millas náuticas al oeste de la isla de Alborán.

El operativo se inició a las 17:20 horas del miércoles, cuando el centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Almería recibió la alerta desde el BBC Lima sobre la presencia de una embarcación neumática en la zona. Además, el navío NACC Indian, que se encontraba en las inmediaciones, aportó datos para precisar la ubicación de la patera, lo que facilitó la intervención de los equipos de salvamento. De acuerdo con Europa Press, Salvamento Marítimo agradeció tanto al BBC Lima como al NACC Indian por su colaboración durante todo el proceso, información que compartió a través de sus redes sociales.

El rescate se completó a última hora del miércoles, poco antes de la medianoche, cuando la Salvamar Gienah concluyó la extracción de los 17 ocupantes del bote. Los rescatados, todos varones, llegaron al puerto de Motril sobre las 2:00 de la madrugada del jueves, según consignó Europa Press. Fuentes de Salvamento Marítimo indicaron que a su llegada todos se encontraban en aparente buen estado de salud. El procedimiento habitual en estos casos contempla una valoración médica en el puerto receptor y la posterior puesta a disposición de las autoridades policiales para la gestión de su situación administrativa en España.

La presencia de embarcaciones mercantes en la zona resultó decisiva para la pronta localización de la neumática, al aportar detalles precisos de su ubicación, según detalló Europa Press. El centro de coordinación de Salvamento Marítimo de Almería coordinó el despliegue de recursos y la comunicación entre los distintos participantes en el operativo, movilizando a los equipos especializados para la intervención en alta mar.

El Puerto de Motril, en la costa granadina, actúa de forma periódica como punto de recepción de migrantes rescatados en aguas próximas al mar de Alborán. Una vez en tierra firme, los protocolos implican la provisión de asistencia médica, así como la valoración del estado físico y la gestión legal correspondiente. Tanto la tripulación de la Salvamar Gienah como el personal de Salvamento Marítimo reiteraron el valor de la cooperación internacional en las tareas de socorro marítimo, utilizando sus canales oficiales para agradecer el apoyo logístico de las embarcaciones comerciales implicadas.

A lo largo del operativo reseñado por Europa Press, la actuación continuada del centro de Almería permitió mantener la comunicación directa con los navíos presentes en el área y la correcta gestión del tiempo de intervención, logrando la extracción de los migrantes antes de que la situación pudiera agravarse en condiciones nocturnas. La intervención terminó con la entrega formal de los migrantes a las autoridades competentes, cumpliendo los procedimientos establecidos en estos rescates.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos intensificó la lucha contra el fraude en la lotería de Visas de Inmigrante por Diversidad (DV) al exigir a los solicitantes que brinden información verdadera de su pasaporte y una copia escaneada del mismo al momento de participar.

Esta medida surge ante los intentos de la autoridad migratoria por cerrar brechas que han permitido el fraude masivo en ediciones recientes del sorteo de visas. Se detectaron 2,5 millones de solicitudes fraudulentas solo en el ciclo DV-2025, según informó el medio The Visa Pulse.

Las investigaciones del Departamento de Estado determinaron que organizaciones criminales aprovecharon la ausencia de requerimientos documentales estrictos para enviar aplicaciones fraudulentas en masa.

Numerosos grupos utilizaron datos personales de terceros sin su consentimiento y extorsionaron a los verdaderos interesados, exigiendo pagos para entregar el número de confirmación necesario para verificar la selección en la lotería, de acuerdo con The Visa Pulse. La retención de este número impide que el solicitante legítimo acceda a los resultados del sorteo.

Cuándo entra en vigor el nuevo proceso de solicitud del Programa de Visas de Diversidad

La nueva normativa entrará en vigor el 10 de abril de 2026. Aquellos que planeen participar en futuras ediciones de la lotería DV deberán preparar anticipadamente la documentación requerida.

Según Federal Register Gov, el reglamento establece que, a partir del ciclo de 2026, todas las solicitudes para la lotería de Visas de Diversidad deberán acompañarse de la información del pasaporte vigente y de la digitalización de la página biográfica y de firma.

La regla contempla excepciones, aunque sin detallar explícitamente todas las situaciones, y estima como potenciales beneficiarios a personas de países donde la obtención de pasaportes resulta extremadamente restringida.

Para quienes consideran inscribirse en futuras ediciones del Programa, las nuevas directrices del Departamento de Estado agregan un filtro documental no utilizado hasta ahora, con el objetivo de proteger a los solicitantes frente a prácticas fraudulentas y asegurar que solo quienes tengan documentación verificable continúen el proceso.

Recomendaciones y requisitos para los futuros solicitantes

Quienes deseen inscribirse en próximas ediciones de la lotería deberán iniciar la gestión de su pasaporte cuanto antes, o bien verificar si cumplen con las condiciones de exención.

La ventana de registro habitual para el sorteo ocurre entre octubre y noviembre, y los plazos de tramitación pueden prolongarse durante varios meses en numerosos países, informa The Visa Pulse.

El proceso migratorio para mexicanos que viajan al extranjero experimenta una transformación con la digitalización.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2025, el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) en versión digital suma un millón 138 mil registros hasta el 9 de marzo de 2026, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La herramienta forma parte de la estrategia de simplificación administrativa del Gobierno de México y busca agilizar los procesos en aeropuertos internacionales, permitiendo que las personas completen su información de viaje antes de abordar vuelos fuera del país.

Digitalización migratoria avanza con más de un millón de registros

El formato digital del FEM permite a las personas mexicanas registrar sus datos de viaje desde cualquier dispositivo electrónico antes de llegar al aeropuerto.

Con esta opción, el trámite que tradicionalmente se llenaba en papel puede completarse de forma anticipada, lo que reduce tiempos de espera en los filtros migratorios.

La medida busca modernizar los procedimientos en las terminales aéreas y mejorar la experiencia de los viajeros que salen del territorio nacional, especialmente en aeropuertos con alto flujo internacional.

Formato digital agiliza el proceso migratorio en aeropuertos

El nuevo sistema permite completar la información del viaje —como destino, aerolínea y motivo de salida— mediante un formulario en línea. Una vez finalizado el registro, el sistema genera un comprobante digital descargable en el celular, que facilita el tránsito durante el proceso de abordaje.

Esta modalidad contribuye a optimizar el flujo de pasajeros en las zonas de control migratorio, al reducir la necesidad de llenar documentos en papel dentro de las terminales aéreas.

Integración con Llave MX facilita el llenado automático de datos

Una de las principales innovaciones del sistema es su integración con Llave MX, plataforma que permite precargar automáticamente los datos personales del usuario.

Gracias a esta herramienta, los viajeros no tienen que capturar nuevamente información básica. El sistema completa esos datos y solo solicita detalles específicos del vuelo, lo que simplifica el proceso y evita capturas repetitivas.

Sistema digital simplifica viajes familiares y traslados grupales

El formato digital incluye funciones diseñadas para viajes familiares o grupales.

Cuando varias personas viajan al mismo destino, el sistema permite guardar la información del vuelo, evitando que cada integrante tenga que registrar los mismos datos de ruta.

Esto facilita la gestión del formulario y reduce el tiempo necesario para completar el trámite cuando se trata de grupos o familias que salen del país en el mismo itinerario.

Formato digital y físico convivirán durante el periodo de transición

Aunque el objetivo es reemplazar gradualmente el formato en papel, actualmente ambos sistemas continúan disponibles durante un periodo de transición.

Las autoridades buscan que cada vez más viajeros adopten la versión digital conforme se difunde su uso.

En promedio, más de 300 mil personas al mes utilizan ya el formato digital para registrar su salida del país. Su uso es especialmente frecuente en los principales aeropuertos internacionales de México.

Aeropuertos donde más se utiliza el formato digital:

• Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
• Aeropuerto Internacional de Cancún
• Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo y Costilla” de Guadalajara
• Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en el Estado de México
• Aeropuerto Internacional “Mariano Escobedo” de Monterrey
• Aeropuerto Internacional “Francisco J. Múgica” de Morelia

Las autoridades señalan que la digitalización del FEM representa un paso relevante para modernizar la gestión migratoria y mejorar la movilidad internacional de los mexicanos, al hacer que los procesos de salida del país sean más ágiles, seguros y eficientes.

Las iniciativas recientes para incorporar la digitalización y la robotización en la gestión agrícola han captado la atención de Doña Letizia durante una visita específica a la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’, en El Ejido (Almería). Según reportó el medio Europa Press, los responsables del centro expusieron a la monarca los avances que buscan transformar diferentes aspectos esenciales del sector agrícola, incluido el manejo sostenible de suelos, el control biológico de plagas y el desarrollo de nuevos bioestimulantes y bioproductos basados en algas. La visita, enmarcada en el 50º aniversario del instituto, ha dado visibilidad tanto a la labor tecnológica como al impacto social derivado de la actividad agrícola en la provincia.

La jornada comenzó con una presentación institucional en la que se proyectó un video acerca de la evolución del centro desde su fundación en 1975. Según detalló Europa Press, la Reina Letizia recorrió laboratorios y parcelas experimentales, interesándose especialmente en investigaciones que abordan la economía circular y la agricultura ecológica. El presidente del Grupo Cajamar, Eduardo Baamonde, contextualizó ante la visitante la trayectoria de ‘Las Palmerillas’, cuya historia, subrayó, se encuentra paralela al desarrollo del modelo hortofrutícola de Almería. “La experiencia de la estación experimental resume décadas de esfuerzo colectivo y logros en el mundo agrícola”, declaró Baamonde, según el medio.

Durante la visita al laboratorio de biotecnología, los investigadores explicaron a la Reina proyectos sobre bioestimulantes y bioproductos, incluidas aplicaciones a partir de algas, además de estudios centrados en la alimentación saludable. Posteriormente, la monarca visitó múltiples invernaderos experimentales, donde pudo observar prácticas que simulan distintas condiciones de cultivo. En el invernadero 22, dedicado al tomate, el equipo científico expuso sistemas de manejo saludable del suelo, control biológico de insectos, optimización en el uso de agua y fertilizante, así como la integración de procesos de robotización en la producción.

En el recorrido por el invernadero 21, los técnicos del centro mostraron el impacto de la modificación de ciertas variables ambientales en el desarrollo de hortalizas. Otra estructura experimental permitió a la Reina conocer innovaciones en la construcción de invernaderos mediante materiales como la fibra de vidrio y tecnologías asociadas al manejo ecológico de cultivos. El trayecto finalizó en un espacio dedicado a la berenjena, donde los técnicos detallaron técnicas de enarenado tradicional, el uso de trampas digitales para control de plagas y herramientas de digitalización orientadas a la gestión eficiente de explotaciones agrícolas.

Los responsables de la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ expusieron también algunos de los ensayos en curso, que exploran la valorización de subproductos del sector agrícola y la introducción de microorganismos con potencial en ámbitos como la alimentación, la cosmética o la industria farmacéutica. Otro de los desarrollos presentados corresponde al diseño de envases biofuncionales que aportan propiedades añadidas a los alimentos saludables.

La visita de Doña Letizia abordó aspectos más allá de la innovación tecnológica. Según publicó Europa Press, Casa Real destacó el papel del sector agrícola de la zona en la integración de personas con distintas dificultades de acceso al empleo, a quienes el sector ha proporcionado formación especializada y una oportunidad laboral en la cadena alimentaria.

La jornada culminó con un encuentro entre la Reina y participantes en iniciativas respaldadas por la Fundación Almería Tierra Abierta. Esta organización trabaja en la integración social y profesional de la población migrante en la provincia. Beatriz González Martín, portavoz de la fundación, explicó a los medios que el objetivo radica en ofrecer mejores condiciones de vida para los migrantes residentes en Almería y aprovechar la diversidad humana como un recurso positivo. De acuerdo con Europa Press, la fundación desarrolla cursos enfocados en facilitar la incorporación al mercado laboral, tanto en el sector agrícola como en hostelería, y promueve el aprendizaje del español.

González Martín señaló que muchas personas migrantes ya empleadas en el campo requieren ampliar su formación para incrementar sus posibilidades laborales y avanzar en su integración social. Además, relató que el trabajo de la fundación fomenta la colaboración entre empresas, administraciones locales y organizaciones civiles para crear nuevas oportunidades. Subrayó la importancia de que todos los habitantes, sin distinción de origen, puedan desarrollar su vida en la comunidad. Según reportó Europa Press, la principal satisfacción para los responsables del programa reside en observar cómo los participantes aplican lo aprendido para acceder a mejores posibilidades de empleo y fortalecer su pertenencia al entorno social almeriense.

El informe elaborado por el eurodiputado François-Xavier Bellamy, representante del Partido Popular Europeo (PPE), resultó aprobado en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, lo que permite el inicio de las negociaciones formales con los veintisiete Estados miembros sobre la reforma de la directiva de retorno, según informó Europa Press. El texto sostiene el respaldo a la creación de centros de expulsión en países fuera de la Unión Europea y establece medidas más estrictas para quienes sean objeto de procedimientos de retorno.

De acuerdo con la publicación de Europa Press, el texto obtuvo 41 votos a favor, 32 en contra y una abstención dentro de la comisión parlamentaria, avanzando así hacia el próximo paso: el debate en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, donde socialdemócratas, verdes e izquierda han manifestado su intención de forzar su votación con el objetivo de frenar el mandato. Estos grupos consideran que la propuesta actual podría violar principios fundamentales recogidos en los tratados de la UE, como los derechos humanos, la igualdad y el respeto al estado de derecho.

Desde diciembre, las fuerzas políticas negociaban las enmiendas al borrador inicial presentado por el ponente liberal. La última ronda de estas discusiones, que estaba prevista para la semana pasada, fue suspendida en el último minuto debido a que el PPE logró una alianza con formaciones clasificadas como de ultraderecha –Patriotas por Europa, el grupo europeo liderado por el partido de Viktor Orbán, donde se integra Vox; Europa de las Naciones Soberanas; y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), cuyo principal partido es el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni–, conformando así una mayoría que permitió la aprobación del texto.

El mandato acordado endurece las consecuencias para quienes no cooperen con su retorno y habilita mecanismos legales para que los llamados ‘hubs’ de expulsión puedan gestionarse desde terceros países. También, según detalló Europa Press, contempla la posibilidad de ampliar los plazos de detención con el objetivo de garantizar las expulsiones y limita la capacidad de las personas retornadas para recurrir estas medidas. Desde Vox, partido que forma parte del bloque que apoyó el mandato, se celebró la aprobación calificando la propuesta como la “más dura jamás planteada” en materia de retorno, ya que prevé que los Estados miembros puedan convertir en delito la entrada y estancia irregular, autoriza prohibiciones de entrada a la UE indefinidas o permanentes cuando existan riesgos para la seguridad y flexibiliza las restricciones para instaurar centros de internamiento.

El PPE criticó que, en las etapas finales de las negociaciones, los grupos socialistas se negaron a respaldar ciertos puntos centrales del texto, incluidos los límites a las prohibiciones de entrada, la suspensión de algunos efectos de los recursos y la autorización de los denominados ‘centros de retorno’. Previo a la votación en comisión, la eurodiputada socialista Murielle Laurent solicitó un aplazamiento que permitiera más tiempo para avanzar en las negociaciones y alcanzar un consenso que fuera coherente en los planos legal y político, expresando su desacuerdo con la rapidez en la tramitación del mandato, a la que adjudicó una motivación política.

Al consolidarse el mandato, representantes del grupo socialdemócrata (S&D), Verdes y la Izquierda intervinieron en la comisión para expresar su rechazo. Murielle Laurent argumentó que la externalización de los procedimientos de deportación a centros en países terceros supuso una vulneración de la dignidad y las libertades de los solicitantes de asilo, dejándolos en una situación incierta por tiempo indefinido. Advirtió, además, que la aprobación de la reforma en los términos actuales abriría, según sus palabras recogidas por Europa Press, “una nueva era de comercio de personas en las que los migrantes son expulsados a cambio de dinero”.

La eurodiputada Tineke Strik, en representación de los Verdes, alertó sobre el riesgo de perpetuar “un enfoque peligroso y divisorio” con este mandato. Por su parte, Mélissa Camara, también eurodiputada verde, consideró que la posición adoptada refleja “una ideología racista y populista” y alertó sobre los posibles riesgos para la vida y dignidad de las personas afectadas, según publicó Europa Press.

Por el grupo de la Izquierda europea, la parlamentaria italiana Ilaria Salis manifestó su voto en contra debido a la preocupación que genera la posibilidad de detención por tiempo indefinido, incluso para personas que no han sido condenadas por ningún tribunal, y aseguró que se trata de un punto que, a su juicio, supera los límites aceptables para la Unión Europea.

El mandato que ahora pasa al pleno del Parlamento Europeo cuenta, por tanto, con el apoyo del PPE y los grupos de ultraderecha, que impulsan una línea más intransigente respecto a la gestión de los retornos migratorios. Mientras tanto, socialistas, verdes e izquierda insisten en la necesidad de estudiar la reforma en mayor profundidad y sopesar sus implicaciones legales y humanitarias, según diversas intervenciones recogidas por Europa Press.

El siguiente paso dependerá de la votación en Estrasburgo, donde se pone a prueba la resistencia de la alianza forjada por el PPE con los grupos considerados de ultraderecha y la capacidad de la oposición de frenar la iniciativa y devolverlas a la comisión para seguir debatiendo las reformas a la directiva de retorno.

El medio EFE detalló que este avance legislativo fue posible gracias a la unión de partidos conservadores como el Partido Popular Europeo (PPE), los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN), quienes lograron consolidar una mayoría junto a grupos de ultraderecha. El PPE defendió la alianza y argumentó que la eficacia del derecho de asilo depende de que quienes tengan su solicitud rechazada salgan efectivamente del territorio europeo. El eurodiputado francés François-Xavier Bellamy afirmó: “Si queremos defender el principio básico del asilo, hay que asegurar que aquellos a quienes se rechaza finalmente abandonan los países”. También subrayó el desacuerdo con la postura mantenida por los socialdemócratas (S&D), y agregó que el PPE impulsará este tipo de medidas siempre que dispongan de mayoría suficiente, aunque eso implique dejar fuera a partidos socialdemócratas y liberales.

Desde el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Charlie Weimers celebró que por primera vez el Parlamento Europeo se alinee estrechamente con la posición defendida por el Consejo, a diferencia de ocasiones anteriores en las que el Parlamento solía ubicarse más a la izquierda en estos asuntos. Por su parte, el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, valoró lo votado como un “primer paso” para deportaciones y “reemigración”, considerando necesaria la iniciativa para el continente.

El texto aprobado prevé no solo acelerar los procedimientos de expulsión, sino también introducir obligaciones legales más estrictas y nuevas sanciones. Entre estas sanciones figuran la posibilidad de aplicar prohibiciones de entrada permanentes al territorio europeo a personas que no cooperen con su devolución o no obedezcan las órdenes de retorno. La prolongación de las detenciones de migrantes durante los trámites también queda autorizada bajo la nueva regulación. Además, tanto la UE como uno o varios Estados miembro podrán negociar y llegar a acuerdos con terceros países para instalar estos centros de retorno fuera de las fronteras europeas.

Según publicó EFE, la reacción de los grupos de la oposición ha sido de firme rechazo. Los socialdemócratas criticaron la iniciativa por considerar que afecta “drásticamente” los derechos de las personas sometidas a retorno y por establecer marcos vinculantes que incluyen centros de repatriación en países externos. Asimismo, lamentaron la alianza entre el PPE y partidos de extrema derecha, calificándola como un precedente preocupante para la política migratoria europea. Los Verdes, por su parte, denunciaron que el texto aprobado, gracias a una mayoría de derecha y ultraderecha, responde a una “ideología racista y populista”, señalando que las nuevas normas ponen en juego la dignidad y la vida de las personas migrantes, especialmente por las severas sanciones y la inclusión de familias con menores en los centros situados fuera de la UE.

El medio EFE añadió que solo uno de cada cuatro migrantes irregulares a quienes se les ordena abandonar la Unión Europea cumple con esa exigencia, una estadística que inquieta a la mayoría de los países miembros y que ha motivado nuevas iniciativas para reforzar los retornos. La nueva legislación pretende revertir esa situación incrementando las posibilidades de expulsión efectiva.

Algunas naciones, como España, han expresado reservas sobre la legalidad, las implicaciones políticas y el costo económico de establecer centros de retorno extraterritoriales. Madrid considera que este enfoque puede tener un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con países colaboradores en la gestión de los flujos migratorios en origen.

Lo que se decida en el pleno del Parlamento Europeo –cuya fecha aún queda por determinar– será la base de negociación de esta institución con el Consejo de la Unión Europea, de cara a la redacción final del texto normativo. Hasta entonces, la regulación continúa generando fuertes discrepancias entre bloques ideológicos y mantendrá abierto el debate sobre el equilibrio entre control migratorio, respeto a los derechos humanos y relaciones exteriores de la Unión Europea.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, afirmó que la propuesta de José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile, sobre un corredor humanitario para el retorno de migrantes requiere el apoyo de Colombia y Venezuela para su implementación.

“Tiene que haber cooperación de parte de Colombia y de parte de Venezuela. Nosotros mismos hemos solicitado y hemos llegado a acuerdos que hasta el día de hoy todavía no se cumplen con el presidente Petro”, expresó Noboa.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las declaraciones de su homólogo de Ecuador, quien se encuentra en Santiago de Chile para asistir a la posesión de José Antonio Kast como jefe de Estado.

En su cuenta oficial de X, el presidente Petro afirmó que Colombia “está disponible” para llevar adelante la propuesta, aunque advirtió que esto dependerá del “respeto” que muestre Daniel Noboa, presidente de Ecuador, hacia Colombia.

“La colaboración para hacer el corredor humanitario para llevar a la población venezolana ubicada en Ecuador hasta Venezuela está disponible y depende del respeto a Colombia por parte del presidente de Ecuador”, expresó Gustavo Petro.

¿Qué dijo Daniel Noboa?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, criticó públicamente la falta de colaboración del Gobierno colombiano en el desarrollo de una iniciativa regional dirigida a abordar la crisis migratoria en Sudamérica.

Sus declaraciones, recogidas durante su visita oficial a Chile, reavivaron los desacuerdos diplomáticos entre Quito y Bogotá. Noboa aseguró que la administración de Gustavo Petro no se ha sumado a los esfuerzos conjuntos y, por tanto, obstaculiza la creación de un corredor humanitario pensado para asistir a los migrantes que cruzan la región.

Durante sus encuentros en Chile, Noboa planteó que Ecuador ya mantiene diálogos con el presidente chileno José Antonio Kast para avanzar en la conformación de este corredor humanitario.

El mandatario ecuatoriano resaltó que la puesta en marcha de la iniciativa requiere la participación activa de varios países sudamericanos, pero lamentó la falta de coordinación con Colombia, subrayando que la ausencia de esa cooperación impide el progreso del proyecto.

La propuesta busca articular mecanismos regionales que permitan dar soluciones concretas a las personas en tránsito o en situación migratoria irregular. Según Noboa, la magnitud del flujo migratorio en América Latina exige una respuesta conjunta, sobre todo por el desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos que afecta a distintos países.

Noboa subrayó que la viabilidad del corredor humanitario depende de la colaboración tanto de Colombia como de Venezuela, a quienes identificó como actores fundamentales en la gestión de la crisis migratoria. En este contexto, insistió en el papel indispensable de la coordinación regional, considerando que la movilidad humana en la región ha alcanzado niveles sin precedentes.

El escenario de tensión diplomática entre Ecuador y Colombia se ha intensificado en los últimos meses, no solo por diferencias en temas migratorios, sino también por desacuerdos en materia de seguridad y comercio. Uno de los puntos sensibles es la situación de los presos extranjeros en Ecuador, asunto que Noboa colocó en la agenda pública al señalar la falta de avances en el traslado de reclusos hacia sus países de origen.

Actualmente, más de 3.000 ciudadanos colombianos y venezolanos permanecen en cárceles ecuatorianas. Según Noboa, esta situación agrava el hacinamiento en el sistema penitenciario y representa un desafío adicional para las autoridades ecuatorianas, que exigen mayor corresponsabilidad de los gobiernos involucrados.

Ecuador acoge a unos 445.000 migrantes y refugiados venezolanos, según datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), iniciativa coordinada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El exdirector general y principal impulsor del crecimiento global de Starbucks, Howard Schultz, confirmó el traslado de su residencia y la de su esposa, Sheri Schultz, desde Washington a Florida, coincidiendo con la aprobación legislativa en Washington de un nuevo impuesto del 9,9% a los ingresos anuales superiores al millón de dólares.

Según información del diario económico estadounidense The Wall Street Journal, la mudanza se produce tras la adquisición de un penthouse valorado en aproximadamente USD 44 millones en el exclusivo complejo Four Seasons Private Residences, ubicado en Surf Club, una propiedad frente al mar en la localidad de Surfside, en las cercanías de Miami.

Aunque Schultz expuso públicamente que la decisión responde al atractivo climático y familiar de Miami, el cambio de domicilio ocurrió en el contexto del creciente debate nacional en Estados Unidos sobre la migración de capital y talento hacia estados con menor carga impositiva.

El impuesto a las grandes fortunas aprobado en Washington, que entraría en vigor a inicios de 2028, introduce una contribución adicional sobre los ingresos superiores al millón de dólares anuales y, según estimaciones de la revista estadounidense Newsweek, podría recaudar USD 3.500 millones cada año.

Esta Ley, identificada como Senado Bill 6346, busca dirigir parte de esos fondos a la reducción de otras cargas fiscales y a ampliar el Working Families Tax Credit con el objetivo de alcanzar a unas 460.000 familias adicionales en el estado.

La iniciativa fiscal de Washington, aprobada por la Cámara Baja estatal controlada por el Partido Demócrata con 51 votos a favor y 46 en contra tras un debate parlamentario de más de 24 horas, debe ser ratificada por el Senado antes de que el gobernador demócrata Bob Ferguson la promulgue.

Ferguson celebró la votación mediante un mensaje en X, declarando: “El impuesto a los millonarios aprobado por la Cámara representa un avance histórico para reequilibrar nuestro sistema injusto. Devuelve sumas significativas a las familias y pequeñas empresas de Washington”.

La compra en Florida marca una nueva etapa para los Schultz

El penthouse adquirido por Howard Schultz ocupa aproximadamente 510 metros cuadrados, con cinco habitaciones, patio central, terraza en la azotea, estacionamiento privado y una cabaña frente al mar, según la ficha técnica publicada en The Wall Street Journal. El inmueble salió al mercado en noviembre de 2024 por USD 55 millones, bajó a 49,9 millones en 2025 y finalmente fue vendido a los Schultz por el precio mencionado.

A través de LinkedIn, Schultz compartió detalles personales sobre su mudanza a Florida: “Nos hemos mudado a Miami para nuestra próxima aventura juntos. Disfrutamos del sol del sur de Florida y de su atractivo para nuestros hijos en la Costa Este, mientras crían a sus propias familias”.

También reconoció el vínculo de Starbucks con Seattle y el noroeste estadounidense: “Starbucks hoy se yergue sobre los hombros de los muchos habitantes del Pacífico Noroeste que construyeron la compañía. Esperamos que Washington siga siendo un lugar donde los negocios y el emprendimiento prosperen”.

La familia Schultz mantendrá parte de sus operaciones en Seattle. Tal como indicó el directivo, la Schultz Family Foundation —organización filantrópica fundada en 1990 por Sheri Schultz— continuará con sede y actividades de impacto social en la ciudad. El liderazgo de la fundación quedó bajo la dirección de Vivek Varma, quien recibió el encargo de aumentar la inversión filantrópica en la región.

Starbucks amplía su presencia corporativa en el sur de Estados Unidos

La reubicación de los Schultz ocurre en paralelo al anuncio de Starbucks de abrir una nueva oficina en Nashville, Tennessee, como parte de su estrategia de crecimiento en el sureste del país. La empresa informó que, aunque la sede principal permanecerá en Seattle, busca una “presencia estratégica” en la región e incluye opciones para que empleados corporativos puedan reubicarse.

Los estados de Tennessee y Florida destacan por sus regímenes impositivos favorables a individuos de alto patrimonio y corporaciones, a diferencia de las políticas recientes en Washington.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, declaró: “Empresas en todo el país reconocen que los valores sólidos y la gestión fiscal conservadora de Tennessee son positivos para los negocios, y nos enorgullece dar la bienvenida a Starbucks“.

Entre finales de 2023 y lo que va de 2024, se observa una tendencia creciente de adquisición de propiedades en el sur de Florida por parte de empresarios y figuras de alto patrimonio. Además de Howard Schultz, otros líderes del sector tecnológico como Larry Page, Sergey Brin y Mark Zuckerberg han comprado viviendas en el área de Miami, una dinámica que coincide con las políticas fiscales más estrictas implementadas recientemente en California.

Debate nacional sobre impuestos y migración de capital en Estados Unidos

El traslado de Howard Schultz y la expansión geográfica de Starbucks fuera de Washington reactivaron la discusión pública acerca de la eficacia y los posibles riesgos de los nuevos impuestos a las rentas altas.

La revista estadounidense Newsweek apunta que el fenómeno de la “fuga de capitales” —la salida de inversión y contribuyentes hacia otras jurisdicciones buscando mejores condiciones fiscales— es ahora un eje central del debate nacional en Estados Unidos, en momentos en que varias ciudades y estados gobernados por demócratas estudian tributos adicionales a los contribuyentes más acomodados.

En su comunicación pública, Schultz puso el foco en el legado empresarial y social que deja en Seattle, y en la esperanza de que el entorno local continúe siendo propicio para la innovación y el desarrollo económico. La venta del penthouse por parte de Stockbridge Holdings, entidad que lo había adquirido por USD 18 millones en 2018 según registros citados por The Wall Street Journal, ilustra la revalorización del mercado inmobiliario de lujo en Surfside y zonas cercanas.

El nuevo impuesto en Washington se aplicaría a partir de 2028. Para entonces, Schultz estará establecido en Florida y gestionará sus inversiones desde Miami, mientras la labor social de su fundación continúa en Seattle.

La ingeniera cubana Leydis Aguilera llegó hace 16 años a Uruguay, el país en el que revalidó su título y en el que formó su familia. Este martes, esta activista por la libertad se convirtió en la primera mujer con ese origen en asumir una banca en el Parlamento de Uruguay, al que define como “uno de los pocos” países con democracia plena en el mundo.

Entrevistada en el diario uruguayo El Observador, Aguilera comentó que en su llegada al Palacio Legislativo –la sede del congreso uruguayo– buscará ser la voz en defensa de todas las personas, pero especialmente de la comunidad migrante en el país. Se define como una “cubana de nacimiento, pero uruguaya de corazón”.

La legisladora nunca pensó que podría llegar este día. “Una cubana nunca soñó que podía acceder a la Cámara de Representantes en uno de los pocos países con democracia plena en el mundo, como es Uruguay”, declaró.

Aguilera se mostró agradecida con los uruguayos porque le han “abierto las puertas de este país” y le dieron la oportunidad de “conocer la libertad y de amarla”.

En Uruguay, Aguilera vive con su esposo –que es uruguayo– y con su hijo, que nació hace nueve años. Su llegada a este país fue, según define, un antes y un después para su vida. “Uruguay para nosotros, que venimos de otros países y venimos directamente de una dictadura arrastrando estas cadenas, es un faro”, señaló.

Y se explayó hablando sobre el país: “Ese pequeño pedazo de tierra que nos enseñó que la libertad existe y que es posible, y en ese espacio en el que sentimos que podemos respirar sin miedo”.

Aguilera forma parte de la argumentación Tiempo de Avanzar, un espacio político integrado por migrantes de distintos orígenes y ciudadanos uruguayos. Es, además, la coordinadora de la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Nacional, desde donde impulsa iniciativas vinculadas a políticas de integración y derechos para las personas migrantes.

La legisladora asumió la banca como suplente de Pablo Abdala, un histórico dirigente del Partido Nacional que integra el sector D Centro. Se comprometió a poner su acento en la situación de las personas migrantes y en su aportes a las sociedades que las reciben.

A su vez, la mujer comentó al noticiero Telemundo de Canal 12 que su llegada a la Cámara de Representantes le genera “una mezcla de sensaciones, emoción y nerviosismo”.

Respecto a lo que está sucediendo en Cuba, Aguilera dijo que mantiene un “hilito de esperanza” en que caiga el régimen actualmente liderado por Miguel Díaz-Canel. “El 3 de enero con la captura del dictador Maduro también fue un antes y un después, con el esfuerzo de los de adentro y afuera la libertad cada vez está más cerca”, expresó.

Aguilera ha participado de varias movilizaciones contra el régimen de su país. La última fue a fines de febrero, cuando cientos de cubanos se movilizaron pidiendo ayuda humanitaria y libertad de presos políticos. En su discurso, cuestionó la postura que tomó el Frente Amplio y el PIT-CNT, que ese mismo día habían convocado una caravana en contra del bloqueo. “Nosotros los cubanos nos seguimos preguntando qué es para ellos Cuba”, dijo en en un encendido discurso. “Los que aplauden tiranos, no pueden decir que defienden los derechos humanos”, dijo, y desató los aplausos de los presentes.

Para ser legislador en Uruguay se necesita ser mayor de 25 años y tener cinco años de ciudadanía legal. Ella no es la única extranjera que está en la Cámara de Diputados. En el también opositor Partido Colorado asumió el chino Jin Tan Meng.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el mandatario colombiano Gustavo Petro “no coopera” con una iniciativa regional para enfrentar la crisis migratoria, lo que reavivó las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, según información obtenida por Semana. Las declaraciones se dieron durante una visita oficial del jefe de Estado ecuatoriano a Chile.

Noboa explicó que su gobierno ya mantiene conversaciones con el presidente chileno José Antonio Kast para impulsar la creación de un corredor humanitario destinado a atender la situación de migrantes en la región.

El mandatario ecuatoriano señaló que el plan requiere la participación de varios países sudamericanos y cuestionó directamente la falta de coordinación con el gobierno colombiano, de acuerdo con ese medio de comunicación.

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Durante declaraciones desde Chile, Noboa afirmó que la iniciativa humanitaria busca coordinar a los países de la región para enfrentar el creciente flujo migratorio que atraviesa América Latina. El plan contempla facilitar mecanismos de atención y soluciones para personas que se encuentran en tránsito o en situación irregular.

Sin embargo, el mandatario ecuatoriano señaló que la propuesta no podrá avanzar si no existe cooperación entre los países involucrados. En ese contexto, mencionó directamente a Colombia y Venezuela como actores clave para la implementación del corredor humanitario.

“Tiene que haber cooperación de Colombia y Venezuela”, afirmó Noboa, al tiempo que sostuvo que el presidente colombiano, Gustavo Petro, “no coopera”, citado por Semana.

El presidente ecuatoriano insistió en que la coordinación regional es indispensable para gestionar de manera efectiva la crisis migratoria, especialmente frente al desplazamiento de millones de ciudadanos venezolanos por distintos países de América Latina.

Las declaraciones se producen en medio de una relación diplomática compleja entre Bogotá y Quito, marcada por desacuerdos en temas de seguridad, migración y comercio en los últimos meses.

Uno de los puntos de fricción recientes ha sido la situación de los presos extranjeros en Ecuador. Noboa cuestionó a los gobiernos de Colombia y Venezuela por no concretar el traslado de miles de reclusos que permanecen en cárceles ecuatorianas.

Según el mandatario, más de 3.000 presos colombianos y venezolanos continúan detenidos en Ecuador, lo que agrava el problema de hacinamiento en el sistema penitenciario de ese país.

Las tensiones entre ambos gobiernos ya habían quedado en evidencia en 2025, cuando Ecuador deportó a más de 800 presos colombianos a través del paso fronterizo ubicado en la provincia ecuatoriana de Carchi.

En ese momento, la Cancillería colombiana presentó una nota de protesta diplomática ante el gobierno ecuatoriano al considerar que la deportación se realizó de manera unilateral y sin cumplir plenamente los procedimientos del derecho internacional.

Pese a estos desacuerdos, ambos países han intentado mantener algunos espacios de cooperación en materia de seguridad fronteriza.

El 1 de marzo de 2026, Colombia anunció la creación de un plan militar conjunto con Ecuador para combatir organizaciones criminales que operan en la frontera común, especialmente estructuras vinculadas al narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

La estrategia contempla operaciones coordinadas en zonas terrestres y marítimas, así como intercambio de información e inteligencia entre las autoridades de ambos países.

No obstante, las diferencias entre Bogotá y Quito también se han trasladado al ámbito comercial.

El gobierno de Noboa decidió elevar hasta 50 % los aranceles a productos colombianos, argumentando que Colombia no estaba haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico en la frontera compartida.

Como respuesta, el gobierno colombiano suspendió temporalmente la venta de electricidad a Ecuador y aplicó aranceles similares a productos ecuatorianos.

Posteriormente, Colombia redujo ese gravamen al 30 % y reiteró que mantiene su disposición al diálogo con el gobierno ecuatoriano para resolver las diferencias comerciales.

Las tensiones se producen además en medio de la crisis migratoria venezolana, considerada una de las mayores del mundo.

Actualmente, más de 7,7 millones de venezolanos viven fuera de su país, la mayoría en países de América Latina.

Colombia es el principal destino de esta población migrante, con cerca de 2,8 millones de venezolanos residiendo en su territorio.

Ecuador alberga aproximadamente 440.000 migrantes venezolanos, mientras que en Chile viven más de 669.000, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V).

Colombia mejoró su posición en el listado internacional que compara la facilidad de viaje de los pasaportes. En la edición de marzo de 2026 del Henley Passport Index, el documento colombiano pasó del puesto 37 al 34 entre 199 países evaluados.

El indicador clasifica los pasaportes según la cantidad de destinos a los que una persona puede viajar sin tramitar una visa antes de salir. Ese número se conoce como “puntaje de acceso sin visa” y corresponde a la suma de países que permiten entrar sin ese requisito o que otorgan el permiso al llegar.

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De acuerdo con el informe más reciente, el pasaporte colombiano permite ingresar a 130 destinos sin visa previa, lo que explica su ubicación en el puesto 34 del ranking global.

En la edición publicada en septiembre de 2025, el documento colombiano estaba en el puesto 38 con acceso a 131 destinos.

Aunque el número de destinos es similar, la comparación entre ambas ediciones muestra un cambio en la posición relativa frente a otros países. Esto ocurre porque el listado se ajusta cada vez que cambian las reglas migratorias entre Estados.

Cómo funciona el ranking

El Henley Passport Index es una clasificación global que analiza 199 pasaportes y 227 destinos de viaje. El listado se actualiza varias veces al año para reflejar modificaciones en las políticas migratorias.

Para construir la tabla, el índice utiliza datos de la base Timatic de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), que recopila los requisitos de ingreso que aplican los países para los viajeros internacionales.

El resultado es una lista ordenada en la que cada pasaporte recibe un puntaje según el número de destinos que permiten la entrada sin visa previa. Cuantos más destinos estén disponibles, mayor es la posición en el ranking.

El panorama en América del Sur

Dentro de América del Sur, el pasaporte chileno sigue siendo el mejor posicionado en el listado de 2026. Chile aparece en el puesto 13, con acceso a 174 destinos sin visa previa.

Más abajo se ubican Argentina y Brasil, que comparten la posición 15 y permiten viajar a 168 destinos sin solicitar permiso anticipado. Uruguay aparece en el puesto 21 con 155 destinos, mientras que Paraguay se encuentra en el puesto 26 con 145.

Perú comparte la posición 28 con 142 destinos disponibles para viajes sin visa previa. En el caso de Venezuela, el documento aparece más abajo en la clasificación global: ocupa el puesto 43 y permite viajar a 116 destinos sin visa previa.

Qué significa el cambio para Colombia

El ascenso de Colombia en el ranking no implica necesariamente que se hayan sumado muchos destinos nuevos. En algunos casos la posición mejora porque otros países pierden acceso o porque se producen cambios en la forma en que se agrupan las posiciones del listado.

Aun así, el indicador permite observar cómo se compara la libertad de viaje de los ciudadanos colombianos frente a la de otros países.

El informe señala que el índice acumula más de 20 años de datos históricos sobre movilidad internacional, lo que permite seguir la evolución de los pasaportes a lo largo del tiempo.

En la parte alta del ranking mundial se mantienen países de Asia y Europa. En la edición de 2026, el primer lugar corresponde a Singapur, cuyo pasaporte permite ingresar a 192 destinos sin visa previa.

En los últimos puestos aparecen países con menos opciones de movilidad internacional. Afganistán ocupa la posición 101 con acceso a 24 destinos.

El listado aclara que las reglas de ingreso pueden cambiar en cualquier momento por decisiones diplomáticas, migratorias, sanitarias o de seguridad, por lo que el ranking se revisa de forma periódica para reflejar esas modificaciones.

En los primeros meses del año, entre enero y febrero, accedieron de manera irregular a Ceuta 1.257 personas, según cifras publicadas por el Ministerio del Interior y citadas por EFE. Este dato representa un aumento cercano al 700 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Durante febrero se contabilizó la llegada de 820 migrantes sin autorización, un volumen que incrementó la presión sobre los dispositivos de acogida locales. El PP pidió en consecuencia al Ejecutivo que aclare a qué obedece este fuerte repunte y qué medidas se han adoptado o se contemplan para responder de forma eficaz a este escenario.

El partido opositor puso especial atención en la discrepancia entre las cifras oficiales y otros datos manejados por los mandos policiales, indicando que “distintas informaciones apuntan a que los datos manejados por mandos policiales serían incluso superiores” a los divulgados por el Gobierno. El PP solicitó que se expliquen estas divergencias y que se aclaren los mecanismos utilizados para el recuento de entradas y la elaboración de estadísticas migratorias en la ciudad autónoma, según indicó EFE. También se solicitó transparencia en la gestión de las diferencias entre las cifras oficiales y los reportes policiales, considerando este aspecto esencial para la evaluación de políticas migratorias y la toma de decisiones relativas a la seguridad y la acogida.

De acuerdo con EFE, la formación presentó en la Cámara Alta preguntas sobre la existencia o previsión de planes concretos para reforzar el control fronterizo. Este refuerzo incluiría tanto la dotación de personal y el despliegue de nuevas tecnologías, como la coordinación con los cuerpos de seguridad para mitigar el flujo de entradas irregulares. El PP mencionó que detecta una falta de iniciativas claras en puntos considerados especialmente sensibles, como el entorno del espigón del Tarajal y el perímetro de la línea fronteriza, donde según el partido opositor se concentran muchos de los intentos de cruce sin autorización.

La intervención del PP ante el Senado incluyó la petición de información sobre la dotación de recursos materiales y humanos para contener la situación, así como el nivel de colaboración entre administraciones estatales y locales en la gestión de la frontera. Según consignó EFE, el partido exigió conocer si existen o están previstos planes para aumentar la efectividad de la vigilancia y los medios destinados a la frontera sur, con especial énfasis en el posible refuerzo de personal y tecnologías orientadas a la detección y el control de flujos migratorios.

El impacto de estas llegadas sobre el funcionamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) también formó parte de las preocupaciones del PP. El partido preguntó si el Gobierno ha considerado en sus estimaciones el efecto que el aumento de los flujos migratorios podría generar en la capacidad operativa de este centro y del resto de los servicios de acogida ya existentes. Según fuentes cercanas al partido citadas por EFE, la saturación podría tener repercusiones tanto en las condiciones de las personas migrantes como en la respuesta de los servicios públicos implicados.

Las preguntas registradas en el Senado también incluyeron solicitudes de información sobre los programas implementados o previstos para dotar al CETI y a otros centros de acogida de los recursos materiales y humanos necesarios para atender la demanda, así como la coordinación entre distintas administraciones implicadas. El PP subrayó la importancia de contar con planes específicos para evitar el desbordamiento del sistema y garantizar una atención adecuada a los migrantes, conforme reportó EFE. El partido argumentó que la gestión eficaz de la frontera y de los sistemas de acogida no puede desligarse del control exhaustivo de los datos y de la realidad sobre el terreno.

El PP insistió en la necesidad de contar con explicaciones claras sobre las razones que, según la visión del Ejecutivo, habrían provocado este incremento inusual en la llegada de personas por vías irregulares. La formación pidió que se esclarezcan los factores que, desde la perspectiva del Gobierno, están detrás del aumento de entradas en una zona fronteriza considerada de alta sensibilidad. EFE detalló que el partido reclama esta información como un elemento clave para comprender los retos presentes y las acciones que el Ejecutivo planea implementar en los próximos meses.

EFE también señaló que el partido opositor valora la importancia de la transparencia en la publicación de datos, reclamando información precisa sobre los métodos empleados para contabilizar entradas y las posibles diferencias entre las diversas fuentes de información. El PP alertó que en caso de no recibir respuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo, consideraría recurrir a nuevos procedimientos de control parlamentario para obtener la información requerida, profundizando el escrutinio sobre la gestión migratoria en la ciudad autónoma.

Según consignó Europa Press, Omar Feijoo Garzón, aspirante del Partido Conservador Colombiano, propuso la creación de la Defensoría del Migrante, un organismo vinculado a la Defensoría del Pueblo en Bogotá, como parte de su campaña dirigida a los colombianos residentes en el exterior. Esta propuesta pretende mejorar la atención y el seguimiento a la población migrante, facilitando la comunicación entre los ciudadanos que viven fuera del país y los consulados, así como aportar estadísticas más precisas sobre esta comunidad. Presentó su candidatura desde España, en un contexto donde alrededor de siete millones de colombianos residen fuera de Colombia y podrán participar en las elecciones legislativas hasta el 8 de marzo.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, las votaciones para el Congreso de 2026 permiten a los colombianos en el extranjero elegir representantes que defiendan sus intereses en el legislativo nacional. Madrid figura como uno de los puntos de votación, con una mesa electoral instalada en la Casa de Cantabria. Este proceso busca garantizar la representación de la diáspora y asegurar que sus inquietudes lleguen al debate político en Colombia. Feijoo remarcó que su postulación tiene la finalidad de cuidar la democracia, no solo en España sino en otras regiones donde los colombianos se han establecido.

El candidato explicó que una de las principales demandas de quienes viven fuera del país es la necesidad de sentirse acompañados, ya que el aislamiento y la distancia familiar generan efectos en el bienestar emocional. Según reportó Europa Press, Feijoo destacó la importancia de ofrecer recursos jurídicos y sociales tanto para enfrentar retos legales como situaciones de integración y adaptación a los sistemas de los países de residencia. Expresó: “Siempre los colombianos tienen muchas inquietudes, pero una de ellas es que se sienten solos”. Señaló que consolidar mecanismos de acompañamiento resultaría clave para que la comunidad migrante cuente con respaldo en cualquier territorio.

En materia educativa, el aspirante puso énfasis en la homologación de títulos profesionales y el acceso a becas, mecanismos que, según él, permitirían contrarrestar las barreras que enfrentan más de 250.000 colombianos cuya titulación no ha sido reconocida fuera del país. Europa Press citó a Feijoo cuando habló de la falta de comunicación efectiva entre la Cancillería de Colombia y la de otros países respecto a la validación de credenciales académicas. El fortalecimiento de convenios bilaterales con España forma parte de sus iniciativas, al considerar que la movilidad académica incrementa las oportunidades y la formación de capital humano capaz de aportar nuevos conocimientos a Colombia si deciden retornar.

En lo referente al emprendimiento y el desarrollo económico, Feijoo detalló a Europa Press su proyecto de consolidar una red global de empresarios colombianos. Dicha red busca facilitar respaldo institucional y fomentar el intercambio entre emprendedores distribuidos en diversas regiones. Sostuvo que los empresarios colombianos desempeñan un papel medular al facilitar la inserción laboral de sus connacionales en el extranjero. Dentro de sus planes se incluyen incentivos para proyectos sostenibles y el impulso a la colaboración internacional, con el objetivo de que quienes lideran empresas fuera de Colombia cuenten con el apoyo efectivo de su país natal y puedan desarrollar iniciativas de impacto global.

La identidad cultural y la cohesión social fueron otras de las prioridades señaladas por Feijoo en la entrevista publicada por Europa Press. El candidato subrayó la urgencia de preservar las tradiciones y estrechar los lazos entre los colombianos que conviven en el exterior, para reducir sensaciones de aislamiento y reforzar el sentido de pertenencia. Anunció la creación de la ONG Colombia Sin Fronteras, orientada a proporcionar asesoría legal, acompañamiento social y apoyo psicológico. Según explicó, este espacio contribuiría a que los ciudadanos tengan una referencia clara a la que acudir en caso de enfrentar retos migratorios, además de promover actividades culturales y de integración.

En su plataforma legislativa, Feijoo subrayó que la salud mental forma el eje central de su campaña, dada la frecuencia de problemas emocionales y de depresión entre los colombianos que viven lejos de su tierra de origen. Argumentó que el impacto de la distancia familiar, los cambios en el entorno cotidiano y las dificultades en la adaptación repercuten en el bienestar psicológico. “Hoy la gran mayoría de nacionales que viven en cualquier parte del mundo, sufren de depresión”, enfatizó Feijoo ante Europa Press. Recalcó la necesidad de servicios complementarios a los de los consulados, que incluyan atención psicológica, jurídica y social, para garantizar un soporte integral a quienes enfrentan procesos migratorios.

En el proceso electoral, dispone la normativa que los colombianos fuera del país tengan plazo hasta el 8 de marzo para ejercer su derecho al voto. Europa Press informó que la organización de los comicios en el exterior se realiza a través de consulados y locales autorizados, como el caso de Madrid, con el objetivo de facilitar el acceso a la participación política. La campaña de Feijoo pone en el centro de su discurso la representación activa de la diáspora, promoviendo tanto reformas estructurales dirigidas al respaldo institucional como propuestas de acompañamiento social enfocado en los principales retos que afectan a los colombianos en el exterior.

Europa Press también recogió declaraciones de Feijoo sobre la formación de la mesa del inmigrante, otro mecanismo que, a su juicio, permitiría un manejo más adecuado de los casos y necesidades particulares de migrantes colombianos en cualquier lugar del mundo. Esta mesa, vinculada a la Defensoría del Migrante, tendría como función velar por los derechos y la atención a los asuntos específicos de esta comunidad. Con la implementación de esta propuesta, el candidato busca asegurar que quienes se encuentran lejos de Colombia puedan acceder a un esquema de representación y acompañamiento continuo.

A través de la plataforma que presenta ante el Congreso, Feijoo suma iniciativas destinadas a fortalecer la red de apoyo institucional para la comunidad migrante, enfatizando en la integración educativa y profesional, el respaldo emprendedor, la protección de la salud mental y la preservación de la identidad cultural. Según expuso a Europa Press, la intención de estas medidas apunta a garantizar que los colombianos que viven fuera del país encuentren condiciones favorables para su bienestar y desarrollo, tanto en el ámbito individual como colectivo.

Las autoridades griegas han advertido sobre el riesgo de que Europa afronte un aumento en la llegada de refugiados provenientes de Irán y de sus países vecinos si las operaciones militares en Oriente Próximo se extienden en el tiempo, un escenario que preocupa tanto al gobierno de Grecia como al resto del continente, reportó el diario Ekathimerini. Esta advertencia se produce en el contexto de una intensificación de los operativos de rescate marítimo frente a las costas del país.

Según informó Ekathimerini, la Guardia Costera de Grecia rescató en la jornada del viernes a 346 migrantes en un total de siete operativos distintos realizados en las inmediaciones de las islas de Creta y Gavdos. Las intervenciones contaron con la colaboración de efectivos de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea. Estos rescates sucedieron apenas un día después de haberse detectado la llegada de 456 migrantes procedentes de Libia, quienes habrían aprovechado las condiciones climáticas favorables para emprender la travesía marítima hacia Europa.

El contexto de estos acontecimientos está marcado por la escalada de tensiones y acciones militares en Oriente Próximo, iniciadas hace una semana por Estados Unidos e Israel, un factor que, según consignó el medio griego, alimenta la inquietud sobre un posible incremento en los desplazamientos forzados que lleguen hasta territorio europeo a través de rutas marítimas. Estas preocupaciones han llevado a las autoridades griegas y europeas a examinar la evolución de los movimientos migratorios provenientes de regiones en crisis, en particular desde puntos críticos como Irán y sus alrededores.

En respuesta a este escenario, el gobierno griego anticipó a comienzos de la semana el fortalecimiento de los controles y la supervisión sobre las solicitudes de asilo provenientes de Irán. La medida forma parte de un conjunto de políticas destinadas a contener posibles nuevos flujos de refugiados mientras las hostilidades en Oriente Próximo continúan y el panorama humanitario en la región se deteriora.

Ekathimerini detalló que las buenas condiciones meteorológicas recientes se han convertido en un elemento que facilita el aumento de intentos de travesía marítima, una situación similar a la ocurrida en ocasiones anteriores cuando los migrantes aprovecharon las temporadas de clima benigno para emprender viajes hacia suelo europeo. Las autoridades griegas recalcaron que gran parte de estos movimientos involucran a personas que huyen de conflictos armados, crisis humanitarias y severas dificultades socioeconómicas en sus países de origen.

En sus reportes, la Guardia Costera griega también subrayó el papel operativo de Frontex en estos rescates, enfatizando la importancia de la cooperación internacional para gestionar la presión migratoria sobre las fronteras de la Unión Europea. Frontex, con presencia activa en las zonas más transitadas del Mediterráneo, participa en la identificación, asistencia y evaluación de las situaciones de emergencia que requieren intervenciones inmediatas para proteger vidas humanas en alta mar.

La reiteración y frecuencia de los rescates recientes confirman, según el medio Ekathimerini, que las rutas marítimas siguen representando un desafío prioritario en la gestión del fenómeno migratorio hacia Europa. Las autoridades griegas han reiterado su compromiso con los principios humanitarios, pero también manifestaron la necesidad de una coordinación efectiva con otros países de la Unión Europea ante la posibilidad de una nueva ola migratoria que eleve la presión sobre los recursos nacionales y comunitarios.

Los operativos desarrollados cerca de Creta y Gavdos evidencian patrones de movilidad que, de acuerdo con las autoridades y el análisis aportado por Ekathimerini, podrían intensificarse si persistiera el clima de inestabilidad en Oriente Próximo. La vigilancia se mantiene reforzada tanto a nivel costero como administrativo, prioritariamente en lo relativo a la revisión y procesamiento de solicitudes de protección internacional, en especial las que tengan como origen regiones directamente afectadas por el conflicto armado emergente.

El seguimiento sistemático de la situación y el refuerzo de los mecanismos de control fronterizo son algunas de las respuestas inmediatas adoptadas por el ejecutivo griego ante la evolución de estos acontecimientos. El informe de Ekathimerini concluye que, si bien la atención humanitaria se mantiene como prioridad, la dimensión política y de seguridad continúa ocupando un lugar relevante en la agenda europea frente al potencial aumento de los flujos migratorios derivados de la prolongación de los enfrentamientos en Oriente Próximo.

Durante la preparación de un nuevo álbum, La Mari amplió sus reflexiones acerca de los retos sociales contemporáneos y adelantó que su próximo trabajo abordará cuestiones que generan debate en la actualidad, tales como la migración, la sexualidad y las experiencias personales, según consignó Europa Press. La artista malagueña remarcó su interés en regresar a las temas que ya abordó en su reconocida canción 'Papeles mojados', en la que relató la situación de los migrantes que cruzan el Mediterráneo en pateras y defendió la dignidad de todas las personas sin importar su procedencia. "El ser humano no es ilegal, esté donde esté en el mundo --que de eso también habla un poco 'Papeles Mojados'--", declaró en la entrevista publicada por Europa Press, confirmando su deseo de profundizar en esas temáticas en un disco futuro.

Tras un cuarto de siglo en la escena musical, Chambao celebra su 25 aniversario con un disco recopilatorio que repasa su trayectoria apoyándose en algunas de sus canciones más representativas y recibiendo la colaboración de reconocidas figuras de la música, tal como detalló el medio Europa Press. Alejandro Sanz, Ricky Martin, Joan Manuel Serrat, Estopa, Vanesa Martín, Malú, Pablo Alborán y Rosario Flores forman parte de los "amigos" que comparten con La Mari este trabajo, en el que la gratitud hacia su público tiene un papel central. "Tengo muchos jefes y jefas que son toda la gente que impulsa la música de Chambao. Es a quién va dirigido este disco y la canción, el single 'Es para ti'", afirmó la cantante sobre el sentido de este homenaje y la gira que lo acompaña.

El medio Europa Press reportó que este disco y la correspondiente gira internacional marcan el inicio de las celebraciones por el aniversario de Chambao, con actuaciones programadas en distintas ciudades de España—como Tordera y Martorell en Barcelona, Madrid, Jaén, Pamplona, Albacete, Lanzarote, Sevilla y Gran Canaria—y en países de América y Europa, entre ellos Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina y Bulgaria.

A lo largo de la entrevista, La Mari abordó los dilemas sociales de la actualidad y el modo en el que estos influyen en la creación musical. Reconoció que existe "un cambio de escenario del ser humano muy potente y muy sensible", aunque puntualizó que profundizar en estos temas depende de la voluntad de cada artista. "Despojarte de una piel antigua para ver quién puedo ser ahora es un trabajo de cada persona a realizar si quiere entrar ahí. Es verdad que hay que tener ganas y remangarte contigo mismo para ver dónde entras", reflexionó la artista según destacó Europa Press.

La cantante también habló sobre la revisión personal y colectiva a la que invita el contexto mundial, subrayando la importancia de detenerse y escuchar qué camino tomar en medio de lo que describió como una "agitación bastante latente en la calle, en cualquier lugar". Europa Press informó que, aunque La Mari considera esencial abordar la actualidad con calma, aclaró: "No estoy siendo pesimista ni estoy siendo alarmista", en referencia a la efervescencia social y política del momento.

De cara a su próximo proyecto discográfico, La Mari explicó que no busca repetir slogans directos como ‘No a la guerra’, aunque en el fondo aborde cuestiones similares, sino elegir fórmulas más poéticas para expresar sus opiniones y posicionamientos. Según Europa Press, la vocalista se mostró convencida de que existen muchos asuntos pendientes en la sociedad que merecen una revisión, entre ellos la percepción social sobre el sexo y las relaciones personales, áreas que pretende tratar en sus futuras composiciones.

El disco recopilatorio publicado por Chambao constituye una forma de agradecer y reconocer la conexión e impulso del público en la historia de la formación. Tal como publicó Europa Press, La Mari hizo hincapié en la importancia de sus seguidores y del entorno colaborativo que le ha permitido superar desafíos personales y profesionales durante estos veinticinco años de carrera.

Además, la cantante remarcó que parte del trabajo futuro de Chambao se enfocará en mantener un equilibrio entre la exploración artística y el compromiso personal con los grandes temas que preocupan y afectan a la sociedad. Su perspectiva contempla tanto la reivindicación social como la evolución emocional y vivencial de las personas, líneas que prometen marcar las próximas etapas en su música, reportó Europa Press.

Las celebraciones del vigésimo quinto aniversario de Chambao, según informó Europa Press, se articularán en torno a esta gira internacional y el lanzamiento del recopilatorio, que integra tanto los temas originales que marcan la identidad del grupo como versiones compartidas con algunas de las voces más influyentes del panorama musical hispano.

La Mari considera fundamental que el ser humano no puede ser considerado ilegal, independientemente de su ubicación en el mundo. Esta idea, que ella misma explicó en una entrevista con Europa Press, conecta con el mensaje que transmitió en temas del pasado como “Papeles Mojados”, dedicada a las personas migrantes que atraviesan el Mediterráneo en patera. La cantante anticipó que reflexiona sobre la posibilidad de lanzar un nuevo disco en el cual abordará cuestiones similares vinculadas a la diversidad y los derechos humanos. Esta perspectiva encuadra el proyecto musical que anuncia La Mari, centrado en generar reflexión sobre el momento actual y las relaciones personales, además del contexto global que atraviesa la sociedad.

Según informó Europa Press, la vocalista andaluza, reconocida por su papel como líder del grupo Chambao, celebra veinticinco años de trayectoria musical. Para conmemorar las bodas de plata de la banda, publicó un nuevo álbum recopilatorio que compila las canciones más conocidas de su repertorio y que cuenta con colaboraciones de artistas como Alejandro Sanz, Ricky Martin, Joan Manuel Serrat, Estopa, Vanesa Martín, Malú, Pablo Alborán y Rosario Flores, entre otros. La Mari destacó la relevancia de estas colaboraciones a las que califica como participación de “amigos”, y enfatizó que el agradecimiento es uno de los nutrientes esenciales tanto del disco como de la actual gira conmemorativa.

El medio Europa Press detalló que este disco recoge los éxitos destacados de Chambao y simboliza el inicio de una gira aniversario, que recorrerá escenarios de varios países. Entre los destinos confirmados para los conciertos se encuentran España, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina y Bulgaria. En territorio español, la artista tiene previstas actuaciones en ciudades como Tordera y Martorell, en Barcelona, así como en Madrid, Jaén, Pamplona, Albacete, Lanzarote, Sevilla y Gran Canaria.

Durante la entrevista difundida por Europa Press, La Mari reconoció que está considerando la grabación de un álbum que incluya temáticas profundas e introspectivas, como la diversidad, la sexualidad, la perspectiva social frente a las relaciones con otras personas y el cuestionamiento de conceptos de identidad. Subrayó que existe un “cambio de escenario del ser humano muy potente y muy sensible” en la sociedad contemporánea, aunque matizó que abordar estos contenidos es una decisión personal para cada artista. La cantante puntualizó: "Despojarte de una piel antigua para ver quién puedo ser ahora es un trabajo de cada persona a realizar si quiere entrar ahí. Es verdad que hay que tener ganas y remangarte contigo mismo para ver dónde entras".

La Mari también hizo referencia al contexto global, considerando que el mundo vive una época en la que resulta necesario para las personas revisarse, escucharse y definir el rumbo que desean tomar. Aunque evitó calificar la situación como alarmista o pesimista, admitió la presencia de un “desquice bastante latente” en calles y espacios cotidianos. A ese respecto, la artista indicó que su enfoque invita a la calma y a la revisión interior en la actualidad.

El repertorio del álbum reciente, dirigido a quienes considera los verdaderos “jefes y jefas” de su carrera, es un homenaje al público que ha impulsado la trayectoria de Chambao. “Es a quién va dirigido este disco y la canción, el single ‘Es para ti’. Por eso el agradecimiento está todo el rato presente y constante en este disco y en esta gira. Yo no estaría aquí si no tuviera estos jefes y jefas que son definitivamente los que te dicen si sigue o si ya”, expresó al medio Europa Press.

Respecto a futuros lanzamientos, la artista explicó en la entrevista que descarta titular una canción como “No a la guerra” en su próximo álbum, aunque los temas puedan ser similares. Prefiere buscar letras más poéticas y que dejen espacio a la interpretación. Desde su perspectiva, las composiciones deben inspirar a la reflexión colectiva sobre los desafíos de la sociedad contemporánea y provocar un diálogo sincero sobre cuestiones como la migración y los derechos individuales.

Por último, Europa Press consigna que las celebraciones por los veinticinco años de Chambao representan una oportunidad para repasar el recorrido musical de la banda y los mensajes sociales presentes en sus letras. Las próximas presentaciones tanto en España como en América Latina y Europa del Este consolidan el aniversario, mientras La Mari continúa explorando la posibilidad de nuevos proyectos que busquen despertar el pensamiento crítico y la implicación personal de su audiencia.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que desde 2014 más de 6.540 personas han perdido la vida o no han sido halladas cuando intentaban cruzar el Atlántico desde el oeste de África hacia Europa. Este contexto forma parte del último incidente reportado por la Armada de Senegal, que informó el miércoles del hallazgo del cadáver de un recién nacido a bordo de una embarcación con cerca de 140 migrantes rescatados en aguas senegalesas, según consignó el medio español El País.

El barco, con 139 personas a bordo y el cuerpo del bebé, fue interceptado y trasladado por las autoridades a tierra firme, concretamente a la Base Naval Almirante Faye Gassama, donde las personas rescatadas y el cadáver del bebé pasaron a disposición de las instancias competentes, detalló la Armada de Senegal a través de un comunicado en sus redes sociales, según recogió El País. De acuerdo con la información oficial, la embarcación había partido de Gambia once días antes y fue localizada frente a las costas de Senegal.

Fuentes oficiales consultadas por El País confirmaron que las víctimas forman parte del creciente flujo de migrantes que utilizan la ruta atlántica para intentar llegar a Europa, principalmente a las Islas Canarias. Esta ruta experimenta un aumento en el número de travesías en los últimos años debido a las dificultades para migrar por otras vías y los controles fronterizos más estrictos en el norte de África.

El océano Atlántico representa uno de los trayectos más peligrosos para la migración irregular. Según la OIM, en lo que va de año cerca de 160 personas murieron o fueron dadas por desaparecidas intentando el cruce desde el oeste africano. Las condiciones en esta ruta presentan serios riesgos: fuertes corrientes marinas, oleaje elevado y la precariedad de las embarcaciones utilizadas, lo que incrementa la probabilidad de naufragios y muertes.

Las personas que optan por este trayecto buscan alternativas ante la imposibilidad de acceder a canales regulares de migración y la intensificación de la vigilancia en otras fronteras. De acuerdo con la información publicada por El País, la ruta desde el litoral africano occidental hacia el archipiélago canario se consolidó en los últimos años como la más frecuentada tras el cierre o la extrema dificultad de las rutas por Libia y Marruecos hacia España continental o Italia.

El rescate de los 139 migrantes y el hallazgo del cuerpo sin vida del recién nacido ocurren en medio de advertencias de organizaciones internacionales sobre el peligro de estas travesías y en un contexto general de incremento de la presión migratoria en el Atlántico. La OIM advierte de la falta de protección para los menores y familias que, escapando a menudo de situaciones de pobreza o conflicto, deciden exponerse a estos riesgos en el intento de llegar a territorio europeo.

Según publicó El País, el traslado de los rescatados a instalaciones bajo control de la Armada constituye el primer paso de un procedimiento en el que las autoridades senegalesas determinan el destino de estas personas, incluyendo la posible repatriación o su permanencia en Senegal a la espera de soluciones. Esta situación revela la persistencia de la migración irregular en la zona y la presión a la que están sometidas las estructuras de rescate y acogida de los países costeros del África occidental.

Las fuentes de la OIM consultadas por El País advierten que las cifras de muertos y desaparecidos solo reflejan casos conocidos o documentados, por lo que es probable que el verdadero número de víctimas del cruce atlántico sea superior debido a naufragios no reportados o embarcaciones desaparecidas sin rastro. Según los datos ofrecidos por el organismo internacional y recogidos por El País, la magnitud de la tragedia humanitaria asociada a la migración irregular por el Atlántico se mantiene como una de las emergencias migratorias más graves de la última década en la región.

De los 32 ocupantes de la embarcación que partió de Argelia, 16 eran menores de edad y solo uno de ellos iba acompañado de un familiar, mientras que entre los viajeros también se encontraban tres mujeres y dos niños menores de 12 años. La Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión contra el joven acusado de patronear la embarcación, con base en la supuesta comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Este viernes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará la vista previa del juicio, según publicó el medio que proporciona la información original.

El fiscal expone que la patera zarpó de las costas argelinas en la madrugada del 9 de septiembre de 2025 y, después de una travesía de poco más de 24 horas, fue interceptada al sur de Cabrera. El Ministerio Público describe que la embarcación presentaba serias deficiencias de seguridad, superaba con creces su capacidad recomendada y solo disponía de un motor. Reportó además que el bote llevaba una cantidad importante de bidones de combustible que, según el escrito de acusación, suponían un riesgo considerable para la integridad física de quienes realizaban el trayecto.

Según detalló el escrito fiscal, la travesía habría sido organizada por dos personas no identificadas y residentes en Argelia, quienes establecieron el precio de unos 3.000 euros para cada persona que abordó la embarcación. Entre los migrantes que realizaron el viaje, solo uno era acompañado por un familiar directo pese a que la mitad del pasaje correspondía a menores de edad, algunos de ellos con tan solo 12 años.

Respecto al acusado, el fiscal sostiene que aceptó patronear la embarcación tras negociar una compensación económica que se materializó como un descuento en el precio de su propio viaje, condición que lo convertía en parte del grupo migrante en vez de un organizador principal. La acusación recalca que este patrón de viaje supone una responsabilidad penal debido a la situación de grave riesgo asumida por los pasajeros durante el trayecto y por la falta de elementos de seguridad esenciales en la embarcación.

La información aportada por la fuente original detalla que la acusación formal planteada ante la Audiencia de Baleares se centra en un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, figura recogida en la legislación española para proteger la integridad de quienes se ven expuestos a peligros graves en procesos migratorios irregulares.

El escrito presentado por el Ministerio Público argumenta, según anunció la fuente informativa, que la forma en la que se organizó y ejecutó el viaje implicó situaciones de peligro para la vida y la integridad de los pasajeros, tanto por el exceso de ocupación y la inexistencia de medidas de seguridad como por la presencia de grandes cantidades de combustible a bordo.

La fuente del caso explica también que los organizadores identificados en Argelia no habrían sido detenidos ni aparecen formalmente vinculados en el proceso judicial abierto en Baleares, por lo que la responsabilidad penal, según la Fiscalía, recae sobre el joven procesado por su papel como conductor de la embarcación.

El proceso judicial, según el medio citado, se encuentra en fase previa y la Audiencia Provincial valorará en los próximos días los argumentos particulares de las partes y la consistencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y la defensa del acusado.

A pesar de algunas movilizaciones internas dentro de Irán, principalmente desde Teherán hacia otras ciudades y provincias, por ahora no se han detectado movimientos migratorios desde ese país con destino a Europa o a naciones aledañas de la región. Así lo expresó este jueves Magnus Brunner, comisario de Migración e Interior de la Unión Europea, en el marco del encuentro de ministros de Interior del bloque, según informó el medio. Brunner subrayó que la Comisión Europea mantiene un monitoreo constante ante eventuales repercusiones que el actual conflicto en Oriente Próximo pudiera tener en materia de migración o seguridad.

De acuerdo con lo que consignó la publicación, hasta el momento no existe registro de flujos migratorios significativos provenientes de Irán hacia la Unión Europea ni hacia otros países del entorno regional. Brunner puntualizó que, aunque la situación se evalúa permanentemente, no se han observado movimientos hacia Europa ni hacia naciones de Oriente Próximo distintas a Irán. El funcionario austríaco anticipó que la agenda del encuentro ministerial incluiría un análisis sobre las posibles consecuencias en seguridad derivadas de los recientes ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán, así como de la subsiguiente respuesta iraní en países vecinos.

El comisario puntualizó que la importancia de la reunión radicaba en la necesidad de que los países miembros se mantuvieran preparados tanto en materia migratoria como de seguridad, dadas las tensiones en la región. De acuerdo con lo detallado por el medio, Brunner señaló que la UE mantiene un canal de comunicación activo y frecuente con distintos actores e interlocutores en Oriente Próximo con el fin de vigilar la evolución de los acontecimientos y anticipar posibles escenarios.

En la misma línea, el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, reafirmó la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante eventuales aumentos repentinos de solicitudes de asilo provocados por situaciones de inestabilidad o conflicto prolongado. En declaraciones citadas por la fuente, Grande-Marlaska se refirió a la experiencia de la UE frente a crisis previas, como la afluencia de personas desplazadas por la guerra en Siria durante 2015 o la oleada de refugiados causada tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania. “Toda situación de inestabilidad manifiesta y complicada, compleja, como la que estamos viviendo, si se perpetúa en el tiempo, genera una problemática diversa. Pero la Unión Europea en el 2015, consecuencia del conflicto en Siria, fue capaz de enfrentar la misma”, explicó Grande-Marlaska, palabras que recogió el medio.

El ministro español defendió la existencia de medios, capacidades técnicas y, principalmente, la voluntad política en la Unión Europea para proteger a quienes necesiten solicitar protección internacional en caso de nuevas crisis. Según las declaraciones recogidas por la prensa, insistió en que el bloque dispone de experiencia y mecanismos para responder ante desafíos similares, lo que le permite afirmar que la Unión Europea estaría en condiciones de afrontar posibles incrementos de flujos migratorios en escenarios de conflicto o agudización de la tensión regional.

La cobertura del medio reflejó que, aunque el contexto actual en Oriente Próximo presenta incertidumbre y riesgos potenciales, las autoridades europeas consideran que el bloque se mantiene vigilante y coordinado a fin de actuar ante cualquier evolución que implique movimientos de personas a gran escala. Hasta el momento, la evaluación de la Comisión Europea y los ministros de Interior coincide en que la amenaza de desplazamientos masivos desde Irán hacia Europa es inexistente. No obstante, el seguimiento cotidiano de la situación constituye una prioridad para el bloque, que busca anticipar y gestionar de manera ordenada cualquier alteración en los patrones migratorios provocada por el actual contexto geopolítico.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que existe plena disposición por parte del Gobierno español para abordar cualquier debate o pregunta sobre la regularización extraordinaria de migrantes cuando así lo requiera cualquiera de los Estados miembro. Según informó Europa Press, el funcionario enfatizó durante su llegada a la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea, en Bruselas, que hasta el momento no ha existido ninguna solicitud formal de explicación por parte de los socios europeos respecto a este proceso. Marlaska insistió en que la medida española sigue los criterios de la legalidad vigente y los compromisos de seguridad asumidos por todos los miembros de la Unión.

El titular de Interior defendió que la iniciativa propuesta por el Gobierno español cuenta con “todas las garantías de legalidad y de seguridad para el conjunto de los Estados miembro”, ratificando la voluntad nacional de ajustarse a los estándares europeos. Según consignó Europa Press, Marlaska recalcó que la regularización está motivada por la protección de los derechos de individuos que ya residen en España y precisó que, hasta la fecha, ningún miembro de la Unión Europea ha solicitado aclaraciones al Ejecutivo español respecto a la medida. El ministro subrayó también la disposición del Gobierno para dialogar si se planteasen dudas o inquietudes de cualquiera de los socios.

Durante el encuentro con la prensa previo a la sesión en Bruselas, Grande-Marlaska afirmó que la iniciativa española responde a criterios compartidos al interior del espacio europeo. Detalló que otros Estados miembro han adoptado medidas similares o distintas con el propósito de resolver situaciones irregulares y mitigar la permanencia de personas en condiciones fuera de la legalidad. El medio Europa Press agregó que el titular del Interior descartó preocupaciones sobre el efecto de la regularización fuera de las fronteras españolas, remarcando que la actuación del Gobierno se enmarca en las competencias nacionales, como establece la legislación de la Unión Europea.

Tras el anuncio del Ejecutivo acerca de la intención de implementar una regularización extraordinaria de migrantes, la Comisión Europea reiteró en diversas ocasiones que esta clase de decisiones cae íntegramente dentro del ámbito de competencias nacionales. Según publicó Europa Press, las autoridades comunitarias indicaron que Bruselas no interviene en estos procesos y solo subraya que la regularización puede considerarse una medida válida para responder a requerimientos del mercado de trabajo. Markus Brunner, comisario europeo de Interior y Migración, intervino en un reciente debate en el Parlamento Europeo vinculando la situación de España con las obligaciones generales de los Estados miembro.

En su comparecencia pública, el comisario Brunner remarcó que la migración constituye un reto gestionado tanto por la Unión Europea como por cada Estado en particular. De acuerdo con sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Brunner recordó que cada país tiene la responsabilidad de asegurar que cualquier medida adoptada, incluida una regularización extraordinaria, no genere “consecuencias negativas” en el resto de los Estados miembro. “Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembro y al mismo tiempo esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión”, explicó Brunner según Europa Press.

La discusión sobre la regularización extraordinaria propuesta por el Gobierno español se produce en un contexto en el que diversos países en la Unión ya han aplicado medidas para regularizar situaciones migratorias excepcionales. El debate continúa en el ámbito europeo en relación con los mecanismos más adecuados para responder tanto a las demandas del mercado laboral como a la protección de los derechos de las personas migrantes, asegurando la coordinación entre los Estados miembro y el respeto de las normativas comunes. Europa Press reportó que, hasta el momento, la regularización propuesta por España no figura como un tema de preocupación inmediata ni ha motivado debate formal entre los ministros, manteniéndose como una iniciativa bajo control nacional con observancia de los marcos legales y de seguridad mutuales.

El flujo migratorio hacia Galicia procedente de países como Cuba, Suiza, Venezuela, Argentina y Estados Unidos ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, según detalló el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, en el Parlamento autonómico. De acuerdo con la información publicada por el medio de comunicación, Miranda compareció para exponer el alcance y los efectos de la estrategia ‘Galicia Retorna’, impulsada por la Xunta desde 2018, y resaltó que Galicia habría registrado la llegada de cerca de 50.000 personas retornadas en ese periodo.

Según consignó el medio citado, el representante autonómico utilizó datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para señalar que Galicia experimentó un aumento neto de 140.000 habitantes entre 2018 y 2024. De este modo, la administración autonómica defendió la eficacia del programa específico para facilitar el regreso de la diáspora gallega, argumentando que el saldo migratorio refleja una tendencia positiva y sería resultado directo de las políticas implementadas. No obstante, la oposición, integrada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Socialista de Galicia (PSdeG), puso en duda la efectividad del programa y solicitó mayores recursos y reformas integrales en las políticas de apoyo a emigrantes y retornados.

El secretario xeral de Emigración especificó que el saldo migratorio en 2024 alcanzó las 30.000 personas, cifra que constituye el máximo registrado hasta la fecha, según publicó el medio original. Desgranando la evolución de los retornos, las cifras anuales arrojan 6.900 regresos en 2018, 6.500 en 2019, cerca de 4.000 en 2020, 7.700 en 2021, 7.900 en 2022, 8.450 en 2023 y 8.435 en 2024. Miranda puntualizó, según reportó la fuente citada, que en el año más reciente, el 85 por ciento de los retornados tenía menos de 65 años y un 57 por ciento correspondía a personas menores de 45 años.

El responsable autonómico respondió a los cuestionamientos de la oposición asegurando que, desde 2018, el balance entre quienes salen de Galicia y quienes regresan implica que, si no se hubiese invertido esa tendencia, muchas localidades quedarían despobladas. Afirmó que, a través del aumento del retorno, se están formando ‘nuevas ciudades’ en términos poblacionales. En cuanto a los países de origen de los retornados, destacó que las principales comunidades proceden de Cuba, Suiza, Venezuela, Argentina y Estados Unidos, en ese orden, según datos de la Xunta.

El medio informó que el BNG y el PSdeG plantearon observaciones respecto a la marcha de cerca de 500.000 gallegos desde 2009, fecha a partir de la cual el Partido Popular ha gestionado el gobierno autonómico de manera consecutiva. El diputado nacionalista Daniel Castro señaló que en el último año emigraron casi 37.000 personas y subrayó que un porcentaje relevante de estas salidas corresponde a jóvenes entre 16 y 35 años. Castro advirtió que “esto no es ‘las gallinas que entran por las que salen’”, aludiendo a que los reingresos de retornados no compensan proporcionalmente la emigración persistente.

Carmen Rodríguez Dacosta, portavoz de Empleo del Grupo Socialista, calificó de “ineficaz” la estrategia diseñada por la Xunta y denunció la falta de planificación territorial ligada al desarrollo económico y productivo. Solicitó que las medidas de retorno se acompañen con políticas conjuntas en materia de vivienda, sanidad y educación, así como una coordinación más efectiva entre las diferentes áreas del gobierno autonómico.

Respecto al fenómeno de la inmigración, Rodríguez Miranda reconoció en su intervención que la llegada de personas extranjeras supera las cifras del retorno propiamente dicho. Según sus declaraciones, los principales países de procedencia en 2024 fueron Venezuela, Colombia, Perú, Portugal, Cuba y Brasil, coincidiendo en parte con las naciones que también envían gallegos de vuelta. Según recogió el medio, la autoridad autonómica identificó en el flujo migratorio un “efecto arrastre”, sosteniendo que muchos inmigrantes son familiares y amigos cercanos de los retornados gallegos, lo que refuerza vínculos interpoblacionales y explica parte del dinamismo de la inmigración reciente.

El secretario xeral defendió la importancia de la inmigración ordenada y regular, matizando que “por supuesto que decimos que vengan, pero de forma ordenada y regular”, recogió el medio. La oposición matizó estos postulados: Daniel Castro expresó su apoyo a que Galicia reciba población extranjera, aunque rechazó cualquier discurso que no considere a los migrantes como personas con derechos. Castro también se refirió a la tendencia de algunos representantes del Partido Popular a matizar el discurso migratorio con posiciones afines a VOX, una formación de derecha, criticando lo que definió como “tintes verdes” en los alegatos sobre migración.

De acuerdo con la información aportada por la fuente original, la sesión parlamentaria puso de manifiesto el debate sobre el balance entre políticas para facilitar el retorno de ciudadanos gallegos y la atención integral a las necesidades de quienes emigran o se establecen en Galicia como inmigrantes. El enfoque de la estrategia 'Galicia Retorna', sus resultados cuantitativos y su integración con políticas en otros campos sociales y económicos permanecen en el centro del intercambio entre el gobierno autonómico y los partidos de la oposición.

El dato de que, desde 2021, casi 135.000 personas solicitaron asilo en Reino Unido empleando rutas académicas motivó el anuncio de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, sobre una suspensión inédita de los visados de estudio para Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán. Según consignó el medio británico y confirmó el Gobierno, también se bloquearán los permisos de trabajo para ciudadanos afganos, en respuesta a lo que las autoridades califican como un “uso abusivo” de estos mecanismos migratorios.

De acuerdo con la información oficial recogida por el medio, el incremento en las solicitudes de asilo por la vía académica alcanzó un 470% en el periodo comprendido entre 2021 y 2025, afectando principalmente a estudiantes provenientes de Afganistán, Birmania, Camerún y Sudán. Tal como detalló el comunicado ministerial, la decisión pretende restablecer el control fronterizo y frenar el aprovechamiento del sistema de acogida. Mahmood destacó que Reino Unido continuará ofreciendo refugio a quienes huyen de conflictos o persecución, aunque advirtió que este recurso no debe ser objeto de abuso.

El Gobierno británico subrayó que el número de ciudadanos afganos con visados de trabajo que han solicitado asilo en el país supera la cantidad de permisos concedidos en esa categoría. Según publicó la fuente oficial, muchas de las personas involucradas dependen económicamente de ayudas estatales, y una proporción significativa de ellas se declara en condición de indigencia. En total, casi 16.000 ciudadanos de los cuatro países mencionados reciben apoyo del Estado, y más de 6.000 se encuentran alojados en hoteles costeados con fondos públicos.

El costo anual del sistema de acogida de solicitantes de asilo se sitúa actualmente por encima de los 4.000 millones de libras. Ante esta situación, el Gobierno introdujo recortes al apoyo económico que reciben las personas solicitantes de asilo y ha señalado la presión sobre el sistema de asistencia social como uno de los factores que motivaron la revisión de las políticas de visados.

Pese a esta línea restrictiva, las autoridades británicas expusieron que, desde 2021, el país ofreció refugio a más de 37.000 ciudadanos afganos. Además, en 2025 se autorizaron alrededor de 190.000 visados por razones humanitarias. Reino Unido sostiene haber reubicado, desde 2010, al sexto mayor número mundial de refugiados derivados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La política gubernamental adoptada recientemente también se relaciona con el esfuerzo diplomático sostenido por Londres. Según detalló el medio, en el año anterior Reino Unido acordó con las autoridades de Angola, Namibia y la República Democrática del Congo la repatriación de ciudadanos en situación migratoria irregular a cambio de mantener sus regímenes de visados. El Ejecutivo amenazó con suspender todos los visados si no recibía cooperación, logrando así la colaboración de estos países africanos.

Además, el Gobierno británico expresó su compromiso de establecer rutas seguras y legales para la migración, aunque con plazas limitadas, como alternativa al cruce marítimo irregular en embarcaciones pequeñas. Esta iniciativa se encuadra dentro de un enfoque general que, según el Gobierno, busca garantizar la seguridad de los solicitantes y ofrecer opciones viables mientras se refuerzan los controles fronterizos.

Dentro de las justificaciones ofrecidas para las recientes medidas, el Ejecutivo argumentó que el sistema actual favoreció un flujo de solicitantes por vías no previstas para la protección internacional, lo cual generó efectos financieros y logísticos insostenibles en el largo plazo. El Ejecutivo subrayó la importancia de distinguir entre quienes requieren protección genuina y quienes buscan alternativas a los procesos migratorios regulares utilizando vías académicas y laborales para acceder al asilo.

La ministra Shabana Mahmood enfatizó en su comunicado la determinación de frenar los intentos de explotar la “generosidad” del sistema migratorio británico, asegurando que las nuevas directrices responden a la necesidad de restablecer el orden y el control en el ingreso de personas al país. Según reportó la fuente oficial, la respuesta adoptada no solo afectará a solicitantes de los cuatro países señalados, sino que también representa una advertencia para otros contextos en los que, a juicio del Gobierno, se detecten patrones similares de abuso en el uso de visados destinados originalmente a fines genuinos de estudio o trabajo.

Durante un encuentro informativo organizado por el diario La Razón, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, abordó temas de actualidad incluyendo su postura sobre el regreso del rey emérito Juan Carlos I a España, al señalar que dicho retorno solo debería producirse bajo el respeto estricto de los derechos y deberes que corresponden a cualquier ciudadano español. Según informó La Razón, Argüello sostuvo que el monarca, a quien reconoció como figura relevante por su pasado como jefe de Estado, conserva el derecho a residir en territorio español siempre que acepte plenamente las obligaciones inherentes a todos los ciudadanos.

Durante su intervención, el presidente de la CEE contextualizó el debate señalando que Juan Carlos I, quien actualmente vive fuera del país, podría establecer de nuevo su residencia en España bajo las mismas condiciones legales y sociales estipuladas para cualquier otra persona. De acuerdo con lo publicado por La Razón, Argüello subrayó la importancia de que este regreso, de producirse, esté marcado por el reconocimiento de sus derechos, pero también de los deberes ciudadanos, sin privilegios diferenciales por su condición de exmonarca.

En el mismo evento, el arzobispo prestó atención a la situación internacional, especialmente la escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán. Según consignó el medio La Razón, Argüello advirtió contra la adopción de “atajos” o “soluciones fáciles” y consideró prematuro simplificar la complejidad del conflicto con “eslóganes” por parte de los actores involucrados. Expresó que resulta fundamental tomar conciencia del elevado nivel de riesgo, y planteó su inquietud frente a la posibilidad de que el único proyecto de regeneración para la Unión Europea sea el rearme, mientras persisten otros desafíos que, a su criterio, requieren atención y cuidado previo.

Argüello añadió que el escenario internacional enfrenta una tensión marcada por dos factores principales: la fuerza y la violencia, que suelen invocar argumentos de legítima defensa, y la legalidad internacional. El titular de la CEE lamentó, según reportó La Razón, que la legalidad internacional tenga escasa relevancia efectiva en la resolución de los conflictos contemporáneos; señaló que, frecuentemente, quienes solicitan respeto a la normativa internacional no siempre cumplen con las leyes internas de sus propios países.

El debate migratorio también estuvo presente durante la comparecencia. El presidente de la CEE recalcó, según publicó La Razón, que la Iglesia católica no promueve interpretaciones de “puertas abiertas indiscriminadas” para los migrantes, y remarcó que su posición se centra en acoger, cuidar, promover e integrar a quienes llegan a territorio español. Argüello reiteró el respaldo de la Iglesia a la regularización extraordinaria de personas migrantes, aunque puntualizó que habría preferido un debate parlamentario más riguroso, como el que preveía la iniciativa legislativa popular inicialmente propuesta. Según dijo, aquellos criterios previos eran “más exigentes” que los planteados en el decreto presentado recientemente por el Gobierno.

El presidente de la CEE reconoció que existen divisiones y reservas entre los propios feligreses católicos acerca del apoyo eclesiástico a la regularización de migrantes, y advirtió sobre el riesgo de una actitud dual dentro de la comunidad cristiana. Según detalló La Razón, Argüello ilustró este dilema señalando la existencia de personas que se muestran comprometidas con la fe dentro del templo, pero que luego, frente a temas de la vida cotidiana, la economía y las relaciones sociales, separan su conducta de los principios cristianos.

En su análisis, Argüello incluyó temas relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo y denunció, según La Razón, que el aborto se utiliza actualmente como una especie de “chivo expiatorio” para valorar la vigencia del progresismo tanto en Europa occidental como en el mundo occidental en general. El prelado indicó que dentro de la propia Iglesia algunos fieles adoptan posturas laicas o mundanas respecto al aborto, optando por mantener una postura reservada en debates públicos; esto, en su opinión, refleja una “doble vida” respecto a los valores de la doctrina cristiana.

Al referirse al aborto, Argüello manifestó que considera una falacia hablar del “derecho al uso del propio cuerpo” y afirmó que la defensa de la vida representa una línea límite que no debería sobrepasarse. Según La Razón, el presidente de la CEE también criticó la posición de ciertos partidos políticos que, “supuestamente”, dicen defender el humanismo cristiano pero no mantienen coherencia en cuestiones como el aborto. Aclaró además que el rechazo a la interrupción del embarazo no constituye un acto de fanatismo religioso, sino la protección de un bien jurídico esencial. Remarcó, citando a La Razón, que esto no implica proponer medidas punitivas extremas: “Lo cual no quiere decir llevar a la cárcel a la gente, ojo, hay un bien jurídico a proteger y luego una estrategia penal para proteger todo esto”.

De este modo, la comparecencia de Luis Argüello abordó distintos aspectos de la actualidad política y social española, desde el posible regreso del rey emérito hasta debates sobre migración y derechos reproductivos, con continuas referencias a la doctrina y la postura de la Iglesia, según detalló La Razón.

Dubái, Portugal, Singapur, Italia, Australia y Nueva Zelanda; junto a 134.000 personas y USD 30 millones. Estos son datos clave de la migración más reciente de grandes fortunas que evidenció un análisis publicado por la revista de negocios Inc. con base en información de la consultora internacional Henley & Partners.

En 2024, según indicaron, un número récord de personas con patrimonios superiores a USD 30 millones dejaron países con alta presión fiscal y se mudaron a destinos donde pueden preservar más su patrimonio, destacando a las ya mencionadas naciones como principales destinos.

El flujo está motivado por el deseo de evitar cargas impositivas elevadas, la preferencia por estabilidad sociopolítica y la búsqueda de lugares seguros para establecerse, procediendo principalmente del Reino Unido y áreas de Estados Unidos con altos impuestos, de acuerdo con la publicación.

Razones y dinámicas de la migración de ultrarricos

Asimismo, la revista de negocios Inc. aseguró que el peso de los impuestos constituye un factor decisivo en el traslado de residencia de los “ultrarricos”, quienes priorizan destinos donde puedan conservar una mayor proporción de su dinero.

Junto a la carga fiscal, también influyen la búsqueda de seguridad política y una mejor calidad de vida. Jeremy Savory, fundador de Millionaire Migrant, mencionó como motor del fenómeno a la tecnología, que facilita operar negocios a distancia.

Savory observó, en declaraciones recogidas por Inc., que “estamos viendo un cambio drástico en los flujos globales de riqueza”. Los conflictos políticos y sociales fomentaron la desvinculación de inversiones respecto de los centros tradicionales, incentivando la búsqueda de destinos más estables y rentables.

Destinos y ventajas tributarias preferidos por los ultrarricos

Los países que encabezan las preferencias de los ultrarricos, según Business Insider y la consultora internacional Henley & Partners citados por Inc., ofrecen exenciones tributarias, incentivos para la innovación y altos estándares de vida. Dubái destaca por su entorno de negocios, mientras que Nueva Zelanda y Australia sobresalen por su estabilidad y bienestar.

Italia y Portugal emergieron como opciones en Europa. Basil Mohr Elzeki, socio de Henley & Partners, destacó a Business Insider que “muchos estadounidenses adinerados encontraron en Italia una combinación de vida lujosa y ventajas tributarias, accesible en comparación con Mónaco o Londres”.

Elzeki agregó que “los incentivos fiscales a la investigación y la innovación en Portugal son atractivos” para quienes desean invertir y residir en la Unión Europea. Además, Singapur se consolida en Asia por sus políticas favorables a los negocios y su seguridad jurídica.

Estrategias fiscales y efectos globales de la movilidad

Las fórmulas impositivas que atraen a los ultrarricos presentan variaciones según cada país. Suiza aplica un sistema de imposición sobre gastos personales, que grava el nivel de vida en lugar de los ingresos o el patrimonio. Panamá aplica una tributación territorial, en la que solo se gravan las ganancias generadas dentro del país.

En los Emiratos árabes Unidos, el impuesto sobre el valor añadido es del 5%, lo que implica una carga reducida en comparación con Europa Occidental y América del Norte, de acuerdo con datos de la consultora internacional Henley & Partners citados por Inc..

Italia y Portugal otorgan incentivos concretos a quienes invierten en investigación e innovación científica, fortaleciendo su atractivo fiscal para quienes buscan optimizar la planificación tributaria y diversificar activos.

La revista de negocios Inc. señala que esta oleada migratoria no responde exclusivamente a factores económicos. La competencia global por atraer inversiones y talento de gran patrimonio está redefiniendo el panorama de la riqueza en todo el mundo.

La economía digital y la movilidad permitieron que las grandes fortunas escojan dónde residir o invertir como parte de su estrategia empresarial, lo que impulsa a los gobiernos a adaptar sus políticas para no quedar marginados de este flujo global de capitales.

Las autoridades judiciales han identificado que dos menores, entre los migrantes que llegaron a Cabrera en septiembre de 2025, viajaban sin la compañía de ningún familiar. El caso ha entrado esta semana en una nueva fase, con la celebración de la vista previa a cargo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, donde un joven enfrentará el proceso judicial por su implicación como patrón de la embarcación que transportó a este grupo. La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según detalló el medio digital.

De acuerdo con la información publicada, la embarcación partió de las costas argelinas la madrugada del 9 de septiembre de 2025 y fue interceptada al sur de Cabrera poco después de veinticuatro horas de navegación. El fiscal sostiene que la patera, de pequeñas dimensiones y equipada con un solo motor, había sido sobrecargada al incluir en el trayecto a 32 personas de origen subsahariano, entre ellas dieciséis menores de edad, tres mujeres y únicamente un menor acompañado por un familiar directo. Según ejemplificó el Ministerio Público en su escrito de acusación, la presencia de una cantidad considerable de bidones de combustible acentuaba la situación de peligro, al sumarse a la falta de medidas mínimas de seguridad para los viajeros.

La fiscalía subraya que la organización del viaje estuvo a cargo de dos individuos establecidos en Argelia, no identificados en el escrito, quienes habrían coordinado la salida y recaudado los pagos correspondientes. Cada pasajero entregó unos 3.000 euros por su plaza en la embarcación, según consignó el medio. En cuanto al joven acusado de liderar la travesía, el Ministerio Público sostiene que su participación fue retribuida mediante una rebaja en el precio del viaje, de modo que el acusado actuaba como patrón a la vez que participaba en calidad de migrante.

El procedimiento judicial incluye la imputación específica de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que agrava el caso por poner en riesgo la vida y la integridad de los afectados, especialmente por la presencia significativa de menores. En su argumentación, la Fiscalía resalta el peligro inherente a este tipo de travesías, enfatizando las condiciones precarias de la embarcación, la sobrecarga y la exposición a posibles accidentes debido a la manipulación de bidones de combustible durante más de un día de travesía.

El medio digital informó que la vista previa se realizará el viernes a las 12:30 horas en la Audiencia Provincial de Baleares, donde se expondrán las pruebas respecto al papel del acusado en la organización y conducción de la patera. Además, fuentes judiciales han confirmado que la acusación se sostiene principalmente en los testimonios recabados tras la intervención policial y en el informe pericial sobre las condiciones de la embarcación.

El caso refleja el continuo flujo migratorio desde el norte de África hacia las Islas Baleares, particularmente el crecimiento de los viajes protagonizados por personas subsaharianas a bordo de embarcaciones de pequeñas dimensiones y sin los elementos necesarios para garantizar la seguridad en alta mar. Según información recogida por el medio, el perfil de los migrantes en este incidente se caracteriza por la presencia predominante de familias y menores no acompañados, quienes constituyen uno de los grupos con mayor vulnerabilidad durante estas rutas.

En el contexto del juicio, el Ministerio Público ha insistido en la responsabilidad del acusado en la gestión y dirección de la patera, pese a su condición de migrante. La acusación recalca que, más allá del carácter colectivo del viaje, asumir la conducción de la embarcación representa una conducta sancionable, especialmente cuando se demuestra que tal función se asume a cambio de una contraprestación económica, aunque sea indirecta, como lo fue la rebaja del coste del viaje.

El escrito concluye que la decisión de sobrecargar la embarcación y no dotarla de las medidas de seguridad exigibles generó una situación de riesgo generalizado para todos los ocupantes y, de acuerdo con la tesis fiscal, constituye la base para sostener el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, agravado por las circunstancias mencionadas.

El compromiso de la Unión Europea con el desarrollo económico en terceros países, junto con la respuesta a las expectativas de las nuevas generaciones africanas para disminuir la presión migratoria irregular y proteger los intereses europeos, se encuentra en el centro de la agenda de sus más recientes conversaciones diplomáticas. Siguiendo esta premisa, la Comisión Europea ha enviado a Senegal a sus representantes de Interior y Migración, Magnus Brunner, y de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, para establecer una nueva asociación estratégica encaminada a fortalecer los controles de frontera y acelerar los procedimientos de devolución de solicitantes de asilo rechazados, según informó la propia Comisión y recogió el medio de referencia.

Durante la visita de dos días a Dakar, los comisarios tienen previsto sostener reuniones tanto con el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye como con autoridades políticas del país y emprendedores jóvenes, detalla el medio. Oficialmente, la agenda incluye la consolidación del programa operativo conjunto por el cual se pretende mejorar la capacidad de Senegal para resguardar sus fronteras nacionales y ejecutar operativos en aguas internacionales, reportó la fuente comunitaria.

Bruselas identifica a Senegal como un interlocutor fundamental en la zona del Sahel, considerada por la Comisión como una de las regiones más inestables de África y de alta importancia geopolítica, según recoge la publicación. Este papel de Senegal se fortalece no solo por sus relaciones con la UE, sino también por su estatus como enclave de relativa estabilidad en una región marcada por crisis de seguridad y movilidades migratorias, como subrayan las fuentes consultadas por el medio.

La misión de los altos funcionarios comunitarios coincide con los planes europeos para definir una política migratoria que combine incentivos económicos con medidas de control migratorio más estrictas, según consigna el medio citado. Como parte del enfoque estratégico, la UE promueve inversiones destinadas al desarrollo de sectores como la energía, el ámbito digital y los sistemas de transporte en Senegal, haciendo uso del programa ‘Global Gateway’ como vehículo principal de financiación y colaboración, detalló la publicación.

Este instrumento financiero permite a la Unión contribuir a la creación de oportunidades económicas y fomenta el crecimiento en áreas consideradas vitales tanto para el desarrollo africano como para la estabilidad europea. Dicho planteamiento, publicado por las fuentes europeas, sostiene que la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra las redes de traficantes de personas complementan el componente inversor de la estrategia conjunta.

El medio reportó que, junto a los asuntos económicos, uno de los temas prioritarios de la visita consiste en acordar mecanismos más eficaces para el retorno de personas cuya solicitud de protección internacional en países de la UE ha sido denegada. El objetivo reside en agilizar los trámites de identificación y readmisión, aspecto que, según las autoridades europeas, requiere de una mayor colaboración institucional y operativa por parte tanto de Senegal como de sus socios europeos.

Fuentes de la Comisión, recogidas por el medio, sostienen que la articulación de políticas migratorias más exigentes incluye incentivos para las poblaciones locales, especialmente entre los jóvenes, a quienes se pretende ofrecer alternativas atractivas mediante inversión y apoyo a nuevas iniciativas empresariales, con la finalidad de evitar que opten por rutas migratorias peligrosas e irregulares hacia Europa.

La Comisión Europea considera que la consolidación de vínculos bilaterales y regionales con Senegal resulta fundamental para la arquitectura de seguridad del continente europeo. Según publicaron las fuentes comunitarias, el fortalecimiento de capacidades del gobierno senegalés para supervisar las fronteras y operar en el mar contribuye no solo al control migratorio, sino también a la prevención de la criminalidad asociada a la migración irregular, como el tráfico de personas y otros delitos conexos.

El componente económico de la estrategia europea busca activar el potencial de cooperación a más largo plazo. El medio informa que la UE promueve la inversión en infraestructuras y tecnología como modo de generar empleo y estabilizar la economía senegalesa, una medida que los responsables defienden como esencial para establecer relaciones estables y de beneficio recíproco.

Finalmente, como sintetiza el medio, el viaje de los comisarios Brunner y Síkela representa un paso dentro de la nueva hoja de ruta de la política exterior de la UE respecto al África occidental, en la que el equilibrio entre seguridad, gestión migratoria y desarrollo económico figura como elemento central de la colaboración con Senegal y el conjunto de la región del Sahel.

Según publicó el medio, la diputada popular Sofía Acedo reclamó que el Gobierno proporcione las cifras exactas de las personas que se verían beneficiadas por el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Durante la interpelación dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Acedo señaló que mientras el Ejecutivo menciona una cantidad de 500.000 beneficiarios, existen estudios independientes que estiman que la cifra podría llegar a 840.000 personas. Estas declaraciones formaron parte de una comparecencia en la que el grupo parlamentario popular manifestó su rechazo al procedimiento impulsado por el Ejecutivo, poniendo en cuestión la falta de información pública y acentuando sus dudas sobre la magnitud real del proceso, informó el medio.

El Partido Popular ha decidido llevar al Pleno del Congreso una moción que busca forzar una votación con el fin de detener la regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Gobierno. De acuerdo con el medio, la votación sobre esta iniciativa está prevista para la semana del 16 de marzo en la Cámara Baja. La moción representa la respuesta formal del PP a una interpelación urgente que la diputada Acedo dirigió a la ministra Saiz durante la sesión plenaria de la semana anterior.

Según reportó el medio, el texto presentado por el PP solicita al Ejecutivo que “renuncie de manera inmediata al proyecto normativo de regularización masiva” de extranjeros. Los populares argumentan que dicha propuesta “carece de requisitos” y que se opone tanto a los principios de la Unión Europea como a los objetivos trazados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Además, instan a que el Gobierno ejecute las órdenes de retorno de migrantes conforme a la normativa vigente y revise los acuerdos en materia migratoria con países externos a la Unión Europea para garantizar su cumplimiento. La moción también insiste en que se realicen expulsiones en casos de extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes.

Durante la sesión parlamentaria, la diputada Acedo exigió que el Gobierno “tenga la valentía” de someter el proceso de regularización a la voluntad de las Cortes Generales, espacio donde reside la soberanía nacional, según manifestó. Según detalló el medio, Acedo calificó el decreto del Ejecutivo como “inasumible e injustificable”, además de considerarlo una decisión que supone una “auténtica irresponsabilidad”. Afirmó que la operación responde a intereses políticos del Gobierno, con el objetivo de mantener el control del poder en lugar de buscar soluciones al fenómeno migratorio.

Por su parte, Elma Saiz, ministra involucrada en el intercambio de acusaciones, hizo énfasis en la postura política de los populares, acusando a la bancada del PP de asumir el discurso de Vox y de adoptar estrategias que, desde su punto de vista, contribuyen a polarizar la política migratoria. “Está quedando claro esta mañana que ustedes, señores del PP, le hacen la campaña a Vox y, a cambio, Vox les escribe las interpelaciones”, expresó la ministra, según consignó el medio. En sus declaraciones, Saiz advirtió que la competición por los votos basada en posturas confrontadas daña a la sociedad española. En palabras de la ministra, ambas formaciones políticas han convertido la inmigración en “arma arrojadiza”, un escenario en el que “solo pierde la sociedad española”.

Saiz matizó, respecto al proceso de regularización, que el Gobierno planea analizar cada caso de manera individual, siempre bajo los requisitos que fijará el Real Decreto correspondiente. Añadió, según citó el medio, que “la regularización hay que hacerla porque es política decente, es lo que ayuda al presente y al futuro de nuestro país, a nuestras calles, a nuestros pueblos y, por supuesto, a las personas, poniendo en el centro su dignidad”.

El medio detalló que, además de la interpelación sobre cifras, el Partido Popular extendió sus críticas a las bases legales y filosóficas de la medida. El partido considera que la regularización extraordinaria no se apoya en criterios definidos dentro del marco europeo y contrasta sus objetivos con los previstos en la normativa europea vigente, en particular en lo referente al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Como parte de sus demandas, los populares solicitaron que se refuercen los controles sobre los convenios internacionales en materia de migración y sugirieron la necesidad de mecanismos más severos para deportar a personas extranjeras condenadas por delitos graves.

La iniciativa del PP ha suscitado un nuevo enfrentamiento político en el Parlamento en torno a la dirección de las políticas migratorias en España. Según consignó el medio, durante el intercambio, mientras los populares argumentaban que el plan de regularización del Gobierno pretende responder más a estrategias internas de supervivencia política que a objetivos de interés general, los responsables del Ejecutivo defendieron el proceso como parte de una estrategia integral de inclusión y respeto a los derechos humanos, subrayando la intención de garantizar la dignidad de todas las personas implicadas.

En el contexto de la votación impulsada por el PP, la formación popular sitúa así en el centro del debate público la gestión actual de la política migratoria nacional, y busca frenar la puesta en marcha del procedimiento de regularización extraordinaria. El resultado de la votación en la Cámara Baja definirá el próximo paso legislativo sobre este tema.

La aplicación de las normas actuales en materia de migración no impedirá que, en el futuro cercano, surjan nuevos procesos extraordinarios de regularización, según las declaraciones del presidente del EBB del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, quien subrayó el riesgo de que, en cinco o seis años, se repita una situación similar a la que se vive en la actualidad. El medio que cubrió su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi consignó que Esteban destacó la experiencia vasca respecto a las olas migratorias y alertó sobre la falta de profundidad de la nueva legislación, haciendo especial hincapié en la ausencia de soluciones duraderas para las cuestiones de fondo.

De acuerdo con el medio, el dirigente del PNV expresó que la regulación recién aprobada por el Gobierno español repite patrones de procesos anteriores y no responde a los problemas estructurales que enfrentan las personas migrantes en su integración social y laboral. Señaló que “debería estar más ligada al trabajo que lo que está, o que los plazos que se han puesto deberían haber sido diferentes”, resumiendo así su visión crítica sobre los mecanismos elegidos por el Ejecutivo para afrontar el fenómeno migratorio. Esteban consideró que se perdió la oportunidad de abordar el tema desde una perspectiva estructural y que, en su lugar, se optó por un acuerdo político que solo proporciona una salida coyuntural, en palabras del propio dirigente: “se ha ido a llegar a ese pacto con Podemos y tirar adelante”.

Según publicó el medio, una de las principales críticas planteadas por Esteban reside en la exigencia actualmente vigente que obliga a las personas migrantes a permanecer dos años en situación irregular antes de poder solicitar la regularización. Desde su punto de vista, esta limitación restringe la posibilidad de acceder a un empleo formal y expone a las personas afectadas a situaciones de explotación laboral. A su juicio, “no puede ser” que esta fase de ocultamiento en el mercado de trabajo continúe sirviendo de plataforma para que otros obtengan ventajas económicas a costa de quienes se ven forzados a la irregularidad.

El líder del PNV abogó, según registró el medio, por modificar la legislación para impedir que esta vulnerabilidad persista. Sostuvo que la integración social y laboral de las personas migrantes solo será posible si se establecen procedimientos y requisitos claros, que no marginen a quienes buscan incorporarse de manera regular al sistema. Al mismo tiempo, Esteban defendió la necesidad de ir más allá de soluciones temporales, para afrontar el fenómeno migratorio con instrumentos estables y eficaces.

En cuanto al aspecto identitario, el dirigente nacionalista realizó, de acuerdo con la cobertura del medio, una reflexión sobre la pluralidad existente en Euskadi y cómo esta se ha enriquecido a través de sucesivas olas migratorias. Esteban reconoció la existencia de diferentes grados de identificación con la identidad vasca entre los habitantes de la región, describiendo un escenario donde algunos se sienten únicamente vascos, mientras otros combinan esa identidad con otras, como la francesa. “Yo me siento vasco y punto, pero otros no. Y otros dirán que son vascos y franceses, y también forman parte de mi pueblo”, relató el presidente del EBB según consignó el medio.

El mismo medio reportó que, para Esteban, el éxito de la integración migratoria dependerá de dos factores esenciales: la consolidación de una identidad colectiva robusta y la voluntad sincera de quienes llegan para integrarse en la sociedad de destino. “La migración es buena y puede sumar, si hay una identidad fuerte en un país y si hay voluntad de integración”, expresó el político vasco, en referencia a la capacidad de la sociedad vasca para integrar y canalizar los aportes de las personas migrantes.

Esteban aprovechó también su intervención, según detalló el medio, para recordar que la historia de Euskadi está marcada por distintas oleadas de migración que, lejos de diluir la identidad vasca, han reforzado su particularidad en momentos difíciles. Puso énfasis en que, frente a las adversidades, la sociedad vasca ha demostrado una fuerte resiliencia y capacidad adaptativa, integrando las variadas procedencias en un proyecto colectivo.

Desde su perspectiva, integrar de forma efectiva a los migrantes en Euskadi exige un enfoque planificado y estructurado, descartando respuestas basadas en la improvisación. El dirigente insistió en que solo a través de una regulación clara y procedimientos definidos podrá evitarse que las personas migrantes permanezcan en la irregularidad, situación que en muchos casos las expone a la explotación y frena su integración socioeconómica.

El medio recogió que Esteban reiteró la necesidad de una política migratoria que proporcione estabilidad y certeza tanto a quienes llegan como a la sociedad que recibe. Advirtió también que, de mantenerse el modelo actual, basado en soluciones temporales y acuerdos políticos, el país podría enfrentar periódicamente la repetición de regularizaciones extraordinarias sin resolver el fondo de la cuestión. Por último, Aitor Esteban conectó su propia experiencia como hijo de olas migratorias y actual dirigente del PNV con el proceso social vivido en Euskadi, ilustrando cómo la integración de diferentes trayectorias personales y colectivas ha sido un elemento constitutivo del tejido social vasco, según relató el medio durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi.

Las tareas de búsqueda de la tercera embarcación que transporta migrantes hacia Baleares han continuado sin descanso, en medio de la preocupación de los familiares que no han recibido noticias sobre el paradero de sus seres queridos. Según informó Europa Press, la Marina Argelina localizó dos de las tres pateras reportadas como desaparecidas, mientras que un avión de Frontex y otro de la Guardia Civil mantienen la búsqueda desde el aire en la zona sur de Cabrera para intentar ubicar la embarcación restante.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, las labores de rastreo se intensificaron tras la alerta emitida la tarde del jueves por la organización Caminando Fronteras, organización que comparte información recibida de las familias de los migrantes sobre la salida y desaparición de estas pateras. Las comunicaciones de los allegados, preocupados por la falta de contacto, hicieron que la ONG trasladase la situación a las autoridades, lo que llevó a la activación del dispositivo oficial de búsqueda.

Según consignó Europa Press, dos de las embarcaciones zarparon el domingo desde las costas de Argelia. Una de ellas transportaba a 29 personas de origen subsahariano y la otra a 30, entre quienes viajaban tres mujeres y dos bebés. El tercer bote desaparecido partió el martes con 22 personas a bordo, incluida una mujer sudanesa, mientras que el resto eran nacionales de Somalia. Entre los ocupantes de la última patera también se encuentran siete mujeres.

El medio señaló que desde Caminando Fronteras continúan en contacto permanente con los allegados de los migrantes desaparecidos, ofreciendo apoyo psicológico y logístico. Además, en comunicación con Salvamento Marítimo, la ONG ha proporcionado detalles que puedan facilitar la localización de las pateras, como el número telefónico de uno de los migrantes, que actualmente no emite señal.

Europa Press destacó que a lo largo de esta semana han desembarcado en el archipiélago balear 410 migrantes repartidos en 23 embarcaciones, lo que evidencia la alta presión migratoria que vive la región. Sin embargo, la ausencia de coordenadas precisas complica el límite del área de búsqueda, lo que obliga a aeronaves de Frontex y la Guardia Civil a realizar vuelos exploratorios en una franja extensa del mar.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Helena Maleno, representante de Caminando Fronteras, explicó que la ONG está alarmada por el número de desaparecidos en la llamada ruta argelina durante 2025. Según el informe anual “Monitoreo del derecho a la vida” elaborado por la organización, en lo que va de año al menos 1.037 personas se encuentran en paradero desconocido tras intentar cruzar el trayecto marítimo que conecta Argelia con Baleares y el levante peninsular.

El citado informe describe el archipiélago balear como la zona más peligrosa de la ruta argelina, convirtiéndose según la ONG en un “laboratorio de la necrofrontera”, entendido como un espacio en el que confluyen altos índices de criminalización, políticas restrictivas y una erosión del derecho internacional, factores que según Caminando Fronteras afectan de lleno a la protección del derecho a la vida.

Europa Press detalló que el operativo de búsqueda desplegado por la Marina Argelina y los dispositivos internacionales cuenta con la colaboración de las autoridades migratorias españolas y de Salvamento Marítimo. El esfuerzo se concentra en la localización de la tercera embarcación, dada la precaria situación de sus ocupantes, entre quienes se encuentran mujeres y bebés.

El procedimiento activado tras la alerta de Caminando Fronteras ilustra el protocolo de emergencia seguido cuando la sociedad civil comunica la desaparición de migrantes en el Mediterráneo. Familias que llevan días sin contacto buscan apoyo en organizaciones no gubernamentales, que a su vez tramiten los avisos a los servicios oficiales para la puesta en marcha de rastreos marítimos y aéreos.

Las autoridades trabajan en un contexto de llegadas continuas de migrantes en embarcaciones precarias a las costas de Baleares. Según Europa Press, el fenómeno responde a dinámicas migratorias en la franja sur del Mediterráneo, con incremento notable en la utilización de la ruta argelina por parte de personas provenientes de África subsahariana y el Cuerno de África.

El dispositivo sigue enfocado en la zona sur de Cabrera, área que no cuenta con señalizaciones exactas del posible paradero de la embarcación desaparecida, lo que obliga a ampliar los radios de rastreo tanto por mar como por aire. Hasta el momento, el operativo sigue sin novedades acerca del tercer grupo, mientras continúa la incertidumbre en torno al estado y la ubicación de las personas a bordo.