La Comisión Nacional del Bambú (Conaba) definió nuevas áreas de trabajo para impulsar el cultivo, la conservación y la transformación del bambú, con aplicaciones previstas en el ambiente, la producción agropecuaria y la vivienda rural.

El bambú cuenta en Panamá con un marco institucional y técnico coordinado por dicha comisión, aunque el país no dispone de una ley dedicada exclusivamente a esta especie.

La regulación se apoya en normas existentes y en acciones de coordinación entre instituciones, productores y otros sectores.

Durante la jornada, los participantes revisaron las resoluciones que dieron origen a la Conaba y analizaron el Plan Nacional del Bambú correspondiente al período 2025-2030.

La asamblea aprobó por mayoría una organización basada en siete ámbitos: agronómico, agroindustrial, ambiental, social, investigación, infraestructura y comunicación.

Estos ejes ordenarán las tareas de las subcomisiones regionales, y la nueva estructura busca que las acciones sobre el bambú no queden limitadas a la producción de plantas.

El planteamiento incorpora el manejo de las plantaciones, el procesamiento industrial, la formación de productores, la investigación y la difusión de oportunidades para las comunidades rurales.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ocupa actualmente la Secretaría de la Junta Directiva de la Conaba.

Desde esa función, la entidad manifestó su compromiso de coordinar esfuerzos con los sectores que participan en el aprovechamiento responsable del recurso.

La estrategia nacional propone consolidar durante una década una cadena de valor sostenible y competitiva, desde la instalación de viveros tecnificados hasta el uso industrial del bambú.

El objetivo incluye ampliar la participación de productores y promover actividades que generen valor agregado en distintos territorios del país.

Uno de los puntos previstos consiste en fortalecer las fases iniciales de la actividad: la propagación, el establecimiento de plantaciones y su manejo. El programa también plantea incorporar tecnologías sostenibles que contribuyan a mejorar el rendimiento del cultivo.

El documento menciona usos potenciales en la bioconstrucción, la artesanía, la medicina, la botánica y la actividad agropecuaria. La propuesta busca validar esas aplicaciones para que puedan integrarse a iniciativas productivas y ambientales. Otra de las líneas de acción se relaciona con las llamadas soluciones basadas en la naturaleza.

Bajo ese enfoque, la información detalla que el bambú podría utilizarse para recuperar suelos degradados, proteger cuencas hídricas y controlar procesos de erosión.

En el ámbito agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario prevé divulgar métodos de siembra, propagación responsable y manejo sostenible. La institución también evaluará la utilidad del bambú en actividades pecuarias.

El análisis abarcará el potencial de algunas especies como suplemento nutricional para animales. El propósito de esa evaluación es determinar si esta alternativa puede contribuir a reducir costos de producción.

La recopilación de datos será otra de las tareas previstas. Además del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, las instituciones del sector agropecuario proyectan reunir información sobre los productores actuales y potenciales, la superficie cultivada, la rentabilidad de la actividad y los problemas que enfrenta el sector.

Ese registro, se indica, servirá para orientar investigaciones, asistencia técnica y opciones de transformación productiva.

El material revisado durante la asamblea menciona un Plan Nacional del Bambú 2025-2030.

En otra parte, la información identifica un Programa Nacional de Bambú 2025-2035 y lo presenta como una estrategia decenal.

La Comisión Nacional del Bambú concentra su labor en el desarrollo sostenible de esta actividad, desde el cultivo y el manejo de plantaciones hasta sus posibles usos en la agronomía, la botánica, la medicina, la artesanía y la industria.

El planteamiento institucional ubica al bambú como una alternativa para la bioeconomía, la economía circular y las medidas frente al cambio climático.

La ejecución de los ejes aprobados definirá el alcance de esa estrategia en las zonas rurales panameñas.

La certificación orgánica para actividades pecuarias y avícolas se incorporó por primera vez en Panamá durante 2025, una ampliación que hasta entonces solo alcanzaba a los rubros agrícolas mediante la Certificadora Pública.

La medida habilitó a los productores a sumar valor a sus bienes, con la expectativa de mejorar su posición tanto en el mercado interno como en los destinos internacionales.

Al cierre de ese año, el país registraba 34 operadores certificados en producción agrícola orgánica. La Unidad de Agropecuaria Orgánica del Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que 29 recibieron la acreditación de la Certificadora Pública y cinco recurrieron a entidades privadas.

Entre los cultivos que sobresalen bajo este sistema figuran el cacao, el café, el plátano, la caña, la pimienta, el limón, el ají y la vainilla.

La extensión del esquema de certificación a la ganadería y la avicultura modifica un régimen que desde 2016 se concentraba en la agricultura.

El cambio permite que más segmentos de la producción agropecuaria aspiren a diferenciar sus productos mediante estándares orgánicos y prácticas sostenibles.

Por su desempeño, Panamá fue elegida como integrante de la Junta Directiva de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) por un período de un año.

La designación otorga al país participación directa en la orientación estratégica del organismo y en la elaboración de acciones dirigidas al sector orgánico de la región.

Entre las funciones de la Junta Directiva están conducir estratégicamente a la Comisión, aprobar los planes de trabajo, supervisar el uso de los recursos y representar a la entidad.

El órgano también debe colaborar con el cumplimiento de la misión de la CIAO, centrada en fortalecer la agricultura orgánica en el continente.

La incorporación panameña a ese espacio de conducción, se dijo desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se vincula con el impulso de sistemas productivos sostenibles, la difusión de buenas prácticas agrícolas y la búsqueda de nuevas oportunidades económicas para el sector.

El texto también relaciona esa participación con los objetivos de seguridad alimentaria y con el desarrollo de una producción que pueda responder a exigencias de certificación y comercialización.

La CIAO cuenta actualmente con 19 Estados miembros plenos de América, que poseen instancias de control de la producción orgánica y normas para regular y vigilar esa actividad.

El grupo está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay.

Los países miembros participan en las asambleas de la Comisión, forman parte de grupos de trabajo y colaboran en la definición y ejecución del plan estratégico.

La presencia de naciones de América del Norte, Centroamérica, el Caribe y América del Sur le da al organismo una representación hemisférica en asuntos vinculados con la producción orgánica.

Desde los primeros años de funcionamiento de la Comisión, Panamá forma parte de ese núcleo de miembros plenos, condición que reconoce que el país dispone de mecanismos de control y de regulación para las actividades agropecuarias orgánicas.

La participación también permitió a la nación canalera integrar una red de autoridades competentes, acceder a cooperación técnica y aportar a la construcción de agendas estratégicas de alcance regional.

Dentro de la CIAO la posición del país también se apoya en la Ley N.º 8 de 24 de enero de 2002, que estableció un marco legal específico para las actividades agropecuarias orgánicas. El país tuvo además un papel activo en los procesos de armonización normativa de Centroamérica y en el desarrollo de un sistema público de certificación.

La CIAO funciona desde 2008 como un espacio técnico de coordinación para la agricultura orgánica en las Américas, y su tarea articula a los países miembros, a las autoridades nacionales encargadas del control y fomento, y al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Panamá renovó su categoría de país con riesgo insignificante frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como la enfermedad de las “vacas locas”.

La distinción respalda el estatus sanitario nacional y favorece la inserción de la producción bovina en los mercados internacionales.

El reconocimiento quedó ratificado en junio de este año mediante la Resolución N.º 23 de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Según informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el país conserva esta condición desde 2011.

Ahora, el sistema panameño de trazabilidad asigna aretes rojos a los bovinos foráneos que ingresan al país, mientras que los animales nacidos en territorio nacional reciben, en cambio, aretes blancos.

La medida busca que cada ejemplar pueda ser identificado según su procedencia dentro de los mecanismos de control sanitario. Esta diferenciación facilita el seguimiento de los animales durante su permanencia y movilización en el país.

Panamá, se explicó, utiliza la plataforma Trazar Agro para registrar los datos del ganado y controlar su recorrido a lo largo de la cadena productiva. El sistema permite conocer el origen y los desplazamientos de los bovinos, lo que ayuda a actuar con rapidez ante una alerta sanitaria.

El MIDA sostiene que la identificación diferenciada de los animales importados y nacionales forma parte de una estrategia de prevención, vigilancia y control.

El objetivo, manifiesta la entidad estatal, es preservar la sanidad animal, proteger a los productores y reforzar la inocuidad de los alimentos destinados a los consumidores.

La renovación de la categoría de riesgo insignificante confirma que Panamá cumple los estándares internacionales exigidos para la prevención y el control de la EEB. La condición también constituye un respaldo para el comercio de bovinos, productos cárnicos y subproductos pecuarios.

La resolución de la OMSA volvió a ubicar al país dentro del grupo de naciones con las exigencias sanitarias requeridas para esta enfermedad.

El MIDA indicó por segunda vez que la permanencia en esa categoría responde al trabajo de las instituciones sanitarias, los médicos veterinarios, los productores ganaderos y los demás integrantes de la cadena agropecuaria.

La EEB es una enfermedad de notificación obligatoria en la República de Panamá. Por esa razón, la detección temprana de cualquier sospecha clínica es uno de los componentes centrales del esquema de prevención.

El Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardino Medina H. (LADIV) funciona como referencia nacional para la confirmación de casos sospechosos, para lo cual dispone de las metodologías recomendadas por la OMSA para emitir diagnósticos oficiales.

El uso de esos procedimientos permite obtener resultados bajo parámetros científicos internacionales. El laboratorio integra la estrategia nacional que busca detectar de forma temprana eventuales riesgos vinculados con la EEB.

Las autoridades mantienen además inspecciones y muestreos periódicos en distintos eslabones de la producción pecuaria. Los controles abarcan las fincas ganaderas, los establecimientos comerciales, las plantas de elaboración de alimentos y las instalaciones que procesan despojos para alimentación animal.

El seguimiento no se limita al ganado. También alcanza los insumos que pueden ingresar en la alimentación de los rumiantes, debido a que esa etapa es determinante para reducir riesgos sanitarios.

La normativa panameña impide suministrar a los rumiantes piensos con proteínas de origen animal, en especial harinas de carne y hueso provenientes de otros rumiantes. La prohibición también comprende el uso de gallinaza y porcinaza.

La restricción figura en el artículo 23 del Decreto Ejecutivo N.º 383, emitido el 27 de septiembre de 2010. El cumplimiento de esa disposición forma parte de los requisitos para conservar el reconocimiento sanitario internacional.

Se tiene que la fiscalización alcanza las plantas procesadoras, las explotaciones ganaderas y los comercios que venden insumos agropecuarios. El control procura evitar prácticas que puedan afectar la seguridad de la producción bovina.

El fenómeno de El Niño ha agudizado la preocupación en el sector agropecuario de Panamá por la escasez de agua y las dificultades que enfrenta la producción rural.

Esta coyuntura se agrava ante la composición envejecida del personal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), donde el 60% está jubilado y algunos colaboradores superan los 80 años de edad.

El propio ministro del ramo, Roberto Linares, ha señalado que contar con funcionarios retirados implica un retraso operativo, ya que muchos deberían realizar tareas en campo y no permanecer en oficinas.

Actualmente, la institución suma 2.409 trabajadores, de los cuales 1.037 son agrónomos y 133 veterinarios.

Según Linares, existen empleados que perciben salarios entre $4.000 y $5.000, además de su pensión, y continúan bajo regímenes especiales.

Y es que este equipo de funcionarios son los llamados a trabajar en primera línea ante la crisis climática, que tiene efectos concretos, como prolongadas sequías, cambios en los patrones de lluvias y temperaturas en aumento.

Estos factores afectan directamente la producción agrícola y ganadera, exigiendo respuestas rápidas y coordinadas para proteger a los trabajadores rurales.

Según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el fenómeno alcanzará mayor intensidad con déficit de lluvias durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, así como en enero, febrero y marzo de 2027.

Sus efectos se extenderán hasta mayo de 2027 con altas temperaturas que podrían impactar a la población, el sector agropecuario y a los recursos hídricos del país.

Esta semana el Consejo de Gabinete declaró estado de emergencia nacional como consecuencia del comportamiento climático asociado al fenómeno de El Niño.

La medida, dijeron, busca adoptar acciones preventivas de mitigación y de respuesta inmediata para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones públicas, salvaguardar la seguridad en caso de emergencias y brindar atención oportuna a los ciudadanos y sus bienes.

Panamá enfrenta en estos meses un riesgo elevado por la baja disponibilidad de agua en las principales cuencas y embalses, como el lago Bayano.

El déficit de precipitaciones podría impactar la generación de energía hidroeléctrica y comprometer el suministro para distintos usos, incluidas las actividades agrícolas y el tránsito de buques por el Canal de Panamá.

La administración nacional, en colaboración con el Ministerio de Ambiente, la ONU y el Green Climate Fund, lleva adelante el Taller de Validación de la Actualización del Plan Nacional de Cambio Climático para el Sector Agropecuario, cuyo objetivo es identificar y priorizar medidas para mitigar los riesgos asociados al fenómeno.

Para enfrentar los desafíos derivados del comportamiento climático, el Gobierno ha dispuesto un mecanismo de coordinación entre el Ministerio de la Presidencia, las entidades solicitantes y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Esto, aseguran, permite realizar contrataciones mediante procedimientos especiales bajo el estado de emergencia nacional.

La medida tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027, plazo durante el cual las instituciones podrán ejecutar acciones destinadas a mitigar los efectos de El Niño y asegurar la continuidad de los servicios afectados por la crisis hídrica.

Esta disposición incluye la vigilancia constante de los niveles de ríos, lagos y embalses, así como la disponibilidad de agua a lo largo de los próximos meses, aspectos críticos para el funcionamiento del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá Ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución del fenómeno.

Según el organismo, “El Niño puede reducir la disponibilidad de agua y afectar los rendimientos de determinados productos agropecuarios”.

La vigilancia meteorológica y la publicación de pronósticos buscan guiar la toma de decisiones y anticipar los posibles impactos sobre el abastecimiento de agua, la agricultura, la ganadería y las comunidades más expuestas a la falta de lluvias.

Las autoridades trabajan bajo el supuesto de un escenario prolongado de sequía. La coordinación entre instituciones y el seguimiento técnico, alegan, busca sostener la estabilidad y la seguridad en el sector agropecuario y energético de Panamá ante los efectos del fenómeno climático.

Entre enero y julio de 2026 se decomisaron en el puesto fronterizo de Paso Canoas, ubicado entre Panamá y Costa Rica, un total de 103.01 kilogramos de productos.

De esa cantidad, 57.77 kilogramos correspondieron a productos de origen vegetal y 45.24 kilogramos a productos de origen animal.

Entre los productos identificados se encuentran quesos, embutidos, granos, hojas y hierbas secas, procedentes principalmente de Costa Rica y Nicaragua.

Al ingresar al país sin la certificación o documentación sanitaria requerida, estos productos pueden representar un riesgo para la sanidad animal y vegetal local, toda vez que se desconoce si ha sido sometido o no a las condiciones mínimas de producción que garanticen la inocuidad y la debida mitigación de riesgos de contaminantes biológicos.

En el punto de ingreso de Paso Canoas se mantienen acciones de vigilancia mediante inspecciones no intrusivas realizadas con el apoyo de los binomios caninos de la Unidad Canina Agropecuaria (UCA).

Esta es una herramienta especializada utilizada por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que permite detectar productos de origen animal y vegetal que puedan representar un riesgo para la sanidad agropecuaria del país.

Los binomios realizan recorridos e inspecciones a busetas, cabezales de camiones, vehículos de turismo y equipajes de pasajeros, identificando posibles productos sujetos a control, sin necesidad de realizar una revisión invasiva de los medios de transporte o pertenencias.

Se explicó que la labor de la Unidad Canina Agropecuaria con sus binomios complementa los procedimientos de inspección que desarrolla la Dirección de Cuarentena Agropecuaria en Paso Canoas, al igual que en los diferentes puntos de ingreso del país, al ser no intrusivo y de una revisión dinámica y muy eficaz.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria insiste en que antes de ingresar a Panamá los viajeros y usuarios deben verificar los requisitos aplicables a los productos de origen animal y vegetal que transporten.

“Evitar el ingreso de mercancías sin la certificación correspondiente contribuye directamente a proteger la producción nacional y prevenir riesgos para la sanidad agropecuaria”, sostuvo una fuente ministerial.

Tan solo en abril, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen los binomios de la Unidad Canina Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario interceptaron un total de 286.19 kilogramos de productos de origen animal y vegetal ocultos en equipajes, informó en su momento el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

En detalle, la información asegura que estos operativos tienen como objetivo salvaguardar el patrimonio fito y zoosanitario de Panamá, evitando el ingreso de plagas o enfermedades que puedan poner en riesgo la producción nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la mayor cantidad de retenciones correspondió a productos vegetales, aunque la variedad de artículos animales también fue significativa.

De los 90.24 kg de origen animal, se confiscó miel, queso bovino, jamón de cerdo, salami, camarones, suero y diversos embutidos provenientes de países como Colombia, Venezuela, República Dominicana y El Salvador.

Mientras que los 195.95 kg correspondientes a productos de origen vegetal incluyeron frutas como manzanas, granadillas, naranjas y guineos; además de rosas naturales, granos (lentejas, garbanzos, frijol de monte) y especias como canela y anís estrellado.

Entre los principales países de procedencia se encuentran Colombia, China, Perú y Cuba.

Para mantener la efectividad de estos controles, el MIDA informó sobre la reciente capacitación de nuevos integrantes de la Unidad Canina.

Los nuevos binomios recibieron inducción teórica y práctica en técnicas de manejo, obediencia y protocolos de inspección.

La Unidad Canina Agropecuaria opera de manera permanente en los puntos de entrada al país, garantizando que todo producto que represente un riesgo sanitario sea detectado antes de su introducción al territorio nacional.

Los panameños consumen diariamente un promedio de dos a tres tazas de café, según estimaciones oficiales, cantidad que anualmente arroja un consumo per cápita aproximado de 231 tazas por año.

Esa constancia convierte al café en un producto de alta rotación dentro de la canasta alimentaria, con impacto directo en decisiones de compra del hogar, en el consumo fuera de casa y en el abastecimiento de los comercios y las cafeterías.

A la hora del consumo la preferencia de los ciudadanos es marcada por el café arábica, del cual se cultiva un 60% en el país, la mayoría en la provincia de Chiriquí, aunque las autoridades agropecuarias impulsan el cultivo de la especie Robusta, por su disponibilidad y rendimiento agrícola.

Para una parte de los consumidores, la primera taza no es solo una costumbre: es un componente funcional de la rutina. Hay quienes aseguran que, si no toman café en la mañana, sienten dolor de cabeza y desgano.

En esos casos, la cafeína opera como un estimulante de uso cotidiano, asociado a la atención, el ánimo y la energía percibida al iniciar el día.

El patrón de consumo también está vinculado al tipo de grano que predomina en el abastecimiento, dijeron las autoridades agropecuarias.

Indicaron que el Robusta se caracteriza por un mayor rendimiento por hectárea, lo que lo vuelve atractivo desde la lógica de volumen, costos y estabilidad de oferta para la industria, el comercio minorista y el segmento de consumo masivo.

Esa combinación de demanda sostenida y ventaja productiva del grano abre una pregunta central para el sector agropecuario: si el robusta es el más consumido y, además, rinde más por hectárea, ¿por qué Panamá depende de importaciones para abastecerse?

Las cifras brindadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) apuntan a un dato concreto: Panamá importa actualmente entre 90 mil y 120 mil quintales del grano Robusta al año.

Ese volumen, de acuerdo con la entidad agropecuaria, podría producirse en el país, toda vez que se tienen las condiciones agroclimáticas adecuadas para su cultivo.

Agrega que una adecuada preparación permitirá apoyar a los productores interesados en incursionar en este rubro, el cual representa una alternativa productiva con oportunidades tanto en el mercado nacional como internacional.

En el país el café Robusta se cultiva principalmente en las provincias de Coclé, Panamá Oeste, Colón y Veraguas.

En Coclé hay productores que exportan café Robusta a Alemania, obteniendo precios favorables, dijo el director nacional de Agronegocios del MIDA, Gaspar Ortiz.

La institución impulsa el Plan Café Robusta, iniciativa que según explicaron tiene como objetivo fortalecer las capacidades productivas de los caficultores mediante asistencia técnica continua, la implementación de tecnologías agropecuarias innovadoras, el acceso a opciones de financiamiento y el mejoramiento de la productividad y calidad del cultivo.

Este proyecto busca posicionar el grano Robusta panameño como un producto de élite, tanto en el mercado nacional como internacional, prometiendo beneficios directos para los productores y una significativa revitalización de la economía rural del país.

En la provincia de Colón, por ejemplo, se tiene una parcela demostrativa con la siembra de cuatro clones de Robusta, destacando sus características agronómicas, potencial productivo, adaptación a las condiciones de la región y ventajas para fortalecer la producción local de esta especie, que se destaca por una densidad de siembra por hectárea y mejores rendimientos.

Las autoridades agropecuarias insisten en la importancia de implementar durante la siembra y cosecha de esta especie las Buenas Prácticas Agrícolas, para garantizar sistemas de producción sostenibles, así como la inocuidad del producto.

La importación de un contingente arancelario adicional de 786,000 quintales de arroz en cáscara, con fecha límite de ingreso al país hasta el 15 de septiembre de 2026, fue aprobada por el gobierno panameño.

Esto, ante la situación climática actual que ha provocado retrasos en el inicio de las siembras del cereal, del que los panameños consumen aproximadamente 160 libras per cápita anual, (72.57 kilogramos)

Cerca del 90% de los nacionales consumen arroz al menos dos veces al día, convirtiéndose en uno de los consumos más altos de la región.

“Esta medida busca cubrir las necesidades de consumo de la población panameña hasta el inicio del siguiente período de cosecha, debido a que la producción nacional se ha visto afectada por el fenómeno de El Niño”, indicó en una nota el Consejo de Gabinete.

Al traer el arroz en cáscara se beneficia a la industria molinera, que en el proceso de transformación del grano se queda con el arrocillo, el puntillaje, la pulidura y el afrecho fino, subproductos que venden a los productores.

El Decreto que autoriza la importación, el 9-26, indica que “el Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, a través de un Acuerdo de Reunión Ordinaria de 26 de mayo de 2026, recomendó la aprobación de un contingente arancelario por 786,000 quintales de arroz en cáscara, con fecha límite de ingreso hasta el 15 de septiembre de 2026”.

Reitera que la medida responde a que la situación climática actual ha provocado retrasos en el inicio de las siembras y afectaciones en el desarrollo del cultivo a nivel nacional.

En la reunión del Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, que contó con la participación de representantes de los productores, agroindustriales, importadores, distribuidores de insumos y del gobierno, se informó que los análisis de inventarios actuales y los contingentes arancelarios por importar garantizan la producción nacional esperada hasta la tercera semana de septiembre de 2026, señala una nota de prensa oficial.

Agrega que este balance técnico confirmó la necesidad del nuevo contingente, debido a que las proyecciones de las cosechas esperadas para los primeros meses del período agrícola 2025-2026 se encuentran retrasadas y disminuidas por los efectos climáticos.

Se informa que esta decisión fue respaldada por la recomendación hecha por el Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, y que la está encaminada a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

“Al ser el arroz el principal producto de la canasta básica y la fuente principal de carbohidratos en la dieta panameña, se reafirma la necesidad de incentivar su producción, comercialización y consumo”, afirma el gobierno.

En su comunicación, el Consejo de Gabinete manifiesta que también aprobó el Decreto N. 8-26, mediante el cual se crean 11 incisos arancelarios y se elimina uno en el Arancel Nacional de Importación de Arroz.

“Esta medida es el resultado del análisis técnico realizado por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el desdoblamiento de la Subpartida 1006.30, con el fin de identificar las variedades de arroz que no se producen en el territorio nacional”, puntualiza.

También se manifiesta que el decreto señala que, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad Nacional de Aduanas, se estableció la necesidad de modificar el arancel, lo que estima permitirá incorporar un mayor grado de especificidad a las partidas de arroz y sus productos derivados que están destinados a la industria gastronómica.