La necesidad de actualizar los criterios de representación y de personal en las instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), haciendo hincapié en el equilibrio entre Estados miembros y en la importancia de la meritocracia, la transparencia y la proporcionalidad, fue expuesta por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez.

La posición panameña fue dada a conocer durante la reciente visita de Martínez-Acha Vásquez a El Salvador, donde desarrolló una agenda enfocada en la integración regional y la modernización tecnológica del sector público.

“Las circunstancias actuales demandan algo más que ajustes administrativos. Requieren una modernización institucional de fondo”, remarcó el funcionario, quien reiteró el respaldo de Panamá a la Secretaría General en este proceso.

La delegación panameña planteó una visión de un SICA enfocado en resultados tangibles para los habitantes de la región y apostó por instituciones más modernas y sometidas a mecanismos claros de rendición de cuentas.

Entre los temas abordados figuraron la seguridad regional, la eficiencia institucional y la cooperación internacional.

En el marco de la visita a la nación centroamericana, el canciller panameño se reunió con la secretaria general del SICA, Lina Ajoy Rojas, con quien analizó la participación de Panamá en los procesos regionales y revisaron los principales proyectos en marcha.

Un reciente comunicado oficial de Panamá llama la atención sobre la necesidad de revisar a fondo el funcionamiento interno del SICA.

La nación canalera considera fundamental que la distribución y asignación de personal dentro del organismo refleje criterios de equidad entre los Estados miembros y esté guiada por el mérito, la capacidad y la transparencia.

El texto panameño hace hincapié en que la salud financiera del SICA requiere acciones inmediatas. Para asegurar que el organismo pueda cumplir con sus metas, resulta indispensable que cada país cumpla puntualmente con sus compromisos económicos, generando así los fondos necesarios para sostener sus programas y actividades.

En la declaración, la cancillería panameña reconoce los esfuerzos que ha realizado la Secretaría General para enfrentar los desafíos actuales. Sin embargo, advierte que “las circunstancias demandan algo más que ajustes administrativos: requieren una modernización institucional de fondo”.

El SICA se presenta como la principal plataforma de integración para Centroamérica y el Caribe de habla hispana, albergando uno de los proyectos más ambiciosos de cooperación política, económica y social en la región.

La propuesta de Panamá impulsa la apertura de un diálogo profundo entre los Estados miembros. El objetivo es abordar dimensiones clave como la representatividad, la asignación objetiva de responsabilidades y la mejora de los sistemas de gobernanza, junto con la urgencia de fortalecer la sostenibilidad financiera del organismo.

Como parte de este proceso, la nación del istmo hace énfasis en la necesidad de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos. Además, propone optimizar la estructura institucional para evitar redundancias y mejorar la eficiencia del SICA.

Durante su visita a El Salvador, el canciller panameño también sostuvo un encuentro con Manuel Bello, responsable de la plataforma digital de salud pública Doctor SV.

Esta iniciativa, destacada por su innovación en telemedicina, utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para facilitar el acceso gratuito a consultas generales, orientación nutricional y atención en salud mental de forma continua, además de ofrecer recetas digitales y seguimiento a pacientes crónicos.

La experiencia de Doctor SV fue valorada por el ministro panameño como un referente regional en transformación digital, identificando oportunidades concretas para fortalecer la cooperación entre ambos países en áreas como la innovación pública y la aplicación de inteligencia artificial a servicios esenciales, según una nota de prensa.

Panamá, con esta agenda, reafirma su apuesta por una integración centroamericana basada en la modernización, la eficiencia y la obtención de resultados, mientras consolida con El Salvador una alianza estratégica centrada en la innovación, la conectividad, la seguridad, la inversión y el desarrollo humano, manifestó la cancillería istmeña.

El llamado de Panamá a una reforma profunda dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) marca un punto de inflexión en el debate regional.

La nación canalera subraya en un comunicado que, para garantizar la sostenibilidad y relevancia del organismo, la transformación debe ir más allá de simples ajustes administrativos y abordar de raíz la estructura y los procesos internos.

Sostiene que el SICA es una herramienta fundamental para la estabilidad y el desarrollo centroamericano.

Sin embargo, afirma que la coyuntura actual exige modernizar el sistema para responder de manera más eficaz a los desafíos y expectativas de los países miembros.

El SICA es el principal marco institucional de la integración regional en Centroamérica y constituye hoy uno de los proyectos más ambiciosos de articulación política, económica y social en el espacio centroamericano y caribeño hispanohablante.

La postura oficial panameña plantea que el organismo solo podrá cumplir sus metas si adopta medidas que refuercen el equilibrio y la transparencia en su funcionamiento.

Según el comunicado de la delegación panameña, la revisión de los criterios de representación y participación es prioritaria.

Panamá señala que la distribución del personal debe basarse en la capacidad y el mérito, para así evitar desequilibrios que afecten el funcionamiento colectivo.

El país también promueve la aplicación de criterios de proporcionalidad en el reparto de recursos humanos y responsabilidades.

En materia financiera, se enfatiza la necesidad de mecanismos sólidos que aseguren el cumplimiento de los compromisos económicos de los Estados miembros.

Solo con una administración robusta y reglas claras, el organismo podrá contar con los fondos necesarios para operar y alcanzar sus objetivos.

La delegación reconoce la labor de la Secretaría General ante los retos actuales, pero insiste en que las circunstancias requieren una modernización estructural.

Los esfuerzos de la Secretaría para avanzar en esta dirección son respaldados por Panamá, al considerar que la reforma institucional es clave para consolidar la integración regional.

La propuesta panameña aboga por abrir un diálogo a fondo entre los países miembros para examinar temas como la representatividad, la asignación objetiva de responsabilidades, la mejora de los mecanismos de gobernanza y la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera.

En este proceso, la nación canalera subraya la importancia de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos, así como de optimizar la estructura institucional para evitar duplicidades.

Además, propone la realización de evaluaciones periódicas de desempeño que permitan ajustar las acciones del SICA a las necesidades reales de la región.

En respuesta a la pregunta sobre el sentido de la posición de Panamá, la delegación aclara en un comunicado que su propuesta no supone un cuestionamiento a ningún país ni al personal del sistema.

Por el contrario, busca consolidar y modernizar el organismo, con el objetivo de preservar su papel como motor de la integración centroamericana.

Para el gobierno panameño, la fortaleza de cualquier organismo regional depende del equilibrio, la corresponsabilidad y la transparencia en la gestión.

Por ello, insta a iniciar un proceso de revisión política e institucional que involucre a todos los Estados miembros y a la Secretaría General, en un entorno de diálogo abierto y constructivo.

El objetivo de esta postura es dotar al SICA de estructuras más sólidas, eficientes e incluyentes. Panamá reitera su disposición a participar activamente en este proceso, convencido de que solo con instituciones renovadas y finanzas sanas podrá fortalecerse la confianza y avanzar hacia una integración regional más efectiva.

La apuesta panameña refleja un compromiso firme con la consolidación de la entidad de integración, como plataforma clave para el desarrollo conjunto de Centroamérica.

El SICA fue formalmente establecido el 13 de diciembre de 1991 mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), un instrumento que reformó y sustituyó la institucionalidad previa creada en 1951 y que inauguró una nueva etapa orientada a consolidar a Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

En Panamá una comisión será la encargada de coordinar, planificar, ejecutar y supervisar todas las acciones necesarias para la reorganización integral de la Academia Panameña de la Historia.

La medida se toma en momentos en que el país se apresta a la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, evento que reunirá a representantes de otras academias de la historia, particularmente de los países bolivarianos.

La comisión de rescate estará presidida por Omar Jaén Suárez y Alfredo Castillero, dos sobrevivientes de la Academia, quienes estarán acompañados por representantes técnicos del Ministerio de Cultura.

Esta tiene la potestad de poder aprobar nuevos estatutos, elegir miembros y autoridades, así como la celebración de la asamblea de reactivación y la protocolización e inscripción en el Registro Público.

A la comisión le corresponderá elaborar un informe detallado que describa el estado actual de la Academia, incluyendo la situación legal vigente y la revisión del estatuto de 1944.

De igual manera, tendrá entre sus funciones redactar un nuevo cuerpo normativo que será sometido a la consideración de los miembros de número, quienes tienen la potestad exclusiva de su reorganización.

Deben brindar apoyo a los académicos titulares o numerarios sobrevivientes en el proceso de elección de nuevos miembros titulares.

Fundada el 16 de mayo de 1921 como una corporación científica dedicada al estudio riguroso y sistemático de la historia nacional, en los últimos años la desaparición de la mayoría de sus miembros, frente a la indolencia gubernamental en nombrar sus reemplazos, ha dejado casi en el olvido a una entidad llamada a preservar la historia de Panamá.

La Ley 65 de 9 de junio de 1941 estableció su personalidad jurídica pública, sus funciones y su adscripción administrativa al entonces Departamento de Bellas Artes del Ministerio de Educación.

“La Academia se ha convertido, en realidad, en una especie de cementerio, en donde la mayoría de los sillones están vacíos porque nunca se pudieron llenar esos cupos, debido a que nunca se llamó para realizar esas elecciones”, dijo en 2024 uno de los sobrevivientes, Omar Jaén Suárez.

En 1826 en la sala capitular del Convento de San Francisco, a orillas del océano Pacífico, se realizó en el país el Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Simón Bolívar.

La historia registra que al Congreso Anfictiónico de Panamá asistieron representantes de la Gran Colombia, Centro América, Perú y los Estados Unidos Mexicanos.

Después de celebrar diez sesiones, suscribieron varios acuerdos, siendo el más importante de todos ellos el “Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua”, firmado el 15 de julio de 1826.

Los acuerdos tenían que ser ratificados por las Repúblicas que los suscribieron, y los instrumentos de ratificación estaba previsto que se canjearan en el plazo de ocho meses en la Villa de Tacubaya, México, donde hubieran debido continuar las sesiones del Congreso de Panamá.

Pero, por diversas circunstancias históricas el Congreso no pudo seguir funcionando en Tacubaya como se había contemplado y fue disuelto, en tanto, de los países que los habían firmado sólo Colombia ratificó en septiembre de 1827 los convenios que se habían alcanzado en Panamá, apunta Juan Carlos Pérsico, especialista en relaciones internacionales y docente.

Manifiesta que la razón por la que el Congreso Anfictiónico de 1826 se realizó en Panamá se encuentra en la carta de invitación remitida por Bolívar, donde se lee: “Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá, sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia y por la otra África y Europa”.

Durante el periodo 2025-2025 la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sumó 480 nuevos miembros, para un total de 1,800 empresas de todos los tamaños, representativas de 15diferentes sectores de la economía panameña.

Juan Arias, presidente saliente del gremio más representativo del sector privado panameño, señaló que en el periodo de referencia la Cámara firmó una treintena de acuerdos de cooperación con sus similares de distintas partes del mundo, así como con instituciones nacionales e internacionales, para promover el intercambio comercial, de información y conocimiento a favor de sus miembros y del país.

Al hacer un resumen de su gestión, manifestó que las exposiciones realizadas por el gremio representaron a más de 800 empresas, más de 30 países, produjeron más de 19 mil contactos de negocio y generaron más de $165 millones en oportunidades.

“Eso es Panamá en acción”, dijo, a la vez que recordó que para tener un país en constante crecimiento económico se debe mejorar la educación de cerca de 900 mil estudiantes que hoy día se encuentran en el sistema, pues si no son bien preparados “todo lo demás se queda corto”.

Por eso, afirmó que el sector empresarial va a seguir presente, acercando puntos de vista por una reforma educativa a favor del futuro de los panameños.

Arias aseguró que Panamá lo tiene todo: ubicación, talento y gente que no se rinde. “Lo que necesitamos es seguir haciendo lo correcto, sumando y empujando en la misma dirección”.

El panameño, agregó, quiere trabajar, avanzar y salir adelante, por lo que participamos en debates importantes como el de la mina de cobre y el de Río Indio con responsabilidad y apertura.

“No nos quedamos en posiciones cómodas ni en extremos fáciles. Promovimos espacios de diálogo, escuchamos a todos los sectores —comunidades, expertos, empresa privada y autoridades— y abordamos estos temas como lo que son: decisiones complejas que impactan el presente y el futuro del país. Porque sabemos que Panamá necesita avanzar con seriedad, tomando decisiones basadas en información, con visión de largo plazo y pensando siempre en el bienestar de la gente”, apuntó Arias.

Comentó que los empresarios salieron a abrir puertas mediante misiones comerciales a Brasil, Corea y Japón, “entendiendo que Panamá tiene que jugar en grande. Hoy vemos señales positivas, resultados de estas misiones, que reafirman que cuando se hacen las cosas bien, el país gana”.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha cuestionado algunas iniciativas, entre ellas últimamente la del etiquetado frontal de advertencia en los alimentos, aduciendo que no hay consenso en el mundo sobre cómo esto debe ser.

“Cada país ha tomado caminos distintos, y muchos siguen ajustando sus modelos porque el tema no es tan simple como poner un símbolo en un empaque. Por eso, antes de imponer un sistema único en Panamá, vale la pena hacer una pausa”, comentó el gremio.

Los empresarios sostienen que cuando se habla de etiquetado frontal, se habla de simplificar, de reducir la información a una advertencia visible. Puede parecer práctico, pero también puede ser limitado, porque la salud no se resume en un símbolo, sentenciaron.

Sus voceros detallaron que “cuando una política se queda corta en información, alguien termina pagando esa simplificación y ese alguien es usualmente el consumidor”.

La Cámara insistió en que cambiar empaques, reformular productos y ajustar líneas de producción “todo eso cuesta”, por lo que en un mercado como el de Panamá esos costos no los absorbe el sistema, y al final, quien paga es el panameño que acude a comprar en una tienda o en un supermercado.

Tras declarar como organización terrorista al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Gobierno procedió con su inscripción y la de sus miembros en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), a traves de Boletín Oficial.

Mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se formalizó con la medida anunciada días atrás mediante un comunicado difundido por la Casa Rosada. El texto publicado destacaba el trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, además de las dos carteras mencionadas, sobre la base de informes oficiales que acreditaban actividades ilícitas de carácter transnacional y vínculos con otras organizaciones terroristas.

A su vez, la reciente resolución 2/2026 se fundamentó en lo dispuesto por la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Estas normas establecen la obligación de los Estados Parte de implementar marcos jurídicos y administrativos para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo, así como promover la cooperación internacional y el intercambio de información en la materia. Con este pronunciamiento, el país se “ha comprometido a promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada trasnacional”.

El documento responde a cada uno de los organismos mencionados anteriormente dejando en claro su postura y reafirmando su compromiso con erradicar “los delitos de financiación del terrorismo, así como también a sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave”.

En paralelo el Gobierno solicitó la intervención del Ministerio de Justicia para que actúe a los fines de la inscripción en el RePET, asegurando que los requisitos se encuentran reunidos. Se trata de un procedimiento que responde a los motivos fundados que el Poder Ejecutivo tiene para sospechar que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional. El avance habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas orientadas a limitar la capacidad de acción.

Entre los argumentos citados por las carteras que conducen Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno, respectivamente, figura el modus operandi de la organización la cual “incluye la utilización del terror para coaccionar a las autoridades gubernamentales y a la población en general, a través de diversas modalidades, en convergencia con terrorismo”.

Ambos funcionarios resaltaron que la inclusión “se presenta como una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento”.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una organización criminal originada en México a principios de la década de 2010, tras la fragmentación de los principales cárteles del país. Su surgimiento está relacionado con una división interna del Cártel de Sinaloa y la influencia de estructuras previas como el Cártel del Milenio, en un periodo de transformación del tráfico de drogas mexicano.

En pocos años, el CJNG amplió su influencia desde una base regional a una red de alcance internacional. Su crecimiento se sostuvo en el tráfico de drogas, en particular metanfetaminas y fentanilo, la toma de rutas clave y la formación de alianzas con grupos locales en diferentes países. Esta expansión permitió que el cártel mantenga operaciones en América, Europa, Asia y Oceanía, tanto en mercados de consumo como en circuitos logísticos.

La organización combina una conducción centralizada con una estructura territorial descentralizada, operando a través de células autónomas que facilitan su adaptación ante operativos y cambios internos. Durante más de diez años, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, encabezó el grupo, hasta su muerte en un operativo policial en México el 22 de febrero de este año. Bajo su liderazgo, el CJNG diversificó sus actividades hacia la extorsión, secuestro, tráfico de migrantes, robo de combustible y lavado de dinero.

El cártel se caracteriza por acciones violentas y ataques dirigidos contra fuerzas de seguridad, así como el uso de armamento pesado.

El Gobierno designó a cinco nuevos integrantes para el Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), bajo el decreto 901/2025 publicado este lunes en Boletín Oficial. Los flamantes funcionarios actuarán en carácter ad honorem por un período de cuatro años dentro de la Agencia Espacial Nacional que promueve las políticas para la promoción y ejecución de las actividades en el área espacial.

De acuerdo con lo dispuesto, Leandro Horacio Massaccesi fue nombrado por el Ministerio de Capital Humano. Asimismo, Felipe Berón asumirá como representante designado por el Ministerio de Economía; y en representación de la Cancillería, estará la ministra Plenipotenciario de Segunda Clase, María Jimena Schiaffino.

Por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, integrarán el órgano directivo el abogado Emiliano Cisneros y el contador Diego Alejandro Nelli. La normativa se apoya en la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias, el Decreto N° 995/91 y actualizaciones, así como a los lineamientos establecidos para el funcionamiento de organismos descentralizados de la administración nacional.

Los nombramientos fueron llevados a cabo por las distintas áreas que articulan los sectores científicos, tecnológicos, productivos y educativo, de la Jefatura de Gabinete. Según la estructura vigente, la integración y normalización del Directorio resulta central para dar continuidad a los programas y proyectos en desarrollo en el área.

La designación ocurre pocos días después que desde el Gobierno presentara la nueva hoja de ruta para el desarrollo espacial argentino, con el lanzamiento oficial de las “Bases para el Desarrollo Espacial Argentino”, una iniciativa que busca redefinir la estrategia nacional de acceso al espacio y ampliar la articulación entre los sectores científico, tecnológico e industrial.

El anuncio se realizó durante un acto en el Centro Cultural de la Ciencia, encabezado por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, y reunió a referentes del sector, empresarios, emprendedores, estudiantes y autoridades de organismos vinculados al ecosistema espacial argentino.

El documento oficial establece la creación de un Hub Espacial Nacional, destinado a integrar capacidades científicas, tecnológicas e industriales, así como el desarrollo del proyecto de acceso al espacio y la consolidación de la Argentina como una plataforma formativa para aspirantes a astronautas. Según la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, este plan responde a la intensificación de la competencia internacional en materia espacial, donde participan no solo agencias estatales, sino también empresas privadas y nuevos actores regionales.

La nueva estrategia se construyó a partir de una serie de encuentros con especialistas, según explicó Genua. “Esta iniciativa es resultado de encuentros con expertos y referentes que vienen impulsando uno de los sectores más estratégicos de la Argentina. Gracias a ellos, construimos esta hoja de ruta que estamos presentando”, señaló el funcionario, quien destacó la importancia de promover una visión de largo plazo para consolidar avances sostenibles más allá de los ciclos de gobierno.

Mediante la presentación de las Bases para el Desarrollo Espacial Argentino, identificaron la necesidad de actualizar el plan espacial para generar sinergias con el ritmo de las transformaciones tecnológicas globales. En este sentido, el plan nacional apunta a una integración efectiva con la economía espacial. En paralelo, la propuesta plantea programas de formación para astronautas y profesionales especializados con perspectiva internacional.

En el marco de la presentación, explicaron que la propuesta se asienta en el Plan Nacional Espacial, que contempla la exploración, la fabricación y el lanzamiento de satélites nacionales como parte de la agenda de autonomía tecnológica. Entre los ejes centrales figura el desarrollo del cohete Tronador II, un proyecto destinado a dotar al país de la capacidad de colocar en órbita satélites de fabricación local. El secretario subrayó que “Argentina necesita un nuevo plan espacial que esté a la altura de las transformaciones tecnológicas que vivimos.

Por eso, vamos a presentar un plan espacial, esta vez, elaborado con todo el ecosistema, donde los emprendedores, las empresas y el talento argentino sean protagonistas y lideren el crecimiento de la economía espacial argentina”.