La identidad del colombiano que murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine ya fue confirmada. Se trata de Johan Sebastián Durán Guerrero, un joven de 26 años, oriundo de Bucaramanga, cuya muerte ha provocado conmoción tanto en Estados Unidos como en Colombia.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes señalaron que Durán Guerrero contaba con autorización para trabajar legalmente en territorio estadounidense y tenía un número de Seguro Social. Además, medios locales y personas cercanas a la familia indicaron que estaba casado y era padre de una niña de aproximadamente tres años.

Uno de los aspectos que más impacta tras conocerse el caso es que, según testigos citados por medios estadounidenses, la menor habría presenciado el momento en que su padre recibió los disparos durante el operativo realizado en Biddeford, Maine. La información ha incrementado los llamados para que las autoridades esclarezcan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La investigación sigue en curso mientras persisten las dudas sobre el procedimiento adelantado por los agentes del ICE. En las últimas horas, autoridades estadounidenses reconocieron que Johan Sebastián Durán Guerrero presuntamente no era el objetivo inicial de la operación migratoria, una revelación que ha intensificado las críticas y los pedidos de una investigación independiente.

El caso permanece bajo revisión de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, con apoyo del FBI, mientras organizaciones de derechos humanos y líderes políticos continúan exigiendo transparencia y justicia para la familia del joven bumangués. La principal controversia surgió después de las declaraciones del senador independiente por Maine, Angus King. El congresista explicó que, en un primer momento, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que la víctima era la persona buscada por las autoridades migratorias. Sin embargo, horas más tarde recibió una actualización en la que se le indicó que Durán Guerrero no era el objetivo de la orden de arresto que motivó el operativo.

La representante demócrata Chellie Pingree aseguró que recibió la misma información. “La persona a la que disparó el agente del ICE no era la persona que tenían la orden de detener”, afirmó la congresista, una declaración que alimentó el debate sobre la planeación del procedimiento y las decisiones adoptadas por los agentes en el lugar.

Mientras tanto, el ICE publicó su primera versión oficial sobre lo ocurrido. La agencia explicó que sus funcionarios realizaban labores de vigilancia en la última dirección conocida de un migrante con una orden definitiva de deportación. Según el comunicado, cuando un vehículo salió de la vivienda, los agentes intentaron detenerlo, pero el conductor habría tratado de escapar. La entidad sostuvo que uno de los agentes disparó su arma al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública. Asimismo, señaló que los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato y que tanto la Policía de Biddeford como el FBI acudieron al lugar después del incidente.

Por su parte, la Fiscalía General de Maine señaló que, según las primeras indagaciones, el conductor habría intentado huir con el vehículo en dirección a un agente del ICE, versión que hace parte de la investigación. Entre tanto, Daniel Boucher, un vecino de 71 años que presenció el hecho, relató que escuchó varios disparos y luego vio a un agente sacar del vehículo a un hombre que sangraba por la cabeza.

Según declaró a NBC News, alcanzó a escuchar que Johan Sebastián decía: “Intenté detenerme”. Después, visiblemente afectado por lo ocurrido, aseguró que “nadie debería tener que ver lo que yo vi”. Otro aspecto que generó cuestionamientos es la ausencia de cámaras corporales entre los agentes que participaron en el operativo. Angus King manifestó su preocupación por esta situación, ya que, según explicó, la falta de estos dispositivos dificulta reconstruir con precisión los segundos previos al tiroteo y verificar la actuación de los funcionarios.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, también reaccionó tras conocer que la víctima no habría sido el objetivo inicial del procedimiento. La mandataria aseguró que esa información hace que el caso resulte aún más preocupante y criticó la manera en que se desarrollan este tipo de operativos migratorios.

Una posible deportación masiva de beneficiarios salvadoreños del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos tendría un costo económico superior a USD 3,000 millones y rompería la vida de más de 150.000 familias con hijos ciudadanos estadounidenses, según la carta enviada por más de 80 miembros del Congreso de Estados Unidos al secretario de Seguridad Nacional.

La cifra, recogida en el documento firmado por congresistas como James P. McGovern, subraya que el proceso de remoción de los más de 200,000 salvadoreños con TPS implicaría destinar recursos públicos a procedimientos judiciales, detención, transporte y logística migratoria. El costo estimado no contempla el impacto indirecto sobre la economía nacional ni la pérdida de aportes fiscales y productivos generados por la comunidad salvadoreña.

Según los legisladores, el 90% de los tepesianos salvadoreños participa en la fuerza laboral estadounidense, integrándose en sectores como la construcción, manufactura, transporte, servicios de alimentos y mantenimiento de edificios.

Estos trabajadores aportan cerca de USD 5,400 millones anuales al Producto Interno Bruto (PIB) y contribuyen con USD 1,500 millones en impuestos federales, estatales y locales, cifras recogidas por la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional.

“La deportación masiva de esta población supondría una reducción significativa de la fuerza laboral en industrias que ya enfrentan escasez de mano de obra”, señala el documento avalado por organizaciones como National TPS Alliance y American Business Immigration Coalition. El texto advierte sobre la afectación de empleadores y la disminución de la recaudación fiscal, factores que incrementarían la presión sobre los servicios públicos y la economía local.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños tiene previsto vencer el 9 de septiembre de 2026.

El impacto en las familias

El impacto social de la medida alcanza una dimensión familiar y comunitaria. Más de 150,000 niños estadounidenses tienen al menos un progenitor salvadoreño bajo protección del TPS, lo que convierte la potencial terminación del programa en una amenaza a la integridad familiar.

Según los legisladores, la deportación forzosa de padres y madres separaría hogares, dejando a menores ciudadanos en situación de vulnerabilidad y generando un efecto dominó en escuelas, barrios y servicios sociales.

La carta precisa que cerca del 20% de los beneficiarios salvadoreños del TPS llegó a Estados Unidos siendo menor de 16 años, por lo que muchos de ellos carecen de vínculos sólidos con El Salvador y han hecho su vida en territorio estadounidense. “Estos jóvenes serían enviados a un país que no conocen y donde carecen de redes de apoyo”, recoge el texto firmado por McGovern y sus colegas.

El antecedente de la terminación del TPS para Honduras fue citado en la misiva como un ejemplo de las limitaciones legales para los migrantes. En ese caso, menos del 1% de los beneficiarios logró regularizar su situación migratoria tras la finalización del estatus.

Los legisladores advierten que, en el caso salvadoreño, la gran mayoría tampoco podría acceder a vías alternativas de residencia o ciudadanía, lo que incrementaría el riesgo de deportación masiva.

El efecto económico en El Salvador

El documento presentado ante el Departamento de Seguridad Nacional señala que la economía de El Salvador no está en condiciones de absorber a decenas de miles de retornados.

El país centroamericano registra altos niveles de pobreza, un mercado laboral informal amplio y una estructura productiva insuficiente para proporcionar empleo o servicios básicos a la población que regresaría.

Las remesas enviadas desde Estados Unidos constituyen un pilar para la economía salvadoreña y su interrupción agravaría la crisis humanitaria local.

En la carta, los legisladores también mencionan que el régimen de excepción vigente desde 2022 ha facilitado detenciones y el encarcelamiento de más de 90,000 personas, incluidas más de 3,000 menores.

Y añaden que diversos organismos internacionales han documentado que migrantes deportados suelen ser encarcelados sin revisión judicial al llegar al país centroamericano, lo que refuerza la petición de extender el TPS y evitar una crisis humanitaria y familiar a ambos lados de la frontera.

La petición también recibió el respaldo de National TPS Alliance, American Business Immigration Coalition, Allianza Americas, National Day Laborer Organizing Network, Service Employees International Union, CASA, CARCEN-LA, FWD.us y National Domestic Workers Alliance.

Durante su intervención pública, De la Espriella declaró: “Todos los migrantes que estén legalmente aquí aportándole al país serán protegidos y apoyados”, dejando claro el respaldo a quienes cumplen las normas y contribuyen al desarrollo nacional.

El mandatario resaltó la necesidad de diferenciar entre quienes han regularizado su situación y quienes incurren en actos ilícitos.

“Los que estén de manera ilegal, delinquiendo, serán devueltos sin dilación a sus países de origen”, enfatizó el presidente electo, subrayando su compromiso con el orden, la seguridad y el respeto a la ley colombiana.

La postura del mandatario electo fue comunicada en un contexto de creciente debate sobre el impacto social y económico de la migración. De la Espriella reiteró que su administración garantizará derechos a residentes legales, mientras aplicará medidas estrictas contra quienes infrinjan la legalidad.

Esta directriz refuerza la intención del Ejecutivo de promover políticas migratorias basadas en la legalidad, la integración y la protección de la población trabajadora, al tiempo que busca prevenir delitos asociados a la irregularidad.

Abelardo de la Espriella afirmó que la apertura comercial con Venezuela impulsaría la economía regional

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que la restauración de la democracia en Venezuela representa el mayor motor de desarrollo para Colombia.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista concedida a Semana, donde el mandatario electo sostuvo que la estabilidad política de la nación vecina podría transformar la economía regional y reactivar la frontera colombo-venezolana.

De la Espriella expuso que el restablecimiento democrático en Venezuela abriría una oportunidad sin precedentes para el comercio binacional. “Espero que Venezuela pronto encuentre la democracia total, porque es fundamental para Colombia”, afirmó.

Según sus palabras, el país podría convertirse en el principal socio comercial de la nación vecina. “Vamos a tener que proveerles todos los bienes y servicios que el comunismo no puede proveer y que destruyó todo el aparato productivo”, puntualizó el presidente electo.

El líder colombiano insistió en que la apertura de los mercados venezolanos “sería el mejor plan de desarrollo, la mejor reforma tributaria”. Remarcó que la reactivación de la frontera beneficiaría especialmente a las regiones de Santander y Norte de Santander, territorios que históricamente han enfrentado dificultades económicas por la crisis del vecino país.

“Ese compromiso va, porque nos han respaldado masivamente. En ese pueblo de gente patriota, vamos también a empezar a recuperar la democracia”, manifestó De la Espriella.

En una alocución posterior, De la Espriella se refirió al proceso de reconstrucción tras el reciente terremoto que afectó gravemente a Venezuela.

El presidente electo instruyó a su ministro de Defensa para que evalúe la capacidad del cuerpo de ingenieros militares colombiano con el fin de apoyar las tareas de rehabilitación en el país fronterizo.

“La reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica”, expresó. Solicitó además la colaboración de la empresa privada y la coordinación con las autoridades diplomáticas para canalizar ayuda internacional.

Durante su mensaje, De la Espriella encomendó al doctor Mauricio Gómez Amín gestionar ante el embajador encargado las comunicaciones necesarias con el gobierno de Estados Unidos. El objetivo: articular esfuerzos para respaldar las labores humanitarias y de infraestructura en territorio venezolano.

El presidente electo subrayó la urgencia de organizar una respuesta conjunta entre los sectores militar y civil de Colombia.

“Necesito que revisemos cómo está el estado de nuestro cuerpo de ingenieros reconstructores, porque esto hay que hacerlo de manera conjunta entre nuestros ingenieros militares y la empresa privada”, precisó. Este enfoque, según sus palabras, busca garantizar una reconstrucción eficiente y sostenida de las zonas afectadas.

Al cierre de su intervención, De la Espriella reiteró el compromiso de Colombia con la estabilidad de la región y la recuperación institucional venezolana. Destacó que la prioridad será “hacer todos los negocios con Venezuela, recuperar la frontera y ayudar a que los santanderes puedan resolver esos dolores”.

El cortometraje mexicano “La Barbarie” recibió el Premio Fugaz al Mejor Cortometraje Hispanoamericano en España el pasado 22 de junio.

La obra, escrita y dirigida por Marco Cano, aborda temas de migración, desplazamiento forzado y la dignidad de quienes dejan su lugar de origen por necesidad.

El galardón distingue a la mejor producción hispanoamericana entre la selección oficial de los Premios Fugaz, considerados como uno de los reconocimientos con mayor presencia para el cortometraje en territorio español.

“La Barbarie” tiene una duración de 19 minutos y combina experiencias reales con elementos de ficción, con el objetivo de mostrar los retos que enfrentan personas migrantes en su tránsito por rutas peligrosas.

Un relato sobre travesía y búsqueda de refugio

La historia se centra en una familia haitiana que cruza la selva del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, en su intento por encontrar mejores condiciones de vida.

El guion toma como base testimonios de personas migrantes que han atravesado esa región.

Durante el cortometraje, el espectador observa las consecuencias del desplazamiento forzado en la vida de familias enteras.

Se muestran tanto los riesgos físicos que implica el trayecto como el impacto emocional de abandonar el hogar.

Las escenas reflejan los dilemas y decisiones que enfrentan quienes migran, en un contexto de políticas restrictivas y situaciones de violencia.

La producción se rodó en Tapachula, Chiapas, punto clave en la ruta migrante de México.

El equipo utilizó locaciones naturales y enfrentó condiciones climáticas adversas, lo que permitió recrear escenarios semejantes a los que experimentan quienes cruzan la frontera sur del país.

Migrantes y refugiados ante la cámara

Uno de los rasgos que distingue a “La Barbarie” es la participación de migrantes y refugiados reales en el elenco.

Varias de estas personas han recorrido la selva del Darién y aportaron sus vivencias al desarrollo de la película.

Esta decisión tuvo como fin dar autenticidad al relato y evitar representaciones ajenas a la realidad de la migración.

Para resguardar la integridad de quienes participaron, la producción estableció un protocolo de acompañamiento psicológico durante el rodaje.

La filmación duró una semana e incluyó la presencia de niñas, niños y un bebé, lo que requirió condiciones de trabajo que priorizan la seguridad y el respeto, sobre todo en escenarios selváticos y de difícil acceso.

El director, Marco Cano, sostiene que el premio refleja el esfuerzo colectivo de todas las personas involucradas en el proyecto.

Al recibir la distinción, subraya la importancia de mantener la conversación pública sobre quienes se ven obligados a migrar por razones de seguridad, búsqueda de oportunidades o supervivencia.

Mirada crítica sobre la migración forzada

El cortometraje plantea la deshumanización que enfrentan las personas migrantes y examina el costo que la migración forzada tiene en sus vidas.

A través de diversas escenas, “La Barbarie” propone reflexionar sobre la condición humana y los retos vinculados a los movimientos migratorios actuales.

La película se sitúa en una corriente del cine mexicano dedicada a abordar problemáticas sociales desde un enfoque contemporáneo.

El proyecto obtuvo apoyo de FOCINE Producción 2023, lo que facilitó la realización de propuestas audiovisuales que documentan la realidad social de México y América Latina.

Visibilización a través del cine

El reconocimiento obtenido en los Premios Fugaz representa un avance para que historias como la de “La Barbarie” sean conocidas fuera de los principales circuitos informativos y culturales.

El filme expone el itinerario de quienes, por causas ajenas a su voluntad, buscan una vida distinta y enfrentan riesgos en rutas migratorias.

La narrativa utiliza recursos directos y la reconstrucción de testimonios para mostrar los peligros y obstáculos que implica cruzar una de las fronteras naturales más complejas del continente.

La inclusión de migrantes reales en la producción suma un elemento de compromiso social.

El reciente galardón internacional de “La Barbarie” resalta la necesidad de seguir explorando el fenómeno migratorio desde una perspectiva centrada en la dignidad humana y en la comprensión de sus diferentes dimensiones.

Este hecho representa un momento importante para el cine mexicano contemporáneo y contribuye al diálogo sobre migración, derechos humanos y justicia social en el ámbito iberoamericano.

El condado de Sarasota en Florida se afianzó como destino de retiro para estadounidenses del Medio Oeste y mantuvo una cotización media de USD 487.000 en mayo de 2026, en un mercado inmobiliario estabilizado tras el aumento de la demanda y la migración acelerada después de la pandemia.

Según FOX Business, la población del condado creció 12,4% en los cinco años previos a abril de 2025, de acuerdo con la Oficina de Investigación Económica y Empresarial de Florida. Ese organismo registró una llegada neta de 72.493 residentes entre 2020 y 2025.

La migración desde el Medio Oeste explicó parte de ese salto demográfico. Datos del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos sobre movimientos entre condados entre 2022 y 2023 mostraron que cerca de 5.300 habitantes de esa región se mudaron a Sarasota y representaron 17,5% de los nuevos residentes, solo por detrás del noreste del país.

Qué estados impulsaron la llegada de nuevos residentes

El flujo también apareció en los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos para el período 2018-2022: unas 1.585 personas llegaron desde Michigan, 1.399 desde Illinois y 1.282 desde Ohio.

Esos movimientos, registrados antes y después del punto de inflexión sanitario, marcaron un patrón sostenido de reubicación desde estados del norte hacia la costa del golfo.

La economista jefe para vivienda de Realtor.com, Hannah Jones, explicó al medio que el auge respondió a factores acumulados durante décadas.

Mencionó el corredor de la interestatal I-75 y las playas del golfo, que describió como más calmas y accesibles, además de un ritmo cultural que, a su juicio, se sintió más próximo al Medio Oeste que a la intensidad de Miami.

Jones indicó que la pandemia aceleró una tendencia ya existente porque el teletrabajo desligó a muchos compradores de sus oficinas y les dio margen para concretar una mudanza que de otro modo habrían postergado hasta la jubilación.

Ese cambio amplió el universo de interesados: no solo quienes ya estaban cerca del retiro, sino también quienes pudieron reorganizar su vida laboral y elegir su lugar de residencia con otros criterios.

Cómo impactó la demanda sobre el mercado inmobiliario

Sarasota venía recibiendo visitantes estacionales que escapaban de los inviernos del Medio Oeste y luego decidían instalarse de manera permanente al acercarse al retiro o al iniciarlo.

La pandemia convirtió ese movimiento gradual en un proceso más rápido y amplio, con un salto simultáneo en población y demanda de vivienda.

La llegada de nuevos residentes presionó primero sobre la oferta de viviendas. Jones sostuvo ante FOX Business que esa ola de demanda golpeó con fuerza al mercado local: el inventario se redujo, los precios subieron y durante un período breve se favoreció a quienes aceptaban cerrar operaciones con rapidez y sin contingencias.

Con el tiempo, la oferta reaccionó. La publicación señaló que parte del ajuste llegó por la construcción de nuevas viviendas, mientras que el mercado de condominios avanzó más rápido que el apetito comprador posterior a la pandemia. Eso dejó a ese segmento en una situación más débil, incluso cuando el inventario de casas unifamiliares volvió a estrecharse.

Cuál es la situación actual de los precios

En mayo de 2026, Sarasota mantuvo una cotización media de USD 487.000, por encima de Tampa, con USD 400.000, y de Cape Coral, con USD 399.000. Aun con valores más altos que los de otras ciudades cercanas, la demanda continuó firme, de acuerdo con el reporte citado.

Para Jones, lo que atravesó entonces el condado no fue una retirada del mercado, sino una recalibración. Citada por FOX Business, afirmó: “Lo que Sarasota está atravesando ahora es menos un retroceso que una recalibración. El atractivo de fondo del condado de Sarasota no cambió, pero el mercado pasó de castigar la vacilación a recompensarla”.

El partido político Somos México emitió un enérgico pronunciamiento para condenar el homicidio de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años que perdió la vida el pasado 7 de julio tras ser abatido por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en la ciudad de Houston, Texas.

A través de un comunicado oficial con fecha del 12 de julio de 2026 y difundido en sus redes sociales ‘X’ , la agrupación expresó su profunda indignación ante el trágico suceso y extendió su solidaridad a la familia del occiso. Sin embargo, fueron contundentes al señalar que “el pésame no basta”.

El organismo político hizo un fuerte llamado al gobierno, subrayando que la obligación de México con sus connacionales no termina al cruzar la frontera. Argumentan que una nación que recibe sostenidamente remesas y reconoce el enorme valor de las aportaciones de sus migrantes, tiene el deber inexcusable de defenderlos de manera activa cuando sus derechos fundamentales y sus propias vidas se encuentran en peligro.

El caso de Lorenzo Salgado vuelve a encender las alarmas sobre el trato a los migrantes. De acuerdo con el documento publicado, esta tragedia representa una más de las 17 muertes de personas mexicanas ocurridas en los Estados Unidos a lo largo de los últimos dos años.

Ante este desolador panorama, Somos México advirtió que la muerte de Salgado no debe convertirse en otra “noticia pasajera” e impune, pues millones de mexicanos radicados en el país vecino merecen tener la certeza de que su país no permanecerá en silencio.

El pronunciamiento enfatiza que la situación migratoria de un individuo jamás disminuye el valor de su vida y que ninguna política o condición jurídica justifica el uso arbitrario de la fuerza ni la falta de rendición de cuentas.

Por ello, la organización exigió tres acciones inmediatas: A las autoridades estadounidenses se les demanda el esclarecimiento total de los hechos. Al gobierno mexicano se le exige garantizar el litigio y un acompañamiento consular, jurídico y humano permanente para los deudos.

Somos MX urgen a ambas naciones a establecer un diálogo bilateral para revisar a fondo los protocolos de actuación de las agencias migratorias estadounidenses, buscando proteger los derechos humanos y evitar la repetición de estas lamentables tragedias que cruzan las fronteras.

Respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ante la muerte de Lorenzo Salgado

El pasado jueves 9 de julio, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, explicó que le pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE. El objetivo, explicó el canciller, es denunciar “contra quien resulte responsable”.

Con esa decisión, la SRE busca pasar “del ámbito diplomático” a procedimientos directamente penales en territorio estadounidense. En palabras de Velasco, se solicitará que se investigue qué ocurrió en cada uno de los casos.

El funcionario dijo que la presidenta instruyó el inicio de “acciones legales contundentes” para responder a una tragedia que, afirmó, exige proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Esa ruta, precisó, no se limitará al caso de Lorenzo Salgado, sino que también abarcará los expedientes previos.

Antes de esta nueva fase, el gobierno federal ya había otorgado apoyo económico, acompañamiento legal y humanitario a las familias de las víctimas, además de ayuda para la repatriación de restos. También envió 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno estadounidense para exigir el esclarecimiento de los hechos.

Velasco aseguró que cada una de esas peticiones recibió respuesta del gobierno de Estados Unidos, que informó sobre investigaciones en curso. El medio refiere que esas gestiones se realizaron mientras crecían los reclamos de familiares y la exigencia pública por una indagatoria sobre el caso más reciente.

El PlanRetorno al Hogar de Guatemala, ejecutado por el Instituto Guatemalteco de Migración, recibió respaldo de delegados internacionales y agencias multilaterales durante el Segundo Foro de Examen de la Migración Internacional celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, donde fue valorado como un referente regional por su enfoque de reintegración social y económica y por su énfasis en los derechos humanos.

El programa ya ha asistido y registrado de manera integral a miles de guatemaltecos retornados, tanto en procesos voluntarios como en deportaciones desde Estados Unidos y México. Ese alcance fue presentado como una de las bases de su sostenibilidad, junto con un esquema de coordinación entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Según la evaluación expuesta en el foro, el modelo guatemalteco se aparta de la recepción pasiva de migrantes retornados. La estrategia concentra su diseño en acompañar a la persona antes del regreso, durante la llegada al país y en la etapa posterior de reintegración comunitaria y económica.

El programa se organiza en tres fases desde la red consular hasta la reinserción productiva

La primera etapa, llamada Cerca de ti, se activa desde la red consular en el extranjero. Su función es garantizar asistencia y protección antes del retorno.

La segunda, Regreso digno, opera en centros especializados de recepción en el país, como el de la Zona 13 de la capital. Allí se ofrece atención médica, apoyo psicológico, kits de alimentación y documentación inmediata.

La tercera fase, Nuevas oportunidades, articula el trabajo con ministerios y municipalidades para facilitar el acceso a programas de empleo, capacitación técnica, salud, vivienda y emprendimientos agrícolas. El plan quedó integrado de manera formal a la Política Migratoria Nacional de Guatemala con respaldo directo de la vicepresidencia de la República.

De acuerdo con lo presentado durante el encuentro en la Organización de las Naciones Unidas, esa estructura permitió que el programa fuera examinado como una política de gobernanza migratoria y no solo como un mecanismo de recepción. La valoración internacional puso el foco en la continuidad del acompañamiento institucional a lo largo de todo el trayecto del migrante.

La coordinación interinstitucional fue señalada como la base del modelo

El funcionamiento de la estrategia está bajo la coordinación del Consejo de Atención y Protección, que articula esfuerzos entre el sector público y actores de la sociedad civil. Ese componente fue señalado como uno de los factores que explican el alcance del programa entre personas retornadas desde los dos principales países de procedencia mencionados en la evaluación.

Representantes de la Organización Internacional para las Migraciones indicaron durante el foro que el plan aborda tres ejes de la movilidad humana actual: la protección de los derechos humanos, la reintegración comunitaria y la eficiencia en la gestión de fronteras. Esa combinación fue uno de los elementos mejor valorados en las sesiones globales de examen.

Para las autoridades migratorias guatemaltecas, el reconocimiento recibido en el FEMI refuerza la necesidad de ampliar el financiamiento y la cooperación técnica internacional. El objetivo, según la presentación oficial del programa, es que el retorno no sea entendido como el cierre del proceso migratorio, sino como el inicio de una nueva etapa de desarrollo productivo en las comunidades de origen.

El momento en que Antonieta Herrera vio uno de sus vestidos en una boda en Seúl confirmó que su vida había dado un giro notable. La joven que partió de Jalapa en 2000, dejando a sus hijos en Nicaragua, había conseguido que su trabajo cruzara fronteras y llegara a clientas en Asia y Europa. Hoy, Herrera dirige un atelier en Madrid, donde su nombre se asocia tanto con celebridades como Luis Miguel y Richard Gere como con novias e invitadas de distintos países.

Las prendas creadas en su taller han vestido a novias de Inglaterra, Corea del Sur, China y Japón. En abril de 2025, uno de sus diseños fue elegido por Alejandra Capetillo para su preboda, consolidando su presencia en el mundo de la alta costura, según relató la propia diseñadora a Confidencial.digital.

De Jalapa a la alta costura en Madrid

La historia de Herrera comenzó en una casa llena de máquinas de pedal y retazos. La costura era una tradición familiar: su bisabuela ya era costurera y su madre atesoraba esa máquina como un bien irremplazable. A los 12 años, Antonieta tomó su primer curso de corte y confección y, antes de terminar la secundaria, ya tenía clientas propias.

La idea de emigrar nació temprano. Según contó al medio Confidencial.digital, desde niña repetía que se iría a vivir fuera y que tendría una firma con su nombre. Cuando llegó el momento, investigó academias en Milán, París y Madrid, eligiendo España por la rapidez de respuesta y la comodidad del idioma. El 11 de octubre de 2000 aterrizó en Madrid, y al día siguiente ya estaba en la academia.

Antes de establecerse en la capital, vivió en Valencia y Cádiz, pero siempre mantuvo el vínculo con su formación y con una profesora que la animaba a regresar a Madrid. El salto profesional llegó cuando le ofrecieron ser jefa de taller en Jorge Blanco Costur, donde trabajaban figuras como Nuria March y Marta Sánchez. Ese fue su primer empleo formal en la industria.

Herrera compaginó estudios y trabajo, sin apoyo económico familiar y con la presión de reunir a sus hijos en España. Cuando abrió su primera tienda, la clientela ya la conocía, pero lo que más la emocionó fue ver su nombre en el rótulo. Además, durante varios años gestionó un almacén de mercerías en el centro de Madrid, donde conoció a Tamara Falcó, quien, tras ver los vestidos en el local, pidió su contacto y se inició una amistad que resultó clave para futuras oportunidades, como detalló a Confidencial.digital.

Clientes de alto perfil y una estética personal

Durante la pandemia, Tamara Falcó la recomendó a Isabel Preysler, quien necesitaba una nueva modista tras la jubilación de su costurera de toda la vida. Desde entonces, Herrera confecciona, ajusta y arregla prendas para Preysler, incluyendo piezas de firmas internacionales. Ese círculo de confianza la llevó a encargos para Luis Miguel, Richard Gere, Marta Sánchez y Margarita Vargas, y en Italia conoció a Denny Méndez. Según relató, a través de una firma colaboradora, ha confeccionado piezas para la reina Letizia cuando así lo requieren.

La explicación de cómo una diseñadora nicaragüense alcanzó un sector tan exclusivo está en su constancia, formación y una red de contactos forjada con el tiempo. Su clientela abarca desde la realeza hasta novias que buscan seguridad y distinción en un día especial.

Herrera define su propuesta como minimalista y elegante, con prendas que buscan la distinción sin sobrecarga. “Menos es más. Entre menos recargas una prenda, más elegante es”, afirma. Pero, en sus palabras, esa sobriedad convive con el colorido y la alegría que asocia con Nicaragua. Su colección Europa sintetiza la fusión entre la sofisticación continental y el toque del trópico. Hoy, con sus hijos ya establecidos en España, Herrera sigue cumpliendo el plan que imaginó de niña: confeccionar historias y acompañar a sus clientas en momentos únicos, según recoge Confidencial.digital.

En el marco del Día Mundial de la Población, Centroamérica y República Dominicana enfrentan retos demográficos que empiezan a transformar su día a día: desde el tráfico en las ciudades hasta la seguridad alimentaria.

La caída de la natalidad y el envejecimiento plantean un escenario donde la planificación urbana y social cobra una urgencia inédita.

En el último lustro, la región vivió un crecimiento poblacional moderado y una caída acelerada de la fecundidad. Según Worldometer, la suma de habitantes entre México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Belice rozó los 185 millones en 2025, con un incremento de aproximadamente 1.75 millones respecto a 2024.

En paralelo, República Dominicana superó los 11.4 millones, consolidando su peso en el Caribe y su estrecha relación migratoria con Centroamérica.

La tendencia general es clara: la tasa global de fecundidad bajó a 1.8 hijos por mujer en 2024 en América Latina y el Caribe. Esto significa que las familias son cada vez más pequeñas, un fenómeno iniciado desde 2015 y que impacta en cómo se distribuyen los recursos y servicios públicos.

Aunque el crecimiento natural (nacimientos menos muertes) sigue impulsando la expansión demográfica, la migración neta negativa —más personas saliendo que llegando— amortigua este avance en casi todos los países, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Población, natalidad y migración país por país

Guatemala se mantiene como el país más poblado del istmo, con 18.12 millones de personas en 2023, y una de las estructuras más jóvenes: la mediana de edad fue de apenas 22.6 años.

Su tasa de fecundidad (2.31 hijos por mujer) supera el promedio regional, y la densidad alcanza 169 personas por kilómetro cuadrado. Aunque la migración neta fue negativa, el crecimiento natural garantiza que la población siga expandiéndose, proyectándose hasta cerca de 26 millones en 2100.

En El Salvador, la situación es diferente. Con una población estable de 6.31 millones y alta densidad (305 personas por kilómetro cuadrado), la natalidad cayó a 1.77 hijos por mujer en 2023. El saldo migratorio negativo y la urbanización avanzada (42.8% vive en ciudades) apuntan a una posible reducción poblacional hacia el final del siglo.

Honduras muestra un crecimiento robusto, con 10.64 millones de habitantes y una tasa de 1.7% anual. La fecundidad (2.5 hijos por mujer) y la alta ruralidad (40.9% en áreas rurales) explican parte de esta dinámica. Sin embargo, la migración negativa y la presión sobre infraestructuras rurales y urbanas anticipan desafíos en transporte y alimentación.

Costa Rica ilustra el extremo opuesto: su población de 5.1 millones crece apenas 0.5% al año y su fecundidad es de las más bajas (1.33 hijos por mujer en 2023).

El envejecimiento avanza —la mediana de edad es de 34.1 años— y se proyecta que la población costarricense podría reducirse considerablemente hacia 2100. Este proceso podría cambiar la demanda en transporte, salud y alimentación, con menos niños y más adultos mayores.

Panamá se caracteriza por un crecimiento moderado (1.27% en 2024), alta urbanización (70.2%) y migración positiva, lo que la distingue como receptor regional. Con 4.57 millones de habitantes en 2025, la presión sobre Ciudad de Panamá y otras áreas urbanas sigue en aumento.

En contraste, Belice mantiene la menor población (411 mil habitantes) y una de las densidades más bajas (18 personas por kilómetro cuadrado), aunque su crecimiento aún es relevante en términos porcentuales (1.5% anual).

República Dominicana: entre urbanización y transición demográfica

La República Dominicana refuerza la tendencia regional: crecimiento sostenido pero a menor ritmo, fecundidad en descenso (2.24 hijos por mujer en 2023) y fuerte migración de salida.

La densidad llegó a 235 personas por kilómetro cuadrado y la urbanización supera el 61%. “La migración neta fue negativa en 2023, con una salida neta de 34,920 personas”, reporta Our World in Data. La mediana de edad de 27.7 años revela una población joven en proceso de envejecimiento.

El aumento de la población urbana —más de 11 millones de nuevos habitantes en ciudades centroamericanas entre 2020 y 2025— está intensificando la demanda de transporte, vivienda y servicios. En paralelo, la transformación demográfica reconfigura los mercados laborales y la estructura de consumo de alimentos, poniendo a prueba la resiliencia de los sistemas de distribución alimentaria.

Consecuencias para tráfico y seguridad alimentaria

La presión sobre el tráfico urbano y la seguridad alimentaria es uno de los efectos más visibles. En países como El Salvador y República Dominicana, la alta densidad y urbanización concentran la demanda de transporte en ciudades densas, mientras que la migración y el envejecimiento podrían modificar los patrones de movilidad y el acceso a alimentos.

Guatemala y Honduras, con poblaciones jóvenes y creciente demanda, enfrentan retos en la expansión de infraestructuras y la cobertura de servicios rurales y urbanos. Costa Rica y Panamá, con urbanización avanzada, deben anticipar los cambios que traerá el envejecimiento y la baja fecundidad.

En resumen, los últimos cinco años confirman que Centroamérica y República Dominicana están entrando en una fase donde las decisiones sobre transporte, alimentos y servicios públicos deberán adaptarse a un nuevo perfil demográfico.

La región aún suma habitantes, pero lo hace con menos nacimientos, más migración y una estructura de edades en transformación, lo que exige políticas públicas más innovadoras y flexibles para enfrentar los desafíos del futuro.

La falta de oportunidades laborales sigue siendo una de las principales preocupaciones de los trabajadores colombianos. Tanto así que el 69% afirma haber considerado, estar evaluando o incluso planear activamente migrar a otro país en busca de mejores perspectivas profesionales y económicas.

Así lo revela una encuesta realizada por Buk entre 344 trabajadores dependientes e independientes,que busca mostrar cuáles son las percepciones laborales tras las elecciones presidenciales en Colombia, que además muestran un panorama marcado por la cautela frente al nuevo gobierno, la preocupación por la estabilidad laboral y las limitadas expectativas de mejora en empleo y salarios.

El resultado refleja que para muchos trabajadores la decisión de migrar ya no está relacionada únicamente con la posibilidad de obtener mejores ingresos. Factores como la estabilidad laboral, las oportunidades de crecimiento profesional y la posibilidad de construir un proyecto de vida a largo plazo también pesan en esa decisión.

De hecho, solo el 32% de los encuestados asegura que no contempla salir del país. Entre los jóvenes predominan las dudas sobre su futuro profesional en Colombia, mientras que la Generación X registra la mayor proporción de personas que ya planean migrar.

La estabilidad laboral sigue siendo la principal demanda

La intención de migrar está estrechamente ligada a otra de las grandes preocupaciones que revela el estudio de Buk: la búsqueda de mayor estabilidad laboral.

El 42% de los trabajadores consultados considera que la prioridad más urgente para el mercado laboral colombiano es fortalecer la formalización del empleo y reducir el uso de contratos por prestación de servicios en cargos que consideran permanentes dentro de las organizaciones.

La preocupación atraviesa diferentes grupos poblacionales, aunque tiene una mayor incidencia entre los trabajadores jóvenes. Tanto en la Generación Z como entre los millennials, el 45% identifica este tema como el principal desafío laboral.

El dato cobra relevancia en medio del inicio de un nuevo ciclo político, en el que las expectativas de los trabajadores siguen concentradas en la generación de empleo formal y en condiciones que ofrezcan mayor seguridad económica.

Frente a este panorama, desde Buk señalan que las organizaciones enfrentan el reto de revisar sus esquemas de vinculación laboral y evaluar cuándo resulta pertinente avanzar hacia modelos de contratación directa. Según la compañía, responder a la necesidad de estabilidad expresada por los trabajadores puede contribuir a fortalecer el compromiso de los equipos y generar mayor confianza dentro de las organizaciones.

Pensiones y salud, entre las principales inquietudes

La segunda preocupación más importante para los trabajadores colombianos está relacionada con la protección social.

El 27% de los participantes considera prioritario fortalecer aspectos relacionados con las pensiones y la salud. Esta preocupación tiene mayor peso entre las mujeres, donde alcanza el 31%, y entre los trabajadores de la Generación X, con un 36%.

El resultado coincide con un contexto en el que continúan las discusiones sobre la implementación de la reforma pensional y persisten los desafíos estructurales del sistema de salud.

Para Buk, este hallazgo evidencia que las necesidades laborales cambian según la etapa de vida de cada trabajador. En ese sentido, consideran que beneficios asociados con orientación pensional, educación financiera o coberturas complementarias de salud adquieren cada vez más relevancia para determinados segmentos de la población laboral.

El acceso al primer empleo preocupa a los jóvenes

Mientras los trabajadores con más experiencia centran su atención en la estabilidad y la protección social, los jóvenes enfrentan una realidad distinta.

El 39% de los integrantes de la Generación Z considera que el empleo juvenil y el acceso al primer trabajo son el principal reto laboral del país, una cifra que triplica la registrada entre millennials y trabajadores de la Generación X.

La preocupación encuentra respaldo en cifras del Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado, según las cuales nueve de cada diez jóvenes trabajadores reciben menos de dos salarios mínimos y cerca del 60% se desempeña en condiciones de informalidad.

A partir de estos resultados, Buk destaca que programas como contratos de aprendizaje, pasantías y rutas estructuradas de primer empleo pueden facilitar la inserción laboral de los jóvenes, especialmente en un entorno donde la falta de experiencia continúa siendo una de las principales barreras para acceder a oportunidades formales.

Predomina la cautela frente al empleo y los salarios

A pesar de la llegada de un nuevo gobierno, las expectativas de mejora siguen siendo moderadas.

El 53% de los encuestados cree que conseguir empleo será igual de difícil durante los próximos doce meses, mientras que un 24% considera que la situación podría empeorar. Solo uno de cada cuatro trabajadores espera un escenario más favorable.

Las perspectivas salariales muestran una tendencia similar. El 72% cree que sus ingresos permanecerán sin cambios durante el primer año de gobierno, frente a un 18% que anticipa aumentos y un 10% que teme reducciones.

La encuesta también revela que el 55% mantiene dudas o expectativas moderadas sobre la capacidad del nuevo gobierno para reducir el desempleo y mejorar los niveles de seguridad.

Según Buk, en un contexto marcado por la incertidumbre, factores como la transparencia en las condiciones de contratación, las oportunidades de desarrollo profesional y una comunicación clara dentro de las organizaciones pueden convertirse en elementos clave para fortalecer la confianza de los trabajadores.

Un mercado laboral que sigue buscando certezas

Más allá del resultado electoral, la encuesta muestra que las principales preocupaciones de los trabajadores colombianos siguen siendo las mismas: estabilidad laboral, empleo formal, mejores oportunidades para los jóvenes y condiciones que permitan construir un futuro con mayor certidumbre.

La elevada intención de migrar aparece como una señal de alerta sobre los desafíos que aún enfrenta el mercado laboral colombiano. Para una parte importante de los trabajadores, las oportunidades que buscan siguen estando fuera del país.

Estos y otros análisis sobre el mercado laboral pueden consultarse en la página web de Buk.

Viajar por carretera entre los países de Centroamérica sigue siendo una de las opciones más elegidas por turistas, estudiantes, trabajadores migrantes y personas que buscan visitar a sus familiares.

De acuerdo con información proporcionada por la empresa de transporte Autobuses Cristóbal Colón, los descuidos administrativos y migratorios pueden afectar gravemente la experiencia de viaje internacional en la región.

Las cifras del Instituto Guatemalteco de Migración ilustran la magnitud del reto: en 2025, más de 1,200 extranjeros no lograron ingresar a Guatemala por incumplir requisitos legales.

Los viajeros que transitan entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, países miembros del acuerdo CA-4, o quienes amplían su recorrido hacia México, deben atender requisitos migratorios específicos que varían según nacionalidad y destino.

Los ciudadanos del bloque CA-4 pueden cruzar fronteras mostrando su documento de identidad vigente, pero quienes ingresan a México o provienen de otras regiones necesitan un pasaporte actualizado y, en ocasiones, una visa o permisos adicionales. La revisión previa de la vigencia de los documentos y los requisitos migratorios resulta indispensable para evitar rechazos en la frontera, detalló la compañía.

Uno de los errores más frecuentes identificados por Cristóbal Colón se relaciona con el uso de documentos próximos a vencer. Viajar con un pasaporte o identificación cuya vigencia está por expirar puede derivar en la negación del ingreso a cualquier país de la región. Además, cada nación solicita distintos documentos complementarios, como comprobantes económicos, boletos de regreso o reservas de alojamiento.

Esta exigencia es especialmente relevante al ingresar a México, donde la revisión de papeles puede ser exhaustiva. La consulta directa en los portales oficiales de migración de cada país es fundamental, ya que los requisitos pueden cambiar sin previo aviso.

El traslado de menores de edad representa otra área sensible. Si un niño viaja solo con uno de sus padres o bajo la custodia de un tercero, las autoridades pueden exigir permisos notariales específicos para autorizar la salida o el ingreso. El pasaporte vigente para menores es obligatorio en la mayoría de los casos. El Salvador, por ejemplo, permite enviar y gestionar la revisión de documentos de menores en línea a través de su portal oficial de migración, agilizando los procesos y evitando inconvenientes en los puestos fronterizos.

La movilidad de animales de asistencia y apoyo emocional ha cobrado relevancia en los últimos años. Algunas empresas de transporte permiten el traslado de perros guía y mascotas de apoyo emocional, siempre que los dueños presenten la documentación correspondiente y cumplan con las normativas sanitarias requeridas tanto en el país de origen como en el de destino. Esta flexibilidad ha facilitado los viajes de personas con discapacidades o necesidades especiales, aunque la empresa insiste en la necesidad de verificar previamente las regulaciones específicas de cada país.

Para los turistas extranjeros que planean recorrer varios países de Centroamérica, el ingreso legal a una nación no garantiza el acceso automático a las demás, a menos que se verifiquen y cumplan los requisitos migratorios particulares de la nacionalidad del viajero. Este punto suele generar confusión, especialmente entre quienes asumen que una vez dentro del bloque CA-4 podrán desplazarse sin restricciones.

Los procedimientos de control migratorio y registro de equipaje pueden tomar más tiempo de lo esperado. "Presentarse con suficiente anticipación a las terminales y puntos de control es clave para evitar contratiempos y garantizar que los trámites se realicen con tranquilidad“, destacó Josef Valdez, gerente comercial para Centroamérica de Autobuses Cristóbal Colón.

“Cada viaje internacional implica responsabilidades que muchas veces pasan desapercibidas. Hemos identificado que una buena parte de las consultas que recibimos están relacionadas con documentos migratorios, permisos para menores de edad o requisitos para ingresar a determinados países. Por ello queremos compartir información práctica que permita a los viajeros prepararse mejor y evitar contratiempos antes de llegar a una frontera”, afirmó el directivo.

Las normas migratorias en la región se actualizan frecuentemente. Confiar en rumores o información no verificada en redes sociales puede resultar en complicaciones evitables. Las fuentes oficiales y las empresas de transporte autorizadas son las referencias más fiables para la toma de decisiones. La adecuada preparación y la consulta previa a la salida son las herramientas más efectivas para sortear cualquier obstáculo burocrático.

La correcta documentación, la revisión anticipada de los trámites y la planificación responsable permiten que los viajeros disfruten la experiencia de cruzar fronteras en Centroamérica sin contratiempos.

El régimen de Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, endureció los requisitos para otorgar la visa de salida a menores de 18 años, una medida que elimina permisos de larga duración y exige nuevas pruebas sobre los padres que, según diversos medios afecta sobre todo a las familias de perseguidos políticos que intentan reunificarse desde el exilio.

El cambio es que ahora solo se concede la visa ordinaria: una autorización de salida por una única vez y por un período no mayor a 30 días. Quedaron detenidos los permisos de tres meses, seis meses y un año, sin que las autoridades explicaran las razones de esa decisión, publicó Nicaragua Investiga.

Jennifer Pérez, inspectora de Trámites Migratorios y jefa del Departamento de Visas, explicó a medios oficialistas: “para realizar la solicitud, es necesario que ambos padres se presenten físicamente a la sede central con la documentación requerida”.

El trámite quedó concentrado en Managua y exige pruebas migratorias del padre ausente

La gestión para menores se hará exclusivamente en la ventanilla 21 en Managua, lo que también reduce el acceso para las familias que viven en otros departamentos. El diario señaló que esa centralización añade una barrera territorial a un procedimiento que ya era difícil de completar.

Las autoridades prevén una alternativa cuando uno de los padres no puede acudir en persona, pero esa opción también incorpora una condición adicional: presentar la constancia legal del movimiento migratorio de ese progenitor. Para las familias de opositores exiliados, ese requisito se convierte en otro obstáculo porque muchos salieron del país por puntos ciegos para evitar ser capturados y, por tanto, no registraron su salida ante las autoridades.

Los permisos notariales siguen siendo obligatorios incluso si ambos padres viajan con el menor

Según detalló Pérez, el trámite requiere el formulario migratorio lleno, copia del acta de nacimiento del menor, copia del pasaporte, copia de la cédula de identidad de ambos padres y permiso notarial de salida. El permiso notarial de salida sigue siendo obligatorio: si ambos padres están fuera de Nicaragua, un tercero puede hacer la gestión con un permiso emitido por los dos en el extranjero y debidamente apostillado; incluso si ambos progenitores viajan con el menor, el documento también debe presentarse. En ese caso, también debe presentarse la constancia de movimiento migratorio de ambos padres.

Flujo de nicaragüenses hacia Costa Rica

El flujo de nicaragüenses en la frontera norte de Costa Rica aumentó durante 2025, con más cruces por puestos oficiales e irregulares, aunque el volumen se mantuvo por debajo de los máximos registrados en años anteriores; ese movimiento se da en un contexto de desplazamiento sostenido y de creciente presión sobre personas migrantes que buscan trabajo, reunificación familiar o protección.

El monitoreo de la Organización Internacional para las Migraciones indica que, para medir ese comportamiento durante los 12 meses del año, se aplicaron más de 2,800 encuestas en distintos puntos de cruce. El reporte concluye que el flujo sigue siendo alto, sobre todo por canales oficiales, pero muestra señales de estabilización frente a los picos del pasado.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, el Puesto Oficial Peñas Blancas, principal control migratorio entre ambos países, registró en 2025 un total de 270,041 ingresos y 266,600 salidas de personas nicaragüenses. La cifra superó la de 2024, aunque todavía quedó por debajo del máximo anual de 2017.

En el Puesto Oficial Las Tablillas, el total fue de 40,863 ingresos y 40,131 salidas. También allí los registros crecieron respecto del año anterior, sin alcanzar todavía los niveles más altos observados en 2019.

A lo largo de 2025, la mayoría de las personas migrantes señaló en los puestos oficiales que su principal motivo era la búsqueda de mejores oportunidades socioeconómicas. En los cruces irregulares, en cambio, la reunificación familiar ganó peso hacia el final del año.

Dos ciudadanos guatemaltecos —Jorge Agapito Ventura, de 34 años, y Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 26— se declararon culpables el miércoles 8 de julio de 2026 ante un tribunal federal en Texas por cargos de tráfico de personas. Ambos enfrentan una pena máxima de cadena perpetua. La sentencia fue fijada para el 6 de octubre de 2026, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las declaraciones de culpabilidad se vinculan al accidente más letal de tráfico humano registrado en México en años recientes: el vuelco de un tráiler con más de 160 migrantes en Chiapas en diciembre de 2021.

El accidente del tráiler en Chiapas

El 9 de diciembre de 2021, un tráiler con al menos 166 migrantes volcó y chocó contra un puente en las cercanías de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El saldo fue de 55 personas muertas, entre ellas una niña de 16 años, y más de 100 heridos.

Casi todas las víctimas fatales eran guatemaltecas. Entre los heridos también había personas de República Dominicana, Honduras, México y Ecuador, según las autoridades de Chiapas.

Los sobrevivientes declararon que iban tan apretados dentro del remolque que la mayoría solo podía estar de pie. Las imágenes del lugar del accidente mostraron cuerpos dispersos a lo largo de la escena del choque.

Una red de tráfico organizada

La red reclutaba migrantes en Guatemala, cobraba por el traslado y los transportaba en distintos vehículos: a pie, en microbuses, en camiones de ganado y en tráileres, según admitieron los acusados ante el tribunal.

Uno de los detalles más graves que reveló la investigación fue el uso de menores no acompañados como parte del esquema. Los organizadores les entregaban guiones preparados para que los niños respondieran a las preguntas de las autoridades migratorias de Estados Unidos en caso de ser detenidos.

El fiscal en funciones del Distrito Sur de Texas, John G.E. Marck, describió la operación como una red de tráfico que movía personas “como una cadena de suministro”: las reclutaba en Guatemala, cobraba su dinero y las apilaba en camiones de ganado y tráileres para un trayecto peligroso por México. “Esa operación terminó con la pérdida de más de 50 vidas en una carretera mexicana”, señaló.

Los acusados y el proceso judicial

Ventura fue detenido en Cleveland, Ohio, en diciembre de 2024, mientras residía de forma ilegal en Estados Unidos. Zavala Quino fue uno de los cinco coimputados extraditados desde Guatemala en 2025 para enfrentar cargos en Texas.

Antes de las declaraciones del 8 de julio, otros tres integrantes de la red ya habían admitido su culpabilidad. Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32, se declararon culpables en junio de 2026; Daniel Zavala Ramos, de 41, lo hizo en abril del mismo año. Los tres también fueron extraditados desde Guatemala en 2025.

Un sexto imputado, identificado como Tomas Quino Canil, de 37 años, aún tiene cargos pendientes. La sentencia de Canil De Zavala y Chitic fue fijada para el 9 de septiembre de 2026, y cada condenado enfrenta hasta cadena perpetua y una multa de hasta USD 250.000.

Voces oficiales

El fiscal auxiliar del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que los acusados “trabajaron juntos para explotar a personas vulnerables al violar las leyes migratorias de este país, con consecuencias mortales”.

En el comunicado de junio de 2026, Duva también señaló que los responsables “maximizaron sus ganancias al apilar a más de 100 hombres, mujeres y niños en un tráiler”, lo que derivó en el accidente.

El director en funciones de HSI —la rama de investigaciones de seguridad nacional del Departamento de Seguridad Interior—, John Condon, subrayó que el caso demuestra que los traficantes de personas “no se preocupan por los migrantes que transportan, pese a los numerosos riesgos, incluidos el calor extremo y las condiciones peligrosas de traslado”.

La investigación fue llevada a cabo por HSI en coordinación con autoridades de Guatemala y México, y forma parte de la Joint Task Force Alpha, el esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior para desmantelar redes de tráfico humano en las Américas. El caso también se enmarca en la Operation Take Back America, iniciativa nacional del Departamento de Justicia.

El Gobierno de México anunció una nueva etapa en su respuesta ante la muerte de connacionales relacionada con agentes y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Tras meses de gestiones diplomáticas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que iniciará acciones legales tanto en el ámbito penal como civil.

El caso que detona el anuncio

La medida se da luego de la muerte de Lorenzo Salgado, ocurrida el pasado 7 de julio, quien —de acuerdo con lo informado por la SRE— recibió disparos por parte de agentes de ICE. El caso, según se indicó, debe ser investigado “con absoluta seriedad”, una exigencia que también han planteado públicamente sus familiares.

Una cifra que crece

Según cifras presentadas por la propia dependencia:

• 17 personas mexicanas han perdido la vida en contextos relacionados con acciones de ICE.
• De ellas, 14 fallecieron bajo custodia, es decir, dentro de centros de detención.
• Las 3 restantes murieron durante operativos, como el caso de Lorenzo Salgado.
• A nivel global, se han reportado 58 casos de personas de distintas nacionalidades fallecidas en centros de detención de ICE durante 2025 y 2026.

Lo que ya se había hecho

Antes de este anuncio, el gobierno mexicano había desplegado una serie de acciones diplomáticas, entre ellas:

• Acompañamiento legal y humanitario a las familias a través de los consulados.
• Envío de 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense, una por cada caso.
• Una solicitud formal ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que derivó en un pronunciamiento público de dicho organismo.
• Una petición de revisión de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las nuevas acciones anunciadas

De acuerdo con lo expuesto por la SRE, el gobierno mexicano instruyó cuatro líneas de acción:

1. Denuncias penales: la SRE solicitará apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales de Estados Unidos y ante el Departamento de Justicia, por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE.
2. Acciones civiles: se enviarán cartas de cese y desistimiento (“cease and desist”) a las empresas privadas que operan los centros de detención, señalando presuntas condiciones violatorias de derechos humanos.
3. Solicitud ante la CIDH: en conjunto con organizaciones civiles, se pedirá el otorgamiento de medidas cautelares para proteger a personas mexicanas en centros de detención.
4. Exigencia ante la ONU: se solicitará al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que amplíe su atención a los nuevos casos registrados tras su primer pronunciamiento.

Un patrón que ha generado señalamientos internacionales

El caso de Lorenzo Salgado no ocurre de manera aislada. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas han señalado, en distintos foros, que las condiciones en varios centros de detención de ICE han sido objeto de cuestionamientos previos, particularmente en lo referente a atención médica, uso de la fuerza y protocolos de seguridad durante operativos.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no ha emitido un pronunciamiento público detallado sobre el caso específico de Lorenzo Salgado, más allá de confirmar —según lo informado por la SRE— que se encuentra en investigación. Especialistas en derechos humanos consultados por distintos medios han insistido en que la reiteración de este tipo de casos hace necesario un escrutinio independiente sobre los protocolos que rigen tanto los operativos como los centros de detención administrados por privados.

Comunicación con autoridades estadounidenses

La SRE indicó que continuará el diálogo con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Se informó, además, que se solicitaron reuniones urgentes con autoridades estadounidenses, incluyendo integrantes del Congreso de ese país, a través del embajador de México en Washington.

Según lo señalado por la propia dependencia, este tema representa la prioridad actual de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Guatemala recibió 12,219 millones de dólares en remesas durante el primer semestre y avanzó 7% frente al mismo período del año pasado, un resultado que la mantiene entre las economías con mayor dinamismo de la región y que, según un análisis del Centro Monetario Latinoamericano (Cemla), la coloca por encima de México, Honduras y Colombia en crecimiento acumulado durante la última década.

El dato llega antes del tramo del año en el que esos flujos suelen acelerarse por el efecto estacional de fin de año. Solo en junio, los envíos sumaron 2,325 millones de dólares, 106,2 millones de dólares más que un año antes, de acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat).

Según Prensa Libre, la actualización de la balanza cambiaria muestra que entre enero y junio ingresaron además unos 93 mil millones de quetzales por remesas. El aumento interanual fue de 851 millones de dólares, ya que en el mismo semestre del año anterior el monto había sido de 11,368 millones de dólares.

El registro mensual siguió por encima del umbral de 2 mil millones de dólares. Marzo marcó el nivel más alto de la serie reciente con 2,441 millones de dólares, un récord histórico, mientras que solo enero y febrero quedaron por debajo de esa marca.

Guatemala lidera el crecimiento de remesas entre seis grandes receptores de la región

Un análisis de Jesús A. Cervantes González, coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del Cemla, señala que Guatemala es uno de los seis países donde el ingreso por remesas mostró un crecimiento destacado en los últimos 10 años. El grupo lo integran México, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana y El Salvador, con flujos que provienen principalmente de Estados Unidos.

El documento indica que el ingreso anual por remesas de esos países pasó de 49,563 millones de dólares en 2015 a 79,843 millones de dólares en 2020, luego a 135,167 millones de dólares en 2025 y a 137,577 millones dólares al cierre de abril de 2026, medido de mayo de 2025 a abril de 2026. En todo ese período, el aumento acumulado fue de USD 88.014 millones, equivalente a 178%.

Para Guatemala, el informe del centro monetario calculó un crecimiento de 319% entre 2015 y abril de 2026. Esa variación superó el 241% de Honduras, el 168% de Colombia, el 148% de México, el 142% de República Dominicana y el 139% de El Salvador.

Cervantes resumió ese comportamiento con una comparación directa: “En el período considerado el aumento de las remesas fue importante en los seis países, pero presentó un mayor dinamismo en Guatemala, Honduras y Colombia. En ese lapso las remesas de esos tres países se incrementaron 319%, 241,5% y 168,7%, respectivamente”.

El análisis atribuye ese desempeño, en buena medida, al intenso flujo migratorio hacia Estados Unidos entre 2015 y 2024. En ese lapso, la población inmigrante de Guatemala, Honduras y Colombia aumentó en un millón 287 mil 139 personas, lo que, según el documento, mantuvo una estructura de edades favorable para una alta participación en el mercado laboral estadounidense y amplió el número de potenciales remitentes.

Las proyecciones oficiales anticipan una desaceleración después del salto de 2025

Las autoridades monetarias proyectan que las remesas cerrarán 2026 en 26,806 millones de dólares, unos 205 mil millones de quetzales, con un crecimiento de 5%. Para 2027 prevén 27,610 millones de dólares, equivalentes a 211,216 millones de quetzales, con una expansión de 3%.

Esas previsiones implican una desaceleración frente a 2025, cuando los envíos crecieron 18.7% y sumaron 25,510 millones de dólares, según los informes oficiales citados por la publicación. Ese ingreso adicional fue de 5,642 millones de dólares y representó 20.7% del producto interno bruto.

El aumento de las transferencias ocurre en un escenario de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, incertidumbre global y encarecimiento del precio internacional del petróleo. El diario añadió que esas tensiones se moderaron desde el 19 de junio, cuando Estados Unidos e Irán suscribieron un memorándum de entendimiento, hecho que se reflejó en una disminución del precio del crudo.

El estudio también contrastó el caso de México, que entre 2024 y 2026 fue el país con menor dinamismo en remesas entre los seis analizados.

Cervantes sostuvo que esa pérdida de impulso también se observa en el número de transferencias recibidas. “Las cifras del mercado laboral de Estados Unidos muestran que en 2025 y los primeros meses de 2026 se redujo la población mexicana inmigrante en edad de trabajar, su población económicamente activa, la inactiva, los ocupados y aun los desempleados en ese grupo migratorio”.

Según el análisis, esa tendencia sugiere un retorno significativo, voluntario e involuntario, de migrantes mexicanos. Ese movimiento, añade el informe, propició una disminución de los envíos de remesas hacia México.

Una noche de 2025, en Bochum, me puse a borrar fotos del celular para hacerle lugar a la memoria llena y terminé haciendo exactamente lo contrario de lo que había ido a buscar. En vez de borrar, me quedé leyendo. Tenía decenas de notas viejas que había escrito sin ningún plan: frases sueltas anotadas en estaciones de tren, en aulas de alemán, en aviones, en habitaciones prestadas. Ninguna era un diario. Eran apuntes de una cabeza que no se quedaba quieta.

Entre todas apareció una de noviembre de 2019, de mi primera vez en Alemania. Empezaba con dos preguntas: “¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy acá?“. La había escrito a los pocos meses de llegar, en ese punto exacto en que la novedad se apaga y arranca la vida de verdad. Cuando la releí, seis años después, no me pareció estar leyendo a un pibe perdido. Me pareció estar leyendo la primera página de algo que todavía no había escrito.

Ese algo terminó siendo un libro que se llama Lo que nadie te cuenta de emigrar. Pero para contar cómo se hizo tengo que ir un poco más atrás, a una escena que para mí es el verdadero comienzo de todo y que no tiene nada que ver con un avión.

Es un aeropuerto. Yo estoy revisando por décima vez que tenga el pasaporte, la carta de la beca, los papeles. En un momento levanto la vista y veo a mi viejo haciendo la fila para despachar mi valija. Un gesto mínimo, de esos que un padre hace sin pensarlo. Pero ahí, mirándolo de espaldas en esa fila, entendí algo que me quedó grabado: esa era la última vez que alguien iba a hacer un trámite por mí simplemente porque me quería. De ahí en adelante lo iba a resolver todo solo, en otro idioma. Emigrar no empezó cuando despegó el avión. Empezó en esa fila.

Soy de San Martín, Mendoza. Estudié Ingeniería Civil en la UTN y aprendí alemán durante años mientras cursaba, con una beca del DAAD como horizonte. Emigré tres veces, en realidad. La primera por esa beca, en 2019. Después volví a la Argentina, me recibí y regresé a Alemania por trabajo. En el medio me volví a Argentina, pasé ocho meses en casa, en 2024, y otra vez elegí irme. Hoy trabajo en un equipo que mejora la conectividad del país con redes de fibra óptica. Suena frío y muy de ingeniero, pero en el fondo hago lo mismo desde siempre: que dos cosas que estaban separadas se puedan encontrar. Empecé haciéndolo gracias a la ingeniería. Sin darme cuenta, me terminó importando hacerlo con personas.

En la facultad tenía una obsesión medio nerd: hacer resúmenes de las materias. No para aprobar. Los armaba imaginando que algún día otra persona los iba a usar, así que tenían que ser claros. Me pasaba horas cruzando bibliografía de distintos autores, emparejando el lenguaje para que todo cerrara. Mientras ordenaba Geotecnia, Hormigón o Hidráulica estaba practicando, sin saberlo, lo único que después me serviría para escribir: agarrar algo complicado y dejarlo legible.

Emigrar, entendí con el tiempo, era también eso: una experiencia difícil de dejar legible. Desde afuera se ve la parte fácil de contar, la foto en una ciudad nueva, la oportunidad, la aventura. Lo que casi nadie cuenta pasa del otro lado y en voz baja.

Lo primero es el idioma. No el del curso, el de la vida real: pedir un turno médico, explicar un síntoma, entender un chiste a tiempo. Durante un buen rato sos alguien que sabe hacer un montón de cosas atrapado en el vocabulario de un chico de primaria.

El desafío más profundo llegó después: aprender a convivir con la ausencia. Y la ausencia no golpea en los momentos grandes, golpea en los chiquitos. Un asado familiar que te llega en una foto seis horas tarde. Un cumpleaños que seguís por la pantalla. Un domingo cualquiera. Y encima cargás una culpa que nadie nombra: como te fuiste porque quisiste, se supone que no tenés mucho derecho a quejarte, total «estás allá». Lo más incómodo de todo es descubrir que se puede estar perfectamente bien en los papeles y, al mismo tiempo, andar cargando algo que desde afuera no se ve.

El libro lo escribí a lo largo de 2025, y el proceso fue tan caótico como lindo. Notas del celular, Google Docs abiertos a cualquier hora, audios que me mandaba a mí mismo caminando, capítulos que aparecían de golpe, charlas largas con amigos que también se habían ido. Lo que busqué fue ponerle forma a algo muy subjetivo, que mucha gente siente sin encontrar las palabras, y ofrecer algo parecido a compañía.

También hubo pudor. Escribir de mi mamá, de la soledad, de los vínculos, de esa sensación de estar repartido entre varios lugares me obligó a aceptar que meter todo eso en un libro era exponerme. En algún momento decidí que valía la pena, si del otro lado alguien encontraba las palabras que a mí me habían faltado durante años.

La etapa de publicarlo fue un mundo aparte. Quise hacerlo por mi cuenta y con la menor inversión posible, así que terminé siendo el director creativo del proyecto y, a la vez, el que ejecutaba cada tarea: edición, maquetado, registro, ebook, impresión, distribución, los papeles legales. Armé la marca, abrí un Instagram, hice una web. En una época en la que casi todo empuja a scrollear rápido y seguir de largo, me interesaba proponer lo contrario: algo que invitara a frenar y a leer.

Lo más fuerte llegó cuando el libro empezó a caer en manos de la gente. Me escribieron argentinos en Estados Unidos que se emocionaron porque les tocaba su propia historia. Amigos que se habían ido me contaron que se les hizo un nudo en la garganta ya en las primeras páginas. Y también me escribieron madres, padres y hermanos de personas que emigraron, que por fin entendían un poco mejor lo que pasa del otro lado del océano.

Eso era lo que más me importaba: que el libro sirviera de los dos lados. Para los que se fueron, para los que se quedaron y para los que todavía están decidiendo si irse.

Si tuviera que quedarme con una sola definición de todo esto, elijo una que anoté hace tiempo y que sigo sosteniendo: emigrar es aprender a vivir con el corazón repartido. El libro fue mi manera de juntar esas partes. De ordenar, como pude, una experiencia que no entra ni en los trámites ni en las fotos. Empecé ordenando apuntes de ingeniería para que otro los pudiera entender. Terminé ordenando algo bastante más difícil, con la misma intención de siempre: que alguien, en algún lugar, se sienta un poco menos solo.

El Gobierno de Honduras mantuvo una reunión con representantes del Programa Regional EUROFRONT para revisar acciones de cooperación en gestión fronteriza. El encuentro, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reunió a instituciones hondureñas y a la iniciativa respaldada por la Unión Europea.

En el encuentro Participaron la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, representantes de la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Seguridad.

Durante la reunión, las instituciones presentaron sus prioridades en materia de gestión fronteriza y evaluaron áreas de cooperación técnica con el programa europeo para fortalecer las capacidades operativas del país.

Estrategias para la gestión fronteriza

Las autoridades plantearon un trabajo coordinado entre las entidades responsables del control migratorio, aduanero y de seguridad para responder con más eficiencia a los desafíos en las fronteras.

Según lo expuesto en el encuentro, EUROFRONT promueve un modelo de gestión integrada de fronteras basado en la cooperación entre países, el fortalecimiento institucional y el intercambio de buenas prácticas.

La iniciativa impulsa la modernización de procedimientos, el uso de herramientas técnicas y la coordinación entre organismos nacionales e internacionales para mejorar la movilidad de personas y mercancías sin descuidar los controles de seguridad.

También se identificaron oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos orientados a fortalecer las capacidades de las instituciones hondureñas responsables de la administración fronteriza.

Las autoridades hondureñas señalaron que la gestión integral de fronteras es uno de los ejes prioritarios de la actual administración, porque un sistema fronterizo eficiente contribuye a la protección de la soberanía nacional, el combate a los delitos transnacionales y la facilitación del comercio.

La posición de Honduras

Añadieron que una mejor coordinación entre las instituciones permite optimizar los procesos migratorios, fortalecer los controles aduaneros y garantizar una movilidad más ordenada para ciudadanos y visitantes.

Al cierre de la reunión, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que continuará impulsando alianzas con organismos y socios internacionales para fortalecer las capacidades institucionales del país.

La dependencia sostuvo que la cooperación internacional seguirá orientándose a proyectos alineados con las prioridades nacionales, en especial los enfocados en modernizar los servicios públicos, mejorar la seguridad fronteriza y promover el desarrollo económico mediante una gestión más eficiente de los puntos de ingreso y salida del territorio hondureño.

La visita de la misión marca el inicio de una nueva etapa de diálogo entre Honduras y la Unión Europea en materia de gestión fronteriza. En las próximas semanas se espera que las instituciones involucradas definan una hoja de ruta con acciones específicas de asistencia técnica, capacitación e intercambio de experiencias que permitan fortalecer los controles migratorios y aduaneros bajo estándares internacionales.

La cooperación también busca que el país avance hacia un modelo de fronteras más moderno, capaz de responder a desafíos como la migración irregular, el crimen organizado transnacional y el comercio ilícito, sin afectar la circulación legal de personas y mercancías. Las autoridades consideran que este enfoque contribuirá a mejorar la seguridad nacional y a fortalecer la integración regional acordaron durante la sesión realizada.

Sheinbaum Pardo afirmó: “No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”.

La titular del Ejecutivo señaló que, aunque el gobierno estadounidense responde a los requerimientos jurídicos, persisten casos de fallecimientos de connacionales en custodia, cuya única falta es la carencia de documentos migratorios, incluso cuando han sido contratados por empresas estadounidenses. Sheinbaum Pardo cuestionó que estas personas sean enviadas a centros de detención o sean víctimas de violencia.

El Ejecutivo federal detalló que las nuevas medidas tendrán carácter jurídico y adelantó que mañana, el secretario de Relaciones Exteriores presentará un informe preliminar sobre los avances y acciones a implementar.

El asesinato de Lorenzo Salgado Araujo

De acuerdo con el director en funciones del ICE, informó que Lorenzo Salgado Araujo era un “extranjero ilegal”, que fue detenido por un elemento de la agencia porque supuestamente habría intentado atropellar a personas, aunque no presentó pruebas de inmediato.

El agente estadounidense contó que Araujo lo intentó atropellar, motivo por el cual le disparó e hirió en el abdomen. Luego de ser trasladado al hospital, murió poco después.

En la mañana del incidente, la agencia intentó detener al conductor cerca de las 6:50, de acuerdo con David Venturella, director en funciones de ICE. Venturella describió al fallecido como “extranjero ilegal”, aunque no especificó el motivo de la persecución.

La respuesta de las autoridades fue inmediata. El Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación sobre la actuación del agente, mientras que la oficina del FBI en Houston se concentrará en esclarecer si hubo agresión contra un agente federal. Estas investigaciones buscan esclarecer los hechos y determinar si la actuación policial fue justificada.

Por su parte, Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, relató en sus redes sociales que su padre era “un hombre trabajador que estaba tratando de conseguir su permiso de trabajo por la vía legal para mantener a su familia”. Añadió que su padre se dedicaba a la construcción y sostenía a sus tres hijos y a su esposa. “Mi padre no merecía esto”, afirmó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía respetar el recuerdo de su padre, esto debido a que hay vídeos y fotografías circulando en redes sociales de los últimos momentos de vida de su padre, que “no quiere ver”. También compartió que el día de hoy a las 10:00 ofrecería una conferencia de prensa para detallar los pasos siguientes en este caso.

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, informó que Salgado Araujo se dirigía a una obra con tres trabajadores, uno de ellos su hermano, cuando ocurrió el encuentro con los agentes. Hasta el momento, el gobierno federal no ha respondido sobre la situación de los otros ocupantes del vehículo.

Este incidente se suma a una serie de enfrentamientos recientes entre conductores y agentes federales en el marco de la intensificación de los operativos migratorios durante la administración de Donald Trump. Las dudas sobre la veracidad de las versiones oficiales y el uso de la fuerza letal han incrementado la presión sobre las autoridades para transparentar los procedimientos y proteger los derechos de los migrantes.

Dos ciudadanos colombianos con órdenes de captura vigentes fueron detectados por Migración Colombia durante operativos realizados en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia).

De acuerdo con información de las autoridades migratorias, el primer caso se registró en el área de emigración, donde los funcionarios identificaron a un viajero que intentaba salir rumbo a México.

Al verificar su identidad, confirmaron que tenía una orden de captura activa, emitida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, por el delito de acto sexual violento.

En el segundo procedimiento, ocurrido en el área de inmigración, los controles migratorios permitieron detectar a otro colombiano proveniente de Brasil.

Este individuo era buscado por varias causas judiciales, incluidas hurto calificado y agravado, receptación, concierto para delinquir y falsedad marcaria. Según las autoridades, las órdenes provenían de un juzgado penal con Función de Control de Garantías.

Ambos ciudadanos, tras la confirmación de sus órdenes judiciales, fueron entregados a las autoridades competentes para iniciar el proceso de legalización de captura y avanzar con los procedimientos judiciales establecidos en el país.

Las autoridades migratorias explicaron que estos casos evidencian la utilidad de los controles realizados en los principales aeropuertos para interceptar a personas requeridas por la justicia. La actuación inmediata de los funcionarios evitó que uno de los sujetos abandonara el territorio nacional y permitió la captura del otro a su ingreso desde el exterior.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, enfatizó la importancia de estas acciones al afirmar que “los controles migratorios también son una herramienta para la seguridad del país”.

La funcionaria destacó que cada caso detectado representa un resultado tangible del trabajo conjunto con otras entidades y una contribución directa a la seguridad en Medellín, el área metropolitana y Antioquia.

Según Migración Colombia, la Regional Antioquia-Chocó ha fortalecido su labor en los principales puntos de control del departamento, con especial atención al Aeropuerto Internacional José María Córdova, considerado uno de los terminales aéreos de mayor tráfico internacional en Colombia.

Hombre con circular roja fue capturado en Cali

La tranquilidad de un exclusivo sector en la capital del Valle del Cauca se vio alterada por un operativo discreto que terminó con la captura de uno de los criminales más buscados de Brasil.

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia, en conjunto con organismos internacionales, localizaron a un ciudadano requerido por Interpol mientras simulaba una vida corriente como trabajador de la construcción.

Lejos del perfil de fugitivo, el hombre vestía casco y realizaba tareas de obra en una zona comercial, lo que desconcertó a quienes transitaban por el lugar. Nadie imaginaba que ese obrero integraba una estructura criminal activa, señalada por la justicia brasileña como responsable de manejos ilícitos en el ámbito financiero.

El arresto se produjo cuando las autoridades confirmaron que el hombre tenía en vigor una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite la captura para extradición de personas acusadas de delitos graves. Esta alerta había sido solicitada por Brasil, que lo identifica como parte esencial de una organización dedicada a préstamos ilegales.

La red operaba bajo el conocido método del “gota a gota”, un sistema de créditos informales que impone intereses elevados y utiliza la intimidación para asegurar el cobro. Según documentos judiciales, los miembros de la banda recurrían a amenazas directas y a la violencia para presionar a quienes no cumplían con los pagos.

El individuo quedó bajo custodia tras la legalización de su captura y los entes judiciales colombianos ya evalúan los pasos a seguir para su extradición. En este proceso, se definirá si será enviado a Brasil para enfrentar cargos de usura y extorsión agravada.

Más de 31,700 migrantes repatriados llegaron a Guatemala entre enero y junio de 2026. La historia de Gerson muestra que, para miles de personas, volver al país implica recuperar documentos, encontrar trabajo y reconstruir la estabilidad emocional después de salir de Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones.

La presión sobre esos servicios ya venía en aumento. En 2025, el país recibió a más de 55,000 personas retornadas, una cifra que, de acuerdo con el organismo, expone la necesidad de ampliar los mecanismos de acogida y reintegración.

El organismo relató este lunes la historia de Gerson, quien regresó sin saber qué encontraría al aterrizar. “Sentí esa calidez humana nada más bajar del avión”, recordó. “Había gente allí para darnos la bienvenida, diciéndonos: ‘Nos alegramos de que estéis aquí. Por favor, entrad’”.

Los primeros pasos tras el regreso

A su llegada lo trasladaron al Centro de Recepción de Poblaciones Repatriadas, donde recibió orientación sobre los documentos necesarios para reingresar al país. Después pasó al Centro de Asistencia y Reinserción, donde el Instituto Guatemalteco de Migración informa sobre programas de reintegración, oportunidades de empleo y formación.

Durante ese proceso recibió ayuda para recuperar su documento de identidad, el currículum, el permiso de conducir y los certificados de antecedentes policiales y penales. También obtuvo transporte, un kit de asistencia básica y acompañamiento de un especialista en integración laboral para buscar empleo.

El retorno exige empleo y readaptación emocional

La urgencia inicial fue conseguir trabajo y recuperar estabilidad en la Ciudad de Guatemala. A esa necesidad se sumó otra menos visible: volver a adaptarse a un país propio, pero percibido de otro modo después de vivir en el extranjero.

“Mientras vivía en el extranjero, seguía las noticias de Guatemala más de cerca que nunca”, explicó. “Estar lejos me hizo apreciar lo que tenía y me ayudó a darme cuenta de que aquí hay oportunidades”.

Reconocer esas oportunidades no bastó. Como ocurre con otros migrantes retornados, necesitó orientación, confianza y apoyo para conectar su experiencia con vacantes concretas en el mercado laboral. A través de los servicios de reintegración recibió apoyo psicosocial y participó en talleres sobre habilidades sociales. Las sesiones abordaron autoestima, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, gestión emocional y reconocimiento de fortalezas personales.

“Al principio, no tenía ni idea de lo que eran las habilidades sociales”, dijo. “Pensaba que ‘soft’ significaba algo así como repostería o manualidades”.

Luego entendió el objetivo de esa formación. “Nos enseñaron que lo que importa es quiénes somos como personas, no solo lo que sabemos”, señaló. “Se trata de trabajar bien con los demás, ser honesto, mantener la calma y apoyar a tu equipo”.

De todas esas lecciones, una fue la que más impacto tuvo en su rutina. “Me di cuenta de que la paciencia es algo que se puede aprender”, afirmó. “Siempre he esperado que todo sucediera rápidamente. Pero cuando te tomas las cosas con calma, te fijas en detalles que, de otro modo, se te pasarían por alto”.

La experiencia adquirida en Estados Unidos derivó en un empleo en Guatemala

Antes de migrar, Gerson no había trabajado en instalaciones eléctricas. En Estados Unidos aprendió sobre instalaciones eléctricas residenciales, normativas técnicas y procedimientos especializados, conocimientos que luego pudo aplicar al volver a Guatemala.

Por medio de la OIM entró en contacto con Fuerzas Eléctricas, Sistemas y Capacitación S.A. (FESICA), una empresa guatemalteca interesada en contratar a migrantes retornados. Esa conexión le permitió transformar la experiencia adquirida fuera del país en una ocupación formal. “Es un trabajador excelente”, afirmó Fernando García, uno de sus supervisores en la empresa.

Un total de 262,913 hondureños se encontraban en 2025 fuera del país en condición de necesidad de protección internacional, según un documento. De ellos, 94,449 ya habían sido reconocidos como refugiados y 168,464 seguían como solicitantes de asilo en distintos países.

La cifra equivale a más de cinco veces la registrada hace una década y refleja una salida sostenida de hondureños hacia el extranjero, principalmente hacia Estados Unidos y México, en busca de seguridad y mejores condiciones de vida. ACNUR también señaló una disminución del 22% frente al año anterior.

Honduras, a la vez, registró un aumento en las solicitudes de asilo de ciudadanos extranjeros. Entre el uno de enero y el 31 de diciembre del último año, se contabilizaron 716 solicitudes, una cifra que cuadruplica los registros previos.

Solicitudes de asilo de extranjeros en Honduras

Actualmente, unas 270 personas extranjeras han sido reconocidas como refugiadas en el país. ACNUR indicó que, aunque el número sigue por debajo del de otras naciones de la región, la tendencia es ascendente.

Según ACNUR, este comportamiento responde a dinámicas regionales de movilidad humana, en las que Honduras empieza a desempeñar un papel más activo como país de tránsito y, en algunos casos, de destino.

La representante de ACNUR en Honduras, Kathryn Lo, explicó que la mayoría de las personas que solicitan protección internacional en el país provienen de Nicaragua, Cuba, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Según detalló, en muchos casos se trata de familias completas que huyen de crisis y violencia, lo que ha contribuido al aumento de las solicitudes de refugio.

La funcionaria agregó que el contexto social del país y la percepción de hospitalidad por parte de la población hondureña también influyen en la decisión de algunos migrantes de solicitar asilo en territorio nacional.

El informe señala que el aumento simultáneo de salidas de hondureños y llegadas de extranjeros refleja una transformación de los flujos migratorios en Centroamérica, donde los países ya no solo funcionan como emisores de población, sino también como espacios de tránsito y acogida.

Flujo migratorio

ACNUR advirtió que este escenario plantea retos en materia de atención humanitaria, fortalecimiento institucional y protección de personas en condición de vulnerabilidad, en un contexto regional marcado por crisis prolongadas y desplazamientos forzados.

Desde ACNUR, Honduras se ha convertido en un punto clave dentro de las rutas migratorias mixtas, donde confluyen personas que salen de sus países por violencia, crisis económicas o persecución, y otras que atraviesan el territorio con destino hacia Norteamérica.

Este comportamiento ha obligado a reforzar los mecanismos de registro y atención en frontera, así como la coordinación entre instituciones nacionales y agencias humanitarias.

Especialistas en movilidad humana señalan que el incremento de solicitudes de asilo también está relacionado con la mayor difusión de información sobre derechos de protección internacional, lo que ha permitido que más personas conozcan los procedimientos legales disponibles. A esto se suma el uso de redes comunitarias de migrantes, que facilitan la llegada y orientación de nuevos solicitantes dentro del país. La migración sigue siendo una tarea pendiente en la región.

Pocas voces poseen la capacidad de Abdulrazak Gurnah para transformar el dolor del desarraigo en una radiografía geopolítica implacable. Cuando obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2021, el mundo occidental se vio obligado a mirar hacia una realidad que prefería mantener bajo la alfombra de la burocracia fronteriza. “Hay una especie de mezquindad y avaricia por parte de estas naciones prósperas que dicen: no queremos a esta gente”, dijo poco después en una entrevista con The New York Times.

La frase no fue un exabrupto; fue la destilación de una vida entera dedicada a observar cómo los imperios cierran sus puertas a las mismas vidas que previamente desarticularon. Para comprender el peso de estas palabras, es necesario viajar al territorio donde Gurnah mejor despliega sus herramientas: la ficción de su celebrada novela A orillas del mar. Publicada originalmente en 2001, es considerada por la crítica internacional como la obra más política, filosófica y madura del autor.

La trama sigue el cruce de dos vidas rotas: Saleh Omar, un comerciante de Zanzíbar de 65 años que llega al aeropuerto de Gatwick con un pasaporte falso y una caja de incienso, y Latif Mahmud, un poeta e intelectual de su misma tierra exiliado en Londres hace décadas. El libro posee una importancia fundacional en la literatura poscolonial porque invierte la mirada tradicional del viajero: aquí el territorio europeo no es un espacio de libertad o iluminación, sino un laberinto kafkiano de hostilidad.

En las primeras páginas de A orillas del mar, Saleh Omar describe los centros de detención británicos con una sobriedad asfixiante, donde la “amabilidad” no existe como un valor humano, sino como una transacción económica racionada por el Estado. Es precisamente en ese escenario de ficción donde la famosa frase del autor encuentra su genealogía. La “mezquindad” que Abdulrazak Gurnah denunció ante la prensa en 2021 es la misma que Saleh Omar experimenta en la novela veinte años antes.

No se trata únicamente de un rechazo físico en una frontera, sino de una avaricia moral: la negativa de las naciones ricas a compartir el bienestar económico y la seguridad que, paradójicamente, construyeron expoliando los recursos del hemisferio sur. La idea que transmite la frase resume de manera perfecta el corpus ideológico de su autor por tres razones fundamentales. La primera, la denuncia de la amnesia colonial: para el escritor, la s potencias occidentales padecen una pérdida de memoria selectiva.

En segundo lugar, el desmontaje del lenguaje burocrático: al utilizar palabras con tanta carga ética como “mezquindad” y “avaricia”, el Nobel le quita a la política migratoria su disfraz técnico. De este modo, no se trata de un problema de “capacidad de absorción” o de “cuotas migratorias”; se trata de una decisión moral de exclusión. Y en tercer lugar, la restitución de la complejidad humana: al refugiado le devuelve su historia, sus contradicciones, sus secretos y su dignidad frente al desprecio institucional.

El valor de la literatura de Abdulrazak Gurnah —y la razón por la cual su voz sigue siendo una referencia incómoda— radica en que sus textos no envejecen porque las fronteras reales del mundo continúan cerrándose con la misma violencia silenciosa. La potencia de sus palabras nos deja una advertencia filosófica: la verdadera decadencia de una sociedad próspera no se mide por la caída de sus mercados, sino por el tamaño de la mezquindad con la que protege sus privilegios frente al llamado de auxilio del otro.

¿Quién es Abdulrazak Gurnah?

Abdulrazak Gurnah nació en 1948 en Zanzíbar, una región semiautónoma de Tanzania que comprende un par de islas alejadas de la costa oriental de África. Es un reconocido escritor y académico afincado en el Reino Unido desde los 18 años, donde se exilió debido a la persecución política y desarrolló una carrera como profesor de literatura poscolonial en la Universidad de Kent. Galardonado con el Nobel de Literatura en 2021, su obra se centra en el impacto del colonialismo y la experiencia de los refugiados.

Su consagración literaria se construyó a través de una decena de ficciones imprescindibles, entre las que destacan Paraíso (1994), una obra fundamental nominada al Premio Booker que narra la pérdida de la inocencia en una África Oriental al borde de la colonización, y Precario silencio (1996), que explora el peso psicológico de un inmigrante que regresa a su tierra natal. A estas piezas se suman novela A orillas del mar (2001), de El desertor (2005), El último regalo (2011), y La vida, después.

Más de 24.000 dominicanos recibieron apoyo del Consulado General de la República Dominicana en Madrid para acogerse al proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España, una asistencia que les permitió avanzar en el cumplimiento de los requisitos migratorios exigidos por las autoridades españolas y regularizar su situación administrativa.

La cifra fue informada por el cónsul general José Marte Piantini, según Diario Libre, y corresponde a ciudadanos que accedieron a orientación y acompañamiento gratuitos durante un proceso que ya concluyó conforme al calendario fijado por España.

Para entrar al programa, los solicitantes debían acreditar el tiempo de permanencia en territorio español, presentar documentos de identidad vigentes y demostrar vínculos laborales, familiares o sociales, además de otros requisitos previstos en la normativa migratoria.

El consulado desplegó orientación gratuita dentro y fuera de Madrid

La misión diplomática puso en marcha un plan de apoyo desde el inicio de la jornada. Ese esquema incluyó charlas informativas, asistencia personalizada y la contratación de abogados especializados en materia migratoria para asesorar a los ciudadanos.

El operativo no quedó limitado a la sede consular de Madrid. De acuerdo con la publicación, también se extendió a otras ciudades españolas con presencia importante de la comunidad dominicana para evitar que miles de personas tuvieran que trasladarse hasta la capital.

Ese despliegue permitió responder de forma directa a la demanda principal de los connacionales: cómo cumplir las condiciones del proceso extraordinario de regularización en España y qué documentos presentar para poder acogerse al mecanismo.

El consulado también reconoció la colaboración de la Fundación Bernarda Jiménez y de Pedro Álvarez en las labores de orientación y difusión de información entre la comunidad dominicana residente en España.

José Marte Piantini vinculó la iniciativa con la protección de la diáspora

Marte Piantini sostuvo que el acompañamiento ofrecido por la sede consular hizo posible que miles de dominicanos avanzaran en la regularización de su estatus, siempre dentro de los parámetros fijados por la legislación española, según informó El Nuevo Diario. El funcionario también destacó el respaldo del presidente dominicano Luis Abinader durante el desarrollo de la iniciativa. Según indicó, mantuvo comunicación constante con el mandatario en el marco de un programa orientado a asistir y proteger a los dominicanos que viven en territorio español.

Al cierre del proceso, el Consulado General de la República Dominicana en Madrid reiteró su compromiso de seguir desarrollando programas de orientación, asistencia y protección para la diáspora dominicana en España.

El pasado 2 de julio el portal de Facebook del Consulado General de la República Dominicana en Madrid colocó: “El cónsul general de José Ernesto Marte Piantini, sostuvo una reunión con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en un encuentro en el que abordaron temas de interés para la comunidad dominicana residente en España, dentro de un marco de diálogo institucional y cooperación. Durante la reunión se intercambiaron impresiones sobre distintos aspectos relacionados con los procesos migratorios, incluyendo la situación de los dominicanos y dominicanas acogidos al plan de regularización. En los próximos días se estarán anunciando noticias de interés para quienes forman parte de dicho proceso”.

Un tribunal federal limitó a 90 días la detención de migrantes sin audiencia ante un juez, un fallo que recorta una de las herramientas centrales de la política migratoria de Trump. La decisión la emitió el 3 de julio el 5º Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, y puede beneficiar a miles de personas detenidas por ICE en Texas y Louisiana.

En la práctica, el fallo significa esto: el gobierno no puede mantener a un migrante encerrado de forma indefinida sin darle la oportunidad de presentarse ante un juez y pedir su liberación bajo fianza. Pasados 90 días de detención, esa audiencia es obligatoria. Sin ella, la detención es inconstitucional.

Qué reclamaba el gobierno y por qué el tribunal lo frenó

La ley federal clasifica a los “solicitantes de admisión” como personas sujetas a detención obligatoria mientras tramita su caso migratorio, sin derecho a audiencia de fianza. Durante décadas, esa categoría se aplicó solo a quienes llegaban a la frontera.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rompió con ese criterio el año pasado: sostuvo que los extranjeros que ya vivían en el país también califican como “solicitantes de admisión”. Con esa reinterpretación, el gobierno extendió la detención obligatoria a una población mucho más amplia.

El Board of Immigration Appeals, dependiente del Departamento de Justicia, adoptó esa postura en septiembre. Desde entonces, jueces de inmigración en todo el país comenzaron a ordenar detenciones sin audiencia de fianza.

El argumento que inclinó la balanza: la Constitución protege a todos

El juez Leslie Southwick, designado por el presidente republicano George W. Bush, redactó la opinión mayoritaria con un argumento directo: la Quinta Enmienda garantiza el debido proceso a toda persona dentro del territorio nacional, sin importar su estatus migratorio.

La Corte Suprema ya lo había establecido en 2001. Los casos del fallo involucran a dos ciudadanos mexicanos y a uno hondureño detenidos en la jurisdicción del tribunal.

“Es parte de la majestuosidad histórica de esta carta fundacional que no establece excepciones para garantizar derechos básicos a quienes se encuentran dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser escuchado cuando se priva de la libertad personal”, escribió Southwick, según informó la agencia Reuters.

El voto en contra: una disputa sobre quién manda en migración

El juez Cory Wilson, designado por Trump, fue el único en disentir. Su argumento no niega los derechos individuales, sino que cuestiona quién tiene autoridad para definirlos en materia migratoria.

“La mayoría marginaliza la concesión expresa de autoridad plena sobre asuntos migratorios que la Constitución otorga al Congreso”, escribió Wilson.

Es una postura que el gobierno comparte: que los tribunales no deben interferir en decisiones que la ley reserva al poder legislativo.

Qué dicen el gobierno y los migrantes

Las reacciones al fallo fueron opuestas:

DHS expresó su desacuerdo y señaló que el gobierno “confía en su posición legal respecto a la detención obligatoria”. Reuters precisó que en portavoz recordó además que la administración ya pidió la semana pasada a la Corte Suprema que intervenga en el tema.

American Immigration Council, que representa a los migrantes, celebró la decisión. Su abogada Rebecca Cassler afirmó, según la misma agencia de noticias, que “la cláusula del debido proceso no permite al gobierno encerrarlos indefinidamente”.

El siguiente paso: la Corte Suprema

Los tribunales de apelación del país están divididos sobre si la reinterpretación del DHS es válida. Esa fractura llevó a la administración Trump a pedir que la Corte Suprema resuelva el conflicto.

El fallo del jueves suma presión a esa solicitud. En febrero, un panel distinto del mismo 5º Circuito había avalado la interpretación del gobierno sobre quiénes son “solicitantes de admisión”, pero no se pronunció entonces sobre sus consecuencias constitucionales.

El jueves completó ese análisis, y el resultado fue adverso para la Casa Blanca.

Sudáfrica atraviesa una crisis migratoria sostenida por semanas de violencia xenófoba: más de 35.000 extranjeros fueron repatriados o expulsados desde el 7 de junio, y miles más intentaban abandonar el territorio este viernes, según la Autoridad de Gestión de Fronteras.

Grupos antimigración exigieron la salida de todos los indocumentados antes del 30 de junio. El ultimátum derivó en marchas por varias ciudades, algunas de las cuales terminaron en saqueos y enfrentamientos que dejaron al menos cuatro personas muertas —dos mozambiqueños, un etíope y un malauí— y más de 900 arrestados, según la policía sudafricana.

La presión sobre los puntos de salida no cede. Unas 11.000 personas aguardaban cerca de la ciudad fronteriza de Musina para completar los trámites de egreso, según el medio público SABC. Los retornos se coordinan principalmente a través de Beitbridge, donde convergen la Embajada zimbabuense, el gobierno sudafricano y el Departamento de Protección Civil de Zimbabue.

Solo ese país contabiliza más de 56.000 retornados desde finales de mayo: 47.252 partieron por sus propios medios y 9.221 con asistencia estatal, según Joshua Chibundu, responsable regional de Inmigración. El cruce opera además como corredor de tránsito para ciudadanos de Malaui que deben atravesar territorio zimbabuense para llegar a su destino.

En Durban, las autoridades desalojaron un refugio que llegó a albergar hasta 10.000 personas, aunque cerca de 1.000 migrantes más se presentaron al lugar solo durante esa jornada. Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Mozambique y Malaui también organizaron repatriaciones voluntarias para sus ciudadanos.

La urgencia se traduce en relatos concretos. “Después del 30 de junio, la gente de mi barrio empezó a decir que matarían a todos los extranjeros. Pensé que tenía que irme antes de que me mataran", contó Musa Hashimi, malauí de 32 años que trabajaba en una fábrica textil. Fahida Kazembe, compatriota suya embarazada de 8 meses, también debió partir antes de lo previsto. “Anoche, nuestra casera dijo que ya no podíamos seguir viviendo en su casa”, relató.

La escalada llevó al presidente Cyril Ramaphosa a autorizar el despliegue de 3.405 miembros de la Fuerza de Defensa Nacional (SANDF) desde el 28 de junio, con un costo estimado de 54,6 millones de rands (3,37 millones de dólares). Los grupos antimigración prometieron continuar con marchas semanales para presionar a las autoridades.

El ministro en la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, advirtió que los grupos movilizados no pueden continuar "yendo puerta por puerta exigiendo documentos de identidad a ciudadanos extranjeros". El gobierno condenó los ataques, aunque sostuvo su derecho a frenar el ingreso clandestino.

Los convocantes atribuyen a los extranjeros el desempleo, las deficiencias en los servicios públicos y el aumento de la delincuencia, y en algunos casos les vedaron el acceso a atención médica y educación. Según científicos sociales, esas afirmaciones carecen de respaldo: la población llegada de otros países ronda los 3 millones de personas, aproximadamente el 4% del total, según StatsSA.

Este tipo de violencia tiene antecedentes en el país. El más grave ocurrió en 2008, con más de 60 fallecidos; en 2019 se registró otro que dejó al menos 18.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

Nueva Orleans ya perdió la batalla contra el mar. Lo que resta por decidir es si sus 360.000 habitantes se van a tiempo o esperan a que el agua tome la decisión por ellos. Esa es la conclusión de un estudio publicado en mayo de 2026 en la revista Nature Sustainability, y es también la pregunta que desvela a Debra Campbell, presidenta de A Community Voice, organización comunitaria con unos 9.000 miembros en la ciudad.

“Nadie quiere irse de su casa”, dijo Campbell. Pero agregó algo que pocos funcionarios se atreven a decir en voz alta: “Puede llegar el momento en que no podamos volver. Este lugar estará bajo el agua y dejará de existir”.

Lo que dice la ciencia sobre el futuro de la ciudad

El estudio de Nature Sustainability no deja margen para la ambigüedad: Nueva Orleans cruzó un “punto de no retorno” ante el cambio climático. El nivel del mar en el sur de Luisiana subirá entre 3 y 7 metros, las tres cuartas partes de los humedales costeros desaparecerán y la línea de costa retrocederá hasta 100 kilómetros tierra adentro.

La ciudad, que ya se asienta en una cuenca por debajo del nivel del mar, podría quedar rodeada por el Golfo de México antes de que termine este siglo. El 99% de la población vive hoy en zona de riesgo severo de inundación, la peor exposición de cualquier ciudad de Estados Unidos.

Jesse Keenan, experto en adaptación climática de la Universidad de Tulane y coautor del estudio, no eligió palabras suaves: “En términos de paleoclima, Nueva Orleans ya está perdida; la pregunta es cuánto tiempo le queda”. Y fue más directo aún: “Nueva Orleans está en estado terminal”.

Los que se niegan a irse y los que ya se fueron

La tensión entre quedarse y marcharse tiene nombre y apellido en esta ciudad.

Steve Picou, músico y planificador ambiental, tomó la decisión hace tres años, cuando la prima de su seguro de hogar pasó de USD 900 a unos USD 9.000 anuales en el transcurso de dos décadas. Se mudó a Opelousas, a unos 210 kilómetros al noroeste, a 20 metros sobre el nivel del mar. “Somos una especie indicadora”, advirtió Picou. “Pronto, otras personas van a tener activos inmobiliarios varados y no tendrán adónde ir”.

Campbell y su organización ya dieron un paso concreto: viajaron a explorar Vicksburg y Natchez, en Mississippi, como posibles destinos de refugio climático. En esas reuniones, autoridades y residentes de ambas ciudades recibieron bien la idea y discutieron la rehabilitación de viviendas vacías y el uso de instalaciones públicas como albergues temporales. “Les dije: ‘Vamos. Vamos en éxodo’”, relató Campbell. “‘No vamos a ser una carga; buscamos empleo, queremos que nuestros hijos vayan a la escuela’”.

Pero no todos comparten esa urgencia. Arthur Johnson, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Sostenible del Noveno Distrito Bajo, advierte sobre el riesgo de que el debate sobre la salida paralice la inversión local. “Si hablas de marcharte, puede ser una excusa para no impulsar el desarrollo económico”, señaló Johnson.

El riesgo en números y la ausencia de un plan

Los datos de Cotality, empresa de inteligencia inmobiliaria, cuantifican lo que los investigadores describen: Nueva Orleans obtiene una puntuación de 100 sobre 100 en el índice de riesgo de catástrofes, el máximo de la escala. Eso la coloca unos 25 puntos por encima de Natchez y Vicksburg, y duplica el riesgo de ciudades del interior como Montgomery, en Alabama.

“Es la ciudad con el mayor riesgo de catástrofe del país”, confirmó Howard Botts, científico jefe de Cotality.

El problema es que no existe ninguna estrategia nacional en Estados Unidos para reubicar comunidades desplazadas por el clima. La administración Trump recortó los programas federales que ayudaban a comunidades a afrontar los efectos del calentamiento global. Y el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, canceló el proyecto de desvío de sedimentos del Misisipi, valorado en USD 3.000 millones, que habría permitido recuperar tierra costera.

Para Torbjörn Törnqvist, investigador principal del estudio de Tulane, esa cancelación equivale a una “pena de muerte” para la ciudad. Törnqvist vive en Nueva Orleans y no planea irse. Eso no le impide ver con claridad lo que se avecina.

“El sentimiento general es que estamos aquí y queremos quedarnos. Lo entiendo: yo vivo aquí y no planeo irme”, dijo. “Pero necesitamos pensar de otra manera sobre la ciudad y la reubicación. Intentemos abrazarlo en lugar de negarlo”.

Qué pueden hacer los residentes ahora

Ante la falta de un plan estatal o federal, los residentes de Nueva Orleans pueden tomar decisiones propias para reducir su exposición al riesgo.

El primer paso es evaluar la situación de la propiedad con las herramientas de puntuación de Cotality. Las zonas al norte del lago Pontchartrain ofrecen menor exposición a inundaciones, al igual que ciudades del interior como Vicksburg y Natchez en Mississippi, u Opelousas en Luisiana.

Organizaciones como A Community Voice ya construyen redes de apoyo para facilitar un posible desplazamiento colectivo. Además, el comportamiento de las primas del seguro de hogar funciona como señal temprana: cuando suben de forma sostenida, el mercado está enviando una advertencia que los propietarios no deberían ignorar.

Seguir los avances legislativos sobre planes de reubicación climática, tanto a nivel estatal como federal, también permite anticiparse a decisiones que afectarán el valor de los inmuebles y la disponibilidad de servicios.

El tiempo no es infinito, pero tampoco se agotó mañana. Se cree que el proceso de reubicación, si empieza ahora, puede ser ordenado. Si se pospone, será un caos.

Un juzgado de Petén emitió el 1 de julio de 2026 órdenes de aprehensión contra dos hombres por el asesinato de la doctora Maryini Carrasco López, la médica nicaragüense que murió a balazos el 16 de junio en Poptún, Guatemala, después de más de una década de atender pacientes en el país.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a los sospechosos, identificados como Carlos, de 34 años, y Osvin, de 19, durante allanamientos en el municipio de Poptún, donde ocurrió el crimen, según publicó el periódico 100% Noticias.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal ejecutaron los operativos con apoyo de la Comisaría 62 y en coordinación con el Ministerio Público.

Los cargos contra ambos detenidos son los presuntos delitos de asesinato y lesiones.

Cómo fue el ataque

Carrasco López, de 43 años y oriunda de San Juan de Limay, Estelí, circulaba en motocicleta por la finca Ixobel cuando la atacaron a disparos. En el mismo hecho resultó herida de gravedad la doctora guatemalteca Rosa Alejandra Cohuoj, de 34 años, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

La médica había emigrado a Guatemala más de una década antes y residía en el municipio de Dolores, Petén. Antes de radicarse allí, trabajó en el hospital de San Juan de Limay, en el Sistema Penitenciario Nacional, en PROFAMILA en Estelí y en el hospital de Somoto.

Versiones extraoficiales señalaban que Carrasco López habría recibido amenazas previas e incluso habría sobrevivido a un atentado anterior en Guatemala, aunque las autoridades no lo confirmaron de forma oficial.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil. La hipótesis de un asalto es la principal línea, pero el Ministerio Público no descarta otras.

La despedida y el impacto del caso

La comunidad de Dolores la despidió con caravanas de vehículos y motocicletas antes de que su cuerpo fuera repatriado. El 19 de junio fue sepultada en su tierra natal, en la comunidad Tranqueras de San Juan de Limay.

El caso conmocionó a pacientes, colegas y vecinos en ambos países y reavivó la preocupación por la seguridad de los migrantes nicaragüenses asentados en Guatemala.

Otros casos de nicaragüenses asesinados en Guatemala

El asesinato de la doctora Carrasco no es un hecho aislado. Los migrantes nicaragüenses en Guatemala enfrentan de forma recurrente situaciones de vulnerabilidad.

En noviembre de 2025, Adelaida Hernández Salgado, de 57 años, y su hijo Yaris Amílcar Lagos Hernández, de 34, originarios de Ocotal, Nueva Segovia, murieron atropellados en la Zona 12 de la capital guatemalteca. Ambos llevaban dos décadas viviendo en el país. La falta de recursos impidió repatriar sus cuerpos a Nicaragua, según informó 100 Noticias.

En enero de ese mismo año, el cuerpo de Jareska Rodríguez Palacios, de 28 años, fue hallado semidesnudo en una calle de Chiquimulilla, en el departamento de Santa Rosa. Las circunstancias apuntaban a un crimen de violencia machista, aunque la versión oficial habló de un atropello, de acuerdo con el medio nicaragüense Confidencial.

El patrón se repite más allá de las fronteras: el Observatorio Voces registró 91 nicaragüenses asesinadas en el exterior durante 2024, el año con más femicidios de connacionales desde 2010. Guatemala figura entre los países con mayor incidencia, junto con Costa Rica y Estados Unidos.

Los datos de violencia en Petén

El departamento de Petén, donde ocurrió el crimen, registró 171 homicidios en 2025, lo que lo ubicó como la tercera jurisdicción más violenta del país, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

A nivel nacional, Guatemala cerró ese año con 3.020 muertes por arma de fuego, un aumento de 3,8% frente a 2024, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El 86% de los homicidios se concentró en solo 10 departamentos, con Petén entre ellos.

En un esfuerzo continuo por salvaguardar el orden público y garantizar la seguridad nacional, el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica han ejecutado contundentes operativos migratorios.

El día de ayer, jueves 2 de julio, la Policía Profesional de Migración (PPM) coordinó la salida obligatoria de un total de 28 personas de nacionalidad nicaragüense, reforzando la política de cero tolerancia implementada por la actual administración gubernamental frente a extranjeros que infringen la legislación nacional.

De este grupo de 28 personas, 24 correspondieron a deportaciones directas de ciudadanos que ya habían cumplido sentencias en centros penales costarricenses. Los delitos cometidos por estos individuos incluyen robos agravados, portación ilícita de armas permitidas y transporte de drogas. Las cuatro personas restantes sufrieron un proceso de expulsión debido a sus perfiles de alta peligrosidad.

Todos los implicados se encontraban en una condición migratoria irregular, desafiando abiertamente la normativa costarricense vigente. Ante la gravedad y la naturaleza de las actividades criminales perpetradas, las autoridades migratorias impusieron severas restricciones de reingreso, dictando impedimentos de entrada al territorio nacional que oscilan entre los 10 y los 25 años.

Con este reciente movimiento, la cifra total de deportaciones en lo que va del año se eleva drásticamente a 861 casos, consolidando las operaciones de la PPM como una herramienta indispensable para neutralizar las amenazas internas.

Reciente deportación en el país tico

Las acciones ejecutadas el 2 de julio se suman a otro fuerte operativo realizado a inicios de la misma semana. La mañana del pasado martes 30 de junio, la Policía Profesional de Migración llevó a cabo la deportación de un bloque de 26 personas que también permanecían en una condición migratoria irregular dentro del país.

En este caso específico, el egreso de los extranjeros se gestionó por la vía aérea mediante un vuelo tipo chárter que despegó desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Según los reportes oficiales, 19 de los 26 pasajeros contaban con un marcado perfil criminal. El itinerario del vuelo chárter contempló una primera ruta San José, Colombia, Ecuador. En territorio colombiano se entregaron a 17 personas del grupo, quienes terminaron de descontar condenas en cárceles costarricenses por delitos de alto impacto como:

• La distribución y venta de cocaína
• Tentativa de homicidio
• Transporte ilegal de combustible
• Tráfico internacional de drogas.

Entre los deportados de se encontraba uno de origen colombiano, quienes las autoridades identificaron a este sujeto reincidente que ya había sido expulsado de Costa Rica en una ocasión anterior.

Ante estos casos, el incremento de estos operativos de expulsión y deportación responde de forma directa a la línea política dictada desde el Poder Ejecutivo. La mandataria Laura Fernández ha sido enfática sobre la seguridad en su país, posicionando el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia transnacional como el eje prioritario de su gestión.

La presidenta ha manifestado en reiteradas ocasiones su absoluto compromiso con la devolución de la tranquilidad a las comunidades costarricenses a través de una política de “mano dura”.

Para la administración de la presidenta Fernández, la articulación entre los cuerpos policiales y los controles migratorios severos representa una cruzada nacional donde no se bajará la guardia.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad han respaldado esta visión al afirmar que los operativos conjuntos envían un mensaje contundente de cero tolerancia: cualquier ciudadano extranjero que ingrese al país tico a cometer actos delictivos o a vulnerar la legislación vigente será procesado con rigurosidad y expulsado de manera irrevocable.

Con una reducción en los índices de criminalidad como meta principal, el gobierno ratifica que el control estricto de las fronteras y la expulsión de perfiles delincuenciales son piezas fundamentales para asegurar la paz del territorio nacional.

A partir del 10 de julio de 2026, una firma mal puesta en un formulario migratorio podrá costarle a un inmigrante cientos de dólares y meses de trámite. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 11 de mayo una norma interina que endurece las consecuencias de presentar una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) con una firma que no cumpla los requisitos.

Lo más serio del cambio: si USCIS detecta la firma inválida después de haber aceptado el expediente, puede denegar el caso y quedarse con el dinero de las tarifas. El solicitante no recibirá reembolso y deberá empezar el trámite desde cero.

Qué cambia a partir del 10 de julio

Antes de esta regla, cuando USCIS encontraba una firma defectuosa después de aceptar una solicitud, en muchos casos enviaba una solicitud de evidencia para que el solicitante corrigiera el problema.

Con la nueva norma, esa posibilidad desaparece. Un oficial de USCIS tendrá la autoridad de rechazar o denegar directamente cualquier solicitud con firma inválida, sin importar en qué etapa del proceso se encuentre el caso.

La diferencia entre rechazo y denegación es importante:

• Si USCIS rechaza la solicitud, devuelve las tarifas y el solicitante puede volver a presentarla.
• Si USCIS la deniega, se queda con el dinero, el caso se considera resuelto en su contra y la única salida es apelar o presentar una solicitud completamente nueva, con pago incluido.

La norma aplica a todas las solicitudes presentadas a partir del 10 de julio, con excepción de los Formularios N-600 y N-600K, que son los relacionados con certificados de ciudadanía.

Qué es una firma inválida según USCIS

La regla no cambia la definición de lo que es una firma válida. Lo que cambia son las consecuencias de no cumplirla.

USCIS considera inválidas las siguientes firmas:

• Un nombre escrito a máquina en el espacio de firma.
• Un sello de goma u otro tipo de estampilla, aunque sea la propia persona quien lo use.
• Una imagen de firma copiada y pegada desde otro documento o desde otro formulario.
• Una firma generada por programas como DocuSign o Adobe Sign, salvo que el trámite se haga directamente en el portal oficial myUSCIS.
• Una firma hecha por el abogado, el preparador o cualquier otra persona que no sea el solicitante o la persona autorizada.
• Una firma en un formulario con una versión desactualizada del mismo.

Lo que sí acepta USCIS es la firma hecha a mano con tinta, directamente sobre el formulario. También acepta fotocopias, escaneos o faxes de ese formulario, siempre que la firma original a mano exista en el documento físico y se conserve guardada.

Quién puede firmar cuando el solicitante no puede hacerlo

Hay situaciones en las que el solicitante no está en condiciones de firmar por sí mismo.

La norma contempla dos casos:

• Si el solicitante tiene menos de 14 años, puede firmar en su nombre el padre, la madre o el tutor legal.
• Si el solicitante tiene una incapacidad mental, también puede firmar un tutor legal debidamente autorizado.

En todos los demás casos, la firma debe ser la del propio solicitante. El abogado de inmigración firma únicamente el formulario G-28, que es el documento de representación legal, no el formulario de la solicitud.

Por qué el error puede descubrirse meses o años después

El propio DHS reconoce que los tiempos de tramitación de la mayoría de los beneficios migratorios son largos. Eso significa que una firma defectuosa puede pasar desapercibida durante meses o incluso años después de presentada la solicitud.

Cuando el error se descubre tarde, las consecuencias pueden ser más graves. En algunos casos, el solicitante ya no podrá volver a presentar el formulario porque venció un plazo legal, la visa dejó de estar disponible o superó un límite de edad.

En esas situaciones, el error en la firma puede significar la pérdida definitiva del trámite.

Cómo evitar problemas: recomendaciones prácticas

Seguir estos pasos reduce el riesgo de que una solicitud sea rechazada o denegada por problemas de firma:

• Firmar siempre a mano. Use bolígrafo y firme directamente sobre el formulario impreso. No use programas de firma digital salvo que esté presentando su solicitud directamente en el portal myUSCIS de USCIS.
• No reutilice firmas de otros trámites. Cada formulario necesita su propia firma original. Escanear la firma de un trámite anterior y pegarla en uno nuevo es uno de los errores más comunes que esta regla busca corregir.
• Guarde el original firmado. Aunque USCIS acepta escaneos, usted debe conservar el documento original con la firma a mano. La agencia puede pedírselo en cualquier momento.
• Lea las instrucciones del formulario. Cada formulario de USCIS incluye instrucciones sobre quién debe firmar y dónde. Revíselas antes de presentar cualquier solicitud.
• Verifique que no haya espacios de firma en blanco. Una línea de firma vacía en cualquier parte del formulario puede provocar el rechazo inmediato al momento de la recepción.
• Consulte dudas en la web oficial. La dirección es uscis.gov. Allí puede encontrar las instrucciones actualizadas de cada formulario y orientación sobre cómo presentar solicitudes correctamente.

En Honduras, el flujo migratorio irregular mantuvo una baja en 2026: entre enero y el 25 de junio, el Instituto Nacional de Migración registró 4.917 personas que ingresaron al país en tránsito por Centroamérica hacia otros destinos, según el Sistema de Control Biométrico Migratorio.

Las cifras corresponden a los registros realizados en los Centros de Atención al Migrante Irregular (CAMI) de Danlí, en el departamento de El Paraíso, y Choluteca, dos de los principales puntos habilitados para atender a personas en tránsito que ingresan al país por pasos fronterizos terrestres.

Aunque Honduras sigue siendo un corredor dentro de las rutas migratorias del continente, los datos oficiales muestran un comportamiento distinto del observado en los últimos años, cuando el número de personas que cruzaban el territorio nacional llegaba a decenas de miles en pocos meses.

El informe del INM señala que enero registró el mayor número de ingresos irregulares del período analizado, con 1.596 personas atendidas por las autoridades migratorias.

Desde entonces, las cifras comenzaron a descender de forma progresiva, una tendencia que el texto atribuye al endurecimiento de las políticas migratorias en distintos países de la región y a mayores controles fronterizos en las rutas utilizadas por los migrantes.

Páises con más tránsito migratorio

Las estadísticas muestran que la mayor parte de quienes transitaron por Honduras procedían de Ecuador, China, Cuba y Venezuela.

En menor proporción, también fueron identificados ciudadanos de Perú, Colombia, Brasil, Vietnam y República Dominicana, entre otras nacionalidades que siguen utilizando el corredor centroamericano para avanzar hacia el norte del continente.

Además del control migratorio, los CAMI cumplen una función orientada a brindar asistencia temporal a quienes ingresan al país en condición irregular.

En estas instalaciones, las personas reciben atención médica primaria, alimentación, alojamiento temporal y kits de higiene personal, además de ropa cuando las condiciones lo requieren.

Las autoridades también realizan el registro biométrico de cada migrante, un procedimiento que permite documentar su paso por el territorio nacional conforme a la legislación vigente y fortalecer los mecanismos de control en las fronteras.

El proceso incluye la verificación de identidad, la recopilación de información básica y la emisión de la documentación correspondiente para quienes continúan su recorrido hacia otros países.

Atención en los centros de tránsito

El Centro de Atención al Migrante Irregular ubicado en Danlí sigue siendo el principal punto de recepción para las personas que ingresan por la zona oriental del país.

Según el reporte oficial, este centro concentró el 77,32% de los migrantes registrados durante los primeros cinco meses del año, como principal punto de asistencia para quienes cruzan la frontera desde Nicaragua.

Su ubicación lo convierte en una de las principales puertas de entrada para los movimientos migratorios provenientes de Sudamérica, el Caribe y otras regiones del mundo.

El centro opera bajo un esquema que combina controles migratorios con atención humanitaria y permite que las personas reciban asistencia básica antes de continuar su recorrido.

Cambios en las rutas migratorias

El descenso registrado este año coincide con modificaciones observadas en las rutas migratorias del continente.

Diversos organismos internacionales han señalado que el fortalecimiento de los controles fronterizos en varios países, junto con nuevas restricciones migratorias y cambios en las políticas de ingreso hacia Estados Unidos y México, han provocado una reducción en el número de personas que utilizan algunos corredores tradicionales de Centroamérica.

Al mismo tiempo, expertos en movilidad humana advierten que las rutas suelen modificarse constantemente según las condiciones de seguridad, los costos del viaje y las medidas implementadas por los distintos gobiernos.

Eso significa que una disminución temporal en un país no implica necesariamente una reducción definitiva del fenómeno migratorio, sino que los desplazamientos pueden redistribuirse hacia otras zonas de tránsito.

Controles y seguimiento en las fronteras

Para Honduras, el tránsito irregular representa un desafío que combina seguridad, atención humanitaria y coordinación internacional.

Las autoridades deben garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria sin dejar de atender las necesidades básicas de personas que, en muchos casos, recorren miles de kilómetros en condiciones de alta vulnerabilidad.

Por eso, el sistema implementado en los CAMI busca mantener un equilibrio entre el control de los ingresos al territorio nacional y la prestación de servicios esenciales para quienes permanecen temporalmente en estos centros.

El Instituto Nacional de Migración informó que continuará reforzando los mecanismos de verificación en los distintos puntos fronterizos del país para mantener un registro actualizado de las personas que ingresan de manera irregular.

Las acciones incluyen la utilización permanente del sistema biométrico, la supervisión en puestos fronterizos y el seguimiento de los movimientos migratorios que atraviesan el territorio hondureño.

Las autoridades sostienen que estos controles buscan garantizar un proceso ordenado de identificación de los migrantes, al tiempo que permiten detectar posibles riesgos relacionados con la seguridad fronteriza y el combate contra redes dedicadas al tráfico ilícito de personas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consolidó el 29 de junio de 2026 una norma definitiva que formaliza la obligación de registro y toma de huellas dactilares para ciertos extranjeros en Estados Unidos. La regla adopta como permanente la regulación interina que entró en vigor el 11 de abril de 2025 e introduce el formulario G-325R como mecanismo universal de registro para quienes nunca pasaron por ese proceso.

El DHS estima que entre 2,2 y 3,2 millones de personas podrían estar comprendidas por esta obligación, principalmente extranjeros que ingresaron sin inspección formal o que llevan años en el país sin haber completado ningún registro ante el gobierno federal.

La medida se apoya en la Sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que exige el registro de extranjeros desde hace décadas, y en la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025 titulada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, según informó El Nuevo Herald.

A quiénes obliga este requisito

La obligación aplica, en términos generales, a todo extranjero de 14 años o más que permanezca en Estados Unidos durante 30 días o más y que no cuente con un registro previo ante las autoridades federales.

De acuerdo con el DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), los grupos que deben registrarse mediante el formulario G-325R son:

• Extranjeros que ingresaron al país sin inspección migratoria y nunca tuvieron contacto posterior con las autoridades de inmigración.
• Personas que llevan más de 30 días en el país y no fueron registradas al solicitar una visa ni al ingresar.
• Ciudadanos canadienses exentos de visa que entraron por un puerto terrestre y no recibieron un formulario I-94.
• Extranjeros que cumplen 14 años mientras permanecen en territorio estadounidense, incluso si sus padres los registraron antes bajo otro formato.

El requisito también alcanza a los padres y tutores de menores de 14 años: son ellos quienes deben completar el trámite en nombre de sus hijos.

Quiénes ya están registrados y no necesitan hacer nada

La norma no impone ninguna acción adicional a quienes ya fueron registrados mediante procesos migratorios anteriores. El USCIS aclara que las siguientes personas se consideran registradas y quedan fuera del alcance del formulario G-325R:

• Residentes permanentes legales (titulares de la tarjeta verde o formulario I-551).
• Personas admitidas con visa de inmigrante o no inmigrante que recibieron un formulario I-94.
• Titulares de un Documento de Autorización de Empleo (EAD o formulario I-766).
• Personas con una solicitud de residencia permanente en trámite mediante los formularios I-485, I-687, I-691, I-698 o I-700, siempre que hayan proporcionado huellas dactilares.
• Personas en proceso de deportación a quienes se emitió una Notificación de Comparecencia (I-862).
• Titulares de tarjetas de cruce fronterizo (Border Crossing Cards).
• Viajeros admitidos mediante programas de ingreso acelerado como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió en 2025 que la medida puede generar preocupación incluso entre inmigrantes con estatus legal, aunque para ese grupo la norma no implica ninguna acción.

Paso a paso: cómo completar el registro

Para quienes sí deben registrarse, el proceso se realiza en su totalidad a través del portal oficial del USCIS. El trámite no tiene costo.

Los pasos son:

• Crear una cuenta en myUSCIS en my.uscis.gov. Los padres o tutores deben abrir una cuenta separada para registrar a sus hijos menores.
• Completar el formulario G-325R (Información Biográfica – Registro) con nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de entrada a Estados Unidos, domicilio actual, situación migratoria e historial de antecedentes penales, si corresponde.
• Asistir a una cita biométrica en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC) del USCIS, donde se toman huellas dactilares, fotografía y firma. Esta cita la programa el sistema automáticamente tras enviar el formulario. Los menores de 14 años y ciertos ciudadanos canadienses están exentos de este paso.
• Descargar la constancia de registro (USCIS Proof of G-325R Registration) desde la cuenta de myUSCIS una vez completada la cita. Ese documento es la prueba oficial del registro conforme a la legislación federal.

La dirección oficial del trámite es uscis.gov/alienregistration.

La obligación de portar el comprobante

Una vez completado el registro, la obligación no termina. La Sección 264 de la INA establece que todo extranjero registrado de 18 años o más debe llevar consigo en todo momento su comprobante de registro.

Los documentos aceptados como prueba son:

• La tarjeta verde (I-551) para residentes permanentes.
• El formulario I-94 impreso desde i94.cbp.dhs.gov, junto con el pasaporte con sello de admisión, para no inmigrantes.
• El EAD (formulario I-766) para quienes tienen autorización de empleo.
• La constancia USCIS Proof of G-325R Registration para quienes se registraron mediante ese formulario.

Además, la Sección 265 de la INA obliga a notificar al DHS cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días posteriores a la mudanza, mediante el formulario AR-11.

Las sanciones por no registrarse

El incumplimiento de las distintas obligaciones que establece la norma conlleva consecuencias penales y civiles. Según las Secciones 264, 265 y 266 de la INA:

• No registrarse ni proporcionar huellas dactilares de forma deliberada: multa de hasta USD 5.000, hasta 6 meses de prisión, o ambas sanciones.
• No portar el comprobante de registro (para mayores de 18 años): multa de hasta USD 5.000, hasta 30 días de prisión, o ambas.
• No informar un cambio de domicilio dentro de los 10 días: multa de hasta USD 5.000, hasta 30 días de prisión, o ambas; y en determinados casos, puede constituir una causal de deportación.
• Falsificar datos en el registro: misdemeanor con posibilidad de deportación bajo la Sección 237 de la INA.
• Falsificar o falsificar documentos de registro: delito grave con hasta 5 años de prisión.

El National Immigration Law Center (NILC) señaló en 2025 que el proceso de registro podía exponer a inmigrantes indocumentados a detenciones, deportaciones y procesos penales, al centralizar su información ante las autoridades federales.

Menores de 14 años: qué deben hacer los padres

Los menores de 14 años no se registran por sí mismos. El USCIS establece que los padres o tutores legales son los responsables de completar el trámite en su nombre.

Para hacerlo, el adulto debe abrir una cuenta separada en myUSCIS a nombre del menor y presentar el formulario G-325R de forma electrónica. Los niños en esta franja de edad no deben asistir a una cita biométrica: el registro queda completo con el envío del formulario.

Cuando el menor cumple 14 años dentro del territorio estadounidense, debe volver a registrarse y someterse a la toma de huellas dactilares dentro de los 30 días posteriores a su cumpleaños, incluso si ya fue registrado por sus padres con anterioridad.

Lo que el registro no garantiza

El DHS aclara de forma explícita que completar el registro mediante el formulario G-325Rno otorga ningún beneficio migratorio, no confiere estatus legal, no equivale a un permiso de residencia y no protege al extranjero de un eventual proceso de deportación.

El objetivo declarado del sistema es que las autoridades federales cuenten con datos biométricos y de identidad para realizar verificaciones de antecedentes penales y detectar posibles riesgos para la seguridad. La mejora del registro, según el DHS, también busca fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden en materia de cumplimiento migratorio.

El plazo para enviar comentarios públicos sobre posibles cambios adicionales a la regulación vence el 28 de agosto de 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 75 salvadoreños viajarán en los próximos días a Alaska, en Estados Unidos, para incorporarse durante tres meses a empleos temporales en el sector de procesamiento de pescado y otros productos del mar, como parte del Programa de Movilidad Laboral.

La cartera de Estado indicó que la iniciativa, respaldada por el Gobierno de Estados Unidos, busca facilitar el acceso a trabajos temporales en el exterior bajo un esquema de migración laboral regular, ordenada y segura, con retorno al país en las mismas condiciones.

Durante una jornada previa a la salida, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana Patricia Nathaly Godínez afirmó: “En los próximos días emprenderán un viaje que representa mucho más que un empleo temporal: representa la oportunidad de crecer profesionalmente, apoyar a sus familias y seguir demostrando al mundo la calidad del trabajador salvadoreño”.

La preparación antes del viaje

La funcionaria señaló que los participantes recibieron orientación y capacitación sobre el cumplimiento de las condiciones de la visa, la protección del estatus migratorio, derechos y deberes laborales, el proceso de viaje, salud, seguridad, declaración de impuestos y documentación requerida.

Las oportunidades se repiten con los salvadoreños

La empresa estadounidense Trident Seafoods contrató 268 salvadoreños tras entrevistar a 281 personas durante una visita de reclutamiento a El Salvador del 21 al 23 de febrero de 2022, con ofertas de empleo temporal en plantas de procesamiento de pescado en Alaska bajo el programa de visas H2B.

La compañía prevé que los seleccionados obtengan pronto el visado y viajen para trabajar en tareas de procesamiento entre junio y octubre de 2022.

“Me atrajo el programa y las oportunidades que ofrece. Yo trabajo en la pesca. Creo que es una buena oportunidad porque es algo que nunca se había dado”, dijo Julio Barrera, aspirante a estos puestos especializados.

El postulante Pablo Castillo también celebró la posibilidad de acceder a empleos legales y temporales en Estados Unidos: “Esta es una buena noticia para encontrar una mejor forma de vivir, trabajar para nuestras familias y poder tener una mejora en nuestras vidas”, afirmó.

El representante de Trident Seafoods Scott Mitton explicó que la empresa volvió a buscar personal en el país por su experiencia previa con trabajadores salvadoreños: “La razón por la que estamos en El Salvador es porque tenemos un buen historial de salvadoreños trabajando en empresas de productos del mar en Estados Unidos. Son muy buenos trabajadores, trabajan muy duro y tienen buena ética”, sostuvo.

Este fue el segundo viaje de reclutamiento de la firma a El Salvador. En noviembre de 2021, la empresa contrató a 172 personas tras 180 entrevistas.

Trident emplea cada año a unos 1.850 trabajadores mediante visas H2B en 12 plantas de procesamiento en Estados Unidos y opera seis grandes buques para procesar pescado en el mar.

La estabilidad institucional y los tratados vigentes limitarían cambios significativos en la política exterior entre Perú y Chile, ante la próxima llegada de Keiko Fujimori a la presidencia. María Pia Méndez, académica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor de Chile, destacó que la estructura institucional de ambos países y la presencia de acuerdos comerciales robustos mantienen la relación bilateral al margen de las oscilaciones políticas.

La experta, en diálogo con Infobae Perú, sostuvo que la alta rotación de autoridades en Perú durante los últimos años ha dificultado el desarrollo de políticas sostenidas en el tiempo. Sin embargo, señaló que la existencia de organismos autónomos y tratados de libre comercio otorgan estabilidad al vínculo bilateral.

De acuerdo con Méndez, “hay una estructura institucional que funciona de manera autónoma y ayuda a dar estabilidad a las relaciones, por ejemplo, los tratados de libre comercio vigentes. En este sentido, no debiese haber grandes cambios en la relación bilateral, más allá de una potencial apertura a diálogos más fluidos debido a la mayor cercanía ideológica de los actuales gobiernos”, en referencia a José Antonio Kast y Keiko Fujimori.

Temas centrales: comercio, seguridad y migración

El escenario de una presidencia de Keiko Fujimori plantea preguntas sobre las prioridades en la agenda común. Según la académica, dicha cercanía ideológica “probablemente se traduzca en un énfasis en temas vinculados al control migratorio y la seguridad”. La gestión de la migración aparece como uno de los asuntos con mayor sintonía entre Chile y Perú.

El vínculo comercial, uno de los pilares de la relación entre ambos países, se ha fortalecido a pesar de los cambios de gobierno y la inestabilidad política reciente en Perú. Méndez describió que “la relación comercial incluso se ha expandido, ello se explica por los acuerdos expresados en tratados de libre comercio vigentes y en instancias de representación gremial empresarial”.

La integración de ambos mercados actúan como mecanismos ante posibles tensiones políticas. “Ciertamente, la presencia de capitales cruzados y el vínculo económico histórico entre ambos países amortigua las tensiones”, puntualizó la experta.

Impacto en las élites empresariales y sectores económicos

Sobre la interpretación de cómo se toma en la esfera corporativa en Chile la asunción de Fujimori, Méndez consideró que “el triunfo no incomodaría a las élites empresariales chilenas, ya que probablemente lo interpretarán como un signo de estabilidad y de apoyo a una agenda económica de continuidad del modelo de libre mercado”.

No obstante, la académica advirtió que la inestabilidad y polarización política en Perú ha generado incertidumbre para los inversores, sobre todo por el riesgo de bloqueos en las rutas de transporte de mercancías. Las preocupaciones empresariales, por tanto, se relacionan más con el clima interno que con la orientación ideológica del gobierno.

Méndez agregó que “los riesgos estarán vinculados a los problemas que pueda acarrear la inestabilidad interna y oposición al gobierno de Fujimori que pueda afectar a las cadenas de suministro por protestas”. En el ámbito de las oportunidades, identificó al retail y la minería como áreas con potencial de expansión, dado que ambos gobiernos buscan facilitar la inversión y la cooperación en estos rubros.

Perspectivas para la política exterior peruana

La política exterior de Perú suele mantener una línea de continuidad que trasciende los ciclos electorales. Según la visión de Méndez, la estructura institucional y los intereses económicos compartidos juegan un papel central para evitar cambios bruscos en la relación bilateral.

Mientras tanto, temas como el control migratorio, la seguridad regional y la consolidación de acuerdos comerciales seguirán ocupando un lugar destacado en la agenda conjunta. El desenlace electoral en Perú podría abrir un canal de diálogo más fluido entre los gobiernos, aunque dentro de los límites que impone la institucionalidad vigente.

En Nicaragua, las mujeres encabezan el 49.3% de los hogares, según el informe La molestia social en Nicaragua del politólogo Manuel Orozco y citado por el medio 100% Noticias. El estudio vincula ese cambio con la migración desde 2018, el aumento del costo de vida y la falta de políticas públicas, en un contexto de mayor dependencia de las remesas.

Ese porcentaje equivale a 826,064 hogares sostenidos por mujeres sobre un total de 1,674,888, según proyecciones para 2026. La situación se explica, en parte, porque seis de cada diez migrantes que dejaron el país desde 2018 son hombres, lo que dejó a parejas, madres o hijas a cargo del hogar.

El informe señala que el 72% de los hogares recibe dinero enviado desde el extranjero, casi el doble que hace una década. Las mujeres administran casi la mitad de esos hogares receptores y, aunque ese ingreso mejora en un 40% los recursos de quienes lo reciben frente a quienes no, sigue sin alcanzar para ahorrar o mejorar de manera sostenida la calidad de vida.

Migración, remesas y cambio en los hogares

Los hogares con remesas provenientes de Estados Unidos perciben unos USD 7,200 anuales, una cifra similar al costo de la canasta básica, mientras que los hogares sin remesas sobreviven con menos de USD 5,000 al año.

Desde 2018, más de 800,000 personas emigraron del país, en su mayoría en edad productiva. Esa salida redujo el ritmo de crecimiento poblacional y alteró la composición de la fuerza laboral: muchas mujeres, aunque siguen participando menos que los hombres en el mercado laboral, pasaron a ser las principales proveedoras.

El informe plantea que la combinación de desigualdad, dependencia de remesas y falta de oportunidades laborales incrementó la presión sobre las mujeres, en especial las más jóvenes y las madres solteras, que suelen recibir menos remesas y tienen más dificultades para acceder a empleos formales.

Mujeres entre la informalidad y la pérdida de empleo

El estudio identifica dos grupos vulnerables. Por un lado, mujeres que sobreviven en la economía informal, dedicadas a pequeños comercios, servicios domésticos o tareas de cuidado, muchas de ellas con ingresos mensuales cercanos a USD 300 y más de un empleo para cubrir necesidades básicas.

Por otro, mujeres con formación técnica o universitaria que perdieron sus empleos tras el cierre de más de 5,000 organizaciones no gubernamentales y la reducción de 20,000 puestos de trabajo en zonas francas, y se vieron obligadas a incorporarse al sector informal pese a su preparación profesional.

Según el informe, otra dimensión es la presión emocional y social. Menciona “la obligación de aparentar éxito y estabilidad” en medio de las dificultades económicas, una carga que agrava el estrés entre las mujeres que deben conciliar tareas de madres, proveedoras y cuidadoras.

El riesgo de una crisis mayor

El estudio- retomado en un extenso reportaje por el medio citado- sostiene que el modelo familiar tradicional cambió y que las mujeres pasaron a ocupar un lugar central en la economía del hogar en casi la mitad de los casos.

También afirma que el Estado no implementó políticas públicas eficaces para reducir las brechas sociales y de género, y que la estrategia oficial se centra en el clientelismo político y en discursos de igualdad sin efectos en la vida diaria de las familias más vulnerables.

El análisis advierte que el riesgo de una crisis mayor crece a medida que el país depende más de las remesas. Estima que, si hacia fines de 2026 se registra una caída de entre 10% y 15% en los envíos familiares, miles de hogares podrían tener dificultades para comprar alimentos y otros bienes esenciales, sobre todo ante el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos.

Manuel Orozco señala que, mientras Rosario Murillo reorganiza el Frente Sandinista de cara a las próximas elecciones, la población enfrenta problemas de empleo, costo de vida e inseguridad económica.

El documento advierte que la convergencia de esos factores podría derivar en una crisis colectiva, en un entorno marcado por la migración masiva, la dependencia de remesas y la falta de políticas públicas frente a desigualdades que afectan, principalmente, a las mujeres.

El 75% de los jóvenes españoles residentes en el extranjero tiene la intención de regresar a España, pero su vuelta se complica, principalmente, por la situación laboral y la crisis de la vivienda. Así lo refleja el estudio Trayectorias: Experiencias de la población española joven residente en el exterior y expectativas de retorno, presentado este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El análisis destaca la diversidad de la población española que vive fuera, de forma que el 82% de los encuestados nació o se socializó en España, un 15% tiene la nacionalidad sin haber residido nunca en el país y un 2% la obtuvo por residencia antes de emigrar a un tercer país, mientras que un 1% emigró por decisión familiar. Los principales destinos son Estados Unidos (9,2%), Reino Unido (8,2%), Bélgica (7,9%) y Argentina (7%).

La encuesta, dirigida a jóvenes de 20 a 39 años, estuvo abierta de febrero a mayo de 2026 y recibió más de 2.000 respuestas, complementadas con 31 entrevistas en profundidad a expertos de distintos ámbitos.

Entre quienes nacieron en España, el 39,2% reside en el extranjero desde hace entre uno y dos años, el 24,6% entre tres y cinco años, el 24,1% entre seis y diez años, el 9,3% entre once y quince años, y el 3% desde hace más de dieciséis años. El 60,7% emigró tras recibir una oferta de trabajo, el 24% por movilidad académica o becas, el 23,5% por el idioma y el 16,9% para conocer el país de destino. El 59,1% cuenta con un máster o posgrado.

Salario, conciliación y flexibilidad son claves

Entre los aspectos laborales positivos destacan el salario (60,6%), la cultura organizacional (47,7%), el desarrollo profesional (45,4%), la conciliación y flexibilidad (45,3%) y la estabilidad (42,3%). El 49% está inscrito en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), mientras que el 34% no lo está y el 16% lo desconoce.

La iniciativa ha sido impulsada por la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM España, que pertenece a la Agencia para las Migraciones de Naciones Unidas (ONU).

Factores decisivos para el retorno

El empleo, la vivienda, los salarios, la estabilidad económica, la homologación de títulos, el reconocimiento de la experiencia internacional y la conciliación familiar influyen de forma determinante en la decisión de regresar, apunta el estudio, que también destaca que los jóvenes demandan apoyo institucional para encontrar trabajo y vivienda, así como ayudas económicas y fiscales.

Durante el acto de presentación este miércoles, Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, ha destacado la importancia de comprender las experiencias de la juventud en el exterior y el valor de contar con datos precisos para diseñar políticas públicas. Por su parte, María Jesús Herrera, jefa de Misión de la OIM en España, ha subrayado que escuchar a los jóvenes permite avanzar en políticas migratorias que consideran el retorno como una vía de recuperación de talento y de impulso al desarrollo del país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó el martes a los fiscales federales priorizar las investigaciones sobre el llamado “turismo de nacimiento” —la práctica en que extranjeras embarazadas viajan al país para dar a luz y garantizar la ciudadanía estadounidense a sus hijos— en una directiva emitida horas después de que la Corte Suprema bloqueara el intento del presidente Donald Trump de restringir ese derecho.

La orden llegó firmada por Colin McDonald, subsecretario de Justicia a cargo del área de fraudes, quien envió un memorando a todos los empleados del departamento con instrucciones de trabajar junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la detección y persecución de estas conductas.

El documento fue publicado en redes sociales por el propio Departamento de Justicia.

Qué ordena la directiva y qué delitos habilita perseguir

En el memorando, McDonald advirtió que quienes ingresen al país “bajo pretextos falsos” para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos pueden enfrentar cargos penales. Los delitos que el DOJ habilitó para perseguir esta práctica son:

• Fraude de visa: ingresar al país con documentación o declaraciones falsas sobre el propósito del viaje.
• Lavado de dinero: cuando los pagos a empresas que facilitan el “turismo de nacimiento” encubren el origen o destino de los fondos.
• Robo de identidad: uso de información falsa o ajena en los trámites migratorios.
• Fraude electrónico: comunicaciones o transacciones digitales con fines engañosos vinculados a estos esquemas.

“El Departamento de Justicia protegerá celosamente la santidad de la ciudadanía estadounidense investigando y procesando a quienes exploten fraudulentamente nuestro sistema migratorio”, escribió McDonald en el memorando, según informó Reuters.

El propio documento reconoce que los casos anteriores se concentraron principalmente en el fraude de visa, pero señala que otras leyes también pueden aplicarse para frenar la práctica.

El DHS ya había dado un paso en esa dirección en abril, cuando ordenó a sus agentes de investigación enfocarse en una nueva “Iniciativa de Turismo de Nacimiento”. La directiva del DOJ del martes refuerza y amplía ese enfoque, al sumar el aparato de fiscalía federal a la estrategia.

El fallo de la Corte Suprema y qué establece la 14ª Enmienda

La decisión que desencadenó la directiva fue un fallo 6 a 3 de la Corte Suprema —seis jueces a favor y tres en contra— que anuló una orden ejecutiva de Trump. Una orden ejecutiva es una instrucción presidencial con fuerza legal que no requiere aprobación del Congreso.

Trump había firmado esa orden para impedir que los hijos de extranjeros sin residencia legal permanente o ciudadanía estadounidense adquirieran automáticamente la nacionalidad por haber nacido en territorio del país. La Corte la rechazó de forma contundente, según reportó Reuters.

El tribunal reafirmó que la 14ª Enmienda de la Constitución —aprobada en 1868 tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados— protege a todos los nacidos en suelo estadounidense sin importar el estatus migratorio de sus padres. El fallo establece textualmente, según recogió CBS News, que los hijos de padres “ilegalmente o temporalmente presentes” en el país “son ciudadanos al nacer”.

La única nota discordante la puso el juez conservador Clarence Thomas, quien redactó una extensa disidencia. Para varios expertos, ese texto marca una señal de alerta sobre la solidez futura de esa protección constitucional, incluso tras la victoria judicial del martes.

La reacción de Trump y su llamado al Congreso

Trump calificó el fallo de “una lástima para nuestro país” en su plataforma Truth Social y convocó al Congreso a actuar de inmediato por vía legislativa. “El Congreso debería empezar HOY a trabajar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, costosa e injusta para nuestro país. Tendrán mi apoyo completo y total”, escribió.

El presidente descartó la necesidad de una enmienda constitucional —un proceso largo que requiere dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados— y apostó por una ley ordinaria, una vía que los expertos en derecho constitucional consideran igualmente incierta.

Las voces de expertos: alivio con reservas

La abogada de inmigración de Boston Annelise Araujo celebró el fallo, pero con cautela. “Estoy aliviada con la decisión, pero también precavida de que no fue unánime”, dijo a CBS News. La extensión de la disidencia de Thomas la inquietó: “Es aterrador, porque creo que me dice que nada está fuera de los límites”.

Araujo también subrayó que el fallo tiene consecuencias más amplias que la ciudadanía por nacimiento en sí. Los hijos ciudadanos pueden funcionar como “parientes calificados” que permiten a sus padres —aunque hayan ingresado sin documentación— solicitar la cancelación de una orden de deportación, siempre que lleven al menos diez años en el país.

Carol Rose, directora de la ACLU de Massachusetts —la organización que llevó el caso hasta la Corte Suprema en nombre de demandantes anónimos de New Hampshire— fue más directa: “Este resultó ser el caso que llegó hasta la Corte Suprema, y estamos muy contentos de que así haya sido porque era muy importante”, dijo a WBZ-TV.

La directiva del DOJ, emitida el mismo día del fallo, indica que la administración Trump no interpreta la derrota judicial como el fin de su agenda en materia de ciudadanía por nacimiento, sino como un cambio de frente: del terreno constitucional al penal.

Los salvadoreños amparados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos se encuentran en un momento de expectativa ante la posible no renovación de este beneficio.

Según la consultora internacional Celia Medrano, en la actualidad son un poco menos de 200 mil los salvadoreños que continúan bajo este estatus migratorio, cifra que ha disminuido desde los casi 230 mil que lo obtuvieron en un inicio, en parte por procesos de regularización y en parte por la pérdida del estatus.

En la entrevista televisiva Encuentro, Medrano indicó que, ante este escenario, las federaciones sindicales estadounidenses han recomendado a los beneficiarios del TPS tomar ciertas previsiones.

Entre ellas, organizar la documentación personal y familiar, prever quién podría cuidar a los hijos nacidos en Estados Unidos si los padres deben salir, y dejar en orden los documentos relacionados con bienes y cuentas bancarias.

También explicó que, en situaciones anteriores, se ha dado prioridad a quienes ya tenían una orden de deportación pendiente, ya que el Estado cuenta con información actualizada de cada beneficiario debido a los procesos de renovación. Por este motivo, Medrano sugirió que las personas bajo TPS se mantengan informadas y preparadas.

Vigencia del TPS y efectos del reciente fallo judicial en Estados Unidos

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permite al Gobierno federal avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal para ciudadanos de Haití y Siria, ha generado preocupación entre miles de inmigrantes y en particular entre los salvadoreños beneficiarios de este programa migratorio.

Si bien la decisión judicial no modifica de inmediato el TPS para El Salvador, organizaciones que apoyan a trabajadores migrantes han advertido que el fallo podría influir en futuras decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respecto a otros países amparados por este beneficio, según datos retomados por Diario El Mundo.

De acuerdo con información divulgada por el sindicato SEIU Local 503, el TPS para los salvadoreños continúa vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, siempre que los beneficiarios hayan completado correctamente el proceso de reinscripción entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025.

Capacidad de El Salvador y dinámica migratoria

De acuerdo con Medrano, El Salvador podría enfrentar limitaciones logísticas y sociales para recibir a una cantidad considerable de personas retornadas, en caso de que se concrete el fin del TPS.

Aunque el número de salvadoreños que han regresado ha incrementado en los últimos años, continúa siendo bajo si se lo compara con el universo de quienes residen fuera del país bajo este programa.

Medrano también señaló que, hasta el momento, no hay señales de una excepción para El Salvador en las políticas migratorias estadounidenses, más allá de la relación diplomática entre ambos países.

Sobre la gestión migratoria, Medrano mencionó la figura de “tercer país seguro”, utilizada por Estados Unidos para trasladar a solicitantes de asilo a otras naciones, como Ecuador, Honduras, Guatemala o ciertos países africanos.

Explicó que en algunos casos, estas personas permanecen en centros de acogida y que los países receptores han comunicado que no procesarán nuevas solicitudes de asilo, limitándose a la recepción y eventual retorno o traslado a otro destino.

En cuanto a las solicitudes de asilo, Medrano detalló que en 2025 hubo alrededor de 108,339 salvadoreños solicitando asilo en el mundo, y 95,932 de ellos lo hicieron en Estados Unidos. En España, la cifra de refugiados salvadoreños es de unos 1,700, y se recibieron 955 solicitudes activas en 2025.

Desplazamiento y papel de la diáspora

Sobre el desplazamiento, Medrano mencionó que en Guatemala, durante 2025, se reportaron 636 refugiados salvadoreños, 615 solicitantes de asilo y 279 personas bajo algún tipo de protección internacional, además de más de 18 mil salvadoreños en comunidades de acogida.

En El Salvador, la figura de “Host Community” también se emplea para personas desplazadas internamente, aunque no siempre se reconozca oficialmente esta condición.

En cuanto al papel de la diáspora, Medrano expresó que la comunidad salvadoreña en el exterior cumple un rol relevante tanto en el envío de remesas como en periodos electorales.

Añadió que la reciente reforma que permite la elección de seis diputados de la diáspora responde a cambios en la normativa electoral, aunque la representación y participación real de estas personas en la toma de decisiones nacionales sigue siendo un tema de análisis y debate.

Un tribunal en Texas recibió la declaración de culpabilidad de Efraín Zúñiga este lunes, un mexicano de 38 años extraditado desde México, por conspiración para el tráfico de personas migrantes hacia Estados Unidos. El caso revela la magnitud de las redes de tráfico internacional que operan entre América Latina, Asia y Estados Unidos, con ganancias millonarias y consecuencias letales para quienes buscan cruzar la frontera.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la red de la que formaba parte Zúñiga facilitó el ingreso ilegal de miles de personas entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023. La organización, con base de operaciones en Monterrey, cobraba montos que oscilaban entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por cada migrante trasladado. El monto acumulado por la red en ese periodo alcanzó 30 millones de dólares, según el mismo comunicado de la autoridad estadounidense.

Desde 2014, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha contabilizado al menos mil 449 mujeres migrantes fallecidas en rutas migratorias de América. Los datos revelan que 795 de estos decesos ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México. Edwin Viales, monitor regional del proyecto, sostiene que se trata de una “crisis invisible”, marcada por violencia de género, criminalidad y falta de acceso a servicios esenciales.

Zúñiga administraba una casa de seguridad en Monterrey y coordinaba cruces

Las autoridades estadounidenses acusan a Efraín Zúñiga de administrar una casa clandestina para migrantes en Monterrey, desde donde coordinaba el transporte hacia Estados Unidos. El traslado se realizaba con la colaboración de “coyotes”, guías que conducían a los grupos a través de la frontera sur estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que la red daba acceso a personas provenientes tanto de Latinoamérica como de países asiáticos.

La acusación formal contra Zúñiga fue presentada en septiembre de 2023. En octubre de 2024, fue detenido en México a petición del gobierno estadounidense y extraditado para enfrentar los cargos federales en Texas. El proceso judicial contempla una pena máxima de diez años de prisión si el tribunal lo declara culpable.

Las autoridades de Estados Unidos mantienen bajo custodia a dos integrantes adicionales de la red. Mónica Hernández Palma, también extraditada desde México en 2025, y Enil Edil Mejía Zuñiga, de origen hondureño, quien recibió una condena de 120 meses de prisión en julio de 2025.

Las mujeres migrantes enfrentan riesgos letales en las rutas hacia Estados Unidos

El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM reporta que, de un total de 11 mil 492 migrantes muertos o desaparecidos en rutas migratorias de las Américas desde 2014, al menos mil 449 eran mujeres. Las cifras oficiales son escasas, lo que agrava la invisibilidad de las víctimas. De los fallecimientos registrados, 795 ocurrieron en la frontera de Estados Unidos y México, 225 en las rutas del Caribe, 103 en el Darién —frontera entre Panamá y Colombia—, y 112 en Sudamérica.

Edwin Viales, vocero de la OIM, advierte que las mujeres migrantes están expuestas a una combinación de riesgos. A la violencia de género y al crimen organizado se suma la falta de acceso a servicios esenciales, lo que incrementa las probabilidades de muerte durante el trayecto.

El tráfico de migrantes sigue dejando ganancias millonarias y saldo mortal

La red que operaba Efraín Zúñiga habría obtenido hasta 30 millones de dólares en tres años, según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense. Los pagos de entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por persona reflejan la dimensión económica de este delito, en contraste con la vulnerabilidad de quienes buscan cruzar la frontera.

Las investigaciones en Estados Unidos continúan contra otras personas vinculadas a estas organizaciones criminales. Las autoridades subrayan que el combate al tráfico de migrantes requiere coordinación internacional y acciones legales en ambos lados de la frontera.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con permanencia temporal en el país.

El fallo representa un revés para la administración republicana y mantiene vigente la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, que reconoce ese derecho a quienes nacen en territorio estadounidense.

El pronunciamiento judicial reafirma una interpretación vigente desde hace más de un siglo: la mayoría de quienes nacen en suelo estadounidense adquieren la ciudadanía de manera automática, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La decisión, tomada por una mayoría de seis votos contra tres, marca un nuevo episodio en el debate sobre la aplicación de la 14ª Enmienda de la Constitución y el alcance de las políticas regulatorias federales.

“La ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en el dictamen mayoritario. Además sentenció: “Hoy mantenemos esa promesa”.

Decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento

La Corte Suprema rechazó la orden ejecutiva impulsada por Trump que pretendía restringir el acceso a la ciudadanía para hijos de inmigrantes sin residencia permanente o de visitantes temporales.

La votación se resolvió con seis magistrados en contra de la orden y tres a favor. Uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, se sumó a la mayoría, aunque fundamentó su voto en una ley federal y no en la Constitución.

El fallo implica que la ciudadanía por nacimiento sigue reconocida para quienes nazcan en territorio estadounidense, salvo excepciones específicas como hijos de diplomáticos extranjeros. El criterio de la Corte mantiene la vigencia de una jurisprudencia que data de finales del siglo XIX y refuerza la aplicación general del derecho de suelo en el país.

Detalles y alcance de la orden ejecutiva de Trump

El 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva cuyo objetivo era modificar el alcance tradicional de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

La directiva establecía que solo serían reconocidos como ciudadanos al nacer aquellos hijos de al menos un padre que fuese ciudadano estadounidense o residente permanente legal —poseedor de una “green card”—. Según el texto, quedaban excluidos los hijos de inmigrantes en situación irregular, visitantes temporales (como estudiantes o trabajadores con visa) y personas en el país de manera legal pero sin intención de residencia permanente.

La orden instruía a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía de menores nacidos bajo las condiciones mencionadas. Si se hubiera implementado, la medida habría impactado el estatus legal de hasta 250.000 bebés cada año y podría haber obligado a millones de familias a aportar pruebas adicionales sobre la ciudadanía de sus hijos recién nacidos.

Sin embargo, la orden nunca llegó a entrar en vigencia, ya que fue bloqueada por tribunales federales poco después de ser emitida.

Argumentos legales y constitucionales en juego

La controversia en torno a la orden ejecutiva giró en torno a la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868. Esta enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

La interpretación tradicional —respaldada por más de un siglo de jurisprudencia— sostiene que la ciudadanía corresponde a toda persona nacida en suelo estadounidense, salvo casos concretos como hijos de diplomáticos extranjeros o miembros de fuerzas de ocupación enemigas.

La administración Trump argumentó que la frase “sujetas a su jurisdicción” debía leerse de forma más restrictiva, excluyendo a los hijos de inmigrantes en situación irregular, visitantes temporales y personas cuya presencia en el país no implicara “lealtad primaria” o “domicilio legal permanente”.

Los abogados del gobierno defendieron que solo los hijos de quienes tuvieran residencia legal y la intención de permanecer en Estados Unidos deberían ser considerados ciudadanos al nacer.

En contraste, los opositores a la orden —incluyendo organizaciones civiles y estados— alegaron que la interpretación de la 14ª Enmienda ya había sido definida por la Corte Suprema en 1898, en el caso United States v. Wong Kim Ark, donde se reconoció la ciudadanía por nacimiento a un hombre hijo de inmigrantes chinos que residían legalmente en el país.

Los detractores de la orden ejecutiva sostuvieron que la nueva interpretación propuesta por el gobierno carecía de fundamento constitucional y contradecía precedentes judiciales.

Desarrollo del caso judicial y antecedentes históricos

El litigio que llegó hasta la Corte Suprema se originó en Nueva Hampshire, impulsado por una demanda colectiva presentada por padres y menores cuyos derechos de ciudadanía se veían amenazados por la orden ejecutiva.

El caso fue respaldado por organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y otros grupos defensores de derechos civiles. En julio de 2025, el juez federal Joseph Laplante permitió que la demanda avanzara como acción colectiva, lo que posibilitó que la política fuera bloqueada a nivel nacional.

Durante la tramitación judicial, la administración defendió la validez de la orden ante tribunales inferiores, pero todos los fallos previos resultaron desfavorables al gobierno. En diciembre, la Corte Suprema aceptó revisar el caso en medio de un clima político marcado por debates sobre inmigración y ciudadanía.

La discusión ante la Corte Suprema se centró en la validez de la interpretación restrictiva de la 14ª Enmienda y el precedente histórico mencionado. Durante los alegatos orales, Donald Trump asistió personalmente a la audiencia, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en presenciar una sesión de este tipo, aunque se retiró antes de que concluyeran los argumentos.

El fallo de la Corte Suprema mantiene la tradición establecida tras la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, cuando la 14ª Enmienda se adoptó para garantizar la ciudadanía a las personas nacidas en el país, especialmente a los anteriormente esclavizados y sus descendientes.

La decisión de este martes reitera el alcance histórico de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y deja sin efecto la orden ejecutiva de Trump.

La firma de una abogada de Washington que prometía “milagros” migratorios cerró el 10 de junio tras acumularse demandas de miles de inmigrantes que aseguran haber sido estafados con visas humanitarias falsas. Alexandra Lozano entregó su licencia de forma permanente antes de enfrentar un proceso disciplinario, y negó haber cometido irregularidades.

Las demandas y una investigación de ética legal sostienen que Lozano fabricó historias falsas de abuso doméstico y trata de personas para tramitar visas sin el conocimiento de sus clientes. El Colegio de Abogados del estado de Washington registró su firma en más de 53.000 casos pendientes.

El USCIS la investiga a través de su unidad de fraude, según correos obtenidos por The Associated Press.

Cómo funcionaba el esquema

La firma no ofrecía asesoría legal real, según las demandas. Lozano habría contratado cientos de empleados en Colombia, México y Argentina para atender clientes y gestionar solicitudes, sin que ningún abogado con licencia estadounidense interviniera.

El proceso seguía un patrón: indagaban en los problemas personales o laborales del cliente, los reencuadraban como abuso y presentaban solicitudes que los clientes jamás revisaron. En algunos casos, copiaron firmas en documentos que los clientes nunca vieron.

Rafael Alvarez, quien trabajó para la firma entre 2022 y 2024 en Colombia, lo describió así a AP: “Alexandra nos decía que por favor inventáramos más información sobre el abuso porque no era abuso real. Había muchos casos que no eran verdad”.

Las visas que explotó el esquema

La firma se especializó en dos programas federales con estándares de prueba más flexibles, lo que los hace más accesibles para víctimas reales, pero también más vulnerables al abuso:

• Ley de Protección a Víctimas de Trata y Violencia de 2000 (visas T)
• Ley de Violencia contra la Mujer de 1994 (VAWA), que también cubre a hombres

Los clientes obtenían permisos de trabajo con rapidez, pero años después sus casos no resistían el escrutinio al solicitar la residencia permanente.

Lo que vivieron las víctimas

Gabriel Martinez Garcia, 30 años: pagó USD 30.000. Su madre terminó en proceso de deportación pese a estar casada con un ciudadano naturalizado. “Creímos en ella y luego simplemente nos falló”, dijo a AP.

Erika Sánchez y su esposo pagaron USD 32.000 y firmaron hojas en blanco. La solicitud de su esposo contenía afirmaciones falsas de que su hija adolescente lo había abusado. Él está en proceso de deportación. “Realmente creímos que estaba haciendo lo correcto”, declaró al mismo medio.

Nora Murillo Moreno se enteró de las falsedades el día anterior a su entrevista para la tarjeta de residencia: “¿Digo lo que realmente pasó o lo que está escrito? Sabía que las cosas no coincidían”.

La posición de la defensa

El abogado Angelo Calfo, quien representa a Lozano, sostuvo que los clientes tenían la responsabilidad de revisar sus solicitudes antes de firmar y los responsabilizó por cualquier declaración falsa. En un comunicado citado por AP afirmó: “La práctica de Alexandra siempre ha sido luchar por sus clientes, perseguir con determinación cada opción legal disponible para ellos”.

El impacto en cifras

Entre los años fiscales 2020 y 2025, las solicitudes de visa por abuso doméstico pasaron de casi 15.000 a más de 53.000 por año. Las de trata de personas saltaron de alrededor de 1.000 a más de 37.000 en el mismo período, según datos del USCIS.

La administración Trump reformó los programas humanitarios en diciembre en los que alegó “fraude generalizado”, sin presentar más pruebas. Los cambios incluyen definiciones más estrechas de abuso y mayor peso a la evidencia aportada por los propios agresores.

Cecelia Levin, abogada de la Alliance for Immigrant Survivors, advirtió a AP que endurecer el acceso perjudica a las víctimas reales y que la respuesta correcta es aplicar la ley contra los abogados que cometen fraude.

El estado judicial del caso

Demanda por negligencia legal que busca compensación económica

• Demanda colectiva para recuperar honorarios pagados.
• Investigación federal activa del USCIS.
• Demandas contra al menos dos firmas en Texas y Ohio acusadas de replicar las tácticas de Lozano, lo que ambas niegan.

Cientos de exempleados acudieron a consultas con abogados voluntarios en Washington y Oregón. El abogado Vicente Omar Barraza advirtió a AP que muchos aún desconocen qué escribió la firma en sus solicitudes y que perdieron vías viables para regularizar su situación.

Señales de alerta para inmigrantes

• El abogado promete resultados garantizados o usa términos como “milagros”.
• Te piden firmar hojas en blanco o documentos sin leer.
• La asesoría la brindan personas sin licencia en Estados Unidos.
• No te muestran la solicitud antes de presentarla.
• Te enterás de los detalles de tu caso en vísperas de entrevistas o audiencias.
• Los honorarios son muy elevados y el proceso parece demasiado sencillo para tu situación.

Mil trabajadores hondureños podrán laborar temporalmente en España en 2026 dentro del programa de migración circular que coordinan el Gobierno español, Honduras, Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo. Del total previsto de 1.600 trabajadores centroamericanos, mil serán de Honduras y 600 de Guatemala.

La cifra supera la participación de este año, cuando más de 800 hondureños fueron contratados para tareas agrícolas en la provincia de Huelva, una de las principales zonas productoras de frutos rojos de España.

Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración del BID, señaló que el mecanismo permite una movilidad laboral con contratos formales, derechos laborales garantizados y el retorno de los participantes a sus países al concluir la temporada de trabajo.

Cómo funciona el programa

Muñoz explicó que el BID comenzó a colaborar con el Gobierno de España hace dos años y medio para fortalecer la incorporación de trabajadores de Honduras y Guatemala al programa GECCO (Gestión Colectiva de Contratación en Origen), que España aplica desde hace más de dos décadas para cubrir necesidades temporales de mano de obra.

El proceso comienza cuando empresas agrícolas españolas comunican la necesidad de contratar personal para cubrir plazas que no logran completar con trabajadores locales. Luego, las autoridades realizan la selección de candidatos en Honduras y Guatemala con criterios establecidos entre ambos gobiernos.

En Guatemala, por ejemplo, más de 60 mil personas permanecen inscritas a la espera de acceder a una oportunidad de empleo mediante este sistema, según el organismo.

Los resultados informados por el BID

De acuerdo con el organismo internacional, los resultados obtenidos hasta ahora muestran una tasa de retorno cercana al 97% entre los trabajadores hondureños.

El BID también indicó que muchos participantes envían a sus familias alrededor de USD 1.000 mensuales en remesas durante el período en que permanecen trabajando en España.

Además, un alto porcentaje de trabajadores vuelve a ser contratado en campañas agrícolas posteriores por su desempeño, según Muñoz.

El impacto en las familias

Muñoz relató que muchos participantes provienen de comunidades rurales y que nunca habían salido siquiera de sus municipios o de la capital de su país antes de viajar a Europa.

Uno de ellos es Ariel, un trabajador hondureño que dijo que su principal motivación para participar en el programa es mejorar la calidad de vida de su madre: "Mi objetivo es apoyarla económicamente porque ella hizo muchos sacrificios para sacarnos adelante. Ahora quiero devolverle ese esfuerzo".

Remesas y efecto económico

El BID considera que la migración circular beneficia tanto a los países de origen como a España. Mientras las empresas agrícolas cubren su demanda de mano de obra durante las temporadas de cosecha, las familias centroamericanas reciben ingresos que fortalecen su economía y contribuyen al desarrollo de sus comunidades mediante el envío de remesas.

Según datos citados por el organismo, Honduras recibió durante 2025 cerca de USD 12.000 millones en remesas, equivalentes a aproximadamente el 30% del PIB.

Las autoridades esperan que la ampliación de este programa también permita que más trabajadores adquieran experiencia en técnicas agrícolas modernas y conocimientos que puedan aplicar posteriormente en sus comunidades de origen.

Además del ingreso económico que representa el empleo temporal, el modelo busca promover una migración legal y planificada, reduciendo los riesgos asociados a los desplazamientos irregulares y fortaleciendo la cooperación entre Honduras y España en materia de movilidad laboral.

116 extranjeros de 16 nacionalidades llegaron a Nicaragua deportados desde Estados Unidos entre enero de 2025 y junio de 2026, según el Proyecto de Datos sobre Deportaciones citado por el periódico Confidencial.digital Los registros muestran que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los acepta caso por caso, sin un acuerdo formal público.

Deportaciones sin acuerdo formal

Nicaragua no figura oficialmente como “tercer país receptor de deportados”. A diferencia de otros países centroamericanos, no existe un convenio público que respalde estos ingresos. La administración orteguista autoriza la entrada de extranjeros con criterios que no han sido transparentados.

La aceptación de deportados extranjeros se define en reserva y, como ocurre con los nacionales, depende de la voluntad del Gobierno. “El gobierno del país receptor tiene todo el derecho de rechazar la entrada de un nacional de otro país, aunque tenga lazos familiares”, explicó Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias. En el caso nicaragüense, no se conocen los parámetros que determinan la admisión de estas personas.

Quiénes son los deportados y cómo llegan

Los extranjeros enviados a Nicaragua entre 2025 y 2026 provienen principalmente de Honduras, Cuba, Ecuador, Guatemala, Colombia, Perú, Venezuela, El Salvador y Nigeria. El listado incluye también nacionales de Bangladesh, Costa Rica, República Dominicana, India, Irán y México, según la plataforma universitaria.

La mayoría de estos traslados se hizo de forma individual o en pareja. Solo en dos ocasiones, el 19 de marzo y el 9 de mayo de 2025, se documentaron vuelos grupales de cinco y seis personas, respectivamente. Un tercio partió desde el Aeropuerto Internacional de Miami y una cuarta parte desde el de Alejandría, Luisiana.

Respecto de los motivos migratorios, el portal académico indica que 82 personas fueron deportadas bajo el “código 8” (por interceptación fronteriza o expulsión interior), 11 bajo el “código 6” (por violaciones a leyes migratorias), 22 por “salida voluntaria” y un caso por retiro voluntario autorizado por un oficial migratorio.

Nicaragua como destino de deportaciones de Estados Unidos

En ausencia de un tratado formal, la llegada de extranjeros deportados a Nicaragua responde, según la asesora legal Carolina Sediles, citada por Confidencial.digital a decisiones individuales del Gobierno orteguista: “Puede ser que existan casos aislados con consentimiento ad hoc, documentos especiales, residencia previa, doble nacionalidad u otra base individual”.

Las autoridades de Estados Unidos pueden deportar a una persona a cualquier país dispuesto a aceptarla, aunque la ley local solo exige que el gobierno de destino consienta el ingreso. Usualmente, son los propios deportados o sus familiares quienes gestionan el permiso para ser recibidos en un tercer país.

Políticas de deportación y vigilancia en Nicaragua

Bajo la administración de Donald Trump, Nicaragua recibió más de 10,700 nicaragüenses retornados y otros 694 fueron enviados a México, según fuentes independientes. El régimen no ha publicado cifras oficiales y se ha limitado a declaraciones generales sobre la recepción de nacionales.

La frecuencia de vuelos para deportados pasó de dos mensuales a dos semanales, los jueves y sábados. Los traslados se realizan en vuelos chárter de la aerolínea Global X y los deportados son entregados al Ministerio del Interior (MINT), que se encarga de llevarlos a sus domicilios, incluso en zonas remotas.

En marzo de 2026, un reportaje de Confidencial documentó que la vigilancia sobre los nicaragüenses retornados es ejecutada por el MINT bajo órdenes directas de Rosario Murillo. Los deportados son considerados “personas de interés” y su seguimiento incluye la colaboración de policías, funcionarios públicos y militantes del Frente Sandinista en los barrios.

La producción de café en Nicaragua enfrenta una transformación forzada. La combinación de escasez de cortadores, el aumento de las remesas y la migración ha llevado a los productores a reducir áreas de cultivo y a buscar jornaleros casa por casa. Esta situación amenaza directamente la sostenibilidad de una actividad que en 2025 generó USD 918.4 millones en exportaciones.

Los trabajadores agrícolas ya no acuden espontáneamente a las fincas. Ahora, los productores deben salir a reclutarlos uno por uno, un cambio que ha modificado el equilibrio en el campo. Elvin Barrera, técnico en una finca del sur, relató que antes los jornaleros buscaban empleo en el sitio, pero hoy deben ser persuadidos para aceptar la labor.

En Nicaragua, la escasez de mano de obra en la caficultura ha obligado a los productores a negociar condiciones más favorables para atraer trabajadores. La oferta incluye no solo un salario mayor, sino también alimentación, transporte y horarios flexibles. Según describió Confidencial. digital, la dificultad para conseguir suficientes cortadores ha llevado a muchos a optar por sembrar menos tierra, priorizando las zonas más productivas y plantas jóvenes.

Los productores se ven obligados a reducir la superficie cultivada

La reducción de áreas de café se ha convertido en la salida más inmediata para muchos finqueros. Productores como Braulio han decidido eliminar decenas de manzanas de cultivo, limitándose a las extensiones que pueden atender con la mano de obra disponible. En su finca, la cantidad de trabajadores cayó de 80 a solo 11 durante la temporada más exigente, lo que obligó a dejar partes de la propiedad sin atender.

Esta tendencia a recortar superficie cultivada responde a la imposibilidad de realizar tareas clave como la fertilización y el cuidado de los cultivos si no se consigue personal suficiente. Los productores argumentan que mantener tierra sin el manejo adecuado solo genera pérdidas.

En respuesta a la crisis, algunos finqueros evalúan diversificar su producción, sembrando pasto o cultivos menos demandantes de mano de obra, como plátanos o cítricos. La presión es especialmente alta en el café, que depende de un gran número de jornaleros, a diferencia de otros cultivos que pueden ser manejados por familias o están más mecanizados. Confidencial. digital reunió testimonios sobre esta diversificación y la estrategia de priorizar solo las áreas mejor manejables.

El peso de las remesas y la migración en la escasez de jornaleros

La disminución de trabajadores en el campo está relacionada con el efecto de las remesas y la migración. Según datos del Banco Central de Nicaragua, entre 2018 y 2025, el flujo de remesas creció de 1,501 millones a 6,167 millones de dólares, alterando los incentivos para trabajar en la agricultura.

El fenómeno ha cambiado la dinámica laboral: muchos prefieren vivir de las remesas enviadas por familiares en el exterior antes que dedicarse a las tareas rurales. Algunos optan por alquilar sus tierras en vez de trabajarlas directamente.

El economista Néstor Avendaño señaló que entre enero de 2021 y junio de 2025, 446,651 nicaragüenses emigraron a Estados Unidos. Además, el 35.0 % de la población en edad de trabajar está desempleada y no busca empleo, según datos oficiales, lo que reduce aún más la oferta de mano de obra disponible para la caficultura.

La migración también afecta directamente a las familias agrícolas. Hijos que antes trabajaban en el campo ahora envían dinero desde países como España, Costa Rica o Estados Unidos. Muchas familias que antes participaban en las cosechas han dejado el país por períodos prolongados, priorizando otras actividades fuera de Nicaragua.

Jornada y condiciones de trabajo: la nueva negociación en el cafetal

El esquema tradicional de contratación se ha transformado. Ahora, los trabajadores son quienes fijan condiciones, exigiendo salarios superiores y mejores beneficios. Barrera explicó que, aunque puede ofrecer 268 córdobas (USD 7.30) por día, muchos rechazan la oferta y buscan fincas donde se paga entre 300 córdobas (USD 8.20) y 320 córdobas (USD 8.70), incluso si eso implica renunciar a algunas comidas incluidas, según información de Confidencial. digital.

La modalidad de pago y la alimentación ofrecida en la finca se han vuelto puntos clave en la negociación. Algunos productores ofrecen pollo, horarios flexibles o transporte para hacer más atractiva su oferta. Otros recurren a intermediarios, conocidos como contratistas, que reúnen grupos de jornaleros. Sin embargo, ni siquiera estos intermediarios logran cubrir siempre la demanda de personal.

La crisis de mano de obra afecta no solo la cosecha, sino también labores esenciales como la fertilización y el mantenimiento del café. Si no se logra reunir la cantidad necesaria de trabajadores, los productores se ven obligados a priorizar ciertas áreas y dejar otras sin atención, lo que podría afectar la productividad en el futuro.

Las poblaciones de papamoscas cerrojillo que crían en distintos puntos de Europa vuelven a coincidir cada año en zonas concretas de África, y un estudio publicado en Science concluyó que ese destino invernal depende a la vez de la herencia genética y del ambiente en el que crecieron, una pista central para entender cómo estas aves podrían responder al cambio climático.

El trabajo siguió aves reproductoras de ocho países a lo largo de una migración que varía entre 3.000 kilómetros y casi 13.000 kilómetros. Todas las poblaciones observadas pasaron primero por España y Portugal en otoño, hicieron allí una escala y luego afrontaron un vuelo sin escalas de unas 40 horas sobre el Atlántico hacia el extremo occidental de África.

Después de ese cruce, la ruta giró hacia el este y las distancias comenzaron a separarse. Las aves españolas pasaron el invierno en la parte más occidental de las áreas de invernada, mientras que las procedentes de Siberia siguieron hasta Nigeria.

La ruta compartida contrasta con destinos de invernada distintos

El papamoscas cerrojillo es un ave canora de apenas 12 gramos que viaja sola y de noche, una combinación que volvía especialmente difícil explicar por qué individuos nacidos en una misma región reproductora terminan agrupados otra vez en sectores precisos de África.

El nuevo estudio abordó esa pregunta con seguimiento de campo en todo el rango reproductivo de la especie, desde España hasta Siberia.

El proyecto fue coordinado por Koosje Lamers y Janne Ouwehand, de la Universidad de Groningen, bajo la supervisión de Christiaan Both. Para reconstruir la migración, el equipo utilizó registradores de datos colocados en aves de ocho localidades distintas.

Lamers destacó al medio que resulta llamativo que las aves siberianas elijan un rodeo tan largo: “Una ruta menos occidental, por ejemplo cruzando el mar Mediterráneo cerca de Italia y luego el Sahara, les ahorraría unos 4.500 kilómetros”.

Esa alternativa no es hipotética. El papamoscas collarino, una especie estrechamente emparentada, utiliza precisamente ese trayecto más corto para llegar desde Europa central a sus zonas africanas de invernada.

A partir de esa comparación, Lamers planteó una explicación evolutiva: “Es plausible que este desvío extraño sea un remanente evolutivo del pasado, cuando durante las eras glaciales los papamoscas cerrojillos solo aparecían en la parte occidental de África y Europa”.

El experimento con huevos neerlandeses criados en Suecia

Para averiguar cómo las aves determinan su destino invernal, los investigadores trasladaron ejemplares de los Países Bajos al sur de Suecia. Retiraron huevos neerlandeses para que fueran incubados y criados por padres adoptivos suecos, y además movieron hembras neerlandesas a Suecia, lo que produjo crías con mezcla de origen neerlandés y sueco.

El contraste entre poblaciones ofreció una medida concreta. Los papamoscas neerlandeses no trasladados terminaron en África occidental unos 500 kilómetros más al este que los suecos, mientras que los neerlandeses criados en Suecia llegaron a una posición intermedia entre ambos patrones normales.

Las crías de origen mixto quedaron algo más cerca de las localizaciones africanas típicas de la población sueca. Esa distribución indica que la zona de invernada no queda fijada solo por los genes ni solo por el entorno de crianza, sino por la combinación de ambos factores.

El estudio también sugiere que lo heredado no sería tanto la dirección del viaje como su longitud. Lamers lo resumió así: “Probablemente no sea el caso que la dirección de la migración sea heredada y difiera según cada lugar. En cambio, probablemente lo que está fijado es la longitud de la ruta”.

Ese resultado descarta además que el comportamiento migratorio se aprenda de los padres, porque los juveniles emprenden el viaje más tarde en el año.

Para los autores, ese punto importa al evaluar la capacidad de adaptación de las aves migratorias frente al calentamiento global, ya que el calendario de migración está fuertemente influido por el cambio climático y la posibilidad de adelantar la partida depende de dónde pasan el invierno en África.

“Además, nuestra investigación muestra que pueden surgir nuevas combinaciones de áreas de reproducción y localizaciones de invernada, como vimos con los huevos neerlandeses que eclosionaron en Suecia”, concluyó Lamers.

La edificación de viviendas es la actividad principal dentro del sector construcción en República Dominicana, según la Encuesta Sectorial Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración. El informe señala que los edificios de apartamentos representan el 49.5 % de los nuevos proyectos y las viviendas familiares el 29.8 %.

Los datos muestran que el desarrollo comercial tiene un peso menor: las plazas comerciales llegan al 5.8 % y los locales comerciales al 4.6 %. Esto sugiere una orientación predominante hacia el crecimiento urbano y la demanda habitacional.

El Gran Santo Domingo concentra la mayor cantidad de proyectos residenciales y registra los precios por metro cuadrado más altos del país. Según la Oficina Nacional de Estadística y como informó Diario Libre, hasta 2024 el 61.5 % de las obras en esta zona permanecen paralizadas. El estudio indica que, aunque la región lidera en volumen de proyectos, también acumula la mayor proporción de construcciones detenidas.

Predominio de la mano de obra haitiana en la construcción

La encuesta sectorial reporta que el 68.3 % de los trabajadores en construcción son de nacionalidad haitiana y el 31.1 % son dominicanos. Esta diferencia se observa tanto en el sector formal como en el informal.

En el segmento formal, los haitianos ocupan el 69.1 % de los puestos y los dominicanos el 30.2 %. En el sector informal, los haitianos representan el 61.3 % y los dominicanos el 38.2 %.

Las modalidades de contratación varían según la nacionalidad. Entre los dominicanos, el 46.0 % trabaja por ajuste, el 26.7 % como asalariado fijo y el 25.2 % como subcontratado. Entre los haitianos, el 67.9 % lo hace por ajuste, el 15.9 % como subcontratado y el 12.0 % como asalariado fijo. Así, el 27.9 % de los haitianos cuenta con empleo asalariado, frente al 51.9 % de los dominicanos.

Evolución y tendencias en el inicio de obras

En 2025, la mayor parte de los nuevos proyectos de construcción se concentró en el primer trimestre. Enero aportó el 28.1 %, febrero el 16.8 % y marzo el 13.8 %, sumando el 58.7 % del total anual. En los meses posteriores, la actividad disminuyó: abril, mayo y junio representaron juntos menos del 11.0 % de las obras iniciadas.

En el periodo 2014-2024, el sector construcción creció un 8.3 %. Entre 2014 y 2015, las tasas de expansión estuvieron entre el 13.8 % y el 19.8 %. En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó una contracción del 10.7 %, seguida de una recuperación en 2021, con un incremento del 23.4 %.

A partir de 2022, el crecimiento se moderó, influido por el aumento de los costos de los materiales, condiciones internacionales y una política monetaria más restrictiva. En 2024, el sector mostró una tendencia positiva: los encadenamientos productivos alcanzaron cerca del 15.0 % de la economía y el sector aportó alrededor del 8.8 % de la demanda nacional de importaciones.

Participación del capital privado y del Estado

La Encuesta Sectorial Construcción 2025 indica que el 95.9 % de las obras en ejecución corresponden a inversiones privadas. La participación estatal es menor al 5.0 %, con un 1.3 % de los proyectos financiados únicamente con fondos públicos y un 2.8 % con inversión mixta.

El estudio asocia este predominio privado a las condiciones generadas por la Ley 153-71 de Incentivo Turístico, que favoreció la llegada de inversión privada y extranjera para infraestructuras hoteleras y proyectos inmobiliarios en el país.

Desde hace más de un año, el Pentágono mantiene desplegados aproximadamente 9 mil soldados en servicio activo a lo largo de más de 3 mil 200 kilómetros de la frontera suroeste de Estados Unidos, con el objetivo declarado de hacer frente a la migración irregular, el contrabando y los cárteles de la droga. Las tropas permanecen en sus posiciones —con un costo de decenas de millones de dólares cada semana— a pesar de que la administración Trump logró hace meses su objetivo principal de reducir drásticamente los cruces ilegales.

Así lo reveló un extenso reportaje publicado el 23 de junio por The New York Times, firmado por el corresponsal de seguridad nacional Eric Schmitt.

Cárteles responden: hackeos y mensajes amenazantes

Lejos de disminuir, las tensiones en la zona han escalado. Según funcionarios del Congreso citados por el Times, tras la muerte del líder cartelero conocido como El Mencho —abatido en febrero con apoyo de la CIA— militares estadounidenses descubrieron que sus teléfonos habían sido hackeados y comenzaron a recibir mensajes amenazantes.

Las patrullas militares, que operan en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y con el ejército mexicano, han empujado a los cárteles hacia zonas montañosas más remotas para evadir la detección. Sin embargo, no se han registrado ataques con drones ni bajas entre las fuerzas estadounidenses, de acuerdo con los mandos militares consultados por el diario.

525 millones de dólares y contando

El Pentágono informó en mayo que solo los primeros cuatro meses de la operación tuvieron un costo de 525 millones de dólares, aunque el departamento se negó a revelar el monto total acumulado hasta la fecha.

El senador demócrata Jack Reed, de Rhode Island, advirtió en una audiencia reciente que la misión fronteriza estaría desviando fondos de ejercicios de entrenamiento esenciales. Según Reed, el Ejército enfrenta un déficit presupuestario de casi 2 mil millones de dólares, principalmente porque el Departamento de Seguridad Nacional no ha reembolsado los gastos generados por las misiones de apoyo fronterizo.

El debate en el Congreso

Algunos legisladores han cuestionado si estas patrullas representan el mejor uso de soldados en servicio activo, quienes de otro modo estarían entrenando para posibles despliegues en Europa del Este, el Medio Oriente o la región del Indo-Pacífico.

La representante Sara Jacobs, demócrata de California e integrante del Comité de Servicios Armados, fue una de las voces más directas durante una audiencia en marzo: “Nuestros militares no se alistaron para trabajar en el control de la inmigración, y esta maniobra política está poniendo sus vidas en riesgo”, declaró.

Tecnología y patrullas conjuntas con México

El reportaje del NYT también detalla el componente tecnológico de la misión. El ejército ha realizado más de 800 vuelos de vigilancia y reconocimiento desde el inicio de la operación, frente a los aproximadamente 160 del año anterior, con apoyo de aviones U-2, RC-135 y drones RQ-4 Global Hawk.

Por primera vez, según el Times, el ejército realizó patrullas conjuntas con soldados mexicanos utilizando radios encriptadas y láseres de alta energía para neutralizar drones operados por cárteles.

Sin salida a la vista

El Pentágono también ha designado cinco franjas de tierra a lo largo de la frontera —en California, Arizona, Nuevo México y Texas— que de facto funcionan como extensiones de bases militares estadounidenses. Los migrantes que ingresen a esas zonas pueden ser detenidos temporalmente por soldados hasta la llegada de agentes de la Patrulla Fronteriza. Hasta ahora, el ejército reporta 116 personas detenidas de esta forma.

La operación, denominada Ardent Vanguard, acaba de recibir a su tercer comandante, el general de división Curtis D. Taylor, de la Primera División Blindada, sin que exista un horizonte claro para su conclusión.

La migración, la estabilidad democrática y la cooperación internacional siguen entre los principales retos del continente americano, según planteó el representante hondureño Javier Handal durante un foro regional. El funcionario pidió fortalecer la coordinación entre los Estados para responder a problemas que afectan a millones de personas en el hemisferio.

Durante su intervención, señaló que la movilidad humana sigue siendo uno de los fenómenos más complejos de la actualidad porque involucra factores económicos, sociales, ambientales y de seguridad que trascienden las fronteras nacionales. Agregó que Honduras vive esta realidad como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Explicó que esa condición permite comprender de manera directa los desafíos que enfrentan miles de personas que abandonan sus comunidades en busca de mejores oportunidades de vida y que las respuestas a la migración deben construirse desde una visión compartida entre los Estados y no con enfoques aislados o medidas centradas solo en las consecuencias inmediatas del fenómeno.

Causas y respuestas a la migración

Handal afirmó que las causas estructurales que impulsan la migración siguen presentes en numerosos países de la región. Entre ellas mencionó las limitadas oportunidades económicas, la pobreza, la desigualdad, los efectos del cambio climático, la inseguridad y otros factores que obligan a miles de familias a abandonar sus lugares de origen.

Planteó que es necesario fortalecer las políticas orientadas a la generación de empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos productivos para crear condiciones que permitan a las personas construir su futuro en sus propios países.

También remarcó la importancia de reforzar la cooperación entre las autoridades para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sobre los retornados, subrayó la necesidad de implementar programas que faciliten su reintegración social y económica, con acceso a oportunidades laborales, educación, capacitación y apoyo institucional.

Cooperación internacional

Handal manifestó que la incertidumbre que enfrenta la comunidad internacional exige respuestas basadas en la cooperación y el entendimiento entre las naciones. A su juicio, el aislamiento y la fragmentación no constituyen alternativas frente a desafíos de impacto global.

En esa línea, defendió el multilateralismo como herramienta para construir consensos y encontrar soluciones a problemas compartidos. Sostuvo que los organismos internacionales y los espacios de diálogo regional siguen desempeñando un papel para promover la estabilidad, la paz y el desarrollo sostenible.

Además, afirmó que el respeto al derecho internacional debe mantenerse como uno de los pilares de la convivencia entre los Estados, en momentos en que diversas regiones enfrentan tensiones políticas, económicas y sociales.

Estabilidad democrática

En el plano democrático, señaló que la comunidad hemisférica debe mantener vigilancia sobre situaciones que puedan poner en riesgo los principios democráticos, la institucionalidad y el respeto a los derechos fundamentales.

En ese marco, reiteró la posición de Honduras sobre la situación que atraviesa Venezuela. Señaló que es necesario avanzar hacia una solución pacífica, democrática y consensuada que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana y permita el desarrollo de procesos institucionales con garantías suficientes para todos los sectores.

De acuerdo con Handal, la estabilidad política es un elemento esencial para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. Por eso, consideró que la región debe seguir promoviendo espacios de diálogo que favorezcan la resolución pacífica de las diferencias y la construcción de acuerdos.

La agenda interna de Honduras

Sobre la agenda interna de Honduras, el funcionario dijo que la administración gubernamental mantiene como prioridad la atención de las necesidades de la población mediante políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Explicó que la estrategia impulsada por el Gobierno parte de una visión integral que busca fortalecer la seguridad como condición para generar estabilidad. Señaló que, a partir de esa estabilidad, se crean las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera, promover la actividad económica y ampliar las oportunidades de empleo.

Según detalló, la generación de puestos de trabajo constituye uno de los principales mecanismos para reducir las brechas sociales y mejorar los niveles de bienestar de la población. Añadió que las acciones gubernamentales buscan consolidar un entorno favorable para el crecimiento económico y el desarrollo productivo.

Handal sostuvo que la confianza ciudadana depende de la capacidad de las instituciones para ofrecer resultados concretos y responder a las demandas de la población. Aseguró que los esfuerzos del Gobierno están orientados a fortalecer la seguridad, dinamizar la economía y ampliar las oportunidades para los sectores más vulnerables.

La creciente movilidad internacional de los estadounidenses ha situado a Costa Rica entre los destinos preferidos para quienes buscan establecerse en el extranjero. Los datos de Henley & Partners, citados en un reciente reportaje de Condé Nast Traveler, revelan que la demanda para obtener residencia o ciudadanía fuera de Estados Unidos casi se duplicó el último año, consolidando una tendencia de migración hacia territorios que ofrecen calidad de vida y estabilidad.

Costa Rica se encuentra en la lista de los 16 lugares del mundo con mayor atractivo para la movilidad patrimonial en 2026, junto a países como Portugal, Italia, Grecia y Malta. La inclusión del país centroamericano en este selecto grupo obedece tanto a razones económicas como sociales y culturales, según lo describe la mencionada publicación.

Estados Unidos representa una de las principales fuentes de nuevos residentes para Costa Rica. De acuerdo con cifras del Departamento de Estado estadounidense, para diciembre del 2024 residían en el país unos 120 mil ciudadanos de esa nación, muchos de ellos jubilados. Este grupo constituye una de las comunidades de expatriados estadounidenses más grandes de América Latina.

Factores que impulsan la migración a Costa Rica

Entre las principales razones que llevan a los estadounidenses a elegir Costa Rica se encuentran la estabilidad democrática, la proximidad geográfica y la existencia de una comunidad de expatriados consolidada.

A esto se suma el acceso a servicios de salud de calidad y un estilo de vida enfocado en el bienestar y la relación con la naturaleza, factores destacados por la revista Forbes al incluir recientemente a Costa Rica en su listado de destinos preferidos para mudarse en 2026.

Para quienes se preguntan por qué Costa Rica se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los estadounidenses que buscan comenzar una nueva vida fuera de su país, la respuesta radica en una combinación de seguridad, calidad de vida, facilidad para trabajar de forma remota o retirarse y una comunidad acogedora que facilita la integración.

El valor de la hospitalidad costarricense

El atractivo de Costa Rica no se limita a sus indicadores económicos o migratorios. Un aspecto resaltado tanto por Condé Nast Traveler como por otros estudios internacionales es el trato cálido y hospitalario de los costarricenses.

En el último año, la revista especializada reconoció al país como el más hospitalario del mundo, distinción basada en las experiencias de viajeros internacionales que subrayaron la amabilidad y disposición de la población local.

Este ambiente facilita la integración de los extranjeros, permitiéndoles establecer relaciones personales y sentirse bienvenidos. La facilidad para adaptarse a la vida cotidiana y formar parte de la comunidad local se consolida como un factor determinante para quienes consideran mudarse definitivamente.

Costa Rica en el mapa global de la migración

La presencia de Costa Rica entre los territorios líderes en movilidad patrimonial confirma su posición como destino de referencia en América Latina para quienes buscan nuevas oportunidades y calidad de vida. El país figura junto a destinos tradicionales de Europa y el Caribe, reflejando una tendencia global que privilegia entornos estables y acogedores.

La combinación de factores estructurales, sociales y culturales convierte a Costa Rica en una opción atractiva para quienes valoran tanto el entorno natural como la posibilidad de integrarse con facilidad a la vida local. El fenómeno responde a un interés cada vez mayor de los estadounidenses por residir en el extranjero, en busca de bienestar y nuevas experiencias.

La justicia federal estadounidense ordenó el regreso de un ciudadano hondureño deportado el 13 de abril, al considerar que su expulsión pudo vulnerar el debido proceso.

La jueza federal Beryl A. Howell dispuso que las autoridades faciliten el retorno de José Eliezer Martínez Andino a Estados Unidos mientras se revisa su situación migratoria.

Se trata de José Eliezer Martínez Andino, un joven de 20 años originario de Honduras. Según los documentos presentados ante la corte, había manifestado temor por regresar a su país debido a situaciones personales que, según aseguró, ponían en riesgo su integridad.

Howell concluyó que la deportación estuvo vinculada a posibles vulneraciones del derecho al debido proceso, protegido por la Constitución de Estados Unidos.

Por eso, ordenó a las autoridades competentes adoptar las medidas necesarias para facilitar el retorno del joven al país mientras su caso es revisado.

Cómo se originó el caso

Martínez Andino llegó a Estados Unidos cuando tenía 14 años. De acuerdo con la información presentada ante el tribunal, dejó Honduras por presuntos episodios de violencia y agresiones familiares. Después fue padre de una niña de tres años, que dependía económicamente de él.

El caso tomó relevancia tras su detención el 18 de marzo en el estado de Montana. Después de ser arrestado por agentes migratorios, fue trasladado a varios centros de detención en distintos estados, una situación que, según sus representantes legales, dificultó conocer con exactitud su ubicación.

Los abogados sostienen que durante varios días las autoridades no proporcionaron información clara sobre el paradero del joven ni sobre la agencia responsable de su custodia. Esa situación motivó la presentación de una demanda judicial que cuestionó la transparencia del procedimiento y denunció una posible vulneración de sus garantías legales.

La disputa sobre la deportación

La controversia aumentó cuando el Gobierno de Estados Unidos informó que la deportación se había realizado porque el migrante había aceptado abandonar el país de manera voluntaria. Martínez Andino rechazó esa versión y aseguró que “nunca comprendió plenamente” los documentos que firmó durante su detención.

Según su relato, los formularios le fueron presentados sin una explicación adecuada y bajo la impresión de que no existían alternativas disponibles. Su defensa argumentó que esa situación le impidió ejercer de manera efectiva su derecho a solicitar protección o exponer ante un juez las razones por las que temía regresar a Honduras.

El alcance de la resolución

Al analizar el expediente, la jueza consideró que existían elementos suficientes para concluir que el procedimiento podría haber afectado derechos fundamentales del migrante. En su resolución destacó que la expulsión del joven derivó directamente de las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso.

La magistrada también señaló que mantener a Martínez Andino en Honduras mientras se desarrolla el litigio podría ocasionarle daños irreparables, en especial por las circunstancias que lo llevaron a abandonar el país años atrás.

La decisión judicial obliga ahora a las autoridades estadounidenses a coordinar el retorno de Martínez Andino, quien podría tener la oportunidad de presentar formalmente su caso ante las instancias migratorias correspondientes.

Un juez federal de California anuló este martes las políticas de la administración Trump que autorizaban arrestos en los tribunales de inmigración y extendían el tiempo de detención de migrantes en celdas de corto plazo. El fallo, de 71 páginas, restableció de facto las restricciones vigentes durante el gobierno de Biden.

El juez P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, determinó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia actuaron de manera “arbitraria y caprichosa”, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Qué anuló el fallo, quién presentó la demanda y dónde

El juez Pitts anuló dos políticas del gobierno de Trump. La primera permitía a ICE arrestar personas dentro o en los alrededores de los tribunales de inmigración, algo que antes solo era posible en circunstancias acotadas.

La segunda eliminaba el límite de 12 horas para mantener detenidos a migrantes en instalaciones de corto plazo, y lo extendía hasta 72 horas. El fallo restauró ambos límites previos.

El caso lo inició un solicitante de asilo al que agentes de ICE arrestaron a la salida de una audiencia de rutina en el tribunal de inmigración de San Francisco. Ese episodio fue el punto de partida para cuestionar la legalidad de las nuevas políticas federales ante la justicia.

Por qué el juez consideró ilegales las políticas

Pitts señaló que ICE arrestaba a personas precisamente por las mismas infracciones migratorias por las que esas personas se presentaban ante un juez de inmigración, lo que contradice la justificación oficial de la medida.

El juez también encontró que el gobierno pasó más de seis meses argumentando que las políticas de 2025 representaban “una elección intencional y razonada” para ampliar los arrestos en los tribunales. El argumento no lo convenció.

“Ahora está claro que la falta de conexión entre las justificaciones declaradas de ICE y la expansión de arrestos en los tribunales de inmigración no resulta de una toma de decisiones meramente sin fundamento, sino de una completa ausencia de toma de decisiones”, escribió Pitts, según consignó Law360.

El juez determinó que la política de detención extendida violaba la Quinta Enmienda de la Constitución, porque sometía a los detenidos a condiciones de confinamiento de carácter punitivo.

“Durante 80 años, el Congreso ordenó a las agencias federales que pensaran antes de actuar”, escribió Pitts en el fallo. La ley, agregó, exige que una agencia “al menos proporcione razones sólidas para seguir el curso elegido”.

Cuándo comenzaron los arrestos en tribunales y cuál fue su impacto

La práctica de arrestar personas en los tribunales de inmigración comenzó con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, como parte de una campaña de deportaciones.

Desde entonces, líderes comunitarios y legisladores demócratas denunciaron confrontaciones en los pasillos de los juzgados. Según CBS News, canal de noticias estadounidense, las tácticas de los agentes federales generaron un clima de temor en numerosas comunidades.

Cómo reaccionó el gobierno de Trump

James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó el fallo en la red social X, una plataforma social. “Cuando un juez condena a un acusado, ese acusado es detenido. Si un juez de inmigración ordena la deportación de un extranjero, lo mismo debería ocurrir”, escribió.

Percival comentó en X: “Activismo judicial desnudo al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas”.

El fallo de California no es un caso aislado. El mes pasado, el juez federal P. Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, prohibió los arrestos en los tribunales de inmigración de Manhattan.

Castel también concluyó que la eliminación de los límites previos a las detenciones en esos espacios fue “arbitraria y caprichosa”, la misma expresión que usó Pitts en California.

Antes de las políticas de Trump, la normativa limitaba los arrestos en tribunales a situaciones muy específicas: amenazas a la seguridad nacional, peligro inminente o la llamada “persecución en caliente” de alguien que representara un riesgo para la seguridad pública.

Un total de 24 nicaragüenses que se mantenían en Panamá en situación migratoria irregular fueron deportados vía aérea por el Servicio Nacional de Migración.

De los 24 expulsados, ocho tenían antecedentes penales por tráfico y venta de drogas, tráfico ilícito de migrantes, tentativa de incendio contra bienes estatales, evasión de puestos de control y por representar amenaza para la seguridad colectiva.

Los restantes 16 nicaragüenses fueron sacados del país por permanecer en situación migratoria irregular, con estancia vencida o por no cumplir con los requisitos legales de ingreso y permanencia.

En Panamá la población de los nativos de Nicaragua se estima en 30,585 personas, según el último Censo de Población de 2023.

El Servicio Nacional de Migración indicó que la deportación se ajustó a la ley vigente y a los convenios internacionales, como parte del control ordenado de flujos migratorios y preservación del orden público.

En días pasados, igualmente se registró la expulsión y deportación de 67 extranjeros de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, bajo la acusación de incumplir la normativa migratoria vigente y de también representar un riesgo para la seguridad nacional.

Del total, el Servicio Nacional de Migración explicó que 55 son ciudadanos colombianos, de los cuales 38 fueron expulsados al considerárseles una amenaza para la seguridad y el orden público, tras confirmarse sus antecedentes penales vinculados al tráfico internacional de drogas, tráfico ilícito de migrantes, homicidio doloso, posesión de armas, y posesión agravada de drogas.

Otras 17 personas fueron deportados por infringir disposiciones administrativas establecidas por la entidad de migración.

Respecto a los ciudadanos de Ecuador, la información oficial manifiesta que siete fueron deportados por faltas a la normativa vigente, mientras que cinco regresaron voluntariamente a su país de origen.

Con esta operación, la institución detalló que se realizó el vuelo chárter número 69, enmarcado en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que establece mecanismos de cooperación para una gestión migratoria ordenada, segura y conforme a la ley, indica la institución en comunicación oficial.

El Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso de fortalecer los controles migratorios, preservar la seguridad nacional y respetar los derechos fundamentales, actuando en coordinación con las autoridades competentes.

En su labor de verificación del status de los extranjeros en el país, esta semana la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración confirmó la vinculación de un ciudadano colombiano con la organización criminal Clan del Golfo, lo que motivó su expulsión.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Urabeños, surgió de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtió en una fuerza criminal con alcance nacional, según reseña el sitio de investigación InSight Crime.

El Clan del Golfo, añade, se dedica principalmente al tráfico transnacional de drogas. El grupo controla territorios y regula o dirige el mercado de la pasta base de coca, escoltando cargamentos a lo largo de corredores de tráfico, asegurando el acceso a laboratorios de procesamiento y proveyendo almacenamiento y servicios de envío en las regiones costeras y fronterizas.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración panameño la verificación realizada a través de las bases de datos institucionales permitió constatar que el ciudadano extranjero contaba con alerta roja de Interpol.

Tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y lesiones personales.

Las cifras más recientes indican que durante los primeros seis meses del 2025 el Servicio Nacional de Migración deportó a un total de 1,390 extranjeros, según cifras preliminares oficiales actualizadas al 30 de junio de ese año, reportaron los medios de comunicación.

Las propuestas de Ken Salazar para redefinir la política de Estados Unidos y de toda América del Norte surgen en un momento de tensiones crecientes y divisiones sin precedentes, así lo reveló el medio The Denver Post a través de un artículo donde explicó algunos puntos clave del nuevo libro del exembajador de México “Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva”.

El exfiscal general de Colorado expone en este material un diagnóstico extenso sobre las políticas actuales, que de acuerdo con sus opiniones perjudican a familias, comunidades y a la nación misma.

La obra tiene una fecha de publicación programada para el 28 de julio. Durante sus páginas recorrerá desde sus orígenes familiares en el Valle de San Luis, al sur de Colorado, hasta los sectores más importantes de la política estadounidense.

“Borderlands” es también el mapa propuesto por Salazar para trazar una salida de lo que él considera la “mayor división del país en mi vida”. Culpa al presidente Donald Trump por esta división y denuncia lo que llama el “proyecto de borrado” de Trump: el desmantelamiento de la diversidad, la inclusión y las normas que limitaron a sus predecesores de la era moderna", escribió el medio de comunicación.

El plan de Salazar: una alianza renovada para América del Norte

El exsenador propone una “Nueva Alianza Americana” entre Estados Unidos, Canadá y México, en el marco de la renovación del T-MEC. Su objetivo es forjar una potencia económica y democrática unificada, capaz de enfrentar desafíos en áreas como comercio, seguridad fronteriza, migración, energía y cambio climático.

La polarización actual amenaza los cimientos democráticos. Critica tanto al actual presidente de EU por criminalizar a los migrantes como a la administración Joe Biden, a la que recrimina no haber actuado con suficiente prontitud ante el aumento de cruces fronterizos ni haber nombrado un “zar” de migración. Aun así, reconoce que emitió una orden ejecutiva sobre restricciones de asilo, después de la cual “el número de cruces empezó a disminuir casi de inmediato”.

Asimismo, sostiene que este fenómeno se convirtió en el tema central de la campaña presidencial de 2024. El fracaso de la reforma migratoria bipartidista en el Senado, tras la intervención del líder republicano, intensificó el clima de inestabilidad.

“Él necesitaba el caos, el sufrimiento humano, la vulnerabilidad política que creó para el presidente Biden y los demócratas del Congreso”, escribió Salazar.

A pesar de las críticas al sistema actual, aclara en el documento que la frontera no estuvo “abierta”, como afirmaron múltiples políticos. Destaca que el expresidente deportó alrededor de 3.6 millones de migrantes, superando los 2 millones expulsados durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, admite que el cruce del sur estaba roto y que miles de personas pasaban a diario, desbordando la capacidad de las autoridades.

La situación exigía medidas profundas, incluyendo modificaciones a las leyes de asilo. El retraso en las audiencias judiciales y el aumento del flujo migratorio llevaron la crisis a una escala que califica como “una emergencia”. El episodio tuvo consecuencias políticas, pero también “fue una catástrofe humana a escala industrial”.

Críticas y preocupaciones sobre la relación con AMLO y la frontera

En el análisis de la crisis migratoria, Salazar dedica especial atención a la relación entre Estados Unidos y México durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Destaca la frustración del expresidente mexicano ante la falta de acciones del gobierno estadounidense para modernizar las instalaciones fronterizas, en contraste con los esfuerzos realizados por la nación mexicana en su propio territorio.

Además, manifiesta su propia molestia ante la reducción en los vuelos de repatriación desde México y los intentos de ese país por reubicar migrantes lejos de la zona limítrofe. De acuerdo con Azucena Uresti, esto era una consecuencia del bajo presupuesto por parte de las autoridades al titular del INM de ese momento, Francisco Garduño, quien aseguró a la embajada de EU en México que los recursos habían sido reasignados a obras como el Tren Maya y Corredor Interoceánico.

La inquietud se extiende a la gestión estadounidense de la migración. Considera que la respuesta fue insuficiente y que la falta de coordinación con México, sumada a la ausencia de una estrategia clara para enfrentar la situación, agravó la crisis humanitaria y política en la región.

Identidad de Estados Unidos

Salazar defiende que la diversidad, lejos de ser una debilidad, constituye la “superpotencia” de Estados Unidos. Critica las políticas de Trump por atacar esa fortaleza, y reivindica el trabajo realizado desde la secretaría del Interior para diversificar el personal y visibilizar historias de todos los estadounidenses.

“La dificultad es que hay sectores de cada partido que rechazan puntos particulares de esas propuestas”, observó Robert Preuhs, jefe del departamento de ciencias políticas en la Metropolitan State University de Denver. Considera que la polarización seguirá siendo el contexto dominante en próximas elecciones, y que la migración fue un fuerte incentivo para el voto republicano en 2024.

Por otro lado, el exfiscal insiste en que su propuesta no es una política de identidad, sino una agenda de unidad. Apoya vías de legalización para los “Dreamers” y otros inmigrantes sin papeles, siempre que se establezcan criterios claros y requisitos como la verificación de antecedentes y el aprendizaje del inglés.

“Vas a tener una economía que se rompe si los deportas”, advierte al referirse a los millones que viven en la sombra. Considera que las deportaciones masivas afectarían a empresas, granjas y familias en todo el país. “Las familias viven con miedo de que los padres sean deportados y los hijos queden atrás”, señala.

El exembajador ha presentado su plan a figuras políticas, centros de pensamiento y empresarios, proponiendo renovar el acuerdo comercial de Norteamérica y reducir tensiones generadas por aranceles. “Es un buen programa para EU, para la seguridad, para la economía”, enfatiza.

Un grupo de aproximadamente cien salvadoreños viaja hoy hacia Canadá como parte del Programa de Migración Laboral coordinado por el Ministerio de Trabajo de El Salvador. Según palabras de Rolando Castro, titular de la cartera, se trata de uno de los contingentes más grandes enviados hacia el país norteamericano desde el inicio de esta iniciativa, que busca facilitar oportunidades laborales temporales en el extranjero.

El acto de despedida se realizó en presencia de familiares y funcionarios, quienes destacaron la importancia del proyecto en la transformación de la vida de los participantes y sus familias. De acuerdo con el ministro Castro, la migración bajo este esquema es de tipo circular, ya que los trabajadores cuentan con contratos temporales que les permiten regresar a El Salvador y acceder a nuevas oportunidades laborales en el futuro.

“El éxito de este programa ha cambiado radicalmente la situación de muchas familias salvadoreñas; quienes viajan logran mejores ingresos, invierten en vivienda, salud y educación para sus hijos”, afirmó Castro ante la prensa. El funcionario subrayó que los empleadores canadienses “respetan los derechos laborales y brindan prestaciones equiparables a las de los ciudadanos locales”.

En esta ocasión, los trabajadores salvadoreños desempeñarán funciones en sectores como la agricultura, la gastronomía, servicios técnicos y áreas de limpieza. El funcionario enfatizó que el comportamiento y desempeño de los participantes es clave para mantener abiertas estas oportunidades para futuros postulantes, señalando que “ustedes son nuestros embajadores laborales en el mundo”.

Respecto a la remuneración, el ministro indicó que los salarios ofrecidos en Canadá son comparables a los de altos funcionarios en El Salvador y permiten a las familias beneficiadas alcanzar objetivos económicos en menos tiempo. “Muchos trabajadores logran, en uno o dos años, lo que antes les llevaba cinco”, señaló Castro.

El anuncio se realizó esta mañana en una conferencia de prensa, espacio que el titular de Trabajo aprovechó para recordar experiencias de casos previos donde el programa permitió a varios compatriotas convertirse en pequeños empresarios o resolver dificultades económicas y de salud. Mencionó que cada año se evalúa el mercado laboral de los países de destino para garantizar condiciones seguras y dignas para los salvadoreños. “En Canadá no existen violaciones de derechos laborales, los empleadores cumplen con todos los compromisos”, aseguró el funcionario.

La selección de los participantes incluyó a personas de los catorce departamentos de El Salvador, lo que refleja el alcance nacional de la iniciativa. El Ministerio de Trabajo anunció que en los próximos días se sumará un nuevo país al programa, ampliando así el abanico de oportunidades fuera del país.

El proceso de registro para aspirantes se realiza a través de una plataforma digital, donde los interesados deben contar con una cuenta de correo electrónico y subir la documentación requerida, como el Documento Único de Identidad (DUI).

El ministro Castro reiteró la importancia de la solidaridad entre los trabajadores salvadoreños en el extranjero y aconsejó la administración responsable de los recursos que perciban. “Hay que saber administrar el dinero, invertir en lo esencial y mantener el contacto con las familias”, recomendó.

El evento finalizó con la toma de la fotografía oficial y la promesa de un monitoreo permanente por parte del ministerio y los consulados salvadoreños en Canadá, con el objetivo de asegurar el éxito y la continuidad del Programa de Migración Laboral, que fue inició oficialmente en 2019 en el país y ya supera las 11,000 personas beneficiadas y más de 56,000 familias impactadas positivamente con la iniciativa.

El uso de perfiles falsos en Facebook para estafar a migrantes nicaragüenses en Estados Unidos ha dejado pérdidas de casi USD 7.000 en distintos episodios recientes. La estrategia de los estafadores consiste en prometer la liberación de familiares detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aprovechando la urgencia y el temor de quienes buscan ayuda legal para sortear procesos migratorios.

Las publicaciones de estos supuestos servicios siguen circulando en la red social. Los comentarios muestran la desesperación de los usuarios: algunos aseguran haber contratado servicios similares, otros buscan información para familiares detenidos y varios plantean consultas sobre sus casos migratorios.

Un caso documentado por The Island Packet, a partir de un informe del Departamento de Policía de Bluffton, expone el método habitual de la estafa. Una mujer perdió USD 6,936 al tratar de liberar a su hermano, todavía bajo custodia de ICE. La víctima contactó, por medio del grupo de Facebook “La Liga Defensora EU”, a una persona que afirmaba ser la abogada de inmigración Janett Cardiel, según datos retomados por 100% Noticias.

La afectada recibió documentos que aparentaban ser oficiales: notificaciones de supuestas aprobaciones, una orden de juez y papeles que indicaban la liberación de su familiar. Convencida de que trataba con una profesional legítima, transfirió dinero para trámites, multas y honorarios. El contacto desapareció y el hermano nunca recuperó la libertad.

En otro episodio similar, también recogido por la prensa estadounidense y citado por 100% Noticias, un solicitante de asilo nicaragüense transfirió alrededor de USD 7,000 tras contactar a un presunto abogado a través de Facebook. En ese caso, la víctima participó incluso en una audiencia virtual falsa, creyendo que el proceso avanzaba normalmente. La reiteración de estos fraudes ha encendido la alarma entre organizaciones migrantes en Estados Unidos.

Suplantación de identidad y reacción de la abogada afectada

Los estafadores no solo ofrecen servicios inexistentes, sino que también utilizan la identidad de abogados reales para ganar credibilidad. La verdadera Janett Cardiel, abogada en ejercicio en California y parte de La Liga Defensora, negó cualquier vínculo con el perfil usado en la estafa. Aclaró que nunca tuvo contacto con las víctimas y que su identidad fue utilizada sin autorización.

Este tipo de suplantación agrava la problemática, ya que las familias migrantes confían en nombres reconocidos dentro de la comunidad y entregan dinero creyendo que recibirán asesoría legítima para liberar a sus seres queridos de la detención migratoria.

Advertencias y recomendaciones de la FTC

La Comisión Federal de Comercio (FTC) subrayó que solo abogados autorizados o representantes acreditados ante el Departamento de Justicia pueden brindar asesoría legal en materia migratoria. El organismo recomienda siempre verificar la licencia activa del profesional y buscar el número oficial del despacho en fuentes confiables.

La FTC también pidió desconfiar de contactos que solo se comuniquen por Facebook, WhatsApp o mensajes privados, y alertó sobre los métodos de pago preferidos por los estafadores: tarjetas de regalo, aplicaciones de dinero, transferencias rápidas o criptomonedas. Estos mecanismos dificultan rastrear el destino del dinero y favorecen la impunidad de los delincuentes.

Ante una sospecha de fraude, las autoridades aconsejan recopilar y conservar capturas de pantalla, comprobantes de pago, números telefónicos, conversaciones y cualquier documento recibido. Todos estos elementos pueden ser útiles para denunciar el hecho y evitar que otras personas caigan en la misma trampa, según retomó 100% Noticias.

Un llamado a la precaución para la comunidad migrante

Las organizaciones que acompañan a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos insisten en que nunca se debe entregar dinero a contactos no verificados ni confiar en quienes no puedan demostrar su acreditación legal. Consultar bases oficiales del Departamento de Justicia y exigir referencias directas son pasos esenciales para evitar caer en engaños.

Estos casos exponen la vulnerabilidad de quienes enfrentan procesos migratorios y la necesidad de reforzar la información y la prevención dentro de la comunidad. La vigilancia sobre los anuncios en redes sociales y la denuncia inmediata de cualquier intento de fraude son herramientas clave para frenar esta modalidad delictiva.

Las autoridades insisten en que, ante cualquier duda o contacto sospechoso, es fundamental acudir únicamente a profesionales certificados y rechazar propuestas que impliquen pagos informales o promesas de resultados inmediatos en trámites migratorios.

A los siete años, Steeven Lara aprendió lo que muchos adultos nunca llegan a entender: el peso de cuidar a otros. Su madre, el único pilar de la familia, salía temprano a trabajar y le confiaba cincuenta colones—equivalentes a seis dólares—para que él, siendo un niño, administrara la comida y el día de sus hermanos.

“Mi mamá me decía: ‘Steeven, voy a ir a trabajar. Te dejo acá cincuenta colones para que puedas darle de comer a tus hermanos’”. Mientras los demás jugaban, Steeven cocinaba frijoles y café, barría la casa y vigilaba el reloj esperando a que su madre regresara agotada, pero siempre luchadora.

Así, entre rutinas de supervivencia y la sombra de un padre ausente, creció Steeven. La vida le impuso responsabilidades antes de tiempo. A los catorce años, después de conseguir un permiso especial para trabajar en un restaurante de comida rápida, pensó que al fin podría ayudar a su madre a mejorar la situación en casa.

Sin embargo, tras tres meses de recibir su primer salario, su madre y su padrastro murieron en un accidente. “Nuestra vida ahí se derrumbó. Yo era un niño cuidando niños”, recuerda. De golpe, el adolescente se encontró solo, a cargo de tres hermanos que todavía creían en la magia y los juegos.

La familia extendida, lejos de ser refugio, se convirtió en un escenario de disputas y ausencia. Nadie quiso asumir la tutela ni ofrecer un hogar. Su padre, desde Estados Unidos, mantuvo la distancia y el recuerdo de un abandono que marcó a todos. Una de sus hermanas fue llevada a Estados Unidos siendo aún pequeña y allí vivió años de maltrato antes de lograr independizarse y formar su propia familia.

Supervivencia, trabajo y estudios tras la tragedia

Con el tiempo contado y los recursos siempre al límite, Steeven organizaba los días como un pequeño adulto. Preparaba desayunos, inventaba meriendas con lo poco que había en la despensa y calculaba cada dólar para que sus hermanos pudieran ir a la escuela en microbús y no les faltara lo esencial.

Si el dinero no alcanzaba, recurría a la tienda del vecino y pedía fiado hasta cien dólares para cubrir la comida o algún antojo de sus hermanos, confiando en que el siguiente pago del restaurante le permitiría saldar la deuda. “Yo hacía horas extras y hasta días que no me tocaba ir a trabajar para sacar más dinero y que me alcanzara para que ellos pudieran estudiar, que no nos faltara la comida”.

El trabajo en el restaurante era exigente, pero también era su salvación. Ciento ochenta dólares quincenales, más lo que lograba reunir en propinas y horas extra, eran el presupuesto familiar. Había días en que las lágrimas le ganaban mientras atendía una mesa o recordaba que ya no podría compartir los triunfos ni las tristezas con su madre. “Yo lloraba y decía: ‘No es justo’. Cuando yo empezaba a trabajar y que iba a ser el apoyo para mi mamá, más lo que mi mamá ganaba íbamos a tener una mejor vida. Y hoy ya no puedo compartir con mi mamá tantas cosas”.

Aun así, nunca dejó de estudiar. Terminó el bachillerato, se formó como periodista y, con esfuerzo, llegó a ser presentador de televisión en El Salvador. Durante años, combinó el trabajo en los medios con el cuidado de sus hermanos y la administración del hogar.

Disputas familiares y resiliencia

El duelo por la pérdida de sus padres se vio ensombrecido por nuevas batallas: la disputa por la herencia de la casa familiar. Tíos y primos, lejos de ofrecer ayuda, exigieron derechos sobre una vivienda humilde que era lo único seguro para cuatro niños huérfanos. “Siempre hemos sido abusados de parte de la familia de mi mamá, por tíos, primos, hermanos y padres abusivos. Hasta lucharon por querernos quitar la única herencia que mi mamá nos dejó, que era la casa”.

La convivencia fue dura y, a menudo, marcada por el abuso y la incomprensión. Solo algunos tíos se mantuvieron presentes, aunque de forma esporádica. “De los hermanos de mi mamá sí tenemos un tío que es muy bueno, que siempre ha estado pendiente, pero con cositas, porque él también tiene su familia”.

A pesar de la adversidad, Steeven nunca dejó que sus hermanos se sintieran menos. Trabajó jornadas extendidas, organizó los gastos para que no faltara comida ni educación y se aseguró de que todos pudieran terminar sus estudios. “Siempre vivimos solos. Siempre vivimos solos”, afirma. Lo hizo con la convicción de que, aunque el dolor fuera inevitable, la salida siempre era posible si se mantenían unidos y fieles a los valores que su madre les había enseñado. “El esfuerzo y los consejos que mi mamá nos dio en vida, eso traté siempre de replicar”.

El futuro de los hermanos Lara: logros y nuevos caminos

La hermana mayor de Steeven fue llevada a Estados Unidos siendo aún una niña. Allí pasó por situaciones difíciles, pero logró independizarse, convertirse en policía y formar su propia familia. Más adelante, la violencia y la inseguridad en Soyapango impulsaron a los dos hermanos menores a buscar un futuro lejos de El Salvador.

La llegada a España fue un salto al vacío: viajaron sin contactos, sin familia ni amigos que los esperaran. Se instalaron en una habitación alquilada y sobrevivieron gracias al apoyo económico que su hermana en Estados Unidos les enviaba cada mes para cubrir lo básico: alquiler, comida y algo de ropa. “Sin ningún contacto, o sea, sin ningún contacto de nada”, recuerda Steeven sobre esa etapa. Para poder trabajar y adaptarse, recurrieron a cursos de formación y a las ayudas de organizaciones para migrantes, aprendiendo a moverse en un país nuevo donde todo era desconocido.

Steeven permaneció en El Salvador unos años más, apoyando a sus hermanos a distancia hasta que finalmente pudo reunirse con ellos en España gracias al arraigo familiar. La hermana menor, que llegó a España siendo adolescente, logró establecerse y ahora dirige un negocio junto a su pareja. El otro hermano también vive en España y trabaja en una empresa privada tras completar varios cursos de formación. Steeven, por su parte, se mantiene cerca de ellos, trabajando en línea para una empresa de comunicaciones y gestionando sus redes sociales mientras espera el permiso de trabajo definitivo.

Steeven reconoce las huellas emocionales que dejó en él la carga de responsabilidades desde tan pequeño. Recibió ayuda psicológica para enfrentar el síndrome del niño abandonado y procesar el duelo, consciente de que la ausencia de sus padres y el tener que convertirse en sostén de la familia influyeron en su carácter y en sus decisiones de vida. Explica que, aunque debió madurar pronto y hacerse cargo de todo lo doméstico y económico, nunca dejó de sentir que también necesitaba el cuidado y la guía de unos padres.

Por decisión propia, nunca quiso tener hijos: dice que ya vivió ese rol desde muy pequeño. “Mi etapa de padre ya la viví con mis hermanos. Nos limitamos de muchas cosas, pero de lo poquito que teníamos, logramos hacer muchas cosas”.

Hoy, su mayor recompensa es ver a sus hermanos convertidos en adultos responsables y trabajadores. Sus metas ahora pasan por homologar su título universitario, crecer profesionalmente y, quizás, mudarse a México para seguir su carrera en los medios. Pero por encima de todo, valora la paz y la unidad familiar que tanto costó construir.

A quienes atraviesan la orfandad o el abandono, Steeven les deja un mensaje: “No pierdan los valores que papá y mamá enseñaron en casa. No se dejen sucumbir en la depresión, porque habrán noches que no podrán dormir, que les angustie el futuro, porque la depresión es el exceso de futuro, de estar pensando, la ansiedad”. Recomienda no dejarse pisotear por familiares abusivos y nunca perder de vista los sueños. “Dolor sí va a haber, una pérdida, un abandono emocional, pero se puede salir adelante y, y, creo que con mis hermanos lo hemos logrado y hoy estamos aquí en Europa comiendo, tomándonos algo, compartiendo, disfrutando de la vida y enfocados, soñando siempre y siendo profesionales”.

El sistema de educación secundaria en Nicaragua registró en 2025 la salida de 82,953 estudiantes, lo que representó una disminución del 18.9% respecto al año anterior. Esta variación, según una especialista en temas educativos consultada por Confidencial.digital, plantea desafíos para la formación de las próximas generaciones de trabajadores del país.

La matrícula de secundaria regular bajó de 438,948 estudiantes en 2024 a 355,995 en 2025, quedando 77,412 por debajo de la meta oficial prevista para ese año. El descenso superó la caída reportada en 2022 y modificó la tendencia de crecimiento observada desde 2023. Los datos provienen de registros del Ministerio de Educación y de los informes de ejecución presupuestaria.

El sistema educativo mostró una diferencia relevante entre quienes finalizaron la secundaria regular en 2024 y quienes se matricularon en 2025. De más de 397,000 estudiantes que concluyeron el ciclo en 2024, solo 355,995 iniciaron el siguiente año lectivo.

El Ministerio de Educación había proyectado captar 433,407 estudiantes en secundaria regular, alcanzando un cumplimiento del 82.1% de esa meta. La tasa de retención escolar fue de 93.7% en 2025, pero no explica por sí sola la magnitud de la diferencia entre los egresados de 2024 y los matriculados al año siguiente.

Durante 2024, de una matrícula inicial de 438,948 estudiantes, aproximadamente 397,248 finalizaron el año lectivo y unos 41,700 abandonaron el sistema. La diferencia en las cifras evidencia un desafío en las estrategias de retención escolar y en la capacidad para mantener la continuidad en la asistencia y participación de los estudiantes.

Factores vinculados a la reducción de matrícula

Entre las causas señaladas figuran la crisis económica, la migración y situaciones de desplazamiento. La especialista en temas educativos indicó que muchos jóvenes deben incorporarse tempranamente a actividades económicas para contribuir al ingreso familiar. Además, la migración, el exilio y el desplazamiento forzado afectan la permanencia escolar, ya que numerosas familias abandonan el país en busca de oportunidades distintas.

La reducción de la matrícula en secundaria regular en 2025 se asocia tanto a estos factores económicos, migratorios y sociales como al hecho de que, aunque mejoró la tasa de retención respecto al año anterior, ese avance no fue suficiente para evitar la disminución total de estudiantes.

Según la especialista, la disminución de estudiantes puede incidir en la composición y calificación de la fuerza laboral futura, con posibles efectos sobre las oportunidades de los propios jóvenes y sus familias.

Matriculación en otras modalidades educativas

Pese a la reducción en secundaria regular, el Gobierno informó el ingreso de 1,806,518 estudiantes en todas las modalidades del sistema público, que incluyen preescolar, primaria, secundaria a distancia y secundaria para jóvenes y adultos. La primaria registró 901,465 estudiantes, superando la meta programada, mientras que otras opciones de secundaria también sumaron participantes.

La matrícula general del sistema público fue de 1,740,212 estudiantes, una cifra inferior al total anunciado oficialmente. La Estrategia Nacional de Educación propone que cada alumno avance desde preescolar hasta secundaria regular. Para quienes no acceden a la universidad, el plan contempla la opción de seguir una carrera técnica gratuita como alternativa de formación.

Carlos, entrevistado por Confidencial.digital, al inicio del ciclo 2026, planteó dudas sobre la efectividad de esa estrategia: “La estrategia educativa no es un plan de educación a largo plazo, es una estrategia cortoplacista, apenas 2024-2026, o sea, son tres años de ejecución, y en tres años es imposible ver resultados que objetivamente hablen de avances en la educación”.

El descenso en la matrícula de secundaria regular en 2025 revela limitaciones de las políticas actuales para asegurar la permanencia escolar y pone de relieve la necesidad de atender los factores estructurales que inciden en la continuidad educativa de la juventud en Nicaragua.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) inicia este lunes en Ciudad de Panamá su 56ª Asamblea General, centrada en la defensa del multilateralismo y la democracia en el continente americano. El encuentro, que reúne a delegaciones de 92 países y organismos, se extenderá hasta el miércoles en un contexto marcado por la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826.

Según informó EFE, el lema escogido para la asamblea —“el multilateralismo, firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los estados miembros”— guiará los debates y resoluciones durante las sesiones. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, subrayó en rueda de prensa que “el multilateralismo es primordial sencillamente porque nos necesitamos los unos a los otros”. Ramdin añadió que la cooperación regional es necesaria ante desafíos compartidos y anticipó que varios ministros respaldarán ese mensaje en las próximas jornadas, según EFE.

Panamá vuelve a convertirse en un punto de encuentro internacional dos siglos después de aquel congreso impulsado por Bolívar. El ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, destacó que el país “se convierte de nuevo en un punto de convergencia para el lado hemisférico y extracontinental”, en un momento de profundas transformaciones para el continente. Martínez-Acha llamó a los asistentes a que la cita contribuya “al fortalecimiento de un sistema interamericano” y facilite la construcción de consensos efectivos para responder a las necesidades de los pueblos.

De acuerdo con EFE, la agenda de la asamblea incluye temas que van más allá de la gobernabilidad democrática: seguridad hemisférica, migración, innovación tecnológica, resiliencia climática y desarrollo sostenible se debatirán en las discusiones. El canciller panameño remarcó que el mundo actual, “fragmentado”, requiere del multilateralismo y de respuestas conjuntas frente a retos globales.

Quiénes participan de la asamblea

El evento reúne a más de 2,500 participantes, entre ellos 35 cancilleres, diez ministros de distintas carteras, 113 embajadores y delegaciones de 8 organismos internacionales. Aunque la reunión está reservada para ministros y representantes diplomáticos, la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico contará con la presencia de varios jefes de Estado y altos funcionarios.

Según detalló EFE, confirmaron su participación los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; Honduras, Nasry Asfura y el vicepresidente de El Salvador (Félix Ulloa), además de Colombia, Gustavo Petro; y de Ecuador, Daniel Noboa.

El mensaje de Albert Ramdin

“El multilateralismo en el hemisferio es cierto que se debe fortalecer”, sin lugar a dudas. Pero es necesario, debemos trabajar juntos, y eso será algo que se escuchará varias veces y de que harán eco varios ministros en los próximos días”, sostuvo el secretario general, según recogió EFE. Según EFE, varios ministros respaldarán ese planteo en las próximas jornadas.

La 56ª Asamblea General se desarrolla en un gran centro de convenciones de Ciudad de Panamá y representa uno de los encuentros diplomáticos del sistema interamericano en 2026, donde también abordarán la situación de Venezuela. "Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro”, declaró Ramdin, según información oficial del organismo.

El canciller panameño expresó optimismo y esperó que “pronto se establezca un camino hacia una elección libre y justa en Venezuela”.

Las jornadas interminables y el esfuerzo acumulado durante una década permitieron a Grethel Matus transformar su experiencia de migrante en el motor de un restaurante que, a punto de cumplir su primer año, ya se perfila como un punto de encuentro para la cocina centroamericana en Madrid.

La apertura de Raíces, el 5 de julio de 2025, marcó el inicio de una nueva etapa para esta cocinera nicaragüense de 32 años, quien reunió los ahorros tras diez años de trabajo ininterrumpido en España. El local, situado en Puerta de Toledo, ha conseguido una calificación de 4.3 estrellas en Google y un equipo que hoy suma hasta diez trabajadores, todos de origen latinoamericano.

Durante el primer año de funcionamiento, el menú de Raíces ha superado los cuarenta platos, combinando recetas de Nicaragua, Colombia, Perú y Ecuador, según relató la propia Matus a Confidencial.digital. El plato más solicitado es la carne asada, servida con gallo pinto, chimichurri, picante, chilero y queso. Además, el restaurante ofrece de martes a viernes un menú del día por 14.50 euros, que incluye entrada, plato principal y postre o café. La carta de pastelería añade dulces típicos como buñuelos, tres leches y brownie con helado.

Matus llegó a España en 2013, con 19 años y embarazada, sin familiares cercanos. Según relató, los primeros años estuvieron marcados por el desarraigo y la soledad, una experiencia compartida por muchos migrantes. “Fue empezar de cero, me pasé tres años llorando porque quería regresar a mi país”, recordó la chef. Su familia sigue en Nicaragua y Estados Unidos, una ausencia que definió su adaptación.

La rutina que permitió hacer realidad su sueño fue extenuante. “He trabajado desde las ocho y media de la mañana hasta las dos de la madrugada. Tenía un turno de la una de la tarde a las cinco de mesera, después de las seis de la tarde a las dos de la mañana de cocinera y por las mañanas limpiaba casas”, contó Matus. Esta dinámica, afirmó, representa la realidad de muchos migrantes que deben asumir todo tipo de tareas para sobrevivir lejos de su país.

La relación de la chef con la cocina tiene raíces familiares. Contó que aprendió los primeros secretos culinarios de su abuela, quien crió a doce hijos y vendía fritanga en la puerta de su casa. Ese legado sigue presente: “Lo mejor es cocinar con amor, con paciencia y mucha dedicación, que es lo que yo hago en Raíces”, compartió.

La historia de Raíces y el camino de Grethel Matus

El trayecto hacia la apertura de Raíces comenzó mucho antes de concretar el local. Hace ocho años, Matus decidió formalizar su pasión por la gastronomía y se inscribió en cursos de cocina y pastelería, mayormente en línea. Aprovechaba los trayectos en metro y autobús para estudiar, mientras conciliaba el trabajo y la crianza de su hija.

La oportunidad definitiva llegó cuando le ofrecieron un local en el centro de Madrid. “Me van a llamar loca, pero en una semana abrí. Me entregaron la llave del local un 30 de junio, por ahí, el local estaba bastante bien, no teníamos que hacerle ningún arreglo, y el día 5 de julio yo estaba abriendo”, relató.

El equipo inicial contaba con seis personas y, actualmente, varía entre cuatro y diez empleados. La identidad multicultural del personal se hace eco en la carta, que ofrece una variedad de platos representativos de diferentes países latinoamericanos, aunque el sello nicaragüense es el protagonista.

La experiencia de migrar y la búsqueda de un hogar

Abrir un restaurante en tan poco tiempo fue posible gracias a una combinación de perseverancia, aprendizaje autodidacta y espíritu de sacrificio. Matus trabajó en distintos oficios —limpieza, servicio de sala y cocina— para ahorrar lo necesario y, paralelamente, formarse en el oficio que ahora le da nombre a su local.

El nombre Raíces surgió de una reflexión íntima: “¿Qué me enorgullece a mí? ¿Y por qué quiero este restaurante? Son mis raíces, lo que me enorgullece son mis raíces”, explicó la chef sobre el significado detrás de su proyecto.

Hoy, trece años después de su llegada a España, Matus mantiene intacto el orgullo por su origen. “El acento no se pierde”, afirmó, y su objetivo es que cada cliente se sienta acogido: “Que se sientan como en casa, en un sitio que los acoge, que se les trata bien, que comen comida de calidad, que se les da un servicio de primera. Raíces es para estar en un ambiente familiar, en total tranquilidad”, detalló en entrevista con Confidencial.digital.

La historia de Grethel Matus resume la experiencia de muchos migrantes en España: una travesía marcada por el esfuerzo, la nostalgia y el deseo de construir un espacio propio, donde la comida y la hospitalidad sean el puente entre dos mundos.

La canciller de Honduras, Mireya Agüero, sostuvo una reunión con la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas instituciones y avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas frente a los crecientes desafíos que plantea la movilidad humana en la región.

Durante el encuentro, ambas funcionarias analizaron los principales retos que enfrenta Honduras en materia migratoria, especialmente aquellos derivados del aumento de los desplazamientos provocados por fenómenos climáticos extremos, una realidad que afecta cada vez a más comunidades en Centroamérica y que exige respuestas coordinadas entre los gobiernos y los organismos internacionales.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la movilidad climática, un fenómeno que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido al impacto del cambio climático sobre poblaciones vulnerables.

En ese sentido, Agüero y Pope coincidieron en la necesidad de impulsar estrategias que permitan fortalecer la resiliencia de las comunidades afectadas, así como desarrollar mecanismos de protección para las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por causas ambientales.

Las representantes también intercambiaron criterios sobre la situación migratoria que enfrenta la región y destacaron la importancia de promover políticas públicas y acciones integrales que permitan garantizar procesos migratorios más seguros, ordenados y con un enfoque centrado en los derechos humanos.

Ambas señalaron que la cooperación internacional continúa siendo un elemento clave para atender de manera efectiva las causas y consecuencias de la migración.

Asimismo, durante la reunión se resaltó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el Gobierno de Honduras y la OIM, con el propósito de fortalecer los programas destinados a la atención de personas migrantes, retornadas y desplazadas, así como mejorar la capacidad institucional para responder a las necesidades que presenta este fenómeno.

La canciller hondureña reconoció el papel que desempeña la Organización Internacional para las Migraciones como uno de los principales socios estratégicos del país en materia migratoria.

Destacó que el apoyo técnico y la asistencia brindada por el organismo han contribuido al desarrollo de iniciativas enfocadas en la protección de los derechos de las personas migrantes, la gestión de la movilidad humana y el fortalecimiento de las instituciones nacionales.

Por su parte, Amy Pope reiteró el compromiso de la OIM de continuar acompañando a Honduras en la implementación de proyectos orientados a mejorar las condiciones de atención para las poblaciones en situación de movilidad, promoviendo soluciones sostenibles que respondan tanto a las necesidades humanitarias como a los desafíos del desarrollo.

Las funcionarias coincidieron en que la migración constituye un fenómeno complejo que requiere respuestas articuladas entre los países de origen, tránsito y destino, además del respaldo de organismos internacionales y otros actores involucrados.

En ese contexto, subrayaron la importancia de mantener espacios de diálogo que permitan compartir experiencias y fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar los desafíos actuales.

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de continuar impulsando mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan mejorar la planificación y ejecución de políticas migratorias, garantizando la protección, el bienestar y la dignidad de las personas migrantes en cada etapa de su proceso de movilidad.

Al concluir la reunión, Honduras y la Organización Internacional para las Migraciones ratificaron su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para promover una migración más segura, ordenada y humana, fortaleciendo la cooperación bilateral y desarrollando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades afectadas por la movilidad humana en el país y la región.

El auge de Vaca Muerta convirtió a la provincia de Neuquén en uno de los pocos destinos del país donde el empleo registrado crece y las empresas se multiplican. Esa imagen de bonanza, sin embargo, choca con una advertencia que viene repitiendo el gobierno provincial desde hace meses y que en los últimos días volvió a ganar fuerza: viajar sin trabajo confirmado tiene riesgos concretos, y la infraestructura de Añelo —el municipio en el corazón del yacimiento— ya no da a basto.

El intendente de esta localidad, Fernando Banderet, fue directo en su mensaje. “No se vengan con la familia. Hace dos años atrás, en 2024 y principios de 2025, recibimos prácticamente familias enteras, sobre todo del norte del país, principalmente desde Salta y Tucumán”, señaló en diálogo con el programa Buenas Tardes China. Precisó que sólo en 2024 llegaron más de 1.400 personas, 1.700 en 2025, y 546 en lo que va de 2026. A eso se suma un 20% adicional de personas que ni siquiera hicieron el cambio de domicilio en los registros.

Las consecuencias de ese flujo migratorio ya se sienten en los servicios básicos. “Esa migración lo que nos generó fue una saturación sobre las currículas escolares. Las escuelas quedaron superpobladas y el sistema de salud quedó con una alta demanda de asistencialismo, por lo cual tuvieron que trabajar y abordar esta problemática el gobierno provincial y el municipio para darle una solución”, explicó Banderet. Aun así, el intendente aclaró que la localidad no cierra sus puertas. “El que quiere venir a buscar una oportunidad, bienvenido sea. Añelo recibe a todo el mundo, lo recibimos con los brazos abiertos, pero que vengan con algo seguro”, dijo.

La lámpara de Aladino que no existe

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también salió a enfriar las expectativas hace algunas semanas, en una entrevista para Infobae en Vivo. Con una imagen que apunta directamente a la percepción que se tiene del yacimiento desde afuera, planteó que “muchas veces desde acá se mira que Vaca Muerta es como una lámpara de Aladino, que uno la frota y sale riqueza, y es muy diferente a eso”. La frase sintetiza la preocupación de la administración provincial ante una ola migratoria que, según sus propias autoridades, no siempre tiene sustento real.

Figueroa, a su vez, reconoció que la provincia tiene una deuda pendiente con sus propios habitantes. “Estamos eliminando una de las mayores injusticias de la provincia. No podemos permitir que, en el corazón de Vaca Muerta, de donde sale el gas para todo el país, nuestra gente no tenga gas natural”, afirmó, en referencia a la inauguración de la primera etapa del gasoducto en Añelo, realizada en marzo de este año por YPF, que permitió abastecer a 2.000 personas de la meseta que vivían sin acceso a la red domiciliaria. El mandatario también fue claro sobre las prioridades de su gestión: “Nosotros estamos focalizados en sacar gente de Neuquén del desempleo y la pobreza”.

“No sobran puestos de trabajo”

El mensaje no es nuevo. En abril, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli, publicó un video en sus redes sociales que se volvió viral y que marcó el tono de la postura oficial. “En Neuquén no sobran puestos de trabajo”, fue la frase central. Castelli explicó que la provincia lleva más de dos años liderando el ranking nacional de empleo registrado —el único distrito donde creció el número de empresas privadas desde 2023—, pero que eso no se traduce en una disponibilidad ilimitada de puestos.

“Nos enorgullece liderar el ranking de empleo registrado en todo el país. Hace ya más de dos años que lo venimos realizando y eso habla de que el modelo neuquino realmente funciona, algo que nos pone sumamente orgullosos”, afirmó. Pero remarcó el límite: “Venimos diseñando distintas políticas públicas para darle la prioridad a aquellos neuquinos y aquellas neuquinas que están esperando una oportunidad en distintas fuentes laborales”. La política provincial, en definitiva, prioriza a los residentes históricos sobre los recién llegados.

El gobernador Figueroa también puso el acento en la formación como condición de acceso al mercado laboral del yacimiento. “No nos sobra trabajo. Para que alguien pueda acceder a trabajo en Vaca Muerta se tiene que formar. Nosotros tenemos el Instituto Vaca Muerta, que es el más moderno del mundo, pero requiere de mucha formación”, indicó.

La advertencia apunta a uno de los problemas estructurales que plantea la migración no planificada: quienes llegan sin las calificaciones que demanda la industria hidrocarburífera difícilmente consigan empleo en el sector, y terminan en ocupaciones informales o de baja calificación en gastronomía, hotelería o servicios.

La visión desde Nación

La perspectiva del gobierno nacional contrasta con la cautela de las autoridades neuquinas. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que “a Neuquén se van a ir en los próximos 30 años, un millón y medio de personas”. La declaración pinta un escenario de transformación demográfica de largo plazo, pero no aborda los desafíos inmediatos de infraestructura y mercado laboral que enfrentan quienes migran hoy.

Esa tensión entre la visión de largo plazo que proyecta Nación y la realidad cotidiana que administran la provincia y el municipio es, en buena medida, el nudo del problema. El boom de producción es real: en abril, Neuquén registró un nuevo récord hidrocarburífero con 628.924 barriles equivalentes de petróleo por día, un 36,18% más que en el mismo mes de 2025.

El presidente de YPF, Horacio Marín, estimó que se necesitarán alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo netos hacia 2030. Pero esa demanda futura no resuelve el desajuste presente entre la cantidad de personas que llegan y la capacidad real del territorio para absorberlas.

Una ciudad que no para de crecer

Añelo creció un 142% entre los censos de 2010 y 2022, según datos relevados por el Laboratorio de Ideas Sostenibles. La investigadora María Delia Porta, que estudia el desarrollo urbano territorial en el área de Vaca Muerta, calculó que la localidad recibe cerca de 1.500 habitantes por año y que su población ya supera los 10.000 habitantes.

“Imagínense para un pueblo de unos 6.500 habitantes recibir 1.500 habitantes por año. Lo que eso implica a nivel demanda de infraestructura, demanda de servicios básicos, equipamiento comunitario, salud, educación y vivienda”, describió. La ciudad avanzó de manera horizontal sobre el territorio, pero la infraestructura no acompañó ese crecimiento. El déficit habitacional ronda el 60%.

El otro dato que complica el panorama es la brecha de calificación. Más del 60% de los mayores de 18 años que viven en Añelo no completó el nivel secundario, lo que genera un desajuste con la demanda de mano de obra calificada que requiere la industria. Como señaló Porta, el costo de vida en la zona es muy alto y los salarios del sector petrolero, aunque elevados, no son accesibles para quienes llegan sin una oferta laboral confirmada: “Hay mucha gente que se traslada sin una oportunidad laboral confirmada. Los salarios son altos, pero también el costo de vida es muy alto”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró los resultados de la cooperación bilateral en materia migratoria tras sostener una reunión de trabajo con funcionarios mexicanos este viernes 19 de junio.

Johnson señaló, mediante un mensaje en sus redes sociales, que el trabajo conjunto entre ambos países ha permitido reducir la migración ilegal, combatir redes de trata de personas y salvar vidas.

La reunión fue encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAMI) Sergio Salomón.

Asimismo, autoridades mexicanas revelaron que se contó con la presencia de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La reunión de este viernes se inscribió en el marco del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), anunciado el 12 de junio por Johnson y Velasco para coordinar a 15 agencias del gobierno de Trump con sus contrapartes mexicanas. El mecanismo busca generar resultados medibles en seguridad fronteriza, combate al fentanilo, tráfico de armas y migración irregular.

México y Estados Unidos destacaron reducción de migración irregular

Mediante un comunicado en sus canales oficiales, la SRE informó que la cooperación permanente entre ambos gobiernos ha permitido reducir la migración irregular y combatir las redes de tráfico y trata de personas.

La Cancillería señaló que la colaboración binacional se basa en el respeto a los principios que rigen la relación entre los dos países.

La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez afirmó en sus redes sociales que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, existe coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para trabajar los temas de la agenda bilateral.

Johnson ya había dicho en mayo que la frontera es actualmente la más segura de la historia

El embajador repitió este viernes un señalamiento que hizo el 26 de mayo, cuando presentó el balance de su primer año en el cargo. En ese momento, Johnson afirmó que la Patrulla Fronteriza registró el nivel más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en 55 años, con detenciones diarias 95% por debajo de los niveles de la administración de Joe Biden, con cero liberaciones de migrantes.

El diplomático atribuyó esos resultados al freno de la migración ilegal y al combate al tráfico de personas. Señaló que las acciones conjuntas salvaron vidas al reducir los cruces en condiciones de riesgo, y que la relación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum generó “resultados reales”, aunque reconoció que “queda mucho trabajo por delante”.

En materia de combate al fentanilo, las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% para finales de 2025. Las incautaciones de fentanilo en la frontera por parte de autoridades estadounidenses cayeron 50%, mientras que las realizadas en territorio mexicano aumentaron, lo que frenó el flujo de droga antes de que llegara a comunidades en ese país. El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos disminuyó más de 95%.

Las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelaron más de 2 mil 300 narcolaboratorios en el periodo reportado. Desde el inicio de la administración Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia estadounidense bajo su Ley de Seguridad Nacional, entre ellas cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

Velasco visitó la embajada de Estados Unidos dos días antes de la reunión bilateral

El canciller Roberto Velasco acudió el 16 de junio a la Embajada de Estados Unidos en México, donde se reunió con Johnson y revisaron tareas de seguridad vinculadas al Mundial 2026 en el Centro Conjunto de Coordinación.

El embajador describió la cooperación entre ambos países como basada en “una estrecha coordinación”, el intercambio de información y “esfuerzos conjuntos” para fortalecer la seguridad y “proteger a nuestros ciudadanos”.

En esa misma jornada, Johnson informó que su gobierno había transferido a 313 personas buscadas por la justicia mexicana desde que Donald Trump inició su segundo mandato en enero de 2025. La cifra contrasta con los 269 requerimientos de extradición que México mantiene enviados a Estados Unidos, de los cuales 233 seguían pendientes y 36 habían sido rechazados, de acuerdo con el propio Velasco en conferencia de prensa del 19 de mayo.

El Gobierno de El Salvador firmó, este viernes, en Roma, un acuerdo con Italia para homologar licencias de conducir y permitir que la comunidad salvadoreña pueda canjear su documento por una licencia italiana válida en toda la Unión Europea (UE), sin iniciar el trámite desde cero.

Este convenio quedó sujeto a la aprobación legislativa en ambos países y entrará en vigor 60 días después de esa ratificación, según informó el Viceministerio de Transporte (VMT). Ese plazo definió el punto de partida de una medida que las autoridades salvadoreñas vincularon con su política de protección de derechos para las personas migrantes en el exterior.

La Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, dijo por canales oficiales que el acuerdo beneficiará a miles de salvadoreños y sus familias al facilitar su movilidad en Italia. Además, la funcionaria afirmó que el reconocimiento recíproco también reducirá costos, porque los consulados salvadoreños en Roma y Milán ya ofrecen servicios de renovación de licencias.

Licencia italiana abrirá acceso laboral en Europa

Tinoco sostuvo que la homologación amplía el margen de movilidad y las oportunidades para la comunidad migrante, porque la licencia obtenida bajo este esquema tendrá validez plena en toda la UE. La funcionaria salvadoreña indicó que lo firmó junto al ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini.

De igual manera, la medida facilitará el acceso a empleos en sectores como transporte y logística. El convenio también reducirá la carga económica asociada a la obtención y renovación de documentos. Ese punto se apoyó en la continuidad de los servicios consulares de gestión de licencias en las sedes de Roma y Milán.

VMT reiteró que, una vez completada la ratificación parlamentaria, los interesados deberán presentar su licencia salvadoreña vigente junto con los documentos requeridos por las autoridades italianas para proceder al canje por la licencia local.

El Gobierno salvadoreño vinculó la firma a una estrategia más amplia para fortalecer los lazos institucionales y sociales con la comunidad migrante, a la que considera un sector clave de la economía por sus aportes en remesas y por su papel en la proyección internacional del país.

El acuerdo respondió a una demanda concreta de la diáspora: validar un documento de conducción sin repetir procesos administrativos. La consecuencia inmediata será que los salvadoreños con licencia vigente podrán avanzar hacia un permiso italiano con reconocimiento automático en todos los países miembros del bloque europeo.

Tinoco destacó las acciones implementadas para fortalecer el vínculo con los salvadoreños en el exterior. “Así, continuamos garantizando el bienestar de la diáspora,

Los consulados que seguirán prestando servicios de licencias están en Roma y Milán.

El canje evitará exámenes y trámites duplicados

Por su parte, en un comunicado de prensa, el Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia confirmó que quienes ya tengan una licencia salvadoreña podrán solicitar la conversión a la italiana sin exámenes adicionales ni requisitos duplicados.

La autoridad italiana sostuvo que la iniciativa buscó promover la integración y el pleno ejercicio de los derechos civiles de los residentes salvadoreños.

La apostilla es el certificado que permite que un documento público mexicano sea reconocido legalmente en otros países sin necesidad de trámites adicionales de legalización. Se trata de una constancia estandarizada que autentica la firma, el sello o el timbre de la autoridad que emitió el documento original, y su validez está garantizada en todos los países que forman parte de la Convención de La Haya, tratado al que México se adhirió en 1995.

Quien planea estudiar, trabajar o realizar trámites legales en el extranjero necesita este procedimiento para que sus documentos mexicanos tengan efectos jurídicos en el país de destino. Sin la apostilla, instituciones educativas, empleadores o autoridades migratorias de naciones firmantes del convenio pueden rechazar la documentación presentada.

Qué documentos pueden apostillarse

Los documentos elegibles son exclusivamente de carácter público: actas del registro civil (nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción), títulos y cédulas profesionales de instituciones educativas públicas o incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), poderes notariales, constancias de antecedentes penales y resoluciones judiciales.

Los documentos privados sin notarizar, las fotocopias simples y los documentos emitidos en otro estado o país quedan excluidos. Quien tenga una fotocopia de un acta de nacimiento debe obtener primero una copia certificada ante el registro civil antes de iniciar el trámite de apostilla.

Los títulos de instituciones privadas pueden requerir un paso previo: la autenticación por parte de la SEP antes de que la autoridad apostillante acepte el documento.

Quién apostilla qué: la distribución de competencias

En México, la apostilla no la otorga una sola institución. La competencia está distribuida según el origen del documento.

Los documentos expedidos por autoridades estatales, municipales, notarios públicos o instituciones educativas de cada entidad federativa se apostillan ante la Secretaría General de Gobierno del estado correspondiente. Los documentos de carácter federal son competencia de la Secretaría de Gobernación, cuya tarifa vigente desde enero de 2026 es de $782 pesos por documento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) interviene en dos escenarios: cuando el trámite se gestiona desde el extranjero a través de un consulado mexicano, y para documentos federales en ciertos casos. Un documento emitido en Jalisco, por ejemplo, debe apostillarse en Jalisco, no en la Ciudad de México.

Cómo se solicita el trámite

El proceso tiene tres pasos fundamentales: obtener el documento en su versión original o copia certificada, apostillarlo ante la autoridad competente y, si el país de destino lo requiere, traducirlo. El orden es irremplazable: la traducción siempre va después de la apostilla, nunca antes, porque el traductor debe trabajar sobre el paquete completo.

Para el trámite presencial, el solicitante acude a la oficina de legalización del estado con el documento original, una identificación oficial vigente y el comprobante de pago. Varias entidades, como Puebla, ofrecen una ventanilla digital donde el trámite se inicia en línea: se captura la información, se genera una orden de cobro con vigencia de dos días, se realiza el pago y se agenda una cita para entregar el documento en físico.

Desde el extranjero, el trámite puede gestionarse a través del consulado mexicano más cercano, aunque los tiempos de resolución son mayores: entre una y cuatro semanas, dependiendo de la carga de trabajo y de si el documento debe enviarse a México para su procesamiento.

Tiempos y costos por entidad

Los plazos de resolución varían según la vía elegida. En ventanilla presencial, la mayoría de las oficinas estatales resuelven el trámite en un día hábil para solicitudes de hasta cinco documentos, siempre que la documentación esté completa y el pago haya sido validado.

Las tarifas difieren por entidad y se actualizan cada año. Hidalgo cobra $457 pesos por documento; Puebla, $405; Baja California Sur, $418. Los documentos federales tramitados ante la Secretaría de Gobernación tienen un costo de $782 pesos, la tarifa más alta del esquema, vigente desde el 1 de enero de 2026.

El pago puede realizarse en ventanilla bancaria mediante instituciones como Scotiabank, BBVA, Santander o Banco del Bajío, y en algunos estados también a través de portales en línea o kioscos de las secretarías de finanzas locales.

La migración suele contarse a través de cifras, desplazamientos y cambios geográficos. Sin embargo, para la fotógrafa mexicana Daniela Name, este fenómeno también puede entenderse desde la memoria familiar, las costumbres heredadas y las tradiciones que sobreviven al paso del tiempo.

Su trabajo documental se ha consolidado como una exploración visual de la identidad cultural y de las formas en que las comunidades mantienen vivas sus raíces aun cuando cruzan fronteras.

La obra de Name está profundamente vinculada con su propia historia. Aunque nació y creció en México, su familia tiene origen sirio y libanés. Sus abuelos emigraron a territorio mexicano, donde construyeron una nueva vida sin abandonar por completo las costumbres y tradiciones que llevaron consigo desde Medio Oriente.

Esa experiencia de pertenecer a dos universos culturales distintos despertó en la fotógrafa un interés permanente por comprender cómo las personas construyen su identidad cuando viven entre diferentes herencias culturales.

Las Primas: la cocina como espacio de memoria y resistencia

Uno de los proyectos más representativos de Daniela Name es Las Primas, una serie fotográfica centrada en las mujeres de la familia de su madre, inmigrantes sirias que encontraron en la cocina un lugar para preservar su cultura.

A través de retratos íntimos, la fotógrafa documenta la preparación de recetas tradicionales, los encuentros familiares y los saberes transmitidos entre generaciones. En estas imágenes, los alimentos se convierten en mucho más que una práctica cotidiana: representan una conexión directa con la memoria, el origen y el sentido de pertenencia.

La serie también aborda aspectos relacionados con los roles de género dentro de una comunidad de raíces conservadoras. Las protagonistas participan en una organización dedicada a la venta de comida de Medio Oriente para recaudar fondos, al mismo tiempo que mantienen vivas costumbres heredadas de sus antepasados.

Durante el desarrollo del proyecto, Name descubrió elementos inesperados. Antes de cada sesión fotográfica, sus familiares organizaban cuidadosamente las cocinas y preparaban cada detalle para proyectar una imagen impecable.

Lo que inicialmente parecía una simple preparación terminó revelando las expectativas sociales y culturales que acompañan a las mujeres dentro de ciertos entornos familiares.

De esta forma, Las Primas se transformó en una reflexión sobre la herencia cultural, la feminidad y la manera en que las tradiciones se conservan incluso cuando las familias migran y se establecen en nuevos territorios.

Colores Rotos: tradiciones mexicanas que evolucionan lejos de casa

La misma inquietud por comprender la identidad migrante está presente en Colores Rotos, proyecto desarrollado entre 2024 y 2025 en Nueva York.

Durante ese periodo, Daniela Name documentó a integrantes de comunidades mexicanas que continúan practicando expresiones culturales tradicionales fuera de México. Entre ellas destacan grupos de Chinelos originarios de Morelos, bailarines de Oaxaca y representantes de tradiciones vinculadas con Jalisco.

La fotógrafa observó cómo estas manifestaciones culturales conservan elementos esenciales de su origen, pero también se transforman al adaptarse a nuevos contextos sociales y generacionales.

Uno de los aspectos que más llamó su atención fue la participación de jóvenes nacidos en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos que, pese a haber crecido en un entorno distinto y en muchos casos con un dominio limitado del español, mantienen el interés por preservar las tradiciones de sus familias.

Para Name, este fenómeno plantea preguntas profundas sobre la construcción de la identidad y sobre aquello que permanece arraigado a través de generaciones.

Una reflexión visual sobre la transformación cultural

Con el objetivo de representar visualmente estos cambios, la fotógrafa incorporó técnicas experimentales en Colores Rotos. Utiliza un escáner para crear composiciones fragmentadas en las que algunas partes de la imagen parecen desplazarse mientras otras permanecen inmóviles.

El resultado funciona como una metáfora de las culturas migrantes: elementos que permanecen intactos y otros que inevitablemente cambian con el tiempo y la distancia.

A través de una mirada cercana y sensible, Daniela Name ha convertido la fotografía documental en una herramienta para explorar historias de pertenencia, adaptación y resistencia cultural.

En 2025, el retorno migratorio forzado a Guatemala sumó alrededor de 55.000 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones. El 88% de los retornados llegó deportado desde Estados Unidos y el 12% desde México. La mayoría fueron hombres y hubo incrementos sostenidos desde abril.

El perfil de quienes regresan cambió. Aumentó la proporción de hablantes de lenguas indígenas, en particular K’iche’ y Mam. Además, el 50% de los retornados proviene del altiplano occidental, principalmente de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango, y la edad mediana pasó de 26 a 29 años.

La mayoría de los retornados son hombres, con un 88%, frente al 73% registrado en 2024.

Perfil sociodemográfico y tiempo de residencia

El informe indica que el 45% de los retornados vivió en Estados Unidos menos de cinco años, el 30% entre cinco y nueve años y el 25% 10 años o más.

Quienes pasaron más tiempo fuera mantienen vínculos familiares en el extranjero, mayor dominio del inglés y expectativas laborales que no siempre se alinean con las oportunidades en Guatemala.

La Organización Internacional para las Migraciones señala que la migración forzada afecta de forma diferenciada según género, idioma y región de origen. El predominio de hombres y de hablantes indígenas plantea desafíos para la adaptación social y económica en sus comunidades de retorno.

Habilidades, empleo y barreras para la reintegración

Los migrantes retornados llegan con habilidades y experiencia laboral, pero enfrentan obstáculos al reinsertarse en el mercado laboral local. El 94% domina el español, aunque solo el 11% declara saber hablar y escribir en inglés.

En cuanto a instrucción formal, el 27% no completó la primaria, el 51% terminó la primaria, el 10% tiene bachillerato y apenas el 9% cuenta con estudios universitarios o técnicos.

El 36% sabe utilizar una computadora. Las mujeres presentan un mayor nivel educativo y dominio informático que los hombres. Antes de migrar, el 30% trabajaba en actividades agropecuarias. Durante su estancia en Estados Unidos, los hombres se emplearon sobre todo en construcción, con 55%, mientras que las mujeres lo hicieron en restaurantes y servicios.

El informe señala que 71% informó ingresos insuficientes antes de emigrar y 77% percibía menos del salario mínimo. Tras el retorno, el 50% no desea volver a emigrar, aunque entre el 31% que sí lo considera, el 78% permanecería en Guatemala si tuviera oportunidades laborales.

Demanda laboral, emprendimiento y capacitación

Hay demanda de empleo formal, con 34%, interés en emprendimiento, con 11%, y en la certificación de habilidades adquiridas en el extranjero, con 78%. Persisten barreras: las expectativas salariales formadas en Estados Unidos no se corresponden con la realidad local y los empleadores muestran reticencia a contratar retornados por temor a nuevas migraciones o por asociar el retorno forzado a criminalidad.

Muchos ven en el emprendimiento una alternativa, pero la falta de capital y acceso a crédito formal limita esta opción. La brecha entre los intereses de capacitación y la oferta pública disponible sigue como un reto para la integración económica de los migrantes retornados en Guatemala.

Zarparon desde Colombia buscando un mejor futuro. Fueron capturados y deportados desde Aruba. Y hoy están presos en Venezuela.

Así se resume la historia de cinco “balseros” venezolanos, con edades comprendidas entre los 22 y los 55 años, que fueron expulsados por las autoridades arubeñas por tratar de ingresar a la isla en una lancha, y que ahora están en una cárcel del estado Falcón, región noroccidental, imputados por narcotráfico y asociación para delinquir.

El abogado Kerrins Mavares y familiares de estos cinco hombres protestaron este lunes 15 de marzo frente a los tribunales de la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón, por lo que califican como una detención arbitraria, reseñó el portal Crónicas del Caribe, medio especializado en temas de Venezuela y los territorios del Caribe Neerlandés.

Según el relato de Mavares, 13 hombres salieron a bordo de una embarcación el 28 de enero desde Punta Espada, Colombia, hacia Aruba. Cuando estaban cerca de la isla, se lanzaron al agua para tratar de llegar a nado. Siete fueron interceptados y el resto logró evadir a la policía para entrar de forma ilegal.

Los detenidos recibieron la libertad plena el 5 de marzo junto con una orden de deportación y la prohibición de ingreso a la isla. Luego de que lograron reunir el dinero para cubrir los vuelos de repatriación, los siete hombres retornaron a Venezuela en abril.

Persecución

En principio, los siete pasaron los controles de Migración y de Interpol sin problemas, pues su única falta fue haber tratado de llegar a Aruba en lancha. Pero al salir del aeropuerto, a cinco de ellos los esperaba una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana y allí comenzó su calvario.

“Aquí les quitaron las boletas de libertad que les otorgó Aruba, que es un documento indispensable, y las desaparecieron. Sin embargo, conseguimos tenerlas nuevamente gracias al abogado que tuvieron en la isla. La boleta confirma su libertad plena y que no están involucrados en ninguna investigación criminalística, de lo contrario no hubiesen sido deportados”, argumenta Mavarez.

El abogado sostiene que el acta policial contra sus defendidos está “vacía” y que solo registra una nota periodística publicada en Aruba sobre una lancha que ingresó a la isla con drogas y varios migrantes venezolanos. No obstante, aclara que cuando ocurrió ese hecho, ya estos cinco hombres estaban detenidos en Aruba.

“Los fundamentos que usan para acusar no demuestran la ocurrencia del hecho punible, ni la participación de mis defendidos. Aruba los caracterizó como migrantes ilegales, no como narcotraficantes porque no hay ningún objeto de interés criminalístico. Fueron deportados por ingresar de forma irregular, es un delito migratorio en la isla, no penal”, insiste.

Auxilio

Mavarez comenta que fueron sorprendidos con la suspensión de la audiencia preliminar, que debía celebrarse este miércoles 17, y con la decisión de internar a tres de las cinco personas en la ciudad penitenciaria de Coro, capital de Falcón, dejando a los otros dos en las instalaciones de la Guardia Nacional.

Los cinco hombres pudieron superar los controles internos del aeropuerto porque sobre ellos no pesaba ninguna orden de captura en el sistema. Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sí sabían que aterrizarían en el país, gracias a los datos suministrados por el Consulado venezolano en Oranjestad.

El abogado informó que consignarán este caso ante la comisión nacional para la reforma de la justicia penal, recientemente creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Los parientes de los detenidos claman por justicia. “Nuestros hijos lo que quieren es trabajar, tener estabilidad, prosperidad, por eso se fueron a Aruba buscando mejoría. No son culpables de lo que les acusan”, declaró un familiar al medio Crónicas del Caribe.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aclaró este miércoles que su gobierno no mantiene relaciones diplomáticas con Nicaragua. La mandataria explicó su postura tras la polémica generada por interpretaciones de sus declaraciones recientes y remarcó que la política exterior costarricense hacia Nicaragua responde a principios de institucionalidad, respeto, y defensa de los intereses nacionales.

Durante una conferencia pública, Fernández destacó: “Yo soy una persona prodemocracia, soy una persona que ama la libertad, que ama la justicia, sobre todo amo la dignidad humana, la dignidad de las personas humanas son, es y será siempre mi prioridad, no soy admiradora de ningún gobierno, de ningún régimen, de derecha, de izquierda, de centro, yo no soy admiradora de ningún presidente, de ninguna persona que esté al frente de ningún país”. Con esta frase, la jefa de Estado buscó dejar claro que su posición no obedece a simpatías personales ni ideológicas con gobiernos o líderes de la región.

En su intervención, la mandataria detalló que mantiene “una buena relación de trabajo” con distintos mandatarios de América Latina, entre ellos Nayib Bukele de El Salvador, Luis Abinader de República Dominicana, José Raúl Mulino de Panamá, José Antonio Kast de Chile y el expresidente Donald Trump de Estados Unidos.

“Fui enfática en esa entrevista de una hora, fui enfática en que con Nicaragua nosotros no tenemos relaciones diplomáticas, Costa Rica ni siquiera tiene embajada en Nicaragua”, dijo la Jefa de Estado sobre el vecino país.

Fernández defiende respeto a los nicaragüenses que trabajan dignamente en Costa Rica

Además, la mandataria explicó que la ausencia de relaciones diplomáticas no significa hostilidad ni rechazo hacia el pueblo nicaragüense.

“No por eso yo puedo ir a una entrevista a despotricar contra un país vecino, no sería tan irresponsable, especialmente porque con Nicaragua compartimos una frontera por donde se moviliza buena parte del comercio costarricense, también hay muchos nicaragüenses que trabajan dignamente en Costa Rica y a todas esas personas se les trata con consideración y respeto, así que mi posición en este tema ya la di, yo no promuevo ni defiendo, mire a duras penas me alcanza el tiempo para arreglar los problemas de Costa Rica como para yo irme a meter en problemas ajenos”, manifestó Fernández.

“Me interesa tener una frontera ordenada con flujos migratorios ordenados donde las personas nicaragüenses que viven en Costa Rica estén reguladas al amparo de la ley, pero tampoco voy a disimular lo que está mal, no voy a consentir migrantes de Nicaragua o de ninguna otra nacionalidad que vengan a delinquir a Costa Rica, vamos a endurecer la seguridad en las fronteras, especialmente por los que se vienen a robar el oro a crucitas, vamos a aplicar política de mano dura contra personas que me reportaban hemos deportado hasta 45 veces y se vuelven a meter a Costa Rica a robarse el oro”.

La presidenta insistió en que la institucionalidad, el respeto mutuo y la protección de los derechos de las personas migrantes son principios esenciales en la política exterior costarricense.

La salvadoreña Lucy Cecilia Margarita Grimme Escobar recibió recientemente la Cruz Federal al Mérito (Bundesverdienstkreuz), uno de los máximos reconocimientos que otorga el Gobierno de Alemania a quienes contribuyen de manera excepcional en los ámbitos político, socioeconómico, cultural e intelectual, de acuerdo con la información de el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El galardón reconoce las tres décadas de labor voluntaria y compromiso social de Grimme Escobar en ese país, con un enfoque en el apoyo a personas migrantes, especialmente mujeres y familias en situaciones de vulnerabilidad..

Originaria de Chalchuapa, municipio del departamento de Santa Ana en El Salvador, Grimme Escobar se formó en un entorno familiar de maestros. Desde su juventud, participó en programas educativos y de apoyo comunitario destinados a niños y familias vulnerables, perfilando una vocación de servicio que más tarde marcaría su trayectoria en el extranjero. En el año 1985, emigró a Alemania y enfrentó las dificultades propias de la movilidad humana, experiencia que la llevó a reorientar su carrera profesional y a convertir su propia historia en un instrumento para asistir a otros migrantes durante su proceso de integración.

La Embajada Alemana en San Salvador detalló que Lucy Grimme: “ha dedicado su trabajo y compromiso a promover la integración, la educación, la participación social y el diálogo intercultural. Su labor ha acompañado a numerosas personas en su camino hacia una mejor formación, oportunidades laborales y una participación activa en la sociedad”.

Además, resalta que su esfuerzo en favor de la igualdad de oportunidades y la comprensión entre culturas ha fortalecido el tejido social y la convivencia en la sociedad alemana.

Ceremonia en Alemania resalta la trayectoria y el impacto social de Lucy Grimme

La ceremonia de entrega del reconocimiento se realizó en el distrito de Lüneburg, al norte de Alemania, y estuvo presidida por el Landrat Jens Böther, máxima autoridad distrital, quien valoró la dedicación de la salvadoreña. Böther expresó que “la cohesión social surge allí donde las personas se acercan unas a otras, asumen responsabilidades y se comprometen unas con otras”, y recordó que en 2015 el distrito ya la había distinguido por sus méritos en favor del bien común. “Hoy, su extraordinaria labor recibe también el merecido reconocimiento a nivel federal”, puntualizó, según la Embajada Alemana.

El evento también contó con la presencia de la embajadora de El Salvador en Alemania, Florencia Vilanova de von Oehsen, quien describió a Grimme Escobar como una figura de referencia para la comunidad salvadoreña en ese país. “Para muchos salvadoreños, ella es una guía, una voz de apoyo y, muchas veces, un verdadero hogar lejos de casa”, declaró la diplomática durante la ceremonia, de acuerdo con la Embajada.

A lo largo de más de 30 años, Lucy Grimme ha impulsado proyectos de integración, talleres educativos y actividades orientadas a promover el diálogo intercultural. Las autoridades alemanas han subrayado que su trabajo no solo ha facilitado la adaptación de migrantes, sino que también ha favorecido el acceso a oportunidades laborales y educativas para personas en condiciones desfavorables.

La distinción, acompañada por mensajes de felicitación de organizaciones y líderes de la diáspora salvadoreña, pone de relieve el impacto positivo y duradero de su labor comunitaria.

Las remesas familiares sumaron USD 15,852 millones en El Salvador, Guatemala y Honduras entre enero y abril de 2026, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Según publicó la agencia EFE, el monto, enviado en su mayoría desde Estados Unidos, subió 10.7% frente al mismo período del año anterior y sostuvo gastos esenciales de millones de hogares.

El Salvador recibió USD 3,286.7 millones, Guatemala USD 8,431.6 millones y Honduras USD 4,134.2 millones. Guatemala encabezó la lista.

Para quienes dependen de este ingreso, la remesa mensual es más que una transferencia. En el caso de Keyla, hondureña de 48 años, el dinero que recibe de su yerno en Estados Unidos es esencial para cubrir los gastos médicos y educativos de su nieto, un niño con trastorno del espectro autista.

Aunque agradece cada envío de entre USD 100 y USD 200, reconoce: “definitivamente no ajusta. Mi hija tiene que trabajar y yo también”, cita EFE.

Cómo usan las familias el dinero enviado

Las remesas se destinan a alimentación, salud, educación y pago de servicios básicos. El aumento del costo de vida y la inestabilidad laboral en Estados Unidos dificultan mantener un flujo constante y suficiente.

Cada mes, miles de familias en Centroamérica esperan el envío de dinero de sus parientes en el extranjero. Este ingreso permite pagar desde la escuela de los hijos hasta tratamientos médicos o la compra de una vivienda.

La capacidad de envío depende de la situación laboral del migrante y del alza de precios en Estados Unidos y en sus países de origen.

Historias personales detrás de las remesas

Nancy Benavente, residente del departamento de Chimaltenango, Guatemala, relata cómo sus hijas, de 18 y 19 años, envían dinero desde Estados Unidos para ayudarla a criar a su hijo menor.

Aunque asegura que no depende solo de este aporte, destaca el alivio que le da: “Si les cuento que tengo una necesidad, rapidito me están enviando dinero”.

Las historias de migración suelen estar marcadas por la separación familiar y los riesgos del trayecto. Nohemy Velásquez, también guatemalteca, pudo pagar una casa gracias a las remesas enviadas por su hija, mientras que otro de sus hijos fue secuestrado en su intento de cruzar México.

En Honduras, el esfuerzo migratorio permitió a Keyla mantener una casa propia, logro que atribuye al trabajo de su esposo en Estados Unidos años atrás. Ella percibe que la situación en ese país se volvió más compleja, con mayores dificultades para ahorrar y enviar dinero por el aumento del costo de vida y del precio de la renta.

El valor del dinero que llega desde el exterior

Lucy Callejas, salvadoreña con una hija migrante desde hace dos décadas, insiste en que se valore cada remesa recibida. “Cuando mi hija logra enviarme unos 100 dólares, guardo el dinero con gran cariño, porque sé lo que le cuesta”, explica.

Callejas señala que la percepción de bienestar económico en Estados Unidos muchas veces no refleja las condiciones de los migrantes, que suelen vivir para sobrevivir y enfrentan períodos de empleo irregular y amenazas de deportación.

Para muchos receptores, el dinero que llega del extranjero se convierte en la única posibilidad de acceder a medicinas o cubrir gastos imprevistos. Lucy aconseja: “Uno debe tratar de ahorrarlo o invertirlo en algo de valor, como medicamentos”.

Los números actuales, en efecto, representan una aceleración respecto de los datos difundidos semanas antes. A fines de enero, Monteoliva había informado que en solo dos meses —diciembre y lo transcurrido de ese mes— casi 5.000 extranjeros habían sido expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados. En aquel momento, la funcionaria calificó esas cifras como un récord para los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y las atribuyó al refuerzo de los operativos de seguridad dispuesto por la gestión.

En el video difundido en sus redes, Monteoliva sintetizó la política oficial con una frase directa: “Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar”. La funcionaria enmarcó las expulsiones dentro de lo que denominó “orden migratorio y seguridad nacional”, en línea con el discurso que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión actual.

El perfil de las personas expulsadas abarca distintas categorías. Según Monteoliva, el universo de los 14.000 casos incluye individuos con antecedentes penales, personas con alertas rojas emitidas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ciudadanos con impedimentos legales para ingresar al territorio nacional, extraditados y quienes intentaron cruzar la frontera sin respetar los requisitos migratorios. En una publicación anterior en la red social X, la ministra había sido más explícita: “Si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera”.

La estrategia no se limita a los controles en pasos fronterizos. Durante los meses previos al anuncio de los 14.000 casos, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron operativos en distintos sitios. Uno de ellos fue la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí se identificó a 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras. El procedimiento abarcó galerías, locales y puestos callejeros.

Para la identificación de los presentes, los agentes utilizaron el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil de verificación rápida, y cruzaron la información con bases de datos como el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el sistema SASI. El resultado arrojó 16 ciudadanos extranjeros en situación irregular, a quienes se les labraron actas de Declaración Migratoria y se les exigió regularizar su condición.

Aquel operativo también dejó al descubierto irregularidades en cuatro comercios de la feria. Dos de ellos infringían la Ley de Marcas número 22.362, y en los otros dos se comprobó la venta de teléfonos bloqueados por el ENACOM por tratarse de dispositivos denunciados como robados. Los agentes secuestraron 70 celulares, 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas falsificadas.

Como consecuencia del procedimiento, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, ordenó la detención de cuatro ciudadanos bolivianos —tres mujeres y un hombre—, quienes quedaron a disposición de la justicia junto con los bienes incautados.

Monteoliva subrayó que el enfoque del Gobierno apunta a que “en la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos”. Las autoridades sostienen que la combinación de tecnología biométrica en operativos urbanos y el refuerzo de la vigilancia en los principales puntos de acceso al país es lo que permitió alcanzar las cifras registradas en el período.

El Gobierno de Honduras sigue el proceso legal sobre el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos ante una próxima resolución de la Corte Suprema sobre Haití que, según la canciller Mireya Agüero, podría afectar el panorama migratorio de hondureños beneficiarios de ese mecanismo.

La canciller Mireya Agüero dijo que Honduras no forma parte de los países que impulsaron el caso que se discute en la justicia estadounidense, aunque sigue su desarrollo por los posibles efectos indirectos para otros beneficiarios del TPS.

“Naturalmente estamos muy cercanos a que la Corte Suprema de Estados Unidos se refiera al tema específicamente para Haití. Pensamos que eso nos puede de alguna manera favorecer o definitivamente hacer un panorama más complicado para algunos de nuestros nacionales”, expresó la funcionaria.

Qué implica el TPS para Honduras

El TPS es un mecanismo de protección temporal que permite a ciudadanos de determinados países residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por situaciones extraordinarias como conflictos, desastres naturales o crisis humanitarias.

En el caso de Honduras, la situación de los connacionales amparados bajo este estatus se mantiene bajo observación de las autoridades diplomáticas por el peso de la comunidad migrante hondureña en territorio estadounidense.

La Cancillería reiteró que continúa dando seguimiento a los procesos legales y administrativos relacionados con este beneficio migratorio para evaluar posibles escenarios y sus implicaciones.

El posible impacto de la decisión judicial

Según Agüero, una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Haití podría influir en la dinámica general del debate sobre el TPS y tener repercusiones en otros países beneficiarios.

Las autoridades consideran que cualquier cambio en la interpretación o aplicación de este mecanismo migratorio debe ser analizado con cuidado por su impacto directo en la estabilidad legal de miles de familias que residen fuera del país.

El Gobierno indicó que mantiene comunicación constante con sus canales diplomáticos en Estados Unidos para monitorear el avance del proceso y anticipar posibles escenarios relacionados con la permanencia o modificación del TPS.

La agenda internacional del Gobierno

En otro tema, Agüero se refirió a la presencia de Honduras en foros internacionales, en especial en espacios donde se abordan temas de interés global.

La canciller señaló que el país enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad ante fenómenos climáticos como las sequías, por lo que consideró necesario fortalecer su participación en reuniones y plataformas multilaterales.

En ese marco, mencionó que el presidente Nasry Asfura ha mostrado interés en que Honduras tenga una representación activa en la reunión prevista en Alemania para dar a conocer la situación del país en esos espacios de diálogo internacional.

En ese contexto, las autoridades insisten en que el futuro del TPS continúa siendo un asunto de alta sensibilidad para la política exterior hondureña, debido a su impacto directo en la estabilidad legal, económica y familiar de miles de connacionales en Estados Unidos.

Por ello, la estrategia diplomática se mantiene enfocada en el seguimiento permanente de las decisiones judiciales, el fortalecimiento de los canales de diálogo con ese país y la preparación de distintos escenarios que permitan responder con anticipación a cualquier cambio en el estatus migratorio de la comunidad hondureña en el exterior.

Investigadores del Cornell Lab of Ornithology, la University of Massachusetts Amherst y la University of Illinois Urbana-Champaign desarrollaron métodos para identificar qué especies de aves migran sobre América del Norte al combinar observaciones de ciencia participativa con radar meteorológico, un avance que busca resolver una limitación del monitoreo aéreo y que podría incorporarse a sistemas de pronóstico en tiempo real como BirdCast, informó el portal científico Phys.org.

La base del trabajo reúne más de 2.000 millones de observaciones de aves enviadas por los ciudadanos a eBird, la base de datos ornitológica del Cornell Lab of Ornithology. A partir de esos datos, el equipo generó estimaciones específicas por especie para toda la región y presentó los resultados en dos estudios publicados en las revistas Global Ecology and Biogeography y Movement Ecology.

El problema que intentan resolver es preciso: el radar detecta aves en vuelo, pero no distingue qué especies están migrando, indicó el portal. La nueva investigación forma parte del proyecto BirdFlow, impulsado por el Cornell Lab of Ornithology y la Universidad de Massachusetts, que utiliza modelos de inteligencia artificial para predecir movimientos de poblaciones de aves durante la migración con datos del proyecto eBird Status & Trends.

BMTR: el modelo que identifica a las aves que el radar detecta

El primero de los métodos se llama BirdFlow Migration Traffic Rate (BMTR), y usa los datos de eBird para calcular patrones migratorios específicos por especie en el continente. El modelo identificó las principales rutas migratorias y produjo estimaciones semanales por especie incluso en zonas con vacíos de cobertura de radar meteorológico.

Adriaan Dokter, líder de los proyectos BirdCast y BirdFlow en el Cornell Lab of Ornithology, explicó: “BirdFlow abre nuevas posibilidades para monitorear y pronosticar la migración de aves en tiempo real”. También afirmó: “Las nuevas métricas BMTR nos permiten estimar cuáles son las especies más probables responsables de los movimientos que detectamos con radar, que detecta el número de aves que migran en altura pero no qué especies son”.

El segundo enfoque muestra cómo los modelos de BirdFlow incorporan datos de aves seguidas de manera individual mediante GPS, telemetría de radio Motus y anillado para reconstruir movimientos poblacionales a escala continental. Con ese método, el equipo produjo modelos migratorios para 153 especies de aves migratorias de América del Norte, distribuidas en 14 órdenes y 39 familias.

Validación y aplicaciones concretas del sistema

Para comprobar la precisión del sistema, los investigadores compararon las estimaciones derivadas de BirdFlow con 28 años de registros de 152 radares de vigilancia meteorológica en la región. El resultado mostró correlaciones sólidas que respaldan la exactitud del método, y los modelos también se contrastaron con aves rastreadas por GPS, cuyas rutas previstas resultaron biológicamente realistas.

“Encontramos que incorporar estas diferencias individuales y específicas de cada especie, tal como las capturan directamente los datos de seguimiento y anillado, mejora mucho nuestros modelos de movimientos a nivel de población”, señaló Dokter, quien añadió: “Nos gusta pensar en BirdFlow como una forma de combinar toda la información disponible sobre los movimientos de especies individuales”.

Las aplicaciones prácticas aparecen de inmediato en conservación, en especial para reducir el riesgo de colisiones durante los picos migratorios. Yuting Deng, investigadora posdoctoral del Cornell Lab que participó en ambos estudios, explicó que distintos grupos de aves presentan distintos niveles de riesgo de chocar contra ventanas.

El método también muestra potencial para seguir rutas de propagación de enfermedades. Según Phys.org, agencias e investigadores ya colaboran con el equipo para usar los modelos de BirdFlow en el monitoreo de vías de transmisión de la gripe aviar, en particular entre especies de aves acuáticas.

Yangkang Chen, estudiante de doctorado de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y responsable del ajuste de los modelos de BirdFlow, indicó: “Al resolver estos movimientos a nivel de población, se puede respaldar la investigación y las aplicaciones en ecología de la migración, planificación de la conservación, vigilancia de enfermedades, evaluación de riesgos para la aviación y divulgación pública”.

Alcance y expansión del sistema

Estas metodologías, de acuerdo con el portal, permiten estudiar la migración a una escala que antes era difícil de abordar: a través de toda el área de distribución de una especie, durante el ciclo anual completo y en cientos de especies.

Ese punto es relevante porque poblaciones distintas dentro de una misma especie pueden usar rutas diferentes, enfrentar amenazas distintas y atravesar condiciones ambientales diferentes.

El equipo prevé integrar BMTR en sistemas ya existentes como BirdCast, que hoy ofrece pronósticos migratorios pero no información específica por especie. El proyecto BirdFlow también publicó una nueva colección de modelos que amplía de cuatro a 60 los modelos validados disponibles para el programa BirdFlowR.

La metodología también podría extenderse a otras regiones del mundo si existe una cobertura suficiente de datos de ciencia participativa, señaló el portal.

La ciudad de Nueva York mantiene estable en 3,1 millones su población inmigrante y ese peso demográfico define su economía, su mercado laboral y su mapa barrial: los nacidos en el extranjero son más de un tercio de los habitantes, el 41% de los propietarios de viviendas y el 43% de la fuerza de trabajo, según la edición 2026 del informe The Newest New Yorkers presentado por el alcalde Zohran Mamdani.

En 2023, esos 3,1 millones de residentes nacidos en el extranjero superaban la suma de las poblaciones inmigrantes de Los Ángeles, Houston, Chicago y San José.

Diversidad y distribución de los inmigrantes en Nueva York

En la ciudad, el 37% de los inmigrantes proviene de América Latina, el 30% de Asia, el 17% del Caribe no hispano y el 14% de Europa.

Algunas comunidades muestran concentraciones especialmente altas en la ciudad. Más del 80% de los inmigrantes de Bangladesh de la región vive en la ciudad de Nueva York; también lo hace el 75% de los originarios de Guyana, el 70% de los de Trinidad y Tobago y de China, y cerca de dos tercios de los provenientes de Ucrania.

A su vez, el estudio registra los movimientos fuera de la ciudad. Los condados del anillo interior concentran el 71% de los inmigrantes de India, el 65% de los de Brasil, el 61% de los de Perú y el 55% de los de Corea, mientras que en los condados periféricos hay una presencia proporcionalmente mayor de personas nacidas en El Salvador, Guatemala, Italia y Polonia.

Queens y Brooklyn siguen al frente, pero el Bronx es el distrito con más población latina

En comparación con el último informe de 2013, los distritos de Queens y Brooklyn continúan con la mayor población nacida en el extranjero. Flushing-Murray Hill, en Queens, sigue como el barrio con más inmigrantes, seguido por Elmhurst y Corona, también en Queens; East Flatbush y Gravesend, en Brooklyn; y Washington Heights, en Manhattan.

Durante la última década, los nacidos en el extranjero se asientan de manera más generalizada en toda la ciudad, mientras algunos enclaves históricos pierden población inmigrante. Entre los barrios con descensos figuran Washington Heights, Chinatown, Astoria, Sunset Park y East Flatbush.

Al mismo tiempo, surgen nuevos centros en Gravesend y East New York, en Brooklyn; Springfield Gardens y St. Albans, en Queens; Grasmere y New Springville, en Staten Island; y Westchester Square y Bedford Park, en el Bronx.

Por su parte, en el Bronx, con una población nacida en el extranjero de 485.500 personas, los inmigrantes de América Latina constituyen el grupo más numeroso y representan el 58% de la población extranjera del distrito, frente a cerca de un tercio en el conjunto de la ciudad.

Les siguen los inmigrantes caribeños no hispanos (17%) y los africanos (12%), mientras que los inmigrantes asiáticos y europeos se ubican por debajo del 10%.

China igualó a República Dominicana como principal origen de inmigrantes

Frente al predominio europeo que caracterizó a otras décadas, la inmigración de la última mitad de siglo consolidó una composición mucho más diversa con Asia, América Latina y el Caribe no hispano entre las áreas de origen más preponderantes.

La mayor novedad en el ranking de países de origen es que China se sumó a la República Dominicana como la principal procedencia de la población nacida en el extranjero en la ciudad. Detrás quedaron Jamaica y México, ambos en el tercer lugar, de acuerdo con el estudio.

Entre los 10 grupos más numerosos, Bangladesh ascendió al séptimo puesto y Colombia y Ucrania ingresaron por primera vez. El informe añade que también integran ese grupo Ecuador, Guyana, Haití, Trinidad y Tobago e India.

Nueva York: una ciudad políglota

De los 8 millones de residentes de la ciudad mayores de 5 años, solo una ligera mayoría (52%) habla inglés en casa, lo que refleja la importante presencia de personas nacidas en el extranjero en la ciudad.

Entre el 48% restante, o 3,8 millones de personas, que habla un idioma distinto del inglés en su hogar, 1,78 millones (22% de la población de la ciudad) se considera con dominio limitado del inglés (LEP).

Entre los 10 idiomas más hablados en Nueva York por la población LEP de la ciudad, el español concentra por sí solo casi la mitad (47%). El chino ocupa un segundo lugar con el 19%, seguido del ruso (6%), el bengalí (4%), el yiddish (3%) y el haitiano (2%).

En varios municipios de El Salvador, el aumento en la recepción de remesas familiares ha coincidido con un incremento en los índices de pobreza, de acuerdo con el economista salvadoreño Raúl Castellón.

Según el especialista, los distritos que más han experimentado crecimiento en remesas también muestran un mayor deterioro socioeconómico, una tendencia que se refleja en los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) y en los análisis realizados por distintas organizaciones.

Castellón lideró durante 2024 y parte de 2025 un proyecto con la organización internacional CARE enfocado en la digitalización de remesas, especialmente para mujeres salvadoreñas.

En entrevista con Infobae, el economista explicó que, al analizar información recabada del último censo nacional y comparar con los registros de remesas, se identificó una correlación entre el aumento de estos envíos y el crecimiento de la pobreza en distritos específicos.

“Los lugares donde más había crecido la remesa, por lo menos en algunos datos importantes, indicaba que también se había incrementado la pobreza. Particularmente me recuerdo de unos distritos de La Unión”, detalló Castellón.

El economista señaló que el estudio, denominado Proyecto de Inclusión Financiera Digital, se desarrolló con financiamiento de USAID y colaboración de ASOMI (Asociación de Empresas de Microfinanzas) y Mastercard, aunque su ejecución se interrumpió en abril de 2025. Si bien el informe final permanece confidencial por decisión de los patrocinadores, Castellón aclaró que los datos de pobreza y remesas utilizados provienen de fuentes públicas, principalmente del BCR.

Según los datos oficiales, los distritos con mayor incremento en remesas durante 2024 y 2025 incluyen San Salvador Centro (que agrupa San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo), San Miguel Centro, Santa Ana Centro, Sonsonate Centro y Santa Tecla. Por ejemplo, San Salvador Centro registró $881,72 millones en remesas hasta octubre de 2025, con una variación anual del 9,9%. San Miguel Centro acumuló $484,54 millones, y Santa Ana Centro pasó de $199,61 millones en 2020 a $272,84 millones en 2025. Otros municipios destacados son Soyapango, Ilobasco, La Unión Sur y San Vicente Norte, con crecimientos porcentuales notables en el último quinquenio.

Al abordar las causas de esta paradoja, Castellón identificó tres factores principales. El primero, la destrucción de empleo formal e informal tras la pandemia, que provocó el cierre de hasta un 15% de las micro y pequeñas empresas, especialmente en el oriente del país. “Muchas de estas personas, en su expectativa, dijeron que no iban a volver a abrir el negocio y que la opción de migrar era su principal interés”, explicó.

El segundo factor es la migración, tanto externa como interna. El experto relató que la movilidad poblacional ha vaciado núcleos comerciales tradicionales y debilitado la actividad económica local, lo que se traduce en menos oportunidades de ingreso y mayor dependencia de las transferencias desde el exterior. “Hay mucho pueblo que se encuentra casi en condición como si estuviera fantasma, y son de las principales ciudades en horas que deberían ser pico”, indicó.

El tercer elemento señalado es la falta de reactivación empresarial y laboral en los distritos más afectados. Según Castellón, la rehabilitación del empleo y del tejido productivo no se ha dado de manera uniforme, lo que deja a varias zonas en situación de vulnerabilidad. “La rehabilitación de estos no fue de manera inmediata, ni se logró rehabilitar para todos los departamentos y distritos”, puntualizó.

La tendencia observada en El Salvador se enmarca en un contexto regional de crecimiento de las remesas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que, entre enero y abril de 2026, las remesas familiares enviadas a El Salvador, Guatemala y Honduras llegaron a un total de 15,852 millones de dólares. De ese monto, El Salvador figura entre los países que más recepción presentan, consolidando el peso de estas transferencias para la economía nacional.

A pesar del impulso económico que representan las remesas, el análisis de Castellón sugiere que, en ausencia de una reactivación productiva y laboral, el flujo de recursos desde el exterior no necesariamente mejora las condiciones de vida en los municipios más beneficiados. El especialista subraya la necesidad de monitorear el fenómeno con mayor sistematicidad y de impulsar políticas que fortalezcan la economía local, especialmente en los distritos que han mostrado mayor vulnerabilidad en los últimos años.

La grabación fue realizada en las inmediaciones de un edificio federal y comenzó a circular pocas horas después de la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con las imágenes compartidas en plataformas digitales, el hombre fue visto abandonando las instalaciones mientras portaba un jersey del combinado nacional mexicano. La escena llamó la atención de algunos activistas que se encontraban en la zona y que decidieron cuestionarlo sobre su presunta relación con programas de supervisión migratoria.

Durante el intercambio, una de las personas que grababa el video expresó su inconformidad por ver a alguien relacionado con el sistema migratorio estadounidense utilizando los colores de México.

“Debería darte vergüenza usar ese jersey. No deberías usarlo cuando están secuestrando a mexicanos de las calles. ¿En qué agencia trabajas? Sólo para clarificar”, se escucha decir a uno de los presentes.

La tensión aumentó conforme avanzó la conversación. Una mujer que también participó en la confrontación lanzó nuevas críticas contra el individuo.

“¿Por qué no consigues otro trabajo?”, le pregunta una mujer.

Instantes después, otro de los participantes continuó con los reclamos.

“Consigue otro maldito trabajo, pedazo de mierda”, vuelve a decir el hombre.

La mujer insistió en sus cuestionamientos sobre las actividades laborales del presunto empleado.

“¿Qué carajos estás haciendo? Consigue otro trabajo. ¿Cómo puedes dormir en las noches?”, le cuestionó la mujer.

El material fue difundido por el usuario de Instagram Arturo González, identificado en redes sociales como @officialarturo. En su perfil se presenta como activista y suele documentar actividades relacionadas con agencias migratorias estadounidenses.

Junto al video, González publicó un mensaje en el que explicó por qué consideraba contradictoria la situación observada.

“Qué caradura de este empleado de ISAP y varios agentes que llevan camisetas de México hoy.

“Lo vi saliendo del edificio federal hoy con una camiseta de México. ISAP (Programa de comparecencia bajo supervisión intensiva, por sus siglas en inglés) es parte del sistema de control de inmigración, supervisa el rastreo de monitoreo de tobillo, verificaciones y requisitos de cumplimiento para los inmigrantes que se enfrentan a procedimientos de expulsión. Muchas familias han experimentado ese sistema como estresante, perturbador y cambiante.

“Ver a alguien trabajar en ese sistema mientras representa con orgullo a México fuera del trabajo es un contraste difícil de ignorar”, escribió.

El Programa de Comparecencia Bajo Supervisión Intensiva es una herramienta utilizada dentro del sistema migratorio estadounidense para dar seguimiento a personas que enfrentan procesos migratorios sin permanecer detenidas. El programa combina monitoreo tecnológico, gestión de casos y supervisión periódica para verificar el cumplimiento de diversas obligaciones legales.

La publicación cobró mayor relevancia debido al contexto en el que surgió. Meses antes del arranque de la Copa Mundial 2026, diversas organizaciones y grupos de defensa de migrantes expresaron preocupación por la participación de agencias relacionadas con la seguridad fronteriza y migratoria en los operativos de protección del torneo.

Aquellas versiones provocaron inquietud entre comunidades migrantes, especialmente en ciudades donde se desarrollan actividades vinculadas al Mundial.

Mientras tanto, la Selección Mexicana celebró un exitoso debut en la justa internacional tras imponerse 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, fuera de la cancha, el video difundido por el activista abrió un nuevo debate en redes sociales sobre identidad, migración y la relación de algunos trabajadores del sistema migratorio con las comunidades a las que pertenecen o representan culturalmente.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad del hombre señalado en la grabación, el contenido continúa acumulando reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales.

Se cumplen 15 años de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. De un acontecimiento jurídico y político que integró a nuestro orden constitucional las obligaciones derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sin duda, fue un parteaguas que marcó un antes y un después para el derecho en México. Y no poque los derechos humanos hubieran sido una novedad. Desde mucho antes del 2011 el Estado mexicano ya estaba obligado a cumplir con sus obligaciones en la materia. Los derechos humanos se habían configurado como el referente moral y jurídico en el ámbito internacional desde la Declaración Universal del año 1948 y, posteriormente, con un amplio repertorio de tratados, organismos, instituciones e instrumentos que confirman lo que decía Sergio García Ramírez de que los derechos humanos son un concepto “expansivo y explosivo”.

Sin embargo, la constitución mexicana estaba en deuda con los derechos humanos. Recordemos que antes de la reforma los nombraba como “garantías individuales”, que se otorgaban al individuo. Ahora son ya derechos que se reconocen a la persona. Este solo cambio trae aparejada una concepción sobre el ser humano y sus derechos muy profunda, aunque a veces no nos demos cuenta.

Estos derechos no son prerrogativas que el Estado pueda “dar” y “quitar”. Decía el filósofo alemán Robert Spaemann, que, si fuera así, los derechos serían solo “edictos de tolerancia revocables”. Por el contrario, estos derechos son exigencias que derivan de la naturaleza humana, que pueden ser descubiertas a través de la razón y materializadas a través de leyes y regulaciones, con límites y restricciones, pero que derivan de la dignidad de la persona.

Pero aun cuando la reforma del 2011 marcó un cambio de paradigma, en el que se confirmó que los derechos humanos deben de ser el parámetro de interpretación de todo el ordenamiento jurídico, todavía existen retos tanto para su comprensión como para su aplicación. Por un lado, siempre es necesario volver sobre el contenido y alcances de cada derecho. No toda conducta que se pretenda hacer amparada en un derecho lo será auténticamente. Pensemos en hasta dónde llegan derechos como la libertad de expresión, de conciencia, de reunión, la libertad de profesión, u otros tantos. Pero también, el cómo hacemos cumplir derechos sociales como el de la educación, la salud o la seguridad social, donde la asignación de recursos es indispensable. Por más que los mismos estén contemplado en cualquier texto constitucional o convencional, el reto siempre será el de descubrir su contenido y límites, a través del diálogo y la reflexión.

En aras de resumir, estos derechos exigen que pensemos en dos aspectos relevantes: su fundamento y su práctica. En cuanto al fundamento, me parece que el texto constitucional nos da elementos para sostener que todo derecho surge de la dignidad humana. Aun así, considero que la redacción del artículo 1º constitucional se quedó corta al momento de referir a la dignidad como fundamento de todo derecho humano. Debería existir una mención más contundente de la misma, como valor, principio y/o incluso derecho que sirve como parámetro para la interpretación y aplicación de todos los derechos humanos. Más allá del lenguaje, debería de ser un recordatorio de la centralidad del ser humano para el ordenamiento jurídico en general.

Pero los derechos no solo se entienden desde sus fundamentos teóricos. También requieren de aplicación y eficacia. Y esto es un desafío constante. Más allá del texto de la reforma, aún tenemos retos en cuanto a la práctica de los derechos se refiere. Basta observar la realidad, y saber que tenemos aun muchos desafíos en diversos temas: libertad de expresión, libertad de conciencia, derecho a la salud, derechos de las mujeres, de niños, niñas y adolescentes, migración o corrupción.

También en el ámbito institucional y de fortalecimiento del Estado de Derecho, por ejemplo, en cuanto a la aplicación de criterios del Sistema Interamericano. Atender estos temas es una tarea necesaria en aras de responder a las exigencias de los derechos humanos.

Las exigencias de los derechos humanos también se materializan en temas de actualidad, como la eficacia que deben de tener en relaciones entre particulares y no solo entre el individuo y el Estado. Esto se refleja por ejemplo en el ámbito de las empresas y los criterios ESG, que cada vez son más relevantes para la práctica de los derechos humanos. O en la regulación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, que cada vez presenta mayores retos para la dignidad humana, a través de riesgos como los sesgos discriminatorios o las brechas tecnológicas. O en el cuidado del medio ambiente y las generaciones futuras.

Incluso, en reflexionar hasta qué punto podemos expandir la protección de estos derechos a realidades no-humanas.

El discurso de los derechos humanos introducido en la reforma del 2011 no es un lenguaje sencillo. Por el contrario, es un reflejo de complejidad. Exige tomar en cuenta muchos factores de la naturaleza humana, como los intereses o necesidades derivadas de la dignidad que tenemos todos los seres humanos, pero también el cómo ejercemos la libertad y qué limites debe de tener en nuestro actuar colectivo. Son generadores de bien común, pero siempre con la posibilidad de entrar en conflicto con los bienes particulares. Y, sin duda, suponen un reto para el Estado y los particulares al momento de generar políticas encaminadas a su cumplimiento.

A 15 años de la reforma, debemos seguir reflexionando sobre su valor y sus desafíos en el mundo contemporáneo. Sabiendo que los derechos humanos no son una garantía de resultado inmediato, sino una tarea constante que debe de materializarse en acciones concretas. Como decía Bobbio, un famoso jurista italiano, el tiempo de los derechos es un tiempo lento y largo, que invita a estar vigilantes de sus efectos y con la esperanza siempre presente de que puedan generar futuros mejores.

La posibilidad de perder la residencia permanente en Estados Unidos afecta a miles de titulares de green card tras la actualización de criterios oficiales por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), vigente desde junio de 2026. El organismo federal notificó que puede iniciar procedimientos de revisión y rescisión para residentes que hayan obtenido su estatus en los últimos cinco años, lo que genera inquietud en comunidades migrantes, según consta en el portal institucional.

De acuerdo con información publicada por USCIS, los motivos legales para perder la green card incluyen fraude documental, errores en el trámite, abandono de estatus y participación en procesos de remoción. La agencia federal detalla que puede iniciar la rescisión dentro de los cinco años posteriores al ajuste de estatus si determina que el solicitante no reunía los requisitos legales en el momento de la aprobación.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece los parámetros para el otorgamiento y la revocación de la residencia permanente. Este marco normativo, junto con el manual de políticas de USCIS, guía las revisiones y procedimientos migratorios implementados en Estados Unidos en los últimos años, de acuerdo con las fuentes oficiales.

¿Por qué puede un residente permanente perder la green card según USCIS?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración detalla en su sitio web que existen cuatro causas principales por las que un residente permanente puede perder la green card en 2026:

1. Rescisión del ajuste de estatus: Si se determina que el solicitante no era elegible en el momento de la aprobación, la agencia puede revertir el beneficio. Esto incluye casos de fraude, documentos falsificados o información incorrecta en la solicitud.
2. Terminación de residencia condicional: Los residentes condicionales que obtuvieron su estatus por matrimonio deben presentar el Formulario I-751 para remover las condiciones. Si no cumplen el procedimiento o si USCIS concluye que el matrimonio era inválido, se revoca el estatus.
3. Abandono del estatus: La green card puede considerarse abandonada si el titular pasa períodos prolongados fuera de Estados Unidos, o si demuestra intención de residir en otro país. La agencia analiza la duración de la ausencia, la existencia de un hogar principal en el país y otros vínculos con Estados Unidos.
4. Procesos de remoción: Si el residente permanente incurre en delitos migratorios o penales, puede ser colocado en proceso de remoción. La pérdida de la residencia implica la imposibilidad de trabajar, estudiar o residir legalmente, salvo que posea otro estatus migratorio.

¿Cuánto tiempo puede estar un residente permanente fuera de Estados Unidos sin perder la green card?

USCIS señala que las ausencias superiores a seis meses pueden conllevar una revisión adicional por parte de los agentes migratorios, aunque no implican automáticamente la pérdida del estatus. Si la ausencia supera un año, se requiere un permiso de reingreso previo. La agencia aclara que “la intención de residir permanentemente en Estados Unidos” es el criterio determinante, por encima de la mera duración de la ausencia.

La agencia evalúa los siguientes elementos para determinar si se ha producido abandono:

• Motivo y duración del viaje fuera del país.
• Existencia de vivienda principal en Estados Unidos.
• Vínculos familiares y laborales.
• Declaraciones voluntarias sobre la intención de residir en otro país.

En el portal institucional, USCIS advierte que aun con un documento de reingreso, si el titular no puede demostrar intención de residencia permanente, puede perder su green card.

¿Qué sucede si se detecta fraude en la solicitud de la green card?

De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad y el manual de políticas de USCIS, el organismo puede iniciar un proceso de rescisión hasta cinco años después del ajuste de estatus si identifica fraude, documentación falsa o información materialmente incorrecta. Durante este procedimiento, el titular recibe una notificación y tiene derecho a presentar pruebas o argumentos en su defensa.

Según la política oficial, “la residencia legal permanente puede revertirse si, al momento de la concesión, existió un error material o fraude en el proceso”. En estos casos, el residente queda expuesto a procedimientos de remoción y posible deportación.

¿Qué trámites debe realizar un residente condicional para no perder la residencia?

Los residentes condicionales, normalmente quienes obtuvieron la green card por matrimonio o inversión, deben presentar el Formulario I-751 (matrimonio) o I-829 (inversión) para eliminar las condiciones antes del vencimiento de los dos años. Si la agencia determina que el matrimonio no era legítimo o que la inversión no cumplía los requisitos, puede revocar el estatus.

El proceso incluye la presentación de pruebas de la relación o de la inversión, entrevistas personales y la verificación de la documentación aportada. La no presentación o la presentación incompleta de estos formularios puede resultar en la terminación automática del estatus, según el USCIS.

¿Qué delitos pueden causar la pérdida de la residencia permanente?

El USCIS identifica una serie de delitos que pueden motivar la apertura de un proceso de remoción. Entre ellos figuran:

• Delitos agravados (homicidio, tráfico de drogas, violencia doméstica).
• Fraude migratorio.
• Falsificación de documentos oficiales.
• Delitos que impliquen turpitud moral, según la definición federal.

La agencia recuerda que la sola acusación no determina la pérdida automática del estatus, pero sí puede desencadenar una investigación. La decisión final depende de un juez de inmigración, quien evalúa el caso conforme a la legislación vigente.

¿Qué derechos tiene un residente permanente durante los procedimientos de rescisión?

El proceso de rescisión incluye una notificación formal al titular de la green card, quien tiene derecho a:

• Ser informado de las razones de la revisión.
• Presentar evidencia y testigos en su defensa.
• Acceder a una audiencia ante un juez de inmigración.
• Apelar la decisión en instancias superiores.

USCIS recalca que el respeto al debido proceso es obligatorio en todos los procedimientos de remoción o rescisión del estatus, de acuerdo con las garantías legales federales.

¿Qué hacer si se pierde la green card o el estatus de residente?

En caso de rescisión o pérdida del estatus, la persona debe abandonar Estados Unidos, salvo que cuente con otro estatus migratorio válido o reciba protección bajo leyes especiales como asilo o refugio. La agencia migratoria aclara que permanecer en el país sin autorización adicional constituye una violación de la ley federal y puede resultar en prohibiciones de reingreso.

En situaciones puntuales, si el residente tenía otra visa vigente o si USCIS determina que la persona califica para un beneficio migratorio alternativo, puede autorizar su permanencia temporal bajo condiciones específicas.

¿Qué cambia y qué se mantiene en las reglas de residencia permanente?

Las nuevas directrices del USCIS refuerzan la aplicación de la ley y actualizan los procedimientos de revisión, pero mantienen los principios fundamentales: la residencia permanente es un beneficio sujeto a verificación continua de elegibilidad. La agencia exhorta a los titulares de green card a:

• Mantener sus datos actualizados.
• Informar cualquier cambio de dirección, estado civil o situación migratoria.
• Conservar documentación que acredite residencia efectiva en Estados Unidos.

Según el portal oficial, la portación de la green card no otorga inmunidad frente a revisiones, y la condición de residente puede ser revisada en cualquier momento dentro del plazo legal.

¿Qué impacto tienen estas revisiones para los inmigrantes?

La aplicación estricta de las normas migratorias afecta a quienes han obtenido la residencia en los últimos años. La recomendación general es consultar fuentes oficiales, mantenerse informado sobre cambios en las políticas y, en caso de dudas jurídicas, recurrir a asesores legales acreditados. Los procedimientos pueden derivar en audiencias y, en algunos casos, permitir la restitución del estatus si se demuestra la elegibilidad.

El enfoque de las autoridades estadounidenses apunta a reforzar los controles migratorios y asegurar que los beneficios solo permanezcan para quienes cumplen los requisitos legales.

Saldarriaga confesó, en diálogo con Blu Radio, que estuvo nerviosa y “con las piernas temblando” en medio del acto. Así mismo, dijo que expresó su agradecimiento al sumo pontífice “por recordarle al mundo con su voz en favor de quienes vamos caminando por estas tierras y que cada vida es una oportunidad de encuentro”.

La mujer oriunda de Cartagena, Bolívar sostuvo que decidió abandonar Colombia por la carencia de oportunidades de empleo tal y como ocurre con miles de latinoamericanos que deciden emigrar.

Antes de salir del país, Saldarriaga trabajaba en agencias navieras, pero que la edad se convirtió en un obstáculo para conseguir empleo: “La edad también implica mucho de que te restringen bastante en los trabajos”. La necesidad de sostener a su hijo de 20 años y a sus padres la llevó a viajar a Tenerife, donde ya vivía un hermano, con una maleta cargada de sueños y esperanzas.

Sin embargo, dijo que encontrar empleo no fue tarea fácil, por lo que poco después de arribar al país ibérico, un desalojo la dejó al borde de la indigencia y expuso otra barrera habitual para los recién llegados: el acceso al alquiler.

“Estuve a punto de estar en calle... para alquilar es muy complicado una persona que no es de acá, no tiene contacto”, relató Saldarriaga a Caracol radio. Ese momento de máxima vulnerabilidad fue el punto en el que aparecieron Cáritas y SEAR, organizaciones que, según el texto fuente, le ofrecieron techo y una ruta de integración.

La ayuda institucional la llevó de beneficiaria a voluntaria

En su relato, Saldarriaga afirmó que pudo reconstruir su vida en España gracias a las redes de acogida para personas migrantes en riesgo de exclusión.

Hoy participa como voluntaria y aplica los principios de “acoger, proteger, promover e integrar” que defiende la cabeza visible de la Iglesia Católica. Su experiencia personal, explicó a Blu Radio, le permitió reconocer el sentimiento de invisibilidad con el que llegan muchas personas migrantes.

“Lo más importante para nosotros cuando llegamos es que nos escuchen... saber de pronto que la persona que te está recibiendo también ha pasado por situaciones similares genera mucha más empatía”, afirmó la colombiana al medio citado.

Aunque su situación mejoró, todavía enfrenta trabas administrativas. “Estoy todavía en proceso de papeles, entonces eso te restringe mucho para poder trabajar”, dijo.

Para Saldarriaga, los minutos de atención que le dedicó León XIV tuvieron un valor que excede la escena pública. “Es la confirmación de nuestra fe católica... algo inimaginable, una bendición enorme”, expresó.

Cura venezolano también habló al papa León XIV sobre las dificultades de migrar

Darwin Rivasel, cura venezolano que ejerce en La Restinga (isla canaria de El Hierro), puerto al que llegaron en los últimos años miles de inmigrantes, explicó que, durante sus siete años en las Canarias, ha vivido en primera persona los cuatro verbos promovidos por el papa Francisco, antecesor de León XIV: “acoger, proteger, promover e integrar”.

El sacerdote relató cómo numerosas personas de buena voluntad decidieron actuar para afrontar la crisis migratoria de El Hierro. La situación fue difícil, pero siempre encontraba “algún motivo de esperanza, alguna sonrisa, algún rostro agradecido” que justificaba su esfuerzo, confesó.

“Vale la pena seguir ayudando” y que los cristianos reconozcan “la carne sufriente de Cristo” en los que padecen, concluyó.

También relató ante el vicario de Cristo su experiencia migratoria con un joven marroquí de 24 años, que valoró la ayuda de la Iglesia católica para conseguir trabajo, la residencia legal en España y una nueva vida.

“Muchas gracias, santo padre, su presencia hoy es un ejemplo más para mí de que los cristianos se preocupan por las personas migrantes como yo”, apreció.

En el corazón de Kansas City, Missouri, una cafetería de nombre Café Corazón refleja una historia de migración, arte y arraigo cultural. El local, fundado en 2019 por Miel Castagna-Herrera, una mujer mexicana con ascendencia argentina, su esposo Curtis Herrera y su hija Dulcinea Herrera, se ha convertido en un espacio de encuentro y orgullo para la comunidad latina.

Según relató Castagna-Herrera a VoyageKC, la cafetería, que hoy tiene tres sucursales, nació como un homenaje a las múltiples identidades familiares: “En esencia, Café Corazón es mucho más que un café. Es un espacio seguro y acogedor para personas de color, un lugar donde quienes no conocen las culturas latinoamericanas pueden experimentar sus aromas, colores, sabores e historias”.

Herencias familiares, migración y la construcción de pertenencia

La identidad de Miel está anclada en la figura de su padre, Alberto José Castagna, un inmigrante argentino que llegó a Estados Unidos a los 16 años. En declaraciones a Canvas Rebel, la emprendedora explicó que fue “un artista polifacético, un ávido bebedor de yerba mate y un ejemplo de todo lo mejor de Sudamérica y del mundo hispanohablante”.

Aún hoy, Argentina es una parte importante de su vida. Castagna-Herrera afirmó en VoyageKC que en los encuentros familiares en el país encuentra quietud personal: “Siento una profunda paz cuando estoy en Argentina con mi familia: pasamos largas horas charlando, bebiendo Malbec, comiendo bien y pensando sin prisas”.

La trayectoria de la cofundadora no siempre estuvo ligada al café. Durante 15 años, se dedicó profesionalmente al flamenco y dirigió compañías y escuelas de danza. En sus palabras, la experiencia artística influyó en su amor por la cultura, la forma de narrar historias y la comunidad.

La historia de su esposo, Curtis Herrera, también atravesó generaciones de migración y trabajo en Estados Unidos. Sus abuelos, Felipa y Aniseto Herrera, llegaron desde Guadalajara, México, en la década de 1930 para emplearse en los ferrocarriles y las granjas del oeste de Kansas, relató la pareja a Canvas Rebel.

Ambos se establecieron por primera vez en Kansas City hace aproximadamente 19 años. Posteriormente, la pareja regresó a Nuevo México durante un periodo, hasta que en 2013 volvió de manera definitiva a la ciudad, precisó Dos Mundos.

Café Corazón, una apuesta por la autenticidad latina en Kansas City

Miel relató en Dos Mundos que la decisión de abrir Café Corazón surgió de la convicción de que en Kansas City faltaba un lugar donde los sabores y tradiciones latinoamericanas tuvieran una presencia auténtica y visible: “Mi esposo y yo vimos que había una gran necesidad de una cafetería latina en la ciudad para celebrar nuestra cultura. Queríamos crear un espacio seguro para nosotros, pero también para que otras personas aprendieran de dónde venimos”.

El camino hacia la apertura del local estuvo lleno de obstáculos. Según explicó a Kansas City Magazine, conseguir un espacio fue uno de los mayores desafíos: “Nadie nos alquilaba. Oían hablar de ‘cafetería latina’ y no nos devolvían la llamada”. Tras múltiples rechazos, inauguraron el primer negocio en la esquina de Westport y State Line en 2019.

El local se inspira en las raíces argentinas, nuevomexicanas, mexicanas, chicanas y apaches mescaleras de sus fundadores. Esto se observa en su menú, la emprendedora indicó a VoyageKC: “Nuestro café proviene exclusivamente de Latinoamérica, de origen ético y tostado en Kansas City”. Las opciones incluyen preparaciones como el Dulce de Leche Latte y el Horchata Latte.

La yerba mate, infusión tradicional de Argentina, también ocupa un lugar central en la oferta de Café Corazón. Miel contó a Kansas City Magazine por qué eligió incluir la infusión en el menú: “Era importante incorporarla porque mi padre era argentino y en mi casa teníamos una calabaza y una bombilla para tomarla. Era parte de nuestra cultura y queremos compartirla con la gente. La yerba mate es para compartir con amigos: te sientas en círculo, tomas la calabaza, la llenas y la pasas”.

Actualmente, apuestan a productos ligados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo para el que Kansas City albergará seis partidos. Para celebrar el evento, Café Corazón lanzó la línea de café y yerba mate “Fútbol ’26 Edition”.

Con un divertido guiño a sus raíces argentinas, la yerba mate fue nombrada “Dale Campeón”. Incluso, en su sitio web, las fotos del producto aparecen acompañadas por la frase: “Durante la temporada de fútbol, es la bebida de los aficionados y de Messi”.

Orgullo latino, comunidad y el café como expresión cultural

La visión de Castagna-Herrera para Café Corazón trasciende la venta de café. En VoyageKC, expresó que el propósito del local se sostiene en los valores de comunidad: “Todo lo que hacemos, desde colaborar con negocios locales comprometidos con una misión social hasta exhibir arte latinoamericano en toda la cafetería, se centra en el orgullo cultural, la calidez y la conexión”.

En A Real Nice Lady, profundizó sobre el origen de esa motivación: “Sentí la necesidad de reflejar la hermosa cultura del café que tenemos en nuestras culturas y que está tan poco representada. Mi objetivo ha sido darle voz al grano y crear conciencia sobre las culturas de donde proviene el café”.

Para Miel, el café es una oportunidad para visibilizar y honrar el trabajo de quienes integran la cadena productiva en la región: “Deseo que el futuro de la industria del café reconozca y respete a los hombres y mujeres trabajadores de toda Latinoamérica que son dueños de las fincas. Recolectan, procesan los granos y forman parte de la importantísima cadena que pone esa reconfortante taza de paraíso en nuestras manos cada mañana”.

Las historias de migración, resistencia y celebración de las raíces se entrelazan en el día a día de Café Corazón. Tal como subrayó la cofundadora en Dos Mundos, el corazón del proyecto son las personas que lo habitan: “Lo mejor de tener la cafetería son los latinos que la frecuentan”.

El gobierno de Estados Unidos anunció la revocación de más de 600 visas tras descubrir redes internacionales de turismo de nacimiento, una modalidad que permite a extranjeros obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos nacidos en el país. Esta medida, comunicada el 10 de junio de 2026, afecta principalmente a ciudadanos de África Occidental, el norte de África y Europa, según informaron el Departamento de Estado y medios como NBC Miami y Newsweek. La acción surge luego de investigaciones consulares y cooperación con autoridades locales.

Según el Departamento de Estado, las redes detectadas empleaban documentos apócrifos y gestores para facilitar el ingreso de mujeres embarazadas con el objetivo de que sus hijos accedieran a la ciudadanía por nacimiento. Las autoridades estadounidenses también identificaron empresas que ofrecían asesoría, alojamiento y coordinación de planes de parto para sortear los controles migratorios. El operativo se enmarca en una política migratoria que sanciona el uso fraudulento de visas de visitante, una práctica regulada desde 2020.

El turismo de nacimiento ha recibido atención creciente en la agenda migratoria de Estados Unidos, en un contexto de endurecimiento de los controles consulares. Las regulaciones vigentes establecen que utilizar una visa B-1/B-2 con el fin principal de dar a luz en territorio estadounidense constituye causa de revocación y puede derivar en sanciones permanentes. El Departamento de Estado subrayó que la ciudadanía estadounidense por nacimiento no puede obtenerse mediante el uso indebido del sistema de visas.

¿Qué es el turismo de nacimiento y cómo afecta a la ciudadanía estadounidense?

El turismo de nacimiento es el ingreso deliberado de personas extranjeras a Estados Unidos con visas de visitante, como las B-1/B-2, con la finalidad principal de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y adquieran la nacionalidad por jus soli. De acuerdo con el Departamento de Estado, esta práctica representa una vulneración de la integridad del sistema migratorio y ha sido considerada objeto de fraude. Las autoridades estadounidenses informaron a través de su cuenta oficial de X (@StateDept) que la emisión de visas para ingresar a Estados Unidos está sujeta a los requisitos y procedimientos establecidos por la legislación migratoria. El Departamento de Estado señaló que la revisión y posible revocación de estos permisos forma parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir usos no autorizados del sistema.

El impacto de esta modalidad es significativo, ya que los hijos nacidos en suelo estadounidense obtienen automáticamente la ciudadanía, lo que puede tener repercusiones en materia de residencia, acceso a servicios y derechos consulares. Según datos citados por Newsweek, más de 600 casos fueron identificados en los últimos dos años, lo que llevó a una ofensiva sin precedentes contra las redes organizadas de turismo de nacimiento.

¿Cuáles son las principales redes de turismo de nacimiento detectadas por Estados Unidos?

Las investigaciones revelaron la existencia de esquemas complejos en varias regiones del mundo. En África Occidental, una embajada estadounidense detectó una red integrada por más de 100 extranjeros que utilizaban documentos falsificados y la asistencia de intermediarios para ingresar a Estados Unidos. El Departamento de Estado informó que, tras el descubrimiento, se revocaron las visas y se inició la colaboración con gobiernos locales para frenar operaciones similares.

En el caso de Europa, una embajada estadounidense identificó más de 400 casos sospechosos de turismo de nacimiento desde 2024. De acuerdo con el Departamento de Estado, al menos seis empresas estuvieron involucradas en la capacitación de solicitantes, la organización de alojamiento y la gestión de planes de parto en Estados Unidos. Las autoridades revocaron visas y prohibieron el ingreso permanente de varios implicados, según informaron NBC Miami y Newsweek.

En el norte de África, otra embajada estadounidense revocó más de 100 visas a personas identificadas como participantes en este tipo de prácticas. El Departamento de Estado explicó que los funcionarios consulares, en coordinación con agencias de seguridad, emplearon análisis de datos para detectar patrones irregulares y desmantelar las redes.

¿Qué dice la ley de inmigración de Estados Unidos sobre el turismo de nacimiento?

La ley de inmigración de Estados Unidos establece que las visas de visitante, como las B-1/B-2, no pueden ser utilizadas cuando el propósito principal del viaje es dar a luz en territorio estadounidense para obtener la ciudadanía para el hijo. Según la regulación implementada en 2020, los funcionarios consulares tienen la potestad de negar o revocar visas si identifican fraude, información falsa o uso indebido del proceso.

El Departamento de Estado señaló en su comunicado oficial: “No se permite a ningún extranjero obtener una visa de visitante con el propósito principal de adquirir la ciudadanía estadounidense para un hijo mediante el parto en EE.UU.”. Las autoridades enfatizaron que la revocación de visas forma parte de una política de protección a la ciudadanía estadounidense y de refuerzo de los controles migratorios.

¿Cómo operan las empresas que promueven el turismo de nacimiento?

Las empresas y redes detectadas por las autoridades estadounidenses ofrecían servicios integrales a los solicitantes. Según el Departamento de Estado y Newsweek, estos servicios incluían:

• Asesoría personalizada sobre cómo responder en entrevistas consulares.
• Provisión de documentos y apoyo en la obtención de visas.
• Organización de alojamiento temporal en Estados Unidos.
• Coordinación de planes médicos y hospitalarios para el parto.
• Asistencia legal en caso de consultas o inconvenientes migratorios.

El Departamento de Estado informó que algunas de estas empresas operaban en diversos países y utilizaban plataformas digitales para captar clientes, lo que dificultó la detección de los casos hasta que se identificaron patrones comunes en las solicitudes de visa.

¿Qué acciones tomó el Departamento de Estado de Estados Unidos ante estos casos?

De acuerdo con las publicaciones oficiales en X y la cobertura de NBC Miami, el Departamento de Estado actuó en tres líneas principales:

1. Revocación inmediata de las visas identificadas como parte de esquemas de turismo de nacimiento.
2. Prohibición de ingreso permanente a Estados Unidos para individuos considerados organizadores o facilitadores de estas prácticas.
3. Coordinación con gobiernos y agencias de seguridad locales para identificar operaciones similares y fortalecer los controles consulares.

El Departamento de Estado aclaró que las acciones forman parte de una estrategia global y que la cooperación internacional será fundamental para evitar el uso fraudulento del sistema migratorio estadounidense.

¿Qué impacto tiene esta medida en los solicitantes de visas y viajeros?

La revocación de más de 600 visas y el endurecimiento de los controles afectan directamente a las personas que buscan ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o visitas familiares. Los solicitantes deberán demostrar la legitimidad de su viaje y responder a preguntas específicas sobre sus intenciones y planes de estadía. Cualquier indicio de que el objetivo principal es dar a luz en territorio estadounidense puede ser motivo de rechazo o sanción.

El Departamento de Estado advirtió que las medidas se mantendrán y que el análisis de datos y la cooperación con agencias internacionales seguirán siendo herramientas clave para combatir el fraude migratorio. Los viajeros deben considerar que la obtención de una visa no garantiza la entrada al país si las autoridades detectan inconsistencias o sospechas fundadas.

¿Qué pueden esperar a futuro los países involucrados y la comunidad internacional?

El caso de las redes internacionales de turismo de nacimiento marca un precedente en la política migratoria de Estados Unidos y puede influir en la relación con los países involucrados. Según Newsweek, la cooperación entre embajadas, agencias de seguridad y gobiernos locales será determinante para detectar y desmantelar nuevas redes.

El Departamento de Estado anunció que continuará con la supervisión de las solicitudes de visa y que aplicará sanciones en todos los casos en que se compruebe el uso indebido del sistema. Las investigaciones seguirán activas y se prevé que otras regiones puedan ser objeto de análisis en los próximos meses.

El impacto de estas acciones se refleja en un aumento de los controles y en una advertencia clara para quienes consideren utilizar el turismo de nacimiento como vía para obtener la ciudadanía estadounidense. Las autoridades insisten en que el sistema migratorio debe utilizarse con fines legítimos y dentro de los parámetros legales.

La política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump continúa generando cambios que afectan a colombianos que viajan por turismo, hacen negocios, residen legalmente o planean migrar a Estados Unidos. Durante los últimos meses, la administración estadounidense ha acelerado la implementación de medidas relacionadas con visas, solicitudes de asilo, acceso a beneficios públicos y procesos migratorios.

Las modificaciones alcanzan tanto a quienes buscan ingresar temporalmente al país como a migrantes que ya viven en territorio estadounidense bajo diferentes figuras legales. Algunas disposiciones ya están en vigor, mientras que otras comenzarán a aplicarse de manera gradual durante los próximos meses, según información publicada por El Tiempo.

Entre los cambios más relevantes aparecen nuevas exigencias para obtener visas, restricciones para solicitantes de asilo, mayores controles sobre programas migratorios y modificaciones en el acceso a servicios de salud y procesos de residencia permanente. Estas son las principales medidas que hoy generan impacto entre la comunidad colombiana.

Uno de los ajustes más recientes se relaciona con las entrevistas para visas de no inmigrante. El Departamento de Estado ordenó incorporar nuevas preguntas obligatorias dirigidas a identificar si los solicitantes han sufrido maltratos en su país de origen o si temen regresar a él.

De acuerdo con la información recopilada por El Tiempo, una respuesta afirmativa podría ser interpretada como una posible intención de solicitar asilo en el futuro. Sin embargo, responder negativamente también podría generar dificultades posteriores si la persona decide iniciar un proceso de protección internacional.

Nuevas restricciones para asilo, DACA y ciudadanía

Otra de las medidas que comenzó a generar preocupación entre organizaciones migratorias es la implementación de nuevas tarifas para quienes soliciten asilo en Estados Unidos.

Las reglas establecen un pago inicial de 100 dólares para presentar la solicitud y un cobro adicional de 100 dólares por cada año que el caso permanezca pendiente de decisión. Además, quienes no realicen los pagos dentro de los plazos definidos podrían perder automáticamente el trámite y los beneficios asociados, incluido el permiso de trabajo.

Los beneficiarios del programa DACA también enfrentan nuevas dificultades. Una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que contar con este estatus ya no constituye, por sí solo, una razón suficiente para cerrar procesos de deportación.

Según datos citados por El Tiempo, entre 3.000 y 3.500 colombianos estarían protegidos actualmente bajo este programa, diseñado para personas que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad.

La administración también busca aumentar significativamente los procesos de desnaturalización, es decir, la revocatoria de ciudadanías obtenidas mediante naturalización cuando las autoridades detecten posibles irregularidades, fraudes o inconsistencias en la información suministrada durante el proceso.

Salud, bancos y residencias permanentes bajo revisión

Las medidas impulsadas por la Casa Blanca también podrían afectar el acceso al sistema financiero. Aunque aún no existe una decisión definitiva, se estudia una propuesta para que los bancos verifiquen el estatus migratorio de sus clientes antes de abrir o mantener cuentas.

Actualmente, muchas personas pueden acceder a servicios bancarios utilizando documentos como pasaportes o números ITIN sin necesidad de acreditar una condición migratoria específica. Un eventual cambio podría afectar a millones de inmigrantes que utilizan el sistema financiero estadounidense.

En materia de salud, una reforma aprobada por el Congreso en 2025 modificó las reglas de acceso a programas como Medicare, Medicaid y subsidios contemplados en la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Según la información publicada por El Tiempo, más de 1,4 millones de inmigrantes legales podrían verse afectados por estas restricciones. Parte de los cambios comenzarán a implementarse en octubre de este año y tendrán un impacto más amplio a partir de 2027.

Otro de los puntos que sigue generando incertidumbre es la suspensión de la emisión de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. Aunque los trámites continúan avanzando y los solicitantes pueden asistir a entrevistas y cumplir requisitos, las visas no están siendo expedidas mientras continúan las revisiones ordenadas por las autoridades.

La medida también se extendió a determinados procesos de residencia permanente iniciados dentro de Estados Unidos, incluidos algunos ajustes de estatus relacionados con matrimonio, asilo y reunificación familiar. Como consecuencia, miles de personas permanecen en una situación de espera mientras las autoridades revisan nuevamente solicitudes que, en muchos casos, se encontraban en etapas avanzadas de trámite.

Entre el 11 de junio y el 19 de julio se llevará a cabo la Copa del Mundo 2026, que se jugará entre México, Canadá y Estados Unidos con la participación de 48 naciones, siendo el torneo de esta índole más grande de la historia.

Para la cita orbital, se tiene previsto que alrededor de 100.000 colombianos viajen a Norteamérica, a los que se suman los más de dos millones cafeteros que están radicados en esas naciones.

Teniendo en cuenta la normatividad que hay en estos países, en diálogo con Infobae Colombia, el jurista Rogelio Roldán habló sobre el comportamiento que debe tener un visitante en Norteamérica durante la Copa del Mundo para evitar problemas legales o ser deportado. El abogado se enfocó principalmente en Estados Unidos, en donde se jugará el 75% de los compromisos.

“Entender el sistema legal de los Estados Unidos no es solo una cuestión de cortesía, sino una necesidad de supervivencia migratoria. El sistema estadounidense opera bajo un modelo de federalismo, donde el poder se distribuye entre el Gobierno nacional y los estados. Esto implica que un visitante debe cumplir simultáneamente con leyes federales, estatales y ordenanzas locales, las cuales pueden variar drásticamente al cruzar la frontera de un estado a otro”, aclaró Roldán.

El jurista explicó que las leyes federales tienen prioridad sobre las estatales en caso de conflicto y se aplican de manera uniforme en todo el territorio nacional. Para el viajero colombiano, el cumplimiento de la ley federal es algo fundamental, ya que regula aspectos como la inmigración, las aduanas y el control de sustancias. Por ejemplo, aunque el consumo de marihuana sea legal para fines recreativos en varios estados sedes del Mundial, como California o Nueva York, sigue siendo ilegal a nivel federal. Transportar cannabis a través de fronteras estatales es un delito federal, incluso si ambos estados han legalizado su uso.

Roldán recordó que cada uno de los 50 estados posee su propia legislatura y sistema judicial para manejar asuntos que no están bajo jurisdicción federal exclusiva, esto incluye el derecho penal, las leyes de tránsito y las normas de responsabilidad civil; es decir que, un comportamiento que en un estado podría considerarse una falta menor, en otra sede podría acarrear sanciones severas o arresto.

El abogado habló de una tercera capa de complejidad para regular el orden público, que incluye la revisión del historial de cada visitante en la que cualquier infracción grave puede terminar con la cancelación inmediata de la visa y la deportación del individuo responsable.

El comportamiento esperado en eventos masivos en Norteamérica

Rogelio Roldán mencionó puntos claves de la “Cláusula de Supremacía”, en la que las leyes federales tienen prioridad sobre las estatales en caso de conflicto y tienen como diferencia los siguientes puntos:

Leyes Federales: regulan temas críticos como la inmigración, aduanas y seguridad nacional. Cualquier infracción a este nivel suele resultar en la revocación inmediata de la visa y la deportación.

Leyes Estatales y Locales: regulan el derecho penal (homicidio, robo, asalto), el tránsito y el orden público. Lo que en Colombia podría considerarse una contravención menor, en muchos estados de Estados Unidos puede ser procesado como un delito penal que activa alertas en el sistema federal de inmigración.

Roldán aclaró que para un extranjero con visa B1/B2, no existe una separación entre su comportamiento civil y su estatus migratorio. Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen la facultad de revocar una visa si el titular no cumple con todas las leyes y regulaciones del país, sin importar la infracción.

Debido a la importancia de la Copa del Mundo, las autoridades locales han endurecido las ordenanzas de seguridad y orden público en las ciudades sede. Roldán explicó que los colombianos que asistan a los estadios deben cuidarse de los siguientes actos que acarrean consecuencias legales graves:

• Cero tolerancia a los empujones y peleas: En muchos estadios del mundo, un empujón o un intercambio de insultos físicos con la hinchada rival se resuelve con una expulsión del estadio. En Estados Unidos, terminarás esposado. No necesitas dejar a alguien herido para ir preso. El solo hecho de tocar a otra persona de forma hostil o amenazante se procesa legalmente como Assault (amenaza) o Battery (contacto físico no deseado).
• Gritos, insultos y borracheras (Conducta desordenada): Lo que en otros lugares se ve como “ambiente de estadio”, en Estados Unidos puede ser calificado como una conducta de desorden, incluye usar lenguaje obsceno persistente, gritar insultos discriminatorios, incitar a otros a pelear o estar tan borracho que cause molestias a los demás.
• Saltar a la cancha no es una broma en Estados Unidos: Lo que algunos ven como un reto para redes sociales, el sistema legal estadounidense lo llama Trespassing, que es entrar a cualquier área restringida sin permiso, especialmente al césped del juego. Esto no se queda en una multa económica. El arresto implica que te tomarán fotos y huellas dactilares que quedarán en tu historial biométrico permanente.

El jurista indicó que para asegurar una experiencia sin contratiempos, el viajero colombiano debe actuar bajo un estricto apego a las normas de convivencia y responsabilidad legal, entendiendo que en Estados Unidos la “pasión” o las costumbres normalizadas no eximen del cumplimiento de la ley. Además, entregó tres tips para hacer que la experiencia en el mundial sea positiva:

1. Seguro de Responsabilidad: En Estados Unidos, se recomienda contar con seguros que cubran posibles daños a terceros, ya que las demandas civiles por lesiones personales son comunes y extremadamente costosas.
2. Respeto a la Autoridad: En las entrevistas de ingreso o ante encuentros con la policía local, cualquier acto de resistencia o inconsistencia en las declaraciones puede ser interpretado como una amenaza a la seguridad.
3. Conocimiento Local: Antes de viajar a una ciudad sede, es vital revisar las ordenanzas municipales específicas, ya que temas como el ruido, la disposición de basura y la convivencia vecinal son estrictamente fiscalizados por departamentos locales.

Donald Trump firmó este miércoles la Secure America Act, una ley que destina USD 70 mil millones a reforzar la seguridad fronteriza y las operaciones de deportación en Estados Unidos hasta 2029.

En una ceremonia oficial, el presidente destacó que esta medida financia, de manera inmediata y completa, el Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de su mandato y elimina así el debate anual sobre recursos para ICE y la Patrulla Fronteriza.

El mandatario subrayó que la ley otorga “el apoyo y los recursos que necesitan los héroes de ICE y Border Patrol para defender nuestras fronteras, proteger nuestro territorio y mantener segura a América”.

Asimismo, agradeció el respaldo del Congreso y calificó la aprobación como un paso esencial para “restaurar el orden” y cumplir la promesa de la mayor operación de deportación en la historia nacional.

Los ejes del discurso presidencial

Los puntos centrales del discurso de Trump al promulgar la Secure America Act subrayan el giro de su política migratoria hacia el endurecimiento del control fronterizo.

• La ley asigna “38 mil millones de dólares a ICE” y “26 mil millones a la Patrulla Fronteriza”, garantizando los recursos “para proteger nuestras fronteras y sacar a los criminales extranjeros del país”.
• Trump afirmó que desde el inicio de su mandato priorizó “eliminar a las personas más peligrosas, violentas e indocumentadas”, citando la expulsión de casi cinco mil individuos con antecedentes delictivos en Washington, DC.
• El presidente vinculó su política con la reducción del crimen en ciudades como Nueva Orleans y Memphis: “Tuvimos el Mardi Gras más seguro de la historia… Y en Memphis, el crimen bajó un 77%”.
• Sostuvo que la ley permitirá mantener “la frontera más segura que el país haya tenido”, y frenar la llegada de caravanas y reduciendo delitos asociados al tráfico y la trata de personas.

Qué cambia con la Secure America Act

La legislación, aprobada por un margen estrecho y solo con votos republicanos, fija por primera vez un financiamiento plurianual que deja de lado el debate presupuestario anual y asegura la continuidad de la agenda migratoria de Trump. “No tendremos que hablar más de esto”, dijo el presidente al firmar la ley.

La Casa Blanca sostiene que el nuevo financiamiento permitirá contratar, equipar y entrenar personal, además de invertir en tecnología y reforzar operaciones contra el narcotráfico y la trata de personas.

Debate político y confrontación con los demócratas

Trump acusó a la oposición demócrata de “votar con los carteles, los traficantes y los criminales”, y de intentar “extorsionar” al gobierno para obtener cambios en la política migratoria. “No podemos dejar que nos extorsionen. La gente quiere ley y orden, no quiere crimen, y eso es lo que estábamos defendiendo hoy”, sostuvo el mandatario en la conferencia de prensa.

La bancada demócrata, por su parte, calificó la ley como un “cheque en blanco” para ICE y la Patrulla Fronteriza, reclamando la ausencia de controles y reformas. El líder opositor Hakeem Jeffries denunció que la norma “entrega fondos ilimitados sin supervisión ni garantías para los derechos civiles”, según citó PBS.

Impacto y consecuencias prácticas

Según Trump, la nueva legislación ya muestra resultados: “En los últimos 12 meses, cero extranjeros ilegales han sido admitidos en Estados Unidos. Cortamos el flujo de fentanilo en casi un 60% y, por mar, en un 97%”. El presidente reiteró que la construcción de más de mil kilómetros de muro fue clave para el cambio: “Sin el muro no se podría hacer”.

Además, el mandatario celebró la colaboración con cuerpos policiales y la Guardia Nacional, resaltando que trabajaron con trabajado la policía del Capitolio: “Son gente increíble, y estamos orgullosos de la labor en Washington, DC”.

Contexto y reacciones

El proceso legislativo estuvo marcado por meses de enfrentamiento, con un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional tras la negativa demócrata a aprobar fondos sin reformas operativas. Finalmente, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria para sortear el filibusterismo y aprobar el paquete con carácter urgente, de acuerdo a PBS.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, calificó de “imperativo” el financiamiento para evitar el colapso de ICE y la Patrulla Fronteriza. Organizaciones policiales y asociaciones conservadoras celebraron la ley como una victoria para la seguridad pública, mientras que defensores de derechos civiles alertaron sobre la falta de controles y la discrecionalidad en el uso de recursos.

Un precedente para la política migratoria

La Secure America Act sienta un precedente al blindar financieramente la política de deportaciones y control fronterizo durante tres años, sin condiciones de reforma ni supervisión adicional. Trump concluyó su discurso reiterando: “América tiene hoy una frontera fuerte y segura porque cumplimos lo que prometimos”.

El debate entre seguridad y derechos civiles seguirá presente, mientras la nueva ley redefine el alcance y las prioridades de la aplicación migratoria en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la expulsión de extranjeros que participen ilegalmente en elecciones de Estados Unidos. La decisión, anunciada el 9 de junio de 2026, se aplica a cualquier persona que vote sin autorización, sin importar su estatus migratorio.

La decisión radica en la protección de la integridad electoral. Según una carta firmada por el consejero general James Percival, la prioridad es garantizar que el voto ciudadano no sufra “dilución ilegal” y existan consecuencias claras para quienes violan la ley.

Percival dijo: “El voto ilegal por parte de extranjeros debilita la democracia estadounidense y debe tener consecuencias”, según lo publicado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Los procedimientos incluyen el cruce de bases de datos de registros electorales y solicitudes de ciudadanía, según Fox News.

Deportación inmediata y sin condena penal previa

El Departamento de Seguridad Nacional instruyó a ICE a aplicar deportación inmediata a los extranjeros que voten ilegalmente en cualquier elección, y aclaró que no es necesaria una condena penal previa para ejecutar la medida. La Ley de Inmigración y Nacionalidad, base legal de la directiva, permite la expulsión de extranjeros tanto por votar sin autorización como por hacer una falsa declaración de ciudadanía.

Esta disposición afecta a quienes residen en el país sin autorización, tienen permisos temporales o residencia permanente, siempre que las pruebas confirmen su participación electoral sin el derecho correspondiente, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Causas y contexto de la medida

La directiva responde a la necesidad oficial de mantener elecciones libres y transparentes. Percival citó palabras del expresidente Donald Trump y subrayó: “El derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean contados correctamente, sin una dilución ilegal, es vital para determinar al ganador legítimo de una elección”.

La preocupación aumentó tras la detección de casos recientes de fraude electoral cometidos por extranjeros, según informó Fox News.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a actuar después de que en los últimos meses, autoridades acusaran a varias personas no ciudadanas por participar en comicios federales y estatales. Según Fox News, en marzo, un ciudadano de Mauritania fue acusado de votar en todas las elecciones presidenciales desde 2008.

En mayo, cuatro extranjeros enfrentaron cargos por votar ilegalmente y por hacer declaraciones falsas en solicitudes de ciudadanía.

Cambios normativos y antecedentes

La nueva directiva implementa políticas ya impulsadas por la administración de Donald Trump. El 25 de marzo de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva 14248, llamada “Preservar y Proteger la Integridad de las Elecciones Estadounidenses”.

Esta orden estableció nuevas reglas para verificar la elegibilidad de los votantes, endurecer la fiscalización de las urnas y mejorar la seguridad de los sistemas de votación, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional.

En agosto de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó su manual de políticas para negar la naturalización a residentes legales que hayan votado o se hayan registrado como electores de manera ilegal, de acuerdo con Fox News.

Alcance y consecuencias de la directiva

La medida afecta a todos los extranjeros, sin distinción de estatus migratorio. Tanto quienes viven en Estados Unidos de manera irregular como quienes tienen permisos temporales o residencia permanente pueden ser deportados si se demuestra que participaron en las elecciones sin autorización.

El Departamento de Seguridad Nacional remarcó que los casos de voto ilegal suelen ir acompañados de declaraciones falsas de ciudadanía, lo que agrava la situación legal de los implicados. La directiva también advierte sobre la posibilidad de perder la oportunidad de acceder a la ciudadanía si se comprueba la infracción, especialmente desde las reformas de 2025.

La desaparición de la adolescente Gabriela Solanch Cabrera ha encendido las alarmas en Veracruz, México. Las autoridades mexicanas han solicitado la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la joven, cuya integridad física podría estar en riesgo según los boletines oficiales de búsqueda.

Gabriela, de 16 años y originaria de Managua, Nicaragua, fue vista por última vez en el municipio de Córdoba, en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

Desde entonces, tanto sus familiares como varias instituciones estatales, entre ellas la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía de Veracruz, mantienen protocolos activos para intentar localizarla.

La joven fue reportada como desaparecida hace varios días y las autoridades temen que pueda ser víctima de un delito, por lo que han enfatizado la importancia de cualquier información que la población pueda aportar.

El caso de Gabriela no es aislado. Su desaparición se suma a una serie de fichas activas que involucran a migrantes nicaragüenses extraviados en territorio mexicano.

Entre los reportes vigentes también aparecen nombres como el de Cristhian Noé Torres García, visto por última vez en septiembre de 2018 en Sonora, y Wilker José Ríos Carrasco, desaparecido desde 2017 en Veracruz. Ambos permanecen en los registros de búsqueda, lo que evidencia la persistencia del fenómeno.

Búsqueda y características de la menor

Las autoridades mexicanas han difundido ampliamente la ficha de Gabriela, detallando sus características físicas: mide 1.65 metros, tiene piel morena clara, ojos café claro y cabello marrón, corto y ondulado.

Como señas particulares, se mencionan su nariz chata, boca mediana y cejas regulares. El día de su desaparición, vestía un vestido beige claro, sudadera gris, tenis converse, una pinza de mariposa, anillos y collar.

El llamado a la población se mantiene vigente a través de boletines y redes sociales.

La Comisión Estatal de Búsqueda y el Protocolo Alba reiteran la urgencia de brindar cualquier dato que permita localizar a Gabriela. “Solicitamos su colaboración para localizar a la adolescente Gabriela Solanch Cabrera; cualquier información, contactar al número y/o correo que aparecen al margen de este boletín”, instan los comunicados difundidos.

Migrantes nicaragüenses y el riesgo de desaparición en México

La desaparición de Gabriela pone de relieve la situación de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes centroamericanos durante su trayecto por México.

Organizaciones de derechos humanos han documentado que las personas en tránsito, especialmente menores de edad, quedan expuestas a delitos como secuestros y trata, además de enfrentar obstáculos para acceder a mecanismos de protección y denuncia.

En el caso de los migrantes nicaragüenses, las cifras de personas no localizadas se han incrementado en los últimos años. Las autoridades mexicanas mantienen activas las fichas de búsqueda y solicitan la participación ciudadana para recabar datos que ayuden a encontrar a quienes, como Gabriela, han desaparecido en ruta hacia Estados Unidos o durante su estancia en territorio mexicano.

La persistencia de los reportes abiertos, como el de Cristhian Noé Torres García y Wilker José Ríos Carrasco, muestra que la problemática trasciende los casos individuales y refleja un fenómeno sostenido que afecta a familias de Nicaragua y de otros países de la región.

El riesgo para quienes migran sigue siendo alto, y los esfuerzos de búsqueda continúan siendo una prioridad para las autoridades y las organizaciones civiles.

Contexto y llamados de autoridades

El caso de Gabriela ha activado protocolos de distintas instancias, incluyendo la Comisión Estatal de Búsqueda, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Alerta Ámber Veracruz.

Cada institución ha difundido información detallada sobre la menor y ha reiterado la importancia de la colaboración social.

Las autoridades mexicanas insisten en que cualquier pista puede ser crucial. El contacto para aportar información se mantiene abierto en los canales oficiales, mientras la familia de Gabriela y otras familias nicaragüenses esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

La situación subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para migrantes y de atender las causas estructurales de la migración irregular y la desaparición en la región.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de revisar temas clave de la relación entre ambos países y dar continuidad al diálogo diplomático entre las dos naciones.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener una relación de cooperación en asuntos considerados prioritarios para la agenda bilateral, especialmente en materia de seguridad, migración y comercio.

La dependencia mexicana destacó que la conversación se desarrolló en un ambiente cordial y respetuoso, reafirmando el interés de ambas partes por fortalecer los mecanismos de colaboración existentes.

Seguridad, migración y comercio, ejes de la conversación

Durante el intercambio, Velasco y Rubio abordaron algunos de los principales retos compartidos entre México y Estados Unidos.

La Cancillería señaló que los funcionarios reiteraron su compromiso para trabajar de manera coordinada en la atención de fenómenos transfronterizos que impactan a ambos países.

Por parte de Estados Unidos, Marco Rubio hizo referencia a las acciones impulsadas por su gobierno para contener la migración irregular, reforzar la seguridad fronteriza y promover la estabilidad regional, temas que han ocupado un lugar central en la política exterior estadounidense durante los últimos meses.

Antecedentes recientes de la relación diplomática

La llamada de este lunes representa un nuevo acercamiento entre ambos funcionarios desde que Roberto Velasco asumió la titularidad de la SRE.

El primer contacto oficial entre ambos ocurrió en abril pasado, cuando Rubio felicitó al diplomático mexicano por su nombramiento y manifestó su interés en mantener una colaboración estrecha en diversos asuntos estratégicos.

Algunos de los acontecimientos recientes que han marcado la relación bilateral incluyen:

• Revisión de los consulados mexicanos en territorio estadounidense.
• Anuncio del cierre de un consulado de Estados Unidos en México por baja demanda de visas aprobadas.
• Señalamientos de autoridades estadounidenses sobre la operación de grupos criminales en México.
• Declaraciones sobre el uso de drones por parte de organizaciones delictivas.
• Esfuerzos de ambos gobiernos para coordinar acciones en materia migratoria y de seguridad fronteriza.

La llamada ocurre en un contexto de tensiones políticas

El contacto diplomático se produjo en medio de diversos episodios que han generado debate entre ambos países.

Entre ellos destacan las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra exfuncionarios y funcionarios de Sinaloa, así como las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre presuntos intentos de injerencia en asuntos políticos nacionales.

A ello se suman las recientes afirmaciones de Marco Rubio respecto al riesgo que representan los cárteles mexicanos para la seguridad regional y las advertencias sobre el posible uso de drones por parte de grupos criminales para afectar intereses estadounidenses.

Mantienen abierta la ruta de cooperación bilateral

Pese a las diferencias y desafíos que han surgido en distintos momentos de la relación entre México y Estados Unidos, la conversación entre Roberto Velasco y Marco Rubio refleja la intención de ambos gobiernos de preservar los canales de comunicación y avanzar en temas de interés común.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha difundido un posicionamiento oficial adicional sobre la llamada.

Sin embargo, la comunicación confirma que las dos administraciones mantienen activo el diálogo diplomático en áreas fundamentales para la relación bilateral.

La cooperación en seguridad, migración y comercio continuará siendo uno de los pilares de la agenda compartida entre México y Estados Unidos, especialmente en un escenario regional donde ambos países enfrentan desafíos comunes que requieren coordinación permanente.

Un tribunal federal en Massachusetts anuló una política migratoria del gobierno de Donald Trump que exigía el pago de USD 100.000 para tramitar la visa H-1B de trabajadores extranjeros calificados.

El fallo, firmado por el juez Leo Sorokin, concluyó que la tasa extraordinaria carecía de sustento legal y violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de Estados Unidos.

La sentencia restableció el esquema previo de tasas para las visas H-1B, que oscilaba entre USD 2.000 y USD 5.000 por solicitud.

Sorokin sostuvo que la nueva tarifa operaba como un impuesto no autorizado por el Congreso, por lo que resultó inconstitucional y ordenó anularla.

La Casa Blanca, bajo Donald Trump, la defendió como un mecanismo para restringir la llegada de trabajadores extranjeros y proteger el mercado laboral, pero la Justicia desestimó ese argumento.

La decisión del juez Leo Sorokin invalidó la tasa extraordinaria de USD 100.000 que se aplicaba a la visa H-1B y devolvió el sistema al esquema anterior de aranceles, de USD 2.000 a USD 5.000 por solicitud.

El magistro consideró que el cobro funcionaba como un impuesto sin autorización del Congreso y, por eso, vulneraba la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos.

El impacto del cobro se reflejó en la operatoria: hasta febrero solo se habían procesado 85 pagos bajo el nuevo esquema, con una caída en el volumen de solicitudes frente a años previos.

Documentos oficiales y reportes de empresas tecnológicas y universidades advirtieron que el aumento de costos dificultaba la captación de talento internacional y afectaba la competitividad en sectores como tecnología, ingeniería, medicina y derecho.

Cambios en el programa H-1B y efectos para empresas y profesionales

Desde septiembre de 2025, el sistema de selección y los costos asociados a la visa H-1B se modificaron, con requisitos más estrictos para los profesionales extranjeros y mayores desembolsos para las empresas patrocinadoras.

La inscripción, exclusivamente en línea, exige un pago inicial de USD 215 y, para quienes resulten seleccionados, podía escalar hasta USD 100.000 por la suma de tasas administrativas, costos de tramitación y la tasa extraordinaria impulsada por el gobierno de Donald Trump.

El nuevo marco priorizó a candidatos con credenciales académicas más altas y salarios superiores, y restringió la posibilidad de inscripción múltiple de un mismo aspirante.

El período de inscripción se abre cada año en marzo y el proceso de selección se completa antes de finalizar ese mes. Solo los candidatos elegidos pueden abonar el total y avanzar con el trámite definitivo de la visa.

El acceso más restrictivo y las exigencias económicas elevadas consolidaron un escenario en el que las empresas con mayor capacidad financiera y los profesionales con perfiles académicos destacados quedaron en mejores condiciones de competir.

El cupo anual no cambió: 40.000 visas para profesionales que vienen del exterior y 25.000 adicionales para graudados avanzados. Aun así, se anticipó una reducción de beneficiarios y una concentración en posiciones de mayor nivel salarial.

El marco de la reforma y su impacto en la inmigración calificada

La reforma vigente digitalizó el proceso de registro y selección, reemplazó el sorteo tradicional y priorizó criterios académicos y salariales.

Según las autoridades federales, el objetivo fue “proteger mejor los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses”.

La normativa también prohibió que un mismo candidato se inscriba varias veces a través de distintas empresas, con descalificación automática ante intentos de duplicidad.

El programa H-1B es una vía central para incorporar talento extranjero en áreas con escasez de mano de obra local calificada.

Compañías como Google, Microsoft y Amazon recurrieron históricamente a este visado para cubrir funciones estratégicas, aunque especialistas en migración advirtieron que muchas startups y empresas medianas podían quedar fuera si no lograban afrontar los nuevos costos.

En 2024 se otorgaron más de 126.000 visas H-1B en Estados Unidos, en su mayoría para profesionales del sector tecnológico y con títulos avanzados.

La Casa Blanca aún no hizo comentarios respecto al fallo, según consignó la agencia Reuters. Al menos dos otras demandas siguen activas contra la tarifa.

Un repaso por los registros oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) revela un fenómeno demográfico poco habitual: la República Dominicana experimenta una disminución sostenida tanto en los nacimientos como en las defunciones entre 2021 y 2025.

En 2021, el país registró 194,646 nacimientos. Para 2025, la cifra desciende hasta 154,454. La caída es notoria y plantea preguntas inmediatas: ¿qué factores están detrás de este descenso? ¿Influyen los movimientos migratorios, los cambios en la maternidad joven o la situación socioeconómica?

La región Ozama, que incluye al Distrito Nacional y Santo Domingo, sigue figurando como el epicentro de los nacimientos, con 57,932 registros en 2025.

Sin embargo, el descenso es evidente incluso en estas zonas tradicionalmente pobladas. El Distrito Nacional, por ejemplo, pasa de 36,527 nacimientos en 2021 a 23,799 en 2025. Santo Domingo muestra una caída similar, lo que sugiere que la tendencia afecta tanto a grandes centros urbanos como a provincias periféricas.

Si se observa el calendario, las cifras varían según el mes. Enero y marzo suelen ser los periodos con más nacimientos, mientras que diciembre presenta los menores registros.

Madres jóvenes, migración y diversidad

La mayoría de los dominicanos se convierten en madres y padres en edades comprendidas entre los 20 y 34 años. En 2025, el grupo de padres más numeroso fue el de 25 a 29 años, con 25,793 registros, seguido de cerca por el de 30 a 34 años con 27,547. Entre las madres, se observa una tendencia similar:34,041 mujeres tenían entre25 y 29 años al momento del nacimiento, mientras que31,594se encontraban en el rango de20 a 24 años.

Los grupos de madres y padres menores de 19 años presentan cifras mucho más bajas, evidenciando que la paternidad y maternidad adolescente, aunque existente, es menos frecuente. Estos datos sugieren que la transición a la parentalidad ocurre mayoritariamente en la juventud adulta, tanto para hombres como para mujeres en República Dominicana.

El dato que más llama la atención es la convivencia de nacionalidades en la sala de partos. Aunque la mayoría de los nacimientos corresponde a mujeres dominicanas, en 2025 se registraron 11,518 nacimientos de madres haitianas, cifra que supera ampliamente a la de cualquier otra nacionalidad extranjera. Venezuela, Estados Unidos y Colombia figuran también, pero con números mucho más bajos.

Mueren menos personas

El descenso de las defunciones es tan marcado como el de los nacimientos: de 51,535 fallecimientos en 2021 se pasa a 43,032 en 2025. La Región Ozama vuelve a liderar las cifras, con 13,699 defunciones en 2025. Le siguen el Cibao Norte (7,542) y el Cibao Sur (3,831). El Distrito Nacional y Santo Domingo suman juntos la mayor cantidad de fallecimientos, aunque también muestran la misma tendencia descendente.

Las muertes no se distribuyen de manera uniforme a lo largo del año. Junio y septiembre suelen ser los meses con más defunciones, pero la diferencia entre meses resulta menos pronunciada que en los nacimientos.

Los extremos de la vida: infancia y vejez

Los datos demuestran que la mayor cantidad de muertes corresponde a personas de edad avanzada. En 2025, el grupo de 85 años y más sumó 3,852 defunciones, mientras que los menores de un año registraron 358. El predominio masculino en la mortalidad también es constante: 25,213 hombres fallecieron en 2025, frente a 17,795 mujeres.

Las cifras de la Oficina Nacional de Estadística plantean preguntas que van más allá de los números. El descenso en la natalidad y la mortalidad, el peso de la migración, la concentración urbana y los cambios en la estructura etaria dibujan un país que cambia año a año, casi sin que se note.

La comunidad hondureña radicada en Estados Unidos podría acceder próximamente a nuevas herramientas impulsadas por el Gobierno de Honduras para facilitar su permanencia en el exterior y un eventual retorno al país. Las medidas incluyen exoneraciones tributarias, servicios consulares digitales y orientación para actividades vinculadas al Mundial de Fútbol 2026.

Los anuncios fueron presentados por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, quien dijo que la administración hondureña sigue los desafíos que enfrentan los connacionales en territorio estadounidense, en un contexto de incertidumbre migratoria.

Uno de los temas que más expectativa genera entre los hondureños es el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que durante años ha permitido a miles de migrantes residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El seguimiento del TPS

Durante la conferencia de prensa, Infobae consultó al embajador Roberto Flores Bermúdez sobre la situación actual de los migrantes hondureños en Estados Unidos, especialmente en medio de la incertidumbre que rodea el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) y las políticas migratorias que podrían afectar a miles de connacionales.

En respuesta, el diplomático destacó que el Gobierno hondureño mantiene un seguimiento permanente de los procesos judiciales y administrativos relacionados con este beneficio migratorio, al tiempo que impulsa medidas orientadas a proteger a los hondureños en el exterior, fortalecer la asistencia consular y facilitar un eventual retorno digno para quienes decidan regresar al país.

Además explicó que próximamente se esperan pronunciamientos relacionados con el TPS para ciudadanos de Haití y Siria, resoluciones que podrían convertirse en referencias para el tratamiento futuro de otros países beneficiarios del programa, entre ellos Honduras.

Aunque no existe una decisión inmediata sobre el estatus de los hondureños protegidos por el TPS, el embajador reconoció que cualquier cambio en la interpretación legal de estos mecanismos migratorios genera preocupación entre miles de familias que han construido su vida en territorio estadounidense.

Ante este panorama, el Gobierno puso a disposición de los beneficiarios información y orientación para que conozcan sus derechos y las opciones disponibles frente a posibles escenarios migratorios.

La ley para el retorno y el patrimonio

En paralelo, las autoridades hondureñas buscan crear condiciones más favorables para quienes decidan regresar al país después de años de trabajo en el extranjero.

En ese sentido, Flores Bermúdez destacó la importancia de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una normativa diseñada para evitar que los retornados pierdan parte de los bienes acumulados durante su permanencia fuera del país.

La legislación permitirá que los hondureños ingresen a territorio nacional con muebles, electrodomésticos, vehículos, herramientas y equipos de trabajo sin asumir costos aduaneros.

Según las autoridades, la medida busca reconocer el aporte económico realizado por la diáspora hondureña y facilitar que quienes regresen puedan reiniciar proyectos de vida o actividades productivas sin cargas tributarias adicionales.

Beneficios para trabajadores y emprendedores

La normativa contempla beneficios para trabajadores y emprendedores que han desarrollado oficios en Estados Unidos y desean continuar ejerciéndolos en Honduras.

David Hernández, secretario de la embajada hondureña en Washington, explicó que las herramientas utilizadas por los migrantes en sus actividades laborales podrán ingresar al país sin pago de impuestos, siempre que se encuentren dentro de los parámetros establecidos por la ley.

La disposición permitirá que electricistas, mecánicos, carpinteros, soldadores, técnicos y otros trabajadores especializados puedan trasladar sus equipos y continuar generando ingresos una vez instalados nuevamente en Honduras.

De acuerdo con lo aprobado, el valor máximo permitido para introducir menaje de casa libre de impuestos será de USD 150 mil.

En el caso de maquinaria, herramientas y equipos destinados al trabajo o al emprendimiento, el límite de exoneración alcanzará los USD 100 mil.

Las autoridades consideran que estas facilidades podrían incentivar inversiones familiares y contribuir a la generación de empleo en distintas regiones del país.

Servicios consulares digitales

Otro de los proyectos anunciados apunta a cambiar la manera en que los migrantes acceden a los servicios consulares.

La embajada hondureña trabaja en la implementación de un sistema de asistencia digital que permitirá realizar determinadas gestiones sin necesidad de acudir físicamente a una oficina consular.

La iniciativa responde a una de las principales dificultades informadas por los hondureños residentes en Estados Unidos: las largas distancias que muchos deben recorrer para renovar documentos o realizar trámites administrativos.

Con este nuevo esquema, algunos servicios podrán resolverse de forma remota, con reducción de costos de transporte y tiempo de espera.

Entre las opciones contempladas se encuentra la recuperación y envío de pasaportes a domicilio en determinados casos, así como la atención de consultas y procesos administrativos mediante plataformas digitales.

Guía para el Mundial 2026

La representación diplomática también confirmó la elaboración de una guía especial dirigida a hondureños que participarán en actividades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El documento incluirá recomendaciones sobre documentación, movilidad, seguridad, asistencia consular y procedimientos migratorios, con el propósito de brindar información útil a quienes planean asistir a partidos o eventos asociados al torneo.

La iniciativa busca anticiparse al incremento de desplazamientos previsto durante la celebración del campeonato, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

El bullicio del barrio Escalante queda lejos al cruzar la puerta de Casa Calala. Dentro, el aire cambia: el aroma a café se mezcla con el verde de las plantas, y siempre hay mesas donde alguien invita a sumarse a la conversación. Así imaginó Jopsan Espinoza este espacio, un sitio donde hasta los desconocidos pueden sentirse en casa.

Todo comenzó cuando Espinoza, migrante nicaragüense, llegó a Costa Rica en 2018, con dieciocho años y la palabra “calala” en la memoria, nombre que en su país se le da al maracuyá. Primero surgió el club de trueque “Calala Plantas”, donde quienes extrañaban sus raíces se reunían para intercambiar esquejes y anécdotas en espacios prestados. Pero la comunidad creció y, en noviembre de 2025, la necesidad de una sede propia se volvió inevitable.

El salón principal de Casa Calala puede recibir hasta treinta personas; si se aprovechan todos los rincones, caben entre cincuenta y sesenta, según detalló Espinoza a Confidencial.digital. Actualmente, el espacio abre de jueves a domingo por la tarde, en un horario que su fundador considera temporal. Espinoza siempre quiso que nadie cruzara la puerta solo para consumir un producto o asistir a una actividad: su meta era que todas las personas sintieran pertenencia. “La idea es construir un hogar fuera del hogar”, explicó, recordando su propia experiencia como migrante.

El ambiente está marcado por plantas, un jardín central que aísla del ruido urbano y rincones donde las mesas se unen espontáneamente. Para Espinoza, la idea era recrear la calidez de una sala familiar y fomentar la convivencia, replicando la sensación de estar en casa. Esa visión se refleja en cada detalle y en la forma en que los visitantes establecen lazos, incluso entre desconocidos.

Un espacio construido con esfuerzo migrante y apoyo familiar

Levantar Casa Calala no fue sencillo. Espinoza estudió trabajo social y completó una beca técnica en administración gastronómica antes de entrar al sector de restaurantes en San José. En 2025, renunció a su empleo con la idea de descansar, pero en solo dos meses ya había encontrado el local que daría forma a su proyecto. La financiación salió de sus ahorros, la liquidación y el apoyo de su madre, quien se convirtió en socia.

El proceso incluyó largas esperas por trámites migratorios y administrativos. Como refugiado en Costa Rica, Espinoza pasó meses renovando su Dimex, el documento de residencia, lo que le impidió solicitar permisos y abrir cuentas bancarias a tiempo. “Fueron meses de pega burocrática”, relató. El proyecto es, en esencia, el resultado de superar esas barreras con recursos propios y el respaldo familiar.

Desde el inicio, la programación de Casa Calala incluyó actividades culturales y comunitarias. Se construyó una huerta junto a amigos de las primeras etapas, cuyos ingredientes hoy nutren bebidas naturales, infusiones y repostería artesanal. La carta gira en torno al café, las bebidas frías y calientes, y la repostería de fin de semana. Los platos fuertes se preparan solo bajo reserva y se adaptan a cada evento: refrigerios saludables para talleres de yoga, almuerzos completos para reuniones de trabajo.

El espacio ha albergado talleres de cerámica y fotografía impartidos por costarricenses, nicaragüenses y hondureños, así como noches de DJ con cenas compartidas. Otros emprendimientos gastronómicos, como La Gigantona, encontraron en Calala una nueva oportunidad para reconectar con su clientela. Entre las actividades mensuales destaca “Cenar Comunidad”, donde no hay mesas reservadas y la propuesta es compartir la charla con personas desconocidas. Según relató Espinoza a Confidencial.digital, la idea es ofrecer un ambiente tranquilo, silencioso y de amistad, donde socializar esté al alcance de todos.

Casa Calala es un refugio forjado por la migración, los afectos y la voluntad de construir comunidad más allá de las fronteras. Espinoza invita a quienes buscan un ambiente tranquilo y amistoso a cruzar la puerta y sumarse a la experiencia de un hogar reinventado, donde cada encuentro demuestra que el arraigo también puede florecer lejos del origen.

A partir del 29 de junio próximo, la República Dominicana cobrará más de USD 100 por permisos de salida de menores de edad, tras la implementación de un sistema digital que transforma el trámite migratorio. El nuevo procedimiento, anunciado por el Gobierno dominicano y la Dirección General de Migración (DGM) en mayo pasado, busca modernizar la gestión y reducir la burocracia para las familias que viajan fuera del país.

De acuerdo con información publicada por La Bazuca tras el anuncio oficial el 28 de mayo, el costo total del permiso asciende a RD$6,300 (aproximadamente USD 108 al cambio oficial), monto que incluye la certificación del permiso migratorio, la asesoría notarial electrónica, la legalización de actos notariales y la certificación filial, según detalla la DGM en sus canales oficiales. La tarifa representa una reducción respecto a los valores que, en zonas turísticas, podían superar los RD$20,000 antes de la digitalización del proceso.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó durante el lanzamiento que el nuevo sistema digital permite a los padres realizar la solicitud desde cualquier dispositivo tecnológico, lo que elimina la necesidad de desplazarse a oficinas públicas y acorta los tiempos de espera.

“Ahora la autorización estará vinculada directamente al pasaporte del menor, validando la información de manera automática en los aeropuertos”, señaló Paliza en declaraciones recogidas por La Bazuca.

Según lo publicado en la web oficial de la Dirección General de Migración, el permiso de salida de menor puede solicitarse en línea y tiene una vigencia de 90 días desde su emisión. El servicio incluye la totalidad del proceso, desde el servicio notarial hasta la legalización y certificación, en un entorno completamente digital. Sólo se permite crear una solicitud por menor.

Durante los primeros 30 días, el permiso digital será gratuito para los padres dominicanos, con el objetivo de facilitar la adaptación al nuevo sistema. Así lo informó el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, quien destacó la rapidez y seguridad que aporta la nueva modalidad. Entre 2025 y 2026, la DGM emitió más de 83 mil permisos de viaje para menores, lo que evidencia la alta demanda y la necesidad de agilizar el servicio.

El proceso, según la plataforma de la DGM, requiere que los solicitantes tengan a mano los números de cédula de ambos padres, los pasaportes del menor y del acompañante, el Número Único de Identidad (NUI) del menor, el país de destino y una tarjeta de crédito o débito para efectuar el pago. Ambos padres deben disponer de correo electrónico y acceso a un dispositivo con cámara.

Una parte fundamental de la solicitud es la presentación de una fotografía reciente del menor, que debe cumplir con requisitos específicos: el menor debe mirar de frente a la cámara, no debe haber otras personas ni objetos en la imagen, el rostro debe estar completamente visible y no puede haber efecto de “ojos rojos”.

Para tramitar el permiso, los pasos a seguir son los siguientes:

Registro en la Cuenta Única Ciudadana, el sistema oficial de identificación electrónica del Estado dominicano.

Ingreso de los datos solicitados: información de los padres, del menor y del viaje, incluida la fotografía.

Solicitud de autorización del padre o madre que no viajará: la persona autorizante recibirá un aviso para ingresar y aprobar digitalmente.

Pago digital del servicio, que cubre la certificación del permiso, el poder notarial electrónico, la legalización y la certificación filial.

Revisión notarial digital: un notario verifica y firma el poder de manera electrónica.

Aprobación por Migración: el permiso queda registrado electrónicamente y vinculado al pasaporte del menor. El comprobante puede descargarse como respaldo, pero no es obligatorio presentarlo impreso en el aeropuerto.

El presidente Luis Abinader subrayó durante el anuncio en mayo que la transformación digital del permiso de salida forma parte del programa “Burocracia Cero” y agradeció el apoyo de Bloomberg Philanthropies en la modernización del sistema migratorio.

La DGM mantiene canales de atención para resolver dudas, incluyendo un número telefónico, correo electrónico y horario de soporte entre semana.

El nuevo sistema busca responder a la demanda creciente y ofrecer una experiencia más eficiente y transparente a las familias dominicanas, centrando el trámite en la virtualidad y eliminando intermediarios.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó en mayo de 2026 una nueva política que redefine el ajuste de estatus para estudiantes y trabajadores temporales, exigiendo que la mayoría de los solicitantes realicen el trámite de la Green Card fuera del país y sometiendo cada caso a evaluación individual. El memorando PM-602-0199, emitido por USCIS, establece como estándar el proceso consular en el extranjero para la tramitación de la residencia permanente, limitando el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos a situaciones excepcionales. La autoridad migratoria enfatiza la discrecionalidad de los oficiales en cada expediente y aplica criterios más estrictos en la evaluación.

Según la comunicación oficial de USCIS, la nueva directriz no modifica la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó que no existe una prohibición general para el ajuste de estatus, pero remarcó que el proceso dentro de Estados Unidos solo será posible bajo circunstancias extraordinarias. Los casos en curso y futuros serán evaluados caso por caso, con énfasis en el cumplimiento de las condiciones migratorias y el propósito original de la visa.

La política de ajuste de estatus, contemplada en la INA desde 1952, permite a ciertos extranjeros solicitar la residencia permanente sin abandonar Estados Unidos. Con la entrada en vigor del memorando, la vía preferente pasa a ser el trámite consular en el país de origen, salvo excepciones justificadas. USCIS subraya que la decisión final queda en manos del oficial designado, quien debe analizar la totalidad de las circunstancias presentadas en la solicitud.

¿Qué establece el memorando PM-602-0199 sobre el ajuste de estatus?

El memorando PM-602-0199, emitido el 21 de mayo de 2026 por USCIS, instruye a sus oficiales a tratar el ajuste de estatus como un beneficio discrecional y extraordinario, no como un procedimiento rutinario. El documento recalca que la vía predeterminada es el trámite consular en el extranjero y que el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos solo procede en circunstancias excepcionales.

En la comunicación oficial, USCIS aclara que la normativa vigente, incluida la Sección 245 de la INA, no ha sido modificada. El memorando refuerza la autoridad de los oficiales para exigir que el solicitante complete el proceso de residencia fuera del territorio estadounidense, salvo que se justifique la excepción.

La agencia indica que “los oficiales deben considerar el ajuste de estatus como una forma de alivio extraordinario que permite a ciertos solicitantes evitar el proceso consular, y no como el procedimiento estándar para obtener la residencia permanente”.

¿Quiénes deben realizar el trámite de green card fuera de Estados Unidos?

La política afecta principalmente a los titulares de visas de propósito temporal. USCIS detalla que deben completar el trámite fuera de Estados Unidos quienes hayan ingresado con:

• Visa de estudiante (F-1).
• Visa de visitante de intercambio (J-1).
• Visa de turista (B-1/B-2).
• Visa de trabajador temporal (H-2B, TN, O-1, entre otras).
• Otras visas de no inmigrante de corta duración.

USCIS especifica que únicamente en situaciones extraordinarias, plenamente documentadas, el solicitante podrá continuar el ajuste de estatus dentro del país. El proceso será determinado por el oficial asignado tras analizar el expediente.

¿Qué visas permiten el ajuste de estatus en territorio estadounidense bajo la nueva orientación?

El memorando distingue entre visas de “intención única” (estancias temporales) y visas de “doble intención”, como H-1B y L-1, que permiten solicitar la residencia permanente mientras se mantiene el estatus de trabajo temporal.

No obstante, USCIS enfatiza que el ajuste de estatus bajo cualquier visa requiere que el solicitante cumpla con todos los requisitos legales y justifique circunstancias excepcionales si desea evitar el trámite consular. La autoridad migratoria señala que el simple cumplimiento de los requisitos legales no garantiza la aprobación, ya que la discrecionalidad del oficial es determinante.

¿Cuáles son los criterios de evaluación establecidos por USCIS?

El memorando ordena a los oficiales considerar la totalidad de las circunstancias del solicitante. Entre los criterios a evaluar figuran:

• Cumplimiento de las condiciones migratorias y laborales.
• Historial de estatus migratorio legal continuo.
• Vínculos familiares y comunitarios.
• Razones humanitarias o de interés nacional debidamente documentadas.
• Ausencia de violaciones migratorias previas.

USCIS aclara que el análisis incluirá factores positivos y negativos, y que cada caso será resuelto según los méritos individuales del expediente.

¿Qué requisitos legales se mantienen para solicitar la green card?

La Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que el solicitante debe:

1. Haber sido inspeccionado y admitido legalmente o haber recibido parole migratorio.
2. Presentar el formulario I-485 de ajuste de estatus.
3. Ser elegible, admisible y contar con una visa disponible en el momento de la solicitud.

USCIS recuerda que quienes hayan violado los términos de la visa o trabajado sin autorización no podrán acceder al ajuste de estatus en Estados Unidos.

¿Qué sucede con las solicitudes ya presentadas?

En su comunicación oficial, USCIS indica que los expedientes en curso no serán rechazados automáticamente, pero serán evaluados bajo los nuevos criterios de discrecionalidad. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los solicitantes con beneficios económicos claros para el país o razones humanitarias justificadas podrán tener opciones para completar el proceso en territorio estadounidense.

El memorando puntualiza que la decisión final corresponde al oficial designado, quien deberá analizar de forma integral la situación de cada solicitante. El DHS reiteró que “no existe una prohibición general”, pero que la prioridad es el trámite consular salvo excepción fundamentada.

¿Quiénes son inelegibles para el ajuste de estatus en Estados Unidos?

Conforme a la legislación vigente y la política de USCIS, no pueden solicitar el ajuste de estatus quienes:

• Hayan trabajado sin autorización antes de la petición.
• No hayan mantenido un estatus legal de manera continua.
• Sean tripulantes extranjeros.
• Hayan sido admitidos en tránsito sin visa.
• Hayan violado los términos de una visa de no inmigrante.

Estos criterios no fueron modificados por la nueva política, pero su interpretación y aplicación pueden ser más estrictas bajo el enfoque discrecional actual.

¿Qué deben considerar los solicitantes tras la nueva política?

USCIS recomienda a los solicitantes asegurarse de presentar expedientes completos y documentar todos los factores positivos que respalden su caso. La agencia insiste en que la decisión será discrecional y que cada expediente será evaluado de manera individual.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advierte que aquellos con solicitudes pendientes o planes de presentar una petición deben consultar fuentes oficiales y considerar asesoría legal especializada antes de tomar decisiones que puedan afectar su estatus migratorio.

La nueva política de ajuste de estatus supone un cambio relevante para estudiantes y trabajadores temporales en Estados Unidos, ya que incrementa la evaluación individualizada y limita la posibilidad de completar el trámite de residencia dentro del país. Los solicitantes deben prepararse para un proceso más exigente y menos predecible, sujeto a la valoración de los oficiales migratorios y los lineamientos oficiales.

El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes, por 52 votos contra 47, un proyecto de ley de USD 70.000 millones para financiar las agencias de control migratorio del gobierno de Donald Trump: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. La votación final se produjo pasadas las 5 de la mañana, tras semanas de demoras y una noche entera de tensión interna dentro del Partido Republicano.

La ley garantiza el presupuesto de ambas agencias por tres años, hasta el final del mandato de Trump, según información de la agencia de noticias, Associated Press (AP). El bloqueo demócrata al financiamiento de ICE y la Patrulla Fronteriza se mantuvo desde principios de año, cuando agentes federales mataron a dos manifestantes en Minneapolis.

El texto aprobado no incluye ninguna restricción al fondo de acuerdos de USD 1.776 millones que la administración Trump reservó para compensar a aliados políticos que alegan haber sido perseguidos.

El fondo que casi destruyó el proyecto

El mayor obstáculo no provino de los demócratas, sino del interior del bloque republicano. Varios senadores del propio partido intentaron durante horas incluir enmiendas para bloquear ese fondo de compensaciones, vinculado a un acuerdo judicial que resuelve la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, de Dakota del Sur, dijo: “Esto habría terminado varias horas antes si no hubiéramos tenido que lidiar con algunos de los problemas en torno al fondo”, según informó The Boston Globe. Thune impulsó durante semanas que el proyecto se mantuviera enfocado en el financiamiento migratorio, sin añadir cláusulas que pudieran complicar su posterior aprobación en la Cámara de Representantes.

Las enmiendas que el Senado rechazó

La primera votación del jueves por la mañana fue una iniciativa demócrata para prohibir el fondo. Estuvo abierta durante horas mientras tres senadores decidían su postura.

El senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, terminó votando en contra, y la moción demócrata fue derrotada por un margen mínimo.

Cassidy presentó luego su propia enmienda: propuso redirigir los pagos del fondo hacia los agentes de policía heridos durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La propuesta tenía una carga simbólica directa, ya que los beneficiarios del fondo de Trump podrían incluir a simpatizantes del expresidente que atacaron a esos mismos policías. El Senado también rechazó esa enmienda.

El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, presentó una tercera propuesta: prohibir el fondo y transferir el dinero a un fondo antifraude del Departamento de Justicia. La apoyaron más de 10 republicanos, pero la mayoría de los demócratas votó en contra y garantizó su rechazo.

Tillis dijo sobre el costo político: “Si Blanche dice que esto es en gran medida inoperativo, ¿por qué no aprovechar este momento para codificarlo? De lo contrario, expones a todos nuestros miembros que están en campaña a tener que lidiar con esto hasta el día de las elecciones”.

La postura de Trump y la respuesta demócrata

El miércoles, Trump generó confusión sobre el estado del fondo cuando, ante la prensa, dijo que el acuerdo “es muy importante” y que no sabía si estaba cancelado o en suspenso. “Tendría que preguntarle a los abogados”, añadió. Esa declaración reactivó la presión de los senadores republicanos que querían bloquearlo por ley.

El fiscal general interino Todd Blanche había dicho días antes que el fondo no seguiría adelante. Aun así, Cassidy advirtió que el acuerdo sigue activo y que los pagos “absolutamente pueden realizarse”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, dijo: “Los republicanos dejan a los contribuyentes sin más que una promesa del arreglador personal de Donald Trump. Eso no es rendición de cuentas. Eso es una carta blanca”.

El contexto: meses sin financiamiento regular

ICE y la Patrulla Fronteriza llevan meses sin presupuesto ordinario. El bloqueo demócrata comenzó tras los homicidios de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis en enero. Los demócratas exigieron reformas: mejor identificación para los agentes y mayor uso de órdenes judiciales, entre otras medidas.

Las negociaciones no prosperaron y el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional venció en febrero sin acuerdo.

El Congreso financió el resto del departamento a fines de abril con apoyo demócrata, pero ICE y la Patrulla Fronteriza quedaron excluidos. Los republicanos recurrieron a una maniobra procedimental para sortear el filibuster y aprobar el proyecto sin ningún voto demócrata.

Durante los últimos años, los cambios demográficos comenzaron a redefinir varios aspectos de la realidad peruana. Las cifras preliminares del Censo Nacional 2025, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestran transformaciones relacionadas con la distribución de la población, la composición de los hogares y los movimientos migratorios dentro y fuera del país.

Entre los datos que generan mayor preocupación figura la salida sostenida de ciudadanos peruanos hacia el extranjero. Este fenómeno coincide con un escenario marcado por el envejecimiento poblacional y la reducción del número de nacimientos, factores que podrían influir en la disponibilidad futura de trabajadores y en la sostenibilidad de diversos programas sociales.

Los resultados preliminares también evidencian que el crecimiento de la población nacional se concentró principalmente en zonas urbanas, mientras varias regiones enfrentan dinámicas migratorias que modifican su estructura económica y social. Especialistas consideran que estas tendencias plantean desafíos que deberán ser atendidos en los próximos años.

Más de 3,5 millones de peruanos salieron del país y no retornaron

Uno de los indicadores que más llamó la atención en la presentación de los resultados censales corresponde a la migración internacional. Según los datos comentados durante el análisis de las cifras del INEI, entre 2017 y 2025 más de 3,5 millones de peruanos dejaron el país sin registrar retorno.

La mayoría pertenece al grupo de personas en edad de trabajar, un aspecto que adquiere relevancia debido a los cambios demográficos que experimenta el Perú.

La salida de ciudadanos en edades productivas ocurre en un contexto donde el país registra una menor proporción de jóvenes y un incremento de la población adulta mayor. Esta combinación plantea interrogantes sobre la disponibilidad futura de mano de obra y la capacidad de sostener sistemas de protección social.

El envejecimiento poblacional gana protagonismo

Los resultados preliminares del censo muestran que la población peruana presenta una estructura etaria distinta a la observada en décadas anteriores. El índice de envejecimiento, que mide la relación entre adultos mayores y menores de 15 años, registró un aumento importante.

De acuerdo con la información expuesta durante el análisis de los datos, este indicador pasó de 44 a 65,2. Esto significa que existe una mayor presencia de personas adultas mayores en comparación con las generaciones más jóvenes que ingresarán al mercado laboral en los próximos años.

Los trabajadores del futuro enfrentarán una mayor presión para sostener a una población que vive más tiempo. Además, destacó que la expectativa de vida se incrementó en más de veinte años respecto a décadas anteriores, situación que obliga a evaluar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, pensiones y empleo.

Otro dato relevante es el aumento de la edad mediana de la población. Mientras anteriormente se ubicaba en 29 años, ahora alcanza los 32 años, reflejo de una sociedad que avanza hacia una estructura demográfica con mayor peso de los grupos adultos.

Menos nacimientos modifican la composición de las familias

Las cifras del INEI también evidencian una reducción en el número promedio de hijos por familia. Este comportamiento sigue una tendencia observada en distintos países y regiones del mundo.

Según la información presentada, el promedio pasó de 2,6 hijos por familia a menos de dos. La disminución de los nacimientos influye directamente en la composición de la población y en la cantidad de futuros trabajadores disponibles para incorporarse a la actividad económica.

Especialistas advierten que esta tendencia puede tener repercusiones en áreas vinculadas a la recaudación fiscal, los sistemas previsionales y la demanda de servicios públicos, aspectos que dependen en gran medida de la relación entre población activa y población dependiente.

Migración interna concentra habitantes en determinadas regiones

Además de la migración internacional, el censo permitió identificar importantes movimientos de población dentro del territorio nacional. Según los datos analizados, uno de cada cinco peruanos reside actualmente fuera de la región donde nació.

La especialista indicó que esta movilidad suele responder a la búsqueda de oportunidades laborales y económicas. Entre los casos destacados figuran regiones como Ica y La Libertad, donde la actividad agroexportadora atrae trabajadores provenientes de otras zonas del país.

Sin embargo, también se observan desplazamientos hacia lugares vinculados con actividades informales e ilegales. Bustamante mencionó que algunas regiones relacionadas con la minería ilegal se han convertido en polos de atracción migratoria, pese a las limitaciones existentes en servicios y calidad de vida.

Crecimiento urbano y concentración poblacional

Los resultados preliminares del INEI muestran que la población peruana aumentó aproximadamente en tres millones de personas desde el último censo. Este crecimiento se produjo principalmente en áreas urbanas.

La concentración poblacional continúa siendo especialmente visible en Lima, donde reside uno de cada tres peruanos. Al mismo tiempo, otras zonas del país mantienen densidades poblacionales considerablemente menores.

Durante la presentación de los datos también se destacó la diferencia entre territorios con alta concentración de habitantes y regiones con amplias extensiones geográficas, como la Amazonía. Estas características reflejan una distribución desigual de la población que influye en la planificación de infraestructura, servicios públicos y desarrollo económico.

Las tendencias identificadas por el Censo Nacional 2025 colocan en primer plano temas vinculados con migración, envejecimiento, empleo y distribución territorial de la población, aspectos que forman parte de los principales desafíos demográficos que enfrenta el Perú.

Los multimillonarios del sur de Florida están creando escuelas privadas propias para cubrir la falta de vacantes que afecta a las familias adineradas llegadas a la región. Según The Wall Street Journal, esto ya influye en decisiones de mudanza hacia Miami, West Palm Beach y otros enclaves de alto ingreso.

La presión sobre la oferta existente aparece con cifras concretas en los nuevos proyectos. El promotor inmobiliario Jeff Greene destinó USD 50 millones a la compra de terrenos y construcción de The Greene School, más otros USD 10 millones para otro edificio.

El empresario tecnológico John Marshall cobra cerca de USD 30.000 anuales en BaseCamp305 y paga salarios docentes superiores a USD 80.000, de acuerdo con medios locales como NBC Miami.

El problema no es tanto el costo para las familias que se trasladan hacia el sur de Florida, sino la falta de oferta. Las escuelas privadas del área están completas, varias se expanden y aun así no tienen suficientes pupitres para los hijos de ejecutivos recién trasladados.

Falta de vacantes privadas: un factor de relocalización en el sur de Florida

En West Palm Beach, Greene aseguró a The Wall Street Journal que detectó la escasez poco después de mudarse desde California. Su respuesta fue crear un campus privado desde preescolar hasta 12º grado en el que cada curso tiene dos docentes y las actividades escolares se prolongan hasta que los alumnos son llamados a una fila digital cronometrada para la salida.

Este proyecto con el campus de The Greene School combina rasgos de centro tecnológico y de campamento de verano: ofrece clases de impresión 3D, simuladores de vuelo, una academia de tenis y veleros. Un grupo de estudiantes construye además un avión pequeño desde cero, que, según los propios alumnos citados por el diario, será certificado por la Administración Federal de Aviación.

Para asegurar el terreno en West Palm Beach, Greene empezó con la compra de un concesionario de autos abandonado y luego amplió el predio a siete acres (equivalentes a 2,8 hectáreas), mediante la adquisición de negocios vecinos, incluida una empresa de techado, según The Wall Street Journal.

La escuela cobra USD 50.000 al año, aunque casi la mitad de sus alumnos recibe ayuda financiera. Greene manifestó en el diario neoyorquino que está cerca del punto de equilibrio tras haber perdido antes USD 2 millones anuales.

Florida aprobó recientemente una serie de leyes para aliviar el costo de la educación privada, incluida una que otorga vales anuales de unos USD 8.000 por estudiante a las familias que optan por escuelas privadas, de acuerdo con The Wall Street Journal. Aun así, entre los más ricos, el obstáculo principal sigue siendo la escasez de plazas.

Nuevos campus combinan tecnología, expansión inmobiliaria y resistencia vecinal

Marshall, fundador de BaseCamp305, manifestó en NBC Miami que su motivación surgió al revisar qué quería para la educación de una de sus hijas cuando cumplió cuatro años: “Cuanto más profundizábamos en lo que queríamos en una escuela, más pensábamos que debíamos hacer la nuestra”.

La escuela abrió en 2019 y tres años después consiguió una sede permanente cerca de Collins Avenue y la calle 23 en Miami Beach. Actualmente recibe a unos 50 estudiantes con un plan de estudios centrado en emprendimiento, aprendizaje basado en proyectos y presentaciones, mientras la tecnología ocupa un lugar central con robots e impresoras 3D.

Marshall también planteó para The Wall Street Journal que el modelo no busca una rentabilidad inmediata: “Así es como históricamente se han fundado las escuelas privadas”. Añadió que nacen de familias que intentan cubrir una necesidad y luego se expanden con el tiempo.

También definió la aspiración del proyecto: “Los emprendedores están llegando con una visión de hacia dónde va el mundo. No hay nada de malo en aportar más dinamismo. Cuando se construyen escuelas, se quiere que el nivel suba para todos”.

BaseCamp305 comenzó alquilando un piso en el edificio de oficinas de Emilio Estefan y hoy opera dos campus: uno en Collins Avenue para preescolar a segundo grado y otro al oeste de Fifth Street para tercero a quinto, según Telemundo 51.

Después de cinco años de idas y vueltas, construye una tercera sede de varios millones de dólares para ampliar la oferta a niveles superiores, con nuevas aulas, espacio exterior y un área de eventos para uso comunitario, prevista para el otoño.

Marshall describió el principal obstáculo en declaraciones a NBC Miami: “Los precios del terreno son astronómicos. Pero, simplemente lograr que algo se haga lleva mucho tiempo, mucha energía y, hasta cierto punto, mucha fricción con la comunidad y la ciudad. Creo que ese fue un gran desafío para nosotros”.

Esa resistencia local también aparece en otros proyectos. Según The Wall Street Journal, el plan de Marshall para demoler un antiguo albergue juvenil de la era Art Déco y construir un campo deportivo fue bloqueado por la Historic Preservation Board, que exigió preservar la fachada. “Estamos pasando meses y meses y meses sorteando obstáculos”, señaló Marshall.

Por su parte, el cofundador de WeWork, Adam Neumann y su esposa Rebekah también impulsan una escuela en El Portal. Según The Wall Street Journal, la comunidad reaccionó cuando demolieron una iglesia para dar lugar a SOLFL, y unos 80 estudiantes, entre ellos hijos de la pareja, asisten por ahora a un espacio temporal mientras avanzan con el plan y buscan la aprobación del consejo local.

Stephen Ross, que desarrolla un nuevo centro urbano en West Palm Beach, planea dos nuevas escuelas privadas, según The Wall Street Journal. Una de ellas, Wingrove Academy, en Wellington, incluirá un campus de 40.900 metros cuadrados, con programa de artes escénicas y centro acuático, y la otra estará a 12,9 kilómetros del centro de la ciudad.

Para dirigir la escuela de Wellington, Ross incorporó a Karen Yung, de ElevateED, y ella contrató como director ejecutivo a Jeff Clark, ex presidente de Avenues School, de acuerdo con el diario.

En The Greene School, la próxima cohorte de primer año de secundaria tendrá 40 alumnos, mientras que este año se graduará la primera promoción de estudiantes de último año: 10 en total. Greene manifestó en WSJ que muchos padres de sus alumnos son graduados de universidades de la Ivy League y “quieren que sus hijos reciban el tipo de educación que les permita ser admitidos en ese tipo de instituciones prestigiosas”.

Las cifras que dejó 2025 ya fueron poco halagüeñas, empezando por el frenazo en las visitas al país desde el extranjero (un 5,5 % menos con respecto a 2024, el mayor retroceso en dos décadas obviando la pandemia) y siguiendo con la discreta acogida del Mundial de Clubes en EE.UU., del que solo se vendieron el 62 % de las entradas.

Ambos datos tienen relación parcial con la creciente antipatía hacia Estados Unidos en otros países que reflejan diferentes encuestas desde que Donald Trump retornó a la presidencia el año pasado.

También tienen que ver con la mano dura que su Gobierno ha aplicado en el terreno migratorio en un país que ya era conocido por sus estrictos controles fronterizos.

Se sabe que este año el Mundial supondrá un repunte en lo que se refiere a visitas de turistas extranjeros, pero los pronósticos muestran que no será tan significativo, ya que el volumen estimado para todo el año (70 millones de viajeros foráneos) seguirá por debajo de los máximos prepandémicos (79 millones en 2019).

La consultora Oxford Economics estimó en concreto que la Copa del Mundo por sí sola será responsable de 742.000 visitas específicas al país.

Sin embargo, un informe de la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos señala que un 80 % de hoteleros encuestados en ciudades anfitrionas afirman que las reservas para las cinco semanas que dura la competición están por debajo de sus previsiones iniciales.

En el mismo informe, casi el 70 % de encuestados dice que las barreras relacionadas con visados -pese a que EE.UU. activó un sistema llamado Visa Pass para acelerar procedimientos para aficionados con boletos- y las preocupaciones de tipo geopolítico están minando significativamente la demanda de los viajeros internacionales.

En lo geopolítico, la guerra de Irán, las enrocadas negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto y los efectos económicos del cierre del estrecho de Ormuz, empezando por el encarecimiento del queroseno que emplean las aerolíneas comerciales, amenazan con desincentivar a muchos potenciales visitantes más.

Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades de derechos humanos emitieron una advertencia de viaje para aficionados, jugadores o incluso periodistas, destacando la "guerra ilegal de Trump con Irán", así como la ampliación de la lista de países cuyos ciudadanos tienen limitada o prohibida -salvo excepciones- la entrada en Estados Unidos.

Ese listado, que según estas organizaciones contribuirá a reducir el número de visitantes foráneos al Mundial, suma ya 40 países y territorios e incluye a cuatro naciones clasificadas para el torneo; Haití, Costa de Marfil, Senegal y la propia Irán.

Esta última disputará sus tres partidos de fase de grupos en sedes estadounidenses, pero aun así ha optado finalmente por cambiar su campamento base de Tucson, en Arizona, a Tijuana, en territorio mexicano.

A esto se unen los grandes operativos que la agencia migratoria ICE ha acometido desde 2025 para capturar indocumentados y deportarlos, un escenario que el director del grupo de trabajo de Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, no descartó que se produzca durante el campeonato, alegando que la seguridad nacional va primero.

La ONG Human Rights Watch advirtió en abril que el Mundial "comenzará en un clima de temor" por las campañas anti inmigración de Trump y subrayó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 ICE arrestó al menos a 167.000 personas, en las 11 ciudades estadounidenses que serán sede.

HRW argumenta además que la magnitud y visibilidad de estas redadas, en las que se aplica abiertamente un criterio racial, no solo van a desincentivar los viajes a EE.UU., también hará que aficionados de determinadas comunidades residentes en el país, en situación tanto regular como irregular, decidan no celebrar en las calles o acudir a partidos o zonas de aficionados. EFE

Durante el mes de mayo, la Dirección General de Migración (DGM) reportó la deportación de 35,305 extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular en la República Dominicana. Esta cifra, confirmada por la entidad estatal, resultó de intensos operativos de interdicción migratoria realizados en toda la isla, en coordinación con los principales organismos de seguridad y defensa. Según la DGM, las acciones desplegadas buscaron garantizar la aplicación efectiva de la Ley General de Migración y la protección de las fronteras nacionales.

Autoridades detallaron que, durante mayo, fueron recibidas 35,553 personas en los puntos de control fronterizo con el objetivo de verificar su estatus migratorio y proceder, en caso necesario, al retorno a sus países de origen. De acuerdo con el informe oficial, 25,970 de las personas detenidas fueron aprehendidas por agentes de la DGM, mientras que 5,877 correspondieron a intervenciones de miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), 2,366 a operativos del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y 1,340 a la labor de la Policía Nacional. Las autoridades subrayaron que este despliegue conjunto demuestra la coordinación entre las diferentes instituciones responsables del control migratorio.

Durante el fin de semana comprendido entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo, los operativos migratorios permitieron la detención de 3,447 extranjeros en condición migratoria irregular y la deportación de 3,250 personas. Según la DGM, el viernes se registraron 1,883 deportaciones, el sábado 877 y el domingo 687. Además, las instituciones de apoyo entregaron a la Dirección General de Migración a 610 personas indocumentadas, reforzando así la capacidad de respuesta ante la presencia de migración irregular.

Operativos migratorios alcanzan zonas urbanas y provincias de República Dominicana

Los operativos se realizaron en numerosos sectores del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, abarcando zonas como Manoguayabo, Ciudad Juan Bosch, Sabana Perdida, Cristo Rey, Villa Agrícolas, Villa Mella, San Isidro, San Luis, Herrera, Boca Chica, Los Mina y Buenos Aires de Herrera.

La cobertura se extendió a provincias del norte, sur y este del país, incluyendo Santiago, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Samaná, Sánchez Ramírez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Bahoruco, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y San Pedro de Macorís.

La entidad insistió en que la política de control migratorio responde a la necesidad de regular la presencia de extranjeros y preservar el orden en las comunidades y las fronteras del país.

Según la DGM, la colaboración interinstitucional ha sido determinante para ampliar el alcance de las medidas de control, permitiendo una respuesta más efectiva ante los desafíos que plantea la migración irregular.

La institución reiteró su compromiso de mantener la vigilancia constante y el cumplimiento de las leyes, asegurando que las acciones continuarán desarrollándose en todo el territorio de la República Dominicana.

“La Dirección General de Migración reiteró que continuará fortaleciendo los operativos de interdicción en todo el territorio nacional, y la deportación de indocumentados”, expresó la institución.

Miles de nicaragüenses, venezolanos, cubanos y colombianos en Costa Rica podrán acceder a la residencia legal y al mercado laboral desde septiembre por la nueva “Categoría Especial Temporal” anunciada por la Dirección General de Migración y Extranjería y divulgada por el periódico 100% Noticias.

De acuerdo con la nota, la medida alcanza a quienes pidieron refugio entre el uno de junio de 2014 y el siete de mayo de 2026.

El mecanismo ampara a quienes presentaron su solicitud de refugio en ese período y cuya resolución sigue pendiente o fue rechazada. La condición será verificada de oficio por la autoridad migratoria, sin que los interesados deban iniciar trámites adicionales para demostrar su situación.

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, las personas beneficiarias podrán trabajar sin restricciones en cualquier sector económico, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia.

“La persona beneficiaria de esta categoría especial contará con libre condición para poder desempeñarse en cualquier actividad laboral remunerada”, se lee en el artículo que regula la medida.

Plazo, renovación y controles

La publicación indica que la nueva categoría será otorgada por un período de dos años y podrá ser renovada por plazos iguales. Al momento de la renovación, las autoridades revisarán los movimientos migratorios de cada beneficiario, incluidos posibles ingresos o salidas irregulares tras la obtención del beneficio.

Quienes hayan salido o ingresado al país sin los controles habituales deberán presentar pruebas documentales que justifiquen la falta de registros migratorios. Si las razones no son aceptadas, la autoridad podrá denegar la renovación.

Condiciones y restricciones para acceder al beneficio

La disposición establece que los solicitantes no deben tener otra categoría migratoria vigente ni estar involucrados en otros procesos de regularización distintos al trámite de refugio.

Además, el beneficio será cancelado para quienes representen una amenaza a la seguridad pública, hayan sido condenados por delitos dolosos en los últimos 10 años o incumplan los requisitos de renovación.

Los beneficiarios podrán salir y regresar a Costa Rica sin necesidad de permisos adicionales, siempre que cumplan con los controles migratorios ordinarios.

La resolución aclara que la pérdida del beneficio será automática para quienes no renueven el documento dentro de los tres meses posteriores a su vencimiento, sin requerir un procedimiento administrativo especial.

La “Categoría Especial Temporal” ofrece una vía de regularización para miles de personas que hasta ahora no contaban con alternativas legales para permanecer y trabajar en el país.

El mecanismo será renovable de manera indefinida mientras no exista una normativa superior que disponga lo contrario.

Extranjeros en Costa Rica

Costa Rica concentra una migración diversa de nicaragüenses, venezolanos, cubanos y colombianos, impulsada por su estabilidad política y sus oportunidades económicas, pero ese atractivo convive con un sistema de refugio bajo presión y con miles de casos sin resolver, según los datos recopilados por Statista, Artículo 66, Nicaragua Investiga, ElMundo.cr y Divergentes.

El mayor volumen corresponde a Nicaragua: entre enero y septiembre de 2024 se registraron 414,123 movimientos regulares de nicaragüenses en las fronteras costarricenses, un alza de 9% frente al mismo período de 2023, según Nicaragua Investiga. Ese flujo se sumó a una presencia ya consolidada en el país y a una demanda sostenida de protección internacional.

En términos de residencia, más de 296,000 nicaragüenses vivían en Costa Rica en 2020, lo que los convirtió en la comunidad extranjera más numerosa del país, según Statista. En ese mismo año, también había más de 25,000 venezolanos y más de 25,000 colombianos con residencia legal, de acuerdo con Statista.

Los nicaragüenses concentran la mayor presión sobre el sistema de refugio

Desde 2014 hasta abril de 2025, los nicaragüenses presentaron 195,512 solicitudes de refugio en Costa Rica y solo el 5% obtuvo una resolución, según Artículo 66.

Los nicaragüenses son la principal población extranjera residente y también el grupo con más solicitudes de refugio, según Statista y Artículo 66. Su peso se refleja tanto en la vida cotidiana del país como en la demanda sobre sus instituciones migratorias.

Además, hasta abril de 2025, Costa Rica había recibido 10,895 solicitudes de refugio de venezolanos, 7,292 de cubanos y 4,685 de colombianos, según Artículo 66. En el caso venezolano, Artículo 66 también indicó que la tasa de aprobación ha sido baja.

El cuadro no se limita al asilo. Los migrantes, en especial los nicaragüenses, ocupan espacios laborales en sectores como la agricultura y la construcción, según Divergentes. Esa inserción económica explica parte de la relevancia estructural de esta población dentro de Costa Rica.

Más de 26 mil personas originarias de Guatemala han sido retornadas por las autoridades de Estados Unidos y México durante los primeros cinco meses de 2026, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo, el país recibió un total de 26,200 guatemaltecos deportados, una cifra que mantiene a la migración en el centro del debate público y político.

El último reporte del IGM muestra que los retornos se distribuyen de manera constante a lo largo de los primeros cinco meses del año. En enero, la institución registró 5,094 personas retornadas; en febrero la cifra ascendió a 5,432; en marzo se contabilizaron 5,595; en abril el número fue de 5,151 y en mayo alcanzó 5,590.

Estos datos reflejan la continuidad y la estabilidad del flujo migratorio forzado, sin que se observe una disminución apreciable pese a los esfuerzos de control fronterizo implementados por los gobiernos del norte.

Las estadísticas oficiales también identifican los departamentos de Huehuetenango (5,182 personas), San Marcos (3,998) y Quiché (2,797) como los principales puntos de origen de los migrantes retornados.

Estas regiones, situadas en el occidente de Guatemala, han sido históricamente las más afectadas por la migración irregular debido a factores como la pobreza, el desempleo y la inseguridad.

El flujo constante de personas que salen y regresan a estas zonas impacta directamente en las dinámicas comunitarias, sociales y familiares, así como en la economía local.

Adultos y hombres, mayoría entre los migrantes retornados

El perfil de los migrantes retornados muestra que la gran mayoría son adultos. Según el IGM, el 97.51% de los repatriados corresponde a personas mayores de edad, lo que equivale a 25,532 individuos. En contraste, 668 de los retornados, el 2.49% del total, son niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, el 89.56% del total de retornados en los primeros cinco meses de 2026 corresponde a hombres (24,057 personas), mientras que las mujeres representan el 10.44% (2,805 casos). Esta brecha de género se mantiene en las distintas regiones del país y refleja las tendencias históricas de la migración guatemalteca, en la que los varones suelen protagonizar los flujos hacia Norteamérica.

El fenómeno de los retornos masivos desde Estados Unidos y México mantiene una atención sobre las capacidades de atención del Estado guatemalteco. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, la recepción de estos migrantes requiere de una coordinación estrecha entre distintas entidades nacionales, así como del apoyo de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

La atención debe abarcar desde aspectos básicos como la alimentación, la salud y la identificación, hasta procesos de reintegración social, educativa y laboral para lograr una readaptación efectiva.

La situación de los migrantes retornados, especialmente la de los menores, continúa siendo uno de los desafíos prioritarios para el Gobierno guatemalteco. El monitoreo y la respuesta a este fenómeno seguirán siendo temas clave para las autoridades y la sociedad, ante la persistencia de los factores que impulsan la migración y la vulnerabilidad de quienes son devueltos a su país de origen.

El porcentaje de aprobación de visas para salvadoreños ha disminuido notablemente en los últimos meses, según Heriberto Rivera Vélez, especialista en migración. “El Salvador era uno de los países que estaba como el 45, 48, acercándose al 50 %. Hoy ha bajado como al 40, 42 %.”

A pesar de que la situación interna del país ha mejorado comparativamente, El Salvador ocupa el segundo lugar con el porcentaje más bajo de aprobación de visas en Centroamérica y Sudamérica, solo por encima de un país de la región. Rivera Vélez atribuyó este descenso a criterios internos de los cónsules y a instrucciones recibidas en cada embajada.

La renovación de visas estadounidenses para salvadoreños ha experimentado transformaciones significativas en los últimos 18 meses, indicó el especialista.

Hasta principios de 2025, la renovación por buzón permitía aplicar hasta 4 años después de vencida la visa; ahora, el plazo se redujo a solo un año: “Si se venció dentro del último año, puedes aplicar por buzón. Ya lo de cuatro años, salió.”

El especialista explicó que esto implica un ajuste importante para quienes habían postergado la renovación. Además, ya no es posible modificar el formulario antes de la cita, práctica que antes era habitual debido a la demora en los turnos.

Actualmente, las citas se otorgan en una o dos semanas, por lo que la información inicial debe ser precisa y definitiva.

Otro cambio relevante es la eliminación de la opción de trámite por buzón para menores de 14 años, aunque ambos padres tengan visa. Ahora, los niños deben presentarse a entrevista. Lo mismo aplica para personas mayores de 80 años que nunca han solicitado visa.

Rivera Vélez alertó que los jóvenes que obtuvieron su visa antes de los 18 años también deben acudir a entrevista cuando renuevan, y que el trámite por buzón está condicionado a un cuestionario que filtra casos con antecedentes legales, incluso menores, en los últimos 10 años.

El proceso se ha vuelto más riguroso: “Hoy están llamando a entrevista entre el 35 y el 40 % de las personas que someten su proceso de visa por buzón.” Antes, ese porcentaje era menor al 5 %, lo que marca un endurecimiento evidente.

El especialista enfatizó que la preparación para la entrevista es fundamental y desmontó mitos populares, como la idea de limitarse a responder solo lo que el cónsul pregunta. “Toda persona que llega a aplicar para visa es un posible inmigrante, todos, sin importar quién sea, qué ingresos tenga… a menos que tú me convenzas lo contrario.”

Rivera Vélez aconsejó que el formulario debe detallarse correctamente y en inglés comprensible, explicando con precisión la actividad profesional y el origen de los recursos económicos.

Durante la entrevista, recomendó mantener la calma, no dejarse influir por comentarios de otros solicitantes y aprovechar cada pregunta para demostrar arraigo y solvencia. “La entrevista es el 50 % de la visa, el otro 50 % el formulario.”

Rumores, redes sociales y ajuste de estatus

Rivera Vélez aclaró que para las visas de turismo (B1/B2), no es necesario hacer públicas las redes sociales, aunque sí se deben declarar. La exigencia de perfiles abiertos aplica solo para ciertos tipos de visa, como las de trabajo o estudio, especialmente para solicitantes de países en conflicto con Estados Unidos.

Advirtió sobre la proliferación de rumores falsos en redes sociales: “Las redes sociales hoy están llenas de tanta mala información… hay clientes que se sugestionan con todo lo que están escuchando y empiezan a llamar mandando mensajes.”

El especialista desmintió un rumor reciente que circuló acerca de la supuesta cancelación de los ajustes de estatus dentro de Estados Unidos. “Eso no es cierto. Esto no es basado en la ley migratoria… la ley migratoria te permite hacer ese proceso migratorio para tú obtener la residencia.”

Explicó que el ajuste de estatus representa un ingreso relevante para el Estado, con más de 800,000 aprobaciones anuales y pagos de hasta $2,375 por trámite, lo que hace inviable su eliminación por motivos administrativos.

Rivera Vélez insistió en que los cambios reales solo pueden darse por vía legislativa, no por órdenes ejecutivas que suelen ser revertidas por los tribunales.

Consultas frecuentes, orientación y contexto migratorio

Durante la entrevista concedida a La Tribu, el especialista atendió consultas de la audiencia, entre ellas casos de negaciones repetidas de visa. Rivera Vélez recomendó esperar al menos 6 meses entre intentos, enfatizando la importancia de explicar bien el arraigo y la función laboral en el formulario.

A padres que acompañan a menores a entrevistas, sugirió llevar documentos que acrediten solvencia y vínculos familiares, aunque rara vez el cónsul los solicita. Para personas con perdón migratorio aprobado, advirtió que las entrevistas pueden demorar entre 8 y 12 meses.

Consultas sobre discrepancias en fotografías de visa y pasaporte en menores, o la situación de personas con familiares en las fuerzas armadas estadounidenses, fueron respondidas aclarando que no suelen ser impedimentos, siempre que se demuestre legalidad y transparencia.

Rivera Vélez aseguró que quienes viajan o residen legalmente en Estados Unidos no deberían temer redadas o acciones de ICE, mientras no violen la ley ni excedan el tiempo autorizado: “ICE ahorita ha disminuido esa presencia… usualmente la mayoría lo dejan entrar o ingresar a Estados Unidos.”

En cuanto al TPS para salvadoreños, prevé una extensión de 18 meses, aunque reconoce la incertidumbre y anima a quienes califican para la residencia a iniciar el trámite, advirtiendo que mantener un estatus solo temporal puede ser riesgoso a largo plazo.

Rivera Vélez contextualizó la magnitud de la migración salvadoreña: “Calculan entre 2.5 millones, 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos.”

Destacó que California concentra la mayor parte, pero la presencia se extiende por todo el país.