La caravana salió aproximadamente a las 4:00 de la tarde desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula y avanzó por las calles de la ciudad con dirección a la frontera de Corinto, en Omoa, Cortés, uno de los puntos utilizados por quienes buscan continuar su trayecto hacia el extranjero.

Entre las personas que integran el grupo hay familias que decidieron abandonar Honduras ante las dificultades económicas que, según relataron, enfrentan en sus comunidades de origen.

Una de las migrantes, que viaja acompañada de sus hijos, su yerno y una prima. Señaló la falta de oportunidades laborales como la razón principal para emigrar. “No hay empleo, ¿qué tengo que hacer? Todos los que estamos emigrando es porque no hay un empleo”, dijo la mujer durante la salida de la caravana.

El recorrido desde San Pedro Sula

La salida se produjo el domingo desde la Gran Central Metropolitana, donde se concentraron los integrantes de la caravana antes de iniciar el desplazamiento. El grupo avanzó por distintos sectores de San Pedro Sula en dirección a Omoa, con la intención de llegar a la frontera de Corinto y continuar el trayecto migratorio.

La movilización reúne a personas de distintas procedencias que comparten la decisión de salir de Honduras en busca de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida.

Gustavo Cortés, representante de la Cruz Roja en San Pedro Sula, informó que la institución acompaña al grupo con distintos servicios: carga de teléfonos celulares, atención hospitalaria y asistencia durante el desplazamiento.

Ese apoyo busca atender necesidades básicas de las personas que participan en la caravana mientras avanzan por el territorio hondureño y permite mantener comunicación durante el recorrido, especialmente antes de llegar a la frontera.

Advertencias sobre rutas irregulares

La Fundación 15 de Septiembre, organización hondureña de defensa de los migrantes, hizo un llamado a evitar rutas migratorias irregulares. Advirtió sobre los peligros a los que quedan expuestas las personas durante este tipo de desplazamientos: extorsiones, detenciones y posibles deportaciones.

Las advertencias se producen en medio de un recorrido que implica atravesar distintos territorios y enfrentar condiciones que pueden aumentar la vulnerabilidad de quienes migran, especialmente cuando viajan en familia o cuentan con recursos económicos limitados.

La mujer procedente de Roatán que participa en la caravana junto a varios de sus familiares resumió su decisión en la dificultad para encontrar un trabajo que le permita sostener a su familia. Su testimonio coincide con el de otros integrantes del grupo, para quienes la búsqueda de ingresos es el punto de partida de un recorrido que consideran necesario frente a las condiciones que enfrentan en sus lugares de origen.

Organizaciones de asistencia y defensa de los migrantes mantienen llamados para que quienes emprendan estos recorridos conozcan los riesgos y procuren alternativas que reduzcan su exposición a situaciones de violencia, explotación o detención.

La caravana continuará su recorrido hacia la frontera de Corinto, mientras los migrantes avanzan con la expectativa de encontrar nuevas oportunidades fuera del país. En el trayecto, organizaciones de asistencia mantienen el acompañamiento y los llamados a tomar precauciones ante los riesgos que pueden presentarse durante la ruta migratoria.

El Servicio Nacional de Migración reportó la salida de 67 ciudadanos colombianos y ecuatorianos en una sola jornada. Las medidas respondieron a casos que la institución relacionó con actividades lucrativas sin autorización y con delitos graves.

Entre las conductas señaladas aparece el préstamo informal conocido como “gota a gota”, detectado también en un procedimiento reciente en Coclé.

De las 67 personas, 44 son colombianas: 30 fueron deportadas y 14 expulsadas. Las otras 23 son ecuatorianas, aunque Migración no precisó cuántas fueron deportadas y cuántas expulsadas. Los colombianos representan cerca de dos tercios del grupo al que se aplicaron estas medidas de salida.

La institución mencionó entre las causas la actividad de préstamo ejercida sin el permiso correspondiente, así como casos vinculados con lesiones, homicidio y delitos relacionados con drogas.

También señaló la pertenencia a organizaciones criminales transnacionales. El comunicado agrupa situaciones de distinta naturaleza, pero no indica cuántas personas corresponden a cada conducta.

Uno de los casos mencionados está relacionado con alias “D-Max”, requerido por las autoridades colombianas. Migración indicó que este hombre había sido retenido previamente por sus unidades y entregado a las autoridades competentes. El reporte no ofrece detalles sobre la relación concreta de otro extranjero con él ni sobre el proceso judicial correspondiente.

El “gota a gota” consiste, generalmente, en ofrecer préstamos de entrega rápida con cobros frecuentes. Para quienes reciben el dinero, el riesgo aumenta cuando se imponen condiciones abusivas o se utilizan amenazas para cobrar.

En Coclé, unidades migratorias detectaron recientemente a una ciudadana colombiana que realizaba préstamos “gota a gota”. Según la institución, la actividad era incompatible con su estatus migratorio, por lo que fue trasladada al Centro de Detención Administrativa Migratorio Femenino. Migración no comunicó que ya hubiera sido deportada o expulsada.

La detección en Coclé ilustra cómo los controles también se realizan fuera de los aeropuertos y las fronteras. En el caso de la ciudadana colombiana, el dato comunicado es su traslado a un centro de detención. Su situación, por tanto, no equivale a una medida de salida ejecutada como las informadas para el grupo de 67 extranjeros.

Otro procedimiento tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico. Allí, un ciudadano colombiano fue identificado después de que apareciera una coincidencia en bases de datos vinculada con un grupo considerado terrorista. Las autoridades le negaron la entrada y lo retornaron a Colombia. El reporte no identifica al grupo ni atribuye al viajero un delito concreto.

Deportación y expulsión tienen causas y consecuencias distintas en la legislación panameña. La primera puede aplicarse, entre otros motivos, por ingreso o permanencia irregular y conlleva un impedimento de entrada de cinco a diez años.

La segunda contempla supuestos como representar una amenaza para la seguridad colectiva o el orden público, y prohíbe regresar al país.

Un reporte oficial con corte al 7 de septiembre de 2026 contabilizaba 3,562 extranjeros que habían salido del país mediante estas medidas: 2,816 deportados y 746 expulsados. Esa cifra corresponde a una fecha anterior a la jornada de las 67 salidas.

“Sardinas” es un viaje onírico que retrata la migración sin usar una sola palabra, a través de teatro físico, máscaras y objetos. La obra de la compañía Casa Gris, con dramaturgia y dirección de Zezé Figueroa Ramos, se presenta los días 24, 25 y 27 de septiembre en el Teatro Benito Juárez de la Ciudad de México.

Tres personajes emprenden una travesía interminable en busca de un sitio donde descansar. En ese recorrido, la realidad se funde con la fantasía para construir un universo en el que la migración deja de ser solo un fenómeno humano y se convierte en un impulso compartido por distintas especies de la naturaleza, según el boletín de prensa de la puesta en escena.

La pieza fue seleccionada para formar parte de la programación de la 46 Muestra Nacional de Teatro en Querétaro 2026, antes de su temporada capitalina.

Un gran viaje sin diálogos que atraviesa a tres personajes

En entrevista con Infobae México, Zezé Figueroa Ramos define la obra como “un gran viaje, un gran sueño, una aventura que no termina”. Sostiene que “‘Sardinas’ nos habla en torno a los padecimientos que viven hasta cierto punto los migrantes, puesto en una perspectiva onírica. Vamos a ver atravesar a estos tres personajes por situaciones fantásticas”.

La ausencia de texto no fue una decisión menor. “Ha sido complicado en muchos sentidos el crear esta obra sin uso de la voz, sin diálogos como tal, porque desde un inicio la dramaturgia no está pensada como en desarrollar una historia, sino más bien está planteada para generar imágenes”, señala el director. Agrega que esto “es algo muy importante dentro de este tipo de teatro que estamos comenzando a hacer, al menos yo como director”.

Sin diálogos, la construcción de atmósferas recae en otros elementos. “Al no tener un texto que aprenderse qué decir, creo que tanto el silencio como el sonido que emana la misma obra es lo que genera las atmósferas y es lo que genera una posible empatía con lo que está sucediendo con estos tres personajes”, explica Zezé Figueroa Ramos, quien participa además como actor, músico y compositor de la pieza. Describe el proceso como “una situación bastante compleja en muchos sentidos. Muy compleja y muy enriquecedora a nivel de proceso creativo, no solo como director, sino también como actor, como músico, como compositor”.

¿Por qué la migración es un tema inevitable para México?

Para el director, hablar de la migración “no solamente de este hecho social es algo inevitablemente actual. Siempre lo ha sido”. Considera que nombrarla desde un punto de vista alejado de la realidad y de las noticias, pero dentro de la poética de la obra, “nos hace recordar que nosotros como mexicanos estamos atravesados por la migración”.

En una reflexión que dice haber tenido después de realizar el proceso de montaje, Zezé Figueroa Ramos afirma que “es inevitable pensar en que cualquier persona de este país tenemos como antecedentes o como acercamiento a la migración nuestros familiares, nuestros tíos, nuestros amigos”. Añade que “muchas personas dentro de nuestro núcleo en el que nos desarrollamos han migrado” y que es inevitable “saber de alguien o a conocer a alguien que tuvo la necesidad de irse a otro lugar a buscar una vida mejor, a tener una vida más digna también de donde provienen”.

El director sitúa esta urgencia en el presente. “Estos últimos dos años han sido brutales respecto a las condiciones de las personas que se encuentran en tránsito y que por suerte están a punto de llegar y se les regresa, o las mismas personas que se encuentran en Estados Unidos con el ICE o ahora mismo en España, en Ceuta, en la ciudad que está al norte de Marruecos”, relata. “Hay muchas cosas que son necesarias seguir nombrando. Y son necesarias porque creo que todos tenemos la posibilidad dentro de nosotros mismos y de nuestras circunstancias de volvernos migrantes”, agrega.

Zezé Figueroa Ramos habla también desde su propia biografía. “Al menos en mi caso, yo tuve que migrar de la ciudad de Oaxaca, yo soy originario de Oaxaca, para la Ciudad de México y poder estudiar la carrera de actuación, de teatro”, cuenta. “A pesar de tener esta posibilidad de viajar, de migrar con apoyo económico por parte de mis familiares, de mi abuelita, de mi mamá, de mi papá, pues también me las vi un poco duras”, relata.

“Entonces, a mí me resuena mucho este tema. Y creo que a muchas personas también”, asegura.

El aparto estético de “Sardinas”

Zezé Figueroa Ramos evita la literalidad en la puesta en escena. “Yo nunca he intentado, en este sentido, evocar una noticia como tal. Que se vea: ‘Ah, claramente aquí se los están llevando, los detuvieron, están en un vagón encerrados’. No busco la literalidad dentro de la puesta, sino más bien generar un espectáculo fantástico a partir de la travesía del ser migrante, un ser migrante por el mundo”, explica.

El director aclara que la obra no apunta a una ruta migratoria en particular. “Tampoco específicamente hablando de la migración a Estados Unidos o la migración de África a Europa o cualquier otro tipo de migración, sino más bien el hecho como tal de atravesar parte del mundo, de la Tierra, en busca de una vida más digna”.

Esta decisión estética tiene un propósito concreto. “Creo que justo estos elementos que lo vuelven algo fantástico, también lo vuelve hasta cierto punto, creo yo, más digerible. Porque creo que el hecho de ilustrar la realidad, de ejemplificarla como tal, genera hasta cierto punto rechazo”.

Una obra pensada para cualquier idioma, edad o nacionalidad

El uso de objetos, máscara y cuerpo “es lo más importante, porque es lo que tenemos”, afirma el director. Su objetivo es que “cualquier persona, no importando su idioma, su nacionalidad, su edad también, pueda tener una experiencia a diferentes niveles”.

Explica que “un niño podría quedarse con lo imaginativo, también tal vez de repente con algunas sensaciones que evoque la escena, pero también probablemente mucho del espectador, de los espectadores, puede ser posible que logre encontrar algo que va más allá de esta, pues entre comillas, fábula”.

Sobre el uso de las máscaras, dice que “es como una especie de alejamiento a nuestra realidad”, pensado para generar “un mundo onírico en el cual uno pueda viajar junto con estos personajes y también identificarse”. Espera que en algún momento el espectador llegue a pensar: “Bueno, yo también puedo estar en alguna circunstancia parecida en la cual tal vez también yo termine siendo un migrante”.

Idealmente, dice, le gustaría que cualquier asistente concluyera: “Bueno, creo que cualquiera de nosotros, sin importar nuestro lugar de origen o nuestro estatus económico, podríamos terminar siendo migrantes”.

“Eso es algo que, idóneamente, idílicamente me gustaría que se llevara el público”, agrega.

¿Cómo lograr que más gente vaya al teatro?

Sobre cómo lograr que más gente vaya al teatro, Zezé Figueroa Ramos admite: “Esa es una pregunta que yo siempre o constantemente me hago”. Plantea que la solución pasa por “generar programas, que justo las instituciones hagan su labor también”, porque “este trabajo no es únicamente propio de la compañía, sino más bien de un gran organismo, el cual debe sostenerse”.

Ese organismo, dice, “debe generar una sinergia en la cual podamos tener todos tanto una experiencia cultural a nivel de la gente que asiste a estos eventos, así como también una remuneración por todo el trabajo que hay detrás para lograr estos proyectos”.

El director sostiene que “lamentablemente, los gobiernos, al menos los que me han tocado a mí, siempre han ido reduciendo la parte cultural. La parte del dinero que entra a las arcas de la Secretaría de Cultura y que de pronto hay un momento en el cual no se sabe dónde está ese dinero. Al menos, por ejemplo, personalmente yo, que soy de la ciudad de Oaxaca, noto que al menos en mi estado la Secretaría de Cultura no hace nada por las artes escénicas”.

“Este año, después de no sé cuántos años del gobierno que ha existido el gobierno del estado de Oaxaca, y digo el gobierno con el que yo he crecido, hasta este año, a mis 32 años, dieron por primera vez una convocatoria para realizar una muestra estatal de teatro. Y estatal entre comillas, porque digo, faltan muchos proyectos”, relata. Señala también que “no hay una escuela para profesionalizar a los artistas escénicos”, razón por la que tuvo que trasladarse a la Ciudad de México.

Figueroa Ramos precisa que “el arte escénico no tiene que ver solo con nosotros, sino más bien también cómo debería de existir este apoyo más claro y tal vez menos burocrático por parte de las instituciones”. Reconoce que “estos últimos dos años han habido algunas convocatorias que han sido bastante interesantes, creo yo, a nivel de movilización y de programa, no solo a nivel federal, como Escenarios Sí Cultura, como la convocatoria de teatro en espacios independientes y varias cosas más, pero no es suficiente”. Concluye: “no es suficiente para la cantidad de personas que somos y tampoco para el tamaño de país que somos. A pesar de poder, bueno, no tenemos una movilidad, la verdad, idónea, pero pues sí debería de haber una estructura más sólida, yo creo, a nivel institucional para promover los eventos culturales, al menos en todas las áreas posibles”.

Fechas, horarios y sede de la temporada en el Teatro Benito Juárez

“Sardinas” se presenta los días 24, 25 y 27 de septiembre en el Teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc. Las funciones de jueves y viernes son a las 20:00 horas, mientras que la del domingo inicia a las 18:00 horas.

El Salvador ocupa el tercer lugar entre los países de origen extranjero de la fuerza laboral de restaurantes en Estados Unidos, según el informe Restaurant Employee Demographics publicado por la Asociación Nacional de Restaurantes.

El estudio sitúa a México, China y El Salvador como los principales países de nacimiento fuera de Estados Unidos entre las personas empleadas en restaurantes y servicios de comida.

La presencia salvadoreña se concentra, sobre todo, en las cocinas: representa el 2.4% de los cocineros del sector, la mayor proporción que registra entre las principales categorías ocupacionales.

La industria de restaurantes y servicios de comida empleaba a 15.7 millones de personas en Estados Unidos en 2024, equivalente al 10% de la fuerza laboral del país.

De ese universo, el 23% había nacido en otro país, una proporción superior al 20% del total de trabajadores estadounidenses que nació en el extranjero.

El informe también señala que los nacidos en El Salvador constituyen el 1.2% de los chefs, el 1% de los supervisores y el 0.9% de los empleados de preparación de alimentos y mostrador. En los puestos de gerencia y entre el personal de mesa, su participación es de 0.8%, mientras que entre los bartenders equivale a 0.3%.

La distribución evidencia que la inserción de la población salvadoreña dentro de este mercado laboral se asocia principalmente con tareas de elaboración de alimentos y trabajo de cocina.

Guatemala acompaña el peso centroamericano en el sector

Por su parte, los trabajadores nacidos en Guatemala representan el 2.2% de los cocineros y el 2% de los chefs. También equivalen al 0.8% del personal de mesa y de los empleados de preparación de alimentos y mostrador. Su participación baja a 0.6% entre los gerentes y supervisores.

En conjunto, salvadoreños y guatemaltecos suman el 4.6% de los cocineros y el 3.2% de los chefs del sector.

México lidera entre los países latinoamericanos

México mantiene una presencia mucho mayor que El Salvador y Guatemala en todas las ocupaciones relevadas. Los mexicanos representan el 14.1% de los cocineros, el 8.3% de los chefs, el 5.2% de los gerentes y el 5.1% de los supervisores.

La composición por origen nacional se vincula con un sector donde la población hispana tiene una participación relevante. El 28% de los empleados de restaurantes y servicios de comida se identifica como hispano, frente a una presencia menor de ese grupo en la fuerza laboral general de Estados Unidos.

La proporción hispana asciende al 38.2% entre los cocineros, al 28.6% entre los trabajadores de preparación de alimentos y mostrador, al 27.3% entre chefs y supervisores, y al 25.6% en el personal de mesa.

El idioma también refleja la composición migratoria y latinoamericana de la actividad. El 30% de los empleados del sector habla en su hogar una lengua distinta del inglés, frente al 25% en el conjunto de la población ocupada de Estados Unidos.

El español es el idioma que habla en casa el 21% de los trabajadores de restaurantes y servicios de comida. La cifra se eleva al 30.5% entre los cocineros y al 23.2% entre los chefs. Entre los gerentes alcanza el 17.2%, mientras que entre los supervisores llega al 18.5%.

Mientras recorría el Este de Los Ángeles junto con colegas del Consulado General de México, entre banderas, familias, música, trajes regionales y generaciones enteras que celebraban las Fiestas Patrias, resultaba difícil pensar en la migración únicamente como una cifra o como un “problema” que debe administrarse desde una frontera.

El Desfile de Independencia de México en East Los Angeles cumplió 80 años. Desde 1946, la celebración ha ocupado las calles de una ciudad cuya historia, economía y vida cotidiana son incomprensibles sin la presencia mexicana. Este año, el recorrido por César E. Chávez Avenue volvió a reunir a familias, organizaciones comunitarias, federaciones de distintos estados mexicanos y autoridades de ambos lados de la frontera. No se trata de un evento marginal: sus organizadores lo describen como uno de los desfiles de la Independencia de México más grandes y longevos de Estados Unidos.

Pero los desfiles dicen mucho más de lo que aparentan. Un desfile puede ser música, memoria y celebración; también puede constituir una declaración de pertenencia. Y pocas ciudades lo muestran con tanta claridad como Los Ángeles.

De acuerdo con la American Community Survey de 2024, casi 3.46 millones de personas de origen mexicano viven en la circunscripción consular de Los Ángeles. Es la mayor concentración atendida por una representación mexicana en Estados Unidos. El Consulado General de México en Los Ángeles es, además, la representación consular mexicana más grande en el extranjero y su jurisdicción comprende las 88 ciudades del condado.

La dimensión nacional es todavía más contundente. En 2024 vivían en Estados Unidos aproximadamente 40 millones de personas de origen mexicano, equivalentes al 57% de toda la población hispana del país. Hablar de México en Estados Unidos, por tanto, no significa referirse exclusivamente a quienes cruzaron recientemente la frontera.

Hablamos de ciudadanos estadounidenses, residentes, trabajadores temporales, migrantes indocumentados, familias binacionales y personas de segunda, tercera y cuarta generación que mantienen un vínculo identitario con México.

Esa realidad obliga a corregir uno de los vicios más persistentes del debate migratorio: mirar al migrante únicamente desde la óptica de la seguridad. Los migrantes no llegan a una economía desde fuera: forman parte de ella.

En el área metropolitana de Los Ángeles, el 38.3% de los trabajadores ocupados había nacido en el extranjero en 2024. En el condado, alrededor de uno de cada tres residentes es inmigrante y, según investigaciones de la Universidad del Sur de California, más del 80% de ellos lleva más de una década viviendo en Estados Unidos.

Son personas que trabajan, pagan impuestos, rentan o compran viviendas, abren comercios, llevan a sus hijos a la escuela y sostienen sectores enteros de la economía regional.

Incluso los trabajadores indocumentados —frecuentemente reducidos en el discurso político a una categoría legal— representan una fuerza económica imposible de borrar sin consecuencias. Un estudio encargado por el condado de Los Ángeles estimó que generan alrededor de 253,900 millones de dólares en producción económica y sostienen, directa e indirectamente, más de 1.06 millones de empleos.

Cuando las redadas provocan que una persona deje de acudir al trabajo, que una familia evite salir a comprar o que un pequeño negocio cierre por miedo, el efecto no termina en ese hogar: recorre cadenas productivas enteras.

Por eso resulta especialmente significativo celebrar hoy esos 80 años de presencia mexicana. El desfile ocurre en un momento en que la política migratoria estadounidense vuelve a colocar a numerosas comunidades bajo presión.

Los operativos migratorios intensificados en Los Ángeles desde 2025 dejaron miedo en centros de trabajo, negocios y familias. El año pasado, incluso hubo personas que dudaron en participar en las celebraciones mexicanas por temor a ser detenidas.

Frente a ese escenario, México tiene una responsabilidad que va mucho más allá de expedir pasaportes. La política consular debe entenderse como una política de Estado: documentar, informar, acompañar y proteger.

La red mexicana de 53 consulados en Estados Unidos constituye una infraestructura diplomática extraordinaria. En Los Ángeles, esa labor incluye asesoría migratoria, orientación ante detenciones, protección de las familias y su patrimonio, defensa de los derechos laborales, jornadas de asesoría jurídica y audiencias públicas en las que las preocupaciones de la comunidad llegan directamente a los funcionarios consulares.

Este año, por ejemplo, el Consulado General realizó una Semana de Asesorías Legales Externas con abogados especializados en migración, prevención de deportaciones, protección familiar y derechos laborales.

La administración de Claudia Sheinbaum ha insistido en una posición que debe considerarse correcta: defender a los mexicanos sin convertir esa defensa en una intervención en la política interna estadounidense. La propia Cancillería ha señalado que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes es una prioridad y que México utilizará los instrumentos diplomáticos, jurídicos y consulares disponibles, sin buscar una confrontación con Estados Unidos.

Hasta agosto de este año, los recursos destinados específicamente al fortalecimiento consular habían permitido realizar miles de acciones y atender alrededor de 16 mil casos de protección. Ahí también existe diplomacia pública, aunque no siempre la llamemos así.

La diplomacia no ocurre únicamente cuando dos cancilleres se reúnen detrás de una bandera. También ocurre cuando un consulado le explica sus derechos a una familia; cuando una comunidad mexicana ocupa pacíficamente una avenida para recordar de dónde viene; cuando un niño nacido en California aprende un baile regional de Michoacán, o cuando un estadounidense sin vínculos familiares con México comprende que detrás de la palabra “migrante” existen personas, familias, trabajos e historias.

El desfile de East Los Angeles hace justamente eso: convierte la identidad en presencia pública. Y, en el contexto actual, esa presencia importa. Porque el mayor peligro de una agenda migratoria basada excesivamente en el miedo no es solo que produzca deportaciones, sino que termine normalizando la idea de que ciertas personas pertenecen menos que otras a las sociedades que ellas mismas ayudaron a construir.

México tampoco debe caer en la comodidad de celebrar a sus migrantes únicamente cuando llegan las remesas o cuando las Fiestas Patrias ofrecen una buena fotografía. La defensa de las comunidades mexicanas en el exterior exige presupuesto consular, asesoría jurídica, documentación accesible, educación financiera, cooperación con las autoridades locales y, sobre todo, una narrativa que recuerde que migrar no elimina derechos ni dignidad.

Después de 80 años, las calles de East Los Angeles ofrecen una respuesta bastante clara: México no termina en la frontera.

Está también en las familias que construyeron una vida del otro lado; en quienes hablan español e inglés indistintamente; en quienes portan dos pasaportes y en quienes todavía esperan regularizar su situación. Está en las empresas, los restaurantes, las escuelas, los sindicatos, las universidades y los barrios que llevan décadas transformando California.

La verdadera pregunta, entonces, no es cuánto puede hacer Estados Unidos sin sus migrantes, sino por qué seguimos hablando de ellos como si todavía tuvieran que demostrar que pertenecen a una sociedad que llevan generaciones ayudando a sostener. Y para México queda otra pregunta igualmente incómoda: ¿estamos preparados para defender a nuestra comunidad en el exterior con la misma fuerza con la que celebramos su identidad cada septiembre?

José Ismael Urbina Mendoza, nicaragüense de 23 años, fue distinguido por la Universidad Nacional de Costa Rica como estudiante modelo mientras cursa el tercer año de Educación Comercial, después de haber migrado durante su infancia y trabajado como peón en plantaciones bananeras, piñeras y de plantas ornamentales. El reconocimiento valoró su desempeño académico, liderazgo y compromiso con su comunidad, según La Teja.

Urbina Mendoza nació en Nueva Guinea, Nicaragua, y llegó a Costa Rica a los seis años junto con sus padres, Daniel Urbina y Zaira Mendoza. La familia se instaló finalmente en Horquetas de Sarapiquí con la expectativa de construir mejores condiciones de vida.

La adaptación estuvo marcada por la discriminación que él y su hermano mayor enfrentaron en la escuela primaria, en un hogar con recursos limitados. Ambos compartían una bicicleta para asistir a clases: uno la usaba por la mañana y el otro la recogía por la tarde durante el camino de regreso.

“Hasta nos estallaban las llantas de la bicicleta y nos hacían a un lado. Son cosas que a uno lo desmotivaron en ese momento, pero al final entendíamos el esfuerzo de la familia”, recordó Urbina Mendoza sobre el rechazo de algunos compañeros en declaraciones recogidas por La Teja.

El joven convirtió aquellas experiencias en una razón para sostener sus metas educativas. “Yo me decía que si había pasado por tantas cosas no era para dejar los sueños botados”, afirmó.

José Ismael terminó la secundaria en el Liceo Ambientalista de Horquetas de Sarapiquí, pero la pandemia de 2020 y la falta de dinero demoraron su regularización migratoria. Su padre conseguía empleo agrícola de forma ocasional y la familia no podía afrontar el costo de los trámites.

Sin documentos y sin recursos para ingresar a la educación superior, Urbina Mendoza comenzó a trabajar para contribuir a la economía familiar. Pasó meses como peón en fincas bananeras, cultivos de plantas ornamentales y extensas piñeras de la zona.

Las jornadas comenzaban a las 03:00 de la madrugada para estar preparados antes de las 05:00 de la mañana, de acuerdo con el medio. “Era sembrar piña bajo el sol o bajo el agua, sin importar las condiciones”, relató sobre el trabajo físico que realizaba en el campo.

Un mediodía de 2021, agotado por la labor en una plantación de piña, tomó la decisión de retomar su formación. “Ese día me puse a llorar en medio de la piñera y me dije a mí mismo: esto no es lo que quiero para mi vida. Ahí nació la determinación absoluta de seguir estudiando”, recordó.

Con el respaldo de su familia y de su novia, Alexandra Cruz, gestionó la condición de solicitante de refugio para acceder al sistema educativo costarricense. Luego de superar los procedimientos administrativos, ingresó a la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí, de la Universidad Nacional.

Además de sus estudios, Urbina Mendoza integra la comisión ambiental Green Heart, desde donde participa en campañas de reciclaje y reforestación en la comunidad. También acompaña a estudiantes de primer ingreso para evitar que abandonen la universidad por incertidumbre o temor.

Una de las experiencias que recuerda con mayor emoción ocurrió durante una jornada de admisión, cuando llamó a jóvenes que desconocían que habían obtenido un cupo universitario. Tiempo después, uno de ellos le agradeció: “Gracias a usted estoy hoy aquí estudiando”.

El estudiante espera graduarse, ejercer la docencia y brindar respaldo económico y moral a sus tres hermanos menores para que completen su formación. Costa Rica se convirtió en el país donde su familia encontró un hogar tras dejar Nicaragua.

A otros nicaragüenses que atraviesan dificultades en Costa Rica les dejó un mensaje. “Recuerde todo lo que ha luchado para llegar hasta donde está; sus sueños son suyos y de nadie más”, concluyó.

En el marco de los operativos continuos de vigilancia fronteriza y combate a los delitos ambientales en la zona norte de Costa Rica, efectivos de la Fuerza Pública y la Policía de Migración ejecutaron una intervención en una cuartería ubicada en la localidad de Crucitas de Cutris, perteneciente al cantón de San Carlos.

La acción policial dio como resultado el abordaje y detención de un total de 21 ciudadanos nicaragüenses que permanecían en el territorio costarricense bajo una condición migratoria irregular.

Según los reportes oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, el grupo intervenido en el inmueble estaba conformado por 18 personas adultas y tres menores de edad. Este operativo formó parte de las estrategias de patrullaje focalizado para el control de la frontera y la prevención de actividades ilícitas asociadas a la extracción minera en este sector del país.

Durante el desarrollo de la inspección y requisa en el sitio, los oficiales procedieron al decomiso de una suma importante de dinero en efectivo, la cual ascendió a 685,020 córdobas ($18,650) y 117,700 colones ($230). Asimismo, las autoridades incautaron diversas sustancias sujetas a fiscalización, incluyendo dosis de aparente crack, 8.2 gramos de aparente marihuana y 115 paquetes de cigarrillos.

En cuanto a los indicios vinculados con la explotación ilegal de recursos, los agentes confiscaron dos sacos cargados con material sedimentario, herramientas y diversos utensilios habitualmente empleados para la extracción y trasiego de mineral. Los sacos con sedimento fueron remitidos a laboratorios especializados con el objetivo de realizar las pruebas técnicas que permitan corroborar si el material corresponde a extracción ilícita de oro.

Ante la presencia de los infantes en el lugar, la Fuerza Pública coordinó de forma inmediata el traslado de los tres menores hacia el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para salvaguardar sus derechos, garantizar su protección integral y brindarles la atención correspondiente.

Por su parte, los 18 adultos fueron puestos a las órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería para tramitar su situación administrativa y definir su estatus legal en Costa Rica.

El impacto de la minería ilegal en la zona fronteriza de Crucitas

La localidad de Crucitas de Cutris ha sido históricamente un punto crítico para la seguridad y la preservación ambiental en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Tras el cese de los proyectos mineros comerciales en la zona, la región experimentó una afluencia constante de mineros informales o coligalleros, muchos de los cuales cruzan la frontera de manera no autorizada en busca de vetas de oro.

Las actividades de minería ilegal en este sector conllevan graves riesgos ecológicos, principalmente por el uso no regulado de sustancias químicas nocivas como el mercurio y el cianuro para el procesamiento del sedimento. Estas prácticas contaminan las fuentes de agua locales y los suelos, generando alertas sanitarias y ambientales para las comunidades aledañas.

¿Por qué los nicaragüenses emigran hacia Costa Rica y otros países?

La detención de ciudadanos en zonas fronterizas o de trabajo informal pone de manifiesto la continua corriente migratoria desde Nicaragua hacia distintos destinos de la región y el norte del continente. El flujo de personas hacia países como Costa Rica, Estados Unidos o España responde a una serie de factores socioeconómicos, políticos y laborales interconectados.

• Búsqueda de oportunidades laborales y estabilidad económica:

La principal fuerza motriz de la migración nicaragüense es la necesidad de generar ingresos para el sustento familiar. Los niveles de desempleo, el subempleo y la informalidad laboral en Nicaragua impulsan a miles de personas a buscar alternativas en el extranjero. Costa Rica, por su cercanía geográfica y su dinamismo en sectores como la agricultura, la construcción, la seguridad privada, el comercio y el servicio doméstico, se convierte en el principal destino para la mano de obra no cualificada o semi-cualificada.

• Brecha en los salarios y costo de vida
• Factores sociopolíticos y reunificación familiar.

San Antonio fue el principal destino neto de adultos de la generación Z en Estados Unidos en 2024, mientras que Houston encabezó las llegadas netas de millennials, según una tabulación de Redfin elaborada con microdatos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo. El análisis muestra diferencias en los destinos elegidos por ambos grupos y ubica a Nueva York y Los Ángeles entre las áreas metropolitanas con mayores salidas.

Los archivos utilizados proceden de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense o American Community Survey (ACS), un relevamiento anual de la Oficina del Censo de Estados Unidos. La entidad publicó los microdatos de uso público de 2024 el 4 de diciembre de 2025, con información que permite analizar edad, lugar de residencia y domicilio declarado un año antes de la encuesta.

La clasificación de ciudades no fue difundida como un ranking oficial por el Gobierno estadounidense. Corresponde a un procesamiento de los archivos de la ACS realizado por Redfin, con datos de 2014, 2019 y 2024 disponibles a través de IPUMS USA, plataforma que preserva, armoniza y documenta microdatos censales y de encuestas de Estados Unidos.

¿Qué ciudades de Estados Unidos atraen a la generación Z?

San Antonio tuvo un saldo migratorio neto de 10.678 integrantes de la generación Z en 2024, según el análisis de Redfin. La cifra representa la diferencia entre las personas que llegaron a esa área metropolitana y aquellas que se trasladaron a otra durante el período evaluado. Para este grupo, la empresa incluyó a los adultos de 19 a 27 años, nacidos entre 1997 y 2012.

Washington D. C. ocupó el segundo lugar, con una llegada neta de 8.631 adultos de la generación Z. Austin se ubicó tercero, con 8.590; Nashville, cuarto, con 8.093; y Dallas, quinto, con 6.944. De acuerdo con Redfin, tres de las cinco áreas metropolitanas que más población joven adulta incorporaron estaban en Texas.

Las cifras surgen de los archivos PUMS, sigla en inglés de Public Use Microdata Sample. La Oficina del Censo de Estados Unidos explica que esos archivos contienen registros individuales de personas y viviendas, sin tabulación previa y con medidas de confidencialidad para impedir que los encuestados puedan ser identificados.

El informe consideró como migrante a cada adulto que en 2024 vivía en un área metropolitana distinta de la que había declarado como residencia un año antes. La metodología de Redfin se limitó a los casos en los que los microdatos permitían identificar tanto el área de origen como la de destino.

¿Cuál fue la ciudad con más llegadas de millennials en Estados Unidos?

Houston registró una entrada neta de 16.365 millennials en 2024, de acuerdo con la tabulación basada en los archivos de la ACS. Dallas quedó en el segundo puesto con 13.072; Baltimore, en el tercero con 11.724; Las Vegas, en el cuarto con 8.860; y Atlanta, en el quinto con 8.753, según Redfin.

Para este cálculo, Redfin definió como millennials a las personas nacidas entre 1981 y 1996, que tenían entre 28 y 43 años durante 2024. La delimitación generacional es una decisión metodológica de la empresa. La Oficina del Censo de Estados Unidos publica variables de edad y movilidad residencial, pero no establece categorías generacionales en sus resultados oficiales.

Los cinco destinos con mayor ingreso neto de millennials tenían precios medianos de venta de viviendas inferiores a USD 450.000, según el reporte de Redfin. Ese indicador se incorporó como contexto de mercado y no forma parte de los microdatos de movilidad de la ACS.

Sheharyar Bokhari, economista principal de Redfin, resumió el patrón con la frase: “La generación Z busca oportunidades, mientras que los millennials buscan espacio”. La declaración fue publicada por Redfin junto con los resultados del análisis, que asocia las diferencias con etapas de edad y condiciones de acceso a la vivienda.

¿Qué ciudades pierden más población joven en Estados Unidos?

Nueva York presentó la mayor salida neta de generación Z, con 29.554 personas menos dentro de ese grupo etario. Minneapolis registró una pérdida neta de 17.815; Los Ángeles, de 16.465; Denver, de 13.882; y Detroit, de 11.696, de acuerdo con los cálculos publicados por Redfin.

La misma área metropolitana de Nueva York encabezó las salidas entre millennials, con un saldo negativo de 42.698 residentes. Los Ángeles tuvo una pérdida neta de 31.107, Miami de 21.373, Washington D. C. de 12.364 y San Francisco de 11.819, según la metodología divulgada por Redfin.

La ACS permite identificar cambios de residencia ocurridos dentro de los 12 meses previos a la encuesta, pero no determina de forma directa el motivo individual de cada mudanza. La documentación de la Oficina del Censo de Estados Unidos señala que los usuarios deben considerar la muestra, la precisión estadística y los márgenes de error al producir estimaciones con PUMS.

¿Cuáles son las rutas de mudanza más frecuentes entre jóvenes adultos?

La ruta más utilizada por los adultos de la generación Z fue Los Ángeles-Riverside, California, con 10.261 traslados en 2024. Nueva York-Filadelfia quedó en segundo lugar con 9.284 movimientos, seguida por Los Ángeles-San Diego con 9.237, según Redfin.

Entre los millennials, el mayor flujo también fue desde Los Ángeles hacia Riverside, con 19.983 mudanzas. Washington D. C.-Baltimore registró 11.343 y San José-San Francisco, 11.302. El estudio señala que la mayoría de los principales desplazamientos ocurrió entre áreas metropolitanas cercanas, no entre extremos del país.

Para realizar esas comparaciones, la firma utilizó las delimitaciones metropolitanas de 2013 establecidas por la Oficina de Administración y Presupuesto, que son las incorporadas en los archivos de la ACS. La metodología de Redfin excluyó estimaciones basadas en menos de 25 registros no ponderados y descartó alzas netas superiores al 4% de la población generacional de una metrópoli, para evitar posibles distorsiones asociadas con universidades o instalaciones militares.

¿Los jóvenes estadounidenses se mudan menos que hace una década?

Cerca del 14% de los adultos de 19 a 24 años dejó su área metropolitana en 2024, frente a alrededor del 15% registrado en 2014, según los cálculos de Redfin con los datos de la ACS. Entre los habitantes de 25 a 34 años, la proporción bajó de aproximadamente 11% en 2014 a 9% diez años después.

Los archivos de la ACS de 2024 están disponibles en el sitio de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en data.census.gov, mediante descarga directa y a través de una interfaz de programación. La institución publicó también un manual, diccionarios de variables, listas de códigos y documentación sobre diseño muestral y precisión de los datos.

Los resultados permiten seguir la movilidad de adultos entre áreas metropolitanas y contrastar las estimaciones elaboradas por empresas, investigadores o medios de comunicación. Para las personas que analizan un posible traslado, las cifras muestran flujos agregados de 2024 y no predicen cambios futuros en empleo, alquileres, precios de vivienda o disponibilidad de servicios en cada ciudad.

Este viernes la noticia vuelve a estar en Ceuta. Tras las idas y venidas con la acogida de migrantes en el puerto, el traslado se ha ejecutado. A las 6:30, efectivos de Guardia Civil han comenzado a llevar a las personas al nuevo campamento. El inicio no ha sido fácil. Los migrantes, conscientes de que habían un total de 1700 plazas disponibles y que son muchos más los que las necesitan, han comenzado a correr para tratar de asegurarse un hueco. Como respuesta, el Instituto Armado ha necesitado un refuerzo de la Policía Nacional y se han producido cargas y disparos al aire.

Pasados estos primeros instantes de tensión, las autoridades han podido establecer un orden. Los migrantes han permanecido sentados ante la entrada al campamento mientras los agentes gestionaban la entrada de forma pausada. La principal duda que se genera ahora es qué va ser de todas las personas que se queden sin sitio y vuelvan a verse en las calles. Fuente del Gobierno reconocen que no se puede descartar que vuelvan a ocuparse las playas. Cifran en cerca de 3.000 personas las que continúan viviendo en la calle.

Efecto llamada sobre el traslado

El traslado al puerto ha sido una fuente de enfrentamientos desde que se propuso. En primer lugar, el gobierno de la ciudad autónoma se opuso a usar estas instalaciones. Después se alcanzó un acuerdo para usar unas parcelas. Cuando su puesta en marcha parecía inminente, llegaron dudas en el ámbito judicial. El Sindicato Unificado de Policías (SUP) presentó un recurso ante la Audiencia Nacional por las consecuencias que podía tener el traslado y esta decidió suspenderlo. Un día después, este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acabó levantando el veto y permitiendo que iniciara el operativo.

Las fuentes del Gobierno señalan que la paralización judicial del operativo ha incrementado la dificultad de los traslados, al generar un foco informativo que dio lugar a un efecto llamada entre los migrantes. Creen que esto es lo que ha llevado una tensión inicial entre las personas que querían entrar al campamento. Según la versión del Gobierno, al detectar la presencia de la Guardia Civil, entendieron que comenzaba la operación y se dirigieron hacia el puerto para situarse entre los primeros en ser trasladados. Además, explican que se trata de un dispositivo especialmente complejo por el volumen de desplazamientos previstos, que dicen que supera cualquier antecedente. El Ejecutivo sostiene que se ha desarrollado con calma y cinismo y que no se han registrado episodios de violencia ni altercados.

Crítica al PP

Desde Moncloa han acusado al PP de irresponsable por cuestionar un operativo antes de que termine. Reprochan a Alberto Núñez Feijóo y a su partido una posición irreal ante la situación, al asegurar que quieren que desaparezcan los migrantes de un momento a otro y esto es imposible. También responden a las críticas de Sumar por las cargas policiales, pues creen que se deben a la necesidad de controlar una operación con un elevado número de personas.

Las fuentes consultadas aseguran que Ceuta participa en el operativo y precisan que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantiene contacto con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, desde el inicio. El Gobierno admite que se ha hecho público un malestar con Vivas por diferencias en la gestión (con la respuesta de Pedro Sánchez en el pasillo del Congreso sobre qué pregunten a Vivas por qué hay menores sin tutelar) y atribuye parte de los retrasos a las dificultades para localizar y habilitar los espacios de acogida.

Ernesto Castro llamó este jueves a los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos a buscar orientación especializada para evaluar las alternativas que les permitan regularizar su situación migratoria de forma permanente.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador afirmó que la continuidad del permiso temporal, sin una fecha de vencimiento definida, da a los beneficiarios más margen para analizar sus opciones. “Esos días son importantes y los tepesianos deben de acercarse, asesorarse, tener un buen asesoramiento”, sostuvo.

Castro se refirió al TPS después de que una periodista le consultara sobre la falta de un plazo definido. Aunque señaló que la decisión corresponde al Gobierno estadounidense y responde a sus políticas migratorias, consideró que la medida representa un alivio para los salvadoreños beneficiados.

“Qué bueno. Deberíamos de estar contentos o por lo menos la mayoría de salvadoreños acompañamos la alegría que seguramente tienen los tepesianos en estos momentos”, declaró.

Más tiempo para buscar una regularización

El presidente legislativo señaló que el permiso temporal habilita un periodo adicional para que los salvadoreños que viven en Estados Unidos puedan revisar vías legales hacia una residencia permanente.

“Hoy por hoy cuenta con más tiempo, con más espacio para que nuestros hermanos tepesianos logren ver qué pueden lograr para regularizar ese estatus que tienen”, expresó.

Castro dijo haber conversado con personas que anteriormente estuvieron cubiertas por el TPS y que, según su relato, lograron obtener un estatus migratorio permanente tras cumplir con las leyes de Estados Unidos.

El legislador no precisó cuáles son los mecanismos migratorios a los que podrían recurrir los beneficiarios ni las condiciones particulares que deben cumplir. Su recomendación se centró en que cada persona consulte su caso con asesores especializados.

Expectativa en el gobierno estadounidense

El diputado insistió en que la decisión anunciada por las autoridades de Estados Unidos debe interpretarse como una oportunidad para los salvadoreños bajo ese régimen migratorio. “Independientemente de que ahora no hay un plazo de término, esos días son importantes”, remarcó.

También expresó su expectativa de que el Gobierno estadounidense valore la situación de los ciudadanos salvadoreños que viven en ese país. En ese punto, sostuvo que El Salvador estaría entre los pocos países que aún mantienen ese permiso temporal, aunque formuló esa afirmación con reservas.

“No sé si me equivoco, por favor corríjanme, creo que ahora somos el único país en el mundo que tenemos, o por lo menos de los países que contaban con eso, somos dos países los que seguimos contando con ese permiso temporal”, dijo.

“Hay que aprovecharlo”

El titular de la Asamblea Legislativa reiteró que los beneficiarios del TPS deben aprovechar el tiempo disponible para recibir asesoramiento y determinar si cumplen los requisitos para acceder a otra categoría migratoria.

“Hay que aprovecharlo”, afirmó Castro este jueves previo a la plenaria ordinaria 126, quien volvió a mencionar a salvadoreños que, de acuerdo con sus conversaciones, pasaron de contar con el permiso temporal a obtener una situación permanente en Estados Unidos.

El llamado se dirigió a los salvadoreños amparados por el TPS que, según planteó, tienen ante sí un periodo adicional para revisar sus alternativas dentro de las normas migratorias estadounidenses.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un permiso de trabajo y la protección frente a un eventual pedido de deportación para ciudadanos extranjeros que nacieron en países afectados por un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia.

La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha distanciado al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez y al Ejecutivo ceutí que dirige el popular Juan Jesús Vivas. El choque frontal ha sido constante por los fallos de inteligencia, por el control del relato y por las competencias de la emergencia. La última disputa es sobre qué Administración debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense que determina si los migrantes que cruzan irregularmente a la ciudad autónoma son menores. Ceuta quiere que esta prueba la pague Madrid, argumentando que sus competencias se ciñen “a la acogida y tutela de estos menores”. Un portavoz del Ministerio de Sanidad señala que la normativa es clara y que debe pagarlo Ceuta, pero reconocen que la situación actual es excepcional y que por eso se están transfiriendo fondos extra para ayudar a la ciudad.

La situación de los menores es la más delicada. Porque en caso de duda, la Administración debe determinar si el migrante que ha cruzado la frontera es menor de edad o no. La única forma de hacerlo, en Ceuta, es a través de un grupo de forenses que aporta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia. Cada prueba cuesta 80 euros. Los menores extranjeros no acompañados constituyen un colectivo vulnerable, por lo que merecen especial protección por los poderes públicos. Muchos no pueden acreditar documentalmente su edad, por eso la Administración debe realizar unas pruebas médicas para determinar la edad cuando hay dudas.

Generalmente, el método médico basado en la anamnesis y exploración física, complementado con las técnicas de imagen (radiografía simple del carpo, ortopantomografía, TAC de extremidad proximal de clavículas) es el sistema más válido y fiable para ofrecer una estimación de probabilidad de edad del sujeto en estudio gracias a la comparativa de sus diferentes caracteres examinados. La llegada de entre 80.000 y 90.000 migrantes los dos últimos días de julio, que dejó unos 150 muertos, hizo que Justicia reforzara la plantilla del Instituto de Medicina Legal de Ceuta de siete a 19 profesionales, entre los que hay nueve forenses.

Ahora estos forenses se están dedicando a la identificación de los menores que plantean casos más dudosos. De momento, el Gobierno central tiene registrados en suelo ceutí a 2.048 menores extranjeros no acompañados, de los cuales 1.612 entraron a partir del 30 de julio. “La exigencia de estas pruebas médicas parte de la Fiscalía. Y llevamos tiempo reclamando que deben ser abonadas por el Ejecutivo central. Desde hace mucho tiempo. Pero ahora con esta crisis el gasto se ha disparado y creemos que, con más razón, este coste lo debe asumir Madrid”, explica a ‘Infobae’ un portavoz del Ejecutivo de Vivas, que no puede dar una cifra estimada del dinero que reclama. Un portavoz del ministerio de Sanidad, ya que Ceuta exige este dinero al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente de Sanidad, responde que la normativa dice que Ceuta debe correr con estos gastos.

Ayudas económicas

Sanidad recuerda además que el Gobierno central ha aprobado importantes ayudas de Ceuta precisamente para afrontar soluciones a la crisis migratoria. A principios de agosto, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigida a “la atención de los menores” que se encuentran en Ceuta. Esa cantidad se sumó a los 5,5 millones para Ceuta de los 35 que ya se repartieron entre el conjunto de las comunidades en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El Congreso avaló este miércoles el plan de choque para ayuda a Ceuta que se estructura en cuatro ejes: refuerzo de los servicios esenciales (21 millones de euros), refuerzo en materia de seguridad (90 millones), acogida humanitaria (118 millones) y apoyo a la actividad económica (80 millones).

Además de los menores ya filiados, se estima que hay otra horquilla de entre 700 y 1.000 menores deambulando por las calles ceutíes. La batalla política se traslada ahora al reparto de estos menores en centros de acogida en la península. La capacidad ordinaria fijada para Ceuta por el Gobierno es de 29 plazas y actualmente atiende a alrededor de 2.100 menores. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado que solo aquellos menores que tengan acreditado el poder acogerse al derecho de protección internacional, y solo los menores que no puedan ser reagrupados, podrán quedarse en España. Mientras, el PP cierra la puerta a que ningún menor de Ceuta vaya a la península. La competencia de estos traslados es de Ceuta, y sin la firma del presidente ceutí del PP, es muy difícil que estos menores viajen a otras comunidades.

Las capas de vulnerabilidad migrante se forman por la interacción de factores como el origen, la situación económica, el género, la etnia y las condiciones del trayecto. Esa combinación puede incrementar los riesgos para las personas que se desplazan o deciden establecerse en México.

De acuerdo a las investigadoras Sofía Teresa Díaz Torres y Jessica Ximena Montes de Oca Quiroz la desventaja no corresponde a una característica fija de determinados grupos, más bien puede ser descrita como una situación dinámica, condicionada por circunstancias sociales, políticas, económicas y raciales.

Las autoras plantean que las diferencias en la recepción de quienes migran no dependen solo de su nacionalidad. La clase social, la forma de viajar y la representación pública de cada persona también influyen en el acceso a vivienda, empleo, educación y atención médica.

La migración desde diversos puntos de vista

Estas reflexiones forman parte del libro Capas de vulnerabilidad de las poblaciones migrantes en México, escrito por Díaz Torres y Montes de Oca Quiroz. Ambas son candidatas a doctoras en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM, dentro de las áreas de Humanidades en Salud y Bioética.

La publicación surgió a partir del ensayo que obtuvo el tercer lugar en el concurso Escribir para la Bioética, organizado por el Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Asimismo, la investigación comenzó hace aproximadamente un año y medio, cuando las protestas contra la gentrificación en Ciudad de México pusieron en debate la llegada de extranjeros y las diferencias con las que son percibidos según su procedencia.

Una de las académicas recordó que en redes sociales, medios de comunicación y ámbitos académicos detectaron posturas nacionalistas y xenófobas, discursos que diferenciaban a las personas procedentes del llamado norte global de quienes llegaban desde el sur global.

“Había un rechazo hacia ellos no por el hecho de ser extranjeros, sino también por su condición económica”, afirmó la autora.

A partir de esa observación, las especialistas concluyeron que la xenofobia no bastaba para explicar el fenómeno, por lo que también incorporaron la aporofobia, entendida como el rechazo hacia las personas pobres.

Campamentos en Ciudad de México mostraron necesidades básicas

Sofía Díaz Torres identificó otro punto de análisis en los campamentos de migrantes que comenzaron a ganar visibilidad en la capital del país, acudiendo al instalado en la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, como parte de una iniciativa para llevar libros y promover la alfabetización.

La experiencia modificó la percepción inicial del proyecto, ya que las personas en el lugar requerían antes agua, medicamentos y alimentos que materiales de lectura.

“Las condiciones en las que estaba el campamento requerían lo más básico”, expresó Díaz Torres, evidenciando la situación sobre que cada desplazamiento incluye necesidades y riesgos particulares.

Para estudiar esa diversidad, se retomó la propuesta de la filósofa argentina Florencia Luna, quien utiliza la metáfora de las capas para comprender la vulnerabilidad, este enfoque permite observar cómo diversos elementos se acumulan en una misma persona.

Montes de Oca explicó que una persona puede enfrentar riesgos vinculados a su situación económica, edad, género, origen, ubicación geográfica o pertenencia étnica, así como circunstancias de traslado que pueden aumentar esa exposición.

El género, el lenguaje y las políticas públicas amplían la discusión

Las mujeres migrantes pueden estar expuestas desde edades tempranas al abuso sexual, la trata de personas y la explotación sexual, lo que representa una serie de riesgos durante su desplazamiento.

Por otro lado, las desigualdades también aparecen en la forma en que se representa a los recién llegados, ya que la información difundida en noticias y redes sociales suele asociar a quienes proceden del norte global con la innovación, la tecnología y la era digital.

En contraste, las personas originarias del sur global aparecen con frecuencia relacionadas con trabajos de servicios. Esta diferencia también se refleja en las palabras empleadas para referirse a las migraciones.

Montes de Oca señaló que términos como expat o “nómada digital” suelen reservarse para quienes llegan desde países del norte global, mientras que la palabra “migrante”, puede adquirir una connotación negativa cuando se vincula con condiciones económicas desfavorables.

La incertidumbre sobre el futuro migratorio de miles de salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) plantea un reto que, según la experta en gestión pública Ana Irma Aguilar, debe atenderse desde los territorios. La preparación de los municipios aparece como una de las principales necesidades ante un eventual aumento de retornos desde Estados Unidos.

“Cada municipio debería estar preparado para recibir a los migrantes, porque a cada uno le va a llegar su gente y tenemos que estar listos”, sostuvo Aguilar. La especialista señaló que la respuesta no debe limitarse a la recepción de las personas que regresen, sino que debe incluir mecanismos de reintegración laboral, social y familiar según las condiciones de cada caso.

Las declaraciones fueron hechas en el programa de entrevista Diálogo 21, donde Aguilar describió la situación de los beneficiarios del TPS como un “limbo” migratorio. Explicó que el programa continúa vigente, aunque no existe una decisión oficial que defina una nueva prórroga ni establezca con claridad los plazos para una eventual finalización.

De acuerdo con su explicación, la falta de una comunicación formal mantiene la protección migratoria bajo disposiciones vigentes y permite, de forma automática, una extensión de seis meses para la autorización de empleo y la protección frente a detenciones migratorias. Aun así, la ausencia de una definición deja a las familias sin certeza sobre su permanencia en Estados Unidos.

Aguilar consideró que el TPS representa más que un permiso de trabajo. Para muchos salvadoreños, dijo, implica décadas de vida construida fuera del país, con empleos, viviendas, ahorros, familias y redes comunitarias. Por esa razón, un eventual retorno tendría efectos en la economía familiar y en las comunidades de origen de quienes se encuentran bajo esa figura migratoria.

La experta indicó que no todos los beneficiarios regresarían aEl Salvador. Algunos podrían buscar alternativas legales para regularizar su permanencia, según sus condiciones particulares, como procesos de residencia ya iniciados o vínculos familiares que permitan presentar solicitudes ante las autoridades migratorias estadounidenses, los expertos no descartan que los salvadoreños con mejor formación académica busquen terceros países para iniciar su vida. Otros, en cambio, podrían retornar de forma voluntaria o ser deportados.

Frente a ese escenario, Aguilar planteó que las instituciones deben identificar las capacidades de cada persona retornada. “Cada persona trae diferentes capacidades”, afirmó, al señalar que muchos migrantes han adquirido experiencia laboral, formación técnica, ahorros y contactos comerciales durante su permanencia en Estados Unidos.

La especialista propuso que el país impulse un sistema territorial de reintegración para atender a quienes regresen. Ese esquema, según explicó, debería incluir certificación de habilidades, intermediación laboral, atención psicosocial y acompañamiento desde las alcaldías. También planteó que cada municipalidad disponga de una ventanilla de atención para migrantes retornados.

Aguilar sostuvo que los retornados no deben ser vistos únicamente como receptores de ayuda ni como una fuente de remesas. A su criterio, pueden aportar conocimientos, experiencia y capacidad de emprendimiento si encuentran condiciones para incorporarse a la actividad económica en sus comunidades.

También pidió diferenciar entre los casos de retorno voluntario y las deportaciones, pues cada persona enfrenta circunstancias distintas. Añadió que quienes regresen deben recibir un trato digno y acceso a rutas de reintegración que consideren su historia, su patrimonio y sus competencias.

La experta afirmó que existen esfuerzos institucionales para conocer la situación de las familias migrantes y preparar respuestas en los territorios. No obstante, señaló que El Salvador aún debe fortalecer la coordinación entre municipalidades, instituciones del Ejecutivo y organismos vinculados a la migración ante la falta de una definición sobre el TPS.

Jamaica registró un aumento del 60% en las aprobaciones de residencia temporal para ciudadanos cubanos durante los últimos cinco años, en un contexto de deterioro de las condiciones de vida en Cuba, de acuerdo con la información de The Sunday Gleaner.

Los datos de la Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía de Jamaica (PICA, por sus siglas en inglés) indican que los permisos de residencia temporal otorgados a cubanos subieron de 374 en el ejercicio fiscal 2021-2022 a 601 en 2025-2026, según informó el citado medio. La cifra refleja una tendencia que, aunque tuvo oscilaciones anuales, consolidó a dicha nación como uno de los destinos para quienes salen de Cuba.

La serie anual registró 435 permisos en 2022-2023, 297 en 2023-2024 y 421 en 2024-2025. El incremento también se observó en el conjunto de categorías vinculadas a las prórrogas de estadía. Allí se incluyen la residencia temporal, los permisos y exenciones de trabajo, la residencia permanente y el desembarco incondicional. El total pasó de 940 a 1,214 casos en el mismo lapso.

La residencia temporal permite a extranjeros vivir legalmente en el país por un período limitado y bajo fundamentos determinados, como empleo, estudios, matrimonio con un ciudadano jamaicano o vínculo de dependencia con un residente legal. PICA no detalló cuáles fueron los motivos específicos de las solicitudes cubanas, bajo el argumento de que esa información podría identificar a personas concretas y está protegida por la legislación de acceso a la información.

PICA informó que tres cubanos solicitaron estatus de refugiado en 2025 y otros cuatro presentaron pedidos desde el comienzo de 2026. Al mismo tiempo, 12 ciudadanos cubanos fueron deportados el año pasado: 11 por ingreso ilegal y uno por exceder el plazo autorizado de permanencia.

Desde enero de este año, las deportaciones alcanzaron a nueve personas, de acuerdo con los datos obtenidos por el diario jamaicano a través de la Ley de Acceso a la Información.

PICA sostuvo que debe conciliar el derecho público a conocer documentos oficiales con la obligación de preservar los datos personales de los solicitantes. La entidad remarcó que la normativa jamaicana contempla excepciones para impedir la divulgación injustificada de asuntos privados.

El flujo de cubanos ocurre mientras la isla atraviesa dificultades vinculadas a apagones, falta de combustible, escasez de alimentos y problemas para acceder a medicamentos.

Una comunidad que mantiene vínculos con familiares en Cuba

La experiencia de Rachel Martínez, una cubana de 36 años que reside en Kingston desde 2016, muestra parte de la dinámica que acompaña a esta migración. Formada en Derecho en Cuba y hoy empleada en el sector hotelero, obtuvo la ciudadanía jamaicana tras establecerse en el país.

Martínez, cuyos abuelos paternos eran jamaicanos y se habían instalado en el oeste de Cuba en la década de 1930, afirmó que su decisión de permanecer fuera de su país se fortaleció después de una visita realizada a fines de 2024. Según contó a The Sunday Gleaner, encontró una población envejecida, con servicios sanitarios deteriorados y escasas horas de suministro eléctrico.

La mujer explicó que utiliza grupos de WhatsApp integrados por cubanos residentes en Jamaica para enviar insumos médicos a sus padres. Entre los artículos que procura remitir figuran agujas, algodón y bolsas para catéteres. También recurre a empresas de mensajería radicadas en Miami.

Su madre sobrevivió a un cáncer y su padre se recupera de un accidente cerebrovascular que sufrió hace un año. Martínez afirmó que paga atención en un hospital privado de Cuba para sus padres y que evalúa trasladarlos a Jamaica ante las dificultades para conseguir medicamentos, alimentos y fuentes alternativas de energía.

Edy Gutiérrez Mejía, guatemalteco de 29 años, murió la noche del 15 de septiembre al caer un helicóptero de noticias en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles, mientras la aeronave cubría un choque de tránsito que ya había dejado tres víctimas mortales.

Otros dos guatemaltecos resultaron heridos tras el desplome y fueron hospitalizados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que ambos recibieron atención médica y obtuvieron el alta.

La aeronave cayó cerca del lugar donde una camioneta había impactado contra un autobús de pasajeros. La colisión de tránsito dejó tres muertos y la Policía de Los Ángeles arrestó a una mujer por ese hecho.

Seis muertes entre el choque vial y la caída de la aeronave

El helicóptero pertenecía a NBC4 y transportaba a la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y al piloto George Marciniw, quien tenía 30 años de experiencia. Ambos fallecieron en el accidente, confirmó la cadena.

Gutiérrez Mejía se encontraba en tierra cuando ocurrió el impacto. Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo identificó como la tercera víctima fatal del desplome.

La caída provocó un incendio que afectó contenedores de carga y cuatro vehículos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigarán las causas del accidente aéreo.

La transmisión que realizaba la tripulación se interrumpió antes de que el helicóptero impactara contra el suelo. Gutiérrez transitaba como peatón por un estacionamiento en el momento del desplome, de acuerdo con declaraciones de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles difundidas por WIBW.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron las seis muertes registradas entre el accidente vial y la caída de la aeronave.

Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó el fallecimiento e indicó que dos connacionales más resultaron gravemente heridos.

“El Consulado General de Guatemala informa que tres connacionales resultaron afectados: uno lamentablemente perdió la vida, y otros dos resultaron heridos, quienes ya fueron dados de alta del hospital. La Misión Consular se encuentra en comunicación con las autoridades y contactando a los familiares para brindar asistencia y orientación”, informó la cancillería.

El homenaje de Cuilapa a Edy Fernando Gutiérrez Mejía

El joven era originario de Cuilapa, en el departamento guatemalteco de Santa Rosa, y era conocido por sus familiares y amigos como “Pichy Gutiérrez”. La Municipalidad de Cuilapa difundió una esquela en la que expresó su pesar por su fallecimiento.

“La Municipalidad de Cuilapa y la señora alcaldesa lamentan el trágico fallecimiento de quien en vida fuera el joven Edy Fernando Gutiérrez Mejía, más conocido como ‘Pichy’, por lo que elevamos una oración por el eterno descanso de su alma y pedimos a Dios nuestro Señor mucha resignación a toda la familia en estos momentos de dolor”, señaló la comuna.

Pichy Gutiérrez era aficionado al fútbol, una pasión que compartía con sus amigos y que también lo llevó a jugar en Cuilapa. Seguía a la selección nacional de Guatemala y disfrutaba del fútbol internacional.

Sus allegados lo describían como un hombre de familia, de vida tranquila y con sentido del humor. Se encontraba de visita en Los Ángeles cuando el helicóptero cayó en el área por la que caminaba.

La misión consular guatemalteca mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses y con los familiares de los afectados para brindarles asistencia y orientación, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, se reunió en Washington D. C. con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro de alto nivel enfocado en el fortalecimiento de la relación bilateral y en asuntos considerados prioritarios para ambos gobiernos, entre ellos seguridad, crimen organizado, migración y oportunidades económicas. La reunión se llevó a cabo en la sede del Departamento de Estado.

El encuentro también incorporó asuntos económicos. Ambas partes destacaron la necesidad de fortalecer los mercados y las cadenas de valor, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo y profundizar los vínculos económicos entre los dos países.

Laura Fernández reveló otros temas de la agenda

Horas después, durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno, la presidenta Laura Fernández Delgado amplió los objetivos de la gira del canciller y señaló que las conversaciones en Estados Unidos tenían dos grandes ejes.

El primero, explicó, consiste en “seguir fortaleciendo la cooperación bilateral que tenemos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional”.

El segundo está relacionado con el posicionamiento de Costa Rica como destino para empresas estadounidenses.

Fernández indicó que la delegación busca “seguir mostrando a Costa Rica como un país competitivo para atraer inversiones y generar más empleos” y añadió que durante las reuniones se discutirían también aranceles, políticas de atracción de empresas estadounidenses y programas de cooperación.

La mandataria aseguró que Tovar le ha mantenido informada sobre el desarrollo de la gira y afirmó que, hasta ese momento, las reuniones habían avanzado de manera satisfactoria.

La agenda del canciller en Washington no se limitó al encuentro con Rubio. Tovar también programó reuniones con congresistas republicanos y demócratas, como parte de los contactos políticos que Costa Rica mantiene con distintos sectores del Congreso estadounidense.

De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno costarricense, esas conversaciones forman parte de una estrategia para tratar asuntos de interés nacional y ampliar la cooperación entre ambos países.

Douglas Soto permanecerá en Washington

La gira coincidió además con el proceso para que el segundo vicepresidente de Costa Rica, Douglas Soto Campos, asuma la representación diplomática del país en Estados Unidos.

Fernández explicó durante la conferencia que uno de los objetivos del viaje de Tovar era acompañar a Soto dentro de su proceso de acreditación como embajador.

La presidenta destacó la importancia que atribuye su Gobierno a la relación con Washington y explicó que esa fue una de las razones para enviar a uno de sus vicepresidentes a la misión diplomática estadounidense.

“Nuestros intereses con Estados Unidos son tan importantes que yo tomé la decisión, aunque me va a hacer falta aquí, de enviar a Douglas”, manifestó Fernández.

El Ministerio de Relaciones Exteriores identifica actualmente a Douglas Soto Campos como embajador designado de Costa Rica en Estados Unidos. Su nombramiento fue oficializado por el Consejo de Gobierno a comienzos de septiembre después de que Washington concediera el beneplácito correspondiente.

Fernández indicó que Soto permanecerá de manera estable en Washington una vez completado el proceso diplomático y que únicamente regresaría al país cuando la Presidencia requiera su participación en un asunto específico.

Seguridad y economía en la relación bilateral

La seguridad se mantiene como uno de los principales componentes de la agenda entre ambos gobiernos. Costa Rica busca profundizar la cooperación estadounidense frente al narcotráfico y otras modalidades del crimen transnacional, en momentos en que las autoridades nacionales han señalado reiteradamente la expansión de estructuras criminales y actividades ilícitas vinculadas con distintas regiones del país.

En el ámbito económico, la reunión también se produjo en un contexto en el que Costa Rica intenta ampliar su participación en cadenas internacionales de producción y atraer inversión estadounidense. En junio, el país formalizó su incorporación a Pax Silica, una iniciativa impulsada por Estados Unidos relacionada con tecnologías críticas, semiconductores e inteligencia artificial. En esa oportunidad, Tovar afirmó que el acercamiento buscaba generar oportunidades de inversión y fortalecer la seguridad económica.

“Nos unimos para celebrar el primer llamado de Independencia del padre Hidalgo y Costilla. Un grito que no solo cambió la nación, sino todo un continente. También sabemos que el grito no entregó un México soberano de la noche a la mañana, marcó el comienzo de una larga y dolorosa lucha”, expresó el funcionario estadounidense durante un discurso emitido el pasado 15 de septiembre.

Recordó que fue en medio de esta libertad nacional que nació la relación entre el país y la ciudad neoyorquina, “en la década de 1860, Benito Juárez y la República Mexicana lucharon contra los franceses. La ciudad de Nueva York se convirtió en un refugio para los que escapan del conflicto”.

Siguiendo con su mensaje, agregó que parte de este festejo también está vinculado con el hecho de que, durante más de 160 años, los connacionales han ayudado a “dar forma” a esta urbe de EEUU. “México está cosido en el tejido de Nueva York: lo vemos en los zapateros de Corona recomendando botas usadas de turnos tardíos y marchas largas por la justicia”.

Hace dos días, Mamdani marchó por primera vez en el desfile del Día de la Independencia realizado en la Quinta Avenida, junto a la comunidad mexicana que vive en esta metrópoli estadounidense. Posteriormente, durante la celebración en Sunset Park, declaró que en ese momento sintió el mismo orgullo que había experimentado anteriormente.

Zohran Mamdani llama a Nueva York como “Puebla York”

De una forma divertida llamó a Nueva York como “Puebla York”, haciendo que los presentes rieran y se emocionarán por este chiste. El funcionario siguió su participación expresando que para los neoyorquinos mexicanos esa urbe es un hogar donde pueden sentirse a salvo: “vengo a ti como alcalde nuestra ciudad para decir que estás en casa aquí en Puebla York, y siempre estarán en casa aquí”.

Aseguró que las clínicas, escuelas y albergues permanecerán abiertos para todos y todas sin importar su estatus migratorio. Estas declaraciones se dan en un momento de tensión contra los migrantes mexicanos, quienes han sufrido múltiples deportaciones y maltratos como consecuencia de la implementación de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desfile del Día de la Independencia de México

El Desfile del Día de México celebrado Sunset Park el pasado domingo, contó con piñatas con la figura del mandatario estadounidense y banderas con mensajes contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), como expresión de rechazo a la política migratoria del gobierno estadounidense.

Las protestas durante la 32ª edición del evento aparecen mientras elementos de esta agencia federal intensifica sus operativos en Nueva York. El lugar del festejo funciona desde hace meses como un centro de detención de la autoridad, frente al cual organizaciones comunitarias mantienen vigilias semanales para exigir el fin de los arrestos.

Zohran Mamdani recibió la banda de gran mariscal mientras reveló que es el primer alcalde de la ciudad en participar en el desfile. Los asistentes lo recibieron con porras, mientras ondearon una bandera mexicana; el funcionario también ha respaldado limitar las operaciones de ICE dentro de la ciudad.

La celebración reunió a cientos de familias con trajes típicos para presenciar el Jarabe Tapatío, el Son Jarocho y la danza de la flor de piña, originaria de Oaxaca. El eveneto se realiza desde 1994 en Sunset Park para reconocer las contribuciones culturales de la comunidad mexicana a la Gran Manzana.

Un equipo encabezado por la investigadora Stephanie Szarmach recuperó en Anchorage, Alaska, datos de pequeñas reinitas mirto que, mediante geolocalizadores multisensor colocados durante un año, mostraron una migración de ida y vuelta de 10.900 kilómetros hasta la costa del Golfo de Estados Unidos.

Szarmach, por entonces doctoranda, y su director de tesis, el biólogo evolutivo David Toews, instalaron docenas de dispositivos del tamaño de un Tic Tac en aves que se reproducen en el bosque boreal.

El objetivo del trabajo publicado en Movement Ecology era conocer sus trayectos con un nivel de detalle que hasta ahora era difícil de alcanzar en pájaros cantores pequeños.

La investigadora logró recapturar a uno de los individuos tras atraerlo con una grabación de su canto cerca de una red de niebla. Al comprobar que todavía llevaba el aparato, pudo acceder a la información acumulada durante su desplazamiento anual.

La especie siguió una ruta más extensa

De acuerdo con Phys.org, el estudio se centró en la reinita mirto, una subespecie septentrional de la reinita culiamarilla. Estas aves son conocidas por una mancha amarilla sobre la cola, rasgo que ha dado lugar al apodo de “cuello de mantequilla” entre observadores de pájaros.

Los investigadores buscaban determinar si las poblaciones que crían en Anchorage seguían la ruta más corta hacia sus áreas de invernada en California. Esa posibilidad se relacionaba con una observación realizada en 1899 por el ornitólogo Richard McGregor, quien había visto reinitas mirto en la costa californiana.

Sin embargo, los datos contradijeron esa expectativa. “Todas las aves que rastreamos viajaron hacia el este a través del bosque boreal de Canadá antes de desviarse hacia el sur, a la costa del Golfo”, explicó la especialista.

Sensores para seguir aves pequeñas

Las aves pequeñas dificultan el seguimiento científico porque los transmisores GPS pesan demasiado para especies de menos de una cucharada de azúcar. Por eso, los científicos crearon dispositivos más ligeros que almacenan la información internamente.

Los geolocalizadores convencionales detectan la luz y calculan una posición aproximada a partir de las horas de amanecer y atardecer. El método tiene límites: las estimaciones pueden presentar errores de cientos de kilómetros, sobre todo durante los equinoccios, cuando la duración del día es similar en gran parte del planeta.

Las nuevas etiquetas incorporan un sensor de presión atmosférica. Cuando el ave gana altitud al iniciar un vuelo, la presión disminuye; ese cambio permite identificar el momento de salida y llegada en cada escala. La combinación de presión, luz y viento ofrece estimaciones de ubicación más precisas que las obtenidas solo con la duración del día.

Para procesar esos registros, los especialistas comparan las variaciones de presión con datos meteorológicos globales mediante el programa GeoPressureR. El resultado funciona como una “huella dactilar” que ayuda a delimitar las zonas donde pudo encontrarse cada ejemplar.

Una ruta marcada por las glaciaciones

El trayecto detectado fue mayor de lo previsto para una especie considerada migratoria de corta o media distancia. El recorrido completo alcanzó 6.800 millas, equivalentes a 10.900 kilómetros, entre las zonas de reproducción del norte y el destino invernal.

La misma tendencia aparece en otros pájaros cantores rastreados desde el noroeste de Norteamérica, entre ellos las reinitas rayadas y los zorzales de Swainson. Una explicación posible se vincula con las glaciaciones que, hace millones de años, redujeron y aislaron poblaciones de aves hacia el sur.

Cuando los glaciares retrocedieron, los bosques avanzaron de manera gradual hacia el norte y el oeste. Las poblaciones habrían extendido sus áreas de cría en esa misma dirección, mientras conservaron las rutas que las conectaban con los sitios de invernada meridionales.

Los científicos plantean que esos recorridos están codificados genéticamente. La hipótesis es que las rutas actuales mantienen el rastro de la expansión histórica de los bosques, aunque las condiciones que la originaron ya hayan desaparecido.

Los registros pueden orientar medidas de conservación

Aún no se conoce con precisión dónde se reproducen las reinitas que invernan en California y que fueron observadas a fines del siglo XIX. La especialista considera posible que una proporción reducida de ejemplares de Anchorage migre allí, mientras que otras procederían de zonas remotas y poco estudiadas de Alaska o Yukón.

Las próximas investigaciones podrían marcar directamente ejemplares en California para aclarar el origen de esa población y conocer por qué algunos individuos toman una ruta distinta.

La geolocalización barométrica también permite identificar áreas de descanso e invernada que requieren protección. Además, informa sobre la altitud de los vuelos, un dato útil para estudiar los riesgos de colisión con edificios o aerogeneradores.

Los dispositivos registran cada vuelo migratorio y aportan información sobre los horarios de viaje. Datos de más de 50 especies publicados en Current Biology, fueron combinados para analizar cuándo migran los individuos durante el día o la noche.

Szarmach, actualmente investigadora posdoctoral en el Centro de Aves Migratorias Smithsonian, integra esos registros con imágenes satelitales para examinar la relación entre los desplazamientos y los cambios estacionales de la vegetación.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos rescataron a tres migrantes que estaban encerrados en un vagón ferroviario de carga cerca de Knippa, en Texas, después de que un perro de la unidad canina detectara su presencia en un tren detenido, según datos de Univisión.

El operativo ocurrió durante la tarde del 7 de septiembre, cuando agentes de la estación de Uvalde, perteneciente al Sector Del Río, inspeccionaban una formación ferroviaria ubicada en una vía auxiliar.

Los tres hombres, originarios de Nicaragua, Honduras y México no tenían medios para salir del vagón por sus propios medios.

De acuerdo con Univisión, el can alertó a los agentes sobre un vagón de dos niveles destinado al traslado de automóviles. Tras revisar el interior, los oficiales encontraron a los migrantes escondidos en las cajas de camionetas tipo pickup que eran transportadas en ese vehículo ferroviario cerrado.

La Patrulla Fronteriza trasladó a los tres migrantes a su estación en Uvalde, donde quedaron bajo custodia para iniciar el proceso migratorio correspondiente. Univision informó que las personas habían sido ubicadas en un espacio cerrado del que no podían escapar sin ayuda externa.

El caso volvió a poner el foco sobre las redes de tráfico de personas que utilizan trenes de carga para desplazar a migrantes desde la frontera hacia otras zonas de Estados Unidos. Los vagones sellados pueden exponer a quienes viajan ocultos a falta de aire, deshidratación, temperaturas elevadas y la imposibilidad de pedir auxilio.

Anthony “Scott” Good, jefe del Sector Del Río, afirmó que se trató de la segunda intervención de este tipo en menos de dos semanas en ese mismo punto ferroviario. “Esta es la segunda vez en dos semanas que nuestros agentes rescatan a personas víctimas de tráfico humano encerradas en un vagón en este lugar”, señaló el funcionario.

Ocho personas habían sido rescatadas en la misma vía auxiliar

El antecedente inmediato ocurrió el 30 de agosto, cuando agentes de la estación de Uvalde encontraron a ocho migrantes encerrados en otro vagón para transporte de vehículos en la misma vía auxiliar cercana a Knippa. Con los tres rescatados el 7 de septiembre, la cifra ascendió a 11 personas localizadas en esas condiciones en menos de dos semanas.

Good advirtió que los intentos de ingresar al país por medio de trenes han tenido consecuencias mortales. La agencia pidió a quienes evalúen recurrir a estas rutas que consideren los riesgos de quedar atrapados en compartimentos sin ventilación, agua o una salida accesible.

La modalidad permite a los traficantes evitar algunos controles en carreteras, pero deja a los migrantes bajo condiciones que escapan a su control. En este caso, los hombres estaban ocultos entre vehículos dentro de un vagón cerrado y dependían por completo de que otra persona abriera las puertas para poder salir.

En mayo de 2026, un caso en la ruta ferroviaria entre Del Río y Laredo terminó con la muerte de siete migrantes dentro de un contenedor de carga.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuatro eran mexicanos y tres hondureños, incluido un menor de 14 años. La acusación federal sostiene que los traficantes los introdujeron en el contenedor tras cortar el candado de la puerta y lo cerraron desde afuera.

Un trabajador ferroviario encontró seis cuerpos al día siguiente en Laredo; el séptimo migrante fue localizado más tarde junto a las vías en San Antonio. Once personas enfrentan cargos por su presunta participación en esa red.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exige al gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, que reconozca a las personas afectadas por desplazamiento interno, les brinde atención y cree condiciones para que regresen a sus comunidades con seguridad, dignidad y respeto a sus derechos humanos.

A través de un comunicado, Frayba sostiene que ha documentado 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad; afirma que los casos forman parte de investigaciones sobre violencia armada y criminal en distintos territorios chiapanecos.

El organismo cuestionó la postura oficial frente a esta crisis, luego de que el gobernador asegurara que el 95% de desplazados regresó a sus actividades en sus poblaciones de origen, hecho que atribuyó a la “cero impunidad”. Ramírez dijo en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del viernes 11 de septiembre:

“Habrá, no digo que no, una que otra comunidad, pero la inmensa mayoría ha regresado de manera pacífica y otros, pues, han decidido establecerse ya sus residencias en territorio chiapaneco (...) Yo creo que el 95% regresó a sus actividades (...)”, afirmando que no hay territorios ocupados por grupos criminales.

Desplazamiento forzado en municipios de Chiapas

La organización señala que en Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa y Chicomuselo persiste la violencia armada y el control territorial de grupos criminales. Este escenario ha obligado a cientos de familias a abandonar sus comunidades desde 2021; parte de la población continúa en movilidad forzada, sin refugios seguros ni ayuda humanitaria.

El Frayba atribuye el agravamiento de estas condiciones a la falta de una respuesta integral del Estado. También advierte que la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno permanece sin aplicación efectiva, pues su reglamento no ha sido promulgado desde 2012.

El organismo expuso cinco comunidades que han sido víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas:

1. Nueva Independencia, Ángel Albino Corzo: familias abandonaron sus hogares entre 2024 y 2025 tras un repunte de violencia posterior a la elección municipal. Los testimonios recopilados por Frayba señalan presunta protección del alcalde Manuel de Jesús Moreno Fernández al grupo criminal “Los Robleros”.
2. Nueva Palestina, Ocosingo: hay personas desplazadas desde diciembre de 2021 que, según la organización, no han recibido ayuda humanitaria suficiente ni acceso efectivo a la justicia.
3. Maya Lacandón de Lacanjá Chasayab, Ocosingo: los pobladores fueron expulsados el 13 de septiembre de 2023 y permanecen fuera de sus viviendas, territorio y patrimonio comunitario.
4. Tzanembolom, Chenalhó: habitantes salieron de la comunidad durante el primer semestre de 2024 tras rechazar colaborar con el grupo criminal “Los Herreras”; de acuerdo con Frayba, aún no existen condiciones para que regresen.
5. Jotolá, Chilón: Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) fueron desplazados en febrero de 2026 y continúan fuera de su comunidad.

El organismo rechaza la versión oficial sobre los retornos y pide crear condiciones de retorno para las comunidades

El Frayba expresa preocupación por declaraciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien afirma que en Chiapas ya no existe desplazamiento forzado y que el 95% de las personas afectadas ya regresó a sus comunidades.

La organización sostiene que considerar voluntaria la permanencia de quienes no vuelven desconoce la violencia que provocó su salida. Advierte que las familias pierden vivienda, bienes y medios de subsistencia, mientras que mujeres, infancias y adultos mayores enfrentan afectaciones particulares, además de la interrupción de sus proyectos de vida.

También acusa a las autoridades de reclasificar a las víctimas como ‘población vulnerable’, lo que limita su acceso a atención, protección y reparación. Ante este panorama, la organización demanda al Estado aplicar la ley vigente y garantizar condiciones seguras para que los desplazados regresen a sus lugares de origen.

Grupos criminales que han obligado a abandonar territorios en Chiapas

Al ser preguntado sobre los grupos identificados en las regiones afectadas, Ramírez Aguilar habló inicialmente de dos organizaciones delictivas. Después nombró al Cártel del Pacífico, al Cártel Chiapas-Guatemala y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El gobernador afirmó que las acciones de las autoridades alcanzaron a los tres grupos: “Cuando la ley se aplica parejo, también la delincuencia respeta”, expresó Ramírez Aguilar.

Sobre Pantelhó, el gobernador explicó que allí existió un conflicto que describió como político-social entre dos grupos conocidos como “Los Herreras” y “Los Machetes”.

Ramírez Aguilar afirmó que las autoridades aplicaron la ley contra ambos sectores. Atribuyó a esa actuación el regreso de las familias que habían abandonado la cabecera municipal y otras comunidades. El mandatario no precisó una cifra absoluta de personas que permanecen fuera de sus hogares.

El espacio Schegen seguirá suspendido entre Italia y España todo septiembre y la primera semana de octubre cómo mínimo. El Gobierno ha anunciado este martes la prórroga de 15 días de los controles fronterizos con Italia en las conexiones aéreas y marítimas, una medida adoptada en reciprocidad a la decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni tras la crisis abierta por la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

España ha comunicado este martes a la Unión Europea que mantendrá los controles hasta el próximo 8 de octubre. El Ministerio del Interior ha precisado que la medida que afecta a las conexiones aéreas y marítimas con Italia, en vigor desde el 8 de agosto, se ha prorrogado porque el Gobierno entiende que siguen vigentes las circunstancias que motivaron su adopción.

Italia había decidido instantes antes prorrogar otros 15 días sus controles a personas procedentes de España, por lo que la decisión de Madrid de reinstaurar sus propios controles para los viajeros desde territorio italiano es una medida de reacción.

En un principio, los controles se instauraron el 8 de agosto con un plazo inicial de un mes, pero desde entonces se han ido prorrogando.

Albares califica de “absuro e inútil” la decisión de Italia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de “vergüenza” la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de prorrogar los controles Schengen con España otros quince días en relación con la entrada de migrantes en Ceuta y ha afeado que Italia recibe actualmente el doble de entradas irregulares.

“Es absurdo, es inútil y es una vergüenza porque es dinamitar el espíritu, la filosofía de lo que quiere decir ser socios europeos”, ha valorado Albares en declaraciones a los medios en el Senado, donde ha participado en la sesión del control al Gobierno, después de que Roma haya decidido prorrogar los controles, medida a la que el Ejecutivo español ha respondido en reciprocidad.

En su opinión, la decisión del Ejecutivo italiano se ha tomado en clave de “política interna” y tanto la primera ministra, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, como su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quien lidera Forza Italia, aliado del PP en Bruselas, no se están comportando como “líderes europeos a la altura de las circunstancias”.

Así las cosas, ha pedido tanto a PP, como aliados de Forza Italia, como a Vox, como aliados de Meloni, que les trasladen que “esta medida es una vergüenza, es absurda y es ridícula”.

Albares ha resaltado que Italia tiene actualmente “el doble de entradas irregulares que España” y ha recordado que en 2023, cuando el Gobierno italiano fue “incapaz” de gestionar la llegada de inmigrantes la isla de Lampedusa, “no solamente nosotros ofrecimos nuestra solidaridad, como lo hemos hecho en muchas otras situaciones, sino que incluso acogimos migrantes irregulares trayéndolos a España”.

“Yo entiendo que el Gobierno italiano está actuando por política interna, pero es vergonzoso y es desde luego un ataque directo a la dignidad de los españoles y a la unidad y la solidaridad de los europeos”, ha insistido, recalcando que “Europa sin solidaridad no puede existir”.

La ciudad de Ottawa, capital de Canadá, proclamó oficialmente el 13 de septiembre de 2026 como Día del Salvadoreño, mediante un documento firmado por el alcalde Mark Sutcliffe. La declaración reconoce la presencia y las contribuciones de la comunidad salvadoreña en la vida social, cultural, deportiva y económica de la ciudad.

El texto señala que los salvadoreños en Ottawa conservan sus tradiciones, fortalecen los vínculos comunitarios y favorecen el intercambio cultural con otros residentes. También vincula la fecha con las celebraciones de la independencia de El Salvador, que se conmemora el 15 de septiembre.

“Esta conmemoración refuerza el sentido de pertenencia de las generaciones presentes y futuras, y fomenta la comprensión intercultural entre todos los residentes de Ottawa”, indica la proclamación difundida por la embajadora de El Salvador en Canadá, Cindy Mariella Portal.

La diplomática calificó la decisión como “un hito histórico para nuestra comunidad”. En un mensaje publicado el 14 de septiembre, Portal afirmó que el reconocimiento refleja la presencia y los aportes de los salvadoreños en la capital canadiense.

Según cifras del Observatorio Digital sobre Movilidad Humana, en Canadá residen alrededor de 49,445 salvadoreños. Sin embargo, Portal ya ha reiterado en diferentes ocasiones que la diáspora supera las 100 mil personas si se incorpora a ciudadanos de segunda y tercera generación.

La diferencia entre ambos registros responde a los métodos de medición. Las estadísticas migratorias suelen considerar a quienes nacieron en El Salvador o conservan determinada condición administrativa, mientras que los cálculos de la representación diplomática incluyen a descendientes nacidos en Canadá que mantienen vínculos familiares, culturales o comunitarios con el país centroamericano.

El Gobierno canadiense considera a la diáspora salvadoreña como una de las comunidades latinoamericanas con mayor presencia en el país. La relación bilateral también está marcada por la llegada de refugiados salvadoreños durante la guerra civil que atravesó El Salvador entre 1980 y 1992.

La comunidad se concentra en ciudades como Ottawa, Toronto, Montreal, Calgary, Vancouver y Winnipeg. El Salvador mantiene su embajada en Ottawa y dispone de consulados generales en varias de esas ciudades, una red que atiende a residentes y promueve actividades culturales.

“Este histórico reconocimiento cobra aún mayor significado al conmemorar 65 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Canadá. Nuestro agradecimiento a la Ciudad de Ottawa y al alcalde Mark Sutcliffe por reconocer y celebrar a nuestra comunidad salvadoreña”, expresó Portal.

Canadá y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas en 1961. La cooperación se enfoca en derechos humanos, democracia, acceso a la justicia, migración, igualdad de género y desarrollo económico sostenible.

El comercio bilateral alcanzó 354.1 millones de dólares canadienses en 2023, según datos de Global Affairs Canada. Las exportaciones canadienses hacia El Salvador sumaron 149.3 millones de dólares canadienses y estuvieron vinculadas, entre otros sectores, a productos agrícolas y pesqueros, bienes de consumo, productos forestales, plásticos y maquinaria industrial.

La proclamación firmada por el alcalde de Ottawa se produjo en un contexto de actividades culturales impulsadas por organizaciones comunitarias y por la representación diplomática salvadoreña. El 7 de septiembre, Portal informó que El Salvador participó en el Festival Latinoamericano en Canadá, donde presentó expresiones culturales, identidad nacional y oferta turística ante asistentes de distintas comunidades.

Las celebraciones salvadoreñas en Canadá incluyen festivales gastronómicos, actos patrios, encuentros artísticos y espacios dedicados a la memoria de la migración. El 29 de agosto se realizó en Brewer Park, Ottawa, la vigésima edición del Festival Salvadoreño de la Pupusa, convocado por la Asociación Salvadoreña Canadiense, con comida tradicional, música, baile y actividades familiares.

La Asociación Salvadoreña Canadiense también organizó este año entrevistas sobre memoria histórica en Ottawa para recoger experiencias de personas que llegaron al país durante la guerra civil. La iniciativa contó con el respaldo del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, la organización Surviving Memory in Postwar El Salvador y Western University.

La decisión de Ottawa institucionaliza una fecha que la comunidad ya vinculaba con las celebraciones patrias de septiembre y con la transmisión de sus tradiciones a nuevas generaciones de salvadoreños-canadienses.

Ángela Elizabeth Domínguez encontró en el Programa de Migración Laboral una vía para impulsar la construcción de su vivienda y apoyar a su familia desde Canadá. La joven, originaria del caserío Ranchón, en San Luis La Herradura, relató que la oportunidad llegó después de años de trabajos vinculados a la pesca y la recolección de curiles que dejaba ingresos muy bajos.

Domínguez trabaja actualmente en Alexandria, Canadá, y afirma que su experiencia le ha permitido avanzar en metas que consideraba difíciles de alcanzar en su comunidad. “Ya comencé a hacer mi casa. Estoy sacando adelante a mi familia”, expresó.

Antes de viajar, su rutina transcurría entre jornadas en embarcaciones de carga, labores de conducción y la recolección de curiles en la zona costera. Ese trabajo era su principal fuente de ingresos, aunque, según contó, no le alcanzaba para concretar proyectos personales y familiares.

La beneficiaria señaló que al inicio dudó de que podría acceder a un empleo en el extranjero. “Pensé que no iba a poder lograrlo”, recordó. Ahora considera que su paso por Canadá le abrió una posibilidad de desarrollo económico que no veía posible en su lugar de origen.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social mantiene este programa para vincular a trabajadores salvadoreños con empleos temporales fuera del país. La iniciativa incluye destinos como Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, España y Francia de acuerdo con información institucional.

Datos divulgados en junio por las autoridades indicaron que más de 11 mil salvadoreños han sido beneficiados desde el inicio del programa en 2019. Los contratos abarcan áreas como agricultura, gastronomía, limpieza, atención al cliente y otros servicios, bajo una modalidad temporal que contempla el retorno de los trabajadores al país.

Noé construyó su casa tras viajar desde el campo a Hamilton

La experiencia de Noé Rodríguez Martínez, de 38 años, también refleja el impacto que el programa ha tenido en familias de zonas rurales. El salvadoreño trabaja en Hamilton, Canadá, en una empresa dedicada al lavado de maquinaria y la producción de pan.

Rodríguez se desempeñaba antes como trabajador del campo y realizaba labores en esteros, donde recolectaba curiles y punches. Tras obtener un contrato laboral en Canadá, logró comprar un terreno y comenzar la construcción de su vivienda.

“Pude comprar mi solarcito, hacer mi casita”, dijo Rodríguez al describir los cambios que su empleo temporal generó en su hogar.

Su esposa, Brenda Cuatro, explicó que con los ingresos enviados desde Canadá la familia colocó el piso, el techo y construyó un baño que antes no tenía. La vivienda continúa en proceso de mejora, mientras Rodríguez permanece vinculado a su trabajo en el país norteamericano.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, sostuvo que el propósito de estos programas debe centrarse en mejorar las condiciones de vida de las personas. “El éxito de la vida es transformar la vida de las personas que más lo necesitan”, afirmó. El funcionario añadió que el Programa de Migración Laboral ya reúne “cientos de ejemplos y experiencias” de salvadoreños que han accedido a empleos temporales en el extranjero.

Un organismo de fiscalización interno del gobierno de Estados Unidos documentó que migrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz” fueron encerrados en pequeñas jaulas metálicas al aire libre. Las condiciones no se ajustaban a los estándares de trato humano, según un informe publicado el 14 de septiembre.

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó una inspección sorpresa en el centro, ubicado en los Everglades de Florida. Concluyó que la práctica ponía en riesgo la salud y la seguridad de los detenidos.

El informe del DHS sobre el uso de jaulas metálicas en Alligator Alcatraz

Tras una visita sin previo aviso en enero de 2026, la OIG registró 79 casos en los que migrantes fueron colocados en pequeños recintos metálicos entre julio de 2025 y ese mismo mes. Los períodos de permanencia variaron desde unos minutos hasta casi dos horas, de acuerdo con el documento.

Las autoridades del centro describieron esos espacios como “áreas de calma”, pensadas para que los detenidos pudieran tranquilizarse y estar solos, según informó The Guardian. El personal también sostuvo que los propios detenidos pedían pasar tiempo en ellos.

Sin embargo, los inspectores identificaron al menos un caso en el que el uso fue de carácter disciplinario: el de un migrante que no acató una orden del personal. El informe señaló que los recintos tenían mecanismos de cierre con llave.

Cómo eran las jaulas metálicas en el centro de detención de Florida

Cada recinto ofrecía cerca de 1,67 metros cuadrados (18 pies cuadrados) de superficie, menos de la mitad del mínimo de 3,4 metros cuadrados (37 pies cuadrados) que exigen las normas nacionales de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para espacios individuales.

La OIG calificó la práctica como “algo sin precedentes entre los centros de detención” inspeccionados por el organismo. “El uso de espacios tan restrictivos es muy poco convencional y no se ajusta a las normas de trato humano”, indicó el informe. Los inspectores advirtieron que confinar a personas en esas condiciones generaba riesgos significativos para su salud física y mental.

Hacinamiento, higiene y acceso al agua entre los migrantes detenidos en el centro de Florida

El informe de la OIG describió otras deficiencias en el funcionamiento del centro. El espacio disponible en las unidades de alojamiento era insuficiente, lo que generaba hacinamiento y llevaba a los detenidos a pasar la mayor parte del tiempo en sus celdas. El tiempo de recreación era limitado, y varios teléfonos permanecían fuera de servicio, lo que impedía el contacto con familiares o abogados.

Los inspectores también hallaron fallas de higiene en la preparación y manejo de alimentos, con riesgos de contaminación. Según el informe, los migrantes debían usar duchas infestadas de pequeños insectos y solo se les permitía ducharse tres veces por semana.

Los migrantes consultados por los inspectores de la OIG dijeron que no tenían acceso a agua potable limpia y que no podían lavar los vasos de plástico que utilizaban para hidratarse. Según detenidos que hablaron con anterioridad con la BBC, también se les negaban medicamentos necesarios y otras medidas básicas de higiene.

Quién administraba el centro y qué dijo el gobierno de Ron DeSantis

El centro fue creado por el estado de Florida mediante un decreto ejecutivo del gobernador Ron DeSantis. Fue el gobierno estatal el que afrontó los costos operativos, que alcanzaron USD 1,2 millones diarios, según The Guardian. El DHS informó a los inspectores que Florida —y no el gobierno federal— tenía autoridad sobre las operaciones cotidianas de la instalación.

El centro cerró en junio de 2026, tras cerca de un año de funcionamiento. Las autoridades explicaron que el cierre obedecía al carácter temporal de la instalación y al riesgo de mantener personas en carpas durante la temporada de huracanes.

La oficina de DeSantis había descartado previamente como “fabricaciones” las denuncias sobre el uso de jaulas, recogidas por Amnesty International en diciembre de 2025, según consignó The Guardian. Ante la publicación del informe, Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador, sostuvo que el área “cumple con todos los estándares federales para la reclusión de criminales” y agregó, en declaraciones recogidas por el diario: “Lo haríamos aún más pequeño si pudiéramos”. La oficina de DeSantis no respondió por qué negó públicamente el uso de las jaulas.

El propio gobernador, consultado en una conferencia de prensa, afirmó que no había leído el informe. Sostuvo que, antes de que el centro comenzara a recibir migrantes, él mismo había cuestionado la existencia de ciertas instalaciones por considerarlas excesivas, pero que el personal le explicó que su propósito era anticiparse a posibles acusaciones de maltrato. “Te van a acusar de eso sin importar lo que hagas. O sea, simplemente lo sabemos, ¿verdad? Ya viene incluido”, declaró DeSantis.

El gobernador también sostuvo que el objetivo al establecer el centro era “no solo cumplir las normas federales, sino superarlas”, lo que —según él— demandó más recursos. Argumentó que la situación “fue difícil” porque, en ese momento, el gobierno federal no contaba con financiamiento suficiente para la detención migratoria.

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el lunes 14 de septiembre una nueva norma de la administración Trump que recortaba de forma drástica los plazos de permanencia para estudiantes extranjeros y periodistas internacionales. La decisión llegó un día antes de que las restricciones entraran en vigor.

El juez del Distrito de Massachusetts F. Dennis Saylor IV dictó la medida cautelar a favor de una coalición de sindicatos y organizaciones de educación superior, según informaron AFP y Reuters. El magistrado —designado por el expresidente republicano George W. Bush— no se pronunció sobre el fondo del litigio, pero ordenó suspender de inmediato la implementación de las reglas y fijó una audiencia de seguimiento para el 2 de octubre.

El sistema de visas vigente desde hace casi cinco décadas generó beneficios científicos y económicos de escala

En un extenso memorando adjunto a su fallo, Saylor cuestionó de raíz la lógica que motivó la norma. Señaló que el sistema en vigor durante casi cinco décadas —que permitía a los estudiantes extranjeros permanecer en el país por el tiempo que durase su programa académico, sin un tope fijo— había posibilitado que decenas de millones de personas llegaran al país y contribuyeran con “investigación innovadora en ciencia, medicina y tecnología, crecimiento económico sustancial y una amplia gama de beneficios, a menudo a gran escala”, según sus propias palabras recogidas por AFP.

El magistrado advirtió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no intentó mejorar ese esquema, sino reemplazarlo por uno que “restringirá sustancialmente el número total de estudiantes extranjeros, investigadores, profesores y periodistas” en el país. En el año académico 2023-24, Estados Unidos recibió más de 1,1 millón de estudiantes internacionales —más que cualquier otra nación del mundo—, de acuerdo con datos oficiales.

Las nuevas reglas limitaban a cuatro años la permanencia de estudiantes y a 240 días la de periodistas extranjeros

Bajo el esquema que el DHS buscaba implementar a partir del martes, las visas F para estudiantes internacionales y las visas J para participantes en programas de intercambio cultural habrían quedado restringidas a un máximo de cuatro años. Hasta ahora, ambas categorías permitían permanecer durante toda la duración del programa, sin vencimiento fijo. Actualmente, alrededor de 1,6 millones de personas son titulares de visas F y otras 500.000 cuentan con visas J, según Reuters.

El impacto habría sido especialmente severo para estudiantes de doctorado, cuyas carreras superan con frecuencia ese límite. Además, la norma también habría impedido a los estudiantes extranjeros obtener un segundo título del mismo nivel, cambiar de área de estudios o transferirse a otra universidad, según informó The New York Times.

Para los periodistas extranjeros con visa I, el recorte era aún más pronunciado: el nuevo límite se fijaba en 240 días —equivalente a unos ocho meses—, cuando antes podían permanecer hasta cinco años. Los comunicadores provenientes de China enfrentaban una restricción adicional: solo 90 días, con posibilidad de renovaciones de igual duración.

Sin apelación posible: Saylor alertó sobre el poder discrecional absoluto del DHS para cortar carreras académicas

Uno de los aspectos que más gravitó en la decisión judicial fue la ausencia total de mecanismos de apelación. Saylor advirtió que, bajo las nuevas reglas, las denegaciones de extensión de visa por parte del DHS serían “completamente discrecionales e inapelables”, según sus declaraciones recogidas por la agencia.

“Un funcionario del DHS —basado en criterios limitados y vagos, y sin posibilidad de apelación— tendría el poder de interrumpir las actividades académicas, de investigación o docentes de cualquier ciudadano no estadounidense, sin razón o por cualquier razón”, sostuvo el magistrado.

La misma lógica aplicaba a los periodistas: quienes solicitaran una renovación de visa tampoco contarían con recurso ni instancia de revisión ante una negativa. Saylor fue explícito al señalar que “las posibilidades de abuso son amplias”, con el riesgo concreto de que las acreditaciones de comunicadores críticos del gobierno no fueran renovadas.

Universidades como el MIT y Harvard habrían enfrentado pérdidas de cientos de millones de dólares

El fallo también contempló el daño económico directo sobre las instituciones académicas. Saylor señaló que universidades de investigación de primer nivel, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard —que concentran altos porcentajes de estudiantes extranjeros, especialmente en posgrado—, habrían sufrido caídas en la matrícula y costos por cientos de millones de dólares si la norma hubiera entrado en vigor, según Reuters.

“El daño al sistema de educación superior y a la economía de Estados Unidos sería probablemente catastrófico”, escribió el juez en su resolución.

Miriam Feldblum, directora ejecutiva de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration —uno de los grupos demandantes—, celebró el fallo: “Mientras el caso continúa, esta medida preserva el sistema de larga data que permite a nuestros colegios y universidades —y a nuestro país— atraer, educar y retener talento global”, afirmó en declaraciones recogidas por Reuters.

Una coalición de universidades, sindicatos docentes y gremios periodísticos llevó el caso a la justicia

La demanda que derivó en la medida cautelar fue presentada por una coalición integrada por sindicatos que representan a universidades, docentes y periodistas, junto con organizaciones de defensa de la educación superior. El bloque impugnó las restricciones por considerarlas incompatibles con el marco legal vigente y con los derechos de sus representados.

Saylor suspendió la implementación sin pronunciarse sobre el fondo de esa demanda. La audiencia del 2 de octubre será la próxima instancia en que el tribunal abordará el litigio de manera sustantiva.

El DHS invocó la seguridad nacional, pero el juez calificó ese argumento de casi absurdo

Al proponer las nuevas reglas, el DHS justificó la medida en razones de seguridad nacional y en la necesidad de prevenir fraudes en el sistema de visas. Sin embargo, Saylor rechazó ese fundamento con dureza: lo calificó de “rayano en lo absurdo” y sostuvo que estaba “basado casi en su totalidad en un puñado de anécdotas”. El juez también señaló que la agencia no cumplió con sus obligaciones legales de considerar alternativas menos restrictivas ni de atender las objeciones recibidas durante el proceso de elaboración de la norma, según Reuters.

Tras el fallo, el DHS respondió a través de su asesor general, James Percival, quien criticó la resolución y aseguró que la medida obliga a la agencia a “permitir el abuso rampante de nuestro sistema migratorio”. “Vení con una visa de estudiante, tomá una materia por semestre y quedate aquí por décadas”, dijo en declaraciones recogidas por la agencia. El DHS no respondió a consultas sobre si apelará el fallo.

La audiencia del 2 de octubre determinará si la suspensión se extiende o si el caso avanza hacia una resolución definitiva sobre el fondo del litigio.

La experiencia migrante, la discriminación, las adicciones, la salud mental y la resistencia frente a la asimilación atraviesan Material inflamable, la primera novela de Rosa Ramírez Mazaheri, publicada por Editorial Almadía.

La obra sigue a una joven mexicana que estudia en una universidad de élite en Massachusetts, Estados Unidos, donde debe encontrar su lugar dentro de un entorno marcado por las diferencias sociales, el privilegio y la sensación de no pertenecer. Mediante una estructura fragmentaria, la narración transita entre la realidad, la memoria y el delirio.

En entrevista exclusiva con Infobae México, la autora explicó que el libro nació a partir de sus diarios personales, poemas y apuntes. Aunque comparte experiencias con la protagonista, Ramírez recurrió a la ficción para expandirlas y construir una historia que representa las vivencias de numerosas personas migrantes.

De los diarios personales a una novela sobre quienes no encajan

Antes de escribir narrativa, Rosa Ramírez se había dedicado principalmente a la poesía. Fue durante su maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Iowa cuando comenzó a explorar otros géneros y encontró en sus antiguos diarios el punto de partida de Material inflamable.

“Definitivamente tengo una cercanía muy profunda con el personaje en cuanto a los paralelos de nuestras vidas y las experiencias. Cuando primero empecé a escribir Material inflamable, estaba partiendo de unos diarios míos, de muchos años”, relató.

La autora reunió experiencias personales, poemas y apuntes acumulados durante distintas etapas de su vida. Después utilizó la ficción como una herramienta para jugar con las fronteras entre lo vivido y lo imaginado.

Su intención original no era publicar una novela. Ramírez ingresó al programa de la Universidad de Iowa con un manuscrito de poesía, pero un taller de ficción la llevó a recuperar los diarios que había escrito durante sus años universitarios y un viaje a La Habana.

“Me agarré de los diarios más que nada por la costumbre de poeta que tenía yo de partir de mis propias experiencias, de partir del yo. Era lo que me nacía más fácil”, explicó. Al releer esos materiales después de varios años, encontró el impulso para contar la historia.

La experiencia retratada, sin embargo, rebasa el terreno autobiográfico. La escritora reconoció en sus recuerdos una vivencia compartida por migrantes y estudiantes que ingresan a instituciones educativas de élite, pero sienten que no pertenecen a esos espacios.

“Me di cuenta de que lo que me interesaba platicar era una experiencia no solo mía, sino de muchísimas migrantes que sienten que no encajan en estas universidades de élite (…) Yo creo que es importante hablar sobre estos temas, no solo de la discriminación, pero del efecto que puede tener en la salud mental, especialmente para las mujeres", señaló.

Una protagonista migrante que se niega a pedir permiso

Uno de los propósitos centrales de la novela fue abordar la discriminación y sus consecuencias sobre la salud mental, particularmente entre las mujeres migrantes. Para hacerlo, Ramírez decidió alejar a su protagonista de una representación pasiva o construida únicamente alrededor del sufrimiento.

“Me importaba contar una historia y cuidar mucho el querer evitar la victimización, y que fuera una personaja muy triunfante, que se resiste por completo a la asimilación”, afirmó.

La identidad mexicana-iraní y fronteriza de la autora no solo influyó en los temas de la novela, sino también en su lenguaje, sintaxis y forma de mirar el mundo. Ramírez señaló que no habría podido escribir el libro de la misma manera sin sus experiencias como migrante ni la convivencia con otras personas que atravesaron luchas similares.

La frontera entre México y Estados Unidos aparece así como un territorio físico, cultural y lingüístico. En la voz de la protagonista conviven expresiones sinaloenses, mazatlecas y fronterizas que se apartan deliberadamente de una narrativa uniforme.

“Mi identidad como una mujer fronteriza es lo que más atraviesa el libro. Es un lenguaje que es sinaloense, que es mazatleco, pero que es fronterizo también”, explicó.

Esta identidad se convierte en una forma de resistencia frente a las presiones de adaptación dentro de un espacio privilegiado. La protagonista no intenta suavizar su personalidad para ser aceptada ni adopta el comportamiento que los demás esperan de ella.

Salud mental y adicciones sin moralejas

La protagonista de Material inflamable atraviesa episodios relacionados con el consumo de sustancias, la inestabilidad emocional y el delirio. Rosa Ramírez buscó presentar estas experiencias sin prejuicios, pero también sin romantizar la autodestrucción.

Para la escritora, los padecimientos y las adicciones no pueden separarse de las condiciones sociales en las que viven los personajes. Por ello, la novela aborda el consumo como un síntoma de circunstancias familiares, económicas y culturales más amplias.

“Quería dejar el estigma de lado por completo. La protagonista puede identificar su locura y su relación con el consumo, pero no le interesa rectificarlo, no le interesa sanarse, no le interesa resolverlo. Ella simplemente es”, sostuvo.

La novela tampoco propone una trayectoria convencional hacia la sobriedad o la recuperación. La autora evitó ofrecer una moraleja porque consideró que esa decisión le permitía mostrar al personaje en toda su complejidad: fuerte e incluso desafiante, pero también vulnerable y consciente de que puede lastimar a otras personas.

Ramírez cuestionó además que la literatura haya permitido históricamente que los personajes masculinos sean atormentados, excesivos o autodestructivos, mientras las mujeres reciben un juicio más severo por ocupar esos mismos espacios.

“Los personajes masculinos y los hombres que son escritores tienen permitido mucho más. Se romantiza incluso más con los hombres, con los escritores alcohólicos o los personajes masculinos atormentados. Es hora de humanizar a las mujeres por medio de permitirles ocupar esos espacios y esos temas”, expresó.

El humor como refugio frente a la violencia

Aunque Material inflamable aborda experiencias dolorosas, el humor, el sarcasmo y la sátira desempeñan un papel fundamental. La protagonista se burla de las situaciones de violencia y discriminación porque esa es su manera de procesarlas y evitar que la rabia termine por consumirla.

“En vez de tratar de explicar lo que le está pasando, prefiere burlarse, hacer un chiste. Esa es la manera en la que se acerca a ese entorno para procesarlo”, explicó Ramírez.

El humor también permite que la novela tenga mayores matices. En lugar de detener constantemente la narración para explicar las injusticias que vive el personaje, la ironía revela el absurdo de los códigos sociales y las expectativas impuestas a las mujeres.

“Si dejas que te consuma esa furia y esa rabia por lo que está sucediendo, te sofocas un poco. Usar el humor fue importante para que fuera una historia más placentera, pero también más matizada”, agregó.

Los silencios y delirios que completan la historia

La estructura fragmentaria del libro surgió inicialmente de la experiencia de Ramírez como poeta y de la dificultad que representaba escribir una obra narrativa de largo aliento. Con el desarrollo de la protagonista, esos cortes adquirieron un valor propio.

En la novela no siempre queda claro cuánto tiempo pasó entre un episodio y otro. Esa incertidumbre reproduce la percepción alterada del personaje y obliga al lector a reconstruir lo que sucede en los espacios vacíos.

“Creo que se puede decir mucho con esos silencios. No sabemos bien la línea de tiempo porque ella tampoco la tiene super identificada”, comentó.

Una influencia importante fue Diario inconsciente, de Santiago Loza, obra que también aborda la enfermedad mental mediante fragmentos y pausas. Ramírez encontró en esa incertidumbre una herramienta para añadir tensión a la historia.

Los episodios delirantes, por su parte, exponen una faceta que la protagonista mantiene oculta cuando se encuentra frente a otras personas. Mientras en el exterior actúa con fuerza y rudeza para defenderse, en sus delirios deja ver su fragilidad.

“Los delirios funcionan mucho para mostrar otro lado de ella, la dualidad que lleva dentro y su vulnerabilidad”, explicó la autora.

Escritoras que enseñan a desobedecer

La formación literaria de Rosa Ramírez estuvo marcada por mujeres y personas queer de América Latina cuya escritura desafió las convenciones. Entre sus principales influencias mencionó a las cubanas Soledad Ríos, Georgina Herrera y Margarita Mateo Palmer, así como a Tatiana de la Tierra y Cristina Peri Rossi.

De Soledad Ríos destacó los textos híbridos, los silencios y la ambigüedad entre realidad y sueño. Su obra le permitió comprender que el lector no necesita recibir toda la información, sino que también puede construir el contexto a partir de los vacíos.

“Me enseñó mucho a dejar atrás la idea de que tienes que obedecer ciertas convenciones. En verdad no tienes que obedecer ninguna convención; la escritura no es para eso”, afirmó.

Ramírez también recuperó de Georgina Herrera la idea de las pequeñas revoluciones cotidianas y literarias. Desde los blancos manicomios, de Margarita Mateo Palmer, fue otro punto de partida para abordar la salud mental y construir uno de los personajes de la novela.

La autora consideró que actualmente existe un movimiento más intencional para colocar en primer plano las obras escritas por mujeres. Aclaró, sin embargo, que su presencia no es nueva, pues siempre han existido autoras relevantes, aunque durante mucho tiempo sus trabajos recibieron menor visibilidad.

“Definitivamente hay un gran movimiento de mujeres escritoras en este momento. La verdad, están sosteniendo la literatura”, afirmó. Para Ramírez, el acompañamiento y la colaboración entre autoras son indispensables para ampliar esos espacios.

“Todas tenemos un poquito de material inflamable”

Más allá de la migración, las adicciones o la salud mental, Rosa Ramírez busca que lectores con experiencias distintas puedan reconocerse en la fuerza interior de la protagonista.

“Todas y todes tenemos un poquito de ese material inflamable, de esa lumbre por dentro”, concluyó. “Podemos decir de vez en cuando: ‘¿Sabes qué? Sí soy inflamable y sí puedo ser quien soy, puedo sentirme empoderada, a pesar de las dificultades que tenga’”.

Así, la escritora definió ese “material inflamable” que llevamos dentro: una lumbre que puede representar la rabia, la identidad o el deseo de resistir, incluso frente a las circunstancias más adversas.

La cooperación policial entre Panamá y Costa Rica permitió la captura de Favio Javier Enrique Díaz Bascombe, alias “Chombón”, quien figuraba entre los más buscados por las autoridades panameñas. El hombre es requerido por pandillerismo y homicidio agravado, según confirmó la Policía Nacional.

Díaz Bascombe fue detectado en Punta Arenas, distrito de Las Cuestas, en territorio costarricense, después de un intercambio de información entre organismos de inteligencia. La operación contó con la participación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica y las unidades investigativas panameñas.

Las autoridades costarricenses coordinaron su expulsión y posterior entrega en Paso Canoas, principal cruce terrestre entre ambos países. Tras ingresar a Panamá, el sospechoso quedó bajo custodia de la Dirección de Investigación Judicial, encargada de ponerlo a disposición de la autoridad que solicitó su aprehensión.

La captura muestra el papel que cumple la cooperación binacional frente a sospechosos que cruzan la frontera para intentar evadir procesos penales. En este caso, la localización dependió del intercambio previo de información, pues el requerido ya había salido de la jurisdicción donde se investigan los delitos atribuidos.

Los controles fronterizos también permitieron inadmitir a dos ciudadanos costarricenses con antecedentes por robo agravado. Ambos fueron detectados en el Puente Binacional de Bocas del Toro y devueltos a Costa Rica después de que las autoridades aplicaran el artículo 50 de la normativa migratoria panameña.

Esa disposición permite al Servicio Nacional de Migración negar la entrada o el tránsito a extranjeros cuando existen circunstancias que comprometen la seguridad pública. La inadmisión es una decisión administrativa adoptada en el punto de entrada y se diferencia de una captura penal, porque la persona no necesariamente es requerida por Panamá.

Pero no toda la actividad migratoria se concentró en la frontera: en las terminales aéreas también se desarrollaron procedimientos. Un ciudadano brasileño fue identificado mientras permanecía en tránsito por Panamá. Sobre el viajero existía una alerta vinculada con una orden de arresto vigente en Massachusetts, Estados Unidos, por un presunto delito relacionado con narcotráfico, lo que activó las coordinaciones internacionales correspondientes.

Las verificaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen permitieron detectar a un venezolano con una orden de aprehensión por delitos contra el orden económico. El ciudadano fue entregado a la Dirección de Investigación Judicial, que deberá identificar a la autoridad solicitante y continuar los trámites establecidos dentro del expediente.

Por su parte, en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, una colombiana procedente de Bogotá fue inadmitida tras comprobarse que mantenía antecedentes por hurto agravado. Migración aplicó la misma disposición utilizada en el Puente Binacional y ordenó su devolución, sin permitir que la viajera ingresara formalmente al territorio nacional.

Operación Terracota

A estos procedimientos se sumó la Operación Terracota, desarrollada en el área del Terraplén, en Santa Ana, y en el distrito de La Chorrera. Durante el operativo fueron aprehendidos cuatro ciudadanos venezolanos y una mujer panameña, por presuntas irregularidades migratorias y delitos vinculados con bienes de procedencia ilícita.

La acción interinstitucional incluyó 15 diligencias de allanamiento y registro ejecutadas por la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Nacional de Aduanas. Los agentes incautaron dinero en efectivo, equipos tecnológicos, relojes y cajas de cigarrillos, junto con otros artículos cuya procedencia será verificada durante la investigación.

Las autoridades vinculan a los detenidos con presuntos delitos de hurto y receptación de bienes provenientes de actividades ilícitas. También identificaron casos de estadía vencida, una infracción administrativa que puede derivar en multas, deportación o impedimentos de entrada, dependiendo de la situación migratoria y los antecedentes de cada persona.

En febrero, en pleno conflicto por el cierre de Fate, un miembro del Gobierno que visita con frecuencia la Quinta de Olivos opinaba ante Infobae sobre las consecuencias del régimen macroeconómico que impulsa la administración de Javier Milei; en particular en lo relativo al empleo en los grandes conurbanos. “Todo forma parte de la transición de una economía soviética como la que nos dejaron. En ese proceso, se eliminarán trabajos improductivos, pero se crearán otros”, afirmaba.

En el Gobierno no ocultan que las reglas del juego que han impuesto en la economía en los últimos años fueron tendientes a favorecer a ciertos rubros como los hidrocarburos, la minería, la agroindustria y la intermediación financiera, en detrimento de los polos industriales en los conurbanos del AMBA, Córdoba y Santa Fe. El mes pasado, la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual y 2,7% interanual principalmente por la tracción de los sectores primarios; mientras que la actividad industrial tuvo desempeños negativos.

La dinámica económica del Gobierno fue abordada en un extenso artículo publicado este jueves en el Financial Times. Al ser consultado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pronosticó que de perpetuarse ciertas condiciones macroeconómicas, podrían producirse importantes oleadas migratorias internas para las próximas décadas.

En concreto, afirmó que cuatro millones de personas podrían abandonar el Gran Buenos Aires en las próximas tres décadas para radicarse mayormente en la Patagonia y en el Noroeste Argentino. La hipótesis del funcionario divide ese desplazamiento en dos corrientes: una hacia los distritos petroleros y gasíferos de la Patagonia, y otra hacia las provincias del norte donde se concentran los nuevos proyectos de cobre, litio y plata.

De dónde vienen esos números

En el entorno de Sturzenegger explicaron que la estimación se desprende de una tesis hecha por alumnos de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés (UdeSA) titulada In the long run we are all in the Pampas: Un modelo de transición demográfica para Argentina.

A modo de síntesis, el texto plantea que si se consolidan la apertura económica, la desregulación y grandes inversiones en sectores exportadores como los mencionados anteriormente, Argentina podría experimentar una reversión parcial de la histórica concentración poblacional en el AMBA. El flujo migratorio partiría de las grandes áreas urbanas, en especial del Gran Buenos Aires, hacia provincias del interior con recursos naturales y nuevos proyectos productivos.

El modelo proyecta una reducción aproximada de 4,18 millones de habitantes del AMBA, o 23,9% de su población inicial, en ese contexto hipotético. No significa necesariamente que Buenos Aires quede despoblada, sino que perdería parte de su peso relativo dentro de la distribución territorial de la población argentina. En contraposición, marcan que hay provincias con posibilidades de duplicar su población, como Catamarca (237%) o Neuquén (180%).

¿El Gobierno está utilizando estimaciones o proyecciones como estas para realizar políticas públicas para favorecer esa eventual migración interna? Infobae consultó en diferentes despachos y en todos ellos la respuesta siempre fue negativa. “Es un proceso que eventualmente hará el mercado y que contará con la ejecución de las propias provincias, nosotros no tenemos nada que hacer”, afirmaron desde la Casa Rosada. En tanto, desde el Ministerio de Desregulación afirmaron que las estimaciones son utilizadas por Sturzenegger para sus discursos, pero que no es un insumo que se esté utilizando para definir algún tipo de medida o programa.

Diferente parece ser el caso de las administraciones subnacionales. Algunas advirtieron efectos concretos en los últimos años. Uno de los casos es la provincia de Neuquén. “Hoy están viniendo cerca de 30.000 y 35.000 personas al año”, destaca a Infobae el ministro provincial de Planificación, Innovación y Modernización, Ruben Etcheverry.

Los números que se evidencian en la provincia patagónica no son equiparables a la dinámica negativa de empleo que se está produciendo, por caso, en el Conurbano bonaerense. Tampoco estaría en condiciones de poder absorber los puestos de trabajo que se han perdido en el sector de los trabajadores registrados a nivel nacional. Los últimos números mensuales que elaboró la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) marcan que en mayo hubo 2.371 empresas menos que en abril y 70.217 menos trabajadores en el mes a nivel nacional.

Al margen de esta importante salvedad, desde la administración provincial que comanda Rolando Figueroa admiten que en los últimos años se ha ido incrementando notoriamente la llegada de personas que aplicó a empleos en el distrito o que pretende hacerlo.

Un informe gubernamental interno al que accedió Infobae analiza este caso: “El proceso puede verse acelerado por las crecientes asimetrías territoriales y por el deterioro de las condiciones sociales, laborales y productivas en otras regiones, particularmente en grandes aglomerados urbanos como el conurbano bonaerense, donde la pérdida de empleo formal, el cierre de establecimientos, la retracción industrial y el debilitamiento del comercio y los servicios reducen las oportunidades de inserción y pueden actuar como factores de expulsión”.

Etcheverry cuenta que están confeccionados diferentes programas a modo de poder anticipar los flujos migratorios hacia Neuquén, principalmente a través de la Secretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE).

En esas oficinas realizaron una hipótesis de migración impactada por el efecto atractor de Vaca Muerta que muestra diferentes escenarios de crecimiento poblacional desde los más de 710.000 habitantes que fueron registrados en el Censo 2022:

• Bajo un escenario de proyección moderada, la población alcanzaría 1.179.762 habitantes en 2050.
• Por el contrario, en un escenario que incluye además el componente migratorio proveniente del Conurbano Bonaerense, la población alcanzaría el millón de habitantes hacia 2030 y los dos millones hacia 2050.

Sobre estas posibles dinámicas ya se están empezando a pensar potenciales zonas de presión demográfica donde se necesitará generar infraestructura de manera preventiva. Un caso de desborde puede verse en Añelo, uno de los pueblos en donde más se ha visto el cambio de los últimos años respecto de Vaca Muerta. Tres meses atrás, el intendente Fernando Banderet pidió que no vayan más familias a instalarse al lugar por saturación en las escuelas y el sistema de salud.

En esa línea, la provincia está evaluando la posibilidad de poder crear un Fondo Federal de Infraestructura y Sustentabilidad Territorial de Vaca Muerta, convenios plurianuales Nación–Provincia, cupos específicos en fondos nacionales existentes y mecanismos de retorno territorial de la recaudación nacional incremental generada por la actividad energética. También crearán un Observatorio de la Dinámica Poblacional y Migratoria.

“De acá a 20 años pueden pasar muchas cosas. Esto es muy dinámico. Puede pasar algo con Vaca Muerta o vuelve un gobierno progresista que hace que la gente del Conurbano no se vaya. Es difícil hablar de proyecciones descabelladas. Se utilizan escenarios y sobre estos tenemos hipótesis que adoptamos y que suponemos qué puede pasar”, afirman en la Provincia.

Después de décadas de concentración de población, empleo e industria en el Gran Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei proyecta un desplazamiento en sentido inverso: 4 millones de personas se irían del área metropolitana hacia el interior del país en tres décadas, según afirmó Federico Sturzenegger al Financial Times.

El diario británico especializado dedicó un extenso reportaje titulado “Milei’s great free trade experiment” al plan del Gobierno para abrir la economía, reducir el peso del Estado y potenciar las exportaciones de energía, minería y agro, con consecuencias dispares para la industria local.

La hipótesis oficial es que ese traslado estaría ligado a la expansión de actividades extractivas y energéticas fuera del área metropolitana. Sturzenegger estimó que 2 millones de personas podrían radicarse en la región petrolera y gasífera de la Patagonia, mientras que otras 2 millones lo harían en las provincias del norte asociadas a nuevos proyectos mineros.

El programa de apertura fue precedido por un fuerte ajuste fiscal, la primera etapa de la gestión de Javier Milei. El Gobierno exhibe como principal resultado la desaceleración de la inflación, que pasó del 289% a comienzos de 2024 al 34%, aunque el recorte de subsidios y del gasto público impactó sobre los ingresos disponibles de los hogares.

La administración libertaria apuesta a que las exportaciones permitan superar la recurrente escasez de dólares de la economía argentina. Las ventas al exterior de energía, minería y agro alcanzaron niveles récord durante la gestión y Sturzenegger sostiene que, a partir de las inversiones en marcha, el país podría triplicar sus exportaciones en un plazo de cinco a seis años.

El potencial energético se concentra en Vaca Muerta, donde la cartera de nuevos proyectos supera los US$100.000 millones, mientras que el norte del país concentra expectativas por cobre, litio, plata y otros minerales. El oficialismo considera que esas actividades pueden generar empleo directo e indirecto, además de impulsar industrias asociadas, como fertilizantes y petroquímica.

El contraste está en los sectores que producen para el mercado interno. Desde fines de 2023 cerraron unas 3.400 empresas manufactureras y se perdieron más de 240.000 puestos de trabajo formales, según los datos citados en el informe. La industria textil quedó entre las más afectadas por la reducción de aranceles y el avance de importaciones de menor precio.

Los empresarios industriales cuestionan que la apertura se lleve adelante sin una baja previa de impuestos, sin acceso suficiente al financiamiento y frente a denuncias de contrabando y competencia desleal. El Gobierno rechaza esos reclamos como pedidos de protección para compañías que, según su visión, se beneficiaron durante décadas de las restricciones comerciales.

La discusión adquiere una dimensión concreta en casos como el de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró en febrero y dejó a 920 trabajadores sin empleo. Mientras el Gobierno plantea que las nuevas inversiones modificarán el mapa productivo del país, empleados y sindicatos dudan de que las actividades extractivas puedan reemplazar, en el corto plazo, los puestos industriales perdidos en el Gran Buenos Aires.

El flujo migratorio inverso, que describe el desplazamiento de personas desde el norte hacia el sur del continente, sumó 6,293 ingresos a Panamá hasta el 7 de septiembre de 2026.

El movimiento ocurre en sentido contrario a la ruta utilizada durante años para llegar a Estados Unidos y está compuesto, principalmente, por migrantes que desistieron de continuar su viaje.

El cambio comenzó a intensificarse en 2025, después de la suspensión de mecanismos para solicitar asilo y el endurecimiento de los controles migratorios estadounidenses. Miles de personas quedaron varadas o sin posibilidades de ingresar legalmente a ese país, por lo que decidieron regresar a Sudamérica, aun cuando hacerlo implicaba recorrer nuevamente varios países y asumir elevados costos.

Durante todo 2025, Panamá contabilizó 22,833 personas dentro de este movimiento norte-sur. Al sumar los 6,293 registros acumulados hasta el 7 de septiembre de 2026, el país ha recibido 29,126 migrantes en flujo inverso desde el año pasado, de acuerdo con los reportes oficiales divulgados por el Servicio Nacional de Migración.

La frontera panameña con Costa Rica dispone de tres puntos formales de ingreso: Paso Canoas y Río Sereno, en Chiriquí, y Guabito, en Bocas del Toro. Sin embargo, la ruta coordinada para atender este movimiento se ha concentrado principalmente en Paso Canoas, desde donde los migrantes son trasladados hacia instalaciones bajo supervisión institucional.

El esquema es descrito por las autoridades como un flujo controlado porque los traslados son coordinados entre Costa Rica y Panamá, con registros migratorios y transporte hacia las zonas de salida.

Esto no significa que cada desplazamiento esté completamente vigilado: también persisten movimientos por cuenta propia y riesgos asociados con redes de tráfico, particularmente en los trayectos marítimos.

Después de entrar por la frontera occidental, los viajeros son movilizados hacia Panamá oriental para continuar a Colombia sin atravesar la selva del Darién. Puerto Miramar y Puerto Palenque, en Colón, han funcionado como puntos de embarque, mientras Puerto Obaldía permite atender inadmitidos y facilitar la salida marítima hacia comunidades colombianas cercanas a la frontera.

El informe del 7 de septiembre señala que 16 migrantes permanecían en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Darién, dos esperaban en Puerto Miramar el zarpe previsto para el día siguiente y ninguno estaba en Puerto Obaldía. Estas cifras reflejan existencias puntuales en las instalaciones, no el acumulado de personas movilizadas durante el año.

Venezuela domina ampliamente la composición del flujo inverso de 2026, con 5,754 personas, equivalentes a más del 91% del total. Le siguen Colombia con 222, Ecuador con 74 y Estados Unidos con 64, categoría que corresponde a hijos de migrantes irregulares nacidos en ese país. Otras nacionalidades agruparon 179 registros.

Los datos mensuales muestran una reducción desde los 1,250 ingresos contabilizados en enero hasta 537 en mayo, aunque junio subió a 622 y agosto alcanzó 568. Septiembre acumulaba 170 hasta el día 7. En las semanas recientes, el movimiento pasó de 253 personas entre el 20 y el 27 de agosto a 166 entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre.

La comparación interanual evidencia una desaceleración. Al 7 de septiembre de 2025 se habían registrado 17,530 migrantes en dirección norte-sur, frente a 6,293 este año, una disminución de 11,237 personas o aproximadamente 64%. Venezuela también encabezaba entonces el movimiento con 16,431 viajeros, seguida de Colombia con 571, Perú con 129 y Ecuador con 118.

En paralelo, el tránsito irregular en sentido tradicional a través del Darién sumó 481 personas durante 2026: 422 adultos y 59 menores. Agosto tuvo la cifra mensual más alta, con 148 cruces, seguido de junio con 102. Entre los viajeros figuraban 240 venezolanos, 85 colombianos, 68 ecuatorianos y 88 ciudadanos de otras nacionalidades.

Ese resultado contrasta con los 2,944 cruces reportados hasta el 7 de septiembre de 2025, cuando enero concentró 2,229. La reducción interanual alcanza aproximadamente 84%, aunque el registro de 2026 muestra repuntes puntuales y no una desaparición completa de la ruta. El día previo al último informe no se notificaron nuevas llegadas por Darién.

El reporte también contabilizó 3,562 personas deportadas o expulsadas durante 2026, de las cuales 2,816 correspondieron a deportaciones y 746 a expulsiones. Del total, 3,045 eran hombres y 517 mujeres.

Colombia encabezó las nacionalidades con 2,035 casos, seguida de Ecuador con 484, India con 237 y otros países con 806 personas.

Mediante el acuerdo con Estados Unidos fueron removidas 3,060 personas: 2,625 hombres y 435 mujeres. En ese grupo hubo 1,816 colombianos, 470 ecuatorianos, 236 ciudadanos de India, 57 de Vietnam, 39 de Camerún y 442 de otras nacionalidades. Además, 134 venezolanos y cinco ecuatorianos recibieron retorno asistido.

Hasta la fecha del informe se habían realizado 73 vuelos chárter y 266 operaciones comerciales vinculadas con el acuerdo, además de tres vuelos chárter gestionados directamente por Panamá y 70 bajo el memorando de entendimiento. En 2025, el reporte de la misma fecha acumulaba 2,576 deportados y expulsados, 986 menos que en 2026.

La patrullera Río Guadiana, adscrita al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, llegó durante la noche del 9 de septiembre a las Islas Chafarinas para incorporarse al dispositivo de seguridad desplegado en el archipiélago, como ha confirmado la Delegación del Gobierno de Melilla. En medio de la crisis de Ceuta, que más de 40 días sigue enfrentando grandes dificultades, el Instituto Armado aumenta la vigilancia de la otra ciudad autónoma.

El despliegue amplía los medios disponibles de la Guardia Civil en una zona situada frente a la costa norte de África. Según informó la Delegación del Gobierno en Melilla, las actuaciones podrán desarrollarse, cuando sea necesario, en “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”, lo que choca con algunos apuntes hechos desde CNI o Policía Nacional sobre supuesta falta de cooperación marroquí en la entrada masiva en Ceuta.

La Guardia Civil reclama desde hace meses, más a partir del 30 de julio, un refuerzo estable de medios humanos, materiales y tecnológicos para proteger las fronteras de Ceuta y Melilla ante la presión migratoria y la actividad de redes de tráfico de personas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles advierte de que estas ciudades se usan también como plataforma para salidas marítimas hacia la Península, por lo que considera urgentes más patrulleras, vigilancia terrestre, apoyo aéreo y herramientas de detección.

Refuerza el control en Melilla con la Río Guadiana

La incorporación de la patrullera Río Guadiana al dispositivo de seguridad de las Islas Chafarinas aumenta la capacidad de la Guardia Civil para patrullar las aguas próximas, controlar la navegación, detectar embarcaciones y atender incidencias en el entorno del archipiélago. El buque permitirá mantener una presencia marítima durante periodos prolongados en esta zona del mar de Alborán, frente a la costa marroquí. La distancia respecto a otros puntos de apoyo y las condiciones del mar pueden condicionar las operaciones, por lo que la disponibilidad de una patrullera de altura amplía las opciones de respuesta.

La embarcación podrá desarrollar labores de inspección y vigilancia durante varios días sin necesidad de escalas frecuentes. También podrá intervenir en actuaciones que exijan desplazamientos a distintos puntos de las aguas cercanas a las islas. La Río Guadiana entró en servicio en 2006 y está preparada para desempeñar misiones de vigilancia, inspección e intervención marítima. Tiene una eslora de 25 metros y capacidad para albergar hasta 10 tripulantes.

La patrullera dispone de sistemas de navegación, comunicaciones e intervención, además de un pañol de buceo destinado a actuaciones específicas. Su equipamiento incluye una embarcación auxiliar semirrígida de tipo RIB, que puede alcanzar velocidades próximas a los 30 nudos y facilita las aproximaciones a otras embarcaciones. El sistema de propulsión está formado por dos hidrojets Hamilton, accionados por dos motores Caterpillar de 1.400 caballos de potencia cada uno. A estos se suma un motor adicional de 800 caballos. Con esta configuración, puede alcanzar una velocidad aproximada de 30 nudos y cuenta con una autonomía de unas 680 millas náuticas.

Las celebraciones por la Virgen de la Caridad del Cobre y la Virgen de Regla reunieron el 7 y 8 de septiembre a miles de cubanos que pidieron salud, protección y una salida a la crisis económica, en medio de apagones prolongados, escasez y dificultades en los servicios esenciales en la isla.

En las calles de Centro Habana, Carlos Trejo aguardaba noticias del nacimiento de su primera hija. El electricista, de 34 años, llevó una vela y una flor amarillas para rezar ante la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, conocida en Cuba como “Cachita”, mientras su esposa daba a luz en un hospital de La Habana.

“Vine a pedir por mi esposa”, dijo Trejo a la agencia AFP antes de sumarse al recorrido religioso. Para él, la expectativa por la llegada de su hija se cruza con la preocupación por un panorama cotidiano marcado por los cortes eléctricos y la falta de productos básicos.

“Todos sabemos cómo está la situación, pero hay que lidiar con eso” sin “abandonar la fe”, expresó. Desde enero, Cuba afronta una restricción al suministro de petróleo de Estados Unidos que agravó la crisis energética, según AFP.

La Virgen de la Caridad recorrió Centro Habana con un manto blanco

La procesión de “Cachita” atravesó calles del barrio capitalino entre rezos, aplausos y cantos. Católicos y practicantes de cultos afrocubanos acompañaron el paso de la imagen vestidos de amarillo y con girasoles, símbolos que identifican a la patrona de Cuba.

Algunos fieles llevaban muñecas que representan a la Virgen. Dentro de la religión yoruba, de raíz africana, la advocación católica se asocia con Oshún, deidad vinculada a los ríos, el amor y la fertilidad.

La imagen recorrió la zona sobre los hombros de los devotos, aunque esta vez estuvo cubierta por un manto blanco y no por el amarillo habitual. Ariel Suárez, secretario de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, explicó que el cambio representaba un “símbolo de paz”.

Las plegarias por la salud y el amparo familiar se mezclaron este año con reclamos por mejores condiciones de vida. Entre las preocupaciones de los asistentes aparecen la incertidumbre por la relación con Estados Unidos, la falta de alimentos y medicamentos, y la búsqueda de una salida para la economía cubana.

Municipio recuperó la electricidad después de 40 horas sin servicio

Del otro lado de la bahía, la festividad de la Virgen de Regla congregó a cientos de personas en el municipio que lleva su nombre. La advocación se vincula con Yemayá, deidad de las aguas en el sincretismo religioso cubano.

La procesión fue más reducida que en años anteriores. El barrio había recuperado el suministro eléctrico tras 40 horas de apagón. “Gracias a la Virgen tenemos luz ahora y muchos aprovechan para cocinar”, afirmó Odalys Fernández, de 64 años.

Entre los asistentes estuvo Jessica Nápoles, una médica de 24 años que llegó a Regla pese a los problemas de transporte. Su pedido fue “salud, mucha salud, y que el pueblo cubano pueda salir de esta situación”.

Nápoles cumplió con el ritual de mojarse las manos en el mar, donde flotaban flores y frutas dejadas como ofrenda. La joven señaló el impacto de la escasez sobre los pacientes. “Todos estamos mal, pero el que está enfermo está aún peor”, lamentó.

Durante la celebración, una mujer gritó en agradecimiento porque su hija había recibido ese día una visa para España. La migración también estuvo presente en las conversaciones de los fieles: 2 millones de cubanos dejaron la isla en el último lustro, de acuerdo con AFP.

La falta de empleo alimenta el deseo de emigrar y de permanecer en la isla

Yenis Grenot, de 49 años, trabajó durante 18 años en el turismo, hasta que perdió su empleo tras la caída del sector. Según relató, las sanciones estadounidenses forzaron la salida de varias compañías hoteleras internacionales de Cuba.

Ahora obtiene ingresos a partir de una pequeña venta de artículos de aseo en el portal de su casa. Pese a las dificultades, Grenot quiere continuar en el país. “Muchos queremos quedarnos aquí, pero queremos que todo cambie, que mejore”, dijo.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió no dejar expirar, al menos por ahora, el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a unos 170,000 salvadoreños.

La fecha de vigencia terminaba este 9 de septiembre de 2026, pero el organismo emitió este miércoles una declaración que congela el reloj sin precisar cuánto tiempo más durará esa protección migratoria.

“Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado. Hasta que se haga ese anuncio, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección, incluidos los permisos para trabajar”, señala un comunicado emitido esta noche por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security ) de los Estados Unidos.

El programa lleva vigente desde 2001, cuando la administración del presidente George W. Bush lo otorgó tras dos devastadores terremotos que sacudieron El Salvador el 13 de enero y el 13 de febrero de ese año.

Un día antes del vencimiento de la vigencia del TPS, el zar de la frontera, Tom Homan, resumió la lógica de la administración el día anterior al vencimiento: “El estatus de protección temporal significa que es algo temporal”, dijo, y añadió que El Salvador “es mucho más seguro” desde que Bukele asumió la presidencia.

El vínculo Bukele-Trump, el factor que diferencia a El Salvador

La pregunta que recorre los consultorios de abogados migratorios y las vigilias de doce horas organizadas en Los Ángeles es por qué El Salvador sigue en pie mientras decenas de miles de haitianos, hondureños, sirios y yemeníes ya perdieron sus protecciones.

La respuesta apunta, en buena medida, a la relación entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el estadounidense Donald Trump.

Bukele ha sido uno de los aliados más activos de la política migratoria de Trump: aceptó deportados llegados desde Estados Unidos y los alojó en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad.

En abril de 2025, Trump lo recibió en la Casa Blanca y lo incorporó a una coalición militar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ambos mandatarios volvieron a reunirse en Washington en julio de 2026.

Más de un millón de personas ya perdieron el TPS en otros países

El caso salvadoreño es la excepción dentro de un desmantelamiento sistemático. Desde enero de 2025, la administración Trump terminó o inició el proceso de terminación del TPS para 13 países, con un impacto estimado en más de un millón de personas, según datos del Pew Research Center.

Los países cuyas designaciones ya fueron formalmente eliminadas son: Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen. Las terminaciones de Etiopía y Somalia permanecen en disputa judicial.

Un fallo de la Corte Suprema de junio de 2026, en el caso Mullin v. Doe, despejó el camino legal para estas cancelaciones al determinar que los tribunales federales no pueden revisar la mayoría de los desafíos a una terminación del TPS, porque el Congreso prohibió expresamente ese control judicial en la ley original de 1990.

A principios de septiembre de 2026, solo Líbano, Sudán y Ucrania mantenían designaciones activas, aunque la situación de algunos países permanece sujeta a litigios en curso.

Qué significa perder el TPS en la práctica

Perder el TPS no implica una deportación automática al día siguiente, pero sus consecuencias son inmediatas y graves. Cuando una designación se termina formalmente, el titular pierde dos cosas al mismo tiempo: la protección contra la deportación y el permiso de trabajo.

Los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) emitidos bajo el TPS dejan de ser válidos en la fecha efectiva de terminación, independientemente de la fecha impresa en la tarjeta física.

Los empleadores están obligados por ley a reverificar a sus trabajadores o prescindir de ellos, lo que expulsa a miles de personas del mercado laboral formal de un día para el otro.

Para los 170,000 beneficiarios salvadoreños, el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional alivió la presión inmediata pero no resolvió el fondo del problema. La agencia no especificó si habrá una extensión formal ni por cuánto tiempo se mantendrá el limbo actual.

Un proyecto de ley presentado por el congresista demócrata Eugene Vindman en los días previos al vencimiento proponía prorrogar la protección por 18 meses, pero no avanzó. Una carta firmada por 80 legisladores del mismo partido y dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, tampoco recibió respuesta.

La última extensión formal del TPS salvadoreño la firmó el presidente Joe Biden antes de dejar la Casa Blanca: amplió el programa por 18 meses hasta el 9 de septiembre de 2026. Ese plazo vencía este miércoles, pero al postergar su cancelación, millares de familias recobran la esperanza.

El canciller alemán Friedrich Merz acusó este miércoles a Alternativa para Alemania (AfD) de perseguir una ”limpieza étnica" a través de su política antiinmigración, en un enfrentamiento directo con la colíder del partido, Alice Weidel, durante una sesión parlamentaria en Berlín.

La intervención de Merz se produjo tres días después de que la AfD lograra una victoria electoral en Sajonia-Anhalt, donde se impuso con el 43,8% de los votos frente al 17,2% obtenido por la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el peor resultado histórico de los democristianos en la región.

La derrota electoral renovó la presión sobre el mandatario, cuyo respaldo en las encuestas se encuentra en mínimos desde su asunción. “Si lo que aquí se defiende, a saber, la ‘remigración’, llegara a hacerse realidad, no sería más que un sinónimo de limpieza étnica basada en el origen y el color de la piel”, declaró, ante la propuesta central de la formación ultraderechista.

El plan de “remigración” forma parte del programa oficial de AfD. Contempla acelerar la salida de solicitantes de asilo rechazados, una medida que alcanzaría incluso a ciudadanos ucranianos residentes en Alemania. Incluye también incentivos para la salida voluntaria de esas personas y la creación de clases segregadas para hijos de refugiados.

De concretarse ese plan, “el sector artesanal en Alemania dejaría de funcionar, ninguna residencia de ancianos podría seguir funcionando, ningún hospital del país podría funcionar”, advirtió el canciller.

Weidel rechazó los señalamientos. “Hay más de un millón de refugiados cuya solicitud de asilo ha sido rechazada más de una vez. ¿Qué hacen todavía aquí? ¡Deberían ser expulsados!”, planteó. La dirigente remarcó que el país ocupa el segundo lugar mundial en recepción de refugiados, con 2,7 millones, detrás de Colombia, y celebró el triunfo de su partido: “La gente exige por fin un giro político. Se terminó la alianza entre conservadores y socialdemócratas”.

El diputado de la AfD Bernd Baumann rechazó la comparación planteada por Merz. Según explicó, el concepto de “remigración” que defiende su partido se limita a “la expulsión sistemática, conforme a la ley, de todos los extranjeros obligados a abandonar el país; nada más”. Calificó la acusación del canciller como “un intento desesperado y sórdido de mantener un ‘cortafuegos’ mediante una demonización fabricada”.

El cruce abarcó además la política energética. Weidel afirmó que Alemania pierde 12.000 empleos industriales al mes y reclamó recuperar “el gas barato de Rusia” que llega por gasoducto, además de acusar al Gobierno de no haber reaccionado ante la voladura de los gasoductos Nord Stream. Merz reconoció “errores” pasados en materia energética, aunque acusó a la formación ultraderechista de alinearse con Moscú incluso después del ataque con drones contra un aeropuerto alemán ocurrido el mes pasado, que atribuyó a Rusia, algo que el Kremlin niega.

El jefe de Gobierno reprochó a Weidel que no dedicara palabra alguna a la resistencia de Ucrania frente a la invasión rusa. La dirigente, en cambio, planteó tomar como referencia el rumbo adoptado por la administración de Donald Trump: “Apueste de una vez por las negociaciones de paz, como hacen los Estados Unidos”. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, describió a la AfD como una formación dispuesta a entregar el país a Moscú y advirtió sobre vínculos “traicioneros” del partido con la extrema derecha.

Merz cerró su intervención al señalar que “no lograron su verdadero objetivo electoral de conseguir la mayoría de los escaños en Sajonia-Anhalt” y que el 56% de los votantes de ese estado no respaldó al partido.

(Con información de EFE y Reuters)

El 9 de septiembre marcó una fecha límite para el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los salvadoreños en Estados Unidos, aunque todavía no existe un anuncio definitivo de la administración estadounidense sobre la continuidad o cancelación del programa. La falta de una resolución mantiene en incertidumbre a unas 170 mil personas que han vivido durante más de dos décadas bajo esta protección migratoria.

El experto en temas migratorios Jizi Moza resumió el momento con una frase que refleja la expectativa de la comunidad: “Realmente se llegó el día, pero siempre sigue la esperanza”. A su juicio, las autoridades estadounidenses todavía pueden definir un período de transición, renovar el beneficio o confirmar su finalización.

Moza señaló que el Gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de tomar esa decisión. “Ya están establecidos ciertos parámetros y esto da un tiempo perentorio”, afirmó durante una entrevista matutina. También planteó que las elecciones legislativas de medio término podrían influir en el cálculo político de la administración de Donald Trump.

La protección puede continuar mientras llega una decisión oficial

El director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), Abel Núñez, explicó que la legislación del TPS contempla una extensión automática de seis meses si el Gobierno no publica una decisión oficial antes de la fecha límite.

El dirigente de CARECEN advirtió que el escenario todavía puede variar. La administración estadounidense podría cancelar el programa con un período de salida, otorgar seis meses de protección o establecer un plazo menor. También existe una posibilidad remota de renovación.

Moza sostuvo que no habrá una expulsión inmediata de toda la población beneficiaria. “Hay que decir inicialmente que deportación masiva no va a haber”, afirmó. “Están los seis meses perentorios, o más, y no vamos a ver esos trenes, esos aviones llenos de esos hombres”.

La pérdida del permiso de trabajo cambia la situación laboral

Núñez señaló que, aun si la protección contra la deportación se mantiene de forma temporal, los beneficiarios pueden perder la autorización de empleo y enfrentar limitaciones para renovar licencias de conducir vinculadas a ese documento.

Según explicó, el fin del permiso laboral obligaría a muchas personas a salir del empleo formal mientras esperan una decisión definitiva sobre el TPS. “Están protegidos de deportación, pero no pueden ejercer en el sector laboral formal”, dijo.

El director de CARECEN agregó que las autoridades no realizarán redadas masivas contra los tepesianos al día siguiente de una posible cancelación. Sin embargo, quienes queden sin amparo migratorio para permanecer en el país podrían exponerse a un proceso de deportación si son detenidos por agentes migratorios.

¿Qué debe tener listo ante un posible retorno?

Ambos expertos plantearon que las familias deben prepararse para distintos escenarios, sin tomar decisiones apresuradas. Núñez pidió buscar asesoría migratoria para determinar si cada persona cuenta con alguna vía de regularización, como peticiones familiares u otros recursos legales.

“Que empiecen a hacer un plan de preparación”, expresó. Ese proceso incluye definir qué ocurrirá con viviendas, negocios, cuentas bancarias, documentos y bienes que podrían venderse o transferirse a familiares.

Para quienes decidan retornar a El Salvador, Núñez recomendó evitar el traslado de grandes cantidades de efectivo y optar por mecanismos bancarios. También señaló la importancia de actualizar pasaportes, Documento Único de Identidad (DUI), matrimonios y registros consulares.

En los casos de hijos nacidos en Estados Unidos, las familias deberán decidir si viajan juntos o si los menores permanecen bajo el cuidado de otra persona. Núñez indicó que los niños que migren a El Salvador deben ser inscritos en los consulados y obtener la ciudadanía salvadoreña, ya que de otra forma serían considerados extranjeros en el país.

Si los hijos permanecen en Estados Unidos, los padres deberán dejar documentos de tutela que identifiquen a la persona responsable de su cuidado. “Es diferente tener a un hijo de 17 años a un hijo de cinco años”, señaló Núñez, al referirse a las decisiones que cada familia deberá discutir antes de que las autoridades definan el futuro del TPS.

Con la desclasificación de 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, el Gobierno ha desvelado las comunicaciones directas entre el CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los tres días previos. El cuerpo de inteligencia tenía constancia del llamamiento que se había hecho en redes sociales para hacer un “asalto por valla y mar”. En los informes, se ha revelado que los foros tenían “180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance”.

Conversación entre el CNI de Ceuta con el Gabinete Delegación Gobierno en la ciudad autónoma

Lunes 27 de julio, a las 11:20

Delegación: Reunión urgente con ciudad, CNP y GC para tema nadadores.

Delegación: cuando kieras te informo

CNI: Ok

CNI: La habéis tenido ya??

Delegación: llevamos aki desde las 0930

CNI: Pues cuando tengas un rato hablamos

Martes 28 de julio, a las 10:00

CNI: Buenos días

CNI: Q tal fue la reunión de ayer??

Martes 28 de julio, a las 17:07

CNI: Imagino q habrás visto esto

(Remisión del cartel de convocatoria de la concentración «CEUTA ALZA LA VOZ» prevista para el 02.08.2026, a efectos de sus posibles consecuencias sobre el orden público)

Miércoles 29 de julio, a las 11:18

CNI: (envío pantallazo Happy Fnideq con el texto: Algunas fuentes y medios locales informan sobre un acuerdo preliminar entre Marruecos y España que permitiría la devolución de un grupo de migrantes que actualmente reside en el centro de refugio en la ciudad de Ceuta a Marruecos. Hasta ahora, no se ha emitido ningún anuncio oficial que confirme los detalles de este acuerdo o su alcance, por lo que las noticias permanecen pendiente de la confirmación de las autoridades pertinentes.)

CNI: Buenos días

CNI: Esta es un perfil de RRSS de Castillejos

CNI: Hay algo en firme???

Miércoles 29 de julio, a las 13:52

CNI: En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h.

CNI: Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados

CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores

CNI: Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión

Delegación: Sus rilas

Miércoles 29 de julio, a las 21:34

Delegación: Llamada (11 minutos)

Conversación entre el CNI de Ceuta con el la UCE-3 de la Guardia Civil

Miércoles 29 de julio, a las 13:53

CNI: Llamada sin respuesta

CNI: XXXX te llamo por la situación de Ceuta.

CNI: Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono

CNI: Tenemos varios grupos en Fb y WahtsApp incentivando estas entradas.

Miércoles 29 de julio, a las 13:59

UCE-3: Llamada perdida

UCE-3: xxxxxx perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar.

UCE-3: Estos días están XXXX que ha estado unos meses fuera y también Xxxxx

UCE-3: Me puedes llamar a mí también

Miércoles 29 de julio, a las 14:41

UCE-3: Llamada (7minutos, 38 segundos)

El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, sostuvo este martes que El Salvador “es mucho más seguro” desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, a horas de la fecha prevista para el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 170,000 salvadoreños en territorio estadounidense.

Homan hizo sus declaraciones ante periodistas en el exterior de la Casa Blanca, mientras crece la incertidumbre entre los beneficiarios del programa migratorio. La designación vigente para los ciudadanos salvadoreños vencerá este miércoles 9 de septiembre, junto con los permisos de trabajo y la protección frente a la deportación que dependen exclusivamente de ese estatus.

El funcionario defendió la posibilidad de que el Gobierno deje vencer el beneficio. “El TPS, estatus de protección temporal, significa que es algo temporal”, afirmó, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Homan vinculó el TPS con las condiciones de seguridad en El Salvador

El asesor de inmigración de la Casa Blanca consideró que las circunstancias que justificaron la protección para los salvadoreños ya no se mantienen. “Seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá”, dijo en referencia a Nayib Bukele.

La afirmación se produjo en un momento decisivo para los beneficiarios del programa, que fue creado por el Gobierno estadounidense para dar protección temporal a extranjeros de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones que impiden un regreso seguro.

La designación de TPS para los salvadoreños se remonta a los terremotos que golpearon al país centroamericano en 2001. Desde entonces, sucesivos gobiernos de Estados Unidos extendieron el beneficio, que permite a sus titulares residir y trabajar legalmente en el país mientras permanezca vigente.

Homan cuestionó esa continuidad y aseguró que el mecanismo se aplicó durante décadas más allá de su propósito inicial. “Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez”, señaló. También indicó que, a su juicio, los cambios registrados en los países de origen deben tener peso en las decisiones sobre las prórrogas. “Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal”, agregó.

Más de 170,000 salvadoreños podrían perder su autorización de empleo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) había indicado que tanto el TPS como los beneficios asociados vencerían el 9 de septiembre. Si esa disposición entra en vigor, los salvadoreños protegidos dejarán de contar con la autorización laboral basada únicamente en ese programa y quedarán expuestos a procesos migratorios que antes estaban suspendidos.

La medida alcanzaría a unos 170,000 ciudadanos de El Salvador, según las cifras citadas en el anuncio. Muchos de ellos viven desde hace años en Estados Unidos y han formado familias o consolidado empleos en distintas zonas del país.

Pese a sus críticas al programa, Homan evitó confirmar que la expiración se concretará este miércoles. Consultado sobre una posible extensión de última hora, respondió que no tenía información sobre esa alternativa. “Si expira, la decisión queda en manos del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Y si han decidido prorrogarlo, no estoy al tanto de ello”, afirmó.

La definición corresponde al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hasta el cierre de las declaraciones de Homan, no había una confirmación pública sobre una eventual prórroga ni sobre medidas adicionales para quienes perderían la cobertura migratoria al finalizar el TPS.

A horas de que expire el TPS, el congresista demócrata Eugene Vindman, la senadora Catherine Cortez Masto y el Caucus Hispano del Congreso instaron al gobierno de Estados Unidos a extender el Estatus de Protección Temporal para los ciudadanos de El Salvador. La designación vence el 9 de septiembre, según los mensajes publicados por los dirigentes en la red social X.

Vindman, representante por Virginia, afirmó: “Forzar a las familias a regresar a condiciones peligrosas e inestables es cruel y miope”, escribió el legislador, quien sostuvo que esas personas formaron hogares y desarrollaron vínculos laborales y comerciales en territorio estadounidense.

El congresista presentó el 3 de septiembre un proyecto de ley que propone una extensión de 18 meses para los beneficiarios salvadoreños del TPS. La iniciativa contempla que quienes ya cuentan con esa protección puedan mantener su residencia legal temporal y sus permisos de trabajo a partir del 9 de septiembre de 2026.

Vindman vinculó la medida con su propia experiencia como refugiado de la entonces Ucrania soviética. En otra publicación, aseguró que los salvadoreños que viven en Virginia son vecinos, compañeros de trabajo, propietarios de pequeños negocios y amigos de las comunidades donde residen. Tras participar de una mesa redonda con beneficiarios del TPS, indicó que su propuesta busca darles continuidad y estabilidad.

La senadora Cortez Masto pidió una prórroga a la Casa Blanca

La senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto también dirigió este martes su petición al presidente Donald Trump. “El TPS para El Salvador vence mañana, pero todavía hay tiempo para que el presidente haga lo correcto”, señaló en X. La legisladora exigió una prórroga de la designación para los salvadoreños.

Cortez Masto sostuvo durante una conferencia de prensa que los beneficiarios salvadoreños del TPS han formado familias, abierto negocios y contribuido a la economía estadounidense durante más de dos décadas. Según señaló, este grupo aporta cerca de USD 5,400 millones anuales a la economía y paga USD 1,500 millones en impuestos.

En Nevada, afirmó, hay más de 5,800 titulares de TPS, en su mayoría salvadoreños, con presencia en los sectores de la hotelería y la construcción. La senadora alertó que la pérdida de esos trabajadores tendría consecuencias para la fuerza laboral y la economía estatal, en especial en Las Vegas.

La legisladora reclamó una extensión de uno o dos años para el programa y defendió una salida permanente mediante una vía a la ciudadanía. Recordó que presentó iniciativas para permitir que los beneficiarios del TPS accedan a la residencia legal permanente y para que quienes tengan familiares ciudadanos estadounidenses puedan ajustar su estatus sin salir del país.

Además, el pronunciamiento del Caucus Hispano elevó la presión sobre la administración federal. La agrupación advirtió que 170,000 titulares salvadoreños del TPS podrían quedar expuestos a la pérdida de la protección si el Departamento de Seguridad Nacional no actúa antes del vencimiento.

Además, el bloque legislativo afirmó que 277,000 ciudadanos estadounidenses, entre ellos 150,000 menores, viven en hogares con integrantes protegidos por el programa. El caucus indicó que una eventual expiración podría separar familias y expresó su respaldo a organizaciones migratorias que reclaman la renovación del beneficio.

El TPS es una figura migratoria temporal que Estados Unidos concede a ciudadanos de países afectados por conflictos, catástrofes naturales u otras circunstancias extraordinarias. No habilita de forma automática una residencia permanente ni la ciudadanía, aunque suspende deportaciones y permite tramitar una autorización de empleo mientras la designación está vigente.

La incertidumbre migratoria también impacta en las remesas salvadoreñas

La posible finalización del TPS suma incertidumbre a la economía de El Salvador, donde las remesas constituyen una fuente de ingresos para numerosos hogares.

El economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, alertó que una resolución adversa puede modificar las decisiones financieras de los migrantes. Ante el temor de perder el estatus legal, algunos podrían vender bienes o cerrar negocios en Estados Unidos para transferir recursos de forma anticipada a su país de origen.

Ese movimiento puede elevar los envíos en un primer momento, aunque luego puede llevar a una reducción de las remesas regulares destinadas al pago de alimentos, alquileres, educación, salud y servicios básicos. Los datos de junio y julio ya mostraron una caída interanual en la entrada de remesas, según datos oficiales.

La propuesta de Vindman cuenta con el apoyo de We Are CASA y del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. Ambas organizaciones plantearon que una prórroga ofrecería una respuesta transitoria, aunque también reclamaron soluciones permanentes para las familias amparadas por el TPS, muchas de las cuales llevan más de dos décadas en Estados Unidos.

A horas de que venza el Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños, cerca de 170 mil migrantes enfrentan la posibilidad de perder sus permisos de trabajo y quedar expuestos a procesos de deportación en Estados Unidos.

La medida afecta a personas que han vivido en ese país durante más de dos décadas, donde formaron familias, compraron viviendas y desarrollaron actividades laborales.

Entre ellos está Nilson Cañenguez, empresario salvadoreño que llegó a Estados Unidos en 1999 y se acogió al TPS cuando tenía 23 años.

Aunque siempre entendió que el beneficio era temporal, cuestionó que esa condición se mantuviera durante décadas sin una solución migratoria permanente para quienes construyeron su vida bajo esa protección.

“Yo siempre estuve con eso, pensando que era temporal, pero de esa forma se los hicieron décadas”, expresó Cañenguez.

Las declaraciones fueron retomadas de CNN. El salvadoreño afirmó que, pese a haber logrado estabilidad económica y crear empleos, no pudo regularizar su propia situación migratoria.

Cañenguez comenzó en el sector de la construcción tras ingresar por la frontera. Con el paso de los años adquirió camiones de carga y fundó una empresa de construcción comercial que llegó a tener unos 250 empleados. Después de la pandemia de COVID-19, cambió el rumbo de sus negocios hacia el sector inmobiliario.

El empresario señaló que sus compañías ayudaron a varios trabajadores a obtener la residencia permanente, mientras él permanece bajo una protección temporal que finaliza este 9 de septiembre. “Yo por medio de mis empresas le di residencia a varias personas, pero no me la pude dar yo”, comentó. Ahora prevé dejar sus negocios en manos de sus hijos.

La situación de Cañenguez contrasta con la de otros beneficiarios que dependen directamente de sus empleos para sostener a sus familias. La pérdida del TPS implica el vencimiento de los permisos laborales, un elemento que aumenta la incertidumbre para quienes no cuentan con otra vía para permanecer legalmente en el país.

Líderes religiosos pidieron extender el TPS antes de su vencimiento

En Washington, líderes, pastores y miembros de la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (Cepa) solicitaron al Gobierno del presidente Donald Trump una extensión del TPS para salvadoreños. La información fue retomada de una publicación de EFE. La petición ocurrió un día antes de la fecha prevista para el fin del programa.

Un centenar de religiosos, vinculados a unas 21 mil iglesias en 36 estados, manifestó su preocupación por el impacto en las familias. El presidente de Cepa, Ángel Marcial, advirtió sobre el estado emocional de las comunidades y pidió más tiempo para que los afectados puedan prepararse ante un eventual retorno a El Salvador.

Marcial sostuvo que la finalización del beneficio alcanza a familias con hijos nacidos en Estados Unidos. Según indicó, la comunidad salvadoreña cuenta con unos 150 mil niños ciudadanos estadounidenses, cuyos hogares podrían enfrentar separaciones si sus padres pierden la protección migratoria.

Los religiosos también recordaron en una carta dirigida a Trump y a miembros de su Gabinete que los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan alrededor de 5,400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan cerca de $1,500 millones en impuestos federales, estatales y locales.

El pastor salvadoreño William Rodríguez advirtió que el vencimiento del programa supone la pérdida del permiso de trabajo y abre la posibilidad de deportaciones. La finalización del TPS para ciudadanos de El Salvador ocurre en medio de una política migratoria más restrictiva de la actual Administración, que también eliminó esa protección para nacionales de Haití, Venezuela y Afganistán.

Una madre arrodillada ante la Virgen de la Caridad del Cobre pide por un hijo que vive en otro país. Ese mismo hijo, desde la distancia, eleva una oración para que la Virgen proteja a su madre en Cuba.

Según Árbol Invertido, esa escena se repite este 8 de septiembre en calles, hogares y asilos de ancianos de La Habana Vieja.

La festividad de la Patrona de Cuba llega en 2026 en medio de una ruptura demográfica que atraviesa al país y a sus familias. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, el país perdió 313,414 habitantes entre 2024 y 2025 y su población cayó a 9,434,593 personas.

Desde 2021, más de un millón de cubanos abandonaron la isla y la tasa de fertilidad se ubica en 1.29 hijos por mujer, la más baja desde 1958. El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió que, de continuar esas tendencias, Cuba podría tener apenas 5.6 millones de habitantes en 2100.

La Virgen recorre La Habana Vieja

La publicación Árbol Invertido recogió el testimonio de Roberto Erick Marrero Molina, graduado de Derecho por el Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, quien describió cómo el padre Yosvany Carvajal, párroco de la Catedral de La Habana, impulsó la salida de la imagen de la Virgen hacia distintos espacios de la comunidad.

La imagen visitó el Hogar Materno Mariana Grajales, el callejón de los Barberos, la Casa Laical y el asilo de ancianos de la calle San Ignacio.

En cada parada, según relató Marrero Molina a Árbol Invertido, se repitió una misma súplica: “Que Cuba salga adelante, que cambie la situación y que lleguen la paz y la prosperidad.”

Las peticiones, según el joven, tuvieron un denominador común: alimentos, alivio ante la crisis y esperanza. El salario promedio oficial cerró 2025 en 6,930 pesos cubanos mensuales, equivalentes a entre USD 10 y USD 13 al cambio informal, mientras el costo básico de vida supera los 50,000 pesos cubanos, según estimaciones recogidas por CiberCuba.

El 8 de septiembre de 2026 coincidió también con una crisis energética aguda. El sistema eléctrico nacional informó esta semana una disponibilidad de apenas 1,000 megavatios frente a una demanda de 3,250 megavatios en el horario pico, lo que implicó apagones que afectaron al 70% de la demanda, según informó CiberCuba.

La separación familiar

Para Marrero Molina, el vínculo entre la Virgen y la emigración constituye una de las expresiones más dolorosas de la celebración. “Millones de cubanos se unen en esa misma oración”, dijo a Árbol Invertido, en referencia a las madres que piden por hijos en el exterior y a los hijos que, desde lejos, piden por sus madres en la isla.

El sacerdote Alberto Reyes Pías, párroco en Esmeralda, Camagüey, publicó días antes del 8 de septiembre una oración dirigida a la Virgen en la que enumeró las heridas del país: escasez, represión, emigración masiva y desintegración familiar. “En medio de tanta emigración y separación familiar, ayúdanos para que nuestras familias distantes y rotas encuentren la manera de reunirse”, escribió Reyes Pías, según informó CiberCuba.

Yanais Bárzaga Medina, directora de la biblioteca académica del Instituto Padre Félix Varela y laica católica, añadió a Árbol Invertido una lectura del color elegido para vestir a la Virgen este año: “La visten de blanco, como signo de paz al corazón y de armonía entre todos los cubanos. Un signo de luz para un pueblo que vive en tinieblas.”

En Bejucal, la imagen entra en los hogares

Desde la parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de Bejucal, en la provincia de Mayabeque, el sacerdote José Luis Sánchez Escalona organizó una peregrinación con la imagen de la Virgen por las casas de las familias.

“En un momento tan difícil queremos caminar junto a María y hacer presente su acompañamiento en la vida cotidiana”, explicó Sánchez Escalona a Árbol Invertido.

El sacerdote identificó en la imagen dos elementos que, para él, definen la respuesta de fe ante la crisis: el niño Jesús y la cruz. “Jesús y la cruz son fuente de esperanza y nos muestran el camino hacia la verdadera felicidad: el camino de Cristo”, dijo.

Desde Madrid

A miles de kilómetros de la isla, el sacerdote Bladimir Navarro Lorenzo prepara la celebración desde Madrid. Navarro fundó la Asociación Cobijo Cubano el 8 de septiembre de 2021 y, según Árbol Invertido, la organización cuenta hoy con casi cuatro decenas de casas de acogida en ciudades como Alicante, Valladolid y Valencia.

Su mensaje para la comunidad cubana en España incluyó una advertencia: la distancia puede provocar indiferencia. “Como estamos fuera de la realidad cotidiana de la isla, podemos sentirnos alejados: no sufrimos los apagones, la falta de medicamentos o la escasez de alimentos”, advirtió Navarro a Árbol Invertido.

En mayo de 2026, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y la Organización Mundial de la Salud informaron que más de 100.000 pacientes esperaban cirugías retrasadas por la escasez de combustible, según consignó la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en un informe publicado en agosto.

“La celebración de la Caridad nos invita a no ser indiferentes, a mirar hacia Cuba con solidaridad y a compartir lo que tenemos con quienes lo necesitan”, dijo Navarro.

Una fecha que une a creyentes y no creyentes

La festividad del 8 de septiembre opera, según los testimonios reunidos por Árbol Invertido, como un punto de convergencia que trasciende la práctica religiosa. Marrero Molina lo sintetizó así: la Virgen convoca “tanto a quienes permanecen en Cuba como a quienes partieron, a quienes esperan regresar, a las madres que tienen hijos lejos o incluso a quienes, sin ser practicantes, reconocen en esa pequeña imagen una parte inseparable de su historia familiar”.

La crisis del transporte en Cuba suma este año una dificultad adicional a la celebración. La escasez de combustible puede impedir que numerosos devotos lleguen a los santuarios, según informó CiberCuba, aunque muchos optan por celebrar desde sus hogares o cerca del mar.

La Virgen de la Caridad del Cobre recorre este 8 de septiembre calles de La Habana y Bejucal, acompaña a emigrantes en Madrid y sostiene iniciativas de solidaridad en varias ciudades españolas. “Se está hablando de su gente.”

Las remesas enviadas por nicaragüenses en el exterior superarán los USD 7,000 millones en 2026, una cifra equivalente al 32% del ingreso nacional y al 43% del consumo privado del país. El dato, documentado por el investigador Manuel Orozco del Diálogo Interamericano, muestra la paradoja central de la economía nicaragüense: el régimen expulsó a cientos de miles de ciudadanos y ahora depende de ellos para sostenerse.

Entre 2021 y 2025, más de 444,000 nicaragüenses llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos. Ese flujo representó el 26% de toda la migración irregular centroamericana hacia ese país, pese a que Nicaragua concentra apenas el 15% de la población de la región. Son, en gran medida, quienes hoy financian el consumo del país que los expulsó.

El ingreso mensual no supera los USD 250 y el trabajo informal domina la economía

El ingreso mensual promedio de un hogar nicaragüense no supera los USD 250. Menos de la mitad de las familias puede ahorrar, el 40% está endeudado principalmente para consumo y más de tres cuartas partes de la fuerza laboral trabaja en el sector informal, la proporción más alta de Centroamérica.

El ingreso per cápita promedio pasó de USD 2,000 a USD 2,700 entre 2018 y 2025. Ese avance se explica casi por completo por las transferencias del exterior. Sin ellas, la economía no muestra mejora real.

Nicaragua ocupa el último lugar de Centroamérica en corrupción y seguridad jurídica

Un análisis del Diálogo Interamericano ubica a Nicaragua al final de la región en materia de corrupción, según el Banco Mundial, y describe una seguridad jurídica prácticamente inexistente: la propiedad puede ser confiscada de forma arbitraria, sin proceso y sin compensación.

El país registra además la mayor proporción de población desnutrida de la región, un porcentaje que creció desde 2018 mientras el resto de Centroamérica logró reducirlo. El Índice de Progreso Social asigna a Nicaragua apenas 21 puntos en calidad universitaria, frente a más de 40 en los países vecinos.

La matrícula universitaria cayó un 59% en nueve años

Entre 2017 y 2026, la cantidad de estudiantes universitarios se redujo de más de 200,000 a 82,000. La cifra condensa el efecto combinado de la represión, la emigración y la ausencia de perspectivas laborales.

Nicaragua y El Salvador comparten el mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan en la región, aunque por razones distintas. En Nicaragua, la falta de empleo y oportunidades empuja a emigrar.

El Estado recauda el doble pero no lo devuelve en servicios

Entre 2018 y 2026, la recaudación fiscal creció a un ritmo del 10% anual y duplicó los ingresos del gobierno. El gasto público, en cambio, aumentó apenas un 2% promedio anual en el mismo período.

La inversión pública, financiada en un 60% con deuda externa, creció un 7%, pero más de tres cuartas partes se destinan a obras viales, no a educación ni salud. El gasto en educación permanece por debajo de los USD 600 millones anuales.

Orozco documenta la brecha con precisión: el Estado recauda más, paga deuda externa —unos USD 839 millones en 2026— y canaliza el resto hacia contratos de construcción que benefician a empresas del círculo de poder, con márgenes mínimos de alrededor del 15% del valor contratado.

Las remesas crecen, pero el ritmo se desacelerará en la segunda mitad del año

El Banco Interamericano de Desarrollo registró un crecimiento de las remesas hacia Nicaragua del 7.5% en el primer trimestre de 2026. El organismo advierte que ese ritmo no se sostendrá: la eliminación de programas de parole y el aumento de deportaciones desde Estados Unidos —se proyectan unas 16,000 expulsiones de nicaragüenses en 2026— presionarán a la baja los envíos.

La intención de migrar se mantiene estable: alrededor de uno de cada 20 hogares quiere abandonar el país, lo que equivale a más de 250,000 personas. El flujo migratorio sigue siendo la válvula de escape de una economía sin alternativas internas.

El 44% cree que el país va en la dirección equivocada

Las encuestas del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua del Diálogo Interamericano, conducidas por Orozco desde 2019, muestran un deterioro sostenido de la percepción ciudadana. El 44% de los nicaragüenses cree que el país va en la dirección equivocada, un porcentaje mayor al registrado en 2024.

El 70% considera que no vive en una sociedad libre o que su libertad es parcial. La inflación y el costo de vida son señalados como el principal problema del país por el 40.5% de los encuestados en 2026, frente al 1.3% que los mencionaba en 2019.

Uno de cada cuatro nicaragüenses evita opinar por miedo. Es el retrato de un país cuya economía depende de quienes ya no están y cuya sociedad vive bajo el peso de quienes aún permanecen en el poder.

Finlandia dio por concluida este lunes la construcción de una valla de 200 kilómetros a lo largo de su frontera con Rusia, un proyecto que demandó tres años y que Helsinki enmarca en su estrategia de seguridad frente a lo que denomina “guerra híbrida”.

La estructura, de 4,5 metros de altura, cuenta con cámaras y sensores de vigilancia, y se extiende por tramos estratégicos de los 1.340 kilómetros que separan a ambos países. Se trata de la frontera terrestre más larga que comparte un miembro de la Unión Europea (UE) o de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con territorio ruso. Las obras a gran escala comenzaron en agosto de 2024, luego de una fase piloto puesta en marcha el año anterior, y demandaron una inversión estimada de 356 millones de euros (413 millones de dólares).

El acto de cierre se realizó junto al puesto fronterizo de Nuijamaa, en el sureste del país, inactivo desde hace casi tres años. La ministra del Interior, Mari Rantanen, definió la obra como una pieza “esencial” para blindar el territorio y afirmó: “En esta situación, cada Estado debe velar por su propia seguridad y la inviolabilidad de sus fronteras”.

Los pasos terrestres con Rusia permanecen cerrados desde diciembre de 2023, cuando el país acusó a las autoridades rusas de dirigir deliberadamente a más de 1.300 personas sin visado hacia la frontera con el fin de desestabilizarlo, señalamiento que el Kremlin negó. La medida se adoptó pocos meses después de que Finlandia ingresara a la OTAN, en abril de ese mismo año, tras décadas de no alineación militar.

Desde el cierre, el panorama se mantuvo relativamente estable, con apenas algunos cruces ilegales aislados. Rantanen, no obstante, advirtió sobre la fragilidad de esa calma: “Hoy hay calma, pero tensión, y realmente no sabemos qué pasará mañana”. Añadió que la situación “puede cambiar muy rápidamente, y por eso debemos estar muy preparados”.

La Guardia Fronteriza describió la iniciativa como un proyecto de “infraestructura excepcionalmente extenso”, en el que participaron cerca de mil propietarios de tierras y varias empresas. Su director, Erkki Matilainen, sostuvo que, pese al avance de la tecnología de drones, el cerco físico seguía siendo “la mejor solución para el control de multitudes”.

La ministra tampoco descartó ampliar el vallado a otros sectores: “Creo que es positivo que en algún momento evaluemos si se necesita más de esto. Lo que necesitamos particularmente es financiación de la UE para los Estados miembros del este”. Los pasos con Rusia permanecerán clausurados “hasta nuevo aviso”.

Vallas similares fueron levantadas en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, en sus fronteras con Bielorrusia.

En paralelo, el Gobierno propuso extender hasta el 31 de diciembre de 2028 su Ley de Seguridad Fronteriza, conocida en la prensa local como “ley de devolución fronteriza”, que habilita a los guardias a rechazar solicitudes de asilo cuando se considera en riesgo la soberanía nacional. Según el Ministerio del Interior, la norma busca “combatir cualquier intento de presionar a Finlandia” ante casos de migración instrumentalizada, el traslado deliberado de personas hacia un control fronterizo como táctica de guerra híbrida.

(Con información de AFP y EP)

El Gobierno de Keiko Fujimori solicitó al Congreso la delegación de facultades legislativas por 120 días para legislar en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y modernización del Estado. En el marco de este pedido, PerúCheck revisó la exposición de motivos de la ley y seleccionó 12 diagnósticos por su relevancia para la ciudadanía, entre ellos el volumen de la población extranjera en el país, su incidencia en el sistema penitenciario, la situación de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y el incremento de las denuncias por extorsión a nivel nacional.

Toda la verificación se sustentó, según el medio, en registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio de la Producción (Produce), el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Las 12 afirmaciones analizadas resultaron ciertas, lo que confirma la solidez de los diagnósticos presentados por el Ejecutivo ante el Congreso.

La certeza en los diagnósticos de las cabezas del nuevo gobierno se viene consolidando como tendencia, de acuerdo con PerúCheck. En el primer mensaje a la nación de la presidenta Keiko Fujimori, el 82% de las afirmaciones recogidas por el medio resultó acertado. Si a este análisis se suman los discursos de Fujimori y del premier Luis Galarreta, puede colegirse que ambas cabezas del Poder Ejecutivo tienden hacia la veracidad cuando se dirigen al Legislativo, aunque con matices: del total de afirmaciones verificadas en el pedido de confianza de Galarreta al Congreso, la tasa de veracidad fue de 64%.

Aunque las 12 verificaciones no agotan la totalidad de los diagnósticos incluidos en el documento de solicitud de facultades legislativas, permiten dimensionar con precisión la magnitud de los problemas que el Ejecutivo busca atender mediante normas con rango de ley.

Migración y población extranjera en el Perú

El pedido de facultades sostiene que, en 2025, el número de personas extranjeras residentes en el Perú ascendía a 1.500.089. PerúCheck confirmó la cifra con base en el informe Perú: Estadísticas de la Migración Internacional, al 2025 (Una visión desde los Registros Administrativos), publicado el 27 de enero de 2026 por el INEI con datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. La mayor cantidad de residentes proviene de Venezuela (1.226.525), seguida de Colombia (87.580), Ecuador (23.508), Argentina (17.439) y España (16.662). Del total, el 53,6% son hombres y el 73,8% tiene entre 15 y 49 años.

El documento también afirma que el número de ciudadanos extranjeros internados en establecimientos penitenciarios pasó de 1.633 en mayo de 2018 a 6.267 en mayo de 2026, dato que PerúCheck verificó mediante los informes mensuales del Sistema de Información Estadística Penitenciaria (SIEP) del INPE. En 2018, la mayoría de esos presos procedía de Colombia (521) y México (234), mientras que los venezolanos sumaban apenas 64. Ocho años después, la población penitenciaria extranjera se cuadruplicó y Venezuela pasó a liderar el registro con 4.748 internos, seguida de Colombia con 854.

En términos proporcionales, los ciudadanos extranjeros representaban el 2% de la población penitenciaria en mayo de 2018 y el 6% en mayo de 2026, según indica también el pedido de facultades. En 2018, la población intramuros total era de 86.091 internos, de los cuales 1.633 eran extranjeros, la mayoría detenida por tráfico ilícito de drogas. En 2026, el universo penitenciario ascendió a 105.939 personas: 99.672 peruanos (94%) y 6.267 extranjeros (6%).

Micro y pequeñas empresas, el motor del empleo privado

El documento del Ejecutivo señala que las micro y pequeñas empresas representan el 99,1% del total de empresas del país, cifra respaldada por Produce. Al cierre de 2024, existían 2,34 millones de empresas formales en el Perú, de las cuales 2,32 millones eran MYPE.

También se afirma que las MYPE generan cerca del 90% del empleo del sector privado. Según Produce, durante 2024 concentraron aproximadamente 10,2 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 86,5% del empleo generado por el sector privado. Aunque el porcentaje oficial es 86,5% y no 90%, PerúCheck consideró que la cifra se aproxima lo suficiente como para validar la afirmación del Gobierno.

Un tercer diagnóstico sostiene que la tasa de informalidad empresarial de las MYPE se mantuvo por encima del 50% durante el periodo 2021-2024. El Informe Anual MYPE 2024 confirma que la informalidad continuó representando una proporción mayoritaria del universo de micro y pequeñas empresas durante esos años, lo que valida el diagnóstico oficial sobre uno de los principales desafíos estructurales del tejido empresarial peruano.

Extorsión y criminalidad urbana, cifras que respaldan la urgencia

Entre agosto de 2024 y mayo de 2026, la Oficina del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público identificó en Lima Metropolitana y el Callao 214 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión contra el transporte público, con víctimas. Estos ataques dejaron 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 lesionados. La distribución temporal muestra una escalada sostenida: 31 víctimas entre agosto y diciembre de 2024, 140 durante todo 2025 y 112 adicionales entre enero y mayo de 2026. El Ministerio Público identificó, además, 39 atentados sin víctimas entre enero y mayo de 2026 vinculados al mismo fenómeno delictivo, no incluidos en el conteo anterior.

A nivel nacional, en 2025 se registraron 26.585 denuncias por extorsión, según el Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú. Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad, con 11.192 denuncias, seguida de La Libertad (4.400) y Piura (2.842). El pedido de facultades también sostiene que las denuncias por extorsión aumentaron 18,9% en 2025 respecto de 2024, un salto que PerúCheck confirmó al comparar las 22.361 denuncias de 2024 con las 26.585 de 2025, según el mismo sistema policial.

Informalidad laboral y el peso de la población en edad de trabajar

El documento oficial afirma que siete de cada diez trabajadores peruanos se desempeñan en condiciones de informalidad. La Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI confirma que, entre julio de 2025 y junio de 2026, el 69,3% de la población ocupada —incluidos los extranjeros— tenía empleo informal, sin protección social ni prestaciones laborales asociadas.

También se sostiene que, al cierre de 2025, la población en edad de trabajar ascendía a aproximadamente 26,6 millones de personas. El documento Perú: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional y en 27 ciudades, del INEI, respalda esta cifra, aunque una medición más precisa correspondiente al último trimestre de 2025 eleva el estimado a 26,74 millones.

Por último, el pedido de facultades afirma que los trabajadores del hogar representan el 2,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. El MTPE informó en marzo de 2026, con base en la EPEN 2025, que ese sector estaba compuesto por 348.896 mujeres y 23.820 hombres, un total de 372.716 trabajadores. Frente a una PEA ocupada de 17.575.200 personas registrada por el INEI para 2025, el cálculo arroja una participación de 2,12%, cifra que coincide con el diagnóstico del Ejecutivo.

Las 12 afirmaciones revisadas por PerúCheck coinciden con los registros oficiales consultados. El medio precisó que la verificación se circunscribe a los diagnósticos y cifras incluidos en el pedido de facultades legislativas, y que la aplicación de las medidas que eventualmente apruebe el Congreso requerirá una evaluación posterior sobre sus resultados concretos.

Un ciudadano colombiano fue detenido en Chitré, en la provincia de Herrera, durante el Operativo Perseus, por su presunta vinculación con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que esa actividad era incompatible con el estatus migratorio que mantenía en Panamá.

El extranjero fue trasladado al Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, mientras se realizan los trámites correspondientes. La información oficial no precisa cuánto dinero habría prestado, cuántas personas estarían involucradas ni si existen denuncias por amenazas, violencia o cobros relacionados con una posible estructura criminal.

El “gota a gota” consiste en entregar préstamos rápidos, generalmente sin contratos, garantías ni evaluación financiera. El dinero suele ofrecerse a comerciantes o personas sin acceso al sistema bancario, quienes deben realizar pagos diarios durante períodos cortos, con intereses que pueden resultar considerablemente superiores al capital recibido.

La modalidad no constituye automáticamente un delito únicamente por exigir pagos diarios. Sin embargo, puede adquirir carácter criminal cuando incorpora amenazas, intimidación, lesiones, extorsión, retención de documentos o daños a propiedades.

También puede generar responsabilidades cuando los prestamistas operan sin las autorizaciones exigidas por la legislación panameña.

La Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias es la encargada de regular estas actividades, conforme a la Ley 42 de 2001. El MICI mantiene un registro de entidades autorizadas, por lo que prestar dinero de forma organizada y habitual exige cumplir requisitos legales y comerciales.

Además del posible incumplimiento financiero, un extranjero puede enfrentar consecuencias migratorias cuando realiza actividades remuneradas o comerciales distintas de las permitidas por su condición de permanencia. En este caso, el SNM señaló que el supuesto cobro diario no correspondía con su estatus, pero no anunció una imputación penal contra el colombiano.

El operativo ocurre después de que la Policía Nacional mencionara esta semana el “gota a gota” como una de las líneas investigadas por el asesinato de una pareja en Villa Lucre. La mujer estaba embarazada y falleció posteriormente por las heridas ocasionadas durante el ataque armado contra el vehículo.

Las autoridades, sin embargo, no han confirmado que una deuda originada mediante ese sistema fuera la causa del doble homicidio. El posible vínculo continúa bajo investigación y, hasta el momento, no se han reportado aprehensiones por el crimen, según la información divulgada sobre el caso.

El Servicio Nacional de Migración también informó sobre otros procedimientos desarrollados en diferentes puntos del país. En Los Santos fueron detectados dos ciudadanos nicaragüenses que presuntamente ingresaron por un puesto no habilitado.

Ambos quedaron remitidos a la Secretaría Judicial regional para continuar los trámites migratorios correspondientes.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las autoridades inadmitieron a un ciudadano estadounidense que, según el reporte oficial, mantenía antecedentes por hurto agravado y abuso sexual. El viajero habría presentado un pasaporte alterado, por lo que fue devuelto a Estados Unidos sin ingresar a Panamá.

En la terminal de Panamá Pacífico fue retenido un ciudadano colombiano que intentaba abandonar el territorio nacional. Al verificar sus datos, los funcionarios confirmaron que mantenía una orden de aprehensión vigente por delitos sexuales. Su salida fue impedida y posteriormente quedó a órdenes de la Dirección de Investigación Judicial.

Un procedimiento similar se desarrolló contra un ciudadano peruano cuando se disponía a salir del país. Una alerta migratoria reveló que era requerido por delitos contra la propiedad intelectual y la seguridad informática. El hombre también fue remitido a la DIJ para hacer efectiva la orden judicial pendiente.

Cientos de jueces de inmigración en Estados Unidos recibieron en septiembre de 2026 una capacitación obligatoria con instrucciones para reducir drásticamente los plazos otorgados a migrantes que esperan la aprobación o disponibilidad de una visa o green card antes de ser deportados. Entre los afectados figuran menores víctimas de abandono o abuso y sobrevivientes de delitos graves, según materiales de capacitación del gobierno federal obtenidos por The Guardian.

La presentación virtual, titulada “Motions to Continue: Efficiently Advancing Cases to Completion” (“Mociones de continuación: avanzar los casos hacia su resolución de manera eficiente”), fue dirigida por Keith Hunsucker, juez de la Junta de Apelaciones de Inmigración —la rama de apelaciones de los tribunales migratorios—, quien rechazó más del 80% de las solicitudes de asilo durante gran parte de su trayectoria en los tribunales de inmigración.

La capacitación, a la que asistieron los magistrados, buscó restringir el uso de las llamadas continuances o prórrogas procesales, una herramienta legal que históricamente ha permitido a los migrantes ganar tiempo para conseguir abogado, fortalecer su caso o aguardar una decisión de otra agencia federal.

Qué son las “continuances” y por qué importan en los tribunales migratorios

En el sistema judicial migratorio de Estados Unidos, una continuance es el aplazamiento de una audiencia o de la resolución de un caso. Los jueces de inmigración pueden concederlas cuando una persona necesita tiempo para contratar representación legal, cuando su solicitud está pendiente de evaluación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) —que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)—, o cuando aguarda la disponibilidad de una visa ya aprobada, sujeta a cupos anuales.

El mecanismo cumple una función central en el debido proceso migratorio: sin esas prórrogas, una persona puede llegar a una audiencia sin abogado y ser deportada antes de que una agencia federal haya procesado su solicitud. Según los materiales obtenidos por The Guardian, la capacitación impartida por Hunsucker apuntó a reducir ese margen al mínimo, con el argumento de que algunas prórrogas se solicitan únicamente con fines dilatorios.

“Las solicitudes de continuance presentadas exclusivamente con fines de demora no deben ser admitidas por los jueces de inmigración”, se leía en una de las diapositivas, según el medio británico.

Los grupos más vulnerables ante la nueva directriz de deportaciones

La capacitación identificó dos categorías de migrantes en riesgo: jóvenes que pueden calificar para la clasificación de inmigrante juvenil especial (SIJ), destinada a menores abandonados, maltratados o descuidados, y víctimas de delitos graves que buscan una visa U, mecanismo de protección para sobrevivientes de crímenes violentos que colaboran con las autoridades.

Ambas vías de protección requieren tiempo de procesamiento. Una deportación, según advirtieron defensores de migrantes en respuesta a la nota de The Guardian, puede cerrar o dificultar significativamente esas opciones: algunos estatus migratorios se vuelven inaccesibles para quienes han sido expulsados del país, lo que convierte una orden de deportación apresurada en un obstáculo permanente para solicitudes legítimas.

La presentación también planteó que una petición de visa aprobada no debería retrasar los procedimientos de deportación si la visa en sí aún no está disponible por los cupos anuales, aunque la persona calificada fuera a recibirla en una fecha posterior no especificada. Esta postura preocupó a críticos que señalaron que esos tiempos de espera escapan al control del solicitante y dependen de las listas de espera de USCIS, no de su inacción.

La administración Trump y el argumento del atraso histórico en los tribunales de inmigración

La justificación oficial de la medida se enmarca en la crisis de acumulación de casos en los tribunales migratorios. Según los materiales de capacitación, hay alrededor de 3,2 millones de expedientes pendientes a nivel nacional. Hunsucker presentó la restricción de las prórrogas como una herramienta para reducir ineficiencias y demoras evitables. Una diapositiva planteó que, cuando una parte “duerme sobre sus derechos” y no demuestra diligencia, la prórroga no está justificada.

En respuesta a una solicitud de comentario de The Guardian, un vocero del Departamento de Justicia afirmó, sin revelar su identidad: “Reducir el atraso en los tribunales de inmigración sigue siendo una de las principales prioridades de esta administración. El Departamento de Justicia está restaurando la integridad de nuestro sistema migratorio al resolver los casos de manera justa, expedita y uniforme, conforme a la ley”, según recogió el medio.

Un vocero de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia afirmó que la agencia prioriza la resolución oportuna de todos los casos y que los jueces deben cumplir la legislación migratoria, reglamentos, decisiones precedentes y políticas de la EOIR. Según The Guardian, agregó que las demoras innecesarias perjudican a extranjeros con solicitudes legítimas y al público estadounidense, que desea que los extranjeros con solicitudes sin mérito sean removidos rápido.

Acceso a representación legal y el riesgo de deportación sin abogado

La restricción de prórrogas afecta la posibilidad de que los migrantes tengan abogado. Según documentos obtenidos por The Guardian, la capacitación indicó que los jueces podrían dar hasta 10 días para conseguir representación legal antes de continuar el caso. Una fuente anónima cuestionó ese plazo: “Pensé: ¿quién tiene tiempo de encontrar un abogado en 10 días?”.

Tener abogado impacta el proceso migratorio: entre 2019 y 2024, casi una cuarta parte de los migrantes con representación recibió orden de deportación, contra más del 60% sin abogado, según el American Immigration Council. En junio, solo una quinta parte de quienes recibieron orden de deportación tenía representación.

Los abogados migratorios también quedan bajo presión

La capacitación incluyó una advertencia a los abogados de inmigración: si aceptan más casos de los que pueden manejar, el juez podría remitirlos al consejo disciplinario de la EOIR para posible sanción. Críticos alertaron que esta amenaza, junto a la escasez de representación legal, agrava la situación de los migrantes más vulnerables.

“No hay espacio para ser amable; solo existe la urgencia de hacer que se vayan, de una manera u otra”, dijo la fuente anónima citada por The Guardian, al describir el espíritu de la capacitación.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que permite al fiscal general emitir decisiones con valor de precedente y controlar sus operaciones. Según The Guardian, esto hace que directrices como las de esta capacitación obligatoria tengan alcance inmediato sobre cientos de jueces en todo el país.

Cuatro personas cubanas murieron en agosto de 2026 durante travesías marítimas para salir de Cuba, de acuerdo con el Índice de Riesgo Migratorio Cubano (IRMC), elaborado por el medio independiente elTOQUE y la organización Fundación 4Métrica.

El IRMC ubicó el riesgo migratorio en agosto en el nivel alto, con un valor de 0.72 sobre un máximo de uno. El registro reunió 13 eventos que involucraron a 223 personas cubanas en seis países, con México como el territorio con más incidentes.

El informe señala que las rutas marítimas concentraron casi la mitad de los episodios documentados y el mayor impacto humano. En esos trayectos participaron 48 migrantes y ocurrieron cuatro de las seis muertes registradas durante el mes. Además, todas las desapariciones que permanecían sin resolver al cierre del período estaban vinculadas con un naufragio frente a las costas de Pinar del Río.

Naufragios en agosto

Uno de los hechos ocurrió el 8 de agosto, cuando una lancha rápida salió desde la zona de Cayuco, en Manuel Lazo, municipio de Sandino, Pinar del Río, con destino a Cancún. A bordo viajaban unas 19 personas.

La embarcación sufrió una avería y volcó en las cercanías de Las Martinas. El accidente provocó la muerte por ahogamiento de Leodannis Sánchez, de 17 años, y de su pareja, Osmaikel, de 19 años. Ambos residían en la zona de Cayuco.

Familiares y sobrevivientes indicaron que los dos jóvenes eran las únicas personas que no sabían nadar. Al cierre de agosto, cuatro ocupantes de aquella lancha permanecían desaparecidos, según los datos recogidos por el IRMC.

El reporte incluyó dos eventos de desaparición que involucraron a 38 personas. Los cuatro casos sin resolver correspondían a los pasajeros del naufragio del 8 de agosto, mientras que el resto de los registros se vinculó con otros episodios de personas cubanas cuyo paradero no había podido establecerse.

Tres días después del naufragio frente a Las Martinas, otra embarcación salió de la costa cubana con 19 personas: 12 adultos y siete menores de edad. En ella viajaban Yusimy Garrobo Leiva, de 35 años, junto con sus mellizos Leosdel y Leosniel Oviedo Garrobo, de 2 años, residentes de Vertientes, Camagüey.

La familia buscaba reunirse en Cancún con Leobel Ricardo Oviedo, padre de los niños. La embarcación perdió contacto con tierra y quedó sin combustible durante la travesía. Sus familiares difundieron pedidos públicos de ayuda ante la posibilidad de que estuviera a la deriva.

El 20 de agosto, nueve días después de la salida, la tripulación del barco pesquero Tigres del Mayab 3 localizó a la lancha al noreste de Progreso, Yucatán, a unas diez millas náuticas de Chicxulub Puerto. Los pescadores entregaron agua y alimentos a los pasajeros y notificaron a la Capitanía de Puerto de Yucalpetén.

La Novena Zona Naval de la Secretaría de Marina de México rescató a 16 sobrevivientes, entre ellos cuatro menores, quienes recibieron atención médica y quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración. Los dos mellizos murieron durante el trayecto. Fuentes cercanas a la familia señalaron que uno falleció el 18 de agosto y el otro al día siguiente, después de varios días sin agua ni alimentos suficientes.

Además de las cuatro muertes en el mar, el IRMC documentó otros dos fallecimientos de ciudadanos cubanos en contexto migratorio. Uno estuvo relacionado con una explosión de gas en Monterrey, Nuevo León, México. El otro correspondió al asesinato de un hombre de 28 años en una pensión de Montevideo, Uruguay.

El índice clasificó los 13 eventos de agosto en seis categorías. Hubo cuatro hechos con personas fallecidas, tres detenciones, tres casos de desamparo institucional, una repatriación, dos desapariciones y un rescate.

Las detenciones involucraron a 64 personas. El informe también incluyó una repatriación aérea de 127 migrantes y un motín en el que participaron 41 cubanos detenidos en México. Esos dos eventos explicaron el aumento de personas involucradas respecto de julio, pese a que el total de incidentes descendió.

En julio se habían registrado 23 eventos con 27 personas afectadas. En agosto, la cifra de sucesos cayó un 43.5%, pero el número de involucrados subió un 725.9%, hasta llegar a 223.

La Unión Europea financia la construcción de dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal, uno en Dakar y otro en la región de Saint-Louis, destinados a las personas rescatadas o interceptadas en el mar. La Comisión Europea sostiene que las instalaciones servirán para la recepción, la asistencia, el registro y la derivación de quienes desembarquen en territorio senegalés tras un rescate marítimo. “La UE apoya la creación de dos centros de acogida temporal en Senegal, en Dakar y en la región de Saint-Louis, para asistir a los migrantes tras su desembarco en territorio senegalés”, indicó la Comisión Europea en respuesta a una solicitud de información de Infobae España.

La estancia ordinaria prevista será de 72 horas, con posibilidad de prórroga en situaciones excepcionales de salud, protección o vulnerabilidad, siempre autorizada por las autoridades senegalesas. Bruselas asegura que los centros “no estarán vinculados a procedimientos de retorno”, por lo que, según su propia explicación, no funcionarían como alojamiento permanente ni como espacios para ejecutar expulsiones o repatriaciones.

La iniciativa se integra en una Asociación Operativa Conjunta desarrollada por CIVIPOL, la empresa pública de cooperación del Ministerio del Interior francés, y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), con un presupuesto de 35,75 millones de euros. La Comisión señala que el proyecto responde a una petición de las autoridades senegalesas, interesadas en contar con un mecanismo nacional que ordene la acogida y derivación de las personas rescatadas.

Senegal se hará cargo de la gestión y el marco jurídico de los centros

El diseño, el marco jurídico y la gestión de las instalaciones corresponderán en exclusiva a las autoridades de Senegal, según precisó la Comisión Europea, que no intervendrá en el funcionamiento cotidiano de los centros. Las organizaciones internacionales y las entidades de la sociedad civil podrán prestar servicios especializados, siempre bajo coordinación senegalesa.

El proyecto contempla atención específica para menores no acompañados, mujeres embarazadas, personas enfermas o heridas, posibles víctimas de trata y quienes puedan necesitar protección internacional, todos ellos derivados a los servicios correspondientes. A principios de 2026, Bruselas firmó además un contrato con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Senegal, identificada como tercero independiente, con el fin de garantizar que la gestión de los centros respete los derechos humanos.

Las obras en Dakar ya empezaron, Saint-Louis está a la espera

Las obras del centro de Dakar están en marcha desde principios de 2026, según la Comisión Europea, mientras que los trabajos en Saint-Louis comenzarán “muy pronto”. Según publica Africa Intelligence, el centro de Dakar podría entrar en funcionamiento antes de que acabe 2026, y el de Saint-Louis se prevé para 2027.

Estos centros forman parte de negociaciones más amplias entre Dakar y Bruselas sobre migración, inversiones y seguridad. En ese marco, los comisarios europeos Jozef Síkela y Magnus Brunner se reunieron en marzo con el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye. Según Africa Intelligence, ambas partes trabajan desde entonces en un borrador de declaración conjunta sobre esa asociación.

Los centros se financian con cargo al Programa Operativo Conjunto II (POC II), el mismo mecanismo que costeó en marzo la entrega de patrulleras y otras embarcaciones a la Policía y la Gendarmería senegalesas, dentro de las operaciones europeas contra el tráfico de personas. Lanzado en diciembre de 2023 y con vigencia hasta 2028, el POC II contempla también la construcción de puestos fronterizos y el refuerzo de unidades de vigilancia.

La primera fase del programa se centró en las redes de tráfico de migrantes y trata de personas; la segunda añade la lucha contra el terrorismo, según documentos de la Comisión Europea citados por Statewatch. En octubre de 2024, la entonces comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, anunció un refuerzo de 30 millones de euros para Senegal, canalizado en buena parte a través del POC II.

Los fondos proceden del Mecanismo Flexible para la Migración y el Desplazamiento Forzado en África Subsahariana, dotado con cerca de 80.000 millones de euros a escala global. El POC II está ejecutado por CIVIPOL y la FIIAPP y cuenta entre sus socios institucionales con la Policía Nacional, la Gendarmería, Aduanas y el Ministerio de Justicia senegaleses.

La cooperación entre Dakar y Bruselas incluye además la lucha contra la pesca ilegal, el impulso a la inversión europea a través del programa Global Gateway, que ya movilizó unos 1.300 millones de euros en el país, y la ampliación del Tren Expreso Regional financiada junto con la Agencia Francesa de Desarrollo.

El antecedente mauritano: otro POC europeo con participación de la FIAP

Los centros previstos en Senegal se insertan en una red de Programas Operativos Conjuntos (POC) financiados por la Unión Europea en África Occidental para reforzar la cooperación policial, la gestión de fronteras y la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas. El POC II Senegal y el POC Mauritania son proyectos distintos, sujetos a las autoridades de cada país, pero ambos cuentan con participación de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), denominada hasta marzo de 2025 Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

El POC Mauritania, financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África y ejecutado con participación de la entonces FIIAPP, incluyó la rehabilitación de dos Centros de Acogida Temporal de Extranjeros en Nuakchot y Nuadibú. El proyecto tuvo un presupuesto global de 4,5 millones de euros y finalizó el 30 de septiembre de 2025, según la FIAP. La UE presenta ambos recintos como centros de acogida temporal para personas desembarcadas tras rescates o interceptaciones marítimas. La estancia máxima prevista también es de 72 horas, durante las cuales las autoridades deben identificar a personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de trata o posibles solicitantes de protección internacional.

Investigaciones de El Salto, la Fundación porCausa y El Español cuestionan esa definición. El Español los describe como espacios de privación de libertad bajo tutela española en un país tercero. Fuentes citadas por ese medio sostienen que agentes de la Policía Nacional española acuden a ambos centros para tomar huellas, fotografías y otros datos de identificación de las personas retenidas, en actuaciones vinculadas con investigaciones sobre redes de inmigración irregular, en particular a través de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF).

El 27 de agosto de 2025, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe de 142 páginas basado en 223 entrevistas, en el que documentó abusos contra 78 personas. La organización atribuyó a fuerzas de seguridad mauritanas casos de tortura, violación y otras agresiones, arrestos y detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de reclusión, trato racista y expulsiones sumarias o colectivas. La investigación de porCausa, por su parte, indica que, a diferencia de la normativa española, las instalaciones mauritanas contemplan la retención de menores, incluidos bebés lactantes.

Existen similitudes formales entre los centros proyectados en Senegal y los ya abiertos en Mauritania: financiación europea, participación de organismos públicos franceses y españoles, vinculación con Programas Operativos Conjuntos y una estancia inicial de hasta 72 horas. No permiten anticipar, sin embargo, cómo funcionarán las instalaciones senegalesas cuando entren en servicio.

La eventual finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su siglas en inglés) para los salvadoreños en Estados Unidos podría tener efectos sobre las remesas, el consumo interno y el mercado laboral de El Salvador, según advirtió el economista Daniel Parra en una entrevista hecha por Telemundo 44 Washington, D.C.

La preocupación crece ante la fecha del 9 de septiembre, mencionada como un punto de inflexión para miles de beneficiarios del programa migratorio.

Para una parte de las familias salvadoreñas, el dinero enviado desde Estados Unidos cubre gastos cotidianos vinculados con alimentación, vivienda, educación y servicios básicos.

Un inmigrante identificado como Santos Villatoro relató a la cadena que mantiene el envío de recursos a sus familiares porque la situación económica en el país centroamericano dificulta que puedan cubrir por cuenta propia el costo de la canasta básica.

“Mis familiares lo utilizan para los gastos de la casa, ya económicamente para vivir. La canasta básica, pues todo está caro ahorita”, afirmó Santos al citado medio.

La cancelación del TPS podría elevar la pobreza en El Salvador

El economista Daniel Parra planteó que la cancelación del TPS podría reducir el flujo de remesas entre USD 1,200 millones y USD 1,500 millones al año. Según su análisis, eso afectaría de forma directa a hogares que dependen de transferencias de familiares que viven y trabajan en Estados Unidos.

“En el plano económico, el desastre es grandísimo”, sostuvo el especialista durante la entrevista. Al mismo tiempo, el experto calculó que el primer impacto podría traducirse en un aumento del 10% de la pobreza en El Salvador, además de una caída del consumo interno.

Si los salvadoreños que hoy cuentan con TPS perdieran la autorización para residir y trabajar en Estados Unidos, el país centroamericano podría enfrentar el retorno de personas que buscarían incorporarse a un mercado laboral con limitaciones para absorber nueva mano de obra.

“También tendríamos presión sobre el mercado laboral en El Salvador”, afirmó Parra ante Telemundo 44 Washington, D.C.

El economista explicó que entre el 80% y el 90% de las remesas se destina a necesidades básicas. La reducción de esos ingresos podría afectar de manera inmediata la capacidad de pago de alquileres, alimentos, matrículas escolares, medicamentos y facturas de servicios públicos.

De igual forma, el fin del TPS puede tener un efecto multiplicador en comercios y actividades locales, dado que una parte de los fondos enviados por la diáspora se convierte en consumo dentro de las comunidades receptoras. Una menor disponibilidad de dinero en los hogares puede afectar tanto a las familias como a pequeños negocios que dependen de esas compras diarias.

Parra recomendó no anticipar decisiones financieras por temor a una medida que todavía podría cambiar. “No entrar en pánico”, dijo, y pidió mantener cautela para evitar que la incertidumbre genere efectos económicos antes de una decisión definitiva sobre el TPS.

La situación migratoria de los beneficiarios salvadoreños del TPS seguirá bajo atención, por sus posibles consecuencias tanto para las comunidades residentes en Estados Unidos como para la economía salvadoreña.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) representa uno de los ejes más sensibles en la agenda política y social de la migración centroamericana.

Para miles de salvadoreños, la continuidad de esta medida marca la diferencia entre la estabilidad cotidiana o el riesgo inminente de un retorno forzado a un país del cual se alejaron hace más de dos décadas.

Diseñado originalmente como un amparo humanitario, este estatus legal temporal ha extendido su vigencia mediante renovaciones periódicas, sumiendo a las familias en una constante incertidumbre administrativa sobre su permanencia legal en territorio estadounidense.

La investigadora, socióloga y profesora de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Leisy Ábrego, explicó durante en el espacio de entrevista de YSUCA, la profunda inestabilidad que atraviesan los beneficiarios de este programa ante la falta de garantías definitivas sobre su futuro:

“El TPS para salvadoreños en este ciclo ha sido desde el 2001. Entonces, son familias que desde esa fecha, desde ese año, cada dieciocho meses han tenido que estar esperando viendo si se lo van a seguir ofreciendo, teniendo que pasar por todo el proceso, pagar para cada dieciocho meses poder volver a pedir ese permiso de trabajo y ahora de repente no tener respuesta, porque no ha quedado nada fijo, simplemente hay esperanza.”

La prolongada permanencia de la diáspora amparada bajo esta figura ha permitido la consolidación de redes comunitarias, patrimonio y arraigo social. No obstante, la especialista enfatizó las implicaciones humanas y emocionales que genera el cambio intempestivo de las normativas de extranjería:

“Estas familias con TPS han tenido hijos allá, han comprado casa, han establecido su presencia en comunidades y tener que ver qué hacer con todo eso, si regresarse con todas sus familias o si van a separarse.”

La migración como experiencia familiar transnacional en El Salvador

Más allá del análisis cuantitativo y el impacto financiero que la diáspora genera en los indicadores macroeconómicos, la migración salvadoreña constituye un fenómeno profundamente afectivo.

La distancia física prolongada transforma las dinámicas del hogar, reconfigura las relaciones de crianza y demanda la adaptación de los roles de género, obligando a madres y padres a sostener vínculos parentales a miles de kilómetros mediante plataformas de comunicación remota.

Durante la entrevista, Leisy Ábrego subrayó que el volumen constante de divisas captado por la economía nacional a través de las transferencias familiares no debe interpretarse únicamente como una cifra estadística, sino como el resultado directo del esfuerzo físico y personal de quienes integran estas estructuras familiares divididas:

En ese sentido, las políticas de control fronterizo y la falta de estatus legal en el país de destino incrementan sustancialmente los costos económicos y emocionales de la separación.

Al no contar con permisos de reingreso o mecanismos de regularización, los migrantes se ven imposibilitados de visitar a sus parientes, prolongando la ausencia física durante décadas y afectando directamente el desarrollo emocional de la niñez y juventud que permanece en el país de origen.

Asimismo, la investigación de Ábrego evidencia la disparidad entre la contribución económica de estas familias y la recepción social que experimentan localmente. En el ámbito cotidiano salvadoreño, las familias transnacionales enfrentan con frecuencia prejuicios y lecturas reduccionistas sobre las causas de la separación y el uso del dinero recibido, relegando la complejidad estructural a estigmas sociales que afectan a los menores en edad escolar.

Frente a esta problemática, la académica instó a modificar la narrativa pública y los prejuicios hacia los jóvenes que crecen en hogares separados por la vía migratoria, señalando la urgencia de otorgar el contexto social y económico adecuado a esta realidad nacional.

A pocos días de la fecha prevista para el vencimiento del amparo migratorio, hijos de salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) viajaron a Washington D. C. con el objetivo de reclamar una extensión. La movilización reunió el 3 de septiembre a activistas, familias y legisladores frente al Capitolio, ante el riesgo de que más de 170,000 personas pierdan la protección contra la deportación y la autorización de trabajo que mantienen desde hace décadas.

Los jóvenes se reunieron con senadores y representantes de ambos partidos para exponer el impacto que tendría la expiración del programa sobre familias con integrantes nacidos en Estados Unidos.

A su vez, el Comité de TPS de Massachusetts informó expuso que la TPS Alliance-Alianza TPS y el congresista Jim McGovern realizaron una conferencia de prensa para solicitar la extensión del estatus de protección temporal

Reuniones en el Capitolio para exigir protección migratoria a beneficiarios de TPS

Además, participaron de una mesa redonda con el Caucus Hispano del Congreso (organización compuesta por legisladores hispanos y latinos en el Congreso) y mantuvieron reuniones con integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, donde reclamaron el fin de las detenciones y deportaciones de personas con TPS y la creación de una vía hacia la residencia permanente para sus familias.

También impulsaron alternativas legislativas para quienes no cuenten con otra vía migratoria. Entre ellas mencionaron la Ley de Promesa Americana, conocida en inglés como American Promise Act, y consultas con abogados de inmigración para identificar posibles opciones de ajuste de estatus.

Por su parte, la congresista Luz Rivas advirtió que, sin una extensión antes del vencimiento, los beneficiarios podrían verse obligados a dejar el país donde formaron sus familias y desarrollaron su actividad laboral.

Rivas señaló que participó del reclamo junto a McGovern, Joaquín Castro, Don Bacon y la Alianza Nacional TPS. La congresista pidió a la Casa Blanca que extienda “inmediatamente” la designación para El Salvador.

Entre los jóvenes que participaron de la jornada estuvo Evelyn Hernández, hija de beneficiarios del TPS y nacida en EE.UU. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, explicó el objetivo del viaje a la capital estadounidense: “Hemos venido a Washington D. C. para pedirles a los senadores y los representantes que apoyen el TPS”.

Hernández reclamó una extensión del programa y pidió apoyo para una petición de descarga, el Secure Act y el Dream and Promise Act, propuestas que buscan abrir vías de regularización o protección para distintos grupos de inmigrantes. “Nosotros no nos vamos a quedar callados”, expresó la joven.

“Somos hijos de tepesianos, somos nacidos en los Estados Unidos y también merecemos tener nuestra familia aquí”, afirmó en la publicación.

El TPS para salvadoreños comenzó tras los terremotos que afectaron a El Salvador en 2001. De no existir una nueva extensión u otra medida que altere el escenario antes del 9 de septiembre, los beneficiarios deberán revisar con asesoría legal si reúne requisitos para acceder a otra protección migratoria.

Los gobiernos de República Dominicana y Haití acordaron reforzar la cooperación en seguridad fronteriza, migración, comercio e inversión durante una reunión celebrada este jueves 3 de septiembre en el Parque Industrial CODEVI.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor O. Bisonó Haza, y la ministra de Asuntos Extranjeros y Cultos haitiana, Raina Forbin. Ambas delegaciones abordaron los principales asuntos de la agenda bilateral y ratificaron la continuidad del diálogo entre los dos países.

Medidas contra las economías ilícitas en la frontera

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX), los cancilleres analizaron mecanismos para mejorar la gobernanza de la seguridad fronteriza y los asuntos migratorios. También trataron acciones contra las economías ilícitas que operan en la zona limítrofe.

La agenda incluyó la formalización del comercio, la promoción de inversiones y la ampliación de la conectividad aérea. Las partes consideraron estos sectores como áreas vinculadas al desarrollo económico de ambas naciones.

Pedido de respaldo internacional para la Fuerza de Supresión de Bandas

Las autoridades también coincidieron en la necesidad de sostener el respaldo de la comunidad internacional a la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), con especial atención al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las delegaciones acordaron mantener las gestiones para asegurar el despliegue completo de la misión, aprobada por la resolución 2793 del 30 de septiembre de 2025, y renovar su mandato. De acuerdo con el MIREX, el objetivo es apoyar a las autoridades haitianas en la recuperación de la seguridad, el fortalecimiento institucional y la creación de condiciones para una paz sostenible.

Restablecimiento de las operaciones consulares

En la reunión, las partes expresaron su intención de normalizar las operaciones consulares de República Dominicana en Haití cuando las condiciones de seguridad permitan el funcionamiento de cada jurisdicción.

Después del encuentro oficial, los representantes diplomáticos mantuvieron una reunión con empresarios. Allí abordaron la necesidad de impulsar actividades productivas, generar empleo y ampliar los intercambios económicos bilaterales.

La delegación dominicana incluyó a los viceministros Rubén Silíe, Francisco Caraballo y Ramón Pérez Fermín; al embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel; y al embajador asesor Jatzel Román. Por Haití participaron el embajador en República Dominicana, Fritz Emmanuel Longchamp; la directora de Gabinete, Winnie Hugot Gabriel; el director de Asuntos Políticos, Jean-Claude Lappe; el director de Asuntos Dominicanos, Yves Rody Jean; y el jefe del puesto consular haitiano en Dajabón, Ricot Almonord.

Alto índice de migración irregular

En julio, la Dirección General de Migración dio a conocer que un total de 34,226 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular fueron deportados a su nación de origen a lo largo del mes de junio.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo detalló que, al concluir el primer semestre de 2026, la cifra acumulada de extranjeros indocumentados repatriados por las autoridades alcanzó las 196,321 personas. Adicionalmente, la institución señaló que, desde el nombramiento de Luis Rafael Lee Ballester como director el 1 de octubre de 2024, el total de deportaciones gestionadas bajo su administración asciende a 670,500 personas.

Panamá fue incluido entre los países bajo seguimiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ante los riesgos de desplazamiento asociados con El Niño de 2026-2027.

El organismo solicitó $110 millones para proteger a 4.9 millones de personas en varias regiones, mientras los pronósticos advierten que el fenómeno podría prolongarse hasta febrero de 2027 y provocar sequías, inundaciones y calor extremo.

El informe coloca a Panamá dentro del grupo de vigilancia de la OIM junto con Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Cuba. Sin embargo, no lo clasifica entre los países de alta prioridad, categoría asignada en la región a El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití.

Esta diferencia significa que el país debe mantener preparación y seguimiento, pero no que enfrente actualmente el mismo nivel de vulnerabilidad humanitaria.

Para América Latina y el Caribe, la organización solicita $22 millones destinados a proteger aproximadamente a un millón de personas y fortalecer el trabajo de 145 socios. El documento no especifica cuánto dinero correspondería individualmente a Panamá.

Los fondos se distribuirán conforme evolucionen los pronósticos, las necesidades operativas y los riesgos de movilidad identificados en cada territorio durante los próximos meses.

El Niño se produce por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo.

La Organización Meteorológica Mundial estima una probabilidad cercana al 100% de que continúe hasta febrero próximo, mientras el calentamiento global puede intensificar sus efectos al desarrollarse sobre temperaturas más altas que las registradas durante ciclos anteriores.

En Panamá, este fenómeno suele estar relacionado con una disminución de las precipitaciones y temperaturas más elevadas, aunque sus efectos no son uniformes ni eliminan la posibilidad de lluvias intensas.

Una temporada irregular puede combinar períodos secos prolongados con episodios capaces de ocasionar inundaciones, deslizamientos o daños locales. Por eso, la vigilancia debe cubrir tanto la escasez como los eventos extremos.

El Consejo de Gabinete declaró el 25 de agosto un estado de emergencia nacional por el comportamiento climático asociado con El Niño. La decisión permite adoptar acciones preventivas, reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones y movilizar recursos con mayor rapidez.

El objetivo es proteger a la población, las viviendas y las actividades productivas antes de que las condiciones alcancen niveles críticos.

Uno de los principales riesgos para Panamá está relacionado con la disponibilidad de agua. Una reducción prolongada de las lluvias puede afectar los ríos, la agricultura, la generación eléctrica y el suministro para consumo humano.

También representa una amenaza para los embalses utilizados por el Canal de Panamá, cuya operación depende de agua dulce para el tránsito de buques y el abastecimiento de comunidades cercanas.

La Autoridad del Canal comenzó desde finales de 2025 a aplicar medidas de ahorro y mantuvo el lago Gatún en niveles altos como preparación.

El antecedente más cercano ocurrió en 2023, cuando el déficit de lluvias en la cuenca se aproximó al 30% y obligó a reducir los tránsitos diarios. Aquella crisis mostró que la sequía puede afectar los ingresos, el comercio y la economía nacional.

La OIM advierte que los impactos climáticos también pueden provocar movilidad humana. Las familias pueden verse obligadas a abandonar temporal o permanentemente sus comunidades cuando pierden cultivos, ingresos, viviendas o acceso al agua.

En Panamá, el seguimiento abarcará corredores migratorios, áreas fronterizas y centros urbanos que podrían recibir mayor presión si aumentan los desplazamientos internos o los movimientos desde otros países.

La región ya mantiene rutas migratorias activas y movimientos fronterizos dinámicos. Una sequía severa en el Corredor Seco Centroamericano o inundaciones en zonas vulnerables pueden incrementar la salida de personas hacia otras comunidades o países.

Panamá podría enfrentar efectos indirectos por su posición geográfica, especialmente si los desastres agravan la inseguridad alimentaria y destruyen medios de subsistencia en territorios vecinos.

Del llamamiento mundial, alrededor de 23% será utilizado en información sobre movilidad y análisis de riesgos, mientras 46% financiará preparación y acciones anticipatorias.

El 31% restante respaldará respuestas tempranas y operaciones inmediatas. La OIM busca combinar pronósticos climáticos con información sobre desplazamientos para identificar las zonas donde una emergencia puede generar mayores consecuencias.

Las medidas previstas incluyen fortalecer alertas tempranas, capacitar autoridades, preparar planes de contingencia y colocar suministros cerca de áreas vulnerables. También se contempla asistencia relacionada con alojamiento, agua, saneamiento, higiene, salud y protección.

El propósito es evitar que una comunidad quede aislada o sin ayuda cuando las condiciones meteorológicas dificulten el acceso y obliguen a evacuar familias.

Para Panamá, la preparación requiere revisar reservas de agua, sistemas de distribución, albergues, rutas de evacuación y mecanismos de comunicación.

Las autoridades también deberán coordinar acciones con productores, municipios, centros de salud y comunidades para anticipar pérdidas agrícolas, enfermedades vinculadas al calor y posibles inundaciones. La respuesta será más efectiva si las advertencias llegan con claridad y suficiente anticipación.

La OIM sostiene que actuar antes de una crisis reduce las pérdidas y el costo de la respuesta humanitaria. La advertencia no significa que todos los escenarios vayan a ocurrir, porque los efectos de El Niño pueden variar entre regiones y períodos.

Sin embargo, la experiencia demuestra que esperar hasta la emergencia deja menos opciones para proteger a las personas y evitar desplazamientos prevenibles.

El director de Miss Grand Nicaragua, Eli Zamora, inició una convocatoria en Estados Unidos para elegir a la representante del país en el certamen internacional, luego de que las autoridades nicaragüenses le impidieran ingresar a Managua cuando viajaba para conocer y preparar a la candidata local.

La búsqueda apunta a mujeres de raíces nicaragüenses que residan en Estados Unidos y que puedan asumir la representación nacional en Miss Grand International. Zamora difundió el llamado este jueves a través de Instagram bajo el mensaje “Buscamos a Miss Grand Nicaragua USA”, según Artículo 66.

La nueva selección está dirigida a mujeres solteras, sin hijos, de entre 18 y 35 años, residentes en Estados Unidos y con ascendencia nicaragüense. Las interesadas pueden postularse por mensaje privado a la cuenta de Instagram de Zamora.

El director señaló que tendrá en cuenta cuatro condiciones, a las que denomina las “4B”: belleza, cuerpo, inteligencia y capacidad empresarial. Su objetivo es elegir a una candidata que pueda competir por Nicaragua pese a la imposibilidad de organizar la preparación dentro del país.

“Lo ideal sería encontrar una representante que, preferiblemente, viva en Estados Unidos”, había anticipado Zamora. También indicó que su prioridad es impedir que Nicaragua quede sin candidata este año.

Zamora dijo que comunicará a la organización de Miss Grand International lo ocurrido durante su ingreso frustrado a Managua. El certamen se realizará en Tailandia entre el 18 de septiembre y el 10 de octubre, por lo que dispone de menos de 15 días para completar la elección de la representante nicaragüense.

Según informó Artículo 66, la decisión llegó un día después de que el creador de contenido denunciara que no pudo entrar a Nicaragua. El lunes 1 de septiembre, Zamora había anunciado en sus redes sociales que se dirigía a Managua para iniciar el trabajo con la concursante que llevaría la banda nicaragüense en la competencia internacional.

El viaje terminó pocos minutos después de su llegada. Zamora afirmó que permaneció cerca de diez minutos en territorio nicaragüense antes de que agentes de Migración le ordenaran regresar a Estados Unidos en el mismo vuelo en el que había arribado.

El director del certamen sostuvo que los funcionarios ya lo esperaban en el aeropuerto y que conocían el objetivo de su visita, pese a que aún no había presentado de forma pública a la candidata. “Ya sabían quién era. Ya sabían mi reina cuando ni tan siquiera lo he hecho oficial”, relató, de acuerdo con lo publicado por Artículo 66.

Migración revisó su equipaje y le ordenó regresar en el mismo vuelo

Zamora explicó que los agentes lo interrogaron sobre la aspirante y sobre Miss Grand International. También revisaron sus maletas, donde transportaba vestidos y la corona que utilizaría durante el proceso de preparación de la concursante.

“Trataron de sacar la mayor información posible. Me dejaron pasar y cuando estaba esperando por mis maletas, porque aparte llevaba tres maletas llenas de vestidos y la corona en la mano, me dijeron que me tenía que regresar en el mismo vuelo que venía”, afirmó.

Según su testimonio, los funcionarios justificaron la prohibición de ingreso con el argumento de que, por el mes patrio, no podía entrar al país debido a una celebración nacional. Zamora cuestionó esa explicación y señaló que la medida le impidió desarrollar las tareas previstas para el concurso.

El director de Miss Grand Nicaragua había llegado a Managua con la intención de conocer a la representante, trabajar con ella y avanzar en su preparación para el certamen. Tras el impedimento, resolvió descartar la elección de una candidata que viva dentro de Nicaragua, ante el temor de que también pueda enfrentar restricciones para salir o volver a entrar al país.

“Ya no tengo reina porque no la voy a poner en riesgo, porque estoy seguro que ni la dejarán salir del país y mucho menos entrar”, expresó Zamora.

El organizador recordó además el caso de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, quien no pudo regresar a Nicaragua para celebrar la primera corona universal conseguida por una candidata del país. Zamora consideró que las restricciones afectan a quienes intentan destacarse en competencias internacionales.

Durante la mañanera del pueblo de este 3 de septiembre, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración aseguró que la Secretaría de Gobernación y otras dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores han manifestado su inconformidad sobre el envío de migrantes mexicanos a Centroamérica desde Estados Unidos.

Declarando que actualmente se encuentran en conversaciones con autoridades de EEUU para eliminar estas prácticas que frenan las repatriaciones de connacionales a territorio mexicano.

Proceso de repatriación de migrantes mexicanos desde Centroamérica

El funcionario explicó el proceso para la repatriación de mexicanos y mexicanas que se encuentran en países de Centroamérica, detallando que en cuanto la SRE tiene conocimiento de un caso, por medio de los consulados, hace contacto con los representantes gubernamentales correspondientes.

“Nosotros lo hemos hecho con nuestros pares en Centroamérica y reciben un trato humano al que agradecemos de forma importante a los países que nos hacen favor de recibirlos y de manera inmediata se ordena su traslado por vía terrestre de Guatemala y Honduras”, señaló.

Al llegar a la frontera sur, se les recibe y se les entrega su carta de repatriación, pasando inmediatamente a todos los servicios de México Te Abraza coordinados por la Segob.

“En el caso de los veinte connacionales que han ido a Costa Rica, son repatriados vía aérea directamente al AIFA, donde se les da el mismo tratamiento”, reveló Félix Medina.

De acuerdo a la información brindada, hasta el momento se han repatriado 2 mil 568 personas, las cuales ya se encuentran en territorio mexicano. “Todas están ya en México y vamos recibiendo de forma”.

Sheinbaum rechaza que EU envíe a migrantes mexicanos a terceros países: “No hay razón”

La presidenta de México dio a conocer su postura acerca de este tema, reafirmando que no existe una razón para que envíen connacionales a algún país de Centroamérica.

“Lo que hacemos, además de manifestar nuestra inconformidad, es que de inmediato que llegan, tenemos un acuerdo con estos países y nuestros consulados están pendientes. En el momento en que llegan, los recibe el consulado y tenemos contratados vehículos para que puedan subir a los vehículos y puedan venir de inmediato a México. Y aquí se les atiende con México Te Abraza”, reveló en su conferencia de prensa.

México presenta 20 denuncias por fallecimientos de connacionales bajo custodia de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores destinó 24 mil 788.38 dólares para trasladar a México los restos de siete connacionales fallecidos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El gasto fue detallado por el canciller Roberto Velasco, quien expuso las acciones diplomáticas y legales emprendidas por el Gobierno mexicano ante las muertes registradas desde mayo de 2025.

Las autoridades mexicanas han presentado 20 denuncias por los 17 fallecimientos: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito. De ese total, solo cuatro instancias acusaron recibo, por lo que las gestiones permanecen abiertas mientras se esperan respuestas de las demás autoridades estadounidenses.

Asimismo, la Fiscalía General de la República remitió el pasado 14 de julio una denuncia al Departamento de Justicia de Estados Unidos, pidiendo investigaciones sobre los casos. La dependencia también insistió ante el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE por las condiciones en centros de detención. El Gobierno de México señaló avances en tres expedientes respaldados por el Programa de Asesorías Legales Externas en Adelanto, California.

Tres nicaragüenses fueron deportados a Bangui, capital de la República Centroafricana, en un vuelo procedente de Estados Unidos que llegó el 29 de agosto de 2026, según confirmó Savi Arvey, directora de investigación y análisis de Human Rights First, a Confidencial.digital.

El traslado fue el primero hacia África que incluyó a ciudadanos de Nicaragua, de acuerdo con la organización. La medida se produjo dentro de la política de la Administración Trump de deportar migrantes a terceros países fuera de Centroamérica.

Uno de los tres nicaragüenses, Luis Carlos Mendoza-Santamaría, afirmó que fue detenido durante una cita migratoria y que solo conoció el destino cuando ya estaba a bordo. Según su relato, permanece bajo custodia policial en Bangui, no tiene pasaporte para salir del país y su familia espera que pueda obtener ese documento para trasladarse a otro Estado de América.

El deportado dijo que fue arrestado en una cita migratoria y enviado sin saber su destino

Mendoza-Santamaría fue entrevistado por N+ Univisiontras su llegada a la República Centroafricana. El nicaragüense relató que acudió a una cita con autoridades migratorias para registrar sus huellas, momento en el que fue detenido.

“Sentí miedo, mucho miedo”, dijo Mendoza-Santamaría a N+ Univision. También sostuvo que un integrante de la tripulación le informó durante el vuelo que el destino era África.

El migrante describió las condiciones en las que se encuentra en Bangui. “No hay agua, no hay nada, no tenemos las condiciones”, afirmó durante la entrevista con el canal estadounidense.

La familia del deportado indicó que él tenía una protección que impedía su envío a Nicaragua. Esa versión fue recogida por El Diario de Hoy, que señaló que el entorno de Mendoza-Santamaría sitúa su permanencia en Estados Unidos antes de la fecha consignada por el Gobierno estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Mendoza-Santamaría ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2018. Según el organismo, fue detenido el 19 de febrero de 2026 por existir una sentencia definitiva de expulsión.

La dependencia también indicó que su deportación ocurrió el 28 de agosto de 2026 y negó que tuviera un estatus migratorio que le permitiera residir legalmente en Estados Unidos. Esa fecha difiere de la informada por Arvey a Confidencial.digital, quien ubicó el arribo a Bangui un día después.

De acuerdo con los registros oficiales, la Patrulla Fronteriza detuvo al nicaragüense el 15 de septiembre de 2018 y luego quedó en libertad bajo fianza. Las autoridades no divulgaron la identidad de los otros dos ciudadanos nicaragüenses incluidos en el vuelo.

Estados Unidos amplió los acuerdos para deportar migrantes a terceros países, incluidos destinos africanos

El envío de los tres nicaragüenses se produjo junto con otros traslados realizados hacia distintos países africanos. CBS News informó que la Administración Trump deportó a cerca de 100 migrantes afganos, cubanos, hondureños y nicaragüenses durante los últimos diez días de agosto de 2026.

Los vuelos tuvieron como destino Burundi, Camerún, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona, según la cadena estadounidense. La información incluyó a personas trasladadas a países de los que no eran nacionales.

Estados Unidos firmó acuerdos con 35 países para que reciban a migrantes de terceros Estados. Hasta entonces, la mayoría de esos traslados se habían dirigido hacia México.

El acuerdo con la República Centroafricana fue firmado en abril de 2026. Antes de ese convenio, el Gobierno estadounidense aprobó USD 85 millones para operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en ese país.

El proyecto Third Country Deportation Watch señaló que ese monto fue superior en más de USD 50 millones a la financiación que Washington había destinado a la OIM en la República Centroafricana durante años anteriores.

Human Rights First planteó inquietudes sobre los traslados a países en conflicto

Arvey expresó a Confidencial.digital su preocupación por las deportaciones a países que atraviesan conflictos. Sobre la República Centroafricana, mencionó la presencia de mercenarios rusos de Wagner, también conocidos como Africa Corps.

“Desde 2025, ICE Flight Monitor ha rastreado más de 100 vuelos que transportaban a ciudadanos de terceros países a destinos distintos al suyo”, declaró la directora de Human Rights First al medio nicaragüense.

La investigadora agregó ante el portal que el monitoreo identificó vuelos hacia la República Centroafricana, Sierra Leona, Dominica y Liberia. Según su declaración, la organización registró abusos contra personas trasladadas a terceros países.

Arvey también manifestó inquietud por las garantías de debido proceso, las condiciones de recepción y la posibilidad de que algunos migrantes sean enviados posteriormente a los países de los que salieron.

Un análisis de Confidencial.digital, elaborado con datos públicos del Proyecto de Datos sobre Deportaciones, indicó que ICE arrestó a 12,271 migrantes nicaragüenses entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Hasta julio de 2026, la Administración Trump había enviado 60 vuelos con deportados nicaragüenses a Managua. El mismo análisis registró traslados de ciudadanos de Nicaragua hacia México y Honduras.

El Gobierno de Estados Unidos no concederá un plazo adicional para que los hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) permanezcan bajo ese mecanismo migratorio, confirmó la canciller Mireya Agüero, tras conocerse el resultado de las gestiones realizadas por Honduras ante las autoridades estadounidenses.

La decisión fue comunicada tras una reunión entre el embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez, y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Con ello, quedó descartada la posibilidad de ampliar nuevamente el período solicitado por las autoridades hondureñas para facilitar la transición de los compatriotas protegidos por el TPS.

La canciller explicó que el Gobierno de Honduras había planteado formalmente la petición a Washington con el objetivo de conseguir un período adicional para que los beneficiarios tuvieran más tiempo para analizar su situación migratoria y buscar alternativas.

Agüero señaló que, pese a que la petición de Honduras no prosperó, las autoridades nacionales continuarán acompañando a los compatriotas mediante información y orientación sobre las opciones que eventualmente podrían estar disponibles para ellos.

Ante el nuevo escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados hondureños en Estados Unidos concentrarán parte de sus esfuerzos en orientar a los ciudadanos sobre las distintas posibilidades de regularización migratoria.

Orientación caso por caso

La canciller enfatizó que no existe una única alternativa aplicable a todos los beneficiarios del TPS, por lo que la situación de cada persona debe ser revisada de acuerdo con sus circunstancias particulares.

“Hay oportunidades diferentes para muchos de nuestros conciudadanos en este proceso”, manifestó Agüero al referirse a las opciones que podrían existir para algunos de los hondureños afectados por el cierre de esta protección migratoria.

La funcionaria recomendó a los beneficiarios evitar tomar decisiones basadas únicamente en información difundida en redes sociales o por personas que no estén calificadas para brindar asesoría migratoria.

Instó a los hondureños a buscar asistencia jurídica especializada y a utilizar como referencia la información oficial preparada por la Cancillería y la red consular hondureña.

Uno de los principales mensajes de las autoridades hondureñas es que la terminación de la protección temporal no implica que todos los beneficiarios deban enfrentar exactamente el mismo escenario.

Las posibilidades migratorias dependen de factores particulares de cada persona, entre ellos su historial migratorio y las condiciones que puedan permitirle acogerse a otros mecanismos contemplados en la legislación estadounidense.

Qué implica el fin del TPS

Por ello, la Cancillería considera fundamental que los beneficiarios conozcan su situación antes de tomar cualquier determinación y que reciban asesoría profesional para identificar las opciones disponibles en cada caso.

Los consulados hondureños también forman parte de este esfuerzo de orientación, especialmente ante la preocupación que genera entre las familias la finalización de un programa que durante años permitió a numerosos compatriotas residir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo protección temporal.

La canciller dejó claro que la situación del TPS es uno de los asuntos que forman parte de una agenda bilateral más extensa entre Honduras y Estados Unidos.

Agüero destacó que el país norteamericano constituye uno de los principales socios estratégicos de Honduras y que ambas naciones mantienen vínculos que abarcan diferentes áreas de interés.

Entre esos ámbitos mencionó el comercio, la inversión, la seguridad, la infraestructura y la cooperación, sectores que, según la funcionaria, continúan formando parte de la relación entre ambos gobiernos.

La decisión estadounidense sobre el TPS también generó interrogantes respecto de la posibilidad de que el tema migratorio tenga repercusiones en otros programas de cooperación entre Honduras y Estados Unidos.

Sobre este punto, Agüero descartó que el cierre de la protección temporal deba interpretarse automáticamente como una señal de deterioro generalizado de la relación bilateral.

Las autoridades consulares reiteran la recomendación principal es acudir a profesionales del derecho migratorio y consultar directamente los canales oficiales de la Cancillería y de los consulados hondureños en Estados Unidos.

La canciller Agüero reiteró que Honduras mantiene una relación de larga data con Estados Unidos y que el vínculo bilateral trasciende el ámbito migratorio.

Los jóvenes argentinos de entre 18 y 30 años pueden solicitar desde el 1° de septiembre una visa Working Holiday para residir hasta 12 meses en Dinamarca, con autorización para trabajar de forma asalariada durante nueve meses y realizar estudios o cursos por un período de hasta seis meses.

El programa prevé 150 permisos anuales para ciudadanos argentinos, divididos en dos etapas. La segunda comenzó esta semana y permite completar el cupo disponible para este año. Las autorizaciones se otorgan por orden de llegada, por lo que conseguir un turno y presentar la documentación dentro de los plazos resulta determinante.

Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, publicado por la Universidad de Oxford en conjunto con Gallup y la ONU, se trata de tercer país más feliz del mundo, sólo detrás de Finlandia e Islandia (Argentina ocupa el puesto 44).

La alternativa ofrece una vía para quienes buscan una experiencia temporal en Europa sin la exigencia de contar previamente con un contrato laboral, un título universitario o una profesión específica. El objetivo principal del permiso debe ser vacacionar y conocer el país, mientras que el empleo funciona como un recurso para financiar parte de la estadía.

El primer paso es reservar una cita en Buenos Aires

La solicitud debe iniciarse con la reserva de un turno presencial en VFS Global Buenos Aires, el centro que recibe la documentación para este tipo de visados. Una vez confirmada la cita, el postulante deberá avanzar con el expediente ante el Servicio Danés de Inmigración y de Integración Internacional (SIRI).

Entre los trámites requeridos figura la obtención del número de identificación del caso, el pago de las tasas correspondientes y la presentación del formulario WH1. La gestión es personal y debe realizarse desde la Argentina; las solicitudes efectuadas desde otros países pueden ser rechazadas.

En la cita, los aspirantes deberán presentar el pasaporte, los comprobantes de pago, el formulario firmado y la documentación que acredite que cumplen las condiciones del programa. También deberán registrar sus datos biométricos, que incluyen fotografía y huellas dactilares.

El plazo informado para recibir una respuesta puede alcanzar hasta tres meses, aunque las autoridades danesas pueden extenderlo a cuatro si requieren información adicional.

Los postulantes deben acreditar fondos y seguro médico

Para acceder a la Working Holiday en Dinamarca, es necesario ser ciudadano argentino y residir habitualmente en el país. La edad máxima es de 30 años al momento de realizar el trámite: quienes ya hayan cumplido 31 no podrán aplicar.

Los interesados deben contar con un pasaporte vigente al menos 15 meses después de la fecha prevista de salida, no haber utilizado antes este permiso en Dinamarca y no viajar con hijos u otros familiares a cargo. Cada solicitud es individual.

También se exige acreditar recursos propios equivalentes a 15.000 coronas danesas, cerca de USD 2.300, para afrontar los gastos iniciales. A eso se suma la obligación de contratar un seguro médico que cubra la estadía, incluida la hospitalización, y contar con un pasaje de regreso a la Argentina o con dinero suficiente para adquirirlo.

El permiso no habilita el trabajo por cuenta propia ni la creación de un emprendimiento. La visa permite empleos asalariados y temporales, siempre dentro del límite de nueve meses establecido por el programa.

Turismo, gastronomía y tareas estacionales entre las opciones laborales

Quienes obtengan el permiso podrán entrar y salir de Dinamarca durante la vigencia de la visa. Durante ese período, podrán buscar empleos vinculados con hoteles, restaurantes, cocina, limpieza, empaquetado de productos y actividades agrícolas estacionales.

La demanda laboral cambia según el momento del año. Los meses de verano suelen ampliar las opciones en turismo y gastronomía, mientras que hacia fin de año pueden aumentar las búsquedas en cocina, limpieza y empaquetado.

El programa también permite cursar estudios por hasta seis meses. Los argentinos que establezcan su residencia y cumplan los requisitos locales podrán acceder, además, a clases de danés.

La disponibilidad de turnos en VFS Global Buenos Aires y el límite de permisos serán los dos factores centrales para quienes quieran iniciar el proceso antes de que se complete el cupo anual.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por el asesinato del tecladista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa y su familia, el pasado 2 de septiembre en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Asimismo, reveló que su reunión con el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, se centró principalmente en su libro, donde hace una reflexión sobre cómo el uso de plataformas digitales puede influir en los resultados de las elecciones, así como el aumento de la ultraderecha en los últimos tiempos.

Termina la conferencia matutina

Sheinbaum anuncia grupo de K-pop con la visita de presidente de Corea del Sur

“Sí, sí va a venir. No, no recuerdo el día, pero sí viene, viene el presidente de la República de Corea”, confirmó, agregando que el mandatario vendrá acompañado de un grupo de K-pop.

/mexico/2026/09/03/anuncian-grupo-de-k-pop-en-el-marco-de-la-visita-del-presidente-de-corea-del-sur-en-mexico/

Migrantes enviados a países de Centroamérica

“No estamos de acuerdo. No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, algún país de Centroamérica. Ninguna razón. Y lo que hacemos, además de manifestar nuestra inconformidad, es que de inmediato que llegan, tenemos un acuerdo con estos países y nuestros consulados están pendientes. En el momento en que llegan, los recibe el consulado y tenemos contratados vehículos para que puedan subir a los vehículos y puedan venir de inmediato a México. Y aquí se les atiende con México te abraza”, expresó la mandataria mexicana.

/mexico/2026/09/03/mexico-pide-a-eeuu-frenar-deportacion-de-mexicanos-a-centroamerica-han-sido-repatriadas-mas-de-2-mil-personas/

Denuncian gasolineros por red de extorsión en verificentros de Edomex

“Gasolineros lo denunciaron, a partir de ahí, la Fiscalía del Estado de México, que escuchó la denuncia en la mañanera, realizó una investigación y encontró que, en efecto, había corrupción de alguien que tenía un puesto en el gobierno del Estado de México y que pedía dinero para no hacer las sanciones que correspondían. Entonces procedió a hacer la detención y ya le corresponde a la Fiscalía del Estado de México, pues si hay más involucrados o no. Entonces, es una investigación que lleva la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y como lo hemos dicho, hasta nosotros no tenemos complicidades con nadie”, afirmó la líder mexicana.

Iniciativa para la prevención de delitos en casinos

“Por instrucción de la presidenta estamos en la revisión, ya está casi terminada la revisión interna, digamos, hacia las diferentes dependencias que conforman el gobierno y que puede tener alguna incidencia en estos lugares que son casinos y lugares para apuestas, centros de entretenimiento. Entonces ya estamos con avances, ya tenemos una propuesta de ley, todavía la vamos a poner a consideración del gabinete de seguridad, pero ya la hemos estado viendo con diferentes instancias”, declaró Rosa Icela Rodríguez.

Acciones de prevención, atención y búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas

La Segob informó sobre las acciones implementadas para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas

• Garantizar que todos los registros en el RNPDNO cuenten con datos completos.
• Lograr que todas las personas desaparecidas cuenten con una carpeta de investigación.
• Informar los avances en la búsqueda y localización de personas.
• Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).
• Búsqueda en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas.
• Plan de Identificación Humana para abatir el rezago forense en conjunto con la FGR.
• Trabajo con SSPC y Guardia Nacional para dar de baja páginas y sitios utilizados por grupos delictivos para contactar a jóvenes.
• Fortalecimiento de la CNB con personal y equipo especializado.
• Atención a familias de personas desaparecidas y colectivos.
• Reuniones con familias y colectivos de todo el país para presentación de la estrategia.

La jefa de Estado adelantó que una de las propuestas para combatir el huachicol fiscal dentro del Paquete Económico 2027 es que el IEPS a los combustibles tengan trazabilidad.

Sheinbaum confirma que el Gobierno envió la iniciativa de la doble nacionalidad y la Ley General para atender el feminicidio al Congreso. El martes se enviará todo el Paquete Económico 2027.

Testamento político de la presidenta de México

La mandataria mexicana aseguró que no cuenta con un testamento político, enfatizando que solo tiene a su nombre un departamento ubicado Coapa, cerca del Estadio Azteca. “Estoy heredando en vida a mis hijos”.

Sheinbaum habla sobre el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo

“Sí, me lo informaron desde ayer. Es, en efecto, una situación muy triste, lamentable. Ya hay detenidos y ya se conocen también las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia. Incluso ya salió en los medios una publicación y se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación. Pero ya hay detenciones”, comunicó la jefa de Estado.

Problema de agua en Ecatepec: habilitan nuevos pozos

Claudia Sheinbaum dio a conocer que 24 pozos de agua que no estaban en funcionamiento ya están operando en Ecatepec, destacando el trabajo de rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la zona.

“Se trabaja muy bien con la presidenta municipal, con Azucena, y se está avanzando. La zona metropolitana del Valle de México, particularmente el oriente, y por eso el plan que estamos desarrollando, las acciones que estamos desarrollando, pues durante mucho tiempo fue abandonado, principalmente, pues por los gobiernos del Estado de México”, señaló.

Encuentro entre Marcelo Ebrard y Howard Lutnick

La jefa de Estado aseguró que el secretario de Economía se encuentra trabajando “muy intensamente”, al igual que su equipo, para alcanzar un acuerdo en la reducción de aranceles implementados por Estados Unidos.

• Migración, seguridad y comercio: los temas prioritarios en la relación bilateral entre México y EEUU.

“Cada quien es responsable de sus actos”, declaró la mandataria mexicana sobre el caso del senador Enrique Inzunza tras su renuncia como funcionario de Morena.

/mexico/2026/09/03/regreso-de-enrique-inzunza-al-senado-es-prueba-de-autonomia-senala-sheinbaum-cada-quien-es-responsable-de-sus-actos/

Reunión de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro

Claudia Sheinbaum informó que durante su reunión con el expresidente colombiano, Gustavo Petro hablaron sobre el libro que se está escribiendo, donde hace una reflexión sobre cómo el uso de plataformas digitales puede influir en los resultados de las elecciones, así como el aumento de la ultraderecha en los últimos tiempos.

“Entonces, platicamos de eso, de la reflexión que está haciendo en su libro. Le platiqué de México, de que nuestra perspectiva es muy distinta, porque aquí, pues hay una gran mayoría del pueblo de México que apoya la transformación y los resultados que hemos tenido y que la gente está contenta con el trabajo que está haciendo el gobierno y con la transformación, con el proyecto de nación. Fueron algunos temas de los que platicamos. Lo invitamos a que pudiera, a través de el Instituto de Historia y la Revolución Mexicanas, que ahora va a ser un instituto, o ya es un instituto de investigación y docencia pudiera venir a dar algunas pláticas. En fin, sobre estos temas platicamos”, declaró.

/mexico/2026/09/03/mexico-descarta-avance-de-la-ultraderecha-sheinbaum-destaca-apoyo-a-la-transformacion-en-platica-con-petro/

Rosa Icela Rodríguez presentó los avances por parte de la Secretaría de Gobernación

“Hay cero censura, hay cero represión”, aseguró

• Migración: De octubre de 2024 a junio 2026 se reportaron más de 86 millones de entradas de visitantes a México. 281 mil 777 personas repatriadas y 1.6 millones de servicios brindados.
• Construcción de paz: visita casa por casa: 545 mil 207; ferias de paz: 869 y artículos y enseres entregados: 3.5 millones.
• Atención a las causas: Armas de fuego intercambiadas hasta el 31 de agosto: 13 mil 144; trámites y servicios: 8 millones 562 mil 497; 4 millones 981 mil 462 personas beneficiadas.

/mexico/2026/09/03/gobierno-de-mexico-tendra-un-nuevo-informe-sobre-el-caso-ayotzinapa-adelanta-rosa-icela-rodriguez/

Comienza la conferencia matutina

“Son temas paralelos”: la respuesta directa de Sheinbaum

Cuestionada sobre si la relación comercial se ve afectada por las exigencias de seguridad de Washington, la mandataria fue clara: “A Estados Unidos les interesan tres temas: migración, seguridad y comercio”, y en los tres, dijo, México exige el mismo trato: cooperación mutua, no condicionamiento.

En materia migratoria, advirtió que la colaboración no puede ser unilateral: “no puede ser que siendo vecinos busquen que no le vaya bien a México”, pues un deterioro económico del país derivaría, según explicó, en más migración hacia territorio estadounidense.

Sobre seguridad, reiteró la postura que el gobierno mexicano ha mantenido en meses recientes: si Washington exige frenar el trasiego de drogas, México exige a cambio que no ingresen armas desde Estados Unidos y que se atienda el consumo interno de narcóticos en ese país.

Sheinbaum también minimizó el peso de declaraciones de algunos legisladores y funcionarios estadounidenses “muy influidas también por sus elecciones en noviembre”, y afirmó que, más allá de esos pronunciamientos, la relación bilateral se mantiene en términos de “respeto mutuo”.

El equipo negociador y los pendientes arancelarios

La aclaración llegó en el marco de un reporte más amplio sobre el estado de las negociaciones para renovar el T-MEC. Sheinbaum detalló que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, encabeza la mesa negociadora acompañado de un equipo ampliado que incluye a Julio Berdeguer, Roberto Lázari (embajador de México en EU), Diana Alarcón (representante ante el Banco Mundial, con sede en Washington) y Altagracia Gómez, enlace con el sector empresarial, a quien Sheinbaum envió condolencias por el reciente fallecimiento de su padre.

Según la presidenta, el objetivo inmediato es lograr la reducción de los aranceles de acero, aluminio y autos, además de atender un paquete adicional vinculado al llamado “artículo 301”, mecanismo que Washington aplica a distintos países en materia de capacidad de producción. Ebrard, dijo, “la semana pasada fue dos veces a Washington” y actualmente se encuentra de nuevo en esa ciudad, en lo que calificó como un “diálogo permanente”.

Contexto: México, entre los mejor posicionados frente a Trump

El reporte de Sheinbaum se da en un momento en que su gobierno ha insistido en que México es de los países mejor tratados por la política arancelaria de Donald Trump, luego de que Washington lo excluyera de los gravámenes generales aplicados al resto del mundo, dejando vigentes únicamente los aranceles del 25% en los sectores automotriz, de acero y aluminio. No obstante, ese mismo trato preferencial ha estado condicionado, según reportes previos, a que México avance en los temas de seguridad y migración que exige la Casa Blanca, con tarifas del 25 % que podrían reducirse si se alcanzan acuerdos en temas prioritarios como seguridad y migración —lo que da mayor peso a la insistencia presidencial en separar ambas agendas.

La negociación se produce, además, después de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtiera meses atrás a sectores automotriz y siderúrgico mexicanos que no deben esperar que la renegociación del T-MEC elimine los aranceles impuestos por Trump, en lo que fue interpretado como un mensaje de que algún nivel arancelario llegó para quedarse, independientemente del resultado de las pláticas.

Sheinbaum concluyó que, pese a ese escenario adverso, “vamos bien” en la búsqueda de un acuerdo benéfico para México, y prometió mantener informada a la opinión pública conforme avancen las conversaciones con la administración estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió el 1 de septiembre un dictamen que amplía la obligación de los gobiernos estatales de informar al Departamento de Seguridad Nacional sobre personas sin presencia legal en el país. El dictamen, difundido el 2 de septiembre, fue elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica y es una interpretación oficial de la legislación vigente, no una ley aprobada por el Congreso.

La medida alcanza a todos los estados que participan de los programas Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), dos de los mayores programas de asistencia social del país. Según el Departamento de Justicia, el incumplimiento puede tener consecuencias graves, entre ellas la pérdida del financiamiento federal asociado a esos programas.

Qué cambia para los gobiernos estatales con el nuevo dictamen jurídico

Hasta ahora, la obligación de informar al DHS sobre personas sin estatus legal estaba acotada, por una interpretación emitida en 1998 durante el gobierno de Bill Clinton, a las agencias estatales que administraban directamente TANF o SSI. La nueva opinión revierte ese criterio y establece que el deber recae sobre el conjunto del gobierno estatal cuando el estado acepta fondos de esos programas.

En la práctica, esto significa que dependencias que no tienen relación directa con la administración de beneficios sociales —como departamentos de vehículos motorizados, universidades públicas u otras oficinas del gobierno estatal— podrían quedar alcanzadas por la obligación, en la medida en que dispongan de información relevante sobre personas sin presencia legal en el país.

Joshua Craddock, subsecretario adjunto de Justicia y autor de la opinión, sostuvo que la lectura de 1998 fue incorrecta. “Nos vemos obligados a concluir que nuestra opinión anterior erró en su análisis y resultado”, escribió Craddock, según recogió The Guardian. El funcionario también descartó el argumento de que la inacción del Congreso durante décadas equivalía a un aval implícito de la interpretación anterior.

Qué son TANF y SSI y quiénes reciben esos fondos federales

TANF es un programa federal de asistencia a familias de bajos ingresos. Provee transferencias de dinero y servicios a hogares que no alcanzan ciertos umbrales de ingresos, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y promover el empleo. Los subsidios federales de este programa superan los USD 16.400 millones anuales, según consta en el comunicado del Departamento de Justicia.

SSI, por su parte, brinda asistencia económica a personas mayores de 65 años, ciegas o con discapacidad que cumplen ciertos requisitos de ingresos y patrimonio. Los beneficios federales de este programa superan los USD 60.000 millones anuales, de acuerdo con datos de Reuters. Ambos programas pertenecen a la red de protección social de Estados Unidos, aunque tienen poblaciones destinatarias y mecanismos de financiamiento distintos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las personas inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para recibir beneficios directos de TANF ni de SSI. Los 50 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios participan de ambos programas.

La ley de 1996 y el cambio de interpretación del Departamento de Justicia

La nueva opinión se fundamenta en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996, conocida por su sigla en inglés como PRWORA. Esa ley incluyó disposiciones que exigen a los estados informar a las autoridades migratorias federales sobre personas que saben que no están en el país de forma legal.

El punto central del debate jurídico es el alcance del término “Estado” en el texto de la ley. La interpretación de 1998 lo entendía como referido exclusivamente a la agencia estatal encargada de administrar los beneficios. La Oficina de Asesoría Jurídica sostiene ahora que el Congreso definió ese término de forma amplia, de modo que abarca a la totalidad del gobierno estatal y a todos sus organismos componentes.

T. Elliot Gaiser, fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica, defendió la reinterpretación. “Cuando un estado elige participar en TANF, acepta la obligación de informar sobre extranjeros ilegales en Estados Unidos”, afirmó en un comunicado publicado por el Departamento de Justicia. La Oficina retiró formalmente la opinión de 1998.

Qué consecuencias pueden enfrentar los estados que no cumplan con la nueva política

El Departamento de Justicia advirtió que los estados que no se ajusten a la nueva interpretación pueden enfrentar consecuencias serias, incluida la pérdida de financiamiento de TANF y SSI. Las agencias federales quedan autorizadas a actualizar los acuerdos de financiamiento y los procesos de cumplimiento para reflejar el nuevo criterio jurídico.

La opinión rige de manera prospectiva: los estados no recibirán sanciones retroactivas por haber seguido la interpretación de 1998 mientras estuvo vigente. Sin embargo, se espera que ajusten su conducta a partir de ahora.

Craddock señaló además que los estados que rechacen las nuevas condiciones tienen la posibilidad de retirarse de los programas, aunque abandonar TANF o SSI tendría consecuencias directas sobre sus sistemas de asistencia social y sobre las poblaciones que dependen de esos recursos.

Posibles impugnaciones judiciales en el contexto de la política migratoria de Trump

La decisión se inscribe en la política migratoria que la administración de Donald Trump impulsa desde enero de 2025 para ampliar la cooperación de gobiernos estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.

La nueva interpretación podría enfrentar desafíos judiciales, especialmente de estados gobernados por demócratas. Según NBC News, varios procuradores generales ya resistieron intentos previos de la administración de imponer ese tipo de colaboración.

El debate jurídico abarca los límites de esa cooperación y el acceso federal a datos personales de beneficiarios de programas sociales. El Departamento de Justicia sostiene que la obligación de informar se deriva de la ley de 1996 y de las condiciones asociadas a la recepción de fondos federales.

Los estados que discrepen tendrán la vía judicial como recurso.

La República Dominicana otorgó 18, 861 residencias en 2026, con una concentración en ciudadanos de Haití, Venezuela, China, Estados Unidos y Colombia, según los registros publicados por la Dirección General de Migración y retomados por Listín Diario; la mayor parte correspondió a permisos temporales, seguidos por residencias permanentes y definitivas.

Del total concedido en el año analizado, 14, 901 fueron residencias temporales, 3,567 permanentes y 393 definitivas, de acuerdo con las estadísticas de Datos Abiertos de la Dirección General de Migración correspondientes al período 2018-2026, aunque el informe citado no precisa el mes de corte de 2026.

Ese reparto muestra que la residencia temporal concentra la mayor parte de los permisos concedidos a extranjeros para vivir en territorio dominicano, mientras que la definitiva es la categoría menos numerosa.

Haití encabezó las tres categorías de residencia otorgadas en 2026

En las residencias temporales, la categoría más numerosa, los ciudadanos de Haití recibieron 2,796 permisos. Les siguieron Venezuela con 2.250, China con 1.343, Colombia con 1.161, Estados Unidos con 1.035, Cuba con 992, España con 777, México con 584, Italia con 384 y Perú con 359.

En el grupo de cantidades intermedias aparecen Francia con 263 residencias, Argentina con 237, Brasil con 227, Rusia con 188, Ecuador con 172, Canadá con 148, Alemania con 147, Guatemala con 135, Chile con 128, Honduras con 120, Costa Rica con 100, Suiza con 99, El Salvador con 85, Nicaragua con 81, Bolivia con 64, Panamá con 61, India con 54, Países Bajos con 54 y República de Corea con 38.

También obtuvieron residencias temporales ciudadanos de Portugal con 31, Bélgica con 27, Ucrania con 25, Turquía con 22, Pakistán con 20, Uruguay con 19, Polonia con 18, Austria con 16, Paraguay con 15, Lituania con 12, República Checa o Chequia con 12, Bulgaria con 11, Líbano con 11, Japón con 10, Kazajistán con 10, Sri Lanka con 10, Irán con nueve, Israel con nueve.

Además de Jamaica con nueve, Dinamarca con ocho, Hungría con ocho, Suecia con ocho, Filipinas con siete, Ruanda con siete, Rumania con siete, Serbia con siete, Bielorrusia con seis, Eslovenia con seis, Grecia con seis, Nigeria con seis y Reino Unido con 55.

La misma categoría incluyó además a Finlandia con cuatro, Armenia con cuatro, Letonia con cuatro, Malasia con cuatro, Sudáfrica con cuatro, Zambia con cuatro, Camerún con tres, Croacia con tres, Guayana con tres, Irlanda con tres, Mozambique con tres y Nepal con tres.

Las residencias permanentes sumaron 3,567 y las definitivas quedaron en 393

En las residencias permanentes, la Dirección General de Migración registró 822 permisos para haitianos, 433 para venezolanos, 366 para ciudadanos de China, 267 para estadounidenses, 228 para colombianos, 224 para españoles, 192 para italianos y 184 para cubanos.

Entre las demás nacionalidades con residencias permanentes figuran Alemania con 81, Canadá con 72, Perú con 52, Rusia con 50, México con 47, Suiza con 47, Francia con 95, Ecuador con 35, Argentina con 33, Chile con 24, Dinamarca con 24, Guatemala con 24, Bélgica con 18, Reino Unido con 17, Brasil con 15, El Salvador con 14, Bolivia con 11, Japón con 10, Honduras con 10, Nicaragua con nueve, Ucrania con nueve, India con ocho, Uruguay con ocho y Austria entre otros, según la publicación.

Las residencias definitivas fueron la categoría menos frecuente: 61 correspondieron a ciudadanos de Haití, 42 a Estados Unidos, 40 a España, 34 a Italia, 27 a Colombia, 23 a Alemania, 20 a China y 18 a Francia.

En esa misma categoría aparecen Cuba con 12, Venezuela con 12, Canadá con 10, Perú con ocho, República de Corea con ocho, Argentina con siete, Suiza con seis, Costa Rica con cinco, Países Bajos con cinco, Rusia con cinco, Bulgaria con tres, Ecuador con tres, Honduras con tres, India con tres, Panamá con tres, Reino Unido con tres, Uruguay con tres y Serbia con dos.

El registro retomado por Listín Diario también consigna una residencia definitiva para ciudadanos de Argelia, Bahamas, Bélgica, Brasil, Chile, Filipinas, Finlandia, Indonesia, Israel, Japón, Nicaragua, Nigeria, Rumania y Suecia.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, expresó preocupación por el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos y sostuvo que el debate no debe usarse con fines políticos, a pocos días del vencimiento previsto para el 9 de septiembre de 2026.

“Todos estamos preocupados”, afirmó Castro al ser consultado sobre el permiso migratorio. El legislador añadió que mantenía la expectativa de una resolución favorable para los beneficiarios y remarcó que la definición dependía exclusivamente de las autoridades estadounidenses.

“Todos tenemos fe de que se tenga una decisión favorable. Como todos ustedes bien saben, esta es una decisión únicamente del Gobierno de Estados Unidos”, declaró.

Castro dijo que la Asamblea hizo “lo que se ha podido hacer”

El presidente del Órgano Legislativo sostuvo que la institución cumplió con las gestiones que estaban a su alcance. También aseguró que el Ejecutivo salvadoreño tomó medidas sobre el asunto, aunque no detalló cuáles fueron esas acciones.

“Nosotros hemos hecho lo que se ha podido hacer. El Gobierno, estoy seguro, que algo también ha hecho al respecto”, manifestó.

Castro cuestionó que dirigentes y sectores políticos introdujeran el TPS en disputas coyunturales. Según planteó, ese enfoque perjudicaba un tema que afectaba a miles de salvadoreños que residían en Estados Unidos bajo esa protección migratoria.

“No es como en las coyunturas políticas que han querido meter el tema, que eso es una lástima, que quieren politizar el tema. Y ahora estar queriendo especular las cosas”, dijo.

Castro indicó que correspondía esperar la determinación de Washington sobre un permiso que, según recordó, había sido prorrogado durante varios años por decisión de Estados Unidos. “Creo que hay que esperar cuál va a ser la decisión que el Gobierno de Estados Unidos va a tomar ante ese permiso temporal que ha venido prorrogando durante varios años, que también ha sido decisión únicamente de ellos”, señaló.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó el 12 de agosto que la designación del TPS para El Salvador y los beneficios asociados estaban previstos hasta el 9 de septiembre de 2026. La agencia indicó que algunos beneficiarios con trámites pendientes recibirán notificaciones sobre la vigencia de sus permisos de trabajo hasta esa fecha.

“Estados Unidos ha sido nuestro mejor aliado”, afirmó Castro

El presidente de la Asamblea Legislativa afirmó que la relación bilateral continuaría con independencia de la decisión sobre el TPS. Describió a Estados Unidos como el principal aliado histórico de El Salvador.

“Nosotros, independientemente de la decisión, vamos a continuar teniendo esas estrechas relaciones que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos. Es nuestro aliado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ha sido nuestro mejor aliado durante toda nuestra historia”, sostuvo.

No es la primera consideración

Castro, expresó en julio su expectativa de que Estados Unidos anuncie una nueva prórroga para el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a cerca de 130.000 salvadoreños. La última extensión mantiene vigente el programa hasta el 9 de septiembre de 2026.

“Ojalá y primeramente Dios, las cosas sean positivas como han sido en años anteriores, que lo van prorrogando este estatus temporal”, expresó para en un primer momento.

Organizaciones, sobrevivientes y familiares de las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez acusan privilegios para Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que un juez aplazó la audiencia en la que se definirá su situación jurídica, a pesar de que el exfuncionario no acudió a la que tenía prevista esta semana.

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón difirió la diligencia sin fijar una nueva fecha ni imponer una sanción a Garduño por su ausencia, de acuerdo con un comunicado difundido por diversas organizaciones, entre estas Fundación para la Justicia e IMUMI.

Las organizaciones resaltaron que actuamete dan acompañamiento a 10 sobrevivientes y a 10 núcleos familiares de víctimas fallecidas.

Sostienen que la inasistencia de Garduño no representa un contratiempo de agenda, sino una falta de respeto para quienes perdieron la vida, las y los sobrevivientes, sus familias y los países de origen que esperan respuestas.

El juez evaluaría las condiciones de la suspensión condicional

Después de 18 meses, Víctor Manlio Hernández Calderón debía evaluar si Francisco Garduño cumplió las condiciones que se le impusieron para obtener la suspensión condicional de su proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo de Garduño con ese recurso era eximirse de toda responsabilidad penal por la tragedia ocurrida la noche del 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.

Unas horas antes de la audiencia, el excomisionado llamó al juez para pedir que su participación fuera en línea, en un acto visible de indiferencia por el proceso, señalan las organizaciones.

El juez difirió la audiencia sin establecer una nueva fecha de programación y sin imponer ningún tipo de sanción al extitular del INM. Las organizaciones cuestionan que no se tomaran medidas ante su ausencia.

“La falta de sanción por parte del juez manda un mensaje claro y doloroso: en México, la justicia es selectiva”, indican en el comunicado.

Las organizaciones sostienen que ninguna de las personas imputadas por esta tragedia ha recibido el trato de privilegio y permisividad, amparada por el Estado mexicano, que consideran reservado para el excomisionado del INM.

El incendio dejó 40 hombres muertos y 27 personas lesionadas

El incendio dejó 40 hombres muertos, 27 personas con lesiones permanentes y 15 mujeres sobrevivientes. Las organizaciones señalan que, a la fecha, las mujeres no han sido reconocidas como víctimas por el Estado mexicano.

Durante la identificación de las víctimas asistentes, por vía remota, una representante familiar de una víctima fallecida de Guatemala revocó la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La representante señaló la falta de acompañamiento real y de protección de sus derechos a la información y a la justicia.

También otorgó la representación a las organizaciones que acompañan a las otras familias y sobrevivientes.

Las organizaciones señalan que continuarán acompañando a las víctimas en su exigencia de verdad, justicia y reparación integral del daño. Añaden que no quitarán el dedo del renglón hasta que la impunidad deje de ser la regla.

Las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez merecen que no existan distinciones de poder, plantean las organizaciones.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a 2.197 personas en situación migratoria irregular en el estado de Nueva York entre el 27 de julio y el 29 de agosto de 2026. El resultado fue presentado públicamente el 1 de septiembre durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, quien calificó la Operación Rotten Apple (“Operación Manzana Podrida”) como un éxito de la agencia federal.

Según el comunicado oficial del DHS, entre las personas detenidas había individuos con antecedentes o acusaciones vinculadas con homicidio, violación, abuso sexual infantil, secuestro, tráfico de drogas y otros delitos violentos. La dependencia no desglosó cuántos de los arrestados tenían condenas firmes y cuántos enfrentaban únicamente cargos o arrestos previos.

En qué consistió el despliegue

La Operación Rotten Apple fue un operativo de cumplimiento migratorio diseñado y ejecutado por ICE con alcance en todo el estado de Nueva York. Tuvo una duración de 34 días y, de acuerdo con la agencia, fue coordinada con socios federales sin participación de las autoridades estatales ni municipales.

El nombre del operativo alude a una expresión del inglés coloquial —“manzana podrida”— usada para referirse a elementos negativos dentro de un grupo. La elección del nombre forma parte del encuadre comunicacional con el que el gobierno federal presentó la acción ante la prensa.

Según el DHS, el foco estuvo puesto en individuos con historial criminal o acusaciones pendientes en el sistema judicial estadounidense o en el extranjero. La dependencia sostuvo que el operativo fue “deliberado, preciso y fundamentado en la ejecución legal de nuestra misión de seguridad pública”, según las palabras del director de la Oficina de Campo de la ciudad de Nueva York de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE (ERO), Kenneth Genalo.

Cuándo se realizaron los arrestos y qué informó el DHS

El operativo se extendió entre el 27 de julio y el 29 de agosto de 2026, un período de poco más de un mes. El anuncio oficial tuvo lugar el 1 de septiembre, en una conferencia de prensa encabezada por Mullin en la ciudad de Nueva York.

La presentación contó con la participación de cuatro funcionarios federales: el secretario Mullin; Tom Homan, designado por la Casa Blanca como “zar fronterizo”; Kenneth Genalo, director de la oficina de Nueva York de ERO, y Philip Rhoney, director interino de la oficina de Buffalo de esa misma dependencia.

El comunicado oficial no especificó qué proporción de los arrestados fue trasladada a centros de detención, cuántos enfrentaban procesos de deportación en curso ni en qué estado se encontraban los procedimientos legales al momento del anuncio.

Qué dijeron los funcionarios federales sobre el operativo

En la conferencia de prensa, Mullin afirmó que el operativo “hizo lo que los políticos de ciudades santuario en Nueva York se niegan a hacer: volver más seguro al Estado Imperio” y que se realizó “sin ayuda del alcalde Mamdani ni de la gobernadora Hochul”.

Homan dijo que los esfuerzos de ICE por remover amenazas a la seguridad pública “contribuyeron a la mayor disminución del crimen violento en la historia de Estados Unidos”, pero no presentó datos estadísticos independientes.

Genalo afirmó que “las políticas que obstaculizan la cooperación con las autoridades federales de inmigración comprometen la seguridad pública” y que ICE seguirá aplicando la ley federal. Rhoney, desde la oficina de Buffalo, agregó que esas políticas “crean riesgos evitables para los residentes, los agentes y los vecindarios de todo el estado”, según el comunicado del DHS.

Las críticas del gobierno federal a las políticas migratorias de Nueva York

El DHS cuestionó las políticas migratorias de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul y del alcalde Zohran Mamdani, al señalar que limitaron la coordinación local con ICE.

Según el DHS, Mamdani firmó una orden que volvió a la ciudad de Nueva York un escudo para personas en situación irregular con antecedentes penales, facilitando que eludan la custodia federal. Esto ocurrió después de que Hochul propusiera una ley para prohibir la colaboración policial local con ICE.

El DHS afirmó que 13.621 migrantes con antecedentes penales quedaron liberados de cárceles de Nueva York sin ser transferidos a ICE, sin detallar la metodología ni el período correspondiente. Las autoridades estatales y municipales no respondieron al comunicado.

Los casos citados por ICE tras la Operación Rotten Apple

El DHS incluyó en su comunicado una selección de casos individuales para ilustrar el perfil de algunos detenidos durante el operativo. La agencia aclaró en cada caso si se trata de condenas firmes o de arrestos y acusaciones previas.

Entre los casos con condenas, el comunicado menciona a Bogdan Detrovich Gren, nacional de Ucrania, con sentencias por secuestro, muerte como resultado de un rapto, posesión ilegal de armas y asesinato. También figura Palvinder Singh, de India, con una condena por violación cometida en Alemania y Carlos Mendez-Acosta, de Venezuela, condenado por el mismo delito.

En el apartado de tráfico de sustancias, la dependencia citó a Chhun Kim Pril, de Camboya, con una condena por narcotráfico y a Danilo Antonio Rodriguez, de República Dominicana, sentenciado por conspiración para distribuir heroína.

El comunicado también incluyó casos con arrestos o acusaciones, sin condenas firmes. Andreas Bernal Chiquito, de Colombia, figura con arrestos vinculados a abuso sexual contra menores. Noel Celestino Lopez Martinez, de México, tiene registrado un arresto por violación en primer grado.

El DHS no especificó en qué etapa procesal se encuentran esos casos.

La Dirección General de Migración de República Dominicana (DGM) impidió el ingreso de 116 ciudadanos extranjeros durante julio en aeropuertos y puertos del país, de acuerdo con el balance mensual de controles migratorios difundido por el organismo.

Los ciudadanos de México encabezaron el listado de inadmisiones, con 28 casos, seguidos por 19 estadounidenses, 16 colombianos, 12 haitianos, 11 venezolanos y seis peruanos. La medida se aplicó en los puestos de control de las terminales aéreas y marítimas del país.

La DGM también rechazó el ingreso de dos ciudadanos de Cuba, Francia, China, España, Nicaragua, Argentina y Brasil. La lista incluyó, además, a una persona procedente de Costa Rica, Taiwán, Filipinas, Chile, Ecuador, Albania, Canadá, Italia y Hungría.

Según el informe de la DGM, la causa más frecuente de inadmisión fue la identificación de 28 perfiles considerados de riesgo para la seguridad nacional. A esa razón se sumaron 26 casos vinculados con pasaportes deteriorados y 20 por falta de la documentación requerida para autorizar el ingreso.

Las autoridades registraron además 15 intentos de entrada con fines laborales sin la visa correspondiente. Otros 11 viajeros presentaron incongruencias durante la entrevista con el inspector migratorio.

El reporte incluyó ocho casos de extranjeros que habían excedido el tiempo de permanencia autorizado en visitas anteriores. También hubo cinco personas con impedimentos de ingreso dispuestos por la autoridad competente y tres con condenas por agresión sexual contra una menor de edad.

Durante la cuarta semana de julio, las inadmisiones de extranjeros en territorio dominicano pasaron de 25 a 42 casos, según los datos oficiales.

Más de 800 dominicanos retornaron al país en el mismo mes

La estadística de julio también consignó el retorno de 817 ciudadanos dominicanos desde otros países. Del total, 303 fueron deportados, 300 regresaron de manera voluntaria y 98 no pudieron ingresar a los destinos a los que viajaban.

Estados Unidos y Puerto Rico concentraron la mayor cantidad de deportaciones. Desde el primero llegaron 165 dominicanos deportados, mientras que desde el territorio puertorriqueño retornaron 99.

La migración irregular fue el motivo principal en 228 expedientes de deportación. Le siguieron 36 casos asociados con delitos de narcotráfico y 15 por hechos de violencia.

Los retornos voluntarios tuvieron como principales puntos de procedencia a Estados Unidos, con 103 casos; Puerto Rico, con 44; Chile, con 23; y Surinam, con 18.

Entre los 98 dominicanos no admitidos en otros países, Estados Unidos concentró 18 rechazos, Colombia registró 16 y España, 12. El informe no precisó las causas particulares de esas inadmisiones.

La DGM afirmó que reforzó sus recursos tecnológicos para mejorar las verificaciones de entradas y salidas de extranjeros y dominicanos. El organismo vinculó ese fortalecimiento con el aumento de las inadmisiones y con la detección de ciudadanos dominicanos que tenían restricciones para salir del país.

Por su parte, el director de la Dirección General de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dispuso el refuerzo de los controles en las terminales con mayor movimiento de pasajeros y ordenó mantener el monitoreo estadístico de las causas de irregularidad migratoria.

Desde el 30 de julio, el Gobierno ha mantenido su defensa de Marruecos como un “socio leal” que ha cooperado en todo momento durante la crisis de Ceuta. Sin embargo, a medida que pasan los días, el papel y la responsabilidad que tuvo Rabat en la entrada masiva que se produjo en la ciudad autónoma queda menos claro. Los analistas discuten sobre el término correcto para lo que sucedió esos días y sobre las acciones de Marruecos y, en medio de esta disputa, aparece de forma recurrente el concepto de “guerra híbrida”.

Esta idea ha sufrido transformaciones a lo largo de los años. Una de las teorías con más peso es la doctrina Gerasimov, que surge tras el artículo escrito por el general ruso Valeri Guerásimov, Jefe del Estado Mayor de Rusia. No es una concepto universalmente aceptado, pues otros teóricos han criticado que estaba muy enfocado en la situación rusa, pero sí que fue de las primeras explicaciones que hablan de la posibilidad de un conflicto sin que llegue a tener acciones militares abiertas.

El enfoque de Gerasimov combina presión política, económica, informativa y humanitaria con el aprovechamiento de actores internos y protestas en el país adversario. También contempla “guerra de información”, acciones encubiertas y, si resulta necesario, un empleo limitado de fuerza convencional y armas de precisión o drones, pero sin ser un elemento indispensable. A ello suma capacidades como la inteligencia artificial y métodos “irregulares” que pretendan desestabilizar al rival desde dentro. En los últimos años, Marruecos ha realizado movimientos que se pueden encasillar en varias de estas características, como el caso Pegasus, las declaraciones de ministros que reclaman la soberanía de Ceuta y Melilla o, en el plano económico, las amenazas con cierres de aduanas.

Exigencias de soberanía marroquí de Ceuta y Melilla

La idea del dominio de Marruecos sobre las ciudades autónomas no es una novedad. La idea del “Gran Marruecos”, que incluye a ambas, la repiten figuras del poder desde hace décadas. No obstante, en el último mes ha vuelto a cobrar peso. Por un lado, a través de ministros marroquíes, lo que se corresponde con la presión política de la que habla Gerasimov, y, por otro, mediante la batalla “informativa”, con titulares en periódicos como Le360 prácticamente diarios.

El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, exigió hace días que ambas ciudades “vuelvan al seno de la patria”, defendiendo supuestos “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre estos territorios. Además, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, en un evento religioso con Mohamed VI presente, insistió en la reclamación con argumentos religiosos y la identidad nacional. El Gobierno español ha respondido rechazando tajantemente cualquier duda sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla, pero no se ha traducido en una llamada a consultas a la embajada.

Uso de la migración y el caso Pegasus

Hay dos enfoques más que permiten establecer conexiones con la doctrina del militar ruso. El primero es el uso de la migración del que le acusan partidos e instituciones. En apenas un día entraron 72.000 personas, según cifras del Gobierno, lo que hace difícil creer que hubo un esfuerzo real de las autoridades al otro lado de la frontera. El PP y el Partido de Izquierda Europea, al que pertenece Izquierda Unida, coinciden en el término de “chantaje migratorio” por parte de Marruecos contra el Gobierno.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO de Ceuta llegan a acusar al ejecutivo marroquí de haber “instrumentalizado a la población como arma contra España”. El propio Gobierno, en el Informe de Seguridad de 2021, advierte de que “se han explotado debates sensibles sobre flujos migratorios irregulares, por ejemplo, difundiendo rumores de ‘oleadas inminentes’ para fomentar polarización social”, aunque no señala directamente a Marruecos.

Si existe una evidencia de amenaza directa contra España por parte de su vecino es el caso Pegasus. En mayo de 2022, el Gobierno reconoció que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la entonces ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus. Según los informes del Centro Criptológico Nacional, se produjeron dos intrusiones en el móvil de Sánchez y una en el de Robles, de las que se extrajeron datos, como también le ocurrió al presidente francés, Emmanuel Macron.

Si bien es el sistema que emplean, Sánchez y los ministros no llegaron a mencionar a Marruecos como ejecutor. El juez Calama ha tratado de afrontar el caso en diversas ocasiones, pero, hace unos meses, lo archivó por “la obstrucción de Israel a cooperar”. Los hackers de Jabaroot flitraron lo que aseguraban que era una lista de 70.000 espías marroquíes. En lo más alto de este engranaje situaban a Abdellatif Hammouchi, señalado por Pegasus y a quien después Marlaska homenajeó con una medalla de la Guardia Civil.

Una mentira dicha a un barbero desconocido en un pueblo de Chiapas, México fue el punto de quiebre en la vida de José Wilfredo Ávalos Díaz. Ese día tomó unas tijeras por primera vez sin saber sostenerlas. Hoy, en Sinaloa, ese gesto impulsivo sostiene tres negocios y a una familia entera.

José Wilfredo Ávalos Díaz salió de El Salvador a los 18 años, cruzó Centroamérica y México a bordo de trenes de carga, sobrevivió a una deportación desde Estados Unidos y terminó construyendo en Sinaloa una pequeña empresa. Su historia fue documentada por Buenas Noticias de México, un periódico mexicano.

Todos lo conocen como William Barber.

La mentira que lo definió

Antes de convertirse en barbero, José Wilfredo descargaba camiones de verdura de la una a las seis de la madrugada por 120 pesos- unos 7 USD-. De día lavaba autos a cambio de un rincón donde dormir sobre cartones.

En Mapastepec, un pueblo de Chiapas, entró a la barbería de un hombre mayor y le dijo que sabía cortar cabello. Era mentira. Nunca lo había hecho. El barbero le creyó y esa misma tarde le puso las tijeras en la mano.

“Me enamoré de este trabajo”, dijo años después sobre aquella tarde.

No hubo curso ni práctica previa. Solo el peso de las tijeras, un cliente sentado y la necesidad de no fallar.

El origen: pandillas, hambre y USD 300 en el bolsillo

José Wilfredo tenía 18 años cuando cruzó hacia Guatemala y luego hacia México. Salió de El Salvador por dos motivos que en su historia pesan lo mismo: el hambre de progresar y la violencia de las pandillas que asfixiaba a su barrio.

Su familia prefirió arriesgarlo en el camino antes que perderlo en casa.

Antes de partir, su padre le puso en las manos USD 300 que había ahorrado en secreto. Los acompañó con una frase que su hijo repite hasta hoy palabra por palabra: “Prefiero que estés lejos, pero vivo y bien, que tenerte cerca y enterrado o encerrado”.

Venía de una familia que él mismo describe como “muy pobre, extremadamente pobre”. Una infancia descalza, sin dinero ni para un corte de cabello.

El camino: trenes de carga, retenes y una llegada de noche

De Chiapas siguió a Celaya, en el estado de Guanajuato, adonde llegó disfrazado de hijo de un conocido para cruzar los retenes migratorios.

Meses después subió a un tren de carga.

Viajó así durante casi cuatro semanas. Se escondió de las redadas y pidió monedas en los pueblos donde el tren se detenía.

El 17 de diciembre de 2018, casi a las diez de la noche, bajó de un camión en una comunidad llamada Costa Rica, al sur de Culiacán, en Sinaloa, México.

Primera raíz en Sinaloa y el golpe de la deportación

En esa comunidad tocó varias puertas hasta que una estilista, Vero Villalobos, y su madre, doña Lupita, le dieron una silla en su estética.

Ahí dejó de cobrar 15 pesos por corte- unos 0.78 USD- y llegó a ganar hasta 700 pesos diarios-41.77 USD-. Aguantó siete meses, ahorró y, antes de irse, dejó preparadas a dos personas para continuar el trabajo.

Con ese dinero probó suerte en San Diego, en un taller de carrocería, desde donde envió el primer dinero a su familia.

Tres meses después lo detuvo Migración a la salida de un centro comercial. Sin familiares que lo respaldaran en Estados Unidos, no tenía mucho que pelear y aceptó la deportación.

Volvió a El Salvador con la sensación de llegar con las manos vacías después de casi tres años fuera.

La reconstrucción: un espejo de baño, una silla de plástico y el dinero bajo el colchón

En lugar de quedarse en casa, usó sus boletos de vuelta para regresar a México, esta vez con sus dos hermanos. Una institución cristiana los ayudó a regularizar su situación y los tres obtuvieron residencia permanente.

Con los papeles en la mano pensó en intentarlo de nuevo hacia Estados Unidos. Lo que lo hizo quedarse fue la mujer que hoy es madre de su hija de cinco años.

Al volver encontró la estética de Vero Villalobos convertida en farmacia. Empezó otra vez desde cero: un cuarto rentado, un espejo de baño, una silla de plástico y dos máquinas compradas con dinero prestado por un amigo al que llama “Paco”.

Su publicidad fue su propia voz en la calle. Ofrecía cortes a los curiosos que se acercaban por su acento. El boca a boca hizo el resto.

Sin papeles que le permitieran abrir una cuenta bancaria, contaba el dinero bajo el colchón hasta tres veces por semana durante un año completo.

Hubo otro nombre que no deja pasar por alto: don Ponce, dueño de una carnicería que, al ver que él y sus hermanos solo compraban frijoles y queso para sobrevivir, empezó a regalarles la mercancía sin cobrarles, “de corazón”.

Tres negocios y un sueño con nombre de franquicia

Con ese ahorro rentó un local más grande. Hoy tiene tres negocios: una barbería de alta gama, una peluquería de barrio donde forma a aprendices que todavía no pueden pagar un local propio, y un salón infantil llamado Pelukids, inaugurado a fines de agosto de 2026.

Se define como capacitador y docente en su oficio. Cortó cabello durante años sin un solo curso hasta que la competencia en Sinaloa lo empujó a prepararse en serio.

Su receta para salir adelante la resume en tres palabras: fe, disciplina y carácter. Primero, poner a Dios; después, la disciplina; por último, el carácter para sostenerse cuando las cosas se complican.

“Yo creo que soy el único de mi familia que ha roto esa inercia de la pobreza”, dijo. “Y que así somos porque Dios así nos quiere tener”.

Sueña con franquiciar el negocio si alguien confía capital en su nombre. Mientras eso llega, hay una cosa que ya no está dispuesto a negociar: “El retroceder no es una opción”.

Kim Kardashian anunció una donación de 50.000 dólares a organizaciones que trabajan con familias separadas por políticas migratorias en la frontera entre Estados Unidos y México.

El aporte se conoció durante una cena benéfica realizada el sábado 29 de agosto en Los Ángeles.

La empresaria de 45 años asistió a la octava edición anual de la gala organizada por This Is About Humanity, evento que reunió a unos 400 invitados en una propiedad de Brentwood.

La velada combinó una subasta en vivo, una cena a cargo de varios chefs y un programa de reconocimientos vinculado a la causa migratoria.

El paletón de Kardashian fue el primero en levantarse cuando se abrió la subasta, con una oferta inicial de 50.000 dólares.

El actor Henry Winkler, conductor de la noche, celebró el gesto desde el escenario: “Kim, eres un ángel en todos los sentidos”, dijo, en declaraciones recogidas por Hola!.

This Is About Humanity es una organización fundada en 2018 que se dedica a familias y niños separados y reunificados en la zona fronteriza.

Fue creada por Zoe Winkler Reinis, hija de Henry Winkler y amiga de infancia de Kardashian, junto a Elsa Marie Collins y Yolanda Selene Walther-Meade.

Los fondos recaudados se destinan al fondo de patrocinio fiscal que la organización mantiene con la International Community Foundation, además de programas del Immigrant Defenders Law Center y de asistencia alimentaria en la frontera.

La entidad también financia servicios legales, apoyo psicológico y proyectos de refugio para las familias afectadas.

Entre sus socios se encuentra Fundación Tijuana Sin Hambre, que prepara más de 3.500 comidas para 33 refugios.

Uno de sus programas de salud mental reportó más de 300 familias atendidas a través de 1.400 sesiones individuales o grupales, con un alcance adicional a miles de niños y adolescentes.

A la cena asistieron también Wilmer Valderrama, Katharine McPhee Foster, Annie Gonzalez y Constance Marie.

El chef Javier Plascencia encabezó la propuesta gastronómica, que incluyó platos de Dominique Crenn y Ray Garcia.

Valderrama, nacido en Venezuela y criado en Estados Unidos, recibió el Premio Humanitario de This Is About Humanity.

Kim Kardashian toma hasta 35 suplementos al día

Kim Kardashian habló recientemente sobre su rutina de bienestar durante el episodio del 19 de mayo del pódcast Good Hang.

La empresaria detalló que consume hasta 35 suplementos diarios, repartidos en tres tomas a lo largo de la jornada.

“Los tomaba tres veces al día y pensé, bueno, ya no puedo seguir con el aceite de pescado, estoy harta de las pastillas, tengo que dejar de tomarlo”, relató Kardashian.

La empresaria agregó que, tras un análisis de sangre, notó que había interrumpido el consumo y debió retomarlo.

La socialité también bromeó sobre el tamaño de algunas cápsulas: “Ojalá pudiera ponerme una vía intravenosa todos los días, me la pondría de camino al trabajo”.

En noviembre de 2025, Kardashian había agradecido públicamente al médico George Shanlikian, a quien atribuyó parte de su enfoque actual en suplementos y seguimiento de salud.

Shanlikian describió que su trabajo con la empresaria abarca terapias de nutrición, biohacking y manejo del envejecimiento.

“Me importa muchísimo verme bien. Probablemente me importa más que al 90 por ciento de la gente de este planeta”, afirmó en una entrevista con la revista Allure en 2022.

Y agregó: “No es fácil cuando eres madre y estás agotada al final del día o estás estudiando, y yo soy todo eso. Suelo hacerme mis tratamientos de belleza tarde por la noche, después de que todos se acuestan, me hago tratamientos láser”.

La socialité, madre de cuatro hijos junto al rapero Kanye West, continúa además su formación para obtener la habilitación como abogada.

“Yo me voy a quedar hasta las últimas consecuencias, todavía tengo mi compromiso con mi madre en El Salvador, tengo que apoyarla mientras estemos con vida, no puedo regresar solo a comer”, afirma Luis, un salvadoreño de 68 años beneficiario del TPS que ve con incertidumbre su futuro y el de su esposa en Estados Unidos.

Luis migró en diciembre de 1999, tras perder su empleo en una agencia bancaria en San Salvador, motivado por la urgencia de sostener a sus hijas pequeñas en El Salvador.

Migró “movido por varias razones. No tenía trabajo, mis niñas estaban chiquitas y no podía de otra forma. Intenté por todos lados y nada”, relató.

Cruzó la frontera a pie y gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2001, pudo acceder a un permiso de trabajo legal con cierta estabilidad.

Desde hace más de dos décadas, Luis ha trabajado en una fábrica de implementos deportivos. “Trabajo en un building, donde se hacen las pelotas de básquet, bates y todo cosa para los deportes. Desde fútbol hasta paracaidismo”, menciona.

Su empleo le ha permitido contar con seguro médico y otros beneficios. “Ya tengo veinte años de ser full time ahí, que llegué como temporal. Tengo veintidós años de estar ahí. Veintitrés voy a cumplir en enero”, mismo empleo que le permitió brindar educación universitaria a sus tres hijos en El Salvador.

El próximo 9 de septiembre, el TPS expirará tras más de dos décadas de vigencia. Este programa, implementado tras los terremotos de 2001 en El Salvador, ha protegido a miles de salvadoreños de la deportación y les ha permitido trabajar legalmente.

La terminación del beneficio no implica deportaciones inmediatas, pero sí la pérdida de derechos laborales y la exposición a la irregularidad migratoria para quienes no han podido regularizar su situación por otras vías.

Luis reconoce que el final del TPS los coloca en un limbo. “Si los papeles se me vencen y no hay para dónde, me toca irme, eso ahí queda. No me gustaría mucho andar escondiéndome y corriendo a cada rato”.

La imposibilidad de acceder a una jubilación agrava su preocupación. “La empresa no da tiempo, sino que el que se jubila, el seguro social le da una cuota mensual, pero siempre y cuando tengas tus papeles activos, no vencidos. Si los tenés vencidos, ese dinero se perdió”.

En casi veintitrés años en suelo estadounidense, Luis no ha reunido los requisitos para otro tipo de residencia. “No, ahí tienes que llenar una serie de requisitos para poder aplicar a otra cosa, como hijos, cónyuge o ser víctima de un delito. Yo no he sido testigo de ningún crimen ni nada, y no tengo hijos aquí tampoco. Entonces, ¿cómo? No lleno ninguno de los requisitos que piden para esto”.

La situación migratoria se ha vuelto más hostil con el paso de los años. “Hoy en la actualidad pues están agarrando al que le ven cara de hispano. Tenga o no tenga papeles, lo levantan. Hay gente que solo porque habla español con otro, por eso te agarran”, narra sobre el ambiente. Luis no tiene claro qué haría si regresa a El Salvador. “Lo que sí sé que voy a llegar a ser estorbo a alguien, porque no sé ni qué voy a hacer allá. Ya con la edad que tengo no me van a dar trabajo en una fábrica”.

A la espera de una decisión administrativa, Luis mantiene la esperanza de que la situación migratoria cambie antes de septiembre. “Si saliera algo, dieran otro tiempo más, pues encantado, seguimos aquí. Pero si no, pues ni modo”.

Aunque Luis pudo brindar estudio a sus hijos y construir una vivienda para su regreso debe asegurarse una forma de seguir su vida.

¿El Salvador esta preparado para el retorno de los tepesianos? En la actualidad se enfrenta un escenario de incertidumbre ante la posible no renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, un programa que ampara a cerca de 180,000 salvadoreños.

La economía nacional, fuertemente dependiente de las remesas familiares, podría recibir un impacto severo si miles de compatriotas retornan de manera forzada y el flujo de divisas disminuye abruptamente.

Ricardo Balmore López, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador (UES), explicó que las remesas son la principal fuente de ingresos y liquidez para el país.

“Casi siempre han representado en promedio el 25% del PIB en nuestro país. Solo en el año 2025 representaron el 27.21%, pero de ahí se han mantenido entre 23.8%, 24.31%, 24.5%, hasta llegar a un promedio del 25.1% desde el año 2020”, detalló.

El experto subrayó que 1 de cada 4 hogares salvadoreños recibe remesas, con un promedio mensual de $450 por familia. De ese monto, el 98.8% se destina al consumo, lo que dinamiza el comercio minorista y sostiene la demanda interna de bienes y servicios.

“Si las remesas familiares disminuyen o dejaran de venir, serían en promedio cerca de $680 millones que la economía dejaría de percibir y la economía podría tener problemas de liquidez”.

Efectos inmediatos de una caída en las remesas

Una reducción abrupta en el flujo de remesas tendría consecuencias directas sobre la liquidez nacional, el consumo y la capacidad de cobertura externa de la economía salvadoreña.

Balmore López advirtió que, ante una caída de estos ingresos, se incrementaría el uso de reservas monetarias internacionales para cubrir importaciones estratégicas, como la factura petrolera.

Además, la disminución de la liquidez afectaría a todos los sectores económicos, no solo a los hogares receptores.

“La cobertura externa está con las importaciones de otros bienes, de materias primas y todo, porque las remesas familiares son una liquidez para la economía, no solo para el hogar que la recibe”.

El retorno masivo de salvadoreños incrementaría la presión sobre el mercado laboral local y podría aumentar la informalidad si los retornados no logran insertarse en empleos formales o emprender negocios que se integren al circuito productivo.

Contexto del TPS y tendencias recientes de las remesas

El TPS, vigente hasta el 9 de septiembre, protege temporalmente a miles de salvadoreños de la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos. La incertidumbre sobre su renovación ha llevado a un aumento temporal en el envío de remesas, que, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), alcanzaron 5,060 millones de dólares en junio, con un crecimiento interanual de 4.53%.

Sin embargo, Balmore López advirtió que “desde el mes de febrero han tenido una tendencia a la disminución. Sí es cierto, el saldo es mayor con respecto al 2025, pero no en la cantidad de 2024 a 2025. 2024-2025 era el 14.02%, incluso llegábamos casi al 18%. Pero ahora resulta que, de ese 18.02% que se visualizaba en los datos, ahora es 4.53%”.

Muchos beneficiarios del TPS y sus familias presentan perfiles académicos y laborales altamente calificados. “Muchos de ellos no van a regresar a El Salvador.

Ellos van a buscar otros mercados. Manejan tres o más idiomas. Los perfiles académicos y de talento tienen otro horizonte”, explicó Balmore López. Se trata de jóvenes con formación universitaria que podrían emigrar a otros países donde su talento sea mejor aprovechado.

Medidas para enfrentar el impacto económico

Balmore López apuntó que el gobierno salvadoreño debería fortalecer la planificación económica y crear portafolios de proyectos productivos en sectores como turismo, manufactura y servicios, así como facilitar líneas de crédito de bajo costo para los retornados que deseen emprender.

También señaló la oportunidad de aprovechar fondos internacionales para proyectos verdes y azules, vinculados a energía renovable y cuidado del mar.

“La clave está en saber que tenemos que tener propuestas de política pública. Porque cuando vengan los hermanos salvadoreños, ellos van a demandar salud y educación mayor y van a demandar también servicios y comida”, concluyó.

El presidente BernardoArévalo defendió la estrategia de Guatemala frente a Estados Unidos al sostener que la relación bilateral combina negociación comercial, cooperación en seguridad y coordinación migratoria, una fórmula con la que el Gobierno buscó preservar el acceso de sus exportaciones al mercado estadounidense y ordenar los retornos de personas enviadas desde ese país.

El resultado más concreto de esa política fue la firma del Acuerdo sobre Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos el 30 de enero de 2026, después de meses de negociaciones iniciadas tras anuncios de nuevos aranceles. Ese entendimiento permitió que 70,4 % de las exportaciones guatemaltecas ingresen a Estados Unidos con arancel de 0 % y que la mayor parte del resto enfrente una tasa del 10 %.

Durante una entrevista con La Diaria Radio, medio uruguayo, Arévalo explicó que su administración optó por una estrategia de negociación y cooperación para proteger los intereses comerciales del país. El mandatario fue consultado sobre cómo Guatemala mantiene una relación económica integrada y estratégica con Estados Unidos pese a no formar parte del denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

En su respuesta, el presidente señaló que la relación bilateral se desarrolló en distintos planos. En seguridad, dijo, Guatemala mantuvo una estrategia de colaboración con Estados Unidos por su posición geográfica y por los desafíos ligados al narcotráfico.

“Independientemente de esa iniciativa nosotros hemos mantenido una estrategia de colaboración en temas de seguridad precisamente por nuestra propia preocupación ante el tema del narcotráfico”, afirmó. En paralelo, agregó, el país construyó una ruta de negociación económica para conservar condiciones favorables para sus exportaciones.

El acuerdo comercial mantuvo el acceso preferencial de los productos guatemaltecos

El proceso comenzó cuando Estados Unidos anunció nuevos aranceles. La ministra de Economía, Gabriela García, inició contactos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y después se planteó una ruta de negociación para recuperar las condiciones de arancel cero que Guatemala tenía bajo el DR-CAFTA.

Arévalo ya había informado en noviembre de 2025 que, tras varios meses de conversaciones, Guatemala había alcanzado un acuerdo para reducir y eliminar los aranceles aplicados a sus exportaciones hacia Estados Unidos. En ese momento precisó que más del 70% de los productos quedarían con arancel cero.

La negociación siguió hasta la firma formal del acuerdo, que suscribieron García y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer. Según explicó el mandatario al medio uruguayo, el nuevo instrumento no sustituye al DR-CAFTA, sino que lo complementa y fortalece.

Los sectores beneficiados incluyen la agroindustria, la manufactura y los textiles. Arévalo resumió el resultado de esa gestión con una frase: “Hemos sido muy prácticos, hemos ido a una discusión sobre hechos concretos y hemos logrado el arreglo que les comento”.

El presidente sostuvo que esa estrategia permitió a Guatemala mantener condiciones favorables de acceso al mercado de su principal socio comercial. Según el Gobierno, la relación con Estados Unidos se articula a partir de una agenda que reúne comercio, inversión y cooperación.

Guatemala recibe retornados y facilita el paso de mexicanos hacia su país

En la misma entrevista, Arévalo explicó que Guatemala cumple una función de tránsito para ciertos flujos migratorios, sobre todo en el caso de ciudadanos mexicanos retornados desde Estados Unidos. El arreglo, según dijo, distingue entre guatemaltecos y centroamericanos recibidos por el país y mexicanos que son trasladados hacia su territorio de origen.

El mandatario señaló que existe una coordinación específica con el Gobierno de México para facilitar ese retorno. “Lo que hemos hecho es establecer con el Gobierno mexicano una coordinación para que, en el caso de que haya retornados ciudadanos mexicanos que son enviados a Guatemala, estos estén en condición de tránsito y lleguen en menos de 24 horas al territorio mexicano”, dijo.

Arévalo remarcó que la función guatemalteca no consiste en impedir el movimiento de los migrantes, sino en facilitar su traslado hacia el país que corresponda. En esa línea, añadió: “Ellos identifican a las personas que están siendo enviados para acá, de manera que en 24 horas están en territorio mexicano y nosotros servimos como un itinerario de tránsito exclusivamente”.

El gobernante insistió en que “no hay ninguna frenada” y presentó el mecanismo como una coordinación entre ambos gobiernos para que los ciudadanos mexicanos enviados desde Estados Unidos a Guatemala continúen directamente hacia México. Para los ciudadanos centroamericanos, añadió, Guatemala también recibe personas retornadas desde territorio estadounidense.

Según Arévalo, los nacionales de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica pueden optar a la nacionalidad guatemalteca bajo determinadas condiciones previstas en la Constitución, debido a los vínculos históricos entre los países que integraron las Provincias Unidas de Centroamérica.

Sobre esa posibilidad, recordó el mensaje oficial a esos ciudadanos: “Dijimos a los nacionales de esos países: si es necesario, pueden retornar vía Guatemala en el camino a sus países”.

El presidente también afirmó que los flujos migratorios que antes atravesaban Centroamérica rumbo a Estados Unidos disminuyeron. “Lo que es muy claro es que los flujos migratorios de los Estados Unidos que existían antes han cesado”, sostuvo.

También indicó que se redujo el número de caravanas provenientes de Centroamérica que transitaban por Honduras y luego ingresaban a Guatemala. Atribuyó esa caída, entre otros factores, a una mayor conciencia sobre las dificultades para entrar en territorio estadounidense bajo las políticas migratorias aplicadas por la administración de Donald Trump.

Honduras prepara una estrategia interinstitucional para recibir a los connacionales que regresen al país, en medio de la incertidumbre migratoria y de denuncias sobre hondureños que estarían siendo trasladados a terceros países bajo acuerdos migratorios. La situación también alcanzaría a personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), según defensores de derechos de los migrantes.

La directora de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Flavia Zamora, informó que el Gobierno trabaja en mecanismos para recibir y atender a los hondureños que regresen al territorio nacional, independientemente de las circunstancias que hayan provocado su retorno.

Uno de los principales mecanismos para articular esta respuesta es el Consejo Nacional de Protección al Migrante, establecido en la Ley de Protección al Hondureño Migrante. En esta instancia participan alrededor de 20 instituciones estatales, además de representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con Zamora, la participación de diferentes actores permite definir una ruta de trabajo para atender las necesidades de las personas retornadas y coordinar acciones relacionadas con su recepción, orientación y reintegración.

Coordinación para el retorno

A este esfuerzo se suma la aplicación de la Ley de Facilitación del Retorno y Protección de los Bienes de las Personas, proceso en el que la Cancillería trabaja junto con la Administración Aduanera de Honduras, el Congreso Nacional, la empresa privada y otras instituciones públicas.

La funcionaria señaló que uno de los objetivos es establecer procedimientos claros que permitan facilitar el retorno de los compatriotas y atender aspectos relacionados con sus pertenencias y otras necesidades derivadas de su regreso al país.

Mientras Honduras prepara esta respuesta, también persiste la preocupación por los compatriotas que permanecen en el extranjero en situación migratoria irregular. Zamora reconoció que el temor a ser detenidos o enfrentar consecuencias migratorias puede hacer que algunos hondureños eviten acercarse a las autoridades o buscar asistencia.

Ante estas circunstancias, la funcionaria instó a los connacionales a acudir a las representaciones consulares de Honduras, donde pueden recibir orientación y asesoría legal de acuerdo con las particularidades de cada caso.

“Cada caso es particular y cada caso puede tener opciones diferentes”, explicó Zamora, al señalar que existen situaciones en las que los migrantes podrían contar con alternativas para iniciar procesos de regularización, dependiendo de sus condiciones y antecedentes migratorios.

Denuncias sobre traslados a terceros países

Por otra parte, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denunciaron la situación de hondureños que estarían siendo enviados a El Salvador bajo el programa denominado Tercero Seguro.

La defensora de los derechos de los migrantes Itsmania Platero denunció que algunos compatriotas trasladados bajo este mecanismo estarían permaneciendo en instalaciones destinadas a personas privadas de libertad. Según sus declaraciones, entre los hondureños enviados se encontrarían personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal.

Platero señaló que varios migrantes habrían sido trasladados a diferentes centros de El Salvador y mencionó específicamente el denominado Alcatraz de los Caimanes, donde, de acuerdo con sus reportes, permanecerían aproximadamente 50 hondureños. También afirmó que otros compatriotas habrían sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

A las denuncias se sumaron llamados para que el Estado hondureño fortalezca su seguimiento a los connacionales que sean trasladados desde Estados Unidos hacia terceros países. La analista en migración Marcela Caro hizo un llamado público al presidente de Honduras, Tito Asfura, para que las autoridades hondureñas mantengan información y seguimiento sobre estos casos.

Caro sostuvo que, cuando un ciudadano hondureño es trasladado a un tercer país, las autoridades consulares deberían conocer su situación, establecer comunicación con el afectado y mantener documentación y seguimiento sobre su caso.

Mientras las denuncias son planteadas por organizaciones y especialistas, la Cancillería mantiene como prioridad la preparación de mecanismos para atender a los hondureños que eventualmente regresen al país. La institución sostiene que la coordinación entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil permitirá establecer una respuesta integral ante las necesidades que puedan surgir.

Advierten de estafas

La Cancillería también emitió una alerta por posibles estafas dirigidas a hondureños que necesitan asistencia migratoria. Según Zamora, personas inescrupulosas estarían aprovechándose de la preocupación de los migrantes y sus familiares para ofrecer supuestos servicios jurídicos o anunciar actividades consulares sin respaldo oficial.

Uno de los casos que genera preocupación son los anuncios relacionados con consulados móviles. La funcionaria aclaró que actualmente la Cancillería no desarrolla este tipo de jornadas y pidió a los compatriotas verificar cualquier información antes de entregar dinero o datos personales.

Para facilitar la comunicación y reducir el riesgo de que los hondureños recurran a intermediarios, la Secretaría de Relaciones Exteriores habilitó diez líneas telefónicas a través de las cuales se puede solicitar información.

En julio de 2026, el sistema de deportaciones aéreas de Estados Unidos alcanzó su mayor volumen desde que comenzó su registro en 2020: 2,159 vuelos de cumplimiento migratorio en un solo mes, de los cuales 329 fueron deportaciones internacionales hacia 37 países. Centroamérica absorbió cerca de un tercio de esas operaciones, según el informe ICE Flight Monitor de julio de 2026, elaborado por Human Rights First.

El dato que define el mes no es solo la escala, sino la velocidad: el 30 de julio se registraron 22 vuelos de deportación en una sola jornada, la cifra más alta en la historia del monitoreo.

Guatemala: el mayor receptor de deportaciones en la región

Con 63 vuelos de deportación en julio, Guatemala se consolidó como el segundo destino más frecuente después de México, que concentró 128 operaciones.

Respecto del mes anterior, el incremento fue del 58%, y frente a julio de 2025, del 17%. En total, 7.035 guatemaltecos fueron deportados durante el mes, un 62% más que en el mismo período del año anterior, de acuerdo con ICE Flight Monitor de julio de 2026, elaborado por Human Rights First.

Guatemala no solo recibe a sus propios nacionales. El presidente Bernardo Arévalo confirmó el 19 de agosto que, en lo que va de 2026, 2,284 mexicanos deportados desde Estados Unidos llegaron al país como escala de tránsito.

“Están llegando en aviones de retornados guatemaltecos y nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito para, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, regresarlos a territorio mexicano en menos de 24 horas”, explicó en conferencia de prensa.

En 2025, Guatemala había recibido apenas 15 mexicanos bajo esta modalidad. El salto en 2026 refleja un cambio de estrategia que organismos de derechos humanos interpretan como una forma de presión sobre Ciudad de México.

“Parece que quieren presionar al gobierno mexicano, no quieren que los mexicanos crucen la frontera”, señaló Savitri Arvey, de Human Rights First, a la agencia AP.

Honduras y los aviones de guerra

El caso de Honduras introduce una dimensión diferente: el uso de aeronaves militares para deportar civiles. En julio, 13 de los 45 vuelos de deportación al país fueron realizados con aviones C-17 Globemaster y C-130J de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tras la reanudación de estos vuelos en junio. Todos partieron desde la base de ICE Air en Harlingen, Texas, con destino a San Pedro Sula.

El 17 de agosto, un avión militar procedente de Fort Lauderdale, Florida, llegó a Honduras con 86 migrantes a bordo, entre ellos 50 hondureños y 36 mexicanos, según informó El Heraldo de Honduras.

Esa misma semana, documentos oficiales hondureños a los que accedió AP confirmaron que el 13 y el 15 de agosto llegaron 82 mexicanos más en dos vuelos separados, con 35 adicionales programados para el 20 de agosto.

Entre mayo y mediados de julio, otros 165 mexicanos fueron enviados a Honduras, de acuerdo con el sitio Third Country Deportation Watch, operado conjuntamente por Human Rights First y Refugees International.

El papel de Costa Rica y Panamá en la red regional

Ambos países operan bajo una lógica distinta: no son destinos primarios de sus propios nacionales, sino nodos dentro de la arquitectura de deportaciones a terceros países.

En julio, Costa Rica recibió cinco vuelos procedentes de Harlingen, Texas, todos con personas que no son costarricenses: 99 en total, bajo un Memorando de Entendimiento firmado en 2026. El país aceptó recibir hasta 25 deportados por semana bajo ese acuerdo, según reveló en febrero un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense titulado At What Cost – Inside the Trump Administration’s Secret Deportation Deals.

Ese mismo documento estimó que Washington destinó al menos USD 32.3 millones a cinco gobiernos extranjeros para que aceptaran migrantes deportados.

Panamá, por su parte, realizó en julio dos vuelos propios financiados por Estados Unidos: uno a Nicaragua con 20 personas y otro a Colombia con 41. Desde agosto de 2024 hasta julio de 2026, el país ejecutó 74 vuelos bajo ese esquema, principalmente hacia Colombia y Ecuador, en paralelo a la caída en los cruces irregulares por el Darién.

Nicaragua y El Salvador: volúmenes menores, misma estructura

El Salvador sumó 18 vuelos de deportación en julio, con salidas principalmente desde Alexandria, Louisiana, lo que eleva el total anual a 101 operaciones, de acuerdo con el mismo documento.

Nicaragua recibió nueve vuelos durante el mismo mes, con origen en Alexandria y Harlingen. Entre enero y marzo de 2026, más de 2,500 nicaragüenses habían sido deportados, según fuentes locales citadas en el informe.

La dimensión legal que los gobiernos evitan nombrar

El sistema descrito por Human Rights First no opera en un vacío jurídico. Amnistía Internacional advirtió en junio que las deportaciones a terceros países violan el principio de non-refoulement del derecho internacional, que prohíbe trasladar a una persona a un país donde corra riesgo de sufrir torturas o tratos inhumanos.

La organización documentó que al menos 30 países firmaron acuerdos con Washington y que, en varios de ellos —Eswatini, Guinea Ecuatorial, Camerún—, los deportados fueron detenidos arbitrariamente sin acceso a representación legal.

Los 1,363 vuelos de traslado interno entre 61 ciudades estadounidenses registrados en julio, cifra sin precedentes desde 2020, completan el cuadro: detrás de cada vuelo internacional hay una red doméstica de detención y redistribución que opera a una escala que ningún mes anterior había alcanzado.

La historia de una joven checa que logró ubicar a su padre cubano después de 36 años sin contacto directo ha captado la atención internacional por la complejidad y las dificultades que enfrentó la familia en su búsqueda. El caso, difundido inicialmente por el medio digital elTOQUE, expone los desafíos de las relaciones personales marcadas por la distancia, el contexto político y las barreras culturales.

El drama familiar comenzó en la década de los ochenta, cuando Leonel González Rodríguez, originario de Camajuaní, Cuba, viajó a la entonces Checoslovaquia por motivos laborales. Durante su estancia, mantuvo una relación con Renata, una ciudadana checa, con quien tuvo una hija: Veronika Nováková. La relación de la pareja enfrentó obstáculos desde el inicio, en particular el rechazo del padre de Renata y los prejuicios raciales de la época.

El propio Leonel relató a elTOQUE que fue testigo de agresiones verbales y físicas hacia otros cubanos en ese país, lo que afectó profundamente su experiencia y la estabilidad familiar.

La hostilidad del entorno llevó a que Renata fuera apartada de su casa y enviada a un internado, mientras Leonel buscaba refugio en viviendas colectivas para hombres. La pareja solo podía verse en circunstancias precarias, y la presión social se sumaba a la dificultad de adaptarse a un país con idioma y costumbres distintas. A pesar de esas condiciones adversas, en la fábrica donde ambos trabajaban, Leonel logró obtener un pequeño espacio para vivir junto a su pareja y su hija, lo que les permitió un breve periodo de tranquilidad.

El colapso del bloque socialista y los cambios políticos en Checoslovaquia forzaron a Leonel a tomar la decisión de regresar a Cuba. El temor a perder sus pertenencias y la insistencia de su madre para que regresara, tras haber afrontado la guerra de Angola y el delicado estado de salud de ella, pesaron en su ánimo. Aunque su intención era llevar a Renata y a Veronika a la isla, la situación se tornó insostenible y el contacto se perdió poco después de su retorno.

En los años siguientes, la familia intentó mantener la comunicación por correspondencia, pero las cartas comenzaron a ser devueltas y las vías de contacto se cerraron por completo. El aislamiento diplomático entre ambos países, sumado a la crisis económica conocida como el Período Especial en Cuba, dificultó aún más cualquier intento de reencuentro. Leonel buscó ayuda en embajadas y dependencias oficiales, pero la falta de recursos y las limitaciones tecnológicas de la época impidieron avanzar.

Mientras tanto, Veronika Nováková, ya adulta y residente en la República Checa, inició una búsqueda persistente para encontrar a su padre. Durante más de tres décadas, utilizó todos los medios a su alcance, aunque la falta de información y los obstáculos idiomáticos ralentizaron cada avance. La divulgación de su historia por elTOQUE marcó un punto de inflexión. En cuestión de horas, Miguel, el hijo cubano de Leonel, logró encontrarla en redes sociales, y el contacto se restableció por primera vez en 36 años.

El impacto emocional fue inmediato en ambas familias. Leonel y sus hijos cubanos, Miguel, iniciaron una comunicación constante con Veronika. La joven checa reconoció una fotografía de su infancia enviada por su nuevo hermano, desde ese momento, intercambiaron mensajes y fotografías. El reencuentro virtual permitió que Veronika descubriera la existencia de una familia cubana que nunca había imaginado, mientras que Leonel se conmovió al saber que su hija había pensado que él la había olvidado.

El proceso de adaptación a la nueva realidad ha sido intenso para todos los involucrados. Veronika ha recibido mensajes de varios familiares cubanos, y la comunicación diaria ha fortalecido los lazos que el tiempo y la distancia habían debilitado. Leonel, quien actualmente vive en Cuba y trabaja como zapatero independiente, continúa tramitando la ciudadanía española con la esperanza de facilitar un encuentro físico con su hija.

El caso refleja las consecuencias de las divisiones políticas y la migración forzada en el seno de las familias. A través de la tecnología y la colaboración de terceros, los protagonistas han logrado superar obstáculos que parecían insalvables. El abrazo aún está pendiente, pero la historia de Veronika Nováková y Leonel González Rodríguez ha permitido restituir una parte esencial de sus vidas al recuperar el contacto perdido durante décadas.

En conversación con Infobae Perú, el autor de Lima, hora cerro analiza las tensiones que persisten en la capital alrededor del racismo, la discriminación y las diferencias entre Lima y las provincias. También cuestiona la manera en que los medios suelen representar la ciudad y reivindica espacios donde la música, las danzas y las tradiciones populares construyen otras formas de identidad. El autor cuenta, además, qué buscó mostrar con su libro y cuáles son los temas que pretende seguir explorando.

En sus crónicas aparecen bailarines, migrantes e incluso cantantes. ¿Qué tienen en común estas historias y cómo describen a la Lima migrante?

Creo que el punto en común es que todos forman parte de una ciudad, pero, al mismo tiempo, conservan la reminiscencia de venir de distintas partes del país. Se apropian de la ciudad y, a la vez, construyen una identidad que no necesariamente es la misma que tuvieron sus padres, abuelos o ancestros.

También tiene que ver con la construcción de una nueva presencia dentro de la urbe, que ha reconfigurado nuestras tradiciones, ritos y cultura.

¿Qué diferencia encontró entre la Lima que se proyecta públicamente y la ciudad que descubrió al acercarse a estos personajes y espacios

No es que haya encontrado algo nuevo o que haya realizado una investigación para descubrirlo; simplemente es la ciudad. Lo que ocurre es que, para utilizar un término académico, se trata de visibilizar.

Durante mucho tiempo entendimos la realidad a partir de los medios de comunicación convencionales. Las redes sociales han democratizado un poco las perspectivas, pero antes existía la idea de que todo lo que aparecía en televisión representaba la realidad. Y no es así.

La televisión, las radios y los medios convencionales no abarcan toda la ciudad. Básicamente, su foco de atención se concentra en dos distritos: Miraflores y Barranco. Sin embargo, Lima es mucho más que eso.

También existe la idea de que las únicas obras de teatro son las que forman parte de un circuito preestablecido, pero tampoco es así. Lo mismo ocurre con los certámenes de belleza. Las reinas no están únicamente en los concursos que aparecen en los medios de comunicación. También están en lugares como el cerro El Pino y en lo que tradicionalmente llamamos “conos”, aunque en realidad hablamos de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur.

Ese es el verdadero entorno de la ciudad. Incluso diría que la minoría, el gueto, es el espacio conformado por Miraflores y Barranco. Lima está integrada por 41 o 42 distritos.

En Lima hubo diferentes olas migratorias. ¿Se puede hablar de Lima sin abordar el tema de las migraciones?

Estamos planteando la migración como si fuera algo ajeno a nosotros, y creo que no es así. Por lo que he podido comprobar en el trabajo periodístico que hemos realizado, la migración tiene mucho más que ver con nosotros de lo que creemos.

Todos tenemos ascendencia provinciana. La Lima limeña, en realidad, creo que no existe. Lo que quedan son vestigios de aquella ciudad de inicios del siglo XX. La migración es permanente y forma parte de todos nosotros.

Por eso, cuando se habla de la “toma de Lima”, se plantea cierta distancia, como si fuera una ciudad que viviera de espaldas a lo que ocurre en el resto del país. No necesariamente es así. Aquí viven nuestros parientes, ahijados, primos y abuelos; también las primeras personas que llegaron a esta ciudad.

No es que no tengamos ningún vínculo con el interior del país. Cuando se habla de una Lima distante o indiferente, no lo veo necesariamente de esa manera, porque esos lazos permanecen y conectan a todos.

Yo diría que basta con subir a una unidad del Metropolitano en hora punta y preguntar quién es netamente limeño. Todos tenemos ascendencia provinciana.

Si todos tenemos ascendencia provinciana, ¿por qué persiste el racismo en Lima, particularmente en determinados sectores de la ciudad?

Entiendo que hay una segregación y discriminación en función de la raza, pero eso no significa que las razas existan como categorías naturales.

Por ejemplo, hace dos décadas, si acudías a una discoteca como Aura, podías ser discriminado a primera vista. Sin embargo, cuando asistes a un festival de danzantes de tijeras, no necesariamente encuentras esa discriminación. Todos participan, comparten y celebran. Allí hay personas de Huancavelica y Ayacucho, incluso de zonas divididas por límites políticos entre Junín y Huancavelica.

Lo mismo puede observarse en festivales taurinos como los de Mamara o el Yahwar Plaza de Puente Piedra. En esos espacios no se percibe necesariamente la misma dinámica de discriminación.

Incluso existen cosos ambulantes que llegan a zonas de la periferia. Si se calcula la cantidad de personas que participan en esas actividades, es muchísimo mayor que la que acude a Acho. También existe un movimiento cultural y comercial mucho más amplio.

En Acho aparecen cuatro o cinco familias que suelen figurar en las revistas de sociales, pero eso no tiene una representatividad colectiva como sociedad o población.

En las últimas elecciones hemos visto una aparente separación entre Lima y las distintas regiones debido a los resultados electorales. Incluso se critica el voto de ciudadanos de Cusco o Puno. ¿Por qué persiste esa división?

No podría decir exactamente por qué existe esa separación. Habría que observar cuáles son las poblaciones más numerosas de Lima: San Juan de Lurigancho, Lima Norte, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador o Puente Piedra.

No necesariamente son poblaciones netamente limeñas; en gran medida descienden de migrantes y mantienen un vínculo permanente con las expresiones culturales del resto del país.

Ni siquiera llamaría a esas zonas “el interior del país”, porque forman parte de la misma realidad. Creo que hay una deformación al interpretar la realidad únicamente desde la política. Por ejemplo, puedes acudir a una fiesta de folclore en la plaza de Armas o en la plaza de Acho donde incluso se realizan pasacalles por el centro de Lima. Eso no suele aparecer en televisión, pero allí las personas ocupan los espacios públicos. Esa sí es una verdadera “toma de Lima”.

En esos encuentros participan personas que bailan y celebran una fiesta de Santiago en la plaza de Acho, sin que exista una división política evidente.

Por eso considero que las afirmaciones según las cuales las provincias exigen determinados resultados o cuestionan a Lima por sus decisiones electorales forman parte, en buena medida, de un discurso mediático. No necesariamente representan las expresiones genuinas de la población.

Lo mismo puede observarse en los jóvenes que ocupan el Paseo de los Héroes Navales durante los fines de semana e incluso desde mitad de semana para bailar saya, caporales, marinera o salsa. Existe un divorcio entre esas expresiones culturales espontáneas y los discursos políticos que aparecen en los medios.

Los medios suelen presentar esas movilizaciones como «movilización popular», pero no necesariamente es así. Muchas de esas personas se apropian de los espacios públicos de manera espontánea y no se sienten identificadas con determinados discursos políticos.

Sería un error interpretar la realidad o los sentimientos populares únicamente a partir de esas divisiones políticas. La gente está mucho más allá de ellas y no creo que exista una identificación generalizada con esos discursos.

¿Por qué todavía se utilizan de forma peyorativa términos como “cholo” y “serrano”, especialmente en contextos relacionados con el racismo y la discriminación?

En el libro, por ejemplo, aparece un profesor que viene de Huas y cuyo apelativo es «el Cholo Quitasueño». No percibo que él se sienta ofendido por ese nombre. Al contrario, existe una razón de orgullo, identidad y reafirmación.

Cuando te desenvuelves en ambientes segregacionistas, como San Isidro, Miraflores o Barranco, quizá encuentres un sentido peyorativo en el uso del término «cholo». Sin embargo, en espacios donde conviven personas serranas, amazónicas y costeñas, no necesariamente se percibe como una expresión discriminatoria.

No estoy diciendo que exista un ambiente completamente libre de conflictos. Lo que ocurre es que, cuando una comunidad reafirma sus tradiciones y herencias, ese poder segregacionista puede resultar inocuo y no percibirse como una agresión.

También existe un racismo que opera en sentido contrario. En determinados entornos de personas mestizas o cobrizas, por ejemplo, se utiliza el término «blanco» o «rosado» para referirse a las clases hegemónicas. Muchas veces eso no se interpreta como racismo.

Lo he visto incluso en ambientes futbolísticos: se habla de «el blanco» y nadie se sorprende. Sin embargo, eso también puede ser una expresión de racismo.

El asunto tiene que ver con las relaciones de poder y con quién ocupa una posición privilegiada frente a otra persona. En un barrio popular, incluso en lugares como Surquillo, Lince o Breña, que alguien te llame «cholo» no necesariamente implica una actitud racista o segregacionista. Incluso puede utilizarse en un contexto festivo.

Para las personas que todavía no han leído Lima Cerro y que conocen el libro únicamente por el título y el resumen de la portada, ¿qué pueden encontrar en sus páginas?

El título es un homenaje a Enrique Congrains. Uno de sus cuentos más famosos es El niño junto al cielo, que narra la historia de un niño provinciano que desciende del cerro y se enfrenta a una ciudad representada como un monstruo de mil cabezas. El personaje es víctima de esa ciudad y termina perdiendo sus diez soles anaranjados.

Lo que intento hacer, al margen del parafraseo del libro de cuentos de Congrains, es mostrar una Lima palpitante, orgullosa, excitante, colorida y exuberante, configurada por los provincianos que llegaron a la ciudad.

Lima es básicamente provinciana. Está representada por grupos como Los Mojarras, Laíta y Los Chapis. Incluso Los Chapis pueden entenderse como una tercera generación de la música tropical.

¿Qué otros proyectos tiene en camino? ¿Está escribiendo una novela u otro libro relacionado con este tema?

Uno siempre quiere publicar. Me gustaría publicar poesía, pero todo depende del tiempo que uno pueda dedicarle a desarrollar un tema.

También me interesa mucho la música tropical andina porque considero que existen varios malentendidos alrededor de ella. Se ha tendido a exotizar una música que es esencialmente urbana.

Por ejemplo, si revisas los programas de los años 80, como Pura chicha, aparecen agrupaciones como Pintura Roja, Muñequita Sally y Princesita Mily. El presentador era Pepito Quechua, pero verlo con poncho no representa necesariamente la naturaleza de esa música.

La tropical andina es urbana. Pintura Roja es de Barrios Altos. Alejandro Zárate tiene ascendencia de Huarochirí, que sigue siendo Lima, pero pasó su infancia y juventud, y desarrolló su formación cultural, en Barrios Altos.

El guitarrista de Los Chapis, Jaime Moreira, es de Independencia. Esa es la diferencia respecto de los antiguos cumbieros o cumbiamberos: él no bebe del rock, como sí lo hicieron sus maestros, sino que aprende de guitarristas que ya estaban vinculados con la música tropical.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó una orden de retención contra el migrante mexicano Edgar Humberto Pérez Hernández, acusado por presunto abuso sexual infantil en el condado de Hillsborough, Florida.

La denuncia fue enviada a las autoridades locales con la finalidad de evitar que fuera puesto en libertad y regresara a su comunidad en Estados Unidos.

México inicia acciones legales por muertes de migrantes a manos del ICE

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció el inicio de una ofensiva legal tras el asesinato de 17 connacionales bajo custodia del ICE.

Esta estrategia busca esclarecer todos los casos de migrantes mexicanos, especialmente de los 14 que perdieron la vida en centros de detención y tres más en operativos de la agencia.

Hasta el momento, se han documentado 58 muertes de personas de distintas nacionalidades en esas instalaciones entre 2025 y 2026.

El canciller Roberto Velasco detalló que México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense exigiendo investigaciones y ha dado acompañamiento legal y humanitario a las familias de las víctimas.

Asimismo, se presentaron denuncias ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención privados.

El país solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos medidas para proteger a las personas mexicanas detenidas por el ICE. Autoridades mexicanas recordaron la importancia de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos en el extranjero y demandaron el esclarecimiento de estos decesos.

Trump deporta mexicanos a Guatemala y Honduras para frenar migración

La administración de Donald Trump ha implementado una política migratoria que consiste en deportar a ciudadanos mexicanos detenidos en EEUU hacia Guatemala y Honduras, en lugar de retornarlos directamente su país de origen.

De acuerdo con un reportaje de CBS News, esta estrategia busca desincentivar nuevos intentos de migración, ya que la distancia adicional dificulta el regreso a territorio estadounidense. Aunque el número exacto de personas afectadas no ha sido revelado, se estima que cientos de connacionales han sido trasladados bajo este mecanismo en los últimos meses.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron que la medida se ha aplicado durante meses, a pesar de que México acepta la repatriación de sus propios ciudadanos. Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su rechazo a que mexicanos sean enviados a terceros países, reafirmando su postura en favor de un retorno seguro y digno a territorio nacional. Esta decisión representa un cambio respecto al procedimiento habitual y podría generar tensiones diplomáticas en la región.

La política estadounidense responde a una estrategia de mayor endurecimiento migratorio y pretende ampliar el número de deportaciones a través de todas las herramientas legales disponibles. Mientras tanto, el Gobierno mexicano mantiene su exigencia de que sus connacionales sean repatriados directamente y bajo condiciones adecuadas.

Este sábado una flota de embarcaciones partirá desde diferentes puertos de la Costa del Sol hacia Ceuta para participar en la “Armada de la Solidaridad”. Se trata de una iniciativa impulsada por ciudadanos que busca trasladar a los ceutíes un mensaje de “cercanía, respeto y apoyo”. Bajo el lema “Unidos por Ceuta, unidos por España”, varias figuras del mundo empresarial y náutico irán llegando al puerto a lo largo de la tarde.

La acción está promovida por Marcos de Quinto (empresario y exdiputado de Ciudadanos), Amalio de Marichalar (consultor y columnista), Francisco Mier del Castillo (físico y exdirector de la Central Nuclear de Garoña), África León (promotora ciudadana), Juan Núñez (promotor ciudadano), Fernando Oltra (presidente del Real Club Náutico de Marbella) y Pedro Rodríguez, el promotor de la idea. La participación está abierta no solo a propietarios de embarcaciones, sino también a clubes náuticos, cofradías, escuelas y cualquier persona vinculada al mundo del mar que desee sumarse.

El objetivo, según Pedro Rodríguez, es “acercar a los compatriotas aquello que nadie puede arrebatar: la solidaridad, el respeto, la admiración y el apoyo”. La Marina de Ceuta, dirigida por Mehdi Amin, ha ofrecido su respaldo a la expedición al facilitar el amarre gratuito de las embarcaciones participantes y colaborar en la coordinación logística de la llegada. Además, se organizará una recepción oficial y una cena de bienvenida para los navegantes y demás participantes, en un gesto que busca favorecer el encuentro y la convivencia entre ciudadanos de ambas orillas del Estrecho.

La convocatoria ha recibido el interés de diversos puertos deportivos, clubes y entidades relacionadas con el mar. Los organizadores subrayan la importancia de la implicación de la sociedad civil para transformar la Armada de la Solidaridad en un referente anual de encuentro y apoyo. No obstante, también ha sido recibida con dudas en redes sociales por usuarios que plantean si es una forma de apoyo efectiva.

Unión entre Ceuta y Andalucía

El espíritu de la travesía va más allá de la presencia física de los barcos en la ciudad autónoma. Los organizadores desean que la iniciativa se consolide como una cita periódica capaz de fortalecer los vínculos entre Ceuta y los puertos andaluces, y de convertirse en una plataforma estable de solidaridad. Además, en su comunicado quieren destacar la intención de convivencia y de diálogo, en un contexto especialmente complejo como es la crisis que está abordando la ciudad autónoma este último mes tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

El lema “Unidos por Ceuta, unidos por España” resume el objetivo de una jornada que, según explican los organizadores, pretende articular, de forma inclusiva y participativa, la solidaridad y el reconocimiento hacia la ciudad autónoma en un momento en el que la atención social y mediática se ha centrado especialmente en el territorio. Los impulsores confían en que esta primera edición marque el inicio de una tradición capaz de congregar a ciudadanos, entidades y navegantes en torno a la defensa de los valores compartidos y el apoyo mutuo.

Este viernes, el Gobierno confirmó que, tras un mes de crisis en Ceuta, recurre a Europa. El Ministerio del Interior confirmó que solicitaba a Frontex y Europol su cooperación para el control de la frontera y para acelerar el triaje. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha informado este sábado que la Unión Europea (UE) ya analiza la petición de España para recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas y de otros organismos europeos en la gestión de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas registrada el pasado mes de julio.

“Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con rapidez”, ha afirmado Brunner en un mensaje difundido a través de redes sociales. El comisario ha señalado que el Ejecutivo comunitario “acoge con satisfacción las medidas adicionales que España ha adoptado en los últimos días para hacer frente a la situación, que sigue siendo complicada”. Además, sostiene que “la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta”.

Refuerzo en Ceuta un mes después

En las últimas horas se han impulsado varias medidas para tratar de solventar una situación que acumula un mes de enfado social. El Gobierno y la ciudad autónoma de Ceuta han alcanzado un acuerdo para habilitar nuevos espacios de acogida que traten deponer fin al caos generado por la llegada masiva de migrantes en julio. La decisión, adoptada en una reunión del mando único presidida por Pedro Sánchez desde La Moncloa, contó con la implicación directa del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y abre la puerta a solucionar la crisis en un plazo de dos a tres semanas.

El plan contempla la apertura de centros de acogida temporal que requieren escaso acondicionamiento, lo que ha permitido iniciar de inmediato la instalación de camas, baños y comedores por parte de equipos de Tragsa. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se comprometió a que estos espacios estén disponibles “con la máxima premura”. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, cifró en 3.800 las personas ya alojadas y anunció la creación de un millar de plazas adicionales durante la próxima semana, con el objetivo de que todos los migrantes cuenten con techo en menos de un mes.

La urgencia para resolver el realojo no es solo humanitaria, sino también operativa, ya que los procedimientos de devolución y asilo requieren espacios seguros y sistemas informáticos protegidos. Sin instalaciones adecuadas, los trámites no pueden comenzar. García recalcó que “sin realojos, no hay nada de lo demás”, y defendió que el Gobierno “nunca va a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos”.

Junto al refuerzo europeo, se han enviado más policías especializados y autorizado la realización de entrevistas por vía telemática. La prioridad del Gobierno es el retorno de adultos marroquíes, con escasas probabilidades de asilo. Según datos oficiales, en Ceuta permanecen unos 5.000 migrantes, aunque la ciudad eleva esa cifra a casi el doble. Unos 1.827 ya ocupan plazas en centros habilitados y 1.500 son menores identificados. El objetivo inmediato es habilitar 2.000 nuevas plazas.

El presidente dominicano, Luis Abinader, y su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah, desarrollarán este fin de semana una agenda oficial que incluye recorridos estratégicos, reuniones bilaterales y la firma de acuerdos entre ambas naciones, según confirmó la Presidencia de la República Dominicana. El programa se extiende durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, con actividades tanto en Santo Domingo como en la zona fronteriza de Dajabón.

De acuerdo con la información oficial, el mandatario hondureño junto a su comitiva llegará este sábado al Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez a las 13:13 (hora local), recibiendo los honores diplomáticos correspondientes. La agenda iniciará con una visita a la Base Aérea de San Isidro, donde ambos jefes de Estado realizaron un recorrido por las instalaciones.

Posteriormente, Abinader y Asfura se trasladarán hacia el muro fronterizo de Dajabón, donde el gobierno dominicano expondrá los sistemas de seguridad y las distintas áreas de esta infraestructura estratégica. “La cooperación en materia de control fronterizo constituye uno de los ejes de la relación bilateral”, remarcó la Presidencia de la República Dominicana en un comunicado oficial.

Firma de acuerdos bilaterales en el Palacio Nacional

Por su parte, el domingo 30 de agosto, las actividades oficiales continuarán en el Palacio Nacional, donde Asfura será recibido por Abinader a las 10:30 (hora local). La ceremonia oficial incluirá el pase de revista militar y la presentación de las delegaciones de ambos países.

Según el cronograma, a las 11:00 (hora local) se llevará a cabo una audiencia privada entre los dos presidentes en el Salón Blanco, seguida por una reunión ampliada entre las delegaciones en el Salón Consejo de Gobierno.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la firma de instrumentos bilaterales en el Salón de Embajadores. Sobre este punto, la Presidencia de la República Dominicana destacó que “la formalización de acuerdos refuerza los lazos de cooperación existentes y abre nuevas vías para el intercambio en materia de seguridad, comercio y desarrollo social”. Tras la firma, los jefes de Estado ofrecerán una intervención ante los medios de comunicación para informar sobre los resultados de la visita y los compromisos alcanzados.

De igual manera, como parte del protocolo, el máximo mandatario dominicano brindará un almuerzo oficial en honor de su par hondureño y la delegación visitante. En el cierre de la agenda, el mandatario hondureño junto a su comitiva se trasladará al Altar de la Patria para depositar una ofrenda floral, en un gesto que simboliza el respeto a los símbolos nacionales dominicanos y la voluntad de fortalecer los lazos entre ambas naciones.

previo al desarrollo de las actividades, los países han resaltado la importancia de promover el diálogo político y la cooperación bilateral, en especial ante los retos compartidos en materia de migración, comercio y seguridad.

La visita oficial de Nasry Asfura al país caribeño se enmarca en una agenda de acercamiento diplomático en la región, que busca potenciar la colaboración en distintos ámbitos y consolidar una agenda común para el desarrollo.

Alex Jesús Gonzáles Beria, migrante cubano de 23 años, fue hallado muerto la mañana del 27 de agosto bajo dos contenedores de 40 pies en un recinto de almacenamiento de la empresa Muneshwers, ubicado en Houston Road, East Bank Demerara, Guyana. El joven trabajaba como obrero para una compañía constructora contratada por Muneshwers, de acuerdo con información de la Policía guyanesa citada por Cubanet.

Según la investigación policial, el accidente habría ocurrido entre las 2:36 y las 4:00 de la tarde del 26 de agosto, durante trabajos de relleno realizados en el lote W9 de Houston Road. Un operario filipino de 43 años declaró que utilizó maquinaria para manipular contenedores vacíos y colocó dos estructuras en el área occidental del recinto, asegurando que no detectó la presencia de personas en la zona.

El hallazgo del cuerpo de Gonzáles Beria ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana del jueves, cuando varios empleados dieron la alerta tras descubrirlo inmóvil y con múltiples lesiones bajo los contenedores. Cerca del cuerpo se hallaron unas botas largas y un casco de seguridad amarillo. Técnicos de emergencias médicas y un médico del Georgetown Public Hospital Corporation llegaron al lugar y constataron el fallecimiento del joven. La Policía procesó la escena y trasladó el cadáver a la funeraria Memorial Gardens, donde permanece a la espera de una autopsia, mientras se mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias del hecho.

Cubanet, citando a News Source Guyana, señala que Gonzáles Beria residía en Canal No. 1, en West Bank Demerara, y trabajaba en el sector de la construcción. Un responsable de seguridad de Muneshwers evitó hacer comentarios, mientras familiares y amigos del joven acudieron al recinto en busca de respuestas. Inicialmente, se barajó la hipótesis de que el cubano habría estado durmiendo en un espacio del recinto cuando se colocaron los contenedores, aunque la Policía no confirmó esta versión y mantiene bajo investigación las causas exactas del accidente.

La muerte de Gonzáles Beria ocurre en un contexto de creciente presencia cubana en Guyana. De acuerdo con Yordan Gil, vicepresidente de Cuba-Guyana Community, en octubre de 2025 se estimaba que entre 5,000 y 6,000 cubanos residían en el país sudamericano. Muchos de ellos, según Gil, se desempeñan en sectores como la construcción, el comercio y la comida rápida, ante las dificultades para regularizar sus títulos profesionales y acceder a la residencia. Gil manifestó que la comunidad ha formado redes de apoyo para ayudar a compatriotas con trámites migratorios y legales, reuniendo a unos 5,000 miembros en un grupo de WhatsApp.

Las autoridades guyanesas informaron en marzo de 2026 que, durante 2025, más de 12,000 trabajadores migrantes fueron registrados y contaban con permisos laborales. El ministro de Trabajo, Keoma Griffith, atribuyó este aumento a la expansión económica del país, especialmente en petróleo, construcción y servicios. Griffith subrayó la necesidad de cumplir con protocolos de salud y seguridad tras reportar 13 muertes y 64 incidentes no mortales en lugares de trabajo entre enero y abril de 2026, calificando la cifra de inaceptable.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, exhortó a que los cubanos accedan al mercado laboral por vías legales y cumpliendo los requisitos migratorios, ya que los pasaportes ordinarios requieren visa para ingresar al país. Guyana también se ha consolidado como punto de tránsito para migrantes cubanos que buscan llegar a Brasil, con rescates recientes de migrantes en la frontera por parte de la Policía Federal brasileña.

El fallecimiento de Gonzáles Beria se suma a otra muerte laboral de un cubano en Guyana ocurrida en julio, cuando un trabajador de 25 años perdió la vida tras un accidente en una obra en Providence. Ambos casos reflejan la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en un entorno donde la demanda de mano de obra extranjera crece aceleradamente y los controles de seguridad laboral resultan insuficientes, según la recopilación de datos y testimonios publicada por Cubanet.

La tensión que reina en Ceuta tras casi un mes desde que cerca de 70.000 personas cruzaron la frontera de la ciudad autónoma ha dado este viernes una tregua después de varios días marcados por episodios de violencia. Este jueves un grupo de ciudadanos intentó impedir el reparto diario de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín, donde los antidisturbios de vieron obligados a intervenir. Los hechos provocaron que tanto el Gobierno central como el de la región y hasta el Partido Popular -que lidera en la región desde hace 25 años- hayan llamado a la calma. “Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de todos y de Ceuta”, dijo su presidente, Juan Jesús Vivas.

De la misma manera, el miércoles tuvo lugar una marcha para denunciar la “inacción del Gobierno”, que terminó con un grupo de una 200 personas desviadas hacia dicha playa donde se encontraban los migrantes y con disparos disuasorios por parte de la policía. Este viernes, centenares de personas han vuelto a salir a las calles de Ceuta para protestar por la entrada masiva de migrantes. Pero en esta ocasión, y como han reportado Europa Press y EFE, la jornada ha sido “pacífica” con dos manifestaciones que han tenido lugar en diferentes puntos de la ciudad.

Bajo los gritos de “Invasores, expulsión” y “¡Ceuta, Ceuta!”, y portando numerosas banderas de España, la marcha convocada por Ceuta Unida y el colectivo Varela, ha arrancado sobre las 19.30 horas desde el puente del Cristo y ha recorrido diferentes barriadas de la ciudad autónoma. El objetivo de los convocantes era que los vecinos pudieran incorporarse progresivamente hasta formar una única movilización con destino a las playas del Trampolín y Benítez, donde se han venido produciendo los altercados y donde todavía permanecen migrantes llegados durante finales de julio.

Sin embargo, ha sido frente a la Delegación del Gobierno, en la plaza de los Reyes, donde se ha producido la imagen del armisticio. Como ha recogido Europa Press, más de un centenar de ceutíes han acudido hasta allí con claveles en las manos para expresar su rechazo a la gestión del Ejecutivo y, al mismo tiempo, marcar distancias con los episodios de violencia registrados durante las últimas jornadas. Los asistentes han terminado lanzando las flores a las puertas del edificio.

“Sin violencia, sin odio, sin racismo” ha sido el lema elegido para una concentración que, según sus impulsores, ha reunido a cristianos, musulmanes, judíos e hindúes bajo una misma reivindicación: “Nuestra tierra, nuestra seguridad y nuestro futuro”. Los manifestantes han asegurado sentirse “abandonados” por el delegado del Gobierno y han calificado de “violentos” a los grupos que protagonizaron los incidentes del jueves en la playa de Benítez.

Una convocatoria que pedía “desesperar” a los migrantes

Pese al carácter pacífico con el que finalmente se ha desarrollado la jornada, algunos de los mensajes difundidos previamente para movilizar a los vecinos empleaban un tono mucho más contundente. Ceuta Unida había pedido expresamente evitar “agresiones” y “enfrentamientos” y dejar cualquier incidente en manos de la Policía, pero al mismo tiempo instaba a prolongar la presión sobre los migrantes. “Hay que desesperarlos, que sean ellos los que atacan para que la Policía, con el uso gradual de la fuerza, pueda defendernos y estar de nuestro lado. Un asedio de muchas horas hará que se desesperen”, señalaba uno de los mensajes difundidos para la convocatoria.

Tras el lanzamiento de los claveles, los participantes congregados frente a la Delegación del Gobierno han comenzado a marchar por la ciudad con la intención de encontrarse con la otra movilización y continuar el recorrido hasta la playa de Benítez.

Noticia en ampliación

*Con información de Europa Press y EFE

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a fortalecer los vínculos con los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y pidió unidad en el marco del concurso México Canta, que busca fortalecer las raíces mexicanas en jóvenes que radican en el extranjero.

Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, la mandataria subrayó que no se debe confundir la aplicación de leyes migratorias con el racismo o la discriminación hacia las y los mexicanos que viven en el país vecino.

Relación entre México y Estados Unidos: migración, racismo y vínculos familiares

Sheinbaum explicó que existe “algo muy especial” en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en las experiencias de los migrantes y sus familias. La presidenta sostuvo que, aunque todos los países cuentan con reglas migratorias, esto “no significa que eso se traduzca en racismo, en ver menos a las y los mexicanos, porque el trabajo que hacen allá es muy importante para nuestras familias, pero también para la economía de Estados Unidos”.

La mandataria reconoció que las acciones recientes de ICE han sido dolorosas y violatorias de derechos humanos, y aseguró que para el gobierno mexicano es motivo de orgullo la presencia de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. “La reivindicación de nuestras paisanas y paisanos es muy importante en este momento y el vínculo que queremos que siempre tengan con su país”, afirmó.

Inclusión de artistas mexicanos en el extranjero en concursos culturales

La presidenta destacó que muchos migrantes han mantenido la lengua, la música y la identidad mexicana, aún después de varias generaciones en el extranjero. “Allá hay muchos grupos mexicanos. Los Tigres del Norte se hicieron allá, porque allá los escuchan, y muchos otros grupos se han hecho allá, y son grupos que han ido a tocar a la Casa Blanca con distintos presidentes”, mencionó.

Además, Sheinbaum resaltó que existe un reconocimiento especial para las y los jóvenes de origen mexicano, muchos de ellos con doble nacionalidad y descendientes de personas que migraron hace décadas: “Nacieron en Estados Unidos por segunda, tercera generación, pero decidieron también, porque así lo permiten las leyes mexicanas, ser mexicanos también”.

En respuesta a la propuesta de ampliar el certamen “México Canta” a mexicanos residentes en otras regiones del mundo, la presidenta señaló que “pueden participar si viven en otros lados del mundo, pero ese en particular (Estados Unidos) es un vínculo muy importante”. Subrayó que la hermandad y el reconocimiento hacia quienes han migrado son una prioridad para su administración, especialmente para que las nuevas generaciones mantengan un lazo sólido con México.

Ernestina “Tina” Pavlovsky, una argentina de 33 años que reside desde hace 13 años en Aspen, en el estado norteamericano de Colorado, permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, tras haber sido arrestada el 1 de agosto en el aeropuerto internacional de Miami, cuando intentaba regresar a su hogar luego de un reencuentro familiar en Florida.

Pavlovsky vivía en Aspen junto a su pareja, el estadounidense Cody Kosinski. Según relató Kosinski a Aspen Daily News, la detención se produjo de forma sorpresiva, en un episodio que definió como traumático. La rodearon agentes de civil en una puerta de embarque, mientras se disponía a regresar a Aspen.

Tras reducirla y ponerla bajo custodia, la fuerza antimigración trasladaron primero al centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida. Posteriormente, fue enviada al Centro de Transición de Broward.

A la personal trainer luego la embarcaron en un avión rumbo al Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas. Allí permanece, a la espera de una audiencia judicial el 1 de septiembre.

Su entorno la describe como una persona acogedora, genuina y generosa. Tina, además, es aficionada al esquí y el snowboard, apasionada por el cine y devota de su perro Moksha.

Kosinski la definió como alguien “amigable con cualquier persona que se cruza y tiene una risa que puede alegrar a cualquiera. “Es magnética. Es como el sol. Entra a un lugar y todo el lugar se ilumina”, señaló Lee.

Pavlovsky ingresó a Estados Unidos con una visa de turista, pero su proceso de regularización migratoria quedó inconcluso tras un divorcio. No posee antecedentes penales y cuenta con el respaldo de un importante número de vecinos de Aspen, que reunieron cerca de USD 50.000 mediante una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos de su defensa legal.

A pesar de esos esfuerzos, un juez le denegó la libertad bajo fianza por considerar falta de vínculos suficientes con el país, lo que fue considerado como un mayor riesgo de fuga.

Al momento de su arresto, Pavlovsky y Kosinski planeaban casarse y el inicio del proceso migratorio. No había visitado Argentina en años por temor a que no se le permitiera regresar a Estados Unidos. Su entorno recalca que no se ocultaba, sino que la tramitación de su estatus migratorio solo estaba pendiente.

La tarde del jueves fue de tensión en Ceuta. Cerca de 200 personas de la localidad bloquearon durante más de dos horas el acceso de un convoy de Cruz Roja a la playa de El Trampolín, donde miles de migrantes acuden cada día a recoger alimentos, en la primera protesta de este tipo desde la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio. El bloqueo se ha levantado finalmente tras la intervención policial, pero el episodio revela el nivel de tensión acumulada en la ciudad.

El convoy estaba compuesto por un camión de emergencias, cuatro ambulancias y dos furgones de escolta policial. Los manifestantes se sentaron en medio de la avenida al grito de “la Cruz Roja es una mafia” para impedir su avance. Como ha contado este jueves la Agencia EFE, los concentrados, muchos de ellos portando banderas de España y de Ceuta, han coreado consignas como “De esta carretera no nos moverán” y han expresado su malestar por la prolongación de una situación que, según han denunciado, está condicionando la vida cotidiana de los vecinos y generando un creciente sentimiento de inseguridad.

“Necesitamos retomar nuestra rutina, que nuestros hijos salgan. Necesitamos nuestra Ceuta como antes”, ha manifestado una de las participantes, quien ha asegurado que muchas familias viven con “miedo” y “ansiedad”, aunque ha reconocido que ella no ha sufrido ningún incidente.

El reparto de alimentos ya había sido interrumpido el día anterior por motivos de seguridad. Este jueves también fue restablecido, aunque con retraso y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El asentamiento de El Trampolín concentra a migrantes llegados durante la entrada masiva de finales de julio, pero el punto de reparto también recibe a personas que acuden desde los cerros y otros puntos de la ciudad.

Mientras el Gobierno admite que el problema irá para largo —“afirmar que todos pueden ser devueltos sin su voluntad, de la noche a la mañana, es falso, es una imprudencia, es una temeridad, es una mentira; y quien lo afirma sabe que eso no es posible”, ha dicho este jueves el ministro de Política Territorial y ‘mando único’ en Ceuta, Ángel Víctor Torres—, los ceutíes expresan su hartazgo. “Aquí hay mucha gente de Ceuta pasando necesidad”, asegura a EFE otra de las manifestantes.

28 días de crisis y un Congreso que busca respuestas

La protesta se produce cuando se cumplen 28 días de la entrada masiva, una crisis que mantiene a Ceuta bajo una tensión social sin precedentes recientes y que este jueves llegó también al Congreso de los Diputados.

El ministro para la Política Territorial, Ángel Víctor Torres, compareció por primera vez como autoridad funcional del mando único. El PP le exigió un “plan” con “objetivos, responsables, medios y fechas”. Torres calificó de “mentira” afirmar que todos los migrantes pueden ser devueltos “de la noche a la mañana” y prometió “absoluta transparencia”. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, negó que el Ejecutivo tuviera información previa sobre “la magnitud de la entrada de 70.000 personas” y atribuyó la crisis a “la tergiversación en las redes sociales” de la sentencia del Tribunal Supremo.

Las comparecencias en el Congreso continuarán este viernes con las intervenciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Altercados en la playa de Benítez

En otro lugar de la ciudad, en la playa de Benítez, se han producido altercados que se han saldado con cargas policiales, después de que un grupo de personas entrara en los asentamientos de migrantes que pernoctan en la zona y causara destrozos.

Estos manifestantes extendieron una bandera de España gigante y con ella, junto con otros vecinos que se han unido en este punto de otras manifestaciones, se dirigen a la playa del Trampolín, donde se realizan los repartos de comida por parte de Cruz Roja Española.

Ceuta acapara el foco mediático desde hace casi un mes. Es inevitable. El Gobierno de Pedro Sánchez intenta explicar cómo 80.000 migrantes pudieron cruzar la frontera en dos días (con contradicciones entre ministros) y analiza si hubo fallos a la hora de prevenir la crisis, los medios y la oposición se centran en cómo está gestionando la expulsión de los que cruzaron irregularmente, cómo está intentando evitar una posible crisis sanitaria y qué medidas va a tomar para que todo esto no se vuelva a repetir. Mientras tanto, Europa avisa. “El incidente de Ceuta pone de relieve las persistentes presiones migratorias en Marruecos”, señala el último informe de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). Pero hay otra ruta migratoria irregular que está creciendo poco a poco: la argelina.

“Se prevé que las llegadas a través del corredor argelino-español aumenten ligeramente a corto plazo, aunque el restablecimiento a largo plazo de las relaciones diplomáticas y económicas entre España y Argelia debería limitar este flujo. Sin una mayor vigilancia fronteriza y unos retornos efectivos, el corredor argelino-español sigue siendo muy atractivo para las redes de tráfico ilegal”, señala el texto al que ha tenido acceso Infobae, fechado el pasado 25 de agosto. Los datos que maneja Frontex revelan que el aumento interanual de llegadas por mar en la ruta del Mediterráneo Oeste (2.897 personas en julio de 2026 frente a 1.455 en julio de 2025) “se debió principalmente a un incremento de las salidas desde Argelia hacia las Islas Baleares”.

Es decir, de los 2.897 migrantes que llegaron por esta zona a Europa, 2.348 (el 81%) salieron desde Argelia. De estos, 1.177 llegaron a las Islas Baleares y 1.171 a la Península Ibérica. “También contribuyó, aunque en menor medida (424 llegadas), un repentino aumento en la frontera marítima entre Marruecos y Ceuta, probablemente provocado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo español, según la cual los migrantes que llegan por mar (ya sea a nado o en embarcación) a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos sumariamente a Marruecos”, explica Frontex, que obviamente todavía no contabiliza en las estadísticas de este último informe la avalancha que se produjo en Ceuta los dos últimos días de julio.

Esta tendencia al alza desde Argelia hacia España coincide con el aumento de las cifras en la ruta del Mediterráneo Central, impulsadas principalmente por ciudadanos argelinos, señalan desde Frontex. “Esta tendencia persiste debido a las dificultades socioeconómicas, las limitadas perspectivas en el país y la inestabilidad regional, y se ve respaldada por redes locales de tráfico de personas resistentes y fiables”. Después de los argelinos, que representaron el 40% de los migrantes interceptados en julio, los marroquíes constituyeron el 1% en esta ruta, mientras que los nacionales subsaharianos y asiáticos sumaron el 3%. Se desconoce la nacionalidad del 56% restante. El Ministerio del Interior ha tenido que licitar este verano cuatro contratos de emergencia para obtener “suministros y servicios necesarios para atender el incremento de la llegada de migrantes a las costas de las Islas Baleares”, valorados en 2,37 millones de euros.

Argelia, recomposición de relaciones

Sánchez visitó Argelia a finales de julio para pactar un aumento del suministro de gas y culminar la superación de la crisis diplomática bilateral que se abrió en marzo de 2022, después de que España rompiera a favor de Marruecos su tradicional neutralidad en el conflicto del Sáhara. Marruecos y Argelia son rivales geopolíticos. Argelia es el mayor suministrador gasista de España (en torno al 33% de las compras totales) y España el segundo cliente del gas argelino, tras Italia. El proceso de reconciliación entre España y Argelia ha sido lento, un proceso de recomposición de buenas relaciones que ha ido acompañado, en cambio, por un aumento de la inmigración procedente de las costas argelinas.

Los datos que tiene el Ministerio del Interior son que, entre el 1 de enero y el 15 de agosto, llegaron a las costas baleares 4.433 migrantes, un 2,5% más que en el mismo periodo de 2025. En todo 2025 llegaron 7.321 personas a Baleares, un 24,5% más que los 5.882 que llegaron en 2024. La tendencia al alza desde Argelia hacia España se empezó a notar en 2023 y coincide con el aumento de las cifras en otra ruta del Mediterráneo, la Central, impulsadas principalmente por ciudadanos argelinos. En julio de 2026, Argelia dio pasos significativos para restablecer las relaciones con socios regionales y europeos clave.

El 11 de julio, Argelia y Malí acordaron restablecer las relaciones diplomáticas mediante el regreso de los embajadores y la reapertura de su espacio aéreo tras más de un año de tensiones. El 20 de julio, Pedro Sánchez se reunió con el presidente Abdelmadjid Tebboune en Argel para relanzar la cooperación política, económica y energética tras años de relaciones tensas en torno al Sáhara Occidental. “Ambas partes acordaron asimismo reforzar el diálogo sobre migración y lucha contra el terrorismo, y celebrar en octubre su primera reunión de alto nivel desde 2018″, señala el informe de Frontex.

En conjunto, estos acontecimientos reflejan el renovado compromiso diplomático de Argelia y refuerzan su papel como actor estratégico en el Sahel y el Mediterráneo occidental. “Se espera que la mejora de la cooperación contribuya a la estabilidad regional, la seguridad fronteriza, la conectividad energética y la gestión de la migración”. Y es que Frontex afirma que Argelia es clave para gestionar la migración que une el Sahel con el norte de África. “Una mayor cooperación podría mejorar el intercambio de información de inteligencia, la vigilancia fronteriza y la lucha contra las redes de tráfico ilícito, sobre todo teniendo en cuenta que Argelia sigue siendo el principal punto de partida de la ruta del Mediterráneo occidental”.

Frontex va un paso más allá en su análisis y añade un componente económico al contexto geopolítico. “La creciente relevancia geopolítica de Argelia podría afectar al equilibrio regional con Marruecos, sobre todo teniendo en cuenta su disputa por el Sáhara Occidental”. Esta competencia entre dos vecinos como Marruecos y Argelia se extiende también a la conectividad energética: el gasoducto transahariano (TSGP), que une Nigeria con Europa a través de Níger y Argelia. Este compite estratégicamente con el gasoducto africano atlántico Nigeria-Marruecos, que discurriría a lo largo de la costa de África occidental.

Ambos proyectos pretenden configurar la integración regional y el acceso a los mercados energéticos europeos, lo que refuerza la competencia más amplia entre Argel y Rabat por la influencia geopolítica. “En esta situación, el papel central de Marruecos en el control de la migración hacia España proporciona a Rabat una potencial ventaja geopolítica. Los cambios en el nivel de control fronterizo o en la cooperación en materia de migración podrían, por lo tanto, utilizarse para manifestar insatisfacción política y contrarrestar la creciente influencia regional de Argelia”. La agencia europea deja entrever que la última crisis migratoria de Ceuta podría ser una especie de advertencia de Marruecos dentro del juego de tronos en el sector energético. Dos rivales compitiendo por transportar gas a Europa. Y en esa batalla, el control de los flujos migratorios.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum que México impida que más personas migrantes, principalmente mexicanos, crucen de manera irregular la frontera, de acuerdo con un reporte publicado este jueves por Bloomberg.

El mensaje habría sido transmitido por el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, al canciller mexicano Roberto Velasco, durante el encuentro privado que ambos funcionarios sostuvieron el miércoles 26 de agosto en Washington, según personas familiarizadas con la conversación citadas por el medio.

La exigencia surge después de que las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos alcanzaran en julio su nivel más alto desde el comienzo del segundo mandato de Trump. Sin embargo, los cruces irregulares continúan muy por debajo de las cifras registradas durante años anteriores.

¿Qué está exigiendo Donald Trump al Gobierno de Sheinbaum?

Según Bloomberg, el llamado de EEUU es encabezado por Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y uno de los principales promotores de la política migratoria restrictiva de Trump.

La principal demanda sería que el Gobierno mexicano despliegue mayores esfuerzos para interceptar a las personas que intentan llegar a Estados Unidos sin documentos, incluso cuando se trate de ciudadanos mexicanos.

La solicitud representaría una nueva presión sobre Sheinbaum, pues México ha colaborado en el control del tránsito de migrantes extranjeros por su territorio, pero impedir que sus propios ciudadanos abandonen el país implicaría dificultades políticas, jurídicas y operativas.

En México, el derecho a entrar y salir del territorio nacional está reconocido en el artículo 11 de la Constitución. Por esta razón, las autoridades pueden combatir delitos vinculados con el tráfico de personas o advertir sobre los riesgos de cruzar la frontera, pero no detener arbitrariamente a una persona únicamente por su intención de viajar.

El reclamo estadounidense también ocurre en medio de un repunte mensual de los encuentros fronterizos. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), retomados por medios internacionales, indican que durante julio se registraron alrededor de 33 800 detenciones en la frontera con México, el máximo mensual desde febrero de 2025.

Pese al aumento reciente, la cifra permanece lejos de los niveles observados anteriormente. En diciembre de 2024, por ejemplo, los encuentros mensuales llegaron a aproximadamente 370 mil.

Marco Rubio pidió “acciones decisivas” contra la migración irregular

Tras la reunión, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Rubio solicitó “acciones decisivas” para atender tres asuntos considerados prioritarios por Washington:

• Poner fin a la migración irregular hacia Estados Unidos.
• Detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.
• Desmantelar a los cárteles y las organizaciones designadas como terroristas, además de privarlas de armas.

El comunicado oficial no especificó qué medidas concretas espera Washington que adopte México. Tampoco mencionó expresamente una petición para impedir la salida de ciudadanos mexicanos; ese señalamiento procede de las fuentes anónimas consultadas por Bloomberg.

La versión difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso el acento en otros aspectos del encuentro. La dependencia destacó los avances bilaterales en seguridad, particularmente en el combate al tráfico de drogas y armas y contra la delincuencia organizada transnacional.

La Cancillería agregó que Velasco insistió en mantener una colaboración basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la coordinación “sin subordinación”.

Asimismo, las autoridades mexicanas señalaron que durante la reunión se revisaron los avances para reducir la migración irregular y se abordó la protección de los derechos humanos de los mexicanos sometidos a procedimientos migratorios en Estados Unidos.

México y Estados Unidos muestran prioridades distintas

Los posicionamientos difundidos después del encuentro reflejan diferencias entre ambos gobiernos. Mientras Washington sostiene que México debe intensificar las acciones contra la migración y el tráfico de drogas, la administración de Sheinbaum destaca los resultados alcanzados y reclama corresponsabilidad.

El Gobierno mexicano también ha endurecido sus críticas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de las muertes de ciudadanos mexicanos durante redadas o mientras permanecían en centros de detención.

Sheinbaum ha señalado que su administración buscará una relación de cooperación con Estados Unidos, pero mantendrá como límites la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la no injerencia.

La presión migratoria se incorpora a una agenda bilateral marcada por las negociaciones comerciales, el combate al fentanilo, el tráfico de armas y las exigencias estadounidenses contra los cárteles. Aunque ambos gobiernos aseguran que mantienen abiertos los canales de comunicación, las versiones divergentes sobre la reunión muestran que persisten desacuerdos respecto a las responsabilidades de cada país.

Tenía un año en Cancún. Había mandado a buscar a su familia porque, según sus propias palabras, la vida en Cuba”ya no es vida". El 20 de agosto, Leobel Ricardo Oviedo supo que su esposa había sobrevivido y que sus hijos gemelos, Leosdel y Leosniel, de dos años, no.

Los niños murieron entre el 18 y el 19 de agosto a la deriva en el Caribe, a bordo de una balsa sin motor y sin agua, según reportaron varios medios mexicanos.

Sus cuerpos, según versiones aún sin confirmación oficial, habrían sido arrojados al mar ante la presencia de tiburones. Cuando la Secretaría de Marina de México encontró la embarcación al día siguiente, frente a las costas de Progreso, Yucatán, los gemelos ya no estaban.

Su madre, Yusimy Garrobo Leiva, de 35 años, llegó a tierra. Tuvo que contarle a su esposo lo que había pasado.

Los nueve días a la deriva que mataron a los gemelos cubanos

La balsa había zarpado el 11 de agosto desde Pinar del Río con 19 personas a bordo, entre ellas siete menores de edad, según informó Proceso, revista mexicana.

El motor falló poco después de la partida. Sin combustible, los ocupantes improvisaron velas, pero la travesía que debía durar horas se convirtió en nueve días bajo el sol del Caribe.

La deshidratación y la falta de alimentos golpearon primero a los más vulnerables. Las autoridades mexicanas investigan aún la causa exacta de la muerte de los gemelos.

El paradero de sus restos, junto con el de otras dos personas que tampoco estaban en la balsa al momento del rescate, permanece sin esclarecer.

Las súplicas en redes sociales mientras la balsa derivaba sin señal

Desde el 11 de agosto, las familias de los migrantes no recibieron ninguna señal. La desesperación se volcó en redes sociales, donde allegados pedían a las autoridades mexicanas que buscaran la embarcación.

Entre quienes alzaron la voz estaba la madre de Naomi Álvarez Ramírez, una joven de 21 años originaria de Camagüey que también iba a bordo.

Un día antes del rescate escribió: “Que esa búsqueda sea lo más rápido posible, se lo suplico a ese estado de México, se lo pido de forma humana, que hagan algo”.

Naomi sobrevivió. El 20 de agosto, la embarcación Defender, de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Yucalpetén, encontró la balsa al noreste de Progreso. A bordo había 16 personas: 12 adultos y cuatro menores. Tres de las 19 que habían partido no estaban.

El corredor marítimo entre Cuba y Yucatán, una de las rutas más letales del hemisferio

Lo ocurrido con los gemelos no es un caso aislado. En octubre de 2025, un grupo de 22 cubanos desembarcó en las playas de Celestún tras 22 días de naufragio, la última semana sin agua ni alimentos.

Fueron los pescadores locales quienes los rescataron y los protegieron cuando la policía municipal intentó arrestarlos.

Entre 2020 y marzo de 2024 se registraron más de mil incidentes en los que murió o desapareció al menos una persona migrante en esa zona, y el 27% involucró a cubanos.

En los casos en que se pudo determinar la causa, el ahogamiento representó el 64%.

La crisis que empuja a familias cubanas enteras al mar en 2026

Desde enero de 2026, Estados Unidos impuso un bloqueo de facto al suministro de combustible a Cuba, según informó DW, medio alemán.

La medida agravó una crisis energética que ya provocaba apagones prolongados en la isla, que tiene 9.4 millones de habitantes. Quienes no intentan cruzar el mar buscan otras salidas.

En agosto de 2026, entre 20,000 y 25,000 cubanos permanecían varados en Tapachula, Chiapas, a la espera de una resolución migratoria, según estimaciones de Univisión, cadena estadounidense en español, recogidas por CiberCuba.

Muchos llevan más de un año sin respuesta. Yusimy eligió el mar. Quería que sus hijos crecieran en otro lugar. Leosdel y Leosniel nunca llegaron.

El ministro de Política Territorial y ‘mando único’ en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este jueves en el Congreso a petición propia -después de que el ministro Félix Bolaños- para rendir cuentas sobre la gestión en Ceuta casi un mes después de la entrada de más de 70.000 migrantes a la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio. El líder de la gestión, nombrado este martes por el Gobierno a través de un real decreto, se ha comprometido a acudir a “todas las comparecencias precisas” para responder a las dudas surgidas ante la crisis ceutí.

El ministro ha defendido que en las primeras 24 y 48 horas abandonaron Ceuta entre el “90 y el 95%” de los migrantes, actuación que ha definido como “un acierto”. Torres ha cifrado en 1.827 el número de adultos ya alojados y asegura que todavía quedan personas que tienen que ser filiadas porque continúan en las calles. Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) han ampliado sus instalaciones con 400 nuevas plazas, alcanzando un total de 1.183, además de que se han repartido “miles de kits de ayuda humanitaria” en toda la ciudad y se está realizando un seguimiento individualizado de mujeres y niñas especialmente vulnerables. Según datos proporcionados por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, hay 1.500 menores migrantes, de los cuales “casi la mitad” son niñas y hay muchos ”menores de 13 años".

“La prioridad es seguir trabajando en el terreno”, ha añadido Torres, y ha confirmado que “lo están haciendo” junto al presidente ceutí Juan Jesús Vivas. “El plan es que se produzca el retorno de todos los migrantes que entraron el 30 y el 31. Hay que hacerlo dentro de los márgenes de nuestra ley, del ordenamiento jurídico internacional y de defensa de los derechos humanos y si hablamos de menores, de la ley superior del menor”, ha afirmado. “Tenemos que hacerlo en la mayor brevedad posible, filiándolos a todos, haciendo el triaje, teniendo espacios para que esto se pueda realizar y los que no pueden ser reagrupados con sus familias responder con el ordenamiento actual”.

Tras esto, ha repetido las palabras que ha afirmado el ministro Bolaños horas antes: “Afirmar que todos pueden ser devueltos sin su voluntad, de la noche a la mañana es falso, es una imprudencia, es una temeridad es una mentira y quien lo afirma, a sabiendas, sabe que eso no es posible”, ha dicho en respuesta a las exigencias del PP y Vox de retornos masivos. “Quien lo afirma a sabiendas sabe que eso no es posible, ni se ha hecho nunca, ni se hace ni se podrá hacer, porque el ordenamiento jurídico es el que es”, ha sentenciado.

Asimismo, ha reconocido que pese a que “los ceutís piden soluciones emergentes y urgentes”, no se les pueden engañar. “No les podemos engañar diciéndoles que pueden ser devueltos mañana sabiendo que esto es falso. Se va a producir el compromiso de que se va a alcanzar la normalidad que había a comienzo de julio”, ha añadido, para citar el Real Decreto aprobado el martes y cuyo plazo que establece la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. “El real decreto marca un tiempo limitado. Es prorrogable, pero marca un tiempo. Lo queremos acortar por todos los medios”.

El ministro ha cerrado su primer turno en la comparecencia asegurando que “van a intentar acortar los plazos”. “Vamos a lograr esa normalidad y se hará en la mayor brevedad posible”, ha añadido para después tenderle la mano a la oposición. “Se puede hacer muchísimo desde las áreas de gestión y de Gobierno, pero les puedo asegurar que también desde la oposición. Yo he tenido no ser si la suerte de haber estado en ambos lados. Empecé estando en la oposición y creo que cuando las propuestas son constructivas y caminan en el sentido del interés general la gente lo sabe apreciar. Yo tiendo la mano a todos los grupos políticos de esta comisión para que defendido la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos ayudemos a los ceutíes para que se alcance la normalidad cuanto antes”.

PP y Vox endurecen sus críticas contra Torres

Durante el primer turno de palabra de Vox, el diputado José María Sánchez se ha referido al ministro Félix Bolaños como “Trolaños” ha cargado contra él llamándole “necio, soberbio” y “mente enferma”. La diputada socialista Inmaculada Sánchez le ha reprochado a la presidenta de la comisión Edurne Uriarte Bengoechea, del Partido Popular, su no actuación ante la intervención. “Hay cosas que tienen un límite en la libertad de expresión, como son los insultos crueles y flagrantes hacia miembros del Gobierno”, algo que ha reprobado la presidenta.

Cristina Díaz, diputada popular, ha tachado de “inepto” el Gobierno de Pedro Sánchez. “Fallaron antes, durante y después de la invasión. No la previeron, no supieron responder y casi un mes después este gobierno sigue sin devolver la normalidad a los ceutíes”, ha añadido, para referirse a Torres como un “mando roto de un Gobierno que está roto”. De la misma manera, Diaz ha señalado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el CNI advirtió el 29 de julio de una convocatoria para entrar a nado y que compartió esta información con las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno. Tanto el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska y Bolaños, han negado que esto sea cierto.

En un nuevo turno de palabra, el ministro ha vuelvo a denunciar la situación vivida por los voluntarios de Cruz Roja ceutíes que se han sentido amenazados por entregar comida a los migrantes en la playa de El Trampolín. “Ha habido ataques a personas que son ceutíes pensando que son migrantes. Esto lo tenemos que parar con la responsabilidad que tenemos. Tendríamos que ser ejemplo para que esto no pase, porque avivar la violencia solo trae más violencia”, ha apuntado, para recordar que esto “no es una cuestión política”, algo que también ha sido señalado por el presidente popular de la ciudad autónoma.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, salió al paso este miércoles en su cuenta de X (@USAmbMex) para respaldar públicamente la reunión sostenida entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Roberto Velasco, encuentro que calificó como una muestra de que ambos países están “convirtiendo las prioridades compartidas en acciones concretas”.

Lo que dijo el embajador

En su publicación, Johnson afirmó que el encuentro entre ambos funcionarios refleja el compromiso bilateral para:

• Detener la migración ilegal
• Combatir el tráfico de fentanilo
• Debilitar a los cárteles y organizaciones narcoterroristas

El diplomático añadió que, mediante “una estrecha coordinación y acciones decisivas”, ambas naciones seguirán buscando resultados que las hagan “más seguras y más prósperas”, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. El mensaje cerró con el hashtag #JuntosLogramosMás.

El contexto de la reunión

La publicación de Johnson llegó como respuesta a un mensaje previo de Rubio, quien horas antes había informado en su propia cuenta que se reunió con Velasco para “discutir acciones decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y desmantelar Organizaciones Terroristas Extranjeras y cárteles”.

Se trató del primer diálogo formal entre ambos cancilleres desde que Velasco asumió el cargo, en un encuentro que —de acuerdo con reportes— tuvo una duración aproximada de hora y media y en el que no hubo comparecencia conjunta ante medios, solo fotografías y comunicados por separado.

Un encuentro en medio de tensión comercial

La reunión se desarrolló en paralelo a otro frente clave de la relación bilateral: el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encontraba también en Washington negociando un posible acuerdo para evitar nuevos aranceles a productos mexicanos, en un contexto de tensión comercial derivado del conflicto arancelario entre Washington y Ottawa por el futuro del T-MEC.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum había señalado previamente que existe “comunicación permanente” entre los equipos de ambos gobiernos para atender los temas pendientes de la agenda bilateral: seguridad, migración y comercio.

Puntos pendientes en la agenda bilateral

Entre los temas que continúan sobre la mesa entre ambos gobiernos se encuentran:

• El fortalecimiento de la cooperación en seguridad fronteriza
• La presión estadounidense por resultados “tangibles” contra el narcotráfico
• La negociación arancelaria paralela encabezada por Ebrard
• El respeto a la soberanía mexicana, tema que Velasco ha reiterado en encuentros previos con Washington

En medio de uno de los días más complicados de la crisis que vive desde hace un mes, Ceuta ha recibido este jueves la visita del expresidente José María Aznar. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, le ha recibido con los brazos abiertos y ha defendido su labor como mandatario en lo referente a la ciudad autónoma. Vivas ha asegurado que no permitió que “dependiera del otro lado de la frontera”. A su vez, ha asegurado que ambos comparten el “dolor” por esta crisis y por la “pasividad de quien pudo evitarlo y estaba avisado”, en un nuevo mensaje dirigido al Gobierno.

Tras las palabras de Vivas, ha llegado el turno de Aznar. El que fuera presidente de España entre 1996 y 2004, ha comenzado su discurso exigiendo la vuelta del “orden”. “Quien ataca nuestras fronteras no puede permanecer en territorio nacional”, ha sostenido, dirigiéndose después a Pedro Sánchez al afirmar que “la soberanía nacional no tiene vacaciones”.

Aznar ha pedido que hay que centrarse en los ceutíes y no en lo que ocurre al otro lado de la frontera. El expresidente ha concluido con el mensaje de que “Ceuta es España” y su futuro el de todo el país. Por ello, ha llamado a terminar con las “incertidumbres” que suponen una amenaza para todo España. También ha recordado que la frontera con Marruecos no solo es española, sino que también europea, tratando de elevar el problema al continente.

Reacciones del PP a la tensión en Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la agresión sufrida por cuatro militares en Ceuta señalando que este incidente evidencia el deterioro de la situación tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha reclamado al Gobierno una revisión de la normativa para que los militares puedan desempeñar funciones de agentes de la autoridad, subrayando que ahora actúan “sin medios, órdenes claras ni respaldo legal”.

El líder popular ha expresado su inquietud por la falta de respuesta gubernamental y cuestionó la pasividad del Ejecutivo. Feijóo ha sostenido que los ciudadanos de Ceuta afrontan en solitario la crisis y criticó la ausencia de medidas preventivas para controlar la llegada de migrantes, así como la gestión de la seguridad en la ciudad autónoma. Paralelamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la situación de los militares y la ausencia de facultades legales para intervenir más allá de labores logísticas o de apoyo.

Muñoz ha recordado que durante la pandemia se permitió a las Fuerzas Armadas actuar como agentes de la autoridad, instando a que se adopte una medida similar ahora. Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, alertó sobre el “descontrol” en Ceuta y solicitó la ampliación de competencias del Ejército en tareas de seguridad ciudadana. En el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, dirigió críticas al Ejecutivo por la gestión de la seguridad y la protección a los militares desplegados en la ciudad.

El Gobierno ha aprobado la transferencia de 25 millones de euros para reforzar la atención a menores migrantes en Ceuta, a lo que suma el despliegue de nuevos recursos policiales y la preparación de un centro con capacidad para 400 personas. El reparto económico cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, regiones donde Vox gestiona las competencias de Infancia y que han solicitado dejar constancia de su voto negativo y su ausencia en la reunión, según señala el Ministerio de Juventud e Infancia.

En la conferencia sectorial celebrada este jueves, presidida por la ministra Sira Rego, se ha validado la transferencia de fondos para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, vestimenta, apoyo jurídico, atención médica y servicios de traducción para los menores que permanecen en la ciudad autónoma. El encuentro no ha abordado el posible reparto de estos menores entre otras comunidades, ya que el Ministerio ha retirado ese punto del orden del día después de que responsables autonómicos, como la consejera madrileña Ana Dávila, anunciaran su oposición a debatir esa cuestión.

Refuerzo policial y agilizar asilos

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un dispositivo especial para agilizar la identificación y tramitación de solicitudes de asilo de los migrantes que permanecen en Ceuta. Desde este jueves, agentes de la Policía Nacional disponen de ocho nuevas líneas de trabajo en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) provisional, ubicado en el Polígono Industrial de El Tarajal. Este centro, cuya finalización está prevista para el 4 de septiembre, contará con una superficie útil de 1.179 metros cuadrados destinada a uso habitacional y capacidad para 400 plazas, dotada de aseos y duchas.

El dispositivo policial incluye miembros de las unidades de Extranjería y Fronteras, Policía Científica y Seguridad Ciudadana, equipados con sistemas informáticos, impresoras y puntos de red para facilitar las labores de identificación y registro biométrico. El Ministerio del Interior ha detallado que estas infraestructuras se suman a las ya existentes en la Jefatura Superior de Policía y el paso fronterizo, donde operan otras 10 líneas de identificación.

A la llegada de los nuevos recursos policiales se suma un equipo compuesto por 11 miembros de la Dirección General de Protección Internacional, que reforzarán la formalización y tramitación de las solicitudes de asilo, en especial las presentadas por menores en situación de desamparo, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Estas entrevistas se realizarán tanto de manera presencial como por videoconferencia.

Finalmente, se refuerza la realización del triaje, obligatoria antes de cualquier procedimiento administrativo, ya sea expulsión, devolución, protección internacional o atención de menores. Este proceso incluye un reconocimiento médico a cargo de la Cruz Roja, un examen de vulnerabilidad a cargo de los servicios médicos de la Policía Nacional, identificación biométrica y registro de datos como fotografías y huellas. Toda la información queda registrada en bases de datos policiales, según ha precisado el Ministerio del Interior en su nota de prensa.

Casi todos los diarios del mundo registran a diario el drama de los migrantes que arriesgan sus vidas para escapar de la pobreza, la violencia, el autoritarismo y las difíciles condiciones de vida en África y otras regiones, buscando refugio y oportunidades en Europa. Pero existe otra migración, mucho menos visible, que rara vez ocupa los titulares y que amenaza con vaciar lentamente a Europa de su futuro: la emigración de sus jóvenes.

Confrontados con economías de bajo crecimiento, mercados laborales poco dinámicos, salarios estancados y un costo de la vivienda cada vez más elevado, numerosos jóvenes europeos buscan mejores oportunidades fuera de sus países de origen. Algunos se trasladan hacia las economías más dinámicas del propio continente, como Suiza, Holanda o Austria. Otros miran hacia Estados Unidos, Canadá, Australia o el Medio Oriente.

Se produce así una paradoja inquietante. Europa continúa siendo destino de quienes huyen de la pobreza, la persecución y la inestabilidad, pero al mismo tiempo se convierte en punto de partida de jóvenes profesionales que no encuentran en sus propios países las oportunidades necesarias para construir un futuro.

Esta migración silenciosa constituye un verdadero desangramiento de capital humano, particularmente grave en un continente que enfrenta simultáneamente el envejecimiento de su población y una baja tasa de natalidad.

El problema obliga a plantearse una pregunta fundamental: ¿qué debe hacer Europa para volver a ser atractiva para sus propios jóvenes?

La respuesta comienza por el crecimiento económico. Y para recuperar un crecimiento vigoroso, Europa debe completar una tarea que lleva décadas postergando: la verdadera integración de su mercado interno.

La Unión Europea ha eliminado buena parte de las barreras arancelarias entre sus miembros y ha construido instituciones políticas y monetarias comunes. Sin embargo, debajo de esa arquitectura subsisten importantes diferencias regulatorias, financieras y energéticas. En muchos aspectos, Europa continúa funcionando como una asociación de mercados nacionales antes que como un único gran mercado continental.

Mientras persista esa fragmentación, la dinámica del capitalismo europeo difícilmente podrá desplegar todo su potencial. Las respuestas parciales —el crecimiento del empleo público, los trabajos de medio tiempo para profesionales recién graduados o los programas temporales de intercambio y formación en otros países— pueden aliviar las consecuencias, pero no resuelven el problema fundamental: la insuficiente creación de oportunidades productivas.

La primera gran integración pendiente es la de los mercados de capitales. Su fragmentación limita particularmente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento, expandirse, fusionarse o superar situaciones de insolvencia. Un verdadero mercado europeo de capitales permitiría movilizar el ahorro continental hacia las empresas con mayor capacidad de innovación y crecimiento, independientemente del país donde estén ubicadas.

La segunda integración indispensable es la energética.

Europa posee una extraordinaria diversidad de fuentes de energía que podrían complementarse: la hidroelectricidad de los países escandinavos, la energía nuclear francesa y la capacidad eólica desarrollada por Alemania y Dinamarca. Una integración más profunda de las redes y mercados energéticos permitiría aprovechar esas ventajas de manera conjunta y contribuiría a reducir los elevados costos que han afectado particularmente a la industria europea desde la pérdida de buena parte del suministro de gas ruso.

Para Alemania, la locomotora industrial del continente, menores costos energéticos ayudarían a preservar la competitividad de su industria y reducir los incentivos para trasladar operaciones hacia Estados Unidos o Asia. Para Francia, una mayor integración abriría la posibilidad de aprovechar plenamente su enorme capacidad nuclear, exportando electricidad hacia otros mercados europeos durante períodos de alta demanda.

Pero la integración debe ir más allá del capital y la energía. Europa necesita reducir las diferencias regulatorias que continúan actuando como verdaderos aranceles invisibles dentro de su propio mercado. Una empresa europea debería poder financiarse, producir, invertir, vender y expandirse a través del continente con una facilidad comparable a la que tiene una empresa estadounidense para operar entre los distintos estados de la Unión.

Ese es, en última instancia, el desafío europeo.

Europa no podrá detener la migración de sus jóvenes mediante subsidios, programas temporales o empleos de transición. Solo podrá hacerlo ofreciéndoles algo mucho más importante: la expectativa razonable de que pueden construir una vida próspera en sus propios países.

Mayor crecimiento significaría mejores empleos, salarios más competitivos, mayor capacidad para adquirir vivienda, formar familias, tener hijos y crear riqueza. Y significaría también recuperar algo que Europa parece estar perdiendo lentamente: la confianza de sus jóvenes en el futuro.

Quizás la respuesta se encuentre, paradójicamente, en una vieja lección que Alexis de Tocqueville identificó al observar a Estados Unidos: la posibilidad de combinar identidades locales fuertes con una estructura federal capaz de crear un enorme espacio económico común.

Europa no necesita renunciar a la identidad de Francia, Alemania, Italia, España o de cualquiera de sus naciones. Pero sí necesita avanzar hacia una integración económica mucho más profunda que armonice los mercados financieros, energéticos y regulatorios y permita explotar plenamente las ventajas de un mercado continental.

Porque la mayor amenaza para Europa quizás no sea solamente la inmigración que llega y que todos vemos. Puede ser también la migración que casi nadie ve: la de una generación de europeos que, al no encontrar oportunidades en casa, se lleva consigo el futuro del continente.

Horas después del caos, con la salida del sol y la situación controlada por las autoridades, algunas personas vuelven a ocupar la arena de esta playa que se ha convertido en el campamento improvisado de cientos de personas. A esta hora de la mañana se rebaja un poco el nerviosismo en la playa cercana a la frontera. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil la han custodiado durante toda la noche para proteger a los migrantes y evitar la escalada.

Algunos de los ceutíes que protestaban durante la pasada noche llegaron a El Trampolín y desmontaron estas instalaciones que ahora reconstruyen. En medio de esta tensión, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se reúne con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y con el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Mientras tanto, el Congreso de los Diputados acoge las comparecencias del ministro Ángel Víctor Torres, encargado del mando unificado, Mónica García, de Sanidad, y Félix Bolaños, de Justicia.

La noche más tensa en Ceuta

Una multitud se reunió en la barriada de O’Donnell, frente al Hospital Militar de Ceuta, para mostrar su oposición a la gestión de la crisis migratoria. A lo largo del recorrido, más personas se sumaron hasta alcanzar la Delegación del Gobierno, donde se intensificaron los cánticos y las exigencias. Los participantes portaron banderas, reclamaron la expulsión de los migrantes y pidieron la dimisión de los máximos responsables políticos, a los que acusan de anteponer las relaciones diplomáticas con Marruecos al interés de la ciudad.

El punto más crítico de la jornada se vivió en la Playa del Trampolín, lugar donde se ubica el principal asentamiento provisional, que alberga a centenares de migrantes. Parte de los manifestantes accedieron a la zona e intentaron desmontar tiendas de campaña y arrojar pertenencias al mar. La Policía, desplegada de forma preventiva, intervino para separar a los grupos y realizó disparos al aire para evitar un enfrentamiento directo.

El descontento y la tensión se apodera de la ciudad

El descontento ciudadano se ha agravado desde la llegada masiva de migrantes a finales de julio. Una población de 84.000 habitantes vivió como en unas horas entró casi el equivalente a su total de ciudadanos. El anuncio del uso de polideportivos y antiguos cuarteles para alojar a los recién llegados se recibió como una amenaza para los recursos públicos locales, lo que llevó al presidente Vivas a asegurar que “tendrían que sacarle” si lo intentaban. Para muchos vecinos, estas medidas suponen una falta de atención del Gobierno central hacia las necesidades de Ceuta.

El dispositivo policial evitó incidentes mayores, aunque parte del campamento ha resultado dañado. El malestar social continúa creciendo, impulsado por la sensación de desprotección y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades. En El Trampolín, van volviendo muchos de sus actuales ocupantes, cuyo futuro todavía es incierto y se debate entre el reparto por la Península, su estancia en centros de Ceuta o su devolución a Marruecos.

El Ministerio del Interior ha vuelto a adjudicar el contrato para contratar los vuelos privados que le sirven para deportar a los migrantes que tienen orden de ser expulsados de España, unas deportaciones que ejecuta desde hace años. En plena crisis migratoria en Ceuta, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha otorgado a la UTE formada por las aerolíneas Evelop Airlines y Air Nostrum un contrato por valor de 16,3 millones de euros que tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

El importe del contrato es el mismo que el anterior, adjudicado en julio de 2024, a pesar de que en el contexto internacional actual el sector empresarial está exigiendo a las Administraciones Públicas que es necesario elevar el coste de los contratos públicos porque sus gastos han subido. Por ejemplo, las constructoras ya han exigido al Gobierno contratos públicos adaptados a precios reales de mercado debido al encarecimiento de los materiales y la energía provocado por la crisis de Oriente Próximo. También lo ha pedido la patronal del sector servicios. En 2025, alrededor de un 8% de los concursos quedaron desiertos según las estadísticas oficiales.

Sin embargo, el ministerio del Interior reconoce que ha conseguido mantener los precios de este servicio dos años después, a pesar de “la subida de los carburantes”, destacando además que en el contrato firmado en 2024 las aerolíneas que ganaron la adjudicación ya consiguieron subidas del 50%, que “fueron aprobadas y aplicadas en su momento”, cuando ya se tuvieron en cuenta otros factores, como los costes de tripulación, las amortizaciones de las aeronaves, carburantes, coste de servicios (catering, bebidas, etc.), costes de ‘holding’, tasas aeroportuarias y beneficio industrial.

Interior también es consciente de que el fenómeno de los movimientos migratorios irregulares es cambiante, es decir, que aunque el coste es el mismo, es posible tener que repatriar a un mayor número de personas. “En el supuesto de que las necesidades de gasto pudieran sobrepasar el presupuesto de gasto máximo, se contempla la posibilidad de una modificación del contrato con el límite del incremento 10% como máximo”. Así, por tanto, los precios se mantienen y varían en función de la capacidad del avión.

Muchos precios por hora de vuelo

Siempre y cuando el avión salga de Madrid, el coste de hora de vuelo será de 12.870 euros si la aeronave tiene un máximo de 75 plazas; de 15.015 euros la hora si el avión tiene entre 76 y 120 plazas; de 24.310 euros si el avión tiene entre 121 y 200 plazas; y de 31.460 euros si la aeronave tiene más de 200 plazas. Estos precios suben si los aviones salen de otros aeropuertos de la península, de Melilla, de Baleares o Canarias: suplementos que varían entre 7.700 euros y 43.700 euros.

Los vuelos presupuestados en este contrato pueden ser de carácter nacional, con origen y destino en cualquier aeropuerto del territorio nacional; o de carácter internacional, con origen en España y con destino fuera del territorio nacional. Los primeros servirán para desplazar a “aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y deben ser alojados en Centros de Internamiento, o que estando ya ingresados en dichos centros deben ser trasladados a otros”. Los segundos para expulsar del país a los migrantes con orden judicial.

Como norma general, los vuelos comportarán trayectos de ida y vuelta, pudiendo contemplarse la realización de escalas intermedias por razones técnicas o para la recogida o bajada de pasajeros; no obstante, en ocasiones y por distintas causas, solo es necesaria la contratación de vuelo con un trayecto solo de ida en algunos vuelos internacionales. “También se incluyen en el presente contrato los vuelos conjuntos de repatriación de extranjeros que, bajo el auspicio de la Agencia Frontex de la Unión Europea, organice España”, señala el pliego del contrato. Eso sí, Interior pide que las aeronaves que se utilicen para la ejecución de los vuelos no tengan una antigüedad superior a 25 años.

Según los datos oficiales de la UE, un total de 5.705 extranjeros fueron expulsados de España en 2025 por procedimientos iniciados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cumplimiento de la Ley de Extranjería, donde también se incluyen los casos de devoluciones a los países de origen. La cifra fue más baja en 2024, con 3.031 expulsiones. Volvió a bajar en 2023 con 2.760 extranjeros deportados. En 2022 fueron expulsadas 3.642 personas y en 2021 otras 3.594. Las cifras de estos últimos cinco años están muy alejadas de las que se registraban antes de la pandemia: 11.153 personas expulsadas o devueltas en 2019 y 11.384 en 2018. Lo que refleja que, después de que los vuelos quedaran en suspenso en 2020 por el coronavirus, el ritmo de las repatriaciones sigue estando muy por debajo del registrado en los años previos.

Llegar a un país extranjero siempre implica adaptarse a una nueva cultura, pero lo que no esperaba María era tener que explicar cosas tan básicas como la existencia de carreteras o de conexión a internet en Europa. Propietaria de la boutique Aster and Lilies en North Tonawanda, a las afueras de Buffalo (Nueva York), esta española lleva más de dos décadas residiendo en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas semanas sus cifras en Instagram no paran de crecer gracias a una serie de vídeos donde relata las situaciones surrealistas que vive a diario tras el mostrador.

Todo empieza casi siempre de la misma manera: el acento. En cuanto María pronuncia las primeras palabras en su tienda, los clientes detectan que no es nativa y se desatan las conversaciones más insólitas. “En cuanto oyen mi acento, la imaginación de algunos vuela libre”, comenta con ironía en una de sus publicaciones. Fue precisamente tras escuchar su forma de hablar cuando una clienta mayor le lanzó la gran pregunta: “Oye, ¿y en España tenéis carreteras?”.

La respuesta de María, nacida en Oviedo y afincada en Norteamérica por amor, suele echar mano de la sátira y del humor negro para encajar estos golpes de desconocimiento: “Estoy eternamente agradecida a Estados Unidos por la tecnología. Como sabéis, en España no tenemos Instagram, Wi-Fi ni electricidad. Antes de mudarme aquí me comunicaba exclusivamente por paloma mensajera y viajaba de pueblo en pueblo en burro”.

Por otro lado, el acento también genera otros chocantes comentarios sobre el idioma y la identidad. Desde clientes que le sugieren “intentar hablar con acento americano para que todos la entiendan mejor”, hasta quienes, al saber su origen, la miran confundidos y le aseguran que es “demasiado blanca para ser de España” o le preguntan en qué parte de México queda el país europeo.

¿En coche a Europa?

En sus publicaciones, María ha ido recopilando un amplio catálogo de momentos que oscilan entre la ignorancia geográfica y los estereotipos más absurdos, hasta el punto de bautizar su sección como un “reporte de incidentes” semanal. Lo más llamativo para sus seguidores es la frecuencia con la que se dan estos episodios: en una ocasión, la asturiana confesó que le bastaron apenas dos horas al frente de su tienda un martes por la mañana para recopilar material suficiente para un vídeo.

Entre las anécdotas más surrealistas destaca la de un cliente que le preguntó si para ir a España a visitar a su familia solía “ir en coche o en avión”. Al contestarle que lógicamente viajaba en avión cruzando el océano Atlántico, el hombre repreguntó con total naturalidad e intriga: “¿En qué parte de México está España exactamente?”. Una confusión recurrente entre parte de la población local, que tiende a englobar bajo el mismo mapa a cualquier persona cuya lengua materna sea el español.

Las perlas no terminan ahí. Otra clienta, tras saber su origen, le contó orgullosa que ella había estado de vacaciones en República Dominicana. Al aclararle María que se trataba de países e incluso continentes distintos, la mujer zanjó la lección de geografía con un simple: “Bueno, es la misma zona”. A esto se suman las habituales dudas sobre si en España se habla “mexicano”.

De perder el pasaporte a 18 años de matrimonio

Con la llegada masiva de nuevos seguidores y la eterna curiosidad de qué hace una asturiana viviendo a un paso de Canadá, María decidió desvelar su particular historia de amor. Su marido, estadounidense de la zona de Buffalo, llegó a España hace 21 años como estudiante de intercambio y acabó alojándose en casa de la madre de María. Por aquel entonces casi ni hablaban, pero un golpe de azar cambió el guion: el joven perdió el pasaporte en mitad de un viaje con su hermano.

Como María estaba estudiando en Madrid, su madre le sugirió que se reencontraran en la capital para que ella le echase una mano con los trámites en la embajada estadounidense. Aquel favor para recuperar un documento tramitó también el inicio de su relación. Hoy suman 18 años casados y más de dos décadas compartiendo vida al otro lado del charco. “Llevo aquí 21 años. Este es mi hogar, amo esta comunidad y a estas alturas me considero más de Buffalo que la mitad de vosotros. Pero me dais un material increíble para hacer vídeos”, concluye entre risas.

El movimiento migratorio irregular registró un repunte durante las primeras tres semanas de agosto, tanto en los ingresos por la selva del Darién como en el flujo norte-sur. Los informes del Servicio Nacional de Migración también muestran 3,553 deportaciones y expulsiones acumuladas hasta el 23 de agosto de 2026.

El denominado flujo irregular norte-sur aumentó de 5,393 personas el 2 de agosto a 6,079 el día 23, una diferencia de 686 migrantes y un incremento de 12.7% en tres semanas. Durante ese periodo, el acumulado correspondiente únicamente a agosto alcanzó 524 personas.

La evolución no fue uniforme. El reporte del 16 de agosto contabilizaba 5.811 migrantes, por lo que 268 personas se incorporaron al registro durante la semana siguiente. El movimiento mensual pasó de 256 a 524 casos, mientras el dato semanal más reciente alcanzó 228, aunque todavía correspondía a un periodo abierto.

Ese registro supera los 158 casos contabilizados entre el 30 de julio y el 5 de agosto, y los 61 de la semana siguiente. La progresión indica que el desplazamiento irregular hacia el sur volvió a acelerarse, después de varias semanas caracterizadas por oscilaciones importantes.

Los venezolanos representan ampliamente la principal nacionalidad dentro de este movimiento, con 5,540 de las 6,079 personas registradas, equivalentes a 91% del total. También aparecen 222 colombianos, 74 ecuatorianos y 64 menores nacidos en Estados Unidos, hijos de migrantes que viajan irregularmente.

Los reportes muestran igualmente cambios en los puntos de atención utilizados por quienes avanzan hacia el sur. El 2 de agosto había 79 migrantes en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Darién, mientras que el 23 permanecían dos. En Miramar se encontraban tres personas y no había migrantes esperando en Puerto Obaldía.

La reducción en esos lugares no significa necesariamente que haya desaparecido el movimiento. Las cifras representan la cantidad presente al momento de cada corte, por lo que varían conforme las personas son trasladadas o continúan el recorrido. El 16 de agosto, por ejemplo, había 77 migrantes en Darién y 40 en Obaldía.

En sentido contrario, los ingresos irregulares por la selva también aumentaron durante agosto. El acumulado anual pasó de 324 personas el 2 de agosto a 421 el día 23, lo que representa 97 nuevos registros y un crecimiento cercano a 30% en apenas tres semanas.

Agosto se convirtió además en uno de los meses con mayor movimiento de 2026. Hasta el día 23 contabilizaba 101 cruces irregulares, solamente uno menos que junio, cuando se registraron 102. Julio había cerrado con 40, por lo que el dato parcial de agosto ya lo duplicaba ampliamente.

Pese al incremento reciente, el volumen continúa lejos de los niveles alcanzados durante la crisis migratoria. Panamá registró 520.085 cruces por Darién en 2023 y 302.203 durante 2024. En 2025 la cifra cayó a 3.091, mientras el acumulado de 2026 permanecía en 421.

De las personas que habían atravesado la selva durante 2026, 366 eran adultas y 55 menores de edad. Estos últimos representaban aproximadamente 13% del total. El 22 de agosto no se reportaron nuevas llegadas, aunque en jornadas anteriores hubo entre tres y 24 ingresos diarios.

Venezuela también encabezó los cruces por Darién, con 212 personas, equivalentes a la mitad del acumulado anual. Le siguieron Colombia con 71, Ecuador con 54 y Ghana con 12, mientras otras nacionalidades reunieron los 72 casos restantes consignados por Migración.

El tercer componente de los reportes corresponde a la salida obligatoria de extranjeros. Hasta el 23 de agosto, Panamá había ejecutado 2.814 deportaciones y 739 expulsiones, para un total de 3.553. Desde el corte del 2 de agosto, la cifra aumentó en apenas 12 personas.

La mayoría de los casos correspondía a hombres, con 3.037 registros frente a 516 mujeres. Colombia concentró 2.035 salidas, seguida por Ecuador con 480 e India con 237. Las demás nacionalidades sumaron 801 procedimientos dentro de la estadística general de deportados y expulsados.

Dentro del acuerdo migratorio con Estados Unidos fueron trasladadas 3,051 personas, cerca de 86% del total acumulado. Ese grupo estaba compuesto por 2.617 hombres y 434 mujeres, principalmente colombianos y ecuatorianos. El programa también contabilizaba 73 vuelos chárter y 254 operaciones comerciales.

A esos procedimientos se añaden los retornos asistidos de 134 venezolanos y cinco ecuatorianos mediante acuerdos específicos. Migración mantenía programados nuevos vuelos hacia Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela, China y Marruecos, aunque advirtió que las fechas y cantidades podían modificarse a última hora.

Cuba experimentó un aumento en las defunciones respecto a los nacimientos durante 2025, de acuerdo con datos oficiales difundidos por medios estatales. Las muertes alcanzaron las 136,214, mientras que los nacimientos sumaron 68,064, lo que refleja una diferencia considerable y sitúa al país en un contexto de envejecimiento de la población.

La proporción de personas de 60 años o más llegó al 26.7 % de la población total, manteniéndose en la senda de los últimos años. En el caso de la fecundidad, la Tasa Global de Fecundidad se mantuvo en 1.29 hijos por mujer por segundo año consecutivo, cifra que representa el nivel más bajo desde 1958. Por su parte, la Tasa Bruta de Reproducción se ubicó en 0.62 hijas por mujer, lo que se encuentra por debajo del umbral de reemplazo generacional, que está establecido en 2.1 hijas por mujer.

La población total de la isla al cierre de 2025 fue de 9,434,593 personas, con el 74.7 % residiendo en zonas urbanas y 2,389,820 en áreas rurales, según el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), retomados por EFE.

Diferencias territoriales y migración

El análisis regional muestra que La Habana presenta la mayor tasa de decrecimiento poblacional, con -43.9 por cada mil habitantes, y concentra aproximadamente un tercio del saldo migratorio externo: 78,537 de las más de 245,265 personas que emigraron del país durante el año. Este saldo migratorio tiene un impacto directo en la estructura demográfica de la capital y en la dinámica poblacional nacional.

Por su parte, la provincia de Guantánamo es el escenario opuesto. Allí, la tasa de decrecimiento es la más baja, con -22.9 por mil, y se observa el mayor índice de natalidad, con 9.1 nacimientos por cada mil habitantes. Dentro de Guantánamo, el municipio de Yateras destaca por ser el menos envejecido de la isla, dado que el 17.9 % de sus residentes tienen 60 años o más. En contraste, el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, ostenta el mayor índice de envejecimiento, ya que el 38.2 % de su población pertenece a ese grupo etario.

Las cifras también muestran la magnitud del fenómeno migratorio, que afecta a todas las provincias del país y contribuye a profundizar las diferencias territoriales, de acuerdo a la información compartida por el CEPDE.

Composición por género, edad laboral y recomendaciones

El análisis por género indica, según EFE, que la población femenina supera a la masculina en 133,971 personas, estableciéndose una proporción de 972 hombres por cada 1,000 mujeres a nivel nacional. Este patrón cambia en las zonas rurales, donde la relación se invierte y hay 1,140 hombres por cada 1,000 mujeres.

En lo que respecta a la población en edad laboral, los datos reflejan una reducción significativa en el último lustro. En los últimos cinco años, la población en edad de trabajar se redujo en 1,259,894 personas, pasando de 6,866,435 en 2021 a 5,606,541 en 2025. Esta disminución plantea retos para el mercado laboral y la sostenibilidad de los sistemas de protección social en el país.

Ante este panorama, especialistas del CEPDE y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han recomendado diseñar políticas y servicios que respondan a la estructura demográfica actual, con énfasis en la descentralización territorial. La información señala que todas las provincias cubanas experimentan pérdida de población y que las diferencias entre regiones tienden a profundizarse.

Durante un encuentro regional celebrado en la ciudad de Panamá, familiares de personas migrantes desaparecidas de Sudamérica y Centroamérica volvieron a poner en foco una problemática transfronteriza que afecta a miles de familias en la región.

Según informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y TVN, medio panameño, la reunión tuvo como eje principal la exigencia de respuestas estatales y mecanismos efectivos de búsqueda para quienes desaparecieron en rutas migratorias hacia Estados Unidos. El evento fue impulsado por la oficina de la ONU, la Defensoría del Pueblo de Panamá y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

De acuerdo con un reporte de TVN, los participantes expusieron los rostros y nombres de migrantes originarios de distintos países que no lograron completar su trayecto. Muchas familias, como la de la hondureña Marcia Martínez, compartieron historias de años de incertidumbre y búsqueda.

“Existimos personas que hemos tenido desaparecidos, que hemos tenido respuesta, los hemos encontrado... Nosotros como comité decimos que va a desaparecer nuestro comité hasta que encontremos hasta el último desaparecido que tenemos”, relató Martínez, cuya hermana fue localizada tras 21 años gracias a redes sociales y el activismo, según recogió TVN.

La defensora del pueblo de Panamá, Ángela Russo, subrayó en declaraciones recogidas por TVN que la búsqueda no debe recaer sobre las víctimas ni sus familias, sino que debe ser asumida como una responsabilidad de los Estados. Russo remarcó la necesidad de que los gobiernos, como suscriptores de las convenciones internacionales de derechos humanos, trabajen para que los casos de desaparición no prescriban y se mantengan los esfuerzos de localización con independencia del paso de los años.

Cooperación entre Estados

El evento, informado también por la OACNUDH, tuvo como objetivo “impulsar alianzas y mecanismos efectivos de búsqueda” entre los países involucrados. La oficina recalcó que, dado el carácter transfronterizo de las desapariciones en contexto migratorio, la cooperación internacional resulta indispensable. “Los Estados tienen el deber de coordinarse, compartir información y garantizar respuestas efectivas para que ninguna familia busque sola”, señaló la organización a través de redes sociales.

Carmen Villa, representante del Comité contra las Desapariciones Forzadas, enfatizó que la obligación de buscar corresponde a los Estados y no a los familiares de las víctimas. “Será siempre un desafío. Hay personas que buscan a sus familiares por décadas sin saber qué les pasó. La obligación de buscar no es una obligación de los familiares, es una obligación de los Estados. Los Estados deben buscar a las personas desaparecidas. No se trata de que las familias, las víctimas coordinen al Estado. El Estado tiene que coordinarse para buscar a las personas desaparecidas”, sostuvo Villa durante el encuentro.

El rol de Panamá

En el contexto panameño, la Defensoría del Pueblo recordó que Panamá cumple un rol particular como país de tránsito para miles de migrantes que atraviesan la región rumbo a América del Norte. Las organizaciones participantes insistieron, según TVN, en que los protocolos y acciones estatales deben nutrirse de la experiencia de los familiares, quienes han sostenido la búsqueda pese a la falta de respuestas oficiales en muchos casos.

El evento regional, que reunió a ONG, organismos internacionales y representantes estatales, reiteró la demanda de fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países latinoamericanos y reforzar el enfoque de derechos humanos en la atención a la desaparición de migrantes. La exigencia central se concentró en garantizar investigaciones sostenidas en el tiempo y respuestas coordinadas que eviten que los casos queden sin seguimiento.

La batalla entre ministros por el CNI se intensifica y la oposición es consciente. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado de forma urgente la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Se trata del órgano responsable de ejercer el control parlamentario sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los fondos reservados asignados a los ministerios relacionados con la defensa y la seguridad del Estado.

La petición de Feijóo llega tras el “desbarajuste de versiones” entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Mientras la primera ha asegurado que los 25 agentes desplegados en Ceuta realizaron su labor de forma correcta, Marlaska ha defendido que Interior no recibió ningún informe que alertara de que se podía producir una entrada masiva de personas.

Según el líder del PP, las contradicciones en el seno del Gobierno hacen “imprescindible la convocatoria inmediata” de este instrumento. El dirigente popular recordó que su grupo ya había solicitado la reunión el pasado 5 de agosto, sin obtener respuesta hasta la fecha. “Ya no admite más demora”, escribió Feijóo en X. Ha cuestionado que “alguien miente” y ha acusado al Ejecutivo de no cumplir con su responsabilidad ante los ciudadanos de la ciudad autónoma.

Qué es la Comisión de Secretos Oficiales

La Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados, popularmente conocida como Comisión de Secretos Oficiales, se constituye en cada legislatura en el Congreso de los Diputados. Su función principal consiste en conocer y supervisar la utilización de información clasificada como secreta, así como controlar los fondos asignados a los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Estos recursos, cuya cuantía se fija en los Presupuestos Generales del Estado y permanece en secreto, se destinan exclusivamente a misiones de defensa y seguridad nacional.

Los integrantes de la comisión se eligen mediante votación secreta en urna por el Pleno del Congreso, requiriendo una mayoría cualificada de tres quintos, es decir, al menos 210 votos afirmativos. Por tradición, la comisión está formada por los portavoces de todos los grupos parlamentarios y un representante del grupo mixto. El control sobre el uso de los fondos se realiza mediante comparecencias semestrales y a puerta cerrada de los ministros responsables, quienes deben informar sobre la gestión de dichos recursos. En este caso, de convocarse tendrían que aclarar qué realizaron los agentes en la ciudad autónoma los días previos a la entrada.

Por otro lado, la comisión también debe elaborar un informe anual destinado al presidente del Gobierno y al Tribunal de Cuentas. El director del CNI comparece ante este órgano parlamentario para informar sobre el funcionamiento y las actividades del centro. Los diputados que forman parte de la Comisión de Secretos Oficiales pueden consultar tanto originales como fotocopias de documentos clasificados, con la posibilidad de tomar notas, aunque tienen prohibido retener o reproducir esos documentos fuera del recinto parlamentario. Todos los miembros están obligados a guardar secreto sobre cualquier información reservada o clasificada a la que accedan en el ejercicio de sus funciones.

Entre gritos de “delegado dimisión”, las calles de la ciudad vivieron un día intenso. Los ciudadanos exigen información clara respecto a las condiciones en las que se produciría la acogida, las medidas de seguridad previstas y las posibles consecuencias para quienes viven en la zona. La inquietud se extendió rápidamente, sumando a más vecinos y trasladando la protesta hasta la plaza de los Reyes, donde reclamaron a las autoridades transparencia y respuestas concretas sobre el plan de alojamiento y su impacto en la vida cotidiana de la ciudad.

Crece el enfado entre los ceutíes

La protesta, que comenzó alrededor de las 16:00 en las inmediaciones del Fischer, fue convocada por residentes preocupados ante la posibilidad de que se instale allí un grupo de migrantes. La movilización, que arrancó de manera pacífica y cívica, fue ganando participantes a medida que avanzaba hacia el centro. Los asistentes coreaban lemas como “No nos mires, únete” mientras se dirigían a la plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno.

Los organizadores rechazan la adaptación de instalaciones deportivas, espacios abandonados o antiguos acuartelamientos para acoger a migrantes, argumentando que supondría una transformación no deseada para la ciudad. Señalan que no aceptan que Ceuta “se convierta en un CETI”, como recoge EFE. Durante la concentración, que según los convocantes reunió a más de 300 personas, se escucharon cánticos como “No quiero invasores, quiero mi libertad” y se exigió la dimisión tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Además, a través de redes sociales, los promotores han llamado a repetir la movilización y unir a más ciudadanos. Los manifestantes afirman que la situación se extiende desde hace 27 días y denuncian que afecta a la vida cotidiana de los residentes. Reclaman al Gobierno información clara sobre las medidas previstas ante la crisis migratoria y cuestionan la aplicación de la normativa en materia de inmigración. Algunos participantes también piden la devolución de quienes han ingresado de manera irregular en la ciudad.

El aumento de la tensión coincide con la difusión de detalles del borrador de un real decreto que prevé declarar la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, y en medio de la disputa entre ministerios. Margarita Robles, ministra de Defensa, sostiene que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actuó tal y como debía los días previos, mientras que el encargado de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al igual que la Delegación, asegura que no recibieron ningún informe.