La operación compuesta, liderada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijn) del Distrito Especial de Palmira y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), dejó un saldo de tres adultos y un adolescente capturados, que se movían ilegalmente en el barrio Berlín.

Durante el procedimiento, las autoridades detuvieron a alias Alex, de 19 años; alias Bairon, de 39 años; alias Vallecilla, de 43 años; y a un menor de 17 años conocido como “Muñeco Negro”. Todos son señalados por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

La operación permitió la incautación de dos pistolas, una escopeta, tres cartuchos calibre 9 milímetros, cerca de 500 gramos de marihuana, 72 dosis de bazuco y dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de las sustancias ilícitas.

De acuerdo con la investigación, los judicializados estarían vinculados a un grupo delincuencial con presencia en el barrio Berlín, dedicado al microtráfico y en confrontación con la estructura del sector conocido como “Planeta Amarillo” por el control territorial de la actividad ilícita.

Alias Bairon presentaba una medida de aseguramiento vigente por homicidio, además de antecedentes por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, violencia intrafamiliar agravada y homicidios cometidos en 2014 y 2016.

Tras las audiencias preliminares, tres de los implicados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y uno domiciliaria. Voceros oficiales de la Policía Nacional destacaron que la acción representa una afectación significativa a las rentas criminales del microtráfico y contribuye a reducir los factores de violencia en Pradera.

El mayor Johans Andeelyn Mosquera, comandante de la Estación Pradera, afirmó: “Con estas capturas e incautaciones logramos afectar una estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes que venía generando confrontaciones y afectando la tranquilidad de los habitantes de Pradera. Seguiremos desarrollando operaciones contundentes para garantizar la seguridad de todos los vallecaucanos”.

Gran redada en Pradera dejó siete capturados y desarticulación de estructuras vinculadas al microtráfico

Siete personas fueron capturadas y tres adolescentes aprehendidos en Pradera, Valle del Cauca, durante una operación conjunta de la Policía Nacional orientada a combatir el microtráfico y los delitos asociados en el municipio, según informaron las autoridades.

El operativo se llevó a cabo el 27 de mayo con la ejecución de diez diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera coordinada entre la Sijin, Sipol y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes).

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron un revólver, una pistola reportada como hurtada, 42 cartuchos calibre 9 mm, seis cartuchos calibre .38, seis teléfonos celulares, 150 dosis de bazuco, 41 dosis de cocaína, 70 gramos de base de coca y dinero en efectivo. Según la investigación, los detenidos estarían vinculados a las estructuras delictivas conocidas como Los Aguja y Los Tata, señaladas por afectar la seguridad y convivencia en la zona.

La operación, que formó parte de las estrategias de seguridad lideradas por el Gobierno Departamental y la Fuerza Pública, representó un avance significativo en la lucha contra el microtráfico.

En acciones paralelas, las autoridades capturaron a alias La Bestia, de 27 años, en el sector Planeta Amarillo del barrio Manuel José Ramírez. Este individuo, quien se encontraba prófugo desde mayo de 2025 tras haberse fugado de la estación de Policía de Pradera, es señalado de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con información de inteligencia, alias “La Bestia” cumplía funciones de coordinación en actividades de microtráfico y habría instrumentalizado a personas para la distribución de estupefacientes.

El 1 de junio de 2026, la Policía Nacional confirmó la captura de una mujer conocida como alias La Abuela, que a sus 68 años se encargaba de custodiar un centro de acopio de marihuana en el norte de Bucaramanga (Santander).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, esta captura afecta la financiación del grupo delincuencial denominado Los Claverianos, además de frenar la distribución de droga en varios sectores del área metropolitana, evitando así que más personas se expongan al consumo de estupefacientes.

Del mismo modo, se dio a conocer que en medio del operativo fueron incautadas 11.200 dosis de marihuana, además de 14 bolsas plásticas con cerca de 500 gramos cada una y 25 bloques prensados de aproximadamente un kilogramo, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Por la forma de clasificación y empaquetado del material, los agentes a cargo de la operación lograron determinar que estaba listo para ser distribuido en las calles del norte de la capital santandereana.

El cambuche estaba oculto en una zona boscosa de Mirador de Colorados

La captura de alias La Abuela ocurrió durante un procedimiento del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional en el sector de Altos de Colorados. Según la información publicada por Blu Radio, los uniformados seguían la pista de un punto que presuntamente era usado para almacenar estupefacientes antes de su comercialización.

Finalmente, las extensas labores de seguimiento llevaron a los policías hasta una zona apartada del barrio Mirador de Colorados, donde hallaron una construcción improvisada entre la vegetación y lejos de las vías principales para evitar llamar la atención de vecinos y transeúntes.

Según la Policía, se trataba de una estructura rudimentaria hecha con madera, láminas de zinc y lona verde, que era utilizada como centro de almacenamiento de la droga.

La mujer, identificada por las autoridades como La Abuela, fue detenida en ese lugar. De acuerdo con las investigaciones preliminares, su función consistía en vigilar el estupefaciente, conservarlo y coordinar su entrega para la distribución en distintos puntos del área metropolitana de Bucaramanga.

Los investigadores a cargo del caso determinaron que “La Abuela” no estaba en el lugar de manera circunstancial, sino que cumplía una tarea específica dentro de la operación de microtráfico.

Las pesquisas la ubican como responsable de custodiar la droga almacenada en el cambuche hasta que fuera retirada para su venta, además de mantener una fachada en dado caso de que alguien empezara a sospechar, por lo que ahora será vinculada al proceso y judicializada.

La Policía vincula el caso con el grupo delincuencial Los Claverianos

Las autoridades señalaron que la detenida estaría relacionada con una de las estructuras señaladas de participar en actividades de microtráfico en sectores del norte de Bucaramanga. Tras la captura en flagrancia, la investigación busca establecer el alcance de su presunta participación y determinar si pueden dar con el paradero de más personas involucradas.

Ante la situación se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero Salazar, que confirmó el resultado del procedimiento gracias al esfuerzo del equipo especial: “Se confirma la captura de alias ‘La Abuela’ en Altos de Colorados con 11.000 dosis de marihuana que iban a ser distribuidas en el norte de la ciudad”.

El oficial a cargo de la Policía de Santander reiteró que la incautación representa una notable afectación para las finanzas de esa organización delincuencial y evita que miles de dosis lleguen a las calles, específicamente a los jóvenes habitantes de la ciudad.

Tras el operativo, la adulta mayor quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará el proceso judicial mientras avanzan las investigaciones sobre las actividades de Los Claverianos en el norte de Bucaramanga.

Tras un amplio operativo de seguridad las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público confirmaron la captura de dos hombres por tráfico de cocaína y otras drogas. La intervención permitió incautar diferentes tipos de sustancias, así como artículos vinculados al microtráfico en una zona identificada como punto de operación de una estructura criminal.

El procedimiento se desarrolló en el municipio de Boca Chica, específicamente en la calle Juan Pablo Duarte, dentro del sector Los Coquitos. Según el reporte oficial, los arrestados, Claudio Ignacio González y Juan Ramón Pérez de Oleo, fueron localizados tras labores de inteligencia e interdicción en el área. Durante el despliegue, los agentes lograron decomisar 348 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, 270 gramos de marihuana y más de 150 dosis de crack. También se encontró una balanza, un chaleco antibalas, una radio de comunicación, un teléfono móvil y una cantidad significativa de dinero en efectivo.

La DNCD vincula a los detenidos con la red Los San Juaneros

La DNCD informó que ambos detenidos están vinculados a una estructura conocida como Los San Juaneros, dedicada al microtráfico y sujeta a seguimiento policial. El supuesto líder de esta red, identificado como “Antolín”, permanece prófugo. Las autoridades han solicitado su entrega por las vías correspondientes y mantienen la investigación abierta para desarticular el grupo por completo.

Entre los elementos incautados se encuentran equipos que, según la institución, se utilizan para facilitar y proteger las actividades ilícitas. Los agentes describieron que la balanza y el chaleco antibalas forman parte del equipamiento habitual dentro de las redes de microtráfico. El dinero hallado junto a las sustancias evidencia la operatividad y el flujo comercial de la estructura en distintos sectores de Boca Chica.

Las autoridades subrayaron que la intervención es parte de un plan más amplio para combatir el tráfico y la distribución de drogas en barrios y comunidades del país. El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la DNCD y el Ministerio Público, quienes han asegurado que reforzarán las acciones en zonas identificadas como vulnerables ante la presencia de organizaciones criminales.

En Bávaro fue detenido un hombre con 18 paquetes de sustancia presumiblemente cocaína

En una acción diferente, miembros de la Policía Nacional adscritos a la División de Friusa-Bávaro detuvieron a un hombre señalado por transportar una cantidad considerable de droga en el sector Los Corales, dentro de la provincia La Altagracia. El arrestado, José Ramón Berroa Carrasco, de 39 años, fue interceptado tras un operativo cerca de una estación de combustible.

De acuerdo con el informe preliminar, Berroa Carrasco se desplazaba a bordo de una jeepeta marca Kia. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron un bulto negro en la parte trasera, que contenía 18 paquetes de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína.

La sustancia incautada será enviada a la DNCD para los análisis de rigor que permitan determinar su composición y peso exactos. Mientras tanto, el detenido quedó bajo control del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes. Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer el origen y destino de la droga y posibles conexiones con otras estructuras de tráfico en la región.

Las autoridades de Bogotá encendieron las alarmas sobre nuevas modalidades de distribución de drogas sintéticas en la capital.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, reveló que en varias investigaciones adelantadas por las autoridades se ha identificado la presunta participación de DJs en la comercialización de Tusi dentro de discotecas y zonas de rumba de la ciudad.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con La FM en la que el oficial se refirió al refuerzo de uniformados en Bogotá, los operativos contra el microtráfico y diferentes situaciones de orden público que actualmente son materia de investigación en la capital.

Uno de los puntos que más llamó la atención estuvo relacionado con la manera en la que, según las autoridades, se estaría moviendo el mercado del Tusi en espacios nocturnos frecuentados principalmente por jóvenes, pues durante la conversación radial, el general Cristancho aseguró que las investigaciones han permitido detectar nuevas dinámicas de distribución dentro de establecimientos de entretenimiento.

“Hemos encontrado DJs que dentro de las discotecas generan la distribución”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana, al explicar que las autoridades ya han realizado capturas relacionadas con estos hechos y cierres de establecimientos donde presuntamente se comercializaba la sustancia sintética.

El oficial indicó que el fenómeno del Tusi en Bogotá ya está plenamente identificado por las autoridades y que su producción no requiere grandes estructuras criminales ni laboratorios sofisticados. Según explicó, cualquier vivienda o espacio pequeño podría convertirse en un punto de fabricación clandestina.

“Es muy fácil, en una cocina o en cualquier casa pueden elaborar Tusi”, señaló Cristancho en La FM, quien además advirtió que detrás de este negocio ilegal suelen operar pequeños grupos con conocimiento básico sobre la preparación de la sustancia.

Las autoridades sostienen que el problema ha venido creciendo especialmente en zonas de rumba, donde la droga sintética circula entre fiestas privadas, bares y discotecas. Incluso, según explicó el comandante, algunos trabajadores de estos lugares estarían aprovechando su presencia dentro de los establecimientos para facilitar la venta.

“Sabemos incluso que muchos de los DJ en las discotecas han aprovechado estar dentro y generan la distribución”, reiteró el general, al mencionar que las investigaciones también han permitido intervenir “sindicatos”, donde se habría detectado expendio de estupefacientes.

El comandante explicó que las capturas realizadas no necesariamente corresponden a organizaciones criminales de gran tamaño, sino a pequeñas redes conformadas por pocas personas que manejan tanto la producción como la distribución del Tusi en la ciudad.

“Muchas veces hemos encontrado tres o cuatro personas que tienen el conocimiento y generan la producción de Tusi”, manifestó el oficial en la entrevista, al advertir sobre la facilidad con la que esta droga puede producirse y comercializarse en Bogotá.

Además de los operativos relacionados con microtráfico, el general Cristancho también entregó detalles sobre otros hechos de seguridad que actualmente son investigados por las autoridades. Entre ellos, se refirió a un reciente caso de sicariato registrado en la localidad de Suba, donde la víctima pertenecía, según indicó, a una familia golpeada anteriormente por hechos violentos.

“Desde 2023 los primos y los hermanos han sido víctimas de homicidio”, explicó el comandante, quien señaló que la investigación quedó en manos del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Sobre los disturbios registrados en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, el oficial aseguró que la institución respeta el derecho a la protesta, pero cuestionó la presencia de encapuchados involucrados en actos vandálicos.

Finalmente, el comandante reiteró que la Policía Metropolitana de Bogotá mantiene operativos permanentes en diferentes sectores de la ciudad para enfrentar fenómenos relacionados con microtráfico, homicidios y alteraciones del orden público, en coordinación con la Fiscalía y demás autoridades judiciales.

Un ataque armado ocurrido en la madrugada del domingo 24 de mayo en el municipio de Girón, Santander, dejó como saldo la muerte de dos mujeres luego de que fueran interceptadas mientras que se desplazaban hacia el sector de Los Caneyes.

Según la información preliminar conocida hasta el momento, las dos víctimas habrían sido atacadas por hombres que se desplazaban en motocicleta, según informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las jóvenes fueron identificadas como Karen Valentina Vega Peralta y Nicol Cristina Amaya Díaz, ambas de 20 años, y se desplazaban en motocicleta por la carrera 22C con calle 64 cuando dos individuos abrieron fuego. El ataque ocurrió hacia las 2:40 a. m. del domingo, en medio de la quietud nocturna.

El hecho ocurrió poco después de que las mujeres compartieran con un grupo de amigos. En el trayecto hacia el destino, los agresores las abordaron y dispararon sin previo aviso. Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra murió tras recibir atención médica en un centro asistencial, explicó el general William Quintero, comandante policial.

La investigación ha revelado que una de las mujeres mantenía una relación sentimental con un hombre vinculado al tráfico de estupefacientes en locales nocturnos de la zona metropolitana.

“Se logra determinar que había una relación sentimental con un hombre que pertenece a una estructura criminal. Estamos buscando a los responsables de estos hechos, y hay una recompensa que nos ayude a esclarecer el crimen”, indicó el alto oficial.

El general Quintero detalló que la principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado a actividades delictivas en el área metropolitana. Aunque la investigación sigue en curso, no se descarta que el caso esté relacionado con disputas internas entre estructuras dedicadas al microtráfico.

Como reacción inmediata, la Policía y la Alcaldía de Girón han puesto en marcha estrategias para incentivar la colaboración ciudadana. Entre ellas, se encuentra la implementación de una recompensa económica dirigida a quienes puedan proporcionar datos que permitan ubicar a los responsables del ataque armado.

El general Quintero señaló que las autoridades continúan recolectando información y reforzando la presencia policial en los sectores más afectados por el crimen organizado.

Riña en Bucaramanga dejó un hombre muerto: esto es lo que se sabe

Un joven perdió la vida y una mujer resultó herida tras una riña mortal en el barrio Miraflores de Bucaramanga, ocurrida durante la madrugada del domingo 24 de mayo.

Los hechos se desarrollaron hacia las 3:30 a. m., cuando residentes de la carrera 54 con calle 16 alertaron a la Policía por los gritos y el tumulto en plena vía pública. Según los datos oficiales, las autoridades hallaron a un hombre gravemente lesionado y a una mujer herida. El joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero el personal médico solo pudo confirmar su fallecimiento al ingreso.

La víctima fue identificada como Fabian Alberto Valdivieso, de 27 años, que recibió múltiples heridas con arma cortopunzante. En el mismo episodio, una mujer de 36 años sufrió lesiones superficiales en los brazos, aunque los reportes iniciales descartan que su estado sea de gravedad.

La Policía informó que unidades del cuadrante respondieron rápidamente a la alerta. Al arribar, los uniformados constataron que la atención médica ya estaba en marcha y procedieron a recabar testimonios y evidencias en el área. Testigos aportaron detalles que permitieron identificar a los presuntos responsables del enfrentamiento.

La rápida acción policial derivó en la ubicación de dos jóvenes que, según versiones preliminares, habrían estado compartiendo con la víctima antes del altercado. Uno de ellos, de 18 años, fue capturado; el otro, un menor de 15, quedó bajo custodia en el sitio del suceso.

Ambos detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el origen del conflicto y precisar las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.

La incautación de 1,672 paquetes de presunta droga, el decomiso de tres embarcaciones y la aprehensión de cuatro hombres marcaron el resultado de cuatro operaciones antidrogas ejecutadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en distintas zonas del país, en un contexto de refuerzo de los controles marítimos en el Pacífico Central y el Caribe panameño.

Las acciones se desarrollaron en Panamá Oeste, Colón y Coclé, como parte de una estrategia orientada a interrumpir rutas del narcotráfico y reducir el flujo de sustancias ilícitas que transitan por el territorio nacional.

La primera operación se realizó al sur de Playa La Ermita, en el distrito de San Carlos, donde unidades aeronavales detectaron una lancha artesanal con dos ocupantes en actitud sospechosa. Durante la inspección se ubicó un bulto con presunta droga, además de un paquete adicional y un envoltorio plástico, lo que motivó la retención inmediata de la embarcación.

Los tripulantes, junto con los indicios recabados, fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, bajo coordinación de la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, que asumió las investigaciones correspondientes.

En una segunda intervención, desarrollada al norte de Portobelo, provincia de Colón, las autoridades lograron la incautación de 700 paquetes de presunta sustancia ilícita y el aseguramiento de otra embarcación sospechosa con dos tripulantes.

Tras un seguimiento marítimo y posterior interdicción, se confirmó la presencia del cargamento ilegal y se procedió con la aprehensión de los ocupantes, quienes quedaron a órdenes del Ministerio Público.

El caso fue trasladado a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, reforzando la articulación institucional en este tipo de operativos.

La tercera operación se concentró en la playa de Juan Hombrón, en la provincia de Coclé, donde unidades en tierra ubicaron 621 paquetes de presunta droga dispersos a orilla de playa, lo que evidencia el uso de métodos de abandono de carga para evadir a las autoridades.

La sustancia fue asegurada en el lugar y posteriormente trasladada a la Base Aeronaval de Aguadulce, bajo la supervisión de la Fiscalía de Drogas de Coclé, donde se realizó el conteo oficial del decomiso como parte del proceso investigativo.

En una cuarta acción, desarrollada en el sector de El Salado de Aguadulce, unidades aeronavales detectaron una embarcación que intentaba ingresar a un río, cuyos ocupantes huyeron hacia un manglar cercano al notar la presencia de las autoridades.

La nave fue abandonada y posteriormente asegurada, encontrándose en su interior 350 paquetes de presunta sustancia ilícita, que fueron trasladados igualmente a la Base Aeronaval de Aguadulce por instrucción de la Fiscalía de Drogas, consolidando así uno de los decomisos más relevantes de la jornada.

A estos resultados se suma un operativo paralelo ejecutado por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, denominado Operación Mustang, desarrollado en el corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá.

Durante un control rutinario, los agentes realizaron un registro exhaustivo a un vehículo tipo mula, donde detectaron varias maletas camufladas en la parte inferior del chasis, que contenían un total de 125 paquetes con presunta droga. El conductor fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades judiciales, junto con la evidencia incautada.

Detenidos por microtráfico

En paralelo, las autoridades también reportaron avances en la lucha contra el microtráfico, un fenómeno que impacta directamente la seguridad ciudadana. En lo que va de 2026, un total de 108 personas han sido condenadas por este delito, mientras que 20 individuos permanecen en detención preventiva por un período de seis meses.

Estas acciones han permitido el decomiso de 7,888 carrizos de cocaína, 1,883 bolsitas de marihuana, 338 pastillas de éxtasis, 274 bolsitas de crispí y 613 fragmentos de piedra, evidenciando la magnitud del mercado local de drogas.

Además de las sustancias ilícitas, las autoridades han incautado balanzas digitales, materiales de embalaje y otros indicios vinculados a la distribución de drogas al menudeo, lo que apunta a la desarticulación de redes locales dedicadas a este tipo de actividad.

La Policía Nacional que continuará con estos operativos, en conjunto con el Ministerio Público, como parte de una estrategia integral para combatir el narcotráfico en todas sus escalas, desde el tráfico internacional hasta la venta en comunidades.

El decomiso de 194 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor procedente de Jamaica y con destino final a Irlanda marca un nuevo golpe de las autoridades panameñas contra las redes del narcotráfico internacional que utilizan los puertos del país como punto de tránsito.

La operación fue ejecutada por la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, tras ubicar la carga ilícita en un puerto del Atlántico, reforzando las alertas sobre el uso de rutas marítimas comerciales para el traslado de sustancias ilegales.

Este tipo de incautaciones no es aislado. En lo que va de 2026, los estamentos de seguridad han reportado el decomiso de 3,307 paquetes con sustancias ilícitas en distintos puertos panameños, en operaciones dirigidas contra estructuras criminales transnacionales.

Las investigaciones han evidenciado que Panamá sigue siendo un punto estratégico para el trasiego internacional de drogas, especialmente en contenedores que salen de países del Caribe o Suramérica con destino a Europa, donde el valor de la mercancía ilícita se multiplica.

Las autoridades han detectado en los últimos meses múltiples casos en los que organizaciones criminales utilizan el método de contaminación de contenedores, introduciendo droga en cargas legales sin conocimiento de las empresas exportadoras.

Este patrón se repite en rutas que conectan con destinos como Bélgica, Países Bajos y España, además de Irlanda, consolidando a los puertos del Atlántico panameño como un punto de interés para las mafias internacionales. La articulación entre inteligencia policial, controles portuarios y cooperación internacional ha permitido interceptar cargamentos antes de que salgan del país.

Condena por microtráfico

En paralelo al combate del tráfico internacional, las autoridades han intensificado las acciones contra el microtráfico, entendido como la venta, distribución y comercialización de drogas en pequeñas cantidades dentro de comunidades locales.

Este fenómeno, aunque de menor escala que el narcotráfico internacional, tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana, al estar vinculado a delitos como robos, homicidios y violencia comunitaria.

Un ejemplo reciente es la Operación Panamá Este Seguro, desarrollada en sectores como Pacora y otros corregimientos, donde fueron aprehendidas 21 personas vinculadas al microtráfico.

De estas, 14 recibieron condenas mediante acuerdos de pena de entre 80 y 90 meses de prisión, mientras que 6 permanecen en detención provisional y una persona fue capturada por mantener una condena pendiente de 120 meses. Estos resultados reflejan una estrategia enfocada en desarticular puntos de venta y redes locales de distribución.

Las cifras operativas refuerzan esta tendencia. Solo en los últimos 15 días de abril, se reportó la aprehensión de 54 personas por microtráfico, en el marco de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, que se ejecuta en zonas previamente identificadas por su incidencia delictiva.

Esta estrategia busca concentrar recursos policiales en áreas críticas, aumentando la presencia y la capacidad de respuesta frente a actividades ilícitas.

Durante el mes de marzo, la Policía Nacional realizó 252 operativos contra el microtráfico, logrando la incautación de dinero en efectivo por un total de 136,142.16 dólares, además de sustancias ilícitas y otros indicios vinculados a estas actividades.

Estos operativos forman parte de un enfoque sostenido que combina acciones de inteligencia, allanamientos y compras controladas, con el objetivo de debilitar las estructuras que operan a nivel comunitario.

En la fase más reciente de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, las autoridades informaron la aprehensión de 84 personas en las primeras horas de despliegue, incluyendo capturas por oficios judiciales, flagrancia, faltas administrativas y delitos de microtráfico.

Asimismo, se realizaron ocho allanamientos, se decomisaron cuatro armas de fuego, 21 municiones y se recuperó un vehículo con reporte de robo, evidenciando la conexión entre el microtráfico y otras actividades delictivas.

En el ámbito judicial, los casos recientes reflejan la aplicación de mecanismos como acuerdos de pena dentro del Sistema Penal Acusatorio. El juez de garantías Erick González validó la sentencia N°756 del 29 de abril de 2026, mediante la cual se condenó a dos hombres de 27 y 33 años a 80 meses de prisión por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

Además, se impusieron penas accesorias, incluyendo multas y comisos de dinero, como parte de las sanciones establecidas.

En esa misma audiencia, un tercer implicado de 24 años fue imputado por posesión simple de droga, pero recibió una suspensión del proceso sujeta a condiciones, entre ellas mantener un domicilio fijo, abstenerse del consumo de sustancias, someterse a tratamiento y conservar un empleo durante un año.

Este tipo de medidas busca diferenciar entre perfiles delictivos, aplicando sanciones más severas a quienes participan en la comercialización y alternativas en casos de menor gravedad.

Las autoridades han reiterado que la combinación de operaciones internacionales, intervenciones comunitarias y decisiones judiciales es clave para enfrentar el problema de las drogas en Panamá. Mientras los decomisos en puertos reflejan la magnitud del narcotráfico global, las acciones contra el microtráfico evidencian el impacto local de estas redes, consolidando un enfoque integral que abarca desde la interdicción hasta la sanción penal.

La Policía Metropolitana de Bogotá y el coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nro. 3, declararon la máxima alerta tras el aumento de los homicidios de habitantes de calle en la ciudad.

Entre enero de 2025 y lo que va de 2026 se han registrado 81 homicidios de personas en situación de calle, según datos de la Policía.

Las autoridades atribuyen estos asesinatos, que incluyen el uso de explosivos, a disputas vinculadas al microtráfico y al uso de armas, especialmente en localidades como Los Mártires, Santa Fe y Kennedy. Los niveles de esclarecimiento judicial permanecen bajos, mientras que especialistas —citados por El Tiempo e identificados por su función en seguridad y criminología— advierten sobre la instrumentalización de los habitantes de calle por parte de redes delictivas, incrementando la violencia y la inseguridad urbana.

El incidente más reciente ocurrió el 25 de abril de 2026, cuando una granada IM-M26 fue lanzada en la carrera 20 con calle 13, en Los Mártires, durante un conflicto entre habitantes de calle vinculado al microtráfico.

El hecho, confirmado por el coronel Mora Rodríguez, se produjo a las 2:50 a. m. y no tuvo como objetivo a comerciantes o establecimientos. La Policía Metropolitana de Bogotá acordonó la zona y desplegó procedimientos para descartar la presencia de otros explosivos, al tiempo que identificaba a los posibles responsables.

Otro caso reciente fue reportado el 11 de noviembre de 2025 en el barrio Tintal, en Kennedy: dos habitantes de calle murieron al manipular una granada bajo un puente. El laboratorio criminalístico de la Policía, según declaraciones al medio mencionado, investiga los móviles y circunstancias del suceso, el cual responde también al uso de explosivos en entornos considerados de alto riesgo.

Violencia, métodos y contextos de los homicidios de habitantes de calle

La violencia contra las personas en calle no se limita al uso de explosivos. El 25 de junio de 2025 se halló una persona incinerada dentro de una carpa en la avenida Primero de Mayo, hecho que amplificó la alarma social.

La Policía Metropolitana de Bogotá atribuye “en su mayoría” los 81 homicidios de habitantes de calle a conflictos por el control del tráfico de estupefacientes en Bogotá. El esclarecimiento de estos crímenes es solo del 17% en 2026; cifras que, según especialistas en seguridad y crimen citados por El Tiempo, perpetúan la impunidad y la repetición de hechos violentos.

Los barrios Los Mártires, Santa Fe y Kennedy concentran el 40% de la población en situación de calle, que asciende a 10.478 personas según el censo de 2024. Este grupo está compuesto, en su mayoría, por hombres de entre 29 y 49 años, con altos niveles de consumo de sustancias psicoactivas y una percepción constante de peligro, factores que los hacen particularmente vulnerables ante la explotación de redes criminales.

Operativos policiales e intervenciones sociales ante la violencia contra habitantes de calle

Ante la crisis, la Policía Metropolitana de Bogotá ha intensificado los operativos de control mediante estrategias como la Estrategia 7 en Bosa, la instalación de puestos fijos y el aumento de patrullajes en áreas de alto riesgo como Ciudad Bolívar.

El medio mencionado, reporta que estas intervenciones han llevado a reducir el homicidio en la ciudad en un 10% respecto al año anterior.

En la respuesta social, la Secretaría de Integración Social amplió el número de centros de atención para habitantes de calle: pasó de 15 a 23, con la apertura de ocho centros de acogida, seis de cuidado transitorio, dos de inclusión, un hospedaje social, tres centros sociosanitarios para adultos mayores de 60 años y tres comunidades de cuidado, dirigidas a disminuir la marginalidad extrema.

A pesar de estos esfuerzos, expertos universitarios y organizaciones sociales sostienen que las estrategias institucionales y sociales aún no alcanzan para frenar la violencia ni detener la reproducción de dinámicas delictivas sobre y entre los habitantes de calle.

Factores estructurales, dinámicas criminales y recomendaciones de especialistas

Andrés Nieto, experto en seguridad vinculado a la Universidad Central, detalló que las redes delictivas instrumentalizan a los habitantes de calle como campaneros, transportistas de droga o armas y recolectores de información. Según Nieto, “la mayoría de los homicidios ocurre entre las 21:00 y las 3:00 y corresponden a ajustes de cuentas en entornos delictivos”.

Orlando Carrillo, investigador del Observatorio de Crimen y Seguridad Ciudadana, advirtió que la ausencia del Estado en la protección de esta población facilita su explotación: “El Estado debe ser garante de las condiciones de estas personas. De fondo, eso no sucede; se dejan a su suerte y eso permite que los grupos organizados los instrumentalicen”, declaró a El Tiempo.

Juan Carlos Portilla, profesor de criminología y especialista en crimen transnacional de la Universidad Externado de Colombia, explicó que la combinación de exclusión social, consumo, acceso a armas y disputas por microtráfico, sumada al bajo esclarecimiento judicial, mantiene la violencia. “El patrón dominante es la violencia ligada al narcotráfico y al acceso a armas en entornos urbanos”, afirmó Portilla. Además, reiteró que el bajo esclarecimiento —17 %— “genera impunidad y perpetúa la violencia”.

Según especialistas, abordar la problemática requiere una estrategia integral que articule control de armas, acción policial, investigación judicial, atención social y políticas públicas sostenidas.

La Semana Santa en Medellín finalizó con la captura de 132 personas y la incautación de armas, drogas y mercancía ilegal valorada en cientos de millones de pesos, según el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín.

Las acciones de las autoridades, ejecutadas entre el 29 de marzo y el 5 de abril, se enfocaron en combatir delitos como el microtráfico, el hurto y la comercialización de productos ilícitos en distintos sectores de la ciudad. La ofensiva policial se realizó durante uno de los periodos de mayor movilidad y actividades religiosas en la capital antioqueña.

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De acuerdo con el balance oficial, 122 personas fueron capturadas en flagrancia mientras ejecutaban delitos, y otras 10 mediante órdenes judiciales expedidas por jueces de la República. Los detenidos deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y hurto.

Decomisos y recuperación de bienes

Durante los operativos, las autoridades decomisaron ocho armas de fuego, más de 25 kilogramos de marihuana, así como cantidades de cocaína, bazuco y drogas sintéticas. Además, se incautó mercancía ilegal valorada en aproximadamente $311 millones. Parte de los objetos confiscados incluye automóviles, motocicletas y celulares reportados como robados en meses anteriores.

Según detalló la Secretaría de Seguridad de Medellín, gran parte de los capturados estaría vinculada a actividades de microtráfico y a redes delictivas dedicadas al hurto, dos fenómenos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en la capital antioqueña.

El subsecretario operativo de Seguridad de Medellín, Sebastián Acosta Moncada, destacó: “Estos resultados reflejan una acción sostenida y estratégica para recuperar el control en los territorios. Aquí hay una institucionalidad actuando con determinación, con inteligencia y con presencia real en las calles”, declaró el funcionario.

Acosta añadió que los operativos continuarán con el objetivo de enfrentar a las estructuras criminales y enviar un mensaje de “control territorial”.

Balance en el Valle de Aburrá y municipios de Antioquia

En los diez municipios que conforman el Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana reportó 169 capturas durante la Semana Santa, la mayoría por delitos de tráfico de estupefacientes y hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Henry Yesid Bello Cubides, explicó que, además de las detenciones, se incautaron más de 27.958 gramos de sustancias psicoactivas y 14 armas de fuego.

En municipios distintos a Medellín, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Antioquia reportó 26 capturas en flagrancia y 2 por orden judicial. En estos operativos se recuperó un automóvil, tres motocicletas robadas y se decomisaron cinco kilogramos de estupefacientes, junto con siete armas de fuego. También se logró la recuperación de fauna silvestre y la incautación de mercancía avaluada en cerca de $282 millones.

Las intervenciones incluyeron la realización de siete allanamientos que permitieron decomisar teléfonos celulares y otros objetos asociados con economías ilegales. Estos resultados se consideran normales dentro de los planes de intervención focalizada y los controles itinerantes desplegados durante la Semana Mayor.

Impacto y reducción de delitos en otras zonas

En la región de Urabá, la Policía informó sobre la captura de 29 personas y la aprehensión de un menor de edad. Las operaciones permitieron la incautación de 23 bovinos, seis metros cúbicos de madera, así como la recuperación de una serpiente y 14 especies de fauna silvestre.

Las autoridades subrayaron que hubo una reducción en delitos como hurto a personas, residencias y comercios, como en extorsión, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, en comparación con la Semana Santa de 2025.

El decomiso de 80 paquetes de presunta droga con destino a Thessaloniki, Grecia, marcó uno de los resultados más recientes de las operaciones contra el narcotráfico en Panamá, en un contexto en el que las autoridades refuerzan sus estrategias tanto en puertos como en comunidades.

La carga, detectada en la zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, transitaba en un buque mercante procedente de Posorja, Ecuador, y fue interceptada tras labores de inteligencia que identificaron irregularidades en dos contenedores.

La operación fue ejecutada por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria del Servicio Nacional Aeronaval, que mediante procesos de perfilamiento y verificación detectaron anomalías en los sellos de los paneles de refrigeración, lo que activó los protocolos de inspección.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón, se realizó el allanamiento que permitió ubicar los paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de la estructura del contenedor, evidenciando un método sofisticado de contaminación de carga.

Este decomiso se suma a un volumen acumulado significativo en lo que va del año. Según datos oficiales, la Aeronaval ha incautado 20.6 toneladas de droga en 25 operaciones a nivel nacional, lo que refleja la presión constante sobre las rutas del narcotráfico que utilizan el país como punto de tránsito.

Estas cifras también evidencian que los puertos panameños siguen siendo un objetivo estratégico para organizaciones criminales que buscan movilizar sustancias hacia Europa.

Sin embargo, mientras las grandes incautaciones en rutas internacionales captan la atención, las autoridades mantienen un enfoque paralelo en el combate al microtráfico, una modalidad de delito que ocurre a menor escala pero con impacto directo en las comunidades.

El microtráfico se refiere a la venta, distribución y almacenamiento de drogas en pequeñas cantidades, generalmente dentro de barrios o distritos específicos, y suele estar vinculado a redes locales que abastecen el consumo interno.

En la provincia de Chiriquí, la Operación “Nómada”, desarrollada durante el mes de marzo bajo el Plan Firmeza 2026, permitió avanzar en la identificación y desarticulación de personas dedicadas a esta actividad.

Como resultado, se logró la judicialización de 14 operaciones y la aprehensión de 13 personas, varias de ellas con antecedentes judiciales, lo que evidencia una participación reiterada en delitos relacionados con sustancias ilícitas. Las acciones incluyeron seguimiento, inteligencia y diligencias operativas en distintos distritos.

En otro caso, en la comunidad de La Rueda, en la provincia de Los Santos, unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon un centro de venta de drogas mediante un allanamiento.

Durante la intervención se aprehendió a cuatro personas, a quienes se les decomisaron dos bolsas de presunta cocaína, una pesa digital, bolsitas plásticas vacías, un triturador metálico y varios teléfonos celulares, elementos comúnmente asociados a la distribución al detal.

Asimismo, en el marco de la Operación Eco, también en la provincia de Los Santos, se logró la aprehensión de un ciudadano de 33 años, quien mantenía en su poder tres bolsas con presunta marihuana, dinero en efectivo, una pesa digital y un teléfono celular.

En una acción paralela, fue detenido un hombre de 28 años requerido por un juzgado de garantías, lo que refuerza la línea de trabajo coordinado entre unidades operativas y el sistema judicial.

Las autoridades sostienen que este tipo de operativos busca atacar no solo la estructura del narcotráfico a gran escala, sino también su base operativa en comunidades, donde el microtráfico se convierte en un factor que alimenta otros delitos como el hurto, la violencia y la inseguridad local.

En un nuevo operativo contra el narcotráfico en el nordeste antioqueño, tropas del Ejército Nacional, en articulación con la Policía, lograron la incautación de miles de dosis de estupefacientes en el municipio de Segovia, en Antioquia.

El procedimiento representa un duro golpe a las estructuras ilegales que operan en la región y que afectan de manera directa la seguridad de la población.

La acción fue liderada por el Batallón de Selva N.° 55, unidad adscrita a la Brigada 19 del Ejército, en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional y a través de una diligencia de allanamiento, las autoridades lograron ubicar y decomisar una importante cantidad de droga que, según las primeras hipótesis, estaría destinada al expendio local.

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Durante el operativo se incautaron 2.569 dosis de marihuana, 1.400 dosis de cocaína y 1.200 dosis de bazuco, sustancias que ya se encontraban listas para su distribución, según confirmaron las autoridades en la información publicada en las redes sociales.

Este tipo de cargamentos, de acuerdo con las autoridades, suelen circular en entornos urbanos y zonas vulnerables, impactando especialmente a jóvenes y comunidades expuestas al microtráfico.

El material incautado fue avaluado en aproximadamente 170 millones de pesos, lo que evidencia el alcance económico de estas redes ilegales. Según información preliminar, los estupefacientes pertenecerían al Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en varias regiones del país.

Con este resultado, las autoridades destacan una afectación significativa a las finanzas de este grupo armado organizado, que se nutre del narcotráfico como una de sus principales fuentes de ingresos, pues la incautación no solo frena la distribución de droga en el municipio, también debilita la capacidad operativa de la estructura criminal.

El operativo hace parte de las estrategias de control territorial y lucha contra el crimen organizado que adelantan las Fuerzas Militares y la Policía en Antioquia, una de las regiones históricamente golpeadas por economías ilegales.

Desde el Ejército Nacional reiteraron que este tipo de acciones buscan proteger a la población civil, especialmente a los jóvenes, quienes suelen ser uno de los principales objetivos de las redes de microtráfico.

Asimismo, destacaron que la ofensiva contra el narcotráfico continuará en diferentes zonas del país, con el objetivo de desarticular estructuras criminales y garantizar condiciones de seguridad en los territorios.

Este resultado se suma a otros operativos recientes en Antioquia, donde las autoridades han intensificado su presencia para contrarrestar actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal y la extorsión.

“La Policía Nacional continúa enfrentando con firmeza el tráfico de estupefacientes. En el Valle de Aburrá, en Altavista, fue capturado un hombre con más de un kilo de marihuana lista para su dosificación y distribución. Asimismo, en el barrio Trinidad, patrullas de vigilancia lograron la captura de otro individuo con cerca de dos kilos de marihuana y el hallazgo de aproximadamente cinco kilos de base de coca abandonados en el sector. Estos resultados representan un golpe contundente a las redes del microtráfico, evitando que cientos de dosis lleguen a las calles y afecten nuestras comunidades”, indicaron las autoridades en un video publicado en su perfil de Instagram.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando con las autoridades mediante la denuncia oportuna de cualquier hecho que afecte la seguridad. Para ello indicaron que “cualquier hecho que afecte la seguridad debe ser manifestado a través de la línea 123 de emergencias o el CAI más cercano”.

Este nuevo resultado operativo se suma a los esfuerzos institucionales por frenar el microtráfico en Bogotá, una problemática que sigue siendo uno de los principales retos en materia de seguridad urbana.

Un ciudadano de nacionalidad dominicana fue arrestado este sábado 21 de marzo en Paraguay tras la incautación de 50,000 dosis de éxtasis (también conocido como MDMA), considerada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) paraguaya como la mayor realizada hasta ahora en un entorno urbano.

El operativo, retomado por medio de la Agencia IP en una nota de prensa, ocurrió entre Villa Elisa y Fernando de la Mora, en la zona metropolitana de Asunción.

La SENAD calificó el decomiso como un hito en el combate al microtráfico de drogas sintéticas en el área urbana paraguaya y lo vinculó directamente al Plan SUMAR, una estrategia implementada recientemente en el país centroamericano.

“La operación se llevó a acabo en coordinación con el fiscal Arnaldo Venialgo. Con este procedimiento, cortamos un eslabón clave en la cadena de distribución de drogas sintéticas, reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra el microtráfico en entornos urbanos”, estableció el SENAD en una publicación de redes sociales.

Dominicano, implicado en la mayor red de distribución de éxtasis en Paraguay

El arrestado se trata de Anyelo Tibursio Brito, quien tiene 32 años y reside en Paraguay desde hace seis años. El sujeto fue identificado como parte de un esquema transnacional de distribución de estupefacientes dirigido principalmente a jóvenes en el centro del país.

El valor estimado del cargamento incautado superó los G. 5.000 millones (unos USD 769,000 aproximadamente), según datos oficiales citados por la Agencia IP.

La SENAD atribuyó a Brito un rol clave en la distribución y redistribución de MDMA en eventos y actividades juveniles en la región Central. El dominicano fue interceptado cuando trasladaba 25 kilos de droga sintética en una motocicleta sobre la ruta PY01. La droga se encontraba empaquetada en bolsas plásticas.

La magnitud del operativo llevó a su traslado inmediato a la sede operativa de la SENAD, bajo custodia y disposición de la fiscalía a cargo del fiscal Venialgo.

SENAD relaciona el caso con redes multinacionales de drogas sintéticas

La detención, resultado de la Operación éXTAZ1S, reforzó la hipótesis oficial de la existencia de organismos delictivos con conexiones internacionales. La SENAD analizó el perfil del involucrado como un elemento central en las pesquisas abiertas sobre el tráfico de sustancias sintéticas con participación de extranjeros residentes en Paraguay.

El operativo tuvo como foco la interrupción del flujo de estupefacientes en zonas urbanas de gran densidad poblacional, marcando un precedente clave para futuras investigaciones contra redes internacionales.

Cuando fue arrestado en la vía pública, el individuo transportaba la droga en una maleta y la pesquisa identificó su relación con la dinámica de distribución en espacios periódicamente empleados para eventos juveniles.

La acción generó un golpe financiero considerable a las estructuras ilegales de distribución de droga sintética en Asunción y su área metropolitana.

La incautación involucró a la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) y permitió la detención de Brito.

De igual manera, las autoridades destacaron que este procedimiento refuerza los controles en puntos clave del área metropolitana paraguaya y contribuye a debilitar la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas al microtráfico.

Según los detalles proporcionados por la Policía Nacional, la operación incluyó 17 diligencias de allanamiento y registro en establecimientos nocturnos y viviendas de Kennedy, así como en los barrios Puente Aranda, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar, donde los delincuentes tenían fuerte presencia.

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Como resultado, las autoridades incautaron marihuana, cocaína, 2CB (tusi), dos armas de fuego, 14 celulares, un sistema de videovigilancia y $40 millones en efectivo. Estas sustancias se encontraban ocultas en los techos de las discotecas y los implicados utilizaban cajas de alimentos para trasladarlas en taxis y motocicletas desde el barrio México, ubicado en Ciudad Bolívar.

Detalles de la estructura delincuencial desarticulada

Dentro de los capturados se encuentra alias Alex o El Viejo, señalado como cabecilla principal, con 15 años de permanencia en actividades delictivas. Según información oficial, él coordinaba la distribución y comercialización de drogas valiéndose de la fachada de taxista y comerciante.

Junto a él actuaba alias Camila, su hijastra y mano derecha, a cargo de la supervisión y logística. Por su parte, “El Flaco” cumplía el rol de coordinador de acciones violentas y la contratación de sicarios. Otros seis integrantes se desempeñaban como administradores de los llamados sindicatos y expendedores en discotecas y bares.

El informe indica que los 18 detenidos tenían antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, amenazas, hurto, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Ante la gravedad del caso, el juez de la República a cargo del proceso dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para 13 de ellos y prisión domiciliaria para los 5 restantes.

La investigación logró establecer que Los del Sur enfrentaban disputas territoriales con dos estructuras rivales, AK-47 y Tren de Aragua, con los que llegaron a combatir incluso con artefactos explosivos para intimidar y controlar el mercado local.

Agentes encubiertos se infiltraron en la organización

La caída de Los del Sur fue posible tras un extenso trabajo de las autoridades, que incluyó vigilancia, seguimiento y análisis de datos. Agentes policiales infiltrados identificaron que el grupo distribuía marihuana, bazuco, cocaína, 2CB y éxtasis que mantenían ocultos en establecimientos nocturnos como amanecederos, discotecas y en la vía pública de sectores como la Avenida Primero de Mayo, Provivienda y Villa Claudia.

Tras confirmarse el operativo, el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, advirtió lo siguiente: “La droga representa un riesgo de seguridad nacional. No sólo está intoxicando nuestra sociedad, sino también a nuestro sistema político, económico y social. La droga es el factor que puede llevar a esta sociedad a un colapso. Los recursos de la Policía, del Ejército, de la Fiscalía hoy en día no pueden ayudar a construir sociedades, si la sociedad no es consciente de que la droga está financiando el delito y está poniendo en riesgo la viabilidad de esta Nación”.

Del mismo modo, el funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo a la línea de emergencia 123 y destacó que los operativos continuarán en este y otros sectores de la capital del país: “Los delincuentes de esta ciudad tienen que tener muy claro que cada una de las acciones no termina cuando presentamos el resultado, sino es el inicio del siguiente paso que daremos, por lo tanto, les aseguro que no pueden estar tranquilos”.

A partir de denuncias ciudadanas, las autoridades emprendieron un operativo en el inmueble. La acción fue desarrollada en coordinación con la Fiscalía Sexta Especializada de la ciudad, que indicó que con la incautación logró frustrar la distribución local de la droga, cuyo valor supera los 435 millones de pesos, informaron oficialmente voceros de la Policía.

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Para decomisar la droga, los uniformados realizaron una diligencia de allanamiento y registro, en la que participaron unidades de la Seccional de Investigación Criminal y de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Las investigaciones señalan que la marihuana incautada provenía del Valle del Cauca y tenía como destino la venta en pequeñas cantidades en Villavicencio y municipios cercanos, circunstancia que permite duplicar o triplicar su valor en el mercado ilegal, informó el coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta.

El adolescente detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de sus derechos, mientras que la sustancia incautada quedó bajo custodia de la Fiscalía Sexta Especializada, dentro de un proceso por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades de la capital del Meta, la Policía ha implementado patrullaje para contrarrestar las acciones delictivas derivadas de las disputas por el control del creciente microtráfico en la ciudad.

Para el cierre de febrero de 2026, de cara a los homicidios vinculados al tráfico de estupefacientes en Villavicencio, la alcaldía anunció la implementación de acciones coordinadas con la fuerza pública para enfrentar hechos violentos.

Más de 600 personas capturas en flagrancia en Villavicencio, solo en febrero de 2026

Según la información oficial divulgada por voceros de la Policía Nacional y el Ejército, se están intensificando los monitoreos en las zonas de mayor incidencia delictiva.

“Es motivo de preocupación la ola de homicidios registrada en los últimos días, relacionada con enfrentamientos entre actores criminales que buscan ejercer control sobre economías ilegales”, señaló el secretario de Gobierno y Posconflicto, coronel (r) Germán Eduardo Ayala, citado en un informe de la Alcaldía de Villavicencio.

Solo en el segundo mes de 2026, los resultados de los operativos incluyeron la captura en flagrancia de 646 personas y la incautación de 60 armas de fuego.

Desde la Alcaldía de Villavicencio confirmaron una adhesión más estricta al Plan Democracia, diseñado para garantizar el orden público en el contexto electoral, avanza sin contratiempos en las áreas urbanas y rurales del municipio.

Hermano de concejal de Villavicencio, detenido por presunto tráfico de droga

Con un operativo policial en el barrio Porfía de Villavicencio las autoridades lograron la detención de Willian Alexander Nieves García, hermano del concejal Cristian Ferney Nieves García, y Heydy Hurtado Girón, alias La Zarca.

La operación, realizada por unidades de la Policía Metropolitana de Villavicencio, evidenció una estructura delictiva con acceso a tecnología avanzada y un sistema de vigilancia dedicado a eludir a las autoridades.

El decomiso incluyó una suma en efectivo que ascendió a 19.500.000 pesos. Además, las autoridades hallaron 400 gramos de clorhidrato de cocaína y 59 dosis adicionales de la misma sustancia; también confiscaron una pistola traumática calibre 9 milímetros y diecisiete cartuchos calibre 38.

Entre los objetos incautados figuraban cuatro teléfonos celulares, tres computadores portátiles y un equipo reproductor DVD-R. El inmueble intervenido estaba equipado con un circuito cerrado de televisión destinado a alertar a los ocupantes sobre operaciones policiales inminentes.

La masacre en Belén de Umbría, ocurrida la noche del 17 de marzo, mantiene en alerta a las autoridades del departamento de Risaralda, que difundieron el retrato hablado de uno de los presuntos responsables del ataque armado.

El hecho, que tiene entre las víctimas a un menor de edad, generó conmoción en la comunidad local y motivó el despliegue de operativos policiales en la región. Según información confirmada por la Policía Nacional y la Gobernación de Risaralda, dos hombres armados irrumpieron en una vivienda del sector Arenales, en plena zona urbana de Belén de Umbría, y abrieron fuego contra los ocupantes del inmueble.

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Las víctimas fueron identificadas como Jhon Alejandro Castrillón Arroyave, conocido con el alias de El Mellizo; Yesica Tobón Agudelo, su pareja sentimental; y un adolescente de 15 años, hijastro del primero. Los agresores huyeron del lugar tras ejecutar el ataque, lo que activó un operativo de búsqueda y el cierre de posibles rutas de escape.

Hipótesis y líneas de investigación

De acuerdo con declaraciones del coronel John Hernando Téllez, comandante de la Policía de Risaralda, la principal hipótesis de los investigadores apunta a que el ataque iba dirigido contra alias El Mellizo.

Tanto su pareja como el menor habrían sido víctimas colaterales del atentado. Las autoridades manejan la posibilidad de que la masacre esté relacionada con disputas por el control de rentas ilegales asociadas al microtráfico en la zona, donde tiene injerencia estructuras criminales como el Clan del Golfo y la banda Cordillera.

El coronel Téllez señaló: “La Policía Nacional ha dispuesto de todas las capacidades de inteligencia y de investigación criminal para recopilar los elementos materiales probatorios que nos permitan llevar ante la justicia a los responsables de este hecho”. El despliegue incluye la recolección de pruebas, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad en el sector.

Recompensa y retrato hablado

Como parte de las estrategias para esclarecer el triple homicidio, la Gobernación de Risaralda, encabezada por Juan Diego Patiño Ochoa, anunció una recompensa de hasta $20 millones para quienes suministren información que conduzca a la identificación y captura de los responsables. El secretario de Gobierno departamental, Israel Londoño, aseguró que se garantizará absoluta reserva para quienes colaboren con datos relevantes.

Basados en videos de seguridad y testimonios recogidos en el lugar, las autoridades ya cuentan con un retrato hablado de uno de los implicados. El dibujo fue difundido públicamente y forma parte del material probatorio que los equipos de inteligencia usan para avanzar en la investigación.

Contexto de violencia en Risaralda

La masacre registrada en Belén de Umbría se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en Risaralda durante 2026.

Con base en datos de la Policía, el área metropolitana de Pereira registró 23 homicidios solo en enero, lo que representa un incremento del 21% respecto al mismo periodo del 2025. Ciudades como Dosquebradas y La Virginia también fueron escenario de ataques armados vinculados a disputas entre organizaciones criminales y actividades de microtráfico.

El triple homicidio tuvo lugar en un municipio incluido dentro de la alerta temprana 001 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo, la cual advierte sobre el riesgo de acciones criminales en la zona debido a la presencia de actores armados ilegales.

La masacre en Belén de Umbría representa el primer homicidio múltiple del año en el municipio, según cifras de Medicina Legal.

Reacción institucional y llamado a la comunidad

La Gobernación de Risaralda y la Policía Nacional rechazaron de manera categórica el homicidio múltiple. El secretario de Gobierno departamental, Israel Londoño, declaró: “Rechazamos contundentemente esta desafortunada situación en el municipio de Belén de Umbría, un municipio que venía teniendo un comportamiento muy positivo en materia de seguridad”.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del caso y la captura de los responsables.

Desde la institucionalidad se insiste a la ciudadanía en la importancia de aportar información para avanzar en la investigación, recordando que todas las comunicaciones serán tratadas bajo absoluta reserva.

Durante el 16 de marzo de 2026 se confirmó la desarticulación de la organización delincuencial Los Cats, responsable de la venta de estupefacientes en el parque Santander de Bogotá, como resultado de una ofensiva coordinada entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía General, Migración Colombia y la Secretaría de Seguridad.

Esta operación se llevó a cabo después de 13 meses de investigación, lo que permitió la captura de 13 implicados, 8 hombres y 5 mujeres de nacionalidad extranjera, como parte de la estrategia para erradicar la criminalidad en el centro histórico de la ciudad.

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Durante los allanamientos realizados tanto en la localidad de Santa Fe como en el municipio de Soacha, las autoridades incautaron estupefacientes, armas de fuego y dinero producto de la venta ilegal. Este dato fue confirmado por el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que señaló que los capturados cuentan con antecedentes judiciales.

Entre los detenidos figuran alias El Viejo, cabecilla y coordinador logístico, alias Anuel, encargado de la distribución de drogas, y las mujeres conocidas con los alias de La Ñata y La Flaca, identificadas por instrumentalizar a sus hijos menores.

La organización utilizaba menores para evadir los controles policiales

Según información de la Policía Metropolitana, los integrantes de Los Cats empleaban métodos variados para ocultar la droga, depositándola en sillas, árboles, prendas, paredes de la iglesia San Francisco, una chaza de dulces e incluso partes íntimas de los traficantes, con el fin de evadir los controles policiales.

La investigación, liderada por la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) e integrada por un agente encubierto, permitió documentar el modus operandi de la red mediante la interceptación de 20 líneas telefónicas, entrevistas y análisis de cámaras de vigilancia.

Asimismo, se indicó que los estupefacientes eran transportados desde Soacha y llegaban al parque Santander ocultos por adultos que estaban acompañados de menores de edad, en muchos casos hijos de los propios integrantes de la banda. Esta estrategia les permitía disimular la operación bajo la apariencia de desplazamientos familiares convencionales.

Acciones de las autoridades en el centro de Bogotá

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declaró al portal institucional de la Secretaría de Seguridad que esta acción forma parte de una política sostenida para la “recuperación del centro de la ciudad”.

Del mismo modo, detalló que las autoridades han logrado impactar y judicializar un total de 15 estructuras criminales en el corredor comprendido entre la calle 1ª y calle 26 y desde la avenida Caracas hasta los Cerros Orientales.

Galán precisó también que el operativo contra Los Cats incluyó la realización de 10 allanamientos, la captura de 12 personas mediante orden judicial y una aprehensión en flagrancia. En lo que va del 2026, las fuerzas de seguridad han conseguido decomisar más de media tonelada de estupefacientes y neutralizar 41 grupos criminales que operaban en el sector.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aportó que durante 28 meses han mantenido intervenciones sistemáticas en la zona, logrando incautaciones regulares de droga y recursos, así como el traslado e identificación de sospechosos.

Golpes contra otras bandas del sector

El resultado contra Los Cats se suma a la desarticulación de Los Tigres en septiembre de 2022 y del grupo conocido como Santander en diciembre de 2024, según informó el despacho del alcalde Galán. Estas organizaciones también se dedicaban a la distribución de estupefacientes en las cercanías al parque Santander.

La articulación institucional ha permitido a Bogotá avanzar en la intervención de uno de los focos históricos del microtráfico en pleno corazón de la ciudad, una problemática que, de acuerdo con las cifras oficiales, ha estado marcada por la presencia de organizaciones estructuradas, empleo de menores y estrategias sofisticadas de ocultamiento y distribución.

Una serie de homicidios selectivos, decapitaciones y desapariciones ocurridas en las últimas semanas han marcado la seguridad y el orden público en Cali; además de generar alarma y preocupación por habitantes del centro y el Bulevar del río, lugares donde se ha presentado la mayoría de casos.

Según fuentes citadas por El País de Cali, estos hechos estarían directamente relacionados con la reestructuración interna del grupo criminal La Inmaculada y la disputa por el control del microtráfico en sectores estratégicos de la ciudad.

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El asesinato de Carlos Alberto Delgado Palomino, alias Cajón, el 3 de marzo, en el barrio Centenario, tras salir de un banco, es uno de los episodios más recientes vinculados a esta confrontación.

Se conoció que Delgado Palomino había asumido el liderazgo de La Inmaculada después de la extradición de alias Pipe Tuluá, lo que desencadenó nuevas pugnas internas y alianzas en el mundo delictivo local.

Alianzas y disputa territorial

La llegada de integrantes de La Inmaculada a Cali respondió, según las fuentes citadas por el medio reseñado, a acuerdos con Andrés Felipe Flórez, alias Chinga Pipe, y el grupo de Martín Bala, con el fin de consolidar el dominio de la zona central.

Esta alianza criminal se enfrenta a otras estructuras que buscan ejercer control en áreas como el Bulevar del río, la Calle de la Salsa, el parque El Triángulo y las inmediaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM).

En este contexto, otros actores relevantes como Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, exlíder de Los R-15, y Jorge Eliécer Domínguez, alias Palustre, antiguo jefe de sicarios de Los Rastrojos, también habrían participado en la disputa, junto a José Miguel Maldonado, alias El Lobo, que desde prisión ha sido identificado como jefe de oficinas de cobro y ha declarado ante la Fiscalía sobre presuntos homicidios ordenados por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y su hijo Juan Diego Marín.

Un funcionario de un ente de investigación, bajo reserva de identidad, dijo, que “Cali se encuentra en un riesgo absoluto por la concentración de estructuras criminales y las alianzas establecidas para disputar el control en sectores estratégicos de la ciudad; y ni la inteligencia está operando ni la Fiscalía profundiza en sus investigaciones. Se ven muy conformes todos con las capturas de los eslabones bajos de la cadena”, segú citó el medio.

Homicidios vinculados a la disputa

Entre los hechos recientes que han sacudido a la ciudad, destaca el doble asesinato del 6 de febrero en la vía a Cristo Rey, donde fueron ultimados Jefferson Perea Jiménez, escolta, y Senén Fabio Cedeño Camelo, alias Arturo, líder de Los Rastrojos en la costa Caribe.

“Arturo” tenía antecedentes por delitos como terrorismo, homicidio, extorsión agravada y hurto. Versiones recogidas apuntan a la participación de alias Cajón en este crimen, que resultó asesinado un mes después.

Las pugnas internas tras la extradición de Pipe Tuluá habrían reconfigurado la cúpula de La Inmaculada. Entre los que disputan el mando figuran alias Juaco, Édison Marín Silva, alias Carevieja; Andrés Mauricio Hernández, alias Care Gallo y Mauricio Marín Silva, alias Nacho. No obstante, han surgido figuras como alias Minión, herido en 2025, y alias La Iguana, identificado por las investigaciones como responsable del asesinato de “Cajón”.

Las fuentes consultadas por el medio también señalaron que, “alias Cajón tenía una disputa interna en la organización y tenía en lista a ‘La Iguana’ para liquidarlo; pero este se enteró, se le adelantó y terminó matándolo en el barrio Centenario”. Ambos residían en el barrio Brisas de Los álamos.

Zonas en disputa y corredor del microtráfico en Cali

La confrontación por el microtráfico en Cali se centraría en tres puntos clave. El primero, el sector de San Vicente, cerca de la Terminal de Transporte, funcionaría como foco de distribución de armas y drogas y abastece expendios en bares y establecimientos nocturnos del río Cali y Granada.

El segundo, detrás del Centro Administrativo Municipal (CAM), se habría convertido en uno de los encláves más activos de venta de estupefacientes, con expendedores que operan entre la Calle de la Salsa y los alrededores del Comando de la Policía Metropolitana. Mientras que el tercero, conocido como El Cenicero, ubicado, paradójicamente junto a la Secretaría de Seguridad y Justicia, concentra también una dinámica constante de expendio.

La cercanía entre estos tres sitios formaría un corredor de distribución que ha intensificado la competencia entre grupos criminales por el control de las rutas del microtráfico, según indica el informe obtenido.

El 23 de enero de 2026, las autoridades informaron que tres integrantes de una familia fueron asesinados en el barrio Resurgir de Lérida, Tolima. Hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon directamente contra los ocupantes, identificados como Jhon Jairo Acosta, Martha Zúñiga y su hijo Adrián Felipe Acosta, de 19 años. Las víctimas no tenían antecedentes judiciales.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Al llegar, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía encontraron los cuerpos y acordonaron la zona.

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En ese momento, las autoridades mencionaron que las primeras hipótesis apuntaban a un posible ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato; también informaron que se desplegaron equipos especializados para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

“Se registró un lamentable hecho de violencia donde tres ciudadanos fueron heridos con arma de fuego, entre ellos una mujer y dos hombres, quienes fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las heridas”, declaró en ese momento el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía de Tolima.

Dos meses después cayeron los presuntos responsables

El 12 de marzo de 2026, las autoridades informaron la captura de cuatro personas (tres hombres y una mujer), que serían los responsables de la masacre en Resurgir de Lérida. Se trataría de disputas territoriales entre grupos delincuenciales por temas de microtráfico, y las víctimas serían parte de una de las bandas que tienen presencia en la zona.

Infobae Colombia tuvo acceso al informe de los operativos en los que se registró la detención de las personas que serán imputadas el 13 de marzo. Una fuente ciudadana fue la que alertó a la policía sobre la ubicación de la vivienda en la que se escondía uno de los detenidos.

En una de las viviendas mencionadas se registró la detención de un individuo; posterior a ello, dos más fueron capturados en zonas públicas del departamento de Tolima, mientras que el cuarto involucrado se encontraba escondido en el municipio de Puerto Rico, en el Meta. Entre los detenidos está: “Yeison” de 34 años, “Víctor” de 22, “Sebas” o “El Negro” y el “Maryi” de 20 años.

En el informe se menciona que la masacre fue producto de una “vendetta interna” tras una traición familiar, en la que el sobrino de una de las víctimas actuó como informante de un sujeto mencionado como “La Firma”, que tenía disputas previas con el control territorial de la zona con uno de los asesinados.

“El ataque fue ejecutado por un comando armado vestido de negro que, tras impactar a las víctimas con armas cortas (revólveres y pistolas), empleó rutas de escape por zonas rurales de difícil acceso, como la arrocera y los caños del sector Resurgir, para evadir el cerco policial”, es parte del informe al que tuvo acceso Infobae Colombia.

Antes de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía alertó que los integrantes de la banda delincuencial que ordenó la masacre gozarían de impunidad por cercanías con redes de corrupción al interior de la fuerza pública, mencionando a un teniente al que mencionan como “El Costeño”, que presuntamente colaboraría con la organización criminal.

En otros detalles sobre el accionar de la estructura criminal, el informe indica que tras la masacre, han comenzado a cambiar su comportamiento para comenzar a generar “terror digital” en la región a través de perfiles falsos para revictimizar a los sobrevivientes que no estaban en la vivienda cuando se registró el asesinato múltiple.

La defensa de los capturados será asumida por los abogados Juan José Roldán y Rogelio Roldán, de la firma Legalpro.

En menos de 24 horas después de su captura, 15 personas aceptaron responsabilidad penal y fueron condenadas a penas que van de 60 a 108 meses de prisión, como resultado de la operación antidrogas “Azuero”, desarrollada en las provincias de Herrera y Los Santos.

Las sentencias fueron impuestas tras audiencias de solicitudes múltiples celebradas en el Sistema Penal Acusatorio del Cuarto Distrito Judicial.

El caso gira en torno al delito de microtráfico, que en términos legales se refiere a la venta, distribución o posesión de drogas en pequeñas cantidades destinadas al consumo local, generalmente operando en barrios o comunidades específicas, a diferencia de las estructuras de gran escala dedicadas al tráfico internacional.

En esta causa, 20 personas fueron imputadas por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de delitos relacionados con drogas, y 16 de ellas fueron declaradas penalmente responsables tras acuerdos de pena consensuados entre el Ministerio Público y las defensas.

En la provincia de Los Santos, el Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas condenó a seis ciudadanos a 84 meses de prisión, además de imponerles una multa de $500 pagadera al Tesoro Nacional en el término de un año, una vez cumplida la pena principal. Otro de los vinculados recibió 92 meses de prisión, junto con una pena accesoria de 46 meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Dentro de la misma investigación, un ciudadano fue condenado a 60 meses de prisión, pena que fue reemplazada por trabajo comunitario no remunerado. A otro implicado se le impuso una multa equivalente a 100 días, a razón de $6 diarios, por el delito de posesión simple de drogas.

Tras valorar los argumentos de las partes, los jueces decretaron además dos detenciones provisionales al considerar que eran necesarias y proporcionales a la gravedad de los hechos.

En Herrera, específicamente en el SPA de Chitré, el tribunal de garantías declaró penalmente responsables a siete ciudadanos, imponiéndoles penas de 60, 78, 88, 94 y hasta 108 meses de prisión. También se fijaron multas accesorias que oscilan entre $250 y $500, pagaderas al Tesoro Nacional una vez cumplida la pena principal.

En esta jurisdicción se aplicó igualmente la medida cautelar personal de detención provisional a dos ciudadanos.

La operación “Azuero” se extendió por aproximadamente cuatro meses y permitió la aprehensión de 20 personas, de las cuales 18 son panameños y dos extranjeros.

El operativo incluyó 18 diligencias realizadas por la presunta comisión del delito de microtráfico, ejecutadas de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

Durante las acciones se decomisaron presuntas sustancias ilícitas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que formaron parte de los indicios presentados en las audiencias. Los aprehendidos fueron llevados ante jueces de garantías para continuar con los trámites correspondientes, que culminaron con la validación de los acuerdos de pena en un proceso acelerado.

El Ministerio Público indicó que, en lo que va del año, junto a sus brazos auxiliares ha logrado el decomiso considerable de sustancias ilícitas tanto en la ciudad capital como en el interior del país, como parte de la estrategia para mitigar el tráfico de drogas y ejercer la acción penal mediante la aplicación de las leyes nacionales. A través de la Fiscalía de Drogas, la Procuraduría General de la Nación reafirmó su rol en la erradicación del microtráfico y conductas delictivas conexas.

La región de Azuero, donde se ubican las provincias de Herrera y Los Santos, en la parte central del país, ha registrado en los últimos años un incremento en casos vinculados al tráfico y microtráfico de drogas, en parte asociado al uso de rutas empleadas por estructuras criminales procedentes de Colombia.

Estas organizaciones aprovechan sectores costeros y áreas rurales poco pobladas para movilizar sustancias ilícitas y luego fragmentarlas para su distribución interna, lo que ha generado una mayor presión operativa y judicial en esta zona del país.

En paralelo, otra causa vinculada a delitos relacionados con drogas concluyó también con un acuerdo de pena. La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, validó mediante sentencia n.º 347 del 27 de febrero de 2026 la responsabilidad penal de un ciudadano de 50 años por el delito de conspiración y reunión para cometer delitos relacionados con drogas, imponiéndole 72 meses de prisión.

En ese proceso, el tribunal estableció además una multa de $1,000 pagadera al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses. Durante la audiencia se admitió el sobreseimiento que absolvió al imputado de los cargos por delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales y por liderato relacionado con drogas. También se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares reales sobre un vehículo perteneciente a un tercero y su devolución, así como la restitución de artículos y dinero propiedad del sentenciado.

La investigación, denominada “Operación Alpes”, tuvo su origen el 8 de abril de 2022, cuando se detectó que un grupo utilizaba reuniones y llamadas telefónicas para coordinar el traslado marítimo de sustancias ilícitas desde Colombia hacia Panamá. Ambos procesos reflejan el uso de acuerdos de pena como herramienta para cerrar investigaciones relacionadas con drogas en distintas jurisdicciones del país.

Una investigación liderada por la Fiscalía permitió establecer que Jhon Fredy Zapata Martínez alias Messi, cabecilla que permanece detenido en la cárcel de Tuluá, logró reorganizar y dirigir una banda de microtráfico al servicio del Clan del Golfo en Manizales desde el centro penitenciario.

La captura de Zapata ocurrió en la operación Temis, ejecutada en 2024, que culminó con la detención de otros 23 integrantes de una estructura criminal dedicada a la venta de base de coca, bazuco, marihuana y sustancias sintéticas en los barrios Bajo Cervantes y Bajo Andes de la ciudad.

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A pesar de su reclusión, Zapata Martínez habría continuado coordinando actividades delictivas por medio de comunicaciones con exintegrantes de la banda, de acuerdo con la información que obtuvo el medio caldense La Patria.

Según la Fiscalía, una de ellas, identificada como “Camila” y beneficiaria de detención domiciliaria, fue instruida para reclutar nuevas personas, recaudar dinero de las ventas y dosificar la droga.

Otros miembros, como Luz, María Fernanda, Angie y Diana Lorena, desempeñaban funciones logísticas y de comercialización, así como la administración del dinero producto del microtráfico.

La reconstrucción de estas actividades se basó en información extraída del teléfono celular de Camila, lo que llevó a la Fiscalía a presentar nuevos cargos contra Zapata Martínez.

Antes de la audiencia de acusación, el acusado aceptó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. La pena pactada asciende a seis años de prisión y una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la espera de la decisión del juez el próximo 16 de marzo, informó el medio caldense.

Además, la Fiscalía investiga a Zapata Martínez como presunto determinador de un ataque con arma de fuego ocurrido el 2 de febrero del año pasado en el barrio Bajo Andes. En ese episodio, dos hermanos resultaron heridos y uno de ellos, Anderson Jaramillo Quintero, falleció.

Las autoridades también sostienen que el cabecilla habría ordenado el ataque desde la cárcel y que Camila coordinó la acción con el ejecutor. Estos hechos figuran entre las nuevas imputaciones que serán presentadas en la próxima audiencia.

La operación Temis, considerada uno de los golpes investigativos más significativos en Manizales en los últimos años, incluyó el decomiso de armas de fuego, sustancias ilícitas, dinero en efectivo y equipos de comunicación, lo que permitió desarticular temporalmente la estructura criminal.

Capo francés preso en Bogotá estaría delinquiendo desde La Picota

Un capo del narcotráfico francés dirige operaciones de una red criminal transnacional desde la cárcel La Picota en Bogotá, coordinando envíos entre la capital colombiana y la ciudad de Lyon.

Según una investigación publicada por el diario francés Le Monde, la estructura de la organización involucra el reclutamiento de exmilitares colombianos para realizar homicidios, cobros violentos y ajustes de cuentas en Francia.

La trama, documentada a partir de expedientes judiciales y fuentes policiales, describe cómo la red criminal recluta personal en Colombia y lo traslada a Francia, donde los nuevos miembros reciben logística y armas para operar como mercenarios.

De acuerdo con los investigadores franceses, la estructura mantiene su capacidad operativa gracias a la dirección a distancia de su líder, Karim Ben Addi, alias Fiston o El M7, quien impone sus órdenes desde prisión a través de aplicaciones de mensajería cifrada.

Investigadores sostienen que el control que mantiene desde su celda es “una influencia real”, lo que permite a la organización sortear las barreras geográficas y continuar con operaciones de intimidación y asesinatos selectivos en territorio francés.

Desde la cárcel, el líder coordinaba movimientos a través de teléfonos móviles, lo que permitía mantener el control de múltiples frentes en tiempo real. Testigos aseguraron haber escuchado llamadas en altavoz en las que se impartían instrucciones directas desde Colombia, valiéndose de plataformas encriptadas.

El 17 de febrero, la Policía Nacional informó el desmantelamiento de una red de microtráfico que se conocía en la región como “Los recorredores”, que tenía mayor presencia en el municipio de Funza.

En el operativo, los uniformados capturaron a cinco personas señaladas de administrar todo lo ligado a la comercialización de estupefacientes de diferentes formas en la región.

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Además de la Policía Nacional, la intervención incluyó la ayuda de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación; el proceso investigativo fue adelantado por la Sijín y los grupos de inteligencia del Departamento de Policía de La Sabana, que identificaron cómo esta estructura llegaba a generar ganancias millonarias producto del negocio ilícito mencionado.

De acuerdo con lo expuesto en el informe de la investigación, los capturados presuntamente distribuían droga en pequeñas cantidades en entornos educativos, parques y espacios públicos del municipio, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes.

El 17 de febrero, la Policía Nacional informó el desmantelamiento de una red de microtráfico conocida en la región como Los recorredores, con mayor presencia en el municipio de Funza. En el operativo, los uniformados capturaron a cinco personas señaladas de administrar la comercialización de estupefacientes en diversas modalidades en la zona.

Además de la Policía Nacional, en la intervención participaron funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. El proceso investigativo fue adelantado por la Sijín y los grupos de inteligencia del Departamento de Policía de La Sabana, que identificaron cómo esta estructura generaba ganancias millonarias a partir del negocio ilícito.

Según el informe de investigación, los capturados presuntamente distribuían droga en pequeñas cantidades en entornos educativos, parques y espacios públicos del municipio, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes. Los cinco detenidos fueron judicializados y permanecen con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, valoró los resultados de la operación y reiteró el compromiso de las autoridades con la seguridad del municipio.

“Este es un mensaje claro para las estructuras delincuenciales: en Funza no vamos a permitir que afecten la tranquilidad de nuestras familias. Seguiremos trabajando de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para proteger a nuestros niños, jóvenes y comunidades”, afirmó la mandataria local durante una rueda de prensa.

Villamil Buitrago también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia en el municipio, ya que el microtráfico de estupefacientes es una de las problemáticas que más preocupa a las autoridades en Cundinamarca.

“La seguridad es una tarea de todos. Invitamos a la comunidad a reportar oportunamente cualquier situación sospechosa. La información de la gente es clave para seguir golpeando el delito”, puntualizó.

Posibles consecuencias para los imputados

En Colombia, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes son considerados graves y conllevan penas elevadas según el Código Penal. El concierto para delinquir, regulado por el artículo 340, sanciona a quienes se asocian para cometer delitos. La pena básica oscila entre 8 y 18 años de prisión, con multas de 2.700 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la persona organizó, dirigió, promovió o financió el grupo criminal, la sanción puede aumentar hasta la mitad de la pena original.

Por su parte, el artículo 376 del Código Penal establece las penas para el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dependiendo de la cantidad y el tipo de sustancia encontrada. Las condenas pueden ir desde 5 años y 4 meses hasta 30 años de prisión, junto con multas que varían entre 2 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por ejemplo, portar grandes cantidades de marihuana o cocaína puede llevar a una pena de hasta 30 años de cárcel; en cantidades menores, la pena mínima puede ser de hasta cinco años. La ley establece rangos diferenciados para pequeñas, medianas y grandes cantidades de droga.

Cuando una persona enfrenta simultáneamente ambos cargos, las penas pueden sumarse, lo que incrementa notablemente el tiempo de prisión. Además, existen agravantes como la reincidencia, el uso de menores en la comisión del delito o la pertenencia a grupos armados, que pueden elevar aún más las sanciones.

Sin embargo, si el imputado acepta cargos y colabora con la justicia, la ley contempla posibles rebajas de pena, aunque con ciertas limitaciones para delitos de alta gravedad. Este marco legal busca desincentivar la criminalidad organizada y el narcotráfico, imponiendo castigos severos para quienes incurren en estas conductas.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó la desarticulación de una plaza de vicio que operaba mediante turnos laborales definidos para la venta de estupefacientes en el barrio Andalucía La Francia, nororiente de Medellín.

La organización criminal utilizaba viviendas residenciales del sector como centros de almacenamiento, dosificación y distribución de base de coca, manteniendo puntos fijos de expendio en las inmediaciones de la institución educativa Pablo Neruda.

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De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal hacía parte de la red conocida como Los Triana, y su actividad generaba ingresos ilícitos cercanos a los $10 millones diarios.

En el operativo, desarrollado de forma coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, se logró la captura en flagrancia de cuatro personas que, según los registros oficiales, ya contaban con anotaciones judiciales previas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Casas como puntos fijos y turnos organizados

La modalidad de operación de la estructura fue uno de los aspectos que más preocupó a las autoridades. Los implicados organizaban su jornada de venta de droga en la zona por medio de turnos definidos, garantizando así el suministro constante de sustancias ilícitas, especialmente en horarios de alta circulación estudiantil cerca del colegio Pablo Neruda.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, precisó que esta organización criminal “mantenía una operación estructurada, con puntos de expendio fijos y roles asignados para cubrir distintos horarios del día”.

Durante los dos procedimientos de allanamiento realizados, los uniformados incautaron 4.200 gramos de base de coca junto a equipos y elementos destinados a la dosificación y pesaje de los estupefacientes. La investigación también permitió establecer que los cuatro capturados utilizaban varias viviendas del barrio para almacenar y preparar las dosis antes de distribuirlas a través de los puntos fijos.

Impacto directo en la comunidad escolar

Las autoridades subrayaron el impacto que este esquema tenía sobre la seguridad y la convivencia en la comunidad educativa y los residentes del sector. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, detalló que “la utilización de entornos escolares para el expendio de drogas representa una amenaza que se combate como prioridad desde la administración local”.

La presencia de puntos fijos de venta cerca del colegio Pablo Neruda ponía en riesgo la integridad de jóvenes y menores de edad que transitaban diariamente por la zona, afirmó Villa.

La Policía Nacional remarcó que la operación hace parte de una estrategia más amplia para proteger los espacios educativos de la influencia de grupos de delincuencia organizada (GDO) como Los Triana. A través de acciones articuladas, la fuerza pública y la administración municipal buscan prevenir que organizaciones criminales utilicen viviendas cercanas a colegios como centros de distribución de drogas.

Los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar con el proceso investigativo y determinar su responsabilidad dentro de la estructura criminal.

El comandante Castaño Ramos confirmó que los capturados ya presentaban antecedentes judiciales por hechos similares, lo que evidencia la reincidencia en el esquema de microtráfico en Medellín.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar con operativos en zonas identificadas como vulnerables, con el objetivo de “blindar los entornos escolares y residenciales ante las amenazas del narcotráfico”.

El desmantelamiento de esta plaza de vicio se da dentro de un plan integral para combatir el microtráfico y reducir el impacto de organizaciones criminales en barrios populares de Medellín. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, anunció que la vigilancia en las inmediaciones de escuelas y colegios será reforzada a partir de este caso.

La inseguridad y la violencia en Armenia (Quindío) persisten. Para diciembre de 2025 ya se habían registrado 91 homicidios en el municipio, según informó TVA Noticias, posicionándose como el municipio con más asesinatos reportados en todo el departamento. En 2026, la situación no ha cambiado; un nuevo crimen se presentó en la capital.

El 30 de enero, un joven identificado como Andrés Felipe Roa Porras, de 24 años, fue asesinado en un ataque armado ocurrido en la vía pública del barrio La Patria. El crimen fue perpetrado frente a la capilla Santa Laura Montoya.

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De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía de Quindío, citado por Blu Radio, dos personas que se movilizaban en motocicleta dispararon en varias oportunidades contra Roa Porras, causándole la muerte en el lugar.

La ciudadanía escuchó los disparos y alertó a las autoridades sobre los hechos. Posteriormente, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, llegaron al sitio y lo acordonaron para proteger la escena del crimen y hacer el respectivo levantamiento del cuerpo.

La víctima había resultado herida con arma cortopunzante el 17 de diciembre de 2025 en una riña que se registró en el barrio Simón Bolívar de Armenia.

El asesinato del joven está siendo investigado por la Sijín de la Policía, que busca esclarecer los motivos y los responsables del crimen. De acuerdo con La Crónica del Quindío, una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre el caso es que pudo estar relacionado con el microtráfico de estupefacientes.

Las indagaciones realizadas hasta el momento indican que Andrés Felipe Roa registraba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los siguientes delitos:

• Tráfico de estupefacientes (2017, 2018, 2020 y 2025)
• Homicidio (2018)
• Daño en bien ajeno (2018)
• Concierto para delinquir (2019)
• Lesiones personales (2020)
• Hurto (2021 y 2022)
• Fabricación y porte de armas de fuego o municiones y amenazas (2025)

Apenas un día antes también se registró otro asesinato en Armenia. Cerca de las 12:00 p. m., se presentó un ataque sicarial en el barrio Las Acacias que dejó como saldo la muerte de un hombre, identificado como Diego Ospitia Londoño, de 42 años.

Según Caracol Radio, la víctima fue interceptada por hombres armados que le disparaban mientras esta se movilizaba en su vehículo particular. El hombre falleció por la gravedad de sus heridas, sin alcanzar a recibir atención médica.

Por otro lado, las autoridades lograron capturar al presunto responsable del crimen, tras la implementación de un plan candado posterior al ataque armado. El sospechoso estaba tratando de escapar en una motocicleta. En medio de su huida, causó un accidente de tránsito que permitió su captura.

El hombre arrestado posee antecedentes judiciales por homicidio y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

La víctima se dedicaba a la compra y venta de motocicletas y también tenía antecedentes penales por el delito de receptación. De acuerdo con el Código Penal Colombiano, este tipo penal se le adjudica a la persona que, “sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible, adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito” (artículo 447).

Según información aportada por la hermana de Ospitia Londoño, existían conflictos familiares relacionados con una herencia de la abuela materna, quien era propietaria del inmueble donde residía la víctima, situación que también está siendo investigada por las autoridades que están a cargo de las indagaciones sobre el homicidio.

El operativo, ejecutado bajo la estrategia Bogotá Camina Segura, desplegó a más de mil uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y servidores de la Secretaría de Seguridad en los barrios María Paz y El Amparo, ubicados cerca de la central de abastos de Corabastos.

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Las autoridades realizaron registros en establecimientos comerciales, personas, vehículos y motocicletas, con el objetivo de identificar conductas delictivas y fortalecer la presencia institucional en algunos de los puntos más críticos para el delito en la capital.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, indicó que estos despliegues buscan atacar de manera focalizada los focos de inseguridad: “Todos los días en uno de los puntos donde tenemos situaciones de riesgo estamos haciendo despliegues que nos permitan desarrollar capturas, incautaciones y recuperaciones”, declaró Restrepo en la intervención.

Pagadiarios bajo la lupa: cierres por irregularidades y hallazgo de estupefacientes

Uno de los principales resultados de la jornada fue el cierre temporal de dos pagadiarios. Estos alojamientos informales, donde se arriendan habitaciones por periodos cortos, suelen operar sin cumplir con la regulación requerida y, en ocasiones, se asocian con economías ilegales.

En uno de estos establecimientos, los uniformados hallaron sustancias alucinógenas listas para su comercialización, mientras que el otro carecía del Registro Nacional de Turismo, documento obligatorio para operar de acuerdo con la normativa vigente.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, detalló que las autoridades continúan identificando personas y realizando verificaciones exhaustivas: “Tenemos el cierre temporal de dos de los pagadiarios porque no cumplen con la documentación debida. Segundo, tenemos la captura por tráfico y porte de estupefacientes: una persona que se le encontró dos kilos de marihuana. Pero estamos identificando personas. Llevamos más de mil personas identificadas”, afirmó el oficial.

Incautaciones y controles a motocicletas: respuesta al microtráfico y al robo

El operativo permitió retirar de circulación más de 200 armas cortopunzantes y más de mil dosis de estupefacientes que, según las autoridades, no llegarán a afectar la integridad de los habitantes de la localidad. Estas cifras reflejan la magnitud de los desafíos en materia de violencia y microtráfico en la zona.

Adicionalmente, peritos en automotores de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) verificaron motocicletas para constatar posibles alteraciones en sus sistemas de identificación, chasis o documentos, ya que estos vehículos suelen ser objeto de robo y usados en actividades delictivas.

De acuerdo con los reportes, los controles a motocicletas forman parte de una estrategia para combatir el fleteo y los atracos que afectan a los residentes y comerciantes de Kennedy.

Antecedentes recientes y retos para la seguridad urbana

La intervención en Kennedy se suma a operativos recientes en sectores como Santa Fe, donde tras un atentado con granada que dejó una persona muerta y 13 heridas, las autoridades capturaron a cuatro individuos y decomisaron armas de fuego, armas traumáticas, cartuchos, celulares y cerca de $2 millones producto de actividades ilícitas. En esa ocasión, Migración Colombia identificó a más de 200 extranjeros sin estatus migratorio regular, ampliando el panorama de problemáticas en áreas de alta vulnerabilidad.

De acuerdo con datos de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va de 2026 se realizaron más de 1.400 capturas por diferentes delitos, se incautaron 46 armas de fuego y cerca de 193 kilos de estupefacientes. La colaboración ciudadana, a través de la línea de emergencia 123, sigue siendo clave para fortalecer los procesos investigativos y sancionar conductas delictivas.

“Estos ejercicios de control son posibles gracias al fortalecimiento al pie de fuerza que hizo la Policía Metropolitana al final del año anterior”, aseguró Restrepo, que insistió en la importancia de contar con una estrategia integral que permita recuperar la tranquilidad en los barrios más afectados de la ciudad.

Diana Carolina Clavijo revivió aquel episodio marcado por la preocupación, incertidumbre, miedo y dolor que implicó su búsqueda y posterior hallazgo, en entrevista con Juan José Castro, del pódcast Vamos Pa’ Eso.

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Un adolescente amante del fútbol y amoroso con sus hermanos

De acuerdo con el relato de Clavijo, Harold era un joven soñador, apasionado por los animales y el fútbol, hincha del América, y con deseos de estudiar barbería y, en el futuro, ingresar a la Marina. “Era muy responsable, muy pendiente de sus hermanos, respetuoso, y querido por mi círculo social”, recordó Clavijo.

La mujer, que dejó su profesión como peluquera canina en Bogotá para irse a vivir a Cali por el trabajo de su esposo, afirmó que Aroca era trabajador y frecuentemente ayudaba durante las vacaciones escolares en un negocio de repuestos para bicicletas para enviar dinero a sus hermanitos para el mecato. “Les mandó $20.000 pesos para helados, de su sudor”, relató Clavijo.

La familia se trasladó a Cali año y medio antes del crimen. Sin embargo, Harold decidió regresar a Bogotá para vivir con su padre, Hermes, tras llevar un año sin verlo. “Quiso quedarse porque el papá estaba triste”, explicó Clavijo, que permitió la decisión confiando en la buena relación entre ambos.

En Bogotá, Harold se matriculó en el colegio Los Pinos y continuó jugando fútbol en la cancha de Los Laches, un sector próximo al bosque donde fue hallado, que guardaría complejidades sociales por el actuar criminal de una estructura delictiva.

Días antes de la desaparición, Clavijo notó cambios en la actitud de su hijo a través de las llamadas que a menudo tenían; por ello, le insistió en volver a Cali, preocupada por su bienestar y por aparentes conflictos en el colegio y con la esposa de su padre. “Sentía que no estaba bien, ya no me hablaba como antes, y había tenido problemas en la cancha donde entrenaba”, relató.

El 5 de agosto, tras recibir una llamada de un compañero, Harold salió rumbo a la cancha y no regresó. Horas más tarde, un mensaje desde su WhatsApp aseguró que se quedaría fuera de casa, algo inusual en él. La familia, preocupada, acudió a la policía y comenzó la incansable búsqueda.

Hermes, el padre, ingresó con su esposa al bosque junto a un policía, pero la búsqueda se vio limitada cuando el agente se retiró por cambio de turno. Al día siguiente, la madre, ya en Bogotá, activó redes de apoyo, incluyendo a la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, mientras la Policía comenzaba a especular que se trataba de un escenario creado para originar un conflicto entre bandas de microtráfico que operan en el sector. “Nos decían que queríamos incentivar la guerra entre bandas. Nos revictimizaron mucho”, aseguró Clavijo.

La lectura de cartas que reveló que Harold Aroca ya estaba muerto

En medio de la angustia por la desaparición, una amiga de Diana Carolina le ofreció leerle las cartas para intentar obtener alguna señal sobre el paradero de Harold. Durante la consulta, su amiga le aseguró: “El niño ya no está vivo. Lo va a encontrar en un bosque, tapado por ramas”.

Uno de los episodios que vivió Diana mientras buscaba a su hijo ocurrió mientras intentaba conciliar el sueño. Clavijo sintió que una mano le acariciaba el rostro, un gesto que solía hacerle su hijo. “Abrí los ojos y vi la mano de mi hijo frente a mi cara”, dijo, convencida de que esa experiencia pudo haber sido una despedida.

El 9 de agosto, llegó el día del lamentable hallazgo, que se dio gracias a la insistencia de la familia. “Vimos ramas recién cortadas, por lo que Hermes empezó a quitarlas y lo primero que se vio fueron los pies”, narró Clavijo sobre el momento en que encontraron el cadáver, cubierto por vegetación.

“Tenía quemaduras en el cuello, golpes en la cara, heridas de bala en las piernas y manos machacadas”, describió. La Policía llegó después, grabando la escena con celulares. “No me ayudaron… Nosotros subimos solos”, lamentó la madre.

Las investigaciones oficiales avanzaron lentamente y la familia denunció falta de acción y revictimización por parte de las autoridades. El caso cobró notoriedad tras la difusión de videos que mostraban los últimos momentos de Harold con vida, permitiendo identificar a algunos de los presuntos responsables. “Ese video fue la clave para saber a quiénes buscar”, afirmó Clavijo.

Gracias a la presión pública y la recopilación de pruebas, se lograron dos capturas: Anderson Santiago Pinzón y Haizak Karol Chará, imputados por homicidio agravado, desaparición forzada, tortura y porte ilegal de armas. El proceso sigue en curso, ahora bajo una fiscal especializada.

Una madre en busca de justicia, vulnerable a las amenazas de estructuras criminales

Durante la investigación del caso, la Policía señaló la existencia de un conflicto entre dos estructuras dedicadas al microtráfico en barrios vecinos de Bogotá, una en Los Laches y otra en El Parejo.

Las autoridades sostuvieron que la disputa entre estas estructuras delincuenciales habría sido el contexto en el que ocurrió el asesinato de Harold Aroca, sugiriendo que su muerte estaría relacionada con retaliaciones entre estos grupos armados.

Clavijo ha enfrentado amenazas reiteradas tras su búsqueda de justicia. “Me llaman guerrillera, me mandan fotos de mi hijo muerto y me advierten que si vuelvo al barrio me desaparecen”, denunció, y añadió que pese a la oferta de protección de la Fiscalía, rechaza esconderse: “¿Por qué tengo que huir yo si no he matado a nadie?”.

El caso ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de las familias de víctimas y la persistente inseguridad en sectores de Bogotá, donde, según la madre, la policía identificó los dos grupos delincuenciales, pero “no ha pasado nada”.

En la actualidad, la familia de Harold exige el cese de la revictimización y el avance de los procesos judiciales. “Me dijeron que si me estaban amenazando era por mi culpa, por no aceptar la protección”, relató Clavijo, que sigue firme en la búsqueda de justicia y de respuestas sobre la violencia que afecta a cientos de jóvenes y familias en el país.

Un macabro hecho de sangre se registró en la noche del viernes 23 de enero de 2026, generando alerta y consternación en los habitantes del barrio Resurgir, en Lérida (Tolima).

Según el reporte del Departamento de Policía de Tolima, tres personas fueron asesinadas hacia las 10:42 p. m., hora en la que por lo menos cuatro hombres armados ingresaron de manera violenta desde la parte trasera de la casa y, tras irrumpir en las habitaciones, dispararon de forma repetida contra los integrantes de la familia, que dormían en ese momento.

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Alertados por los vecinos que escucharon los disparos, las autoridades llegaron al lugar y hallaron a las tres personas heridas.

A pesar de los intentos por trasladarlas a un centro asistencial, las víctimas ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de los disparos.

Las personas fallecidas fueron identificadas como John Anderson Vargas Izao, de 35 años; Marta Zúñiga, de 50; y su hijo Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de 19 años. Todos eran miembros de la misma familia y residían en la vivienda donde ocurrió el crimen.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía, asumieron la investigación del caso. Equipos especializados realizaron inspección judicial, recolección de pruebas y entrevistas a testigos en el lugar de los hechos, con el objetivo de esclarecer tanto los motivos como la identidad de los responsables.

Posible hipótesis de la masacre

Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de personas implicadas en el ataque ni la ruta utilizada para huir del lugar.

Las autoridades manejan la hipótesis de que los agresores podrían haber contado con apoyo externo para planificar y ejecutar el crimen sin ser interceptados.

También se investiga si el caso está relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona, aunque esta versión permanece como una de las líneas iniciales y no ha sido confirmada oficialmente.

“Lo que tenemos hasta el momento es que se trata de ajuste de cuentas, de vendetas por la venta de estupefacientes en el sector. Y pues estamos en estos momentos ya con un grupo investigativo de inteligencia y de Policía judicial, pues detrás de las personas que pudieron ser las causantes de este suceso tan desafortunado para este municipio”, señaló el comandante del Departamento de Policía de Tolima, coronel Anderson Vargas, a La Voz del Pueblo 920 AM.

Un dato relevante que surgió en las primeras indagaciones es que dos menores de edad, también residentes en la vivienda, no se encontraban en el lugar al momento del ataque, ya que estaban de visita en la vivienda de un compañero de colegio en otro sitio. Esta circunstancia evitó que la cifra de víctimas aumentara.

El caso desató gran conmoción entre los habitantes de Lérida y motivó el despliegue de operativos de control y búsqueda en distintas zonas del municipio y áreas cercanas, con el fin de identificar a los responsables y avanzar en la investigación.

El comandante del departamento de Policía Tolima agregó a medios de comunicación locales: “Fue a las 10:42, en el barrio Resurgir; tres ciudadanos fueron lesionados con arma de fuego, fallecieron posteriormente a la gravedad de las heridas. La Policía activó todas sus capacidades institucionales, se desplegó un equipo especializado y trabajan para esclarecer este crimen; no descansaremos hasta tener resultados completos.”

Por último, se refirió a la modalidad de los sicarios para asesinar a este grupo familiar: “Nosotros venimos haciendo un trabajo juicioso con nuestros uniformados en el departamento. Estamos haciendo unos planes diferenciales que nos ha permitido que los hechos de afectación a la vida en el área urbana hayan disminuido en el departamento. Así que, vemos que ya no lo están haciendo de manera sicarial en las calles del municipio, sino que se han atrevido en estos momentos, pues a ingresar a las casas a cometer estos hechos”.

Las investigaciones permanecen en curso, mientras la comunidad exige respuestas ante un crimen que ha generado profunda consternación.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación confirmaron la captura de Camilo Gil, alias Gil, de 22 años, señalado como uno de los principales dinamizadores de homicidios en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención se produjo en medio des despliegue de una operación conjunta que involucró a distintas unidades policiales y judiciales.

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Según detalló la Policía Nacional, “Gil” es identificado por las autoridades como un actor sicarial al servicio del Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco) Los del 20, con una trayectoria criminal superior a ocho años.

El operativo, realizado bajo el direccionamiento del Departamento de Policía Valle, contó con la participación de las secciones de investigación criminal (Sijin), inteligencia (Sipol), el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y el grupo Gaula Élite, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Durante la intervención, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver, doce cartuchos de munición y dos teléfonos celulares, elementos que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como material probatorio.

La institución señaló que el capturado tenía una orden vigente por homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, indicó que “su accionar criminal, con más de ocho años de trayectoria, se concentraba principalmente en el barrio 20 de Julio y en las comunas 5 y 7 de Palmira, donde presuntamente ejercía control sobre rentas ilegales derivadas del microtráfico, el hurto, actividades extorsivas y el denominado ”gota a gota", además de estar vinculado a múltiples hechos de afectación a la vida ocurridos en los últimos meses”.

De acuerdo con la investigación, alias “Gil” habría iniciado su actividad delictiva a los 15 años y habría escalado a funciones de mando medio dentro de la estructura de “Los del 20”, convirtiéndose en mano derecha de alias Vidal, cabecilla del grupo.

El comunicado oficial también comentó que las confrontaciones por el control territorial estarían detrás de las afectaciones a la vida registradas recientemente en la zona.

Las autoridades vinculan a “Gil” como presunto responsable del doble homicidio cometido el 10 de noviembre de 2025 en el barrio Obrero de la comuna 2 de Palmira, en el que fueron asesinados Luis Alejandro y Juan Pulgarín. Ese hecho, según el reporte policial, impactó de forma directa en el incremento de homicidios en el municipio.

El historial judicial de Gil incluye anotaciones por tráfico de estupefacientes (2025), porte ilegal de armas de fuego (2013 y 2020), constreñimiento ilegal (2020), homicidio (2020) y hurto calificado (2019).

La Fiscalía informó que el detenido, junto con el arma y los elementos incautados, fue puesto a disposición de la autoridad competente, que decidió imponerle medida privativa de la libertad en centro carcelario y penitenciario.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra el sicariato y las estructuras criminales en el Valle del Cauca, e invitó a la ciudadanía a denunciar hechos que afecten la seguridad y convivencia.

Capturan a alias Nanda tras asesinar a otra mujer, por microtráfico en Palmira

El 18 de enero de 2026, una mujer de 37 años fue asesinada en el barrio Alfonso López de Palmira. Su caso estaría vinculado a disputas por el control del microtráfico en el sector conocido como “la carrilera”.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, la presunta autora de este crimen, identificada con el alias de Nanda, fue ubicada y detenida en flagrancia tras una alerta de la comunidad, portando un arma cortopunzante que habría utilizado en el homicidio.

La detenida, que tiene antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, fue puesta a disposición de la autoridad competente y se le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante el proceso, la implicada mostró una sonrisa al momento de la captura, hecho que fue registrado por las autoridades. Las autoridades de Palmira enfatizaron que continuarán reforzando los controles territoriales y combatiendo el microtráfico en todos los sectores del municipio.

Una rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de una mujer señalada como presunta responsable de un homicidio ocurrido el 18 de enero en el barrio Alfonso López, en Palmira, Valle del Cauca.

No obstante, los hechos fueron reportados en la mañana del 22 de enero de 2026. Según el comunicado policial, la víctima fue una mujer de 37 años y el caso está vinculado a disputas por el control del microtráfico en el sector conocido como “la carrilera”.

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El operativo fue realizado por patrullas de vigilancia en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), luego de que la comunidad alertara a las autoridades sobre la presencia de la sospechosa cerca del lugar de los hechos.

Durante el registro, los uniformados hallaron en poder de la detenida un arma cortopunzante, que habría sido utilizada para cometer el homicidio.

Sin embargo, cuando la señalada fue puesta en manos de las autoridades, dibujó una sonrisa en su rostro que quedó registrada tras la captura.

La capturada, identificada con el alias de “Nanda”, presenta antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Tras ser informada de sus derechos, fue puesta a disposición de la autoridad competente, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el delito, e invitó a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte el orden público en la región.

Alcaldía de Palmira anuncia incremento de fie de fuerza en la última semana: capturaron hombre con más de dos kilos de cannabis

En el contexto de los más recientes operativos conjuntos de seguridad en Palmira, las autoridades reportaron la captura en flagrancia de un hombre que transportaba más de dos kilos de marihuana, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en cerca de dos millones de pesos.

La acción se realizó durante labores de patrullaje y control en la zona urbana, con la participación de unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, apoyados por el Batallón de Ingenieros de Combate Agustín Codazzi.

El procedimiento tuvo lugar cuando los uniformados interceptaron a un ciudadano que llevaba un costal blanco. En su interior hallaron varios paquetes con una sustancia vegetal que, según el reporte oficial, corresponde a marihuana. En total, se incautaron 2.414 gramos del estupefaciente.

El teniente coronel Edison Aux, comandante encargado del Distrito Especial de Policía Palmira, valoró el resultado del operativo: “Logramos un importante resultado contra el tráfico de estupefacientes. Durante este procedimiento ejecutado en planes de registro y control a personas, en planes conjuntos entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional adscrito al Batallón Agustín Codazzi, se le halló a un ciudadano 2.414 gramos de marihuana”.

El capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Las autoridades de Palmira reiteraron su compromiso de reforzar los controles territoriales y combatir el microtráfico en los distintos sectores del municipio, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad de la comunidad.

Al tiempo, se conoció que una serie de ataques armados en los municipios de Candelaria y Palmira, en el Valle del Cauca, dejó cuatro muertos en menos de cinco días, en hechos que las autoridades investigan como un posible ajuste de cuentas vinculado al microtráfico.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, la hipótesis de que exista una relación directa entre las víctimas cobró fuerza tras el asesinato de Sebastián Jiménez Álvarez, de 37 años, que sufrió un ataque con arma de fuego en el barrio Villa Claudia de Palmira y murió poco después en el Hospital Raúl Orejuela Bueno.

En el centro de los hechos se encuentran los hermanos Jhan Carlos Grajales Gutiérrez y Leydi Calderón, que fueron asesinados en un lapso de menos de 24 horas.

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Sobre esto, según conoció El Tiempo, las muertes estarían atribuidas a disputas internas entre grupos criminales que operan en el área y buscan el control del negocio ilegal de estupefacientes.

Así inició la cadena de homicidios

La serie de crímenes comenzó el lunes 12 de enero con el asesinato de Leydi Calderón, de 29 años, en un establecimiento comercial de Villagorgona, corregimiento de Candelaria.

Hombres armados interceptaron a Calderón y a Steven Monsalve, abriendo fuego contra ambos. Monsalve murió en el lugar y Calderón, aunque alcanzó a ser trasladada a un hospital, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Dos días después, el conflicto se trasladó a Palmira, donde el hermano de la mujer, de 25 años, fue atacado con arma de fuego mientras se movilizaba en un vehículo particular cerca de la sede de Medicina Legal. De acuerdo con la policía, Grajales Gutiérrez se encontraba realizando trámites relacionados con el cuerpo de su familiar al momento del crimen.

La cadena de homicidios continuó con el asesinato de Sebastián Jiménez Álvarez, de 37 años, que fue interceptado por hombres armados en el barrio Villa Claudia, también en Palmira. Jiménez Álvarez falleció poco después en el Hospital Raúl Orejuela Bueno. De acuerdo con las versiones obtenidas por el medio citado. Una tercera persona presente en el vehículo logró huir y se desconoce su paradero.

Por su parte, el centro de formación IEsthetic Método CEM expresó su tristeza por el fallecimiento de Grajales Gutiérrez, estudiante del programa de Maquillaje Artístico: “Nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados de nuestro estudiante”.

La dirección del centro educativo lamentó la pérdida y afirmó: “Nos unimos en solidaridad a todos quienes hoy atraviesan este momento de dolor. Acompañamos sus corazones con respeto, cariño y cercanía, deseando que encuentren fortaleza, consuelo y paz ante tan irreparable pérdida”.

La comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, general Sandra Liliana Rodríguez, confirmó que el cuerpo de Calderón fue trasladado a Medicina Legal, sitio donde se produjo el ataque posterior contra su hermano.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades y fuentes consultadas por el medio mencionado destacan una posible venganza o el ajuste de cuentas relacionado con una deuda pendiente, aunque existe consenso en que los hechos responden a uns situación criminal más compleja.

Según una fuente del municipio entrevistada por el medio, la violencia estaría relacionada con la llegada, hace unos seis años, de un líder criminal proveniente del norte del departamento, que habría consolidado su poder en Candelaria y mantiene una red activa de sicarios y colaboradores.

Respecto a Calderón, la fuente señaló que mantendría vínculos con ese líder criminal, desempeñándose como “campanera”, encargada de alertar sobre amenazas al negocio del microtráfico.

La persona que la acompañaba el día del asesinato habría sido un supuesto sicarios del mismo grupo. El líder, descrito por la fuente como una figura poderosa y traicionera, evitaría dejar cabos sueltos en su organización, lo que explicaría la cadena de homicidios recientes.

El contexto de violencia se ve agravado por la formación de nuevas bandas interesadas en el control de territorios, impulsadas por el desarrollo de nuevas construcciones y la mejorada vía que conecta Cali con Candelaria.

Esta carretera, que también comunica con el norte del Cauca, facilita el transporte de estupefacientes en motocicleta, según el testimonio ofrecido a El Tiempo.

El búnker de drogas más conocido de Tío Rolo, un barrio de la zona suroeste de la ciudad de Rosario, fue demolido este jueves por la Policía de Santa Fe, marcando el cuarto derribo del año bajo la actual legislación de microtráfico, que busca reducir la violencia ligada a la venta de estupefacientes.

Esta estructura, ubicada en Vicente Medina al 6900, figuraba de manera constante en crónicas policiales desde 2018 y había consolidado su reputación como epicentro de actividades ilícitas durante al menos ocho años. La medida, explicaron las autoridades, representa el búnker número 104 desmantelado desde que la provincia adoptó la ley que transfiere la investigación sobre venta minorista de drogas a la órbita local.

Según detalló la fiscal Brenda Debiasi del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, la investigación más reciente ubicó actividades de venta barrial al menos entre marzo de 2023 y el 7 de diciembre pasado en el inmueble.

“En esta investigación tenemos cuatro personas que han sido imputadas y que se encuentran en prisión preventiva y tenemos al menos cuatro personas más, que se encuentran con pedido de captura activo por esta Fiscalía, ya que pudieron ser identificadas como responsables de la actividad”, afirmó Debiasi al medio La Capital. La fiscal precisó que en la construcción de material se comercializaban cocaína y marihuana fraccionada, un negocio por el que enfrentan cargos quienes tienen las iniciales S. M., N. G., N. G. y L. G.

No obstante, la problemática excedía el domicilio específico. Debiasi señaló que ese grupo delictivo expandió su accionar a otros dos puntos de venta y la pesquisa evidenció conexiones directas con la denominada banda de Los Menores.

El búnker de Tío Rolo no solo concentraba la atención judicial. La zona comprendida entre el 6900 y el 7100 de Vicente Medina fue escenario de episodios violentos durante años.

El 26 de septiembre de 2018, P. M., de 32 años, fue baleado en el cráneo y un brazo; los atacantes, a bordo de una motocicleta Suzuki de 100 centímetros cúbicos, abrieron fuego frente a sus amigos, quienes resultaron ilesos.

Al año siguiente, en octubre de 2019, el asesinato de José María Ferreyra, albañil de 55 años, estremeció al barrio. El crimen ocurrió frente a uno de sus ocho hijos y vecinos atribuyeron la amenaza a “Los Pogonza”, una organización señalada por usurpar casas para vender drogas. El principal implicado, Mauricio Pogonza, fue detenido tres meses más tarde y juzgado como partícipe primario. “Vienen a tu casa y te la quieren usurpar, te la quieren robar para quedarse a vivir ellos o para vender drogas”, relataron habitantes del barrio al mismo medio.

Durante un operativo realizado el 21 de abril de 2023 en Vicente Medina al 6800, ocho personas fueron arrestadas tras un tiroteo. En la requisa posterior, la Policía halló en el búnker ahora derribado un Peugeot 208, una Honda Wave, un revólver calibre 22, una pistola Taurus calibre 9 milímetros, una pistola automática de confección casera y alrededor de 100 municiones. En la entrada del domicilio, se encontraron varias vainas servidas.

Los detenidos incluían a cuatro individuos dentro del búnker y otros cuatro localizados en una propiedad de Avenida del Rosario al 3600, entre ellos un adolescente de 17 años y cuatro adultos de entre 26 y 36 años, incluyendo dos mujeres, todos bajo la órbita del fiscal Rodrigo Urriticoechea.

Los incidentes registrados a lo largo de 2023 reforzaron la percepción de que la zona era un punto crítico, con ataques a viviendas y a la propia estructura de Medina 6903, recurrentemente mencionada en registros policiales desde hace al menos siete años.

Durante el derribo, Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública provincial, ratificó la política de inhabilitar inmuebles vinculados al tráfico de drogas: “Está comprobado totalmente. Con presencia de la Justicia, del Poder Ejecutivo y de la policía en determinados lugares con allanamientos, patrullajes y derribos, inmediatamente notamos la baja de los movimientos de violencia en el sector”.

La actividad delictiva articulada en torno a este búnker, respaldada judicialmente desde marzo de 2023, motivó imputaciones y pedidos de captura para al menos ocho personas. La decisión de demoler la edificación resalta la continuidad de una política provincial para desactivar estructuras criminales afianzadas en el entramado social de barrios como Tío Rolo.

Junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los funcionarios de Seguridad provincial impulsaron la eliminación sistemática de puntos de venta de estupefacientes y sus redes asociadas, una política que busca frenar el avance del crimen organizado y reducir la violencia derivada de esta actividad ilícita.

La normativa, aprobada por la Legislatura a finales de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, habilitó la intervención coordinada de fuerzas provinciales y federales, permitiendo la inactivación de inmuebles vinculados tanto al narcomenudeo como a episodios violentos.

Cómo y dónde fue el operativo

El procedimiento más reciente se llevó a cabo este miércoles en Pasaje 528 al 6467, barrio Las Flores, perteneciente a la ciudad rosarina.

Según puntualizó Carlos Pereira, secretario de Seguridad Pública, “este es el segundo derribo de búnker en el año”. Y agregó: “Esta herramienta que nos permite avanzar en el combate contra el delito tiene que ver con un trabajo de investigación, de inteligencia y de análisis, junto con la presentación del caso por parte de la Fiscalía y que finaliza con la inactivación del punto de venta, en la modalidad de derribo”.

Pereira subrayó la importancia de cerrar estos lugares ya que constituyen “los inicios de la economía del delito, el narcomenudeo, etapa donde comienza el movimiento de esa venta”.

En el último tercio del proceso, destacó el impacto del golpe contra los Monos, banda narco liderada por Dylan Cantero y Mariana Cantero. El fiscal César Pierantoni explicó que “este derribo es muy importante porque está directamente vinculado al grupo criminal”.

Y precisó que el lugar funcionaba como depósito de drogas, cartuchos de armas de fuego, una camioneta Hilux, motocicletas y diversa documentación de interés para la causa.

El inmueble no estaba habitado, pero sí utilizado como base operativa para actividades ilícitas. En el primer allanamiento al domicilio, en marzo de 2025, los investigadores secuestraron “2 kilogramos de cocaína, 700 gramos de marihuana y elementos que estaban destinados al fraccionamiento de la droga”.

Pierantoni atribuyó el éxito de la operación a la intervención conjunta del Comando Radioeléctrico, la Policía de Investigaciones de la Provincia (PDI), la Policía Federal y la coordinación de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General.

Pereira, por su parte, recalcó: “Trabajamos en conjunto con las fuerzas federales y avanzamos en las investigaciones y allanamientos para demostrarles a los delincuentes que el Estado está presente para combatir al delito”.

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Microtráfico, los derribos de búnkeres en la provincia se han transformado en una señal concreta contra el avance del microtráfico. Las intervenciones incluyen la eliminación de inmuebles usados tanto para la venta minorista como para la logística de grandes bandas, alineándose con la estrategia provincial de inactivación de puntos generadores de violencia.

En el Nordeste de Antioquia se registró un hecho violento múltiple que dejó cuatro personas asesinadas, de acuerdo con información suministrada por la Policía.

Las autoridades señalaron que los homicidios estarían relacionados con disputas entre estructuras criminales por el control del microtráfico, situación que motivó el despliegue de una cápsula investigativa especial para esclarecer lo ocurrido. El caso fue reportado inicialmente por Blu Radio.

Según los datos oficiales, tres de las víctimas pertenecían a una misma familia y fueron encontradas en diferentes puntos rurales de varios municipios del Nordeste antioqueño.

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Los fallecidos fueron identificados como Yefer Arley Madrigal Castañeda, Juan Carlos Madrigal Ruiz y Jorge Andrés Madrigal Ruiz. Los cuerpos aparecieron en jurisdicciones distintas, lo que llevó a las autoridades a reconstruir los desplazamientos previos de las víctimas y las circunstancias en las que fueron retenidas.

El cuerpo de Yefer Arley Madrigal Castañeda fue hallado en el corregimiento Santa Isabel, del municipio de Remedios, ubicado a 53 kilómetros del casco urbano. Juan Carlos Madrigal Ruiz fue encontrado en el corregimiento El Tigre, sector La Y, en Vegachí, a 82 kilómetros del área urbana. Por su parte, Jorge Andrés Madrigal Ruiz fue localizado en la vereda Montebello, del municipio de Amalfi, a 68 kilómetros del casco urbano.

De manera paralela, las autoridades avanzan en la identificación plena de una cuarta víctima, cuyo cuerpo fue hallado en la vereda Alejandría, también en el municipio de Vegachí, a 30 kilómetros del casco urbano. Este proceso hace parte de las diligencias judiciales orientadas a establecer con precisión la identidad, el rol y las circunstancias que rodearon a esta persona.

La Policía de Antioquia indicó que, dos días antes de los homicidios, los cuatro hombres fueron interceptados y retenidos por integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente al Clan del Golfo. Posteriormente, habrían sido trasladados en contra de su voluntad hacia diferentes sectores rurales del Nordeste antioqueño, donde finalmente se produjeron los asesinatos.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que entre las víctimas se encontraban dos hermanos y un primo, lo que refuerza la hipótesis de un hecho dirigido contra un núcleo familiar específico. Las autoridades trabajan en la recolección de testimonios, análisis de trayectorias y verificación de información para establecer cómo se dio la retención y posterior desplazamiento de las víctimas.

Sobre los posibles móviles, el oficial explicó: “Al parecer, esto tiene que ver con temas de de pugnas por microtráfico. Parece que son dinámicas del control territorial que hace el Clan del Golfo, porque son actores delincuenciales o actores individuales. Entonces, todo eso lo estamos ya verificando, sería parte de la investigación”. La declaración fue entregada en medio de las labores de verificación que adelantan los investigadores en terreno.

Horas antes, el mismo comandante había señalado a Blu Radio que la aparición de una fotografía en la que estarían las cuatro personas representó un indicio relevante sobre el número total de víctimas. Ese material hace parte de los elementos que actualmente son objeto de análisis técnico y judicial, con el fin de determinar su origen, contexto y relación con los hechos.

Dentro del proceso investigativo, se conoció que uno de los fallecidos registraba antecedentes por el delito de tráfico de armas, información que está siendo contrastada con otras bases de datos judiciales para establecer si existe algún vínculo directo entre esos antecedentes y los hechos recientes en el Nordeste del departamento.

Las autoridades informaron que la cápsula investigativa está integrada por unidades especializadas en criminalística, inteligencia y policía judicial, quienes trabajan de manera coordinada para esclarecer los móviles, identificar a los responsables y determinar las condiciones exactas en las que se produjeron los homicidios. Las diligencias incluyen inspecciones técnicas, entrevistas y análisis de contexto criminal en la zona.

El caso se suma a otros episodios de violencia registrados en áreas rurales del Nordeste antioqueño, donde las autoridades han advertido la presencia de estructuras armadas ilegales y bandas locales que se disputan economías ilícitas. Las investigaciones continúan en curso bajo coordinación de la Policía y las autoridades judiciales competentes, mientras avanzan los procesos de identificación y judicialización correspondientes.

El operativo, desarrollado en Dosquebradas (Risaralda), permitió detener al señalado cabecilla de la estructura criminal Las Acacias, que se ocultaba en ese municipio para evadir a las autoridades.

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Recorrido criminal de Jhon Mario Andrade Campos en Girardot

Entre los aspectos destacados del caso se encuentra la trayectoria criminal de aproximadamente 10 años de Andrade Campos, de los cuales cinco habría ejercido como máximo líder de una organización ilegal compuesta por cerca de 87 integrantes y con presencia en al menos 14 barrios de Girardot, así como en zonas de Tocaima, Ricaurte y con injerencia en Flandes (Tolima).

Las autoridades le atribuyen responsabilidad en al menos 27 homicidios cometidos durante 2025, cifra que representa cerca del 55% de las muertes violentas registradas en Girardot ese año.

La mayoría de estos crímenes estarían relacionados con la confrontación violenta por el control del microtráfico frente a otras estructuras delictivas como Punta del Palo y Valle del Sol.

La detención de Andrade Campos se logró mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de autoridades risaraldenses.

De acuerdo con el coronel Mauricio Arley Herrera, comandante de Policía de Cundinamarca, el procedimiento se llevó a cabo en una zona residencial de Dosquebradas, donde el capturado intentaba evadir el cerco policial. Durante la diligencia, fueron incautadas 162 dosis de marihuana y se recolectó material probatorio relevante para la investigación.

El coronel Herrera detalló que la captura se materializó por orden del director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, que en el Consejo de Seguridad Extraordinario realizado el 28 de diciembre en Girardot exigió el despliegue total de las capacidades institucionales para enfrentar la estructura criminal.

Además, indicó que existe una recompensa de hasta $100 millones por cada uno de los cabecillas de estas organizaciones y que la Policía mantiene la búsqueda de alias Traqueto, líder de Punta del Palo, y de alias Chiringa, de Valle del Sol.

Durante el Consejo de Seguridad Extraordinario, las autoridades municipales y departamentales definieron acciones para desarticular la estructura de Las Acacias.

Por su parte, el alcalde de Girardot, Salomón Said, agradeció públicamente a la Policía, la Fiscalía, los jueces y la Gobernación de Cundinamarca por el trabajo articulado que permitió la detención.

“Este es el reflejo de un trabajo mancomunado que se ha realizado en nuestro municipio. Desde la administración municipal, siempre vamos a estar disponibles para brindarles el apoyo necesario. Esperemos que estas capturas nos sigan garantizando la tranquilidad en el municipio de Girardot”, afirmó Said durante una intervención ante medios de comunicación.

Las investigaciones señalan que Andrade Campos figuraba como prófugo de la justicia desde el 16 de mayo de 2021, cuando se fugó del Centro de Traslado por Protección de Soacha, donde cumplía condena por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades lo vinculan, además, con la presunta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en actividades como sicariato y expendio de estupefacientes, liderando una estructura sicarial mixta integrada tanto por adultos como por menores de edad.

La captura de “Jhonsito” desestabiliza la línea de mando de Las Acacias, afecta directamente sus rentas criminales —estimadas en sumas millonarias mensuales— y frena los planes de expansión en el Alto Magdalena cundinamarqués.

Actualmente, el detenido permanece bajo medida preventiva en un establecimiento carcelario y penitenciario de Pereira (Risaralda), tras ser presentado ante un juez en audiencias concentradas del municipio de Dosquebradas. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando de forma articulada para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía en Cundinamarca.

Entre las problemáticas que genera el microtráfico en Bogotá, uno de los que más preocupa a la ciudadanía es la influencia que han logrado tener estructuras delictivas en zonas escolares de la ciudad.

Es por ello que uno de los pedidos más recurrentes que hacen los padres de familia al distrito es tener mayor acompañamiento en las instituciones educativas, argumentando que no se tiene claridad sobre el alcance que tienen los expendedores.

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Precisamente, este fue uno de los argumentos expuestos por la fiscalía durante la judicialización de seis integrantes de “Los Combita”, que es como se conocía a una estructura criminal que tenía influencia en varios sectores de Bogotá y enviaban narcóticos a España.

En la audiencia se registró la imputación de cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a Hernán Francisco Jiménez Tinjaca, alias Pacho; Francy Eliana Morales Ayala, alias Anabel; Gabriel Tayak Monar, alias El Paisa; Yuli Marcela Flores Prugache, Ana Evidalia Jiménez Tinjaca y María Elizabeth Jiménez Tinjaca.

Durante el proceso judicial se resaltó que “Pacho” y “Anabel” eran los cabecillas de la estructura criminal y los encargados de enviar grandes cantidades de droga a Europa.

El ente acusador afirmó que los imputados lograron consolidar un negocio ilícito con el traslado de la cocaína a Valencia, en España; de la misma forma, que tenían el poder territorial de la venta de estupefacientes en gran parte de las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el grupo ilegal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que viajarían España, y los convencía de llevar cargamentos de cocaína ocultos en maletas doble fondo o en prendas de vestir. Las personas que aceptaban recibían los alijos en los baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y posteriormente intentaban salir rumbo a Europa”.

Tenían el poder de al menos 13 colegios en el distrito

Durante el proceso, el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) mencionó que estos criminales afectaron de manera directa el entorno de al menos 13 colegios en el distrito.

En el operativo fueron incautados elementos con los que dosificaban y empacaban los estupefacientes que eran vendidos en los centros educativos, además de dispositivos electrónicos, efectivo y un arma traumática con la que intimidaban a los ciudadanos que buscaran interferir en su negocio.

Por todo lo mencionado, una juez de control de garantías les impuso medida privativa de la libertad a los seis individuos mencionados, a pesar de que ninguno de ellos aceptó los cargos procesados en su contra.

El poder del microtráfico en el mercado ambulante

Precisamente, desde el distrito se han pronunciado debido a las críticas que han recibido por los operativos para controlar el espacio público en la ciudad, ya que sectores han afirmado que solo perjudican a comerciantes de la ciudad.

Al respecto, han destacado que en la mayoría de operativos se ha identificado que algunos negocios ambulantes son utilizados por las estructuras criminales para vender drogas o controlar las rutas de microtráfico en el distrito.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la mayoría de comerciantes también son víctimas de cobros extorsivos por parte de pandillas, que exigen pagos de hasta 16 millones por permitirles ubicarse en espacios públicos de sitios como San Victorino.

Al respecto, Lucía Bastidas, directora de la entidad, explicó que estas redes utilizan a personas en condición de vulnerabilidad para hacerles cobros extorsivos, modalidad que han consolidado en zonas populares del comercio bogotano.

Tras ser recapturado, luego de que se mantuvo prófugo de la justicia tras abandonar la residencia en la que cumplía con el beneficio de prisión domiciliaria en Medellín, se han generado varios debates sobre lo que le depara para el futuro a Óscar Camargo, más conocido como “Pichi”, llamado el “Pablo Escobar de Bucaramanga”.

Camargo está recluido en la cárcel de La Dorada, en Caldas, en donde se ha afirmado en más de una ocasión que tiene la intención de unirse a la Paz Total del Gobierno Petro, lo que genera opiniones divididas en Santander.

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Al respecto, han aumentado los rumores sobre la inclusión de “Pichi” en el proceso que se hizo viral en el país luego del “tarimazo” registrado en Medellín con reclusos de la cárcel de Itagüí, la mayoría, cabecillas de estructuras criminales como La Oficina de Envigado.

El camino de “Pichi” para ser incluido en la Paz Total

En primer lugar, cabe recordar que Camargo, que es mencionado en los informes de las autoridades como cabecilla de “San Rafa”, que tiene el poder del microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga, ganando el poder territorial con varios hechos de violencia.

“Pichi” cumple una condena de 52 años por los delitos de homicidio, desaparición forzada y tráfico de drogas, prontuario por el que se generó una oleada de críticas tras conocerse había sido recibido el beneficio de prisión domiciliaria, que incumplió en reiteradas ocasiones.

Pasaron dos meses desde que Camargo dejó el exclusivo apartamento en El Poblado, en Medellín, y volvió a ser capturado por las autoridades en Copacabana, desde entonces, está recluido en una de las cárceles con mayor seguridad y se especulaba con que se había cerrado la puerta para cualquier tipo de negociación con el Estado.

La posibilidad de que “Pichi” sea tenido en cuenta por el Gobierno nacional volvió a abrirse luego de que El Tiempo expuso que en la cárcel de La Dorada se permitió la entrada de la DJ Marcela Reyes, actual pareja del criminal, lo que habría sido tomado al interior de la prisión como un gesto de voluntad de paz.

El medio citado informó que al interior de las cárceles Itagüí y La Dorada se menciona que “Pichi” ha comenzado a negociar con los cabecillas antioqueños para poder ser incluido en la mesa de diálogo que tiene como objetivo concertar con todos los grupos delincuenciales del país un tipo de tregua.

En el informe se menciona la importancia que tiene de nuevo la congresista Isabel Zuleta en este hecho, recordando que la senadora ha sido la principal señalada por los beneficios que han recibido los reclusos de alto impacto en Itagüí.

El historial delictivo de “Pichi”

Debido a los rumores sobre la posibilidad de que el Estado negocie con “Pichi”, se ha recordado el historial delictivo que tiene este criminal, al que el Tribunal Superior de Bucaramanga acusó de seguir delinquiendo en todo momento desde prisión.

“A pesar de encontrarse privado de la libertad, se observó comunicación activa y clandestina entre alias “Pichi” y los demás integrantes del grupo delincuencial", se lee en el fallo con el que se argumentó el castigo de más de 50 años de prisión.

En las investigaciones se identificó que “Pichi” ordenó hasta cinco asesinatos desde la cárcel y utilizó redes sociales para comunicarse con sus hombres, a los que les pidió nombrarlo como: “Jesús”, “El Viejo”, “El vago”, “El ñero” y otro tipo de sobrenombres para engañar a las autoridades en las interceptaciones.

La Policía Nacional reportó la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco) Los Pupis con la captura de tres de sus integrantes en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.

Según información oficial suministrada por la misma institución, este operativo representó un golpe relevante contra el microtráfico local, afectando la distribución de sustancias ilícitas en la región.

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La operación, ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió cumplir tres órdenes judiciales de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos teléfonos móviles, dos motocicletas, cien bolsas ziploc con emblemas del grupo delictivo, cincuenta bolsas destinadas al empaque de Tusi (2CB), 18 millones de pesos en efectivo y una gramera para pesar sustancias.

Las investigaciones de la Policía Nacional señalan que “Los Pupis” coordinaban la comercialización de marihuana exótica y drogas sintéticas, distribuyéndolas en parques, eventos y fiestas del municipio.

Los estupefacientes se transportaban desde zonas montañosas del Cauca hasta puntos de venta predefinidos en Palmira, lo que generaba problemas de seguridad y salubridad pública, según el reporte oficial.

La incautación de estos elementos, junto con la captura de los integrantes del Gdco, se presenta como un avance relevante en la reducción del tráfico de drogas sintéticas y marihuana exótica en Valle del Cauca, según la Policía.

“Con esta operación, se logra un impacto significativo contra la comercialización de drogas, contribuyendo a la reducción de hechos que ponen en riesgo la vida, la convivencia ciudadana y la salud pública”, detalló la seccional vallecaucanal en su comunicado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para identificar otros posibles vínculos de la organización y prevenir la reactivación del grupo en el municipio de Palmira y sus alrededores.

Operativo en Palmira desmanteló microbandas, dejó 58 capturas y toneladas de droga incautada

A principios del mes de noviembre de 2025, la Policía comunicó que desarrolló la segunda Megatoma por la Seguridad llevada a cabo en Palmira.

Esta intervención finalizó con 58 capturas, 25 allanamientos y la incautación de armas, drogas y elementos empleados para actividades ilícitas, según informó la Policía Nacional mediante un comunicado oficial.

Esta operación integral fue coordinada por la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Palmira, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el objetivo de contrarrestar microbandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, la extorsión, el porte ilegal de armas y la falsificación de moneda.

Las autoridades detallaron que, en el desarrollo de la intervención, se realizaron 25 diligencias de registro y allanamiento. Estos operativos resultaron en 37 capturas en flagrancia y 21 mediante orden judicial, lo que fortaleció la presencia institucional y el control de las zonas urbanas y rurales de Palmira.

Entre los resultados, la Policía Nacional reportó la incautación de siete armas de fuego, lo que limitó la capacidad bélica de diversas estructuras delictivas. Además, se decomisaron cuatro toneladas de marihuana y siete gramos de base de coca, afectando las rentas ilícitas vinculadas al narcotráfico local.

En el transcurso de la operación se incautaron 141 teléfonos celulares utilizados para coordinar actividades ilegales, y se recuperaron seis motocicletas y dos vehículos reportados como hurtados. Estos resultados reforzaron el combate contra el hurto y la logística delictiva en la región.

De manera paralela, acciones preventivas de control permitieron la verificación de 54.684 antecedentes a personas y 20.545 antecedentes a vehículos, así como la realización de 110 individualizaciones. Estas labores contribuyeron al fortalecimiento de la identificación y la vigilancia de factores de riesgo asociados al delito.

Aunque han pasado más de tres décadas desde que fue abatido en un barrio de estrato medio en Medellín, diferentes estructuras criminales siguen rindiendo homenajes de algún modo a Pablo Escobar, uno de los capos más peligrosos de la historia.

Precisamente, en Chile, un operativo de la policía terminó con la desarticulación de una estructura ligada a la venta de narcóticos en Santiago, más específicamente en el sector de Cerro Navia.

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En el informe oficial sobre el operativo, las autoridades informaron que este fue adelantado por personal especializado del OS7 de Carabineros, que ingresaron a cinco domicilios en los que guardaban diferentes tipos de drogas los criminales.

Además, un aspecto que llamó la atención de los uniformados es que todas las bolsas y elementos utilizados para guardar los narcóticos tenían el rostro del criminal colombiano.

En el operativo se registró la detención de 11 integrantes de la red criminal, todos con antecedentes criminales; entre los más destacados, la policía mencionó que dos de ellos tenían órdenes de arresto vigentes por microtráfico y robo.

En todas las viviendas los uniformados encontraron sustancias ilícitas como pasta de base de cocaína, marihuana y ketamina, que eran comercializadas en la zona por los detenidos.

La capitán Belén Galaz, que encabezó el operativo, informó que en lo corrido de 2025 se han realizado 50 intervenciones en la comuna de Cerro Navia, en donde se concentra la mayoría de casos de microtráfico de drogas en Santiago.

De la misma forma, indicó que se adelantarán controles de prevención, investigación y operativos para identificar a más integrantes de la estructura criminal.

Lo registrado en Santiago no es poco habitual, puesto que en todo el continente se han registrado operativos en los que se encuentran homenajes, o hasta sitios de oración con imágenes de Pablo Escobar.

Esto se debe a que, al ser uno de los primeros capos con reconocimiento mundial de la región, la figura del colombiano es tomada por los capos de la actualidad como si se tratara de un referente del negocio ilícito.

De la misma forma, las producciones audiovisuales que han contado la vida del antioqueño también han permitido que nuevas generaciones conozcan su historia, aunque algunos toman este conocimiento de manera negativa e intentan replicar sus actos.

De hecho, en Colombia esta tendencia ha generado que se registren varios debates, principalmente por los proyectos de ley que se han adelantado con el objetivo de que se prohíba la venta de productos alusivos a Escobar.

Para argumentar por qué es necesario que sea un delito comercializar elementos con el rostro de Escobar, los diferentes políticos han mencionado que se trata de un aspecto que no representa a Colombia y sus tradiciones; además, que seguir con ese tipo de comercios no deja un mensaje positivo sobre el país, principalmente para los turistas internacionales.

Por su parte, comerciantes de zonas que se han popularizado por ser cruciales durante el auge del narcotráfico, han pedido que no se aprueben estos proyectos porque de esa forma se verán perjudicados junto con sus familias.

Entre los espacios en los que más se observan productos de esa índole se encuentra la Comuna 13, en Medellín, el cementerio Montesacro, en el que fue enterrado el criminal antioqueño, y la Hacienda Nápoles, en donde el capo construyó una de sus propiedades más lujosas y conformó un zoológico privado con diferentes especies, entre ellas, tres hipopótamos que se han reproducido desde los 80 y actualmente representan una de las herencias más negativas que dejó Escobar.

La reciente operación policial en el oriente de Cali culminó con la captura de ocho presuntos integrantes de la banda criminal Los LS, señalada por las autoridades como una de las principales responsables de homicidios, microtráfico y desplazamientos forzados en la ciudad.

El grupo, que operaba en los barrios Llano Verde, Písamos y Puertas del Sol, obtenía ingresos mensuales por la venta de aproximadamente 16.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana y derivados de cocaína, según informó el brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

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Tras la judicialización, un juez de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento intramural a cinco de los detenidos, mientras que los otros tres recuperaron la libertad, aunque seguirán vinculados al proceso investigativo.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los delitos imputados incluyen concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado, instrumentalización de menores, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Durante los cinco meses de investigación, las autoridades lograron documentar la utilización de menores de edad para la distribución de drogas en parques de la comuna 15.

El general Bello explicó: “Pudimos comprobar que la instrumentalización específicamente se daba para que ellos pudieran hacer la comercialización de sustancias alucinógenas en parques, entornos escolares y espacios deportivos en esa parte de la ciudad”.

Entre los capturados figuran individuos conocidos en el ámbito delictivo como Yustin, Rajado, Franco, Miguel y Mamberroy, este último identificado como el principal coordinador de homicidios relacionados con el control del microtráfico. Uno de los detenidos, de 25 años, ya enfrentaba investigaciones por dos asesinatos y una tentativa de homicidio.

En el desarrollo de los ocho allanamientos realizados en los barrios mencionados y en El Diamante, las autoridades incautaron más de 16.000 dosis de estupefacientes listas para su comercialización. El brigadier general Bello subrayó la importancia de la operación:

“Aquí lo que estamos evitando es la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, para evitar que nuestra sociedad sea afectada con este fenómeno del narcotráfico, afectada en entornos escolares, parques de recreación pasiva y otros escenarios deportivos, con que cuenta la comuna 15”.

El secretario de Seguridad, Jairo García Guerrero, y el comandante de la Policía Metropolitana reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a la línea 321 394 5156 de la Policía Metropolitana de Cali.

La Policía Nacional despliega 4.000 uniformados en Cali para el Plan Navidad

El despliegue de 4.000 uniformados de la Policía Nacional en Santiago de Cali marca el inicio del Plan Navidad “Una Navidad con Propósito”, una estrategia integral que busca garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes y visitantes durante la temporada decembrina.

Este operativo, que se extenderá a lo largo de las festividades, contempla acciones específicas para proteger la vida, prevenir delitos y asegurar el normal desarrollo de actividades culturales y turísticas en la capital vallecaucana.

Entre las medidas más destacadas, la Policía Metropolitana Santiago de Cali hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore en la lucha contra la delincuencia, poniendo a disposición la línea contra el crimen 3213945156, la línea de emergencia 123 y la 156 de la Red de Cooperantes, con la promesa de mantener la confidencialidad de quienes aporten información.

Además, se intensificaron los controles para evitar la fabricación, almacenamiento y uso indebido de pólvora, especialmente por parte de menores de edad, con el objetivo de prevenir personas quemadas y otras lesiones durante las celebraciones.

El patrullaje aumentará en parques, zonas de recreación, áreas gourmet y espacios de alumbrado navideño, buscando prevenir delitos y promover la convivencia en el espacio público. En cuanto a la violencia de género, la Patrulla púrpura, en coordinación con los Guardianes Púrpura, enfocará sus esfuerzos en la prevención y atención oportuna de casos de violencia intrafamiliar, brindando acompañamiento y orientación a mujeres víctimas para asegurar una Navidad libre de violencia contra la mujer y la familia.

Finalmente, se ejecutarán operativos e inspecciones rigurosas en establecimientos de comercio, bodegas y distribuidores para evitar la venta y consumo de licor de contrabando o adulterado, protegiendo así la vida y la salud de los ciudadanos.

La intervención se llevó a cabo durante labores de registro y control vial en el desarrollo de acciones institucionales para reforzar la seguridad vial y combatir el narcotráfico en la región.

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Así se logró la incautación del alijo

De acuerdo con información oficial, los uniformados detectaron un vehículo tipo furgón que mostró comportamientos catalogados como sospechosos.

Tras una inspección minuciosa al contenido transportado, los uniformados hallaron el alijo de estupefacientes oculto, lo que puso en evidencia la modalidad de ocultamiento empleada para intentar evadir los controles de la policía.

Como resultado del procedimiento, fue incautado el vehículo tipo turbo en el que se movilizaban los presuntos responsables, que fueron identificados como dos hombres de 37 y 40 años de edad.

Ambos sujetos fueron capturados y luego puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ahora, un juez será el encargado de definir la situación jurídica de los implicados.

El origen y destino del cargamento de la droga

La investigación preliminar señala que el trayecto del vehículo habría iniciado en el Valle del Cauca y tenía como destino el Magdalena Medio santandereano.

Las autoridades establecieron que los arrestados habrían recibido $20 millones como pago para la adquisición y el transporte de la sustancia ilícita encubierta bajo la carga refrigerada.

La Policía Nacional destacó que este golpe representa un impacto relevante sobre las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al microtráfico: “Con esta acción operativa, la Policía Nacional afecta de manera contundente las finanzas de estructuras criminales dedicadas al microtráfico y al narcotráfico en el Magdalena Medio, reafirmando su compromiso con la seguridad, la legalidad y la protección de todos los colombianos”.

Incautados 61 kilogramos de marihuana en sofisticadas caletas durante operativo en Cauca

Dos personas fueron capturadas en flagrancia cuando transportaban 61 kilogramos de marihuana creepy en una camioneta de alta gama por el sector del antiguo peaje de Tunía (Cauca).

La intervención fue confirmada por el comandante de la Policía en el Cauca, coronel Jerson Bedoya Piraquive, que detalló que la operación contó con el apoyo de efectivos del Ejército Nacional.

Según lo explicado por el coronel Bedoya Piraquive, miembros de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía y soldados del Ejército ordenaron parar el vehículo para un registro regular. Durante la inspección, los uniformados identificaron modificaciones inusuales en los parachoques del automotor, conocidas también como bumper. Este hallazgo llevó a las autoridades a examinar con mayor detenimiento dichas partes, donde localizaron sofisticadas caletas que servían para el ocultamiento del estupefaciente.

En el interior de estos compartimentos secretos fueron hallados los paquetes de marihuana, los cuales, de acuerdo con la información proporcionada por el comandante Bedoya Piraquive, tenían como destino final Ecuador.

Los delincuentes emplearon este método de encubrimiento para evitar los controles viales desplegados por la fuerza pública en diversos puntos de la carretera Panamericana. El cargamento fue incautado en el lugar y los dos ocupantes del vehículo quedaron a disposición de la justicia por el delito de tráfico de estupefacientes.

Las autoridades que participaron en el operativo afirmaron que la droga provenía de la zona rural de Toribío (Cauca), y que la ruta utilizada busca facilitar su traslado hacia territorio ecuatoriano, donde las redes criminales obtienen mayores ganancias por la venta de este tipo de alucinógenos.

Los uniformados advirtieron que detrás de estos cargamentos se encuentran grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc, quienes utilizan los recursos del narcotráfico para adquirir armas y explosivos destinados a acciones violentas contra las comunidades del Cauca y los integrantes de la fuerza pública.

Tras 20 meses de investigación, que incluyó vigilancia, entrevistas y análisis de bases de datos, las autoridades capturaron a 23 personas y lograron afectar las rentas criminales de ambas organizaciones en más de $200 millones mensuales.

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Así cayó red criminal La Esperanza

En el primer operativo, la Policía identificó y judicializó a 11 integrantes de La Esperanza, compuesta por nueve hombres y dos mujeres.

Según informaron las autoridades, el cabecilla, identificado como alias Daniel, se encargaba de adquirir y distribuir las sustancias ilícitas entre los miembros del grupo, que las vendían en modalidad de menudeo en el barrio San Martin de Bosa, especialmente en zonas de tolerancia y parques. Otros miembros, como alias Cuñado, coordinador logístico, y alias La Flaca, gestionaban la entrega de drogas a los expendedores.

Las autoridades realizaron siete diligencias de allanamiento en Bosa, donde capturaron a nueve personas mediante orden judicial y a dos en flagrancia, e incautaron más de 60 gramos de marihuana, 84 gramos de bazuco y cuatro dispositivos móviles.

Los detenidos presentaban antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto y homicidio, y se les atribuye al menos tres asesinatos cometidos por disputas de control territorial. Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario a nueve de los capturados.

Desarticulado grupo criminal Perseo

En una segunda operación, la Policía desarticuló el grupo criminal Perseo, que operaba en los barrios La Gaitana, Tibabuyes, Occidental Carolina y Berlín, en Suba.

Fueron en total 11 allanamientos en los que se capturó a doce personas, incluidas dos de nacionalidad extranjera, por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. El grupo utilizaba envolturas de dulces para empacar drogas que vendían en parques y alrededores de centros educativos; empleaban además la fachada de cuidadores y lavadores de carros.

Entre los capturados estaban los líderes alias Benja y La Patrona, responsables del transporte de los estupefacientes desde Ciudad Bolívar; también se identificó a alias Gasper o Santa Fe, encargado de las finanzas, así como a los coordinadores y expendedores designados para los turnos de venta.

Esta estructura contaba con antecedentes por homicidio y delitos relacionados con estupefacientes. A uno de sus miembros se le atribuye un doble homicidio en el barrio La Estrella de Suba. Durante los allanamientos se incautó un revólver calibre 38, una pistola traumática, 220 gramos de marihuana, 22 dosis de bazuco y 11 celulares. Los capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que, en lo corrido de 2025, a través de operativos basados en denuncias ciudadanas, se han desarticulado ocho bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, capturado a 6.340 personas y decomisado más de 7,9 toneladas de marihuana, 300 kilos de bazuco y 257 kilos de cocaína. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar estos delitos a través de la línea de emergencia 123.

“Este es un delito que dinamiza y articula todos los demás delitos en Bogotá. Estas organizaciones, según la investigación, son responsables de cinco homicidios. Cerca del 19% de los homicidios en Bogotá en el último año tienen que ver con microtráfico, con peleas de bandas dedicadas al microtráfico. Por eso la importancia de luchar contra este delito, también, porque nos permite sacar de las calles a personas que están buscando vender droga en entornos escolares, pero también que producen violencia”, enfatizó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en rueda de prensa.

Cuatro disparos acabaron con la vida de un joven de 19 años la noche del domingo 2 de noviembre en Barrancabermeja, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad y reavivado el debate sobre la violencia urbana y el microtráfico en la ciudad.

La víctima, identificada como Ronal Forero Sanabria, fue atacada por sicarios mientras se encontraba en un puesto de venta de micheladas, en plena vía pública, cerca del Parque a la Vida.

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El ataque se registró alrededor de las 9:00 p. m., cuando Forero Sanabria fue sorprendido por los agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

El joven recibió cuatro impactos de arma de fuego y falleció en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran intervenir. El crimen, perpetrado en una zona concurrida, generó alarma entre los habitantes y evidenció la presencia de disputas violentas en el entorno urbano de Barrancabermeja.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para los procedimientos forenses correspondientes. La escena del crimen fue acordonada mientras se recolectaban pruebas y testimonios para avanzar en la investigación.

Ronal Forero Sanabria, conocido como “El Menor”, tenía antecedentes judiciales desde los 16 años. Según información de las autoridades, había sido procesado por diversos delitos y estuvo internado en el Centro de Recepción y Observación al Menor Infractor, de donde se habría fugado.

Además, la víctima era investigada por su presunta participación en varios hechos violentos, incluyendo un homicidio. Su nombre figuraba en expedientes relacionados con actividades delictivas en la ciudad, lo que lo situaba en el radar de las fuerzas de seguridad.

Las primeras indagaciones señalan que el asesinato de Forero Sanabria estaría vinculado a una disputa entre estructuras criminales por el control del microtráfico en Barrancabermeja.

Las autoridades consideran que el joven formaba parte del grupo delincuencial conocido como ‘Los de la M’, organización señalada en investigaciones recientes por su participación en actividades ilícitas y enfrentamientos con otras estructuras delictivas en la región.

El caso de Ronal Forero Sanabria se suma a una serie de hechos violentos que reflejan la compleja situación de seguridad en Barrancabermeja, donde la lucha por el dominio de territorios para la venta de estupefacientes ha derivado en homicidios y ataques selectivos.

La investigación continúa mientras las autoridades buscan esclarecer los detalles del crimen y contener la escalada de violencia asociada al microtráfico en la ciudad.

Inseguridad, una de las grandes problemáticas en Barrancabermeja

Y es que Barrancabermeja enfrenta una situación de inseguridad grave que ha ido en aumento en los últimos años. En 2024, se registraron 161 homicidios, lo que representa un aumento del 31% respecto a 2023, cuando se reportaron 122 asesinatos.

La tasa de homicidios para ese año se situó en 66 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la última década para la ciudad.

Gran parte de esta violencia está relacionada con la disputa territorial de grupos armados ilegales que buscan controlar actividades ilícitas como el microtráfico, la extorsión y rutas de narcotráfico.

En particular, estructuras como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y bandas locales están plenamente activas en varias comunas de la ciudad.

Como consecuencia de esta dinámica, el comercio local, los habitantes más vulnerables y los barrios informales sufren amenazas permanentes, extorsión y un clima de miedo.

Las autoridades locales han implementado algunas medidas — patrullajes reforzados, recompensas por información, vigilancia comunitaria —, aunque el desafío sigue siendo de gran envergadura.

Así las cosas, desde la Alcaldía se han hecho múltiples llamados a la ciudadanía para alertar sobre dicha problemática, que ha generado temor en la comunidad.

El líder del Centro Democrático manifestó su postura frente a la Ley 2466 de 2025 y detalló un hallazgo que calificó como “desagradable sorpresa” al llegar a la capital boyacense.

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“Queridos compatriotas de Boyacá, no faltan las desagradables sorpresas. Llegamos esta mañana con todo el entusiasmo y el amor al altar de la patria. Y en la primera reunión con los integrantes de la Reserva de las Fuerzas Armadas, me atreví a preguntar, pensando que la respuesta sería negativa, si en Boyacá hay microtráfico; nunca pensé que lo hubiera. Hubo, pero mucho, un problema muy grave para nuestra juventud y nuestras familias”, afirmó el expresidente durante su intervención.

Uribe señaló que la preocupación por el microtráfico no se limita a la producción, sino que afecta directamente a los jóvenes y a las familias, y añadió que Colombia enfrenta un reto de seguridad internacional debido al incremento en la producción de cocaína.

“Cuando yo terminaba la Presidencia, después de restarle a la producción el decomiso de droga, iban al mercado ciento cincuenta toneladas de cocaína, el año pasado 1815. Colombia hoy con un problema muy grave, no solamente de producción y exportación, sino de microtráfico y de consumo interno. Y estamos afectando a la familia, al joven y también a la comunidad internacional”, dijo.

Uribe plantea diálogo entre trabajadores y empresarios para evitar un colapso económico

A pesar de las críticas de su partido y de sectores empresariales frente a la reforma laboral, Uribe aseguró que el Centro Democrático respetará los recargos y beneficios establecidos en la reforma laboral, buscando un equilibrio con los empresarios mediante la reducción de impuestos.

El expresidente dijo al respecto: “Hace poco se aprobó la reforma laboral. Estuvimos en desacuerdo porque es muy grave para la pequeña empresa, pero desde Boyacá le quiero decir a todos los trabajadores de Colombia: el Centro Democrático no buscará derogar esos recargos. Los respetaremos”.

“Y también tendremos un gran diálogo con empresarios y trabajadores. Pero como no puede haber unos excesos de cargas laborales y, al mismo tiempo, unos excesos de impuestos, nosotros decimos: respetaremos los recargos laborales y para compensar a los empresarios, se bajarán los impuestos. ¿De acuerdo?”, enfatizó.

La reforma laboral, promovida por el Gobierno de Gustavo Petro, introduce cambios significativos en la jornada laboral, la remuneración y la protección de los trabajadores de plataformas digitales. Entre los avances más destacados se encuentra la reducción de la jornada máxima semanal a 42 horas, manteniendo el salario íntegro, la progresiva ampliación de la licencia de paternidad hasta cuatro semanas remuneradas y el fortalecimiento de los derechos sindicales.

Estas medidas buscan garantizar la estabilidad económica y laboral de los empleados, pero también han generado preocupación entre los gremios empresariales, por lo que el expresidente Uribe insistió en que la postura del Centro Democrático busca un balance entre los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas.

“No podemos desconocer los recargos laborales que benefician a los trabajadores formales, pero tampoco podemos asfixiar a los empresarios con impuestos excesivos. Nuestra meta es un equilibrio que respete la ley y promueva el empleo”, señaló.

El expresidente aprovechó la reunión para advertir sobre los riesgos que representa la actual situación de producción y consumo de drogas en Colombia, vinculándola con problemas de seguridad internacional y enfatizando la necesidad de políticas más firmes para proteger a los jóvenes y las familias del país.

Una escena de horror se apoderó de la madrugada del 25 de octubre de 2025 en Floridablanca (Santander): un violento ataque armado registrado en en el asentamiento humano Villa Esperanza dejó como saldo cuatro personas asesinadas y una comunidad sumida entre la inseguridad y la zozobra.

Las autoridades locales, a raíz del caso, ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones a quienes aporten información que conduzca a la captura de los responsables, según anunció el alcalde del municipio, José Fernando Sánchez Carvajal, tras un consejo de seguridad.

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Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía, la masacre se investiga como un posible ajuste de cuentas entre grupos dedicados al microtráfico. El hecho ocurrió cerca de la 1:45 p. m., cuando varios hombres armados y encapuchados irrumpieron en la zona conocida como El Planchón.

De acuerdo con testimonios recogidos por las autoridades, citados por Vanguardia, unas 20 personas se encontraban consumiendo sustancias alucinógenas en el lugar y, en un momento inesperado, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada, despertando el pánico entre los presentes.

Uno de los sobrevivientes, conocido como alias Pirata, relató que se hallaba reunido con las víctimas cerca de unos cambuches cuando comenzó la emboscada: “Llegaron unos vagos con ‘mini uzi’ repartiendo bala por todo lado. Nunca había sentido la muerte tan de frente. Fue muy pesado. No sé cómo estoy vivo para contarlo”, narró “Pirata”, según la declaración recogida por Vanguardia.

El individuo aseguró haber escapado cuando se adentró en una zona de espesa vegetación, donde permaneció oculto hasta que cesaron las ráfagas de disparos: “Como pude me escondí en el monte, gracias a Dios. Estuvo muy delicado. Se metieron hasta abajo, por la carretera también. Fue como una emboscada”, recordó el hombre.

En paralelo, alias Pirata reconoció su condición de consumidor de drogas, pero negó cualquier vínculo con las disputas territoriales por el control del expendio de estupefacientes: “Yo soy consumidor, pero no trabajo en eso. Uno vive es poseído por esta droga. Con ganas de dejarla, pero es difícil. Uno busca la muerte por deporte y, cuando llegan a buscarlo, ahí sí tiemblan las piernas”, expresó el individuo, según el medio citado.

Las cuatro víctimas de la matanza

Las víctimas, identificadas por la comunidad como “Calvo”, “Álvaro”, “Jhonatan” y “Mosco”, presentaban múltiples heridas de bala. “Calvo” fue hallado con impactos en el brazo, el pecho y la mano izquierda; “Álvaro” tenía lesiones en el abdomen, cuello y rostro; “Jhonatan”, sin camiseta, mostraba heridas en el tórax y el costado derecho; mientras que “Mosco” recibió dos disparos en la cabeza. Ninguna de las víctimas portaba documentos, por lo que sus cuerpos permanecen en la sede de Medicina Legal para su plena identificación.

El coronel Savin Andrade Patarroyo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que las investigaciones avanzan en coordinación con la Fiscalía y que se han intensificado los operativos para dar con los responsables.

“Avanzamos con la Fiscalía en la recolección de pruebas e intensificamos la búsqueda para capturar a los responsables. Las hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas por control del microtráfico”, declaró el oficial, en concordancia por lo indagado por la alcaldía local.

Vecinos del sector relataron que los hechos ocurrieron mientras la mayoría dormía: tras escuchar cerca de ocho disparos, algunos se asomaron, pero la oscuridad y el miedo les impidieron salir. Solo cuando el silencio volvió, uno de ellos se atrevió a verificar lo sucedido y encontró los cuerpos sin vida.

Entre tanto, la Alcaldía de Floridablanca anunció el refuerzo de patrullajes y operativos de control en distintos sectores de la ciudad, en un intento por contener la violencia asociada al microtráfico y devolver la tranquilidad a los habitantes de Villa Esperanza.

En una operación coordinada contra el crimen organizado, la Policía Nacional capturó en Dosquebradas, Risaralda, a Harold Alexander Maturana Mosquera, conocido como alias el Negro Harold, que es señalado como uno de los principales articuladores del microtráfico y del homicidio selectivo en esta población del Área Metropolitana de Pereira.

El arresto de este presunto delincuente fue resultado de un trabajo conjunto entre el Bloque de Búsqueda, la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y la Fiscalía General de la Nación, que tras varias semanas de seguimiento, labores de inteligencia y verificación de información que permitieron ubicarlo en el barrio Camilo Torres, al norte de esta ciudad.

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De acuerdo con la información oficial, la captura se produjo durante un allanamiento a una vivienda donde alias El Negro Harold se reunía con sus hombres de confianza. En ese lugar, además de planear las actividades ilegales, se encargaba de recoger el dinero proveniente de la venta de estupefacientes, distribuir las sustancias y almacenar las armas de fuego utilizadas para proteger sus rutas y operaciones criminales.

La diligencia, desarrollada por unidades de la Sijín con apoyo de la Fiscalía, culminó con la detención de Maturana Mosquera y de dos presuntos integrantes de la estructura criminal que lideraba, entre ellos un hombre identificado como su jefe de seguridad personal.

Durante el procedimiento, los investigadores lograron la incautación de dos armas de fuego tipo pistola, un supresor de sonido, un arma traumática y dos teléfonos celulares cargados con información considerada clave para el avance del proceso judicial sobre las actividades ilegales que adelantaba esta banda en Dosquebradas.

La investigación de las autoridades indica que el “Negro Harold” no era un expendedor de sustancias ilícitas común en la ciudad, por lo que precisa que se trataba de un coordinador con amplios recursos y poder criminal, que ejercía control territorial sobre varios barrios de Dosquebradas, entre ellos Pueblo Sol en sus zonas Alta, Media y Baja, además de Venus y Camilo Torres.

En dichos sectores, la organización criminal mantenía el dominio absoluto del expendio de estupefacientes, estableciendo mecanismos de vigilancia armada y sometiendo a la comunidad a su influencia mediante intimidación y violencia. La investigación reveló que su estructura contaba con una nómina mensual superior a los $20 millones, destinada al pago de sus integrantes, quienes portaban armas de fuego para proteger las actividades ilícitas.

En este sentido, las autoridades señalaron a Maturana Mosquera actuaba como principal coordinador delictivo del municipio, siendo uno de los enlaces de La Cordillera en Risaralda, un grupo conocido por dinamizar el narcotráfico y por su participación en múltiples delitos conexos como el homicidio, la extorsión y la comercialización de armas.

Cabe destacar que para la fuerza pública, la captura de miembros de esta peligrosa banda representa un golpe significativo para las redes dedicadas al microtráfico y demás actividades delictivas en el Área Metropolitana de Pereira y, asimismo, refuerza las acciones emprendidas para restablecer el orden y la tranquilidad en Dosquebradas.

A la par, destacaron que la operación fue posible gracias a la cooperación ciudadana que permitió obtener información clave sobre los movimientos del cabecilla, por lo que insistieron en la importancia de continuar denunciando cualquier actividad ilegal que afecte la convivencia y la seguridad.

Con esta captura, la Policía reiteró su compromiso con la lucha frontal contra las estructuras criminales que alteran la tranquilidad del Eje Cafetero. La institución anunció que seguirá ejecutando operativos focalizados para identificar y desmantelar los grupos que mantienen actividades de microtráfico en sectores urbanos y rurales.

Por ello, la institución reiteró su llamado a la ciudadanía de que las denuncias son fundamentales para prevenir y combatir este tipo de delitos, invitando a reportar cualquier información a la línea de emergencia 123 o al número 3203057117 de la Seccional de Investigación Criminal.

Una acción coordinada de la Policía Nacional permitió neutralizar una operación de microtráfico dirigida a entornos escolares en el municipio de Barbosa, Santander.

Una mujer de 40 años fue capturada en flagrancia cuando transportaba un cargamento compuesto por más de 29.000 dosis de marihuana, junto con base de coca y tusi, listos para su distribución en parques y zonas aledañas a instituciones educativas locales.

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El procedimiento se realizó en las vías del barrio Marsella, donde unidades adscritas al nuevo modelo del servicio policial interceptaron a la señalada. Durante la revisión, la Policía incautó 33 paquetes de marihuana que pesaban cerca de 29 kilogramos, 460 gramos de base de coca y 31 gramos de tusi, según las autoridades.

La operación estaba diseñada para frenar el ingreso de sustancias ilícitas en sectores donde circulan menores de edad. De acuerdo con la investigación preliminar, las dosis incautadas serían comercializadas en parques y alrededores de colegios del municipio.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó el golpe dado al crimen organizado, subrayando que la actuación forma parte de la estrategia nacional para reforzar la seguridad en zonas urbanas vulnerables.

“Este es un importante resultado en la lucha contra el microtráfico, reiterando el compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los santandereanos”, expresó el oficial.

La mujer capturada y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía Nacional hizo un llamado a la población para que continúe reportando cualquier actividad sospechosa de tráfico de drogas por medio de las líneas 123, 165 y el canal contra el crimen 3143587212, garantizando absoluta reserva a quienes aporten información.

Otros operativos en Santander

Al tiempo que avanzaba el operativo en Barbosa, la Policía desplegó acciones paralelas en municipios vecinos. En Zapatoca, dos hombres fueron capturados mientras portaban marihuana y base de coca en bolsas listas para su distribución.

En San Gil, las autoridades detuvieron a un sujeto con un revólver calibre 38 sin documentación de porte. Las incautaciones, parte de dispositivos de vigilancia impulsados desde la comandancia departamental, refuerzan los controles sobre corredores viales y barrios identificados como críticos en el mapa del microtráfico.

La estrategia de seguridad incluye un componente preventivo: la campaña “Sanando Corazones y Construyendo Convivencia”, que promueve servicios de mediación y conciliación para resolver disputas comunitarias antes de que deriven en violencia o procesos judiciales.

Durante la jornada en Barbosa, equipos jurídicos ofrecieron asesorías y audiencias de conciliación en el parque principal.

El coronel Néstor Arévalo, al respecto, explicó que el objetivo es que la ciudadanía perciba a la Policía como garante de seguridad pero también como facilitador en la solución de conflictos civiles cotidianos.

La comandancia del Departamento de Policía Santander reiteró su compromiso con el desmantelamiento de redes locales de microtráfico y el control del porte ilegal de armas.

En la última semana, las acciones adelantadas en conjunto con la comunidad permitieron varias capturas y la incautación de sustancias y armas que, según los informes oficiales, estaban destinadas a afectar la seguridad de sectores escolares y residenciales.

La articulación entre la intervención policial directa y los mecanismos de mediación busca contener el avance de delitos relacionados con el narcotráfico y fortalecer la convivencia ciudadana en el departamento.

Las autoridades siguen invitando a los habitantes de Barbosa y municipios aledaños a participar en la construcción de entornos libres de microtráfico y violencia, reportando cualquier anomalía a los canales oficiales dispuestos para tal fin.

Más de 3.000 dosis de estupefacientes listas para la venta fueron incautadas en dos operativos recientes en Floridablanca y Bucaramanga, donde las autoridades capturaron a dos hombres señalados de participar en la distribución de drogas en sectores vulnerables del área metropolitana.

Los procedimientos, llevados a cabo en puntos estratégicos de ambas ciudades, evidencian la magnitud del microtráfico y la respuesta institucional frente a este delito.

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En el asentamiento humano El Páramo, ubicado en el sector La Cumbre de Floridablanca, la Policía detuvo a Fausto Antonio Martínez Durán, de 28 años, conocido como “Fausto”. Durante el operativo, los uniformados hallaron 1.050 envolturas de papel cartulina con bazuco, un derivado de la cocaína, preparadas para su comercialización.

Según informaron las autoridades, Martínez Durán sería responsable de distribuir estupefacientes en distintos sectores de La Cumbre. Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para el inicio de los trámites legales correspondientes.

En un hecho separado, registrado en el sector Betania 9 de Bucaramanga, las autoridades sorprendieron a Keduin David Palacio Rodríguez, de 24 años, mientras transportaba una cantidad considerable de drogas listas para el expendio.

En su poder se encontraron 40 bolsas plásticas con derivados de cocaína, 145 cigarrillos artesanales de marihuana y una bolsa verde con aproximadamente 2.000 gramos de marihuana, lo que equivale a un total de 2.185 dosis.

Palacio Rodríguez fue capturado y presentado ante la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades investigan si el joven tiene vínculos con redes de distribución de drogas en la zona.

Y es que estos operativos forman parte de la estrategia de las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de estupefacientes en Floridablanca y Bucaramanga, dos ciudades que enfrentan desafíos persistentes en materia de seguridad ciudadana debido a la presencia de redes dedicadas al expendio de estupefacientes.

De hecho, la cantidad de droga incautada y la identificación de presuntos distribuidores reflejan la presión institucional sobre el comercio ilegal en sectores especialmente afectados.

Las investigaciones continúan para determinar si los capturados están relacionados con estructuras más amplias dedicadas a la distribución de drogas en el área metropolitana.

Microtráfico, una de las grandes problemáticas en Bucaramanga

El microtráfico en Bucaramanga se ha consolidado como un problema estructural que afecta tanto la seguridad como la convivencia ciudadana. Según reportes de la Sijín y el Centro Local de Análisis Criminal (CLAC) de la Policía Metropolitana, cuatro bandas delictivas dominan buena parte del mercado ilícito local.

Estas organizaciones distribuyen al mes hasta tres toneladas de marihuana y aproximadamente 800 kilogramos de base de coca en expendios clandestinos del área metropolitana (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta).

Además, se estima que los ingresos mensuales generados por estas redes ascienden a cerca de 4.700 millones de pesos colombianos, equivalentes a alrededor de un millón de dólares.

En cuanto a operativos concretos, por ejemplo, el inicio del Plan 100 contra el microtráfico permitió incautar 450 kilos de marihuana tipo “creepy” en una bodega camuflada en la vereda Bosconia, al norte de la ciudad. En esa misma intervención, se detuvo a una persona que custodiaba la droga, cuyo valor criminal estimado rondaba los 400 millones de pesos.

También se reporta que, en lo corrido de ese año, se habían capturado 351 personas por tráfico y decomisadas más de 23.400 dosis de estupefacientes.

Otro conjunto de cifras relevante surge del primer cuatrimestre de 2023: se registraron 1.624 personas capturadas e individualizadas en el área metropolitana por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De ese total, 964 capturas correspondieron a Bucaramanga, 285 a Floridablanca, 251 a Girón y 124 a Piedecuesta.

Tres individuos fueron arrestados en Santa Marta luego de que las autoridades descubrieran que simulaban ser repartidores de Rappi para encubrir actividades de microtráfico, un caso que puso en alerta a las autoridades de Santa Marta (Magdalena).

Según el informe de la Policía Metropolitana de la ciudad, los detenidos empleaban tanto el uniforme como las maletas características de la empresa de domicilios para transportar estupefacientes por distintos sectores de la ciudad, logrando así pasar inadvertidos ante la comunidad.

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Durante el operativo, los agentes incautaron alrededor de nueve kilos de marihuana, junto con bolsas plásticas y otros elementos destinados a la dosificación de la droga. De acuerdo con la información oficial, los falsos repartidores se valían de la confianza que genera el servicio de domicilios para facilitar la distribución de sustancias ilícitas en zonas residenciales.

El oficial a cargo del procedimiento detalló que los sospechosos organizaban las entregas mediante llamadas y mensajes, simulando pedidos legítimos a través de la aplicación. Esta estrategia les permitía desplazarse sin restricciones y realizar entregas sin despertar sospechas entre los habitantes de la ciudad.

Tras la detención, las tres personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que ha iniciado las investigaciones pertinentes para determinar si los capturados forman parte de una estructura criminal más amplia dedicada al tráfico de drogas en la capital del Magdalena.

Las autoridades subrayaron que el uso de plataformas digitales para fines delictivos constituye una modalidad emergente de camuflaje del microtráfico urbano. En respuesta, anunciaron que se intensificarán los controles en las áreas donde operan aplicaciones de domicilios.

Finalmente, la Policía instó a la ciudadanía a denunciar cualquier comportamiento sospechoso, con el objetivo de contribuir a la desarticulación de redes criminales que emplean estos mecanismos para poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.

‘Rappi cama’, la curiosa práctica insalubre que fue tendencia

Una fotografía compartida en la plataforma X mostró a dos repartidores, uno sentado y otro acostado en el suelo, con la cabeza dentro del morral utilizado para transportar alimentos, lo que desató un debate sobre la limpieza de los implementos y la responsabilidad de la empresa Rappi en la supervisión de sus colaboradores. La peculiar modalidad que fue tildada popularmente como ‘Rappi cama’.

“La ‘Rappi cama’ en la que después transportan alimentos… es una pena que esa empresa siga sin poder solucionar el tema de sus colaboradores, que invaden el espacio público, afean la ciudad y algunos, como el de la foto, hacen lo que no deben”, reza en un mensaje original en la red social.

La denuncia, que rápidamente se viralizó, dividió a los usuarios entre quienes cuestionaron la falta de controles sanitarios y quienes consideraron que el tono del reclamo era clasista y poco solidario con los repartidores.

Mientras la discusión sobre la “Rappi cama” se intensificaba en el ámbito digital, Infobae Colombia recogió el testimonio de una usuaria de Bogotá que relató una experiencia problemática con la plataforma. El 19 de septiembre, la ciudadana realizó un pedido a un restaurante ubicado en la calle 140, en el norte de la capital.

Según su relato, el repartidor asignado “se robó la comida que encargué”, ya que, aunque el pedido había sido retirado del local, el repartidor marcó en la aplicación que el restaurante seguía preparando la orden.

La afectada explicó que otros dos repartidores intentaron completar la entrega, pero no pudieron hacerlo porque la comida ya no estaba disponible. Además, describió las dificultades que enfrentó para cancelar la orden y evitar el cobro, ya que el sistema no le permitía anular el pedido sin que se le cargara el monto total, a pesar de no haber recibido el producto.

“Me tocó ir ese día hasta el restaurante para explicarles la situación. Finalmente, Rappi canceló el pedido y no me cobraron, gracias a que el tercer domiciliario se comunicó con soporte de Rappi para que ellos hicieran el proceso de cancelación”, relató la usuaria en comunicación con Infobae Colombia.

El tercer repartidor, según el testimonio recogido por Infobae Colombia, le comentó que este tipo de incidentes es frecuente y conocido entre los trabajadores de la plataforma. De acuerdo con su versión, “algunos ciudadanos venezolanos se roban los domicilios y se les ve comiéndose todo sobre la calle 140, donde hay muchos restaurantes”.

Cinco integrantes de la estructura criminal conocida como Los Nike fueron capturados recientemente en Soacha, Cundinamarca, durante una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía.

El despliegue policial incluyó siete diligencias de allanamiento en distintos sectores del municipio, lo que permitió desarticular una de las estructuras criminales más activas en el microtráfico local.

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Además de las detenciones, las autoridades incautaron drogas, dinero en efectivo y material logístico utilizado por la organización.

La operación, coordinada entre unidades de inteligencia y de operaciones especiales de la Policía junto con la Fiscalía, se centró en neutralizar a los principales miembros de Los Nike.

Los capturados, identificados por los alias de La Profe, “El Flaco”, “Poca Luz”, “Nike” y “La Vieja”, fueron localizados en diferentes puntos de Soacha durante los registros y allanamientos simultáneos.

Las acciones policiales se enfocaron en los lugares donde la banda ejercía mayor control sobre la venta de estupefacientes.

Los detenidos acumulaban antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, hurto agravado, amenazas y porte de estupefacientes. La estructura de Los Nike se había consolidado como una red que dominaba la distribución de drogas en varios sectores del municipio, lo que les permitía mantener una presencia constante en el mercado ilícito local.

Impacto económico del microtráfico en Soacha

El impacto económico de la organización era considerable. De acuerdo con el informe oficial, las actividades de microtráfico de Los Nike generaban cerca de 40 millones de pesos semanales mediante la comercialización de marihuana, bazuco y cocaína.

Estas ganancias ilícitas fortalecían la estructura interna de la banda y sostenían otras actividades delictivas en la zona, ampliando su influencia en el entorno criminal de Soacha.

Durante la ejecución de los allanamientos, las autoridades decomisaron 3.000 gramos de marihuana, 364 dosis de bazuco, un arma de fuego, munición, equipos de comunicación, un chaleco balístico y más de 2 millones de pesos en efectivo, presuntamente obtenidos de la venta de drogas.

Estos elementos evidencian el nivel de organización y los recursos con los que contaba la banda para operar y proteger sus actividades ilícitas.

Tras la captura, los cinco integrantes de Los Nike quedaron a disposición de la Fiscalía, que asumirá el proceso judicial correspondiente para determinar su responsabilidad en los delitos imputados.

Las ganancias obtenidas por la banda no solo representaban un flujo constante de recursos ilegales, sino que también contribuían a mantener y expandir otras formas de criminalidad en la región, reforzando la cadena delictiva que afecta a la comunidad de Soacha.

Microtráfico, una de las grandes problemáticas en Soacha

Y es que el microtráfico en Soacha se ha consolidado como uno de los retos más persistentes de seguridad local, afectando tanto barrios periféricos como zonas conurbadas con Bogotá.

Las autoridades han desplegado múltiples operativos en los últimos años que dan cuenta del tamaño del problema: en 2025, por ejemplo, la Policía Metropolitana de Soacha ha detenido a 337 personas vinculadas con delitos de drogas en expendio, porte o tráfico menores, y logrado incautar más de 26.000 dosis de sustancias entre marihuana, bazuco y base de coca.

Una modalidad particularmente preocupante es la de control territorial por bandas locales. En los barrios del municipio, como Cazucá, León XIII (comuna 2), San Mateo (comuna 5) y San Rafael (comuna 4), operan estructuras criminales que dominan los puntos de venta, manejan rutas de distribución, finanzas del microtráfico e incluso crean redes de abastecimiento que llegan desde Bogotá u otros municipios cercanos.

Alias Jimmy, cabecilla de uno de esos grupos llamados Los Moscos, fue capturado en julio de 2025. Se le sindica de manejar expendios de bazuco, manejar cuentas clandestinas del negocio ilegal y coordinar su distribución en distintos sectores.

En operativos desplegados en articulación entre la Policía Nacional y la fiscalía General de la Nación en Santander cayeron 19 personas señaladas de pertenecer a una red de narcotráfico y microtráfico que distribuía estupefacientes en varias zonas del municipio de San Gil. Las actividades ilegales se centraban en entornos escolares y demás espacios que son frecuentados por menores de edad.

Los capturados pertenecen a la banda de tráfico de estupefacientes Los Discover, la cual no solo se dedicaba al expendido de droga en zonas frecuentadas por niños, niñas y adolescentes, sino que en ocasiones llevaba las sustancias ilegales directamente al lugar de residencia de sus compradores, lo que los dejó en evidencia ante las autoridades.

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La investigación de la Policía y la Fiscalía inicio con seis denuncias de venta de estupefacientes en varios barrios del municipio santandereano. Con apoyo en diferentes pruebas, las autoridades pudieron concluir que era una misma red la responsable del expendido de drogas en esa población. Cada miembro de esta organización criminal tenía su rol definido, por lo que podían coordinarse para evadir la presencia de la autoridad,

Dentro de la red de microtráfico, algunos de sus miembros llevaban directamente a domicilio las sustancias ilegales, mientras que otros los ofrecían de manera presencial en espacios públicos y en horarios en los que la concurrencia de menores de edad es alta.

Con los hallazgos de las averiguaciones, las instituciones realizaron cinco operativos de allanamiento y registro que dejaron como resultado la captura de las 19 personas que harían parte de la red de la red de microtráfico Los Discover. Durante las intervenciones se logró la incautación de estupefacientes, dinero en efectivo, celulares, así como una motocicleta que era utilizada para la distribución de los estupefacientes en el municipio.

Sumado a esto, los uniformados encontraron elementos que eran empleados para la dosificación y empaque de las sustancias ilegales que, posteriormente, eran llevadas a los entornos escolares y las viviendas de los compradores de la red criminal.

Los detenidos, entre los que se encuentran tres mujeres, fueron presentados ante un juez de control de garantías que les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, los cuales no fueron aceptados por ninguno de los señalados miembros de Los Discover. No obstante, también les fue dictada una medida de aseguramiento en centro carcelario, a donde fueron enviados una vez terminó la diligencia judicial en su contra.

Pese a que ninguno de los sindicados aceptó su responsabilidad en los hechos, el proceso judicial en su contra sigue su curso por los delitos que les fueron imputados, los cuales los puede llevar a recibir una pena entre los 8 y 20 años de prisión, así como una multa que oscila entre los 1.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Santander, los resultados del operativo permiten impactar directamente el fenómeno del microtráfico en el municipio y la región, el cual afecta principalmente a los menores de edad. Con esta clase de intervenciones, las autoridades buscan proteger a la juventud de esa zona del departamento y, asimismo, reducir el número de expendidos de sustancias ilegales que vulneran la seguridad de los habitantes de San Gil.

Estos resultados se suman a la estrategia de las autoridades para fortalecer la ofensiva contra el microtráfico en el departamento, que permite desplegar operativos en varios municipios. Una de las intervenciones destacadas permitió desarticular la banda Los Villanos, de la que hacían parte 16 personas, varios con antecedentes y órdenes de captura vigentes, que distribuían marihuana, cocaína y tusi en los barrios Villa Paz, San Marcos y Samán del municipio de Barbosa.

Siete personas, incluidos los principales cabecillas identificados como alias Cristian y alias Puma, fueron capturadas en un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que permitió la incautación de drogas, armas y vehículos empleados para la distribución ilícita.

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El operativo que llevó a la desarticulación de la banda delincuencial fue el resultado de una investigación que tuvo su punto de partida en diciembre de 2024, cuando las autoridades reportaron un incremento en las denuncias por microtráfico en esa zona del país.

El proceso involucró 15 actividades de seguimiento, dos interceptaciones de comunicaciones y seis análisis criminales, lo que culminó en diligencias de allanamiento y registro en inmuebles de Simijaca (Cundinamarca) y Chiquinquirá (Boyacá) en donde fueron capturados los integrantes de la estructura de microtráfico.

De los siete capturados, cinco fueron detenidos por orden judicial bajo cargos de tráfico de estupefacientes, mientras que dos más fueron aprehendidos en flagrancia, uno de estos también por porte ilegal de armas. Durante la operación, se incautaron 400 dosis de bazuco, 330 de marihuana, un arma de fuego, un teléfono móvil y dos motocicletas que eran utilizadas para la distribución de las sustancias ilícitas.

“Este resultado se logró gracias a un exhaustivo trabajo investigativo que incluyó alrededor de veinte actividades investigativas con fuentes técnicas y humanas y gracias al aporte de información de la comunidad. Es importante mencionar, señor, que alias Puma era un delincuente que no solo delinquía en este municipio, sino también en Susa y en Chiquinquirá”, indicó el coronel Miguel Ángel Díaz Llanos, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca.

De acuerdo con las autoridades, la estructura de Los de la Esperanza operaba desde hacía más de dos años en Simijaca y Chiquinquirá. En estas poblaciones, alias Cristian, señalado como el principal cabecilla, y alias Puma coordinaban la venta de bazuco, marihuana y cocaína en zonas cercanas a colegios y espacios recreativos.

Durante la investigación, las autoridades pudieron determinar que los delincuentes se movilizaban en motocicleta entre los entornos escolares y los inmuebles que usaban como fachada para el expendio de droga, lo que facilitaba su accionar criminal y limitaba la capacidad de operación de las instituciones competentes.

El accionar de esta banda afectaba directamente a la comunidad, ya que su presencia en áreas frecuentadas por menores y familias representaba un riesgo para la seguridad de niños y jóvenes. De la misma manera, los ponía en condiciones vulnerables ante el accionar de las redes de microtráfico que buscan que los menores de edad se vean expuestos a las drogas para sostener su actividad ilegal.

La Policía del departamento destacó la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad, la Policía y la Fiscalía para lograr la desarticulación de organizaciones dedicadas al microtráfico. Las autoridades subrayaron que los operativos y las acciones de inteligencia continuarán en la región, con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir la proliferación de este tipo de delitos.

Para las instituciones, la coordinación entre los habitantes, la fuerzas pública y los entes judiciales ha sido fundamental para enfrentar el microtráfico en Cundinamarca y Boyacá, por lo que reiteraron su compromiso de mantener y fortalecer estas acciones en el futuro.

A este llamado se sumó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, que explicó que cualquier información relacionada con actividades delictivas debe ser denunciada a través de la línea de emergencias 123. Con las denuncias, las autoridades pueden contribuir al fortalecimiento de la seguridad en la región.

Un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional culminó con la desarticulación de la estructura criminal Los Villanos en Barbosa, Santander, tras meses de investigaciones y seguimientos.

La acción permitió la captura de 16 presuntos integrantes de este grupo dedicado al microtráfico, así como la incautación de diversas sustancias y materiales relacionados con la venta de drogas en varios barrios de la localidad.

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Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en los barrios Villa Paz, San Marcos y Samán, donde incautaron dosis de marihuana, cocaína y tusi. Además, las autoridades decomisaron grameras, material de empaque, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que evidencian la estructura y el alcance de las operaciones de Los Villanos en la zona sur de Santander.

De los 16 detenidos, 15 fueron capturados por orden judicial y uno más en flagrancia, quedando todos bajo custodia de la Fiscalía Primera Seccional de Barbosa.

Entre los capturados figuran Juan Pablo Vargas Díaz, Carlos Saúl Aguilar Pardo, Yulieth Paola Quitián Quitián y Brayan Danilo Calderón Pérez. Varios de los implicados ya tenían antecedentes por delitos relacionados con estupefacientes, y uno de ellos evadía una medida de detención domiciliaria al momento de su aprehensión.

La estructura criminal, integrada por ciudadanos colombianos y venezolanos, operaba en distintos sectores de Barbosa, lo que refleja la dinámica delictiva regional y la presencia de redes mixtas en el microtráfico local.

Durante el mismo día, se llevaron a cabo las audiencias preliminares, en las que se legalizaron los allanamientos, las incautaciones y las capturas. Posteriormente, la Fiscalía imputó a los detenidos cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados en su contra.

El destino de los implicados dependerá de la decisión que tome el juez de control de garantías sobre las medidas judiciales que deberán afrontar.

Santander afronta graves problemas de seguridad

La percepción de inseguridad ha experimentado un notable incremento en municipios como Bucaramanga, Floridablanca y otros del área metropolitana.

Según una encuesta de Excellentia Focus Group, realizada en el primer trimestre de 2025, un 30.5% de los santandereanos considera que la inseguridad es el problema más grave que enfrenta el departamento.

Esa cifra se mantuvo por encima del 30% en otros trimestres, alcanzando el 36.1% en el tercer trimestre de 2024, lo que demuestra que la preocupación ciudadana no es temporal.

La percepción muchas veces va acompañada de vivencias: asaltos callejeros, robos en transporte público, hurtos con violencia, lo que alimenta la sensación de vulnerabilidad.

En términos concretos de violencia, la tasa de homicidios en Santander se ha elevado hasta 18.54 por cada cien mil habitantes en 2023, cifra que fue considerada una de las más altas que ha tenido el departamento en tiempos recientes.

Este dato revela una escalada en muertes violentas, muchas de ellas asociadas a conflictos entre bandas, actos de sicariato y disputas territoriales. No todas las localidades se ven afectadas de la misma manera, pero la presencia de homicidios en municipios urbanos y zonas periféricas pone de manifiesto que el problema tampoco se puede circunscribir a un solo ámbito geográfico.

Otro componente significativo de la inseguridad en Santander es la actividad de grupos armados ilegales, especialmente del ELN, que ha actuado en la provincia del Pienta (municipios como Charalá, Coromoro y Ocamonte), generando muertes, amenazas y desplazamientos internos.

Las autoridades regionales han venido reforzando la presencia militar y policial en estas zonas, a la par con operativos de control y campañas para que la ciudadanía denuncie. Sin embargo, la intensidad de estas acciones y su impacto real sobre la reducción del riesgo todavía son materia de evaluación constante por parte de organismos de seguridad y la población.

A través de un comunicado que se divulgó la mañana del miércoles 24 de septiembre de 2025 la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dio detalles acerca del operativo que dio con la captura de tres personas en el sur de Bogotá.

Los hoy detenidos tendrán que responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y porte de estupefacientes, producto del operativo que se llevó a cabo en una de las viviendas ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar.

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Y es que lo que en apariencia daba la impresión de ser una vivienda más del sector, situado en límites entre los barrios Juan Pablo I y Vista Hermosa (parte alta de la localidad número 19), resultó ser un centro de acopio para la venta de estupefacientes.

En consecuencia, y como explicó a medios de comunicación el coronel Richard Fajardo, subcomandante Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), se logró desarticular al Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) Los BNB.

En el lugar las autoridades lograron la incautación de:

• Un fusil AK47.
• Un fusil M4.
• Un revólver calibre 38.
• 619 cartuchos de diferentes calibres.
• 18.248 gramos de clorhidrato de cocaína.
• 8.000 cápsulas para dosificación de estupefacientes.
• 2 grameras y plantillas para encapsulado.

Estas armas de fuego y los estupefacientes venían y estaban destinados para la confrontación criminal entre Los BNB y otras organizaciones criminales en la zona, explicó el oficial de la Mebog.

Asimismo, el coronel Fajardo agregó que “con esta acción, afectamos de manera directa la capacidad delictiva del grupo delincuencial común organizado los BNB, evitando homicidios, lesiones, la circulación de estupefacientes que ponen en riesgo la seguridad ciudadana”.

Las viviendas intervenidas serían utilizadas para “el almacenamiento, dosificación y posterior distribución de estupefacientes”, expresó el vocero de la Mebog, y añadió que tanto los capturados como los elementos incautados “fueron dejados a disposición de autoridad competente”.

El oficial agregó que gracias al trabajo adelantado durante lo corrido de 2025 “se han desarticulado diez estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes”. Además de el decomiso de más de 1.118 armas de fuego ilegales, que es un aumento del veinticuatro por ciento en comparación con el mismo periodo en 2024.

Por último se precisó que en 2025 van “más de 6.752 personas por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego”, cerró el coronel.

Durante un debate reciente, la concejala presentó datos que reflejan el desequilibrio de la estrategia vigente: entre enero y junio de 2025, se impusieron más de 20.700 comparendos por porte o consumo de sustancias psicoactivas en espacio público. Esta cifra representa ya el 87% del total de sanciones reportadas durante todo 2024, lo que evidencia una intensificación de las medidas contra los consumidores en apenas seis meses.

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No obstante, mientras aumentan las sanciones administrativas, las cifras sobre operativos policiales y judiciales contra bandas presentan una caída drástica. Según lo expuesto por Ribadeneira, los procedimientos para desmantelar estructuras ligadas al microtráfico apenas suman ocho en lo que va de 2025, frente a los 24 reportados en 2022. Las capturas de integrantes pertenecientes a estas organizaciones, añade, han disminuido más del 60% en el mismo lapso.

A juicio de la concejala, la discrepancia entre el número de comparendos y la persecución a las redes criminales revela el enfoque errado de la política distrital. Además, cuestionó que dicha política pasa por alto disposiciones de la Corte Constitucional y lineamientos del Ministerio de Justicia, los cuales promueven estrategias ancladas en la salud pública, la reducción de riesgos y el principio de proporcionalidad. “No hay prevención efectiva, no hay programas de reducción de daños y el sistema de salud no está preparado para atender a quienes sí requieren tratamiento. La estigmatización solo agrava la situación”, indicó Ribadeneira.

En su intervención, la cabildante propuso alternativas implementadas en otras latitudes, como la regulación del cannabis en Uruguay o la creación de zonas de tolerancia en Ciudad de México, experiencias internacionales que —de acuerdo con sus observaciones— han contribuido a disminuir los conflictos de convivencia y el poder de las mafias del narcotráfico.

“El mensaje es claro: se está confundiendo al consumidor con el delincuente. La represión ha recaído sobre jóvenes y comunidades vulnerables, mientras los verdaderos beneficiarios del negocio ilegal –las mafias– siguen consolidándose y expandiéndose”, concluyó.

Durante su intervención en el Concejo, Ribadeneira resaltó la magnitud y complejidad del fenómeno en la ciudad: “Nosotros creemos que sigue habiendo una ausencia de este Gobierno en la estrategia real de abordarla. Han hablado de una política pública prohibicionista que no tiene nada que ver con el problema real y que además no combina la interinstitucionalidad”.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, al menos 196 organizaciones ligadas al microtráfico actualmente operan en la ciudad, con presencia significativa en 16 de las 20 localidades, una realidad que, según la concejala, no puede verse solo como un problema de seguridad sino como un reto de salud pública, convivencia y justicia social.

En el contexto de la convivencia en Bogotá, el consumo y porte de sustancias psicoactivas en espacio público figura como una de las contravenciones más recurrentes, junto a infracciones como no recoger los excrementos de las mascotas, incurrir en actividades ruidosas, colarse en TransMilenio, protagonizar riñas y arrojar basura en las calles.

Las personas sancionadas por actividades relacionadas con el consumo de drogas y otras prácticas deben solicitar información sobre el proceso de subsanación a través de la línea 195, opción 7 y después 2, o acudir a las Casas de Justicia habilitadas, así como consultar procedimientos en la página srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta. Quienes no estén de acuerdo con la medida pueden objetarla dentro de los tres días hábiles a la expedición del comparendo ante la Dirección de Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, presencialmente o en línea.

En caso de aceptar el comparendo, las personas pueden acceder a medidas alternativas como actividades pedagógicas o participación en programas comunitarios en los cinco días hábiles a la expedición. El pago de las multas, realizado en el Banco de Occidente de Bogotá, puede reducirse al 50% si se cancela en los primeros cinco días hábiles. Finalizado el proceso, es preciso verificar el cierre de la medida en la plataforma de la Policía.}

La intensificación del microtráfico y el incremento de homicidios ha puesto en estado de alerta a la Región Metropolitana de Policía de La Sabana y a Cundinamarca, donde las autoridades reportan logros en capturas, incautaciones y desarticulación de bandas, pero reconocen que las economías ilícitas persisten.

El departamento registra hechos de alto impacto que cuestionan la estrategia de seguridad actual. El Tiempo informó que, en el último mes, Cundinamarca ha sido escenario de masacres, incautaciones de drogas a gran escala y capturas de presuntos integrantes de estructuras criminales.

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La situación se agrava con casos como la incautación de media tonelada de marihuana en Chinauta, el arresto del custodio de armas de Tren de Aragua en Cota, una masacre que dejó tres muertos y tres heridos en El Colegio, y la captura en El Peñón de Luis Fernando Vera, hermano de alias Iván Mordisco, comandante de las disidencias de las FARC. También ha habido conmoción por la desaparición y hallazgo sin vida de una niña en Cajicá.

Las autoridades reconocen los retos que enfrentan en materia de seguridad departamental. El sistema policial está sectorizado: Bogotá y Soacha cuentan con su propio cuerpo policial, mientras que el resto del departamento se divide en tres unidades principales. El Comando Especial Sabana Norte cubre municipios como Chía, Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá, Tabio, Tenjo, Sopó, Cota, Nemocón, Cogua, La Calera, Gachancipá y Guasca; el Comando Especial Sabana Occidente opera en Facatativá, Madrid, Zipacón, Mosquera, Bojacá, Funza, El Rosal y Subachoque, bajo la jurisdicción de la Región Metropolitana de Policía de La Sabana. El resto de municipios y Flandes, en el Tolima, quedan bajo la Policía de Cundinamarca.

Las estadísticas recientes revelan un panorama mixto. Entre siete y ocho delitos de alto impacto han registrado descensos, como casi todas las modalidades de hurto y delitos contra el patrimonio. Los robos a personas han caído 26 %, los hurtos a comercio se han reducido 33 %, y los hurtos de automotores bajaron 57% en comparación con el periodo anterior. El abigeato descendió 67%.

Sin embargo, el microtráfico, la extorsión y el homicidio siguen en aumento. El coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, comandante de la Policía de Cundinamarca, reconoció en entrevista con El Tiempo que en ciertos municipios se ha detectado la instrumentalización de menores en la venta y distribución de drogas. “Sí hay un repunte importante que nos inquieta y que ha generado unas alertas internas dentro de los Consejos de Seguridad.

Estamos trabajando con información de inteligencia, para que al final del día esto no se nos convierta en una crisis de seguridad que, cuando lo advirtamos, ya se nos haya salido de las manos, sino que efectivamente tengamos un escenario controlado”, declaró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, según recogió el diario.

De acuerdo con las cifras suministradas por la Policía Nacional, el aumento de homicidios es notorio: en la Región Metropolitana los homicidios subieron 10 % respecto a 2024, y en Cundinamarca, el incremento alcanza un 12%, al tiempo que la extorsión sube un 6 %.

Los delitos que bajan en el departamento incluyen lesiones personales (-7 %), violencia intrafamiliar (-13 %), hurto de motos (-22 %), hurto de celulares (-29 %), hurto a residencias (-32 %), hurto de automotores (-46 %) y abigeato (-90 %).

Los golpes a las organizaciones criminales han resultado en la incautación de más de una tonelada de estupefacientes (marihuana, cocaína, bazuco y base de coca) y 874 personas capturadas por porte y tráfico de drogas en Cundinamarca en lo que va del año. Las autoridades han realizado 2.054 capturas en flagrancia y 292 por orden judicial en la Región Metropolitana, incautado 132 armas de fuego y recuperado más de 257 vehículos y motocicletas hurtados.

Además, cinco grupos delincuenciales han sido desarticulados, con vínculos en homicidio, microtráfico, extorsión y hurto. Según El Tiempo, las incautaciones continúan, como ocurrió esta semana en Chinauta, donde la droga incautada tenía como destino final a la capital del país.

Los corredores viales que conectan Bogotá con el departamento representan un desafío estratégico, ya que según lo admitió el coronel Edgar Moreno Ossa, comandante de la Región Metropolitana de Policía de La Sabana, estos ejes son fundamentales para el transporte de armas y narcóticos por parte de organizaciones criminales. Un dato resalta que hasta un 40% de los estupefacientes que circulan por la región provienen del corredor sur y se dirigen a Bogotá y Cundinamarca.

“Hemos visto un par de fenómenos durante los recientes meses y es particularmente el incremento en la extorsión, en el secuestro y una lucha constante contra el microtráfico. Sí, debemos reconocer que durante los últimos meses eso ha venido teniendo un repunte, como también lo han tenido las economías ilegales en todo el país”, afirmó el gobernador Jorge Emilio Rey.

Para contener la expansión del crimen organizado, la Gobernación de Cundinamarca anunció una inversión de 18.500 millones de pesos para la modernización del parque automotor de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y el Inpec. Estos recursos se suman a los 23.000 millones de pesos entregados el año anterior en equipos y fortalecimiento institucional.

Las autoridades aseguran que, pese a las cifras positivas en reducción de hurtos y delitos contra el patrimonio, el microtráfico y los homicidios exigen ajustes inmediatos en la estrategia de seguridad departamental. Los operativos continúan, buscando frenar el avance de las economías ilícitas y garantizar la protección de la ciudadanía en Cundinamarca y la Región Metropolitana.

El operativo tuvo lugar en la avenida Primero de Mayo con calle 22, al sur de la capital del país, y fue coordinado por las secretarías de Seguridad, Gobierno e Integración Social, en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Local de Antonio Nariño y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), para atender las reiteradas denuncias de los habitantes del sector que argumentaban que en el lugar se presentaba alto consumo de drogas.

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De acuerdo con las denuncias de los ciudadanos, por varios meses los habitantes de calle se adueñaron de la zona verde aledaña al corredor vial y levantaron campamentos improvisados que usaban como fachada para la comisión de hurtos y el tráfico y consumo de sustancias ilícitas.

Sumado a esto, señalaban que luego de la llegada de estas personas los residuos y las basuras en el sector empezaron a incrementar, lo que profundizó la percepción de inseguridad en esa zona de la localidad Antonio Nariño, especialmente en las horas de la noche en las que la afluencia de transeúntes disminuye.

Durante la intervención, las autoridades realizaron inspecciones en los cambuches, encontrando e incautando un total de 39 armas blancas que, presuntamente, eran utilizadas por los habitantes de calle para cometer hurtos a los ciudadanos que diariamente pasaban por el corredor vial.

Las armas incautadas corresponden a bisturíes, cuchillos y seguetas que se sumaron al hallazgo de bolsas plásticas que iban a ser utilizadas por expendedores para la venta de estupefacientes como bazuco y perico, entre otras sustancias ilícitas.

Las autoridades precisaron que fueron 17 los puntos visitados durante el operativo, lo que dejó como saldo el desmantelamiento de 8 campamentos improvisados y el retiro de aproximadamente 18 metros cúbicos de residuos y basuras.

Por otro lado, y previo a la intervención de la Administración, la Secretaría de Integración Social realizó jornadas de sensibilización para la población habitante de calle para ofrecerles atención integral y acceso a la oferta institucional que les permita iniciar procesos de resocialización y mejorar sus condiciones de vida.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad explicó que la intervención también fue en respuesta a una orden impartida por el alcalde Carlos Fernando Galán que, entre otras cosas, solicitó la limpieza de la zona cercana al lugar donde se adelanta la construcción del viaducto sobre el que pasará la primera línea del Metro de Bogotá.

En la misma línea, el secretario de Seguridad, César Restrepo, fue enfático en que desde la Administración Distrital no se flexibilizarán los operativos en contra de la ocupación ilegal del espacio público, así como en contra del microtráfico que agrava la inseguridad e impide que los bogotanos transiten con seguridad en las calles capitalinas.

“En Bogotá no vamos a bajar la guardia. Este operativo demuestra que cuando la ciudadanía denuncia y las autoridades actuamos de manera conjunta, logramos resultados contundentes: debilitamos el microtráfico, recuperamos el espacio público y mejoramos la seguridad en los barrios. Seguiremos trabajando sin descanso para que los bogotanos transiten con tranquilidad por cada rincón de la ciudad”, aseveró el funcionario distrital.

Finalmente, las autoridades extendieron su llamado a la ciudadanía en general para que reporten a través de la línea 123 cualquier hecho que constituya una vulneración a la seguridad, con el fin de que se fortalezca la articulación entre las instituciones y las denuncias de los habitantes de la ciudad.

La Policía Nacional reportó la captura de alias Torito, presunto integrante de una organización criminal implicada en crímenes de microtráfico y homicidio en el municipio de La Victoria, situado al norte del departamento del Valle del Cauca. La aprehensión se llevó a cabo durante la tarde del 20 de agosto de 2025, durante un operativo en el que el sujeto fue sorprendido en flagrancia.

Las autoridades informaron que alias Torito habría ocupado un papel relevante dentro de una red delictiva que opera en la región, participando en delitos que afectan directamente la seguridad de los habitantes. Según las autoridades, el hombre es parte del relevo generacional de estructuras criminales que operan en esa parte del país.

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El procedimiento de captura se realizó en el sector denominado La Arenera, como resultado de acciones conjuntas del Grupo de Operaciones Especiales y de la estación de policía de La Victoria. Los uniformados llevaban a cabo patrullajes, registros y controles preventivos cuando observaron la llegada de un individuo que descendió de un vehículo mostrando un arma de fuego.

“La captura se produjo en el sector conocido como La Arenera, cuando uniformados realizaban labores de patrullaje, registro y control. Alias Torito descendió de un vehículo desenfundando un arma de fuego, desobedeciendo las voces de alto de los policías. En su intento de huida, arrojó el arma a un charco de agua, la cual fue recuperada por las unidades”, detalló una comunicación oficial de la institución policial de ese departamento.

Frente a la presencia del sujeto, los uniformados intentaron llamar su atención, pero el sospechoso ignoró las órdenes impartidas por los agentes y trató de escapar mientras arrojaba el arma a un charco de agua.

No obstante, la rápida reacción de los uniformados permitió dar con la captura del señalado, asegurar el área y recuperar un revólver calibre 38 con seis cartuchos, que quedó bajo custodia y fue entregado a la Fiscalía General de la Nación como parte del material probatorio.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente que desarrolló las audiencias preliminares para legalizar su detención y solicitar su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. En las diligencias judiciales, un juez de control de garantías optó por atender la solicitud de la Fiscalía e imponer a alias Torito una medida de aseguramiento intramural.

Él es alias Torito

La identidad de alias Torito y su presunta influencia dentro de la dinámica criminal del norte del Valle del Cauca se han convertido en un foco de atención para las autoridades regionales. La Policía detalló que la captura de este individuo representa un avance para desarticular bandas vinculadas a delitos de alto impacto, como el microtráfico y los homicidios selectivos en zonas rurales y urbanas del municipio de La Victoria.

La presencia de bandas delictivas en el norte del Valle del Cauca ha supuesto un desafío para las autoridades, quienes mantienen controles y operativos constantes en la región. Según el medio de comunicación citado, la dinámica de estos grupos responde a intentos de control territorial para actividades como el microtráfico, el cual ha alimentado una ola de violencia, homicidios y extorsiones en lo corrido de 2025.

La incautación del armamento y la judicialización de alias Torito forman parte de los esfuerzos de la fuerza pública para neutralizar las redes criminales, por lo que la institución confirmó que se desarrollan nuevas líneas investigativas tras esta captura, que permitirán identificar a otros integrantes de la organización y delimitar su campo de acción en la región.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie, a través de la línea 123 cualquier hecho delictivo que vulnere la seguridad de los habitantes de norte del Valle del Cauca.

El hallazgo fue posible gracias a la labor de unidades con guías caninos especializados en detección de narcóticos, quienes, durante un recorrido por el sector, alertaron sobre la presencia de dos recipientes abandonados en plena vía pública. Al inspeccionarlos, los uniformados encontraron una significativa cantidad de estupefacientes listos para su comercialización.

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Según confirmó la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, “con su equipo K-9, a través de las intervenciones que se vienen realizando en los diferentes puntos críticos de la ciudad, se logró la incautación de 5.900 dosis de estupefacientes, discriminados entre marihuana, cocaína y bazuco”.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo incluyó 1.400 cigarrillos artesanales que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana; 1.000 envolturas plásticas transparentes con una sustancia pulverulenta que se asemeja a derivados de la cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo; y varias envolturas en papel mantequilla blanco, que almacenaban lo que aparenta ser bazuco, con un peso total cercano a dos kilogramos.

Todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de las sustancias y establecer responsabilidades penales. Las autoridades no descartan que este cargamento forme parte de una red de microtráfico que opera en varios barrios del área metropolitana.

“La forma de embalaje y la ubicación de los recipientes indica que la droga ya estaba lista para ser distribuida en sectores residenciales. Estamos tras la pista de los responsables y no descartamos nuevas capturas en las próximas horas”, aseguró un vocero de la institución policial.

El papel de los perros entrenados en detección de estupefacientes fue fundamental en este operativo. Gracias a su agudo sentido del olfato, lograron ubicar con precisión los recipientes que pasaron desapercibidos a simple vista.

La Seccional de Carabineros destacó que estos animales forman parte de las unidades de vigilancia y control en zonas urbanas y rurales, y han permitido en los últimos meses desarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas en entornos escolares, terminales de transporte y parques.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de estupefacientes, y recordaron que todos los reportes son tratados con absoluta reserva.

“Invitamos a toda la comunidad a que cualquier información que tengan sobre cualquier delito que pueda suceder en la ciudad se comuniquen con la línea 123, donde está su Policía y toda su oferta institucional estará para servirles”, reiteraron desde la Institución.

Inseguridad, una de las grandes problemáticas en Bucaramanga

La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de Bucaramanga, especialmente tras cerrar 2024 con 233 homicidios, 32 más que el año anterior, representando el nivel más alto en al menos una década.

En el primer trimestre de 2025 se reportaron 21 homicidios, una disminución del 13% frente a los 24 del mismo periodo en 2024. Sin embargo, la percepción es crítica: una encuesta reciente revela que el 51,2% de los bumangueses considera la inseguridad como el principal problema de su ciudad, y el 89% asegura que ha empeorado en los últimos meses.

Detrás de la violencia letal, las autoridades identifican como principales causas las riñas callejeras (40%), ajustes de cuentas (25%) y violencia intrafamiliar (15%). Estas dinámicas suelen concentrarse en las comunas 12, 13 y 14, especialmente en zonas limítrofes con Floridablanca, donde el microtráfico, el consumo y las disputas barriales endurecen el tejido social.

Además, Bucaramanga lidera el país en número de homicidios a personas en situación de calle, un promedio de nueve por cada cien mil habitantes en condición de calle, el nivel más alto entre las capitales del país.

La Secretaría de Seguridad anunció la captura de un hombre en medio de operativos de control en el sector de San Bernardo, localidad de Santa Fe. La retención del sujeto se dio luego de que fueran encontradas entre sus pertenencias 235 dosis de estupefacientes que estaban listas para ser distribuidas en la zona.

De acuerdo con las autoridades, los operativos denominados “megatomas del sector” incluyeron controles a ciudadanos en vía pública. No obstante, al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre comenzó a presentar una actitud evasiva, por lo que fue requerido para una requisa.

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En la diligencia le fueron encontradas las dosis de droga, de las cuales 200 correspondían a bazuco y las 35 restantes a cigarrillos de marihuana. Las sustancias fueron encontradas en un bolso que cargaba el sujeto y fueron incautadas para proceder con la captura del responsable.

Si bien las autoridades no especificaron si el hombre presentó resistencia al momento de su captura, sí aclararon que luego de encontrar las sustancias psicoactivas, fue reducido y rápidamente esposado para ser puesto a disposición de la justicia para responder por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes.

Por estos delitos, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes y se expone a una pena entre los 10 y 30 años de prisión que se suman a una multa que oscila entre los 1.334 y los 50.000 salarios mínimos legales vigentes, lo que supera los $2.000 millones.

La captura del sujeto se registró en medio de operativos articulados entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Local de Santa Fe y Coljuegos en el barrio San Bernardo, en el centro de la ciudad, conocido por ser un sector en donde operan bandas dedicadas al microtráfico y que ha sido noticia en repetidas ocasiones por los hechos de inseguridad que se presentan allí que afectan a los ciudadanos y profundizan la estigmatización por parte del resto de la ciudad hacia este barrio.

En las diligencias también se incautaron 21 armas cortopunzantes decomisadas a ciudadanos que, al igual que el capturado, fueron requisados como parte de las acciones de control. Sumado a esto, también se retuvieron 12 máquinas tragamonedas que operaban en establecimientos comerciales de ese sector sin la debida documentación exigida por Coljuegos para este tipo de actividad.

De acuerdo con las autoridades, los operativos suscitaron un golpe a las economías ilegales de la zona que representan un factor de inseguridad que pone en riesgo a los habitantes de un sector cuya actividad comercial se ha visto vulnerada en los últimos años por la constante presencia de bandas delicuenciales y habitantes de calle que lo han convertido en uno de los mayores expendidos de estupefacientes de Bogotá.

Adicionalmente, explicaron que este tipo de operativos hacen parte de una estrategia de la administración distrital en alianza con la Policía Metropolitana para no solo atacar el microtráfico en sectores vulnerables, sino intervenir los barrios en donde operan las bandas dedicadas a esta actividad ilegal.

“Este tipo de intervenciones son claves para cerrarles el paso a las economías criminales que afectan la convivencia. Aquí no solo se trata de sacar droga de las calles, también de intervenir los entornos en donde estas redes operan”, aseguró en secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, en declaraciones divulgadas en un comunicado oficial de la entidad.

Finalmente, enfatizaron en que estas megatomas de los sectores buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de sectores vulnerables golpeados por la inseguridad. Adicionalmente, explicaron que las capturas e incautaciones producto de este tipo de operativos son golpes que permiten atacar directamente las redes de circulación de sustancias psicoactivas en la ciudad.

La Policía de Antioquia reportó la captura en flagrancia de dos personas que lideraban una red criminal que operaba en el departamento de Antioquia.

Según el reporte oficial, los dos detenidos fueron identificados como Juan Carlos Sanjuanelo Quintero, alias Caliche, y su padre, Pedro Adán Sanjuanelo Páez, alias Sanjuanelo, señalados de controlar el microtráfico en el municipio de Santuario, ubicado en el oriente antioqueño.

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La investigación detalla que los hombres estaban vinculados a la subestructura Gener Morales del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido Clan del Golfo, que opera en varias zonas del departamento colombiano.

Adicional a ello, la Policía detalló que alias Caliche tenía una trayectoria criminal de cinco meses y se le atribuye la responsabilidad de controlar las rentas del microtráfico en el municipio antioqueño.

Por su parte, alias Sanjuanelo se encargaba de la distribución y comercialización de drogas en el casco urbano de esta población.

La detención se produjo durante una diligencia de allanamiento vinculada a la investigación de varios homicidios en Rionegro, donde los cuerpos de las víctimas fueron hallados en bolsas plásticas, lo que sugiere una actuación sistemática y planificada por parte de la organización criminal.

El operativo no solo permitió la aprehensión de los presuntos cabecillas, sino que derivó en la incautación de varios elementos como 100 dosis de marihuana, 91 dosis de clorhidrato de cocaína y $2.100.000 en efectivo.

Además, los agentes incautaron dos agendas con registros contables que documentaban las ventas ilegales, lo que permitió a los investigadores trazar la ruta del microtráfico y su conexión con otros delitos graves, como el homicidio.

Tanto el material incautado como las dos personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, donde deberán comparecer ante la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Cayó alias El Pollo, extorsionista del Clan del Golfo en el oriente antioqueño

La captura de estos dos hombres se suma a otros operativos liderados por las Fuerzas Militares que buscan contrarrestar la ofensiva criminal de los grupos armados ilegales en el país.

Entre ellos, se destaca la captura de alias el Pollo, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en el oriente de Antioquia, junto a otros cinco integrantes de la organización.

“Su captura desarticula el brazo delictivo del grupo armado y fractura su ingreso financiero y logístico (...) Seguimos cerrando espacios a las economías ilícitas y protegiendo a los colombianos que han sido víctimas del miedo y el silencio”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Según el reporte oficial, alias el Pollo coordinaba extorsiones, microtráfico, minería ilegal, tráfico de estupefacientes y el reclutamiento forzado de personas.

Además, las autoridades indicaron que la célula liderada por alias el Pollo no solo coordinaba extorsiones y tráfico de estupefacientes, sino que también ejercía presión sobre comunidades rurales, sometiéndolas mediante el miedo y el silencio.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron motocicletas, armas, municiones, equipos de comunicación, material de intendencia y estupefacientes, lo que evidencia la capacidad logística de la célula desarticulada.

“Su captura desarticula el brazo delictivo del grupo armado y fractura su ingreso financiero y logístico (...) Seguimos cerrando espacios a las economías ilícitas y protegiendo a los colombianos que han sido víctimas del miedo y el silencio”, explicó el jefe de cartera.

La ofensiva estatal no se limita a la captura de cabecillas. El Gobierno anunció el mantenimiento de operaciones en la zona con el objetivo de recuperar el territorio y proteger a la población afectada por el dominio del Clan del Golfo.

Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia, mientras que las autoridades insisten en la necesidad de la denuncia ciudadana para debilitar el accionar de los grupos armados ilegales.

Sánchez advirtió sobre el riesgo de normalizar la extorsión: “No podemos permitir que este flagelo se convierta en una cultura, porque hay casos graves, pero no hay denuncia. Si no tenemos información es difícil que podamos actuar. Tenemos como objetivo llevar la extorsión a una mínima expresión aquí en el departamento de Córdoba”.

Los operativos, desarrollados durante las últimas 48 horas, incluyeron 17 diligencias de allanamiento en sectores urbanos y corregimientos como El Placer y Amaime, así como en puntos estratégicos de la ciudad de Cali.

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Según informó la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía del Valle, esta ofensiva se da en el plan de choque contra el multicrimen en el sur del país.

“Estas acciones permiten debilitar a los actores criminales que afectan la seguridad y tranquilidad del municipio. Dentro de los capturados se encuentran cabecillas importantes, como alias Bomberman, Salchi, Frank y El Burro, todos vinculados a homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes”, afirmó la oficial.

La operación tuvo como eje central la desarticulación de las estructuras conocidas como Los Esparta, Los Leyenda y Los Chacha, responsables de sembrar el terror en diversas comunas y corregimientos de Palmira. Entre los capturados figura alias Chacha, una mujer sindicada de dinamizar e instrumentalizar a menores de edad para actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en entornos escolares.

Las autoridades indicaron que esta persona utilizaba adolescentes y niños para transportar y distribuir dosis de marihuana y drogas sintéticas, sobre todo en los alrededores de instituciones educativas de la comuna 1 del municipio. El grupo operaba bajo la modalidad de “domicilio exprés”, que les permitía evadir controles y mantenerse activos a pesar de los constantes patrullajes.

Durante los allanamientos se incautaron importantes cantidades de droga, así como herramientas y utensilios para la dosificación y empaque de las sustancias ilícitas. También se hallaron armas de fuego que eran utilizadas para intimidar a víctimas de extorsión o para perpetrar homicidios selectivos.

Nueve de los once capturados tenían órdenes judiciales vigentes por delitos como concierto para delinquir, extorsión, homicidio, uso de menores para la comisión de delitos, y porte y tráfico de armas de fuego. Los dos restantes fueron detenidos en flagrancia por tráfico de estupefacientes.

“El mensaje a la ciudadanía es claro: no vamos a permitir que estructuras criminales sigan instrumentalizando a nuestros niños ni afectando la tranquilidad de los palmiranos. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando de manera confidencial, para seguir avanzando en esta ofensiva contra el crimen”, expresó la coronel Rodríguez.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerarlos peligrosos para la sociedad. El proceso judicial continuará avanzando con base en las pruebas recolectadas durante los allanamientos.

Este operativo se suma a los avances registrados en el desarrollo de la denominada Operación Malagana, con la que ya se han logrado 799 capturas en Palmira durante el 2025, de las cuales 667 han sido en flagrancia y 132 por orden judicial.

Desde la Policía Nacional se destacó la articulación con el Ejército Nacional, la Fiscalía y las autoridades político-administrativas del municipio. “Seguiremos trabajando sin descanso para desmantelar cada red criminal que atente contra la vida y la integridad de los ciudadanos. Palmira merece vivir en paz, y estas capturas son un paso más hacia ese objetivo”, enfatizó la coronel Rodríguez.

La ofensiva en el Valle del Cauca continúa, con énfasis en la protección de los entornos escolares y la reducción de los índices de violencia derivados del microtráfico. Las autoridades reiteraron el llamado a la colaboración ciudadana a través de las líneas de atención del Gaula y la Sijín, con el fin de obtener información clave sobre posibles zonas de expendio o actividades delictivas.

Más de ocho años después de la demolición del Bronx, el llamado mayor centro de microtráfico de Colombia, el fenómeno no solo persiste, sino que redurgió con nueva fuerza, tres kilómetros al sur, en el corazón del barrio San Bernardo (localidad de Santa Fe). La intervención de 2016 fue celebrada entonces como un triunfo histórico, pero hoy se revela como un fracaso parcial: el Bronx no murió, simplemente cambió de fachada.

Durante un recorrido por la calle 10 con carrera 15 bis, epicentro del renovado desarrollo urbano en el antiguo espacio del Bronx, se observan torres modernas e instituciones públicas levantadas sobre el terreno. No obstante, a pocos metros, grupos dispersos mantienen ollas de microtráfico, consumo abierto y violencia.

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Orlando Beltrán, director de la fundación El Banquete del Bronx, lo resume sin eufemismos: “Aquí van a haber unas construcciones maravillosas… pero seguimos con la misma problemática", declaró al programa Testigo Directo.

El “efecto piñata”

Frente a la acción estatal en el Bronx, los expendedores no desaparecieron, simplemente se dispersaron hacia barrios como La Favorita, Santa Fe y San Bernardo. Para no ser detectados, adoptaron los nombres de “almacenes” o cafés para referirse a sus puntos de venta. Este fenómeno fue caracterizado como el “efecto piñata”, por su modo de fragmentar el control territorial pero mantener intacto el negocio criminal.

Un experto en seguridad que pidió mantener su identidad como Sebastián expresó: “Migraron hacia todo el centro, ya no se concentran, usan nombres de almacenes para referirse a sus puntos.” No se trata de jibaritos aislados, advirtió el edil José Casadiego: “Esto es un negocio estructurado y sigue vivo”.

San Bernardo: el nuevo epicentro del negocio ilegal

En el centro de Bogotá, a escasos metros de la casa presidencial, la Alcaldía y el Congreso de la República, San Bernardo emergió como una de las zonas más peligrosas para el microtráfico. El programa Retrato Hablado, del canal RCN, reveló las bodegas subterráneas y una mezcla de migrantes, consumidores, habitantes de calle y pobladores desplazados residentes, sometidos a la presión permanente del crimen organizado.

Se estima que esta olla vertical —llamada el Samber— mueve más de $1.500 millones mensuales por ventas de drogas. Los grupos que dominan la zona son principalmente Los Costeños, liderados por alias El Primo, y Los Venecos, bajo el mando de alias Wilson, un antiguo jibaro de El Bronx.

En solo dos manzanas se concentra el horror: armas, granadas, extorsión y reclutamiento de menores, en espacios donde la infancia termina a los 11 años si se crece en el Samber. Según el reportaje, hasta se alquilan fusiles, en un mercado negro que opera casi a cielo abierto.

José, un habitante de calle que creció en el Cartucho y luego en el Bronx, ahora vive en San Bernardo. Cuenta que su infancia terminó muy pronto cuando fue capturado con un arma a los 11 años: “Aquí uno aprende a disparar antes que a leer”.

Por otra parte, justo debajo de una rotonda, se extiende el caño de la Sexta: un túnel de más de dos kilómetros que se convirtió en el hogar de más de 600 habitantes de calle, incluidos jóvenes embarazadas.

Allí también operan las redes del microtráfico: ventas diarias entre 10 y 15 millones de pesos, según estima la Policía. Este corredor criminal es usado como ruta de escape, conexión directa con el San Bernardo y posible réplica del antiguo Bronx. Con San Bernardo y el caño pasando factura diaria con vidas, violencia e impunidad, el reto para Bogotá es enorme.

Una adulta mayor de 83 años fue apresada este fin de semana en la ciudad de Lota (540 kms al sur de Santiago), acusada de microtráfico de drogas. La mujer fue identificada como Inés Valencia Salas, y debido a que es reincidente y presenta una causa vigente por el mismo delito arriesga hasta tres años de cárcel, amén de una onerosa multa.

La investigación la llevó a cabo la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de una denuncia hecha por vecinos de la anciana conocida por los consumidores de la zona como la “Tía Inés”.

En su domicilio, ubicado en la población San Martín de esa ciudad, se decomisaron 68,82 gramos de cocaína, plantas de marihuana listas para ser procesadas y dinero en efectivo producto de sus actividades ilícitas.

En el allanamiento los uniformados detuvieron además a otra mujer de 37 años, quien también presenta antecedentes penales por infringir la ley de alcoholes y hurto.

Ambas son de nacionalidad chilena y fueron puestas de inmediato a disposición del tribunal correspondiente, tal como informó el jefe de la PDI en Lota, subprefecto Yuri Méndez.

“Funcionarios policiales de la Bicrim de Lota, en cumplimiento de una orden de entrada y registro por el delito de microtráfico para un inmueble el cual era utilizado como punto de venta de droga, logró la detención de dos personas de sexo femenino de 83 y 37 años de edad, y la incautación de sustancias ilícitas como cocaína base y plantas de cannabis en proceso de crecimiento”, detalló el detective.

Cercanía a colegios

Cabe destacar que la vivienda que era utilizada como punto de venta se encuentra a escasos metros de dos colegios densamente poblados y el Hospital Regional de la ciudad, siendo buena parte de los clientes de la “Tía Inés” estudiantes de secundaria.

Las dos mujeres fueron formalizadas el fin de semana y mientras la anciana quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, firma quincenal en la comisaría local y arraigo nacional, la segunda imputada deberá cumplir con firma quincenal y arraigo nacional.

Sin embargo, el Tribunal de Garantía de Lota alista el juicio contra la adulta mayor por sus delitos previos, los que sumados a esta nueva infracción le podrían significar hasta tres años y un día de presidio.

La Alcaldía de Cali anunció la desarticulación de una organización criminal integrada por miembros de una misma familia, que utilizaba menores de edad para distribuir drogas en el sector Los Mapas del barrio Petecuy II y estaría involucrada en un homicidio ocurrido en septiembre de 2024.

En Santiago de Cali, el 20 de junio de 2025, las autoridades informaron sobre un operativo que resultó en la judicialización de 20 presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los Sánchez’.

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Esta acción formó parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el alcalde Alejandro Eder, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana.

El despliegue de recursos y la articulación entre entidades permitieron avanzar en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en una de las zonas más golpeadas por la criminalidad en la ciudad.

Las investigaciones, desarrolladas durante varios meses, permitieron identificar la estructura interna de la banda.

Según los hallazgos, una mujer de 72 años lideraba la organización junto a su hija. Ambas diseñaban y dirigían la operación de tráfico de estupefacientes, valiéndose de la participación de menores de edad para la distribución de drogas.

Este hecho agravó la gravedad de los delitos imputados, ya que la instrumentalización de menores constituye un agravante en la legislación colombiana. El operativo que permitió la captura de los presuntos integrantes de ‘Los Sánchez’ incluyó 18 diligencias de registro y allanamiento ejecutadas por la Sijín.

Durante estas acciones, las autoridades materializaron 17 órdenes de captura previamente expedidas y detuvieron a otras tres personas en flagrancia.

Los capturados deberán responder ante la justicia por una serie de delitos, entre los que se encuentran porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, uso de menores, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

La magnitud de la operación refleja el compromiso de la Administración Eder con la recuperación de la tranquilidad en los barrios más afectados por la criminalidad.

El sector de Petecuy II, y en particular la zona conocida como Los Mapas, ha sido escenario de disputas entre bandas dedicadas al microtráfico, lo que ha incrementado los índices de violencia y ha puesto en riesgo a la población civil, especialmente a los jóvenes.

Las pesquisas revelaron que la red criminal operaba desde varios inmuebles, donde se expendían marihuana, bazuco y cocaína.

La utilización de menores de edad para la distribución de estas sustancias no solo facilitaba el alcance de la organización, sino que también buscaba evadir la acción de las autoridades, aprovechando la vulnerabilidad de los niños y adolescentes del sector.

“Las investigaciones determinaron que una mujer de 72 años y su hija, serían quienes estructuraban toda la operación de narcotráfico, para la cual instrumentalizarían menores de edad”, señalaron las autoridades en el informe oficial.

 La Fiscalía General de la Nación incluyó el homicidio agravado entre los cargos que deberán enfrentar los capturados, lo que podría derivar en penas más severas para los responsables.

Durante el operativo, la Sijín incautó elementos probatorios que serán fundamentales en el proceso judicial. Entre los objetos decomisados se encuentran armas de fuego, sustancias estupefacientes listas para su comercialización y dispositivos de comunicación que, según los investigadores, servían para coordinar la distribución y el cobro de las ventas.

“Este contundente resultado se dio tras 18 diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Sijín, en las que se materializaron 17 órdenes de captura y se detuvo a otras tres personas en flagrancia”, detalló el reporte oficial.

Además, desde la alcaldía se mencionó que la estructura familiar de la organización permitió a ‘Los Sánchez’ consolidar una red de confianza y lealtad interna, dificultando la infiltración por parte de las autoridades.

A través de un operativo que se efectuó de manera simultánea en Bucaramanga, Floridablanca y Lebrija, en el departamento de Santander, las autoridades capturaron a cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Costeños, señalada de distribuir drogas en la región y generar ingresos mensuales que superaban los 20 millones de pesos.

Alias Meyer (32 años), ‘Tupa’ (37), ‘Sneyder’ (28) y ‘Luis’ (22) fueron sorprendidos por agentes de la Policía Metropolitana mientras se encontraban en libertad condicional.

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Al menos dos de ellos portaban brazaletes de vigilancia electrónica del Inpec, pero seguían activos en actividades ilegales, informó el medio bumangués Vanguardia.

“Portaban brazaletes y, sin embargo, seguían cometiendo conductas delictivas. Por ello, adelantamos cuatro diligencias de registro y allanamiento en las que logramos la captura de estas personas”, fueron las declaraciones del brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana.

Durante los operativos, las autoridades incautaron tres revólveres, cuatro cartuchos calibre 38,50 gramos de cocaína, 22 pastillas de clonazepam, $31.000 en efectivo y un celular usado para coordinar las entregas de droga.

De acuerdo con la información recolectada por los investigadores, “Meyer” y “Tupa” registraban más de 20 antecedentes judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas y fuga de presos.

Luego de ser presentados ante un juez de control de garantías, los cuatro capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Metropolitana reportó que, durante el año, ha desarticulado diez bandas dedicadas al microtráfico y ha capturado a 1.998 personas por delitos relacionados con drogas.

Enviado a prisión presunto asesino de dos pasajeros en vía entre Bucaramanga y Girón

Un juez de control de garantías en Bucaramanga ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Deyner Andrés Gutiérrez Rueda, señalado por la Fiscalía como presunto autor de un doble homicidio ocurrido el 15 de junio de 2025.

Según la investigación, Gutiérrez Rueda se acercó a un vehículo de transporte público que cubría la ruta entre Bucaramanga y Girón y abrió fuego contra dos pasajeros. Ambos murieron en el lugar. Tras cometer el crimen, el sospechoso intentó huir, pero fue detenido por uniformados de la Policía Nacional.

Durante el procedimiento se produjo un cruce de disparos en el que Gutiérrez, de 23 años, resultó herido. La Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos.

Las autoridades destacaron la rápida reacción policial que permitió su captura poco después del ataque. El caso continúa en etapa de investigación judicial.

Capturaron a ‘Big Cola’, presunto jefe de sicarios de ‘Los Costeños’ en Barranquilla

Sneider Orlando Llerenas Cuentas, conocido como “Big Cola”, fue capturado durante la jornada del 22 de junio por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Las autoridades lo identificaron como presunto jefe de sicarios de la banda criminal Los Costeños, en el suroriente de la ciudad.

La detención se llevó a cabo en el barrio Rebolo, una de las zonas más afectadas por el incremento de homicidios en lo corrido del año. Según reportes de inteligencia, “Big Cola” estaría involucrado en al menos 15 asesinatos cometidos durante 2025 en ese mismo sector.

Fuentes oficiales informaron que el capturado será puesto a disposición de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones para determinar su nivel de responsabilidad en los crímenes y establecer quiénes serían sus cómplices dentro de la estructura que lideraba.

Además de estas capturas, la Gobernación de Santander reportó importantes resultados en operativos contra el multicrimen.

También desarticularon el grupo “Adress” en El Socorro y detuvieron a un extranjero en San Gil por abuso sexual. Además, incautaron droga sintética tipo Tusi en la vía Bucaramanga–Pamplona y desmantelaron la banda “Los de la M”. Las acciones fueron lideradas por la Secretaría del Interior en coordinación con la Fuerza Pública y la Fiscalía.

Las rutas del tusi, la droga sintética también conocida 2CB o cocaína rosada, atraviesan colegios, conjuntos residenciales y zonas comerciales de alta afluencia juvenil en los municipios de Pereira y Dosquebradas, en el departamento de Risaralda.

Así quedó en evidencia por parte de las autoridades luego de la presentación de los resultados en materia de seguridad durante el primer semestre de 2025.

Como parte de lo que se indicó por parte del coronel Óscar Ochoa, subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira, una red criminal sofisticada ha implementado tecnología de punta y reclutado a menores de edad para la producción y distribución de la sustancia.

Además de ser usados en algunos casos como sicarios, otro de los detalles que alarma a las autoridades en esta región del Eje Cafetero es que los adolescentes reclutados estarían viendo con buenos ojos la ganancia de dinero fácil y rápido por ser “cocineros”.

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Los detalles de una red criminal de venta de tusi en Risaralda que parece inspirada en la serie ‘Breaking Bad’: utilizan a menores de edad como cocineros

Esta denuncia de la Policía hace recordar a varias de las escenas de la famosa serie a nivel mundial Breaking Bad (y que tuvo hasta adaptación en Colombia con la producción Metástasis), donde un profesor de química y uno de sus exalumnos se sumergen en un mundo de peligros por el anhelo de obtener dinero a toda costa.

Y para esto se ponen a “cocinar”, término que utilizan en las redes de producción para quienes tienen la misión de elaborar la sustancia. Para esto se utilizan las mismas cocinas de los apartamentos y se adaptan para obtener el polvo rosado (que también puede ser de otras tonalidades como azul o amarilla, y que puede varias debido a los químicos).

Y es justo esto último lo que estaría haciendo esta empresa criminal (pero en vez de metanfetamina su producto insignia es el tusi), debido a que, en los últimos meses, las autoridades de Pereira y Dosquebradas han detectado una transformación profunda en las redes de microtráfico.

El fenómeno del Tusi ha dejado de ser un asunto marginal para convertirse en un negocio estructurado, con rutas planificadas que cruzan barrios residenciales, entornos escolares y espacios frecuentados por jóvenes. Es por eso por lo que la Policía Metropolitana ha identificado 35 puntos de distribución activos en Pereira y Dosquebradas.

Lo que más ha llamado la atención de los equipos de inteligencia es que cada una de las zonas tiene marcas que la representa y sirve como canal de ventas para ofrecer, al mejor estilo de un catálogo y ayudados con códigos QR diseñados por hackers, esto permite rastrear ventas, controlar inventarios y verificar la autenticidad del producto.

No se descarta que en Pereira o Dosquebradas haya una fachada para que operen las cocinas de producción de metanfetamina en Pereira y Dosquebradas, igual que en la serie con ‘Los Pollos Hermanos’

Sin el deseo de hacer spoiler a quien no se ha visto la serie Breaking Bad, en una de las temporadas se muestra cómo la red de ventas de un reconocido narcotraficante que guarda un bajo perfil como propietario de una cadena de restaurantes llamada Los Pollos Hermanos, maneja por debajo de cuerda y al detalle toda la operación para, producir y distribuir la droga desde un mismo punto hacia las zonas donde se vende por grupos delincuenciales menores, o incluso los mismos menores.

Esta situación no se descarta que pueda estar ocurriendo, guardando las debidas proporciones, en Risaralda.

El coronel Ochoa describió durante su intervención en una sesión del Concejo de Pereira, describió como un “modelo criminal tecnificado, donde cada punto funciona como una microfranquicia”, lo que viene ocurriendo en Pereira y Dosquebradas.

Esta estructura jerárquica asigna roles específicos: un “cocinero” principal por sector, un distribuidor, un transportador y una figura denominada “ruletero”, responsable de las entregas rápidas.

El uso de tecnología no se limita a la logística interna; los hackers vinculados a la red han introducido códigos QR en cada punto de venta, y algunos jóvenes portan pulseras con estos códigos para facilitar el acceso a eventos donde circula el tusi.

Esta cocaína rosada no es una sustancia única, sino una mezcla de ketamina, cafeína, anestésicos veterinarios, colorantes y otros psicoactivos.

Cada dosis se vende entre 30.000 y 50.000 pesos colombianos (es decir, entre 7 y 12 dólares), y su consumo se concentra en fiestas electrónicas, discotecas, bares y eventos clandestinos, indicó un informe del portal 360 Noticias.

No solo reclutan menores de edad para que sean sicarios: ser “cocineros” es una forma de obtener dinero sencillo

Uno de los aspectos más alarmantes, según el coronel Ochoa, es el reclutamiento de niños y adolescentes para la producción y transporte de la droga.

Durante un operativo reciente en Dosquebradas, las autoridades encontraron a dos menores de 8 y 10 años manipulando sustancias para preparar tusi.

Uno de ellos declaró: “estaba aprendiendo porque con eso ganaba 300.000 pesos por noche”, indicó el alto oficial.

Los menores, expuestos a riesgos físicos y toxicológicos, son captados con promesas de dinero rápido y regalos como camisetas de marca o teléfonos móviles.

Pero la red utiliza la tecnología no solo para la logística, porque también aprovechan para cometer lavado de activos.

Los ingresos mensuales se estiman en más de $350 millones, según inteligencia policial. Parte de este dinero se blanquea a través de negocios fachada, como tiendas de ropa, peluquerías, bares, cafés y empresas de envíos.

Además, se han identificado transacciones mediante plataformas de criptodivisas. Esto dificulta el rastreo del flujo de dinero ilícito, y da cuenta del alcance de la red, que trasciende las fronteras locales.

El tusi que se cocina en Pereira y Dosquebradas se vende en varias ciudades de Europa, explicó la Policía

El coronel Ochoa confirmó que el tusi se exporta hacia Europa, especialmente a París, Barcelona y Ámsterdam, camuflado en frascos de cosméticos o suplementos alimenticios.

Para el transporte internacional, la organización engaña a mujeres jóvenes con promesas de empleo o becas, y luego las utiliza como “mulas” o las vincula a redes de explotación sexual.

Estas rutas internacionales ya son objeto de investigación por parte de Interpol y Europol.

Por tal motivo, el fenómeno del Tusi ha obligado a las autoridades a adaptar sus estrategias y la Policía ha creado una “cápsula operacional” dedicada exclusivamente a combatir esta red.

Por último, y en lo que va de 2025, se han realizado 94 allanamientos, 1.940 capturas (el 90% por delitos relacionados con estupefacientes) y la incautación de más de 180 armas de fuego.

"Todos los países tenemos que tener cuidado para que no penetren en el Estado, porque si el crimen organizado penetra en el Estado, como ya ha penetrado en pequeñas localidades de Ecuador, entonces tenemos un problema mucho más grande", declaró el exmandatario a EFE antes de concluir una breve visita a Asunción.

El exgobernante habló del tema después de haberse reunido con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la residencia presidencial o Mburuvicha Róga (casa del líder, en idioma guaraní), donde hablaron acerca de la inseguridad en Latinoamérica.

"El principal problema de Latinoamérica creo yo que es la inseguridad. Y hablamos de que sería bueno que los países podamos coordinar acciones como homologar los códigos penales, sobre todo en los temas narcotráfico y violencia y luego intercambiar información de inteligencia para tener integrada a América Latina", dijo Lasso.

Se trata de un problema que debe analizarse como la mutación del narcotráfico al micronarcotráfico, de la "contaminación" de la juventud y luego de la mutación también de estos grupos delincuenciales organizados que de la droga pasan a la extorsión, pasan al secuestro y al sicariato".

El dirigente consideró que estas problemáticas no son exclusivas de un país, como pudo ver en Chile, donde esta semana se reunió con políticos y académicos para abordar la misma preocupación.

También advirtió sobre el peligro de que un "buen ciudadano se conecte con el crimen organizado para darle espacio en la sociedad y en el Estado", lo cual, alertó, provocará "un problema muy gordo".

"Esa es la advertencia que yo quiero hacerle a América Latina", insistió.

Con Peña, además, conversó sobre la necesidad de que los países de Latinoamérica afronten en conjunto los temas de inseguridad con el apoyo de Estados Unidos y Europa, dada su relación con el consumo de las drogas.

De estos temas también disertará en julio y septiembre en España y en octubre irá a Corea del Sur.

Sobre la visita de Lasso, Peña destacó en su cuenta en X que "su voz, cargada de experiencia, visión y compromiso democrático, siempre aporta con claridad y profundidad".

El mandatario dijo haber conversado con Lasso sobre los desafíos que enfrenta América Latina y valoró "profundamente su mirada sobre la región y el aprecio hacia el Paraguay".

Antes de su encuentro, Lasso también se reunió con senadores del gobernante Partido Colorado para dialogar sobre la agenda común de América Latina, que está relacionada con la lucha contra la pobreza, la desnutrición crónica infantil y los problemas de seguridad, según dijo a los periodistas en el Legislativo.

La noche del miércoles, Lasso disertó en el Senado sobre "Liderazgos y desafíos de América Latina" y también advirtió sobre los riesgos del crimen transnacional en América Latina. EFE

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Los resultados de la intervención de la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana, en medio de una sesión del Concejo de Pereira, dejó a la vista una modalidad de reclutamiento de menores para la comisión de delitos, entre ellos, sicariatos.

Tras la entrega de los resultados del primer semestre en materia de seguridad en 2025, el Área Metropolitana Centro Occidente (Amco) de Risaralda dejó a la luz una crisis de homicidios en 2025 que afecta a Pereira y Dosquebradas.

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Estas dos poblaciones son consideradas como los epicentros de la violencia asociada a redes de microtráfico.

En lo que va del año, el reporte oficial contabiliza al menos 143 asesinatos, incluyendo once mujeres víctimas. Detrás de estas cifras, se revela una realidad alarmante: la presencia de menores de edad y el llamado “reciclaje de sicarios” en las redes criminales, señaló el subcomandante de la Policía Metropolitana, Óscar Ochoa

“Suena feo, suena incómodo y hay una red de ofrecimientos de $1′000.000”

El oficial detalló las dinámicas que sustentan el entramado criminal que ha desatado una ola de homicidios que se dispararon desde la segunda mitad de 2024.

Según explicó el subcomandante Ochoa, las bandas no solo reclutan jóvenes, sino que los rotan y reutilizan para cometer homicidios, en muchos casos por pagos de apenas un millón de pesos por asesinato.

“Hemos encontrado un reciclaje de sicarios. Suena feo, suena incómodo y hay una red de ofrecimientos de un millón de pesos por cometer ese delito de homicidio o por las muertes”, señaló el oficial.

El alto oficial precisó además que varios de los jóvenes capturados han confesado que, pese al pago prometido, no siempre reciben la totalidad del dinero.

“La respuesta es: ‘Me ofrecieron un millón. Pero tengo también en esta agenda cinco casos más, pero de este me deben doscientos, de este me deben quinientos, de este me deben setecientos’”, afirmó.

El subcomandante subrayó que muchas veces el pago en realidad oculta un mecanismo de instrumentalización y amenaza, especialmente en comunidades vulnerables: “Se les ofrece a través de un pago de $1.000.000, pero no es así porque detrás de ellos está la instrumentalización, los engaños, la incitación y la amenaza a su comuna”.

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es el papel de los menores en esta red criminal, no solo como informantes, y también alarma que estén involucrados en casos de fabricación y distribución de drogas sintéticas.

Al ser entrevistados en operativos, algunos han contado sobre el costo de las dosis y su necesidad de generar ingresos: “Es que yo no tengo casa. Y cada dosis de estupefacientes me vale $30.000, pero si hago un corte de esa línea de estupefacientes me gano $300.000”, explicó uno de los adolescentes.

Alejar a estos jóvenes del ciclo de violencia es, explicó el subcomandante Ochoa, una tarea compleja que exige programas de intervención profundos y sostenidos. “Eso es un llamado a la atención del niño y niña adolescente. Pero los programas deben ser tan profundos que lo tengamos alejado de las armas”, manifestó.

Incluso, durante su intervención en el cabildo el oficial narró el caso de un menor que se ofreció a entregar datos sobre los recientemente denominados “embolsados o envinipelados”, víctimas halladas en bolsas o maletas, un fenómeno que suma 11 casos desde octubre de 2024, señaló el informe del diario La Patria de Manizales.

“Puedo entregar información de lo que ustedes llaman los embolsados o los envinipelados, que han aparecido en bolsas o en maletas”, contó el joven al coronel, que respondió: “Bienvenido a la protección de testigos con fiscalía”.

Según el informe, los homicidios también son utilizados como mensajes entre comunas enfrentadas por el control de las rentas del microtráfico. El volumen de dinero involucrado incentiva la entrada de más jóvenes al circuito: “El lucro de cada organización delincuencial por comuna es alto”, señaló Ochoa, estimando que estas redes pueden mover alrededor de cuatro millones de pesos al mes.

Ante el desafío, el subcomandante propuso nuevas estrategias de prevención y redirección social: “¿Cómo podemos estudiar y trabajar con estos jóvenes en algo diferente? ¿Cómo nos los llevamos al agro, al campo, al café, al barismo?”, cuestionó, remarcando la necesidad de ofrecer alternativas reales en medio del avance del crimen organizado.

Así operan las redes de venta de tusi en Pereira y Dosquebradas: las dinámicas han cambiado y ahora tienen hasta código QR para pagar

La crisis del microtráfico en Pereira y Dosquebradas ha dado un salto inquietante con la proliferación del tusi, conocido como el “coctel de la muerte”.

Operativos permitieron a las autoridades encontrar menores de tan solo 8 y 10 años “invitados” a sumarse a la estructura criminal que lidera el tráfico de esta droga.

El fenómeno del tusi —mezcla de ketamina y compuestos sintéticos— ha transformado tanto la producción como la comercialización de estupefacientes en el Área Metropolitana Centro Occidente (Amco).

Las clásicas “ollas” abiertas han pasado a sistemas más complejos y jerárquicamente flexibles, sobre todo en Pereira y Dosquebradas, ahora epicentros de fabricación y distribución de drogas sintéticas.

Laboratorios clandestinos, o “cocinas”, han sido instalados incluso en apartamentos residenciales: “Están fabricados a partir de medicamentos veterinarios con otro tipo de adicciones. Tanto adicciones de droguerías, adicciones en cal, adicciones en productos y alimentos para animales, entre otras”, afirmó el coronel Óscar Ochoa.

El oficial explicó que la estructura de estas redes es heterárquica, con roles como cocineros, distribuidores, ruleteros, transportadores, e incluso “algunos hackers con QR”.

En los recientes allanamientos, la policía encontró al menos 25 códigos QR empleados para registrar pagos, controlar inventarios y trazar las ventas, “como si se tratara de una plataforma de comercio electrónico”.

La venta de tusi se ha disparado en fiestas, discotecas y eventos masivos. En estos ambientes, la presencia de mesones de colores —amarillo, verde, rojo, naranja— revela la variedad de la droga y la peligrosidad de los compuestos. Cada color señala una combinación distinta, muchas veces con ingredientes adulterados o de uso veterinario.

Pero incluso más alarmante es el involucramiento de niños y adolescentes. Tres menores entrevistados en un operativo admitieron manejar sus propias rutas de comercialización y citaron puntos estratégicos de las dos ciudades como bases de operación.

Panorama alarmante por cuenta del tusi en Pereira y Dosquebradas

Uno de los jóvenes explicó su relación con la droga: “No, la verdad voy a comprar una manilla”, en referencia a entre 15 y 20 gramos de tusi crudo que luego podría cocinar en casa para vender por su cuenta.

Las autoridades han detectado cocinas clandestinas funcionando en edificios de hasta 15 pisos, donde el proceso de fabricación no despide olores, facilitando el camuflaje. El coronel Ochoa señaló que la popularidad de esta droga ha desplazado incluso a la cocaína: “La cocaína ha perdido su calidad. Porque ya la ha desplazado el Tusi”.

El reto es inmenso. El tráfico y consumo de tusi se camuflan en envíos por mensajería como si fueran encomiendas corrientes y su producción se articula gracias a teléfonos celulares y QR.

En toda la región, la policía ha decomisado 527 celulares usados para coordinar la red. “Dicen cómo está el modelo, cómo conecta, cuánto pagan, quién lo paga, qué discoteca está, qué grupo es, dónde vienen, qué traen y dónde viene la ketamina”.

El coronel remarcó la urgencia de una respuesta adaptativa y preventiva por parte del Estado, la familia y la sociedad: contención del consumo, atención integral al habitante de calle, reconstrucción de espacios críticos y, sobre todo, protección urgente de niños y adolescentes. “¿Por qué lo veo mareado? ¿Por qué no quiere ir al colegio? ¿Por qué llega con los ojos así?”, insistió el coronel.

La alerta está encendida: cada vez son menores los que caen en una red que ya no distingue edad y donde el tusi es el protagonista de un negocio que pone en riesgo la salud y el futuro de toda la región.

En algunos barrios de Bucaramanga, la adolescencia ya no se mide por años, sino por prontuarios. Para muchos jóvenes, el ingreso al mundo criminal empieza tan temprano como a los 12 o 13 años, y lo que debería ser una etapa escolar se convierte, en cambio, en un entrenamiento forzado en delitos como el microtráfico, la extorsión y el sicariato.

La advertencia no vino de una ONG ni de un informe académico. La hizo el propio alcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán, en una intervención en la que puso sobre la mesa un panorama alarmante, grupos criminales están captando de forma sistemática a jóvenes entre los 18 y 22 años, muchos de ellos con antecedentes desde su niñez.

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“Estamos frente a una generación que ha crecido en medio del delito, con antecedentes que incluyen porte ilegal de armas y participación en actos violentos”, afirmó Beltrán con tono directo, sin rodeos.

A pesar de los esfuerzos institucionales por contener esta dinámica, las estructuras criminales no solo persisten, sino que se adaptan y mutan. Según cifras de la Administración municipal, desde 2024 se desarticularon más de 48 bandas delictivas en Bucaramanga, pero muchas de ellas resurgen bajo nuevas fachadas, cambiando de nombre, de líderes o incluso de métodos para evadir a las autoridades.

Beltrán mencionó con preocupación casos recientes, como la captura de una disidencia del grupo conocido como Tren de Aragua–Los Búcaros en el barrio Villas de Girardot. También alertó sobre la presencia activa de otras organizaciones, como Los del Sur y San Rafa, que no solo operan en las calles, sino que mantienen el control desde centros carcelarios.

Este fenómeno, explica el mandatario, se convierte en un círculo difícil de romper, cuando una banda cae, otra toma su lugar; cuando se encarcela a un líder, alguien más asume el mando. Y en medio de ese ciclo están los jóvenes, reclutados por su vulnerabilidad, por su necesidad o por el simple deseo de poder y dinero rápido.

Uno de los puntos más críticos señalados por el alcalde es la debilidad institucional para enfrentar este fenómeno desde su raíz. En particular, cuestionó la eficacia del sistema judicial juvenil, que, según él, no está diseñado para responder con contundencia a menores involucrados en delitos graves.

La falta de sanciones proporcionales genera, en sus palabras, un “ambiente de impunidad” que alimenta la reincidencia. Jóvenes que ya estuvieron en centros de reclusión regresan a las calles con más conexiones criminales que antes, sin procesos reales de rehabilitación o reintegración.

Pese a este panorama, la alcaldía no se limitó a una postura punitiva. Beltrán aseguró que su administración promueve programas de formación artística, deportiva y técnica para ofrecer otras rutas de vida. No obstante, también reconoció que estas oportunidades no llegan a todos, y que muchos jóvenes, incluso con opciones sobre la mesa, prefieren mantenerse en dinámicas criminales.

“Soy promotor de la resocialización y la restauración, pero también soy promotor de que muchos de estos jóvenes no quieren una segunda oportunidad y, por lo tanto, hay que acudir a las penas y a las acciones drásticas para que en la medida que maduran empiecen a entender que el camino que habían cogido era un camino errado”, sentenció el alcalde.

La historia de Bucaramanga no es única. Lo que ocurre en sus barrios ocurre en muchas otras ciudades del país, una generación en disputa entre el abandono institucional y la oferta delictiva, entre la esperanza de una vida diferente y la presión del entorno.

Y aunque las cifras de bandas desarticuladas o jóvenes capturados pueden mostrar avances momentáneos, el verdadero reto sigue intacto, cómo evitar que el crimen siga siendo la primera opción para tantos jóvenes que, por ahora, ven en él su única salida.

En la jornada del 8 de junio de 2025 se confirmó la captura de Cristian Javier Gelvez Celis, conocido como alias Yerbow, que enfrenta un proceso judicial por atentar en contra de la vida de un joven en el municipio de Girón, Santander por una deuda de tan solo $2.000, lo que generó indignación entre la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial del caso, un juez le impuso medida de aseguramiento intramural al señalado por el delito de homicidio agravado. Incluso, el medio Q’hubo Bucaramanga informó que la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que vinculan a Gelvez Celis con el asesinato de Johan Sebastián Angarita Pereira, un hombre de 29 años en situación de calle.

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Sobre el crimen se tiene el reporte de que se llevó a cabo en la madrugada del 3 de junio, alrededor de las 2:00 a. m. en plena vía pública del sector 5, manzana B, del barrio Nuevo Girón. El reporte de la Fiscalía, citado por el medio, indica que la confrontación entre ambos surgió por una deuda de $2.000 relacionada con el consumo de estupefacientes.

Al parecer, Gelvez Celis habría increpado a Angarita Pereira por el impago de esa suma y, sin darle oportunidad de defenderse, lo atacó con un cuchillo.

El ente acusador detalló que la víctima se encontraba desarmada y en estado de indefensión cuando recibió una puñalada en el pecho: “La víctima estaba desarmada y completamente indefensa cuando Gelvez Celis, portando en su mano derecha un cuchillo, se dirigió hacia él. Cruzaron algunas palabras, lo increpó por no haberle pagado una deuda de $2.000 por droga y, de inmediato, sin darle ninguna oportunidad de defensa, en forma sorpresiva le propinó una puñalada en el pecho”, señaló el ente acusador.

Tras el ataque, Angarita Pereira cayó al suelo mientras que el agresor escapó del lugar. Vecinos del sector intentaron auxiliar a la víctima y lo trasladaron en taxi al hospital de Girón, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

La investigación de la Sijín permitió recolectar evidencias en el sitio del homicidio, lo que facilitó la identificación y posterior captura de alias Yerbow. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado y el juez encargado del caso legalizó la captura, dictando la medida de aseguramiento en centro carcelario.

El caso ocasionó preocupación entre la comunidad de Girón por la naturaleza del conflicto que desencadenó el crimen y la rapidez con la que las autoridades actuaron para esclarecer los hechos y detener al presunto responsable.

Joven fue asesinado por una deuda de $6.000 tras una acalorada discusión

Este no fue el único caso que sacudió a esta región, pues días antes se confirmó el asesinato de Carlos Alberto Grimaldo, un joven de 26 años que murió en medio de una disputa por una deuda de apenas $6.000. El hecho ocurrió el sábado 31 de mayo de 2025 y se suma a una serie de muertes violentas que se presentaron el primer puente festivo de junio en la ciudad.

Testigos relataron que Carlos Alberto Grimaldo y otro hombre, identificado como Jerson, iniciaron una discusión que rápidamente escaló a violencia física. Los dos portaban cuchillos y, tras un intercambio de insultos, Jerson atacó a Grimaldo con dos puñaladas: una en el tórax y otra en el brazo derecho.

Pese a los esfuerzos médicos, el joven murió y, en cuanto a su agresor, se confirmó que su paradero es desconocido por lo que instaron a la comunidad a brindar cualquier tipo de información que permita encontrar al sujeto involucrado en el homicidio para vincularlo al proceso y, finalmente, judicializarlo.

Según Noticias RCN, por medio de la investigación de inteligencia los agentes encargados del caso identificaron que los detenidos acumulaban cinco antecedentes judiciales relacionados con concierto para delinquir y delitos asociados al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Así que se abrió un proceso para cada uno de ellos, con el fin de que quedaran vinculados oficialmente al caso.

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Del mismo modo, se informó que la acción policial se realizó en coordinación entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), que se encargaron de realizar el respectivo seguimiento a la banda y posterior captura.

Durante el procedimiento, además de la adulta mayor, conocida con el alias de Rebeca, fueron capturados un hombre de 38 años, identificado como alias Culón, y una mujer de 28 años que colaboraba con las labores delictivas. Las detenciones se efectuaron en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y a los detenidos les fueron comunicados sus derechos.

Cabe mencionar que las capturas se llevaron a cabo después de que se adelantaran tres diligencias de allanamiento y registro en los barrios El Porvenir y Ferrocarril de Soledad. En dichos operativos, los uniformados incautaron 129 gramos de base de cocaína, 60 gramos de marihuana y 35 gramos de clonazepam, este último distribuido en 120 pastillas, que estaba destinado a la comercialización en estos sectores.

De acuerdo con la información publicada, los capturados hacen parte del Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco) Los Costeños, que está bajo el mando de alias Niño en el mencionado sector.

Incluso, las autoridades explicaron que estas personas se encargaban de la distribución de sustancias estupefacientes en los barrios El Porvenir, Primero de Mayo y Costa Hermosa, donde también podría haber instrumentalización de menores de edad para cometer actividades delictivas; sin embargo, esta solo es una hipótesis sobre los hechos y será verificada o descartada conforme avance el proceso en contra de los capturados.

Hasta el momento, se sabe que los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de la presentación de pruebas ante el juez para que sean condenados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ante la notable ventaja que ha tomado el delito de microtráfico en la región, la Policía Metropolitana de Barranquilla afirmó que continuará reforzando la seguridad en la ciudad y que mantendrá la implementación de estrategias dirigidas a combatir la criminalidad.

Para cumplir con este objetivo, la institución invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa o delictiva a través de la línea de emergencia 123 o al número contra el crimen 317 896 5523; en cualquiera de las líneas elegidas por la comunidad, la Policía asegura absoluta confidencialidad en el manejo de la información proporcionada por los ciudadanos.

La vinculación de una adulta mayor a este tipo de estructuras criminales tiene en alerta a los habitantes de esta zona del país, debido a que demuestra que cualquier persona, pese a su aspecto, edad o género, puede hacer parte de estos grupos criminales que se dedican a generar afectaciones en la ciudadanía con el consumo de este tipo de sustancias ilegales, causando adicción en los niños hasta los mayores.

A pesar del daño que le hizo a Colombia, las producciones sobre la vida de Pablo Escobar han provocado que a nivel internacional se tenga una perspectiva alejada de la realidad sobre la historia del fundado del cartel de Medellín.

De hecho, no es algo extraño que en el mundo se incauten cargamentos de narcotráfico con imágenes alusivas al capo dado de baja en 1993, o casos en los que criminales afirman adorar al antioqueño, que llegó a ser uno de los delincuentes más buscados del mundo.

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En un caso de esta índole, la Policía Nacional de Perú informó que fue desarticulado un laboratorio de droga en el que tenían un altar con figuras de Pablo Escobar.

La devoción por el colombiano

Las autoridades peruanas informaron que el operativo se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho, en donde varios uniformados ingresaron por sorpresa a una vivienda que estaba siendo utilizada como laboratorio de droga y también para comercializar los narcóticos.

En el lugar se logró la captura de Mille Michael Chipa, que es conocido en la zona como el “Patrón”, y sería el líder de la estructura criminal. Chipa ya había estado en prisión por tráfico de drogas.

En la vivienda encontraron más de 1.000 envoltorios de pasta de cocaína y otros elementos para el procedimiento de convertir la planta en droga. Además del criminal nombrado, otras tres personas fueron capturadas y fueron puestos a disposición de la fiscalía.

Lo que más sorprendió a los uniformados fue que en una habitación de la vivienda había un altar con figuras del narcotraficante Pablo Escobar, al que los criminales le ponían velas como si se tratara de un santo.

En el comunicado expuesto por las autoridades se indica que este tipo de casos dejan en evidencia la influencia que sigue teniendo el colombiano en los criminales, llegando al punto de tener una devoción como si se tratara de un culto por estas figuras

“Por tonto señor, por tonto, porque no es fácil trabajar, esto es más fácil”, responde uno de los capturados al oficial que grabó la detención, además, en otro fragmento reconoce que compró las figuras de Pablo Escobar para ponerlas en el altar encontrado.

Pablo Escobar y Perú

Al igual que lo registrado en Panamá con Manuel Antonio Noriega, el Gobierno de Perú también terminó ligado de cierta forma con el capo colombiano. En 2014, la procuradora antidrogas de Perú, Sonia Medina, afirmó que había pruebas contundentes que confirmaban que en su momento hubo un vínculo entre el Gobierno de su país y el capo antioqueño.

La procuradora indicó en ese momento que los defensores de Fujimori tenían una tarea “muy difícil” si buscaban ocultar la relación entre el expresidente y Pablo Escobar, asegurando que “había mucha evidencia de que, efectivamente, los personajes de la mafia de Fujimori y Montesinos estuvieron comprometidos en diversos delitos, entre ellos el narcotráfico, del cual salieron bien librados”, y recordó los procesos contra el dictador que fueron archivados en el 2000. “Toda la crema y nata del narcotráfico quedó libre de polvo y paja”, puntualizó.

Al respecto, el hermano del capo, Roberto Escobar, alias El Osito, en una entrevista con El País, afirmó que el capo tuvo negocios directos con Vladimiro Montesinos, exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú.

“Pablo hizo varios negocios antes de que el señor Montesinos viniera clandestinamente a Colombia. Después de que él vino, ya le cogió mucha confianza a mi hermano, entablaron buenas relaciones y ya trabajaron como en una forma más directa en muchos negocios, cada vez más importantes por la confianza que iban ganando”,

Además, “El Osito” aseguró que Pablo Escobar y Alberto Fujimori tuvieron conversaciones por teléfono para buscar ayuda económica en la campaña para llegar a la presidencia del peruano.

La Policía Nacional de Colombia logró la captura de una mujer identificada como Aida Rengifo, conocida con el alias de Pikus, señalada integrante del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en el corregimiento de Ricaurte, zona rural del municipio de Bolívar, departamento del Valle del Cauca, mediante una orden de registro y allanamiento en una vivienda del sector.

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De acuerdo con la investigación, esta mujer estaría vinculada a actividades delictivas relacionadas con el microtráfico, el homicidio selectivo, las lesiones personales, el hurto en diversas modalidades, la extorsión al sector comercio y el desplazamiento forzado en el sur occidente colombiano.

“Durante el procedimiento fue capturada en flagrancia alias de Pikus (...) su actuar delictivo estaría vinculado a delitos conexos, como el homicidio selectivo, lesiones personales, hurto en todas sus modalidades, extorsión al sector comercio y desplazamiento forzado”, indicó el mayor Hans Alberto Cardona, comandante del distrito de Policía de Roldanillo (Valle del Cauca).

Durante el procedimiento, además de la captura de Rengifo, se incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 mm, seis cartuchos para el mismo y un teléfono celular.

“La captura de esta persona representa un avance significativo en la lucha contra las estructuras criminales, que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento”, añadió el oficial.

Además, las autoridades reportaron que alias Pikus sería una pieza clave dentro del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, conocido por su participación en el narcotráfico y otras actividades ilegales, y que ha sido objeto de múltiples operativos por parte de la fuerza pública.

Tras su detención, fue presentada ante un juez de la república donde le dictó medida privativa de la libertad, siendo trasladada a un centro carcelario, al considerarse que representa un peligro para la sociedad. Este resultado operativo hace parte de las estrategias de la Policía Nacional para contener el homicidio y otros delitos conexos en la jurisdicción.

La institución reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones diferenciales en las zonas más afectadas por la criminalidad, con el objetivo de devolver la tranquilidad a los habitantes de estas comunidades. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa a través de las líneas habilitadas por la institución.

Esta es la mujer más buscada por las autoridades en el Valle del Cauca

Mientras que alias Pikus se mantendrá en un centro penitenciario, las autoridades reiteraron su compromiso para contrarrestar la ofensiva de los grupos armados en el Valle del Cauca.

De hecho, la Policía Nacional recordó que se mantiene activa la búsqueda de Aracelly Montoya Serna, conocida como alias La Flaca, considerada como una de las mujeres más buscadas por la fuerza pública en esta parte del territorio colombiano.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, esta mujer, junto con su hermano, Jhon Freddy Montoya Serna, alias El Flaco, lidera la temida organización criminal conocida como Los Flacos, que opera principalmente en el norte del Valle del Cauca y ha extendido su influencia a otras regiones del suroccidente colombiano.

Por alias La Flaca, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

Igualmente, la institución policial señaló que Montoya Serna desempeñaba un papel clave en la estructura financiera de la organización. Su responsabilidad incluía la supervisión de redes de blanqueo de dinero y la gestión de préstamos ilegales conocidos como gota a gota, “con montos que podían alcanzar los 50 millones de pesos”, según el reporte oficial revelado por el citado medio de comunicación.

Según la Policía, Los Flacos surgió entre 2016 y 2017 como una de las principales estructuras de expendio de drogas en el norte del Valle del Cauca. La investigación establece alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales, como La Cordillera, que opera en el Eje Cafetero, y el frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con presencia en el departamento del Chocó. Estas conexiones les permitieron consolidar su poder en la región y expandir su control territorial.

Las autoridades lograron afectar las economías ilícitas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al microtráfico en diferentes municipios de Valle del Cauca, con la captura y judicialización de un gran número de presuntos delincuentes.

En un trabajo conjunto entre la Seccional Valle del Cauca de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y personal de la Sijín de la Policía Nacional, se llevaron a cabo operativos en los municipios de Tuluá, Calima-Darién, Buga y Yotoco, que permitieron afectar a dos estructuras criminales. Las organizaciones son conocidas como La Zona y Los Mayores.

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En total, 18 personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron capturadas y puestas a disposición de la justicia por su presunta pertenencia a los grupos narcotraficantes y su vinculación con varias actividades ilícitas.

El primer operativo: afectaciones a La Zona

El 27 de mayo de 2025, en Tuluá, 10 presuntos integrantes del grupo criminal La Zona comparecieron ante la justicia, cuatro de ellos menores de edad. Según las investigaciones, el grupo tenía como zona de influencia el barrio Entre Ríos, en el sector La Casona, donde comercializaba diferentes sustancias ilícitas.

Los adultos fueron enviados a centros carcelarios cobijados con una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica. Los menores, por su parte, fueron puestos en internamiento preventivo. Todos enfrentan cargos, según su respectiva responsabilidad, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de estupefacientes, y utilización de menores para la comisión de delitos.

El segundo operativo: golpe a Los Mayores

Por otro lado, ese mismo 27 de mayo, siete presuntos miembros de Los Mayores fueron capturados en Calima-Darién en seis diligencias de registro y allanamiento. Los procesados están siendo investigados por almacenar y distribuir drogas en áreas públicas, especialmente en el estadio, en parques y en los alrededores de algunos hospitales, así como en los barrios El Basuro y La Esperanza.

El ente acusador imputó cargos a todos los capturados por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Los señalados criminales permanecen privados de la libertad en establecimientos carcelarios.

El tercer operativo: captura por transporte de marihuana

En un hecho adicional, en el municipio de Yotoco, las autoridades capturaron, judicializaron y enviaron a prisión a Wiston Caicedo Araujo. Según detalló el ente investigador, el sujeto en cuestión habría transportado más de 28 kilos de marihuana en su equipaje, mientras viajaba en un bus de servicio público.

Durante los procedimientos, personal del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional incautó todo tipo de drogas que estaban en poder del hoy procesado, además de otros artículos utilizados para la comercialización de los estupefacientes. Decomisaron varias dosis de marihuana, bazuco y cocaína, elementos para dosificar drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Red de narcotráfico enviaba cocaína oculta en equipaje desde Cali

El 28 de mayo de 2025, la Fiscalía General de la Nación informó sobre otro golpe contra organizaciones narcotraficantes que afectan al Valle del Cauca. El ente acusador confirmó la captura y judicialización de dos hombres, identificados como Carlos Mauricio Velasco Arboleda y Walington Cundumi Ardila, señalados como presuntos integrantes de una red de narcotráfico que enviaba cocaína desde Cali hacia Chile.

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos, tras considerar los elementos probatorios presentados por el ente acusador.

La investigación de las autoridades indica que los sospechosos estarían encargados de coordinar la logística para el envío de la droga, utilizando personas como “correos humanos”. Estos ciudadanos recibían maletas acondicionadas para ocultar la cocaína y facilitar su traslado internacional.

Durante varios años, el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, era una de las zonas más exclusivas de la capital de Colombia, principalmente por su cercanía con el núcleo institucional de Bogotá.

Con el paso del tiempo, las cosas cambiaron, al punto de ser en la actualidad una zona en disputa por las bandas delincuenciale y, además, tiene una masiva presencia de habitantes de calle y zonas de “pagadiario”, lo que generó una crisis de inseguridad que aumentó después de la intervención al Bronx, en 2016.

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De acuerdo con el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), en San Bernardo hay más de 3.000 personas en condición de vulnerabilidad, de las cuales 1794 son residentes habituales de la zona, entre ellos víctimas del conflicto armado, migrantes y habitantes en condición de calle; la mayoría, en un tramo de poco menos de cuatro cuadras.

SAE propone derrumbar el “Sanber”

Debido a que en la mayoría de denuncias señalan nueve viviendas que, en teoría, están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero que han sido tomadas por las bandas delincuenciales, la entidad ha propuesto demolerlas para erradicar a los criminales de la zona.

Desde la SAE indicaron que tras recibir la administración de las propiedades, evidenciaron que los inmuebles están invadidos y allí funcionan discotecas ilegales, sitios de expendio de drogas y también de contrabando, lo que ya fue notificado a la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la administración de la localidad.

“Estamos ante una amenaza real para la seguridad y la legalidad en los territorios. Estos predios, que deberían estar cumpliendo una función social, han sido tomados por estructuras criminales. No vamos a permitir que sigan siendo trincheras del delito. Si no pueden ser utilizados para transformar vidas, deberán ser demolidos”, declaró a la W Radio Catalina Serrano, directora para la Democratización de Inmuebles Urbanos de la SAE.

De la misma forma, desde la SAE, que tiene la labor de administrar los bienes incautados o intervenidos por las autoridades, aseguraron que se está avanzando en un proceso para identificar si alguna de las viviendas puede funcionar como sedes institucionales, pero esto no ha sido posible por los riesgos que existen a la hora de hacer recorridos o visitas en la zona.

“Se busca definir cuáles de estos predios pueden ser recuperados para fines sociales, como centros comunitarios, sedes institucionales o proyectos productivos, y cuáles deben ser intervenidos estructuralmente o demolidos para frenar su reutilización ilegal. Si el riesgo persiste, la demolición se convierte en una salida legítima y necesaria para proteger a las comunidades y al Estado”, puntualizó Serrano.

Una de las críticas más constantes contra la Alcaldía de Bogotá es la falta de cumplimiento de las promesas realizadas a los residentes del barrio, puesto que en marzo de 2025, después del atentado en el que murieron tres personas, se anunció una inversión monetaria en San Bernardo.

En esa ocasión, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, explicó que la iniciativa buscaba atender a las poblaciones más vulnerables de San Bernardo, indicando que el barrio “es un epicentro de exclusión, aquí viene a parar la población más excluida de Bogotá y debemos convertirlo en un polo de inclusión”.

Tras el atentado se anunció que se implementaría un programa Ingreso Mínimo Garantizado, que beneficiaría a 600 residentes de San Bernardo mediante transferencias monetarias; además de habilitar una Casa de la Sabiduría, en la que las personas con discapacidad podrían contar con el Centro Integrarte de Atención Externa, pero hasta el momento esto no ha sido cumplido.

La alcaldía de Bogotá presentó dos denuncias ante al Fiscalía General de Nación relacionadas con la presencia de la comunidad embera en el Parque Nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, las denuncias están vinculadas a la presunta instrumentalización de menores en las protestas y actos de constreñimiento por parte de la comunidad.

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Estas acciones legales se producen tras varios días de ocupación del parque por parte de un grupo de indígenas que exige mejores condiciones de vida y soluciones a su situación de desplazamiento.

Según las declaraciones del secretario de Integración Social, Roberto Angulo, la llamada guardia indígena ha obstaculizado en repetidas ocasiones las labores de las autoridades locales, especialmente aquellas relacionadas con la atención a niños y mujeres.

Actualmente, las autoridades han identificado la presencia de 56 menores de edad en el Parque Nacional, muchos de ellos menores de siete años. Según reportó la Alcaldía, estos niños han estado expuestos a condiciones precarias, durmiendo al aire libre sin carpas ni cobijas. A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional y distrital por establecer un diálogo con los líderes de la movilización, las propuestas de reubicación y albergue temporal han sido rechazadas por la comunidad embera.

Además, Angulo compartió recientemente en su cuenta de X que también se radicó la denuncia ante la Fiscalía General de Nación por presunta instrumentalización de niños Emberá en microtráfico en el barrio San Bernardo, en el centro de la capital.

“El equipo de Infancia realizó acompañamiento frente a la situación que presuntamente involucra a menores de edad en dinámicas asociadas al microtráfico”, detallo la Secretaria de Integración Social.

Las autoridades aseguran que esto prende las alarmas al traerse de una zona en la que menores de edad evidencian una problemática creciente del consumo de sustancias psicoactivas.

“El Gobierno distrital rechaza de manera tajante cualquier hecho que pretenda instrumentalizar a niñas, niños o adolescentes y reitera que sus derechos deben ser garantizaron en todo momento”, agregó la Secretaria de Integración Social.

Además, se conoció qué menores de edad pertenecientes a la comunidad embera también estarían siendo instrumentalizados para formar parte de la guardia indígena y tomarse el Parque Nacional, según lo detalló el secretario de seguridad , César Restrepo.

“Ninguna norma en Colombia permite ordenar niños menores de edad en actividades de seguridad con elementos que pueden servir para entrar en confrontación o en actitudes agresivas”, aseguró el secretario.

Concejal rechazó las declaraciones de instrumentalización de menores del secretario de Integración Social

El concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy, representante de la comunidad indígena en Bogotá, exigió una disculpa pública al secretario Distrital de Integración Social, Roberto Angulo, por las declaraciones en las que este último acusó a la guardia indígena de “instrumentalizar a menores de edad” durante las protestas pacíficas realizadas en el Parque Nacional.

Según Bastidas, estas afirmaciones no solo son inaceptables, también afectan el buen nombre de la comunidad Embera y su histórica lucha por los derechos humanos, la autonomía y la preservación de su cultura.

De acuerdo con lo expresado por el cabildante, las declaraciones de Angulo estigmatizan a una organización ancestral que ha desempeñado un rol crucial en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Bastidas subrayó que, en caso de que existan situaciones específicas que ameriten intervención, estas deben ser denunciadas de manera individual ante las autoridades competentes, evitando generalizaciones que perpetúen la discriminación hacia una comunidad históricamente marginada.

“Dichos pronunciamientos son inaceptables, pues estigmatizan a una organización ancestral no violenta que ha jugado un papel clave en la protección de su comunidad, en defensa de los derechos humanos, el territorio, la autonomía y la cultura de los pueblos indígenas”, afirmó el concejal.

El contexto de estas protestas, según Bastidas, radica en las condiciones de vida indignas que enfrenta la comunidad Embera en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida, así como en albergues y pagadiarios ubicados en el centro de Bogotá.

Estas manifestaciones, que se desarrollan en el Parque Nacional, son una respuesta directa al incumplimiento de las obligaciones estatales hacia esta población, a pesar de la existencia de fallos judiciales que ordenan medidas de protección y atención integral.

El cabildante enfatizó que la lucha de la comunidad Embera no solo busca visibilizar las condiciones precarias en las que viven, además de exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado. Según Bastidas, las declaraciones de Angulo no solo desvían la atención de las demandas legítimas de esta población, pues contribuyen a perpetuar estereotipos negativos que afectan la percepción pública de los pueblos indígenas.

Según el general Pablo Dávila, nuevo comandante general de la Policía, estas personas fueron detenidas durante la madrugada de este sábado en una serie de incursiones simultáneas realizadas en los distritos Pascuales, Florida y Esteros, en la ciudad costera de Guayaquil, y también en Durán, municipio vecino que tiene los índices de violencia más altos del país.

Dávila explicó que el objetivo de la operación fue "debilitar" a los grupos armados Chone Killers, Los Lobos y Los Águilas, que actúan en varias zonas de Durán y Guayaquil, especialmente en el barrio San Francisco, que está ubicado frente a la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa del país.

En este sector, la banda criminal Los Lobos estaría obligando a los habitantes a entregarles sus viviendas "para tener una visión directa hacia la Penitenciaría y programar cualquier tipo de atentado", agregó el comandante.

Entre los detenidos también están dos hombres identificados por las fuerzas de seguridad como "objetivos de mediano valor", que estarían vinculados con los grupos Chone Killer y Los Águilas.

Uno de ellos, dijo Dávila, ya fue detenido en 2024 con "gran cantidad de droga y dinero en efectivo producto de las extorsiones que cometía".

Otros cuatro capturados registran antecedentes por robo, tenencia de armas, tráfico de droga y asesinato.

En los operativos también se decomisó 37 armas de fuego, 25 cartuchos de diversos calibres, tres tacos de dinamita, motocicletas, vehículos reportados como robados, teléfonos móviles, prendas de uso militar y droga.

Los Lobos, Chone Killers y Los Águilas son tres de las bandas que el Gobierno de Ecuador catalogó como "terroristas" tras la declaración de "conflicto armado interno" que hizo el presidente Daniel Noboa para enfrentar a estos grupos delictivos a inicios de 2024, y que aún está vigente.

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que el 2025 ha comenzado como el año más violento desde que se tiene registro, con 2.361 asesinatos en el primer trimestre, un promedio de un asesinato por hora. EFE

El comandante Brigada 16 del Ejército, coronel Carlos Peña Jiménez, aseguró que el operativo se realizó en una carretera del caserío Bocas del Pauto.

Allí las tropas desplegadas para realizar labores de registro y control inspeccionaron un camión y tras revisar la carga, que simulaba ser una mudanza, hallaron lonas en las que estaba la marihuana.

El alto oficial explicó que la droga, que pertenecería a un grupo armado organizado que delinque en la zona, aunque no especificó cuál, iba a ser distribuida a las redes de microtráfico que delinquen en la Orinoquía colombiana.

Con la incautación de este cargamento se evitó, según la Policía, la venta, distribución y consumo de cerca de tres millones de dosis de este alucinógeno.

"Este importante resultado operacional en contra de las finanzas ilegales se convierte en la afectación más grande e importante realizada en los últimos cinco años en la región, y se constituye en un contundente golpe en contra de las redes logísticas y criminales de los grupos armados organizados en la Orinoquia, colombiana", aseveró el coronel Peña.

Además de decomisar la droga y el vehículo, fue capturado el conductor del vehículo, que quedó a órdenes de la Fiscalía colombiana. EFE

(foto)

Quito, 30 ene (EFE).- Un cabecilla de la banda criminal Los Águilas, facción de Los Choneros, la mayor estructura del crimen organizado que opera en Ecuador, fue capturado junto a fusiles y más de 234 kilos de cocaína, así como unas 1.400 cápsulas de heroína y prendas de vestir similares a las de Fuerzas Armadas y Policía.

El detenido fue identificado como Rolando Federico G. Q. ('Fede'), y es uno de los cuatro detenidos por la Policía Nacional en el operativo desarrollado en la noche del martes en el cantón (municipio) de Daule, situado en la costera provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, según informó este jueves la institución policial en un comunicado.

'Fede' estaba considerado por las autoridades ecuatorianas como un "objetivo de alto valor" por tener capacidad de liderazgo dentro de la estructura criminal.

De acuerdo a la Policía, este cabecilla de Los Águilas mantiene un historial delictivo que incluye asesinato, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita y robo.

Asimismo, 'Fede' ha sido identificado como el encargado de las operaciones microtráfico de drogas en El Triunfo, su cantón natal, y es conocido por su estrecha relación con Junior Roldán, el líder de Los Águilas aparentemente asesinado en Colombia en 2023.

Junto a 'Fede' también fueron detenidos otros tres hombres con antecedentes por asociación ilícita, robo, receptación, tenencia y porte de armas y narcotráfico.

Asimismo, la Policía confiscó en el mismo operativo nueve fusiles, diez cargadores de balas, cerca de 5.000 balas y un total de 234,7 kilos de cocaína, con un valor en el mercado internacional de cerca de 4,7 millones de dólares, así como 18,1 kilos de heroína, con un valor estimado de unos 453.000 dólares.

'Fede' ya había sido detenido en mayo de 2024 en un narcofiesta junto a 150 participantes, en la que la Policía decomisó 29 pistolas, 5 fusiles, 200 cartuchos, equipos de comunicación, vehículos blindados y dinero en efectivo, pero el cabecilla de 'Los Águilas' quedó en libertad condicional.

Ecuador se encuentra desde inicios de 2024 bajo "conflicto armado interno" declarado por su presidente, Daniel Noboa, contra el crimen organizado, principal causante de la escalada de violencia del país, que en 2023 pasó a tener la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, con 47,2 por cada 100.000 habitantes, ocho veces más que en 2016.

Detrás de esta violencia están las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, la extorsión y los secuestros.

Los Choneros es la más grande y antigua de ellas, conformada por Los Águilas y Los Fatales, bajo el liderazgo actual del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), quien se encuentra prófugo tras haberse fugado de la Cárcel Regional de Guayaquil que controlaba su organización y donde cumplía una pena de 34 años de prisión por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. EFE

La Fiscalía General de la Nación informó que presentó ante un juez de control de garantías elementos materiales probatorios en contra de Jhon Mario de Jesús Chourio Salas, José Miguel Navas Amaro, Viviana Suárez Villanueva y Miguel Ángel Martínez Pinzón, presuntos integrantes de una red del Tren de Aragua que estaría involucrada en muertes violentas y otras conductas ilícitas en Bogotá y Chía (Cundinamarca).

El ente acusador precisó que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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“La labor investigativa realizada de manera coordina con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá da cuenta de que estas personas serían las encargadas de promover actividades de narcomenudeo y el cobro de extorsiones, y de confrontar a otros grupos delincuenciales para mantener el control sobre estas rentas ilícitas”, indicó la Fiscalía.

En ese sentido, se estableció que Chourio Salas, de nacionalidad venezolana, sería uno de los cabecillas de la estructura y el encargado de definir los sectores en los que se debían vender los estupefacientes o exigir dinero a comerciantes, transportadores y trabajadores informales.

Asimismo, estaría involucrado en varios homicidios como el ocurrido el pasado 7 de enero, en Duitama (Boyacá). Un joven fue atacado con arma de fuego en vía pública porque supuestamente estaba al servicio de otra organización ilegal.

De otra parte, Suárez Villanueva habría participado en el almacenamiento y entrega de sustancias ilícitas, así como en el manejo y administración de los recursos ilícitos; mientras que Navas Amaro y Martínez Pinzón, al parecer, realizaban vigilancias a las víctimas, obtenían y transportaban las armas de fuego utilizadas por el Tren de Aragua y coordinaban las zonas de microtráfico.

Los cuatro procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Otros casos

La Fiscalía General de la Nación también informó que, por petición de ellos, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Giovanny Calderón, alias Picotazo, señalado cabecilla de una estructura del autodenominado frente Iván Merchán de las disidencias de las Farc que sería el responsable del cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y campesinos de Meta para permitirles permanecer en sus predios.

En el curso de la investigación fueron identificadas víctimas en Puerto Lleras y Fuente de Oro (Meta). Alias Picotazo presuntamente les exigió determinadas sumas de dinero en medio de amenazas de ataques con explosivos para forzarlas a abandonar sus tierras y arrebatarles los bienes.

Por estos hechos fue capturado en una acción conjunta con el Gaula de la Policía Nacional en Granada (Meta). En el procedimiento fueron incautadas una granada de fragmentación, munición de diferente calibre, cinco tarjetas sim card, tres celulares y una agenda con información sobre las personas intimidadas en la región.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones de Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y terroristas, extorsión agravada, y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados.

Además, en una acción investigativa articulada de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI – ICE), fueron identificados tres trabajadores de una empresa que presta servicios de transporte y logística en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), que serían los encargados de ocultar clorhidrato de cocaína en los contendores que salían con destino a España.

Se trata de Huber Micolta Riascos, Édison Viveros Angulo y Kevin Javier Reyes Victoria, quienes fueron capturados en diligencias realizadas de manera simultánea en Buenaventura y Candelaria (Valle del Cauca).

La acción, que tuvo lugar en el marco de la ofensiva contra el crimen organizado en el Eje Cafetero, logró la detención de los alias Yolo y alias Ratón, dos ciudadanos venezolanos que, según las autoridades, habrían estado desempeñando labores de sicariato para el grupo con el fin de controlar el mercado de drogas en la zona.

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La operación impactó de manera directa al brazo armado de la organización, que lleva casi dos décadas operando en la zona, con especial énfasis en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, donde ha expandido su influencia mediante el control de la venta de estupefacientes y la ejecución de asesinatos.

De acuerdo con el brigadier general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, los dos detenidos son responsables de varios homicidios en la región, los cuales estarían relacionados con ajustes de cuentas por control territorial y microtráfico.

“Con este resultado operacional, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, se afecta de manera significativa el componente criminal de ‘La Cordillera’ y se aporta al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el Eje Cafetero”, destacó Triana, resaltando la importancia de este golpe para el control del crimen en la zona.

Alias Yolo y alias Ratón fueron capturados en medio de una serie de acciones que tienen como objetivo desarticular las estructuras criminales dedicadas al sicariato, tráfico de drogas y extorsión. Ambos hombres son requeridos por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, cargos que se les imputan debido a su participación en diversos crímenes violentos.

Se espera que, en las próximas horas, ambos capturados serán presentados ante un juez con función de control de garantías, donde se espera que se les formalicen los cargos en su contra. Las autoridades continuarán trabajando de la mano con la Fiscalía para avanzar en la desarticulación de los grupos criminales que operan en el Eje Cafetero y en el país.

El impacto en la seguridad del Eje Cafetero

La captura de estos dos presuntos sicarios no solo es un logro en términos de justicia, sino que también representa un avance importante en el esfuerzo por mejorar la seguridad en el Eje Cafetero, región que ha sido afectada en los últimos años por un repunte de homicidios asociados al crimen organizado.

En lo que va de 2025, la Policía Nacional ha logrado la captura de 1.615 personas por homicidio a nivel nacional. Según las investigaciones, el grupo La Cordillera y una disidencia conocida como “Los Rebeldes” han sido responsables de un aumento en los homicidios en Dosquebradas y Pereira, especialmente relacionados con el control del tráfico de drogas sintéticas, un mercado que genera fuertes disputas entre las bandas criminales.

Este hecho también se suma a la reciente captura de alias Juanda, ocurrida el 17 de abril en la ciudadela Cuba, al occidente de Pereira. El sujeto es investigado como uno de los principales abastecedores y encargados de la comercialización de drogas para La Cordillera.

De acuerdo con los investigadores del caso, mantenía nexos con otras figuras clave del entramado criminal como alias Lulú, señalado como cabecilla de zona en Pereira y encargado de liderar extorsiones para la organización.

Además, se estableció que “Juanda” tendría conexión directa con alias El negro Harold, uno de los cabecillas principales de la estructura criminal en Dosquebradas, especialmente en el barrio Venus, donde también extiende su accionar hacia sectores como Camilo Torres y Pueblo Sol.

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, tras un año de investigaciones, permitió la captura de 11 integrantes de la estructura delincuencial Los Troyas, señalada de ser una de las principales proveedoras de marihuana en la capital colombiana.

Según informó el alcalde Carlos Fernando Galán, esta organización delictiva generaba ingresos ilícitos cercanos a los 1.300 millones de pesos al abastecer a expendios de droga en varias localidades de la ciudad.

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De acuerdo con las autoridades, los integrantes de esta estructura adquirían la marihuana en el Cauca, al suroccidente del país, y la transportaban hasta Bogotá. Una vez en la capital, la droga era distribuida en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa, zonas que han sido identificadas como puntos críticos en el tráfico de estupefacientes.

Durante el operativo, además de las capturas, se incautaron siete vehículos que eran utilizados para el transporte de la sustancia ilícita.

El alcalde Galán destacó que el tráfico de drogas es un factor clave en la violencia que afecta a la ciudad. Según explicó, al menos tres de cada diez homicidios registrados en Bogotá están relacionados con enfrentamientos entre bandas delincuenciales que compiten por el control del microtráfico.

Por esta razón, la desarticulación de Los Troyas se ha convertido en una prioridad para las autoridades locales, en colaboración con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, también se refirió al impacto del consumo de drogas en las grandes ciudades, señalando que este financia un circuito de microtráfico que alimenta la violencia en el país. Restrepo advirtió que sustancias como marihuana, cocaína, tusi y bazuco, aunque a menudo son vistas como elementos de consumo recreativo, están vinculadas a actividades delictivas que generan graves consecuencias sociales y económicas.

Entre los capturados se encuentran tres cabecillas de la organización, quienes desempeñaban roles clave en la operación delictiva. Según detalló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, alias Mono era el líder de la banda y se encargaba de coordinar el transporte de los estupefacientes.

Sus principales colaboradores eran alias Milton, responsable de recibir y almacenar la droga antes de su distribución, y alias Omar, encargado de abastecer los expendios en Madrid, Cundinamarca.

Otros miembros de la banda cumplían funciones específicas dentro de la estructura. Alias Fabian actuaba como conductor de los vehículos utilizados para el transporte de la droga, mientras que alias Sirley, pareja sentimental de Milton, servía como campanera, alertando sobre la presencia de las autoridades. Alias María Camila manejaba las finanzas de la organización, y alias Cristian y Camilo eran los encargados de realizar las entregas a los expendios en Bogotá.

El general Cristancho explicó que la marihuana transportada por Los Troyas no solo provenía del Cauca, sino que también pasaba por Suaza, Huila, antes de llegar a Bogotá. Este punto intermedio era estratégico para la banda, ya que la mayoría de sus integrantes residían en esa zona, lo que facilitaba la logística de los desplazamientos. De hecho, en cada viaje, los vehículos podían transportar entre 200 y 400 kilogramos de marihuana.

Tras las capturas, un juez dictó medida de aseguramiento contra los 11 integrantes de la banda, quienes ahora enfrentan cargos por tráfico de estupefacientes. Este caso se suma a las más de 1.600 capturas realizadas este año en Bogotá por delitos relacionados con el narcotráfico, según cifras oficiales.

Las autoridades destacaron que la desarticulación de Los Troyas representa un golpe significativo al microtráfico en la ciudad, aunque reconocen que el problema persiste debido a la alta demanda de drogas en las grandes urbes.

Un juez penal de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual De Pablos Pulido confesó su rol en el crimen ocurrido el 15 de agosto de 2024.

El condenado fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tendrá que purgar la pena en centro carcelario.

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El ataque que acabó con la vida de los jóvenes líderes ocurrió mientras ambos compartían en un andén y fueron atacados a tiros por un hombre que se desplazaba en bicicleta.

La Fiscalía, a través de la Unidad Especial de Investigación (UEI), estableció que el grupo delincuencial conocido como ‘Los Patacones’ ordenó el atentado como represalia por el trabajo comunitario que los jóvenes realizaban, el cual incluía su oposición a la venta de estupefacientes en la zona.

Las investigaciones determinaron que De Pablos Pulido jugó un papel clave en el crimen: fue quien trazó la ruta que debía seguir el sicario y le indicó el momento para llevar a cabo el ataque.

Según el análisis de las autoridades, las víctimas se hallaban en estado de indefensión al momento de ser agredidas.

Dentro del curso de la investigación del caso otros dos hombres fueron detenidos. Además de ellos, figura Diego Fernando Torres Cuestas, alias Patacón, señalado como el autor intelectual del homicidio. Según las pesquisas, Torres Cuestas emitió la orden de asesinar a los jóvenes desde la cárcel, donde permanece recluido.

El caso ha conmocionado a la comunidad de Bosa, que había destacado la labor de Camilo Fernando Sánchez y María Camila Ospitia como líderes juveniles y gestores culturales comprometidos con la mejora del sector y la lucha contra la actividad delictiva.

El doble homicidio de Camilo Sánchez y Camila Ospitia en Bosa que fue ordenado desde la cárcel por ‘Patacón’

El doble homicidio de Camilo Sánchez y María Camila Ospitia, líderes comunales de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, dio un giro significativo tras la captura de tres presuntos implicados en el crimen.

Las autoridades señalaron que la orden para cometer el asesinato habría sido emitida por alias Patacón, líder de la banda criminal Los Patacones, y que ya se encontraba detenido en prisión.

El crimen se presentó en un parque cercano a la sede de la Universidad Distrital de Bosa, en el barrio El Porvenir. Sánchez y Ospitia, reconocidos por su labor cultural y social, fueron atacados por sicarios luego de realizar actividades comunitarias en el lugar.

La conexión entre la banda Los Patacones y el doble homicidio de los líderes juveniles en Bosa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó en declaraciones a medios de comunicación el 1 de noviembre de 2024 que dos de los tres capturados, identificados como alias Veneco y alias El Patacón, forman parte de una red de microtráfico que opera en varias zonas de Bosa.

Esta estructura criminal habría visto en las actividades culturales promovidas por Sánchez y Ospitia una amenaza para sus operaciones ilegales, dado que estas iniciativas buscaban alejar a los jóvenes de la delincuencia mediante programas artísticos y recreativos.

La empresa crimina liderada por ‘Patacón’ fue señalada como una de las principales responsables del tráfico de drogas en esta zona de la localidad. Las víctimas eran reconocidas por su trabajo cultural y social, eran miembros del colectivo de hip hop Distreestyle, un grupo que promovía actividades artísticas y educativas en la comunidad.

Según las investigaciones de la Fiscalía, alias Patacón habría dado las órdenes desde la cárcel, utilizando llamadas telefónicas para coordinar los detalles del crimen. En estas comunicaciones, habría instruido a una menor de edad para que entregara un arma de fuego a Jimmie Alexander Nieves Salas, alias Veneco, que luego ejecutó el ataque a bordo de una bicicleta. Durante el incidente, además de las dos víctimas mortales, una tercera persona resultó herida.

De acuerdo con una denuncia hecha por el concejal Juan Manuel Díaz, los habitantes de estos barrios han manifestado su preocupación por los actos sexuales que se llevan a cabo a plena luz del día en espacios públicos, lo que genera un ambiente de inseguridad y afecta la convivencia ciudadana.

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“Como comunidad nos vemos afectados con esta problemática de prostitución en estos sectores residenciales y en el espacio público. Esto tiene un grave impacto en el tejido social, degrada a la familia y amenaza la salud pública”, aseguró un residente de El Cortijo.

El panorama es desolador para muchas familias que afirman encontrar condones usados frente a sus viviendas, una situación que consideran una clara transgresión a la moralidad y la seguridad del sector. “Hago esta denuncia pública. Se vienen presentando actos sexuales en plena vía pública. Esto, sumado a otros delitos de alto impacto como microtráfico, hurto y amenazas, afecta la tranquilidad de nuestros barrios”, expresó otro vecino afectado.

Expendio de drogas y aumento de la inseguridad

Otro de los factores que más preocupa a la comunidad es el crecimiento del expendio de drogas en el sector. Vecinos denuncian que muchas viviendas han sido convertidas en puntos de distribución de sustancias psicoactivas, lo que ha provocado un aumento en los incidentes de inseguridad.

El último Boletín de Convivencia, con corte al 28 de febrero de 2025 y basado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), reveló un incremento del 15% en incidentes relacionados con narcóticos en Usme en comparación con el mismo periodo del 2024. Mientras otras localidades como San Cristóbal, Kennedy y Ciudad Bolívar han mostrado una disminución en estos casos, en Usme la cifra pasó de 220 a 243 incidentes.

En cuanto a las medidas correctivas, el Distrito ha impuesto 6.412 comparendos por consumo y venta de sustancias psicoactivas hasta febrero de 2025. En Usme, si bien hubo una reducción del 51.47% en la imposición de estas sanciones en comparación con 2024 (de 68 a 33 comparendos), los ciudadanos consideran que la problemática está lejos de resolverse y urgen por una intervención más efectiva.

Acciones y soluciones propuestas

Para hacer frente a la crisis de seguridad, desde el Concejo de Bogotá se han organizado mesas de trabajo con la comunidad y entidades del Distrito, incluyendo la Secretaría de Salud, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Usme. Sin embargo, el concejal Díaz advirtió que una de las principales dificultades radica en la insuficiencia de personal para cubrir todos los frentes de la problemática.

“Denuncian situaciones de prestación de servicios sexuales pagas literalmente en la calle, así como de microtráfico y de que estas personas que prestan esos servicios también se están prestando para cometer hurtos, para también, como se dice, campanear a las bandas organizadas que tienen atemorizados a los ciudadanos”, denunció el cabildante.

En ese sentido, vecinos y autoridades coinciden en la necesidad de fortalecer el pie de fuerza en la zona y mejorar la iluminación pública, medidas que podrían disuadir la realización de actividades ilícitas. Por su parte, el concejal hizo un llamado a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Secretaría de Seguridad para reforzar su presencia en la localidad y garantizar el orden, la moralidad y la seguridad en este sector de la ciudad: “Es por eso que desde el Concejo de Bogotá ya informamos a la Administración Distrital, a la Policía Metropolitana, para que tomen decisiones y para que tomen medidas para que los ciudadanos se sientan seguros de caminar por su localidad”, concluyó Díaz.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó en la mañana de este lunes 31 de marzo sobre el golpe contra las economías ilícitas que se mantienen en la capital del país.

Según confirmaron las autoridades, en las últimas horas lograron desarticular la banda conocida como Los Químicos, que mantenían su centro de operaciones en el barrio El Tejar de la localidad de Puente Aranda, donde producían y almacenaban grandes cantidades de drogas sintéticas, como tusi, ketamina, anfetaminas y marihuana, entre otros estupefacientes.

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La Policía metropolitana señaló que en las labores de las autoridades pudieron dar con la captura de tres mujeres y dos hombres, que estarían encargados de producir, dosificar y luego vender al menudeo en zonas de rumba del norte de la capital, además de las localidades de Bosa, Kennedy y Puente Aranda.

Según la información compartida por las autoridades, los cinco detenidos responden a los nombres de Laura Camila Burgos Ramírez, Neidy Alejandra Abreo Quintero, Karen Julieta Otalora Payanene, Javier Orlando Hernández Díaz y Herson Steven Rincón Bolívar, que fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los investigadores concluyeron que los señalados habían encontrado un sofisticado modelo de negocio ilícito para evadir a las autoridades, que incluía la importación de medicamentos de uso veterinario desde Perú para no levantar sospechas.

Además, los criminales habían encontrado la manera de empacar las sustancias sintéticas en empaques que imitaban dulces reconocidos para movilizarse por toda la capital sin mayores sospechas.

En el lugar del operativo, las autoridades lograron incautar 3.520 gramos de marihuana, 3.439 gramos de cocaína, 362.5 gramos de anfetamínico y 162 frascos que contenían medicamentos de uso veterinario; cuatro grameras, un contador de billetes y 7.500.000 de pesos.

“Su modus operandi consistía en utilizar medicamentos veterinarios como Ketamina para fabricar tusi, que luego vendían al menudeo y por encargo en zonas del norte de la ciudad. Transportaban estos insumos desde Perú para evadir los controles de las autoridades”, señaló la Policía Metropolitana de Bogotá.

Entretanto, los cinco señalados fueron enviados a prisión por un juez con función de garantías de Bogotá. Sin embargo, se conoció que los dos hombres deberán cumplir su proceso legal en un centro penitenciario, mientras que las tres mujeres capturadas fueron beneficiadas con detención domiciliaria por su condición de madres cabeza de hogar.

Entretanto, en otros puntos de la ciudad también se adelantaron operaciones contra la delincuencia y el microtráfico. De hecho, las autoridades se tomaron la localidad de Engativá y lograron incautar armas y sustancias ilícitas, además del cierre temporal de varios establecimientos comerciales.

De acuerdo con las autoridades, los operativos se realizaron en el barrio Las Ferias y otras zonas priorizadas de la localidad. Durante estas intervenciones, se incautaron 26 armas blancas, 43 dosis de estupefacientes, una dosis de marihuana, dos cargas de pólvora, municiones, un arma de electrochoque (taser) y un cartucho para arma traumática.

Además, se inmovilizó una motocicleta y se inspeccionaron 13 vehículos particulares. Estas acciones también incluyeron la verificación de antecedentes de 30 ciudadanos presentes en los lugares intervenidos.

Uno de los puntos clave de los operativos fue la inspección de un establecimiento nocturno en el barrio Las Ferias, que, según las autoridades, operaba bajo la fachada de una actividad sindical.

Durante la revisión, se comprobó que las actividades realizadas en el lugar no correspondían a las declaradas, lo que llevó a la suspensión temporal del establecimiento por un periodo de 10 días. Este lugar fue uno de los principales focos de las intervenciones, debido a las irregularidades detectadas y a los elementos incautados en su interior.

En una segunda jornada, las autoridades extendieron los operativos a otros tres bares nocturnos, donde se verificó el cumplimiento de las normativas vigentes. Como resultado, tres establecimientos fueron cerrados temporalmente por no cumplir con las condiciones legales requeridas para su funcionamiento.

Además, se registraron 75 personas para verificar antecedentes, y se identificaron tres menores de edad, quienes fueron entregados a sus acudientes.

Un intento de homicidio en Bello, Antioquia, terminó con una escena impactante: un joven de 21 años saltó desde el piso 20 de un edificio para salvar su vida. La víctima, que se encontraba en el apartamento junto a su hermano, su pareja y un amigo, tomó la arriesgada decisión al verse acorralado por sicarios que intentaban asesinarlo.

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Una huida desesperada

El dramático episodio ocurrió el pasado jueves al mediodía en el edificio Tierra Linda Campestre, ubicado en el barrio La Gabriela. Según las primeras investigaciones, dos hombres armados llegaron hasta la puerta del apartamento y, tras una sospechosa insistencia, intentaron ingresar por la fuerza. Al no lograrlo, sacaron una pistola con supresor de sonido y dispararon contra la vivienda.

En un intento desesperado por escapar de la lluvia de disparos, el joven se lanzó por una ventana y cayó sobre el balcón de un apartamento en el piso 18. Aunque la maniobra le salvó la vida, la caída le provocó una herida en la pierna derecha debido a un vidrio roto.

Un blanco marcado por el crimen

Las autoridades informaron que la víctima, originaria de La Dorada, Caldas, ya había sido objeto de un ataque sicarial en noviembre del año pasado, lo que lo llevó a abandonar su ciudad natal y trasladarse a Bello en busca de refugio. Sin embargo, sus perseguidores lograron dar con su paradero.

Según el reporte policial, el joven cuenta con antecedentes por tráfico de estupefacientes en Manizales, lo que podría estar relacionado con los intentos de asesinato en su contra. En el lugar de los hechos, los investigadores de la Sijín hallaron seis vainillas de pistola calibre 9 milímetros y un proyectil, lo que confirma la letalidad del ataque.

Lagunas en la seguridad del edificio

Uno de los aspectos que más inquieta a las autoridades es la facilidad con la que los sicarios lograron acceder al edificio, a pesar de que la portería solo permite el ingreso de residentes. Hasta el momento, no hay registros en video del atentado, ya que las cámaras del lugar solo almacenan imágenes por cinco días antes de ser borradas.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar quiénes están detrás del ataque y cuál es el verdadero trasfondo de esta escalada de violencia contra la víctima. Mientras tanto, el joven se recupera de sus heridas, aunque sigue en la mira de sus agresores.

Un robo en Medellín termina con dos heridos y un ladrón golpeado

Un intento de robo en el sector de El Poblado, al suroriente de Medellín, dejó como saldo dos personas heridas y un ladrón que tuvo que huir tras ser golpeado por la espalda con una silla por uno de los comensales.

El incidente ocurrió en la noche del miércoles 26 de febrero de 2025, cerca de las 11:00 p.m., en un restaurante llamado Tranquilandia, ubicado dentro del centro comercial Mall Plaza.

Según informó el medio El Colombiano, el hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales al día siguiente, mostrando los momentos de tensión vividos por las víctimas.

De acuerdo con el material audiovisual difundido, un hombre armado ingresó al establecimiento mientras un grupo de ocho personas compartía en una de las mesas.

Vestido con un buzo negro y una gorra del mismo color, el asaltante encañonó a los presentes con el objetivo de despojarlos de sus pertenencias. La situación escaló rápidamente cuando una de las víctimas intentó enfrentarlo, resultando herida por un disparo.

En medio del caos, otro comensal aprovechó un momento de distracción del ladrón para golpearlo en la cabeza con una silla, obligándolo a huir del lugar.

En los últimos días, varios concejales de Bogotá han criticado la gestión de Carlos Fernando Galán en la capital del país, afirmando que ha incumplido con su promesa de que los ciudadanos caminarían seguros; además, han expuesto que las bandas delincuenciales se están adueñando de varias localidades.

Buscando exponer su inconformidad, el cabildante Armando Gutiérrez, del partido Liberal, expuso un informe sobre el consumo de drogas en Bogotá, que para él demuestra la “creciente amenaza del microtráfico en nuestra ciudad”.

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En primer lugar, Gutiérrez recordó que la Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló una red de microtráfico que era liderada por una mujer de 71 años; además, esta organización logró infiltrarse en colegios y parques de San Cristóbal, entornos que, en teoría, son para jóvenes y niños.

De la misma forma, mencionó el operativo en el que las autoridades capturaron a 32 individuos dedicados a la distribución de estupefacientes en colegios de las localidades de Rafael Uribe, Usme y San Cristobal.

“Estos hechos reflejan una problemática que se ha intensificado en nuestra ciudad: las redes de microtráfico se están infiltrando en nuestros barrios, colegios y parques, afectando la convivencia y la seguridad de todos los bogotanos. Nuestros niños y niñas están siendo expuestos a entornos peligrosos que comprometen su desarrollo y futuro”, indicó el cabildante.

Para enfatizar en su preocupación, el concejal mencionó las cifras expuestas por el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, resaltando que hay informes en los que se afirma que hay menores entre los 12 y 17 años que presentan dependencia de sustancias psicoactivas. “Una problemática que afecta el presente y futuro de la juventud bogotana”.

Estas fueron algunas de las cifras expuestas por el cabildante:

• 4.285 menores de edad (entre los 12 y 17 años) han consumido tabaco en los últimos 30 días.
• El consumo de marihuana en Bogotá alcanzó las 380.000 personas en el último año, de las cuales 148.000 están en situación de abuso o dependencia.
• El consumo de sustancias ilícitas ha aumentado alarmantemente: La prevalencia pasó de 2,54% en 2016 a 6,16% en 2022.
• El uso de drogas sintéticas y opioides sin prescripción médica se ha duplicado.
• El 36,3% de los consumidores de sustancias ilícitas requieren tratamiento por abuso o dependencia, lo que equivale a 161.000 personas.
• En Ciudad Bolívar los menores comienzan a consumir drogas a los 14 años, la edad más baja registrada en la ciudad.

De la misma forma, el cabildante Gutiérrez entregó una lista de las localidades que registran mayor consumo de marihuana y otro tipo de drogas en la capital, que sustento como un aspecto negativo por el que “deben ser foco de intervención inmediata”.

Las localidades mencionadas por el concejal fueron las siguientes:

• Teusaquillo
• Chapinero
• Usaquén
• La Candelaria
• Rafael Uribe Uribe
• Santa Fe
• Los Mártires
• Suba
• Ciudad Bolívar
• San Cristóbal

Después de la exposición, el cabildante indicó que es momento de que la Alcaldía de Bogotá tome cartas en el asunto y protejan a la juventud de la ciudad.

“Como representante de la sociedad en ejercicio del control político, hago un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las estrategias de seguridad y prevención en nuestras comunidades. Es imperativo que implementemos políticas integrales que aborden las causas profundas de esta problemática y protejan a nuestros jóvenes de caer en las redes del crimen”.

Por último, Gutiérrez indicó que en caso de que el alcalde Galán no asuma su responsabilidad con la ciudad, será crucial la ayuda de la ciudadanía para exponer este tipo de casos en sus localidades.

“Invito a la ciudadanía a mantenerse alerta y a denunciar cualquier actividad sospechosa en sus entornos. La colaboración entre la comunidad y las autoridades es fundamental para erradicar el microtráfico de nuestras calles y garantizar un futuro seguro para nuestros hijos. Juntos, podemos construir una ciudad libre de drogas y violencia, donde nuestros niños y niñas puedan crecer en entornos seguros y saludables”, puntualizó.

En una operación contra el microtráfico en Candelaria, Valle, las autoridades lograron la captura de 12 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Cincuenta, luego de seis meses de investigaciones y 18 allanamientos.

Este grupo criminal operaba principalmente en el corregimiento de El Cabuyal, donde su actividad ilícita afectaba la seguridad y el bienestar de la comunidad, especialmente de menores en entornos educativos.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, destacó los resultados del operativo, señalando que se logró recuperar la tranquilidad en espacios públicos estratégicos. “La operación permitió devolver la tranquilidad al parque principal del sector y los entornos de dos instituciones educativas donde expendían las sustancias estupefacientes, entre las que se encontraban marihuana y derivados de la cocaína”, afirmó.

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Las investigaciones permitieron identificar varios inmuebles empleados como centros de almacenamiento y distribución de droga. Según los reportes, Los Cincuenta comercializaban un promedio de 1.500 dosis semanales, lo que representaba ingresos ilícitos superiores a los 20 millones de pesos mensuales.

Así mismo, las autoridades establecieron que un individuo identificado en el mundo delincuencial como “Tío” era quien dirigía y organizaba las operaciones ilícitas de la banda. Según explicó el oficial a cargo, los involucrados aprovechaban la infraestructura urbana y las zonas verdes para ocultar las sustancias y así evadir los controles policiales.

Tras su captura, las 12 personas detenidas, entre ellas tres mujeres y nueve hombres, fueron puestas a disposición de la Fiscalía. Posteriormente, un juez de Control de Garantías les impuso medida de aseguramiento intramural, al considerarlos presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Violencia en Candelaria

Una mujer perdió la vida en un ataque sicarial ocurrido en Candelaria, Valle del Cauca, el lunes 17 de febrero. La víctima, identificada como Diana Paola Guerrero Rivera, de 29 años, fue alcanzada por siete disparos mientras se dirigía al colegio junto a su madre e hijos. Durante el ataque, un menor de seis años, identificado como Diego Fernando, resultó herido por una bala perdida, aunque sus lesiones fueron leves y ya se encuentra fuera de peligro, reunido con su familia.

Según testigos, los responsables del crimen se desplazaban en motocicleta y abrieron fuego contra la mujer en las inmediaciones del Estadio. Las primeras hipótesis apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con una deuda pendiente, según lo manifestó el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

“Estamos con todas las capacidades de investigación criminal para recolectar pruebas, revisar cámaras y testimonios que permitan identificar al responsable. De acuerdo con hipótesis preliminares, el hecho estaría relacionado con una deuda que la mujer tenía”, explicó el oficial.

Las autoridades revelaron que la víctima había reportado amenazas en su contra antes de ser atacada, lo que refuerza la hipótesis de que su asesinato pudo ser premeditado. Mientras avanza la investigación, la Policía de la capital del Valle del Cauca mantiene operativos en la zona con el objetivo de capturar a los responsables.

Por otro lado, en un hecho ocurrido horas antes, tres cuerpos fueron hallados en bolsas plásticas por trabajadores areneros del malecón en el sector de Juanchito. Las víctimas presentaban heridas de bala y tenían las extremidades atadas. De acuerdo con información preliminar de la Policía, todo indica que fueron asesinadas en Cali y posteriormente abandonadas en Candelaria.

Se investiga si estos homicidios guardan relación con ajustes de cuentas ligados al narcotráfico. Los cadáveres fueron trasladados a Medicina Legal en Cali para su identificación, mientras las autoridades analizan la posible vinculación del caso con bandas criminales que operan en la región.

Lejos de acabar con los negocios ilícitos en el país, el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha revelado que, en Colombia, se ha fortalecido un fenómeno alarmante que estarían promoviendo los principales grupos armados del país.

Según indicó la fundación, en el país va al alza la presencia de grupos armados en las principales ciudades de Colombia, dejando a un lado la “guerra” que se vive en las zonas rurales con las Fuerzas Militares.

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Según el documento, estructuras como el Clan del Golfo, las disidencias de las extintas Farc y la guerrilla del ELN han extendido su influencia más allá de las áreas rurales, consolidándose en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta.

Este fenómeno, denominado por pares como la “urbanización del conflicto en Colombia”, se caracteriza por el control indirecto de economías ilícitas como la extorsión y el microtráfico, a menudo mediante alianzas con bandas criminales locales.

De acuerdo con el informe de Pares, el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha implementado un modelo de tercerización para expandir su control en las ciudades.

Este grupo, considerado la mayor estructura criminal del país, subcontrata bandas menores para operar actividades ilícitas, como el microtráfico de drogas y la extorsión, mientras ejerce presión violenta sobre quienes amenazan sus intereses. Un ejemplo de esta estrategia se observaría en Quibdó, donde el Clan ha desplazado a bandas locales como los “Locos Yam”, “Mexicano”s y “RPS”, todas en proceso de diálogo con el Gobierno, para consolidar su dominio territorial y aumentar sus ingresos ilegales.

El informe también destaca que los centros urbanos ofrecen oportunidades únicas para los grupos armados, como el lavado de activos y la integración de rentas ilícitas en economías legales. Según Pares, la alta rentabilidad de la extorsión ha llevado a estos grupos a emplear esta práctica de manera recurrente en las periferias de las ciudades.

Laura Bonilla, directora de Pares, explicó que el conflicto armado ha mutado en las ciudades, donde el EGC actúa como un “holding criminal”, gestionando redes y adaptándose a las dinámicas urbanas para mantener su control territorial.

“Hay grupos que están acampando más en los centros urbanos porque la guerra insurgente y contrainsurgente no ha ido más. Ese es un ciclo que relativamente cerramos con el proceso de paz con las Farc. De esa generación, el ELN tiene presencia urbana, pero son muy distintas. Lo que hay es un Ejército Gaitanista que teje redes y empieza a adaptarse mutando a la ciudad controlando la extorsión y el cobro de economías como alternativas para continuar su existencia y seguir con el control, mientras que en los mejores años del narcotráfico alcanzaba para todo”, señaló la directora en diálogo con El Espectador.

En ese sentido, la capital del país se ha convertido en un escenario clave para la confrontación entre actores armados y bandas criminales. Según el informe, la llegada del grupo venezolano Tren de Aragua ha intensificado la violencia, con un aumento de homicidios selectivos y extorsiones en la ciudad.

El Clan del Golfo ha consolidado su presencia en Bogotá mediante alianzas con bandas locales como La Oficina de San Andresito, Los Boyacos, Los Paisas, Los Costeños, Los Camilos y Los Pereiranos, con el objetivo de enfrentar al Tren de Aragua y expandir su control territorial.

El informe de Pares advierte que esta disputa territorial ha generado homicidios con altos niveles de violencia, incluyendo la exposición pública de cuerpos y el uso de grafitis para marcar territorios. Incluso, líderes sociales han denunciado la creciente presencia del Clan del Golfo en barrios de Bogotá, donde los grafitis con las siglas AGC y EGC son cada vez más comunes.

Según datos oficiales, entre enero y octubre de este año se han registrado 988 homicidios en la ciudad, un aumento del 11,63% en comparación con 2023. De hecho, se estima que 2024 podría cerrar con más de 1.100 homicidios, una de las cifras más altas de los últimos años.

En Medellín y el Valle de Aburrá, el control territorial está dominado por bandas criminales locales, como La Oficina de Envigado, cuyos líderes participan en diálogos de paz con el Gobierno desde la cárcel de Itagüí. Sin embargo, el Clan del Golfo es el único grupo armado que ha intentado incursionar en este territorio, aunque su confrontación con La Oficina no se ha traducido en actos de violencia directa. Según el informe, la violencia podría estallar en las periferias de la ciudad si las tensiones aumentan.

En Cali, la situación es más compleja debido a la presencia de múltiples grupos armados que buscan controlar las rutas del narcotráfico hacia el puerto de Buenaventura.

El Bloque Jairo de Jesús Arango del Clan del Golfo ha consolidado su influencia en zonas como Buenaventura, Dagua, Jamundí y la Comuna 10 de Cali. Además, el Estado Mayor Central (EMC), disidencia liderada por Iván Mordisco, ha fortalecido su actividad en el corredor Cali-Jamundí, donde se han registrado actos violentos y un aumento exponencial de homicidios y amenazas.

El informe señala que en Cali también se ha implementado la tercerización de actividades ilícitas. Por ejemplo, La Oficina de Jamundí ha establecido alianzas con el Frente Jaime Martínez del EMC para operar en barrios como El Rodeo, Terranova y Bonanza, donde se reportan homicidios, extorsión e instrumentalización de menores.

En Santa Marta, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) se disputan el control de las rentas ilícitas urbanas, especialmente en el puerto y los corredores estratégicos de la ciudad. Según la Policía, las Acsn controlan el 70% de la cocaína consumida en la ciudad, mientras que la extorsión a comerciantes es su principal fuente de ingresos.

En el departamento de Nariño, la ubicación geográfica ha convertido a la región en un nodo central para el narcotráfico. En ciudades como Pasto e Ipiales, se han identificado 26 grupos delincuenciales, de los cuales 21 son de nivel local. Estas estructuras están asociadas principalmente a actividades de extorsión y microtráfico.

El informe concluye que, aunque las confrontaciones armadas y las violaciones a los derechos humanos siguen concentrándose en áreas rurales, la transformación del conflicto en Colombia ha llevado a una creciente incidencia de grupos armados en las ciudades, lo que representa un riesgo para las comunidades urbanas.

Habitantes del barrio Las Nieves, ubicado en el suroriente de Barranquilla, se encuentran consternados tras el asesinato de un hombre de 60 años en plena vía pública, en la noche del viernes 20 de diciembre de 2024.

De acuerdo con los reportes preliminares del hecho, la víctima, identificada como Juan Mauricio Ovalle Bejarano, estaba ubicada en un local comercial de la calle 26 con carrera 20C del mencionado poblado; eran exactamente las 9:35 p. m., cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta negra lo interceptaron y le dispararon en al menos ocho ocasiones.

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El hombre se desplomó, mientras que los criminales se dieron a la fuga. Según testigos, Ovalle Bejarano habría recibido los impactos de bala, dos en su brazo izquierdo, dos en su brazo derecho, y cuatro en el pecho, provocándole la muerte instantánea.

Tras el acto violento, la comunidad dio aviso a las Policía Metropolitana de Barranquilla, que inició un operativo inmediato que permitió la captura de los dos delincuentes que, al verificar sus identidades, comprobaron que se trataba de dos menores de 16 años.

Las autoridades dejaron a los atacantes a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia, entre tanto investigan los móviles que llevaron a cometer el atroz crimen.

Adulto mayor sería el líder de una banda dedicada al microtráfico

De acuerdo con los reportado por El Sentir de la Costa, al parecer, Juan Mauricio Ovalle Bejarano, sería el jefe de una estructura dedicada al microtráfico, y su asesinato sería por retaliaciones entre los grupos criminales Pepes y Los Costeños.

El medio de comunicación indicó que el hombre habría sido capturado en medio de un allanamiento llevado a cabo en 2015. Al presunto delincuente, en ese momento, le habrían incautado al menos 13.500 gramos de drogas, además de dos aves silvestres.

Ovalle Bejarano era conocido como alias Juancho, que no solo compraba sustancias estupefacientes, sino que también organizaba su distribución en colaboración con otras personas. Según las autoridades, citadas por el medio, empleaba la modalidad de entrega a domicilio y ventas ambulantes para comercializar la droga, la cual ocultaba en cavas durante su distribución.

“Cara de diablo” fue asesinado mientras pintaba la fachada de su vivienda en Malambo

Los actos violentos en el Atlántico se han concentrado principalmente en el área metropolitana de Barranquilla, lo que ha provocado temor y preocupación en los habitantes.

De hecho, en la mañana del 20 de diciembre, en el barrio Villa Aida de Malambo, fue asesinado un joven que se encontraba pintado la fachada de su vivienda.

La víctima fue identificada como Duván Samir Linero de Alba, de 28 años, conocido como “Cara de Diablo”, al que los agresores lo interrumpieron a bala mientras realizaba dicha labor hacia las 10:30 a. m.

Luego de recibir un disparo en la costilla, De Alba intentó protegerse entrando a la casa. Sin embargo, los sicarios lo persiguieron hasta el interior, donde lo remataron con más disparos. Los habitantes de la zona afirmaron haber escuchado al menos seis detonaciones antes de encontrar el cuerpo de Linero tendido en el suelo, ya sin signos vitales.

Según el informe policial, las autoridades investigan el paradero de los atacantes, quienes escaparon rápidamente tras perpetrar el homicidio. Hasta el momento, no se han establecido los posibles móviles del crimen, aunque se están llevando a cabo investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, titulado El homicidio como indicador de competitividad criminal, publicado en septiembre de 2024, Barranquilla reportó un aumento del 16 % en los homicidios, mientras que Atlántico registró un incremento del 89 % en este tipo de crímenes, durante el primer semestre de 2024, lo que plantea un panorama preocupante en cuestión de seguridad en el departamento.

En lo que va del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha detenido a 3.943 personas por delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además de haber incautado más de una tonelada y 1.706 kilos de sustancias alucinógenas.

Estos resultados son parte de una serie de operativos recientes que se han desarrollado en la capital santandereana, donde las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas.

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En uno de los operativos más destacados, llevado a cabo en el asentamiento humano Villas de Girardot, la Policía Metropolitana logró la captura de cinco personas de nacionalidad venezolana, cuatro hombres y una mujer, quienes estaban implicados en la distribución de estupefacientes.

Durante esta intervención, se incautaron más de 50.000 dosis de marihuana, cuyo valor en el mercado se estima en 80 millones de pesos. Además, se encontraron herramientas utilizadas para la dosificación de drogas, como grameras, licuadoras, papeles y bolsas para empaque.

Ante tal situación, las autoridades explicaron que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En otro operativo, las autoridades capturaron a tres hombres identificados como Enrique, de 23 años, Alexander, de 44 años, y Diego, de 28 años. Durante esta acción, se incautó un revólver calibre 38 con 17 cartuchos, dos dispositivos móviles, 244 dosis de cocaína, marihuana y derivados de cocaína, además de dinero en efectivo por un valor de 4.050.000 pesos colombianos.

Asimismo, en el norte de Bucaramanga, la policía capturó a una mujer conocida como “Lucrecia”. Durante un allanamiento, se le encontraron dos armas de fuego, una pistola y un revólver, así como cuatro radios de comunicación, tres dispositivos móviles y más de 1.000 dosis de marihuana y clorhidrato de cocaína.

También se halló dinero en efectivo por 1.336.000 pesos colombianos y cuadernos con registros de las ventas de estupefacientes.

Según explicaron desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga, estos operativos, que hacen parte del “Plan Avispa”, reflejan un esfuerzo concertado por parte de las autoridades para abordar el problema del tráfico de drogas y el porte ilegal de armas en Bucaramanga.

Es importante destacar que, dicha información se dio a conocer en medio de un contexto en el que la inseguridad se ha posicionado como una de las principales problemáticas en la capital santandereana desde hace algunos meses.

Inseguridad, una de las principales problemáticas en Bucaramanga

Y es que desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga manifestaron a Infobae Colombia que en el primer trimestre del año se registraron 30 homicidios en la Ciudad Bonita. Tales cifras representan el incremento de un caso comparado con las estadísticas del año inmediatamente anterior, cuando desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportaron 29 casos en la ciudad.

Así mismo, los datos del presente año son superiores a los del mismo periodo de 2022, cuando las autoridades reportaron 26 crímenes de dicha índole, así como de 2021, cuando se registraron 24 casos.

Las estadísticas demuestran que en Bucaramanga se reporta un homicidio cada tres días aproximadamente, dando muestra de un panorama oscuro con respecto a dicha problemática.

No obstante, frente a esta situación, el dirigente ha establecido múltiples medidas; por ejemplo, Jaime Andrés Beltrán decretó el toque de queda para menores de edad después de las 12:00 a. m., así como ha implementado ciertas restricciones para los motociclistas.

De hecho, ha sido por sus medidas en materia de seguridad que ha llegado a ser llamado como el Bukele colombiano; esto, teniendo en cuenta al mundialmente famoso Nayib Bukele, presidente de El Salvador

Según explicaron las autoridades, la captura se registró durante un operativo conjunto entre la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, como parte de la estrategia E-PAIS de la Policía Metropolitana de la capital atlanticense.

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Así las cosas, los organismos encargados explicaron que el allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle 53 con carrera 44, en el barrio El Rosario de la Arenosa.

Durante la operación, las autoridades incautaron diversas sustancias ilícitas, incluyendo 613 miligramos de ketamina, 7.2 gramos de 2-CB, 281.5 gramos de éxtasis y 165.7 gramos de una sustancia pulverulenta similar al clorhidrato y sus derivados.

Las investigaciones revelaron además que la joven ofrecía servicios de entrega a domicilio para distribuir las drogas, aprovechando la demanda en colegios y universidades de la ciudad.

Frente a ello, desde la Policía Metropolitana de Barranquilla explicaron que la estrategia E-PAIS busca combatir el tráfico de drogas a nivel local mediante la colaboración entre diferentes entidades de seguridad.

Y es que dicho operativo se registró tan solo horas después de que las autoridades dieron un golpe contundente al microtráfico en Bogotá.

Cayeron 10 presuntos integrantes de estructura criminal que vendía droga a estudiantes en Bogotá

Fue en la noche del domingo 17 de noviembre de 2024 que desde Noticias Caracol explicaron que en un operativo que adelantaron las autoridades en Bogotá, uniformados de la Policía Nacional dieron con la captura de diez personas que estarían presuntamente involucradas a una estructura criminal dedicada al expendio de drogas en la capital colombiana.

Según explicaron desde la Fiscalía General de la Nación, este grupo criminal se dedicaba a la venta de estupefacientes, especialmente, dirigida a menores de edad, y estaría implicada en varios homicidios relacionados con disputas por el control territorial en la localidad de Suba, una de las más grandes de la ciudad.

Y es que, según reveló una investigación de Noticias Caracol, los supuestos líderes de la banda, Romario Vides García, alias Indio, y José Vicente Pérez, alias Polo, coordinaban la distribución de estupefacientes en horarios específicos, coincidiendo con la salida de estudiantes de las escuelas, a las 12:00 p. m. y a las 6:00 p. m.

Además de la venta de drogas, la organización criminal mantenía enfrentamientos violentos con otras bandas por el control de la zona. Según explicaron desde el mismo medio, estos conflictos resultaron en múltiples asesinatos en la capital colombiana.

De hecho, uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el uso de tecnología avanzada, como drones, para espiar a bandas rivales, lo que representaría una muestra del nivel de sofisticación de la organización.

Asimismo, durante las interceptaciones telefónicas que se llevaron a cabo como parte de la investigación, se descubrió que uno de los expendedores, en un momento de pánico, recurrió a su esposa, quien tenía vínculos cercanos con el líder de la banda, para mediar en una situación interna de la organización.

Para los investigadores, este tipo de dinámicas internas refleja el ambiente de temor y control que ejercía el cabecilla sobre sus subordinados.

Este tipo de casos son una representación de la problemática que representa el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. Y es que más allá de los negocios ilícitos que sostienen algunos grupos al margen de la ley, ha habido quienes han querido implementar dicho mercado en las principales ciudades del país, obligando a que las autoridades incrementen sus esfuerzos en los últimos meses.

A mediados del mes de octubre de 2024, las fuerzas militares desplegaron un gigantesco operativo en el corregimiento El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, departamento del Cauca.

Bajo el nombre de Operación Perseo, la operación militar consiste en la recuperación del territorio que estaba en manos del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, liderado por alias Iván Mordisco.

La efectividad de las tropas oficiales en el sur occidente colombiano pretende que se expanda por otras regiones del país, como es el caso de la región del Magdalena Medio, precisamente en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander.

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Justamente, el gobernador Juvenal Díaz lanzó una petición al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que se realice una operación similar a la que ocurre en el Plateado, con el fin de contrarrestar a los grupos delincuenciales dedicados al microtráfico en el oriente colombiano.

“Necesitamos una operación militar sostenida, estilo Plateado, con toda, con un comandante unificado y objetivos claros”, insistió el mandatario departamental, agregando que en una eventual operación se debe contar con un comandante unificado.

Además, el general en retiro del Ejército indicó que la petición ya fue enviada al ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien será el encargado de avalar o no la propuesta militar.

Incluso, el exmilitar sostuvo que la futura operación podría realizarse en conjunto con la Gobernación del Cesar, al mencionar que el microtráfico es una de las problemáticas que afecta a los pobladores de este territorio, así como la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc.

“El microtráfico en el Magdalena Medio ha escalado hasta convertirse en una fuente de ingresos ilícitos para jóvenes, quienes ven en esta actividad una oportunidad económica. Sin embargo, organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, terminan aprovechando estas dinámicas locales para consolidar su control en la región”, mencionó Juvenal Díaz.

Finalmente, el gobernador de Santander señaló que la futura operación militar no solo busca desmantelar las organizaciones dedicadas al microtráfico, sino que pretendería llevar una oferta institucional para los jóvenes de la región, en especial, quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad.

Así avanza la Operación Perseo en El Plateado, Cauca

Para la operación militar se dirigieron aproximadamente 1.440 efectivos militares que se encuentran en un área de alrededor de 3.500 kilómetros cuadrados.

Pasadas dos semanas del inicio de este operativo, el general Eric Rodríguez, comandante del Comando Conjunto 2 del Ejército nacional, hizo un balance sobre la ofensiva realizada en territorio caucano, destacando que se ha mantenido la seguridad para la tranquilidad de la población.

“Estamos en el momento, en la ventana de oportunidad, de tiempo para que las otras instituciones del Estado entren a cumplir su misión constitucional de llevar los servicios del Estado a los ciudadanos en el Micay (...) el propósito es ir y construir Estado”, explicó el alto oficial en diálogo con Caracol Radio.

A su vez, el general militar mencionó que los dispositivos militares están alertados frente a cualquier ofensiva de los grupos armados. “Que mejoren los sistemas de salud, fortalezcan la educación, el Ministerio de las TIC también va a entrar, se mejore la infraestructura y las agencias que son encargadas del esfuerzo de transformar la economía del cañón del Micay, del narcotráfico y la minería ilegal a economías legales, entren a cumplir su función”

No obstante, las disidencias de las Farc reaparecieron en un video divulgado en las redes sociales, calificando la Operación Perseo como un “envenenamiento” de la cúpula militar al primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro.

“La Operación Perseo es el resultado del envenenamiento que la cúpula militar ha hecho sobre el presidente Gustavo Petro, presentándole una situación que no existe en la realidad, pero que esconde otros propósitos...”, afirmó el vocero de la guerrilla Sebastián Martínez en el audiovisual revelado por Caracol Radio.

El vocero también señaló la existencia de una supuesta alianza entre la banda de Márquez o Segunda Marquetalia, el ELN y la fuerza pública en la región del Cauca. Además, defendió la financiación de sus actividades, afirmando que el grupo cobra un impuesto a quienes procesan coca, pero no a los campesinos. Sin embargo, varios sectores han denunciado estas prácticas como extorsiones.

En las 23 cárceles uruguayas hay 373 presos extranjeros y la gran mayoría de ellos cayeron en prisión por delitos vinculados a las drogas. Los datos surgen de un estudio realizado por la Universidad Católica del Uruguay e informado este miércoles por el diario El País. Aunque la cantidad de reclusos varía de forma diaria, al momento que hicieron el corte para la investigación representaban el 2,4% del total.

“La investigación se hizo con el objetivo de mostrar las necesidades de estas personas en las cárceles uruguayas y su gran vulnerabilidad en un contexto que ya lo es de por sí”, declaró a ese medio la directora del proyecto, Silvia Facal. Del estudio participaron 293 privados de libertad, casi el 80% de la población que analizaron.

En comparación a los cerca de los 16.000 presos que hay en total en las cárceles uruguayas, la cifra de extranjeros no es “altamente significativa”, lo que los hace “aún más invisibles”, señalaron.

La franja predominante en cuanto a la edad es de 20 a 44 años; son más aquellos que tienen entre 35 y 39 así como los que van entre 25 y 29. Casi el 20% del total manifestó tener como mayor nivel educativo la enseñanza secundaria incompleta, le siguen los que tienen la primaria incompleta (17,5%) y los que tienen la primaria completa con 14%.

Si bien la cantidad de presos extranjeros ha aumentado, en los últimos años se ha mantenido estable. En 2019, de hecho, eran 334 los privados de libertad extranjeros; en abril, en tanto, eran 373.

La mayoría de los procesados extranjeros son brasileños, seguidos de 105 argentinos y 19 colombianos. Algunos de los presos son de República Dominicana, Cuba, Chile y Paraguay.

Si se analizan los perfiles delictivos entre los uruguayos y los extranjeros, hay algunas diferencias. El delito más habitual entre los delincuentes locales es el hurto mientras que en los extranjeros es la actividad delictiva vinculada a los estupefacientes (ya sea de modalidad directa o en forma de asistencia).

El 35% de los inmigrantes presos en Uruguay lo están por delitos vinculados a las drogas. Esa cifra es casi el doble que los uruguayos, que son el 18%. No se trata necesariamente de grandes narcotraficantes, asegura la investigación académica. La mayoría de los delitos se vinculan al microtráfico y se relacionan con la “vulnerabilidad” que sienten al llegar a Uruguay.

Si se tiene en cuenta a las mujeres, en tanto, el número aumenta. Las privadas de libertad por delitos vinculados a las drogas representan el 43% del total entre las uruguayas; la cifra sube al 53% en las extranjeras.

Más de la mitad de los presos extranjeros no cuentan con un estado regulan en cuanto a su situación migratoria o puede devenir en irregular por sobrepasar el tiempo que pueden permanecer como turistas.

Las cárceles uruguayas presentan un hacinamiento crítico, con el mayor número promedio de presos de América Latina. Los extranjeros son minoría, pero en el país ahora presentaron un plan para poder deportarlos.

El senador Luis Alberto Heber, ministro del Interior entre 2021 y 2024, presentó un proyecto de ley para sacar del país a quienes cometan delitos graves. La propuesta presentada apunta a agregar un artículo a la Ley de Migraciones, aprobada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que incorpore la deportación. Lo que se busca, dice la exposición de motivos del texto, es “incorporar una figura” que ya está presente en otros países.

La propuesta de Heber afecta a cualquier persona extranjera mayor de edad, sin importar cuál sea su situación migratoria. Cuando se la deporta, la persona no podría volver a ingresar a Uruguay hasta que no haya cumplido su condena.

En el municipio de Chía, situado en el departamento de Cundinamarca, un operativo conjunto entre la Alcaldía de Chía y el grupo Goes de la Policía Nacional permitió la captura de un hombre que distribuía drogas disfrazado de repartidor de una aplicación de domicilios.

De acuerdo con las autoridades, el individuo utilizaba una maleta con el lema “entregamos con amor” para camuflar las dosis de estupefacientes que distribuía en la zona, y empleaba un doble fondo en su maleta para ocultar las sustancias ilícitas.

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Cabe mencionar que el operativo forma parte de una estrategia más amplia para combatir el microtráfico en Chía, especialmente en áreas cercanas a entornos escolares. Durante los meses de septiembre y octubre, las acciones policiales han resultado en la captura de 50 personas involucradas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Las autoridades locales recopilaron imágenes que muestran cómo operan estos expendedores a plena luz del día, incluso en presencia de menores de edad.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, destacó la colaboración entre la Policía Nacional y la red cívica, una red de apoyo ciudadano que cuenta con más de 28 personas disponibles las 24 horas del día. Donoso también mencionó que, además de combatir el microtráfico, la estrategia de seguridad aborda otros problemas como la convivencia y las riñas entre vecinos. La captura de este señalado expendedor de drogas disfrazado de repartidor deja en evidencia la creatividad de los delincuentes para evadir la ley, pero también resalta la eficacia de las autoridades en su lucha contra el crimen organizado en la región.

Entrega de Rappi terminó en violencia: repartidor atacó a un ciudadano en Bogotá y video se vuelve viral

Un video que circula en redes sociales muestra a un repartidor de Rappi golpeando a un hombre con un casco en la cabeza, dejándolo inconsciente en el suelo. El incidente ocurrió el 17 de octubre en una vía pública cerca del centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá. La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años, se encuentra en estado crítico en la clínica Reina Sofía. La Policía Metropolitana de Bogotá fue alertada y trasladó al herido al centro médico, aunque las causas de la disputa aún no se han esclarecido.

El video, que se ha vuelto viral, muestra cómo después de un intercambio de palabras y presuntos insultos, el repartidor ataca al ciudadano. Testigos intentaron intervenir para detener al agresor, pero no lograron evitar el golpe. Este material audiovisual se ha convertido en una pieza clave para la investigación policial, que busca determinar las circunstancias exactas del suceso.

Además, el video revela la presencia de un motociclista que incitó al repartidor a golpear al ciudadano y luego a huir del lugar. Este individuo, de aparente nacionalidad venezolana, fue grabado alentando al agresor con frases como “péguele mama huevo, métele, métele, eso”. Tras el ataque, el motociclista sugirió al repartidor que escapara.

La difusión del video ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde los usuarios han expresado su rechazo a este tipo de actos violentos. También han cuestionado a la aplicación Rappi por la falta de control sobre sus colaboradores, sugiriendo que un porcentaje significativo de ellos no respeta las normas de tránsito y convivencia.

Algunos internautas han señalado que el video podría estar incompleto, sugiriendo que podría haber habido agresiones previas por parte del ciudadano que terminó herido. Sin embargo, la investigación sigue en curso para esclarecer todos los detalles del incidente.

Se trata de la captura de una mujer de 30 años que haría parte de la red de microtráfico en el sector reconocido como la “olla del negro Alex”, donde la inseguridad y los estupefacientes están a la orden del día.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades entregado en la mañana del viernes 18 de octubre, la delincuente era la encargada de la coordinación y distribución de estupefacientes en el barrio Esperanza y sus alrededores. Además, sería la familiar de otro reconocido cabecilla de una estructura criminal que operaba en la zona.

En el inmueble donde vivía la mujer, específicamente en su habitación, entre prendas de vestir, las autoridades hallaron más de dos kilogramos de base de coca, elementos para la dosificación de la misma, cerca de 160.000 dosis de estupefacientes, una arma de fuego calibre 9 milímetros y una escopeta calibre 12.

Entre tanto, las autoridades añadieron que el armamento podría servir de material probatorio para resolver casos de homicidios ocurridos en la localidad. Por ello, destacaron que el operativo que permitió la captura de la mujer representa un golpe contundente a las redes del tráfico de drogas y de violencia en ese sector, donde se comercializaba principalmente en entornos escolares y parques donde la presencia de menores de edad es evidente.

La mujer registra antecedentes por el delito de narcotráfico, y resultó ser familiar del delincuente conocido como el Negro Alex, que se encuentra recluido en la cárcel La Picota desde el 7 de agosto de 2015, lugar que no ha sido impedimento para continuar con sus acciones delictivas.

Cabe destacar que en lo corrido de 2024, la Policía Nacional de Ciudad Bolívar ha ajecutado acciones que han permitido la captura de 800 personas por delitos de narcotráfico, así como la incautación de 170 armas de fuego y más de 160.000 dosis de cocaína.

“En la localidad de Ciudad Bolívar, este año, en esa lucha frontal contra el microtráfico, tenemos un incremento de 321% en incautación de estupefacientes. Una desarticulación de grupos de delincuencia común dedicados al microtráfico en 14 oportunidades, hemos realizado registros de allanamientos con nuestra Policía judicial, con toda la institucionalidad en esta parte céntrica de ciudad Bolívar”, indicó Germán Gómez Hoyos, comandante de la Policía de dicha localidad.

Maestro de obra se encuentra en estado crítico luego de intentar evitar un hurto

Una de las problemáticas que enfrenta la capital colombiana, así como ocurre en otras ciudades del país, es la sensación de inseguridad debido a los continuos robos que se registran.

De hecho, el martes 15 de octubre, dos sujetos en moto intentaron robarle el celular a una mujer sobre la calle 48A sur con carrera 25, en el barrio Samore, hacia las 2:37 p. m.

Algunos testigos del hecho le contaron a Q’Hubo que los delincuentes atacaron de manera violenta a la víctima empujándola contra el suelo. Luego, un grupo de personas, entre ellos un maestro de obra que había llegado esa misma mañana a trabajar con su hermano, decidieron intervenir para evitar el robo.

Según informó el medio, el maestro de obra, en un acto de valentía, golpeó con un martillo el casco del ladrón, pero este respondió disparándole en el abdomen y huyeron del lugar. Gravemente herido, el hombre fue trasladado en un vehículo particular a un hospital. “Ojalá se salve, porque es injusto que a alguien trabajador y honrado le pasen estas cosas”, declaró otro trabajador de la zona.

La administración distrital intensificó sus esfuerzos para combatir la inseguridad en sus zonas más conflictivas.

El miércoles se llevó a cabo un operativo sorpresa en el parque Tercer Milenio, ubicado en el centro de la ciudad, un área que ha sido ocupada por estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

La intervención, liderada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana, resultó en la captura de cinco personas involucradas en la venta de estupefacientes, según informaron las autoridades locales.

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El operativo, parte de una serie de acciones sorpresivas promovidas por la Alcaldía de Bogotá, busca desmantelar las bandas que operan bajo la fachada de vendedores ambulantes en la carrera Décima.

Durante la intervención, se incautaron dosis de bazuco, cocaína y tusi, además de dinero en efectivo. También se encontraron bicicletas robadas, lo que evidencia la diversidad de actividades ilícitas en la zona.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó que estos operativos son una respuesta a las denuncias ciudadanas sobre puntos críticos de inseguridad. “Queremos devolver la seguridad y tranquilidad a estos lugares”, afirmó Restrepo.

Esta semana, acciones similares se llevaron a cabo en la localidad de Kennedy y en el barrio Unir de Engativá, con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán.

El parque Tercer Milenio, construido sobre el antiguo sector conocido como la “Calle del Cartucho”, ha sido un foco de criminalidad desde los años 80 y 90. A pesar de los esfuerzos de renovación urbana, el área sigue siendo un punto caliente para el tráfico de drogas y otros delitos.

Durante el operativo, dos hombres con órdenes judiciales por hurto y otro por porte de estupefacientes fueron capturados. Además, tres personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección debido a su estado de alteración por consumo de drogas. Se impusieron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, como el consumo y porte de estupefacientes, y se incautaron armas blancas.

El operativo contó con la participación de diversas entidades, incluyendo la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), encargada de limpiar los accesos a la estación de Transmilenio de Bicentenario, afectados por la acumulación de basura. También participaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Santa Fe, y unidades especializadas de la Policía Metropolitana, como el Comando Élite, el Grupo de Operaciones Especiales, Gaula, Setra y Sijin, además de la Brigada XIII del Ejército.

En desarrollo del plan ‘Bogotá Camina Segura’, las autoridades han priorizado ciertos sectores para mantener operativos y controles permanentes, con el objetivo de prevenir delitos y restaurar la confianza de la comunidad. La Secretaría de Seguridad invita a la ciudadanía a reportar hechos delictivos a la Línea 123, reforzando así la colaboración entre la comunidad y las autoridades para mejorar la seguridad en la capital.

Operativo de seguridad en Engativá resultó en la captura de seis personas

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán lideró un operativo de seguridad en la localidad de Engativá que resultó en la captura de seis personas por diversos delitos. Este despliegue, realizado en colaboración con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, se centró en los barrios Unir y Villas de Granada, según informaron las autoridades locales.

Durante la intervención, que tuvo lugar el martes 8 de octubre, se detuvieron a dos individuos por tráfico y porte de armas y estupefacientes, y a otro por homicidio bajo orden judicial. Además, dos personas fueron arrestadas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tras encontrarse una libra de marihuana en un taxi que fue inmovilizado. Una sexta persona fue capturada en flagrancia con un kilo de marihuana.

El operativo también incluyó la suspensión de actividades económicas en un establecimiento comercial por la posesión de licor adulterado y en otros seis por incumplir requisitos de funcionamiento. Además, se incautaron armas blancas y se realizaron verificaciones de antecedentes a personas, así como revisiones de automotores, motocicletas y bicitaxis, resultando en la inmovilización de una motocicleta y un vehículo.

En desarrollo de la campaña contra la extorsión “Yo no pago, yo denuncio”, el Gaula de la Policía llevó a cabo acciones de sensibilización con comerciantes del sector, promoviendo la denuncia a través de la Línea 165. El alcalde Galán destacó los resultados del operativo y se comprometió a mantener una presencia constante de las entidades del Distrito en la zona, subrayando la importancia de escuchar a la comunidad para abordar y resolver los problemas que afectan a los ciudadanos de Engativá.

El operativo forma parte del plan ‘Bogotá Camina Segura’, que busca prevenir delitos y devolver la confianza a las comunidades mediante operativos y controles permanentes y simultáneos. En la jornada participaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad, uniformados de la Policía Metropolitana con sus especialidades de Comando Élite, Gaula, Sijin, así como el Ejército Nacional con la Brigada XIII y la alcaldía local.

La Fiscalía General de la Nación dio un duro golpe contra el tráfico de drogas que inunda las calles Bogotá, después de que informaran sobre la captura de cinco personas en el departamento de Caquetá acusadas de liderar una organización ilegal dedicada a la producción de cocaína, que luego llegaba a la capital del país.

Las capturas se realizaron durante un operativo de registro y allanamiento en varios inmuebles en el municipio de Florencia y, según las investigaciones de los agentes, la organización era manejada como un negocio familiar.

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Según las autoridades, los capturados responden a los nombres de Carlos Julio Cerquera Reyes, Aura Lidia Carlos Scalante, Emmerson Andrés Álzate Duque, Camila Cerquera Claros y Carla Vanessa Cerquera Claros, todos acusados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

En el operativo participaron agentes del grupo antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes incautaron cuatro kilogramos de cocaína. Además, las investigaciones revelaron que el grupo tenía sus propios cultivos y un laboratorio en la zona rural de Florencia especializado en el procesamiento de narcóticos.

Según la Fiscalía, los estupefacientes eran camuflados en electrodomésticos y enviados a través de una empresa de mensajería de Caquetá hacia Bogotá y, una vez llegaban a la capital, las sustancias eran distribuidas a otras bandas para su venta al menudeo.

Cuentan los informes que Emmerson Andrés Alzate Duque era empleado de la empresa de mensajería y sería el encargado de recolectar los cargamentos ilícitos y esconderlos en encomiendas legales, además de crear toda una estrategia para evadir los controles de las autoridades, al tiempo que ejercía como químico de la organización y “en su poder estaba el definir las sustancias controladas que debían ser adquiridas para el procesamiento de estupefacientes”, según la Fiscalía.

El material probatorio también sugiere que Carlos Julio Cerquera Reyes era el líder de la organización, encargándose de las finanzas, supervisando el cultivo y la producción, así como el transporte de los cargamentos, mientras Carlos Scalante y las hermanas Cerquera Claros recibían los cargamentos en Bogotá y los entregaban a sus habituales compradores.

Estas acusaciones se dieron en medio de una audiencia donde un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó las pruebas recogidas durante la investigación, pero los acusados no aceptaron los cargos imputados. No obstante, por petición del ente acusador, se impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para todas las personas involucradas en el proceso.

Capturan a banda que camuflaba drogas en cargamentos de carnes: hay un agente del CTI involucrado

La Fiscalía General de la Nación informó que nueve personas, acusadas de integrar una organización criminal dedicada al transporte de drogas en Antioquia y otras regiones de Colombia, continuarán su proceso judicial desde prisión. Entre los detenidos se encuentra un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), vinculado con el presunto líder de la organización, conocido como William Orley Alzate Cardona, alias Toreto.

Según el ente acusador, la investigación realizada por un fiscal especializado de la Estructura de Apoyo (EDA) reveló que entre 2018 y 2024 el grupo delictivo ‘la Terraza’ adquirió drogas en diversas zonas del departamento del Cauca para luego distribuirlas en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Las sustancias ilícitas eran transportadas utilizando vehículos para el transporte de cárnicos.

Los detenidos fueron aprehendidos durante diligencias en Medellín, Barbosa, Santa Fe de Antioquia, Cali, Palmira y Yumbo. En esas operaciones se incautaron de un automóvil, una motocicleta, 1.553 gramos de cocaína, cinco millones de pesos en efectivo y cuadernos de contabilidad que, según la Fiscalía, evidenciarían la estructura de la organización.

El presunto líder, William Orley Alzate Cardona, y otros dos acusados, Julián Roldán Grajales y Eyner German Boyer Arteaga, permanecerán bajo medida de aseguramiento en centro carcelario. Por otro lado, el juez de control de garantías otorgó detención domiciliaria a Norman Andrés González Gaviria, Adriana Cecilia Correa Garro, Cristian David Gaitán López, Andrés David Castañeda Bermúdez, Óscar Alonso Vélez Mira y Cristian Camilo Serna Betancur, este último funcionario del CTI.

Cristian Camilo Serna Betancur, servidor del CTI en el municipio de Santa Fe de Antioquia, fue capturado por sus presuntos nexos con ‘Toreto’ y actos de corrupción. La Fiscalía descubrió que Serna Betancur habría accedido al menos 21 veces al sistema informático de la Fiscalía para obtener información ajena a su labor. También está siendo investigado por una supuesta denuncia falsa contra su excompañera, a quien acusó del robo de una motocicleta que, según las investigaciones, él mismo habría sustraído.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó sobre las incidencias de delitos de alto impacto ocurridos durante 2024 en la capital del Atlántico y sus alrededores. Con base en el reporte divulgado el miércoles 24 de julio, los homicidios mostraron una disminución del 2%, es decir, nueve casos menos en comparación con el año anterior, con 389 casos registrados hasta la fecha.

En contraste con otros años, el 86% de estos homicidios han sido cometidos bajo la modalidad de sicariato, según reveló la Policía. Además, el 57% de las víctimas tenían antecedentes judiciales, y 14 de ellas estaban bajo detención domiciliaria. La institución atribuye estos homicidios a las disputas entre bandas criminales por el control de ingresos ilegales.

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Los resultados positivos también se destacaron en el informe policial. Gracias al nuevo modelo de servicio policial enfocado a las personas y territorios, hubo una reducción del 61% en muertes relacionadas con hurtos y una disminución del 26% en casos de riñas. Estas estadísticas reflejan las mejoras en las actividades de prevención y control. En términos de acciones policiales, se realizaron 108 capturas por homicidio, un 11% más comparado con el 2023. De estas capturas, 25 fueron en flagrancia y el resto derivadas de investigaciones. Entre los capturados, se destacan al menos 15 sicarios pertenecientes a organizaciones delincuenciales, todos ellos con varios antecedentes por homicidio.

En colaboración con la Fiscalía General de Nación, la Policía Metropolitana de Barranquilla trabaja en la dirección de investigaciones contra estructuras y actores que dinamizan los homicidios, poniendo énfasis tanto en autores materiales como intelectuales. Cabe destacar que el informe fue divulgado horas después de al menos tres hechos criminales con resultados negativos, dos registrados en el municipio de Soledad y uno en el sector de la Ciudadela 20 de Julio.

Para prevenir más delitos, la institución policial instó a la comunidad a reportar actividades sospechosas en sus sectores (motocicletas, carros o personas desconocidas que estén merodeando); denunciar personas que porten armas de fuego y lugares donde se almacenen estas armas, así como informar si tienen conocimiento de presuntas estructuras delincuenciales. Finalmente, la policía pidió confirmar la veracidad de la información que circula en redes sociales mediante fuentes oficiales, a fin de evitar la desinformación.

El caso más reciente de sicariato en Barranquilla

La noche del domingo 21 de julio, alrededor de las 9:00 p. m., un hombre fue asesinado a balazos al salir de un billar en el barrio La Luz, suroriente de la capital del Atlántico. De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, dos individuos armados llegaron al lugar en una motocicleta y dispararon varias veces contra la víctima, quien estaba en la salida del establecimiento hablando por teléfono. El incidente tuvo lugar en la intersección de la calle 17 con carrera 22.

Tras ser herido, el hombre quedó tendido en el suelo mientras los agresores escapaban del lugar. Testigos relataron a medios locales que los pistoleros le dijeron algunas palabras a la víctima antes de disparar, pero estos mensajes no fueron claros. De acuerdo con El Heraldo, la víctima fue identificada como Jean Carlos Cervantes, de 37 años, conocido con el alias de El viejo Jean. Cervantes tenía antecedentes judiciales y supuestos nexos con bandas criminales en el Atlántico.

En enero de 2022 había sido detenido por presunta participación en una organización delictiva denominada Los people, que operaría cometiendo hurtos y otros delitos en áreas de la metropolitana de Barranquilla. Además, el medio de comunicación citado reportó que Cervantes tenía tres anotaciones judiciales. Aunque aún no se ha establecido el motivo exacto del ataque, las autoridades están investigando sus posibles lazos con actividades delictivas en la región.

En una muestra de violencia, la noche del 22 de julio se presentó el asesinato de un hombre en el barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy, en la capital colombiana.

El crimen fue perpetrado por sicarios que abordaron un mototaxi, dirigieron sus armas hacia el pasajero y descargaron una ráfaga de disparos que segó su vida instantáneamente.

El incidente, que tuvo lugar aproximadamente a las 7:30 de la noche, ha generado consternación entre los residentes locales y las autoridades. Según el coronel Hoyos, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, todo indica que el brutal acto está relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al microtráfico, un fenómeno que sigue afectando profundamente a la seguridad en la región.

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El oficial explicó que los sicarios utilizaron armas de fuego para ejecutar su plan criminal con precisión quirúrgica, apuntando directamente al pasajero del vehículo.

“Este ciudadano de nacionalidad extranjera fue víctima de un acto sicarial que acabó con su vida mediante el uso de armamento de alto calibre”, comentó el oficial en declaraciones a medios locales.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos detrás del ataque y para identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los posibles autores materiales del crimen.

Este nuevo episodio de violencia subraya la creciente preocupación por la seguridad pública en la zona, especialmente en relación con actividades ilícitas como el narcotráfico, que continúan siendo un desafío constante para las autoridades locales. En respuesta a este suceso lamentable, se han anunciado planes para reforzar las medidas de seguridad en Kennedy y otras áreas vulnerables de la ciudad, con el objetivo de mitigar los riesgos y prevenir futuros actos criminales.

Presidente Petro y Alcalde Galán en la batalla por la seguridad ciudadana

El pasado lunes 22 de julio, el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunieron para abordar diversos temas de relevancia para la capital colombiana. Entre los puntos más destacados, la seguridad ocupó un lugar central en la discusión.

El mandatario local destacó los esfuerzos de la administración bogotana por mejorar la seguridad, enfatizando el proceso acelerado de incorporación de nuevos efectivos policiales que se espera lleguen a la ciudad. Según Galán, cerca de 400 uniformados están en vías de integrarse a la Metropolitana de Bogotá (Mebog), un paso crucial para fortalecer la presencia y capacidad operativa en las calles.

“Este proceso comenzó en enero y actualmente se encuentra en fase de formación. Esperamos que en las próximas semanas se incorporen al menos 400 efectivos adicionales. Esto es parte del esfuerzo continuo que estamos realizando, aunque es fundamental trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para lograr resultados efectivos”, afirmó el alcalde Galán durante la reunión.

La colaboración entre la administración local y el gobierno central se posiciona como una prioridad estratégica para enfrentar los desafíos de seguridad que enfrenta Bogotá. La integración de nuevos policías no solo busca aumentar la presencia en las zonas críticas de la ciudad, sino también mejorar la respuesta ante incidentes y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de protegerlos.

El presidente Petro, por su parte, expresó su compromiso con apoyar las iniciativas locales para combatir la criminalidad y asegurar un entorno más seguro y pacífico para todos los habitantes de la capital. Ambos líderes coincidieron en la importancia de mantener una comunicación fluida y efectiva para garantizar resultados tangibles en materia de seguridad ciudadana.

Un joven de 19 años y de nacionalidad venezolana fue la víctima del hecho violento que se registró la noche del sábado 13 de julio en inmediaciones al parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero, en el oriente de Bogotá.

El caso tomó por sorpresas a varios ciudadanos y transeúntes que se disponían a ingresar a algunos bares y establecimientos próximos al punto donde fue impactada de bala la víctima del homicidio, a la altura de la calle 8 con carrera 59, según el reporte oficial de las autoridades.

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Fueron varias las detonaciones que se alcanzaron a escuchar en el sitio, cerca de las 11 de la noche, hecho que provocó que varios de los presentes salieran en busca de un refugio para salvaguardarse de las balas.

Al final, cuando los agentes hicieron presencia en este sector de Chapinero Central encontraron tendido en el suelo a un joven “de sexo masculino, tez morena, quien vestía jean azul claro y chaqueta blanca con diferentes colores”. Pese a que fue trasladado hasta la Clínica de Marly, a los pocos minutos el joven falleció debido a la gravedad de las heridas, le comentaron autoridades en la zona a El Espectador.

Algunos observaron un homicidio mientras departían

Algunos de los presentes que se hallaban por la carrera 59 entre las calles 8 y 9 vivieron minutos de angustia por cuenta del tirador que habría llegado a pie hasta el punto, y que sin despegar su vista de su objetivo, le propinó los más de cuatro disparos que se escucharon, situación que un testigo le confirmó a Infobae Colombia.

El caso se conoció en redes sociales ese mismo día pasadas las 11:40 de la noche a través de la cuenta de X del edil de Chapinero, Nicolás Velasco, confirmó los hechos: “Acaba de ocurrir una balacera terrible en pleno corazón de Chapinero”.

Por este motivo, Infobae Colombia se comunicó con Velasco, quien confirmó la misma versión que están manejando las autoridades en estos momentos, y es que el homicidio se habría cometido en medio de un caso cuyo móvil sería un ajuste de cuentas entre bandas que se disputan el control del territorio con un solo objetivo: apoderarse de las líneas de microtráfico en la localidad.

A su vez, desde la Policía de Chapinero se confirmó que el tirador llegó en solitario hasta el punto en donde se hallaba el joven de 19 años y tras impactarlo en varias ocasiones huyó del punto debido a que a pocas cuadras se encontraba un CAI (Comando de Atención Inmediata).

Disputas entre Los Lobos y Los Mosco

De acuerdo con la información que recolectó el equipo de seguridad de la alcaldía de Chapinero luego de atender este nuevo hecho violento, se confirmó que el fallecido “era un expendedor reconocido en la zona” que “en varias oportunidades fue capturado por porte armas”.

Uno de los detalles que ha puesto en alerta a las autoridades en la zona es que, según las primeras versiones entregadas en campo, la víctima “trabajaba para Los mosco —una banda delincuencial del Siete de Agosto— y ahora trabaja con Los Lobos”. Todo esto apuntaría a que la hoy víctima “se cambió de bando”, lo que habría provocado que vinieran a buscarlos por parte de su anterior facción para terminar con su vida. Sin embargo, este testimonio se encuentra bajo investigación de las autoridades.

El caso quedó a cargo de personal de la Sijín, quien llegó hasta el centro médico a realizar el levantamiento del cuerpo y de allí siguió hasta el callejón en donde se registraron las detonaciones con el fin de comenzar a recolectar los videos de cámaras de seguridad y testimonios que puedan ayudar a esclarecer los hechos.

“Desafortunadamente, la inseguridad vuelve a tomarse un epicentro de Bogotá, esta vez un homicidio al integrante de una banda delincuencial según la información preliminar; sin embargo, la intranquilidad de los bogotanos es apenas evidente, los delincuentes andan tranquilamente asesinando en lugares de reunión pública en los que pueden salir heridos o inclusive peor”, comentó el edil Velasco.

Por último, Velasco solo espera que el Distrito “ponga en acción su plan de seguridad para que se desarticulen estás bandas y se recupere la tranquilidad, que tal como se prometió en campaña, los bogotanos podamos caminar seguros”.