Lima continúa consolidándose como el principal destino de la migración interna en el Perú. De acuerdo con los resultados preliminares de los Censos Nacionales 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 3 millones 6 mil 138 personas llegaron a residir en la capital procedentes de otras regiones del país, cifra que representa el 45,4 % del total de migrantes internos.

El estudio del INEI señala que Lima mantiene su condición de “principal centro de atracción migratoria del país”, debido a la concentración de oportunidades laborales, servicios especializados, educación superior y actividad económica. Los resultados también evidencian que la migración interna sigue siendo un factor determinante en la redistribución territorial de la población peruana.

Según el informe censal, el número total de migrantes internos en el Perú alcanzó los 6 millones 615 mil habitantes en 2025, reflejando un incremento respecto a censos anteriores. El estudio además indica que continúan fortaleciéndose algunos polos regionales alternativos, aunque Lima sigue concentrando casi la mitad de toda la población migrante del país.

Regiones desde donde llegaron más migrantes a Lima

Los datos del Censo 2025 muestran que gran parte de los ciudadanos que migraron hacia Lima provienen de departamentos de la sierra central y sur del país. Las principales regiones de origen son:

• Junín: 347 mil 468 migrantes (11,6 %)
• Áncash: 337 mil 820 (11,2 %)
• Cajamarca: 233 mil 48 (7,8 %)
• Ayacucho: 195 mil 439 (6,5 %)
• Huánuco: 192 mil 144 (6,4 %)
• Piura: 181 mil 168 (6,0 %)
• Callao: 160 mil 769 (5,3 %)
• Loreto: 157 mil 119 (5,2 %)
• Lambayeque: 147 mil 484 (4,9 %)
• Huancavelica: 133 mil 615 (4,4 %)

El informe también reporta importantes flujos migratorios desde otras regiones del país, consolidando a Lima como el principal receptor de población migrante a nivel nacional.

Persisten desplazamientos desde regiones andinas

Otros departamentos con significativa migración hacia Lima son:

• Apurímac: 126 mil 3 personas
• La Libertad: 122 mil 805
• Cusco: 117 mil 904
• Ica: 97 mil 850
• Arequipa: 89 mil 231
• Pasco: 81 mil 357
• Puno: 74 mil 579

Asimismo, el documento censal advierte que la migración continúa siendo impulsada por diferencias económicas y laborales entre regiones. En sus conclusiones, el INEI sostiene que “continúa la expulsión en los departamentos andinos”, mientras que Lima mantiene una fuerte capacidad de atracción poblacional debido a su dinamismo económico y urbano.

Los resultados preliminares también muestran que, aunque algunas regiones han comenzado a consolidarse como nuevos polos de crecimiento, la capital peruana sigue siendo el principal receptor de población migrante del país. El INEI indicó que estos cambios demográficos deberán ser considerados en la planificación de políticas públicas relacionadas con vivienda, transporte, salud, educación y empleo.

¿Cuántas personas hay en Perú?

La población de Perú alcanza oficialmente los 34 millones 157 mil 732 habitantes, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta cifra incluye un ajuste por omisión estadística de 1 millón 451 mil 704 personas, equivalentes al 4,25% del total, una de las tasas de omisión más bajas de Sudamérica, resultado del uso de tecnología digital en el proceso censal.

El crecimiento demográfico, detallado por el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, muestra una tasa promedio anual de 1,11% entre 2017 y 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente 2 millones 920 mil habitantes en siete años. Este ritmo supera al de la década anterior y está vinculado en parte a la inmigración extranjera. Perú se ubica como el cuarto país más poblado de América del Sur, detrás de Brasil, Colombia y Argentina.

En la distribución por género, las mujeres constituyen el 50,6% de la población, con 17 millones 292 mil 43 personas, y los hombres el 49,4%, con 16 millones 865 mil 689 habitantes. La estructura de edades también presenta cambios, con el 62,5% de la población en edad activa (15 a 59 años) y un aumento en la proporción de adultos mayores, que ahora alcanza el 14,8%. Las proyecciones indican que a partir de 2040 los adultos mayores superarán en número a los menores de 15 años, lo que anticipa un cambio relevante en la pirámide poblacional peruana.

Un funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería fue detenido este jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras ser vinculado con la presunta tenencia de material de explotación sexual infantil.

El sospechoso, identificado con los apellidos Jiménez Cambronero, fue capturado durante un operativo realizado en barrio Chapultepec, en Curridabat, como parte de una investigación que se desarrollaba desde agosto de 2025 bajo el nombre de “Caso Sombra”.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el hombre mantenía en su poder al menos 158 archivos relacionados con pornografía infantil, entre ellos seis videos que contenrían escenas de abuso sexual contra menores de edad.

La detención ocurrió alrededor de las 5:30 a.m., cuando oficiales del OIJ interceptaron al sospechoso mientras se dirigía a su lugar de trabajo en la Dirección General de Migración y Extranjería.

Posteriormente, los agentes trasladaron al detenido hasta su vivienda para ejecutar un allanamiento y recopilar evidencia digital que podría estar vinculada con la investigación.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a análisis forense para determinar si existe más material ilícito almacenado o si hubo distribución de contenido a través de plataformas digitales.

Según informó el OIJ, el caso comenzó luego de que la empresa tecnológica Meta emitiera una alerta internacional relacionada con actividad sospechosa detectada en una de sus plataformas.

La información fue remitida inicialmente a autoridades de Estados Unidos y, mediante rastreo geográfico del dispositivo utilizado, se logró determinar que la conexión provenía de Costa Rica.

A partir de ello, se inició una coordinación entre agencias estadounidenses y el OIJ, lo que permitió abrir una investigación formal contra el funcionario desde agosto del año pasado.

El caso fue denominado “Sombra” debido a que el sospechoso participaba frecuentemente como cosplayer (disfraz de personaje) en distintas actividades públicas y eventos dirigidos a niños y familias.

De acuerdo con la investigación, el hombre utilizaba un personaje conocido como “Sombra”, con el cual asistía a actividades recreativas vestido con disfraces inspirados en personajes ficticios.

El dato generó especial preocupación entre las autoridades debido a la cercanía que este tipo de dinámicas puede generar con menores de edad en espacios públicos y actividades familiares.

Sin embargo, hasta el momento, el OIJ no ha confirmado denuncias relacionadas con contacto físico, agresiones o delitos sexuales cometidos directamente contra menores en Costa Rica.

La investigación se mantiene enfocada, por ahora, en la aparente tenencia de material de explotación sexual infantil y el análisis de los dispositivos decomisados.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y las medidas cautelares que podrían imponerse mientras avanza el proceso penal.

En Costa Rica, la legislación contempla severas penas para delitos relacionados con pornografía infantil, particularmente cuando existe almacenamiento, distribución o producción de contenido sexual que involucre personas menores de edad.

Las autoridades judiciales han señalado en reiteradas ocasiones que el intercambio de este tipo de archivos suele estar vinculado a redes internacionales y plataformas digitales que operan en distintos países, por lo que la cooperación internacional resulta clave para detectar a sospechosos.

Precisamente, plataformas tecnológicas como Meta están obligadas a reportar actividades relacionadas con explotación sexual infantil cuando sus sistemas identifican contenido sospechoso o patrones asociados con este tipo de delitos.

En los últimos años, el OIJ ha incrementado las investigaciones relacionadas con delitos informáticos y explotación sexual de menores, especialmente aquellos vinculados con almacenamiento y circulación de archivos en línea.

La Policía Judicial recordó además que la posesión de material de explotación sexual infantil constituye un delito, aunque la persona no haya participado directamente en la producción del contenido.

Mientras continúa el análisis de los equipos electrónicos decomisados en el allanamiento, las autoridades no descartan ampliar la investigación o identificar posibles conexiones con otras personas.

Anais es conductora de televisión, cantautora, modelo y locutora venezolana radicada en la Argentina desde 2017. Nacida en San Antonio de los Altos, alcanzó popularidad tras consagrarse como Chica HTV 2015, el certamen del canal musical latinoamericano que la llevó a convertirse en una de sus principales figuras.

A lo largo de su carrera trabajó en televisión, radio y coberturas internacionales como el Festival de Viña del Mar, los Premios Heat y los Latin Grammy. En Buenos Aires se consolidó como una de las voces de Urbana Play, donde actualmente integra el programa Olvidate de Todo junto a Diego Poggi. En paralelo, en 2024 debutó como cantante y compositora con temas de pop latino de su autoría.

En una conversación abierta y sincera, repasó su historia de migración, la fortaleza del pueblo venezolano y la vida que reconstruyó en Argentina.

—Venís de Venezuela, pero vivís hace mucho en Argentina y se te escucha tan fuerte, tan aplomada... ¿Fue un proceso que viviste o es parte de tu personalidad?

—Creo que fue un proceso de irnos construyendo y siento que le ha pasado un poco enteramente al pueblo venezolano. Toda esta experiencia y el testimonio que pude compartir hace un tiempo atrás, me pasó de darme cuenta de lo duro que era cuando lo fui a resumir en radio. O sea, cuando lo estás atravesando y lo estás viviendo, es distinto. El pueblo venezolano tiene algo muy lindo que es una resiliencia de hierro. El venezolano tiene una cosa como: “Bueno, pa’lante es pa’llá, vamos”. Solucionamos y seguimos adelante. Pero después cuando te paras es como una persona que sale de una relación violenta y abusiva, que capaz tres años más tarde, cuando empieza a contarle a una amiga lo que le pasó, dice: “Epa, era muchísimo, era un montón lo que yo vivía, fue un montón lo que yo toleré, lo que viví”. Siento que un poco los venezolanos nos pasa eso mirando hacia atrás, como que en el proceso tratamos de resolver, de avanzar y de salir de las situaciones oscuras. Al venezolano no le gusta quedarse en la tristeza, en la nostalgia, en los sentimientos más oscuros y trata de alguna manera siempre de encontrar el vaso medio lleno.

—Llegaste a Argentina hace nueve años. Contame cómo fue el momento que decidiste emigrar.

—Yo tengo una realidad muy privilegiada frente a muchos otros venezolanos porque yo me vine con el trabajo de mis sueños. O sea, salí del país con un sueño hermoso. Yo gané un reality show en 2015 para ser conductora de televisión en una empresa internacional que era WarnerMedia y se llamaba Chica HTV. Era para ser la conductora de un canal de música por un año. Y cuando finalizaba mi año tenía que venir otro Chica HTV. Pero, ¿qué pasa? HTV era esta empresa que tenía la sede principal en Argentina y no querían volver a hacer el concurso porque había una situación complicada en Venezuela. En ese momento yo estaba finalizando mi año y tenía ganas de trabajar en otro país, por supuesto, buscando otro tipo de espectáculo. En Venezuela empezó a existir una censura muy grande en el país, en los medios de comunicación y tenías que hablar únicamente como estar en Alicia, en el País de las Maravillas. Cuando en realidad afuera estaban pasando cosas tremendas. Entonces, yo no me identificaba con la televisión en Venezuela en ese momento y dije: “Me voy a Buenos Aires que me encanta, o quizás puedo explorar en Bogotá”. Estaba tratando de buscar un horizonte. Y cuando me entero de que no se iba a hacer el concurso, lo llamo a mi jefe y le digo: “No entiendo, ¿se hace o no se hace?”. Y él me dice: “No se va a hacer, pero queremos seguir trabajando con vos”. Y en ese instante, cuando me dice eso, viviendo él en Argentina, yo le digo por teléfono: “¿Y si yo me mudo a Buenos Aires?”. Ni lo pensé. Vi una luz y avancé. Y él se queda pensando y me dice: “Yo no te puedo ofrecer nada más que tu trabajo. No te puedo trasladar, no te puedo ofrecer vivienda”. Y yo le dije: “No necesito nada más. Yo necesito mi trabajo”. Salí de mi cuarto, viviendo todavía con mi mamá, y le dije: “Mamá, me mudo para Buenos Aires”.

—¡¿Y qué te dijo tu madre en ese momento?!

—Que estaba loca (risas). En principio no me tomó muy en serio, después se dio cuenta que sí y empezó toda una movida familiar para solucionar entre todos la situación, como hemos hecho siempre, ¿no? Dónde iba a llegar, a dónde va a vivir... Esa es otra historia también muy bonita, porque yo llego aquí a la casa de unos amigos de mi familia, argentinos, que son muy espectaculares y que fíjate qué loca la historia latinoamericana y cómo se va uniendo. En la década del 70, en la dictadura argentina, existieron dos personas en nuestra vida que eran torturados en la ESMA y que después de muchas torturas son liberados, los montan en un avión y los mandan a Venezuela. Ellos se conocen dentro de la ESMA, se enamoran. Eran Raúl y Lula. A Lula la encierran en ese momento con sus tres hijas chiquitas y se van a Venezuela con las tres nenas, ellos dos y lo que tenían puesto. Cuando llegan a mi pueblo, les dicen: “Vayan a buscar a Pedro Antonio Piñarua, que quizás les puede dar una mano”. Ese hombre era mi abuelo. Y él ahí él los recibe en la casa y empiezan a construir una historia distinta.

—Y ahora vos llegabas a la casa de ellos...

—A la casa de la hija de ellos, de la hija del medio.

—Se me pone la piel de gallina. El famoso hilo rojo, pero en todos vínculos.

—Yo creo que uno a veces no sabe cómo van a volver las cosas que uno hace por alguien. Eso que hicieron mi abuelo y mi abuela por Raúl y por Lula, no sabían qué iba a volver a mí. Uno no dimensiona hasta dónde puede llegar esas vueltas mágicas de la vida para devolverte una bendición que, en algún momento, tú le otorgaste desde el corazón a otra persona.

—¿Y qué pasó cuando llegaste efectivamente a Buenos Aires?

—Yo llegué aquí con 22 años y cumplí 23. Al principio fue como una peli. Yo llegué la primera semana, a la casa de Elvira. Ella estaba en Venezuela, entonces llegué sola a la casa. Tenía un departamento divino. Yo no tenía que pagar alquiler, tenía mis ahorros en ese momento trabajando en televisión. Por eso te digo que era una realidad muy privilegiada. Se suponía que tenía tres meses para vivir en la casa de Elvi, pero al mes ella me dice que estaban teniendo un problema de salud importante con un miembro de su familia y que necesitaban el departamento. Y que necesitaba el departamento en una semana. Era una situación de extrema necesidad y yo en una semana, sin tener todavía mis papeles, con carta precaria, que es lo que te dan antes de tener el DNI, tenía que alquilar algo que es muy difícil sin papeles. En ese momento yo estaba también acomodando todo el tema para que en mi trabajo me pudieran pagar acá después de que me pagaban allá. Estaba en una situación de papeles complicada para salir a alquilar sola. Y me tenía que ir en una semana. Y yo dije: “Bueno, no sé cómo, cómo lo voy a solucionar”. Ahí apareció un amigo y me dice: “Hay un señor que está buscando una host para su restaurante, para invitar a la gente a pasar adentro”. Era para estar en la puerta. Yo tenía mi trabajo en la tarde de la tele y fui a hablar con él y le dije: “Mire, yo necesito este trabajo sí o sí, porque tengo que pagar un alquiler por adelantado”. ¿Qué pasa? Yo conseguí un alquiler temporario, pero esos alquileres temporarios te piden seis meses por adelantado. Y conocí a este señor, que siempre me da mucho pesar que no recuerdo su nombre, pero cuando voy a contarle mi situación, él me pagó los seis meses por adelantado. Y ese señor no sabe lo que hizo con mi vida. Él me pagó los seis meses por adelantado. Yo fui, alquilé mi departamento, donde después pude recibir a mi hermano y yo todos los días a trabajar en ese restaurante, a repartir volantes en la puerta con una sonrisa en la cara y con una emoción... Me acuerdo que tuve muchos conflictos con mis compañeras de trabajo, que trabajaban adentro del restaurante. Decían que yo era una mujer muy falsa porque nadie era feliz repartiendo volantes. Y yo decía: “Qué loco es juzgar sin conocer la historia de la gente”, ¿no? Sí puedo ser muy feliz repartiendo volantes porque este señor hizo algo por mí que no tenía por qué hacerlo. No me conocía, pude haberme ido al día siguiente y robarle la plata. Yo creo mucho en Dios, en la oración y en pedirle que guíe mi camino.

—Dijiste: “Traje a mi hermano”. ¿Tuviste intención de mudar a toda la familia?

—Ese era el plan. Nosotros somos muy unidos con mi hermano y con mi mamá; y los dos sabíamos que el primero que se fuera se iba a llevar al otro. Eso era tácito.

—Es algo que atravesó a toda una generación en Venezuela, ¿no? Esto de “el primero que se va...”

—Se lleva al resto. En el mejor de los casos, porque hay gente que tiene 10 años sin ver a su familia. Por eso te digo que siempre lo marco: “Mi realidad está lejos de ser la realidad más perjudicada por la situación en Venezuela”. Todo lo contrario. Nosotros vivimos cosas todas muy duras, pero yo tengo un privilegio de tener a toda mi familia conmigo hoy en Argentina.

—¿Lograste traerlos a todos?

—Entre todos lo logramos. Primero traje a mi hermano. Ahí empezamos a ahorrar entre los dos y pudimos traer a mi mamá, a mi papá, mi padrastro, que es Rubencho. Y después... Mi mamá ha trabajado siempre y nos dejaba en la casa de mi abuela todo el día. A la tarde venía y nos buscaba. Y mi abuela siempre le ha gustado la leche condensada y pararse a la mitad de la noche a servirse una tacita de leche condensada. Cuando yo me enteré que mi abuela no se estaba pudiendo comprar su leche condensada... No te estoy hablando de necesidades básicas, te estoy hablando de un lujo en ese sentido.

—Es increíble igual cómo normalizamos y naturalizamos ciertos infiernos y decimos que un lujo que una abuela pueda tomar una tacita de leche condensada.

—Cuando yo me enteré de eso, dije: “Me voy a buscar a mi abuela”. O sea, nosotros no podemos haber vivido lo que vivimos en nuestra infancia con una mujer que dio su vida por nosotros y ahora estar en Palermo tomando una copa de vino y ella no se puede parar a comerse una cuchara de leche condensada. Te lo cuento y me dan ganas de llorar. Mi abuela tiene pánico a los aviones y me dijo: “Yo no me subo a un avión si Anais no me viene a buscar”. Y eso significaba ahorrar también mi boleto, con todo lo dificil que era. Y por eso te digo que Dios ha sido muy bueno conmigo. En ese momento apareció un casting en Space para ser la Tiburona de…

—¡Lo has hecho todo, querida! A vos nadie te puede decir que no: entre la Tiburona y los volantes.

—Sí, sí sí (risas). Y a todo esto, paralelamente, seguía trabajando en el canal. Yo ahí ya era conductora de un canal de música y aparece la Tiburona Space, que era una persona con una cabeza mecánica de tiburón y me decían: “¿Para qué vas a hacer el casting?”. Y les dije: “Déjeme hacer el casting”. Finamente, el pago entero de la Tiburona Space fue para los boletos. Me fui a Venezuela a buscarla y me la traje para acá.

—¿Sigue viva tu abuela?

—Sí, mi abuela vive gracias a Dios. Y entendió que lo mejor que nos pudo haber pasado fue venirnos a este país. Uno de mis primos tiene una hija, que es también mi ahijada, Ciela, y es hipoacúsica. Tiene un problema de audición, disminución auditiva. Y cuando nosotros empezamos a averiguar para ponerle los auriculares, nos habían contado que en Argentina existía el único instituto que enseña a los niños sordos a decodificar el sonido con sus auriculares. Entonces, Ciela llegó aquí muy chiquitita, con 3 años, y empezó a estudiar en el Instituto y hoy Ciela habla y escucha. Fue bueno para todos.

—Yo cada vez que viajo, cuando estoy llegando a Ezeiza, digo: “No hay nada mejor que estar en casa”. ¿Se puede, después de algunos años, encontrar esa sensación de hogar en un nuevo país?

—Total. ¿Pero sabés qué me pasa? Cuando llego a Ezeiza siento que llego a mi casa, que llego a mi hogar. Se puede. Yo creo que tiene mucho que ver con los lazos que haces. Migrar no es para todo el mundo, es muy difícil. No es un cuento de hadas. Hay gente que le cuesta mucho integrarse. Argentina es una bendición para todos nosotros. La cantidad de cosas que viven otros venezolanos viviendo en otros países de Latinoamérica no tienen nada que ver con Argentina. O sea, la xenofobia que se presenta en otros países es muy dura. En Argentina, jamás. El argentino te tiende la mano de verdad. Yo siento la generosidad de entender que son un país hecho a base de migraciones. Pero además el argentino quiere ser bueno en las cosas que hace. El argentino quiere tratarte bien, que tú lo recuerdes como su mejor anfitrión.

—Vos, en ese video que se hizo tan viral, decías algo impactante que es esto de tener que borrar los mensajes del teléfono y la persecución que viven en Venezuela. ¿Cómo es vivir con esa realidad de estar en alerta todo el tiempo?

—Fue muy duro. Es muy duro, porque esto sigue ocurriendo hoy. Hay una censura muy salvaje en Venezuela que, gracias a las redes sociales, ellos no han podido controlar del todo. Pero cuando ese video se hace muy viral, a mí me empiezan incluso a llamar de muchos medios y yo no quise dar una sola nota más en ese contexto, porque Rubencho, mi papá, mi padrastro, estaba todavía en Venezuela.

—Él es periodista, ¿no?

—Sí, fue periodista muchos años, hoy ya no se dedica al periodismo. Él estaba en Venezuela en ese momento y yo jamás pensé que el video iba a tener el alcance que tuvo. Y yo ahí decía su nombre. Y a mí me agarró un pánico y un llanto en mi casa de preguntarme por qué hice esto, por qué estoy arriesgando a mi familia, que además fue una cosa que me nació hacerla, que la sentí un poco como responsabilidad siendo una venezolana que está trabajando en un medio muy importante de comunicación en Argentina. El día después de que capturaran a Maduro no puedo sentarme a hacer Olvídate toda la noche como que así no pasa nada. O sea, yo sentía una responsabilidad, pero después fue como: ¿por qué fui tan allá? ¿Por qué dije el nombre?

—Y hoy, con el diario del lunes, ¿por qué sentís que lo hiciste?

—Yo siento que fue como una data que tenía en el espíritu que necesitaba salir y que yo nunca la había contado. Yo en estos casi 10 años en este país jamás había contado nada de nuestra historia, porque tampoco quise construir mi carrera a base de lástima ni, ni aprovecharme de la situación del país para tener más difusión, nunca quise hacer eso. Pero ahí lo sentí necesario decir.

—Se percibía en tu voz una especie de grito de libertad.

—Y también de hartazgo. El mundo le ha dicho al venezolano cómo comportarse. Y le ha dicho: “Tienen que salir a luchar más, tienen que salir a la calle, tienen que hacer esto. No, pero tienen que ir a elecciones. Pero ¿cómo no lo sacan?“. Hemos hecho de todo. O sea, ¿hasta cuándo nos van a seguir mandando a hacer cosas? Y el día que lo sacan y nos ponemos contentos, nos mandan a ponernos tristes.

—Sí, a cuestionar si estaba bien o estaba mal. La soberanía...

—Claro.

—¿Sentís que el mundo fue muy hipócrita con Venezuela? Me refiero a esto de estar pidiendo ayuda a gritos y cuando finalmente hay una intervención, aparece que el dedo acusador.

—Un poco. Ahí la soberanía se hace un concepto intocable, ¿no? Cuando nosotros no vivimos en soberanía hace tantos años y además la soberanía se come, se alimenta de la gente. Es durísimo. Yo puedo llegar a entender, en ciertos aspectos, porque hay noticias que obviamente hacen muchísimo más ruido que otras. Y si tú no estás tan empapado de la situación en Venezuela y de repente te enteras de que sacaron al presidente, es fuerte. Esta situación viene desde hace años. Pero yo creo que igual hay gente que no conocía tanto la historia. A mí mucha gente me daba las gracias por ese video, me decían: “No tenía ni la más pálida idea de que esto pasaba”. Yo de verdad creo que es una situación que, si no tienes un venezolano cerca o no tienes alguna vena curiosa que te invite a ver noticias, a enterarte un poquito más, solamente sabes que hay un gobierno de izquierda, que hay un montón de gente que no lo quiere, que es más corrupto que otra cosa. Pero entender que es un gobierno tan asesino, te permite entender un poco el sentir venezolano. Si no lo conoces, se presta un poco para esto. Están sacando a un presidente a la fuerza. Obviamente que nadie quería que el final fuera ese. ¿Y quién nos llevó ahí? ¿De quién es la culpa? ¿Nuestra? ¿Que celebremos que lo capturen de esa manera? ¿O es culpa de un régimen que hizo todo mal durante casi 30 años?

—Imagino que al alzar la voz también recibiste muchos comentarios, algunos de apoyo y otros de crítica.

—Sí, ese fin de semana fui muy atacada yo y todos los venezolanos que publicamos algo en redes sociales estando fuera del país sobre lo que había pasado. Me molestaba mucho esa indolencia, ¿no?Esa falta de empatía y esa autoridad que tienen hoy las redes sociales. Y creo que esto pasa en todos los aspectos, no solamente en lo que tiene que ver con lo político y en mi caso con lo de Venezuela. Yo siento que en las redes sociales está esta necesidad de ser mejor que el otro, ¿no? O sea, el comentario y el hate te permite ponerte en un lugar de superioridad y de corregir al otro desde un lugar de absoluta ignorancia. Y somos todos seres humanos y hay una persona del otro lado que tiene una realidad que no conoces. La cantidad de veces que me mandaron a devolverme y todavía me siguen mandando a que me devuelva. No me voy a devolver. Amo este país con todo mi ser. Amo Argentina con todo mi ser. Argentina me dio a mí y a mi familia el renacer más bello que hubiésemos podido soñar.

—O sea que no te imaginás el día de mañana en una Venezuela distinta, renacida y con paz.

—No, pero sí me imagino algo que no se lo conté absolutamente a nadie, pero el otro día tuve el sueño de concebir a mis hijos en Venezuela. Irme de vacaciones con mi esposo, mostrarle Venezuela. El otro día veía imágenes, lloraba y pensaba en eso: ¿mira si yo puedo concebir a mis hijos en Venezuela? Yo crecí en un pueblo precioso que se llama San Antonio de los Altos y me gustaría ir contándole. En definitiva el venezolano, es la energía, más allá del lugar. Es lo que me respondo a mí misma cuando tengo ese miedo. Es ir al lugar donde yo construí mi personalidad, donde yo construí la energía con la que siempre quise vivir. Es el doble de amor. Yo tengo dos casas, tengo dos países. En el nombre de Dios pronto voy a tener mi ciudadanía argentina y la voy a llevar con absoluto orgullo, porque en este país me gradué, en este país me casé, en este país seguramente voy a tener mis hijos y trato de devolverle con mucho trabajo y mucha responsabilidad todo lo que me ha dado.

Una historia de amor inesperada: del WhatsApp a una vida juntos en Argentina

—Contame cómo nació esta historia de amor con tu marido, porque dijiste: “En este país me casé”. ¿Él es argentino?

—Él es argentinísimo (risas). Súper argentino. Lo conocí trabajando en este canal hermoso que me dio tanto, en HTV. Yo era conductora y productora del canal y él era productor de otro canal de música, de Quiero, y yo siempre hacía notas y nos cruzábamos todos los medios. En algún momento me cruzo con un compañero y yo necesitaba un cargador. Teníamos una nota con un artista colombiano y después me iba a hacer una nota Lali y me estaba por apagar el teléfono y me dice: “Yo no tengo, pero mi productor sí”. Y yo le dije: “Tú nunca vienes con productor”. Y me dice: “No, es que siempre se queda afuera hablando por teléfono”. Lo llama para que me traiga el cargador y él entra.

—Y lo viste y dijiste...

—¿Quién es ese hombre?

—Aparte viste que los argentinos tienen como esta cosita.

—Sí, mi marido es todo cool y él tiene como una cosa... Es supercanchero, es divino. Él entró en ese momento, pero el detalle es que yo tenía pareja. Era un drama total. Yo tenía pareja, una pareja de la que me quería separar y mi mamá me decía: “¿Cuándo te vas a separar? Vas a encontrar al amor de tu vida y te va a encontrar diciéndole: ‘Tengo novio’”. Dicho y hecho (risas). Ella me dijo: “Te va a pasar, te vas a encontrar al amor de tu vida y vas a estar con otra persona”. En ese momento lo conocí, hablamos de trabajo y me pidió mi número para un puesto. Supuestamente para un proyecto de música...

—Que nunca se hizo.

—Sí, mentira. Nunca se lo voy a creer. Pero en el momento me fascinó. Él me empezó a reaccionar cosas en Instagram y yo dejé de responderle, porque dije: “Bueno, necesito solucionar esta situación”. Esto fue más o menos en octubre, noviembre, yo me separo en diciembre y en febrero, le digo a mi hermano: “No tengo a nadie, no tengo a nadie con quien hablar”. Me dice: “¿Cómo no vas a tener a nadie con quien hablar? Revisa tu WhatsApp”. Y empiezo a buscar contactos y bajó hasta la S, mi marido se llama Santiago.

—¡Tuviste que scrollear hasta la S! Fue como un Tinder de WhatsApp. Te digo que es una buena técnica.

—En ese momento empecé a buscar en el listado de WhatsApp, lo encuentro y digo: “¡Ay! Él me había encantado”. Y me daba vergüenza mandarle un mensaje de la nada. Y dije: “Le voy a mandar un mensaje como que si es un mensaje equivocado” (risas). Como que si es paa otro Santi. Y le mandé: “Hola, Santi. ¿Sabrás a qué hora nos buscan el domingo?”. Y él, ni lerdo ni perezoso, me contestó: “Che, Ani, no sé qué posibilidades hay de que te hayas equivocado de Santi, pero yo el domingo salgo a las 10. Si quieres te busco y vamos al teatro”. Y le dije: “Jaja, sí, pero contame más”. Como que sí, me equivoqué, pero vamos al teatro. Y ahí salimos por primera vez y estamos juntos desde ese día. No nos separamos nunca más.

—¿Pasó cuánto tiempo?

—De esa primera salida a hoy, estamos a seis años y un par de meses.

—Enseguida dijiste: “¿Es él?”

—Sí. De hecho, desde que teníamos cuatro meses juntos, yo me refiero a él como mi marido. Él no tuvo miedo a nada conmigo. Yo me acuerdo que decía en mi relación anterior, cuando estaba con una persona que era un muy buen hombre, pero era bastante más frío, me acuerdo que yo le decía a una amiga: “Yo no me quiero morir sin que me dediquen canciones, sin que me sorprendan”.

—¡Un romántico!

—“Yo quiero un romántico como yo”, le decía. Y mi amiga argentina, me decía: “Estás buscando en el país equivocado. Aquí no lo vas a encontrar. Aquí no hay tanto romántico”.

—Acá hay más chamuyeros, más cancheros.

—Claro, es otra cosa. Y yo le dije: “Si yo estoy en este país, esa persona también está en este país, porque yo no puedo ser la única que le gusta el romance y todo eso". Bueno, apareció mi marido, casi que me hace una película y me propuso matrimonio en la sala de un cine.

—Es espectacular lo que me contás.

—O sea, él es la persona que hace mis sueños posibles. Él es esa herramienta que me mandó Dios para que nosotros construyamos la vida que queremos y que sea realidad y no solo un sueño en mi cabeza.

—Qué lindo. Es un lindo ejemplo de amor, que no pasa siempre.

—Y yo creo que hay algo muy raro y que es como un engaño en el que caímos con las películas y con las historias de amor que nos vendieron en las telenovelas, que uno cree que el amor es intensidad loca. Y yo creo que el amor es paz. El amor es paz y tranquilidad. Es una persona que le otorga paz a tu caos. La vida es muy complicada. Si la persona no te hace la vida más fácil emocionalmente hablando, no es amor, es otra cosa. Y por eso a veces la gente sale de relaciones súper tóxicas y encuentra otra y dice: “Bueno, pero yo no voy a amar nunca como amé a aquella persona”. No lo amabas.

—Te elevaba el cortisol, que es diferente (risas).

—Exactamente.

—Si hoy pudieses tomarte un té o un mate con la Anais que llegó hace nueve años a la Argentina, atravesada por el miedo, la convicción, las ganas y el desarraigo, ¿qué le dirías desde la mujer que sos hoy?

—Le hablaría de un inmenso orgullo por ella y le agradecería por haber tomado esas decisiones. Lo hiciste con dudas, con miedo y lo hiciste igual. Le daría un abrazo inmenso. Trataría de quitarle un poco el miedo, pero creo que es difícil. A mí mi carrera siempre me dio mucho miedo. Mi sueño más grande siempre ha sido la música y me tardé casi 30 años en ejercerlo. Le diría que hay un mundo más bonito detrás del miedo y que tiene las capacidades, que sí las tiene, que no dude tanto. Que confíe un poquito más. Eso le diría.

Un video publicado en redes sociales generó miles de reacciones luego de mostrar el complicado momento que vive una joven mexicana que acudió a una Corte de Migración en Estados Unidos para firmar su salida voluntaria del país.

La grabación rápidamente comenzó a viralizarse debido a la sinceridad con la que la creadora de contenido decidió documentar uno de los episodios más difíciles e inciertos de su vida junto a su familia.

El video inicia con una frase que llamó inmediatamente la atención de los usuarios:

“Hoy firmé mi salida voluntaria de este país.”

A partir de ahí, la joven mostró distintos momentos de su día, desde actividades cotidianas como preparar el desayuno, cargar gasolina y conducir bajo la lluvia, hasta el instante en que llegó al edificio donde debía presentarse ante autoridades migratorias.

El ambiente reflejaba nerviosismo, incertidumbre y una evidente carga emocional mientras avanzaba hacia la cita relacionada con su situación legal en Estados Unidos.

“Hola, hoy toca ir a migración a firmar mi salida voluntaria. Llevo tantos nervios”, comentó frente a la cámara.

Más adelante, explicó que tenía como fecha límite el próximo 9 de junio para abandonar el país, aunque aseguró que todavía no había podido comprar sus boletos debido al alto costo de los vuelos y a que esperaba obtener más tiempo para resolver algunos pendientes.

“La idea es pedirles un mes más porque los tickets están muy caros.”

Uno de los momentos que más impactó a usuarios ocurrió cuando confesó el miedo que sentía antes de ingresar a las oficinas migratorias ubicadas en Minnesota.

“Se los juro que estoy muerta de nervios y de miedo.”

La joven también relató que había acudido acompañada de sus hijos, aunque finalmente tuvo que dejarlos con su hermana debido a que las autoridades no permitían el acceso de menores de 14 años al edificio.

La combinación entre lluvia, silencios y la tensión del momento provocó que numerosos usuarios interpretaran el video como una despedida emocional de la vida que había construido en Estados Unidos.

“Se siente la tristeza en todo el video”, escribió una persona.

“Nadie imagina lo difícil que es empezar de cero”, comentó otro usuario.

“La lluvia hizo todo todavía más melancólico”, agregaron en redes sociales.

El clip continúa acumulando reproducciones y mensajes de apoyo debido a la honestidad con la que la joven decidió compartir públicamente uno de los momentos más complejos de su experiencia migratoria.

El narcotráfico en México se ha consolidado de manera sólida en el último siglo. Esto, gracias a ciertos factores que han hecho que el negocio de la venta de drogas tenga jugosas ganancias.

Sin embargo, poco se sabe sobre el origen del narcotráfico en el país, y la relación que tienen ciudadanos de origen chino con el auge de esta actividad ilegal.

Jesús Lemus, periodista y escritor especializado en temas de narcotráfico, explicó en un capítulo del poscast Narco Mundo, junto a José Luis Montenegro, que hay versiones que apuntan a que el narcotráfico en el país tienen su origen a la llegada de ciudadanos chinos a Sinaloa.

Lemus explica que en Sinaloa hubo una migración de chinos al principio del siglo XX muy importante. “Desde China se embarcaban, y se iban y caían en San Franscisco, en la costa oeste de Estados Unidos, entonces llegaban los barcos a San Francisco, pero hubo una ocasión en que por lo menos 3 barcos desviaron su rumbo, y en lugar de caer en la costa de San Francisco, cayeron en la costa de Mazatlán, por eso llegaron y desembarcaron ahí chinos, y muchos chinos pensaron que habían llegado a San Francisco, California, Estados Unidos, y muchos siguieron el camino, se asentaron, sabiendo después a los días, de que estaban realmente en México, que no estaban en Estados Unidos, y muchos optaron por quedarse a vivir ahí en Sinaloa”.

Es por ello que, señaló, hay una gran presencia de chinos en ahí. “Son los chinos los que traen el verdadero negocio de la droga”, asegura.

El periodista explicó que muchos desendientes, como Juan Lung Tain fue uno de los primeros que trabajaron junto a Carlos Moy, con Pedro Avilés, considerado el primer gran narcotraficante mexicano.

“Hay otros, la banda de los chinos, que estaba, por ejemplo, formada por Rafael Lin Molina, Carlos Moi, Manuel Chong, Manuel Zin y Sam Lee, todos ellos, la banda de Sam Lee, es la que tenía negocios justamente con Pedro Avilés, y Pedro Avilés comienza a tener un floreciente negocio a grado tal que fíjate nomás la desgracia, iba tan bien Pedro Avilés en los negocios, que llamó la atención del gobierno”.

Recordó que a Avilés lo mataron en 1978 por una traición del que era titular de la Dirección Federal de Seguridad, Javier García Panyagua, padre de Omar García Harfuch, quien, aseguró Lemus, “traicionó a Pedro Avilés”.

Por su parte, Montenegro explica que Lai Chang Wong, un inmigrante chino que nació en 1869 en Hong Kong y que llegó a México en 1911, en plena época revolucionaria, es uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en México, principalmente en Sinaloa, y particularmente en Badiraguato, conocido como la cuna del narcotráfico en el país, pues de ahí son originarios algunos de los más destacados narcotraficantes del país, como Joaquín El Chapo Guzmán.

“Este hombre, Chang Wong, llega a Estados Unidos, viaja a México, se enrola como médico con los revolucionarios del noroeste, estuvo 10 años en el Ejérecito y un balazo lo obliga a dejar la lucha y comienza a practicar esta medicina naturista en El Dorado, esta zona que hoy día está asediada por los cárteles de Los Mayos y Los Chapos, y ahí un sacerdote lo convierte al cristianismo y lo bautiza como José Amarillas”.

Señaló que él cultivaba col, rábanos, lechuga, pero al mismo tiempo, “se inmiscuiría, o adquiriría estos poderes narcóticos y curativos a través de los opiaceos y es ahí cuando empieza esta andanada y esta oleada sobre el uso de las drogas en la cotidianeidad en México”.

Los estadounidenses con grandes patrimonios están acumulando ciudadanías y residencias alternativas como un plan de resguardo ante la incertidumbre política, económica y geopolítica, según informa Forbes.

La tendencia no es marginal. Estados Unidos ya desplazó a China como el principal mercado para quienes buscan una segunda o tercera nacionalidad, destacó al medio Eric Major, presidente y director ejecutivo de Latitude World, firma de asesoría en ciudadanía y residencia por inversión.

Las consultas de ciudadanos estadounidenses que buscaron una residencia o ciudadanía alternativa crecieron 183% interanual en el primer trimestre de 2025. El detonante, según consignó la consultora Henley & Partners, especializada en migración por inversión y citada por Forbes, fue la reelección de Donald Trump para un segundo mandato.

Mientras que, más de seis de cada 10 estadounidenses con ingresos anuales superiores a USD 200.000 evalúan mudarse a otro país en los próximos cinco años, de acuerdo con un estudio de la firma Apex Capital Partners que, según Forbes, se publicará el mes próximo.

Nuri Katz, presidente de esa firma, afirmó que el aumento del interés entre estadounidenses “se está disparando” y que la encuesta arrojó una división política pareja entre quienes contemplan irse.

La búsqueda de una segunda nacionalidad responde a una lógica similar a la diversificación financiera. Los especialistas en migración por inversión dijeron a Forbes que sus clientes más ricos buscan repartir riesgos en un mundo imprevisible, del mismo modo que distribuyen activos en distintas clases de inversión.

Major, presidente y director ejecutivo de Latitude World, dijo a Forbes que, desde 2019, los estadounidenses pasaron del 4% al 74% de su negocio. También señaló que sus clientes piden combinaciones de estatus migratorios y nacionalidades, y que la motivación va desde preocupaciones por la seguridad y la libertad de movimiento hasta preferencias de estilo de vida.

El costo de vida y el clima político empujan el interés por salir de Estados Unidos

Entre quienes consideran dejar Estados Unidos, el 68% menciona el costo de vida y el 54% el clima político como razones principales, según el estudio de la firma Apex Capital Partners citado por Forbes.

Katz aseguró al medio que el temor atraviesa a todo el espectro ideológico: algunos votantes de izquierda temen que Trump busque un tercer mandato y algunos de derecha temen la llegada de dirigentes que impulsen nacionalizaciones.

El fenómeno coincide con un cambio migratorio más amplio. Por primera vez desde la Gran Depresión, en 2025 salieron de Estados Unidos más personas de las que ingresaron, informó The Wall Street Journal, en un contexto en el que la administración Trump presentó la migración neta negativa como resultado de deportaciones y visados más restrictivos, mientras un número récord de ciudadanos estadounidenses también se marchaba.

Entre los ultrarricos de Estados Unidos con unos USD 100 millones en activos invertibles, Nueva Zelanda se volvió una opción frecuente, afirmó Major a Forbes.

Explicó que pesa su condición de país angloparlante, su ubicación geográfica y la percepción de seguridad, aunque advirtió que el acceso no es barato: la puerta de entrada a una residencia permanente exige una inversión de 5 millones de dólares neozelandeses (NZD), equivalentes a unos USD 3 millones, y ese desembolso es una inversión, no una donación.

Forbes señaló que Nueva Zelanda ocupa el octavo puesto en el Global Residence Program Index de Henley & Partners, con puntuaciones altas en reputación y calidad de vida. Katz, en cambio, detalló al medio que ve menos interés entre sus clientes porque el precio excluye a la mayoría de los potenciales compradores.

Europa sigue atrayendo por la ciudadanía, aunque las puertas se estrecharon

Los estadounidenses con grandes fortunas siguen muy interesados en Europa, pero priorizan la ciudadanía antes que la residencia, destacó Major a Forbes. La razón es práctica: obtener la ciudadanía de un país permite movilidad sin fricciones en 29 países del espacio Schengen.

Ese acceso se volvió más difícil en los últimos años. Forbes destaca que Grecia elevó hace dos años el umbral mínimo de inversión de su programa de “visa dorada”, que otorga residencia permanente pero no ciudadanía, desde 250.000 euros hasta 800.000 euros en sus mercados más demandados; España puso fin a su programa en abril de 2025 tras las quejas por el impacto sobre los precios de la vivienda; y Portugal duplicó el mes pasado, de cinco a 10 años, el período de residencia exigido antes de solicitar la ciudadanía.

Malta también restringió su esquema después del fallo del año pasado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que desmanteló su modelo de ciudadanía por inversión, según Forbes. El país pasó a un marco más estrecho y subjetivo de “ciudadanía por mérito”, que exige contribuciones excepcionales distintas de la inversión financiera directa, aunque Major afirmó al medio que la isla sigue siendo una opción popular entre sus clientes y estimó que este año tramitarán unas 50 solicitudes.

El interés por el Reino Unido también aumentó tras la reelección de Trump. The Guardian informó que en los meses inmediatamente posteriores se dispararon las solicitudes de ciudadanía británica presentadas por estadounidenses.

El Caribe ofrece una vía más barata y rápida, y la ascendencia gana peso

Katz detalló a Forbes que la Organización de Estados del Caribe Oriental funciona “como la Unión Europea del Caribe oriental”, porque la ciudadanía de uno de sus siete países da derecho a vivir y trabajar en los otros. Añadió que esa vía suele ser más barata y rápida que en otras regiones: una ciudadanía caribeña puede comprarse por unos USD 250.000, con plazos de tramitación de entre cuatro y seis meses.

Major dijo a Forbes que los estadounidenses con raíces familiares en otros países están recurriendo con fuerza a la ciudadanía por descendencia en Canadá y Europa, y que su firma siempre aconseja explorar primero esa alternativa. Forbes destaca que la cantidad de estadounidenses que buscaron la ciudadanía irlandesa por ascendencia, disponible para personas con padres o abuelos irlandeses, saltó 63% el año pasado.

Forbes agregó que, después de que Canadá eliminara los límites generacionales para quienes buscan la doble ciudadanía, más estadounidenses habrían solicitado la ciudadanía canadiense que la suma de los siguientes nueve países de origen.

La Trump Gold Card y el intento de atraer millonarios

Mientras crecía ese apetito por salir, la administración Trump impulsó su propia oferta para atraer extranjeros adinerados. Poco después del comienzo del segundo mandato, lanzó la Trump Gold Card, un nuevo visado que prometía una vía rápida hacia la residencia en Estados Unidos junto con una exención para no tributar en el país por ingresos obtenidos en el exterior, según Forbes.

Donald Trump aseguró al anunciar el programa que el país vendería un millón de visados a USD 5 millones cada uno, y semanas después el secretario de Comercio Howard Lutnick afirmó haber vendido 1.000 en un solo día durante un viaje a Oriente Medio, detalló Forbes.

Pero el mercado resultó mucho más estrecho de lo previsto: Henley & Partners aseguró al medio que el grupo de personas ultrarricas del mundo capaces y dispuestas a aportar directamente USD 5 millones era relativamente pequeño, sobre todo frente a programas basados en inversión y no en donación.

En septiembre, el gobierno de Estados Unidos redujo el precio de la Trump Gold Card en 80%, hasta USD 1.000.000, y eliminó el beneficio fiscal, destacó Forbes.

En febrero, un portavoz de la Casa Blanca afirmó a The Wall Street Journal que las políticas de la administración atraían a “innumerables” extranjeros ultrarricos que estaban pagando USD 1.000.000 para instalarse en Estados Unidos, pero dos meses después solo se había aprobado un visado Gold Card.

En paralelo, el senador de Ohio Bernie Moreno presentó en diciembre una legislación para eliminar la doble ciudadanía y exigir que los estadounidenses deban una lealtad “única y exclusiva” a Estados Unidos.

Los gobiernos de Costa Rica y Panamá dieron una nueva señal de acercamiento diplomático luego de varios meses marcados por tensiones políticas y diferencias bilaterales en temas migratorios, comerciales y de seguridad fronteriza.

El canciller costarricense, Manuel Tovar, y su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvieron un encuentro en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde ambos acordaron impulsar una agenda conjunta para atender desafíos comunes mediante mesas binacionales de trabajo.

Según la información oficial divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la reunión permitió abordar temas relacionados con seguridad, migración, aduanas y comercio, áreas que durante los últimos meses han provocado roces entre San José y Ciudad de Panamá.

“Ambos destacaron la histórica relación de buena vecindad que une a ambos pueblos y reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para enfrentar los retos actuales”, señalaron las cancillerías tras el encuentro.

La cita ocurre en un momento especialmente delicado para la relación bilateral entre los dos países vecinos, luego de múltiples episodios de tensión política que escalaron públicamente desde 2025.

Migración y cierres fronterizos marcaron las principales diferencias

Uno de los principales focos de conflicto entre Costa Rica y Panamá ha sido el manejo de la migración irregular a través de la frontera común, particularmente tras el incremento de flujos provenientes de Sudamérica, Venezuela y otras regiones que atraviesan el Tapón del Darién.

Durante los últimos meses, ambos gobiernos intercambiaron cuestionamientos públicos sobre la coordinación migratoria, los traslados humanitarios y la responsabilidad en la atención de miles de migrantes que cruzan territorio panameño hacia Costa Rica.

Ambas naciones han vivido tensiones derivadas de operativos fronterizos y diferencias sobre controles de seguridad en Paso Canoas, una de las zonas comerciales y migratorias más sensibles de Centroamérica.

Las discusiones también se intensificaron luego de medidas implementadas por Panamá relacionadas con restricciones comerciales y controles aduaneros que generaron preocupación entre exportadores y transportistas costarricenses.

En paralelo, autoridades de ambos países han manifestado preocupación por el aumento de actividades vinculadas con narcotráfico, crimen organizado y tráfico de personas en la región fronteriza.

El encuentro busca reconstruir canales políticos

En ese contexto, la reunión sostenida en Nueva York fue interpretada como un intento de reconstruir canales de diálogo político y bajar el tono de confrontación bilateral.

Los cancilleres acordaron establecer mesas técnicas binacionales orientadas a generar resultados concretos en temas prioritarios para ambas administraciones.

Según el comunicado oficial, los gobiernos impulsarán “un diálogo constructivo” enfocado en fortalecer la coordinación institucional y encontrar soluciones compartidas.

El canciller costarricense, Manuel Tovar, ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de mantener cooperación regional en temas migratorios y de seguridad, especialmente ante el impacto que tiene la crisis migratoria continental sobre Centroamérica.

Por su parte, Javier Martínez-Acha Vásquez ha insistido en que Panamá enfrenta una presión migratoria histórica derivada del flujo constante de personas que atraviesan el Darién rumbo al norte del continente.

Comercio y aduanas siguen siendo puntos sensibles

Otro de los temas centrales en la relación bilateral ha sido el comercio regional y el tránsito de mercancías entre ambos países.

Empresarios costarricenses han manifestado preocupación durante el último año por atrasos aduaneros, inspecciones y restricciones que afectan el paso de productos hacia Panamá y el resto de Centroamérica.

El conflicto incluso llegó a generar advertencias sobre posibles impactos económicos para exportadores nacionales, especialmente en productos agrícolas y mercancías de tránsito terrestre.

Costa Rica y Panamá mantienen una de las relaciones comerciales más dinámicas de la región centroamericana, con intercambio constante de alimentos, bienes industriales, combustibles y servicios logísticos.

Por eso, el establecimiento de mesas binacionales sobre comercio y aduanas aparece como uno de los principales intentos para evitar una escalada mayor en las diferencias bilaterales.

Seguridad regional se mantiene como prioridad compartida

La cooperación en seguridad también figura entre las prioridades del nuevo acercamiento diplomático.

La frontera sur costarricense se ha convertido en una zona estratégica para el combate contra el narcotráfico y las redes criminales que operan entre Colombia, Panamá y Costa Rica.

En distintas ocasiones, autoridades costarricenses y panameñas han coordinado operativos conjuntos relacionados con tráfico de drogas, armas y personas.

Sin embargo, el deterioro político de la relación bilateral durante los últimos meses generó preocupación sobre posibles afectaciones en los mecanismos de cooperación regional.

Con la reunión celebrada en Naciones Unidas, ambos gobiernos intentan ahora proyectar una señal de estabilidad diplomática y coordinación regional en medio de un escenario regional marcado por presión migratoria, inseguridad y tensiones comerciales.

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 26 de mayo que es “engañoso” afirmar, como difunden videos virales en redes sociales, que enlistarse en el Ejército estadounidense es la forma “más fácil y rápida” de obtener la ciudadanía.

En un mensaje publicado en su cuenta de redes sociales, la representación diplomática de los Estados Unidos señaló que el servicio militar puede apoyar ciertos procesos de naturalización, pero “no es una vía abierta para cualquier migrante” y exige cumplir requisitos específicos de elegibilidad y servicio.

La Embajada precisó que, para enlistarse, se necesita residencia permanente legal (Green Card) y, además, “hablar, leer y escribir inglés con fluidez”. También advirtió que no se puede entrar al Ejército para ingresar a Estados Unidos o para obtener una visa.

“No tomes decisiones migratorias con información incompleta”, añadió la Embajada, que recomendó consultar fuentes oficiales.

La embajada de Estados Unidos advierte riesgos legales para viajeros rumbo al Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que viajen a México por el Mundial 2026 y advirtió que portar o intentar ingresar objetos prohibidos puede derivar en multas, arrestos, encarcelamiento o deportación. El aviso recalca que desconocer la ley mexicana no exime de sanciones y cobra peso por el arranque del torneo, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La lista incluye armas de fuego, municiones, incluso cartuchos usados, cuchillos, fuegos artificiales y explosivos sin permisos emitidos por el Gobierno mexicano. La sede diplomática precisó que los permisos expedidos en el extranjero no tienen validez en territorio nacional.

Otros artefactos prohibidos son los cigarrillos electrónicos, dispositivos de vapeo y sus líquidos, según la Embajada de Estados Unidos. La consecuencia, añade el aviso, puede ir de multas y decomisos hasta arrestos.

Sobre ese punto, la advertencia indica que el tráfico ilegal de armas es un delito castigado con severidad en México. La recomendación para los asistentes es no intentar evadir revisiones ni incumplir los puntos de control establecidos por autoridades mexicanas.

Miles de visitantes extranjeros acudirán al país por la Copa Mundial 2026. En ese contexto, la representación diplomática pidió revisar pasaportes, ordenar con anticipación la documentación migratoria y registrar la estancia en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, conocido como STEP, de acuerdo con el comunicado.

El gobierno estadounidense exigirá que el trámite de la Green Card sea realizado fuera del país para la mayoría de migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que la mayoría de los migrantes mexicanos que buscan la Green Card deberán salir de Estados Unidos para terminar el trámite en consulados de su país de origen, una medida que elimina la posibilidad de concluir ese proceso dentro del territorio estadounidense para quienes están ahí sin documentos migratorios válidos, según el propio organismo.

De acuerdo con USCIS, la nueva disposición no aplica a quienes ya tienen un proceso aprobado ni a personas con un estatus protegido por acuerdos internacionales. El organismo también sostuvo que el cambio libera recursos limitados de la agencia para atender otros casos, como visas para víctimas de delitos violentos, trata de personas y solicitudes de naturalización.

Indiana atraviesa un proceso de endurecimiento en las políticas de tránsito y migración tras la detención de casi 300 inmigrantes indocumentados con licencias de conducir comerciales en los últimos tres meses.

De acuerdo con Tony Ferraro, asesor del gobernador Mike Braun, el estado identificó a 283 conductores sin estatus migratorio regular manejando camiones en estaciones de pesaje, cifra que representa más de tres interceptaciones diarias. “Eso es más de tres por día que sacamos de camiones”, expresó Ferraro ante un consejo local, según cita el Chicago Tribune.

El funcionario precisó que muchos de estos choferes portaban licencias comerciales emitidas en California y Nueva York, jurisdicciones que anteriormente no exigían ciudadanía para tramitar la documentación.

La situación llevó a un refuerzo en los controles de velocidad y patrullaje en las principales autopistas, incluida la Interestatal 30. Ferraro remarcó que la presencia policial es “la más visible” en más de una década. Estas inspecciones no solo buscan frenar excesos de velocidad, sino también detectar posibles delitos y violaciones migratorias, según el reporte del New York Post.

Cambios legales y revocación masiva de licencias

En abril de 2026, Indiana implementó una política más estricta sobre la validez de las CDL (licencias de conducir comerciales) tras la entrada en vigor de la ley House Enrolled Act 1200 (HEA1200).

Según el Bureau of Motor Vehicles estatal, cerca de 1.800 licencias comerciales fueron revocadas a conductores no ciudadanos que no acreditaron una visa laboral válida.

El organismo notificó por correo a los afectados sobre la pérdida de privilegios para conducir vehículos de carga en el estado. La nueva normativa limita las visas aceptadas para obtener o renovar la CDL a las categorías H-2A, H-2B o E-2.

Conducir con una CDL obtenida sin la documentación migratoria adecuada constituye desde entonces un delito de nivel 6 en la escala estatal. La sanción alcanza multas civiles de hasta USD 5.000 para conductores y de hasta USD 50.000 para empleadores que contraten a sabiendas a choferes en situación irregular. Así lo confirmó el portavoz del Bureau of Motor Vehicles.

Justificación oficial y antecedentes en seguridad vial

El endurecimiento normativo fue respaldado públicamente por el vicegobernador de Indiana, Micah Beckwith, quien argumentó que estas medidas buscan proteger la seguridad vial y disuadir la contratación irregular en el sector del transporte de carga.

Según el vicegobernador, los empleadores que reincidan en estas prácticas enfrentarán sanciones ejemplares. “La política pretende garantizar que solo quienes cuenten con autorización laboral transiten en rutas estatales”, declaró Beckwith, citado por Fox News.

La decisión se produce tras incidentes recientes, como el accidente fatal protagonizado por un conductor de origen indio y sin estatus migratorio regular en el condado de Hendricks. La presencia de choferes indocumentados en camiones de carga fue señalada como un factor de riesgo en siniestros viales, según funcionarios del estado.

En paralelo, Nueva York anunció en febrero que dejará de otorgar licencias comerciales a no ciudadanos, tras una orden federal que endurece los requisitos.

El New York Post subraya que la legalidad de las acciones emprendidas por Indiana puede ser objeto de disputa, ya que una CDL válida emitida por otro estado podría, según expertos legales, habilitar el manejo de vehículos comerciales hasta que la regulación federal aclare su alcance.

Indiana no emite licencias de conducir de ningún tipo a inmigrantes en situación irregular, y el destino de los conductores detectados —si enfrentan cargos estatales, federales o fueron entregados a inmigración— sigue sin confirmarse por fuentes oficiales.

Un hombre de 82 años quedó arrestado en Miami por vender crack a dos personas en un estacionamiento de Little Havana. Se trata de Tomas Casanova, una ciudadano cubano que ahora enfrenta cargos agravados luego de que la policía lo sorprendiera durante una vigilancia encubierta cerca de una clínica de salud, en una zona cercana a escuelas y espacios religiosos.

La policía de Miami informó que el arresto se produjo cerca de las 16:00, cuando los agentes observaron a Casanova entregar droga a dos hombres: Frank Rodríguez-Diaz, de 65 años, llegó en bicicleta, entregó dinero a Raymond Vega, de 58, quien a su vez lo pasó a Casanova.

El hombre mayor sacó una servilleta blanca de su bolsillo, donde guardaba varias piedras de crack, y entregó una a cada comprador. Los agentes detuvieron a los tres en el acto y encontraron a Casanova 11 piedras de crack y USD 50.

También hallaron otras dos piedras en la zona donde estaban los compradores. Según NBC Miami y CiberCuba, la escena quedó documentada en el informe policial.

Cómo ocurrió la detención

Los agentes realizaban una vigilancia en el estacionamiento de Centrum Health, 434 Southwest 12th Avenue. Un oficial dio la señal de intervención tras confirmar el intercambio de droga y dinero. Los tres involucrados quedaron bajo custodia en ese momento.

Al revisar a Casanova, los policías encontraron la servilleta con once piedras de crack y el dinero en efectivo. Junto a los compradores, hallaron dos piedras más de la misma sustancia.

Las autoridades acusaron a Casanova de vender crack a menos de 300 metros de una iglesia o tienda de conveniencia, además de posesión de crack y otros delitos relacionados. La ley de Florida contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes cometen este tipo de delitos cerca de zonas protegidas.

La portavoz de la policía de Miami, Kenia Fallat, afirmó que el caso resultó grave porque la venta ocurrió a pocos metros de un colegio. Según Fallat: “Esto pudo haber terminado peor si un niño recogía esas piedras de crack”, según NBC Miami.

La policía ya había recibido varias denuncias de los vecinos por ventas de droga en ese sector.

Quiénes son los implicados

Tomas Casanova tiene 82 años y nacionalidad cubana. No posee la ciudadanía de Estados Unidos, por lo que, además de la fianza fijada en USD 15.000, quedó bajo una retención migratoria. Esta situación podría derivar en un proceso de deportación, según explicaron fuentes judiciales al medio CiberCuba.

Casanova ya contaba con antecedentes. En 2014, lo arrestaron en Miami-Dade por cargos de venta y tenencia de cocaína y oxicodona con intención de distribuir, lo que podría agravar su situación legal por reincidencia.

Frank Rodríguez-Diaz, de 65 años, recibió cargos por posesión de crack y otros delitos. En el caso de Raymond Vega, de 58 años, las autoridades continuaban investigando y no habían divulgado cargos específicos al cierre de la información.

Por qué intervino la policía en Little Havana

La intervención policial respondió a denuncias de vecinos sobre la venta de drogas en la zona. El estacionamiento donde ocurrió el hecho está cerca de escuelas y comercios, lo que motivó la vigilancia policial.

En diciembre de 2025, la policía local realizó la “Operación El Primo”, que desarticuló una red de tráfico de drogas en Little Havana, Flagami y Coral Way. Esa acción permitió detener a 20 personas y confiscar más de 22 kilogramos de cocaína, junto con USD 120.000 en efectivo, según informó CiberCuba.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona por la frecuencia de estos delitos y el riesgo para la comunidad. El caso de Casanova refuerza la preocupación de los residentes sobre la seguridad en los alrededores de escuelas y lugares frecuentados por familias.

Un total de 146,635 niños en Estados Unidos han resultado afectados por la detención de uno o ambos padres, de acuerdo con un nuevo informe publicado por el centro de estudios Brookings Institution, que analiza el impacto humano de las políticas migratorias implementadas en el país.

El estudio detalla que más de 22,000 menores han experimentado la detención de ambos progenitores, una situación que coloca a miles de niños en escenarios de alta vulnerabilidad, especialmente en casos donde no existe una red familiar de apoyo inmediata.

La mayoría de los menores afectados son ciudadanos estadounidenses, lo que ha intensificado el debate sobre las consecuencias colaterales de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha reforzado sus operativos desde el inicio del nuevo mandato presidencial.

Brookings precisa que el 36.5% de los niños afectados son menores de seis años, el 36.1% tiene entre seis y 12 años, mientras que el resto corresponde a adolescentes de entre 13 y 17 años, lo que evidencia que una parte significativa de los casos involucra población infantil en etapas tempranas de desarrollo.

Respecto al origen de los padres detenidos, la nacionalidad mexicana representa el 53.7% del total, seguida de Guatemala con un 15% y Honduras con un 10.7%, reflejando el fuerte impacto de las políticas migratorias en comunidades centroamericanas y latinoamericanas residentes en Estados Unidos.

El análisis identifica a Washington D.C. y Texas como las zonas con mayor concentración de menores ciudadanos estadounidenses afectados, registrando tasas superiores a cinco niños por cada mil habitantes en algunos sectores, lo que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Impacto del sistema migratorio

El informe de Brookings estima además que actualmente unas 60,000 personas permanecen detenidas bajo custodia del ICE, mientras que cerca de 400,000 han pasado por centros de detención en el marco de las políticas migratorias vigentes.

La investigación reconoce la ausencia de datos precisos sobre cuántos detenidos o deportados tienen hijos en Estados Unidos, ni sobre el destino final de los menores cuando sus padres son arrestados, lo que limita la comprensión total del impacto social de estas medidas.

El estudio subraya que la información disponible sobre detenidos permite una aproximación más clara al fenómeno, en comparación con los casos de deportación, donde el seguimiento estadístico es más complejo.

Debate social y recomendaciones

Las cifras han reavivado el debate público sobre las consecuencias humanitarias de la política migratoria en Estados Unidos, generando críticas de organizaciones civiles que advierten sobre el impacto psicológico y social en los menores separados de sus padres.

El informe recoge recomendaciones de organizaciones especializadas, que sugieren a los padres migrantes elaborar planes de preparación familiar, designando tutores o personas de confianza que puedan hacerse cargo de los niños en caso de detención o deportación.

El incremento de operativos del ICE ha provocado protestas en distintas ciudades del país, en medio de cuestionamientos sobre el equilibrio entre control migratorio y protección de los derechos de la niñez. No se descartan más deportaciones con el objetivo de incidir en la migración irregular.

Estados Unidos anunció un cambio en el proceso para obtener la residencia permanente. Ahora, la mayoría de los migrantes mexicanos y de otros países deberán salir del país para completar la solicitud de la green card, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La nueva disposición deja sin efecto la posibilidad de concluir el trámite dentro del territorio estadounidense.

La medida implica que quienes deseen regularizar su estatus deberán regresar a su nación de origen para finalizar el procedimiento ante las autoridades consulares. De acuerdo con el USCIS, esta decisión afecta a la mayoría de solicitantes que se encuentran actualmente en Estados Unidos sin documentos migratorios válidos.

USCIS is applying long-standing law and prior court decisions to require certain aliens with temporary visas who decide they want to permanently reside in the U.S. to return to their home countries to apply for permanent visas through the @StateDept.

We're returning to the… pic.twitter.com/E2AFZkds5m

— USCIS (@USCIS) May 22, 2026

Anuncio y detalles de la nueva disposición

El USCIS comunicó que, desde ahora, un extranjero que se encuentra temporalmente en Estados Unidos y desea una Tarjeta Verde para la residencia permanente debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias.

La institución señaló que está aplicando la ley de larga data y decisiones judiciales previas para exigir a ciertos extranjeros con visas temporales que regresen a sus países de origen para solicitar visas permanentes a través del Departamento de Estado.

El organismo explicó que los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, vienen a Estados Unidos por un corto período y con un propósito específico.

Añadió que el sistema está diseñado para que se vayan cuando su visita termine y que no debería funcionar como el primer paso en el proceso de la Tarjeta Verde.

El USCIS indicó que cumplir con la ley permite que la mayoría de estos casos sean manejados por el Departamento de Estado en las oficinas consulares estadounidenses en el extranjero. Además, detalló que esta política libera recursos limitados de la agencia para enfocarse en procesar otros casos, como visas para víctimas de delitos violentos, trata de personas, solicitudes de naturalización y otras prioridades.

Cambios en el procedimiento para la green card

Antes de este cambio, muchos migrantes podían permanecer en Estados Unidos mientras tramitaban la residencia. Ahora, el procedimiento exige que los solicitantes vuelvan a México u otros países.

Esto puede generar incertidumbre para quienes han vivido en Estados Unidos durante años. El USCIS señaló que este ajuste responde a una revisión de los lineamientos internos y busca ordenar y agilizar el proceso.

El organismo precisó que quienes inicien el trámite desde el extranjero deberán cumplir todos los requisitos y esperar la autorización para reingresar legalmente a Estados Unidos. La nueva disposición no aplica para quienes ya tienen un proceso aprobado o cuentan con un estatus protegido por acuerdos internacionales.

Argumentos y justificación del gobierno estadounidense

El gobierno estadounidense argumentó que la medida pretende reducir la acumulación de solicitudes y mejorar la eficiencia administrativa.

Según el USCIS, al centralizar el trámite en los consulados fuera del país, se busca evitar fraudes y fortalecer la seguridad en el proceso migratorio.

La institución afirmó que están volviendo a la intención original de la ley para garantizar que los extranjeros naveguen correctamente por el sistema de inmigración. El USCIS aseguró que estos cambios buscan un sistema más justo y eficiente. Las autoridades insisten en que el objetivo es optimizar los recursos y tiempos de respuesta.

Viajar a Estados Unidos en 2026 requiere cumplir con requisitos financieros y administrativos en dos etapas: el trámite de la visa y la justificación de solvencia al ingresar al país.

No existe una cifra oficial mínima de dinero que debas comprobar, pero sí se espera que puedas demostrar que tienes los recursos suficientes para costear tu viaje y estancia. Los siguientes listados presentan los datos y costos concretos, actualizados y verificados para este año.

Trámite de visa estadounidense: dinero, costos y documentos clave

Visa de turista B1/B2:

Costo: 185 dólares estadounidenses por solicitante (aprox. 3,320.75 pesos al tipo de cambio vigente).

Menores de 15 años: 15 dólares si tramitan junto a padre/madre mexicano con visa vigente o en trámite.

Pago: No reembolsable, incluso si la visa es rechazada.

Envío de visa aprobada:

• $400 pesos a domicilio.

$400 pesos a domicilio.

Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 a 6 meses, con movimientos regulares y saldo coherente con el viaje.

Constancia de empleo, recibos de nómina o comprobantes de pensión/jubilación.

Documentación de propiedad, negocios o estudios.

Carta de invitación si te hospedarás con familiares o amigos.

Monto recomendado para demostrar solvencia:

No existe mínimo oficial, pero se considera adecuado acreditar entre 30,000 y 50,000 pesos mexicanos de saldo o ingresos mensuales, siempre acorde al perfil y duración del viaje.

Ingreso a Estados Unidos: comprobación de fondos y declaración de divisas

A tu llegada, los oficiales pueden solicitar:

Tarjetas de crédito internacionales válidas

Efectivo, cheques de viajero o giros postales

Estados de cuenta impresos

Carta de invitación con nombre y dirección del anfitrión, si aplica

Criterios de evaluación migratoria:

No hay un monto mínimo legal

Se espera que los fondos cubran viaje, alojamiento, alimentación y actividades

La congruencia entre recursos, itinerario y duración es clave

Declaración de dinero en efectivo y otros instrumentos

Obligatorio declarar si portas más de 10,000 dólares estadounidenses (o equivalente) al ingresar o salir de EE.UU.

Debes llenar el Formulario CBP 6059B y el Formulario FinCEN 105.

No declarar puede derivar en decomisos y sanciones.

No hay límite máximo, siempre que declares y puedas justificar el origen lícito si la autoridad lo solicita.

Costo actualizado del pasaporte mexicano para 2026

1 año: 920 pesos (solo menores de 3 años/casos especiales)

3 años:1,795 pesos

6 años:2,440 pesos

10 años:4,280 pesos

Descuento del 50% para mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales en Canadá.

Consejos prácticos para tu trámite y viaje

Prepara estados de cuenta, comprobantes de empleo y documentación de arraigo antes de solicitar la visa.

Lleva cartas de invitación si te hospedarás con familiares o amigos.

Declara cualquier cantidad superior a 10,000 dólares al ingresar o salir de EE.UU.

Consulta los portales oficiales de la CBP, la Embajada de Estados Unidos en México y la SRE para verificar requisitos y tarifas vigentes.

Consideraciones adicionales

• Aunque la cuenta bancaria no es obligatoria, presentar movimientos regulares y un saldo coherente con tu perfil facilita el proceso ante autoridades consulares y migratorias.
• En el caso de estudiantes o personas invitadas por familiares, es fundamental llevar documentación de respaldo, como cartas de invitación, constancias de estudios o cartas de aceptación escolar.
• Si tu viaje es por negocios, presenta cartas de la empresa, invitaciones oficiales, comprobantes de eventos o conferencias y documentación que demuestre tu vínculo con la organización en México.
• Mantén coherencia entre la información proporcionada en el formulario DS-160, la documentación y tus respuestas durante la entrevista y el ingreso.
• No olvides actualizar tu pasaporte mexicano antes de iniciar cualquier trámite, ya que debe tener una vigencia mínima de seis meses al momento del ingreso a EE.UU.
• Evita presentar documentos falsos o alterados; cualquier inconsistencia puede resultar en la negación de la visa o del ingreso y restricciones futuras para viajar.
• Para viajes familiares o en grupo, cada miembro debe comprobar individualmente sus fondos o justificar la dependencia económica del titular del viaje.
• Consulta actualizaciones periódicas en los portales oficiales, ya que los costos y requisitos pueden modificarse anualmente o según nuevas disposiciones migratorias.

La vida de Adán Cáceres cambió de forma abrupta cuando fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos y deportado a El Salvador, el país donde nació, después de 10 años radicado en California. Según reportó Univisión, el fotógrafo salvadoreño se vio forzado a dejar atrás a su esposa y su carrera profesional tras ser arrestado mientras esperaba la resolución de su caso de asilo. Ahora, enfrenta el desafío de reconstruir su vida en un entorno que le resulta ajeno, marcado por la separación familiar.

Durante una década en Estados Unidos, Adán forjó una carrera como fotógrafo de bodas y contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense. Su vida profesional y personal quedó en suspenso en noviembre, cuando fue detenido por agentes migratorios en un aeropuerto rumbo a Texas. “Me esposaron, me pusieron cadenas en la cintura, en las manos, en los pies. Es una experiencia que dices: ‘Yo no soy un criminal’”, relató. El trato de los agentes incluyó la toma de fotografías junto a él, un acto que describió como degradante.

El regreso a El Salvador implicó una ruptura total con su rutina y su círculo cercano. “Ser forzado a dejar tu familia, dejar tu trabajo, dejar tu rutina, toda tu vida”, expresó. Frente a esa adversidad, el fotógrafo optó por no victimizarse, sino buscar una perspectiva distinta: “¿Sabes qué, Dios? Voy a mirar las cosas de una manera diferente”. Pese a ello, al llegar al país centroamericano, Adán se encontró sin clientela, contactos ni amistades, lo que lo obligó a empezar de cero.

Un nuevo comienzo laboral y la esperanza del reencuentro familiar

La resiliencia ha sido una constante en su proceso de adaptación. Logró reinsertarse laboralmente al retomar un empleo en línea con una empresa estadounidense dedicada a la edición de fotografías de boda. Mientras reconstruye su vida profesional, su esposa se prepara para dejar California y reunirse con él en El Salvador, según detalló Univisión. El caso de esta pareja se suma al de otros miembros de su familia que han atravesado experiencias similares.

La tía y el primo de Adán también enfrentaron la deportación. Huyeron de El Salvador años atrás escapando de la violencia de las pandillas que atormentaban ala país en aquel entonces. Aunque su tía esperaba la resolución de su caso de asilo, la presión del control de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la angustia por la detención de su hijo de diecinueve años resultaron insoportables. La mujer decidió autodeportarse hace dos meses, mientras su hijo fue expulsado del país tras pasar catorce meses detenido.

Según la cobertura de Univisión, la esperanza vuelve a la vida de Adán Cáceres con la inminente llegada de su esposa a El Salvador tras meses de separación forzada.

Ahora, la pareja planea construir un nuevo hogar en un país que, aunque propio en origen, representa un territorio desconocido tras años de ausencia. La historia de los Cáceres y sus familiares refleja la realidad de cientos de migrantes centroamericanos que, tras ser deportados de Estados Unidos, encaran la tarea de reconstruir sus vidas en medio de la adversidad, la incertidumbre y el dolor del desarraigo.

La comunidad hispana en los Estados Unidos dejó de ser vista únicamente a través de la lente de la fuerza laboral tradicional para consolidarse como un verdadero motor macroeconómico global. Si se agrupara a los 65 millones de latinos que residen en territorio estadounidense como si formaran un país independiente, su producción económica total alcanzaría aproximadamente los 4 billones de dólares. Esta cifra sitúa a la economía latina de ese país en el quinto puesto del orden mundial, superando de manera directa el Producto Interno Bruto de naciones como India, el Reino Unido, Francia, Rusia, Canadá, Italia y Brasil. Dentro de este escenario, sobresalen los inmigrantes argentinos.

Según un estudio de Latinometrics, elaborado en base al Censo 2024 de EE.UU., las personas nacidas en la Argentina que viven territorio estadounidense registran actualmente el mayor ingreso promedio por hogar entre todos los grupos de origen hispano que residen en ese país.

Este indicador sociodemográfico no solo posiciona a las familias de origen argentino por encima de las provenientes del resto de las naciones de América Latina y el Caribe, sino que también las ubica con claridad por encima de la mediana de ingresos de la totalidad de la población estadounidense.

El perfil económico de una migración de ingresos altos

La brecha de ingresos entre las diferentes corrientes migratorias dentro de la misma categoría demográfica hispana se hace evidente al observar los registros oficiales de ingresos por hogar y los niveles formativos alcanzados por sus adultos. Mientras que el total de la población de los Estados Unidos se sitúa en una línea de ingresos intermedia, los hogares argentinos logran quebrar de manera sostenida esa barrera de referencia.

El ingreso mediano de un hogar compuesto por inmigrantes argentinos se ubica en el rango de las seis cifras anuales, un valor monetario que supera de manera aproximada en un 30% a la mediana nacional registrada para el conjunto de los habitantes del país norteamericano. También aparecen por debajo los ingresos promedios de brasileños, ecuatorianos, colombianos y venezolanos, entre otros.

Al analizar la composición interna de los ingresos de la comunidad hispana, la tendencia marca que los inmigrantes procedentes de los países de América del Sur registran, en términos promedio, niveles educativos más formales y remuneraciones mensuales notablemente superiores en comparación con los inmigrantes que provienen de la región de América Central.

Esta diferencia influye de manera directa en los sectores de la economía en los cuales logran insertarse los trabajadores de cada corriente, determinando así sus posibilidades de movilidad y el volumen total de dinero que ingresa a cada vivienda. Junto con la comunidad chilena, los ciudadanos argentinos constituyen los dos únicos grupos de origen latinoamericano que logran superar el umbral promedio de ingresos del trabajador estadounidense común, posicionándose por encima de otros colectivos de la región como los de origen brasileño, peruano, colombiano o ecuatoriano.

Un fenómeno impulsado por la formación académica

Para comprender los motivos estructurales que colocan a las familias argentinas al frente del ranking de ingresos en Estados Unidos, se debe evaluar la variable educativa de la población. El nivel de ingresos por hogar muestra una correlación directa con la proporción de adultos que han completado estudios superiores y cuentan con un título universitario de grado. En el escenario de la migración argentina, casi la mitad de los adultos que residen en los Estados Unidos posee un título universitario formal.

Esta elevada tasa de profesionalización universitaria define el tipo de empleo al que acceden en el mercado corporativo estadounidense. A diferencia de los flujos migratorios de países con menores índices de desarrollo relativo que se ven obligados a aceptar salarios iniciales bajos, el colectivo argentino se caracteriza por estar integrado en gran medida por profesionales en actividad de alta calificación técnica.

Entre ellos se destaca un volumen considerable de ingenieros y científicos, muchos de los cuales cuentan además con una fluida competencia en el idioma inglés, lo que les facilita una inserción laboral inmediata en puestos ejecutivos y de alta especialización dentro del sector privado norteamericano.

Las causas detrás de la fuga de cerebros

El perfil sociodemográfico de la comunidad argentina en el exterior responde a dinámicas de emigración particulares que se han extendido a lo largo de las últimas décadas. El traslado de este sector de la población hacia América del Norte no suele responder a una búsqueda desesperada de subsistencia básica inmediata, sino más bien a un proceso sostenido de transferencia de capital humano calificado, frecuentemente denominado como “fuga de cerebros”.

Según Latinometrics, las reiteradas crisis económicas que afectaron a la Argentina a lo largo de su historia reciente empujaron a miles de sus profesionales universitarios más competitivos a buscar estabilidad y previsibilidad financiera en el exterior, eligiendo a los Estados Unidos como uno de sus destinos principales.

De acuerdo con los especialistas, la distancia geográfica también ejerce un filtro logístico y socioeconómico fundamental en la composición de este grupo. LA Argentina se encuentra situada en el extremo sur del continente, lo que representa una de las distancias físicas más extensas que se puedan recorrer dentro del hemisferio occidental para llegar a territorio estadounidense.

“Emigrar desde una geografía tan remota requiere de una planificación financiera previa y de recursos económicos iniciales sustancialmente mayores en comparación con los que necesitan los ciudadanos de países de América Central o el Caribe”, indica el informe.

Brechas dentro del bloque económico hispano

El origen geográfico, el nivel de escolaridad formal que arrastra cada individuo desde su país natal y el contexto político de salida determinan el éxito financiero en el destino de llegada. Por ejemplo, mientras que los ciudadanos venezolanos se consolidan estadísticamente como la comunidad de origen hispano con mayor porcentaje de educación universitaria en los Estados Unidos, los argentinos capitalizan esa combinación de formación profesional y manejo de herramientas técnicas para transformarla en el mayor rendimiento monetario por unidad familiar del mercado.

Esta realidad contrasta de manera directa con la situación de los hogares provenientes de naciones centroamericanas de menor desarrollo relativo. Los inmigrantes hondureños, por citar el caso extremo del informe, perciben actualmente los salarios más bajos del mercado laboral entre los hispanos, viéndose relegados a empleos de menor remuneración relativa que restringen sus posibilidades de ahorro, impactando negativamente en indicadores clave como el acceso a la vivienda propia.

La brecha evidencia que, dentro de la economía de los Estados Unidos, los inmigrantes argentinos han logrado consolidar un modelo de inserción diferencial, transformando la educación la experiencia técnica previa en el pasaporte directo hacia los ingresos más altos de la primera economía del planeta.

El sueño de construir un futuro en Honduras se desvanece cada vez más rápido para miles de jóvenes que, pese a graduarse de colegios y universidades, no encuentran oportunidades laborales ni condiciones de vida estables dentro del país.

Así lo advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), al señalar que factores estructurales como el desempleo, la violencia y la exclusión económica están obligando a la juventud hondureña a considerar la migración irregular como única alternativa para sobrevivir.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, alertó que muchos jóvenes viven una profunda frustración luego de dedicar años de esfuerzo académico sin lograr incorporarse al mercado laboral.

“Muchos jóvenes tienen títulos universitarios, maestrías y excelencia académica, pero aun así no encuentran empleo. Para ellos es devastador estudiar durante años y descubrir que no existen oportunidades reales”, expresó la defensora de derechos humanos.

Reyes instó al gobierno hondureño a crear políticas urgentes que permitan generar empleo digno, fortalecer el emprendimiento juvenil y abrir espacios de desarrollo para evitar que miles de personas sigan arriesgando su vida en la ruta migratoria.

Hondureños sin empleo

La preocupación surge en un contexto donde el desempleo y la precariedad laboral continúan golpeando principalmente a la población joven.

De acuerdo con el boletín sobre la Situación del Mercado Laboral en Honduras publicado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en mayo de 2026, más de dos millones de hondureños enfrentaron problemas de empleo durante el 2025.

El informe detalla que la población más afectada corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años, quienes representan el 39% de las personas con dificultades laborales en el país.

En términos numéricos, alrededor de 793.133 jóvenes se encuentran en condiciones de desempleo, subempleo o vulnerabilidad económica, una situación que especialistas consideran alarmante debido al impacto social que genera.

Para organismos defensores de derechos humanos, esta crisis laboral se convierte en uno de los principales motores de expulsión migratoria. A la falta de empleo se suma otro factor determinante: la violencia.

Según el CONADEH, muchos jóvenes deciden abandonar Honduras porque viven bajo amenazas, inseguridad o riesgo de ser víctimas de estructuras criminales.

Elsy Reyes explicó que la ausencia de condiciones de seguridad, sumada al desplazamiento forzado y al temor constante, empuja a cientos de familias a salir del país.

“Si los jóvenes no se sienten seguros y no tienen oportunidades para desarrollarse, terminan viendo la migración como la única salida posible”, advirtió.

La defensora subrayó que Honduras necesita fortalecer políticas de prevención de violencia y protección comunitaria, especialmente en sectores donde las pandillas, el narcotráfico y otros grupos criminales mantienen presencia.

Migrar un peligro extremo

El CONADEH también alertó sobre los graves riesgos que enfrentan los migrantes durante su trayecto hacia Estados Unidos, especialmente al cruzar territorio mexicano.

Desapariciones, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado y trata de personas forman parte de los peligros constantes que viven miles de migrantes centroamericanos.

Reyes recordó el reciente caso de tres jóvenes hondureños que murieron dentro del vagón de un tren de carga mientras intentaban avanzar hacia Estados Unidos.

La tragedia volvió a evidenciar las condiciones extremas y peligrosas que enfrentan quienes toman rutas irregulares para emigrar.

Además, denunció que redes criminales utilizan plataformas digitales y redes sociales para engañar a jóvenes mediante falsas ofertas de empleo.

Estas prácticas, explicó, exponen principalmente a mujeres jóvenes al riesgo de caer en redes de explotación sexual, trata de personas o trabajos forzados.

“Tomar la ruta migratoria sin conocer realmente a qué peligros se enfrentan puede costar demasiado caro”, alertó la defensora.

Jóvenes retornados

Aunque no existen cifras exactas sobre cuántos hondureños abandonan el país cada año, los datos del Instituto Nacional de Migración (INM) reflejan la magnitud del fenómeno.

Entre 2020 y abril de 2026, Honduras recibió a 333.253 personas retornadas o deportadas desde diferentes países.

De ese total, 167.654 procedían de Estados Unidos, 149.734 de México y 15.852 de Guatemala.

Las cifras revelan además que el grupo más afectado corresponde a jóvenes entre 21 y 30 años.

Según los registros oficiales, unas 136.131 personas retornadas durante los últimos seis años pertenecen a ese rango de edad, lo que representa el 41% del total.

Solo en los primeros cuatro meses de 2026 fueron retornados a Honduras 15.449 migrantes, de los cuales el 91% llegó procedente de Estados Unidos.

Dentro de ese grupo, 5.797 migrantes tenían entre 21 y 30 años, incluyendo 5.247 hombres y 550 mujeres.

El CONADEH reiteró que el país enfrenta el desafío urgente de generar condiciones económicas y sociales que permitan a la juventud construir proyectos de vida dentro de Honduras.

La institución insistió en que el combate al desempleo, la creación de oportunidades y la prevención de la violencia son fundamentales para frenar el aumento de la migración irregular.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó sobre la detención de 19 ciudadanos mexicanos que intentaban ingresar de manera irregular a territorio estadounidense a través del sistema de drenaje ubicado en la frontera entre México y California.

Entre los arrestados se encontraban tres menores de edad no acompañados, además de dos hermanos identificados como Raudel Carrillo Padilla, de 35 años, e Ivan Carrillo Padilla, de 31, quienes cuentan con antecedentes criminales y deportaciones previas relacionadas con delitos de narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades estadounidenses, el operativo ocurrió el pasado 4 de mayo alrededor de las 22:40 horas, cuando agentes de vigilancia fronteriza detectaron actividad sospechosa cerca de los túneles de drenaje mediante sistemas de videovigilancia remota instalados en la zona limítrofe de San Diego.

Las autoridades detallaron que los elementos se trasladaron inmediatamente al área y localizaron a un grupo de personas que intentaba cruzar hacia Estados Unidos utilizando el sistema de alcantarillado como ruta clandestina para evadir los controles migratorios.

“Los agentes acudieron al lugar y se encontraron con un grupo que intentaba entrar irregularmente a Estados Unidos a través del sistema de túneles”, señaló el CBP en el comunicado oficial.

Detectan antecedentes por delitos de metanfetamina

La dependencia estadounidense precisó que entre los detenidos destacaban los hermanos Carrillo Padilla, quienes previamente habían sido deportados de Estados Unidos tras enfrentar procesos judiciales relacionados con drogas.

Según la información oficial, ambos fueron condenados en 2017 por posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en Yreka, California. Además, Ivan Carrillo Padilla también había sido deportado nuevamente después de ser arrestado en 2019 durante una operación antidrogas realizada en Eugene, Oregón.

Las autoridades no detallaron si alguno de los otros detenidos contaba con antecedentes penales o procesos migratorios previos, aunque confirmaron que todos fueron puestos bajo custodia para iniciar su procesamiento correspondiente.

Menores no acompañados fueron trasladados a instalaciones migratorias

En total, los agentes arrestaron a 16 adultos y tres menores de edad que viajaban sin compañía de familiares o tutores legales. Posteriormente, el grupo fue trasladado a la comisaría de Chula Vista para continuar con los procedimientos migratorios y de seguridad establecidos por las autoridades estadounidenses.

El CBP indicó que tras las detenciones también intervino el equipo especializado en túneles del sector de San Diego, cuya labor consistió en inspeccionar y despejar el sistema de drenaje para verificar que no hubiera más personas ocultas en el interior.

Este tipo de infraestructura subterránea ha sido utilizada en distintas ocasiones por traficantes de personas y grupos dedicados al cruce irregular de migrantes debido a que permite desplazamientos discretos entre ambos lados de la frontera.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que mantendrán los operativos de vigilancia tecnológica y patrullajes en la región fronteriza para detectar intentos de ingreso irregular a través de túneles, alcantarillas y otros accesos clandestinos.

El cónsul general de México en El Paso, Estados Unidos, Mauricio Ibarra Ponce de León advierte que el cruce indocumentado hacia Estados Unidos a través de canales de agua representa un peligro letal durante la temporada de riego y lluvias, cuando estos canales alcanzan su máxima capacidad, según un mensaje difundido este 18 de mayo por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ibarra subrayó que estos canales, equipados con sistemas de autolimpieza, pueden arrastrar todo a su paso, generando corrientes internas imperceptibles pero lo suficientemente fuertes como para poner en riesgo la vida incluso de los mejores nadadores.

El funcionario de la SRE destacó que el intento de cruce a pie en estas condiciones constituye una amenaza mortal y señala que la prioridad es la seguridad de las personas mexicanas y sus familias.

SRE insistió en su llamado a no exponer la vida propia ni la de seres queridos por intentos de cruce en condiciones peligrosas, recalcando que la ayuda está disponible de forma permanente.

Las autoridades ponen a disposición la Línea de Apoyo Consular Mexicana (CIAM), accesible las 24 horas del día en el 520 623 7874, para quienes enfrenten emergencias o requieran asistencia consular.

La temporada de huracanes 2026 inicia con refuerzo de medidas preventivas

La temporada de ciclones tropicales 2026 inició el pasado 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, periodo en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y diversas dependencias de los tres niveles de gobierno refuerzan las labores de prevención.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), detalló el pasado 14 de mayo en comunicado que para el Pacífico mexicano se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas ciclónicos durante la temporada. En el Atlántico, el rango estimado es de 11 a 15 tormentas tropicales.

La SSPC informó que desde el 14 de mayo se incrementó la limpieza de canales, drenajes, pasos de agua y cunetas, así como la vigilancia en zonas de riesgo y la revisión de la infraestructura de refugios temporales.

Autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan junto con la Conagua, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Federal de Electricidad para activar protocolos de emergencia en cuanto se detecte alguna contingencia climatológica.

La cónsul de Estados Unidos condena homicidio de elemento del Servicio de Protección Federal

Un elemento del Servicio de Protección Federal perdió la vida y otros dos resultaron heridos tras un ataque armado en Matamoros, Tamaulipas, durante el fin de semana. Los agentes, asignados a la vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza, fueron emboscados luego de concluir su jornada laboral.

Tras confirmarse el asesinato, Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, expresó públicamente su condena por la muerte del agente del Servicio de Protección Federal y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas. En su declaración, aclaró que el personal de la institución destinado al consulado cumple exclusivamente funciones de resguardo y protección de las instalaciones diplomáticas y su personal.

Nancy Guerrero Castillo entró a Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2004 respondiendo a un aviso publicado en un diario de Ocaña, su ciudad natal en el departamento colombiano de Norte de Santander. Era administradora de empresas y buscaba trabajo. Veintidós años después, dirige la sección sudamericana de habla hispana de la organización fundada en París en los años setenta, con base en Buenos Aires y oficinas en Bogotá y Montevideo.

Su recorrido incluye misiones en América Latina, África y el sur de Asia, y la responsabilidad de la oficina institucional de MSF en Colombia desde 2023. Asumió la dirección regional en 2024, en un momento en que MSF —presente en más de 75 países y con 516 proyectos activos— atraviesa un escenario humanitario global marcado por los ataques deliberados a estructuras médicas, el desmantelamiento de la ayuda exterior estadounidense y la persistencia de crisis prolongadas en Haití, Gaza, Sudán y la propia región.

“En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Y hay que seguir visibilizándola para que no se normalice, para que no se vuelva parte del paisaje”, sostiene Guerrero en esta entrevista con Infobae realizada en las oficinas de MSF en Buenos Aires. La conversación recorre los frentes abiertos de la organización en el continente —desde el Catatumbo colombiano hasta los campamentos de desplazados en Puerto Príncipe— y se detiene en una pregunta de fondo: ¿cuánto resiste el sistema humanitario internacional cuando los principios fundacionales son sistemáticamente vulnerados? “Médicos Sin Fronteras, además de la asistencia médico-humanitaria, tiene el pilar de levantar la voz. Y lo hacemos con datos médicos, con testimonios, con lo que vemos directamente sobre el terreno”, afirma.

—A diez años de la resolución 2286 de la ONU, que prohíbe los ataques contra infraestructuras médicas y personal humanitario, MSF publicó un informe con 255 incidentes documentados en la última década, con pico en 2024 y 2025. ¿Qué pasó con esa resolución?

—La resolución 2286 cumplió diez años a principios de mayo. Diez años en los que Médicos Sin Fronteras tuvo mucho que ver en que se expidiera, porque fue tras el ataque al hospital de Kunduz, en Afganistán. La resolución es clara: prohíbe estas cosas. Prohíbe los ataques a infraestructura médica, al personal médico, al personal humanitario, a la población civil. Pero lo que vemos en la realidad es que sigue pasando y se sigue acrecentando. Muy cerca, aquí en el Caribe. Médicos Sin Fronteras está en más de 75 países. Podemos hablar de muchísimas crisis, pero a veces la crisis está en nuestro propio continente.

—Haití es probablemente el ejemplo más claro de eso. ¿Cómo es operar allí hoy?

—Haití sigue en medio de una gran violencia armada y una degradación institucional, un colapso como país. A finales de 2024, una ambulancia nuestra fue atacada. Llevaba heridos y los heridos fueron ejecutados. Es una violación a la acción médico-humanitaria. Suspendimos actividades de inmediato y tuvimos que cerrar puntos de atención porque no teníamos garantías mínimas de seguridad. Siempre operamos bajo nuestro principio de neutralidad: no somos parte de ningún bando, estamos con la población civil. La seguridad del personal es prioridad número uno, porque si el personal de Médicos Sin Fronteras no puede trabajar, la población no recibe la atención que necesita.

—Naciones Unidas calcula que 6,4 millones de haitianos necesitarán ayuda humanitaria en 2026, la mitad del país. ¿Qué encuentran sus equipos en el día a día?

—Es una crisis en parte olvidada, con un colapso institucional sostenido desde que mataron al presidente hace unos años, con bandas criminales controlando territorios. Lo que estamos viendo: un incremento de la violencia sexual como arma de guerra, heridos de guerra —apoyamos el hospital de traumatología, uno de los pocos hospitales funcionales que le quedan al país—, salud mental, salud sexual y reproductiva. El año pasado atendimos a más de tres mil sobrevivientes de violencia sexual. Hay muchos campamentos de desplazados. Hacemos clínicas móviles, porque muchos de esos espacios están controlados por grupos armados y la única posibilidad de acceso a atención primaria es a través nuestro. Alrededor de una cuarta parte de la población en esos campamentos ha presentado sarna y afecciones en la piel, y muchos niños tienen enfermedades respiratorias.

—El gobierno de Donald Trump busca revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y deportar a más de 350.000 haitianos con el argumento de que Haití es lo suficientemente seguro. ¿Lo es, según lo que MSF ve desde el terreno?

—Haití no es un lugar seguro. Hay extrema pobreza, crisis institucional, violencia extrema. Y todo eso tiene un impacto directo en la salud: física, sin duda, pero también mental. Es una crisis por donde la mires. Y Haití ha sido doblemente castigado: además de todo esto, por su posición geográfica sufre huracanes, terremotos. Médicos Sin Fronteras ha estado allí siempre, acompañando a las comunidades más vulnerables.

—La política migratoria estadounidense también transformó la ruta. El cruce del Darién pasó de 1,2 millones de personas entre 2021 y 2024 a unas tres mil el año pasado. Para varios gobiernos de la región y para Washington es un éxito. ¿Cómo lo lee MSF?

—La crisis migratoria en América Latina sigue siendo grave, muy marcada por políticas restrictivas, tácticas de disuasión de los estados y los cambios en la política migratoria de Estados Unidos. La reducción del Darién fue brutal, pero eso no significa que el problema esté solucionado. La población está más dispersa, usando otras rutas. Mucha gente quedó varada, particularmente en México: en el norte, en el sur, en la frontera con Guatemala, en Ciudad de México. Tuvimos que reducir varios proyectos dedicados a migración porque ya no hay flujo, pero seguimos atendiendo. Los migrantes siguen siendo víctimas de extorsión, tortura, violencia sexual, violencia extrema. Y con las políticas de estigmatización y criminalización, la gente tiene miedo y no se acerca. En salud mental vemos cada vez más personas que necesitan medicación para acompañar el estrés postraumático.

—MSF trabaja en Venezuela y al mismo tiempo atiende a venezolanos a lo largo de la ruta migratoria. ¿Qué situación encuentran sus equipos hoy dentro del país, y cómo se preparan ante un escenario regional en tensión?

—En un contexto de crisis política y socioeconómica que continúa en Venezuela, Médicos Sin Fronteras trabaja para reducir las brechas en el acceso a la salud mediante la prestación de servicios esenciales y el fortalecimiento de centros de salud locales. Estamos presentes en Venezuela desde 2015. Actualmente, mantenemos proyectos activos en los estados de Anzoátegui y Delta Amacuro, donde brinda atención médica y apoyo a la red pública de salud. En ambas localidades, los equipos trabajan en atención médica general, salud sexual y reproductiva, salud materna y neonatal y control de infecciones, además de rehabilitación de infraestructura, mantenimiento de equipos, capacitación de personal local y donación de medicamentos e insumos. En Anzoátegui, las actividades incluyen también consultas de planificación familiar y atención integral para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, mientras que en Delta Amacuro los equipos continúan llegando a comunidades remotas, principalmente indígenas, para ampliar el acceso a servicios de salud y tratamiento de enfermedades como tuberculosis, VIH y desnutrición, pese a las dificultades logísticas de la región. Durante 2025, el equipo llevó adelante una exhaustiva preparación y planificación ante posibles escenarios de emergencia derivados de la inestabilidad política y de las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Nuestra prioridad hoy es preservar la aceptación y el espacio humanitario para seguir ofreciendo atención.

—A la par del descenso del flujo hacia el norte aparece otro fenómeno, mucho menos cubierto: el flujo migratorio inverso. Gente que regresa hacia el sur. ¿Qué está viendo MSF?

—Lo vimos desde el año pasado: en lugar de ir hacia el norte, empezamos a ver gente moviéndose hacia el sur. Algunos se quedaron en México tratando de regularizar su situación, pero en esa espera son objeto de atrocidades. Otros están buscando destinos como Colombia o Chile. A principios de este año iniciamos un proyecto en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde atendemos a personas migrantes y a desplazados internos. Estamos monitoreando los flujos hacia el sur ante políticas más restrictivas en Chile, Colombia y otros países. Parece que como dejó de hablarse, se solucionó. No es así. Vemos cada vez más personas con vocación de permanencia que intentan quedarse en algún lugar para sobrevivir, pero se encuentran con políticas restrictivas y sin acceso a servicios básicos.

—¿Cuál sería una política migratoria humanitaria?

—Migrar no es un delito. Los seres humanos hemos migrado desde los orígenes de nuestra humanidad. El llamado es a garantizar el acceso al asilo, a la atención médica digna, y a proteger a las personas migrantes de la violencia, la explotación y los abusos institucionales. Son seres humanos. Muchos no migran porque quieren: vienen de países azotados por la violencia, la pobreza extrema, el colapso institucional, buscando algo mejor para ellos y su familia. ¿No haríamos todos lo mismo en esas condiciones?

—Los recortes de la administración Trump a la ayuda exterior, ¿impactaron a MSF, que se financia en un 98% con fondos privados?

—Directamente, no sentimos el impacto. Pero en los territorios donde trabajamos —especialmente en migración— muchos programas de otras organizaciones cerraron por falta de financiamiento. Eso genera vacíos más grandes que Médicos Sin Fronteras encuentra al llegar. Tuvimos que repriorizar hacia actividades vitales, de emergencia. Y en muchos lugares, la reducción de fondos para vacunas o medicamentos para el VIH afectó directamente a las comunidades. Nos cuesta más mantener las mismas actividades que teníamos antes.

—Usted es colombiana, de Norte de Santander, y empezó en MSF en zonas rurales de su país. ¿Qué Colombia se encuentra hoy como directora regional?

—Las actividades han cambiado mucho. Hace veinte años, la presencia de Médicos Sin Fronteras era principalmente en zonas rurales alejadas, donde el acceso a servicios básicos de salud era imposible por el conflicto armado. Nuestros equipos caminaban horas o viajaban en mula para llegar a comunidades que tenían miedo de bajar a las zonas urbanas. Con el tiempo pasamos a intervenciones también en zonas urbanas, cuando surgieron otras formas de violencia. Hemos atendido tuberculosis, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de violencia sexual, y la salud mental ha sido siempre muy fuerte en Colombia. Hoy, con tantas crisis en el mundo, MSF a veces tiene que priorizar. Se han priorizado las crisis más acuciantes en África y Oriente Medio, y de algún modo se han reducido actividades en la región.

—MSF sigue trabajando en el Catatumbo, su región natal, donde la violencia se recrudeció a comienzos de 2025 tras la ruptura de las negociaciones entre el ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué significa, en lo personal, ver a su región natal de vuelta en los titulares por las mismas razones que hace veinte años?

—Era zona de conflicto hace veinte años y en los últimos tiempos se recrudeció nuevamente, con disputas entre diferentes grupos armados. Desde principios de 2025, Médicos Sin Fronteras volvió a la zona. Hacemos atención primaria en salud. Vemos muchas comunidades confinadas: no pueden salir de sus casas ni de su territorio por el control que ejercen los grupos armados. Y la salud mental sigue siendo muy profunda. Es una crisis de más de cincuenta años. Es un círculo vicioso. Por cuenta del narcotráfico y el control territorial, se vuelve siempre al mismo ciclo de violencia y afectación para las poblaciones civiles. Nosotros lo vemos desde lo humano: las poblaciones civiles siguen siendo desplazadas, retornan cuando el contexto mejora un poco, y vuelven a ser desplazadas. Un sufrimiento constante.

—¿Qué balance hace MSF del plan de “paz total” del presidente Gustavo Petro, que prometía negociar a la vez con todos los actores armados y que hoy enfrenta cuestionamientos serios?

—Nosotros hablamos de lo que vemos en el territorio. Seguimos viendo comunidades afectadas por el conflicto, sin acceso a servicios de salud porque tampoco los servicios del Estado pueden llegar. Hay poblaciones en Colombia que siguen con restricciones de acceso a salud física y mental, salud sexual y reproductiva. Más que un análisis político, nosotros hablamos de lo que encontramos sobre el terreno.

—Antes mencionó el principio de neutralidad. En un conflicto como el de Gaza, donde MSF ha hecho múltiples denuncias sobre las acciones de Israel, ¿es posible sostenerlo?

—Nosotros hablamos desde lo que vemos en nuestros pacientes, desde los datos médicos, desde los testimonios. Con eso denunciamos. Los patrones que estamos viendo son acciones deliberadas contra servicios vitales para la población, incluyendo la salud. Médicos Sin Fronteras siempre informa la ubicación donde trabaja, a veces con coordenadas exactas, como mecanismo de seguridad. Aun así, hemos tenido ataques deliberados a infraestructuras de salud. Hoy lo que estamos viendo es el uso del agua como arma de guerra. En 2025 hemos distribuido setecientos millones de litros de agua. Vemos la destrucción deliberada de plantas desalinizadoras, la restricción de suministros básicos —alimentos, agua potable, saneamiento, insumos médicos—. Eso es deliberado. Y la restricción de los registros legales para Médicos Sin Fronteras y otras 37 organizaciones para operar en Gaza también lo es. Son acciones deliberadas para restringir el acceso a una población con necesidades extremas. La neutralidad no es indiferencia. Nosotros siempre estamos disponibles para la población civil de todas las partes. En su momento ofrecimos nuestros servicios también del lado israelí, pero ellos tienen una capacidad sanitaria muy sólida y dijeron que no necesitaban apoyo. Del otro lado hay un sistema de salud colapsado y una población con necesidades extremas. Allí es donde la ayuda es necesaria.

—En Argentina la presencia de MSF es básicamente institucional. ¿Hay condiciones para abrir algún proyecto operativo?

—Médicos Sin Fronteras interviene cuando hay un contexto que lo amerita —conflicto, epidemias, desastres—, cuando ese contexto tiene implicaciones en la salud de la población, y cuando la respuesta existente no es suficiente. No pretendemos suplir ni reemplazar los mecanismos que funcionan. El año pasado hubo inundaciones en Brasil y Uruguay. Del lado de Brasil había comunidades sin respuesta; del lado de Uruguay la afectación era similar, pero había una respuesta adecuada. MSF no fue a Uruguay. En Argentina seguimos de cerca todos los contextos, pero en muchos países hay sistemas de salud que funcionan.

—Con Gaza, Ucrania, Sudán y la República Democrática del Congo ocupando la agenda global, ¿hay alguna crisis latinoamericana que esté quedando fuera del radar internacional?

—Haití, sin duda. Se normaliza la crisis, se vuelve parte del paisaje y dejamos de hablar. También las comunidades indígenas en varios países. Hemos trabajado con comunidades indígenas en Brasil, en Colombia, y seguimos monitoreando. Son las poblaciones más vulnerables, las que a veces no son mediáticas. Y la migración: dejó de estar en el foco mediático, pero sigue siendo una problemática grave. Hay personas sufriendo, estigmatizadas, criminalizadas, sin acceso a nada básico.

—MSF nació en París en los años setenta, fundada por médicos franceses, y durante décadas su conducción fue mayoritariamente europea y masculina. Hoy usted dirige una sección regional desde Buenos Aires, siendo mujer y latinoamericana. ¿Qué cambia cuando ese liderazgo deja de ser europeo y deja de ser masculino?

—Lo que cambia responde a algo que buscamos como organización: Médicos Sin Fronteras es global, y queremos ser coherentes con eso. Tenemos un sistema de gobernanza muy autocrítico, siempre en proceso de transformación, buscando que las decisiones se tomen más cerca de los territorios y de las comunidades vulnerables. Tener liderazgos desde el sur global —desde Latinoamérica, desde África, desde el sur de Asia— enriquece la labor médico-humanitaria y le da un sentido más genuino: de la población civil del mundo para la población civil del mundo. América Latina no es solo receptora de ayuda humanitaria. La primera intervención de esta organización fue en Centroamérica, hace más de cincuenta años. Y desde aquí hay mucho que aportar: la resiliencia de las comunidades, las formas de organización comunitaria. Los modelos de intervención en salud mental que se desarrollaron aquí se exportaron después a otros contextos, incluso a Palestina. En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Y hay que seguir visibilizándola para que no se normalice.

Quién es Nancy Guerrero

• Nancy Guerrero Castillo (Ocaña, Colombia, 1983). Administradora de empresas con posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo.
• En MSF desde 2004. Misiones en América Latina, África y el sur de Asia.
• 2023-2024: oficina de representación institucional de MSF en Colombia.
• Desde 2024: directora general de MSF Sudamérica de habla hispana, con sede en Buenos Aires.

Médicos Sin Fronteras

• Fundada en París, 1971.
• Presente en más de 75 países con 516 proyectos activos.
• 98% de financiamiento privado.
• En América Latina opera en 13 países, incluida Venezuela desde 2015.
• En Haití, su mayor operación regional: 48,3 millones de euros invertidos en 2024.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) acordaron impulsar una alianza estratégica orientada a fortalecer la atención integral de los migrantes hondureños retornados, en medio de un escenario marcado por el incremento sostenido de deportaciones en 2026.

El convenio busca articular esfuerzos entre el Estado y la academia para mejorar los servicios de acompañamiento psicológico, capacitación técnica y reinserción social de las personas que regresan al país tras procesos migratorios, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad.

En la reunión participaron autoridades de la Cancillería hondureña y representantes de la UNICAH, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la respuesta institucional ante el creciente volumen de retornos y la demanda de servicios especializados.

Por parte del Gobierno participó la subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios, Eillim Flores Iráchez, quien resaltó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para brindar una atención más humana y efectiva.

En representación de la universidad estuvieron autoridades académicas de áreas de vinculación, psicología y relaciones internacionales, que manifestaron su disposición de aportar desde la formación profesional y la investigación aplicada al fenómeno migratorio.

Aumenta cifra de retornados

El acuerdo se produce en un contexto en el que Honduras continúa recibiendo un flujo constante de migrantes retornados desde distintos países, principalmente Estados Unidos.

Datos del CONADEH reflejan que más de 15 mil hondureños han sido retornados al país en los primeros meses de 2026, manteniéndose un promedio diario cercano a 129 personas deportadas

El informe detalla que la mayoría de los retornos provienen de Estados Unidos, seguido de México y Guatemala, lo que evidencia la persistencia de la migración irregular como fenómeno regional.

Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) también confirman la tendencia al alza: solo en el primer trimestre de 2026 se contabilizan más de 11,600 hondureños deportados, lo que representa un incremento cercano al 20 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Reintegración y atención integral

Las autoridades han advertido que el retorno masivo de migrantes plantea desafíos importantes en materia de reintegración social, acceso a empleo, salud mental y acompañamiento familiar.

Muchos de los retornados llegan a Honduras tras procesos migratorios prolongados, generando en varios casos rupturas familiares, dificultades económicas y afectaciones psicológicas que requieren atención especializada.

Por ello, la alianza entre Cancillería y UNICAH busca fortalecer los Centros de Atención al Migrante Retornado, además de ampliar los programas de apoyo psicológico y formación técnica para facilitar la reinserción laboral.

Las instituciones subrayaron que la articulación entre el sector público y la academia permitirá generar mejores herramientas para comprender y atender el fenómeno migratorio, así como diseñar políticas públicas más efectivas.

También resaltaron la importancia de fortalecer la capacitación del personal técnico encargado de atender a los retornados en los puntos de ingreso al país, con el objetivo de brindar una atención más integral y digna.

Con este acuerdo, Honduras busca consolidar un modelo de respuesta más coordinado ante el aumento de retornos migratorios, en un contexto regional donde la movilidad humana continúa siendo uno de los principales retos sociales y económicos.

La organziación Red TDT, integrada por 88 colectivos, denunció que desde el 1 de mayo de 2026, el Instituto Nacional de Migración (INM), junto con las Fuerzas Armadas y corporaciones policiales, realiza redadas contra migrantes en la Ciudad de México.

Esto, como parte de una “limpieza” por los preparativos rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará en la Ciudad de México en junio de este año, a pesar de que la capital del país se ha posicionado como “una ciudad santuario”.

En un comunicado, la organización expresó su “profunda preocupación y rechazo” a los operativos migratorios, que de acuerdo con información documentada por colectivos, medios de comunicación y testimonios directos, se realizan en colonias como Guerrero, Doctores, Polanco, San Rafael y otras zonas céntricas.

Según la misma información, las redadas consisten en detenciones arbitrarias de personas en contexto de movilidad, así como en allanamientos a viviendas y espacios donde habitan personas migrantes.

La organización sostiene que entre las personas detenidas se encuentran solicitantes de asilo, refugiadas y personas con trámites de regularización migratoria en curso, cuya situación irregular en la mayoría de los casos obedece a los rezagos y retrasos de las instituciones responsables, no a negligencia de los afectados.

Acusó que el despliegue de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y corporaciones policiales, constituye un operativo militarizado que prioriza el control y la “limpieza” urbana sobre la protección de derechos humanos.

Por ello, califica como inaceptable ética y jurídicamente el uso de un evento deportivo internacional como pretexto para la persecución y hostigamiento de personas migrantes en la capital del país.

Exige a gobierno de CDMX detener redadas

En virtud del marco constitucional y convencional de derechos humanos vigente, la Red TDT exige al gobierno de la Ciudad de México detener de inmediato cualquier operativo que derive en detenciones arbitrarias basadas en perfil racial, nacionalidad aparente o lengua, y que se realice sin pleno respeto al debido proceso y a la dignidad de las personas.

La organización demanda que toda intervención en la capital se conduzca bajo criterios civiles y de protección, evitando el uso de fuerzas armadas en tareas de control migratorio, conforme al carácter no militar de la seguridad ciudadana.

Además, solicita asegurar la protección especial de niñas, niños, adolescentes, mujeres —incluidas embarazadas— y personas LGBTI+ en contexto de movilidad, evitando su detención y separación de redes de apoyo.

También pide establecer un mecanismo de coordinación urgente con albergues, organizaciones y colectivos que acompañan a personas migrantes en la ciudad, priorizando la canalización a esquemas de protección y regularización sobre la detención y el traslado forzado.

Pide a investigar violación a derechos humanos

A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la organziación solicita iniciar investigaciones de oficio sobre posibles violaciones a derechos humanos derivadas de estos operativos, incluidas detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, incomunicación y obstáculos al acceso a defensa legal.

Solicita también desplegar brigadas de observación en zonas donde se han reportado redadas y en estaciones migratorias, para documentar la situación de las personas detenidas y emitir medidas precautorias cuando sea necesario.

La organización pide emitir un pronunciamiento público enérgico que recuerde al Gobierno de la Ciudad de México y al INM sus obligaciones de respetar el principio de no devolución, el derecho al asilo y las garantías del debido proceso.

Asimismo, solicita fortalecer campañas de información sobre los derechos de las personas migrantes dirigidas a población en tránsito, vecindarios y autoridades locales, para prevenir abusos y fomentar solidaridad.

Ofrece acompañamiento y pide a capitalinos no normalizar las redadas

La Red TDT reitera que ninguna persona es ilegal y que la migración representa una búsqueda de vida digna y protección.

Señala que la Ciudad de México se ha definido históricamente como “Ciudad Santuario”, y que los operativos militarizados, las detenciones masivas y el miedo en las calles contradicen ese compromiso y debilitan la confianza en las instituciones.

Como organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, la Red TDT mantiene el acompañamiento jurídico, psicosocial y humanitario a personas detenidas o en riesgo; documenta y denuncia públicamente cualquier abuso; y fortalece redes de apoyo con comunidades, parroquias, casas del migrante y colectivos barriales.

La organización llama a la sociedad capitalina a no normalizar estas redadas, a informarse en fuentes confiables y a manifestar rechazo ante toda forma de criminalización de la movilidad humana.

“La ciudad se mide por cómo trata a quienes llegan a ella. Ninguna fiesta mundial justifica la persecución de quienes huyen para seguir vivos”, concluyó.

El primer trimestre del año se ha visto marcado por un incremento en las deportaciones de salvadoreños en comparación al mismo período en 2025, según datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería. Más del 90% de los deportados provenían de Estados Unidos.

De enero a marzo de este año se registran 5,351 salvadoreños que fueron deportados, cifra que supera los 2,813 registrados en el primer trimestre de 2025 y representa un aumento de 1.4 veces en comparación con 2024.

Las estadísticas reflejan un cambio tanto en el volumen como en las características de la población deportada.

Celia Medrano, especialista en migración, explicó que el perfil de los salvadoreños deportados ha cambiado en los últimos años. Después de la pandemia, la mayoría de personas retornadas eran originarias de zonas rurales, con bajo nivel educativo y escaso tiempo de permanencia en Estados Unidos.

Actualmente, según Medrano, quienes regresan presentan una mayor escolaridad y en muchos casos, han residido en el extranjero durante un promedio de cinco años.

“El perfil ha cambiado drásticamente, las personas que están siendo deportadas actualmente tienen una mayor escolaridad o preparación técnica, han podido especializarse en algún oficio. Además, tenían un promedio de cinco años viviendo en el extranjero”, detalló la experta a través de una entrevista radial.

Las cifras oficiales también muestran que durante el año fiscal 2024, el 20.4% de los salvadoreños deportados desde Estados Unidos habían sido condenados por algún delito, un 5% tenían cargos criminales pendientes y el 74.3% fueron catalogados como infractores de normas migratorias.

Según Medrano, muchas personas que permanecen detenidas en Estados Unidos no son deportadas de forma inmediata o directamente a su país de origen, sino que algunas han sido enviados a terceros países bajo acuerdos específicos.

Esta práctica responde, en parte, a la externalización de políticas migratorias, pero no abarca a la mayoría de casos registrados en el país.

La especialista destacó que las actuales políticas migratorias han impactado en la composición de la diáspora salvadoreña. Ahora, las personas deportadas no solo provienen de entornos rurales, sino también de zonas urbanas y han desarrollado habilidades técnicas o profesionales durante su estadía en el extranjero.

Este cambio en el perfil migratorio ha transformado las experiencias de quienes regresan, que se enfrentan a un país con condiciones sociales y económicas diferentes a las que dejaron.

Medrano enfatizó que la decisión de migrar sigue estando influida por una multiplicidad de causas. Las razones económicas, la falta de empleo y distintas formas de violencia siguen impulsando la salida de salvadoreños en la actualidad.

La experta también subrayó que las rutas migratorias han cambiado. Las personas buscan alternativas más costosas y riesgosas para llegar a Estados Unidos sin ser detectados en los puntos fronterizos, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a delitos como la trata de personas.

Además, Medrano afirmó que las mujeres representan una proporción creciente entre quienes migran a destinos europeos, en especial España, donde el nivel educativo de los migrantes suele ser más alto.

Por último, Medrano recalcó que El Salvador ha recibido un número creciente de solicitudes de refugio y nacionalizaciones de personas de otras nacionalidades, principalmente de origen venezolano, aunque señaló que el país no cuenta con la capacidad institucional para garantizar condiciones dignas a migrantes o solicitantes de asilo.

Diego Luna recibió una ovación de pie de 5 minutos en el Festival de Cannes tras la proyección de su nueva película, consolidando el reconocimiento internacional para el cine mexicano.

El director celebró este logro en la sala Buñuel ante el público y su equipo, en uno de los encuentros más destacados de la jornada.

La proyección de Ceniza en la boca provocó durante cinco minutos continuos los aplausos del público y la prensa en Cannes, en el marco de la 79.ª edición del festival.

La película, dirigida y coescrita por Luna, es una adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro y marca el cuarto largometraje de ficción del cineasta. El recibimiento evidencia el creciente interés global por el cine mexicano y la fuerza de su narrativa en escenarios de relevancia internacional.

La ovación de cinco minutos en Cannes

El ambiente en la sala fue de celebración genuina tras la función especial. Diego Luna aprovechó ese momento para compartir con el elenco y colegas como Gael García y Alfonso Cuarón, presentes entre los asistentes. Adriana Paz y Anna Díaz, protagonistas de la cinta, se sumaron al festejo luego de la proyección.

Visiblemente emocionado, el director dedicó la película a sus hijos y evocó a su padre, quien estuvo con él en una proyección previa en Cannes hace dieciséis años. Luna expresó ante el público:

“Hace dieciséis años fue mágico lo que pasó aquí al presentar una película de padres ausentes que se llamaba ‘Abel’ y estaba en la sala mi papá, a quien le dediqué esa función. Este año ya no está en la sala porque ya no está con nosotros, pero también se la dedico a él y tengo la hermosa oportunidad de dedicársela a mi hija que está estudiando y también a mi hijo que está aquí, porque esta película también trata de ausencias”.

La nueva película de Diego Luna

Ceniza en la boca toma como punto de partida la novela de Brenda Navarro, publicada en 2022.

El relato sigue a Lucila, una joven de 21 años interpretada por Anna Díaz, quien viaja con su hermano Diego, de 14 años y a cargo de Benny Emmanuel, desde México hasta España con la esperanza de reencontrarse con su madre Isabel, personaje que encarna Adriana Paz, tras ocho años de separación.

La trama se desarrolla entre la Ciudad de México, Madrid y Barcelona, explorando el desarraigo, los conflictos identitarios y las tensiones familiares propias de la experiencia migratoria.

El eje central del filme es el de las “ausencias” y las decisiones que transforman las relaciones entre padres e hijos, un tema que, según Luna, forma parte de su propia introspección personal.

El elenco principal lo integran:

• Anna Díaz (Lucila)
• Benny Emmanuel (Diego)
• Adriana Paz (Isabel)
• Luisa Huertas
• Guillermo Ríos
• Sergio Bautista
• Teresa Lozano
• Adriana Jacomé

El guion fue escrito por Diego Luna junto a Abia Castillo y Diego Rabasa. Con este proyecto, el director refuerza la apuesta del cine mexicano por historias universales que cruzan fronteras y conectan con espectadores de diversas latitudes.

Estados Unidos inició una oleada de órdenes en Carolina del Norte, Luisiana, Indiana, Montana y Wyoming: los gobiernos estatales bajo mayoría republicana instruyeron a sus agencias de salud pública a entregar datos de beneficiarios de Medicaid a autoridades migratorias para facilitar deportaciones, según reveló una investigación de CBS News. La medida amenaza con expandirse a más estados controlados por el Partido Republicano.

Desde octubre, empleados estatales deberán exigir a quienes reciben Medicaid pruebas de su estatus migratorio y reportar a quienes no las presenten al Departamento de Seguridad Nacional. Legisladores republicanos argumentan que buscan combatir el fraude, pero abogados y especialistas temen un impacto directo sobre familias inmigrantes, muchas con hijos ciudadanos estadounidenses.

Qué cambia con la nueva ley y a quién afecta

La nueva legislación obliga a las agencias de salud a notificar al Departamento de Seguridad Nacional si detectan beneficiarios de Medicaid sin estatus legal comprobado. El representante republicano Donny Lambeth expresó: “Este proyecto de ley busca financiar necesidades críticas y empezar a revisar los problemas de fraude y abuso que sabemos existen en el sistema”.

El programa cubre a más de 75 millones de personas de bajos ingresos, incluidas familias y menores a través de CHIP. Aunque la ley federal ya exige verificación migratoria, ahora los estados deben reportar activamente a las personas sospechadas de carecer de documentos válidos.

Por qué se implementa y cuáles son sus efectos

La administración de Donald Trump promueve la colaboración entre estados y autoridades migratorias para frenar el supuesto fraude y limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a servicios públicos. Estados como Tennessee ya evalúan leyes aún más estrictas que obligarían a todas las agencias estatales a informar sobre personas sin estatus legal.

Especialistas señalaron el efecto disuasivo de estas medidas. Yesenia Polanco-Galdamez, abogada de inmigración en Carolina del Norte, advirtió: “Espero que esta ley lleve a más familias a preguntarse si es seguro buscar atención médica o inscribir a un niño en Medicaid”.

Numerosos inmigrantes legales, incluidos residentes permanentes, asilados y refugiados, sí califican para Medicaid. Sin embargo, el temor al reporte provoca que muchas familias mixtas —con miembros en diferentes situaciones migratorias— eviten tramitar la cobertura para sus hijos ciudadanos estadounidenses.

Leonardo Cuello, investigador de la Universidad de Georgetown, señaló: “Cuando se dirige una política a un inmigrante, en realidad se impacta a todo el hogar”. El riesgo es que menores estadounidenses queden sin seguro médico por miedo de sus padres a la vigilancia estatal.

Qué muestran los estudios y cómo reaccionan los expertos

Un análisis realizado por el think tank libertario Cato Institute indica que los inmigrantes consumen menos asistencia social y cometen menos fraude que los nacidos en Estados Unidos. Una encuesta conducida por la organización de políticas de salud KFF y The New York Times revela que la mitad de los adultos indocumentados teme buscar atención médica por miedo a la deportación.

La abogada Anabel Rosa sostuvo: “La mayoría de las personas que están en proceso de regularización paga su tratamiento médico de su bolsillo”.

Cómo responden las autoridades y qué otros estados avanzan

En Florida y Texas, las leyes obligan a los hospitales a preguntar y registrar el estatus migratorio de los pacientes, lo que ya ha frenado el acceso de muchas familias a la salud, según un estudio de la Universidad pública del Sur de Florida. En Carolina del Norte, la portavoz del Departamento de Salud, Hannah Jones, indicó que aún evalúan el impacto de la nueva norma.

El gobernador demócrata Josh Stein reclamó la protección de la cobertura de mujeres embarazadas y niños con estatus legal, pero no se pronunció sobre la cláusula de reporte obligatorio.

Por otra parte, los especialistas detectaron que las nuevas políticas profundizan la desconfianza de las comunidades inmigrantes hacia el sistema de salud. Polanco-Galdamez advirtió: “Los sistemas de salud pública funcionan mejor cuando la gente se siente segura para buscar atención. Si se mezcla el acceso a la salud con la vigilancia migratoria, se empuja a las familias vulnerables aún más a la sombra”.

Mientras continúa la batalla legal sobre el uso de datos de Medicaid para deportaciones, las familias enfrentan la decisión difícil entre cuidar su salud y evitar el riesgo de ser detectadas por las autoridades migratorias.

La cigüeña blanca, una de las aves migratorias de larga distancia más emblemáticas de Europa, recorre miles de kilómetros en grandes agrupaciones para conectar sus zonas de cría y alimentación entre Europa y África. Su naturaleza planeadora la obliga a evitar vuelos prolongados sobre el mar, por lo que concentra sus pasos migratorios en corredores como el estrecho de Gibraltar, utilizado por las poblaciones occidentales, y el Bósforo, preferido por las orientales.

Esto se ha demostrado una vez más con la historia de Danilo, el primer ejemplar de la especie equipado con un sistema de seguimiento GPS que logra regresar a su lugar de nacimiento tras recorrer 18.000 kilómetros entre África y Calabria (Italia). La joven cigüeña, marcada con la anilla PA731, cruzó extensas rutas migratorias y volvió a la llanura de Sibari, en el sur de Italia, apenas a unos kilómetros de donde nació, el pasado 4 de mayo, tal y como ha informado L’Stampa.

El seguimiento satelital permitió documentar con precisión la trayectoria de Danilo y su asombrosa capacidad de orientación. Pero si hubo un momento decisivo durante todo el trayecto, fue su paso por el cruce del estrecho de Messina la mañana de su regreso a Calabria. Y es que, como pudieron comprobar voluntarios de la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), Danilo aprovechó para acompañar a una bandada de cerca de 150 cigüeñas que pasaban por Tarsia sobre la 13:30 horas, antes de llegar hasta la llanura de Sibari en pocas horas.

150 kilómetros de mar abierto entre Túnez y Sicilia

Cuando aterrizó en Sibari, Danilo cerró el círculo migratorio que inició poco más de un año antes. El trayecto incluyó una etapa especialmente exigente: el cruce de unos 150 kilómetros de mar abierto entre el cabo Bon, en Túnez, y la isla de Sicilia. Esa ruta, conocida entre los ornitólogos como la “ruta mediterránea”, representa uno de los desafíos más importantes para la especie Ciconia ciconia.

El caso de Danilo aporta nuevos datos sobre la resistencia y precisión de orientación de las cigüeñas blancas. Y es que, su historia forma parte del proyecto Cigüeña Blanca de Calabria, una iniciativa que la filial de Rende de la LIPU puso en marcha en 2003 con el apoyo de E-Distribuzione para fomentar la recuperación de la especie y su reproducción en la región. Según los datos recogidos por L’Stampa, en 2025 nacieron 107 polluelos en nueve municipios calabreses, una cifra próxima al récord de 2022, cuando se registraron 111 nacimientos. Ese año, la cantidad de parejas reproductoras fue algo menor (34 frente a 35 este año).

De esta forma, el seguimiento satelital de ejemplares como Danilo permite recopilar información relevante sobre rutas, paradas y condiciones ambientales, datos considerados clave para la protección de especies y la preservación de los corredores migratorios. En su primer año de vida, la anilla PA731 ya ha recorrido cerca de 9.000 kilómetros de ida y otros tantos de regreso, además de los desplazamientos adicionales durante su estancia en el continente africano.

El nombre de Danilo constituye un homenaje a Danilo Mainardi, etólogo y presidente durante muchos años de la LIPU. El retorno del ave tiene un valor que trasciende la crónica naturalista, ya que ilustra la eficacia de los programas de reintroducción y la importancia ecológica de zonas como la llanura de Sibari. El regreso de Danilo se convierte en un indicador positivo para los investigadores y defensores de la biodiversidad en el sur de Italia.

La travesía de Danilo no solo documenta la capacidad migratoria de la Ciconia ciconia, sino que también fortalece el trabajo científico y de conservación. El monitoreo futuro de su comportamiento permitirá conocer si el ave se establecerá de manera definitiva en su territorio natal y si participará en nuevos ciclos reproductivos, aspecto que mantiene la atención de los ornitólogos locales.

La antropóloga nicaragüense Katya Acuña Rodríguez llegó a Bogotá en 2018, escapando de la represión y la violencia política en Nicaragua. Su recorrido en Colombia comenzó entre la incertidumbre laboral y el deseo de encontrar un espacio de pertenencia y comunidad.

Ese proceso personal derivó, años después, en la apertura de “El Bochinche”, un bar-café cultural que abrió sus puertas en agosto de 2025 en el centro de la ciudad. El establecimiento se consolidó rápidamente como punto de referencia para mujeres, migrantes y disidencias de género. La transformación del local superó por mucho lo previsto: la inversión inicial, estimada en 20 millones de pesos colombianos, terminó en 70 millones —alrededor de USD 18.000—, una cifra conseguida con préstamos de amistades y familiares.

De la crisis política nicaragüense al emprendimiento en Colombia

Acuña, originaria de Estelí, emigró tras obtener una beca para una maestría en Psicología, mientras Nicaragua vivía una crisis profunda. “Me vine en plena crisis. El país prácticamente se estaba quemando”, relató a Confidencial.digital.

Después de graduarse, trabajó en cooperación internacional, pero la inestabilidad del sector y los recortes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2025 la empujaron a buscar nuevos horizontes. Junto a su pareja, Andrea Montes Vargas, y la hija de esta, Valentina Padilla Montes, decidió emprender en la restauración, uniendo la pasión por la gastronomía y la música.

Un espacio de identidad, gastronomía y comunidad

El concepto de “El Bochinche” surgió del objetivo de crear un lugar donde la cultura nicaragüense se fusionara con expresiones artísticas y reivindicación identitaria. El nombre se eligió por su significado de reunión y alegría en Nicaragua y Colombia. El menú incluye café especial de origen orgánico y platos típicos nicaragüenses, desafiando la idea de que estos sabores no tendrían aceptación en Bogotá. “Me decían que eso aquí no se come, que no iba a funcionar, pero yo insistí”, contó Acuña.

La inauguración, el 20 de agosto de 2025, fue un éxito inesperado: más de 140 personas respondieron a la convocatoria, impulsada por la actividad en redes sociales de Valentina Padilla. El local adapta sus horarios a la rutina del centro bogotano, funcionando como cafetería de lunes a miércoles y bar de jueves a sábado por la noche.

Feminismo y diversidad como pilares del proyecto

Desde su inicio, “El Bochinche” se definió como un espacio feminista e inclusivo. El equipo está compuesto principalmente por mujeres, con presencia de personas con diversidad funcional y jefas de hogar. Carteles y mensajes en el local refuerzan el compromiso con la seguridad y la diversidad: “Promovemos un espacio seguro para mujeres y disidencias de género, libre de discriminación y para todas las identidades. Vienen muchas personas trans, mujeres lesbianas, personas afro. Saben que no vamos a permitir ningún tipo de abuso o de discriminación”, explicó Acuña a Confidencial.digital.

La agenda cultural incluye ciclos de cine independiente, noches de DJs mujeres y conversatorios en alianza con organizaciones sociales, consolidando el local como un espacio dinámico y plural.

La propuesta de Acuña y su equipo muestra cómo la migración puede transformar el entorno urbano, creando redes de apoyo y espacios de pertenencia en medio de desafíos económicos y sociales.

El salvadoreño Evelio Menjívar, quien huyó de la guerra civil en su país en 1990 y llegó a Estados Unidos escondido en el maletero de un automóvil, ha sido designado obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en una región de Virginia Occidental. Tres décadas después de cruzar la frontera guiado por un “coyote”, Menjívar ocupará el cargo eclesiástico, según informó EFE.

Durante la entrevista con EFE, Menjívar rememoró su travesía: en su primer intento, viajó a Tijuana, México, donde fue detenido y deportado tras ver la bandera estadounidense al otro lado de la frontera y posponer su sueño de residir en ese país. Tras dos intentos fallidos, logró cruzar finalmente —apretado junto a su hermano y dos primos dentro de un maletero— hasta California. El sacerdote describe su llegada a Los Ángeles como el salto de la vida rural a una “ciudad grandísima, multicultural, multiétnica”, un entorno completamente nuevo para él.

La historia de Menjívar contiene elementos diferenciadores frente a otros relatos sobre migración y religión en Estados Unidos. Será el primer obispo salvadoreño de la historia del país, y su designación ocurre en una región donde el 90 % de la población es estadounidense y caucásica, y donde Donald Trump obtuvo un respaldo arrollador en las elecciones de 2024, conforme a lo señalado por el propio obispo a EFE.

En una región con escasa diversidad, Menjívar afronta el reto de ejercer su labor pastoral en un entorno descrito como un “bastión republicano”. Preguntado por la lógica detrás de su nombramiento, rechaza que se trate de una provocación del pontífice al expresidente estadounidense, señalando que la decisión es coherente con los valores misioneros de León XIV, quien también tuvo experiencia como misionero en Perú. “No ha tenido miedo de tomar una decisión de enviarme ahí porque él mismo fue misionero en Perú. Allí, a pesar de que era un extranjero, la gente lo llegó a amar porque abrió su corazón”, resaltó Menjívar en sus declaraciones recogidas por EFE.

En el plano político, el nombramiento coincide con un movimiento diplomático: el mismo día de la entrevista, Marco Rubio, secretario de Estado, mantuvo una reunión en el Vaticano con el papa León XIV. Para Menjívar, este encuentro representó “una buenísima oportunidad para trabajar juntos” y expresó que “a ninguno beneficia que no haya diálogo o que se manden mensajes que en vez de unir dividen y sobre todo que dividen a la comunidad”.

El sacerdote, que obtuvo primero protección humanitaria, luego una visa de trabajador religioso y finalmente la ciudadanía estadounidense en 2006, señaló que espera ser recibido en Virginia Occidental como “un pastor de esos que huelen a oveja” y como alguien dispuesto a “remangarse para trabajar por la gente”. Según afirmó Menjívar a EFE.

Evelio Menjívar apuesta por una Iglesia que defienda al migrante frente al estigma social

El propio Menjívar explicó que, al llegar como indocumentado a Estados Unidos, le habría gustado oír de un obispo los verbos que el papa repite para hablar de migración: “dar la bienvenida, acoger, proteger, promover”. Su objetivo como nuevo obispo en Virginia Occidental es predicar esos principios y abrir caminos para que los inmigrantes sean tratados con dignidad, sin que el modo de su llegada defina su valor ante la sociedad.

Su vida, detalló el obispo, así como la de otras personas en busca de mejores oportunidades, “no puede ser definida únicamente por la manera en la que uno llega al país”. Para él, según enfatizó en la entrevista, “no importa si uno llegó escondido en un maletero, con un visado o en un avión. Eso es solo una parte de tu historia, no toda”.

Al describir los riesgos del desplazamiento forzado para quienes crecieron en contextos de violencia, como el suyo en El Salvador durante la guerra civil, Menjívar sostuvo ante EFE: “Uno hace un arreglo con alguien a quien se le llama coyote y no piensas en el riesgo, porque es un instinto de supervivencia. No piensas que vas a violar la ley de un país. Eso nunca se piensa.”

La designación de Evelio Menjívar como obispo pone en primer plano las tensiones migratorias y políticas de la actualidad estadounidense, al tiempo que, en palabras del propio religioso, abre la posibilidad de que la Iglesia ofrezca acompañamiento y acogida “más allá del estigma con el que cargan muchos inmigrantes”.

El escultor J. Óscar Molina se ha convertido en el protagonista de una proeza cultural para El Salvador: por primera vez, el país inauguró su propio pabellón en la 61.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, la cita internacional más prestigiosa del arte contemporáneo.

Según exibart, la presencia de Molina representa un hito sin precedentes para la escena artística salvadoreña, ya que su proyecto “Cartografías del desplazamiento” lleva el testimonio de la migración y la memoria salvadoreña al centro del debate global.

La propuesta, curada por Alejandra Cabezas, se articula en torno a la serie escultórica “Children of the World”, en la que Molina explora el desplazamiento como condición existencial. Exibart detalló que el artista aborda este fenómeno desde una perspectiva íntima y material: “La obra aborda el desplazamiento no como un acontecimiento que deba ilustrarse, sino como una condición que se habita: una forma de existencia marcada por el movimiento, la memoria y la constante negociación entre pasado, presente y futuros imaginados”. Cada escultura encarna la presión, el peso y la adaptación, evocando la carga de historias personales y colectivas.

El proyecto se distancia de representaciones espectaculares de la migración y apuesta por un lenguaje contemplativo, en el que el concreto y el bronce dan cuenta de las huellas de la movilidad y el desarraigo.

Un recorrido biográfico de resiliencia

La historia personal de Molina añade una dimensión singular a la representación salvadoreña. Nacido en 1971 en el Golfo de Fonseca, el artista emigró a Estados Unidos durante la guerra civil salvadoreña.

“Representar a El Salvador en la Bienal de Venecia es, para mí, tanto un honor como una responsabilidad. Es una oportunidad para mostrar de lo que son capaces los migrantes y el potencial que puede surgir de la resiliencia y la determinación”, declaró Molina en entrevista con el medio especializado.

La materialización del pabellón de El Salvador respondió a una combinación de esfuerzos independientes y alianzas estratégicas.

La trayectoria de Molina refleja la consolidación internacional de artistas salvadoreños que han ganado visibilidad en plataformas globales durante la última década. La revista Exibart mencionó a creadores como Studio Lenca, Antonio Romero y Ronald Morán, pero señaló que la presencia de Molina en Venecia “puede entenderse menos como un debut y más como un reconocimiento institucional de una realidad ya existente”.

Visita del Vicepresidente Félix Ulloa y el respaldo institucional

La relevancia de la exposición sumó un respaldo institucional con la visita del Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien recorrió el pabellón nacional y destacó públicamente la labor de J. Oscar Molina.

La actividad, difundida por los canales oficiales este sábado, refuerza el carácter simbólico del debut salvadoreño en la Bienal y evidencia el apoyo de las autoridades al arte nacional en un escenario internacional.

Según información de Vicepresidencia, la 61.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia permanecerá abierta al público desde el 9 de mayo hasta el 22 de noviembre de 2026, en los Giardini, el Arsenale y distintos espacios de la ciudad italiana.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) emitió un comunicado dirigido a ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio panameño, informando que quienes deseen retornar voluntariamente a la República Bolivariana de Venezuela podrán acercarse a las oficinas de la institución a nivel nacional o comunicarse al número habilitado para recibir orientación sobre el proceso.

El comunicado establece que los interesados deberán cumplir con requisitos específicos, entre ellos presentar pasaporte, salvoconducto o cédula de identidad, así como la documentación correspondiente de sus acompañantes.

En caso de no contar con estos documentos, las autoridades indicaron que los ciudadanos permanecerán en albergues migratorios mientras se tramita el salvoconducto y el boleto comercial, como parte de un procedimiento que busca garantizar un retorno ordenado y seguro.

El SNM precisó que los ciudadanos venezolanos tendrán hasta el miércoles 13 de mayo para acercarse a las oficinas y completar el registro requerido, lo que permitirá coordinar el traslado correspondiente.

Este proceso será financiado en su totalidad como parte de un Memorando de Entendimiento Migratorio (MOU) suscrito entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, en el marco de una estrategia regional para promover una migración ordenada, segura y regular.

En paralelo, en la ciudad capital se ha evidenciado un incremento en la presencia de migrantes venezolanos que retornan desde el norte del continente, muchos de los cuales han sido vistos en avenidas principales realizando buhonería o solicitando dinero para costear su regreso.

Este fenómeno refleja el impacto de las restricciones migratorias en Estados Unidos, que han reducido las posibilidades de ingreso y han generado un flujo inverso hacia países de tránsito como Panamá.

Las autoridades panameñas han reiterado que el objetivo de estas medidas es evitar que los migrantes queden en condición de vulnerabilidad en el país, facilitando mecanismos de retorno voluntario que permitan reducir la presión sobre los servicios públicos y mantener el control de los flujos migratorios. El programa también busca garantizar que los traslados se realicen bajo condiciones adecuadas, evitando situaciones de riesgo para los ciudadanos.

Deportaciones y expulsiones en 2026

Las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración muestran que, durante el primer trimestre de 2026, se registraron 284 casos de deportaciones y expulsiones, distribuidos en 142 deportaciones y 142 expulsiones, lo que evidencia la aplicación de medidas de control migratorio en distintos escenarios. Estas cifras reflejan un seguimiento constante de los movimientos migratorios en el país.

De acuerdo con los datos, el mes de enero concentró la mayor cantidad de casos con 172, seguido de febrero con 53 y marzo con 59, lo que indica una disminución progresiva en los meses posteriores.

Además, el informe revela que el 82% de las personas deportadas o expulsadas son hombres, mientras que el 18% corresponde a mujeres, lo que muestra una marcada diferencia por género en los procesos migratorios.

En cuanto a las causas, el principal motivo identificado es el ingreso irregular al país, con 134 casos, seguido por delitos vinculados a la seguridad colectiva, como el tráfico internacional de drogas, con 96 registros .

También se reportan casos relacionados con antecedentes penales, estadía vencida y tráfico ilícito de migrantes, lo que evidencia la diversidad de situaciones que enfrentan las autoridades migratorias.

Por nacionalidad, los datos muestran que la mayor cantidad de personas deportadas o expulsadas provienen de Colombia, Nicaragua y Venezuela, siendo este último país uno de los que mantiene presencia dentro de los flujos migratorios recientes en Panamá .

Este comportamiento se da en un contexto regional complejo, marcado por cambios en las políticas migratorias y el endurecimiento de los controles en rutas hacia el norte.

El llamado del Servicio Nacional de Migración se enmarca en este escenario, en el que Panamá busca gestionar de manera más efectiva los flujos migratorios, ofreciendo alternativas de retorno voluntario y reforzando las medidas de control. La combinación de asistencia humanitaria, coordinación internacional y supervisión institucional se perfila como el eje de la respuesta del país ante un fenómeno que continúa evolucionando en la región.

La tercera edición del Festival de Cine de Sundance 2026: CDMX llega a la Ciudad de México en un momento en que el cine independiente parece recuperar una de sus funciones más urgentes: despertar conciencia crítica. No se trata solamente de proyectar películas fuera del circuito comercial, sino de abrir un espacio donde las imágenes vuelven a intervenir en las discusiones públicas sobre migración, comunidad, violencia, autoritarismo y resistencia. En América Latina, Sundance no puede ser leído únicamente como una extensión internacional de un festival estadounidense. Su presencia en México tiene otra densidad: ocurre en una región donde las fronteras no son líneas abstractas, sino experiencias cotidianas de espera, expulsión, miedo y sobrevivencia.

Por eso resulta tan potente que una de las películas más relevantes de esta edición sea Everybody to Kenmure Street, del director Felipe Bustos Sierra, documental que obtuvo en Sundance el World Cinema Documentary Special Jury Award for Civil Resistance. La película reconstruye una protesta ocurrida en mayo de 2021 en Pollokshields, un barrio multicultural del sur de Glasgow, cuando agentes del Home Office británico intentaron detener y deportar a dos hombres de origen sij. La operación ocurrió en la mañana de Eid, en una comunidad con fuerte presencia musulmana, lo que muchos vecinos interpretaron como una provocación directa. En pocos minutos, la noticia circuló por redes, chats vecinales y organizaciones comunitarias. Un activista se metió debajo de la camioneta migratoria, abrazó el eje del vehículo y se negó a moverse. Luego llegaron decenas, después cientos de personas. Rodearon la camioneta durante horas hasta impedir la deportación.

Lo extraordinario del documental de Bustos Sierra es que no convierte la protesta en una postal heroica ni en un mito romántico. La muestra como una coreografía social: vecinos que no necesariamente se conocían, personas que salieron en pijama, madres, jóvenes, migrantes, activistas, comerciantes, habitantes comunes de un barrio que de pronto entendió que la política no estaba en el Parlamento, sino en la calle. La película tiene un desenlace poco frecuente para un documental político: una conclusión alegre. Dos personas iban a ser arrancadas de su comunidad y, gracias a la presión colectiva, fueron liberadas.

En entrevista, el propio Felipe Bustos Sierra subraya algo fundamental: la policía no supo cómo responder ante una multitud que no estaba ejerciendo violencia. Esa frase revela uno de los núcleos políticos de la película. El poder está acostumbrado a administrar el choque, la amenaza, el enfrentamiento. Sabe cómo narrar al manifestante violento, al enemigo público, al desorden. Pero se desorienta cuando una comunidad aparece como un cuerpo colectivo, pacífico, persistente y moralmente legítimo. En Everybody to Kenmure Street, la multitud no destruye; protege. No incendia; rodea. No agrede; impide que el Estado se lleve a sus vecinos.

Ahí está la relevancia más profunda del filme: demuestra que el activismo no es una abstracción sentimental. Sirve. Tiene consecuencias materiales. En la entrevista, Bustos Sierra insiste en que la protesta puede tener un resultado legítimo en beneficio de los migrantes. No se trata de una consigna ingenua, sino de una constatación histórica: dos hombres estaban a punto de ser deportados, una comunidad se interpuso, y ambos pudieron regresar a su barrio. La película no pregunta si la solidaridad es bonita; pregunta si estamos dispuestos a asumir su costo.

La conexión con México y América Latina es inevitable. Aquí también la migración ha sido administrada muchas veces como problema de seguridad antes que como drama humano. México es país de origen, tránsito, destino, espera, contención y deportación. Tapachula, en Chiapas, se ha convertido en uno de los símbolos más claros de esa contradicción: una ciudad-frontera donde miles de personas migrantes quedan suspendidas entre trámites, controles, precariedad y la imposibilidad de avanzar hacia el norte. La frontera, en ese sentido, no siempre aparece como muro; también puede aparecer como demora, vigilancia, cansancio y administración burocrática del movimiento. La figura de la camioneta del Home Office en Glasgow dialoga con otra imagen conocida en nuestro continente: los retenes migratorios, las estaciones de detención, las deportaciones aceleradas y el miedo a ser separado de una comunidad.

En Estados Unidos, esos agentes son conocidos como ICE, siglas de Immigration and Customs Enforcement. Para muchas familias migrantes latinoamericanas, ICE no es una institución abstracta, sino una presencia de terror cotidiano: la puerta tocada de madrugada, la detención en el trabajo, la separación familiar, la amenaza de deportación. En Reino Unido, el Home Office cumple una función semejante dentro de otro marco institucional. En ambos casos, el Estado aparece como máquina de clasificación: decide quién pertenece, quién sobra, quién puede quedarse y quién debe ser expulsado.

Everybody to Kenmure Street nos obliga a mirar esa maquinaria desde abajo. No desde el lenguaje burocrático de la “gestión migratoria”, sino desde la experiencia del barrio. En la película, la comunidad funciona como una frontera ética. No una frontera que separa, sino una que protege. Frente al Estado que llega para extraer cuerpos considerados deportables, el barrio responde: de aquí no se los llevan.

La dimensión poscolonial del documental también es central. Glasgow aparece como una ciudad de tradición obrera, sindicalista, internacionalista y antirracista, pero al mismo tiempo marcada por una historia colonial que no puede borrarse. Esa tensión es importante porque recuerda que las sociedades europeas que hoy criminalizan migrantes fueron también beneficiarias de imperios, esclavitud, saqueo y desplazamientos globales. Bustos Sierra parece sugerir que la migración contemporánea no puede separarse de esas genealogías coloniales. Quienes llegan a Europa no aparecen de la nada; llegan desde historias largas de desigualdad, intervención, extractivismo, guerras y fronteras impuestas.

Esa lectura resuena profundamente en América Latina. Nuestros países también viven contradicciones similares: discursos de hospitalidad combinados con racismo, nacionalismo, clasismo y violencia institucional contra los migrantes. México puede denunciar el maltrato a sus ciudadanos en Estados Unidos y, al mismo tiempo, reproducir prácticas de contención contra migrantes centroamericanos, haitianos, venezolanos, cubanos o africanos en su propio territorio. Por eso la película no habla sólo de Glasgow. Habla de todas las comunidades que deben decidir si miran desde la ventana o bajan a la calle.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista con Felipe Bustos Sierra aparece cuando reflexiona sobre la legalidad de la protesta. El director señala que muchas personas pueden reconocer la moralidad de una protesta, pero no se suman hasta saber si es legal, hasta que alguna institución la aprueba. Y ahí aparece una paradoja poderosa: aquella protesta fue ilegal hasta que, de algún modo, se volvió legítima. Esa idea atraviesa la historia de las luchas sociales. Muchas conquistas democráticas nacen antes de ser autorizadas. Primero son vistas como desorden, exceso o amenaza; después, cuando la historia cambia de tono, se convierten en memoria cívica.

México conoce bien esa tensión. Las protestas feministas, las luchas de madres buscadoras, las resistencias indígenas, los movimientos estudiantiles, los defensores del territorio y las redes de apoyo a migrantes han sido muchas veces criminalizadas antes de ser reconocidas como necesarias. La legalidad no siempre llega primero. A veces la justicia aparece como interrupción. A veces, para que una causa sea escuchada, alguien tiene que bloquear una calle, rodear una camioneta, documentar un abuso, abrir una puerta o simplemente quedarse ahí.

Por eso Sundance CDMX importa. No sólo porque trae películas premiadas, sino porque permite que estas discusiones entren en el espacio cultural mexicano. En una época donde buena parte del entretenimiento busca neutralizar el conflicto, el cine independiente recuerda que mirar también es una forma de tomar posición. Everybody to Kenmure Street no ofrece una teoría abstracta de la resistencia; ofrece una escena concreta: una camioneta detenida por la fuerza moral de un barrio.

Al final, la frase de Bustos Sierra condensa el corazón de la película: “If we don’t turn up, nothing happens” (“si no aparecemos, no pasa nada”). Esa es quizá la lección más urgente del documental. La democracia no se defiende sola. La solidaridad no existe si permanece como idea privada. Y la protesta no siempre empieza cuando todo es seguro, legal o cómodo; a veces empieza cuando alguien decide que la expulsión de un vecino no puede ocurrir en silencio.

En un continente atravesado por migraciones, guerras, desplazamientos y nuevas formas de autoritarismo, Everybody to Kenmure Street recuerda algo elemental pero profundamente político: la comunidad todavía puede interrumpir la maquinaria del miedo. Y Sundance CDMX, al traer esta historia a México, nos deja una pregunta incómoda: cuando la camioneta llegue por nuestros vecinos, ¿vamos a mirar desde la ventana o vamos a bajar a la calle?

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi-2025), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB), halló que los migrantes venezolanos que residen en Argentina son quienes muestran “mayor potencial de retorno” al país.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, la Encovi se ha convertido en la principal fuente para evaluar el comportamiento de los indicadores sociales en Venezuela.

La edición de este año, presentada el jueves 7 de mayo, concluye que en promedio 10% de los migrantes venezolanos tiene planes para volver y 74% lo descarta.

“Argentina no es el principal receptor, pero mostró el mayor potencial de retorno, seguido por Colombia, Estados Unidos y Chile”, destaca el estudio, que se llevó a cabo durante el segundo trimestre de 2025 y se basa en los testimonios de hogares que tienen migrantes.

Con respecto a quienes están en Argentina, 71% respondió que no tenía planes de retorno y 29% sí. En los casos de Colombia, Estados Unidos y Chile, consideran el regreso 20%, 16% y 15%, respectivamente. “Pareciera que el incentivo por retornar estaría más presente cuando el hogar de origen es pobre”, expone el informe.

En casa

La Encovi brinda datos sobre los “migrantes retornados reportados por los hogares encuestados”. En cuanto a las naciones de procedencia, destaca Ecuador en el primer lugar con 28% contra 72% que permanece allá.

“En segundo lugar se posiciona Colombia (13% de retornados contra 87% que siguen del otro lado de la frontera). Este país ha sido el mayor receptor de la migración venezolana y dado su carácter fronterizo los movimientos de retorno pueden ser más frecuentes, incluso puede haber cierta circularidad que no estamos captando”, reconocen los expertos.

De acuerdo con las mediciones de 2021, 2023 y 2025, “el retorno se estima alrededor del 7% del total de las personas emigradas reportadas por sus hogares”. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estima que existen “casi 7,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo”.

Sin clases

La encuesta calcula que 68,5% de los hogares venezolanos son pobres y 31,7% están sumidos en la pobreza extrema. Una mejora si se considera que en 2024 los números eran 73,2% y 36,5%, respectivamente.

“En cuanto a los niveles de pobreza extrema es evidente su disminución después del 2021 (68%), pero todavía en 1 de cada 3 hogares los ingresos no son suficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias”, subrayan.

La investigación dirigida por la UCAB contrasta la demanda potencial de educación, estimada en 11.064.592 -personas de 3 a 24 años de edad-, y la población escolarizada que llegaría a 7.128.882, dando una diferencia que se acerca a los 4 millones. “La cobertura total no ha conseguido remontar a los niveles alcanzados antes de la pandemia”.

La Encovi concluye que 1,2 niños, niñas y adolescentes están excluidos del sistema educativo. “Las brechas sociales en el acceso a la educación se han mantenido a lo largo de una década”, sostiene, tras indicar que mientras en el quintil más rico de la sociedad la cobertura educativa llega a 82%, en el más pobre cae a 57%.

Menos

Tomando como referencias las proyecciones de Naciones Unidas, la Encovi apunta que la población venezolana está alrededor de los 28,5 millones de personas.

“Esta misma fuente había previsto en la revisión del año 2015 (WPP-2015) que la población de Venezuela en el año 2025 superaría los 34 millones. Esa diferencia se debe principalmente a los efectos de la migración, pero también a la pérdida de efectivos por el incremento de la mortalidad y los nacimientos no ocurridos en Venezuela”, explican.

En 1990, el tamaño de los hogares promedio en el país era de 4,8 personas. Hoy llega a 3,1. Cerca de 1 de cada 7 habitantes son adultos mayores.

“Una relación de dependencia demográfica estimada en 65 dependientes infantiles y adultos mayores por cada 100 personas en edades activas. Ese nivel de la carga demográfica corresponde con el que se estimaba para Venezuela hacia el año 2040, de acuerdo con las perspectivas demográficas que se tenían previas al éxodo migratorio”, resalta la Encovi.

En un momento polarizado en el que las encuestas señalan la inmigración como una de las principales preocupaciones globales, Sílvia Pérez Cruz reivindica en su nuevo disco “la dualidad” y a la vez la unión entre los extremos, con el flujo líquido entre ellos como protagonista.

“Ante cosas muy evidentes, parece que no las tengas que nombrar, pero creo que se han perdido valores básicos y que hay que recuperarlos. Me parece terrible este momento entre los que están gobernando en ciertos países. ¿Qué valores son esos? Es triste tener que recordar lo doloroso que puede ser que alguien tenga que irse de su país”, reflexiona en una charla este miércoles.

El motivo es Oral_Abisal (Sony), su nuevo álbum de estudio, dentro del cual canta “Mar abierto”, una de las primeras composiciones que hizo hace ya tres años, en torno a lo que “la gente arriesga para buscar un poco de vida”, con dos testimonios reales gracias a la intermediación de Open Armas sobre el miedo que pasaron durante sus travesías.

El corte, que es también uno de los más potentes en la puesta en vivo que se vio recientemente en el Teatro Real de Madrid y en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, viene a completar un proyecto que nada entre dos aparentes extremos: por un lado lo oral, “que remite a lo colectivo, lo familiar, lo coral”, y por otro lo profundo, lo íntimo, la búsqueda.

“Hubo un tiempo que pensaba que serían dos discos. Luego descubro que quiero unirlo, que no es real esa separación y que los extremos no son buenos, que hay que buscar los líquidos. Por eso el agua es la respuesta a este viaje”, explica sobre un álbum que se publica este viernes con un guion bajo en el título uniendo ambos cabos.

Los colores de Silvia Pérez Cruz

La dualidad se representa, según Silvia Pérez Cruz, en dos colores: el rosa “por ser cálido pero suave” y el azul “por las profundidades”. Musicalmente también se advierte el flujo entre “dos texturas”: “Una mucho más de madera y más conocida y otra en la que tengo muchas ganas de investigar sonidos, de otros tempos y otras profundidades”.

“Mi relación con la música solía ser de muchas cuerdas al aire, de buscar desde el sonido, sin posiciones conocidas en la guitarra; en estas composiciones sí hay sin embargo muchos acordes con su riqueza armónica, al contrario de Abisal, que es otra dirección”, señala la galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2022.

El agua se presenta metafóricamente en todos sus estados, desde los ríos a los mares, a través de la lluvia y de la evaporación. Uno de los cortes más emocionantes, “Chundwa (Chacarera)”, nació gracias a un indígena al que conoció en la Sierra Nevada colombiana y que le regaló un poema sobre lo que para ellos significaba la nieve.

“Soy agua”, afirma la propia Pérez Cruz en uno de los cortes, y lo ratifica en la charla. “Ahora tengo que aprender a no serlo tanto, en cuanto que el agua también simboliza emoción y yo soy muy sensible, muy empática. A veces me diluyo con los demás y en mi arte, a pesar de que me empodera y que en el escenario hay una voluntad casi social de diluirnos”.

Cuenta que en su carrera artística siempre ha apostado precisamente por “fundir los límites y sentir que estamos hechos de lo mismo”, algo que ha extendido a su manera de abordar diferentes estilos, “rompiendo la pauta y alejándose de la partitura para entender qué comparte un país con otro y con qué nos emocionamos”.

“Pero todo eso lo tengo ya muy practicado y ahora creo que me toca más buscar redefinir mi contorno”, afirma la artista, que tiene una intensa agenda por delante.

Sobre Rosalía y Estrella Morente

Referente de tantos artistas, incluida Rosalía, cabe preguntarle por el “disgusto” público que manifestó Estrella Morente sobre el resultado de la colaboración que las tres artistas grabaron en “La rumba del perdón” para el disco Lux.

“Es muy difícil mi posición en el medio. Entiendo a las dos y he hablado con Rosalía y le he mandado un mensaje a Estrella”, comienza diciendo en su deseo de ser muy precisa. Subraya en ese sentido “lo más hermoso, que es la voluntad primera”: “Rosalía quiere hacer un homenaje a voces que le han marcado. No hay que olvidar eso y creo que tenemos que hacer más lo de celebrarnos unas a otras”.

A continuación, reconoce que ella misma le pidió a Rosalía “poner un poquito más”. “Primero porque me gustaba mucho cómo habían quedado y porque había sido mucho trabajo y mucha ilusión, pero ella me dijo que todas las colaboraciones eran así como una decisión estética”, comenta sobre las razones de su paisana en un disco que también redujo a su máxima expresión aportaciones como la de Björk.

“Yo estoy muy en paz y creo que se ha aprendido cómo se podrían hacer de otra manera para poder cuidarlo mejor. No me gusta ni creo que mi Estrella merezca que se le hable mal, porque es una gran artista y tampoco creo que haya ninguna maldad por parte de Rosalía. Sé que le ha sabido mal que Estrella se sienta así y, más allá de todo esto, ojalá se reencuentren”, concluye.

Fuente: EFE

[Fotos: Europa Press y Joel Saget/ AFP]

El flujo de migrantes retornados a Honduras sigue en aumento durante 2026. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 15,449 personas han sido retornadas o deportadas al país en los primeros 120 días del año, lo que representa un promedio de 129 personas diarias, es decir, una cada 11 minutos.

Las cifras evidencian la persistencia de un fenómeno migratorio con niveles elevados en los últimos años. Informes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de organismos de derechos humanos confirman que el país cerró 2025 con más de 42.000 retornos, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizaban más de 11,600 casos, reafirmando la tendencia ascendente.

De los registros se desprende que aproximadamente el 91% de los retornos provienen de Estados Unidos, seguido por México y Guatemala, consolidando a la región como el principal corredor migratorio de retorno hacia Honduras.

Perfil de la población retornada

Las estadísticas revelan que la mayor parte de las personas retornadas pertenece a la edad productiva. El grupo más nutrido tiene entre 21 y 30 años, seguido por quienes tienen 31 a 40 años, lo que repercute directamente en la fuerza laboral del país.

Asimismo, se verifica la llegada de menores de edad y mujeres entre los retornados, situación que genera alertas sobre la necesidad de una atención diferenciada para población vulnerable, especialmente durante los procesos de reintegración familiar y comunitaria.

Respuesta gubernamental

En medio del incremento de retornos, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una iniciativa impulsada por la diputada Sara Zavala.

La normativa busca establecer un marco legal para facilitar el retorno ordenado de los migrantes, proteger sus bienes y promover su reintegración social y económica.

La ley contempla mecanismos de coordinación interinstitucional para brindar apoyo integral a los connacionales que regresan al país, incluyendo acceso a programas de reinserción y acompañamiento institucional.

La finalización del programa coloca a miles de personas ante posibles procesos de detención y deportación, incluso por faltas menores, lo que podría aumentar aún más las cifras de retorno en los próximos meses.

A nivel regional persisten factores estructurales como la pobreza, la falta de empleo y la violencia, que siguen siendo determinantes en la migración irregular desde Honduras.

Brechas en la reintegración

Organismos de Derechos Humanos insiste en la necesidad de una política pública integral que no solo atienda el retorno, sino que también fortalezca la prevención migratoria y la reintegración sostenible.

Entre los retos mencionados se incluye la creación de oportunidades económicas, el fortalecimiento de los centros de atención al migrante retornado y la coordinación entre instituciones estatales y gobiernos locales.

Paralelamente, se indica la importancia de mejorar la cooperación internacional para abordar las causas estructurales de la migración y asegurar una atención más efectiva a la diáspora hondureña.

Las cifras de 2026 muestran que la migración y el retorno siguen siendo desafíos de primer orden para Honduras. Con un promedio de una persona retornada cada 11 minutos, el país enfrenta el desafío de transformar estos flujos en procesos de reintegración que eviten la repetición del ciclo migratorio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, liderada por Mireya Agüero, anunció que el país ha iniciado un proceso de reposicionamiento en el ámbito internacional, implementando una política exterior definida como “pragmática” y participando de manera activa en más de 35 países y organismos multilaterales.

Agüero explicó que este enfoque está orientado a fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales con actores clave, entre ellos Estados Unidos, Japón, España, México, Brasil, Canadá, India y la Unión Europea, con el propósito de mejorar la inserción hondureña en la agenda global.

En la esfera regional, la Cancillería ha respaldado el fortalecimiento del sistema de integración centroamericana, conforme al Protocolo de Tegucigalpa, y subrayó que un hondureño fue designado a la cabeza de la Secretaría del Sistema de Integración Económica Centroamericana.

Reordenamiento institucional

Uno de los ejes expuestos por la Cancillería es la reorganización del servicio exterior y la red consular. Como parte de la estrategia, se solicitó a embajadores y funcionarios poner sus cargos a disposición del Ejecutivo mientras se realizaba una auditoría interna.

Según datos oficiales, el análisis identificó una carga aproximada de 15 millones de lempiras mensuales en contrataciones consideradas irregulares o supernumerarias, lo que llevó a ajustes graduales, eliminación de planillas e implementación de controles financieros más estrictos.

Las autoridades aseguran que estas medidas no interrumpieron los servicios consulares y que, de modo progresivo, se han nombrado representantes en países como Estados Unidos, México, Francia y Costa Rica.

En materia consular, la Cancillería informó que ha impulsado acciones para mejorar la atención a hondureños en el exterior y a migrantes retornados, incluyendo la reactivación de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), la resolución de casos de repatriación y la prestación de servicios de legalización de documentos a más de 84 mil personas.

También se han puesto en marcha iniciativas como el “Consulado Virtual” y la coordinación con el Registro Nacional de las Personas para la entrega del Documento Nacional de Identificación en el extranjero.

Estas acciones se desarrollan en un contexto complejo, caracterizado por el aumento de deportaciones y la incertidumbre migratoria, lo que genera interrogantes sobre la capacidad institucional de atender la demanda y brindar protección efectiva a gran escala.

Cooperación internacional y proyectos en marcha

La Cancillería mencionó la movilización de recursos de cooperación internacional que, según cifras oficiales, superan los USD 797 millones en los primeros meses de gestión. Estos fondos están destinados a proyectos de agua potable, seguridad alimentaria, salud y prevención de la violencia.

Entre los acuerdos figura un proyecto con Japón para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en Tegucigalpa y Comayagüela, además de diversas iniciativas con organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos.

Aunque estos anuncios marcan una agenda activa en materia de cooperación, analistas señalan que el desafío central está en la ejecución efectiva de los proyectos y en su impacto tangible en las comunidades beneficiadas.

En el plano diplomático, Honduras ha participado en espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y ha sostenido reuniones bilaterales con varios países para tratar temas de comercio, seguridad y migración.

Asimismo, se han establecido vínculos con organismos como la Organización de Estados Americanos y agencias del sistema de Naciones Unidas, en áreas relacionadas con derechos humanos, seguridad y desarrollo.

Legalidad y revisión de normativas

En cuanto a la revisión normativa, la Cancillería declaró nulo un reglamento de pasaportes aprobado en 2025, restableciendo disposiciones previas y ordenando la cancelación de documentos emitidos bajo ese marco legal.

También se han anulado resoluciones vinculadas al escalafón diplomático que fueron emitidas sin cumplir los procedimientos legales exigidos, como parte del proceso de depuración interna.

La Constancia Temporal de la CURP para extranjeros en México es un documento que permite a personas de nacionalidad distinta a la mexicana obtener de manera provisional una Clave única de Registro de Población.

Este trámite está disponible para quienes hayan iniciado procedimientos para permanecer en el país bajo una condición de estancia regular y tiene una vigencia de 180 o 365 días naturales.

El Registro Nacional de Población señala que la constancia está dirigida a extranjeros que hayan tramitado su situación migratoria ante el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Para acceder a este beneficio, la persona extranjera debe demostrar que comenzó el trámite para permanecer legalmente en México, excepto quienes se encuentren bajo la estancia descrita en la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.

La constancia es válida hasta que el INM o la COMAR emitan una resolución definitiva sobre la situación migratoria de la persona extranjera.

Durante ese periodo, la CURP temporal permite realizar trámites y acceder a servicios públicos que requieren este documento.

Requisitos y procedimiento para extranjeros

Para solicitar la Constancia Temporal de la CURP, se debe presentar la documentación que acredite el inicio del trámite migratorio regular.

Entre los requisitos están la identificación oficial, comprobantes expedidos por el INM o la COMAR y, en algunos casos, documentos adicionales que respalden el trámite en curso.

El trámite no está disponible para quienes se encuentren en México bajo la condición de estancia conforme a la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración, correspondiente a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas.

Así, la constancia se otorga únicamente a quienes buscan regularizar su estancia o solicitar protección internacional.

Pasos para tramitar la Constancia Temporal de la CURP para extranjeros

• Acudir al módulo del INM o de la COMAR, según corresponda, y solicitar el trámite.
• Presentar identificación oficial vigente.
• Entregar documento que acredite haber iniciado el trámite migratorio regular ante el INM o la COMAR.
• Proporcionar comprobantes o constancias adicionales que exijan las autoridades según el caso individual.
• Esperar la revisión y validación de los documentos por parte de la autoridad.
• Recibir la Constancia Temporal de la CURP, que tendrá una vigencia de 180 o 365 días naturales, según el procedimiento migratorio iniciado.

Resolución definitiva y CURP permanente

Una vez que el INM o la COMAR determinan de manera definitiva la situación migratoria del extranjero, la persona puede solicitar la CURP permanente.

Este documento acredita la integración formal al sistema de registro nacional y permite acceder sin restricciones a los servicios y derechos que requieren la CURP como identificación oficial.

La CURP permanente solo se otorga tras una resolución favorable del trámite migratorio y debe solicitarse directamente ante la autoridad que haya emitido la resolución, ya sea el INM o la COMAR.

Número de refugiados en México desde años previos

En los últimos cinco años, México ha recibido aproximadamente 500 mil solicitudes de asilo, con una tasa de reconocimiento superior al 60%, de acuerdo con datos oficiales de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Solamente en 2025, se registraron más de 58.800 nuevas solicitudes, principalmente de personas procedentes de Cuba (28.700), Venezuela (12.100) y Haití (7.000).

Durante 2024, más de 78.900 personas solicitaron asilo en México, siendo Honduras el país de origen con mayor número de solicitantes.

En 2023, 140 mil personas provenientes de más de 110 nacionalidades solicitaron asilo, marcando un nuevo récord para el país.

Estos datos reflejan el aumento sostenido de la población extranjera en situación de refugio o solicitud de protección internacional en México.

La tendencia refleja un contexto regional de incremento en los flujos migratorios y desplazamientos forzados en América Latina y el Caribe, según informes de ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

El flujo de migrantes retornados a Honduras continúa en aumento y, con ello, crece la preocupación por la falta de una respuesta estatal integral. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que, en los primeros 120 días de 2026, más de 15,449 hondureños han sido retornados o deportados al país, lo que equivale a 129 personas diarias o una cada 11 minutos.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, explicó que la situación actual revela tanto la magnitud del fenómeno migratorio como las deficiencias institucionales para atender a quienes regresan, muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad.

De acuerdo con los datos oficiales, el 91% de los retornos provienen de Estados Unidos, con 14,017 casos, seguido por México con 1.356 y Guatemala con 76. La población retornada está compuesta mayoritariamente por hombres (12.481), aunque también incluye a 1,432 mujeres, 1,265 niños y 251 niñas.

Respecto a las edades, el grupo más numeroso se concentra entre los 21 y 30 años con 5.797 personas, seguido por quienes tienen entre 31 y 40 años (4.806). También se reportan 2.518 personas entre 41 y 50 años, 1,380 jóvenes entre 11 y 20 años y al menos 135 mayores de 60 años.

Falta de reintegración efectiva

Uno de los principales señalamientos del CONADEH es la ausencia de políticas públicas integrales que faciliten la reintegración social y económica de los migrantes retornados. Reyes citó una encuesta realizada a finales de 2025, que indica que el 85% de estas personas requiere apoyo social, económico y laboral para reincorporarse a sus comunidades.

“La mayoría no cuenta con medios de vida para emprender y necesita respaldo del Estado”, afirmó la funcionaria, subrayando también la urgencia de revisar e implementar protocolos existentes dentro de un plan nacional de reintegración.

Sumó que es necesario fortalecer el papel de los gobiernos municipales, pues en las comunidades se concentran las principales necesidades de los retornados, así como también involucrar al sector privado y a la sociedad civil en la generación de oportunidades.

Contexto internacional

La problemática migratoria no se limita a Honduras. Según datos recientes de la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 8.000 migrantes fallecieron o desaparecieron en 2025 a nivel mundial, elevando la cifra total desde 2014 a más de 82.000 personas.

El organismo informa que, aunque en algunas regiones han disminuido las llegadas, esto no implica una reducción de la migración, sino un cambio de rutas, que se han vuelto más peligrosas por factores como conflictos y crisis ambientales.

Impacto de la cancelación del TPS

A este panorama se suma la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, una decisión que, según la analista Marcela Caro, deja a miles de compatriotas en Estados Unidos en situación de vulnerabilidad.

La medida, que fue oficializada en 2025, se fundamentó en informes que consideraban que Honduras estaba en condiciones de recibir a sus ciudadanos. Señalan que la falta de una estrategia diplomática sólida y de políticas de reintegración constituye una debilidad para el país.

Ya se perciben las consecuencias: hondureños que antes contaban con protección migratoria ahora enfrentan el riesgo de detención y deportación, incluso por infracciones menores. Por ello, especialistas recomiendan buscar asesoría legal para explorar posibles alternativas migratorias.

El aumento sostenido de retornos, junto con la falta de oportunidades y un contexto internacional adverso, representa un desafío inmediato para Honduras. Organismos de derechos humanos coinciden en la necesidad de una respuesta articulada y sostenible que garantice condiciones dignas para quienes regresan al país.

La señal satelital se activó frente a las costas de Chubut. Dos semanas después, el registro ubicaba su origen en pleno hielo antártico. Así quedó trazado el recorrido de una ballena jorobada que cruzó más de 2.500 kilómetros entre la Patagonia argentina y la Antártida.

El trayecto, seguido de cerca por científicos, abrió interrogantes sobre el futuro de la especie. El caso, documentado por la Fundación Rewilding Argentina, apunta a una posible nueva ruta migratoria y revela riesgos graves en el Atlántico Sur.

La protagonista de esta historia es “Popa”, una ballena jorobada marcada el 13 de enero de 2026 en aguas del Parque Provincial Patagonia Azul, en Chubut.

Qué reveló el monitoreo de “Popa”

El equipo de la Fundación Rewilding Argentina, tras cinco temporadas de monitoreo, acopló un dispositivo satelital que permitió seguir los movimientos del animal en tiempo real. Durante más de un mes, “Popa” permaneció en la zona, una de las áreas de alimentación más abundantes del Atlántico Sur.

“Durante el primer mes, tres individuos se mantuvieron dentro del parque o un poco más al sur, hacia Puerto Visser, un área que hoy no está protegida”, señaló a Infobae Lucas Beltramino, responsable del monitoreo de ballenas en el Proyecto Patagonia Azul.

A finales de febrero, el comportamiento de Popa cambió de forma abrupta. Entre el 24 de ese mes y el 16 de marzo, la ballena nadó casi sin detenerse, sin señales de pausa alimentaria, hasta acercarse a las Islas Orcadas del Sur, donde Argentina mantiene la base humana más antigua de la Antártida.

Sobre ese giro, Beltramino precisó: “De un momento a otro, comenzó a alejarse: primero hacia el noreste y luego continuó hacia el este, pero cada vez con mayor orientación al sur. Pasó por el lado este de las Islas Malvinas y siguió descendiendo hasta llegar cerca de las Orcadas del Sur. Allí redujo la velocidad de nado y retomó los desplazamientos erráticos, un comportamiento asociado nuevamente a la alimentación”.

Los detalles de la nueva ruta migratoria

El viaje de “Popa” sorprendió por la velocidad y la resistencia. La ballena cubrió más de 2.500 kilómetros en solo dos semanas, sin pausas para alimentarse hasta las inmediaciones de las Islas Orcadas del Sur, donde permaneció varios días antes de avanzar hacia la Península Antártica el 28 de marzo.

El monitoreo satelital permitió registrar patrones de movimiento poco explorados y aportó evidencia sobre la conexión entre distintas áreas de alimentación y migración en el Atlántico Sur. El seguimiento científico de “Popa” confirmó una hipótesis sostenida durante años: existe una ruta migratoria más próxima a la costa patagónica, alternativa a los trayectos por aguas profundas tradicionalmente atribuidos a la especie.

Desde 2021, el Parque Patagonia Azul identificó 239 ejemplares de ballena jorobada, dato que, según Rewilding Argentina, refuerza la relevancia de las áreas marinas protegidas como zonas clave para la alimentación y conservación.

“Este tipo de registros nos ayuda a comprender mejor cómo se enlazan las áreas de alimentación y migración”, señaló el biólogo. Añadió que el hallazgo “marca un cambio de paradigma en el mar patagónico”, ya que hasta hace pocos años la presencia de ballenas jorobadas en la región se consideraba esporádica.

“Lo que observamos en los últimos cinco años es que existe un grupo significativo de ballenas jorobadas que utiliza cada vez más las costas de Chubut, y también de Santa Cruz”, detalló Beltramino. Los datos obtenidos sobre sus recorridos constituyen la primera evidencia concreta de las rutas empleadas por la especie y del tiempo de permanencia en cada área: “Eso resalta la importancia de proteger estos espacios”.

La señal de alerta que dejó el hallazgo

El hallazgo de una nueva ruta migratoria llegó acompañado de una señal de alerta. La primera parada de alimentación de Popa en las Islas Orcadas del Sur coincide con uno de los principales centros de pesca industrial de krill antártico. Allí, superarrastreros capturan cientos de miles de toneladas al año, lo que pone en riesgo el equilibrio de un ecosistema del que dependen grandes poblaciones de aves marinas y cetáceos, incluidas las ballenas jorobadas.

La extracción intensiva de krill impacta la base alimentaria de ballenas, focas, pingüinos y otras especies fundamentales de la región. Sobre esta presión pesquera, Beltramino advirtió: “Una de las problemáticas actuales es que en la Antártida cada año se pesca más kril, se superan los récords y la pesca está orientada solo a ese recurso tan esencial para la vida marina antártica”.

“El kril se extrae para fabricar alimentos balanceados para mascotas y suplementos dietarios. La vida de la Antártida depende de ese recurso, y resulta insensato que lo explotemos con esos fines”, afirmó.

Conservación de ballenas jorobadas y áreas marinas protegidas

El análisis científico refuerza la importancia de áreas protegidas como el Parque Provincial Patagonia Azul para la supervivencia y el éxito reproductivo de las ballenas jorobadas. La prolongada permanencia de estos cetáceos en aguas patagónicas durante su ciclo migratorio incide de manera directa en la salud y conservación de la especie.

El seguimiento de “Popa” también permitió registrar un aumento de avistajes en mayo, lo que sugiere que las ballenas podrían regresar brevemente a la región tras alimentarse en el extremo sur, antes de iniciar el viaje hacia las zonas reproductivas del norte.

El equipo científico subrayó que “el mar patagónico funciona como una parada estratégica insustituible” y reclamó mantener y ampliar las áreas marinas protegidas para resguardar el futuro de la biodiversidad oceánica.

“Que una ballena permanezca más de un mes o dos en un área indica que ese lugar resulta fundamental para la especie, porque allí encuentra un recurso clave. En este caso, se trata del alimento necesario para completar sus viajes migratorios, ya sea para seguir alimentándose o para reproducirse”, concluyó Beltramino.

Un mural, un grafiti o una fotografía bastan para rescatar la memoria de los mexicanos en Estados Unidos y demostrar que, en un país marcado por las deportaciones masivas y la criminalización del migrante, “nosotros hemos estado ahí desde antes”, afirmó a esta agencia la artista mexicoestadounidense Alexa Ramírez, quien exhibe su obra en México junto al colectivo chicano 3B Collective.

“Quieren borrar nuestra historia y dar a entender que nunca pasó(...), pero así como (el Servicio de Inmigración de Estados Unidos) ICE usa cámaras para vigilarnos, nosotros también podemos usar la fotografía para decir: ‘Aquí estamos y aquí vamos a estar’”, sostuvo Ramírez sobre la resistencia histórica del movimiento chicano frente a gobiernos republicanos como los de los presidentes Donald Trump o Ronald Reagan (1981-1989).

La resistencia histórica a la que alude la artista, de 27 años, es también el corazón de sus piezas, que se exhibirán hasta el 23 de agosto en AztLán, túnel del tiempo, la primera muestra de arte chicano incluida en la programación del Palacio de Bellas Artes, en la capital del país.

Resistir desde la memoria

En el recorrido, enriquecido con la obra de 33 artistas, prevalece la defensa de la identidad latina en Estados Unidos, así como “la recuperación de la memoria de nuestros seres queridos”, explicó la artista, quien, al residir en Los Ángeles, ha presenciado la separación de familias por la deportación masiva de mexicanos, que durante el segundo mandato de Trump llega a las casi 190.000.

“A mí me importa mucho guardar las fotos de mi familia, porque a Estados Unidos no le importamos. Para ellos, ese archivo forma parte de una historia que quieren borrar”, lamentó.

Ramírez aseguró que la fractura del núcleo familiar es un mecanismo del Gobierno estadounidense para “restar poder” a la comunidad latina, pues son estos grupos los que apoyan a personas como ella, que llegó al país a los 8 años sin saber inglés y sintiéndose sola.

“La separación de las familias siempre ha ocurrido, la diferencia es que ahora la violencia es directa, ya no sucede solo dentro de las cortes o a puertas cerradas”, destacó.

Y recalcó que, sin importar el color del partido político, desde antes del siglo XX “ha existido la intención política de borrar la historia de la comunidad latina en EEUU”, incluso cuando se niega que, en 1848, California fue parte de México.

Por ello, esta exhibición también hace un recuento de los antepasados del arte chicano, como el trabajo del colectivo Asco -que en la década de 1970 criticó desde el activismo y el arte la exclusión de la población latinoamericana-, o la obra de Chaz Bojorquez, uno de los pioneros del grafiti y del arte callejero en Los Ángeles.

También recuerda que, en 1932, el mural América tropical fue cubierto con pintura blanca; una obra en la que el maestro David Alfaro Siqueiros se pronunció contra el imperialismo norteamericano.

Saldar la deuda

El rechazo al movimiento chicano proviene tanto del vecino del norte como de México, admitió a esta agencia Joshua Sánchez, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes.

Por ello, “esta primera muestra en el museo es una forma de saldar una deuda histórica” con la tradición del arte chicano, que desde la década de 1960 ha luchado por la “reivindicación de derechos” feministas, sociales y civiles.

Además, añadió que este es un momento idóneo para “romper con los prejuicios” difundidos por los medios de comunicación estadounidenses, que “presentan a las comunidades mexicanas como no deseables”, cuando, en realidad, “son personas que contribuyen en gran medida al PIB de ese país”, al ser una población de 40 millones.

AztLán, túnel del tiempo reúne obras de artistas radicados principalmente en Los Ángeles, aunque abarca distintas generaciones del siglo XX y XXI, con el objetivo de propiciar la reflexión sobre el impacto de las fronteras y la censura de la historia, así como normalizar la idea de que ser humano es cambiante y migrante.

“Hay Gobiernos que pretenden, con una visión aislacionista, plantear que la migración es algo anómalo, cuando lo anómalo es lo quieto, lo que no se mueve”, concluyó Sánchez.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Sáshenka Gutiérrez.

El buzón de una casa en Pasadena, Texas, se convirtió en la escena del inicio de una pesadilla para Víctor Manuel Mendoza. Una carta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trajo consigo una notificación que, lejos de ser rutinaria, marcó un antes y un después en la vida de este inmigrante salvadoreño.

La misiva contenía una cifra que parecía más propia de una demanda empresarial que de una cuestión personal: 1,820.352 dólares. Ese monto, detallado por el medio Telemundo, corresponde al resultado de 16 años de permanecer en el país tras una orden de deportación emitida en 2010.

Mendoza, quien reside en Estados Unidos desde hace más de 20 años, enfrenta ahora el mayor desafío de su vida: una deuda millonaria impuesta por el gobierno federal por no abandonar el territorio tras la orden de expulsión. La sanción acumulada no solo amenaza su estabilidad financiera, sino también la cohesión de una familia que ha echado raíces profundas en suelo estadounidense.

La historia de los Mendoza refleja las contradicciones del llamado “sueño americano”. Yolanda, esposa de Víctor y ciudadana estadounidense, comparte la nacionalidad con sus hijos, uno de los cuales integra las filas del Ejército de los Estados Unidos. Paradójicamente, mientras uno de sus descendientes jura lealtad al país, las autoridades buscan forzar el exilio del padre con una sanción económica de proporciones inéditas.

De acuerdo con información obtenida por el medio Telemundo, la situación de Víctor se agravó en marzo de 2026, cuando recibió la carta que le notificaba la multa. El empresario había sufrido ya el golpe de perder su compañía de camiones durante la pandemia de 2020, tras la revocación de su licencia de conducir por motivos migratorios.

La familia decidió entonces mudarse de California a Texas, intentando rehacerse ante la adversidad, pero la nueva vida quedó en suspenso ante la amenaza de la sanción.

¿Qué se espera para Víctor Mendoza?

La abogada de inmigración Silvia Mintz explicó al respectivo medio que el margen para apelar este tipo de multas es muy breve. Superado el plazo de tres semanas, la posibilidad de revertir la sanción se reduce drásticamente.

Según detalló Mintz, aunque las leyes que facultan la imposición de estas multas existen desde hace décadas, su aplicación efectiva es reciente.

Actualmente, el gobierno federal posee la potestad de perseguir los bienes de Mendoza, congelar cuentas bancarias y embargar propiedades para garantizar el cobro de la deuda. La única vía para detener el proceso sería que Víctor acceda a la autodeportación mediante la aplicación oficial CBP Home.

El impacto emocional en la familia es evidente. “Siempre hemos trabajado los dos juntos y ahora nos duele en el alma que nos quieran separar”, expresó Yolanda Mendoza. Frente a la posibilidad de perderlo todo, la familia evalúa la opción de regresar voluntariamente a El Salvador. “Para mí es el momento de irnos todos, porque yo no quiero que mi familia se separe”, afirmó Yolanda, decidida a acompañar a su esposo incluso si eso implica dejar su país natal.

El futuro inmediato es una carrera contra el tiempo administrativo. El paso urgente es presentar una apelación para intentar congelar el cobro de la multa mientras se procesa su caso. Sin embargo, con una orden de deportación pendiente desde 2010 y una multa millonaria activa, el destino de Víctor parece sellado hacia la autodeportación.

Su caso queda como una advertencia para miles de inmigrantes: lo que antes era un papel olvidado en un cajón, hoy es un arma financiera de precisión. Para este salvadoreño de Pasadena, el “Sueño Americano” termina con un estado de cuenta de siete cifras y la maleta lista en la puerta.

Por lo que, el desenlace de este salvadoreño se encuentra en manos de los procedimientos migratorios y de la respuesta del Estado ante la apelación. Mientras tanto, la familia Mendoza contempla un posible retorno a El Salvador, con la convicción de mantenerse unida pese al riesgo de perder todo lo construido en más de dos décadas en Estados Unidos.

El papa Leo XIV designó este viernes al obispo Evelio Menjivar-Ayala, originario de El Salvador y antiguo migrante indocumentado en Estados Unidos, como nuevo líder de la diócesis de Wheeling-Charleston en Virginia Occidental, una región históricamente conservadora. La decisión, anunciada tras la renuncia de Mark E Brennan, se produce luego de recientes tensiones públicas entre el pontífice y el presidente Donald Trump por las políticas migratorias, según informó The Guardian.

El nombramiento se da en medio de los debates nacionales sobre migración y la identidad de la Iglesia católica en Estados Unidos. La conferencia de prensa oficializó el traspaso del liderazgo y destacó la historia de Menjivar-Ayala, quien llegó al país en 1990 tras múltiples intentos fallidos, sorteando la guerra civil salvadoreña, detenciones y deportaciones.

Fox News subrayó que “el obispo asumió el cargo de la diócesis en un estado que es más de 90% blanco y que respaldó a Trump por 42 puntos porcentuales”. Además, la designación ha originado diversidad de reacciones tanto dentro como fuera de la Iglesia, especialmente debido a las repetidas críticas del obispo y del papa Leo XIV a los métodos de control migratorio.

Menjivar-Ayala: de refugiado salvadoreño a obispo en Virginia Occidental

Evelio Menjivar-Ayala nació el 14 de agosto de 1970 en Chalatenango, El Salvador, y huyó durante los años de mayor violencia civil en su país. De acuerdo con su relato al semanario católico The Catholic Standard, su familia fue atacada por soldados cuando escapaban, y tras dos intentos fallidos de emigrar, solo logró atravesar la frontera en su tercer intento, después de ser encarcelado en México y cruzar el desierto con apenas “una muda de ropa y una mochila llena de sueños”.

Al llegar a Estados Unidos oculto en la cajuela de un auto en San Ysidro, California, Menjivar-Ayala trabajó limpiando instalaciones y en la construcción, aprendió inglés y obtuvo su equivalencia de secundaria. Finalmente, se estableció cerca de su familia en Hyattsville, Maryland, donde inició su formación religiosa.

Se ordenó sacerdote en 2004 y en 2023 se convirtió en el primer obispo salvadoreño en la historia de Estados Unidos, según The Guardian. Ya como auxiliar en Washington, se destacó por defender derechos de inmigrantes y cuestionar públicamente acciones federales.

Nombramiento en un momento de polarización y tensiones entre la Iglesia y la administración Trump

La designación de Menjivar-Ayala se produjo semanas después de un intercambio tenso entre papa Leo XIV y el presidente Trump. NBC Right Now, la filial regional de NBC, informó que el papa, nacido en el estado de Illinois y primer estadounidense en la sede pontificia, ha sido un crítico frecuente de la gestión migratoria de Washington.

Durante el anuncio, Leo XIV afirmó: “¿Cómo se recibe al extranjero? Hay una reflexión profunda pendiente sobre el trato actual a los migrantes”, tachando de “extremadamente irrespetuoso” el enfoque vigente.

El nombramiento se suma a la serie de desencuentros entre la Santa Sede y la administración estadounidense, especialmente tras la promesa de Trump de endurecer deportaciones y reforzar la política de seguridad fronteriza.

En abril, el pontífice calificó como “inaceptable” la amenaza de Trump de atacar Irán, lo que motivó una dura respuesta del presidente, quien lo tildó en redes sociales como “débil en crimen y terrible para la política exterior”.

Según Fox News, Trump ha manifestado que “no es fan del papa Leo” y que prefiere a su hermano Louis, alineado con el movimiento MAGA.

El impacto y significado para la Iglesia en Estados Unidos

La diócesis de Wheeling-Charleston representa un territorio predominantemente blanco, rural y con tendencias conservadoras. La llegada de Menjivar-Ayala es percibida como un mensaje de integración y atención pastoral hacia migrantes, trabajadores y comunidades pobres. Christopher Hale, exdelegado demócrata y editor de la revista Letters from Leo, describió la elección como una oportunidad para una región que votó mayoritariamente por Trump.

Menjivar-Ayala, durante la conferencia de prensa citada por The Guardian, expresó que acepta el reto “con gran alegría y humildad”. Insistió en la misión de la Iglesia como aliada de los migrantes y los más vulnerables, e invitó a los jóvenes a aportar ideas: “Ustedes no son solo el futuro de la Iglesia, son el presente”.

En un foro de 2025, el obispo ya había criticado las comparaciones que equiparan la migración ilegal con delitos graves y defendió la obligación de ver “el rostro de Cristo en los migrantes”, según recogió Fox News, la cadena estadounidense de noticias. En tanto, la diócesis de Wheeling afirmó: “La Iglesia católica se preocupa por la oveja, no por el elefante ni el burro”, posicionándose por encima de debates partidistas.

Respuesta institucional y perspectivas

La presidencia de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, a través de Paul Coakley, manifestó su preocupación en una carta pública por el “clima de miedo y polarización”. Por su parte, el cardenal Joseph Tobin, aliado del pontífice, instó a la población a contactar a sus legisladores para rechazar la financiación de la agencia federal ICE, principal ejecutora de deportaciones, según NBC Right Now, la filial regional de NBC.

Menjivar-Ayala obtuvo la residencia legal mediante un visado religioso tras trabajar años como ministro juvenil en Maryland, informa Fox News, la cadena estadounidense de noticias. Actualmente, habla inglés, español e italiano y encarna la diversidad creciente dentro de la Iglesia católica estadounidense.

Las repercusiones de su nombramiento se extienden más allá de lo simbólico. El reciente recorte de USD 11 millones al contrato de Catholic Charities de Miami —que administraba refugios para menores migrantes— dio cuenta de la tensión entre políticas federales y la labor social de la Iglesia.

El anuncio de veinte nuevas rutas aéreas en México marca una etapa clave en la preparación del país para el Mundial 2026.

Estas conexiones forman parte de un plan nacional que no solo busca captar a los aficionados internacionales, sino también fortalecer la conectividad interna de cara al evento deportivo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que esta expansión responde a la meta de convertir a México en el quinto país más visitado del mundo.

El impulso a las rutas coincide con inversiones estratégicas y mecanismos de financiamiento que ya han respaldado más de 2 mil créditos para fortalecer la infraestructura turística.

Volaris y Aeroméxico estrenarán rutas

En el marco del Tianguis Turístico celebrado en Acapulco, Rodríguez Zamora confirmó que Volaris inaugurará doce rutas desde Puebla a partir de junio, mientras que Aeroméxico operará veintinueve vuelos chárter específicos para la cita mundialista.

Además, la aerolínea tiene previsto fortalecer conexiones internacionales, con énfasis en los enlaces con Europa.

Viva Aerobus, por su parte, ampliará sus operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sumando rutas directas hacia Medellín y Bogotá en Colombia.

Esta estrategia se presenta en un contexto de aumento en los precios del combustible, aunque las aerolíneas mantienen su apuesta por el mercado mexicano, según la secretaria de Turismo.

La puesta en marcha de estas rutas responde directamente a la necesidad de mejorar la movilidad de visitantes y locales durante el Mundial 2026.

El gobierno mexicano coordina acciones con el sector privado, bancos internacionales y organismos como ONU Turismo, para asegurar que el país esté preparado ante el incremento de viajeros que se espera en los próximos meses.

Inversión, turismo comunitario y nuevas experiencias

A la par de la expansión aérea, el Plan México contempla inversiones superiores a 40 millones de dólares en 773 proyectos turísticos distribuidos en las 32 entidades del país. El apoyo se extiende a pequeñas y medianas empresas, facilitando su acceso a recursos a través de instituciones financieras nacionales e internacionales.

Un aspecto novedoso es la inclusión del turismo comunitario como protagonista dentro de la oferta nacional, presentado por primera vez en el Tianguis Turístico.

Más de 500 proyectos de este tipo reciben equipamiento, capacitación y acompañamiento de organismos como la Unesco y los gobiernos estatales y federal.

Nueve estados concentran actualmente las principales experiencias, aunque se prevé que ocho entidades más sumen cerca de 400 nuevas propuestas en los próximos meses.

El gobierno mexicano ha lanzado una guía digital que facilita a los turistas información sobre cómo acceder a estos proyectos, qué actividades realizar y cómo integrarse a las rutas.

El reconocimiento internacional para quienes lideran estos proyectos, desde guías hasta cocineras y artesanas, busca fortalecer el atractivo de las experiencias complementarias a los destinos tradicionales.

El despliegue de veinte nuevas rutas aéreas constituye una pieza central en la estrategia de México para posicionarse en la escena turística mundial durante el Mundial 2026.

Este esfuerzo, respaldado por inversiones, alianzas y una apuesta por el turismo comunitario, pretende no solo mejorar la conectividad, sino también diversificar la oferta y el acceso a experiencias auténticas en todo el país.

El Vaticano anunció este viernes el nombramiento de el salvadoreño Evelio Menjívar Ayala como obispo único de la Diócesis de Wheeling-Charleston en Virginia Occidental, una decisión que marca un hito en la Iglesia católica de Estados Unidos por su trasfondo migratorio y su mensaje social.

De acuerdo con The Washington Post, el oriundo de Chalatenango es el primer obispo estadounidense que nació en El Salvador. Su llegada a Estados Unidos se produjo de manera irregular, luego de varios intentos de cruzar la frontera sur durante su juventud, hasta que finalmente lo consiguió viajando oculto en la cajuela de un automóvil.

Ayala, de 55 años, escapó de la guerra civil en El Salvador siendo un joven, a fines de los años ochenta. En 1990, logró ingresar de manera irregular a Estados Unidos, según relató a la AP en una entrevista realizada el año pasado. Poco tiempo después, recibió protección humanitaria, más adelante obtuvo una visa como trabajador religioso y hace veinte años logró la ciudadanía estadounidense.

De igual forma, Menjívar trabajó en la construcción y como conserje tras su llegada al país, aprendió inglés en jornadas nocturnas y culminó sus estudios en el Pontificio Colegio Norteamericano de Roma antes de ser ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Washington.

El papa León XIV, de origen estadounidense, ha impulsado una renovación en la jerarquía eclesiástica local con nombramientos que, según The New Yorker, buscan reflejar la diversidad real de la sociedad norteamericana.

El nombramiento de Menjívar no fue el único anunciado por el papa León XIV. Este mismo día, la Santa Sede informó la designación de Juan Gómez, sacerdote colombiano, como obispo de Laredo, en la frontera texana, y de dos nuevos obispos auxiliares para la Arquidiócesis de Washington: Gary Studniewski, exmilitar y actual párroco, y Robert Boxie III, capellán de la Universidad de Howard y primer obispo afroamericano en ejercicio más joven del país.

El papa León XIV refuerza la representación de minorías en la Iglesia

Según The Washington Post, el papa León XIV ha buscado dar mayor visibilidad y autoridad institucional a quienes representan las comunidades más desplazadas

Los nuevos obispos han expresado su intención de predicar una visión de inclusión y acompañamiento pastoral que desafía la narrativa dominante en sectores conservadores del país.

La designación de Menjívar y otros líderes migrantes responde a una tendencia consolidada en los nombramientos episcopales de los últimos meses. Desde la llegada de León XIV al pontificado, la jerarquía católica estadounidense ha experimentado cambios orientados a una mayor representación de las minorías.

Las fuentes consultadas por The New York Times destaca que esta transformación responde tanto a criterios pastorales como a la necesidad de responder a una comunidad católica que crece principalmente entre los inmigrantes.

La decisión del papa León XIV de confiar la única diócesis de Virginia Occidental a un migrante salvadoreño representa un mensaje directo sobre el rumbo pastoral y social que el Vaticano impulsa en EE.UU.

Orgullo y respaldo desde su tierra

Desde El Salvador, la Diócesis de Chalatenango expresó públicamente su alegría por el nombramiento de Menjívar como nuevo obispo de la Diócesis de Wheeling-Charleston.

En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, la diócesis destacó que la historia de Menjívar constituye un testimonio de fe y superación, subrayando su recorrido desde las raíces en Chalatenango hasta convertirse en el primer obispo salvadoreño en territorio estadounidense.

Con la llegada del Mundial 2026, México se prepara para recibir a miles de visitantes internacionales. Para muchas personas, uno de los primeros pasos antes de viajar es conocer cómo tramitar una visa mexicana y cuáles son los requisitos obligatorios para ingresar sin contratiempos.

Dependiendo del país de origen, algunas personas extranjeras deberán gestionar este documento antes de su viaje. Aquí te explicamos el proceso y los documentos necesarios con base en la normativa migratoria vigente.

¿Quiénes deben tramitar una visa mexicana?

Las personas nacionales de ciertos países o regiones deben obtener una visa mexicana sin excepción, sin importar el motivo de su visita.

En estos casos, el trámite debe realizarse directamente en un consulado mexicano en el país de origen o residencia. Para turismo, negocios u otras actividades no remuneradas, se solicita la visa bajo la condición de:

• Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas

¿Cómo tramitar la visa mexicana?

El proceso para obtener una visa mexicana generalmente incluye los siguientes pasos:

1. Agendar una cita en el consulado mexicano correspondiente
2. Llenar la solicitud de visa
3. Presentar documentación requerida
4. Acudir a entrevista consular (si es necesario)
5. Esperar la resolución de la autoridad migratoria

Es fundamental revisar previamente los requisitos específicos del consulado, ya que pueden variar ligeramente según el país.

Documentos necesarios para tramitar la visa

Aunque los requisitos pueden cambiar según el tipo de visa, de manera general se solicita:

• Pasaporte vigente o documento de identidad válido conforme al derecho internacional
• Formulario de solicitud de visa debidamente llenado
• Fotografía reciente
• Comprobantes de solvencia económica
• Documentos que acrediten el motivo del viaje (turismo, negocios, estudios, etc.)

Documentos que debes presentar al ingresar a México

Una vez obtenida la visa, al llegar a México deberás presentar en el filtro migratorio:

1. Pasaporte vigente
2. Visa válida y vigente
3. Forma Migratoria Múltiple (FMM) (solo en ingresos terrestres)
4. En su caso, documentos que acrediten otra condición de estancia

En aeropuertos internacionales, la FMM se genera de forma digital, por lo que no necesitas llenarla previamente.

Información adicional que puede solicitar migración

Las autoridades pueden pedir documentos complementarios para comprobar el motivo del viaje, como:

• Reservaciones de hotel y boletos de regreso
• Itinerario de actividades
• Cartas de invitación de empresas, instituciones o familiares
• Comprobantes de ingresos o medios de subsistencia
• Datos sobre domicilio, duración de la estancia y actividades a realizar

Alternativas para ingresar sin visa mexicana

En algunos casos, no es necesario tramitar una visa mexicana si cuentas con:

• Visa vigente de países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o del Espacio Schengen
• Residencia permanente en esos países
• Tarjeta ABTC para viajes de negocios
• Documentos que acrediten ser tripulación internacional

Consideraciones importantes para el Mundial 2026

Si planeas asistir al Mundial 2026 en México:

• Verifica con anticipación si necesitas visa
• Inicia el trámite con tiempo suficiente
• Lleva todos los documentos que respalden tu viaje
• Recuerda que tu estancia como visitante no puede exceder los 180 días

Cumplir con estos requisitos te permitirá ingresar al país sin inconvenientes y disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

De cara al Mundial 2026, miles de visitantes extranjeros planean viajar a México para disfrutar de los partidos y la oferta turística. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuánto tiempo pueden permanecer en el país sin enfrentar inconvenientes con las autoridades migratorias.

De acuerdo con la normativa vigente y la Ley de Migración, existen distintas condiciones de estancia, pero para turistas y viajeros de negocios hay un límite claro que debes conocer antes de organizar tu viaje.

¿Cuántos días puedes permanecer en México como visitante?

Si viajas a México bajo la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (turismo, negocios u otras actividades no pagadas), no podrás rebasar los 180 días de estancia.

Este es el periodo máximo autorizado por las autoridades migratorias. Superarlo puede derivar en sanciones, problemas legales o restricciones para futuros ingresos al país.

Es importante destacar que este plazo aplica siempre que no cuentes con una residencia temporal o permanente, ni con algún trámite migratorio adicional.

¿Quiénes necesitan visa para viajar a México?

Las personas provenientes de ciertos países o regiones deben tramitar una visa mexicana antes de viajar, sin importar el motivo de su visita. Este trámite debe realizarse en un consulado mexicano.

Para turismo o negocios, deberán solicitar una visa bajo la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

Alternativas a la visa mexicana

En algunos casos, los viajeros pueden ingresar sin visa mexicana si cuentan con alguno de los siguientes documentos:

• Residencia permanente en países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o países del Espacio Schengen
• Visa vigente de los mismos países mencionados
• Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) (solo para viajes de negocios por vía aérea)
• Documentación que acredite ser tripulación de transporte internacional (aéreo o marítimo)

Estas opciones facilitan el ingreso al país, pero no eximen del cumplimiento del límite de estancia.

Documentos obligatorios al ingresar a México

Durante el filtro de revisión migratoria, las personas extranjeras deberán presentar:

• Pasaporte vigente o documento de identidad válido
• Visa vigente (en caso de ser requerida)
• Forma Migratoria Múltiple (FMM) solo en ingresos terrestres
• Documentos adicionales según el tipo de estancia (si aplica)

En aeropuertos internacionales, la FMM se genera de manera digital, por lo que no es necesario llenarla previamente.

Requisitos adicionales que puede solicitar migración

Para verificar el motivo del viaje, las autoridades pueden requerir:

• Reservación de hotel y boletos de regreso
• Itinerario de actividades
• Cartas de invitación (laborales, académicas o institucionales)
• Comprobantes de solvencia económica
• Información sobre domicilio, actividades y duración de la estancia

Estos elementos ayudan a demostrar que el viaje tiene fines lícitos y temporales.

Recomendaciones para visitantes durante el Mundial 2026

Si planeas viajar a México durante el Mundial 2026, considera lo siguiente:

• Respeta el límite de 180 días de estancia
• Verifica si necesitas visa o puedes ingresar con documentos alternativos
• Lleva toda la documentación que respalde tu viaje
• Evita inconsistencias en la información que proporciones a migración

Cumplir con estos requisitos te permitirá disfrutar del evento sin contratiempos y garantizar una estancia legal en el país.

El Instituto Nacional de Migración (INM) puso en marcha un nuevo proyecto enfocado en detectar documentos fraudulentos y fortalecer la inteligencia migratoria, en una etapa de creciente movilidad humana en Centroamérica.

La iniciativa, llamada Fortalecimiento Institucional y Operativo en la Dirección de Documentos Fraudulentos e Inteligencia Migratoria, forma parte de la X Comisión Mixta (COMIXTA) entre Honduras y Colombia para el período 2025–2027, un mecanismo bilateral que ha servido como plataforma para el intercambio de conocimientos técnicos en áreas clave del Estado.

Al evento de lanzamiento asistieron representantes de los dos países. Se destacó la presencia de la subsecretaria Evelyn Bautista, la embajadora Dora Lucía González, delegados de Migración Colombia y de APC-Colombia, en el marco de una cooperación que se ha intensificado en seguridad y gestión migratoria.

Según el director del INM, Carlos Cordero, este esfuerzo impulsa la modernización institucional. Expresó que la transferencia de capacidades desde Colombia permitirá elevar los estándares de verificación documental y reducir vulnerabilidades en los puntos de control.

Resguardo regional

El proyecto se vuelve especialmente relevante en el contexto actual de Honduras, país que actúa tanto como origen como de tránsito para miles de migrantes.

En los últimos años, las rutas irregulares han evolucionado e incorporado redes más sofisticadas de tráfico de personas y falsificación de documentos, incrementando la presión sobre las autoridades para modernizar sus sistemas de control.

De acuerdo con reportes regionales de la Organización Internacional para las Migraciones, el uso de identidades alteradas o documentos adulterados es una de las prácticas más recurrentes en los flujos migratorios irregulares, sobre todo en los corredores que vinculan Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

En Honduras, las autoridades han detectado casos de pasaportes manipulados, visas falsificadas y suplantación de identidad, lo que subraya la necesidad de mejorar la tecnología y la capacitación del personal de verificación.

Cooperación técnica

La alianza con Migración Colombia adquiere un peso estratégico, ya que Colombia ha implementado sistemas de análisis documental y protocolos de inteligencia migratoria que han hecho posible detectar redes criminales y optimizar el control fronterizo. Esta experiencia se traslada ahora a la realidad hondureña.

El proyecto prevé jornadas de capacitación dirigidas a personal especializado del INM, con actividades que incluyen intercambio de información, análisis de patrones de fraude y uso de herramientas tecnológicas para la autenticación de documentos.

El componente de inteligencia migratoria busca, además del control inmediato, reforzar las capacidades de anticipación y análisis de riesgos, un enfoque fundamental en la gestión migratoria moderna.

Control fronterizo

El fortalecimiento institucional responde a compromisos internacionales de Honduras en seguridad, movilidad humana y combate al crimen organizado. Actualizar los sistemas migratorios impacta el control fronterizo y la protección de derechos de las personas migrantes, al reducir errores en identificación y en procesos administrativos.

Con esta iniciativa, Honduras se suma a la tendencia regional que prioriza la cooperación técnica para enfrentar desafíos compartidos. En un entorno donde las fronteras se tornan dinámicas, la capacidad para verificar identidades con precisión se posiciona como elemento central en la seguridad y la gobernanza.

Un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) revela que la población venezolana en Perú aporta cerca de 530 millones de dólares a la economía nacional, lo que representa el 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El análisis, elaborado junto al Banco Mundial, sostiene que por cada sol invertido por el Estado peruano en esta comunidad, se genera un retorno fiscal de 2,6 soles, impulsado por una tasa de participación laboral que supera el 80%.

Sin embargo, el interés de retornar a Venezuela creció de forma significativa en los últimos meses: la proporción de venezolanos que considera volver a su país aumentó de 10% a más del 30%, según datos de ACNUR. Este cambio responde a la percepción de posibles mejoras en el contexto político y social de Venezuela.

Diferencia entre refugiado y migrante: cifras globales de desplazamiento

La representante de ACNUR en Perú, Laura Almirall, aclara para Infobae Perú que la diferencia fundamental entre migrantes y refugiados radica en la causa de su desplazamiento. El refugiado es obligado a salir de su país por situaciones extremas como guerras, crisis humanitarias o violaciones sistemáticas de derechos humanos.

El migrante, en cambio, toma la decisión de trasladarse por razones económicas, familiares o personales. “La diferencia clave es que el refugiado huye por necesidad, mientras que el migrante decide moverse por distintas razones”, señala Almirall.

De acuerdo con cifras de ACNUR, existen actualmente más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. El caso de Venezuela es uno de los mayores movimientos poblacionales recientes: desde 2017, cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado su país, y de ellos, 6,9 millones se encuentran en América Latina y el Caribe.

Situación de la población venezolana en Perú

Perú se ha consolidado como uno de los principales países de acogida para la población venezolana en la región. En la actualidad, cerca de 1,64 millones de venezolanos residen en el país, según estimaciones de Naciones Unidas y el gobierno peruano.

Aunque la cifra llegó a 1,66 millones en años anteriores, el flujo migratorio presenta una leve reducción, atribuida tanto a cambios en las políticas migratorias regionales como a la estabilización de los movimientos en la región.

“Estamos hablando de una población significativa, que se ha integrado en distintos ámbitos del país”, destaca Almirall.

La comunidad venezolana en Perú se caracteriza por su juventud y alto nivel educativo: más del 30% cuenta con estudios superiores y una proporción relevante posee experiencia profesional.

Según los estudios de ACNUR y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80% de los venezolanos en Perú está económicamente activo y la tasa de desempleo dentro de este grupo es baja. Aunque el grueso subsiste de la informalidad, esto no difiere mucho de la realidad del peruano promedio (70%).

A su vez, el estudio conjunto con el Banco Mundial muestra que la presencia venezolana tiene efectos positivos en la recaudación fiscal y el dinamismo económico. El aporte de esta población al PIB nacional alcanza el 1,3%, lo que equivale a 530 millones de dólares anuales.

Además, los venezolanos participan en una amplia gama de actividades, desde el comercio y los servicios hasta la industria y el emprendimiento propio.

Percepción y mitos sociales, intenciones de permanencia y retorno

A pesar de la evidencia sobre el aporte económico y social, persisten mitos en torno a la migración venezolana, como la percepción de que representa una carga para el país.

Los datos recopilados por ACNUR y el INEI demuestran que la mayoría de los venezolanos ha formado lazos familiares en Perú, ha iniciado negocios y participa en el sistema educativo y laboral.

Hasta principios de 2024, más del 90% de la población venezolana manifestaba su deseo de permanecer en Perú. Sin embargo, un sondeo piloto reciente evidenció que el porcentaje de quienes evalúan regresar a Venezuela aumentó de 10% a más del 30%.

“Las intenciones de retorno aumentaron de manera significativa en solo cuatro meses”, subraya Almirall. El cambio se explica por las expectativas de mejora en la situación política y económica de Venezuela, así como por la consolidación de nuevos proyectos de vida en ambos países. Pero el factor Chile tampoco se puede dejar atrás.

Campaña “Solidaridad +51”

En este contexto, ACNUR lanzó la campaña “Solidaridad +51” para visibilizar el aporte de las personas refugiadas y migrantes y reconocer la tradición de acogida de Perú.

El nombre hace referencia al prefijo telefónico nacional y al año 1951, cuando se firmó la Convención de Ginebra sobre protección internacional a refugiados, que cumple 75 años en 2026.

La campaña cuenta con el respaldo de los gobiernos de Canadá y Corea, y busca generar empatía, promover la integración y destacar los aportes sociales, culturales y económicos de la población migrante.

“Queremos que se valore la solidaridad histórica del pueblo peruano y el aporte de quienes hoy encuentran aquí una nueva oportunidad”, afirma la vocera de ACNUR.

El Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de mecanismos de asesoría gratuita dirigidos a personas migrantes que buscan regularizar su situación, un proceso que podría beneficiar a cerca de medio millón de extranjeros, incluidos miles de hondureños.

Así lo informó el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, quien señaló que los interesados pueden recibir orientación sin costo a través de entidades sociales y sindicatos inscritos como colaboradores en materia de extranjería.

El diplomático precisó que estas organizaciones forman parte de una red oficial avalada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, institución responsable de coordinar el proceso junto a otras dependencias estatales.

Entre las entidades implicadas destacan la Secretaría de Estado de Migraciones, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de Inclusión y la Subsecretaría de Inclusión, que trabajan de forma articulada para garantizar el acceso a información clara y el acompañamiento durante todo el trámite.

Otros servicios

Junto con la asesoría gratuita, los migrantes también pueden optar por contratar servicios profesionales de abogados, graduados sociales o gestores administrativos habilitados si requieren apoyo especializado para sus solicitudes.

El Gobierno español ha habilitado además el número telefónico 060, así como un portal oficial donde los usuarios pueden resolver dudas, gestionar citas para trámites presenciales y dar seguimiento a sus solicitudes en línea.

Según Brevé, estas herramientas buscan reducir barreras de acceso y evitar que los migrantes acudan a intermediarios informales, promoviendo un proceso más transparente y seguro.

Este programa forma parte de la política migratoria de España, que en los últimos años ha impulsado medidas para integrar a la población extranjera al mercado laboral formal, mejorar su acceso a servicios básicos y fortalecer la cohesión social.

Para Honduras, este proceso tiene un impacto directo, dado que la comunidad migrante en España representa una parte relevante de su diáspora en Europa, contribuyendo al fortalecimiento de la economía nacional mediante el envío de remesas.

Beneficios migratorios

Analistas sostienen que este tipo de iniciativas no solo favorecen la estabilidad legal de los migrantes, sino que aumentan su capacidad de inserción laboral y acceso a derechos, lo que a largo plazo genera beneficios tanto para el país receptor como para las naciones de origen.

España alberga a más de 200 mil hondureños, y las remesas enviadas desde este país europeo constituyen uno de los flujos económicos principales para Honduras, en un contexto donde estos ingresos superan el 20 % del Producto Interno Bruto nacional.

Como antecedente, España ha ajustado su marco de extranjería y promovido vías de regularización e integración para responder a la demanda de mano de obra y a la situación de cientos de miles de residentes en condición administrativa irregular.

En el caso hondureño, la Embajada y los consulados en España han reforzado en los últimos años las labores de acompañamiento y la difusión de requisitos para la comunidad migrante, en coordinación con instituciones españolas y organizaciones de apoyo. La expectativa es que, a partir de estos antecedentes y del nuevo esquema de asesoría gratuita, más connacionales puedan regularizarse y mejorar su acceso al empleo formal.

El Congreso de Sonora aprobó en comisión el dictamen que crea la Ley para la Protección de los Derechos Humanos y Atención de las Personas Migrantes, con el compromiso de que en breve pase al pleno para su análisis y posible aprobación.

La propuesta incorpora parte de las recomendaciones expresadas por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) y el Seminario Niñez Migrante de El Colegio de Sonora, quienes participaron en los espacios de consulta promovidos por la comisión legislativa.

Tanto el GTPM como el Seminario Niñez Migrante reconocen un avance en el fortalecimiento de la corresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales, así como en la creación de espacios de consulta y toma de decisiones como el Consejo Estatal de Atención a Personas Migrantes, donde ya se incluye a la sociedad civil.

Las organizaciones advierten que la propuesta todavía presenta vacíos importantes en materia de protección y derechos para las personas en contexto de movilidad.

Organizaciones civiles piden reconocer derechos y protección específicos

Las entidades convocantes señalan la ausencia de elementos clave, como el reconocimiento formal de las personas sujetas de protección internacional y un catálogo amplio de derechos que las autoridades estatales y municipales deben respetar, proteger y garantizar a la población migrante y de protección internacional presente en Sonora.

Señalan la necesidad de ampliar y describir principios como el enfoque diferenciado, la interculturalidad, la interseccionalidad, el interés superior de la niñez, la inclusión, la unidad familiar, la igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, la ayuda administrativa, la confidencialidad y el acceso al procedimiento de asilo.

El comunicado puntualiza que la ley requiere definiciones claras sobre apatridia, apoyo humanitario, ciclo migratorio, debido proceso, niñas, niños y adolescentes solos, acompañados, no acompañados y separados, persona sujeta de protección internacional y persona defensora de derechos humanos.

Piden armonización normativa y corresponsabilidad interinstitucional

Entre las recomendaciones dirigidas al Congreso, las organizaciones destacan la necesidad de un capítulo sobre medidas de protección, promoción, respeto y garantía de derechos, la inclusión de las secretarías de Salud, Bienestar, Trabajo y Registro Civil como entidades corresponsables bajo la Coordinación Estatal, así como la ampliación de facultades de la Oficina de Atención a Migrantes.

Se pide armonizar la ley con las disposiciones estatales y federales específicas para la atención de niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios, y se propone incorporar la participación de diversas secretarías como vocalías en el Consejo Estatal y de organizaciones de la sociedad civil.

También se solicita un apartado que defina las responsabilidades del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto de Defensoría Pública y las autoridades municipales.

Llamado a perfeccionar la ley y fortalecer garantías para la niñez

Las organizaciones reiteran la urgencia de establecer el Fondo Estatal de Protección a Personas Migrantes y Sujetos de Protección Internacional, así como de fortalecer el apartado de sanciones para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

“Nuevamente ponemos a disposición nuestro apoyo técnico para que, en palabras del diputado David Figueroa, presidente de la comisión dictaminadora, podamos hacer perfecta la ley en cuestión”, concluyó.

De acuerdo con el representante de ACNUR, Christian Carrillo, actualmente residen en el Perú cerca de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos. Dentro de ese grupo, una parte significativa no solo busca oportunidades económicas, sino también garantías para su seguridad y la de sus familias.

El dato es relevante porque evidencia que no todos los migrantes llegan en las mismas condiciones. Mientras algunos se insertan en el mercado laboral, otros recurren a mecanismos legales de protección al considerar que no pueden regresar a su país.

En ese contexto, el sistema de refugio se ha convertido en una vía clave para miles de extranjeros, aunque solo una pequeña parte ha logrado obtener ese reconocimiento formal hasta el momento.

Refugio, trabajo y aporte económico

Aunque más de medio millón de venezolanos ha solicitado refugio, en el Perú solo más de 7 mil cuentan actualmente con ese estatus reconocido. Se trata de personas cuya vida, libertad o integridad podrían estar en riesgo si retornan a su país.

Más allá de la situación legal, ACNUR subraya que esta población tiene un impacto en la economía peruana. Según explicó Carrillo, el aporte de los refugiados supera la inversión que realiza el Estado en ellos.

El representante de la agencia indicó que por cada sol destinado a un refugiado, el retorno puede ser casi tres veces mayor en términos de ingresos fiscales. Este dato busca contrarrestar la percepción de que la llegada de migrantes representa únicamente una carga para el país.

En esa línea, ACNUR ha lanzado la campaña “Solidaridad +51”, con el objetivo de visibilizar el aporte de los extranjeros, especialmente de los venezolanos, en distintos sectores de la sociedad peruana.

Restricciones en Chile podrían agravar la crisis migratoria

Mientras el Perú enfrenta el desafío de atender a una alta población de migrantes, nuevas medidas en la región podrían intensificar la llegada de personas a sus fronteras. En Chile, el gobierno ha impulsado un plan de control que incluye la construcción de barreras físicas en la zona norte.

Para el internacionalista Ramiro Escobar, este tipo de políticas podría generar un efecto inmediato: la acumulación de personas en la frontera con el Perú, especialmente en la zona de la Concordia.

El especialista advirtió que el endurecimiento de los controles no elimina el flujo migratorio, sino que puede redirigirlo. En ese escenario, cientos de extranjeros podrían quedar varados o intentar ingresar a territorio peruano.

Esta situación no solo plantea un reto logístico, sino también humanitario. La concentración de personas en zonas fronterizas suele estar acompañada de falta de servicios básicos y ausencia de mecanismos claros de atención.

Perú y los retos de la migración

El posible impacto de estas medidas en Chile se suma a una realidad ya compleja en el Perú. Según Escobar, las características de las fronteras peruanas facilitan el ingreso irregular, lo que podría intensificarse si otros países endurecen sus políticas.

En ese contexto, el país podría enfrentar un aumento en el número de migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan continuar su tránsito o establecerse.

El analista también puso en duda la efectividad de medidas basadas únicamente en el control físico, al señalar que la migración irregular ya había disminuido en Chile sin necesidad de este tipo de intervenciones.

Además, advirtió que propuestas como la expulsión masiva de extranjeros en situación irregular resultan difíciles de aplicar en la práctica.

Durante años, la narrativa predominante señalaba que la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) se alimentaba únicamente en zonas frías como la Antártida y el sur de Chile para luego migrar hacia aguas cálidas, desde el norte peruano hasta Centroamérica, donde se reproducía en un periodo de ayuno. Sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista Marine Biology demuestra que esta especie sí aprovecha la riqueza del mar peruano para alimentarse durante su recorrido.

El mar peruano: más que ruta migratoria para las ballenas jorobadas

El estudio, liderado por el investigador Miguel Ángel Llapapasca junto a un equipo internacional con participación peruana, integró datos de casi dos décadas (2000-2019) de avistamientos, registros recientes de ciencia ciudadana (2023-2025) y análisis oceanográficos satelitales. Gracias a modelos estadísticos avanzados, los científicos lograron identificar zonas clave donde las ballenas jorobadas en Perú no solo transitan, sino también se reproducen y se alimentan.

Los resultados evidencian tres grandes áreas estratégicas:

• Zona norte (Piura y Tumbes): Confirmada como el principal espacio de reproducción y crianza, especialmente durante invierno y primavera.
• Zona centro-norte (de Illescas a Paracas): Un corredor fundamental en la ruta migratoria, donde destacan las madres con crías que se desplazan cerca de la costa para protegerse.
• Zona centro-sur (de Lima a Tacna): Aquí se identificaron áreas clave de alimentación, particularmente en verano y otoño, donde se ha observado a las ballenas consumir anchoveta.

Este hallazgo rompe con la idea de un ayuno prolongado. Según los investigadores, las condiciones oceanográficas del Perú, como la alta productividad marina, permiten la formación de lo que describen como “restaurantes de paso” donde las ballenas pueden recuperar energía antes de continuar su travesía.

Riesgos, conservación y nuevas preguntas científicas

El descubrimiento también trae consigo alertas importantes. La superposición de las zonas de alimentación de ballenas jorobadas con áreas de intensa actividad pesquera y tráfico marítimo incrementa los riesgos para la especie.

“El estudio reveló que las ballenas jorobadas atraviesan áreas de intensa actividad pesquera y tráfico marítimo. Esta superposición aumenta el peligro de enmallamientos y colisiones, especialmente en la zona norte-centro, donde eventos de varamientos son frecuentemente reportados en invierno y primavera”, explicó Miguel A. Llapapasca.

Asimismo, se identificaron puntos críticos donde las ballenas tienden a concentrarse. “Los resultados destacan que zonas como Illescas y Paracas son sitios críticos de convergencia donde las ballenas se agregan durante su migración. Esto refuerza la necesidad de mantener nuestras Reservas Nacionales protegidas frente a impactos de actividad humana”, agregó el investigador.

Otro aspecto clave del estudio es que plantea nuevas hipótesis sobre el comportamiento de la especie frente al cambio climático. La posibilidad de que el Perú funcione como un refugio de alimentación alternativo podría estar relacionada tanto con el aumento de la población de ballenas como con la degradación de sus zonas tradicionales.

“Esto podría responder tanto al incremento poblacional de las ballenas, como a la pérdida de calidad de sus sitios tradicionales de alimentación debido al cambio climático y el impacto humano”, sostuvo Llapapasca.

En esa línea, el científico peruano Aldo S. Pacheco destacó el valor del hallazgo para entender mejor la biodiversidad local: “La presencia de las ballenas jorobadas en el Perú, y sobre todo la confirmación de que se alimentan en nuestras aguas, agrega una nueva complejidad a cómo entendemos nuestro ecosistema”.

Este nuevo enfoque posiciona al mar peruano como un espacio multifuncional clave para la supervivencia de la especie: un lugar donde las ballenas no solo llegan a reproducirse, sino también a alimentarse y recuperar energía en medio de uno de los viajes más largos del reino animal.

El sonido de los machetes al abrir surcos y el olor a tierra húmeda acompañan cada amanecer de quienes integran la cooperativa Tierra Prometida en Guanacaste, Costa Rica. Desde hace casi veinte años, este grupo de nicaragüenses y costarricenses cultiva bajo el peso de la incertidumbre, arrendando parcelas cada seis meses y soñando con la estabilidad que solo brinda un pedazo de tierra propio.

La escena se repite campaña tras campaña, según relató Diario confidencial 30: unas manos marcan hileras para el maíz, otras entierran semillas de frijoles, yuca, ñame y quequisque. No hay grandes tractores ni maquinaria costosa, solo el esfuerzo compartido y la organización de 25 familias que, lejos de optar por el trabajo doméstico o la construcción, han decidido sostener la identidad agrícola recibida de sus padres, incluso lejos de su Nicaragua natal.

Cada cosecha es una victoria frente a las adversidades. El alquiler de los terrenos, la compra de semillas y de insumos como herbicidas y fertilizantes, y la negociación de contratos que se renuevan cada seis meses forman parte de una rutina marcada por el temor a perderlo todo en cualquier momento. Pero también por el orgullo de trabajar la tierra y ver cómo los cultivos resisten lluvias y tormentas que, en cuestión de horas, pueden borrar meses de trabajo.

Mujeres que siembran futuro

En el corazón de esta historia están mujeres como Martha Elena Somarriba, presidenta de la cooperativa. Su relato es el de quien cruzó la frontera en 1994, desde Tisma, Nicaragua, junto a sus hijos, buscando algo más que un refugio: una posibilidad real de echar raíces. “Yo ahí estoy, siempre dándoles ánimo. Ya llevamos tantos años, pero ya nos falta poco para ver la luz”, afirma Somarriba, que reparte su tiempo entre el campo y un pequeño negocio de comida, y se ha convertido en la voz que alienta a no bajar los brazos, según compartió en diálogo con Diario confidencial 30.

A su lado, María Esther Garzón aprendió de niña los secretos de la siembra en Costa Rica. Su vínculo con el campo es inquebrantable: “A mí me dicen que salga de esto. Les digo no, es que yo amo hacer, es mi trabajo”. Garzón vive a pocos metros de los lotes alquilados y no ha dejado de sembrar, incluso en los años más duros, cuando la tierra parece exigir un sacrificio extra.

La emoción de ver brotar los cultivos la describe Yamileth Obando con palabras sencillas: “Se siente una emoción, una alegría ver los cultivos como vienen para arriba”. Solo quien ha esperado la cosecha tras semanas de incertidumbre comprende ese orgullo silencioso.

Campesinos migrantes y la esperanza de la tierra propia

La lucha de Tierra Prometida no es aislada. A lo largo de la frontera norte, en lugares como La Cruz, Upala y Los Chiles, muchas familias migrantes encuentran en la agricultura la única salida posible. Pero el sueño de tener una parcela propia se enfrenta, año tras año, a contratos temporales y a la amenaza de tormentas capaces de arrasar con todo en una noche, como ha documentado Diario confidencial 30.

La diferencia está en la forma de resistir. Desde 2006, la cooperativa ha buscado ante el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) su inclusión en planes que les permitan comprar la tierra que trabajan. Su propuesta ha sido clara: pagar por las parcelas, no recibirlas como dádiva, y construir así una base sólida para sus familias. La respuesta sigue pendiente, y la espera se hace larga.

Mientras tanto, la vida diaria se organiza en comunidad: el conocimiento del campo pasa de madres a hijos, el trabajo se reparte y la esperanza se multiplica a la sombra de los cultivos que brotan. No hay certezas, pero sí la convicción de que la dignidad y el sentido de pertenencia se defienden cada día con esfuerzo y unidad.

La historia de Tierra Prometida es la de quienes no están dispuestos a renunciar a la tierra, aunque aún no tengan un título que los respalde. Es la crónica de una comunidad que resiste y pelea por un futuro donde la siembra no dependa de un contrato que vence cada seis meses, sino del derecho a llamar propia a la tierra que cultivan con sus manos.

El programa de Jordi Évole en La Sexta llega a su fin esta temporada y lo hace con Alejandro Sanz (Madrid, 57 años) como último invitado. El cantante madrileño, que está de gira por Estados Unidos, ha recibido al periodista en Washington en Lo de Évole, donde ha profundizado en la situación política y social del país gobernado por Donald Trump. Sanz ha mostrado su preocupación por el auge de los discursos radicales y ha sido especialmente crítico con la políticas discriminatorias hacia la migración propias del mandato de Trump.

En el transcurso de la conversación, Alejandro Sanz ha subrayado cómo le inquieta el hecho de que las decisiones globales dependan de líderes de carácter imprevisible: “En manos de quién está el mundo, y dime si no tienes un poco de temor”. A lo que el artista ha añadido, “este tío un día se levanta con el pie izquierdo y nos mandan al carajo”. Esta reflexión surge durante un paseo con Évole por Washington, concretamente en el escenario simbólico del Lincoln Memorial, donde ambos han expresado su extrañeza de que el monumento conserve su histórico nombre, ironizando sobre la costumbre de Trump de rebautizar con su marca diferentes espacios públicos.

El artista, que en sus conciertos prioriza las emociones y evita abordar temas políticos en escena, ha justificado esta decisión alegando que el espectáculo es un espacio reservado para la conexión emocional con su público. Sanz ha sostenido: “Yo no me pongo a hablar de nada que no tenga que ver con las emociones, las canciones y las sensaciones”. El cantante reconoce que comparte opiniones similares con sus músicos en cuestiones como la guerra y la discriminación, pero considera que estas convicciones se demuestran con hechos y no mediante discursos sobre el escenario.

Qué ha dicho Alejandro Sanz sobre el racismo, la emigración y Estados Unidos: “Compran el pack completo del ideario”

El desarrollo de la gira de Alejandro Sanz en Estados Unidos, con un público marcadamente latino, ha servido de fondo para abordar asuntos de máxima actualidad como el racismo. El cantante ha repudiado de forma categórica los insultos hacia jugadores como Vinicius o Lamine Yamal y ha atribuido estos comportamientos al perfil de quienes, según él, “compran el pack completo del ideario”: “Hay que ser racista, la Tierra es plana, el hombre no llegó a la Luna y las vacunas nos matan”.

Durante el paso de su equipo por Chicago, varios miembros presenciaron actuaciones del ICE (el cuerpo de control de inmigración en Estados Unidos) mientras detenían a personas en la puerta del hotel donde se alojaban, según ha relatado. Además, Sanz ha admitido no haber visto directamente estas escenas, pero ha calificado de “barbaridad” las imágenes difundidas sobre estos operativos. El artista ha manifestado su percepción sobre el clima social en España, asegurando que el racismo sigue presente en la sociedad pese a la creencia contraria: “Y nos creemos que no, que lo tenemos superado”.

Jordi Évole ha recordado episodios recientes de insultos racistas en partidos de la selección española, ante lo que Sanz ha confesado haber sentido “vergüenza”. El artista ha extendido su crítica a la utilización de la inmigración como arma política, sosteniendo que la mayoría de quienes emigran lo hacen movidos por el deseo de aportar y trabajar en su nuevo hogar: “El ser humano se mueve por el mundo y utilizarlo políticamente es rastrero”.

Lo que distingue la mirada de Alejandro Sanz sobre líderes y modelos políticos en el mundo

Durante el programa, el contraste de opiniones del cantante hacia figuras públicas ha ocupado un lugar relevante. Sanz ha recordado al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, recientemente fallecido y entrevistado por Jordi Évole poco antes de su muerte. Respecto a él, ha señalado: “Me fascinaba como persona, pero como político, no vi su obra. Mucha gente me ha hablado de su obra, pero viendo cómo es como persona no puedo esperar solo que sea una persona digna y con dos dedos de frente, con sentido común y corazón”.

En cambio, la figura de Donald Trump ha sido objeto de una crítica especialmente severa. Sanz ha expresado su rechazo ante el modelo que representa, sosteniendo que “nadie puede querer” su implantación en España y calificando la política migratoria estadounidense como “injusta, cruel y que hace sufrir a la sociedad de una forma enorme; es una de las formas de discriminación más crueles que existe”. Jordi Évole ha rematado la idea recordando que en España hay quienes defienden discursos con propuestas extremas en torno a organizaciones como Open Arms.

Este intercambio de opiniones, siempre desde una posición de autocrítica, ha servido también para que ambos aludan a la “pérdida de valores” y a la peligrosidad de un discurso radicalizado cada vez más atractivo para ciertos sectores sociales, según ha constatado Alejandro Sanz. La conversación ha incluido momentos de distensión, especialmente cuando ambos ironizan sobre la política estadounidense y el humor que puede surgir en torno al color verde y el canal laSexta; o sobre el modo en que la política estadounidense se mezcla con el negocio y la espectacularidad.

Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte y expresidenta del DIF de Chihuahua, fue detenida por segunda vez por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Gómez Fong permanece bajo custodia y en espera de que se resuelva su situación migratoria desde un centro de control migratorio en la ciudad de El Paso, Texas, donde también radicaba.

La nueva aprehensión ocurre después de que obtuvo una liberación provisional en abril de este 2026.

Reportes de medios locales como El Diario de El Paso, afirman que la captura de Fong no es reciente, sino que fue realizada por agentes del ICE desde el pasado 15 de abril.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó tras su primer arresto que solicitó su deportación controlada, debido a dos ordenes de aprehensión que tiene vigentes en el estado de Chihuahua, donde se le vincula con el desfalco millonario protagonizado por la red cercana a César Duarte.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su situación legal.

Medios locales señalan que la detención tiene más de una semana

Bertha Olga Gómez Fong fue arrestada por primera vez el 25 de marzo de 2026 como este medio reportó. La aprehensión estaría fundamentada en que desde el 28 de mayo de 2017 se habría vencido su estancia legal dentro de EEUU, país al cual llegó mediante una visa B1/B2, según los reportes.

El Diario de El Paso señaló mediante un reporte que el 8 de abril un juez de inmigración en El Paso habría autorizado la liberación mediante una fianza migratoria. El monto habría sido pagado dos días después -el 10 de abril- quedando en libertad e incorporándose al programa de Alternativas a la Detención.

Según estas versiones, el 15 de abril, cinco días después de ser liberada, fue reaprendida por los agentes del ICE.

Por estos delitos es requerida en México

Bertha Olga Gómez Fong enfrenta dos órdenes de aprehensión en el estado de Chihuahua, una por robo y otra por cohecho.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, señaló en entrevista con medios de comunicación que ambos delitos están relacionados con causas penales pendientes en la entidad.

La acusación por cohecho se vincula con operaciones financieras presuntamente irregulares -desvío de recursos-. Sobre el caso de robo, la fiscalía no ha detallado el tipo de objetos ni el monto involucrado.

Las investigaciones contra Gómez Fong habrían iniciado durante la administración estatal anterior y la actual fiscalía ha dado seguimiento a los expedientes abiertos.

En las investigaciones sobre el desvío de recursos públicos durante la administración de César Duarte, autoridades identifican la participación de diversas empresas vinculadas a la red cercana al exgobernador.

De acuerdo con información de la FGR, al menos dos de estas empresas estarían directamente relacionadas con Fong.

En los expedientes judiciales se menciona que parte de los recursos desviados habrían sido destinados para pagar una tarjeta de crédito American Express, propiedad de Bertha.

La migración irregular sigue cobrando miles de vidas cada año. En 2025, cerca de 8.000 personas murieron o desaparecieron mientras intentaban llegar a otros países en busca de mejores condiciones de vida, protección o reunificación familiar, de acuerdo con el más reciente informe del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El dato, que se sitúa en torno a las 7.900 víctimas, supone una reducción frente a las más de 9.000 registradas en 2024, considerado el año más letal desde que se tienen registros sistemáticos. La OIM señala que la cifra refleja la persistencia de una crisis global estructural.

Según el organismo: “El número de muertes sigue siendo inaceptablemente alto”. Advierte que estos datos son mínimos estimados, ya que muchas muertes no se registran debido a la falta de información, la inaccesibilidad de algunas rutas o la ausencia de mecanismos de monitoreo en regiones remotas.

Rutas Peligrosas

El informe revela que más del 40% de las muertes ocurrieron en rutas hacia Europa, consolidando esta región como uno de los principales destinos migratorios y también como uno de los más peligrosos. El Mediterráneo central permanece como el corredor más mortífero del mundo, con al menos 1.330 fallecidos en 2025.

A continuación figuran rutas marítimas y terrestres de alto riesgo, como la travesía del Atlántico hacia las Islas Canarias, donde embarcaciones precarias enfrentan largas distancias, corrientes impredecibles y escasa asistencia en caso de emergencia.

En el caso de Honduras, la dinámica migratoria muestra una reducción de los flujos, aunque no necesariamente una mejora en las condiciones de seguridad. Durante 2025, el tránsito de migrantes por el país cayó drásticamente, pasando de más de 374.000 personas en 2024 a cerca de 39.000, una disminución cercana al 90% atribuida al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y otros países de destino.

El retorno de hondureños sigue siendo relevante: más de 34.000 fueron deportados entre enero y octubre de 2025, en su mayoría desde territorio estadounidense, mientras que miles más continúan regresando en 2026. Honduras mantiene su papel como país de origen, tránsito y retorno.

Fenómeno migrante

En África y América, aunque con menor visibilidad mediática, también se registran pérdidas relevantes de vidas, especialmente en el desierto del Sahara, la selva del Darién y otras rutas clandestinas utilizadas para evadir controles migratorios.

El informe también resalta cifras alarmantes en otras regiones del mundo. En Asia, el cruce entre Afganistán e Irán dejó más de 1.300 muertos, muchos de ellos en contextos de violencia, condiciones climáticas extremas o tráfico de personas. El golfo de Bengala y el mar de Andamán reportaron cerca de 900 muertes, en su mayoría de personas rohinyás que huyen de persecución y condiciones precarias en Myanmar y Bangladés.

Desde 2014, cuando la OIM comenzó a recopilar estos datos de forma sistemática, se han documentado más de 80.000 muertes y desapariciones en rutas migratorias en todo el mundo. La migración irregular se ha convertido así en una de las crisis humanitarias más persistentes y mortales del siglo XXI.

La OIM estima que al menos 340.000 personas han sido afectadas directamente por la pérdida de un ser querido durante este periodo, muchas de ellas sin posibilidad de recuperar los cuerpos o conocer el destino final de sus familiares.

Factores estructurales

Entre los factores que influyen en esta situación están los conflictos armados, la inestabilidad política, la desigualdad económica y los efectos del cambio climático, que empujan a miles de personas a abandonar sus hogares. Además, existen políticas migratorias más restrictivas en los países de destino, que limitan las vías legales de acceso y aumentan la dependencia de redes de tráfico y contrabando.

Pese a los esfuerzos internacionales, la migración irregular persiste como una realidad para millones que no encuentran alternativas seguras. La OIM recalca que mientras no se aborden las causas estructurales que obligan a migrar, las cifras de muertes continuarán.

Cruzando la frontera entre Irán y Turquía, numerosos ciudadanos iraníes manifestaron una profunda preocupación por la crisis económica que, según sus testimonios, se agrava en el país. Las opiniones respecto a la guerra, el cese al fuego y el gobierno varían, pero el temor a represalias estatales es común entre quienes accedieron a hablar en el paso fronterizo de Kapikoy, al este de Turquía, según The New York Times.

Moji, de 38 años, regresaba a Irán tras varios meses en Europa. Relató que vivió bajo constante estrés durante su estancia en el extranjero, preocupada por su familia en Urmia, una ciudad cercana a la frontera turca. Moji describió que, mientras estuvo fuera, un ataque aéreo impactó cerca de la casa de sus padres. Señaló que sus amigos en Urmia enfrentan crecientes dificultades para conseguir alimentos debido a la falta de empleo y al cierre de fábricas provocado por las huelgas.

Varios entrevistados por The New York Times en la frontera se negaron a identificarse o a dar declaraciones extensas por temor a castigos del gobierno. Entre quienes aceptaron hablar, un matrimonio dedicado a la confección textil afirmó que los problemas económicos se arrastran desde antes de la guerra. Contaron que suelen pasar más de medio año sin trabajo. Otra viajera mencionó el aumento de los despidos y expresó que su esperanza no es la instauración de una democracia, sino la llegada de un gobernante capaz de generar empleo y restablecer la seguridad.

En el paso fronterizo, los relatos coinciden en que la crisis económica se ha intensificado en Irán y que la incertidumbre domina el ánimo de la población. Personas como Moji subrayaron que la prolongada presión social y económica comenzó con la represión de las protestas en enero y se agravó con el conflicto armado. “Todos quieren que ocurra algo mejor”, dijo, aunque lamentó que “el camino que se abre para nuestro pueblo no es el correcto y, al final, lo que debería suceder no ocurre. Las personas solo sufren más en el plano mental y tienen que restringirse aún más en lo económico”.

Milad, de 37 años y residente de Khoy, viajaba con su familia de vacaciones a Turquía. Expresó su apoyo al gobierno iraní y a su actuación militar durante la guerra. Declaró que resistir frente a “un abusador como este”, en referencia a Estados Unidos, “es realmente algo grande”. Milad comentó que antes, al mostrar su pasaporte iraní, sentía que lo trataban con desprecio en los controles fronterizos, pero que ahora percibe un trato diferente: “Ahora saben quiénes somos”.

En contraste, una mujer procedente de Tabriz cruzó la frontera para visitar a su hija y manifestó su deseo de que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos fracasen, insinuando que la continuidad de la guerra podría propiciar la caída del gobierno iraní.

El temor a represalias estatales influyó en la reticencia de muchos a hablar con la prensa, observó The New York Times. Aquellos que sí opinaron, coincidieron en la gravedad del deterioro económico y en la ausencia de perspectivas claras para mejorar la situación. Los relatos recogidos en la frontera sugieren que la población iraní enfrenta no solo las consecuencias directas del conflicto, sino también una crisis estructural que limita sus opciones y expectativas a corto plazo.

La autoridad migratoria federal de Estados Unidos activó un proceso de revisión masiva de expedientes relacionados con la residencia permanente y otros beneficios migratorios, impactando a miles de personas que obtuvieron estos documentos entre 2021 y 2025. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la medida el 20 de abril, señalando que la reexaminación busca fortalecer los controles de seguridad nacional y garantizar que los beneficios se hayan otorgado bajo criterios adecuados, según los estándares federales vigentes. De acuerdo con el comunicado difundido por USCIS, la revisión alcanza a solicitantes y titulares de Green Card, así como a beneficiarios de asilo y otros programas de protección humanitaria.

La agencia, dirigida por Joseph Edlow, declaró por medio de X (antes Twitter) y en documentos institucionales que los controles actuales son más rigurosos y que los afectados “deben prepararse para enfrentar las consecuencias”. La decisión cuenta con el respaldo de la oficina del presidente y del secretario de Seguridad Nacional, en línea con las prioridades declaradas de reforzar la integridad documental del sistema migratorio.

Este proceso responde a evaluaciones internas realizadas entre marzo y abril, cuando la autoridad migratoria concluyó que los filtros aplicados en años anteriores resultaron insuficientes. La iniciativa, según documentos y memorandos oficiales de USCIS y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), implica un endurecimiento de los procedimientos y la revisión de expedientes ya aprobados para detectar fraude o inconsistencias.

¿Por qué Estados Unidos está revisando las Green Card y otros beneficios migratorios aprobados entre 2021 y 2025?

La decisión de USCIS de reexaminar los casos de residencia permanente y otros beneficios obedece a una estrategia federal centrada en reforzar la integridad del proceso migratorio. La agencia informó que los controles aplicados en el periodo revisado no cumplen con los estándares actuales. La revisión pone especial atención en los expedientes relacionados con personas originarias de países identificados como de alto riesgo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en concordancia con las nuevas directrices publicadas.

Según el memorando oficial, la revisión se enfoca en la validez de la documentación presentada, la verificación de antecedentes y la detección de posibles casos de fraude. El objetivo institucional es “garantizar que todos los beneficios migratorios otorgados estén respaldados por información precisa y verificable”.

¿A quiénes afecta la revisión migratoria masiva de USCIS?

La medida alcanza a un universo extenso dentro del sistema migratorio estadounidense. Según la información divulgada, los principales afectados comprenden:

• Personas que obtuvieron la residencia permanente (Green Card) entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.
• Solicitantes y beneficiarios de asilo y protección humanitaria.
• Inmigrantes provenientes de países calificados como de alto riesgo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) (de acuerdo a categorizaciones institucionales).
• Personas cuyos expedientes presentaron inconsistencias, datos incompletos o documentación insuficiente durante el proceso inicial.

La revisión incluye tanto personas con residencia ya aprobada como quienes mantienen solicitudes pendientes. Los reportes institucionales indican que la prioridad estará en expedientes de países con alertas de seguridad y en casos donde existan dudas sobre la veracidad de la información entregada a USCIS.

¿Cómo se implementa la revisión? Etapas y procedimientos aplicados por USCIS

La agencia federal detalló que el proceso de revisión implica varias etapas:

• Reapertura de expedientes previamente adjudicados.
• Citación a entrevistas adicionales para titulares o solicitantes de beneficios.
• Solicitud de documentación complementaria en casos de dudas o información incompleta.
• Pausa temporal en la adjudicación final de solicitudes mientras se efectúan los controles.

Según la comunicación oficial publicada en X (antes Twitter), “los controles ahora sí se están realizando y las personas deben prepararse para enfrentar las consecuencias”, en referencia a posibles demoras, revisión de antecedentes y, en circunstancias extremas, revocación de beneficios si se detectan irregularidades. Los datos institucionales muestran que la agencia remitió cerca de 33.000 casos sospechosos de fraude a la Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional desde enero de 2025, lo que representa un incremento del 138% respecto al promedio anual anterior.

¿Cuáles son los fundamentos legales y motivos para la revisión migratoria federal?

El fundamento legal de la revisión reside en las atribuciones que la ley concede a USCIS y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para garantizar la integridad y seguridad del sistema migratorio. Los memorandos institucionales especifican que la agencia está facultada para reabrir expedientes si existen dudas sobre la veracidad de la información o ante la detección de patrones de fraude.

El reporte oficial precisa: “todas las adjudicaciones de beneficios migratorios estarán sujetas a controles adicionales”, en particular aquellas gestionadas durante el periodo sometido a revisión. La medida responde además a recomendaciones de auditorías internas y externas dirigidas a optimizar la verificación de antecedentes y la autenticidad de documentos.

¿Qué consecuencias tiene la revisión para titulares de Green Card y solicitantes de asilo?

Las personas alcanzadas por la medida pueden recibir notificaciones de USCIS requiriendo información adicional, citaciones para entrevistas presenciales o nuevos requerimientos de documentación. El proceso puede implicar retrasos en la resolución de solicitudes y en la obtención de documentos definitivos.

Si se detectan inconsistencias o sospechas fundadas de fraude, la agencia puede iniciar procedimientos administrativos para la revocación de la residencia o beneficios otorgados. Los comunicados oficiales aclaran que cada caso será evaluado individualmente y se respetarán los derechos de apelación previstos en la ley migratoria de Estados Unidos. Hasta ahora, no se ha informado sobre revocaciones masivas, sino sobre la apertura de revisiones caso por caso.

¿Qué cifras y datos oficiales acompañan la revisión migratoria de USCIS?

Entre los datos publicados se encuentran:

• Cerca de 33.000 casos de presunto fraude remitidos a la Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional desde enero de 2025.
• Un incremento del 138% en el número de expedientes revisados en comparación con el promedio anual previo.
• Decenas de miles de titulares de Green Card y solicitantes de asilo sujetos a revisión durante el periodo estipulado.

La agencia no ha divulgado listas específicas de países o nacionalidades afectadas, aunque el foco principal apunta a aquellas consideradas de alto riesgo institucionalmente.

¿Qué permanece igual y qué ha cambiado con los nuevos controles migratorios?

La iniciativa de USCIS incorpora controles adicionales para la revisión de antecedentes, autenticidad documental y entrevistas personales. Las personas afectadas mantienen los derechos de apelación y defensa, así como los procedimientos de notificación y audiencia previstos legalmente.

La agencia aclaró que la revisión no implica automáticamente la revocación de beneficios, sino un proceso de verificación para asegurar la validez de cada expediente. Aquellas personas que cumplan con los requisitos legales y presenten documentación válida podrán mantener sus beneficios, según la normativa vigente.

¿Qué reacciones institucionales y de la sociedad civil ha generado la revisión migratoria?

La administración federal expresó que el fortalecimiento de los controles es una medida para “proteger la seguridad nacional y la confianza pública en el sistema migratorio”, según declaración difundida por USCIS en canales oficiales. No se han realizado comentarios sobre el alcance final de la revisión ni sobre la proporción de casos que podrían derivar en la revocación de beneficios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró su apoyo a la medida y destacó la coordinación entre agencias para la detección de posibles irregularidades. Organizaciones como Human Rights Watch y la American Immigration Lawyers Association solicitaron información adicional, aunque la postura institucional señala el cumplimiento de la ley y la transparencia en los procesos.

¿Qué deben hacer quienes tienen residencia permanente o solicitan asilo ante la revisión de USCIS?

Las personas incluidas en la revisión deben prestar atención a notificaciones formales de USCIS, responder los requerimientos de información y acudir a las entrevistas correspondientes. La agencia recomienda mantener la documentación actualizada y consultar fuentes oficiales para verificar el estado de sus expedientes.

Los afectados disponen de recursos legales de apelación y defensa previstos en la legislación migratoria de Estados Unidos. Organizaciones de asistencia legal aconsejan recopilar toda la documentación relevante y buscar asesoría especializada ante cualquier notificación sobre reapertura de casos.

¿Cómo afecta en el corto plazo la revisión masiva a los beneficiarios migratorios?

La revisión implementada por USCIS transforma la gestión de expedientes migratorios, con especial hincapié en seguridad nacional y verificación documental. Los titulares de Green Card y solicitantes de asilo pueden enfrentar demoras y nuevas exigencias documentales durante el proceso. Según la agencia, la revisión continuará hasta analizar todos los expedientes involucrados y se mantendrán los canales de comunicación institucional para informar a los afectados sobre los desarrollos y resultados.

El flujo migratorio entre Estados Unidos e Irlanda registró un cambio sin precedentes: en los últimos doce meses, 9.600 estadounidenses se trasladaron a Irlanda. Esta cifra es el doble que la del año anterior y, por primera vez, supera al número de irlandeses que emigran a Estados Unidos.

De acuerdo con BBC y Open Magazine, este fenómeno responde a una combinación de transformaciones en los contextos político, económico y social de ambos países, así como a cambios en la percepción sobre seguridad y calidad de vida.

Migración inversa: de Estados Unidos a Irlanda

Un sondeo de Gallup realizado en 2025 evidenció que uno de cada cinco estadounidenses desea emigrar de manera permanente. La tendencia es más marcada entre mujeres de 15 a 44 años, segmento en el que el porcentaje asciende al 40%. Gallup atribuye este aumento a la percepción negativa sobre la actual conducción política del país.

Por consiguiente, durante el período que culminó en abril de 2025, la Oficina Central de Estadística de Irlanda reportó un incremento en los movimientos migratorios entre ambos países. Unas 6.100 personas emigraron desde Irlanda hacia Estados Unidos, mientras que 9.600 personas se trasladaron desde Estados Unidos a Irlanda, cifra que casi duplica la registrada en 2024 (4.900 personas).

A su vez, la cantidad de ciudadanos estadounidenses que solicitaron asilo en Irlanda registró un crecimiento notable. De acuerdo con datos del Departamento de Justicia, citados por Irish Times, 94 personas iniciaron este trámite, frente a las 22 registradas en 2024. La tendencia ascendente comenzó en 2022, cuando se contabilizaron 13 solicitudes, seguida por 18 en 2023.

Contar con antepasados irlandeses facilita el proceso de reubicación. En consecuencia, las solicitudes de pasaporte irlandés en Estados Unidos aumentaron un 10% en 2024, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda.

Motivaciones: política, empleo, seguridad y calidad de vida

La transformación social de Irlanda es un factor clave en el actual panorama migratorio. Según BBC, en las últimas décadas, el país pasó de ser una sociedad conservadora a una “nación liberal y progresista” tras referendos sobre divorcio, aborto y matrimonio igualitario. Además, la tasa de empleo se sitúa en 74,4%.

Entre quienes deciden abandonar Estados Unidos, destacan motivos como el clima político, el costo de vida y el temor a la violencia armada. Lauren Udoh, originaria de Houston y residente en el condado de Galway desde 2021, señaló a BBC: “Uno de los mayores beneficios es la seguridad. Me siento mucho más segura en Irlanda. Con los niños yendo a la escuela, no tienes que preocuparte por tiroteos en escuelas”.

Por otro lado, el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos incide en la reducción del flujo de irlandeses hacia ese país. BBC reporta que en 2025 las deportaciones de irlandeses aumentaron más del 50%.

Asimismo, las limitaciones impuestas a los visados J1, que permiten a estudiantes universitarios irlandeses trabajar y viajar por Estados Unidos, han llevado a que un número creciente de jóvenes reconsideren la posibilidad de cursar estudios en ese país.

En este contexto, Australia emerge como el principal destino migratorio para los irlandeses, con 13.500 salidas en el último año, frente a 6.100 que optaron por Estados Unidos.

Crisis habitacional y dificultades de acceso a la vivienda en Irlanda

Pese a los beneficios en empleo y seguridad, establecerse en Irlanda implica desafíos relevantes. Los costos inmobiliarios figuran entre los más elevados de Europa. Open Magazine indica que, en Dublín, el alquiler promedio de un apartamento de un dormitorio alcanza los 2.200 euros mensuales y las tasas de vacancia se mantienen por debajo del 1%. En Limerick, los precios llegan a 3.000 euros por un departamento de dos habitaciones.

La crisis habitacional impacta tanto a la población local como a los nuevos residentes. De hecho, muchos prefieren evitar los centros urbanos para no contribuir al agravamiento del problema, reportó BBC.

A partir de hoy, unos 90 mil hondureños podrían iniciar el proceso de regularización migratoria en España, tras la aprobación del real decreto que permitirá otorgar permisos de residencia y trabajo a cerca de medio millón de personas en situación administrativa irregular.

El beneficio está dirigido a quienes hayan llegado antes del 1 de enero y acrediten al menos cinco meses de permanencia en el país.

En palabras del embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, el procedimiento inicia hoy por lo que los solicitantes podrán presentar su trámite presencialmente, mediante cita previa gestionada a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El procedimiento está abierto tanto a quienes se encuentran en situación administrativa irregular como a solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes del 1 de enero de 2026 y carezcan de antecedentes penales.

Los requisitos principales para acceder a este proceso incluyen haber ingresado a España antes del 1 de enero de 2026, demostrar permanencia continua durante al menos cinco meses previos a la solicitud y no contar con antecedentes penales ni representar un riesgo para la seguridad pública o la salud.

Quienes no sean solicitantes de protección internacional deberán acreditar además experiencia laboral, vínculos familiares directos o situación de vulnerabilidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística, cerca de 221 mil hondureños residían en España hasta enero de 2025, mientras que el centro de pensamiento económico-social español Funcas estima que alrededor de 90 mil hondureños cumplen los requisitos para acogerse a la regularización extraordinaria. Esta medida, aprobada por el gobierno español, responde a la necesidad de reconocer los derechos de quienes ya forman parte activa de la economía y sociedad española.

La regularización permitirá a los beneficiarios residir y trabajar legalmente durante al menos un año, acceder a servicios sociales y sanitarios, e integrarse formalmente al entorno social y laboral español. Este avance, según Brevé, representa un reconocimiento al aporte de la comunidad migrante y abre nuevas posibilidades de estabilidad para miles de familias hondureñas.

Beneficio migratorio

El real decreto aprobado por el gobierno español habilita a las personas en situación irregular que hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2026 y residido al menos cinco meses consecutivos a solicitar un permiso temporal de residencia y trabajo.

Los solicitantes deberán agendar una cita a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que desde hoy recibe las solicitudes.

Entre los criterios adicionales, quienes no hayan presentado una solicitud de protección internacional deberán demostrar experiencia laboral, la existencia de vínculos familiares directos en España o su condición de vulnerabilidad, de acuerdo con lo informado por el Ministerio. Las autoridades recalcan que los antecedentes penales y el cumplimiento de criterios de seguridad pública serán verificados de manera rigurosa.

Mayor flujo de remesas

España constituye el destino europeo con mayor presencia de hondureños, y según el Banco Central de Honduras, el 9 % de las remesas que recibe el país proviene de esa nación, lo que equivale a USD 1.100 millones anuales. Expertos prevén que la regularización de miles de migrantes incrementará el flujo de remesas y fortalecerá la estabilidad económica tanto de las familias residentes en España como de sus allegados en Honduras.

El extranjero que ingrese al Panamá como científico, investigador y o profesional, con una trayectoria científica y tecnológica reconocida, podrá optar por la residencia permanente. Esto, debido a la creación dentro de la categoría migratoria de residente permanente de una subcategoría de residente permanente para estos profesionales, siempre y cuando contribuyan con el nivel de la enseñanza y el aprendizaje en los centros educativos del país.

Panamá ya tiene antecedentes de profesionales que en sus inicios contribuyeron a la educación y se quedaron a convivir entre los pobladores. Un caso típico fue el de la Universidad Nacional de Panamá, fundada en octubre de 1935, que en sus inicios no contaba con los profesores nacionales para dictar las respectivas cátedras.

Eso coincidió con el ascenso de Hitler, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y en España, la dictadura franquista en 1936, lo que provocó un éxodo de mentes preclaras de esos países. Algunos llegaron a Panamá y fueron fundamentales para esos primeros pasos del centro de estudios superiores, cita el semanario Universidad.

La medida actual de atraer científicos está contemplada en el Decreto Ejecutivo No.6 de 20 de mayo de este año, el cual señala que se hace necesario establecer un marco migratorio para estos profesionales, con el fin de que se facilite su inserción temporal y permanente en el país, así como la integración de sus familias.

El permiso de investigadores, científicos y profesionales de talento excepcional tendrá una duración de 2 años, tiempo que al transcurrir el extranjero podrá solicitar la residencia permanente. Se establece que el solicitante y sus dependientes tendrán derecho a obtener un carné de residente permanente, emitido por la Dirección Nacional de Cedulación del Tribunal Electoral.

El investigador, científico o profesional que demuestre tener la tutela o guarda crianza acreditada de una persona menor de edad podrá solicitarlo como dependiente.

Al momento de trasladarse a Panamá por primera vez estos profesionales estarán exentos del pago de los impuestos que por motivo de su importación pudieran aplicar a su menaje de casa, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa fiscal y aduanera vigente.

La norma le permite a quien sea titular de estos permisos dedicarse a actividades laborales distintas de las que realice en la institución científica, académica o centro de investigación.

Para agilizar la inserción de estos profesionales en la sociedad panameña la reglamentación señala que la solicitud de residente permanente deberá ser resuelta en un período no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción de los documentos que se requieren.

De igual manera, se crea la Ventanilla Única de Inserción Científica en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) como una oficina de atención, orientación y acompañamiento que actuará en coordinación con el Servicio Nacional de Migración y con otras entidades.

Un informe de la SENACYT manifiesta que el sistema educativo panameño se enfrenta a la necesidad constante de actualización curricular para mantenerse relevante frente a las demandas cambiantes del siglo XXI.

Esto implica no solo la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades blandas y competencias transversales esenciales para el mundo moderno.

La inequidad en el sistema educativo panameño también es un desafío significativo que afecta el acceso, la calidad y los resultados educativos en diferentes regiones y grupos poblacionales del país, aduce el informe de la entidad científica.

Panamá mantenía al 2022 una tasa de alfabetización de 95.7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

El presidente de Honduras Nasry Asfura llevó a cabo este domingo un recorrido por la Zona Industrial de Procesamiento El Porvenir, situada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, como parte de actividades orientadas a observar el comportamiento del sector industrial y dialogar con actores clave de la economía nacional. Esta zona industrial figura entre las principales plataformas productivas del norte del país, albergando empresas de manufactura, confección textil, metalurgia y otros sectores productivos, que impulsan la generación de empleo formal y el dinamismo económico regional.

Durante la visita, el mandatario inspeccionó instalaciones industriales para conocer distintos procesos de producción y analizar aspectos relacionados con la logística, la capacidad instalada y la operación diaria de las empresas. También dialogó con trabajadores y ejecutivos sobre el desarrollo de las actividades productivas en el parque industrial.

Los representantes empresariales destacaron que El Progreso cuenta con condiciones favorables para la actividad industrial, como disponibilidad de mano de obra calificada y una ubicación geográfica estratégica que facilita la conexión con corredores logísticos y centros de distribución en la zona norte del país. Este entorno no solo fortalece la creación de empleo, sino que también influye en la migración de hondureños hacia Estados Unidos.

Potenciar zonas productoras

Otro aspecto abordado durante la jornada fue la trayectoria industrial de El Progreso, ciudad que históricamente ha concentrado actividades productivas, especialmente en los sectores textil y de manufactura ligera. Este desarrollo ha permitido la formación de un capital humano con experiencia en estas áreas.

Por su parte, Asfura indicó que el Gobierno mantiene una agenda enfocada en facilitar procesos vinculados a la inversión y en promover la generación de empleo mediante el fortalecimiento de sectores productivos.

A la visita asistieron además representantes del sector privado y equipos técnicos, quienes intercambiaron puntos de vista con autoridades sobre el entorno empresarial, los desafíos actuales y las oportunidades de crecimiento para la industria nacional.

Estrategias y perspectivas del sector industrial

Actualmente, Asfura afirma que su gobierno busca integrar los mecanismos necesarios para que Honduras aumente la inversión nacional y atraiga mercados internacionales, particularmente en el sector maquilador. Señala que estos esfuerzos buscan trazar una hoja de ruta para la generación de empleo, tanto a nivel nacional como en otros mercados, además de fortalecer las actividades comerciales.

El recorrido permitió evidenciar tanto las capacidades instaladas en el parque industrial como las perspectivas del sector en un entorno económico influenciado por cambios en las cadenas globales de suministro y la reconfiguración de mercados.

El Progreso, por su ubicación estratégica y tradición manufacturera, se mantiene como un punto de relevancia dentro del mapa industrial hondureño, con potencial para atraer inversiones y ampliar su base productiva.

El contexto global de reconfiguración de cadenas de suministro abre oportunidades para que Honduras profundice su integración en mercados internacionales y amplíe su base productiva, aprovechando su ubicación estratégica y tradición manufacturera, impulsando reformas orientadas a mejorar la competitividad, reducir la burocracia para la apertura de empresas y fortalecer la certeza jurídica para inversionistas, incluyendo el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, tras la salida durante el gobierno anterior.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó la detención de un ciudadano hondureño en la aldea Pavana, departamento de Choluteca, luego de ser sorprendido trasladando de manera irregular a nueve personas de nacionalidad china. El operativo se desarrolló como parte de las acciones de vigilancia e inteligencia que se mantienen en el sur del país para combatir el tráfico ilícito de personas.

El sospechoso, un hombre de 48 años residente en la región sur, fue interceptado mientras conducía un microbús en el que transportaba a los nueve ciudadanos de dicha nacionalidad. Según las autoridades, ninguno de los extranjeros contaba con la documentación migratoria requerida para su ingreso o tránsito legal por el territorio nacional, lo que motivó la detención inmediata del conductor y la verificación del caso.

El informe oficial revela que la captura fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), quienes venían dando seguimiento a movimientos sospechosos detectados previamente en la capital. A partir de esta información, los agentes extendieron las labores de rastreo hacia la zona sur, donde finalmente ubicaron el vehículo involucrado.

Este tipo de hechos, según las autoridades policiales en Honduras, responde a un fenómeno que han venido observando en los últimos años, relacionado con el tránsito de migrantes extracontinentales a través de rutas irregulares en Centroamérica. Honduras, por su ubicación geográfica, es considerada un país de paso dentro de estas rutas utilizadas por redes que facilitan el traslado ilegal de personas hacia el norte del continente.

En distintos operativos anteriores, la DPI y el Ministerio Público han reportado la desarticulación de estructuras dedicadas a este tipo de delitos, especialmente en zonas fronterizas del sur, donde se registra mayor flujo de migrantes. Estas redes suelen operar mediante contactos locales que facilitan transporte, alojamiento temporal y traslado hacia otros puntos del país o hacia fronteras vecinas.

Durante la intervención en Pavana, las autoridades decomisaron evidencia que será incorporada al proceso investigativo, entre ella 80 dólares estadounidenses, 1,000 lempiras y 100 yuanes en efectivo, además del vehículo tipo microbús utilizado para el traslado de los extranjeros. Estos indicios serán analizados para determinar si el detenido actuaba de manera individual o si existe una estructura criminal más amplia detrás del hecho.

Como parte de las operaciones, se ha permitido el decomiso de distintas monedas extranjeras, lo cual es frecuente en casos vinculados al tráfico de personas, ya que las transacciones suelen realizarse en efectivo y en diferentes divisas debido al carácter transnacional de estas operaciones.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía de turno del Ministerio Público en la zona sur de Honduras, donde enfrentará cargos por el delito de tráfico ilícito de personas, mientras se profundizan las investigaciones para establecer posibles vínculos con otras personas o redes involucradas.

Finalmente, la DPI reiteró que mantiene operativos permanentes en carreteras, puntos fronterizos y zonas estratégicas del país, con el objetivo de prevenir y combatir el tráfico de personas. Este tipo de hechos no pasa desapercibido, ya que anteriormente se detectó, por parte del Instituto Nacional de Migración, el ingreso de personas procedentes de China sin contar con los permisos migratorios necesarios para estar o desarrollar actividades en Honduras. Asimismo, hizo un llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con este tipo de delitos.

El sistema regulatorio de Estados Unidos permite que inmigrantes sin Seguro Social accedan a cuentas bancarias y alquiler de vivienda utilizando documentos extranjeros válidos, como el pasaporte o el ITIN, de acuerdo con directrices de organismos federales. Esta política impacta a millones de residentes extranjeros y personas en tránsito que necesitan integrarse al sistema financiero y acceder a servicios básicos.

La normativa, vigente desde 2025, responde a la demanda de soluciones inclusivas, otorga nuevas alternativas para quienes no poseen documentación local tradicional y se alinea con las recomendaciones de la agencia federal de vivienda HUD, el regulador bancario FDIC, la Oficina del Contralor de la Moneda OCC y el Servicio de Impuestos Internos IRS, que reconocen la validez de documentación alternativa tanto en la firma de contratos de alquiler como en la apertura de cuentas.

La agencia federal de vivienda HUD, el regulador bancario FDIC y la Oficina del Contralor de la Moneda OCC han publicado guías y normativas que autorizan a bancos y entidades financieras a aceptar documentos como pasaportes extranjeros y el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) en reemplazo del tradicional Número de Seguro Social (SSN). La aceptación de estos documentos alternativos también cuenta con el aval del Servicio de Impuestos Internos IRS.

El uso de procedimientos flexibles surge en un contexto donde, según el centro de estudios Migration Policy Institute, más de 44 millones de personas nacidas en el extranjero residen en el país. La bancarización y el acceso formal a la vivienda son fundamentales para la integración y protección de este grupo, conforme a informes de HUD y FDIC.

¿Qué documentos acepta la banca estadounidense para inmigrantes sin Seguro Social?

La FDIC aclara en su guía para consumidores que los bancos pueden solicitar diversas formas de identificación para abrir cuentas. La lista incluye:

• Pasaporte extranjero vigente ITIN, emitido por el IRS
• Licencia de conducir extranjera
• Tarjeta de identificación consular
• Prueba de domicilio en Estados Unidos (factura de servicios, carta de empleo o contrato de alquiler)
• Formulario W-8 BEN para clientes extranjeros no residentes fiscales

Desde la OCC explican que los bancos deben cumplir con la normativa de “Conozca a su Cliente” (KYC) y pueden aceptar documentos alternativos siempre que permitan verificar la identidad del solicitante. En el portal oficial de la FDIC se indica: “no existe una ley federal que prohíba a los bancos abrir cuentas para personas sin Seguro Social, siempre que se cumplan los requisitos de identificación y prevención de lavado de dinero”.

Bancos como Bank of America, Chase y Wells Fargo publican en sus páginas institucionales que la apertura de cuentas para extranjeros requiere cita presencial y la presentación de la documentación mencionada. El IRS puntualiza que el ITIN se expide a personas que no cumplen requisitos para el SSN pero necesitan identificarse para fines fiscales.

Según la guía para nuevos residentes de la FDIC: “Las instituciones financieras pueden aceptar un pasaporte extranjero válido o un ITIN para abrir cuentas, conforme a la Ley Patriota de Estados Unidos”.

¿Cuáles son los pasos para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos sin Seguro Social?

El proceso depende de la política interna de cada banco, aunque los pasos suelen repetirse entre instituciones:

• Solicitar una cita presencial en una sucursal.
• Presentar un pasaporte extranjero vigente como documento principal. Algunos bancos también aceptan una identificación consular o licencia de conducir extranjera.
• Aportar comprobante de domicilio en Estados Unidos (contrato de alquiler, factura de servicios o carta de empleo).
• Proporcionar el ITIN si está disponible; de no tenerlo, se puede completar el formulario W-8 BEN del IRS para certificar que el solicitante no es residente fiscal estadounidense.
• Firmar los documentos requeridos por el banco y depositar un monto mínimo, si corresponde.

El IRS informa que el ITIN puede solicitarse en línea o mediante cita en centros autorizados. La verificación de identidad debe realizarse personalmente y el número se entrega tras varias semanas.

¿Qué requisitos existen para alquilar vivienda sin historial crediticio ni Seguro Social?

De acuerdo con la agencia federal de protección financiera CFPB y el HUD, no existe una ley federal que obligue a los arrendadores a exigir el SSN para firmar un contrato de alquiler. Los propietarios y agencias inmobiliarias pueden aceptar documentación extranjera siempre que se ajuste a las leyes estatales y locales.

Los requisitos generales son:

• Presentación de pasaporte extranjero, visa o tarjeta de residencia
• Comprobante de ingresos (recibos de nómina, estados de cuenta bancarios o carta de empleo)
• En ocasiones, un aval local con buen historial crediticio
• Pago anticipado de depósitos de seguridad, que puede equivaler a varias mensualidades (por ejemplo, dos a tres meses para suplir la falta de historial)}
• Consentimiento para una verificación de antecedentes penales, según lo exige la ley local

Las recomendaciones de HUD y CFPB aconsejan negociar condiciones específicas y reunir toda la documentación que acredite solvencia y capacidad de pago. Además, recuerdan a los arrendadores que la Ley Federal de Vivienda Justa prohíbe la discriminación por origen nacional o estatus migratorio.

¿Qué bancos permiten abrir cuentas a inmigrantes sin Seguro Social?

La FDIC y la OCC detallan que la aceptación de documentos alternativos depende de la política de cada banco, siempre respetando la ley federal. Instituciones como Bank of America, Chase, Citibank y Wells Fargo han reconocido la apertura de cuentas para extranjeros mediante pasaporte o ITIN.

La FDIC recalca que los bancos informan a los clientes sobre los requisitos y alternativas disponibles. El IRS mantiene actualizado el procedimiento para obtener el ITIN, que puede tramitarse sin necesidad de SSN y sirve como referencia fiscal en cuentas bancarias e inversiones.

¿Qué alternativas existen para inmigrantes que no pueden presentar un SSN o ITIN?

En casos donde el solicitante no dispone de SSN ni ITIN, la FDIC y el IRS indican que algunos bancos aceptan el formulario W-8 BEN, que manifiesta la condición de no residente fiscal en Estados Unidos. Este documento suele ser aceptado para cuentas básicas, aunque limita el acceso a algunos servicios.

Se recomienda solicitar el ITIN a quienes planean residir y trabajar en el país, ya que amplía opciones financieras y simplifica el cumplimiento de obligaciones fiscales. El IRS proporciona atención en español y cuenta con oficinas distribuidas en todo el territorio nacional para orientación sobre el trámite.

¿Qué dice la ley sobre la discriminación en el acceso a servicios bancarios y vivienda?

Las leyes federales y estatales resguardan a los inmigrantes contra la discriminación en el acceso a servicios esenciales. La Ley Federal de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíben negar servicios bancarios o alquiler de vivienda por razones de nacionalidad, raza o estatus migratorio.

La CFPB ofrece un canal de denuncias para quienes consideren vulnerados sus derechos en operaciones financieras o inmobiliarias. El HUD mantiene recursos para inquilinos y propietarios, y actualiza sus guías de requisitos de arrendamiento.

En su orientación para consumidores, la CFPB señala: “Los propietarios y bancos deben cumplir con la legislación federal y no pueden exigir documentos que la ley no contempla como obligatorios para el acceso a servicios”.

¿Qué impacto tiene este marco regulatorio en la vida cotidiana de los inmigrantes?

La inclusión de documentos extranjeros y alternativas al SSN ha permitido una mayor integración de los inmigrantes al sistema financiero y a la vivienda formal. De acuerdo con la FDIC, el porcentaje de hogares sin cuenta bancaria ha disminuido de 7,1% en 2021 a 5,8% en 2025, vinculado en parte a la flexibilización de requisitos de identificación.

El HUD y la CFPB reportan un incremento en la formalización de contratos de alquiler a nombre de extranjeros que presentan pasaportes y avales locales, lo que reduce la exposición a prácticas informales y mejora la integración económica y social.

Las autoridades federales monitorean el cumplimiento legal y actualizan periódicamente las guías para asegurar el acceso igualitario. El IRS mantiene disponible la gestión del ITIN y proporciona asesoría gratuita en varios idiomas.

¿Qué deben saber los inmigrantes para acceder a cuentas bancarias y vivienda en Estados Unidos?

Las personas extranjeras que buscan abrir cuentas bancarias o alquilar vivienda pueden presentar su pasaporte vigente, ITIN y comprobantes de domicilio o ingresos como principales requisitos. El procedimiento varía según la entidad financiera o el arrendador, pero las leyes federales validan estos documentos para tales trámites.

El conocimiento de los derechos y la recopilación de la documentación adecuada son necesarios para acceder a servicios básicos, según las recomendaciones del IRS, la FDIC y el HUD. Los organismos oficiales actualizan de manera periódica sus guías y ofrecen asistencia directa a inmigrantes y nuevos residentes.

El marco legal vigente permite a este grupo acceder a servicios esenciales y fomenta su integración en la vida económica del país. Las autoridades anticipan ajustes y nuevas disposiciones para responder a la evolución del contexto migratorio y financiero.

Honduras y Guatemala consolidaron este jueves un acuerdo estratégico al establecer una hoja de ruta binacional para ordenar y dignificar la migración laboral en la frontera que comparten, un proceso que busca transformar los flujos de trabajadores temporales, entre 40 mil y 45 mil cada año, en motores de desarrollo económico y social para ambos países.

Las autoridades subrayan que, al priorizar la generación de empleo seguro y regulado, buscan frenar la migración irregular y promover condiciones laborales justas.

La magnitud del fenómeno se evidencia en el volumen de trabajadores que cruzan la frontera anualmente, cifra que la designada presidencial hondureña Diana Baleska Herrera y la vicepresidenta guatemalteca Karin Herrera identificaron como uno de los retos inmediatos para la región.

Según precisó Karin Herrera, la informalidad histórica en estos flujos no solo expone a los migrantes a condiciones precarias, sino que también incentiva prácticas abusivas e intermediación irregular en sus procesos de contratación.

El establecimiento de la mesa bilateral de migración laboral temporal, pactada en este encuentro, servirá como instancia técnica y política para analizar detalladamente los flujos migratorios, definir acciones institucionales y crear mecanismos de coordinación transparentes entre los dos gobiernos.

Esta estructura permitirá responder de manera directa y constante a las necesidades de los sectores productivos que demandan mano de obra temporal, así como fortalecer los derechos y seguridad de quienes migran por trabajo.

El acuerdo contempla como primer paso un relevamiento integral de las dinámicas migratorias actuales y las áreas económicas prioritarias a intervenir.

Esto busca alinear la oferta laboral con la demanda real de cada país y formalizar el acceso a la seguridad social y otros derechos. En este sentido, Diana Baleska Herrera remarcó que “la generación de empleo digno es una herramienta clave para reducir la migración irregular”, al mitigar los riesgos y la vulnerabilidad que la caracterizan.

Durante la reunión, Karin Herrera enfatizó la necesidad de eliminar los abusos ligados a intermediarios informales, afirmando que: “Uno de los principales retos es garantizar que los procesos de contratación sean transparentes y que los trabajadores cuenten con información clara sobre sus derechos y condiciones laborales antes de desplazarse.”

La funcionaria subrayó que una migración laboral ordenada no solo protege a los empleados, sino que también incrementa la productividad y reduce la informalidad en ambos países.

La puesta en marcha de esta estrategia binacional representa un cambio de paradigma para el abordaje de la migración en la región centroamericana, que hasta ahora había tratado el fenómeno principalmente como un problema social.

Honduras y Guatemala orientan este nuevo enfoque hacia la integración económica y la cooperación transfronteriza, sentando bases para una gestión más sostenible de la movilidad laboral.

Este mecanismo también tendrá un impacto positivo sobre los sistemas fiscales y de protección social, ya que incorpora a más personas al sector formal, lo que facilita el incremento de la recaudación y el fortalecimiento de la infraestructura social y económica.

Además, ofrecer alternativas legales reduce la presión sobre las rutas irregulares y las redes de tráfico de personas, atacando causas estructurales como el desempleo y la precariedad.

El proceso bilateral impulsado por Diana Herrera y Karin Herrera se suma a otras iniciativas regionales en materia de empleo, seguridad y desarrollo sostenible, en un contexto donde la cooperación vecinal se revela crucial para afrontar los desafíos de Centroamérica.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a adoptar una postura más firme frente al gobierno de Donald Trump, en medio de tensiones por la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia y el bloqueo energético impuesto a Cuba, reportó el diario británico The Guardian.

De acuerdo con el medio, la mandataria mexicana había mantenido durante más de un año una estrategia de “cabeza fría”, evitando confrontaciones directas pese a las presiones de Washington en temas de seguridad, migración y comercio.

Muertes de migrantes detonan cambio de tono

Sin embargo, el aumento en el número de mexicanos fallecidos en centros de detención migratoria en Estados Unidos —al menos 15 en poco más de un año— marcó un punto de quiebre.

Según The Guardian, el gobierno mexicano calificó estos hechos como “inaceptables” y consideró que los centros de detención del ICE son incompatibles con los estándares de derechos humanos.

Sheinbaum anunció investigaciones sobre los casos y ordenó reforzar la vigilancia consular, además de advertir que llevará el tema a instancias internacionales.

“Vamos a defender a los mexicanos en todos los niveles”, declaró la presidenta, citada por el diario.

Cuba, otro frente de fricción

El endurecimiento de la postura también se da en respuesta a la política exterior de Trump, particularmente por el bloqueo energético a Cuba, una medida que afecta directamente a México.

The Guardian señala que, aunque el gobierno mexicano pausó envíos de petróleo a la isla, Sheinbaum ha cuestionado abiertamente la estrategia de Washington, calificándola como “injusta” y acusando que busca “asfixiar” al pueblo cubano.

El tema es especialmente sensible, ya que la relación con Cuba ha sido un pilar histórico de la política exterior mexicana.

Equilibrio entre cooperación y soberanía

El diario destaca que Sheinbaum ha buscado equilibrar la relación con Estados Unidos: por un lado, ha respondido a exigencias de seguridad y migración —incluso con acciones más firmes contra el crimen organizado que su antecesor—, y por otro, ha insistido en la soberanía mexicana.

Incluso, apunta que Trump ha alternado críticas —al sugerir que los cárteles tienen más control que el gobierno— con comentarios positivos hacia la presidenta, a quien ha calificado como “una persona agradable”.

Un cálculo político en un contexto internacional complejo

Para analistas citados por The Guardian, el tono más firme de Sheinbaum responde a un cálculo político: puede confrontar en temas clave sin romper la relación bilateral, siempre que mantenga avances en comercio y seguridad.

Además, factores externos como el aumento en los precios de la energía han hecho que Estados Unidos dependa más de aliados como México, lo que abre espacio para una postura más autónoma.

El 11 de abril, un ciudadano mexicano fue encontrado sin vida en su celda en el Centro Correccional de Winn, Louisiana. Con este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contabiliza ya 15 mexicanos fallecidos en lo que va de 2026 mientras estaban detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La causa de muerte permanece bajo investigación.

Es en este contexto donde cobra especial relevancia una pregunta que pocos se atreven a formular abiertamente.

La paradoja que nadie quiere ver

Un análisis publicado por The Atlantic y firmado por el historiador Geraldo L. Cadava revela un dato que incomoda por igual a conservadores y progresistas: a lo largo del último medio siglo, los latinos pasaron de representar una fracción mínima de los agentes de la Patrulla Fronteriza a constituir la mitad de toda la fuerza.

Es decir, los agentes que detienen, deportan —y en algunos casos matan— a migrantes latinoamericanos son, en muchos casos, latinos ellos mismos. Muchos de ellos, mexicanos o hijos de mexicanos.

“Estoy protegiendo a mi comunidad”

La explicación más directa no viene de académicos, sino de los propios agentes. Claudio Herrera, un inmigrante mexicano que se convirtió en agente de la Patrulla Fronteriza, dijo en una entrevista con CNN que cuando la gente le pregunta si no le avergüenza detener a los suyos, él responde que no, porque considera que está protegiendo a su comunidad.

Esta lógica, señala The Atlantic, no es excepcional. Los videos de reclutamiento de la Patrulla Fronteriza presentan a latinos y los atraen con relatos sobre la emoción del trabajo, las drogas que interceptarían, los criminales que arrestarían y la disciplina que adquirirían durante el entrenamiento.

El perfil de quienes eligen ese camino

La ruta hacia una carrera en el ICE o la Patrulla Fronteriza suele comenzar mucho antes de la academia. En Texas existen cerca de mil clubes de justicia criminal en preparatorias. En escuelas como Horizon High School, a media hora del centro de El Paso, los maestros son exoficiales y se organizan ferias de empleo donde agentes federales explican los beneficios de trabajar en el sector.

En uno de estos casos documentados, el padre de una aspirante emigró desde México y pasó años trabajando como chofer con la esperanza de darle una mejor vida a su hija. Cuando la escucha hablar de trabajar para la Patrulla Fronteriza, comenta con orgullo que todo su esfuerzo está empezando a rendir frutos.

El atractivo económico también pesa. Los anuncios de empleo que circulan en estas comunidades fronterizas ofrecen salarios iniciales de alrededor de 50 mil dólares anuales, una cifra significativa para familias de bajos ingresos.

Vocación de servicio en comunidades fronterizas

Los codirectores del programa de justicia criminal de Texas A&M International, en la ciudad fronteriza de Laredo —donde el estudiantado es más de 95% latino— describen a sus alumnos como jóvenes que crecieron en la frontera y ven el trabajo migratorio como algo complejo y humano. Muchos lo conciben como una forma de servir, de construir estabilidad para sus familias y de aportar sus habilidades bilingües en roles donde sienten que su presencia importa.

La acusación de traición y las fracturas internas

No todos en la comunidad latina comparten esa visión. Tras revelarse la identidad de los agentes latinos que mataron a Alex Pretti en Minneapolis, algunos críticos recurrieron a términos como vendidos o “Uncle Tomás” para referirse a ellos, acusándolos de traicionar a su propia comunidad.

Estas reacciones reflejan divisiones históricas dentro de la comunidad latina y evidencian que las personas dentro de una comunidad pueden ser tan resistentes a su propia complejidad como quienes la observan desde afuera.

Una pregunta sin respuesta fácil

Mientras México exige transparencia por 15 muertes de connacionales bajo custodia del ICE y la Cancillería evalúa acciones ante la CIDH, el análisis de The Atlantic recuerda que este sistema no se sostiene solo con agentes anglosajones. Se sostiene también con latinos que, por convicción, necesidad económica o ambas, decidieron ponerse del otro lado de la frontera.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una actualización de tarifas que afecta el procesamiento de solicitudes de visas de trabajo y residencia permanente a partir del 1° de marzo de 2026, modificando los costos para migrantes y empleadores en todo el país. La medida responde a la política bianual de ajuste por inflación, autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de cubrir los costos operativos y administrativos del sistema migratorio federal.

Según información oficial publicada en el Registro Federal, diario oficial del gobierno de Estados Unidos, la normativa impacta principalmente a quienes optan por el procesamiento premium, una modalidad que permite acelerar la resolución de trámites específicos mediante el pago de un arancel adicional. Las nuevas tarifas aplican para formularios como el I-129, I-140, I-539 e I-765, todos ellos centrales en los procedimientos de visas laborales y permisos de residencia.

El último ajuste tarifario de USCIS se enmarca en la revisión periódica establecida por la ley federal. El proceso incluyó una fase de consulta pública, la publicación de la regla final en el Federal Register y la actualización de los valores en la tabla oficial de tarifas, disponible en el portal oficial de USCIS. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la medida busca garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios migratorios y mantener la eficiencia en la atención a usuarios.

¿Cuánto cuestan las visas de trabajo y la residencia permanente en 2026?

El cronograma oficial de USCIS detalla los nuevos valores para los trámites más habituales de migración laboral y residencia permanente. De acuerdo con el Registro Federal, los costos para el procesamiento premium, solicitado mediante el formulario I-907, son los siguientes:

• Formulario I-129 (petición para trabajador no inmigrante):

H-2B o R-1: USD 1.780 Otras clasificaciones (E, H-1B, H-3, L, O, P, Q, TN): USD 2.965

• Formulario I-140 (petición para trabajador extranjero): USD 2.965
• Formulario I-539 (extensión o cambio de estatus para categorías F, J y M): USD 2.075 por el servicio premium, monto adicional a la tarifa base
• Formulario I-765 (autorización de empleo, incluidas OPT y STEM-OPT): USD 1.780

El costo de la residencia permanente legal, tramitada mediante el formulario I-485, se estableció en USD 1.440 en 2026, según la tabla de tarifas publicada en el portal oficial de USCIS. Este valor cubre la presentación general y no incluye pagos adicionales como servicios biométricos, que pueden aplicarse según el caso.

¿Qué cambia con la actualización de tarifas de USCIS?

La actualización de marzo de 2026 afecta principalmente el procesamiento premium, una opción disponible para quienes desean una respuesta acelerada de USCIS. El pago de este servicio, que se solicita mediante el formulario I-907, permite reducir los plazos de resolución administrativa para determinados trámites migratorios.

El Departamento de Seguridad Nacional ha precisado: “el procesamiento premium no modifica los criterios de elegibilidad ni garantiza la aprobación del caso, solo asegura una decisión en el plazo estipulado”. Los aranceles base para formularios estándar se mantienen sin cambios significativos, salvo los montos vinculados al procesamiento rápido.

La revisión tarifaria se justifica por el incremento de costos operativos y el impacto de la inflación en el presupuesto de la agencia, según consta en la justificación oficial publicada en el Federal Register, gaceta oficial del gobierno de Estados Unidos (Vol. 91, No. 7, 2026).

¿Quiénes se ven afectados por los nuevos aranceles de USCIS?

Las nuevas tarifas de USCIS afectan a varios grupos:

• Migrantes que solicitan visas temporales de trabajo bajo las categorías I-129 e I-140.
• Empleadores estadounidenses que patrocinan trabajadores extranjeros.
• Estudiantes internacionales y visitantes de intercambio que requieren extensión o cambio de estatus migratorio.
• Solicitantes de autorización de empleo a través del formulario I-765.
• Personas que tramitan la residencia permanente legal mediante el formulario I-485.

El impacto financiero recae tanto en individuos como en empresas, que deben prever los nuevos costos en sus presupuestos de migración y recursos humanos. USCIS aclara que “las tarifas actualizadas solo aplican a solicitudes presentadas a partir del 1° de marzo de 2026”, por lo que quienes iniciaron trámites antes de esa fecha mantienen los valores previos.

¿Cómo solicitar el procesamiento premium y cuáles son sus ventajas?

El procesamiento premium de USCIS está disponible para ciertos trámites de visas laborales y extensiones de estatus migratorio. Los solicitantes deben presentar el formulario I-907 junto con el formulario principal (I-129, I-140, I-539 o I-765), abonando el arancel adicional correspondiente.

La principal ventaja de esta modalidad es la reducción de los plazos de resolución: USCIS se compromete a emitir una decisión administrativa en un tiempo específico, normalmente 15 días calendario. No obstante, el pago del servicio premium no influye en la evaluación de fondo del expediente ni asegura un resultado favorable.

USCIS advierte que “el procesamiento premium es opcional y no sustituye la tarifa base del formulario principal”, según consta en su reglamento publicado en el portal oficial de USCIS. El pago debe realizarse a través de los canales oficiales, como transferencias bancarias o giros postales.

¿Existe algún arancel especial para la visa H-1B o para empleadores?

El listado oficial de tarifas de USCIS para 2026 no incluye un arancel extraordinario de USD 100.000 para la visa H-1B por Proclamación Presidencial, como circuló en versiones no oficiales. Los únicos montos vigentes son los publicados en la normativa federal y en la sección de tarifas del portal oficial de USCIS.

El Departamento de Seguridad Nacional recomienda a empleadores y migrantes consultar siempre la información actualizada en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de visa o residencia.

¿Dónde consultar las tarifas vigentes y cómo realizar los pagos?

USCIS mantiene una sección específica de Forms and Fees en su portal oficial, donde se listan los valores actualizados para cada formulario. La agencia actualiza esta información tras cada revisión tarifaria y publica las reglas finales en el Federal Register y el Code of Federal Regulations (8 CFR Part 106).

Los pagos a USCIS se realizan mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, cheque personal, cheque de caja o giro postal dirigido a la agencia, según las instrucciones de cada formulario. El comprobante de pago debe adjuntarse con la solicitud para su procesamiento.

¿Qué se mantiene sin cambios tras la actualización de tarifas de USCIS?

Los criterios de elegibilidad, los requisitos documentales y los procedimientos administrativos para cada tipo de visa permanecen sin modificaciones después del ajuste tarifario. USCIS mantiene la política de revisión bianual de aranceles y la publicación previa de los cambios, permitiendo comentarios públicos antes de su entrada en vigor.

El calendario de revisión de tarifas se ajusta a la normativa federal y responde a la evolución de los costos operativos de la agencia, según se detalla en el Registro Federal.

¿Qué impacto tiene este cambio para migrantes y empleadores en Estados Unidos?

El incremento de tarifas para trámites migratorios representa un costo adicional para quienes buscan empleo, residencia o autorización de trabajo en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional indica que el ajuste busca ajustar el presupuesto de la agencia y mantener la calidad y rapidez de los servicios prestados.

A partir de marzo de 2026, los migrantes y empleadores deben considerar los nuevos valores en sus gestiones administrativas. La información oficial y actualizada está disponible en el portal oficial de USCIS y en los documentos públicos del gobierno federal.

La ciudadanía por nacimiento define el destino legal y social de millones de personas, pero su reconocimiento automático es en realidad una excepción a escala global. Estados Unidos constituye uno de los pocos países que mantienen un modelo amplio de “jus soli”, el principio según el cual toda persona nacida en su territorio adquiere ciudadanía desde el primer momento de vida.

Las repercusiones de este principio alcanzan a millones de familias migrantes y continúan alimentando debates legislativos y sociales en el país, que a diferencia de la tendencia internacional reciente, sostiene este derecho como un pilar constitucional, de acuerdo con La Opinión y el informe del American Immigration Council.

Estados Unidos y el “jus soli”: una excepción global

A pesar de la percepción común de que la ciudadanía por nacimiento es una norma universal, la mayoría de los países no otorgan de manera automática la nacionalidad a quienes nacen dentro de sus fronteras.

Un análisis del Pew Research Center reveló que en las últimas décadas predominó una tendencia global a restringir, y no a expandir, el derecho al jus soli (derecho de suelo).

Es en América —con Estados Unidos a la cabeza— donde este modelo se conserva con mayor vigor, mientras que en Europa, Asia, áfrica y Oceanía predominan sistemas de jus sanguinis (derecho de sangre), donde la nacionalidad se transmite por la ascendencia.

En la actualidad, países como Estados Unidos mantienen la ciudadanía automática a todo nacido en su territorio, con solo excepciones limitadas como los hijos de diplomáticos extranjeros, según explicó el American Immigration Council.

Esta normativa se encuentra respaldada por la Enmienda 14 de la Constitución, ratificada en 1868, la cual establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del Estado en que residen”.

De esta manera, este principio fue consagrado tras la Guerra Civil estadounidense, específicamente para garantizar la igualdad jurídica independientemente de raza, ascendencia o estatus familiar.

El Congreso adoptó la Enmienda 14 como respuesta directa al precedente de la Corte Suprema en el caso Dred Scott de 1857, en el que se había negado la ciudadanía a afroamericanos nacidos en el país.

Igualdad legal y cohesión social: implicancias del derecho al nacimiento

La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos garantiza que todos los individuos nacidos en suelo estadounidense sean tratados con igualdad ante la ley.

En la interpretación del American Immigration Council, revocar o debilitar este derecho implicaría la creación de una sociedad dual, donde ciertos niños nacidos en el país quedarían excluidos de la ciudadanía por la condición de sus padres.

El fallo de la Corte Suprema en el caso “United States v. Wong Kim Ark” (1898) resultó clave para sellar esta norma: el tribunal confirmó que los hijos de inmigrantes, nacidos en Estados Unidos, son ciudadanos al nacer.

Actualmente, este derecho representa la base legal para que niños de familias inmigrantes —cuyo número supera los millones en Estados Unidos— gocen de acceso a la educación, la atención médica y la protección jurídica.

En caso de retirarse este principio, muchos menores quedarían en situación de apatridia o enfrentarían la expulsión del único país que conocen como propio. La ciudadanía por nacimiento responde también a valores profundos de la democracia estadounidense, al afianzar el sentido de pertenencia e igualdad.

De acuerdo con el American Immigration Council, “la ciudadanía por nacimiento provee una regla simple, imparcial y unificadora: si naciste en Estados Unidos, eres estadounidense”.

Cambios globales con carácter único del modelo estadounidense

En comparación, la mayoría de los países ejercen sistemas de transmisión de nacionalidad por linaje, conocidos como jus sanguinis, donde la ciudadanía de los padres es el criterio dominante.

Solamente en ciertas naciones de América el nacimiento en territorio genera derecho automático a la ciudadanía y, según La Opinión, incluso allí existen excepciones, como los hijos de diplomáticos o situaciones equiparables.

Fuera del continente americano, únicamente un puñado de Estados mantienen sistemas similares. El Pew Research Center documentó que la tendencia ha sido hacia una restricción de derechos, con cada vez menos países que reconocen el jus soli pleno.

Obstáculos a una eventual reforma del “jus soli” estadounidense

Modificar el principio de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos requeriría una reorganización constitucional de gran envergadura.

Según el American Immigration Council, limitar este derecho demandaría la aprobación de una enmienda constitucional (con el voto favorable de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados), o bien una reinterpretación radical de la Enmienda 14 por parte de la Corte Suprema.

Los intentos de restringir este principio mediante leyes ordinarias o acciones ejecutivas han sido recurrentemente descartados por ser incompatibles con la Constitución, de acuerdo con la misma fuente.

De este modo, Estados Unidos persiste como una excepción histórica y legal: protege la ciudadanía por nacimiento frente a la oleada internacional de restricciones y la erige como un emblema de sus principios fundacionales de igualdad y pertenencia.

Cada año, miles de californianos toman la decisión de abandonar su lugar de residencia en busca de comunidades donde el costo de vida es considerablemente menor y la posibilidad de adquirir una vivienda se transforma, en cuestión de años, en un escenario mucho más accesible.

Este fenómeno, documentado por el informe “Priced Out: Relocation Amidst California’s Affordability Crisis” del California Policy Lab de la Universidad de California en Berkeley y citado por La Opinión, reveló que quienes optan por mudarse no solo dejan atrás altos precios, sino que ganan en expectativas de estabilidad financiera y propiedad inmobiliaria.

En 2025, California registró una pérdida neta de alrededor de 150.000 residentes, cifra que representa menos del 1% de los 39 millones de habitantes del estado.

Dicho movimiento poblacional tiene consecuencias directas en la base tributaria estatal y puede incidir en la representación política, ya que la reasignación de escaños en el Congreso federal favorece a los estados receptores de migrantes.

Mudanzas por costos elevados de vida y acceso a la vivienda propia

El informe del California Policy Lab, publicado el 31 de marzo y dirigido por Evan White, evidencia que la razón principal de estas migraciones radica en la “crisis de asequibilidad” que atraviesa el estado. El costo mensual de la vivienda en los nuevos destinos es, en promedio, USD 672 menor que en las comunidades californianas de origen.

De este modo y en términos concretos, siete años después de haberse mudado, los inmigrantes internos son en promedio, 48% más propensos a ser propietarios de vivienda que quienes permanecieron en California.

Este salto significa un aumento de 11 puntos porcentuales respecto a la tasa de acceso a la vivienda entre quienes deciden no emigrar, según las estadísticas del informe.

Asimismo, el estudio se nutre de datos anónimos de una agencia nacional de crédito, lo que permitió a los investigadores rastrear desplazamientos internos y comparar la situación financiera de los hogares antes y después de la mudanza entre 2016 y 2025.

A juicio de White, “el precio del ‘Sueño Californiano’ ha aumentado, y muchas familias están abandonando el estado en busca de lugares más asequibles”. El investigador destacó que “los vecindarios a los que se mudan son la mitad de costosos, y en consecuencia, tienen muchas más probabilidades de convertirse en propietarios de una vivienda en tan solo unos pocos años”.

Destinos más frecuentes: estados cercanos y nuevos horizontes para familias migrantes

Aunque la percepción pública suele vincular la migración californiana a Texas o Florida, el análisis ajustado por población revela que Nevada es el destino con mayor proporción de residentes californianos recibidos cada año: 81 por cada 10.000 habitantes, seguido por Idaho, Oregón y Arizona. Texas ocupa el undécimo lugar, y Florida el vigésimo, conforme a los datos recabados por el California Policy Lab.

La migración interna cuenta historias personales como la de Delmi Rocsana Ramírez, inmigrante guatemalteca que llegó hace nueve años a California.

Ramírez, según relató en La Opinión, se vio forzada a trasladarse a Utah junto a su esposo en enero de 2025 debido a que “el costo de la vida se volvió una barrera para nuestras aspiraciones”. La familia logró adquirir su primera vivienda en Utah, logro que Ramírez estimó inalcanzable de haber permanecido en California.

Por su parte, Yesica Campos narró al mismo medio su experiencia tras mudarse del barrio Sun Valley de Los Ángeles a Dallas, Texas, junto a su madre, esposo e hijos adultos. “Nunca pudimos comprar una casa en Los Ángeles ni uniendo los ingresos de todos. Decidimos venirnos a Dallas porque allá nunca íbamos a tener una casa propia, y las rentas subieron mucho”, explicó.

En Texas, Campos y su familia adquirió una vivienda de cuatro recámaras por USD 350.000 y, aunque Campos reconoce que los salarios son más bajos, considera que la vida diaria es más sostenible.

Propietarios que provienen de vecindarios acomodados pero en situación vulnerable

El informe dirigido por Brett Fischer, investigador del California Policy Lab, subrayó que los emigrantes californianos provienen cada vez más de barrios de altos ingresos, aunque muestran un mayor grado de vulnerabilidad financiera comparados con quienes permanecen.

En la última década, la proporción de quienes se mudan desde zonas acomodadas se incrementó en 19%. Además, presentan en promedio USD 5.500 más en deudas estudiantiles y puntajes de crédito 17 puntos inferiores a los de sus vecinos, según difundió La Opinión.

La reubicación no solo alivia los costos de vida inmediatos, sino que implica para los migrantes californianos, una mejora en acceso a la vivienda y una mayor estabilidad frente al endeudamiento, lo que redefine el mapa demográfico y económico del oeste de Estados Unidos.

En un clima marcado por el endurecimiento migratorio y las crecientes redadas en Estados Unidos, la frontera en Tijuana (México) sigue siendo testigo de un éxodo impulsado por la necesidad.

Miles de jornaleros mexicanos, con maletas y documentos en mano, se aglomeran diariamente cerca de la garita de San Ysidro con un solo objetivo: cruzar legalmente a territorio estadounidense para la temporada de pizca.

Provenientes en su mayoría de estados como Puebla, Guanajuato y Oaxaca, estos trabajadores se dirigen a los campos de California, Washington y Florida para recolectar alimentos como fresas, melocotón, lechuga y espárragos durante los próximos tres meses.

Un programa que sostiene al campo estadounidense

El antropólogo Víctor Clark Alfaro, profesor en la San Diego State University, explicó a EFE que este movimiento masivo se realiza a través de programas laborales temporales implementados en Estados Unidos desde hace varios años para cubrir la escasez de trabajadores en el área agrícola.

De acuerdo con el especialista, el número de jornaleros mexicanos bajo este esquema supera actualmente los 200 mil, cifra que revela el crecimiento sostenido de la demanda.

Clar Alfaro detalló que estos esquemas habilitan la estancia legal de los trabajadores por un periodo aproximado de tres meses durante la temporada de pizca o recolección agrícola. Una vez concluida esa temporalidad, los jornaleros regresan a México sin enfrentar complicaciones legales.

Endurecimiento migratorio e incremento de deportaciones impactan el sector agrícola estadounidense

Desde el arranque de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025, las redadas y restricciones al ingreso de migrantes indocumentados han generado un ambiente de temor (en particular en sectores como la agricultura) que provocó absentismo de mano de obra durante los primeros meses del nuevo gobierno, señaló Clark Alfaro a EFE. El especialista subrayó que esta situación encendió las alertas entre productores agrícolas de Estados Unidos.

“La falta de trabajadores comenzó a impactar incluso en los precios de los productos en los mercados”, expuso Clark Alfaro. El vacío de mano de obra llevó a que trabajadores indocumentados regresaran paulatinamente a las labores agrícolas para solventar sus necesidades económicas.

Según datos del consulado estadounidense en Tijuana, un promedio de 200 personas al día se presentan interesadas en integrarse a los programas laborales temporales, lo que evidencia tanto la presión migratoria como la vigencia del esquema legal para jornaleros.

Jornada legal, ambiente de incertidumbre y permanencia de la demanda

Quienes cuentan con permisos para laborar en Estados Unidos afrontan un escenario de incertidumbre, ya que el endurecimiento de las políticas y el aumento en la deportación afectan el ánimo y la seguridad de los trabajadores, sin distinguir plenamente entre aquellos en situación regular o irregular.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que 14 mexicanos han fallecido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés). Entre las acciones que realiza el gobierno mexicano, está el acompañamiento a las familias de las víctimas para repatriación de los cuerpos, respaldo económico para quienes han solicitado análisis forenses independientes e iniciaron acciones jurídicas en cortes estadounidenses.

Sin embargo, la jurisdicción mexicana está limitada y no permite entablar demandas penales.

Tucker Carlson reconoce perfil racial en redadas migratorias

Tucker Carlson, comentarista político estadounidense, en relación con el perfil racial en las redadas migratorias, Tucker Carlson manifestó que reconoce la existencia de discriminación contra los latinos en estos operativos. “La mayoría de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos son latinos”, expresó, aunque insistió en que rechaza cualquier forma de discriminación basada en el color de piel.

Sobre el debate migratorio en Estados Unidos, Carlson consideró que falta matiz en la discusión pública, señalando que la frontera suele presentarse como el principio y el final del problema, cuando en realidad “las causas de la migración responden a una realidad compleja en ambos lados (México y EEUU de la frontera”.

En un momento en que las redadas migratorias del Immigration and Customs Enforcement (ICE) generan miedo en comunidades latinas de todo Estados Unidos, el gobernador demócrata de Pennsylvania, Josh Shapiro, fue categórico en su entrevista con N+: su estado no tolerará esas tácticas y ya se lo dejó claro a las autoridades federales.

“Detener a la gente y pedirle sus documentos solo por hablar con acento o por tener la piel más morena que la mía es simplemente contra la ley", afirmó Shapiro, quien se postula a la reelección y es señalado como uno de los posibles aspirantes demócratas a la presidencia en 2028.

Pennsylvania como escudo: sin ICE, sin miedo

Shapiro explicó que ha trabajado directamente con las fuerzas del orden estatales para que las tácticas del ICE no lleguen a Pennsylvania. Su argumento no es solo humanitario, sino legal y estratégico:

• Las redadas destruyen la confianza entre las comunidades y las autoridades locales.
• Violan derechos constitucionales fundamentales de ciudadanos que respetan la ley.
• Afectan directamente la seguridad pública, porque la gente deja de reportar crímenes por miedo a ser detenida.

“No toleraremos esa ilegalidad. Si el ICE intenta hacer eso aquí, tendrá oposición de mi parte y de las fuerzas del orden estatales. Y hasta ahora les hemos dejado muy claro que no traigan eso acá, y no lo han hecho.”

600,000 latinos en juego —y Shapiro lo sabe

Pennsylvania tiene alrededor de 600 mil latinos elegibles para votar, una cifra que ningún político en ese estado puede ignorar. Shapiro reconoció que pasa tiempo significativo en comunidades puertorriqueñas, dominicanas, mexicanas y sudamericanas, y que el mensaje que recibe es consistente:

• Buenas escuelas y comunidades seguras
• Costos más bajos y oportunidades de empleo reales
• Protección frente a políticas federales que los criminalizan

Para el gobernador, conectar con el voto latino no es solo cuestión de retórica: es una prioridad política concreta de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

Trump, la guerra y el caos: sin filtro

Shapiro no se guardó nada respecto a la política exterior de la administración Trump. Criticó duramente la decisión de involucrarse militarmente en el conflicto con Irán, señalando que el bloqueo del Estrecho de Ormuz ya está impactando los precios de la gasolina en Pennsylvania —por encima de los cuatro dólares por galón— y que eso golpea directamente a familias y pequeñas empresas.

“Trump y su mano derecha son como dos niños de 8 años jugando con soldaditos de juguete. No creo que sepan lo que están haciendo.”

¿Candidato en 2028? Por ahora, no

Ante la pregunta directa sobre una posible candidatura presidencial, Shapiro esquivó sin cerrar la puerta del todo: dijo estar enfocado únicamente en su reelección y en convertir las elecciones de medio término en un referéndum nacional contra lo que llama el “caos, la crueldad y la corrupción” de Trump. Un no por ahora —y un quizás que muchos en el Partido Demócrata ya están leyendo entre líneas.

Josefina Dowbor tiene 27 años y es la primera argentina en competir por una concejalía en Londres. Nacida en el Reino Unido, creció en Luján, Buenos Aires. Hoy vive en la capital británica, donde es candidata por el Partido Verde en el municipio de Islington. De ganar, hará historia en la ciudad y marcará un precedente para la comunidad argentina en el Reino Unido.

En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, Josefina Dowbor relató que nació en Londres, pero un mes después sus padres regresó con sus padres a Argentina, país donde vivió su niñez. “Me crié toda mi infancia y adolescencia en el interior bonaerense. Recién a los 15 años viajé por primera vez a Londres y nunca perdí el vínculo con ese país”, detalló.

El contexto en el que se presenta es de intensa actividad política local, donde ciudadanos del municipio de Islington eligen representantes municipales y concejales. Dowbor destaca por la combinación de su origen argentino con el acceso a la nacionalidad británica, producto de su nacimiento.

“Cuando terminé la secundaria me mudé de nuevo para acá. Me interesé por la política y especialmente por los verdes, porque sus políticas me atraían. Finalmente, me anoté para ser candidata”, describió.

La campaña y la percepción en Londres

“La realidad es que Londres es una de las ciudades más multiculturales del mundo. Si hay un lugar donde una argentina puede ganar, es aquí, donde la diversidad es bienvenida”, aseguró Dowbor.

Explicó, sin embargo, que su candidatura generó rechazos en ciertos sectores. “Obviamente, también hay gente que piensa que estoy en algún complot internacional o argentino para tirar el gobierno británico abajo”, comentó entre risas. Después agregó: “Hay grupos de extrema derecha que me siguen en redes sociales hace años y publican todo lo que hago”.

Sobre sus posibilidades electorales, Dowbor sostuvo: “Las encuestas dicen que podemos salir primeros o segundos en Arsenal. Mucho dependerá de la campaña de este mes. El último mes es clave y depende de la organización. Aunque no ganemos en Arsenal, es muy posible que ganemos en otros lugares de Islington, porque los verdes somos la principal oposición al Partido Laborista, que ha controlado el distrito por décadas”.

Señaló que hay acuerdos con otros partidos: “Donde hay candidatos con políticas similares, no competimos entre nosotros. Eso también ayuda a tener más posibilidades de ganar”.

Identidad, tensiones y el tema Malvinas

Su doble condición de argentina y británica aparece tanto en la campaña como en los medios. “Londres es muy diversa, pero hay temas delicados. El 2 de abril surge todo el tiempo en las entrevistas. Como candidata local, no tengo poder sobre este conflicto, que además no fue resuelto. Si algún día estoy en una posición nacional, me gustaría ser parte de una solución diplomática. Por ahora trato de mantener un perfil bajo porque recibo ataques de grupos organizados de extrema derecha”, enfatizó.

A la pregunta sobre si la hostilidad proviene de su origen, responde: “Por ser argentina. Como argentina se pueden imaginar cuál es mi posición sobre Malvinas, pero tengo que tener cuidado de cómo digo las cosas en público. Al final la gente que me vota está acá. Es complicado: vengo de un país, pero represento a otro. Tengo que encontrar un equilibrio en mis posturas”.

Describe también la conversación pública en el Reino Unido sobre Malvinas: “No es un tema que se hable mucho. Si se comenta, es en términos generales sobre territorios internacionales y en discusiones sobre el imperialismo. Los grupos de izquierda o progresistas suelen oponerse a todos los territorios internacionales, no solo a Malvinas. Es un debate complejo y distante para el londinense común”.

Prioridades y propuestas en el municipio de Islington

Consultada sobre su primera propuesta en caso de ganar, Dowbor es concreta: “Tratar de ayudar en todo lo que tiene que ver con la vivienda. El problema número uno en Londres es el costo de vida, que afecta los alquileres y las propiedades. Para los jóvenes es imposible hoy comprar una casa sin un buen sueldo”.

Agrega que la mala calidad de los edificios es otro desafío: “Muchas propiedades son viejas y no estaban pensadas para las necesidades actuales. Hay problemas de humedad y calefacción. Los verdes queremos implementar políticas para resolver esto, aunque somos un partido minoritario, así que no todo se puede lograr”.

Sobre el acceso a la vivienda, resumió: “Proponemos construir más viviendas estatales, que sean más baratas o incluso gratuitas según el ingreso. Ya existen proyectos en marcha, pero hay que renovar el sistema porque la lista de espera puede ir de un año a cinco”.

Mirada sobre la Argentina desde Reino Unido

Cuando se le consulta cómo se ve al gobierno argentino desde Londres, su respuesta vuelve a ser directa: “En general, no está muy bien visto. La imagen de la política argentina es superficial desde el extranjero, como sería a la inversa. La manera en que Javier Milei se muestra en los medios hace que acá no lo tomen muy en serio. Por ejemplo, las imágenes de la motosierra durante la campaña fueron motivo de risa. Entre la diáspora argentina hay opiniones divididas, como en Argentina. Pero, en líneas generales, la opinión es mixta”.

Josefina Dowbor enfatizó que no deja de tomar mate y mantiene costumbres argentinas en Londres, incluso en el marco de una campaña electoral que puede convertirla en la primera argentina en ingresar al Concejo Municipal de la capital británica.

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El gobernador aclaró: “Nosotros nos abstuvimos. En nuestro partido considerábamos que había que hacer un estudio más profundo, por lo menos en nuestra provincia”. Y explicó que esta postura no constituía una oposición ni una adhesión automática, sino la necesidad de análisis: “No estamos ni a favor ni en contra, pero teníamos que estudiarlo más”.

Al explicar las razones detrás de la abstención, remarcó: “Sí vemos lados positivos que ratifican de alguna manera las potestades provinciales con el tema medioambiental, pero creíamos que necesitábamos un poco más de estudio y planteábamos un poco más de tiempo. No se llevó el debate un poco más de tiempo, entonces nos abstuvimos”.

Sobre la posibilidad de presiones desde el Gobierno nacional para que Neuquén acompañara la ley, Figueroa respondió: “No, es muy respetuoso. Nosotros somos un partido provincial independiente, solo tenemos ese horizonte, o al menos mi proyecto es solo ese horizonte”.

El gobernador insistió en la necesidad de cautela frente a legislaciones ambientales: “No podíamos tomar una posición sin tener todas las herramientas para evaluar si era favorable o no”. Añadió: “Considerábamos que había mitad de biblioteca para un lado, mitad para el otro”.

Vaca Muerta: el impacto concreto y el empleo

Durante la entrevista en Infobae a las Nueve, equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Figueroa detalló la compleja realidad social, económica y política en torno a Vaca Muerta, el empleo y la migración en Neuquén.

Consultado sobre la imagen de Vaca Muerta como motor de crecimiento, Figueroa diferenció la realidad: “Muchas veces desde acá se mira que Vaca Muerta es como una lámpara de Aladino, que uno la frota y sale riqueza. Y es muy distante a todo eso. Vaca Muerta es una roca, es una condición necesaria, pero no suficiente”.

Explicó que el desarrollo no es automático: “Hay que armar muchas otras cosas para que un proyecto económico pueda ser exitoso: sustentabilidad social, cuidado ambiental y ser muy respetuoso en la planificación, con lo cual no nos sobra trabajo”.

En cuanto al aporte económico de Vaca Muerta, remarcó: “El derrame de la coparticipación llega a todos lados, porque de todo lo que ganan las empresas, el 52,66% se reparte al resto de las provincias, por un coeficiente de coparticipación, por todos los impuestos nacionales. A Neuquén ahí le toca solo el 1,72 %”.

Y sobre inserción laboral y migración, Figueroa precisó la importancia de la formación: “Para que alguien pueda acceder a trabajo en Vaca Muerta se tiene que formar. Nosotros tenemos un instituto, que es el más moderno del mundo, que hemos creado con la industria, estamos muy orgullosos, pero requiere mucha formación”.

Y en cuanto a las prioridades de gestión, el gobernador expresó: “Estamos focalizados en sacar gente del desempleo, neuquinos, sacar gente de la pobreza, neuquinos, llevar servicios a la gente de Neuquén, porque vivíamos muchas injusticias. Cuando asumimos, por ejemplo, Añelo, que es uno de los lugares donde Vaca Muerta produce, no tenía gas natural”.

Al referirse a la presión migratoria, aportó cifras: “En el año 2025 nacieron 6000 chicos en Neuquén y tuvimos 21 mil migrantes. Es una provincia que recibe con los brazos abiertos, pero hay que ser muy prudentes, hay que formarse, no se puede ir sin trabajo a Neuquén". Y amplió: “Si llegan con trabajo, pueden trabajar. El tema es si llegan sin trabajo, porque pasa a ser una persona que también tiene necesidades en un determinado lugar”.

Coparticipación, infraestructura y políticas públicas

Al referirse a la gestión provincial de infraestructura y recursos, el gobernador afirmó: “Cuando disminuyó el precio del petróleo, disminuimos los costos y empleados, lo pensamos como si fuese una empresa, disminuimos un 87 %, gastos innecesarios y comenzamos a buscar financiamiento inteligentemente”, aseveró.

Y detalló sobre el impacto fiscal: “El 15 % de nuestros recursos es coparticipación federal. Del resto, la mitad es regalías y la otra mitad es recaudación propia”.

En relación a la obra pública, Figueroa sostuvo: “Estamos repavimentando la mitad con el Estado y estamos haciendo 850 kilómetros de rutas nuevas, muchas en la cordillera para promocionar el turismo”.

Y enfatizó el perjuicio de la reforma impositiva: “Al restablecer el impuesto a las ganancias, la renta de la cuarta categoría, los trabajadores patagónicos eran los que terminaban aportando y la devolución es la mitad. El dinero circulante fluía hacia otros lugares. Le pedimos que no apoye la parte tributaria porque nos castigaba a Neuquén y a todos los patagónicos”.

Sobre el voto de la ex legisladora neuquina Luclla Crexell, postulada como embajadora en Canadá, fue enfático: “Terminó votando completa esa ley, incluso el paquete tributario, que nos lastimó. Hoy cada trabajador tiene que pagar el impuesto a las ganancias y el circulante nos castiga porque no queda en la provincia, me parece incongruente para los neuquinos”.

El gobernador concluyó con una reflexión acerca del papel de Neuquén en el país: “Es la primera vez que somos una pata fundamental para el crecimiento de la Argentina. Entonces, si a Neuquén le va bien, estamos convencidos que vamos a ayudar a la Argentina y hemos tomado esto como un desafío generacional”.

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó la importancia de la cooperación entre ambos países para combatir el tráfico de personas, a propósito del caso de Daniel Zavala Ramos, traficante de personas originario de Guatemala.

En sus canales oficiales, Johnson afirmó que la coordinación binacional ha permitido salvar vidas y desmantelar redes criminales dedicadas a esta actividad.

Daniel Zavala Ramos admitió su participación en un esquema de tráfico vinculado a un accidente de tractocamión, donde viajaban al menos 160 migrantes en Chiapas. En el incidente murieron más de 50 personas y más de 100 resultaron heridas.

Johnson advirtió que estos hechos evidencian el riesgo al que los migrantes son expuestos por parte de las redes de tráfico.

Coordinación bilateral bajo liderazgo de ambos países

El embajador señaló que la cooperación impulsada por los gobiernos de México y Estados Unidos, con el respaldo de sus respectivos presidentes, ha facilitado la desarticulación de estas operaciones y el fortalecimiento de la protección fronteriza.

El embajador insistió en que la acción conjunta es fundamental para evitar tragedias y frenar a los grupos criminales que lucran con la migración.

Los informes oficiales sobre el caso, publicados el pasado 7 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también destacan la cooperación del gobierno de Guatemala para detener a Dany ZR y extraditarlo.

Dany ZR reconoció su implicación en el accidente que dejó más de 50 migrantes muertos

Daniel Zavala Ramos, conocido como Dany ZR, admitió ante autoridades de Estados Unidos su participación en la red de tráfico de personas que derivó en la volcadura de un tráiler y la muerte de más de 50 migrantes en Chiapas, el 9 de diciembre de 2021.

El 7 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zavala Ramos, de 42 años, se declaró culpable de conspirar para introducir ilegalmente a migrantes en ese país. Las autoridades estadounidenses acusaron que puso en riesgo la vida de las personas traficadas, causó lesiones graves y derivó en la muerte de decenas de ellas.

Las investigaciones acreditaron que la red trasladaba tanto adultos como menores no acompañados bajo condiciones que resultaron fatales.

Documentos judiciales en Estados Unidos señalan que Zavala Ramos y sus cómplices reclutaban migrantes en Guatemala y organizaban su traslado a través de México hasta la frontera con Estados Unidos, cobrando sumas de dinero por el servicio e instruyendo incluso a menores sobre qué decir si eran detenidos.

El 9 de diciembre de 2021, la red organizó el traslado de más de 160 migrantes en un tráiler sobrecargado, que volcó en Chiapa de Corzo. El accidente dejó al menos 56 personas muertas y más de 100 heridas.

La tragedia evidenció los riesgos del tráfico de personas y la capacidad de las redes criminales para coordinar operaciones de gran escala.

De acuerdo con un reportaje de The Atlantic, el 4 de febrero de este año, en el Pearl Theater de Las Vegas, algo inusual interrumpió una pelea de lucha libre profesional: la multitud comenzó a corear, de forma espontánea y sostenida, “Fuck ICE”. La transmisión iba en vivo por TBS, sin censura.

El hombre en el centro del ring era Brody King, un luchador imponente de 6 pies 5 pulgadas, cubierto de tatuajes y conocido tanto por sus llaves como por sus posturas políticas. King ha luchado en México portando una playera de “Abolish ICE” y ha recaudado fondos para organizaciones de apoyo a migrantes. Esa noche, según The Atlantic, “lució como Popeye después de tomarse su lata de espinacas”, listo para pelear contra algo más grande que su rival en el ring.

¿Qué tiene que ver México con todo esto?

Mucho. La lucha libre profesional tiene una raíz profundamente latinoamericana, y King lo sabe. The Atlantic documenta que el luchador se ha presentado en el Arena México portando mensajes contra las redadas migratorias, en un gesto que no pasa desapercibido para los aficionados de este lado de la frontera.

La conexión es directa: miles de mexicanos y latinos en Estados Unidos han sido afectados por las políticas agresivas de deportación del gobierno de Trump. Que un luchador estadounidense lleve esa bandera —literalmente en su ropa— dentro de uno de los recintos más icónicos de la lucha libre mexicana, convierte al ring en algo más que entretenimiento.

Una audiencia que no se queda callada

Lo que hace poderosa esta historia, según The Atlantic, es que los fans de la lucha libre no son espectadores pasivos. Son parte del espectáculo. En St. Paul, Minnesota —una de las ciudades más afectadas por las redadas del ICE— la gente fue a la función con playeras de “Abolish ICE” y con historias personales a cuestas.

Un aficionado identificado como John le contó al medio que un conocido suyo, “un hombre de familia con hijos y trabajo”, había sido detenido y golpeado por agentes del ICE. Otro, Brandon Bjerke, trabajaba en el suburbio donde una fotografía viral mostró a un niño de 5 años siendo detenido por la agencia.

El final que nadie transmitió

La noche en St. Paul terminó con un sabor agridulce. King salió al final, intervino para apoyar al héroe y los gritos de “Fuck ICE” retumbaron con más fuerza que nunca. Pero para entonces, la transmisión en vivo ya se había cortado. Nadie fuera de la arena lo presenció.

The Atlantic sugiere que AEW optó por restringir ese momento al público presente, evitando que llegara a la audiencia nacional. Más que un descuido, parece una forma de contener el mensaje, como si la verdadera resistencia sólo pudiera expresarse fuera del alcance de las cámaras.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reafirmó su propuesta de establecer un corredor humanitario a través de Perú para expulsar a los inmigrantes indocumentados que permanecen en territorio chileno, una medida que, según expertos, enfrenta serias dificultades de implementación si no existe coordinación regional.

La postura del mandatario se hizo pública tras mantener reuniones bilaterales, donde expresó su intención de avanzar gradualmente con el plan, según informó 24 Horas. La declaración de Kast ha generado diversas reacciones en el ámbito diplomático y académico.

Óscar Vidarte, internacionalista consultado por 24 Horas, señaló que la iniciativa requiere un nivel elevado de cooperación entre varios países para que resulte viable.

“El primer problema, y creo que el más importante, es que requiere un nivel de coordinación muy importante entre varios países. Es decir, Chile no lo puede hacer solo. Necesita coordinar con Perú, con Ecuador, con Colombia, pero también con Venezuela, que es el país que finalmente va a recoger o va a recibir a todos estos migrantes", precisó el experto.

Vidarte explicó que el desafío logístico no solo recae en la organización de los traslados, sino en la distribución de los costos asociados: “En términos logísticos hay un costo importante por realizar y que debería, pues, de alguna manera dividirse entre todos los países implicados, en mayor o menor medida”.

Diferencias sobre el alcance

La propuesta del jefe de Estado chileno ha sido objeto de debate respecto de quiénes serían los sujetos de la expulsión. Miguel Rodríguez Mackay, excanciller peruano, destacó a 24 Horas que la prioridad de la política migratoria debe enfocarse en regularizar la situación de los migrantes y no en expulsar masivamente a quienes han huido de situaciones extremas.

“No necesita expulsar a los venezolanos que ya se encuentran o, en general, a los migrantes. Hay que empadronarlos y circunscribir la política migratoria a una realidad concreta, que son venezolanos en su inmensa mayoría, que salieron por la dictadura, pero que estoy persuadido que van a querer volver a su país”, sostuvo Mackay.

Desde esta perspectiva, el excanciller peruano propone empadronar a los migrantes para facilitar su eventual retorno voluntario y no para forzar su salida. “La idea es empadronarlos, no para sacarlos, sino para coadyuvar, ayudar a que puedan volver a su país”, expresó.

Riesgo de tensiones

De acuerdo a los expertos, la propuesta de Kast podría desembocar en un impasse diplomático, especialmente frente a la negativa de Perú a aceptar un alto número de migrantes expulsados desde Chile.

La historia reciente muestra que el gobierno peruano ha respondido a situaciones similares con el cierre y militarización de su frontera, lo cual ha dejado a numerosos migrantes en condiciones de vulnerabilidad.

“¿Qué va a hacer Perú ante eso? Pues probablemente haga lo que ha hecho en otras ocasiones, y es simplemente cerrar su frontera y militarizarla, dejando, pues, a los migrantes expuestos al frío, al clima”, explicó Óscar Vidarte.

Añadió que muchos de los migrantes que podrían ser expulsados no cuentan con documentos en regla, lo que imposibilita su ingreso a territorio peruano. “Muchos son migrantes, no tienen ni siquiera pasaporte para poder entrar al Perú, no tienen visa para poder entrar al Perú”, precisó el internacionalista.

Distinción entre migrantes y delincuentes

El exministro peruano Miguel Rodríguez Mackay subrayó la importancia de diferenciar entre migrantes en situación irregular y personas implicadas en delitos.

“Los que sí deben salir, los que sí hay que expulsar, los que sí hay que deportar no son a los de la migración irregular, sino a los delincuentes, a los malsanos criminales que probadamente, determinadamente, aquí en el Perú, por la justicia y deben ser expectorados del país”, afirmó.

En el marco de sus recientes encuentros con líderes regionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, José Antonio Kast reiteró su determinación de proseguir con su plan de expulsión de inmigrantes indocumentados a través de un corredor humanitario.

La detención de Annie Ramos, una joven hondureña de 22 años, en una base militar de Luisiana por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado inquietud sobre la situación de las familias de militares en Estados Unidos. La joven fue arrestada cuando intentaba completar un trámite migratorio como cónyuge de un sargento del Ejército estadounidense.

El 2 de abril, Ramos acudió junto a su esposo, el sargento primero Matthew Blank, de 23 años, a las instalaciones de Fort Polk para registrarse como esposa de militar, un proceso que le permitiría acceder a beneficios médicos y avanzar en su solicitud de residencia.

Sin embargo, el sistema de seguridad de la base detectó una orden de deportación pendiente. Minutos después, agentes de ICE detuvieron a Ramos frente a su esposo y su suegra, Jen Rickling.

La orden de deportación data de abril de 2005, cuando Ramos, nacida en Honduras, tenía 20 meses de edad y fue llevada a Estados Unidos.

Según la abogada Jessie Schreier, la joven no asistió a una audiencia migratoria siendo menor de edad, lo que derivó en una orden judicial de expulsión.

Desde entonces, Ramos ha residido en el país, donde estudia bioquímica, ejerce como maestra de escuela dominical y es becaria de la organización TheDream.US.

Según el medio CBS, Ramos cumple los requisitos para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aunque su solicitud permanece sin resolución debido a la suspensión de nuevos trámites. La joven ha manifestado que su vida entera se ha desarrollado en EE.UU, país en el que considera estar plenamente integrada.

Ante este panorama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación de ICE argumentando que la administración actual prioriza el cumplimiento estricto de la ley.

Un portavoz señaló a CBS que cualquier persona con una orden final de deportación es considerada prioridad para detención. “Esta administración no va a ignorar el estado de derecho”, afirmó el funcionario, citado por el medio.

Voces expertas han criticado el endurecimiento de los procedimientos. La teniente coronel retirada Margaret Stock, especialista en derecho militar e inmigratorio, explicó al medio que en otras administraciones se facilitaban vías de regularización para cónyuges de militares. “La estabilidad familiar es esencial para la operatividad de las tropas”, puntualizó Stock.

Consecuencias emocionales y debate público: la familia militar, en el centro de la polémica

El impacto de la detención de Ramos trasciende el ámbito legal. Según la directora de TheDream.US, Gaby Pacheco, la situación afecta directamente la moral de los soldados. “La detención de una estudiante de bioquímica casada con un sargento no nos hace más seguros; debilita a una familia militar”, declaró Pacheco.

Actualmente, Ramos permanece recluida en un centro de detención de ICE en Basile, Luisiana. Su esposo intentó visitarla para completar la documentación relacionada con la residencia, pero le fue negado el acceso.

La madre del sargento, Jen Rickling, ha solicitado públicamente una respuesta basada en los valores fundacionales del país. “Mi hijo y mi nuera deberían poder construir sus vidas juntos aquí, en una nación a la que mi hijo está tan comprometido a servir”, abogó.

El caso de Annie Ramos ha reavivado el debate sobre la compatibilidad entre la aplicación estricta de las leyes migratorias y la protección de las familias militares. El desenlace de este proceso legal será observado de cerca por organizaciones de derechos humanos y asociaciones militares, al considerarse un test para medir el alcance y la flexibilidad del sistema actual.

El sargento Blank, quien se prepara para un nuevo despliegue en el extranjero, declaró a los medios internacionales que se mantendrá junto a su esposa. “Estaré a su lado, sin importar lo que cueste”, expresó el militar. El futuro de Ramos permanece incierto, dependiendo de la resolución judicial y de la posibilidad de intervención de autoridades federales o legisladores.

Panamá aprobó un nuevo protocolo de actuación en puestos de controles migratorios terrestres, una herramienta que busca ordenar, estandarizar y fortalecer los procedimientos que aplican las autoridades frente al ingreso, tránsito y permanencia irregular de personas en el país, en un contexto marcado por el aumento de flujos migratorios por rutas como Darién.

El documento fija como objetivo principal uniformar los procedimientos en campo, reducir la discrecionalidad de los agentes y garantizar trazabilidad en cada intervención, obligando a que todo caso sea tratado bajo criterios técnicos, administrativos y legales previamente definidos, lo que fortalece el control y disminuye errores operativos.

Uno de los puntos más importantes es que el protocolo establece un procedimiento paso a paso cuando un funcionario detecta a una persona sin estatus migratorio regular, iniciando con la interceptación, identificación inmediata y verificación documental, seguido de la consulta en bases de datos nacionales e internacionales para confirmar identidad, alertas o antecedentes.

Tras esta verificación, el funcionario está obligado a realizar un registro formal del caso, que incluye la toma de datos personales, biometría y levantamiento de un informe administrativo, lo que permite que cada intervención quede documentada y pueda ser auditada posteriormente por las autoridades.

El protocolo también establece que, una vez confirmada la irregularidad, se debe proceder con la notificación formal al migrante sobre su estatus y las medidas que podrían aplicarse, garantizando el debido proceso administrativo, lo que incluye el derecho a conocer la falta y las posibles consecuencias.

En cuanto a sanciones, el documento no fija nuevos montos, sino que deja claro que los funcionarios deben aplicar las multas establecidas en la legislación migratoria vigente en Panamá, las cuales dependen del tipo de infracción, como permanencia vencida, ingreso irregular o reincidencia, evitando así interpretaciones arbitrarias en campo.

Estas multas forman parte de un esquema que busca desincentivar la permanencia irregular, pero el protocolo enfatiza que su aplicación debe estar debidamente sustentada en el expediente administrativo levantado por el funcionario, lo que introduce un mayor nivel de control institucional sobre las decisiones.

En los casos más graves, el protocolo detalla que los funcionarios deben iniciar el proceso administrativo para la deportación o expulsión del país, especialmente cuando se trata de personas que ingresaron evadiendo controles, representan un riesgo o reinciden en faltas migratorias, activando procedimientos más estrictos.

Este proceso incluye la remisión del caso a las instancias competentes dentro del Servicio Nacional de Migración, donde se evalúa la medida a aplicar, garantizando que la decisión no quede únicamente en el punto de control, sino que pase por un proceso administrativo estructurado

El protocolo también define la obligación de los funcionarios de coordinar con otras entidades de seguridad, como el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, especialmente en situaciones donde se detecten posibles delitos, lo que refuerza el enfoque interinstitucional del control migratorio.

Otro elemento clave es que se incorporan lineamientos para el manejo de poblaciones vulnerables, obligando a los funcionarios a activar protocolos diferenciados en casos de menores de edad, mujeres embarazadas o personas en condición de riesgo, evitando actuaciones que puedan vulnerar derechos fundamentales.

Además, se establece que toda actuación debe cumplir con criterios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos, lo que limita el margen de actuación de los agentes y reduce riesgos de abusos o procedimientos incorrectos en terreno.

El protocolo también introduce una mejora relevante en términos de inteligencia migratoria, ya que obliga a la sistematización de la información recolectada, lo que permitirá identificar patrones, rutas y comportamientos, fortaleciendo la toma de decisiones a nivel estratégico.

En términos operativos, el cambio más importante es que se elimina la improvisación: ahora los funcionarios deben seguir una ruta clara de actuación desde la detección hasta la resolución del caso, lo que convierte el control migratorio terrestre en un proceso más técnico y menos reactivo.

Con esta medida, Panamá busca fortalecer su capacidad de control en puntos terrestres clave, alineando su actuación con estándares internacionales, pero también respondiendo a una realidad local donde el país se ha convertido en un corredor migratorio de alta presión en la región.

¿Qué dicen los números?

Durante el año 2025, Panamá registró un total de 1,349 extranjeros detenidos por infracciones a la legislación migratoria, evidenciando un flujo constante de casos a lo largo de los doce meses, con picos como 186 detenciones en enero y 139 en marzo, lo que refleja una presión sostenida sobre los sistemas de control en puntos terrestres y operativos internos.

Al analizar las causales, el principal motivo de detención fue la condición de indocumentado o irregular, con 476 casos, seguido por estadía vencida con 400 registros y el ingreso irregular al país con 335 casos, lo que confirma que el fenómeno migratorio en Panamá no solo responde al tránsito, sino también a permanencias fuera del marco legal .

En cuanto a las nacionalidades, los datos muestran una clara concentración en países de la región, encabezados por Colombia con 677 personas detenidas, seguido por Nicaragua con 170 casos y Venezuela con 108, mientras que también se registran flujos más pequeños pero relevantes desde países extracontinentales como Camerún, Nepal e India, lo que evidencia la diversidad del perfil migratorio .

Otro elemento clave es la distribución por género, donde el 84% de los detenidos fueron hombres frente a un 16% de mujeres, así como la concentración por edades, con mayor incidencia en los rangos de 28 a 37 años (481 casos) y 18 a 27 años (394 casos), lo que indica que se trata principalmente de población en edad productiva .

Para el año 2026, aunque las cifras corresponden únicamente a los primeros dos meses, ya se contabilizan 222 extranjeros detenidos, con una fuerte concentración en enero con 147 casos, lo que sugiere que la dinámica migratoria se mantiene activa desde el inicio del año, sin señales de reducción significativa .

En este período, la principal causal cambia ligeramente, destacando la rebaja de pena con 102 casos, seguida por el ingreso irregular al país con 46 registros y la estadía vencida con 45 casos, lo que introduce un componente distinto vinculado a personas que ya estaban dentro del sistema penal o administrativo .

En cuanto a las nacionalidades en 2026, se mantiene la tendencia regional con Colombia liderando con 143 casos, seguido por Nicaragua con 29 y Venezuela con 28, lo que confirma la continuidad de los principales países de origen observados el año anterior, aunque con volúmenes menores por tratarse de un periodo parcial .

Finalmente, la composición demográfica también se mantiene estable, con un predominio de hombres que representan el 85% de los casos frente a un 15% de mujeres, y una mayor concentración en edades entre 28 y 47 años, lo que refuerza el perfil de población adulta joven que caracteriza los flujos migratorios detectados en el país.

Por primera vez desde que existen registros, un grupo de grullas trompeteras, una de las aves más amenazadas de América del Norte, permaneció durante todo el invierno en el Salt Plains National Wildlife Refuge de Oklahoma, interrumpiendo su tradicional migración hacia las costas de Texas y marcando un potencial cambio en los patrones de movilidad de la especie, según el U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS).

Durante el invierno reciente, una bandada compuesta por seis adultos y dos juveniles fue observada en diversas ocasiones en el refugio mediante el conteo anual impulsado por la National Audubon Society, conocido como Christmas Bird Count.

Glen Hensley, biólogo de vida silvestre del Salt Plains National Wildlife Refuge, indicó que la última vez que se avistaron las grullas antes de este registro fue el 3 de enero.

Hasta ese momento, nunca se había documentado que ejemplares de esta especie permanecieran en Oklahoma más allá de diciembre: históricamente, todos partían hacia el Aransas National Wildlife Refuge en Texas antes del Año Nuevo, según el USFWS.

La permanencia invernal desafía una tradición migratoria de 100 años

El registro de este comportamiento no es un hecho aislado en Oklahoma. Según Kevin McAbee, coordinador nacional de la especie en el USFWS, la expansión en el uso de hábitats durante el invierno se volvió más frecuente conforme la población de grullas trompeteras crece. McAbee afirma: “Cada año estas grullas trompeteras parecen hacer algo que no habíamos observado en los últimos 100 años”.

Históricamente, en 1941 solo se contabilizaban 14 adultos y dos juveniles de grulla trompetera en estado silvestre en Texas. A partir de programas de conservación y alianzas para proteger hábitats clave en las Grandes Llanuras Centrales de Estados Unidos, la población actual supera los 550 individuos. Monitoreos realizados en la última década constatan un incremento de aves invernando tierra adentro, a más de 48 km de su zona estuarina habitual en la costa texana, incluso permaneciendo durante veranos completos en la región.

Un episodio climático extremo puso a prueba la adaptabilidad de las grullas este invierno. En enero, una masa de aire ártico provocó temperaturas bajo cero y cerca de 20 centímetros de nieve en Oklahoma.

Biólogos como Hensley esperaban que estas condiciones forzaran al grupo a reanudar el viaje hacia el sur. Al mejorar el clima, las aves continuaron alimentándose en su campo preferido.

La restauración y manejo de hábitats amplían la resiliencia de la especie

Salt Plains National Wildlife Refuge fue designado en 1978 como hábitat crítico para la especie y desempeñó un papel central en su recuperación. Entre las acciones de manejo se destaca la eliminación sistemática de especies invasoras, como el salt cedar, un arbusto adaptado a suelos salinos que amenaza la vegetación nativa y la integridad del ecosistema, según el USFWS.

Los campos abiertos y salitrales del área ofrecen condiciones favorables para las grullas, que evitan zonas con vegetación densa y presencia potencial de depredadores.

El refugio implementa quemas prescritas de hasta 600 hectáreas anuales para restaurar pastizales e incentivar la aparición de alimentos vegetales preferidos por las grullas. Matt Rabbe, biólogo encargado del registro y análisis de avistamientos, destaca que los reportes voluntarios permiten ajustar las recomendaciones para proyectos de manejo y conservación de hábitats de la especie.

La red de humedales y pastizales del Central Flyway, el corredor migratorio reconocido a nivel internacional que conecta las praderas de Canadá con el Golfo de México, es indispensable para el éxito migratorio de la grulla trompetera y otras especies. Estas aves requieren humedales y lugares de forrajeo cada 300 kilómetros aproximadamente, lo que convierte a zonas como Salt Plains en refugios ecológicos relevantes en el trayecto.

Expansión de los límites ecológicos de la grulla trompetera

La tendencia a permanecer en hábitats más septentrionales o interiores durante el invierno, según el USFWS, refleja la flexibilidad y resistencia crecientes de la especie. Esta diversificación en los enclaves para invernar disminuye el riesgo de dependencia de unos pocos sitios vulnerables a cambios ambientales o eventos climáticos extremos.

Shane Kasson, director del Salt Plains National Wildlife Refuge, afirma: “Esto nos dice que estamos en el camino correcto, que proveemos el hábitat adecuado para ellas, y es una validación para nuestro trabajo”. La observación constante de voluntarios y científicos ciudadanos, que reportan avistamientos todo el año, nutre la base de datos y contribuye a mejorar la toma de decisiones para la conservación de la especie.

La grulla trompetera sigue migrando en primavera hacia su área de reproducción en el Wood Buffalo National Park en Canadá y evidencia una fuerte capacidad de retorno a los mismos sitios cada año, fenómeno que según USFWS es conocido como fidelidad de sitio. El personal técnico del refugio se mantiene atento para registrar si estos 8 ejemplares, u otros, repiten la permanencia invernal en Oklahoma tras el verano.

Vigilancia comunitaria y directrices para la observación responsable

El USFWS señala que cualquier persona puede contribuir a la comprensión y recuperación de las grullas trompeteras mediante reportes de avistamientos. No obstante, enfatiza no acercarse a menos de 400 metros, debido a que son animales susceptibles al sobresalto.

El procedimiento para informar avistamientos varía por estado y puede consultarse en el sitio web del departamento de vida silvestre local.

Antes de que saliera el sol, Andrea García ya estaba despierta. No era por voluntad propia. Era porque alguien tenía que despertar a sus cinco hermanos, prepararles el desayuno, llevarlos a la escuela y pagar las cuentas del mes.

Hace apenas unos meses, Andrea tenía planes: su propio departamento, su propia vida, quizás encontrar pareja. Tenía 22 años. El mundo estaba por delante. Luego llegó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La madrugada que destruyó una familia

El 9 de enero de 2026, agentes del ICE irrumpieron en la casa familiar en Donna, Texas, mientras algunos de los niños todavía dormían. Se llevaron a Julio Orosco y Lucero Garza, padres de seis hijos, migrantes mexicanos que cruzaron la frontera siendo jóvenes... buscando una vida digna.

La madre fue deportada a México. El padre permanece detenido. Sus seis hijos no fueron expulsados. Todos nacieron en suelo americano. Todos tienen ciudadanía. Pero esa noche aprendieron que un papel no protege de todo.

The New York Times documentó su historia el pasado 5 de abril, y desde entonces no ha dejado de circular en redes sociales alrededor del mundo.

Crecer de golpe, sin pedirlo

Lo que siguió fue brutal en su cotidianidad. Sin drama. Sin discursos. Solo seis jóvenes aprendiendo a sobrevivir:

• Andrea, de 22 años, trabaja limpiando casas y llega su hogar a hacer de comer.
• Humberto, de 21, pospuso su boda y se fue a Dallas a cortar árboles para mandar dinero.
• Ana, 20, soñaba con estudiar derecho penal. Ya no puede: “Nos trataron como si fuéramos los peores criminales. No puedo ser parte de eso”.
• Juan, de 17, se entierra en los libros y no habla de lo que pasó
• Lucero, de 15, la niña de papá, sigue alimentando sola las gallinas del patio que cuidaban juntos cada mañana.
• Jorge, de 11 años, el más pequeño, llegaba de la escuela corriendo y hablando sin parar. Ahora llega en silencio, se sienta en el sofá y abraza a su perro.

“Nuestros hijos tienen que criarse solos. No tenemos a nadie más. Tienes que crecer rápido”, le dijo Andrea a The New York Times.

No son los únicos. Están lejos de serlo

La historia de esta familia tiene miles de versiones a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Familias de estatus migratorio mixto: padres mexicanos sin documentos, hijos con pasaporte americano, vidas construidas entre dos idiomas y dos países.

Según datos citados por The New York Times, bajo la política migratoria de la administración Trump, algunas zonas fronterizas han registrado más de 5,300 arrestos mensuales del ICE en lo que va de 2026. Además, al menos 13 migrantes mexicanos han muerto bajo custodia del ICE o durante operativos de detención en el mismo periodo. En varios casos, se señala la falta de atención médica como causa, mientras que otros fallecimientos permanecen en investigación. Sus nombres rara vez aparecen en los titulares.

Una carta desde el otro lado

En la casa de Donna todavía están los medicamentos del padre encima del refrigerador. La insulina para la diabetes. Las pastillas para la presión. Nadie los ha movido.

De vez en cuando llega una carta desde México. La última decía:

“Los amo mis hijos. I love you, my children.”

Ana la leyó en silencio, de pie frente al altar familiar decorado con figuritas de ángeles y santos.

“Ya no tenemos padres”, dijo Andrea. “Al menos no ahora. Y tal vez nunca.”

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha avalado la expulsión de España de un hombre identificado en la sentencia como Marcial, un ciudadano marroquí en situación irregular que alegó haber sido identificado por la Policía por motivos raciales. La Sala rechaza ese argumento y confirma tanto la expulsión como la prohibición de entrada en el espacio Schengen durante un año.

El caso arranca con una intervención policial en la vía pública en Valladolid. Los agentes requirieron la identificación de este hombre, que carecía de documentación y no pudo acreditar su situación administrativa en España. A partir de ese momento se inició el procedimiento de expulsión, que culminó con una resolución de la Subdelegación del Gobierno que acordó su salida del país y le impuso una prohibición de entrada de dos años.

El afectado recurrió la decisión ante los tribunales. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valladolid confirmó la expulsión, aunque redujo la prohibición de entrada a doce meses. Disconforme, el recurrente acudió al TSJ, donde trató de anular toda la actuación administrativa.

Su principal argumento fue que todo el procedimiento estaba viciado desde el inicio. Sostuvo que la identificación policial había sido ilegal por responder únicamente a su aspecto físico —color de piel y rasgos—, lo que, a su juicio, suponía una actuación discriminatoria. De ahí derivaba, según su tesis, la nulidad de todo el expediente sancionador posterior.

La identificación policial no fue discriminatoria

El tribunal aborda en primer lugar esa cuestión y la descarta de forma tajante. La sentencia recuerda que la legislación de seguridad ciudadana permite a los agentes requerir la identificación de personas en la vía pública, especialmente en el ámbito de control de extranjería.

En este sentido, la Sala subraya que los ciudadanos extranjeros están obligados a portar y exhibir documentación que acredite su identidad y su situación legal en España. Por tanto, el hecho de que la Policía solicitara la identificación a un extranjero no convierte automáticamente la actuación en discriminatoria.

El recurrente intentó apoyarse en un informe policial para sostener que existía un sesgo en este tipo de controles, pero el tribunal considera que ese documento no permite concluir que la actuación concreta respondiera únicamente a motivos raciales. Incluso en el hipotético caso de que hubiera una mayor proporción de identificaciones a extranjeros, eso no bastaría por sí solo para acreditar una discriminación individualizada.

La detención y el inicio del expediente

Otro de los pilares de la defensa fue cuestionar la legalidad de la detención, al entender que no se había seguido el procedimiento adecuado. Sin embargo, el tribunal también rechaza este planteamiento.

La Sala recuerda que la legislación de extranjería permite la detención cautelar en el marco de un procedimiento de expulsión, siempre con límites temporales. Además, la normativa de seguridad ciudadana autoriza a trasladar a una persona a dependencias policiales cuando no puede ser identificada en el momento, durante el tiempo estrictamente necesario.

En este caso, los magistrados consideran que la actuación fue conforme a derecho: el hombre se encontraba indocumentado y sin autorización para permanecer en España, lo que justificaba la intervención policial y el inicio del expediente sancionador.

Entrada irregular y expulsión

El núcleo del asunto, desde el punto de vista jurídico, se centra en la procedencia de la expulsión. La defensa alegó que no existían pruebas de una entrada ilegal en territorio Schengen, ya que el afectado había explicado que accedió por Grecia, pasando por Turquía y otros países antes de llegar a España.

Sin embargo, el tribunal considera que esa versión carece de respaldo probatorio. No se aportó ningún documento que acreditara esa trayectoria ni la existencia de un visado o autorización de entrada.

La Sala parte de un hecho clave: la estancia irregular del recurrente. Al no disponer de documentación válida ni constar una entrada legal en el espacio Schengen, se presume que su permanencia en España es irregular desde el inicio. Esa situación encaja en la infracción prevista en la Ley de Extranjería, que puede sancionarse con multa o con expulsión. La diferencia depende de la existencia de circunstancias agravantes.

En este caso, el tribunal aprecia una de ellas: la falta de datos sobre cuándo, cómo y por dónde entró en territorio Schengen. Esa ausencia de información, unida a la carencia de visado —obligatorio para ciudadanos marroquíes—, permite justificar la expulsión en lugar de una simple multa.

Sin arraigo ni medios económicos

La sentencia también analiza la duración de la prohibición de entrada, que el recurrente pretendía reducir a un mes o, como máximo, a seis. Sin embargo, la Sala mantiene el año fijado en primera instancia. Para ello tiene en cuenta varias circunstancias: la falta de arraigo familiar o sociolaboral en España, la inexistencia de medios económicos acreditados y el incumplimiento de los requisitos para obtener una residencia legal.

Estos elementos refuerzan la proporcionalidad de la medida, según el tribunal, que entiende que la sanción impuesta se ajusta a la gravedad de la situación administrativa del afectado.

Con todos estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia desestima íntegramente el recurso y confirma la sentencia anterior, que ya había avalado la expulsión. Además, impone las costas del proceso al recurrente, fijando un límite máximo de 500 euros, al no apreciar dudas de hecho o de derecho que justifiquen otra decisión.

Italia figura entre los destinos europeos con mayor demanda entre argentinos. Diversas organizaciones brindan la posibilidad de participar en programas de voluntariado, a través de los cuales los viajeros pueden alojarse y recibir manutención sin costo durante varias semanas. Estas iniciativas se desarrollan en el marco de proyectos sociales, ambientales y culturales, lo que permite a los participantes contribuir activamente en distintas áreas mientras recorren el país.

Se encuentran opciones en una amplia variedad de destinos, que abarcan desde ciudades históricas como Roma hasta pueblos rurales y localidades costeras. Estas propuestas se adaptan a diferentes perfiles de participantes y contemplan tanto quienes buscan una experiencia breve como aquellos interesados en una estadía prolongada. La duración de los programas puede variar entre una semana y tres meses.

En primer lugar, algunos de los voluntariados que ofrece la organización Worldpackers son:

Ayudar a regenerar la naturaleza

La propuesta, con lugar en Castiglione di Sicilia, Italia, contempla una dedicación de 25 horas semanales en tareas vinculadas a la cocina, la producción agroecológica y la jardinería. Las actividades incluyen la preparación y el servicio de comidas, así como labores en granjas sustentables —como siembra y cosecha— y trabajos de cultivo en espacios verdes.

A cambio, la iniciativa ofrece dos días libres por semana, alojamiento en modalidad camping y cobertura completa de comidas diarias, con desayuno, almuerzo y cena incluidos durante toda la estadía. Además, se garantiza acceso a internet básico y a un espacio de trabajo destinado a quienes necesiten realizar tareas remotas.

El programa también suma beneficios adicionales, como el uso gratuito de lavandería, la participación en tours y excursiones sin costo, clases de idiomas y la posibilidad de acceder a un curso de permacultura, orientado a prácticas sostenibles.

Marineros e instructores de vela

Este voluntariado, en la localidad de Orbetello, requiere una dedicación de 20 horas semanales, centradas principalmente en la enseñanza de deportes. Las tareas incluyen instruir o asistir al anfitrión en la organización de actividades físicas, tanto para huéspedes como para comunidades locales.

A cambio, se ofrecen dos días libres por semana y alojamiento en habitación compartida dentro del equipo. La iniciativa incluye además la cena diaria durante toda la estadía, acceso a internet básico y la posibilidad de utilizar una cocina equipada de manera libre.

Entre los beneficios adicionales se destacan el uso gratuito de lavandería, descuentos en restaurantes cercanos, acceso a eventos y fiestas sin costo, clases de surf y de idiomas, y servicio de traslado al momento de la llegada para facilitar el acceso al lugar.

Construcción de casas en los árboles

En el municipio de Patti, la propuesta contempla una dedicación de 20 horas semanales en tareas vinculadas a actividades artísticas —como pintura, escultura o dibujo—, así como trabajos de pintura y decoración del espacio, construcción y reparación, y labores de jardinería. A diferencia de otras experiencias, el anfitrión requiere el pago de una cuota adicional de 10 euros por día, destinada principalmente a cubrir la alimentación y otros gastos básicos del proyecto.

A cambio, se ofrecen dos días libres por semana, alojamiento en modalidad camping y cobertura completa de comidas diarias, con desayuno, almuerzo y cena incluidos durante la estadía. Además, se garantiza acceso a internet de alta velocidad y el uso de una cocina equipada.

El programa suma una amplia gama de beneficios, entre los que se destacan descuentos en fiestas, restaurantes, bares, bebidas y alojamiento, así como acceso gratuito a tours, excursiones, eventos y celebraciones locales.

Otra organización que ofrece voluntariados es Volunteer World. Algunas de las iniciativas son las siguientes:

Conservacionista de delfines y tortugas marinas

La propuesta, en Comcchio, invita a participar activamente en un proyecto de conservación de fauna marina ubicado en la costa italiana del norte del mar Adriático. La experiencia permite involucrarse en tareas de investigación y monitoreo de tortugas marinas y delfines, bajo la coordinación de biólogos especializados, al tiempo que ofrece la posibilidad de descubrir la biodiversidad del Parque del Delta del río Po.

La jornada incluye unas cuatro horas de trabajo de campo, con tareas de recolección de datos y observación de especies en playa, laguna o mar. Se combinan capacitaciones, carga de información y excursiones por la zona.

Apoyo a jóvenes y niños

La iniciativa, en Roma, convoca a voluntarios para colaborar con distintas ONG en la promoción de iniciativas educativas extracurriculares, mediante el diseño de nuevas actividades y el acompañamiento de las ya existentes. Las tareas incluyen la enseñanza de deportes, culturas, idiomas y otras habilidades, con el objetivo de fomentar la inclusión, el desarrollo personal y la adquisición de herramientas clave para la vida en niños y jóvenes.

En la práctica, los participantes se encargan de organizar y coordinar actividades, asistir a los niños con sus tareas escolares y brindar apoyo en instancias de estudio. Además, contribuyen al desarrollo de habilidades a través de propuestas artísticas, recreativas y deportivas, al tiempo que colaboran en el fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés.

Cuidado de animales

El programa de cuidado animal en Roma convoca a voluntarios para colaborar en el bienestar de perros y gatos, al tiempo que brinda apoyo al trabajo de organizaciones sin fines de lucro y promueve la adopción responsable.

Las tareas incluyen la alimentación, limpieza y cuidado de los animales, así como el mantenimiento de los espacios del refugio y la participación en campañas de concientización. Si bien no se requiere experiencia previa, se valora especialmente el interés y compromiso con el cuidado animal.

En la práctica, los voluntarios se ocupan de asistir en las rutinas diarias del refugio, que abarcan desde el cuidado directo de los animales hasta la limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Además, participan en acciones de comunicación orientadas a difundir la adopción y generar mayor conciencia en la comunidad.

Los requisitos para las distintas propuestas varían, aunque, en general, piden ser mayor de 18 años y un buen nivel de inglés. Se pueden hacer los voluntariados solo, en pareja o grupo.

El actor mexicano Diego Luna y el cineasta Alejandro González Iñárritu encabezan una protesta internacional contra el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas. La iniciativa reúne a figuras de Hollywood que exigen el cierre de esta instalación, señalada por presuntas violaciones a derechos humanos.

La petición, dirigida al gobierno de Donald Trump y a la empresa privada CoreCivic, ya supera las 4 mil firmas verificadas. Entre los participantes destacan Jane Fonda, Madonna, Javier Bardem y Pedro Pascal.

Denuncian condiciones en centro migrante

El documento lanza una crítica directa a la detención de menores en instalaciones migratorias. “Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes”, inicia la carta difundida por activistas y celebridades.

El texto advierte sobre el impacto en la infancia: “Los niños detenidos en centros de inmigración sufren traumas, abandono y condiciones que violan las normas básicas de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos”.

De acuerdo con un informe de ProPublica publicado en febrero, alrededor de 3 mil 500 personas han permanecido en el centro de Dilley, más de la mitad menores de edad.

Casos que encendieron la indignación

El centro recibió atención internacional tras el caso de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue enviado a esa instalación después de su detención junto a su padre en Minneapolis.

Investigaciones adicionales revelaron que cerca de 300 menores permanecieron en Dilley por más de un mes. Esta situación contraviene el Acuerdo Flores, que establece un límite de 20 días para la retención de niños migrantes.

Aumento en detenciones infantiles

El debate surge en un contexto de incremento en la detención de menores en Estados Unidos. Datos del Deportation Data Project indican que entre enero y octubre se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados. La cifra contrasta con los 25 casos mensuales reportados durante los últimos 16 meses del gobierno de Joe Biden.

La participación de Diego Luna y Alejandro González Iñárritu refuerza el peso mediático de la protesta. Ambos han sido voces activas en temas sociales y migratorios, lo que amplifica el alcance de esta petición.

La exigencia apunta a cerrar el centro de Dilley y revisar las políticas migratorias que permiten la detención prolongada de familias. El pronunciamiento coloca nuevamente el tema en la agenda internacional, con presión directa hacia autoridades y empresas involucradas.

El permiso temporal por razones humanitarias, que hasta la fecha permitía a los nacionales venezolanos residir y trabajar en España con una autorización renovable por un año, pasará a integrarse en nuevos procesos administrativos a partir de julio, según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Este cambio se produce en el contexto de una regularización extraordinaria y temporal para inmigrantes en España, incluyendo a los venezolanos, activa solo hasta finales de junio. Tras esa fecha, quienes requieran regularizar su situación deberán hacerlo conforme a los procedimientos ordinarios establecidos en la ley de extranjería vigente. Según detalló el medio Europa Press, el gobierno busca aclarar las condiciones y plazos para la documentación de las personas migrantes, ante la finalización de la vía exprés utilizada desde 2018, por la que se han regularizado 240.000 venezolanos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Elma Saiz enfatizó que “esta noticia tiene que leerse sabiendo que está encima de la mesa y que está a punto de comenzar un importantísimo proceso de regularización extraordinaria al que efectivamente van a poder acogerse también muchos ciudadanos y ciudadanas venezolanas”. La ministra aclaró que se trata de una modificación procedimental, no sustantiva, ya que la alternativa extraordinaria dará paso posteriormente a los cauces habituales para la regularización migratoria. Enfatizó que no se dificultará la regularización para los nacionales venezolanos, asegurando que el reglamento actual de la ley de extranjería ofrece distintos mecanismos como el arraigo para la obtención de permisos de residencia.

Según informó Europa Press, la nueva fase de regularización extraordinaria podrá solicitarse entre abril y el 30 de junio de este año. Una vez finalizado este periodo, los interesados deberán acogerse a los trámites habituales y vigentes al amparo de la ley de extranjería. Estos procedimientos ordinarios continuarán permitiendo el acceso a la residencia legal en España mediante distintos supuestos recogidos en la normativa, como arraigo social o laboral, entre otros.

Desde el año 2018, ciudadanos venezolanos que llegaron a España pudieron acogerse a la modalidad de residencia temporal basada en circunstancias excepcionales de índole humanitaria, una medida que ofrecía permisos de trabajo y residencia por un periodo inicial de 12 meses, renovable por otro año. Este mecanismo, según había publicado Europa Press, estaba específicamente dirigido a quienes acreditasen una situación de especial vulnerabilidad y era susceptible de ampliación en función de la evolución de la coyuntura en Venezuela y las valoraciones de las autoridades migratorias.

Con la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, los venezolanos en España podrán acogerse al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de enero. Este decreto establece un mecanismo temporal que persigue regularizar la situación de más de medio millón de inmigrantes en España y recoge el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada en 2004, la cual recabó el apoyo de más de 700.000 firmas y fue tomada en consideración en el Congreso, aunque quedó posteriormente bloqueada, detalló Europa Press.

La normativa fijó varios requisitos para acceder a esta vía excepcional. Los interesados deben haber arribado a territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una estancia continuada mínima de cinco meses en el país. En el caso particular de quienes hayan solicitado protección internacional, será suficiente acreditar que la petición se presentó antes de la mencionada fecha límite y que dicha solicitud pueda probarse. Adicionalmente, los solicitantes deberán acreditar la ausencia de antecedentes penales, como parte de los requisitos exigidos.

Según consignó Europa Press, el cierre de la vía exprés corresponde a la política de unificación y racionalización de procedimientos migratorios, facilitando una transición ordenada a los trámites ordinarios. El real decreto temporal estará disponible durante el plazo estipulado y, una vez concluido, los cauces previstos en la ley de extranjería seguirán operativos para resolver las solicitudes pendientes o futuras.

El proceso se enmarca en las respuestas adoptadas por el Ejecutivo ante la presión migratoria y las necesidades de regularización de diversos colectivos, con la comunidad venezolana entre las más representadas en los últimos flujos migratorios hacia España. Las opciones que permanecerán disponibles tras la regularización extraordinaria apelan a la normativa ordinaria, que contempla supuestos como el arraigo, la reagrupación familiar y otros procedimientos, según enfatizó la ministra en las declaraciones a Europa Press.

Elma Saiz recalcó que la regulación que rige tras junio permite a miles de personas, incluidas aquellas de nacionalidad venezolana, acceder a la residencia y el trabajo en España, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos y sigan los procesos documentales correspondientes. Así, subrayó que los recursos y mecanismos previstos en el reglamento han posibilitado la respuesta a numerosas situaciones personales en años recientes.

En síntesis, tal como reportó Europa Press, el cambio anunciado conlleva la conclusión de la vía exprés que ha permitido la regularización de cientos de miles de venezolanos en los últimos seis años, al tiempo que se implementa temporalmente un sistema de regularización extraordinaria y, posteriormente, se reanuda la aplicación de cauces ordinarios según la legislación de extranjería.

La decisión de formar una ponencia conjunta de diputados y senadores destinada a examinar cómo podría afectar una eventual regularización extraordinaria de migrantes sobre la seguridad nacional generó críticas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según consignó Europa Press, Elma Saiz, ministra y portavoz del Gobierno, expresó su desacuerdo respecto a la postura tomada por el Partido Popular (PP) y Vox en este tema, subrayando que representa un cambio drástico en la trayectoria política del PP sobre cuestiones migratorias, especialmente después de haber respaldado en el pasado una iniciativa legislativa popular vinculada a la regularización de personas migrantes.

De acuerdo con Europa Press, Elma Saiz atribuyó a ambas formaciones políticas intenciones de exclusión con la propuesta de alejar los centros de menores extranjeros no acompañados del entorno urbano en la Comunidad Valenciana. Saiz calificó este planteamiento como un intento de “apartheid”, indicando que “pactar para que los centros de menores de niños y niñas no acompañados se lleven lo más lejos posibles de nuestra realidad tiene un nombre, se llama apartheid”. Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE).

El planteamiento, impulsado por Vox y que prevé recibir el apoyo del PP en las Cortes Valencianas, busca cambiar la ubicación de los centros en los que residen menores extranjeros no acompañados, alejándolos de las ciudades. La portavoz gubernamental contextualizó esta propuesta en el marco de las conversaciones y pactos entre PP y Vox para la conformación de gobiernos autonómicos, señalando que determinadas condiciones están siendo impuestas en dichas negociaciones.

Elma Saiz hizo hincapié, según detalló Europa Press, en la “absoluta incoherencia” del Partido Popular en relación a la política migratoria. La ministra recordó que el PP brindó respaldo un año atrás a una iniciativa legislativa popular que, según explicó, constituye el primer paso para que el Gobierno adopte una respuesta social mediante la regularización de personas migrantes. Sobre esto, Saiz señaló que “es un giro absoluto” respecto al posicionamiento anterior de los populares.

Saiz también reprochó al PP la supeditación de sus políticas a las exigencias de Vox, sosteniendo que “el PP está supeditado a los acuerdos que le está marcando la ultraderecha”. Añadió su rechazo a la vinculación propuesta por el PP entre la regularización extraordinaria de migrantes y el terrorismo, postura que calificó de injustificada.

El análisis de la ministra incluyó una crítica al enfoque que promueve el PP de realizar la regularización de migrantes “caso por caso”, al mismo tiempo que plantea la eliminación de la figura del arraigo, mecanismo que, según resaltó, es el que permite al Gobierno evaluar individualmente las situaciones de migrantes para determinar su regularización. Según declaró Saiz, esta petición refleja “desconocimiento” por parte de los populares sobre el funcionamiento del sistema vigente, puesto que el propio Gobierno ya regula estos procesos de modo personalizado a través del arraigo.

Europa Press reportó que Saiz enmarcó sus declaraciones en la preocupación por el rumbo de la política migratoria en la Comunidad Valenciana si se aprueban iniciativas como la impulsada por Vox y apoyada por el PP, que buscan apartar a menores migrantes no acompañados del entorno urbano. La ministra expresó que este tipo de medidas no encajan con la integración social ni con el enfoque humanitario que, según defendió, debería guiar toda política pública dirigida a menores.

Además, la ministra situó el actual debate en el contexto de las tensiones y condicionantes que rodean la formación de nuevos gobiernos autonómicos, haciendo referencia a los acuerdos pendientes entre PP y Vox y las exigencias que ello implica en materia de políticas migratorias. Recalcó que este giro en la política del Partido Popular vulnera el consenso previo existente en torno a la necesidad de dar una respuesta social a los procesos migratorios.

Para finalizar, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacó la contradicción entre lo que el PP solicita y lo que el sistema actual ya contempla, e insistió en que el estudio de cada caso es precisamente la función que cumple la figura del arraigo. Saiz pidió consecuentemente coherencia y conocimiento preciso en la formulación de propuestas que afectan tanto a menores extranjeros no acompañados como a la totalidad de la política migratoria nacional.

La presencia de más de 20.000 sirios en el Reino Unido desde 2014, según datos oficiales, ha marcado el desarrollo de políticas migratorias en ese país, especialmente tras la intensificación del conflicto armado en Siria. La caída de Bashar al Asad a finales de 2024 llevó a la suspensión temporal de nuevos asilos para ciudadanos sirios, aunque las autoridades británicas reanudaron la tramitación de solicitudes en julio de 2025. Este contexto sirvió de marco para la reunión celebrada este martes entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, en Londres, como reportó el Gobierno británico en un comunicado.

De acuerdo con la publicación oficial recogida por el Gobierno del Reino Unido, la visita de Al Shara a Londres, que siguió a una estancia previa en Alemania, tuvo como propósito avanzar en acuerdos en materia de migración y de reconstrucción para Siria, país afectado por catorce años de guerra civil. Las conversaciones incluyeron el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la exploración de oportunidades para que las empresas británicas tomen protagonismo en el proceso de transición económica sirio. El objetivo, según consignó el comunicado, es posicionar al Reino Unido como un socio clave en esta nueva etapa para Siria.

El medio británico detalló que durante el encuentro, ambos mandatarios coincidieron en que el momento actual representa una coyuntura significativa para la relación entre ambos países. Tanto Starmer como Al Shara se comprometieron a mantener una comunicación constante, subrayando la voluntad de seguir colaborando en áreas de interés común. Entre los principales temas abordados figuró la situación de seguridad regional, con un enfoque en la necesidad de evitar una escalada adicional del conflicto en Oriente Próximo y trabajar por el restablecimiento de la estabilidad.

La lucha contra el terrorismo ocupó un lugar relevante en la agenda. Según el comunicado, el primer ministro Starmer destacó “positivamente” las acciones aplicadas por el Ejecutivo de Al Shara en Siria para combatir a grupos extremistas, lo que sienta bases para estrechar la colaboración en materia de seguridad. El mandatario británico expresó su esperanza de lograr avances adicionales en la gestión migratoria, lo que incluye una cooperación más efectiva en repatriaciones, en la protección de fronteras y en el combate contra redes de tráfico de personas.

La reunión se produjo en un contexto en el que el Reino Unido decidió, tras la caída del expresidente Al Asad, suspender temporalmente la concesión de asilo a solicitantes de origen sirio. Sin embargo, en julio de 2025 el procedimiento se reanudó, reflejando una modificación en la política de acogida y atención a refugiados. El medio oficial británico indicó que la evolución de la crisis siria y la reconstrucción del país forman parte central de la agenda bilateral.

El itinerario de Al Shara en Londres incluyó también un encuentro con la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, en el que participaron el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, y el jefe de Inteligencia, Huseín al Salamé. De acuerdo con la Presidencia de Siria, las delegaciones analizaron vías para fortalecer la coordinación y el intercambio de conocimientos a fin de contribuir a la estabilidad regional y encarar desafíos compartidos, especialmente en las áreas de migración y seguridad.

Según lo publicado por el Gobierno de Reino Unido, ambas partes identificaron como prioritario el establecimiento de mecanismos para controlar mejor el flujo migratorio y garantizar una respuesta conjunta ante amenazas de carácter transnacional. Uno de los aspectos destacados incluyó la intención de mejorar los sistemas de repatriación y la cooperación para frenar las actividades de las redes de tráfico humano.

También se abordaron las condiciones que podrían facilitar la participación de empresas británicas en proyectos de reconstrucción y desarrollo económico en Siria, lo que abriría nuevas oportunidades comerciales y favorecería la reactivación económica del país árabe. El comunicado remarcó el interés del Reino Unido en volverse un aliado fundamental para Siria durante su proceso de transición.

La situación en Oriente Próximo y las posibilidades de desescalada también fueron mencionadas repetidamente en los comunicados oficiales. Ambas delegaciones consideraron indispensable el trabajo conjunto para preservar la estabilidad y evitar que el conflicto afecte de manera más amplia a la región. La importancia de una respuesta coordinada ante riesgos de seguridad motivados por el contexto regional fue uno de los ejes de la conversación, tal como consignaron la Presidencia siria y el Gobierno británico.

A partir de estos encuentros, el compromiso expresado por las partes apunta a mantener el diálogo abierto y desarrollar nuevos acuerdos, tanto en los aspectos económicos como en los referidos a la seguridad y la migración. El comunicado de la Presidencia siria enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación para hacer frente a desafíos compartidos y contribuir a una mayor estabilidad, mensaje que coincidió con los planteos oficiales del Ejecutivo británico sobre la evolución de las relaciones entre ambos países tras más de una década de crisis en Siria.

Ante la reciente noticia del fallecimiento de un mexicano dentro de las instalaciones del centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Adelanto, California, con el que se suman 14 muertes, el gobierno de México anunció que tomará medidas legales.

Durante la conferencia de prensa matutina del 30 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su gobierno buscará justicia y protección para los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos con el fin de evitar que suceda una muerte más a manos de autoridades migrantes estadounidenses.

La mandataria anunció la intervención de México como amicus curiae en apoyo al caso judicial L.T. Mesrobian, una demanda presentada desde el 26 de enero de 2026 contra las condiciones que viven los migrantes en los centros del ICE. Se trata de una demanda presentada por el despacho de abogados Public Counsel de Los Ángeles.

¿Qué significa ser amicus curiae?

Es una expresión del latín que significa “amigo de la corte”. Se trata de un término jurídico que se utiliza para describir a personas, organizaciones o instituciones que, sin ser parte directa en un juicio, presentan información o argumentos ante el tribunal.

Es una figura legal para que terceros puedan interceder en una demanda y es especialmente utilizada por organizaciones civiles o instituciones.

El propósito es aportar elementos que puedan ser útiles para que el juez tome una decisión más completa y fundamentada, especialmente en casos que tienen relevancia o impacto en el interés público.

Por ello, resulta especialmente utilizada en casos sobre derechos humanos o protección a grupos vulnerables, además, porque el objetivo de quien se une a una denuncia como amigo curiae, es el de participar en el impacto social que pueda tener un caso.

Estas contribuciones suelen realizarse mediante escritos o presentaciones formales, y su aceptación depende del tribunal.

En México, la figura del amicus curiae ha sido cada vez más utilizada para resolver distintos asuntos de interés público en materia de derechos humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Algunos de los casos mediáticos donde se ha presentado un amigo curiae, son las primeras resoluciones del aborto en el entonces Distrito Federal, en 2007, el caso Florence Cassez en 2011, o bien el matrimonio igualitario.

En el caso de organizaciones civiles, por ejemplo, Amnistía Internacional ha presentado en más de una ocasión esta figura legal para ayudar a resolver casos de feminicidios en el país y ayudar a evidenciar impunidad, fallas en las investigaciones por parte de autoridades o bien, obstáculos en la justicia.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, trasladó en un encuentro con autoridades del Gobierno la relevancia del acompañamiento legal en las etapas de regularización de personas extranjeras, remarcando que incluso los procesos aparentemente simples requieren asesoramiento profesional. Con esta intervención, González situó la actividad de los más de 28.000 letrados españoles especializados en extranjería como un soporte crucial que cobra especial sentido en circunstancias complejas, como las vividas por migrantes en las costas o aeropuertos. A partir de este posicionamiento, se dio a conocer el inicio de un plan de acción coordinado entre la Abogacía, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuyo propósito central es informar a la población sobre la regularización extraordinaria.

Según reportó Europa Press, la colaboración se acordó este martes y tendrá forma en jornadas divulgativas, mesas redondas y campañas ciudadanas, así como en materiales informativos que provean claridad sobre el proceso. El Consejo General de la Abogacía informó que la primera de estas actividades está programada para el mes de abril, abriendo un calendario de acciones conjuntas que se desplegará durante los próximos meses. Este esfuerzo se presenta como respuesta a la demanda de transparencia y precisión sobre los requisitos de la regularización extraordinaria, de acuerdo con el comunicado emitido tras la reunión.

Tal como detalló la propia Abogacía en ese comunicado, mantienen la defensa de su papel como garante de la seguridad jurídica en todo el procedimiento. La organización subrayó que el marco de cooperación recién acordado tiene como meta que ninguna duda quede sin resolver para quienes participen en el proceso, asegurando que los detalles de la regulación, por mínimos que sean, se aborden de manera pública y comprensible.

La vicepresidenta de Abogacía Española, Cristina Vallejo, encabezó la reunión junto a representantes ministeriales. Vallejo señaló la importancia de que los abogados integren estos espacios como garantía para los ciudadanos, ya que esta intervención profesional ayuda a protegerles frente al ejercicio ilegal de la profesión y las prácticas poco claras, en línea con lo reflejado en el comunicado institucional. Junto a Vallejo participaron Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo, y Borja Vargues, secretario general técnico de la institución.

Las autoridades y representantes legales coincidieron, según lo manifestado por la Abogacía, en la necesidad de una divulgación extensa sobre el proceso de regularización, dada la cantidad de personas en situación vulnerable a quienes puede afectar la nueva regulación. González puntualizó, según recogió Europa Press, que el asesoramiento jurídico cualificado se vuelve imprescindible para asegurar una correcta interpretación y aplicación de la normativa, evitando así posibles situaciones de indefensión y fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas.

Además de estas acciones, los representantes de la Abogacía y de los ministerios remarcaron la intención de asegurar que la información llegue a todos los interesados de forma clara y accesible, y que el acompañamiento de expertos permita prevenir errores o malas interpretaciones que puedan derivar en consecuencias negativas para quienes buscan regularizar su situación. Esta coordinación pretende, según publicó Europa Press, dotar a la ciudadanía de herramientas suficientes para abordar la regularización extraordinaria con todas las garantías legales.

A lo largo del comunicado, el Consejo General de la Abogacía destacó la trayectoria y especialización de los letrados que trabajan en materia de extranjería en España, señalando la complejidad de las situaciones enfrentadas en los puntos de mayor presión migratoria y la constante necesidad de salvaguardar los derechos de quienes buscan estabilidad jurídica en el país. Informó, además, que la Abogacía valoró la disposición del Gobierno para ejecutar un proceso informativo riguroso e inclusivo, en palabras del propio González, quien calificó de logro el estar presentes en la construcción de una respuesta institucional ante la regularización extraordinaria.

La propuesta de que el 80% de los ciudadanos sirios establecidos en Alemania retornen a su país en los próximos tres años corresponde a un planteamiento formulado por Ahmed al Shara, presidente de transición de Siria, según la oficina del canciller alemán Friedrich Merz. De acuerdo con la información publicada por diversos medios y confirmada por la oficina de Merz, esta sugerencia surgió durante la reciente visita oficial de Al Shara a Berlín en medio de críticas pronunciadas desde sectores políticos de todo el espectro en Alemania.

Según informó la prensa alemana, Friedrich Merz aclaró el martes que la cifra citada sobre posibles retornos de sirios no es una meta establecida por su gobierno, sino un deseo expresado explícitamente por Al Shara. “Hemos tomado nota de esta cifra, pero somos conscientes de la magnitud de la tarea”, señaló la oficina del canciller, intentando despejar las dudas y el malestar que se generaron ante la eventualidad de un retorno masivo. Esta precisión de Merz surge después de que expertos y observadores califiquen la idea de extremadamente difícil de implementar, dado el elevado número de personas y el escaso margen temporal mencionado para llevarla a cabo.

La petición de retorno de sirios al país de origen ha tenido eco en una conferencia de prensa conjunta entre Friedrich Merz y Ahmed al Shara, donde se puntualizó que la aspiración del mandatario sirio es que el 80% de los sirios que han encontrado refugio en Alemania se reintegren en Siria en el lapso de tres años. La oficina del canciller alemán, citada por medios germanos, señaló que el Ejecutivo federal es consciente de los desafíos logísticos, legales y sociales que una acción de esta magnitud implicaría.

El debate sobre el posible retorno de ciudadanos sirios encontró resistencia no solo en la opinión pública sino también en figuras clave del gobierno alemán. Según detalló la prensa, el actual ministro de Exteriores, Johann Wadephul, expresó escepticismo al abordar las posibilidades del retorno voluntario o forzado de los nacionales sirios. Wadephul ya había manifestado en noviembre de 2025 sus dudas respecto a la viabilidad de que migrantes retornen a Siria, subrayando especialmente el alcance del daño material y humano tras años de conflicto armado. Tras una visita oficial a Harasta, un suburbio de Damasco que aún muestra huellas profundas de los combates, el canciller alemán recabó impresiones personales sobre las dificultades que enfrenta la posible repatriación.

Según publicó la prensa alemana, Wadephul también ha cuestionado las políticas de inclusión étnica y minorías bajo la administración siria actual. Los recelos se centran en la situación de grupos como los cristianos, los alauitas y los kurdos ante las políticas gubernamentales, en un contexto donde el nuevo ejecutivo sirio recibe múltiples acusaciones de incitación o participación en crímenes dentro de la gobernación de Sueida. Estas preocupaciones han elevado la cautela del gobierno alemán con respecto a cualquier plan que implique retornar a los ciudadanos sirios al país.

El paso por la capital alemana de Ahmed al Shara, identificado como exlíder yihadista, provocó movilizaciones y manifestaciones de la comunidad siria residente en Alemania. Como reportó la prensa local, algunos colectivos expresaron su rechazo a la propuesta de regreso masivo, mientras otros la respaldaron, reflejando la diversidad de posturas dentro de la diáspora siria. Actualmente, residen cerca de 900.000 ciudadanos sirios en territorio alemán, y una parte considerable de ese grupo está compuesta por trabajadores cualificados, entre ellos profesionales de la medicina, motivo por el cual el gobierno alemán también sopesa el impacto social y económico ante la eventualidad de un plan de retorno masivo.

El medio alemán detalló que la controversia en torno a la visita de Al Shara y la propuesta en cuestión intensificó el clima de debate político en Alemania. Las autoridades federales hacen hincapié en las dificultades y limitaciones para operar un retorno forzado, enfatizando que cualquier decisión al respecto debe contemplar la situación en el país de origen, las consideraciones humanitarias y la integración alcanzada por la comunidad siria en Alemania.

El debate parlamentario sobre la regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Ejecutivo quedó marcado por acusaciones sobre posibles consecuencias para la protección nacional y europea. Según informó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, se ha decidido constituir una ponencia de diputados y senadores encargada de analizar los eventuales riesgos del proceso iniciado por el Gobierno de España. Esta medida fue aprobada tras una propuesta del Partido Popular, que logró la mayoría absoluta en la comisión con el apoyo de Vox, mientras que PSOE, ERC y EH Bildu votaron en contra.

De acuerdo con el medio, la ponencia tendrá la función de examinar los efectos que la nueva regularización pueda tener en el ámbito de la política de Seguridad Nacional. El diputado del Partido Popular Rafael Hernando explicó que se busca “supervisar, analizar y estudiar el conjunto del proceso, así como en su caso exigir responsabilidades”. La iniciativa se centra en un análisis exhaustivo del citado proceso impulsado por el Ejecutivo, tras la aprobación de un trámite de urgencia por parte del Consejo de Ministros, realizado el 27 de enero, que plantea la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes.

Según publicó la fuente, la justificación del Gobierno para este procedimiento parte de un acuerdo entre PSOE y Podemos, que ha dado lugar a la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica que regula los derechos y libertades de los extranjeros en el país. Este real decreto retoma la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 700.000 firmas en 2004, la cual fue considerada en el Congreso con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios en esa fecha, con excepción de Vox. Pese a ese amplio apoyo, la ILP había quedado bloqueada en los procedimientos legislativos.

Durante el debate parlamentario, detalló la fuente, Rafael Hernando manifestó que el proceso de regularización presenta riesgos considerables tanto por su contenido como por la forma en la que se ha llevado a cabo. Hernando acusó al Gobierno de actuar de modo unilateral mediante un decreto urgente en enero, en lo que denominó un “decretazo” realizado durante una campaña electoral. Según el diputado, esta decisión se tomó para “tapar sus casos de corrupción”, abriendo así la puerta a una regularización masiva para los inmigrantes que no cumplen las condiciones legales necesarias, sin la existencia de garantías suficientes y fuera de los procedimientos habituales.

El Partido Popular y Vox argumentaron que la medida pudiera debilitar los controles de seguridad interna y favorecer la actividad de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de personas. Según consignó el medio, Hernando advirtió que la regularización convierte a España en un punto de entrada atractivo para estas redes, lo que plantea riesgos no solo para el país sino también para otros Estados miembros de la Unión Europea. Además, alertó sobre la posibilidad de que personas con antecedentes delictivos o vinculadas a actividades terroristas logren ingresar y permanecer tanto en España como en otras naciones europeas bajo el amparo del proceso de regularización.

La oposición parlamentaria, formada principalmente por PSOE, ERC y EH Bildu, rechazó la constitución de la ponencia y la premisa de que el procedimiento de regularización sea una amenaza para la seguridad nacional. Estos grupos consideraron que los planteamientos del Partido Popular y Vox carecen de fundamento y defendieron que la regularización responde a criterios de derechos humanos y adaptación a la realidad migratoria, tal como reportó la fuente.

El alcance de la ponencia incluirá un análisis detallado del impacto en las estructuras de seguridad fronteriza, interna y en el marco cooperativo comunitario, considerando especialmente la integración de España en los mecanismos de seguridad europeos. La comisión buscará contrastar los argumentos políticos y técnicos procedentes tanto de expertos como de agentes sociales involucrados, con el objetivo de elaborar un dictamen sobre la conveniencia o no de la medida gubernamental. El proceso se inicia tras meses de presión desde distintos ámbitos políticos y sociales, subrayó la fuente, que han solicitado una revisión exhaustiva de las políticas migratorias en el contexto de la seguridad nacional y la cooperación europea.

El debate sobre los efectos de la regularización extraordinaria constituye uno de los puntos más controvertidos de la agenda política actual, en la que los partidos de la oposición apuntan a la gestión migratoria como un tema clave en la estrategia del Gobierno. A la vez, asociaciones civiles y entidades pro derechos humanos han mostrado posturas favorables al proceso de regularización, recordando el respaldo ciudadano expresado a través de la ILP que dio origen a la propuesta.

El desarrollo de la ponencia parlamentaria se encuentra pendiente de los procedimientos establecidos por la comisión mixta, que deberá organizar las sesiones de trabajo, solicitar comparecencias especializadas y reunir la información necesaria para evaluar con detenimiento los riesgos alegados. Según detalló el medio, la comisión tendrá la responsabilidad de presentar conclusiones que serán claves para determinar la continuidad o modificaciones del proceso impulsado desde el Ejecutivo.

La muerte del migrante mexicano José Guadalupe Ramos Solano, ocurrida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), fue confirmada por autoridades estadounidenses y se suma a los casos registrados este año dentro del sistema de detención migratoria.

De acuerdo con información oficial, el connacional se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, cuando fue encontrado inconsciente el 25 de marzo en su litera dentro de las instalaciones.

Personal del centro solicitó asistencia médica y posteriormente fue trasladado a un hospital local, donde se certificó su fallecimiento.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente la causa de la muerte.

Familia pide información y justicia durante conferencia en el consulado

En una conferencia de prensa realizada en el Consulado General de México en Los Ángeles, familiares de Ramos Solano solicitaron que se informe con claridad lo ocurrido y se investigue el caso.

Durante el encuentro con medios, su esposa, Antonia Tovar, expresó: “Queremos que mi esposo tenga justicia.

Él no merecía morir así, era un hombre muy trabajador y muy responsable. No me ha dejado solo dolor a mí, se lo dejó a sus hijos, a su madre y a sus hermanos”.

En el mismo acto, su hija Gloria Ramos pidió que se conozcan los detalles del fallecimiento.

“Quiero justicia para mi papá y para todas las familias que han perdido a alguien, porque no es una manera de perder a una persona que uno quiere”.

Su hijo José Ramos destacó que su padre era una persona trabajadora y señaló que era “un buen papá” y “una buena persona”.

Abogado señala falta de contacto directo con la familia

El abogado de la familia, Jesús Eduardo Arias, afirmó que hasta el momento no ha habido comunicación directa por parte de la autoridad migratoria con los familiares para informar sobre lo sucedido.

Según explicó durante la conferencia, el equipo legal realiza una investigación propia para conocer la causa del fallecimiento.

También señaló que el migrante habría hablado con su esposa minutos antes de morir, según lo informado por la familia.

Elementos confirmados hasta ahora sobre el caso:

• El fallecimiento ocurrió el 25 de marzo mientras el migrante se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.
• Personal del centro lo encontró inconsciente dentro de las instalaciones y solicitó atención médica.
• Posteriormente fue trasladado a un hospital en Victorville, donde se certificó su muerte.
• La familia busca conocer con precisión qué ocurrió antes del fallecimiento.
• El equipo legal indicó que realiza una investigación para esclarecer las circunstancias.

Gobierno de México anuncia acciones tras la muerte del connacional

Tras confirmarse el fallecimiento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno mexicano tomará acciones de protesta ante autoridades estadounidenses.

Entre las medidas anunciadas se contempla llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y enviar comunicaciones a autoridades de Estados Unidos para expresar inconformidad por la atención médica en el centro de detención donde se encontraba Ramos Solano.

También se informó que funcionarios mexicanos sostendrán reuniones con familiares de connacionales fallecidos en centros de detención migratoria en Los Ángeles.

Información oficial del ICE sobre la detención y antecedentes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas indicó en un comunicado que Ramos Solano había sido detenido previamente en California y trasladado posteriormente al centro de procesamiento de Adelanto.

La agencia señaló que, al ingresar al centro, se detectaron varios problemas de salud, entre ellos diabetes, hiperlipidemia e hipertensión, y que recibió tratamiento médico y medicación durante su estancia bajo custodia.

El organismo informó que el fallecimiento fue notificado al Departamento de Seguridad Nacional y a instancias internas encargadas de supervisar los procedimientos de la agencia.

Registro de fallecimientos en custodia migratoria

La muerte de Ramos Solano se suma a otros casos registrados en 2026 dentro del sistema de detención del ICE.

De acuerdo con reportes oficiales citados en distintos informes, al menos 14 personas migrantes han fallecido bajo custodia de la agencia durante este año.

En 2025 se reportaron 31 muertes en estos centros, mientras que en el mismo periodo se ha registrado un aumento en el número de personas detenidas en instalaciones del sistema migratorio federal de Estados Unidos.

El caso continúa en seguimiento por autoridades y representantes legales, mientras se espera que se determine la causa del fallecimiento.

CCOO calcula que alrededor de medio millón hasta un millón de personas podrían verse involucradas en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes para el cual Correos asumirá un rol estratégico como infraestructura pública. En este contexto, el sindicato advierte sobre la magnitud y la urgencia de la tarea, subrayando la necesidad de que se aclaren los términos de la participación de la empresa y se refuercen las condiciones laborales para afrontar el proceso. De acuerdo con el medio FSC-CCOO, la organización sindical ha dirigido una petición formal a la dirección de Correos, solicitando “información inmediata” sobre cómo se gestionará el nuevo encargo y reclamando, además, una reunión urgente para abordar los pormenores de la gestión.

En la carta enviada al presidente de Correos, CCOO no solo exige detalles concretos sobre el papel de la empresa en esta política de Estado, sino que también plantea demandas referidas a la negociación de las condiciones de trabajo, el refuerzo de plantilla, el acceso a formación adecuada y la dotación de medios suficientes. El sindicato insiste en la necesidad de articular una compensación económica específica para el personal, considerando el elevado volumen de solicitudes previsto. Según informó FSC-CCOO, estos recursos adicionales permitirían gestionar el proceso con garantías y minimizar el riesgo de colapso en los servicios por insuficiente planificación y falta de personal.

La organización sindical ha señalado que la dirección de Correos no ha informado de antemano a los trabajadores ni a sus representantes sobre funciones relacionadas con el nuevo proceso, lo que genera incertidumbre en la plantilla. CCOO recuerda además que, en las últimas décadas, España ha implementado al menos seis procesos de regularización de población migrante, situando estos procedimientos en el marco de políticas de Estado orientadas a garantizar derechos, ordenar el mercado laboral y sacar a la luz parte de la economía sumergida, según publicó FSC-CCOO.

El sindicato subraya que, a diferencia de ocasiones anteriores, Correos será considerada por primera vez una estructura pública esencial para el desarrollo de una iniciativa estatal de estas características. En este sentido, CCOO indica que la participación de la empresa se produce en el marco de sus misiones dentro del Servicio Postal Universal y los Servicios de Interés Económico General, donde ya gestiona tareas de índole social. Sin embargo, recalca que el volumen previsto de solicitudes y la concentración de plazos, que se situarán entre abril y junio, supondrán una carga laboral extraordinaria que no resulta abordable sin una planificación adecuada y medios suficientes.

Según detalló FSC-CCOO, el despliegue operativo que se requiere no puede confiarse a la improvisación o depender exclusivamente del compromiso voluntario del personal. El sindicato insiste en que la escala inédita del proceso, junto con la urgencia de los plazos y su impacto sobre la carga de trabajo, exige una respuesta estructurada y dialogada con la representación de los trabajadores. En este sentido, FSC-CCOO subraya la importancia de que la dirección de Correos facilite información suficiente para el diseño de las condiciones de trabajo, la organización de los medios materiales y humanos necesarios y la negociación de posibles compensaciones.

Finalmente, FSC-CCOO reitera que la falta de comunicación previa por parte de la empresa no solo afecta a la organización del trabajo, sino que puede comprometer la viabilidad y los resultados del proceso, así como la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Ante este escenario, el sindicato mantiene su exigencia de diálogo y reclama transparencia por parte de Correos sobre su papel en la regularización.

El desarrollo y gestión de la nueva plataforma digital de empleo en la Unión Europea estará a cargo de la Comisión Europea, que dispone como plazo máximo el año 2027 para su puesta en funcionamiento completa. Esta herramienta funcionará como una "bolsa de vacantes" en la que personas de terceros países podrán presentar su candidatura a puestos de trabajo en sectores con falta de personal, antes incluso de su llegada al territorio europeo. El objetivo principal de este mecanismo es emparejar las competencias de los migrantes que buscan empleo desde sus países de origen con la demanda de empresas instaladas en la UE, priorizando la cobertura de vacantes en sectores considerados esenciales y donde se acusa una escasez relevante de mano de obra.

Según publicó la agencia Europa Press, la aprobación definitiva de este proyecto llegó tras el visto bueno de los Veintisiete Estados miembro, que validaron tanto los aspectos técnicos como políticos de la propuesta. El acuerdo político entre el Consejo y el Parlamento Europeo, alcanzado en noviembre pasado, sentó las bases de la plataforma y definió los mecanismos de funcionamiento y acceso. El proceso concluirá formalmente con la adopción administrativa por parte de los órganos colegisladores, lo que permitirá el inicio de la fase de implementación a nivel comunitario.

La iniciativa tendrá carácter voluntario para los Estados miembro, que podrán decidir si desean sumarse al sistema y adaptar, según su interés, la lista de profesiones o puestos laborales ofertados. La "bolsa de vacantes" recogerá en un inventario común aquellas ocupaciones en las que la UE detecta mayor dificultad para cubrir plazas, y contempla la posibilidad de ajustes específicos a nivel nacional o regional según las condiciones particulares de cada mercado laboral. De esta manera, los países podrán hacer adaptaciones para responder tanto a políticas de competitividad regional como al equilibrio entre oferta y demanda de empleo local.

Tal como detalló Europa Press, los trámites para la incorporación de candidatos seleccionados a través de la plataforma se agilizarán significativamente. Las autoridades nacionales de los países participantes serán responsables de simplificar la entrada al país de los trabajadores que, por medio de este sistema, consigan un empleo acorde con las vacantes ofertadas. Esta medida busca acortar los plazos de migración regular y facilitar una integración profesional y social más rápida.

El uso de la plataforma tendrá carácter gratuito tanto para quienes postulan a los empleos como para las empresas que buscan cubrir puestos. Entre los actores que podrán registrar ofertas de trabajo figuran empleadores directos, Empresas de Trabajo Temporal (ETT) e intermediarios del mercado laboral, siempre que tengan sede legal en uno de los países de la Unión y cumplan la legislación vigente —tanto comunitaria como nacional— en materia de empleo y derechos laborales.

Europa Press informó que, para operar en la plataforma, los empleadores estarán obligados a cumplir estrictos requisitos en materia de contratación justa, condiciones laborales adecuadas, trato no discriminatorio y protección integral de los derechos de los trabajadores. Además, los Estados miembro asumirán la responsabilidad de supervisar que estos estándares se respeten, previendo como sanción la suspensión o expulsión de los empleadores o intermediarios que infrinjan las normas, en especial aquellas relacionadas con el abuso o la trata de personas.

La creación de esta plataforma responde a la presión demográfica y laboral que atraviesan varios sectores económicos en Europa, donde resulta difícil cubrir diversas especializaciones e industrias —particularmente las que demandan empleados con cualificaciones que no se encuentran fácilmente en el mercado nacional o comunitario—. De acuerdo con Europa Press, el sistema permite que la UE compita de forma más eficiente en la captación de talento internacional, aportando nuevas herramientas para favorecer la movilidad laboral y la integración previsora, mediante procesos regulares y transparentes.

Una de las claves del acuerdo recae en la posibilidad de ajustar la lista de ocupaciones incluidas en el sistema en función de cambios en el mercado laboral, tendencias de desempleo local y necesidades puntuales de las regiones o Estados. Así, la plataforma mantendrá un enfoque flexible y dinámico, posibilitando responder a coyunturas específicas y mejorando la adaptación de las medidas migratorias y de empleo a las necesidades reales de la economía europea, según consignó Europa Press.

Las autoridades comunitarias deberán propiciar la colaboración entre las instituciones nacionales de empleo, el sector privado y los propios migrantes interesados, lo que supondrá un esfuerzo coordinado en términos tecnológicos, administrativos y legales, tal como resaltó Europa Press. El proceso de desarrollo tecnológico y puesta en marcha recaerá ahora sobre la Comisión Europea, que se encargará de diseñar el sistema informático, definir los protocolos de seguridad e interoperabilidad y atraer la participación voluntaria de Estados y empresas.

En la fase actual, los países podrán prepararse para adecuar sus instalaciones administrativas y normativas con el fin de integrarse eficazmente en la plataforma en cuanto esté disponible. Según informó Europa Press, la operatividad completa de la herramienta se prevé para el año 2027, aunque algunos Estados pueden comenzar antes los procesos piloto o las pruebas técnicas si así lo deciden.

El texto legal aprobado establece mecanismos específicos para evitar el fraude, garantizar la transparencia y preservar los derechos de todas las partes implicadas —tanto empleadores como personas migrantes—, según lo publicado por Europa Press. Las autoridades nacionales tendrán la potestad de intervenir en caso de detectar irregularidades y asegurarán que el reclutamiento y las condiciones de trabajo respeten las normas de la Unión Europea y las de cada país participante.

La plataforma digital se configura como parte de una estrategia más amplia de la UE para responder a los retos de movilidad laboral, garantizar vías legales y seguras de migración y prevenir abusos o situaciones de vulnerabilidad que afectan tradicionalmente a los trabajadores migrantes en distintos sectores. El enfoque comunitario pone el acento en la cooperación voluntaria, el respeto a la legislación y la promoción de condiciones laborales justas, tal como viene detallando Europa Press en sus reportes.

El número total de resoluciones emitidas por causas sobrevenidas en la provincia de Valencia alcanzó las 29.684 al cierre del 31 de diciembre de 2025, con 27.525 casos resultando favorables para migrantes que solicitaban la regularización de su situación administrativa tras el impacto de la dana de octubre de 2024. Según publicó Europa Press, esta medida se enmarca en una respuesta ejecutiva extraordinaria adoptada para ofrecer protección y prevenir situaciones de exclusión entre la población extranjera afectada por el fenómeno climático.

El proceso de regularización fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero del año anterior a partir del temporal, con una previsión inicial de al menos 25.000 personas beneficiadas. De acuerdo con la respuesta parlamentaria escrita consultada por Europa Press tras la petición de información de Sumar, la cifra final superó esa estimación, con 27.525 migrantes obteniendo la resolución favorable y regularizando así su permanencia en el país. El procedimiento buscó amparar a quienes se encontraban en riesgo de caer en la irregularidad administrativa a raíz de la catástrofe meteorológica.

El mecanismo extraordinario respondió a un contexto en el que múltiples poblaciones de la provincia valenciana sufrieron severas consecuencias por la dana —una Depresión Aislada en Niveles Altos— experimentada en octubre de 2024. El episodio causó daños materiales y alteró el curso de vida de decenas de miles de personas, muchos de ellos extranjeros que vieron comprometidas sus condiciones de residencia y acceso a recursos básicos. Europa Press recogió que la decisión gubernamental se centró en prevenir la exclusión y proteger los derechos de este colectivo, asegurando que una adversidad climática no se traduzca en desamparo legal.

El informe oficial detalla también 2.159 resoluciones desfavorables dentro del proceso. Aunque estos casos no obtuvieron la regularización solicitada, representan una minoría frente al total de expedientes tramitados. El proceso de valoración incluyó un análisis de la situación administrativa y social de los solicitantes, priorizando criterios de vulnerabilidad derivados directamente del desastre ambiental.

De acuerdo con la consulta parlamentaria, la medida extraordinaria se implementó tras solicitudes de información por parte de Sumar, grupo parlamentario que mostró interés en conocer la magnitud de la población extranjera afectada y beneficiar con la regulación especial aprobada por el Ejecutivo español. Los datos facilitados muestran el alcance de la respuesta institucional ante emergencias climáticas y humanitarias.

Europa Press señaló que este proceso de regularización representó una política singular destinada a afrontar situaciones de "máxima vulnerabilidad" y evitar la irregularidad sobrevenida entre los colectivos migrantes. Las acciones gubernamentales incluyeron coordinación de administraciones y mecanismos especiales para agilizar la tramitación, reflejando un abordaje diferenciado frente a emergencias de origen natural.

La aprobación inicial del Consejo de Ministros partió de la premisa de que el cambio climático y sus eventos extremos pueden agravar riesgos de exclusión social, especialmente entre la población migrante con vínculos laborales y familiares potencialmente interrumpidos por desastres naturales. Según la información de Europa Press, el objetivo central residía en impedir que miles de afectados se vieran abocados a la pérdida de cobertura legal o de derechos básicos, reforzando los criterios de protección institucional ante circunstancias excepcionales.

Las estadísticas presentadas en la respuesta parlamentaria permiten dimensionar el impacto de la medida en la provincia de Valencia. La mayoría de las personas que iniciaron el proceso obtuvieron una resolución que les garantiza una situación administrativa estable en España, mientras que un porcentaje reducido no alcanzó los requisitos para su aprobación. El reporte de Europa Press enfatiza que la regularización se ejecutó tras un proceso de evaluación individualizado, enmarcado en la normativa definida para casos sobrevenidos derivados de un desastre.

La iniciativa gubernamental constituye una de las acciones más extensas de regularización extraordinaria aplicadas en España en los últimos años a raíz de un episodio climático, según cifras divulgadas por Europa Press. La combinación de factores sociales y ambientales tras la dana motivó la respuesta, articulando la protección legal con los mecanismos humanitarios necesarios para mitigar los efectos del evento extremo sobre la población extranjera residente en la provincia.

En los últimos años se han reportado múltiples fallecimientos de migrantes mexicanos en Estados Unidos, lo cuales aumentaron desde el comienzo de la segunda administración del presidente Donald Trump con el implemento de su política migratoria.

Durante el mes de marzo se registraron dos defunciones de connacionales en distintos estados del país norteamericano.

El primer caso se suscitó el pasado 16 de marzo, cuando un joven mexicano de 19 años, identificado como Royer Pérez Jiménez, murió mientras se encontraba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.

El hecho fue notificado por la dependencia estadounidense, tras encontrar inconsciente al mexicano dentro de las instalaciones. Al momento el personal del lugar activó un protocolo de emergencia al no recibir respuesta del arrestado, por lo que se intentó reanimarlo mediante maniobras de primeros auxilios, sin tener éxito.

Hoy 28 de marzo, el Consulado de México en San Bernandino dio a conocer sobre un segundo incidente en el centro de procesamiento de Adelanto ubicado en California. De acuerdo a la información brindada por autoridades migrantes de EU, durante la noche del 25 de marzo ocurrió otro lamentable fallecimiento mientras estaba bajo custodia de elementos del ICE.

La persona de nacionalidad mexicana fue trasladada al hospital de Victorville, donde se confirmó su defunción, hasta el momento no se ha determinado de forma oficial la causa de la muerte.

SRE reitera el llamado a las autoridades de Estados Unidos tras defunción de migrantes mexicanos

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado exigió la investigación de los casos, reiterando su llamado a las autoridades responsables para ponerle un freno a estos hechos.

Demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica bajo su custodia.

Por otro lado, el Gobierno de México aseguró que agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar este problema que continúa afectando a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Subrayó su compromiso de velar por la protección y dignidad de los connacionales en el exterior.

Mexicanos fallecidos bajo la custodia de ICE

El pasado 25 de marzo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez presentó el balance sobre las defunciones bajo la custodia de los agentes del ICE o durante operativos migratorios en el periodo de 2025-2026

Estos son los estaos donde han ocurrido los casos, sumando esta mañana uno al estado de California.

• California (5)
• Georgia (3)
• Arizona (2)
• Texas (1)
• Florida (1)
• Missouri (1)
• Illinois (1)

Presunta causa de muerte

• Complicaciones médicas (6)
• Suicidio (4)
• Operativos (2)
• Tiroteo (1)

Varios testigos describieron a las autoridades que, durante seis días a la deriva en el mar, los cuerpos de quienes no sobrevivieron fueron arrojados progresivamente al agua. Según informó ERT, la televisión pública griega, la embarcación, que transportaba a migrantes, partió probablemente desde Tobruk, en Libia, junto a otras naves, antes de perder el rumbo en su intento de llegar a Grecia. El trayecto concluyó en tragedia, luego de casi una semana expuestos a condiciones meteorológicas hostiles y sin acceso a agua ni comida.

Según reportó la agencia de guardacostas griega, al menos veintidós personas fallecieron durante este intento de alcanzar la costa sur de Creta. El medio ERT detalló que el incidente culminó con el rescate de veinticuatro supervivientes en estado crítico y la detención de dos ciudadanos sudaneses, identificados como hombres de diecinueve y veintiún años. Los hechos llevaron a que los dos sudaneses fueran citados a declarar ante la Fiscalía de Heraclión y que el lunes deban comparecer ante el tribunal, bajo sospecha de entrada ilegal y homicidio por negligencia.

El rescate se produjo gracias a la intervención de un buque de la misión Frontex, el operativo coordinado por la Unión Europea destinado al control de fronteras marítimas. El navío localizó a los sobrevivientes que, de acuerdo a la declaración de los propios rescatados recogida por ERT, se encontraban en condiciones sanitarias graves tras el prolongado período a la deriva. La emergencia incluyó episodios en los que la tripulación, desprovista de provisiones y expuesta a circunstancias climáticas adversas, presenció la muerte paulatina de sus compañeros de viaje.

La fiscalía griega ha iniciado una investigación formal sobre lo ocurrido, centrando la atención en los dos hombres de nacionalidad sudanesa. Según publicó ERT, la embarcación habría perdido el rumbo a consecuencia de las condiciones del mar y la falta de recursos, prolongando significativamente el viaje e incrementando la vulnerabilidad de quienes viajaban a bordo. La televisión estatal agregó que la situación de desabastecimiento pudo haber acelerado el deterioro de la salud física de los migrantes y provocado los fallecimientos.

Las autoridades marítimas griegas subrayaron que los supervivientes fueron hallados en estado de gravedad extrema debido a la prolongada exposición sin alimento ni agua y a la presión psicológica derivada del fallecimiento de sus compañeros. El medio ERT indicó que, después de su declaración inicial, los dos detenidos comparecerán ante el tribunal de Heraclión para responder a los cargos formales derivados de la tragedia.

El drama ocurrido en aguas cercanas a Creta se suma a una serie de incidentes vinculados a la migración en la región del Mediterráneo, donde las rutas migratorias desde el norte de África hasta Europa central continúan suponiendo riesgos elevados para quienes emprenden el viaje. Según las fuentes consultadas por ERT, varios incidentes similares en el pasado han motivado mayores controles por parte de Frontex y otros actores internacionales en la zona.

El relato de los supervivientes, recogido por la guardia costera y reportado por ERT, coincide en señalar que la desesperación y la falta de medios desataron una serie de eventos fatales durante los seis días en el mar. Esta información ha sido incorporada al expediente judicial que deberá aclarar las circunstancias exactas que determinaron la responsabilidad penal de los acusados y el grado de sufrimiento padecido por los migrantes.

Las autoridades continúan analizando los testimonios y las pruebas recolectadas, en tanto se realiza la identificación formal de las víctimas fallecidas. Los registros preliminares difundidos por ERT sugieren que la mayoría de los migrantes a bordo provenía de países del norte de África, aunque los detalles completos sobre las nacionalidades aún permanecen bajo investigación oficial.

La misión europea Frontex ratificó la dificultad de las operaciones de búsqueda y rescate en esa área del Mediterráneo, especialmente bajo condiciones meteorológicas adversas. La organización reiteró su compromiso con las tareas de salvamento humanitario, al tiempo que coordina acciones con las autoridades locales y centrales de la Unión Europea para prevenir la repetición de tragedias similares.

Mientras avanza el proceso judicial contra los dos ciudadanos sudaneses detenidos, el caso se ha convertido en un nuevo registro trágico del impacto de la migración irregular en la región. Las instituciones griegas y europeas revisan la información proporcionada por las fuentes marítimas y judiciales para esclarecer los hechos y establecer las Eventuales responsabilidades conforme al marco legal vigente.

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) informó por medio de un comunicado sobre el lamentable fallecimiento de una persona mexicana bajo custodia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) en California.

De acuerdo con información otorgada por el Consulado de México en San Bernardino, el cual fue notificado por elementos migratorios del centro de procesamiento de Adelanto, el incidente ocurrió durante la noche del pasado 25 de marzo.

Tras el hecho el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville ubicado en la región, donde reportaron su defunción, hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa de muerte.

Autoridades mexicanas en EU activaron el protocolo consular designado, el cual establece primordialmente el contacto con la familia de la víctima con la finalidad de brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

Estas acciones también incluyen el seguimiento del acontecimiento en conjunto con los funcionarios estadounidenses pertinentes para conocer el motivo del deceso, así como el expediente médico completo y las circunstancias previas con el objetivo de esclarecer el suceso.

SRE pide a EU investigación tras la muerte de migrantes mexicanos

La SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que estos casos no sigan ocurriendo. De la misma forma, demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto en California, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia.

El Gobierno de México aseguró que agotará todas sus instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este hecho. Agregó que tiene el compromiso de velar la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.

Personas mexicanas fallecidas bajo custodia del ICE

El pasado miércoles 25 de marzo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez dio a conocer el balance sobre las defunciones de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios en el periodo de 2025-2026.

Los casos se concentraron principalmente en California, con un total de cinco registros, seguido de Georgia con tres y Arizona con dos. En menor medida, también se reportaron incidentes en Texas, Florida, Missouri e Illinois, con un caso en cada uno de estos estados.

Ante estos hechos el funcionario aseguró que ya se encuentran abiertas las investigaciones correspondientes, y agregó que “vamos a buscar que haya toda la justicia”.

Antes de participar en la clausura de la presentación del informe del Consejo Económico y Social titulado 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas', la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, transmitió confianza al señalar que el proceso de regularización administrativa de migrantes extranjeros seguirá los pasos previstos, cumpliendo con todos los trámites legales requeridos para su publicación en el Boletín Oficial del Estado durante el mes de abril. Según publicó el medio, la ministra reafirmó la continuidad del proceso y su avance conforme a la hoja de ruta establecida, pese a la existencia de rumores y desinformaciones que han surgido en el contexto de esta iniciativa.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa, Saiz aclaró que todos los trámites perceptivos continúan ejecutándose conforme a la normativa vigente. La ministra expresó: “Quiero aprovechar esta comparecencia para confirmar que el proceso de regulación administrativa sigue su curso. Se están cumpliendo todos los trámites perceptivos, como saben no es necesario su convalidación en el Congreso, están haciéndose todos los informes necesarios para que sea una realidad, que será cuando se publique hacia el mes de abril”. La funcionaria destacó de este modo la operatividad del procedimiento e insistió en que la adopción de los informes y pasos administrativos previos garantizarán la seguridad jurídica de la medida.

Elma Saiz también abordó la existencia de informaciones inexactas o imprecisas sobre la regularización extraordinaria de migrantes, haciendo énfasis en la necesidad de transmitir un mensaje de serenidad a la población extranjera residente en España. El medio consignó que, según la ministra, la ejecución del proceso avanza “con total normalidad y cumpliendo todos los trámites preceptivos”. Saiz reiteró su mensaje a los migrantes, asegurando tranquilidad y confianza respecto al futuro de la regularización.

Durante su comparecencia en Madrid, la ministra resaltó que la realidad migratoria en España constituye un fenómeno estructural, lo que implica la necesidad de políticas públicas adaptadas y eficientes. Saiz subrayó la importancia de gestionar la migración “con eficacia” al verla como “una oportunidad” para el país. Según detalló el medio, el informe presentado por el Consejo Económico y Social, que ya había sido expuesto anteriormente en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sirve como base para la elaboración de las políticas actuales y futuras sobre la integración de personas extranjeras en el territorio español.

En el mismo marco informativo, la portavoz del Gobierno puso de relieve el papel decisivo de informes como el presentado por el CES para fundamentar las decisiones legislativas y administrativas en materia migratoria. Según informó el medio presente, Saiz subrayó que la publicación en el Boletín Oficial del Estado marcará la entrada en vigor de la regularización, tras la consecución de los trámites internos y la recopilación de los informes necesarios, paso imprescindible para garantizar la transparencia y el rigor del proceso administrativo en curso.

La ministra recordó que, por tratarse de una medida administrativa, no resulta necesario el trámite de convalidación por parte del Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo publicado por la fuente. Con esta aclaración, Saiz respondió a dudas y especulaciones sobre el cauce legal del procedimiento, insistiéndose en la normalidad y legalidad de los plazos y pasos seguidos por la administración.

El medio reportó que la intervención de Saiz se produjo en un contexto marcado por la atención mediática y social en torno al tema migratorio. Los objetivos señalados durante su comparecencia apuntan tanto a la correcta gestión de los trámites legales como a la necesidad de combatir la desinformación que podría acarrear incertidumbre entre la población extranjera y la ciudadanía en general.

De acuerdo con la información divulgada, se espera que la publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado se lleve a cabo dentro del mes de abril, completando así una fase clave del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras residentes en España. La ministra hizo un llamado a esperar la comunicación oficial y a mantenerse informados a través de los canales institucionales correspondientes para evitar malentendidos respecto a los plazos y procedimientos implicados.

La Iglesia Católica en Estados Unidos cambió de rumbo durante el segundo mandato de Donald Trump. Ahora, la defensa de los migrantes domina su mensaje público y deja en segundo plano el aborto, el tema que antes encabezaba las prioridades.

Los obispos aumentaron sus críticas a las políticas migratorias del Gobierno y buscaron respaldo en el Vaticano. Esta transformación genera un debate entre los líderes religiosos y los propios fieles, que no siempre comparten la nueva agenda.

En los últimos meses, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) elevó el tono en sus declaraciones. Los obispos denunciaron las deportaciones masivas, exigieron respeto para quienes buscan asilo y aseguraron que defender la vida implica proteger a los migrantes. El papa Leo XIV, el primer pontífice estadounidense, respaldó este mensaje y pidió que el país “oponga al trato inhumano de los inmigrantes”.

Además, la USCCB organizó vigilias frente a centros de detención migratoria y habilitó líneas de asistencia legal para migrantes en situación de riesgo. Las parroquias en ciudades como Minneapolis y Houston ofrecieron refugio temporal a numerosas familias que quedaron desamparadas tras las redadas federales.

Las prioridades cambian: del aborto a la inmigración

Durante décadas, la Iglesia Católica en el país luchó sobre todo contra el aborto, el matrimonio igualitario y defendió la libertad religiosa. Ese enfoque marcó la imagen pública de los obispos y los alineó con posturas conservadoras. Todo cambió con la segunda presidencia de Trump.

A partir de 2025, los comunicados públicos de la USCCB sobre derechos de migrantes superaron en número a los referidos al aborto, según informes oficiales del episcopado. Hasta 2024, el aborto encabezaba la mayoría de las declaraciones episcopales, pero desde la reelección del republicano la inmigración ocupa el lugar central en la agenda y en la comunicación institucional.

En noviembre, la USCCB publicó un mensaje especial y criticó la política de “deportación masiva indiscriminada”. Los obispos reclamaron reformas que garanticen el derecho al asilo y pidieron respeto a la dignidad humana.

El obispo Mark J. Seitz, presidente del Comité de Migración, afirmó: “La dignidad humana y la seguridad nacional no son incompatibles, siempre que haya voluntad de diálogo”.

La Iglesia sostiene que la defensa de la vida abarca a quienes huyen de la violencia y la pobreza. El papa Leo XIV afirmó que ser “pro vida” requiere oponerse tanto al aborto como al maltrato de los migrantes.

Obispos enfrentan las políticas migratorias de Trump

El Gobierno de Trump endureció las leyes migratorias. Los obispos reaccionaron de inmediato. Tras ver imágenes de redadas en Minnesota, varios líderes religiosos de estados fronterizos viajaron a la zona. Mostraron su apoyo a las comunidades migrantes y rechazaron la represión.

Algunos obispos recibieron presiones directas de legisladores cercanos al Gobierno para moderar sus críticas públicas. A pesar de esas presiones, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos intensificó la colaboración con Catholic Charities y la Red Jesuita de Migrantes para distribuir ayuda humanitaria en la frontera sur. Asimismo, presentó recursos legales junto a organizaciones civiles con el objetivo de frenar las deportaciones masivas.

La USCCB presentó documentos ante la Corte Suprema. Calificó la revocación de la ciudadanía por nacimiento como “una afrenta a la dignidad humana”. Los abogados de la Iglesia citaron el Catecismo: los países ricos deben recibir refugiados y migrantes económicos en la medida de sus posibilidades.

El giro en la agenda generó rechazo en sectores conservadores. CatholicVote, organización política católica estadounidense, sostuvo que los obispos “tratan la aplicación de la ley como moralmente sospechosa por defecto”.

El grupo afirma que los fieles se sienten obligados a elegir entre la obediencia eclesial y el respeto a la ley.

El Vaticano respalda el nuevo enfoque

El Vaticano apoya el cambio. El papa Leo XIV animó a los obispos estadounidenses a defender a los migrantes. Francisco, su antecesor, ya había pedido prioridad absoluta para esa causa. Tres meses antes de morir, había mandado una carta abierta a los obispos de Estados Unidos. Les pidió que defiendan a los migrantes sin titubeos.

Leo XIV continuó esa línea. En septiembre, señaló que la defensa de los inmigrantes es “muy importante”. Respaldó el mensaje especial de la USCCB y planea pasar el 4 de julio en Lampedusa, un símbolo de la migración en Europa.

Ese viaje repite el gesto de Francisco y muestra la continuidad entre ambos pontífices.

Distancia entre obispos y fieles católicos

El cambio de prioridades no convence a toda la feligresía. Las encuestas muestran una brecha clara entre la dirigencia eclesial y los católicos de a pie. En noviembre, un sondeo indicó que el 54% de los católicos apoya la detención y deportación a gran escala de inmigrantes sin autorización.

Un estudio del Pew Research Center, centro de estudios demoscópicos estadounidense, reveló que el 57% de los católicos defiende la legalidad del aborto en la mayoría de los casos. Estos números muestran que la Iglesia enfrenta dificultades para influir de manera uniforme en su propio pueblo, incluso cuando los obispos bajan el perfil del aborto.

La historia de las tensiones políticas

La Iglesia Católica estadounidense ya vivió enfrentamientos con el poder político y con sus fieles. En 1983, los obispos rechazaron la política nuclear de Ronald Reagan. Tres años después, criticaron la desregulación económica que impulsó el Partido Republicano.

En los últimos veinte años, la defensa del aborto como prioridad provocó debates internos sobre la comunión de políticos católicos proabortistas y generó mensajes públicos contra leyes de salud y matrimonio igualitario.

Con la llegada de Trump, la confrontación tomó otro rumbo. Las políticas migratorias y la retórica oficial empujaron a la Iglesia a una posición de resistencia. Ahora, los obispos se alinean con el Vaticano y con sectores progresistas de la sociedad estadounidense.

El futuro de la agenda episcopal

Todo indica que la defensa de los migrantes seguirá en el centro de la agenda católica. Los obispos cuentan con el apoyo del papa y mantienen la línea que inició Francisco. La evolución de la política nacional y la relación entre la Iglesia y sus fieles marcarán los próximos pasos.

Por ahora, la protección de la dignidad de los migrantes se convirtió en el símbolo del compromiso católico en un país polarizado. Los líderes eclesiales insisten en que la defensa de la vida no termina en el aborto, sino que también incluye a quienes buscan un futuro mejor lejos de sus países de origen.

La presunta detención de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, puso nuevamente en el centro de la atención pública a una de las figuras más cercanas al exmandatario acusado de desvío de recursos.

Según reportes de medios nacionales, Gómez Fong fue localizada y puesta bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso por un tema relacionado con su estatus migratorio en Estados Unidos. Presuntamente el problema que derivó en su detención fue que no contaba con sus documentos para acreditar su legal estadía en EEUU.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la detención de Fong, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida en 2020 por la justicia mexicana, que la señala como presunta participante en un esquema de desvío de recursos públicos y lavado de dinero durante la administración de Duarte.

Los orígenes y el perfil público de Bertha Gómez Fong

Según reportes periodísticos, Bertha Gómez Fong nació en Chihuahua y se formó en el ámbito local antes de adquirir notoriedad como esposa de César Duarte, quien gobernó el estado entre 2010 y 2016.

Durante este periodo, Gómez Fong encabezó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, desde donde coordinó programas sociales y actividades de asistencia dirigidas a sectores vulnerables.

Reportes previos de este medio señalaron que su gestión al frente del DIF de Chihuahua incluyó la promoción de campañas de salud y apoyo alimentario, lo que le permitió afianzar una presencia constante en actos público.

La esposa del exgobernador consolidó una imagen de trabajo social, aunque su papel institucional la colocó bajo la lupa de las autoridades tras el inicio de las investigaciones contra Duarte.

Reportes de medios nacionales han documentado cómo la familia Duarte Gómez consolidó una estructura de poder relevante en la administración estatal, lo que derivó en indagatorias sobre el manejo de fondos públicos y la posible utilización de instituciones oficiales para fines personales.

Acusaciones y procesos judiciales en su contra

El caso judicial contra Gómez Fong se formalizó cuando la Fiscalía General del Estado de Chihuahua obtuvo una orden de captura en su contra en 2020.

Según información publicada por Infobae México, la exfuncionaria está acusada de participar en operaciones de triangulación y lavado de dinero, así como en el desvío de fondos públicos a través de empresas y cuentas asociadas a su entorno familiar y político.

Gómez Fong intentó obtener un amparo para evitar la detención y la extradición, pero la justicia federal negó la protección.

Tras el término de la administración de su esposo, Bertha habría salido de México para alojarse en Estados Unidos. En el 2020 fue detenido César Duarte por autoridades estadounidenses, sin embargo, su caso fue desestimado por falta de pruebas y se realizó su extradición a México en el 2022.

Ya en México, en 2024 César duarte fue liberado con medidas cautelares y recapturado el pasado 8 de diciembre de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR) quien cumplimentó una orden de aprensión en su contra.

Bertha Gómez Fong y la tarjeta American Express

Uno de los momentos recientes en que el nombre de Bertha Gómez Fong volvió a figurar públicamente se dio en diciembre de 2025, cuando la FGR presentó una nueva acusación contra César Duarte, quien se encuentra preso en el Penal del Altiplano, por presunto desvío de recursos a través de empresas ganaderas.

Supuestamente el ex gobernador intentó ocultar el origen de más 76 millones de pesos, de los 96 millones que presuntamente desvió cuando fue gobernador de Chihuahua.

Las investigaciones incluyeron a personas cercanas al exgobernador, entre ellas su esposa, por la presunta triangulación de recursos públicos mediante sociedades mercantiles y transferencias irregulares.

Entre las empresas vinculadas se encuentran Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, de la cuales Bertha Olga Gómez Fong fue representante legal y socia.

La investigación sostiene que los recursos originalmente asignados para la adquisición de ganado y equipamiento en el sector ganadero de Chihuahua fueron canalizados hacia empresas vinculadas a la familia Duarte a través de subsidios y convenios oficiales. Las autoridades presumen que una parte de esos fondos terminó en cuentas controladas por César Duarte, su esposa y sus hijos.

Documentos del caso señalan que parte del dinero desviado presuntamente fue utilizado para saldar la deuda de una tarjeta de crédito American Express registrada a nombre de Bertha Olga Gómez Fong.

De acuerdo con la organización Médicos del Mundo, la misiva fue publicada este miércoles y tiene como destinatarios a los miembros del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, instándolos a rechazar la propuesta de reglamento para la deportación de migrantes. Médicos del Mundo manifestó su profunda preocupación por el impacto negativo que la aplicación de esta normativa tendría sobre la salud pública en la región, tal como detalló el medio en su comunicado. La organización remarcó que la medida, que será sometida a votación el jueves, intensificaría redadas policiales, detenciones y expulsiones de migrantes en situación administrativa irregular. Como resultado de este marco legal, los hospitales y otros servicios públicos podrían quedar expuestos a su transformación en instrumentos de control migratorio.

Según el documento citado por Médicos del Mundo, en la actualidad muchas personas indocumentadas ya se abstienen de buscar atención médica por temor a ser detectadas y deportadas, lo que conduce a diagnósticos tardíos, enfermedades más avanzadas y costes de tratamiento más elevados. Además, estos retrasos generan riesgos adicionales para la salud pública, ya que enfermedades transmisibles pueden quedar sin controlar y propagarse en las comunidades. El reglamento, según la carta, agravaría la situación al perpetuar un clima de miedo que alejaría aún más a quienes necesitan atención, afectando tanto el bienestar individual como la estabilidad general de los sistemas de salud pública.

Eva Compes, vocal de Migraciones de Médicos del Mundo, advirtió a través del comunicado que “este reglamento corre el riesgo de crear un clima de miedo que alejará a las personas de los servicios sanitarios, con graves consecuencias tanto para los individuos como para los sistemas de salud pública en su conjunto”. Los firmantes del escrito enfatizaron que la propuesta legislativa pone en peligro los principios fundamentales de la ética médica, sobre todo la confidencialidad de los pacientes, al abrir la puerta a compartir información sensible y obligar potencialmente a profesionales a actuar como agentes de control migratorio.

“No aceptamos ser instrumentos del control migratorio”, recalcaron los profesionales sanitarios en la carta, y subrayaron que su deber es “proteger la salud de todas las personas que necesitan atención, independientemente de su situación administrativa”, según consignó Médicos del Mundo. Para el colectivo firmante, la protección de la confidencialidad y el acceso sin restricciones a la atención médica constituyen pilares fundamentales de la función sanitaria, que no pueden verse condicionados por políticas migratorias.

El pronunciamiento de estos especialistas también advierte acerca de las consecuencias a largo plazo de ampliar la detención migratoria, como la mayor exposición a enfermedades infecciosas, el deterioro de la salud mental y la posibilidad de padecer enfermedades crónicas derivadas de entornos restrictivos y segregados. Médicos del Mundo incluyó en el análisis el riesgo de que se establezcan centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea, donde las personas migrantes encuentren dificultado su acceso a la atención de salud y vean vulnerados sus derechos fundamentales debido a una menor exigencia de garantías.

Por último, la carta subrayó el rechazo de su comunidad a cualquier sistema que divida el acceso a la salud en función del estatus administrativo de las personas. “Como profesionales de la salud y organizaciones que prestan asistencia sanitaria en situaciones de crisis, no podemos aceptar la creación de un sistema que divide a las personas entre quienes merecen acceso a la salud y quienes no”, manifestó el grupo, según publicó Médicos del Mundo.